Prensa Obrera N° 1262

Sería un grave error que los incidentes menores que se sucedieron en la entrada de la Plaza de Mayo el 24 de Marzo pasado sean usados para ocultar las divergencias estratégicas que opusieron al acto montado por el gobierno y sus organizaciones periféricas al organizado por el espacio Memoria Verdad y Justicia, que reúne a más de 200 organizaciones populares. La confrontación, además, tiene todo un historial. Ya en años anteriores el gobierno pretendió impedir la realización del acto opositor y copar la parada, encubriendo su accionar detrás de un acto cuya fachada tenía delante a los organismos de derechos humanos cooptados por el Estado, pero cuyo público movilizado era aportado por los intendentes del conurbano, cuya trayectoria política hay que rastrearla en la Triple A y la derecha peronista. Para el gobierno kirchnerista impedir la denuncias de los organismos de derechos humanos independientes y de las fuerzas políticas que integramos el espacio Memoria Verdad y Justicia es una cuestión de sobrevivencia política. La demagogia que desarrolló el gobierno en este terreno no tiene parangón. Desde su asunción en 2003 el kirchnerismo apeló a la impostura para presentarse como un defensor de los derechos humanos. Fueron a la ONU a declararse hijos de las Madres, para borrar de la memoria colectiva la verdad incontrastable que el matrimonio presidencial apoyó al gobierno del indulto y que su propia fortuna deriva de los negocios realizados bajo la dictadura. La hermana de Néstor, Alicia, que suena hoy como candidata en la provincia de Buenos Aires por el oficialismo, fue funcionaria del gobierno dictatorial en Santa Cruz. Todo este edificio montado sobre la base de mentiras apuntó a la cooptación del movimiento popular y a la estructuración de una base política que no sea exclusivamente el peronismo. Este 24 de Marzo fue un nuevo capítulo de esta batalla política. Para el gobierno era la oportunidad de valerse de la jornada para su campaña tramposa de “democratizar la Justicia”. Viniendo de un gobierno que mantiene en sus puestos a 400 jueces provenientes de la dictadura militar es claro que la cruzada democratizadora es un fraude monumental. Fue lo que denunciamos al señalar que lo que se pretende, en realidad, es imponer una reforma que alargue los procesos judiciales de trabajadores y jubilados, y otorgarles protección a los funcionarios denunciados por corruptelas. Junto con ello Memoria Verdad y Justicia denunció el espionaje estatal del Proyecto X, el procesamiento de más de 4.000 luchadores populares, la represión contra los pueblos originarios expulsados de sus tierras por los hacendaros sojeros, el apoyo a la burocracia sindical y sus patotas, responsables del asesinato de Mariano Ferreyra (y la continuidad del pago de una deuda externa cuyo origen se remonta, justamente, a la dictadura militar. Esta denuncia, que apunta a la línea de flotación del gobierno, es lo que quisieron acallar los funcionarios oficiales. Esto explica el operativo armado para impedir la realización del acto opositor. El jefe de gabinete, Abal Medina, se negó primero a recibir a una delegación de las organizaciones de Memoria Verdad y Justicia para coordinar la realización de los actos previstos para la jornada. Luego, montaron un evento en la Plaza que se extendió por horas, a pesar de que el documento leído insumió unos pocos minutos. Por último, movilizaron una patota, con barras bravas comandados por Guillermo Moreno, para retrasar todo lo posible el ingreso a la Plaza de los más de 50.000 manifestantes encolumnados detrás de la bandera “No a la impunidad de ayer y de hoy”. Esta suma de hechos prueba que existió una decisión política del gabinete nacional para impedir la realización del acto y no incidentes circunstanciales entre columnas de distintos signo político. Si alguna duda cabía sobre la existencia de una orden política para perjudicar el desarrollo del acto opositor la terminó de eliminar la propia Cristina Kirchner con sus tuits emitidos desde Santa Cruz el 27 de marzo. En ellos la emprende contra las banderas rojas de la izquierda, símbolo inequívoco de la unidad internacional de los trabajadores, y las opone a la “celeste y blanca”, haciendo gala de un nacionalismo reaccionario, de cuño fascistoide. Toda la demagogia kirchnerista se hizo añicos. La presidenta, ante el peso de una derrota política, echó mano al discurso de la burocracia sindical: ¿o no nos recuerda a la frase del burócrata de la Unión Ferroviaria, el ‘Oso’ Rodríguez, que afirmó “ningún trapo rojo flameará en nuestra casa” luego de pedir “un minuto de silencio para los zurdos que están muertos” en clara alusión a Mariano Ferreyra”? Los tuits presidenciales tuvieron el mérito de presentar las cosas de la manera más descarnadas, es decir, desprovista de toda demagogia. De un gobierno de los derechos humanos pasamos, gracias a los 140 caracteres, a un gobierno macartista. Los diarios rápidamente mostraron una confrontación estratégica entre la presidenta y la izquierda, justamente el escenario al que más le teme el kirchnerismo, que prefiere polarizar con la derecha y ganarse de ese modo el apoyo del progresismo. Pero la derecha el 24 de Marzo lo vio por TV, mostrando sus límites insuperables para estructurar una alternativa popular al kirchnerismo. El balance del 24 de Marzo no sólo arroja una derrota del gobierno. También deja planteada la tarea de desarrollar la polarización política que se presentó en la jornada, impulsando una alternativa de izquierda al kirchnerismo.

Con la presencia de Jorge Altamira, se realizó la asamblea contra el vaciamiento de la salud pública de la provincia. Más de 200 compañeros entre trabajadores de la salud en lucha, de los hospitales del distrito, tercerizados, estudiantes y delegaciones del Polo Obrero se hicieron presentes el martes 27 en la Facultad de Trabajo Social de La Plata. Las intervenciones de los compañeros presentes reflejaron las luchas en curso: los abrazos al Hospital de Niños, el San Martín y el Hospital Rossi; la pelea por el pase a planta de los trabajadores tercerizados de maestranza; la situación de las salitas en las barriadas y hasta la violencia contra la mujer. La asamblea fue arribando a una conclusión política contundente: para terminar con el colapso sanitario provincial, hay que cambiar el poder político del Estado. Es necesario que la izquierda vaya los hospitales, a los sectores en lucha y plantee no sólo el apoyo incondicional a esta pelea, sino a expresar que la salida es la reorganización social de la provincia. El vaciamiento hospitalario no obedece simplemente a un problema fiscal o presupuestario: lo que ha colapsado es una organización social. Si Scioli no puede garantizar la salud de la población, no puede gobernar más. “Se trata, entonces, de un problema de poder”, señaló Altamira. “Tienen una crisis fiscal que no quieren resolver. En vez de aplicar un impuesto a la tierra, reducen salarios; en vez de gravar el impuesto a las grandes riquezas, reducen los presupuestos de acción social y salud pública. La oposición patronal calla, porque ha privilegiado la ‘gobernabilidad’ de Scioli, para preservar los intereses de la burguesía agraria y empresarial. Entonces ¿cómo terminar con el colapso sanitario? Para colocar la salud al servicio de la población, hay que terminar con el negocio de las corporaciones médicas y farmacéuticas, y colocar la salud pública bajo el control de aquellos mismos que la producen”. Si el Estado es una máquina recaudadora de fondos para pagar intereses de deuda, colapsan la salud y la educación. La izquierda tiene un programa y tiene que ir a cada hospital a explicarlo. Que se abran los libros contables de los centros médicos. Que sea abolido el sistema de patentes medicinales. Hay que nacionalizar la industria farmacéutica y triplicar el presupuesto, para salud bajo control de los trabajadores. Con estas conclusiones se votó montar esta campaña con una declaración política por una alternativa política de izquierda en la provincia, contra la crisis sanitaria.

Macri, Scioli y los funcionarios kirchneristas tienen su interpretación de la tragedia de las inundaciones: un fenómeno climático. "Unico". "Excepcional". Pero el pueblo -que vive y trabaja en la Capital, el conurbano o La Plata- sabe que no es así. Las megatorres de lujo y los shoppings han saturado los servicios esenciales. Entre ellos, los desagües. También han devorado los espacios verdes, lo que ha convertido al suelo en un verdadero tapón. La carestía del metro cuadrado hizo que crezcan las villas y asentamientos, en terrenos inundables y construcciones precarias. La "obra pública" de Kirchner, Macri y Scioli realiza carreras de autos, canchas de tenis internacionales y rutas para los barrios privados. Pero no atiende la vivienda popular, la construcción de cloacas y la prevención de inundaciones. Los fondos van a otro lado: al pago de la deuda usuraria, a sostener a los parásitos de las privatizadas. No. El desastre de estos días no ha tenido nada de "natural". Ponemos toda nuestra militancia y nuestra lucha en la solidaridad con los afectados, quienes son nuestros compañeros de barrio, de estudio y de trabajo. Organicemos con ellos la lucha para que los responsables sociales y políticos paguen la crisis. 1 - Resarcimiento inmediato a todos los afectados, con la sola comprobación del domicilio. 2 - Asistencia estatal a todos los barrios, bajo control de representantes de los vecinos. 3 - Plan de obras públicas y viviendas, sostenido sobre la base del cese del pago de la deuda externa usuraria y de impuestos extraordinarios al gran patrimonio urbano y rural. 4 - Ningún descuento salarial a los trabajadores afectados.

El gobierno nacional ha presentado, en una Corte de Nueva York, una oferta de pago a los fondos buitres, la cual asume -para el conjunto de los acreedores que no aceptaron los canjes anteriores- una nueva deuda externa por más de 12.000 millones de dólares a pagar entre nuevo capital adeudado e intereses, a 20 años, más un pago en efectivo. La Anses, los bancos Nación y el Central, la Lotería y hasta el Pami deben poner ya las barbas en remojo, porque serán ellos lo que pondrán este dinero adicional, como lo han hecho hasta ahora. El ‘desendeudamiento’ no es tal (como se puede ver), sino que es un aumento constante, cuya carga se transfiere, por sobre todo, a los jubilados y a los trabajadores. El dinero adicional que se impone Argentina tiene de nuevo como destino, en el marco de la crisis mundial, el rescate de bancos y compañías afectados por la bancarrota capitalista. De acuerdo con esto, Argentina se encuentra en la misma situación de Chipre, Grecia, España o Irlanda (además de muchos otros países, entre ellos Estados Unidos), en los cuales los trabajadores son forzados a solventar la quiebra capitalista. Nueva crisis A pesar del ofrecimiento del gobierno de pagar el doble del capital original (pues ahora hay que computar los intereses futuros de esta nueva deuda), la presentación realizada la semana pasada ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York difícilmente prospere. Es que esta Corte ya había establecido que se debían incluir los intereses acumulados según las condiciones originales de los bonos desde el “defol” de la deuda en 2001 -lo cual representa el triple del capital original. Si la ‘oferta’ de Argentina es rechazada por la Justicia norteamericana, el resultado podría ser el embargo de los pagos a los acreedores corrientes (que aceptaron los canjes anteriores), los cuales se realizan en cuentas en el Banco Mellon en Nueva York. Quién paga En defensa de la propuesta realizada a los fondos buitres, el vicepresidente Boudou argumentó que, a diferencia de quienes “ajustan” para pagar deuda, “este gobierno defiende a los jubilados y los maestros...”. Pero el 80 por ciento de los jubilados recibe una jubilación que no cubre ni la tercera parte de una canasta familiar y los maestros deben ir a la huelga, porque sus salarios de 3.300 pesos no cubren la mitad de esa canasta. El gobierno ha establecido, además, un elevadísimo impuesto a los salarios, lo que provocará -a corto plazo- una rebelión obrera. El pago de la deuda es responsable del incremento de la carestía: en primer lugar, porque el Banco Central inunda de pesos el mercado (depreciando así la moneda) para comprar dólares que son utilizados para pagar la deuda. En segundo lugar, porque los dólares que se sacan para ello -del Banco Central y la Anses- tienen como contrapartida nuevas deudas de la administración pública con estos organismos, las que se refinancian permanentemente. Mientras oferta resarcir a los fondos buitres por más del 100 por ciento del capital original, año a año la deuda impaga que mantiene con los jubilados se incrementa -como es el caso del desconocimiento de los 500 mil juicios por actualización de haberes, o el cambio de la deuda con la Anses de dólares a pesos que se devalúan. La ‘oferta’ del gobierno incrementa la deuda externa y acentúa la quiebra de las finanzas públicas, las que ya están en franco deterioro. Incluso si el desenlace del litigio fuera favorable a la posición del Estado argentino, a renglón seguido deberá ‘arreglar’ con el Club de París, al cual se le deben más 10 mil millones de dólares. De tanto ‘desendeudarnos’, terminaremos más hipotecados que nunca. La deuda pública actual supera los 200 mil millones de dólares.

En Buenos Aires, el ajuste presupuestario no sólo tiene como consecuencia el retroceso salarial de los trabajadores estatales y el congelamiento de las obras públicas. También se está cobrando víctimas, deteriorando su salud o llevándose sus vidas. Desde el Hospital de Oncología de Lanús, nos enteramos de la suspensión en la recepción de las recetas por el Banco de Drogas, de unos 3.000 pacientes que no tienen ninguna cobertura social, desde el 30 de enero al 18 de marzo pasado, en toda la provincia de Buenos Aires. Esto significó la demora de su tratamiento durante ese tiempo, en una enfermedad que no espera y con denuncias de fallecidos por falta de estas drogas, según referencias de la comisión de pacientes y familiares. El daño es incalculable y las consecuencias finales de estos hechos sobre la salud y la vida son difíciles de cuantificar. Es como la bomba de Hiroshima: los que no murieron inmediatamente continuaron deteriorándose y complicándose, y fallecieron finalmente años después. Durante cincuenta días, el ministerio decidió taparse los ojos, oídos y boca. La madre de todos estos dramas es el miserable presupuesto de salud que impide la compra de medios, insumos y medicamentos, que no puede evitar el deterioro edilicio progresivo de los hospitales ni revertir el grave déficit de personal y su éxodo, que mantiene tercerizados y en negro a gran parte de los trabajadores. Esta es la sintonía fina reclamada por la presidenta Cristina Kirchnner: aumento de los impuestos, disminución de los gastos sociales, pago de la deuda externa. Respuesta popular Si esta situación no se prolongó más, fue por la decisión de este grupo de pacientes y familiares, apoyados por los trabajadores del hospital y los gremios respectivos, que decidieron organizarse y dar a conocer a la opinión pública este crimen social. Su primera movilización fue el 18 de marzo hasta la municipalidad, junto a la denuncia a los medios de difusión y al intendente Darío Díaz Pérez, quien, por su parte, decidió dejar a estos pacientes a la deriva. "Justo" ese día, se levantó el bloqueo en la recepción de drogas desde el ministerio, y comenzaron a recibirse cantidades crecientes de estas medicaciones, aunque insuficientes, para el tratamiento de los pacientes afectados. Pero ellos ya han decidido tomar el porvenir en sus manos. No confían en estos funcionarios. Exigen que los responsables se hagan cargo del daño producido, se tomen las medidas que correspondan y que tengan los medios y métodos para controlar la provisión de drogas, y asegurarse así el "nunca más" a este nuevo drama social. Fue por eso que decidieron concentrarse en las puertas del Ministerio de Salud, el 4 de abril, por estos puntos, e invitaron a participar a los gremios, las organizaciones sociales y de derechos humanos y a los partidos políticos sensibilizados por este hecho. Compartimos todo este camino de lucha junto a los pacientes y sus familiares.

La agrupación Naranja de docentes e investigadores universitarios rechaza de plano las pretensiones del gobierno de firmar acuerdos por 18 meses, además de los que condenan a la baja a nuestros salarios. Mientras se adjudican haber reconocido las paritarias (una conquista de los trabajadores), las borran de un plumazo cuando pretenden acuerdos por un año y medio, con topes y en cuotas. El 27 de marzo -y en la propia Casa Rosada-, los ministros Abal Medina y Sileoni han formalizado su pauta salarial para los docentes universitarios y para todos los estatales, ya que nuestra paritaria es la primera del sector público y la que se pretende utilizar como testigo. La propuesta es peor que la que Cristina Kirchnner y Scioli impusieron por decretazo, los que fueron contestados con paros y movilizaciones masivas que continúan en Neuquén y Buenos Aires. La oferta consiste en una primera cuota del 16% en marzo, cuando desde septiembre del año pasado los docentes universitarios hemos recibido 0% de incremento salarial en un cuadro donde la inflación se ha desbocado.La segunda cuota es del 2% en junio. Y la tercera, que llega después de ocho meses, será del 4%. Con estas cómodas cuotas, el gobierno dice alcanzar el techo del 22% que quiere imponer a todos los trabajadores. Ya lo rechazaron los docentes de los niveles primario y medio de todo el país. Ya lo rechazamos las 29 universidades nucleadas en la Conadu Histórica, las independientes y hasta algunas disidentes de la Conadu, con un paro nacional de 24 y 48 horas. Finalmente, el escándalo. Un 7% para todo el primer semestre de 2014. ¡Pero el gobierno, en su ofrecimiento actual, incluye para el semestre de este año un acumulado del 18%! ¿Esperarán que en el primer semestre 2014 la inflación baje a menos de la mitad? Moreno firma “acuerdos de precios” nunca cumplidos cada 60 días, pero el gobierno quiere hacernos firmar acuerdos salariales... por 18 meses. Exigimos la actualización periódica de los salarios de acuerdo con la evolución del costo de vida. Rechazamos el intento de imponernos un “acta de entrega”. Aquí está en juego la paritaria misma. Es decir, la necesidad de los trabajadores de mantener abierta la negociación salarial ante una inflación creciente que se disparó hace seis años. Los docentes universitarios nos negamos a ser los que entreguen esta conquista de todo el movimiento de los trabajadores. La propuesta no dice ni una palabra sobre la derogación del impuesto a los salarios. Es más, dado el congelamiento del mínimo no imponible, más docentes pagaremos el impuesto. Ni una palabra sobre los topes a las asignaciones familiares, por lo que menos docentes cobraremos este ítem. La oferta tampoco incluye la estabilidad laboral o el fin de los ad-honorem. En suma, nos proponen un programa completo de recortes sobre nuestros salarios y derechos. Las burocracias sindicales de Conadu y Fedun (siguiendo los pasos del “gordo” Lezcano, de Luz y Fuerza) ya se mostraron dispuestas a suscribir un acta de entrega de estas características, puesto que consideran que este acuerdo da “previsibilidad”. En eso tienen razón: el ajuste será previsiblemente garantizado por un año y medio. Llamamos a todos los docentes, afiliados o no a cualquiera de los gremios, a expresar su repudio a este ofrecimiento, a deliberar y a pronunciarse en asambleas conjuntas contra un acta que es la peor del movimiento docente de todos los niveles. Llamamos a todas las asociaciones de base, delegados y activistas y, en especial, a la Conadu Histórica, a convocar un Congreso de Bases con mandato y a la implementación de un plan de lucha hasta imponer nuestras reivindicaciones. No al 22% en cuotas para 2012. Treinta por ciento ya.

La crisis política en el partido de gobierno -y en el principal distrito del país- es indisimulable. Su telón de fondo es el derrumbe fiscal, que el gobierno nacional descarga sobre las provincias. En línea con ello, Scioli lleva adelante un ajuste brutal. Su única tabla de ‘salvación’ es que el gobierno nacional le autorice tomar nueva deuda. Mientras tanto, quiere cerrar la huelga docente con un decreto copiado de Cristina y Sileoni, lo que ha generado un rechazo general y la continuidad de la huelga. El conjunto de la gestión provincial entró en cesación de pagos. La suspensión de los planes de obra pública y vivienda es total. No hay insumos en los hospitales, se incumple incluso la entrega de drogas oncológicas. Se cortaron la mayoría de los ítems de asistencia social, aun del antiguo Plan Vida de las manzaneras. Las reformas impositivas votadas no han aliviado esta situación y tienen un carácter absolutamente cosmético. En contrapartida, Scioli mantiene un paquete de exenciones impositivas de más de 4.500 millones de pesos para el gran capital. Fractura política A la luz del día, se va delineando una fractura política de fondo. Mientras aplica el ajuste, Scioli está recomendando a sus aliados el ingreso a las listas del derechista De Narváez. Del otro lado, el cristinismo de Unidos y Organizados complota contra Scioli con intendentes pejotistas como Curto y Othacehé -sostenidos por los fondos nacionales de De Vido. La solicitada contra la huelga docente ha sido otro episodio de crisis. No la firmaron Massa y su bloque de intendentes -quienes hasta hace poco, eran aliados del gobernador. Varios firmantes se retractaron o desmintieron haber acordado su firma. El intendente de Ensenada, Secco, hizo explícito el ataque a Scioli: “La provincia tiene serios problemas que solucionar y no es justo que metan a los intendentes a pelearnos con los maestros” (Télam, 27/3). Lo que sí compartieron los intendentes cristinistas fue el ataque a la huelga, en línea con el libreto de los ministros nacionales Sileoni y Tomada. Massa El promocionado Sergio Massa todavía vela sus armas. Mientras avanza en el armado de bloques propios en los concejos, dice que buscará hacer de Tigre una copia de Miami -caracterizada por la privatización de todos sus servicios. Massa encabeza un bloque de intendentes que hace bandera de la militarización como salida a la inseguridad, quienes también buscan una reactivación económica de la mano de la especulación inmobiliaria desenfrenada. Uno de sus golpes mediáticos recientes ha sido la realización de allanamientos con cámaras drones, como las que el ejército yanqui usa en Irak o Afganistán. La disputa del PJ incluirá también a los otros intendentes derechistas -el trío Posse-Cariglino-Jorge Macri- los que tenderían a disolverse en la variante que exista del PJ disidente -fuese con De Narváez, fuese con Scioli o Massa. A pocos meses de las internas, asistimos a una inédita desintegración del oficialismo. Del otro lado del espectro político, el FAP ha organizado una conferencia de prensa para “solidarizarse” con los trabajadores estatales. Es una coartada frente a su complicidad con el ajuste de Scioli, al cual votó en la Legislatura con el pretexto de la gobernabilidad. Evidentemente, entre estas variantes patronales no hay ninguna alternativa a la debacle provincial. Coparticipación y endeudamiento El gobierno nacional demora el endeudamiento provincial para apretar políticamente a Scioli. Pero su aprobación es otra soga al cuello, ya que cada nuevo refinanciamiento es a plazos más cortos y escalas más usurarias.La coincidencia estricta entre Scioli y Cristina en la suspensión de sus respectivas paritarias salariales, así como el compromiso fanático con el pago de la deuda, muestran que la disputa no está en la orientación social de los fondos en disputa. La tensión entre el Estado central y las provincias es generada por la crisis capitalista, cuya salida no puede estar en los marcos que han llevado a esta debacle. En este cuadro, intervenimos en la crisis provincial empeñados, en primer lugar, en llevar a la victoria a las huelgas docente, estatal y hospitalaria; la reivindicación de la defensa de los salarios, y de la educación y salud pública que éstas encarnan, así como el llamado a ganar las calles en su apoyo. Planteamos la reorganización de la provincia a partir del salario, la vivienda y la obra pública; impuestos progresivos sobre el gran capital; desconocimiento de la deuda externa y todo subsidio estatal al capital privado. Planteamos la nacionalización del conjunto de la salud y la educación, no sólo porque el Estado nacional es el que concentra el grueso de la recaudación, sino porque se debe imponer un criterio para responder a las necesidades existentes, y no un sistema como el actual, que depende de las posibilidades financieras relativas de provincias y municipios para mantener los servicios esenciales, profundizando la desigualdad en su funcionamiento. El Partido Obrero llama a ganar las calles y a trabajar, en todos los municipios para poner en pie una alternativa política de izquierda frente a los vaciadores de la provincia.

La paritaria de los empleados de comercio está inmersa en una negociación que involucra al gobierno nacional, la burocracia sindical y las patronales. El sindicato está dispuesto a aceptar que el próximo acuerdo paritario se extienda por 18 meses, como hiciera recientemente Luz y Fuerza. "Si se conserva el congelamiento de precios no tendríamos problemas", declaró el secretario de Organización, Ramón Muerza. Un acuerdo de 18 meses sólo puede apuntar a ofrecerle paz social a las patronales en un período turbulento, signado por la inflación y devaluaciones de la moneda. La burocracia es consciente de que los "acuerdos de precios y salarios" implican el control de los sueldos pero no de los precios, que siguen creciendo. Peor aún, las cifras de negociación son hasta ahora de un 25 por ciento escalonado. Ese porcentaje, muy bajo ya para un acuerdo anual, sería un mazazo al bolsillo de los empleados de comercio si fuera por 18 meses. A esto debemos añadir otro hecho grave. El 27 de julio se cumplirán dos años de la aprobación en el Senado del proyecto de ley del teleoperador, que reconoce el carácter insalubre de la tarea en los call centers. Si el expediente sigue cajoneado, como lo han logrado hasta hoy las patronales, perderá estado parlamentario (toda una diferencia con la ley de ART, que fue enviada al parlamento y aprobada en tiempo record). La perspectiva de un acuerdo ruinoso para más de un millón de trabajadores encuadrados en el gremio puede entenderse a la luz de los recientes acuerdos del gobierno nacional con la burocracia del gremio y con la patronal supermercadista. A los primeros les acaba de dar un espaldarazo en el conflicto de reencuadramiento sindical de Maxiconsumo, y el gobierno estaría empeñado en frenar el drenaje de empleados de comercio a otros gremios, para ganar la simpatía de Cavalieri. A los supermercadistas los ha beneficiado con la "Super card". En todo este cuadro, Combativos Mercantiles y Telemarketers en Lucha desarrollan una agitación contra la paritaria de 18 meses, por un aumento equivalente a la inflación, y para que se convoquen a asambleas y plenarios de delegados que discutan libremente las paritarias.

El desfile de reproches mutuos sobre las inundaciones -entre el kirchnerismo, Macri, Scioli y otros- sólo ha servido para desnudar la responsabilidad de todos ellos en el desastre. Las razones de la inundación en La Plata no son diferentes de las que hundieron a barrios enteros de la capital algunas horas antes. Por un lado, la especulación inmobiliaria desenfrenada, la cual ha copado el suelo urbano a expensas de los espacios verdes imprescindibles para el drenaje de las aguas. En la provincia, ese desarrollo se expresa en el auge de los barrios privados, que resuelven su propia urbanización a costa de provocar desequilibrios explosivos en el resto del municipio -entre ellos, en los desagües. Por otra parte, esa misma especulación ha encarecido el suelo, lo que ha empujado a la población más explotada a las villas y asentamientos. Desde el año 2001, la población villera creció un 55% en el gran Buenos Aires. Para algunos, "a pesar del crecimiento económico" (Clarín, 26/12). No: lo que reflejan estos datos es el carácter capitalista de la recuperación económica piloteada por los K, que agravó todos los antagonismos sociales. En ese cuadro, La Plata y sus barrios no son una excepción: sin vivienda accesible en el casco urbano platense, la población trabajadora se dirigió a los terrenos ociosos de las zonas más baratas e inundables. Esta orientación social iguala a los Macri, Kirchner y Scioli. Pero ¿qué decir del centroizquierdista Binner y el FAP? En Rosario y las grandes ciudades de Santa Fe, las construcciones de lujo también han arrojado a los trabajadores a la periferia. La obra pública es funcional a la especulación con el suelo, mientras los municipios y comunas padecen la mayor indefensión. En 2012, las gigantescas inundaciones en el cordón de San Lorenzo sólo tuvieron como respuesta la autoorganización popular, con el apoyo activo de la banca del Partido Obrero en Capitán Bermúdez. En definitiva, las inundaciones han puesto en la picota a todo un régimen político y social. El agua y el ajuste Este desastre mostró hasta qué punto los Estados nacionales, provinciales y municipales actúan para agravar la anarquía en el uso del suelo y la polarización social. Se ha dicho hasta el cansancio que el presupuesto macrista está subejecutado. Pero la parte que se ejecuta apunta a acentuar el apetito del capital financiero, como el traslado de la Jefatura de Gobierno a Barracas (para “poner en valor” al sur), la peatonalización del centro y, en compensación, el trazado de nuevas y contaminantes autopistas. La urbanización de villas está fuera de la agenda oficial, como lo estuvo con Ibarra y otros. Lo mismo ocurre con el necesario desarrollo de espacios verdes públicos. En la provincia, el brutal ajuste en curso suspendió la ejecución de todas las obras de infraestructura. Los recursos que De Vido entrega directamente a los intendentes podrán servir para conspirar contra Scioli, pero no resuelven ninguno de los problemas cruciales de los barrios. El Sitraic (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción) ha caracterizado a esas obras -con fondos nacionales- como “cosméticas”, ya que no apuntan en ningún caso a vivienda, el control de las inundaciones o cloacas. La ciudad de La Plata es un retrato de esta orientación social: mientras los barrios están sin obras, avanzan los planes para expandir el puerto sobre espacios verdes. Al mismo tiempo, las industrias del conurbano continúan echando sus residuos a los desagües y arroyos, sin el menor control. Otro ‘elefante’ del ‘modelo’, la autoridad de la cuenca Matanza Riachuelo, mostró su completo fracaso en esta crisis. Lápida para el ‘modelo’ La tragedia de las inundaciones ha colocado otra lápida sobre el ‘modelo’ oficial, a igual título y gravedad de lo que ocurrió hace un año atrás, en la estación de Once. Los defensores del gobierno sostienen que la ausencia de inversión pública es la consecuencia de haber “privilegiado al consumo popular”. Se trata de una impostura, si se tiene en cuenta que los salarios de la década ‘ganada’ nunca superaron -ni siquiera en su mejor momento- a los de los malditos años ’90. Lo cierto es que el ahorro nacional fue dilapidado en sostener a los parásitos de las concesiones privadas de servicios públicos; en financiar la fuga de capitales, la cual sacó del país 80.000 millones de dólares en cinco años y, sobre todo, en el pago de la deuda externa, que consumió el presupuesto público y, cuando éste no fue suficiente, las arcas del Banco Central y de la Anses. En las mismas horas en que la población del área metropolitana se debatía entre la indefensión y la muerte, la administración económica ‘nacional y popular’ prometía cargar sobre el país otros 12.000 millones de dólares de deuda externa, en favor de los fondos buitres. En cambio, la elemental canasta de medios de consumo que muchas familias lograron conformar a lo largo de los años -una heladera, un lavarropas, un televisor- fue devoradaen minutos -no por las aguas, sino por una orientación social. De un plumazo, el ‘modelo’devolvió a miles de trabajadores a la bancarrota de 2001 y 2002. Programa La orientación expoliadora de quienes nos gobiernan se deja ver incluso en las ‘salidas’ que les proponen a los inundados: Macri ofreció créditos blandos sólo a quienes estén "al día" con el abusivo ABL que se paga en la Ciudad. La tragedia es el pretexto de un nuevo saqueo impositivo. La misma oferta formuló Scioli, horas después, en la provincia. En estas horas, la militancia del Partido Obrero de las zonas afectadas está trabajando codo a codo con los vecinos inundados, participando material y físicamente en todas las iniciativas de organización para hacerle frente al desastre; organizando y orientando a los afectados para dirigirnos al poder político con todas las reivindicaciones urgentes y con un programa. Planteamos: asistencia inmediata de todos los estamentos del Estado a los barrios inundados, bajo la intervención y el control de los propios afectados. Indemnización inmediata por los daños causados, con sólo comprobar el domicilio. Ningún descuento salarial a los trabajadores afectados. El estado de emergencia -si realmente es tal- debe partir de la suspensión inmediata de los pagos de la deuda usuraria y de la aplicación de sus recursos a un plan de viviendas y obra pública, en el marco de una reorganización urbana integral, la cual debe contemplar la nacionalización del suelo. Cristina Kirchner, los Macri y Scioli se dedican a echarle culpas a un fenómeno climático, "único" y "excepcional". Algunos de sus defensores se acuerdan del cambio climático, como si de ese modo pudieran despojar al desastre de su contenido social y político. No pueden, porque hasta el cambio climático es una consecuencia de la irracionalidad capitalista y del manejo de los recursos naturales en función del beneficio privado. En las horas del temporal, Cristina Kirchner contraponía, por cadena nacional, a su gobierno con la Inglaterra y la Europa de "los ajustes despiadados". Pero la bancarrota capitalista se estaba expresando con toda su fuerza en el país, bajo la forma de una catástrofe y como consecuencia de la misma orientación de los denostados gobiernos europeos. Toda la fuerza y la solidaridad con los inundados y su lucha. Reforcemos la lucha por oponerle a los gobiernos y partidos del desastre una alternativa obrera, de izquierda y socialista.

El ajuste presupuestario en la provincia de Buenos Aires es brutal: hospitales sin insumos, desabastecimiento en los comedores, techos salariales y congelamiento de la obra pública. Esta catástrofe social sin precedentes tiene como responsables al bloque del gobierno nacional, a Scioli y a la “oposición” (FAP, UCR, PRO), quienes votaron en la Legislatura un presupuesto que ni siquiera preveía un aumento salarial para docentes y estatales. Estas políticas llevaron a la provincia a las puertas de un “Once sanitario”, el cual silenciosamente se cobra la vida de los trabajadores que son expulsados del sistema de salud público. Los trabajadores del Hospital de Oncología nos enteramos de la suspensión -desde el 30 de enero, en toda la provincia- de la recepción de las recetas por el Banco de Drogas para unos 3.000 pacientes que no tienen cobertura social. La suspensión del tratamiento en esta enfermedad que no da tregua tiene los efectos de una bomba de Hiroshima para los pacientes, donde los sobrevivientes continúan deteriorando su salud y muriendo luego. La comisión de familiares y pacientes denunció que ya han muerto 30 personas. Según el relato oficial, la administración Scioli es rehén de los laboratorios que dispararon los precios de las drogas. Pero ningún funcionario advirtió este chantaje ante la población ni inició acciones legales. Tampoco buscaron una solución alternativa como congelar los precios o anular las patentes para poder producirlos públicamente. ¿Será que para el gobierno el cáncer también una enfermedad de ricos? Está claro que los gobernadores han aceptado el trabajo sucio de tercerizar el ajuste que reclama la Presidenta para seguir subsidiando al gran capital. Doscientos cincuenta pacientes, vecinos y trabajadores se movilizaron a la Municipalidad de Lanús, el 18 de marzo, para denunciar el abandono de los pacientes y exigir una solución inmediata. El intendente Díaz Pérez tardó una hora en recibirlos y comentó que Alejandro Collia, el ministro de Salud de la provincia, le aseguró que había depositado el dinero adeudado. Con la lucha se logró que se vuelvan a autorizar las recetas, pero, al día de hoy, continúa el retraso en el envío de la medicación, suspendida por 50 días, a lo que se suma la falta de insumos básicos, personal y el deterioro edilicio de los 77 hospitales de la provincia. La movilización popular se ha convertido en una postal cotidiana y es el método elegido por los trabajadores para enfrentar el ajuste. El 4 de abril, a las 11 horas, nuevamente nos movilizaremos con la comisión de familiares y pacientes junto a los gremios, las organizaciones sociales y de derechos humanos, y partidos de izquierda para exigir que los responsables se hagan cargo del daño producido y se tomen las medidas para garantizar la provisión de drogas, personal e insumos a los hospitales para asegurar el “Nunca Más” a este ajuste social: por un aumento de emergencia del presupuesto de salud y por la anulación del pago de la deuda externa nacional y provincial, para obtener recursos para solucionar la crisis sanitaria.

Cinco mil personas marcharon por el centro platense bajo la consigna: "Los 30.000 detenidos desaparecidos luchaban por un país sin opresión ni explotación. Con el ajuste K crece la represión. Basta de impunidad". La movilización reunió a los organismos de derechos humanos independientes del gobierno, a los centros de estudiantes secundarios agrupados en la Cues y a los de la universidad, a la izquierda, a los movimientos territoriales y las agrupaciones sindicales, de las cuales el Frente de Unidad por la Recuperación del Suteba La Plata, integrado por Tribuna Docente, fue el más notorio. La movilización se dirigió por el centro hasta los tribunales federales donde se realizó un escrache a los jueces Coraza y Blanco, quienes tienen que resolver las elevaciones a juicios de los genocidas, causas que tienen paralizadas y fragmentadas. Luego se dirigió a la plaza San Martín, frente a la gobernación, donde se dio lectura a un documento que denunció la impunidad que generan los juicios a cuentagotas después de diez años de kirchnerismo. El documento marcó el aumento de la represión a lo largo del país y exigió el desmantelamiento del aparato represivo. Se señaló que el juicio por nuestro compañero Mariano Ferreyra es una victoria del movimiento popular, y llamó a redoblar la lucha en el tramo final del juicio. La marcha entroncó con el proceso de movilizaciones y paros de los docentes y estatales, por eso se reclamó un aumento salarial sin techo, el fin de la inflación y a unificar las luchas de los trabajadores. La gran movilización de la Multisectorial, espacio que integra el Partido Obrero, marcó la vitalidad de los movimientos de lucha de la región; contrastó con los festivales musicales del municipio, con las baldosas y los tours por los museos de la memoria (repretours) que motorizó el kirchnerismo. La importante columna del Partido Obrero, aguerrida y de lucha, se destacó por su fuerza y por ser parte actuante en estos procesos de lucha. A 37 años del golpe, no perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos y, por sobre todo, mantenemos presente la lucha por una perspectiva de los trabajadores.

Desde España, Martín Caparrós, protagonista del film, describió a "Prensa Obrera" su participación en la película y las razones para verla. -¿Qué razones te llevaron a asumir la actuación en la película? -Por un lado el desafío personal: me atrajo la idea de intentar hacer algo que hasta ahora no había hecho, actuar a este nivel en una película. Y, por otro, el hecho de que la película fuera una investigación del asesinato de Mariano Ferreyra, que ya me había conmovido mucho en su momento. -Seguramente ya tenías una visión sobre el crimen de Mariano antes de trabajar en la película. ¿Cómo evolucionó durante tu trabajo en ella? ¿Cuál es tu conclusión ahora? -Como te decía, el asesinato me impresionó desde el primer momento. De hecho, esa noche fui a la Plaza de Mayo, enseguida escribí sobre eso: me parecía un crimen que, además de su dramatismo evidente, mostraba muy claro cómo funcionan ciertas mafias sindicales y empresariales en la Argentina, con el pleno apoyo del gobierno nacional -que se llena la boca con los derechos humanos, mientras se apoya en este tipo de personajes y estructuras. -¿Cómo recomendarías la película a las personas que en pocos días podrán concurrir a ver el film en la Argentina? -Les diría que fueran indulgentes con mi trabajo -que me perdonen la vida, bah. Pese a eso, la película es una síntesis interesante, emocionante, de un momento muy fuerte de la historia argentina reciente, así que vale la pena verla.

El martes 26 se llevó a cabo la presentación de los alegatos en el juicio que enfrentan las hermanas Jara bajo la carátula de tentativa de homicidio por defenderse de un acosador, por lo que se encuentran al día de hoy con más de dos años de detención sin una clara justificación. La fiscalía pidió cinco años y seis meses para el caso de que el tribunal decida que es tentativa de homicidio. O tres años y seis meses por lesiones graves. Esta sentencia, que de prosperar le daría la libertad a las hermanas, ya que por tecnicismos legales incluirían los dos años que Mariana y Ailén llevan presas, no contempla que éstas queden sin condena; o sea que se tenga en cuenta su legítima defensa. Una libertad con condena es un triunfo para los opresores. Exigimos la libertad absoluta, sin condena, para Ailén y Marina Jara. El martes 9 de abril, a las 12 horas, vamos al TOC2 de Mercedes donde se dará la sentencia a las hermanas. Reforcemos el apoyo a Ailén, Marina y a toda su familia. ¡Libertad absoluta, ninguna condena a las hermanas Jara! Absolución inmediata. Juicio y castigo a todos los responsables de este armado judicial. Basta de perseguir a las compañeras trabajadoras. El 9, todos a Mercedes a exigir su absolución.

El jueves 28, un grupo de empleados despedidos de la Caja Popular repartían un volante donde denunciaban los contratos de publicidad oficial a cambio del silencio de los medios a los atropellos y despidos de la intervención de la Caja. En esas circunstancias, fueron emboscados frente a la Casa de Gobierno por patoteros, que descendieron de vehículos sin chapa y les propinaron una dura golpiza. Además, la policía detuvo a dos compañeros. El grupo atacante se retiró sin ser molestado, en un evidente accionar de zona liberada por la policía. Desde la Asociación Bancaria convocaron a dirigentes y activistas de diferentes bancos en apoyo de los compañeros. En esas circunstancias, encontraron en un bar al interventor Cortalezzi, y le recriminaron el accionar de la patota. La espontánea movilización fue cubierta profusamente por los medios locales. La policía volvió a actuar, esta vez para rescatar a Cortalezzi. El secretario de Seguridad se tuvo que hacer presente en el lugar, y darle a los bancarios garantías de que se iba a investigar a la patota agresora. La promesa duró minutos: Cortalezzi salió del bar y encaró decididamente hacia la manifestación bancaria, acompañado por civiles y policías antimotines. Allí produjo un enfrentamiento del que salió huyendo, custodiado, hasta la Casa de Gobierno, donde subió a una camioneta sin identificación. El conflicto puso en evidencia la impunidad con que actúan grupos de tareas parapoliciales compuestos por patovicas y punteros, con su tarea de espionaje y persecución en coordinación con el conjunto del aparato policial. La agudización del conflicto bancario se da en el marco de la crisis política que afronta Alperovich por sus vínculos con las redes de trata, el caso de Marita Verón y el aberrante crimen de Paulina Lebbos, donde el aparato del Estado impuso todo su peso para el encubrimiento de los hijos del poder. A la vez, el Estado asiste a un creciente déficit fiscal que obligó al saqueo de 172 millones de pesos de la Caja Popular. Los últimos negocios de Alperovich fueron las concesiones para los grandes hoteles Hilton, Sheraton, y el Hotel en la ex Legislatura con sus nuevas salas de juego concesionadas a Ivisa, empresa que tiene el control del juego on line desde la Caja Popular y la administración mayoritaria de las máquinas tragamonedas en la provincia. Por ello no es casual el conflicto bancario, donde buscan someter a los empleados de la Caja, silenciar los negocios espurios a partir del juego, y utilizarla como fuente de recursos para campañas publicitarias o apoyo a la camarilla gobernante vía créditos. Debemos exigir la devolución inmediata de los 172 millones, la reincorporación de todos los despedidos, el cese de los traslados, el reintegro de los rotados y el pase a planta permanente de los contratados. Esto plantea un plan de lucha para echar a la intervención negrera y patoteril y la investigación y castigo a los responsables del accionar de las bandas represivas parapoliciales.

El 26 de marzo concluyeron los alegatos de las defensas. Las audiencias que tendrán lugar durante la primera semana de abril serán las últimas y estarán dedicadas a la rueda de réplicas. Luego de ocho meses de juicio, muy probablemente el viernes 5 el tribunal anuncie la fecha del veredicto. Policías Todas las defensas de los policías negaron la existencia de un plan criminal y concluyeron sus alegatos solicitando la absolución de sus defendidos. Sus argumentos, sin embargo, fueron variados y contradictorios. Una parte de ellos se plegó a la tesis del “homicidio en riña” que levantaron los abogados de Pedraza y la patota -excepto la defensora de Favale, quien sostuvo que se trató de un ataque criminal que Pedraza y los suyos pretenden descargar sobre el barrabrava de Florencio Varela. Otro grupo de los defensores de la policía, aunque menor, reconoció que se trató de un ataque, para calificarlo de "imprevisible" y así justificar la conducta de sus clientes, a los que presentaron como abrumados por la sorpresa y por el rápido desarrollo de los hechos. Otros, directamente evitaron pronunciarse sobre la calificación del hecho o fueron ambiguos al respecto. La excepción fue la defensora de Lompizano, que alegó un híbrido de versiones contrapuestas: dijo que Mariano Ferreyra se había "autoexpuesto al peligro" al acompañar la manifestación de los obreros tercerizados y calificó a los manifestantes de terroristas ("estas organizaciones piden que se derogue la ley antiterrorista porque es lo que hacen ellos, sembrar el terror público"). Los defensores fueron incapaces de refutar el plan criminal y presentaron excusas absurdas para justificar la conducta de cada uno de sus clientes. Ninguno supo explicar por qué los policías que permanecían sobre las vías junto a la patota fueron incapaces de prever lo que se venía, por qué tenían conocimiento de que los patoteros "esperaban gente de Varela", y mucho menos por qué motivo las órdenes que partieron de la Dirección General de Operaciones de la Federal estaban dirigidas a hostilizar a los manifestantes y, finalmente, a liberar la zona de Barracas, permitir la agresión de la Unión Ferroviaria y luego cubrir la huida de los agresores. Todos los defensores rechazaron la acusación de la fiscalía por el “abandono de persona”, afirmando que los manifestantes "no se hallaban en situación de indefensión". Esto porque los compañeros, en inferioridad numérica de uno a ocho, formaron un cordón humano para tratar de proteger a la columna que se retiraba, y se defendieron con algunos palos y con las mismas piedras que les arrojaban, mientras la patota -coordinada con los policías- los atacaba con armas de fuego. Para justificar la pasividad policial, buscaron refugio en el llamado a ‘no criminalizar la protesta social’, con la que el gobierno encubre el sistemático complemento de la acción policial con la actuación de las patotas de la burocracia sindical y la persecución judicial que encabezan jueces y fiscales. Quien más lejos fue en el intento por ampararse en la política oficial fue el defensor del comisario Mansilla. Su abogado citó declaraciones de Aníbal Fernández -"que en ese momento tenía a su cargo la seguridad", precisó-, que todavía se encuentran publicadas, según dijo, en el blog personal del actual senador: Mariano Ferreyra "no fue muerto por la fuerza policial, la policía hizo lo que tenía que hacer". La conclusión del abogado fue que "la cabeza avaló", ya que "la conducta de los policías fue juzgada desde la misma fuerza y desde el mismo ministerio como ajustada a derecho". También reivindicó la defensa que le proporcionó a los imputados de la fuerza la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal. "Esto significa que su conducta fue avalada institucional y ministerialmente". Una verdad grande como una casa, que sólo nuestra querella había puesto de manifiesto hasta ese momento. Por estos mismos motivos que esgrime el defensor fue que, en nuestro alegato, exigimos que se investigaran las responsabilidades de Aníbal Fernández en el caso. La mayor parte de las defensas de los policías ‘se quejaron’ de la instalación pública de la causa, de su repercusión en los medios, de las manifestaciones populares en reclamo de justicia -incluida la actividad de los estudiantes del profesorado estatal donde Lompizano todavía dicta clases- y la proliferación de blogs y páginas de Internet referidas al caso. Lo mismo hicieron los defensores de Pedraza y su patota. Todos ellos hubieran preferido un proceso opaco, sin movilización de la opinión pública, sin manifestaciones de apoyo, para negociar la impunidad tras bambalinas. La hora del veredicto está próxima, y la condena de Pedraza depende, más que nunca, de la movilización popular.

El 4 de julio se realizarán las elecciones de Foetra Buenos Aires. Un sindicato con pasado combativo, hoy puesto al servicio de una integración al Estado y la regimentación de los trabajadores. Su directiva, encabezada por Osvaldo Iadarola, (moyanista, ahora kirchnerista,) y Claudio Marín (de la CTA yaskista/kirchnerista) ha reforzado su cooptación al gobierno K a través del ingreso de La Cámpora al sindicato en las empresas telefónicas. El alineamiento de la directiva con el gobierno no trajo ninguna mejora para los trabajadores: el tercerismo continúa arriba del 50 por ciento del gremio, en condiciones de precarización absoluta. Los trabajadores de las celulares continúan encuadrados en comercio, con promesas de reencuadramientos que se van renovando año a año y que ofrecen a lo sumo un pasaje a un convenio a la baja, similar al convenio de empleados de comercio. Los salarios de los efectivos de Telefónica y Telecom continúan atrasados, sujetos en muchos casos a cláusulas de productividad, y con paritarias que se firman aceptando los topes salariales en empresas que reportan ganancias enormes. La mayoría de los efectivos sufren los descuentos del impuesto a las ganancias y la eliminación de las asignaciones familiares. Pero el sindicato no ha movido un dedo al respecto. Mientras las empresas continúan con el vaciamiento de sectores y su avance sobre las conquistas, la dirección del sindicato ha abandonado toda reivindicación de lucha. Sólo se moviliza para enfrentar a la oposición de izquierda, y para poner un dique de contención a cualquier expresión de lucha. En las elecciones de Foetra sólo se expresará el descontento de una parte de los telefónicos, dado que más del 50 por ciento de la masa del gremio se encuentra tercerizada, fuera del convenio, con convenios a la baja como comercio, Uocra, o directamente bajo "consultoras" fantasmas. Las elecciones de Foetra, sin embargo, serán un termómetro del descontento que recorre a buena parte de la base del gremio, cansada de las entregadas y acuerdos con las empresas. Necesitamos una asamblea que vote la formación del frente La oposición en Foetra discute hoy la formación de una lista única para disputar la dirección del gremio. La Lista Naranja viene planteando, en las reuniones de la oposición, las bases de un programa y un método para avanzar en la formación de un frente. Hemos propuesto una delimitación de la directiva kirchnerista del sindicato y por la independencia política de las empresas y el gobierno expresada en la consigna: "Que Foetra rompa con la CGT Balcarce" de los Gerardo Martínez, Cavallieri, Lezcano y Caló. Contra el impuesto al salario y por paritarias libres, con mandato de bases, plenario de delegados y soberanía de la asamblea general. Sobre esa base, planteamos convocar a una asamblea de las agrupaciones de la oposición donde se vote el programa y, en una sola votación, se elija una lista con representación proporcional de todas las agrupaciones.

Todo indica que Mauricio Macri aprovechará la campaña de moda del kirchnerismo pro "democratización de la Justicia" para hacer su propia reforma judicial en la Ciudad. Comparte con Cristina la crítica que en Argentina "un vaso de agua y un amparo no se le niega a nadie", y que es necesario terminar "con la Justicia cautelar" que suele frenar proyectos impulsados por los respectivos oficialismos. Gils Carbó, la jefa de "justicia legítima", no puede más que suscribir las palabras de los dirigentes de PRO, que hasta critican ahora los sueldos altos de los jueces. Sólo queda por ver si en medio de la campaña electoral, donde unos y otros se han elegido como adversarios para polarizar la contienda, se animan a pactar votaciones conjuntas que le den letra a los opositores de ambos. Contra las cautelares El rechazo de las "cautelares" une a Cristina y Macri. La primera protesta porque impidió, al menos por el momento, la aplicación de los artículos de la ley de medios rechazados por Clarín. En el caso de Macri el listado es amplio. El último hecho fue la suspensión del aumento del subte a raíz de la aceptación de una cautelar por un juez de la Ciudad. Pero hay otras cautelares que han frenado medidas macristas que afectan derechos populares: la creación de las Unidades de Atención Ciudadanas (UAC), que usurpan las funciones de las Juntas Comunales; la suspensión de la licitación de las playas de estacionamiento subterráneo en la 9 de Julio y en Parque Las Heras; la construcción de la estación Recoleta de la línea H debajo de la plaza Francia, o la edificación de una comisaría de la Metropolitana en el Parque Sarmiento. Frente a esta situación, la reforma judicial que persigue el macrismo quiere limitar el alcance de las medidas cautelares. Para ello quieren establecer que, una vez presentado un amparo, el juez le dé traslado al Ejecutivo para que responda en 48 horas antes de tomar cualquier medida suspensiva. Más grave aún es la creación de la figura de una "contracautelar": quien presente un amparo deberá responder con un bien material si la Justicia no encuentra razonable la presentación. En la misma línea, se les impedirá a los legisladores de la oposición presentar amparos (como diría Cristina: que ganen las elecciones). Por último, se prohibirán amparos que de acuerdo con el criterio del gobierno "afecten el interés público". Para el macrismo, ello ocurriría cuando por la suspensión de una obra se incrementa su costo. Un nuevo pacto Macri-K El interés del kirchnerismo por avalar esta movida del macrismo no sólo está dado por el apoyo que supone a su campaña nacional contra los jueces opositores. En el ámbito de la Ciudad, además, es la propia agenda del acuerdo Macri-K lo que está en cuestión. Un ejemplo es el tema del subte: la suspensión del aumento de la tarifa a 3,50 pesos coloca en crisis la trasferencia, ya que se daba por hecho que ésta venía atada a un incremento de tarifas para reemplazar la quita de subsidios nacionales. Lo mismo ocurre con proyectos inmobiliarios donde el kirchnerismo tiene fuertes intereses. Si la Justicia rechaza el proyecto mega-inmobiliario impulsado por Macri en las tierras de la ex Ciudad Deportiva de Boca, es claro que corre un riesgo similar el negociado anunciado por Cristina en la Isla de Marchi, que es rechazado por vecinos, sindicatos y asociaciones defensoras del espacio público. La supuesta "democratización de la Justicia" pregonada por el kirchnerismo es tan reaccionaria que ha terminado dándole letra, nada menos, que a los Macri.

El Congreso de la Central Obrera Boliviana, que fundó el Partido de Trabajadores, no ha dado lugar a ninguna clase de entusiasmo entre los trabajadores del Altiplano, incluso generó pocos comentarios. La escasa repercusión que obtuvo el nacimiento del PT no obedece solamente al control férreo de los medios por parte del MAS. La razón principal es que la burocracia de la COB impuso su proyecto de un partido bajo su control, el cual busca un espacio en el escenario electoral boliviano -poblado de numerosas tendencias integradas al MAS. Esto explica que el Congreso no diera inicio a un plan de lucha y que rechazara la elección de candidatos por medio de asambleas de bases. ¿Como en Brasil? La creación del PT pretende reproducir la experiencia de Brasil. Una parte de la dirección de la COB habló de crear "un partido como el de Lula", otros de recrear el PT "de los orígenes". De esto hay que concluir que los imitadores bolivianos quieren llegar al gobierno como una agencia pequeño burguesa y ‘sindical' del FMI. Para llegar al gobierno, Lula tuvo que firmar un acuerdo con el FMI cuando aún no había terminado la campaña electoral. El ‘modelo’ que se toma denuncia una estrategia antirrevolucionaria. La analogía, de todos modos, omite un aspecto histórico importante: el PT brasileño se funda en el marco de un ascenso de masas y de un retiro obligado del régimen militar. Durante un tiempo breve su destino estratégico fue objeto de disputas entre tendencias. El Instrumento Político creado por la COB nace tardíamente, cuando el indigenismo político ha aislado al proletariado. Esto se ve claramente en el programa aprobado por el Congreso, que se aparta de la tradición histórica de la COB y asume el punto de vista estratégico del Estado plurinacional, abandonando el gobierno obrero y campesino. Tanto el PT brasileño como su disminuida versión boliviana siguen un método oportunista de construcción, en el sentido de que adaptan el programa al movimiento sindical -esto en oposición a la renovación del movimiento obrero por medio de un programa revolucionario. La burocracia de la COB ha fracasado en hacer avanzar las reivindicaciones sindicales con sus métodos colaboracionistas. Ahora pretende extender esta metodología al campo electoral. Es llamativo que el proyecto consagrado en la Congreso de la COB fuera denominado Instrumento Político -o sea un aparato al servicio de la burocracia sindical. El PT fundado en Bolivia no es tampoco un partido de los sindicatos, entendidos como organizaciones que luchan por medio de la acción directa y que oponen al Estado la soberanía de las asambleas sindicales: es un ‘instrumento’ controlado por la burocracia. La mayor parte de la izquierda de Bolivia -y aun de América Latina- fue al Congreso a librar una batalla programática, a pesar de que ella misma carece de un programa -incluida una diferenciación del indigenismo. En esta medida, encubrió la maniobra de la burocracia sindical de parir un ‘instrumento’ electoral bajo su control. Para gran parte de esta izquierda, el partido nacido de los sindicatos es una norma histórica, no una excepción. No es la fusión del socialismo con el movimiento obrero, sino la evolución del movimiento obrero hacia la acción política, a partir de su experiencia de lucha reivindicativa. En Bolivia, donde la pequeña burguesía agraria y comercial indígena constituye aún una mayoría enorme, las limitaciones de un partido sindical son todavía más acentuadas -esto porque la cuestión estratégica es arrastrar a esa pequeña burguesía a la dirección del proletariado. Una excepción requiere que se determinen, en forma concreta, sus condiciones excepcionales. Por eso, una pequeña delegación del PO -autoinvitada- procuró reunir un frente único para que el Congreso se concentrara en votar un plan de lucha político inmediato y la cláusula de que los candidatos a las elecciones fueran votados por las bases. El desarrollo del Congreso fue un sonoro mentís a las tesis que sostenían que el Congreso era una expresión de la tendencia a la independencia de clase en el seno de la COB. Toda una parte de la COB apareció bajo la influencia del MAS. El programa aprobado es un rejunte dispar de reivindicaciones; pero consagra, por sobre todo, la tesis indigenista del Estado plurinacional. El objetivo fue no frustrar el lanzamiento del IPT como herramienta electoral, cuando falta sólo un año para los comicios próximos. No hubo balance ni mención de la política colaboracionista de la burocracia durante los siete años de gobierno del MAS. Un bloque cerrado de la COB, la Federación de Mineros y las organizaciones sindicales impuso que la selección de los candidatos estuviera a cargo de los cuerpos orgánicos de los sindicatos. Anuló, asimismo, el artículo 39 -que establecía la "libre organización de corrientes políticas que tengan independencia de clase y fortalezcan al PT". Según la LIT-CI (corriente internacional del PSTU), expulsada del PT de Brasil en los ’90, "estamos delante de un hecho histórico y sumamente progresivo", con un programa "muy avanzado". "El PT -dice- es producto de la presión de las bases a sus direcciones". Atribuye la proscripción de las tendencias a algunos "sectores burocráticos" y a la imagen adversa que los partidos de izquierda han proyectado sobre los mineros de base -en particular el POR. Para Alternativa Revolucionaria del Pueblo (ARP), un importante sector de mineros de Huanuni presentó una ponencia revolucionaria, aunque con tres acuerdos con los convocantes: uno, no poner en el centro de la deliberación el lanzamiento de un plan de lucha; dos, no condenar la política colaboracionista de la dirección de la COB; tres, fusionar su ponencia programática con la de la burocracia. No parece ser un compromiso, sino la aceptación de la política de la burocracia. La ARP denuncia la prohibición de las corrientes políticas internas y minimizar las representaciones populares distintas de la COB: "El estatuto no termina de despegarse de una lógica sindicalista, en base a tradiciones antiguas de la COB. Y no apunta a formar un real movimiento revolucionario". Denuncia, además, que en la dirección transitoria del PT "casi no hay dirigentes que expresen las luchas reales que ha dado la clase trabajadores", también admiten que las características de su constitución pueden hacer que el PT sea "un partido cuyo único objetivo sea sacar algún parlamentario que termine aliándose al gobierno". En el caso del PTS, luego de aventurar nada menos que la emergencia de "una nueva dirección", (LVO 512), ahora denuncia "la voluntad de Trujillo -secretario general de la COB- y el MAS de construir un partido no de las bases sino de la burocracia" (LVO 514, 14/3). ¿A quién echan la culpa? Al... POR, porque su ausencia en el Congreso "facilitó la labor de Trujillo y el MAS" (el POR dirige tres asociaciones del magisterio, entre ellas La Paz; el resto del gremialismo docente es dirigido por el MAS). Pero "es un primer paso". Es la resignación ante el hecho consumado, sin la menor referencia a la responsabilidad del conjunto de la izquierda del Altiplano para que el hecho se consuma. Es interesante observar que un partido que monologa sobre el estratega político-militar alemán Von Clausewitz y la estrategia revolucionaria, aborde en forma tan poco estratégica la cuestión del partido obrero -en este caso, en Bolivia. Concluido el Congreso, el gobierno recibió a la nueva dirección de la COB para negociar los convenios de trabajo. La fundación del PT no ha resuelto la cuestión de la creación de un partido de la clase obrera, ni tampoco inaugura la vía que seguirá su desarrollo. Lo peor sería rendirse ante el hecho consumado. En Bolivia es necesaria, en primer lugar, una delimitación estratégica respecto del MAS y del indigenismo, lo que será un trabajo preparatorio para crear un partido obrero. Es necesario, asimismo, arrancar los sindicatos al MAS. La lucha por una dirección revolucionaria en los sindicatos es más importante que nunca.

El plan de lucha, que lleva más de 30 días, ha seguido un método y una política para defender el pliego de reclamos. El paro, las asambleas y plenarios, la masividad, las marchas provinciales numerosas, las recorridas de escuelas y seccionales, las reuniones con los padres, con directores, delegados, auxiliares y administrativos. Con tenacidad, se viene sosteniendo la agitación, las mesas callejeras con petitorios y la presencia en los medios. El gobierno respondió con amenazas, descuentos y una campaña para enfrentar a la población con los huelguistas. Y fracasó. Las asambleas con madres y padres desembocaron en abrazos a las escuelas y una importante marcha el 22 de marzo. Delegaciones de madres y padres llegaron al Consejo de Educación y hasta ocuparon escuelas como el CPEM 14 de Aluminé y la Epea 3 de San Patricio del Chañar. Varios concejos deliberantes, como los de Junín de los Andes, Zapala, Aluminé y Centenario, votaron declaraciones por el derecho de huelga, el rechazo a los ataques hacia los dirigentes y delegados y por la resolución del conflicto. La huelga sigue su curso a pesar de todos los ataques del gobierno. Los problemas de Sapag Sapag se juega a quebrarle el espinazo a la huelga y a su dirección combativa, recientemente elegida. Pero quien no puede garantizar un salario para sostener el costo de la canasta familiar, quien no construye viviendas ni escuelas, y tiene el sistema de salud en terapia intensiva, ¿puede explicar que el reclamo de los trabajadores de la educación es un capricho? El gobernador admite la caída de ingresos por regalías, la falta de inversión de las petroleras y la caída de la producción hidrocarburífera. Apela a los tarifazos al pueblo para tapar los agujeros fiscales. Quiere endosarle a la educación, a sus trabajadores y alumnos el fracaso de esa política entreguista. Y esta huelga lo ha explicado con paciencia y sencillez. Sapag pretende utilizar el conflicto con Aten para recuperar la autoridad política. Para ello, ha reflotado a Jorge Sobisch, el verdugo impune de Carlos Fuentealba. Un hecho repudiado por los trabajadores de la educación. La mesa El gobierno llamó a una "mesa de diálogo" en las vísperas de Semana Santa. Entre muchas palabras, no hubo propuestas concretas más que mesas técnicas que tiran la pelota para adelante. Pero sostiene los descuentos a los docentes. Las asambleas votaron unánimemente el rechazo, marchas y permanencia en las rutas y 72 horas de paro para el 3, 4 y 5 de abril. Luego, el gobierno sólo ofreció que algunas mesas técnicas se adelantaran al 3 de abril. Es necesario que reforcemos todas las iniciativas de la huelga hasta quebrar la política oficial. Fuentealba, seis años Las asambleas votaron un gran acto en Arroyito y marchar a la Casa de Gobierno con delegaciones nacionales a seis años del asesinato de Carlos Fuentealba. La causa "Fuentealba II" pende de un hilo y Sobisch va por su impunidad. La movilización debe romper las fronteras neuquinas con un paro nacional de Ctera, que aún sigue negada a convocarlo. Este 4 de abril no será igual a los anteriores. Aten recuperada de la burocracia sindical y la lucha en curso, es el mejor homenaje a nuestro compañero. El triunfo de la huelga reforzará la justicia pendiente por conquistar. ¡Carlos Fuentealba, presente!

El 21 de marzo, la junta electoral de la seccional Luján oficializó la presentación de la Lista Rosa-Fucsia-Verde para las elecciones de Suteba en la seccional Luján, con todos sus candidatos en condiciones y avales que superan largamente los reclamados estatutariamente. Es la primera vez en veinte años que se logra armar una lista opositora al oficialismo celeste en Luján. La misma está integrada por delegados y activistas de diversos partidos de izquierda y por independientes. Lamentablemente, otros sectores que se reclaman antiburocráticos, ligados a sectores centristas, prefirieron abstenerse a pesar de numerosos llamados a constituir un frente unido para luchar por la recuperación del Suteba como instrumento independiente del gobierno, para la lucha de los trabajadores de la educación. La lista fue recibida con muestras de simpatía por la base docente. Pero... el miércoles 27 de marzo, en vísperas del largo feriado -y para impedir seguramente una inmediata reacción- se nos comunica que la junta electoral provincial no ha hecho lugar a la oficialización de la junta electoral seccional, impugnando la presentación de la Rosa-Fucsia-Verde. Esto se debería a una presentación hecha por el apoderado de la Lista Celeste, Sergio Correa, en una especie de per saltum, recurriendo directamente a la junta central, sin pasar previamente por la local. El apoderado celeste aduce problemas estatutarios inexistentes, ya que cualquier objeción fue solucionada ante la sunta seccional. Por ejemplo, que alguno de los candidatos propuestos no estaba al día con la cuota sindical. Uno de ellos, con más de veinte años de afiliado, debía... 100 pesos, producto no de su desidia sino de falta de descuento por planilla de la administración provincial ante un cambio de escuela. Este problema se presentó en casi todas las seccionales, no sólo con listas opositoras sino oficialistas, y se resolvió. Los compañeros establecieron el pago de lo adeudado. Se trata, por lo tanto, de una excusa: ¿el apoderado celeste quiere ganar la elección a través de maniobras burocráticas en los escritorios de sus amigos, en vez de contar con el voto de los docentes en las escuelas? ¿Quieren perpetuar un régimen de lista única en Luján, acallando de prepo a la oposición antiburocrática? Presentamos la lista en tiempo y forma: llamamos a todos los docentes de Luján, de la provincia y del país a repudiar este ataque a la democracia sindical. La multicolor provincial y todas las listas opositoras deben pronunciarse de inmediato. Pero también los elementos honestos de la Celeste: que se oficialice la lista Rosa-Fucsia-Verde del Suteba Luján.

¿Tendrá Bolivia, por fin, una salida al mar? Evo Morales ha intentado, desde el comienzo de su gestión, poner la cuestión en una nueva perspectiva. La Constitución plurinacional (2009) otorga un plazo de cuatro años para anular los tratados internacionales que forzaron la pérdida del litoral marítimo para Bolivia. Evo Morales reclama el territorio de Calama, no sólo un corredor sobre el Pacífico. En la reunión de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en enero, Evo planteó un trueque de "gas por mar" -ya estaba presente en el referéndum de 2004, bajo la presidencia de Carlos Mesa. El acuerdo de venta de hidrocarburos, firmado con Néstor Kirchner en 2006, estableció el compromiso argentino de condicionar la exportación de gas a Chile a un acuerdo de Chile con Bolivia. El canje podría extenderse a "gas y agua por mar". Bolivia y Chile vienen de firmar (en 2008) un preacuerdo por el uso de las aguas del Silala, un curso de agua boliviano que deriva en el norte de Chile, el cual es vital en esta zona no sólo por el consumo, sino por el desarrollo de la minería. En síntesis, el indigenismo boliviano está planteando la salida al mar en función de los intereses de las multinacionales. El reconocimiento de una salida propia al Pacífico podría revitalizar la exportación de gas licuado de Boliva hacia México y Asia -un proyecto que provocó, en 2003, la caída del yanquilófilo Gómez de Lozada. Cambio de situación A este entramado de intereses, se agrega ahora el de las grandes constructoras brasileñas. En 2007, Bolivia firmó -con Brasil y Chile- un acuerdo para construir la Transoceánica entre el Brasil y el Pacífico. Tanto el proyecto de las represas de Madera, en la frontera norte de Bolivia con Brasil -que traería aparejado un desastre ambiental-, como el Corredor Norte y la Transoceánica apuntan en doble dirección: de las materias primas de Chile hacia Brasil y de la producción de Brasil a Asia. Brasil es un gran exportador de soja y minerales a China y constituye, a su vez, un mercado importante para la industria china. Bolivia reclama que la cesión de paso por su territorio venga acompañada por una presencia soberana en el Pacífico. Así como la explotación del guano y del salitre provocó (a fines del siglo XIX) la guerra que mutiló parte de Perú y Bolivia en beneficio del capital inglés instalado en Chile, de modo similar otro gran conjunto de intereses gasíferos, petroleros, sojeros y mineros acabarán poniendo un fin al litigio por la salida al mar. Este escenario de negocios explica la tenacidad que puso el gobierno del MAS para construir el corredor en la zona reservada a las comunidades del Tipnis. Esperando a Bachelet Evo espera la victoria de Bachelet para consumar el operativo, así como su propia re-re, por medio de una reforma de la Constitución. Bajo el mandato anterior de Bachelet, fue firmado un preacuerdo para habilitar un enclave marítimo en el que "regirían las normas bolivianas, pero sin soberanía" (sic) (www.soychile.cl). Brasil propuso, recientemente, que la Unasur oficie de "madrina" para un acuerdo así. Para Marco Aurelio García -asesor del PT-, el acuerdo debería producirse luego de que el tribunal de La Haya anuncie su fallo en el diferendo marítimo entre Perú y Chile -presumiblemente a mediados de este año. La trama armada en torno de la salida al mar de Bolivia reproduciría el escenario en el cual la necesidad de los grandes pulpos mineros de explotar ambas laderas de la Cordillera canceló todos los conflictos limítrofes entre Argentina y Chile. El compromiso territorial entre Chile y Bolivia sería el taparrabos de una operación gigantesca de entrega de los recursos estratégicos bolivianos al capital trasnacional. Se consumaría así el proyecto indigenista diseñado por el vice de Evo, García Linera, cuando propuso un "capitalismo andino" asentado en el Estado, las comunidades indígenas y el gran capital internacional.

La Junta Representativa convocó al Congreso de la Fuba. La apertura, el martes 16 de abril, será una acción de lucha, con radio abierta, movilización y acto en el Ministerio de Educación. El viernes 19 tendrán lugar cuatro paneles de debate (situación política, educación, movimiento obrero y América Latina), el jueves 25 cuatro comisiones (situación política, educativa, América Latina y mujer) y el cierre será el sábado 27 de abril. Los once días establecidos para el desarrollo del debate, incluyendo diversas instancias, corresponde al objetivo de impulsar una gran deliberación entre los estudiantes. Contrasta en forma flagrante con la intención de diversos agrupamientos que pretendieron que el Congreso tuviera lugar a fines de diciembre pasado, con las aulas vacías, a lo cual la UJS se opuso en forma terminante. A deliberar en medio de ajuste y luchas La convocatoria al Congreso, con un mes de anticipación, sucede en medio de manifestaciones diversas de la crisis que atraviesa la educación en general y la universidad en particular. Los docentes atraviesan su tercera jornada de paro nacional contra la miserable oferta del gobierno K (16% en marzo, 2% en septiembre y 2% en diciembre, a cobrar en enero de 2014). El presupuesto que recibió la UBA hace pocas semanas ni siquiera prevé ese aumento, y representa un ajuste, pues sube 17,9% respecto de 2012, muy lejos de la inflación. Esta reducción real se da en un cuadro de carencias previas: miles de docentes sin salario, crisis de infraestructura, becas miserables en monto y cantidad. Desde la UJS proponemos que la Fuba impulse una campaña de lucha nacional por el presupuesto y el desmantelamiento de la política de la contrarreforma. La apertura del Congreso frente al ministerio es un buen punto de partida. Es crucial reforzar el frente único de estudiantes y trabajadores de la universidad, a través de la pelea común entre la Fuba, la AGD-UBA y los sectores antiburocráticos del gremio no docente. La organización de un plan de lucha liderado por la Fuba, con movilizaciones hacia los centros del poder político, debe ser tarea prioritaria para el Congreso de abril. Democratización En 2013 hay elecciones obligatorias en todos los claustros. El actual rector, Rubén Hallú, “elegido” en dos oportunidades bajo la protección de la policía (2006 y 2009), acaba de anunciar que pretende otra vuelta. La Fuba debe impulsar una fuerte campaña contra la re-reelección del rector en la UBA -que viola los actuales estatutos- y por la democratización de los órganos de cogobierno. Estamos ante el intento de autoperpetuación de una camarilla. La principal “alternativa” a la candidatura de Hallú es su vicerrector, Alberto Barbieri, actual decano de Económicas, otro K que se maneja en sociedad con Franja Morada. La “década K” en la universidad rescató a la vieja estructura camarillesca armada por Shuberoff y el radicalismo, ligada a los negocios y las grandes corporaciones. Profundizó la mercantilización de la etapa previa, y las reformas tipo Banco Mundial, con plena vigencia de la LES y su Coneau; los decanos “progresistas” se asimilaron por completo al proyecto mercantil. La Fuba debe reforzar la lucha por la democratización de los órganos de cogobierno, para terminar con el contenido privatizador que las camarillas (K, radicales, macristas, FAP). La Junta Representativa votó una importante declaración contra la re-re de Hallú o la designación de un delfín, y por la democratización de la UBA, o sea el fin del monopolio de la camarilla profesoral -ligada a estudios jurídicos, monopolios farmacéuticos, constructoras nacionales e internacionales. La lucha por la democratización es, en última instancia, una lucha anticapitalista por un lado, y, por otro, una lucha contra el gobierno que protege y promueve los intereses del capital. Tareas y dirección El Congreso deberá elegir a una dirección que asegure el desarrollo consecuente de este programa y de estas tareas. La Fuba debe acentuar la delimitación con el gobierno K, de ningún modo atenuarla, precisamente porque el agravamiento de la crisis plantea una cuestión de poder, frente a la cual debemos estar en un frente de lucha con el movimiento obrero independiente. Un gobierno que refuerza el pago de la deuda externa, en el marco de la crisis, confiesa que no tiene salida y que es el principal obstáculo para desenvolver una gran lucha del movimiento popular. La lucha contra el ajuste en la educación enfrenta al gobierno y también a su oposición tradicional, que a pesar de la demagogia aplica los mismos ataques en las provincias que gobierna. Esta batalla exige independencia política del poder de turno y reclama una estrecha unión con la clase obrera, profundizando la tradición de esta Fuba recuperada. Arrancamos la campaña La UJS inició una fuerte campaña en toda la universidad, distribuyendo un volante que contiene los planteos desenvueltos en esta nota. Están planificadas, además, la realización de reuniones abiertas por facultad, para convocar a los estudiantes a debatir nuestras propuestas. Planteamos, a la vez, que la Fuba y los centros promuevan con toda sus energías el debate hacia el Congreso, mediante la publicación de documentos, y la realización de plenarios y asambleas.

"Vamos a denunciar esta grave irresponsabilidad patronal ante el Ministerio de Trabajo" El integrante de la Comisión gremial interna señaló que el grupo empresarial, "para acelerar la producción, no respeta las normas de seguridad e higiene", entre ellas el uso de la protección que las máquinas impresoras traen de fábrica. "Vamos a denunciar esta grave irresponsabilidad patronal ante el Ministerio de Trabajo y mañana nos movilizamos en el marco de la (negociación) paritaria, en la que pretendemos recuperar parte de todo lo perdido" luego del descabezamiento de la representación sindical en AGR hace más de ocho años, agregó. Despedido en 2004 junto a otros 119 trabajadores de la empresa gráfica del barrio porteño de Pompeya, Viñas fue reincorporado 2011 por un fallo judicial firme y, con el voto de sus compañeros, pasó a integrar la Comisión Interna actualmente en funciones. "La empresa es responsable del accidente sufrido el viernes por Isidoro, así como lo fue de la muerte de la compañera Joana Riboli", aplastada en 2008 en el portón de acceso a la planta de AGR, afirmó el delegado. Viñas denunció además presiones de gerentes de AGR, el sábado último, para que los gráficos "siguieran trabajando como si nada, sin protección", después de lo ocurrido a Isidoro, y recordó que en los últimos meses se desplomaron dos estructuras de gran peso en el sector donde los operarios cumplen tareas. "Como un integrante de la Comisión Interna les hizo saber que no se iba a trabajar sin mínimas condiciones de seguridad, impidieron el ingreso de un turno de encuadernadores y les dijeron que perderían horas extra `por culpa de los delegados`", según relató. AGR es la planta gráfica de mayor capacidad del país e imprime publicaciones del Grupo Clarín, como las revistas Viva, Genios y Cablevisión, así como para clientes en el país o en el exterior.

El pueblo uruguayo ha sido conmovido por dos hechos relacionados con la lucha contra la impunidad. Uno es el traslado de la jueza Mariana Mota a un juzgado civil. La jueza Mota había condenado a prisión al ex presidente Juan María Bordaberry, también tenía a su cargo más de 50 causas por delitos de lesa humanidad. La jueza había cuestionado en una entrevista con Página/12 la política de derechos humanos del gobierno de Mujica y participó en la marcha del 20 de mayo que realizan todos los años los familiares e hijos de desaparecidos, junto a cientos de organizaciones sociales y de izquierda. El presidente Mujica reclamó en forma pública que la Corte Suprema tomara medidas contra Mota. Por su parte, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, obstaculizó por todos los medios las investigaciones ordenadas por la jueza. El ministro prohibió la toma de fotografías en el Batallón 13, en un proceso de investigación que encabezaba la propia Mota allí presente. "Jaume, uno de los denunciantes en una causa colectiva en Boiso Lanza (sede de la Fuerza Aérea), dijo que la magistrada no pudo avanzar en el expediente en el que él es denunciante, porque el Ministerio de Defensa no le aportó las direcciones de los militares indagados para poder citarlos a declarar" (El País, 15/2). También en los departamentos del interior (Tacuarembó y Paysandú) se realizaron traslados de jueces que tenían causas de la dictadura, para obstaculizar así las investigaciones. En una de ellas, debían declarar el propio Presidente y el ministro de Defensa. El otro hecho es la declaración de inconstitucionalidad de la limitada ley interpretativa aprobada por el Frente Amplio en 2011 (que tipifica los delitos como de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben) por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Estos hechos han dejado al descubierto un entramado político -que involucra a todos los poderes del Estado- que intenta perpetuar la impunidad. Pero, por sobre todo, han quedado de manifiesto las intenciones del gobierno de poner un punto final. Es que, desde el vamos, Mujica había declarado públicamente que no estaba de acuerdo con la situación de unos ‘viejitos presos', en referencia a los asesinos y torturadores. Siguiendo esta orientación, quedará en libertad el secuestrador de Julio Castro -militante del magisterio desaparecido, cuyos restos fueron hallados, el año pasado, en uno de los batallones del ejército. Reacción popular Estos hechos han generado una indignación generalizada contra el gobierno frenteamplista. Un sector de la base del FA ocupó durante algunas horas la Suprema Corte de Justicia y fue desalojado mediante la fuerza represiva. Posteriormente, el PIT-CNT, la FEUU y el Frente Amplio convocaron a una concentración en "silencio", con la intención de contener la reacción popular y colocar como únicos responsables de estos episodios a los miembros de la SCJ. Nadie ha tomado en serio esta versión de lo que ocurre: la responsabilidad del gobierno es inocultable. Es parte de una estrategia que está en el origen del proceso ‘democrático’: los sucesivos pactos que firmó el Frente Amplio desde 1985 (los pactos del Club Naval) para asegurar la continuidad de los intereses que instalaron a la dictadura militar. El resultado político de todas estas capitulaciones es una desilusión de las expectativas democráticas de las masas en el gobierno de Mujica, el cual era presentado -especialmente por el PCU- como una victoria de la izquierda en la llamada "disputa" dentro del gobierno. Tabaré Vázquez, el ex presidente que se perfila como el próximo candidato del FA, dijo abiertamente que hay que aceptar el fallo de la Corte. No se trata, por lo tanto, de un ‘accidente’ político, sino de una estrategia desarrollada en forma tenaz durante un cuarto de siglo. La aceptación de la caducidad de los delitos de lesa humanidad representa la caducidad del Frente Amplio. Es necesario darle una salida por izquierda al proceso político de Uruguay, por un gobierno de trabajadores. Juicio y castigo a todos los torturadores y asesinos de la dictadura. Por la inmediata anulación de la ley de impunidad.

El francés Henri Lefevbre consignó que Marx había puesto fin a la filosofía como un pensamiento contemplativo de la realidad. No lo advirtieron todavía José Pablo Feinmann y Horacio González, que convirtieron en libro una extensa charla de café, bajo un título, La voluntad de pensarlo todo, que exhibe más ignorancia que pedantería. La totalidad es una categoría dialéctica: investiga la realidad en su movimiento (contradicciones) y en sus interconexiones (subjetivas y objetivas, históricas y existenciales). Es, por lo tanto, abierta e infinita, no puede ser ‘pensada’ sino por aproximaciones históricas sucesivas, o sea mediante la práctica social. El pensamiento no solamente ‘refleja’ la realidad sino que también la transforma mediante la acción revolucionaria. Por eso, la conclusión de esta “voluntad de pensarlo todo” concluye con una farsa: -No podemos engañarnos, del capitalismo no vamos a salir -dice Feinmann- ... Si no se puede conseguir algo equivalente a la vida, habría que negociar... -Muy bien, José -se asombra González-, un tipo que reflexiona así es muy adecuado para el tiempo que hoy vivimos... (págs. 163 y 164). Los tiempos que hoy vivimos... ¡hacen eterno al capital! A nuestros intelectuales del “campo K” se les escapó la tortuga. El libro que “piensa todo”, no dedica siquiera un renglón a la crisis capitalista mundial. La omisión es un caso claro para psicoanálisis, porque el propio kirchnerismo aparece en el escenario nacional como un recurso último de defensa de la sociedad capitalista frente a esta crisis. Recordemos que el slogan ‘emancipador’ de los K fue “la reconstrucción de la burguesía nacional” -la que hoy pide la devaluación del peso y la ‘liberación’ del cepo. Feinmann y González no registraron el alerta de su propia Presidenta: “el mundo se nos cayó encima”. El medio millar de páginas de Feinmann y González carece de toda reflexión sobre el lugar del campo político en el cual ejercen su tarea de ‘pensadores’. Cuando llegó Bergoglio, el ‘todo’ de estos filósofos se hizo pelota -con Feinmann abrazando al jesuita que bancó a la dictadura militar, y González preocupado de que el “proyecto nacional y popular” se convierta en el de la “nación católica”. Ni las masas ni la revolución Los autores del libro tienen una trayectoria. Indagado sobre el origen juvenil de sus inquietudes políticas, Feinmann admite que no registró la revolución cubana porque se encontraba en una “etapa mística” (pág. 151). Fue cuando “leyó a Marx” para hacerse... “peronista” (pág. 52). Su ‘marxismo’ original fue una mezcla de provocación e ignorancia: creyó descubrir en el planteo de que la “revolución la hacen las masas” la recomendación de hacer seguidismo a la demagogia nacionalista. No logró retener la idea de que la emancipación de los trabajadores debía ser obra de los trabajadores mismos. Feinmann hace gárgaras repetidas sobre el peronismo, pero no tiene una palabra sobre el Cordobazo. Es conocida la tendencia de Feinmann de responsabilizar a las víctimas por los crímenes de los victimarios; para él el Cordobazo es la causa de la dictadura, como la minifalda es la causa de la violencia contra la mujer. Cuando en los ‘60 se gestaba el “gran acuerdo nacional”, con la finalidad de dar una salida ‘honorable’ a la dictadura de Onganía-Lanusse y a los intereses nacionales e internacionales que ella representaba, Feinmann iba más lejos que nadie y proponía la fórmula “Perón-Balbín” (pág. 148). A una “patria socialista”, Feinmann le opuso la “patria peronista” (pág. 77), consigna de la Juventud Sindical y del lopezrreguismo. Cuando el genocida Pinochet derrocó a Allende, planteó negociar con los pinochetistas criollos (pág. 100). El “límite es Estados Unidos”, dirá en alguna otra parte de la verba incontenible que recoge el libro (pág. 171). Entonces confiesa: “Siempre tuve miedo, ahora también” (pág. 174). No es solamente una cobardía física y moral evidente; es, por sobre todo, una cobardía histórica: el temor a que desaparezca la sociedad clasista, en la cual él medra como ‘pensador’ todo-terreno. Final provisorio El libro que comentamos transita por la cita de un número infinito de libros, filósofos, pensadores y obras que se mencionan como testimonio de erudición. Pero el carácter de este libro de título ampuloso lo define Horacio González en las últimas páginas. “... Soy la sede de un ser decepcionado. Habito la decepción, habito el cinismo de la decepción, me avergüenza mi vida, eso lo quiero decir sin que se me reclame que lo explique demasiado. Está entre líneas de todo lo que dije...” (pág. 408). Es una confesión terrible de quien muchas veces ha reiterado su obsesión por el lado “trágico” de las historias personales y subjetivas. Pero traduce la naturaleza objetiva de la larga divagación de Feinmann, destinada al mercado editorial.

Fue título destacado de tapa, el sábado 30 de marzo, de Clarín y La Nación. La portada del servil Tiempo Argentino no se quedó atrás: "Efecto Francesco: multitudinario vía crucis en el país". La reconversión del oficialismo es casi completa; los críticos, en espantosa minoría, se han llamado a silencio, en especial luego que el ex juez español Baltasar Garzón ‘fallara' a favor de la alianza con Francisco. Macaneo ecuménico Cuando se compara la reacción que suscitó la designación de Bergoglio en Argentina, con lo que sucedió en Polonia cuando fue consagrado el nativo Wojtila como Juan Pablo II, se ve que la propaganda oficial se va de boca; relativamente, en Argentina no pasó gran cosa a nivel popular, aunque sí estimuló las trenzas para formar una coalición ‘peronista' para octubre, que no tiene para mucho si no atrae a Scioli. De Varsovia a Buenos Aires, las circunstancias históricas difieren. Juan Pablo II llegó al poder como parte de un largo operativo de impulso de la restauración capitalista en la vieja URSS, promovido mucho más por la burocracia que por el imperialismo. El operativo restaurador desató una enorme crisis de régimen y una fuerte insurgencia obrera. Bergoglio ha sido eyectado a la cúpula de la Iglesia en el cuadro de un derrumbe del Vaticano y de distritos fundamentales de la Iglesia, como México, Estados Unidos, la re-católica Irlanda e incluso Alemania. Es una crisis que ha provocado delitos de sangre y delitos mayúsculos. Se desarrolla, además, en el marco de un derrumbe de la Unión Europea e Italia. Los pocos miles que poblaron el centro porteño el "viernes santo" revelan también la cautela con la cual la Iglesia mueve su tropa ahora, empeñada no tanto en confrontar con el gobierno como en procurar un pacto de convivencia. Hay algo más que apenas se ha filtrado entrelíneas en los mares de tinta que acompañan el "francesquismo". El candidato de buena parte del oficialismo K para la disputa papal no era Franceso sino el cardenal Leonardo Sandri, un enemigo de Bergoglio, amigo de la extrema derecha de la curia nacional, ligado a lo más podrido del "partido romano", sus negociados y crímenes, y ligado también a la burocracia sindical de la CGT Balcarce que prohijó el gobierno. En el súbito "bergoglismo" K, la dosis de hipocresía tiene niveles tóxicos. El hombre que reemplaza a Bergoglio en la jefatura del arzobispado porteño, Mario Aurelio Poli, hizo carrera en La Pampa cuando fue a arreglar el exilio de dos curas que habían hecho desastres con la explotación sexual en una orden de monjas lugareña. Poli llegó a Santa Rosa en agosto de 2008, en medio del escándalo por las denuncias contra el Instituto Servi Trinitatis, una organización secular acusada de maltrato, trata de personas y reducción a la servidumbre. Sin estridencias, logró que los hombres de sotana eludieran la Justicia y fueran enviados al "exilio".

Pertenecía a la Fuerza Aérea y se encargaba de las señalizaciones en la pista y el rescate a los pilotos derribados en la isla. Cruzó un duro enfrentamiento en Pradera del Ganso y sostuvo que "los altos mandos del Ejército no querían ganar la guerra". Ya que los mandaban a hacer todo lo contrario de lo que se veía que era conveniente. "La Fuerza Aérea nos trató bien, pero a los chicos del Ejército los torturaban, yo lo vi. No les daban de comer y los mandaban a la muerte segura", relató. Vio morir a sus compañeros y superiores, pasó por crisis de nervios que no le permitían controlar su cuerpo. Nunca recibió asistencia psicológica, lo cual lo llevó a dejar su trabajo y largarse a caminar por la ruta durante semanas, desde Córdoba hasta Rosario de Santa Fe. Allí fue rescatado por el dueño de un bar, que lo reconoció como ex combatiente. Lo alentó, le dio alimento y lo recuperó físicamente. Con el tiempo, Rolando se acercó al Partido Obrero y hoy es un activo militante. Fue candidato a intendente de su pueblo y lee permanentemente Prensa Obrera. "Cada vez que entraban dos o tres aviones Harrier al territorio de las islas, seguro que bajamos uno. Eso seguro y al grito de ‘Viva la Patria’, relató en la entrevista con el periodista Samuel Huerga. Entre sus reflexiones, señala: "Pero la patria ya estaba entregada al capitalismo hacía rato. Las empresas inglesas operaban en el país, llevándose las ganancias mientras se desarrollaba la guerra de Malvinas. Con esa plata que sacaban de Argentina, luego compraban armas para matarnos. Hoy pasa lo mismo. Eso es el capitalismo, no tiene banderas". Hoy Rolando se gana la vida con una pequeña empresa privada de transporte, llevando pasajeros desde la ciudad de Colonia Santa Rosa a Salta capital. Finalizó diciendo: "Hay que solucionar los temas aquí, en el continente, las petroleras británicas se llevan todo y no dejan más de un 3 por ciento de regalías. Eso es una entrega de nuestra soberanía y lo hicieron tanto los gobiernos militares como ahora los democráticos". 2/4

Las negociaciones paritarias entre la directiva de la UTA y las cámaras patronales están empantanadas en discusiones muy distantes de lo que reclaman los trabajadores. A mediados de marzo, Calgary (secretario de Prensa de la UTA) informaba sobre un acuerdo consistente en una suma fija de 1.080 pesos, retroactiva al 1° de enero y hasta el 30 de junio, más el aumento del viático que pasaba de 40 a 50 pesos por día. Previamente, la UTA había informado que reclamaba un incremento del 23 por ciento para terminar negociando un preacuerdo que no superaba el 18%. Pero desde el gobierno lo rechazaron, porque se había firmado por seis meses y contenía una cláusula de revisión en julio, tanto de la inflación como de la suba del boleto que se encuentra en carpeta del ministro Randazzo. Además de rechazar el acuerdo, el gobierno declaró una conciliación obligatoria que se extenderá por veinte días hábiles. La UTA aceptó, a pesar de que aún no se había tomado ninguna medida de fuerza contra el veto de la Rosada. Las exigencias de ajuste del gobierno han colocado a la paritaria de la UTA en un impasse que puede derivar en un conflicto, teniendo en cuenta la gran agitación que recorre todo el gremio. El 27 de febrero, una masiva asamblea de trabajadores de Ecotrans votó a favor de un aumento salarial del 35 por ciento al básico inicial de 5.628,16 pesos y la extensión de ese porcentaje a la antigüedad y al resto del salario conformado. También se pronunció por la derogación del impuesto al salario, de los topes salariales a las asignaciones familiares y la equiparación salarial del personal de Técnica, Administración e Inspección (véase PO Nº 1.260). Durante esta semana, una asamblea de trabajadores de la Línea 60 votó el mismo pliego de reclamos, así como la convocatoria conjunta a una concentración (corte) en Puente Saavedra para el 16 de abril. En esa fecha finalizaría la conciliación obligatoria, dictada por el gobierno y aceptada sin chistar por la UTA. Son las asambleas obreras las que pueden dar una salida de lucha al servicio de las necesidades de los trabajadores del transporte. Necesitamos fortalecer una agrupación nacional de oposición a la burocracia de Fernández en la UTA, la cual pelee por el salario, contra el trabajo en negro y que defienda el método de las asambleas. Llamamos al resto de los trabajadores de la UTA a sumar esfuerzos para que nuestro salario no sea la variable de ajuste en el fracaso de la política de transporte del gobierno y las patronales.

Jueves 28 de marzo de 2013 El jefe de la Uocra será testigo por figurar en escucha Ferreyra II: llaman a Gerardo Martínez Trabajadores/as El sindicalista Gerardo Martínez fue citado para el 8 de abril como testigo en la causa en la que se investiga una supuesta maniobra de soborno para favorecer la situación de los acusados por el asesinato de Mariano Ferreyra. La aparición del jefe de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) en el expediente surgió a raíz de una escucha telefónica entre el camarista de Casación Eduardo Riggi y el ex agente de la Side Juan José Riquelme. Según los investigadores, Riquelme habría mencionado al gremialista en alusión a la supuesta gestión de un crédito hipotecario a favor de un hijo del camarista. Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT oficialista, fue llamado a comparecer el 8 a las 11 ante el juez subrogante de Instrucción Guillermo Rongo, que tiene a su cargo el sumario derivado del caso Ferreyra que gira en torno de un presunto tráfico de influencias. En este expediente se encuentran procesados José Pedraza, exjefe de la Unión Ferroviaria y detenido por el crimen del activista del Partido Obrero; el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid (en su condición de ex abogado de otro de los enjuiciados por el asesinato); el empleado judicial Luis Ameghino Escobar; el contador del sindicato Angel Stafforini, y el ex agente Riquelme. La investigación se basó en escuchas telefónicas que derivaron, en un principio, en el allanamiento del estudio de Aráoz de Lamadrid, quien al inicio del caso Ferreyra se desempeñó como defensor del picaboletos Guillermo Uño. En ese operativo se halló dinero en efectivo al parecer coincidente con un monto mencionado en las conversaciones telefónicas, mediante el cual los sospechosos habrían intentado una maniobra de soborno. Las sospechas giran en base a un posible ensayo de forzar el sorteo de la causa original en la Sala III de Casación para luego obtener un fallo favorable de sus integrantes, entre los que se encuentra Riggi, respecto de los acusados por el asesinato. En una de las charlas, Riquelme le habría referido a Riggi que estaba por concretarse un proyecto inmobiliario que podría beneficiar al hijo del funcionario judicial. El ex miembro de la Side habría dicho que esa confirmación le había llegado de parte de Gerardo Martínez, y que se aprestara con su hijo a iniciar los trámites para la obtención de un crédito. Rongo resolvió citar al sindicalista por pedido del fiscal Sandro Abraldes.

El 31 de marzo se desarrollaron las internas para cargos partidarios en el PJ de Santa Cruz. Se enfrentaron las dos fracciones que gobiernan la provincia: de un lado el gobernador Peralta, con un grupo minoritario de diputados e intendentes; del otro, los representantes del gobierno nacional con el bloque mayoritario de diputados, la mayoría de los intendentes y el vicegobernador. La pelea entre estas fracciones data del semigolpe de Estado intentado por La Cámpora el 29 de diciembre de 2011, poco después de la rebelión popular que incendió la Cámara de Diputados de la provincia contra la fracasada reforma jubilatoria (que impulsaban ambas fracciones). A partir de allí, los trabajadores públicos no han tenido aumento salarial, y ya vamos para dos años. El ajuste aplicado ha sido salvaje, también el ahogo de la provincia por parte del gobierno nacional. Peralta se ha lanzado en defensa propia a enfrentar a Cristina, y como parte de esa disputa ha anulado algunas concesiones petroleras a Cristóbal López, ha planteado la necesidad de una reforma constitucional para eliminar la elección indefinida, y también terminar con la ley de lemas. A los gremios les ha ofrecido "participar" de una prometida normalización de la Caja de Servicios Sociales (obra social provincial, intervenida desde hace 23 años), ha planteado algunos impuestos a la minería y a los casinos -que la Cámara camporista no le aprueba. Políticamente, se ubica en el peronismo tradicional (siempre perteneció al ala derecha del PJ, fue nueve años secretario de la CGT) relacionado con Moyano y Venegas. La situación tuvo idas y vueltas porque el gobernador colaboró en el operativo reprivatizador de YPF y, para ello, prolongó las concesiones a la empresa en un arreglo ruinoso para la provincia -que desconoció incluso los marcos regulatorios establecidos en Santa Cruz. Ambas fracciones pujan por los negocios ligados a las contrataciones petroleras, mineras y de obra pública, aunque en la interna un bando decía ser el verdadero "peronismo" y el otro el verdadero FVS (K). Pocos afiliados votaron en la interna (25% en Gallegos, 30% en Caleta, algo más en las localidades pequeñas); y el dato más revelador es el carácter fantasmal del aparato camporista, que apenas pudo conseguir 1.100 votos en Río Gallegos y 710 en Caleta Olivia. En Caleta perdieron el vicegobernador, la senadora, el intendente, el presidente del bloque de diputados, todo el aparato contra una lista improvisada de "viejos peronistas". En Río Turbio una lista del intendente, el presidente de la empresa YCRT, más los dirigentes de los tres gremios de la empresa, apenas ganó con 440 votos, contra una lista de un ex concejal que apoyó al gobernador. Más allá del golpe político al kirchnerismo, la interna deja toda la crisis de la provincia sin resolver. La tendencia más profunda de la población expresó su indiferencia por la interna. Esta semana están previstos nuevos paros de municipales en Gallegos y de estatales, especialmente hospitalarios, agitados por autoconvocatorias de base. El lunes 8 tiene paritarias la Adosac, y todo indica que se están creando las condiciones de un gran paro provincial. El Partido Obrero impulsa este conjunto de luchas y es un factor activo y consciente de su coordinación y unificación en una lucha de conjunto por 7.000 pesos de salario mínimo.

Dos masivas asambleas de los choferes de la empresa municipal de transporte (Tamse) resolvieron un plan de lucha para oponerse a la privatización aprobada por el Concejo Deliberante. Las medidas de lucha empiezan el lunes 8, con asambleas que paralizarán el servicio y movilización al municipio. El intendente radical, Ramón Mestre, estableció un llamado a licitación del transporte de Córdoba que es un negocio redondo para los grupos capitalistas. La licitación incluye los recorridos de la Tamse. Previamente, comenzó un proceso de ajuste para hacerla “más atractiva”. Apenas asumió, se mandó un boletazo del 30 por ciento, despidió cientos de trabajadores y perseguir al activismo. Ahora le ofrece a los capitales privados los recorridos más rentables con una flota parcialmente renovada, dejando los que no lo son en manos del municipio y preparando, así, su liquidación por “muerte natural”. Una estafa contra los trabajadores, los usuarios y las arcas públicas. La resistencia de los trabajadores -así como la fuerte agitación de la agrupación clasista Ortuta y el PO- obligó a la junta directiva a retroceder sobre sus propios pasos. Incluso se presentó en las elecciones de delegados como una “lista antiprivatización”. El Partido Obrero, el 21 de marzo, presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante, donde se resuelve “eliminar los recorridos que actualmente presta la empresa municipal Tamse de la licitación que se realiza según los pliegos de licitación aprobados” en enero por el Concejo. Esta presentación tuvo gran difusión mediática y colocó a Eduardo Salas como uno de los voceros de la defensa de la Tamse y de la denuncia de la estafa. Con ese mismo proyecto, junto a una declaración política, hemos empezado una campaña de agitación sobre todas las cabeceras de línea y sobre los barrios donde Tamse presta servicios. A su vez, se lo hicimos conocer a la directiva del gremio. El secretario general, Peñaloza, en los informes a las asambleas se vio obligado a decir que la única fuerza política que hoy enfrenta la privatización es el Partido Obrero. La estatización del transporte público y el control de éste por parte de los trabajadores es la única salida.

En menos de dos años se acaba de producir la tercera víctima en el subte, responsabilidad directa de la Metrovías de Roggio y de los gobiernos tanto nacional como de la Ciudad, quienes mantuvieron y mantienen a esta "gerenciadora" criminal al mando del servicio. Luego de la experiencia de la masacre del Sarmiento, Roggio fue premiado incluso con más gerenciamiento ferroviario por parte de Nación y la continuidad en el subte después de su traspaso a Macri. El trabajador, en este caso, murió electrocutado cuando operaba en una estación inundada, donde la corriente eléctrica no fue cortada y fallaron todos los mecanismos de prevención. A pocas horas del fallecimiento, los delegados y trabajadores de la Línea B resolvieron parar el tráfico hasta el fin de la jornada en repudio y para exigir la investigación y castigo a los responsables. La conducción de la AGTSyP decretó luego un paro de todo el subte a partir de las 16 horas. La UTA, después, llamó a parar de 18 a 24. En un comunicado firmado por delegados, la Agrupación Trabajadores de Metrovías denunció a los responsables de esta nueva muerte y planteó que la AGTSyP constituya un comité de seguridad de emergencia para relevar y bloquear todas las tareas que impliquen un daño inminente para trabajadores y usuarios.

La crisis social expuesta en los saqueos del 20 de diciembre pasado en nuestra ciudad desembocó, de la mano de los propios responsables, en la prisión de cinco miembros de cooperativas de trabajo, la suspensión del intendente y ahora un referéndum que resolvería su destitución definitiva y el llamado a elecciones en 60 días. El operativo político que termina en el referéndum fue orquestado desde la propia Casa Rosada: la Presidenta emplazó al gobernador Weretilneck (Frente Grande) y al senador nacional Pichetto (PJ) a que dejaran atrás sus reyertas, pero no para resolver las urgentes demandas de los trabajadores de Bariloche y de toda la provincia. Por el contrario: sólo los complotó para que echaran al "impresentable" Goye, que ya no tenía condiciones políticas para seguir aplicando el ajuste en la ciudad. Vale la pena recordar que Goye ganó la intendencia en 2011 con la misma boleta que llevaba a Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia y a Carlos Soria a la gobernación. El referéndum pretende convalidar esta destitución, que ya ha sido resuelta a muchos kilómetros de aquí. Su verdadero -y no declarado- propósito es que la población, a través del voto, refrende la política de ajuste que los interventores ya están poniendo en marcha, y que Goye no pudo llevar hasta el final. Los destituyentes quieren reemplazar a un verdugo de la población por otro. Naturalmente, nuestro rechazo al referéndum no implica el menor aval a un intendente que ha sido protagonista de estafas, negociados y agresiones a trabajadores y desocupados. El suspendido Goye, y quienes lo pretenden destituir desde la Rosada, sostienen la misma orientación social, que ha llevado a un 25 por ciento la población desocupada o subocupada, falta de vivienda, salud y educación en derrumbe, la carestía que no cesa, los tarifazos. Denunciamos a la oposición que, desde el Concejo Deliberante, ha avalado las maniobras políticas del kirchnerismo nacional y provincial, encubriendo los objetivos antipopulares de esta intervención política. En este cuadro, el Partido Obrero de Bariloche llama a votar en blanco o a anular el voto en el referéndum, así como a impulsar la deliberación popular y la elaboración de un plan que arranque todas las reivindicaciones populares. • Por un plan de obras públicas y empadronamiento de desocupados • Por inmediata ayuda alimentaria, bajo control de representantes de los barrios. • Por el fin de la militarización y la represión en los barrios. • Libertad a los presos por luchar. • No a los tarifazos. • No a la megaminería contaminante. • Toda la provincia de Río Negro está sacudida por luchas obreras y una gran deliberación política entre los trabajadores. Llamamos a debatir este programa y a impulsar una alternativa política de izquierda a los ajustadores, sean estos de Weretilnek, de Pichetto o de una oposición que ha gobernado durante décadas contra los trabajadores.

Estas paritarias son muy especiales y tenemos que llevar conciencia a los trabajadores sobre su alcance. No se trata solamente de topes. Tampoco de las ruinosas cuotas que van siendo devoradas por la inflación. Es eso y mucho más. El gobierno plantea la extensión de los convenios por 18 meses, hasta junio del año que viene. Está dispuesto -como con los docentes universitarios- a firmar por 16 meses, pero siempre que los convenios se extiendan hasta junio del otro año. Con el nefasto sistema de cuotas -que aceptó toda la burocracia sindical en estos años, en este gremio se dibujan porcentajes de hasta un 30 por ciento, cuando el aumento anual promediado no supera los 20 puntos y deja un 7 por ciento acumulativo para el primer semestre de 2014. Con este esquema (que ya están aceptando las burocracias oficialistas de Conadu en las universidades, y cuya aceptación adelantó Cavalieri en comercio y hasta Caló en la UOM), el año 2013 es a la baja y el primer semestre del 2014, peor. Para hacer pasar estos acuerdos, el gobierno ofrece la carnada del congelamiento. Pero este tipo de medidas han tenido algún efecto en los primeros meses, para luego, invariablemente, fracasar al año o más. La otra cuestión de los “18 meses” se relaciona con el calendario electoral. El gobierno quiere blindarse con una “paz social” para cuando pasen las elecciones y así poder aplicar, durante la primera mitad de 2014, la “sintonía gruesa” de un ajustazo. Mientras tanto, la discusión paritaria quedaría postergada para julio de ese año. La burocracia ha pasado a mejor vida todo reclamo de convenio en punto a la incorporación de tercerizados a planta, antigüedad, categorías e incluso el blanqueo de sumas. Mientras tanto, la patronal mantiene todos sus reclamos de “productividad” y “competitividad” (léase desvalorización del salario), además de acompañar el planteo de paritarias a la baja como parte inevitable de un reordenamiento económico de mayor alcance contra los trabajadores. En oposición a esta situación, se desarrollan las grandes huelgas docentes, en particular en la provincia de Buenos Aires, pero también en Neuquén, Chaco y otras provincias. Notablemente, las huelgas no están pasando por las burocracias opositoras, las que “construyen” su paro nacional al margen de estas luchas decisivas. No mueve ese amperímetro la propuesta de Moyano y Micheli de un paro nacional estatal, que no se propone quebrar la política oficial y, menos aún, la de Scioli, que soporta el gran conflicto estatal y a quien Moyano caracterizó de víctima en su discurso del 14 de marzo frente al Ministerio de Trabajo. En la provincia de Buenos Aires, los sindicatos estatales K de la CGT firmaron las migajas del gobernador. Por lo tanto, la huelga docente no es una intriga de palacio, sino un gran movimiento que tiene cercado al kirchnerista Baradel por parte de los otros gremios docentes y de la oposición que actúa, con fuerza, adentro del Suteba. A pesar de la bronca de la base, la burocracia mantiene el control de la situación y no hay, por ahora, una tendencia huelguística. Más que el congelamiento de precios, que nadie se cree, puede estar jugando entre los trabajadores el peso de la enorme desorganización económica. Pero, más allá de los docentes, en otros gremios se cuecen habas. La burocracia metalúrgica tiene algunos problemas para hacer pasar el sapo: el verdadero básico del gremio es de 3.900 pesos más un adicional en negro de 1.100 pesos. Los delegados de la seccional Capital se hicieron sentir con fuerza en su reclamo de un verdadero aumento del básico. En la UTA, Fernández acordó todo, pero no firmó porque pretende alguna cláusula de reaseguro frente a futuros desfasajes. Todo terminó en una conciliación obligatoria. En este marco, además de las huelgas docentes, resaltan las iniciativas de la izquierda del movimiento sindical. Las asociaciones combativas que ganaron en las urnas la elección de Conadu Histórica discuten el rechazo al plan del gobierno (ver nota en esta página), los gráficos -encabezados por la Lista Naranja- hicieron una movilización histórica de 350 compañeros, pertenecientes a una docena de fábricas al sindicato para reclamar el 35 por ciento sin cuotas por un año. En la UTA, la Línea 60 adhirió al reclamo de 35 por ciento de Ecotrans y ambas empresas se movilizarán el 16 de abril, al término de la conciliación obligatoria por estos reclamos. Estas iniciativas, que pueden multiplicarse, unidas a una gran agitación sindical y política denunciando el pacto social no escrito y en marcha, impulsando asambleas fabriles por el 35 por ciento y sin cuotas, por un mínimo de 8.000 pesos, por acotar los convenios a un año, por cláusulas de revisión frente a la inflación son fundamentales. Al mismo tiempo, el reclamo de un inmediato paro activo nacional y un plan de lucha de todas las centrales. Primero, para desenvolver un movimiento de cara a la gran masa de paritarias no cerradas; segundo, preparando al movimiento obrero para el futuro que planteará batallas decisivas de conjunto. Esta tarea es el mejor aporte para quebrar el aislamiento de las huelgas docentes y llevarlas a la victoria.

Luego de calificar al memorándum entre Argentina e Irán como un paso adelante hacia el esclarecimiento de la causa Amia, Interpol ratificó la vigencia de las alertas rojas -una suerte de orden de detención internacional- contra los imputados iraníes. Es una señal clara de que el memorándum se inscribe en la saga de la "pista iraní" y la causa iniciada por el fiscal Nisman, y no, como pretenden las entidades sionistas, en un pacto para encubrir o inocentar al régimen de los ayatollas. El canciller persa, Ali Akbar Salehi, protestó el memorándum promueve el levantamiento de las alertas rojas. Es claro que el acuerdo entre Argentina e Irán ingresó en un pantano, y también explica, de paso, porqué ni siquiera ha ingresado en la agenda del parlamento de Irán. Dos imputados en la causa Nisman-Canicoba Corral son candidatos para las elecciones que tendrán lugar en un mes en Irán. Por su parte, la cancillería argentina refrendó el anuncio de Interpol, y la vigencia de las alertas rojas. Argentina volvió a votar contra Irán en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en lo que la Cancillería consideró como "una prueba de que no firmamos un tratado de amistad con Irán, sino un texto para que los sospechosos declaren ante el juez" (Página/12, 31/3). Venezuela votó a favor de Irán. El memorándum es otro episodio de la "pista" armada en 2005 por los servicios de la CIA y el Mossad. Mientras tanto, los archivos de la Side -que deben conducir a establecer la conexión local del atentado- continúan celosamente ocultos por el gobierno K.

Los trabajadores del hospital de Comodoro Rivadavia viven una situación límite. Las burocracias de ATE, UPCN y ATSA han pactado a espaldas de los trabajadores un 23,6% al básico testigo, muy por debajo de la inflación. Para marzo, el aumento será de un mísero 10% al básico, que llegará a 3.338 pesos cuando la canasta familiar en la zona asciende -según estudios- a 7.900 pesos. A ello se suma la precariedad en la que se ven obligados a trabajar. Hay una sola enfermera para atender a siete pacientes críticos, sin los elementos necesarios. Esta situación la comparten los hospitales de Esquel, Rawson y los nosocomios rurales. El martes 19 se realizó una gran marcha que reunió a docentes, judiciales y a los trabajadores del hospital, para continuar con el pedido de aumento en el presupuesto y el salario. Los trabajadores exigen que se abra una mesa de trabajo con la presencia del gobierno provincial y el municipal. En Puerto Madryn, los cirujanos del hospital se adhirieron a la medida de fuerza en solidaridad con sus compañeros de Comodoro. También el comité de crisis decretó que, si esta mesa no se constituía, el 4 de abril se lanzaría un paro de todas las aéreas del hospital de Comodoro, continuando con el estado de alerta y movilización y convocando a nuevas asambleas informativas. Reclamamos: • Salario mínimo igual a la canasta familiar de 8.000 pesos. • Pase a planta de todos los contratados. • Condiciones dignas de trabajo y más presupuesto para salud. • Por un comando conjunto de docentes, sanidad, judiciales y estatales de toda la provincia que, con la huelga general y la movilización, lleven al triunfo la lucha.

Pocos días atrás, miembros jerárquicos de empresas multinacionales de la industria ferroviaria -como Alstom, CAF y Siemens- intentaron bajar a los talleres del subte para planificar trabajos tercerizados de mantenimiento de trenes, según una licitación abierta por Subterráneos de Buenos Aires (Sbase). Inmediatamente los trabajadores del taller Constitución pararon, hicieron una asamblea y expulsaron a los intrusos en defensa de sus conquistas. También Sbase (Macri) prepara trabajos de “puesta en valor” de instalaciones -limpieza, pintura- mediante empresas contratistas, antes de la entrega del servicio a la gerenciadora -la cual, ha trascendido, seguirá siendo Roggio/ Metrovías. El pretexto patronal es que harían trabajos por única vez o sólo los que no pueden hacerse en los talleres del subte. Con la misma triquiñuela, se introdujeron los Taselli, Roggio, Cirigliano y Romero en el ferrocarril “para siempre”, con las consecuencias catastróficas conocidas. En realidad, el intento patronal va más lejos: apunta a quebrar la jornada de 6 horas, el trabajo convencionado y el salario. Estas empresas explotan personal que trabaja el doble por la mitad del sueldo. Delegados de los talleres han denunciado que es falso que se pueda encarar -como asegura el presidente de Sbase- el mantenimiento pesado -que lleva meses y que Metrovías no hace desde hace años- de muchos trenes al mismo tiempo, ya que el 90 por ciento de la flota está afectada al servicio simultáneamente. Un mantenimiento en serio, tal como lo reclama desde siempre la AGTSyP, requiere de una programación sistemática, el personal, equipamiento y los insumos necesarios. Un plenario de talleres reclamó iniciar un plan de acción, que comience con una gran asamblea pública en el Obelisco, para que ninguna tercerizada entre al subte y contra toda flexibilización del trabajo. Expulsar a estas “tercerizadas” del subte y pasar todo su personal a la planta de Metrovías llevó años de lucha. A esto se agrega una reivindicación muy sentida, que todo nuevo personal se contrate por medio de la bolsa de trabajo y a convenio, no con el dedo de la patronal y de la UTA. La conducción del gremio, en cambio, viene teniendo una postura ambigua. En un comunicado del 22 de marzo, dice: “No permitiremos tercerizaciones ni precarizaciones en el subte”. La oposición no es taxativa, puesto que termina planteando que “nos comprometemos a fiscalizar el cumplimiento de todas las situaciones que se presenten...”, lo que fue dicho en el sentido de ver si se trata, realmente, de trabajos por única vez. Están entrando por el aro. A todo esto, de la paritaria no hay noticias. Los acuerdos salariales anteriores vencieron el 28 de febrero. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el acuerdo firmado por la UTA para choferes -por un 18 por ciento- fue bloqueado por Tomada, porque estipula una vigencia de seis meses rechazada por el ministerio. En segundo término, está la vinculación del aumento salarial en el subte con el precio del pasaje. La ley de traspaso -votada por el oficialismo, la bancada K y sus colectoras- estipula que un aumento de los costos mayor al 7 por ciento dispara automáticamente una corrección de la tarifa. El macrismo se escuda en el freno de la Justicia al aumento del pasaje para ningunear la paritaria. Pero, además, la vice Vidal declaró que el aumento a 3,50 pesos no contempla los incrementos salariales que surjan de ella. Se trata de un chantaje directo contra los reclamos de los trabajadores. Paritaria, tercerización de tareas, a lo que se suman los asaltos casi diarios a boleterías sin custodia (donde se pone en juego la vida de los trabajadores) conforman una fuerte ofensiva antiobrera bajo la batuta macrista, ante la mirada pasiva y cómplice del kirchnerismo. El ministerio nacional se ha lavado las manos desde el traspaso y ha cajoneado la personería gremial para la AGTSyP. En éste y los demás puntos, la directiva del sindicato paga el precio de su dependencia política con el kirchnerismo: no es un secreto que detrás de los aumentos del subte, se vienen los colectivos y trenes. Randazzo ya declaró, al mejor estilo Mauricio, que el costo real mínimo del pasaje ferroviario está en los 9 pesos. La política del macrismo en el subte es sólo la avanzada de la política de los K en el conjunto del transporte. Corresponde al activismo independiente y de izquierda, así como a los sectores no disciplinados a los K, pugnar por una movilización masiva y un plan de lucha de los trabajadores. Ninguna tercerización, defensa del trabajo y del convenio, mantenimiento completo con recursos propios, paritaria con AGTSyP por el 30 por ciento para defender el poder adquisitivo; cierre de boleterías sin seguridad, sin sanciones ni descuentos a los trabajadores; personería gremial para AGTSyP. Y, como marcó el taller Constitución, donde baje una contratista, asamblea y paro.

Durante la madrugada del 2 de abril, la Ciudad colapsó ante una lluvia intensa que estaba anunciada. En pocas horas, barrios enteros -especialmente los del norte- quedaron bajo el agua, inundándose casas y calles. Al menos seis personas perdieron la vida en la Ciudad. Dentro de las víctimas fatales, se encuentra un trabajador del subte. Las pérdidas materiales de las familias son inmensas. Pequeños comercios con su mercadería arruinada. Barrios enteros sin luz. Las viejas cámaras de electricidad de Edenor y Edesur se volvieron a inundar, como ocurre cada vez que la lluvia es intensa. Los cortes -se espera- durarán varios días. El Barrio Mitre, una de las zonas más humildes de la zona norte, fue el más afectado. Allí, una mujer murió ahogada dentro de su propia casa. Como ya ocurriera un año atrás, los principales responsables del gobierno estaban de vacaciones en el exterior. Nadie ordenó siquiera limpiar de hojas y basura los sumideros para, al menos, reducir el impacto de la lluvia. Una vez que ésta se produjo, tampoco los funcionarios del gobierno brindaron la ayuda necesaria. Los vecinos debieron colaborar entre sí para subir a pisos superiores a niños y ancianos. El Partido Obrero del barrio de Saavedra se hizo presente desde muy temprano en el Barrio Mitre, para prestar su colaboración a los vecinos afectados. Obras paralizadas Esta nueva inundación sacó a la luz la parálisis de las obras que deberían aportar una solución a esta crisis recurrente. La construcción de los canales aliviadores para los arroyos Vega y Medrano no ha comenzado. El macrismo responsabiliza al gobierno nacional por la falta de avales para un endeudamiento ante el Banco Mundial para financiar la obra. En el caso del Vega, éstos fueron otorgados hace un par de semanas. De todos modos, se trata de cifras relativamente bajas, que bien podrían ser financiadas por la Ciudad y la Nación sin recurrir a un nuevo endeudamiento. En conjunto, no superan los 300 millones de dólares, muy poco frente a las sumas que se llevan la fuga de capitales y el pago de la deuda externa. A la parálisis de estas obras estructurales se suma la sub-ejecución del presupuesto destinado a programas como el de Agua Potable y Alcantarillado, la cual incluye obras de prevención de inundaciones. Aunque la inflación ha sido creciente, los fondos destinados a estos fines fueron reducidos en un 66%. La reducción de la inversión pública se agudiza mientras, simultáneamente, crecen los impuestos que pagan los vecinos. El Presupuesto, en estas condiciones, se transforma en una expropiación de los vecinos y trabajadores en favor de contratistas y empresarios de la basura. Una orientación social Desde el gobierno, intentan explicar que la causa de la catástrofe es un cambio en las condiciones climáticas. Pero se tratan de meras excusas para eludir responsabilidades y esconder los intereses sociales en pugna. La orientación social seguida por los sucesivos gobiernos porteños (del centroizquierdista de Ibarra al derechista de Macri) -y compartida plenamente por el kirchnerismo- ha favorecido a los grandes especuladores inmobiliarios y a las grandes contratistas, en detrimento de las condiciones de vida de los vecinos y trabajadores. La Ciudad se ha transformado en un botín del gran capital, el que en función de elevar su beneficio está produciendo un descalabro urbano y ambiental de enormes proporciones. Un testimonio de esta orientación social compartida se encuentra en el pacto legislativo del macrismo y los K en torno de la entrega de las tierras urbanas a los especuladores inmobiliarios. Quieren construir torres en los terrenos ferroviarios de Caballito, Palermo y Liniers -todos barrios que ya viven un colapso de sus servicios. Los vecinos han señalado su oposición a estas intenciones, dado que han denunciado que estas construcciones llevarían a impermeabilizar el 65% de las tierras ferroviarias de la Ciudad, lo que favorecería las inundaciones. En Palermo, además, está planificada la construcción de un gran shopping, también en terrenos que pertenecen al Estado nacional. Pero la experiencia del Shopping DOT en Saavedra está a la vista: los vecinos del barrio Mitre denunciaron que, por la construcción de este shopping (propiedad de Irsa, cuyo desagüe da directamente al barrio), se genera en el barrio un desquicio absoluto cada vez que llueve. A ello, se agrega la tala de árboles y la impermeabilización de los terrenos donde se montó Tecnópolis, del otro lado de la General Paz. El agravamiento del desorden urbano es creciente. En esta oportunidad, no sólo se inundaron los barrios que solían sufrir este flagelo, sino que ahora el agua copó otros que no sufrían inundaciones. Incluso la obra que Macri presenta como exitosa -la del arroyo Maldonado- no logró impedir que varios barrios de esa zona también vean sus calles y casas llenas de agua. Las villas y los asentamientos también sufren un descalabro cada vez que llueve -con calles anegadas, caída de los servicios básicos y, en varias ocasiones, derrumbes con resultados fatales. En este caso, a diferencia de lo prometido por los gobiernos, no hay ningún plan de urbanización o de obras que apunten a contener esta situación. Programa Ante la catástrofe sufrida, el gobierno de la Ciudad ha dicho que pagará indemnizaciones con un límite de 8.000 pesos por familia. Pero cualquiera que haya recorrido las zonas afectadas sabe que esa cifra es absurda en relación a los daños sufridos. Sabiendo esto, Macri dijo que pondría a disposición créditos del Banco Ciudad. Se trata de una estafa y de un negocio financiero con las víctimas. Reclamamos, por lo tanto, que el gobierno de la Ciudad responda plenamente ante los daños sufridos por las familias y los pequeños comercios. Junto con este reclamo inmediato frente a la tragedia, es necesario señalar la responsabilidad del gobierno nacional y el gobierno porteño en el colapso de la Ciudad. En oposición a la entrega de la Ciudad a los grandes grupos inmobiliarios, reclamamos la puesta en marcha urgente de un plan de obras, elaborado y supervisado por organizaciones ambientales y especialistas, junto a comisiones de vecinos. Reclamamos, asimismo, la inmediata urbanización de todas las villas y asentamientos de la Ciudad. Un desarrollo urbano sustentable plantea, en definitiva, una cuestión de poder, porque requiere terminar con el acaparamiento del suelo por el gran capital, lo que es la condición fundamental para proceder a una planificación que permita compatibilizar la vivienda popular con los espacios públicos y el medio ambiente. Esta planificación es incompatible con el lucro que persigue el gran capital, fuente de catástrofes sistemáticas.

La Presidenta de la Nación reaccionó con un discurso macartista al obvio fracaso del kirchnerismo de impedir que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia reuniera 50 mil manifestantes, primero, y que pudieran conmemorar, en la Plaza de Mayo, el aniversario del golpe militar del 24 de Marzo. La semana previa, el jefe de Gabinete, Abal Medina, había ignorado los reiterados reclamos que se le efectuaron, por escrito, para que el gobierno garantizara el derecho de manifestar al Encuentro. Es claro que la jefa del Estado había impartido la orden para que el oficialismo usurpara la jornada en función de la agenda política del oficialismo. Esto desmiente, en forma terminante, que la movilización de sus simpatizantes fuera independiente del aparato del Estado. La subordinación política tuvo su correlato natural en el dispositivo logístico enorme del que hizo gala la manifestación kirchnerista. Ante los cordones montados por el Movimiento Evita en la avenida de Mayo, las inmensas columnas del Encuentro eligieron serpentear por Santiago del Estero, Rivadavia, Salta y Bartolomé Mitre, para enfilar hacia Diagonal Norte y a Plaza de Mayo. El oficialismo logró, ciertamente, su objetivo declarado de que el acto del Encuentro transcurriera en la noche de una luna en cuartos crecientes. Pero perdió políticamente -y no sólo debido a la advertencia bíblica de que los últimos serán los primeros. En efecto, clausuramos la jornada. Perdió, por sobre todo, por el contraste de agendas. En tanto el acto oficialista funcionó como claque de la reforma judicial que promueve el Ejecutivo, el del Encuentro denunció la ley antiterrorista, el Proyecto de espionaje X, la matanza de aborígenes en las provincias gobernadas por el kirchnerismo, el crecimiento de la trata de mujeres y niños y la impunidad que gozan sus autores, la desaparición de Jorge Julio López y Luciano Arruga y, en definitiva, la complicidad de la policía y los concesionarios ‘amigos’ del gobierno en el “plan criminal” que terminó con la vida de nuestro compañero Mariano Ferreyra. El esperpento judicial de los K impulsa el alargamiento de los juicios previsionales y laborales, en evidente perjuicio para jubilados y trabajadores, y la inmunidad para los funcionarios públicos, precisamente después de la tragedia de Once y los procesos que tienen abiertos Jaime, Boudou o Cameron. Eduardo Anguita, un intelectual destacado del oficialismo, se sintió obligado a desnudar, en un medio de prensa K, la hipocresía del documento oficial, que condena la complicidad de la familia Blaquier con la dictadura y el secuestro y desaparición de luchadores, mientras el gobierno le otorga créditos subsidiados del Bicentenario y ventajas económicas para la producción de biocombustibles. No hace falta que se diga que el documento de las organizaciones K ahorra cartuchos con la Iglesia, luego que la Presidenta descubriera su tardía fidelidad a la jerarquía clerical. En el espacio de las pocas hectáreas que ocupa nuestra plaza histórica, quedó expuesto un contraste político pocas veces tan transparente. La Presidenta tomó conciencia de esta realidad política durante la forzada introspección personal que impone un vuelo de tres horas a Río Gallegos. Fue entonces cuando intentó contrarrestar el balance negativo que sacó de la jornada con una serie de tuits de inconfundible naturaleza macartista. En sucesivos disparos de tecla descalificó a la bandera roja del internacionalismo y la fraternidad de la clase obrera de todos los países; autojustificó su propio fracaso con alusiones a las ventajas recíprocas que se prodigarían “los extremos” en detrimento de los ‘gobiernos populares’. La mandataria estaba sintonizando el canal Volver -la Liga Patriótica de los años ’20 y ’30; la Ley de Residencia de 1902, que castigaba la actividad “anti-argentina” de los trabajadores inmigrantes; la “sección especial” de torturas de la policía de las décadas del ’30 y ’40; o finalmente, los slogans de la Juventud Sindical Peronista y del lopezrreguismo de los años ’70. Actualizó la teoría de los “dos demonios”; la Presidenta insinuó la opinión, con estos tuits, que el golpe militar del ’76 no hubiera ocurrido sin la provocación del otro ‘extremo’, una tesis que no es precisamente la que sostienen los miles de kirchneristas que ocuparon la Plaza hasta la puesta del sol. ¿No fue diseñado, acaso, por el Consejo Empresario Argentino (de “los grupos concentrados”) y por la cruzada anticubana de los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y la entonces Comunidad Europea? CFK no alcanzó a advertir, en el tiempo de vuelo, que sus amigos del chavismo se distinguen por su orgullosa vestimenta “rojo-rojita”. Los incidentes, muy menores, intrascendentes, provocados por una patota del IndeK frente a la columna que intentaba ingresar a la Plaza, no deben disimular la gravedad de los planteos de la primera mandataria. Menos aún deben servir como pretexto provocador para que la violencia de carácter faccional imponga su objetivo de bloquear el debate político. El contenido de los dichos de la Presidenta puede ser instrumentalizado en esa dirección. No es para nada lo que conviene para un desarrollo independiente y socialista del movimiento obrero y para un crecimiento político de la izquierda. La energía de nuestra respuesta política al macartismo oficial tiene también la finalidad de neutralizar el potencial de violencia reaccionaria que anida en las patotas de distinta fisonomía, como ha ocurrido con las patotas sindicales que comulgan con los gobiernos de turno, o los barrabravas financiados por los punteros políticos de la mayoría de los partidos tradicionales.

El Partido Obrero de Chaco realizó un plenario para largar la campaña electoral. El plenario estuvo precedido de una conferencia de prensa con la presencia de Aurelio Díaz, candidato a diputado provincial, quien enfatizó el rol que tendría una bancada que defienda los intereses populares en la provincia. Aurelio hizo especial énfasis en la denuncia del trabajo en negro por parte del Estado. Nuestra campaña estará atravesada por la movilización popular frente al ajuste de Capitanich. Los estatales acamparon frente a la Casa de Gobierno por el pase a planta. La huelga docente se extiende en todo el interior luego de la represión, que generó una fuerte movilización popular de repudio. El plenario destacó un balance de la gestión de Capitanich, que no ha resuelto ninguno de los problemas históricos de la provincia. Se desarrolla con más fuerza que nunca la expulsión de campesinos e indígenas, de la mano del copamiento sojero de la tierra chaqueña. No se ha resuelto el acceso al agua potable para media provincia, donde el dengue sigue siendo endémico. La crisis de la vivienda es un verdadero polvorín, como se demuestra en las ocupaciones de tierras en Fontana y otros barrios de los alrededores de Resistencia. El desmantelamiento de los frigoríficos de la provincia es un capítulo aparte. El Toba fue reabierto, a cargo de la Fiduciaria del Chaco (con participación estatal). Sin embargo, faena sólo para el mercado interno y a un cuarto de su capacidad. Los trabajadores fueron reincorporados sin antigüedad y perdiendo importantes conquistas, y todos los activistas y muchos obreros fueron directamente despedidos, incumpliéndose todos los compromisos de reincorporarlos. Pero si este es el balance de la gestión de Capitanich, no es diferente el de la oposición. La UCR/FAP han hecho un acuerdo electoral. Se trata de los mismos que gobernaron con el ajuste y la represión con Rozas y Nikkisch, y que ahora llevan adelante un ajuste con tarifazos e impuestazos en los distritos que gobiernan (para empezar, Resistencia). Nuestra campaña llamará a desarrollar una alternativa política que defienda los reclamos populares. El primer punto es una fuerte campaña de apoyo a las luchas populares de Chaco, sacando una conclusión: no va a ser ni de la mano del gobierno, ni de la oposición que ajusta en sus distritos, que los reclamos populares van a tener una respuesta. Es necesario desarrollar una alternativa política de izquierda en la provincia. En la primera etapa de la campaña, promoveremos reuniones abiertas en cada una de las barriadas, en la universidad y con trabajadores en lucha, para debatir el programa y los planteos del Partido Obrero. El plenario discutió avanzar en organizar núcleos de apoyo en Tirol, Barranqueras y Fontana. Con esta disposición militante, vamos a abordar el objetivo de superar la traba de las internas, que exige llegar al piso del 1,5 por ciento en las internas.

Sobre las novedades de la campaña electoral, Libres del Sur reseña la firma del acuerdo con la Coalición Cívica. Donda, Prat-Gay, Tumini y Javkin hicieron “un llamado a materializar una gran unidad de las fuerzas populares, progresistas y democráticas en todo el país”. Además, destacan que “los cuatro dirigentes se comprometieron a buscar caminos de diálogo y a trabajar en pos de un país amigable (...), sin pobreza (...), en desarrollo (...), federal (...), respetuoso de la ley, las instituciones y la Constitución (...), que prioriza la educación pública (...), con honestidad (...) y transparencia en los actos de gobierno y rendición de cuentas.” Alternativa Socialista presenta una nota de Pacagnini que transmite las conclusiones de “una reciente reunión de Dirección Nacional” del MST. El objetivo es “disputarle a los dos aparatos gubernamentales que actúan: el PRO y FpV”, y proponen “la defensa de lo público como un pilar central de cualquier programa”, una formulación propia del ‘progresismo’ pero no de la izquierda. Para eso, plantean “reconstruir la unidad de los espacios del Movimiento Proyecto Sur y del FAP dándole debida importancia a los compañeros que provienen de la CTA”, omitiendo que Lozano (CTA) rechazó públicamente el acuerdo con Carrió. A renglón seguido afirman que “este frente puede intentar ampliarse explorando nuevos aliados, como pudiera ser por un lado la Coalición Cívica, las fuerzas de izquierda y Marea Popular (...) No así la UCR”. El único reparo respecto de Carrió es que “no expresa este perfil y programa integral que hace falta para encabezar una lista de diputados y disputarle a los dos gobiernos”, o sea que aceptarían que ocupe el segundo lugar. “La hora política”, de Hoy (PCR), afirma que “están a la orden del día los operativos del gobierno K, y de Magnetto y otros grupos, para impedir la formación de un frente nacional y popular”. Destacan su crisis con el FAP (“causaron mucho disgusto declaraciones de Binner, (...) que votaría por el proyanqui Capriles”) y con Proyecto Sur (“mucha preocupación la negociación (...) con Carrió”). Para el PCR, un “frente verdaderamente nacional y popular” podría ser con Unidad Popular (Lozano), ya que sus dirigentes “señalaron que no es posible aliarse con las estructuras que han traicionado a la causa popular: el PJ, la UCR y el PC”. La izquierda interviene activamente en la disgregación del centroizquierda, pero a la rastra de una u otra variante. Hoy también informa sobre la convención del PTP en San Juan, que tras un minuto de silencio por el fallecimiento de Chávez y el saludo por la reciente designación del nuevo Papa proclamó sus reuniones con “fuerzas políticas de la provincia con el objetivo de armar un frente popular (...) se plantea la necesidad de unir a todo lo que es posible de ser unido (sic)”, para luego mencionar “una serie de puntos programáticos” como el “no a la reforma de la constitución”, “una nueva ley de coparticipación federal”, “trabajar mancomunadamente entre todos los sectores para avanzar en un proyecto que potencie la agricultra, la ganadería, la minería en el marco de un proyecto industrializador”. El PTS, por su lado, no incluyó menciones a la campaña electoral en su periódico. En relación con las movilizaciones del 24 de Marzo, Marea Popular editó una declaración en la que afirman que “hoy nos alegra reconocer que, si bien son muchos los puntos pendientes, se ha caminado en la tarea de la justicia (...) Lejos de naturalizar esta situación, la subrayamos con la esperanza de que este camino se continúe”. Una vez más, “lo bueno” tiene su contraparte “mala”, y destacan “nuestro presente (...) sin Luciano Arruga y sin Julio López (...), con compañeros asesinados por luchar como Maxi, Darío y Mariano Ferreyra”. A pesar de los elogios al oficialismo, Marea Popular no integró la movilización kirchnerista, como sí lo hicieron sus socios de la Gleyzer, con quienes realizaron un acto previo frente al Obelisco. Sin embargo, tampoco participaron de la columna independiente del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, donde estuvieron la Fuba y los centros combativos, e ingresaron a la Plaza una vez que la izquierda se retiraba.

En conjunto con otras organizaciones nucleadas en el EMVyJ los abogados de Apel presentamos un habeas corpus colectivo por todos los compañeros detenidos/desaparecidos durante la dictadura. Entre ellos, se hallan dos compañeros militantes de Política Obrera: Fernando Sánchez y Gustavo Enrique Grassi. Próximamente, incorporaremos los nombres de otros militantes de PO que cayeron bajo la dictadura, entre los cuales se cuentan Marcelo Arias, Martín Hojman, Susana Huerta y Cristóbal Russo. La causa, que tiene por objetivo conocer el paradero de los familiares, compañeros y amigos secuestrados durante esos años y que hasta la fecha se encuentran desaparecidos, quedó radicada en el Juzgado Criminal de Instrucción N° 7 a cargo del juez Omar Aníbal Peralta. La presentación de habeas corpus en la actualidad mantiene total vigencia, ya que en los 37 años que pasaron no se ha dado una sola pista del destino de nuestros compañeros aunque pesa sobre el Estado nacional dar cuenta de ello. Durante estos 37 años el Estado nacional sistemáticamente ha ocultado la verdad y, en ese punto, se ha convertido en cómplice del silencio que adoptaron los genocidas. Muestra de esto es que, en los juicios contra los genocidas, han sido las propias víctimas quienes han procedido a reconstruir la historia, consiguiendo las pruebas. El Estado no ha permitido, porque no se ha ocupado de la apertura de los archivos, dar cuenta sobre el estado de detención de los desaparecidos. El silencio cómplice mantenido por el Estado permitió que Julio López y Silvia Suppo, quienes dieron su testimonio del genocidio, fueran una vez más desaparecidos o asesinados, pero esta vez en democracia y con la mirada esquiva del gobierno de los Kirchner, quienes quitaron de la agenda cualquier mención de estos compañeros. Nuestros compañeros El 23 de septiembre de 1977, fueron secuestrados Fernando Sánchez y Gustavo Grassi en alguna calle de Buenos Aires. El segundo trabajaba en la fábrica Selsa y ambos militaban en Política Obrera. En ambos casos, se encuentran denunciados en la Conadep pero no se ha podido recabar testimonio preciso sobre las calles donde fueron secuestrados. Todo indicaría que fueron trasladados al campo de concentración conocido como “El Atlético”. Al mismo tiempo que presentábamos los habeas corpus, en la capital mendocina se hacía lo mismo. Se trata de una acción que no se agota con estas presentaciones, si no que se seguirán presentando en todo el país, y por más compañeros. Exigimos al Estado nacional la apertura de todos los archivos militares y de los servicios de inteligencia. Exhortamos a la Justicia a que no repita la historia y dé curso real y efectivo a las acciones presentadas. Compañeros Fernando Sánchez y Gustavo Grassi ¡presentes! 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos ¡presentes!

Este 24 fue diferente en Bariloche, después de los saqueos, la suspensión del intendente y el envío de 400 Gendarmes a la ciudad, una militarización ordenada directamente por la propia presidenta. Era también el momento de recordar a Diego, Nino y Sergio, jóvenes asesinados por la policía en 2010. En definitiva, llegamos a un 24 de Marzo plagados de políticas que nos retrotraen a aquel oscuro 1976. Previo a este nuevo aniversario, se realizó una seguidilla de reuniones para organizar la movilización del 24. Por un lado, estaban H.I.J.O.S, la Multisectorial contra la represión, Vecinos del Alto, y partidos de izquierda, entre ellos el Partido Obrero. Por el otro, los aparatos K: la Cámpora, Miles, El frente Grande, La CTA yakista, Unter (Sindicato Docente, dirigida por la Celeste), Movimiento Evita, Causa Nacional y Popular. En estas reuniones, estos últimos quisieron colocarse al frente de la marcha del 24, con argumentos que no se sostenían por sí solos. Pero en nuestras intervenciones, no dejamos pasar las denuncias a la política que caracteriza a este gobierno, como el espionaje oficial (Proyecto X), la impunidad que sigue estando en los cientos de torturadores de la dictadura que todavía caminan entre nosotros, y el reclamo por perpetua a todos los responsable del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Logramos frenar, junto a la multisectorial y otros partidos de Izquierda, su intención de encabezar la marcha. Cuando llegó el momento de leer los documentos en el acto que se desarrolló en el Centro Cívico, hubo fuertes aplausos cuando se denunció al Gobierno por su política represiva, de persecución a los luchadores sociales, por la impunidad de ayer y de hoy para con los casos de desaparecidos en dictadura y en democracia; también por nuestro compañero Mariano, por los pibes asesinados por la policía el 17 de Junio del 2010 y por la libertad a los presos políticos. Este clima de repudio y bronca contra esta política se convirtió en silencio y frialdad cuando sectores oficialistas subieron al escenario para leer sus documentos. El kirchnerismo no se pudo salir con la suya, al intentar cooptar este 24, y presentarse como el Gobierno de los derechos humanos.

El Encuentro del Sindicalismo Alternativo -convocado por Conlutas de Brasil (dirigida por el PSTU en la LIT), Solidaires de Francia (sectores autonomistas) y la CGT Española (un ala del anarquismo)- deliberó en París los días 22, 23 y 24 de marzo. Por parte de la Coordinadora Sindical Clasista participamos los compañeros Víctor Grosi, secretario general del Sitraic; Ileana Celotto, directiva de AGD y Conadu Histórica, y Néstor Pitrola, congresal naranja de la Federación Gráfica Bonaerense. El Encuentro se desarrolló sobre la base de informes previos de cada una de las tres centrales, en una reunión en la que hubo 250 participantes (de 25 países). En este cuadro, Solidaires se reservó la mayoría de las intervenciones del punto central, el de la crisis capitalista, y el manejo de la lista de oradores. El informe de Solidaires desenvolvió una línea basada en "nuevos conceptos transversales", "redes solidarias", sindicatos alternativos y organizaciones no gubernamentales. En todo momento, estuvo ausente la caracterización de la política de Hollande, quien lleva adelante una política de austeridad y despidos masivos, disfrazada con slogan de relanzamiento económico. Esta línea fue seguida por numerosas intervenciones. Que alguien caracterizara que lo "mejor del sindicalismo europeo estuvo reunido allí", muestra la enorme desorientación que campea en la clase obrera de los principales países de Europa. Como hicimos notar antes del Encuentro (ver Prensa Obrera Nº 1.260), la caracterización estratégica del conjunto de convocantes al mismo (y, aunque sorprenda, la de Conlutas también) es que la crisis capitalista es de "distribución", por lo que podría ser remediada con políticas públicas (esto explica el tufillo ‘kirchnerista' de varias intervenciones). Este enfoque y la propuesta del ‘trabajo en red’ nos hablan de una composición de fuerzas ajena a la lucha de clases del proletariado. Las luchas emergieron, en el Encuentro, de un modo marginal, a través de los obreros de Iris Bus (de Italia), quienes se hicieron presentes mediante su comité de huelga, o por parte de una representación de sindicatos turcos y de un grupo indonesio. Fueron las delegaciones latinoamericanas las que metieron interés al debate, lo cual confirmó nuestras expectativas al momento de tener que decidir la participación en el Encuentro. La Central de la Clase Trabajadora de Paraguay denunció la integración de la burocracia sindical y de la izquierda tradicional al gobierno de Lugo, al cual caracterizó como un gobierno flexibilizador (aumentó dos horas la jornada en el Estado). También denunció la concentración brutal de la tierra y el "modelo sojero" de su gobierno. Todas las delegaciones latinoamericanas, incluida Conlutas, caracterizaron a los gobiernos nacionalistas y de centroizquierda de América Latina, como burgueses y pro-imperialistas, desde Dilma hasta Cristina. Nuestra delegación desarrolló un planteo político a favor de una campaña internacional con iniciativas prácticas. Esta orientación fue apoyada por Osvaldo Coggiola, quien concurrió representando a Andes (docentes universitarios de Brasil) y por Franco Grisolía (Red 28 de abril y Comité italiano por el no pago de la deuda). Un representante de la CTA Micheli tuvo una intervención deslucida e indiferenciada, pues evitó caracterizar al gobierno argentino y a la burocracia. Nuestra intervención señaló la crisis creciente de los gobiernos nacionalistas, a los que una parte del Encuentro veía como un faro, y destacamos en forma especial las fuerzas centrífugas que operan en la burocracia sindical, así como el ascenso del clasismo en las organizaciones sindicales en las empresas. Refutamos la idea difundida por Syriza y otras izquierdas acerca de la "salida argentina" a la crisis de 2002, a la cual denunciamos como un rescate de la banca acreedora y de los privatizadores, además de crear un reforzamiento de la precarización laboral. Rechazamos la insistencia, en la declaración política del Encuentro, acerca de una "crisis del modelo de redistribución", que colocaba al Encuentro en el campo de los planteos "keynesianos" y sus "políticas públicas" -o sea de un frente único potencial con la burguesía y, manifiestamente, con el gobierno francés de Hollande, quien preside la mayor ola de despidos y cierres de empresas de las últimas cuatro décadas. En cuanto a la propuesta de una declaración por el 1° de Mayo, única iniciativa práctica del Encuentro, propiciamos cinco puntos: la ocupación, nacionalización sin indemnización y puesta en marcha bajo gestión obrera de toda fábrica que cierre o despida; lucha contra la tercerización y precarización laboral; el no pago de la deuda (se menciona su "suspensión"); la expulsión de la burocracia de los sindicatos (la declaración promueve un "sindicalismo alternativo") y, finalmente, abajo los gobiernos de la troika (se habla de los ajustes) y de la Unión Europea imperialista, para que haya gobiernos de trabajadores (no hay una caracterización sobre la UE ni un planteo de poder). Conlutas suscribió al planteo oficial del Encuentro. Llama la atención que una organización sindical, que se encuentra bajo una dirección trotskista, se suba a un planteo capitalista sobre la crisis y luego pretenda condenar al chavismo, el cual desarrolla esa misma caracterización. Es obvio, para nosotros, que Conlutas debería abrir un debate programático si no quiere sucumbir en su propósito de desarrollar una política clasista. Al cabo de las deliberaciones, una delegación visitó Peugeot de Olné -sentenciada al cierre, con 400 de sus 2.000 trabajadores en huelga desde hace dos meses-, pero sin planteo alguno, ni tampoco se llevó un plan de lucha. En el final, se aprobaron una serie de resoluciones contra persecuciones y criminalización del movimiento obrero, entre ellas una sobre Mariano Ferreyra. Concluimos nuestra intervención con un llamado a las delegaciones latinoamericanas, para organizar un Encuentro del sindicalismo combativo y revolucionario en América Latina (propusimos Asunción). El Sitraic estableció lazos con el Sindicato de la Construcción de Belén Do Pará, recuperado de manos de la burocracia de la CUT (junto a los metalúrgicos de San José Dos Campos, los principales sindicatos obreros de Conlutas) y con un sector opositor dentro de la CGT francesa (PC). Por su parte, AGD participó de un debate sobre educación con delegaciones de Francia, Argelia, Brasil, Colombia y Estado Español. En los días posteriores al Encuentro, desarrollamos una nutridísima agenda de debate, en función de la convocatoria a la Conferencia Europea por parte de la CRCI.

Este 24 de Marzo, el Partido Obrero de Merlo marchó con la consigna de "Abajo el Proyecto X de Othacehé". El acoso y la difamación, mediante afiches y volantes, a Analia Pascual, docente y dirigente del PO de Merlo es un ejemplo más de la persecución a las organizaciones populares que no se someten a la regimentación del intendente Raúl Othacehé. La semana pasada, una delegación del Partido Obrero se entrevistó en La Plata con el ministro de Seguridad provincial, Ricardo Casal. Denunciamos la campaña mafiosa, la persecución política y la existencia de una red de espionaje montada desde el municipio que utiliza a punteros y patotas vinculadas a las barras bravas, algo que, tras el asesinato de Mariano Ferreyra, no se debe despreciar. Asimismo, presentamos la denuncia ante la Justicia (Tribunales de Morón, UFI 4) y ante el ministerio nacional de Seguridad (dos semanas atrás entrevistamos por este motivo al viceministro Sergio Berni). Hemos hecho responsables a los dos gobiernos, nacional y provincial, de la seguridad e integridad de nuestros militantes de Merlo. El 23 de marzo participamos en la actividad pública del Espacio por la Democracia. A la consigna levantada: "por los derechos de ayer y de hoy" le opusimos el planteo del EMVJ "contra la impunidad de ayer y de hoy". Los métodos de Othacehé son también los métodos del gobierno nacional ("Proyecto X"). Othacehé convocó a un acto para "conmemorar el 37 aniversario del golpe" . Sólo un filo fascista consecuente "conmemora" un golpe de Estado. Mientras tanto, acalla la vida política, social o cultural independiente en el distrito y se vale de los decretos de la dictadura. Además, recordó a "los compañeros que ya no están físicamente" mediante la proyección de la película de... Nestor K. Llamamos a redoblar la lucha por la defensa de las libertades democráticas en Merlo y convocamos a una campaña unitaria de denuncia.