Prensa Obrera N° 1404

En la cuarta semana de huelga, la docencia santiagueña ha sorprendido a propios y ajenos con una movilización provincial nuevamente multitudinaria (¡más de 10 mil personas!) a Termas de Río Hondo, superando importantes dificultades. El gobierno 'distrae y ataca' La movilización de la semana anterior (desde La Banda a Santiago Capital), si bien masiva, había mostrado una reducción numérica en concurrentes. El gobierno lanzó entonces un ataque con un distractivo: por un lado, emitió un comunicado oficial y se dirigió a los gremios, planteando una supuesta “voluntad de diálogo”, pero aclarando que sólo se “dialogaría” en el marco legal de la repudiada Mesa del Diálogo (instancia que niega las paritarias), sin que se discutieran salarios hasta el año que viene y previo levantamiento de todas las medidas de fuerza. Es decir, una solicitud de capitulación absoluta bajo la mascarada del “diálogo”. Simultáneamente, sin embargo, el Ministerio de Educación anunció que realizará descuentos a los huelguistas, a los que calificó de minoritarios (supuestamente menos de mil docentes). A la vez, el vicegobernador reunió al aparato del PJ y a la burocracia sindical en Las Termas de Río Hondo (destino anunciado de la movilización) y llamó públicamente a repudiar a los docentes en lucha, en nombre del 'bien común'. Se sucedieron solicitadas de las cámaras patronales hoteleras y el municipio de Termas, difamaciones en los principales medios de la provincia contra los dirigentes de la huelga (como Ana Blanco y Daniela Mera), contra referentes de la oposición política (entre ellos, Andrea Ruiz y Nicolás Basualdo, del PO), amenazas de agresiones físicas y ataques a domicilios. La respuesta de los trabajadores Tras vencer las vacilaciones de un sector de las organizaciones en en lucha, se sacó un comunicado conjunto (firmado por Cisadems, Sisadoc, ADEM, Tribuna Docente, Autoconvocados, CTA y Docentes en Marcha) que denunciaba la hipocresía del gobierno y planteaba la continuidad del plan de lucha hasta conseguir respuestas a los reclamos. El Partido Obrero, por su parte, publicó una respuesta a las cámaras patronales hoteleras que se viralizó por las redes sociales (el canal fundamental de comunicación entre los docentes en esta lucha). Explicamos que el 'bien común' está en la victoria de la lucha docente, no con los capitalistas hoteleros o el gobierno (ver nota aparte). La oposición tradicional de Cambiemos (UCR-Pro), tras un par de tribuneos, se ha tenido que llamar a silencio después de que el ministro Esteban Bullrich saliera a defender al zamorismo contra la docencia, lo que muestra su impotencia absoluta como 'oposición' a partir del acuerdo Zamora-Macri. Lo mismo corre para Libres del Sur, socio legislativo del Cambiemos, que se ha limitado a participar con un par de personas en algunas de las marchas. El interior de la provincia, que es el verdadero corazón de la protesta, con 18 carpas docentes en las plazas centrales de los pueblos y una extensa solidaridad popular, condimentó la semana con marchas en las distintas localidades (Pellegrini, Río Hondo, Añatuya y otros) y cortes de ruta (esto último votado en el Plenario provincial de delegados). Esta aguda tensión caracterizó el contexo que preparó y en el que se desarrolló la marcha convocada hacia Las Termas para el 24 de marzo a la tarde. Al llegar los primeros contingentes docentes, nos encontramos con patotas de unas 100 personas convocadas por punteros oficialistas, que portaban carteles contra la lucha. Sin embargo, debieron retirarse raudamente: en pocos minutos, más de 10 mil docentes hicieron estallar la ciudad termal. En un marco exultante, la marea humana recorrió la ruta 9 y las calles principales. Las familias, los trabajadores de otros rubros, los automovilistas y comerciantes vivaban la movilización. Distintos comercios mostraban carteles con la inscripción “Yo apoyo el paro docente”. Habíamos conseguido una cabal victoria. Perspectivas El “docentazo” acaba de superar el desafío más difícil que le tocó enfrentar hasta el momento. Esta renovación de energías permite al movimiento afrontar la marcha hacia el Moto GP, el 2 de abril, con la posibilidad de realizar una movilización todavía superior a las realizadas. El premio internacional de motociclismo se ha convertido en un símbolo de la infamia zamorista, por la concentración de inversiones estatales para rédito de un puñado de capitalistas, en contraste con la miseria social general. La docencia ha lanzado la consigna de convertir al GP en el “Gran Paro”. En la marcha anterior ya se vieron consignas y panfletos en inglés y portugués. Es necesaria una amplia campaña de solidaridad nacional e internacional de parte de todos los luchadores. Un logro importante ha sido arrancar, en el marco de todas las luchas nacionales, la Marcha Federal Educativa (convocada por la CEA, ya votada antes por la Conadu Histórica) y el paro nacional del 4 de abril (convocado a regañadientes por Ctera). Debe quedar en claro que, en ambas jornadas, la perspectiva de la burocracia sindical consiste meramente descomprimir el conflicto, no llevarlo a la victoria. Es vital impulsar una coordinación con los sectores de otras provincias que se encuentran en lucha, de manera independiente de la burocracia. En la propia provincia corresponde mantener la coordinación entre las distintas organizaciones y, fundamentalmente, que el conflicto se mantenga bajo control de sus protagonistas. En este aspecto, sería de gran utilidad la convocatoria por parte de todas las organizaciones en lucha a un nuevo plenario de delegados provinciales electos, para coordinar la continuidad y profundización del paro y el plan de lucha.

Foto: Sebastián Baracco El 24 en la Plaza hubo dos actos claramente diferenciados, como lo tuvieron que reconocer todos los medios de comunicación –salvo Clarín, que omitió hasta la crónica de la jornada. El acto de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora e H.I.J.O.S., realizado al mediodía, convocó a La Cámpora, Luis D´Elía, Martín Sabbatella y Axel Kicilloff, entre otras agrupaciones y ex funcionarios K. La burocracia de las cinco “centrales sindicales” –que el día anterior habían compartido un seminario en Foetra que cerraron Estela de Carlotto y Horacio Verbitsky- fue saludada desde el documento que se leyó en el palco. El amigo de la yuta y de los traficantes de efedrina, Aníbal Fernández, y el patotero del Indec, Guillermo Moreno, desfilaron junto a Hebe de Bonafini. La hegemonía kirchnerista del acto era innegociable, como señaló la titular de Abuelas en un reportaje en Página/12. ¿Por qué no un acto conjunto con la izquierda?, le preguntó el periodista. “Porque no vamos a hablar mal de Néstor y Cristina” respondió Carlotto. El documento que animó el acto de los organismos K fue un panegírico del “país que teníamos, integrado a la Patria Grande y con un Estado para el pueblo”. Los ex funcionarios del gobierno de los “pagadores seriales” de deuda externa en el que los capitalistas y banqueros “la levantaron con pala” aplaudieron a rabiar. “No olvidamos los asesinatos de Kosteki, Santillán y Mariano Ferreyra”, pronunciaron desde la tribuna delante de ‘Hanníbal’, el ex vocero de Duhalde durante la masacre de Avellaneda y encubridor de la zona liberada en Barracas. “Resulta importante resaltar que entre las preocupaciones del nuevo gobierno (el de Macri) no estuvo la de derogar una ley que no puede seguir en vigencia: la Ley Antiterrorista. ¿Será que la usará con el protocolo de represión de la protesta social?”. El colmo del cinismo. ¿Será que se olvidaron que su aprobación fue una iniciativa del gobierno kirchnerista, cuando atacaba las huelgas docentes, reclamaba “leyes antipiquete” y saludaba la condena a prisión perpetua a los petroleros de Las Heras? El acto encabezado por Abuelas estuvo claramente colocado al servicio del operativo “Vamos a volver”. Los diputados del FpV que se “opusieron” al acuerdo con los fondos buitre para pichulear algunos dólares a sabiendas de que su bancada de senadores lo aprobaría sin chistar, aprovecharon la lavada de cara. El nombre de Barack Obama no fue ni siquiera mencionado. En contrapartida, la impresionante columna del Encuentro Memoria Verdad y Justicia –que recién pudo ingresar a la Plaza bien entrada la tarde, tras sortear varios “tapones” de organizaciones nac&pop- fue directo al hueso: contra la impunidad de ayer y de hoy, fuera Obama de Argentina, abajo el ajuste y la represión de Macri y los gobiernos provinciales. El documento central del acto -consensuado por dos centenares de organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales y estudiantiles- denunció extensamente los atropellos del macrismo y de los gobernadores e intendentes peronistas y también los antecedentes en materia de entrega –Ciadi, Club de París, Repsol- y represión de los gobiernos kirchneristas. La movilización independiente del Encuentro fue precedida por dos meses de intenso debate político. La cuestión central se resumía en torno a qué actitud adoptar frente al kirchnerismo. El EMVyJ es un amplio frente único de organizaciones populares combativas y preservó su independencia durante una década de gobiernos K. Un sector de la izquierda –el MAS, el MST y otros grupos- se mostró partidaria de un acto unificado, lo cual significaba rifar esa trayectoria, soslayando las críticas y denuncias a los K tanto por sus gobiernos como por su rol actual. No se trató de un dislate sino de un debate estratégico. Hasta el mismo 24, el MST continuó llamando a un “acto unificado” a expensas de la agitación por el acto del Encuentro. Por su parte, el PTS se resignó a que no “existían condiciones políticas” para un acto común, pero mantuvo hasta la exageración la línea de seguidismo a los K por Milagro Sala. Nuestro partido y Apel defendieron desde el primer día la realización de un acto independiente. Mantuvimos esa posición de principios desde el primer día y hasta la última coma del documento consensuado. La imponente columna del Partido Obrero se construyó sobre bases políticas macizas. Convirtamos a la izquierda y a la clase obrera en la alternativa al ajuste de Macri y los gobernadores.

Nota publicada en https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/544618909052308:0 La crisis brasileña tiene en vilo a toda América Latina, y más allá. The Wall Street Journal la describe, en su edición de hoy, moderadamente, como “un precipicio económico, en medio de un caos político”. Fue el tema principal en las reuniones entre Obama y Macri –al menos según lo cuenta Clarín . Un colapso de Brasil forzaría al macrismo a sacar de la gaveta el Plan B, que no tiene. Bancarrota El diario de las finanzas norteamericanas advierte de un deuda pública de u$s 1 billón, que el año que viene alcanzaría el 80% del PBI. Se alarma por una deuda privada de cerca de u$s300 mil millones, cuyo servicio está creciendo a razón de un 14% cada año. Petrobras, sin embargo, tiene, ella sola, una deuda (paraestatal) de u$s150 mil millones, a septiembre pasado, “una de las mayores deudas corporativas del mundo” ( Valor , 23/3). Pero no es todo: tiene deudas fiscales por R$160 mil millones y otras laborales por R$20 mil millones –o sea unos u$s 60 mil millones adicionales. La cotización del capital accionario de la empresa ha retrocedido un 85%, a poco más de u$s20 mil millones. “A final de 2015, informa WSJ , 54.1 millones de brasileños se habían atrasado en los pagos de cerca de u$s60 mil millones en préstamos”. Con este endeudamiento se fogoneó el consumo ‘nacional y popular’ también entre nuestros vecinos. Al derrumbe de la inversión se asocia un retroceso espectacular del consumo personal y la posibilidad de quiebras bancarias. La calificadora S&P ha rebajado a la categoría de ‘defol’ a Usiminas –una alianza entre Nippon Steel y Tenaris, nada menos. Los despidos recientes alcanzan a un millón de trabajadores y la desocupación ha superado el 10% de la población activa. De acuerdo a un estudio ( Valor , 23/3), Petrobras no tiene forma de pagar su deuda: “ha sido salvada por el gong, o mejor, por los aportes del Banco de Desarrollo de China, a cambio de la entrega de petróleo a precios preferenciales. Lo que significa que si el precio del petróleo no se recupera rápidamente, serán necesarios más aportes de China”. Esta conclusión suena optimista, primero porque, con este acuerdo, Petrobras hipoteca una gran parte de sus ingresos futuros y, segundo, porque el rescate chino significa que Brasil seguirá importando acero de China y dictando la sentencia final para la defolteada siderurgia que opera en Brasil. Petrobras no podría siquiera refinanciar una salida a la deuda impagable, debido a que no le está permitido acogerse a la ley de quiebras por su condición de empresa con mayoría estatal, o sea que no puede ofrecer como garantía un eventual remate judicial de sus activos. Petrobras ha perdido u$s10 mil millones de dólares en el último trimestre del año pasado – “sin que se vea la luz al final del túnel” (ídem). En esta situación, debería ser capitalizada con recursos fiscales, de parte de un Estado que se encuentra él mismo quebrado. El Club de Ingeniería de Brasil advierte acerca de “una destrucción de empresas nacionales”. De acuerdo a Valor , “desde el cambio de comando de la estatal, a inicios de 2015, fueron hechas diversas gestiones en el mercado sobre un modelo de asociación con el sector privado para BR Distribuidora” – la subsidiaria principal de Petrobras. El ‘modelo’ es curioso: se vendería una parte minoritaria del capital de la empresa, pero con un descuento del 40 por ciento y un sistema que otorgaría el voto mayoritario al sector privado, que pasa así a dirigir la compañía. Es el gobierno actual el que ha tomado la iniciativa del remate del patrimonio nacional, que reclama la oposición y el capital financiero. En el Senado, mientras tanto, los oficialistas mudados en opositores y la oposición tradicional van más lejos: quieren sustituir el régimen de participación de beneficios en explotaciones petroleras con mayoría de Petrobras por el un sistema de concesiones a los monopolio privados. El golpismo (parlamentario, judicial, mediático, financiero) es el resultante de la crisis política, no su causa. Las denuncias de corrupción y los arrestos y condenas de los implicados no son más que una manifestación de la disputa por los despojos de la bancarrota de la economía. Hay una contradicción insoluble entre la necesidad de una salida a la quiebra capitalista, de un lado, y el gobierno y el régimen político vigente, por el otro. El piloto y los pasajeros Que la crisis abarca al conjunto del régimen político queda de manifiesto en las encuestas, que muestran un repudio a oficialistas y opositores. La ciudadanía, incluida una parte importante de los trabajadores, no advierte, sin embargo, que el comando de la salida política se encuentra en manos de la fracción que aboga por el derrocamiento del gobierno, o sea por los golpistas. La decisión de apurar el juicio político a la Presidenta obedece a la necesidad de producir un recambio de gobierno antes que lleguen las citaciones judiciales a los líderes del golpe – el vicepresidente o el presidente de la Cámara de Diputados. También impulsa la urgencia el desenvolvimiento del proceso judicial. De una parte, porque el presidente e incluso el directorio de Odebrecht han decidido sumarse a la llamada “delación premiada”, con la finalidad de obtener una reducción de penas para el dueño de la constructora y para blindar a la compañía de los prejuicios patrimoniales que le provocará su responsabilidad en el sistema de coimas, incluido el descubrimiento de una contabilidad paralela. Odebrecht reclama una ley de indulgencia que la zafe de la responsabilidad patrimonial. Las informaciones que aporte Odebrecht serían letales para el oficialismo y para Dilma y Lula – sus socios más estrechos. De otro lado, la acción judicial se ha descarrilado con la filtración de escuchas telefónicas de la Presidenta del país, por parte del juez de la causa y del propio Ministerio Público. La Corte Suprema tiene ahora un pretexto excelente para anular las actuaciones judiciales y poner el encausamiento bajo su control. Un editorial del diario financiero Valor concluye que con un gobierno de Temer “prosegurían las tentativas de frenar las investigaciones y de las penas, porque amenazan a decenas de políticos. Cuando el Legislativo reanude su actividad un frente suprapartidario podrá votar leyes que encuadren el Lava Jato y anulen parte de sus efectos. Fue una conjunción de este tipo que impidió el desenvolvimiento de la operación Manos Limpias (en Italia)”. En Italia, los jueces de las causas anti-corrupción acabaron incriminados en centenares de procesos judiciales. Cambio de gobierno, ley de indulgencia para las empresas capitalistas, limitación de los procesos judiciales –el sistema político patronal tiene trazada su hoja de ruta. El golpe es presentado como la única vía para salvar a los corruptos. Toda una paradoja, ¿no? Es el régimen político Lo más importante de ese GPS es el remate del patrimonio en bancarrota y el ajuste. Delfim Neto, ex zar económico de la dictadura, y Arminio Fraga, ex presidente del Banco Central, ya tienen elaborado un plan bajo la presidencia de Michel Temer – el vice en funciones. Descartan que la Corte Suprema le tire un salvavidas a Dilma y autorice la designación de Lula como jefe de gabinete. Si esto ocurriera, Brasil podría asistir a un derrumbe bursátil fenomenal y al hundimiento de su moneda; un golpe de mercado. La supremacía que ha alcanzado la Corte con relación a los otros poderes del Estado, pone en evidencia la disolución avanzada del régimen político. Una fracción de la burguesía, Aécio Neves y Marina Silva, reclaman elecciones generales, como una suerte de salida indolora a la debacle del gobierno como del Congreso. Pero incluso esto necesita de un gobierno de transición con un plan elemental de gobierno. El proceso brasileño pone de manifiesto que el aspecto central de la etapa política actual es una crisis vertical de poder – antes que “un cambio de ciclo”. El capital procura instalar “gobiernos de ajuste”, pero no ha reunido aún ni los medios económicos ni los políticos de su proyecto. Brasil ilustra el carácter de toda la crisis que se ha apoderado de América Latina y la operación de socorro emprendida por Obama –que naturalmente debe empezar por Cuba. En Brasil se desarrolla un enfrentamiento brutal entre fracciones capitalistas, con un trámite necesariamente golpista. En la agenda del capital figura un ajuste extraordinario contra las masas. El eje de ese ajuste, estimado en la parte fiscal en R$145 mil millones (u$s40 mil millones), es el golpe contra las jubilaciones, esto para rescatar a la Previsión Social como fuente de financiamiento del capital. Ningún trabajador puede alinearse con el golpe, alegando la corrupción existente, ni siquiera la neutralidad; tampoco puede apoyar al gobierno de turno, que transa todos los días con el golpismo para demorar su caída o para conseguir un espacio en el proceso ulterior. Por eso es necesario un Congreso de Trabajadores que habilite un planteo independiente de la clase obrera y un plan de lucha.

El posible lanzamiento de Uber, una aplicación para celulares que permite conectar a usuarios de taxis o remises con una flota virtual de choferes previamente inscriptos, ha desatado polvareda. Es la misma inquietud que despertó en todas las capitales del mundo donde desembarcó esta empresa, enfrentando a los taxistas, a sus empresarios y sindicatos. La reacción no sorprende: detrás de la idílica presentación de una red de pasajeros y choferes conectados en el ciberespacio, Uber no es otra cosa que una gigantesca plataforma de tercerización laboral y trabajo precario. En Montevideo, donde el servicio desembarcó hace unos meses, los choferes de los vehículos revistan como “terceros contratantes independientes”, sin ningún vínculo laboral con Uber. La firma virtual no se hace cargo de las eventuales costas por accidentes, que deben ser afrontadas por el propio chofer mediante el pago de un seguro. Ni hablar de las cargas sociales o previsionales. Lo mismo vale para el pasajero, en relación a la confiabilidad del servicio. Las condiciones de Uber son rigurosas a la hora de fijar sus propias comisiones y tarifas básicas. Pero nada se dice sobre las condiciones laborales del “emprendedor independiente”, como llama la empresa a los choferes que se anotan. Cuando el pasajero se conecta, desconoce si concurrirá un “emprendedor” que carga, por ejemplo, con catorce horas consecutivas de trabajo. O si se trata de alguien que transporta pasajeros como “changa”, y sobrelleva una jornada laboral entera en otra ocupación. Pero el sobretrabajo es incentivado por la propia Uber, ya que califica a sus choferes con puntuaciones de acuerdo al grado de cumplimiento respecto de los requerimientos de viajes. Esos puntajes están disponibles para el pasajero que pide un auto a Uber. De ese modo, aquel chofer que no responda a un pedido –por cansancio o saturación- corre el riesgo de perder puntos y, por lo tanto, futuros clientes. La superexplotación no sólo hace peligrar la vida y la salud del chofer, sino también la de los propios pasajeros. Como ocurre en todos los ámbitos del proceso de trabajo en el capitalismo, la tecnología no alivia la intensidad o la duración de la jornada sino que, por el contrario, termina acentuando el grado de explotación absoluta del trabajador. La otra pesadilla Como en otros lugares del mundo, el lanzamiento de Uber ha despertado reacciones airadas de los sindicatos de taxis. Llama la atención, sin embargo, que numerosos choferes –o ex choferes- hayan concurrido esperanzados a la convocatoria de Uber. La explicación debe buscarse en las condiciones laborales de infierno que asolan al taxista de nuestra Ciudad. Aunque el chofer recibe un sueldo en blanco, con cargas sociales y previsionales, se trata sólo de una mascarada, pues su verdadero ingreso está condicionado a un acuerdo laboral negrero. Nos referimos al “alquiler” del vehículo, por el cual el chofer paga a la empresa una suma diaria por el uso del auto. Esa suma suele representar cerca de ocho horas de jornada. Sólo cuando supera el monto de ese “alquiler”, el chofer comienza a trabajar para “pagar” su sueldo. De ese modo, y para cubrir un ingreso que difícilmente llegue a la canasta familiar, el taxista trabaja 12 horas por día o más. Todos los estudios relacionados con la seguridad en el transporte urbano indican que los choferes de cualquier servicio -colectivo, taxi, subte- no deberían extender la jornada más allá de las seis horas, para la seguridad propia y de los pasajeros. Que este sistema laboral manifiestamente ilegal subsista, sólo se explica por la connivencia del Sindicato de Taxistas. No es un secreto que entre los propietarios de las “mandatarias” de taxis -las empresas que agrupan a grandes flotas de vehículos-, están los mismos burócratas sindicales que avalan este régimen negrero. Por eso, no sorprendió que su principal dirigente –Viviani- se mostrara dispuesto a “negociar” con Uber las condiciones del servicio. Como en otros lugares del mundo, la burocracia exigirá que la ciberempresa se equipare con las mandatarias en términos impositivos o reglamentarios (licencias), o sea, reclamará en su carácter de patrón. En cambio, nada se dice de las condiciones laborales –ni de los actuales taxistas, ni de los futuros choferes “emprendedores”. La cuestión de Uber debe servir para una deliberación sobre todo el régimen laboral en el transporte, que debe incluir a sus actuales trabajadores y modalidades. La pirámide de prioridades debe construirse, no a partir de las mandatarias o cibermonopolios, sino de las necesidades y la seguridad de trabajadores y usuarios. Ello significa, en primer lugar, asegurar un salario que cubra el costo de la canasta familiar en seis horas de jornada, o en el cálculo de un kilometraje equivalente; abolir todas las formas de trabajo a destajo, las actuales y las “virtuales” en preparación. Sobre esta base, todas las innovaciones tecnológicas podrían contribuir al trabajador y al usuario. El costo del servicio no debe ser reducido a costa de la vida de los choferes, sino de las comisiones y beneficios abusivos de mandatarias, de sus burócratas cómplices, de las automotrices, bancos y monopolios de combustibles, todos los cuales engordan el costo del transporte a costa del pueblo. Este es nuestro planteo.

Lejos de ser el bastión de la “resistencia”, Santa Cruz es el eslabón más débil del ajuste macrista, orquestado por una sobreviviente del kirchnerismo residual: Alicia Kirchner, que logró su victoria con una fraudulenta ley de Lemas, contando los votos de su contrincante interno Daniel Peralta. La provincia es una verdadera caldera a punto de estallar: 2.200 despidos y salarios adeudados por el “zar” K de la construcción, Lázaro Báez. Otros 1.000 obreros despedidos de otras obras, 500 en la industria del petróleo, 500 en el Ministerio de Desarrollo Social y 70 auxiliares de limpieza de establecimientos educativos en Pico Truncado. Otro de los conflictos que azota a la capital provincial, y que la ha dejado paralizada desde hace ya un mes, es el de la empresa de colectivos Montecristo (de la cual es dueño el K Agustín Rossi). La firma despidió una treintena de choferes y adeuda todavía plata de las paritarias del año pasado. La Subsecretaría de Trabajo no quiere interceder en el conflicto si no es por solicitud de la UTA, que ha negado públicamente su apoyo a los trabajadores en lucha. Los despidos fueron posibles por la gigantesca precarización dejada por los K durante los años en que gobernaron la provincia. En la construcción de la usina en la represa de Río Turbio, Isolux Corsan, no se quedaron atrás: hay también despidos y adeudan salarios desde diciembre, lo que ha obligado a los trabajadores a reiterados cortes de ruta. Destrucción educativa El caso que ha conmocionado a la comunidad educativa santacruceña, ocultado por los grandes medios de comunicación, es el del docente José Bravo, de Pico Truncado. Bravo murió a raíz del desfalco y corrupción que carcome a la obra social provincial, intervenida desde hace 30 años y vaciada por los distintos gobiernos. La Intervención tiene denuncias penales severas por desvío de fondos, y los gremios no tienen acceso al control financiero. A menudo las farmacias y grandes hospitales, donde deberían ser atendidos los agentes del Estado, les cortan el servicio por falta de pago. A esto debe añadirse la falta de mantenimiento e infraestructura en las escuelas. La Asociación de Docentes de Santa Cruz (Adosac) viene realizando una intensa tarea de organización de los trabajadores de la educación contra este ajuste en regla que ejecuta Alicia K. Han realizado innumerables paros con movilizaciones, el último el 7 y 8 de marzo y volvieron a parar el 16 y el 17 con la CTA. Cuando la docencia se moviliza por un aumento salarial que supere el 40%, mientras el costo de vida en la Patagonia es superior que en otras provincias, la gobernadora los trata de “patoteros” y “boicoteadores”. También ATE viene en un plan de paros por los despidos y la apertura de paritarias, y confluye con los maestros. Programa Ante la quiebra provincial y la crisis capitalista descargada a los trabajadores planteamos: *Incautar los bienes de Lázaro Báez y obligar a la restitución de los fondos llevados al exterior por el gobierno de Néstor Kirchner en los ’90. *Un salario mínimo que cubra la canasta familiar de la Patagonia (16.000 pesos). *Expropiar toda empresa que cierre o despida. *Reactivar la obra pública, incluidas las represas para reinstalar a todos los despidos. *Investigar y encarcelar a todos los que vaciaron la provincia.

A comienzos de marzo la mesa central y el encargado de política de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Adolfo Ibáñez (FEUAI) de Santiago de Chile viajaron a Buenos Aires y mantuvieron una reunión con la presidencia de la Fuba (UJS). La motivación de los compañeros era “formar un movimiento latinoamericano en defensa de la educación”. El primer dato es que Chile atraviesa un colapso educativo. La educación superior es una de las más caras del mundo. Un gigantesco negociado donde quienes quieren ir a la universidad deben tomar préstamos que luego se tornan impagables. Con movilizaciones de decenas de miles en todo el país, el movimiento de lucha por la gratuidad ha chocado contra la férrea defensa del régimen privatista impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet. Las distintas maniobras de contención del gobierno de Michelle Bachelet culminaron con la “ley de gratuidad”, un sistema becas y subsidios que excluye a más de la mitad de los estudiantes chilenos y mantiene la lógica de subsidio al estudiante, junto con el vaciamiento y precarización de las universidades públicas. En la reunión pudimos también dar cuenta la vasta extensión del movimiento universitario chileno, que de forma creciente une sus lazos con el movimiento obrero. Es el método de la Fuba, desde su recuperación al calor del Argentinazo, hasta la actual lucha del gremio de prensa, estatales y docentes. Hoy, Bachelet impulsa una reforma laboral reaccionaria. Como en todo el continente, la unidad obrero-estudiantil se impone más que nunca ante la nueva estampida de la crisis mundial. En Estados Unidos la deuda estudiantil asciende a los 1,2 billones de dólares y es uno de los puntos más sensibles de la campaña presidencial. El movimiento de lucha chileno está en ojos de todo el mundo, ya que su victoria sería un golpe fortísimo a la penetración capitalista en la educación. La experiencia chilena, así como también la de nuestro país, nos muestra que en el marco de la bancarrota capitalista, la lucha en defensa en la educación debe ir ligada a una perspectiva socialista. Nos hemos comprometido a realizar una conferencia latinoamericana de federaciones estudiantiles para trabajar en este sentido. Por un movimiento de lucha común en defensa del derecho a la educación y la unidad socialista de estudiantes y trabajadores en todo América latina

Esta semana volvió a sesionar el Consejo Superior, máximo órgano de gobierno de la UBA. Este Consejo hace años tiene su propia versión del “protocolo represivo”: en cada sesión un fuerte operativo policial de vallado impide a estudiantes y docentes participar o manifestarse. Este año no fue la excepción. Es la expresión más gráfica de un grupo extremadamente minoritario que gobierna con intereses creados en la privatización educativa a costa de las grandes mayorías universitarias. “Gradualismo” El inicio del ciclo lectivo, entroncado con la transición política del país, planteaba múltiples incógnitas. Por un lado, el rector Barbieri fue candidato al Ministerio de Educación por Scioli. Por otro, el secretario de hacienda y promotor de la candidatura de Lousteau, Emiliano Yacobitti, hoy está plenamente integrado al gobierno de Cambiemos ¿Cómo va a repercutir en la UBA el cambio de gobierno? ¿La suspensión de todos los convenios entre universidades y el Estado daba una primera pauta? Mientras Yacobitti ni asumió su flamante cargo de consejero superior (pidió licencia del mismo), Barbieri se ocupó de mostrar que estaba en plenas negociaciones con el nuevo gobierno. No se privó de destacar que al 10 de diciembre el gobierno saliente tenía una deuda de tres meses y medio con el presupuesto de funcionamiento de la Universidad, mientras que el macrismo la había recortado a un mes de deuda. Sobre los convenios caídos, el rector aclaró que la suspensión era un “barajar y dar de nuevo”: las camarillas universitarias están en tratativas con el gobierno sobre la continuidad de negocios a través de los cuales precarizan a miles de estudiantes y trabajadores de la UBA. Nuestras iniciativas La banca de la UJS-PO fue la encargada de llevar a la sesión los reclamos estudiantiles y docentes. En primer lugar, a través de los representantes de la AGD, presentamos un proyecto de apoyo al reclamo de la docencia universitaria de reapertura inmediata de las paritarias. Las camarillas no sólo se negaron a tratarlo sobre tablas, sino que le negaron la palabra a la Secretaria General de la Asociación Gremial Docente. Conscientes de que la suspensión de los convenios afectaba la continuidad laboral de miles de universitarios, presentamos la iniciativa de confeccionar un informe de la situación exacta (que el rector dice desconocer). Nuestro planteo es que allí donde se corrobore una relación laboral en el tiempo, los convenios continúen con todos los compañeros en planta y no bajo las figuras de precarización en las que se desempeñaban hasta ayer nomás. Nuevamente, el rectorado rechazó tratarlo. Por último, pusimos sobre la mesa el debate más acuciante del país: presentamos una declaración de rechazo al pacto colonial con los fondos buitre que acababa de ser votado en la cámara de diputados. Los decanos K llevaron también su propia versión del texto. Sin embargo, el tema tampoco fue tratado. ¿Nueva mayoría en la UBA? El reforzamiento del ala más derechista de las camarillas en el rectorado, con la asunción de Barbieri, envalentonó a sus agrupaciones estudiantiles. En las últimas elecciones de consejeros superiores (una elección “indirecta”, donde votan solo los consejeros directivos de las Facultades), Nuevo Espacio (Franja Morada), sus satélites derechistas y una parte de la conducción K del Centro de Sociales, se unieron para desplazar a la izquierda de la mayoría estudiantil. En la sesión presentaron como su gran virtud “la pluralidad”. Cristalizan la misma coalición que va a consumar el pacto buitre en el Senado: macristas, radicales, progres, pejotistas y kirchneristas. Por eso no se les escuchó decir una palabra de los debates políticos de la sesión. Al mismo tiempo dijeron traer “reclamos” al Superior. Pero el único reclamo que presentaron al rector fue el de intervenir la FUBA, planteo que ya habían hecho el año pasado, ahora basado en la novedad de su mayoría en el Superior. Sin embargo, la mayoría de los Centros de Estudiantes siguen en manos de la izquierda y los sectores independientes opositores al rectorado. El “reclamo” morado al rector para que intervenga la Federación es una muestra de impotencia y una confesión de que ninguna reivindicación estudiantil tendrá eco en la nueva bancada de mayoría. Organicemos la lucha El objetivo del rectorado de sostener la estantería negociando con el gobierno está fuertemente cuestionado por el descalabro económico general y el ajuste desatado por el macrismo. Por ejemplo, Barbieri ya confesó que aun no fue distribuida (y no se sabe si lo será) la partida especial de mil millones de pesos anunciada el año pasado para los hospitales universitarios. Esta primera sesión fue un botón de muestra de lo que nos proponemos: que la FUBA encabece junto con la AGD la pelea dentro y fuera del Consejo Superior por todos los reclamos estudiantiles y docentes.

Mientras el gobernador, Juan Manzur, espera el pacto buitre para endeudar a Tucumán, una importante movilización piquetera recorrió el miércoles 16 las calles del centro de la capital provincial, en simultáneo con otras realizadas en varias ciudades del interior. La marcha rechazó el ajuste de Macri y los gobernadores y reclamó trabajo genuino, aumento en los planes sociales y se manifestó contra el protocolo represivo del gobierno. Más de 2.000 desocupados de todas las organizaciones sociales estuvimos presentes. Fue el inicio de un plan de lucha para defender nuestras conquistas, actualizarlas y plantearle al gobierno las nuevas necesidades frente al ajuste en curso, que castiga a los desocupados en los barrios de la capital y los pueblos más pobres del interior de la provincia. Logramos una reunión con el ministro de Desarrollo Social, que escuchó nuestras demandas pero no dio soluciones. Ante esto, las organizaciones convocantes coincidimos en que la lucha continúa y que volveremos a salir a la calle. Esta vez, la experiencia de lucha del Polo Obrero nos ha permitido una rápida reacción para sumarnos a la iniciativa nacional. Los compañeros del Polo llevamos a las asambleas a familiares, vecinos y amigos, que sienten ya los golpes del ajuste y se han sumado a nuestra lucha. Hay frentes que han triplicado el número de compañeros que se venían movilizando. Esto nos pone en alerta para seguir con la tarea de agitar en los barrios. La salida al ajuste pasa por organizarse y luchar. Por las reivindicaciones de los desocupados y junto a los trabajadores, para que la crisis la paguen sus responsables, los capitalistas y los gobiernos que los favorecen.

Desde el 16 de marzo se lleva a cabo el juicio por el asesinato de Gabriel Blanco, de 21 años, ocurrido el 1° de marzo de 2007 en una comisaría de Isidro Casanova. El caso, una muestra brutal del accionar de la Bonaerense, se enmarca como antecedente directo del caso de Luciano Arruga, que ocurriría dos años después. Aparecen los mismos elementos: un joven en condiciones de vida precaria, una oferta para robar para la policía en zonas liberadas, el rechazo y la muerte. Gabriel Blanco, a los 19 años, intentó dejar atrás un período oscuro de su vida. Luego de estar ocho meses preso por robo, se rehabilitó de la adicción a las drogas, buscó trabajo y empezó una nueva vida. Se había casado y tenía un hijo. A los 21 lo estaba logrando. Ahí apareció una nueva “oferta” de la policía para robar para ellos. Gabriel se negó y esa fue su sentencia. Empezaron las amenazas, el hostigamiento, la persecución, hasta que el 1° de marzo de 2007 un grupo de policías se lo llevó detenido sin razón. Su mujer fue hasta la comisaría, donde le negaron la posibilidad de verlo. Gabriel estaba con un ataque de nervios y pedía ver a su mujer y a su hijo. La policía le dijo que se vaya, “que ellos lo iban a calmar”. Horas después, un patrullero llegó a la casa de los Blanco a informar que Gabriel se había suicidado en el calabozo. Rápidamente, la versión policial fue cuestionada por la familia que vio rastros de golpes brutales en el cadáver de Gabriel y un intento claro de ocultarlos. Tras la denuncia de la familia -apoyada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Matanza- se verificaron estas pruebas, aparecieron testimonios de testigos que estaban esa noche en la comisaría y se realizaron pericias que desbaratan la versión del suicidio. La Justicia criminaliza a los que luchan A fines de 2014 la causa se reactivó. Empezó también una campaña de desprestigio hacia la APDH por parte de la familia de los policías acusados (el subcomisario Rubén Darío Suárez, el oficial Pablo Balbuena y el suboficial Ariel Emiliano Gómez), que estaban presos. Se sostenía que la causa contra estos policías fue “armada” por la APDH, manipulando a los testigos en sus declaraciones. La Justicia inicia una causa contra la APDH y su representante Pablo Pimentel. Simultáneamente, se dieron situaciones de amenazas a militantes de la APDH y sus familias, e incluso atentados en su local de San Justo. Las organizaciones sociales y políticas de La Matanza repudiamos estas amenazas y acompañamos a la APDH en distintas movilizaciones, denunciando el intento de armar un cerco de impunidad para la policía Bonaerense y de criminalizar a un organismo de derechos humanos. Todo este proceso se dio bajo el gobierno anterior, una prueba más de la responsabilidad política que le cabe al kirchnerismo en el avance de la represión, la desaparición de personas, el gatillo fácil, las torturas en comisarías y la complicidad policial con el delito en todos sus niveles. A fines de 2015 la Justicia habilitó la excarcelación con prisión domiciliaría para los policías y el TOC 5 declaró la nulidad de las pericias que demostrarían que Gabriel no se suicidó. El estudio de abogados que patrocina a los policías es el de Miguel Ángel Racanelli, jefe de la bancada del PRO en el Concejo Deliberante matancero. Para cuando aparezca esta nota, el juicio probablemente haya terminado. No es alentador el panorama, porque a todos los hechos señalados más arriba se le suman los antecedentes del tribunal, que fueron los mismos que absolvieron a los policías en el caso Duffau. Además, accedieron al pedido de la defensa de realizar el juicio a puertas cerradas, incluso impidiendo la entrada de la prensa. Por otro lado, el fiscal que actúa en la causa es el mismo que, junto a la fiscal Celia Cejas, autorizó las escuchas a la familia de Luciano Arruga, mientras Luciano estaba desaparecido luego de ser detenido por un patrullero en enero de 2009. Sin embargo, el Partido Obrero, junto a otras organizaciones políticas y sociales, realizamos un “aguante” afuera de los tribunales durante estos días, acompañando a la APDH y la familia de Gabriel, haciendo un llamado a la población matancera para repudiar estos hechos y organizarnos contra el aparato represivo y los gobiernos cómplices.

La Federación Universitaria de La Plata se movilizó con la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada el 23 de marzo y con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia el 24. Gracias a la lucha dada por la UJS, junto al resto de la izquierda, la FULP respetó su historia de lucha. Desde su recuperación de manos de la Franja Morada, nunca se ausentó de las marchas organizadas por la izquierda y los luchadores. La participación de la FULP en estas marchas estuvo precedida de una lucha política en la Junta representativa. Allí hubo dos posiciones, expresadas en tres mociones distintas. Por un lado, la UJS propuso que la Federación se movilizara junto a la Multisectorial y al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Así, como habíamos dicho públicamente, se respetaría la lucha histórica de los estudiantes contra la impunidad de ayer y de hoy, reclamando por el juicio a todos los genocidas, y sumando el repudio a las violaciones a los derechos humanos que han consumado todos los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura. Por su parte, el kirchnerismo mocionó llevar a la FULP a su propia marcha, que utilizará el 40° aniversario del golpe genocida para reclamar el regreso del gobierno del pago a Chevron, el Club de París, Milani, la ley Antiterrorista y el Proyecto X. Luego de retrasar el debate en función de su campaña por "una sola marcha", que no tenía ningún sustento en la realidad, La Mella propuso que la Federación participe de ambas movilizaciones. Denunciamos esta supuesta "impostura" de la presidencia como una maniobra que pretendía subordinar a la Federación a las consignas de la marcha kirchnerista. La diferencia con la moción kirchnerista no era acerca del posicionamiento político de la Federación, sino que apenas le sumaba la participación parcial de la FULP en la marcha del Encuentro, posterior al acto K. La UJS tuvo que incorporar el punto al temario. Sucede que la pretensión de Patria Grande era dejarlo afuera de la agenda, y había acordado esto con la Cepa, que pretendía priorizar sus acuerdos a dar un debate político. Finalmente, la izquierda (Cepa, JG, Insurrectos) acompañó la moción de la UJS, que se impuso por mayoría. La moción de La Mella-Patria Grande contó con los votos de sus presidencias del centro de Exactas y Humanidades. En esta última facultad, donde la UJS forma parte de la conducción del centro, una masiva asamblea refutó la posición de La Mella, y votó movilizar con la Multisectorial y el Encuentro. Esto refuerza el reclamo que habíamos realizado anteriormente sobre el respeto al mandato de los estudiantes, que en las últimas elecciones eligieron a la izquierda para defender la independencia política del centro frente a las agrupaciones K. Esta lucha política, en términos más generales, es la lucha por la defensa del programa del Frente 20 de Diciembre, frente a quienes, en su kirchnerización, rompen con su contenido, y frente a quienes se niegan a expresar las divergencias en función de defender sus acuerdos políticos. Llamamos a las corrientes de la izquierda, en particular las que acompañaron la moción de la UJS en la Federación, y a los estudiantes en general a tomar la iniciativa para enfrentar el ajuste del gobierno de Macri, los gobernadores y el Rectorado.

El Partido Obrero de Corrientes marchó en la mañana del 24 de Marzo, junto a otros partidos de izquierda y movimientos sociales, bajo una llovizna intermitente, en una convocatoria independiente que sumó cerca de cien personas bajo la consigna “Contra la impunidad de ayer y hoy. No al ajuste. No a la represión”. Denunciamos el ajuste de Macri y su socio, el gobernador Ricardo Colombi, cuya policía es responsable de persecuciones, torturas y muertes de jóvenes en toda la provincia, y cuyos representantes en el Congreso de la Nación apoyan el pago a los “buitres” justificando la necesidad de un endeudamiento de la provincia para ponerla “a la altura del país del cambio”. La altísima precarización laboral en Corrientes también la lleva adelante el kirchnerista Fabián Ríos (intendente capitalino), que encabezó una “actividad cultural” en un intento por tergiversar el contenido y la importancia del aniversario del golpe de Estado. El documento conjunto de las organizaciones presentes, que señala a los gobiernos de Macri-Colombi-Ríos como garantes del ajuste y la represión, es un envión importante para reagrupar a los partidos y movimientos combativos en Corrientes y recuperar las calles en defensa del trabajo, el salario y todos los derechos de los trabajadores.

La Metropolitana sumó una nueva medalla a su reciente prontuario de brutalidad. El lunes 21 fue el turno del barrio Mitre, de Saavedra, donde diez vecinos resultaron heridos con balas de goma, entre ellos un adolescente, a raíz de una intervención policial cuyo objetivo era dispersar una movilización en defensa de una menor de 14 años abusada. “La Metro” perfila un claro modus operandi: en las barriadas más humildes, ante cualquier conflicto social, despliega casi por reflejo una represión violenta. Denunciamos el hecho y lo enmarcamos en un contexto más general de reforzamiento represivo del Estado porteño. Al servicio de esa política se ha resuelto el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, con sus cúpulas intactas y centenares de casos impunes de violencia institucional, además de la resolución del Tribunal Superior que habilita a identificar personas en la vía pública. La cristalización de esta tentativa es el protocolo represivo de Patricia Bullrich, fase superior del Proyecto X y la ley antiterrorista K, políticas que se han topado con una robusta resistencia por parte de los trabajadores. Cabe recordar que a fines de enero, la Gendarmería interrumpió a balazos un ensayo de la murga “Los Auténticos Reyes del Ritmo” de la Villa 1-11-14, con un saldo de 16 vecinos heridos, incluidos varios niños. El hecho tuvo una gran repercusión en los medios y en las redes sociales, al marcar lo que sería la hoja de ruta del macrismo en política de seguridad. El legislador del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Marcelo Ramal, repudió la represión en barrio Mitre y declaró: “Ante una nueva denuncia de violencia contra la mujer, el Estado responde reprimiendo a las víctimas, mientras vacía los pocos centros de atención a la mujer (CIM) que existen e incumple la ley aprobada en la Legislatura para crear diez nuevos centros. Desde nuestro bloque pediremos informes para que se separe a los responsables del operativo y continuaremos nuestro reclamo para que se cumpla con la construcción de centros integrales de la mujer”.

Los estatales cordobeses, lejos de dejar pasar el ajuste oficial, han profundizado las medidas de resistencia redoblando las asambleas por turno que impulsaron cortes y movilizaciones. Durante la noche del 22 de marzo, más de cien trabajadores del turno noche y compañeros a contraturno del Hospital Neonatal, junto a vecinos y familiares, hicieron una marcha de antorchas con la participación de los tres gremios (UTS, ATE, Atsa), donde se rechazó el acuerdo de miseria salarial firmado por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP). Durante la mañana del 23, decenas de hospitales del interior de la provincia y la capital organizaron mateadas, que contaron con enorme adhesión de los compañeros y, en asambleas, definieron más medidas de lucha. Los tres hospitales del Polo Sanitario salieron masivamente a un corte de calzada con gran participación incluso de pacientes. Lo mismo sucedió en el Neuropsiquiátrico. La autoconvocatoria es especialmente importante entre los jóvenes médicos residentes, que se encuentran sometidos a condiciones laborales de superexplotación, con salarios que no superan los 10.800 pesos con “aumento SEP” incluido. Los residentes, que en general no se encuentran afiliados a ningún sindicato, se han organizado en asamblea general con participación de distintas áreas y han resuelto parar y movilizar junto al resto de los trabajadores. Mientras tanto sigue la organización y la lucha de las compañeras despedidas, que en algunas dependencias ya lograron su reincorporación, como es el caso de la secretaria de Violencia. A la lucha contra los despidos, se sumaron las compañeras de la Sala Cuna de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. La universidad y la provincia decidieron cerrar las únicas salas cuna con las que contaban las estudiantes de la UNC, el Instituto Provincial de Educación Física (Ipef), la Ciudad de las Artes y el Montes Pacheco. La movilización golpea al gobierno Luego de que los trabajadores ganaran las calles unidos. El gobernador, Juan Schiaretti, tomó nota y comenzó a convocar a los diferentes sectores a una negociación dividida. Primero lo hizo con la agrupación Médicos Unidos (los únicos ausentes en las movilizaciones) para pactar un arreglo por fuera del conjunto de los estatales en lucha. Posteriormente, convocó a UTS, ATE y Atsa, siempre por separado. La propuesta del gobierno es un plus del 6% para la categoría 1, que incluye a médicos y otros profesionales, lo que supone otra maniobra divisionista. El único fin del gobierno es romper la unidad gestada hacia adentro de los hospitales y establecimientos. Los trabajadores han repudiado estas maniobras y prometen no dejar pasar ningún acuerdo sectorizado y sin la decisión del conjunto. Entre las medidas votadas en las distintas asambleas y plenarios de delegados, se resolvió adherir al paro de la CTA del 29M. Hay que tomarlo como propio y avanzar en una enorme jornada de protesta. El 16 de marzo, con motivo del paro de CTA, se realizó una gran movilización callejera. Para quebrar la maniobra del gobierno hay que avanzar en una gran asamblea que vote una mesa paritaria con representación del conjunto de los sectores en lucha y de los sindicatos que rechazaron el acuerdo (UTS, ATE, Atsa). Va madurando la tendencia hacia una gran movilización estatal que imponga un paro provincial y arranque la paritaria que los trabajadores exigen (45% indexado por inflación), la reincorporación de los cientos de despedidos, y la derogación de la ley 10333. Hacia allá vamos.

El paro de Radio América -y de todo el Grupo 23, propiedad de los kirchneristas Sergio Szpolski y Matías Garfunkel- ya tiene tintes históricos: casi cuatro meses de conflicto y cien días de paro, la puesta en el aire en manos de los trabajadores y una discusión profunda acerca del rol del Estado, como “facilitador” empresarial primero y como vaciador en esta instancia. En medio de las discusiones y audiencias en el Ministerio de Trabajo, decididos a continuar la lucha hasta obtener lo que les deben y meditando la continuidad de sus labores en modo autogestivo, dos trabajadores de Radio América, Omar Rulli y Sergio Martín, analizan el conflicto y sus distintas aristas y agradecen el apoyo recibido de Néstor Pitrola. "El 18 de diciembre nos reunió Szpolski y nos ofreció pagar el aguinaldo sólo a los operadores. Nosotros le dijimos: a todos o a nadie. Fue bisagra, porque nunca pensó que íbamos a decir eso. Fuimos todos juntos, como una comisión interna única. Esto es histórico porque actuamos en conjunto, lo que incluso fue mal visto por el propio sindicato (SAL)", dice Rulli. El conflicto continuó: el 23 de diciembre fue el primer paro. Prometió pagar 2.500 pesos a cada trabajador y lo pagó, pero eso fue leído por los trabajadores como una extorsión. Prometió, además, pagar los sueldos en término, pero no cumplió. Así, el 8 de enero, un día después del plazo legal de pago, los trabajadores iniciaron un histórico paro que aún se mantiene. Hay tres versiones que se manejan sobre el desembarco del que se dice nuevo dueño, Mariano Martínez Rojas: que viene a continuar el vaciamiento de Szpolski, que quería engancharse con inversores -al ver la deuda que había se habrían corrido- y la que ellos sostienen, que se vacíe la frecuencia y un empresario, que espera paciente y agazapado, se haga cargo de la frecuencia limpia y sin trabajadores. -¿Es un desenlace en el que no tienen influencia los trabajadores? -No. Szpolski reconoció hace un par de semanas que se le ganó la pulseada del tiempo de aguante. El dijo "a ver cuánto aguantan", pero pasó ese lapso y seguimos. No sabemos cómo terminará, pero todo va empujando hacia la autogestión. Hay que ver si nos dan la frecuencia. -¿Qué es lo que puede pasar con la licencia si se estira? - En las últimas reuniones, el ministerio quiso sacarse de encima el expediente y mandarlo al Enacom, pero lo frenamos: el problema es laboral, no de frecuencias solamente. Una resolución de Enacom podría sacarle la licencia a Szpolski y nos deja solos en un edificio vacío. Lo que pedimos es que lo inviten y dio resultado porque vino una abogada y le pidieron un informe para que digan quién es el dueño de la radio, de la frecuencia, el domicilio, la masa societaria y todos los datos. Están comprometidos a traerlo el 28 de marzo. Y tenemos nueva audiencia el 4 de abril y ahí vamos a saber a quién le pedimos que pague. -¿El no pago de salarios es causal de quita de licencia? -No, el artículo 50 de la ley de Servicios Audiovisuales contempla retiros de licencia en caso de 'abandono', pero no habla de los trabajadores. Queremos que se la quiten y entre a concurso. El tema es quién nos garantizaría que nos la dieran. -¿Qué evaluación hacen del rol del gobierno? -Hasta enero y febrero, uno podía analizar que es una herencia K. Pero a esta altura, que el Ministerio de Trabajo no haya hecho nada y que Marcos Peña no nos atienda, muestra que algo hay detrás. Es que detrás de Szpolski están el “Coti” Nosiglia y mucha gente de la Side. -Pasaron a encubrir a los vaciadores K... -Y sí. No se comprometen con el tema para que algún empresario “amigo” tome la empresa vacía y lance una radio macrista -por ejemplo- con bombos y platillos. -¿Y qué responsabilidad tiene el gobierno anterior? -Toda. Te respaldan con tuits, como el “Cuervo” Larroque, pero ellos no lo llaman a Szpolski y le piden que cierre el tema. Y en el medio estamos nosotros, que nos tenemos que bancar que nos digan ñoquis K. -¿Hay que exigir al Estado o no va más? -Creo que sí, porque tienen respuestas para dar. Públicamente no van a responder, pero en cada aparición que hagan vamos a estar, hasta que haya una definición. A favor, tenemos un embargo sobre la pauta para que vaya a salarios. Aunque lo pueden apelar, refuerza nuestra posición y hay que aprovecharlo. -¿Cómo ven la situación de los sindicatos? ¿Hay renovación? Martín: Para la miércoles, salvo en Sipreba. Veo que por lo menos mueve el avispero, la SAL no existe para nada y los otros tampoco. Están integrados a la CGT de Moyano. Siempre pensé que deberíamos hacer un sindicato único de trabajadores de radio o de prensa: cuando fui afiliado de la SAL nos rajaron y nunca defendieron a nadie. Con Sipreba tengo una esperanza.

La acción de nuestros parlamentarios ha colaborado enormemente en la clarificación de la batalla que enfrentan los trabajadores de la educación. Primero, con nuestro senador Víctor da Vila, quien se destacó en la sesión del Senado, destrozando los argumentos del oficialismo, punto por punto, durante casi 30 minutos. Esta intervención fue recogida con abrumadores aplausos y vítores para con el “senador cordobés” por parte de cientos de docentes que seguían la sesión por una pantalla gigante en las afueras de la Legislatura. Víctor destacó que el gobierno de Cornejo pretende responsabilizar a los docentes y enfermeros por la crisis fiscal de la provincia. Pero diferente es la actitud hacia las grandes empresas. A YPF le condonó más de 250 millones de pesos de deuda, redujo su tributo por ingresos brutos en un 50%, le entrega con el presupuesto 2016 más de 1.500 millones de pesos a la educación privada y a algunos grupos de las comunicaciones les mantiene las tasas cero, sólo para citar algunos ejemplos. Pretenden recomponer la tasa de ganancia de los grandes capitalistas a costa del sacrificio y esfuerzo del pueblo trabajador de Mendoza. En la cámara baja, Martín Dalmau, el diputado docente, y Tito Fresina, líder de la bancada del FIT, tuvieron intervenciones largamente aplaudidas por la docencia que sitiaba la Legislatura. En este caso, también denunciaron la acción del Frente Renovador en la persona del burócrata del sindicato de comercio y diputado provincial, Guillermo Pereira. “Viene de entregar a los trabajadores de comercio con un 20% de aumento, cómo no va a acordar darles quórum a los radicales para que voten contra los docentes en esta legislatura”, decía Dalmau. También destacaron que la crisis educativa no es patrimonio exclusivo del gobierno actual, sino que comparte responsabilidad con el FpV, que han gobernado alternadamente, e incluso juntos en la época de Cobos.

Más de 300 obreros de la destilería Refinor y de sus tercerizadas, organizaron una combativa huelga de dos días y frenaron los despidos, que son parte de un nuevo ciclo de desindustrialización. N es un trabajador que cuenta la experiencia a Prensa Obrera N: Refinor es una privatizada de lo que fue YPF, se la entregaron a Pérez Companc que vendió su parte a Petrobras. También son dueños de Refinor Pluspetrol e YPF S.A. Todos desinvirtieron y agotaron el petróleo, desgastando a la zona norte de Salta. Allí, procesamos el gas rico que se importa de Bolivia y lo bombeamos al poliducto que va a Córdoba. Desde el año pasado se sucedieron despidos, cambiaron gerente, los que tallan son los que vienen de Petrobras, que también tienen negocios en Bolivia. Este mes, largaron el rumor que Pampa Energy (del empresario Mindlin NdR) había comprado su parte a Petrobras. Los compañeros que vivieron la privatización de YPF advirtieron que iban a intentar despedir para “limpiarla” antes de entregarla. Así fue, armaron listas para el retiro y en marzo llegaron los telegramas para continuar con el achique. Mientras regía la conciliación obligatoria, la empresa presionó a algunos compañeros para que acepten el retiro. Pero un grupo denunció esta situación. La experiencia vivida y la actitud de estos compañeros, nos llevó a unirnos, a obligar al sindicato corrupto (Romero de Privados de Gas y Petroleo NdR) y salimos al paro. Ganamos cuando delegados combativos plantearon que pararíamos la planta compresora del gas de Bolivia. Todos sabemos que esto no termina acá, porque van a usar los intentos de despidos para chantajearnos en las paritarias, y no sólo eso: hoy todo Vespucio está apoyando la lucha de la tercerizada Tecmec, porque cuando termine la conciliación vuelven los despidos. Acá hay responsabilidad del gobierno K que dio una vuelta de tuerca con la privatización de YPF y el de Macri que viene por más. Urtubey se acomoda: primero con Cristina, ahora con Macri. Necesitamos que esto se conozca en todo el país. Mientras Obama vino al país, a reforzar el pacto buitre que financia la fuga de capitales y se desarrolla la rapiña capitalista, para quedarse con los activos de Petrobras y profundizar el vaciamiento petrolero de Salta, los compañeros demuestran, con su huelga que paró los primeros despidos, que hay un camino de defensa de los trabajadores y del patrimonio nacional.

El pasado domingo 20 de marzo se produjo un paro en los ramales Mitre y Suárez del FFCC Mitre a raíz de la agresión sufrida por un guarda, quien fuese atacado por un pasajero con una navaja mientras la formación se encontraba detenida en la estación San Andrés, partido de San Martín. Se desconocen los motivos del hecho ni cuantas personas estuvieron involucradas, señalaron desde la empresa. El paro duró más de 6 horas, como resultado de la decisión de los delegados y trabajadores en asamblea, comenzando a las 7 y finalizando 13:20. Más tarde, el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sassia, confirmó lo sucedido a los medios, y manifestó que siendo este hecho uno más de una cadena de situaciones similares, estarían reuniéndose con la empresa para presentar el pedido de la creación de un cuerpo ferroviario de la policía federal, con tareas especificas más allá de las adicionales que suelen cubrir. Recientemente los trabajadores del Mitre actuaron de igual manera cuando en octubre de 2015 y luego en diciembre del mismo año, agresiones hacia guardas del tren por parte de pasajeros, terminaron encontrando en la medida gremial un canal de denuncia y defensa de su situación. Es claro que los guardas, a diferencia del resto del personal ferroviario como conductores y boleteros o incluso los mecánicos de mantenimiento, son aquellos quienes deben trabajar en un ambiente de contacto directo con el público usuario. Una solución posible sería como la que se implementó en el subte, donde los guardas operan y trabajan desde la contracabina del conductor, ya que a falta de boletos para picar (tarjeta SUBE) no sería necesario estar caminando por el salón. Hasta ahora el criterio ha sido otro, y responde a que la presencia del guarda transitando a lo largo de la formación, mucho más extensa que un subte, refiere a la necesidad de asistir a los pasajeros y verificar el correcto ascenso y descenso de los mismos, entre otras cosas. Los casos de agresiones se dan por cuestiones referidas al servicio, retrasos, interrupciones, bajas frecuencias, etc. Si bien no se puede desconocer la intromisión de elementos descompuestos y pendencieros en momentos claves del día, especialmente en los furgones, la falta de una política de protección y preservación hacia personal que da la cara frente al público, a esta altura de los acontecimientos sólo demuestra al desidia patronal que viene desde la época de TBA y los Cirigliano.

Hace seis meses, un equipo autoclave explotaba en el servicio de esterilización de nuestro Hospital de Clínicas, dejando como saldo trabajadoras heridas y un servicio prácticamente destruido. El vaciamiento y la falta de mantenimiento -al que han llevado las distintas gestiones de la UBA al Clínicas, con una política de ahogo presupuestario y los negociados de las autoridades con empresas propias que le vendían productos y servicios al hospital- han sido algunas de las causas que determinaron esta explosión y provocaron el estado de abandono que hoy se encuentra. Al día de hoy, las obras para restaurar esterilización no han empezado y sus trabajadoras se encuentran ubicadas en una habitación pequeña en la planta baja, sin las mínimas condiciones de habitabilidad, como las de contar con un baño y un vestuario. En aquel momento, la dirección del hospital -avalada por el consejo superior de la UBA, la directiva de Apuba y la comisión interna dirigida por Elsa Carrizo- difundió un comunicado que hablaba de daños menores de mampostería y personal con heridas leves, pero el video grabado a minutos de lo sucedido por la Agrupación Bordó desmintió esta nueva maniobra para ocultar la realidad del Clínicas. Aquellos que debían defender y cuidar a los trabajadores eran partícipes directos del encubrimiento, amenazando a quienes relataban a los medios la verdad de los hechos. Es lo que sucedió con Gabriel Beati, integrante de la Bordó y por lo cual cuatro delegados de la burocracia fueron denunciados en la Justicia por coacción y amenazas (entre ellos el sobrino de la delegada general Elsa Carrizo). Exigimos los fondos necesarios para que empiecen ya mismo las obras, condiciones dignas para sus trabajadoras, un presupuesto que cubra las necesidades de nuestro hospital y el castigo a todos los que persiguen y amenazan a trabajadores.

En la última asamblea de Músicos Organizados (MO) votamos por unanimidad movilizar fuertemente el 24 de Marzo. Una columna con destacados músicos de la Lista Naranja de MO se hizo presente con su bandera y sus remeras en la marcha del EMVyJ. Mientras el presidente de la mayor potencia imperialista, Barack Obama, se encontraba en nuestro país y a sólo días de que el Senado trate el acuerdo con los fondos buitre, los músicos nos hicimos presentes junto con decenas de luchadores expresando todo nuestro repudio y colocándonos de manera resuelta junto a los trabajadores que salen a enfrentar el ajuste nacional y provincial. En este nuevo aniversario del golpe genocida, seguimos exigiendo que se abran los archivos de la dictadura. Queremos saber dónde están todos esos compañeros, muchos de ellos músicos, que fueron víctimas del genocidio. Mientras el presidente Macri le pide a Obama la desclasificación de los archivos de la dictadura, denunciamos que ninguno de los gobiernos desde el ’83 a la fecha los ha abierto y que sólo un puñado de genocidas han sido juzgados. Esta fenomenal marcha es un escalón más en la lucha por la defensa de los derechos de los músicos y por la recuperación de nuestro sindicato.

La movilización del 24 de Marzo estuvo precedida por un nuevo sacudón al gobierno del ex funcionario de la dictadura militar Carlos Arroyo. Giri, el estratega político y económico del nuevo intendente, fue arrestado por desviar más de 20 millones de pesos del astillero Río Santiago. La supuesta política transparente del intendente se ve golpeada una vez más, luego del primer escándalo de su gestión, marcado por la renuncia de su secretario de seguridad. En este marco, signado también por los despidos encubiertos en el municipio, el freno económico y los despidos en el puerto, el comercio y la construcción, las burocracias sindicales jugaron todo un papel, definiéndose, en muchos casos, por una de las variantes que lleva adelante el ajuste en Mar del Plata; el FpV acaba de dar su voto positivo al presupuesto de Cambiemos. Mientras Luz y Fuerza evitó una definición y marchó con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia en Buenos Aires, la Celeste de Suteba, APU, Adum, la Verde de ATE, y la CTA “autónoma” engrosaron la columna de la movilización oficial, coordinada por el kirchnerismo. El trasfondo de esta convocatoria fue “que vuelva Cristina” y con ella, Scioli, Pulti y los negociados de Aldrey Iglesias. El PCR, Patria Grande, Libres del Sur y el Nuevo Mas se adhirieron a la excusa del frente antimacrista y fueron a la rastra del nacionalismo burgués. El Partido Obrero junto con otras organizaciones movilizó en forma independiente contra el pacto buitre, el protocolo represivo y la provocadora visita del representante del imperialismo, Obama. Con HIJOS encabezando, y más de 300 compañeros del Partido Obrero, la movilización independiente llenó más de cuatro cuadras de largo. En la columna del Partido, se destacaron los compañeros del Polo Obrero que vienen de una movilización enmarcada en un plan de lucha nacional contra la desocupación, los docentes de Tribuna que se preparan para recuperar el Suteba, y una gran delegación de la UJS, además de los compañeros estatales, textiles, municipales, entre otros. Bajo la convocatoria del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, se leyó un documento que puso de manifiesto las características del ajuste tanto a nivel nacional como a nivel local. El Partido Obrero fue un puntal fundamental en el sostenimiento de la movilización independiente en la ciudad. Desde hace cuatro años que esta convocatoria se repite, nucleándose alrededor de HIJOS que, en 2012, partió aguas con la movilización oficial. Sin embargo, este año varias agrupaciones de izquierda y centroizquierda dieron el portazo y rompieron la multisectorial que organizaba el acto independiente de los partidos patronales. El Partido Obrero se opuso a la deformación que supone el frente antimacrista y rechazó cualquier compromiso político con ajustadores. Insistimos en la necesidad de una movilización que abra un canal político para la clase obrera que enfrenta a Macri, a la burocracia sindical que le garantiza una tibia paz social y al kirchnerismo que sancionó la bancarrota del Estado que hoy profundiza Cambiemos. Por su parte, el PTS cuestionó hasta último momento los términos de la movilización independiente, primero mediante una indefinición sobre la necesidad de un acto sin el kirchnerismo, y luego rechazando una delimitación del propio kirchnerismo en torno al papel de complicidad con el ajuste macrista. Esta peligrosa adaptación pudo ser superada por la férrea posición del Partido Obrero de defender la convocatoria central del EMVJ. En esta etapa de transición política, la única posición que abre un camino para la construcción de una oposición al macrismo y a la reconstrucción del nacionalismo burgués implica, como primera condición, la delimitación implacable del kirchnerismo.

El 24 de Marzo se movilizó con el Partido Obrero una gran delegación de familiares que luchan contra la impunidad. En reuniones previas preparatorias de la movilización, los familiares arribaron a la conclusión de que en todos sus casos el garante de la impunidad es el mismísimo Estado, con todos sus elementos, como en el caso de Darío Avalos, como el de Mariano Ferreyra, la responsabilidad de la burocracia sindical y sus patotas con total connivencia policial, amedrentando a los trabajadores para hacer pasar las políticas de ajuste. En el caso de Silvia y Yamila Rosso, víctimas de femicidio en manos de un asesino que ya tenía cientos de denuncias, el de Nicolás Vázquez e Ismael Sosa asesinados por la policía, el de Adrian Novillo, Diego Cabo y Nicolás Pacheco, asesinados producto de las zonas liberadas para los negocios de la noche, narcotráfico y barrabravas, y los inundados de la plata, víctimas de la especulación inmobiliaria y falta de obra pública. Los familiares, movilizados contra la impunidad estatal de ayer y de hoy, se preparan para un año de lucha y fuertes denuncias contra el reforzamiento del aparato represivo, la violencia hacia la mujer, la criminalización de la juventud y la protesta y la justicia para cada uno de sus familiares.

La movilización del 24 de Marzo fue precedida por un intenso debate en el movimiento estudiantil de la UBA. En la semana previa, se realizaron reuniones y asambleas en distintas facultades para fijar posición. Fue el caso de Filosofía y Letras, conducida por la izquierda, donde una masiva asamblea de más de 400 compañeros ratificó la posición de la Comisión Directiva de marchar con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. En el mismo sentido se pronunciaron las directivas de los centros de la Fadu, Farmacia y Bioquímica, Ciencias Veterinarias y Psicología. En esta última facultad, la conducción del centro -El Impulso- se dividió: una parte, La Mella y el Brote, era partidaria de “hacer una marcha común”, lo que luego devino en “ir a la dos marchas”; la otra parte, Libres del Sur, de marchar con el Encuentro. La desavenencia anuló al centro en la campaña por el 24, ya que la conducción fue incapaz resolver sus diferencias apelando a mecanismos democráticos. Los compañeros del EPA! (UJS) de Psico se encargaron de poner esta situación de manifiesto curso por curso: era la primera vez que el centro no convocaba a marchar el 24. Finalmente el tema se destrabó el 23 de marzo a la noche, cuando la conducción se avino a llamar a una reunión de Comisión Directiva en la que la participación de la marcha K quedó en minoría. La Fuba, por su parte, no pudo fijar posición como tal frente al 24. La Mella (Patria Grande), que copreside la Federación, boicoteó tres reuniones de la Junta Representativa, violando todas las resoluciones sobre el método de funcionamiento votado en los últimos congresos. Solo dos centros, Exactas e Ingeniería, se pronunciaron por “ir a las dos marchas”. Para evitar que se expresara esta derrota política, La Mella pasó al boicotear el funcionamiento de la Federación, ¡que ellos mismos presiden! -ubicándose en el campo de Nuevo Espacio (Franja Morada) y el kirchnerismo. La asamblea de Filo rechazó esta línea de parálisis e intimó a que se realizara una Junta Representativa de emergencia para definir la posición de la Fuba. Los boicoteadores respondieron, vía mail, que no concurrirían y propusieron, a horas del 24, convocar a una “asamblea inter-facultades” -una aparateada burda para desconocer las representaciones votadas por miles y miles de estudiantes. La impostura era evidente: los que reclamaban la “inter-facultades” no habían realizado asambleas, a diferencia de la izquierda, en ninguna de las facultades que dirigen. Frente a esta situación, la presidencia de la Fuba de la UJS y los presidentes de los cinco centros convocantes emitimos una declaración pública informando que nos haríamos cargo de asegurar la presencia de la Federación en la marcha del Encuentro, como habían votado la mayoría de los centros (ver en http://ujotaese.org/?q=node/58 ). Más de mil estudiantes concurrieron a esta convocatoria. La Mella, por el contrario, mantuvo silencio de radio y apareció, el mismo 24, con una bandera de la Fuba en una “columna estudiantil” armada con La Cámpora. Implicancias Esta política de quebrantar el funcionamiento de la Fuba -con el boicot a la Junta Representativa, la violación de las resoluciones congresales y la usurpación de la bandera el 24 de Marzo- es una manifestación de impotencia política. La Mella pretende arrastrar a la Federación a su política de subordinación al kirchnerismo, a pesar del mandato en contrario de la mayoría de los estudiantes. El atropello a los órganos de la Fuba es la consecuencia de una orientación que apunta a quebrar la independencia política de la Federación. La Mella aspira a imponerle a la Federación su propio derrotero, que en último período pasó de los acuerdos con la burocracia de la CTA al voto a Scioli y al armado de una lista común con La Cámpora en el Consejo Superior. Este salto político se produce cuando los K están metidos hasta el cuello en el ajuste en las provincias, municipios, universidades y facultades que dirigen. En la reciente Asamblea Universitaria de Córdoba, La Mella cometió el “crimen de leso movimiento estudiantil” de apoyar al rector kirchnerista Tamarit, el mismo que convalidó los convenios con Monsanto y habilitó a la policía cordobesa a aplicar el represivo Código de Faltas al interior de la UNC. El 24, La Mella saboteó la columna de la FULP, donde también había ganado la marcha independiente por amplia mayoría. Para esta línea de sometimiento al kirchnerismo y ataque a las federaciones independientes conquistadas por el movimiento estudiantil, La Mella contó con un aliado esperado: el PTS. La llamada “juventud de Nicolás del Caño” se abstuvo en la asamblea de Filosofía y sus representantes no abrieron la boca en las reuniones de la Fuba. Esta capitulación, funcional al aparateo K, pretendió ser encubierta con manipulaciones virtuales en La Izquierda Diario . Desafíos Impulsamos el enérgico repudio a la usurpación y el sabotaje de los órganos de la Fuba. La subordinación al kirchnerismo y a cualquiera de los bloques patronales del ajuste es incompatible con la defensa consecuente de las reivindicaciones de los estudiantes y la educación pública. El desafío es defender la democracia estudiantil, la integridad y la independencia de las organizaciones conquistadas en el último período, que son las condiciones para transformar a estas federaciones en palancas de un masivo movimiento de la juventud que logre derrotar los planes de ajuste de Macri y las autoridades. Es con esta orientación que llamamos a encarar la pelea por la recuperación de nuevos centros y federaciones estudiantiles. Convocamos al conjunto de las agrupaciones combativas, independientes y de izquierda a pronunciarse.

Los delegados de estaciones del subte -boleteros, auxiliares- vienen librando una lucha que ha incluido la interrupción del tráfico, ante la amenaza patronal a sus puestos de trabajo. Es que Metrovías, con el apoyo de Sbase (Gobierno de la Ciudad), está bajando máquinas de recarga de la Sube, con la finalidad de eliminar, a su término, el puesto de boletero. El planteo de los compañeros es que, según un acta firmada en 2013, cuando apareció el programa de incorporación de máquinas, la empresa se comprometía a completar el personal faltante de boleterías, blindar las mismas para reforzar la seguridad y poner un plazo a la contratación de personal tercerizado de seguridad, mientras la Federal era reemplazada por la Metropolitana. Dado que muy poco de estos compromisos se han cumplido (menos de un 25% de las boleterías blindadas y permanencia del faltante de personal), los delegados se oponen a que se bajen las máquinas mientras no se efectivicen las mejoras acordadas. La directiva kirchnerista de la AGTSyP, a más de dos años de esos compromisos, ha dado largas a la cuestión, en infinitas reuniones que no llegaron a nada. Y ahora directamente ha salido a atacar a los que luchan y plantea que las máquinas se instalen, sin encenderlas hasta finalizar las negociaciones. Una maniobra de desgaste, cuyo próximo paso será admitir que se pongan en marcha, bajo el argumento de que “no podemos oponernos al adelanto tecnológico”, como vienen pregonando. Pero aquí no se trata de un debate teórico sobre los efectos de la tecnificación sobre las condiciones de trabajo. La introducción de estas máquinas no mejorará el servicio. Apunta apenas a aumentar el beneficio empresarial reduciendo el personal y manteniendo el manejo de la recaudación millonaria de la Sube. Que se trata de un plan más general de racionalización, lo prueba el hecho de que abarca todos los sectores. En tráfico han comenzado a sancionar compañeros por oponerse a realizas más vueltas reduciendo el tiempo de descanso. Y en los talleres hay un plan de achicamiento y de tercerización del mantenimiento. Conclusión: para frenar la política de racionalización y flexibilización laboral del macrismo en el subte hay que movilizar a la AGTSyP y nada mejor que empezar por apoyar la lucha de los compañeros de estaciones contra la eliminación de puestos de trabajo. Si la conducción no está dispuesta a hacerse cargo de esta tarea, los delegados y activistas más conscientes deben iniciar una campaña que encare desde la base este tema candente.

El día lunes 27 los compañeros que aún estaban trabajando para TecPlata, terminal de contenedores de Puerto La Plata (Berisso) fueron despedidos. Son más de 130 familias las que quedan en la calle tras una operación de claro vaciamiento empresarial. El gobierno de Scioli realizó una descomunal inversión estatal en infraestructura preparando todo el terreno para el funcionamiento de esta terminal. El propio Scioli inauguró la terminal 3 veces. Sin embargo, la terminal nunca operó. Ahora TecPlata anuncia que dejará de operar por dos años y deja a todo el personal despedido. El gobierno de Vidal actúa como garante de los despidos. Reproducimos la entrevista para Prensa Obrera a "Pato", delegado TecPlata: -¿Cómo se inició el conflicto? P: Hace tres años que estamos en esta terminal, fui uno de los primeros ingresantes. Pasamos por distintos mecanismos de enseñanza, tuvimos que estudiar muchas cuestiones para poder pasar por el filtro que ponía la empresa antes de tomar el personal. Plantearon desde el principio la enorme posibilidad de crecimiento laboral. La propia comunidad de Berisso entusiasmada por el hecho de que se volvía a abrir el Puerto, las máquinas, todo. Empezamos a plantear el problema del salario, que era poco dinero y no aumentaba como sí en otras terminales. A su vez aparecía el fantasma de la falta de trabajo, cada vez menor. Se volvía cada vez más complicado que se consiguiesen líneas marítimas oceánicas, que son los barcos que mueven miles de contenedores. Empezaron así licencia en la terminal, con goce de sueldo. De un año atrás a hoy tuvimos audiencias entre el sindicato y la empresa planteando los reclamos de los trabajadores, pero nunca fueron atendidos. El propio año pasado Scioli la inauguró 3 veces. El 17 de marzo tuvimos la última audiencia donde la empresa decía que mantendríamos la situación como hasta ahora: licencias y guardias. Era reducción de trabajo manteniendo el sueldo. Ayer (lunes) nos enteramos de la llegada de los telegramas de despido. -¿Cómo se desarrolla la medida y cómo se vienen las próximas reacciones? P: El reclamo es la continuidad laboral, ya presentamos el mismo en el Ministerio de Trabajo, esperando que nos de la conciliación obligatoria y que la empresa acate. Intentamos también presionar políticamente porque sabemos que hay responsabilidades políticas. -¿Cuál creés que es la responsabilidad del gobierno, tanto del anterior como el actual? P: La responsabilidad del gobierno anterior es clave. Hicieron propaganda, lobby, política con esto, que esto iba a ser la mega obra, más tecnológica, se invirtieron millones, que iba a dar trabajo a la región y ahora estamos viendo cómo queda, vaciado. La empresa también estaba vinculada al propio gobierno, había acuerdos entre TecPlata y Scioli y esto en parte es producto de la situación política general. -¿Cómo ves la solidaridad que se acercó acá al piquete? P: Desde ayer hemos tenido un montón de llamados. Vinieron vecinos, organizaciones sindicales, de diferentes gremios como de astilleros, docentes, YPF, muchísimos. Un gran apoyo. En la región están habiendo despidos y esto puede servir para que todos nos unamos detrás de la perspectiva de parar los despidos. -¿Medidas concretas? P: Seguiremos acá hasta ver las respuestas del Ministerio de Trabajo. Está planteado movilizar si no hay pronta respuesta y veremos de profundizar si esto no tiene resolución veloz.

Los compañeros de las delegaciones internacionales presentes hicieron uso de la palabra en el plenario del XXIII Congreso del Partido Obrero. Savas Michael Matsas, dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Grecia (EEK), señaló la devastación causada en Grecia por los planes de la Troika: casi la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza y la generación más joven enfrenta una desocupación de 60-65%. Recordó que el levantamiento juvenil de 2008 fue caracterizado por el entonces jefe del FMI como el primer levantamiento ante la crisis económica abierta con la quiebra de Lehman Brothers. Respecto del gobierno de Tsipras, denunció la capitulación frente a la Troika apenas horas después del macizo pronunciamiento por el No en el referéndum sobre el memorando de ajuste. Según Savas, si bien Tsipras fue reelecto en las elecciones posteriores (porque prevaleció la lógica del mal menor), las nuevas medidas de ajuste ya han provocado tres huelgas generales y una rebelión de los campesinos pobres, que cortaron todas las rutas nacionales del país, paralizándolo. “Claramente la gente que votó por el No está enfrentando el ajuste en las calles”, concluyó. Y añadió que es una demostración de que la clase obrera griega no ha sido derrotada. Explicó la intervención del EEK en el movimiento de los refugiados y dijo que “hay un movimiento de solidaridad que se desarrolla allí, que no es de filantropía sino que es potencialmente un movimiento de solidaridad revolucionaria”, en contraste con la línea de expulsión y militarización de la burguesía y el imperialismo. Destacó el valor de las tres conferencias euromediterráneas, punto de reagrupamiento de luchadores socialistas de Europa, Asia y Africa, y las acciones de lucha realizadas junto a otros grupos en Hungría, Polonia y Ucrania. “El año que viene es el centenario de la gran revolución de octubre de 1917, celebrémoslo construyendo partidos independientes, revolucionarios, en Argentina, en Grecia, en todo el mundo”, finalizó. Rafael Fernández, del Partido de los Trabajadores de Uruguay, que rindió homenaje a Pablo Rieznik, observó que Uruguay va en el camino de Brasil, caracterizando la crisis en la petrolera Ancap como un “mini Petrobras”. Con todo, se trata de un detalle de la bancarrota uruguaya. En el último año se perdieron 52% de las reservas (4 mil millones de dólares) en función de una política liquidada de mantenimiento del grado inversor de la deuda. “Uruguay va a una explosión desde el punto de vista económico”, pronosticó. Fernández subrayó también la experiencia del movimiento obrero con el gobierno frenteamplista. Los intentos de Tabaré Vázquez por imponer un decreto antihuelgas fueron derrotados por movilizaciones de masas y la enorme huelga de los docentes. En la última campaña electoral, observó Fernández, el PT mejoró sus resultados y aunque son modestos, han abierto “una audiencia inaudita para nuestro partido”. El PT va un congreso el 15 de abril, que empieza con un acto público. Pablo Dovolno, de Agenda Revolucionaria de Bolivia, caracterizó que al cumplirse una década de gobierno del MAS su soporte económico (el precio de las materias primas) está en derrumbe. Esto revela el impacto de la crisis mundial sobre el país del altiplano. Señaló que el referéndum donde fue derrotado Evo Morales expresó un rechazo de sectores medios, obreros e indígenas a una década de entrega de los hidrocarburos, salarios bajos y precarización laboral. Criticó las posturas abstencionistas de algunos sectores de la izquierda en dicho referéndum y reivindicó el planteo de votar por el No. Reivindicó, asimismo, la convocatoria a una conferencia latinoamericana.

Una importante convocatoria tuvo lugar este martes 29 en el Polo Sanitario, donde se nuclearon compañeros de prácticamente todos los hospitales de la capital, Neonatal, Maternidad, Misericordia, San Roque, Córdoba, Tránsito Cáceres, Rawson, Neuropsiquiátrico; con fuerte presencia de los residentes. Estaban presentes UTS y ATE. Rápidamente se desenvolvió una asamblea general. En el debate se reflejaron las iniciativas que vienen desarrollando los trabajadores en cada uno de los hospitales contra el acuerdo salarial ruinoso cerrado por el gobierno y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP). También se discutió y rechazó la propuesta del gobierno de otorgar un plus de aumento del 6% a la categoría 1, conformada por médicos y otros profesionales. Se caracterizó correctamente que, con esa propuesta sectorizada, el gobierno de Schiaretti trataba de dividir la lucha que los trabajadores vienen forjando desde las bases. Luego del debate de la asamblea, los trabajadores se movilizaron hacia Casa de Gobierno. La conducción de ATE actuó todo el tiempo contra la lucha y organización de los trabajadores. Primero se negó a realizar la asamblea y pretendió imponer un acto donde hablaran sólo representantes de ATE. Luego, cuando la asamblea se impuso, intervino para dilatar el debate. Finalmente, se opuso obstinadamente a que los trabajadores se movilizaran, aduciendo que si se marchaba se rompía la unidad. Cuando vio que nadie adhería a sus posiciones, decidió marchar detrás de todos. Por el contrario, los residentes y UTS plantearon desde un principio la movilización. En la Casa de Gobierno se resolvió profundizar las asambleas de todos los trabajadores por establecimiento y la convocatoria a un nuevo paro, con abandono de tareas y movilización para el miércoles 6. El gobierno y el SEP se juegan al desgaste y la división. Sobre la derrota de esta lucha, el gobierno prepara un nuevo ataque a los trabajadores, que se configura con el congelamiento salarial, mayores despidos y la armonización del régimen provincial de jubilación al de la Anses, donde el 75% de los jubilados cobra la mínima de 4.800 pesos. La asamblea general de los estatales debe convocar a todos los trabajadores y levantar un programa de unidad que impulse la lucha con las mayores fuerzas posibles. Todos los sindicatos y agrupaciones que están verdaderamente con la lucha de los trabajadores deben apoyar esta perspectiva.

A dos semanas del asesinato de Massar Ba, dirigente de la comunidad de Senegal y activista por los derechos de los inmigrantes africanos, la fiscalía aún no había ordenado la autopsia. Massar fue muerto a golpes el 7 de marzo en Balvanera. La primera versión fue que el cuerpo desfigurado del activista africano fue encontrado por la policía en las calles México y San José, a la madrugada. Pero a esta altura ya no se sabe si eso fue así; la única certeza es que la policía lo llevó moribundo al hospital Ramos Mejía. La causa está llena de irregularidades. “Pasaron treinta horas desde que fue atendido por los médicos hasta que la policía inició una investigación por los golpes (…). Se le dio tiempo a quienes hicieron esto para ocultar evidencia”, dice Florencia Mazzadi, de la Asociación Cine Migrante, que integra la mesa de Cumplimiento efectivo de los derechos humanos de los migrantes ( Cosecha Roja , 21/3). Las organizaciones reclaman que la muerte del dirigente senegalés sea investigada como posible caso de racismo y de violencia policial. La Agrupación Xangó, Todos por Mandela, Sociedad Caboverdana, Africa Vive y la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina (de la cual Massar era su dirigente, asociación que reclama ser tomada como querellante) junto con numerosas asociaciones de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Hijos Capital y el CELS se movilizaron a la Fiscalía Nº 7, a cargo de Justo Rovira, quien se limitó a decirles que “todas las hipótesis de investigación están abiertas” ( Diario Z , 16/3). Massar Ba, licenciado en Ciencias Políticas, llegó a la Argentina en 1995. “Era un referente y activista antirracista. Su muerte se da en el marco del recrudecimiento de la violencia contra migrantes y vendedores ambulantes por parte de la policía”, dijo tajantemente Christian Gruenberg, coordinador del programa Contra la Violencia institucional del Ministerio Público de la Defensa ( Télam , 21/3). Claramente, tiene un fuerte asidero la sospecha de la Asociación. El 12 de agosto pasado, Massar Ba fue uno de los organizadores de la masiva movilización de vendedores ambulantes senegaleses a la Legislatura porteña, donde denunciaron abusos por parte de la Policía Metropolitana, situación que recrudeció en los últimos meses, según ellos mismos denuncian. Los maltratos incluyen redadas y allanamientos en la madrugada a las casas de vendedores, sin ningún tipo de orden judicial. Han denunciado que “hasta les falta dinero luego de los allanamientos” ( Diario Z, 13/8/15). Abdoulaye Gothé, vocero de la movilización, fue contundente: "La mayoría de nosotros vivimos en Buenos Aires y sufrimos por culpa del gobierno, ya que el abuso policial es permanente, en forma cotidiana con violencia y amenazas. A las 5 ó 6 de la mañana vienen a sacarnos de nuestras camas, del baño, nos roban la plata y luego nos acusan de hechos que no son ciertos. La prueba está en que muchos a esa hora rezan, muchos somos musulmanes. Somos gente trabajadora, no robamos, no tomamos alcohol ni nos drogamos. Los inmigrantes africanos somos tímidos o no entendemos el idioma muchas veces, pero venimos a la Argentina buscando una vida mejor y nos ganamos la vida trabajando" ( Diario Z , 13/8/15) El Estado se muestra como un engranaje indispensable para garantizar la impunidad. Por el inmediato esclarecimiento del asesinato de Massar Ba. Por una comisión investigadora independiente que garantice el esclarecimiento del caso.

Arte de tapa Juli Farfala www.julifarfala.tumblr.com El gobierno no ha tenido empacho en llamar “normalización económica” al nuevo zarpazo que aplicará sobre las tarifas. El servicio de agua tendrá subas de hasta el 500 por ciento. El gas prevé triplicar sus tarifas. El transporte público aumentará entre un 50 y un 170 por ciento. Esta escalada de tarifazos se suma al aumento de la luz, cuyas boletas llegarán en estos días con hasta un 600 por ciento de incremento. Y, por supuesto, a la carestía general en alimentos y otros productos de la canasta familiar. La “preocupación oficial” por la inflación es una farsa: la “normalización” del gobierno es la inflación sin límite en favor de los monopolios capitalistas. Los mismos que se quedaron con la plata de los subsidios a lo largo de todos estos años y vaciaron los yacimientos, la distribución de energía o los servicios de transporte. El macrismo, en definitiva, premia a los “empresarios” mimados por el kirchnerismo. Mientras descargan el sostenimiento de estos parásitos sobre nuestro bolsillo, el presupuesto público queda liberado para sostener a otros parásitos: los buitres de la deuda, que se llevarán 20.000 millones de dólares este año, sólo en concepto de intereses. Pero los mismos que liberan tarifas y precios reclaman un techo para las paritarias. Mientras la inflación anual se va generosamente al 40%, quieren arreglarnos con un 25% o menos. Para ello, nos extorsionan con despidos en masa. Los Moyano, Caló y compañía hacen mutis por el foro. Mientras el salario se derrumba, preparan un “paseo” para dentro de un mes. En oposición a los ajustadores y sus cómplices, es necesario organizarnos y debatir un programa: Abajo el tarifazo. Que se abran los libros de los privatizadores, para que salten sus desfalcos a costa de los usuarios y trabajadores. Ningún despido, reparto de las horas de trabajo entre todos los compañeros, sin afectar el salario. Por paritarias sin techo, la abolición del impuesto al salario y el 82% móvil para los jubilados.

Aunque el gobierno festeje como un gran triunfo el aval del Senado al pacto con los fondos buitres, lo cierto es que la amplitud de la votación obtenida es directamente proporcional a la bancarrota económica en presencia. El alineamiento de la mayoría de los senadores del FPV no sólo convierte en papel mojado el relato ‘nacional y popular’ del kirchnerismo, sino que muestra que en la clase capitalista y sus partidos existe unanimidad sobre la necesidad de un rescate del capital financiero internacional. Bancarrota La votación masiva del Senado ni siquiera tuvo en cuenta la maniobra de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que decidió postergar su pronunciamiento sobre las apelaciones al fallo de Griesa para el 13 de abril, es decir, un día antes de que venza el fallo para pagar a los buitres que aceptaron la propuesta del gobierno argentino. La alternativa de esperar al pronunciamiento de la Cámara para luego tratar el proyecto de ley en el Senado ni siquiera fue evaluada. La presión del gobierno nacional y de los gobernadores del FpV para votar sin dilaciones muestra que el pacto buitre es el único plan que tiene la clase capitalista para hacer frente a la bancarrota económica. En la víspera de la votación, se puso de manifiesto el carácter explosivo de las contradicciones de la política económica seguida por Prat Gay. Después de cuestionar la emisión monetaria llevada adelante por Kicillof, identificándola como la responsable de la creciente inflación, el macrismo vuelve sobre sus pasos echando mano a la `maquinita`. La necesidad de financiar el déficit fiscal se agravó, pues la reducción y eliminación de las retenciones al capital agrario, industrial y minero, y la continuidad de los subsidios a las petroleras producirá una merma de ingresos superiores a los 100.000 millones de pesos. Semejante agujero sólo puede cubrirse con una mayor emisión, que el gobierno ha buscado contrarrestar entregándole a los bancos pagarés (letras) a cambio de absorber parte de esos excedentes monetarios. Pero este recurso ahora se le ha vuelto en contra. El stock actual de esas letras (Lebacs) supera los 400.000 millones de pesos, y con una tasa de interés que ronda el 38%, los intereses a ser saldados rondan los 150.000 millones de pesos. “Ambito Financiero” calcula que el stock de Lebac crecerá este año hasta los 700.000 millones de pesos. El problema es que el pago de intereses, con vencimientos de corto plazo, no puede ser afrontado sin una mayor emisión o con una suba aún mayor de la tasa de interés, que permita renovar las letras que van venciendo. En síntesis, el Banco Central emplea buena parte de la actual emisión en reciclar su propia quiebra. Otra porción importante es para pagarle a los beneficiarios del mercado de futuros, el negociado que armaron Kicillof-Vanoli y que convalida el gobierno actual. Sea una variante u otra, al final habrá que pagar. La suba de la tasa de interés, que podría superar el 40% anual, muestra que la alternativa del gobierno es la recesión económica o la hiperinflación. En estas condiciones, para los partidos capitalistas el acuerdo con los fondos buitres se asemeja a una tabla de salvación después del naufragio, aunque no sepan si los lleva a la orilla o no. Mediante un endeudamiento colosal, se quiere financiar el creciente déficit en el que incurre el gobierno para subsidiar a los capitalistas y pagar la deuda pública, o la que el Estado tiene con los importadores y grandes empresas en concepto de giro de utilidades atrasados. Al final, el endeudamiento servirá para financiar la fuga de capitales, pero en el medio el BCRA deberá emitir pesos contra el ingreso de dólares. Todo conduce a más inflación y mayores tasas de interés, que agudizarán la recesión económica. Ajuste A partir de lo señalado queda claro que el gobierno no puede manejar la situación con medidas monetarias. Está en juego un ajuste de envergadura, que será más duro en tanto se desarrolla en paralelo a mayores concesiones fiscales a los capitalistas. El tarifazo generalizado anunciado en el gas, el agua, el transporte, las naftas y el monotributo se suma al ya aplicado al servicio eléctrico. La suma total de la factura del ajuste quiere ser transferida integralmente a los trabajadores. El ajuste en marcha también se manifiesta en los despidos crecientes en la administración pública, que no se han detenido luego de la primera tanda que superó los 50.000 trabajadores. Las comisiones internas de ATE han denunciado que hay en carpeta al menos 20.000 despidos más que se ejecutarán en el corto plazo. A la vez, el crecimiento de la inflación como resultado de la política del gobierno mete más presión a las paritarias. Es lo que ya se ve en las provincias, donde existen huelgas docentes y estatales muy importantes en rechazo a las propuestas oficiales que equivalen a fuertes ajustes. En Santa Cruz y Tierra del Fuego, por ejemplo, ofrecieron aumentos del orden del 10 y el 15%, lo que equivale a una reducción salarial de 25 ó 30 puntos. Otro tanto ocurre en Santiago del Estero, Mendoza, y en los estatales de la provincia de Buenos Aires. El fraude de las modificaciones al impuesto al salario -que han terminado con un aumento en el número de trabajadores gravados- refuerza también la presión sobre las paritarias. El diseño del ajuste se completa con el anuncio de una reforma previsional reaccionaria, que apunta a crear un haber asistencial para quienes carecen de aportes. Con esta caldera a punto de explotar, la CGT ‘unificada’ ha decidido anular la marcha que tenía planificada al Congreso, porque -incluso con sus limitaciones- podía convertirse en un canal para que los trabajadores expresen su repudio al ajuste en marcha. Los Moyano, Caló, Barrionuevo y compañía se han convertido en una pieza fundamental para asegurar la `gobernabilidad` del gobierno de Macri. Por eso, ni la ‘honesta’ Carrió deslizó una crítica por el nombramiento como número dos de la Superintendencia de Servicios de Salud a un hombre de la burocracia sindical, procesado por la mafia de los medicamentos. La burocracia defiende sus propios intereses, mientras deja pasar el ajuste contra los trabajadores. Lucha y programa Contra lo que dicen los propagandistas del oficialismo, el pacto con los buitres no servirá para moderar el ajuste. Al revés, implicará un mayor alineamiento de todas las instituciones del Estado, los gobiernos y los partidos del sistema con el capital financiero internacional. El desmoronamiento económico y político de Brasil será un acicate a la bancarrota en curso. A esta conclusión arribó el XXIII Congreso del Partido Obrero que sesionó el 25, 26 y 27 de marzo, llamando a “transformar a la clase obrera y a la izquierda en alternativa política al régimen ajustador”. Con esa orientación llamamos a defender todas luchas en curso para llevarlas a la victoria. Planteamos: no a los despidos, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios de convenio; paritarios electos en asamblea, por un mínimo de 40% para no perder ante la inflación; aumento de emergencia para los jubilados, por el 82% móvil. Fuera el pacto buitre, no al pago de la deuda externa, por la nacionalización del comercio exterior y de la banca, para aplicar los recursos del país a un plan de desarrollo nacional bajo la gestión colectiva de los trabajadores. Con este programa planteamos una campaña en defensa de todas las luchas en curso y por un congreso de trabajadores para impulsar la acción independiente de los trabajadores. En oposición a la burocracia sindical, entregada al pacto buitre, llamamos al Frente de Izquierda y a todos los sectores combativos de la clase obrera y la izquierda a organizar un acto el 1º de Mayo en la Plaza de Mayo.

La cuestión de “ganancias” se coloca otra vez en el centro de la escena política y del movimiento obrero. Una enorme legión de trabajadores que no tributaban empezaron a sufrir el descuento, pero serán muchos más después de paritarias. El tema no escapa a los sindicatos, que encuentran minadas las paritarias en medio de la espiral inflacionaria. Un 15% de inflación noviembre-febrero, lo que arroja un escalofriante 50% anual proyectado. Con patronales y gobierno apretando a la baja, al desagio inflacionario se suma un descuento directo de ganancias. La CGT (no) unificada lo pone en la agenda en función de un proyecto de ley, es decir, lo manda a la trituradora de los tiempos parlamentarios y no como parte de un plan de lucha. En todo caso, las poderosas organizaciones obreras argentinas tienen que fijar las pautas y los tiempos para que el parlamento resuelva terminar con esta confiscación. La manera de hacerlo es un plan de lucha. En su lugar, se juntan firmas y no se ha confirmado que vayan a ser presentadas mediante una movilización. Todo se orienta a un proyecto “consensuado”, lo que obliga a pasar por el acuerdo de bloques patronales y de un gobierno nacional y provinciales que manejan a los parlamentarios con la mira puesta en su recaudación y su propio ajuste. Algo que se agrava a partir del pacto buitre que están aprobando. Por lo pronto, el gobierno pretende que se discuta sólo la escala de alícuotas, lo que prolongaría los actuales mínimos no imponibles absolutamente insuficientes. En segundo lugar, y todavía más importante, quieren que la vigencia de cualquier ley sea en 2017 “para no agravar el déficit fiscal”. Quienes agravan el déficit todos los días con medidas en favor del capital sólo se ponen cuidadosos cuando se refieren a los trabajadores. Esto se comprueba en el hecho de que el Poder Ejecutivo no envió ningún proyecto sobre el punto. El proyecto en danza eleva el mínimo no imponible (MNI), pero no elimina ganancias en los salarios y jubilaciones. Según Massa, eso quedaría para una “etapa futura”, el cuento de siempre. Por otro lado, se mete en otros temas impositivos para “compensar” la caída de recaudación que produciría. Es una manera de empantanar la discusión y habilitar a mayores concesiones a favor del gobierno -ello, en nombre de la “falta de recursos”. Los recursos están, se los llevan los capitalistas con exenciones, intereses usurarios y subsidios. Nuestro proyecto de ley es abolicionista de la cuarta categoría para todo salario convencional, de carrera docente, estatal o judicial, y en las jubilaciones. Y eleva a tres canastas familiares (hoy 20.380 pesos tomada por Aceiteros de la Universidad de Rosario) lo que implica 61.000 pesos el MNI para personal gerencial fuera de convenio y para profesionales y monotributistas. Al mismo tiempo, se multiplica por 18 (la inflación desde 1999), la llamada tablita que regla las alícuotas. Y todo, MNI y escala, actualizables en forma mensual por costo de vida establecido con la supervisión de las organizaciones obreras. Es el día y la noche con los proyectos en danza. Impulsamos un debate en las organizaciones obreras sobre el contenido de una ley para terminar con el impuesto al salario y no desaprovechar esta oportunidad que brinda la crisis política y los compromisos asumidos frente a las grandes luchas pasadas por este tema. Ya nos reunimos con La Bancaria, un sindicato afectado que movilizó contra el decretazo de Macri en la Apertura Legislativa y que ha planteado la anulación del impuesto para los salarios convencionales. Sólo en bancarios tributan 20 mil trabajadores más. Ya está pactada una reunión con Aceiteros Capital para presentar también ante los compañeros el proyecto del PO. El proyecto lleva las firmas de todo el FIT, debe ser bandera del clasismo. Nos proponemos abrir el debate en todos los sindicatos con giras, reuniones y presentaciones de los diputados y a través de todas las agrupaciones de la Coordinadora Sindical Clasista. Impulsamos asambleas y plenarios de delegados donde se discuta la anulación del impuesto en los salarios de convenio y, al mismo tiempo, un plan de lucha. Fueron tres paros nacionales los que pusieron el tema en la agenda y en su momento obligaron a echar lastre al gobierno kirchnerista en 2013. Hoy será también con la lucha que terminaremos con la confiscación. Si el salario no es ganancia, terminemos con el impuesto.

La oportunidad de una convocatoria del Frente de Izquierda a las organizaciones obreras clasistas a un acto en Plaza de Mayo el próximo primero tiene razones políticas claras. En primer lugar, es necesario responder, con un programa y una movilización obrera, a la escalada ajustadora de Macri y los gobernadores, que en estos días ha tenido nuevas expresiones. A los despidos de los primeros 90 días de gobierno, podrían sumarse decenas de miles de trabajadores en las próximas semanas. El vencimiento de contratos en la administración estatal, por un lado, y el agravamiento de la recesión industrial, por el otro, pavimentan ese camino. Los despidos son un arma contra las paritarias, que el Estado y las patronales pugnan por ubicar muy por debajo de la inflación real o prevista. Mientras tanto, se anuncian tarifazos del 400 al 600% en el agua y el gas, para seguir la saga que benefició a los vaciadores del servicio eléctrico. Ante semejante agresión, las distintas fracciones de la burocracia sindical no han atinado más que a una marcha testimonial para el próximo 29 de abril, que ni siquiera se dirigirá al centro del poder político. Un acto de la izquierda y los luchadores en la Plaza de Mayo, por el contrario, será un llamado para poner en pie de lucha a los sindicatos, a partir de la iniciativa de las direcciones, delegados y comisiones internas antiburocráticas. Pero esa acción de lucha debe establecer un claro señalamiento político: es necesario colocar a la clase obrera como oposición política al gobierno ajustador, y como alternativa de poder frente a la crisis que, más temprano que tarde, alumbrará esta nueva tentativa por trasladarle a los trabajadores la bancarrota nacional. Como nunca, esa cuestión estratégica debe ser subrayada: es que el nacionalismo burgués decadente, ya fuera del gobierno, pretende reconstruir su autoridad ante los explotados presentándose como opositor al macrismo. Los K, sin embargo, ejecutan el ajuste allí donde gobiernan (Santa Cruz, Tierra del Fuego) y han repartido roles en el Congreso para que pase el pacto buitre. Por eso mismo, y junto a la lucha y un programa contra el ajuste en marcha, una convocatoria a la Plaza de Mayo debe denunciar este rol impostor del kirchnerismo y llamar a la clase obrera a un frente único de lucha contra el Estado capitalista y sus partidos, sean los que gobiernan en el país o en las diferentes provincias. Contra estos ajustadores, debemos poner en pie una oposición obrera y socialista. El Frente de Izquierda ha conquistado un lugar entre los trabajadores como canal de independencia política -ese lugar no puede dilapidarse en un “frente antimacrista” que colocaría a la izquierda detrás de otra fracción de los ajustadores. Con estas premisas políticas, el Partido Obrero llama a las fuerzas del Frente de Izquierda a concretar una convocatoria a las organizaciones que apoyaron al FIT, a los sindicatos, internas y delegados clasistas a un primero de mayo por las reivindicaciones urgentes –basta de despidos y suspensiones, abajo el tarifazo, por paritarias libres, derogación del impuesto al salario; abajo el tarifazo y el protocolo represivo- , contra el ajuste de Macri y los gobernadores, por la independencia obrera, el gobierno de trabajadores y la unidad socialista de América Latina.

La Agencia de Bienes SE, que la Legislatura ya ha votado en “primera lectura”, es un emprendimiento de privatización de tierras de alcance vasto. Junto con la Corporación Puerto Madero y la Buenos Aires Sur, completa la totalidad del territorio de la Ciudad como objetivo de megaemprendimientos inmobiliarios. A partir de ella, el gobierno de Larreta pretende dar un salto en una orientación que viene de décadas atrás. La Corporación Puerto Madero fue creada bajo la intendencia de Carlos Grosso (1989-1992) y la Corporación del Sur bajo el gobierno de Aníbal Ibarra (2000-2005). Menemistas, seudoprogresistas y macristas compartieron el objetivo de la entrega de la Ciudad en beneficio del capital financiero e inmobiliario. La operatoria de la agencia sigue la de las anteriores corporaciones privatistas: se transfieren las tierras e inmuebles de dominio de la Ciudad para su venta y el desarrollo de proyectos especulativos. Sustraen así las enajenaciones al voto de los dos tercios de la Legislatura, previsto por la Constitución de la Ciudad. Además, el producto de las ventas queda por fuera del presupuesto estatal y alimenta una serie de cajas paralelas al margen de cualquier control. De esta misma forma, la Corporación del Sur acaba de vender los terrenos de Casa Amarilla, que estaban destinados a viviendas del Instituto de Vivienda de la Ciudad. En el proyecto de la Agencia de Bienes se prevé la venta del Tiro Federal para el Parque de la Innovación, que según sus propios impulsores “será un polo de la escala de Puerto Madero” (La Nación, 8/2). Detrás del señuelo tecnológico se prevé un megadesarrollo inmobiliario. También se prevé la venta de “El Dorrego” en Colegiales, para la construcción del Centro Metropolitano Audiovisual. De la letra de la ley se eliminó toda otra especificación de los terrenos afectados, por lo tanto se transfieren todos. En carpeta se encuentran la venta del Design, la concesión del Autódromo y terrenos en la Costanera. Estos proyectos alimentarán con obras millonarias a la patria contratista de los Caputo e Irsa. Este ajuste a través de la venta del patrimonio público agravará todas las contradicciones sociales, económicas y políticas. El resultado del remate de tierras y la especulación es la expulsión de la población trabajadora. De los que trabajan en la Ciudad sólo la mitad vive en ella. La valorización del m2 empuja a la venta de la vivienda única. Para un asalariado resulta cada vez más difícil afrontar el aumento del costo de vida, del ABL y expensas. La mitad de la población es inquilina y los alquileres han aumentado un 40% en los últimos tres meses. Es por eso que se ha duplicado la población en villas en la última década. La negativa a urbanizar las villas obedece a la espera de mejores condiciones para una expulsión de su población, a través del mercado o de la fuerza, y así poder recuperar esas tierras para la especulación. Otra consecuencia es la pérdida de espacios verdes públicos, que ha llevado a que la relación entre habitantes y m2 verdes sea, en la Ciudad de Buenos Aires, una de las peores del planeta. La saturación de los servicios públicos, resultado de la anarquía en el desarrollo urbano, la padece la población con cortes de luz y de agua. Los problemas de tránsito son insuperables si la población es expulsada cada vez más lejos de sus trabajos, y con la extensión del subte paralizada. La creación de la agencia tuvo una primera votación favorable en diciembre. El PRO contó con los votos del bloque kirchnerista, su gran socio en la privatización de la Ciudad, como lo prueban la venta de los terrenos ferroviarios, los bares en plazas, y varias otras enajenaciones. La participación en estos negociados y la conformación de los directorios de la Agencia de Bienes, la Auditoría General o la Defensoría del Pueblo han sido la moneda de cambio para sellar estos pactos contra la población. En la Comuna 13 ya han comenzado a levantarse voces contra la venta del Tiro Federal. Planteamos la necesidad de una movilización enérgica en defensa del patrimonio público, para ponerle un freno al remate. Una consulta popular, puesta en pie desde abajo, por las organizaciones vecinales, los consejos consultivos de las comunas y los sindicatos de trabajadores de la Ciudad significaría un enorme pronunciamiento en ese sentido.

En el marco del 40˚ aniversario del golpe militar, el primero bajo el gobierno de Macri-Gerardo Morales, se produjo en la provincia la tradicional movilización y acto convocado por Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, agregando una intensa jornada cultural de dos días, culminando con un acto en la plaza de la Memoria. Un tema que está en debate es la posibilidad de que la Justicia consagre la impunidad final para Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, y su mano derecha, Alberto Lemos, vinculados y procesados por la colaboración durante la última dictadura militar en el secuestro de cientos de compañeros en Ledesma. La discusión para la organización de la jornada es la que se viene dando en las últimas manifestaciones: la lucha por la independencia política, la delimitación tanto del gobierno de Macri-Morales, como del kirchnerismo que ha gobernado los últimos doce años. En este sentido, las organizaciones convocantes decidieron adherir a las consignas del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y se enteraron del duro debate a su interior para defender el carácter independiente de la movilización. Participaron organizaciones sociales como Avelino Bazan, Tupaj Katari, Norte Libre; de derechos humanos, el Partido Obrero, la Darío Santillán, el Partido de la Dignidad. Consideramos, por un lado, participar de la jornada que reivindicaba los planteos y consignas de EMVJ, y una clara delimitación del gobierno y del kirchnerismo. La jornada se unió a un plan de lucha iniciado por el Seom, ATSA y otros gremios del Frente de Gremios Estatales, que están luchando contra despidos y suspensiones, así como en discusión de la paritaria. Hubo una participación muy importante de trabajadores despedidos de la cadena de supermercados Tunuyán, vaciada por la patronal. La otra marcha Los compañeros del PTS decidieron hacer un acto aparte y marchar luego con la Tupac Amaru. El acto fue convocado por una coordinadora que integra el PTS, el PC y la directiva de Adiunju (cuya dirección K mantuvo el gremio por escaso margen en las pasadas elecciones frente a una lista independiente e integran la lista K que perdió en Conadu Histórica con la lista presentada por la izquierda), entre otras. Desconocemos si la coordinadora adhirió formalmente a los planteos del EMVJ, como plantearon, pero una adhesión no borra ni tapa todo lo actuado bajo más de una década “ganada”, como fue el sostenimiento de Milani, la ley Antiterrorista y el Proyecto X. A la marcha se agregaron columnas de organismos de derechos humanos como Madres, H.I.J.O.S. Jujuy, el Movimiento Evita y La Cámpora. Sorprende La Izquierda Diario cuando dice que fueron la ‘única’ organización de izquierda: era una marcha rabiosamente kirchnerista. Todo el resto de la izquierda en Jujuy participó de la otra marcha. El desafío planteado para la izquierda y el movimiento obrero en la provincia sigue signado por la delimitación política del nacionalismo burgués, lo que va a permitir una intervención independiente. Hay que sacar las conclusiones políticas. La lucha contra la impunidad de ayer y de hoy requiere de la más absoluta independencia frente a los gobiernos patronales de turno y los que pasaron, si quiere arrancar justicia.

El miércoles 30 comenzó el alegato de Justicia Ya! en el tercer juicio oral de la llamada “megacausa Esma”. Justicia Ya! es una querella colectiva, integrada por los organismos de derechos humanos independientes y otras organizaciones referenciadas en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia. La integran la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA y el Comité de Acción Jurídica de la CTA, entre otros. Por la cantidad de casos -nada menos que 789 compañeros y compañeras-, éste es el juicio de mayor envergadura de los realizados hasta ahora por los crímenes de la dictadura militar. Entre otros, se encuentran los casos de Rodolfo Walsh y Carlos “Sueco” Lorkipanidse (sobreviviente, militante de AEDD); el de los padres de Victoria y María Isabel Prigione Greco (Hijos La Plata) y los de los militantes de Política Obrera Laura Dabas, Gustavo Grassi y Susana Granica. Además, en el curso de las audiencias, se identificaron al menos un centenar de casos nuevos, entre los que se encuentran los de Marcelo Arias y Fernando Sánchez, quienes fueron importantes dirigentes de la organización que luego pasaría a llamarse Partido Obrero. El juicio comenzó en noviembre de 2012. Se realizaron 190 audiencias y declararon 800 testigos (además, un millar de declaraciones fueron agregadas por lectura). En el banquillo de los acusados se encuentran 56 genocidas; entre ellos, “el Tigre” Acosta, Alfredo Astiz y Julio Poch y el ex secretario de Hacienda de la dictadura, Juan Alemann. Por otra parte, esta es la primera vez que son juzgados los llamados “vuelos de la muerte”. El alegato de Justicia Ya!, a cargo de Liliana Alaniz (Apel), está previsto para los días 30 y 31 de marzo y 4 de abril, a partir de las 9:30 de la mañana, en los tribunales de Comodoro Py. Las audiencias son públicas para mayores de 18 años. Requiere presentación del DNI.

Anoche se nos fue Rodolfo Moldez Miranda, un trabajador de los talleres Castelar del Ferrocarril Sarmiento, miembro del Partido Obrero y de la Agrupación Causa Ferroviaria, Lista Gris. De 55 años, Rodolfo se incorporó al ferrocarril luego de la privatización. Integró la Lista Celeste que se opuso a Pedraza y luego pasó a formar parte de la Bordó que recuperó esta línea para una corriente antiburocrática. Fue delegado. Como tal, organizó los talleres de Castelar y Liniers. Era reconocido por su compañerismo y coraje. Más de una vez se plantó delante de los trenes para que no pudieran salir de los talleres de Castelar, ya que no estaban en condiciones de seguridad. Era una premonición de lo que luego sucedió con los ‘accidentes’ de Flores y Once. Luego se aparto de la Bordó e integró en dos oportunidades la lista de frente opositor antiburocrático con la Violeta. La segunda vez, ya como miembro de la Gris de Causa Ferroviaria y del PO. Era un boliviano clasista, de esos hombres de espíritu revolucionario y rebelde que ha sabido dar el altiplano. Estuvimos orgullosos que se haya incorporado a nuestro partido. Una enfermedad, que afrontó con firmeza, minó su salud y finalmente se lo llevó. En su velatorio pasaron compañeros del taller, delegados y miembros de la Ejecutiva del Ferrocarril Sarmiento. A sus familiares, compañeros de trabajo y amigos nuestro pésame. Rodolfo: ¡hasta la victoria siempre!

Marcos Levín, ex director de La Veloz del Norte, es el primer empresario condenado por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. El Tribunal Oral Federal de Salta lo consideró “autor necesario” del secuestro y torturas de Víctor Cobos, delegado gremial de la UTA en su empresa. Le dieron 12 años de prisión, la misma pena que a dos agentes de policía de la Comisaría 4ª, donde funcionó un centro clandestino de detención en la ciudad de Salta: Víctor Hugo Bocos y Víctor Hugo Almirón. A Víctor Cardozo -otro agente- lo sentenciaron a ocho años. Continuarán en libertad hasta que la sentencia quede firme. Participación empresaria Después del golpe de 1976, Víctor Hugo Bocos, subcomisario de la 4ª, se paseaba por los pasillos de La Veloz del Norte. Trabajaba como guardaespaldas de Marcos Levín y era el encargado de señalar a los trabajadores sindicalizados, pasar información a la policía y romper las huelgas. Según determinó el Tribunal, Levín fue un “actor necesario” del secuestro. Para la querella compuesta por Cobos y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia de Salta, el empresario utilizaba el mecanismo de la tortura para despedir a los empleados sindicalizados sin pagar la indemnización. Este tipo de condena a un civil es inédito. El caso es análogo al de Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, absuelto a pesar de que se comprobó que los vehículos de su empresa se usaron reiteradamente para secuestrar a trabajadores y activistas. La condena de Levín es una victoria contra la impunidad que, de todos modos, llega muy tarde, puede ser apelada, y Levín seguirá en libertad hasta que la Corte se expida. Levín tiene ya más de 70 años y es previsible que, confirmarse la sentencia, recurra al beneficio de la prisión domiciliaria apoyándose en antecedentes como el de Pedraza, responsable de la muerte de Mariano Ferreyra, “preso” ahora en un piso de lujo. El caso de Levín es apenas la excepción que confirma la regla de impunidad absoluta de los empresarios que fueron impulsores y, como en este caso, partícipes directos del genocidio, así como también los sectores de la Iglesia católica y los medios de comunicación. Más que nunca hay que redoblar la lucha para que todos los genocidas sean juzgados, la apertura de los archivos de la Side, la D2 y todas las fuerzas represivas que actuaron con el concurso de la burguesía argentina. No nos reconciliamos, cárcel común a Pedraza, Levín, Blaquier y a todos los genocidas.

La criminalidad de la Policía Bonaerense ya no se limita a la organización del delito y el gatillo fácil, ahora también matan a la gente atropellándola con los patrulleros. Hubo tres casos en 40 días, en los que asesinaron de esa manera a una anciana, a un niño y a un joven que dormía en su habitación. Esa policía patrulla con camionetas disfuncionales para la tarea, aunque seguramente muy funcionales en materia de “retornos” cuando las compraron; además, Scioli incorporó efectivos a mansalva sin requisitos mínimos. Ahora hay una crisis política (una más) por la puja entre la Bonaerense y la gobernadora, María Eugenia Vidal, junto con su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, quienes han comenzado la “reforma” policial que necesitan; Sergio Massa, que de arreglos con la policía sabe mucho, advirtió: “La van a reformar a ella”. La “reforma” (la enésima en veinte años) consistiría en cambiar la cúpula, dar de baja efectivos, reducir el número de superintendencias y modificar el régimen de ascensos, entre otros detalles. Un esquema repetido y fracasado. Los aparatos políticos están entrelazados con la policía y, por lo tanto, con el narcotráfico, las redes de trata, la prostitución, el juego clandestino y los desarmaderos de autos robados, entre muchos otros rubros, y de ese entrelazamiento se nutren y se financian. La “reforma” empeorará las cosas en cuanto dispondrá el traspaso progresivo de la policía a los municipios, algo que comenzó a suceder hace tiempo. Se reforzará más aún el vínculo policial con los punteros y las intendencias, que centralizan el delito con las comisarías. Otro punto de conflicto será el reequipamiento policial, que servirá, por supuesto, para mejorar la organización de delito y la represión a los barrios, a la juventud y a los trabajadores, pero además generará una disputa fortísima por el presupuesto (pueden preguntarle a Massa, que también sabe de eso: véase si no el negociado jugosísimo que armó en Tigre con las cámaras de seguridad y otros elementos). Entretanto, la Bonaerense se dispone a negociar la “reforma” a su mejor estilo: amenazas de secuestro a los hijos de Ritondo, un robo violento al intendente de La Plata, advertencias a la gobernadora (se mudará a una unidad militar), avisos de bombas (por ahora falsos) y zonas liberadas. En la jerga lumpen-policial, eso se llama “pudrir la calle”. Ahora, incluso, un agrupamiento denominado “Policías Argentinos Unidos” anuncia un “paro y sirenazo” el 2 de abril en la provincia. En este contexto, es una convocatoria puramente sediciosa y extorsionadora. El gobierno provincial no quiere “reformar” la policía para mejorar la seguridad de la población, es imposible reformar en ese sentido a la Bonaerense. Quiere poner bajo su control a la policía para negociar desde una mejor posición el manejo de la provincia con el aparato mafioso de los intendentes, y para aceitar los mecanismos represivos ante los tiempos convulsos que ya llegan. Corresponde insistir: en materia de seguridad, el Estado y su aparato de represión son el mayor de los problemas.

El sábado 19 se realizó la asamblea universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Se impuso el candidato del macrismo por sobre el kirchnerista, que pierde luego de nueve años de gobierno. Es claro que la UNC no está exenta del proceso político y la crisis económica actual. Los realineamientos políticos se expresaron con claridad en esta asamblea. Hugo Juri es el Shuberoff (UBA) de Córdoba, viene a continuar con la política de beneficiar a los pulpos capitalistas que tienen sus lazos con las camarillas y garantizar el ajuste en curso. Hugo Juri, ex ministro de Educación de la Alianza, es partidario de la regionalización del cupo, de los créditos universitarios “a la chilena” y las carreras cortas. Es decir, del arancelamiento y el vaciamiento educativo. En su campaña ha dejado en claro esta posición, prometiendo una reforma política que permita tener representación a los “sectores productivos”. El electo rector, impulsado por la camarilla de Ciencias Médicas, Económicas y Derecho, hace su presentación nuevamente ante la comunidad educativa con el escándalo producido por el nuevo cupo en Medicina, que ha dejado más del 80% de ingresantes afuera y el intento de cierre de la única sala cuna en toda la universidad, justamente dependiente de la misma facultad. El kirchnerismo gobernaba desde hacía nueve años, dejando como saldo la precarización laboral docente y no docente, la aplicación indiscriminada de la Ley de Educación Superior (LES) menemista, etc. En el último período se asoció directamente con la derecha, incluidas las camarillas que ahora promovieron a Juri. Este traspaso de “mando” nos debe dejar una primera conclusión: la pavimentación sistemática del kirchnerismo para que gobiernen los Macri, en el país, y los Juri en las universidades. Por la verdadera democratización de la UNC Tanto Francisco Tamarit como Juri y Patricia Altamirano (la otra candidata), en la campaña fijaron posición por la elección directa del rector. Las camarillas buscan, mediante la receta del Banco Mundial, sostener el régimen “de un ejecutivo fuerte” que garantice la utilización de la universidad al servicio de los capitalistas. La verdadera democratización debe venir establecida de la mano de la representación de los trabajadores en los órganos de decisión y la mayoría del claustro estudiantil, profundizando los principios democráticos establecidos por la reforma del ‘18 bajo los órganos de co-gobierno. Las tareas del movimiento estudiantil La UJS se movilizó para rechazar esta transa de la Asamblea Universitaria, en conjunto con las madres y trabajadoras de la sala cuna, denunciando el ajuste dentro de la UNC, con quienes al finalizar la movilización definimos un plan de lucha por su reapertura. Este es el método a desarrollar para impulsar la lucha contra los despidos, los aranceles y el vaciamiento. Es necesario levantar una oposición estratégica y combativa, que mediante la movilización cambie la orientación de la universidad. Para este objetivo, existe una condición necesaria y excluyente, la independencia política. La Bisagra (el kirchnerismo universitario) ha sido el sostén en el movimiento estudiantil de la política de la ex rectora Carolina Scotto y Tamarit; hoy ese mismo sector, a través de los organismos de derechos humanos, se está integrando al PJ provincial. El centroizquierda ha dejado muy en claro cuál es su rol. Con la expectativa en camarillas de tinte “progresistas” han vendido las luchas y conquistas de los estudiantes. Sur, junto al MST, apostó a la candidatura de Altamirano, la ex decana de Psicología, cuyos seguidores acreditaron la carrera a la Coneau y que trajo el cierre de la cátedra paralela de Sanitaria B. Patria Grande, con su seguidismo sistemático al kirchnerismo, lleva al estudiantado al fracaso. Se han transformado en un factor de contención de la lucha, que nada tienen para envidiarle a la burocracia estudiantil. Desde la UJS nos preparamos para que en las elecciones de centro y de consejos de junio se exprese un canal de intervención política para el conjunto de los estudiantes. Vamos por la recuperación de los centros y la federación.

Del 28 de marzo al 8 de abril, la Fuba organizará un plebiscito sobre el acuerdo con los fondos buitre. La iniciativa surge de una propuesta de la UJS, con el propósito de fomentar una gran deliberación sobre el pacto colonial que pagaremos a costa de más ajuste a la educación y a los trabajadores. El plebiscito, además, interpela a los estudiantes sobre la necesidad de investigar la deuda y convocar a un referéndum popular vinculante para definir sobre su destino. La juventud del Partido Obrero tomará en sus manos la campaña para desarrollar el plebiscito en facultades, colegios e institutos de todo el país. Editamos un folleto explicativo sobre la deuda y los fondos buitre para contribuir al debate. El arranque del plebiscito es promisorio: sólo el primer día, más de 400 estudiantes votaron en la Facultad de Sociales de la UBA. En estas dos semanas, apuntamos a recoger el repudio de miles y miles de jóvenes a este acuerdo que macristas y kirchneristas se aprestan a aprobar en el Senado. La campaña, que culminará con un escrutinio público en Plaza Houssay, servirá para preparar la respuesta del movimiento estudiantil ante los planes de ajuste de Macri y las autoridades.

La Comisión de Organización entre las más numerosas del Congreso. Se debatió la necesidad de colocar al partido a la altura de la etapa que se ha abierto, donde enfrentamos una crisis social y política potencialmente explosiva. Estamos organizados en las 24 provincias del país, nuestro desarrollo en el movimiento obrero es el mayor de la izquierda argentina (de un censo interno realizado en el Congreso se contabilizan 14 secretarios generales de gremios, por tomar un dato) y la tribuna parlamentaria y el desarrollo del Frente de Izquierda nos han dado una atención pública a nuestros planteos que antes no teníamos. La resolución central fue la campaña por una colocación masiva de Prensa Obrera. Junto con el plan de difusión online que se discutió en la comisión de comunicación, entendimos que la inserción actual del partido plantea la necesidad de difundir nuestras posiciones en otra escala. La venta en mano del periódico es la herramienta de reclutamiento por excelencia. En ese sentido, el plan de suscripciones y pasaje en mano diagramado por el congreso nos plantea un plan de cuatro meses para llegar a los 10 mil periódicos, centrando el trabajo en las concentraciones obreras y juveniles, donde tenemos una inserción y en el trabajo alrededor de nuestra red de locales. La comisión discutió el rol de los equipos del Partido Obrero como ámbitos de elaboración política, reclutamiento y formación. Desde allí nos dimos importantes objetivos de inserción en las concentraciones obreras estratégicas del país. Al mismo tiempo, se votó organizar escuelas de cuadros a nivel nacional para destacar compañeros en nuevas responsabilidades políticas que se van extendiendo con la apertura de frentes obreros y localidades. Votamos también reforzar el esfuerzo de propaganda del Partido con la revista En Defensa del Marxismo, una extensión de los cursos de formación, la edición de libros clásicos del marxismo y la confección de materiales audiovisuales que acompañen los cursos.

En su discurso de cierre, Néstor Pitrola señaló que el XXIII Congreso, con 322 delegados que trabajaron intensamente durante 72 horas, es el mayor de la historia del Partido Obrero. La riqueza de sus deliberaciones, que se extendieron durante un período de 90 días de plenarios, contrasta con la vacuidad y la desintegración de los partidos políticos que han gobernado la Argentina en los últimos 40 años. “El congreso del PO resalta en todo el panorama político”, observó Pitrola. Más específicamente, señaló que el congreso implica un salto metodológico. “Hemos recuperado la tradición histórica, bolchevique, socialista, del informe de actividades como eje fundamental del desarrollo de este congreso”, dijo, y valoró la resolución de organización. Pitrola se remontó al Picnic de diciembre de 2015. Allí, a sólo cuatro días de la asunción de Macri, el discurso de Jorge Altamira caracterizó al gobierno de Macri como la emergencia de un régimen, ante el derrumbe K, que iba a producir convulsiones sociales y que difícilmente pudiera reunir las condiciones para aplicar las tareas planteadas en el cuadro de la crisis capitalista mundial. Noventa días después, esa caracterización se ha visto confirmada. Todo esto plantea la perspectiva de una “grieta”, pero “no entre el kirchnerismo y el macrismo, sino entre los explotadores y los explotados (...) una grieta entre la burguesía y las masas, y la perspectiva de situaciones prerevolucionarias. “El ascenso del macrismo, en vez de abroquelar al peronismo en la oposición, ha agravado inusitadamente su crisis”, dijo Pitrola. No es de ningún modo un escenario donde los revolucionarios tengan que pasar a cuarteles de invierno o a la “resistencia”, como plantean algunos sectores. Es un escenario de desarrollo para el PO y para el Frente de Izquierda. Pitrola destacó la resonancia de las campañas por el 24 de Marzo y contra el pacto buitre. En el primer caso, miles de compañeros se organizaron en las columnas del PO, en el segundo se libró una enorme lucha dentro y fuera del Parlamento. Sin que haya irrumpido la huelga general, en estos noventa días se han visto luchas de importancia enorme como la de Tiempo Argentino, los docentes de varias provincias, y el paro estatal del 24 de febrero. “El período de transición hacia una nueva dirección en el movimiento obrero no se ha cerrado y conoce con el gobierno Macri un nuevo escenario”, apuntó Néstor. Con la consigna “transformemos a la clase obrera y la izquierda en alternativa política a Macri y a los gobiernos del ajuste”, salimos a dar la lucha entre los trabajadores y todos los movimientos de los explotados.

Foto: Sebastián Baracco La resolución política aprobada condensó tres meses de debate en todos los círculos y comités del partido, junto con el que se desarrolló en una comisión específica y en el plenario del Congreso. La resolución caracteriza que “el derrumbe del kirchnerismo, que es parte del agotamiento del nacionalismo continental en sus diferentes variantes, ha dado lugar a una tentativa derechista de carácter precario, que deberá vérselas con una clase obrera y un movimiento popular que nunca pudo ser doblegado en la etapa anterior, y que desarrolló fuertes tendencias de independencia política”. El régimen político que quiere poner en pie el macrismo está condicionado, en primer lugar, por la bancarrota económica. Los primeros 90 días de gobierno echaron por tierra la pretensión de una “transición ordenada”: la devaluación, el tarifazo y los rescates de diferentes grupos capitalistas condujeron al desmadre inflacionario, que el gobierno contiene a costa de agravar la recesión. En estas condiciones, el macrismo y todos los partidos de la burguesía se han precipitado al pacto buitre, en la expectativa de un rescate a manos del capital internacional. La pretendida “salida al mundo”, sin embargo, se produce en medio de un agravamiento de la crisis capitalista, en el mundo y en el continente. El Congreso se detuvo en la dimensión de la bancarrota de Brasil, signada por un dislocamiento industrial sin precedentes. En medio de un derrumbe de las materias primas y del comercio internacional, la garantía de repago del reendeudamiento que tramita el macrismo debe ser un ajuste brutal y una mayor entrega nacional. El régimen político que deberá llevar adelante este ajuste se caracteriza por su precariedad. Los acuerdos “a pedido” que han comenzado a transitar por el Congreso se han obtenido al precio de una intensa disgregación del peronismo. El pejota de Urtubey y otros gobernadores se reorganiza al compás de su sometimiento al macrismo. El kirchnerismo ha aceptado participar en la normalización pejotista bajo la tutela de Barrick-Gioja o, en su variante de “máxima”, candidateando a Scioli. En los últimos días, incluso, ganó puntos la versión de que PJ preferiría ser intervenido por la Justicia, como un recurso último para encubrir una fragmentación. La fragilidad de este régimen de acuerdos circunstanciales no se compadece con la envergadura de la crisis. La clase obrera y la izquierda El rescate en curso plantea una reconfiguración de todas las relaciones sociales, y conducirá a una conmoción en la clase obrera y sus organizaciones. La pretensión de la burocracia de “pasar el otoño” con acuerdos precarios -a costa de los trabajadores contratados, de suspensiones o retiros voluntarios- ya está mostrando sus límites brutales. La iniciativa del activismo debe dirigirse a la masa de los trabajadores y a las diferentes fases de maduración de los movimientos de lucha. La pasividad de la burocracia no debe enfrentarse con el ultimatismo, sino con un trabajo de orientación y organización de los activistas que prepare las mejores condiciones para una lucha de conjunto. Este es el valor del planteo por congresos obreros de sindicatos, delegados de base y activistas, que en algunas provincias podrían tener concreción efectiva. Este mismo cuadro de deliberación se plantea en la juventud, en el movimiento de la mujer, de jubilados y desocupados. En todos los casos, debatimos iniciativas específicas y un programa. El Frente de Izquierda El pasaje del kirchnerismo a la oposición, ha vuelto a colocar al rojo vivo la cuestión que históricamente ha dividido aguas en la izquierda argentina, la de su delimitación respecto del nacionalismo burgués. En estos 90 días de gobierno de Macri, el kirchnerismo ha mostrado su condición de partido del ajuste, como ocurre con las gobernaciones de Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz). A despecho de ello, el kirchnerismo pretende levantarse como oposición popular al gobierno macrista. Detrás de la demagogia opositora, se quiere clausurar la tendencia a la independencia política de los trabajadores que se desarrolló bajo el kirchnerismo, y que se expresó en el desarrollo del Frente de Izquierda. Disolver a la izquierda en el nacionalismo, bajo el pretexto de la “lucha contra el macrismo”, es una política doblemente criminal. Primero, porque entregaríamos las luchas obreras a manos de otros ajustadores -los K. Luego, porque comportaría un retroceso monumental en relación a las conquistas políticas alcanzadas por la izquierda en el período anterior. En nuestra resolución, “concebimos al frente único para desarrollar la lucha de clases contra el Estado capitalista, y no como ‘frente antimacrista’ que disuelve a la izquierda en la oposición kirchnerista al macrismo. En oposición al gobierno ajustador, llamamos a reforzar una oposición obrera y socialista”. Etapa y tareas El Congreso consideró los diferentes escenarios de la crisis. El gobierno ha presentado a la operación de reendeudamiento como una forma de “gradualizar” el ajuste. Temen que un “rodrigazo” en regla acelere un proceso de liquidación o quiebra de capitales sobrantes y, por el otro, precipite una rebelión popular. La “financiación del ajuste” podría dilatar en el tiempo estas contradicciones, pero al precio de su reaparición con contornos más explosivos. Para el macrismo, el acuerdo con los buitres puede ser un punto de partida, pero está lejos de asegurar por sí mismo una capacidad de gobernar. La legión de mandatarios que ha visitado la Argentina (desde Hollande a Obama) es una tentativa de apuntalamiento de un gobierno precario por parte del imperialismo, para utilizarlo como ariete derechista frente al derrumbe de los gobiernos nacionalistas de la región. En definitiva, la actual transición opera en medio del derrumbe del régimen político considerado en su conjunto. El desarrollo de estas tendencias puede conducir a una situación prerrevolucionaria y a una crisis de poder, donde el régimen de coalición a la carta dé paso a un gobierno de coalición e incluso a una salida anticipada del gobierno. La gran tarea, en esa perspectiva, es convertir a la clase obrera en alternativa de poder. De allí la consigna que aprobó el Congreso: “Transformemos a la clase obrera y a la izquierda en alternativa política al régimen ajustador de Macri y los gobernadores”. El Partido Obrero salió de su XXIII Congreso con una estrategia y un plan de acción.

La Comisión de movimiento obrero deliberó con 119 delegados, entre los que se encontraban trabajadores de gremios estratégicos, como la construcción (Sitraic), UOM, docentes (Suteba combativos, AGD-UBA, Adiunt, Ademys, UTE, docentes de Santiago del Estero, de Amsafe, Adosac, Aten, etc.), estatales (de ATE y de la CTA de Mendoza, de la CTA de Santa Cruz, de Tierra del Fuego), Neumático, gráficos, Atrana (radio Nacional), prensa (Perfil, Tiempo, Sipreba), Smata, ferroviarios, Foetra, UTA, aeronáuticos, entre muchos otros, y destacados dirigentes sindicales que dieron cuenta del avance del PO y de la Coordinadora Sindical Clasista en el seno del activismo y de las organizaciones obreras combativas. La Comisión abordó el ataque en marcha a los trabajadores transformados en centro del ajuste que tiene por eje el pacto buitre, pero por sobre todo, su alcance. El ajuste de Macri y los gobernadores, que comparte toda la burguesía, removerá todas las relaciones y compromisos de la etapa precedente, lo que pone a los sindicatos en el medio de la tormenta. La combativa clase obrera argentina será protagonista de grandes choques. El problema de los problemas es superar, mediante una clara hoja de ruta, el freno de la burocracia sindical que practica un pacto social no escrito, inestable, sujeto a la crisis del peronismo y, por lo tanto, proclive a fracturas y convulsiones. La primera tarea es preparar, mediante la agitación, la propaganda y la organización, las condiciones políticas para que el movimiento obrero y la izquierda revolucionaria se eleven como dirección política de la lucha para quebrar el ajuste. Macri deberá probar su capacidad para llevar a cabo semejante ataque a la clase obrera. El protocolo anti manifestación es el intento de reforzar la capacidad de represión del Estado con ese objetivo. Macri y los gobernadores están acosados por las grandes luchas provinciales de docentes y estatales. La huelga de Santiago del Estero, la huelga y acampe masivos de Tierra del Fuego contra los despidos y el aumento cero de la gobernadora K, Rosana Bertone, el paro masivo del cordón industrial de Rosario para frenar los despidos de ArZinc, el paro nacional de ATE o la histórica huelga y ocupación de los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América son expresión de ello. El reflujo relativo impuesto en el año electoral por la burocracia cruje por todas partes. Los delegados caracterizaron que la unidad de la CGT responde por completo a un objetivo reaccionario, pero sujeto a la crisis del PJ. Por otro, a una presión de los trabajadores, que los obliga a poner en el tapete reivindicaciones como ganancias y despidos, a las que le han dado una perspectiva parlamentaria. Lo mismo vale para la desintegrada CTA. Nuestra herramienta será el frente único de clase. Su condición es la más clara delimitación de un kirchnerismo en desintegración, que es agente último de la burocracia y del ajuste. El choque con la clase obrera se va a expresar en la lucha contra los despidos y las suspensiones, lo que plantea la necesidad de un programa: el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, 40% y paritarias sin techo y salario igual a la canasta familiar, la abolición de ganancias en los salarios y la defensa de los convenios colectivos contra toda cláusula de flexibilización laboral y superexplotación. Fue rescatado el método de la huelga con que la Línea 60 y aceiteros quebraron despidos y topes en 2015, como el método por excelencia de la clase obrera. Entre las resoluciones centrales destacamos la campaña nacional con el proyecto de abolición de ganancias y por un paro nacional para imponerlo, la intervención en las elecciones estratégicas del neumático, gráficos y otros gremios industriales y de varias seccionales y sindicatos docentes. También la extensión nacional del trabajo del Sitraic, cuando la Uocra de Gerardo Martínez ha dejado pasar más de 70.000 despidos. También, sumar al sindicalismo clasista el acto del 1˚ de Mayo que propondremos convocar al Frente de Izquierda. En ese contexto, el XXIII Congreso aprobó la convocatoria a una Conferencia Nacional de la Coordinadora Sindical Clasista para mediados de año.

Foto Javier Entrerriano Daniel Luna, del Inti “Estuve en la comisión de movimiento obrero. Fue muy grande y con una gran cantidad de intervenciones de todo el país en función de ver cómo el movimiento obrero se planta como una alternativa frente al ajuste del macrismo y los gobernadores. La conclusión es que no hay una derrota del movimiento obrero, por lo cual caracterizamos que se preparan todas las condiciones para que los trabajadores tengamos la posibilidad de discutir una salida frente a la crisis política y económica. Estamos discutiendo cuáles son las características de esa salida en un cuadro donde además el PJ ha estallado y el kirchnerismo se ha revelado como una cáscara vacía, se está disolviendo en medio de una crisis muy importante. Todo esto tiene un correlato muy interesante en el movimiento obrero”. Juan Manuel Valentín, Tribuna Docente de Santa Cruz “La lucha docente va aglutinando de a poco a otros sectores estatales que se van sumando. Se han hecho movilizaciones interesantes entre estatales, docentes, judiciales, los propios docentes universitarios que están con medidas de fuerza. La docencia es un factor muy dinámico de un proceso que ataca de lleno al gobierno kirchnerista. Los mismos que plantean para afuera que hay que luchar contra el ajuste del gobierno macrista, que nadie desconoce, llevan adelante este mismo proceso de ajuste o con mayor brutalidad dentro de las provincias que dirige el kirchnerismo, como es el caso de Tierra del Fuego y Santa Cruz. Por primera vez en muchos años han tenido que hacer una paritaria en Santa Cruz, porque los Kirchner han estado acostumbrados a gobernar la provincia por decreto.El nivel de acatamiento de los paros de Adosac arrancó con un 80-85% y hoy estamos arriba del 92% en toda la provincia, lo cual demuestra que no hay una tendencia al derrumbe de la medida de fuerza más allá de las amenazas del gobierno de construir listas negras, amenazar con descuentos, etc. Hay una tendencia de la docencia a la lucha”. Guadalupe, de Caleta Olivia “Es mi primer Congreso. Me refuerza un montón. Nosotros sabemos que Santa Cruz va a ser la primera explosión. Gracias al Congreso hemos podido ver cómo encarar este ajuste y los despidos que se nos están viniendo a nosotros.” Leonardo, de Puerto Santa Cruz “Hago un balance sumamente positivo. Es la primera vez que vengo al Congreso. Hemos aprendido cosas que nos han reforzado en la formación. Nos preparamos para enfrentar este ajuste en una provincia que es el epicentro de la crisis.” Federico Navarro, de la comisión interna de Aluar Puerto Madryn “Una experiencia muy rica, teniendo contacto con compañeros metalúrgicos y compartiendo experiencias. El movimiento obrero está expectante a enfrentar una lucha. En Puerto Madryn, el impuesto al salario es un escollo que nosotros tenemos. Hemos desarrollado varias luchas y movilizaciones para que la patronal se haga cargo del impuesto. La gran farsa, la última modificación de Ganancias hace que termine tributando el total de la fábrica.” Juan Ignacio López, delegado “Es mi segundo congreso. Veo un partido más organizado. Hay distintas propuestas para seguir encarando el trabajo en metalúrgicos, aunque hay cuestiones que hay que seguir puliendo. Y el Congreso sirve para elaborar un programa para encarar de acá en adelante. Es importante la charla con los compañeros metalúrgicos que somos delegados no sólo para representar a los compañeros en el Congreso, sino también sacar una política en común para todo lo que es la rama metalúrgica y la rama sindical. El fortalecimiento de la Coordinadora Sindical Clasista es sin duda lo más importante.” Miguel Díaz, ex delegado de Siderca Campana “Hay un inmovilismo de las burocracias que se están abroquelando para ver cómo se acomodan en este nuevo cuadro de gobierno. Las únicas resistencias ante los ajustes tanto del gobierno anterior como al de Macri han provenido de las bases, tal vez sin una organización definida, pero que han servido para retrotraer despidos en Siderca. Una victoria parcial pero victoria al fin y que no tuvo nada que ver con la participación del gremio, que incluso desalienta esas acciones.” Estela Saldaña, docente rural de Luján de Cuyo "Los ataques del gobernador Cornejo contra la docencia produjeron debates, porque se trataba de un gobierno nuevo. Muchos se preguntaban inicialmente si había que darle una oportunidad o confiar en él. Luego tuvimos movilizaciones de 15 mil y 10 mil docentes.”

La comisión internacional fue el escenario de una intensa actividad. A los planteos y aportes de los delegados del Partido Obrero se sumaron los de las delegaciones de Bolivia, Uruguay y Grecia. El centro del debate se concentró en la marcha de la crisis capitalista internacional, que transita su noveno año con sus premisas económicas agravadas. Su epicentro sigue concentrado en Estados Unidos. La emisión gigantesca de moneda, por parte de la Reserva Federal, ha creado un bombeo especulativo de dimensiones enormes. Pero esta burbuja ha empezado a pincharse. Esta emisión gigantesca ha acentuado, a su turno, la sobreproducción. La Reserva Federal dispuso el año pasado un aumento de la tasa de interés Sin embargo, tuvo que dar marcha atrás ante el temor de que la economía norteamericana –y agreguemos mundial- marche a una depresión. Estas idas y vueltas delatan el impasse de la política capitalista. Europa reproduce los mismos rasgos pero en forma agravada. El mundo de los negocios se conmovió por el derrumbe del Deutschebank. El fantasma de Lehman Brothers volvió a sobrevolar la economía mundial. El elevado nivel de la cartera incobrable es un común denominador del conjunto de la banca europea. Las noticias sobre el estado de falencia del sistema bancario aceleraron los anuncios del BCE, de un nuevo rescate. La transición china La bancarrota amenaza barrer una parte importante de la industria creada bajo la restauración capitalista china. Una catástrofe de esta naturaleza iría de la mano de una crisis política mayúscula y explosiones sociales. ¿China podrá evitar esta perspectiva? Las medidas que ha tomado el gobierno para contrarrestar la tendencia recesiva de la economía pierden efectividad. La apuesta del 'establishment' a que el gigante asiático pase de una economía industrial de exportación a otra orientada al consumo interno a partir del auxilio económico del capital extranjero, no avanza. No hay un apetito por privatizaciones en áreas tradicionales dominadas por el Estado. Una asociación con el capital extranjero supone ventas y traspasos a precios cercanos a la quiebras. Esto es lo que no puede abordar el gobierno chino, porque representaría un salto al vacío, por un lado, y por el temor a un estallido social, del otro. La guerra El fracaso de los rescates está nutriendo las tendencias crecientes a una guerra monetaria y comercial, al proteccionismo y, en definitiva, a la guerra misma. La línea que está abriéndose paso es la de los acuerdos bilaterales y de bloques, como el Acuerdo Transpacífico (TTP), donde Estados Unidos y Japón han reagrupado a un conjunto de países en oposición a China y sus tentativas de expansión. Estos acuerdos acompañan las tendencias a una creciente militarización, que empalma con el agravamiento de la guerra de Medio Oriente y el creciente empantanamiento de la guerra en Ucrania. La catástrofe de los refugiados expresa en forma concentrada estas tendencias, ya que se trata de un resultado directo de la guerra imperialista. La devastación provocada por la guerra del Medio Oriente ha terminado por estallarle a las potencias capitalistas en su propio territorio. La etapa que se abre La crisis capitalista se propaga al plano político y social. De este proceso no escapa tampoco Estados Unidos. Las victorias de Trump en las primarias han desatado un tembladeral político. El Partido Republicano corre el serio riesgo de implosionar. El agotamiento del sistema político se extiende al propio Partido Demócrata, que carga con la frustración que ha provocado la gestión Obama. Esto es lo que explica la irrupción por izquierda de una figura como la de Sanders. Los llamados emergentes, incluida América latina, han sido arrastrados al vendaval de la bancarrota capitalista, a partir del derrumbe de los precios internacionales y la fuga de capitales. El centro de gravedad de la situación política continental se encuentra en Brasil, que está en las puertas de un golpe inminente. La crisis mundial hace inviables los esquemas económicos de los gobiernos nacionalistas y abre paso a crisis políticas en regla. Asistimos al tránsito de regímenes de contención de los trabajadores a gobiernos de ofensiva franca contra las masas. Pero ésta aporta el combustible para la creación de situaciones prerrevolucionarias o revolucionarias. Frente al avance derechista, se han desarrollado dos tendencias contrarias a la lucha por la independencia de clase. Por un lado, en nombre de la lucha contra la derecha, se plantea la existencia de un mismo campo de lucha con el nacionalismo burgués -el "frente antimacrista” es la versión local de esta orientación. Resulta igualmente un crimen la abstención o el apoyo a los ataques derechistas contra los gobiernos nacionalistas impotentes, en nombre de las “libertades democráticas”. La izquierda debe colocarse a la cabeza de la batalla para que la clase obrera emerja como factor político independiente en la crisis. En el debate le asignamos especial relevancia, tanto para Brasil como para Venezuela, a la consigna por la convocatoria a un congreso de trabajadores de base, dirigida a enfrentar el ajuste y elaborar una salida propia de la clase obrera en el actual escenario político. El derrumbe del nacionalismo y el progresismo continental reabre una disputa por el liderazgo político de las masas y la orientación social de los países del continente. Las restauraciones derechistas sólo podrían avanzar en sus programas desatando grandes convulsiones sociales y situaciones revolucionas.

Arte Juli Farfala www.julifarfala.tumblr.com El Congreso aprobó la convocatoria a una Conferencia latinoamericana. La iniciativa tendrá lugar en julio, en Montevideo, y surgió de los compañeros del Partido de los Trabajadores (PT) uruguayo, que viene de lograr un salto político en la última campaña electoral como resultado de una implacable delimitación con el Frente Amplio durante muchos años. Uruguay marcha a una bancarrota económica y política de conjunto, las contradicciones que el gobierno del FA ha acumulado en el último período prevén un pronto estallido al estilo de Brasil. En 2015, Tabaré Vázquez viene de enfrentar una movilización histórica de más 60 mil personas y una gran huelga docente que cuestionó la política oficial y al conjunto de la burocracia sindical. La convocatoria a la conferencia será impulsada por el Partido de los Trabajadores, el Partido Obrero y aquellas organizaciones latinoamericanas con las que existe un vínculo político (organizaciones y compañeros de Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela). Su objetivo es abrir un canal de deliberación política a través del desarrollo de un planteo de independencia de clase y dotar de un programa a la vanguardia revolucionaria del continente. Se trata de establecer la continuidad de una batalla política que venimos desenvolviendo, en cada país y también en forma conjunta, cuya última manifestación quedó plasmada en la Conferencia de 2012 realizada en San Pablo. La convocatoria va a estar precedida por la preparación y el debate de un llamamiento, así como las contribuciones que hagan las diversas organizaciones y delegaciones interesadas. El eje de las deliberaciones girará en torno de la caracterización general del período y los desafíos planteados, abordando los principales problemas en debate que se presentan en el nuevo escenario (el voto del No en el referéndum en Bolivia, el golpe en Brasil, la convocatoria a congresos de trabajadores en Brasil y Venezuela, la situación planteada a partir del gobierno Macri en Argentina, etc.). Se incorporará a partir de ahora un link en las páginas web del Partido Obrero, del PT uruguayo y los restantes convocantes con la finalidad de fomentar el debate entre las organizaciones interesadas e intercambiar materiales y contribuciones a la Conferencia.

Al cierre de esta edición, se oficializaban las listas de cara a la elección que se realizará el 27, 28 y 29 de abril en el sindicato del neumático (Sutna). Alejandro Crespo, miembro de la Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero, encabezará como candidato a secretario general la lista de oposición a la burocracia kirchnerista de Pedro Wasiejko. La lista nacional Negra-Roja-Granate está integrada por decenas de activistas de las principales fábricas del gremio, junto con trabajadores de las gomerías afiliados al Sutna. Junto a la Negra, se han integrado los compañeros de la Lista Roja, quienes son delegados y activistas independientes de importantes sectores de Fate. También forma parte de la lista el PTS, integrando a la lista a dos miembros del cuerpo de delegados de Fate que vienen de formar parte de la Lista Marrón junto al MAS en las últimas elecciones. Al mismo tiempo, la Lista Negra se presentará en las seccionales de San Fernando (Fate), Llavallol (Firestone) y Merlo (Pirelli). La Negra se ha transformado en una agrupación de centenares de compañeros que vienen desarrollando una experiencia de lucha y organización junto al Sutna San Fernando. La evolución en la organización colectiva de los trabajadores de Fate los ha colocado como una enorme referencia para el resto de los trabajadores del gremio, en contraste a los acuerdos pro patronales realizados por la burocracia sindical. En una nueva actitud divisionista y pro burocrática, el MAS ha presentado una lista nacional y seccionales en Fate y Firestone. A pesar de haberse quedado en absoluta soledad, ha rechazado cualquier tipo de integración a las listas de frente único. No es sólo decisión de un pequeño grupo irresponsable: se trata de una definición política estratégica, por parte de quien propugna el frente único con el kirchnerismo. Su divisionismo en el Sutna es sugestivamente funcional a una burocracia K. Wasiejko llega a estas elecciones luego de haber sido derrotado en la asamblea general y con un malestar generalizado entre los trabajadores de todo el gremio. Ha estado comprometido a fondo con la paz social con el gobierno ajustador de Macri y las patronales del neumático. Luego de la devaluación y el salto inflacionario, ha surgido el reclamo de la reapertura de la paritaria, que todavía tiene hasta junio para comenzar a discutirse. En lugar de esto, Wasiejko cerró un acuerdo de cinco mil pesos por única vez, a cambio de la “paz social”. Este acuerdo, que se cobra en Firestone y Pirelli pero no en Fate, ha sido recibido como una hipoteca entre los trabajadores. Más aún en Pirelli, donde la reducción salarial a partir del cambio del régimen de trabajo se hace sentir con fuerza. El argumento de “evitar despidos” para no luchar por el salario no es más que una impostura, ya que centenares de trabajadores fueron despedidos en Pirelli, Firestone e Imperial Cord en los últimos meses. Por primera vez, Wasiejko tendrá que enfrentar a una lista que cuenta con reagrupamientos de mucha importancia en todo el gremio. La diferencia salarial entre Fate y el resto de las fábricas es conocida por todos los trabajadores del gremio, y delata que la “paz social” de la buroracia es en detrimento del salario y las condiciones de trabajo. Estamos frente a la posibilidad concreta de recuperar el Sutna y poner la herramienta gremial en manos de los trabajadores. Vamos por la inmediata reapertura de la paritaria, por la eliminación del impuesto al salario, para terminar con los regímenes de trabajo de superexplotación, en defensa de todos los puestos de trabajo y por un salario mínimo de la actividad igual al costo de la canasta familiar. Vamos con la Negra-Roja-Granate para dar un nuevo paso en la organización independiente del movimiento obrero, para que se ponga de pie y derrote los planes de ajuste del gobierno macrista y sus socios capitalistas.

El 8 de abril, en Parque Lezama, habrá un plenario de delegados de las organizaciones piqueteras que realizamos el corte de la 9 de Julio. Luego de cien días de gobierno de Macri, se ha profundizado la crisis social de los trabajadores, que sufrieron la licuación de sus ingresos. Claro que la cuestión no tiene cien días: con los gobiernos K también se licuaron. Más tarifazos La ausencia de reacción de las centrales obreras ante semejante ataque, muestra que los trabajadores tenemos que tomar el “toro por las astas”. La situación de los trabajadores precarizados por el Estado, los desocupados, los cooperativistas sociales y los compañeros que cobran un subsidio estatal es dramática. Hace dos años que los montos no se actualizan, los ingresos de un cooperativista que realiza tareas en municipios, parques, arroyos y rutas es de 2.600 pesos, los programas de “incentivo al trabajo” del Ministerio de Trabajo no superan los 1.200 pesos y hay cientos de miles desocupados que subsisten dramáticamente con 30 pesos por día (AUH), si es que tienen un hijo. Luego de un gran piquetazo nacional protagonizado por varias organizaciones, con más de 10 mil compañeros en la calle, está planteado continuar con un plan de lucha. El gobierno de Macri, a través de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, nos atendió un día antes de la movilización para no darnos ninguna respuesta: los trabajadores precarizados y desocupados debieran estar satisfechos con el aumento de la AUH (15% contra 40 o más de inflación). El gobierno sigue sin dar respuestas, por lo que el conjunto de las organizaciones que incluyen al Frente Darío Santillán, FOL, Polo Obrero, Barrios de pie, AGTCAP, MST, CCC, etc., acordamos un plan de acción, propaganda y de lucha. Se acordó: 1) reclamar una reunión con la ministra de Desarrollo Social en forma urgente; 2) sacar un comunicado denunciando el agravamiento de la situación social; 3) editar decenas de miles de volantes con una declaración común; 4) convocar a un plenario de 1.000 delegados del conjunto de las organizaciones que vote un plan de lucha común; 5) rechazar los tarifazos en los servicios y el transporte; 6) fijar una acción de lucha el próximo 19 de abril. El Polo Obrero va con todo a difundir este plan de acción. El empadronamiento en los barrios logró anotar a más de 1.000 compañeros, lo que da cuenta de una fuerte desocupación. En estos días vamos a continuar con un empadronamiento en regla y a organizar en asambleas a los compañeros nuevos que se suman a luchar por trabajo. Los cooperativistas del programa Argentina Trabaja recibieron 1.200 pesos de plus en marzo, lo que fue una primera victoria y reconocimiento de nuestro reclamo, nuestra exigencia es que ese dinero se sume directamente al salario, dado que los ingresos no suben desde hace ¡17 meses! Este lunes 4 de abril, a las 18 horas, un plenario de delegados del Polo Obrero se reunirá para discutir el impulso de esta campaña.

En el marco de la paritaria los gráficos nos movilizamos al Ministerio de Trabajo. Durante cuatro horas, cientos de trabajadores manifestamos, mostrando la enorme disposición a la lucha en defensa del salario que anida en la base gráfica. La Naranja, con más de 400 compañeros, aportó la columna más numerosa. Doblemente destacada porque se organizó con una preparación de apenas 24 horas, ya que la “convocatoria” de la directiva del sindicato fue poco menos que secreta. Se destacaron los gráficos de AGR-Clarín (que superaron sus grandes movidas anteriores), Morvillo, Interpack e Ipesa que pararon sus talleres y se movilizaron; este último por primera vez en su historia. También participaron compañeros de Poligráfica del Plata, Russ, New Press y Aluex, entre otros. Participó de la jornada el diputado nacional del PO en el FIT, Néstor Pitrola, que además es congresal del SFGB y candidato de la Naranja, y Pablo López. La columna de la Verde estaba compuesta por miembros del aparato, del cuerpo de delegados, empleados de la obra social y, en clara minoría, de algunos talleres. La paritaria El gobierno impulsa paritarias semestrales a la baja. Es una pata principal de su política, que consiste en firmar por porcentajes menores con la promesa de reabrir la discusión la segunda mitad del año, cuando todo el mundo espera una caída de la economía (con su secuela de despidos y suspensiones). Incluso algunos gremios como la UOM o la UTA reclaman una negociación anual. La burocracia, a pesar de autoproclamarse opositora y enemiga del “neoliberalismo”, se adaptó rápidamente a este esquema. No así la base del gremio, incluido el cuerpo de delegados de filiación oficialista, donde la paritaria corta no convence. El pedido de La Verde -28 por ciento por cuatro meses - no fue consultado con los trabajadores. No hubo asambleas de fábrica ni plenarios de delegados. Las patronales ofrecen un 23 en seis meses. La contracara es La Naranja. Impulsamos asambleas en todas las fábricas y votamos el rechazo a la paritaria corta, por un 45% en una cuota, sin absorciones, y con cláusula de indexación. Una vez más, La Bordó-PTS se ausentó de la jornada. Ahora le dio la espalda a una lucha tan sentida como la del salario. La Bordó es una lista testimonial, sin actividad en el gremio, funcional a la burocracia: su fin es restarle algún voto a la real y única oposición a la burocracia, que es la Naranja. Profundicemos la movilización La burocracia convocó a un próximo plenario de delegados; le está costando cerrar un acuerdo a la baja. Hay programadas varias reuniones con las patronales que encabezan cada rama. Es probable que se termine cerrando en partes. Algo que ya ocurre con los aumentos diferenciados entre “Obra” y “Diarios”. Es necesario profundizar el camino de la movilización. Clausurar prematuramente este proceso aceptando una migaja y adaptándose al plan de ajuste de Macri y los gobernadores es criminal. Paritarias y elecciones La lucha contra el ajuste y por el salario tiñe de rojo este último tramo de la campaña electoral. Y la charlatanería “nac&pop” se derrumba ante los hechos: “buitres”, despidos, tarifazos, devaluación… todo pasa sin que “la resistencia K” preocupe mucho al gobierno. Los trabajadores, y en particular la base grafica, deben sacar las conclusiones de esta capitulación y buscar un rumbo independiente. En nuestro gremio eso significa construir y votar a La Naranja Gráfica.

La jornada del 24 de Marzo abrió una nueva etapa en la lucha de los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América. Luego de que estos últimos decidieran hacerse cargo de la frecuencia y dar pie a una serie de radios abiertas con apoyo de referentes radiales de peso y que pusieran al aire una programación fija (tres programas de lunes a viernes a las 9, 17 y 21 horas), la asamblea del diario decidió, luego de publicar más de 40 boletines de ocho páginas diarios y dos ediciones web del diario, editar una edición impresa especial con motivo del 40° aniversario del golpe. Fue vendida en forma masiva en la movilización con un inmenso dispositivo organizado por los propios trabajadores. Más de 150 periodistas, fotógrafos, diseñadores, correctores, maestranza y administrativos vendimos 40 mil ejemplares que se agotaron a las cuatro de la tarde. Nunca el diario había logrado vender, mediante los canales tradicionales de distribución a escala nacional, semejante cifra en un día de semana. Estos fueron pasados en mano, uno por uno. La demanda extraordinaria se explicó, en parte, por los lectores tradicionales del diario, en parte por la gran difusión sobre todo radial que tuvo la iniciativa durante ese día pero, sobre todo, como resultado de la simpatía popular que ha ganado el conflicto que, en cuatro meses, generó eventos masivos y decenas de paros, movilizaciones, cortes de calle, festivales, fiestas y radios abiertas. La programación de Radio América bajo control de los trabajadores y los 43 Por Más Tiempo editados (con más de 200 mil visitas), transformaron el conflicto gremial y político en un fenómeno de alcance social. Además, por primera vez, la actividad fue capaz de generar recursos (casi un millón de pesos) a partir de la propia tarea laboral, luego del abandono patronal. Así las cosas, se abre camino la política de comenzar una experiencia autogestiva que, a la vez, no deslindará las responsabilidades empresarias y el reclamo al Estado para que intervenga a través de los instrumentos que dispone (Repro, multas y la reactivación de las audiencias), así como el reclamo al gobierno de que la pauta adeudada por el Estado sea dirigida a los trabajadores, reclamo que ya obtuvo dos cautelares favorables a los trabajadores (y una contraria en el juzgado N˚ 9). Por eso, el lunes, en una asamblea de las más masivas en cuatro meses, Tiempo ratificó la movilización que se estará realizando a la salida de esta edición, desde las oficinas del G23 al Ministerio de Trabajo para exigir una reunión con Jorge Triaca. Esta nueva etapa plantea una agenda que incluye, primero, la búsqueda de la forma legal más adecuada para avanzar en una producción autogestiva que, a la vez, contemple el reclamo de la capitalización estatal sin descargar las deudas sobre los trabajadores. Además, se producirá la adecuación de la línea editorial a las diferentes posiciones políticas existentes en la asamblea.

A casi un mes y medio del inicio de clases, cuando la mitad de las provincias argentinas estaban en conflicto con los docentes y con luchas enormes en curso, como las de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Mendoza, y muy especialmente Santiago del Estero, Ctera convocó a un paro, tardío y aislado. La rebelión docente quema los talones de la burocracia de la CTA K, que busca contener las grandes luchas que hoy persisten. La base de esa rebelión es el rechazo a los acuerdos a la baja firmados por Sonia Alesso y Roberto Baradel, que llevan el salario inicial docente a la suma de 7.800 pesos en febrero y, en agosto, a 8.500, en ambos casos con cifras en negro, incluyendo el incentivo docente. En las provincias, la burocracia celeste cerró por un promedio del 34%, muy por debajo de la inflación, pero con el achatamiento sin precedentes de la escala salarial, motivo por el cual un docente con diez años de antigüedad gana lo mismo que quien recién se inicia. En Tierra del Fuego, 20.000 docentes y estatales paran y acampan frente a la Gobernación desde hace ya más de 20 días, rechazando los despidos y el ofrecimiento de aumento cero de la gobernadora K, Rosana Bertone. En Santa Cruz hay un plan de lucha con paros semanales de 48 horas de Adosac, porque la gobernadora Alicia Kirchner ofreció un aumento del 10 por ciento… El congreso de Adosac votó la iniciativa de proponer a todos los gremios en lucha un congreso para aprobar un plan de conjunto contra el ajuste. En Mendoza, el gobierno radical-macrista-massista pretende cerrar la paritaria con un aumento promedio inferior al 18 por ciento, pero incluyendo un ítem de presentismo draconiano que se pierde si no se tiene asistencia perfecta. Los estatales convocados por la combativa ATE mendocina y los docentes mayoritariamente afiliados al Sute celeste se han movilizado más de 15.000 compañeros, rechazando el ataque del gobernador Cornejo. Y va madurando en la base docente el planteo de ATE y la CTA combativas de Mendoza de realizar un plenario común, para salir juntos a un plan de lucha que quiebre el ajustazo del gobierno de Cambiemos. Sin lugar a dudas, la expresión más clara de esta rebelión docente ha estallado en Santiago del Estero, la provincia del zamorismo K, que tiene el peor salario del país. Los docentes santiagueños están en paro indeterminado desde el comienzo del ciclo lectivo, han realizado manifestaciones multitudinarias de más de 10.000 personas, que reiterarán el próximo 2 de abril, reclamando una consigna que es de toda la docencia nacional: ¡que el aumento sea con todas las sumas al básico! ¿El paro de Ctera es por el programa de las provincias en lucha? Desde luego que no. Ctera convoca al paro para que el gobierno de Macri cumpla con lo que firmó en la paritaria (la burocracia que “resiste” le entregó a Macri en bandeja el inicio normal de clases y ahora tiene que reconocer que tampoco paga lo que firmaron), que es transferir los fondos nacionales en negro del Fonid y del fondo compensador para pagar los salarios de hambre que pactó. Ctera hace responsable de los conflictos al gobierno nacional, pero se coloca completamente por fuera de sus reclamos. ¡El planteo de los docentes de Santiago del Estero pega de lleno en la línea de flotación de la política salarial de la burocracia celeste, de salarios por debajo de la inflación, compuestos por sumas en negro cada vez mayores, que deterioran sistemáticamente el valor del salario! En un nuevo aniversario del asesinato del compañero Carlos Fuentealba, bajo la represión de una huelga aislada por Ctera igualmente que hoy repite con Santiago del Estero y Tierra del Fuego, llamamos a la docencia nacional a parar masivamente el 4 de abril, a movilizarnos, y a plantear plenarios de delegados con mandato en todas las provincias para dar continuidad al paro nacional hasta obtener todos los reclamos. Es una tarea que deben tomar resueltamente en sus manos los sindicatos y seccionales combativos de la multicolor de todo el país y las agrupaciones docentes antiburocráticas.

Este 31 de marzo vencen miles de contratos en el Estado nacional. A principios de este año, un decreto estableció la renovación por sólo tres meses de los contratos con menos de tres años de antigüedad. A esto se agregan vencimientos de contratos por universidad y otros organismos. La gigantesca herencia que dejó el kirchnerismo en materia de precarización laboral facilita estos despidos, mediante la rescisión o la no renovación de contratos. En el último mes se han producido miles de cesantías, como las de la Biblioteca Nacional, el Posadas, Conectar Igualdad, la Inspección General de Justicia, el Inadi y el Inti, sólo por nombrar algunos de los casos más emblemáticos. La conducción entreguista de UPCN se ha fijado como política el armado de los listados de despedidos junto a la patronal. Incluso ha salido a plantear en los medios de prensa que los despidos son “sensatos”. La directiva nacional de ATE, aunque con discursos encendidos y medidas de lucha parciales, está dejando avanzar al macrismo. Recordemos que el parazo y piquetazo nacional del 24 de febrero salió dos meses después de que comenzaran los despidos. La única medida posterior fue una jornada de lucha el 16 de marzo, convocada a las apuradas y sin preparación. El plenario de delegados nacionales que convocan para el 30 de marzo llegará con tres meses de demora y el día anterior a que se produzcan cientos de desvinculaciones, sacando a cientos de delegados de su lugar de trabajo en los días en que deberían estar organizando asambleas y medidas de lucha en cada organismo. En la reunión que definió la jornada del 24F, la directiva kirchnerista de ATE Capital planteó que el paro debía realizarse recién en marzo, mostrando que están por detrás incluso que la Verde. En estos tres meses nada han hecho por organizar y coordinar las luchas de la seccional, donde se encuentra más del 80% de los empleados públicos nacionales. En el plenario de delegados del 21 de marzo se votó la realización de asambleas el 30, un paro el 31 con movilización a Modernización y vigilias en cada organismo para garantizar el ingreso de los despedidos el 1˚ de abril. Son todas medidas que desarrollaremos, pero lo que hubiera correspondido era organizar la lucha con anterioridad, para llegar al 1˚ de abril con el ingreso asegurado de todos los compañeros. Las políticas de ATE-Nacional y Capital se oponen por el vértice a la de la conducción Naranja de ATE-Mendoza, que ya en diciembre pasado planteó la urgente necesidad de que se convoque a un congreso nacional de delegados de base que discuta un plan de lucha. En la última reunión de su directiva, plantearon que se convoque a un paro nacional de 48 horas con movilización a Plaza de Mayo, buscando darle forma al desarrollo de un plan de lucha escalonado. Es lo que ellos mismos harán en su provincia, donde ATE es el gremio mayoritario, yendo a un paro provincial para el 4 de abril, junto al paro de Sute-Ctera, por la apertura de la paritaria provincial. La experiencia está demostrando que donde hay medidas de lucha reales y disposición de dar pelea hasta ganar, se van consiguiendo reincorporaciones y renovaciones de contratos. Es el caso de Cultura, del acampe de la Subsecretaría de Agricultura familiar o la permanencia en el Ministerio de Salud. Para enfrentar la ofensiva macrista necesitamos en cada organismo desarrollar asambleas sin distinción de afiliación gremial, que discutan medidas de lucha para que nadie quede afuera. Frente a los despidos, planteamos el paro y la ocupación de los edificios hasta conseguir las reincorporaciones. Exigimos a la conducción de ATE la convocatoria y preparación de un paro de 48 horas con movilización a Plaza de Mayo en el marco de un plan de lucha escalonado contra los despidos y por el salario.

El plan de lucha llevado adelante por los estatales para frenar el ajuste impuesto por la gobernadora Rosana Bertone, del FpV, cumple un mes. En los últimos días, el gobierno ha profundizado su postura de jugar al desgaste, agregando ciertos factores distractivos. Tal es así que el miércoles 16, la gobernadora anunció en una conferencia de prensa cambios cosméticos al paquete de leyes, como por ejemplo, el no descuento del aporte “solidario” a quienes cobren menos de 26.000 pesos (un impuesto a las ganancias fueguino), el no descuento a los pensionados por discapacidad que tengan otra obra social y negociar con el sector de salud el blanqueo de las guardias. Básicamente, una farsa. Entre los estatales, el anuncio sólo agregó malestar a la situación que se vive en la provincia. Ese mismo miércoles se votó la continuidad del piquete permanente de la ruta 3, lo que generó que en la capital fueguina haya dos acampes, uno desde el 4 de marzo afuera de la Casa de Gobierno, que continúa hasta el día de hoy, y otro que duró diez días en el ingreso a la ciudad, bloqueando el acceso. Este último logró romper con el cerco mediático por parte de los medios nacionales y, finalmente, el pasado domingo la asamblea decidió volver a concentrar todas las fuerzas fuera de la Casa de Gobierno, pero esta vez extendiendo el acampe a las calles laterales. Durante los últimos 15 días, el gobierno también ha decidido utilizar todas las herramientas comunicacionales para desprestigiar la lucha y justificar el ajuste, tal es así que los canales locales tienen prohibido hablar a favor del acampe, la publicidad en Internet abunda notablemente con spots que son sumamente engañosos. Todos los periódicos provinciales hablan de un reclamo “desmedido”. El gobierno ha decidido intentar poner en contra a los trabajadores entre sí, pero la conciencia se encuentra muy elevada y estas burdas maniobras no han surtido el efecto esperado por la gobernadora. La búsqueda del diálogo no es real, sólo apunta a desgastar y diluir la lucha ya que siempre se encuentran motivos para cancelar las reuniones, sea con los ministros o con determinados legisladores. La gobernadora directamente no quiere recibir a los secretarios generales bajo ningún punto de vista. Macristas y kirchneristas unidos Es dable mencionar que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se expresó a favor de las reformas introducidas por Bertone y en una entrevista en una radio local señaló:“No había forma de financiar el déficit fiscal y jubilatorio, había que tomar medidas duras y antipáticas que tendieran a equilibrar las cuentas públicas”. Queda claro que el macrismo a nivel nacional con más de 100 mil despidos, no es el único que ajusta, sino que también los gobernadores kirchneristas vienen a acompañar dichas medidas, tal como lo demuestra Bertone en nuestra provincia. Plan de lucha Los acampes se extendieron más allá de Ushuaia, instalándose de forma permanente uno en la ciudad de Río Grande y otro en la ciudad de Tolhuin. El martes 29 no sólo hubo un acatamiento masivo al paro provincial de los estatales, sino que también se sumó la UOM seccional norte, de Río Grande, con sus reclamos concretos de defensa de los puestos de trabajo y en solidaridad con la lucha llevada adelante por los estatales. Asimismo, en la ciudad de Ushuaia se realizaron cortes y piquetes en distintos lugares de trabajo, pero uno de los acontecimientos más importantes de la jornada fue la presencia de la diputada nacional Soledad Sosa, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, quien viajó hasta nuestra provincia para expresar su solidaridad y apoyo con la lucha. La diputada participó del acampe desde temprano, habló con compañeros estatales de prácticamente todos los sectores y escuchó los reclamos. Por la tarde se reunió con los secretarios de la “unión de gremios” (más de veinte secretarios generales de gremios estatales), quienes expusieron la problemática, y ante los cuales Soledad Sosa planteó llevar el reclamo al Congreso Nacional, poniendo de esta manera la banca al servicio del pueblo trabajador. Por último, hay que destacar que las asambleas de estos días decidirán cómo profundizar aún más la lucha y el reclamo, con cortes en otros puntos estratégicos, con mayor solidaridad de los metalúrgicos y hasta un posible pliegue al paro de los camioneros. Los estatales de Tierra del Fuego decimos ni un paso atrás y ni un derecho menos, vamos por: • Derogación del paquete de leyes de ajuste. • Reincorporación ya de los despedidos. • Basta de precarización, pase a planta de los Programas de Entrenamiento Laboral (PEL). • ¡Paritarias libres y sin techos, ningún congelamiento ni rebaja salarial!