Prensa Obrera N° 1263

El año 2007 marcó a sangre y fuego las luchas de muchos trabajadores. Fue un año trágico, sangriento y de muerte. La docencia neuquina sufrió una represión que se llevó la vida del compañero Carlos Fuentealba. Cuando 30 mil neuquinos nos movilizábamos aquel histórico 9 de abril, al grito de “¡fuera Sobisch!”, Aníbal Fernández, en nombre del gobierno nacional, salió a ofrecer el envío de la Gendarmería a la provincia, en un claro respaldo a lo actuado por el entonces gobernador para enfrentar el conflicto social que se había desatado. El año anterior, frente a una huelga de los trabajadores petroleros, ya se le habían enviado gendarmes a Sobisch para custodiar los yacimientos de Loma de la Lata. No sólo la docencia neuquina en 2007 estaba en conflicto por reclamos salariales, también lo estaba -entre otras- la de Santa Cruz. Los compañeros y compañeras nucleados en Adosac recibieron ataques de la Gendarmería, de las patotas, sufrieron atentados y, en una movilización de trabajadores estatales (en su mayoría docentes) en Río Gallegos fueron atropelladas veinte personas por el vehículo que conducía el funcionario kirchnerista Daniel Varizat. A diez cuadras de allí, en la sede del Polideportivo del Atlético Boxing Club, Cristina Fernández de Kirchner lanzaba su campaña a la presidencia y Daniel Peralta a la gobernación de Santa Cruz. Varizat nunca estuvo detenido, el tribunal le dio una pena menor y ni siquiera lo inhabilitaron para conducir. El gobierno lo protegió y le garantizó la impunidad. El respaldo a Sobisch, luego del asesinato de Carlos, la presencia permanente de una fuerza nacional (como es Gendarmería en Santa Cruz) militarizando la región son una muestra incuestionable de la concreta responsabilidad política que tuvo el gobierno nacional en aquellos hechos violentos de la Patagonia trágica de 2007. No hay que olvidar que el gobierno nacional ofreció la Gendarmería a Sobisch y un coro de amplias voces se sumaron al operativo de impunidad, entre ellos el actual intendente de Neuquén, Horacio "Pechi" Quiroga (UCR). El actual gobernador de la provincia, Jorge Sapag (MPN), usa los mismos argumentos que su antecesor para enfrentar la huelga que hoy sostiene los mismos reclamos que en 2007. Han pasado seis años y los responsables políticos del fusilamiento de Carlos Fuentealba están todos libres. Empezando por el mismo ex gobernador Jorge Sobisch, que entonces admitió públicamente su responsabilidad y reafirmó que "lo volvería a hacer para que se cumplan las leyes y la Constitución". Hemos concretado una gran movilización este 4 de abril, con quince mil compañeros, a pesar de que, nuevamente y de manera consecutiva, la dirección de Ctera negó un paro nacional por justicia. La sentencia a Pedraza, la patota y parte de la policía frente al asesinato de Mariano Ferreyra, así como la recuperación de Aten, son grandes puntos de apoyo para torcerle el rumbo a la impunidad. Por el triunfo de la huelga de Aten. Por el derecho de huelga. Porque vayan presos los asesinos materiales y políticos de nuestros compañeros. Más que nunca, ¡justicia! Más que nunca, ¡Carlos presente!

En pocos días culmina el juicio a los asesinos del joven militante Mariano Ferreyra, realizado por grupos de choque de la burocracia sindical ferroviaria en octubre de 2010, en el marco de un piquete de trabajadores tercerizados que reclamaban su pase a convenio. Este proceso es histórico en la Argentina, puesto que es la primera vez que se desarrolla un juicio con los asesinos materiales e intelectuales sentados en el banquillo de los acusados: entre los presos juzgados, se encuentra José Pedraza, quien fuera secretario general de la Unión Ferroviaria, de la burocracia sindical integrada al gobierno kirchnerista. Los otros acusados son miembros de la policía que protegieron a la patota asesina, por una indudable orden política. Esta lucha ferroviaria y el vasto movimiento popular por el crimen de Mariano Ferreyra pusieron en evidencia al gansterismo de la burocracia peronista en la que se asienta el gobierno kirchnerista, su carácter empresarial ligado a la explotación de los trabajadores tercerizados y la prolongación de la privatización que ha vaciado los ferrocarriles. Por esta lucha, casi tres mil trabajadores tercerizados pasaron a convenio ferroviario y se colocó en la agenda nacional la cuestión de la tercerización, la cual afecta a 600 mil trabajadores en la Argentina, y su pase a planta permanente y convenio colectivo. El Encuentro Sindical Internacional de París -convocado por Conlutas, Solidaires y CGT de España- resuelve adherir a la lucha por la prisión perpetua de los asesinos de Mariano Ferreyra y sus responsables políticos, así como también realizar una campaña internacional contra la tercerización laboral y por el pase a planta permanente y convenio de la actividad principal de todos los trabajadores tercerizados y precarizados en todo el mundo.

Sin consulta previa, y por los medios de comunicación, los docentes nos enteramos que los dirigentes Roberto Baradel y Mirta Petroccini, del Frente Gremial Docente Bonaerense, levantaron todas las medidas de fuerza, incluyendo los paros de 72 horas ya decretados. Un comunicado del Suteba dice que la resolución se basó en que "el compromiso con nuestros compañeros docentes, nuestros alumnos y las comunidades educativas damnificadas se expresa en esta decisión y en la participación y organización de diferentes acciones de colaboración solidaria. Se recepcionarán donaciones en nuestras sedes gremiales". Llama la atención, sin embargo, que la masacre de La Plata y la responsabilidad de los gobiernos nacional y provincial en la muerte de hasta el momento 51 platenses reconocidos oficialmente, no merezca ninguna consideración de parte de la dirección K de Suteba-Ctera. Hay que agregar, además, que un porcentaje importante de los 6.000 evacuados son docentes, y que prácticamente la totalidad de las escuelas de La Plata han sido destruidas total o parcialmente por el temporal. Está claro que la lucha del pueblo afectado por la muerte, por la destrucción de sus casas, de sus hospitales (colapsados), de sus escuelas y la lucha docente por salarios y mayor presupuesto deberían unirse. No es el camino del Frente Gremial. ¿Es la mejor manera de ayudar al pueblo platense y de otras zonas afectadas deponer simplemente toda lucha? Los dirigentes del Frente Gremial han actuado preventivamente como bomberos ante el reclamo popular, y en socorro de los gobiernos de Cristina y de Scioli. Surge la conclusión de que estamos frente a una dirección que nunca estuvo dispuesta a desplegar una huelga para quebrar el cepo salarial impuesto, y ahora encuentra una puerta de escape. La continuidad del plan de lucha debe ser discutida en asambleas de cada seccional. Tenemos que fijar plazos y métodos para la continuidad del movimiento. Los paros y la lucha deben ser activos, volcando a los miles de docentes a la tarea de organizarse, junto a los padres y los alumnos, para ser solidarios con sus reclamos, para movilizarse a los concejos deliberantes y la gobernación, responsables de dar respuesta a los damnificados, entre los que se encuentran también miles de compañeros docentes. Convertir así a las escuelas en centros reales de organización de la lucha. Planteamos: • Paro activo, asambleas abiertas de docentes y comunidad educativa para organizar la lucha frente a la masacre que se hubiera podido evitar. Los que deben decidir son los docentes y los trabajadores afectados. • Asistencia inmediata de todos los estamentos del Estado a los barrios inundados, bajo la intervención y el control de los propios afectados. Indemnización inmediata por los daños causados, con la sola comprobación de domicilio; ningún descuento salarial a los trabajadores afectados. Aplicar con prioridad en los recursos a un plan de viviendas y obra pública, en el marco de una reorganización urbana integral que debe contemplar la nacionalización del suelo urbano ocioso. • Aumento del 30% del salario en todas sus categorías en una sola cuota, restitución de todas las asignaciones familiares y eliminación del impuesto al salario.

Jorge Asís sostiene en su blog que Pedraza, el instigador de la patota que asesinó a Mariano Ferreyra, ha sido "arrojado a la hoguera". Dice, también, que la "izquierda apretadora" ha producido "hasta una película" con esa finalidad. Le imputa a esa "izquierda" que haya transformado en un acto de heroísmo lo que no fue más que un "homicidio en riña". Recoge, en estos términos, el inmundo libreto de los abogados que cobran 5 mil pesos por audiencia para lograr la impunidad para Pedraza. Asís asimila el caso al de otra "injusticia", la que se cometió contra Sobisch con la acusación "absurda" de que fue responsable político del asesinato de Carlos Fuentealba -a quien describe como un maestro que "fue a impedir las vacaciones a quienes iban a Villa La Angostura". Lo angustia que se le haya arruinado la carrera política a quien fue su compañero de fórmula presidencial en las elecciones de 2007. Lo que preocupa a Asís es que, frente a estos hechos, el otrora "temible sindicalismo" se haya convertido en una "orquesta de señoritas". Primero, "entregó a Zanola" y, ahora, a Pedraza. Pedraza -dice- se hizo cargo de una represión que el "Estado ha renunciado a ejercer". Asís no escribió esto para hacerse el niño malo de la película, sino que recoge lo que otros "dicen en los pasillos y no se animan a decir en público". Introduce la situación de Pedraza en la crisis política que se viene desarrollando. Expresa la posición política del ambiente que lo rodea, poblado de menemistas, procesistas, exiliados del kirchnerismo ‘de Néstor’, por supuesto de duhaldistas y, ni qué decir, de la burocracia sindical. Asís devela el significado del ‘diálogo’ y la ‘reconciliación,’ que enarbola el ‘peronismo verdadero’, el cual busca asumir la dirección de la oposición política del campo capitalista. Según Asís, no habría, entonces, que ‘enredarse’ en una lucha lateral contra la izquierda que quiere la perpetua para Pedraza, sino unificar a los que "hablan en los pasillos" en una estrategia de poder. La eliminación de la ‘molestia’ que ocasiona la izquierda sería un resultado secundario de la obtención de ese objetivo. El Estado se encargaría de lo que hoy se ‘terceriza’ y se arreglarían los entuertos con los ‘fondos buitres’, las mineras, los sojeros, etc., abriendo así el camino a ‘la prosperidad de los argentinos’. En definitiva, el desenlace del juicio oral y público entra con todo en la crisis política general. Nuestra palabra de orden es: perpetua para todos los ejecutores del plan criminal contra los compañeros tercerizados.

Uno de los aspectos decisivos para afrontar una inundación es la atención sanitaria inmediata para la población afectada. Sin embargo, en La Plata, el colapso sanitario precede largamente al temporal. Los trabajadores de los hospitales de Niños, San Martín, Gonnet, Rossi, San Juan de Dios, nos manifestamos públicamente en los últimos meses, con apoyo de los pacientes y vecinos. Denunciamos la falta de insumos básicos como gasas, guantes, agujas, jeringas, medicación. La parálisis completa de las obras de infraestructura y el déficit de personal. Todo esto agravado por el presupuesto de ajuste, el más bajo para salud de los últimos años, que votaron Scioli, los K y la "oposición" del FAP-UCR y el peronismo disidente. La inundación impidió a muchos trabajadores salir de sus hogares. No fueron reemplazados por refuerzos sanitarios del Ministerio de Salud. Hubiera correspondido movilizar masivamente al personal de otras regiones sanitarias que no fueron afectadas por el temporal, lo cual exige una partida presupuestaria de emergencia. Durante el corte de luz en el Hospital de Niños se salvaron las vidas de los pacientes por la acción inmediata de familiares y trabajadores del hospital, hasta que se pusieran en marcha todos los generadores eléctricos, lo que demoró en suceder. De la misma forma, se evacuaron salas de internación en el Hospital San Martín sin ayuda ni refuerzos del gobierno. Al día siguiente, el ministro de Salud provincial, Alejandro Collia, recorrió el Hospital de Niños y anunció por los medios que todo estaba bien. Fue el mensaje que reprodujeron los directores hospitalarios de la región. En los hospitales se cayeron techos, el colapso de la infraestructura es completo. La falta de agua afectó la higiene, que es fundamental para controlar las infecciones. También el suministro de biberones a los bebés. No llegó ningún camión del gobierno para traer agua y alimentos en forma inmediata. Los inundados no llegan a los hospitales por sus medios. Hay que acercar la atención a los barrios y movilizar a quienes requieren al hospital. Pero los "hospitales móviles" son cinco, y muchos están parados por falta de personal. Los centros de salud no fueron reforzados tampoco. Son los residentes de los hospitales de la región los que cubren la atención y recorren las viviendas de los vecinos. Las inundaciones anticipan una crisis sanitaria aún más profunda, con enfermedades que se reproducen a través del agua, la mala higiene, las plagas, la precariedad habitacional y el frío. Es urgente el saneamiento ambiental, la recolección de basura, la eliminación de las ratas y vectores de epidemias. Desde Tribuna de Salud con estudiantes y vecinos conformamos brigadas sanitarias que recorren el barrio con cuadrillas, para conocer las necesidades inmediatas, prevenir enfermedades a través de la organización popular y exigirle al gobierno que responda nuestras demandas. Hagamos asambleas en los hospitales y centros de salud para asegurar la asistencia de nuestros compañeros y pacientes. Organizar la solidaridad con los afectados por la catástrofe. Y poner en pie un movimiento de lucha de los trabajadores de la salud en asociación con los inundados. Los ministros Collia y Manzur, responsables del vaciamiento y encubridores, se tienen que ir. Tomemos en nuestras manos la defensa de la salud de la población.

Desde Radio Universidad del Noreste, y otros sectores del oficialismo, han acusado al Partido Obrero de "funcional" a los radicales, por el apoyo a la lucha docente en la provincia. Resulta al menos llamativo que desde los medios oficialistas se nos haga semejante acusación, cuando es el propio gobernador el que emplea los métodos de la Alianza, los Rozas y Nikkisch, de represión y ajuste contra la docencia. El gobierno ha designado suplentes en lugar de los huelguistas, una medida ilegal contra la huelga que supera las llevadas adelante por el propio radicalismo y que no encuentra antecedentes desde la última dictadura. La espiral de aprietes culminó en dos represiones en menos de 20 días, que no han logrado quebrar la lucha docente. ¿Qué mejor forma de hacerle el juego a la derecha que buscando quebrar el derecho a huelga, el método por excelencia de los trabajadores para defender sus reclamos? ¿Qué mejor forma de hacerle el juego a la derecha que aplicando un ajuste contra la escuela pública, el salario docente, los comedores escolares y la escuela rural? La lucha docente es una bocanada de aire fresco para todos los trabajadores que sufren día a día la miseria salarial de una provincia cuyo salario promedio no llega a la mitad de la canasta familiar. El Partido Obrero se enorgullece de acompañar la lucha de los docentes, porque levantan las banderas de todo el pueblo: la defensa del salario y la educación, y el primero de todos los derechos, el de defender los reclamos populares. Las aspiraciones de los docentes y los trabajadores del Chaco nunca podrían ser llevadas a término por una oposición que reclama una devaluación de la moneda y aplica un ajuste, con tarifazos e impuestazos, en los distritos donde gobierna (Resistencia). El intento de medrar con la lucha docente para favorecer los intereses de esta oposición está condenado al fracaso, porque sus representantes son enemigos jurados de los reclamos populares, como el ex Ministro de Educación y represor Verdún. El Partido Obrero rechaza esta variante y defiende una salida de izquierda a la crisis actual, basada en la defensa incondicional de los reclamos y aspiraciones de los trabajadores, los estudiantes y todo el pueblo. Reclamamos el cese de las persecusiones y la represión contra los docentes, la satisfacción del reclamo salarial de la docencia y de todos los trabajadores de Chaco, la triplicación del presupuesto educativo y el cese del ajuste contra la educación. Defendemos el derecho a huelga y apoyamos toda la fuerza del reclamo de los docentes.

El sábado 6, el intendente Othacehé desplegó un enorme operativo policial para introducirse, ilegalmente, en una fiesta privada organizada por docentes: “fiesta indocente”. Días atrás, Othacehé había firmado una solicitada contra la huelga docente, con el argumento de que se violenta el derecho de los niños a aprender. El que violenta ese derecho es el gobierno, que ha cerrado las paritarias por decreto en un mísero 12% desde marzo. El intendente venía atacando a la docencia, señalando que los paros nada tenían que ver con los reclamos de infraestructura en las escuelas de Merlo. Miente: las escuelas del distrito se caen a pedazos, con goteras, filtraciones, ausencia de instalaciones eléctricas y del mobiliario esencial (mesas, sillas). La atención de los comedores escolares es mala e insuficiente. Falta personal docente, no docente y auxiliar. La lucha docente es contra el ajuste, para garantizar el derecho de los niños a aprender. El viernes 5 aparecieron nuevamente volantes por todo Merlo en los que se difama a la compañera Analía Pascual, quien es no sólo referente del Partido Obrero de Merlo, sino también delegada del Suteba e integrante de la agrupación Tribuna Docente. Esta volanteada anónima se conjugó, en el Terciario Nº 29, con una amenaza a nuestro compañero David Rojas, referente de la agrupación “La Mariano Ferreyra”. Allí, el dirigente de la agrupación othacehísta Ujem afirmó, a viva voz, que “ahora se llaman ‘La Mariano Ferreyra’, cada vez que les maten uno van a crear una agrupación con el nombre del muerto. La próxima se va a llamar ‘La David Rojas’”. En el 29, los futuros docentes están dando una lucha por inscripciones e infraestructura, así como contra el limitacionismo, el cual tiene el mismo origen que la lucha docente: el ajuste (en diciembre, pegaron en el instituto y Merlo afiches -también anónimos- difamatorios sobre nuestros compañeros de agrupación Romina Canu y David Rojas). La llegada de un abogado y la puesta de manifiesto de la total ilegalidad de la intromisión obligaron a las fuerzas represivas a retirarse, por lo que la fiesta continuó. Pero el mensaje fascista estaba dado: en Merlo no existen mínimas libertades democráticas. Es un ataque de conjunto a todos los que en Merlo nos organizamos para luchar en defensa de la educación pública. Organicemos la lucha docente por nuestras reivindicaciones y, en Merlo, unamos esta lucha a la defensa de las libertades democráticas. Llamamos a todas las agrupaciones sociales, políticas, sindicales y culturales a pronunciarse y organizar una movilización unitaria en contra de estos atropellos.

"Cine político en el doble sentido: presentar una visión de la realidad y buscar intervenir en ella" (BAE). "El logrado detallismo en las banderas, estandartes, graffittis y pines con la imagen del militante muerto, reflejan la ilusión de su rostro. Hecho causa" (Clarín). "Impactante reconstrucción del ataque" (Infobae.com). "Un film necesario" (Noticias). El estreno de "¿Quién mató a Mariano Ferreyra?" logró una importante repercusión en los medios gráficos, particularmente en los diarios. Casi todas las críticas destacan el carácter militante del film y ponderan la reconstrucción de los hechos del 20 de octubre de 2010. Leonardo D'Espósito, en el diario BAE, señala a la obra como "un caso testigo del cine político en la Argentina, en los últimos años demasiado confinado al territorio del documental", y elogia que forma parte de una tradición pero es, al mismo tiempo, "un paso adelante". También apunta la estrategia de financiación de la película, "que no es la tradicional", destacando el esfuerzo colectivo de centenares de personas para conseguir los fondos necesarios. Para el crítico de Clarín, que califica a la película de "muy buena", "el logrado detallismo en las banderas, estandartes, graffittis y pines con la imagen del militante muerto, reflejan la ilusión de su rostro. Hecho causa". La revista Ñ realiza una extensa entrevista los directores, Alejandro Rath y Julián Morcillo, donde destaca la pertenencia de éstos al Ojo Obrero. Consultado por la revista sobre la elección de un periodista como protagonista, Morcillo afirma que "en la crónica que realizaron los medios de comunicación sobre el crimen se hizo más evidente cuáles eran las líneas editoriales de los medios y qué influencias recibían desde fuera". Hay además entrevistas en Tiempo Argentino y en la agencia Télam, que sitúa también al film "en la línea de una tradición de cine militante y de compromiso político". Para la revista Noticias, "imperfecto en algún sentido (...) se trata, aunque estemos en contra del uso del adjetivo, de un film necesario, pues en medio de una andanada de documentales que desprecian el cine, opta por el arte como lupa para comprender la realidad". Los diarios La Nación, Ambito Financiero y Diario Popular también incluyeron notas en sus secciones de espectáculos, con lo que casi la totalidad de los diarios nacionales se hicieron eco del estreno. La excepción ha sido Página/12, lo que ha provocado una ola de repudios en las redes sociales que se ha extendido a muchos simpatizantes kirchneristas.

Lo único que se compara con la monumental movilización popular de ayuda a los damnificados es la magnitud de la responsabilidad de los tres niveles de gobierno en la catástrofe. La ciudad se inundó en 2002 y 2005, durante la intendencia del actual ministro Alak; luego -en 2008, 2010 y ahora- bajo el mando de Bruera. En cada oportunidad fueron denunciadas la falta de obras hídricas y la mala ejecución de otras, como la autopista o la circunvalación a la ciudad, que funcionan como verdaderos diques. La empresa Coviares (autopista La Plata Buenos Aires, grupo Roggio) fue señalada por las asambleas populares de 2002 y de 2008 como una de las principales responsables por el incumplimiento de las obras de canalización y el bloqueo de los arroyos. En 2008, el propio Bruera amenazaba con reclamar al gobierno nacional el quite de la concesión de la autopista a la empresa del grupo Roggio. Hace años que se conoce la solución Ante cada desastre se anuncian obras. Un estudio encargado por Alak en 2005 ya esbozaba la solución: mejorar el alcantarillado y la capacidad de los desagües hacia la cuenca de El Gato, ampliando la capacidad del arroyo mediante canalización. Incluía una propuesta de instalación de sensores que dispararan la alarma y permitieran actuar con tiempo. Los estudios realizados por la Facultad de Ingeniería de la UNLP en 2008 son muy precisos. Proponen una canalización de esa cuenca, y la mejora de la red de desagües troncales. Sus autores diagnosticaron la mayor vulnerabilidad de la ciudad ante precipitaciones por la urbanización descontrolada, y anticiparon lo que sucedió en 2010 y que ahora provocó un desastre histórico. Especulación inmobiliaria, el asfaltado de calles sin obras de desagote, el aumento de los alquileres y el consecuente crecimiento de la periferia, incluida la construcción de viviendas precarias a la vera de los arroyos. Todo esto preparó la catástrofe provocada por la orientación social que defienden los tres gobiernos. La Nación controla un fondo fiduciario para prevenir catástrofes ambientales, entre ellas los desbordes hídricos, del que se desviaron fondos para construir Tecnópolis, pero no llegó un peso a La Plata; la provincia sumergida en una quiebra cuyo origen es el pago de la deuda usuraria, y los subsidios a los capitalistas paralizan la obra pública. Bruera anunció en ¡2008! Un “plan director” para enfrentar las grandes tormentas, del que no se puso ni el primer ladrillo. La responsabilidad de los gobiernos incluye la falta de medidas de prevención y el abandono de las víctimas. Los vecinos de un barrio de Berisso, con una gran tradición de lucha piquetera, se autoevacuaron antes de que sus casas se inundaran. Sin embargo, en La Plata no se tomó la elemental medida de evacuar la vera de los arroyos. A cuatro días de la inundación la ayuda no llega a los barrios más afectados. Durante la catástrofe no existió ni el dispositivo más elemental de rescate. Amplias zonas de Tolosa, Los Hornos, Altos de San Lorenzo, Villa San Carlos, para mencionar sólo algunos barrios, reciben ayuda únicamente de las organizaciones populares. Mención especial merece Telefónica, que cortó un 0800 de ayuda en el medio del desastre. Pero el gobierno no confiscó sus instalaciones y equipamiento para poner la red de comunicación al servicio de la asistencia. La defensa de la propiedad privada de los pulpos está por encima de la ayuda humanitaria. La crisis política La “coordinación” de la que hablan la Presidenta y los funcionarios es una guerra de aparatos para medrar con el desastre. El “Cuervo” Larroque increpó un periodista que le preguntó por qué repartían ayuda con pecheras de La Cámpora. Muchos jóvenes que se acercaron al local del PO denunciaron que en el “bunker” de los camporistas (la Facultad de Periodismo) sólo les permitían ayudar si se ponían la pechera. Funcionarios del municipio se quejan porque el desembarco nacional y provincial los margina del operativo. Lo monopolizan cristinistas y el tandem Berni-Casal. Bruera dio el mal paso con su tuit y está contra las cuerdas. El gobierno no le perdona su acercamiento a Massa y su juego propio. La principal víctima de esta disgregación del FpV son los inundados, que no reciben la ayuda o sufren los filtros clientelares. El gobierno acota la cantidad de víctimas a 51. Casal se encargó de especificar que la mayoría eran ancianos. Apunta pérfidamente a minimizar la pérdida. Pero en los barrios denuncian decenas de chicos desaparecidos. Las cifras del Hospital San Roque no concuerdan con las de la Morgue Judicial, y los rumores que corren en la ciudad, alimentados por lo que se vivió en los barrios, hablan de más de 100. Los empleados de la Morgue Judicial tienen órdenes de no hablar con nadie. Scioli quiere acotar el desastre por decreto. La agitación del peligro de saqueos por parte de Cristina y Scioli tiene la finalidad de reforzar el operativo represivo, dividir a la población y desviar la atención de la responsabilidad del gobierno. Los saqueos, si se producen, serían responsabilidad exclusiva del gobierno, que empuja a la desesperación a los inundados al no auxiliarlos. Crece la bronca. Hay que organizarse Scioli y Alicia Kirchner fueron increpados. Bruera, alertado, pegó media vuelta y se volvió a la intendencia. Hasta CFK tuvo que imponerse casi a gritos para acallar a vecinos de Tolosa que le hacían reclamos. Así zafó de escucharlos. La gran tarea, junto a la movilización solidaria imprescindible, es la de organizar a los inundados y al pueblo platense detrás de un programa. En primer lugar, asambleas por barrio para luchar para que la ayuda llegue a todos lados. Colchones y frazadas, ropa, pañales, medicamentos, alimentos, agua potable, artículos de limpieza, medidas sanitarias de prevención, equipamiento de salitas barriales, reposición de la luz y el teléfono. Todo esto debe llegar en forma urgente a todos los inundados en base a una movilización sostenida sobre el poder estatal. Ante las pérdidas materiales, Scioli, y ahora CFK, hicieron anuncios similares a los de Macri: subsidios limitados, irrisorios frente a la magnitud de las pérdidas, y créditos a quien demuestre ser afectado. Hay que reclamar que el Estado se haga cargo por completo de restituir todas las pérdidas materiales que sufrió la población. Hay que terminar con la especulación inmobiliaria y el abandono de las obras públicas. Poner en marcha un plan hídrico basado en los estudios ya elaborados por expertos, y controlado por organizaciones ambientales y asambleas barriales. Esto debe ser acompañado por un plan de urbanización que tenga en cuenta de manera integral todos los aspectos, especialmente en la periferia, y la construcción de viviendas populares en zonas seguras, en primer lugar para trasladar a quienes viven en las proximidades de los arroyos. Esta planificación es incompatible con los negocios del gran capital defendidos por los tres gobiernos, y plantea una alternativa de poder.

El jueves 4 de abril, una nutrida audiencia concurrió a la charla con Néstor Pitrola en Merlo como culminación de una jornada que se extendió por otros barrios de Merlo y Moreno. En la charla estuvieron presentes docentes, ferroviarios, telefónicos, choferes y jóvenes. Las intervenciones se focalizaron en la denuncia de la tercerización laboral y en la persecución política imperante en el distrito por parte de Othacehé. Las problemáticas volcadas serán el punto de partida para el programa de salida que, desde el Partido Obrero de Merlo, lanzaremos en el marco de la campaña electoral. En el barrio Martín Fierro, más de 30 vecinos se congregaron en el local del Polo Obrero para participar de la charla con Néstor Pitrola, la que fue ampliamente difundida los días previos mediante afiches y mariposas. Las problemáticas barriales: falta de agua potable, escuelas y salitas serán también materia prima de un programa vecinal que lanzaremos en el barrio como parte de nuestra campaña política. La recorrida de medios incluyó una entrevista con Bustamante en el programa Quorum, de la televisora de Moreno, y otra para el canal 5 de Merlo. La entrevista realizada por Del Bono, que abordó variados temas de actualidad, terminó con el compromiso, por parte de los candidatos locales, de volver con un balance de la campaña por los diferentes distritos de la provincia. La presencia de Pitrola en el distrito refuerza la agitación política y la convocatoria a todos los trabajadores para sumarse a una alternativa de izquierda en 2013.

Ayer se estrenó "Quién mató a Mariano Ferreyra?" Fue muy triste escuchar el testimonio de su familia en la intimidad, a sus amigos recordando cómo era Mariano. Personas que no tuvieron la suerte de conocerlo en profundidad y compartieron con él las últimas horas de su lucha... Él militaba en el Partido Obrero. Un día, como tantos otros, se une a una movilización para apoyar el reclamo por el despido de trabajadores de la línea Roca, y con el afán de querer terminar con la precarización de los mismos. Alguien que puso el cuerpo y entregó su vida a favor de los derechos del trabajador, merece nuestro total respeto y una pena perpetua para los culpables. Por otro lado, están los poderes políticos. Las empresas, el Estado, quienes se aprovechan de nosotros, de nuestras capacidades, del sacrificio que hay que hacer día a día para vivir. Nos cagan, nos manipulan, nos mienten y ocultan todo. Nos marginan. Nos sometemos a todo eso porque pensamos que no nos queda otra, porque desconocemos o por el miedo a saber y no querer ver. Pero hay que luchar. Hay que salir a pelear por nuestros derechos y abrir los ojos. Muchos tienen los huevos para cortar las calles y manifestarse, defendiendo los intereses de los demás, valorando la vida de los otros. Inclusive más que la de ellos mismos, arriesgando sus propias vidas. Es admirable. Ver y percibir éstas cosas, hace que mi inquietud por los demás crezca y, de alguna manera, remueva esa sensibilidad y fortaleza extrema que siento que me caracteriza, a pesar de sufrir momentos de vulnerabilidad. Aunque parezca que esas dos cualidades no van de la mano, te digo que sí. Todos lo tenemos. Todos somos seres sensibles y fuertes. Gozar de la combinación de esas aptitudes nos permite luchar e ir desarrollándonos, puliendo y utilizarlo para el bien de todos. Que nos exploten, nos desvaloricen, nos maltraten, nos destruyan psicológicamente, no nos tendría que quitar las ganas de seguir adelante, al contrario. Ser conscientes de todo eso que nos hacen debería hacer crecer en nosotros un sentimiento de amor pleno y seguridad. Siento que tenemos muchas cosas en común y que juntarnos para hacer desaparecer todas esas diferencias que nos lastiman, es el mejor remedio y refuerzo para sanar. Nunca fui una persona sumisa ni conformista... Cuando era más chica naturalmente había algo en mí que se rebelaba ante muchas cosas. Producto de mi inmadurez, mis emociones desencontradas, mecanismos de defensa, los genes de mis viejos... Cosas que hoy sigo sosteniendo con otro nivel de conciencia, madurez y complicidad conmigo misma y con las personas que me rodean. Seguramente con el correr de los años y manteniendo un contacto más profundo con la realidad, mis ideas vayan cambiando y nutriéndose. Te comunicaste con todo lo demás, por eso... Cuando estemos mal, cuando estemos solos, cuando estemos cansados de llorar, no nos olvidemos de Mariano Ferreyra. Por favor vayan a verla y apoyemos a su familia, a todas las victimas que sufren... ¡Justicia!

La ciudad se encuentra devastada, la movilización popular de acciones solidarias creció el fin de semana de manera vertiginosa, pululan vecinos en autos con donaciones por toda la ciudad. El Partido Obrero se puso a la cabeza de la organización de la ayuda y de las barriadas en el mismo instante en que comenzó la catástrofe. Hemos realizado decenas de asambleas en el casco de La Plata, en Los Hornos, Altos de San Lorenzo, en Tolosa centro, en Tolosa periferia, en Nini, en Villa Nueva de Berisso, en Los Hornos cementerio, Villa Elvira y en distintos puntos del centro platense. La Plata parece haber vuelto a 2001 en sólo días. Las asambleas de los barrios más empobrecidos votaron unificarse, para sortear la migración individual a cada delegación municipal y el manejo de los punteros del PJ, quienes no sólo trafican la ayuda sino que llegaron a armar “piquetes” impidiendo el paso de los vecinos solidarios. El faltazo del gobierno es general. En las barriadas periféricas no aparecieron hasta que una movilización de estas asambleas desembocó en la municipalidad con una columna de 500 compañeros. Juntos, marcharon el Polo Obrero, la organización territorial de La Brecha (Cauce) y de la Juventud Guevarista. Acompañaron la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada, el Suteba Legítimo y la junta interna de Desarrollo Humano, entre otros. La delegación fue recibida por el secretario de Acción Social de Pablo Bruera. Lo más llamativo no fue sólo su falta de respuesta a todo el pliego reivindicativo, sino que además nos transmitiera nos transmitió sin tapujos que la ayuda de Nación no es articulada con el municipio sino directamente con La Cámpora. La interna del oficialismo no se frena siquiera en medio de la catástrofe. Mientras tanto, la bronca popular crece, y han vuelto las asambleas populares. Las donaciones son paliativos inmediatos y momentáneos. La necesidad de indemnizaciones, sin trabas burocráticas, y un plan de obras públicas que incluya viviendas populares, se impone. Hay un repudio generalizado contra los gobiernos, tanto municipal como provincial y nacional. El local central del Partido Obrero de la regional se ha convertido en un centro organizador de la ayuda y del reclamo contra los verdaderos responsables. Baja el agua y crece la necesidad de una alternativa política de los trabajadores.

En un fallo de enorme importancia, la jueza Villa de Moisés ha considerado que el despido de Barraza -consumado como represalia por su actividad gremial y por denunciar sistemáticamente el vaciamiento del sistema de transporte de electricidad a cargo de esta empresa- debe ser anulado por discriminatorio. El año pasado, los obreros de Transnoa cumplieron dos meses de huelga reclamando la reincorporación de su delegado y un pliego de reivindicaciones por el respeto al convenio colectivo de Luz y Fuerza, y el pase a la planta permanente de todos los trabajadores. Las denuncias de Barraza y sus compañeros cerca del alevoso vaciamiento de las instalaciones se han visto confirmadas por los numerosos cortes del servicio eléctrico que se han producido en estos meses, a causa de la falta de mantenimiento e inversión en el sistema. La patronal de Transnoa, estrechamente vinculada con la burocracia de la Federación de Luz y Fuerza, pretendió con este despido acallar estas denuncias, que hacen al interés general de los usuarios del servicio eléctrico en la provincia, y sepultar las demandas obreras. El fallo es un triunfo de la enorme movilización provincial -e incluso nacional-, que se ha desenvuelto en apoyo a los trabajadores de Transnoa y por la reincorporación de Barraza. A pesar de la contundencia del fallo, la empresa ha apelado y buscará, por todos los medios, esquivar la reincorporación efectiva del compañero. Más que nunca, está planteado redoblar la movilización para que se haga efectiva la reincorporación de Barraza.

El sábado, tras las inundaciones, se reunió la Asamblea de Saavedra con la participación de casi 200 vecinos. Entrevistamos a Silvia, una de las integrantes de la asamblea, que nos contó cómo se originó la organización de los vecinos contra las inundaciones y cuáles son los próximos pasos que piensan dar en esta lucha. -Silvia, ¿cuál es la situación en el barrio después del temporal? -Estamos muy enojados, muy tristes porque hemos perdido muchas pertenencias, las casas se destruyeron. Hemos perdido nuestros recuerdos, mucha documentación, realmente estamos tristes. Cuando fuimos a ver a los ministros, dijimos que podía haber muertos por las inundaciones. Es lo que sucedió, pero nadie se hace cargo. No hay sistema de emergencia, los bomberos no dan abasto, las ambulancias no pueden entrar. No hay un relevamiento de las casas: si hay gente anciana, si hay chicos. Nos tenemos que ayudar entre nosotros y, a veces, no podemos... Es una situación muy triste y dolorosa. -¿Cómo se originó la Asamblea de Saavedra? -Había un grupo de chicos que estaban protegiendo el parque porque se habían empezado a hacer un montón de obras ahí. A los dos o tres días, hay una inundación que fue la del 6 de diciembre. Empezamos a movilizarnos, y se armó una asamblea de inundados. Cuando nos enteramos de la otra asamblea nos unimos porque pensamos que las dos asambleas tenían mucho que ver: el tema del cuidado del parque, que no se cemente, y que no se ponga plata en semejantes obras cuando necesitamos el dinero para otras cosas. Creamos una sola asamblea que es la Asamblea Saavedra. Estuvimos cuatro meses reuniéndonos todos los sábados, hicimos un montón de actividades, fuimos a los ministerios llevar firmas, fuimos a la Defensoría del Pueblo... hasta que llegamos al día de hoy, con una asamblea masiva, frente a la inundación reciente. Esperemos que ahora, con una asamblea más grande, podamos defender el parque y el barrio. -¿Quién pensás que es el responsable de esta situación? -Para mí, los responsables están en el jefe de gobierno que tenemos, en todos los funcionarios de los ministerios que no dan respuestas y en el gobierno nacional, que también se tira la pelota, que hay dinero, no hay dinero, cuando la cuenca del Medrano es parte de Provincia y parte de Capital. -¿Qué discutió y resolvió la asamblea que hicieron? -La asamblea resolvió hacer nuevas marchas y escraches para lograr la limpieza del arroyo Medrano, el dragado y un plan de obras entre Ciudad y Provincia. Porque Provincia se inundó como nosotros, o sea, así como es culpable el DOT, es culpable Tecnópolis. Pero, más allá de Tecnópolis, en Villa Maipú, en Munro también se inundaron... O sea, tiene que haber una obra estructural hidráulica gigantesca para terminar con esta situación y los gobiernos tienen que hacerse cargo.

Otra vez, el pueblo trabajador sufre decenas de muertos y enormes pérdidas materiales, con barrios enteros sin luz ni agua. Esta catástrofe social nada tiene de “natural”: sus responsables son los gobiernos de Cristina Kirchner, de Scioli y Macri (junto a intendentes como Bruera de La Plata). No sólo incumplieron con obras tan anunciadas como necesarias para evitar las inundaciones y estas muertes. Además, actuaron con inoperancia, desidia y desprecio por la vida. En La Plata, donde el PJ gobierna desde hace 26 años, dejaron que la gente fuera arrasada por el agua toda una noche, lo que provocó la mayor parte de los muertos. Sólo existió, en ese momento, la auto-organización de los vecinos. Después de diez años del llamado “modelo”, la infraestructura social, habitacional y sanitaria del país está en ruinas. Los recursos necesarios para esas obras han sido desviados a los privatizadores, banqueros y grandes capitalistas a expensas de la vida de los trabajadores y el pueblo pobre. La “obra pública” de Kirchner, Macri y Scioli favorece a proyectos como Puerto Madero, canchas de tenis internacionales o rutas para los barrios privados. Lo mismo vale para el ‘socialista’ Binner en Rosario, otro paraíso de la especulación inmobiliaria. En cambio, el ajuste y los recortes se aplican a los presupuestos para vivienda popular, para obras que evitarían las inundaciones o para construir cloacas. Las megatorres de lujo y shoppings (como el Dot) saturan servicios esenciales, entre ellos los desagües. Pero también se han devorado los espacios verdes (Tecnópolis), convirtiendo al suelo en un verdadero tapón. A su vez, la carestía del metro cuadrado hizo que crezcan las villas y asentamientos en terrenos inundables, construcciones precarias, empujando a miles a “vivir” hacinados a la vera de arroyos y ríos. Estos mismos gobiernos rescatan con fondos públicos a privatizadas como Edenor, Edesur o Edelap -que hace años dejan sin luz a miles de vecinos-; a las telefónicas -que suspendieron el servicio en plena tragedia-, o a Metrovías, al que Macri le renovó la concesión, la misma que se lleva subsidios millonarios y volvió a cobrarse otra muerte obrera por falta de seguridad laboral. Asambleas y un programa para impulsar una salida Mientras los gobiernos y funcionarios de los gobiernos patronales daban su ausente sin aviso, surgió una enorme solidaridad obrera y popular. La bronca y la indignación se hicieron ver en los repudios a los funcionarios que se asomaron por los barrios, comenzando por la propia Presidenta. Por su parte, crece la organización de los afectados a través de las asambleas populares. El mismo día en que se daba a conocer el número de muertos, el gobierno destinaba al pago de la deuda una suma veinte veces superior a la ayuda directa que prometió a los inundados. La mayor parte de esa supuesta asistencia es a través de créditos, no de resarcimientos directos. De ese modo, el Estado, responsable del desastre, no indemniza a los afectados, sino que los carga con el peso de otra deuda. Mientras tanto, se producen aumentos siderales de productos esenciales (agua, velas, lavandina), ante la completa impotencia oficial. Desde el Frente de Izquierda llamamos a la más amplia solidaridad con los afectados, la que ya hemos puesto en marcha en todos nuestros locales y organizaciones sociales, políticas y sindicales donde participan nuestros partidos. Llamamos a hacer colectas solidarias en los lugares de trabajo, estudio y barrios. Al desastre provocado por los gobiernos del capital y sus partidos, le oponemos un programa opuesto al que ofrecen los políticos patronales: 1. Resarcimiento sin condiciones a todos los afectados por la inundación, con la sola comprobación del domicilio. Que se reparen todos los daños en sus viviendas, electrodomésticos, autos y muebles. Que las patronales paguen los días no trabajados a los trabajadores afectados. 2. Eximición del pago de todos los impuestos a los afectados, hasta que se repare todo lo perdido. Imposición a los grandes empresarios, laboratorios, centros comerciales e hipermercados a que entreguen alimentos, colchones, medicamentos y demás artículos necesarios. 3. Que se declare la emergencia nacional, comenzando por la inmediata suspensión de los pagos de la usuraria deuda externa, los subsidios a las privatizadas y demás capitalistas, y la imposición de un impuesto especial al gran capital y a la gran propiedad urbana y rural. Por un plan de obras públicas, saneamiento, prevención de inundaciones y cloacas bajo control de trabajadores y organizaciones barriales, empadronando y asegurando trabajo con convenio a los desocupados. 4. Por un plan de viviendas populares y espacios verdes públicos, controlado y administrado por las organizaciones barriales y sindicales. Por un plan urbano que sustraiga el suelo y el espacio público a la voracidad de los monopolios inmobiliarios, y que los coloque en función de las necesidades del pueblo trabajador. 5. Juicio y castigo para todos los políticos y funcionarios responsables de tantas muertes y daños evitables. Llamamos a todas las organizaciones sindicales y estudiantiles a tomar en sus manos la solidaridad con los inundados y a impulsar la auto-organización de los vecinos del pueblo trabajador, contra la manipulación de los punteros de los gobiernos de turno. Llamamos a reforzar la lucha por una alternativa política de izquierda y de los trabajadores contra los gobiernos y partidos que han provocado esta catástrofe social. Lunes 8 de abril de 2013

Se están por cumplir tres meses de huelga en la planta de Aulny, de Peugeot, contra el cierre, que se concretaría en 2014. La huelga viene siendo sostenida heroicamente por una minoría activa y aguerrida de 300 de los 3 mil trabajadores. La patronal no ha podido normalizar el funcionamiento de la fábrica. La mayoría de los trabajadores simpatiza con los huelguistas y se resiste a colaborar con la empresa. Como consecuencia de esto, una parte sensible de la producción de autos quedó sin completarse o fueron despachadas sin una parte de sus piezas o accesorios. La patronal de Peugeot apuesta al desgaste de la huelga. Las centrales obreras vienen sometiendo a la lucha al más absoluto aislamiento. El comité de empresa de la planta de Aulny, en la que participan todas las centrales, acaba de dar su conformidad a la propuesta de restructuración planteada por la empresa. Esto no puede sorprender si tenemos en cuenta que vienen de aprobar la “reforma laboral” del gobierno de Hollande y las cámaras patronales. La reforma establece rebajas salariales y un sensible avance de la precarización y flexibilización de las condiciones de trabajo. Force Ouvriere (FO) y la CGT no han firmado la propuesta patronal en Peugeot pero no han movido un dedo para organizar la solidaridad general. No se trata de un conflicto laboral más sino de una pulseada estratégica. Sin embargo, la CGT, en primer lugar, no puso su poderío al servicio del triunfo de la huelga. La planta de Aulny es la punta de lanza de un plan más vasto, que arranca por la industria automotriz. Peugeot ya ha dicho que planea suprimir, en el próximo período, 10 mil puestos de trabajo. Renault, a su turno, acaba de anunciar el congelamiento de los sueldos y un aumento de un 6,5 por ciento promedio de la jornada de trabajo. Esta prolongación de la jornada de trabajo en momentos en que las ventas disminuyen es el preludio de despidos. Este plan de de Renault tiene, sin embargo, la bendición del gobierno socialista, que es uno de los accionistas principales de la empresa. Esto pone de relieve la total bancarrota de la política de Hollande, cuya campaña electoral tuvo uno de sus ejes principales en la “defensa de los puestos de trabajo”. Unas semanas atrás, el ministro de Producción declaró que el cierre de Aulny-Peugeot es “inevitable”. La clase obrera francesa acusa recibo de los golpes de la bancarrota capitalista. Las reacciones de la clase obrera, hasta el momento, han sido aisladas y, en muchos casos, han culminado en derrotas. Paralelamente al derrumbe económico y social, el gobierno socialista viene perdiendo aceleradamente su capital político en todas las clases sociales y en especial entre los propios trabajadores. Depende cada vez más del concurso y de la complicidad de la burocracia sindical. Pero la burocracia sindical está pagando un precio muy caro ante las bases y los activistas. Se desarrolla un fuerte descontento popular para que las tendencias de lucha, hoy tímidas y fragmentadas, se generalicen.

La inundación también afecto a miles de trabajadores en la zona norte,. En Tigre, Vicente López, San Isidro y San Martín la inundación han dejado daños en muchos casos irreparables. La bronca entre los vecinos es total, la ayuda municipal llegó mucho después de la inundación y sólo ha consistido en juntar las donaciones de otros vecinos y hacer "censos" de las pérdidas. En la mayoría de los barrios, los punteros municipales han sido expulsados por los vecinos que, indignados, denunciaron la responsabilidad estatal. Los intendentes de la zona norte del Gran Buenos Aires han sido pioneros en desarrollar la especulación inmobiliaria, responsable de las enormes inundaciones. Por ejemplo, la inundación del barrio La Tunas, en Tigre, ha colocado al descubierto los negociados inmobiliarios de Sergio Massa. Sucede que Las Tunas fue rodeado por countries, lo que impide que frente a las lluvias se desagote el barrio. El más conocido de ellos es Nordelta (construido sobre terrenos usurpados a Radio Nacional), cuyo dueño es Eduardo Constantini, parte de la "burguesía nacional" que el gobierno impulsa. Otra de las zonas más afectadas fue la que rodea a Tecnópolis. Desde su construcción, frente a cada lluvia los barrios cercanos quedan anegados. La propia Cristina Kirchner salió al cruce de estas denuncias, en lugar de brindar ayuda a los vecinos. Con la inundación ha quedado en la superficie lo que une a kirchneristas y opositores: el beneficio propio y del gran capital, en detrimento de los trabajadores. El Partido Obrero de la zona norte se encuentra realizando una fuerte campaña junto a los vecinos de los barrios más afectados, exigiendo resarcimiento inmediato a todos los damnificados. Baja el agua y sube la bronca. Los responsables se tienen que hacer cargo.

La CTA de Micheli, Lozano y De Gennaro, Libres del Sur, el MST y el PCR, entre otros, han sacado una declaración frente a las inundaciones, que atribuye la catástrofe a un “modelo de desarrollo” caracterizado por ‘el agronegocio y la expansión sojera, el extractivismo y la especulación inmobiliaria’. Habría que preguntarles a sus autores qué ocurre en Santa Fe, donde gobierna Hermes Binner, a quien Lozano y De Gennaro adhieren, donde se combinan todas las lacras de ese “modelo de desarrollo”: acaparamiento sojero e inmobiliario, expulsión de los trabajadores a la periferia de las grandes ciudades y crecimiento del narcolavado a la vera de los puertos privados. La alusión de los autores al “modelo de desarrollo” tiene el obvio propósito de no cuestionar al régimen capitalista. Pero incluso dentro de estos límites, tampoco impulsan nacionalizar los monopolios sojeros, petroleros o el suelo urbano. En cambio, Lozano-Micheli nos entregan un rosario de leyes de resarcimiento a los afectados, que deben contemplar ‘todas las pérdidas sufridas’. Para ello -y para concretar las obras necesarias-, proponen al Estado nacional “endeudarse con el Banco Central y la Anses”. No exigen la suspensión inmediata de la “ilegítima” deuda externa, la cual consume los recursos de esos dos organismos. Tampoco plantean un impuesto extraordinario y progresivo sobre los monopolios agrarios, financieros o inmobiliarios, como sí lo hace el texto del Frente de Izquierda. Unir a Macri y a Cristina El documento gambetea cuidadosamente las responsabilidades de Cristina y Macri detrás de invocaciones ambiguas a un “Estado ausente”. A la hora de proponer una salida, plantea “soluciones a cargo de autoridades metropolitanas” (Ciudad y conurbano). “Las diferencias de signo político de las administraciones -agregan- no pueden estar por encima de las necesidades de los habitantes”. ¡Pero están por encima de los habitantes, en eso consiste la impugnación a esos gobiernos! Los centroizquierdistas, de todos modos, llegan tarde, porque “Ciudad y Nación” ya se pusieron de acuerdo, por ejemplo, en transferirle el subte a Macri y formar un “ente” común de transporte público, el cual discute cómo aumentar la tarifa de colectivos en sintonía con la de los subtes porteños. En la misma línea, Macri y los K vienen de votar juntos un paquete legislativo de proyectos inmobiliarios, que agravarán todos los desequilibrios urbanos. En vez de luchar contra esta orientación social y sus gobiernos, los centroizquierdistas les piden que se pongan de acuerdo. Con seguridad, lo volverán a hacer ahora para colocar la cuestión de las inundaciones bajo la égida del Banco Mundial, sus créditos y los contratistas atados a los mismos. El documento termina proponiendo coordinar “acciones de asistencia jurídica y psicológica” y “donación y reparto de bienes” entre los firmantes. También en este punto llegaron tarde. A esa hora, Scioli pedía que cesen las donaciones, de las cuales La Plata está atiborrada. En los barrios se extendían las asambleas populares para organizar el reclamo al Estado por soluciones de fondo. El texto de la CTA y Lozano omite cualquier llamado a desarrollar esa lucha. Como diría Bergoglio, en la crisis de las inundaciones los centroizquierdistas se han autopostulado como “una gran ONG”.

Una huelga de hambre de tres días sacudió todas las cárceles del Estado sionista, donde permanecen casi 10 mil presos palestinos. El motivo: la muerte, en una de ellas, de un luchador palestino condenado a prisión perpetua desde 2002. Maysara Abuhamdieh sufría de cáncer de esófago y los médicos del Servicio Penitenciario israelí le negaron el derecho a ser tratado clínicamente. En Hebrón, de donde provenía Maysara, movilizaciones masivas habían reclamado se le otorgara ese derecho, o que se le permitiera acceder a un hospital palestino (otro tanto ocurrió en toda Cisjordania, incluso entre sectores democráticos de Israel). El primer ministro sionista, Benjamín Netanyahu, había alegado cínicamente que en su país los palestinos son tratados mejor aún que en los territorios bajo el régimen de la Autoridad Palestina. Ahmed Tibi, diputado por un partido árabe israelí (tradicionalmente conservador), acusó abiertamente a “algunos de los médicos del Servicio Penitenciario como agentes de la opresión” (Haaretz.com, 2/4). Dos días después, en este mismo medio, Gideon Levi, uno de los más importantes periodistas del país, editorializó sobre “la traición de los médicos israelíes a su profesión”. La situación de los presos en las cárceles israelíes se ha agravado. Un año atrás, más de 1.200 presos sostuvieron una huelga de hambre en el Día del Prisionero Palestino, que se conmemora el 17 de abril. En febrero pasado otro preso, Arafat Jaradat, de 30 años, murió de un “ataque al corazón” -según sus carceleros- en el presidio de Meggido. Sus compañeros de celda denunciaron que se encontraba en perfectas condiciones de salud y que su muerte fue producto de una sesión de tortura. Ello llevó a otra huelga de hambre y a manifestaciones en Hebrón, de donde era Jaradat. Por otro lado, otros cuatro prisioneros palestinos se encuentran en huelga de hambre en prisiones israelíes. Uno de ellos, Samer Issawi, ha pasado ya los doscientos días tomando solamente agua. La situación de los presos es la punta del iceberg de la opresión nacional palestina.

Con motivo de la crisis de las inundaciones, Artemio López ha salido a rescatar la "capacidad de gestión" de la Presidenta. Ha cuantificado esa ‘capacidad' en unos 1.400 millones de pesos de ayuda a los afectados. La cifra representa la décima parte de las reservas que, el mismo día del siniestro, se destinaron al pago de dos bonos de la deuda externa. La ‘ayuda' tampoco es tal, pues el 70 por ciento de ella son créditos. Esta tacañería no amerita el calificativo de "capacidad de gestión". Don Artemio ha reconvertido las "tres banderas del peronismo" en una etiqueta del macrismo. Todo esto, de todos modos, suena a chiste, después de la tragedia de Once, el vaciamiento petrolero o energético. Mientras los damnificados reciben un limitado paquete asistencial, el presupuesto seguirá concentrado en las prioridades "nacionales y populares", en primer lugar con los acreedores de la deuda y los parásitos como Cirigliano, Roggio y otros. Los créditos y subsidios prometidos tienen el propósito de diluir el reclamo por un resarcimiento integral a las víctimas por los daños causados. La "gestión" exigirá a los beneficiarios renunciar a toda acción civil contra el Estado como condición para recibir la ayuda. Es natural en un gobierno que impulsa una reforma judicial para blindarse de los juicios previsionales y laborales. Macri tiene a Durán Barba, el mentiroso de la ‘opo'; a CFK le miente Artemio López.

Cuando Cristina Kirchner, con cara de compungida, informó por cadena nacional que había llamado al dueño del shopping Dot de Saavedra para pedirle una reunión, estaba claro que del otro lado de la línea no le había respondido un desconocido. Eduardo Elsztain, dueño de la mega-constructora Irsa, es uno de los empresarios más cercanos al gobierno nacional y artífice de los acuerdos que los representantes de éste sellaron con el macrismo a fines del año pasado en la Ciudad. Las palabras de Cristina parecieron ser un aval, muy tardío por cierto, de las denuncias que vienen realizando los vecinos de Saavedra desde hace meses. La construcción del shopping Dot incrementó las inundaciones, con sus bombas de extracción arrojando el agua hacia el barrio Mitre y las zonas aledañas. No existió estudio previo ambiental alguno, que hubiese aconsejado rechazar la construcción de esa mole de cemento. La Legislatura no fue consultada, pero tampoco le importó. Avalaron, con su silencio, la instalación del shopping. Pero Cristina Kirchner no tiene derecho a sorprenderse sobre las consecuencias del Dot. Su propio gobierno está impulsado en otras zonas de la Ciudad construcciones de mayor envergadura aún, también a cargo de Elsztain. En Palermo está muy avanzada, a pesar de no contar con la debida autorización, la construcción de un shopping de 24 mil metros cuadrados (¡casi 50 por ciento más grande que el Dot!). Para ello el gobierno nacional le cedió valiosas tierras de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (Adif). El siempre muy activo Berni intervino en esa oportunidad para desalojar a 35 familias que vivían en esos terrenos. ¡Nada debía impedir el rápido avance del shopping! La Legislatura lo avaló a su modo, votando la rezonificación de esa parte del barrio de Palermo. El rechazo de los vecinos al emprendimiento parte de la experiencia de Saavedra. Todos prevén que la construcción del shopping, sumada a las torres que también anunció el gobierno nacional, terminará por hacer eclosionar el equilibrio del barrio. Los terrenos ferroviarios nacionales que se encuentran en la Ciudad han sido puestos, por orden de Cristina Kirchner, a disposición de estos negociados. Al anunciar la implementación del plan de viviendas Procrear en la Ciudad, el gobierno nacional decidió dividir esos terrenos en dos partes: los de Pompeya y Parque Patricios serán usados para el plan oficial de viviendas, que, otra vez, lo administrará el Banco Hipotecario presidido por Elsztain. Pero los de Palermo, Caballito y Liniers (más caros que los primeros) serán licitados entre desarrolladores inmobiliarios para construir viviendas de lujo. Entre esos desarrolladores está Elsztain, quien ya tiene un proyecto en marcha en Caballito, transitoriamente parado por un fallo judicial, para construir tres torres mayores a los 20 pisos. La defensa de los negocios del dueño de Irsa alumbró el pacto Macri-K. El jefe de gobierno tiene en carpeta el gran negociado de construir en las tierras de la ex Ciudad Deportiva de Boca el emprendimiento Solares de Santa María, una “Dubai porteña”, con torres de lujo a 5 mil dólares el metro cuadrado. También aquí es Irsa la que usufructuará este negociado. Cristina, por su lado, quiere armar en la Isla Demarchi un Polo Audiovisual con torres de lujo incluidas. Este emprendimiento beneficia indirectamente a Irsa, al valorizar las tierras de su desarrollo. Pero quizá lo beneficie también directamente, ya que también se anotó en la construcción del Polo Audiovisual. Los militantes de La Cámpora, que este fin de semana ayudaron a los inundados, debieran preguntarles a sus dirigentes por qué fueron lobistas activos del empresario Irsa, uno de los responsables de lo ocurrido en Saavedra. Cabandié ya vivió en carne propia el repudio de un militante K, que lo acusó de traicionar a su padre desaparecido al venderse a un gran empresario como Elsztain. El propio Kicillof, que por esas cosas inexplicables es calificado de “marxista”, fue personalmente a la Legislatura a pactar con el jefe de la bancada de PRO, el puntero de la derecha peronista Cristian Ritondo, la votación de las leyes solicitadas por Irsa. Bajo los gobiernos de Ibarra y Macri se construyeron unos 25 millones de metros cuadrados con la infraestructura de los años 50. Buena parte de estas construcciones, sin embargo, han generado un desquicio urbano. Pero, a la vez, produjeron un encarecimiento general de la vivienda y de los alquileres, expulsando a los trabajadores hacia las villas (que han multiplicado por dos o por tres sus habitantes) o a zonas alejadas del Gran Buenos Aires. La reorganización urbana y ambiental de la Ciudad plantea una cuestión de poder, es decir que es incompatible con los gobiernos que defienden al capital. Una salida de fondo requiere colocar la tierra urbana y las construcciones como parte de una planificación que compatibilice la vivienda popular con los espacios verdes, la infraestructura y el medio ambiente. Esa tarea la puede llevar adelante un gobierno de los trabajadores.

Pocos días atrás trascendió que la mayoría de los presos en la base militar yanqui de Guantánamo, se encuentran en huelga de hambre. Las condiciones en ese penal de ‘máxima seguridad’ fueron equiparadas con los campos de concentración nazis. La CIA apresó en forma absolutamente ilegal y ‘clandestina’, en Europa y Medio Oriente, a miles de ‘sospechosos’, sin cargo, acusación o proceso legal alguno. En esta situación se encuentran los 166 presos que allí permanecen, la mayoría de los cuales se ha sumado a la huelga. La situación de todos estos presos es tan grave, o peor, que la que llevó a Obama a prometer el levantamiento de esa ‘prisión’ en su campaña electoral de 2008. “El Pentágono reclamó recientemente al Congreso un refuerzo de 200 millones de dólares destinados a renovar las instalaciones de la prisión, confirmando la impresión de su permanencia sin fin y el desvanecimiento de las promesas reiteradas del presidente de cerrarla” (Le Monde, 29/3). Según diferentes testimonios los presos son sometidos a formas muy sutiles de tortura. Casi todos son religiosos practicantes y sufren sistemáticamente la requisa y el manoseo de sus libros sagrados. El objetivo, según psiquiatras internacionales en esta materia, es llevarlos “intencionalmente a la locura” (Walter Goobar, Tiempo Argentino, 2/4). El abogado Clive Stafford, que asiste a uno de los presos, lo ejemplifica con el caso “del sirio que es paralítico y al que se le ha negado su silla de ruedas durante seis semanas” (La Nación, 2/4). La base de Guantánamo ocupa un tercio de la provincia respectiva de Cuba.

Los trabajadores de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y la Junta Interna de ATE realizan un paro total de actividades desde el pasado jueves 7 en respuesta a la falta de pago de la compensación anual que cobran hace más de cuarenta años. El paro bloquea las transferencias de la administración pública. La negativa a pagar arrancó en 2012, cuando la Presidenta dispuso quitas de sumas que no se encontraban comprendidas en el escalafón. Entonces, el intento de ajuste saltó por los aires: los trabajadores se organizaron en asambleas masivas, convocaron a los sindicatos, realizaron movilizaciones y culminaron con paros progresivos que lograron torcerles el brazo a los funcionarios. En otros organismos como el Inti y Ministerio de Justicia los compañeros también derrotaron las rebajas salariales que el gobierno nacional pretendía. Por su parte, la Comisión Directiva de ATE se negó a encarar un plan de lucha unificado para derrotar el decreto del ajuste. Así dejaron morir varias luchas, entre ellas la de la CNC. Tanto la kirchnerización de buena parte de la directiva, como la orientación del sector michelista, ligado a variantes igualmente ajustadoras como el FAP, bloquearon una lucha común. Este 2013, nuevamente los compañeros de Hacienda enfrentan el intento de quitarles una parte de su salario. Los jefes han circulado listas negras e intimidaciones propias de la dictadura militar que rápidamente fueron denunciadas por la asamblea. La organización de los trabajadores ha resuelto realizar una presentación en el Ministerio de Trabajo denunciando la situación. Si la Directiva de ATE estuviera al servicio de los trabajadores daría un apoyo orgánico a los compañeros de Hacienda. Un plan de lucha de todo ATE debe voltear el decreto ajustador y llevar esta huelga a la victoria.

Las inundaciones en la cuenca del arroyo Medrano son un antiguo problema en el barrio de Saavedra, que se agravó después de las construcciones faraónicas de Tecnópolis y el shopping Dot. En abril de 2012 se inundó el barrio Mitre. En una de las primeras asambleas del Consejo Consultivo de la Comuna 12, en junio del año pasado, el representante del PO en ese Consejo reclamó un urgente plan de obras que evitara nuevas inundaciones. Lo reiteramos en meses posteriores, después de las inundaciones de octubre y noviembre, que ya golpearon a todo el barrio. El 6 de diciembre se produce la más grave de las inundaciones. Ya entonces resolvemos convocar a una asamblea de vecinos mediante un volante que repartimos en el barrio. Se organiza una primera y numerosa reunión, que desbordó nuestro local. A la semana siguiente hacemos una segunda asamblea, ahora en el Parque Saavedra. Con una importante concurrencia, se aprueba un plan de lucha que arranca con un corte de calles en Ruiz Huidobro y Holmberg, el 21 de diciembre, con buena repercusión. Luego nos unificamos con otros vecinos y conformamos una gran asamblea que impulsó cortes de calle, movilizaciones, gestiones en los ministerios, petitorios y asambleas durante casi cuatro meses, que nos transformaron en una referencia para las luchas ambientales de la ciudad. El gobierno siguió ninguneando el reclamo por las obras necesarias. Más aún: en los planes hídricos del gobierno de la Ciudad la cuenca del Medrano no figura. En todos nuestros reclamos advertimos sobre un agravamiento de la situación, lo que fue trágicamente confirmado en estos días. A partir del desastre, el Partido Obrero de Saavedra intervino desde temprano en todo el barrio y en particular en el barrio Mitre, cuando ningún funcionario se había hecho presente. Sólo lo hicieron más tarde, para militarizar el barrio y “custodiar” el shopping Dot. Ahora las inundaciones se cobraron vidas de vecinos y provocaron una catástrofe enorme en miles de viviendas. Este sábado, una gran asamblea (ver entrevista) adoptó nuevas iniciativas de movilización, para terminar con el desquicio de los barrios de Saavedra.

Las burocracias de Conadu, Fedun, Ctera, UDA y FAGDUT entregaron la paritaria de los docentes universitarios. El gobierno las intimó a firmar por el 22% (16% inicial, 4% en septiembre y 2% en noviembre) por un plazo de 16 meses, con una única cuota del 7% a cobrar en febrero y por todo el primer semestre 2014. Las cuotas no son acumulativas. Entregaron también las luchas que llevan adelante contra estos mismos topes la docencia de Buenos Aires, Neuquén y otras provincias. Mientras firmaban, se estaba desarrollando un durísimo debate en el plenario de secretarios generales de la Conadu Histórica. Los mandatos de las asambleas fueron unánimes contra la extensión de la paritaria a 16 meses. Por eso, se rechazó por unanimidad el punto 9 del acta. Allí se estipulaba el pago del "1% de la masa salarial negociada" a cada uno de las federaciones firmantes en concepto de "aporte solidario" y la vigencia del acuerdo hasta julio de 2014. Además, a los no firmantes se los priva de los fondos para capacitación -ya no cobramos el año pasado por el mismo motivo. Por esto, la discusión se planteó en torno a firmar pero "en disidencia" contra el plazo, moción planteada por un sector del oficialismo. Por un voto, la mayoría del plenario se pronunció por no firmar el acta. A iniciativa de la AGD-UBA, junto con otros sectores de izquierda y combativos, mocionamos comunicar al Ministerio el rechazo a la propuesta salarial porque no entregó el acta para consulta, por el plazo de 16 meses, por un incremento insuficiente, en cuotas y no acumulativo, en un cuadro de una inflación galopante. Ganó (13 a 5) la moción que definió el acuerdo "como insuficiente en los términos establecidos". Una fórmula tibia. Se ratificó por unanimidad el pliego completo de reivindicaciones: recomposición del 30%, derogación del impuesto a las ganancias, eliminación de los topes a las asignaciones familiares, salario para los miles de docentes ad honorem, estabilidad laboral con carrera docente, anulación de la Caja Complementaria y el respeto pleno a la Ley 26.508 contra las cesantías en la UBA. El viernes 19 de abril está convocado el Congreso de la Federación, al que se invita a las asociaciones de base (estén o no federadas) que hayan rechazado la entrega de la paritaria. La Agrupación Nacional Naranja llama a preparar ese Congreso con mandatos de asambleas, trabajar un petitorio en todas las universidades planteando el rechazo al acta y nuestro pliego, movilizarnos el 16 de abril junto a la Fuba al Ministerio de Educación y, ese mismo día, a los rectorados de cada universidad nacional. En la Casa Rosada, junto a Sileoni, el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, agradeció "el acuerdo alcanzado, que muestra la madurez, la sensatez y el compromiso". Sileoni dijo "saltamos el no inicio". Más claro, imposible.

El acuerdo de Solanas con Carrió sacude a buena parte de la izquierda. La CRCR -reciente ruptura del PCR- afirma (periódico Vamos por la liberación!) que dicho pacto “echaría por tierra el programa emancipador que supo poner en pie el Movimiento Proyecto Sur allá por el 2011”, y que estos “acuerdos, que se ubican más en el juego entre las clases dominantes que las necesidades populares generan divisiones en las filas de la CTA y entre Proyecto Sur”. El MST, por su parte, pegó un volantazo: ahora rechaza “la figura de Elisa Carrió”. Plantea “reconstituir la unidad entre el Movimiento Proyecto Sur, Buenos Aires Para Todos y demás fuerzas del FAP, para desde allí estar abierta también a otros sectores de la izquierda política y social que se alejen del sectarismo”. Del lado de Libres del Sur se anuncia una nueva reunión con otras fuerzas, ahora con “dirigentes y autoridades partidarias de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires, de la Coalición Cívica -ARI y del partido Podes, (...) para anunciar el comienzo de las conversaciones institucionales para conformar un frente electoral”. Serán de la partida Eugenia Estenssoro, Gil Lavedra, Sergio Abrevaya (tristemente célebre por acordar la liquidación de las Juntas de Calificación docente con el macrismo) y Emiliano Yacobitti, actual presidente de la UCR de la Ciudad y líder durante la última década de la Franja Morada en la UBA. La Verdad Obrera denuncia en tapa que “Macri, Cristina y Scioli son responsables. La tormenta es natural. Los muertos y el desastre no”. El editorial del PTS concluye en que es necesario “impulsar la construcción de una izquierda de los trabajadores, partiendo de fortalecer el Frente de Izquierda (...).” Es llamativo que se proponga ir más allá del Frente de Izquierda en función de un objetivo estratégico difuso, o sea centrista.

En la zona estuvo abierto el local de Patricios, de 18 a 20 desde el miércoles hasta el sábado, con un gran cartel en la puerta solicitando donaciones. Fue una sorpresa para nosotros mismos la cantidad de gente que comenzó a acercarse con todo tipo de cosas: muebles, colchones, carritos de bebé, calzado, ropa, frazadas, almohadas, agua, lavandina, alimentos de todo tipo, hasta nos dieron plata, la cual fue utilizada para comprar alimentos, jabón y lavandina. En fin, impresionante. Entre los vecinos que se acercaron, vino uno con un chango lleno de bolsas de ropa que habían juntado en su edificio para llevar a la Iglesia y al local de La Cámpora (que está en nuestra cuadra), y él decidió traerlo a nuestro local por un tema de confianza. Otra señora nos dijo “traigo todo acá porque en La Cámpora se roban las donaciones, eligen con qué quedarse ellos”. Les preguntamos a todos cómo sabían que estábamos recibiendo donaciones y todos se enteraron por el “boca a boca”. La colecta superó nuestras mejores expectativas y el balance de la actividad nos dejó bien clara la importancia de tener los locales abiertos. Con la cantidad de mails y teléfonos que conseguimos, resolvimos para los próximos tres sábados, estar en estado de asamblea permanente, durante todo el día, recibiendo a los vecinos y escuchando las necesidades del barrio.

La movilización al Palacio Pizzurno, convocada por la Fuba para el 16 de abril, es un modo excelente de dar comienzo a las deliberaciones del Congreso. La Federación Universitaria no discute en el vacío, y organiza la lucha contra la política educativa del gobierno K. En efecto, el ajuste en curso reclama la intervención enérgica de estudiantes y trabajadores de la educación. No hay gas en Medicina y Sociales tiene materias que se dictan en un jardín de infantes. Ahora mismo, el gobierno pretende imponer a la docencia universitaria una pauta salarial ruinosa. Sigue en pie la ley educativa de Menem, que es un marco perfecto para impulsar la "articulación con el modelo productivo" -según palabras de la Presidenta (una referencia al subsidio al capital, mediante una fuerza de trabajo especializada y barata). Lo ejemplifican los convenios con automotrices (UTN-Volkswagen) o mineras. Las acreditaciones a la Coneau, que certifican los títulos profesionales según los parámetros de "calidad y excelencia" establecidos por el Banco Mundial, fueron récord. En lo que hace al gobierno universitario, los K han rescatado la vieja estructura camarillesca y establecieron pactos con la corporación profesoral de todos los colores, a lo largo y ancho de todo el país. La pelea por la democratización sigue más en pie que nunca. Una jornada de todos La campaña que iniciamos busca unificar a todo el movimiento que defiende la educación pública. Convocamos a los terciarios y secundarios, quienes sufren recortes de orientaciones, cierre de cursos, etc. En la Ciudad, los funcionarios del ministerio de Macri operan junto a los de CFK para hacer pasar la reforma en Jornadas Institucionales. Los docentes de todos los niveles están peleando contra las paritarias a la baja. La AGD-UBA adhirió a la convocatoria. Debate La característica de la apertura fue un punto de discordancia cuando se votó el Congreso en la Junta Representativa. Económicas, dirigida por Franja Morada, se abstuvo. Los Centros dirigidos por La Mella-Marea Popular, en soledad o junto con Libres del Sur, votaron una movilización "para más adelante". El argumento fue que "no es el momento". Tuvo mayoría la propuesta de la UJS, que fue acompañada por los centros dirigidos por la CRCR.

¿Hacía falta algo más para probar que el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra fue la consecuencia de un "plan criminal", cuyo objeto fue defender el negocio de la explotación de los trabajadores tercerizados del ferrocarril y el desvío de los subsidios que otorga el gobierno nacional a los concesionarios? El audio de las conversaciones del ministro Carlos Tomada con el burócrata sindical José Pedraza constituye la prueba final de la complicidad criminal en todos los niveles. "La mejor defensa es un buen ataque", le recuerda Tomada a Pedraza. Precisamente, lo que éste hizo el 20 de octubre de 2010 para proteger sus intereses empresarios en el ferrocarril y el control que ha ejercido, por décadas, en la Unión Ferroviaria. "Tengo todo controlado", le informa Pedraza a Tomada, para prevenirlo contra cualquier concesión a los trabajadores tercerizados por parte del Ministerio de Trabajo. "Hay que hacerles la cabeza", insiste Tomada ante Pedraza, para asegurarle que los tercerizados podrían ser cooptados o domesticados por medio de la prebenda y la corrupción. Esta conversación, en su forma escrita, se conoce desde hace casi dos años. Sin embargo, la Presidenta ha mantenido en su cargo a Tomada, precisamente para que siga operando contra los trabajadores a través de su entrelazamiento con la burocracia sindical. ¿Cómo ha podido el gobierno mantener la indiferencia con un compadre de la burocracia sindical comprometida en el asesinato de un joven trabajador militante, que -según dijo en su momento- había "rozado el corazón de Néstor Kirchner? Este entrelazamiento del gabinete con el negociado ferroviario se puso de manifiesto en forma definitiva en ocasión de la tragedia de Once, la cual ha llevado al banquillo de los acusados al secretario de Transporte, Schiavi, y al ex subsecretario, Luna. En el juicio oral y público hay otro protagonista relevante del "plan criminal": la Policía Federal, cuyo jefe político, en 2010, era Aníbal Fernández. Casi medio gabinete involucrado con los hechos o con los responsables del asesinato de nuestro compañero. Junto a la responsabilidad de los concesionarios, quienes dieron franco a la patota, ¿no constituyen una asociación ilícita? El próximo 19 de abril, el Tribunal debe dictar sentencia. Lo hará en medio de una crisis política mayúscula, que tiene como uno de los protagonistas, precisamente, al Poder Judicial. El reclamo de una condena a perpetua -efectuado por las querellas, para todos los involucrados en este "plan criminal" de defensa de los intereses de los empresarios, los burócratas y los funcionarios- no tiene entonces nada de arbitrario y está lejos de un concepto de venganza. Es la exigencia de que se deje en claro ante los trabajadores y el pueblo la necesidad de desmantelar un régimen social y político que no escatima en segar la vida humana, la vida de la juventud. Vamos por la perpetua a Pedraza y a todos los responsables de haber ejecutado un plan criminal contra los trabajadores tercerizados. El 19 de abril vamos, con estas banderas, a Comodoro Py.

Los realizadores y protagonistas del film sobre el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra hicieron todos los esfuerzos que eran necesarios para que el estreno anticipara la sentencia que debe pronunciar el Tribunal Oral y Público, con mucha probabilidad, el 19 de abril próximo. En el diario Río Negro (3/4), uno de ellos, Alejandro Rath, declara: "Estrenar antes del final del juicio es una manera de intervenir en la realidad (....) si podemos abrir los ojos de la gente". La película asume, de este modo, una condición militante doble: responde a ese género de cine y es, al mismo tiempo, un instrumento de acción política inmediata. En torno al tribunal, hay un cruce de presiones políticas de todo tipo, porque la materia misma que juzga, un "crimen político contra la clase obrera", se enlaza con el desarrollo de la crisis generalizada del régimen político vigente. En los días siguientes al estreno, la conexión del juicio con la realidad del momento se manifestó en forma harto clara de dos modos diferentes. Por un lado, la aparición del audio que reproduce la complicidad jocosa y entusiasta de un ministro del gabinete de Cristina Kirchner, Carlos Tomada, con el jefe de la burocracia sindical del sindicato ferroviario, José Pedraza; y del otro, el exabrupto -menor, pero significativo- del vocero de la derecha local, Jorge Asís, quien convocó a la burocracia sindical a defender sin miramiento sus posiciones de poder. "La bala que rozó el corazón de Néstor", según la Presidenta, aparece celebrada desde las oficinas de personajes que siguen fungiendo, dos años más tarde, como sus colaboradores inmediatos. La película sigue el guión establecido por el libro homónimo de Diego Rojas -el cual también emprendió, en su momento, un curso acelerado para sacar su investigación durante la fase judicial de la instrucción. Existe un acuerdo entre los comentaristas cinematográficos en ubicar al libro en la línea de los trabajos de Rodolfo Walsh y a la película en la de Pino Solanas y Raymundo Gleyzer. Es un elogio para los realizadores. En el reportaje que le hace Río Negro, Rath observa, probablemente con un poco de ironía, que "algo que está en debate en el filme es el periodismo militante", en alusión a que el periodista que toma la investigación del asesinato de Mariano es apartado de ella, por el director y patrón de una revista ‘militante’. "¿Quién mató...?" se distingue de la investigación de Walsh acerca del asesinato del N° 2 de la UOM, en la década del 60, Rosendo García, en lo siguiente: Walsh desentrañó la trama política de una crónica policial; el libreto y la película sobre Mariano desarrollan la trama social de un crimen político. La naturaleza antiobrera del crimen contra Mariano fue advertida de inmediato por el conjunto de la población; de otro modo, no se habrían producido las huelgas numerosas que tuvieron lugar para repudiarlo, en algunos casos enseguida y otras al día siguiente, ni la manifestación imponente del 21 de octubre. En el subconsciente del pueblo, volvieron a aparecer las figuras de Kosteki y Santillán. El apego a la línea del libreto deja a un lado este desarrollo histórico y la reaparición de las masas populares como sujeto activo, con sus organizaciones e incluso más allá de ellas. En festivales sucesivos por "juicio y castigo para TODOS los responsables" del crimen, se puso de manifiesto también la movilización de las figuras artísticas, intelectuales y deportivas más apreciadas por la ciudadanía. "Del INCAA recibimos el subsidio más bajo -relata Julián Morcillo-, que es de 195 mil pesos para documentales en digital. Sin embargo, terminamos rodando casi la totalidad de la película como una ficción, cuando el presupuesto medio reconocido por el INCAA para ello es de 3,5 millones de pesos". Los realizadores no tuvieron los medios materiales para reconstruir los hechos y describir los acontecimientos masivos "con los extras habituales de otras producciones", explica Julián. "Los extras no fueron actores, en su mayoría fueron militantes que estuvieron ese día (...) la escena del ataque hubiera sido imposible que lo hagan actores que no estuvieran comprometidos". Martín Caparrós ha señalado, entre las motivaciones que lo llevaron a aceptar un rol protagónico, la evidencia de que actores conocidos habían rehusado ese compromiso. La representación del ataque de la patota en Barracas asume entonces un carácter artesanal, de enorme intensidad dramática, en lugar de escenas de masas. La sustitución de la acción actoral por documentos de archivo habría convertido a la cinta en un puro documental de noticiero. El piquete de apoyo a la lucha de los tercerizados contó con la participación de un puñado organizaciones combativas y agrupaciones sindicales. Quedará para quienes quieran retomar el tema en el futuro, traducir a la pantalla la pasión que movilizó a miles de personas en esas jornadas por el reclamo de justicia. Quedará también para un futuro próximo reflejar la intensidad del impacto que el crimen de Mariano provocó en miles de trabajadores tercerizados, no solamente en la rama ferroviaria. El asesinato de nuestro compañero en una acción de lucha sacudió las fibras y la conciencia de miles y miles de jóvenes trabajadores. Aquellos días han quedado inscriptos en forma definitiva en la historia de la clase obrera. La atención de los espectadores no decae en ningún momento a lo largo de la hora y media de la película. Los que se acercan al drama por primera vez, lo descubren en toda su intensidad; los que lo conocen reviven emociones y encuentran otras. La película es una convocatoria a la pasión, al pensamiento y a la lucha.

En la mañana del lunes comenzaron a ser juzgados por el delito de “amenazas coactivas" Lerer, García, Agüero y Mansilla, los delegados del hospital Garrahan. Lerer denunció que estábamos ante una causa armada por el Ministerio de Trabajo a través del activo rol de la vice ministra Noemí Rial en connivencia con la dirección del hospital, en el marco de las persecuciones ordenadas desde el gobierno de Kirchner y el entonces ministro de Salud, Ginés González García. Desarrolló las reivindicaciones de la huelga de 2005, en la que además de plantear una consigna que indignó al poder "salario igual a la canasta familiar", se reclamaron medidas concretas para evitar el desmantelamiento del Garrahan y para defender al hospital público. El resto de cada uno de los delegados desarrolló en su indagatoria una verdadera denuncia de la malversación de fondos de la salud pública y la desidia de los funcionarios públicos. Realizaron un extenso punteo de lo que había significado el triunfo de la huelga de 2005, no sólo una mejora salarial, sino la incorporación de 300 tercerizados (entre los que se encontraban tres cirujanos), además de conseguir la instalación de un tomógrafo atómico, el cual estuvo tres años esperando su funcionamiento. Siguió la jornada con la declaración de los denunciantes, dos funcionarios del Ministerio de Trabajo, cuya tarea ese día era comprobar si se cumplían las guardias mínimas. A través de sus declaraciones, nos enteramos que la denuncia fue realizada por orden de la viceministra Noemí Rial. Quedó claro que el reconocimiento de los delegados no fue hecho por los supuestos agredidos, sino por la dirección del hospital. En la segunda jornada, declararon los directivos del hospital en 2005, que exhibieron su animosidad hacia la junta interna y la actitud desempeñada contra la huelga -no sólo por ellos, sino por parte del Estado nacional y del gobierno de la Ciudad, que co-gestionan el hospital. La inconsistencia de la acusación quedó tan evidentemente planteada, que desistieron tanto las defensas como la fiscalía de todos los testigos pendientes, pasando para el viernes los alegatos. Todo hace prever que el fiscal desistirá de su acusación, por falta de elementos para realizarla. El viernes, en la puerta del tribunal (Paraguay 1536), a las 12:30 horas, se realizará un acto convocado por la Comisión interna, en el final del juicio.

Los anuncios realizados por Cristina Kirchner sobre la Justicia apuntan en un sentido contrario a la supuesta "democratización" que dice pregonar. No puede ser de otro modo de parte de un gobierno que viene incumpliendo, de manera sistemática, las sentencias judiciales ganadas por los jubilados contra la Anses y que ha impuesto una ley de ART que niega a los trabajadores accidentados la posibilidad de que la Justicia corrija las magras indemnizaciones que establecen las aseguradoras privadas. Una reforma reaccionaria La Presidenta puso un énfasis especial en atacar las medidas cautelares, las que -entre otras cosas- tienen frenada la aplicación de algunos artículos de la ley de medios. De acuerdo con el proyecto oficial, las cautelares (que suspenden la aplicación de una ley o decreto) no podrán tener una duración mayor a seis meses y su función suspensiva cesará de inmediato en caso de apelación del gobierno. De este modo, el sistema de cautelares queda virtualmente suprimido y deja abierto el camino para la aplicación de medidas de gobierno que, tiempo más tarde, podrían ser juzgadas inconstitucionales. Implica un cambio de régimen en materia judicial, que en la actualidad reposa en la defensa del interés privado frente al poder público, cuya primacía queda confinada al ejercicio de la soberanía. No se trata, sin embargo, de un giro político limitado a los K: Chipre ha suspendido el seguro estatal a los depósitos bancarios inferiores a 100 mil euros (una medida que podría extenderse a toda la zona euro), para preservar el pago de la deuda pública con los acreedores nacionales e internacionales. También Macri tiene en carpeta una reforma similar para el sistema judicial porteño. Cuestiona, como si fuera un clon K, a los "jueces que quieren gobernar" y que le "atan la mano a su gobierno". La queja de Macri viene a cuento porque son justamente medidas cautelares las que tienen parado el tarifazo del subte, así como la construcción de la estación de subte de la Línea H debajo de Plaza Francia, el funcionamiento de las UAC que absorben las funciones de las Juntas Comunales o la construcción de una playa de estacionamiento debajo del Parque Las Heras. La reforma del PRO se parece como dos gotas de agua a la anunciada por Cristina. Ambas establecen que la apelación del Estado sea suficiente para anular el carácter suspensivo de una cautelar y obligan a los jueces a darle parte al Estado antes de dictar una cautelar en su contra. Este enfrentamiento judicial no tiene nada que ver con una defensa del interés general contra el ‘egoísmo’ privado o, en la variante contraria, del derecho individual frente a la invasión confiscatoria del Estado. Expresa la crisis del orden jurídico establecido para enfrentar la crisis capitalista, que amenaza con arrasar con las finanzas públicas, la moneda y la capacidad de arbitraje del Estado. El planteo oficial equivale al establecimiento de medidas de excepción al orden constitucional, para poder accionar en defensa del Estado, en especial contra los trabajadores -como los casos señalados de las deudas con los jubilados, el 82 por ciento móvil, los accidentes laborales, los tarifazos y así de seguido. Otro de los proyectos oficiales establece la creación de Cámaras de Casación en todos los fueros (hasta ahora sólo tiene el fuero penal). El propósito del gobierno en este caso es, por un lado, nombrar nuevos camaristas -cuya función es dictaminar sobre los fallos de los jueces- y, por el otro, alargar los trámites judiciales, demorando de este modo la llegada a la Corte. Es esto lo que precisamente viene haciendo en forma ilegal el gobierno con los jubilados, al dilatar el cumplimiento de las sentencias judiciales. La necesidad de poder ejercer un poder de excepción o arbitrario es manifiesta, porque el gobierno procuró, recientemente, hacer todo lo contrario: saltar todas las instancias judiciales para llegar en forma directa a la Corte para aplicar la ley de medios (per saltum). El establecimiento de un régimen de excepción se hace en la mayor de las improvisaciones. Consejo de la Magistratura El plato fuerte de la "democratización" estaría en la elección por el voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, el organismo que interviene en la selección de los jueces. Para despejar toda duda, Cristina Kirchner fue clarísima: "El Consejo debe estar sometido también a las reglas del conjunto del poder político". Aquí está dicho, sin ambigüedades, que el kirchnerismo pretende abolir la división de poderes. Para esto, sin embargo, no es suficiente con ‘kirchnerizar’ el Consejo, porque bajo un gobierno distinto al actual se restablecería nuevamente la falta de afinidad entre el Ejecutivo y la Justicia. Una regla única para "el conjunto del poder político" requiere, entonces, la re-reelección. La denuncia de una falta de regla común para el régimen político es el reconocimiento más claro, aunque interesado, de una crisis política de conjunto. Un gobierno de trabajadores supera la contradicción entre la aplicación de una regla política común, de un lado, y la vigencia de la soberanía y autonomía popular, del otro, mediante la elección y revocabilidad de todos los órganos públicos deliberativos. La madeja de reglas contradictorias que caracteriza al Estado capitalista obedece a la contradicción insoluble que representa un sistema democrático ejercido por una clase minoritaria. Es claro, entonces, que no hay ni podría haber un propósito democratizador, sino ‘verticalizador’ del Estado. Aunque se elija por la vía del sufragio, el Consejo seguirá siendo una camarilla, la cual no puede ser revocada por el mismo método con el que fue elegida. Por otro lado, la elección de los miembros del Consejo se hará en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) de agosto, lo cual supone que será parte de una boleta sábana de senadores, diputados, concejales y otros cargos -o sea que quedará afuera de cualquier debate popular sobre la administración de Justicia. Los postulantes responderán a las camarillas que manejan los aparatos políticos. Sin la menor ironía hay que señalar que el intento posiblemente naufrague, de cualquier modo, por alguna medida cautelar. Reforma constitucional Los representantes de las corporaciones de abogados y jueces, así como los partidos de la ‘opo' ya anunciaron que objetarán la constitucionalidad del proyecto. Incluso Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, admitió que ésta podría tener que intervenir una vez que los diputados y senadores cumplan con la voluntad presidencial. Se recrearía un escenario similar al de la ley de medios. En este caso, si el proyecto queda trabado por un fallo judicial que determine su inconstitucionalidad, el gobierno utilizará el tema en las elecciones, para denunciar a la oposición y para impulsar una reforma constitucional, cuya finalidad fundamental será la re-reelección presidencial. Los choques entre el gobierno y un sector de la Justicia son el resultado de una crisis de régimen político. La Corte Suprema se opone al establecimiento de un estado de excepción, que para que sea tal requiere la "re-re". El kirchnerismo lo reclama para poder arbitrar en la crisis que se manifiesta en la inflación creciente, la fuga de capitales, el dólar blue y el aumento los desequilibrios económicos. El gobierno necesita proseguir el saqueo de la Anses para pagar la deuda y asegurar los subsidios a las empresas. Pero el ‘programa alternativo' que esgrime la ‘opo' necesitará a su turno de nuevas medidas de excepción, que hoy se ocultan por conveniencia. En oposición a ambos bloques capitalistas, planteamos la elección y revocabilidad popular de los jueces, como parte de una transformación social y política bajo la dirección de la clase obrera.

En su primer fin de semana en la cartelera porteña, la película "¿Quién mató a Mariano Ferreyra?" convocó a alrededor de 4 mil espectadores en apenas cuatro salas. El portal especializado “Otros Cines” se refiere a "¿Quién mató a Mariano Ferreyra?" como a "un caso digno de análisis": "consiguió el mejor promedio (de espectadores) por copia de todo el mercado". El siempre anhelado aviso de "localidades agotadas" fue colocado en las boleterías para varias de las 25 funciones en las que se proyectó el film entre el jueves del estreno y el domingo. En muchos casos, hubo espectadores sentados hasta en los pasillos. La mayoría de la crítica especializada cubrió el estreno de la película, con valoraciones variadas pero calificándola, generalmente, como buena o muy buena. Para Clarín, "el logrado detallismo en las banderas, estandartes, graffittis y pines con la imagen del militante muerto reflejan la ilusión de su rostro hecho causa". Según el portal “Escribiendo Cine”, el film "cumple su objetivo con creces por la lucha digna e ineludible que representa". El crítico de Ambito Financiero destacó "el buen pulso de la película, su lógica conceptual y expositiva". Para el diario La Prensa se trata de "un valioso trabajo cinematográfico, en el que sus directores, sin perder de vista el contenido político de su docudrama, logran mantener el interés del espectador hasta redondear un conmovedor y contundente alegato sobre la trágica muerte del militante". Los medios oficialistas, como Tiempo Argentino y Télam anunciaron el estreno y publicaron reportajes a los realizadores del film y a sus protagonistas. La excepción fue Página/12, el diario que demoró una vida para cambiar la expresión "el chico de Barracas" por el "militante del Partido Obrero". Obviamente, los militantes y simpatizantes del Partido Obrero acudieron a las salas de cine con mucha expectativa. Todas las funciones culminaron con un cerrado aplauso y al grito de "Mariano Ferreyra ¡presente!".

El martes 9, centenares de compañeras y compañeros de diversas organizaciones se concentraron frente al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 (TOC2) de la ciudad de Mercedes. Allí, se escuchó la sentencia a las hermanas Jara, detenidas hace más de dos años por defenderse contra un acosador que intentó violar a una de ellas. Al frente de la columna del PO, se encontraba Néstor Pitrola. Un juicio contra la mujer trabajadora Todo el proceso fue irregular. El acusador, Leguizamón, había acosado a Marina y Ailen Jara durante meses. Al volver de un baile un sábado a la noche, las detuvo encañonándolas con un revólver y se abalanzó sobre una de ellas. En esas circunstancias, la otra hermana sacó un cuchillo común de cocina y le infringió una herida menor. Pero las hermanas Jara, que denunciaron el ataque (y su legítima defensa) en la comisaría, fueron detenidas. El comisario caratuló la acción como "intento de asesinato" y, en el acto, las encarceló. Sin recursos, debieron apelar a un defensor de oficio, quien omitió pruebas fundamentales contra el acosador. Cuando la familia de las hermanas hizo pública la situación, el caso se transformó en una batalla social y política. El Tribunal comenzó a desechar todos los pedidos de excarcelación, prejuzgando como correcta la carátula policial. Leguizamón es un puntero, protegido por el intendente de Moreno y viejo conocido de la policía local. Tiene antecedentes policiales por robo y agresión, también se lo acusa de vender droga. El fiscal solicitó una pena de cinco años y dos meses. Pero el reaccionario tribunal, que había rechazado todas las actuaciones anteriores, modificó la acusación. En lugar de intento de homicidio, las consideró culpables de "lesiones graves", por lo que dictó una pena de dos años y un mes, que las hermanas Jara acababan de cumplir. Por eso, fueron liberadas de inmediato. Esa noche, finalmente, salieron del penal de Olmos. Es evidente que el reaccionario TOC2 decidió cambiar la carátula ante la fuerte presión popular. Con esta carátula y la pena, las hermanas Jara nunca debieron haber estado detenidas. Sólo la arbitrariedad del juzgado explica esta situación. Se quiso castigar el derecho de la mujer a su autodefensa frente a la prepotencia de acosadores amparados por el poder. Pero la libertad de las compañeras no cierra la lucha política en torno a este juicio. Vamos a una campaña nacional reclamando la absolución definitiva y que el Estado las indemnice por los dos largos años en la cárcel.

La entrega del gerenciamiento del subte al mismo grupo que lo hundió, Roggio-Metrovías, es una radiografía impecable de la podredumbre oficialista de ambos signos. Roggio forma parte -junto a los Cirigliano, los Romero y los Taselli- de la mafia responsable del hundimiento del sistema ferroviario y del transporte en general, así como de los crímenes que se cometieron para preservarlo como negociado capitalista. Roggio-Metrovías viene operando el servicio desde la era menemista, con resultados a la vista. Macri ha renovado el contrato sin dar a conocer una auditoría. El traspaso del subte al macrismo fue hecho por los K con plena conciencia de las consecuencias que ello implicaba. Hace pocos días, la negligencia de esta empresa se cobró la vida del tercer trabajador electrocutado en menos de dos años. Así y todo, le entregan el subte al responsable de estas catástrofes. Macri le retira a Metrovías la explotación de los negocios colaterales -como alquileres comerciales, publicidad y cableado de trasmisión de datos- a cambio de cederle el mantenimiento y reparación de material rodante en empresas propias del grupo y de otras tercerizadas. Estas empresas vienen a una licitación con ofertas basadas en mano de obra precarizada, barata y con jornadas de 12 horas. Pero Macri no está solo en esto. El gobierno nacional, además de viabilizar este atropello con el traspaso, premió, él mismo, a Roggio con nuevos gerenciamientos y subsidios en los ferrocarriles Sarmiento y Mitre. La Agrupación Trabajadores de Metrovías fijó posición contra la re-contratación de Roggio/Metrovías, exigiendo que se vaya y que se abra la investigación de sus negocios y destino de los fondos bajo control de los trabajadores. Ninguna tercerización de trabajos del subte, que se tome el personal necesario bajo convenio y se abastezcan herramientas e insumos imprescindibles para el mantenimiento que los trabajadores han siempre reclamado.

El fin de semana pasado se produjo un aluvión de espectadores en los cuatro cines donde se estrenó la película "¿Quién mató a Mariano Ferreyra?". Ya desde el día del estreno, tanto en el Cosmos como el Monumental, el General Paz y el Premie se habían agotado las localidades. Las empresas debieron habilitar nuevas funciones. Fueron 4.275 espectadores durante el fin de semana, el primer lugar si se toma el promedio de personas por sala. La película atrajo la atención de la crítica especializada, salvo la del boletín oficial Página/12, a pesar de que mandó tres periodistas a la función para los medios especializados (o quizá, precisamente, por haberlos mandado). También es llamativo que el instituto oficial de cine (INCAA) haya retaceado la publicidad de la película, cuya difusión se encuentra establecida por ley, y que solamente dispusiera de dos salas oficiales del instituto para su proyección. El olvidable film sobre Néstor K fue difundido en 120 salas. El Frente de Izquierda obtuvo el 8 por ciento de los votos que sacó el oficialismo, no la 60ava parte. Llamativamente, en las únicas dos salas que habilitó el INCAA -en Santa Fe y en el Monumental, en estreno en simultáneo-, el film no se pudo ver completo porque la copia se estropeó. Algo que no ocurre nunca, según los distribuidores. La concurrencia popular a los cines para ver la cinta ha recreado la movilización popular que, desde el mismo 20 de octubre de 2010, caracterizó el repudio al asesinato de Mariano y la lucha por juicio y perpetua para todos.

A pocas horas del temporal, la Fuba emitió una declaración denunciando que “la catástrofe (...) no tiene nada ver con la ‘naturaleza’; es el resultado de una orientación social determinada, que privilegia el lucro y la especulación inmobiliaria” y que “aunque Macri, Scioli y Cristina se pasen la pelota entre ellos, la responsabilidad les cabe por completo a todos”. En esa resolución, la Fuba convocó a organizar “la solidaridad codo a codo con el pueblo inundado”, y se convirtió en uno de los principales centros de donaciones. Estudiantes y vecinos afluyeron sin cesar, acercando colchones, frazadas, alimentos y demás. Lo mismo ocurrió en la mayoría de los centros de estudiantes. El sábado concurrieron a la sede central de la Fuba cerca de 300 estudiantes, que desde las 8 de la mañana organizamos lo recolectado para distribuirlo. La UJS, presidencia de la Federación, tomó a su cargo la organización de cuatro micros y diez fletes con destino a Saavedra y a La Plata. Saavedra y Barrio Mitre Cerca de las 15 horas llegamos a Saavedra más de cien estudiantes. Allí nos encontramos con una puesta en escena montada por los gobiernos de la Ciudad y de la Nación. Los responsables políticos de la catástrofe se presentaron después del temporal para atiborrar a los vecinos de “aceite y lavandina” (como dijo una vecina de la asamblea). Muchos vecinos denunciaron “el asistencialismo” y el manejo punteril que se hacía con las donaciones. En este sentido, una vecina dueña de un pequeño almacén nos dijo que “uno quiere poder cocinarse un guiso a la noche y no tener que comer las viandas frías del gobierno”. Un señalamiento reiterado fue que “la solución acá es que se hagan las obras en el Dot”. En el resto de Saavedra -fuera del Barrio Mitre- la asistencia estatal era nula. Las denuncias de los vecinos fueron demoledoras en cuanto a la responsabilidad de los dos gobiernos: “Nos inundamos porque el arroyo Medrano está todo tapado” o “Tecnópolis agravó todo; esta vez, el agua también venía del Parque Sarmiento”. A las 17 se reunió la asamblea barrial que se viene organizando desde las inundaciones de diciembre. La concurrencia fue masiva, y se acercaron más de 150 personas. La Fuba también llevo allí su solidaridad y el compromiso con su lucha. La Plata Fuimos cuarenta estudiantes, que nos repartimos en tres zonas: Los Hornos, Altos de San Lorenzo y Berisso. Los puntos comunes de estos barrios son la enorme y avanzada organización de los vecinos, opuestos por el vértice a los punteros, quienes han llegado a comercializar las donaciones que concentran. El gobierno acompaña a las cámaras de televisión -no al revés. Los vecinos han sacado a los muertos de sus casas, muchos de ellos bebes y niños, lo cual demuestra el ocultamiento de Scioli cuando asegura que la menor víctima tiene 20 años. La organización barrial, a fuerza de movilizaciones, arrancó toneladas de mercadería al municipio, pero todavía esperan los colchones. El sábado los estudiantes colaboramos con donaciones y su distribución, pero fundamentalmente nos comprometimos a acompañarlos en la exigencia al gobierno por la satisfacción de sus necesidades y derechos. De vuelta a las facultades La exitosa jornada del sábado nos plantea nuevos desafíos. Volver a las facultades a compartir la experiencia, poner en pie comisiones de solidaridad en los centros de estudiantes, retornar el sábado próximo con muchos más estudiantes y colaborar con todas las medidas de lucha que tomen los vecinos.

El gobierno de la Ciudad anunció un recorte de subsidios a los colegios privados por un monto aproximado a los 200 millones de dólares. La medida generó el rechazo de la asociación que nuclea a los empresarios del sector, aunque no de la Iglesia. La reducción será compensada con un aumento de las cuotas de hasta un 26 por ciento. Lo que emerge de aquí es que la educación privada no es una salida para el derrumbe de la educación pública -salvo para una exigua minoría de millonarios que ha construido, desde siempre, su sistema de educación propio. En la Ciudad, la matrícula privada supera a la pública, de modo que el golpe social es enorme. Los sindicatos deberían tomar cuenta de esto, porque eleva en forma considerable el costo de la canasta familiar a la hora de discutir los convenios de trabajo. El ‘cuotazo’ del macrismo simplemente demuestra la inviabilidad de la llamada ‘educación pública de gestión privada’. El derrumbe de la educación pública solamente puede ser superado por una reformulación estratégica del presupuesto del Estado, el cual, por un lado, debe privilegiar fuertemente la salud, la educación y la vivienda popular -y no la especulación inmobiliaria- y, por el otro, debe afectar fuertemente las ganancias capitalistas, en especial con impuestos a los bancos y a los pulpos inmobiliarios y de servicios. Es pura hipocresía, en estas condiciones, difundir una publicidad que advierte que los alumnos no pueden ser expulsados por incumplimiento en el pago de las cuotas. La educación debe ser estatal, laica y gratuita. Llamamos a las organizaciones docentes y estudiantiles a adoptar este programa como un plan de lucha y evitar la trampa de ignorar las penurias de los trabajadores que pagan una escuela privada.

La paritaria del gremio de prensa está arrancando con todo. El contundente retiro de firmas, las asambleas en todos los medios y los aplausazos, muestran la disposición de los trabajadores del gremio para conseguir las reivindicaciones planteadas: 35% de aumento salarial, un mínimo de 1.000 pesos para las colaboraciones, la incorporación a planta de todos los tercerizados y el reclamo de que las patronales se hagan cargo del impuesto a las ganancias y la devolución de las asignaciones familiares. Gran triunfo en Clarín Durante marzo, en las redacciones de más de 20 diarios, agencias de noticias, puntocom y revistas, se realizaron asambleas donde volvieron a elegirse delegados paritarios de base y se aprobó el pliego reivindicativo. La asamblea en Clarín, la primera en 13 años, reunió a más de 300 trabajadores. De allí partió el reclamo para que la patronal reciba de una buena vez a la comisión interna y pague la deuda que tiene con el personal por el incumplimiento paritario del año pasado. Para apoyar el pedido se resolvió un quite de firmas en todos los medios del grupo para el jueves 4 que terminó siendo masivo y alcanzó incluso a prácticamente todo el personal jerárquico de la redacción. La medida fue acompañada con similar masividad en las distintas empresas, con quite de firmas, asambleas y aplausos. Fruto de esta movilización general y, en particular, la de los propios compañeros de los medios de Clarín, la patronal terminó reconociendo a la comisión interna después de varios meses de ningunearla, y la recibió en medio del quite de firmas. En la reunión, los delegados entregaron el pliego reivindicativo que la empresa responderá a la brevedad. Un enorme triunfo. Con el marco de la ley de medios El año pasado, la ley de medios atravesó el desarrollo de la discusión salarial. El kirchnerismo llegó a acusar a La Naranja de Prensa de "trabajar para Magnetto", argumentando que ante la ausencia de comisión interna en el grupo Clarín, las medidas de fuerza sólo se iban a cumplir en los medios oficialistas, perjudicándolos en su competencia con "la corpo". Todo lo contrario: los trabajadores de Clarín se sumaron a las medidas, eligieron delegados paritarios, lo que permitió que saliéramos de la negociación con las patronales con un piso salarial para todos los diarios (el primero en 21 años), con un aumento general de salarios y con la elección, en las vísperas del malogrado 7-D, de la comisión interna en los medios gráficos de "la corpo". Las paritarias 2013 se dan en el contexto de la prohibición oficial para los súper y las cadenas de electrodomésticos de publicar avisos en los diarios, apuntando especialmente a los opositores. A esto, dicen las empresas, se le suma la caída general de la pauta publicitaria privada fruto de la crisis. La respuesta de las patronales ha sido anunciar ajustes de todo tipo y la apertura inmediata de retiros voluntarios. Intentan condicionar el desarrollo de las paritarias y buscan descargar la crisis sobre sus trabajadores. Nuestra política En el plenario de delegados La Naranja denunció que el gobierno quiere cercenar las paritarias, condicionándolas aun más que en el pasado. Los topes salariales y los acuerdos a largo plazo buscan imponer salarios a la baja que permitan mantener las ganancias patronales. En todo el tiempo que lleva la pelea mediática entre el gobierno y Clarín, la posición oficial del kirchnerismo fue presionar a los trabajadores del multimedios a que renuncien a sus puestos de trabajo "para no hacerle el juego a la corpo". La de los trabajadores fue elegir la Comisión Interna para pelear por sus derechos. La disposición de los trabajadores de prensa a la lucha por sus reivindicaciones ha creado una crisis en el kirchnerismo y sus acólitos en el gremio. Mientras en Tiempo Argentino y Página/12 votaron a favor de las medidas, en BAE, los pianellistas K se manifestaron en contra. En Crónica, no la pusieron en discusión. La razón de fondo fue la de no chocar con sus patronales oficialistas. Algo inevitable en una pelea por el salario. La lucha recién empieza, con un gremio en ascenso.

El nuevo temporal dejó al descubierto, una vez más, el cuadro de precariedad social del conurbano bonaerense y de la infraestructura y vivienda en el distrito de La Matanza. El martes 2, tras los efectos devastadores del temporal, el municipio no llevó respuesta alguna a los barrios. Vecinos del barrio Los Pinos acompañados por compañeros del Polo Obrero se dirigieron a la delegación municipal de Isidro Casanova para exigir frazadas, ropa y colchones para los afectados. La delegación estaba cerrada. Las barriadas más afectadas son las de la ribera del Río Matanza, y los arroyos que atraviesan el distrito y desaguan en él. Vecinos del Barrio Luján (Laferrere) debieron autoevacuarse. El agua ingresó en las casas, y con el correr de los días fueron afectados más barrios de Virrey del Pino, González Catán, Ciudad Evita y Aldo Bonzi. Fue aumentando el número de evacuados que se alojan en escuelas, llegando a rozar los mil ante el desborde del río. La tardía intervención del municipio para resolver la emergencia plantea la necesidad de empadronar a las familias afectadas y decidir en asambleas, en cada barrio, medidas de acción para conseguir las demandas inmediatas. Es responsabilidad ineludible de las autoridades municipales, provinciales y nacionales que no se hayan realizado las obras necesarias para evitar las anunciadas inundaciones. Las obras publicitadas en los últimos tiempos no se han realizado y cuando sí, son completamente inútiles. La imagen de bocas de tormenta que no drenan el agua, sino que la detienen en ciertas esquinas, se reprodujeron por toda La Matanza. Los diarios de la semana repiten que en La Matanza la evacuación fue ordenada porque la gente ya está acostumbrada a que esto pase. Una canallada. Nadie está “acostumbrado” a evacuarse. Cada vez que esto ocurre, las familias pierden gran parte de sus pertenencias y su vida cotidiana se ve alterada con consecuencias imborrables. Lo que ocurre con la falta de urbanización de los barrios, y la total imposibilidad de acceso a viviendas en condiciones, ya alcanza ribetes escandalosos. Espinoza, Scioli y Cristina Kirchner son responsables directos de esta situación. Por todo esto, desde el Partido Obrero y el Polo Obrero de La Matanza reclamamos: Puesta en marcha inmediata de un plan integral de urbanización, de obras hidráulicas y de viviendas para todo el distrito, empezando por las zonas cercanas al Río Matanza, con fondos de los gobiernos nacional, provincial y municipal bajo el control de las organizaciones de los trabajadores y sociales del distrito. Subsidios inmediatos a todos los afectados. Provisión de víveres, ropa, mobiliario y planes de vivienda a todos los afectados. A la vez, impulsamos una campaña independiente de solidaridad con los afectados. Ya estuvimos recolectando y entregando, en diferentes barrios, ropa y alimentos. Llamamos a redoblar los esfuerzos.

Todos los analistas políticos se preguntan si el desastre de las inundaciones ha significado un punto de inflexión en el destino del gobierno. Por caso, habría precipitado la liquidación de la candidatura de Alicia Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Los K no se dan por enterados del aviso e incluso redoblan la apuesta, acelerando los pasos para reformar el Poder Judicial. Bien mirado, el derrumbe del oficialismo se encuentra disimulado por un fenómeno que podríamos llamar óptico: la catástrofe de las inundaciones les ha cortado las alas también a varios ‘opositores’ de adentro y de afuera del gobierno -Scioli, Macri, Bruera, Massa. Asistimos a un derrumbe del conjunto del régimen político, no solamente a la declinación irrevocable del gobierno. El gobierno ha reaccionado con mayor velocidad que la ‘opo’, al lanzar la reforma judicial y procurar cambiar el eje de la atención popular. No ha logrado disipar, sin embargo, la furia del pueblo, el cual se moviliza en forma incesante, porque ahora queda expuesto, en toda su dimensión, el alcance de la catástrofe social. La contrafigura de la debacle del conjunto del sistema político es la reaparición del slogan "que se vayan todos". Las asambleas populares han resurgido en La Plata y en la zona norte de la Capital, el corazón electoral de Mauricio Macri. La fractura con el Poder Judicial es un índice incuestionable del empantanamiento que atraviesa la organización del Estado. La otra reacción del oficialismo ha sido añadir al congelamiento de precios de los alimentos, que funciona de modo precario, el del precio del petróleo. Se trata de una improvisación mayúscula, porque es claro que la medida ahuyenta a los inversores extranjeros que el gobierno intentaba asociar a YPF. Este congelamiento anuncia, sin mayores ceremonias, el fin de las paritarias. El impuesto al salario sigue además en pie, dispuesto a provocar una rebelión obrera en cualquier momento. Reforma judicial El gobierno ha largado una pretendida "democratización de la justicia", con el propósito ostensible de ‘blindar’ al Estado, por un lado, contra los jubilados y otros afectados, y, por el otro, al propio oficialismo con una Justicia adicta. Sin embargo, es antes que nada un gran globo de ensayo para ser agitado en la campaña electoral, pero inviable a corto plazo. No hay que olvidar que el gobierno que acusa a la Justicia de impedir su trabajo, ha ratificado su adhesión a la Justicia de Nueva York, la cual ha dilatado por unas semanas un fallo adverso a las pretensiones de Argentina, porque en el corto plazo vencen una cantidad de títulos públicos que los acreedores quieren cobrar en efectivo. La iniciativa estratégica La burguesía, no solamente en Argentina, sigue manifestando capacidad para imponer sus planes contra los trabajadores, pero lo hace sin ninguna perspectiva de salida a la crisis mundial. No tiene, de ningún modo, la iniciativa estratégica. Las masas golpeadas, por el contrario, comienzan a radicalizar su comprensión de la situación política. En España, por ejemplo, la lucha contra los desalojos ha llevado a varios gobiernos locales (sometidos a la presión popular) a demandar que se les expropie a los bancos las viviendas hipotecadas, para cederlas a sus habitantes. En estas condiciones, la izquierda revolucionaria está llamada a capitalizar la nueva crisis de régimen en que ha entrado en el país -una crisis política conjunta de oficialistas y ‘opositores'. Con una condición: que se lance con todo ímpetu, mediante la agitación, a impulsar las reivindicaciones de los trabajadores y a multiplicar las denuncias y planteos políticos. Con esta perspectiva llamamos a desarrollar una agitación intensa por la condena a perpetua de la camarilla sindical y la policía, responsables del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, con vistas al fallo judicial, el cual deberá producirse el viernes 19 de abril.

La comisión interna del noticiero de la TV Pública repudia la demonización del periodista Juan Miceli, desatada luego de que el conductor de Visión 7 Mediodía le preguntara al diputado Andrés Larroque acerca del uso de pecheras de La Cámpora y otras agrupaciones de Unidos y Organizados durante las tareas de acopio y reparto de las donaciones realizadas por las víctimas de la inundación en La Plata. Esta campaña, con centro en el programa “6,7,8”, se ha extendido por una importante cantidad de medios. La irritación que provoca la pregunta de Miceli se explica con facilidad: preguntar sin condicionamientos no forma parte de la idea de periodismo y libertad de expresión que le agradaría al diputado Larroque. Esto le valió al compañero Miceli ser calificado por “6,7,8” como "vocero de la derecha", "periodista del establishment", y "corporativo". Estas calificaciones son las que generan las condiciones para someter a escarnio a un periodista que trabaja hace tres años como una de las caras mas conocidas del noticiero de la TV Pública, y no tiene ninguna vinculación actual con el Grupo Clarín. La reacción de Larroque, que increpó a Miceli preguntándole su nombre al aire, es un claro intento de intimidación, y en la que demuestra desconocer que este es un canal público y no gubernamental. Esta pregunta fue convenientemente editada y eliminada en la versión de los hechos presentada por los programas producidos por Diego Gvirtz, en un acto de manipulación. Luego de eso, se pasó a la demonización, homologando un periodista individual a una corporación y utilizando el archivo como arma de demolición a la carta, con un claro objetivo: actuar de manera ejemplificadora a través del miedo para evitar la repetición de similares actos de "rebeldía". La etapa siguiente del escarnio es instalar la idea de que la pregunta de Miceli a Larroque fue el detonante de los incidentes entre militantes oficialistas y supuestos integrantes de la Uocra, una narración conspirativa planteada explícitamente por el diputado Juan Cabandié y difundida por nuestro noticiero. Por lo tanto, es necesario aclarar que eso nada tiene que ver con la opinión de los periodistas trabajadores de prensa de Canal 7. El pluralismo de la TV Pública no le debe nada a las autoridades de la empresa, sino a una historia de lucha y compromiso en defensa de los medios públicos y la democratización de la información que no empezó en 2003, sino mucho antes. Sería bueno preguntarse qué tipo de política -y particularmente- qué clase de política de medios y de comunicación tienen aquellos que califican de "antipolítica" las preguntas incómodas y las críticas a las decisiones, acciones y discursos del gobierno, vengan de donde vengan, acertadas o no, pero de cualquier manera legítimas para los trabajadores de prensa. En ese sentido, reivindicamos el absoluto e incuestionable derecho de los periodistas de la TV Pública, y de todos los demás medios, a ejercer su profesión libremente y sin condicionamientos de ninguna índole, lo que incluye los del poder político de turno.

Se acaba de conocer un nuevo archivo (“offshoreleaks”) sobre actividades ilegales y lavado de dinero, que contiene una mina de informaciones sobre el sistema financiero de los paraísos fiscales: los movimientos de dinero de 120 mil empresas y de alrededor de 130 mil personas o entidades en los llamados bancos “extraterritoriales” (offshore en inglés). Se estima que por esos canales circulan fondos gigantescos, del orden de los 20 a 30 billones de dólares. Los datos fueron entregados por una fuente anónima hace quince meses al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, según la sigla en inglés), una red global de 160 periodistas de más de 60 países. El archivo contiene 2 millones y medio de archivos digitales, correos electrónicos y otros documentos. Su volumen es 160 veces mayor que el correspondiente a los cables diplomáticos y militares secretos que hizo público Wikileaks en 2010. El desciframiento de semejante “caja negra” llevará mucho tiempo. Lo que se dio a conocer ya comenzó a provocar problemas políticos. El vapuleado gobierno francés ha sido golpeado por la revelación de que el jefe de finanzas de su campaña, Jean-Jacques Augier, era un activo operador de transacciones sucias en los paraísos fiscales. Un ex ministro de Hacienda, Jérôme Cahuzac, que defendía la política de “austeridad” del presidente “socialista”, manejaba una cuenta con dinero “non sancto” en Suiza. Se ha revelado también el manejo en negro de frondosos fondos vinculados con PVDSA por parte de empresarios del chavismo. Entre los “clientes” con tránsito fluido en el territorio “offshore” aparecen figuras tan disímiles como el presidente de Azerbaijan, la esposa del viceprimer ministro ruso, y empresas de su gobierno y de la oligarquía rusa; una baronesa española, viuda de uno de los capos de la industria del acero en Alemania; la hija del ex dictador filipino Ferdinando Marcos, banqueros de Wall Street, traficantes de armas; grandes capitalistas de la Unión Europea. A la fiesta no ha faltado nadie y la historia recién comienza. El punto político crucial es que esta es la clase social que pretende imponer su salida al derrumbe capitalista. Crisis mundial El informe pone de relieve que los bancos “más serios del mundo” trafican, formal e informalmente, con empresas “pantallas”. James S. Henry, un hombre de larga trayectoria en una de las consultoras financieras más grandes del mundo (McKinsey) señala que los fondos de los 50 mayores bancos privados del mundo que circulan por los centros “offshore” para preservar los intereses de sus “grandes cuentas”, pasaron de 5 a 12 billones de dólares entre 2005 y 2010. La crisis mundial ha potenciado el lavado de dinero de la evasión fiscal, el narcotráfico, el contrabando de armas y el negocio de la trata. Han contribuido a garantizar la liquidez de los grandes bancos frente al derrumbe del mercado interbancario. Las multas que aplican los Estados, cuando descubren estas operaciones, apenas rozan las ganancias obtenidas. El Wells Fargo, el principal banco de Estados Unidos, fue obligado a pagar más de 100 millones de dólares por lavado de dinero del narcotráfico mexicano, que involucró más de 300 mil millones de dólares. Los fondos de las Islas Vírgenes británicas tienen la participación mayoritaria en el negocio inmobiliario de Londres. Papel similar juega la mafia rusa. El “offshore leaks” está relacionado con el hecho de que los Estados han llegado a su límite último para rescatar a la banca con dinero público. Hay una gigantesca masa de capital privado que podría absorber el peso del rescate, pero que solamente lo haría en sus propios términos, previa desvalorización del capital afectado por la quiebra. Es, por ejemplo, lo que ocurre con el llamado ‘banco malo’ en España, que fue creado con los activos incobrables del fundido Bankia. El ‘banco malo’ es manejado, entre otros, por el Santander y el BBVA, que buscan vender esos activos (inmuebles, por ejemplo) a un precio mayor al reconocido por el gobierno cuando puso el dinero para compensar la parte ‘buena’ que dejó el Bankia. El rescate de los bancos con dinero del Estado ofrece a los capitales refugiados en los paraísos fiscales la posibilidad de lucrar, como lo hacen los ‘fondos buitres’, con la diferencia entre el precio al que compraron la entidad quebrada, por un lado, y la venta posterior de sus activos, por el otro. Lo que corresponde es usar la denuncia del “offshoreleaks” para promocionar que la crisis la paguen los capitalistas, y por medio de esta lucha acercar el momento para instalar gobiernos de trabajadores.

Cuando aún estaban bajando las aguas de la inundación, el gobierno anunciaba una nueva confiscación del ahorro nacional, al autorizar la transferencia de más de 2.300 millones de dólares del Banco Central al Tesoro Nacional para pagar nuevos vencimientos de deuda externa. La cifra, que al cambio oficial supera los 12.600 millones de pesos, equivale a más de 30 veces el monto de 400 millones de pesos que, dos días después, CFK anunciaba en cadena nacional como "ayuda" para los trabajadores afectados por las inundaciones. Hipotecamiento para los trabajadores Según los datos oficiales, los daños patrimoniales en más de 58.500 hogares afectados superan los 78.000 pesos por vivienda; sumados son más de 4.500 millones de pesos para cubrir sólo una parte de los daños sufridos por los trabajadores. Esa debería ser la base mínima para una indemnización de daños provocados por la acción e inacción estatal, así como por la especulación inmobiliaria estimulada desde el Estado, pero el gobierno sólo ha ofrecido un "subsidio" que ni llega a cubrir la canasta familiar de un mes de las familias más afectadas. En cambio, ha ofrecido distintos créditos para que quienes han perdido todos sus ahorros y pertenencias carguen con deudas. Récord en la confiscación del ahorro nacional La nueva confiscación de reservas del BCRA realizada por el gobierno para pagar la deuda externa debe sumarse a los montos ya transferidos por el Banco Central al gobierno, desde julio del año pasado hasta marzo de este año, con lo que se totaliza -en este período- de sólo nueve meses -más de 16.800 millones de dólares. Las multimillonarias sumas transferidas fueron utilizadas, mayoritariamente, para el pago de deuda externa y hubiesen alcanzado por sí mismas para resolver toda la cuestión de la infraestructura estatal de desagües, obras hidráulicas y cloacas colapsada, así como para la construcción de varios centenares de miles de viviendas. La acelerada caída de las reservas internacionales en los últimos meses es una de las expresiones del colapso de una política destinada a canalizar el ahorro nacional al pago de la deuda externa y el subsidio a las grandes corporaciones capitalistas. El intento actual de hipotecar a los inundados con créditos impagables sólo acentuará la miseria social y delata los intereses sociales que defiende este gobierno. Pero los recursos económicos sobran, el problema es que son confiscados. Las inundaciones expresan el colapso de la orientación social del gobierno, la cual es compartida por todos los partidos de "oposición", con sus diversos matices. Se trata de reorganizar el país sobre nuevas bases sociales para dar vuelta este colapso.

El próximo 19 de abril, el tribunal que tiene a su cargo el enjuiciamiento del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra dará a conocer su veredicto. La proximidad de la fecha ha desatado fuertes presiones políticas para condicionar el fallo. Jorge Asís, preocupado por el destino que le puede caber a su asociado -el ex gobernador de Neuquén Jorge Sobisch, responsable del crimen del maestro y militante Carlos Fuentealba- acaba de hacer un llamado, desde su blog, a la burocracia sindical, para que reúna fuerzas con la finalidad de impedir una condena decisiva contra Pedraza y la patota. El escribidor derechista olvidó la admiración que prodiga en su novela sobre Clarín hacia los militantes de nuestro partido en la lucha contra la dictadura, para emprenderla contra lo que califica ahora como la "izquierda agresiva", en una línea cuyo objetivo último es una amnistía para la última dictadura militar. El crimen y el Estado El conocimiento público del audio de las conversaciones entre Carlos Tomada y Pedraza, pedida por la querella a la Justicia hace bastante tiempo, pone de manifiesto un entrelazamiento político íntimo entre un ministerio fundamental (nada menos que el creado por Perón) y la burocracia sindical, por lo que se convierte en un factor adicional de presión sobre el gobierno. Una condena a perpetua para Pedraza y la patota desataría una crisis incuestionable en el conjunto de las patotas sindicales y en las barrabravas alimentadas por los principales dirigentes políticos, en especial del justicialismo y el FpV. Luego de que se estableciera la asociación del ex secretario y del ex subsecretario de Transporte -Schiavi y Luna, respectivamente- con la corrupción en los ferrocarriles -así como la responsabilidad de ambos en la masacre de Once-, la responsabilidad política del gobierno en relación con el asesinato de nuestro compañero -determinada por esos intereses- queda como irrefutable. Se trata de una constatación de magnitud, en momentos en que el oficialismo propugna una ‘reforma judicial' que coloque al Poder Judicial en sintonía política con el Ejecutivo. El fallo judicial se va a conocer un mes después de los llamados ‘incidentes’ del 24 de Marzo, los que convirtieron a la Presidenta de acusadora en acusada cuando quedó de manifiesto la presencia de barrabravas alentadas por Guillermo Moreno. Luego de una peregrinación al Vaticano y del descubrimiento de que el Papa destituyente era nada menos que peronista, la andanada macartista de CFK contra la izquierda y las banderas rojas revelaron una costilla oficial en contradicción violenta con el progresismo. Es cierto que Bergoglio combinaba el subte con el colectivo para llegarse al Bajo Flores, pero no son menos los vínculos profundos de la Pastoral Social y de él mismo con la burocracia de los sindicatos. Es inevitable advertir esta conjunción del macartismo y el clericalismo en las vísperas del fallo. El asesinato de nuestro compañero no puede ser analizado sino de este modo, porque es un crimen político contra la clase obrera y la juventud que lucha. La querella acusa En el curso de las 75 audiencias realizadas a lo largo de ocho meses de juicio oral, nuestras abogadas pasaron lista, una por una, a las abrumadoras pruebas reunidas contra José Pedraza, su patota y los policías imputados por el asesinato de Mariano, y pusieron de manifiesto todas las conexiones de este crimen con el poder político, sindical y empresario reunido en torno a la administración de los ferrocarriles. En definitiva, tradujeron en la sala de audiencias la verdad social expresada en las calles por centenares de miles de trabajadores y jóvenes, de artistas, periodistas e intelectuales. El crimen de Mariano arrojó nueva luz sobre problemas que los trabajadores enfrentan cotidianamente: la precarización laboral, la burocracia sindical, su integración a las patronales y al Estado, la podredumbre irreversible del aparato represivo. "Un crimen político contra la clase obrera" titulamos la tapa de Prensa Obrera apenas horas después de ocurrido el asesinato de Mariano. Las pruebas reunidas durante la investigación no hicieron otra cosa que dar cuerpo jurídico a esa caracterización política. La perpetua que formulamos en nuestro alegato para todos los acusados se extendió más allá de los límites de este juicio y requerimos la investigación de las responsabilidades penales que les caben a Juan Pablo Schiavi, Antonio Luna y Aníbal Fernández, así como a los empresarios de Ugofe. Los funcionarios y empresarios fueron los grandes ausentes en este juicio. Las querellas señalaron que el ataque contra los tercerizados respondió a "un plan criminal", que involucró al conjunto de la burocracia de la UF y a la policía. En función de eso, se pidió perpetua para todos. La fiscalía también reclamó perpetua, pero solamente para Pedraza, Fernández (su segundo) y Pablo Díaz, mientras reservó para la policía condenas por abandono de persona. Para la fiscalía, no hubo tal "plan criminal": esta divergencia de caracterización podría llevar al tribunal a desechar la condena a perpetua para el trío apuntado por la fiscalía. En cualquier caso, la policía, la institución represiva del Estado, queda afuera del asesinato que se encuentra en juicio. Los defensores han planteado una línea de absolución de los acusados. El insostenible "homicidio en riña" fue refutado por la defensa de algunos policías, quienes buscaron justificar su conducta permisiva en la violencia de la agresión; o por la defensa de Favale, que pretende exonerarlo atribuyendo las acusaciones contra él a su condición de no ferroviario. Anticipa que apelará un fallo negativo para ellos. La sentencia definitiva quedará condicionada, en este caso, al desarrollo futuro de la política argentina -incluida la crisis que se ha abierto con el Poder Judicial. Ministerio público El crimen de Mariano fue instigado por Pedraza; organizado por su mano derecha, Juan Carlos Fernández, y ejecutado por Pablo Díaz, Favale, Sánchez y el resto de la patota, con el vivo apoyo de la Policía Federal conducida en aquel entonces por Aníbal Fernández. Actuaron con la complicidad de los empresarios de Ugofe y de los funcionarios de la Secretaría de Transporte, así como con el respaldo posterior del Ministerio de Trabajo y del de Seguridad -este último apoyó durante un tiempo al personal policial involucrado. Todos ellos fueron partícipes del plan criminal mentado para aleccionar a los ferroviarios tercerizados, cuya lucha estaba poniendo en jaque grandes negocios y hasta el monopolio de la burocracia sindical en el ferrocarril. Los intereses oficiales para resguardar la impunidad de Pedraza son evidentes. Se manifestaron tempranamente, con la tentativa encabezada por Nilda Garré de procesar a los compañeros ferroviarios de Mariano. Los llamados ‘solidarios’ de Carlos Tomada y Noemí Rial a Pedraza, y las invitaciones que éste continuó recibiendo para participar de los actos oficiales, meses después del crimen de Mariano, revelan los apoyos políticos que continuaba recibiendo. El gobierno mantuvo en sus puestos a Schavi y a Luna, hasta que sus procesamientos por la masacre de Once resultaron inminentes. El gobierno extendió las concesiones de los socios de TBA en Ugofe (Roggio y Romero) cuando cayeron en desgracia de los hermanos Cirigliano. Actualmente, Metrovías y Ferrovías monopolizan el transporte ferroviario metropolitano y continúan haciendo de las suyas a expensas del presupuesto público (el año pasado, recibieron subsidios por más de 12 mil millones de pesos). Desde el poder político se desarrolló un cuidadoso trabajo de protección sobre los jefes policiales involucrados. Primero, encubrieron su actuación desde la hora cero, a través de Aníbal Fernández. Segundo, les proporcionaron apoyo jurídico desde el recién creado Ministerio de Seguridad conducido por Garré. Tercero, el ministerio público los acusó solamente por "abandono de persona". Los abogados defensores de los policías destacaron el aval "ministerial e institucional" permanente a su actuación. Esta complicidad fue deliberadamente ocultada por la fiscalía; el CELS acusó a los policías por coautoría, pero dejó fuera de toda responsabilidad a sus jefes políticos, Aníbal Fernández y Garré. El alegato de la fiscalía ni siquiera hizo mención a la tercerización en el ferrocarril, a los enjuagues con fondos públicos que reunían a Pedraza, los empresarios y los funcionarios de Transporte, solicitó la absolución de dos patoteros y la de un policía y pidió penas menores y escalonadas para el resto de los uniformados, debilitando así la acusación contra Pedraza. La fiscalía, recordemos, fue intervenida por la procuradora Gils Carbó con la designación de dos ‘comisarios políticos’ poco después de comenzar el juicio. El alegato de los fiscales intentó desguazar la tesis de nuestra querella, recogida por la Cámara de Apelaciones, acerca de un ‘plan criminal’ para ‘aleccionar a los tercerizados’. Ahora, el veredicto Llegamos a esta instancia como consecuencia de una inmensa presión popular. Todas las organizaciones populares aportaron a la movilización y a la presencia de testigos contundentes. A pesar del veto impuesto a la televisación del juicio, desarrollamos su publicidad por medio de las delegaciones que asistieron al tribunal y la enorme inquietud de las redes sociales. Cualquiera sea el desenlace que imponga en esta fase, el Tribunal Oral en lo Criminal 21, la lucha continúa. La burocracia sindical no va a ceder terreno en el caso de que salga la perpetua. De nuestra parte, iremos por los responsables políticos y económicos que fueron dejados afuera del proceso judicial -por ejemplo los concesionarios, Aníbal Fernández, la secretaría de Transporte. El tema de este crimen se enlazará con la crisis política que se desarrolla cada vez más visiblemente en el país. Está en la agenda de todas las fuerzas patronales que buscan un cambio de gobierno y de régimen económico. El llamado ‘peronismo federal’ tiene la amnistía en carpeta. "La independencia del poder judicial" es una quimera: tiene, por sobre todo, la tarea de defender la intangibilidad del Estado, incluso contra las disposiciones constitucionales. Por eso juró obediencia a todos los golpes militares victoriosos. En el proceso judicial, nuestro partido desarrolló la tesis de que el debate debe servir para dejar en claro el carácter social del asesinato de nuestro compañero Mariano: el entrelazamiento entre el capitalismo, la burocracia sindical, el Estado y sus instituciones represivas. La condena que reclamamos -perpetua- apunta a desarrollar esa verdad social en la práctica política de las mismas masas populares. La revolución no es sino un proceso judicial que los explotados emprenden contra los explotadores en el escenario de la historia.

La Afip presentó una denuncia contra el banco HSBC por maniobras de desvío y lavado de dinero, para lo cual, entre otras cosas, esa entidad utilizaba facturas apócrifas de empresas también vinculadas con esos delitos. El asunto huele mal, porque involucra, según la denuncia, al gobierno de Córdoba y a la municipalidad de San Isidro, ambos en manos de la oposición. Por cierto, sólo alguien demasiado ingenuo confiaría en una investigación por lavado de dinero y facturas apócrifas impulsada por el gobierno del caso Skanska. La denuncia, sin embargo, refresca el papel de los grandes bancos en el lavado de dinero sucio procedente del narcotráfico, el contrabando de armas, la evasión y otros rubros por el estilo. El HSBC, de origen británico, está sospechado fuertemente de lavar dinero de los carteles mexicanos de la droga y de traficantes de armamento, y por eso se le impuso en los Estados Unidos una multa de 1.900 millones de dólares. Es un monto récord, pero equivalente a menos del 10 por ciento de los 19.400 millones de dólares que el HSBC recibió de bancos árabes vinculados con distintas transacciones ilegales. Medios judiciales norteamericanos, además, consideran probado que el HSBC lavó el año pasado al menos 880 millones de dólares del cartel de Sinaloa. Todo eso es apenas lo que llegó a saberse, de modo que los 1.900 millones de multa no son más que un vuelto. ¿Hay procesos judiciales por todo eso? No. La Justicia norteamericana, en una decisión que constituye una radiografía del capitalismo de hoy, admitió que ese banco es “demasiado grande” para ser juzgado, porque su derrumbe pondría en riesgo la economía mundial. Apenas conocido ese fallo, The New York Times dijo que se trataba de “un día oscuro para el ejercicio de la ley”. Entretanto, las acciones del HSBC treparon un 33 por ciento durante 2012. Un negocio de apariencia robusta, como puede verse. No es el único caso. En los últimos años, varios bancos (Wachovia, Wells Fargo y varios otros) pagaron en Estados Unidos multas elevadas por maniobras de lavado de dinero. En otras palabras: el gobierno y la Justicia norteamericanas han decidido cobrarle impuestos a las maniobras financieras del narcotráfico y el contrabando de armas con la gran banca, convertidas así en una fuente de ingresos fiscales. Las actividades mafiosas adquieren, de esa manera, legitimidad legal. Los “demasiado grandes” A principios de diciembre del año pasado, el Departamento de Justicia norteamericano presentó cargos contra cuatro hermanos, los Treviño Morales, financistas de Los Zetas, el grupo de narcos más violento de América central (sus integrantes son ex militares de elite, formados en academias yanquis). Los Treviño Morales habían efectuado maniobras de lavado con el banco más influyente de los Estados Unidos: el JP Morgan. Aquella investigación permitió comprobar que Los Zetas habían lavado también unos 20 millones de dólares en el Bank of America, donde tenían abiertas dos cuentas. El FBI indicó que ese cartel lavaba allí no menos de 1 millón de dólares por mes. El Bank of America tiene sucursales en México desde 1954. Poco antes, en 2010, había estallado una bomba financiera al probarse que Western Union lavaba dinero del narcotráfico por lo menos desde el año 2000. Luego todo quedó en la nada: el WU pagó 94 millones de dólares de multa al estado de Arizona y desembolsó dinero para “contribuir a la lucha contra el narcotráfico”. Eso fue todo. La lista de bancos involucrados en ese tipo de maniobras es larga. No podía ser de otro modo: según diversas estimaciones, el narcotráfico mueve en el mundo unos 2 billones de dólares anuales, y más aún el comercio ilegal de armas. Semejante masa de dinero no puede circular si no es por el sistema financiero legal, por los bancos. En el pasado reciente, buena parte de esos capitales de la droga se invirtió en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Tuvieron, por lo tanto, un papel para nada menor en la gestación de la “burbuja” que derivó en el derrumbe de las hipotecas en ese país y la consiguiente crisis. Al mismo tiempo, el dinero sucio es un sostén indispensable para el sistema bancario internacional. En definitiva: en tiempos de la descomposición final del capitalismo, la mafia internacional es perfectamente legal.