Prensa Obrera N° 1399

En las últimas semanas, trascendió la derogación del decreto que dejaba en planta permanente más de 100 trabajadores municipales de nuestra ciudad. Muchos de esos contratos no han sido renovados, lo que ha sido justificado como una limpieza de “ñoquis políticos” de gobiernos anteriores. Son palabras del propio intendente actual de la ciudad, a quien no le ha temblado el pulso para despedir a trabajadores con más de diez años de antigüedad. Frente a esta situación, que se viene dando no sólo en Bermúdez sino a lo largo de todo el país, tanto macristas como peronistas han dejado un tendal de obreros en la calle. Los despidos en nuestra ciudad son responsabilidad de ambos bloques mayoritarios. Del Frente Cívico, que mientras estuvo sentado sobre la billetera del gobierno municipal no paso a planta a sus trabajadores aludiendo que generaría un desfalco económico del municipio y luego a tres días de irse del gobierno, lanzó un decreto de planta permanente a sabiendas de que el nuevo gobierno se lo iba a revocar. La situación de precariedad es la primera razón de la vulnerabilidad de los trabajadores cesanteados o despedido. El PJ, invocando los mismos criterios que el macrismo, o los K en nombre de barrer con los ñoquis ceso una cantidad de contratos. Desde la bancada del Partido Obrero, tanto en 2012 como en 2014, reclamamos el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados del municipio. Esto fue votado en contra tanto por los radicales, como por los peronistas aludiendo que las cooperativas de trabajo eran la solución. Ambos son responsables del ajuste y de la política de rehén que se tiene sobre trabajadores en negro. Mientras los trabajadores son despedidos o cesanteados de sus puestos, los que nos gobiernan acuerdan y negocian a nuestras espaldas, ajustes y devaluaciones, la suba de la canasta básica, empujada por la devaluación y la eliminación de las retenciones, el aumento en las naftas, nuevos aumentos del 130% en la electricidad, que quieren ser disimulados con el desdoblamiento mensual de las facturas. Abajo los despidos, el ajuste y el endeudamiento. Impulsemos asambleas en los lugares de trabajo que obliguen a la burocracia sindical a salir a pelear por el pase a planta, no a los despidos y canasta básica familiar ajustada según la inflación.

Los vecinos del Parque Chacabuco obtuvieron una victoria contra la gestión macrista en la Ciudad. Desde mayo de 2015, buscaban frenar la privatización del reducido espacio verde del Parque con movilizaciones y asambleas. Desde la construcción de la autopista 25 de Mayo (1978), el parque fue perdiendo progresivamente espacio verde, cementando buena parte de su terreno. Hoy cuenta con solo ocho hectáreas de las veinte que supo tener en su momento. La lucha vecinal obligó a las autoridades del gobierno porteño a dejar sin efecto la licitación de las empresas que construirían otro bar (el parque ya tiene un amplio bar de 500 m2). La ley 4950, llamada "ley de bares", constituye un atropello contra los Espacios Verdes Públicos, ya que implica su privatización. Al continuar cementando y quitando espacios verdes, se pone en riesgo la integridad física y psíquica de todos los vecinos. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con apenas 1,80 m2 de Espacios Verdes por habitante, siendo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que son necesarios 15 m2 por habitante. Esto después de más de ocho años de políticas orientadas en ese sentido para beneficiar a la patria contratista y a la especulación inmobiliaria de los Macri-Larreta. Todos los vecinos defendamos la utilización del espacio público contra la embestida macrilarretista. ¡Abajo la privatización de los espacios verdes!

Es importante destacar la figura de Ian Murdock. Las contradicciones de su vida ejemplifican en forma extraordinaria el verdadero carácter del "software libre" como modelo de negocio capitalista. Murió el pasado 28 de diciembre, por causas que aún se desconocen, en la ciudad norteamericana de San Francisco. Murdock fue uno de los primeros impulsores del software libre, que tiene como fin el desarrollo de la informática sin patentes privadas, y por elección manifiesta de su autor, puede ser copiado, estudiado, modificado, utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido con o sin cambios o mejoras. Su definición está asociada al nacimiento del movimiento de software libre, encabezado por Richard Stallman y la consecuente fundación en 1985 de la Free Software Foundation, que coloca la libertad del usuario informático como un propósito ético fundamental. Sin embargo, lo que sucede en la práctica es que si bien se pueden formar comunidades que buscan satisfacer necesidades propias con el trabajo voluntario compartido, algo facilitado sobremanera con las herramientas de comunicación en internet, sucede una y otra vez que al lograr cierta masa crítica de utilidad y desarrollo, los grandes pulpos del Big Tech (a veces disfrazados de "fundaciones" o "asociaciones") utilizan el producto y a la comunidad "libre" como gran laboratorio de pruebas gratuitas, para luego desmenuzarlos y vaciarlos (o por lo menos distorsionarlos para servir sus propios objetivos). Terminan llevándose como empleados (o ejecutivos) a sus mejores programadores para sus empresas. Esto a veces deja el proyecto con dos versiones, la "comunitaria" (vaciada, desactualizada) y la "comercial" (versión paga, con gran parte del código inaccesible). Si bien es "software libre" el uso real tiene un costo astronómico, problema que puede agravarse bastante cuando falta documentación adecuada. El usuario debe pagar a la "asociación" o a las empresas que la forman los servicios pagos indispensable para el uso real del código del proyecto. Por ende, el software libre nunca puede servir de "alternativa" de los modelos de negocio de los grandes monopolios de la informática de la cual forma parte inextricable. Se trata, entonces, de una expropiación de trabajo (el código) y de una forma abierta y confesa de trabajo tercerizado, ni siquiera gremializado donde desarrolladores trabajan largas horas sin beneficios ni garantías laborales de ninguna índole. En este sentido todos los monopolios del "Big Tech", que mundialmente han echado decenas de miles de trabajadores técnicos en los últimos meses, se fijan en las comunidades del "código libre" como un repositorio inmenso de lo cual servirse para "bajar costos" y obtener laboratorios de testeo gratuito para sus productos. Cuando todavía estaba en la Universidad de Purdue, Murdoch creó Debian, una distribución ("distro") seminal del sistema operativo Linux. Pero rápidamente pasó a ser un ejecutivo de los grandes pulpos capitalistas que hacen del mentado "código libre" parte importante de su modelo de negocios. Ian Murdoch dejó de lado su filosofía “progre” encarnado en el Manifiesto de Debian ( https://www.debian.org/doc/manuals/project-history/ap-manifesto.en.html ), cuando todavía su gran creación aún estaba en proceso de gestación. Así fue como llegó a ser vicepresidente de Sun (ahora Oracle) donde el Debian "libre" mutó en el comercial Solaris. En este sentido también fue un pionero. El único código libre va a ser el producto desarrollado bajo la expropiación de los medios de producción internacionales de la informática bajo control obrero.

Al cumplirse un nuevo mes del asesinato del trabajador de la construcción Darío Avalos a manos de una patota de la Uocra, el jueves 11 una nutrida columna de trabajadores de la construcción, con los familiares de Darío, el Polo Obrero y el Partido Obrero, de la que también participó el diputado provincial Guillermo Kane y afectados por otros casos de lucha contra la impunidad (Rosso, Viera y Almeida) se movilizó a las puertas de los Tribunales de Lomas de Zamora para reclamar por justicia y contra las causas armadas contra los activistas y sindicatos combativos y clasistas como el Sitraic. La convocatoria fue alimentada por la liberación de uno de los principales imputados en la causa Avalos, Héctor Cabrera, señalado como uno de los responsables intelectuales de la emboscada criminal que terminó con la vida del trabajador de la construcción y dejó gravemente heridos a otros. La excarcelación de Cabrera allana el camino para la impunidad de los instigadores, entre los que se encuentra Walter Leguizamón (secretario general de Uocra-Lomas), aún prófugo de la Justicia. La movilización también puso de manifiesto el armado de causas truchas contra el Sitraic y contra los luchadores en Lomas de Zamora: un mecanismo que ha impulsado la Uocra para bloquear la actividad gremial del Sitraic en las obras y que también se ha valido el intendente Insaurralde para perseguir a los estatales nucleados en ATE Sur. La Justicia y la fiscalía se han convertido en un nexo de la política de la burocracia sindical y del Estado para perseguir a los luchadores. También se denunció la parálisis de las denuncias impulsadas por el Sitraic ante los hechos de violencia, ataques y maniobras de la Uocra. En la jornada se señaló que mientras la Justicia libera a uno de los responsables del crimen de Avalos, mantienen en prisión a Hugo Eguiazábal, trabajador de la construcción y activista del Sitraic, apresado ante una causa fraudulenta de la Uocra que carece de cualquier sustento probatorio. En tribunales, una comisión se reunió con el fiscal general, quien se comprometió a verificar la prueba otorgada por la familia Avalos, que consta de las filmaciones del día de los hechos y recibir las denuncias presentadas por el sindicato. Para finalizar, se convocó a una nueva reunión de la comisión por Avalos y las organizaciones para planificar una nueva movilización para el 11 de marzo, cuando se cumplen dos años del crimen de Avalos, dirigida contra las fuerzas policiales, responsables de liberar el terreno para que actúe la patota y uno de los puntales de la política de la Uocra para perseguir a los luchadores y activistas sindicales.

Al tiempo que el gobierno “negocia” el pago multimillonario a los fondos buitre y premia con tarifazos a las privatizadas de la electricidad y del gas -vaciadoras como Rasic, de Cresta Roja-, sigue sosteniendo con ingresos de hambre y sin compromiso de continuidad laboral a los 5 mil trabajadores de la avícola. Macri tiene dos varas: desembolsa velozmente miles de millones de pesos frente a los reclamos de la clase capitalista y empuja al desgaste a los trabajadores del conflicto más importante en el sector privado. Frente a la convocatoria por parte del cuerpo de delegados a una conferencia de prensa en la que iban a exponer la situación que están viviendo desde hace meses, con 6 mil pesos mensuales del Repro (menos de la mitad del salario), reclamando sin éxito que los reciban la gobernadora Vidal y funcionarios nacionales y donde anunciarían un plan de medidas, el gobierno macrista maniobró convocando a una reunión de urgencia con los delegados un rato antes de la conferencia para evitar que el conflicto vuelva a tener el alcance nacional de fin de año. En dicha reunión quedó constatado que el gobierno reafirma el ingreso de miseria de las 5 mil familias, y que no existe plan de reincorporación ni plazos, ni está garantizada la continuidad laboral de todos los trabajadores. Macri y Vidal siguen apostando al desgaste para quebrar un conflicto clave en el marco de un ajuste feroz que están llevando adelante contra los trabajadores. Para el Estado, garantizar el pago completo de los salarios significa un “vuelto” frente a los millones que entrega a los buitres y a las privatizadas. La orientación del gobierno expone crudamente su carácter antiobrero. Frente al fuerte aumento de la carne vacuna, la producción avícola posiblemente seguirá expandiéndose como lo viene haciendo desde tiempo atrás. La industria avícola corre con la ventaja de que los tiempos de su producción son mucho más cortos que los de la industria ganadera. Frente a la quiebra de Rasic, la llegada de un grupo de nuevas empresas encabezado por Ovoprot, que se haría cargo de Cresta Roja, tiene como exigencias previas golpear a las condiciones laborales y el achicamiento de la dotación de personal. Para torcerle el brazo al gobierno y a la patronal es necesario poner el conflicto en la calle con un plan de medidas y un pliego de reivindicaciones. Que la nueva patronal presente un plan con los plazos de reincorporación del total de los trabajadores y se respeten las condiciones laborales. Que el Estado garantice el pago completo del salario hasta que ingresen todos los compañeros. Que se investigue el vaciamiento de la empresa por parte de Rasic y se inhiba su patrimonio. Que se conforme una mesa de trabajo integrada por representantes del Estado nacional y provincial, por un lado y por los trabajadores por otro, para realizar el seguimiento y control del reingreso del total de los compañeros y del cumplimiento patronal de los otros reclamos.

El jueves 11 se realizó un corte frente al Polideportivo San Cristóbal, en las intersecciones de Entre Ríos y San Juan. Fue la respuesta a una amenaza de desalojo que llevó adelante un funcionario de Sbase (Subterráneos de Buenos Aires, que controla la concesión a Metrovías). El desalojo está previsto para el 20 de febrero y las instalaciones del predio serían cedidas a Metrovías. Esto llevaría a la desaparición del polideportivo, donde además funciona un merendero. Este ataque se circunscribe mediante el decreto de "concesión" a otros polideportivos (Colegiales, Onega -Villa Devoto- y Santojanni -Liniers). La primera amenaza de desalojo data de octubre de 2015. Aquella vez fueron funcionarios de Ausa quienes reclamaban el terreno del predio del polideportivo. Una mesa de trabajo -que integran los activistas del polideportivo, las organizaciones políticas y sociales del barrio- tomó la iniciativa realizando actividades. Esta planteado un acampe para resistir el desalojo. Pero es necesaria una acción conjunta de todos los polideportivos para derrocar los ataques y pelear por presupuesto para la mejora de las instalaciones y el pase a planta de los obreros que los mantienen.

Hace un año se conformó el barrio Joven en La Cava, en el partido de San Isidro. Familias de los sectores de “El Pozo” y “La Canchita” (la parte más antigua del barrio, fácilmente inundable) construyeron sus viviendas en la zona que había funcionado, hasta entonces, como un basural. En abril de 2015, los vecinos recibieron cartas de la jueza de faltas del municipio, donde se los intimaba a retirar las viviendas. Se criminalizaba así a los vecinos por tratar de paliar una necesidad por sus propios medios, que el gobierno comunal de Gustavo Posse jamás atendió. La última entrega de casas del Plan Federal, que se encuentra prácticamente paralizado, se hizo en 2013 y fue molecular. Los vecinos denunciaron a Posse y se movilizaron varias veces. Respondieron a la demanda judicial con una apelación, con el apoyo de la abogada Claudia Ferrero, y presentaron una ordenanza de urbanización en la mesa de entradas del Concejo Deliberante. Además, recorrieron el barrio explicando su situación y encontraron mucha solidaridad por parte de otros sectores del vecindario. A la orientación del municipio, contraria a la vivienda popular, le opusieron la organización independiente del Estado. Hace unas semanas llegó una nueva carta donde se indica que queda sin efecto el procedimiento para desalojar a una familia. O sea que la apelación a la intimación municipal es positiva a nuestro pedido. Esto supone una gran victoria de la organización independiente de los vecinos que, a través de asambleas, votaban las acciones que llevaban a cabo. La noticia llegó mientras realizábamos un torneo de fútbol con equipos del barrio. Es un gran avance para lucha por la vivienda digna en San Isidro. Ahora, debemos seguir peleando para que la policía abandone el predio del barrio Joven, por el ingreso de los materiales sin permiso previo ni restricción alguna y para que se ponga en pie un plan integral de viviendas, que debe ser controlado por una comisión de vecinos elegida democráticamente, que debe financiarse con un gran impuesto a la especulación inmobiliaria del distrito. Hemos dado un paso adelante, ¡ahora más que nunca sigamos en la lucha!

Luego de dos semanas de profunda deliberación de los trabajadores del astillero, el 5 de febrero, bajo un sol abrasante, se realizó la asamblea general que tanto se había reclamado luego del trágico accidente que costó la vida de un compañero. Casi veinte oradores hicieron escuchar los reclamos tan postergados de todas las secciones. En este clima se votó entre dos mociones: 1) darle tiempo al Ministerio de Trabajo para que evalúe la necesidad de inversión y no marchar o 2) marchar el miércoles 10 a exigir a la cartera laboral que se haga la inversión necesaria estipulada por la empresa en tan sólo 50 millones. Sin contar los votos “ganó” (en una votación reñida) la primera moción, defendida por la conducción Blanca del gremio. Es válido preguntarse, ¿tiempo para inversiones en seguridad a quienes no se preocuparon en los últimos doce años? Y, además ¿quién garantiza las condiciones de trabajo seguras luego de tantos años de abandono? El jueves 11 se produjeron nuevos accidentes de trabajo en el sector de buques militares. El viernes 12, a la mañana, el gremio se reunió con la mesa del cuerpo de delegados para discutir el relevamiento llevado a cabo por la empresa. Este cubre casi todas las falencias de seguridad existentes. Es decir que en un día la empresa se entera de casi todos los problemas, ¿por qué espera a que haya un compañero muerto para realizar dicha tarea? Queda sobre la mesa la responsabilidad clara por el vaciamiento de la fábrica que opera desde antes incluso que la gestión kirchnerista. La misma responsabilidad tiene la conducción Blanca del sindicato, a quien se le debió arrancar una asamblea general por la muerte de un compañero. El secretario general, “Pancho” Banegas, se proclama partidario de “la negociación”, lo mismo que se le escuchó decir antes a “Pachuli” Ignomiriello (ex secretario general y gerente de Recursos Humanos de la empresa, removido en asamblea general cuando era de la Blanca). La “calma” y el “saber medir fuerzas” sólo han servido para mantener al astillero dormido. En la asamblea general, esa lista Azul apoyó incondicionalmente a la conducción blanca en sus planteos, dejando en descubierto el pacto que hay entre ellos. Votar la movilización significaba dar una clara señal al gobierno de María Eugenia Vidal de que el astillero no aprueba su política de despidos y salarios a la baja. Pero eso iría en contra de la orientación que viene llevando la conducción blanca en los últimos quince años. Es imposible separar la crisis que atraviesa la fábrica de los acuerdos trazados por esta conducción con el gobierno de Daniel Scioli. Ahora, el gremio pretende retomar esa política conciliadora con el de Vidal. Un primer balance Todas las grandes conquistas, desde derrotar la ola privatizadora de los ’90 hasta las sucesivas luchas para mejorar las condiciones laborales y salariales llevadas adelante hasta el gobierno de Duhalde, fueron el resultado de la movilización activa de los compañeros. La lucha fue tal que los sucesivos gobiernos de la provincia de Buenos Aires han tenido que ceder una tremenda partida presupuestaria para garantizar la “paz social”. La táctica de gobierno sciolista fue destruir la fuente de trabajo con la mecánica de la desinversión, y generando desequilibrios salariales y administrativos. La confianza en que el propio gobierno responsable del vaciamiento y la crisis podría resolver el problema, llevó a los compañeros a una fuerte desmoralización política. Este cuadro de parálisis y de vaciamiento se completa con el papel jugado por sectores de izquierda que, lejos de jugar un papel combativo, se adaptaron a los planteos de las conducciones gremiales. El caso más marcado se expresa en la Junta Fiscalizadora (de la que forma parte central La Marrón-PTS), cuya función no se cumple en lo más mínimo. No ha presentado un solo informe en los últimos años. Los debates que se desarrollan en cada rincón de la fábrica expresan un cambio. Comienza a colocarse el problema de la composición del cuerpo de delegados. El Astillero está llamado a cumplir un rol protagónico plegándose a la lucha de los docentes y de todos los estatales de la zona, si es que quiere mantener las conquistas básicas que tanto costó conseguir. Para enfrentar el ajuste heredado y el que está en curso, debemos marchar junto a los maestros y estatales y así generar la presión necesaria para que la crisis no la paguemos los trabajadores. Preparemos el paro nacional de ATE del 24 y la movilización a la Plaza de Mayo.

Incluso antes de que se produzca el reintegro a las escuelas, ya se han realizado tres numerosas movilizaciones docentes en Santiago del Estero. La última, una “Marcha Blanca” convocada por el sindicato Cisadems, a la que adhirieron Sisadoc y Docentes Autoconvocados, reunió a unas 400 personas, que marcharon por el centro de la ciudad, parando en el Ministerio de Educación. La movilización planteó la exigencia de un básico que no esté por debajo de los 10 mil pesos, paritarias libres y blanqueo de cifras en negro. La columna de autoconvocados intentó llegar luego hasta Casa de Gobierno, pero se lo impidió un fuerte vallado con centenares de policías. Santiago del Estero no tiene paritarias al menos desde la dictadura militar. La burocracia sindical oficialista se agrupa en una “mesa de diálogo” que se limita a aceptar las imposiciones del zamorismo. Como resultado de esto, Santiago tiene aumentos muy inferiores a los nacionales, lo que deviene en el peor salario del país, a lo que se suma el mayor índice de precarización laboral. En el caso de los docentes, más de la mitad del salario es en negro. La Cisadems, adherida a la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), tiene una orientación no kirchnerista y es el único sindicato de importancia que nunca integró esa mesa del diálogo (hace unos años se retiró también Judiciales). El problema crucial al que se enfrenta la docencia es organizar el paro (en unidad). Cisadems ha planteado el no inicio de clases, pero existe el antecedente negativo de paros que han sido convocados y no garantizados, lo que genera cierto desconcierto entre los luchadores y la docencia. El surgimiento del movimiento de autoconvocados (ya en 2015) se explica en parte por esta falencia de Cisadems. En un marco de una gran heterogeneidad, hay sectores que impulsan una política divisionista, poniendo por delante un ataque a Cisadems, en lugar de guiarse por los intereses de la docencia en su conjunto. Desde Tribuna Docente estamos impulsando una campaña por un plenario provincial de delegados de todas las escuelas, lo que generaría una instancia de centralización y unidad para organizar seriamente el paro. Con esta política de lucha, intervenimos en todos los sindicatos y en autoconvocados, planteando un básico de 10 mil pesos, paritarias libres y el blanqueo de todas las cifras en negro. La realización de un paro docente podría a su vez motorizar la lucha de otros sectores, fundamentalmente salud y estatales.

El pasado 5 de febrero, Macri realizó su primera visita presidencial a Tucumán. Lo hizo para anunciar -en el predio del ingenio La Trinidad y ante los dueños de casa y de varias otras empresas del sector de Tucumán, Salta y Jujuy (Ledesma)- que, a partir del próximo 1º de abril, aumentará del 10 al 12 por ciento el corte de las naftas con bioetanol. Macri se hizo presente junto con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el de Salta, Juan Manuel Urtubey y con el radical José Cano, quien dirige el denominado Plan Belgrano, mientras que el gobernador tucumano, Juan Manzur, fue ningunead por la comitiva presidencial y tuvo que ir directamente al ingenio, según indicaron medios locales. El anuncio de la elevación del corte fue presentado por Macri como una salida a la crisis azucarera. Cano la elevó a la altura de una medida histórica. Manzur también se sumó al coro de elogios. Todos sostienen que con esta suba del corte se va a destinar el equivalente de 260.000 toneladas de azúcar a la producción de biotetanol, lo que va a ayudar a descomprimir el problema de los excedentes de azúcar que han sido el factor que ha derrumbado el precio interno del azúcar. Como a nivel internacional ocurre un fenómeno similar, la exportación de excedentes ha sido cada vez más resistida. La medida va a significar un alivio, pero se está muy lejos de haber superado la crisis. Los excedentes superan por lejos las 260 mil toneladas. Sólo en Tucumán, en 2015 superaron las 600 mil toneladas. El mayor entusiasmo viene de parte del sector empresarial que ya producen bioetanol (9 de los 20 ingenios existente el país) y que procuran ampliar la producción. Contrastada con la producción azucarera, la de bioteanol tiene costos laborales menores y se vende a precios subsidiados, como ocurre con las naftas. Por otra parte, los ingenios puramente azucareros (son 11) han declarado que pretenden ingresar al negocio reclamando que el nuevo cupo les pertenece. Y lo mismo han planteado los cañeros. El inconveniente es que no cuentan con instalaciones propias para producirlos. Para arbitrar frente esta situación, el ministro de Energía de la Nación ha decidido convocar a una reunión para el 17 de febrero. En este cuadro de crisis y pugnas, se ha reabierto la lucha de los obreros del ingenio San Juan a quienes se les adeudan los salarios desde el mes de setiembre del año pasado. El ingenio ha sufrido un proceso de vaciamiento y de quiebra. Recientemente, en los tribunales, se conoció la oferta de Rochia Ferro, dueño del ingenio Florida y Cruz Alta, el segundo de la provincia y principal producto de bioetanol del país, quien planteó comprar la quiebra poniendo como condición separar a la mitad del personal mientras queel sector que quedaría empleado en la empresa debería aceptar trabajar 12 horas como jornada normal. El interés de Rochia Ferro por el San Juan deriva del hecho de que este ingenio cuenta con importante cañaverales, o sea materia prima para producir azúcar o alcohol. Ahora, para abastecerse, Rochia Ferro debe negociar con los cañeros independientes. Hay otros ingenios que también están en crisis y que podrían quebrar o cambiar de mano o sea que vamos a un proceso convulsivo y tendiente a una mayor monopolización. Una asamblea obrera en el ingenio San Juan rechazó la salida propuesta por Rochia Ferro y se ha planteado que el estado provincial se haga cargo del ingenio para asegurar la continuidad laboral. Macri, Manzur, Cano, han pergeñado distintas alternativa a la crisis azucarera donde los platos rotos los deben pagar los trabajadores y los pequeños y medianos cañeros. A esas alternativas se le debe oponer otra: defensa de los derechos laborales y salariales, incluso reclamando la estatización o provincialización de los ingenios que amenacen cerrar o despedir. Y, como salida de fondo, una reorganización sobre otras bases, la nacionalización de las grandes fábricas y fundos cañeros bajo control obrero para que la producción azucareras y de biocombustibles esté al servicio de las mayorías laboriosas.

Los Talleres Ferroviarios de Junín, establecidos en 1886 y que hoy pertenecen al ferrocarril General San Martín,llegaron a generar miles de puestos de trabajo a la ciudad (entre 3.500 a 5.000 directos y otros tantos indirectos) e hicieron que la vida laboral girara allí en torno de esta actividad. A partir de 1993, con la derrota de la huelga ferroviaria contra las privatizaciones, la Unión Ferroviaria (UF) impulsó las cooperativas de trabajo, dirigidas por gente de su confianza, destinadas a abaratar la mano de obra, desvincular a los trabajadores del sindicato y de cualquier proceso de lucha colectiva y brindarle una gran cantidad de negocios a la burocracia con costos ínfimos de mano de obra. La Cooperativa de Trabajo Talleres de Junín (Cottaj) que repara y construye material rodante ferroviario, inició sus actividades en marzo de 1994 con 117 asociados que invirtieron sus retiros voluntarios (indemnizaciones) como capital de trabajo. Hoy, producto de aquella política liquidacionista, quedan 50 ferroviarios cooperativizados, otros condenados a trabajar largas jornadas cobrando el Argentina Trabaja y otros contratados por trimestre. El monotributismo reina y los salarios más altos, que rondan los 6.000 pesos, son recortados en unos 1.500 pesos por el pago del monotributo y los impuestos de Arba. Las condiciones de trabajo son casi medievales, desarrolladas en un lugar con ratas, murciélagos y otras alimañas. La comida diaria se hace en un lugar no apto para seres humanos. Las instalaciones en general son deficientes y peligrosas para la integridad física de los trabajadores. Los compañeros han realizado varias reuniones para analizar que hacer ya que, de tanto en tanto, la cooperativa se declara en bancarrota, amenaza con la quiebra y no paga los salariosdebido a la falta de pedidos de trabajo. Los precarizados han iniciado una campaña de firmas solidarias dirigida al pueblo de Junín para pasar a la planta permanente del ferrocarril ya que siempre hicieron trabajo de ferroviarios para el San Martín, Ferrobaires, etc., y las tareas que realizan están incluidas en el convenio de la Unión Ferroviaria. Los compañeros han planificado esta campaña, que también es de esclarecimiento y ya han ganado los parques y la vía pública convocando a que el pueblo de Junín los acompañe en el reclamo.

Ante la inminencia de un paro de 24 horas, Telecom emitió “comunicación interna” a los trabajadores anunciando que abonará el “paliativo” de 4.209 pesos que venía negando a pesar de que ya habían aceptado pagar tanto Telefónica como Nextel. La inminencia del paro, luego de asambleas durante varios días, con retención de tareas y una profundización del conflicto con una participación creciente de la base del gremio, llevaron a Telecom a firmar el “paliativo” (y el compromiso de no descontar las asambleas realizadas), que servirá para cubrir el atraso salarial en febrero. Se trata de un triunfo de los trabajadores. Y un golpe a la política de provocaciones de la patronal que se encuentra en una disputa por el futuro de su paquete accionario, donde presiona Telefónica a través de su injerencia en Telecom Italia. También lo hace el “fondo de inversión” Fintech, del mexicano David Martínez, que controla parte de Telecom y comparte negocios con su socio Cablevisión del grupo Clarín, que viene de completar la compra del total de las acciones de Nextel. La otra causa, más política, giraba en torno a los intereses del gobierno y las patronales de cara a la regimentación de las próximas paritarias. Telecom tiene vínculos muy aceitados con el gobierno de Macri. El gerente de Relaciones Laborales de Telecom, Marcelo Villegas, saltó de este puesto al de ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Y otra vieja (mal) conocida de los Telefónicos, Susana Malcorra, ex gerente general de Telecom en 2001 (cuando intentó despedir a cientos de trabajadores) es la actual canciller del gobierno. Telecom intentó marcar la cancha de cara a las paritarias y al nuevo gobierno, postergando el pago de un bono reclamado desde diciembre, para meter como parte de la paritaria de los telefónicos que debería llegar hasta junio. Pero en las asambleas, donde el activismo y los delegados combativos tuvieron un rol destacado, se promovió la organización y el debate, y se planteó, a pesar de la oposición de la burocracia, que es necesario adelantar la paritaria salarial, porque no podemos esperar hasta junio ni aceptar los topes salariales en medio de los tarifazos y el aumento de la inflación. El triunfo obtenido con la firma del “paliativo” refuerza el planteo de adelantar la paritaria por el conjunto de las reivindicaciones. Para recomponer el salario y los adicionales. Por las recategorizaciones. Por la devolución del “impuesto a las ganancias” mal descontado por Telecom, el pago de comisiones en Personal y otras reivindicaciones fundamentales, como la necesidad de un convenio único de la telefonía fija y móvil, en medio de la convergencia de los servicios. Y defendiendo la jornada laboral de siete horas, en oposición a las direcciones sindicales que vienen firmando categorías con nueve horas. El comunicado de Telecom, anunciando el “paliativo” con la firma de la directora general Elizabetta Ripa, termina diciendo que asistimos a “un contexto de complejas condiciones que está planteando 2016 para nuestro personal y para el desarrollo de las actividades y resultados de negocios de nuestras operaciones”. Pero los “negocios” de Telecom no tienen ninguna “compleja condición”. Por el contrario, la “compleja condición” la viven miles de telefónicos precarizados y tercerizados. En todo caso, Telecom debería abrir los libros y mostrar sus balances económicos y adónde van a parar las ganancias. Porque al igual que Telefónica adeudan los bonos de participación que se comprometieron a pagar a los trabajadores en actividad desde el momento de la privatización en adelante y nunca lo hicieron –con el consentimiento de todos los gobiernos de turno-, a pesar de que existen fallos judiciales. Las telefónicas (Telecom, Telefónica, Nextel, Claro) cuentan con recursos económicos de sobra para pagar un salario de una categoría inicial igual al costo de la canasta familiar, como plantearon y lograron los trabajadores aceiteros en la paritaria del año pasado. Con este horizonte, y el triunfo obtenido en Telecom, vamos por el adelantamiento de la paritaria salarial.

El sindicato de docentes universitarios e investigadores de Rosario (COAD), junto con la CTA Autónoma (Micheli), convocaron a un encuentro sindical con el objeto de “establecer acuerdos básicos en la defensa del salario, el empleo, la negociación colectiva y las libertades democráticas” y “asumir el compromiso de construir acciones unitarias para que tal defensa sea efectiva”. Participaron de la reunión Amsafe Rosario, ATE, Siprus (Sindicato de Profesionales Universitarios), delegados por Empleados de Comercio, la Federación Nacional Aceitera, Prensa, UOM de Villa Constitución y la Comisión Interna de Acindar. Estuvieron ausentes otros gremios que habían sido de la partida en la primera reunión, como ceramistas, bancarios y empleados de comercio. La CTA no logró que el encuentro se hiciera eco de la idea de extender a la región el paro de ATE anunciado para el 24. El sector kirchnerista rechazó pronunciarse por la reapertura inmediata de las paritarias y evitaron expedirse por un monto para el reclamo. El michelismo fracasó en colocar estos dos planteos, que consideraba puntos de acuerdo para la unidad de acción de ambas centrales estatales. Sobre este punto, como Corriente Sindical Clasista (CSC) planteamos que, para enfrentar los despidos y en reclamo de un salario igual a la canasta familiar en las próximas paritarias, es necesario convocar a un plenario de delegados de todos los estatales para votar un plan de acción contundente. El método de acuerdo de cúpulas de las CTA no es el camino para derrotar el ajuste. De cara al paro de ATE, sólo COAD se comprometió a realizar plenario de delegados para votar la adhesión, ATE anunció un plenario para el 12 y Amsafe Rosario ya tenía un acuerdo de convocar a plenario de delegados para el 11 de febrero por el tema paritario. Con respecto a la discusión salarial, el último que se pronunció fue la Federación Nacional Aceitera que informó que realizará un plenario nacional de delegados en marzo y ya en los medios han anunciado la pelea por 20 mil pesos de salario mínimo de acuerdo a la inflación. El planteo que desenvolvió la CSC – PO La CSC llevó una representativa delegación del sur de Santa Fe, con compañeros de la Interna del Hospital Eva Perón, de Tribuna Docente en Amsafe Rosario, de la comisión interna de Acindar de Villa, de La Virginia y de la química Synthon de San Lorenzo. Roberto Vila, por la Comisión Interna de Synthon, del Sindicato Químico de San Lorenzo, denunció los cientos de despidos en la provincia, no sólo en el Estado sino también de muchos centenares más en empresas que fueron subsidiadas por el kirchnerismo como Paraná Metal, de Villa Constitución; la aérea Sol; la curtiembre Sadesa, de Las Toscas; el frigorífico Frideco, de Totoras y la autopartista Meyde. También las suspensiones por tiempo indefinido en la química ArZinc, en el Cordón de San Lorenzo y las amenazas de despidos en Vasalli, en Firmat y en Fabricaciones Militares. Cristian Míguez por la Comisión Interna de Acindar, agregó que, "con la Coordinadora Sindical Clasista, nos pronunciamos por el apoyo y la inmediata organización del paro resuelto por ATE para el 24 de febrero, contra despidos y suspensiones y por la reapertura de las paritarias". Por último, Miguel Osuna de la directiva de Amsafe Rosario por Tribuna Docente, propuso un programa frente al ajuste: 1) Ningún despido, ninguna suspensión. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Ocupación de las fábricas que cierren. 2) Reapertura de todas las paritarias, por un salario igual a la canasta familiar y la indexación mensual del salario. Eliminación definitiva del impuesto a las ganancias y restitución del salario familiar y el 82% móvil para los jubilados. 3) Pase a planta de todos los contratados, no al trabajo en negro y a la precarización laboral. 4) No a la criminalización de la protesta social. Ninguna manifestación debe ser reprimida. Exigimos la libertad de todo preso por luchar y el desprocesamiento de todos los compañeros. 5) Apoyamos todas las luchas en curso. Y remarcó la importancia de pronunciarse por la independencia política de clase obrera en la lucha contra el ajuste. Nos manifestamos por la convocatoria de un plenario de delegados de bases del sur de Santa Fe como instancia de deliberación de los trabajadores de la región para resolver un plan de lucha. Los límites del encuentro radicaron en sus expectativas sobre el sindicalismo kirchnerista que en la provincia no ha jugado ningún papel en defensa de los trabajadores, ni aun siendo opositores del Frente Cívico durante doce años. De cara a las paritarias, el gobierno provincial de Miguel Lifschitz ya ha anunciado, en sintonía con el macrismo, un porcentaje que ronda el 25% por ciento. Sonia Alesso, secretaria general de Amsafe, dice reclamar entre el 35 y 40% de aumento salarial. Sin embargo, no ha convocado a preparar la lucha por el salario. En este sentido, la realización de un plenario de delegados de base de la provincia permitiría una deliberación acabada sobre el problema,votar un plan de lucha y salir a la peleay superar la maniobra de los paros aislados de las primeras semanas, para luego levantar la huelga con un acuerdo por montos lejanos a las necesidades de los docentes. Y a negociar los días caídos. Amsafe Rosario ha tomado la iniciativa y reclama una entrevista al gobernador para pedirle la participación de la seccional en las paritarias.

La epidemia de zika y la ola de malformaciones infantiles (fundamentalmente microcefalia) están al borde de colocarse en el centro de una crisis política en Brasil. Ocurre que el estado de Rio Grande do Sul prohibió la fumigación con pyrifroxifem, un larvicida utilizado en Brasil desde 2014 para controlar las larvas justamente del mosquito transmisor del dengue, zika y chikunguya, por considerar que puede ser un factor causante decisivo de los casos de microcefalia. La respuesta del Ministerio de Salud de Brasil fue inmediata: sostuvo que la fumigación con pyrifroxisen “nada tiene que ver” con las malformaciones que sufren miles de bebés brasileños y que el gobierno atribuye al virus del zika (1). La tesis que relaciona el aumento en la cantidad de casos de microcefalia con la fumigación con este veneno, entre otras causas, fue desarrollada por diferentes organizaciones sanitarias independientes. La Abrasco (Brasileña) publica una Nota Técnica y Carta Abierta al Pueblo Brasileño cuestionando el análisis lineal del Ministerio de Salud brasileño que vincula las emergentes malformaciones congénitas al zika, deja de lado otros factores que pueden estar incidiendo en el problema. La argentina “red de médicos fumigados”, pone el acento en el pyriproxifen, explicando que dicho veneno actúa inhibiendo el crecimiento del mosquito y generando malformaciones que producen su muerte o incapacidad. Este veneno se aplica directamente sobre los reservorios de agua, especialmente en el noreste, donde la falta de agua potable conduce al almacenamiento por parte de la población en reservorios precarios, que generan criaderos de mosquito (2). El pyriproxifen comenzó a utilizarse en 2014, reemplazando al temefós, que se volvió inocuo por la adaptación de los mosquitos. La sustitución de larvicidas por otros más potentes, crean adaptaciones en las poblaciones que deben controlar y hacen crecientemente más toxico el ambiente para la población y otras especies, sin resolver los problemas planteados inicialmente. Significativamente, brotes anteriores de zika no tuvieron el efecto de provocar malformaciones masivas en los recién nacidos. Incluso la propia OMS -que autoriza el pyriproxifen y sostiene a fondo la hipótesis del zika como causante de las malformaciones-, reconoce que la relación entre zika y microcefalia está simplemente “en estudio”. De casi 4.000 casos detectados de microcefalia, la relación con el zika se probó en 41. En el caso del noreste brasileño, la fumigación contra el mosquito no es un rayo en el cielo sereno. La región se ha transformado en un epicentro de fumigaciones masivas para potenciar la expansión agropecuaria depredatoria, que agravó la polarización social y la pobreza. Se utilizan masivamente pesticidas prohibidos en sus países de origen (por ejemplo, el paraquat (3) ). Diferentes estudios describieron, antes del actual crecimiento de la microcefalia, un aumento exponencial de problemas sanitarios por el uso de pesticidas (4), incluidas las malformaciones fetales. El uso de agrotóxicos y larvicidas potencia un enorme negocio por parte de los laboratorios, como Monsanto, Syngent, o el japonés Sumitomo Chemical, que produce el pyriproxifen. A este negociado se sumó la publicitada producción de “mosquitos mutantes” por parte del laboratorio Oxitec, que ha resultado ser un enorme fracaso para controlar la epidemia pero un buen negocio para los fabricantes del mosquito. Todos estos agrotoxicos son autorizados o incluso utilizados por el Estado, y autorizados por la OMS. Esto transforma los 4.000 casos de microcefalia, de comprobarse la relación, en un crimen directo por parte del Estado. La lucha contra la epidemia requiere terminar con las condiciones miserables de vida de la población, garantizar el acceso al agua, terminar con las fumigaciones masivas y garantizar una investigación independiente de los efectos de los pesticidas sobre la salud de la población. 1. http://oglobo.globo.com/brasil/ministerio-da-saude-nega-ligacao-entre-la... 2. http://www.reduas.com.ar/informe-de-medicos-de-pueblos-fumigados-sobre-d... 3. http://www.reuters.com/investigates/special-report/brazil-pesticides/ 4. http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Contaminacion/El_uso_de_plagui...

Al preguntársele su opinión respecto a la oferta del gobierno a los fondos buitre, Miguel Bein, el principal asesor económico de Scioli, respondió sin vacilar “es mi propuesta”, casi como si le hubiesen robado la idea. Fue enfático al plantear que el acuerdo con los buitres era prioridad en la agenda de la economía y había sido el gran escollo del gobierno anterior porque le impidió endeudarse. No fue una novedad. Lo había planteado en la campaña electoral, cuando era sindicado como futuro ministro de Economía de Scioli, si éste accedía a la presidencia. Propuso pagar el 70% de la demanda de los fondos buitres circunscribiendo la quita a los intereses punitorios que impuso la justicia de Estados Unidos, una oferta que se acerca a la actual y que en su momento tuvo el apoyo de Sturzenegger, actual presidente del Banco Central. Miguel Bein fue enfático en otro punto: denunció al gobierno anterior por la pelea con el “campo” “no se puede entrar en disputa con el mayor proveedor de divisas al país”, dijo y acordó con la eliminación de las retenciones a los granos de la pampa húmeda y a las producciones regionales. Se esforzó por dejar en claro que la devaluación estaba en su agenda y en la de Scioli desde el primer momento, lo que revela la impostura de todo el último tramo de la campaña electoral del candidato a presidente del Frente para la Victoria advirtiendo sobre la devaluación que se venía con Macri. Bein tuvo un sólo momento de discordancia con el gobierno actual. Fue cuando consideró “innecesaria” la eliminación de las retenciones a las mineras, dada que éstas están recibiendo todas las divisas necesarias para el giro de utilidades al exterior y los pagos de las importaciones. (Habría que preguntarse si esta habría sido su conducta en caso de ser ministro de economía del PJ/FpV). Bein, de todos modos, planteó que la presión a favor de las mineras provenía de los propios gobernadores de las provincias con explotaciones en sus territorios, lo que incluye no sólo al NOA y San Juan sino a la Santa Cruz de Alicia Kirchner. Ataque al salario En el reportaje a Clarín, Bein planteó que “el llamado a la responsabilidad (del gobierno a los empresarios, por el traslado de la devaluación a precios) está muy bien”, aunque propuso un acuerdo social porque en ese traslado “juegan las expectativas y las paritarias”. Es decir un “acuerdo” para imponer un techo a los salarios. Bein defiende el arreglo sumario con los buitres ya que por esa vía habrá plata para la Argentina -“el país va a ser exitoso seguro”. Si se votaba Scioli, salía un Macri.

La carestía de los alimentos, después de la devaluación, los tarifazos en la luz y la suba de los alquileres han escalado el costo de vida en casi un 15% en tres meses. Los más ‘optimistas’ calculan otro 30% para el resto de 2016. El gobierno de Macri se declara “preocupado” por la inflación. Pero prepara nuevos aumentos en el gas y en las naftas, mientras la devaluación de la moneda se acentúa. ¿Entonces? Su única “preocupación” es que las paritarias no recuperen esta feroz escalada contra el salario. Para reforzar esta extorsión, aumentan los despidos en el Estado, en la industria y en la construcción. En momentos en que la suba de la inflación “asusta”, el gobierno ha vuelto a meter la mano en el Indec. Es el mismo libreto de Guillermo Moreno: “dibujarnos” el índice, para después “dibujarnos” el salario. Los Moyano, Caló y compañía miran para otro lado, mientras aseguran sus prebendas. Los ahora opositores invocan la “resistencia”: pero ejecutan el ajuste en sus provincias, como ocurre con Alicia Kirchner. Los luchadores obreros y populares debemos deliberar, establecer un programa y una política de movilización, en defensa del salario, del derecho al trabajo y a movilizarse y luchar contra el ajuste. El 24 de febrero, todos con los estatales, contra los despidos en todo el país. El 5 de marzo, vamos al Encuentro antiburocrático contra el ajuste. El 24 de Marzo, con todo a la Plaza de Mayo, contra la criminalización de la protesta, por la derogación de la ley antiterrorista y por todos los reclamos democráticos. Esta es la agenda.

Cuando el gobierno anunció que publicaría en internet las listas de precios de los supermercados, para “que el consumidor controle”, fueron varios los que se acordaron de Guillermo Moreno. En realidad, el macrismo copiaba la receta que el ex secretario de comercio había utilizado en 2012, con los resultados conocidos. Pero si de imitar a Moreno se trata, el gobierno fue mucho más lejos: la manipulación del Indec vuelve a estar a la orden del día. Una de las técnicas que habían sido expulsadas por Moreno, y que fuera reincorporada hace un mes, ha vuelto a ser desplazada. Graciela Bevacqua había pedido un plazo de ocho meses para armar adecuadamente el nuevo índice de precios. El gobierno había admitido ese cronograma cuando la reincorporó a su puesto. De repente, consideró que esos plazos no se condecían con las necesidades “políticas”, y la echó. Naturalmente, si éstas últimas ‘necesidades’ chocan con los procedimientos técnicos, es porque el gobierno se apresta a violar esos procedimientos -o sea, que dejamos la falsificación “nacional y popular” del índice para pasar a su adulteración “republicana”. La razón de esta crisis debe buscarse en el desmadre de la inflación, un resultado inevitable de la propia política oficial. Mientras se elaboraba el nuevo índice, el gobierno había anunciado que apelaría al de dos provincias ‘amigas’ -San Luis y la Capital. Los ‘amigos’, sin embargo, dejaron al gobierno en pelotas, porque esos índices midieron la inflación de enero en el 6,5 y 4,1%, respectivamente, y nada menos que en vísperas del inicio de las paritarias. A partir de lo anterior, es claro que el gobierno ha decidido precipitar el índice “Cambiemos”, en condiciones técnicas tan oscuras como las que regían bajo el Indek. Adicionalmente, trabajadores del organismo denuncian la persistencia de la patota de UPCN, que ya habría sellado un pacto con la nueva dirección. La manipulación estadística exige que continúen la regimentación laboral y los agentes de la burocracia sindical y el Estado en el Indec.

El impuesto al salario se transformó en una de las lápidas del kirchnerismo, en su larga lista de impuestos regresivos. Aunque para Macri fue un tema de demagogia electoral, lo excluyó, sin embargo, de sus decretazos en los primeros tres meses de gobierno. Los proyectos sobre el tema llegan a las sesiones ordinarias cuando miles de millones del presupuesto público han sido transferidos al capital. Este escenario constituye una extorsión al parlamento, que será puesto ante la disyuntiva de “desfinanciar” al Estado. Pero los tres meses, que se harán más, porque en marzo recién comienza la discusión, cumplen otra función estratégica contra los trabajadores: colocar ganancias, explícita o implícitamente, en la mesa de las paritarias. Cualquier mejora en la carga del impuesto será condicionada a la marcha de las negociaciones salariales. En línea con esta política, ya se conocieron los proyectos de Carrió y del massismo. La chaqueña ha sido la avanzada de Prat Gay, porque su proyecto, como lo reconoció el ministro, es un mero aumento del Mínimo no Imponible (MNI) a 25.500 pesos para solteros y 30.800 para casados. A su turno, Marcos Lavagna (Massa) explica que la política de su ex candidato presidencial es “acabar con la cuarta categoría” (la que grava los salarios), pero que no es el momento. Difundió otro proyecto que eleva a 60 mil pesos el MNI y a cifras exiguas la llamada escala de Machinea, por cuyo congelamiento desde 1999 se llega rápidamente a la alícuota del 35%, de tal modo que un obrero paga el mismo porcentaje que la multinacional en la que trabaja. El movimiento obrero está ante un momento decisivo en este tema. Los paros generales y las luchas obreras lo pusieron en la agenda, y hoy las corrientes políticas de la propia burguesía están obligadas a tratarlo. Merece una deliberación a fondo. 16 años de confiscación Una inflación creciente y el congelamiento por largos períodos de los Mínimos no Imponibles (MNI) y la escala de alícuotas durante 16 años (desde De la Rúa hasta nuestros días), hicieron que un tercio de la recaudación de ganancias de 2015 se obtuviera a costa del salario. El impuesto llegó a abarcar a 3 millones de trabajadores y hoy comprende alrededor de 1,3 millones. Ello, luego del piso de 15.000 pesos que CFK estableció en agosto de 2013, cuando vio venir la derrota electoral que de cualquier manera llegó en aquel año. El retoque de Kicillof antes de las elecciones 2015 apenas restó 6 mil millones a una recaudación de 150 mil. Si el debate es el MNI y alguna actualización nominal de la escalita de Machinea, volveremos a tener pan para hoy y hambre para mañana. Quienes pretenden dejar la “discusión de fondo” para más adelante, acompañan el ajuste macrista. La discusión de fondo es ahora, porque está en debate - como en las paritarias- quién paga la factura de la crisis. Nuestro planteo El proyecto del Partido Obrero es abolicionista del impuesto a todo salario de convenio colectivo, de una vez y para siempre. Plantea también su nulidad para jubilados, monotributistas y profesionales independientes. Rescatamos el origen histórico de la cuarta categoría que es gravar a directores de sociedades que disimulan sus ganancias mediante altísimos sueldos. Con ese objetivo, establece un MNI de tres canastas familiares, hoy unos 60 mil pesos, y multiplica la escala de Machinea por la inflación registrada desde 1999, lo que lo incrementa en 18 veces. Para ambas cuestiones, planteamos su actualización mensual según el índice de costo de vida. Por este proyecto luchamos en cuatro sesiones especiales boicoteadas por el kirchnerismo en 2014. Hoy, kirchneristas y antikirchneristas se aprestan a votar un paliativo y no a liquidar el Impuesto al Salario. Con la presentación legislativa, iniciamos una vasta campaña en el movimiento obrero, de debates, pronunciamientos, charlas políticas al activismo, edición del proyecto para difundir en puerta de fábrica y mediante las redes, con visitas de los diputados a todo el país. Impulsamos asambleas y plenarios sindicales para su discusión. Contra la orientación de la burocracia sindical y de los partidos políticos de la burguesía, integramos la lucha por la abolición del impuesto al salario a la lucha por un mínimo equivalente a la canasta familiar, por la recuperación de las asignaciones familiares, contra los despidos, en fin, a un planteamiento de conjunto contra el ajuste a los trabajadores, para que la crisis la paguen los capitalistas.

Los índices de precios que el gobierno ha tomado como “alternativos”, hasta que el Indec publique los propios, han sido lapidarios. La provincia de San Luis calculó un 6,5% de inflación en enero, y la ‘macrista’ Capital más de un 4%. La inflación acumulada del último trimestre, sobre esa base, no baja del 12%. Los opositores que producen la “inflación Congreso”, haciéndole un favor a Macri, se clavaron en el 10%. Si a la inflación de este año se le añade la de los últimos meses de 2015, ningún aumento salarial que mantenga el ya golpeado poder adquisitivo del salario debería bajar del 40. La canasta familiar alcanza los 19.000 pesos según la Universidad de Rosario. Los salarios iniciales de gremios fundamentales, sin embargo, no alcanzan a la mitad de esa cifra. Cónclave antiobrero Esta agenda elemental estuvo ausente en la reunión de Macri con toda la “crema” de la burocracia sindical. La reunión refrendó el pedido que Macri ya le había formulado a Moyano en privado: el compromiso de las diferentes fracciones de la burocracia con la agenda del ajuste. A cambio de ello, las cúpulas reclaman por el resarcimiento estatal a la caja de las obras sociales. La burocracia sindical, por su parte, admite la extorsión oficial sobre el impuesto a las ganancias -donde las mejoras al mínimo no imponible estarán condicionadas a que los sindicatos se “moderen” en las paritarias. Pero los cambios que se preparan para la “cuarta categoría” (asalariados), podrían ser rápidamente devorados por la inflación. Sólo los diputados del Partido Obrero en el Frente de Izquierda (ver artículo) han planteado su abolición incondicional. El conclave de Macri con Moyano, Caló y otros ignoró por completo la cuestión de los despidos, que no es solamente patrimonio de los estatales. El observatorio de la CTA ha calculado en 25.000 los despidos privados. A ello, se suman las suspensiones en Fiat y Volkswagen. La Uocra ha perdido 85.000 puestos en el último año Las cesantías, sin embargo, no son un “daño colateral”. La política oficial, que en más de un sentido, agrava la recesión industrial, apunta a golpear sobre la capacidad de organización de la clase obrera, de cara a las paritarias. Paritaria “corta” En este cuadro, es significativo que el gobierno haya habilitado a la firma de “paritarias cortas”, o sea, acuerdos sujetos a una revisión posterior “según la marcha de la inflación”. El pionero ha sido otro de los visitantes de Macri, Armando Cavalieri, en el Sindicato de Comercio, quien aceptó un incremento de sólo el 20%, con el compromiso de ‘revisar’ al cabo de seis meses. Aunque estos acuerdos dejan abierta la puerta para que la cuestión salarial se reabra en el segundo semestre, el gobierno y las patronales admitirían ese cierre precario siempre que los aumentos corran por debajo de la inflación. De esa manera quieren atravesar un semestre signado por tarifazos y probables nuevas devaluaciones. Pero también, por la escalada de despidos que se preparan en la administración pública y en la industria privada. Para la eventual “reapertura” de esas paritarias, el gobierno apuesta a que la recesión empuje a la aceptación de complementos miserables. El gobierno ha cedido en el techo salarial que pretendía originalmente en la paritaria docente. De todos modos, la nueva oferta implica un salario inicial que no llega a la mitad de la canasta familiar. Este reacomodamiento tiene como objetivo evitar un no inicio de clases y, por esa vía, aislar al resto de los estatales a la hora de debatir un aumento con ellos. El reforzamiento represivo que debate el gobierno, desde el “protocolo” contra movilizaciones hasta el nombramiento de dos jueces reaccionarios en la Corte, apunta sin duda a este disciplinamiento social. Reagrupamiento Este cuadro de situación acentúa la necesidad de una deliberación del activismo obrero combativo y clasista, para establecer un programa y una política para movilizar a los grandes sindicatos obreros. El próximo 5 de marzo se concretará el encuentro del activismo antiburocrático que surgió, meses atrás, de la iniciativa que tomaron Aceiteros y la Línea 60 -dos organizaciones obreras que defendieron el salario y el derecho al trabajo apelando al método de la huelga general. El programa que debatirá este encuentro debe tener en cuenta la escalada estatal y patronal contra las paritarias, pero también la experiencia de lucha de sus protagonistas. En estos puntos, está la lucha por paritarias libres y con representantes electos, con un salario inicial igual a la canasta familiar y por un aumento del 40%; por la indexación mensual de los salarios y la abolición incondicional del impuesto a las ganancias; por la prohibición de suspensiones y despidos y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; el 82% móvil del último mejor salario percibido y el pago inmediato de las sentencias a los jubilados, junto a la solidaridad activa con los trabajadores en lucha, de Cresta Roja, de Tiempo y el Grupo 23, entre otros. Este programa debe integrarse a la defensa del derecho a la protesta y a la movilización. La jornada del próximo 24 de marzo debe ser un pronunciamiento masivo de los activistas y luchadores en este sentido, en la marcha independiente que preparan los organismos de derechos humanos independientes junto a la izquierda. El compromiso de hierro de los partidos capitalistas -del macrismo a los K, pasando por Massa- con la escalada antiobrera coloca al rojo vivo la cuestión de la independencia de la clase obrera frente a los agentes políticos y sindicales del ajuste, en particular, de quienes prepararon el desembarco del macrismo después de trece años de pago serial de la deuda, rescate de las privatizadas, precarización laboral y regimentación de los sindicatos.

Que el gobierno de Macri haya colocado a la inflación en “el primer lugar de las preocupaciones” suena, en primer lugar, a una impostura -ello, porque proviene de un gobierno que devaluó la moneda en un 50%, bajó las retenciones a los alimentos que se exportan y resolvió un tarifazo del 600% en la luz eléctrica. Un editorialista apuntó que “Macri necesita mostrar que lucha contra la inflación para su relación con los sindicatos” (La Nación, 14/2) -en otras palabras, busca una coartada para empujar las paritarias a la baja (el kirchnerismo también solía reforzar sus estériles controles de precios en vísperas de las negociaciones salariales). El debate sobre la inflación, sin embargo, no se agota en esa maniobra. En el fondo, pone de manifiesto una crisis política, como lo demuestran los desplazamientos en el Indec. La pretensión de una salida ordenada y “gradual” a la bancarrota que dejó el kirchnerismo empieza a mostrar sus límites. El gobierno celebró el levantamiento “indoloro” del cepo cambiario. Pero la liquidación de la cosecha por parte de los pulpos exportadores ha sido la mitad de la esperada. El atesoramiento de dólares y la fuga de capitales no han cesado, aunque los bancos ofrecen tasas altísimas para sus depósitos. En estas condiciones, el gobierno mantiene las reservas internacionales a costa de seguir ‘racionando’ las importaciones y, con ello, la propia actividad industrial. A su turno, el tarifazo ha operado contra la propia devaluación, puesto que elevó los costos en dólares de la producción local. Por eso, la patronal agraria e industrial espera otra escalada devaluatoria, lo que se ha expresado en estos días, por un lado, en un nuevo salto del dólar y, paradójicamente, en una mayor retención de los acaparadores de la cosecha, que suponen que la depreciación del peso va a continuar. En este cuadro, el ingreso de divisas depende crucialmente de un nuevo endeudamiento externo y, por lo tanto, del acuerdo con los fondos buitre. Pero ¿cuál sería el destino de la esperada “reapertura del crédito internacional”? Ni más ni menos que cubrir los agujeros de las finanzas públicas, cuyo déficit en 2016 será del orden de los 20.000 millones de dólares. La liga de gobernadores, senadores y diputados “nacionales y populares” darán luz verde a esta hipoteca bajo la promesa macrista de habilitar, a su turno, el endeudamiento de las provincias con el mismo fin, o sea, cubrir los agujeros de sus respectivos tesoros. Es claro que el reendeudamiento, en estos términos, sólo puede ser el anticipo de una nueva quiebra nacional. Choques internos Es por eso que, dentro y fuera del gobierno, una fracción capitalista emplaza a Macri a abandonar lo que llaman “gradualismo” y ejecutar un brutal ajuste fiscal -o sea, que el ingreso de fondos externos sea acompañado por una menor emisión de billetes para financiar el gasto público. Con el mismo propósito, el macrismo está absorbiendo los pesos emitidos a costa de endeudar todavía más al Banco Central. Ya en estos meses, los pagarés que emite el BCRA en favor de los bancos se han chupado buena parte del crédito, acentuando la suba de la tasa de interés, la recesión industrial y también otro factor inflacionario, ya que el consumo popular es cada vez más dependiente de las compras a crédito (tarjetas). A través del endeudamiento para el consumo inmediato (que es un resultado de la caída del salario), los trabajadores pagan un tributo cada vez mayor al capital financiero, que se vehiculiza por la caja de los supermercados. Un ajuste fiscal en regla acentuaría la recesión económica, reforzando la extorsión contra los trabajadores que ya anticipó Prat Gay -“elijan, salarios o empleo”. Después de la confiscación inflacionaria de la devaluación y los tarifazos, la “política antiinflacionaria” deberá abrirse paso a costa de suspensiones y despidos. Este recontraajuste, sin embargo, no sólo deberá enfrentar la resistencia obrera. También choca con las tendencias de toda una fracción del capital, que reclama un rescate. Después de reducirle los impuestos a los exportadores agrarios, el gobierno ha debido renovar la política de subsidios a los monopolios petroleros, en medio del derrumbe internacional de los precios del crudo. Ahora, suma otra mancha al agujero fiscal, la reducción de retenciones a las mineras. En medio de un cuadro de deflación mundial, Argentina tiene un gobierno “inflacionario”, a costa de socorrer a los monopolios capitalistas. Esta exigencia patronal sobre el Estado se reforzará con el agravamiento de la crisis brasileña: la devaluación del real y su derrumbe económico interior acentúan la presión exportadora de los monopolios de ese país sobre el mercado argentino. Mientras el gobierno amenaza con “abrir las importaciones” para bajar la inflación, una parte de la gran patronal exige, por el contrario, mayores medidas protectivas. De cara a las contradicciones que plantea la crisis capitalista, los explotadores están divididos y cruzados por múltiples choques, y ellos han llegado al gabinete macrista. La clase obrera debe tomar cuenta de este cuadro convulsivo y sacar las conclusiones políticas y de lucha.

Si Macri enfrenta con escasa autoridad el desafío de un ajuste indigerible, qué decir de Alicia Kirchner, con muchas menos condiciones para ello. Santa Cruz sufre los recortes a dos bandas: mientras Alicia ahoga a los municipios, ha comenzado a cortar la cadena de pagos en la provincia y es impotente ante el derrumbe del imperio Báez. Macri ha demorado hasta los sueldos de YCRT en Río Turbio, que se estarían cobrando el 17, y ha parado las obras de la usina, de la mina y de las represas hasta nuevo aviso. Alicia no ha llamado todavía a los docentes (es la primera vez que un Kirchner afronta una paritaria en la provincia). El Congreso de Adosac se reúne el 20 y va votar el no inicio de las clases. La CTA va al paro con ATE el 24 y convoca a un plenario de trabajadores para el 27. Río Gallegos y Caleta Olivia están sin transporte público por huelgas de los choferes, que han colocado en crisis todo el sistema de transporte público. Río Turbio está parado por la falta de pago de los sueldos -al igual que los municipales de Caleta, que siguen de paro hasta que cobren las categorías que faltan. A este paso, transcurriremos el mes haciendo paro para cobrar el mes anterior, una situación insostenible. En varios municipios se ha repetido este cuadro, mientras Alicia recomienda aumentar las tasas municipales como única salida. Las petroleras están rompiendo los acuerdos de paz social en Santa Cruz y también en Chubut, donde después de la firma de un promocionado acuerdo por seis meses siguen paralizando los equipos. La huelga ya estalló en Chubut y está por desatarse en algunas operadoras de Santa Cruz, sin que el burócrata Vidal pueda impedirlo. La perspectiva es de una gran iniciativa de los trabajadores, que si desborda la capacidad de contención de Alicia planteará objetivamente la necesidad de barajar y dar de nuevo en el régimen político. En 2007 lograron apaciguar la rebelión popular por medio de importantes concesiones. El kirchnerismo tenía la capacidad de maniobra para hacerlo, con tal de mantenerse en el poder. En 2016 el margen se ha achicado dramáticamente y la experiencia de lucha ha crecido en forma notable, lo cual plantea una gran perspectiva para que los trabajadores impongan su salida.

Los recientes fallos de la Corte Suprema que, en un caso, obligan a la Anses a triplicar el haber de un jubilado que quedó anclado en el viejo régimen de las AFJP y, por otro, el que dispone el pago de una compensación por daño moral por una demora de 20 años en un juicio de recomposición del haber por las sucesivas apelaciones e incumplimientos, confirman el nivel de confiscación a los jubilados. En una situación similar al del primero de los casos, se encuentran otros 300 mil jubilados que cobran una renta vitalicia abonada por una aseguradora, muy por debajo de lo que les correspondería recibir. La Anses no se hace cargo pese a que, en su momento, fue el propio poder político el que armó el sistema e incentivó a los trabajadores a pasarse a las AFJP. En el segundo caso está la casi totalidad de los más de 300 mil juicios (distintos a los anteriores), donde beneficiarios del sistema estatal reclaman por actualizaciones de sus haberes mal liquidados y que no suelen tener sentencia firme antes de los siete u ocho años desde el momento en que inician el trámite. Esta enorme cantidad de demandas no se reduce aunque el gobierno pague anualmente un 10% de los reclamos, porque es mayor el número de juicios que se inician cada año. Es que la Anses persiste en liquidar los haberes por debajo de lo que disponen, incluso, fallos de la Corte. Pero esta confiscación persiste también porque la propia Corte no ha hecho lugar al planteo de que se generalice la aplicación de sus fallos a todos los que tienen un reclamo similar. Así, cada jubilado debe llegar con su caso hasta la Corte para que ésta se pronuncie. En el Parlamento jamás se avanzó en la aprobación de una ley que tomara los reclamos de los jubilados. Vaciamiento delictivo Como parte también del vaciamiento de los fondos de la Anses, el gobierno kirchnerista le entregó a este organismo, en 2005, bonos actualizables por inflación a cambio del dinero acumulado en su Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que tiene el objetivo, justamente, de hacer frente a las obligaciones previsionales. Como por entonces comenzó la manipulación estadística del Indec, los bonos perdieron por su menor ritmo de actualización un total de 172 mil millones de pesos, casi cuatro veces más de lo que resulta necesario para pagar todos los juicios pendientes. A este desfalco a los fondos de los jubilados debería sumarse la falta de reposición del 15% que abonaban las patronales hasta que, en 1994, el entonces ministro Domingo Cavallo decidió reducirlo al 11 por ciento y que ni el gobierno nac&pop ni el actual se han planteado corregir. El programa previsional de los trabajadores y jubilados es: • 82% móvil sobre el sueldo actualizado. Haber mínimo que cubra el costo de la canasta básica del jubilado. • Pago de retroactivos a todos los jubilados hayan hecho o no juicio. • Aprobación de un presupuesto para la Anses que asegure cumplir con el 82% y las sentencias. • Asignaciones familiares de 1.500 pesos por hijo para todos los trabajadores. • Seguro de desempleo equivalente al 80% del salario del trabajador.

El jueves 11, el Senado habilitó el proceso para tratar la designación de dos jueces en la Corte Suprema, que Macri intentó poner por decreto apenas asumió el mandato. El cambio de ruta del oficialismo fue saludado por los pretorianos del estado de derecho como una recomendable manifestación de flexibilidad institucional. Se trata, en realidad, de lo contrario: una advertencia al bloque del FpV de que podría volver sobre sus pasos en el caso de que la propuesta corra el riesgo de no ser aprobada. A partir de esta premisa, la Rosada espera que prevalezca el criterio de la gobernabilidad -que ahora parece haberse convertido en un principio sacrosanto para una barra política entrenada en la desestabilización e incluso el derrocamiento de gobiernos electos. Los candidatos del macrismo deberían poner en alerta al movimiento popular, pues se trata de dos personajes reaccionarios, que transitan los estudios de abogados ligados a las mayores corporaciones. Uno es Carlos Rosatti, un ex funcionario K (como no podía ser de otro modo) y el otro, Horacio Rosenkrantz, una suerte de neoliberal. La foja de ambos registra su rechazo al derecho al aborto, incluso en los casos no punibles, y su oposición a las huelgas decididas a nivel de bases o comités de empresas y a los piquetes. Su defensa de la jerarquía sindical implica que enfrentarían la legitimidad de los delegados electos al margen de los aparatos. A esto se agrega un cuestionamiento a los tratados internacionales de derechos humanos, precisamente cuando busca cobrar impulso un nuevo revisionismo histórico sobre la dictadura militar o incluso amnistías. La oposición a estos nombramientos debería ser una prioridad política para los luchadores -incluso si, por nuestros principios, nosotros cuestionamos que un organismo vitalicio, no electo por el pueblo y compuesto por personajes ligados al capital, tenga a su cargo la decisión sobre la constitucionalidad de las decisiones de los representantes del pueblo. El gobierno ha calificado como “ideológicas” las impugnaciones que ha recibido contra ambos postulantes, como si para el ingreso a la Corte fuera suficiente la graduación universitaria y la buena conducta. La Corte es, sin embargo, un poder del Estado; no es concebible que quienes la integran actúen de un modo desideologizado o despolitizado. A pesar de haber pateado los ‘colleges’ y ‘campus’ de Estados Unidos, los funcionarios macristas fingen ignorar que la designación de cortesanos en ese país es decidida en el Senado sobre bases fundamentalmente políticas. La derecha norteamericana ha impuesto, en diversas ocasiones, a verdaderos talibanes religiosos e impugnado a candidatos liberales; la posición de cada cual en materia de derecho de aborto ha sido decisiva para la suerte de los pliegos. En tiempo reciente, en más de una ocasión la Corte de Estados Unidos ha llamado la atención al Congreso por vacíos legales que impedían impartir justicia y en otras más recientes ha fallado para corregir transitoriamente esa carencia legislativa. De acuerdo con ciertas versiones, el bloque del FpV condicionaría el apoyo a esas designaciones a una ampliación del número de cortesanos, con la intención de meter gente de su propio palo. Esta variante supone, como es evidente, una transa más amplia, pues supone consagrar compromisos equivalentes a la formación de una coalición legislativa de apoyo al macrismo. La cuestión de los nuevos miembros de la Corte transita al mismo tiempo que la negociación del acuerdo con los fondos buitre, el cual requiere la derogación de la llamada ley cerrojo. Aunque Macri y Prat Gay advirtieron que recurrirían a un DNU en caso de no obtener el aval al acuerdo con los buitres, es claro que ya tienen el visto bueno del FpV, porque un acuerdo avalado por decreto no resolvería la crisis del endeudamiento internacional. Sea como fuere, la Corte tiene la última palabra en caso de un cuestionamiento a los decretos de necesidad y urgencia. R y R representan el remate legal de la estafa financiera que se apresta a consumar el macrismo. La izquierda deber asumir la dirección de la oposición a R y R, en tanto los ‘revolucionarios’ K se ven atareados por el Congreso del PJ y la elección de autoridades con los laderos pejotistas del macrismo. CFK y La Cámpora, que por algo se quejaron hace dos años por la ruptura impulsada por las bases de la JP setentista con Perón, marchan entusiastas a la unidad justicialista. Desarrollemos una fuerte agitación política contra estas designaciones reaccionarias.

Mediante un decreto, Macri eliminó las retenciones a las exportaciones mineras (eran del 5% para la plata y el oro y del 10% para cobre y otros metales), lo que significa una transferencia de recursos anuales a los pulpos mineros del orden de 300 millones de dólares, considerando que el promedio de las exportaciones de los últimos cuatro años es de 4.000 millones. Por otros decretos ya había rebajado las retenciones a la soja y eliminado las de los cereales, producciones regionales y carne. Hace dos semanas anunció un subsidio a las grandes patronales petroleras de otros 500 millones de dólares. El gobierno -que denuncia que recibió un tremendo déficit fiscal, para justificar que no puede aumentarle a los docentes ni a los jubilados más que una miseria y que mantiene hasta ahora el impuesto a los salarios (llamado “ganancias”)- transfiere miles de millones de dólares a las patronales acaparadoras de las renta agraria, minera y petrolera. Esta era también la promesa de Scioli. Por eso los gobernadores pejotistas avalaron la medida (Sergio Uñac, de San Juan; Lucía Corpacci, de Catamarca; y Sergio Casas, de La Rioja, estuvieron presentes durante el anuncio). Los fundamentos del decreto muestran a las claras la actitud servil frente a los pulpos mineros. Se argumenta que las retenciones hacían perder competitividad a la Argentina respecto a los regímenes de Perú, Chile, Colombia y Brasil, países “en los que en años recientes se ha experimentado un marcado ascenso del nivel de inversiones en términos comparativos con nuestro país”. A esto quedan reducidas las declamaciones sobre la unidad continental, a competir con nuestros vecinos a ver quién ofrece las condiciones más ventajosas para los pulpos. Pero, además, esto tampoco es cierto, pues esos países tienen mayores regalías que las minúsculas fijadas por la ley aprobada en la época de Menem (el 3% después de descontar los gastos de explotación) y que fueran mantenidas inalterables por De la Rúa, Duhalde y los Kirchner. “Lo peor está por venir” El argumento oficial es previsible. Tenemos que “generar confianza y previsibilidad, que es lo que trae inversiones y empleos”, declaró Macri al anunciar la medida. Los empresarios mineros que naturalmente apoyaron firmemente la medida, fueron más cautelosos a la hora de anticipar inversiones. “Sería muy aventurado decir que esto va a gatillar inmediatamente inversiones”, declaró Ricardo Martínez, presidente de Gemera, la cámara de las empresas exploradoras, directamente vinculada con las inversiones (Minning Press, 13/2). Es que la semana pasada se reunió en Ciudad del Cabo “el mayor cónclave de inversión del sector minero, al que asistieron más de 6.000 altos ejecutivos, banqueros, operadores, analistas, compañías mineras y periodistas” (informe de Bloomberg del 12 de febrero, citado por Minning Press). Su principal conclusión es que “lo peor está por venir” (ídem). Es que “la caída de 73% de la industria (minera) respecto de un pico de 2011 supera por mucho el derrumbe de 49% de la industria petrolera en el mismo período”. Según el informe, las empresas mineras se dividen entre las que ya están con serios problemas y las que reducen costos y operaciones para poder resistir y estar en mejores condiciones de aprovechar una futura recomposición de precios. Es decir que la transferencia de fondos a los pulpos mineros, que se suma a los mayores ingresos por la devaluación, seguramente terminarán girados a sus casas matrices. Macri logrará el milagro de subsidiar a los pulpos de los países más poderosos. Críticas Algunos dirigentes aliados del gobierno como Carrió y Alfonsín, de buen diálogo como Massa y opositores como Pino Solanas y hasta el diputado del PJ sanjuanino, Daniel Tomas, se expresaron críticamente sobre la medida. Es probable que su olfato le indique que será tremendamente impopular. Pero ninguno cuestiona su legitimidad. Ninguno denuncia que el gobierno insiste en decidir cuestiones impositivas por decreto ni reclaman, por lo tanto, su urgente tratamiento parlamentario. Debemos reclamar el urgente tratamiento de la cuestión minera por el Congreso, junto con el resto de las gigantescas transferencias a los pulpos agrarios y petroleros, como parte del reclamo de la nacionalización integral de los recursos naturales (mineros y petroleros) y su explotación bajo control obrero y en condiciones ambientalmente saludables.

Luego de 15 días de días de detención, fueron liberados los diez municipales detenidos de Cerrillos, todos trabajadores de planta despedidos por la actual intendencia. Entre ellos se encontraban siete mujeres jefas de hogar, la mayoría madres solteras. Cumplían tareas de limpieza y de servicios generales, el sector que está en el escalón más bajo de los municipales, con salarios de miseria. El gobierno, después que los trabajadores sostuvieron un acampe por más de 22 días por su reincorporación, lejos de atender su situación burló las conciliaciones obligatorias y obligó a tomar la municipalidad como último recurso. El gobernador, Juan Manuel Urtubey, no tuvo empacho en ordenar una brutal represión. Hombres y mujeres fueron cobardemente golpeados. Las detenidas denunciaron que fueron apaleadas por personal policial masculino. Una de las compañeras fue encerrada en un baño, donde fue golpeada por tres policías. Recién a las diez horas de haber sido detenidos fueron ingresados en la Alcaidía provincial, en un accionar ilegal y violatorio de los derechos humanos, puesto que la detención sin registro constituye secuestro. La detención de estos trabajadores es por completo arbitraria. El gobierno de Urtubey les imputó gravísimas causas con penas de hasta 15 años de prisión, entre ellas la privación ilegítima de la libertad. Los mantuvo presos como si fueran delincuentes peligrosos, a pesar de que las causas eran excarcelables. Hubo una clara manipulación judicial para mantenerlos detenidos. La función de los despidos Los despidos ya suman más de un centenar en Salta y adquieren una función política central para el gobierno de Urtubey, que así pretende intimidar a los trabajadores para que desistan de luchar por sus fuentes laborales y por la defensa de sus condiciones de vida. Urtubey, amparado en la política antipopular de Macri, sostiene a intendentes que llevan a fondo el ajuste, mientras los libros de los municipios siguen bajo llave. Este operativo antiobrero del gobierno provincial va en sintonía con su cooperación con el macrismo. El rol de las bancadas del Partido Obrero ha sido clave para impulsar la movilización popular. Los legisladores del PO acompañaron a las familias; se entrevistaron con los detenidos y denunciaron la arbitrariedad de las detenciones; y, por supuesto, advertieron a la población sobre el carácter del ajuste que se quiere imponer y lo imperioso de librar batalla para derrotarlo. En estas dos semanas hemos podido ver la veta más reaccionaria del gobierno de Urtubey pero también la reacción popular contra el intento de criminalizar la protesta. La liberación de los detenidos es una victoria de esta movilización que, encabezada por los familiares, no se hizo esperar. Sabemos que ahora intentarán condicionarlos a través de las causas penales que siguen vigentes pero, luego de este triunfo,la lucha continúa con más fuerza por la reincorporación de todos los despedidos a la planta municipal y por su desprocesamiento.

“El Tranquerazo”, la lucha de los vecinos autoconvocados de Galpón, Tunal, J.V González y Metán contra la instalación de la química Nitratos Austin SA, cumplió mil días el 7 de febrero. El recordatorio se realizó con un almuerzo y posterior asamblea, de la que participaron delegados del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), agrupaciones ambientalistas como Yuyo Colorado, una representación del Partido Obrero encabezada por el diputado nacional Pablo López, y el fiscal federal Gustavo Gómez. La lucha El objetivo de la empresa es producir nitrato de amonio, un compuesto químico para la fabricación de explosivos usados en la megaminería. La historia se remonta al año 2010, cuando el gobernador, Juan Manuel Urtubey, firmó un contrato con la empresa comprometiéndose a la venta de gas -se importa de Bolivia- a precio subsidiado. Ese convenio representará montos millonarios del erario público a favor de la empresa, en una provincia donde la mayoría de la población no tiene asegurado el acceso a una red de gas domiciliaria. El repudio que generó la radicación de Nitratos Austin en la zona derivó en una gran protesta, con movilizaciones, cortes de ruta y un acampe permanente en el lugar. Los vecinos interpusieron un amparo ambiental que cuestionó el procedimiento administrativo con el que se autorizó la instalación, pero no tuvieron respuestas en ninguna instancia provincial, por lo cual la causa se encuentra ahora en la Corte Suprema de la Nación. Esa empresa, señalan los vecinos, representa un gran peligro para la vida de los trabajadores y para el ambiente en general. Ese tipo de industria ha tenido accidentes a nivel mundial y, además, los municipios de la zona no poseen equipos de emergencias para atender incidentes de esa clase, como quedó demostrado en octubre de 2015, cuando un temblor de 6 grados provocó un desastre en la localidad de Galpón. La zona en la que se instala Austin tiene grado 3 en el nivel de peligrosidad sísmica, por lo cual, los vecinos consideran que esa planta es una catástrofe anunciada. Urtubey es Austin La lucha contra Austin tuvo la adhesión de diferentes sectores, y en la asamblea del 7 de febrero cada uno expuso sus posturas y las actividades que realiza. Los grupos ambientalistas han iniciado acciones de difusión permanente y han propuesto actividades para financiar la lucha. Un aspecto muy positivo es que estos grupos de jóvenes han extendido sus actividades a Salta capital, lo que significó que más personas se integraran a la causa. El fiscal federal Gustavo Gómez planteó que es necesaria la proliferación de querellas penales contra los ejecutivos de la empresa y llamó a los vecinos a organizarse en ese sentido. Por su parte, Pablo López, diputado nacional del Partido Obrero, única organización política presente, explicó que el Estado salteño, con Urtubey a la cabeza, actuó con sus funcionarios, la policía y la Justicia para defender la instalación de la empresa contra la voluntad de los vecinos. A mil días del Tranquerazo, la consigna “fuera Austin” está más vigente que nunca.

A la ronda de suspensiones y jubilaciones forzadas, impuestas por el acuerdo (ver prensa obrera Nº 1398) firmado por el secretario general del sindicato en Neuquén, Río Negro y La Pampa (el senador Guillermo Pereyra) y la cámara de empresas de servicios especiales (Ceope), se suman ahora nuevos nubarrones sobre los trabajadores del sector. En Chubut, las operadoras, en especial PAE e YPF, luego de recibir un fabuloso subsidio estatal, reclaman un acuerdo similar al firmado por Pereyra para esa provincia. El sindicato neuquino pidió al Ministerio de Trabajo que el acuerdo sea también firmado por las operadoras (Total, Petrobras, Chevron, PAE y otras) para “unificar criterios para su aplicación”. En el caso de Neuquén, la muletilla tanto de Pereyra como del gobierno es que la salida a esta crisis pasa por incentivar las inversiones en el sector gasífero. El incentivo es nada más y nada menos que el aumento del precio del gas en boca de pozo. El gobernador reclama que lo lleven a 5 ó 6 dólares el millón de BTU (ahora pagan 3 por el gas convencional y 7 por el no convencional). Pereyra reclama un aumento superior al aumento de la luz. Según la óptica del gobierno y del burócrata, se podría reemplazar con producción neuquina lo que actualmente se importa como GNL y desde Bolivia (16 millones de m³ por día). Pero mientras en Neuquén se ilusionan con esa “salida”, Aranguren (que dilata una definición para el precio del gas en boca de pozo) tiene otros planes. Shell y Repsol en la escena Shell acaba de consolidar la compra por 70.000 millones de dólares de British Gas (BG), con importante producción en Bolivia en los yacimientos proveedores de gas a la Argentina. Está asociada en esos yacimientos del sur boliviano (Caipipendi-Huacaya) con Repsol y ambas, ¡junto a PAE!, operan la planta Margarita donde se procesa casi todo el gas que se exporta a nuestro país. El precio actual del millón de BTU de gas importado desde Bolivia, es de 4 a 5 dólares (llegó a estar a 3,90 dólares). Un precio apenas superior (5,5 dólares por millón de BTU) tiene el GNL que viene de Trinidad Tobago, actualmente en manos de Shell (se los compró a Repsol). Con esos precios, el gas boca de pozo en Neuquén no tiene ninguna competitividad si sube apenas un poco. Ni siquiera los 7 dólares por millón de BTU del “gas plus” habían entusiasmado a las operadoras para invertir en Neuquén. De modo que la ecuación sólo cierra con más despidos y una mayor flexibilización laboral, pérdida de conquistas, ritmos y jornadas de trabajo a destajo. Pereyra se lo ve venir, cuando afirma: “si no tenemos un plan para después, vamos a prolongar la agonía y la situación puede derivar en despidos” (El Inversor Online, 11/2). No es Vaca Muerta En Neuquén, a pesar del gran batifondo hecho sobre Vaca Muerta, al punto que hoy ambas palabras son sinónimo de No Convencional, el 80% de la producción de gas No Convencional (tight gas) se extrae de otras formaciones que no son Vaca Muerta. Por ejemplo, Mulichinco, Las Lajas (Informe anual de Producción No Convencional de Petróleo y Gas, provincia de Neuquén, Año 2014). De modo que cuando Pereyra pide un precio del gas en boca de pozo que aumente más que las tarifas eléctricas -es decir, que supere el 500% de aumento, sabe de qué está hablando. Porque muchas de las formaciones donde está el reservorio de tight gas, se encuentran más profundas que Vaca Muerta (por Los Molles, Las Lajas, Lotena, etc.). Se debe ir más profundo para sacar el tight gas. Mayores costos. La ecuación vuelve a cerrar apuntando al costo laboral. Con lo cual se dimensiona el nivel superlativamente antiobrero que tiene la firma del acuerdo del burócrata con las patronales.

La extraordinaria movilización de más de cinco mil estatales el 4 de febrero al Ministerio de Modernización canalizó una fuerte disposición de los trabajadores a enfrentar el ajuste: contó con grandes columnas de los ministerios de Cultura, Salud, Economía, Justicia, de la ex Esma, de Fabricaciones Militares, entre otros. El nuevo decreto que cancela los convenios con las universidades implicará una nueva oleada de despidos. La precarización de miles de trabajadores fue la condición para el manejo discrecional de cajas negras por parte del kirchnerismo. Macri no se ha privado de esta modalidad de “triangulación” y con este decreto busca “reempadronar” mediante la creación de un registro de los convenios entre el Estado y las universidades: es el método de Morales en Jujuy, esta vez para cooptar a las camarillas universitarias sin desmantelar el régimen de fraude laboral. El Consejo Directivo Nacional de ATE junto a representantes de los consejos directivos provinciales, resolvió un paro y movilización para el 24 de febrero. Fecha lejana frente al cuadro de miles de despidos que comenzaron los primeros días del año y que pegaron un nuevo salto los últimos días de enero. Lejos de buscar una profundización de la movilización del 4 de febrero, la fecha apunta a abrir un espacio de negoción con las autoridades del gobierno: Godoy anunció que será recibido por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, el 18 de febrero. Y en una reunión con la Pastoral Social, que actúa como intermediaria del ministro de Trabajo en el “pacto social” no escrito, se planteó el compromiso de Jorge Triaca para recibirlo. Es decir, la conducción nacional de ATE se monta sobre los despidos y la lucha de los trabajadores para pedir su lugar en “la mesa del diálogo”. El kirchnerismo de ATE, representado por la Verde y Blanca, sostuvo que el paro debía ser en marzo. Sin embargo, se reacomodó para no quedar aislado y a la derecha de la conducción nacional. Su política es colocar la lucha de los estatales en el campo de la “resistencia” K. Plantean una movilización divisionista encabezada por La Cámpora, ex funcionarios del gobierno kirchnerista, la CTA de Yasky y algunos sindicatos como la UTE o Pianelli del Subte, que han sido los garantes de la paz social de Macri en la Ciudad. La conducción de ATE no organiza la lucha en las dependencias: pide “mesas de trabajo” para elaborar “listados”. Estos ya no se presentan por sindicato, sino por color: la Verde uno, la Verde y Blanca otro, UPCN el propio. Es una política que lleva a la derrota. Deben ser las asambleas sin distinción de afiliación las que controlen los listados y el pase a planta de los trabajadores. La marcha del 4 de febrero ha expresado un gran espíritu de lucha y deja planteada la necesidad de organizar cada dependencia para lograr la reincorporación: los paros, ocupaciones y la acción directa de los despedidos con acampes y piquetes, constituyen métodos de lucha y organización para superar la política de la burocracia sindical. Este paro es una nueva medida aislada que no forma parte de un plan de lucha. Sin embargo, al ser la única medida convocada por un sindicato luego de veinte mil despidos en el Estado y otros tantos en el sector privado, debe convertirse en el punto de reagrupamiento de las luchas estatales, de los docentes y del movimiento obrero de la industria y los servicios. Es la oportunidad para realizar una gran movilización bajo un programa: reincorporación de los despedidos; pase a planta permanente de los trabajadores precarizados; paritarias libres; fuera la represión y la criminalización.

Este 5 de marzo, los sectores combativos, clasistas y de izquierda del movimiento obrero, convocamos a un encuentro de trabajadores en el mini estadio de Racing. El encuentro debatirá una política para enfrentar el ajuste del gobierno de Macri, compartido por gobernadores e intendentes del PJ y el massismo. La convocatoria partió de una iniciativa del cuerpo de delegados de la linea 60 y de Aceiteros Capital, los dos sectores que protagonizaron las huelgas triunfantes del movimiento obrero en 2015. La convocatoria denuncia a la burocracia sindical de las cinco centrales, que han hecho causa común con el gobierno macrista, en medio de una ofensiva que ha conducido a 20.000 despidos en el Estado y un número superior por parte de las patronales. Su realización coincidirá con un momento clave de la discusión paritaria, cuando se desarrolla un plan inflacionario y el salario pretende ser transformado en la única variable “antinflacionaria”. La burocracia sindical, con Moyano y con Caló, es decir con kirchneristas y antikirchneristas, se ha reunido con Macri para “acompañar” con “moderación” las “pautas” del gobierno. El tarifazo a favor de las privatizadas que hoy deja sin luz a más de 250.000 familias, que ronda el 600 por ciento, tiene cláusula gatillo por inflación, lo que se le niega a salarios y jubilaciones. Los integrantes del encuentro ya hemos tomado iniciativas de acción. Marcharemos el 24 junto a los estatales de ATE, con una columna independiente, contra los despidos y por las paritarias libres, y a parar ese día, como lo han resuelto Aceiteros de Capital, los docentes de los Suteba combativos, los docentes universitarios de la AGD-UBA y la Conadu Histórica, el combativo ATE-Mendoza y los sectores combativos del sindicato del subte. Esto, en abierto contraste con las burocracias “progres” de ambas CTA que no convocan a parar sino a una difusa “jornada de lucha”. Sólo la CTA Mendoza ha planteado el paro nacional en el plenario de la central de Micheli. Delimitación El documento de convocatoria se ubica en un campo de independencia de los bloques dominantes de la burguesía, y plantea la tarea de la expulsión de la burocracia sindical delimitándose de sus distintas alas. Estas precisiones, propuestas por la Coordinadora Sindical Clasista del PO, diferencian con claridad a este encuentro de experiencias anteriores (Encuentro de Atlanta), que agruparon activistas sin un programa y una estrategia definidos. El encuentro del 5 agrupa a nucleamientos y corrientes con diferentes estrategias. La convocatoria recogió acuerdos políticos y sirvió también para una delimitación de las divergencias. El encuentro no pretende disolverlas en una “corriente sindical”, que carecería por lo tanto de una estrategia común. Su propósito es debatir un programa y una política de lucha de las organizaciones obreras que concurran frente al ajuste. Los sindicatos y cuerpos de delegados convocantes reivindican el salario mínimo equivalente a la canasta familiar que pusieron en agenda los aceiteros, y promueve la elección y mandato de los paritarios en asamblea, sentando un principio clasista de democracia sindical. Varias cuestiones fueron objeto de una delimitación, y aparecerán con seguridad en el desarrollo del encuentro. No hubo acuerdo en reivindicar el método de la huelga general que caracterizó a las luchas de la 60 contra 50 despidos y a la formidable huelga aceitera con piquetes que paralizaron durante 23 días el principal complejo exportador del país. Este punto es crucial, sin duda, en momentos en que el clasismo y la izquierda deben ser organizadores y orientadores de la reacción huelguística en las reparticiones que despiden masivamente, impulsando la ocupación de las fábricas que cierran, es decir de los métodos de clase obrera capaces de derrotar el ajuste. El paro del 24 de ATE, será un canal y lo aprovecharemos a fondo, pero se encuadra en la política vandorista de “parar para negociar”, no pretende ser un punto de apoyo de huelgas que derroten los despidos masivos. La cuestión de la huelga general está estrechamente ligada a otro punto crucial que también es motivo de polémica: la necesidad de independencia absoluta respecto de la burocracia sindical, particularmente la kirchnerista, cuando sectores de izquierda se inclinan a líneas de compromiso con alas que según ellos están “en la resistencia”. Este tema ya ha sido motivo de debates en los Suteba combativos respecto de Baradel, quien, una vez más, se adapta a la posición de toda la burocracia sindical en la paritaria docente. Incluso cuando la burocracia debe recurrir al paro lo hace en función de su política estratégica de dejar pasar el ajuste. Los paros aislados de 24 horas tienen por propósito descomprimir la presión de las bases para preservar a la propia burocracia sindical. Son medidas que se convocan sabiendo que serán levantadas, independientemente de si el reclamo es conquistado o no. Es lo que ha hecho Moyano durante los últimos años del kirchnerismo. La huelga general, en cambio, significa una revolución al interior de la organización obrera, pues su sostenimiento en el tiempo requiere de asambleas, piquetes, agitación, es decir, métodos que son incompatibles con la burocracia sindical. Otro tema de debate fue la presencia de las representaciones sindicales del MST que forman parte de la burocracia centroizquierdista de la CTA Micheli y de la Lista Verde de ATE y el Cicop. Su participación como convocante y su presencia en la mesa del encuentro fue rechazada por estos motivos. Las corrientes político-sindicales convocantes forman parte del arco político y sindical que constituye o apoyó al Frente de Izquierda, y a ellas se suman representaciones independientes en ruptura con la burocracia. Los convocantes llaman a todo el movimiento obrero a movilizarse el 24 de Marzo, en la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. El encuentro tendrá que discutir un plan de lucha y de acción en el movimiento obrero para que cumpla integralmente su función. La Coordinadora Sindical clasista empeña toda su energía para movilizar a la mayor cantidad de sectores combativos del movimiento obrero, e impulsar estas resoluciones y debates al interior de las fábricas y reparticiones junto todas las iniciativas para quebrar el ajuste. La mesa provisoria organizadora del encuentro está en debate. Es importante que su composición, así como la integración de las delegaciones del propio encuentro, partan de la representación alcanzada, de la construcción real en el movimiento obrero y del mayor mandato posible, tema planteado oportunamente por aceiteros y la 60. Entre otros, estarán presentes el Sutna San Fernando que disputará próximamente el sindicato nacional contra el kirchnerista Wasiejko; el Sitraic, que organiza las obras contra el “Batallón 601” Martínez, el combativo ATE-Mendoza, los Suteba combativos, los dirigentes y trabajadores del Sipreba, que hoy está a la cabeza de la lucha de los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América, la directiva Municipal de Coronel Suárez que acaba de revertir 60 despidos, los delegados del subte, de Foetra que encabezaron el gran movimiento por la ley de participación en las ganancias, los docentes universitarios de la Conadu Histórica y AGD y Adiunt Tucumán, directivos de Amsafe rosarina y ATE neuquina, las internas clasistas de la Naranja Gráfica que forman lista contra el ongarismo, delegaciones de los cuerpos de delegados de Aluar, de Acindar, de petroleros de Las Heras y decenas de secretarios generales, comisiones internas y congresales representativos del clasismo en el movimiento obrero. La CSC-PO propondrá que tengan un lugar destacado las grandes luchas reales del momento, por caso Tiempo Argentino y Radio América o Cresta Roja.

El ministro Bullrich ofreció en la paritaria nacional un salario inicial para el maestro de grado de 7.800 pesos a febrero, al que se llega con un aumento de 260 pesos del Fonid (Incentivo Docente), una suma en negro aportada por el Estado nacional, y 8.500 pesos a julio, con otros 200 de Fonid, todo muy cerca de lo que la dirección de los gremios pedían. Esto representa un 40% de aumento sobre el mínimo actual de 6.060 pesos recién en julio, que en los bolsillos de los docentes representará menos de la mitad de la canasta familiar. Frente a una devaluación del 50%, el tarifazo y una escalada de precios que se proyecta a un 40% para 2016, se trata de una rebaja salarial. No es la primera vez que ocurre. Cuando asumió, el ministro Bullrich elevó a 6.060 pesos el inicial de siete provincias, que habían quedado por debajo del devaluado salario mínimo, vital y móvil. Para prevenirse de nuevas situaciones similares, en el acta se agregó una cláusula que fija que el salario inicial debe permanecer un 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil. Pero este “salario” es una cifra de pobreza establecida por el Estado y las burocracias sindicales. El ministro de Educación lo explicó así: “Estamos trabajando con la idea de que todas las provincias cierren con un aumento cercano al 25% que, sumado al Fonid que aportamos nosotros, rondará en un promedio de entre el 32 y 33%. De esta manera, el acuerdo docente va en línea a lo que planteó el ministro de Finanzas Prat Gay en cuanto a la proyección inflacionaria”. La burocracia sindical de Ctera, junto a los otros cuatro sindicatos que participan en la paritaria nacional, salió a batir el parche de que rompieron los topes salariales, algo que está muy lejos de la realidad. No obstante, el gobierno macrista echó lastre, porque se partía de cifras paupérrimas. Lo hizo para separar a los docentes del resto de los estatales y fragmentar los reclamos por provincia. Al aceptar este acuerdo, la Ctera y el conjunto de la burocracia docente le despejan al gobierno la posibilidad de un conflicto nacional. Trampas Incluso con estos límites brutales, esta oferta nacional es apenas una referencia que puede o no trasladarse a las paritarias provinciales, que son las que efectivamente discuten el salario y su composición. En las provincias, la discusión paritaria está completamente empantanada, porque los gobernadores dicen carecer de los recursos para cumplir con este elemental aumento salarial. No hablamos sólo de las provincias más pobres, sino también de Mendoza y, por supuesto, de Vidal en Buenos Aires. En otras, como Tierra del Fuego, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Neuquén o Santa Cruz, el mínimo ofrecido por Bullrich está por debajo de lo que ya cobran los docentes. El acuerdo de hecho entre gobierno y burocracia para fraccionar la lucha docente no los exime, por lo tanto, de posibles conflictos provinciales. Aún los 10.000 pesos de inicial que reclama Baradel en Buenos Aires o los 11.300 que plantea UTE en Ciudad de Buenos Aires, serán objeto de una controversia con los gobernadores. La cuestión clave del básico La exhortación, en el texto de la oferta, a revisar la “conformación interna de los salarios en cada provincia”, es una coartada para ocultar el problema de la conformación del salario docente, con básicos que rondan los 3.000 pesos en la mayoría de las jurisdicciones. El acuerdo no establece los porcentajes de aumento en la escala salarial, lo que licua el escalafón docente. En Capital, Buenos Aires y Santa Fe, por ejemplo, casi no hay diferencias entre el salario del recién iniciado y de los docentes con 10 años de antigüedad o más. La ratificación de la política de fijar un mínimo inicial sin discutir su composición, está llevando a los docentes a la situación de los jubilados: cada vez más docentes cobran el salario mínimo, destruyendo así la carrera docente. La tercera trampa es la de la “paritaria abierta” que han establecido con el gobierno. Eso jamás funcionó -recordemos el famoso monitoreo que se estableció con Scioli para levantar la huelga de 2014-, y es una manera de hacer pasar el aporte de la dirección sindical kirchnerista al ajustador Macri. Deben decidir los docentes La aceptación de esta oferta, y las propuestas que maneja la dirección celeste en las diversas jurisdicciones, no fueron ni serán debatidas o aprobadas por docente alguno. Las recientes reuniones de delegados realizadas en Suteba fueron pensadas por la celeste como preparatorias para la aceptación de un salario a la baja, y tuvieron un carácter simplemente informativo. En cambio en las seccionales multicolor del Suteba se votó masivamente sumarnos al paro del 24 junto a los estatales, y el reclamo al Suteba provincia para que también lo haga, junto a la convocatoria de un Plenario provincial de delegados con mandato. En seccionales conducidas por la celeste, como Mercedes o Las Flores, se votó el paro del 24. Tribuna Docente rechaza este acuerdo de reducción salarial, y defiende el planteo de los sindicatos y seccionales combativas, como Ademys o los Suteba multicolor, de 12.000 pesos de básico por cargo, inicial de 17.000 pesos y respeto de los aumentos establecidos en las diversas categorías por los estatutos docentes. Obviamente, actualizados mensualmente por inflación. Defendemos los plenarios provinciales de delegados convocados por la oposición docente del conjunto del país, como método de deliberación y resolución de la docencia. Tomamos al 24 de febrero como el comienzo de un plan de lucha, que puede continuar con una nueva marcha nacional educativa y las medidas de fuerza que resolvamos provincia por provincia, para organizar un plan de lucha nacional.

Ya es un saludable hábito del mes de febrero. Cientos de docentes de todo el país, incluyendo los que integran las direcciones de los Suteba Multicolor, Ademys, Amsafe Rosario, Adosac Perito Moreno, las seccionales combativas de Aten, las minorías de Ctera, entre otros, junto a los que levantan las banderas de la oposición docente en cada rincón del país, nos reuniremos a analizar la situación de la educación en el país de la docencia. Fijaremos un programa e iniciativas para defenderlo. Invitamos también a los estudiantes terciarios. El Congreso se desarrollará en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la sede de Constitución. Se iniciará con un informe de la situación nacional y educativa, y se complementará con la situación de cada provincia. Además, participará una importante delegación de docentes del PT de Uruguay, quienes jugaron un papel destacado en la lucha de los maestros y profesores orientales contra la “esencialidad”; es decir, en defensa del derecho de huelga en la docencia. Participarán docentes de 19 provincias y de más de 40 distritos de la provincia de Buenos Aires, que luego de los informes debatirán en comisiones y adoptarán resoluciones concretas. Especial interés concitará la lucha por la expulsión de la burocracia de los sindicatos, y la comisión dedicada a las elecciones sindicales del año, entre las que se destacan las de Amsafe y Aten, también para adoptar resoluciones precisas. La apertura y el cierre contarán con la intervención de dirigentes de la dirección nacional del Partido Obrero, quienes contribuirán a caracterizar el nuevo escenario político nacional, y la intervención de los trabajadores en el mismo. La campaña por la asistencia al congreso está lanzada. Tomemos las medidas políticas, organizativas y financieras, para que el congreso refuerce la presencia de Tribuna Docente en todo el país.

El sábado 20 se realizará la asamblea para convocar a las primeras elecciones del nuevo sindicato de prensa y para discutir una acción común de todo el gremio de prensa en defensa de la lucha del G23. Tiempo Argentino participará con una gran delegación y con más de un centenar de afiliados.

Con más de 650 mil pesos recaudados la lucha del G23 se ha transformado en una causa popular. Ahora se podrán acercar depósitos a la siguiente cuenta: Trabajadores G23 Caja de ahorro: 7591/4 Sucursal 011 Banco Credicoop Información diaria de la lucha en el Boletín de los trabajadores de Tiempo Argentino en lucha: pormastiempo.com

A casi un mes de la supuesta compra de Radio América y Tiempo Argentino por parte del empresario correntino Mariano Martínez, los trabajadores de Tiempo no han recibido un peso de la deuda salarial que la empresa mantiene con ellos. La patronal nunca ha definido la nueva línea editorial y el plan comercial, y súbitamente ha decidido dejar de imprimir el diario. Por ese motivo, hace diez días que la redacción se encuentra bajo custodia de sus trabajadores que ven, cada vez con mayor nitidez, la intención de producir un vaciamiento de la empresa. Radio América, por su parte, se encuentra de paro desde hace 40 días y los trabajadores han recibido apenas un pago en efectivo de 4.000 pesos a pesar de que la empresa firmara en el Ministerio de Trabajo un acuerdo de pago por toda la deuda. Martínez había prometido resolver el asunto “a la brevedad”, pero nada de eso ha ocurrido. Por el contrario, al lock-out en Tiempo se le sumó el intento frustrado de quebrar la huelga de América, ofreciendo a los operadores técnicos de la antena ubicada en Lugano, el pago de sus salarios a cambio de desviar la señal a un estudio paralelo. Con enorme dignidad, los compañeros rechazaron la provocación e informaron a sus delegados, impidiendo la maniobra. La operación de venta de la radio sigue en un limbo y a la espera de que el Enacom la autorice. Para eso, la nueva patronal debería mostrar señales de solvencia financiera. La falta de pago de los salarios a 450 trabajadores va en sentido contrario. Frente a esta situación, y sin obtener una prueba fehaciente de que la supuesta operación se hubiera realizado, la asamblea de los trabajadores de Tiempo Argentino, decidió orientar su reclamo directamente al poder político. En base a la lucha tenaz, con paros y movilizaciones, se logró abrir un expediente en el Ministerio de Trabajo, y una serie de audiencias en las que fueron citados también Szpolski y Garfunkel. Allí, hemos planteado la necesidad de que el ministerio ofrezca un paliativo bajo el formato de Repro, y se exigió al gobierno que, en virtud de la continuidad jurídica del Estado, informe sobre las deudas por pauta que mantiene con el G23. Planteamos el bloqueo de los pagos a los presuntos vaciadores y que sean los trabajadores quienes controlen ese flujo de fondos, privilegiando el pago de los salarios adeudados y la continuidad de las fuentes de trabajo. Por estos reclamos, marcharemos el viernes 19 al Ministerio de Trabajo para ser atendidos por Triaca y participaremos del paro nacional del 24 y la movilización a Plaza de Mayo para exigir una audiencia con Marcos Peña. Además, ese mismo planteo será llevado bajo el formato de un proyecto de declaración a los bloques de diputados del Congreso. Mientras tanto, el empresario kirchnerista y candidato a intendente por esa fuerza, Sergio Szpolski continúa con su política de desguace del G23. Por un lado, vendió parte de sus acciones del canal de noticias CN23, el diario gratuito El Argentino y la radio Vorterix al grupo Indalo (Cristóbal López). Por el otro, abandonó a su suerte a los trabajadores de las revistas 7D, Cielos Argentinos, Forbes y a los zonales de El Argentino, a quienes les adeuda desde noviembre y cuyo conflicto pretende clausurar con ofertas que no llegan al 10% de las indemnizaciones legales. Esta gran lucha tuvo como punto de partida una definición clave de los trabajadores: despegarse de la idea de que se trata de una disputa ideológica entre el kirchnerismo (en la figura de Szpolski) y el gobierno, el cual habría privado de su pauta al primero. La lucha ha enfrentado a trabajadores que provienen de diferentes orígenes políticos con un vaciador, que construyó una “corpo” periodística con los recursos entregados por el kirchnerismo. Esas diferentes posiciones políticas serán puestas a prueba en la experiencia colectiva de la lucha. Hay un punto claro de unidad, de un lado están las patronales vaciadoras y el Estado, del otro, los trabajadores y su inmensa lucha.

El extenso conflicto de Cresta Roja continúa sin una salida favorable para las 5 mil familias trabajadoras. El gobierno mantiene fuertes presiones sobre los trabajadores para que no se retomen las medidas de lucha que han colocado a fines del año pasado a este conflicto en el centro de la escena política nacional. La nueva patronal ha propuesto verbalmente reincorporar sólo 400 trabajadores en marzo con una rebaja salarial y ningún plazo de ingreso para el resto de los compañeros. Esto lo expresó un representante de Ovoprot el viernes ante unos 500 trabajadores en la Planta 2 de Cresta Roja. La empresa propone llegar a una faena de 200 mil pollos por día con esa primera tanda de 400 trabajadores, que lo desmienten porque para alcanzar esa producción harían falta no menos de mil obreros, sobre todo por el mal estado de las máquinas, debido a la desinversión de Rasic en los últimos años. Ovoprot no se compromete a establecer plazos de reingreso del resto de los trabajadores y no reconocería la antigüedad laboral, lo que implica una fuerte reducción salarial. Estamos ante una “oferta” de achique de la planta y del salario, coincidiendo con los planes que tenía Rasic y que llevó a los trabajadores a enfrentar con masivas movilizaciones y cortes. En la asamblea del viernes no se votó ninguna medida de acción a la espera de una resolución de la jueza frente a la oferta patronal. Un centenar de compañeros se retiró con gran insatisfacción ante lo expresado por el representante de Ovoprot. En Planta 1 se realizó una asamblea horas más tarde con decenas de compañeros, donde se manifestó el descontento frente a la inconsistencia del planteo patronal, rechazando la falta de plazos para el ingreso del total de los trabajadores. Allí quedó planteado movilizar a Plaza de Mayo junto a los miles de trabajadores que se manifestarán este 24 de febrero contra los despidos y el ajuste del gobierno. Con esta oferta de Ovoprot frente al colectivo obrero han quedado de manifiesto las maniobras de los funcionarios de Macri para frenar el lanzamiento de un plan de medidas; en la última reunión previa a la conferencia de prensa del miércoles pasado, los funcionarios habían anunciado a los delegados de Cresta Roja que ingresarían unos 1.200 trabajadores en marzo. En el marco de la negociación con el gobierno y el consorcio que se haría cargo de Cresta Roja al menos por algunos meses, se hace inminente retomar un plan de acción junto a un programa de reivindicaciones que parta del reingreso de todos. La parálisis desarma a los trabajadores en estos momentos definitorios del conflicto y permite que el desgaste avance sobre los compañeros. Es preciso retomar las asambleas convocando masivamente a todos los compañeros de ambas plantas y del campo, sin la presencia de representantes patronales, para votar e impulsar un plan de acción. Exijamos el ingreso del total de los compañeros, con plazos precisos, respetando las condiciones laborales y salariales, como la antigüedad; que el Estado se haga cargo de pagar el salario completo a los compañeros hasta que sean reincorporados y de las deudas salariales; que se conforme una mesa de trabajo de representantes del gobierno y de los trabajadores para controlar el cumplimiento del reingreso y del pago salarial.

A los pocos días de haber asumido, el gobierno macrista dictó un DNU de modificación de los ministerios y secretarías, de acuerdo con las “necesidades de racionalización” de la nueva administración. De este modo, el Ministerio de Educación es ahora de Educación y Deportes. Por este DNU, el gobierno tuvo que excusarse, ya que estaba plagado de errores normativos tales como el encuadre en la Ley Federal de Educación, entre otros. Es que esta ley menemista y otras a las que hace alusión el gobierno en su DNU han sido derogadas, aunque fueron reemplazadas por otras votadas bajo el kirchnerismo con la misma orientación social: adaptar la educación a las regulaciones del mercado laboral precario. Por ello, el propio gobierno no tuvo reparo en corregir su “error”, ya que la normativa kirchnerista vigente permite avanzar en el mismo sentido. Sin embargo, sobre la esencia del DNU no se modificó una sola letra. En este punto, la Evaluación Educativa convertida en una cuestión de Estado por las leyes kirchneristas se tomó al pie de la letra. Por ello, a lo largo y ancho del país, bajo el lema de "calidad educativa", el gobierno pretende aplicar la evaluación a docentes, escuelas y estudiantes para introducir el salario por mérito, rankear escuelas, así como evaluar por resultados y competencias a los jóvenes, encarnando una tendencia más general en educación: flexibilizar el trabajo docente y adaptar a la educación a las necesidades cambiantes del capital en decadencia, degradando la fuerza de trabajo. En el año 2014, el macrismo sancionó en la Legislatura porteña una ley de creación de la Unidad de Evaluación de la Calidad Educativa con estos objetivos. Sin embargo, en su texto de fundamentación, cita argumentos de la propia Ley Nacional de Educación y resoluciones del Consejo Federal de Educación sancionadas bajo el kirchnerismo, en tanto no encontró oposición en la dirección celeste K de la UTE-Ctera. Esta no sólo no convocó a la docencia a rechazar y movilizar contra esta medida reaccionaria sino que presentó su propio proyecto. Es decir, ambos bloques comparten la orientación de responsabilizar a las/los docentes por los problemas sociales y educativos. La mitad de las escuelas ya son privadas El nivel de privatización de la educación en la Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires es del 48 y 41%, respectivamente. Estas cifras indican el vaciamiento y el desfinanciamiento constante de la educación pública, con crisis edilicias, recortes, salarios magros y amplias capas de la población con carencias materiales y simbólicas que provocan dificultades educativas, deserción, repetición, sobre-edad, problemas de aprendizaje, etc. Todo eso acompañado con cierre de cargos de los Equipos de Orientación Escolar (psicólogos) de forma constante. En el país, el 40% de la población de 0 a 17 años es pobre. Sustraer dichas condiciones de la tarea educativa significa una política de autoencubrimiento del Estado que no puede llevar adelante el sostenimiento de la educación, la alimentación y la vivienda de los niños/as. Pero hay otras aristas del problema igualmente importantes: el negocio de "formación permanente", en esta perspectiva, obliga a docentes a pagar posgrados en universidades e institutos, para poder "calificar" y adquirir mayor mérito y, por ende, salario. Las declaraciones del ministro Esteban Bullrich proponiendo un salario básico común a los docentes del país y para ir después tomando otras variables para conformar el sueldo van en ese sentido. Ligado a esto está en la mira de los gobiernos de turno la liquidación del Estatuto del docente, conquista histórica, y la consecuente intención de regimentación de la docencia de todo el país. Lo que se encubre El verso de la "calidad" se acompaña de un recorte de contenidos a enseñar, devaluando los títulos y orientaciones para adaptarlos a los requisitos del capital en crisis. Las reformas educativas recientes en el nivel medio y los planes de terminalidad (Fines y otros) son una expresión concreta de eso. Es decir, la estandarización, evaluación, el ranking y el salario por mérito son políticas propias de la mercantilización educativa y la flexibilización laboral. Por eso rechazamos la evaluación y los términos acuñados por el gobierno, incluso por cierta literatura educativa 'progre' como el de "calidad", asemejando a la escuela con una empresa, atando su suerte presupuestaria y laboral a los resultados obtenidos. En tanto, Vidal-Bullrich ya anunciaron la formación de un instituto evaluador para la provincia de Buenos Aires citando el ejemplo de la Capital. La Celeste de Baradel no convocó a la docencia a una deliberación que ponga un freno a los ataques del gobierno de Macri. La lucha por las paritarias será también un terreno donde el gobierno intentará negociar y meter con las burocracias estas nuevas condiciones a la docencia. Debemos rechazarlo de conjunto e intervenir con un planteo independiente que quiebre la política de ataque a la docencia y a la educación pública de conjunto. El 20 y 21 de febrero, Tribuna Docente-Lista Rosa Nacional llevará adelante el Congreso Nacional de Tribuna Docente para debatir un plan de acción que coloque en primera línea la defensa de la escuela pública.

Fiat ha decidido suspender a 200 operarios en su planta de Córdoba. Volkswagen ya viene aplicando desde este mes suspensiones rotativas a unos 170 trabajadores, que perciben el 75% de sus salarios en dos plantas de Córdoba donde se fabrican cajas de velocidades que se exportan a Brasil. Estas medidas se mantendrían hasta abril. También ha habido suspensiones en Iveco. Hasta ahora, la única fábrica que este año no produjo suspensiones es Renault, que tuvo su proceso de “racionalización” en el período anterior. Sin embargo, no descarta hacerlo este año. La caída de la producción se traslada “hacia abajo”, con despidos en las autopartistas. Según el secretario general de la UOM, el delasotista Urbano, llegan a 1.500 trabajadores, con talleres que han comenzado a cerrar (Efacec, RAR, Matricería Austral, Man, entre otros). Las cifras no son totalmente fidedignas ya que ha habido muchos despidos encubiertos como “retiros voluntarios” o finalización de contratos (sobre todo de las “consultoras”, esto es notorio en Fiat). El ocultamiento de la realidad es auspiciado desde el propio gobierno y priva a la población y a los trabajadores de la información necesaria para tomar una intervención política y activa para superar la parálisis. En cambio, las patronales y el gobierno se sirven de la crisis para mejorar la rentabilidad reforzando la explotación obrera, vía la precarización laboral y la violación de convenios y acuerdos. Por ello reclamamos la presencia de los ministros de Trabajo y de Industria en la Legislatura, para poder ser sometidos a una interpelación. La crisis automotriz, con los despidos y las suspensiones, es la expresión del derrumbe del mercado brasileño y de la caída de los ingresos en el mercado interno, es decir, una manifestación de la crisis capitalista de conjunto. Pero también es el escenario de una guerra contra los trabajadores, que tiene a las multinacionales a la cabeza. Ratazzi de Fiat, quien mejor expresa el programa y las exigencias de los capitalistas, pretende una mayor devaluación que derrumbe aun más el salario y licúe los costos capitalistas - como el de la energía, entre otros. Las empresas son parte fundamental de las negociaciones por el acuerdo automotriz con Brasil (Mercosur), que está vencido. Ratazzi es partidario de extender o sumar a este acuerdo a otros países fuera del Mercosur, como México, en nombre de ampliar la “globalización”. El intento es avanzar es una desvalorización mayor de los salarios “emparejando para abajo”. El gobierno de Córdoba está actuando como aliado. El ministro de Industria, Avalle, salió a bendecir las suspensiones. Las empresas, como han declarado sus propios gerentes, han amasado grandes ganancias todos estos años, beneficiadas con subsidios estatales y premiadas con una nueva devaluación de la moneda. Actualmente, a través del pedido preventivo de crisis y los despidos -suspensiones presionan al conjunto de los obreros para aumentar los ritmos de trabajo y mantener salarios de miseria. La artimaña es recogida con los brazos abiertos por el gobierno, Avalle dijo que va a gestionar nuevos Repro. La burocracia cómplice El Smata ya no disimula su aceptación de esta escalada y es el vocero de prensa de las empresas, escudados en que los suspendidos cobrarán el 75% y que los contratados no son efectivos. En el caso de la UOM, la resistencia viene de los trabajadores, desnudando la complicidad de la burocracia. Es lo que sucedió en Allevard Rejana, donde un paro de dos días impuso la conciliación obligatoria con los despedidos adentro. Impulsamos un plenario de activistas y delegados para afrontar de conjunto la situación de los despidos, las suspensiones y los reclamos salariales. Impulsamos la lucha por la prohibición de los despidos y suspensiones, el reparto de las horas de trabajo, la ocupación de toda fábrica que cierre o despida y la nacionalización de la gran industria.

A dos semanas del inicio de clases, la ley de boleto gratuito para los estudiantes de todos los niveles educativos de la provincia sigue sin reglamentarse. El director provincial de Transporte Automotor, Juan Alejandro Ezcurra, declaró que aún no tiene fecha de implementación, porque según dice trabajan para “definir el universo de alumnos que alcanzará el beneficio” (El Día, 11/2); es decir, se proponen restringirlo. El gobierno de Vidal planea, además de un recorte, dilatar su aplicación para negociarlo con las empresas de transporte a cambio de un tarifazo en el servicio. La implementación efectiva de la Ley 14.735, sancionada el 1˚ de julio pasado en la Legislatura y promulgada el 27 de ese mismo mes, fue puesta en cuestión por el gobierno de Daniel Scioli, que desconoció el artículo 9, que establecía que la reglamentación debía ser previa al fin del ciclo lectivo en vigencia al momento de aprobarse la ley. El entusiasmo de los K, cuando hablaban de la Noche de los Lápices, no fue más que una descarada demagogia electoral. Fernando Tauber, vicepresidente de la UNLP, aclaró que habían proporcionado a la gobernación la información necesaria: se refiere a un cálculo que estima en un 35% los estudiantes beneficiados por la tarifa especial (1.383.000), ya que prevé quitas del 15% en los niveles primario y secundario y del 50% en la educación superior, a partir de relevamientos de ausentismo, restando también a quienes tienen cursadas espaciadas y a los 330.000 estudiantes no regulares (ídem). Con esta poda, según sus cuentas, el boleto gratuito totaliza un costo anual de 150 millones de pesos, muy por debajo de los 400 millones calculados al sancionarse la ley. Recordemos, además, que el texto aprobado fija una cantidad máxima de viajes mensuales (50 en niveles primario y secundario, 45 para el nivel superior), pero no una mínima. La UJS lanza una campaña para reanudar el plan de acción con el que quebramos el congelamiento de Mariotto en el Senado y conquistamos la sanción de esta ley -que incluyó una movilización de 8.000 estudiantes y docentes. Desde los centros de estudiantes en toda la provincia y la Federación Universitaria de La Plata; en cuerpos de delegados, asambleas y coordinadoras regionales; organicémonos para garantizar la inmediata implementación del boleto gratuito sin ningún recorte para los 3.874.000 estudiantes de todos los niveles, y su homologación a las líneas municipales.

Casi mil jóvenes de todo el país participamos del campamento de la UJS. Fue una gran experiencia de encuentro y de formación política de la juventud para enfrentar la ofensiva capitalista contra los trabajadores. Lo organizamos y lo preparamos entre todos, distribuyendo las tareas y actividades, cocinando, limpiando y aportando cada cual su granito de arena. El compañero Jorge Altamira participó en los debates de las comisiones y estuvo a cargo de la clase sobre la Revolución Cubana, su colaboración fue muy importante y aportó herramientas para meternos de lleno en la discusión pre-congresal. El tema central del curso fue elegido ante un desafío práctico: preparar nuestra intervención ante el derrumbe de los regímenes políticos en América Latina. Estudiamos y debatimos el lugar de la clase obrera en los principales procesos políticos latinoamericanos, haciendo eje en Bolivia, Cuba y Venezuela. El estudio de las experiencias nacionalistas burguesas y foquistas demuestra que no es posible sustituir a la clase obrera como sujeto político de la revolución socialista. “La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos”. Hoy que la crisis capitalista mundial plantea nuevas transiciones políticas consideramos que está planteada con más vigencia que nunca la perspectiva de la revolución proletaria para toda América Latina. En este sentido es importante destacar la presencia de 30 compañeros de nuestras organizaciones hermanas del PT y La Clase de Uruguay que se sumaron al campamento y continuaron avanzando en un proceso de unidad bajo la perspectiva común de construir un Partido de Trabajadores en la Banda Oriental. El año pasado las huelgas estudiantiles y docentes golpearon con fuerza al gobierno del Frente Amplio y nuestros compañeros estuvieron a la cabeza de este movimiento (a muchos compañeros les abrieron causas que les impidieron viajar). También participó del mismo campamento un destacado dirigente estudiantil de Paraguay que asumió el compromiso de difundir las conclusiones del mismo en un país que concluyó el año sacudido por huelgas y movilizaciones unitarias de trabajadores y estudiantes. Los compañeros paraguayos y uruguayos son parte de un movimiento de la juventud que irrumpe a escala continental. En paralelo al curso central, 200 compañeros tuvieron su primer acercamiento a la teoría marxista participando del curso del Estado y la Revolución. 65 de ellos decidieron sumarse a militar en las filas del Partido Obrero como resultado del curso. Además, durante el campamento hubo distintos plenarios que prepararon nuestra intervención en los problemas que están planteados en lo inmediato. Las compañeras del PDT discutieron una agenda reivindicativa y política hacia el 8 de marzo, para darle continuidad a la lucha que quedo planteada con el #niunamenos en la denuncia del Estado y de todo el régimen político. También se reunió nuestra Agrupación 1969, para pensar diferentes iniciativas por la independencia política del movimiento de la diversidad, con la presentación del proyecto de inclusión laboral trans en el congreso como principal desafío y fijar una agenda para intervenir en las movilizaciones del orgullo. El plenario de estudiantes secundarios puso en marcha la campaña del 24 de Marzo; está planteada la pelea por una movilización independiente del gobierno de Macri y también del kirchnerismo, por el desmantelamiento de los aparatos represivos del Estado, contra la impunidad de ayer y de hoy. Cerramos el campamento recordando a Micaela y Franco, que se nos fueron el año pasado pero que, como Mariano, dejaron su legado en la lucha por la revolución y el socialismo. La postal de un campamento de cientos de jóvenes que quieren cambiar el mundo y buscan darle una salida a los grandes problemas sociales, históricos y políticos de la humanidad, fue el mejor homenaje al compañero Pablo Rieznik, fundador de la UJS e inspirador de nuestra juventud.

Cuando este periódico salga a la calle estará venciendo el plazo de presentación de listas para las elecciones generales de la Federación Gráfica Bonaerense que tendrán lugar el 15 de abril. La Naranja fue protagonista excluyente de la lucha por el salario y en rechazo al ajuste en la era kirchnerista (que produjo cierres y miles de despidos), polarizando el debate en los plenarios de delegados y ganando masivamente las calles reiteradamente. Concurrimos con casi trescientos compañeros a la Asamblea General, a disputar la Junta Electoral (una batalla política fundamental que libramos en soledad ante la autoexclusión de los compañeros de la Bordó). Nuestra agrupación desarrolló, además, un enorme trabajo de agitación sobre la base del gremio llamando al activismo, a los luchadores y a todos los sectores antiburocráticos a constituir una alternativa común para oponer a la conducción ongarista. La conclusión de este esfuerzo de más de un año es la puesta en pie de una fuerte lista, en la que están representados los talleres más importantes y los conflictos emblemáticos de la última etapa -Interpack, AGR-Clarín, Morvillo, Ipesa, Poligráfica Del Plata-, “históricos” como Cedinsa, Cooperativa 22 de Mayo, Popular o Crónica y nuevas incorporaciones como Russ o Aluex. La burocracia verde, que luego de una década de alineación incondicional con el kirchnerismo prometió encabezar la “resistencia” al ajuste actual, sigue paralizada. Prácticamente archivó el reclamo del bono compensatorio de la inflación y nada dice sobre la necesidad de adelantar la paritaria. La apertura de la importación de libros y la sustitución de resúmenes impresos por digitales, apenas postergada, amenazan destruir miles de puestos de trabajo. Lejos de preparar al gremio para los desafíos que vienen, la principal preocupación de la Verde es la interna del PJ y sus componendas con personajes como Guillermo Moreno y Antonio Caló. Los gráficos necesitamos un sindicato para resistir el ajuste que las patronales -las patronales K, ex K y macristas- ya vienen aplicando y profundizarán; necesitamos un sindicato independiente de todos los bloques y partidos capitalistas. “Un sindicato de lucha para enfrentar el ajuste patronal”: con esta consigna orientadora, encaramos la lucha electoral contra una burocracia que ya lleva cincuenta años atornillada en los sillones del edifico de Paseo Colón. Por un salario equivalente a la canasta familiar, indexado automáticamente; por la abolición del impuesto al salario; por el 82 por ciento para los jubilados; por la prohibición de despidos y suspensiones; por la expropiación de Donnelley. Apoyamos el paro de ATE del 24 de febrero e impulsamos el encuentro de sectores combativos del 5 de marzo.

Sudamericana edito “Perón y la Triple A. Las 20 advertencias a los Montoneros” de Sergio Bufano y Lucrecia Teixidó. Es un aporte macizo para dilucidar la verdad histórica: el fundador e impulsor de la represión asesina de la Triple A fue Juan Domingo Perón, presidente desde octubre del ’73 hasta su muerte el 1˚ de julio del ’74. Este fue siempre un tema tabú. Se denunciaban atrocidades de la Triple A que asesinó a 3.000 luchadores, pero cronológicamente se planteaba que fue después de la muerte de Perón, que ésta se constituye y desarrolla. El intento político era claro: salvaguardar la imagen del líder del movimiento nacionalista burgués. A la luz de la agitación creada por juicios a genocidas de la dictadura, se reabrió en 2006, la causa sobre la Triple A. Pero en el año 2007, una campaña de la burocracia sindical, encabezada por Maturano, de La Fraternidad, planteó: “No jodan con Perón”. La Justicia K la caratuló como una “asociación ilícita para cometer crímenes durante el gobierno de Isabel Perón”. La investigación fue llevada a vía muerta: era necesidad política K soldar su alianza con la burocracia sindical, base central del terrorismo antiobrero de la Triple A. En agosto de 2015, los pocos asesinos detenidos eran liberados y el proceso cerrado. El libro de Bufano y Teixidó deja claro que fue el propio Perón quien creó y desarrolló la Triple A. Es su mérito inobjetable. Perón volvió a la Argentina para precipitar el golpe palaciego contra Cámpora y plebiscitarse al poder. Su objetivo central era frenar el ascenso obrero que desde el Cordobazo había hecho naufragar la dictadura de Onganía-Lanusse. Del libro surge cómo Perón seleccionó la camarilla que ejecutaría la represión terrorista contra las luchas obreras: López Rega, Margaride, Villar, Almirón, etc. (personal exonerado por su accionar asesino-torturador bajo la dictadura fue reintegrado y llevado a la cúpula represiva). Cómo la armó y organizó. Cómo busco personalmente el apoyo activo de centenares de suboficiales, etc. Y lo fundamental, cómo apuntaló a la burocracia sindical con su patota asesina. Todo documentado. Es en las conclusiones políticas que el libro queda corto y se equivoca. Para los autores, la Triple A de Perón tuvo como centro enfrentar a las organizaciones armadas. Esa era su apariencia: el objetivo central era hacer recular la lucha obrera. Esta amenazaba con superar el Pacto Social firmado por empresarios y burocracia sindical: “entre marzo y junio de 1974, el número de conflictos salariales fue el más alto del período peronista” (pág. 32). Perón no quería aparecer reprimiendo a la clase obrera y entonces decía que se la tomaba contra la JP. Perón en diversas oportunidades intentó acordar con la JP para que coparticipara en el proceso de regimentación de las organizaciones de masas, especialmente los sindicatos. De la misma manera que Cámpora no pudo contener la radicalización de las luchas obreras y de masas, la cúpula de Montoneros estuvo sometida a la presión de la movilización obrera-juvenil. Perón reclamaba la capitulación y su regimentación a cargo de la camarilla bonapartista. Luego del asalto del ERP al cuartel de Azul, Perón aprobó la ley antiterrorista. La JP entrevistó al líder, le entregó un comunicado repudiando el ataque guerrillero y le solicitó algunos cambios para apoyarla. Este se negó y entonces los ocho diputados de la JP renunciaron… para no votar en contra y no constituir un movimiento independiente alternativo. Bufano y Teixidó critican el camino adoptado por Perón. Para los autores debiera haber utilizado los instrumentos constitucionales de represión. No registran la esencia de la definición leninista: que el Estado en sí mismo es una banda al servicio de la clase explotadora. Critican también la “soberbia” y la “jactancia” de los Montoneros. Pero Firmenich buscaba integrarse con el Estado y las Fuerzas Armadas a través de otro proceso, como el que montó el gobernador de Buenos Aires, Bidegain, con el Operativo Dorrego, donde montos y milicos marcharon juntos. Pero el camporismo había fracasado y se apartó para que viniera el bonapartismo represivo de Perón. Política Obrera -que también sufrió el accionar de la Triple A- señaló este proceso y la responsabilidad directa de Perón desde el primer momento, denunciando los apoyos que recibió el régimen de la oposición burguesa y el PC (y la subordinación a ésta del morenismo).

El 21 de febrero el pueblo boliviano irá a las urnas para aceptar o rechazar la reforma a la Constitución que habilita la candidatura de Evo Morales a un cuarto mandato. La burguesía nativa y la oligarquía separatista le han puesto todas sus fichas al presidente “indígena”. La burguesía le agradece el congelamiento de los salarios, la vigencia del decreto 21.060 -flexibilización laboral-; la regimentación de campesinos e indígenas, la constitucionalidad del latifundio; la ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra), que protege y concentra la propiedad agraria en un puñado de familias terratenientes; la ley de avasallamientos, que criminaliza las tomas de tierras de los campesinos y comunidades sin tierra; la ampliación de la frontera agrícola para monocultivos y transgénicos, que atentan contra el medio ambiente. Las transnacionales petroleras también se han sumado por el Sí. Repsol le ha agradecido a Evo que Bolivia sea “un país magnífico para invertir” (Página Siete, 17/11/15), esto porque la transnacional petrolera es prácticamente dueña del gran campo Margarita, uno de los reservorios más importante de gas en Bolivia, aunque también por los incentivos petroleros del gobierno -o sea un pago de 30 a 55 dólares por barril a la producción en beneficio de los pulpos. Menor será el precio internacional, mayor será el incentivo. Las “cooperativas” mineras -grupos capitalistas, que negocian directamente con las transnacionales mineras sin pagar impuestos y explotan a una enorme masa obrera- apoyan el Sí. Se ha sumado la derecha “neoliberal” cooptada: fracciones del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Nueva Fuerza Republicana (NFR) y hasta la fascista Unión Juventud Cruceñista hacen campaña por Evo. El sector cocalero ha prohibido hacer campaña por el No en el Chapare (ídem, 6/11). Extorsión La otra derecha, la que se resiste a capitular ante el Movimiento al Socialismo (MAS), es impotente y va por el No “en defensa de la Constitución”. Frente a esto, García Linera ha llamado a la “unidad nacional”, a no “retroceder en el proceso de cambio” y enfrentar con el voto a los “neoliberales y conservadores”. La intención es que el movimiento obrero, indígena y popular aborte toda posibilidad de independencia política. Es una extorsión y engaño apoyar al nacionalismo indigenista para que no vuelvan los “neoliberales”, cuando el MAS ha salvado de la bancarrota a esa derecha “neoliberal”. La preocupación del gobierno es la tendencia que ha ido evolucionando en las masas hacia la oposición de la reelección de Evo. Las encuestas por el No marcan hasta un 44% (La Razón, 15/1), lo que anticiparía una resultado ajustado y una abstención muy baja. Esta tendencia viene a reflejar el descontento cada vez mayor en el gobierno nacionalista, producto de las reivindicaciones insatisfechas, los enormes casos de corrupción como el Fondo Indígena y el tráfico de influencias que involucra directamente a Evo Morales. Izquierda La izquierda ha decidido involucrarse en el proceso de referendo. Por un lado, el POR ha cambiado su histórica abstención y convoca a votar por el No. Ese cambio no obedece a una superación de la tesis de “inviabilidad de la democracia burguesa” sino a un oportunismo electoral. En el mismo carro se ha subido ARPT (sección boliviana de la UIT-CI, corriente integrada por Izquierda Socialista de Argentina). A diferencia del POR, el morenismo de la ARPT se ha inclinado hacia una política democratizante: exige el “respeto a la Constitución” reaccionaria pactada entre Evo y la derecha en 2008. Aquí el método de la clarificación política brilló por su ausencia. Ambos, el POR y el morenismo, han impulsado encuentros de “organizaciones sindicales y populares” donde convergió la derecha. De esos encuentros no ha salido nada, a lo sumo dio una tribuna más a la derecha. Hecho que ha molestado a varias organizaciones partícipes de esos encuentros. La LOR-CI (PTS) va otra vez por la abstención apelando a su viejo manual de secta: no quiere quedar a la cola de la derecha “neoliberal” y tampoco quiere caer en la “trampa del régimen”, con lo que entiende que la abstención sería sinónimo de “independencia política”. Nuestra posición En este cuadro, Agenda Revolucionaria de los Trabajadores plantea el desarrollo de una campaña política independiente por el No a la reelección de Evo Morales contra la agenda de los capitalistas (ajuste a los trabajadores -impuesto al salario, despidos- y protección de las ganancias de las transnacionales imperialistas y de la burguesía nativa), por la defensa de las reivindicaciones de los trabajadores, por la unidad de los obreros, trabajadores, indígenas, campesinos pobres; por la recuperación de los sindicatos de las manos de la burocracia sindical oficialista. El llamado a votar No se inscribe en una agenda que plantea una salida obrera y socialista a la crisis capitalista, un plan de lucha contra los planes de ajuste y la construcción de un partido obrero revolucionario como alternativa política al nacionalismo indígena.

Para buscar una nueva reelección, Evo Morales no ha vacilado en forzar las instituciones del propio Estado. El MAS llegó al poder en 2005 y convocó una Asamblea Constituyente. Allí se aprobó la posibilidad de un solo período a partir de la aprobación de la nueva Constitución. Así Evo logró su segundo mandato, que culminó en 2015, y debió ser el último. Para arrancar un tercero Evo pidió al Tribunal Constitucional -constituido a la medida del gobierno- una “reinterpretación” y éste resolvió que se debía tomar como primer mandato el iniciado con la vigencia de la nueva Constitución (2009). Ahora Evo va por un cuarto período. ¿Cómo lo logró? Como en la última elección presidencial logró superar la barrera institucional de las dos terceras partes del Congreso, puede imponer cualquier modificación a la Constitución. Así surgió la convocatoria a un referendo. De ganar el Sí y ser elegido nuevamente, Evo completaría 19 años a la cabeza del Ejecutivo. Es decir, la convocatoria forzada al referendo encubre una crisis. El MAS pretende la prolongación eterna del gobierno bonapartista personal que se disfraza con la envoltura de “democracia indigenista” y que tuvo su inicio como salida de la burguesía ante la insurrección de octubre de 2003. Pero la situación ya no es la misma: por el derrumbe de los precios internacionales de las materias primas -que son el 100% de las exportaciones de Bolivia- por la continuidad del saqueo petrolero, el fracaso de la industrialización y las tendencias a la lucha dentro del movimiento obrero y juvenil. La década de Evo ha dejado expuesto el carácter de clase del indigenismo, sus limitaciones insalvables y la ficción de la “democracia plurinacional”.

El año 2015 marcó un récord en la crisis de los refugiados: un millón de personas llegaron al continente europeo y miles perecieron en el camino. Un nuevo dato ilustra la barbarie de la situación: según la Oficina Europea de Policía (Europol), de los 270 mil chicos llegados al continente hay 10 mil desaparecidos, presumiblemente secuestrados por redes de trata. Brian Donald, el jefe de Europol, declaró que “los niños desaparecidos no han sido escondidos en algún bosque, viven delante de nuestros ojos” (La Nación, 1/2), lo que supone la complicidad de las redes de traficantes con el aparato estatal. Pese a ello, Europol se limita a exhortar a la ‘opinión pública’ a mantenerse alerta. Hace tiempo que varios países de la Unión Europea (UE) computan los ingresos de actividades ilícitas en sus estadísticas económicas. Sólo a modo de ejemplo, “en 2012, el Banco de Italia cifró el valor de lo que denomina ‘economía criminal’ en 10,9% del PIB” (Kaos en la Red, 4/2). Pero vale también para Reino Unido, España, y Portugal. La única vía de “asimilación” de migrantes que ofrece el putrefacto capital europeo es la prostitución de menores. Quién paga la crisis Sin indicios de que la avalancha de refugiados vaya a detenerse (y mientras las potencias imperialistas y Rusia continúan bombardeando Siria, país que explica la mitad de los desplazados), en la Unión Europea se multiplican los planteos de militarización, control y expulsión. La canciller alemana Angela Merkel ha abogado por la intervención de la OTAN en las costas turcas. En Alemania hay cientos de miles de solicitudes de asilo sin resolver y el problema ha generado importantes tensiones en la coalición de gobierno. La imagen de Merkel se encuentra severamente afectada por la gestión de la crisis. Aunque han resurgido las marchas reaccionarias de Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente (Pegida), los primeros promotores de la estigmatización de la población migrante son los propios gobiernos. Para sortear la crisis en sus propios países, las principales potencias europeas procuran descargarla sobre los países que son receptores primarios, como Grecia. Según Clarín, “se le prestaría ayuda financiera para que construya campos de concentración de refugiados aún mayores” (26/1). El ahogo se completaría con el levantamiento de un nuevo muro, en Macedonia, para dificultar el arribo de los refugiados a los países centrales. Todo esto añade presión a la olla griega, que padece las calamidades del último memorándum. El fracaso rotundo de la política de ‘cupos’ alimenta las tendencias a la disgregación del bloque: “de los 160 mil a los que se prometió reubicación el pasado septiembre, menos de 400 han conseguido ser recolocados en otros países europeos” (ídem). Algunos países, a su vez, han planteado la expulsión de Grecia del espacio Schengen (que establece la libre circulación de personas entre los países firmantes del tratado) y el primer ministro eslovaco advirtió sobre un desmoronamiento de la UE si ésta no logra controlar este año el flujo ascendente de migrantes. Siria Junto con el confinamiento de refugiados en Grecia, la UE procura transformar a Turquía en un Estado tapón. A cambio de dicha colaboración, ha destrabado 3.000 millones de dólares para el régimen de Tayiip Erdogan y ha prometido reabrir las negociaciones para su integración en el bloque. Parte de la negociación, indudablemente, será el silencio de la UE ante las masacres del régimen contra el pueblo kurdo. Turquía, por lo pronto, ha cerrado el paso fronterizo a 90 mil civiles que intentan huir de los combates en el norte de Siria, creando -según denuncia Médicos Sin Fronteras- una situación desesperante. La situación de los refugiados coloca al viejo continente y el Medio Oriente en un mismo radio geográfico de crisis. No estamos ante una simple crisis humanitaria sino ante una consecuencia atroz de la guerra imperialista y de la crisis capitalista.

Con 100.000 personas movilizadas en Atenas -según cifras de los organizadores- se realizó, el 4 de febrero, el tercer paro consecutivo contra las medidas de ajuste del gobierno Syriza-Anel. El objetivo era frenar la llegada del último proyecto de ajuste al Parlamento. La huelga fue convocada por los sindicatos GSEE (sector privado) y Adedy (público). Pame (Frente Militante de todos los Trabajadores), ligada al PC (KKE), realizó marchas en 76 ciudades. En todo el país se desarrollaron piquetes y ocupaciones. Decenas de gremios se plegaron. El país se paralizó. Una nueva etapa Fue la mayor movilización de los últimos años, incluso superior a las manifestaciones antiausteridad de 2011-12, que impulsaron el ascenso de Syriza. De las tres huelgas generales contra el actual gobierno, esta fue la más importante, mostrando que estamos en una nueva etapa de la lucha de las masas. Grecia tuvo una caída del 1,9% del PBI entre octubre y diciembre de 2015 (El País, 12/2). Es el sexto año consecutivo de recesión. Alexis Tsipras pretende ahorrar 1% del PBI (1,8 mil millones de euros), recortando pensiones máximas de 2,700 a 2,300 euros mensuales y la mínima, que cobran 600.000 pensionistas, a 384 euros (una reducción del 20% en comparación con el nivel de la pensión básica actual de 487 euros). Todo sin siquiera auditar el Instituto de Seguridad Social (IKA, caja de pensiones), las coberturas sociales y las aseguradoras, para ver dónde fueron a parar esos fondos. El objetivo final es reprivatizar el sistema. Desde los medios se pretendió deslegitimar la huelga diciendo que fue hecha por la pequeñoburguesía acomodada que votó por el “Sí” en el referéndum: la llaman la “movilización de la corbata”. En la huelga se sumaron los sectores con ingresos más altos de la clase obrera afectados por la reforma. Simultáneamente, distintas cámaras empresariales (comerciantes, pequeños productores agrarios) repudiaron la reforma impositiva, que pretende compensar la seguridad social con suba de impuestos a la mediana y pequeña industria. Las exigencias del “Cuarteto” (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y el Mecanismo Europeo de Estabilidad), son una extorsión para volcar el tercer rescate internacional (memorándum) de 86 mil millones de euros. Abajo el memorándum, por el triunfo de los trabajadores griegos.