Prensa Obrera N° 1255

El pasado miércoles 9, apareció asesinado Juan Daniel Asijak, un joven sobrino del dirigente qom Félix Díaz. En la primer semana de enero, había sido muerto el niño qom Imber Flores, en el pueblo Villa Bermejito del impenetrable Chaqueño. Cuando los originarios realizaron el reclamo, apareció otro qom con la cara destrozada, que está internado en el hospital de Castelli. Los crímenes de este tipo se reiteran en el resto del país. En Tucumán, el diaguita Chocobar fue asesinado por el terrateniente Darío Amin y dos parapoliciales. En Santiago del Estero,ocurrió lo propio con el originario Miguel Galván, militante del Mocase Via Campesina, a manos del sicario de una empresa sojera. Dos años antes, en el mismo lugar, había sido asesinado Cristian Ferreyra, de 24 años. En Salta, también se produjeron asedios a tierras comunitarias por bandas de terratenientes que pretendian acapararlas. Los asesinatos disfrazados de accidentes son un modo operandi de las bandas paraestatales o incluso estatales. El telón de fondo de estas muertes es el avance del capital sojero. Las tierras de uso comunitario de los pueblos originarios son ocupadas por capitalistas, terratenientes e, incluso en el caso de la Primavera, por el propio estado provincial. A partir de esas ocupaciones de hecho, empieza el asedio a los originarios. Las policías provinciales encubren -o directamente se mezclan- con sicarios o bandas paraestatales de los terratenientes. Así, se está produciendo un genocidio ‘por goteo' sobre los originarios. El gobierno de CFK no ha repudiado ninguno de estos asesinatos y crímenes aberrantes. En el Congreso, duerme un proyecto de ley contra la expulsión de campesinos, presentado por numerosas organizaciones de campesinos y originarios. El caso de la Primavera es el más grave. Ya van 5 asesinatos en dos años. El gobierno no sólo no condenó ninguno, sino que ha incumplido el acta firmada por Randazzo con los qom para levantar el acampe y la huelga de hambre que llevaron adelante los qom en mayo de 2011. Apostaron a copar a la comunidad qom a través de un proceso de elecciones internas precedido por incomensurables prebendas a favor de quienes se volcaran al oficialismo. Pero la conciencia pudo más que ese despliegue y Felix Diaz fue ratificado como autoridad de forma aplastante. A partir de allí, el gobierno ninguneó todos los reclamos de los qom. El silencio de Cristina es una luz verde para sicarios, parapoliciales y terratenientes. El pasado martes 15, una marcha de partidos de izquierda, la FUBA, el encuentro Memoria Verdad y Justicia se dirigió a la Casa de Formosa, y exigió justicia para los qom.

Rosario es una ciudad dominada por una gran especulación inmobiliaria, que se desarrolla por grandes grupos financieros volcados a captar los dólares de la soja y dedicados a lucrar con los terrenos del ferrocarril, que luego de la privatización menemista pasaron al municipio, quien los entregó por “chauchas y palitos”, fundamentalmente a partir de los sucesivos gobiernos del Partido Socialista de esta ciudad, que dirige desde hace más de 20 años. La construcción de megatorres, shoppings, marinas, exclusivos bares y restaurantes, etcétera, en los terrenos de la costanera centro-norte de la ciudad, por parte de estas “inmobiliarias”, al mejor estilo de Puerto Madero de Buenos Aires (se cotiza a U$S 5000 el m²) ha acaparado los presupuestos públicos de la ciudad, para la construcción de las obras de infraestructura que necesitan y por contraste ha provocado la expulsión de una parte de la población hacia la periferia, condenada a vivir sin las condiciones mínimas. Esta especulación inmobiliaria, es la responsable también de la suba exorbitante de los alquileres y de los valores de las propiedades, que hacen imposible el acceso a la vivienda para la mayoría de los trabajadores. Como paradoja, en un diario de la ciudad se señalaba, hace unos días, que existen más viviendas vacías que los registros de los que la necesitan. En mi gremio, AMSAFE Rosario, la Comisión de Vivienda, que ha realizado un arduo trabajo, todavía sigue esperando, después de varios anuncios, la adjudicación de las escasas 104 viviendas destinadas a los docentes, en la llamada zona cero (el km 1 de la autopista Rosario- Santa Fe). Un programa, desde el punto de vista de los trabajadores, debe contemplar la construcción de un plan de viviendas populares y de obras públicas para evitar el flagelo de las inundaciones, financiado por un impuesto a los grupos capitalistas y con control de los vecinos.

Los medios han definido a la paritaria docente como “la negociación salarial más esperada” (El Día, 12/01). El gobierno nacional estableció que el techo de aumento salarial es del 20%, frente a una inflación pasada del 26% y una proyectada para el 2013 de no menos del 30%. En este cuadro, la reducción del salario es un objetivo estratégico de toda la burguesía y de todos sus representantes políticos. Para este frente común entre capitalistas, gobierno K y gobernadores opositores, la anulación en los hechos de la paritaria docente será un modelo para deprimir el resto de las negociaciones. Scioli quiere para Buenos Aires un techo del 18% en cuotas; Sapag, para Neuquén, un 17% (aceptado por todos los gremios estatales, incluyendo la CTA “opositora”, y rechazado de plano por Atén recuperada). Peralta, en Santa Cruz, se escuda en el gobierno nacional para ningunear un aumento por segundo año consecutivo. El gobernador “socialista” del FAP de Binner en Santa Fe, Antonio Bonfatti, creó su propio Indek para reducir el salario de sus docentes: “el IPC santafecino cerrará el 2012 con una medición de la inflación menor al 19% anual por debajo del 21% del 2011” (Clarín, 6/01). La burocracia sindical celeste de Ctera también se ha alineado con este frente. En la principal jurisdicción del país, Buenos Aires, con los descuentos masivos a los docentes que pararon sobre fin del 2011 todavía adentro, “se supo que pedirán más del 20% de incremento y que la suba rija desde el 1 de enero” (El Día, ídem). Hugo Yasky (CTA K) y Stella Maldonado (Ctera) plantearon que su objetivo es un 25%. Para que se registre qué significa, ello llevaría el salario básico a la cifra de $2000, y al inicial de esa provincia a $3750, aproximadamente, contra una canasta familiar que ronda los $7700. Es lo que ya firmó la burocracia celeste en Salta, provincia en la cual la ADP del finado burócrata Choque, ahora heredada por su hija, arregló a fin de año por un 22,5% en tres cuotas, sin que ningún docente salteño haya sido siquiera informado de esa negociación. Punto más, punto menos, con algún conformado según las condiciones de cada provincia, la dirección ultra K de Yasky prepara su aporte al ajuste cristinista. Yasky no lo hace gratis: aunque el kirchnerismo le sigue negando la personería a “su” CTA, “espera cuatro decretos que le permitan recaudar igual las cuotas sindicales, tener representación en todos los conflictos sindicales, participar en las negociaciones colectivas y la igualdad con las demás asociaciones sindicales en temas impositivos” (Clarín, 14/01). En 2012, los docentes de prácticamente todo el país protagonizaron grandes huelgas. Esas luchas fueron aisladas y divididas por la burocracia sindical, que logró imponer un reflujo sobre fin de año. La primera tarea para los sindicatos, seccionales y sectores combativos de la docencia será superar el fraccionamiento de la lucha provocada por la burocracia yasquista. El papel del combativo Atén provincial recuperado, de Amsafé-Rosario y de las seccionales y sectores antiburocráticos de Suteba será clave. A partir de allí, se trata de establecer un programa: Paritarias libres, $5000 de inicial y $4000 de básico de emergencia ya por cargo testigo; restitución de asignaciones familiares; eliminación del impuesto al salario; defensa del 82% móvil y de todos los regímenes jubilatorios docentes especiales. Asambleas para votar el pliego de reclamos, los delegados paritarios y el plan de acción para conseguirlo. En tercer lugar, en un año de grandes desafíos como la elección de Ctera y de sindicatos provinciales claves como Suteba o Amsafé, se plantea la necesidad de poner en pie listas unitarias de los sectores antiburocráticos y de la izquierda para recuperar los gremios, como lo marcó el ejemplo del Fura de Atén. Para debatir y resolver cómo desenvolver estas tareas, Tribuna Docente realizará su congreso anual el próximo 15 de febrero.

Los vecinos del distrito sufren permanentes cortes de luz, tanto en los barrios como en la zona comercial cercana a la Estación, al punto que prácticamente todos los comercios disponen de un generador de energía para que no se pierda la mercadería o no tener que cerrar. Los cortes permanentes se deben a la falta de inversión de las privatizadas, que tras largos años de recibir enormes subsidios del gobierno kirchnerista, no han volcado esos fondos públicos para el mantenimiento y renovación del tendido eléctrico. Estos cortes permanentes son la expresión del fracaso del régimen de subsidios del kirchnerismo. Y ante este fracaso los vecinos de Lanús, y en este caso concreto los de Caraza han recurrido a un método histórico de nuestra clase obrera y de nuestro pueblo, como es el piquete; hicieron uno en Tagle y Grecia, y otro en Tagle y Manuel Castro, exigiendo una solución al corte de luz que sufrieron durante 20 horas aproximadamente desde la noche del martes 8. Con la protesta lograron que la electricidad vuelva mucho antes de lo prometido por la empresa, promesa que pocos creían. Es necesario de todas maneras, resaltar que la "solución" fue un empalme provisorio que no demorará mucho la llegada de nuevos cortes de luz. La proliferación de edificios, incluyendo el enorme negociado inmobiliario como es el proyecto Nuevo Valentín Alsina, en un distrito de alta densidad poblacional como Lanús, que agravarán la crisis y aumentarán los cortes de luz, ponen al descubierto que el ejecutivo local no tiene planificación alguna sobre los servicios públicos, tanto eléctricos como cloacales, urbanística y de infraestructura en general. Nuestro distrito necesita un plan de urbanización y de infraestructura dirigido a solucionar las necesidades de los vecinos, y no a satisfacer la voracidad de los especuladores inmobiliarios. Ante el colapso energético y de las privatizadas que el kirchnerismo rescata con subsidios millonarios y tarifazos (con la venia de la oposición que va de los Macri a los Binner), levantemos el programa de la izquierda, por la nacionalización sin pago de las privatizadas.

La película dirigida por Julian Morcillo y Alejandro Rath (integrantes de Ojo Obrero) se basa en libro homónimo de Diego Rojas y relata la travesía de un periodista (interpretado por Martín Caparrós) para encontrar las razones y los autores de un crimen que conmovió a la Argentina. La película fue realizada a partir del apoyo económico que conseguimos en el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, pero principalmente pudo ser rodada por el aporte desinteresado de cientos de compañeros de Mariano y de personas a quienes les parece importante colaborar con un proyecto artístico y a la vez comprometido. Para poder difundir esta película, sumar salas de proyección y, por sobre, todo darla a conocer al público, necesitamos una nueva forma de colaboración: buscamos quienes apoyen el proyecto para poder realizar las copias, los afiches y todos los gastos relacionados con el estreno. Queremos, así, poder estrenarla en por lo menos una sala de cada una de las ciudades más importantes de la Argentina. Para hacer el aporte entrá en: bit.ly/VhkodO Para ver el trailler: vimeo.com/56441384

A medida que se acerca el 22 de febrero -aniversario de la masacre de Once-, el gobierno multiplica sus anuncios ferroviarios, reiterando inversiones y obras prometidas en innumerables oportunidades. A partir del anuncio de la compra de 408 vagones a China, el ministro Randazzo se animó a hablar de una "revolución ferroviaria". Para el ministro, la odisea que representan para los pasajeros los viajes a Mar del Plata, de Ferrobaires, son mera responsabilidad de Scioli, y la demora en el reemplazo de formaciones centenarias en el subte, culpa de Macri. La revolución de Randazzo, por su parte, se confinaría al Sarmiento y al Mitre. En lo que han coincidido el kirchnerismo, el macrismo y Scioli es en abordar la crisis del transporte con una seguidilla de tarifazos que paga el pueblo. En cambio, la épica revolucionaria de Randazzo no incluye la confiscación de los concesionarios que malversaron fondos públicos y vaciaron los servicios. Incluso la posibilidad de una rescisión de las concesiones es pensada en función de rescatar el papel de los Roggio, Romero y compañía como proveedores y contratistas, preservando sus privatizados talleres de mantenimiento y reparación de vagones. En ese caso, los concesionarios dejarían de estar expuestos a una opinión pública conmovida por la permanencia de "la trilogía siniestra de funcionarios, empresarios y sindicalistas" desde el asesinato de Mariano Ferreyra hasta hoy, así como a las consecuencias jurídicas de catástrofes como la de Once. Mientras tanto, la justicia confirmó y agravó el procesamiento de los empresarios Sergio y Mario Cirigliano, así como el de los ex secretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime. Dispuso además, revocar el sobreseimiento del ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Antonio Sícaro, que había dispuesto el juez Claudio Bonadío. Además, el fallo solicita al magistrado que eleve la causa a juicio oral. Poco antes, los familiares habían apelado el fallo de Bonadío y solicitado que Jaime y Schiavi, junto con los ex funcionarios Pedro Ochoa Romero, Guillermo Luna y Antonio Sícaro, también fueran procesados por asociación ilícita, al igual que los hermanos Cirigliano. Lo propio hizo el fiscal Delgado, para quien todos los funcionarios "tenían la posibilidad de abrir la canilla por la que circulaban los suculentos subsidios públicos (...) y a la par tenían el deber jurídico de controlar la actividad de los empresarios (por lo que) se tradujo en una complicidad criminal (...) así, son parte de la asociación ilícita". El escrito de la fiscalía consigna que los funcionarios "se dedicaron a hacer circular papeles para poder sustraer fondos que de alguna manera 'volvían' hacia su entorno, como lo revela el propio juez al señalar varios episodios de corrupción a lo largo de la extensa decisión pero que, inexplicablemente, luego no los tradujo en consecuencias jurídicas". El fallo de la Cámara agrava las penas, pero mantiene fuera de la asociación ilícita a los funcionarios y no ordena la detención de imputado alguno, a pesar de la gravedad de los cargos. Tampoco en la causa de Mariano Ferreyra ha sido imputado ni detenido algún miembro del directorio de la Ugofe, a pesar de que los empresarios liberaron de tareas a la patota, proveyeron el sistema de comunicaciones que utilizaban los criminales de Barracas e incorporaron al ferrocarril a gran parte de la fuerza de choque de la Unión Ferroviaria en connivencia con Pedraza y Fernández. Las vísperas del fallo a los asesinos de Mariano Ferreyra y del aniversario de la masacre de Once deben convocar a una gran movilización por justicia por Mariano y las víctimas de Once, por cárcel y perpetua para todos los responsables y por la expulsión de todos los concesionarios ferroviarios y la nacionalización bajo control obrero.

El escándalo de la corruptela del partido de gobierno de España ha vuelto a echar luz sobre el entramado del poder político salteño con el gran capital y al territorio provincial como paraíso del saqueo de los recursos y como es evidente también, del blanqueo de capitales. Se ha conocido una trama de corrupción del PP y sus administradores, el ex Tesorero de apellido Sanchis y el actual Bárcenas, que a lo largo de un par de décadas giraron a la empresa La Moraleja (segunda agroindustria de la provincia de Salta) más de 45 millones de Euros. Sanchis y sus hijos son los dueños de esta megaempresa presentada como modelo por todos los últimos gobiernos. Lo que Clarín, quien destapó la olla, califica como la conexión salteña, viene siendo la niña mimada (tanto como la norteamericana El Tabacal) de todos los gobiernos salteños. En 2007, Romero construyó el gasoducto de Anta, con una inversión de fondos públicos de 85 millones de pesos, con el propósito central de llevar gas a la compañía (además de un escandaloso sobreprecio pagado por la ejecución de esta obra, denunciado por nuestros diputados sin que nunca el gobierno diera explicaciones). El 9-6 del 2009 con la ley 7568, Salta adhirió a la ley de blanqueo de capitales ¿No pudo utilizarse esta ley K, a la cual el oficialismo de Urtubey y los bloques de la oposición romerista dieron su apoyo, para ingresar estos capitales, fruto de las coimas que recibe la derecha española? Solo los diputados del PO nos opusimos y advertimos que se buscaba convertir a Salta en un paraíso fiscal... Planteada la denuncia, Urtubey rápidamente se lavó las manos: "Los problemas politicos que esta gente pueda tener en España es algo que a nosotros no nos compete en absoluto". (Clarín-21-01-13). Y en el mismo artículo: "En Salta ninguna industria paga impuestos". Lo de Urtubey es un acto fallido, ya que no hay tal régimen legal de eximición universal de impuestos para la industria, pero en la realidad ninguna empresa los paga, a partir de las maniobras que realiza ahora su gobierno y antes Romero y Ulloa, con la llamada promoción industrial y más recientemente con la nueva ley de parques industriales. La promoción industrial es un régimen "de goma" que comienza con 8 años de eximiciones y luego se van inventando prórrogas y nuevos proyectos. El régimen habilita además la entrega de fondos públicos por hasta el 75% del monto de cada proyecto, en la forma de crédito fiscal, que es endosable y por lo tanto se convierte de inmediato en efectivo.- La nueva Ley de parques industriales votada por la mayoría urtubeycista a fines de 2011 prevé que se puedan instalar parques industriales privados que acumulan los mismos beneficios que los públicos. Es justamente La Moraleja la primera interesada en instalar un parque de 850 Has dentro de su propia finca. Urtubey ha estado visitando con Sanchis todas las ventanillas del gobierno nacional para pedir fondos nacionales para estos emprendimientos. Los compromisos que establecen las empresas en cuanto a creación de puestos de trabajo a la hora de recibir estos beneficios, no se cumplen (la cerámica Andina del parque industrial de Salta acaba de despedir al 80% de los trabajadores, habiendo recibido en total 8 millones en créditos fiscales durante este gobierno y el anterior). Es con estos mecanismos de la promoción, que también alcanza al negocio del turismo, que se han construido, con dinero de los salteños los hoteles 5 estrellas de todas las cadenas internacionales, que explotan el boom del turismo.... Pero fue el Ministro de Gobierno, Loutaif el que mejor definió la política oficial en declaraciones al diario La Nación el 21-01-13: "el gobierno no revisa el origen de los fondos". Hemos denunciado la tentativa del gobierno de evitar cualquier investigación y exigimos la presencia de los ministros para que expliquen peso por peso el origen de los fondos de La Moraleja y se desarme la trama de complicidades políticas, beneficios fiscales y promociones, en una provincia que como consecuencia de estas políticas mantiene el mas alto índice de desocupación y uno de los mas altos de pobreza de todo el país.

Recientemente, el gobierno nacional anunció con bombos y platillos la constitución de una compañía estatal de telefonía móvil. La flamante Arsat, según palabras de De Vido, serviría para "aumentar la competencia" en el sector y quebrar el monopolio de las telefónicas. Después de tanta alharaca, sin embargo, los K decidieron dar marcha atrás con el plan. El proyecto de llevar adelante inversiones en infraestructura y redes móviles quedó archivado. Pero el recule va más lejos, porque el gobierno ha terminado por avanzar exactamente en el sentido inverso. Acordó con Movistar, Personal y Claro que ellos utilicen las frecuencias asignadas a Arsat, cuyo valor supera los $1.000 millones, a cambio de que algunas cooperativas y pymes puedan revender sus servicios (como ya lo hace la Federación de Cooperativas Fecosur, que ofrece en algunas localidades los servicios de Personal, a través de la marca "Nuestro"). Pero lo mas escandaloso es que la cesión va a ser ¡gratuita!. El Estado les va a regalar el uso de frecuencias de alto valor económico, que iba a licitar con un precio base de $ 935 millones, a cambio de poder usar sus redes ya instaladas para dar un servicio más económico en algunas localidades del país. El caso de Movistar es el más bochornoso: el operador móvil de Telefónica había tenido que devolver, cuando se fusionaron Movicom y Unifón -luego cambió su nombre-, 30 Megahertz (MHz) en la Región Norte, 35 Mhz en el Sur y 37.5 Mhz en AMBA, porque superaba el máximo permitido de 50 Mhz de ancho de banda permitidos; con este acuerdo, Movistar podrá utilizar parte de las frecuencias que tuvo que devolver en 2005. Es decir que, a través de la tercerización de los servicios que hará la estatal Arsat, la empresa española tendrá la posibilidad de sortear el tope que la ley fija en la explotación y usufructo de frecuencias. Personal y Claro también serán beneficiadas, porque podrán ampliar la capacidad de sus redes. Slim, dueño de Claro, es hoy en día uno de los capitalistas "amigos" del gobierno -y entre otras cosas, socio del Estado en YPF. La anterior subasta de frecuencias celulares en Argentina recaudó US$ 1.273 millones en 1999, cifra que fue pagada precisamente por Telefónica, Telecom y Claro. Los operadores móviles ahora no tendrán que pagar para usar las frecuencias que devolvió Movistar, pero a cambio se han comprometido a ceder parte del uso de la red a la estatal Arsat, quien será un operador mayorista de telefonía celular. En síntesis, Arsat, al igual que la frustrada Enarsa en el área energética, no es más que un cascarón vacío, una fachada para poner al Estado como comisionista de las grandes corporaciones capitalistas. En este ramo, quienes terminan llevándose la tajada del león son los operadores que prestan el servicio, cuyo manejo queda en este caso enteramente reservado a las telefónicas. El papel al que quedará confinado Arsat es el de otra "caja negra" del kirchnerismo. Coincidente con esta entrega vergonzosa de las frecuencias, acaba de salir a la luz un escándalo que compromete a Arsat, envuelto en una operación bursátil que no registra antecedentes en el mercado, cediendo en alquiler títulos públicos de su propiedad a 20 años -cuando lo usual son operaciones, a lo sumo, a un año. Esto se une a denuncias sobre licitaciones y contratos de la empresa que dejan serias dudas. En resumen, otra entrega "nacional y popular". Las "corpos", de fiesta.

En los primeros días de este año, cobró carácter público una ruptura en el Partido Comunista Revolucionario, cuya importancia éste minimiza. El "Comité por la Reconstrucción del Comunismo Revolucionario" (CRCR) se adjudica la mayoría de la regional Capital, de Bahía Blanca y otras del interior. El comunicado de los disidentes denuncia a "una mayoría que consolidó una línea oportunista de derecha, expresada en una alianza con grupos económicos como El Tejar, Banco Santander, entre otros". El Tejar es uno de los pooles de siembra más grandes del país. Según la fracción, le suministró fondos a la CCC a través de una fundación; el Banco Santander le financió la producción de electrodomésticos a la recuperada fueguina Renacer (orientada por la CCC), para que sus electrodomésticos fueran vendidos por el grupo Garbarino. El PCR no desmiente estos vínculos; los caracteriza como una "relación con sectores del enemigo, que no debíamos de ninguna manera confundirla con una alianza política y, mucho menos, con una relación entre amigos". Esos vínculos fueron el producto de la alianza política con el capital sojero en la crisis de 2008, que fue presentada como "obrero-campesina". En el apoyo a la Mesa de Enlace, la CCC y el PCR jugaron un lugar protagónico. Según relatan los disidentes, este acuerdo alentó a los sojeros a "contar con sus propios piqueteros". También a disponer un fuerte apoyo económico a la CCC, por un lado, y a la fracción del MTD que encabezó el "Toti" Flores, por el otro. La fracción rupturista denuncia que la CCC de La Matanza le suministró fiscales al partido de De Narváez, en ocasión de las elecciones de 2009. El abstencionismo electoral del PCR, por lo tanto, era la pantalla de una furiosa colaboración electoral. La ruptura ha sacado a la luz un proceso de cooptación política que nada tiene que envidiarle al que desenvolvieron con el gobierno los D Elía o Pérsico, sólo que -en el caso de la CCC- tuvieron del otro lado del mostrador a personeros políticos y económicos de la burguesía opositora. Reconstrucción La propia denominación de los disidentes -Comité por la Reconstrucción- deja claro que su propósito es reencauzar una tradición partidaria. Es claro que el comité disidente no ve la crisis como la etapa avanzada de una evolución política. Pero, para el PCR, ya el gobierno de Isabel Perón "representaba en general los intereses de la burguesía nacional tercermundista (y) tomó medidas que aunque reformistas tenían un carácter antiimperialista y antiterrateniente" (Hoy Nº 602, 20/3/1996); o el apoyo a Luder y Herminio Iglesias en 1983, o la integración a las listas del menemismo, en 1989, al que continuaron apoyando hasta 1994. El PCR no ha logrado explicar por qué, después de haber agitado durante un lustro la perspectiva de un "Argentinazo", estuvo ausente de él. Siguiendo a D’Elía y a la CTA, presentaron a las masas en la calle como parte de "un golpe de derecha" y ensayaron desde la izquierda una última tentativa de rescate del gobierno de la Alianza. Cuando el fuego del 20 de diciembre aún no se había apagado, Alderete con D Elía corrieron en apoyo del recién ungido Rodríguez Saá, y sus promesas de creación de un millón de empleos. Bastante antes de las cooptaciones kirchneristas, la CCC tramitaba la suya con el gobierno de Duhalde. Esto explica su ausencia en el Puente Pueyrredón del 26 de junio de 2002. La actual disidencia coloca como punto crucial de la ruptura al entrelazamiento político- empresarial de la CCC con la burguesía opositora, pero esto no es de hoy. En este punto, Alderete y sus seguidores sólo cambiaron de signo. El primer kirchnerismo encontró a la CCC inaugurando comedores con Kirchner y Solá en La Matanza. En aquella oportunidad, para Alderete el gobierno "va más allá de gestos", e incluye también "hechos de producción" (La Nación, 13/1/2004). En los años posteriores, Balestrini y el intendente matancero Espinosa inauguraban con Alderete viviendas construidas por las seudocooperativas de la CCC. En el plano político, el PCR saludaba la creación de Enarsa como factor de soberanía petrolera. El PCR sólo rompió con el gobierno cuando lo hicieron Alberto Fernández o Bárbaro, hacia la burguesía opositora. Los disidentes reivindican la figura de René Salamanca, el cual, según Beatriz Sarlo- era un opositor al apoyo a Perón-Isabel. La tradición de Salamanca iría en contra del bloque con la burguesía nacional. El PCR ha llevado a extremos mayores el seguidismo a la burguesía nacional que caracterizó al partido comunista. La carta de los rupturistas nada dice sobre la adhesión del PCR al Frente Amplio Progresista de Binner, cuando habría podido ligarla al boque con los ‘pooles de siembra" que sí denuncia. Los disidentes militan en Proyecto Sur, pero no rememoran el apoyo de Solanas, Lozano y De Gennaro a las posiciones de la Federación Agraria -en la Mesa de Enlace aún hoy. Solanas acepta un frente con la UCR y con Prat Gay, siempre que apoyen su candidatura a senador. En función de las críticas que hacen a la alianza sojera del PCR, los compañeros que rompen con esa política deberían actualizar sus propias posiciones, a riesgo de quedar como inconsecuentes. Significado Las rupturas en el PCR no son infrecuentes, si bien no llaman la atención. Ocurrió con un dirigente notable, el ‘Perro' Santillán, y son frecuentes las escisiones en el norte del país. En otros lugares -Brasil, Venezuela- la corriente maoísta se ha desplazado fuertemente a la derecha. En Argentina ha provisto figuras importantes al personal de la burguesía, como gobernadores, vice gobernadores y consejeros en funciones. ¿Podemos enmarcar a la presente en un marco singular, más amplio? ¿Nos dice algo respecto a un proceso que involucraría al conjunto de la izquierda? Creemos que se inscribe, en primer lugar, en el marco de las fuerzas desatadas por la bancarrota capitalista mundial, que obliga a redefinir perspectivas históricas. Por otro lado, se inscribe en el acabose del kirchnerismo, porque esto plantea el desafío de su capitalización por la izquierda combativa o extraparlamentaria. El desarrollo del Frente de Izquierda, en la campaña de 2011, ha puesto en evidencia las enormes energías y posibilidades disponibles. El contraste entre la mediocridad del desarrollo político y organizativo del PCR, penosamente a la cola de un Binner, contrasta con las expectativas que desató y sigue desatando el Frente de Izquierda. Otto Vargas les dice, muy claramente, a sus hoy ex compañeros que no tendrían otro destino que el "frente de Altamira y Castillo". Esta escisión aparece, entonces, como un síntoma del realineamiento político que la crisis mundial, el derrumbe de los K y el desarrollo de la izquierda revolucionaria le plantea a numerosos sectores combativos. La existencia de una referencia anticapitalista consecuente desenmascara las penosas especulaciones políticas de una izquierda que actúa como colectora de los partidos de la gran burguesía y el capital financiero.

La crisis industrial en Europa, que cada día suma nuevos anuncios de cierres de plantas y despidos, va de la mano de un ataque sin precedentes contra las condiciones laborales. En Francia, el gobierno de Hollande acaba de poner en marcha una modificación drástica del régimen laboral. La reforma apunta a reducir lo que los empresarios denominan la "judicialización" de los conflictos laborales. La patronal francesa "propone limitar al máximo los recursos frente a los tribunales" (Le Monde, 22/12/12). Se trata de una variante de lo que, en Argentina, implicó la reforma de la ley de ART, la cual le impide a los trabajadores tener una doble vía para reclamar por sus indemnizaciones por accidentes. Un acuerdo previo con el sindicato, o su homologación por parte del Estado galo, sería suficiente para impedir -o limitar drásticamente- la posibilidad de apelar a la justicia. "Las empresas deberán someter los despidos colectivos y sus condiciones a un acuerdo mayoritario de los trabajadores o a una homologación del Estado. Se reduce el plazo de los recursos judiciales a los trabajadores" (El País 13/1). A cambio de no producir despidos durante un plazo máximo de dos años, las empresas "en graves dificultades" podrán reducir los salarios y las jornadas de trabajo. El acuerdo requiere la luz verde de la mitad más uno del personal. Los trabajadores que no acepten las nuevas condiciones serán despedidos sin los derechos que dan los regímenes actuales de protección (ayudas para recapacitación). En el caso de los despidos sin causa, la empresa podrá indemnizar al trabajador en el marco de una mediación desde el principio mismo del proceso. Además, se podrá obligar a los trabajadores a cambiar de lugar o de puesto de trabajo. Si se niegan, podrán ser despedidos por 'motivos personales'. Por otra parte, se generaliza el contrato "a tiempo parcial", lo cual representa un gran ahorro para las patronales. Los involucrados no podrán trabajar más de 24 horas por semana, por lo que -de este modo- se legaliza la jornada reducida en sustitución de la jornada tradicional de 8 horas. Se trata de una "suspensión" disfrazada, pero con el perjuicio adicional de que las patronales no están obligadas a otorgar un resarcimiento por las horas afectadas por el recorte. La burguesía francesa quiere tener las manos libres para descargar sobre los trabajadores la crisis industrial. Los cierres de los altos hornos de la acería Mittal (en Florange) y el de una de las plantas de Peugeot son apenas la punta del iceberg de una industria con sobrecapacidad de producción y un mercado saturado. Esta reforma laboral, que fue exhibida como un "compromiso histórico", es el resultado de tres meses de negociación y fue sellada por tres centrales obreras y tres asociaciones empresariales. Dos de las cinco centrales, la CGT y la FO, no se han sumado al pacto, ya que adujeron que el mismo aumentará la precariedad. Pero no han tomado ninguna iniciativa de acción directa para enfrentarlo. Ahora, Hollande tiene que hacerlo pasar por el Parlamento, donde no cuenta con mayoría en el Senado. El acuerdo le da un respiro al gobierno de Hollande, el cual viene perdiendo aceleradamente su capital y autoridad. Hay que ver cuánto le dura. Más que nunca, necesitará del concurso de la burocracia sindical para evitar que el rechazo a la reforma laboral y la crisis social en desarrollo se transformen en iniciativas de lucha.

Por órdenes directas del Intendente de Cap. Bermúdez Ing Montizantti, se destruyó el mural de Mariano Ferreyra, realizado el pasado 29/12/12, en la plaza Independencia. El día de construcción del mismo núcleo a mas de 250 vecinos de Bermúdez y tuvo la participación de artistas, intelectuales, músicos y delegaciones del movimiento obrero y d e los jubilados d e la ciudad. El mural por Mariano es parte de una gran lucha librada por la concejal Jorgelina Signa de la bancada del PO, que presento al iniciarse el juicio por el asesinato de Mariano una declaración política exigiendo justicia y cárcel a Pedraza, luego de 2 meses de vacilaciones por parte del Concejo, los concejales del Frente Cívico rechazaron dicha declaración. Meses más tarde nuestra bancada presenta un nuevo proyecto a través de una minuta de comunicación que planteaba la restauración de la plaza Independencia y el mural artístico de Mariano Ferreyra exigiendo justicia, dictamen 45/12, el cual en el medio de una gran agitación en la región termina siendo aprobado por unanimidad por todos los bloques del concejo Municipal. La lucha por el mural es parte integral de la misma lucha que ha llevado el PO de Bermúdez y su bancada para pasar los tercerizados del municipio a planta permanente y contra la precarización laboral en todo el cordón. El repudio de esta acción del intendente de parte de trabajadores, artistas, dibujantes, sindicatos y cuerpos de delegados se expreso en un nuevo acto de repudio y el inicio de una campaña provincial de pronunciamientos. La repercusión d e la destrucción del mural hizo que a las apuradas el propio intendente sacara un comunicado de prensa señalando: "El Gobierno Municipal de Capitán Bermúdez, lejos de no atender el reclamo de Justicia para Mariano Ferreyra, entiende que el mural solicitado en la minuta de comunicación deberá contar con un espacio afín a dicho reclamo sin avasallar los derechos de aquellos que tienen el espacio otorgado previamente." Si estas frases no fueran un mero acto de hipocresía se podría haber mantenido el Mural aprobado por unanimidad en el Concejo Municipal de nuestra ciudad el 18/10/2012, propuesto por el Partido Obrero pudiéndose haber elaborado una nueva ordenanza, adjudicar un lugar y recién después tapar el mural La destrucción del mural encierra un profundo significado político. Es la continuidad de la negativa de los concejales del frente Cívico al reclamo de justicia para Mariano y perpetua para la patota que lo asesino. La acción impulsada por el Frente Cívico esta en sintonía con la defensa política de la burocracia de Pedraza y su patota, se intenta con excusas ,pisotear la voluntad de justicia expresada por miles de trabajadores a lo largo y a lo ancho del país que ha dejado abiertamente expuesta la política d e la burocracia sindical asociada en los negocios d e la tercerización en la precarización y en el entrelazamiento d e la misma con los funcionarios del estado nacional. Como lo demuestran los cargos a Jaime, y a Shiavi. El intendente de Bermúdez ha desempolvado una Ordenanza de más de 15 años, alrededor de la placita donde se hizo el mural que estaba prácticamente abandonada como fiel reflejo de la desidia del Gobierno Municipal. Buscando que aquellos que viven el dolor por las desapariciones trágicas, por los combatientes de Malvinas, o los que luchamos contra las patotas sindicales se dividan entre sí por el mural de una plaza. No lo van a lograr. La respuesta no se hizo esperar el Partido Obrero envió un comunicado de prensa a todos los medios reclamando a la intendencia una inmediata ordenanza y designación del lugar del nuevo mural reclamando Justicia para Mariano Ferreyra. Así como también se largó una campaña de pronunciamientos y adhesiones donde ya se sumaron innumerables cantidad de artistas y organizaciones políticas y sociales con esta causa y a la exigencia de un lugar para el mural por Mariano Ferreyra.

Francia no hace otra cosa que copiarse de Alemania. Si de precarización laboral se trata, la nación germana es una de las más avanzadas en la materia. La unificación de las dos Alemanias fue utilizada por la clase capitalista para golpear a la clase obrera de ambos lados. Esta tarea pegó un salto bajo el gobierno socialista de Gerhard Schroeder, entre 2003 y 2005. Las leyes Hartz (por el nombre del ex Director de Recursos Humanos de Volkswagen y consejero del entonces primer ministro) obliga a los parados a aceptar el empleo que se les propone, incluso por un salario inferior a su subsidio de desempleo. Instituyen "mini-jobs" (mini trabajos) a menos de 400 euros mensuales (exentos de contribuciones sociales). Limitan a un año el pago de los subsidios de desempleo para los trabajadores mayores y endurecen las condiciones para su acceso y asignación. Fusionan el subsidio de paro de larga duración y las ayudas sociales, y les ponen un techo de 345 euros por mes. A las leyes Hartz se añaden las reformas sucesivas de las jubilaciones y del sistema de salud pública: jubilación por capitalización; aumento de los aportes y de la edad jubilatoria (el objetivo es llegar a 67 años en 2017).El conjunto de estas reformas ha llevado a un impresionante aumento de las desigualdades sociales. La mitad más pobre de la sociedad posee solo el 1% de los patrimonios, contra el 53% para los más ricos. Entre 2003 y 2010, el poder de compra del salario medio ha bajado un 5,6%. Un cuarto de los asalariados y asalariadas ocupan hoy un empleo precario. La proporción de parados con subsidio de desempleo ha caído de un 80% en 1995 a un 35% en 2008 y todas las personas paradas durante más de un año han derivado hacia la ayuda social. Este panorama se esta profundizando en forma proporcional a la crisis. La clase dirigente alemana pretende extender este modelo al resto de Europa, y no se priva de explotar la crisis de la eurozona para avanzar en esa dirección. En la actualidad, existe, una gigantesca disparidad salarial dentro de la Unión Europea, que va en aumento. Esas diferencias son utilizadas para chantajear a los trabajadores alemanes frente a cualquier demanda salarial. Las empresas amenazan con "relocalizar" las plantas en caso de que los trabajadores persistan en sus reclamos o no acepten recortes a sus conquistas. La clase capitalista alemana se sirve de la crisis para reducir los costos laborales -tanto en las plantas de Alemania como en aquellas radicadas en otras naciones de la Unión Europea- y hacer frente a la competencia capitalista, en especial, de China y Estados Unidos.

Aaron Swartz fue un programador de Internet y activista, que a la edad de 14 años fue coautor de los RSS (Really Simple Syndication, que se utiliza para difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos) y colaboró en la creación de las licencias CreativeCommons. En 2008 dio a conocer el Guerrilla Open Access Manifesto (Manifiesto por el Acceso Abierto Guerrillero): “El patrimonio científico y cultural mundial, publicado durante siglos en libros y revistas -denuncia en el texto- es cada vez más digitalizado y encerrado bajo llave por un puñado de corporaciones privadas”. Posteriormente colaboró con Wikileaks (http://news.cnet.com) y apoyó activamente los “whistleblowers” (denunciantes, como Bradley Manning). Desde el sitio web activista demandprogress.org se inició un gran número de campañas a favor de la libertad de Internet y otros temas políticos, por ejemplo, por la derogación del Patriot Act y contra la abrogación de los derechos democráticos en la lucha “contra el terrorismo”, contra el asesinato extra-jurídico efectuado por el gobierno federal contra supuestos “terroristas”, y contra los dispositivos utilizados en la seguridad en los aeropuertos. Otras campañas destacadas fueron contra SOPA y otra normativa que intenta legalizar la censura en Internet, contra el espionaje e invasión de privacidad de las personas, contra el copyrighting excesivo de materiales, y sobre todo por el libre intercambio de información, abierto a todos. Escribió en su manifesto de 2008: “ Es hora de salir a la luz y, en la gran tradición de la desobediencia civil, declaramos nuestra oposición a este robo privado de la cultura pública. Tenemos que tomar la información, donde se almacena, hacer nuestras copias y compartirlas con el mundo. Tenemos que tomar (materiales archivados)... y descargar revistas científicas y subirlas a redes de intercambio de archivo. Tenemos que luchar por Acceso Abierto Guerrillero.” Según los cargos en su contra, en setiembre de 2010, Aaron Swartz empezó a bajar documentos archivados en el JSTOR (ver el artículo del periódico de los estudiantes del pretigioso Massachusetts Institute of Technology (http://bit.ly/109yrGm) para todos los detalles del caso desde 2010 hasta el presente). JSTOR (abreviación de Journal Storage, en inglés “almacén de publicaciones periódicas”) es un sistema de archivo en línea de publicaciones académicas. Aaron Swartz fue acusado el 19 de julio de 2011 de descargar 4,8 millones de artículos y otros documentos de la base de datos de JSTOR con el fin de compartirlos a través de sitios de descarga gratuita. La oficina del fiscal federal para el estado de Massachusetts tomó cartas en el asunto (los cargos fueron anulados por las autoridades locales) con la excusa de que el supuesto acto tuvo lugar en Massachusetts y JSTOR está ubicado en el estado de Nueva York. Aaron Swartz enfrentaba la perspectiva de multas de un millón de dólares y más de 30 años de detención en una prisión federal. Poco antes de que se iniciara este juicio, el 11/1, Aaron Swartz se suicidó a la edad de 26 años. Sobre Aaron Swartz cayó toda la presión de las corporaciones y el Estado. Los medios oficiales esconden este punto central de su suicidio, sobre todo ocultando su condición de activista y los terremotos tanto en la administración del MIT como en la crisis política centrada en la persona de la fiscal federal y sus ambiciones políticas (http://www.esquire.com/blogs/politics/aaron-swartz-case-011713). Durante la misa/acto comemorativo, este último sábado, la novia de Swartz, Taren Stinebrickner-Kauffman, contó que la enorme presión había dominado sus vidas. “Se enfrentó a un sistema de justicia penal profundamente disfuncional”, dijo. “Estaba tan asustado, tan desesperado y atormentado , y más que nada tan cansado que no podía soportarlo otro día”, añadió (http://www.guardian.co.uk/technology/2013/jan/20/aaron-swartz-memorial). Mientras tanto Wikileaks, además de confirmar su participación como fuente de información, denunció este fin de semana que parte de la presión enorme que caía sobre el activista fue la participación activa de los servicios secretos en el caso. Su colaborador Roy Singham, un colaborador cercano a Swarz, y fundador de la iniciativa Freedom to Connect (Libertad para comunicarse), dijo “Esto no fue un suicidio. Fue un asesinato por la intimidación, el acoso y tormento”. Hay que exigir responsabilidades a los que atormentaba a Aaron. No es la primera vez que actos individuales han desatado movimientos masivos de organización colectivas, capaces de hacer temblar al mismo Estado. Tenemos presente hace dos años el caso de Tarek al-Tayeb Mohamed Bouazizi de Túnez, y hemos documentado otros casos en Grecia. Todo indica que el movimiento desatado por una vida llena de activismo de Aaron Swartz y sus compañeros para parar las grandes corporaciones que expropian el libre intercambio de información apenas comienza.

El pasado 12 de enero se llevó a cabo la cena de Campaña Financiera de Florencio Varela. Dicha actividad fue el cierre de una campaña que superó con creces el objetivo estipulado para la regional. Por lo tanto, la misma fue un éxito desde todo punto de vista. Más de una treintena de comensales se dieron cita y escucharon las palabras de Rafael Santos, compañero y miembro de la dirección nacional del PO. Santos se refirió al gobierno de Cristina Fernández como un gobierno que ya no es plebiscitario, que muestra su agotamiento y es un pagador serial de la deuda externa. Habló sobre las elecciones de 2013, las que serán un registro del “humor” del país. Por otra parte, se refirió a la llegada de la Fragata Libertad como “una farsa, la Fragata fue liberada porque el gobierno se comprometió a pagar una parte nueva de la deuda”. Agregó también que “están dadas las condiciones para que este año aparezca una fuerte bancada obrera en todo el país”. Finalizó declarando que “necesitamos una alternativa política de izquierda. Si esta alternativa logra concentrar una cantidad de votos, va a reforzar todas las luchas” y que “una parte del movimiento obrero se ha puesto de pie”. En esta actividad, se hicieron presentes compañeros de los diferentes círculos de la regional (docentes, barriales, terciarios, universitarios, sindicales), como así también familiares, simpatizantes del partido y estudiantes de la Universidad Arturo Jauretche. Todos aportaron su granito de arena para lograr una jornada exitosa, en un clima de distensión, cordialidad y alegríae en fin; de una gran camaradería. Nuestro agradecimiento a “Lo de Consi” (un bar que nuclea una importante movida de la juventud en las noches varelenses), que nos prestó parte de sus instalaciones, como ya lo había hecho antes con “Video minutos por Mariano” y en la despedida de fin de año. Felicitaciones compañeros.

Desde el domingo 20 de enero se han declarado en huelga de hambre las compañeras del Movimiento Social y Cooperativo 1º de Mayo Gisel Poblete, Catalina Lineros y Haydee Grande, quienes se encuentran detenidas de manera ilegal en el "Maruchito" de Fiske Menuco / General Roca. Exigen inmediato cumplimiento de la sentencia por la que se ordenó que fueran trasladadas a Bariloche en un plazo de 24 horas. Van a cumplirse diez días desde que la policía, en base a una resolución del juez Calcagno de Bariloche, allanó los domicilios de las detenidas, circunstancia en la cual, según sus denuncias, aprovecharon para robarles todas sus pertenencias (una computadora, comida, etc.).El procedimiento continuó con el arresto, interrogatorio y traslado de las tres mujeres a Fiske Menuco sin posibilidad de tener acceso a una defensa real en el proceso, dada la inmediatez con que fueron cargadas en una camioneta y trasladadas hasta la ciudad. Las companeras denuncian que su detención es completamente arbitraria, ya que no se ha dictado el procesamiento en la causa (sólo fueron indagadas), ninguna de ellas posee antecedentes, no se intentaron fugar y poseen las tres hijos muy pequeños, que van desde los 2 a los 13 años de edad. Que se encuentran hacinadas en el "Maruchito" -penal de mujeres -, a más de 500 km de sus hijos, sufriendo el calor inaguantable de su celda, sin acceso a agua potable y con problemas de salud. Catalina sufre de una mastitis (infección mamaria), a causa de la irrupción del periodo de lactancia de su hija de 2 años El Servicio Penitenciario de Río Negro alega que no puede efectuar el traslado debido a que no cuenta con instalaciones para mujeres en Bariloche, las detenidas denuncian que esto es falso porque en el Establecimiento de Ejecución Penal Nro. 3 de esa ciudad actualmente se encuentra alojada una mujer interna de nombre Miriam Troche. La Multisectorial de Fiske Menuco se ha pronunciado planteando Extender la mas plena solidaridad y apoyo a las companeras detenidas y en huelga de hambre Hacer responsable al gobernador Weretilnech, al secretario de seguridad Miguel Bermejo y al juez Calcagno por la salud de las companeras Exigir el inmediato cumplimiento a la sentencia del juzgado que dispone el traslado a la ciudad de Bariloche. Organizar una campana de movilización. Corresponsal

El nombre de Madonna es Marie Louise Veronica Ciccone, y se la puede ver como una artista que naturalmente siguió los métodos del desarrollo capitalista para ganar mercados en todo el mundo durante su carrera, fascinando al universo humano que la sigue con sus siempre novedosas presentaciones. Cuando Bush ordenó aplastar a Irak fué una, sino la primera, que con videoclip y declaraciones denunció la situación pronunciándose contra tal política. Esto le valió la inmediata reprobación de los capitalistas amigos que censuraron el video y las amenazas a sus hijos Lola y Rocco, ella misma y a su esposo inglés del momento, ella entonces abandonó su avanzada solitaria, y según declaró, por miedo, no hizo nada más. Hoy sigue planteando su posición pacifista sin más objetivo que testimoniarla. Ricardo Darín, aparecía hasta ahora como niño mimado y apoyo del gobierno K. Con sus palabras en los recientes reportajes apareció de pronto como el niño del cuento de Andersen al demostrar que la reina está desnuda. Dijo lo que la mayoría sabe o quiere saber pero no se atreve o no tiene poder para decirlo. De ahí la simpatía que trajo su posición actual, que permite a muchos hablar en reuniones pequeñas, en la base social, libremente de sus caracterizaciones del gobierno. En Estados Unidos no hay una organización revolucionaria que oriente las tendencias políticas de las masas, entonces no se sabe qué hubiese hecho Madonna de haber una posibilidad cierta, una perspectiva real de triunfo. En Argentina, en lo inmediato, y ya con historia, está la posibilidad cierta de la izquierda, sería muy bueno para él y para el pueblo argentino que Ricardo Darín sea consecuente con esta posición que desarrolló en soledad y diese su apoyo a la perspectiva política que plantea la izquierda, estamos en un momento histórico que plantea objetivamente la posibilidad de triunfo.

Guillermo Devoto, subcomisario de la Policía Federal, se suicidó en su casa de Miami. Estaba prófugo de la Justicia, que lo imputó, en la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército, por apropiación de un hijo de desaparecidos en 1979. Devoto es el séptimo genocida que se suicida. El mayor del Ejército, Aldo Cecchi, se suicidó con un disparo en la cabeza antes de ser trasladado a Córdoba para ser juzgado en la causa "La Perla". El Ratón, Miguel Angel Junco, se tiró a las vías del tren. El teniente coronel Paulo Navone se disparó en la sien. A Alfredo Marco, un capitán que participó en el crimen del obispo Angelelli, se lo encontró muerto en su casa de La Rioja. El torturador Segundo Wenceslao Garro se suicidó de un disparo en el corazón en 2009. El ex prefecto Juan Antonio Azic, por su parte, falló en su intento suicida en 2000. Fue condenado a perpetua en la causa Esma y está siendo juzgado actualmente en la megacausa Esma unificada. A estos casos se suman los que murieron por causas naturales. El 16 de enero falleció Roberto Pérez Froio condenado por 48 hechos de imposición de tormentos, 177 de privación ilegítima de la libertad agravada y 2 casos de tortura seguida de muerte; y que estaba siendo actualmente juzgado en la megacausa Esma. A pesar de la sentencia y del juicio actual, Pérez Froio gozaba de prisión domiciliaria en su casa del Club de Campo "Pilar del Lago". Todos estos genocidas vivieron larguísimos años gozando de la más completa impunidad. Muchos otros tampoco serán juzgados nunca, por del letargo de la Justicia argentina y la inexistencia de una verdadera decisión del poder político de proceder contra todos ellos en forma expeditiva.

Con una importante rebelión vecinal estalló el reclamo de la vivienda en nuestra ciudad. Ahora funcionarios municipales se atreven a mencionar una cifra cercana a las diez mil, cuando hablan de un listado con 9.800 anotados. La desesperación se ha transformado en una virtud y la acción colectiva de cientos de familias, que han ocupado dos barrios del Plan Federal, ha puesto sobre la mesa el tema de la vivienda popular, que plantea como prioritario la realización de un censo en toda la ciudad, para establecer las reales necesidades y la inmediata finalización, urbanización y entrega de las dos mil viviendas del Plan Federal paralizadas desde el 2011 por falta de pago ó atrasos a las empresas contratistas. En Bahía Blanca, unos 10.100 hogares presentan déficit cualitativo (viviendas mejorables) y otros 3.500 padecen déficit cuantitativo (viviendas irrecuperables). Se trata nada menos que del 13% de los 105.342 hogares bahienses -unas 40.000 personas. Esta información surge de una encuesta sobre la situación habitacional en Bahía Blanca, realizada en 2007 (Esandi, 2007 -UNS) por encargo del municipio pero cuyos resultados jamás fueron divulgados. Los Planes Federales con que se reemplazó al FONAVI son un fiasco; las viviendas salen con cuentagotas, sus características (dimensión, ubicación, etc.) no son las adecuadas ni se corresponden con lo que merecemos, y su calidad es desastrosa. Las famosas "soluciones habitacionales" (créditos de bajo monto para pequeñas obras y mejoras) son gotas de agua en el océano de la gran masa de población radicada en villas miseria o hacinada en hoteles e inquilinatos. La intendencia K de Bevilaqcua ha actuado durante todo este tiempo como un vendedor de humo, prometiendo la pronta finalización de las mismas a partir de la recepción de los aportes que recibiría del gobierno nacional -lo que exasperó aún mas a los "sin techo". Los vecinos, que han tomado la firme iniciativa de ocupar las casas en las condiciones en las que se encuentran, denuncian que hace mas de una década que están inscriptos en los listados. En las barriadas más humildes, los alquileres superan los mil pesos. Familias enteras sobreviven en las condiciones mas precarias que un ser humano puede asumir. El intendente Bevilaqcua (FpV) acusa a los vecinos de usurpación. Su respuesta a la necesidad es la represión. Les ha cortado el agua y la luz, cuando en la ocupación hay chicos, mujeres embarazadas y bebés. Ha cercado con mas de 100 policías el predio. Sacó un "decreto" por el cual impone el cese de la ayuda social ó la imposibilidad de participar del sorteo de las viviendas a los que no abandonen la toma, y amenaza con un desalojo violento. Apoyamos la lucha vecinal, para satisfacer el derecho a la vivienda, y denunciamos al gobierno municipal que pretende reprimir y judicializar a los que reclaman por ese derecho. Llamamos a las organizaciones populares a solidarizarse y rodear la toma para impedir la represión. La conformación de una comisión de los sin techo, independiente del municipio, para controlar y garantizar la entrega efectiva de las viviendas y la concreción de nuevos planes para todas las familias necesitadas, sería una de las grandes conquistas populares de la lucha en curso. -No a la represión y judicialización de las necesidades populares -Inmediata entrega de las dos mil viviendas del Plan Federal, afectando el presupuesto municipal a tal fin sin mas dilaciones, bajo control de las organizaciones de los sin techo -Censo habitacional en Bahía Blanca ya, y plan de viviendas para todos bajo control de las comisiones de los sin techo.

Villa Río Bermejito es un pueblo que queda en la provincia del Chaco, cerca de la frontera con Formosa, en el noreste lejano del país. Su población no supera los mil habitantes. Como en toda la zona chaqueña, en verano el calor es extenuante y por lo general durante las tardes de la siesta sus calles permanecen vacías, calladas, quietas. El balneario del pueblo suele llenarse de los habitantes de pueblos de alrededor, que instalan sus carpas y autos en el camping. Cada año se realiza allí un festival que da inicio a la temporada de verano. Este enero contaría con la actuación del Chaqueño Palavecino. A disfrutar de ese espectáculo se dirigió la noche del 4 de enero Imer Flores, niño de 12 años. Nunca regresó. Encontraron su cadáver al día siguiente, en el río, desfigurado por los golpes. Imer era miembro de la comunidad qom de ese pueblo. No es el primer crimen violento que tiene como víctima a una persona qom en Villa Río Bermejito -y a un criollo (término que se usa en la región para denominar a los no aborígenes) como victimario-. El crimen de Imer Flores es el séptimo que se produce en estos últimos años, según contabiliza Edilberto Pérez, líder de la comunidad. Entre ellos, el caso de Alberto Galván, herido y tirado al río donde las pirañas -que huelen la sangre- se hicieron cargo de su cuerpo. O el de Claudio Alvino, que fue invitado por unos criollos a una fiesta y allí apuñalado. O el de Alberto Montenegro, que apareció ahorcado en un árbol y cuya muerte -a pesar de toda la evidencia en contra- fue caracterizada como un suicidio. Entre otros. Son menos de mil vecinos en Villa Río Bermejito, y las poblaciones criolla y qom tienen un número similar de habitantes. Quizás por eso allí se puedan percibir de manera concentrada las razones y las formas de un “apartheid” que ocurre ahora mismo en el noreste argentino, esa región donde habitan los qom, especialmente en las provincias de Chaco y Formosa. “Justicia y que hagan derechos para los niños”. Ese es el reclamo de Fariseo Flores, padre de Imer Flores, que expresa con palabras arrastradas y una mirada cansada, abatida. Muestra fotos de su hijo, junto a sus compañeros y solo, vistiendo pantalones de gimnasia. “Le gusta el fútbol -dice en presente-, se junta con sus amigos, no tiene problemas con nadie”. Nino Franco, un criollo del lugar, fue detenido por el crimen. Se sospecha que desquitó la inquina que tenía con los qom descargándola a golpes contra un niño elegido al azar en la fiesta donde tocaba el Chaqueño Palavecino. El niño elegido resultó ser Imer Flores. El fin de semana estuvimos en Villa Río Bermejito junto al escritor Martín Quintana, de Corrientes, para tratar de percibir las causas y razones de esos crímenes de odio. En una mesa del hotel de Villa Bermejito -propiedad del secretario de Gobierno del pueblo- unas señoras almuerzan y se refugian del calor abrasante. Al consultárseles sobre los qom -luego de aclarar y perjurar que ellas no discriminan- emiten algunos conceptos sobre aquellos aborígenes. Esto es un extracto de lo que dijeron: “No trabajan, tienen planes, todos tienen planes. Son quedados, son vagos. Con lo que cobran del plan compran motos y celulares. Y qué motos y celulares… El año pasado mataron a un criollo, ¿y el gobierno hizo algo? No. Pero matan a un indio y se mueve todo el gobierno. Nosotros somos los discriminados. Son de otra raza, tienen un olor característico por eso, además siempre hacen fuego. En invierno se les ahuma toda la ropa y eso se huele. En las casas que les dan hasta hacen fuego sobre el azulejo”. -¿Pero no son trabajadores los originarios? -se les preguntó. -Los alemanes originarios que vinieron a construir esta comunidad, esos eran trabajadores, no éstos -fue la respuesta. El intendente Lorenzo Heffner se refirió al asesinato y a los otros crímenes. Sobre Imer Flores aclaró: “Lamentamos esa muerte como cualquier otra, de cualquier raza. Sin embargo quiero aclarar que existe una ordenanza que prohíbe que los menores de edad deambulen de noche”. Heffner fue denunciado en 2006 por discriminación, ya que una veintena de miembros de la comunidad qom aseguraba que el alcalde no los recibía en la municipalidad, sino en la vereda, por ser aborígenes. La Justicia desestimó la denuncia. “Antes los qom eran trabajadores, ahora todo cambió -asegura el representante del Estado en el lugar-. Están influidos por los piqueteros, por abogados que vienen de afuera para influir en sus cabezas. No todos son malos, como no todos los criollos son malos. Los que cortan la ruta y nos cortan la posibilidad de salir de Bermejito son una minoría. Y quedarse horas en la ruta sin poder llegar a sus casas crea enojo en los damnificados. Están provocando una guerra, porque va a llegar el momento en que sí puede crecer el odio y sí puede haber violencia”. Esos pareceres, los de las señoras -que se expanden al resto de la sociedad- y los del intendente no sólo expresan el racismo que pesa desde hace siglos sobre los aborígenes, sino que son expresiones, también, de una disputa económica agudizada en los últimos años: son la consecuencia de la irresuelta cuestión de la tierra. Los qom provienen de una cultura cazadora y recolectora. El uso que le podrían dar a las tierras con ese tipo de actividades se contrapone a la actividad ganadera o a la expansión sojera. La creciente organización política de la comunidad qom en reclamo de sus derechos también implica el reclamo por la tierra, que se convertiría en improductiva según los cánones más actuales que rigen la agricultura en el país hoy. El Estado no sólo tiene responsabilidad en estos dos aspectos, sino que promueve de forma activa en la violencia contra los qom. En Formosa en 2010 la represión dirigida por el gobernador kirchnerista Gildo Insfrán contra la protesta por tierras de la comunidad La Primavera se cobró la vida del aborigen Roberto López y ocasionó la muerte de un policía -en represalia por ese fallecimiento, los ranchos de la comunidad fueron quemados, como en una postal de la guerra de Vietnam, por las fuerzas de seguridad -. Al día siguiente un policía atropelló al dirigente qom Mario López y ocasionó su muerte. En 2011 una camioneta atropelló al dirigente qom y militante del Partido Comunista Revolucionario Mártires López en el Chaco. Todos los crímenes permanecen impunes. La marginación económica y social, discriminación racial y segregación cultural de los qom son responsabilidad del Estado, así como la violencia directa del aparato represivo sobre ellos, replicada criminalmente por la sociedad civil. Depende de la movilización popular y de los esfuerzos de los gobernantes que ese estado de las cosas se transforme.

El viernes 11 de enero por la tarde, la policía de la comisaría 2da de Villa Tesei, Hurlingham, irrumpió violentamente en la vivienda ubicada en Oyanarte 708, esquina Sanabria, del Bº El Progreso. Golpeando salvajemente a mujeres embarazadas y niños, amenazando a los hombres. En el lugar, vivían tres familias con diez menores de edad. Dejando como saldo varios chicos golpeados, dos embarazadas hospitalizadas y dos detenidos, entre ellos una mujer con un bebe de meses. La brutal represión desatada sobre los vecinos, no es un exceso de parte de un grupo de policías, sino una política de estado frente a las necesidades de los trabajadores y vecinos de Hurlingham. En la misma situación se encuentran varias familias del barrio, que ya han recibido ordenes de desalojo. El Partido Obrero denuncia, las patoteadas, amenazas y golpes a vecinos trabajadores, por parte de la policía, que ante la necesidad de una vivienda se ven obligados a la toma de terrenos desocupados. Hacemos responsable al gobierno municipal por la brutal represión. Denunciamos que en el distrito la única política de vivienda es entregar las escasas construcciones a los amigos del gobierno. El gobierno municipal ha aumentado las tasas generales en un 30% y eximido a empresarios de las mismas, destinado fondos a la compra de bonos de deuda de la provincia de Buenos Aires. Planteamos, asambleas en todos los barrios, empadronamiento de los vecinos sin techo y movilizarnos al municipio para reclamar: Que se abran los libros del municipio, que se informe a donde se destina el dinero de los contribuyentes Hurlingham. Que se realice inmediatamente un plan de viviendas. Que se resuelva en lo inmediato la situación de las familias desalojadas.

A esta altura de los acontecimientos, Macri ha demostrado con creces que es el alumno más aventajado de la ‘sintonía fina'. Lo demuestra con toda claridad el aumento de los peajes de las autopistas porteñas, cuya recaudación será destinada al financiamiento del subte, que no había querido tomar a su cargo. El ‘pibe', con este aumento, se ha mandado un gran fraude impositivo, que curiosamente ni los kirchneristas más recalcitrantres denuncian. Es que el aumento del peaje significa cargar a los contribuyentes del resto del país -y, en especial, del Gran Buenos Aires -el costo de un servicio propio de la jurisdicción porteña, ajeno al mejoramiento de las autopistas. Macri ha ampliado su padrón impositivo con vecinos que tributan fuera de la Capital, sin necesidad para ello de anexarlos al distrito porteño, en especial del conurbano. Scioli, sin embargo, no ha abierto la boca, ni tampoco los intendentes K. El ‘traspaso' kirchnerista para ‘joder' a Macri, ha sido convertido por Macri en una ‘brillante' operación financiera que lo favorece en forma escandalosa, aunque por sobre todo a los Roggio y a todos los grupos económicos que han sido convocados para explotar el negocio del subterráneo. Los compañeros que dirigen el Sindicato del Subte deberían reflexionar sobre lo que han logrado con su campaña de que "Macri se haga cargo". El dinero que producirá el aumento del 12% del peaje no pasará en forma directa a la caja del subte. Para nada. La recaudación del aumento pasará a integrar un fondo para financiar las obras y servicios del subte, o sea que cobrará por un préstamo, cuya tasa de interés incrementará el costo del servicio. A ese fondo se añadirán, a su vez, los 300 millones de dólares autorizados por la Legislatura, en concepto de crédito con el exterior. Como se puede apreciar, los K han logrado, con el traspaso, poner en manos de Macri un arsenal financiero fenomenal. Pero como ocurre con cualquier fideicomiso, el fondo macrista destinará una gran parte del dinero que recaude, por los diferentes conceptos, a inversiones financieras ajenas al subte, con el pretexto de mantener la ‘sustentabilidad' del fondo, o sea la intangibilidad de su capital. Por esta vía, el subte se ha convertido en una excusa perfecta para esquilmar a los contribuyentes en beneficio de la ‘patria financiera' o ‘inmobiliaria' que opera en la Ciudad y fuera de ella. Los K han logrado lo que nadie habría esperado de ellos -fortalecer al macrismo. En esto han terminado los sinvergüenzas que repiten como idiotas que el Partido Obrero, debido a nuestras críticas socialistas al kirchnerismo, es 'funcional a la derecha'. La Ciudad es un apetecido botín económico, que opera fuera de cualquier control popular. Es que Ausa, el Fondo para el Subte, la Corporación del Sur o el Banco Ciudad, se encuentran al margen de la supervisión incluso de la Legislatura. La integración de sus directorios se reparte entre los dos o tres partidos con mayor representación, que de ese modo se distribuyen igualmente los negocios que manejan. El Fideicomiso para el Subte, incluso si pasa a la jurisdicción de la empresa estatal, Sbase, servirá como botín de una yunta macro-kirchnerista. Tarifa La integración del Fondo no atenúa sino que refuerza la necesidad del tarifazo que anuncia Macri -a 3,50 pesos para marzo-, para garantizar las operaciones de ese Fondo. Son estos tarifazos, y no los aumentos paritarios, los que van a desatar el Rodrigazo -cada vez más próximo. Es falso, entonces, que el establecimiento del Fondo respondió a la necesidad de evitar un tarifazo: un Fondo que se aplica a financiar un servicio deficitario, acaba quebrado. Es lo que ya ocurre con el Banco Central, que a fuerza de financiar a un Estado en bancarrota, se encuentra hoy con un patrimonio negativo. El cierre de la línea A por dos meses, contra el que los K protestan para la tribuna, es otra manifestación de la tercerización, a cargo de Macri, impuesta por los K. Así lo demuestra la firma con la UTA, por parte del macrismo, de un acta que habilita una amplia flexibilización laboral con congelamiento de vacantes. En otro tema, la asignación de personal para los nuevos talleres correspondientes a la extensión de las líneas, una de las cláusulas del acta con la UTA plantea que se cubrirán con traslados de personal ya existente; esto es, con fuerte flexibilidad laboral. A todo esto, hasta ahora, un par de consultoras entretienen a los obreros de tráfico de la línea clausurada, mientras se traducen los manuales de los nuevos coches chinos, con "ejercicios motivacionales" que incluyen dar vueltas carnero y, según versiones, con preguntas de inteligencia antigremial. El 'pibe' Randazzo Mientras 'denuncian' a Macri, los K se mandaron su propio tarifazo -un aumento del 40% para colectivos y trenes el mismo día que se votaba el traspaso del subte en la Legislatura porteña. Es que los tarifazos tienen que venir en pareja; en Córdoba, el colectivo se fue a 4,20 pesos, más caro que el subte macrista. El derrumbe fiscal de las provincias y de los municipios anuncia un tarifazo generalizado en el transporte -la gran bomba de tiempo de 2013. Bien mirados, sin embargo, estos tarifazos son arbitarios, y no por uno sino por varios motivos. El primero de ellos es que no han sido determinados por auditorías de costos, que no se hacen, y mucho menos ha sido investigado el destino que las patronales han dado a los enormes subsidios recibidos. Esta dilapidación significa un encarecimiento enorme del costo de las inversiones que deben hacerse. Tampoco se ha investigado el costo de la superposición de líneas, ni la concentración creciente del capital que opera el transporte. Una auditoría, por último, debería determinar la parte del costo del servicio que debería resarcirse con la tarifa y la que debería ser cubierta mediante impuestos (a los sectores más ricos), dada la significativa importancia social que ha adquirido la reorganización y modernización del transporte urbano. La dirección de la AGTSyP, sin embargo, impulsó la entrega del subte a Macri, el mayor de los verdugos, sin la exigencia previa de una auditoría sobre la gestión kirchnerista. El cálculo de la tarifa debería incluir a su vez los ingresos de todos los servicios colaterales que ofrece el subte: la publicidad, el alquiler de locales, la red de cable para telecomunicaciones que surca los túneles de las seis líneas. Deliberación A medida que se ponga de manifiesto el ajuste kirchnero-macrista, la situación social vinculada con el transporte va a a sufrir una conmoción. Entre los usuarios y entre los trabajadores. Las paritarias serán otra instancia crucial, incluso porque volverá a poner en crisis la representación sindical que el gobierno K adjudica a la burocracia antiobrera de UTA. En nuestra opinión, este panorama plantea a los trabajadores un abordaje de conjunto. Es necesario ir a la confrontación con un plan general. Es necesario entonces preparar una asamblea general, que defienda los salarios y condiciones de trabajo, pero que también oponga al plan macro-kirchnerista una salida obrera a la catástrofe capitalista del transporte en Argentina. Deberíamos convocarnos todos los trabajadores combativos a esta causa -choferes, ferroviarios, aeronáuticos, subterráneos.

La experiencia del gobierno de Monti concluyó con un mes de anticipación, sin haber sido capaz de resolver ninguna de las cuestiones de fondo que hacen a la crisis italiana. Seguramente, representó un gobierno burgués con mayor autoridad que el de Berlusconi, quien lo antecedió. Ello, tanto en su relación con los círculos dominantes del capital financiero (de los que fue su representante directo), como así tambien en las negociaciones del imperialismo italiano relativas a Europa y el terreno internacional. Pero lejos de resolver la crisis, el gobierno de Monti contribuyó a su agravamiento. La recesión económica se profundizó. La deuda pública creció más allá del limite de los 2 mil millones, e incluye una parte importante de las administraciones locales. Los acuerdos de "impacto fiscal" (los que prevén para los próximos veinte años operaciones financieras por entre 45 y 50 millones únicamente en concepto del pago de intereses) implican un ajuste social dramático, en un contexto de derrumbe del consenso social. Este es el punto nodal: el capitalismo italiano pretende desarrollar esta ofensiva social en un cuadro de crisis política e institucional extraordinaria. La "segunda república" atraviesa un proceso de descomposición política. La experiencia del gobierno Monti, que ya fue expresión de esta misma crisis, a su turno la profundizó. Las viejas coaliciones de alternancia de centro derecha y centroizquierda están en un franco derrumbe. El partido de Berlusconi (PDL) se encuentra en desintegración; el enésimo relanzamiento "populista" de "Il Cavaliere" no servirá para reanimarlo. El centroizquierda se ha reorganizado temporalmente alrededor de la alianza entre el PD liberal (Bersani) e Izquierda y Libertad (Vendola, la que es favorita para las próximas elecciones. Sin embargo, debido a sus contradicciones internas, el grueso de la burguesía no lo considera capaz de garantizar la continuidad de la política de Monti. El centro burgués intenta reorganizarse alrededor de Monti, quien sin embargo ha salido de la arena política bajo la presión directa del capital financiero. Pero su debilidad electoral no obstaculiza sus ambiciones de liderazgo. Por el momento, ha fracasado cualquier hipótesis de acuerdo político postelectoral con el PD. El sistema político italiano, por lo tanto, está privado de un centro de gravedad. Se desenvuelve a oscuras. Mientras tanto, se multiplican los choques internos en el aparato del Estado. En este cuadro, el verdadero punto fuerte de la burguesía es la debilidad del movimiento obrero - principalmente por responsabilidad de sus direcciones. Por un lado, está la burocracia de la CGIL, la que -para cubrirle la espalda al PD- boicoteó cualquier oposición real al gobierno y solamente busca ser convocada a una mesa de concertación por un futuro gobierno de Bersani. Luego, está la dirección de la FIOMA, la que -incluso criticando la CGIL- no asumió la responsabilidad de ofrecerse como dirección alternativa, por lo que acumuló derrotas de todo orden en los frentes fabriles (Fiat). También una izquierda política que, incluso como oposición a Monti, se alió al PD -sostén del propio Monti (SEL)- o constituyó un bloque con un partido populista (IDV), guiado por un ex juez municipal (Di Pietro), que reivindica un gobierno de coalición con el PD (el PRC). Pero el reflujo temporal del movimiento obrero no implica una estabilidad social. El descrédito de las clases dirigentes, junto a la brutal política de austeridad, acumulan una explosión en potencia. La "explosión social" es el verdadero temor de la burguesía. El PCL se prepara para las próximas elecciones sobre la base de un programa político central que animó -y anima- su agitación política cotidiana: la unificación de todas las luchas en una sola lucha, en una movilización de masas extraordinaria que ponga en escena una fuerza idéntica y contraria a la determinación de la burguesía, una gran rebelión social capaz de imponer la única solución progresiva posible a la crisis social y política: la expulsión de las clases dominantes, sus partidos y sus gobiernos para que llegue un gobierno de trabajadores, basado en su propia fuerza y su propia organzación. La consigna "que se vayan todos, que gobiernen los trabajadores" es la única que corresponde a la gravedad de la crisis. La única que puede sostener un programa anticapitalista de emergencia en favor de la población pobre: anulación de la deuda pública con los bancos, nacionalización del sistema bancario, expropiación de todas las empresas que despidan y golpeen derechos sindicales, una planificación del trabajo combinada con una reduccion de la jornada de trabajo. Traducir en términos populares y no ideológicos la consigna del gobierno de los trabajadores, hacerla entrar en cada movilización parcial, redirigir hacia ella todo el plan de trabajo del partido fuera de cualquier lógica economicista: este es el eje de nuestro trabajo de masas. La participación en la campaña electoral -sobre la base del programa del gobierno de los trabajadores- será la tarea central del PCL en las próximas semanas. Contra cualquier mirada reduccionista y autoconservadora de un pequeño grupo, nuestra política es llevar a las masas el programa de la revolución. Las elecciones son un canal extraordinario de comunicación con las masas. La construccion del partido revolucionario, la formación de sus cuadros, el desarrollo de su enraizamiento son inseparables de esta política.

Los días 16 y 17 de febrero se desarrollará el campamento regional de la UJS, en donde la juventud compartirá un espacio de recreación, con actividades deportivas, juegos, pileta, y un espacio de formación política, con un curso central de formación política. El objetivo de la actividad es preparar a la UJS para la batalla política que deberá librar a lo largo del 2013. Neuquén es la provincia del "Plan de seguridad ciudadana" que fusila niños en los barrios populares. Es lo que ocurrió con Brian de 14 años hace un mes. El gobernador Sapag (MPN) y el intendente Pechi Quiroga (UCR) han invertido cientos de miles de pesos en patrulleros y policías para militarizar los barrios y "cazar" a la juventud que estudia y trabaja. La educación pública en esta última década sufrió un proceso de privatización descomunal. Hay miles y miles de estudiantes del nivel primario, secundario y terciario que en 2013 no tendrán acceso al sistema público por falta de bancos, escuelas y cargos docentes, porque el presupuesto está congelado. Hay un proceso de reforma en marcha en todos los niveles, pero más ensañado en terciaria y media. Muchos establecimientos están en estado crítico en infraestructura. A esto debemos sumarle la decisión del gobernador Sapag (decreto 1214/12) de congelar los puestos de trabajo en el sector estatal (menos docentes, menos auxiliares de servicio). Para enfrentar esta situación que llega a los bolsillos de los trabajadores de la educación, ATEN recuperada por el clasismo, se preparara para poner en pie un plan de lucha. El problema del costo del boleto de colectivo cada vez deja a más jóvenes universitarios sin poder acceder a la educación. Los tarifazos en el transporte público subsidiado por el Estado no cesaron y el mínimo llegó a los cuatro pesos. Se agrega a esto es desmatelamiento de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO), en donde el la deserción es cada vez mayor. Los jóvenes estudiantes neuquinos se enfrentan a la privatización de la educación pública, a la represión, a la falta de trabajo o la precarización laboral como tercerizados o trabajadores descartables cada cuatro meses. Todas expresiones de la crisis capitalista que se desata sobre los trabajadores y la juventud. La lucha por Justicia por Mariano, el juicio para que sean condenados Pedraza, la patota asesina y la policía cómplice, es la lucha por terminar con éste régimen de explotación y muerte. La juventud del Partido Obrero en el Frente de Izquierda se prepara para contraponer una alternativa política propia de los trabajadores en el 2013. Grandes luchas se avecinan. Vamos todos al campamento regional de la UJS para comenzar a prepararnos.

Desde el domingo 20 de enero se han declarado en huelga de hambre tres compañeras del Movimiento Social y Cooperativo 1º de Mayo. Gisel Poblete, Catalina Lineros y Haydee Grande, están detenidas de manera ilegal en el “Maruchito” de Fiske Menuco, General Roca. Exigen inmediato cumplimiento de la sentencia por la que se ordenó que fueran trasladadas a Bariloche en un plazo de 24 horas. Las compañeras denuncian que su detención es completamente arbitraria, ya que no se ha dictado el procesamiento en la causa (sólo fueron indagadas), ninguna de ellas posee antecedentes, no se intentaron fugar y poseen tres hijos muy pequeños, que van desde los 2 a los 13 años de edad. Se encuentran hacinadas en el “Maruchito” -penal de mujeres -, a más de 500 km de sus hijos. Sumamos nuestra solidaridad y apoyo a las companeras detenidas y en huelga de hambre.

Dos escisiones han sido el tópico de la izquierda en este principio de 2013. Una, en el PCR, ha desgajado el Comité por la Reconstrucción del Comunismo Revolucionario (CRCR), y la otra, del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), la Corriente Nacional. La escisión en el PCR tiene su centro en Capital y Tucumán, pero se encuentra en pleno desarrollo. El sitio oficial del PCR y su periódico (Hoy, 16/1) se ocupan en forma central del tema: "ellos dicen -retruca Otto Vargas- que hacemos mal en golpear como enemigo principal a los Kirchner". El periódico Hoy, sin embargo, desmiente a su dirigente mayor al exhumar una autocrítica de carácter interno de hace un año por haber concurrido a la cena realizada el 1 de diciembre 2011 en la Sociedad Rural, organizada por la Fundación Alvarado, ligada a El Tejar -uno de los pool de siembra multinacionales de mayor importancia en el país. O sea que lo que el PCR define como ‘golpear a los Kirchner' sería el pretexto para una alianza con la patronal de la soja. En la 125, el PCR presentaba esta concomitancia con el capital sojero como el sueño por fin realizado de la alianza obrera-campesina. La Fundación Alvarado está orientada a trabajar con movimientos sociales (básicamente cooperativas de trabajo y empresas recuperadas), de ahí su relación estrecha con la CCC. Según la flamante CRCR, la Fundación habría aportado al sostenimiento de las organizaciones orientadas por el PCR. Hoy no recoge otra denuncia del CRCR, el financiamiento a Renacer: la cooperativa de trabajo de Tierra del Fuego, ex Aurora Grundig, por parte del Banco Santander. "A través del Grupo El Tejar -www.eltejar.com- pudieron conectarse con el Banco Santander Río, que sin pedirles garantía les financió, en principio y como prueba, un pequeño volumen de aproximadamente 450 mil pesos para la fabricación de 2.700 microondas para la firma Garbarino. Con la llegada del Santander, se sortearon los incidentes políticos y se generó más confianza local". De acuerdo a Mónica Acosta (dirigente de la CCC y reconocida líder de Renacer, según el PCR). "Fue importantísimo su apoyo ante la mirada de los bancos locales, que son muy burocráticos con las cooperativas. A su vez, esto nos permitió discutir un plan estratégico a largo plazo incorporando también capacitaciones". Son extractos de un artículo publicado por Visión Sustentable (periódico digital empresario, www.visionsustenble.com.ar, 12/5/2012). En lo que respecta a la escisión del FPDS, el texto de los disidentes es críptico. Denuncia un período de debates de no menos de tres años en los que surgieron diferencias de distinto orden: "cómo hacer posible y realmente efectivo para millones de argentinas/os una alternativa de país y sociedad ante el actual capitalismo neodesarrollista. Diferencias en las concepciones sobre el/los sujetos populares del Cambio Social y la construcción de marcos de confianza para avanzar en procesos de unidad superadores de las organizaciones populares". En su parte más explícita, señala diferencias "sobre la disputa de la estatalidad mediante los mecanismos electorales", posición sobre la que toman partido más adelante, confesando la necesidad de "organizar la disputa de la estatalidad" a través de elecciones. En síntesis, han resuelto intervenir en elecciones, separándose de quienes no comulgan con esta idea y se orientarían a hacerlo con La Mella. El texto de presentación, relativamente largo, establece un punto de partida preocupante para disputar "la estatalidad", sea en elecciones o no. Caracteriza al "modelo" K como "un proyecto que ha comprendido que la gobernabilidad luego de la rebelión popular de 2001 sólo es posible a través del reconocimiento de las demandas populares, forjadas en los años de resistencia al neoliberalismo". No dice, sin embargo, si esas demandas populares han sido satisfechas, o fueron sacrificadas a la ‘gobernabilidad’. Admite, con algún esfuerzo, que el kirchnerismo “ha restringido, a su vez, ese reconocimiento a la convivencia pacífica entre opresores y oprimidos y ha abonado a una construcción política ‘por arriba’ en la cual la potencia transformadora del pueblo trabajador se vio limitada”. Una de cal, otra de arena; nada por aquí, nada por allá. Cuando enumera "los avances de nuestro pueblo", repite el disco rayado del oficialismo, para luego corregir que "estos avances populares deben ser profundizados, pues no parecen (¡no parecen!) formar parte de un proyecto genuino y global de Cambio Social", y que "el neodesarrollismo tiene... límites propios de cualquier capitalismo" tales como el saqueo de los bienes comunes y la precarización de la vida del trabajador. Finalmente, proponen construir "una opción de orientación socialista". Deberíamos suponer que están buscando algún armado electoral para el año que corre. En el caso del PTS, La Verdad Obrera reitera la necesidad de "clarificar la discusión programática de cara a los acontecimientos que vivimos en 2012". Es una afirmación curiosa, porque los acontecimientos de 2012 y las posiciones programáticas de unos y de otros han sido, sin embargo, muy claras. El Frente de Izquierda parte de esta delimitación. "El Socialista", de IS, en cambio, dice en forma nítida "¡Vamos con el Frente de Izquierda", y puntualiza la necesidad de presentar una alternativa en las provincias en las que se adelantan las elecciones, y llama a prepararse para enfrentar y derrotar las internas, que vuelven a constituir un arma de proscripción para la izquierda.

Cuando los representantes del sindicato bancario (de la CGT opositora) y de las patronales bancarias se levanten de la reunión fijada para cerrar la primera paritaria del año, habrá quedado develado el pacto anudado entre el gobierno, los empresarios y la burocracia sindical. El ministerio de Trabajo intervino en contra del acuerdo obtenido por los bancarios (un aumento, por tres meses, de una suma fija de 1.440 pesos y un monto no remunerado por única vez de 770), planteando que no homologaría acuerdos de menos de un año de duración y tampoco aumentos del orden del 24,5%, el porcentaje con el que el aumento a los impactos impacta sobre los salarios inferiores de la escala. En realidad, el aumento promedio es del 20%. "Para el gobierno -comenta el cuasi oficialista Ámbito Financiero (23/1)-, tomando en cuenta que se trata de un sector de muy buen resultado en 2012, no sería un mal final, siempre y cuando pueda anunciarse en abril y licuarse con otros acuerdos más cercanos al 20 %, como los que se preparan con los trabajadores públicos de UPCN (Andrés Rodríguez) y quizá con algún sindicato amigo, como el de la construcción de Gerardo Martínez". Días antes, la burocracia del sindicato aceitero de San Lorenzo, en la CGT Balcarce, había firmado por un 19 por ciento más un premio por asistencia y otro premio anual de 4.000 pesos, todo en negro En una patética marcha atrás, el oficialista Yasky se desdijo de dos tajantes afirmaciones hechas 24 horas antes: que antes de cualquier negociación paritaria debía resolverse el tema del impuesto al salario y que era legítimo pactar salarios por períodos menores a un año, para precaverse frente a la inflación. En ninguno de estos casos la burocracia planteó el tema del impuesto al salario y de las asignaciones familiares, como punto de partida para que la discusión paritaria no se convierta en un papel mojado antes de comenzar. Qué se negocia En el editorial con su firma en Página/12 en la edición del último domingo, Horacio Verbitsky expresó la posición del gobierno con un cinismo característico: la eliminación del impuesto al salario "dejaría sin recursos a los programas de transferencia de ingresos a los más débiles". El pago de la deuda usuraria y los subsidios infames a los concesionarios de servicios públicos, el ex monto los tiene fuera del radar. Es decir, el impuesto al salario puede sufrir un ajuste menor, pero no se va. Como tampoco se van los topes que impidieron el cobro del salario familiar - ¡con sus montos congelados a valores de 2008!- a los padres de casi 400.000 chicos en los últimos seis meses del año 2012. La experiencia del año pasado -un paro aislado y mucha gritería -ha convencido al gobierno de que cuenta con la complicidad de la burocracia, la oficialista y la opositora. Hugo Moyano ha anunciado un posible paro general para marzo, cuando paritarias estratégicas -como la de docentes- ya estarán jugadas. El trío que convocara la saga de manifestaciones que se inició el 24 de junio del año pasado está volcando sus mejores esfuerzos a los armados electorales; Moyano con el peronismo disidente y Micheli con el FAP. "Castiguemos con el voto" -se jugó Moyano. La burocracia sindical no está deliberando para frustrar el planteo del gobierno sino conspirando contra los trabajadores -como ha ocurrido con las paritarias de estos últimos años. Las patronales levantan el espectro de un ‘Rodrigazo' para alinear a la burocracia con los intereses patronales. Pero como dice el adagio: "Dios ciega a quien quiere perder". Es que hace casi cuarenta años, el mismo cuento precipitó el ‘Rodrigazo'. Una vez que las burocracias sindicales se avinieron a los topes del gobierno isabeliano, éste sintió que tenía las manos libres para superdevaluar la moneda y aplicar un tarifazo histórico. Ni siquiera en ese momento reaccionó la burocracia sindical, completamente sometida al gobierno de la Triple A. La reacción la produjeron las coordinadoras fabriles de base, a partir de una huelga activa votada en Ford, General Pacheco, John Deere, en Sauce Viejo (Santa Fe). Esta reacción llevó a una huelga general de seis semanas ¿Alguien tiene la menor duda de que los K están buscando en convenios salariales a la baja y en el mantenimiento del impuesto al salario, como un ‘ancla contra la inflación' (como ellos mismos dicen), que les permita avanzar en la devaluación del peso y en la ‘sintonía fina' K, a la Macri, a 3,50 pesos el viaje (para empezar)? El mismísimo Guillermo Moreno, el carcelero de los precios y el demonio de los monopolistas que remarcan, ha anunciado una devaluación de la moneda del 25% anual y la autorización de aumentos de precios aún mayores. La perspectiva de un Rodrigazo fue planteada, antes que nadie, en Prensa Obrera, por Altamira, y luego en un artículo en el diario Perfil. Lavagna tomó el tema, precisamente, para denunciar este análisis, que atribuyó a "círculos de iluminados", en un artículo en Clarín. Clarín se negó, sin embargo, a publicar la réplica de Altamira, que luego reprodujimos en estas páginas. El Rodrigazo es una respuesta capitalista a los gigantescos desequilibrios de la economía nacional, que necesitan "las paritarias por uno o dos años", como dijo Tomada, para que los trabajadores paguen la factura. En este "año electoral", los partidos capitalistas, del oficialismo y la oposición, están unidos en el garrote contra el salario. En las paritarias provinciales, los gobernadores fijaron pautas inferiores al 20% (Scioli, 18%; Sapag, 17%). Nuestra campaña política pone el acento en la denuncia de este atropello y advierte que el propósito de este atropello es avanzar en un ajuste a la Rodrigo, como el arma última de los capitalistas, su gobierno y partidos frente a la crisis que no pueden controlar. Llamamos a impulsar un movimiento de lucha por la derogación del impuesto al salario -absolutamente para todos, para los que revistan en condición de asalariados y para los jubilados; por la eliminación de los topes para el cobro de las asignaciones familiares, por un salario de convenio igual a la canasta familiar. Solamente asambleas soberanas en cada rincón del movimiento obrero podrán dar una perspectiva de victoria a esta lucha, no la burocracia sindical.

El 19 de diciembre del 2012, apenas unos días después de haber recibido su diploma de 7mo grado, con diploma de honor y como escolta, Brian Hernández, un pibe de apenas 14 años, fue fusilado de un balazo en la cabeza por la policía de Neuquén. El policía que disparó, confesó con injustificables pretextos este aberrante crimen. Brian ni se imaginaba que la aventura de salir a dar una vuelta en el auto del padre de uno de sus amigos, terminaría con su vida. El oficial Claudio Salas dijo que vió lo que pareció un fogonazo del interior del auto contra otra policía. Luego, apareció un arma plantada en el auto que no sirve para disparar. Los chicos que iban con Brian, fueron apretados en la comisaría para que se autoinculpen. La reconstrucción del hecho no cumplió el requisito del auto original: tener vidrios polarizados que complican la coartada del oficial Salas. Las declaraciones de los demás policías no sostuvieron con solidez la versión del fogonazo. Este hecho ocurre a pocos días de declaraciones de funcionarios contra los trabajadores de la educación y estatales del EPEN (Ente provincial de Energía del Neuquén) acusándoles de criminales, por rechazar la miseria salarial y luchar. El juez Marcelo Muñoz dejó libre a Salas por falta de mérito (y todo indica que está prófugo). Este insólito fallo ante un autor confeso se emparenta con el sobreseimiento de Jorge Sobisch antes de fin de año, por la causa de la zona liberada en Plaza Huincul, cuando una patota de la UOCRA atacó a los docentes en la huelga del 2006. Ante la noticia de la libertad de salas, se convocó a una marcha de inmediato, y la familia de Brian fue reprimida junto a los manifestantes. Una importante multisectorial con 30 organizaciones de DDHH, políticas, sindicales y estudiantiles- convocados en ATEN- se reunió resolver las acciones políticas a seguir. Se presentó una apelación y el reclamo de destitución de Gabriel Gastaminza, super ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo. También la exigencia de un jury de enjuiciamiento para el juez Marcelo Muñoz. La crisis sostenida a sangre y fuego. El "plan de seguridad" implementado hace seis meses por el gobierno de Sapag y Quiroga, expuso con crudeza la regimentación, persecución y "cacería" de la juventud que estudia y trabaja. Como Matías Casas, otro joven fusilado por la espalda el año pasado. A los trabajadores que luchan por el salario y las condiciones laborales. A los pueblos originarios que enfrentan los atropellos del gobierno y las petroleras saqueadoras y contaminantes. A los feriantes que resisten el desalojo de los espacios destinados a la especulación inmobiliaria. La impunidad de los asesinos de niños, jóvenes y trabajadores de la provincia, es la apelación al garrote para imponer el ajuste y los tarifazos. La madre de Brian (trabajadora de la educación) sentenció con precisión: "Sobisch es un asesino porque fusiló a un maestro. Sapag es un asesino porque fusiló a un niño". La vicegobernadora Ana Pechén salió por los medios de prensa a reclamar por los niños, con un "que los chicos no pierdan ni un día más de clases". Un mensaje provocador a los docentes y a la familia de Brian, cuando su gobierno termina fusilándolos sin piedad en los barrios. Brian ya perdió todos los días de clase que tenía por delante, su futuro. La familia de Brian y la mutisectorial tienen una enorme tarea por delante, ya que el aparato represivo de la provincia se refuerza para enfrentar a los trabajadores en un año de mayor confiscación popular. Una nutrida movilización con acto en casa de gobierno, la campaña de firmas por el procesamiento de Salas y todos los responsables, por la renuncia de Gastaminza y Muñoz ya está en marcha. El partido Obrero en el Frente de Izquierda participa activamente en cada instancia para lograr que todos los responsables. En Neuquén, la "capital de los derechos humanos", el gobernador se jacta de una política de diálogo. No ha sido eso lo que lo caracteriza, precisamente. Justicia por Brian. Perpetua para Salas. Fuera Gastaminza y Muñoz. Basta de gatillo fácil. Desmantelamiento del aparato represivo.

El discurso de Cristina Fernández, al recibir la Fragata Libertad, fue cualquier cosa menos festivo. La certeza de una confirmación del fallo, por parte de la Justicia norteamericana, a favor del pago integral de la deuda con los fondos que no aceptaron los canjes de 2005 y de 2010, la llevó a diagnosticar que el ‘relato' oficial había quedado "en pelotas". Después de cuarenta años de endeudamiento, incluida la década del ‘desendeudamiento', Argentina ha ingresado en una nueva crisis con la deuda externa. La única incógnita que aún resta por develar es si la Justicia norteamericana ordenará el pago a los fondos litigantes en una sola cuota o en varias. Para forzar al gobierno argentino a cumplir con el fallo, ratificará que el pago a los acreedores que no ingresaron a los canjes debe hacerse en forma simultánea con los próximos pagos de deuda a quienes sí se acogieron a ellos. Si Argentina rechazara hacerlo, ingresaría en un ‘defol'. El gobierno ha ofrecido, como alternativa, reabrir el canje que había clausurado con la "ley cerrojo". Bien mirado, sin embargo, esto no sería más que una variante del pago total que reclaman los demandantes. Ocurre que de acuerdo a los cálculos con de Prat Gay, que fue banquero de los K y que se ha presentado en la Corte neoyorquina para abogar en favor del gobierno argentino, la quita final sobre la deuda heredada por el gobierno no fue más del 15%, una vez considerados los pagos comprometidos por el llamado cupón PBI. Para Héctor Giuliano es peor porque, considerando estos cupones, la quita no sería tal sino que se convertiría en un sobreprecio sobre la deuda original. La única ventaja del canje K queda reducida, entonces, a un alargamiento de los plazos de vencimiento del capital e intereses de la deuda, lo cual comporta por cierto algún descuento del total. Si los fondos demandantes no aceptan esta salida, ello se debe simplemente a que reclaman, además, el reconocimiento de los intereses punitorios por el tiempo transcurrido, y el pago en efectivo. Hay que admitir que los buitres que sí ingresaron al canje, han podido re-utilizar el dinero de la deuda a medida que la fueron cobrando, lo que los buitres que no entraron no podían hacer. Como se ve, la liberación de la Fragata no es el resultado de un fallo de la Corte de Justicia del Mar (el barco estaba en un puerto), sino de la oferta de reabrir el canje. En su pugna judicial, Argentina ha ganado aliados ‘contaminantes' - el gobierno de Obama, el FMI, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, además de numerosos fondos especulativos. El maridaje no ha incomodado para nada a los K, que siguen con su profesión de fe ‘nacional y popular'. A esos ‘amigos' del Gobierno, sin embargo, no los moviliza la oposición a un fallo en favor de los fondos que entraron al canje, sino la forma de ejecución del pago. En noviembre pasado, el juez de la causa, Griesa, había establecido que debía efectuarse junto con una parte del pago de los vencimientos al resto de los acreedores. Esto habría implicado un incumplimiento parcial con éstos, y por lo tanto un ‘defol' (declaración de insolvencia). Se trataba de una suerte de embargo sobre los giros de Argentina, que fue suspendido a tiempo para que Argentina pagara los cupones PBI y otros vencimientos en diciembre por cerca de cinco mil millones de dólares. El fallo, de un modo general, afectaba la intangibilidad de los fondos que los países endeudados giran a los bancos norteamericanos para pagar sus obligaciones con los acreedores internacionales. Se habría producido un ‘defol' en medio de la quiebra del sistema bancario internacional. Los "amigos de Argentina" presionan para que se modifique esa modalidad del pago, no para que se rechace el reclamo de cobro del total de lo adeudado. La orden de pagar a los ‘buitres' (aunque no la forma de pago) data de febrero de 2012 y fue ratificada por una Corte de Apelaciones de Nueva York - este asunto está fuera de la discusión. Con un acuerdo para que el pago no sea al contado, Argentina contraería una nueva deuda, ahora con los que quedaron afuera del canje, con nuevos intereses, la que alargaría la hipoteca nacional, con suerte, hasta el final del siglo. La ‘ayuda' que han decidido brindar los ‘amigos' de la UE, el FMI y la Reserva Federal viene, asimismo, con yapa. Esta ‘troika' reclama que Argentina cumpla con varios fallos pendientes en la Comisión de Litigios del Banco Mundial, en juicios iniciados por empresas privatizadas -por varias decenas de miles de millones de dólares-, y que pague la deuda con el llamado Club de París, por otros diez mil millones. Estos ‘amicae curiae' que los K supieron conseguir, vienen por su propia carroña. El trajín de este fallo ha dejado en la sombra un hecho relevante. La jurisdicción norteamericana establecida en los contratos de deuda bajo Menem, tenía fechas sucesivas de vencimiento -entre 2003 y 2006-, pero fue prorrogada en la ‘reestructuración soberana' que firmaron Kirchner y Lavagna, en 2005. Estos mismos próceres introdujeron, sin que nadie se los pidiera, la cláusula del acreedor más favorecido, de modo que cualquier beneficio que obtengan los ‘buitres' que quedaron afuera del canje deberá ser extendido a los ‘buitres' que quedaron adentro. Detrás de la disposición a pelear en bolas, se disimula el entreguismo. La certeza acerca del resultado oneroso del litigio, ha desatado una fuerte especulación contra la deuda de Argentina y, en consecuencia de ello, contra el peso. Los especuladores apuestan a una interrupción de los pagos de la deuda. Para los comentaristas K, esto no sería más que una maniobra de los bancos y fondos que venden a precio exorbitante los seguros contra ‘defol'. Es una operación que puede atraer a toda clase de especuladores -no hace falta ser acreedor de Argentina. Es el deporte del momento ("the game in town"). Pero incluso si no se produjera este ‘defol', la obligación de pagar a nuevos acreedores (los que quedaron afuera del canje) representa una carga insoportable para un Estado cuya incapacidad de pago está demostrada por su decisión de racionar la oferta de divisas ('cepo'). En este principio de año, los países de la zona euro han establecido la norma de que, con la aprobación del 66%, las reestructuraciones de deuda son obligatorias para la totalidad de los acreedores. Suena fuerte, pero no es nada, porque son reestructuraciones que impulsan los propios acreedores, cuando observan la inminencia de una cesación de pagos de los deudores, no estos últimos. Por otro lado, la deuda en la zona euro es de jurisdicción nacional, lo que permite que las condiciones de aprobación las decida el país afectado. No es el caso de Londres, ni de Nueva York. Estados Unidos ha reforzado desde los años 60 del siglo pasado la prioridad de su legislación interna en materia de deuda internacional, reduciendo en la misma proporción la inmunidad soberana del resto de los estados nacionales. También ha rechazado la adhesión a cualquier legislación internacional, incluso la promovida por el FMI. En el litigio actual, el ‘interés nacional' del capital financiero norteamericano está del lado de los ‘buitres' que no entraron al canje. La diferencia se limita a la modalidad de pago de la deuda con ellos, que para el gobierno Obama no debe perjudicar al sistema bancario norteamericano, ni al resto de los acreedores. La cuestión de la deuda externa precipita una nueva crisis. La política de los gobiernos capitalistas de Argentina -pagarla hasta ‘la última gota de sangre' (de los trabajadores, claro), ha fracasado. Están ‘en pelotas', es cierto, pero de ningún modo luchando.

La compañera Norma Dardik, delegada gremial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Hospital Área Programa de Villa Regina, está siendo sometida una campaña de persecución. Fue notificada de un “pedido de descargo” por parte del director, Daniel Fioretti, quien pretende que Norma se rectifique de afirmaciones planteadas durante el conflicto por el reclamo de horas extras adeudadas, mejoras de las condiciones laborales, grave faltante de recursos humanos y otras carencias. De este modo, se pretende amedrentar al conjunto de los trabajadores e instalar una cuña entre éstos y su representante. La campaña fue iniciada por la Administradora, que se atribuyó funciones que le competen al director, lo que revelaría una ofensiva de conjunto, confirmada por la replicación de ataques como este sobre delegados y activistas de ATE de otros hospitales de la provincia. Una circunstancia que sólo puede explicarse a la luz del ajuste que se intenta imponer por mil vías y que tiene por centro las áreas de salud y educación. El Consejo Provincial de ATE se ha pronunciado, anunciando medidas en caso de no darse marcha atrás con el ataque a la representación gremial en el Hospital de Villa Regina y ha reclamado una audiencia con el Ministro de Salud para abordar los reclamos planteados y todos los casos de persecución. Llamamos a una campaña en defensa de la actividad de la compañera Norma y contra toda persecución gremial en la provincia.

El titular de la UIA vaticinó un "Rodrigazo". Guillermo Moreno lo acompañó con el anuncio de una devaluación del 25% del peso en 2013. Macri y De la Sota no se quedaron atrás el primero, con el tarifazo al subte; el segundo, al colectivo -que tampoco son los primeros. No son los aumentos de salarios los que impulsan la inflación. La inflación es el producto del despilfarro de dinero en el pago de la deuda usuraria (que sigue creciendo) y en el despilfarro monumental de los subsidios a los concesionarios del servicio público y de la energía. De Mendiguren agita el fantasma de un "Rodrigazo" a pedido del gobierno, para extorsionar a las paritarias. Quieren imponer el tope salarial y mantener el impuesto al salario y la desvalorización del salario familiar. Si logran ‘anclar’ el salario, tendrán las manos libres para devaluaciones mayores y más tarifazos. Piden ‘moderación salarial’, mientras negocian en Nueva York la forma de pagar a los ‘fondos buitres'. Estos son los ‘nacionales y populares’ que ‘supimos conseguir’ -coronados de estafas, no de laureles. Impongamos, a través de la movilización, la defensa integral del salario. Sólo los trabajadores en lucha podremos impedir un ‘Rodrigazo'.

El decreto del gobierno convertido en ley declara al 2013 "Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente", a la que considera "hito trascendental de nuestra historia no solo por el rol soberano asumido por quienes la presidieron sino por su representatividad", lo que, referido a una asamblea que soslayó declarar la independencia y fundar la republica, anuló en los hechos las disposiciones radicales que había votado y, en materia de representación, expulsó a los únicos seis diputados que eran producto de una deliberación popular y creó las condiciones para extender la proscripción a Paraguay es, cuidando las palabras, una impostura. Los considerandos fueron votados por la totalidad de las fuerzas políticas representadas en el Congreso - desde Pro a Proyecto Sur. La reivindicación política de la Asamblea es, por lo tanto, cuestión de estado. Un juicio que comparte la historiografía liberal, la corriente moderna de investigación histórica, el socialismo desde Justo para adelante y la corriente que se presenta a sí misma como nacional y popular, además de la izquierda (1). La guerra y la diplomacia Entre 1808 - inicio de la revolución española - y 1815 - derrota y retiro definitivo de Napoleón - el comercio inglés con América Latina fue la principal fuente de ingresos para el sostenimiento de la guerra contra Francia. En términos de táctica la política inglesa se ciñó, durante el período de las guerras napoleónicas, a una propuesta hecha el 11 de mayo de 1811 al Consejo de Regencia de España: erigir al Reino Unido como mediador entre los rebeldes de las colonias y España, cese de hostilidades, amnistía para los insurgentes, confirmación de todas las concesiones hasta entonces otorgadas por España y, no por último, libre comercio reservando cierta preferencia para los productos españoles. La propuesta de mediar entre los contendientes dejaba en un limbo los planteos de independencia y sugería a la vez, algún nivel de autodeterminación para América Latina sin romper con España. La política británica durante este periodo estuvo centralmente vinculada a estos objetivos pero debió actuar en el escenario gigantesco del período de revolución democrática abierto por las revoluciones en Francia y Estados Unidos. Un aspecto de su política fue la oposición a que la rebelión de las colonias españolas se tiñera de lo que en ese tiempo se llamó el jacobinismo y desenvolviera una conciencia nacional. La contrarrevolución porteña El 20 de junio de 1811 el Ejército del Norte enviado por la Primera Junta fue derrotado en Guaqui y culminó catastróficamente la primera expedición patriota al Alto Perú. Tres meses después, luego de una intensa agitación política llevada adelante por la burguesía comercial porteña y la diplomacia británica, un Cabildo Abierto - de marco multitudinario pero de votación rigurosamente confiada a los vecinos calificados - eligió al Primer Triunvirato. Este tuvo como figura descollante a quien fuera su secretario de guerra, Bernardino Rivadavia, y acometió una agenda dictada por los comerciantes, la diplomática británica y, en un segundo orden, los estancieros. Derogó el régimen de los estancos (monopolio en manos del estado) con lo que quedó libre la venta en particular del tabaco - dañando profundamente la relación económica con Paraguay por doble vía, porque a la vez hizo instalar una aduana en Corrientes. Dispuso una tasa mucho más moderada de derechos de importación y sancionó una de las medidas más reclamadas por los comerciantes británicos: suprimió la exigencia de un intermediario nacional para el comercio exterior, otorgando libertad plena a sus operadores para comprar, vender y embarcar. Anuló la ordenanza de la Junta Grande que impedía la introducción de mercancías al interior por medio de comerciantes extranjeros. En una de sus últimas acciones, el Triunvirato declaró libre de todo gravamen la exportación de carne, favoreciendo a los estancieros dueños de los saladeros y a sabiendas de la carestía y escasez que podía significar para un producto esencial en la canasta alimentaria de entonces. El Triunvirato avanzó, sin embargo, todavía más en este rumbo, disponiendo un gravamen aproximado del 20 % sobre su consumo en el país. Insurrección y entrega En febrero de 1811 había estallado la insurrección de la campaña de la Banda Oriental, en un todo de acuerdo con lo previsto en el "Plan de Operaciones" de Mariano Moreno, un alzamiento cuyo objetivo inmediato era abatir el centro de la resistencia española erigido en Montevideo - que había declarado la guerra a la Revolución de Mayo, bloqueado el puerto de Buenos Aires y establecido un dominio absoluto sobre los ríos circundantes. Esta lucha fue apuñalada por el Primer Triunvirato casi al momento de asumir. El 20 de octubre de 1811, sus representantes firmaron con los del Virrey Elio, asentado en Montevideo, la entrega de una guerra que estaba siendo ganada por las milicias patriotas. El acuerdo, bajo la inspiración del embajador inglés en Brasil, estableció el reconocimiento de la unidad de la nación española con sus colonias y de Fernando VII como rey, el compromiso de auxiliar a España en la guerra contra Napoleón, el retiro de las tropas de Buenos Aires de la Banda Oriental y Entre Ríos, su relevo por las fuerzas españolas y el retiro de las tropas portuguesas. No menor para la diplomacia británica, se estableció el levantamiento del bloqueo y el restablecimiento de las comunicaciones y comercio por tierra y mar entre Buenos Aires y Montevideo. Una decisión de esta magnitud estuvo acompañada en todo el período previo y posterior por la regimentación de las milicias surgidas luego de la resistencia contra las invasiones inglesas, en nombre de un ejército "profesional", cuyo hecho histórico más conocido es la represión del llamado Motín de las Trenzas. ¿"Soberanía"? La "Asamblea del año XIII" fue convocada por el llamado Segundo Triunvirato frente al colapso del primero, con el propósito de forjar una "unión nacional" de la oligarquía porteña con las oligarquías provinciales, bajo el protectorado de la diplomacia británica. Una clarificación sobre la supuesta "soberanía" de la "Asamblea del año XIII" lo da la comunicación del Segundo Triunvirato al ministro británico en Río de Janeiro: "este gobierno no quiere prevenir el juicio de la Asamblea Constituyente, pero se atreve a anticipar a Usted el seguro concepto de que la independencia de estas provincias no será nominal", es decir, "no será" (2). Era lo que antes había reclamado el embajador inglés para preservar la alianza de Inglaterra con España contra Napoleón. Cuando el Triunvirato dio "seguridades" sobre este punto se basaba en que la "elección" de los diputados había sido ferozmente regimentada y en la proscripción, previamente concertada, de quienes no se atuvieran al "pacto". La designación de los representantes a la "Asamblea..." quedó en manos de los "notables", es decir de las oligarquías de cada provincia. En el caso de la Banda Oriental, en cambio, el envío de los diputados estuvo precedido por una compulsa popular exhaustiva para la época: veintitrés pueblos eligieron a sus representantes y durante varias jornadas estudiaron los puntos que deberían presentar a la Asamblea General. Llegados a la Asamblea esta resolvió, en sesión secreta, oponerse a su incorporación, una maniobra que tuvo por protagonistas a los diputados de la Logia Lautaro, con el rol eminente de Alvear. Al mismo tiempo el gobierno de Buenos Aires lanzó una represión salvaje contra el movimiento liderado por Artigas. El Segundo Triunvirato había impuesto un derecho de tres pesos por arroba ingresada de tabaco, un ataque directo a las exportaciones de Paraguay, provincia que decidió no enviar sus diputados a la Asamblea (a la que además no habían sido convocados) adoptar escudo y bandera propios y declararse república independiente. Fue la primera provincia en separarse formalmente del territorio que constituía el antiguo Virreinato Las "Instrucciones" a la Asamblea del año XIII La denominada Provincia Oriental envió seis diputados. La sola lectura de las Instrucciones, aprobadas el 5 de abril de 1813 permite caracterizar la distancia abismal con el resto de representaciones - salvo la de Potosí. Se plantea allí la independencia absoluta, la creación de una Confederación basada en el pacto recíproco entre las provincias, en el que cada provincia retiene soberanía, libertad e independencia y retiene todo poder que no sea delegado expresamente. Los orientales proclaman la libertad de conciencia, la libertad civil y religiosa "en toda su extensión imaginable". Toman posición frente al intento de convertir la Aduana y el Puerto de Buenos Aires en instrumento de sujeción de los pueblos, oponiéndole la habilitación de los puertos de Maldonado y Colonia (y Montevideo, llegado el caso) para que "todos los buques concurran a la introducción de efectos y exportación de frutos". Las Instrucciones plantean la eliminación de todo tipo de vallas y aduanas dentro del conjunto de las Provincias Unidas y proponen la constitución de una República basada en la división de los tres poderes. Plantean cláusulas especiales en una futura Constitución que defienden el principio de la población en armas, un poder ejecutivo compuesto de "un presidente que ejercerá u oficio durante el término de dos años, sin que por ningún motivo o causa sea reelegido". La verdad sobre la Asamblea del año XIII ¿Qué resolvió en términos efectivos la Asamblea del año XIII? En primerísimo lugar, mantuvo sin variantes la profunda reorganización económica dictada por el Primer Triunvirato. Se adoptó bandera, moneda, escudo e himno, se suprimieron los títulos nobiliarios pero el régimen colonial virado hacia la metrópoli inglesa no varió en absoluto. Peor aún. En julio de 1813 dispuso levantar un empréstito forzoso de 500.000 pesos a un año de plazo afectándose las rentas generales y las contribuciones extraordinarias. Cada prestamista recibía un pagaré que podía utilizar para cancelar deudas con el Estado y luego impuestos. Antes del fin de ese año se les dio a aquellos pagarés el carácter de moneda para cancelación de derechos de aduana, quienquiera sea que los presentara. Años más tarde (1826), el Congreso General convocado entonces dispuso la consolidación de toda la deuda interna contraída hasta el 31 de enero de 1820 y que la Nación se hiciera cargo de la misma (los acreedores eran, en su mayor parte, británicos). Para este fin se dispuso hipotecar a favor de los acreedores todas las tierras públicas, declarándose que todas las existentes en la República pertenecían a la Nación y no a las provincias. Poco tiempo después se sancionó la ley de enfiteusis nacional, siguiendo el modelo de la establecida en la Provincia de Buenos Aires, y se agudizó el proceso de concentración de la tierra. Se dice que la Asamblea declaró la libertad de vientres acabando con la esclavitud. En realidad la resolución de la Asamblea fue luego "reglamentada" estableciendo que los niños esclavos quedarían bajo dominio de sus patrones hasta los 20 años, y liberados preferencialmente para integrar los ejércitos liberadores - sólo la constitución del Ejército de los Andes significó la convocatoria de 10.000 negros. El 4 de febrero la Asamblea votó una resolución cuasi revolucionaria para la época, según la cual todos los esclavos que acudieran de países extranjeros quedarían libres por el solo hecho de pisar territorio de las Provincias Unidas. Ante la reacción inmediata de la Corte de Portugal en Brasil, apoyada por Gran Bretaña, previendo que los esclavos negros de la mayor economía esclavista de América Latina escaparían en masa a través de la frontera, la Asamblea dio marcha atrás disponiendo que sólo podrían ser libres los que ingresaran para ser vendidos como esclavos. La Asamblea sí resolvió la eliminación de la mita, las encomiendas, el yanaconazgo y el servicio personal de los indios bajo todo concepto lo que creó un precedente para la emancipación de habitantes sometidos a la esclavitud de hecho bajo estas modalidades en las Provincias Unidas, aunque tenían a esta altura un alcance limitado en relación al siglo XVIII y al Alto Perú, en disputa. Tres años después, en el Congreso de Tucumán van a declarar la independencia las mismas fuerzas políticas que se opusieron en la Asamblea del año XIII. Derrotado Napoleón, la diplomacia británica había dejado atrás su alianza con España y quería usufructuar sin intermediarios su dominio sobre el Río de la Plata. El Congreso no será expresión de soberanía popular alguna por su propia composición - son excluidos la Banda Oriental, el Litoral y Córdoba, y porque detrás de la declaración de la Independencia se organiza la guerra a muerte contra el movimiento democrático y agrarista liderado por Artigas. El nuevo Director Supremo, Pueyrredón, entregará la Banda Oriental a los portugueses, que derrotarán a los patriotas orientales en una guerra de tres años. Es esta derrota la que sanciona la secesión de la Banda Oriental, bajo directa inspiración inglesa y contra el planteo de un estado federal unido que Artigas va a defender hasta el momento de su muerte. Reivindicar la Asamblea del Año XIII es reivindicar a los enterradores de la Revolución. (1) El PC adscribió, durante la mayor parte de su trayectoria, a la interpretación liberal y Nahuel Moreno no la menciona en su texto clásico y único - Método de Interpretación de la Historia Argentina, Ediciones Pluma, Buenos Aires, 1975,- aunque el MAS, luego de su muerte, hizo una encendida defensa de la Asamblea que extendió al Congreso de Tucumán: "Fue la Logia Lautaro la que dirigió el derrocamiento del Primer Triunvirato, acusado de moderado¸ la que inspiró la Asamblea de 1813, donde se abolió la esclavitud y se adoptaron la bandera, el himno, la escarapela, el escudo y la moneda propia. Y fue también la que presionó en el Congreso de Tucumán de 1816 para que se declare la independencia, derrotando así a los sectores moderados y vacilantes que especulaban con un acuerdo con España u otra potencia extranjera" (Solidaridad Socialista, junio 1991). (2) Giannello, Leoncio, Historia del Congreso de Tucumán, Editorial Troquel, Buenos Aires, 1968.

La represión y muerte que están recorriendo por estos días los titulares de los medios chaqueños y nacionales son el reflejo de las constantes acciones del gobierno para expulsar de sus tierras al campesinado. Diez mil trabajadores campesinos son echados de sus tierras anualmente, confinados a villas de emergencias o asentamientos. Detrás de estos casos se encuentran los negociados con la venta de tierras fiscales a precios miserables, aquellas donde viven las comunidades originarias. El crimen de Imber Ilbercio Flores, el niño Qom miembro de la comunidad originaria Qompi Naqona'a, asesinado a golpes el pasado sábado en la localidad de Villa Río Bermejito, a 269 kilómetros de Resistencia, es otro ejemplo de la perpetración de acciones criminales por parte de grupos de choque armados con las que convive el campesinado. La víctima tenía 12 años y su cuerpo estaba tan desfigurado que ni su madre pudo reconocerlo. Esto se da en el marco del conflicto entre criollos y originarios Qom por las tierras del Bermejito, allí donde el gobierno de Capitanich mantiene un negociado de la madera con la cúpula de la asociación indígena Meguesoxochi y los empresarios forestales ligados a la firma Veta Noble. Aprovechan los enfrentamientos para seguir deforestando salvajemente y de manera ilegal (en el último año se sacaron más de un 1,5 millón de toneladas de algarrobo), y preparan el terreno para la siembra, ya que son 150 mil hectáreas, rodeadas por los ríos Teuco y Bermejo que propician un riego natural anual que beneficia la explotación silvopastoril (más soja). Otro reflejo del apartheid que está sufriendo el campesinado es el intento de homicidio de los habitantes de la reserva aborigen "Raíz Chaqueña", en Pampa del Infierno, a quienes les envenenaron los pozos de donde bebe agua la comunidad y los animales que crían: "por suerte tomaron agua los chanchos primero y murieron inmediatamente ‘...' nos salvamos de milagro, pero con 40° de calor ya hace días que no tenemos agua y el pozo más cercano se encuentra a 50 km de aquí", explicaban a los medios los hermanos Leiva, voceros de la comunidad, quienes acusan directamente a los empleados de la empresa agropecuaria cordobesa Bajo Hondo. La empresa asegura haber comprado las 5.000 hectáreas de la reserva y ya ocupó la mitad con el silencio cómplice del gobierno, ya que si bien la justicia cordobesa y un juez de Presidente Roque Sáenz Peña (Zaloff Dakoff) fallaron a favor de Bajo Hondo, no se pudo inscribir en el Registro de Propiedad chaqueño porque esa transferencia contradice toda la legislación vigente sobre la propiedad comunitaria de las tierras de los pueblos indígenas. Luego de la sentencia de Dakoff (magistrado cuestionado y sobre quien pesa ya un jury de enjuiciamiento por fallos no siempre claros) a su favor, Bajo Hondo Agropecuaria ocupó los predios que había adquirido y desalojó violentamente a sus pobladores, además de destruir las precarias instalaciones que poseían y de colocar custodios armados para evitar el ingreso de las familias desplazadas. Así el kirchnerismo reconstruye la burguesía en el norte argentino.

Cada año en enero, comienzan en la CABA los programas "Vacaciones en la escuela" del Ministerio de Educación y las colonias de la Subsecretaría de Deportes. Asisten más de 20.000 niños de todos los barrios. Se inscriben en diferentes establecimientos escolares y asisten a polideportivos, clubes y grandes parques. También funciona en los hospitales Garrahan, Elizalde y Gutiérrez. Todos son programas inclusivos para los niños, gratuitos y sin restricciones. En cada comienzo de las colonias, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires -por medio de la Defensora Adjunta, profesora Graciela Muñiz, y su equipo- releva el estado edilicio y el buen funcionamiento del programa. Sin embargo, cada año se encuentran problemas -algunos repetidos, otros nuevos. Las colonias dependientes de la Subsecretaría de Deportes (que se desarrollan en polideportivos y grandes parques) presentan las deficiencias denunciadas en años anteriores: pastos altos, baños sucios, faltante de libros de agua; sectores que exponen la integridad física de los niños, médicos que trabajan al aire libre sin consultorios adecuados. En aquellas pertenecientes al Ministerio de Educación, se advirtió una mayor improvisación. En algunas escuelas hay superpoblación de niños, sin la cantidad necesaria de docentes para asistirlos; en otras, sólo acude un tercio de los que podrían ir. Queda evidenciado el fracaso de la inscripción on-line implementada y la falta de conocimiento de las autoridades a cargo. Un ejemplo, los nuevos formularios de inscripción no prevén quién es la persona autorizada a retirar del lugar a los niños. De esta manera, el programa agudiza sus falencias cada año y equilibra su funcionamiento con el esfuerzo de los trabajadores docentes y auxiliares. Ellos son el verdadero "resorte" que permite su realización. Los profesores aportan de sus "bolsillos" el dinero para abastecer los materiales que las autoridades del gobierno no les entregan o les envían en cantidades escasas. La profesora Graciela Muñiz, por medio de su gestión y permanente denuncia, logró este año el inicio de las colonias hospitalarias, que estaban cerradas. Pero no alcanza: defectos estructurales, contratos de trabajo legales, reformas edilicias y mejor planificación de la logística se necesitan para brindar un programa eficiente. Este año, además, se intentó impedir nuestro ingreso para verificar el programa de educación. Si año tras año se encuentran fallas, si en cada relevo algo empeoró; si cada colonia iniciada en lugar de incluir más, expulsa; difícilmente se trate de ineficiencia o errores de logística y administración. Se trata de cerrar el programa de colonias, se trata de vaciarlo, de ir golpeándolo año a año, de cansar a los papás, a los docentes que trabajan sin contrato y cobran meses después -o no cobran. Se amontonan chicos, quitan días de pileta, el método de inscripción es imposible de realizar. Es la política del mercado, es la política de Mauricio: la del negocio con amigos, la política de exclusión de los que menos tienen para favorecer los intereses de los privados en detrimento de las mayorías trabajadoras y sus chicos. Es la política del Gobierno de la Ciudad, "en todo estás vos" si tenés cómo pagarlo y, en definitiva, "va a estar lindo Buenos Aires" para unos pocos.

La divulgación del hecho de que el subsecretario de la inteligencia turca (MIT), Hakan Fidan, ha estado llevando a cabo conversaciones con Öcalan, así como la visita de Ahmet Türk , copresidente de Congreso de la Sociedad democrática (DTK) y Ayla Akat Ata, diputado por el Partido Paz y Democracia (BDP) (1) a Öcalan, han generado la esperanza de que esta vez el derramamiento de sangre en el país se puede detener en esta ocasión y que la cuestión kurda se puede resolver. Sin embargo, si uno fuera a prestar oído a los portavoces del gobierno del AKP, todo lo que se prevé es llegar al "desarme del PKK". Si se nos dice que este tipo de lenguaje se utiliza con el fin de apaciguar la reacción proveniente de los llamados nacionalistas, entonces la pregunta que debe hacerse es cómo se tomará el siguiente paso. No se puede resolver la cuestión kurda mediante el engaño a un sector de la población. Por otra parte, las propuestas de la parte kurda son claras. Los protocolos de Ocalan han estado en manos del gobierno desde agosto de 2009. Sin embargo, ni una sola propuesta del gobierno a los kurdos ha sido revelada. Y no sólo no se han dado a conocer al público las propuestas del gobierno, tampoco han ido al lado kurdo, como los líderes del movimiento kurdo habían reclamado claramente. Todo indica que esta nueva iniciativa por parte del gobierno tampoco pretende liquidar el movimiento kurdo mientras pretende resolver la cuestión kurda, como fue el caso de la llamada política de "apertura" de 2009, o negociar para ganar tiempo, como fue el caso de 2011, cuando el gobierno deseaba llegar a las elecciones generales sin grandes piedras en el camino. Detrás de la iniciativa, probablemente se encuentran los siguientes factores: en primer lugar, la masa del pueblo kurdo e incluso la diputada kurda del AKP sí han dejado claro que se ha creado un malestar grave en la población kurda, debido a las políticas aplicadas por el gobierno -en particular, la prepotencia en el inicio de la masacre Roboski (2) o los planes del gobierno en relación con el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputada del BDP. Los dirigentes del AKP quieren poder decir "nosotros tratamos, pero ellos se negaron" y, así, difundir este malestar. En segundo lugar, los acontecimientos en Siria han demostrado que, después de haber ignorado el verdadero carácter de la cuestión kurda (es decir, el hecho de que se trata de una cuestión internacional que abarca cuatro territorios diferentes en cuatro países diferentes), el Estado turco ahora se ha metido en un aprieto. En la actualidad, una región autónoma se ha desarrollado en la Siria kurda ("Rojava" en la terminología política kurda), bajo la hegemonía de un partido cercano al movimiento kurdo en Turquía. Esta comunidad autónoma constituye un obstáculo inmenso en el camino de la política turca respecto a Siria. Desde este ángulo, la neutralización del movimiento kurdo en Turquía es muy importante para una guerra eventual entre Turquía y Siria. En tercer lugar, la experiencia de 2012 le ha enseñado a Tayyip Erdogan (el Primer Ministro turco) que no va a ser capaz de mantener la cuestión kurda en el congelador hasta que se haya reformado la Constitución respecto del sistema presidencial en 2013 y sea elegido presidente en 2014. En lugar de posponer las cosas hasta finales de 2013 y tomar un riesgo cuando la elección presidencial ya esté en la agenda, Erdogan quiere reducir el impacto del movimiento kurdo ahora para evitar dolores de cabeza en el último momento. Por último, el despido de cerca de un millar de trabajadores por Tofas (3) el primer día del nuevo año ha puesto de manifiesto que 2013 será un año de crisis económica, además que la ocupación de Sisecam (4) ha indicado la posibilidad de volver a la lucha por parte de la clase obrera. El gobierno puede estar maniobrando con el fin de apaciguar el movimiento kurdo en la víspera de una dura lucha con la clase obrera. Por todas estas razones, los sectores de la clase obrera turca y las masas trabajadoras que deseen ver resuelta la cuestión kurda sobre la base de los principios de la libertad deben abordar el proceso que se ha iniciado con mucha prudencia. El hecho de que Tayyip Erdogan está buscando el apoyo del electorado del MHP (5) -a los efectos de la revisión de la constitución y ser elegido presidente- hace que la probabilidad de conseguir una solución ponga en grave riesgo satisfacer las demandas del pueblo kurdo. El gobierno del AKP todavía no ha aprendido a ocuparse de la cuestión kurda de una manera seria. Una medida de la seriedad de la iniciativa sería la participación de todos los componentes del movimiento kurdo en las negociaciones. Como todo el mundo admite, Öcalan no es el único representante del movimiento kurdo. Como el mismo jefe del MIT ha expresado en términos muy claros, hay otros centros de poder: los de Kandil (6), los de Europa (7) y el BDP / DTK (8). Sólo en Kandil -como el jefe del servicio de inteligencia ha señalado- la organización incluye no sólo a los kurdos de Turquía, sino también a los de Irán, Irak y Siria. Imaginar que Öcalan, encarcelado desde hace 14 años, puede actuar como el único en tomar decisiones sería una clara indicación de que el gobierno está tratando de ganar tiempo, incluso si el movimiento reconoce que él es el "jefe de la negociación". De todos modos, tanto Kandil como los kurdos en Europa han rechazado inmediatamente, en términos inequívocos, que las negociaciones se lleven de esta manera. Si un proceso de negociación mínimamente significativo se lleva a cabo, es indispensable que a Öcalan se le conceda la libertad de movimiento y de contacto. ¡Nadie puede negociar desde una posición de cautiverio! No se puede esperar que alguien que está preso pueda ser capaz de llevar a cabo un proceso saludable de las negociaciones, por muy grande que sea la confianza que la gente tenga en él. Por lo tanto, Öcalan inmediatamente deben tener la libertad de movimiento y de contacto, como un paso preliminar en el proceso. Hasta ahora, el contenido de las conversaciones entre el Estado y Öcalan se desconoce. Pero el hecho de que los voceros del gobierno del AKP y sus ideólogos lancen la cuestión de "desarmar al PKK" con tanta ligereza implica una orientación inaceptable. El que evade la verdad de que la cuestión del PKK no puede separarse de la cuestión kurda en última instancia está contribuyendo al derramamiento de sangre y la pérdida de la vida de los jóvenes en ambos lados. Las negociaciones, definitivamente, deben incluir un Estado de libertad de autodeterminación para los kurdos, de acuerdo con su elección. Como Selahattin Demirtaş (9) dijo en su discurso en Roboski el 28 de diciembre (10), esto podría ser una institución autónoma del Kurdistán, un Kurdistán federada o un Kurdistán independiente. Sea lo que sea, la cuestión de este Estado debe estar en la mesa de negociaciones. La condición mínima para una solución de la cuestión kurda es la concesión de un estatuto en el que los kurdos puedan vivir libremente. Una vez que se ponga en la agenda, el supuesto sobre la necesidad del desarme pierde su razón de ser. Pedirle al movimiento kurdo su desarme es una orientación que tendría consecuencias adversas cuando se considera a la luz de la totalidad de los territorios kurdos y del contexto de Medio Oriente Medio en su conjunto. En contraste con la situación en el conjunto de Kurdistán, esto implica dejar a Barzani (11) como la única fuerza armada. Esto despejará el camino para la liquidación del movimiento kurdo en Turquía no sólo militarmente, sino también políticamente. El Medio Oriente se ha convertido en un escenario para la resolución de todo tipo de cuentas. Hay una carrera para armar todas las fuerzas en el Medio Oriente. El poder militar de las fuerzas pro imperialistas o el de Salafi, ya sea bajo el paraguas del Ejército Libre Sirio o de los contrarios, no es más que un ejemplo notable de esta tendencia. Kurdistán ocupa un espacio central en el Oriente Medio, en el punto de intersección de los cuatro estados más importantes. Por lo tanto, exigir que el movimiento kurdo de Turquía se desarme frente a frente con Barzani, el cual está totalmente sometido al imperialismo de Estados Unidos, es jugar para el imperialismo y empujar hacia un equilibrio de fuerzas más favorable para éste, tanto a nivel de Kurdistán como en el Medio Oriente en general. Todas las fuerzas antiimperialistas de Turquía deberían estar en contra de esta medida pro imperialista. Lo que se debe hacer, por el contrario, es dotar a la entidad kurda con una fuerza de seguridad, la que deberá ser definida por su nuevo status/ nueva situación. La clase obrera turca no tiene interés en chocar con los trabajadores del pueblo kurdo. El actual regimen los oprime a ambos. La emancipació de uno despejará el camino para la emancipación del otro. Que el negociador no esté cautivo. ¡Libertad de circulación y comunicación para Ocalan! ¡Un Estado libre para el pueblo kurdo! ¡La autonomía democrática necesita seguridad! Hacer las paces con los kurdos, hacer la guerra contra Estados Unidos 07 de enero 2013 (1) El DTK y el BDP son dos partidos políticos legales kurdos. (2) La masacre de 34 civiles kurdos, en su mayor parte niños, por aviones de combate turcos, ocurrido en diciembre de 2011. (3) Una importante fábrica de automóviles propiedad de la empresa más grande de Turquía. (4) Una gran compañía de fabricación de vidrio, propiedad del más grande banco turco. (5) Partido Acción Nacionalista, fascista. (6) El cuartel general militar del PKK en el territorio del Gobierno Regional del Kurdistán, en el norte de Irak. (7) El brazo diplomático del movimiento kurdo. (8) Las únicas instituciones legales kurdas en Turquía. (9) Copresidente del BDP, el partido kurdo en el Parlamento. (10) Aniversario del bombardeo a 34 civiles kurdos. (11) Presidente del Gobierno Kurdo Regional, la entidad federal kurda dentro de Irak.

En una presentación reciente (1), Jorge Altamira definió a la dictadura del proletariado como "la organización del proletariado como clase dominante bajo la dirección de un partido revolucionario". En una nota reciente, el PTS ha vuelto a rechazar este planteo, con una definición de la dictadura del proletariado que hace abstracción del partido. Por una parte, esto convierte a la dictadura del proletariado en una variante extrema del democratismo (que se confina a la auto-organización o auto-determinación de la clase obrera) y, por otro lado, reduce al partido revolucionario a ser un instrumento secundario en la revolución socialista y en la transición histórica hacia una sociedad sin clases. El planteo del PTS se inscribe en el viraje que fue produciendo la corriente morenista, en sus diversas escisiones, a favor del "socialismo con libertad". La función histórica de la dictadura del proletariado es, por lo contrario, la destrucción del poder de la burguesía, no la instalación del reino de la libertad, que solamente se conseguirá con la instalación universal de una sociedad sin clases -donde el desarrollo de cada uno sea la medida del desarrollo de todos. El partido de la clase obrera ha sido siempre, para el marxismo, la expresión más elevada del desarrollo de la clase obrera. Esto ya lo señala Marx en la Circular de 1850, cuando hace el balance de la derrota de las revoluciones de 1848. Lenin lo define como la expresión conciente del proceso inconciente del proletariado, el cual se manifiesta en todas las luchas elementales bajo todas sus formas. Los sindicatos, los soviets, los comités de fábrica, los consejos obreros -que el proletariado ha ido construyendo en el curso de la historia- han tenido, continúan teniendo y tendrán aún más en el futuro un papel fundamental en la estructuración del proletariado como clase y en el desarrollo de su capacidad de gobierno, pero no reemplazan la función histórica del partido, ni rivalizan con ella. Nos referimos, claro, al partido obrero como categoría histórica concreta, que reagrupa a los contingentes activos del proletariado -no a cualquier secta que se presenta como tal. En experiencias históricas concretas, ha sido el partido el que ha formado los sindicatos y otras numerosas instituciones proletarias, y se convirtió con ellas en un doble poder dentro del Estado. Lo mismo vale para la formación y el desarrollo de los consejos obreros. El partido de la clase obrera es el auto reconocimiento del proletariado como "clase para sí"- es decir, como sujeto histórico. La dictadura del proletariado puede asumir diferentes formas, pero es -antes que nada- el medio político para realizar el programa del partido socialista de la clase obrera: la transición hacia una sociedad sin clases. El revisionismo democratizante, en el campo de la IV Internacional, no se limitó a reproducir el que desarrolló, primero, la socialdemocracia y, luego, en forma instrumental, el stalinismo. Para éstos, el cambio social debía proceder dentro del Estado burgués, como una culminación de su propio desarrollo. Para Karl Kautsky, incluso cuando combatía el revisionismo tradicional (Bernstein), la dictadura del proletariado debía tener lugar en el marco de la República democrática. Entre los trotskistas, el revisionismo tomó una forma distinta, que caracteriza al gobierno obrero como una forma de autodeterminación de las masas, privándolo de su filo revolucionario: la expropiación de la burguesía. Fue la línea de la corriente menchevique en la revolución rusa de 1905, quienes entendían a los soviets en clave autogestionaria. La expropiación de la burguesía, sin embargo, no nace ‘espontáneamente' de la tendencia del proletariado hacia la reorganización de la sociedad sobre nuevas bases, sino por la mediación del partido revolucionario de la clase obrera. Para el Programa de Transición de la IV Internacional, los gobiernos obreros -formados por las organizaciones obreras tradicionales- no constituyen una dictadura proletaria, sino que son un episodio hacia ella, bajo la dirección del partido revolucionario. Fetichismo Es propio de cretinos negar el papel de los soviets o consejos obreros en los procesos revolucionarios, como lo es también hacerlo con los sindicatos. Son el fruto de una experiencia histórica que permite unir las reivindicaciones y formas de lucha contra el régimen burgués en una organización que abre sus puertas a todos los explotados. Al lado del cretinismo antisoviético se desarrolla también, sin embargo, el soviético. Esto ocurre cuando se abstrae a los soviets del partido. Con este procedimiento, se los convierte en fetiche. Lenin no pidió permiso a los soviets para tomar el poder en 1917; la insurrección la organizó el partido, el cual puso el poder en manos de los soviets. Polemizando con la Internacional staliniana, con relación a la revolución china de 1927, León Trotsky señala: "si se ha llegado a la conquista del poder y las masas están dispuestas para la inserrucción sin la existencia de soviets”, es que ha habido entonces otras formas y métodos de organización, que han permitido efectuar el trabajo de preparación que ha de asegurar el éxito de la insurrección, entonces la cuestión de los soviets no tiene más que una importancia secundaria reducida a un problema de técnica de organización o, menos aún, a una cuestión de denominación" (2). Trotsky denunció que la proclamación de los soviets en China, en 1927 -un dibujo en un papel, porque nunca existieron- fue una cortina de humo para ocultar un golpe aventurero. Cuatro años antes, había denunciado la política de la Internacional exigiendo la construcción de soviets en Alemania (1923), cuando los comités de fábrica -por su propio desarrollo- habían ocupado el papel de los soviets. En el periodo ultraizquierdista del stalinismo (1929/34), los partidos comunistas lanzaron la consigna de los soviets, con abstracción de las condiciones políticas concretas. En julio de 1917, Lenin consideró que los soviets se habían convertido, bajo la dirección de los reformistas, en contrarrevolucionarios y examinó seriamente la posibilidad de oponer a ellos los comités de fábrica, donde los bolcheviques tenían mayoría. Es lo que sintetiza el propio Programa de Transición: "los soviets no están ligados a ningún programa a priori". Finalmente, y no en último término, los bolcheviques tomaron el poder y luego pusieron este hecho a votación en los soviets. Un hecho absolutamente clave, porque destacó las dos características acendradamente revolucionarias del bolcheviquismo: en primer lugar, no renunciar nunca a impulsar organizaciones de masas para desenvolver la política revolucionaria y extender su propia influencia y en segundo lugar, no condicionar a factor alguno el momento exacto en que las masas están dispuestas a tomar el poder. Soviets y partido El papel revolucionario de la organización soviética no está dado por su transparencia representativa, sino por su papel transformador. La Comuna de París ilustra sobre el destino trágico de una dictadura del proletariado y una organización soviética sin partido revolucionario. Una revolución no surge de toda situación revolucionaria, sino de aquella en la que a los cambios objetivos, se suma la capacidad de la clase revolucionaria para llevar a cabo acciones capaces de destruir o quebrantar el viejo régimen, lo que plantea la necesidad del partido. El proletariado de París pagó caro la carencia de una estrategia y de un programa -en definitiva de un partido. La subordinación del partido a los llamados organismos de clase (sean soviets, consejos o lo que fuera) caracteriza al democratismo y al movimientismo. Quien debería tomar el poder sería la clase democráticamente determinada en sus organismos, con abstracción del partido. Autodeterminación y libertad. Pero toda autodeterminación se procesa en el marco de las presiones de la lucha de clases. Sin la dirección del partido revolucionario, la autodeterminación queda como rehén de la contrarrevolución. Sólo una dirección y un programa revolucionarios pueden potenciar a los soviets, cuya tarea no es sólo llamar a las masas a la insurrección, sino orientarlas pacientemente a la sublevación durante toda una etapa preparatoria y a través de las etapas necesarias. La definición de la dictadura del proletariado que hace abstracción del rol histórico del partido del proletariado es una variante del revisionismo. (1) Presentación del libro, Mi vida de León Trotsky, Ediciones IPS, 2012. (2) León Trotsky, Stalin, el gran organizador de derrotas, Editorial Olimpo, Buenos Aires, 1965.

El pasado 14 de enero, entró en vigencia el decreto que, meses atrás, había anunciado la modificación de la política migratoria en Cuba. La nueva resolución elimina la llamada “carta de invitación” desde el país de origen y la “carta blanca”, las que además de onerosas (oscilaban entre los 200 y 400 dólares) eran consideradas el principal obstáculo a la hora de permitir la salida de los cubanos al exterior. Junto con esto, se eliminaron los aranceles mensuales, se autoriza viajar a los menores con sus padres y se duplica el tiempo de estadía permitido fuera del país. De ahora en más, el “permiso de viaje” se limitará a la obtención del pasaporte corriente. Entre otras medidas, se deroga también la nacionalización a favor del Estado cubano de los bienes, derechos y acciones de los que se ausentaran con carácter definitivo del país. Y, por primera vez, se habilita -dentro de ciertas condiciones- el regreso de quienes residían ilegalmente en el exterior desde 1994. Conquista democrática Las medidas revierten una legislación de más de tres décadas. La posibilidad de la libre salida (y entrada) a la isla se convirtió en una bandera de amplios sectores de la población. Una interpelación televisada sobre este tema, en 2008, al presidente de la Asamblea Nacional por un estudiante de Ingeniería, fue durante mucho tiempo la noticia política más importante en la isla. También los pronunciamientos en esta dirección de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. El otro aspecto fundamental de la medida está dirigido a los cubanos que residen en el exterior -un 12,5% de la población doméstica (1,4 millones sobre una población de 11,2 millones). Cerca del 85,7% de ellos vive en los Estados Unidos. La amnistía que se les otorga para retornar al país implica la perspectiva de un flujo importante de dinero hacia Cuba, así como el reforzamiento del comercio privado interno. En este sentido, la nueva ley empalma con toda la política de recuperación de la economía, la que apunta a legalizar la acumulación de capital privado o individual. Hay quienes ven en este cambio también una suerte de aliento a la salida de cubanos del país -esto para aligerar la fuerza de trabajo ociosa y los despidos masivos en el aparato del Estado, con la expectativa de que funcione como remitente de divisas extranjeras. Los sectores privilegiados de la población, quienes tienen acceso a los dólares (o su equivalente, los CUC), serán los principales beneficiarios de la apertura migratoria. Las masas cubanas siguen dependiendo de las cartillas de racionamiento, trabajan en empresas estatales y manejan el devaluado peso cubano, con un salario promedio equivalente a unos 20 dólares (el pasaporte, por ejemplo, ha duplicado su valor y ahora cuesta 100 dólares). Cuba sigue dependiendo fuertemente de la importación de alimentos y recibe el subsidio del petróleo venezolano. La dualidad monetaria, el mercado negro y la importación para el consumo del turismo presionan hacia arriba los precios y la carestía, lo que agudiza el proceso de desigualdad social que se observa en la isla en los últimos años. Las nuevas medidas pueden interpretarse, asimismo, como una suerte de válvula de escape del proceso de deliberación popular que vive la isla. Límites y perspectivas El alcance de las medidas estará determinado por la recepción que obtenga en el exterior. Hace ya un tiempo, Obama amplió la cantidad de vuelos y legalizó el envío de remesas. Según cifras oficiales, ya el año pasado unos 400 mil cubanos residentes en el exterior visitaron la isla. Por ahora, el gobierno norteamericano se apuró en señalar que no ampliará la cantidad de visas (20 mil) que otorga anualmente a los cubanos. España, otro de los destinos preferidos, vive una situación similar y tampoco ha dado señales de abrir la canilla de visados. La crisis y los problemas internos de las metrópolis capitalistas son el obstáculo que deberán sortear los cubanos que quieran visitar o trabajar en esos países. El Estado cubano, en tanto, seguirá reservándose el derecho de controlar quién viaja y quién no, a través de la emisión del pasaporte y la autorización especial para atletas, estudiantes y profesionales.

El 7 de enero, Gabriel Estanislao Giacone fue asesinado por otro joven en medio de una riña callejera. Gabriel, un joven de 18 años, albañil y padre de una beba de tres meses, había salido a bailar junto a su pareja y amigos, cuando a pocas cuadras de su casa se cruzaron con una barra de chicos, hubo un cruce verbal y continuaron caminando hacia la popular "sol disco", varias cuadras después, vuelven a cruzarse con este grupo de jóvenes en donde uno de ellos saca un arma y da un disparo al aire, a partir de aquí se repiten sin cesar cinco llamadas al 101 policial, sin que la policía acuda al lugar, un par de minutos más tarde vuelven a encontrarse y finalmente Gabriel es asesinado por un disparo en el pecho. Conocido el hecho la conmoción política llegó a toda la ciudad y los familiares convocaron a una movilización al centro político de la ciudad para exigirle al intendente "medidas concretas" y denunciar el accionar policial. La movilización fue masiva con alrededor de tres mil personas provenientes de las barriadas populares y sus consignas apuntaban al poder político y policial. El intendente Lunghi recibió el petitorio en medio de abucheos e insultos; no pudo dar ninguna respuesta a los familiares. El Partido Obrero fijó posición apuntando a la complicidad policial en el accionar del delito y las informaciones de estos días nos dan la razón. En primer lugar se pudo saber que desde el 101 dieron aviso a la comisaría 3ª, creada en medio de la barriada obrera de Villa Italia en la última dictadura militar, y que los patrulleros asignados a la tarea dieron un pequeño recorrido por la zona para volver a donde se encontraban que según consignaron estaba fuera de la zona de patrullaje. En segundo lugar, luego de la movilización se dieron varios asaltos violentos que sacaron a "luz" la interna policial, hace varios meses fue desplazado el jefe de la departamental y desde ese momento el accionar criminal se agudizó, el intendente manifiesta que hay una "movida política" detrás, pero no dice de "quién". Finalmente, el asesino de Giacone, un joven de 16 años que asistía a un programa "envión" de Villa Aguirre, es miembro de una familia asociada al delito desde hace años y que goza de plena impunidad policial. La inseguridad de los jóvenes de las barriadas es la expresión más absoluta de la descomposición del capitalismo y su Estado el cual a través de su brazo represivo organiza los delitos: robos, drogas, prostitución, etc. como una fuente de financiación y en donde se revelan las internas políticas y policiales en cada crimen. La provincia anunció la creación de una nueva comisaría en el barrio de Gabriel. Desde el Partido Obrero reclamamos la intervención popular de las comisarías bajo el control de las organizaciones de Derechos Humanos y populares y que una comisión independiente de familiares amigos y organizaciones populares controle la investigación del caso. No a la creación de la comisaría cuarta.

Las audiencias del juicio por el crimen de Mariano Ferreyra que se realizaron en enero estuvieron signadas por las declaraciones de varios imputados. Entre el 15 y el 18 de enero, pasaron por el estrado Juan Carlos Fernández (el segundo de Pedraza completó su indagatoria, que había quedado inconclusa desde la última audiencia del año pasado-; los patoteros Gustavo Alcorcel, Juan Carlos Pérez y Daniel González, y el subcomisario Luis Echavarría, de la Dirección General de Operaciones de la Policía Federal. También se reprodujeron varias de las escuchas capturadas durante la investigación, principalmente las de los teléfonos de Pedraza y Fernández. Fernández Juan Carlos “Gallego” Fernández se prestó a contestar preguntas de las partes y del tribunal. El contenido de su declaración, antes del receso de enero, había quedado destruido por lo escuchado en las grabaciones de sus diálogos con Héctor Messineo (jefe de recursos humanos de Ugofe), con Ricardo Vitali (jefe de seguridad de Ugofe), y con el ex subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, quien actualmente está imputado por la masacre de Once. En ellas quedaron al desnudo las motivaciones políticas del crimen de Mariano, la participación del “Gallego” en el encubrimiento y la defensa de la patota, su rol de patrón en la ‘cooperativa’ Unión del Mercosur e, incluso, su protagonismo y su enorme incidencia en las decisiones de la concesionaria. A Fernández no se le podía escapar que aquello que negaba en sus dichos está probado por las escuchas y los documentos secuestrados en su oficina. El acusado agravió a las víctimas del ataque, al decir ante el tribunal que “nosotros no mandamos a matar a nadie. Sería darles una bandera a los grupos estos”. Los jueces le preguntaron cómo debían interpretarse los dichos de Antonio Luna, acerca de que “ésto no es un ataque contra la Unión Ferroviaria, sino contra todo el sistema”. En la respuesta de Fernández se filtró el verdadero sentido de la “defensa del sistema”: las concesiones y los subsidios del ferrocarril con su red de corruptela, “el sistema” que provocó primero el asesinato de Mariano Ferreyra y, poco después, la masacre de Once y sus 52 víctimas. Los patoteros Gustavo Alcorcel, delegado de los talleres de Escalada, fue quien monitoreó la llegada de Favale y su grupo a Barracas, así como el encargado de recibirlo. Dijo que aquel 20 de octubre había llegado a Avellaneda... para encontrarse con una ex novia. No pudo explicar las nada menos que 40 comunicaciones que mantuvo con Favale ese día, desde la primera hora de la mañana hasta casi la medianoche. Pérez, portero en los talleres de Escalada, fue quien retiró las armas del lugar del hecho y formó parte del grupo que amenazó a los periodistas de C5N. Se desdijo de lo que había declarado contra los coimputados Alcorcel, Favale y Pablo Díaz -no en una sino en dos oportunidades- durante la instrucción. Su declaración fue lamentable y terminó de derrumbarse ante las preguntas del tribunal. Por último, declaró González, el energúmeno de cuello ortopédico que aparece en las imágenes de C5N, insultando a los manifestantes. “Gonzalito” negó haber amenazado a los periodistas y dijo que estaba preso simplemente por “hablar exaltado”. Los tres hicieron referencia a la presencia de un supuesto tirador del lado de los manifestantes. Estrictamente, solo Pérez dijo haberlo visto, aunque no pudo aportar una descripción. Las pericias desmintieron hace rato esta especie, pergeñada bajo la batuta de Fernández y los abogados de la Unión Ferroviaria- mucho antes de que la mayoría de los miembros de la patota fuera encarcelada. En las escuchas telefónicas, un delegado dice a Fernández que tiene una persona “dispuesta a declarar” que vio un tirador del otro lado. La respuesta de Fernández fue que “lo mejor, primero”, era “amenazar con ello”. Echavarría Echavarría fue el único policía que, hasta el momento, declaró en el juicio oral. El 20 de octubre, estaba a cargo de la sala de situación de la Dirección General de Operaciones (DGO) de la Policía Federal. Desde allí, se monitorean todos los operativos que la policía realiza en torno a movilizaciones populares y eventos deportivos. Echavarría responsabilizó directamente al poder político por la actuación de la policía. Dijo que, ante las manifestaciones públicas, los jefes de la fuerza reciben instrucciones políticas específicas. Puso como ejemplos el desempeño de la Federal ante el acampe de los docentes de Santa Cruz frente al Ministerio de Trabajo (donde, dijo, “la orden de la secretaria de Seguridad, Cristina Camaño, fue desalojar”) y los incidentes del mes pasado en la Casa de Tucumán. Su declaración ratifica que aún debe ser investigada la responsabilidad de los funcionarios políticos, empezando por Aníbal Fernández, quien al momento del crimen de Mariano era jefe de gabinete y tenía a su cargo a la Policía Federal. Sin dudas, la colaboración de la policía con la patota, así como su activa participación en la emboscada criminal, no tuvo nada de improvisado. Las escuchas En estas tres audiencias, se reprodujeron en la sala varias de las escuchas judiciales de las líneas telefónicas de Pedraza y Fernández. El contenido de las escuchas es concluyente respecto al papel que jugaba cada uno de ellos dentro de la estructura de la Unión Ferroviaria. La jefatura de Pedraza es inapelable. Fernández, como organizador, está a cargo de poner en marcha el encubrimiento y la ‘estrategia jurídica’ de la patota; también, de complotar contra el pase a planta de los tercerizados. Esto, en permanente contacto con Pedraza. Por su parte, el secretario general aparece siguiendo al dedillo los avances de la investigación e interviniendo activamente en la tentativa de sobornar a los jueces de la Cámara de Casación, para obtener la libertad de los primeros detenidos y mejorar, así, su propia situación en la causa. De esos diálogos, se desprende también que los camaristas estaban plenamente dispuestos a participar de la maniobra. Sin embargo, el juez de instrucción, Luis Rodríguez -recientemente ascendido por el gobierno a un juzgado del fuero penal-, los sobreseyó. El juicio se reanudará el 4 de febrero, con la inspección ocular en Barracas y Avellaneda.

El 9 de enero pasado, como consecuencia de un cáncer, murió el Negro Pirulo. Jerónimo de Aira perteneció a la primera generación de obreros clasistas que se sumaron a la construcción de Política Obrera, organización precursora del Partido Obrero. El Negro Pirulo era metalúrgico y, como tal, fue parte de ese poderoso proletariado industrial cordobés que, con el Cordobazo, escribió una de las páginas más gloriosas de la clase obrera mundial. La década del setenta lo va a encontrar enfrentando a la burocracia sindical de Córdoba, la cual fue cómplice activa de lo que fue el ensayo general del golpe militar de 1976: el Navarrazo. Durante la dictadura militar, ya en la clandestinidad, formó parte de la enorme tarea de construir el Partido Obrero. Casi como si fuera un capricho de la historia, el mismo día y a la misma hora que el Negro dejaba este mundo, las nuevas y jóvenes generaciones del Partido Obrero enfrentaban en la calle el ajuste del intendente de Córdoba, Mestre. El Negro Pirulo ya integra esa constelación de luchadoras y luchadores revolucionarios que marcan el camino de las nuevas generaciones que, seguramente, completarán la tarea que se dieron hombres como Pirulo: emancipar a la humanidad de toda forma de opresión. Vaya, desde el Partido Obrero, el afecto y el cariño para la familia y los amigos del Negro.

El viernes 18 se realizó en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Sitraic) la presentación del libro "Mariano Ferreyra. Un crimen de Estado contra la clase obrera" con la presencia de unos cien obreros de la construcción. La mesa estuvo integrada por Víctor Grossi (Secretario general del Sitraic) y Lisandro Martínez (autor del libro). Grossi le recordó a la audiencia presente que el sindicato formó parte de la historia que relata el libro, organizando a los trabajadores tercerizados del ferrocarril que se encontraban encuadrados en la construcción y realizaban sus tareas en los obradores de Lomas y Temperley. También mencionó que muchos de estos trabajadores estuvieron presentes aquel 20 de octubre para luchar por su pase a planta permanente. Lisandro Martínez, por su parte, hizo un recorrido por la historia de los Ferrocarriles Argentinos para llegar a la actualidad y al vínculo entre el Estado, los concesionarios privados y la burocracia que montaron el negocio que le costó la vida a Mariano Ferreyra. Lo oportuno de la charla es que permitió esclarecer, ante decenas de jóvenes trabajadores, el rol de las patotas y la burocracia sindical en el movimiento obrero. Lección imprescindible en un gremio como la construcción, plagado de patotas y grupos mercenarios comandados por un ex agente de la dictadura militar, Gerardo Martínez, cuya participación en el batallón 601 es investigada en una causa judicial en la que el Sitraic es querellante. Ha quedado más claro que nunca que la lucha por la cárcel a Pedraza y los responsables del asesinato de Mariano es un paso fundamental para lograr la prisión a Gerardo Martínez, la expulsión de las patotas de la Uocra y la recuperación de un sindicato de la construcción para los trabajadores.

La Corte Suprema resolvió que la justicia de Lomas de Zamora estará a cargo de investigar las denuncias de los ex tercerizados Diego Cardías y Ariel Pintos. Ambos son actualmente obreros de planta permanente del Roca. Fueron víctimas del ataque criminal de la patota -Pintos fue herido de bala en una pierna- y declararon en el juicio oral por el crimen de Mariano. Denunciaron que fueron amenazados en tres oportunidades”. Sus denuncias habían quedado en un limbo legal, entre la justicia provincial y el juzgado que tiene a su cargo Wilma López. La Corte le dio la razón a la fiscalía de Lomas de Zamora. Cardías denunció primero que Pablo Díaz -jefe de la Comisión de Reclamos del Roca- le dijo: “si vos no te quedás en el molde, vos sabés lo que te puede llegar a pasar. De ahora en más acátate a las reglas de la empresa, no te la pongas en contra, que va a ser peor para vos”. Más tarde, denunció recibió un llamado a su celular en el que le dijeron que “si hablaba, lo iban a matar”. Por último, Cardías también denunció que un delegado de la Unión Ferroviaria, Antonio Medina, le dijo, en presencia de Pintos, que “dejara de hacer política en el trabajo contra su gremio o habría consecuencias”. Aproximadamente una docena de testigos y víctimas de la causa que investiga el crimen de Mariano sufrieron amenazas. Todas fueron puntualmente denunciadas ante la justicia, pero ninguna de ellas fue esclarecida hasta ahora, incluido el secuestro de Alfonso Severo.

De acá a octubre parece un trecho muy largo para los partidos patronales de la provincia. De la Sota aspira a llegar a las elecciones sin que se le desmadren las finanzas provinciales, y en la medida que la elección es enteramente nacional (sólo se eligen diputados nacionales) lo coloque como una alternativa de relevo al kirchnerismo. Hasta ahora no parece que pueda lograrlo. Cuando creyó que con el recorte a los jubilados (prórroga del pago de los aumentos) y la “tasa vial” (impuesto a los combustibles) zafaba, la quiebra de las finanzas provinciales lo obligó a un aumento del inmobiliario urbano e incluso un enfrentamiento con el sector rural (al cual terminó sacándole 310 millones a cambio de una promesa de eliminar el inmobiliario rural en 2014) y al aumento del 25% del boleto interurbano. Así y todo debe recurrir a un nuevo, ya súper abultado, endeudamiento -a la prórroga del pago a proveedores, y al recorte de gastos sociales, cuando la desocupación empieza a hacerse fuerte en los barrios como resultado del derrumbe de la construcción. En las gateras está el aumento de las tarifas de la electricidad, empujadas por el aumento de Cammessa, y de agua, entre otros servicios. De la Sota no tiene otra cosa que ofrecer que ajuste, impuestazos y tarifazos. Para completarla, el panorama de la industria automotriz no suena prometedor, a pesar del repunte del mercado brasileño (cuyo alcance está supeditado al desenvolvimiento de la crisis mundial). VW va por una reestructuración a la baja y ya provocó 19 despidos. Políticamente las cosas no van mejor. Macri y Scioli le vienen “trabajando” la provincia, explotando las fisuras dentro del PJ local. Los intendentes están tironeados entre éstos y el gobierno nacional, y como ninguno juega su propio pellejo en la elección están a la caza de la mejor oferta. El resultado para De la Sota puede ser la pérdida de los dos tercios en la Legislatura provincial por deserciones de su bloque.Los radicales sueñan con un resurgimiento como resultado de haber recuperado la intendencia capitalina, por eso han rechazado de plano cualquier acuerdo con el FAP, que implicaría negociar con Juez. Sin embargo, Mestre empezó el año con un aumento del transporte, urbano, del inmobiliario (el ABL de Buenos Aires) y con el aval a negociados inmobiiarios. Las finanzas municipales no gozan de mejor salud que la de las provincias. La crisis no perdona. El kirchnerismo pretende explotarla denunciando el carácter ajustador de De la Sota y Mestre, tratando de ocultar que le retacea fondos a la provincia y al municipio (fundamentalmente jubilaciones, obras públicas y subsidios al transporte) tercerizando en De la Sota el trabajo sucio del ajuste. Pero su propia política terminó quebrando su débil inserción en la provincia: el impuesto al salario y la negativa a enviar los fondos de la Anses a la Caja de Jubilaciones le terminó provocando una crisis con la burocracia sindical afín (perdió la dirección de Luz y Fuerza y la UOM). La elección del nuevo rector de la UNC en marzo mostrará la declinación del kirchnerismo en la misma, la actual rectora, Scotto, probable cabeza de la lista K en octubre, no logra una sucesión propia y la UNC podría quedar en manos de los radicales. Por el lado del centroizquierda las cosas no van mejor. El juecismo debe lidiar con la derrota en las provinciales, y sobre todo en las municipales de Capital, donde pasó de vencedor absoluto desde 2003 a salir cuarto con sólo dos concejales. El FAP en córdoba está asentado sobre la base del juecismo, los demás, desde el PS al MST son fuerzas marginales. Juez en 2012 salió a coquetear con el kirchnerismo votándole algunas leyes clave, como la designación de Marcó del Pont al frente del Banco Central y la expropiación de Ciccone, pero más simbólico aún fue el ataque de Juez a La Voz del Interior y a Clarín, denunciándolos como agentes de De la Sota.El centroizquierda acusa a De la Sota de “no gestionar” y dedicarse a gastar fondos en su campaña presidencial. De la Sota está gestionando a favor de los pulpos automotrices, de los pools sojeros y de Monsanto, entre otros. La crítica a De la Sota es una delación de la política del centroizquierdismo frente a la crisis. Nuestra política La crisis de las diversas fuerzas políticas plantea una disgregación que se hará manifiesta cuando más cerca se esté de las elecciones. En el medio la bancarrota capitalista hará lo suyo, clarificando ante las masas el carácter de cada fuerza política. Por último se trata de una “interna” entre ajustadores, algunos partidarios de una megadevaluación y otros que caminan hacia ello. Para los trabajadores cordobeses está planteada la continuidad de los grandes combates que protagonizó el año pasado como fue la lucha contra el recorte jubilatorio (que este año adquirirá nuevas versiones), el impuesto al salario, la defensa del ambiente (contra Monsanto), entre otras reivindicaciones. Será también la continuidad de la lucha contra el código de faltas que movilizó miles en la provincia. En el plenario provincial de principios de diciembre y en el picnic de fin de año, el Partido Obrero lanzó su campaña llamando a los trabajadores y a la juventud a sumarse a la izquierda para intervenir autónomamente en la crisis capitalista no sólo en las luchas también en el terreno político, rechazar por igual a oficialistas y opositores por responsables de las penurias y ataques que vive el pueblo argentino. En 2011 el Frente de Izquierda obtuvo un 4% de los votos, saliendo de la marginalidad electoral; el gran paso es ubicarnos en el centro de la situación, convirtiendo a los trabajadores en una alternativa de poder. Con ese fin diseñamos una agenda para que Eduardo Salas y Cintia Frencia (legisladora electa del FIT) recorran la provincia realizando asambleas y reuniones, asistiendo a los medios de comunicación para llevar la posición de la izquierda revolucionaria.

El 9 de enero, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba protagonizó una jornada histórica para los negocios capitalistas en la ciudad. Aprobó un conjunto de ordenanzas que van desde los pliegos de licitación para el transporte urbano y la recolección de residuos, un tarifazo en el boleto, hasta la entrega de las mejores tierras de la ciudad a la corporación América de Eurnekian. Transporte El pliego para la concesión del servicio de transporte es, sencillamente, un cúmulo de artículos cuyos principales objetivos son la privatización de la empresa municipal de transporte, que hoy controla casi el 50% del servicio, y un ataque en regla a los trabajadores de la Uta, incluyendo más de quinientos despidos. La crisis que se vive, desde hace años, en la ciudad pone de manifiesto décadas de fracaso de la gestión privada en el servicio de transporte, de hecho el surgimiento de la empresa municipal fue el resultado del fracaso de un conjunto de empresas que fueron a la quiebra hace algunos años. Es decir que la privatización de la Tamse es una nueva vuelta de tuerca en la crisis del transporte. El pliego es, por sobre todo, un ataque violento a los trabajadores del transporte. Los 761 coches definidos por el pliego, combinados con la formulación - existente en el Marco Regulatorio - de 3,3 empleados por coche deja en el aire a más de 500 trabajadores sobre la plantilla total, actualmente en 3049 trabajadores. Las empresas ya vienen preparando este escenario de despidos, durante este 2012 han sido despedidos más de 100 trabajadores, en muchos casos por denunciar vaciamiento y condiciones laborales. El pliego es un manual anti obrero ya que autoriza a las empresas a disponer de listados de trabajadores eventuales para ser convocados en caso de medidas de fuerza, es decir rompe-huelgas. Pero todo este esquema no cierra sin un tarifazo, por eso el ejecutivo hizo aprobar también un aumento del boleto del 28%, llevándolo a $ 4.10. El negociado de la basura Con la licitación del nuevo servicio de recolección de residuos, el gobierno municipal se está armando un negocio millonario para un grupito de tres empresas de capitalistas amigos. Según el propio gobierno el servicio se va a llevar el 13% del presupuesto, lo que hoy significa más de 500 millones anuales ¡un 100% más de lo que hoy se paga por el servicio! Lo peor de todo es que le asegura a las empresas beneficiadas una cláusula de ajuste automático de los valores de prestación. La automatización de una parte de la recolección pone, a su vez, en riesgo una cantidad importante de puestos de trabajo, sobre todo en el área de recolección. El sindicato que nuclea a los trabajadores de las empresas de recolección de residuos ya han anticipado que enfrentarán este nuevo intento de precarizar y de reducir la fuerza laboral. El Partido Obrero ha lanzado una campaña dirigida a los trabajadores y a los vecinos para establecer un programa político que enfrente los despidos, las privatizaciones y los tarifazos, estableciendo una alternativa política propia de los trabajadores y de la izquierda.

En Quequén, donde está el puerto de Necochea, hay un activo movimiento autonomista. Los autonomistas han puesto en pie la carpa de la esperanza, cortan rutas, bloquearon el puerto y han difundido el planteo entre los trabajadores portuarios y los vecinos. Quequén fue anexada a Necochea por un decreto de la dictadura, en 1977. Esta ciudad siempre funcionó como el patio trasero de Necochea. El abandono de Quequén contrasta con las super ganancias de las corporaciones portuarias y exportadoras. Un dato pinta de cuerpo entero la impunidad de estos capitalistas: a la falta de control sobre los embarques y desembarques, se suma una policía portuaria privada. La autonomía quequenense responde, en primer lugar, a la necesidad de enfrentar un estado de absoluta indefensión frente a las corporaciones, cuya existencia conspira contra el desarrollo urbano de Quequén. El reclamo de autonomía ha llegado a la Legislatura de Necochea y al Congreso de la nación. Un plebiscito no vinculante fue concluyente: el 95 % de los quequenenses votó a favor de la autonomía. El Partido Obrero defiende la vigencia de la voluntad popular. La movilización por la autonomía plantea un programa y un horizonte: lo que está en el centro de la discusión es, ni más ni menos, la municipalización del puerto de Quequén y el control de las operaciones portuarias por parte de los trabajadores que hoy está en manos de una corporación manejada en yunta por los K y el ‘Momo’ Venegas. Sobre la base de la recuperación de la renta portuaria, se podría fundar un desarrollo urbano de Quequén, siempre que esté bajo el control de los trabajadores. En Quequén reinan el trabajo en negro y la precarización laboral, la contaminación ambiental; la falta de vivienda, infraestructura urbana y salud; la trata, la prostitución y el negocio de la droga en gran escala (tarifadas por la policía) así como una enorme inseguridad. Una autonomía de Quequén, en estos términos, tendría un gran impacto en Necochea, la que ha perdido progresivamente importancia como centro turístico, ganándola como centro de acaparamiento de tierras por parte de los mismos que manejan el puerto quequenense. Unificamos la lucha por la autonomía de Quequén con el reclamo de una Asamblea Estatuyente Municipal, que establezca las condiciones y prioridades del municipio en beneficio de los trabajadores.

El pasado lunes 7, y a pedido de dos fiscales, se concretó la detención del policía Julio Diego Torales. El efectivo está imputado por "Vejaciones y Severidades" a partir de la detención de Luciano Arruga en el Destacamento de Lomas del Mirador, ocurrida el 22 de septiembre de 2008. Esa detención ocurrió meses antes de la desaparición de Luciano. Aquella vez, Luciano estuvo durante todo el día en la cocina de la dependencia policial, que, por tratarse de un Destacamento, no podía albergar detenidos. Su mamá y su hermana pudieron escuchar cómo era torturado y lo llevaron posteriormente al hospital. Luciano señaló a Torales como uno de sus agresores. La familia del joven desaparecido reclama que la carátula de la causa sea "Torturas" y que vayan presos todos los policías presentes aquel día. De más está decir que esto se podría haber resuelto casi cuatro años atrás, cuando la familia de Luciano denunció este hecho. Ello no ocurrió por la negligencia de la fiscal a cargo de investigar la desaparición del joven, Roxana Castelli, que fue denunciada por este motivo ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados. En relación a la causa que investiga la desaparición de Luciano, si bien la carátula continúa siendo "Averiguación de paradero", el miércoles 9 de enero el Juez Gustavo Banco dio lugar al pedido de federalización de la causa, entendiendo que el caso Arruga trata de una desaparición forzada. Ahora depende de la Justicia Federal aceptar o no que la carátula sea la que debió ser desde un principio: "Desaparición forzada de persona". En el caso de que la Justicia Federal no dé lugar al cambio de fuero, la familia apelará a la Corte. Estos resultados, aún pocos e insuficientes, son producto de la lucha de la familia de Luciano, así como también de organizaciones y partidos que la acompañan en la pelea por darle visibilidad a un caso que fue ninguneado por los poderes político y judicial. Para los que reclaman por el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de la desaparición de Luciano Arruga, la detención de un policía y la aceptación al pedido de cambio de carátula de la causa nos sirve de impulso para ir por todo lo que falta: la aparición de Luciano Arruga y el juicio y castigo a todos los responsables. En este cuadro, el grupo de familiares y amigos de Luciano Arruga viene denunciando hostigaciones continuas. Además de llamadas telefónicas y amenazas, hace poco tiempo Mario (hermano de Luciano) fue parado por dos policías, uno uniformado y otro de civil, sin identificación. El entorno de Luciano sostiene que los amedrentamientos son muy graves y responsabilizan al poder político de cualquier cosa que les pudiera suceder, por denunciar a la mafia policial que es encubierta y reforzada por el gobierno de turno.

En los últimos días se ha podido ver una publicidad de la multinacional Monsanto en la pantalla de Canal 10, medio perteneciente a los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT), hoy en manos del ultrakircherismo. La propaganda pretende ganar a la opinión pública a la instalación de tres plantas de producción de semillas de maíz transgénicas resistida fuertemente por los vecinos de Malvinas Argentinas (lugar de instalación de una de las plantas). Ha habido grandes movilizaciones y festivales en Malvinas y en córdoba contra esta instalación. Monsanto es la multinacional encargada de producir el glisfosato, un agrotóxico utilizado para fumigar, que contamina los suelos y enferma, en muchos casos hasta la muerte, a los vecinos de zonas aledañas a los campos de soja. En Córdoba, gracias a la lucha de las madres de Ituizaingó se ha puesto en evidencia este genocidio silencioso que provoca miles de muertes en nuestro país. La multinacional, en respuesta, ha lanzado una campaña mediática en medios locales con publicidades que pretenden desmentir la toxicidad de sus actividades. Una solicitada en la Voz del interior habla de "lo inocuo" que son sus productos , sostiene que la empresa busca desarrollar una"agricultura sustentable" y otras falacias. Monsanto ha sido juzgado en varios países alrededor del mundo por generar propagandas engañosas. Canal 10, los SRT, son parte de este juego. Ley de medios mediante: los medios públicos universitarios al orden del capital En todas estas denuncias y movilizaciones participaron fuertemente docentes y alumnos de la UNC y se han presentado estudios de la misma que corroboran los temores de los vecinos. Señalamos la impostura de las autoridades universitarias que, por un lado se pronunciaron a través del Consejo Superior en contra de la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas, y por otro, nada dicen sobre el acuerdo en torno a la pauta publicitaria entre los SRT y Monsanto. Denunciamos fervientemente la complicidad de Canal 10 en la estrategia reaccionaria de Monsanto. Repudiamos que los medios públicos universitarios pierdan su independencia y confluyan con la política del gobierno kirchnerista en torno a Monsanto. El gobierno Nacional es socio de esta multinacional desde sus primeros días de gestión, la nueva ley de semillas (patentamiento de semillas transgénicas) que impulsa el Ejecutivo, señala claramente la defensa de estos intereses. Propiciamos el derecho de los trabajadores de prensa y de los estudiantes de la UNC a intervenir en el diseño político y cultural de los SRT. Una gestión con estas características será la única garantía de mantener la independencia y bloquear cualquier condicionamiento impuesto por compromisos políticos con los gobiernos de turno. Consideramos necesario bajar inmediatamente cualquier publicidad de Monsanto de la programación de los SRT, llamar a asambleas en los medios, debatir este tema para que no vuelva a suceder y establecer los lineamientos de trabajo necesario para apoyar a fondo la lucha en contra de Monsanto, acompañando a las Madres de Ituzaingó y a los vecinos de Malvinas Argentinas en sus reclamos. Por último exigimos como reparación, se otorgue la misma cantidad de minutos que duran dichas publicidades al aire, a las organizaciones sociales y políticas que vienen llevando adelante la lucha contra Monsanto para poder explicar la verdad sobre esta multinacional y las consecuencias de su accionar.

Altamira y Pitrola visitaron la localidad de Necochea, donde estamos construyendo el partido entre los trabajadores estatales, judiciales y en el corazón del movimiento obrero zonal que es el Puerto de Quequén. Allí se concentra el proletariado aceitero, de los trabajadores rurales y camioneros. Un tema recurrentemente planteado por los periodistas fue el juicio a Pedraza y a toda la patota criminal que asesinó a Mariano Ferreyra. En la televisión, Altamira abordó la crisis política que ha puesto contra las cuerdas al intendente K, Tellechea, primera espada de Mariotto en la provincia de Buenos Aires. A su vez, reivindicó el derecho a la autonomía de Quequén (ver artículo p.10). La elaboración de las plataformas políticas municipales, y del programa de salida de la izquierda, es un capítulo esencial de la campaña electoral y de nuestra construcción en el interior provincial. Afiliados radicales fueron a una de las radios para saludar a Pitrola y Altamira. La crisis política pega fondo y en la base de todos los partidos. El PO necochense está interviniendo activamente en los distintos movimientos de lucha de la ciudad; ahora el gran desafío es la conquista de las adhesiones para el debut electoral en esta gran ciudad. La formación de la lista de la izquierda dará lugar a una convocatoria especial a los luchadores de Necochea y Quequén, para discutir en asambleas una salida al derrumbe del distrito.

Los voceros Mirta Hauchana y Violeta Gil expusieron en el Barrio Solidaridad, de la zona sudeste de la capital, luego de una amplia difusión en toda la zona del Manifiesto del Partido Obrero al pueblo de Salta. Lo mismo ocurrió con una reunión organizada en Barrio Unión de la zona norte de la ciudad, en la cual nuestro vocero fue Julio Quintana. Seguimos exponiendo un planteamiento de salida a los grandes problemas de los trabajadores salteños y llamando a desarrollar una alternativa política independiente. Por estos días, Urtubey ha dado otra vuelta de tuerca a su política de defensa de los negocios del gran capital y del saqueo de los recursos naturales, habilitando un emprendimiento para fabricar nitrato de amonio (materia prima para producir explosivos para la minería) en la localidad de El Galpón. Esto a pesar de las fundadas denuncias sobre sus graves consecuencias ambientales y de una amplia movilización popular en todos los pueblos de la zona sur de la provincia, que rechazan su instalación. El desarrollo de nuestra alternativa política, en cambio, implica el fortalecimiento de la lucha por la nacionalización de la minería y del agua bajo control de los trabajadores. Queremos extender la organización popular por estas causas y fortalecerla con más bancadas del PO en todos los pueblos.

La juventud, artistas y estudiantes de Merlo, viene desarrollando una fuerte tendencia a la organización para generar espacios y canales de expresión que les permita difundir libremente sus ideas, opiniones, necesidades, y creaciones artísticas de diferentes disciplinas como la música, la pintura, el teatro, etc. Esa organización debe ser independiente del poder político local ya que el régimen de Othacehé, de características fascistoides, es lo opuesto a la "libre expresión". Desde sus más de 20 años en el gobierno, Othacehé ha censurado siempre a la juventud, cerrando sus lugares de reunión, ya sean estos pubs, boliches, centros culturales, etc. En el último tiempo el intendente ha virado a la estrategia del palo y la zanahoria: por un lado intenta cooptar y regimentar a un sector de la juventud, por el otro persigue a quienes no se someten a esa regimentación. La zanahoria Bajo la consigna "Merlo está joven" el municipio viene impulsando actividades para encorsetar a la juventud en aras de un proyecto político que choca de frente con el espíritu de rebeldía de la juventud contra el orden de explotación establecido. El desembarco de La Cámpora en Merlo fue digitado por Othacehé, está integrada por los hijos de los punteros políticos y su primer actividad fue la presentación de la muestra itinerante de... Nestor Kirchner (represor de la juventud precarizada del Casino flotante) En los centros culturales la precarización laboral es la regla: la oferta cultural es sostenida por artistas que, con los miserables salarios municipales de $1.200, están lejos de poder vivir de su arte. Un ciclo de Rock, pomposamente anunciado por el intendente, les da la "oportunidad" a las bandas locales de tocar en espacios públicos. Pero... si el espacio es público, no debería poder tocar cualquier banda que quisiera hacerlo? No, primero tienen que pasar por el filtro ideológico del intendente. Además se espera que toquen...gratis! ¿Qué clase de apoyo a la cultura es aquel que no contempla el sostenimiento material de los artistas? El intendente, que no tiene reparos en pagar los cachet de las bandas "famosas" que tocan en el Tejadito, se los niega deliberadamente a los músicos locales. ¿El "Vasco" usa a los artistas locales y los agradecidos tienen que ser ellos porque el intendente les permitió el uso del Espacio Publico? Vengan a ver como es... el reino de Othacehé. El Palo Othacehé persigue a todo tipo de expresión que escape a su mano regimentadora. No permite los festivales en espacios públicos como ocurrió con la prohibición de Rock en la Escuela organizado por estudiantes y docentes, o la prohibición de un festival contra los agrotóxicos en la Plaza Rosmi. El argumento es que está "terminantemente prohibido realizar cualquier tipo de espectáculo público, evento, fiestas, etc. sin el correspondiente permiso municipal" (notificación municipal a la ESB N° 6). Es ridículo. ¿Para festejar, digamos, el 9 de julio, cada escuela del distrito debe pedirle permiso al intendente? Por lo demás, cuando el permiso se solicita es denegado porque no se comulga políticamente con el intendente. Así ocurrió en octubre, al cumplirse un nuevo aniversario del asesinato de Mariano Ferreyra. El permiso para un festival no fue extendido con el argumento de que lo impulsaba el Partido Obrero, que se encuentra "en la vereda opuesta". Mariano Ferreyra se ha convertido en ícono de la juventud en lucha contra la precarización laboral y las patotas. Efectivamente se encuentra en la vereda opuesta a la de Othacehé. Pero la plaza no es del intendente, la plaza es de todos. La regimentación municipal no se limita a los festivales públicos, arremete también contra las fiestas privadas, ya sean estas en centros culturales, locales partidarios o casas particulares. Utiliza para ello el decreto 8751, sancionado por la dictadura militar en diciembre de 1976, que le daba todo el poder a los intendentes militares o colaboracionistas, para acallar cualquier aspecto independiente de la vida política, social o cultural en esos años de plomo. Ha montado un sistema de espionaje contra los vecinos (se infiltra en los facebook, etc.) Ray Bradbury un poroto: el autor de "Fahrenheit 451" imaginó un mundo donde estaban prohibidos los libros; las brigadas del Estado los quemaban y perseguían a quienes los poseían y eran los propios vecinos quienes denunciaban a los lectores. Othacehé ha montado un sistema de alcahuetería en relación a las fiestas particulares y convoca a la población a denunciar anónimamente a través de un 0-800 a sus vecinos. Bradbury es un maestro de la ciencia ficción, lo del Vasco pertenece, claramente, al género de terror. Ladran Sancho... La arremetida de Othacehé contra la juventud no es casual. Está dando cuenta de los golpes que esta, con su libre accionar, le viene asestando al régimen autocrático: los artistas, que se niegan a la regimentación, no se han quedado de brazos cruzados y con movidas under dan la pelea por recuperar los espacios que les pertenecen: se organizan festivales, se rechaza a las patotas y a la prepotencia policial y municipal. El año pasado se han recuperado dos centros de estudiantes que estaban en manos del PJ y está pendiente la lucha contra el intento golpista del intendente en el Instituto 29. La propia experiencia les ha enseñado que la lucha por la reivindicación de la cultura y la educación, por espacios y canales públicos de expresión de la juventud plantea necesariamente la lucha contra el régimen de Othacehé, contra sus intentos de regimentación ideológica y sus métodos fascistoides. La tarea de la hora es poner en pie una organización que permita profundizar esas luchas, ampliar el debate a todos los trabajadores de la cultura y avanzar en la elaboración de un programa de reivindicaciones. Ese es el desafío que los artistas y estudiantes de Merlo tienen por delante: la conquista de la libre expresión. Por un arte sin censura y la plena vigencia de las libertades democráticas en Merlo.

Jorge Altamira y Néstor Pitrola, candidatos a diputados nacionales por la Capital y la provincia de Buenos Aires, cumplieron una amplia agenda en su gira por las ciudades de Mar del Plata y Necochea. Los compañeros fueron entrevistados por la mayoría de los medios de prensa escrita, oral y televisiva locales (página entera en el diario La Capital) y por La Nación. Altamira y Pitrola recorrieron la rambla y la peatonal -les llevó dos horas trajinar cinco cuadras, por un enorme requerimiento popular. Fue distribuida la declaración política “Sumate a una alternativa de izquierda en el 2013”. Con un extraordinario despliegue militante del comité partidario de Mar del Plata, se repartieron 20.000 declaraciones. El conocimiento público de nuestros candidatos habla de la emergencia política de la izquierda revolucionaria en la Argentina. Dos simpatizantes de Dolores se unieron a la caminata y se comprometieron a trabajar por una lista de la izquierda en ese municipio. De la recorrida participaron unos 40 militantes del PO marplatense, en un diálogo abierto con casi un centenar de personas, que se acercaron para saludar a Altamira y Pitrola y alentar a la izquierda para que dé la batalla política por el ingreso al Congreso. La presencia de los candidatos del PO coincidió con el “día después de la Fragata”. Altamira y Pitrola denunciaron el continuo saqueo que sigue representando, incluso más que nunca, la deuda externa. El show mediático del kichnerismo fue aprovechado para azuzar la acción política del nuestro partido. En su condición de candidato a diputado por Buenos Aires, Pitrola fue ampliamente requerido sobre la situación de la provincia, a la que calificó como la madre de las batallas. Esa es la importancia que cobran las elecciones legislativas, en las que el PO trabajará por la formación de listas en 80 municipios en el marco del Frente de Izquierda. Pitrola se refirió también al puerto marplatense, que sigue en manos de las mafias capitalistas y donde el trabajo en negro, las cooperativas truchas y la precarización laboral son una política de estado de Cristina, Scioli y el intendente Pulti.

“La inexorable descomposición de una vitrina de la democracia africana”. Tal es el título que eligió el analista francés Philippe Bernard para la nota sobre Malí que publicó en Le Monde del 15 de enero. La “vitrina de la democracia”, ex colonia francesa en el África occidental, está formalmente partida en dos, hundida en la hambruna y la corrupción, con un ejército destruido y un gobierno menos que débil. Y, ahora, invadida por tropas francesas que intentan contener el avance de yihadistas islámicos desde el norte del país, al que tienen bajo su control.” ¿Y ahora qué?”, se pregunta -al referirse a la invasión militar- el general Carter Ham, comandante de operaciones de Estados Unidos en África. Un principio de respuesta parece ser la que ensaya el italiano Staffan de Mistura, representante de la secretaría general de Naciones Unidas en Líbano, Irak y Afganistán: “Aquí se está revelando un nuevo Afganistán” (Corriere della Sera, 15/1). Es decir, un nuevo pantano militar y político, sólo que en una zona particularmente sensible, lindera al norte africano cruzado por guerras y revoluciones. Malí, uno de los principales productores africanos de oro, tiene posiblemente petróleo en el norte ocupado por las milicias islámicas. Por lo menos, en esa región ya habían comenzado tareas de exploración y prospección la italiana ENI y la argelina Sonatrach. En verdad, toda esa zona está tomada por los pulpos petroleros. Total y Repsol operan en Mauritania y Exxon construyó un gasoducto desde la región petrolífera de Chad hasta las costas de Camerún, en el Golfo de Guinea. Es, además, un territorio de intenso contrabando de drogas, armas y personas, y de un abundante comercio ilegal de todo tipo de sustancias. El fallido yanqui Durante cuatro años, Estados Unidos invirtió unos 600 millones de dólares y abundante personal para entrenar y armar al ejército maliense. Formó tropas de elite y las equipó con armamento sofisticado, para que pudieran hacer frente a las milicias islámicas. El intento derivó en un fracaso escandaloso. La caída de Muammar Gaddafi en Libia fue un catalizador de la crisis que terminó en esta guerra. Miles de tuaregs (un pueblo de origen bereber sahariano, de tradición nómada, ancestralmente oprimido y arrojado a la marginalidad) habían combatido para Gadafi en el ejército libio. Caído el régimen gaddafista, volvieron a Malí y se integraron al Movimiento de Liberación Nacional Azawad (MNLA), considerado “islamista moderado”, que el año pasado ocupó el norte del país y declaró la independencia. Otros se incorporaron a grupos más radicales, como Ansar al-Din (“Los defensores de la religión”) o -incluso- a la rama magrebí al Al Qaeda (AQMI). Pues bien, las fuerzas de elite entrenadas por Estados Unidos se pasaron con armas y bagajes a la guerrilla islámica, la proveyeron con sus mejores tropas y con el armamento que les habían dado los norteamericanos, y aplastaron lo que quedaba del ejército maliense. Un portavoz de las guerrillas, en diálogo con El País (13/1), explicó que en el norte -dominado por ellos- han instaurado la ley islámica, la sharia, por la que han lapidado mujeres adúlteras y mutilado ladrones, y han prohibido escuchar música y beber alcohol, así como demolieron todo lo que consideraron símbolo de herejías. “No nos importa lo que opine Occidente o la llamada ‘comunidad internacional’, sólo nos interesa lo que diga Alá”, añadió. Por cierto, no es consenso internacional lo que buscan ni lo necesitan. La sharia es su manera de imponer el terror. Entretanto, aldeas como Diabali, a 350 kilómetros de Bamako (la capital del país) ya no existen, destruidas por los bombardeos franceses. Según informes periodísticos, esas bombas poco daño le han hecho a los yihadistas, quienes se protegen en el desierto, pero sí producen una carnicería entre la población civil. El asunto golpea, además, sobre la crisis política en Europa y -particularmente- en Francia, que quedó sola en esta aventura militar. Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, Rusia y hasta China -con reservas- avalaron la invasión con declaraciones, pero nadie mandará un solo soldado. Rainer Arnold, especialista en cuestiones de defensa de la socialdemocracia alemana, ha dicho lo que seguramente Ángela Merkel le pidió que dijera: “Si se pretende asumir una política común de defensa de Europa, nadie puede permitirse acciones unilaterales” (Le Monde, 16/1). La opresión imperialista, en medio de su crisis, crea otro pantano de lodo y sangre.

Apretados por la cercanía del primer aniversario de la masacre de Once -52 fallecidos, 700 heridos- y la finalización del juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, la presidenta K anunció un nuevo plan de ‘modernización' de los ferrocarriles Sarmiento y Mitre, concesionados hasta hace unos meses por el grupo Cirigliano. Simultáneamente, la Cámara Federal confirmo los enjuiciamientos de los ex secretarios de Transporte, Armando Jaime y Juan Schiavi, el ex subsecretario Antonio Luna y los ex interventores de la Comisión del Transporte (CNRT) Ochoa Romero y Sícaro, acusados por administración fraudulenta (entre otras) a favor de los Cirigliano. Pretenden hacer frente al fuerte malestar existente entre los usuarios de estos dos ferrocarriles que se van deteriorando crecientemente, a la agitación de los familiares de los masacrados en Once y al movimiento de lucha que reclama justicia por Mariano Ferreyra. Ya el gobierno se vio obligado a mediados del año pasado a desplazar a De Vido de la conducción del transporte ferroviario, colocando en su lugar al ministro del interior, Randazo y a ‘renunciar' a los funcionarios nombrados, ahora sometidos a juicio. Detrás de todos estos movimientos se ha venido desarrollando una fuerte lucha política en el seno de ‘la corte K', en la cual están involucrados importantes intereses económicos y negociados. Negociados a granel Sorpresivamente, la presidenta anunció la compra directa, sin licitación, de 409 coches eléctricos a la empresa china CSR por un costo cercano a los 5000 millones de pesos. Esta cifra se suma, a los subsidios operativos que Randazzo, sigue pagando a la actual concesionaria (Ugoms, formada por los grupos Romero y Roggio, que regentean otras líneas ferroviarias) y que el año pasado supero los 4500 millones. Este anuncio entra en contradicción con otros anteriores. Particularmente, el que con bombos y platillos planteo el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Obra anunciada en reiteradas oportunidades. El grupo que resulto adjudicado (Consorcio Nuevo Sarmiento) esta capitaneado por Iecsa una empresa constructora de los Macri, que "desde el año pasado perdió la relación directa que supo tener con la Casa Rosada por la vía del ministro de Planificación, Julio de Vido y (...) sufre la paralización de casi todos los pagos de las obras públicas que tiene en ejecución" (Clarín 30/12). En busqueda de financiamiento, Cristina y Randazzo estuvieron negociando con la presidenta brasilera Dilma Rouseff, un crédito para esta obra por el Banco de Desarrollo de ese país (BNDeS) por una cifra en torno a los 700 millones de dólares. Lo cual implicaría también que al frente del consorcio se colocara la constructora brasilera Odebrecht. Pero este proyecto, parece haber sido -una vez más- postergado. Es que simultáneamente Cristina-Randazzo anunciaron un plan de obras para construir pasos a bajo nivel y puentes peatonales en el Sarmiento. Si se hace esto, se abandona el soterramiento. La burocracia sindical ferroviaria había lanzado una campaña por la nacionalización de los ferrocarriles en alianza con su viejo amigo De Vido. Esto habría significado que el Estado se hacía cargo del servicio desplazando a los actuales concesionarios, dejando para los capitalistas el supernegocio de las reparaciones y provisión de materiales en sus talleres privados (como hacía Cirigliano con Emfer, etc.). Randazzo se opuso, por el momento, en un intento supremo de salvar las concesiones privadas ferroviarias, sostenidos por crecientes subsidios del Estado. Cuentos chinos Cada coche eléctrico costara 1,265 millones de dólares. En este costo no se cuentan los fletes, seguros y repuestos. La garantía por los coches a entregar será solo por un año. Casi no hay financiación: el 30% se paga antes de iniciar el trabajo, el 60% restante a medida que se van entregando los coches y un 10% queda para el final de la operación. Por supuesto, que esto es un golpe, a cualquier plan de reindustrialización que tuviera como eje la reconstrucción ferroviaria. Los talleres ferroviarios siguen cerrados (Tafi Viejo) o vaciados. Este arreglo se hace en el marco "de los acuerdos bilaterales de intercambio comercial". ¿Se trata de una concesión por la ubicación de la producción sojera en China? Aunque cacareen lo contrario los K, defienden las exportaciones sojeras, entregando la industrialización nacional. Como en la época de los ingleses, donde se importaban las locomotoras y rieles a cambio de la exportación de granos hacia Londres. Ahora, se ha anunciado un nuevo plan de ‘modernización ferroviaria' por parte de la secretaría de industria (¿en alianza con De Vido?) que promete reactivar talleres y colocar ‘compre nacional' entre proveedores privados radicados en el país. Parece otro verso de la interna K. Emergencia y revolución Desde julio los trenes del Sarmiento cortan a partir de las 21 horas y no andan los domingos. Primero, dijeron que eran por tres meses, luego por seis, ahora... sin fecha conocida. El servicio se ha deteriorado en forma alarmante. Con el anuncio de la compra de coches chinos, se dijo que estos empezarían a llegar a mitad de año. Luego se rectifico, planteando que los primeros coches llegarían en febrero del 2014 (luego de las elecciones de este año), terminando la recepción en el 2015. ¿Cuentos chinos para conformar a los familiares de los damnificados de Once y pasar el momento electoral? Randazzo salio a decir que en 60 días se vera una "revolución" en el servicio. Luego, volvió a rectificarse... cuando se termine con los proyectos en marcha. Necesitamos una revolución para que no se siga deteriorando las condiciones de transporte del pueblo. Nacionalización de todos los servicios ferroviarios sin indemnización alguna a los concesionarios. Los Cirigliano tienen que responder con sus fortunas personales; la planta Emfer, reconstruida con los fondos robados al Ferrocarril, debe ser expropiada e incorporada a una empresa estatal ferroviaria única. El Ferrocarril debe ser gestionado directamente por delegados electos por los trabajadores y delegados votados por asambleas de usuarios de las líneas suburbanas y el presupuesto para la reconstrucción triplicado (quitándole los subsidios-ganancias a las concesionarias y no pagando la deuda usuraria) El 22 de febrero, todos con los familiares a Plaza de Mayo. Apoyemos activamente la movilización por Justicia por Mariano Ferreyra. El Partido Obrero, llama al Frente de Izquierda y a todas las organizaciones y los luchadores obreros a tomar estas banderas en sus manos para impulsar un Plan de Lucha y una gran movilización nacional hasta obtener estos objetivos.

Luego de más de 20 días de ocurridos los saqueos en un supermercado en Bariloche el juez de instrucción Ricardo Calcagno1 ordenó la detención de seis integrantes de la cooperativa de trabajo 1º de Mayo, todos habitantes de El Alto. El barrio más pobre de la localidad Los hombres, Miguel Mansilla y José Paredes, fueron llevados a Viedma , a más de 500 kilómetros de Bariloche y han denunciado que se encuentran sin comida ni agua y en buzones de castigo desde que llegaron. Mientras que las tres mujeres -Haydeé Grande, Catalina Lineros y Giselle Poblete- fueron llevadas a General Roca, distante 470 kilometros de donde se encuentran sus familias, entre las que se encuentra un bebé que aún toma el pecho. Todos los detenidos pertenecen al Frente de Organizaciones de Base (FOB) que, en un reciente comunicado, denuncia al conjunto de los gobiernos provinciales municipales y nacionales y se considera independiente de todos ellos. El día siguiente a los saqueos,, más de veinte días antes de las detenciones, se produjeron, con la colaboración de la Gendarmería, 37 allanamientos en El Alto, sin que se produjera ninguna detención, pero sí denuncias de los pobladores sobre la ilegalidad de la medida e incluso robos en las viviendas por parte de las fuerzas de seguridad. Las detenciones, demoradas hasta el inicio de la ofensiva destituyente contra el intendente, coinciden cronológica y políticamente con la conspiración política ordenada desde la Casa Rosada contra el intendente Omar Goye. Desde las oficinas de Cristina Kirchner se urdió el plan que desarrollaron el gobernador y el senador Pichetto para destituir al intendente como parte de la pelea de las camarillas capitalistas que disputan la provincia y para dejar en pie el ajuste contra las masas, que Goye ya no puede cumplir. El armado de una causa contra los compañeros de la 1º de Mayo es claramente parte del plan oficial, ¿por qué no fueron detenidos inmediatamente después de los allanamientos? Los detenidos son el pato de la boda de una crisis política y social que supera ampliamente el episodio de diciembre. El ajuste es el trasfondo En una de las primeras y últimas medidas impulsadas por el difunto gobernador Soria, la Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría el proyecto de ley de Emergencia institucional, económica, financiera, administrativa y social. Esta suponía el pase a disponibilidad de todos los empleados de la administración pública, generando el repudio y la movilización de los trabajadores en toda la provincia. La ley, finalmente, quedó en suspenso , pero dejó en claro la política de ajuste que impulsa el oficialismo y la crisis económica que envuelve a la provincia. En Bariloche, al ajuste general se sumó el incumplimiento de los acuerdos de trabajo para cooperativas y de ayuda social, a los que se habían comprometido todas las fracciones oficialistas, desde los que responden al viejo PJ de Pichetto, Soria y Goye, hasta los “evitistas” del “Indio” Paillalef, ministro de desarrollo social del gobernador Weretilneck, y la Alicia Kirchner, impulsora del programa de cooperativas “Argentina Trabaja” del que la 1 º de mayo era beneficiaria. Que ahora todos se hagan acusaciones cruzadas acerca del uso de los abundantes fondos que reparten para obras que ellos mismos aprueban, habla sólo de su calaña. La respuesta a esta crisis social, que produjo réplicas en cuarenta ciudades en todo el país, no fue atender los graves problemas sociales que quedaron de manifiesto, sino incrementar la represión. La crisis política es el trasfondo del ajuste que envuelve a todas las provincias, y que no atiende las demandas sociales y las condiciones de vida de los trabajadores y desocupados. Que intervenga el pueblo de Bariloche: Asamblea Popular El Partido Obrero denuncia que el golpe de Estado contra Goye, a quien no corresponde brindar ningún tipo de apoyo, porque está al servicio de la política de ajuste. Es necesario que el pueblo de Bariloche intervenga en esta crisis y delibere sobre una salida independiente del conjunto de camarillas que gobernaron y gobiernan la provincia. Proponemos que esa deliberación tome la forma de una Asamblea Popular que rescate los intereses del pueblo de la manipulación de las camarillas. Al servicio de esta deliberación el Partido Obrero pone en consideración un programa de emergencia: Libertad inmediata de los detenidos, abajo la criminalización de la pobreza. Por la entrega inmediata de ayuda alimentaria a quienes lo necesitan; el empadronamiento de desocupados y la entrega de un subsidio equivalente al 80 por ciento de la canasta familiar. Trabajo para los desocupados. Puesta en marcha de un plan de obras públicas y viviendas en barrios afectados. Todo bajo control de beneficiarios con representantes electos en los barrios. Por la eliminación de los impuestos al consumo, la restitución de las asignaciones familiares y un salario igual a la canasta familiar. Repudiamos enérgicamente los allanamientos ilegales y las detenciones de los cinco compañeros de la cooperativa 1º de Mayo y llamamos a unir la inquietud popular con el programa y la organización de la izquierda revolucionaria. Por una alternativa política de los trabajadores. (*) El juez de Bariloche Ricardo Calcagno fue apartado de la causa por encubrir a los policías involucrados en la causa que investiga la muerte de Guillermo Garrido, un joven vecino que apareció colgado con su cinturón en un calabozo de una comisaría de Bariloche, donde había sido ingresado minutos antes por una contravención vehicular.

Nuevamente, las comunidades indígenas del sur del país están siendo objeto de violentos allanamientos de la policía antimotines, los carabineros y la PDI de Investigaciones, con apresamientos e interrogatorios. La justificación es buscar a los responsables de los incendios ocurridos en la Araucanía, que le costaron la vida a dos personas. Los incendios de casas patronales son acciones individuales, que no se pueden atribuir a las comunidades mapuches ni a las organizaciones que los representan. Sin embargo, el gobierno de Piñera, junto a un coro de reaccionarios, levantan la voz para engañar al país, culpando a una organización inexistente, “apoyada desde el extranjero”, para así iniciar una brutal persecución (en la que se aplica la Ley Antiterrorista a los detenidos) e imponer un verdadero estado de sitio en la Araucanía. Por otro lado, los terratenientes y las forestales contratan a guardias armados, sin control de ninguna autoridad de gobierno, para reprimir a las comunidades y a los mapuches. La presencia de carabineros en la Araucanía lleva años y tomó fuerza en el gobierno de la presidenta Bachelet, quien solicitó apoyo al FBI para desarticular a las organizaciones más radicales de los comuneros que luchan por la recuperación de tierras. A través de violentos allanamientos con equipos especializados de la PDI, son detenidos más de un centenar de mapuches -entre ellos, los dirigentes de la CAM (Coordinadora Arauco Malleco). Todos irán a juicio bajo el imperio de la Ley Antiterrorista. Varios comuneros han sido asesinados a balazos por la policía, quedando los criminales en libertad. Es una represión sin límites -que llega hasta la perversidad- de los efectivos militares. El objetivo es impedir la implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues éste -en una de sus partes más importantes- señala que se le da un sentido de propiedad a los territorios donde habitan las comunidades indígenas de nuestro país. Se estima que son 9.448.630 millones de hectáreas, repartidas de Arica a Punta Arenas. La posesión de la tierra es un derecho reclamado durante siglos por todos los pueblos originarios. Por lo tanto, el Convenio 169 adquiere una inusitada importancia a considerar para la plataforma de lucha de las comunidades indígenas, así como de la de los sectores de vanguardia del movimiento obrero y de los estudiantes que realizan una lucha anticapitalista y apoyan la causa mapuche. Tras la desarticulación de los comuneros y el objetivo de liquidar el Convenio 169, está la mano de los consorcios económicos y de las trasnacionales. Su objetivo es saquear los territorios de los mapuches: explotar los recursos naturales como los bosques nativos, los minerales y la enorme reserva mundial de agua dulce que allí existe. La explotación irracional de los recursos naturales llevada a cabo por el capitalismo, asi comola fuerte actividad financiera y especulativa, se deben a su incapacidad de mantener la tasa de ganancia en las industrias productivas, y son síntomas de que el capitalismo está en un proceso de crisis terminal. Los militantes obreros nos solidarizamos plenamente con las comunidades indígenas del sur. Exigimos el retiro inmediato de la policía militar en la Araucanía y la libertad a los presos políticos mapuches. Hacemos un llamado a formar comités de solidaridad con el pueblo mapuche y con sus presos políticos, y a realizar asambleas en los sindicatos y centros estudiantiles para rechazar la represión a las comunidades y apoyar la causa mapuche por su derecho a la tierra y al agua. Rechazamos la acción individual, pues sólo provoca más represión de los reaccionarios. Sólo con la movilización social -bajo un programa obrero con perspectiva socialista, que luche contra el despojo que sufren los pueblos originarios y contra los sueldos miserables de los trabajadores- podremos derrotar al capitalismo en bancarrota. ¡Que se cumpla el Convenio 169 de la OIT! ¡La tierra para los mapuches! ¡Libertad a los presos mapuches! ¡Por la unidad obrero-mapuche! 12 de enero de 2013