Prensa Obrera N° 1400

Durante las últimas semanas volvió a repetirse por televisión, a través de Incaa TV, la serie “Germán, últimas viñetas”, inspirada en la vida de Héctor Germán Oesterheld, producida en 2013 y dirigida por Cristian Bernard, Flavio Nardini y Federico Sosa. Con sensibilidad y contundencia, su guionista, Luciano Saracino, narra los episodios inspirados en la turbulenta vida del autor argentino. La serie se encuentra disponible online (http://cda.gob.ar/serie/1417/german-ultimas-vinetas). En 1972, Oesterheld (Interpretado por Miguel Angel Solá), reconocido y admirado por haber publicado El Eternauta en 1957, se encuentra, sin embargo, asfixiado económicamente. Según él, fue el costo por "jugarse por lo que escribe". Aquella obra, cuyo eje es la resistencia popular, logró, con belleza narrativa, correr el velo a la historieta y la descubrió como un canal potente y transformador de expresión literaria, política, comprometida con la realidad. En aquellos años comenzaba a proliferar el silencio; las publicaciones masivas, pese a que no querían problemas, preferían al historietista. En este marco, el guionista logra que lo publiquen en una editorial de cepa militar para sostener su existencia material como autor de historietas. La coyuntura internacional, marcada por el intento desesperado de la burguesía de frenar a la creciente organización de los trabajadores, sentaba las bases de los regímenes dictatoriales que ya acechaban como una tormenta oscura en toda Latinoamérica. Esto condicionó duramente los guiones de esta editorial, cuyo objetivo era preciso: trazar una línea firme y nítida en torno a quiénes eran los “buenos” y quiénes los “malos” en las historietas que allí se creaban, para que la creciente masa popular que las leyera interpretase una única versión de aquella disputa histórica. Los editores encaran la contradicción de tener al mejor de todos, pero cuyo interés en sus escritos (conocían su guión sobre la vida del Che Guevara, por ejemplo) era opuesto a la empresa, en donde las visitas amenazantes se volvían cada vez más frecuentes. Oesterheld acepta las condiciones, confía en su genio y enfrenta la amenaza latente. A pesar de la censura, logra convertir la banalidad superficial en historias que deslumbran y urden tramas apasionantes. Los trece capítulos que componen la serie oscilan entre el humor inocente y sagaz, el terror y el suspenso, en el ambiente caótico de una redacción de historietas dirigida por Santos (Claudio Rizzi), un editor entrañable que rige la disciplina con los dibujantes y guionistas que allí trabajan, y el comisario Collins (Gabriel Fernández), cuya retórica policial se aplasta capítulo a capítulo bajo la crítica inteligente del nuevo guionista, que irrumpe como un fantasma revelador y modifica por completo la redacción. “Entes de cartón producen mundos de cartón”, dice en una ocasión Oesterheld a Mariano Sampaoli (Gustavo Pardi), un joven guionista de la redacción que en su crisis de inventiva personal y profesional se desvive por descubrir el secreto del maestro para penetrar en sus propias historias. Así inicia este joven una búsqueda interior, para la cual cuenta con el sostén incondicional, aunque tácito en un principio, de Florencia, la recepcionista de la redacción (Paula Reca), cuyo apoyo se torna clave para este joven escritor atrapado por Oesterheld y sus historias maravillosas que sus personajes le susurran en las noches de desvelo, como si él fuese su heraldo en la tierra. La pluma de Oesterheld constituyó una práctica transformadora en la antesala de la última dictadura militar. Junto con sus narraciones, que creía un canal fundamental para cambiar la realidad, Oesterheld militó en la organización Montoneros, de la cual fue jefe de prensa. Muchos de sus guiones fueron escritos en la clandestinidad. El historietista, secuestrado y desaparecido por la dictadura, fue parte de la tragedia montonera. También lo están sus cuatro hijas mujeres, dos de ellas embarazadas. Su obra es considerada un enorme legado que no sólo alejó a la historieta del rincón marginal y la puso entre las grandes disciplinas artísticas con incidencia en la conciencia de las masas, sino que hasta hoy constituye una literatura potente, lúcida e inteligente para sus lectores y ya atraviesa varias generaciones. “Germán, últimas viñetas”, lo refleja extraordinariamente.

El 18 de febrero, el Partido Obrero, junto a representantes de ATE y organizaciones sociales del distrito, tuvimos la segunda reunión con el Ejecutivo municipal a fin de avanzar en la resolución de un conjunto de reivindicaciones. Fuimos recibidos, nuevamente, por Ruiz Díaz, el secretario de Gobierno. Menéndez no participó de la reunión porque, según nos informaron, estaba "con lo de la toma". Efectivamente, mientras más de 2.000 familias eran expulsadas brutalmente de las tierras, el intendente salía en los medios justificando el desalojo. El Partido Obrero colocó, como primer punto, la necesidad de dar solución a los ocupantes de la toma mediante la expropiación y la urbanización de esos terrenos. Denunciamos la represión y exigimos la libertad de los vecinos detenidos. Algunos de los reclamos planteados por las organizaciones fueron avanzar en la adjudicación de lotes con servicio en Río Alegre, módulos de trabajo y ayuda institucional para cooperativas y comedores, implementación de Unidades de Desarrollo Infantil y casas transitorias para mujeres víctimas de violencia de género, el reconocimiento de ATE como sindicato para trabajadores municipales, entre otros. Como Partido Obrero presentamos por escrito un pliego de reivindicaciones que incluía la reincorporación de los trabajadores municipales precarizados que fueron despedidos, la defensa del hospital maternal de Pontevedra frente a su vaciamiento, y la asistencia económica y de salud para Karina Abregú, víctima de intento de femicidio. Las repuestas del municipio son conocidas: lamentarse del estado en que encontraron las cosas, echarle la culpa a Othacehé y señalar la falta de presupuesto. Sin embargo, Merlo es uno de los que recibe mayor partida provincial. ¿Hay plata para pagar los shows en el tejadito - copiado del othacehísmo- y no hay plata para asistir a Karina Abregú, que no puede trabajar porque su ex pareja le dejó el 60% del cuerpo quemado? Por otra parte ¿Cuánta plata se necesita para reconocer a ATE en municipales o poner las maquinarias del municipio al servicio de la urbanización de las tierras? Está claro que lo que falta es voluntad política. Plantear que "no hay plata" sin hacer públicos los balances y presupuestos, es mantener otro viejo vicio de Othacehé. Como toda solución se nos planteó el armado de nuevas reuniones con las distintas secretarías específicas para continuar con el diálogo. La "disposición al diálogo" es utilizado por Menéndez -y por la centroizquierda claudicante que lo apoya- como argumento para diferenciarse del régimen de violencia de Othacehé. Pero la violencia radica, fundamentalmente, en los derechos violentados por la inacción. Negar el derecho a la salud con hospitales vaciados, negar el derecho a la vivienda con desalojos y represión, negar los derechos de las mujeres, el derecho al trabajo, el derecho a la asistencia alimentaria y educativa a los niños de las barriadas. Durante la campaña Menéndez repitió la muletilla que venía a "restaurar derechos". El pueblo trabajador de Merlo deberá ir sacando sus propias conclusiones a medida que se levanta el viento que se lleva las palabras.

Foto: Bernardo Cornejo En la última audiencia en el ministerio de trabajo de Callao del martes 23 los mediadores de la cartera laboral impidieron el ingreso de los delegados de base del SiPreBA y de ATRAC, sindicato de operadores que sostienen la lucha dejando en manos de las directivas de los sindicatos la negociación del conflicto. La resistencia de los mismos a ser discriminados y a dejar en manos de la burocracia el destino de las más de 130 familias que dependen de esa resolución produjo un intento infructuoso de desalojarlos con la fuerza pública. Reclamamos el reconocimiento de los delegados de base como legítimos representantes de los trabajadores que luchan hace ya más de tres meses sin cobrar sueldos y aguinaldo.

El viernes 19, La Mella-Patria Grande nos convocó a una reunión con "las organizaciones representativas del movimiento estudiantil" para coordinar acciones de cara al paro del 24 de febrero y discutir una política común frente a la rescisión de los convenios con las universidades. Además de la UJS-PO, convocaron al PCR, a La Cámpora, el Evita y otras cuatro organizaciones kirchneristas. La propuesta de La Mella respecto al paro era que marchemos todos detrás de los "científicos autoconvocados". Se trata de un agrupamiento impulsando por ex -y actuales- funcionarios del MinCyT que en sus declaraciones llama a defender "las conquistas económicas, sociales y políticas conseguidas durante los últimos años". Para La Mella el valor de este espacio es terminar con "viejas riñas de los sindicatos docentes que impiden la unidad", de esta forma se refieren a la traición de Conadu a los docentes firmando la paritaria de 16 meses. La UJS rechazó esta disolución del movimiento estudiantil detrás del kirchnerismo, justo en el aspecto donde la continuidad con el gobierno PRO es mayor -tan así es, que entre los autoconvocados hay funcionarios ¡actuales! de CyT. La Cámpora, que abrazó la propuesta de La Mella, defendió marchar con los funcionarios de Macri que "están poniendo en riesgo sus cargos". El segundo punto fue sobre los convenios. La Mella, siguiendo en su rol de casamentera, propuso que "no nos metamos en el debate de si los convenios son una forma de soberanía o de precarización", aunque dejó en claro que ellos se inclinaban por lo primero. La Cámpora -más realista en este punto que La Mella- explicó que en realidad la rescisión de los convenios no es un tema estrictamente estudiantil, ya que "la mayor parte de los convenios tenían por objetivo la 'descentralización' del presupuesto de los ministerios para contratar personal por encima de su cupo". Poco más y daba la razón a la UJS que planteó que las universidades actúan como agencias precarias de empleo. El PCR se delimitó del kirchnerismo "que entregó el país", pero coincidió en la crítica al "achicamiento del Estado", desnudando su política democratizante y una posible línea de compromiso. La Mella, que el día anterior votó con nosotros la crítica a los convenios precarizadores y la movilización con JCP al MinCyT, reveló su carácter oportunista. Nos fuimos de la reunión con la conciencia clara del drama que constituye el seguidismo al nacionalismo en decadencia y con el objetivo de pelear por una columna educativa independiente el 24 de febrero.

En 2013, cuando ya tenía 81 años, Umberto Eco dijo en Burgos -la universidad de esa ciudad le había dado el título de doctor honoris causa- que los claustros universitarios debían reservarse “a una elite”. El autor de Cómo se hace una tesis aseguró que el número de estudiantes es “excesivo” y, además, señaló “la sustitución del papel del docente en manos de Internet”. A renglón seguido, recordó que “las mejores épocas universitarias” fueron aquellas que reservaron las casas de estudios para unos pocos. Eco añadió entonces que “el exceso de alumnos entorpece la actividad académica y aboca a las universidades a la crisis”, y agregó: “La progresiva influencia de las nuevas tecnologías ha modificado la relación de los alumnos con los profesores, especialmente desde la explosión de Internet, desde donde se puede acceder a mucha información, lo que, en parte, sustituye al docente” (Clarín, 24/5/13). Aquellas declaraciones resultaron perturbadoras en los ambientes académicos, donde llamó la atención que Eco, como dijeron algunos, se hubiera puesto “tan reaccionario”. Intentaron rebatirlo con un griterío impotente, tan impotente como el “elitismo” del gran intelectual que no podía ver -he ahí sus límites de clase- el fondo del problema. En principio, se trata de un problema de democracia social. Si la masividad del alumnado afectara la excelencia académica sería una cuestión secundaria: entre la excelencia y una conquista democrática del pueblo trabajador, la elección no puede ofrecer dudas para un demócrata mínimamente consecuente. Sin embargo, eso ni siquiera es así. La universidad, en efecto, está en crisis en todo el mundo y no por el número de alumnos sino por la creciente incapacidad del capitalismo decrépito para aplicar la tecnología, los avances científicos, al proceso de la producción. El tema da para un tratamiento exhaustivo, pero por el momento veamos el ejemplo de las fibras ópticas, que jamás fueron rentables y se convirtieron, al decir del Financial Times, en “la hoguera del billón de dólares”. La ciencia avanza incesante, a pesar del “número de alumnos” y a pesar sobre todo de los obstáculos que le presenta el régimen social, pero eso no deriva siquiera en un aumento de la productividad. Por eso, en todas partes, se intenta limitar el número de alumnos, se reservan las universidades, como propone Eco, a “elites” (Harvard, por ejemplo) y se las quiere transformar cada vez más, como decía Borges, en productoras de “bestias especializadas”; al servicio, añadimos nosotros, de los pulpos imperialistas. En otro régimen social el número de alumnos resultaría escaso y habría que buscar las maneras de incrementarlo, lo cual produciría una mayor excelencia académica. Uno de los grandes físicos del siglo XX, Robert Oppenheimer, trabajó con niños de la calle y los puso ante problemas de la física que ellos pudieron resolver en la práctica con más facilidad que la mayoría de los niños escolarizados. De esa manera, Oppenheimer quiso mostrar la cantidad de talento que la miseria echa al desperdicio. La solución a la crisis universitaria no está en la universidad misma sino en la sociedad toda, que necesita reorganizarse, revolución mediante, sobre otras bases.

Colombia: convocan a un paro nacional La Central Única de Trabajadores (CUT) convocó a un paro nacional para el 17 de marzo próximo. La medida se debe a un pliego de reclamos que fue rechazado por el presidente Juan Manuel Santos. Entre esos reclamos se encuentran: el fin de la precariedad laboral, un aumento salarial y el rechazo a la privatización reciente de una parte de Isagén (la empresa estatal generadora de energía). El gobierno fijó de manera unilateral el aumento del salario mínimo en 7%, debajo del planteo de la CUT de un 12% de aumento. En un comunicado reciente, la CUT señala que "más de 14 millones de trabajadores navegan en el mundo de la informalidad y el desempleo" (12.2). La otra cuestión pasa por el remate de activos de Isagén, que han sido comprados a precio de ganga por el fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management. La empresa estatal cuenta con siete centrales eléctricas distribuidas a lo largo del país. El paro será acompañado por movilizaciones en que participarán decenas de agrupaciones sociales, políticas, sindicales, ambientales e indígenas. España: los trabajadores del subte en lucha El 2 de febrero, más de mil trabajadores del subte de Barcelona pararon contra la patronal Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB). El reclamo obedece al congelamiento salarial y a la extensión de la precariedad laboral que impone la empresa. "Es un auténtico despropósito, que en una empresa participada por instituciones como el Ayuntamiento o la Generalitat, los contratos precarios hayan aumentado un 50% en los últimos dos años y, (...) para conseguir un puesto fijo (...) pueden pasar más de 10 años" (Sin Permiso, 7/2), denunciaron los trabajadores. Respecto a la izquierdista alcaldesa Ada Colau, los trabajadores sostienen que lejos de pronunciarse a su favor, “se ha situado (...) en un punto equidistante entre la empresa y los trabajadores en lucha, incluso niega la precariedad y se afirma que la empresa muestra buena voluntad a la hora de negociar. Y nada más lejos de la realidad" (ídem). "Colau escucha, el Metro está en lucha", cantaban en la movilización. Los trabajadores han anunciado nuevos paros generales. Estados Unidos: unidad docente-estudiantil Miles de maestros, padres y alumnos en Detroit (Michigan) están reclamando un aumento salarial para el personal docente y denunciando la falta de mantenimiento en las escuelas y el recorte presupuestario tanto federal como local. En la principal potencia capitalista, las escuelas no cuentan con calefacción (en pleno desarrollo del invierno), tienen techos dañados por la humedad, cañerías que filtran agua o ratones. Y es por ello que 85 colegios, de los 100 que tiene Detroit, no abrieron sus puertas. El desbarranque de la educación llega a tal punto que los propios maestros deben pagar los materiales con plata de sus bolsillos. Por su parte, el alcalde demócrata de Detroit, Mike Duggan, ha llamado a los maestros a "detener las huelgas y regresar a las aulas". Estudiantes sostienen que están atravesando una crisis educativa que los obliga a alinearse con sus maestros para defenderla. Muchos maestros rechazan el papel jugado por la Federación Americana de Maestros (AFT) y su filial local, que intenta desmovilizar. La AFT es hostil a la lucha de los maestros porque esto complica sus estrechas relaciones con el gobierno demócrata.

El 18 de febrero fue noticia en la región que vecinos de Puerto Deseado se movilizaron por las calles de la ciudad en reclamo de solución a la problemática del agua. Ahora, el 3 de marzo, vecinos y trabajadores de Caleta Olivia y otras ciudades tendrán una reunión con el Ministro de Ambiente de la Nación, a quién exigirán se garantice el acceso a agua segura para toda la población. Deseado, Tellier, Jaramillo, Fitz Roy, Caleta Olivia, Cañadón Seco, Truncado, Koluel Kaike y Las Heras. Toda la zona norte de Santa Cruz sigue con falta de agua en cantidad y calidad, a veces recibiendo agua sólo un par de horas cada 5 ó 6 días. “No se puede vivir así, a veces tenés que levantarte de noche para bañarte o lavar la ropa porque a esa hora está entrando el agua. No queremos respuestas ni promesas, queremos soluciones", dijo la vecina que inició la convocatoria en Deseado (Fuente: Diario Tiempo Sur) El desabastecimiento constante lleva años, mientras las petroleras, mineras y pesqueras siguen extrayendo enormes riquezas de nuestra zona y contaminando los acuíferos. Las organizaciones y asambleas populares han denunciado la presencia en el agua de hidrocarburos, arsénico, sulfatos y otros contaminantes, y el preocupante aumento de los casos de cáncer, enfermedades hepáticas y otras patologías. Los gobiernos nacional y provincial, al tiempo que malversaron los fondos para el arreglo del acueducto existente (roto desde hace más de 20 años), desarrollaron en los últimos años una política de represión sistemática de la lucha popular. Esta lucha, sin embargo, logró llegar hasta el Congreso Nacional en 2014 a través de la audiencia pública organizada por el bloque de legisladores del Frente de Izquierda (Pitrola y López) y la presentación de un proyecto de ley para dar solución definitiva a la problemática mediante la construcción de un sistema de provisión desde los lagos cordilleranos. Tanto los diputados del entonces gobierno nacional y actual gobierno provincial -Frente para la Victoria- como los de Cambiemos, bloquearon el tratamiento del proyecto, que aún se encuentra pendiente. Alicia Kirchner acaba de anular el Impuesto Inmobiliario Minero sancionado el año pasado por la Legislatura; Macri eliminó el pago de las retenciones a las mineras y negocia con Chevron más beneficios que los ya otorgados por los K. Ambos profundizan la política de saqueo de los recursos naturales y destrucción del ambiente, en vez de impulsar un desarrollo social basado en el arraigo de la población. A días de cumplirse dos años de la gran pueblada de los vecinos sobre la ruta nacional N° 3 que puso el tema en los grandes medios nacionales; una delegación de activistas de distintas ciudades llevará formalmente estos reclamos al Ministro de Ambiente, responsabilizando tanto al gobierno nacional como al de la provincia por cada nueva muerte, malformación y enfermedad crónica que sucede como consecuencia de la falta de agua potable. Esta audiencia abre una oportunidad para dar difusión al conflicto y da un nuevo impulso a la lucha. Como hemos comprobado en tantas otras situaciones, sólo la presión de la organización independiente de los trabajadores y vecinos puede torcerle el brazo a los gobiernos para que la prioridad comience a ser la salud y no las extraordinarias ganancias de las empresas.

El “empate técnico” que pronosticó el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, el domingo pasado por la noche, parece haber faltado a la cita, pues las últimas informaciones del lunes 22, escrutado el 80% del padrón, daba el 54,7% de los votos de rechazo a la posibilidad de una nueva reelección de Evo Morales. El presidente de Bolivia pretendía hacer la ‘gran Kirchner’ -quien adelantó la fecha de elecciones parlamentarias, en 2009, para anticiparse a las consecuencias políticas que tendría una crisis económica que se perfilaba para poco más tarde. En este caso, la próxima elección presidencial recién debe tener lugar en 2020; Evo habría fracasado como le ocurriera a su oráculo. El derrumbe de los precios del petróleo y la minería, y en menor medida el gas, pronostica un cuadro de crisis, que haría inviable cualquier posibilidad de victoria plebiscitaria. Evo se jugó al plebiscito, a pesar de haber recogido la advertencia de su derrota en la ciudad de El Alto, en 2015. El Sí a la reelección sufrió fuertes reveses en ciudadelas cautivas del MAS de Evo Morales, en contraste con lo ocurrido con las últimas presidenciales, cuando el oficialismo llegó a ganar en Santa Cruz de la Sierra, considerado bastión de la oposición de derecha. En El Alto, el distrito más importante del Altiplano y bastión del MAS (su población es un 50% superior a los distritos de Pando, Tarija y Beni), el Sí retrocedió al 57 del 70% obtenido en las presidenciales de 2014. En Cochabamba ha sufrido un desplome: perdió 62,4% a 37,6 por ciento; en el distrito minero de Potosí -60 a 40 por ciento. En resumen, Evo sufrió un retroceso enorme en los distritos que constituyen su base política. Se ha quebrado el “indigenismo”, que no se refiere a la masa agraria de Bolivia, sino a la enorme emigración campesina hacia las ciudades -por ejemplo, la construcción desde cero de El Alto. La masa ‘plurinacional’ ha menguado su apoyo al gobierno. La larga perduración del gobierno de Evo tiene por base económica el alza espectacular de los precios internacionales de las materias primas, incluida la soja. El gobierno del MAS, por su lado, incrementó desde 2006 la participación fiscal en la renta petrolera, gracias precisamente a esos precios elevados. Contra lo que dice el relato oficial, no propició la nacionalización de los recursos minerales sino que lo rechazó -primero en un plebiscito en 2004, luego cuando expulsó del gobierno a la fracción nacionalista que encabezaba el ex ministro Solís Rada. También rechazó la implementación de una reforma agraria, esto cuando pactó con la oligarquía de la llamada “media luna”, la reforma constitucional. El boom fiscal propició una enorme especulación inmobiliaria, que encareció la cotización del suelo, y una revalorización del peso que afectó negativamente a la débil industria boliviana -a favor de un crecimiento de las actividades comerciales. El maná minero-sojero ha entrado en declinación: Brasil y Argentina empezarán a presionar por una reducción del precio del gas que les provee Bolivia. Evo no ha perdido solamente el derecho a otra reelección: todo plebiscito entraña un veredicto sobre el gobierno en funciones. Evo y el MAS rechazan, obviamente, esta caracterización -y tiene, hasta cierto punto, razón, esto porque no existe una oposición política real ni, por lo tanto, una polarización política. El horizonte económico, sin embargo, no augura que pueda revalidar el poder, más bien lo contrario. Con los plebiscitos no se juega. Las petroleras y las mineras, como ocurre en Argentina, van a reclamar un recorte de la apropiación fiscal de la renta del sector. Con la soja, la cosa luce más atenuada, pero el cuadro que emerge del fracaso del plebiscito, envalentonará los reclamos de los grupos sojeros. Comenzarán a propiciar una reversión de la valorización del peso. La izquierda puede alinearse con el bonapartismo popular, sin confundirse con él de ninguna manera, cuando éste se ve obligado a un choque físico con la oligarquía, pero nunca para que el bonapartismo se perpetúe en el poder y siga la estatización de las organizaciones obreras y el movimiento popular. El pasado criminal de la derecha boliviana la limita para explotar la crisis que anuncia la derrota del Sí. La izquierda revolucionaria se debe una deliberación urgente, para tomar la iniciativa y, a través de ella, recuperar las organizaciones obreras para una política de clase y para disputar la dirección política de las masas.

El Tribunal Superior Electoral acaba de confirmar el triunfo irreversible del No a la reelección de Evo Morales -51,30 a 48,70, unos 135.000 votos. La elección complementaria en algunas mesas de Santa Cruz no puede comprometer este resultado. Lo que aparece como una leve diferencia oculta la profundidad de la derrota política del nacionalismo “indígena”. Cuando el MAS tuvo que explicar el resultado de las elecciones autonómicas de 20151, relativizó la derrota porque éstas no habían puesto en juego el liderazgo de Evo y, finalmente, las candidaturas que habían perdido habían sido “impuestas” por las organizaciones sociales. Ahora, la votación era Evo Sí o Evo No, es decir fue derrotada la cabeza del poder político. En aquellas elecciones el MAS perdió en ocho de las diez concentraciones urbanas más importantes de Bolivia, ahora perdió en 33 y el “aluvión” de votos agrarios no podía llegar nunca porque la crisis ha llegado al campo: luego de la institucionalización del latifundio la producción de alimentos ha caído en todos los rubros, menos la soja. La importación o el contrabandeo es creciente, la migración a las ciudades es cada día mayor y la desertificación cubre gran parte de las áreas antes productivas. El mapa de la derrota de Evo es elocuente porque es una ruta precisa de la propia crisis del gobierno. Perdió una enorme cantidad de votos en El Alto, el centro del levantamiento popular de 2003, donde ya había perdido en las autonómicas y atribuido la derrota a la corrupción no investigada frente al vaciamiento delictivo del Fondo Indígena. Una patota del ex alcalde del MAS, chivo emisario que es hoy el único preso, atacó la Alcaldía y produjo la muerte de seis funcionarios a horas del referendo, advirtiendo a la población sobre la impunidad de ese vaciamiento y la disgregación del propio MAS. Perdió en Potosí, centro de la rebelión popular de julio de 2015, que defendió durante veinte días un pliego de 26 demandas, que planteaba reclamos concretos de fuentes de trabajo, industrialización e infraestructura, frente a la descarga de la crisis sobre los departamentos. Perdió en Cochabamba, centro de la huelga universitaria de cuatro meses contra el nombramiento a dedo del gobierno y las camarillas docentes (y que dejó en estado grave al estudiante Jhon Copaga, fruto de una represión impune). Burocracia e izquierda La derrota del presidente “indígena” plantea una crisis en la COB y en un conjunto de Federaciones y Departamentales que llegaron al punto más alto de estatización del movimiento obrero en décadas. La burocracia de la COB, la Federación de Trabajadores Mineros, los Fabriles, acompañaron como un solo hombre el planteo por la reelección de Evo Morales. Como un ejemplo desgarrador, los mineros de Huanuni, donaron un día de jornal al “hermano presidente” para colaborar con la victoria del Sí. En función de la defensa del gobierno esta burocracia convalidó la política de ajuste en todos sus capítulos: la entrega del salario mínimo -que zanjó en 1.656 contra un reclamo (devaluado) de 2.000, que no cubre siquiera la mitad de la canasta familiar; la precariedad laboral, que roza el 60% (Cedla), el avance de la desocupación. Hizo silencio frente a la rebelión de Potosí y fue y es cómplice del vaciamiento de la minería estatizada, a la que se le exige sostenerse en función de sus propios ingresos. Dio la espalda a las huelgas del período y hasta a la movilización de algunas departamentales (Cochabamba) contra el impuesto al salario en lo que Evo emula CFK y al PRO. Una parte del voto al No ha sido indisimulablemente de la clase obrera -la abstención ha sido marginal. Nuestros compañeros de Agenda Revolucionaria habían advertido “la tendencia que ha ido evolucionando en las masas hacia la oposición de la reelección de Evo”2. El POR cambió al No su histórica abstención de décadas, un viraje que ya se había producido en oportunidad de las elecciones autonómicas. La única corriente de la izquierda que abogó por el voto nulo o blanco -que en esta elección equivalía al abstencionismo político fue la LOR CI, que, además, ha repudiado el No y vuelto a plantear la exhumación del PT prohijado por la burocracia de la COB. El verdadero contenido de este abstencionismo es el indulto al nacionalismo y el rescate de una burocracia que llevó al movimiento obrero detrás de ese nacionalismo. 1. Cimbronazo electoral en Bolivia, PO N˚ 1.358, abril 2015. 2. No a la reelección de Evo Morales, PO N° 1.399, febrero 2016.

La Teoría General de la Relatividad, publicada en 1915 por Albert Einstein, explicó que hay objetos que convierten parte de su masa en energía y la desprenden en forma de ondas gravitatorias que viajan a la velocidad de la luz y deforman a su paso el espacio y el tiempo (El País, 11/2). Este hecho -la masa transformándose en energía- quedó eternizado en la sencilla fórmula de la Teoría de la Relatividad Especial: E = mc2 (energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado). La velocidad de la luz es absoluta (igual a 300 mil kilómetros por segundo), pero el tiempo y el espacio son relativos; es decir, dependen de la materia, el movimiento y el lugar del observador. Si, por ejemplo, una gran masa quedara reducida a un espacio mínimo, la gravedad atraería y devoraría toda la materia que estuviera próxima, inclusive la luz. A eso se llama agujeros negros. Este fenómeno es generado por una estrella de gran masa (hablamos del triple de materia que el sol), que, al momento de su colapso gravitatorio, hace que la estrella empiece a contraerse generando una sideral atracción gravitacional. El espacio-tiempo se curva como consecuencia de un campo gravitatorio. En otras palabras, el espacio y el tiempo no son constantes sino elásticos y están afectados por el movimiento de la materia y la energía cristalizada que hay en ella y que se dispara en forma de ondas. Las ondas gravitacionales son formadas por eventos colosales como las supernovas o los agujeros negros. El histórico descubrimiento que acaba de anunciarse es la detección de estas ondas. La primera señal se captó el 14 de septiembre, la cual venía de dos agujeros negros que se fusionaron hace unos 1.300 millones de años. Cada uno de ellos era entre 29 y 36 veces más masivos que el Sol, con un diámetro de sólo 150 kilómetros. Los dos agujeros se fundieron en uno (equivalente este último a 62 masas solares), lo cual desató una energía equivalente a tres masas solares, que se desprendió en forma de ondas gravitacionales. Dicho de otro modo, estas ondas se producen cuando las masas comprimen y estiran el espacio-tiempo. Se propagan en el vacío a la velocidad de la luz y distorsionan el espacio-tiempo, “de forma parecida a las ondas que produce una piedra que se lanza al agua” (DPA, 2/11). Como dijo el físico John Wheeler, la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Pese a que Einstein predijo las ondas gravitacionales, hasta el momento no se había podido constatar en forma directa. Ahora se alcanzó la primera detección y la primera observación de la fusión de un sistema binario de agujeros negros. Las ondas detectadas se produjeron durante la fracción final de un segundo de la fusión de estos dos agujeros negros y fueron detectadas por los dos detectores del proyecto Ligo, uno localizado en Livingston (Luisiana) y otro en Hanford (Washington). ¿Por qué no se habían detectado antes? Se trata de ondas que viajaron durante millones de años, por lo cual sus ondulaciones, al llegar a la tierra, son ínfimas y débiles. Los físicos intentaban desde hace 50 años encontrar una prueba directa de su existencia. Esto no quiere decir que antes no hubiera ondas gravitacionales, sino que recién ahora se pudieron diseñar instrumentos capaces de medir los desplazamientos infinitesimales que producen. “Esta detección es el comienzo de una nueva era”, dijo la científica argentina Gabriela González, portavoz del equipo Ligo y profesora de astrofísica en la universidad estatal de Luisiana. Y destacó que, a partir de este hallazgo, sabemos que existen agujeros negros -ya no se dudará de su existencia- que colisionan y forman otros más grandes. Estas ondas permitirán estudiar “cómo se forman los agujeros negros, cuántos hay y también conocer en más detalle el ciclo vital de las estrellas y del universo”, explicó otro investigador. Se abre un nuevo modo de entender el universo: hasta el momento se lo “veía” a través de la radiación electromagnética (luz, ondas de radio, etc.); ahora se lo podrá “escuchar” a través de las ondas gravitacionales, si para el uso de la metáfora tenemos en cuenta que la frecuencia de oscilación de las ondas gravitacionales son parecidas a las del sonido. Stephen Hawking señaló que con este hallazgo se podrán “ver algunas reliquias del Universo muy temprano, justo después del Big Bang”. “La contribución al entendimiento del mundo en el cual vivimos y al dominio de la naturaleza es la base material sin la cual cualquier socialismo sería imposible”. A la vez, “las conquistas de la ciencia en manos del capitalismo se concentran bajo el capital a un punto en el que se convierten, como intuía Einstein, en lo contrario a la construcción de un destino humano” (Rieznik, Prensa Obrera, mayo 2015).

Los obituarios de Umberto Eco, que citan profusamente su enorme obra, han omitido sin embargo un libro que hoy es casi de colección: Historia ilustrada de los inventos, publicado en 1961 con G.B. Zorzoli. En la introducción, los autores se preguntan si el Australopithecus era ya un hombre. Y recuerdan que en algunas cavernas se habían encontrado restos de ese primate al lado de otros pertenecientes a babuinos, unos monos inferiores a los que el Australopithecus había matado con unas piedras; es decir, había separado la piedra de su contexto natural, la había abstraído para inventarle una nueva función, la función de arma. Por tanto, concluyen, el Australopithecus era un hombre “porque el hombre es el único animal que inventa”. Fue, tal vez, el último de los grandes enciclopedistas, de aquellos que bajo la dirección de Diderot y D’Alembert proclamaron en el siglo XVIII francés la independencia y la superioridad de la razón por sobre la autoridad, la tradición y la fe. A diferencia de aquellos, sin embargo, no tuvo la confianza ilimitada en el progreso, también ilimitado, que daría la razón, aquella que sentó los principios de libertad, igualdad y fraternidad de la Gran Revolución. Por el contrario, el pensamiento de Eco está imbuido de cierto pesimismo -un pesimismo contradictorio, que a cada paso tropieza con su contrario. El agnosticismo Hijo de un padre que marchó voluntariamente a combatir en la II Guerra Mundial para defender a la Italia mussoliniana, Eco -que tal vez por eso sostuvo una posición de cierta equidistancia con la rebelión antifascista de los guerrilleros partisanos- tuvo una formación católica estricta, que luego abandonó. Llegó a un ateísmo difuso, si se permite esa idea, pero no al materialismo; fue, ante todo, un agnóstico que, como sus personajes de El péndulo de Foucault (1988), descreen de cualquier trascendencia. Neovanguardia literaria Ocho años antes de El péndulo de Foucault, en 1980, Eco había publicado su primera novela, El nombre de la rosa, cuando estaba cerca de cumplir 50 años. Es, seguramente, una de las grandes novelas del siglo XX. Describe una época: la Baja Edad Media del siglo XIV, y las leyes de la transformación de esa época. La describe en cosas pequeñas y medianas, por ejemplo en la invención de los anteojos; y en las grandes, en las crisis políticas de tiempos del papa Juan XXII y las guerras imperiales y por el papado. El personaje central, el benedictino Guillermo de Baskerville, es un homenaje a Arthur Conan Doyle y su Sherlock Holmes. Con su pupilo Adso de Melk, investiga una serie de crímenes en un convento, pero esa trama central de la novela es casi una excusa. Guillermo de Baskerville habla, por ejemplo, de su vínculo intelectual con un personaje histórico real: el sacerdote nominalista Guillermo de Ockham, uno de los iniciadores del pensamiento político moderno que encontraría sus cúspides cuatro siglos después. Eco dijo en algún momento que no habría escrito El nombre de la rosa de no haber existido el Gruppo 63, al cual él perteneció. Se trataba de un movimiento de neovanguardia literaria en búsqueda experimental de nuevas formas lingüísticas y de contenido que rompieran esquemas tradicionales. El nombre de la rosa admite por lo menos tres niveles de lecturas y, a pesar de su complejidad y de la erudición medievalista que despliega el autor (o quizá por eso) la obra alcanzó una enorme popularidad, y tuvo un éxito masivo la versión cinematográfica de Jean-Jacques Annaud. Eco explicaba aquel éxito por la posibilidad, dijo, “de que haya un público que quiere ser desafiado”. Fue Eco, sobre todo, un develador de signos, de los secretos y trampas que suele esconder la palabra, los medios de engaño. Sus estudios profundos, indagadores, de la lingüística de Ferdinand de Saussure y otros encontraron después su expresión literaria; por ejemplo, en su última novela, Número cero, la historia de un editor que anuncia la salida de un diario que nunca llegará a publicarse, pero el solo anuncio le permite chantajear a muchos, que ése era su propósito. Eco se sintió fascinado por las posibilidades de Internet y, al mismo tiempo, por el peligro que implica su capacidad masiva de engaño, de difusión de falsedades, al punto que, según sostenía, la prensa en papel debía dedicarse a denunciar esas falacias informáticas. Murió en su casa de Milán. Se sabía que tenía un proyecto editorial que ya no será. Inventó ideas hasta el último día.

Con la presentación de las pruebas que se debatirán en la instancia oral, comenzó el proceso preliminar del juicio por el homicidio de Darío Avalos y las tentativas de homicidio de Dionisio Fernández y Andrés y Alcides Nogueira. Aunque no hay una fecha precisa, está definido que comenzará en los primeros días de junio. Los compañeros son representados por Apel y cuentan con el respaldo del Sitraic, que viene realizando una intensa campaña de denuncia alrededor de este caso junto a los familiares, logrando importantes avances. Avalos y los compañeros fueron víctimas de una agresión criminal a manos de una patota de la Uocra cuando reclamaban, junto a otros trabajadores de la construcción, contra despidos en una obra de Lomas de Zamora. El ataque fue premeditado y perpetrado con la complicidad de la patronal y la policía Bonaerense que garantizó la huida de los atacantes. Los videos de las cámaras de seguridad de la zona hablan por sí mismos. Acusados Este juicio tendrá en el banquillo de los acusados solamente a una parte de los responsables del crimen. Se trata de los hermanos Cabrera -hijos de Héctor Cabrera, secretario adjunto de la Uocra de Lomas de Zamora al momento de los hechos- y otros cuatro delegados de la burocracia. Las responsabilidades de la policía, de los mentores intelectuales del ataque, de parte de sus autores materiales e incluso los empresarios serán juzgadas, a su turno, en otros juicios por venir. Por este hecho, hay otros dos detenidos y además seis prófugos. Entre ellos, Walter Leguizamón, ex secretario general de la Uocra local al momento de los hechos. Leguizamón es un alfil de Gerardo “Batallón 601” Martínez en la zona sur del Gran Buenos Aires. En cuanto a los policías involucrados, aún no han sido llamados a prestar declaración indagatoria en la causa por la cual son investigados. La fragmentación del juicio -fundada en las últimas reformas judiciales de la provincia de Buenos Aires- es funcional a la impunidad de los culpables. Por otra parte, a pedido de los imputados y sus abogados defensores, será un juicio por jurados. Los miembros del jurado surgen de un sorteo de 48 candidatos, que luego atraviesa un proceso de selección de las partes para definir sus 12 titulares y seis suplentes. Para llegar a una condena a prisión perpetua -como prevé la figura de homicidio calificado- se requiere una decisión unánime. Castigo a todos los responsables Los abogados de los acusados anticiparon que su línea de defensa será presentar el crimen de Avalos como resultado de una riña en el marco de una “interna gremial”; incluso, sostuvieron, el grupo acusado habría actuado en “legítima defensa”. Un calco de los “argumentos” de los defensores de José Pedraza en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra. Por nuestra parte, demostraremos que se trató de un homicidio organizado y acordado previamente por la burocracia sindical encabezada por Walter Leguizamón, al cual respondían y obedecían los acusados. Impulsemos una gran campaña nacional por el castigo a todos los responsables del ataque que le costó la vida a Darío Avalos y por terminar con la burocracia criminal de Gerardo Martínez que mantiene copada la Uocra.

El próximo 19 de febrero se realizara en Cordoba la asamblea del Plenario de Trabajadoras con el fin de impulsar la campaña hacia el 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”. La vigencia de todos nuestros reclamos y el agravamiento de las condiciones sociales y laborales que enfrentamos las mujeres de todo el país obligan a dar continuidad al proceso de masivas movilizaciones abierto en las históricas jornadas del 3J y 25N. La responsabilidad estatal ante la escalada de femicidios se acentúa ante el desmantelamiento de aéreas de la administración pública indispensable para paliar la violencia de género, un fenómeno de conjunto. Los despidos en la órbita estatal y en la esfera privada, el 40% de aumento del costo de vida, los aumentos de tarifas y los salarios de indigencia, son todos factores que tienen su correlato en el avance de la violencia de género. Más que nunca este 8 de marzo el movimiento de mujeres independiente debe ganar las calles en Cordoba y en el país unificando los reclamos del movimiento de mujeres junto a los trabajadores. Preparemos una gran movilización nacional por: #NiunamenosIUNAMENOS; abajo el ajuste; basta de despidos; salario igual a la canasta familiar; Aborto legal; desmantelamiento de la redes de trata; Inclusión laboral Trans; emergencia en violencia de género.

La reconocida cantante de cumbia combativa denunció públicamente hace pocos días que fue brutalmente golpeada por su ex pareja. Laura, quien participa de forma solidaria en diferentes luchas del movimiento obrero y popular, apuntó también contra el Estado mediante un comunicado que relata la violencia institucional que ejercieron contra ella los distintos estamentos que formalmente tienen la responsabilidad de atender los casos de violencia contra la mujer. En su carta pública dice: “Llamé a la Policía y, cuando vinieron, se negaban a trasladarme, a pesar de lo golpeada que estaba. Me trataron pésimamente mal y me querían dejar ir sola, cuando debían instalar un precario (paso previo para una denuncia por violencia) para llevarme al hospital y luego retirarme (…) Después se negaban a darme la constancia de que estaba ahí por una denuncia por violencia doméstica” (…) La Comisaría 43ª de Parque Avellaneda es conocida y denunciada por los vecinos de la zona por encubrir la trata de personas y explotación de menores en talleres clandestinos. Sigue: “El trato inhumano no se detuvo allí. Y es que una enorme parte del personal que trabaja en las dependencias estatales (…) se encuentra muchas veces en situaciones laborales desfavorables y precarias, no cuenta con la preparación o los recursos para las tareas que deben realizar”. Según publicó el portal Pormastiempo.com, se refiere a que: “La asistente social del hospital me trató de marginal, negando toda mi denuncia. Además, se quedaron con mi constancia de denuncia para que no pudiera seguir con el trámite. Quedé librada a la buena de dios. La operadora del 103 llegó a decirme: ‘Bueno, Laura, un golpe no es nada, andá a casa tranquila’. Laura, que fuera trabajadora precarizada del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, cuando la responsable del área era la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, establece en su carta una crítica clasista del aparato estatal que precariza a los trabajadores y los persigue cuando reclaman por condiciones de trabajo adecuadas: “Conociendo yo misma desde adentro las fallas y fisuras de ciertos dispositivos estatales -ya que me he desempeñado como operadora social en el Ministerio de Desarrollo de GCBA, durante la gestión (…) Vidal (…) durante la cual muchos estuvimos diez meses sin cobrar, tratados como escoria revoltosa por reclamar un sueldo o solicitar un pase, bajo contratos ilegales, privados de días de estudio, de posibilidades de pase a planta, y en casos como el mío, amenazados por patotas sindicales a consecuencia de haber juntado firmas para cobrar lo adeudado-, en nombre de todos los oprimidos DIGO BASTA (…)”. La cantante habla de las “circunstancias adversas de las historias individuales” que, según ella, favorecieron el accionar del violento, y enumera la serie de tensiones extremas que atraviesan los hogares obreros como la “inestabilidad habitacional”, “las dificultades para solventar el día a día” y la “falta de esparcimiento”. Y expone el destino que la política actual depara a las mujeres víctimas de violencia: “(…) La carencia de toma de acciones por parte del Estado conlleva la sensación de impunidad del agresor. Al fallar la primera instancia (denuncia, contención a la víctima, citación), el camino se dirige en gran parte de los casos a la muerte de la víctima. En mi caso, el agresor ha registrado su culpa y se ha presentado por sus propios medios, comprendiendo la gravedad de sus actos gracias a la firmeza de los míos y al alcance mediático. ¿Y los casos sin prensa, sin información? ¿Qué posibilidades tiene la mayoría de ejercer sus derechos ante tanta desidia?” Como en tantos casos, la denuncia de Laura demuestra que la lucha por ‪#‎NiUnaMenos sólo tiene perspectiva de la mano de un movimiento de mujeres independiente del Estado, garante político de la violencia contra la mujer. Desde el Plenario de Trabajadoras, organización de mujeres del Partido Obrero, repudiamos el brutal ataque y nos solidarizamos con la compañera con todas las denuncias que quiera llevar adelante. ¡Basta de violencia contra las mujeres!

El procesamiento por el “Plan Qunita” del gobernador tucumano y ex ministro de Salud Juan Manzur, del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y de Daniel Gollán, último ministro de salud del gobierno kirchnerista, por fraude, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, así como de otros ex funcionarios de la administración nacional y empresarios contratistas del Estado, abre un nuevo capítulo de la gran estafa del “modelo nac&pop”. El “beneficio” estaba orientado a mujeres embarazadas desocupadas o que percibieran un salario igual o menor al mínimo vital y móvil, empleadas domésticas y trabajadoras “golondrina”, que fueran a parir en un establecimiento público. Para solicitar el kit se debía tramitar el pedido de Asignación por Embarazo a través de la Anses, para retirarlo luego de una serie de controles médicos en alguno de los centros de maternidad pública establecidos por el gobierno. Desde el inicio quedaban excluidas las trabajadoras en relación de dependencia y/o las mujeres que planificaran su parto en un centro de salud privado, reduciendo el universo de beneficiarias a 150.000 mujeres, según cifras oficiales (http://www.cfkargentina.com/lanzamos-plan-qunita/) La denuncia original fue realizada en junio de 2015 por periodistas del blog Eliminando Variables, que realizaron una investigación en profundidad revelando un proceso de licitación fraudulento en torno el Plan. Señalaban que se había beneficiado a un grupo de seis empresas sin antecedentes en el rubro, lo que según el expediente judicial demostraría que en la licitación había ganadores prefijados, así como el enriquecimiento exponencial de Fasano SRL, cuya facturación total en 2014 era de 6.000 pesos, para pasar a ganar casi un millón de pesos en 2015, luego de que el Estado nacional le adjudicara la fabricación de las cunas, un crecimiento patrimonial “de un 15.000.000% (…) vendiendo kits para recién nacidos” (www.cor.to/8xab) En el procesamiento se señalan los “precios elevados y abusivos” de las ofertas de licitación. Mientras que la Sindicatura General de la Nación arrojó en enero un precio de referencia para el kit de 4.096.37 pesos, el Estado terminó pagando a las empresas entre 7.730 y 7.850 pesos (www.cor.to/qunitanibal) “La cunita es una preciosura” Requerido por su participación en el proceso de licitación fraudulenta, Gollán salió a defenderse arguyendo sobre la calidad de la “Qunita”. Estas declaraciones lo dejaron en ridículo luego de que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, a pedido del propio Gollán, presentara un informe sobre las graves deficiencias de la cuna de “bordes afilados y aristas peligrosas”, sin “advertencia de asfixia”, con “problemas en las cintas de sujeción de los extremos (…) que se desprenden con cargas menores a los nueve kilos” (www.cor.to/qunita2). El informe también cuestiona la seguridad de la bolsa de dormir. Aunque Aníbal Fernández salió a despegarse del desfalco, alegando que no estaba en funciones cuando se inició el proceso de contratación, la decisión administrativa que aprueba la adjudicación salió con su firma como jefe de Gabinete y la de Gollán, que inició el proceso de compra como secretario de Salud Comunitaria y lo terminó en calidad de ministro (http://www.clarin.com/politica/Paso-paso-fraude-licitacion-Qunita_0_1524...). El tema golpea a Manzur, que ha logrado sortear varias denuncias en su contra por distribución de medicamentos adulterados, la muerte de un niño desnutrido en Chaco y enriquecimiento ilícito. A raíz de los graves peligros para la seguridad del bebé, el Ministerio de Salud suspendió la entrega de los kits hasta nuevo aviso, con lo que el macrismo se estaría ahorrando unos 1.000 millones de pesos anules en asistencia a la salud reproductiva. El kirchnerismo es el mejor aliado del ajuste de MM.

La Iglesia católica, que adoptó recientemente la “doctrina del perdón” sobre el aborto, salió al cruce de quienes reclaman el derecho a la interrupción legal del embarazo para las mujeres que contrajeron zika, tachando el pedido de “oportunista”. Arzobispos de distintos países equipararon la preocupación sobre esta enfermedad y sus secuelas con la política de eugenesia del nazismo, sin dejar de rescatar a los Estados “(que) nada pueden hacer, ya que el mosquito seguirá existiendo” (Aciprensa.com, 6/2; Newsweek en Español, 10/2). Para su cruzada anti-derechos se valen de los lentos avances de las investigaciones. Sin embargo, tras la multiplicación de los casos de microcefalia en fetos de mujeres infectadas, médicos de Brasil corroboraron la presencia del virus en el líquido amniótico y el tejido cerebral del feto, reforzando la teoría del contagio a través de la placenta (La Nación, 9/2). También señalaron que puede causar otro tipo de trastornos neurológicos, como el síndrome de Guillain-Barré. Pruebas recientes indican que el virus se encuentra también en semen, orina y saliva (ElPaís.com, 5/2) lo que agrava la renovada campaña de la curia contra el uso del preservativo -incluso cuando aún no se sepa si pueden ser vehículo de transmisión. El bloqueo eclesiástico parte de la experiencia de la crisis de la rubeola en la década de los ‘60 en Estados Unidos, cuyas nefastas consecuencias sobre la salud de los nacidos allanó el camino del fallo Roe vs. Wade de 1973, que estableció que el aborto era un derecho individual inalienable (ElVeedorDigital.com, 30/1). Santa Alianza contra la salud reproductiva La mayoría de los gobiernos de América Latina se subieron al carro Vaticano en nombre de las leyes vigentes, que restringen el aborto a causales que no contemplan la microcefalia o directamente lo prohíben. Se pronunciaron en ese sentido los ministros de salud brasilero, paraguayo, salvadoreño, ecuatoriano y puertorriquense, mientras que la Cumbre del Mercosur que trató el tema apuntó a descargar la responsabilidad del control del mosquito sobre la población y en las mujeres para que no queden embarazadas. El ministro de El Salvador llegó al ridículo de extender esta recomendación hasta el año 2018, en un continente donde el 50% de los embarazos son no-planificados (Prensa Obrera, 10/2). En Brasil se ha reabierto la lucha judicial por el aborto no punible, gracias a la interposición de activistas que reclaman que el Tribunal Supremo de Justicia incorpore la microcefalia como causal, mismo grupo que en 2012 conquistó la ampliación por anencefalia tras una larga lucha de diez años (IPSNoticas.net, 5/2). En Argentina, el ministro de Salud, Lemus, revivió el difunto protocolo para la atención de abortos no punibles, que incorpora trabas ilegales a lo dispuesto por el fallo FAL de la CSJ en 2012, a contramano de su reconocimiento público sobre los límites de la fumigación para el control de huevos y larvas de mosquitos (Infobae.com, 7/2). Hasta el momento sólo los gobiernos locales de Ciudad Juárez y Chihuahua han autorizado el aborto por zika. En Bogotá se realizó la primera interrupción por este tema, pero disimulado bajo la casual afectación de la salud de la mujer. El gobierno colombiano aclaró que no cambiará la legislación y que la resolución quedará en el ámbito médico-paciente, en un país donde rige la objeción de conciencia (ElMundo.es, 27/1). La culpa no es del mosquito La ONU proyecta que esta enfermedad puede afectar a 4 millones de personas en el continente (El Mundo.es, 28/1) y ha proclamado, sin que sea vinculante para los Estados, el aborto como un derecho humano. Especialistas de Argentina y Brasil emitieron un comunicado señalando el daño potencial de los gases tóxicos sobre la población y el hecho de que este tipo de campañas ya han fracasado en el pasado. Concluyen que las únicas medidas efectivas para eliminar definitivamente el mosquito están asociadas a erradicar los factores sociales que facilitan su proliferación, empezando por la urbanización de las barriadas humildes, la instalación de cloacas, la adecuada recolección de residuos sólidos urbanos y una atención adecuada de la salud sexual, incluido el derecho al aborto (Télam, 12/2). Todo un programa de transformación social.

El ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, anunció en una entrevista radial que la epidemia de dengue se encontraba “estable” (10/2), pero la realidad condena al ministro: en Formosa y en Misiones, la epidemia crece desde los primeros casos informados en 2015. En Misiones (Puerto Iguazú, Puerto Esperanza, Eldorado, Montecarlo, Colonia Wanda, Posadas y Oberá), el Ministerio de Salud de la Nación informa 915 casos notificados en las primeras dos semanas epidemiológicas de 2016. Pero las estimaciones superan ampliamente los datos ofrecidos desde los ministerios. Se trata de la provincia con mayor cantidad de enfermos, donde se estiman casi 4 mil casos reconocidos oficialmente. La situación es similar en la provincia de Formosa. La epidemia se extiende al Chaco (en Resistencia y Las Palmas), Corrientes, Córdoba, y la provincia de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires registra casos sospechosos y confirmados, y aparecen los primeros casos de dengue autóctono. El doctor Hernán Solari, investigador del Conicet, señala que la cantidad de casos “aumentó significativamente” en relación a las series históricas y considerando los niveles actuales de las poblaciones del mosquito que transmite el dengue (Aedes aegypti) “la epidemia de dengue actual en la región metropolitana podría ser unas 50 ó 100 veces más severa que la circulación del virus en 2009”. La ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, Zulma Ortiz, dijo a su turno que “la situación de alerta frente a los virus dengue, chikungunya y zika se mantendrá, como mínimo, hasta el mes de mayo” (Clarín, 13/2), mientras la Provincia confirmó más de 150 casos positivos y más de 700 casos en estudio. El gobierno de Passalaqua (Misiones) intenta proteger el negocio capitalista del turismo, ocultando la gravedad del problema sanitario. El abandono de una política de saneamiento ambiental, control de vectores y urbanización, es responsabilidad de los partidos que gobiernan la provincia, desde mucho antes de este nuevo brote de dengue. Mientras la salud pública enfrenta el vaciamiento de recursos, los pobladores de Posadas se organizan en las redes sociales y elaboran un mapa con los focos de la epidemia. El Partido Obrero apoya estas iniciativas y convoca a organizar asambleas barriales que exijan a los municipios y a la gobernación, un inmediato plan de contingencia que lleve adelante las tareas de descacharrización y limpieza de los basurales y otros potenciales criaderos de mosquitos. La capacitación de los trabajadores y su afectación a estas tareas como agentes sanitarios en sus lugares de trabajo y en todos los barrios de todas las ciudades y pueblos de la provincia es el paso inicial para una tarea de organización que enfrente la crisis sanitaria.

Ciudad de Buenos Aires San Telmo Viernes 26 de febrero, 19 hs Piedras 895 Facultad de Ciencias Veterinarias Martes 1˚ de marzo, 17 hs Con Caterine Muñoz, mamá de Suhene, y Juliana Cabrera Chorroarín 280 Comunas 11 y 12 Miércoles 2 de marzo, 18 hs Con Valeria Lobos Donado 2515 Centro Cultural León León, Palermo, Nicaragua 4432 Ciclo de Mujeres en Lucha Sábado 5 de marzo, 20 hs La Plata Facultad de Bellas Artes UNLP Miércoles 2, 18 hs - Con Vanina Biasi y la mamá de Sandra Ayala Gamboa

A 40 años del golpe por un 24 de marzo masivo, independiente y de lucha Viernes 4 de marzo - 19 hs Centro Cultural León León Nicaragua 4432

El 17 de febrero se desarrolló una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante que votó el aumento de los impuestos locales. Desde la presidencia se intentó que la sesión fuera privada. El concejal Damián Pessolano planteó que la sesión sea pública, lo cual ocurrió finalmente. Desde el Bloque Frente de Izquierda-Partido Obrero planteamos nuestra oposición a nuevas tasas municipales: los impuestos municipales que se encuentran muy desactualizados son los de determinadas actividades privadas locales. Repudiamos el decreto de emergencia económica de Alicia Kirchner que pretende trasladar la bancarrota provincial a los trabajadores y a los municipios, cuando las regalías petroleras per cápita siguen siendo las más altas del país, se desconoce el destino del fondo de regalías mal liquidadas y la venta de las acciones de YPF, se derogó el impuesto a las empresas mineras, se produjo un nuevo récord en la producción de langostinos y no se abren los libros de la Provincia para conocer el presupuesto ni la publicación del destino de los fondos extraordinarios remitidos por Nación en los últimos 12 años. Denunciamos también que: • estamos ante una crisis política de malversación de los fondos por parte de las administraciones provinciales pertenecientes al mismo partido gobernante actual; • el aumento de las tarifas a los comercios locales, transfiere el impuesto al consumidor final: el vecino, el asalariado, el obrero; • el Ejecutivo municipal no dio a conocer el presupuesto de ingresos y egresos como herramienta de control, para poder evaluar el aumento de las tarifas, y si las mismas son necesarias o no; • no se especifica en qué se utilizarán los fondos recaudados; • la crisis no la debemos pagar los obreros, ya que no la hemos generado. La intervención del concejal del PO mereció la respuesta mediática, al día siguiente, del Intendente Mauro Cassarini -del oficialismo provincial-, tratando de justificar el ajuste y su posición prominera con la habilitación irregular e ilegal del laboratorio Alex Stewart. Todavía hoy, 20 de febrero, no pagó los sueldos a los empleados municipales que se encuentran en paro después de haber recuperado su sindicato de manos de la burocracia que lo usurpó por más de 18 años.

La iniciativa de la Federación Universitaria de convocar a los estudiantes y trabajadores a discutir un plan de lucha contra los despidos contó con la participación de compañeros de una gran variedad de gremios, fundamentalmente ministerios y más de 20 dependencias estatales. Participaron compañeros de Fabricaciones Militares, Salud, Cultura, Trabajo, Economía, Justicia, Agricultura, Energía, AFSCA, AGD y Tiempo Argentino, entre otros. Dos visiones contrapuestas Los debates de la asamblea mostraron el abismo que separa la realidad que viven los trabajadores despedidos del relato kirchnerista. Según el planteo de los K, Cristina dio grandes conquistas al pueblo con las que ahora el macrismo quiere dar marcha atrás; la perspectiva entonces es defender lo que Cristina nos legó. Pero la intervención de los trabajadores demostró que en realidad son las condiciones de precarización heredadas del kirchnerismo las que le permiten al macrismo aplicar estos despidos masivos. La continuidad es tan palpable que la primera oleada de despidos tuvo lugar bajo el amparo del kirchnerismo (Gestamp, Kraft, Cresta Roja, Zoo). Además, la política en las provincias donde aún gobierna el FpV es exactamente la misma. Fue la propia Alicia Kirchner la que pidió la Gendarmería a Macri para reprimir los piquetes en Santa Cruz. La orientación política del nuevo gobierno fue resumida por la militancia kirchnerista en una fórmula muy simple: "el macrismo achica el Estado". Pero el Estado burgués sigue interviniendo a fondo en favor de los grandes pulpos capitalistas (tarifazos, fin de las retenciones, despidos, etc.). La ofensiva represiva y el nuevo protocolo de seguridad no son un achicamiento del Estado, sino todo lo contrario: es el fortalecimiento de un aparato estatal podrido para quebrar la resistencia de los trabajadores al ajuste, el mismo del que se sirvieron los Kirchner en el pasado. Por último, el debate sobre el sentido de los despidos ocupó un lugar central en la asamblea. Para los K no se trata de un ataque general contra todos los trabajadores sino solamente una persecución ideológica contra el FpV. Con este argumento buscaron pegar la lucha por la defensa de los puestos de trabajo a la puja por la defensa de los funcionarios y personeros del kirchnerismo como Sabbatella, Gils Carbó y Milagro Sala. Sin embargo, la lucha contra la persecución no implica la defensa de la camarilla K, sino la organización independiente de la burocracia y los punteros que son los paladines de la persecución política e ideológica en el movimiento obrero (bajo el amparo de todos los gobiernos). La bochornosa retirada del kirchnerismo Sobre el final de la asamblea, cuando llegó el momento de ordenar las mociones, las organizaciones kirchneristas se negaban a someter a votación de la asamblea una declaración de solidaridad con una compañera abusada de la facultad de sociales. La negativa no es casual, ya que la denuncia hecha por la compañera recae sobre un militante de la organización K Megafón, y sobre el conjunto de la organización por encubrimiento. La Cámpora y compañía planteaban que si la moción era sometida a votación se retirarían de la asamblea sin participar de las votaciones. Finalmente se retiraron. La negativa a discutir el tema y su retirada de la asamblea no hizo más que confirmar el encubrimiento. La incompatibilidad de estas agrupaciones con la organización democrática de la juventud y los trabajadores quedó de manifiesto de la peor manera. Un plan de acción de gran perspectiva política A pesar de la retirada K, la asamblea votó un plan de lucha: movilizar con todo el 24, una convocatoria en los cursos y lugares de trabajo, apoyar todas las iniciativas y movilizaciones de los trabajadores en lucha. La perspectiva fundamental es darle una continuidad a la pelea que está en curso y hacer del paro un punto de apoyo hacia nuevas medidas de organización y lucha de los laburantes. La unidad obrero estudiantil tomó un sentido pleno en decenas de intervenciones de compañeros que son estudiantes y a su vez luchan en sus lugares de trabajo contra los despidos. La Fuba lleva más de 15 años forjando la unidad con todas las luchas obreras que se le plantaron a los gobiernos de turno: el movimiento piquetero, los trabajadores del Casino, de Kraft, por dar algunos ejemplos. Por ello es una referencia de organización y de independencia política para la juventud y los explotados. A pocos meses del gobierno del PRO y aún sin que hayan arrancado las clases, la Fuba ya votó un programa de acción para ponerse junto a los trabajadores en la lucha contra el ajuste. ¡Vamos a dar esta pelea a fondo!

En notas anteriores hemos puesto de relieve el valor de un encuentro de lucha y deliberación política del activismo combativo, clasista y de izquierda, cuya convocatoria se está discutiendo para el 5 de marzo, a partir de la iniciativa de Aceiteros Capital y el cuerpo de delegados de la Línea 60, las dos huelgas triunfantes de 2015. Destacamos la autoconvocatoria de las organizaciones obreras y la realización de pronunciamientos y mandatos que constituyan una campaña por un verdadero congreso obrero. Su principal objetivo es discutir una perspectiva política de independencia política y de clase así como una política de lucha, cuando arrecia el ajuste del gobierno Macri, la patronal y los gobernadores, sean oficialistas o kirchneristas. En este camino, se logró definir una columna independiente en el paro del 24 en Capital, que ha sido un gran éxito. En Mendoza, en cambio, sectores de izquierda, entre ellos el PTS y el Sute Godoy Cruz, escindieron la movilización de ATE y la CTA local, una de las pocas que llamó al paro junto a Santa Cruz. Lo hicieron movilizados con el ala yaskista de ATE que en Capital movilizó por separado e hizo en la Plaza una reivindicación de la burocracia sindical de Foetra, gráficos y otras similares, así como del gobierno anterior (“vamos a volver”). Estas divergencias en la izquierda se han metido de lleno en el armado del encuentro, donde se busca quitar protagonismo -o directamente eliminarlo- a organizaciones sindicales enteras que se están definiendo, lucha política mediante, por el encuentro. Se está priorizando un encuentro de grupos de izquierda en lugar de un centro de deliberación y organización con métodos de frente único de clase, para dar batalla a la burocracia sindical y al ajuste. Siendo que el Sutna San Fernando se ha definido como convocante en su Comisión Directiva (la que encabezó la colosal movilización obrera contra Wasiejko en la asamblea general del Sutna) y nombró a un representante para que integre en su nombre la mesa del Encuentro se pretende desconocer dicha resolución incorporando al mismo nivel a sectores marginales que impulsan en la seccional -y en todo el gremio- listas divisionistas, que favorecen a la burocracia sindical. Ni qué decir que se trata de un atropello contra un sindicato combativo que decide soberanamente participar del Encuentro. Hechos similares ocurren en otros gremios. Un ejemplo más, aunque no el único, es el caso de ATE Mendoza, un sindicato de 14 mil afiliados que todavía no ha votado su participación, pero a quien se le niega un lugar por derecho propio fuera de la Coordinadora Sindical Clasista, a la que obviamente no pertenecen sus más de 200 delegados sindicales. Sobre estos aspectos se han desconocido acuerdos preexistentes. Por otro lado, se ha colocado una exigencia abstracta de “continuidad”, aunque contradictoriamente se rechaza la votación de un plan de lucha y de agitación política general. La “continuidad”, fuera de esta función necesaria, se reduce a una mera maniobra de aparato o de figuración, con objetivos faccionales evidentes. La experiencia indica que las “mesas permanentes” no aseguran la “continuidad” si la orientación que se sigue se aparta del frente único de las organizaciones obreras contra los gobiernos, las patronales y la burocracia sindical. El fracaso del Encuentro de Atlanta debiera enseñarnos algo. Nuestra política es que el encuentro progrese explotando su potencial en el cuadro político de crisis del peronismo, la centroizquierda y el conjunto de la burocracia sindical, para lo cual es necesario un plan de acción y de agitación. En oposición al faccionalismo, defendemos el Encuentro como un espacio de lucha que actúe como un foco de atención de las representaciones genuinas de los trabajadores y se empeñe para que éstas asuman un protagonismo y se pongan a la cabeza de la lucha planteada. La situación que se ha creado es indicativa de las enormes divergencias que quedarían expuestas con seguridad en el curso de un debate, pero salvables si trazamos una perspectiva común frente al defol de la burocracia sindical y a partir de las tendencias de lucha que expresaron el paro nacional de ATE. En estas condiciones, la convocatoria al 5 de marzo ha entrado en una impasse que puede llevar rápidamente a su desarticulación. Hay todavía una posibilidad si los sindicatos convocantes en el inicio, Unión Ferroviaria de Oeste, AGD-UBA, Sutna, aceiteros y otros como ATE Sur, se reúnen a debatir y a enderezar la convocatoria.

El cuadro de ajuste en la provincia empezó hace tiempo. El gobernador Cornejo viene agitando la campaña contra los estatales y sus paritarias incluso desde antes de ser gobierno para proceder a despidos, recortes en servicios públicos y destruir paritarias. La idea de que todos debemos esforzarnos para salir de la crisis de una provincia quebrada, se hace sobre la base de responsabilizar a los estatales, y a quienes trabajan en salud y educación pública por el mayor gasto estatal. El pueblo vendría a ser el patrón, que con sus impuestos le paga a una manada de ñoquis. Nadie niega los ñoquis, puesto que nacieron históricamente de gobiernos peronistas y radicales, y son cargos políticos denunciados principalmente por los gremios. La paritaria de ATE de 2015 logró el pase a planta de un millar de contratados y el convenio colectivo del Casino, sector que sufre 84 despidos y cierre de anexos en el interior. Esta paritaria homologada por la Legislatura es ley, pero ni el gobierno del FpV que se fue, ni el de UCR-PRO ahora, están dispuestos a respetarla. Es decir que los despidos son hacia los precarizados, no a los ñoquis. La devaluación no ha significado para el sector agroexportador provincial una salida, las tierras cultivadas de pequeños y medianos productores se rematan, los trabajadores de esas tierras viven desocupados. La vendimia provincial es de hambre y desesperación. Protocolo obrero Frente a este panorama, la CTA-A Mendoza convocó el viernes 19 de febrero a una asamblea provincial de delegados y trabajadores abierta y resolutiva, que votó masivamente llamar a los trabajadores y sus gremios a parar de forma activa el 24 de febrero, siguiendo el ejemplo de ATE. De esta asamblea participaron cientos de trabajadores, entre delegados y dirigentes gremiales. La Asociación de Actores denunció el piso del 23% del ministro de Cultura Gareca, el mismo que despide trabajadores de cultura. El gremio de ATE participó con mandato de su plenario provincial de delegados. Las seccionales de ATE zona este y General Alvear, las seccionales de CTA Guaymallén y San Rafael se hicieron presentes. Agrupaciones como la Verde-Anusate del Casino, de troles y docentes reagrupados en la oposición a la burocracia del Sute también. Trabajadores municipales de Santa Rosa, Guaymallén y los despedidos de la cooperativa municipal de Luján. Delegados de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) de San Rafael que enfrentan los despidos, Registro Civil también, etc. El conjunto de la izquierda también se hizo presente. Frente al protocolo antipiquetes, y el antecedente K de la ley Antiterrorista, esta asamblea votó un protocolo obrero antiajuste que contempla entre lo más importante la ocupación de todo lugar de trabajo que despida, la defensa irrestricta de paritarias libres y la elección de delegados en todo lugar de trabajo. Roberto Macho, secretario general de ATE, mocionó que para llevar adelante la mayor unidad impulsáramos un congreso provincial de delegados de base. Se planteó expresar el conjunto de reclamos marchando el 5 de marzo, en ocasión del Carrusel de la Fiesta de la Vendimia por agua, tierra y trabajo. Quedó establecido un espacio de discusión para el 24 de Marzo. Democracia obrera La asamblea fue un verdadero acto político clasista y constituye, por su método, un punto de apoyo para todas las luchas que está librando el pueblo mendocino. Ante la alianza del gobernador Cornejo con los intendentes que estableció un 22% en cuotas como oferta superadora para los municipales, esta asamblea votó su rechazo e impulsar una jornada de lucha municipal. Se marcó un camino de unidad y construcción sindical que debemos fortalecer en todos los gremios para lograr la derrota del ajuste en marcha.

Cinco días antes del cierre de presentación de listas la agrupación Bordó denunció, por medio de un comunicado, que los trabajadores de la ex Donnelley y WorldColor habían sido excluidos del padrón de afiliados. La Naranja sacó un pronunciamiento exigiendo que sean incorporados todos los compañeros que, proviniendo de aquellos talleres, continúen trabajando en las cooperativas constituidas luego del cierre, tal como la ley y el estatuto del gremio establecen. La Bordó y la Verde armaron una reunión con la Junta Electoral; allí -según informó en su cuenta de Facebook, Juan González de Printpack- “lograron que la Lista Verde oficialista se pronuncie por escrito a favor de que los compañeros de Madygraf y WorldColor… puedan ser reincorporados al padrón y ejercer su derecho a votar y a ser candidatos”. La misma acta deja establecido que los compañeros “no realizaron su correspondiente afiliación en tiempo y forma”. En estas condiciones los compañeros de la Bordó-PTS presentaron una lista sobre la que ahora la Junta deberá expedirse. Hace mucho tiempo que la agrupación Bordó abandonó toda actividad sobre el gremio; incluso no movilizó a la Asamblea General de diciembre, a la que La Naranja concurrió con casi trescientos compañeros, para disputar la Junta Electoral. Pese a esto les ofrecimos a los compañeros integrarse a la Lista Naranja, como lo habían hecho en otras elecciones; propuesta que ellos desecharon para armar una lista a las apuradas, a sabiendas del interés de la burocracia sindical en meter una cuña en el campo de la oposición.

Las elecciones son siempre un hecho trascedente para un sindicato. Más aún cuando, como en el caso de la Federación Gráfica, no hay otras instancias de participación masiva de afiliados. La asfixia de la vida gremial realza la importancia de la lista que acaba de ser oficializada por la Junta Electoral. La Naranja une a una tradición clasista, única en el movimiento obrero argentino, las mayores conquistas de toda la industria. Interpack, AGR-Clarín y Morvillo “materializan” el programa y los métodos que defendemos -como en el pasado lo hizo Editorial Atlántida y empieza a hacerlo Ipesa. El contraste con la degradación general es abrumador. En nuestra lista confluyen, además, compañeros de empresas emblemáticas, como Crónica, Popular, Cedinsa, Cooperativa 22 de Mayo, Cooperativa Sol y Poligráfica Del Plata. A ellos se suman nuevos delegados y activistas como los de Aluex o Tobacco, una enorme planta, propiedad del grupo australiano Amcor, que por primera vez participará de la elección. El ajuste que pasó… Los despidos masivos, que hoy se extienden a todos los gremios, empezaron, en nuestro caso, hace rato; 1.500 puestos de trabajo se perdieron en un año y medio, sin que por ello el sindicato abandonara su subordinación incondicional al kirchnerismo. Los cierres de talleres como Donnelley o WorldColor fueron presentados como represalias de las multinacionales “buitres” contra el gobierno nac&pop; una explicación conveniente al relato K, pero reñida con la realidad de otros vaciamientos como el de Vulcano, Cortiñas o Poligráfica Del Plata, del negrero ex candidato del FpV, Szpolski. …y el que viene Con el triunfo de Macri, el sindicato prometió “pasar a la resistencia” pero, salvo un par de insustanciales comunicados, no ha hecho nada. Ni siquiera el anuncio del BCRA de sustituir los recibos bancarios de papel por electrónicos -que motivó la protesta y una amenaza de paro de camioneros- lo sacudió de la siesta. ¡Y eso que la medida afectará a miles de imprentas! Otro golpe vendrá con la apertura de la importación de libros (se trata de un mercado de más de cien millones de ejemplares) y los seguros achiques en la Casa de Moneda y la ex Ciccone. La nota de La Nación, informando sobre un déficit de 1.300 millones de pesos, es una señal inequívoca. La primera gran batalla es la paritaria La primera gran batalla es la paritaria. La pasividad frente a la negativa empresaria a otorgar un bono es un pésimo antecedente. Hay que rechazar cualquier variante de “paritaria corta” como se empieza a escuchar. La promesa de firmar por un porcentaje menor para volver a discutir en el segundo semestre es un cuento chino; recordemos que todas las actas anteriores incluyeron una cláusula de reapertura que jamás se cumplió. Lejos de preparar al gremio para defender el salario, el ongarismo está enfrascado en la interna peronista. Organizaron un acto junto a Moreno para impulsar “una amplia afiliación al Partido Justicialista”. Allí Moreno explicó, además, que “instituciones que como este gremio… deben tener una política” porque si no cuando “sale el movimiento obrero… se desordena”. El matancero Espinoza dijo lo mismo pero fue más directo: “será el peronismo el encargado de contener la conflictividad social”. Por un sindicato para enfrentar el ajuste Necesitamos un sindicato que prepare al gremio para movilizarse por las reivindicaciones obreras y no que busque canalizar la bronca hacia un aparato político en retirada como el FpV. Nuestra lista es el resultado de una intervención sistemática sobre la base del gremio, orientada a separarla de la influencia de la burocracia sindical peronista y empujarla a una acción colectiva contra el ajuste patronal.

Más de 300 trabajadores de prensa -en pleno febrero- colmaron el sábado 20 el anfiteatro de ATE en la asamblea del Sipreba. Allí se eligió la Junta Electoral para las próximas elecciones del gremio y se aprobaron importantes resoluciones de lucha para enfrentar la generalizada ofensiva patronal que tiene sus puntos más altos en el vaciamiento del kirchnerista Grupo 23, al que ahora se suma el anuncio de la patronal K de los Olmos, de cerrar la redacción de Pompeya de los diarios BAE y Crónica, a la cual fueron confinadas las respectivas comisiones internas y los compañeros que resistieron la multitarea y el intento de liquidar la organización gremial. Se aprobó por unanimidad concurrir a la marcha convocada por ATE para el próximo 24. Al finalizar se irá a la Jefatura de Gabinete para reclamar al gobierno que no le dé el dinero de la pauta a los vaciadores (Szpolski, Garfunkel, Richarte o Mariano Martínez Rojas) y que se paguen los salarios a los trabajadores del Grupo 23. Un plenario de delegados definirá esta semana acciones de todo el gremio en apoyo a las luchas en curso y en solidaridad y defensa de la comisión interna de Perfil, procesada penalmente. Se decidió que el Sipreba participará con una columna en la marcha del 24 de Marzo en rechazo y repudio a la dictadura militar en el 40 aniversario del golpe. También se aprobó un documento donde se repudia y rechaza el “protocolo” impulsado por el gobierno macrista. “Los trabajadores de prensa no aceptamos ‘liberar la zona’ para que la policía reprima sin que queden evidencias. No nos van a encerrar en un corralito”, dice con firmeza el documento. Hubo destacadas intervenciones de los compañeros de Tiempo Argentino, que llevan más de 15 días de permanencia en el edificio del diario que quieren vaciar Szpolzki, Garfunkel y el hombre de paja Martínez Rojas y de los compañeros de Radio América, que están de paro desde hace 40 días contra los mismos vaciadores. Los compañeros de BAE y de Crónica denunciaron a los Olmos, hombres de Antonio Caló y amamantados de la teta del Estado durante el gobierno K, del cual recibieron decenas de millones de pesos en pauta publicitaria. Asimismo, se denunció la situación en AGEA-Clarín, la otra cara del vaciamiento, con 200 retiros voluntarios en dos años y con el deterioro permanente en las condiciones laborales. Y se planteó tomar lo que fuera aprobado en la asamblea de AGEA-Clarín de reclamar una suma fija de 6.000 pesos por única vez, un adelanto del 20% a cuenta de la paritaria 2016 y la apertura inmediata de las negociaciones con un pliego de incremento salarial del 40 por ciento. Marcando el carácter de clase del Sipreba con el permanente canto “es un sindicato de los trabajadores, ni de los gobiernos ni de los patrones”, el activismo también saldó cuentas con el sector K (La Gremial) que había saboteado la formación del nuevo sindicato, se calló la boca frente a los atropellos y censura en los medios públicos durante la gestión kirchnerista y ahora fue a la asamblea a reclamar “puestos” en la Junta Electoral y en la lista para las elecciones que presenten las agrupaciones, comisiones internas y centenares de compañeros que pusieron el lomo para la puesta en pie del Sipreba. Un compañero les recordó que Martín Sabbatella, un integrante de su espacio, era el que le prestaba la clique a la burocracia de la UTPBA para llenar las asambleas de junta electoral, otra compañera destacó que en el cierre del diario Crítica, que dejó a casi 200 compañeros en la calle, ni el gobierno kirchnerista ni su ministro de Trabajo, Carlos Tomada, hicieron absolutamente nada por mantener la fuente de trabajo ni por los despedidos. La Junta Electoral de unidad del activismo del Sipreba se aprobó por 153 votos y hubo 47 abstenciones del kirchnerismo (votaron sólo los afiliados, aunque en la asamblea también participaron compañeros no afiliados). Un nuevo paso adelante en el fortalecimiento del nuevo sindicato de Prensa.

Los compañeros de la vitivinícola Fernet Branca acaban de conquistar un aumento salarial interno de un 42,6% -independiente de los aumentos de la paritaria- llevando el inicial a 17.000 pesos y la efectivización del personal de agencia que hacía tareas de convenio. Este triunfo contundente es un nuevo eslabón en la larga lista de conquistas que vienen hilando los trabajadores desde la puesta en pie de su comisión interna; que incluye un aumento salarial interno en 2014, el blanqueo de las sumas en negro, la reincorporación de despedidos, el reconocimiento de los títulos. Los delegados del fernet impusieron la agenda de los trabajadores a través de paros y piquetes, poniendo fin al verso de la “empresa familiar” italiana. Crónica de una paliza obrera Apenas iniciado, el conflicto ya había colocado en la agenda nacional la situación salarial de los trabajadores de Fernet Branca, con la amenaza de desabastecimiento que difundieron los delegados en un comunicado, que levantaron todos los medios del país. La noticia desencadenó una difusión masiva -generalmente bloqueada por los medios a los reclamos obreros- y puso por unos días a los reclamos de los obreros de Fernet Branca en el trend topic de las redes sociales. Ante las primeras medidas de fuerza, la empresa recurrió rápidamente al auxilio del Ministerio de Trabajo, que le sacó las papas del fuego y dictó expresamente la conciliación obligatoria. El comunicado patronal desmintiendo el peligro del desabastecimiento no pudo detener la popularidad mediática del reclamo y prácticamente pasó desapercibido. Igualmente, los delegados respondieron que se dedicarían durante los 20 días de tregua a preparar la huelga general con piquetes y que el primer round había dejado a la empresa al borde del knock-out. La superioridad político-organizativa de los trabajadores sobre sus explotadores se expresó en Fernet Branca hasta en los más mínimos detalles. Pasaron los días, pero la empresa no quiso volver a la pelea. Ante un pedido de un 40% de aumento, en la última audiencia y frente a la firmeza de los delegados, terminó ofertando un 42,6% (!), cediendo integralmente a todos los reclamos. Las asambleas de planta aprobaron masivamente lo conquistado. Un triunfo en toda la línea. Un conflicto ejemplar El triunfo de los obreros de Branca representa un ejemplo de organización contra el ajuste que tendrá que repercutir en el corazón industrial de la zona norte bonaerense donde está ubicada. Es una demostración de que el camino para imponer la agenda de las necesidades de los trabajadores es poner en pie al movimiento obrero. Vamos con este planteo al Encuentro Sindical del 5 de marzo.

Cuando esta edición salga a la calle, los trabajadores de Tiempo Argentino estarán cumpliendo su jornada número 20 de ocupación de la redacción desde que la supuesta nueva patronal decidiera, luego de una seguidilla de promesas de pago incumplidas, dejar de imprimir el diario. En paralelo, los trabajadores de Radio América ya se acercan a los dos meses de paro contra el vaciamiento y las deudas salariales. Esta lucha de los trabajadores de prensa contra el vaciamiento, acompañada por el nuevo sindicato de prensa, ya tiene un alcance histórico y marca a fuego la fundación del Sipreba. El conflicto, a pesar de la deliberada política de desgaste de esta nueva patronal que -ya está claro- ha venido a vaciar y acelerar el cierre de los medios, se mantiene firme, por un lado, gracias al fondo de lucha que permite, literalmente, la supervivencia de los trabajadores y, especialmente, por la estrategia política que han adoptado los trabajadores al dirigir el reclamo al poder político y que, a pesar del cansancio y el hambreo, muestra una luz al final del túnel. Finalmente, la aguerrida lucha de los trabajadores de prensa logró quebrar la negativa de conceder una audiencia con las autoridades políticas del Ministerio de Trabajo, luego de varias reuniones de mediación. Un día después del anuncio del “protocolo”, los “periodistas” cortaron todos los carriles de la Avenida Alem y, con gomas de auto y kerosene en mano, arrancaron una cita con la tercera autoridad del ministerio y colocaron el expediente en la oficina del propio ministro de Trabajo, Jorge Triaca. El ministerio, días antes, había suspendido las multas por incumplimientos a la patronal en nombre de una supuesta nueva operación de venta que, a doce días, no se ha sustanciado. La movilización del 24 de febrero tuvo una vistosa y combativa participación del Sipreba que, de cara a las elecciones que vienen, se ha convertido en un actor dinámico del escenario sindical para esta etapa. La UTPBA ya ha pasado a la historia, más allá de las maniobras estatales que pudieran producirse. Las asambleas de Tiempo Argentino y Radio América, cuyas comisiones internas profundizan la coordinación de una lucha común, llevaron como mandato a la asamblea del Sipreba la necesidad de un plenario de delegados para encarar un plan de lucha de todo el gremio (proliferan los ataques en Crónica y BAE, Continental y otros) y de preparar una gran movilización el jueves 3 a la Plaza de Mayo, convocando a todas las organizaciones políticas, sociales y sindicales, para reclamar al Ejecutivo que dirija la pauta adeudada al G23 de forma directa a cubrir los salarios de los trabajadores. Esa moción fue aprobada por unanimidad y mañana viernes se realiza el plenario de delegados de Sipreba en la redacción de Tiempo Argentino, donde se evaluará la mejor fecha para esa movilización. Esta enorme resistencia constituye un gran aporte a la lucha contra el ajuste en curso y a la reflexión política de los luchadores en la medida en que se trata de una brutal medida de ajuste promovida por una patronal kirchnerista y que ha adoptado un método para la etapa: el paro y la ocupación. FONDO DE LOS TRABAJADORES DE G23 PARA SOSTENER LA LUCHA Trabajadores G23 CBU: 1910011755101100759149 Caja de ahorro 7591/4 Suc. 011 CUIL: 20-34293907-5 Banco Credicoop

A una semana del inicio de las clases, la paritaria nacional se encuentra en un callejón sin salida. Macri, que orienta su política económica para cerrar un acuerdo con los buitres, no se mueve del 25% ofrecido a la Ctera y ésta presenta esa oferta como un aumento del 40%, un verdadero embuste que sólo le sirve al gobierno en la línea de un inicio de clases sin conflicto. En este contexto sesionó el VIII Congreso Nacional de Tribuna Docente con la presencia de más de 600 compañeros, con delegaciones de 17 provincias y una gran delegación de maestros uruguayos, que arrancó una de las ovaciones más grandes al desandar el plan de lucha que, con el método de la huelga general, derrotó el intento de declarar la esencialidad de la educación del frenteamplista Tabaré Vázquez. El desarrollo del debate estableció la conclusión determinante que ni Ctera ni Suteba son el puente para lograr un salario equivalente a la canasta familiar, por eso no paran este 24 de febrero junto al resto de los estatales. Pero a pesar de su loza, ya hay tres provincias que decretaron el No Inicio como Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz, y pueden sumarse muchas más. En esa perspectiva están los Suteba Combativos, que en el Plenario Provincial del 22 de febrero votaron impulsar el No Inicio el 29 en la provincia de Buenos Aires. Tribuna Docente se pone a la cabeza, por un salario básico unificado nacional de 12.000 pesos y convoca a parar este 24 de febrero, organizar un plan de lucha nacional por el No Inicio y compartir las principales resoluciones sobre la paritaria docente de su VIII Congreso Nacional. A continuación, publicamos la principal resolución del Congreso de Tribuna Docente. Resolución sobre la paritaria docente 1. La paritaria docente nacional se encuentra empantanada, resultado de lo cual se desarrolla una gran crisis política del gobierno Macri. Macri se encargó personalmente de reforzar que el techo de la paritaria debe ser del 25%. El empantanamiento es el resultado del ordenamiento nacional alrededor del acuerdo con los buitres y las condiciones de ajuste en la nación y en las provincias que esto requiere. Se trata de un plan inflacionario de devaluación, tarifazos y rebajas de impuestos a los grupos económicos, donde el único precio con meta de inflación a la baja son los salarios y las jubilaciones. Los gobernadores de Cambiemos y del kirchnerismo cierran filas con la clase capitalista en torno a este objetivo de ataque a las conquistas de los trabajadores. Se dividen en torno al mayor o menor gradualismo de este plan contra los trabajadores. La idea del “Rodrigazo” en cuotas sabemos que conduce al ataque a fondo. El movimiento obrero tiene en la paritaria docente su primera gran batalla política. 2. La oferta que hizo el gobierno a Ctera y los cuatro sindicatos nacionales, que aceptaron, fue de palabra, ya que antes de oficializarse mediante un acta estalló la crisis y no se ponen de acuerdo sobre cómo debe trasladarse la oferta al papel. 3. La paritaria nacional fija un salario mínimo para el cargo de maestro de grado, sin establecer cómo se compone el mismo, a excepción de lo correspondiente al Fondo de Incentivo Docente que abona Nación. Hay seis provincias que integran el Fondo Compensador, mediante el cual el gobierno nacional paga como ítem “garantía” la diferencia entre lo que la provincia paga y el mínino nacional establecido. Para el resto de las provincias y de los cargos, la paritaria nacional sólo establece el Fonid y un porcentaje de aumento que actúa como referencia no vinculante en las paritarias provinciales. 4. Los sindicatos reclamaron que el mínimo de 6.060 pesos sea elevado a 8.500 pesos, que se duplique el incentivo (actualmente 550 pesos) y se continúen los programas Socio Educativos (Fines, Coas, mejoras, etc.), que integran docentes precarizados. 5. El gobierno ofertó un aumento en dos cuotas: 7.500 y 300 pesos de incentivo en febrero, y 8.300 y 200 pesos de incentivo, que pasaría a un total de 1.010 pesos desde julio. Los gremios aceptaron, y lo presentaron como un aumento del 40%, mentiroso. 6. De inmediato estalló la furia de los gobernadores con el ministro Bullrich, y también de la burocracia sindical de los demás gremios casi sin distinción. Los gobernadores declararon que, con suerte, pueden pagar sólo el 25%, y esto reclamando modificaciones en la coparticipación y el envío de fondos de Nación. 7. Objetivamente, las paritarias están en el centro de la situación política y la docente es la clave en este momento. Se juega la imposición de los topes, más allá de cuántos docentes reales involucra la paritaria nacional. 8. El ministro se encargó de desnudar la verdad de la oferta, ratificando todas nuestras denuncias: el aumento es sólo del 25% (de 6.060 a 7.500), el resto que es el incentivo lo paga Nación. Con la segunda cuota sólo se llega a un 32% anualizado para el 5% de los docentes del país. Todo el resto queda por fuera y depende de las paritarias provinciales. 9. El compromiso que asumió Bullrich con los gobernadores es que quede explícita la composición de la oferta, lo que implica blanquear el porcentaje del 25%, lo que los sindicatos están obligados a rechazar, porque puede ser utilizado por los gobernadores como tope para las paritarias provinciales y no permite disimular la oferta ante los docentes. 10. La controversia entre gobierno y sindicatos no es sobre la oferta sino sobre la forma de presentarla y escribirla. Si no logran salir del pantano, la burocracia, que quiere arreglar, que celebró la oferta, se verá obligada a cumplir su amenaza de No Inicio, que es opuesto a su política. La evidencia más clara en este sentido es la negativa de la Celeste de Ctera a convocar a un paro nacional docente y de la CTA el 24 de febrero, junto a los estatales. Su límite insalvable es el reclamo de “que se cumpla la oferta” ruinosa. 11. El empantanamiento de la paritaria nacional ha condicionado las paritarias provinciales. A una semana del inicio de clases no hay acuerdos firmados en ninguna provincia. 12. Frente a esta crisis, los docentes debemos aprovechar para instalar nuestro programa y nuestro método. Están dadas las condiciones para establecer una gran campaña por el paro nacional de No Inicio el 29 de febrero. Sin establecer límites ni precisiones sobre su duración, destacamos que desde el punto de vista político un paro de 24 horas de no inicio de clases es un enorme golpe al gobierno de Macri, que hizo “bandera” de poder garantizar con “el diálogo” el comienzo de clases. 13. El paro nacional es por nuestro programa: 12.000 pesos de básico nacional, salario igual a la canasta familiar. Sin cuotas, blanqueo de las sumas en negro y actualización mensual por inflación. 14. Esta campaña empalma con una serie de provincias que ya han convocado al paro: Neuquén, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Santa Cruz, y probablemente Mendoza ya paran el 29 de febrero. 15. Con la salida de una declaración nacional del VIII Congreso nacional de Tribuna Docente, damos por iniciada esta campaña en todo el país. “Frente a la crisis de la paritaria, vamos por el paro nacional de No Inicio, por 12.000 pesos de básico unificado nacional y salario igual a la canasta familiar”: es la consiga que resume este planteo. Ciudad de Buenos Aires, 21 de febrero de 2016

Un trabajo de dos analistas de la deuda externa(*) tiene la virtud de comparar la negociación actual con los fondos buitre con la renegociación del 93% de la deuda llevada adelante por el gobierno de Néstor Kirchner (2005) y que el mismo presentara como “la más exitosa de la historia”. Se preguntan: “¿Lo que ahora ofrece Mauricio Macri es mucho más que lo que le costó a la Argentina lo que ofreció Néstor Kirchner?”. Su cálculo establece que, en aquel acuerdo, por una deuda original de 100 dólares a diciembre 2001 se ofreció un paquete de bonos y cupones PBI que en ese momento valía 37 dólares pero se convirtieron luego en una hipoteca gigantesca. Dan como ejemplo el cupón PBI, un título con 30 años de vigencia que daba derecho a un cobro anual si el crecimiento del PBI excedía una pauta establecida. Esa pauta fue mucho más baja que el crecimiento real y dio lugar a pagos que los investigadores mensuran así: “el cupón PBI tuvo un rendimiento muy superior a la acción de Apple, el arquetipo del éxito, la innovación y la rentabilidad capitalista de esta década”. Para los investigadores, partidarios de la oferta hecha por el gobierno Cambiemos y de pagar hasta el último centavo de la deuda externa, el valor a hoy de la oferta de 2005 que hicieron Kirchner y Lavagna es de 133 dólares por cada 37 dólares, que era el valor de esta oferta en 2005, un número que surge de reinvertir cada pago que hizo la Argentina en el instrumento que lo pagó y al precio de cada momento. La conclusión es que hasta el simpatizante más rabioso del gobierno “nacional y popular” debería estar de acuerdo con pagar 133 dólares por cada 100 de la deuda original, porque ésta es lo que le costó a la nación la oferta de Néstor y Lavagna. Lo que MM está ofreciendo es apenas 17 dólares más, una virtual propina para lo que fue la negociación del gobierno anterior. Los números que no están Pero ¿efectivamente los acreedores perdieron un 63% del valor nominal de la deuda? Según un análisis fundado en un estudio del CATDM (Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo) bajo la gestión del gobierno de la Alianza, en diciembre de 2000 se creó el “blindaje”, un paquete de ayudas extraordinario concedido por el FMI, el BM, el BID y el gobierno español, que sirvieron para crear la ilusión de la reconstrucción de un mejor clima financiero y la existencia de un rescate para Argentina -los ahorristas interiores fueron así persuadidos para invertir en bonos de la deuda soberana que estaban próximos a caer en defol. El FMI, el BM y España se convirtieron en los grandes financistas de la fuga de capitales que estaba a punto de llevarse a cabo, mientras los bancos y las empresas extranjeras se pusieron a salvo. Un segundo acto consistió en preparar el mega canje (junio 2001), un canje de bonos para aliviar al Estado de la deuda que lo recargó aún más, “con un incremento de la deuda de 55.000 millones de dólares -preparando así el futuro ‘descuento’ de Kirchner sobre los títulos reestructurados”(**). ¡La “quita histórica” del gobierno K fue previamente cargada en la cuenta de la deuda! Para la burguesía la negociación de la deuda llevada adelante por el gobierno de Néstor Kirchner fue una salida “exitosa” desde el momento que construyó la plataforma para volver a soldar los lazos con el capital financiero. Por eso existe una historia oficial de la deuda externa compartida por el gobierno actual y el saliente y que presenta ese acuerdo como un acto de defensa del patrimonio nacional. Fue lo contrario: un acto de expropiación de los ingresos futuros de los trabajadores para reconstituir el capital que quebró. Llamamos a rechazar la aprobación de los acuerdos con los fondos buitre, la investigación y repudio de la deuda usuraria, la recapitalización del Banco Central a traves de un impuesto a los grandes capitales, junto a la nacionalización de la banca y del comercio exterior bajo control de los trabajadores. ----------------------- (*) Juan José Cruces/Tim Samples, Ajuste de deudas soberanas. El juicio del Siglo, Universidad Torcuato Di Tella. 2015. (**) Curti, Alessandra, “Historia y consecuencias de una crisis de la deuda jamás resuelta”, En Defensa del Marxismo Nº 38, 2010.

A 40 años del golpe genocida Seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos ¡presentes! • No al ajuste, el saqueo y la represión de Macri y los gobiernos provinciales. • Contra la teoría de los dos demonios. No a la reconciliación. • Cárcel ya a todos los genocidas. • Apertura de todos los archivos. • Restitución de la identidad a los jóvenes secuestrados. • Recuperación del Banco Nacional de Datos Genéticos. • No a los despidos. No al tarifazo. Paritarias sin tope. • Contra la criminalización de la protesta. No al protocolo represivo. • No a la criminalización de la pobreza y la juventud. •Derogación de las leyes antiterroristas. • Basta de infiltración y espionaje al movimiento popular.

Hay un nuevo tarifazo en marcha, esta vez en el gas. El ministro de Interior Rogelio Frigerio consideraba que debía anunciarse luego de que cierren las paritarias, obviamente para que no se tenga en cuenta a la hora de definir el salario. Pero ya anticiparon que se aplicaría desde marzo o abril. Con una triplicación de la tarifa y más, la confiscación arbitrada desde el gobierno es brutal. Para los hogares de consumos más bajos, el aumento superaría el 300%. La duplicación del precio del gas que se paga a los productores, duplicará también el precio del combustible que queman las usinas eléctricas, llevando a un nuevo aumento de tarifas de la luz. El aumento en la canasta familiar será general, porque los capitalistas industriales trasladarán a los precios estas subas. También subirá el GNC y, con él, las tarifas de taxis y del transporte. Pero aún antes de implementar el tarifazo, Aranguren ha echado mano a los subsidios comprometidos por el gobierno kirchnerista para rescatar a los grupos del gas. Así, el gobierno de Macri le transfirió más de 52 millones de pesos a Camuzzi Gas del Sur, la empresa que distribuye el combustible en la Patagonia, para que lo destine a cancelar su deuda con las compañías productoras de gas. La empresa no tiene la obligación de restituirlo, porque se trata de fondos girados a cuenta de un aumento de la tarifa. Ningún tarifazo, apertura de la cuentas de las empresas, basta de parasitismo y entrega. Nacionalización integral de la industria petrolera y del gas bajo control de sus trabajadores.

Tras un mes de reuniones plenarias, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia definió las consignas y el carácter de la convocatoria para la movilización del próximo 24 de Marzo. Las consignas que presidirán la marcha serán: “A 40 años del golpe genocida, seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. Treinta mil compañeros detenidos-desaparecidos, ¡presente! No al ajuste, el saqueo y la represión de Macri y los gobiernos provinciales”. A éstas se suman, entre otros, las denuncias contra el “protocolo” represivo y contra la campaña pro-amnistía para los represores de Lopérfido y el macrismo. La movilización tendrá un carácter independiente de los dos bloques políticos que gobiernan el país. Esta definición política de fondo fue el resultado de una intensa lucha política al interior del Encuentro. Grupos como el MAS y el MST pretendían un acto unificado con los K. A ellos se sumó Patria Grande, aunque recién aparecieron en la última reunión plenaria del Encuentro. Por su parte, el PTS tardó 15 días en definir una posición a favor de dos actos separados. En sus intervenciones, de todos modos, insistieron en la línea de “diferenciar” entre Macri y los K a favor del kirchnerismo, autor de las leyes antiterroristas, el Proyecto X y la designación de Milani. Finalmente, prevaleció la decisión de realizar un acto independiente. Pero resta ver de qué manera se expresará este debate durante la redacción del documento central del acto. Por nuestra parte, impulsaremos la denuncia contra el macrismo y contra los ajustes y la represión en las provincias donde gobiernan el kirchnerismo y el PJ, partiendo de los antecedentes represivos y antiobreros de los recientes gobiernos K. Por su parte, el kirchnerismo definió que hará un acto propio para celebrar los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner. Subordinados a esta decisión política, los organismos de derechos humanos K cancelaron unilateralmente el diálogo con las organizaciones del Encuentro. Se avizora un nuevo intento por apropiarse de la Plaza de Mayo, como ensayaron en años anteriores. La finalidad es desplazar al arco de organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y la izquierda que se mantuvo independiente durante los doce años de gobiernos kirchneristas. La movilización del 24M estará signada por la visita de Obama, prevista para la misma fecha. La llegada de un representante directo del imperialismo que apoyó y financió el genocidio en coincidencia con el 40 aniversario del golpe es una verdadera provocación. Especialmente, si se tiene en cuenta que el comunicado oficial de la Casa Blanca subraya que Obama “reconocerá las contribuciones a la defensa de los derechos humanos en la región” de Mauricio Macri y buscará “incrementar la cooperación” en materia de seguridad. Redoblemos la campaña por una gran movilización nacional. Contra la impunidad, el ajuste y la represión de Macri y los K. Castigo a los culpables. ¡Fuera Obama!

Al novel gobierno del camporismo en Santa Cruz no le ha bastado despedir contratados como Macri a nivel nacional, sino que ante la resistencia desesperada de los despedidos, que son en su inmensa mayoría mujeres, el gobierno ha generado dos hechos represivos en pocas horas, golpeando e insultando a dos jóvenes trabajadoras que se habían encadenado en la madrugada de hoy y nuevamente produciendo heridas cortantes a dos jóvenes en la tarde, momento en que también la policía les pegó a dos mujeres dirigentes de ATE. ¿Con qué autoridad moral se planta esta gente para pedir la libertad de Milagro Sala, cuando ellos criminalizan y reprimen la protesta de trabajadores extremadamente pobres a los que están dejando en la calle? Al igual que el protocolo antiprotesta de Macri, la represión de Alicia Kirchner busca disciplinar a palos los reclamos contra los despidos y el congelamiento salarial. Desde la Coordinadora Sindical Clasista del PO, llamamos a los sindicatos, organizaciones de derechos humanos y población en general a tomar las calles masivamente contra la política represiva y de ajuste de los K. El 24 de febrero es una gran oportunidad para concretar esa lucha. Que se separe de la fuerza a los policías represores. Que el jefe de Policía asuma su responsabilidad en este desborde represivo. Que el gobierno reincorpore a los despedidos.

El viernes 12, en horas de la tarde, una médica residente trasladó a una paciente que debía realizarse una resonancia magnética. Ingresó al sector donde se encuentra el resonador con una silla de ruedas convencional y cuando la paciente se paró, la silla de ruedas, que es de metal, material inapropiado para dicho lugar, fue succionada por el resonador. Un accidente inesperado que es producto de las malas condiciones laborales, ya que el traslado debería haberlo realizado personal idóneo y no una médica, que puede desconocer ciertas medidas de seguridad y que tiene otras responsabilidades a cargo. Esta situación está siendo utilizada por las nuevas autoridades del hospital para incriminar a los trabajadores en cuestiones de sabotaje y responsabilizarlos de los daños, cuando en realidad son ellos mismos los que no garantizan las cuestiones elementales en cuanto a condiciones de higiene y seguridad laboral. Al mejor estilo de Aníbal Fernández con los ferroviarios, los saboteadores son los trabajadores. Ni lerdos ni perezosos, ya iniciaron las denuncias penales y los medios nacionales se hicieron eco del “sabotaje” en el Posadas. Peor aún, cuando el propio jefe de servicio de diagnóstico por imágenes informó a las autoridades sobre lo ocurrido, la dirección, sabiendo que se trataba de un accidente, armó la farsa del sabotaje. Luego, en conferencia de prensa, fue más lejos todavía al plantear que existe un clima de amenazas que provendría de los trabajadores. Lo concreto es que esto le viene como anillo al dedo para justificar la posibilidad de despidos masivos en el hospital al igual de lo que sucede en todo el Estado nacional. Las nuevas autoridades Las nuevas autoridades llegaron al hospital el 11 de enero de este año designadas por el Ministerio de Salud por 180 días -ad referéndum del Poder Ejecutivo Nacional. Lo primero que hicieron fue acatar el decreto 254/16 del nuevo gobierno, que plantea la revisión de los contratados de los últimos tres años. El 10 de diciembre pasado renunciaron todos los funcionarios de Sabbatella, quienes habían venido en abril de 2015 como parte de una intervención designada por Cristina. En los ocho meses de gestión, utilizaron un enorme presupuesto para su propia campaña política, y se estima que durante esos meses ingresaron 1.800 nuevos trabajadores. Esta situación de connivencia entre las burocracias y la gestión que acaba de irse hicieron posible que se haga la vista gorda en un montón de cuestiones, al punto que el sabbatellismo y el propio kirchnerismo mantuvieron la situación de precarización y pésimas condiciones laborales. No olvidemos que luego de la trágica muerte de Emanuel -noviembre 2014-, las cosas continuaron de la misma manera. Hoy, el 80% del personal sigue siendo contratado desde hace más de 20 años, se realizó un concurso de pase a planta sólo para sólo 580 vacantes, cuando la mayoría solicitábamos el pase a planta, generando mayor diferencia y enfrentamiento entre los trabajadores. Hoy, el director Díaz Legaspe plantea que han ingresado militantes de Nuevo Encuentro y serán investigados. Por otro lado, el sabbatellismo sale al cruce planteando que la actual gestión pretende imponer despidos. Unos y otros son responsables de la desidia, abandono y precariedad, una situación que afecta tanto a trabajadores como a pacientes. A principios de año, ATE realizó una asamblea donde planteó que no iba a haber despidos, que ellos tenían muy buena llegada a los directivos, que se reunían diariamente, acto seguido plantearon que no se hacían cargo de los ingresos “irresponsables”, con esto plantearon una negociación con las autoridades y en segundo término le soltaron la mano a los sabbatellistas. Esto pinta de cuerpo entero a una burocracia que, esté quien esté, trata de negociar para mantenerse. La incertidumbre y la bronca de los trabajadores son inmensas. Ante la crisis permanente que existe en el hospital, en primer lugar, debemos plantear: • ningún despido; • pase a planta permanente de todos los precarizados sin concurso; • que se abran los libros del hospital y que una comisión electa en asamblea verifique como se utiliza el presupuesto.

El gobierno pretendió hacer pasar un techo del 25% con el argumento de que a esa cifra habría que agregar el plus salarial que recibiría cada trabador como consecuencia de la abolición de ganancias. El impacto será, sin embargo, el inverso. Si un trabajador soltero que gana de bolsillo 22.000 pesos, recibe un aumento anual de 29,5%, su sueldo neto subirá a 28.500, pesos, pero en ese caso le descontarán 2.522 pesos de Ganancias, y en mano cobrará 25.978. En este caso, el aumento salarial del 29,5%, para el trabajador se reducirá a 21,1%. Ahora que se sabe que estamos ante una impostura, los reclamos salariales deben ser de un porcentaje tal que permitan absorber el pago de ganancias. Algunos cálculos hechos por especialistas, señalan que si quiere obtener un salario de bolsillo del 30%, el aumento debería oscilar entre el 35 y 38%. Esto pone en la orden del día el reclamo de un 40 por ciento de aumento del salario y, a la par de ello, de su actualización periódica de acuerdo con la variación del costo de vida.

El jueves 18, un descomunal operativo de infantería desalojó la toma de la Ruta 1003 en Merlo, donde más de 2.000 familias trabajadoras estaban, desde octubre, luchando por un pedazo de tierra. El operativo tuvo una fuerte repercusión mediática. Hasta ahora, ningún gobierno -nacional, provincial, municipal, kirchnerista o macrista-, ha dado respuesta al reclamo por el más elemental derecho a la vivienda. El asesinato de un niño de 8 años, por un enfrentamiento de bandas que se disputan el negocio de la droga, fue la excusa para justificar el desalojo. Encubren así la responsabilidad del Estado: la situación de irregularidad de los ocupantes y la negativa a urbanizar el barrio fue el caldo de cultivo para que recalaran las bandas narcos que, por otra parte, lo hicieron con la absoluta connivencia de la policía, destacada allí desde octubre. “Desalojen a los narcos, no a los vecinos” fue la consigna que levantaron en ese momento las familias, mientras sus casas eran destruidas. Menéndez con el verso de la “mesa de diálogo” no dio ninguna solución al problema habitacional. El mismo jueves, el intendente kirchnerista se paseó por todos los medios justificando el desalojo PRO. Los medios hablaban de “desalojo pacífico”, pero la expulsión de dos mil familias pobres y la destrucción de sus pocas pertenencias es un acto de violencia flagrante. Fue además ilegal, porque se ignoró la suspensión del desalojo por 180 días dictada por un juzgado de garantías. Diego Ferreyra, delegado de la toma, fue brutalmente golpeado y detenido. Son ocho los vecinos con causa de tentativa de usurpación. El mismo jueves, los referentes del Partido Obrero de Merlo nos entrevistamos con el Ejecutivo municipal. En primer lugar, exigimos la libertad de los vecinos detenidos. También planteamos una salida habitacional para las familias damnificadas: la expropiación de las tierras ociosas y su otorgamiento a las familias que las ocupaban a partir de un plan de urbanización, contemplado incluso por el juzgado de garantías interviniente. El golpe sufrido no doblegó la voluntad de las familias. El domingo posterior al desalojo, una asamblea de vecinos debatió la continuidad de la lucha. La asamblea votó y llevó adelante una importante movilización al municipio el martes 23. Quedó claro para todos que las “mesas de diálogo” son estériles si no hay detrás de ellas una movilización popular que le arranque al gobierno un derecho que debe, pero no quiere, garantizar.

Desde el fin de la última dictadura, el Estado ha tratado por todos los medios de disciplinar la protesta, sin lograrlo. El reciente protocolo dictado por el gobierno de Macri es el intento más desembozado desde entonces. Alfonsín enviaba la policía a las marchas y creó una “oficina especial” de la Side en la que trabajaban varios agentes de la dictadura -entre ellos, Raúl Guglielminetti- para espiar la movilización social. El gobierno de Menem inauguró la modalidad del “protocolo”, al publicar mediante una solicitada “instrucciones a los fiscales para que procesen a quienes cortasen rutas o calles”. De la Rúa siguió intentando con los juicios y terminó en el estado de sitio. Duhalde se dedicó a tender emboscadas, como la de Puente Pueyrredón, para quebrar la movilización política. El protocolo K El gobierno de Kirchner debutó planteando un “protocolo” para las manifestaciones y cortes, que fue rechazado por la comisión de abogados de derechos humanos convocada para su “implementación”, lo que llevó a su fracaso. Durante los años noventa, los manifestantes, además de ser baleados y asesinados (Teresa Rodríguez...), fueron llevados a juicio basándose en el artículo 194 del Código Penal. Este establece penas para quienes interrumpan el tránsito dolosamente. Luego de muchos juicios, el caso llegó a la máxima instancia penal del país: la Cámara de Casación. A partir del fallo Natera-Gatti, en todos los casos, la Justicia decidió que no era aplicable el 194, porque aquí no se quería cometer un delito, sino protestar. Lo consideró un derecho constitucional. Por este motivo, el gobierno Kirchner quiso instalar un “protocolo”. Como por la fuerza no lo lograban, buscaron imponerlo por la vía del “consenso”. El mismo mecanismo que utilizaron para cooptar a algunos organismos piqueteros y de derechos humanos. Pero esta política no prosperó y entonces se deslizaron hacia la estigmatización de los piqueteros “díscolos” y la implementación del espionaje a la protesta social a través del Proyecto X y el tándem Berni- Milani. Esto también fracasó. No va a andar Ahora llega la señorita Bullrich con su nuevo “modelo”, que de nuevo no tiene nada. Es, en lo esencial, el refrito del protocolo de Kirchner más el proyecto X. ¿Cuáles son las “novedades”? Una serie de disparates jurídicos, en sus propios términos. Pretende modificar, de hecho, el Código Penal (algo que tiene prohibido por la Constitución) al decir que primero se llama a la “reflexión” de los manifestantes y si no lo hacen, automáticamente, se les aplica el artículo 194 del Código Penal. Para ello echan mano a la figura de “flagrancia”, es decir, que la policía actúa de hecho, reprimiendo, porque se está cometiendo un delito.... que la Cámara de Casación ya dijo que no lo es. Este simpático disparate significa que primero somos inocentes aunque estemos cortando -según ellos- por el 194 y nos perdonarían el “delito” si dejamos de cometerlo. Los juristas del PRO… a marzo Sostienen que el protocolo es para garantizar la “libre circulación de personas y bienes”... salvo la de las personas y bienes que se movilizan en defensa de sus derechos. También que pueden filmar a los manifestantes “en cumplimiento de la ley de inteligencia nacional”, que se los prohíbe expresamente. Los sindicatos, partidos o asociaciones serán responsables civiles de los “daños” que causen en la manifestación los participantes. Este disparate está copiado de una ley francesa de los setenta que fracasó, aún siendo ley. Es que no se puede, legalmente, perseguir a los sindicatos o partidos por lo que haga o deje de hacer algún manifestante. La responsabilidad es personal, concreta y no colectiva, es decir abstracta, en el derecho patronal. El “corralito” que se pretende imponer a los manifestantes, diciéndoles dónde deben estar es made in Videla: la dictadura obligaba a las madres a “moverse a otro lugar”. Así nacieron las rondas. Igual para las restricciones a la prensa, pretendiendo determinar desde donde deben hacer su trabajo. No hay una sola ley que obligue a un manifestante o a un periodista a quedarse quieto o moverse, en el ejercicio de sus derechos. Mal puede hacerlo un “protocolo” bullrichesco. Estamos a las puertas de una lucha extraordinaria contra este intento de ataque a las libertades. La historia reciente demuestra que todos los intentos anteriores fueron derrotados. También derrotaremos éste.

“Queremos hacer el elogio histórico del piquete, de aquel movimiento piquetero que tanto luchó y sufrió la pérdida de compañeros, pero acá no se trata de reprimir piquetes sino de suprimir el derecho a cualquier movilización, el derecho a la lucha, y el derecho a la lucha es el que hace posibles todos los demás derechos. Ocurre que entramos de lleno en la crisis, y habrá más despidos y más ataques a conquistas históricas de los trabajadores. Este protocolo represivo es otra cara de ese ajuste”, dijo el diputado nacional Néstor Pitrola en el mediodía del 22 de febrero, durante la audiencia convocada por el PO-FIT para debatir la norma represiva que Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dictaron sin debate parlamentario. Pitrola añadió que ese protocolo es una continuidad de la ley antiterrorista del kirchnerismo, que en su momento los legisladores del PRO aplaudieron de pie. Avanza en imponer más coacción, reinstala la figura del desacato y establece la de asociación ilícita por razones políticas, todo en los términos de la ley antiterrorista. “Es más, el procedimiento contra Milagro Sala, del todo ilegal e ilegítimo, se hace en los términos de esa ley: instigación al tumulto, desobediencia a la autoridad”. El diputado del PO hizo una convocatoria a plegarse masivamente a la convocatoria a la movilización de estatales del miércoles 24, la primera gran prueba de fuerza política a la que deberá hacer frente el protocolo de la represión. “ATE -indicó- no debe concurrir a la reunión con la ministra Bullrich para ‘adecuar’ la movilización”. Ni el Cordobazo ni el 20 de diciembre de 2001, ni ninguna de las grandes luchas populares de la Argentina pidieron permiso”. A su turno, la diputada Myriam Bregman (PTS-FIT) sostuvo también que la huelga con movilización de estatales, este miércoles 24 de febrero, es “una encrucijada” porque debe demostrar en la calle la ilegitimidad del protocolo represivo. “Las fuerzas de seguridad regulan su propia actuación -añadió- y la policía decide cuándo hay delito”. Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo (línea Fundadora) señaló también una continuidad: “Esto yo lo viví cuando me pusieron en el Proyecto X y tuve que declarar ante un fiscal”. Nora Cortiñas agregó que también ella estuvo en el Proyecto X y nunca logró que le explicaran por qué. “Si con esto (por el protocolo) piensan que nos van a sacar de la calle, no nos conocen”. La audiencia pública también señaló que el protocolo constituye una limitación inadmisible a la libertad de prensa, al imponer un “corralito” desde el cual, y sólo desde el cual, los periodistas podrán cubrir una manifestación. “Tato” Dodero, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) dijo que, “en cuanto trabajadores que nos movilizamos por nuestros derechos, desde ya rechazamos absolutamente este protocolo (...) Muchas veces en oposición a la línea de los patrones, hemos logrado develar crímenes cometidos por la represión”. En el mismo sentido, Vanina Kosteki recordó que “con ese corralito, no hubiéramos tenido condenas por el asesinato de Maxi (Maximiliano Kosteki) y Darío (Santillán)”. El legislador porteño Marcelo Ramal (PO-FIT) señaló que el protocolo “ya se aplicó en la represión a la murga de la Villa 1-11-14. Según Gendarmería, los murgueros obstruían el paso de la propia Gendarmería y por eso les dispararon a mansalva”. Por su lado, la diputada nacional Soledad Sosa (PO-FIT) recordó que en su provincia, Mendoza, se arrancó una ley contra los megamineros envenenadores mediante la ocupación física de la Legislatura. Por último, Christian Paletti, delegado de los trabajadores de Metrovías, dijo: “Nosotros ya tenemos nuestro protocolo, es la ley 4472, que en sus artículos 21 y 22 obliga a avisar con 48 horas de anticipación sobre cualquier medida gremial, no se pueden afectar los servicios ni la recaudación y se imponen fuertes multas al sindicato. Durante los paros de 2006, la Federal bajó con la Guardia de Infantería al taller Rancagua y tiraron gases y balas de goma ahí abajo, en el túnel. Nosotros apagamos las luces y aprovechamos nuestro conocimiento del lugar. Nos defendimos con lo que teníamos a mano, y les aseguro que el temor se lo trasladamos a ellos”.

Los cambios anunciados por el gobierno constituyen un gran fraude. Cada día se suman nuevas evidencias que ponen de relieve esta situación. Primero: la suba del mínimo no imponible terminó siendo sensiblemente menor a lo que se había anticipado, por debajo de lo que surgiría de su actualización por la inflación experimentada desde 2001 en adelante, que resultó del 1.500%. Los 30.000 pesos netos de piso se transformaron en 30.000 pesos brutos. Esto significa que una persona casado con dos hijos que gane 25.000 de bolsillo pasa a tributar ganancias y uno soltero pasa a hacerlo a partir de los 18.900 pesos. Segundo: se mantiene el congelamiento de las escalas salariales sobre las que se aplican las alícuotas. El gobierno de Macri ha señalado que esa revisión queda postergada para 2017. Ambos factores combinados (el mínimo no imponible y escalas) provoca que sueldos de 19.000 queden atrapados por el impuesto y enseguida pasan a pagar las tasas máximas del 27 o el 35%. Tercero: más trabajadores quedarán afectados por el impuesto. En la actualidad, un millón cien mil trabajadores vienen pagando ganancias. Según lo anunciado por el gobierno, 180.000 dejarían de hacerlo. Pero, por otro lado, alrededor de 220.000 se sumarán a la confiscación: por una disposición de 2013 se fijó que quienes cobraban entonces menos de 15.000 pesos seguirían exentos aunque recibieran nuevos aumentos. Ahora tal norma quedará derogada. Cualquier trabajador con un salario que rozara los 15.000 pesos en 2013 supera ahora los nuevos mínimos no imponibles. Cuarto: esto se suma a 110.000 jubilados que también estaban exentos y ahora quedarán incluidos en Ganancias. Quinto: las proyecciones oficiales omiten la incidencia que tendrán los nuevos aumentos que se pactarán en las paritarias. Dicho aumento provocará que nuevas franjas queden afectadas por el impuesto y que vuelvan a quedar incluidos parte de los que quedaron afuera como resultado de los anuncios oficiales. Sexto: hasta casi 10 puntos de los aumentos de salarios que se pacten en las paritarias, además, no va a ir al bolsillo de los trabajadores alcanzados por ganancias, sino que van a ser absorbidos por ese impuesto. Se calcula que si los gremios acuerdan un alza salarial del 29,5% al bolsillo, para buena parte de los trabajadores que ganan hoy entre 20.000 y 50.000 pesos, el aumento efectivo será de entre el 20 y 23%. La diferencia quedará retenida por el impuesto (ver nota anexa) . Pacto y ajuste El gobierno plantea que no puede ir más lejos por el costo fiscal que implicarían nuevas cambios. Pero no se ha utilizado esa misa vara a la hora de eliminar las retenciones a las mineras o agropecuarias. El costo fiscal de 49.000 millones que tendría la reforma fiscal actual está -según el gobierno-, sin embargo, por debajo de los 100.000 millones que el gobierno va pagar a los bancos y especuladores por los contratos de dólar futuro que vencen en la primera mitad del año. Pero, incluso esos 49.000 millones de pesos son engañosos, pues si se toman en cuenta los aumentos que se acuerden en las paritarias y los nuevos trabajadores que pasan a pagar el impuesto, lejos de haber una merma terminaría habiendo… un incremento de la recaudación. El gobierno de Macri no puede prescindir del impuesto al salario. La confiscación al salario igual que los tarifazos son la garantía del pago de la deuda a los viejos y nuevos acreedores. El aparato del PJ y la liga de gobernadores acompañan la política de Macri. Hay que tener en cuenta que la recaudación de ganancias es coparticipable y los gobernadores dependen de esa recaudación en momentos que Macri les ha dado vía libre al endeudamiento provincial. Moyano, Barrionuevo, Caló han declarado que lo anuncios oficiales desnaturalizan lo que se venía prometiendo. Pero no anunciaron la menor acción frente a este nuevo despojo. Las centrales sindicales le hicieron tres paros nacionales al kirchnerismo por la derogación del impuesto al salario. Si las medidas de fuerza se justificaban en ese entonces, del mismo modo se justifican ahora. Es necesario que los sindicatos convoquen a un paro de 24 horas por la abolición del impuesto al salario. Un triunfo en la batalla por este reclamo constituiría un golpe al gobierno y un punto de apoyo fundamental para derrotar el paquetazo ajustador.

El masivo paro estatal del 24 ha dejado conclusiones políticas de fondo, más allá de una adhesión que superó los cálculos -y la orientación- de sus propios organizadores. El paro recogió la adhesión y simpatía de una clase obrera golpeada por la carestía, los despidos estatales y privados y la persistencia del impuesto al salario. Ello se tradujo en las columnas de los sindicatos y comisiones internas que también pararon y se movilizaron, bajo la acción del clasismo. Pero el 24 también representó un golpe monumental al protocolo represivo de Bullrich-Macri: las “reglamentaciones” redactadas por los burócratas oficiales sencillamente sucumbieron ante la masividad de las columnas de trabajadores -el gobierno debía optar entre una represión abierta, sin la menor condición política para ejercer, o la contemplación de las columnas, que es lo que finalmente hizo. A sólo sesenta días de su asunción, la clase obrera hizo valer un pronunciamiento claro contra la agenda ajustadora y procapitalista del gobierno. Crisis política Esta irrupción obrera se produce en medio de una crisis política del gobierno “Cambiemos”. El “rodrigazo” en cuotas o “gradual”-devaluación primero y tarifazo después- terminó sacando a la superficie todas las contradicciones de la quiebra nacional. Para resarcirse del tarifazo, la patronal industrial y agraria reclama otra devaluación, un planteo que se acentúa con la caída de los precios internacionales y el derrumbe de la economía brasileña. La cosecha continúa siendo acaparada, a la espera de una devaluación mayor. Por el mismo motivo, la fuga de capitales y las reservas internacionales han vuelto a drenar. “Gradualmente”, se configura el escenario de una corrida cambiaria. El desmadre económico acentúa las urgencias oficiales para lograr un socorro financiero internacional. Pero ese auxilio está condicionado al arreglo con los fondos buitre, cuya factura superará los 15.000 millones de dólares. Cuando se suma esa deuda al conjunto de las hipotecas pendientes, se tiene que la deuda argentina se acerca a la mitad de su Producto Bruto, muy por arriba del “desendeudamiento” celebrado por igual por kirchneristas y los actuales oficialistas. Pero el rescate financiero conducirá a nuevas contradicciones. El gobierno deberá emitir moneda como contraparte de los dólares que ingresen, o sea que el reendeudamiento también será inflacionario. A partir de este cuadro, un sector de la burguesía y del propio gobierno ha salido a criticar el “gradualismo” y reclama un ajuste fiscal a fondo (tarifazos de todos los servicios y el transporte, despidos masivos en la administración pública) como preludio de un nuevo endeudamiento. Quieren deflacionar la economía por medio de una recesión, cuyo objetivo inmediato sería liquidar el capital sobrante y producir una desvalorización histórica de la fuerza de trabajo, en este caso, por la vía de golpear la capacidad de acción de la clase obrera. Pacto buitre Es claro, a partir de lo anterior, que el acuerdo con los buitres sería la piedra angular del nuevo régimen político que quiere poner en pie el macrismo. Los buitres más recalcitrantes exigen que el Congreso derogue primero las leyes cerrojo y de pago soberano como condición para finiquitar un acuerdo. O sea que es el capital financiero quien está diseñando los términos del nuevo régimen político en Argentina. Las diferentes muestras de gobernabilidad que han brindado el kirchnerismo y el pejotismo en estos sesenta días son el anticipo del compromiso político en ciernes para cerrar el acuerdo con los buitres. Por lo pronto, los gobernadores pejotistas -con Urtubey a la cabeza- lo apoyan sin reservas, ya que dependen de él para habilitar una escalada de endeudamiento de sus provincias. De este modo, el “bonapartismo de verano” que representaba el régimen de los decretazos le abre paso a una coalición de “acuerdos a medida”, según la agenda de la crisis. Es claro que estos acuerdos funcionan sobre la base de componendas y trenzas extraparlamentarias, convirtiendo al Congreso en una mera escribanía. Detrás del folklore de las plazas del aguante, los camporistas mantienen sus lazos politicos y parlamentarios con los gobernadores del ajuste y se han disciplinado a una “normalización” del pejota que tendrá como cabeza a Barrick Gioja. La izquierda La huelga y las manifestaciones de este 24 han sacudido esta modorra de pactos, así como la pretensión de confinar la crisis política a un supuesto conflicto entre macristas y kirchneristas. La plaza de este 24 exhibió la verdadera grieta: de un lado, los trabajadores cesanteados o precarizados; del otro, los gobiernos ajustadores, de Macri a Alicia Kirchner, pasando por el massista Morales y los intendentes camporistas del conurbano. Pero más allá de los despidos, la agenda de la clase obrera está sacudida por la crisis de la paritaria docente, donde las marchas y contramarchas oficiales delatan el terror del gobierno a que el ciclo lectivo se inaugure con un paro general docente; por el fiasco del impuesto al salario, donde el decreto macrista ha terminado incorporando miles de trabajadores a esta confiscación, y, naturalmente, por la carestía, que mete mayor presión al conjunto de las paritarias. La izquierda debe tomar nota de este cuadro y tomar la iniciativa, por medio de una enérgica agitación política. Es necesario explicar a fondo la dimensión nacional e internacional de la crisis en curso, no sólo para que la clase obrera defienda sus conquistas amenazadas sino también para que se erija en alternativa política. La acción parlamentaria tiene que apuntalar ese objetivo. Una instancia de esta lucha se planteará el 1º de marzo, cuando se inauguren las sesiones ordinarias. Teniendo en cuenta la revulsión popular que provocan los tarifazos, la carestía, el arreglo con los buitres, la estafa del impuesto a las ganancias y el protocolo represivo, nuestros parlamentarios se retirarán de la sesión inicial como expresión de rechazo al paquetazo oficial, al “pacto buitre” y al compromiso de los bloques opositores con el mismo. Convocamos a las fuerzas del FIT y al conjunto de la izquierda a realizar actos y manifestaciones frente al Congreso y a las legislaturas, para expresar ese rechazo y levantar un programa de reivindicaciones populares.

Decenas de miles de trabajadores estatales pararon y ganaron las calles. En Plaza de Mayo, en las grandes ciudades del interior. Mientras el macrismo y los pretendidos “nacionales y populares” urden sus pactos contra los trabajadores y el país, la clase obrera irrumpió en el escenario y dijo: “presente”. Para rechazar los despidos. Para denunciar la farsa oficial del “nuevo” impuesto al salario, que termina incorporando nuevos trabajadores a la confiscación. Para defender a los docentes de todo el país. Para rechazar el “protocolo” represivo, que ha sufrido su primera y masiva derrota en las calles. Este clamor y esta lucha reclaman una orientación y un programa. Ganemos las calles para convocar a la lucha contra el “pacto buitre”, el ajuste y el protocolo represivo. Reclamemos un paro de 24 horas para terminar con el impuesto al salario. Desarrollemos a la clase obrera y la izquierda como la oposición política al gobierno macrista.