Prensa Obrera N° 1257

El Partito Comunista dei Lavoratori, integrante de la CRCI (de la que el Partido Obrero forma parte) presentará listas en casi la totalidad de distritos del país, en las elecciones de este domingo. El PCL destaca que es “la única lista autonóma de la izquierda clasista, ligada al movimiento obrero; la única que sostiene el símbolo de la hoz y el martillo; la única que se basa en un programa anticapitalista por una república de los trabajadores, y no de los capitalistas, los jueces, los gurúes cómicos”. Esto es absolutamente cierto, mal que les pese a quienes la rechazan como “autoproclamatoria”. Durante el interregno del gobierno Monti, el PCL desenvolvió una campaña para que Refundación Comunista y sus diversos desprendimientos rompieran con el PD y los jueces y políticos de centroizquierda. La expectativa de reconfigurar a Refundación Comunista bajo la forma de un frente no tuvo eco. Estas otras expresiones de izquierda, emergentes de RC, como Sinistra e Libertá, se han integrado al PD, o sea a una alianza con Monti. Refundación Comunista y el Partido de los Comunistas Italianos, por su parte, se han alineado detrás de la candidatura de los ex jueces Ingroia y Di Pietro. El PCL, en cambio, “hace suyos los planteos fundamentales de la clase obrera y de una perspectiva socialista y se batirá antes y después de las elecciones para unir en torno de la lucha anticapitalista todas las mejores energías del movimiento obrero y de los movimientos sociales”.

A fin del año pasado, ante el reclamo del pago de vacaciones y aguinaldo, Telecnet procedió al despido de dirigentes de Uettel -Sindicato de telefónicos tercerizados. Telecnet es contratista de Elecnor, que a su vez es contratada por Telefónica. Luego de 30 días de conflicto con paro, cortes y bloqueos, y con la firma de un acta en el Ministerio de Trabajo de La Matanza, Elecnet se comprometía a reincorporar a los tres compañeros despedidos, se les volvía a asignar trabajo a todos, se pagaban las deudas contraídas por la empresa y se incluían mejor en las condiciones laborales, por la cual Elecnet se hacía cargo del pago del combustible y del mantenimiento de las herramientas. En la audiencia estuvo presente toda la parte patronal, incluida Telefónica. Luego del pago de las primeras cuotas de la deuda, y unos días de trabajo, Telecnet no cumplió el acuerdo y cerró sus puertas, diciendo que no podía hacer frente a los costos. Elecnor, por su parte, se negó a equiparar a los otros tercerizados de la zona con las conquistas de los compañeros de Laferrere. En el acta se establecía que las unidades móviles debían ser entregadas a la empresa luego de cada jornada, con lo cual, en la reapertura del conflicto, la patronal les ha quitado una herramienta para garantizar y extender bloqueos en amplias zonas de La Matanza. Telecnet, como tantas otras subcontratistas, no tiene ninguna otra actividad más que el trabajo que le asigna Telefónica, por medio de diferentes contratistas. Es un régimen fraudulento de empresas fantasma, que sólo tienen vida porque Telefónica instrumenta este régimen para desligarse de su responsabilidad con los trabajadores. El objetivo primordial de esta tercerización no es una baja en el costo laboral, sino principalmente erigir un factor de bloqueo y dispersión en la organización de los trabajadores. Durante el desarrollo del conflicto nuestra agrupación marcó la necesidad de involucrar directamente a Telefónica como responsable, y la única con espalda financiera para mejorar las condiciones laborales. Las contratadas fantasma son una plataforma de maniobras de Telefónica contra las los trabajadores. Los compañeros no se han desmoralizado y, con suma decisión, nuevamente dan respuesta organizando bloqueos y cortes en la zona oeste. La repercusión es tal, que han tenido una entrevista con Noemí Rial, viceministra de Trabajo de la Nación. El conflicto se desarrolla en el mismo momento en que entramos en la etapa final del juicio por el asesinato de Mariano: las próximas medidas de lucha se realizarán mientras se pide la perpetua a Pedraza en los alegatos. La intervención de los tercerizados da de lleno en el juicio y es una plataforma para desenvolver el conflicto. Toda la solidaridad y apoyo en su lucha. Corresponsal

El martes 19 comenzaron los alegatos, postergados por la ausencia -en la audiencia anterior- de uno de los imputados, el comisario Hugo Lompizano. El primer turno fue para el Cels, que representa jurídicamente a la familia de Mariano. El alegato duró diez horas -y ofreció un despliegue abrumador de pruebas contra los 17 imputados. Para Pedraza, Fernández y otros doce acusados solicitó la pena de prisión perpetua, en calidad de coautores del homicidio agravado de nuestro compañero. En el caso de Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño -dos de los patoteros detenidos-, una condena a cuatro años por encubridores, y en el de David Villalba -el camarógrafo policial que dejó de filmar en el momento preciso del ataque-, la pena máxima por ‘omisión de deberes', de apenas un año de prisión en suspenso. También pidió que se investigue a otros cinco patoteros de la Unión Ferroviaria por su participación o encubrimiento en el crimen de Mariano, y a otros diez dirigentes y delegados de la UF y policías por la comisión de falso testimonio durante el juicio oral. A pesar de realizar algunas denuncias puntuales, no solicitaron medidas de investigación sobre funcionarios políticos ni sobre los empresarios de la Ugofe. Los abogados Maximiliano Medina y Alberto Bovino alegaron la existencia de un ‘plan criminal' urdido por Pedraza y Fernández para proteger su participación en el negocio de la tercerización y su hegemonía política en el gremio, y definieron la agresión de la patota como "una cacería humana". Acusaron a los policías de haber liberado la zona y facilitado la fuga de los agresores. La existencia de una complicidad policial con el ataque "no requería, dijeron, de acuerdo previo" con los agresores. Evitaron avanzar, de este modo, sobre la línea de responsabilidades que conduciría a la cúpula de la policía y a Aníbal Fernández, encubridor consuetudinario del accionar policial y de los vaciadores ferroviarios. Al momento del crimen de Mariano, Aníbal Fernández se hallaba políticamente a cargo de la Federal. La exposición de Medina y Bovino tuvo momentos brillantes, especialmente en su tratamiento de los videos, ‘escuchas' y cruces telefónicos acumulados en la causa. Por caso, revelaron las gestiones personales de Pedraza para poner en contacto a un "prestigioso estudio jurídico" con Cristian Favale, apenas producida su detención. Se trataría -algo muy comentado en ese momento- del estudio encabezado por el ex Procurador General de la Nación, Esteban Righi. El alegato del Cels tuvo características monumentales en cuanto a la descripción de los hechos, pero no tuvo esa altura para las derivaciones políticas y económicas. El entrelazamiento de intereses existente entre Estado, gobierno, burocracia sindical y empresarios estuvo marcadamente ausente. Esos límites habían sido definidos a priori por Horacio Verbitsky, tanto en diversas editoriales de Página/12 como en la conferencia de prensa que brindó en la sede del Cels poco antes del inicio del juicio. Para Verbitsky, Pedraza es "una rémora de los '90"; la muerte de Mariano hay que atribuirla a Menem, no a la tercerización K. Cinco días antes de la emboscada criminal, CFK había tratado de reconciliar ‘rémoras' aún más antiguas -la Juventud Sindical y la JP- en la cancha de River, rodeada de gorritos pedracistas de la Unión Ferroviaria. El kirchnerismo tejió una alianza estratégica con Pedraza, Maturano (La Fraternidad) y los empresarios Cirigliano, Roggio y Romero para la administración de los ferrocarriles, que derivó en un vaciamiento ferroviario escandaloso, en el crimen de Mariano y en la masacre de Once. Veremos lo que dice la fiscal. En su edición del miércoles 12, el oficialista Tiempo Argentino informó que en el equipo de la fiscalía, designado por la Procuradora, Gils Carbó, no existía certeza de que reclamara la perpetua. En la misma audiencia, el tribunal resolvió excarcelar al comisario Lompizano e imponerle una caución institucional. El viernes 22 será el turno del alegato de nuestra querella, representada por Claudia Ferrero (Apel) y María del Carmen Verdú (Correpi).

A finales de enero, una delegación de varios centenares de obreros de la planta Aulnay de Peugeot, que vienen ocupando la planta contra su cierre, se trasladaron a la fábrica vecina de Renault en Flins. Allí se reunieron con sus trabajadores, que vienen enfrentando la amenaza de despidos e incluso el cierre de la planta. Renault acaba de anunciar la supresión, a completarse en 2016, de 7.500 puestos de trabajo -el 14% de la fuerza laboral de la empresa en Francia. Esta medida llega luego de la pérdida de 4.000 puestos de trabajo en los últimos dos años. Si no se cumple con este objetivo, la empresa amenaza con el cierre de dos de las ocho plantas que funcionan en Francia. El anuncio de Renault se produce días después de la puesta en marcha de la reforma laboral acordada entre el gobierno, las cámaras empresarias y las centrales obreras (que debe ser refrendada en el parlamento). La reforma le otorga a las patronales un poder muy amplio para rebajar los salarios, modificar las condiciones de trabajo y también dejar en la calle a trabajadores, amparándose en la crisis industrial en curso. Las patronales no han perdido el tiempo en la materia. Goodyear ha anunciado el cese sus actividades en Francia, despidiendo a 12.500 trabajadores. Quinientas grandes firmas están llevando adelante cierres o recortes en su producción o prestación de servicios. Entre ellas se encuentran Pilpa, Bigard, Crédit Agricole, Faurecia, Fnac, Ford, Fralib, Samsonite, Sodimedical, Sanofi, Sony, Laleo, ZF, Coca Cola, Mark Serrono, y Arcelor Mittal. Los trabajadores de Aulnay-Peugeot siguen con su ocupación, desafiando el enorme operativo policial que montó la patronal para retomar el control de la planta. Las centrales obreras que no firmaron la ‘reforma laboral’ -como CGT y FO- no han evidenciado el menor interés en derrotarla. La CGT actúa como segundo violín de las negociaciones. El Frente de Izquierda, que integran el PCF, los socialistas disidentes y los que abandonaron al NPA, se limitan a la escaramuza parlamentaria con un proyecto que impediría cierres de empresas con más de 250 empleados (con menos no importa). Francia enfrenta una crisis industrial gigantesca, junto a Italia y España -a la que pronto se unirá Alemania, que pretende salvarse a costa de sus aliados.

Cristina Kirchner lo anticipó en la feroz diatriba que lanzó contra los maestros/as en la inauguración del Congreso, en marzo pasado. En un ataque a todo el movimiento obrero, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, por orden directa de la Casa Rosada, anuló de un decretazo la paritaria docente. Se trata de un aumento misérrimo del 22% en tres cuotas, a cobrar en marzo, setiembre y diciembre. Como lo reconoció el burócrata de Amet, anualizado significa un 16%. Menos que el primer ofrecimiento de Sileoni hace ya más de un mes, 10 puntos abajo de la inflación pasada y lejísimo de la que se estima para 2013. La burocracia sindical más K de todas, salió demudada. Para Baradel, el problema son los tramos. Chocolate por la noticia. Los gobernadores, aplauden. La ministra de Educación bonaerense, la ajustadora Nora de Lucía, adelantó que para la provincia de Buenos Aires ¡”el 22% de aumento es un techo”! Muchas otras, como Catamarca, La Rioja o Jujuy, directamente anunciaron que no lo pueden pagar. En esta situación, la provincia de Buenos Aires será probablemente el escenario de un nuevo decretazo. La crisis de la burocracia del Suteba es mayúscula, por lo que pueden volver a convocar alguna medida aislada para tapar este fracaso bochornoso, como el año pasado. Se abre un escenario de conflicto, con sus ritmos, en todo el país. En la contracara, Aten recuperado realizó un encuentro provincial que rechazó la entrega de Ctera, aprobó reclamar un aumento del 35% de piso y resolvió el no inicio, de no menos de 48 horas, para el 25 de febrero. Este pliego y plan de lucha se votará la semana próxima en todas las asambleas seccionales de Aten. Tomamos ese ejemplo y llamamos a todos los sindicatos provinciales, seccionales, congresales, delegados antiburocráticos y combativos a poner en estado de asamblea a la docencia para poner en pie, provincia por provincia, un plan de lucha por 5.000 pesos de inicial, 4.000 pesos de básico de emergencia ya, fuera el impuesto a las ganancias, restitución de las asignaciones familiares, defensa del 82% y de los regímenes jubilatorios docentes, paritarias libres y paritarios electos en asamblea.

Por donde se lo mire, 2013 arrancó como un año de intensa lucha política. Se desarrolla en un marco de movilizaciones fundamentales, como la del 22 de febrero, aniversario de la masacre de Once; las huelgas docentes; la convocatoria al repudio a toda la red de encubrimiento del atentado a la Amia, el 27 siguiente; y los reclamos sindicales por las paritarias y el impuesto al salario. Hay un acuerdo general en que a la izquierda se le presenta un desafío de envergadura, que puede proyectarla al primer plano de las alternativas políticas. Solamente los sectarios, con pasión por el ombligo, o los oportunistas, que siguen a quien les ofrezca una candidatura 'expectable', se juegan a perder la apuesta. Las crisis provinciales están a la orden del día. Scioli contrae deuda para pagar salarios y su 'compañero' del Ministerio de Economía de la Nación lo denuncia por llevar a la provincia al 'defol', mientras lo sabotea para que la profecía se haga realidad. El distrito bonaerense está sentado en un volcán. Por su parte, CFK cumple con las amenazas que profirió contra los docentes, cuando inauguró las sesiones del Congreso en marzo pasado, y les congela las paritarias por decreto. Los partidos y coaliciones de este régimen político discuten los candidatos para octubre, en medio de una situación convulsiva para la cual son incapaces de ofrecer otra salida que un 'Rodrigazo'. Todos los frentes patronales se preparan para la campaña electoral en medio de disputas enormes -en primer lugar el propio gobierno, que debe decidir si derriba al gobernador de Buenos Aires para conseguir una lista del propio palo en la provincia, que le permita reunir los dos tercios para la re-reelección. Sin embargo, se puede encontrar con la paradoja de que si se impone en 'la interna', pierda en la general. En la tienda centroizquierdista, la UCR, el FAP y Proyecto Sur anunciaron la intención de concurrir a una interna común, para dirimir la candidatura a senador entre Solanas y Terragno. El acuerdo derriba para siempre a Solanas como un representante antiimperialista. En el mejor de los casos, se convertiría en el mascarón de proa de un sector de la política tradicional; gane o pierda, pondría bandera de remate al slogan que proclamaba la posibilidad de un mundo diferente. La izquierda seguidista enfrenta un dilema en el que se juega su existencia. Llamamos a todos las organizaciones y militantes que se reconozcan en la izquierda, a que rompan con las coaliciones patronales o pro-patronales, a que abandonen el cadáver de los frentes electoreros, y se sumen al Frente de Izquierda que lucha por el gobierno de los trabajadores, la unidad socialista de América Latina y la unidad internacional de la clase obrera. Una campaña fuerte de la izquierda Nuestro partido advirtió muy temprano que las elecciones de 2013 abrían un campo político fértil -abonado por la elección de 2011, las luchas junto al movimiento obrero y por la gran campaña por la condena de la burocracia sindical que mató a nuestro compañero Mariano. Fue completamente acertado el pronóstico de que el lanzamiento de la campaña electoral nos colocaría como una referencia política en las luchas y en las crisis. El Frente de Izquierda adoptó, en 2011, un acuerdo político que tiene ahora más vigencia que entonces -por eso debe largarse a la campaña sin peros ni remilgos. Nuestro partido multiplicará, en esta dirección, su agitación política, con recorridas y actos públicos. Es necesario que todas las provincias y todos se lancen al ruedo con fuertes iniciativas: asambleas abiertas (fabriles, sindicales, estudiantiles, populares) que discutan nuevas reivindicaciones populares y deliberen sobre nuevos y mejores métodos de la campaña.

Hace pocos días, Greenpeace dio a conocer un informe de Acumar sobre la Cuenca Riachuelo-Matanza, que revela que el río y sus afluentes están tan contaminados como hace cinco años. El informe no puede sorprender a quienes vivimos en los distritos de la Cuenca, pero sí cuando proviene del organismo encargado de su limpieza. El informe El informe ("Las aguas siguen bajando turbias" -resumen ejecutivo- www.greenpeace.org.ar) denuncia que mientras en estándares internacionales se consideran 5 mg de oxígeno por litro de agua como requerimiento para que haya vida, la Acumar lo ha fijado en 2 mg en esta etapa. Por eso concluye que "el Riachuelo es un río muerto". Acumar maneja un presupuesto anual multimillonario. El juez de Quilmes, Armella, quien ordenaba acciones de saneamiento, fue apartado del cargo al descubrirse que su familia operaba empresas que obtuvieron obras y servicios en forma directa, a precios sobrefacturados. Flotas de vehículos, propiedad de Acumar, están bajo el uso personal de Mussi en Berazategui. La Acumar es una caja sin fondo para los funcionarios y punteros. Sin embargo, el principal atractivo de las obras para sanear la cuenca es que permiten acceder, a funcionarios e intedentes, a créditos del BID y del Banco Mundial, plata fresca para ellos y los contratistas de obras. Existen los medios técnicos para sanear el Riachuelo-Matanza; lo demuestra la limpieza del río Sena en Francia. Ocurre que, en nuestro caso, de "las 1.062 industrias de la cuenca consideradas agentes contaminantes que ya tiene aprobado su plan de reconversión industrial, hasta el 28 de diciembre, sólo 54 llevaron a cabo la adecuación" (Clarín, 3/2). Las "adecuaciones" realizadas tampoco son tales. A la vez, no se ejecutan planes de urbanización para relocalizar a la población que vive en las zonas inundables de la cuenca y evitar nuevos asentamientos en los terrenos inundables, junto a todas las obras públicas necesarias para el correcto drenaje de lluvias, habitabilidad y transporte de la población. "Se estima que el 55% de las casi 5 millones de personas que viven en la cuenca no tienen cloacas" (ídem). La defensa consecuente del ambiente es una necesidad y una tarea de la organización independiente de los trabajadores, y como tal, una bandera indeclinable de nosotros, la izquierda.

Foxconn es la mayor tercerizada del planeta. Instalada en China, emplea 1,4 millónes de trabajadores, distribuidos en 28 centros de trabajo. Es proveedora de material electrónico; básicamente a Apple, de donde derivan del 40 al 45% de sus ingresos. Ha anunciado que prepara la elección de delegados del personal en el conjunto de sus plantas, lo que supone la votación de 18.000 representantes. Según Foxconn, las elecciones serán supervisadas por la Fair Labor Association (FLA), que colabora con la patronal desde hace tiempo. La primera elección tendría lugar en el complejo de Shenzen, que agrupa 400.000 trabajadores. ¿De qué modo? El planteo de la patronal ha sido diseñado en común acuerdo con el gobierno y con la burocracia sindical. Tendrá lugar, escalonadamente, a partir de 2014, cuando cesa el mandato de los representantes sindicales de la burocracia. El intervalo será utilizado, con el apoyo de la FLA, para “entrenar” a los trabajadores en el voto. Gu Cheng, un funcionario de la Federación Sindical de Shenzen, advierte que “todo el proceso, desde la elección del candidato hasta la notificación pública del voto final, ha sido claramente regulado en base a las leyes y regulaciones chinas”. Además, “La Federación de Sindicatos de China, una organización estatal, tendrá que dar el visto bueno sobre quienes conducirán el sindicato de la empresa” (Financial Times, 5/2). Un cable de la agencia oficial Xinhua señala que la elección “es más una renovación de mecanismos existentes que una reforma histórica”. La elección se realizaría cada cinco años. Sin embargo, un trabajador afectado a la producción, en promedio, no se queda más de trece meses en un lugar de trabajo. Estamos en presencia de una política de Estado dictada por la necesidad de contener la enorme presión obrera para defender sus reivindicaciones. El proletariado En 2009, dos poderosas huelgas en la industria siderúrgica revirtieron en forma parcial la privatización de la industria. En 2010, los trabajadores automotrices de Honda (en Foshan, provincia de Guangdom, sobre la costa y en el corazón industrial del país) salieron a la huelga por un aumento de salarios (arrancaron un 35%), enfrentaron a los matones de la burocracia sindical y plantearon la elección de representantes por los trabajadores; la burocracia organizó luego unos comicios fraudulentos y el despido de los activistas. Estas y otras huelgas (en noviembre de 2011 la de Pepsi) inauguraron una nueva etapa en la clase obrera. Terry Gou, el dueño de Foxconn, luego de la cadena de suicidios que en 2010 sacó a luz la explotación feroz en sus plantas, dispuso un aumento salarial del 30% y un sistema de trabajo que premiaba con el 66% a los trabajadores que cumplieran determinadas condiciones de rendimiento y optaran por permanecer en la empresa. Ante la crisis manifiesta de las “ciudades-empresas” (en el complejo Shenzen el 70% de los trabajadores vive allí), planteó que el Estado chino debía hacerse cargo de los beneficios sociales y de la vivienda de los obreros. Dijo “darse cuenta de que la estructura (de la industria manufacturera en China) tiene que cambiar” (Financial Times, 8/5/10). Los salarios reales en China, medidos en dólares de 2005, han crecido un 350% en la década 2000/2011, significativamente por encima de cualquier otro país de Asia, según un informe del HSBC. Pero el aumento de los salarios es sólo el dato auxiliar de un escenario de conjunto. Los gobiernos locales en el sur de China también se han interesado por construir un dique de contención a la rebelión social. “Los progresos han sido lentos. En Ohms Electronics (en Shenzen, el mismo distrito de Foxconn) los trabajadores directamente eligieron sus líderes por primera vez en mayo (2012). La votación puede ser considerada democrática, pero ese es realmente el único ejemplo que conocemos”, según un grupo defensor de los derechos laborales” (Financial Times, 4/2). En relación con este cuadro de situación, 1,4 millones de trabajadores votando representantes es un gigantesco revulsivo. No tendrán derechos ni fueros sindicales y deberán limitarse a llamar la atención de la patronal por las arbitrariedades cotidianas, pero es la expresión de una agenda de la clase obrera que rebalsa holgadamente esos límites. No desconocen esto ni la patronal ni el Estado, que buscan proceder en forma gradual para cooptar el movimiento obrero que surge. La maniobra recuerda los comités que el zarismo y las patronales autorizaron a partir de 1903, en Rusia, y que se convirtieron luego en el punto de partida de los soviets de 1905. O los planes de reforma del trabajo, en 1916, que comenzó a diseñar la burguesía que conspiraba contra el zarismo. La huelga de Honda, en 2007, dio lugar a un comité de fábrica, encabezado por una delegada de 21 años. ¿Hacia dónde? Entre las razones que han llevado a Foxconn a tomar esta iniciativa se encuentran los roces, e incluso choques físicos, con los supervisores -en septiembre de 2012 hubo un enfrentamiento en torno de una prueba de calidad. “Los altos salarios pueden no ser la intención. Pero es el resultado posible” (Financial Times, 7/2). Entre los 35 puntos anunciados por el Consejo de Estado, para contener la presión social, está el aumento del salario mínimo hasta un 40% del promedio de los salarios -un objetivo poco ambicioso. El Estado y las patronales esgrimen el anzuelo del salario para imponer un objetivo estratégico, que es el incremento aún mayor de la explotación de la fuerza de trabajo, porque en la medida en que sube en la escala de la tecnología industrial, el capitalismo necesita acelerar la rotación del capital que emplea. Por eso, el Financial Times puede decir: “los costos laborales no lo son todo”. “Las fábricas chinas son... legendariamente flexibles” (ídem). Una investigación del New York Times reveló que “pocas semanas antes de la fecha en la que los iPhones debían salir a la venta en 2007, Apple renovó la línea de producción en la fábrica de Foxconn en Shenzhen con el fin de adaptarla a los teléfonos con pantallas de vidrio en lugar de las de plástico. Ese turno de sacrificio habría sido casi imposible en cualquier otro lugar” (FT, ídem). La convicción de los capitalistas de Foxconn (y del propio gobierno chino) es que los trabajadores “no reclaman por lo duro de su trabajo o por la necesidad de cortar horas de la jornada laboral, sino porque no tienen suficientes horas extras”. “Altos salarios o no, China es probable que sea competitiva un tiempo más” (FT, ídem). Es precisamente de este material de contradicciones que se ha formado un proletariado revolucionario en las naciones sacudidas por cambios históricos de gran porte. La restauración del capitalismo en China suscita necesariamente a su paso revueltas agrarias contra las expropiaciones que sufren los campesinos y el avance de la organización obrera, que en este caso tendrá una escala sin precedentes.

El memorando acordado por el gobierno argentino para establecer “la verdad” sobre el atentado a Amia, ha sido presentado por la oposición parlamentaria y los dirigentes de la Daia como una capitulación de Argentina ante el gobierno teocrático de Irán. ¿No es más bien otra cosa: la sanción de un “punto final” que absuelve a la “conexión local”? Estamos ante una “verdad” negociada que deja en el camino la responsabilidad del Estado argentino en el encu- brimiento del atentado. Nos referimos al “establishment” de seguridad, judicial, militar y político de Argentina, ligado por diversas vías con la masacre. Se trata de una trama que remonta a la dictadura militar y que involucra a Estados Unidos e Israel. El memorando, más allá de sus ambigüedades interesadas y de sus límites, entierra en el olvido a la “conexión local”, o sea a varios pilares del Estado nacional. Es este motivo, no los alegados por los opositores, por el que el memorando debe ser rechazado. Horacio Lutsky, ex director del periódico Nueva Sión (no el negacionista Ahmadineyad) denuncia ese “pacto” de complicidad en su libro-investigación, Brindando sobre los escombros. Allí reclama “revisar esos acuerdos clandestinos entre israelíes, argentinos e iraníes, que llegan hasta los mismos días de los atentados en la Argentina, la trama argentino-israelí de venta de armas, el factor nuclear, el involucramiento de la dirigencia judía argentina y de un embajador de Israel en los negocios del menemismo...”. En estos días verborrágicos se ha dejado convenientemente de lado el acuerdo de financiación de armas, “Irán-contras”, con el que Reagan trianguló con los ayatollas la intervención norteamericana en Nicaragua, o el apoyo de Israel a Khomeini, durante la lacerante guerra que Estados Unidos y la Unión Europea fomentaron entre Irak e Irán en la década del ‘80. Nunca hubo una divergencia de principios entre las “democracias” americana y sionista, de un lado, y la teocracia que lapida mujeres, por el otro. Se ha mencionado poco, si es que algo, la apasionada defensa que hicieron la dirigencia de la Daia y el gobierno sionista de “Fino” Palacios, ya admitido destructor de pruebas del atentado. El memorando que reivindica el gobierno nacional es un salvoconducto para toda la trama de responsabilidades locales. El gobierno K construyó el escenario de la responsabilidad de Irán, luego de consumada la impunidad durante la farsa del juez Galeano y la destrucción sistemática de pruebas. La delegación de Argentina se retiró del recinto de la ONU cuando le tocó discursear a Ahmadineyad. Fue entonces que hicieron su aparición Canicoba Corral y Nisman. De acuerdo con un columnista del diario israelí Haaretz, “la mayor parte de la información confiable suministrada a los investigadores argentinos provino de fuentes israelíes de inteligencia”. Horacio Verbitsky, que aporta esta cita, agrega de su cosecha que el idilio anti-iraní del gobierno K con Estados Unidos quedó suspendido cuando el gobierno Obama atribuyó el destino de los 800 mil dólares introducidos por el venezolano Antonini Wilson, a la campaña electoral de CFK (Página/12, 10/2). El “roce” tampoco duró mucho, porque “en febrero de 2008 (...) estaba volviendo a la normalidad”. Los que atribuyen la “comisión de la verdad” a una inconveniente influencia de Hugo Chávez, deberían extender la mirada a otros confines. Tan importante como rechazar el memorando por su condición de “punto final” para el Estado argentino, es repudiar la campaña de la seudo oposición, que además de coincidir con el oficialismo en encubrir la responsabilidad del Estado argentino en la masacre, se alinea con la política del imperialismo mundial contra los movimientos nacionales y las revolu- ciones sociales en el Medio Oriente. 16/2

Este viernes 22, una gran concentración reclamará justicia por las 52 víctimas de la masacre de Once. En la mañana de ese día, la querella del Partido Obrero exigirá condenar a los asesinos de Mariano Ferreyra, que son también los agresores de Elsa Rodríguez. El hilo conductor entre estas dos causas es muy claro. La asociación de los privatizadores, la burocracia sindical y el poder político, a costa de los trabajadores y usuarios. Después del crimen de Mariano, todos ellos siguieron en sus puestos, bajo el encubrimiento oficial. Un año y cuatro meses después, los Luna, Schiavi y Cirigliano provocaban la masacre. Una intensa movilización popular los puso en el banquillo, al igual que a Pedraza. Pero en uno y otro caso, los intereses sociales que llevaron al crimen siguen tramando la impunidad. Para dejar a los empresarios sin condena, o con responsabilidades menores. Para no juzgar a los articuladores políticos del vaciamiento ferroviario y la explotación a los trabajadores, como De Vido o Tomada. O del encubrimiento policial en el crimen de Mariano, como Aníbal Fernández. Y, sobre todo, para dejar a salvo al régimen de las concesiones privadas y la tercerización laboral. Los Macri y otros, viejos apañadores de la patria contratista y la precarización del trabajo, no tienen ninguna autoridad para subirse al carro del inmenso reclamo popular. El 22 a la mañana, vamos a Tribunales para apoyar los pedidos de condena a Pedraza y su patota. El 22 por la tarde, nos sumamos a la marcha por las víctimas de Once. Llevemos a la victoria estas dos grandes luchas. Perpetua a Pedraza y a todos sus cómplices. Fuera los vaciadores capitalistas y la burocracia sindical del sistema ferroviario. Por su reestatización, bajo la gestión directa de los trabajadores.

La crisis sanitaria de la provincia no se puede ocultar de ninguna manera, al igual que la reacción de los trabajadores. El abrazo que involucró a más de mil manifestantes del Hospital de Niños de La Plata demuestra que la crisis llegó a los hospitales centrales. La convocatoria al paro de la Cicop del 14 de febrero también es la expresión del malestar en las bases profesionales, que han arrancado en lo que va del año dos paros, en reclamo de la reincorporación del dirigente seccional de la Cicop, Miguel Molina, entre otros cesanteados por el intendente Gray. A pesar de la propuesta de aquella seccional de movilizar por este reclamo a La Plata, y confluir con la lucha del Niños, la directiva de la Cicop decidió movilizar a la Casa de la Provincia en Capital. De ese modo, se dividió la lucha, y el reclamo por la reincorporación de Miguel quedó aislado. Por su parte, la acción que se realizó en La Plata el 14, debió sortear las maniobras de ATE y CTA locales, que intentaron primero reducirla a una toma de la dirección del Hospital de Niños, luego a una concentración en la puerta de ese hospital y, finalmente, fracasando una vez más, en aparatear la movilización con su poderoso sonido. Finalmente, se realizó un acto en la puerta del Ministerio, donde estos actores eludieron la denuncia de la responsabilidad del Ministerio y de la oposición (incluida el FAP) en ejecutar y votar un presupuesto miserables. Si la movilización salió y las denuncias se hicieron públicas, fue por la tenacidad de los residentes platenses que aportaron al grueso de la movilización y fueron los únicos que llevaron adelante las resoluciones votadas en asamblea. Aumento salarial. Ningún trabajador por debajo de los 7 mil pesos. Reincorporación de Miguel Molina y todos los cesanteados. Triplicación del presupuesto de salud para acabar con la crisis hospitalaria. Asambleas en todos los hospitales para llevar mandatos al congreso de la Cicop del 22 de febrero.

Del 9 al 12 de febrero se realizó el campamento de verano de la UJS, en Ramallo. Asistieron más de mil jóvenes de la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Formosa y Misiones. Entre ellos, estudiantes secundarios (desde los 12 años), terciarios y universitarios, trabajadores estatales, docentes, de la salud, bancarios, gráficos y metalúrgicos (al mismo tiempo, se realizaron sendos campamentos regionales en Mendoza, Salta, Tucumán, Tandil, Bahía Blanca y Neuquénl). Además del curso central sobre el ¿Qué Hacer?, de Lenin, y los cursos sobre el Estado y la Revolución (que tuvieron una participación récord de más de 150 compañeros), el campamento contó con una verdadera batería de actividades: curso sobre la opresión de la mujer trabajadora, plenario de lanzamiento de la agrupación LGBTI 1969, actividades de agitación política en las metalúrgicas Acindar y Siderar, plenarios de secundarios y terciarios, y un panel de debate sobre la situación de la universidad. En este panel se discutieron los planteos de la UJS para 2013 y el próximo congreso de la Fuba, con la participación de Marcelo Ramal. En la apertura intervino, con una presentación, Gabriel Solano y, en la clausura, Jorge Altamira. La movilización frente al cierre del juicio oral y público ocupó un lugar central en los debates, así como la que tendrá lugar el 22 de febrero, cuando se produzca el primer aniversario de la masacre de Once. Ambos hechos están unidos por un cordón umbilical. Muchos compañeros se declararon agotados ante la intensidad de los debates que ocasionó cada tema -a lo que se agregó una actividad recreativa muy intensa. La variable de ajuste fue el sueño. El trabajo colectivo de limpieza y comida fue admirable. Muchos se lamentaron de no haber podido participar de todas las actividades. Un docente de Exactas de la UBA resumió 'científicamente' lo que había ocurrido: "Cuando el agua pasa de estado líquido a gaseoso, durante un lapso atraviesa un estado de desorganización, de gran convulsión. Hierve. Es la convulsión propia de un salto en calidad. Me da la sensación de que el PO está al borde de un salto en calidad".

Una verdadera conmoción se produjo en la población y los medios de comunicación al conocerse las grabaciones de lo ocurrido en el Jardín Maternal “Tribilín” de San Isidro. Las autoridades y funcionarios de todos los niveles volcaron “todo el peso de la ley” sobre las maestras, sin siquiera rozar a los dueños de ese pseudojardín. Pero al otorgar categoría de instituciones educativas a los emprendimientos privados, el Estado promueve la educación como un negocio y habilita a que una parte importante del sistema educativo se escape de su control. La supervisión de la enseñanza privada no supera el formalismo. Las tropelías patronales en las escuelas privadas contra los docentes dan cuenta acabada de esto. Una excusa sistemática de los funcionarios estatales es que el Estado no logra cubrir toda la demanda, particularmente en el nivel inicial. Por eso autoriza a jardines de infantes y jardines maternales privados, conveniados o de gestión comunitaria. Por un lado, las “casitas de colores”, parafraseando a una docente, en las zonas de clase media y, por otro, los simples galpones en las barriadas del conurbano bonaerense -estos regenteados por punteros. Los que se rasgan las vestiduras por lo ocurrido en Tribilín, deberían saber que en los jardines conveniados del conurbano los niños se apilan a falta de otro lugar. Dado que el objetivo de los mismos es la ganancia, todo proyecto educativo o política de cuidado están excluidos de los mismos, y en la mayoría de los casos los cargos no son cubiertos por docentes, sino que son desempeñados por personas sin preparación para la tarea. De allí al maltrato a los niños, hay una línea muy delgada. Tribilín Las maestras, que al momento no sabemos si son tales los que no son más que un fusible. Todos son responsables y deberían ser investigados y pagar por su responsabilidad. Los dueños que hacen negocio privado con la educación. Las autoridades, que no registran que hay un lugar que no controlan, a pesar de verlo durante 16 años. Las autoridades municipales que no inspeccionan lo que ocurre en el distrito. Las autoridades educativas distritales y provinciales que permiten el funcionamiento privado del nivel inicial. Por último, las autoridades educativas nacionales, que privatizan todos los días un poco más la educación a costa de los niños, los jóvenes y sus padres. Defendemos un sistema educativo nacional estatal desde los 45 días hasta la universidad, gratuito, científico y laico.

Lo peor que le podría ocurrir a la ciudadanía es suponer que el 'punto final' a la masacre de la Amia derivaría en forma exclusiva del acuerdo con Irán que se encuentra a votación en el Congreso. El 'punto final' está instalado en la causa que animan Canicoba Corral y Nisman, manejada desde Estados Unidos. El expediente, que excluye a la 'conexión local' y a varios cómplices y protagonistas internacionales, es un monumento al encubrimiento. Opera en función de la política norteamericana frente a Irán. En la misma línea equivocada se encuentra la conclusión de que el acuerdo procura enmascarar la responsabilidad, digamos, de Irán. Hay mucho más que esto. El atentado a la embajada de Israel primero, y a la Amia dos años más tarde, es el emergente de un sistema que entrelaza en la ilegalidad, la corrupción, la conspiración y el terrorismo a una totalidad de protagonistas: Estados Unidos; el conjunto del aparato y de los servicios del Estado argentino; Israel, Irán y Siria; los gobiernos ar- gentinos desde Alfonsín hasta los K; la dirigencia de la Daia, la entidad de la comunidad judía en Argentina; los servicios de espionaje como la CIA, el Mossad y los iraníes y argentinos; las redes de narcotráfico ligadas a esos servicios, en especial la DEA. Todos estos protagonistas colaboraron y se enfrentaron entre sí en, por lo menos, las cuatro últimas décadas. Los atentados son el emergente de pactos mafiosos incumplidos o intereses afectados; nadie los quiere esclarecer, porque cualquier indicio veraz descubriría toda la trama. La orientación que siguen los jueces cambiantes de la causa está condicionada por la necesidad del encubrimiento y por el interés del momento. La oposición parlamentaria que critica el acuerdo con Irán con el argumento de que violentaría la jurisdicción argentina, o de que tiene como contraparte a un Estado que niega el holocausto, juega sencillamente su parte en la operación de encubrimiento, porque no hay nada en el expediente judicial que se defiende que ponga de manifiesto al conjunto de la trama mafiosa-estatal que desembocó en los atentados. Una caracterización correcta de lo ocurrido refuta la tesis de numerosas organizaciones de izquierda, que afirma que los atentados fue- ron una acción 'defensiva' o una 'represalia' contra el sionismo de parte de "combatientes árabes". Lejos de esto, fue una respuesta al incumplimiento o ruptura de pactos que juntaron a unos y otros en numerosas ocasiones. Nuestra posición, la del Partido Obrero, es otra: que se abran los archivos de todos los Estados. ¿Hay alguna conexión entre la masacre de Río Tercero y la de la Amia? Claro que la hay, y de paso digamos que el tercer atentado es el que ya ocurrió en la calle Pasteur. Es que lo de Río Tercero fue una tentativa de borrar huellas del tráfico de armas a Ecuador y Bosnia, o sea a la guerra en los Balcanes, a través de Croacia. En este tráfico promovido por Menem y Fabricaciones Militares, intervinieron países musulmanes, como Turquía e Irán, y también Estados Unidos e Israel, interesados en la desintegración de Yugoslavia. A pesar de toda su propaganda de negacionismo anti-judío, Israel apoyó a Irán contra Irak durante casi una década, con toda clase de armamento, y el mismísimo Reagan lo hizo a través del acuerdo secreto Irán-contras. Compañías de aviación vinculadas con las fuerzas armadas de Argentina (Transportes Rioplatense), trasladaron armas a las guardias revolucionarias de Irán. La conexión militar entre varios de estos protagonistas viene de mucho más lejos, cuando los grupos de tareas de la dictadura y militares israelíes participaron en las acciones de contrainsurgencia en América Central, bajo el patrocinio norteamericano. Esto los vinculó, asimismo, con el narcotráfico colombiano, en especial el cartel de Medellín de Pablo Escobar. La familia de este acabó recalando en Argentina con pasaporte colombiano, o sea con el visto bueno de Estados Unidos. Paramilitares de Israel entrenaron a las bandas narcotraficantes, y algunos de ellos fueron llevados a los tribunales por estas actividades. Los grupos de tareas nacionales que se afanaron en estas labores se convirtieron en la mano de obra desocupada, que formaría la 'conexión local', en los subsiguientes años de la democracia. Un dirigente de la Daia aparece como comprador de propiedades de Escobar. Existe una causa abierta por la destrucción de pruebas del atentado a Amia, que involucra, además de Menem, a dirigentes de la Amia, como Rubén Beraja, vaciador serial de entidades financieras con la complicidad del menemismo. La Daia no reclama hoy, sin embargo, que el acuerdo con Irán contemple el esclarecimiento de su dirigencia en la destrucción de pruebas. La conducción de la institución es una continuidad política de la gestión de Beraja ¿Teme que los iraníes saquen a relucir esa complicidad con el menemismo ante la "comisión de la verdad" en Teherán? Menem financió su primera campaña electoral con dinero de Siria, a la que prometió el oro y el moro en materia nuclear y en la tecnología del cohete Cóndor II. Parecía que iba a cumplir con su gabinete Bunge Born-Galimberti, pero cambió con su giro a la banca norteamericana. Fue entonces que Argentina pasó a ser "aliado extra Otan", y el canciller de Menem a regalar Malvinas a los ingleses. Israel nunca aludió a una "pista siria", quizá porque en la época del atentado estaba negociando con optimismo un acuerdo con ese país por las colinas del Golán. Por ese tiempo, los K miraban hacia el punto cardinal opuesto al de Malvinas, y peleaban los hielos continentales a los chilenos. Si alguien le pasó la factura al Estado argentino con la ejecución del atentado, debe ir a la cárcel, pero acompañado de la revelación de todos estos trasiegos secretos con los diversos Estados que participaron. Néstor Kirchner prometió abrir los archivos de la Side pero no lo hizo, y con justificados temores. La mano de obra desocupada y los servicios de seguridad entrelazados con los ex grupos de tareas, están indicados como los autores materiales de la masacre. El 'punto final' que se propone consumar con la 'comisión de la verdad' se parece mucho a las treguas y paces que concertan las mafias cuando sus enfrentamientos se pasaron de raya o han perdido actualidad. Por de pronto sigue el libreto norteamericano de apuntar hacia Irán, contra quien está aplicando sanciones económicas brutales para que renuncie a un desarrollo de energía nuclear -sin importarle que Israel tiene un arsenal atómico absolutamente sideral. Son muchos, sin embargo, los que se oponen a este tipo de desenlace, aunque no figura entre ellos Obama. También Irán tiene un Congreso, incluso más vivaz que el criollo. Cuando el debate tenga lugar en ese recinto, saldrá a la luz una fuerte rivalidad interna. Por eso Ahmadineyad se esmera en dar seguridades a sus acólitos, que tendrá dificultades en cumplir. En definitiva, en el caso Amia, como en todos los casos fundamentales en el país, oficialismo y oposición son las dos caras de una misma política podrida. Vamos con la izquierda.

-¿Cómo se produce el conflicto? -El conflicto se origina a partir del pedido de nosotros, los trabajadores, por mejores condiciones salariales y en el trabajo, al no tener una respuesta satisfactoria de la patronal decidimos meter en medio al Ministerio de Trabajo para que tomen las medidas correspondientes. Se hizo una inspección en el obrador, el mismo se encontraba cerrado. A raíz de esto, la patronal despide a nuestro delegado Alejandro Toloza y desde ese día, el 26 de diciembre, estamos de paro, haciendo visible nuestro reclamo, cortando centrales, tratando de que se pueda llegar a una mejoría. Se desarrollaron varias audiencias en las que Telefónica y Retesar (la empresa que nos subcontrata) no se presentó. En la tercera audiencia, Telefónica y Retesar se presentan debido a que las medidas que estábamos tomando estaban ocasionando un "malestar", lo que hicimos fue bloquear centrales, no dejar salir vehículos, nuestra subcontratista se comprometió a mejorar las condiciones de trabajo, entre lo cual estaba que nos paguen el combustible de los autos y dejar de pagar el alquiler de los autos de trabajo. Esta situación se mantuvo sólo una semana, la empresa no cumplió lo que había pactado en el ministerio, se borró llevándose los vehículos y enviándonos cartas de despido. Ante esta actitud estamos haciendo visible nuestro conflicto, tratando de que Telefónica se haga responsable de lo que ha declarado, que es que nosotros trabajamos directamente para ellos, ya que estamos involucrados en lo que es el trabajo de instalador de telefonía, así que tratamos de que Telefónica se haga responsable de nuestros puestos de trabajo. -¿Cuáles son las acciones a seguir en el conflicto? -Se está planteando, junto con las diferentes organizaciones que nos están brindando el apoyo- para que nosotros podamos llevar adelante cada acción, que cada medida sea pensada para tocar en algún punto a Telefónica para que baje a resolver el conflicto. Hasta ahora estamos con medidas de corte de central, estamos afectando operativamente a lo que es el accionar técnico de Telefónica. Ahora estamos en la comercial de San Justo, mostrando que seguimos de pie y nuestro reclamo sigue firme. -¿Qué opinás del planteo del Partido Obrero de que asistan a la movilización en el comienzo de los alegatos en el juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra? -Ahora más que nunca que tenemos el apoyo de ustedes, tenemos que estar relacionados con lo que es la lucha obrera y, obviamente, será un gusto participar de su marcha, de su protesta y del juicio.

El pilar del campamento fue el estudio de las categorías desarrolladas en el libro ¿Qué hacer?, vinculadas con la construcción de un partido del proletariado, en relación con los desafíos del presente. El desarrollo de una organización política revolucionaria de combate -un partido- tiene por objetivo central el desarrollo de una conciencia socialista entre los trabajadores. El partido político de la clase obrera es la expresión de la transformación de ésta en "clase para sí"; o sea, una comprensión de su situación histórica y de las tareas que se desprenden de ella. El partido obrero no se limita a ser una "instrumento político", sino que representa una modificación de alcance histórico en las relaciones entre las clases. En última instancia, equivale a la formación de un Estado dentro del Estado, un principio de doble poder; representa un cambio histórico cualitativo. El partido como "instrumento" lo reduce a un aparato, un enfoque típico de las sectas. El Partido Obrero insiste, por el contrario, en la unión entre la izquierda revolucionaria y el movimiento obrero. Para que un partido obrero tenga realmente el carácter de tal, es necesario que su programa sea socialista, no simplemente la expresión "política" de sus intereses económicos. El libro de Lenin es una crítica severa del "economicismo". En la resolución en la que apoya la incorporación del Partido Laborista de Gran Bretaña, un partido "economicista" típico, a la Internacional Socialista, Lenin plantea que debe modificar su programa para convertirse en un partido realmente socialista. La caracterización del "economicismo" de la época de Lenin, y su proyección hasta el día de hoy, ocupó un lugar importante en el curso. La burocracia sindical, pero también sectores de izquierda, impulsan "partidos de trabajadores", pero no revolucionarios. Tampoco representan una "politización" del movimiento sindical; esto porque los sindicatos son mantenidos al margen del partido, para que sigan como un coto cerrado de la burocracia sindical. Fue lo que ocurrió con el PT de Brasil. Lenin critica la participación en política que no es revolucionaria, como una posición "obrera-burguesa". La contraposición entre el culto al "espontaneísmo" y la lucha por el desarrollo de una conciencia socialista y revolucionaria entre las masas es actual. La política sindicalista, el culto a la espontaneidad, el obrerismo y el movimientismo son formas diferentes de una misma política de oposición a la transformación de la clase obrera en clase para sí. Altamira desarrolló este análisis en su intervención en el curso. Otro aspecto del curso fue que la organización del partido no es un problema formal. Se debatió sobre el papel del centralismo democrático como forma contradictoria que garantiza la unidad en la acción sobre la base de un programa. El periódico como "organizador colectivo" de la lucha revolucionaria suscitó debates interesantes. Se recordó que la publicación de una prensa regular fue una de las principales exigencias del PO en la CRCI. ¿Qué papel ocupan las reivindicaciones, para no transformarnos en "economistas"? ¿Debe ser "difícil" un periódico obrero? Se valoró en la discusión al periódico como indispensable, el desarrollo de actividades complementarias para discutir su contenido. No puede ser un papel o un "mail" que se analiza en soledad. Los artículos deben ser reescritos tantas veces como sea necesario para alcanzar claridad y síntesis. La última clase estuvo concentrada en el desafío por construir un partido en la actualidad. Fueron discutidos la profundización de la debacle capitalista, la crisis de dirección del proletariado y el nuevo despertar revolucionario que genera -y no dejará de generar- la bancarrota del capitalismo. Reivindicamos que toda organización política debe "justificar" su presencia con una práctica política definida, y huir de la autoproclamación como de la peste. El PO no nació de una cubeta, sino en relación con una lucha política en el campo de la IV Internacional, cuyo resultado histórico está a la vista (el morenismo se hundió como consecuencia de sus contradicciones insalvables, y dejó como resultado una miríada de tendencias democratizantes -en relación con el Estado- y autoritarias -en relación con el partido-). El estudio sobre la construcción del partido y la refundación inmediata de la IV Internacional adquirió completa actualidad. Un paso adelante El campamento fue un factor de estudio, de inquietudes y de politización. Entendemos que la juventud tiene el desafío central de formar los cuadros y tribunos que estarán a la cabeza de la construcción de una alternativa política revolucionaria en la Argentina. Como aseguró un compañero, "salimos del campamento con una viva conciencia para las batallas que tenemos por delante".

El primer punto del Congreso será aprobar un curso de acción para poner en pie, provincia por provincia, un plan de lucha. Concretamente, será el contra-congreso de la Ctera, que sesionará en paralelo ese mismo día. En segundo lugar, poner en pie en las provincias y en el país, una lista única del activismo antiburocrático y de la izquierda para recuperar Ctera, tomando como método al Fura de Neuquén. Este año habrá elecciones en Ctera y en importantísimos sindicatos provinciales, como Suteba y Amsafe, ADP y Ademys. Las elecciones de Suteba son estratégicas. Buenos Aires fue la contracara de Neuquén. El faccionalismo desarrollado por las agrupaciones sindicales enroladas en la ex Lila (PCR, MST, Rompiendo Cadenas / gandolfismo), que en las elecciones pasadas prefirieron dividir a la oposición antiburocrática antes que enfrentar a la Celeste, debilitaron a los sectores combativos y envalentonaron a la burocracia de Baradel. Es una cuestión de prin-ci-pios superar este faccionalismo pro-celeste. Tercero, abordaremos una campaña de denuncia del derrumbe educativo resultante de la aplicación de las leyes privatistas de la era K. En cuarto lugar, todos los problemas aquí reseñados requieren de una salida de conjunto. Esa salida está en a tarea de fundir a los trabajadores combativos con el socialismo revolucionario. El Congreso de Tribuna Docente resolverá las medidas que llevaremos a las aulas los docentes del Frente de Izquierda (FIT) para sumar a la docencia y a la juventud a una alternativa propia de los trabajadores y de los jóvenes en las elecciones de este 2013.

Marx y Engels apoyaron a Lincoln en la guerra contra el Sur. Cuando éste fue reelegido, la Primera Internacional le envió una carta de apoyo firmada por el Consejo Central. Advertía que "la rebelión de los propietarios de esclavos iba a sembrar el veneno de una cruzada santa de la propiedad contra el trabajo" y que, para los trabajadores, "hasta sus últimas conquistas estaban en peligro". "A pesar de que los trabajadores, la auténtica fuerza política del norte, permitieron que la esclavitud manchara su propia república; a pesar de que, ante el negro, comprado y vendido sin su consentimiento, se jactaron, como la mayor prerrogativa de los trabajadores de cutis blanco, de venderse y elegir su propio amo, y fueron incapaces de conseguir la verdadera libertad del trabajo, o apoyar a sus hermanos europeos en su lucha por la emancipación, esta barrera levantada al progreso, ha sido derribada por el rojo mar de la Guerra Civil". La clase obrera británica, aún perjudicada por el cese de la importación de algodón que alimentaba las textiles donde trabajaba, se colocó decididamente del lado de los ejércitos del norte, su gobierno colaboraba con el Sur. Al gobierno inglés, se sumó Francia (con una aventura colonial en Méjico) y España. La actitud de los obreros británicos ha pasado a la historia como una gran página de internacionalismo proletario. En los Estados Unidos, las organizaciones obreras tanto del Sur, como el Norte, apoyaron a Lincoln. La derrota del Sur y la liberación de los esclavos fortaleció la lucha y organización obrera. Rápidamente, se levantaron las voces por las 8 horas y se extendió una organización sindical de costa a costa. Sobre este terreno, se erigió el movimiento mundial por las 8 horas de trabajo (mártires de Chicago, etc.). Lincoln agradeció el apoyo de la Internacional con mayor deferencia que a los liberales británicos. Los obreros se habían movilizado enérgicamente contra el brazo intervencionista del imperio británico. El movimiento contra el tráfico de esclavos ya había conquistado a la mayor parte de la opinión pública y al capital industrial. Tras el asesinato de Lincoln, una segunda carta de la Internacional, dirigida al vicepresidente Jackson, reitera el apoyo y llama a rehuir compromisos con la reacción vencida.

Bruno, Consejero asesor de Filosofía de la Unca (Catamarca) "Es positivo, se incorporaron dos compañeros nuevos de la facultad de Exactas, donde en la última elección por primera vez la UJS logró una secretaría. Además, mediante el curso logramos afianzarnos políticamente y esto nos va a ayudar para desenvolvernos en la facultad y en nuestro frente. Yo milito en la Facultad de Humanidades de la Unca, ahora estamos en la tarea de abrir un nuevo frente en Exactas, en donde logramos la secretaría y el reconocimiento a nuestra agrupación luego de varias proscripciones. Una de las luchas más próximas que tenemos pasa por denunciar una ordenanza impulsada por el rector, Fabio Fama, que busca regimentar el claustro estudiantil, impedir menciones a partidos políticos y sancionar luchas, entre otros. Vamos a desconocer esa ordenanza y a iniciar un plan de lucha para tirarla abajo. A su vez, estamos tratando de poner en pie el centro de estudiantes en el Instituto Superior de Artes". Mario, presidente de Centro del ISPP Nº 1 (Santiago del Estero) "Es la primera vez que participo del campamento de la UJS y me pareció muy positivo: todos los compañeros nos comprometimos y decidimos venir a formarnos en la militancia por el socialismo. Nos va a ayudar a seguir en la lucha y a reforzar nuestro convencimiento. En Santiago del Estero estamos en un período pre electoral; tenemos que lograr la legalidad del partido y es necesario que los compañeros que participaron de este campamento se puedan comprometer de lleno". Nahuel, Chilecito (La Rioja) "Estuvo muy bueno; conocés la experiencia de distintas provincias, ves que hay muchos compañeros militando y luchando, y sentís que no estás solo, sino que hay otros jóvenes a los que les interesa la política. Aprendí muchas cosas sobre el PO. Quiero que esta experiencia no muera aquí, sino que la pueda continuar; es decir, volver a mi provincia y contarles a mis amigos todo lo que aprendí. En la Rioja teníamos el tema de la minería, comenzamos militando porque no queríamos minería en la provincia, el pueblo se unió y todos hicimos un asentamiento en Alto Carrizal. Ahí conocí a un compañero que me acercó y comencé a relacionarme con el partido. Al principio, del partido sólo eran dos; luego me sumé yo y, de a poco, se comenzaron a sumar otros". Melanie, Los Ralos (Tucumán) "El campamento me pareció muy lindo. No es la primera vez que lo hago, pero esta vez entendí bien el tema de los cursos. Me ha quedado en claro que los trabajadores tienen que independizarse, por eso me uno al partido. Ahora me siento con más confianza para hablar, me voy a poder defender sola. Estaría bueno juntar más chicos, hablar con ellos y que también se puedan interesar en esto. Juan Carlos, Ingenio Leales (Tucumán) "Es una experiencia muy buena; conocía el partido antes, pero no cómo había comenzado, por qué era la lucha. No tenía el convencimiento que tengo ahora. (...) Yo me incorporo al partido porque soy un trabajador humilde, sin trabajo fijo. Incluso si lo tuviera, seguiría siendo un obrero. El partido me va a dar las herramientas necesarias para luchar y para desenvolverme en el medio. Mi idea es obtener un mejor futuro, no ser tan explotado; y si llegamos hasta arriba, mucho mejor".

En el tercer día de campamento, la UJS montó en San Nicolás una agitación en la fábrica Siderar -grupo Techint. Desde el camping, un contingente numeroso de compañeros -muchos que aún no integran las filas del partido- nos trasladamos en dos micros y varios autos, para alcanzar el cambio de turno. Nuestra intención era denunciar las paritarias a la baja, el impuesto al salario y la devaluación acelerada del peso. Al mismo tiempo, señalar el carácter antiobrero de los planteos de la oposición tradicional. El interés por nuestro planteo se manifestó en el cuidado con que fueron acogidos los mil volantes que distribuimos y en la venta de más de 160 periódicos. Sesenta trabajadores manifestaron su disposición a continuar la relación con el PO de San Nicolás; en los días siguientes, los compañeros de la regional iniciaron una intensa recorrida política. Para los compañeros de la UJS, la experiencia fue muy formativa. Pusimos en marcha las conclusiones del curso sobre el ¿Qué hacer?, precisamente por medio de la intensa agitación política que recomienda el libro. Toda la actividad fue registrada por los compañeros del Ojo Obrero, que están produciendo contenidos audiovisuales para que las ideas y las actividades del PO y el Frente de Izquierda lleguen a todo el país.

En su primera reunión del año, la mesa Ejecutiva de AGD-UBA, por propuesta de su mayoría (Agrupación Naranja), y entendiendo la necesidad de medidas inmediatas y de conjunto en defensa de los bolsillos de los trabajadores, resolvió el reclamo a las centrales sindicales de un paro general de 36 horas que dé continuidad a la lucha contra la retención de ganancias a los trabajadores, por paritarias libres y la actualización periódica de los salarios, la anulación de los topes para el cobro del salario familiar , por un salario mínimo de 8.000 pesos, elevación a 700 pesos del SF por hijo. En su comunicado denuncia el techo salarial oficial para docentes que anualizado es 16% y el mínimo de Ganancias en la misma línea, aumentado anualmente 16,6%, como manifestaciones agudas de un ajuste contra los trabajadores.El planteo del paro de 36 horas apunta a un plan de lucha, a quebrar mediante el método de la huelga de la clase obrera los topes “cristinistas”, y es girado al debate de la CTA y de todo el movimiento obrero combativo cuando el propio Micheli anunció apenas una marcha el 14 de marzo al ministerio, en lo que se asemeja a un plan descendente después del formidable paro nacional del 20N y la raquítica marcha del 19 de diciembre. El debate empezará por la CTA Capital y la Conadu Histórica.

La película de Spielberg se centra en los últimos meses de la guerra civil norteamericana. Durante décadas se fueron agudizando las contradicciones entre el Norte industrial y el Sur agrícola, uno basado en la mano de obra libre y el otro en la esclava. Esta brecha se ahondó con el desarrollo capitalista. En 1790 había 750.000 esclavos negros, setenta años después 4.200.000. Cada esclavo activo costaba entre 500 y 2.000 dólares. La posibilidad de liberarlos vía indemnización a los esclavistas era inviable. El esclavismo era un apéndice de la producción para el mercado capitalista mundial: para el Norte yanqui, como para la industria británica. El sistema esclavista buscaba extenderse hacia el Oeste, que estaba siendo colonizado, y hacia América Latina (Cuba). Lincoln se había opuesto a la guerra contra México, a partir de la secesión de Texas. Los estados esclavistas amenazaron en varias oportunidades con secesionarse. La creación del Partido Republicano y el triunfo electoral de Lincoln en 1860, fueron la excusa para la secesión de los trece estados que constituirán la Confederación. El presidente saliente, Buchaman, declaró: "El sur no tiene poder para separarse, pero yo no tengo poder para impedirlo". Era la expresión de los intereses que buscaban una coexistencia pacífica entre el Norte y el Sur configurados como estados independientes. Lincoln encabezó el rechazo a la secesión. Lincoln por la unión nacional A pesar de su posición abolicionista, Lincoln fue a la guerra para derrotar la secesión. "Mi objetivo primordial en esta lucha, dijo, es salvar a la Unión, no salvar o destruir la esclavitud. Si pudiera salvar a la Unión sin liberar ningún esclavo, lo haría; si pudiera salvarla liberando a todos los esclavos lo haría; y si pudiera salvarla liberando a algunos y dejando de lado a otros, también lo haría". Marx vaticinó que "la esclavitud de los negros no sobreviviría mucho a la guerra civil". A mediados de 1862, luego de varios reveses militares, con alto costo en vidas, Lincoln impulsa su Proclama de Emancipación. Hasta ese momento, de acuerdo a las leyes federales, los esclavos prófugos eran devueltos a sus ‘dueños'. El ala radical de los republicanos era incondicionalmente abolicionista. Fremont, uno de sus líderes, intentó precipitar la situación liberando los esclavos de los rebeldes sureño, en la zona bélica bajo su mando. El avance de los ejércitos del norte provocaba la huida de los propietarios de sus plantaciones y la liberación de los esclavos. Fue considerada la necesidad de enrolar a los negros liberados. Los sectores radicalizados del Norte se enrolaban como voluntarios, otros eran incorporados por ‘levas'. En la película "Pandillas de Nueva York" describe una rebelión contra la conscripción obligatoria que había sido votada en 1863. Para reducir el reclutamiento del Norte y economizar sangre de blancos norteños, fue creado "un ejército negro". La Proclama de Emancipación establece que a partir del 1º de enero de 1863 "todos los esclavos de las zonas rebeldes serán libres y los esclavos de los ciudadanos leales a la Unión también lo serán, pagándose una equitativa indemnización a sus amos". A pesar de discriminaciones (en la película dos soldados negros reprochan a Lincoln que les paguen 2 dólares menos que a los blancos), más del 20% de las fuerzas federales eran ex esclavos, a los que se sumaban decenas de miles en abastecimientos y otras tareas. "La victoria final del Norte quedaba asegurada". En el transcurso de la guerra civil, se produjo una revolución: se abolió la propiedad sobre los esclavos. Fue la mayor expropiación de explotadores antes de la revolución bolchevique. Obama no es Lincoln A fin de 1864 se avizora la derrota del Sur. Lincoln, reelecto, plantea introducir la abolición en la Constitución, para evitar que pudiera ser revertida por leyes estaduales. Para obtener los dos tercios de los votos necesarios, establece un pacto con el ala radical abolicionista (Stevens) para una enmienda que otorga libertad e igualdad jurídica a los esclavos. La igualdad social real, a la que se hace referencia en el film, incluye una revolución agraria. Lincoln recurre a todos los medios -incluyendo la compra de votos- para alcanzar la mayoría. El Congreso aplaude la renuncia de los radicales a la confiscación de tierras para su reparto. La 13º enmienda es un compromiso. Al comienzo de la cinta, dos soldados negros le dicen a Lincoln: "hoy, sólo dejamos de ser esclavos. Mañana, habrá un coronel negro. Después, los negros votaremos". Obama no dirige ninguna guerra revolucionaria, sino guerras imperialistas de rapiña. El Estados Unidos de la fábula ha vivido dos guerras revolucionarias; puede entonces vivir una tercera.

El gran interés que despertó este tema entre los compañeros y compañeras se reflejó en una masiva participación. El curso abordó la opresión de la mujer desde sus orígenes, vinculado al desarrollo de la sociedad de clases. La cuestión tiene mayor vigencia que nunca ¿es posible la emancipación de la mujer bajo el régimen social capitalista? Si la opresión de la mujer hunde sus raíces en la estructura clasista de la sociedad, su principio de solución plantea la necesidad de construir una sociedad sin clases. El agotamiento de las corrientes feministas, que no trascienden los límites del Estado burgués y sus instituciones, ha quedado de manifiesto con el retroceso que ha sufrido la mujer en forma paralela al desarrollo de la bancarrota capitalista y el retroceso social de la clase obrera. La cuestión de la mujer está en el centro de la crisis revolucionaria que se ha declarado en Medio Oriente y Europa. Reivindicamos el papel del marxismo y las organizaciones de la clase obrera en la lucha por los derechos de la mujer trabajadora desde el primer momento. En el curso se analizó el aporte de la lucha de las mujeres en las grandes experiencias históricas: las revoluciones burguesas, la Comuna de París, las internacionales obreras, la Revolución Rusa y el surgimiento del movimiento obrero argentino con sus primeros sindicatos y organizaciones obreras. La experiencia soviética fue destacada como la más avanzada en la lucha por la liberación de la mujer y en el enorme esfuerzo realizado para la socialización de la familia y del trabajo de la mujer. El stalinismo y su "termidor en el hogar" fueron considerados como un gigantesco retroceso. La última parte del curso versó sobre un balance de diez años de gobierno K. La sanción del matrimonio igualitario -que el imperialista Camerón acaba de hacer votar en Gran Bretaña- no alcanza para disimular la preservación de la injerencia histórica de la Iglesia en el aparato estatal, así como la negación de derechos sociales fundamentales, como el derecho al aborto y a la formación y el pleno empleo -no hablemos del entrelazamiento del aparato estatal con las redes de tratas. La gran conclusión del curso fue la importancia de la organización independiente de las mujeres parta pelear junto a la clase obrera por el socialismo. La lucha política en este 2013 requiere de la participación de las mujeres con nuestras reivindicaciones para fortalecer la construcción de una alternativa de izquierda al kirchnerismo y todos los partidos del régimen. Esa es la gran tarea que tenemos por delante. ¡Adelante compañeras!

Cuando hacia fines de 2012 la intendencia capitalina anunció que las tasas municipales se incrementarían entre el 100 y el 500 por ciento, las bancadas del PO lanzamos una fuerte campaña de denuncia. El repudio a la medida del intendente Miguel Isa comenzó a extenderse como una mancha de aceite. Para frenar la reacción popular, los concejales del PJ unificaron las dos últimas sesiones del Concejo y dieron la aprobación express del impuestazo, con los votos del romerismo y del Frente Plural (cristinistas). El ajuste golpea la puerta Cuando las boletas llegaron a los hogares este año, muchos vecinos se anoticiaron de que sus barrios sin cloacas, pavimento o luz ahora tenían que pagar impuestos y tasas hasta diez veces más caras. El descontento se expresó rápidamente en una asamblea de 500 personas, en la que se programaron movilizaciones e iniciativas barriales. El mayor respaldo a Isa vino del gobernador Urtubey. En General Mosconi, tres delegados de Urtubey asumieron el poder de facto para aplicar una emergencia económica, que se aplica también a Cafayate, Tartagal, Rosario de Lerma y Cerrillo. Nuestro programa Es en este marco que el proyecto del PO por la derogación del impuestazo ha ganado lugar. Lejos de un impuestazo en cuotas o atenuado, como balbucean la oposición patronal y algunos oficialistas arrepentidos, ponemos en cuestión el carácter social del esquema tributario municipal. Planteamos que en treinta días se confeccione un padrón de grandes aportistas y al mismo tiempo, la readecuación de los valores de los predios especulativos. Los militantes del PO, con los parlamentarios a la cabeza, han recorrido muchos barrios explicando el contenido del ajuste y nuestro proyecto. Así se popularizan las denuncias y propuestas del partido.

A partir de enero, todos los docentes universitarios de la UBA cobramos un 4,5% menos en concepto de descuento para la Caja Complentaria de la Actividad Docente, por resolución del Rectorado. Este descuento surge por un convenio realizado entre la Caja y el rector interventor durante la dictadura. Luego, fue refrendado bajo el gobierno Menem. Sin embargo, hasta el momento sólo se descontaba de manera generalizada en muy pocas facultades -con el rechazo masivo de los docentes- y a los que recién se iniciaban. Pues bien, se generalizó. Lo absurdo de este descuento es que, en el caso de los universitarios, hemos conquistado el 82% para lo cual nos descuentan un plus del 2% sobre el bruto. Ahora, con esta nueva confiscación, nuestro aporte previsional es del ¡17,5%! Estos importantes “dinerillos” (más de 80 millones en este año) engrosarán fondos manejados por el Ministerio de Educación, Ctera, UDA, Sadop y Amet, sindicatos que nada tienen que ver con la actividad universitaria. La Caja Complementaria no brinda informes a los que han aportado, no hay rendiciones ni respuesta respecto de cómo se calculan las pagos a los beneficiarios. En 2012, la propia Auditoría General de la Nación (AGN), en un informe, reveló desfalcos escandalosos y millonarios por parte de sus directores sindicales y una total falta de control de los fondos millonarios que allí se manejan. Se trata lisa y llanamente de una “caja negra”, con la que se mantienen, con la complicidad ministerial, las burocracias sindicales docentes que en cada paritaria entregan el salario de los maestros. AGD-UBA ha iniciado una amplia campaña para terminar con este robo: presentaciones legales y campañas de difusión, y resolverá en su próxima asamblea medidas de fuerza en defensa del salario. Convocará a la acción unitaria del sindicalismo universitario. A la vez, convoca a todos los sectores antiburocráticos de la docencia primaria y secundaria a pronunciarse contra este desfalco a nuestros salarios.

Una de las primeras apariciones públicas del flamante secretario de Gobierno de Merlo, Juan Manuel Scanga, terminó manipulada por Merlo GBA, un medio paraoficial de periodistas anónimos, para llevarla al plano anti-PO. En la recorrida por el edificio del ex CUM (donde se dictaba el curso de ingreso a la UBA), Scanga anuncia que luego de haber estado más de cuatro años cerrado, obsoleto, éste se convertiría en la nueva Subsecretaría de Transporte y Tránsito. Este sciolista, ex funcionario de Ricardo Casal, fue llamado a "renovar" el gabinete merlense en diciembre en el contexto de una limpieza de secretarías municipales, como acostumbra hacer Othacehé cuando las fidelidades aflojan. Scanga, cuando los periodistas oficiales buscaban la chicana, dice: éste es "un lugar emblemático (y se sonríe), donde hubo algún conflicto, algunas luchas, para mí también, hice el CBC acá". Pero para "Merlo GBA", Scanga quiso decir que el CUM "se había transformado en un búnker donde se camuflaban como estudiantes organizaciones políticas trotskistas enarbolando la bandera del 'no al cierre del CUM', con violentas manifestaciones que tuvieron en vilo a la población, esgrimiendo razones tales como que el gobierno de Othacehé pretendía 'levantar allí una facultad privada', es decir, un 'negocio'. Scanga no dijo eso. Pero lo que nosotros denunciamos en 2008 (que el cierre del CUM habilitaría a Othacehé a generar su propio negocio privado con la educación pública) se está cumpliendo. La Universidad del Oeste (UNO) es un paraíso monetario para los othacehístas, que reciben millones de pesos del presupuesto nacional sin haber comprado ni un ladrillo. Cuentan con la cesión o alquiler de más de sedes diferentes y tienen abultadísimos salarios para los jerárquicos elegidos a dedo, o por ser parientes o amigos del intendente. Además, la inscripción de la UNO (1.200 estudiantes), iniciando su tercer año y luego de una campaña de su rector Ducrós firmando acuerdos de cooperación con Ituzaingó, Luján y Navarro, es una nimiedad en relación con la enorme cantidad de jóvenes egresados de las secundarias de Merlo y la zona y la vasta cantidad de ex alumnos del CUM (más de 5.000). Lo que sí es claro, es que gracias a Othacehé, se cerró la posibilidad de estudiar sin viajar en el Sarmiento dos horas por día, para ingresar a la universidad más prestigiosa de América Latina. Esto no lo reemplaza la UNO, dentro de la cual reclamamos: concursos públicos y libres para docentes elegidos por antecedentes y coloquios, participación estudiantil en el armado de las currículas, cátedras libres, aceptación del libre pensamiento ideológico sin imposición del relato oficial kirchnerista, centro de estudiantes electo por los estudiantes sin cooptación estatal. Por todo ello, el CUM era emblemático. Por su lucha.

Se reanudaron las audiencias en la megacausa Esma donde se continúa con las declaraciones indagatorias de los imputados. El lunes 4 tenían turno, entre otros, el represor "Tigre" Acosta, quien se negó a declarar y Jorge Magnacco. Terminada la audiencia, este último -quien goza del beneficio de prisión domiciliaria- decidió que era una linda tarde para salir a pasear. Y así lo hizo: se fue de shopping, como reveló una filmación difundida por la agrupación H.I.J.O.S. Magnacco, quien sigue ocultando dónde se encuentran los hijos de desaparecidos luego de 36 años del genocidio, se fue a recorrer el Patio Bullrich luego de la audiencia. El capitán de navío fue el ginecólogo de la Esma. Por sus manos, pasaron infinidad de compañeras detenidas durante la dictadura. No sólo se ocupó de los partos, también entregó a los niños nacidos en cautiverio. Magnacco tiene sobre sus espaldas tres condenas por el plan sistemático de apropiación de menores de hijos de desaparecidos y está siendo juzgado nuevamente en el juicio Esma II. La querella de Justicia Ya Buenos Aires! fue la única que denunció en este juicio que su prisión domiciliaria constituía un privilegio y pidió la revocatoria. Magnacco "cumplía" sus tres condenas viviendo cómoda y tranquilamente en su casa de Barrio Norte. Ahora, cuando las escapadas de Magnacco tomaron estado público, el tribunal ordenó suspender el beneficio y ordenó su trasladado al penal de Marcos Paz, ya que incumplió con "las pautas compromisorias impuestas". De los 67 acusados en esta causa, el 40% de ellos goza del beneficio de prisión domiciliaria. Nuestra querella solicitó en el inicio que se revoquen las mismas. El caso de Magnacco es paradigmático y demuestra que no existe control alguno que permita corroborar que los genocidas cumplen efectivamente sus detenciones; una vez más, las víctimas son quienes los descubren y los denuncian a la Justicia. A partir de que se hizo público el paseo de este genocida, el tribunal a cargo dispuso que, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo (el pedido realizado por Justicia Ya! de revocación de domiciliarias -se están peritando a represores), los traslados estén a cargo de Policía Federal y se prohíba a los detenidos "su exposición en lugares públicos o de acceso público, más allá de lo indispensable para su traslado o su asistencia a determinados sitios previamente autorizados". Es oportuno recordar que algunos de los represores con prisión domiciliaria "por razones de salud" salen a hacer caminatas. Esta prescripción médica se trata de un absurdo. Claramente vemos aquí la doble vara con la que se mide a quienes responden ante la Justicia. Es imposible que a un preso común se le otorgue este tipo de privilegios. Pero no es éste el único caso que conocemos. Juan Miguel Wolk, el represor jefe del Pozo de Banfield, centro de detención y exterminio por el que pasaron diez de los estudiantes de la Noche de los Lápices, gozaba de arresto domiciliario, en mayo se profugó al conocer que la Justicia había decidido enviarlo a una cárcel común. A pocos días del paseo de Magnacco, Catalina de Sanctis Ovando, una hija de desaparecidos que recuperó su identidad, se cruzó con su apropiador que paseaba en bicicleta. Este genocida, Carlos Hidalgo Garzón, tiene 200 acusaciones por delitos de lesa humanidad y aún así gozaba de este beneficio en un geriátrico de Belgrano. Exigimos la revocación inmediata de las prisiones domiciliares. Cárcel común y efectiva ya para todos los genocidas por todos y cada uno de los compañeros detenidos y desaparecidos.

Mientras el bicentenario de la Batalla de Salta debiera ser objeto de una auténtica deliberación popular, en un país en donde la independencia nacional es una asignatura pendiente, tanto Urtubey como Romero lo transformado en un escenario de campaña. La Batalla de Salta, en 2013, no es otra cosa que poner fin a los regímenes entreguistas, como los de Urtubey y Romero. Los dos ricachones se muestran como los defensores de una gesta patriótica, pero han sido los artífices de la mayor entrega de los recursos naturales en la historia de Salta. Los enormes beneficios entregados a las empresas mineras, la prórroga de contratos de las petroleras responsables de la desinversión en el norte, la defensa rabiosa que ambos hicieron de la norteamericana Seabord Corporation dueña del ingenio tabacal contra sus trabajadores y todo el pueblo del departamento de Orán, solo por mencionar algunos casos. Los cruces heroicos al Altiplano, hoy la ruta de tráfico del narco negocio protegido por el Estado. Urtubey y Romero han armado una innumerable cantidad de actos para esta semana. Los legisladores del Partido Obrero no han participado de ellos. Sí estaremos junto a los trabajadores y al pueblo de Salta que lucha contra el impuestazo, por el derecho a la vivienda, por las libertades públicas y contra la impunidad, y construyendo junto a ellos una alternativa política de los trabajadores. Es en la ruta de estas luchas que se abrirá paso una autentica emancipación nacional y social.

Nuestra campaña política 2013 está marcada por la situación explosiva de la provincia. Así, estuvimos en el abrazo del hospital de Niños de La Plata, junto a 1.500 médicos y no médicos -una soberbia movilización contra el vaciamiento de este hospital, decano de la región. Se ha cerrado el servicio de quemados, no hay insumos, los médicos de planta y los 200 residentes ganan sueldos de hambre y pulula la tercerización. Denunciamos la responsabilidad de todo el arco político en esta masacre social: el presupuesto provincial de salud fue votado por todas las alas kirchneristas y por la “opo” del FAP. La Cicop fue al paro general y planea nuevos movimientos en los 77 hospitales, por un aumento salarial del 40%. Nosotros reclamamos la triplicación del presupuesto de salud. En La Matanza compartimos un plenario de delegados y activistas de una gran huelga de tercerizados teléfonicos contra el despido y por los salarios, junto a obreros plásticos, de chacinados, de UTA que confluyen con el Partido Obrero en la necesidad de una lucha de conjunto. Romina del Pla, requerida frente a todos los problemas sociales, ambientales y laborales de la zona, es la vocera del PO en los medios y en el desarrollo de la agitación política. En Tandil cerramos el campamento de la UJS, en el marco de una campaña política, junto a Germán Olivera, con quien recorrimos la peatonal y participamos de una concurrida charla política local. El PO de Tandil venía jugando un gran papel en la lucha contra el boletazo (28% de aumento), en el marco de una asamblea popular local. En la asamblea disputamos con los aparatos K de La Cámpora, Evita, etc., que salieron de escudos del intendente radical. El boletazo se impuso, pero no sin antes desatar crisis y movilizaciones, que sirven de educación política para el pueblo y preparan su convergencia con la izquierda revolucionaria. Es lo que ocurrió, asimismo, en Mar del Plata, en Pergamino y en Bahía, frente a los impuestazos y a los aumentos de tasas municipales y de precios. Nosotros estamos planteando la apertura de libros de las empresas, la municipalización del transporte, la reversión de los aumentos y el boleto estudiantil para toda la provincia. Los vecinos de Quilmes voltearon las ordenanzas de un megaproyecto inmobiliario en la costa del río, de Techint y del “Barba” Gutiérrez; y más tarde se autoconvocaron contra el aumento de tasas municipales. En Bahía Blanca participamos del resurgimiento de un movimiento por la vivienda popular. Crisis terminal y luchas Estos son, sin embargo, apenas indicios, en un año surcado por la crisis política terminal del Estado provincial y de sus gestores políticos, desde CFK hasta Scioli, Massa y el conjunto de los intendentes. Scioli le puso una cifra de 15.000 millones de pesos a la necesidad de evitar el colapso provincial -un dinero que los K tienen asignado en prioridad al pago de la deuda usuraria y al vaciamiento del transporte y de la energía. El gobernador Scioli sabe que la crisis no tiene salida en los marcos provinciales y que supera la capacidad de recursos y soluciones del gobierno nacional. Por eso conspira por un cambio de conjunto, que en primer lugar permita recuperar financiamiento internacional. Esto supone la devaluación del peso y un violento ajuste fiscal, en primer lugar de los gastos sociales. Es lo que los K procuran alcanzar al ritmo menos presuroso de la “sintonía fina”. Los K han organizado una falange de intendentes para ir por la cabeza de Scioli, en la lista del FpV de la provincia para las elecciones de Octubre. Quieren repetir lo que hicieron con Duhalde en 2005. Pero en ese entonces estaban en ascenso. La interna pejotista promete ser sangrienta. Desde la izquierda revolucionaria debe oponer al barrabravismo del poder nacional y popular, el desarrollo de una falange cada vez más numerosa de obreros con conciencia de clase. Huelgas en serie La reducción de salarios docentes, impuesta por el gobierno en la paritaria nacional, es una prueba de que el derrumbe se aloja en la Rosada, no solamente en La Plata. El rechazo obstinado a una huelga general nacional por parte de Ctera, desencadenará las huelgas provinciales. A ellas se sumarán la de numerosos sectores estatales. Debería discutirse ya un Comando provincial de huelga, para desbaratar los entongues de los Yasky y Andrés Rodríguez con la Rosada, y la línea capituladora de Baradel y Micheli. La provincia de Buenos Aires está llamada a ocupar el centro de la crisis del viejo régimen capitalista y punteril. Es precisamente en esta provincia donde la izquierda revolucionaria tiene la oportunidad de ingresar al Congreso nacional y a la Legislatura. Convocamos a todos los distritos a discutir con extrema precisión un programa de reivindicaciones vitales y a coordinar una campaña político-electoral sin precedentes.

En los meses de verano, un pequeño grupo de dueños de hosterías, cabañas y casas de comida de la zona exigieron a las autoridades del pueblo la intervención policial y municipal para barrer del pueblo a los "indeseables mochileros" que, según su decir, toman y fuman marihuana en la plaza y acampan libremente a orillas de los ríos. Reforzaron, entonces, la presencia policial con efectivos de Cruz del Eje. El resultado: detenciones diarias de turistas y vecinos del pueblo amparados en el represivo Código de Faltas de la provincia de Córdoba, varios de los cuales pasaron varios días en la comisaría de Cruz del Eje. Razzias realizadas por policía antinarcóticos estrenando la Ley Antidrogas provincial aprobada en diciembre, que al estilo del Proceso abrieron las mochilas de los turistas que bajaban de los micros para requisar "droga", llevando detenidos a los que les encontraban marihuana. Varios allanamientos en casas de vecinos del pueblo, de los que participaron policías de civil con varios autos, producto de "denuncias" que los acusaban de venta de droga, en dos casos se los imputó por tenencia simple de marihuana. Y hasta acciones parapoliciales nocturnas de las que participaron "ciertos vecinos" que a rebencazos destrozaron carpas y amedrentaron a turistas que acampaban libremente a orillas del río. ¿Qué buscan con estas acciones? Según los dichos de este pequeño grupo: cambiar la fisonomía del turismo, orientarlo hacia el turismo consumidor de las "4x4". Y un par de políticos con apetencias de poder fogonearon las protestas y avalaron la formación de una comisión de la cual también participan el comisario, el fiscal de Cruz del Eje y el actual intendente. Lo que parece que no tiene muy claro el grupo (o tal vez sea el verdadero proyecto turístico que quieren imponer) es que la propuesta turística para los sectores de mayor poder adquisitivo es el que ya se está instalando en varios lugares de Córdoba, como Río Ceballos, La Falda, Carlos Paz y muchos en carpeta, y consiste en hoteles caros, casinos y "slots": salas de tragamonedas, que ya fueron instalados en cerca de veinte ciudades y pueblos de la provincia, y aún quedarían más de 2.000 por instalar. Este proyecto es el que trae de la mano el verdadero narcotráfico, pero también la prostitución y la delincuencia. Los emprendimientos de medio pelo que hoy quiere defender el grupo "antimochileros" quedaría liquidados y, a su vez, la gente del pueblo sería mano de obra asalariada y empobrecida por el juego. La mayoría del pueblo se opone al cambio de fisonomía de San Marcos Sierras e intenta organizarse contra la escalada represiva: tuvo una activa intervención en las asambleas convocadas en la plaza como también en la firma de petitorios y movilizaciones a la comisaría a liberar a los detenidos, y a la Municipalidad y al Concejo Deliberante local para rechazar el proyecto.

Nos encontramos ante una nueva etapa en la lucha por Luciano Arruga. El 26 de enero hubo una gran jornada de lucha en Lomas de Mirador, al cumplirse 4 años de su desaparición. Miles de personas se acercaron desde el mediodía al lugar, a metros de donde se encuentra el ex Destacamento en donde Luciano fue visto por última vez con vida. Durante la conferencia de prensa que se brindó en la actividad, Vanesa Orieta, hermana de Luciano declaró: "vamos más allá de Luciano, queremos instalar una problemática que afecta los derechos de los pibes de los barrios más pobres". Además, hubo una mesa con charlas durante todo el día, de la que participaron compañeros de militancia de Mariano Ferreyra junto a otros luchadores; bandas en vivo, con una fuerte presencia del Frente de Artistas y otras actividades culturales. A lo largo de la jornada se hicieron manifiestas las principales exigencias de la familia de Arruga: el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales y el pase a disponibilidad de los policías implicados. Este último reclamo se concretó un día después de la jornada. Hubo también otra importante novedad en los últimos días respecto del caso Arruga: la justicia federal de Morón aceptó el cambio de carátula de la causa a "desaparición forzada de personas". Esto significa que los poderes político y judicial tienen que dar respuestas sobre un desaparecido en democracia, en manos de la fuerza represiva del Estado. La familia de Luciano espera que los policías hoy separados de sus cargos sean juzgados como responsables de su desaparición. La lucha contra las desapariciones llevadas a cabo por las fuerzas represivas del estado es una de las realidades que desmiente el discurso sobre los derechos humanos que enarbola el kirchnerismo. El gobierno nunca ha intentado desmantelar a la mafia policial -todo lo contrario, la ha reforzado. Es imposible explicar la impunidad con la que se maneja la policía bonaerense sin el aparato político que la sostiene. Esta nueva etapa en la lucha por Luciano Arruga es la demostración de que sólo mediante la organización y la lucha independientes del Estado fue posible conseguir avances en la causa y masificar un reclamo del que hoy se sienten parte miles de jóvenes y trabajadores.

La Justicia dejó sin efecto la disposición del gobierno de De la Sota de prohibir la instalación de cinco antenas para la Televisión Digital Abierta, y da un plazo de 90 días a Arsat para que se ajuste a los requerimientos establecidos por la provincia. De la Sota argumentaba que no cumplían con los requisitos de cuidado ambiental. La pelea entre el gobierno nacional y De la Sota en torno de esta cuestión está llena de imposturas. Ni el gobierno provincial ni el nacional se pueden arrogar un celo respecto de la cuestión ambiental. Ambos apoyan fervientemente la instalación de Monsanto en Córdoba, a pesar de los estudios y advertencias sobre el daño que provocará la misma. De la Sota y Cristina sostienen la producción de soja y la minería a cielo abierto, ampliamente resistidas. Los funcionarios del gobierno nacional dicen que la prohibición de las antenas "ataca derechos constitucionales como la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la comunicación". Esto también es una impostura. La Televisión Digital Abierta es una herramienta de propaganda del gobierno nacional. La única libertad de expresión que garantiza TDA es la de la camarilla gobernante. El "derecho a informarse" es vulnerado por el monopolio estatal de la información y por el dominio de éste sobre los medios de comunicación, hecho además en asociación con grupos monopólicos capitalistas como son las telefónicas y las redes mediáticas en manos de Cristóbal López, Vila Manzano, Spolsky y otros. La prohibición de De la Sota es funcional a otros grupos capitalistas, como es el caso de Cablevisión. La libertad de expresión exige poner fin al monopolio capitalista -o del Estado que sirve a esos monopolios- y asignar los recursos y medios de comunicación a las organizaciones y expresiones del arte, la cultura, la política y la vida social.

El jueves 7 de febrero, el Concejo Deliberante aprobó un boletazo del 30% en el valor del boleto plano de colectivo, llevándolo a 4,25 pesos, el más caro del país. El oficialismo radical quiso encubrir el aumento presentando en esa sesión la aprobación del programa Pase, por el cual otorga 40 bonos gratuitos a estudiantes, cuyo costo será afrontado por el municipio luego de un tasazo del 35%. La presentación de este plan es fruto de las constantes luchas del movimiento estudiantil por el costo del transporte, que el gobierno radical pretende utilizar de cara al voto a los 16 años. El anuncio del aumento del boleto movilizó a la Asamblea por el Transporte Público. Una sesión previa, el 4 de febrero, fue impedida por una gran movilización. El Partido Obrero realizó una profunda agitación en los barrios denunciando el "Rodrigazo" en marcha y del cual este boletazo era una de sus partes y presentando un plan de salida a partir de la estatización bajo control de trabajadores y usuarios del transporte público, y de un impuesto a las grandes fortunas del agro y la industria para financiar sus costos. Nos presentamos como una alternativa política. Esta movilización provocó una crisis en la filas K. Sus militantes estudiantiles, incluidas las direcciones de los centros de Humanas y Exactas, que responden al MUI y MPE respectivamente, son parte de la Asamblea y tuvieron que resolver la interrupción de la sesión al no haberle podido arrancar ninguna concesión al intendente durante un año. Pero, inmediatamente, el bloque del FpV repudió la interrupción y presionó para que se dejara sesionar el jueves 7 y garantizarle la gobernabilidad al intendente Lunghi. La prenda para que los dirigentes K presentaran una moción de no interrupción partió del FpV: una ordenanza a votarse sobre tablas, donde se le solicita a la Secretaría de Transporte que haga una auditoría de los costos de las empresas. Es la peor estafa: una auditoría para saber los costos luego del boletazo. Esa denuncia y la delimitación sobre el rol del gobierno nacional como socios de la masacre de Once fue llevada adelante por el Partido Obrero en la Asamblea, donde perdimos por un estrecho margen de 96 votos a 77, frente al despliegue del aparato K. Nuestra acción política nos colocó como una referencia de cara a todos los tandilenses.

"La agencia de riesgo crediticio Moodys Latin America... colocó las calificaciones de emisor y de deuda de la provincia de Córdoba en ‘revisión para posible baja'" (La Voz del Interior, 30/1). Está decisión es el resultado de la medida cautelar que dictó un juez a favor de Córdoba en relación a la deuda que la empresa provincial de energía (Epec) mantiene con la Anses por la construcción de la Central Pilar y la exime a Córdoba de responder con los fondos de coparticipación a las obligaciones de Epec (una cuota de 5 millones de dólares mensuales). El litigio viene de lejos. "En sólo tres años, Epec ha perdido casi 500 millones de pesos como resultado de la venta de energía a Cammesa... Según el gobierno provincial, lo que Cammesa le paga a la Epec por la generación apenas cubre el 50% de los costos de la misma" (PO Nº 1.221). A pesar de la cautelar, De la Sota decidió pagar la cuota adeudada por Epec, para evitar un "default técnico" de la provincia. Sin embargo, para Moodys esto no alcanza, porque la medida cautelar deja el pago a la "voluntad" del gobierno provincial. La situación de la empresa provincial de energía arrastra al conjunto de la provincia: "Las derivaciones más serias vienen por los lanzamientos de deuda efectuados por el Banco y la propia provincia de Córdoba..." (MDZonline 25/1). Los bonos cordobeses cayeron un 1,4% en pocos días. Un viaje de ida El pago de De la Sota no puede frenar una crisis que coloque a la provincia al borde de la cesación de pagos. El "equilibrio fiscal" depende de un nuevo y mayor endeudamiento cuestionado por la "cautelar". La recurrencia a la colocación de bonos en dólares para paliar el déficit fiscal (565 millones de dólares a 8 años de plazo, con una tasa de 12,5 % el último año) actúa a su vez como un "seguro de cambio" para los inversores, pero una espada de Damocles para la provincia, una devaluación oficial terminaría por mandar las cuentas públicas al tacho y al gobierno de De la Sota tras ella. El muerto se ríe del degollado Cristina ridiculizó el reclamo cordobés diciendo que en Argentina "una cautelar y un vaso de agua no se le niega a nadie". Pero, "lo preocupante es que el camino se ha iniciado y que el `efecto Córdoba´ puede terminar afectando al resto de las emisiones efectuadas por diferentes estados provinciales" (ídem). Después de la pesificación de Chaco y Tucumán, la crisis de la deuda cobra un nuevo empuje. Contrariamente a lo que pretende el kirchnerismo, la situación lo incluye ampliamente. "Ya en octubre pasado había rebajado la calificación de la deuda de Epec junto con otras compañías como TGS, Hidroeléctrica El Chocón y Edesa (Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta) ante los temores y modas pesificadoras imperantes en ese momento. También las preocupaciones de esa agencia de calificaciones se basaban en la probable traba al acceso de moneda extranjera" (ídem). Es la política K la que está en el centro de la "descalificación". Como se ve, provincia y Nación están envueltas en un intrígulis que pone al rojo vivo la crisis fiscal y el peso descomunal de los compromisos de la deuda usuraria. El juecismo señaló que la provincia es víctima de haber firmado un acuerdo oneroso y extorsivo pero... hay que pagar y aceptar lo que se firmó. Nosotros planteamos otro camino: El desconocimiento de la usura y el robo. Los fondos que Electroingeniería y de otros que han esquilmado a la Epec deben servir para restituir los fondos a la Anses, aunque está lógicamente debe ser colocada bajo la administración de los trabajadores y jubilados, de otra forma eso fondos irán a los usureros por otro camino.

La semana pasada el gobierno del PRO intentó seguir profundizando el plan criminal de vaciamiento de los hospitales públicos de la ciudad. El escenario en este caso fue el Hospital Santa Lucía. El servicio de Neurocirugía de este hospital no realizaba operaciones desde el agosto de 2012 por no contar con la dotación mínima de siete médicos en terapia intensiva. El 17 de enero pasado, sin mediar ninguna resolución firmada, el gobierno decidió separar a los cuatro médicos de terapia que quedaban, llevando al cierre del servicio. Rápidamente, los trabajadores iniciaron la firma de un petitorio, denuncias en los medios y realizaron un abrazo al hospital logrando el compromiso de la reapertura del servicio. En la ciudad abundan los cierres de servicios por falta de nombramientos, insumos, equipamientos y ejecución presupuestaria, que luego no son reubicados en otros nosocomios. El Hospital de Quemados dejó de atender niños por no contar con sala de Pediatría, algo parecido sucedió con el Centro de Dolor del Hospital Tornú reducido prácticamente a un solo consultorio, el cierre de la terapia intensiva del Hospital Durand en pleno brote de bronquiolitis, o el Hospital Alvarez que a un año de su incendio sigue sin recuperar su capacidad operativa ya que no terminaron ni la mitad de las obras necesarias. La crisis sanitaria no es una postal exclusiva de la capital, el mismo cuadro se vive en los hospitales nacionales y provinciales del país. Es una política común de todos los gobiernos sin importar si su filiación es PRO, K o del FAP. Todos han tomado el camino de la descentralización de recursos y frente a la crisis fiscal utilizan a la salud como una de las primeras variables de ajuste. Esto es un atentando más contra las condiciones de vida de los trabajadores usuarios del hospital público porque no poseen obra social y no pueden pagar atención privada. Hoy, un paciente oncológico tiene que esperar varios meses para acceder a una operación de la cual depende su vida. Los trabajadores y pacientes no observamos inmóviles esta situación, nos mantenemos en pie de lucha para defender la salud pública. Así lo demuestran la reacción de los trabajadores del Hospital Santa Lucía, los miles que participaron del abrazo al Hospital de Niños de La Plata, el paro del Hospital Lope de Vega de Moreno por falta de insumos, el corte de calles de los tercerizados del Finochietto de Avellaneda por mejoras salariales. Tenemos que avanzar por este camino, construyendo agrupaciones en nuestros lugares de trabajo para dar pelea y reclamar: aumento de presupuesto, nombramientos de todos los profesionales necesarios para reabrir los servicios cerrados, terminar con la tercerización de los servicios de cocina y limpieza y su pase a planta permanente, el 82% móvil, la eliminación del impuesto a las ganancias y la resolución de las carencias hospitalarias (insumos, mejoras edilicias y tecnológicas).

¿Estaba el renunciante Benedicto XVI amenazado de muerte? La advertencia fue conocida meses atrás, cuando se reveló el contenido de una carta confidencial que le envió el cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos. Castrillón la había escuchado de boca del arzobispo de Palermo, Paolo Romero: "el papa morirá en doce meses". El vaticinio resultaba de las intrigas y la corrupción reinantes en el Vaticano. Don Paolo fue trasladado a una "misión" en Estados Unidos. La revelación se filtró de una catarata de documentos secretos entregados por el mayordomo del propio papa, Paolo Gabriele. Para el más renombrado "vaticanista" del Corriere della Sera, Massimo Franco, la salida de Benedicto, es "inexplicable... sin la larga cadena de conflictos, maniobras, traiciones que pululan a la sombra de la cúpula de San Pedro". Según Franco, la dimisión papal habría sido acelerada luego de que conociera al respecto otro "informe secreto" de similar tenor elaborado por tres cardenales. La renuncia de Benedicto quiebra un tabú de seis siglos, pero más interesante aun es que deja en actividad a un Papa en retiro. Benedicto abandona la infabilidad (un don que se suponía irreversible) para conservar las más temibles de un conocedor de los entresijos del Vaticano y "urbi et orbi". Algunos jerarcas en Roma temen que un Papa reconvertido en Ratzinger saque el ventilador si es violado el "pacto secreto" con el ex mayordomo, que permitió sacarlo de la cárcel por una indulgencia papal. Es probable que el trauma psicológico del Papa descripto en la película "Habemus Papam" no fuera otro que el temor a ser asesinado. Finanzas vaticanas y crisis capitalista Es lo que también temía Ettore Gotti Tedeschi, el ex presidente del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el Banco Vaticano, un hombre de confianza del Papa que fue destituido de su cargo a fines de mayo último. "Temo que me maten", afirmó don Ettore, según escribió en una nota a sus amigos; "en el Vaticano he visto cosas que me dan miedo". Y agregó: "en el 'dossier' que les dejo encontrarán en tal caso las razones de mi muerte". El "dossier" de marras revelaba los chanchuyos celestiales del Banco, que incluían operaciones de lavado de dinero, tráfico con fondos millonarios de la mafia y porquerías de altísimos jerarcas de la propia Iglesia. Cuando días después de su destitución, el domicilio de Ettore Gotti Tedeschi fue allanado por la Policía italiana, el banquero se sintió aliviado: había temido que fueran sicarios. De acuerdo con el corresponsal de Clarín en Italia, Juan Carlos Algañaraz, el gobierno italiano decidió darle una protección especial al ex banquero del Papa porque sus confesiones y los documentos que entregó son "material incendiario". Benedicto acaba de decir que "el diablo se ha metido en el Vaticano"; se debe referir al financiamiento del Banco de Dios (como se conoce al IOR). La crisis capitalista golpeó muy tempranamente las finanzas del Vaticano. Desde 2007-2008, tuvo cinco años de pérdidas continuas. El titular del IOR, en el informe previo a su partida, había advertido que los peligros para Roma, en el siglo XXI, "no residirán en la expropiación de los bienes de la Iglesia sino en su pérdida de valor (...)". La Iglesia, se sabe, tiene inversiones múltiples y es parte del paquete accionario de grandes corporaciones (por ejemplo Beretta, uno de los principales fabricantes internacionales de armamento). Además, explota comercialmente en todo el mundo decenas de miles de inmuebles. Barbarie Hay un factor superlativo en la bancarrota vaticana: la pedofilia. En los últimos años ocho diócesis norteamericanas se declararon en bancarrota por no poder afrontar los gastos en los juicios contra los violadores y abusadores de niños de sotana. Sólo entre 2007 y 2009 la Iglesia yanqui pagó más de 1.000 millones de dólares. El Vaticano tiene por su cuenta expedientes de 4.000 casos de abusos -la punta del témpano. En Argentina tenemos al obispo Storni y al cura Grassi. En algunos casos, la pedofilia ha sido calificada de "endémica" por su carácter masivo y su extensión en el tiempo. En Irlanda incluye la reducción de niños a la situación de esclavitud en orfanatos y hospitales, los abusos en hogares para discapacitados, el tráfico con los chicos y todo tipo de latrocinios; una investigación reciente detectó estos casos desde 1930. La indignación popular obligó al gobierno irlandés a romper relaciones con la "Santa Sede". El propio Benedicto se encuentra acusado ante los tribunales alemanes y norteamericanos por encubrimiento y sabotaje a la investigación de toda esta saga. Algunas asociaciones de víctimas de pedofilia celebran la pérdida de inmunidad judicial que implica la renuncia. Mientras el Vaticano pedía perdón por los excesos, actuaba como una verdadera asociación ilícita de protección para sus afiliados. El caso más escandaloso es el de Marcel Maciel, titular de los Legionarios de Cristo. Mientras el hoy todavía Papa era el jefe de la "Congregación para la Doctrina de la Fe" (nombre bajo el cual se recicló la vieja Inquisición) durante el reinado de Juan Pablo II, se supo que Maciel era una bestia que cometió todo tipo de abusos, mantuvo relaciones sexuales con mujeres y hombres, abusó sexualmente de varios de sus seminaristas; que consumía drogas y ejercía un poder despótico sobre sus discípulos. Lo de bestia no es gratuito: en 2010, tres años después de la muerte de Maciel, uno de sus hijos, José Raúl González Lara, denunció que Maciel abusó sexualmente de él cuando era un niño. Maciel procreó dos hijos con la madre de González Lara, a quienes les puso otros apellidos. Todo esto se hizo público desde 2003, cuando todavía Ratzinger "custodiaba la fe" y Maciel había sido encumbrado al altar de "asesor principal" de Wojtyla -Juan Pablo II. Descomposición El cuadro de la situación de la renuncia de Benedicto revela un estado terminal. En Estados Unidos y Europa está planteada una suerte de vaciamiento generalizado de la Iglesia católica: parroquias sin personal, seminarios sin aspirantes, una decadencia generalizada. Abundan en la prensa mundial los especialistas que insisten en la guerra de facciones en la Curia Romana. La encabezan Tarcisio Bertone, el llamado "secretario de Estado" y número dos en la jerarquía del Vaticano, y Angelo Sodano, el poderoso titular del Colegio Cardenalicio, que en estos días han vuelto a enfrentarse en torno al nombramiento de un nuevo titular para el IOR, el banco "santo". Un último arbitraje del dimitido Benedicto terminó por colocar a un compatriota, al frente de la convulsionada institución financiera. Ernst von Frey, el nuevo banquero vaticano, era hasta ahora el capo de una antigua fábrica de armamentos teutona, los astilleros Blohm Voss de Hamburgo, de donde salió el crucero Bismarck, nave insignia de la marina de Hitler. Todo un símbolo. En este clima, los cardenales comenzarán a llegar a Roma para elegir al sucesor; más que un nuevo Papa, está en cuestión la elección del síndico de un enorme aparato en crisis. Un reflejo del derrumbe sin precedentes que sacude al mundo capitalista, "occidental y cristiano". El capital convirtió lo sagrado en profano; es hora, entonces, de que pase por el juzgado de quiebras.

Los trabajadores del Hospital de Niños de La Plata alertamos a la población que la falta de insumos y personal pone en riesgo la continuidad de nuestra atención como un centro de referencia pediátrica de alcance provincial y nacional. El proceso de desguace del hospital conlleva que los procedimientos diagnósticos y terapéuticos de mayor complejidad se limiten y privaticen. El vaciamiento es también un negociado para el gobierno, la burocracia sindical y los capitalistas, como se evidencia en las empresas tercerizadas de maestranza, cocina y seguridad. Sobrefacturan sus costos por servicios deficientes e instrumentan la flexibilidad laboral sobre los trabajadores. El cierre de la sala 26 de quemados, la crisis del servicio de cirugía que progresa al cierre, una guardia central que funciona con 2/3 médicos de planta para unos 200 pacientes, con cuatro horas de demora en la atención, se inscriben en el colapso sanitario de la provincia. La falta de personal se agrava con la miseria salarial, lo que motiva la fuga de trabajadores a los centros privados. El presupuesto provincial que votaron Scioli, los K y la oposición del FAP-UCR es el más bajo para salud de los últimos años. No contempla nuevos cargos ni nombramientos. Tampoco la inflación que elevará los costos de los insumos y los futuros aumentos salariales. Esta grave situación motivó un abrazo multitudinario al hospital el 6 de febrero, con más de mil trabajadores del Niños que incluyó a todos los sectores. Nos acompañaron muchos pacientes con sus familias. También organizaciones sindicales, estudiantiles y populares. El Partido Obrero participó activamente en esta lucha. El compañero Néstor Pitrola se hizo presente en el abrazo. Ante la falta de respuesta del gobierno convocamos a una movilización hacia el ministerio de salud en el marco del paro votado por la Cicop y la regional de ATE el 14 de febrero. La decidimos y preparamos a través de una masiva asamblea general. Partimos de la puerta del Niños con una columna muy numerosa y reuniendo a trabajadores de muchos hospitales y centros de salud. Fue la movilización más grande de la salud en el marco del paro del 14, pero nadie nos recibió en el ministerio. A través de la lucha reincorporamos a Fede Cisneros, trabajador cesanteado de maestranza. Tribuna de Salud jugó un papel decisivo que contrasta con la pasividad que caracterizó a las conducciones de ATE y Cicop del hospital. La verde de ATE hizo una movilización de aparato y no apostó a la verdadera organización de los trabajadores. La situación precaria de la Cicop en el Niños plantea la necesidad de que los profesionales y residentes nos afiliemos en masa al sindicato para reconstruirlo y ponerlo al servicio de los trabajadores. El 25 de febrero está planteado un paro provincial de la CTA, en donde se nuclean ATE y Cicop, junto a los docentes que van al no inicio de clases. Redoblemos nuestras fuerzas para frenar el desguace sanitario en la provincia. Para preparar el paro hay que desarrollar asambleas generales en los lugares de trabajo, plenarios de delegados y desenvolver una intensa campaña contra el ajuste de Scioli y los K.

El decretazo docente nacional le vino como anillo al dedo a Macri para cerrar a la baja la paritaria de la Ciudad. Las reuniones en la Ciudad comenzaron en enero pero se suspendieron "a la espera de la resolución de la paritaria nacional" con el acuerdo de UTE. Ahora, se retoman con el parámetro del 22% por decreto. Como se ve, las cartas están sobre la mesa, para que Macri aplique un ajuste con el libreto del gobierno nacional y la complicidad de los K de los sindicatos docentes. Esta "manito" a Macri en la paritaria viene de la mano de un nuevo ataque contra la educación pública del Gobierno. La noticia del verano fue la reducción de los programas de colonias, en una línea de desguace que viene de años. En febrero, la junta interna de ATE del Ministerio de Educación denunció la falta de pago a los trabajadores de planta transitoria docente: en el Ministerio informaron que estaba pendiente la renovación de los contratos. Finalmente, el Ministerio se comprometió a pagar los salarios para el 1º de marzo, con meses de atraso. Se prevee, además, una nueva ofensiva con el "decreto 1990" que habilitó el año pasado el cierre de casi 100 cursos y grados en las escuelas de la Ciudad. La parálisis de la UTE frente a esta situación es pasmosa. Los acuerdos entre la UTE y el Gobierno de la Ciudad han ido lejos. Este año se creó un nuevo cargo por fuera de estatuto, el maestro acompañante de trayectorias escolares (Mate). Será designado por los directores, en un nuevo avance contra el régimen de ingreso previsto por el estatuto. El cargo fue propuesto por la UTE y "aceptado" por el ministro Bullrich. Los docentes de la Ciudad vuelven a las aulas en este cuadro. Ademys ya anunció que pararía el 25, en rechazo al decretazo de Sileoni y por los reclamos de la docencia de la Ciudad. Vamos por la organización de asambleas masivas por escuela y distrito, involucrando a la masa docente que está afiliada a UTE. Tribuna Docente se prepara para intervenir distrito por distrito y escuela por escuela por un plan de lucha por el 35% de aumento salarial, contra el ajuste del gobierno nacional y Macri, y por todos los reclamos de la educación porteña.

Viernes, 8 de febrero de 2013 Acabo de leer la prensa y revisar la página del partido... y ahí van las críticas: ¿ni una palabra sobre el aumento de las dietas de diputados y senadores? Debería ser un eje de campaña: el gobierno barato, como lo planteaba la Comuna de París, que ningún funcionario cobre más que un obrero especializado... que la política no sea un medio de enriquecimiento de vivillos y corruptos... es un tema urticante, que genera indignación en la población y en los trabajadores en general. Estamos gobernados por millonarios (encima, se enriquecieron violando incluso las reglas del propio capitalismo, afanando desde la función pública, o como Macri haciendo negocios con el Estado como toda la burguesía "nacional"). Tenemos que atacar a todos estos parásitos y ladrones... sigue la cleptocracia.

Los periódicos de la izquierda denuncian la farsa del “congelamiento” de precios, cuyo objetivo es ocultar la inflación y presionar hacia abajo las paritarias. Sin embargo, las alternativas que vislumbran son diversas. El PCR destaca los “avances hacia nuevas medidas de lucha, tanto en las centrales obreras y demás organizaciones que vienen en unidad para la lucha, como en la multisectorial que integran la CTA, CCC, Barrios de Pie, MST Teresa Vive, FAA, FNC, Originarios en Lucha y la FUA”. No explicita en qué consisten dichos “avances”, ni reclama un plan de lucha a las centrales obreras y sindicatos (Moyano y Micheli han descartado un paro general). El PTS reclama “asambleas y plan de lucha”, mientras IS, en tapa, “aumento salarial sin techo”. En relación con el proceso político-electoral, Alternativa Socialista, del MST, rechaza la posible unión entre “la vieja UCR y sectores importantes del FAP”, porque “representa a la Alianza que llevó al país al desastre del 2001”. Critica a Binner y a Tumini por promover pactos con Prat Gay o Gil Lavedra, pero omite a Pino Solanas, quien “no descart(ó)” un frente que incluya a los radicales. Pino destacó que “nos unen muchas cosas”, cuando se mostró en los medios junto a Terragno, Stolbizer y Roy Cortina. La CRCR, la flamante ruptura del PCR, reivindica a “Proyecto Sur en el 2011”, y pone a Binner entre aquellos que “no son una salida para el pueblo”. El MST y la CRCR tienen un problema: su proyecto de pluralidad política, abierto a diferentes culturas, abierto y futurista, no encuentra socorristas ni rescatistas en el naufragio. Libres del Sur embellece y convoca a ex banqueros y aliancistas, con el noble objetivo de “desplazar de la mayoría política de la Ciudad al macrismo y al kirchnerismo” -más bien conseguir el tercer senador en disputa. “Con Alfonso Prat Gay, Victoria Donda, Ricardo Gil Lavedra, María Eugenia Estenssoro y otros destacados referentes -se entusiasma Tumini, quien en una época abrazaba causas no electorales-, hemos dado los primeros pasos fundantes de un gran espacio político electoral”. Repite lo que dijo en 2004 cuando abrazó el kirchnerismo. Por twitter, Tumini acaba de saludar la mega devaluación del bolívar fuerte de Venezuela. El PTS insiste en su giro reciente de dar “batalla en las elecciones para que tenga voz una izquierda de los trabajadores con una campaña activa de apoyo al FIT, que debe actualizar su programa para llegar a millones”. La naturaleza de la actualización no es explicitada. IS plantea que “el FIT se tiene que preparar, postulando sus propuestas y precandidatos, con Jorge Altamira, Christian Castillo, José Castillo, Néstor Pitrola, Liliana Olivero, Juan Carlos Giordano”. El periódico Hoy, que apoya al FAP radical-cívico-socialista, sorprende con una demoledora crítica al “socialismo y el Frente Cívico y Social (que) gobiernan la ciudad de Rosario desde hace más de veinte años y la provincia hace cinco. No pueden desentenderse del problema [del narcotráfico]. El modelo agroexportador y sojero, se extiende en nuestra provincia. Y ese modelo es consustancial con el mantenimiento de la pobreza y la exclusión en vastos sectores de la ciudad, de la capital Santa Fe y de toda la provincia”. En 2008, el capital sojero representaba para el PCR el componente “campesino” de la gran alianza revolucionaria con la clase obrera. En el caso de Marea Popular, Itaí Hagman, en un portal, dedicó sus dardos contra el blanco obvio: Macri. Cuando denuncia, sin embargo, que “se amplió la brecha entre norte y sur. Aumenta la mortalidad infantil mientras se vacían los hospitales. Aumentan los subsidios a las escuelas privadas. Sigue la desregulación del mercado inmobiliario”, se olvida que eso mismo caracterizó a los gobiernos anteriores en que militaban los kirchneristas (sea el menemismo o la Alianza) y al propio gobierno K y al conjunto de sus gobernadores. Marea Popular es un reflujo de aguas hacia el kirchnerismo.

El inicio de las obras del gobierno porteño para instalar el llamado "Metrobus" en la Avenida 9 de Julio suscitó un curioso cruce entre el gobierno nacional y el macrismo, a raíz de la quita de árboles de la avenida. Este choque -al parecer por la defensa de los árboles que hacen la presidenta y de los intelectuales K, acérrimos defensores de la megaminería contaminante- busca ocultar que la crisis producida por el Metrobus es una expresión más del colapso del transporte urbano en el área metropolitana, del cual Macri y los K son responsables. La centroizquierda -como Proyecto Sur, que participa de las protestas- actúa como segundo violín del gobierno nacional. Más caos De acuerdo con el plan establecido el Metrobus tendrá su recorrido por la avenida 9 de Julio y servirá para que circulen las líneas de colectivos que realizan su recorrido por las calles del centro, que serán progresivamente peatonizadas. Muchos especialistas sostienen que el resultado será un mayor caos de tránsito en la principal arteria de la zona -la avenida 9 de Julio-. A la vez, el recorrido del Metrobus se superpone al que realiza la línea C del subte, cuyo estado actual es de total colapso. Con una frecuencia que llega a los casi 5 minutos es claro que con una fuerte inversión podría lograrse incrementar drásticamente la cantidad de pasajeros y alivianar el tráfico de vehículos particulares y colectivos. Sin embargo no existe ningún plan en ese sentido. La mitad de los vagones de la línea C necesita una reparación integral. La última compra de coches data de 1999. La desinversión en el subte en general y en la línea C en particular ha sido responsabilidad de ambos gobiernos. Los millones de pesos de subsidios entregados fueron dilapidados por Benito Roggio y por los empresarios del transporte de colectivos, y dieron lugar a una mayor concentración del negocio. En ningún caso se veló por un uso de esos subsidios para modernizar la red de subterráneos. El kirchnerismo, ahora, quiere sacarse el peso de encima mediante la transferencia del servicio a la Ciudad, como parte de una política de "tercerización" del ajuste del gobierno nacional. El macrismo se valió de esto para impulsar un tarifazo en ese servicio y para crear una nueva "caja negra" -como la de Ausa con las autopistas-. Pero ese tarifazo viene a financiar la misma estructura parasitaria que existió durante todos estos años. El gobierno nacional pretende dar un paso y transferir las 33 líneas de colectivo de la Ciudad, como quedó establecido en la Ley de traspaso votada por el Congreso. Dicha transferencia vendrá de la mano con la reducción de los subsidios, lo que llevará a que haya tarifas diferenciadas dentro del propio transporte de colectivos. La propia diversidad de tarifas a la que marchamos habla a las claras de que el colapso del transporte parte de las propias medidas de los gobiernos. Si internacionalmente se considera que hay que favorecer el transporte del subterráneo en detrimento del colectivo, aquí se hace lo contrario ya que el incremento de las tarifas del subte desalientan su uso. Hay una salida El Metrobus de Macri -al igual que los recientes anuncios de Randazzo en el Sarmiento- no representan ningún plan de salida al derrumbe generalizado del transporte, sino que operan como parches sin ningún impacto real sobre un sistema de transporte vaciado, con usuarios que viajan como ganado y con trabajadores sumidos en una fuerte precarización laboral. La única salida es una reorganización de conjunto del transporte, a partir de una planificación dirigida por los trabajadores, por los usuarios y por organizaciones ambientales. Esta planificación es incompatible con los grupos capitalistas que manejan las principales empresas de transporte público, ya que priorizan una disputa por los principales recorridos superponiendo líneas en una misma zona. Esta distorsión se ha incrementado con los subsidios del gobierno, debido a que el beneficio de las empresas se independizó del servicio que prestan. Una reorganización y planificación debería plantear la integración de la caja de Ausa al presupuesto general, para hacer una transferencia de recursos que desaliente el transporte automotor privado y priorice otras vías de transporte. Asimismo, se debería plantear la apertura de los libros contables de todas las empresas, el respeto al convenio colectivo de trabajo y seis horas de jornada laboral para todos los trabajadores del transporte.

En junio de 2011, el Sitraic, acompañado de otros organismos de derechos humanos y patrocinado, entre otros, por Apel, radicó la denuncia para que se investigue la participación de Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra y sindicalista “oficialista”, como agente de inteligencia civil de la dictadura en el Batallón 601, en cuya lista oficial figura. El juez Lijo pasó más de un año sin contestar ninguno de los escritos de los denunciantes; ni siquiera admitiendo o rechazando su carácter de querellantes. En noviembre de 2012, dictó una resolución archivando la causa, sólo veinticuatro horas después de un pedido del fiscal Di Lello en ese sentido. Esa resolución fue apelada por el Sitraic y los otros denunciantes. Pero la presión oficial para el archivo de la causa no se agotó en el fallo de primera instancia. Además, se postergó largamente el tratamiento de la apelación. Todo este proceso fue acompañado por la denuncia y la movilización. Finalmente, la Sala II de la Cámara Federal en lo Correccional y Criminal, en un contundente fallo, ordena reabrir la causa, permitir el acceso a los denunciantes a ella (incluido los registros de inteligencia), y admitir como querellantes a las organizaciones de derechos humanos que acompañaron al Sitraic, como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y otras. Apoyémonos en esta victoria para garantizar el avance de la investigación con una campaña política que acompañe el impulso judicial.

Un debate acerca del gobierno obrero, los soviets y el papel del partido revolucionario ha confrontado al Partido Obrero con el PTS, ambos del Frente de Izquierda en Argentina. El debate tuvo un origen inusitado. Jorge Altamira había sido invitado por el PTS a participar del lanzamiento de una nueva edición de Mi Vida, de León Trotsky -invitación honrosa que, para honor del PTS, Altamira aceptó. En la mesa de presentación que compartió con el PTS, Altamira, obviamente, desarrolló conceptos políticos que no son los del PTS. Christian Castillo, el otro expositor, resaltó la personalidad de Trotsky por medio de numerosos ejemplos. La reseña realizada por el PTS de la actividad estuvo dedicada a criticar la intervención de Altamira. Cuando Christian Rath, en Prensa Obrera, ejerció el derecho de defensa ante ese exabrupto, reforzó la posición desarrollada por Altamira, que no es otra que la posición marxista; el PTS replicó, otra vez, para desarrollar una polémica propia del bizantinismo. La esencia del planteo del PTS es que “el siglo XX dejó planteados dos tipos de régimen opuestos: aquel basado en los organismos de autoorganización de las masas como los Soviets, el modelo de la III Internacional conducida por Lenin y Trotsky, o dictaduras bonapartistas donde una casta burocrática parasitaba las bases sociales del Estado Obrero”. Reducir toda la experiencia revolucionaria del siglo XX a la pugna entre dos “modelos”, es un ejercicio típico de la academia, el resultado de un curso de posgrado. La desgracia del siglo XX habría consistido en que, lamentablemente, China, Cuba, Vietnam, Yugoslavia, Rumania, Hungría, Polonia, etc., y hasta la propia Unión Soviética (con Stalin) habrían optado por el “modelo” equivocado, incluso después de haber practicado, en alguno de esos casos, el ‘modelo’ correcto. ¿Cambiarán las opciones de este ‘dual choice’ con el surgimiento del PTS? Probablemente no, porque el PTS sostiene que el partido no es el eje estratégico en esta confrontación. ¿Cuál es la solución para este drama? (que, un detalle no menor, costó la vida a millones de obreros y campesinos). Simple como 2 + 2: no hace falta tener una comprensión dialéctica de la historia, ni estudiar la siempre complicada economía; el partido revolucionario debería declarar, de antemano, su compromiso con una “arquitectura institucional” correcta: la democracia obrera y la auto-organización de las masas. Este ‘modelo’ se salta, sin embargo, un paso fundamental: que los soviets también degeneran y que la autoorganización se convierte en su contrario. No es por casualidad que la propaganda del caudillaje autoritario insista en la “democracia directa”, porque en ausencia de un partido revolucionario la autoorganización o basismo tienden a convertirse en la “comunidad organizada”. La degeneración de los soviets es el resultado de un proceso histórico desfavorable y, fundamentalmente, de la degeneración del partido obrero que los llevó al poder. Antes de que se impusiera el ‘modelo’ equivocado de construcción política pos capitalista, ese ‘modelo’ se había impuesto a sangre y fuego en la III Internacional. Sin la degeneración de ésta, no hubiéramos asistido a la “crisis de dirección” que frustró numerosos procesos revolucionarios. Rath, en su respuesta al PTS, dio el ejemplo de la insurrección de octubre (1917) decidida por el Comité Central bolchevique (dividido, varios miembros del CC votaron en contra, como se sabe) sin consultar a la dirección de los soviets, que la aprobó posteriormente. ¿Estaba, con eso, proponiendo un “modelo” del tipo: el partido decide y los soviets aprueban? Se encontraba muy lejos de esta pedantería. Lo muestra el debate por la toma del poder, que se desarrolló antes con mucho dramatismo en el partido bolchevique; Lenin amenazó, ante la oposición que encontró a su planteo de insurrección, con apelar a las bases contra la dirección del partido. Las “bases”, tanto de los soviets como del partido, se encontraban por encima de la “dirección” del partido (no fue éste el único episodio de la revolución rusa en que la base -de los soviets, o de otros organismos- estuvo a la izquierda del partido). Lo que esto demuestra es que ni soviets ni partido son categorías fijas; que en ambos se refracta la lucha de clases, o sea la historia; y que la superación de esta confrontación dialéctica (hasta la superación de la sociedad clasista) es la praxis (teórica y práctica) de la construcción del partido obrero revolucionario. En la revolución alemana, inmediatamente posterior, las bases de los consejos (räte) llegaron a estar muy a la izquierda del PCA, que vaciló de modo sistemático. En 1920, éste se mantuvo políticamente al margen de la derrota del golpe militar de Kapp, que abrió la posibilidad de un “gobierno obrero y campesino”. En 1921, el PCA decretó una insurrección (la “acción de marzo”) cuando las masas no estaban preparadas para ella (terminó en catástrofe). En 1923 abortó una insurrección armada que él mismo había preparado, mientras las bases peleaban en varias ciudades con armas en la mano. Lo que hay de común en ambas situaciones es que cuando la dirección política de las masas se equivoca, o traiciona, la revolución fracasa. No se trata, sin embargo, de una conclusión con carácter absoluto, pero la lucha por el poder es, en definitiva, una lucha de partido. En 1921, en Rusia, cuando los soviets estaban vaciados, después de la guerra civil, si se hubiesen convocado elecciones libres (de los soviets), los bolcheviques las habrían perdido. Los partidos pro capitalistas habían impulsado la reconstrucción del Estado burgués, agitando la “democracia obrera”. Los bolcheviques se plantearon la cuestión en su X Congreso, explicítamente, en esos términos, y decidieron mantenerse en el poder en forma autoritaria. Lenin consiguió incluso que se suspendiesen temporariamente las fracciones en el propio bolchevismo, pues hasta ellas acarreaban el peligro del fin de la dictadura proletaria (“dictadura proletaria contra el proletariado”, ironizó entonces la -disuelta- “Oposición Obrera” de Chliapnikov y Kollontaï). ¿Fue un error? Lo cierto es que allí donde fue derrotada la revolución, lo que vino fue el fascismo, no la democracia burguesa. No estamos obligados a arrodillarnos ante cada decisión de los bolcheviques (el PTS repite “de Lenin y Trotsky”, como si los otros dirigentes hubieran sido de palo), pero sí estamos obligados a denunciar a los que pretenden que todos estos problemas (el implacable cerco capitalista contra la revolución, el desfallecimiento de las masas o, al contrario, su ímpetu revolucionario “excesivo”: julio 1917, en Rusia, tal vez noviembre 1923 en Alemania), enormes problemas planteados por la revolución y la contrarrevolución, siempre diferentes -porque la historia avanza sobre los caminos pavimentados por el pasado, pero crea siempre terrenos nuevos, que originan situaciones inéditas- pueden ser simplemente contorneados por un estatuto de garantías en favor de la auto-organización de las masas y de la democracia obrera, surgido de la cabeza de un ‘pensador’ bonaerense que leyó a Lenin y Trotsky (no a los otros). Sobre el drama del X Congreso bolchevique, hay que leer la intervención de Karl Radek, quien, en ese momento, la tuvo más clara que los otros (que tampoco eran de palo). La democracia obrera es un arma para luchar por la organización de la revolución, pero que empeña un partido revolucionario. En relación con esto habría que discutir la experiencia latinoamericana: la revolución boliviana de 1952, la Asamblea Popular de 1971, la experiencia argentina de 1969 y de 1974-1975, el papel de las corrientes trotskistas. Pero el PTS no asume la trayectoria de su propia corriente histórica: nació de un repollo o lo trajo la cigüeña. El PTS selecciona su propia historia, con métodos académicos, como el comensal que elige un menú. El PO nació asumiendo una historia y construyendo la propia en una lucha concreta de partido, en la etapa más convulsiva y violenta de la historia nacional e internacional. El debate sobre partido y democracia obrera alinea al PTS en las corrientes que adulteraron la crítica al régimen stalinista, y la convirtieron (al igual que las tendencias pablistas y morenistas) en una crítica democratizante, que absolutizan el basismo y reniegan de la función histórica del partido. Para las corrientes que se desemembraron del morenismo, “la crisis de la humanidad” no es “una crisis de dirección” sino de ‘representación’.

Si se compara el fallo del juez Claudio Bonadío, en la primera instancia, con el producido por la Sala II de la Cámara Federal, en la apelación, dos meses después, se observan diferencias sustanciales. El juez sobreseyó, correctamente, al maquinista que protagonizó el accidente, Mario Antonio Córdoba, a quienes los titulares de TBA hacían responsable de la masacre. Los jueces de la Cámara lo imputan ahora, con el mismo nivel de responsabilidad que los titulares de TBA o el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, de la burocracia de La Fraternidad, cuando el maquinista es una víctima de la asociación ilícita que preparó el escenario de la masacre de Once. En las comunicaciones previas que figuran en el expediente, el 15 de febrero de 2012 -siete días antes de la masacre-, reporta: "Tengo un problemita, me está costando un montón frenar. No me levanta más de dos kilos (el equipo debe llegar a 8,5). En segundo lugar, el juez procesó a los ex secretarios de transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, así como a los empresarios de TBA, por ser parte de una asociación ilícita "organizada por los accionistas, directivos y gerentes actuantes en TBA, por medio de actos de administración infiel de los fondos públicos transferidos por el Estado Nacional". El juez añadió que los funcionarios y los integrantes de los organismos de control "cuando detectaban anormalidades omitieron accionar en consecuencia". Schiavi, dice el fallo, tuvo conocimiento reiterado del mal estado de los trenes de TBA a través de informes de la CNRT (organismo de control). Sin embargo "como autoridad máxima de la secretaría de Transporte no tomó ninguna medida al respecto". Jaime, secretario anterior, al igual que aquél, "no tomó siquiera una sola medida tendiente a revertir la precariedad en la cual la empresa TBA prestaba el servicio". A los dueños de TBA, a los hermanos Cirigliano, y al ex presidente de la empresa, el juez los procesó por estrago doloso a raíz de los delitos de descarrilamiento agravado por muertos y lesionados, asociación ilícita y defraudación contra el estado. Pero la Cámara Federal resolvió que todos los procesados -empresarios, funcionarios y ejecutivos- están en un nivel similar de imputaciones y responsabilidad, pese de estrago doloso a culposo. ¿Qué significa esto? Que quien provocó el daño lo hizo "por imprudencia o negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos". Desaparece la "asociación ilícita" o la "prefiguración del delito", y la pena no puede exceder de los cinco años de prisión. Al mismo tiempo, la prisión que el juez había dictaminado para los empresarios titulares de TBA -a la vez de Cometrans y Grupo Plaza- quedó en suspenso. El fallo de la Cámara habría sido recibido "con alborozo" en las oficinas del holding controlante de TBA (Ambito, 14/1). En particular, los abogados de los empresarios "celebraron que la Cámara haya revocado el sobreseimiento del maquinista Marcos Antonio Córdoba... que será la figura central en el debate oral por presunto estrago" (ídem). Desguace de la causa Es cierto que los jueces de la Cámara agravaron la situación de los ex funcionarios por la expectativa de penas, que, sumadas, podrían llegar a superar los diez años. Pero ello es parte de la construcción de un escenario que deja afuera a los empresarios, y vuelve a imputar al maquinista. Según informan varios medios, los abogados de TBA pedirán ahora a la Sala II de la Cámara de Casación que todo lo actuado en materia de los subsidios que la firma cobró y malversó pase a manos de otro juez. Se consumaría así un desguace de la causa. Anteriormente, ya se había separado la parte de la causa que investiga irregularidades en la búsqueda del cuerpo del joven Lucas. Mientras los privatizadores siguen sosteniendo sus negocios con el Estado, en el plano judicial se ensaya un cuidadoso operativo dirigido a aminorar la carga de sus responsabilidades.

El 26 de febrero se cumple el 7º aniversario del crimen de Paulina Lebbos. La Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad ha convocado a una jornada de lucha contra la impunidad, que está concitando enormes muestras de apoyo. Marita Luego del juicio fraudulento por Marita Verón, Alperovich pretendió retomar la iniciativa política, dando inicio a un Jury de enjuiciamiento al tribunal que dictó el fallo absolutorio, removiendo a la cúpula del Ministerio de Seguridad y dando la baja de 216 oficiales y suboficiales de la policía. Sin embargo, hay un proceso de descomposición imparable: en los últimos 15 días fueron removidas las cúpulas de tres comisarías de la capital, por apremios ilegales y hasta por denuncia de abuso sexual contra miembros del propio personal policial. Los jueces cuestionados han denunciado “las responsabilidades que le cabían (a Alperovich) como cabeza del PE en la investigación policial del caso Verón” (La Gaceta, 10/2) y amenazan con transformar en un boomerang la ofensiva contra el tribunal y llevar al banquillo al gobernador. Paulina A diferencia de Susana Trimarco, Alberto Lebbos, el padre de Paulina, ha dirigido sus denuncias, como vocero público de la Comisión de Familiares, sobre Alperovich. Alperovich había dicho conocer a los asesinos y sin embargo la Justicia nunca lo citó a indagatoria. El personal policial que intervino cometió gravísimas irregularidades, y fue ascendido. Lebbos es querellante, pero nunca pudo acceder a los expedientes. Recorrió todas las instancias de la Justicia y del poder político denunciando estas irregularidades. Hace un par de semanas, el gobierno nacional nombró, desde la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, un representante legal, cuya misión se desconoce. La Mesa del Diálogo El frente “opositor” patronal, liderado por la UCR e integrado por el PRO, bussistas, el FAP, DC, CC, Libres del Sur, la CGT y la CTA, han tomado el caso Paulina y la convocatoria del 26 como eje de una campaña. Es pura pirotecnia electoral. La mayoría de este rejunte “opositor” nunca participó de las 363 marchas por Paulina. Este frente está planteando que ingresen los justicialistas disidentes de derecha y los republicanos (bussistas). Se utiliza el reclamo por Paulina para desarrollar un ajuste de cuentas en la burguesía tucumana. El 26 Tucumán está envuelta en una crisis general. La semana pasada el municipio de Bella Vista fue ocupado e incendiado, luego de que numerosas familias sin techo fueran desalojadas de un predio que ocupaban. La semana anterior había sido ocupada la comuna de Villa Carmela, una de las más populosas de la provincia. En la docencia ha emergido nuevamente un movimiento autoconvocado. En el frente azucarero existe una crisis de magnitud. El descontento popular está creciendo. El Partido Obrero denuncia al gobierno y las imposturas del frente “opositor” y llama a movilizarse en forma independiente. Por Marita, por Paulina, para desmantelar a las mafias de la trata y la droga, llevemos al banquillo a Alperovich y a todos los funcionarios judiciales, políticos y policiales comprometidos. Marchemos el 26 por el desmantelamiento de la mafia tucumana sostenida por todos los gobiernos.

La cercanía del aniversario de la masacre de Once ha llevado al gobierno a multiplicar los anuncios de una ‘revolución en las vías’. Es un intento de neutralizar la movilización del 22 de febrero, sin erradicar el sistema de 'concesiones' en beneficio de los capitalistas amigos ni impulsar a fondo la condena penal de todos los responsables. Se ha anunciado la compra de vagones de China -sin licitación previa- que llegarán en 2014. Por enésima vez, se ha ‘lanzado’ el soterramiento del Sarmiento y, al mismo tiempo, la construcción de pasos a bajo nivel. Otra campaña oficial anuncia pantallas especiales en las estaciones y hasta en los celulares. Pero los servicios se siguen interrumpiendo, los colectivos van atestados y continúan los descarrilamientos, como el que ocurrió el pasado lunes 11 frente a la estación Moreno. Otra operación quirúrgica El asesinato de Mariano Ferreyra puso de manifiesto al ‘triángulo corrupto’ de los privatizadores, la burocracia sindical y el Estado, a cargo de un régimen de malversación de subsidios y precarización de los trabajadores. Cuando llegó a la Secretaría de Transporte, Randazzo acusó a las direcciones de La Fraternidad y la UF de "cómplices y responsables del vaciamiento ferroviario en los 90" (Página/12, 13/1), e insinuó una reestatización de las concesiones. En relación con la reciente intervención a otro ferrocarril vaciado, el Belgrano Cargas, el gobierno anunció que "después de que el Estado sanee la empresa, incorporará en el mediano plazo a socios privados" (Página/12, 5/2). En el caso del Sarmiento y de las otras líneas de pasajeros, Cirigliano ha sido apartado de TBA, pero mantiene el filón más jugoso: los contratos de reparación y mantenimiento de vagones y vías, a través de la empresa Emfer. Lo mismo ocurre con Roggio y con Romero. Cirigliano negocia la venta al exterior de las unidades que había comprado para el (fracasado) tren a Uruguay. Esa descapitalización del sistema ferroviario se está realizando en las narices del gobierno.

La dirigencia bolivariana de Venezuela está haciendo más grave una situación de por sí difícil. Hugo Chávez ha sido remitido al Hospital Militar de Caracas, pero sigue sin conocerse nada de su estado de salud. Se ignora si el regreso obedece a que el presidente ha recuperado las condiciones para ejercer el gobierno, si es para permanecer internado por un tiempo indefinido o si simplemente no puede morir en otro lugar que en su propio país. El ocultamiento de la condición de salud de Chávez no encuentra otra explicación que el impasse acerca del rumbo político que impone cada una de esas alternativas. La oposición hace circular la especie de que el Tribunal Supremo le tomaría juramento en su lecho de enfermo, sin que medie una transmisión televisiva. Este procedimiento no resolvería ningún problema, sólo buscaría cubrir con un manto de legalidad al directorio que ejerce el gobierno en las circunstancias actuales. El sigilo con que la cúpula chavista tramita la condición de su jefe funciona como una conspiración contra las masas bolivarianas, que son privadas de los elementos que le permitirían deliberar sobre lo que debe ser hecho. No es un acto de protección frente a la derecha o a los Estados imperialistas, que tienen los medios para hacerse un cuadro más o menos aproximado de la situación real. El debilitamiento político del gobierno de Venezuela, como consecuencia de la condición de salud de Chávez, ha acentuado el ostracismo de la oposición de derecha -lo que debería resultar paradójico. Ni siquiera ayuda a remediar este marginamiento la mega devaluación de la moneda y el aumento de la desorganización económica. Ocurre, simplemente, que los derechistas no tienen unidad de programa ni de intereses. El ala más ‘extrema’ continúa despotricando contra los planes sociales y el derroche de los recursos petroleros -o sea que está en línea con la privatización e internacionalización de PDVSA. Bajo la influencia del uribismo colombiano y del ‘tea party’ norteamericano, trabaja para desbaratar las negociaciones de paz con las Farc. Capriles, el ex candidato a presidente por la oposición unificada, se afana por tender un puente a los planes sociales vigentes e incluso parece apoyar la gestión del gobierno de Colombia. La propaganda oficialista, de todos modos, ataca a los opositores sin distinciones sutiles, incluso porque podría considerar más peligrosos a los conciliadores que a los ‘extremos’. Los conciliadores, por su lado, se aferran a la tesis de que Diosdado Cabello, un general que ocupa la presidencia de la Asamblea Nacional, representaría a una tendencia chavista que quiere poner distancia con Cuba, a diferencia de la que encabeza el vicepresidente, Nicolás Maduro. La jura de Chávez en el hospital sería un refuerzo para Maduro. La megadevaluación del bolívar fuerte ha puesto de manifiesto una vulnerabilidad colosal de la economía chavista. Con un precio del petróleo por las nubes, Venezuela ha contraído, sin embargo, una deuda externa enorme, que ni siquiera puede justificarse por la necesidad de inversiones de PDVSA (deuda de características ficticias, que el kirchnerismo pareciera querer tomar como ejemplo). Es que el país ha financiado las importaciones, a cargo del sector privado, con la emisión de títulos dolarizados, que se compran en moneda nacional y se cancelan en dólares a su vencimiento. Los importadores revenden los bonos en Nueva York, a un tipo de cambio cercano al paralelo, y usan los bonos para introducir mercancías en Venezuela a precios imbatibles. La economía ‘nacional y popular’ ha llenado los bolsillos de los especuladores, que se reparten entre boliburgueses y escuálidos, como nunca. Una de las medidas principales que acaba de tomar el gobierno ha sido derogar este sistema, que ha servido para ordeñar a las finanzas venezolanas por más de un lustro. Pero todavía les queda encontrar un sustituto a esta perversidad. La crisis mundial en curso se distingue de la del ’30, en lo que hace a América Latina, en que, en lugar de arruinar su economía rentista, la ha potenciado. Esto tiene que ver con la demanda de China. El desarrollo de la crisis industrial, en especial en Europa, revertirá oportunamente esta situación. La acentuación del rentismo minero o agrario ha golpeado la industrialización; el caso más grave quizá sea el de Ecuador, cuya moneda es el dólar. El área de países bolivarianos no ha visto otra salida que orientar los beneficios rentistas hacia programas sociales de contención política, en especial allí donde se manifestaron irrupciones revolucionarias (Bolivia, Ecuador y Venezuela, pero también en Argentina). Venezuela enfrenta el agotamiento de este ‘modelo’, pero lo mismo ocurre en toda América Latina, bolivariana o no. El gobierno de Venezuela debe dar a conocer los partes médicos acerca de la salud de Chávez. Este conocimiento impulsará una deliberación política entre las masas populares, la única salida verdadera.

Desde hace más de dos meses, los vecinos de Saavedra vienen desarrollando una intensísima actividad consistente en asambleas, cortes de calle y movilizaciones en el barrio, con tres reclamos centrales: plan de obras ya para evitar las inundaciones, no al cemento en el Parque Saavedra y a los aumentos del ABL en esta zona inundable. Las dos últimas movilizaciones adquirieron la forma de Marchas de los Paraguas alrededor del Parque Saavedra, que logran el apoyo solidario de los vecinos que en gran cantidad utilizan todos los días este hermoso parque. Hasta ahora estas movilizaciones y el estado de alerta permanente mediante cadenas telefónicas, han tenido el enorme mérito de frenar tres obras que, en lo sustancial, significaban sumar más cemento a un parque y a un barrio que cuando llueve se inundan. Se ha conseguido también que funcionarios del Gobierno de la Ciudad, junto a una delegación de vecinos designados por la asamblea, bajaran a inspeccionar el entubamiento del arroyo Medrano sin encontrar evidencias importantes de obstrucción en el mismo, pero lo que no se pudo hacer fue verificar la desembocadura en el Río de La Plata que sí estaría obstruida y no se le realizarían los dragados que corresponde. El grave problema de las inundaciones, que afecta a toda la cuenca del arroyo Medrano, está completamente bloqueado. El macrismo tiene frenadas las obras e inversiones contempladas en el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico (puede verse esto en informe de la auditoría de la ciudad) y, en lo que respecta al Medrano, este ni siquiera figura en los planes del GCBA hasta 2015. Por otra parte, la incidencia en las inundaciones con la construcción de Tecnópolis en terrenos de Villa Martelli, que junto con la laguna que allí existe constituían un conjunto aliviador en las crecidas del Maldonado, no recibe la menor atención por parte del gobierno nacional que privilegia la existencia de este circo mediático. La Asamblea de Saavedra votó sostener esta lucha hasta obtener la satisfacción de los reclamos planteados y se está considerando marchar con los mismos el 1º de marzo a la inauguración de las sesiones legislativas.

-A un año de la masacre de Once ¿qué es lo que preparan los familiares para el 22 de febrero? ¿Por qué la convocatoria es en Plaza de Mayo? -El 22 de febrero se estará realizando una convocatoria pacífica, cuyo objetivo final es pedir justicia por las víctimas y heridos de la tragedia de Once. Pedimos a quienes participen del acto que lleven el cartel de Justicia por las víctimas de Once, para acompañar nuestro pedido. La convocatoria se realiza en Plaza de Mayo porque es un lugar emblemático de las manifestaciones populares. Además, ha sido una tragedia que conmovió a la sociedad en general y la adhesión para esta fecha seguro será mayor. -Los familiares han planteado, en su documento del 22 de enero, que Emfer (la empresa de reparaciones de los trenes, propiedad de los Cirigliano) debe pasar "a manos del Estado nacional". ¿Por qué? ¿Cómo? -Volvemos a lo mismo, el Estado debe preservar los bienes del pueblo. La privatización tiene como objetivo el lucro de un grupo corporativo. La administración por parte de grupos privados de estos servicios ha declinado en corrupción, y la total falta de mantenimiento de las unidades ferroviarias. Con la correspondiente simbiosis corrupta entre los funcionarios públicos y los empresarios. Debe volver al Estado con el control correspondiente de las comisiones encargadas y los trabajadores del ferrocarril. -Mariano Ferreyra cayó asesinado por la asociación ilícita constituida entre la burocracia sindical ferroviaria, los funcionarios K y los concesionarios privados del ferrocarril, que querían perpetuar el trabajo tercerizado de miles de jóvenes. ¿Cómo relacionás la lucha por Justicia para Mariano, con la de ustedes? -Definitivamente luchamos contra el mismo grupo asesino y corrupto. Mariano Ferreyra y los 52 fallecidos en la masacre de Once son víctimas de la corrupción y el terrorismo del Estado y la ambición desmedida de los empresarios. La condena de los responsables por la muerte de Mariano creará un precedente jurídico para nuestra causa. Podemos quizá no estar juntos en la mismas marchas, en las mismas actividades, pero nuestra lucha y objetivo es el mismo: Justicia.

Después de la victoria de Chávez, la que acaba de obtener Correa en Ecuador templa el ánimo del movimiento bolivariano. Los informes electorales soslayan, sin embargo, la existencia de una abstención del 40%, lo que ubica la votación de Correa en un 30% del padrón. CFK ya se imagina cabalgando sobre la joroba de Scioli y dando el codazo a Macri y De la Sota; ni hablemos de Juez-Prat Gay-Alfonsín-Binner-Solanas. Morales, en Bolivia, pelea ya la posibilidad de una re-reelección. Para la prensa internacional, la victoria holgada de Correa, que se descontaba, obedece a un programa generoso de obras públicas y asistencia social. Este se da como consecuencia del elevado precio internacional del petróleo, que relega la exportación del famoso plátano ecuatoriano y de las flores. La crítica advierte que Ecuador ya sufre problemas fiscales y de liquidez. Lo cierto, sin embargo, es que en un país que atravesó, entre 2000 y 2003, por varias insurrecciones populares, el manejo social de la renta petrolera no encuentra alternativa. Ecuador ratifica la falsedad de la opinión de que la derecha representa una amenaza real a los gobiernos nacionalistas. Lo de Colombia es claro: el sucesor de Uribe tuvo que despegarse del uribismo. Un tema diferente es el fracaso de la izquierda ecuatoriana, nucleada en la Coordinadora de Izquierdas (MPD, Pachakutik, maoístas), que contaba con obtener el 12% de los sufragios y tuvo que conformarse con el 3. La Coordinadora, sin embargo, compite con Correa con un programa similar de redistribucionismo de ingresos fiscales: no le opone un cambio revolucionario de las relaciones sociales.Los éxitos electorales no acreditan, sin embargo, un ascenso renovado del chavismo. El llamado proyecto bolivariano ha empezado a girar, desde hace tiempo, sobre un mismo eje: el redistribucionismo fiscal -o sea que no avanza en transformaciones sociales, y esto lo fuerza a crisis financieras crecientes, como lo demuestra la situación de Venezuela. Como fenómeno continental, ha perdido hace tiempo la iniciativa. Los resultados electorales en Ecuador refuerzan la importancia de una conferencia internacional de la izquierda combativa, que permita desarrollar su capacidad de alternativa socialista al nacionalismo pequeño burgués.

El martes 5 de febrero, el fiscal Iván Coleff pidió nuevamente el desalojo de la Sala Alberdi y del acceso al Centro Cultural San Martín. El pedido de desalojo aparece luego de que el macrismo “copó” el San Martín con patovicas desde principios de año, impidiendo que los docentes y estudiantes de la Sala Alberdi entren o salgan para realizar sus talleres, mientras el resto de las actividades del centro cultural se desarrollan con total normalidad. El desalojo de la Sala Alberdi tiene por objetivo poder avanzar plenamente en la aplicación de la Ley de Autarquía del Teatro San Martín votada en la Legislatura porteña por macristas y kirchneristas hace más de dos años. La ley en cuestión habilita un plan de mega reformas en el San Martín (a partir de un préstamo millonario del BID, es decir del endeudamiento de la Ciudad), que permita su alquiler a grandes eventos privados, como ocurrió en su momento en el Teatro Colón. Es decir que el plan de reformas en el San Martín no apunta a mejorar el desarrollo de la cultura de la Ciudad sino, por el contrario, a su privatización. El desguace de la Radio Ciudad y la Sala Alberdi se colocan en este sentido. La lucha contra el desalojo de la Sala Alberdi evita desde hace más de dos años la privatización del centro cultural. Por eso recibe día a día el apoyo de los vecinos del barrio y de centenares de artistas que ven en la Sala Alberdi un punto de referencia en la lucha contra la privatización de la cultura. Desde el Partido Obrero apoyamos la lucha de la Sala Alberdi contra el desalojo. Rechazamos todo intento de privatización de la cultura y reclamamos la derogación de la Ley de Autarquía votada por la Legislatura. Planteamos la reapertura del Centro Cultural San Martín para el desarrollo de la cultura de la Ciudad. Rama Yordan

El “congelamiento” de precios fue la respuesta que encontró el gobierno al salto espectacular que registró el costo de la canasta familiar en enero -correspondiente a una tasa anual superior al 30%. El ‘rasero’ de Moreno se aplicó sobre valores altísimos. “Hoy -señala La Nación- los precios de la carne superan a los internacionales” (16/2). El congelamiento llega cuando la curva de la economía y del consumo popular apuntan hacia abajo: si se descuenta el efecto inflacionario, las ventas en supermercados se estancaron en 2012, e incluso cayeron en otro tipo de comercios. El ‘congelamiento’, en este caso, opera como una suerte de ‘cártel’ que busca evitar una competencia de precios o de descuentos por la captura de un mercado que recula. Entra aquí otro factor: la capacidad de endeudamiento por compras de consumo personal ha llegado a un límite. Al mismo tiempo, el ‘cepo cambiario’ dificulta refinanciar las ventas en cuotas en el exterior: muchos comercios grandes ya están cobrando tasas de interés elevadas. El congelamiento apunta, por último, al llamado ‘costo laboral’, lo que significa presionar hacia abajo los acuerdos paritarios. El control de precios, circunscripto a los supermercados o a la canasta de alimentos, tiene contradicciones insalvables -en primer lugar porque no plantea congelar precios de los abastecedores e industriales. El control debería extenderse a estos sectores y más allá del período de 60 días. Pero existe, asimismo, otra contradicción de peso: la tasa de interés de los bancos, que pasa de negativa a positiva en relación con la inflación. Un crecimiento cero del costo de vida convierte a la tasa de préstamos bancarios -del orden del 30%- en usuraria y confiscatoria, o sea un gran negocio. Bajarla al nivel del congelamiento de precios, sin embargo, desataría una demanda de créditos de un monto tal que destruiría al peso frente al dólar. Las señales en relación con los salarios están a la vista. El gobierno ha aplicado un decretazo sobre la paritaria docente, mientras aprieta a los sindicatos ‘amigos’ a aceptar una pauta de aumentos en torno del 20%. La versión de un ‘congelamiento prolongado’ le servirá de coartada a la burocracia sindical. Pero una estabilidad de precios se da de cabeza con los aumentos de tarifas y de combustibles y los impuestazos de diversa naturaleza, y con el pago serial de la deuda externa. En los últimos dos años se ha registrado un fuerte aumento de la deuda financiera privada con el extranjero. También ha crecido la deuda dolarizada de las provincias, que se contrae a tasas usurarias. El gobierno, para colmo, quiere servirse del congelamiento para gastar dinero a rolete en la campaña electoral, con la pretensión de que esto no afecte los precios. No es posible salir del crecimiento de la carestía sin un congelamiento de precios, pero el control debe tener otro alcance y otro método. Es necesario que se abran los libros de las empresas a la supervisión de los trabajadores; el control debe extenderse a los bancos mediante una nacionalización integral bajo el control de la clase obrera. La economía de una nación se resume en una contabilidad general de recursos y gastos, y de inversión reproductiva y consumo personal. El manejo de esta contabilidad por parte de los trabajadores permitirá una planificación en beneficio de la gran mayoría, que supera la anarquía del mercado y su sistema histórico de precios. Es con este concepto estratégico que los sindicatos deben rechazar cualquier reglamentación de los aumentos salariales, y dar la pelea contra el impuesto al salario, la desaparición de las asignaciones salariales y el 82% móvil para los jubilados. Es necesario oponer al ‘libre mercado’ y al ‘congelamiento’ K, un plan económico obrero. Moyano acaba de decir que el esquema económico del oficialismo “está agotado”, pero no ofrece nada a cambio ni convoca a un congreso de bases del movimiento obrero para oponer una alternativa a este derrumbe. Dar la pelea significa plantear la huelga general.

Este fin de semana se realizarán en Italia elecciones generales para renovar las cámaras de Diputados y de Senadores, luego de la agudización de la crisis que llevó a la renuncia del “gobierno técnico” de Mario Monti, a fines del año pasado. Las últimas encuestas publicadas muestran que la centroizquierda de Pier Luigi Bersani sigue en primer lugar, pero perdiendo terreno. A la vez, crecen la centroderecha -de Silvio Berlusconi- y el “movimiento Cinco Estrellas” -del cómico televisivo Beppe Grillo. Mario Monti, el premier saliente, se ubica en un lejano cuarto puesto, con apenas algo más del diez por ciento. La ley electoral italiana asegura la mayoría en Diputados a la primera minoría, pero no ocurre lo mismo en el Senado, donde el “premio” de mayoría se reparte por regiones, lo que otorga ventaja a la alianza Berlusconi-Liga del Norte. Se cierne la perspectiva de “ingobernabilidad”, en el marco de una crisis bancaria, fiscal e industrial sencillamente enorme. La “salida” que pergeñan los “de arriba” es catastófrica: una alianza del centroizquierda oriundo del “comunismo” con el comisario de la banca europea, el renunciado ministro Mario Monti, reclutado de las filas de Goldman Sachs -al igual que su “colega” del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi. Agotamiento político El adelantamiento electoral acortó la vida del gobierno de Monti, que había sido entronizado, a fines de 2011, por medio de un semigolpe orquestado por la Unión Europea y por Obama, piloteado por el presidente Giorgio Napolitano. El ex comunista Napolitano vivió su momento bonapartista cuando impuso a Monti a un Parlamento con mayoría berlusconiana. Las esperanzas en un gobierno de “tecnócratas” se han esfumado: el brutal ajuste que fue implementado agravó la crisis de la deuda pública y sumió a Italia en una colosal crisis industrial. Luego de haber pulverizado al gobierno parlamentario, se pretende retornar a él cuando las condiciones que determinaron su relegamiento se han acentuado. Llueven los escándalos de corrupción: el presidente de la aeronáutica Finmecánica, de la Liga del Norte, fue a parar a la cárcel; y lo mismo ocurre con los banqueros del Monte Paschi de Siena, vinculado al Partido Democrático. Beppe Grillo, un ex cómico televisivo que nadie tomaba en serio hace un año, se ha convertido en la figura más destacada de la campaña electoral. Las concurridas actividades públicas de Grillo, en un invierno lacerante, contrastan con los paseos de Monti, Bersani o Berlusconi por la televisión o reducidos locales cerrados. El discurso “antipolítico” de Grillo ha estado acompañado de planteos reaccionarios contra la existencia de sindicatos y simpatía hacia el fascismo. A la izquierda de Bersani se ha formado un bloque “civil”, encabezado por un juez, Ingroia, adonde fue a recalar Refundación Comunista. Bersani no pierde oportunidad de presentarse como el adalid de las “reformas estructurales” reclamadas por la Unión Europea, y anunció su disposición a formar una coalición de gobierno con Mario Monti como ministro de Economía. Para eso sería necesario que los votos de Monti le brinden una mayoría en el Senado. En caso contrario, habría que reabrir las urnas. La bancarrota capitalista, como se ve, viene acompañada por una verdadera borrachera electoral. En poco tiempo más, Italia deberá elegir a un nuevo presidente del país. Bancarrota capitalista La bancarrota capitalista tiene contra las cuerdas a la economía italiana. El tejido industrial del país sigue quebrándose: las “relocalizaciones” de grandes empresas que se llevan la producción al exterior implican la quiebra de un enorme entorno de pequeñas y medianas empresas. El resultado es una profundización de la recesión, el desmantelamiento industrial y el desempleo. Uno de los más destacados columnistas del Financial Times pontificó, recientemente, que Italia no tiene salida dentro del euro, lo cual provocó una polémica con “tutti quanti”. El apoyo de Sergio Marchionne, el CEO de Fiat, a la candidatura “europeísta” de Monti obedece a que la ex nave insignia de la burguesía italiana opera como una filial de Chrysler, a partir de una plataforma de producción internacional, deslocalizando sus fábricas a Europa oriental o China. La crisis mundial ha convertido a Fiat en antiitaliana: vivimos tiempos apasionantes. La resurrección de Berlusconi -un desahuciado político que desmintió varias veces su candidatura- es el resultado de la recuperación de un discurso nacionalista, que su ex ministro Tremonti -candidato por la Liga del Norte- ha convertido en una cruzada verbal contra el BCE y contra la alemana Merkel. Es que además de perder empresas nacionales a manos de extranjeras, Italia enfrenta la certeza de que su mercado del automóvil pase a ser copado por VW. Los “nacionalistas” italianos siguen, sin embargo, reivindicando una condición europeísta; quizá con la expectativa de que aparezca un nacionalismo continental. Son muchos los “europeístas” que están haciendo campaña para devaluar el euro. ¿A los Bersani-Monti que, como la Alianza en 1999, pretenden sostener a toda costa una moneda sobrevaluada con recetas de ajuste y endeudamiento, les ha salido un Duhalde? La crisis en perspectiva La crisis mundial ha agudizado en Italia la disgregación política -“a la griega”. Se ha disuelto el régimen de alternancia; casi un 40% de los votantes elegirá una opción distinta al PDL y al PD. Un editorialista de La Repubblica advirtió que “el resultado será un Parlamento ingobernable y, por ende, una legislatura que durará pocos meses y después volveremos a votar”. Esta crisis sacudirá las fibras políticas del proletariado de Italia.

A un año de la masacre de Once, los hermanos Cirigliano continúan con su política de desinversión y de ataque a las condiciones laborales. A fines del año pasado, el predio donde funcionan las cabeceras de la 317 y 635 fue rematado. Meses pasaron sin que, a pesar de los sucesivos reclamos de los trabajadores, la empresa asegurara un traslado de cabecera hacia un predio que garantice mínimamente condiciones aceptables para el funcionamiento y condiciones de seguridad e higiene necesarias para el traslado de ambas líneas. Ahora la espera de la línea 635 se hace en la cabecera de Libertad, a 7 minutos del final de su recorrido, y la 317 lo hace en el predio de una empresa fundida en Laferrere que no reúne las condiciones necesarias para trabajar dignamente. En ambos casos se reduce el tiempo de la espera, lo que implica menor tiempo de descanso entre cada vuelta. Además de esto, la empresa, el 6 de febrero no le dio servicio y dejó cesante al compañero Ramón Alegre, argumentando que fue intimado hace un año a jubilarse por tener treinta años de servicio y la edad de 55 años. La aceptación o no de este “beneficio” debe ser decisión de cada trabajador, y no una imposición de la empresa. Hay varios trabajadores más que están siendo presionados para jubilarse. La patronal desinvierte en todos los terrenos, de material rodante, de infraestructura y laboralmente. Ante esta situación, los delegados de la cabecera, miembros de la burocracia de la UTA, como siempre, se aliaron con la patronal dándole la razón a las intimaciones de jubilación, y engañando a todos los trabajadores en una asamblea realizada el 23 de enero último, cuando aseguraron que ambas líneas irían a una misma cabecera y en condiciones. La respuesta de los trabajadores no se hizo esperar. Se reclamó asamblea, se consiguió, y allí se votó, por amplia mayoría, un paro desde las 0 del 15 de febrero. Pero a la hora de hacerlo efectivo, los delegados de la burocracia ,junto a los directivos de la empresa, comenzaron a trabajar para que éste no se cumpla. La acción de los compañeros de la agrupación clasista 12 de Abril logró que el paro sea un éxito. La patronal intentó junto a los delegados de la burocracia durante todo el día levantar el paro, pero se encontraron con la dura resistencia de los trabajadores. Esto generó que uno de los gerentes se comprometa ante la asamblea a comenzar de inmediato con las obras en la “nueva” cabecera. Inmediatamente hizo traer cinco unidades más (dos fueron directamente al taller, por sus malas condiciones para circular) y se comprometió a una reunión de todos los delegados de las distintas cabeceras con los Cirigliano para resolver esta situación. Los delegados de la agrupación 12 de Abril van a exigir la inmediata reincorporación de Ramón y el cese de las intimaciones de jubilación compulsiva, que garanticen las condiciones de trabajo en la “nueva” cabecera, y que hagan la inversión necesaria para garantizar un buen servicio y seguro, en todas las líneas de la empresa. Se le exigirá al intendente de Morón, Lucas Ghi, garantías de cumplimiento en todos los reclamos que comprometen el transporte público de la zona. Para lograr esto, trabajarán por asambleas en todas las cabeceras. Al menor descuido desguazan la empresa. Pesó la tradición de lucha de los choferes, el camino del cuerpo de delegados clasista que defendió durante 15 años los puestos de trabajo y la empresa contra las patronales vaciadoras y contra intendentes como Othacehé. Christian Mayer

El asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, el 20 de octubre de 2010, conmovió al país. Lo mismo vale para la gravísima condición de vida en que quedó nuestra compañera Elsa Rodríguez. Sacudió al poder político y tocó a fondo al movimiento popular. El impacto llevó al oficialismo a imaginar que había sido el detonante de la muerte de Néstor Kirchner una semana más tarde. Se podría decir, incluso, que provocó una crisis política; es que cinco días antes, en el estadio de River, Cristina Fernández había pretendido consagrar una unidad política con la burocracia sindical. Ante una tribuna en la que se destacaban los gorros de la Unión Ferroviaria y se refugiaba la figura de Cristian Favale (uno de los que gatilló el arma asesina), la jefa del Estado anunciaba la reconciliación con la nefasta Juventud Sindical de los años 70. El asesinato de Mariano devolvió a la superficie el carácter criminal de la burocracia sindical y su transformación en una casta empresarial que prospera mediante la explotación de los trabajadores de su propio gremio. Puso asimismo al descubierto la trama mafiosa del armado kirchnerista en el transporte ferroviario. Un año y medio después, esa trama se volvería a poner en evidencia en la masacre de Once. Denunciamos, desde el primer momento, todas estas circunstancias, y con ello produjimos una delimitación política que aportó una claridad decisiva al movimiento popular a la hora de la movilización por el Juicio y Castigo a los culpables. Miles de jóvenes y trabajadores se reconocieron en la condición social y militante de Mariano; los trabajadores tercerizados se sintieron interpelados, no ya entre los ferroviarios, sino en toda la dimensión del territorio nacional. Las tentativas de cooptar a los allegados políticos y personales de la víctima -la táctica empleada por este gobierno y los anteriores, para neutralizar el repudio- fracasaron en forma miserable. El método político empleado en la lucha por el Juicio y Castigo, en el caso de este crimen, se diferenció del utilizado en los casos de los compañeros Qom o del docente neuquino Carlos Fuentealba. Nosotros fuimos de entrada por los responsables políticos -incluido el gobierno nacional y el Poder Ejecutivo, al que conminamos a que procediera a una investigación en sus propias filas. Debido a la recusación de esta requisitoria a proceder a investigar el aparato del propio Estado, el gobierno ha quedado como responsable último de la masacre de Once. Las escuchas telefónicas han dejado probada la colaboración de los titulares del Ministerio de Trabajo con Pedraza. La reacción inicial del gobierno y de sus alcahuetes (en particular José Pablo Feinmann y otros de Carta Abierta) fue enrostrar la responsabilidad del crimen al Partido Obrero, que habría estado en el lugar y en el momento inadecuado. "Nos tiraron un muerto", acusaron las eminencias que viven del presupuesto del Estado. La misma Presidenta utilizó la mayor parte de la entrevista que concedió a los familiares de Mariano, a atacar al Partido Obrero. Claro: en octubre de 2009, al inaugurar una sede sindical de los ferroviarios, Cristina había consagrado a Pedraza como la encarnación del -textual- "sindicalismo que construye". No insistieron en esta vía de exabruptos cuando, el 22 de febrero de 2011, otros 51 muertos cayeron en la estación de Once, como tampoco lo habían hecho antes, en ocasión de la decena de accidentados fatales en los pasos a nivel. Los compañeros tercerizados que se habían convocado, aquel 20 de octubre, para reclamar por el pase a planta permanente, no estaban allí por "apresuramiento": habían trajinado durante dos años los pasillos ministeriales con esa misma reivindicación. "Un crimen político contra la clase obrera" -esa fue la síntesis de la caracterización política que guió nuestra lucha. Un crimen ejecutado para defender un sistema de concesión parasitaria y corrupta del transporte, así como la explotación del trabajo precario de miles de trabajadores tercerizados. Un crimen para defender el monopolio de una burocracia sindical patronal, integrada al Estado. Un crimen para detener el movimiento por la independencia de la clase obrera, que hoy mismo progresa en todos los sindicatos. Pocas veces antes había quedado definido con tanta claridad la naturaleza social y política de un crimen contra luchadores populares. Lo que se puso en juego, entonces, en esta lucha por el juicio y castigo, es una confrontación de naturaleza histórica. Es esta lucha y la claridad con que fue empeñada lo que permitió llegar al juicio oral y público, que se encuentra en la etapa final, con los responsables políticos de la patota entre los acusados. Antes de que la prisión preventiva cayera sobre Pedraza, la ministra actual de Seguridad, Nilda Garré, desplegó la última tentativa para evitarla: montó un operativo mediático para encarcelar a los compañeros ferroviarios que habían luchado con Mariano, a los que acusó de actos de vandalismo en la estación Constitución, con la clara finalidad de desnaturalizar la lucha de los tercerizados. Garré había llegado a ese ministerio como parte de una maniobra cuidadosa del gobierno para apartar a Aníbal Fernández de la conducción política de la policía y sacarlo del foco de la responsabilidad por las órdenes que dio a la fuerza aquel 20 de octubre. Luego de la condena que dicte el Tribunal Oral habrá que ir por la investigación y juicio de Aníbal Fernández. En el juicio oral y público "no están todos los que son": faltan los concesionarios del Roca, que habilitaron la salida laboral de la patota y que están entrelazados en la explotación de los tercerizados y en el desvío de los subsidios; no está la cúpula de la policía, que monitoreó el operativo desde la Jefatura; no está el ministro encargado de las fuerzas de seguridad en aquella ocasión. ¿Cuál es el desafío político en esta fase final? El gobierno no es impasible o neutral en esta circunstancia. Se ve que ha seguido un lento y penoso peregrinaje gatopardista, que consiste en depurar en forma aséptica (sin sangre) y limitada la trama mafiosa para conservar la conducción del aparato de negocios y sindical del ferrocarril. Los Luna y los Schiavi enfrentan ahora su propio juicio oral y público por Once; el nuevo ministro de transporte, Randazzo, no es del palo de Maturano (La Fraternidad) ni del pedracismo; se ha removido a la conducción macrista-moyanista-pedracista del Belgrano Cargas; está intentando manejar la UF con un pedracismo sin Pedraza. Por último, pretende que la culminación del juicio oral y público sea el final de la historia, o sea que no se trasvase a los concesionarios, a la jefatura policial, a los ministros de Seguridad. Las querellas representadas por los abogados del Cels y los del Partido Obrero alegarán, en los próximos días, por la condena a perpetua de Pedraza y de sus cómplices. No se conoce, sin embargo, el planteo de la fiscal, que representa al ministerio público y que, en esa condición, influye en la formación de la opinión del Tribunal. La fiscalía atravesó una crisis seria, hace un par de meses, cuando la procuradora K, Alejandra Gils Carbó, le puso dos comisarios políticos como "ayudantes". Del juicio oral y público se desprende una conclusión de conjunto acerca de la responsabilidad de Pedraza como instigador político de las acciones que llevaron al crimen, que para sus defensores no alcanzan el carácter de una prueba firme. Si prevalece este criterio judicial, jamás sería posible probar una responsabilidad política y la impunidad quedaría consagrada con carácter universal. En este caso, Pedraza -el mismo que intentó sobornar a los jueces de Casación, para obtener una excarcelación- hasta podría ser declarado ¡inocente! Otro capítulo merece la posición de la troika que integra el Tribunal, la cual se encuentra atravesada, por lo menos, por dos condicionamientos: uno tiene que ver con la presión de la cruzada del gobierno en el Poder Judicial, para reemplazar con jueces propios a los que reputa afines a la "corpo"; el otro es, digamos, ideológico, con referencia al garantismo. En relación con esto último, los defensores de la patota alegan la falta de pruebas "materiales"; o sea, la ausencia de una orden escrita y firmada de matar. Recordemos que el garantismo es una posición de defensa de la población, que carece de la capacidad material de defender sus derechos ante la acción del Estado y de las fuerzas de seguridad, que se mueven con recursos y desarrollan una conspiración impune. No debería servir como escudo para defender a ese mismo aparato (burocracia, policía, funcionarios, ministros, pulpos económicos concesionarios), que precisamente conspira contra quienes carecen de derechos, trabajadores tercerizados, privados del derecho elemental del convenio colectivo. Este conjunto de señalamientos apunta al objetivo de dar las armas intelectuales y, por lo tanto, organizativas, para impedir un nuevo caso de impunidad. La perpetua para Pedraza y para sus cómplices no solamente daría impulso a las cuestiones excluidas de esta causa desde su fase de instrucción; también impulsaría la lucha por el esclarecimiento, juicio y castigo por la desaparición de Jorge Julio López y de Luciano Arruga; por los asesinatos de campesinos Qom y del Mocase; por llevar a tribunales a Sobisch, por Carlos Fuentealba, y por tantos y tantos compañeros sometidos y reprimidos: las mujeres agredidas, las trabajadoras y trabajadores esclavizados en el campo y la ciudad. Vamos con todo, compañeros.