Prensa Obrera N° 1396

La fuga de los presos de General Alvear ha dejado expuesta una crisis de fondo: un Estado entero -con su Justicia, su policía y sus partidos- ha mostrado su completa descomposición. Los Macri o Vidal no pueden ni quieren terminar con esa podredumbre. La razón es sencilla: necesitan de esos mismos aparatos para aplicar un ajuste contra los trabajadores. De la carestía de estos meses, a los despidos y tarifazos, en la nafta y en la luz. Los jefes kirchneristas “protestan”, pero sólo lo hacen por sus prebendas y cargos. Mientras tanto, ellos mismos fogonean el ajuste. Como Alicia Kirchner en Santa Cruz. Como Szpolski en el Grupo 23. Como los intendentes del conurbano. Este verano caliente, de luchas y conmociones políticas, deja conclusiones esenciales . Los cómplices de narcos, barrabravas, jueces y policías corruptos no tienen autoridad para ajustar. Preparemos la lucha por el derecho al trabajo, por el salario, contra los tarifazos. Reforcemos nuestra organización política propia, e independiente del Estado y los partidos del ajuste.

El relato de la crisis que ha eclosionado con la fuga de los responsables del triple crimen de General Rodríguez tiene un hilo político que guarda una diferencia relativa con el delictivo. El kirchnerismo intentó desenvolver este ángulo de características políticas casi en forma inmediata de conocida la fuga, cuando la caracterizó como ‘un vuelto’ que abonaba el macrismo por el servicio que le habían prestado para su victoria electoral las denuncias de Martín Lanatta, que sindicaron a Aníbal Fernández como el jefe de la banda de la efedrina. Con un abono del ‘vuelto’ tan rápido, el macrismo se habría revelado como un deudor de puntualidad calvinista, al igual de lo que ocurre con los bonos que emite para saldar, a plazos diversos, los ‘muertos’ financieros que dejó el kirchnerismo -sin necesidad, claro, de un decreto de necesidad y urgencia. En un sentido estricto, sin embargo, los promotores del operativo ‘destituyente’ contra Hannibal, que Página/12 atribuye al macrismo, se habían dado a conocer en su momento en forma pública, y no venían precisamente del macrismo. Eran las cabezas de la lista rival al ex jefe de gabinete en las Paso del FpV, que no vacilaron en responsabilizarlo por el desarrollo del narcotráfico en Argentina. Según todas las informaciones de aquel momento, el operativo contaba con el apoyo de Scioli y asimismo del Vaticano. Al papa Francisco se le ha imputado un apoyo político completo a Scioli. En el dispositivo K, por otro lado, la presencia de Hannibal formaba parte de un entramado para poner al PJ bajo la dirección de La Cámpora en la provincia de Buenos Aires. Es así que puso la ‘ley de medios’ Sabbatella como candidato a vice y copó las listas a diputados - que hoy perturban la aprobación de un ignominioso Presupuesto de endeudamiento prolífico de la gobernadora Vidal, que apunta a la ‘compra’ de intendentes peronistas. La entrevista que logró Lanata (el Jorge) a Lanatta (el efedro) transcurrió en un escenario dominado por Scioli y Casal, su ministro de Seguridad, la Bonaerense y el Servicio Penitenciario. Un tiro por la culata El desenlace de estos operativos de una elección, que todo el sistema calificó de ‘transparente’, es conocido: Hannibal ganó la interna del FpV, pero perdió la gobernación y con ello le hizo perder a Scioli la presidencia. El tiro le salió por la culata a todo el pejotismo anti-K, incluido Francisco, y a la derrota del propio kirchnerismo. A la luz de todo esto, no era el macrismo el que estaba comprometido a pagar ‘vueltos’ sino el sciolismo a pagar las reparaciones por servicios cumplidos pero infructuosos. El pagaré con Lanatta y sus compinches no estaba firmado por los expertos en fuga de capitales que hoy gobiernan Argentina, sino por los apostadores al mercado de futuros amañado que estaban confiados en ganar la presidencia. La derrota de Scioli, y por derivación del kirchnerismo, ha producido el colapso de todos los acuerdos políticos previos con los delincuentes de Quilmes-General Rodríguez. Este es el significado fundamental de la fuga y por eso constituye un episodio político fundamental de la pretendida transición que pilotea el macrismo. Más allá de cumplir con un compromiso firmado con el narcotráfico ‘nacional’, los aparatos de seguridad procuran, con la crisis que desata la fuga, una ratificación de los acuerdos con el poder político que rigieron bajo la larga dominación peronista. En función de este objetivo es verosímil que Hannibal haya participado en forma activa en crear una ‘zona liberada’ en la cárcel de General Alvear, menester en el que sabe mucho, como lo demostró en la masacre de Puente Pueyrredón y en el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Es conocida la tendencia de los criminales a volver al lugar del hecho -en la masacre de Once reaparecieron los responsables del crimen contra Mariano. En un aspecto fundamental, la ‘fuga’ consentida para Lanatta y compañía se asimila a la muerte del fiscal Nisman, por las mismas razones: en este caso el colapso de los acuerdos con la ex Side, Stiuso y los ‘services’ extranjeros. Acuerdos derrumbados El derrumbe de los acuerdos con las mafias policiales, penitenciarias, futboleras o del juego amenaza con desenlaces políticos violentos, que podrían derribar la ‘transición’ macrista. Por eso ya están en marcha las componendas para evitarlo. Es una cuestión que divide al macrismo y al pejotismo y kirchnerismo, pero los vasos comunicantes son muy fluidos entre ellos y responden al interés de un mismo sistema social. ¿Alcanzaría el apoyo del capital internacional para bancar una purga del Estado por parte del macrismo, o suficiente para ‘persuadir’ a una parte del pejotismo para apoyar algo semejante? El conjunto de la crisis hace inviable una alternativa de depuración que podría modificar la estructura política de Argentina. Se viene ahora, entonces, la puja de canjes y concesiones recíprocas, de perdones y favores de corta duración -que no afecte los intereses en pugna hasta el comienzo de la campaña electoral de 2017. Es lo que viene ocurriendo en Brasil, con intensidad aún mayor, y el acuerdo con el chavismo ‘civilizado’ y el Ejército que propone en forma insistente el derechista Capriles en Venezuela: en Caracas acaba de ser designado un caprilista para presidir la Asamblea Nacional, enfrentado a la fracción del aún más derechista Leopoldo López. Es tarea del Frente de Izquierda desarrollar una intensa agitación política de denuncia de estos contubernios y de los protagonistas de la disputa. El FIT debe emerger como la fuerza capaz de acabar con esta podredumbre, o sea con el Estado capitalista ‘realmente existente’.

Los diarios califican de “confusa” la situación creada a diez días de la fuga de General Alvear. Ese calificativo valdrá para la crónica policial pero no para el plano político, donde la conclusión es clara: la transición presidencial opera en medio de una completa descomposición del aparato político, judicial y de represión que ha gobernado la Argentina en las últimas décadas. Los fugados formaban parte de una fracción de ese Estado, a partir de sus vínculos con la policía provincial, punteros y barrabravas. Ahora queda más claro que nunca que las Paso del ex oficialismo bonaerense fueron un episodio agudo en la descomposición del kirchnerismo y el pejota. En esa interna se dirimía una puja entre entre camarillas empresariales ligadas al delito organizado, la policía y las mafias carcelarias. Pero, a medida que pasan los días, la crisis envuelve con mayor fuerza al gobierno actual. Vidal y Ritondo debutaron con un pacto con la Bonaerense y el Servicio Penitenciario, a cuyas cúpulas y destacamentos dejaron mayoritariamente intactos. Ese pacto entró en crisis al advertir que la Bonaerense jamás encontraría a sus ¿ex? socios fugados de General Alvear. Entonces, el gobierno improvisó una purga parcial que sólo ha agravado el impasse de la investigación. Los cronistas policiales atribuyen la impericia oficial a factores circunstanciales. Pero hay una razón de fondo: Cambiemos y el macrismo no son ajenos a la crisis de Estado que supuestamente pretenden remediar. Ritondo y Aníbal Fernández, brutalmente enfrentados en estos días, no sólo fueron compañeros de gabinete en el gobierno de Duhalde. Comparten, además, la afición por los barrabravas, los punteros y los burócratas sindicales. Este es el hilo conductor de los que se van y los que vienen: la defensa de un Estado y una organización social que se ha servido de la cooptación y la violencia para asegurar el saqueo de los trabajadores y del país. Yendo más arriba, el propio Macri construyó la policía porteña a partir de una red de espías y escuchas telefónicas. Si Ritondo, Vidal o Macri no pueden con este Estado sospechado, es porque, sencillamente, forman parte de él. Esta incapacidad de fondo ha tenido en estas horas otra manifestación: después de haber intentado un pacto con la Bonaerense, con los resultados conocidos, Macri no ha tenido mejor idea que avanzar en la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad, con su cúpula y estructuras intactas. Macri-Larreta confiarán la seguridad porteña a la fuerza que liberó la zona del crimen de Mariano Ferreyra -ello, cuando la comandaba… Aníbal Fernández. El traspaso policial a la Ciudad es el preámbulo de nuevas crisis políticas en el campo de la “seguridad”. Disciplinamiento social Mientras Macri peroraba sobre la “lucha contra el narcotráfico”, los más informados describían cuáles eran las urgencias del gobierno en relación al traspaso policial: se refirieron al control de las calles, en función de que “se esperan meses agitados en cuanto a protestas sociales” (La Nación, 2/1). La agenda de “seguridad” oficial mira hacia el ajuste que está en curso y que recorrerá un verano caliente. A la suba de la canasta básica, empujada por la devaluación y la eliminación de las retenciones, se suma el aumento en las naftas -otro rescate a los pulpos petroleros, cuyos precios deberían bajar si siguieran los valores internacionales. Para fin de enero, se anuncian aumentos del 130% en la electricidad, que quieren ser disimulados con el desdoblamiento mensual de las facturas. Pero estos ajustes tampoco caminan sobre tierra firme, porque la megadevaluación no ha significado un nuevo equilibrio. La patria sojera ha vuelto a retener la cosecha y presiona por una devaluación aún mayor, con más razón cuando la caída de los precios internacionales contrarresta las medidas oficiales que la beneficiaron. Pero un nuevo salto en el tipo de cambio echaría más leña a la carestía y puede provocar un descalabro económico superior. El gobierno ha evitado una corrida cambiaria, promoviendo una nueva bicicleta financiera, la cual, a su turno, alimenta la crisis industrial y las tendencias al parate económico. Los cerebros oficiales tramitan un rescate financiero internacional cuando la crisis mundial crece en intensidad. Tembladeral político A la luz de lo anterior, es difícil darles crédito a los charlatanes del kirchnerismo, para quienes “la derecha” se ha hecho cargo “con timón firme” de la transición política. En verdad, asistimos al primer mes de un gobierno de advenedizos, que improvisa en medio de la bancarrota económica y de un derrumbe inédito de las instituciones -Justicia, burocracia sindical, régimen de punteros- que contuvieron a las masas durante décadas. El gobierno que quiere “controlar la calle” no controla ni a la policía que debe “callejear”. La especie de una “consolidación a la derecha”, en este cuadro, sólo apunta a cubrirle las espaldas al kirchnerismo. Los desplantes y rencillas del cristinismo apenas disimulan su compromiso de fondo con los objetivos antiobreros que el gobierno quiere ejecutar, a cuenta de la gran burguesía. En la reconfiguración del negocio mediático a costa de los periodistas, el que hace punta en los despidos es el kirchnerista Szpolski. En otro mostrador, otro ex gurka -Ricardo Echegaray- ya consiguió el aval del PRO para ser “auditor” de sus propios negociados. Mientras tanto, los intendentes pejotistas del conurbano apuran un acuerdo con Vidal, para votarle el presupuesto de superendeudamiento a cambio de algunas migajas para los municipios. Estamos ante los primeros episodios de una etapa de convulsiones políticas y de grandes luchas. Los ajustadores tendrán que pasar por esa prueba. Para triunfar, hay que demarcarse sin vacilaciones de quienes gobernaron con Chevron, Aníbal Fernández y Cirigliano, y reforzar la batalla por nuestra independencia política.

Treinta y un mil usuarios del área metropolitana comenzaron el año a oscuras (Ambito, 3/1). En semanas previas, el pico superó los 80 mil hogares al mismo tiempo sin luz (Infobae, 2/1/15) según las cifras oficiales informadas por Edenor y Edesur. Las lluvias y el éxodo turístico explican que se hayan ‘disminuido’ los cortes. En la ‘década ganada’, los cortes aumentaron un 550%. Semanas atrás, el ministro de Energía, el ex CEO de Shell Juan José Aranguren, anunció la “emergencia eléctrica”. Curiosamente, no informó ninguna medida para paliar la situación de los hogares afectados por los cortes, garantizar equipos generadores, formar cuadrillas o asistir con agua a los afectados. La “emergencia eléctrica” sólo tendría la función de sortear el congelamiento tarifario, ahorrarse el trámite de las audiencias públicas y bloquear amparos judiciales contra los aumentos. La inacción del gobierno del PRO busca presentar el tarifazo como una fatalidad: “Si no se corrigen las tarifas, seguirán los cortes”. Nada se podría hacer. Según Aranguren, hay que esperar por lo menos dos años luego del tarifazo. Sin embargo, cuando en la campaña electoral de la Ciudad sufrieron el corte de luz 20 mil hogares de la Recoleta, un bastión del PRO, el gobierno porteño garantizó el suministro con decenas de generadores. Por lo tanto, tienen los recursos para aliviar la situación. Tarifazo, “dos pizzas” y la deuda externa El 30 de diciembre, Aranguren anunció el tarifazo. Por un lado, la reducción gradual del subsidio: 50% a principios de 2016 y para más adelante el resto; por otro lado, anunció que se va aumentar drásticamente la tarifa. También informó que a los usuarios más vulnerables (jubilados, desocupados, etc.) se les va a quitar el subsidio a partir de determinado techo de consumo mensual (150 Kw). Al tarifazo lo justifican para financiar las obras que garanticen la distribución eléctrica. Pero la eliminación de los subsidios apunta en otra dirección: es un requisito para ‘equilibrar’ el gasto estatal y de esa manera vehiculizar el acceso a un rescate financiero internacional. Justificando el tarifazo, el ministro Prat Gay señaló que “si la factura pasa de 150 a 350 pesos son dos pizzas”, sin aclarar que para disimular el alcance del aumento la facturación será mensual y no bimestral. Intervenir El gobierno presenta a los cortes como una fatalidad, para que la población los acepte de brazos cruzados y para preparar políticamente la justificación del tarifazo. Pero tenemos que rechazar esa extorsión: la movilización y organización popular puede conquistar medidas transitorias: que se abran los libros de las empresas distribuidoras para ver a dónde fue la ‘montaña’ de subsidios recibidos, que -como hicieron los Cirigiliano en el Ferrocarril- fueron desviados para adquirir distribuidoras de energía en el interior y concentrar el negocio; que se proceda a la renacionalización integral del sistema energético y se reorganice bajo la dirección de los trabajadores. Impulsemos asambleas populares para organizar a los afectados por: • instalación de generadores en consorcios y manzanas afectadas, a cargo de los municipios; • duplicación inmediata de las cuadrillas de reparación de cámaras y subestaciones, con salario de convenio a sus trabajadores; • provisión sin cargo de agua a las barriadas; • control del consumo para publicidad empresaria, bajo un comité de control de trabajadores y usuarios.

Transcurrían los últimos días de diciembre de 2010. El entonces secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, recorría los medios para acusar de “sabotaje” a los ferroviarios que denunciaban la precarización laboral y el vaciamiento de las líneas. Varios de ellos, como Jorge Hospital y Omar Merino, padecieron prisión a causa de esas denuncias fraudulentas. Cinco años después, Schiavi, junto a Ricardo Jaime y los hermanos Cirigliano, fueron condenados como corresponsables o partícipes de la mayor masacre ferroviaria de la historia. En el público, varios de aquellos luchadores -junto a los familiares de las víctimas de Once- celebraban el fallo. Entre una y otra circunstancia, no sólo 51 personas -“y un niño en gestación”, como repetía implacablemente el relator de la condena- pagaron con sus vidas el derrumbe ferroviario. Un inmenso movimiento de lucha, el de los familiares de Once, junto a los ferroviarios combativos y quienes los acompañaron, logró llevar a los Cirigliano, Jaime y Schiavi al banquillo. Ahora, funcionarios y empresarios apelarán estas condenas en libertad, y seguirán moviendo sus recursos e influencias para obtener fallos más benignos y hasta zafar de la prisión. La Justicia de este Estado, incluso cuando bajo la presión popular condena a los poderosos, es una versión amortiguada y mezquina de los verdaderos antagonismos sociales que se ponen de manifiesto en estas crisis. Por eso mismo, el tribunal se las arregló para aplicarle una condena -aún menor- a un trabajador, el motorman de la formación que los Cirigliano habían hundido en la falta de mantenimiento y el abandono. Pero a pesar de los límites inocultables del veredicto, por los estrados judiciales ha desfilado todo un régimen social y político. Los hermanos Cirigliano son parte de los privatizadores que rescató el kirchnerismo, a costa de los fondos públicos y de la precarización de los trabajadores. Mientras los trenes se venían abajo, los Cirigliano desviaban los subsidios para financiar un proceso de concentración en las líneas de colectivos de la zona Oeste y formar así un verdadero monopolio de transporte. Schiavi y Jaime fueron los arquitectos de ese desfalco nacional, bajo la jefatura de De Vido y los Kirchner. Mariano Ferreyra El gran episodio de lucha que destapó por primera vez este triángulo corrupto -los funcionarios del Estado, los empresarios y la burocracia de los sindicatos- fue el crimen de nuestro compañero Mariano Ferreyra. La tercerización de ferroviarios, con la cual lucraban los Pedraza, expresaba esta malversación de fondos en el plano de las relaciones laborales. Sus socios mayores eran los Cirigliano, Roggio y otros. En el juicio a los asesinos de Mariano, esos empresarios habían logrado zafar de toda imputación. Hoy, a la condena a Pedraza se suman los Cirigliano y algunos de los responsables políticos. El movimiento de justicia por Mariano y el de los familiares de Once se han fusionado en su lucha y en el tiempo, y la condena de estos vaciadores recoge parte de sus frutos. Los unos y los otros Después de la masacre de Once, el gobierno kirchnerista intentó realizar una operación quirúrgica, destinada a correr de la escena a los desprestigiados Schiavi y Cirigliano. Cuando el régimen privatizador que éstos comandaban se fundió, cambió de rostros y de socios para salvar lo principal: o sea, el saqueo capitalista del patrimonio ferroviario. Vinieron, entonces, Randazzo y sus compras millonarias a China, a costa del dislocamiento industrial y del vaciamiento de los talleres locales. La expresión de este viraje fue la “seudonacionalización” ferroviaria, que abrió un nuevo filón de negocios focalizado en el servicio de cargas. Los familiares de Once tuvieron el enorme mérito de denunciar, paso por paso, esta cosmética kirchnerista, que buscaba borrar las huellas de la masacre de febrero de 2012. En cambio, el macrismo apoyó en el Congreso a la seudoestatización ferroviaria: Randazzo fue el puente entre el kirchnerismo y el gobierno actual, que reemplazó a los Cirigliano por otros privatizadores. Mientras tanto, la precarización laboral en el ferrocarril continúa. Como se ve, la lucha por la masacre de Once y sus implicancias retrata a un régimen social y a sus partidos, a los que gobernaron y a los que gobiernan. Por eso mismo, la jornada de hoy es parte de una lucha que no termina: en primer lugar, por la prisión efectiva de los vaciadores y responsables condenados, y para que el hilo de las responsabilidades llegue hasta el final; para que los privatizadores y sus socios -la burocracia sindical- sean definitivamente expulsados del ferrocarril y conquistemos su gestión obrera y colectiva, en función de un plan de reindustrialización bajo la dirección de los trabajadores. La condena, aún retaceada, a un conjunto de connotados verdugos de trabajadores, es un peldaño y un aliciente para esa lucha.

Durante 9 años trabajé en la estación Once. Lo hago actualmente. Tengo la desgracia de haber trabajado, vivido y sufrido, como muchos de mis compañeros, los dos accidentes, el de febrero y el de octubre. Hoy nuevamente no puedo dormir. Como en los días posteriores al accidente. Recuerdo que cuando me dijeron que había chocado el chapa 16 en el andén, pensé que era mentira, una broma que se hace a veces. Tuve que verlo para creerlo. Recuerdo el caos, la confusión, el griterío, que habían en el andén y la estación. Había personajes siniestros, que hoy están acusados y que espero sean condenados, que tenían perfectamente claro lo que estaba pasando. Mientras en el andén 2 se trataba de socorrer a los heridos, ellos hacían correr los trenes por los andenes 4, 5, 6 y Miserere. Querían mostrar que no había pasado nada. Que TBA podía seguir corriendo los trenes. Mientras al lado de ellos la gente se moría. (…) A las 13:30 vino la orden de desalojar la estación. Habían mentido durante toda la mañana. Ya no podían más.Eran 50 los muertos. Había que evitar que los medios tomaran registro de las víctimas cuando las trasladaban a la morgue. Nos echaron de nuestro propio lugar de trabajo. Sólo importaba la imagen. O mejor dicho que no quedara ninguna imagen. Pero la tragedia, no terminó ese día. Al siguiente cuando nos presentamos a trabajar, nos enteramos en forma directa que nuestro compañero de trabajo del turno tarde Facundo estaba buscando al hermano. Había muerto por asfixia. Coqui creo que le decían. Recuerdo que pensé: Facundo no vuelve más. Y no lo volví a ver. Somos amigos de facebook. La tragedia sigue. Al otro día, las protestas en la estación. Buscaban a Lucas. Recuerdo cómo policías de civil, que yo tenía vistos, agitaban en la estación de Once para que se armara quilombo. Sabían que Lucas estaba en el tren y tenían que tapar con la represión la cagada que se habían mandado. Ahí tampoco tuvieron ni un poco de decencia hacia el dolor de la familia y sus amigos y de todos nosotros que queríamos que aparezca vivo. (…) Y llegó el (accidente) de octubre. Era un sábado. Estábamos trabajando tranquilos. Y otra vez ese ruido. Inconfundible. Nos miramos a los ojos con mis compañeros. No hacía falta decir nada... salimos corriendo al andén. Otra vez. Increíble. Recuerdo como el gerente de turno, entraba y le decía a Belén, desesperado: llama al Same, que mande todas las ambulancias que tenga... que mande todas las ambulancias que tenga. Pensamos lo peor, por suerte no hubo víctimas fatales. (…) En estas cosas aprendimos de verdad lo que significa la palabra compañero... muchos quizá nunca lo van a entender... No puede ser un día más... tiene que haber justicia. No sé bien porque hoy escribo esto. Ni para quien lo escribo, supongo que el dolor... Para mis compañeros ferroviarios, porque no puede quedar en el inconsciente colectivo, que somos sinónimo de vagos, de irresponsables o de asesinos. Ser ferroviario tiene que ser sinónimo de lucha por un ferrocarril de los trabajadores y para los trabajadores. (...) Exijamos justicia. ¡Condena y cárcel efectiva para los empresarios y funcionarios corruptos! ¡Absolución para Marcos Córdoba! Hoy en Tribunales voy y vamos a gritar bien fuerte, con los dientes y los puños apretados: ¡Justicia para las víctimas y heridos de la masacre de Once!

Entre las sentencias votadas por el tribunal que juzgaba la masacre de Once, donde murieron 52 pasajeros y más de 700 resultaron heridos, figura la del maquinista Marcos Córdoba, que guiaba ese fatídico día el tren chapa 16 que se estrelló contra el ¿paragolpes? (que no funcionaba) del andén 2. Le dieron tres años y medio, con lo que no resulta excarcelable. La gran mayoría de las sentencias recayeron sobre los dueños-concesionarios de TBA y sobre los secretarios y funcionarios ferroviarios que permitieron el desvío de fondos, la degradación del servicio y el aumento de accidentes. Pero la condena al maquinista Marcos Córdoba es sólo una indicación de clase: no se puede condenar a capitalistas ladrones y funcionarios a su servicio y dejar libre a un trabajador. Este tiene que ayudar a contrabalancear una Justicia de clase de la burguesía. Se acusa a Córdoba de haber entrado con el tren en Once a 26 km por hora, cuando el manual indica que debe hacerse a 12. En el momento del choque, el tren había disminuido la velocidad a 20 kilómetros. Pero el tren no tenía velocímetro, parte de los compresores y frenos no funcionaban y las chapas reparadas en los vagones eran más finas de lo que correspondía, lo que facilitó el encaballamiento de los mismos y el aprisionamiento de los pasajeros, entre otros desastres. Córdoba no estaba borracho ni drogado, ni sufría de sueño blanco ni de epilepsia, sino que venía manejando el tren, aplicando los frenos y quedó aferrado a los controles hasta el choque, quedando aprisionado en la cabina de conducción y su rescate ¡duró horas! No hubo falla humana. Lo que hubo fue una enorme corrupción. Por eso, las querellas del sector más movilizado de los familiares de las víctimas (Menghini, Rey, entre otros) no pedían condena alguna para el maquinista. La ¿Justicia? tributó la cárcel para Córdoba como compensación a la opinión pública patronal. Lo que llama la atención es la nula intervención de La Fraternidad, sindicato al que pertenecen los maquinistas. Maturano, su secretario general, dejó claro que no iba a hacer nada. Así, rompió con toda tradición de defensa de sus afiliados. Ahora ha declarado que acompañará la apelación, como si ello no constituyera un paso legal obligado. Lo más importante es que la burocracia de La Fraternidad tenía que estar sentada en el banquillo de los acusados, en la figura de su secretario adjunto, Antonio Luna. Este ya había sido acusado en el asesinato de Mariano Ferreyra, por coparticipar con Pedraza en la tercerización fraudulenta de trabajadores ferroviarios y en el armado de la patota asesina. Se ¿salvó? de ir en cana. Pero el accidente de Once lo volvió a encontrar como subsecretario de Transporte: cómplice directo del desvío de fondos y la degradación total del material ferroviario que llevó a estos accidentes fatales (Flores, Once, Castelar). Luna estaba inculpado y debía ser juzgado, pero falleció en mayo de 2015. Esto explica el silencio de Maturano y La Fraternidad. ¡Reclamamos la absolución para el maquinista Marcos Córdoba, víctima de la masacre de Once!

En su veredicto del juicio oral por la Masacre de Once, el Tribunal Oral Federal N° 2 dictó dos absoluciones que deben llamar la atención. Se trata de Eduardo Sícaro y Pedro Ochoa Romero, los ex interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Entre las funciones básicas de la CNRT se encuentran “fiscalizar las tareas de las empresas operadoras” y “controlar y habilitar los vehículos afectados al servicio de transporte de pasajeros y cargas en cuanto a su seguridad y condiciones técnicas”. Este organismo debía verificar el destino de los millonarios subsidios estatales otorgados a las empresas; en este caso, a TBA. Los familiares encabezados por María Luján Rey y Paolo Menghini pusieron en evidencia la trama económica que condujo a la masacre. Las pericias fueron terminantes en cuanto a los dibujos contables de los Cirigliano para desviar los fondos públicos, mientras los funcionarios encargados del control miraban para otro lado, permitiendo el desfalco y vaciamiento del sistema ferroviario. Entre 2003 y 2012, TBA/Cirigliano recibió 3.000 millones de pesos en subsidios para la operatoria de los ramales Mitre y Sarmiento. Si a eso se suman los que recibieron por los colectivos del grupo Plaza y su participación en el consorcio Ugofe -que operaba el ramal Roca al momento del crimen de Mariano Ferreyra-, la cifra asciende a 5.000 millones de pesos. En una década, los subsidios a TBA se incrementaron 21 veces. Los Cirigliano fraguaron sus balances para simular déficits en los resultados contables de TBA y así reclamar más subsidios al Estado. La mayor parte de estos fondos, lejos de ser destinados a mejorar el servicio de transporte y material rodante para la seguridad de usuarios y trabajadores, fueron utilizados para fraguar negocios financieros e inversiones en otras plazas. Con ese dinero, demostraron los peritos, los Cirigliano contrataban aviones privados, pagaban entradas a recitales y hasta la medicina prepaga de sus propios familiares. El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, admitió haber aceptado dádivas (prebendas) de manos de los hermanos Cirigliano, supuestamente sujetos a su control. La complicidad de todo el sistema con este fraude criminal contrasta fuertemente con las penas acotadas que dictó el TOF N° 2. Tercerización Uno de los mecanismos más recurrentes para acometer la administración fraudulenta de fondos fue a través de la tercerización. Durante su gestión, TBA contrató a más de 20 empresas de su propio grupo. Entre ellas, Cometrans, que contaba con un plantel de apenas diez empleados por una cifra millonaria y era presidida por el ahora condenado, Roque Cirigliano. La empresa Emfer, también de los Cirigliano, fue la tercerizada que se ocuparía del mantenimiento de las vías. La tercerización, cuya defensa llevó a Pedraza y su banda a atacar a tiros a los obreros precarizados del Roca, es la viga maestra del régimen montado por los K junto a sus socios empresarios y de la burocracia sindical. Castigo a los culpables La impunidad de Ochoa Romero y Sícaro -este último fue ascendido por Florencio Randazzo, renunció al cargo cuando su procesamiento era inminente- es una de las grandes deudas de este veredicto. La CNRT continuó enviando fondos a sabiendas que ese dinero no iba a los trenes. Después del crimen de Mariano, el gobierno sostuvo a este régimen de vaciadores a pesar de nuestras denuncias. El desenlace fue la peor masacre ferroviaria de la historia argentina. Se trata, por lo tanto, de dos crímenes de Estado, resultado de un régimen podrido hasta los huesos.

La séptima gobernación kirchnerista en Santa Cruz ha comenzado con una novedad: por primera vez, el gobierno será ejercido por un gabinete íntegramente camporista. Pero lejos de la “resistencia con aguante”, Alicia Kirchner y La Cámpora han ido a suplicarle ayuda a Macri, mientras empiezan a caducar contratos de trabajadores precarios en el Estado y aplican otros recortes. Entre ellos, intentaron cerrar la ex Fundación Olivia, donde trabajan 250 obreros. Estos primeros recortes han fracasado por la enérgica acción de los trabajadores. En Caleta Olivia cortaron la ruta en defensa de la fundación y después de varios días de duras negociaciones, lograron el compromiso de su continuidad laboral. Otro tanto vale para los estibadores de Puerto Deseado, quienes también debieron cortar la ruta para lograr el pago del subsidio comprometido por el Estado. La pelea por la renovación de contratos a los precarizados del Ministerio de Desarrollo, encabezada por ATE, con el apoyo del Centro de Estudiantes de la UNPA, la CTA y el Partido Obrero, derivó en la permanencia de una semana -incluyendo la Navidad- en el edificio, un acampe posterior en Casa de Gobierno y un arbitraje judicial que ha planteado un compromiso provisorio de continuidad, mientras se analizan los diversos tipos de contratación precaria de unos 600 trabajadores. Por cadena provincial, Alicia lanzó un decreto “de reordenamiento”. Es una declaración de “emergencia económica” y preanuncia un desafío contra los convenios vigentes, contra el régimen jubilatorio y contra las paritarias que deben reunirse en febrero-marzo para los empleados estatales, docentes y municipales. El resultado de todos estos años ha dejado una provincia quebrada, con salarios de miseria, pueblos sin agua, barrios sin gas, escuelas colapsadas, hospitales sin insumos ni profesionales. El decreto de Alicia K ni se plantea su ratificación por la Cámara de Diputados, siendo que modifica condiciones laborales y asignaciones presupuestarias, por lo que debe ser objeto de tratamiento legislativo. En esto de los decretazos ilegales Alicia Kirchner y Mauricio Macri son como dos gotas de agua. Y podríamos sumar las emergencias decretadas por varios intendentes radicales, delatando la comunidad de métodos e intereses sociales existente entre los tres partidos que gobiernan en los distintos niveles del Estado. El decreto se presenta como ordenador y ahorrativo, pero una lectura atenta nos muestra que se han reservado el manejo de la propaganda oficial del Estado, que incluso podrá aumentar. También se han reservado el derecho a nombrar todos los cargos políticos y de jefatura que se les antojen. El decreto aplica el principio de que “la gente se queda afuera” incluso aunque no sirva para que cierren las cuentas, que viene a ser exactamente lo opuesto a lo prometido por Máximo Kirchner cuando nos hablaba de “cerrar las cuentas con la gente adentro”. Una quiebra más general La intención de descargar la crisis sobre los trabajadores no servirá siquiera para zafar de la crisis provincial. El imperio de Lázaro Báez se derrumba con sus obreros haciendo piquetes para cobrar y en sus empresas en quiebra. La usina de Río Turbio está tomada por los obreros de la construcción que tampoco han cobrado. Los pagos de los jubilados y estatales se han atrasado varios días este comienzo de año, y Macri amenaza con cerrar Río Turbio y frenar la obra de las represas. Las petroleras están levantando equipos del campo, lo cual traería miles de despidos. Las patronales quieren trasladar a los trabajadores los costos de su pulseada con Macri-Aranguren por el precio sostén del crudo, lo cual ya motivó una gigantesca marcha en Comodoro Rivadavia a fines de diciembre. Por donde se la mire, la situación en Santa Cruz es un polvorín social a punto de estallar y las políticas de ajuste de Alicia no harán más que encender la mecha.

El empantanamiento del debate presupuestario en la provincia tiene como telón de fondo a su quiebra financiera, que ha adquirido dimensiones enormes bajo la gestión de Scioli y el kirchnerismo. El endeudamiento provincial de más de 100 mil millones de pesos y otros 54 mil en pasivos de diferente tipo, por caso, deudas con proveedores. La provincia es un emergente de esta quiebra. Pero la expresión más grave de esto son las escuelas con graves problemas edilicios, los hospitales provinciales derruidos, sin insumos y con servicios cerrados, los barrios inundables y sin servicios esenciales, y el millón de bonaerenses sin acceso a la vivienda propia. Esta quiebra no sólo es financiera, es social y política. Se han profundizado los lazos entre la política de Estado, la Justicia, la policía y las redes delictivas como el narcotráfico y la trata de personas. El PRO ha buscado un pacto con las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario, con los resultados conocidos. La gobernadora María Eugenia Vidal propone como salida un endeudamiento cuantioso, que duplicaría al actual. Esta salida dejará a la provincia con una hipoteca impagable y la amenaza de una cesación de pagos. Sin embargo, preserva una estructura impositiva regresiva. Mientras los terratenientes están haciendo ganancias inéditas, el presupuesto de Vidal proyecta que la recaudación del inmobiliario rural represente sólo un 1,9% de los ingresos. Sólo pagan impuestos los trabajadores. Para bancar este endeudamiento y el jubileo impositivo a las grandes fortunas, se ajusta el presupuesto en salud y educación, se mantiene a los precarizados del Estado fuera de planta y no se contemplan pautas salariales que compensen la actual inflación. Las emergencias de seguridad y penitenciaria decretadas por Vidal, al igual que la emergencia de infraestructura, sólo aumenta la arbitrariedad en el manejo de recursos, salteándose licitaciones y controles. Se refuerzan partidas presupuestarias a organizaciones profundamente corrompidas como la Bonaerense y el Servicio Penitenciario, no con la expectativa de quebrar sus lazos con el delito, sino de comprar las voluntades de sus administradores. Es la vía de una mayor podredumbre, de nuevos escándalos y delitos, cuya víctima final es la población trabajadora. Chantaje Frente a la caída de la sesión legislativa, Vidal ha reforzado la línea de chantaje. Sin endeudamiento -señala- no hay obras, no hay salarios. Sin endeudamiento, agregó ahora, tampoco hay paritarias. Así, amenaza con extender el régimen de los DNU a la relación con los trabajadores, estableciendo por decreto los niveles salariales. Las razones que han llevado al FpV a frustrar la sesión legislativa no son éstas. El bloque del FpV ha reafirmado que está dispuesto a aprobar el presupuesto de Vidal, siempre y cuando se incremente la parte del endeudamiento que podrán cobrar los intendentes. Esos fondos responderían a supuestos “planes de obras” que son absolutamente desconocidos y no son parte de ninguna prioridad popular. El FpV no rechaza la hipoteca provincial, está discutiendo qué tajada se cobra de ella. Su bancada no ha promovido la inclusión en el presupuesto de una pauta salarial para los trabajadores de la provincia ni un plan de viviendas populares u obras hídricas. El despacho elaborado por el Frente de Izquierda para el tratamiento de este presupuesto, y que fundamenta nuestro rechazo al que presentó el gobierno, plantea un programa: que se actualicen los valores de propiedad reales de las tierras agrarias, que se disponga un cobro de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas del campo y la ciudad que se benefician con la devaluación para conformar un fondo de obra hídrica, urbanización de barrios y construcción de viviendas, bajo control de representantes electos; por el pase a planta de los precarizados en el Estado, pauta salarial mínima de actualización frente a la inflación y la triplicación de presupuestos de salud y educación. No esperemos la realización o no de las paritarias. Que comparezcan en la Legislatura Vidal, Ritondo y el gabinete, para discutir las centenares de denuncias judiciales, internas y de organismos de derechos humanos, para debatir la crisis de “seguridad”. Organicemos un gran proceso de agitación y movilización para darle salida al pantano al que han llevado a nuestra provincia.

La compra de coches CAF 6000 usados para la Línea B de subte realizada por el macrismo pone de relieve un hilo conductor entre la mafia kirchnerista condenada por la masacre de Once y la gestión PRO. En 2013, con la excusa de renovar el material rodante de la línea e incorporar coches con aire acondicionado, Subterráneos Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) realizó una ruinosa compra de 86 coches de casi 20 años de antigüedad al Metro de Madrid. El escándalo salió a la luz porque los coches literalmente no entraban en los túneles, al ser más altos, más angostos y llevar otro sistema de alimentación. Para adaptarlos, los eficientistas del macrismo rompieron con toda lógica: modificaron el túnel para salvar la compra de los trenes. Las obras de magnitud encaradas para esta completa readecuación mantuvieron a la Línea B con un servicio limitado los días hábiles y cerrado los fines de semana y feriados. Los costos de las obras elevaron el precio por unidad a 1,2 millones de dólares, superando el valor de una unidad nueva. Entre la compra y la puesta de los coches en las vías mediaron dos años en los cuales los trenes siguieron siendo utilizados, y desgastados, en ¡Madrid! Para financiar este fraude, el macrismo endeudó en dólares a la Ciudad y financió su pago con tarifazos en el boleto llevándolo de 1,10 a 4,50 pesos. La relación entre SBASE y el Metro de Madrid viene de lejos, en 2011 la Ciudad ya había comprado material rodante de descarte. Se trata de compras a medida del vendedor, lo cual fue objetado por la Auditoría de la Ciudad y motivó la apertura de causas penales. En ese momento, Marcelo Ramal pidió la interpelación del Presidente de SBASE, Juan Pablo Piccardo, en la Legislatura, lo cual fue bloqueado por el PRO. Entre los beneficiarios de esta operatoria no sólo se encuentra el Metro de Madrid, para las obras del nuevo sistema de alimentación se contrató a la empresa Zonis, que estuvo involucrada en causas de corrupción en el Belgrano Cargas junto a Jaime y Pedraza, uno condenado por la masacre de Once, el otro preso por el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Al día de hoy sólo corren cuatro de los 14 trenes armados con los CAF 6000, y lo hacen con el aire acondicionado apagado, porque el sistema eléctrico de la línea no soporta ese nivel de consumo. Para colmo, tienen las ventanillas selladas y, contra lo anunciado por Larreta, no se realizaron las obras de ventilación en las estaciones, convirtiendo a la Línea B en una experiencia insalubre en el verano. ¿Cabe alguna duda que al subte lo gestionan los “Cirigliano” de Macri? La Agrupación Trabajadores de Metrovías ha denunciado la sistemática violación de los cronogramas de mantenimiento por parte de la empresa (Roggio) y su tercerización, lo que derivó en numerosos accidentes. Frente a este desquicio, los funcionarios macristas acusaron de sabotaje a los trabajadores, al mejor estilo Aníbal Fernández-Randazzo, y promovieron el enfrentamiento con los usuarios, un método fascista. La gestión del macrismo en el subte de Buenos Aires está colocada en el mismo campo social que la mafia kirchnerista condenada días atrás por la masacre de Once. Los “Cirigliano” de unos y otros son la expresión del parasitismo de una clase social a la cual tributan kirchneristas y macristas, que succiona los recursos del Estado en complicidad con los funcionarios del Estado y la burocracia sindical.

La movilización de este martes hacia la sede del Grupo 23 reunió a varios centenares de trabajadores de prensa, provenientes de un amplio abanico de medios escritos, radiales y televisivos. La masividad de la marcha reflejó la enorme inquietud que recorre al gremio. En efecto: los cambios anunciados por el macrismo a la ley de Medios abren un terreno de monopolización y concentración, al permitir el ingreso de las corporaciones internacionales de comunicaciones en todas las aristas del negocio. No es un secreto que esta reconfiguración capitalista pretende fundarse en una mayor explotación de los trabajadores de prensa, habilitando a despidos abiertos o encubiertos, y a una mayor flexibilización laboral. Y reforzará la regimentación ideológica del periodista por parte de la patronal. La escalada, en este plano, recorre a todos los medios sin excepción. La “corpo” Clarín trabaja por reducir su plantel a través de retiros, mientras en los medios oficiales muchos trabajadores -que no son las “estrellas” del viejo oficialismo- temen por la cancelación de sus contratos precarios, otra herencia “nacional y popular”. Pero significativamente, quien ha hecho punta en esta ofensiva antiobrera es un ex oficialista -el Grupo 23 de Sergio Szpolski. El dueño de Tiempo Argentino es un kirchnerista hecho y derecho, y no sólo por haber sido candidato a intendente de Tigre por el FpV. Como empresario, Szpolski se sirvió de los recursos de la pauta oficial para financiar un vasto proceso de acaparamiento de medios, incluyendo a las redituables licencias de las radios Rock and Pop, Vorterix o América. Es el mismo proceso económico que recorrió el vaciador Cirigliano, cuando utilizó los subsidios ferroviarios para adquirir líneas de colectivos y monopolizar el transporte en la zona oeste. No exageramos, por lo tanto, cuando en el acto de este martes caracterizamos a Szpolski como “el Cirigliano de los medios”. La situación política nos ha colocado, entonces, ante esta paradoja: después de anunciar una racionalización capitalista del negocio mediático, el macrismo la puso en marcha sin tener que afrontar costos propios, ha “tercerizado” el primer paso de este trabajo sucio en manos de un adversario político. Patrón, sí. Kirchnerista, también En este cuadro, el acto que sirvió de cierre a la gran marcha de ayer estuvo surcado por una contradicción política. A los trabajadores que se movilizaron contra el empresario kirchnerista, los acompañaron varios y connotados kirchneristas, entre ellos, algunos diputados nacionales. Para justificarse, los ex oficialistas recurrieron a una manipulación: ahora Szpolski sería sólo “un patrón más”, al cual, “como trabajadores” enfrentamos “sin distingos”. De este modo, se apeló a una verborragia “clasista” para exonerar al kirchnerismo, como si se lo pudiera separar de los intereses sociales y camarillas capitalistas que lo encarnan. El “patrón” Szpolski creció con los recursos oficiales, su conglomerado es un producto de ese apoyo de Estado. Las “corpos” K crecieron con precarización laboral y manipulación política e ideológica de los contenidos. Pocos se han percatado -nosotros lo denunciamos en el acto- que la reforma a la ley de Medios no sólo levanta las barreras que impedían a las telefónicas comprar medios o licencias. También las elimina para quienes decidan vender activos -es el caso de Szpolski, quien quiere sobrevivir a costa de desguazar su grupo, previa limpieza de los planteles de prensa. El kirchnerismo no existe “afuera” de estos intereses capitalistas, que rápidamente se han colgado de las reformas de Macri. En definitiva, la que anticipó la “flexibilidad de inversiones” (cuádruple play) fue la propia Cristina Kirchner con la ley Argentina Digital, la que habilitó el ingreso de las telefónicas en la TV paga. Lo que viene La caracterización del kirchnerismo es crucial para la lucha que se viene. La “resistencia” K a los planes macristas ha durado lo que duró la permanencia de Sabbatella en el AFSCA –unas horas. Los patrones K se han sumado a la racionalización macrista. Sus referentes políticos no lucharán contra ellos, más allá de las frases de rigor. La escalada contra los periodistas requiere de un programa y de una perspectiva política independiente: defendamos todos los puestos de trabajo, junto a las conquistas salariales y laborales. Que se abran las cuentas de Szpolski y de todas las corporaciones capitalistas. La llamada “pluralidad de voces” no es la proliferación de grupos capitalistas rivales e igualmente regimentadores. Por el contrario, partirá de la defensa de la herramienta de trabajo del periodista -el intelecto- que debe ser ejercida sin cortapisas: por el control de contenidos y la libertad de expresión plena para los trabajadores de prensa. Los periodistas ingresan en esta etapa con una gran conquista –su nuevo sindicato, que encabezó la importante movilización de ayer. Debatamos los próximos pasos -y las primeras conclusiones políticas- de esta lucha.

La propuesta aceptada por la jueza, que adjudicó la empresa a un consorcio de tres empresas, está lejos de asegurar la continuidad laboral de los 5.000 trabajadores de Cresta Roja. El grupo empresario ganador de la licitación, encabezado por OvoProt SA (vendedores de huevo líquido y en polvo), se hará cargo de una “explotación transitoria” durante enero; en esa etapa “sólo se irán incorporando los empleados necesarios”, sin mayores precisiones. Sólo a los trabajadores que sean convocados a prestar tarea se le pagarán salarios adicionales a los 6.000 pesos que cobrará ese mes el resto del personal (La Nación, 30/12). En otras palabras, el único compromiso firme del consorcio ganador se circunscribe a un mes. Enero será una suerte de banco de pruebas, en el cual los adjudicatarios decidirán si siguen o no con la inversión. OvoProt informó que, si el proyecto prospera, “el objetivo central es lograr la generación de puestos de trabajo para 100% del personal, lo que estimamos lograr cuando la faena alcance 400.000 pollos por día” (ídem). Esto, por ahora, no es más que una expresión de deseos. No hay ninguna precisión sobre la cantidad de personal que se iría incorporando, ni siquiera los plazos de ese eventual reingreso. Tampoco está claro si esa promesa difusa de reintegrar al 100 por 100 del personal incluye a todos los sectores o están excluidas las proveedoras de materias primas, parte de cuyo personal está tercerizado. La resolución judicial dice que la empresa oferente “estima que la faena arrancaría en agosto de 2016 (si se dan las condiciones esperadas)”, lo que implica que no ingresaría ningún trabajador de Planta 1 y Planta 2 hasta esa fecha. Los trabajadores señalan que desde el momento que se retoma la alimentación de los pollos (ya arrancaron a trabajar en las granjas el 31 de diciembre pasado, según los delegados) en 65 días podría empezar la faena, por lo que no se explica por qué, para OvoProt, la faena arrancaría recién… en agosto. La nueva patronal arriesga poco y nada. No da un paso sin contar previamente con una red de seguridad. El riesgo recae por entero sobre los trabajadores, que no tienen la seguridad de volver a ocupar sus antiguos puestos de trabajo. La reconstrucción del complejo industrial reposa integralmente en los obreros de Cresta Roja. Tampoco se sabe quién va a hacerse cargo de los salarios y aguinaldos adeudados, y menos aún de la indemnización que les corresponde legalmente a los trabajadores. Si nos guiamos por experiencias anteriores, ello le sería imputado a la quiebra, lo que aumenta las chances de que no cobren un peso. El nuevo grupo inversor se hace cargo de los activos, pero quedaría liberado virtualmente de las deudas. Ya el gobierno de Macri y Vidal habían asegurado que el Estado -que es el principal acreedor- establecería un plan de largo plazo para el pago de las deudas de Rasic con el fisco, lo que asegurará que queden licuadas por la inflación. El macrismo le tiende una mano generosa a la patronal. Pero no actúa con la misma vara cuando se trata de los intereses de los trabajadores. El compromiso del Estado nacional del pago de los 6.000 pesos, a través del sistema de Repro, se circunscribe sólo a enero. Ese pago a cuentagotas, y que representa apenas un tercera parte del salario, apunta a quebrar el conflicto por el hambre y condicionar a los compañeros. De esa manera, preparan las condiciones para hacer pasar una salida leonina y perjudicial para los obreros de Cresta Roja. La plata, sin embargo, para pagar las quincenas constituye un “vuelto”, si lo comparamos con las sumas multimillonarias que el gobierno acaba de otorgar a diferentes sectores patronales. Por una salida de los trabajadores Luego de meses de luchar contra los despidos y la rebaja salarial que intentaron llevar adelante los Rasic, hoy los trabajadores de Cresta Roja no pueden permitir “una salida a la Rasic agravada”. Cualquier solución que se arbitre debe tener como condición previa la estabilidad del 100% del personal, el respeto integral de los salarios y el convenio. Y, mientras se avanza en una solución satisfactoria y definitiva, la totalidad de los trabajadores deben cobrar integralmente sus remuneraciones. Los obreros de Cresta Roja -que son los principales afectados e interesados en la reapertura y reactivación de la producción- tienen derecho a participar de las tratativas, en igualdad de condiciones que el resto de las partes involucradas, y no recibir, como viene ocurriendo hasta ahora , “hechos consumados”. Se impone la necesidad de conformar un comité de seguimiento y control integrado en forma paritaria por representantes del Estado provincial y nacional, por un lado, y de los trabajadores, por el otro -tal cual está plasmado en la presentación realizada por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda en el Congreso-, que debería velar por la continuidad laboral de los 5 mil trabajadores (estableciendo plazos de incorporación), el cobro regular del 100 por ciento de los sueldos, el reconocimiento de la antigüedad, el salario y el convenio, y la reactivación integral de la plantas y de toda la cadena de producción. Hay que elevar este pliego de reclamos al gobierno y al juzgado. Una próxima asamblea general debería evaluar la respuesta y determinar los pasos y el curso de acción a seguir. ¡Viva la lucha de los compañeros de Cresta Roja! Ningún despido. Ni vaciamiento ni desguace. Que la crisis la paguen los capitalistas.

El cuerpo de delegados de Cresta Roja convocó a una nueva asamblea el lunes 4 en la planta 2, en la que participaron alrededor de 800 trabajadores. En esa asamblea, los delegados informaron sobre la resolución judicial (ver artículo), que hasta el momento era desconocida en el detalle por la mayoría de los trabajadores, lo que generó desconfianza y malestar frente a la falta de compromisos firmes sobre la continuidad laboral y salarial. Estas dos reivindicaciones fueron sostenidas por el colectivo obrero como los dos puntos esenciales. La empresa se habría comprometido de palabra al ingreso de 600 operarios para la faena en dos meses, aunque esto no figura en la resolución que expresa que arrancaría la faena en agosto; frente a esto se planteó que los primeros en ingresar sean quienes estuvieron presentes en los cortes y movilizaciones. El cuerpo de delegados planteó retomar el plan de lucha si no hay cumplimiento de estos puntos, principalmente de la continuidad laboral del 100% de los trabajadores, teniendo en cuenta que la resolución judicial no da garantías del reingreso del total del personal. Un sector minoritario de la asamblea planteó, por su parte, la necesidad de retomar el plan de lucha de inmediato. En la salida de la asamblea, los comentarios reflejaban el malestar y la incertidumbre frente a la propuesta empresaria que aceptó la jueza, e incluso por la suma miserable del Repro que equivale a un tercio del salario. En este marco de desconfianza a la resolución de la jueza y la oferta de la nueva patronal, quedó planteado un compás de espera por unos días, cuando se realizaría una reunión de la asamblea de trabajadores con representantes de la empresa OvoProt y funcionarios del gobierno, para luego deliberar sobre el camino a seguir frente a este nuevo escenario en un conflicto que lleva varios meses.

El reclamo de un bono de fin de año de 10.000 pesos para compensar pérdidas salariales, que fuera realizado por el cuerpo de delegados del subte, no ha obtenido respuesta alguna por parte de Metrovías ni del gobierno porteño. A raíz de ello han resuelto comenzar un trabajo a reglamento hasta el miércoles 6, cuando está fijada una nueva reunión con la patronal. Y si no se obtuviera una respuesta satisfactoria, el jueves 7 se iniciará un plan de acción con un paro de tres horas a partir del inicio del servicio. Una parte de los sectores representados -7 de 19- , planteó incluso adelantar la medida -como una advertencia- antes de dicha audiencia. Otros puntos propuestos fueron que la suma no sea a cuenta de futuro convenio y que no se tome en cuenta para el cálculo del impuesto al salario.

La situación de los compañeros despedidos por empresas tercerizadas que cumplen tareas de seguridad es crítica. Los despidos son una represalia por haber luchado por reivindicaciones elementales, como cumplimiento de horarios, haberes adeudados o el cese de traslados arbitrarios. Todos esos puntos fueron acordados en distintas actas-compromiso e incumplidos por la patronal. El camino para terminar con estos atropellos es muy claro: que la AGTSyP encare una campaña, no sólo para la restitución de estos puestos de trabajo, sino también por el pase a planta permanente de éstos y de todos los trabajadores de las empresas tercerizadas del subte, que deben desaparecer. Se trata de negocios negreros, vinculados con la patronal y funcionarios del gobierno de la Ciudad, que hacen de la superexplotación obrera y el fraude laboral una fuente de fáciles ganancias. Provocan un perjuicio no sólo al personal de las tercerizadas, sino al conjunto de los trabajadores del subte, ya que sustituyen con trabajo precarizado puestos de trabajo propios de nuestra empresa, atentando contra derechos adquiridos, contra el convenio y la organización gremial. La conducción de la AGTSyP se ha negado a tomar la causa de los compañeros, evidenciando que no está dispuesta a encarar la lucha contra la tercerización en general. De esa manera, desconoce la tradición del histórico cuerpo de delegados, que logró expulsar a tercerizadas como Alston, CAF, Metropolitana, Taym, entre otras, logrando que todos sus trabajadores pasaran a planta permanente. Argumentan que bloquearían el ingreso por bolsa de trabajo de familiares del subte, lo que es falso porque la cuota más grande de ingresos es por vía de la empresa y por allí pueden y deben ingresar con categoría inicial. Se trata de la utilización reaccionaria de una conquista, como lo es la bolsa de trabajo obrera. Luego de duras jornadas que incluyeron cortes de vía, los compañeros no bajan los brazos y han iniciado una campaña de esclarecimiento de su causa, reclamando que el sindicato tome la lucha por el pase a planta de los tercerizados.

El pasado lunes se congregó una asamblea de trabajadores metalúrgicos en la puerta del taller Prosidar. El motivo de la convocatoria fue discutir la continuidad de un plan de lucha para reincorporar al compañero de la fábrica que continúa despedido. A principios de octubre la patronal despidió a dos activistas, lo que desató un paro total del taller ante el cual intervino el Ministerio de Trabajo dictando la conciliación, prolongada por casi tres meses. A principios de diciembre se logró reincorporar a un despedido y el otro compañero continuó trabajando bajo la conciliación, pero dos semanas después ésta venció y la patronal ratificó el despido. Ahora el taller está semiparalizado por vacaciones, que terminan el 18 de enero. Participaron de la asamblea delegados de varias metalúrgicas de la zona, como Tenaris, Motorarg, Rexan, y otras. Se discutió una campaña para enfrentar los despidos que vienen acechando en todo el gremio. En Siam, por ejemplo, hace un mes hubo despidos de casi 50 contratados y ahora se amenaza con el cierre de un turno, lo cual significaría perder otros tantos puestos de trabajo. En Filtros Mann también hubo despidos, y se mencionó la situación de Siderca Campana. La posición de la UOM frente a esta situación es dejar pasar los despidos. El sindicato no movió un dedo para defender los puestos de trabajo ni en Prosidar ni en ninguno de los otros casos. Se resolvió redactar un volante para recorrer los talleres y agitar la convocatoria a un plenario de delegados de la UOM Avellaneda con mandato, que discuta un plan de acción contra los despidos. También se prepara un bono para juntar dinero para el fondo de huelga en las recorridas. Por último, se convocó a una nueva acción para el lunes 18, cuando el conjunto del taller vuelva a trabajar, para pedir la reincorporación del despedido y enfrentar los planes de ajuste de la patronal. Desde el Partido Obrero nos hicimos presentes con una numerosa delegación con militantes de los barrios, compañeros de la Fuba y delegados de la gráfica Morvillo. Apoyamos las mociones votadas y nos ponemos en marcha para llevarlas adelante.

Los decretos del gobierno de Macri, designaciones, que fusionaron organismos y habilitaron a la revisión de contratos, concursos y designaciones dispararon la movilización más numerosa convocada por ATE en los últimos años. Aunque se anunció la renovación de los contratos firmados en 2013, 2014 y 2015 por tres meses (hasta el 31 de marzo), también serán revisados los contratos firmados con anterioridad, así como los concursos y designaciones “en cualquier situación en que se encuentren”. Se han otorgado poderes de excepción al flamante Ministerio de Modernización para revisar y despedir estatales. El nuevo gobierno se vale del hartazgo hacia el régimen kirchnerista -y las denuncias sobre “ñoquis y militantes” en el Estado- para avanzar en un ajuste. Pero su primer objetivo son los miles de compañeros a los cuales el kirchnerismo precarizó durante años. Andrés Rodríguez (de UPCN) y “Cachorro” Godoy (de ATE) han anunciado su colaboración en la política de revisión de los contratos (uno con el argumento de que “no hay ñoquis”, el otro “para que no haya errores”). Unos buscan su lugar en la mesa de la CGT y en el reparto del dinero de las obras sociales; los otros buscan ser parte del “pacto social” y golpear a sus rivales kirchneristas que le disputan el control de ATE. Capital, la segunda seccional más grande de ATE, y donde se concentra la mayor parte de los estatales nacionales, es conducida por el kirchnerismo, que desplazó a Micheli en las últimas elecciones. Allí, el pasado 28, tuvo lugar un plenario de delegados de gran importancia política. La conducción se presentó al plenario con el objetivo de no sumarse a la convocatoria lanzada por “Cachorro” Godoy pero, a partir de la intervención de una parte de la izquierda, tuvieron que recalcular sobre la marcha y movilizar: si esto no hubiera ocurrido, la movilización al Ministerio de Trabajo no hubiera sido lo que fue. A su vez, a la conducción kirchnerista de Capital, esta movilización le sirvió para canalizar una fuerte presión de su base, que suele ser convocada para defender a las prerrogativas de los Sabbatella y otros en el aparato estatal, pero no para una acción de lucha junto al resto del movimiento obrero (recordamos que este sector no participó de la movilización del clasismo a Plaza de Mayo contra el ajuste). La izquierda La Naranja de ATE ha lanzado el planteo de un congreso nacional de delegados de base, con el respaldo de un plenario de 200 delegados, directivos y congresales de ATE Mendoza. Para superar el faccionalismo de una burocracia en descomposición, a través de un planteo que supere en el seno del movimiento obrero la experiencia kirchnerista. Desarrollemos esta campaña con pronunciamientos, reuniones y agitaciones para crear un reagrupamiento independiente.

El 2015 se fue sin bono de fin de año y con acuerdos flexibilizadores en el aire. El año 2016 trae consigo la tarea de que todos los compañeros despedidos el 17 de diciembre y reingresados irregularmente, vuelvan a sus sectores de origen. Otra tarea que no debe ser descuidada es la lucha por la reapertura de paritarias ya, en enero, debido a los brutales ajustes y devaluación efectuados en pocos días entre diciembre y enero. Al reingresar, los compañeros afectados debieron firmar un acuerdo personal, donde aceptan condiciones de trabajo muy distintas a las que tenían. Estas condiciones de precarización, que fueron aceptadas por la directiva de la UOM, atentan contra las tareas de los compañeros tercerizados, los cuales, al igual que el personal directo de Siderca, han sido atacados duramente por la patronal. Este acuerdo podría haberse evitado, o quizá mejorado, si la dirección del gremio se apoyaba en la asamblea autoconvocada que se formó contra los despidos y en contra de un acta de suspensiones por un porcentaje aún menor al ya existente. La unión y el interés detrás de este objetivo es el medio para que todos retornen a sus puestos, y para enfrentar el avance precarizador en Siderca. Las autoconvocatorias son un resultado de la falta de orientación de la directiva y la interna, más preocupados para diluir estas iniciativas y limar asperezas con el nuevo gobierno, que dió señales claras de favorecer los intereses de Rocca, que en atender al interés de los trabajadores. La situación vivida promovió la aparición de nuevos activistas, compañeros que ante el ataque patronal no dudaron en participar en las asambleas y movilizaciones con gran entusiasmo e interés. Se debe destacar también la asamblea autoconvocada, nacida espontáneamente (pero con antecedentes previos), ya que en Siderca no existe el ejercicio de la asamblea general, y no porque los trabajadores la consideremos innecesaria. Es que la burocracia y la patronal saben de la fuerza que adquieren los obreros organizados. Pero los trabajadores comprendieron, a pesar de la falta de práctica, que era el único medio para tomar decisiones. Va a ser un año duro y de lucha para la familia obrera; Siderca no es la excepción, lo viven también los compañeros de NewSan y Titania; debemos prepararnos para lo que continúa. Fortalecer y acompañar la aparición de nuevos activistas, hacer posible la comprensión de que las asambleas son la herramienta natural para que se exprese el trabajador, que son necesarias y hay que exigirlas.

E l miércoles 30, entre las 11 y las 13 horas, en momentos en que el dirigente del Partido Obrero Daniel Blanco se había retirado de su domicilio y estando ausente su esposa, un grupo de personas irrumpió en su casa. Rompieron un portón de metal que da a la vereda y luego destrozaron la puerta de madera maciza por la cual se ingresa en la vivienda. Durante el tiempo que estuvieron dentro de su domicilio, recorrieron todos los rincones de la casa. Pero sólo en el dormitorio desparramaron ropas y cajones de los muebles, sin llevarse ningún bien. Si bien en la provincia los robos domiciliarios son comunes, llama poderosamente la atención la impunidad con la que han actuado en este caso: a plena luz del día, en una calle transitada y con importante movimiento del vecindario, arriesgando entrar a un domicilio de un dirigente públicamente conocido, que fue candidato a gobernador en las últimas elecciones provinciales, para finalmente no sustraer nada. No se puede descartar que, bajo el formato de una acción delictiva común, estemos en presencia de un mensaje político de amedrentamiento a un dirigente que se ha destacado en las denuncias de numerosos hechos criminales impunes como resultado de la acción encubridora de las instituciones del Estado. Por otro lado, Blanco es querellante en varias causas, entre ellas, la que se encuentra en la Corte Suprema y que reclama la nulidad de las últimas elecciones provinciales. El Partido Obrero ya ha realizado la respectiva denuncia policial y ha gestionado una reunión con el ministro de Gobierno para presentar los hechos, reclamar las acciones pertinentes para dar con los autores y asegurar garantías plenas para desenvolver la acción política sin trabas de ningún tipo.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios que presentaron los abogados defensores de José Pedraza y demás condenados por el crimen de Mariano Ferreyra. Los abogados recurrieron el fallo del tribunal de Casación, que había confirmado las sentencias que el Tribunal Oral Nº 21 dictó contra Pedraza, Juan Fernández, Pablo Díaz, Cristian Favale, Gabriel Sánchez, Jorge González, Francisco Pipitó, Luis Mansilla, Jorge Ferreyra, Hugo Lompizano, Luis Echavarría y Gastón Conti. Con la resolución de la Sala III de la Cámara Federal, y por el monto de las condenas dictadas en primera instancia y confirmadas por el tribunal de alzada, la Justicia debe ordenar la detención de los policías Luis Mansilla y Jorge Ferreyra, los comisarios que se desempeñaban en la Federal asignados a la Línea Roca, que permanecen libres a pesar de haber sido condenados a penas superiores a los tres años de prisión efectiva.

En un mes se realizarán los campamentos de verano de la UJS. Además del Campamento Nacional en Ramallo, se están organizando campamentos regionales en la Patagonia, en Cuyo y en el NOA. El tema principal que abordarán los campamentos, “La Revolución en América latina”, no podría ser más pertinente en este momento. En toda Latinoamérica asistimos al derrumbe de los nacionalismos que gobernaron durante la última década. En este cuadro, nos serviremos del estudio de las experiencias de Bolivia (1952), Cuba (1959-61) y Venezuela para dilucidar la gran cuestión que nos preocupa a los jóvenes socialistas: ¿el derrumbe de los gobiernos nacionalistas asegura el avance de los Macri a escala continental o existe otra posibilidad? Dicho de otro modo, ¿la transición que atraviesa América Latina puede abrir perspectivas revolucionarias? Un mes de campaña Enero es el mes de campaña hacia el campamento, con charlas y actividades en todas las regionales. Las actividades previas son una primera instancia de formación y discusión sobre la actualidad política, y al mismo tiempo contribuyen a reunir los recursos para financiar el campamento. Los primeros planes apuntan a una convocatoria que supere los 1.000 jóvenes en Ramallo. Como en todos los terrenos, la UJS enfrenta este desafío con una militancia organizada y ya se conformaron equipos para seguir específicamente estos temas. Tenemos el objetivo y la hoja de ruta. Pongamos manos a la obra por un gran campamento nacional y campamentos regionales de la UJS.

El acuerdo alcanzado en la 21ª sesión de la Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) fue calificado de "histórico" y se lo consideró un avance respecto de cumbres previas, como las de Copenhague y Lima, las cuales habían fracasado o marcado el paso en el mismo lugar. Sin embargo, el acuerdo de los 195 países para contener la elevación de la temperatura global a 1,5 ó 2 grados en relación con los niveles preindustriales de aquí a fin de siglo -suscripto también por China y Estados Unidos, que son los principales emisores de gases contaminantes- no guarda relación con los planes reales de los distintos países. La cumbre sesionó en París bajo estado de excepción y en medio de la represión contra manifestaciones y movimientos ambientalistas. En cambio, decenas de grandes empresas del rubro energético financiaron el encuentro y participaron de los paneles junto a funcionarios de las distintas potencias, lo cual muestra la orientación social del encuentro. Así es el calor El planteo de que el incremento de la temperatura no supere los 2 grados para fines del siglo XXI se contradice con los planes de emisión de gases de efecto invernadero presentados por los países. La suma de éstos indica un aumento no menor a los 3 grados, suficiente para hundir bajo el mar a países enteros (Tuvalu, Islas Marshall) y potenciar todos los efectos dramáticos del calentamiento climático: temperaturas extremas, sequías y desertificación, inundaciones y oleadas de refugiados que deberían huir de territorios que se vuelven inhabitables. Aunque se habla de acuerdos jurídicamente vinculantes y revisión periódica de metas a partir de 2023, no se contempla ninguna penalización para los infractores, lo que deja librado el asunto a la relación de fuerzas en el tablero geopolítico mundial. La lógica del capital Bajo la presión de las petroleras, el documento no menciona ni una vez el reemplazo de las energías fósiles (petróleo, carbón, gas) por las renovables (eólica, solar, hidráulica). Al revés, los intentos de lograr una 'transición energética' hacia una economía de bajo carbono están perforados por los intereses del gran capital. Por ejemplo, se impulsan hoy en día técnicas de dudosa efectividad como la captura y almacenamiento de carbono (CCS por sus iniciales en inglés), que supuestamente permitirían recapturar y enterrar dichas emisiones (o, en el mismo sentido, el aliento de la energía nuclear). La adopción de estas técnicas abriría un fabuloso negociado con subsidios estatales y con créditos de carbono, según denuncia la investigadora Silvia Ribeiro (Sin Permiso, 15/12).La mayoría de los análisis sobre la cumbre climática, aun los críticos, no han conectado el problema con la crisis capitalista en curso. ¿Por qué los países centrales financiarían el cambio climático -Fondo Verde para el Clima- en momentos en que saquean a la periferia por medio de ajustes y memorándums? En particular, bajo una etapa de bancarrota como la actual, el capital alienta las salidas "baratas" como parte de su intento de escapar a la tendencia declinante de la tasa de beneficio. En este sentido deben leerse catástrofes como el derrame de la Britisth Petroleum en el Golfo de México, el desastre nuclear de Fukushima, el escándalo de los motores contaminantes de Volkswagen, la expansión de la frontera agrícola o la exportación de tecnologías contaminantes a la periferia, como lo vemos en el accionar de los pulpos mineros en nuestro país o la radicación de Botnia en Uruguay. La solución al problema del calentamiento global, que es el problema de la supervivencia de la humanidad, aparece atado al futuro de la revolución mundial.

Estrenada en 2014 -50° aniversario de la desaparición de Jorge Masetti en Salta- “Arriba los que luchan. Jorge Masetti y la batalla en la comunicación” recién llega a las salas de cine. Es un documental sobre el periodista que puso en pie la agencia de noticias de la Revolución Cubana: Prensa Latina (PL). Masetti comenzó a militar en 1945 en la Alianza Libertadora Nacionalista, grupo de derecha católico, que terminaría defendiendo a Perón frente al golpe de la Libertadora en 1955. Decepcionado de las traiciones de las direcciones peronistas, en 1958, en plena lucha revolucionaria, viaja a Cuba y logra en la Sierra Maestra una histórica entrevista con Fidel y el Che. Sacada de Cuba clandestinamente, burlando el cerco de la dictadura de Batista, es uno de los primeros reportajes radiofónicos a la dirección cubana. Fue emitida por radio El Mundo en Buenos Aires. Entonces, el peronismo -y la izquierda que hacía “entrismo” en el peronismo- repudiaban la lucha revolucionaria del Movimiento 26 de Julio dirigido por Castro. Consideraban que Batista era un Perón y Fidel y el Che, la Libertadora. Masetti proclama, antes de la toma del poder (enero 1959), su apoyo al movimiento revolucionario. Apenas triunfa, el Che convoca a Masetti para crear una agencia de noticias que transmitiera la verdad de la revolución. Este se muestra como gran organizador revolucionario: consigue recursos de todas partes y arma Prensa Latina, que se extiende por el mundo enfrentando el monopolio informativo imperialista. El documental muestra esto como la faceta más importante de Masetti. Por primera vez, América Latina recibe informes de luchas populares (Vietnam, Argelia, Guatemala y otros) censuradas por las redes yanquis y europeas. El documental saca a luz también el complot stalinista contra la Revolución Cubana. A través de reportajes a funcionarios y otras notas queda clara la arremetida del PC stalinista de Cuba (Partido Socialista Popular) para echar a Masetti de Prensa Latina, en el propósito de establecer pautas de regimentación de la prensa. Al final, Masetti renuncia. La película lo dice: el ataque contra Masetti era, en realidad, un ataque contra el Che y su política de extensión y profundización revolucionaria. Viene Playa Girón y el Che lo vuelve a convocar para que se ponga al frente de Prensa Latina y divulgue internacionalmente el rumbo socialista que toma el proceso revolucionario. Las imágenes de viejos noticieros son espeluznantes. Particularmente la realización de los juicios populares contra los verdugos del pueblo. La película decae cuando Masetti se transforma en el comandante Segundo e inicia la guerrilla rural en el monte de Orán: el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP). No hay forma de que el film pueda explicar el sacrificio de Masetti y otros jóvenes que caerán casi sin combate, tratando de aplicar la teoría del foco del Che. Masetti se prepara para actuar bajo el gobierno de José María Guido (1962-1963), títere de los militares, pero empieza su accionar cuando asume Arturo Illia (UCR), en 1963. Sin base política -la mayoría de sus miembros vienen de rupturas del PC- coquetea con el peronismo de izquierda. Su primera proclama, publicada en Compañero, órgano del peronismo combativo, denuncia a Illia por asumir por elecciones proscriptivas: “Dejaremos nuestras armas... cuando haya en el país un gobierno que no sea producto del fraude...”. Se coloca en el terreno que luego recorrerá Montoneros (y terminará apoyando la burguesía) al tomar como eje la proscripción de Perón. Aislada de todo trabajo con las masas de la zona, la película no incursiona -con acierto- en los desastres internos y despolitización de los guerrilleros (fusilamientos disciplinarios, deserciones). El fracaso del EGP pondrá al rojo vivo las características aventureras, pequeño burguesas y democratizantes del foquismo (acciones armadas al margen de la organización y evolución política independiente de las masas obreras y explotadas). El sacrificio de Masetti es un anticipo de la caída posterior del Che. En esa época está naciendo Política Obrera, que se define programáticamente por la lucha por la independencia política de la clase obrera y su organización en partido revolucionario. El documental -con sus defectos políticos de concepto- retrata un aspecto de la lucha revolucionaria en América latina.

Breaking Bad, con cinco temporadas emitidas entre enero de 2008 y septiembre de 2013, es considerada una de las mejores series de la historia. La notable creación del director Vince Gilligan fue un fenómeno arrasador en tiempos de la consagración de las series televisivas: el capítulo final fue visto, en Estados Unidos, por más de diez millones de espectadores. Ahora este thriller dramático llegó a la pantalla chica de Argentina a través del canal América, doblado al español, de lunes a viernes a las 23. La serie narra la historia de Walter White (Bryan Cranston), un brillante profesor de química que vive una desvalorización permanente: problemas económicos con su sueldo de docente secundario (que no le garantiza el bienestar financiero de su familia); un hijo adolescente que sufre una discapacidad; ex socios y amigos que, a partir de una investigación, generaron una millonaria empresa farmacéutica; un trabajo paralelo en un lavadero de autos que le va corroyendo la salud. A Walter le diagnostican un cáncer de pulmón que no se puede operar. Es el último hilo que se rompe en su frágil estabilidad. Para pagar el tratamiento y asegurar el futuro económico de su familia, el profesor empieza a producir y vender metanfetamina con un viejo alumno suyo, Jesse Pinkman (Aaron Paul). Llega a ese lugar como un camino de valorización personal ante un sistema que lo descalifica, lo empobrece y lo desvaloriza. Walter estaba para cosas grandes: una placa de pared en su casa dice que él contribuyó a la investigación que ganó el Premio Nobel en 1985, pero ahora ni siquiera puede inspirar a sus propios estudiantes (The New Yorker, 3/3/08). Quiere morirse valorado. Bajo esas bases empieza a construir, lentamente, su criminalidad. Es el comienzo del ascenso, el poder y la caída de Walter White, quien, en su metamorfosis, comenzará a llamarse a sí mismo y exigir que lo llamen Heisenberg como a una leyenda viva, como a un imperio personal. En la construcción inicial de su personaje sobrevuela el espíritu de Stevenson y su extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde, cuando el protagonista empieza a vivir dos vidas: la del sumiso y frustrado Walt (como padre de familia y profesor de química) y la del brutal Heisenberg, dominando el mercado de la metanfetamina, convertido en un poderoso zar de la droga. El argumento está ambientado en Albuquerque, Nuevo México, con casas de clase media. Como escribió The Washington Post en 2013, al elogiar esa apuesta, los televidentes norteamericanos no son particularmente atentos a los shows que no estén establecidos en o alrededor de los mercados de masas de Nueva York, Chicago o Los Angeles. El signo de Albuquerque, así, le da un aire de western moderno a la serie: la figura del desierto como símbolo de la sofocación y desolación de los personajes. Como un lugar sin salida. White expresa el derrumbe del “sueño americano”, bajo las condiciones del derrumbe capitalista y de la descomposición social imperantes. Porque no sólo Walter vive ese camino de descomposición, sino también los personajes que lo rodean: Jesse Pinkman, atrapado en la adicción de la metanfetamina; el abogado inescrupuloso Saul Goodman (Bob Odenkirk), haciendo negocios en torno de la ‘meta’; su cuñado de la DEA, Hank Schrader (Dean Norris), atormentado en la percusión de los carteles mexicanos. También se vive esa desintegración con la mujer de Hank, Marie (Betsy Brandt), en el rol de cleptómana y, sobre todo, la de la esposa de Walter, Skyler (Anna Gunn). Nadie es lo que parece. La serie refleja los distintos eslabones del negocio narco, pero exonera a la DEA, que es pintada como una entidad que viene a luchar contra los criminales, ocultando el rol activo de complicidad del Estado con el narco-negocio. Los elementos de la trama no son ajenos a la realidad argentina: el triple crimen de General Rodríguez de 2008 reveló una conexión internacional de negocios donde la efedrina (materia prima para la fabricación de metanfetamina) era importada y contrabandeada a México, haciendo de Argentina un país de triangulación. A pesar de que Breaking Bad finalizó hace más de dos años, la emisión de la serie en un canal de aire permitirá acercar a millones de televidentes -que no tuvieron acceso al cable o al sistema pago Netflix- a una gran producción televisiva.

El gobierno de Dilma Rousseff arranca 2016 contra las cuerdas. El desplazamiento del ministro de Economía, el hombre de confianza del gran capital en el gabinete, es una consecuencia del fracaso del ajuste. Dilma venía de concretar recortes presupuestarios importantes, lo que fue acompañado de una devaluación de casi el 50 por ciento. Pero eso no detuvo la fuga de capitales y la crisis industrial. La caída del PBI ascendió al 5 por ciento en 2015, mientras avanza la ola de despidos y suspensiones. Un conjunto de empresas líderes, empezando por la Petrobras, a las que se agregan la poderosa Odebrecht y otras constructoras y proveedoras de servicios al Estado, están en una situación financiera y judicial comprometida. Las exigencias del ministro de Economía, Joaquim Levy, de nuevos recortes, en particular del emblemático plan “Bolsa Familia”, despertó la resistencia generalizada del PT y fue el detonante que precipitó su caída. El nuevo titular de Economía, Nelson Barbosa, un hombre del riñón de Lula, está haciendo malabarismos para mantener el ajuste. Pretende compensar la atenuación de la poda en ciertos rubros con el recorte en otros. Barbosa plantea una reforma de las pensiones aumentando la edad jubilatoria y los haberes que reciben sus beneficiarios. Por otro lado, promueve una ampliación de las facultades del Ejecutivo para modificar y reasignar hasta el 30 por ciento de las gastos en salud, educación y en el gasto social. Esto superpoderes apuntan a una “racionalización” del gasto en esos rubros. Pero estos anuncios, sin embargo, no han aquietado al establishment, que ve con desconfianza el cambio de gabinete. Por lo pronto, el alejamiento de Levy fue la señal para que el presidente de la Cámara de Diputados, el ex aliado Eduardo Cunha, haya finalmente iniciado el proceso de impeachment. Detrás del “Petrolão” se esconde una pelea entre la burguesía local, empezando por los exponentes de la patria contratista y un sector del capital extranjero que reclama una apertura económica y comercial que termine con las preferencias en favor de la gran burguesía: pretenden una ola de privatizaciones, en el petróleo y en la contratación de obra pública. El agotamiento del régimen petista tiene su epicentro en Petrobras: un “rescate” brasileño pondría el desguace del esquema de explotación petrolera en el centro de la agenda. Los movimientos sociales y los sindicatos, así como algunos grupos de izquierda, se movilizan a favor del gobierno en nombre de la amenaza de la derecha. Pero el PT le allanó las puertas: cogobernó con ella, la entronizó en los principales ministerios y le entregó -al PMDB- toda la línea de sucesión presidencial. El PT es responsable también del avance privatista sobre Petrobras. Esto vale también para el PSOL, que se ha colocado con matices en el campo de apoyo al gobierno, lo cual no impidió que el grupo brasileño del PTS (MRT) acordara candidaturas comunes para las elecciones municipales del año próximo y reclamara el ingreso al PSOL, en nombre de capitalizar “por izquierda” lo que caracterizan como una “crisis de representación”. De nuevo, quedan de manifiesto los límites insalvables de estas categorías de análisis cuando lo que se desarrolla es una bancarrota económica y política de fondo. Estamos en presencia de una fractura del Estado. El petrolão ahora, como el Mensalão antes, ha puesto de relieve que el régimen en su totalidad no es más que un red corrupta al servicio del capital. Eso envuelve a todas las instituciones del Estado y se extiende a los partidos oficialistas y opositores. El Congreso brasileño no tiene autoridad para encarar el juicio político. Una salida progresiva para Brasil depende de que la clase obrera emerja como un factor político independiente y ajuste cuentas con el régimen ajustador y coimero.

El martes 5 se instaló en Caracas la nueva Asamblea Nacional, que reúne una mayoría calificada de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Esta circunstancia habilita al parlamento a impugnar el régimen de gobierno por decreto que lleva adelante el Poder Ejecutivo, lo cual establece un sistema de doble poder en un sistema presidencialista. Es decir que se ha alcanzado el punto más alto posible de una crisis política en el marco de la renovación electoral del parlamento. A partir de ahora, cualquier choque institucional de relevancia desbordaría el cuadro constitucional precario. Sería el caso del anuncio, efectuado durante la inauguración, de que la Asamblea votaría una ley de amnistía que liberaría a los presos que la oposición califica de políticos, así como el levantamiento de la orden de captura para aquellos que se han marchado al exterior. Por eso, un prematuro teórico del chavismo, Heinz Dietrich, asegura que “El resultado final del proceso de transición será determinado por los militares...” (Perfil, 3/1). Esta conclusión de manual es, sin embargo, incierta, porque para eso las fuerzas armadas deberían homogeneizarse en un proyecto político nuevo -esto, en un cuadro de divisiones que refleja las que existen dentro del oficialismo, por un lado, y entre los llamados ‘escuálidos’ por Hugo Chávez, por el otro (los cuales, desde ese bautismo, ya no lo son tanto). Tampoco dice si una intervención militar del ejército “bolivariano” resultaría en un gobierno de la oficialidad chavista o procuraría proteger una salida pactada entre los llamados moderados de uno y otro lado. La derrota última del gobierno, de todos modos, se encuentra inscripta en su reacción política ante esta crisis. Fingiendo ignorar que ha perdido la mayoría electoral como consecuencia de su responsabilidad en un caos económico que no cesa de acentuarse, ha vuelto a incurrir en chicanas institucionales para proteger sus poderes de excepción. En el pasado privó de autonomía a los Estados en manos de la oposición al adjudicar al Estado nacional decisiones de incumbencia estadual. Ahora, impugna la elección de cuatro diputados con la intención de quitarle a la oposición una mayoría calificada de dos tercios. Ha establecido, asimismo, ‘parlamentos comunales’, que algún periodista desairado se apresuró en calificar de ‘soviets’, cuando solamente se tratan de una prolongación de la camarilla gobernante. En lugar de ofrecer una salida social radical al derrumbe económico, y con esto reconquistar el apoyo y la movilización popular, el clan de Miraflores refuerza todos los días un inmovilismo suicida. Los límites del nacionalismo militar A diferencia del nacionalismo de los años ’70, conducido por Acción Democrática, que estatizó el petróleo para destinar la renta a promover una gigantesca especulación inmobiliaria y toda clase de corrupciones, el chavismo se distinguió por aplicarla a un enorme programa de mejoras sociales. Pero no modificó la condición rentística de Venezuela, o sea que no apoyó el programa social en un proceso de industrialización. Pero esa industrialización tampoco hubiera sido viable sin una planificación de conjunto y, por lo tanto, sin el monopolio del comercio exterior y las ramas productivas fundamentales luego del petróleo, y sin la gestión política integral de los trabajadores. El nacionalismo militar entraña límites insalvables, incluso en sus variantes más avanzadas o radicales, pues se asienta en la expropiación política de la clase obrera. Los programas sociales chocaron con los límites de los capitales que controlan la industria del cemento y la siderurgia, o con los monopolios de las telecomunicaciones y se procedió a nacionalizar esas ramas con indemnizaciones colosales financiadas por la renta petrolera. Lejos de la gestión obrera colectiva (plan) de la economía las empresas o fincas nacionalizadas quedaron en manos de una burocracia ligada al poder, lo cual procedió a una acumulación primitiva de capital de cuño ‘bolivariano’, o sea, a un saqueo privado de los activos estatizados. Ahora, la caída vertical del precio internacional del petróleo no solamente ha dejado desfinanciados los planes de viviendas, salud y educación: mucho peor, dejó al desnudo el vaciamiento al que fue sometida PDVSA -que enfrenta la posibilidad de un ‘defol’, esto por el tamaño de su deuda externa e interna. La caída del precio del petróleo ha paralizado la explotación de la cuenca del Orinoco, que tiene lugar en asociación con los principales monopolios internacionales -excluidos Exxon y Conoco. Maduro ha hipotecado los ingresos petroleros a un préstamo de 40 mil millones de dólares por parte de China. Incluso comparada con otra experiencia en demolición -la brasileña Petrobras- la de PDVSA es mucho más decepcionante. El colmo del parasitismo es el subsidio indiscriminado de la gasolina en el mercado interno, virtualmente gratuita, que ha servido para inundar a Venezuela de autos y para desarrollar un contrabando gigantesco de exportación. El caos económico ha derribado todas las conquistas sociales promovidas por el chavismo. Entre golpes y autogolpes El problema que enfrenta el gobierno de Maduro y de su eminencia gris, Diosdado Cabello, no es la derrota electoral sino su carencia de programa y la incapacidad de dotarse de ese programa, que es irrevocable. La aplicación consecuente de esta línea política conduce a un auto-golpe -o sea, a la disolución de la Asamblea Nacional por parte del Ejército. Alternativamente, podría conducir a otro golpe, pactado entre un sector del oficialismo y uno de la oposición. Una señal en esta dirección la acaba de dar el ex presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, que integra el bloque de conspiradores internacionales de la derecha, y que convocó a Maduro a romper con Diosdado Cabello. Finalmente, tampoco se podrían descartar golpes cruzados, que serían capitalizados por la oposición. Cualquiera de estas variantes serían reaccionarias para el proceso político venezolano y deben ser combatidas por los trabajadores. A la luz de toda esta caracterización, la expectativa de reformar al chavismo con la consigna del retorno a los orígenes, es un callejón sin salida. Los que siguen invocando a la “masa chavista” para seguir medrando con la reforma del chavismo, ni siquiera toman nota de que una parte importante de la masa del chavismo acaba de pronunciarse con un voto a la oposición y con la abstención. Los ‘reformistas’, como el caso de Marea Socialista (MST), que plantean auditar las cuentas del gobierno como gran consigna, empujan a esa masa en un sentido contrario y a la derrota. Si el oficialismo tuviera un programa daría una batalla política para reconquistar la mayoría popular, en lugar de encerrarse en el impasse mortal de las chicanas institucionales. En Venezuela son numerosísimos los sectores sindicales combativos. Seria decisivo que se agruparan para una intervención de carácter político con total independencia del chavismo. Un agrupamiento político clasista debería evaluar la oportunidad de una consigna de Asamblea Constituyente libre y soberana que desarrolle un programa de control obrero generalizado, en oposición al gobierno y a la oposición que es impulsada por toda la reacción internacional.