El juicio por el crimen cometido por la patota de la Unión Ferroviaria contra nuestro compañero Mariano, y por las graves heridas ocasionadas a Elsa Rodríguez y otros compañeros, ingresa en la etapa de definiciones. El 15 de febrero comenzarán los alegatos de las partes, la última fase del juicio. Varios imputados (entre ellos, Pedraza) no prestaron declaración indagatoria durante el debate oral. La mayoría de los acusados lo hizo en las últimas audiencias, ante la situación desesperante en que los dejaba el desfile de los llamados a prestar testimonio. Es el caso ahora del comisario Lompizano, que pide declarar ahora, luego de que la inspección ocular al lugar del crimen dejara aun más en evidencia la complicidad de la policía. Desde el 20 de octubre de 2010, pusimos el mayor empeño militante para arribar a una condena a perpetua a Pedraza, Fernández y todos los responsables. Fue una batalla política durísima. Quebramos las tentativas oficiales para criminalizar a nuestro partido y mantener impunes a los responsables políticos. Aun meses después del homicidio de nuestro compañero, Pedraza continuaba recibiendo el apoyo de los funcionarios del Ministerio de Trabajo y complotaba con ellos contra el pase a planta de los tercerizados ferroviarios. Llegamos a esta instancia con la prisión preventiva de Pedraza y Juan Carlos Fernández, así como de ocho de sus patoteros, y con el juzgamiento de siete policías federales -entre ellos, cuatro jefes-, aunque no detenidos. La cadena de responsabilidades no se agota, sin embargo, en estos 17 acusados. Operación quirúrgica La investigación preliminar se detuvo en los umbrales de las responsabilidades de los empresarios y funcionarios políticos. La instrucción apartó de la causa a los concesionarios de Ugofe, dejando a un proceso paralelo la investigación de la administración de los subsidios por parte de Ugofe y sus relaciones comerciales con la ‘cooperativa’ Unión del Mercosur, perteneciente a Pedraza y administrada por sus familiares y otros dirigentes de la Unión Ferroviaria. Los policías de la Federal fueron imputados por ‘abandono de persona’, una desnaturalización de su complicidad efectiva con la patota en el terreno de los hechos. El juicio oral puso al desnudo, a partir de los testimonios y otras pruebas, el fraude monumental de la gestión del ferrocarril Roca. Ugofe y el tándem Pedraza-Fernández operaban en connivencia con el poder político, especialmente con los jerarcas de la Secretaría de Transporte. La burocracia sindical colocó a sus hombres al frente de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario y de dos empresas estatales clave, Sofse (que administra los trenes que corren en Chaco y los tramos Salta-Güemes y Lincoln-Realicó) y Adif SE, creadas en 2008, y tiene en sus manos la administración del estratégico Belgrano Cargas. La mecánica del vaciamiento ferroviario descripta en la causa que investiga la masacre de Once es similar a la del Roca, donde los Cirigliano estaban asociados a Metrovías y Ferrovías, las dos concesionarias que hoy quedan en pie y monopolizan los ferrocarriles metropolitanos. En 2012 recibieron más de 4.600 millones de pesos en subsidios. El debate también arrojó sobrada evidencia sobre el papel (directo) jugado por jefes de la empresa en la organización del ataque, especialmente del comisario (RE) Ricardo Vitali, gerente de seguridad de la línea desde los tiempos de Taselli, y de los jefes de Recursos Humanos, Héctor Messineo y Pablo Díaz, quienes habilitaron el retiro de los empleados de los talleres de Remedios de Escalada. El comité gerencial integrado por TBA, Ferrovías y Metrovías, inmediatamente después del crimen de Mariano, emitió un comunicado que abiertamente avaló la acción de la burocracia contra los “partidos políticos hostiles”, para referirse a los luchadores ferroviarios. La causa derivada por la jueza López para investigar la ‘pista económica’ se encuentra paralizada. Esto se debe, principalmente, a que no admite la presentación de querellas particulares, lo que deja el impulso del expediente en manos del Estado involucrado en la estafa. El avance de esta causa conduciría indefectiblemente, al igual que en el caso de Once, a Juan Pablo Schiavi, Antonio Luna y el resto de los imputados por Once, más allá de Pedraza y compañía. Por otra parte, las pruebas recabadas invalidan la imputación contra los policías por ‘abandono de persona’ o negligencia; hubo “participación necesaria”. El único policía que declaró en el juicio, un subcomisario, refirió que “la Federal había recibido ‘ordenes políticas’ acerca de cómo debía actuar frente a la movilización de los tercerizados. No tuvo las agallas para dar nombres ni especificar esas órdenes, pero es claro que la actuación de la Federal no fue ajena a directivas del poder político. Desde el punto de vista técnico (90 efectivos pertrechados, estacionados a pocas cuadras del lugar del homicidio, y con casi una hora de tiempo para llegar e interponerse entre la patota y los manifestantes), podría haber bloqueado perfectamente la agresión. Por el contrario, actuó en apoyo a la patota, empujó a los manifestantes a la Capital -donde funcionó una verdadera “zona liberada”-, abrió paso a los agresores y luego cubrió su retirada. No acordonó el lugar sino hasta una hora después del crimen, cuando hacía eclosión la crisis política provocada por la noticia del crimen. La línea de responsabilidades conduce a Aníbal Fernández, quien ocupaba la Jefatura de Gabinete, pero mantenía entre sus atribuciones el mando político de la policía. Fernández fue el primer vocero del gobierno que, después de cuatro horas iniciales de silencio oficial, se refirió al crimen de Mariano. Lo hizo para felicitar a la Policía, encubrir su actuación (dijo que el asesinato se había producido en un lugar al que “no podían acceder los móviles”, algo a todas luces falso) y sugerir que el homicidio había sido cometido por “un tarado” que “salió de su casa con un arma”. Fernández ya había actuado como un encubridor de los vaciadores del ferrocarril durante el incendio de los trenes del Sarmiento, por el que acusó infamemente al Partido Obrero. Por otra parte, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Federal -ya en manos de Nilda Garré- proveyó asistencia jurídica gratuita a los policías imputados durante un largo año, hasta que nosotros denunciamos este apoyo político. Durante ese año, los abogados provistos por Garré se empeñaron -y fracasaron- en que los policías fueran juzgados en el fuero contravencional porteño. La operación para limitar los alcances de la investigación se completó con el rechazo judicial a la presentación del Partido Obrero como querellante en la causa. La representación jurídica de la familia de Mariano está en manos del CELS, una organización de filiación kirchnerista, que tiene una participación activa en la disputa política para redefinir al poder judicial. El punto definitorio en esta cuestión es que, ha trascendido, la fiscalía no pediría la perpetua para Pedraza y sus cómplices. Esto es relevante porque, en octubre de 2012 -a dos meses de iniciado el juicio- la Procuración General de la Nación -dominada por los K- designó dos nuevos fiscales. O sea que el kirchnerismo ‘duro y puro’ habría decidido atenuar la condena contra la patota. Pedraza En este cuadro, Pedraza y Fernández depositan sus expectativas en que el tribunal no dé por probado su papel de instigadores del crimen. Los patoteros se refugiarían así en la protección del llamado ‘garantismo’ -que sería finalmente la posición de la fiscalía, ‘robustecida’ por Procuración. Los intereses políticos oficiales para conseguir este desenlace son muy claros, porque la condena a perpetua de los responsables políticos del asesinato de nuestro compañero, daría un impulso enorme a las causas conexas que comprometen a Aníbal Fernández, a la jefatura de la Policía Federal y eventualmente a Garré, así como a los concesionarios del ferrocarril ¡todos involucrados en condición de responsables de la masacre de Once! El fallo empalmaría con el inicio del juicio oral y público por la masacre de Once. El derrumbe de la administración ferroviaria erigida por el gobierno en el curso de la última década es evidente, pero nada sustancial cambió luego del crimen de Mariano y de la masacre de Once. Los empresarios Roggio y Romero, cómplices de los hermanos Cirigliano en el vaciamiento del ferrocarril y en el manejo fraudulento de los subsidios, administran actualmente la totalidad del sistema ferroviario metropolitano. Los personeros de la burocracia, aunque desplazados de la primera línea, continúan ocupando puestos clave en el ferrocarril. La Unión Ferroviaria, todavía en manos del pedracismo, se mantiene alineada con la fracción oficialista de la CGT (el gobierno jamás rompió políticamente con Pedraza). La “revolución del transporte” que prometió Randazzo quedó reducida al negociado de la compra de los 400 coches a China. Hay un reacomodamiento en curso, obligado por el colapso general del transporte, pero lo que prima es -para decirlo en palabras de Antonio Luna- la “defensa del sistema” montado por los gobiernos del matrimonio K. Los defensores de Pedraza, por su lado, ‘van por todo’, incluida la absolución de hecho de Cristian Favale, con la excusa de ‘homicidio en riña’. En la indagatoria que prestó durante la instrucción, Pedraza respondió con un “No estoy en los detalles”, cuando le preguntaron acerca de si sabía que la patota iba armada contra los tercerizados. Esta confesión de culpa se podría convertir en una exculpación para un doctrinario del ‘garantismo’. Pero su mano derecha, Fernández, sí se involucró en los ´detalles’ - monitoreó toda la operación criminal. Incluso para un cretinismo garantista, este hecho es suficiente para calificar a Pedraza como instigador de la acción criminal que terminó con la vida de Mariano y las heridas gravísimas de Elsa y otros compañeros. Su papel preponderante se deduce de otros numerosos y robustos indicios, como su rol ‘empresario’, su absoluto dominio del aparato sindical y su papel posterior para proteger a la patota (conversaciones telefónicas con Carlos Tomada). ¿No es una prueba definitiva la tentativa de soborno a los jueces de la Cámara de Casación para obtener la eximición de la prisión preventiva? Pedraza era el primer interesado en ‘aleccionar’ a los tercerizados. Si los jueces resuelven hacer caso omiso de todos estos elementos, quedaría expuesta la limitación fundamental del ‘garantismo’. Este garantismo tiene un carácter progresista cuando defiende los derechos de los acusados ante la arbitrariedad de la policía y del Estado, que recurren en forma sistemática a la fabricación de pruebas y al ocultamiento de la delincuencia organizada. Pero Pedraza y sus cómplices, incluida la policía, son el Estado -no sus víctimas inocentes. Imponer el rasero del garantismo a los agentes del poder y de los intereses capitalistas, ignorando el conjunto de factores, pruebas y circunstancias que los condenan, es participar de un acto de impunidad. Es refugiarse en la abstracción procedural, para justificar un acto de privación de justicia. Es lo que acaba de ocurrir con la absolución de todos los acusados por la desaparición de Marita Verón. Una doctrina jurídica que se ponga encima de este cuadro político concreto, desnuda su complicidad con los intereses sociales dominantes. Del otro lado, se alza la inmensa movilización popular, desarrollada durante estos dos años y medio, que reclama justicia por Mariano y la condena a Pedraza. Esa movilización tiene bases muy sólidas; empezó antes de cualquier acción política. Nuestro partido asumió la responsabilidad de darle una dirección definida, para que no se frustre, como ocurrió en tantos otros casos. Por eso pusimos de manifiesto -desde el minuto cero- toda la trama de intereses que rodearon el crimen de Mariano y la luz sobre los problemas políticos de fondo. Esta política desató la violencia verbal contra nosotros de los CFK, Aníbal Fernández, los dos Feinmann e incluso la ‘ambigüedad’ de los voceros de Carta Abierta. Si el poder hubiera escuchado el reclamo de responsabilidad política en este crimen, o sea el vaciamiento ferroviario, la tercerización laboral, la burocracia sindical, su connivencia con empresarios y funcionarios, la estatización sindical, las “zonas liberadas” de la policía; si se nos hubiera escuchado, la masacre de Once nunca habría tenido lugar. Alegato Corresponde el pedido de cadena perpetua para José Pedraza, “El Gallego” Fernández y el resto de los imputados -incluidos los policías, partícipes necesarios en el crimen de Mariano-, y esperamos que la querella del CELS, que representa a la familia de Mariano, no se aparte de tal requerimiento. Nuestra querella se sumará a este reclamo. Asimismo, exigiremos nuevas imputaciones a otros delegados de la lista Verde, jefes de Ugofe, funcionarios y policías, y el impulso de nuevas investigaciones, para superar las limitaciones de este juicio. El Partido Obrero se movilizará con todas sus fuerzas al momento de los alegatos de ambas querellas -y también el 22 de febrero, acompañando a los familiares de las víctimas de la masacre de Once. Nos empeñaremos, hasta el último esfuerzo, para desarrollar la movilización política que corone esta gran lucha con la victoria y el castigo a todos los responsables. Justicia por Mariano. Perpetua a Pedraza.