Prensa Obrera N° 1264

Terminó con éxito la muestra itinerante "Justicia x Mariano", que la Secretaría de Derechos Humanos de Ademys, Tribuna Docente y la UJS de Villa Ortúzar organizaron en el profesorado de la UTN de Tronador y Triunvirato. La muestra nos permitió dialogar con decenas de jóvenes, técnicos en formación, que trabajan en diferentes rubros de la industria, particularmente ferroviarios, laburantes de empresas de electricidad y del subte, entre otros. Para ellos, era natural conversar sobre sus condiciones laborales en una muestra que abordaba el tema de la tercerización y la lucha librada por Mariano y sus compañeros. La charla de cierre, el jueves 11, contó con la destacada participación de Eduardo Belliboni, Gabriel Lubo, Diego Rojas y Néstor Rivas. Los compañeros presentes disfrutaron de un excelente cuadro de la situación del juicio a la patota, a una semana del veredicto.

Los trabajadores de la educación de Neuquén, nucleados en Aten, se encuentran desarrollando una inmensa pelea. La huelga lleva cincuenta días y las asambleas defienden continuar con la lucha, con el fin de quebrar la política de ajuste del gobierno de Sapag. El gobierno se mantiene firme en su tentativa de terminar con la huelga. Por un lado, con descuentos al salario por día de paro, los que -en algunos casos- superan los 3 mil pesos. Pero los descuentos han sido indiscriminados, ya que afectan también a muchos compañeros que no han parado justamente por temor a los descuentos o a quienes están con licencia. Este ha sido un factor de radicalización de una gran parte del activo docente, el que participa en las asambleas. Por otro lado, el gobierno de Sapag sacó del cajón el decreto 735/2010, el cual apunta a cubrir a los docentes huelguistas con docentes suplentes. El gobierno intentó echar lastre en una mesa de negociación, donde decía comprometerse a: no nacionalizar o armonizar las condiciones jubilatorias del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (previsión y obra social), pasar a planta a casi 400 trabajadores auxiliares, la conformación de una mesa con la participación de Aten que siga las obras de infraestructura escolar y abrir la discusión salarial para mediados de junio. Lo que se guardó como un botín era la negativa a devolver los días descontados. La huelga ha extremado a fondo sus esfuerzos. El paro ha llegado a un bajo acatamiento. En el marco de un aislamiento nacional y provincial de la lucha de Aten -producto de la política entreguista de Ctera, por un lado, y de la paz social firmada por la CTA provincial a fines del año pasado, por el otro-, Tribuna Docente y la mayor parte de la directiva provincial plantearon rechazar el acta en los términos planteados y hacer una contrapropuesta al gobierno que incluya la devolución de todos los descuentos y el reclamo de la restitución de prestaciones en la obra social. La restricción a las prestaciones implica una enorme confiscación salarial extra, ya que deben ser pagados adicionales muy altos para la atención médica. Las asambleas que expresan al activismo que sostuvo la huelga optaron por no hacer ninguna contrapropuesta y volcarse al corte de ruta. Se realizaron en la última semana dos cortes en El Carancho (Senillosa), de 24 horas cada uno. El gobierno provincial cerró todo canal de negociación con el pretexto de que “con cortes no negocia” y, junto a la mayoría de la legislatura, se ha pronunciado contra el corte de ruta y amenaza con reprimir y judicializar a los luchadores de Aten. El intendente de Neuquén capital, Quiroga, increpa al gobernador por la falta de firmeza al momento de “liberar las rutas”. Asimismo, la Comisión de Hacienda de la Legislatura suspendió la reunión que mantendría con Aten para el debate del presupuesto provincial. En ese debate, el sindicato iba a exponer los negociados millonarios del presupuesto y el desvío de fondos para el rescate de bancos y empresas. La combatividad y decisión de la vanguardia de Aten, así como la quiebra de la paz social firmada con el gobierno por el resto de los gremios de la provincia, plantean una perspectiva para los trabajadores de la educación. El gremio de judiciales, Sejun, realizará el jueves 17 su segundo paro de 24 horas, el cual empalmará con una movilización provincial común con Aten. Los municipales de Senillosa y Plottier también han salido a la lucha. ATE convoca a un paro provincial para el día 24. Este cuadro le da un nuevo aire a la lucha de Aten. Tribuna Docente le da impulso y propone poner en juego las reservas del movimiento para que se reabran la negociación y una vía a los reclamos más sentidos que fijen las asambleas, para esta etapa de la lucha y de la correlación de fuerzas alcanzada. Al cierre de esta nota, el gobierno convocaba a una mesa de negociación cuando las asambleas se disponían a darle continuidad al plan de lucha.

En la causa que se tramita por el intento de coimas efectuado por Pedraza, con la participación -entre otros- del ex juez federal Aráoz de La Madrid y el agente de la Side Juan José Riquelme, fue llamado a declarar como testigo Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra. El motivo de su declaración fue porque Riquelme, en las escuchas que figuran en el expediente, le dice a un juez que "no se preocupe por el plan de viviendas para su hijo, que él iba a hablar personalmente con Gerardo para conseguirlo". Posteriormente, se registraron conversaciones de Riquelme con la secretaria de Martínez. En esas mismas escuchas, Riquelme señala que "si no fuera por las extras que recibe de los sindicatos, no podría vivir con su sueldo". Daba a entender que los servicios que en ese momento le brindaba a los dirigentes de la Unión Ferroviaria, contactándolos con los jueces de la Cámara del Crimen, los realizaba habitualmente para otros sindicatos. Gerardo Martínez (ex agente del Batallón 601) admitió conocer a Riquelme, aunque afirmó no tener un trato fluido con él. Pero, llamativamente, dijo que lo tenía como un hombre ligado a la Pastoral Social, ya que asistía a las reuniones institucionales de la Uocra, a las que acompañaba al obispo castrense Antonio Baseoto (un derechista defensor de la "guerra sucia" videliana), y no como un operador del Poder Judicial. Martínez también aludió a la inauguración de un plan de viviendas que la Uocra emprendió junto a Camioneros y el Banco Ciudad, a cuya inauguración asistió la Presidenta. Ante la pregunta del fiscal respecto de la frecuencia de sus entrevistas con los jueces de la Cámara de Casación Penal, Gerardo Martínez contestó que "continuamente me estoy reuniendo con embajadores, jueces y personalidades de distintos sectores, mi tarea es multifacética y los contactos son permanentes". Con esta afirmación, dio por finalizado su testimonio. Nada quedó claro, sólo que Gerardo Martínez es un hombre de "contactos", desde la Presidenta de la Nación, la Iglesia y los jueces que le han garantizado su impunidad, como ocurrió con el intento de archivar la causa que investiga su participación como agente de inteligencia del Batallón 601. La causa de las coimas es colateral a la que se sigue por el crimen de Mariano Ferreyra, pero revela el mismo entrelazamiento entre el aparato estatal, sus servicios, la clase capitalista y la burocracia sindical.

Luego de más de 15 días de huelga, los docentes de los colegios preuniversitarios Manuel Belgrano y Monserrat obtuvieron el compromiso, por parte del rectorado, de pagar el bono adeudado desde fines del año pasado, que la rectora Scotto desconocía. Con esta conquista, los preuniversitarios han salido fortalecidos para avanzar en el resto de los reclamos. Es así que la asamblea, la que resolvió aceptar el acuerdo y volver a clases, se declaró en alerta por las paritarias nacionales, plegándose a las medidas de lucha para rechazar la irrisoria propuesta salarial del 20% que ofreció el gobierno nacional y exigiendo un 30% de aumento. También fijó la convocatoria a nueva asamblea para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el rectorado. El rol del gremio docente (Adiuc), conducido por la oficialista Naranja, fue lamentable. Convocó a un paro aislado de 24 horas, luego de una semana de huelga de los preuniversitarios. La respuesta de la docencia en lucha fue contundente: continuar el paro hasta la victoria. El gremio no puede ser un apéndice de las políticas del rectorado. Por el contrario, es necesario preparar -mediante asambleas en las facultades y colegios- la defensa del salario y -tomando el camino iniciado por los preuniversitarios- avanzar hacia una asamblea unitaria de la docencia, que vote un plan de lucha por el 30% y la reapertura de las paritarias locales para atender los reclamos pendientes. Hay que tener en cuenta que la Conadu Histórica ha rechazado la paritaria por 16 meses, que sí firmó la burocracia de Conadu -donde está Adiuc ¿Cuál es la posición de Córdoba? El recientemente electo rector, Francisco Tamartit, sucesor de Scotto, viene a dar continuidad a la gestión K que hasta hoy gobierna la UNC. El triunfo de los preuniversitarios debe ser tomado por el conjunto de la comunidad universitaria para rechazar el ajuste en marcha de manera organizada, independiente y combativa.

La junta interna de Ate Educación organizando la lucha contra la catástrofe La Junta Interna de ATE Educación, junto a los trabajadores del Ministerio realizó un censo de damnificados para organizar la ayuda y el reclamo. El salón de Actos del Ministerio es el centro organizador de la ayuda. Llevamos a las casas comida, ropa, elementos de limpieza, ropa de cama, colchones. Garantizamos la excepción de trabajar de los damnificados y logramos la autorización para aquellos que realizan tareas solidarias. Denunciamos que a 10 días del temporal las autoridades de la DGCyE no han conseguido nada. El mismo abandono y desidia que el Estado frente a la catástrofe. Exigimos ayuda inmediata para reconstruir el hogar y un subsidio a los empleados damnificados. La lucha por enfrentar a la catástrofe es inseparable de la lucha por el salario, por la eliminación de los topes en las asignaciones familiares, por la eliminación del impuesto al salario. El gobierno provincial debe reabrir las paritarias. La primera cuota de aumento es miserable. Reclamamos: -Asistencia inmediata de todos los estamentos del Estado a los barrios inundados -Indemnización inmediata por los daños causados con la sola comprobación de domicilio -Inmediato subsidio de las autoridades de la DGC y E a los trabajadores del Ministerio damnificados -Censo de los trabajadores de la DGC y E damnificados -Plan de viviendas y obra publica Churi, Delegada General de ATE Educación Enorme relevamiento independiente de los estudiantes en Trabajo Social El pasado lunes, luego de la catástrofe, 400 estudiantes de la facultad de Trabajo Social nos reunimos en asamblea. En la misma, nos pronunciamos por la denuncia al gobierno tanto de Bruera, como de Scioli y Cristina, como responsables políticos de la catástrofe. A su vez, elaboramos un programa, exigiendo a la Facultad que suspenda las actividades académicas, y se transforme en un centro de acopio, organizando así la solidaridad, y exigimos que se indemnice a la población afectada. Denunciamos también la falsificación de datos por parte del gobierno, que intenta cerrar oficialmente la cifra de víctimas, y al mismo tiempo inhibe una investigación independiente, ya que en la Ciudad de La Plata los vecinos conocen que esa cifra se ha superado holgadamente. La gestión de la Facultad -unidad de kirchneristas declarados y kirchneristas culposos- boicoteó desde el primer momento las resoluciones de la asamblea, negándose a suspender las clases, acusándonos a los estudiantes de ‘vaciar las aulas'. Pero las aulas estaban vaciadas el mismo lunes por la cantidad enorme de compañeros damnificados por el temporal. Los estudiantes denunciamos esta postura, que es la misma que han tomado los gobiernos, y nos ponemos a disposición de los afectados. En la asamblea, se llevó la iniciativa del Colegio de TS, que consiste en un relevamiento sociosanitario de la población afectada. Desde el Centro de Estudiantes de TS, con la UJS a la cabeza, nos pusimos a disposición del Colegio, para llevar a cabo el relevamiento. Más de 600 estudiantes de diversas carreras y trabajadores se reunieron el mismo miércoles para capacitarse, y allí se realizó una denuncia clara al poder político, no sólo por no haber asistido a los afectados, sino también por tejer un manto de encubrimiento sobre la realidad de las víctimas que ha dejado la catástrofe. Con el apoyo de la multisectorial de La Plata-Berisso-Ensenada, avanzamos con la propuesta de relevar la situación de los damnificados, antes y después del temporal, y la cantidad real de víctimas del temporal, comenzando una investigación con total independencia del Estado, de la que participan las organizaciones sociales y políticas que se pusieron a la cabeza de organizar en los barrios la lucha. Se plantea elaborar una herramienta de denuncia al Estado, con datos concretos, que contribuya así a la organización de las asambleas populares en cada barrio. Flor Nocelli, Secretaria General del Centro de Estudiantes de Trabajo Social En Berisso también crecen las asambleas populares El jueves 11, delegados de los barrios Villanueva, Villa Arguello, Santa Cruz y Villa Roca se movilizaron al municipio para plantear las reivindicaciones votadas por los vecinos. Las mismas van desde las necesidades más básicas, como colchones, agua, alimentos,hasta la falta de agua potable, cloacas, zanjeo, asfalto, y fumigación. Los funcionarios municipales recibieron a los delegados con la policía custodiando el edificio. Ante el secretario de Promoción Social, Oscar Potes, y el secretario de Obras Públicas, se planteó la inacción del municipio durante y después de la catástrofe, la necesidad de dar una salida inmediata a los problemas que se viven día a día en los barrios. La respuesta de Potes fue que el municipio no está en condiciones de afrontar estas tareas. Enrique Slezack gobierna Berisso desde hace más de diez años sin haber resuelto los problemas más acuciantes de las grandes barriadas. Ante esta situación, los delegados convocaron a reforzar las asambleas populares que se desarrollarán este fin de semana, para preparar una gran movilización de todos los vecinos que vaya por la indemnización total de las pérdidas sufridas, por obras hídricas y de saneamiento y todas las reivindicaciones planteadas. Mariela Tartaglini

El 12 de abril se realizó una reunión trascendente en el sur bonaerense. En la sede del Sitraic se reunieron varias organizaciones sindicales, sociales y políticas -convocadas por la dirección del sindicato- para iniciar un reclamo organizado, una movilización por un inmediato plan de obras hídricas y por la solución definitiva a las inundaciones. La grave situación de la inundación ha dejado al rojo vivo la necesidad de estas obras hídricas y de los puestos de trabajo para realizarlas. La reunión enumeró las obras pendientes y necesarias -todas ellas largamente estudiadas por especialistas del Foro Hídrico de Lomas de Zamora- en las cuencas del Arroyo Las Perdices, Galíndez, Unamuno del Rey, Santa Catalina, así como los aliviadores necesarios a cielo abierto, los entubados, las estaciones de bombeo, los desagües pluviales y hasta el esquema de mantenimiento y limpieza de los mismos. Estos planes han sido elevados desde hace años a los organismos de los Estados provincial y nacional sin respuesta alguna. La reunión decidió comenzar una gran movilización popular por obras hídricas ya que den solución definitiva a las inundaciones. Se convocó a una asamblea general el viernes 26 de abril, en el club Almafuerte de Lomas de Zamora, donde estarán presentes 23 barrios afectados, así como organizaciones sociales y políticas de la zona sur. Allí, se pondrá a consideración la realización de una enorme movilización popular para los primeros días de mayo sobre el Camino Negro, para hacer efectivo el cumplimiento de las obras y que se otorguen 1.000 puestos de trabajo en la zona para las mismas.

Cuatro días antes de que venciera la conciliación obligatoria dictada por el gobierno a la UTA, los compañeros de Ecotrans, junto a los de las líneas 60, 112 y 165, realizaron una medida de lucha. Los trabajadores cortaron la avenida Rivadavia en el cruce con la General Paz. La medida fue convocada para reclamar un salario básico de 10.000 pesos, y exigir a la UTA ir al paro al término de la conciliación para conseguirlo. Alrededor de doscientos choferes de otras líneas se sumaron. La acción se enmarca en un proceso de lucha que se viene discutiendo en asambleas de distintas líneas. Al rato de iniciada la medida, apareció una patota de la burocracia de la UTA para terminar con el reclamo. Días más tarde, otra patota atacó a un compañero de la 60 y le rompió su auto. La respuesta no se hizo esperar: una multitud de choferes de varias líneas se reunió para hacer un balance de la jornada de lucha y profundizar el reclamo por el salario y las condiciones de trabajo. Se ha convocado a una nueva movilización y corte, llamando a cuerpos de delegados, organizaciones sociales y políticas. La burocracia de Fernández quiere hacer pasar el tope salarial del gobierno, y el accionar de la patota de la UTA busca evitar la extensión del movimiento. Pero el corte ha despertado enorme solidaridad entre los choferes. Este principio de acción común entre las líneas que participaron abre un nuevo rumbo en el gremio.

El viernes 5 de abril se presentó la lista antiburocrática Frente de Recuperación Gremial (FRG) para las próximas elecciones en el gremio médico de la ciudad de Buenos Aires. La lista es el resultado de la movilización de la oposición, que logró vencer la maniobra proscriptiva de la burocracia de la AMM (la que entregó las planillas oficiales faltando sólo cinco días para su oficialización). Se cubrieron los 135 cargos de candidatos y la lista fue avalada por más de 120 médicos (los avalistas no pueden ser candidatos). La lista nuclea al activismo antiburocrático de los hospitales Alvarez, Sardá, Gutiérrez, Zubizarreta, Fernández, Muñiz, Ramos Mejía, Penna, Durand, Vélez Sarfield, Argerich, Piñero, Alvear, Moyano, Pirovano y Tornú. Se ha dado un gran paso, pero todavía la junta electoral (controlada por la conducción de la AMM) puede objetar candidatos y avales, por lo que todavía la lista del FRG no está oficializada. Es frecuente que la conducción de la AMM logre bajar candidatos (los obliga a renunciar), aprietes de por medio. Ahora se inicia la lucha por la conformación de listas locales en cada hospital y por la publicación del padrón electoral, con la incorporación de todos los compañeros en condiciones de votar. Jorge Gilardi, actual presidente de la AMM, va por su cuarto mandato consecutivo. Para los médicos municipales, es la continuidad de los acuerdos paritarios clandestinos y a la baja, la falta de nombramientos, la complicidad ante el derrumbe hospitalario, el cierre de servicios, la reducción presupuestaria y la privatización de la salud. Existe una integración completa, tanto política como gremial, entre la conducción de la AMM y el gobierno porteño. En ese sentido, la presencia del FRG es el camino para recuperar el gremio para los médicos municipales, en defensa de la salud del hospital público.

Con la presencia de casi 1.000 personas, el domingo 14 de abril se llevó a cabo la primera asamblea de coordinación de inundados y afectados por el temporal. Las más de veinte asambleas populares representadas dieron cuenta del alto grado de organización que se está gestando en los barrios de nuestra ciudad. A poco más de diez días de la catástrofe, son cada vez más las autoconvocatorias de vecinos que buscan, mediante la organización popular, una salida. La asamblea fue contundente a la hora de indicar las responsabilidades políticas, tanto del gobierno municipal como del provincial y del nacional. Además, hubo un claro reclamo de subsidios e indemnizaciones por las pérdidas materiales en rechazo a los créditos oficiales. Se denunció que quieren lucrar con la desgracia del pueblo platense. Luego de un sentido homenaje a las víctimas, también se hizo presente el reclamo de juicio y castigo, así como el esclarecimiento del número real de muertos. También que se pongan en claro las responsabilidades por el incendio de YPF, que dio cuenta del estado de indefensión de la población y del nivel de precarización laboral que existe en la refinería de Ensenada. El programa votado también contiene el reclamo de obras hídricas y un plan de viviendas populares bajo control de las asambleas populares y los trabajadores. Se votó participar en la “marcha de las velas” ya prevista y se convocó a una nueva asamblea, el próximo domingo 21 de abril, para preparar una gran movilización de miles de platenses por la victoria de las reivindicaciones planteadas. F. R.

El 14, los trabajadores de Lear realizaron una asamblea que resolvió iniciar una "retención de tareas" por el incumplimiento de la categorización por parte de la patronal. La empresa mantiene a la inmensa mayoría de los trabajadores en categorías bajas, aunque realicen tareas de categorías superiores. Esta medida fue avalada por la propia burocracia del Smata, luego de un pedido formal realizado por los delegados. Al día siguiente, la patronal respondió con 16 despidos -entre ellos, los compañeros más activos y reconocidos de la planta. No se trata de la primera tanda de despidos selectivos. Poco a poco, la patronal ha emprendido cesantías dirigidas a quebrar el activo organizado de la fábrica. En esta ocasión, la política de liquidar la organización obrera por parte de la patronal ha quedado en evidencia. El viernes, los trabajadores realizaron un corte de la Panamericana, mientras se realizaba una reunión en el Ministerio de Trabajo provincial. Como siempre, el ministerio miró para otro lado, cuando debería haber ordenado la reincorporación inmediata. Los trabajadores de Lear se mantienen firmes frente a la actitud represiva de la patronal. Han resuelto mantener la medida hasta que se reincorpore a los despedidos y se cumplan con las categorías indicadas en el convenio del Smata. Al cierre de esta edición de Prensa Obrera, el Ministerio de Trabajo dictaba la conciliación obligatoria por quince días y los despedidos ingresaban a la planta y a sus puestos de trabajo. Este ha sido un gran paso adelante. La reincorporación de todos los compañeros marca una nueva situación en la fábrica, ya que deja en claro que se le puede parar la mano a la patronal. Los despidos han planteado un nuevo escenario de profundización de la lucha para defender el cuerpo de activistas. El Partido Obrero de la zona Norte ha lanzado una campaña entre los trabajadores y vecinos de la zona para conquistar la solidaridad y el apoyo a la lucha de los compañeros de Lear. Vamos por la reincorporación de todos los despedidos y la satisfacción de los reclamos de los trabajadores.

Libres del Sur anuncia que participará de la jornada del 18 de abril “en defensa de la Justicia”, junto a Carrió y el PRO. No denuncia el carácter reaccionario del Poder Judicial, su carácter digitado ni la ligazón estrecha con los grandes estudios jurídicos que trabajan para las multinacionales. El partido de Tumini informa que recolectó firmas por el rechazo con “Ricardo Gil Lavedra (UCR), Victoria Donda (Libres del Sur-FAP), Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica-ARI), Sergio Abrevaya (Podes)”. Marea Popular, por el contrario, saluda en su revista mensual “el debate acerca de la ‘democratización judicial’”. Es un misterio a qué debate se refiere. Caracteriza como “interesante” la elección popular del Consejo de la Magistratura, “para fortalecer de cara a la sociedad el carácter político de los cargos y, a su vez, politizar sus designaciones”. A Marea le resulta indiferente la naturaleza social de los políticos que se hagan de los cargos, ni que sean digitados por partidos patronales o el partido del Estado. Marea lamenta que “no dej(e)n de ser medidas aisladas”, sin que sepamos qué cosa querría agregar. No menciona siquiera que el artículo 17 otorga al Estado la posibilidad de liquidar el derecho de huelga en los servicios públicos por vía judicial. Para el PTS, en cambio, se trata de “una reforma reaccionaria que no cuestiona los privilegios de los jueces”. También señala que su congreso reciente observó un “fortalecimiento coyuntural del gobierno”, motorizado por el “efecto Chávez”, el cual “rápidamente se vio opacado por el ‘efecto Bergoglio’”. Como conclusión, “reafirma (...) que no se alteran las tendencias más generales que dan el carácter transitorio a la situación, definición que lleva inscripto que debemos estar abiertos al desarrollo de nuevos fenómenos políticos”. En un resumen de la “Resolución sobre táctica electoral”, destaca la “posibilidad (de) la utilización en última instancia de las primarias abiertas y obligatorias para dirimir las candidaturas del Frente”.

Los medios de comunicación nacionales no reflejan el clima en la ciudad. Los barrios afectados continúan sin salida, tanto de los reclamos estructurales como en lo más inmediato -por ejemplo alimentos y colchones. Cada estamento gubernamental descarga culpas sobre el otro. La ministra de Gobierno de Scioli llamó a revisar el Código de Ordenamiento Urbano (COU) de las intendencias. Automáticamente, los intendentes del conurbano replicaron que “los COU necesitan la firma del Ejecutivo provincial”. En la campaña electoral del Frente de Izquierda, el Partido Obrero denunció a un Bruera gobernando para los Buildings y los Dacal, las dos inmobiliarias que tienen copada la ciudad con edificios majestuosos, sin la correspondiente obra estructural de servicios públicos elementales, como el desagüe pluvial. La crisis ha echado luz sobre esta realidad y ya no hay un solo ciudadano que no repudie el COU -del ex intendente Julio Alak y del actual Pablo Bruera. El primero había aplicado la urbanización por decreto, el segundo la hizo votar en el Concejo Deliberante, lo que convierte en cómplice a todo al arco político patronal. Pero las responsabilidades no quedan limitadas a esta disposición. Hace menos de un mes, Scioli había encargado la paralización total de la obra pública, a causa de la enorme crisis fiscal que atraviesa la provincia. El presupuesto de 2013, votado por absolutamente todo el arco político (desde los K hasta el FAP), reducía las partidas para Desarrollo Social y Salud. El fin de semana siguiente al desastre, la ciudad se inundó de militantes de Unidos y Organizados en las barriadas, con una asistencia básica y el objetivo del impedir la organización en asambleas. Pero a pesar de ello, éstas crecen paulatinamente y van delineando un programa: indemnización a todos los damnificados, no pago de los créditos, plan de obras públicas y de viviendas, así como también la derogación del COU. A las asambleas de los barrios, se sumaron las de distintas facultades de la UNLP. Una movilización de 600 estudiantes en Trabajo Social relevó la situación real de los damnificados, a la que se sumaron los organismos de Derechos Humanos -convirtiéndolo, en los hechos, en una comisión investigadora independiente. En cada lugar de trabajo y centro de estudiantes organizamos las donaciones, exigimos a nuestras autoridades el pliego de los reclamos, organizamos las asambleas barriales y llamamos a coordinar juntos una acción en común. El impulso a la construcción de las asambleas populares es crucial para la victoria del movimiento.

Antonio Caló, secretario general de la UOM, inició las paritarias con el reclamo de un 35% en tres cuotas de 15, 10 y 10% a pagar en abril, julio y -la última- en enero de 2014. Pero antes de que su gremio llegara a alguna medida de fuerza, ha bajado su reclamo al 25% en dos cuotas anuales. El año pasado, la paritaria metalúrgica cerró con un 23% y dejó a los metalúrgicos con un salario de hambre de 3.900 pesos y 1.100 en negro, los que no se incorporaron nunca al básico. Esto cuando la inflación llegó al 30% y la canasta familiar ya traspasa los 8 mil pesos. Los pagos en negro y el trabajo a destajo continúan en todo el gremio -incluso, en muchos casos, las patronales absorben el aumento del salario en negro. El trabajo por agencia y precarizado es generalizado en la UOM. La directiva de Belén, Gutiérrez y Caló ha dejado a los metalúrgicos con los peores salarios de la industria. La dirección del gremio reclama en la paritaria una letra "chica", que la llevaría a "flexibilizar" su reclamo, solicitando que las cámaras metalúrgicas pasen a aportar del 6 al 8% y que esos aportes patronales pasen a la obra social de la UOM, que -según el gremio- se encuentra en una gran crisis. De acceder a este pedido, serían nuevamente los metalúrgicos -a costa de su salario- los que rescatarían la obra social, pues las patronales descontarán de la negociación esos aportes. Las declaraciones de Caló, señalando que el salario básico de un metalúrgico no debe bajar de los 5 mil pesos, suenan a burla dentro del gremio. Por ejemplo: en el cordón de San Lorenzo, se ha firmado un acuerdo que establece un mínimo de 7.200 para el trabajador de cualquier gremio, sea efectivo o contratado. Por lo tanto, en ese lugar los tercerizados metalúrgicos ganan más que los efectivos de la UOM en todo el país. Las asambleas de fábrica y los congresos de delegados han sido muy claros en reclamar 35% sin cuotas y que no se firme ningún acuerdo a espaldas de los trabajadores. En muchas fábricas se empieza a discutir que los delegados lleven mandatos al congreso de Mar del Plata, hartos de que se cocinen acuerdos a sus espaldas. Que la dirección de Caló se baje del reclamo inicial confirma plenamente las críticas de los propios delegados. Por el 35% de aumento y en un pago, nada de cuotas. Asambleas fabriles en esta dirección.

Una reforma, cuyo fin es el ajuste sobre los trabajadores y jubilados, no puede tener otro correlato para los propios trabajadores judiciales. Zaffaroni, alfil del gobierno en la Corte, declaró que la aplicación del impuesto a las ganancias para los jueces podría darse recién en los “próximos cuatro o cinco años” en forma progresiva, mientras que para los trabajadores se tienen que sentar “la Corte, el gobierno y el sindicato” para definir una aplicación “razonable”. O sea que el gobierno pasará a apropiarse de parte de los salarios de 26 mil trabajadores judiciales. La cuestión de extender ganancias a los jueces -“en algún momento”- se revela como una coartada para esta operación. Consejo de la Magistratura Históricamente, la Corte Suprema ejerció la facultad de dirección y organización del Poder Judicial. Ahora, la potestad de discutir salarios con el gremio y la gestión de los contratos laborales pasa al ámbito del Consejo, dominado por un gobierno que quiere profundizar la política de ajuste que ya venía ejecutando la Corte. A su vez, el Consejo podrá trasladar a los empleados a cualquier fuero o circunscripción de la Justicia nacional. Se habilita la posibilidad de extender la jornada laboral de seis horas y el recorte de días de feria judicial. En el proyecto se introduce la figura precaria de la “locación de servicios”, al tiempo que elimina el control sindical de los concursos. Asambleas y plan de lucha Ante estas medidas, Piumato lanzó un paro nacional de 72 horas. Pero, al anunciarlo, no se colocó en el campo de los trabajadores, sino en el de la Corte, la ‘corpo judicial’ y la oposición patronal que defienden las prerrogativas de las camarillas judiciales. Es necesario que, por medio de asambleas, los trabajadores deliberen una posición independiente de la Corte y el gobierno, en pos de rechazar el ajuste en curso y por la satisfacción de todas las reivindicaciones de los judiciales, mediante un plan de lucha y la elección de delegados por juzgados, dependencias y talleres. Luchamos por una verdadera democratización de la Justicia a partir de la elección popular y revocatoria de los jueces, por una ley de paritarias, la recuperación de la ley de porcentualidad, el 82% móvil, no al impuesto al salario y todas las reivindicaciones pendientes.

El lunes 15 de abril, centenares de vecinos -la mayoría de Saavedra y del barrio Mitre, además de una gran delegación de la Villa Cildañez- nos concentramos para protestar frente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. Esta acción fue la culminación de dos semanas intensas de asambleas y gestiones, en medio de la agotadora tarea de intentar reconstruir lo que el agua no llevó. Recién cuando organizamos un corte total sobre la Avenida de Mayo, nos recibió una funcionaria con rol de “negociadora”. Nuestra respuesta fue que queríamos reunirnos con uno de los ministros responsables de las obras referidas a las inundaciones, en este caso Chaín de Desarrollo Urbano. A través de la negociadora, obtuvimos de Chaín una respuesta que significaba dejar la concreción de esta reunión en un limbo. Rechazamos semejante no-propuesta y en medio de la calle -con nuestros vecinos y ante la nube de medios que cubrían la protesta- votamos la profundización de nuestro plan de lucha, que tendrá como nuevo episodio un corte total de calle el miércoles 17 en Cabildo y Larralde. Pacto de impunidad en la Legislatura La semana pasada se realizaron dos plenarios de la Legislatura. Una sesión extraordinaria votó la modificación de los montos de los subsidios y el plazo de seis meses en la eximición del pago del ABL en las zonas afectadas por las inundaciones. En otra sesión ordinaria, se trató un pedido de informes al Ejecutivo sobre obras no realizadas en la cuenca del Medrano. Este pedido fue iniciado por nuestra asamblea y lo llevamos a la Legislatura en marzo pasado. Ya se habló mucho sobre la insignificancia de los 20.000 pesos como tope para los subsidios y el exiguo plazo de seis meses para la eximición del pago del ABL, cuando no hay ninguna previsión de realización de obras en el Medrano. En cuanto al pedido de informes, todo se limitó a la formalidad de una respuesta por escrito en un plazo de 30 días. Ningún funcionario será interpelado por la tragedia del 2 de abril, todos podrán dormir tranquilos. La sesión del jueves tuvo un carácter casi obsceno, con chicanas y “acusaciones” cruzadas sobre las obras no realizadas. Mucho menos surgió de allí alguna propuesta para la reasignación inmediata de partidas que permitan el inicio de las obras necesarias. La eficacia que demostraron para votar leyes que entregaron los mejores terrenos aún libres de la ciudad a la especulación inmobiliaria, se contrapone brutalmente con su completa inoperancia frente al drama de las inundaciones. En ambas sesiones estuvimos presentes con una delegación de nuestra asamblea (y también la de la Villa Cildáñez), manifestando vivamente nuestra disconformidad con lo que allí se estaba tratando -acción que fue levantada por varios medios. Cualquier plan de obras para encarar la solución a los temas aquí planteados tendrá que ser arrancado por una gigantesca movilización popular, que además tendrá que imponer una fiscalización de las mismas obras para que éstas no sean inútiles y no se transformen en una nueva fuente de negociados. Al mismo tiempo, tendremos que comprender que una planificación que privilegie las prioridades de las mayorías populares no puede provenir de quienes nos condujeron a esta catástrofe. Nuestra propia experiencia nos marca la necesidad de una salida por izquierda.

El sábado 13 de abril, en el lugar histórico del cruce de Cañadón Seco, se reunieron ex delegados y dirigentes de varias empresas petroleras. Los trabajadores de Caleta Olivia, Cañadón Seco, Las Heras y Truncado concretaron la asamblea autoconvocada a la vera de la ruta 12 (una ruta petrolera) para reafirmar su reclamo por elecciones en el sindicato de Santa Cruz, actualmente intervenido por la Federación nacional. Según el diario Patagónico (propiedad de Cristóbal López) fueron 1.500 obreros, según los convocantes 2.500. Pero el dato es anecdótico, nadie cuestiona que la asamblea fue multitudinaria y que marcó un punto de inflexión, luego de dos años en los que la represión, los presos y la intervención pavimentaron el camino de despidos, suspensiones, persecusiones y pérdidas de beneficios a miles de petroleros. “Lo que pasa en los yacimientos ahora es que estamos volviendo del año 2000 para atrás”, señaló un trabajador acerca de la falta de defensa sindical. “Toja” Carabajal, delegado de la empresa Lufkin, remarcó en su intervención: “Esta lucha es de los trabajadores y debemos estar unidos. No se aguanta más la presión de las empresas”. Los asistentes pusieron un ultimátum: huelga general si, en cinco días, no hay una respuesta de Nación, la provincia o la Justicia que avale una asamblea ordinaria para formar la junta electoral de cara a los comicios, que quieren hacer el 12 de julio. Realizada la pregunta en voz alta, para que los petroleros respondan a mano alzada: “¿Quieren que continúe la intervención por varios años más?”. Como respuesta dijeron: “¡No!” y una rechifla generalizada. Siguiente pregunta: “¿Quieren que las elecciones del sindicato se realicen el 12 de julio?” Aquí expresaron un “sí” al unísono. -¿Quieren que se realice la asamblea para conformación de la Junta Electoral el 24 de mayo? “Sí”, contestaron. Silbidos y mano alzada mayoritaria. Otra moción que se presentó es pedir que se caiga todo mandato o poder, tanto gremial como administrativo, en lo público como en lo privado, y el poder de voto de Juan Barrientos, Carlos Flaquier, Pablo Méndez y Rubén Retamozo; y de todos los que quieran actuar como congresales o comisión de normalizadores que podrían ser elegidos en el congreso de la Federación del 24 de abril, en La Plata. Es que, para ellos, todo debe hacerse por una asamblea soberana como la actual, tal como lo determina el estatuto. -¿Quieren que se les caiga el mandato? La respuesta fue positiva, también. El punto 5 es uno de los más fuertes, porque plantea una medida de fuerza, huelga general determinada por una autoconvocatoria, la cual se realizará el 20 de abril, si no hay respuestas positivas de algún organismo gubernamental que avale una asamblea ordinaria para conformar la junta electoral pedida para el próximo 24 de mayo. En los medios locales, los interventores Pablo Méndez y Juanito Barrientos vienen diciendo que se van a quedar un año más. No se lo vamos a permitir. “Si la Federación osa desconocer esta asamblea, hay que iniciar un plan de lucha”, sentenciaron los trabajadores. Peralta, Cristina, Moyano El estatuto de la Federación dice en su artículo 15: “Las intervenciones durarán ciento veinte (120) días como máximo. En caso que la situación particular justifique su prolongación, ésta deberá ser resuelta por la Comisión Directiva Nacional ‘ad referéndum’ del Primer Congreso extraordinario que se celebre. En ningún caso, el tiempo de la intervención podrá exceder los trescientos sesenta y cinco días (365)”. Es decir que, desde el punto de vista legal, la intervención -fuera de toda duda- es ilegal. Las patronales están presionando por una devaluación (reducción de costos, ente ellos los salarios) y la máxima flexibilización para suspender y despedir trabajadores. La “paz social” conseguida con la intervención les ha venido como anillo al dedo para quitarles los beneficios a los trabajadores, que fueron logrados con grandes esfuerzos. La YPF estatal de Gallucio-Cristina es la más interesada en la continuidad de la intervención, para atraer inversiones para los tres nuevos pozos no convencionales de Los Perales, Lomas del Cuy y Cañadón Yatel. El gobierno nacional, a través de Tomada, ha avalado la intervención de la Federación y ni siquiera ha contestado los oficios al juzgado federal en la causa donde se denunció la ilegalidad de la intervención. Basta recordar que fue Peralta, hace dos años, el que pidió que se interviniera el gremio petrolero. Hoy, desesperado por cada centavo que entre en la provincia en concepto de regalías, está firme con la intervención. No pocos son los que denuncian que tiene negocios con Roberti, el secretario general de Federación, en la empresa Roch (Peralta le prorrogó la concesión en tiempo récord). La “oposición institucional” (UCR), representada por el diputado nacional Eduardo Costa, no denunció nada en el parlamento en estos dos años. A la Federación, mientras no pueda poner en pie una lista adicta, no le interesan las elecciones. Hoy se siguen llevando el dinero de los afiliados de Santa Cruz y los “invierten” en los carteles de Mónica López, la esposa de Roberti (de la lista de diputados de De Narváez). ¿Y la CGT? Moyano recorre el país buscando adhesión para su nuevo partido político. El 30 de abril vendrá a Santa Cruz a darle su apoyo a Peralta. Pero resulta que Moyano manifestó: “Por ahí habría que ver el tema que siempre dijimos nosotros. Dentro del peronismo todo, fuera del peronismo nada”. Ese peronismo que buscan reeditar Moyano, Pereyra y su “bloque petrolero patagónico” es el mismo que están engendrando Peralta, De la Sota, De Narváez ¡y la mujer de Roberti! Es un callejón sin salida para los trabajadores petroleros de Santa Cruz. Nuestro planteo Sabemos que el fin de la intervención no vendrá por el lado de la Justicia ni de las maniobras de algún burócrata desplazado, tampoco de la mano de ningún “padrino político o sindical”. Para recuperar el sindicato es necesaria una acción de todos los petroleros unidos, de los que quieren elecciones independientes de la burocracia, las operadoras y el gobierno. Este 24 de abril se abre una oportunidad. Las agrupaciones que se están organizando para disputar la conducción tienen que unir fuerzas y, junto a los gremios provinciales, realizar una gran movilización popular para hacer oír su reclamo. El próximo 1º de Mayo, el Partido Obrero llama a levantar tribunas en Santa Cruz y en todo el país para que le devuelvan el sindicato petrolero a los trabajadores.

Julián Assange ha revelado un nuevo archivo, en el que aparecen 1,3 millones de cables diplomáticos y de inteligencia, los cuales se mandaron desde 1973 hasta 1976. Entre los cables, aparecen comunicaciones entre el Vaticano y las dictaduras de Pinochet y Videla. En un cable del 18 de octubre de 1973, el arzobispo Giovanni Benelli, vicesecretario de Estado del Vaticano, expresa "su preocupación y la del Papa por la exitosa campaña internacional de la izquierda para deformar por completo las realidad de la situación chilena". Benelli destaca "la exagerada cobertura de los hechos como el mayor éxito, posiblemente, de la propaganda comunista y destaca el hecho de que incluso los círculos moderados y conservadores parecen dispuestos a admitir las gruesas mentiras acerca de los excesos de la Junta chilena". La fuente de información de Benelli era el cardenal Raúl Silva. De acuerdo con el cable, "el cardenal Silva y el episcopado chileno en general le han dado seguridades al papa Pablo VI de que la Junta está haciendo los mayores esfuerzos por retornar a la normalidad y que las historias acerca de represalias brutales, que hacen circular los medios internacionales, carecen de fundamento". Para Benelli, "la sinceridad del cardenal Silva no puede ponerse en duda, ya que es conocido como uno de los líderes progresistas de la Iglesia, puesto que tenía el apoyo incluso del presidente Allende". De hecho, el arzobispo chileno señala que "las fuerzas de izquierda han reducido su desprestigio, ya que han convencido al mundo de que la caída de Allende obedeció exclusivamente a fuerzas fascistas y externas más que a las carencias de las políticas de Allende, como fue el caso". En el caso de Argentina, los cables muestran las relaciones estrechas entre Emilio Massera y el nuncio apostólico Pío Laghi. Un cable del 7 de noviembre de 1975 revela que Laghi "habló con Massera acerca de que la señora de Perón debe irse tan rápido como sea posible, sea por permiso de ausencia, renuncia o ‘golpe’ (textual del original)". En otra parte del cable, se lee lo siguiente: "El nuncio es un observador astuto y bien conectado. Su conclusión general es que ella está acabada. Sólo está en cuestión la forma de su partida. Sin embargo, comentó, puede tomar más tiempo del esperado y convertirse en un proceso agónico". Papa Francisco, ¿por qué no ordena que el Vaticano abra sus archivos?

Luego de participar en un plenario que discutió cómo hacer frente al convenio antisindical firmado por la Conadu oficialista, unos 75 compañeros compartimos una actividad de debate con Jorge Altamira, de preparación política de la campaña electoral. La convocatoria fue realizada por Agrupación Naranja de docentes universitarios (UBA) y Apel Psicólogos. Temas como la seguridad o la campaña entre los jóvenes a partir de los 16 años, remitieron siempre a una misma cuestión: la necesidad de que un frente político intervenga frente a los agravios que sufre la ciudadanía como consecuencia del derrumbe capitalista y la arbitrariedad del Estado, porque de ese modo se convierten en una cuestión de poder. Las cuestiones reivindicativas no son solamente cuestiones sindicales sino políticas, y no solamente responsabilidad de los sindicatos sino de la izquierda como fuerza política. De otro modo no se plantea la alternativa de poder de los trabajadores. Precisamente en este asunto, ante la inquietud de varios de los presentes acerca de la ausencia de este rol político por parte del Frente de Izquierda, Altamira insistió en que el Partido Obrero debía mostrar el camino de la propaganda y agitación política sistemáticas, y operar como tractor de las mejores tendencias del Frente de Izquierda. Fue importante la conclusión que se elaboró sobre el trabajo en la juventud, que está cruzada por diferentes clases sociales. Para Altamira no existe un programa 'a la carte' para cada estrato de la juventud, sino que ésta debe ser ganada para la lucha política a través de una denuncia socialista del régimen imperante y de un programa homogéneo de reivindicaciones. Es necesario dar un rumbo socialista a las aspiraciones de los jóvenes. El debate puso de relieve, también, la importancia de la organización obrera para luchar contra la penetración del delito y el narcotráfico en los barrios, y se destacó la labor que desempeñaron los sindicatos en el curso de la historia. Para reforzar la campaña electoral por medio de una prensa masiva, los participantes fueron invitados a convertirse en corresponsales de Prensa Obrera. Altamira los convocó a desarrollar en forma más acabada la fisonomía que debe tener una prensa que se vincula cada vez más con la vida y la lucha de la clase obrera. Por último, se acordó en la participación de todos el viernes 19 en Comodoro Py para sumarnos al reclamo de perpetua para Pedraza y todos sus cómplices, y justicia para Mariano y Elsa.

Luego de un mes de dilaciones, el Ministerio de Trabajo le avisó a la directiva de la Utpba que convocará a las paritarias 2013 bajo el imperio de la ley 23.546 de “procedimiento de la negociación colectiva”. La cartera laboral hizo correr la bola de que el recurso apuntaba a imponerles a las patronales el cumplimiento obligatorio de lo que se acuerde en la paritaria. Esto luego de que, tras once meses de cerrada la anterior, las principales patronales del gremio -que dirigen la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires (Aedba), como Clarín y La Nación-, cumplieron a su antojo el convenio 2012, sin que el ministerio moviera un dedo. Ahora nos enteramos de que faltaba esta ley, o sea que esas patronales han ignorado nuestro acuerdo paritario del año pasado por un vacío legal. Un pasito más y quedan cerca de que actuaron ajustándose a derecho. Pero la convocatoria podría significar una nueva dilación, peor que la pateada de fechas que, a cuentagotas, el ministerio venía haciendo. Aunque al cierre de esta edición estaba por concretarse una nueva reunión entre la conducción de la UTPBA y Trabajo para determinar la fecha, el artículo 2 de la norma prevé 15 días hábiles a partir de la notificación para que se constituya la mesa de negociación con la parte sindical. La paritaria 2012 está vencida desde el 31 de marzo. Además, como parte del acuerdo anterior, se dejó establecido en el acta que las partes debían empezar la nueva negociación 30 días antes de vencida la paritaria vieja. La Ley de Procedimiento de la Negociación Colectiva tiene otras linduras. Primero, su articulado tiene disposiciones que podrían ser usadas para desarmar una de las principales conquistas de la recuperada paritaria del gremio de prensa (con proyección a todo el movimiento obrero): la constitución de la mesa negociadora con paritarios electos en asamblea y responsables ante sus bases. La norma dice que la mesa “deberá integrarse respetando lo establecido en la Ley 25.674”, la cual impone un cupo femenino para la negociación colectiva. Una amable forma de empezar a meter baza en las decisiones de las asambleas de base que, en cada empresa, votaron a sus paritarios de acuerdo con criterios propios, basados en la experiencia sindical del lugar de trabajo y la correlación de fuerzas con la patronal. La ley también exige paridad numérica entre la representación patronal y sindical. Otra vía para restringir la intervención de la comisión paritaria. Como si la desigualdad de clase y, por lo tanto, de poder material y económico entre las partes no fuera el trasfondo real de la negociación salarial. Tomada, revelado como asesor de oficio de José Pedraza, ya había mostrado -el año pasado- su antipatía por la amplia representación paritaria que impusimos los trabajadores de prensa desde los mandatos de las asambleas. En una reunión de balance de la paritaria 2012, se refirió a esta cuestión, pisando huevos, hasta elogiosamente, pero con la advertencia de que “los paritarios no tienen la misma tutela sindical que los delegados”. Es decir, que los paritarios no tienen fueros que los protejan. La zanahoria El artículo 2 de la ley ha sido agitado en favor de la idea de que, con esta norma, se le impondrá a la patronal una paritaria de toda la prensa escrita para incluir a las revistas, las agencias y los portales de Internet. Esa versión es antojadizada. El mentado artículo señala que quien “promueve” la negociación debe indicar la “representación que inviste; alcance personal y territorial de la convención colectiva pretendida; materia a negociar”. Quien recibe la convocatoria está obligado a “responder” -a secas- y enviar a sus negociadores. No dice nada de aceptar, pero Tomada ya prepara la ‘mise en scène’ de que así puede interpretarse. Por supuesto, no se puede descartar que el mismo gobierno que trabaja con la perspectiva de imponer un techo salarial -el cual está más de diez puntos por debajo de la inflación- obligue a las patronales a cumplirlo. La naturaleza regimentadora de su intervención implica, seguramente, que cumpla también ese rol. Lo importante de la ley, con todo, está en otra parte: en las disposiciones que contiene para encauzar a unos y otros en la senda de la “negociación de buena fe” (artículo 4) y contra las acciones unilaterales, reforzando el papel de la conciliación obligatoria (ley 14.786), que obliga a avisar sobre “medidas de acción directa”. El punto se dirige a poner un freno al fenomenal arranque que tuvo esta paritaria con la jornada de lucha del 3 de abril, que incluyó un contundente quite de firmas -el pasamontaña de los periodistas- con asambleas y aplausazos y que, con epicentro en Clarín, conquistó ese mismo día el reconocimiento de la comisión gremial interna de los trabajadores del pulpo, luego de meses de ninguneo y de estériles convocatorias en la cartera laboral. El Estado y las patronales han tomado nota de esto y no quieren que los trabajadores de prensa intervengan como un factor activo, con voz propia, en un proceso donde la infraestructura capitalista de la comunicación social del país está temblando. Hace unos días, salieron a la luz los audios de las escuchas entre Tomada y Pedraza, donde el ministro kirchnerista le dice al titular de la Unión Ferroviaria, en plena complicidad política: “A los tercerizados hay que trabajarlos sindicalmente... Hay que armar cursos de capacitación y hacerles la cabeza”. Bajo estas dilaciones políticas y artilugios legales frente al comienzo de la paritaria, Tomada proyecta su postura estructural: busca ahora “hacerles la cabeza” a los trabajadores de prensa.

El artículo 17 del proyecto del kirchnerismo establece que el Estado nacional o sus entidades descentralizadas estarán legitimadas para cualquier tipo de medidas judiciales para garantizar la prestación de servicios públicos interrumpidos o en riesgo de ser interrumpidos. Esto significa que el gobierno podrá afectar el ejercicio del derecho de huelga de los servidores públicos -como docentes, personal de salud pública o trabajadores del transporte. En última instancia, habilita a una militarización de los trabajadores del Estado o de servicios a cargo de empresas privadas que se encuentren en huelga. La restricción indiscriminada al derecho de solicitar amparos violenta los derechos que los trabajadores le impusieron al Estado al cabo de decenas de años de lucha.

El senador de la Unión Cívica radical (UCR), Nito Artaza, habló con Dady Brieva por Radio América y se definió como un revolucionario: "A veces me siento más identificado con (el dirigente del Partido Obrero, Jorge) Altamira que con Mario Barletta (presidente del radicalismo)". En ese sentido, Artaza se diferenció de la convocatoria opositora a protestar el 18 de abril y consideró que el radicalismo tiene que volver a ser la fuerza de equilibrio en la oposición. "Tenemos que ganar ese espacio con votos", remarcó Artaza, quién opinó que el radicalismo tiene que construir "sobre lo bueno que deja este gobierno". Por último, el senador expresó: "No puedo decir que hay que destruir al gobierno, no voy a ir a buscar los votos a la derecha".

Este fin de semana, se reunió el congreso nacional de la CTA-Micheli. Alrededor de mil participantes asistieron a un evento que pretendió mostrar, según los propios organizadores, el camino a “una CTA de masas”. Sin embargo, lo que dejó expuesto es el enorme retroceso político y organizativo de la central. Como invitados políticos especiales concurrieron Moyano, Binner y Pino Solanas. La CTA invitó a diversos políticos patronales, pero rechazó que las listas opositoras en la elección de la CTA participaran con una cantidad de delegados proporcional a los votos que obtuvieron (más del 20%). Mientras tanto, “habilitó” a delegados truchos en reemplazo de aquellos que se pasaron al kirchnerismo desde las propias filas michelistas. Según los nuevos estatutos de la Central, aprobados antes de la escisión, el congreso no incluye delegados de los gremios federados. Lo integra una nómina sábana, surgida de la elección en la que se dividió la central. ATE, el único gremio de peso de la CTA-Micheli, no reconoce tampoco las minorías. Hasta las corrientes de izquierda que apoyan cerradamente a Micheli, como el MST, han planteado la necesidad de “avanzar” en su reconocimiento. Muy atrás quedaron los congresos abiertos que dieron origen a la central, los que llegaron a reunir en el Luna Park a 12.000 asistentes. El congreso armó una ficción de plan de lucha, con un paro sin fecha precisa para mayo y con enormes dudas respecto de la adhesión al mismo. La invitación a Moyano al Congreso pretendió oficializar el paro, pero el camionero puso en duda su realización. Concentrado en el reagrupamiento del PJ opositor, Moyano sólo promueve una movilización sin paro el 30 de abril. Esa indefinición dejó expuesto el enorme raquitismo de la CTA, ya que -sin el apoyo del camionero- irá a su enésima jornada de cortes y movilizaciones, en reemplazo de un paro activo general y un verdadero plan de lucha largamente reclamados desde el 20 de noviembre. Mientras tanto, la CTA ha estado ausente de las grandes huelgas docentes de la provincia de Buenos Aires. En vez de apoyar las huelgas reales, como la de la docencia neuquina opuesta a Yasky, el congreso michelista insistió en la creación de un gremio paralelo de los docentes, haciendo uso y abuso del paralelismo sindical. Pero los grandes movimientos huelguísticos docentes pasaron, una vez más, por los gremios de Ctera a pesar de su dirección. En este punto, la estrategia de la CTA ha entrado en un pantano: aunque la propia central y la inmensa mayoría de los gremios enrolados en ella no tienen la personería gremial, se niega a plantear la lucha por la derogación de la Ley de Asociaciones profesionales. La presencia de Binner en el Congreso fue todo un dato político, que levantó polvareda en algunas regionales de la central. La provincia gobernada por el FAP es la capital nacional de la tercerización laboral. En esa provincia, se han cerrado grandes fábricas metalúrgicas como Malhe y Paraná Metal, con la abierta complicidad de Binner. El apoyo al FAP de la mayor parte de su dirección desmiente terminantemente otro de los caballitos de batalla de la CTA: el de la “autonomía” de la central. La presencia de Binner la coloca a la rastra de una de las variantes de la oposición patronal, mientras que la de Moyano, a la rastra de la burocracia sindical. Necesitamos que la central apoye las huelgas existentes, establezca un plan de lucha y se pronuncie por un paro nacional de 36 horas contra el impuesto a las ganancias, el 82% móvil a los jubilados y por paritarios elegidos en asambleas en todos los gremios, el reconocimiento de los que se agrupan en la oposición de la CTA- Micheli y la derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales. Este es el camino para luchar por la expulsión de la burocracia sindical.

El tratamiento de los proyectos de ley que componen la llamada “democratización” de la Justicia ha generado una crisis en uno de los sectores de la camarilla oficial. A los disidentes del espacio Justicia Legítima, quienes expresaron sus cuestionamientos a boca de jarro, se han agregado Página/12, el CELS y Verbitsky. Dicen, nada menos, que los proyectos son inconstitucionales y que afectan las garantías individuales. ¿En qué estaban pensando, entonces, CFK y su asesor Zanini? Deliberadamente, sin embargo, la crítica oficialista al proyecto oficial se detiene cuando debía llegar al hueso. Omite el artículo 17 del proyecto sobre las medidas cautelares, el que le otorga al Estado la posibilidad de frenar -por vía judicial- cualquier medida que afecte “el interés público”. O sea que se adjudica el derecho de judicializar cualquier medida de lucha popular, desde los trabajadores estatales hasta el subte, petroleros y docentes. El Estado invoca la protección de los ciudadanos cuando se trata de liquidar una lucha popular -incluida la atribución de militarizar los servicios. En la Comisión donde se debatió el tema, el camporista Alvarez, secretario de Justicia, no sólo ratificó este artículo, sino que agregó que el Estado recurrirá a las cautelares contra los sindicatos que no avisen con una debida anticipación sus medidas de lucha y/o no acaten la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Exactamente lo mismo que Macri quiso introducir en la ley del subte en la Ciudad. Se prueba, así, que la juventud militante del kirchnerismo es profundamente antiobrera, algo que ya se había revelado cuando Recalde y Kicillof pidieron el quite de personería a los gremios ‘díscolos’ en Aerolíneas Argentinas. No es casual que estos camporistas realizaran cursos de formación política con Pedraza. El proyecto limita el alcance de las acciones de amparo contra medidas del Estado, incluso establece que alcanza con la mera apelación del Estado para que el amparo pierda su carácter suspensivo. La Justicia debería rechazar, en tal caso, un amparo de docentes universitarios contra las jubilaciones compulsivas (cesantías de hecho) de la UBA (las limitaciones drásticas del amparo son extensibles a los organismos descentralizados del Estado). Con semejantes prerrogativas en beneficio del Poder Ejecutivo, las leyes dejarán de ser necesarias para la función de gobierno. Quedaría establecida la burocracia -el dominio político de los funcionarios. De la 125 a esta parte Para la ‘opo’ patronal, la pelea contra los proyectos K se reduce a lo siguiente: la defensa de los intereses establecidos. Su programa es la defensa del derecho al amparo para Clarín y la Sociedad Rural y, más allá, para todos los accionistas privados en las empresas donde interviene la Anses como socio capitalista. La ‘opo’ no objeta el cercenamiento del derecho de huelga en los servicios: el ‘terco’ Mujica, un centroizquierdista admirado por sus congéneres de este lado, lo aplica en forma sistemática. Los llamados opositores aseguran que los proyectos, una vez aprobados, serán detenidos cuando lleguen a cualquier sede judicial. Aun así, juran que los K han instalado un régimen totalitario. Ya son numerosísimas las presentaciones de inconstitucionalidad que prometen las asociaciones profesionales. Ante un percance de este tipo, el gobierno -dicen algunos analistas- tiene prevista la supresión de las primarias y el adelantamiento de las generales para agosto. La clase obrera A pesar de los derechos fundamentales que están en juego para los trabajadores, no solamente la burocracia sindical de Caló ha mantenido la boca cerrada; tampoco se ha pronunciado la dirección del subte. Los ‘opositores’ van a la cola de los carcamanes de la vieja política, los que defienden los derechos individuales del capital y no los derechos individuales y colectivos del proletariado. Este es el aspecto realmente negativo de la situación presente. La intervención del Partido Obrero en la llamada crisis judicial apunta a destacar la importancia que tiene el asunto para los trabajadores y a impulsar una movilización en defensa de los derechos de la clase obrera.

En medio de la pelea por las paritarias del sector, medio centenar de trabajadores del gremio de prensa, convocados por La Naranja, se dieron cita en el local central del Partido Obrero para conversar con Jorge Altamira. Entre empanadas y vino, trabajadores de Clarín, Perfil, Tiempo Argentino, BAE, Crónica, Infonews, Cronista, Minutouno, Muy y Revista 23 entre otros medios, intercambiamos las experiencias de cada ámbito laboral, mientras Altamira era entrevistado por Nelson Castro sobre las escuchas telefónicas entre Tomada y Pedraza. Este marco sirvió para que Gabriel Solano destacara la importancia de la movilización a Comodoro Py, el viernes 19. Los dos hechos centrales de la conversación de los asistentes con Altamira (llegó poco después de que terminara el programa de Castro) fueron la respuesta vigorosa de Juan Miceli y la interna de la TV Pública a los ataques de los punteros K, y por otro lado la amenaza de ajustes y achiques en Clarín, que ya comenzó a apretar con los retiros voluntarios. Miceli -destacó Altamira- reivindica la posición del Partido Obrero a favor de una posición obrera independiente en la controversia sobre la ley de medios, porque eso es precisamente lo que hicieron el periodista y la interna, en el lugar menos esperado: un canal oficial. En relación con el tema de Clarín, Altamira dijo que era un desafío estratégico, que reclama una discusión minuciosa de parte de los trabajadores. Altamira rechazó el argumento de la patronal, que alega un déficit económico, porque el diario integra un multimedios que debe ser visto de conjunto a la hora de medir ganancias. Asimismo, opinó que el ajuste comporta un ataque al derecho ciudadano a la información, que es un bien público monopolizado por intereses económicos y políticos privados de carácter capitalista. Planteó la necesidad de ganar al conjunto de las organizaciones sindicales de prensa, de cada lugar de trabajo, a una oposición de conjunto a cierres, ajustes, limitaciones o censuras. Altamira destacó que la naturaleza especial del trabajo de prensa, donde la fuerza de trabajo que se pone en venta es intelectual, exige una autonomía completa del periodista frente a la patronal y la ideología de la patronal, lo que solamente se puede lograr por medio de la organización y un programa de reivindicaciones que defienda la libertad de opinión del trabajador de prensa. También señaló que el avance de la prensa puntocom no implica la admisión, por parte de los socialistas, del cese de la prensa de papel, porque ello significaría resignar un derecho cultural fundamental de los trabajadores. Altamira recordó la relevancia histórica de la prensa escrita en papel para la educación de luchadores socialistas y, en el futuro, para el desarrollo político de un gobierno de trabajadores (todo esto entre la medianoche y la una de la madrugada). Llamó a multiplicar el apoyo al Frente de Izquierda para las próximas elecciones y a oficiar como corresponsales y como periodistas de Prensa Obrera. También dijo que el ingreso del Frente de Izquierda en el Congreso no es un fin en sí mismo, sino una etapa necesaria para impulsar la difusión de las ideas socialistas, la lucha contra los atropellos del capital y de su Estado, y un factor de la organización socialista de la clase obrera.

El lunes 8 de abril se inició un nuevo año lectivo para los estudiantes de primer año del Instituto N° 21 Ricardo Rojas, de Moreno. Se trató de la tercera camada que ingresa de manera irrestricta en el Instituto, gracias a la gran lucha que se dio a fines del año 2010, cuando los estudiantes conquistaron ese derecho. A pesar de ello, los estudiantes se encontraron con otro problema: las cursadas en algunas comisiones superan los cien estudiantes por aula. El hacinamiento, junto con las cuestiones económicas, son las razones más comunes por las que los estudiantes abandonan sus estudios. Durante la lucha por el ingreso irrestricto, los compañeros advirtieron sobre esta situación. En su momento, la dirección del Rojas prometió buscar una subsede lindera al instituto. Nada de eso ocurrió. Para empeorar la situación, este año tenemos la mayor cantidad de nuevos inscriptos. El derrumbe edilicio, las aulas superpobladas y los docentes mal pagos son la variante de un ajuste general contra el sistema educativo. Desde la UJS proponemos, como salida inmediata, que la dirección del instituto abra una subsede, para poder desdoblar las cursadas que lo necesiten. Al mismo tiempo, damos nuestro apoyo incondicional a los docentes que luchan por su salario y mejoras laborales.

Las revelaciones sobre las operaciones de lavado de dinero y fuga de divisas por parte de la camarilla kirchnerista pone de manifiesto que la llamada “reconstrucción de la burguesía” fue la cobertura para crear un grupo capitalista propio, el cual fue financiado mediante el vaciamiento del presupuesto público nacional. El resultado fue un fracaso descomunal: Argentina no tiene una nueva burguesía nacional ni logró asociar a este proyecto a los Estados capitalistas que buscan emerger -como China o Brasil. Parte de esta arge-burguesía salió del barco escaldada -como los Bulgheroni, Eurnekian o Eskenazi. Mientras Báez y Cristóbal López se “la llevaban a paladas”, su jefa en el gobierno le pagaba a los usureros internacionales con la plata de los jubilados y el impuesto al salario, o prepoteando un tope a las paritarias. La corruptela nacional y popular se enlaza con la crisis abierta por el intento de ‘democratizar la Justicia’, porque éste revela el interés por encubrir el latrocinio oficialista. Han sido dos semanas catastróficas para el gobierno: las inundaciones causadas por la desidia oficial y el impulso a la especulación inmobiliaria, el compadrazgo entre Tomada y Pedraza, la macarteada contra la izquierda mientras patoteaba la barra del Indek, los videos de Lanata sobre lavado de dinero por parte de los K, la zancadilla de Verbitsky a la atropellada judicial, el despilfarro de la herencia de Chávez por parte de la camarilla chavista y de la boliburguesía de Venezuela. Denunciamos desde el Partido Obrero el derrumbe ignominioso de un proyecto nacional y popular mentiroso, también advertimos contra el intento de que lo capitalicen la derecha y centroizquierda que gobernaron con Menem, De la Rúa y Duhalde. Convocamos a reforzar las filas de la izquierda independiente y revolucionaria para abrir la perspectiva de un gobierno de trabajadores.

El 9 de abril, Néstor Pitrola estuvo presente en la lectura de la sentencia a las hermanas Jara, presas y juzgadas por defenderse de un abusador en un barrio de Paso del Rey. El Partido Obrero estuvo junto a decenas de organizaciones de género, políticas y sociales que venían movilizándose por la libertad de las chicas. Pitrola, entrevistado por medios locales, planteó el caso como "un atropello emblemático a los derechos de la mujer". El armado de la causa y la propia sentencia (que las condenó por el mismo tiempo que estuvieron presas: dos años y un mes) pone al descubierto la connivencia del aparato político-punteril con la Bonaerense y la corporación judicial, que desde el vamos mantuvo a las hermanas en prisión y al puntero atacante en libertad. Pitrola señaló que no "existe el garantismo" para las mujeres trabajadoras. Pitrola caracterizó el fallo de "bochornoso", porque "convalidó la condena a las víctimas, negando un precedente fundamental de legítima defensa de una mujer que intentó ser abusada con amenaza de arma de fuego". Más tarde, Néstor se acercó al local de ATE para mantener una reunión con numerosos compañeros docentes que conforman la Lista Rosa. Pitrola destacó el apoyo del PO a la huelga docente y remarcó que el levantamiento del paro de 72 horas es una concesión al gobierno de Cristina y Scioli, no a los inundados, a los responsables de la catástrofe y no a las víctimas. La reunión resolvió lanzarse definitivamente a la campaña electoral por la dirección del Suteba local sobre la base del balance de la conducta de la dirección del Suteba, que siempre, durante todo el conflicto, fue a la rastra de los acontecimientos y de los otros gremios del Frente Gremial. Todo el PO mercedino trabajará en esta dirección. Se votó también movilizar masivamente el 19 por perpetua a Pedraza.

La presidencia del INCAA firmó la resolución 982/13, la cual liquida el funcionamiento actual de la Vía Digital, la que por seis años fue un ejemplo de producción documental independiente en Argentina y América Latina, y que fue conquistada luego de años de lucha por parte del sector documental de todo el país en abril del año 2007. La nueva resolución establece una reducción drástica a la cantidad de películas documentales que se venían aprobando anualmente y crea para ello un nuevo Comité de Evaluación de proyectos, el cual sería digitado desde la gestión del instituto, en reemplazo del actual Comité (conformado por representantes de las seis asociaciones de directores, productores y técnicos, quienes son elegidos democráticamente), el que ha tenido seis años de incuestionable desempeño con grandes resultados para la producción documental de todo el país (se analizaron más de 1.000 proyectos y se aprobaron alrededor de 50 por año). Este mecanismo garantizaba la pluralidad de voces y discursos, además de la transparencia tanto en la selección de los proyectos como en el manejo de los fondos para el documental. La nueva resolución establece, además de topes para el número de proyectos que podrán presentarse, el arancelamiento para su presentación -lo cual perjudica a toda el sector documental, agravándose en el caso de los realizadores que viven en las provincias. En concreto, este ajuste cierra la principal puerta que los documentalistas independientes ganaron, a fuerza de lucha, para poder trabajar en la creación de nuevos y diversos discursos, generando además fuentes de trabajo técnico y artístico mediante la producción documental. La medida crea, a su vez, un "Comité de Visualización" que instala una suerte de "comité de censura", el que será el encargado de velar para que la película terminada "coincida" con el guión originalmente presentado, bajo apercibimiento de no cobrar el 20% del subsidio y de tener que modificarla, so pena de tener que devolver la totalidad del subsidio recibido. Se trata de una barbaridad por donde se la mire: el "guión" de un documental siempre es tentativo, porque el documental trabaja sobre una realidad que no es estática ni previsible. Con esta nueva "norma", el realizador que quiera evitar que este comité de visualización le rebote la película tendrá que o bien haberla filmado antes y entonces presentar un guión coincidente, o bien forzar la realidad a sus preconceptos. Se busca, entonces, un relato homogéneo y un mecanismo de censura ideológica y económica. La resolución 982 congela, además, los montos de los subsidios en 200 mil pesos, los que ya arrastran desde hace años un atraso en su actualización. El rechazo de la comunidad documental es generalizado en todo el país. Las seis asociaciones de directores entregamos una carta en el INCAA el lunes 8 de abril, en la que se plantea la oposición a dicha medida y se solicita una reunión. La carta no fue respondida. Además, en esa ocasión, los representantes de la gestión ocultaron que la resolución ya había sido firmada. El fomento de la producción documental en Argentina, que es reconocido internacionalmente, fue conquistado por la lucha de los documentalistas en 2007. El funcionamiento del Comité de Evaluación creado para el análisis de los proyectos de esa vía de fomento ha sido destacado en varias oportunidades, incluso por la propia gestión que ahora lo tira por la borda. El miércoles 17 de abril, Doca/Documentalistas Argentinos, junto con otros trabajadores de la cultura, se movilizaron al INCAA para exigir la derogación inmediata de la Resolución 982, en defensa de la creación documental independiente y por la verdadera pluralidad de todas las voces que han surgido todos estos años, en todos los rincones del país, y que se expresa en cientos de películas que han recibido premios y reconocimientos en todo el mundo.

El local central del Partido Obrero de La Plata, Berisso y Ensenada fue atacado. Ingresaron forzando puertas, rompiendo vidrios y persianas, y sustrajeron una computadora con registros de los relevamientos y las distintas tareas solidarias y de organización que desde el primer día venimos realizando en los barrios, a partir de la crisis de las inundaciones. Durante la misma noche, militantes del PTS fueron golpeados por una patota que llegó en autos particulares, mientras los compañeros realizaban una pintada. Entendemos que estos ataques forman parte de un intento de intimidar y neutralizar a las organizaciones que han estado desde el primer día con una gran campaña solidaria en los barrios y que ha fomentado la organización de los vecinos independiente del Estado. El atentado se da en el marco de una fuerte campaña de nuestro partido por organizar a los vecinos contra los responsables políticos de la catástrofe. Hemos realizado una gran asamblea con Néstor Pitrola y más de 150 vecinos de distintos barrios. Reclamamos el inmediato esclarecimiento del atentado. Hacemos responsable al gobierno municipal, provincial y nacional por la integridad física de nuestros compañeros

Con este título, La Noticia Web de San Martín publicó que Néstor Pitrola recorrió San Martín y 3 de Febrero acompañado de los voceros del PO en ambos distritos. La jornada fue precedida por una movilización política por parte de militantes y simpatizantes: agitaciones en lugares de trabajo, estudio y barrios, comunicados de prensa, contacto con todos los medios y la reinauguración del local partidario. Por la mañana, Pitrola tuvo una reunión con un importante grupo de trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) donde la Agrupación Naranja viene de alcanzar un gran resultado en las elecciones de Comisión Interna. El debate de los problemas de los trabajadores no estuvo desligado de la crisis política, el congelamiento de las paritarias, el impuesto al salario. Resultado: se votó la formación de un comité de apoyo al Frente de Izquierda. Seguimos esta recorrida con la presencia de Néstor y los voceros en medios de la zona, donde pudimos expresar nuestro programa y campañas. A media tarde, realizamos una charla con estudiantes y docentes en la Universidad de Tres de Febrero, superando las trilladas provocaciones patoteriles por parte de Unión Universitaria (brazo estudiantil del intendente Hugo Curto). Con Pitrola y todos los estudiantes presentes, resolvimos iniciar una gran campaña entre los estudiantes de la Untref para defender las secretarías conquistadas en el Centro de Estudiantes por Indocta (Partido Obrero e independientes) y que el kirchnerismo desconoce. Cerramos la jornada en el local partidario con la presencia de más de 70 vecinos, estudiantes, trabajadores y delegados sindicales. La jornada fue un empujón para acercar a varios simpatizantes a nuestras campañas políticas y a la construcción del Partido Obrero.

El Congreso de la Fuba será escenario de una intensa lucha política con relación a las tareas del movimiento estudiantil. Los paneles del martes 23 anteceden a los despachos que votarán las comisiones del jueves 25. Por caso, el debate sobre educación tendrá que considerar su completa crisis, ya que luego de una década, existe un cuadro análogo al del transporte o la infraestructura nacional. Medicina sin gas por sexto año, docentes sin salario y una creciente inserción del capital en el terreno educativo. La lucha contra la política educativa de los K tiene que ser una conclusión de primer orden, y es necesario que el Congreso establezca un plan de acción, en unidad con los docentes. Además, habrá un panel sobre situación política, que estará enmarcado por la crisis conjunta que atraviesan el gobierno y su oposición tradicional, embarcados por distintas vías en descargar ajustes sobre el pueblo. Allí estará planteada la intervención del movimiento de la juventud en las elecciones, que resume sus alternativas en ser motor del desarrollo de la izquierda y el socialismo o furgón de cola de experiencias de colaboración de clases. La unidad con los trabajadores, para enfrentar la política oficial, se desprende como tarea central. Esta Fuba tiene como emblema la figura de Mariano Ferreyra, paradigma de la juventud militante que se la juega junto a la clase obrera. La mesa sobre el movimiento obrero está vinculada con este objetivo. Por último, el panel sobre la crisis de infraestructura y vivienda permitirá analizar el derrumbe del relato K, que llegó al extremo de crear un Ministerio de "Planificación"; lo mismo vale para sus opositores, con distritos igualmente inundados, como Macri o Binner. Nuestro planteo y los debates en curso La UJS propondrá, por lo tanto, resoluciones y campañas para todas las comisiones. En la comisión educativa, plantearemos que la Fuba se ponga a la cabeza de una campaña nacional para enfrentar el ajuste en la educación, convocando a todo el movimiento educativo a movilizarnos en Plaza de Mayo. A la vez, la Fuba tiene que ser referencia independiente en la crisis nacional, rechazando, por ejemplo, la reforma judicial del kirchnerismo, y denunciando en forma simultánea el carácter reaccionario de ese poder del Estado. La Federación tiene que fijar posición contraria a los intentos rereeleccionistas de la camarilla K. Este último tema se vincula con la cuestión de la democratización de la UBA, pues el rector, también oficialista, pretende su propia "rere". Pero tanto el país como la Universidad tuvieron sus "que se vayan todos", una consigna que vuelve a resonar para pavor de funcionarios y gobiernos. Por eso, la Federación debe rechazar a Hallú y todos los decanos, contraponiendo la democratización en función de los intereses de las mayorías de estudiantes y trabajadores universitarios. La importancia de las resoluciones del Congreso se realza al considerar los diferentes posicionamientos previos. La Mella-Marea Popular, por ejemplo, editó un material referido a la Fuba, donde el gobierno kirchnerista está ausente. ¿Podríamos pelear contra la Coneau o por la democratización sin colocar en el centro al gobierno que es responsable de esa política? Además, La Mella reivindica la fragmentación de la Fuba que la UJS viene combatiendo en nombre de la "diversidad" de voces en la conducción, que nos "fortalece". Pero para robustecer a la Fuba se precisa una agenda de lucha y un programa claros, única forma de derrotar a los enemigos del movimiento estudiantil -Franja Morada, La Cámpora o el MNR. Adelante El Congreso tuvo su apertura el martes 16, con una movilización al Ministerio de Educación, junto a los docentes de AGD-UBA. La UJS está metida a fondo en esta campaña, planteando que todas las agrupaciones deben participar del Congreso. Luego de impulsar una extraordinaria movilización por la perpetua a Pedraza, tendremos un plenario el sábado 20 en la Facultad de Medicina. Con este balance y nuevas conclusiones, nos meteremos en la última semana, decisiva, del Congreso.

El próximo 26 de abril se realizará un festival en repudio a las amenazas recibidas por la compañera Carla, de la UJS. La compañera participó de un recital organizado por la Municipalidad de Morón, en el que denunció la falsa pluralidad de voces, en relación con los músicos, del municipio “participativo y transparente” de Sabbatella. Luego recibió amenazas telefónicas. Las autoridades municipales desligaron responsabilidades, pero al día de hoy los hechos no han sido esclarecidos. El festival es una iniciativa de Músicos Organizados, que se pronunció a favor del esclarecimiento de la causa. Para tocar en un festival organizado por la Municipalidad de Morón, los músicos deben sortear una serie de filtros políticos y trabas presupuestarias. Desde Músicos Organizados, denunciamos esta situación y exigimos al Estado ciclos de música en vivo; con espacio, sonido y remuneración; con entrada libre y bajo gestión de los músicos. La amenaza a Carla es un claro ejemplo de la política oficial, que el municipio sabbatellista K refleja a la perfección. Esa política se ejecuta con la ley antiterrorista (que Sabbatella votó) y el espionaje oficial. Llamamos a toda la población a apoyar esta lucha contra el ataque a la juventud que no se somete a la regimentación del gobierno. El festival se realizará en la plaza La Roche (frente a la estación de Morón) a partir de las 17 horas.

El sábado 13 de abril, Néstor Pitrola, candidato por el PO en el FIT a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, estuvo en la plaza Alsina de Avellaneda. La modalidad fue la de una charla breve y conversación con los participantes. En las actividades previas se colocaron 57 periódicos en cuatro mesas de agitación. Participaron jóvenes estudiantes de la Universidad de Avellaneda, de los distintos terciarios del distrito y del CBC Avellaneda; trabajadores gráficos de Morvillo, municipales, de Comercio, docentes que se preparan para disputar las elecciones del gremio; y vecinos de Villa Inflamable, Dock Sud, Villa Tranquila y otros barrios. Pitrola hizo hincapié en la necesidad de desarrollar una alternativa de izquierda. Con las inundaciones quedó de manifiesto que los gobiernos privilegian el pago de la deuda externa antes que la inversión en materia de salud y la realización de obras públicas. En Avellaneda, el gobierno kirchnerista de Ferraresi tiene la misma orientación social, da cuenta de ello el acuerdo con Techint en la Costa del Plata, dando vía libre a los negocios inmobiliarios mientras se desmonta el último pulmón verde de la zona sur. Entre los concurrentes surgieron varias iniciativas, entre las que se destacó desenvolver una campaña contra el trabajo precario en el municipio. Los compañeros de Tribuna Docente plantearon desarrollar una gran agitación sobre el balance de la lucha docente, y la campaña por recuperar el sindicato en las elecciones gremiales de Mayo. También se planteó una campaña por la defensa de la vivienda en los distintos barrios de Avellaneda. Párrafo aparte merece el debate de los vecinos de Villa Inflamable, quienes se oponen a la relocalización trucha que pretende el gobierno de Ferraresi en beneficio de las empresas contaminantes. La jornada culminó con una gran convocatoria para el viernes 19 a los Tribunales, para exigir justicia por Mariano. Implementamos el corresponsal por Avellaneda en el marco de los mil corresponsales para Prensa Obrera y la definición de nuestros voceros distritales que encabezarán las listas de concejales en las legislativas. Tenemos el desafío de desarrollar a la izquierda como alternativa política, ¡manos a la obra!

El gobierno de los Hermanos Musulmanes enfrenta un nuevo revés político luego de la fracasada tentativa de imponer superpoderes para el presidente Mursi. Las elecciones legislativas previstas para abril, las que debían completar el dominio político de los HM, han sido postergadas como consecuencia de un sinfín de irregularidades. Aunque no se han vuelto a repetir los enfrentamientos callejeros de comienzos de año, para los analistas políticos la tensión es insostenible. La moneda egipcia se ha devaluado un 10 por ciento en tres meses. La desocupación llega al 20 por ciento. El turismo, que solía aportar el 12 por ciento del PBI, se ha evaporado. Las inversiones externas han desaparecido. Las reservas de divisas han caído a la mitad desde la asunción de Mursi, a pesar de los préstamos de Qatar y Arabia Saudita. Egipto está en virtual cesación de pagos, lo cual afecta a las importaciones -en gran parte de alimentos. Un cuarto de los 83 millones de egipcios viven por debajo de la línea de la pobreza. Para The Economist, "Egipto se está deslizando hacia el desastre. Si Mursi no toma medidas rápidamente, esto estalla. Egipto puede sucumbir ante una nueva revuelta" (3/4). El desconcierto por arriba es generalizado. El Fondo Monetario ha frenado la entrega de fondos. Condiciona las remesas a que Egipto implemente "reformas económicas", entre ellas la supresión de gran parte de los 20.000 millones de dólares en concepto de subsidios a combustibles y alimentos. "Unidad nacional" Se acentúan las presiones del exterior para formar un gobierno de "unidad nacional" con la oposición nucleada en el FSN (Frente de Salvación Nacional), la cual está dominada por sectores con fuertes vasos comunicantes con los círculos de poder internacionales. Pero la oposición ya está pagando su precio por estos compromisos y empieza a ser, también, uno de los blancos del rechazo popular. Ha comenzado a abrirse una deliberación en el seno de las organizaciones populares, muchas de las cuales venían actuando como segundo violín de la oposición burguesa. Los trabajadores son un factor activo en el actual ciclo de protestas -como se ha demostrado en Mahalla, el Canal de Suez o Alejandría- a través de huelgas, piquetes y ocupaciones de fábrica. Además de los maestros, médicos y trabajadores de la salud, se han registrado procesos de lucha importantes en el transporte, como el de los conductores de buses de El Cairo. Los procesos de organización también crecen en la industria, sea en las grandes plantas estatales (textiles, cemento, aluminio, etc.) como en las filiales de las transnacionales (Pirelli, servicios petroleros) y los portuarios. La desprestigiada Central sindical ha perdido influencia. Surgen nuevos sindicatos ligados a las luchas. La Federación Egipcia de Sindicatos Independientes (Fesi) declara 160 sindicatos de empresa, 25 sindicatos generales y 290 comités sindicales, con casi dos millones de afiliados. También se ha formado el Congreso Obrero Democrático Egipcio (Code), un desprendimiento menor de la anterior.

El pasado 8, por la madrugada, la policía de Misiones desalojó violentamente a los habitantes del paraje Puente Alto, del municipio de San Pedro. La represión continúa, porque no dejan que los trabajadores ingresen a sus casas. Al menos once campesinos fueron detenidos. Las familias están a la intemperie y con el riesgo de perder todo lo que tienen: sus cosechas, animales, herramientas y bienes personales. Estas familias estaban en negociaciones con el gobierno por las tierras, donde están asentadas y produciendo desde hace años. En marzo pasado se había realizado una mesa de diálogo con el intendente, funcionarios provinciales y representantes nacionales. A pesar de las tratativas con el supuesto dueño, que tenía una deuda millonaria con el fisco, cuando el gobierno tuvo que dar una respuesta concreta lo hizo por medio de una brutal represión a manos de 300 policías. Ello demuestra el aval político del gobernador kirchnerista Maurice Closs a la represión. La brutalidad del desalojo nos hacen recordar a la masacre de Curuguaty, que concluyó con el golpe de Estado en Paraguay. Toda esta brutalidad para defender la “propiedad privada”, la que en ese lugar es particularmente apetecida por grandes empresas. En toda la provincia, el problema de la tierra es acuciante. La represión desenmascara a los supuestos evocadores de “la memoria”, a pocos días del 24 de Marzo. Los luchadores agrarios de los ‘70 no defendían a monopolios como Alto Paraná y su mar de pinos contra los obreros rurales. Desde el Partido Obrero nos solidarizamos con los campesinos desalojados y repudiamos la represión sufrida por las familias de Puente Alto. Reclamamos el ingreso inmediato de las familias a sus hogares y la restitución íntegra de sus bienes Cese de cualquier desalojo y que el gobierno establezca un plan provincial para la regularización de las tierras de todos los campesinos, trabajadores rurales y urbanos, financiado por los grandes terratenientes.

Puesta a hacer una predicción para las elecciones de octubre (lo cual, para gran suerte de los analistas políticos, sigue siendo gratis), lo primero que me sale es esto: el Frente de Izquierda hará una gran elección en los próximos comicios. En las elecciones a presidente y vicepresidente de 2011, la fórmula Altamira-Castillo obtuvo el 2,3% de los votos (fuente: Atlas Electoral de Andy Tow), lo cual ya fue un buen resultado, teniendo en cuenta elecciones anteriores. Pues bien, con esa línea de base y de no mediar cambios demasiado catastróficos en el campo político, me atrevo a adelantar que es posible que el FIT logre aumentar o inclusive duplicar esa cifra. Las razones de mi predicción: 1) con respecto a otros partidos "recientes" el FIT cuenta con la gran ventaja comparativa de que entrará a esta campaña con la misma etiqueta partidaria y probablemente el mismo orden de candidatos en la boleta que en 2011. Si contrastamos esto con la relativa indeterminación que aún pesa sobre las listas de la CC, la UCR e inclusive el PRO, vemos que el FIT está en condiciones de comenzar ya mismo a hacer campaña; 2) a diferencia de prácticamente todos los otros partidos, el FIT no tiene en este momento pujas internas que sean demasiado evidentes. Según parece, Altamira y Castillo han logrado una buena convivencia partidaria y han unificado un mensaje y una plataforma común, mientras que en el FAP conviven candidatos que, por dar un ejemplo, alabaron a Chávez, con un líder que dijo que habría votado a Capriles. En el PRO, por caso, aún no se sabe quién encabezará la lista en provincia de Buenos Aires, dado la indefinición de Gustavo Posse, quien oscila entre quedarse en la UCR o cambiar de partido. Lo mismo con la UCR, que aún no puede definir si se posicionará como un partido de centroizquierda o de centroderecha; 3) el FIT ya demostró en la campaña anterior que es el partido opositor que mejor supo aprovechar la exposición mediática gratuita que ofrece la nueva legislación. El FIT, y sobre todo Jorge Altamira, demostraron tener mayor manejo mediático que, por caso, Ricardo Alfonsín. Además, el FIT cuenta ahora con una base relativamente pequeña pero muy sólida de militantes que tienen presencia en redes sociales y blogs; 4) si efectivamente se arma el frente entre la CC, el GEN, el FAP y la UCR en la Ciudad de Buenos Aires, es esperable que un número apreciable de votantes que se sienten de izquierda-izquierda no se sientan representados por una lista en la que convivan Victoria Donda con Alfonso Prat Gay y Ricardo Gil Lavedra. De ser así, esos votos deberán ir a algún lado. Una opción sería que se dirijan hacia Pino Solanas, pero esto sería difícil si éste se alía finalmente con Elisa Carrió. La única opción entonces que se presentaría claramente como ala izquierda del kirchnerismo en temas económicos sería el FIT; sería esperable que hacia él se dirijan los votos que el FAP y el GEN perderán por izquierda. Obviamente, no se trata de plantear que el Frente de Izquierda ganará la elección, ni siquiera remotamente; por no es impensable que, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, logre entre el 4 y el 5% de los votos, lo cual sería una excelente elección. Al fin y al cabo, el FIT es casi el único partido de oposición que cuenta, hoy, con dirigentes sin internas evidentes, un discurso económico unificado y una idea clara de cuál es la población a la que desea representar. 12/4

La estrechez de la victoria de Nicolás Maduro y el PSUV, en las elecciones venezolanas, ha obligado al oficialismo a apresurar la ceremonia de la asunción presidencial, la que tuvo lugar sin la compañía de las movilizaciones populares ni la presencia de presidentes y jefes de Estado. El apuro en el tiempo y el ahorro en las formas son un síntoma del debilitamiento enorme que ha sufrido el régimen chavista. La velocidad de los procedimientos fue la respuesta a un vacío de poder. No se suponía, sin embargo, que esto pudiera ocurrir. Hugo Chávez había vencido a Capriles -en octubre pasado- por una distancia de diez puntos, a pesar del deterioro de las condiciones económicas. Un asesor de Capriles resumió, en forma lapidaria, lo que había ocurrido: la gran masa del pueblo era invulnerable a la crítica de la oposición. La brecha se acentuó aún más en las elecciones locales siguientes, donde los gobernadores de la oposición quedaron reducidos a dos (entre veinticinco) y Capriles sólo pudo retener el estado de Miranda por una diferencia infinitesimal. La conmoción que provocó la muerte de Chávez dio la impresión de acentuar este abismo entre unos y otros. Barclays/Dataanálisis previó una victoria de Maduro por 14,4 puntos de distancia, mientras que la encuestadora Hinterlaces extendía el diferencial a 18,8. Al final, Maduro sacó una ventaja de apenas 1,5 puntos o 250 mil votos entre 15 millones de electores. Los ganadores sufrieron una derrota política colosal. La masa bolivariana no transfirió su confianza en Chávez a las camarillas en que se dividen sus sucesores. La tendencia no surgió ahora: el recelo contra la llamada ‘derecha endógena’ y la ‘boliburguesía’ viene de larga data. Maduro, sin embargo, fue elegido por Chávez como su delfín, precisamente porque parecía el más alejado de estas imputaciones. Las elecciones probaron que el poder personal de Chávez es intransferible a las camarillas oficiales y que el régimen de gobierno enfrenta, por lo tanto, una crisis de poder. Quedó en evidencia que el chavismo no es un gobierno de trabajadores y que no se ha establecido ninguna transición al socialismo. El sistema social se encuentra en disgregación como consecuencia de la inflación, los desequilibrios económicos, la permanencia de un régimen rentístico petrolero y la devaluación de la moneda, mientras que la incapacidad de las reglamentaciones estatales solamente ha servido para añadir a la anarquía capitalista una feroz acumulación privada de capital por la vía de la corrupción y la especulación. El desarrollo de la campaña electoral fue un episodio relevante en la crisis. Maduro fue incapaz de asumir la inauguración de una nueva etapa: no presentó ningún programa capaz de responder a la crisis económica ni señaló ninguna modificación en el desarrollo político. Se limitó a copiar la mímica de Hugo Chávez y a explotar, hasta el ridículo, el discurso religioso -lo que es significativo de parte de alguien que viene de la izquierda atea. El que adoptó las características agitadoras y caudillescas del chavismo fue Capriles. La derecha no vaciló en rescatar las misiones sociales creadas por Chávez, impuso en la agenda el aumento salarial inmediato y hasta garantizó un lugar a consejos comunales, los que hasta las elecciones eran para ella un anatema. El inmovilismo conceptual y político del oficialismo fue arrasado por una iniciativa opositora que apeló sin escrúpulos a una demagogia mayúscula -pero que es un recurso típico de una lucha política. El ascenso de la derecha es un resultado de las limitaciones y contradicciones del chavismo. No ha cambiado la naturaleza explotadora del régimen social ni ha transferido el poder de decisión a las masas. Ha beneficiado a un puñado de arribistas burgueses; apenas ha atenuado, en forma transitoria, la penuria social del pueblo sobre la base de una economía de renta, o sea precaria. La izquierda venezolana se ha sometido al chavismo por medio de un seguidismo tenaz, por eso está afuera del radar de las alternativas políticas. Esta madeja de contradicciones ha llegado a un punto de explosión. La lección para el conjunto de América Latina es la necesidad de desarrollar una alternativa de izquierda revolucionaria a la experiencia nacionalista. La crisis política plantea, objetivamente, el problema del golpismo. Capriles está llamando a cuestionar los resultados con movilizaciones masivas. La derecha no puede aceptar una transmisión ‘indolora’ del gobierno sin pagar el costo de gastar en poco tiempo el capital político que ha acumulado también en poco tiempo. Los ‘fierros’, sin embargo, los tiene el gobierno, ya que las fuerzas armadas son chavistas. Un golpe solamente podría prosperar si se divide el chavismo. A eso apuesta la oposición. No sería un golpe opositor, sino oficialista -con la intención de iniciar una transición política. En este momento, un golpe suscitaría una sublevación popular. Brasil y Colombia, que tienen una relación estratégica con Venezuela, han reconocido enseguida a Maduro para poner freno a cualquier desestabilización política. El establishment internacional se ha dividido: el ajustador Rajoy impulsa el desconocimiento de los resultados, que los observadores internacionales de España han declarado transparentes y legítimos. Llamamos a la izquierda combativa de América Latina a tomar nota de las ventajas que saca la derecha de la disgregación de los gobiernos nacionalistas -como ya ocurrió en Honduras y en Paraguay- y a desarrollar en forma sistemática una alternativa socialista de los trabajadores. Advertimos a las masas populares que siguen al chavismo que deben tomar la lucha contra el golpe en sus propias manos, porque la posibilidad de que ocurra se anida dentro del propio régimen chavista.

Tras escuchar los alegatos en el juicio seguido contra cuatro delegados del hospital Garrahan por amenazas coactivas, el Tribunal Criminal Oral N° 29 dictó la absolución de los imputados. Pero, además, ordenó la extracción de declaraciones del juicio para que se inicie una investigación penal sobre los delitos en que pudiera haber incurrido la viceministra de Trabajo, Noemí Rial. La acusación se remontaba a hechos ocurridos durante la huelga de 2005 del hospital. El fiscal solicitó la absolución de todos los imputados. En un largo alegato, en el cual analizó toda la prueba, no pudo dejar de marcar que los funcionarios del Ministerio de Trabajo que realizaron la denuncia no lo hicieron por su propio impulso, sino bajo una orden directa de su superior, precisamente Rial, una semana después de los hechos. A poco de haberse conocido las escuchas judiciales en las que Rial se solidariza con José Pedraza, meses después del crimen de Mariano Ferreyra, se suma ahora el resultado de este juicio. Han quedado al desnudo el carácter profundamente antiobrero de la cartera laboral, su manifiesta hostilidad a las demandas de los trabajadores y su completa comunión de intereses con la burocracia sindical. El propio director del hospital tuvo que admitir que la denuncia contra los delegados la hizo por orden del Consejo de Administración, conformado por dos miembros del Ministerio de Salud y dos miembros del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (a cargo, entonces, de Aníbal Ibarra), quienes fueron víctimas de coacciones y extorsiones fueron los trabajadores en huelga. Además de pedir la absolución, las defensas solicitaron la extracción del testimonio de Iris Moyano, funcionaria del Ministerio de Trabajo, quien admitió haber iniciado la denuncia por orden directa de Noemí Rial, para iniciar acciones legales contra la viceministra por los delitos de acción pública que pudieran corresponder. El tribunal dio lugar a ello al dictar la sentencia.

En la cuestión del voto a los dieciséis años, el gobierno está mostrando la hilacha. Ocurre que, para poder votar, los jóvenes deberán obtener el nuevo DNI. Sólo de ese modo quedarán inscriptos en el padrón electoral. Los que no lo hagan quedarán automáticamente excluidos de la elección. Con esta maniobra, ni siquiera se puede afirmar que el voto a los dieciséis años será opcional, ya que la abrumadora mayoría de los jóvenes ni siquiera están informados de la "opción" de empadronarse. El voto, entonces, quedará circunscripto a los padrones confeccionados por los punteros oficiales. La negativa a convertir al voto juvenil en universal tiene claras razones. La juventud está siendo fuertemente golpeada por el descalabro económico nacional. Ello incluye a una educación en ruinas, la precarización laboral y la ausencia de todo futuro. En el voto de la juventud, lo que explota es esta realidad cotidiana. Entre los secundarios, las manifestaciones de apoyo a la izquierda con vistas a las elecciones de este año son notables. En los colegios secundarios, el kirchnerismo ha montado una campaña llamando a empadronarse, intentando encubrir la maniobra electoral que pretenden llevar a cabo. Por supuesto que esta campaña está concentrada en los colegios donde tienen una influencia. Allí donde no pueden hacer pie, cuentan con la colaboración de agrupaciones filokirchneristas que se han plegado a esta campaña de los K. Con la misma línea del gobierno, defienden el voto para "los pibes que estén interesados". Detrás de un discurso basista y democratizante, esconden su kirchnerismo explícito. Incluso acompañan el discurso del gobierno en un punto mucho más grave: se han convertido en los principales críticos de la intervención política de los partidos en los colegios. La lucha para que el voto desde los 16 sea obligatorio y universal se convierte en una tarea central en la actual etapa política. La UJS tomará este reclamo con la perspectiva de organizar la lucha para que este fraude que pretende montar el gobierno, con la complicidad de la oposición, no se desarrolle. El movimiento estudiantil en su conjunto debe tomar esta lucha en sus manos. Una campaña nacional por el voto universal desde los 16 tirará por la borda el discurso de los K, de sus "compañeros independientes" y de la oposición, ya que pondrá en el centro de la escena que el derrumbe educativo y social debe ser expresado en las urnas. Voto universal y obligatorio desde los 16 años. Libertad de organización y actividad política en todos los colegios secundarios del país.

El desbarajuste del ‘modelo’ golpea con fuerza a la clase obrera. La inflación del año pasado no ha sido inferior al 25%. A ello, se suma la carga creciente del impuesto al salario: la corrección del mínimo no imponible -de sólo el 16,6% para el año 2013-sumará a nuevos trabajadores al pago del impuesto. En las paritarias se juega el destino de los ingresos obreros. Congelamiento trucho El gobierno tendió sobre la mesa el congelamiento de precios para justificar la imposición de acuerdos salariales a la baja. Pero los precios aumentaron más de un 3% en los meses ‘congelados’. En el caso de los combustibles, el anuncio fue seguido por un naftazo. A esta altura, el congelamiento sólo le sirve de excusa a la burocracia sindical para redoblar su cepo sobre las paritarias. La paritaria en La Bancaria fue postergada a cambio de un acuerdo precario de tres meses. En la UTA, el sindicato reclama reabrir la discusión en seis meses. En Luz y Fuerza se impuso un plazo de 18 meses, con un aumento del 20% anual. Algo similar pactó la burocracia adicta en los docentes universitarios. Es muy clara la intención de conseguir un “pacto social” no escrito. El inmovilismo envuelve también al sindicalismo opositor, el cual aisló a las grandes huelgas docentes de Buenos Aires, Neuquén y Chaco. Contra estas tentativas, afloran luchas fundamentales como las de los metalúrgicos y los mecánicos (Lear). Los plenarios de la UOM no quieren migajas, los gráficos se han movilizado masivamente reclamando parar por el 35% y han vuelto las asambleas masivas de los petroleros santacruceños. En la UTA crece un movimiento en las internas antiburocráticas para reclamar un básico de 10.000 pesos. La Conadu Histórica ha rechazado el aumento oficial, pactado por las centrales adictas. El paro judicial será fortísimo por abajo, a partir de los ataques de la “reforma” al trabajador judicial. La burocracia opositora dedica sus esfuerzos a una alianza político-electoral con Lavagna, De La Sota y los restos del duhaldismo. La CTA Micheli le da la espalda a la huelga docente neuquina y a la de los estatales bonaerenses. Nuestro partido plantea: Autoconvocatorias y movilizaciones en reclamo de paritarias libres, por un mínimo de 8.000 pesos, contra los techos salariales oficiales, por la anulación del impuesto al salario, por el 82% móvil, por un plan de lucha de las centrales obreras para conseguir estos reclamos.

Estimados compañeros: ayer fui con unos amigos a ver la película "¿Quién mató a Mariano Ferreyra?". Temía encontrarme con un documental meramente "panfletario" (con perdón de los panfletos) o apologético, pero me encontré con una gran película, difícil de catalogar: no es un documental, aunque tiene testimonios documentales; es una ficción pero basada -casi en su totalidad- en los hechos ocurridos. Cuenta con la participación -como actores o como extras- de los militantes que de verdad estuvieron ese día en la movilización que terminó con el crimen de Mariano, pero también colaboraron en la película actores profesionales con un compromiso militante, y Periodistas -con mayúsculas- (Caparrós, Rojas, Tenembaum y Schiller) que en la peli actúan de periodistas y que de verdad han jugado un rol esclarecedor y comprometido para denunciar la trama política-sindical-empresaria que está detras de este crimen. La película, además, mezcla escenas verdaderas (documentales de los noticieros) con escenas ficcionadas, actuadas (aunque algunas son actuadas por los propios protagonistas de los hechos ocurridos); mezcla el audio real de una entrevista a Pedraza con las preguntas del periodista en la ficción (Caparrós). Es difícil a veces distinguir la "realidad" de la "ficción", por la cercanía de lo ficcionado con los hechos reales. Muy buena la música de toda la película y las canciones que recuerdan a Mariano. Me pareció sumamente esclarecedor cómo se explica el tema de la "tercerización", la complicidad del Estado con los negocios de los empresarios con nombre y apellido (Roggio, Romero de Emepa, Cirigliano, Taselli, etc.) y el rol criminal de la burocracia sindical. La película relaciona también el crimen de Barracas con otros crímenes políticos: el llamado "tiroteo de la Real" (1966), donde murió el burócrata Rosendo García (UOM) y fueron asesinados dos compañeros de la izquierda peronista (Blajakis y Zalazar); más cercanos en el tiempo, los crímenes de Kosteki y Santillán (2002). Recuerda en varias ocasiones al compañero Rodolfo Walsh por su investigación de los hechos de la Real. Con relación a este tema, quiero rescatar algo que forma parte de la historia del PO: en aquel suceso, la prensa del sistema, la policía y la burocracia acusaron y persiguieron a los hermanos Villaflor (militantes de la resitencia) como responsbales por la muerte del burócrata Rosendo Garcia. Años más tarde, Raymundo Villaflor sería uno de los maximos dirigentes del PB (Peronismo de Base) y de las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas), en 1979 fue secuestrado y asesinado por los militares. En 1983, su padre, Aníbal Clemente Villaflor, fue candidato a intendente de Avellaneda en las listas del Partido Obrero y varios de los sobrevivientes de la organización que lideró Villaflor nos integramos al PO en la lucha por la alternativa independiente de los trabajadores, nada se pierde, se aprende de los errores, así avanzamos. Excelente la distinción final que realiza la película entre las perspectivas negativas que planteaba Walsh para castigar a los responsables y la realidad actual: con muchos de los responsables sentados en el banquillo y a punto de ser condenados, con una lucha que ha logrado apoyo popular, con una reivindicación de la verdadera militancia revolucionaria de la juventud (personificada en Mariano, como antes en Maxi y Darío) y el enraizamiento de una organización obrera como el PO en el movimiento social. Saludos.

Las diversas reuniones y charlas convocadas por el Partido Obrero de Córdoba, en el marco de la campaña política, dieron lugar a iniciativas y resoluciones de gran importancia luego de intensos y concurridos debates. Una mateada con trabajadores estatales, a la cual concurrieron Eduardo Salas y Cintia Frencia, resolvió un plan de acción contra la precarización laboral en el Estado y contra al impuesto a las ganancias. Nuestros compañeros presentaron el proyecto de ley para terminar con la precarización y se resolvió impulsar reuniones en los lugares de trabajo. El siguiente paso será convocar a un plenario de activistas y delegados de los gremios del Estado, para gestar una movilización al momento de presentar el proyecto y resolver un plan de acción. En una concurrida reunión de Eduardo Salas con los principales activistas de la empresa Tamse, se evaluó la marcha de la lucha de los trabajadores de esa empresa municipal de transporte contra la privatización que impulsa el intendente Mestre. Se tomaron resoluciones sobre la campaña que el Partido Obrero está desarrollando, la que incluyó la presentación de un proyecto de ordenanza para impedir la licitación de los recorridos de la empresa. La agitación que viene desarrollando el partido ha sido apreciada por los trabajadores como un factor clave en la lucha que están llevando adelante. En Río Ceballos, una reunión con Salas contó con una importante delegación del movimiento obrero zonal y resolvió una campaña frente a la crisis del agua que azota a la zona como resultado de los negociados inmobiliarios y el desmonte. A su vez, se preparó una agitación centrada en el impuesto al salario y la miseria salarial. En José Ignacio Díaz, barrio de la capital, Cintia Frencia participó de una nutrida reunión con mujeres del barrio, las que resolvieron un plan de acción por las condiciones barriales (asfalto, iluminación) y la inseguridad. Eduardo Salas y Manuel D'Alessandro participaron de otra reunión barrial en Villa El Libertador. En Río Cuarto, Eduardo Salas participó de varios programas de radio y televisión, donde fue consultado sobre el proyecto presentado por el Frente de Izquierda en la Legislatura para impedir la instalación de Monsanto en la provincia. Una de las tres plantas proyectadas por el pulpo estará en la ciudad de Río Cuarto. Luego, se reunió con activistas que están organizando la lucha contra esta instalación.

• Salario mInimo de 8.000 pesos • Abajo el impuesto al salario • Plan de lucha Convoca: Frente de Izquierda y de los Trabajadores 15:30 hs, en Plaza de Mayo Cierra: Jorge Altamira

El plenario de delegados paritarios de Prensa Escrita de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), adhiere a la movilización convocada para el 19 de abril, a las 9 horas, en Comodoro Py frente a la lectura de la sentencia en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra. La condena a Pedraza y su patota no implica solamente el castigo a los responsables de un crimen contra el pueblo, sino también la lucha contra la precarización laboral, la que se encuentra muy extendida entre los trabajadores de todo el país. Sin ir más lejos, en el propio gremio de prensa lo sufrimos bajo la forma de los mal llamados colaboradores. La causa por la que luchó Mariano -y por la cual fue asesinado por la patota de Pedraza- era para poner fin a este ataque artero a los derechos de los trabajadores. Por estos motivos, desde el plenario de delegados de Prensa Escrita (UTPBA), adherimos a la movilización y reclamamos la condena a todos los responsables.

El centro de la política de la dirección K de Suteba es sostener la estrategia del gobierno nacional de establecer un techo del 20% para los aumentos salariales de todo el movimiento obrero. Esto no ha sido desmentido por los interrumpidos paros bonaerenses, sino más bien confirmado. El resultado ha sido la eliminación de las paritarias docentes, tanto de parte de Cristina Kirchner como del gobernador Scioli. La docencia bonaerense ha recibido un aumento del 12%, que no recupera ni la mitad de la inflación pasada, por decreto. Luego de la crisis política que generó la masacre del temporal en el gobierno nacional y en el gobierno sciolista, la dirección del Suteba salió al rescate de ambos responsables de la catástrofe, y levantó sin más las medidas de fuerza que venían llevándose a cabo con una contundencia rotunda A pesar de que miles de docentes son víctimas directas de la inundación, muchos otros siguen sin cobrar sus salarios por desidia de la Dirección General de Escuelas (DGCyE). Se están cerrando cursos en primaria y secundaria en la mayoría de los distritos, con una ofensiva particular en estas dos últimas semanas; las obras de infraestructura están paradas en toda la provincia; Ioma, la obra social, está vaciada y retacea prestaciones y remedios; los actos públicos no se realizan adecuadamente porque el colapso de la informatización del sistema administrativo de la DGCyE hace imposible saber el puntaje de cada uno de los docentes que concurren a ocupar cargos. Mientras Baradel extiende su tregua con el gobierno, Scioli profundiza el ataque contra los docentes y la educación pública. Tenemos que parar esta avanzada del gobierno sobre los docentes y la educación pública. Retomar en forma urgente el plan de lucha, realizando asambleas en todos los distritos que evalúen la situación y voten las medidas a seguir. En Neuquén, los docentes llevan ocho semanas de lucha. Los docentes del Chaco fueron reprimidos en dos ocasiones mientras continúan sus medidas. Ctera otra vez deja a los docentes librados a su suerte. Reclamamos a la vez, un paro nacional contra el cierre de la paritaria nacional y en apoyo a las provincias en lucha. Para dar un giro a toda esta entrega, resulta estratégica la lucha por una nueva dirección en el Suteba. Lista única de oposición para recuperar el Suteba La inmensa mayoría de las corrientes sindicales opositoras, antiburocráticas y de izquierda que militan en el Suteba conformaron una lista provincial única: la Lila-Rosa-Fucsia-Indigo-Marrón-Gris. La unidad alcanzada supera el divisionismo de las elecciones de 2009, alentada por el centroizquierda (ex Lista Lila). Tribuna Docente desenvolvió una enorme lucha por un frente contra la burocracia. Además, se han conformado listas antiburocráticas únicas en la enorme mayoría de los distritos. En primer lugar, para defender las seccionales recuperadas (Quilmes, Berazategui, Bahía Blanca, Escobar) y también para retomar la dirección de la seccional de La Plata, usurpada por la Celeste mediante el fraude en 2009. La lista antiburocrática platense está encabezada por la compañera Amelia García. Las posibilidades de disputarle la dirección a la burocracia son muy importantes también en Ensenada, San Martín-Tres de Febrero, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Mercedes, entre otras. Lamentablemente, en General Sarmiento, San Isidro, Merlo, Moreno y Lanús las agrupaciones vinculadas con el MST y el Encuentro Colectivo (Rompiendo Cadenas, con referencia en Bahía Blanca) rechazaron integrarse a una lista unitaria. Esto podría perpetuar a la Celeste en esos distritos. Tribuna Docente integra este frente antiburocrático y combativo de recuperación del Suteba en treinta distritos (en listas comunes o con lista propia) y suma la presencia de compañeros en otros cinco distritos más del interior de la provincia. La tarea actual es recorrer masivamente las escuelas, sumar cientos de compañeros por distrito para que fiscalicen el día de la elección y garantizar el voto de los miles de compañeros que quieren recuperar el Suteba de manos del control del gobierno.