Prensa Obrera N° 1406

El Sitraic sesionó el día jueves 7 en asamblea ordinaria y extraordinaria, en un nuevo momento fundacional del sindicato: acaba de obtener el ámbito de actuación nacional que lo habilita a intervenir en todas las provincias y ciudades del país. Nace un nuevo sindicato nacional de la construcción. Con más de 250 trabajadores, que abandonaron las obras para participar de este acontecimiento, tuvo lugar la asamblea de memoria y balance, donde se expusieron la actividad sindical y el balance financiero del año 2015, que fueron aprobados por unanimidad, y a su término se desarrolló la asamblea extraordinaria del sindicato, que puso a discusión los problemas actuales de la industria y los desafíos de los trabajadores del gremio. Resolvió también varias iniciativas. En el informe de apertura, el secretario general Víctor Grosi dio un paneo de la situación de la construcción, en que mencionó la parálisis de la obra pública y el estancamiento de la obra privada, que han producido más de 50 mil despidos en el sector. Se denunció el papel de empresarios como Lázaro Báez, que no sólo se dedicó a desviar los fondos de la obra pública en beneficio propio, sino que planea retirarse del negocio dejando una hipoteca a los trabajadores. Frente a los despidos, la parálisis de la obra pública, los salarios de miseria y los niveles alarmantes de trabajo en negro, la asamblea resolvió una movilización a la Cámara Argentina de la Construcción y al Ministerio de Trabajo, el próximo 11 de mayo, para intervenir en la paritaria con el reclamo de un 40% de aumento salarial, la apertura de nuevos puestos de trabajo y un seguro económico para los trabajadores desocupados del gremio. Entre otras de las resoluciones más importantes, se mandató a la comisión directiva del Sitraic para que establezca un diálogo con todos los gremios que intervienen en la industria de la construcción, con el propósito de preparar un paro nacional de la industria que ponga fin al ajuste y los despidos de nuestro gremio. El Sitraic sale reforzado de esta asamblea para intervenir en esta nueva etapa, con el mandato de los trabajadores y un plan de acción para poner en pie al gremio de la construcción.

Con un paro y movilización que arrancó el 24 de febrero, la Conadu Histórica y todas sus asociaciones comenzamos nuestro plan de lucha en reclamo de todo un programa: inmediatas paritarias, aumento del 45% con actualización y retroactivo, implementación del convenio colectivo de trabajo, salario para los ad honorem, volver a las paritarias a febrero y abolición del impuesto al salario. No fue casual arrancar el mismo día que los estatales. Por el contrario, tal como lo planteó desde un principio la Naranja, es sólo con un plan de lucha nacional que podremos quebrar el ajuste del gobierno de Macri y de los gobernadores. Al paro de 24 horas siguieron los de 48 hs, que fueron sumando creciente adhesión, alcanzado el 100% en los colegios preuniversitarios y con un nivel muy alto también en las facultades. Con la desvalorización que sufren nuestros salarios, este plan de acción convocó simpatía en toda la docencia, lo que obligó a la Conadu Yasky y a la Fedun de los rectores a tener que llamar también a un paro de 24 hs. Pero a los de la “resistencia” y el “vamos a volver” les duró poco, no oyeron a sus propias bases: ya el lunes 4, día de paro de toda la docencia del país, la burocracia se mandó a guardar y sólo fue la Conadu Histórica la que se sumó. Le dieron la espalda a un paro convocado por la Ctera, dirigida por los K. Una demostración más de la fragilidad de esta “opo”. En Buenos Aires, la AGD-UBA formó parte de la combativa columna independiente junto a los Sutebas multicolor y a Ademys. Lo del 4 es una muestra del debate que se abre en esta nueva etapa del conflicto. Esta semana, el gobierno nos acercó una propuesta del 25% en cuotas y a agosto, inaceptable, al punto que todos la rechazaron. Frente a esto, la Conadu Histórica ratifica paros de 72hs el 13, 14 y 15 de abril, que pueden arrastrar a muchos sectores de la docencia federados en los otros sindicatos. La magnitud de la ofensiva contra los trabajadores socava a las burocracias, sólo preparadas para la rosca y la contención. La Agrupación Nacional Naranja, que milita tanto en la Conadu Histórica como en la Conadu, viene peleando por la unidad de los trabajadores preuniversitarios y universitarios para recuperar los sindicatos de manos de las burocracias que firmaron las paritarias de 16 meses. Esa entregada nos llevó a un desfase salarial de más del 120% de la canasta familiar y se firmaron convenios por universidad a la baja. Nuestra agrupación impulsa asambleas en los lugares de trabajo para organizar el paro de 72 hs en este momento crucial de las negociaciones. Maduran aceleradamente las condiciones para un paro nacional, línea en la que estamos empeñados en la CTA que integramos y como respuesta de todo el movimiento obrero.

El viernes 8 de abril, un plenario de delegados y activistas de organizaciones de desocupados y precarizados reunió 400 compañeros en el salón de ATE Capital para discutir la continuidad del plan de lucha contra el ajuste. Hubo más de 20 intervenciones en las dos horas de debate y al finalizar se votó un programa de reivindicaciones que parte del reclamo de trabajo genuino, aumento y ampliacion de los programas Argentina Trabaja y otros, el rechazo a los tarifazos y los despidos y el reclamo de un paro nacional contra el ajuste. Se votó por unanimidad movilizarse masivamente el próximo 19 de abril desde Liniers a Desarrollo Social y al Ministerio de Trabajo. Esta acción será la continuidad del gran piquetazo nacional del 16 de marzo, que reunió a 15.000 compañeros en la avenida 9 de julio y en otras ciudades del país. Del plenario, además del Polo Obrero, participaron Barrios de Pie, el FPDS, el FPDS Corriente Nacional, AGTCAP, Pueblo en Marcha, FOL, MST Teresa Vive, MTR, Votamos Luchar y FOB. Lamentablemente, se ausentaron los compañeros de la CCC que, sin embargo, participaron de la acción del 16 y serán parte de la del 19. En el plenario se reflejaron situaciones dramáticas, que muestran la crisis social que hunde en la miseria a millones de trabajadores con cada nuevo aumento de tarifas, precios y despidos. Por otro lado, los delegados provenientes de los barrios obreros de casi la totalidad de los distritos del Gran Buenos Aires y la Capital, dieron cuenta de un crecimiento acelerado de la desocupación y como consecuencia, de las familias que comienzan a retornar a los comedores. También crecen las asambleas por trabajo. Desde el Polo Obrero, en nuestras intervenciones, marcamos la necesidad de empalmar con el movimiento obrero que se encuentra luchando para enfrentar el ajuste, como los trabajadores de prensa, los estatales y los docentes. Levantamos el reclamo de un paro nacional contra el gobierno de Macri y los gobernadores vaciadores, pagadores seriales de deuda externa y evasores de impuestos, que nos quieren cobrar la factura de la crisis a los trabajadores. Con el debate y la discusión entre 400 compañeros, cobra fuerza el frente único conformado para conquistar los reclamos planteados. Esto es de suma importancia, teniendo en cuenta que la política de Macri hacia el movimiento de lucha ha sido tratar de dividir el frente único proponiendo reuniones por separado a las organizaciones. Este hecho provocó un debate en las organizaciones en los últimos días, nuestra posición ha sido que era necesario una reunión de los funcionarios y todas las organizaciones juntas, para reclamar la apertura de los programas, su nacionalización y el aumento para todos. Las reuniones por separado no pueden dar respuesta naturalmente a estas cuestiones generales y comunes a todos y se contrapone a la estrategia del gobierno MM de dividirnos para "reinar". Además, la reunion conjunta sirve para expresar el frente único en la lucha y en la "paritaria" con el Estado, lo cual refuerza la capacidad de obtener mayores conquistas y combate el objetivo divisionista de los ajustadores, que buscan maniobrar y no otorgar ninguna concesión. En el mismo sentido, somos partidarios de que, como hemos hecho hasta ahora, se hagan públicas todas las reuniones con los funcionarios, sus propuestas y nuestras posiciones. Quedan diez días para la movilización, deben ser de organización y tenemos que concentrarnos para sumar compañeros a la lucha. La campaña de empadronamiento, la agitación y la realización de asambleas que sumen a los nuevos compañeros, tiene que ir creciendo hacia el 19.

Luego de un mes de negociar en sigilo, el sindicato y la cámara empresaria arreglaron un aumento salarial de un 25 por ciento en seis meses (los primeros tres excluirían las contribuciones patronales) y dos cuotas de 1.000 pesos. El acuerdo, que se anunció en un plenario, ya venía “cocinado”. La Naranja, a través de las intervenciones de Miguel Bravetti y de Pablo Viñas -atentamente escuchados por todos los delegados- denunció esto y defendió el mandato de sus talleres, consistente en rechazar la paritaria “corta” y reclamar 45 por ciento en una cuota, más la suma compensatoria de 6.000 pesos “prometida” por el gremio, que nunca apareció. La trampa de la paritaria “corta” Como es sabido, la inflación proyectada supera el 50 por ciento anual. Aunque Macri diga “para la tribuna” que espera una desaceleración drástica de los precios en el segundo semestre, eso difícilmente ocurra. El cálculo que hacen las patronales es que en unos meses se producirá el piso de la caída industrial. El propio Juan Carlos Sacco, presidente de la Faiga (cámara patronal) y vice de la UIA, auguró 200 mil despidos en la “pequeña y mediana empresa” (la mayoría de nuestro de gremio corresponde a esa categoría). La mesa negociadora, en su informe al plenario, reconoció que son las patronales las que promueven convenios por seis meses, “como en Comercio”. Justamente, porque especulan con que cualquier negociación futura tendrá lugar en un contexto más desfavorable aún para los trabajadores. Mientras la Faiga se mantuvo inconmovible frente al reclamo del bono durante todo el verano, la paritaria pudo cerrarse -según el gremio- por la movilización de la semana anterior. Caben dos señalamientos: 1) Fue La Naranja la que paró sus talleres y concurrió en masa, aportando la mayor columna y obligando incluso a la Verde a moverse de urgencia, y 2) si esa primer convocatoria, apenas difundida, permitió elevar la oferta inicial queda claro que fue criminal cancelar un proceso que daba para mucho, firmando algo que no sale de los moldes de la “paritaria testigo” de Comercio. Paritaria y elecciones El acuerdo es presentado por el sindicato como un triunfo. Desde ya, significa un alivio para el castigado bolsillo gráfico; pero el 25 por ciento está lejos de compensar el deterioro de una escala que sigue integralmente por debajo de la canasta familiar. La paritaria es “corta” en todo sentido; aunque los despidos que arrecian en todo el gremio -como se pudo comprobar por las intervenciones en el plenario- son un factor que objetivamente pesa a favor de del acuerdo. Enfrentamos una verdadera sangría que la directiva trata de disimular. Darío Sosta (de La Nación), por ejemplo, ni mencionó que la patronal de los Mitre acaba de poner en la calle a varios efectivos y decenas de contratados (algunos con años de antigüedad); igual silencio mantuvo el actual candidato a adjunto Jorge Thierbach , sobre los despidos en la ex Ciccone. La directiva no tuvo ni tiene el propósito de enfrentar el ajuste que está en marcha. La “resistencia” al gobierno proclamada por la Verde se reduce a intentar “acumular para el retorno del kirchnerismo”. En lugar de ocuparse de organizar al gremio contra los despidos y los tarifazos, el ongarismo se enfrasca en las transas de la interna pejotista. La debacle de los “nac&pop” es imparable, en la interna y sobre todo entre los trabajadores que buscan un canal contra el ajuste. Ese canal solo lo representa, como lo ha demostrado en la lucha por el salario, La Naranja; la única lista en estas elecciones que puede exhibir resultados y conquistas. Llamamos a los gráficos a impulsar y votar masivamente a La Naranja el 15 de abril.

La candidata a Secretaria General de la lista nacional Bermellón e integrante de la directiva provincial de ATE Mendoza visitó las ciudades de Trelew y Rawson por una invitación cursada por decenas de delegados de ATE Chubut. En su intensa gira, Raquel Blas se interiorizó en reuniones y en una asamblea con más de 40 delegados de la mayoría de los sectores provinciales de la actual situación de ATE Chubut. La asamblea con la directiva y decenas de delegados, desarrolló un altísimo nivel de debate sobre cuál debe ser la estrategia del movimiento obrero en esta etapa y cómo debe ser la práctica de la democracia sindical. La asamblea dejó expresada por parte de los delegados de la pesca, de educación, de salud, de ministerios y de decenas de reparticiones del Estado un profundo repudio a la actual intervención del sindicato provincial y el reclamo masivo de los delegados para que se difundiera nacionalmente el retiro de la intervención provincial y que se devuelva el sindicato a sus legítimos representantes emanados de la ultima elección. Raquel Blas, por su parte, desarrolló el proceso que se vive en ATE Mendoza, que llevó al alineamiento de ATE Mendoza con los sectores de lucha y combativos del movimiento obrero y con la defensa de la democracia sindical. Conclusiones que además la llevaron a ser parte de la agrupación Tribuna Estatal nacional de ATE y a integrar la Coordinadota Sindical Clasista. En resumen, la lucha contra la burocracia sindical y por una nueva dirección del movimiento obrero, lo que supone superar en la CTA el fracaso degennarista, que apoyó al gobierno de la Alianza y luego al kirchnerismo, lo que lo llevó a la fractura. Raquel Blas expresó además su compromiso y el de sus compañeros de ATE Mendoza a generalizar la lucha contra los despidos en el Estado a través de un plan de lucha nacional hasta lograr la reincorporación de todos los despedidos y a luchar por congresos de base, como acaba de realizar ATE Mendoza junto al Sute (docentes) y otros gremios y por un congreso de bases nacional de ATE. Y a brindar toda la colaboración necesaria para la normalización de este enorme sindicato provincial, y que el mismo sea restituido a sus legítimos representantes. Y los instó a que defiendan paritarios en todas las reparticiones votados en asamblea como único mandato válido ante estas paritarias. La asamblea fue un enorme paso de solidaridad de clase. Hay ahora que profundizar las conclusiones y dar nuevos pasos, en la lucha por un ATE de clase e independiente de los políticos patronales.

A partir del cierre de la paritaria por un miserable 15% de aumento, acordado por UPCN y FEGEPBA (Federación de Gremios Estatales) con Vidal, se vienen haciendo paros convocados por ATE y Soeme. El ministro de Educación, Alejandro Finocciaro, pretendió descontar entre 5000 y 7000 pesos a unos 60 mil auxiliares. Esta medida generó una verdadera conmoción, que terminó desatando una rebelión entre los auxiliares. ATE resolvió ir al tercer paro de 48 horas en el mes y la toma de los consejos escolares en todas las localidades, en algunos casos junto a Soeme, reclamando actas firmadas por los Consejos Escolares de rechazo a la resolución rompe huelga 142/16 y la devolución de todos los descuentos. Así se llevaron adelante tomas en una gran cantidad de los consejos, que hicieron recular al gobierno en la aplicación de los descuentos. Sin embargo, no es el único ataque que han sufrido los auxiliares, ya que a mediados de mes, Finocciaro firmó la Resolución 142 que permite la contratación de empresas privadas, a precios millonarios, para que hagan las tareas de los compañeros, oficiando de rompehuelgas en las escuelas. La expulsión de las tercerizadas Cuando las tercerizadas se presentaron en las escuelas, chocaron con piquetes de trabajadores que se movilizaron a impedir su paso, en un claro acto de defensa del derecho al trabajo y a la huelga obrera. En medio de los tarifazos, el aumento que dio el gobierno no llega a los $1000 de promedio. El ánimo de los trabajadores hacia Vidal, a quien hace poco votaron, ha cambiado notablemente. Los trabajadores se plantan ante los despidos, como en el caso de la DGCyE (Dirección General de Cultura y Educación) o en Agroindustria, enfrentan las maniobras rompehuelgas y los descuentos. En el último período, Vidal presentó en la Legislatura dos proyectos de Ley: Modernización del Estado y Emergencia Administrativa, y lanzó el Decreto 230, que otorga superpoderes a los ministros. Todo para allanar los despidos y la precarización laboral. Este paquete anti estatales se completaría con el lanzamiento de otro decreto que dispone el congelamiento de todas las vacantes. Los trabajadores estatales debemos ponernos de pie para enfrentar este paquete y por la reapertura de las paritarias, junto a los docentes, a los judiciales y a los profesionales de la Salud de CICOP. Estos últimos paran por 72 horas esta semana. Congreso de Bases para organizar el plan de acción Para organizar estas medidas es que necesitamos un gran Congreso de Bases de los gremios, como el convocado por ATE Mendoza. En el camino al paro Nacional del 19 de abril, que tendría que estar convocado para marchar a Plaza de Mayo, proponemos que ATE provincia convoque a parar 72 horas junto a CICOP y que confluyamos en una movilización a la Gobernación. ¡Derogación de la Resolución 142 y de todo el paquetazo de Vidal. Reapertura de paritarias!

El 14, los bancarios realizaremos un primer paro con movilización por la paritaria bancaria, que venciera el 31 de diciembre pasado y fuera postergada por una suma fija mensual que apenas alcanza un 18% del salario inicial. El paro es una confesión del fracaso de la estrategia de postergación de la burocracia sindical frente al ajuste de Macri. El gremio bancario reacciona ante la bronca creciente de la base contra una profunda provocación de las patronales y el gobierno macrista, con despidos en el BCRA, el Banco Provincia y el Hipotecario, que se replican en la mayoría de los bancos privados que avanzan en la destrucción de puestos de trabajo encubiertos bajo los retiros voluntarios. La Bancaria montó una carpa que lleva 50 días en la entrada del BCRA. Su junta interna, opositora a la dirección del sindicato, ha estado “floja de reflejos” y no ha salido a enfrentar los despidos con medidas de acción, ni siquiera ha convocado una asamblea del edificio para discutir un plan a seguir. El gremio bancario se movilizó contra el impuesto a las ganancias y los despidos el 1˚ de marzo, en oportunidad de la apertura de sesiones del Congreso, soportando incluso la represión policial. En este marco de ascenso en la movilización, la semana pasada, los trabajadores del Banco Provincia de Buenos Aires realizaron un paro total contra los despidos y el intento privatista del directorio -que encabeza el macrismo, pero también integran el Frente Renovador y el FpV. Sobran las reservas de lucha en la base bancaria. Lo demuestra el altísimo nivel de movilización ininterrumpido, desde la docena de paros por los despedidos de la Caja Popular de Tucumán y contra el impuesto al salario. Planteamos la reincorporación de todos los despedidos, un salario inicial bancario igual a la canasta básica familiar (20 mil en mano, es decir un 40% de aumento), abolición del impuesto al salario y que las patronales se hagan cargo mientras tanto. Pase a planta de todos los precarizados.

Desde el Plenario de Trabajadoras del Abasto (PDT) organizamos una mesa redonda sobre violencia de género. Contamos con la participación del legislador por la Ciudad del Partido Obrero, Marcelo Ramal, y Laura "La Duquesa", cantante de cumbia que acompaña distintas luchas obreras y populares. Durante la charla, analizamos las distintas formas que toma la violencia de género, la cual termina, en tantos casos, en femicidios. En 2014 fueron asesinadas 277 mujeres, en 2015, 286. Casi todas las víctimas habían hecho la denuncia y pedido ayuda, pero los mecanismos de control y cuidado hacia las mujeres fallan. Con respecto a la muerte por abortos clandestinos. mueren 3.000 mujeres por año. Tres mil son también las mujeres y niñas que se encuentran desaparecidas, 1.500 capturadas por redes de trata. Con la complicidad de la policía y de funcionarios políticos. Discutimos también como somos las las mujeres trabajadoras el sector más explotado del conjunto de los trabajadores. Las más precarizadas, las que más que sufrimos, muchas jefas de hogar, los problemas habitacionales y el descomunal ajuste en curso. De los 200.000 despidos hasta la fecha, 100.000 son de trabajadores del Estado. De estos, 75% son mujeres. Todo este escenario ha salido a la luz, como nunca antes, con el gran movimiento de Ni una menos. Ni una menos t ambién puso sobre la mesa la falta de respuestas, el abandono y complicidad por parte del Estado. A su vez, durante la charla, con alrededor de 40 participantes, debatimos otros problemas, como el aislamiento al que se somete a la mujer ante situaciones de riesgo, la situación en la que se encuentran tantos trabajadores de la salud ante un sistema, que por una decisión política, los limita en prestar ayuda a las chicas que llegan con complicaciones por abortos, realizados en situaciones precarias. Finalmente, vimos que el capitalismo ha convertido la explotación de la mujer en su principal fuente de ganancia. Las tres actividades económicas más lucrativas en el capitalismo, son, primero, la trata de personas, luego el tráfico de armas y drogas. En este contexto, y como primera medida concreta, Marcelo Ramal presentó un proyecto de ley para la creación de dos centros integrales para la mujer (CIM) por comuna, con personal profesional capacitado en planta permanente, y atención las 24 hs. El proyecto fue aprobado, aunque recortado en su contenido por el kirchnerismo, limitando la cantidad de centros, el horario de atención y negando el pase a planta permanente de sus trabajadores. Es urgente organizarnos y poner en pie una campaña de movilización y agitación que defienda los derechos de la mujer. Exigir la puesta en marcha de la ley por la creación de los CIM, en su formato original. Discutimos un plan de trabajo con recorridas barriales, ponernos en contacto con distintas organizaciones de mujeres, la creación de una publicación del PDT y la realización de actividades culturales y charlas, para continuar con la discusión, el debate y la lucha por nuestros derechos. Invitamos a todos las compañeras que quieran participar, a acercarse al Plenario de Trabajadoras. Estamos presentes en todos los barrios, en los locales del Partido Obrero. En el Abasto, nos encontramos en San Luis 3194.

El lunes 4 se realizó una reunión conjunta de las comisiones que tratan el proyecto de ley para la creación de la Agencia de Bienes. Apenas unos días antes se había realizado la audiencia pública en la que participaron más de unos 200 vecinos. El rechazo al proyecto fue unánime. Sin embargo, en la concurrida reunión de comisiones, tanto el PRO como el kirchnerismo hicieron malabares para defenderlo. Marcelo Ramal denunció que “la creación de la Agencia de Bienes del Estado es un verdadero golpe institucional para la privatización de la Ciudad”. “La Agencia habilita a la venta de las tierras públicas y permite que lo recaudado se asigne a un fondo especial -o sea, a una caja paralela. Es la extensión a gran escala del 'modelo' de Puerto Madero, Corporación del Sur o Ausa, y que conducirá a la mayor privatización de tierras en la historia de la Ciudad. En lo que constituye un verdadero autogolpe, la Legislatura renuncia al control sobre el patrimonio y los recursos del suelo, y permite la existencia de un verdadero Estado “aparte”. Ese Estado estará formado por emprendimientos inmobiliarios o desarrollos empresariales subsidiados, mientras la 'otra' Ciudad afronta el costo de la saturación edilicia, los impuestazos, el encarecimiento y la falta de vivienda o el deterioro sanitario y educativo” planteó Ramal. Denunció también el pacto en curso entre el PRO y el kirchnerismo para “maquillar el proyecto”. “En nombre de un difuso aval legislativo a las futuras enajenaciones, el kirchnerismo habilitará al remate inmediato del Tiro Federal y el mercado Dorrego, las megaprivatizaciones que el PRO ya ha comprometido a sus interesados” denunció y adelantó el rechazo del Frente de Izquierda en el recinto y en todos los barrios de la Ciudad.

El viernes 31 de marzo se produjeron nuevos despidos, esta vez en el Ministerio de Hacienda de la Nación. Entre los 170 despidos anunciados están los del Programa Progresar, que incluye a la totalidad de sus trabajadoras/es: 25 en sede central y otros 75 que se desempeñaban en las provincias. Estos despidos se suman a los más de 33.000 que ya se habían dado en diferentes ministerios y programas y con la misma modalidad, sin aviso y siendo impedidos de ingresar a sus puestos de trabajo. El "Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos" fue creado en 2014 por el gobierno K, en medio de una crisis y devaluación que barría con el poder adquisitivo de los salarios. Cristina Kirchner lo anunció como "un proyecto de vida para los jóvenes que no estudian ni trabajan". Consistía en un programa de becas de 600 pesos para jóvenes precarizados, trabajadores informales o por debajo del salario mínimo vital y móvil, y tenía como requisito que los padres tampoco percibieran ingresos por encima de 3.600 pesos en ese momento (el monto de restricción de ingresos se amplió a tres salarios mínimos vital y móvil luego de la fallida implementación inicial), quienes debían acreditar su inscripción al sistema educativo como contraparte. El programa tenía a sus trabajadoras/es precarizados, e incluso con "contratos en trámite" (es decir, "en el aire"), con salarios promedio de entre 6.000 y 10.000 pesos, muy por debajo de la canasta básica. La creación del Progresar puso en evidencia que había 1.555.817 jóvenes de entre 18 y 24 años que o bien no estudiaban ni trabajaban o lo hacían bajo condiciones de extrema precariedad y vulnerabilidad y que lejos de ser un problema del "neoliberalismo", son condiciones emergentes de la miseria ocasionada por la "década ganada", que el Más y Mejor Trabajo en 2008, la AUH en 2009, y el Progresar en 2014 sólo pretendieron paliar, para contener la protesta social. Ahora, el gobierno del “cambio” ya anuncio un aumento en el transporte del 100%, y en las tarifas de gas y agua entre 300 y 500%. Este tarifazo tendrá un impacto también en los costos industriales, lo que producirá un incremento de los precios de alimentos, vestimenta y alquileres. Es un “rodrigazo” que deteriorará aún más las condiciones de vida de la clase obrera: según datos de la UCA, la pobreza ya alcanzó el 32,5%. El macrismo no sólo profundiza la situación de miseria pactando con los fondos buitre e hipotecando de nuevo a la Argentina con nueva toma de deuda, sino que además ataca a estos -de por sí, limitados- paliativos, deshaciéndose del mayor capital que tienen las políticas sociales: sus trabajadores. Es lo mismo que sucede en el Inaes (donde se ha despedido a trabajadores territoriales que realizaban, entre otras cosas, tareas de coordinación del Argentina Trabaja), el Ministerio de Salud, el de Trabajo (de los 26 trabajadores del “Más y Mejor Trabajo”, despidieron a 10) y tantos más. Como trabajadores sociales, tenemos la tarea de defender nuestros puesto de trabajo y también las conquistas del movimiento piquetero, por eso que necesitamos dar una respuesta de conjunto. Frenemos la ofensiva macrista con asambleas en los distintos organizamos sin distinción gremial. * No al vaciamiento del Programa Progresar. * ¡Ningún despido! * Vamos por un paro nacional y la ocupación de los edificios hasta conseguir las reincorporaciones.

Vivimos una crisis sanitaria de características históricas. La destrucción hospitalaria en la provincia de Buenos Aires, llevada a cabo por Scioli y anteriores gestiones bonaerenses, y que encuentra su continuidad en la actual gobernadora Vidal, se agudiza aún más en medio de un ajuste brutal al bolsillo y las condiciones de vida de los trabajadores. Así lo refleja un presupuesto de ajuste votado en la Legislatura provincial por todos los bloques, a excepción del Frente de Izquierda. La situación de la atención materno-infantil es crítica. Falta de neonatólogos y pediatras, así como también de enfermeros, falta de equipamiento, el no pago de reemplazos de guardia en tiempo y forma, malas condiciones de trabajo, violencia y magros salarios, tienen como corolario el desmantelamiento y cierre de servicios. Tentativas de cierre o cierres parciales o esporádicos; como neonatología y pediatría del Mercante, de J.C.Paz; Oñativia, de Rafael Calzada; Meléndez, de Adrogué; Km. 32 y Paroissien, de La Matanza, etc. O los cierres permanentes, como las neonatologías del Fiorito de Avellaneda y el Evita de Lanús, o del Hospital de Mercedes. Y los que no están cerrados, están desmantelados y sin médicos. Se trata de una política deliberada de destrucción de la salud pública que se generaliza a todas las áreas, pero se agudiza en el sector más vulnerable, la atención de madres y niños. Esto en el marco del aumento de la pobreza, el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, el aumento de la conflictividad social, con situaciones emergentes como el aumento de infecciones de transmisión sexual (VIH, sífilis), las adicciones, la violencia familiar y de género, que tienen un impacto real sobre las mujeres y sus hijos y constituyen un grave problema de salud pública. Lo anterior, sumado a las pésimas condiciones en las que se asisten a embarazadas, neonatos y niños, explica las cifras estremecedoras de muerte materna, neonatal e infantil en la región. Esta situación va abriendo camino a políticas privatizadoras y tercerizaciones encubiertas (como plan Nacer o plan Sumar), y favorece directa e indirectamente a la medicina privada (que se lleva pacientes y recurso humano), farmacéuticas y otros capitales ligados a la salud, favoreciendo también todo tipo de negociados y corruptelas, en detrimento de la salud y la vida de nuestros pibes. Esta política criminal cuenta con el amparo de las burocracias sindicales de todos los colores, por complicidad o inacción. Desde Tribuna de Salud llamamos a organizar asambleas conjuntas de trabajadores y pacientes para denunciar este ataque a la atención de la salud del sector más vulnerable de la población y votar acciones de lucha contra estas políticas liquidacionistas de la salud pública. * No al vaciamiento hospitalario. * Triplicación del presupuesto de salud. Partida presupuestaria de emergencia. * Salario digno igual a la canasta familiar. Anulación del impuesto al salario * Ningún cierre de servicios.

En la primera sesión ordinaria del año se aprobó por iniciativa del bloque del Partido Obrero, un proyecto de declaración que rechaza el protocolo de seguridad, pergeñado por el gobierno nacional y al cual adhirió la provincia. Al respecto, el diputado del PO, Julio Quintana, señaló: “La aprobación de nuestro proyecto es un golpe al operativo represivo para regimentar y doblegar la capacidad de reclamo de la población trabajadora contra las políticas de ajuste en curso. EL oficialismo lo votó a favor tratando de delimitar a Urtubey del gobierno de Macri, pero las represiones contra los municipales de Coronel Moldes y Cerrillos, sumada a las causas penales armadas sobre estos últimos; o la dudosa muerte de Pablo Moreno, que se encontraba amenazado de muerte por la policía que lo reprimió cuando reclamaba por trabajo, son la evidencia irrefutable de que tanto Macri como Urtubey, no sólo comparten una política de ajuste contra el pueblo a través de despidos y tarifazos, sino también una línea represiva y de criminalización de la protesta social. Un sector del romerismo también lo votó a favor, tratando de ocultar que cargan sobre sus espaldas con represiones feroces contra los trabajadores salteños. Sólo el PRO, la UCR y el PPS, se animaron a defender sin tapujos el protocolo macrista, junto con la represión y el avasallamiento de las libertades democráticas que éste implica. Dejaron al descubierto el carácter reaccionario de todos los integrantes de Cambiemos”. Para finalizar, el diputado obrero concluyó: “Romeristas y urtubeístas son partidarios de la represión, pero no se animan a reivindicarlo abiertamente. Saben que el ajuste desatará nuevas y mayores protestas del pueblo trabajador y que una línea de represión abierta contra estas protestas llevará a la generalización del repudio popular hacia sus gobiernos. Ya el paro del 24 de febrero pasado y las movilizaciones por el último 24 de Marzo, no sólo fueron un desafío abierto del pueblo trabajador contra el ajuste, sino también contra este protocolo que no pudo ser aplicado en estos casos. La aprobación de nuestro proyecto no sólo refuerza la lucha por la defensa de las libertades democráticas del pueblo y de su derecho a la protesta, también refuerza su capacidad de lucha contra el ajuste en curso para imponer su derrota definitiva”. La sanción de nuestro proyecto ha provocado la reacción de Urtubey que por boca de su ministro de Seguridad ratificó la adhesión de la provincia a la aplicación del protocolo con el ridículo argumento de que no cercena el derecho a manifestar. Es que, así como en la aprobación del arreglo con fondos buitre, la dupla Macri-Urtubey funciona para ajustar y reprimir a los trabajadores.

El intendente de Avellaneda, ingeniero Ferraressi, acaba de acordar en un acta con los sindicatos UMA; UPCN y Amra un aumento para los trabajadores municipales de 10% en abril, 10% en mayo y 10% en septiembre, y aumentar la suma fija, actualmente de 1.000 pesos a 2.000 a partir de julio. Esto significa un aumento 350 pesos aproximadamente en abril, mayo y septiembre. El básico de la categoría inicial en septiembre será de 4.550; con esta miseria salarial, el nacional y popular, Ferraressi, expresa su compromiso con los trabajadores, con la suma fija, el salario conformado llegaría en septiembre a 5.550 pesos, cuando hoy, la canasta familiar está valuada por encima de los 18.000, con una inflación mensual creciente. El sindicato de trabajadores municipales de Avellaneda (STMA), que encabeza el secretario general de la Fesimubo ha manifestado su desacuerdo con este aumento. En un plenario de delegados a mediados de marzo, el STMA declaró el estado de alerta y fijó el reclamo de salarios en 10.000 pesos. En este plenario se informó el sueldo de algunos municipios bonaerenses: Pinamar: 9.400 / Saavedra-Pigüe: 8.500 / General Pueyrredón (M de P): 10.800 / Bahía Blanca: 11.000 / Campana: 7.900.muy por encima del nuestro En ese plenario, los delegados fueron convocados a aportar en la elaboración del convenio colectivo de trabajo que deberá ser firmado por cada municipio en julio. Necesitamos un convenio colectivo de trabajo que defienda las condiciones laborales de los municipales, fundamentalmente en lo referido a la seguridad laboral, pues las precarias condiciones de seguridad e higiene han costado la vida a tres trabajadores y la salud de otros tantos en el último tiempo en accidentes de trabajo. El secretario adjunto de nuestro gremio, cuando informaba a medios de prensa “que el fallo judicial de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de La Plata ha intimado al Ejecutivo de Avellaneda a pagar la deuda de 23 millones de pesos mas intereses a la obra social de los municipales”, denunció también que “se está corriendo la versión que Jorge Ferraresi quiere llevar la jornada laboral a ocho horas para evitar las horas extras”. Esto agudiza la necesidad de la paritaria que fije la duración de la jornada en las 30 horas semanales que son una conquista de nuestro gremio, y las condiciones laborales. Fijemos en forma urgente un plan de lucha para conseguirlo. La elección de representantes paritarios de cada dependencia, con el pliego de reivindicaciones de las mismas, es la manera más democrática de resolver la cuestión de la representatividad. No alcanza con las presentaciones legales y al ministerio de trabajo realizadas por el STMA. Necesitamos un plan de lucha, por los 10.000 pesos de básico para la categoría inicial con plenarios y asambleas en las dependencias y un plan de paros progresivos, como los auxiliares de educación bonaerenses, que acaban de arrancarle a Vidal la devolución de los descuentos compulsivos, Y vamos por una acción común con toda la federación para alcanzar un salario igual a la canasta familiar para todos los municipales bonaerenses.

El juez Víctor Manuel Pérez hizo lugar al pedido de la fiscal María de las Mecerdes Carrizo -que luego se jubiló- de elevar la causa por la cual José “Pepe” Kobak y otros vecinos de la localidad de Los Ralos están acusados de haber cometido robo y otros delitos. Recordemos que Kobak fue detenido junto con otros vecinos el 23 de agosto, día de las elecciones provinciales, cuando en una escuela de la localidad una banda, con el aval policial que le liberó la entrada y la huida, ingresó y se robó varias urnas para luego quemarlas. Bajo esas circunstancias, Kobak, que fue el primero en denunciar estos hechos, fue detenido ilegalmente, golpeado, por un tiempo secuestrado y finalmente aparecido en la Brigada de Investigaciones de la zona este. Otros compañeros del PO fueron ferozmente reprimidos y golpeados, como ocurrió con la hermana de José, Lidia Kobak, a quien le rompieron un brazo, de lo cual aún no se ha podido recuperar. Otras compañeras sufrieron golpes y balinazos. Los hechos de Los Ralos se inscribieron dentro del accionar del gobierno para garantizar el triunfo de Juan Manzur mediante un fraude escandaloso que suscitó una pueblada durante diez días, reclamando la nulidad de las elecciones. En el caso de “Pepe” y otros compañeros que se opusieron al fraude y al robo de urnas, la respuesta fue la represión y ahora la provocación judicial. Ante la detención de “Pepe”, el Partido Obrero llevó adelante una campaña nacional logrando que se lo liberara, pero sin que se lo absolviera. Es más, el proceso siguió y se llegó al caso antijurídico de que la fiscal a cargo de la causa, al fijar su dictamen, lo hizo dictando condena sobre “Pepe” y los hermanos Navarro, otros dos compañeros imputados en la misma causa. Este fallo de la fiscal pudo revocarse, de la misma manera que la resolución de la Junta Electoral que había decidido proscribir a “Pepe” de presentarse en las elecciones complementarias que se convocaron de los padrones de las urnas robadas. Ahora tenemos que enfrentar este fallo arbitrario del juez Pérez, que sin ninguna acción investigativa seria y sólo con los testimonios de los policías que actuaron ilegalmente en el procedimiento, accede a elevar a juicio en lugar de absolver a los imputados por falta de pruebas. Los abogados del PO han apelado esta decisión. A su vez, el martes 12, el Partido Obrero tucumano comenzaba una campaña con un acto en confluencia con la marcha de la Comisión de Familiares para reclamar la absolución de “Pepe” y demás imputados y que vamos a continuar hasta lograr la absolución.

Durante 2015 y lo que va de 2016, el sector de la pesca sufrió el despido de 600 trabajadores, la mayoría de ellos vinculados con las flotas fresqueras y a las empresas que se encargan del procesamiento del pescado en tierra. A principios de 2015, Argenpesca SA cerró sus puertas con un saldo de 200 familias en la calle, con una miserable indemnización que en promedio rondó los 12.000 pesos. En Argenpesca reinaba el trabajo precario mediante cooperativas truchas con trabajo infantil y jornadas que superaban las 14 horas, todo esto avalado por el Soip y el gobierno de Pulti. A mediados de 2015, el Frigorífico Bermejo y la Planta Procesadora Pesquera “Costa Brava” despidieron más de 130 trabajadores. En lo que va de 2016 se produjeron nuevos despidos, esta vez fueron 260 en total, provenientes de los frigoríficos Centauro y Mattera y de la Planta Pesquera “El Tigre”. A los despidos se suma la precarización laboral: de los 9.000 trabajadores de las plantas fileteras sólo 3.500 se encuentran bajo relación de dependencia, muchos de ellos con convenios Pyme y empleados de comercio. El intendente de Cambiemos Arroyo, durante marzo de este año, creó el “Concejo Municipal Pesquero”, donde se reunió con los sindicatos locales (en particular el Soip) y las cámaras empresarias de la pesca. En esas reuniones, las patronales exigieron al municipio, en particular la Cámara de Frigoríficos Exportadores (cuyas empresas emplean mayormente obreros de las cooperativas), una bolsa de trabajo eventual controlada por el Soip “para atender el pico de demanda que tiene el sector” -es decir, más precarización. Las reuniones de las cámaras empresarias con Arroyo tuvieron un solo objetivo: exigirle que interceda ante gobierno nacional para exigir una mayor devaluación “que pueda absorber los aumentos en el precio del gasoil y de los salarios de los trabajadores de la pesca”. Claro, el pretexto de los empresarios para los despidos es la inflación y el “retraso cambiario”. ¿Pero de qué crisis hablan los empresarios? Los dos primeros meses de este 2016 muestran un leve descenso en los desembarques (2%), pero las exportaciones subieron un 27,8% en divisas y del 20,1% en volumen (Informe de Coyuntura el Departamento de Economía de la Subsecretaría de Pesca). El 95% de lo que se pesca, se exporta. Las exorbitantes ganancias de los empresarios fueron apuntaladas por las políticas de los Pulti y ahora Arroyo: el actual gobierno (como el anterior) prorrogó hasta diciembre de 2016, la vigencia de los planes Programa de Recuperación Productiva ( Repro), en la que el Estado se hace cargo ¡del 50% de los salarios! En un cuadro general de tarifazos al transporte, aumento de los impuestos y servicios del 400%, 120.000 despidos (en el sector público y privado) y una inflación proyectada para este año del 45%, los empresarios del pescado en Mar del Plata también buscan maximizar sus ganancias a costa de los trabajadores. El Partido Obrero llama a todos los trabajadores de la pesca a lanzar una campaña al interior de lugares de trabajo, asambleas y plenarios de delegados en los sindicatos del pescado, por un paro que inicie un plan de lucha de todo el sector de la pesca. Proponemos: plena vigencia del convenio 161/75, basta de despidos y suspensiones de los trabajadores del pescado, ocupación de las plantas procesadoras ante la amenaza de cierre, salario mínimo (con garantía horaria) igual al costo de la canasta familiar (16.000 pesos), basta de tercerización laboral.

La Unión Soviética se colocó nuevamente en el centro del debate literario mundial: Svetlana Alexiévich, escritora y periodista bielorrusa, se llevó el premio Nobel de Literatura 2015. Dos de sus libros acaban de ser editados en Argentina. Alexiévich (1948) dedicó su extensa carrera a retratar la vida de los habitantes de los ex estados soviéticos. Su fundamento narrativo se apoya en buscar las marcas y las huellas del paso del tiempo en un pueblo que, hacedor del hecho fundamental de la historia contemporánea, se vio luego traicionado por el estalinismo que lo conduciría a la derrota. La anciana bielorrusa se destaca en la crónica, un género con origen en el periodismo que se inmiscuyó en la literatura para producir algunos de los textos centrales del siglo pasado. El galardón que le otorgaron a Alexiévich es un reconocimiento tardío a un género vigente. En Argentina, la crónica cosechó libros muy importantes: de "Operación Masacre", de Rodolfo Walsh, a "¿Quién mató a Mariano Ferreyra?", de Diego Rojas. Alexiévich escribe: “Cada vez me convierto más en una gran oreja que escucha a otra persona. 'Leo' la voz”. Ahora se editaron, por primera vez en español, sus libros "La guerra no tiene rostro de mujer" (1985) y "Voces de Chernóbil" (1997). En ambos textos, la narradora utiliza una misma operación: transcribe -para luego seleccionar- horas y horas de cintas de cassette que recopiló por años en su grabadora de periodista. No es la voz autorizada de la escritora la que narra los hechos, sino sus propios protagonistas: los trabajadores y trabajadoras que discurren frente a la grabadora. La cronista escucha, selecciona, ordena, recorta, transcribe. En Latinoamérica esta fórmula había ya generado un libro central, "La noche de Tlatelolco" (1971), de la mexicana Elena Poniatowsca, que tradujo al papel las voces de estudiantes, campesinos, obreros y profesores durante la revuelta social que acabó en una represión feroz en Tlatelolco en 1968. En el caso de "Voces de Chernóbil", Alexiévich deja hablar a los habitantes de las cercanías de la central nuclear que explotó el 26 de abril de 1986 y produjo la barbarie. Al momento de su aparición, el libro fue inmediatamente censurado en Bielorrusia. Por su lado, "La guerra..." es el relato de más de 200 mujeres que pertenecieron al Ejército Rojo, especialmente en el período de la Segunda Guerra Mundial. La autora se embarca en el destejido de la historia de estas mujeres que -siempre ausentes de los grandes relatos de la Historia, prohibidas y censuradas de cualquier panteón- cumplieron una función clave en el ejército soviético, no sólo como enfermeras o manteniendo los lazos de cohesión social, sino como francotiradoras, almirantes, soldados sin más, que con valentía tomaban las armas. Un millón de mujeres participaron del ejército que en el 17 hizo la revolución. La escritora, en ese sentido, busca indicar que la revolución y su devenir -como todos los grandes acontecimientos históricos- suele estar contada desde la perspectiva de los grandes héroes. Su mirada, en cambio, es la de narrar y reivindicar esas historias mínimas, estas voces perdidas, la mayoría de ellas críticas del estalinismo: el adoctrinamiento, la censura (hay todo un tramo dedicado a la censura de sus propios textos), la represión, son elementos que están presentes en el relato. Sus textos son el tejido de un relato colectivo, la formación elevada de una narración popular. Su voz es el resultado de las voces que reproduce. La editorial que ha publicado estos dos libros en español, publicará este año dos textos más de Alexiévich: "Los chicos de latón" o "Los chicos del zinc", un conjunto de historias que se formulan sobre la guerra entre Rusia y Afganistán. Fue un libro que intentaron callar: en 1993, los tribunales obligaron al periódico "Komsomólskaya Prav­da" a rectificar fragmentos que había reproducido en sus distintas ediciones (El País, 30/11/15). Y también "Los últimos testigos", sobre la ola de suicidios de personas que no toleraron la caída del Muro. “Respeto el mundo ruso de la literatura y la ciencia, pero no el mundo ruso de Stalin y Putin", dijo la escritora tras ganar el Nobel. Agregó: “El escritor ruso está acostumbrado desde hace tiempo a vivir en la oposición”. Alexiévich no sólo es crítica del mandatario de Rusia, sino también del régimen del presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko, aliado de Putin. Así, la premiación de Alexiévich por parte de la academia suiza, parece ser un golpe por elevación a Moscú. Hoy, la escritora -cuyo padre era comunista y ella misma una partidaria del modelo soviético hasta 1988- plantea un discurso ligado a una desilusión respecto al socialismo (“Nadie tiene energía para una nueva revolución”, dijo), resultado de su experiencia vívida del estalinismo en la URSS. Independientemente de estas lecturas, la obra se defiende con un peso específico propio y opera como un punto de clarificación política sobre la descomposición del primer Estado obrero de la humanidad.

En su “Carta abierta del director de El País a la Redacción del periódico”, publicada el 3 de marzo de este año, el responsable del periódico español —tomando como interlocutor a los trabajadores de prensa de ese diario— les escribe para explicar “la inminente transformación del diario en un medio esencialmente digital”. Antonio Caño, su director, escribe: “La revolución que afecta a los medios no ha concluido aún, el panorama es todavía muy confuso. La crisis, probablemente, no ha tocado fondo todavía. El trasvase de lectores del papel al digital es constante. Se puede dar ya por hecho que el hábito de la compra del periódico en el quiosco ha quedado reducido a una minoría. La mayoría de las personas, fundamentalmente los más jóvenes, buscan la información en otros soportes y la consumen de forma diferente”. Y concluye que llegó “el momento de la conversión en un periódico esencialmente digital”. La ‘convergencia’ La expresión ‘convergencia’ tiene varias acepciones y una sola orientación: ajuste. Se la usa, por un lado, para referir a la integración del soporte papel y el digital en un solo redactor: el mismo periodista produce para ambos formatos, lo que potencialmente anula un puesto de trabajo. La convergencia es también la multitarea: con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se le llega a pedir al periodista, por ejemplo, que use su teléfono celular para filmar una cobertura. Se impugnaría así el trabajo del camarógrafo. La multitarea amenaza oficios como el del reportero gráfico, el diseñador, el camarógrafo, entre otros. Está en la propuesta del portal web, además, que el periodista deba escribir la nota, buscar la foto, recortarla, buscar el video, editarlo, etc. Se produce una intensificación del ritmo de trabajo por el mismo salario. Asimismo, la misma nota se reproducirá, por obra de un solo redactor, en los distintos canales y soportes que el holding tenga. El nacimiento de las ‘punto com’ Con esa definición se fueron asentando los portales web, absorbiendo a periodistas jóvenes y entusiastas que hacía sus primeros pasos en el medio (precarizados en pasantías). Las ‘punto com’ nacieron sin límite de horario, con polivalencia de tareas y con los desconocimientos patronales del convenio de prensa. Son esas las definiciones estructurales que pretenden asentar en las redacciones de todos los diarios. “La organización del trabajo en los sitios de contenidos de Internet sufrió un cambio drástico cuando se generalizaron los sistemas de publicación automática. Antes producir una nota era una tarea casi artesanal, para cuya confección convergían programadores, diseñadores y periodistas. Ahora se utiliza un procedimiento simple con plantillas de diseño predeterminado donde hay que cargar título, volanta, copete, texto y foto. La simplificación no liberó tiempo de trabajo al periodista para profundizar su tarea ni para acortar su jornada laboral. Se usa para eliminar puestos de trabajo y sumar actividades inéditas al propio redactor”, analizaba Leonardo Villafañe, de La Naranja de Prensa, ya en mayo de 2008. La convergencia como rescate capitalista La política de la ‘convergencia’ no es producto del avance de la ciencia y la tecnología —como desarrolla el discurso patronal— sino que es el resultado directo de la crisis financiera capitalista (agudizada desde 2007 con el derrumbe bursátil) que también afecta a los medios de comunicación. Ante ese diagnóstico es que deben recurrir a un ajuste mayor dentro de las empresas de medios. Y no solo a partir de la convergencia, sino con medidas tradicionales como retiros voluntarios, despidos o cierre de publicaciones. Los grandes multimedios afrontan, en medio de la crisis, la reorganización capitalista de los medios, la caída de lectores y ventas de diarios y su propia obsolescencia en la forma de gestionar la comunicación social. La convergencia es el rescate capitalista de los medios. En la naturaleza de este esquema hay un proceso de descalificación del oficio: anulación de especializaciones; nulos recursos para investigaciones; periodistas que ya no salen a la calle y escriben para todas las secciones. La eliminación de las especializaciones, en rigor, es una característica que se incorpora en la historia con la irrupción de la maquinaria. Papel, web, publicidad y la experiencia histórica de la ciencia La demora patronal en la supresión de la versión impresa responde, entre otros aspectos, a la aún imposibilidad de generar ganancias en la web como las que hoy le ofrece el formato papel. Lo describe el propio director de El País en su carta. Sería un grave error, sin embargo, plantear una oposición al revolucionario desarrollo tecnológico (como el valioso uso que implican las redes sociales, los celulares y la dimensión de posibilidades que ofrece un portal web, etc). Este precioso capital que ofrece toda una experiencia histórica de la ciencia y la tecnología es utilizado por los dueños de los medios de producción para profundizar el lucro capitalista por sobre el asalariado. Así lo explicaba Pablo Rieznik, en su libro “El mundo no empezó en el 4004 antes de Cristo” ( Editorial Biblos , 2009): “El mundo del hombre de hoy es un mundo pleno de paradojas y contradicciones, porque en él se combinan por un lado la descomposición del orden social capitalista y una barbarie globalizada con, por otro, las manifestaciones de la capacidad por dominar y entender la naturaleza y el universo que no resiste comparación alguna con cualquier época pasada. Estamos inmersos en la paradoja y la contradicción; algo que siempre fue el estímulo del conocimiento y de la acción”. El Sipreba y la nueva etapa en el gremio de prensa El Sipreba, el nuevo sindicato de prensa, nació como reacción a la dirección de un sindicato (la Utpba) ausente de cualquier lucha en las redacciones y enquistado en el gremio desde hacía décadas. El Sipreba fue producto de la experiencia y de la maduración en la conciencia de las bases, que emergieron para ser protagonistas de su propia historia. Debe ser una tarea elemental de este nuevo sindicato discutir y tomar cursos concretos de acción ante el escenario descrito de las “nuevas tecnologías”. Será un norte que únicamente podrá ser concebido bajo la independencia de las patronales y del Estado. Hoy las patronales están discutiendo ávidamente la orientación del periodismo en el espacio futuro. Los trabajadores de prensa también deben hacerlo. Como programa mínimo, a la convergencia hay que oponerle el reclamo de acortar la jornada de trabajo (por el mismo salario), cuya intensidad —el aumento de la producción— se multiplica a medida que se impone este modelo. También la exigencia de puestos de trabajo para cubrir los nuevos roles que se crean en el periodismo. Para aprovechar el enorme potencial periodístico de la web se necesitan formas integradoras de trabajo entre los diversos oficios que forman las redacciones (redactores, diseñadores, programadores, editores de fotografía, etc) . Un escenario de estas características debe tener como base la libertad de expresión y una organización que imponga el respeto por los derechos y las reivindicaciones de los trabajadores. Defender las condiciones gremiales de trabajo es también defender del lucro la calidad, creatividad e inspiración del oficio, bajo la comprensión general de que no existe ni puede existir la independencia de la prensa. Los grandes medios de la burguesía —aún cuando investigan al poder— accionan de acuerdo a los intereses políticos y económicos del periodo histórico en que se desarrollan, y operan desde la ilusión de la objetividad. Disputa por los contenidos editoriales y conclusiones La libertad de expresión solo tiene como abanderada al trabajador de prensa, a su conciencia y su palabra. Esa palabra que debe imponerse para ser también parte de la discusión editorial de los contenidos. Eso ocurrió, por citar un caso, con los trabajadores de La Nación frente al editorial fascista sobre la dictadura. Las asambleas de base deben tener derecho en el medio que trabajan a fijar su propia posición editorial. Son planteos transicionales. Debe discutirse, sin embargo, bajo qué forma política tendrá lugar el derecho a opinión no solo de los periodistas, sino de todos los que producen la riqueza cultural, informativa y espiritual en la sociedad. Así, el conjunto del aparato físico de los medios de comunicación debe ser público y la gestión a cargo no solo de los trabajadores de prensa, sino también de los trabajadores de la ciencia, el arte, el deporte, la cultura en general, de organizaciones políticas, sindicales, de derechos humanos. Esa será la única garantía para proteger la libertad de opinión de la sociedad en su conjunto. Será la tarea final terminar con el monopolio capitalista de los medios (la liberación de la palabra del monopolio del capital), que buscan un beneficio privado y que mantienen, a su vez, un sistema de explotación económico, ideológico y social.

El cambio en los requisitos para acceder a la tarjeta YO VOY, así como el reciente aumento del transporte Chaco-Corrientes vienen en el mismo paquete de las medidas que tomó el gobierno de Cambiemos en estos 100 días de gestión (pacto con los buitres, levantamiento de las retenciones a las cosechas, devaluación, quita de subsidios a las mineras); todas estas medidas fueron avaladas por el PJ, los K y hasta Pino Solanas y Stolbizer. Los requisitos que dispusieron entre las cúpulas empresarias y los gobiernos de turno son hasta irrisorios, como por ejemplo, pedir que los alumnos certifiquen el horario de “entrada y salida” de las instituciones educativas, o certificado analítico que las universidades y sobre todo los terciarios se niegan a entregar, estos últimos realizan todos las gestiones a mano por falta de recursos y sistemas informáticos, además de la falta de personal, cuya gran mayoría está precarizado en los terciarios. Tras conocer los requisitos e intentar conseguir la tarjeta y ante la imposibilidad, los estudiantes se autoconvocaron por las redes sociales frente a la Municipalidad para exigir que se quiten esas exigencias. La parada intentó ser copada por Franja Morada, que se paseaba sin sentido frente a las puertas de la Comuna; y centros de estudiantes kirchneristas que tuvieron una reunión exclusiva con el intendente Fabián Ríos, que se hizo el generoso quitando el punto de certificados analíticos, cuando en realidad esta conquista se logró por la movilización independiente de los estudiantes. Pero esta determinación sólo beneficiaría a los universitarios. Mientras los terciarios deliberaban cómo seguir la discusión, los representantes K se retiraban después de su reunión con el intendente, de esta manera, lavaron la cara de Ríos y dejaron a los dos sectores como los buenos de la película. La permanencia del piquete con los autoconvocados logró que las autoridades manden un representante a dialogar con los terciarios y que solo se les pediría a las instituciones las listas de alumnos regulares, algo por lo que Franja Morada no se interesó ni en aparecer, ya que se encuentra más preocupada por hacer un circo de agrupaciones de la movilización tan importante contra el tarifazo y las restricciones de la tarjeta Yo Voy. El motivo por el cual alegan que es necesario el control de los requisitos es que existen muchas personas que gozan del beneficio pero no son estudiantes. Es el mismo discurso macrista contra los ñoquis, y al igual que con el relato macrista se prenden de las irregularidades que el mismo estado aplica: la empresa sobreproduce tarjetas que cobra al estado en términos de más, y ahora con la renovación del servicio, de manos exclusivas de Fabián Ríos, ERSA recibe U$S 180.000.000 por 10 años de concesión sin contar con los subsidios millonarios por día. Los estudiantes nos estamos organizando de manera independiente y discutiendo entre todos los pasos y puntos a seguir en una próxima movilización a la Municipalidad. La necesidad de desarrollar una campaña independiente para frenar este y los futuros embates contra la clase trabajadora es imperiosa, para demarcarnos de los regímenes políticos que trasladan el ajuste a Corrientes y el NEA.

El PTS en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) persiste en ignorar que hay un plan de lucha de la CONADU Histórica que arrancó en febrero (paro y movilización del 24), continuó con un paro de 48 hs y la carpa frente al ministerio, y -luego de la provocación del gobierno con la oferta del 25%- ratificó el paro de 72 hs y un Congreso Extraordinario para balancear y profundizar las medidas. No es una diferencia menor que la CONADU H haya ido a la negociación con el paro de 72 hs ya resuelto. Mientras la CONADU H y sus gremios de base se empeñan en realizar asambleas y organizar la lucha, la CONADU K convocó a parar sólo 24 hs cuando era evidente que el gobierno ni siquiera nos iba a convocar, no adhirió al paro nacional del 4 de abril por Fuentealba contra el ajuste macrista, y largó –después de la reunión- un nuevo paro de 24 hs para el 15/4 marcando el paso. Para el PTS las dos CONADU son lo mismo y lo que necesitamos es un “verdadero plan de lucha” sin que importe que la mitad del país ya está embarcada en un plan de lucha real. Por eso no apoyó la intervención de La Naranja en el Plenario de Delegados de ADULP que planteó –como en un volante que se difundió en la UNLP- la necesidad de plegarnos al paro de 72 y unificar las medidas. Ese era un planteo concreto de plan de lucha verdadero. Es notable que el PTS asigne el divisionismo a las dos Federaciones por igual. Desconoce la génesis de esa división: la CONADU K fue engendrada por el gobierno de De La Rúa y su ministro Fllamarique para impedir una lucha nacional de la docencia universitaria. La “Histórica” fue la reacción de un amplio sector de la docencia a esa maniobra del estado para quebrar nuestra organización. En La Plata La Naranja se opuso a la adhesión de ADULP a la CONADU Flmarique, que sólo fue posible años después en un reflujo de la movilización. El signo igual también desconoce que durante la “década ganada” fue la CONADU H la que impulsó todas las medidas de lucha, mientras la oficialista K entregaba un reclamo tras otro en defensa del gobierno. La gran huelga del 2005 con la que se conquistaron el blanqueo y el pase a planta de muchos ad-honorem fue ninguneada por ADULP y por CONADU. El PTS improvisó una “Agrupación de Docentes Universitarios de Izquierda en el FIT” (el nombre es un usurpación política oportunista ya que La Naranja también milita en el FIT), pero es incapaz de reconocer que la CONADU H está dirigida por la izquierda. La lucha contra la burocracia no se desarrolla en el vacío. Así como en la docencia de la provincia de Buenos Aires no se puede ignorar el rol de los SUTEBAS combativos, en la docencia universitaria la CONADU H, dirigida por un frente de agrupaciones de izquierda, es una referencia ineludible para impulsar una lucha nacional. Cualquier otra política es simplemente divisionismo autoproclamatorio y propaganda sin propósito de acción que conduce a un “asesoramiento” de izquierda a la burocracia (“ADULP tendría que hacer eso o aquello”). Detrás de esta polémica política está presente el debate del frente único. El frente antimacrsita es daltónico.

El pedido de un nuevo incremento en la tarifa del transporte público, no solo no se hizo esperar mas que un par de meses: la nueva solicitud ya está en curso y no esperó la aprobación del anterior pedido a 6,96 pesos. Ahora las empersas quieren 8,23 pesos. Este significa un aumento de un más de 75% en sólo cuatro meses.4,80 pesos era el costo en diciembre de 2015. Mientras los diferentes bloques se turnan en las “poses” opositoras u oficiales según les toca, no han impedido que avance el trámite. Sí se ha interpuesto en la aprobación en el Plenario del Concejo, la aguda crisis política interna en Cambiemos: el Intendente Arroyo sufre un acelerado desgaste, numerosas renuncias en su gabinete y eso ha puesto en crisis su precaria alianza de gobierno. En estas semanas de debate, el Partido Obrero se ha movilizado para rechazar este nuevo golpe al bolsillo del trabajador y usuario y ha intervenido intensamente en los debates, incluso en las comisiones de Transporte y en la de Legislación del Concejo Deliberante, con mucha repercusión. Nuestro eje ha sido la denuncia de un histórico sobreprecio, de un 25% en el valor del boleto, y la nulidad de los controles municipales frente a las múltiples artimañas empresarias establecer ese sobreprecio (sobrecostos, amañar el indice pasajero-kilómetro, inflar el número de unidades en servicio para recibir mas subsidios,etc.) para lo cual pone en el banquillo a todas las administraciones y a todos los bloques políticos actuantes. El sobreprecio en valor del boleto refuerza la necesidad de implementar sin dilaciones el boleto gratuito universitario y terciario como lo establece la ley Provincial,impulsada por el PO-FIT. El argumento de la FUM, Federación Estudiantil, dirigida por un frente entre socialistas con Libres del Sur, y con la venia de Patria Grande y PCR, de habilitar un nuevo negocio publicitario a las empresas para “compensar el costo del boleto universitario y terciario” es una bajada de pantalones ante los empresarios. El último capítulo de esta crisis lo brindó la denuncia de “choferes fantasma”: las empresas acusan como empleados a trabajadores que jamas fueron incorporados a trabajar. Todos estos elementos refuerzan y ponen al rojo vivo, nuestro más fuerte reclamo: que se abran los libros de las empresas. Vamos a redoblar la movilización y aprovechar esta crisis para poner bajo control de los trabajadores y usuarios el servicio de transporte público en General Pueyrredón. ¡No al nuevo boletazo!

El vaciamiento de la salud pública también se expresa en los recortes y ajuste contra las residencias- instancia de formación profesional- de toda la provincia de Buenos Aires. El llamado a concurso anual de la provincia de Buenos Aires para cubrir puestos nuevos y jefaturas de residencia presentó una baja en estos cargos: la dirección hospitalaria ha planteado este “ajuste”, como una simple “equivocación administrativa”. En realidad, no se trata de ningún error u omisión; el mensaje del gobierno de Vidal y la ministra de salud Dra. Zulma Ortiz es claro, desestimular la formación en el sector público con recortes, salario a la baja y condiciones laborales deplorables. Es toda una política de ajuste que se evidencia a partir de los 100.000 despidos municipales, estatales y del sector privado, los tarifazos, el decreto provincial que otorga superpoderes a los ministros para echar trabajadores. Mientras ofrece un mísero 15% de aumento en las últimas paritarias. Los residentes de la provincia, quienes hace años vinimos llevando una lucha incansable para mejorar nuestras condiciones de trabajo y estructura de formación, somos víctimas de esta crisis sanitaria y hoy nos pone al frente de la lucha en defensa de la salud pública. Es por eso que nos venimos organizando en asambleas hospitalarias, por regiones sanitarias y a nivel provincial, decidiendo los pasos a seguir frente a los recortes, por la inserción laboral post residencia, aportes previsionales y un salario igual al costo de vida. Ante el llamado de Cicop a realizar medidas locales, y en el marco de un paro de 48 horas repudiando la oferta de 15%, el 8 de abril movilizarnos más de 300 residentes de toda la provincia y presentamos un documento con censos propios sobre esta situación- Hemos planteado nuestra posición y la dirección de capacitación de profesionales de la salud a cargo de Garcia Dieguez, nos ha respondido que “ciertos cierres” serán reabiertos años próximos cuando se garantice la estructura de formación: nos quieren meter gato por liebre: la única manera que se revierta este proceso de ajuste, es a través de inversión en recursos humanos, insumo e infraestructura, no en recortes. Frente a esto, los residentes entendemos que esta política sólo será revertida con un plan de acción que contemple paros escalonados y la participación del conjunto de los trabajadores de la salud en cada hospital. Es necesario coordinar un plan de lucha junto a docentes, estatales y judiciales, y convocar a una masiva movilización hacia la Gobernación. La próxima semana, dentro del contexto del paro provincial de 72 horas de la Cicop, movilizaremos nuevamente para ser miles en la calle y revertir esta política de vaciamiento sanitario. No a los recortes de las residencias en la provincia de Buenos Aires. Exigimos inserción laboral post residencia. Aumento salarial del 44% en una cuota indexado por el índice de inflacionario, el rechazo a los despidos y el pase a planta de todos los trabajadores precarizados.

Ante la noticia del intento de traslado del CPEM 88, la diputada Patricia Jure, por el Frente de Izquierda (PO), estuvo presente en la reunión con docentes y estudiantes. La diputada afirmó: "Señalo, para que se advierta, que el gobierno obliga a las escuelas a funcionar en cualquier condición de insalubridad e inseguridad como es el caso de la Escuela 194 de Zapala, pero en el caso del CPEM 88 se pone "puntilloso" y resuelve erradicar la institución de la fábrica. Es un cierre encubierto porque pretende ir a fondo para que en Zanón no quede ni el colegio. Apoyamos el reclamo de docentes y estudiantes para que se destinen los fondos en pos de la solución del problema sin traslado. Incluso, hace años, los obreros ofrecieron parte del predio para la construcción del edificio nuevo y no hay noticias". Finalmente consideró: "De inmediato presentamos una nota al CPE para que se atienda de inmediato la demanda y comiencen las clases. Vamos a solicitar además un pedido de informes para saber en qué situación y condiciones se encuentra la institución. La salida no es el parche de recargar a la Escuela 175 ni la autogestión escolar. Estaremos presentes en la asamblea convocada por docentes y estudiantes para reforzar la necesaria lucha contra el Estado responsable del ahogo de Zanón y del colegio secundario que funciona en la fábrica". ​

La Cámara de diputados aprobó por mayoría la ley Nº 2.993 que consagra el aumento de salarios, adicionales al Poder Judicial. En el tratamiento en general votamos a favor para no trabar la recomposición salarial a los trabajadores judiciales y denunciamos fuertemente que por el llamado método de “enganche”, los trabajadores hacen el esfuerzo y la lucha y sufren los descuentos de días de paro, pero finalmente los integrantes del Superior Tribunal de Justicia que aplica esos descuentos se terminan beneficiando con lo que obtenga la lucha de los trabajadores. La diputada del FIT, Patricia Jure, denunció a este mecanismo como un método perverso y propuso eliminar los aumentos en los adicionales que cobran los magistrados, como un primer paso hacia la eliminación total de sus privilegios salariales y de todo tipo. Jure, desde la banca del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) manifestó: “Hoy, en el tratamiento en particular, tenemos la oportunidad de terminar con algunos privilegios de los magistrados. Es ahora cuando propongo excluir del aumento salarial a los adicionales que cobran los miembros de TSJ, jueces, fiscales y funcionarios, porque se trata de sueldos que rondan entre los $ 80.000 y los $ 115.000 mensuales (¡el costo de seis canastas familiares!). También propongo eliminar el privilegio a la hora de computar la antigüedad de los jueces y funcionarios, quienes la cuentan a partir de su matriculación y no desde el ingreso al Poder Judicial, como el resto de los trabajadores judiciales”. La postura de la diputada del FIT, Patricia Jure, obtuvo apoyo de otros diputados y bancadas, y colocó en la agenda legislativa la necesidad de terminar con todos los privilegios y prebendas que gozan jueces y funcionarios del Poder Judicial, que también opera en el ámbito del Poder Legislativo. Al respecto la diputada Jure coordinará con trabajadores judiciales y el sindicato, los proyectos de ley correspondientes. Entrevista en LU5:

Finalmente, el juez federal Norberto Oyarbide presentó su renuncia. Fue como parte de un acuerdo con el gobierno, que pretende “renovar” el fuero federal bajo su tónica. La renuncia le permitiría a Oyarbide sortear los pedidos de juicio político que tiene pendientes en el Consejo de la Magistratura y cobrar la jubilación de magistrado, superior a los 100 mil pesos por mes. Para esto, Mauricio Macri debe aceptar su dimisión. Esto ha provocado una crisis con sus aliados, la UCR y Elisa Carrió. Ambos le reclamaron públicamente que la rechace y habilite la continuidad del proceso en su contra. Carrió atribuye el pacto con Oyarbide a las operaciones judiciales del empresario del juego y presidente de Boca, Daniel Angelici, con fuertes nexos en Tribunales. El trasfondo es la disputa entre socios por el copamiento del poder judicial, en el marco de las denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que afectan a todos los bloques políticos capitalistas. La impunidad de Oyarbide es inaceptable. De principio a fin, su trayectoria es un emblema de la corrupción endémica que recorre al poder judicial. En la década del 90, al poco de tiempo de asumir en el fuero federal, salió a la luz su sociedad con las redes de prostíbulos de la Ciudad, a los cuales cobraba abultadas comisiones a cambio de garantizar su protección. Prestó servicios a todos los gobiernos de turno, de Menem a los Kirchner, que lo blindaron políticamente ante las reiteradas denuncias en su contra. Sin embargo, hace un mes, el Consejo de la Magistratura lo citó para declarar en el marco de una denuncia por mal desempeño por levantar el allanamiento a una financiera tras el pedido de Carlos Liuzzi, la mano derecha del ex secretario legal y técnico Carlos Zannini. Según los medios de comunicación, eso determinó que sellara finalmente el acuerdo con MM (El Cronista, 8/4). Cuarenta y cinco días antes de formalizar su renuncia, Oyarbide sobreseyó a dos jueces procesados junto a José Pedraza en la “causa de las coimas”. Fue su último servicio a impunidad de los poderosos. Desde el Partido Obrero, exigimos juicio político y destitución para Norberto Oyarbide.

El portal de noticias Cosecha Roja ( http://cosecharoja.org/registro-de-extremistas/ ) publicó las fotos que constan en el Archivo Provincial de la Memoria de la provincia de Córdoba, rubricadas como “Registros de extremistas”. Consiste en una serie de retratos de detenidos que estaban bajo tortura. Los negativos fueron encontrados en el allanamiento a la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía (D2), a metros de la Catedral cordobesa. Estas imágenes tienen gran valor probatorio para los juicios en curso, ya que reflejan las condiciones de detención de los compañeros -golpeados, atados, vendados- y confirman definitivamente que los informes requeridos a través de los habeas corpus, donde el Estado negaba su detención, eran todos falsos. También refuerzan la presunción de la existencia de archivos de la dictadura que ningún gobierno intentó develar. Estos retratos eran parte de la rutina de los represores. Claudio Aníbal Zorrilla Entre las fotografías obtenidas, se encuentran las que retratan a Claudio Anibal Zorrilla, militante de la Ters y Política Obrera (actuales UJS y Partido Obrero) desde los 14 años. En este registro de “Extremistas” se encuentra fichado 4 veces. Claudio era estudiante de la Facultad de arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Participó del Cordobazo siendo adolescente e intervino fuertemente en la construcción de la Ters. Fue expulsado de dos colegios, en 1971 y en 1972, por la fuerte defensa que Zorrilla realizaba de las ideas socialistas. Estuvo detenido entre 1972 y 1973, acusado de desarrollar actividades subversivas. Probablemente, al menos una de las fotografías que ahora salieron a la luz corresponda a esa detención. El 25 octubre de 1974, antes del golpe, Claudio fue detenido nuevamente y trasladado, primero, a la sede de la D2 y posteriormente a la Unidad 1 de Córdoba. Lo vincularon falsamente al ERP. El 20 de junio de 1976, cuando tenía 21 años, los militares fraguaron un “intento de fuga” y lo fusilaron junto a otros tres militantes de izquierda en el Parque Sarmiento de Córdoba. Su cadáver fue encontrado en la morgue del Hospital San Roque de Córdoba por el empleado de una empresa de sepelios, quien informó a su familia. En el 2010 se llevó adelante la causa conocida como UP1 donde se juzgó el asesinato de Claudio junto a otros 30 fusilamiento de la Penitenciaria San Martín (UP1) ocurridos entre el 30 de abril y el 11 de octubre de 1976, donde se condenó por primera vez a perpetua, desde la reapertura de los juicios, a Jorge Rafael Videla, y otros genocidas de la talla de Luciano Benjamín Menéndez, nueve militares y siete policías. Uno de ellos resultó absuelto. La existencia de estos negativos y de un libro que registraba a los “extremistas” corroboran los reclamos de los organismos de derechos humanos de apertura de los archivos que pueden echar luz sobre el destino de nuestros compañeros y sus hijos, quienes al día de hoy siguen sin recobrar su identidad. Nuestro homenaje permanente a todos los luchadores que entregaron su vida por la emancipación de la clase obrera. Claudio Zorrilla, presente.

En tan solo unos meses, centenares de despidos y un reguero de conflictos muestran la realidad del gremio: condiciones precarias de contratación, flexibilización, tercerización, vaciamiento de medios y la parálisis sindical frente al ajuste macrista y de la patronal. Hace unos días el SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión) firmó un acuerdo en el Ministerio de Trabajo que cerró el conflicto en el Canal de Noticias CN23 con 102 “retiros voluntarios”. Para Julio Barrios, prosecretario Gremial del Satsaid, “No hubo ningún compañero despedido” (Clarín 22/03/2016). Los retiros no fueron tan "voluntarios" y se perdieron decenas de puestos de trabajo. La productora PPT, que venía pagando los sueldos en cuotas y presentó un recurso preventivo de crisis... termina dejando en la calle a 95 compañeros a través de “retiros voluntarios” y solo se quedará con un 10% de su planta. Los compañeros de 360 TV vienen con paros por incumplimientos en el pago de haberes mientras anuncia la patronal que el canal de cable está a la venta. Canal 9 acaba de despedir a 14 compañeros. Y siguen los conflictos en Crónica TV, Canal 26 y Diputados TV entre otros. El aparato mediático de empresarios kirchneristas, que hacían sus negociados al tiempo que difundían el relato K, se derrumbó ni bien cambió el gobierno y se acabó la pauta oficial. Los empresarios "nac & pop" encabezaron el ataque a los trabajadores. El SATSAID, integrado al FPV, tiene su parte en esta historia y no sale a enfrentarlo por sus compromisos políticos Mantener la dependencia política del kirchnerismo cuando casi la totalidad del FPV viene de votar el pacto buitre y colonial que acrecentará la miseria de los trabajadores e hipotecará el futuro del país es un callejón sin salida. Necesitamos una alternativa política y de lucha independiente de los trabajadores, por afuera de toda variante patronal. Por un paro y movilización nacional del Satsaid En un reciente comunicado del Consejo Directivo Nacional y la Comisión Interna de Telefe se hace un recuento de los primeros meses del gobierno macrista donde plantean una enorme pérdida del poder adquisitivo. Y se declara el "estado de alerta". Pero ante la ofensiva de despidos y cierres y la pérdida del poder adquisitivo no alcanza con el "Estado de alerta", es necesario una respuesta contundente que movilice a todo el gremio rompiendo todo compromiso o tregua con las patronales, planteando el adelantamiento de la paritaria y el paro y ocupación de cualquier canal o medio que despida. Desde la Naranja de Televisión proponemos romper la parálisis votando en el plenario de delegados del Satsaid del 14 de Abril, un paro general de actividades con movilización y asambleas por empresa, para rodear de solidaridad efectiva las luchas contra los despidos. Por la inmediata discusión de la paritaria y la abolición del impuesto al salario. La prohibición de los despidos y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Que la pauta oficial que se adeuda a los canales vaciados sea entregada a los trabajadores. Reincorporación inmediata de todos los despedidos. Paritarias YA!

Podés ver el video de la sesión acá Con la presencia de compañeros ex ypefianos, en la legislatura neuquina se aprobó por unanimidad el proyecto de declaración que exige al ejecutivo nacional que establezca fecha de pago de la ley de resarcimiento histórico (Ley 27.133) sancionada en el año 2014. Este proyecto, discutido en asambleas entre ex agentes de YPF y el Partido Obrero, fue presentado mediante la bancada de la diputada del Frente de Izquierda Patricia Jure. La necesidad del pago inmediato de lo adeudado según la Ley nacional 27.133, aparece como el punto central de esta declaración. Pero ésta también incorpora que se revele al algoritmo utilizado para el cálculo del precio de los bonos, que se reconozcan los intereses de los mismos y que el estado garantice oficinas y abogados de oficio para llevar adelante cada trámite en particular. Al respecto la diputada jure refirió: “El resarcimiento es una lucha escrita a fuego por las puebladas que devinieron de las privatizaciones de los 90, estuvo paralizado por 26 años. A la ley sancionada en el 2014 le falta fijar la parte más importante: la fecha de pago”. Jure profundizó: “Mientras el gobierno K garantizó indemnizaciones millonarias a los vaciadores del petróleo como la Repsol y el gobierno de Macri pacta con los buitres sobre la base de una mayor endeudamiento, a los ex ypefianos se les niega el cobro de los bonos que le corresponden por propiedad participada. Es evidente que no existe voluntad de pago a los ex trabajadores de YPF por parte de ningún gobierno." Para finalizar aportó: “La recorrida de los ex ypefianos por los bloques parlamentarios buscando los avales para el proyecto logró que tenga despacho por unanimidad desde las comisiones. Luego, con la presencia de los compañeros en el recinto, conquisto la aprobación por unanimidad del conjunto de los legisladores. El pago de los bonos está atado al grado de movilización de los ex agentes que hoy dieron un gran paso en la profundización de la lucha por el pago de los bonos adeudados"

Melisa Bogarín, trabajadora del programa Pro Huerta de Las Breñas, Chaco, falleció en el día de hoy de un infarto que sufrió mientras participaba de una reunión con los coordinadores del Inta. El coordinador informó una renovación de los contratos sólo por tres meses, un despido a término. Melisa se encontraba interviniendo cuando se descompensó. Melisa tenía un bebé de un año y su compañero, trabajador de agricultura familiar, fue despedido. Trasladada al Hospital de Roque Sáenz Peña, allí falleció. Acompañamos a la familia y los compañeros de Melisa en este duro momento, y comprometemos toda nuestra solidaridad para la lucha contra los despidos que llevan adelante los compañeros de estas reparticiones.

El viernes 8, luego de dos semanas de votación en las principales universidades y distintos colegios del país, culminó el plebiscito de la Fuba sobre el acuerdo con los fondos buitre. Faltando escrutar algunas urnas, los resultados arrojan una participación de más de 10.000 estudiantes y una votación promedio que ronda el 80% en contra del acuerdo. Las preguntas sobre la investigación de la deuda y la consulta vinculante tuvieron votaciones aún más contundentes: alrededor de un 90% voto por la consulta y un 95% por la investigación. La Fuba logró un importante pronunciamiento nacional contra el acuerdo, reemplazando a la FUA pro-buitre. En este sentido, no deja de ser valioso que estudiantes a favor del acuerdo se hayan acercado a votar. La campaña se concentró en la UBA, donde participaron del plebiscito 7.000 estudiantes de casi todas las facultades. La mayor votación se concentró en Sociales: casi 2.500 votos y un 84% en contra el acuerdo. El resultado es doblemente significativo ya que La Cámpora, que dirige el centro de estudiantes en frente con la UES -ligada a Bossio-, boicoteó la campaña. Una desautorización a la conducción del Centro, que en su fracción mayoritaria avala el acuerdo con los holdouts. En Filosofía y Letras votaron 1.500 estudiantes y entre las distintas sedes del CBC, 1.500 más. También se realizó el plebiscito en varios colegios de la Capital: Che Guevara, Fader, Cortázar, entre otros. La campaña en el NOA fue muy destacable. En la Universidad Nacional de Tucumán votaron 1.275 estudiantes, en Salta 454, en La Rioja 260 y en Catamarca, donde la votación se realizó en la universidad, el colegio preuniversitario y un terciario, participaron 164 estudiantes. Además, la UJS organizó el plebiscito en numerosos distritos de la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en Neuquén y en Río Gallegos. La campaña del plebiscito revalorizó a la Fuba que apareció como referencia del movimiento estudiantil en el tema más acuciante de la situación nacional. La UJS como presidencia de la Federación y actuando como una verdadera organización nacional se puso a la cabeza de la organización del plebiscito en todo el país. Vale marcar el boicot del conjunto de la izquierda a esta iniciativa. A partir de estos resultados se nos abre un terreno enorme de agitación política y desarrollo que tenemos que explorar hacia el Congreso de la UJS. La participación de 260 estudiantes del UNLaR, por tomar un ejemplo, amplía en gran medida nuestro campo de acción. Lo mismo, aunque distinto, vale en la UBA, donde los resultados demostraron una importante capacidad de movilización política de parte de la UJS. En lo inmediato, la lucha contra el régimen ajustador de Macri y los gobernadores tiene una batalla clave en la pelea contra los tarifazos y por el Boleto educativo gratuito.

Darío Avalos fue asesinado por una patota de Walter “Lobizón” Leguizamón, secretario general de la Uocra de Lomas de Zamora, cuando protestaba junto a otros trabajadores contra los despidos en una obra de la constructora Esuco. La agresión fue perpetrada con la complicidad de la patronal de la obra y de la Policía Bonaerense, y quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona. Los videos constan en la causa judicial. En las próximas semanas comenzará el juicio oral contra una parte de los responsables, que no incluye a los responsables empresarios y policiales. Por otra parte, Leguizamón y otros cabecillas de la agresión permanecen prófugos. Exigimos: * La condena por homicidio agravado de los agresores en el juicio oral. * La inmediata detención de Walter Leguizamón. * Que los cómplices empresarios y policiales de la agresión no queden impunes.

La comisión de Familiares y Amigos por Justicia de Darío Avalos relanzó una campaña de pronunciamientos y agitación en vísperas de la proximidad del primer juicio por su asesinato, que se estima comenzará en junio próximo. Darío Avalos fue asesinado en una emboscada de una patota de la Uocra de Lomas de Zamora mientras participaba de una protesta contra los despidos en una obra de la constructora Esuco. El grupo agresor, encabezado por Walter “Lobizón” Leguizamón, integra la camarilla de Gerardo Martínez, titular de la Uocra nacional y agente del Batallón 601 de Inteligencia Militar durante la última dictadura. El juicio que se realizará, sin embargo, tendrá en el banquillo de los acusados solamente a una parte de los responsables del crimen. Se trata de los hermanos Cabrera -hijos de Héctor Cabrera, secretario adjunto de la Uocra de Lomas de Zamora al momento de los hechos-, y de otros cuatro delegados de la burocracia. Las responsabilidades de la policía, de los mentores intelectuales del ataque, de parte de sus autores materiales e incluso los empresarios serán juzgadas, a su turno, en otros juicios por venir. Por este hecho, hay otros dos detenidos y además seis prófugos. Entre estos últimos se encuentra Walter Leguizamón, ex secretario general de la Uocra local. En cuanto a los policías involucrados, aún no han sido llamados a prestar declaración indagatoria en la causa por la cual son investigados. La fragmentación del juicio -fundada en las últimas reformas judiciales de la provincia de Buenos Aires- es funcional a la impunidad de los culpables. La lucha por justicia por el crimen de Darío Avalos expresa de forma concentrada la necesidad de la clase obrera de terminar con el régimen de patotas de la burocracia sindical y la regimentación de los sindicatos contra la libre organización de sus trabajadores. Lanzamos esta gran campaña de difusión, pronunciamientos y movilización entre las organizaciones obreras y estudiantiles combativas y entre las organizaciones políticas y de derechos humanos para que sean juzgados todos los responsables materiales e intelectuales, incluidas las responsabilidades policiales y empresarias, porque fueron coautores de este crimen.

En la misma semana de la anunciada renuncia de Oyarbide, el Consejo de la Magistratura desestimó el enjuiciamiento del juez federal de Quilmes, Luis Armella. En 2012, Armella había sido apartado por la Corte Suprema de la causa por el saneamiento del Riachuelo, sospechado de haber beneficiado a empresas de sus familiares con la contratación de obras de limpieza de la cuenca. Las razones invocadas por el Consejo para la desestimación del jury contra Armella fueron puramente formales: el “vencimiento del plazo” de las denuncias. Este hecho ilustra por sí mismo el carácter del Consejo de la Magistratura: una rosca entre bloques políticos patronales, la corporación judicial y los grandes estudios de abogados, funcional a la impunidad. Su continuidad en el cargo debe detonar el alerta de todos los luchadores. Recordemos que, en diciembre de 2010, Armella armó la causa contra los militantes ferroviarios del Partido Obrero, Jorge Hospital y Omar Merino por los incidentes que la burocracia sindical fogoneó en Constitución para desacreditar un corte de vías que los trabajadores tercerizados del Roca realizaban en Avellaneda. Habían trascurrido dos meses desde el asesinato de Mariano Ferreyra y el ministerio de Trabajo se negaba a satisfacer ninguno de sus reclamos. El gobierno de CFK dio entonces la orden política de criminalizar al PO durante una conferencia de prensa de la ministra Nilda Garré; por su parte, Horacio Verbitsky escribió el “relato oficial” de las imputaciones contra el PO en Página/12; y el juez Armella montó la causa judicial y ordenó detener a Hospital y Merino. Fueron luego excarcelados en medio de una gran movilización popular. Por supuesto, la causa judicial en su contra no avanzó un centímetro debido a la inexistencia de delito y al repudio generalizado. Fuera Armella. Elección y revocatoria de jueces y fiscales mediante el voto popular.

La Agencia de Bienes, nave insignia de R. Larreta para privatizar las tierras más codiciadas de la Ciudad, sufrió un importante revés. A pesar de las negociaciones febriles para meterlo en la sesión de último jueves, no logró juntar los dos tercios de los votos para su aprobación y por lo tanto no se trató en el recinto. El hecho abre una crisis, la venta del Tiro Federal y el desarrollo de un Puerto Madero en la zona venía con una promesa de 10.000 millones de dólares en inversiones. Luego del pago de los holdouts, los negocios inmobiliarios son, para el gobierno, una vía de retorno de los dólares fugados por la patria Offshore. El macrismo descontaba la aprobación de la Agencia, y desde hace meses se encontraba ofreciendo oficinas de lujo en las torres planificadas en el Tiro Federal. Ya había recibido el apoyo del kirchnerismo en la primera lectura de la ley y ahora tenía el voto K en el despacho de comisión. Pero a último momento y bajo la presión de una enorme campaña contra la Agencia y de una audiencia pública donde cientos de vecinos se manifestaron unánimemente por el No, el bloque K se quebró y el proyecto quedó trabado por el momento. La lucha contra la Agencia privatista de Bienes continúa, el martes 12 se realizó un importante cacerolazo frente al Tiro Federal. Sigamos por este camino de lucha por el derecho a la vivienda y al espacio verde público.

El derrame de cianuro generado por la mina Veladero en septiembre pasado fue la prueba evidente de que la gestión de los pulpos mineros como la Barrick Gold anteponen el lucro capitalista a la preservación de las condiciones de vida de los pueblos aledaños al yacimiento y de sus propios trabajadores (accidentes varios que costaron la vida de trabajadores). Barrick se vio obligada a suspender en forma indefinida la construcción de Pascua Lama hace más de dos años por los graves daños ambientales comprobados por la justicia chilena, una justicia que nadie puede sospechar de tener prejuicios “antimineros”. El cierre de Pascua Lama coincidió con una pronunciada baja de las cotizaciones del oro en los mercados mundiales. Ambas cuestiones afectaron duramente a Barrick, una de las mayores productoras de oro del planeta. El pulpo canadiense optó entonces por “bajar costos” en Veladero, la mina que opera en la provincia de San Juan desde hace más de diez años. A pesar de que Veladero siempre fue rentable por sus bajos costos de extracción, las necesidades financieras de Barrick, de cubrir las deudas contraídas para construir Pascua Lama, dieron como resultado una reducción de los costos de mantenimiento y preservación medio ambiental del yacimiento. Los accidentes y el derrame de septiembre fueron consecuencia de la zona de riesgo en que había entrado la gestión de Barrick. Las medidas del gobierno de Macri (eliminación de retenciones a las exportaciones mineras, devaluación) sumado a la leve recuperación de los precios del oro, le permiten a la Barrick cobrar un 80% más en pesos que seis meses atrás. Pero la política de “baja de costos” continúa como si nada. Crisis política El derrame que inicialmente Barrick intentó minimizar, se conoció por denuncias de los propios trabajadores de la mina y dio como resultado una intensa agitación especialmente en la ciudad de Jachal, por donde pasan los ríos que fueron contaminados por el derrame. La justicia provincial de San Juan, tal como había ocurrido con la Ley de Glaciares, actuó prontamente a favor del pulpo minero. Tanto la justicia provincial como el propio gobierno (ayer Gioja, hoy Uñac) están completamente colonizados por la Barrick y los otros pulpos mineros que actúan en la provincia (Yamana Gold, entre otros). Le aplicó una multa de unos diez millones de dólares, un “vuelto”. Pero la crisis política metió la cola. El juez Casanello, que solía cajonear las causas que afectaban a los K, en este caso actuó con algo más de premura y amenaza con cerrar preventivamente la operación del yacimiento. Gestiones de la Barrick lograron que se mantenga en suspenso la medida a la espera de los resultados de una Comisión de peritos, que deberá dictaminar sobre doce puntos para definir si la operatoria del yacimiento asegura o no frente a la posibilidad de nuevos derrames u otros daños medioambientales. Todo esto mientras se define (¿la Corte?) qué justicia debe entender en el tema, si la federal (Casanello) o la provincial, que ya dio por terminado el asunto con la multa. Movilizaciones cruzadas La posibilidad del cierre de la mina conmovió a la provincia de San Juan.. Por un lado, las asambleas populares de Jachal en defensa del agua con el apoyo de las Ongs ambientalistas de todo el país son las querellantes del juicio y reclaman el cierre. Por el otro un sector de trabajadores de la mina, anunció una movilización al centro de San Juan para el viernes 8 reclamando que no se cierre la mina. La burocracia de Aoma se pronunció, como era esperable, en el mismo sentido. Incluso un sector de las comunidades de la zona del departamento de Iglesia (Tudcum entre otras) también se plantea concurrir para que no se cierre la mina. La posición de los trabajadores en defensa de su fuente de trabajo no critica la gestión de Barrick y de ese modo encubre la negligencia culpable de los pulpos. Si bien el cierre de la mina tendría consecuencias negativas sobre la ocupación en la provincia, que ya sufrió el golpe de la suspensión indefinida de Pascua Lama y la caída del resto de las actividades, tanto minera, como del vino y otras producciones regionales, eso no justifica de ninguna manera avalar a los pulpos depredadores de las riquezas y del medio ambiente. Para defender los puestos de trabajo se debe levantar un programa independiente de los pulpos mineros, que facilite el trabajo común con las poblaciones afectadas. Esto debería surgir de una deliberación común entre los trabajadores del yacimiento y los representantes de las poblaciones cercanas, tanto de Iglesia como de Jachal. El reclamo central podría ser una intervención a la mina con una gestión bajo control de comités de trabajadores y de las poblaciones vecinas, que asegure las condiciones tanto de seguridad de los trabajadores como de protección medioambiental.

Tras varios años de letargo después de la derrota salarial del año 2012, los trabajadores del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires vuelven a organizarse frente a la disminución de su sueldo y al empeoramiento de sus condiciones de trabajo. El salario básico del empleado ingresante ronda en los $ 9000, que se incrementan tras 1 año de antigüedad solo en un 3%. Ante esta realidad salarial, sumada al aumento de la inflación y a los ajustes llevados a cabo por el gobierno macrista, en febrero de este año comenzó un incipiente movimiento de pequeños grupos de empleados de cada uno de los departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires, que a través de asambleas desarrolladas en los halls de entrada de los Tribunales, convocaron a todos los trabajadores a unirse al reclamo salarial, mientras el Poder Ejecutivo Provincial, a quien corresponde el pago de haberes, se mantenía en silencio. Es importante destacar que los empleados del Poder Judicial de la Nación, con el mismo cargo y la realización de las mismas tareas que los empleados provinciales tienen una remuneración del doble o hasta el triple, y este año consiguieron un aumento salarial del 30%. Entonces, el principio constitucional de “a igual tarea, igual remuneración” no se aplica en la justicia argentina. Finalmente, a fines de marzo llego la primera convocatoria a la Asociación Judicial Bonaerense para discutir el aumento salarial de este año. El ofrecimiento de la Gobernadora Vidal fue un miserable 15%, que para muchos trabajadores representa un aumento salarial solo de $ 1000. La propuesta fue rechazada de forma masiva por las asambleas de todos los departamentos judiciales. Llegado el mes de abril y luego de cuatro infructuosas reuniones con el Poder Ejecutivo, que dio por terminadas las negociaciones con una oferta final del 21% de aumento salarial anual, la pérdida de poder adquisitivo comenzó a sentirse en los bolsillos de todos aquellos trabajadores judiciales que hasta el momento no habían adherido a la lucha salarial. De esta manera, muchos empleados se fueron sumando de a poco a las asambleas diarias en tribunales y a las movilizaciones convocadas por la Asociación Judicial Bonaerense conjuntamente con los empleados de ATE, la CICOP y demás empleados estatales. Un dato no menor fue el pronunciamiento de la Asociación de Magistrados (jueces y fiscales), que denuncio a los magistrados que persiguen a los trabajadores que adhieren al paro , poniendo de relieve la profundidad de la crisis. El conflicto salarial fue agravándose semana a semana y muchos trabajadores más fueron sumándose a las medidas de fuerza, votando masivamente en asamblea paro y movilización por 48 horas en varias oportunidades durante los meses de marzo y abril. El jueves 7 de abril se realizó una movilización de más de 2000 trabajadores del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires al Ministerio de Economía en La Plata con el apoyo y acompañamiento de la Unión de Magistrados de Lomas de Zamora y muchos funcionarios judiciales, que por primera vez adhieren al reclamo salarial de los empleados y participan activamente en las asambleas. La movilización dio lugar a una nueva convocatoria de parte del Poder Ejecutivo, que no solo no realizo una propuesta mejoradora, sino que ofreció un porcentaje inferior. En este marco de provocación y frente a las denuncias de abogados y del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y los descuentos realizados por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, los judiciales continúan discutiendo en asambleas y organizando paro total de actividades y movilizaciones para las semanas próximas con la consigna de que el salario de los trabajadores no puede ser la variable de ajuste del gobierno.

Más de 150 trabajadores de la empresa Metal 1 pertenecientes a los gremios de la construcción y petroleros privados están en lucha por salarios adeudados y condiciones de trabajo (ropa, transporte, almuerzo). Metal 1, vinculada a ex funcionarios del PJ del gobierno de Lafalla (años '90), se declaró en convocatoria de acreedores y parte de su producción está siendo absorbida por la empresa Tomio, vinculada con funcionarios radicales. Esta absorción no contempla a los obreros, que ven peligrar su fuente de trabajo. Ambas empresas tercerizan trabajos para YPF. Frente al incumplimiento de la patronal de Metal 1, YPF ha actuado como cómplice y se ha desentendido de su carácter de responsable solidario. El 7 de abril, la entrada a la destilería de Luján de Cuyo permaneció bloqueada por decenas de compañeros desde la madrugada hasta el mediodía. Una delegación de compañeros del Partido Obrero se hizo presente al inicio del bloqueo, entablando diálogo con trabajadores y delegados, que expresaron su agradecimiento y su voluntad de seguir adelante con la lucha. Distinta fue la actitud de los dirigentes de la Uocra, que al enterarse que se trataba de militantes del PO, se acercaron a los compañeros para pedirles que se retiraran. La preocupación de la burocracia de la Uocra no es el triunfo de la lucha. En el marco de la caída del precio del crudo, YPF ha comenzado a descargar el ajuste sobre los trabajadores tercerizados de la compañía. Metal 1 tiene en carpeta el cierre y el despido de los 150 compañeros. Pero no es la única: la empresa Aesa también ha comenzado con suspensiones. Se impone preparar el rechazo a los planes patronales, exigir el pago de lo adeudado y la ocupación de la empresa en caso de que despida.

Sergio Salgado ha renunciado a la intendencia y se encuentra detenido con tres funcionarios más. La larga lista de denuncias contra Salgado deja en evidencia que no se trata sólo de un Intendente que actuaba despóticamente en soledad con fines oscuros, por el contrario necesitó de la acción cómplice de su gabinete, el tribunal de cuentas dominado por el radicalismo y la oposición en el Concejo Deliberante compuesta por demócratas y radicales, que le votaron todos los presupuestos al Ejecutivo. Lo que puso sobre el tapete las irregularidades de Santa Rosa fue la lucha de los trabajadores municipales, que en algunos casos llegaron a estar cinco meses sin cobrar. Ninguna fuerza de la llamada “oposición” movió un dedo. El ex intendente Salgado renunció como consecuencia de un municipio en llamas, malversación de fondos y denuncias de corrupción y de violencia de género, pero centralmente como resultado de la incapacidad para dar respuesta a los múltiples reclamos urgentes del pueblo de Santa Rosa. ¿Por qué quienes no dijeron ni hicieron nada desde las instituciones del municipio ahora darían respuesta a los intereses del pueblo de Santa Rosa? Que se abran los libros Es necesario que se sepa que pasó con los fondos del municipio, quién autorizó el endeudamiento, cuáles eran las empresas que prestaban servicios para la municipalidad y quiénes son los trabajadores que cumplían funciones en la intendencia. Para esto planteamos que se abran los libros contables de la municipalidad a los vecinos de Santa Rosa. No tenemos por qué confiar en la auditoría que encargó la concejal Trigo, a cargo de la intendencia. No se puede seguir delegando la confianza en nadie. Son los vecinos los que deben saber de primera mano cómo se dilapidaron los recursos de la municipalidad. Quienes vivimos de nuestro trabajo necesitamos construir una alternativa propia para dirigir el municipio en función de los intereses del pueblo trabajador y no de los dueños de Santa Rosa. Si no está en nuestras manos la construcción de una alternativa propia, la situación va a empeorar. La UCR-Cambiemos viene impulsando una política de descargar sobre los trabajadores y sectores populares la crisis a favor de determinados grupos capitalistas. La falta de trabajo, el atraso en los sueldos municipales, las cada vez peores condiciones de los trabajadores del campo, la súper explotación en las concentraciones obreras, las amenazas de despidos, la quiebra o endeudamiento de las familias productoras no han encontrado un final con la renuncia de Salgado. No pueden ser los trabajadores los que nuevamente paguemos la crisis con los puestos de trabajo y salarios de miseria. Llamamos a todos los trabajadores de Santa Rosa a participar de la asamblea abierta del fundación del Partido Obrero en el municipio el sábado 23 con la participación la diputada nacional Soledad Sosa, el senador provincial Víctor da Vila y Raquel Blas, miebro del comité regional del PO y de la directiva de ATE Mendoza.

La movilización del 9 de abril en Francia fue menos numerosa y potente que la del 31 de marzo y, sin embargo, la crisis alrededor de la nueva ley laboral se profundiza. El grueso de las manifestaciones en 220 ciudades estuvo constituida por miles de jóvenes y decenas de miles de activistas sindicales. La represión policial fue una provocación, sobre todo en París y Rennes, desde el momento que las columnas de la CGT y de FO fueron atacadas. La jornada no fue la gran marea anunciada, pero mantuvo la continuidad de la lucha contra el gobierno. La próxima movilización de conjunto está llamada para el 28 de abril. En París, en forma menos importante en otras ciudades, una parte de los manifestantes se reunió en la Plaza de la República, para mantener las asambleas generales del movimiento que se ha llamado "La noche de pie". Estas asambleas forman parte ahora del panorama de lucha. El curso del proyecto Para salvar la substancia del proyecto (desregulación laboral a nivel de la empresa, facilidades para los despidos), el gobierno está haciendo una serie de concesiones. El proyecto se encuentra en estado parlamentario, en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento, que le ha introducido enmiendas menores, que refuerzan el tramiteo burocrático de los despidos de las grandes empresas. Los retoques han sido suficientes para que Pierre Gattaz, presidente de la organización patronal Medef "accione la alarma" y denuncie la debilidad del gobierno ante los sindicatos FO y CGT, "partidarios de la lucha de clases". La patronal quiere una victoria sin atenuantes. El gobierno pierde el crédito que había ganado ante la burguesía y el primer ministro Valls ha cedido el centro del protagonismo al ministro de Economía, Emannuel Macron. El ex banquero acaba de fundar su propio movimiento político, "ni de derecha, ni de izquierda" y el capo empresario Gattaz ha sostenido la iniciativa con entusiasmo. Es un posible relevo de Hollande si el presidente es incapaz de presentar su candidatura a la reelección. Parece una comedia de boulevard, pero es, ante todo, el dislocamiento de un gobierno central de la UE y los protagonistas de la pieza pretenden ante todo que el público no invada la escena. El proyecto de ley tiene que llegar al plenario de la Asamblea Nacional el 3 de mayo y nada excluye que las negociaciones en curso y las votaciones de los artículos den lugar a un mamarracho reaccionario y/o que el gobierno se vea obligado a utilizar el artículo 49-3 de la Constitución, que permite la aprobación de un proyecto de ley sin que sea votado por el Congreso, salvo si una mayoría decide derribar al gobierno. Esta eventualidad sería el epitafio formal del gobierno de Valls-Hollande. El curso de la lucha Las direcciones sindicales siguen exigiendo el "retiro del proyecto", pero se dan 20 días de plazo. Aplauden la negociación en curso entre el gobierno y las organizaciones (burocráticas) del estudiantado, como un modelo a imitar. Valls recibió a esas organizaciones el lunes 11 y les otorgó un conjunto variopinto de subvenciones, por un costo total de 400-500 millones anuales de Euros. La Unef y las otras organizaciones declararon a la salida de la entrevista que estaban satisfechas con las concesiones; no obstante insisten en el retiro del proyecto y mantienen su apoyo a la movilización del 28 de abril. Incluso se permiten llamar a los estudiantes a que participen en las asambleas de "La noche de pie". La "izquierda" del PS -que dirige estas organizaciones- está jugada a la liquidación del gobierno. EL PS, partido del gobierno, no existe politicamente, dislocado entre su derecha y su izquierda. La demora hasta el 28 de abril es una pausa negativa que no se justifica por el Congreso de la CGT, que se reúne del 18 al 22 de abril. La Federación Ferroviaria de la CGT ha lanzado una huelga para el 26, un signo de que no apuesta a la jornada del 28. En este cuadro, ¿qué papel puede jugar "La noche de pie"? Reunir todas las noches varios centenares de activistas juveniles permite la discusión y las iniciativas militantes. Pero la orientación de una parte importante de los participantes es dejar de lado la lucha concreta contra la ley, abandonar las reivindicaciones porque significan someterse al Estado, ignorar las organizaciones obreras, juveniles y populares y mirarse a sí mismos para sostener que "la lucha comienza a partir de nuestra palabra". Puede no ser casual que el PC, el PG de Melenchon y otras tendencias democratizantes y conciliadoras apoyen este movimiento, a pesar de los pronunciamientos reierados contra los partidos políticos. La izquierda anticapitalista y revolucionaria tiene que continuar con un trabajo sistematico de agrupamiento de los militantes y las organizaciones de base en comités y darse los medios para un llamado nacional a la huelga y a la movilización contra el gobierno.

En el país de los tarifazos, los despidos masivos y la entrega a los fondos buitre, la reaparición pública de Cristina Kirchner fue esencialmente un acto en defensa personal, después de ser indagada judicialmente por las operaciones con el dólar futuro. La ex presidenta, sin embargo, no le dedicó una palabra a este negociado de los últimos meses de su gobierno, que aseguró a un puñado de bancos y monopolios cerealeros el reconocimiento de un dólar a sólo diez pesos para marzo o abril de este año, a sabiendas de que tanto Scioli como Macri pergeñaban una devaluación. De este modo, los K premiaron con un beneficio de unos 80.000 millones de pesos a quienes en aquel momento fugaban sus divisas o retenían la cosecha. El macrismo, que convalidó este desfalco, debería estar sentado en el banquillo a igual título que el gobierno K. La omisión del “dólar futuro” no ha sido una casualidad, porque retrata a la actual transición política: la factura de la quiebra nacional, que es el resultado de una expoliación de los recursos públicos en beneficio de los capitalistas (eso fue el kirchnerismo), quiere ser trasladada ahora a trabajadores, jubilados y consumidores (en esto consiste el macrismo). En su discurso, Cristina Kirchner aseguró que los Macri siempre vivieron del Estado, al cual, sin embargo, “atacan”. La ex presidenta no le reprocha al titular de los Panamá Papers su condición de ‘patria contratista’, sino su viraje al ‘antiestatismo’. La queja de la ex presidenta vale para el conjunto de la burguesía argentina, que se benefició de las estatizaciones de deuda y otros rescates a costa del presupuesto público bajo la década “nacional y popular”. Macri, Caputo y Calcaterra, en este punto, están sentados en el mismo bondi que Cristóbal López, Lázaro Báez o Ezquenazi. Cristina Kirchner se alegró de la aparición de la ruta del dinero M, pero sin poder agregar una palabra en su descargo -o sea, de la ruta del dinero K. Detrás de la supuesta “grieta” entre kirchnerismo y macrismo, que el acto de Comodoro Py buscó recrear, asoma un mismo saqueo -el de la clase capitalista que fugó 400.000 millones de dólares y que hoy se proclama acreedora del país. Frente Ciudadano Esto explica porqué, en el largo y verborrágico discurso que pretendió ser un “balance de estos 120 días”, Cristina Kirchner no le dedicó una palabra al arreglo con los fondos buitre, precisamente, la piedra fundacional del actual régimen. El ajuste brutal que está en curso es la garantía para la operación de reendeudamiento y rescate financiero que tramita el gobierno. Invocar a los tarifazos y despidos, como hizo Cristina, en el cuadro de esa omisión, es pura demagogia. El silencio de CFK nos refiere al discurso de Máximo K en la sesión de diputados que votó el pacto buitre, y donde pidió “suerte” y “comprensión” para los negociadores argentinos con el juez Griesa. El discurso de Cristina podría ser aplaudido por Pichetto, Alperovich o cualquiera de los senadores que votó la ley Griesa. Por añadidura, CFK reivindicó su pertenencia “al Partido Justicialista”. La ex presidenta se rodeó de “La Cámpora” y “Unidos Y Organizados”, pero no sacó los pies del plato. El discurso se inscribió plenamente en la ‘normalización’ del PJ bajo el alero de Barrick Gioja, Insfrán, Scioli y todos los gobernadores “nacionales y populares” que hoy ejecutan el ajuste en sus provincias. CFK llamó a servirse del Congreso para “corregir lo que deba ser corregido”; esto es, una línea de apaciguamiento (y a la vez compromiso parlamentario) con el ajuste. En este cuadro, el Frente Ciudadano que propugnó CFK podría ser un mensaje dirigido al vasto frente patronal que sostiene a Cambiemos, pero que podría crujir bajo las contradicciones explosivas que plantea la crisis económica y la recolonización exigida por el capital financiero. Pero del lado de los explotados, las contradicciones del pretendido “Frente Ciudadano” son insuperables. ¿Lo integrará Alicia Kirchner, represora y ajustadora de los trabajadores santacruceños? En la noche anterior a la comparecencia a Comodoro Py, otra kirchnerista, la gobernadora Bertone, tercerizaba la represión a los estatales fueguinos apelando a la patota del sindicato de Camioneros. Es el recurso que se cobró la vida de Mariano Ferreyra, cuando la burocracia aseguraba la tercerización y los contratos precarios que usufructuaba la asociación ilícita de los Kirchner, Jaime, Pedraza y Cirigliano. Cristina pidió un frente en base a preguntarnos “cómo estamos hoy”. Pero omitió decir que el macrismo reunió votos de trabajadores que en aquel momento también se preguntaban “cómo estamos” (con los K). La precarización laboral, la carestía, la confiscación del impuesto al salario y la incipiente recesión -o sea, la tentativa kirchnerista de emprender ella misma el viraje al ajuste y al capital internacional- es lo que abrió el camino a la victoria del macrismo. Construyamos otra polarización Cristina Kirchner buscó presentar al cerco judicial en su contra como parte de una ofensiva continental contra “gobiernos nacionales y populares”. Pero, como en Brasil, la “trenza político-judicial-mediática” que ella denuncia se ha servido de las monumentales evidencias que dan cuenta de una camarilla de negocios -no de una transformación social. Más allá del intento de autodefensa judicial, hay que tomar nota de los objetivos políticos de este 13A. Estamos ante una tentativa tardía y degradada de recauchutar al “movimiento nacional”; o sea, a la subordinación de la clase obrera al nacionalismo burgués -ello, en nombre de la oposición al macrismo. El kirchnerismo quiere explotar el incipiente descontento popular que tiene lugar en el marco de los despidos, de la recesión o los tarifazos. Para la oposición obrera y popular al macrismo, que ya se está desplegando en el marco del ajuste, sería sencillamente criminal confundir los actos de autodefensa de una camarilla desprestigiada con la lucha contra el ajuste. Es necesario que desarrollemos otra “grieta”, otra polarización política: la que separa a los trabajadores de los ajustadores capitalistas y sus partidos, que han consentido un nuevo hipotecamiento del país en beneficio del capital financiero. En su reaparición pública, Cristina Kirchner no se salió de ese consenso reaccionario. Desarrollemos a los trabajadores y a la izquierda como alternativa política.

Con la proyección de “Riff-Raff”, la película de Ken Loach, que retrata la vida de un trabajador de la construcción en la Inglaterra de los tempranos ’90, comienza el ciclo “Cine-debate con referentes sindicales y políticos”. Víctor Grosi, secretario general del Sitraic, y Néstor Pitrola, diputado nacional del Partido Obrero-Frente de Izquierda por la provincia de Buenos Aires, serán los invitados a la mesa debate. Jueves 14 de abril, a las 20 hs, en León León, el Centro Cultural del Frente de Artistas (Nicaragua 4432, Palermo). Entrada libre y gratuita.

El número real de despidos, de diciembre a hoy, ya supera los 150.000, entre trabajadores privados y estatales. El salario ha caído desde entonces un 20% entre la carestía, la devaluación y los tarifazos. La inflación anual ya se proyecta cerca del 40%, muy por arriba de las propuestas de la patronal y el Estado ante las paritarias. La prometida reducción del impuesto a las ganancias sobre el salario ha terminado en otro fraude. ¿No es claro que los trabajadores necesitamos una respuesta de conjunto? La burocracia sindical de todos los colores desfila por los despachos parlamentarios. Busca los favores de una oposición que, en las provincias y municipios, acompaña el ajuste macrista. Pero no tiene la menor intención de apelar a la lucha para quebrar el más grave de los atropellos -la escalada de despidos. Cristina Kirchner ha roto cuatro meses de silencio -pero sólo en defensa de sí misma y de sus funcionarios. El Frente con los Gioja, Insfrán, la represora Bertone o su cuñada Alicia, todos ajustadores y represores, podrá servir para la autopreservación -nunca para una lucha por nuestras reivindicaciones. ¿Esa es la polarización que necesitamos? No, el rumbo es otro. Es el de los estatales de Tierra del Fuego, el que tendrá lugar con la gran jornada de lucha del próximo 19; el de Unilever y los docentes santiagueños. Necesitamos una respuesta de todos, un paro nacional activo contra los despidos, los tarifazos y por paritarias sin techo. Al polo de los ajustadores, opongámosle un polo político de los trabajadores.

El debate en Diputados sobre una ley de prohibición de despidos ha tomado un impulso inusitado. En estas páginas reflejamos que en la reunión de las cinco centrales con Diputados se colocó como prioridad, por delante de ganancias. La Comisión de Trabajo apura un proyecto de consenso. Las CGT y CTA discutieron si movilizar al Congreso por un pliego encabezado por este tema, algo luego deshechado ante el anuncio de una nueva reunión con Macri. La burocracia ha recurrido al parlamento como coartada para no ir a una lucha contra los despidos. Pero ese desvío está incubando una crisis política, como resultado de la crisis social que dispara el ajuste. En marzo se han registrado oficialmente 19424 despidos y en el primer trimestre del año, 127144. Un debate en la Comisión de Trabajo estableció que en diciembre se produjeron miles y miles más, todo esto sin contar a aquellos que ocurren en la Argentina “en negro”, un tercio de la masa laboral, el sector más vulnerable al despido. De manera que los despidos superan los 150 mil en este primer tramo del ajuste de Macri y los gobernadores, de los cuales dos tercios son en el sector privado, lo que indica una recesión económica de fondo en el debut del ajuste. Como en marzo las suspensiones crecieron 16 veces respecto del año anterior, escalando a 8083, la perspectiva es de un agravamiento de la tendencia al despido. Si se espera un descenso de la inflación en el segundo semestre, es en función de una mayor recesión. Limitaciones El “proyecto de consenso” se discute a partir de los diputados sindicales del peronismo que presentaron, en general, incrementos indemnizatorios, o eran ambiguos en este punto como el de Facundo Moyano. Hasta aquí, el texto ha tomado varios temas planteados por el proyecto del PO, como comprender a precarios y contratados, renovando automáticamente contratos hasta el fin de la protección de la ley, o establecer la reinstalación en caso de violación patronal. En todos los casos, también la extensión por un año y medio. Se trata de puntos fundamentales. Pero sus falencias son enormes. La vigencia de la ley en discusión arrancaría el 1˚ de marzo, cuando los despidos empezaron en diciembre. No comprende suspensiones, donde nosotros planteamos el reparto de horas sin afectar salarios, punto esencial porque las patronales pueden cambiar despidos por suspensiones masivas a la espera del fin de la vigencia de la ley. No ataca el recurso de crisis, una vía patronal para eludir la ley y despedir con indemnizaciones reducidas, mientras nuestro proyecto plantea apertura de libros y comisión obrera de control de cuentas. Tampoco comprende a los compañeros en negro, a diferencia del nuestro que establece un mecanismo de blanqueo con estabilidad laboral. También ofrece la opción de doble indemnización, que sirve a la extorsión patronal de los falsos retiros voluntarios. Por otro lado, hubo cerrada oposición a un punto crucial: la expropiación y puesta a andar bajo gestión de los trabajadores de toda empresa que cierre. Por otro lado, las patronales pueden cerrar empresas para abrir otras con menos trabajadores y condiciones laborales a la baja. Con todo, el debate entraña una crisis política. ¿Aprobarán una ley de este tipo sectores patronales de los bloques opositores, como el FR, el bloque justicialista o el FpV? ¿Se va a hacer cargo un parlamento patronal de viabilizar un reclamo por el que se evita desde los sindicatos un paro nacional? Por lo pronto, el senador Pichetto, cabeza del kirchnerismo que dio la votación masiva en la Cámara alta al pacto buitre, habló de doble indemnización, no de prohibición de despidos. Una enmienda así voltea la ley. Y aunque saliera del parlamento, la ley atravesaría luego todos los resortes del Ejecutivo para liquidarla, como la falta de reglamentación y a su turno el veto presidencial. El macrismo pretende ofrecer al capital internacional una reforma económica y laboral contra conquistas históricas de los trabajadores. El peregrinaje de la burocracia por el parlamento, en sustitución de un plan de lucha, nos conduce a un callejón sin salida. Los diputados del Partido Obrero en el FIT abordamos este debate parlamentario desde una perspectiva antagónica. Lo concebimos como un punto de apoyo para una lucha de conjunto de la clase obrera contra los despidos. Nos apoyamos para ello en expresiones como el paro nacional estatal del 19 de abril, la huelga de Tierra del Fuego y tantas luchas parciales que se están librando. La agitación parlamentaria debe reforzar las tendencias huelguísticas y de ocupación de fábricas que cierren. Y es, por supuesto, un aspecto de la salida de conjunto de la izquierda revolucionaria y el clasismo para que la crisis la paguen los capitalistas. El tema será parte del programa por el que planteamos paro nacional, tanto en la eventual movilización del 29, mediante una columna independiente de la burocracia sindical, como para el 1˚ de Mayo que convoca el Frente de Izquierda en la Plaza de Mayo.

Una de las revelaciones del Panamá Papers apunta a Néstor Grindetti, ex ministro de Hacienda de Macri en la Ciudad. Figura como apoderado de la firma Mercier Internacional SA creada en mayo de 2010. A dos meses de su creación, Mercier le otorgó un poder al ministro Grindetti para operar sus cuentas bancarias en el banco suizo Clariden Leu AG, una filial del banco Credit Suisse. Estas revelaciones echan luz sobre la cuestionada colocación de deuda que realizó la Ciudad en 2010, a través de los Bonos Tango serie 08. Para la intermediación de esta operación, el gobierno de la Ciudad eligió en forma directa -sin mediar concurso público ni licitación- al banco Crédit Suisse y a la consultora KBR, dirigida por Edgardo Srodek, hombre vinculado con el PRO, jefe de la campaña en la provincia de Buenos Aires en 2005, aportante en la campaña de 2007 y primo del diputado provincial Jorge Srodek (PRO). Con el Bono Tango 08, el Gobierno de la Ciudad tomó deuda por 475 millones de dólares que la Legislatura había autorizado para la extensión del subte. La tasa del bono fue del 12,5%, un valor verdaderamente exorbitante. Pero a pesar del apuro por tomar este préstamo a semejante costo, las obras no estaban siquiera licitadas. Como resultado de ello, los fondos se convirtieron a pesos, se compraron letras del Tesoro y se abrió un plazo fijo en el Banco Ciudad, que pagaba la mitad de la tasa de interés a la cual fue tomado el dinero. Por este préstamo costoso y extemporáneo, la comisión pagada fue abusivamente alta, del 2% del monto del préstamo (unos 10 millones de dólares). Se trataba de una comisión hasta ocho veces más alta de la que ofrecían otros bancos por operaciones similares. Nada menos que Ricardo López Murphy, insospechado de animosidad con el PRO, calificó la operación de este modo: “la tasa y la comisión que se pagaron son obscenas. Me parece muy grave que no haya habido una licitación de un banco agente” (La Nación, 19/12/10). En aquel momento, ni la Justicia ni la Legislatura pudieron explicar las motivaciones de esta operación ruinosa. Pero las revelaciones conocidas en estos días muy bien podrían cerrar el círculo. En efecto: los fondos del Bono Tango 08 ingresaron al tesoro de la Ciudad el 6 de abril de 2010. Como vimos, sólo un mes después, el 19 de mayo, está registrada la inscripción de la empresa offshore Mercier International en Panamá. El 15 de julio de 2010, la sociedad offshore Mercier le otorgó al entonces secretario de Hacienda Grindetti un poder para abrir y manejar una cuenta en el banco Clariden Leu AG de Suiza, el cual pertenece... al Credit Suisse. Si -como dice Grindetti- la sociedad offshore careció de movimiento económico posterior, entonces su único objetivo fue el de dotar de “personería” a la cuenta abierta en Suiza. En suma: tres meses después de una controvertida operación financiera en beneficio del banco Credit Suisse, Grindetti -entonces ministro de Hacienda- abrió una cuenta en un banco asociado o perteneciente al Credit Suisse. Si le añadimos a ello la participación de una consultora local desconocida -liderada por un operador y ex jefe de campaña del PRO- hay fuertes motivos para considerar o sospechar que los beneficiarios financieros internacionales de esta operación “retornaron” al partido gobernante y a sus personeros, parte de las jugosas comisiones e intereses recibidos. Luego de estas operaciones la Ciudad triplicó su endeudamiento en dólares. Sin embargo, la inversión en infraestructura se mantuvo constante, lo que habilita a presumir que estamos frente a una operatoria repetida en posteriores operaciones de deuda. Por la gravedad de las denuncias y los funcionarios implicados, el Frente de Izquierda pidió la creación de una comisión investigadora de la Legislatura.

El principal atractivo del nuevo sistema de créditos hipotecarios, según reza la propaganda oficial, consistiría en una cuota inicial un 40 por ciento inferior a la actualmente vigente. El interesado en comprar un departamento podría pagar una cuota más baja y exhibir ingresos demostrables menores a los que se exigen hoy. Se adoptará una unidad de vivienda (UVI) ajustable mes a mes de acuerdo a la variación de los precios al consumidor, que se medirá a través del índice CER. El problema es que la cuota se actualiza según la inflación y la política oficial consiste en que los salarios corran por debajo de la inflación. La devaluación, la liberación de precios y de las tarifas apuntan a restablecer la tasa de ganancia de la clase capitalista y en esa medida, van de la mano de un retroceso de los “costos laborales”. En ese marco, la cuota hipotecaria tenderá a devorarse una porción cada vez mayor del ingreso. El proyecto oficial abre el paraguas sobre este punto al señalar que en caso de desfasaje entre las cuotas y el ingreso superior al 10%, podrían agregarse más cuotas. El préstamo previsto originalmente para 15 años podría ir extendiéndose en el tiempo y la deuda podría convertirse en “eterna”. El valor final de la cuota, por otra parte, sería aún mayor, al incluir ítems como los seguros y gastos de escrituración. Así el anzuelo de la cuota inicial accesible podría tornarse en su contrario. Es lo que ocurrió con la tristemente conocida circular 1050, que, aunque se ajustaba por otro parámetro (la tasa de interés), compartía con el proyecto anunciado el principio de la indexación de las cuotas y de la deuda. “En un escenario de alta inflación como el actual, bien puede ocurrir que al cabo de un año y luego de pagar 12 cuotas, la deuda sea mayor que al arranque” (Uno, 9/4). Esto explica que un sector del oficialismo considerara “inoportuno” el lanzamiento del nuevo régimen, en momentos en que la carestía está haciendo estragos. Por otra parte, el nuevo índice de precios al consumidor ha debutado con una truchada, la súbita sustitución del índice porteño por el elaborado por San Luis, que arroja una cifra inferior. Esto cuestiona de raíz cualquier régimen que pretenda ajustarse por las variaciones operadas en el costo de vida Esta manipulación de los índices ya se ha reflejado en el derrumbe de los títulos ajustables con el CER, que están cotizando bajo la par. Si quieren tener alguna chance de competir con estos títulos, los nuevos depósitos indexados que van a salir al ruedo -y que aspiran a aportarle fondos a los créditos hipotecarios- deberán ofrecer rendimientos más altos. Ello encarecería aún más los costos de la nueva operatoria. Este cúmulo de contradicciones explica que el presidente del Banco Nación haya anunciado que está estudiando un régimen distinto. El ala del gobierno que viene fogoneando este sistema, encabezada por la cúpula del Banco Central, confía en que los temores que inspira el nuevo régimen hipotecario se aplacarán cuando ceda la inflación. Eso está por verse, pero lo que se omite señalar es que si esta tendencia se verificara, sería un subproducto de la recesión que ya está en marcha. La política oficial apunta a valerse de este escenario recesivo para neutralizar los reclamos salariales y consolidar definitivamente el ajuste. En el marco de un congelamiento o rebaja salarial, la distancia entre los ingresos y los precios de la vivienda tenderán a agrandarse. Bicicleta financiera Los fondos para esa operatoria serían otorgados por los bancos a partir de los recursos que capten por depósitos indexados. Para los bancos, el riesgo de este mecanismo está, sin embargo, en el “descalce” de plazos. En la actualidad, casi el 90% de los depósitos están colocados a menos de 60 días de plazo, mientras que los créditos hipotecarios son otorgados a plazos no menores a los 10 años. “Las entidades que se comprometieron a adoptar el sistema asumirán ese riesgo, pero tienen posibles garantes… la Anses participó en las charlas para la creación de las UVI y estaría dispuesta a comprarles parte de la cartera a los bancos” (Uno, 9/4). Una vez más, la plata de los jubilados será utilizada por armar una bicicleta financiera. La Anses correría con el riesgo que implica una operatoria incierta y que puede terminar colapsando con una masa de deudores incobrables. La nueva operatoria, por otra parte, sería el pretexto para ponerle broche final al plan Recrear, que viene siendo financiado por la Anses. Creado por el gobierno K, venía otorgando, aunque a cuentagotas, préstamos para viviendas a valores más accesibles. En contraste con ello, los bancos terminarían haciendo un pingüe negocio, pues dispondrían de fondos adicionales provenientes de los ahorristas para colocarlos en inversiones más seguras y rentables, en primer lugar en títulos de la deuda. Conclusión Lejos de facilitar el acceso a la vivienda, el nuevo régimen hipotecario habilitaría a una nueva confiscación y los grandes beneficiarios serían los bancos y no la población necesitada. Esto en el supuesto de que el nuevo régimen logre prosperar. Por el momento, todo está atado con alambre. Los recursos sobran, pero se privilegian otros intereses y fines sociales. Lo único que hay que hacer es invertir la fórmula. Una banca nacionalizada destinaría una parte de su capacidad prestable en créditos destinados a la vivienda popular, con un plan de cuotas que no debería superar el 20 por ciento del ingreso.

Con este número de Prensa Obrera lanzamos la campaña para llegar personalmente a los primeros 10 mil trabajadores, estudiantes y vecinos con nuestra prensa. La campaña ya comenzó en los equipos partidarios con el plan de subscripciones de todos los militantes y sus relaciones. La planificación incluye, como no podía ser de otro modo, la subscripción de cientos de obreros gráficos, del neumático, a los trabajadores del subte, docentes, papeleros, de la alimentación, telefónicos, estatales, metalúrgicos, petroleros entre muchos otros que han planificado la subscripción semanal, mensual, semestral o anual en su padrón de contactos. La campaña ya empezó Un primer registro nos da que sólo en la Ciudad de Buenos Aires ya se han planificado, en la primera semana, 445 suscripciones de los gremios más importantes y estratégicos de la clase obrera. En la provincia de Buenos Aires, cruzada por fuertes luchas estatales, docentes y de la juventud por el boleto educativo gratuito, lanzamos un primer objetivo en el movimiento obrero. Las agrupaciones sindicales de la Coordinadora Sindical Clasista se proponen establecer un pasaje permanente entre los compañeros de trabajo. Dos puntos altos del plan son los docentes y el Sitraic, junto a compañeros de fábricas plásticas, de las principales automotrices y metalúrgicas del conurbano. En Mendoza el plan de prensas es un factor de organización en los gremios y sectores más activos de la provincia, como ATE, telefónicos o la juventud precarizada. En Córdoba nuestro plan está dirigido especialmente a los docentes, estatales, trabajadores de la salud y jóvenes. En Santa Fe nos trazamos grandes objetivos -docentes de Rosario, San Lorenzo, Santa Fe y Paraná, estatales, trabajadores del cordón de San Lorenzo (químicos, alimentación aceiteros, papeleros). También Acindar, en Villa Constitución. En el conjunto de las provincias se está avanzando con los planes de colocación de prensas superando los primeros objetivos que nos trazamos en el XXIII Congreso del Partido Obrero. Los compañeros de la Unión de Juventudes por el Socialismo han asociado su plan al trabajo por la convocatoria al Congreso Nacional de la UJS que se realizará en de mayo. Se pretende que más de 2.000 jóvenes tengan su Prensa Obrera y se gane para la suscripción a una amplia mayoría. Lanzamos un plan de charlas políticas en los locales para difundir artículos e interesar a vecinos y contactos en su lectura. Sacaremos un afiche para locales y frentes, lanzamos la campaña en las redes sociales y en nuestra página. El 1º de Mayo es un primer escalón en esta campaña para colocar a Prensa Obrera como un instrumento de lucha y organización revolucionaria en la nueva etapa.

Un conjunto de organizaciones antirrepresivas y estudiantiles, partidos de izquierda, sindicatos y colectivos sociales y culturales participamos de la convocatoria de la Correpi para impulsar una campaña nacional contra las detenciones arbitrarias y los abusos policiales. El puntapié inicial será una movilización a Plaza de Mayo el próximo 22 de abril, cuando se cumplan 25 años del asesinato de Walter Bulacio. Su caso es un emblema de la lucha contra los atropellos policiales. Walter fue detenido por una razzia policial en las cercanías del estadio Obras, durante un recital de los Redonditos de Ricota. Murió pocos días después, debido a los golpes recibidos en la comisaría. En los últimos meses, en el marco del ajuste de Macri y los gobernadores, tanto desde el poder político como judicial se reforzaron las facultades policiales para detener arbitrariamente y requisar sus pertenencias personales. Un fallo de principios de año del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, legitimando estas prácticas, y luego el de la Corte Suprema que habilitó el uso de las picanas portátiles Taser, avalaron la legalidad de un régimen permanente de “libertad vigilada” contra la juventud y los trabajadores. “Más de la mitad de los muertos en comisarías, desde 1983 a hoy, estaban detenidos por una contravención o para identificar”, denuncia la Correpi, que desde hace 20 años lleva un relevamiento sistemático de casos. Hasta 2015 se registraron más de 4.600 asesinados en democracia por gatillo fácil y tortura a manos de la policía. La mitad de ellos ocurrieron bajo los gobiernos K. Especialmente, en territorio bonaerense, durante la gestión de Daniel Scioli. Los gobiernos “populares” de Néstor y Cristina además batieron récords en materia de asesinados por luchar, persecuciones judiciales (petroleros de Las Heras), espionaje contra organizaciones populares (Proyecto X) y legislación represiva (leyes antiterroristas). La “doctrina de seguridad democrática” y las “jornadas contra la violencia institucional” fueron la mascarada de estas políticas. El ajuste y la entrega a los buitres no aparecieron de un día para el otro, tampoco la represión. La necesidad de impulsar una movilización contra estos atropellos es evidente. Debe conjugarse con la lucha contra el “protocolo” represivo de Macri-Bullrich y los gobernadores. Lo que está en el centro de la cuestión es la libertad de organización y lucha de la juventud y los trabajadores contra el ataque capitalista a sus condiciones de vida. Impulsemos en el movimiento estudiantil y entre la juventud trabajadora una gran movilización contra las detenciones arbitrarias, el gatillo fácil y el “protocolo” represivo.

Las convocatorias a paritarias de docentes y empleados públicos han entrado en una temprana crisis ante las ofertas miserables que ha realizado el gobierno de Alicia K. A los docentes les ofrecieron el 10% y, con las 72 horas de esta semana, llevan 15 días de paro desde el inicio del ciclo lectivo. A los empleados públicos les ofrecieron una suma fija de 1.250 pesos en negro para todo el escalafón -lo que va de un 8 a un 16% sobre sueldos de pobreza de 7.000 pesos. Hasta los gremios más oficialistas han debido rechazar la oferta y, a pedido del congreso de Adosac, la Mesa de Unidad Sindical resolvió adelantar la fecha del paro y marcha provincial originalmente previsto para el 20 de abril. Se sumaron a esta convocatoria cuatro gremios municipales. Comenzaron su propio plan de lucha los viales y han tenido contactos con la Mesa los gremios de prensa y televisión. También se han integrado gremios como Amet y Sitraic, así como el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (Unpa). El programa es muy concreto: paritarias sin techo, 16.500 pesos de salario mínimo para todos. Devolución de la intervenida Caja de Servicios Sociales, defensa de las conquistas jubilatorias y en términos generales la lucha contra el ajuste nacional, provincial y municipal. Fin de la corrupción y la impunidad del poder. La Coordinadora Sindical Clasista del PO se organizó con la participación de delegaciones de las distintas localidades, la presencia de dos concejales del Partido Obrero: Pablo Lombroni y Damián Pezzolano, y del diputado nacional Pablo López. El gobierno aparece confundido y no se animó a descontar los días de paro. Hay intentos de hacer intervenir a la Justicia en una suerte de rol “mediador”, que en la práctica es una presión contra las huelgas -especialmente contra la Adosac, el gremio hasta ahora más movilizado. La realización de un plenario de delegados de base, que venimos proponiendo desde nuestra Coordinadora para debatir un plan de lucha y un programa político ante la grave crisis provincial, tiene total vigencia. La lucha tiene tal nivel de contenido político que las importantes marchas son presididas por una canción que repudia el “conteo” de plata de los lavadores en “La Rosadita” y otra que reclama la restitución de la Caja de Servicios Sociales (Obra social provincial) intervenida desde hace 30 años. El crecimiento de Mesas de Unidad Sindical en numerosas localidades y la construcción común de esta gran jornada del 14 abren la puerta para un verdadero plan de lucha, que a su tiempo va a necesitar de un plenario de delegados con mandato de bases.

La campaña de la diputada Soledad Sosa (FIT-PO), exigiendo la remoción del cargo de presidente y separación del diputado Julián Dindart (UCR) de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Congreso Nacional, ha ganado una importante repercusión en estos días. Los pronunciamientos se multiplican entre diputados, organizaciones de mujeres como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, personalidades como Elia Espen (Madre de Plaza de Mayo LF) y Stella Maris Manzano, que han sumado su firma al petitorio. A partir de esta campaña, también el colectivo de periodistas #NiUnaMenos se sumó al reclamo para que Dindart sea desplazado. El Consejo Directivo de la Facultad de Sociales de la UBA votó por unanimidad un repudio que sostiene nuestra denuncia de que esta designación “refuerza una clara orientación para las mujeres y las familias: la subordinación a preceptos religiosos y el disciplinamiento y tutelaje por parte del Estado”. Dindart es hombre de la Iglesia adventista. Cuando era ministro de Salud de la provincia de Corrientes, donde el abuso infantil y el embarazo adolescente crecen sin cesar, rechazó el fallo de la Corte Suprema que avala el aborto no punible para una niña de 11 años violada por su padrastro y afirmó que “las adolescentes se embarazan porque reciben un subsidio económico como premio”. Crisis política La carta que difundimos para presentar al presidente de la Cámara de Diputados ha abierto una crisis entre los propios promotores de Dindart como presidente de la comisión. La única respuesta oficial hasta el momento ha sido la suspensión de la reunión de comisión. La designación de Dindart es parte de los acuerdos políticos de reparto de cargos entre las fuerzas políticas -con excepción del Frente de Izquierda- y por ello fue votado por todos los bloques que integran esta comisión: desde Cambiemos, el FpV, el PJ, el Frente Cívico y el massismo, hasta Libres del Sur. Victoria Donda, por ejemplo, se ha negado a firmar nuestra carta con el argumento de no compartir el método y que esto debe ser “negociado” con las autoridades (Cambiemos), evitando posicionarse públicamente. Tras el impacto de la campaña y el evidente desprestigio de Dindart, procuran conseguir un relevamiento “indoloro”, que saque de la escena a una figura ampliamente repudiada sin cuestionar los motivos políticos de fondo que llevaron a su designación: reforzar un régimen de opresión y bloquear cualquier progreso para las mujeres en materia legislativa, como el derecho al aborto legal seguro y gratuito. Redoblemos la campaña La continuidad de Dindart al frente de la Comisión es incompatible con los derechos de las mujeres y los niños, los más vulnerables en la presente crisis social y económica. La importante adhesión a la campaña en curso, por el contrario, es un fuerte impulso a la lucha que ganó las calles del país entero con la consigna #NiUnaMenos: contra los femicidios, la violencia, el aborto clandestino, el hambre y la carestía. Esta es la agenda que haremos discutir en el Congreso. ¡Fuera Dindart, adelante la lucha de las mujeres! Firmá el petitorio: http://cor.to/dindart

En Tierra del Fuego, la lucha contra el ajuste se ha convertido en una auténtica gesta obrera. Los piquetes de estatales que el lunes por la tarde habían ocupado la planta de distribución de combustibles Orión fueron violentamente golpeados y sacados del lugar por las patotas organizadas por el Sindicato de Camioneros, con el saldo de ocho compañeros hospitalizados. Fue una operación armada en connivencia con el gobierno de Rossana Bertone (PJ/FpV): la zona fue liberada por las fuerzas de la policía de la provincia para posibilitar la acción de los agresores (cuestión confirmada por las familias de los propios policías). La gobernadora ha planteado que “terminó el tiempo de la paciencia” y no se descarta que la policía -o fuerzas de gendarmería que deben ser desplazadas de Santa Cruz o enviadas desde Buenos Aires- procedan contra el centro de la movilización, el acampe frente de la Casa de Gobierno. Los estatales y docentes fueguinos llevan más de cuarenta y cuatro días de huelga con piquetes en Ushuaia y Río Grande (donde se tomó el Hospital Regional). La acción de la burocracia camionera provocó un repudio generalizado y se produjeron asambleas y paros en lugares en los que el movimiento de lucha había refluido. La feroz pelea que se está librando en Tierra del Fuego tiene un alcance nacional e involucra a toda la clase obrera. ¿Por qué luchan los trabajadores fueguinos? Hace tres meses, la Legislatura fueguina votó un ajuste concentrado en la reforma del sistema de jubilaciones. Un docente que se jubilaba con 25 años de servicio hoy sólo podría hacerlo a partir de los 50 años de edad. Los estatales varones que accedían a la jubilación con 30 años de servicio y 55 de edad, hoy deben hacerlo con 60. Considérese que el régimen de jubilaciones de Tierra del Fuego fue concebido para permitir la radicación de trabajadores en un ambiente lejano y hostil. A partir de la aplicación de la nueva ley, todos los trabajadores activos deben aportar un 1% más y a los docentes se les agrega un 3%. Hasta ahora el cálculo del haber se realizaba con el 82% del promedio de sueldo actualizado de los últimos 24 meses, ahora se toman los últimos 120 (10 años) lo que supone una pérdida del 25%, es la liquidación del 82%, que pasa al 61%. A la vez, el ahorro de los trabajadores en la Caja Previsional ha sido saqueado por los gobiernos de turno, lo cual explica en gran parte el “desfinanciamiento” que se invoca para la ofensiva actual. ¿La reforma jubilatoria que se quiere imponer en Tierra del Fuego no es el espejo de lo que pergeña el gobierno Cambiemos, que piensa en una reforma que combine el aumento de la edad de retiro o una jubilación “asistencial” para todos aquellos que han efectuado aportes inferiores a los requeridos? La Legislatura y la Justicia La Legislatura jugó un papel pérfido, habilitando primero una supuesta mesa de diálogo y declarando luego que la derogación o suspensión de las leyes de ajuste no estaba en consideración. Una política consciente de desgaste. La expectativa que algunos trabajadores habían puesto en los legisladores produjo un reflujo momentáneo a partir del 6 de abril, luego revertido. Los trabajadores han juntado las miles de firmas necesarias para impulsar la derogación de las leyes de ajuste -cuya aprobación obligaría a la Legislatura a dar marcha atrás-, pero el trámite fue apelado por el gobierno y la Cámara tiene 15 días hábiles -más de un mes- para pronunciarse sobre el punto. Existe un frente común que engloba al gobierno nacional, la oposición que “resiste”, los legisladores y la Justicia para imponer el ajuste en la provincia. Este frente incluye ahora a la burocracia camionera. Es la medida de la lucha que la clase obrera debe librar contra el gobierno y la oposición cómplice “nacional y popular”, que ha pactado con los buitres y viene por más. Los estatales de Tierra del Fuego defienden su huelga y levantan un programa: derogación de las leyes de ajuste, reincorporación de los despedidos, pase a planta de los Programas de Entrenamiento Laboral, paritarias libres y sin techo. El ataque de la patota camionera a los estatales en lucha se produjo el mismo día en que se cumplía el 21˚ aniversario de la represión de Semana Santa de 1995, que ocasionó la muerte del obrero de la construcción Víctor Choque, el primer muerto durante una protesta obrera desde el retorno del ‘estado de derecho’. El oficial de la policía responsable del disparo recibió la más baja de todas las penas por homicidio y está en libertad. Todo y todos por la victoria de la lucha fueguina: es el mejor homenaje a Víctor Choque.

La gran huelga del 4 de abril reforzó la situación de las provincias en lucha, rompió parcialmente su aislamiento y reforzó la disposición a la huelga en la docencia nacional. Dos días después, en Neuquén hubo un paro de 24 horas por el vaciamiento del Instituto de Seguridad Social de la provincia. En Santa Cruz, el congreso de Adosac reunido en San Julián, a pesar de la amenaza de los descuentos de Alicia Kirchner por los once paros ya realizados ( los docentes rechazan el miserable 10 por ciento de aumento), votaron profundizar las medidas con paros de 72 horas el 13, 14 y 15 de abril. El segundo día coincide con un paro provincial de la Mesa de Unidad Gremial que, además de los docentes, incluye a judiciales, estatales de ATE, Aprosa (Salud) y los municipales de Río Gallegos. Ese mismo día, se realizará una gran marcha provincial hacia Río Gallegos, que pinta multitudinaria, en especial luego del estallido de la paritaria estatal. En Santiago del Estero, el aislamiento de la gran huelga docente iniciada el 1˚ de marzo es muy fuerte, y se hace sentir. En estos días, una asamblea general de los maestros y profesores santiagueños definirá las modalidades que adoptará para continuar la lucha. La responsabilidad de Ctera en este desgranamiento es clarísima. En Mendoza sigue planteado el conflicto, con docentes y estatales, está pendiente un nuevo plenario de delegados de ATE y de Sute y por resolverse la continuidad del plan de acción. ATE ya propuso continuar con paros de 48 horas. En forma dispar también está presente la tendencia al paro en los estatales bonaerenses. El lugar más candente es el de los auxiliares docentes, más apremiados que nadie por un aumento miserable del 15 por ciento aceptado por UPCN. Fue en este cuadro que ATE provincia realizó varios paros de 48 horas, aislados, sin continuidad, y que Soeme implementó una retención de servicios por tiempo indeterminado desde el 6 de marzo, que levantó un mes después luego de derrotar los descuentos masivos de Vidal, aceptando la conciliación obligatoria por 15 días. Resulta importante destacar que los auxiliares quebraron también una resolución, la 142/16 de la Dirección General de Escuelas, que autorizaba a los Consejos Escolares a contratar empresas privadas para reemplazar a los huelguistas en la tarea de limpiar las escuelas. La situación derivó en la ocupación de decenas de consejos escolares de la provincia y el pronunciamiento de varios consejos de repudio de esa resolución antihuelgas. En el resto de las reparticiones, el paro tiene alcance menor, salvo allí donde se encuentra firmemente establecida la oposición combativa de ATE. También pararán 72 horas los trabajadores médicos de la Cicop y 48 horas los trabajadores judiciales de la AJB. El panorama de los estatales se completa con la lucha contra los despidos en los ministerios de Economía o de Trabajo de la Nación, o en otras reparticiones de la provincia de Buenos Aires, como en el de Agronomía, que frenó los despidos hasta agosto. Los días 13, 14 y 15 de abril también para la Conaduh, con medidas que crecen en la UBA, incluso y particularmente en unidades académicas ultraprecarizadas, como el CBC. Pero no sólo paran los docentes y estatales. El 14 hay paro nacional de trabajadores bancarios. Ctera, las CTA y el paro de ATE Es el segundo paro nacional de ATE, de 24 horas, convocado ¡luego de casi dos largos meses! Marcar el carácter aislado de ambas medidas es una redundancia. Pero el cuadro general expresa una maduración en la lucha de los trabajadores contra el ajuste que no existía el 24 de febrero, y con el propio gobierno de MM. La combativa ATE Mendoza ha votado y reclamado a la dirección de ATE que las medidas sean de 48 horas de paro activo. Asimismo, ha invitado a los gremios que realizaron o acompañaron las medidas del 4 de abril, como el Sute celeste, a que se sumen a las acciones de esos días. Para organizar la medida, el consejo nacional de ATE ha convocado a una reunión de delegados de la Capital y Buenos Aires. Los compañeros de Tribuna Estatal y el activismo concurren con el mandato de 48 horas, marcha a Plaza de Mayo y continuidad, hasta frenar los despidos y reabrir las paritarias. Los Suteba combativos, Ademys, los docentes de Tierra del Fuego y de Santa Cruz, de Amsafe Rosario, los docentes universitarios de Conadu Histórica discuten parar ese día. Es una tarea de toda la oposición combativa docente y estatal del país. Tomemos el paro del 19 en nuestras manos.

Entre gallos y medianoche se reunió el 6 de abril la Comisión Directiva Nacional de ATE. De la reunión no participaron representantes de once provincias, en su mayoría conducciones verdes-blancas vinculadas con el kirchnerismo. ATE Mendoza ni siquiera fue notificado de la convocatoria. Allí se resolvió convocar un paro nacional para el 19 de abril y una nueva reglamentación para las elecciones de delegados y juntas internas. Para esta semana, cada sector convocó a plenarios de delegados que son una muestra más de la fractura del sindicato. Desde ATE Nacional se convocó a un plenario de delegados de Capital y provincia de Buenos Aires, al que no concurrió la Verde-Blanca. Desde ATE Capital convocaron a un plenario de delegados de la seccional para el viernes 15, para el cual anunciaron la presencia de representantes de provincias que no fueron a la Comisión Directiva Nacional, de Hugo Yasky y de Pablo Micheli. La presencia del secretario general de la CTA-A, sería un paso más en su ruptura con la conducción de ATE Nacional y de su alianza con los kirchneristas. Mientras los gobiernos nacional y provinciales despiden a más 40.000 estatales y buscan imponer las paritarias de hambre, la conducción histórica de ATE está metida en una feroz pelea por la caja del sindicato, para financiar proyectos políticos que no responden a los intereses de los trabajadores. Pero detrás de estas disputas, hay una política gremial similar: se convoca a paros aislados, sin un plan de lucha real como hubiera correspondido luego del enorme paro del 24F. Mientras esto ocurre, los estatales se plantan contra los despidos y las paritarias a la baja de Macri y los gobernadores. En la provincia de Buenos Aires, en Tierra del Fuego, en Mendoza, en Santa Cruz (ver notas), la lucha de los estatales protagoniza la lucha contra el ajuste. Del mismo modo que los estatales nacionales y particularmente las combativas juntas internas de ATE de los ministerios de Trabajo y Economía, están librando una aguerrida pelea para reincorporar a los compañeros, mediante asambleas masivas, actos, quites de colaboración y paros. Unifiquemos al gremio por la base Desde Tribuna Estatal, junto a ATE Mendoza, venimos planteando la necesidad de que se convoque a un Congreso nacional de delegados de base de nacionales, provinciales y municipales para unificar a nuestro gremio sobre la base de la discusión de un plan de lucha contra los despidos y por el salario. A su vez, después del 24F hemos planteado la convocatoria a un paro nacional activo de 48 horas con movilización a Plaza de Mayo. Son estos los planteos que llevó ATE Mendoza a las anteriores reuniones del CDN y los que colocó Tribuna Estatal en el plenario de delegados de ATE Nacional, a lo que agregamos el cese de la intervención de ATE Chubut (ver nota) Convocamos a todos los estatales a parar el 19 de abril como una oportunidad para profundizar la pelea por la reincorporación de los despedidos, por el pase a planta permanente, por el salario y para exigir un plan de lucha que lleve nuestras peleas a la victoria.

Después de una semana de paro con bloqueos de los portones por nuestras cuatro reivindicaciones -domingo a la noche en casa, suma puente, que la empresa absorba el Impuesto a las Ganancias y el chárter a zona oeste-, el Ministerio de Trabajo de Pilar intervino en la huelga de los trabajadores de Unilever, dictando la conciliación obligatoria por 15 días hábiles. La intervención de la autoridad laboral apareció en el punto más alto del conflicto, después que las asambleas votaran casi unánimemente pasar a cuatro horas por turno, después de que fracasara el intento patronal de desalojar los bloqueos de los portones y que la planta de Ades, cuyos delegados se bajaron del reclamo, a pesar de que fueron votados mayoritariamente por urnas, terminó parada por falta de insumos. La conciliación estuvo a punto de ser rechazada por los delegados de Hellmann's y Knorr, porque la empresa no se comprometía a abonar la suma puente de 8.000 pesos netos que había ofrecido anteriormente con la condición de que no se hagan medidas de fuerza, compromiso que finalmente asumió. El conflicto recogió una impresionante solidaridad obrera, del Parque Industrial de Pilar, de la zona norte y, por sobre todo, de fábricas alimenticias que sufren iguales o peores regímenes de turno. En menos de un mes, los trabajadores de Unilever planta La Rioja replicaron los reclamos, planificaron un conflicto idéntico (con la única diferencia de que reclaman el "sábado a la tarde en casa", en vez del domingo a la noche) y están a punto de ganarlo. La moral de los trabajadores de Unilever Pilar está más alta que nunca. El conflicto fue tomado como propio por el conjunto de la fábrica, que militó el conflicto tanto como los delegados. La flamante Interna de Hellmann's fijó domicilio en la planta desde el principio hasta el final del primer round; pasaron la primera prueba de la lucha con nota sobresaliente. El conflicto demostró fehacientemente que se puede librar una lucha ofensiva en medio del ajuste. Ante una burocracia sindical que no tiene respuestas para nadie, el parazo de Unilever Pilar es una respuesta contundente del clasismo. El camino para derrotar a los "ajustadores offshore" es la huelga general. Vamos a ganar.

El 14 de abril se realizarán las elecciones de Ecotrans, los choferes de esta gran empresa de más de 1.300 trabajadores tendrán la oportunidad de dar un enorme paso al frente en la defensa de su fuente del trabajo, y hacerse fuertes frente los intentos de vaciamiento y desguace de parte de la empresa. El grupo Cirigliano (un mimado del kirchnerismo) sigue recibiendo, bajo el gobierno de Macri, millones de pesos en subsidios del Estado en el transporte automotor, aun cuando fue desplazado de los ferrocarriles por la inmensa crisis que produjeron los vaciamientos ferroviarios con las masacres de Once y Flores. A pesar de todo esto, los Cirigliano siguen con la misma política de siempre, no reinvierten en repuestos ni en nuevas unidades, lo que ha motivado una enorme lucha y resistencia de la mayoría de los delegados de Ecotrans. La dirección de la UTA, que nada ha hecho contra el intento de vaciamiento y desguace de la empresa, sí trabaja activamente desde hace años (con el amparo del Ministerio de Trabajo) por desarmar el histórico cuerpo de delegados que dirige Ecotrans desde hace más de veinte años. En los últimos procesos electorales, artificialmente, la dirección de la UTA ha dividido la forma de elegir delegados primero en tres líneas, después en cuatro y este año en cinco líneas separadas cuando todos los choferes pertenecen a la misma empresa. Con este procedimiento, de división artificial, lograron una minoría de delegados afines a la política de Roberto Fernández, que trabaja por afuera de la mayoría del cuerpo de delegados. Pero los trabajadores de Ecotrans ya tienen una enorme experiencia en cómo luchar contra las patronales y contra esta política de la burocracia sindical. Salieron victoriosos del vaciamiento de la ex TDO (Transportes del Oeste) manteniendo unido el cuerpo de delegados, estableciendo un control obrero y la defensa de todos los puestos de trabajo y enfrentando los intentos de desguace. Con luchas, con movilizaciones, con el método de la defensa de las asambleas y el ejercicio de la democracia sindical, han manteniendo un cuerpo de delegados que tiene una historia y una tradición de lucha en el gremio. El voto a la Lista Unidad es un mandato para defender todas las conquistas laborales, la estabilidad laboral, el respeto por el convenio, el respeto por las condiciones de trabajo, la defensa de la democracia sindical y un mandato para luchar contra los intentos de desguace o vaciamientos de Ecotrans. Todo el apoyo a los luchadores de Ecotrans.

El Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires ha convocado a sus primeras elecciones de comisión directiva para el 28 de abril. Las agrupaciones que se jugaron a fundar el nuevo gremio se presentan en un frente unido, La Pluricolor - Unidad de Prensa Escrita, Radial y Televisiva. Representan la continuidad de la histórica decisión del plenario de delegados de romper con la burocracia de la UTPBA -cristalizada en el masivo plebiscito de fines de 2014-, para dar paso al nuevo sindicato. La novedad de los comicios es la presentación del kirchnerismo “orgánico” (La Gremial), agrupación que, en su momento, rechazó el plebiscito con un planteo macartista, al impugnar la presencia de La Naranja de Prensa en el frente. Su orientación, además, era contraria a desarrollar el sindicato en forma abierta, de cara a los trabajadores de prensa, frente a las patronales y al Estado. Abrevando en el arsenal del pianellismo, La Gremial planteaba la constitución de un sindicato a la “sombra” del Ministerio de Trabajo, de carácter clandestino y sin la presencia de la dirección del cuerpo de delegados que había puesto en pie al gremio en la lucha por paritarias. Estos planteos y la derechización del kirchnerismo en la escena política del país (y su derrota electoral en 2015), desnaturalizaron a La Gremial como una corriente que formaba parte del activo del gremio para transformarla en una sucursal orgánica de La Cámpora y de Carlos Tomada. De ahí, su apoyo a los carneros en la huelga de Radio Nacional de fines del año pasado y la crítica a la asamblea de trabajadores de la TV Pública que denunció la censura kirchnerista en el canal. Como una ironía de la vida, el “líder espiritual” de La Gremial, Tomada, terminó reconociendo en tiempo récord al Sipreba al fin de su mandato como ministro. El giro dado por La Gremial frente a las elecciones del Sipreba tiene un doble objetivo político, que va más allá del gremio de prensa. De un lado, ocultar la responsabilidad del kirchnerismo en el derrumbe de los medios periodísticos afines. Del otro, el pérfido objetivo de transformar al sindicato en un apéndice del “vamos a volver” con el que Cristina y la banda del PJ intentan conformar una oposición patronal al macrismo. El kirchnerismo intenta ocultar su responsabilidad en el derrumbe de las empresas periodísticas armadas al calor de la pauta oficial, que están dejando centenares de compañeros en la calle. Como una burla, los millones que se fugaron en el bolsillo de los vaciadores Szpolski, Garfunkel y Cristóbal López, intentan ser “compensados” con el aporte al fondo de lucha del Grupo 23 con algunos miles de pesos recaudados en las plazas de la 'resistencia' y de sindicatos como la UOM de Caló, dueña de los diarios BAE y Crónica, en donde se han registrado más de 50 despidos en los últimos meses. Junto a la quiebra en los medios K, se vive una situación precaria en Télam, Radio Nacional y la TV Pública por el ajuste macrista en las empresas del Estado. También en Clarín, el ajuste ha implicado más de un centenar de “retiros voluntarios”. La excepcionalidad de la situación, con la novedad de la transformación de Tiempo Argentino en cooperativa debe ser abordada como un paso en la lucha contra el vaciamiento, donde se revela una complicidad abierta y una protección del macrismo hacia el grupo Szpolski-Garfunkel. Las elecciones son contemporáneas a la apertura de las negociaciones paritarias. Las patronales y el Estado se han coaligado con la burocracia de la UTPBA, usurpando la voluntad de los trabajadores que han elegido al Sipreba como su sindicato. La Pluricolor, fundadora del Sipreba, tiene en su haber el 90% de los afiliados al gremio. Es una lista de delegados reconocidos masivamente por trabajadores. No está en juego su victoria el 28 de abril. La amenaza que acecha en el horizonte tiene que ver con el perfil del gremio, con su orientación y delimitación política, con que se siga manteniendo como un sindicato basado en los mandatos de asamblea y en la deliberación del plenario de delegados. La futura comisión directiva del Sipreba tiene el mandato surgido en la última asamblea general donde el activismo se despegó en pleno del kirchnerismo oficial al grito de “sindicato de los trabajadores, ni con los gobiernos, ni con los patrones”.

Desde hace semanas, los trabajadores de AGEA-Clarín se mantienen en estado de asamblea permanente por el reclamo salarial y contra la persecución gremial de los recientemente electos delegados en la planta gráfica de Zepita. Los trabajadores de AGEA vienen reclamando un bono de 6.000 pesos, que se exige desde el año pasado en compensación por el salto inflacionario. También un aumento del 20% a cuenta de la paritaria 2016, dado que el acuerdo vigente venció el 31 de marzo. Se trata de un reclamo importante en medio de la ofensiva general de las patronales del gremio de prensa, que tiene su epicentro más brutal en el vaciamiento del Grupo 23. El miércoles 30, ante la falta de respuesta a estos reclamos y de manera unánime, la asamblea de Clarín votó hacer un ruidazo que comenzó en la redacción, recorrió todos los pisos y llegó al subsuelo del diario. Pese a que la Corpo intentó desactivar la avanzada con una docena de recategorizaciones, la asamblea decidió mantenerse movilizada enfatizando el deterioro constante de los salarios y la comprensión de que son las acciones de lucha las garantes de cualquier conquista. La empresa, mientras tanto, le quitó tareas a uno de los dos delegados electos en Zepita aprovechándose de un régimen de precarización como es el trabajo “jornalero” -es decir el trabajo de contratos por día. Ahora, directamente, no lo convocan a trabajar. Este compañero, que tiene nueve hijos, está hace 11 años bajo estas condiciones de miseria. A esto se sumó que esa elección organizada por el Sipreba (el nuevo sindicato de prensa nacido desde sus bases) debió hacerse en la vereda del diario porque la empresa no cedió ni lugar ni padrón. Se trata de una política sistemática: ahora se oponen a colocar las urnas dentro de Clarín para las elecciones generales del Sipreba del próximo 28 de abril. Por estos motivos, durante la última asamblea realizada este martes 12, se votó en forma unánime realizar un petitorio para exigir la reincorporación inmediata para el delegado electo de Zepita y el respeto de sus fueros, así como también el reconocimiento pleno de esa elección. También reclamar a la empresa que se permita la elección general del Sipreba dentro de Clarín. Se votó continuar con las asambleas para evaluar nuevos pasos. La lucha sigue.

Por primera vez, los trabajadores que se organizan enfrentando a la burocracia kirchnerista de Pedro Wasiejko han logrado poner en pie listas en los principales establecimientos fabriles del neumático, junto con la lista nacional. También han logrado el apoyo de diferentes sectores de trabajadores de las gomerías, que forman parte del sindicato nacional. Esta gran representatividad de la oposición clasista se ha logrado gracias a un largo período de trabajo donde el Sutna San Fernando, dirigido por la lista Negra, ha jugado un papel organizador, no sólo de los trabajadores de Fate, sino también del resto del gremio. La lista nacional Negra-Roja-Granate, que enfrentará a nivel nacional a Wasiejko, es la expresión del reconocimiento de todo el activismo al trabajo realizado, que ha implicado grandes conquistas para los trabajadores de Fate y que colocó a los luchadores del neumático en la primera línea de defensa de los intereses del conjunto de los trabajadores. Los plenarios clasistas realizados en el Sutna San Fernando fueron de gran importancia por las acciones y campañas que enfrentaron al gobierno kirchnerista, que imponía, al igual que lo hace el macrismo, un permanente saqueo al salario. Wasiejko ha tomado nota de su derrota en la asamblea general y, al igual que en ella, se dispone a realizar todo tipo de maniobras para evitar que su derrota se haga efectiva. Aún no se han oficializado los padrones definitivos, totalmente por fuera de los plazos establecidos por la ley (debieran haber estado presentado con 30 días de anticipación) y no han sido publicados los padrones por establecimiento, se ha negado la participación a candidatos gomeros de la Lista Negra por arbitrariedades que rozan lo ridículo. Los compañeros de La Negra ya han realizado las presentaciones pertinentes y han denunciado en todos los ámbitos las irregularidades presentes en el período preelectoral. Por su parte, el MAS (que ha formado otra lista) realiza una campaña sin siquiera mencionar a la dirección kirchnerista del sindicato, atacando a la seccional de San Fernando. El activismo del neumático ha juzgado al divisionismo como un agravio a la perspectiva colectiva de los trabajadores. Cada palabra de los representantes del MAS deja al desnudo el acuerdo por debajo de la mesa con la burocracia kirchnerista. Para que los trabajadores ganen el sindicato La simpatía que expresan los trabajadores con la campaña de la Negra se vive en todas las fábricas. Los compañeros de las listas seccionales en Fate, Pirelli y Firestone, todas ellas de la Negra, expresan cotidianamente el crecimiento de los agrupamientos fabriles y la adhesión que reciben de nuevos sectores y compañeros. Luego del acuerdo de reducción salarial firmado por la Violeta en Pirelli, ha emergido la consigna de “Cuatro años más, No”, en clara referencia a la necesidad de remover a esta burocracia de la seccional oeste. En Firestone, activistas históricos y nuevos trabajadores han hecho público su apoyo a la Negra, señalando al resto de los trabajadores que se presenta la posibilidad concreta de recuperar el Sutna. Por su parte, Wasiejko acordó con las patronales una suma fija de cinco mil pesos por única vez, dejando afuera del cobro de la misma a los trabajadores de Fate. Esta maniobra generó un enorme repudio en Fate y al mismo tiempo fue recibida como una migaja en Pirelli y Firestone, cuyos salarios (sobre todo en Pirelli) se encuentran muy por debajo de los de Fate. Luego de esto, Wasiejko ha salido con la vieja y conocida “campaña del miedo”, diciendo que si gana la Negra, las patronales van a avanzar con despidos masivos. Es de suma importancia llegar a todos los trabajadores para dejar clara esta situación. La línea de Wasiejko roza el ridículo, ya que en los últimos seis meses en Pirelli hubo más de cien despidos y en Imperial Cord de Gualeguaychú más de cuarenta, mientras en Fate fueron reincorporados compañeros con el método del paro general. La necesidad de recuperar los sindicatos y expulsar a la burocracia sindical se encuentra estrechamente relacionada con la defensa del conjunto de los intereses de los trabajadores frente a la intención de descargar la crisis en las espaldas de la clase obrera y los explotados. La campaña por la conquista del sindicato tendrá como indicador el reagrupamiento clasista que surja en cada paso de este proceso.

Foto: Sebastián Baracco Las primeras reacciones del movimiento estudiantil frente al tarifazo en el transporte no se hicieron esperar. El miércoles 6 de abril, centenares de estudiantes coparon la Plaza de Mayo denunciando el boletazo y exigiendo un boleto educativo gratuito. En Bahía Blanca, estudiantes de Farmacia y Bioquímica y de varios terciarios, hicieron punta frente a la visita de Vidal al distrito y resolvieron convocar a toda la juventud a movilizarse. En ese mismo momento, los trabajadores de la construcción se movilizaban frente a la ola de despidos denunciando el ajuste. El planteo de exigirle a Vidal la inmediata reglamentación de la ley ya votada, fue el principal eje de la movilización estudiantil. En otros distritos, como Mar del Plata, se vuelve a plantear la tarea del boleto municipal para las líneas de ese carácter; el ejemplo a seguir es San Nicolás, que con la lucha y la movilización consiguió la aprobación y adhesión municipal a la ley de boleto provincial. La conducción de la Federación Universitaria de Mar del Plata (Partido Socialista y Libres del Sur) desvía esta lucha planteando un boleto subsidiado en un 50% -o sea, por detrás de lo ya conquistado. Una agachada frente al tarifazo, que ha sido un verdadero golpe al poder adquisitivo de trabajadores y jóvenes. El ajuste es feroz en otros lados. Por ejemplo, en Azul directamente suprimieron una de las únicas dos líneas de transporte que existen allí. A raíz de esto, se ha conformado desde la Unicen (universidad del centro de la provincia) una multisectorial que plantea la reapertura de esa línea y el boleto gratuito para la educación. El 14, todos a La Plata Varios lugares de estudio, mediante asambleas, votaron movilizarse el 14. Las asambleas de la escuela de arte Leopoldo Marechal de La Matanza y de la Universidad de Quilmes votaron por unanimidad la movilización a La Plata. La Fuba, la comisión directiva del Centro de Estudiantes de la UNGS (General Sarmiento), la Emba de Quilmes, el ISFD Nº 29 de Merlo y el 88 de La Matanza (entre muchos otros), ya votaron la adhesión a la marcha; la UJS intervendrá con un planteo en todas estas instancias para organizar una gran movilización y colocar el eje de la denuncia en el ajuste del gobierno nacional y provincial. La UJS ha dado una enorme batalla que encuentra en la movilización del 14 un primer triunfo. Pese a que el kirchnerismo y Patria Grande intentaron bloquear la movilización, tuvieron que recular frente a la exigencia de miles de estudiantes, frente al tarifazo en curso. El kirchnerismo tenía en la agenda movilizarse el día 13, cuando CFK declaró en Tribunales. Antes de esto, ya habían vaciado la convocatoria votada en la junta representativa de la Fulp para el 29 de marzo a la Subsecretaría de Transporte. Una vez más, queda al descubierto la política desmovilizadora de los K en el movimiento estudiantil, como entre los trabajadores. La Unión de Juventudes por el Socialismo convoca a todo el movimiento estudiantil a deliberar en asambleas y reuniones de delegados como derrotamos el ajuste del gobierno y los intendentes; y a ganar las calles para conseguir el boleto estudiantil gratuito y defender la educación pública junto a los docentes y trabajadores de la educación.

El sábado 28 y el domingo 29 de mayo, aniversario del Cordobazo, se realizará el Congreso Nacional de la UJS -la juventud del Partido Obrero. La fecha escogida no es casual: queremos recuperar la experiencia de la unidad obrera-estudiantil, que ganó las calles de Córdoba en 1969, como una de las mejores tradiciones del movimiento popular argentino. Es el desafío del momento: construir una organización socialista de la juventud junto a los trabajadores para enfrentar la escalada ajustadora del gobierno de Macri y los gobiernos provinciales. La pelea contra el gobierno buitre La convocatoria a un Congreso Nacional de la juventud es una necesidad. Es imperioso darle un canal de expresión organizada a la enorme deliberación que desataron los primeros 120 días del gobierno de Macri. El ajuste no se hizo esperar y golpeó duramente a los trabajadores y a los jóvenes. A la combinación de la devaluación de la moneda y las decenas de miles de despidos se sumó el tarifazo en los servicios públicos. El cuento de que el acuerdo con los fondos buitre permitiría evitar un ajuste quedó desmentido de entrada. Estamos frente a un gobierno cuya agenda es dictada por el capital financiero, desde las oficinas judiciales de los Estados Unidos. Los jóvenes rápidamente organizamos las primeras respuestas: grandes manifestaciones por el boleto educativo en Capital, La Plata y otros puntos del país; paros contra los despidos por la caída de convenios y contratados precarios en el Estado y las empresas. En la misma línea actuaron los docentes, con paros en diferentes provincias que enfrentan la voluntad del macrismo y los gobernadores de reducir sus salarios a niveles de hambre. Mientras el Frente para la Victoria garantizaba la “gobernabilidad”, habilitando el pacto buitre en el Senado, los trabajadores y jóvenes asumimos la pelea contra la política ajustadora. El Frente de Izquierda fue la única fuerza política que impulsó estas luchas de forma consecuente. El “protocolo” con el que pretenden contener la movilización todavía no pudo ser aplicado. La política represiva apunta especialmente contra la juventud -como se ve con la nueva atribución de la Policía para pedir el DNI-, y no es casualidad. La década pasada “ganó” para nosotros un nivel de precarización laboral sin precedentes, lo que ahora da lugar a despidos masivos. En el pasado la organización contra la precarización ya dio lugar a grandes luchas como la de Mariano Ferreyra, nuestro compañero asesinado por una patota sindical vinculada con el kirchnerismo. El reciente otorgamiento de la domiciliaria para Pedraza es parte del nuevo entendimiento de Macri con la burocracia sindical, en la cual el gobierno busca un punto de apoyo para regimentar a los trabajadores. Mariano es el emblema de la nueva generación obrera que pelea por expulsar a esta burocracia y recuperar los sindicatos como organizaciones de lucha. Es una causa que está más vigente que nunca y por eso el Congreso Nacional de la UJS se movilizará a la nueva “prisión de lujo” de Pedraza en Palermo Chico. Vaciamiento y privatización de la educación Entre los objetivos estratégicos de Macri se encuentra una ofensiva en regla contra la educación pública. El vaciamiento y la privatización son la contracara del objetivo de utilizar los recursos públicos para subsidiar a los capitalistas y la búsqueda de nuevos negocios frente a la crisis económica. Es lo que expresaron Bullrich y todos los ministros de Educación en la “Declaración de Purmamarca” de febrero pasado, que postula la voluntad de “construir sobre lo construido”, una vocación continuista que sólo se explica por la política privatista desarrollada del kirchnerismo. El gobierno pretende nacionalizar su “Instituto de evaluación educativa”, ya implementado en la Ciudad de Buenos Aires. La “evaluación de calidad”, que parte de considerar a la educación como un producto de mercado, apunta a promover una mayor diferenciación, instalando la competencia al interior de la docencia, los “salarios por mérito” y los rankings de escuelas. El relato de la “calidad educativa” debutó en la Ciudad con la liquidación de 150 orientaciones, generalizando una “educación chatarra”. Bajo el eufemismo de “reducir la brecha entre la educación y el mundo del trabajo”, las reformas en curso pretenden proporcionar a las empresas estudiantes como mano de obra gratuita, como ya ocurre en Rosario. La descalificación de la fuerza de trabajo conduce a la descalificación de la propia educación. Los voceros de Cambiemos declararon su hostilidad al ingreso irrestricto y la gratuidad de las carreras universitarias. El nuevo rector radical-macrista de la Universidad de Córdoba, Hugo Juri, prometió “acortar las carreras”, la vieja receta del capital financiero para descalificar a la juventud y someterla a los posgrados pagos. En torno del gobierno se agrupan las corruptas camarillas de Franja Morada y el peronismo de derecha, que sostuvieron sus negocios en colaboración con el kirchnerismo, a fuerza de recursos propios y convenios durante la última década. Como en otros terrenos, el macrismo se vale en la educación de la “herencia K”, que rescató el régimen antidemocrático en las universidades, mantuvo en pie la Ley de Educación Superior del menemismo y profundizó la descentralización –transferencia de colegios a provincias y municipios- que comenzó la dictadura de Videla. América Latina en la crisis mundial América Latina ha entrado de lleno en la crisis mundial. Los países de la región han sido arrastrados al vendaval de la bancarrota capitalista, fuertemente golpeados por la fuga de capitales y la caída de los precios de las materias primas. Asistimos a verdaderas fracturas del Estado y al derrumbe de regímenes políticos. Se abre una crisis de dominación, que plantea a término luchas decisivas de los trabajadores y la creación de situaciones revolucionarias. La bancarrota capitalista ha puesto al desnudo los límites insalvables de los regímenes nacionalistas y centroizquierdistas de América Latina. Luego de años en el poder estos gobiernos no lograron sacar a nuestro continente de su atraso histórico. Profundizaron la primarización de la economía y la dependencia al capital financiero internacional. Dilapidaron los recursos del continente en el “pago serial” de las deudas externas, bloqueando la posibilidad de una industrialización y un desarrollo independiente de nuestras naciones. Esto vale especialmente para el kirchnerismo, que se propuso “reconstruir a la burguesía nacional” argentina y terminó alimentando los negociados parasitarios de los Lázaro Báez y Cristóbal López y recurriendo a los acuerdos con Chevron y el Club de París. Este proceso, con las diferencias del caso, está presente en Venezuela y Brasil, entre otros. Estos gobiernos ‘nacionales y populares’ fueron el recurso político en América Latina para frenar el período de insurrecciones populares abierto por el fracaso del llamado ‘neoliberalismo’. Los gobiernos derechistas del tipo Macri que han ocupado su lugar deberán probar su capacidad de enfrentar y derrotar a los pueblos. Para cumplir con su objetivo estratégico de descargar la bancarrota capitalista sobre las espaldas de los trabajadores deberán superar su debilidad y falta de arraigo en las masas. Pretenden valerse de las campañas “anticorrupción” siendo que ellos mismos cuentan en su haber denuncias irrefutables sobre corruptelas y negociados. El derrumbe de los gobiernos ´nacionales y populares´ reabre en un plano superior la disputa por el liderazgo de las masas y la orientación social de los países del continente. La conclusión positiva para atravesar esta transición política es desarrollar una organización socialista de la juventud, en unidad con la clase obrera y las masas campesinas. Rechazamos los golpes derechistas y proimperialistas y denunciamos sus imposturas de ‘trasparencia’, pero no nos solidarizamos políticamente con los gobiernos o formaciones políticas ‘nacionales y populares’ que gobernaron en función de las clases capitalistas nativas y terminan sus días en un cuadro de descomposición política y moral. La situación reclama la defensa de la independencia política de la juventud, lo cual sólo puede ser tal si se plasma en una organización socialista y revolucionaria. El debate en el movimiento de la juventud El ascenso del macrismo y la necesidad de enfrentar su línea de ajuste y destrucción educativa requiere más que nunca defender la independencia política de las organizaciones estudiantiles y de la juventud. La juventud trabajadora y estudiantil debe tener las manos libres para dar esta pelea, y no tenerlas atadas por intereses capitalistas de los cuales son subsidiarios los llamados opositores nacionales y populares. Existen agrupaciones y fuerzas políticas que actúan en el seno del movimiento de lucha de la juventud que postulan la política de un “frente único” con el kirchnerismo para enfrentar al macrismo. No se percatan, sin embargo, que es el kirchnerismo y el FpV quienes han votado el pacto con los fondos buitres y que son sus gobernadores los que aplican el ajuste de Macri en las provincias. Esta caracterización debe ser extendida al camporismo, que gobierna Santa Cruz con Alicia Kirchner, pretendiendo imponer paritarias del 10% a docentes y empleados públicos, para lo cual recurren incluso a la represión policial. El camporismo creció como fuerza para-estatal, es decir, de defensa del status quo. Gobernó con los Stiuso y Milani, y en su nombre aprobó la ley anti-terrorista. Coparon rápidamente el gobierno de las universidades, aliándose con las camarillas corruptas y reaccionarias ligadas a la Franja Morada. Desde ese lugar sabotearon las luchas de la juventud, así como las organizaciones conquistadas al calor de grandes luchas, como la Federación Universitaria de Buenos Aires. La Unión de Juventudes por el Socialismo-PO, que ha sido parte de estos grandes procesos de lucha, declara que su estrategia es la independencia política de la juventud en unidad con los trabajadores, es decir una estrategia socialista. Sobre la base de esta independencia política propiciamos el frente único con todas las organizaciones para luchar por la conquista de las reivindicaciones contra el gobierno y la clase capitalista. El frente único de lucha está en las antípodas de la colaboración de clases con las expresiones políticas defensoras del orden social capitalista, entre ellas el camporismo en retroceso. Llamamos a una campaña en defensa de la independencia política de las organizaciones estudiantiles, lo cual implica defender a la Fuba del boicot de Franja Morada y La Cámpora y transformarla en el eje vertebrador de un plan de lucha nacional, que permita superar el papel desorganizador de la federación nacional. Llamamos a recuperar los centros de estudiantes y las federaciones estudiantiles regionales y transformarlas en impulsoras de la lucha de clases contra el capital en unidad con los trabajadores. Abramos una perspectiva Desde el Cordobazo a esta parte, los jóvenes y trabajadores de nuestro país recorrimos numerosas experiencias de lucha por nuestra independencia política. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda contribuyeron en la última etapa a forjar un polo de reagrupamiento político de los explotados. El Congreso Nacional de la UJS convoca a reforzar esta perspectiva, oponiéndole al régimen ajustador de Macri y los gobernadores una alternativa socialista de la juventud, la izquierda y todos los que vivimos de nuestro trabajo. Sólo un gobierno de trabajadores será capaz de romper los lazos de sometimiento con el capital financiero internacional, y concentrar los ahorros del país para aplicarlos a un plan de desarrollo nacional que priorice las necesidades populares. Es la única vía de futuro para la juventud, que garantice el acceso al trabajo, la educación, la vivienda y la cultura. El Congreso Nacional de la UJS llama a desarrollar esta gran tarea que dejó pendiente el Cordobazo: hacer de la unidad obrera-estudiantil una poderosa palanca de transformación social. ¡Vamos por una organización socialista y revolucionaria de la juventud. ¡Manos a la obra!

Las elecciones presidenciales peruanas han sido caracterizadas por un columnista del diario madrileño El País (12/4) como parte de una tendencia iniciada en Argentina y que expresaría “un giro claro a la derecha”. Sin embargo, lo que en verdad emparenta la elección peruana con el resto de América latina es el derrumbe de su régimen político y la fractura estatal en el cuadro de la crisis capitalista. Este derrumbe de orden más general, que abarca por supuesto a los regímenes progresistas, no eximió al gobierno de Ollanta Humala, que cae junto a la debacle de los precios de los metales. Humala, que llegó al poder aupado por la diplomacia brasileña, abandonó velozmente toda referencia nacionalista para gobernar para los grandes pulpos mineros y constructoras, al punto de desatar represiones criminales contra las poblaciones que se sublevaron contra diversos megaemprendimientos contaminantes. Prensa Obrera caracterizó tempranamente a Humala (en 2011) como “agente de los pulpos brasileños y del conjunto del gran capital mundial” (PO N˚ 1.172). Humala, por ello, fue un gobierno que se caracterizó por haber emprendido él mismo el viraje hacia el capital internacional. Los derechistas de Perú y del continente lo saludaron por haber “cambiado a tiempo”, a diferencia de otros gobiernos continentales. Humala, sin embargo, fue a la bancarrota política en el marco de esa derechización, que incluyó la adscripción de Perú a la Alianza del Pacífico. Su caída fue tan intensa que debió retirar de la contienda a su candidato, Daniel Urresti (un militar acusado de crímenes y múltiples violaciones a los derechos humanos en los ’80), porque apenas superaba el 1% de los votos en las encuestas. La pulverización del régimen político peruano no es broma. En las últimas elecciones regionales, los principales partidos “fueron barridos por movimientos regionales y caudillos locales” (Página/12, 6/10/14). El fujimorismo, la fuerza con más gobernaciones, apenas tiene tres sobre un total de 25. Dos ex presidentes que se presentaron a esta elección, Alan García y Alejandro Toledo, cosecharon resultados marginales. La victoria de Keiko Fujimori no constituye un giro a la derecha sino una reacción empírica del electorado en el cuadro de una acumulada frustración política. El imperialismo, que recela de Fujimori, había apuntalado al derechista Pedro Kuczynski, que obtuvo el segundo lugar. Frente Amplio La mirada del columnista de El País, sobre “un giro claro a la derecha”, además de impresionista, es unilateral, porque soslaya los registros obtenidos por fuerzas centroizquierdistas, particularmente el Frente Amplio, que canalizó parte del malestar popular (obtuvo el 18% de los votos y triunfó en regiones del sur empobrecido). Por su parte, el candidato de Democracia Directa, Gregorio Santos, un ex gobernador de Cajamarca que se hizo famoso por su reticencia al proyecto minero Conga, obtuvo el 4% de los sufragios. Desde un punto de vista programático, el Frente Amplio (integrado por los movimientos Sembrar y Tierra y Libertad y apoyado por el PC y el PC-Patria Roja) se encuentra a la derecha del chavismo, del que se apartó explícitamente durante la campaña. Propuso recuperar los recursos naturales y renegociar los contratos de explotación del gas, pero rechazó cualquier posibilidad de estatización. Todo esto completado con vagas referencias a la diversificación económica. En una entrevista con Página/12 (24/10/15), Verónika Mendoza señaló como modelos a Evo Morales y Cristina Kirchner. Se trata de un centroizquierdismo tardío y devaluado, que en algunos puntos se asemeja a los viejos planteos del Partido Nacionalista de Humala, del que proviene políticamente la propia Mendoza. Segunda vuelta El FA, por lo pronto, ha sido incapaz de fijar una postura independiente frente al ballotage. Algunos de sus integrantes no han descartado inclusive un voto crítico por Pedro Pablo Kuczynski para evitar un triunfo de Fujimori, lo que hundiría al FA con más velocidad de la que se hundió Humala. Con el ingreso de Kuczynski al balotaje, empresario de estrechos lazos con el imperialismo yanqui, estaremos en presencia de dos variantes derechistas y de una falsa polarización. Los medios presentan ya la controversia en términos de ‘democracia’ versus ‘autoritarismo’. La izquierda debe denunciar que se trata de dos variantes antiobreras y hacer una fuerte campaña por el voto en blanco.

La lucha docente ha entrado en una meseta como consecuencia de fuertes descuentos por los días de paro y las vacilaciones de la directiva celeste. En los próximos días la directiva de Sute ha convocado a asambleas de escuelas y departamentos para evaluar la continuidad de las medidas. Si bien el movimiento de lucha no ha logrado dar marcha atrás con el decreto, el conflicto no está clausurado. Lo demuestra la intensa deliberación en las escuelas. En filas de la docencia el sentimiento dominante es la bronca, repudio a la política antipopular de Cornejo, pero también una enorme desconfianza en su conducción. Tribuna Docente se ha desarrollado sobre la base de una crítica implacable a la política privatista para la educación del gobierno provincial, el impulso de la asamblea de delegados de base, el reclamo de un plan de lucha progresivo para enfrentar esta política. Justamente la gran marcha y parazo docente estatal del 4 de abril ha evidenciado las grandes reservas de lucha de los trabajadores, pero, por sobre todo, la decisión de enfrentar las políticas de ajuste del gobierno de Cambiemos. La deliberación en la asamblea de delegados y las medidas de lucha resueltas por ésta, son el camino a profundizar para quebrar a Cornejo y su plan de ajuste. En este cuadro comenzó la discusión paritaria de administración central y salud, las dos concentraciones de trabajadores más importantes de ATE. Por un 1° de Mayo de los trabajadores en lucha El plenario de secretarios generales resolvió un nuevo plenario de delegados de base para el 21 y la posibilidad de un gran acto el 1° de Mayo. Esta nueva asamblea de delegados debe servir para profundizar la deliberación de los trabajadores sobre sus reclamos, a la vez que votar medidas de acción directa como parte de un plan de lucha unificado, reclamar un paro nacional de todo el movimiento obrero y preparar un gran 1˚ de Mayo de los trabajadores en lucha. Esto contrasta con las conducciones amarillas que discuten aumentos salariales a la baja, aceptan suspensiones en nombre de que es mejor “a perder el puesto de trabajo” y actúan a espaldas de los trabajadores. El 1˚ de Mayo también es el inicio de sesiones legislativas, donde el gobernador Alfredo Cornejo se dirigirá a la asamblea parlamentaria dando cuentas del avance del ajuste y sus planes antipopulares. Es una oportunidad de clarificar los tantos, de un lado los ajustadores y vaciadores contra el pueblo y del otro un gran acto obrero por paritarias libres, aumentos que lleven el mínimo al costo de la canasta familiar, el fin de los despidos y suspensiones, el 82% móvil, la eliminación del impuesto al salario, la derogación del decretazo e ítem aula contra los docentes, la reincorporación de los despedidos y el fin de la persecución a los trabajadores que luchan como Blas, Macho y otros. Los parlamentarios del PO estaremos con los trabajadores, a la vez que impugnamos la asamblea legislativa.

Los obreros de Papelera del Plata conmocionaron Zárate con la asamblea y paro el jueves 7, al incumplir la empresa el pago de la quincena. Fue la gota que rebalso el vaso. Hace tres meses vienen trabajando a reglamento debido al no pago del premio por producción (entre 2.000 y 2.300 pesos), que ha sido una conquista de los trabajadores desde ya hace siete años. El 6 de abril, fecha de cobro, no realizaron los depósitos correspondientes. El argumento patronal de falta de dinero para el pago es trucho: se encuentra en marcha una ampliación de las líneas, además de que en los últimos años se la llevaron en pala. Al día siguiente, hicieron firmar a los trabajadores un cambio en la rotación de 7x2 (mañana, tarde y noche) a 6x1 (mañana y tarde). Esto último implica una reducción del salario, ya que no se paga el plus por nocturnidad ni el adicional por los feriados. La patronal se plantea una política de rebajar los costos para elevar su tasa de ganancia aprovechando la elevada inflación, ya que suben los precios de los productos que elaboran, pero no el poder adquisitivo de los trabajadores, siendo ellos la variable de ajuste. Ante esta terrible reducción de salario y el no pago de la quincena se desató la bronca de los trabajadores que se reunieron en asamblea y decidieron ir al paro por tiempo indeterminado, con el bloqueo de ingreso y egreso de camiones a la planta, en una demoledora muestra de la capacidad de lucha de los trabajadores frente al ajuste. La adhesión al paro fue total, estuvieron en la puerta de la planta centenares de trabajadores, incluso los que se encontraban de vacaciones o fuera de su turno se sumaron para apoyar el reclamo. Durante la noche, las patrullas policiales pasaron de manera provocadora, intimidación que no hizo mella entre los huelguistas. Ante una concentración masiva en el Ministerio de Trabajo, se dictó la conciliación obligatoria hasta el 23 de abril, con el pago de la quincena adeudada y la continuidad del turno noche. ¡Un gran triunfo! Los trabajadores de Papelera del Plata muestran el camino al resto del parque industrial de Zárate y toda la zona frente al ajuste que nos golpea, y que se profundiza día a día. Decimos: es la hora de un paro nacional. • Todo el apoyo a los papeleros. • Ninguna rebaja salarial, defendamos nuestras conquistas. • Por la prohibición de las suspensiones y despidos, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. • Por la abolición del impuesto al salario.

Con motivo del 40° aniversario del golpe militar han aparecido una serie de libros sobre el tema. Entre ellos se destaca el de Paula Canelo, que tiene la virtud de diseccionar 280 “Actas Secretas de la Junta Militar” (julio 76 - noviembre 1983), “acompañadas por numerosos anexos, planes e informes secretos” que estaban ocultas. Se descubrieron casualmente mientras se realizaban tareas de mantenimiento en algún altillo del Edificio Cóndor, sede central de la Fuerza Aérea, durante 2013. La autora se propone hacer una interpretación política de la política de la dictadura. Esto en contraposición a lo que ella llama las interpretaciones “economicistas” existentes, que afirman que el golpe se hizo para imponer una política económica ‘neoliberal’ con Martínez de Hoz a la cabeza, a las que considera reduccionistas. En ese sentido Canelo tiene razón. Pero se bandea para el otro lado, porque parte de lo que los generales referentes de la dictadura afirman y se proponen sobre sí mismos. Según los documentos analizados, la dictadura se propuso una vez instaurada tres objetivos políticos básicos: a) crear una nueva elite política que la sucediera, el llamado Movimiento de Opinión Nacional; b) reformar la constitución para instaurar un cuarto poder que institucionalizara la intervención del alto mando militar: un poder corrector con derecho a veto y c) digitar -con mucho tiempo- una ‘salida’ política a través de elecciones municipales para seleccionar a los referentes ‘naturales’. Era una utopía reaccionaria. No tenía ninguna base de sustentación. Desde el punto de vista del análisis es legítimo diseccionar un fenómeno político-histórico. Pero luego hay que integrar lo diseccionado a un análisis de conjunto. Cosa que a Canelo le cuesta pues su objetivo es “recuperar como clave interpretativa fundamental la autonomía de la política con respecto a la economía” (pág. 11). La historia la hacen los hombres, pero condicionados por el medio ambiente histórico-social en que viven. El golpe de 1976 fue decididamente apoyado por toda la clase burguesa, incluyendo la burocracia sindical y el peronismo. Su objetivo directo fue aplastar la radicalización y combatividad de la clase obrera, la juventud y las masas explotadas que venían rompiendo con el movimiento nacionalista burgués, que las había monopolizado políticamente desde 1945. Habiendo fracasado todos los intentos represivos y políticos para contener este proceso abierto con el ‘cordobazo’ de 1969 (Cámpora, Perón, Triple A, etc.) la burguesía dio vía libre al golpe represivo. Las Fuerzas Armadas golpistas tenían como problema central el “aplastamiento de la subversión”, no sólo de las organizaciones guerrilleristas-foquistas en amplio retroceso y desbande, sino, fundamentalmente, la radicalización política obrera y juvenil en creciente desarrollo. El programa económico del golpe surgió del fracaso del remedo nacionalista impotente que llevó al país al borde del defol y a la burguesía a un ‘cambio de frente’ hacia el capital financiero internacional. Proceso que había iniciado (y fracasado) el ‘rodrigazo’. La dictadura va a caer, a su vez también, producto de la crisis económica (quiebra de bancos, etc.). Lo que demuestra la vigencia de aquella famosa frase del ministro Talleyrand a Napoleón: “sire, las bayonetas sirven para muchas cosas, menos para sentarse sobre ellas”. Sea civil o militar, democrático o dictatorial, si el régimen no logra dar salida a la crisis será fagocitado por ella (cualquier parecido con la actualidad del ascenso de Macri y la continuidad del giro iniciado por los K hacia el capital financiero no es mera coincidencia). La crisis mundial y la resistencia de las masas (en el libro desarrollada como la irrupción de los reclamos por “los derechos humanos”) hicieron pomada a la dictadura y sus reaccionarios sueños ‘refundacionistas’. En sus páginas desfilan las diversas fracciones militares en pugna y de modo lacerante la complicidad de las direcciones políticas de los partidos burgueses y del PC con la dictadura y su objetivo de impunidad por los crímenes cometidos. Desde 1980 va dominando en la preocupación del mando militar la búsqueda de mecanismos que garanticen la impunidad. Canelo publica un documento secreto que hace el balance de un extendido proceso de “diálogo” con entrevistas a políticos, dueños de diarios, empresarios y sindicalistas de marzo de 1981 donde se caracteriza que “el régimen obtuvo una actitud favorable de la dirigencia política sobre la ‘lucha antisubversiva’”. En julio de 1981, ya en plena debacle económica de la dictadura, se crea la Multipartidaria y saca un documento (“Convocatoria al país”) “donde no se pronunció sobre los desaparecidos, ni cuestionó a las ‘Fuerzas Armadas victoriosas’”. Madres de Plaza de Mayo y Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas venían ganando protagonismo creciente con apoyo de la juventud. Proceso en el que intervino activamente nuestra Política Obrera. La burguesía argentina como clase, con sus instituciones y partidos, apoyó el golpe represivo, la represión y la posterior impunidad de los genocidas. Paula Canelo hace una revisión de la lucha contra la impunidad en estos 40 años, pero llamativamente se queda a mitad de camino con los gobiernos K, a los que pinta con formas progresistas. No sólo por la inexistencia de antecedentes de los Kirchner en la lucha contra la represión dictatorial, sino que deja fuera del tintero la promulgación de la ley Antiterrorista y de los Proyectos X. Se olvida de Milani -represor responsable de desapariciones llega a comandante en Jefe- y de Stiuso, jefe de la Side, que son continuación de la dictadura militar.