Prensa Obrera N° 1250

No se habían restablecido las tareas después del paro del 20, cuando los trabajadores petroleros fueron convocados a una asamblea en Neuquén para el jueves 22. A partir de las 10 horas de ese día, comenzaron a llegar desde los yacimientos de toda la provincia miles de obreros, que dejaron sus puestos laborales en horas tempranas de la mañana del jueves, comenzando de hecho un nuevo paro. La convocatoria fue por un largo reclamo que tiene el sindicato de Neuquén, Río Negro y La Pampa sobre el pago del 85% de zona, que se reconoce en otras provincias patagónicas. El secretariado, desde el palco, anunció una medida para la semana entrante, pero no fue bien recibida, incluso hubo silbidos. Inmediatamente abandonaron esa posición "tibia" (como la definió un petrolero) y anunciaron un paro de 24 horas, desde las 20 horas del mismo jueves. En realidad, fue darle continuidad al paro iniciado para concurrir a la asamblea en Neuquén. Además, se lanzó una nueva medida de 48 horas para la semana entrante si no hay respuestas. Recién entonces se votó con vítores la moción de la directiva. Lo salarial La cuestión del salario está candente entre la base. El reciente acuerdo paritario firmado por la dirección del sindicato significó un aumento nominal desde enero de 2012, del 38%, pero con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013. Un 38% nominal para dos años de inflación es una miseria. Pero tampoco se trata de un aumento de un 38% en el bolsillo, sino que es sobre el básico (de 3.500 a 6.000 pesos, según las categorías), que es una tercera o cuarta parte del salario de bolsillo. El salario bruto del petrolero está constituido en su mayor parte por adicionales no remunerativos con valores que no se aumentaron y siguen vigentes hasta el 31 de diciembre de 2012. El reclamo de la suba de la zona del 42 al 85%, implica un incremento salarial real de bolsillo, por eso la fuerza del reclamo y la disposición a la lucha en la base. Al aumento de tarifas y combustibles, las empresas suman ahora otro reclamo central: abaratar los costos salariales. En esa tónica, Sapag salió a criticar el paro petrolero. Hace un par de años atrás, era Sapag el que saludaba desde el palco a las asambleas del sector. Eran tiempos en que podía aparecer como defendiendo los puestos laborales, claro que a costa de una mayor explotación (mayores ritmos y menores medidas de seguridad que han causado varias muertes en este tiempo) y pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Ahora que la base hizo su balance, Sapag ya no puede subir al palco. Pereyra por ahora lo puede hacer, a condición de adaptar su planteo al clamor que viene desde abajo.

El paro del 20 de noviembre tuvo contundencia en Neuquén. La movilización de la CTA -a la que se sumaron ceramistas, el sindicato del casino y otros sectores nucleados en la CGT- reunió 8 mil personas y tuvo como marco un gran paro de Aten, donde aún no asumió la nueva dirección. Los mercantiles, por su lado, hicieron otra movilización y el paro petrolero fue contundente, aunque no movilizó. En este marco, resulta un contraste que la fábrica Zanón no haya parado. Paró sí Cerámica Neuquén, la cual está bajo patrón. Hubo una asamblea, que reunió a los turnos de mañana y tarde, la que se desarrolló de la siguiente manera: el secretario general del SOECN abrió destacando la importancia del paro, pero otro miembro de la comisión directiva señaló, acompañado por el presidente de la cooperativa, que no se podía perder un día más de producción. La asamblea, sin mayor debate, decidió que "por tareas de producción -teniendo en cuenta que la fábrica estuvo parada por varios días- se apoya el paro, pero trabajando" y concurrieron a contraturno a la movilización. Pero nada de esto se votó, de manera que la posición inicial del secretario general no fue moción. En la asamblea, los representantes de Izquierda Socialista y el PCR (quienes encabezaron la Lista Gris -hoy integrantes de la directiva por la minoría) no abrieron la boca. El turno noche fue comunicado de la decisión de la asamblea del mediodía. Que la cuestión productiva haya limitado la intervención plena de los obreros de Zanón en el paro es un problema político serio. Sobre todo ahora, que se ha emitido el decreto de expropiación. No hay que ocultar este problema. Esta situación no figuró en ningún comunicado del Sindicato Ceramista ni menos del PTS Neuquén. En el pasado se tuvo una orientación similar frente a una huelga nacional de cinco días de la Federación Nacional Ceramista por aumento salarial en el convenio. En aquella oportunidad, no se buscó una forma de adhesión de clase al movimiento de lucha de los ceramistas en el orden nacional. Las lecciones de la jornada del 20N exponen con crudeza la real situación de la fábrica. La directiva del SOECN no debe adaptarse a un planteo puramente productivista, sin relación con la lucha política del conjunto de la clase obrera. Obviamente, Zanón se defiende con producción, pero sin perder de vista la lucha política por una salida de conjunto para la industria ceramista de Neuquén en crisis y la lucha por una salida para el conjunto de los trabajadores. Esta salida debe basarse en la pelea contra el impuesto al salario y el agravamiento de la ley de ART, y debe pugnar por los salarios familiares, etc. Más que nunca, el proyecto que el PO presentó a la bancada del FIT sobre el punto de los ceramistas se pone a la orden del día.

El sábado 24 se realizó, en el nuevo local de Temperley, un asado con activistas sindicales de la zona sur. Su objetivo fue hacer un lanzamiento político de la Campaña Financiera en la zona y obtener, así, un ingreso económico significativo en el arranque de la campaña. La actividad fue un éxito en los dos aspectos. Una concurrencia de 120 activistas gremiales de la zona -metalúrgicos, ferroviarios, plásticos, docentes, estatales, de la construcción (incluyendo a parte de la directiva del Sitraic), judiciales, camioneros, papeleros, empleados de comercio- garantizó el éxito económico. Fue importantísima, a su vez, como actividad política, ya que sirvió como una instancia de balance del trabajo desarrollado durante un mes en vistas a la huelga general, el cual se pudo realizar en caliente. La intervención de Néstor Pitrola, el eje de la actividad, fue seguida con gran atención por las delegaciones obreras. Pitrola realizó el balance de la jornada del 20 en los sectores más significativos del movimiento obrero y de las tendencias que quedan planteadas, de la necesidad de un plan de lucha para continuar hasta ganar, de las tendencias a reclamos particulares frente al fin de año -los que ya asoman en muchos gremios- y de la confluencia objetiva de la acción combativa de la clase obrera con la estrategia política del Partido Obrero y el desarrollo del Frente de Izquierda. Se contrapuso esta posibilidad a la demagogia que tuvieron los políticos patronales como De la Sota, Macri o Binner, en los que se apoyan las direcciones sindicales que convocaron al paro. La oportunidad de avanzar en una alternativa política de los trabajadores plantea que el Frente de Izquierda intervenga en la lucha de clases con sus candidatos. La concurrencia discutió el problema y surgió la necesidad de hacer pública la propuesta de que Néstor Pitrola sea candidato de la izquierda por la provincia de Buenos Aires para ingresar en el Congreso nacional en 2013 -para lo cual, también, se necesitan recursos económicos. Esta jornada de gran éxito político y económico culminó con la presencia de un trío musical conformado por compañeros de Tribuna Docente, que cerró la jornada con tango y folclore, de gran calidad, y con el baile entusiasta de muchos compañeros. ¡Gran arranque! Vamos ahora por los aportes y las actividades en cada regional, barrio y frente. Guillermo Kane

La lista antiburocrática que integran los compañeros del MST e independientes en el Hospital Italiano ganó las elecciones de comisión interna y cuerpo de delegados por 1.166 votos a 741 a la burocracia de West Ocampo. Además, la lista antiburocrática ganó la mayoría del cuerpo de 28 delegados de base por primera vez en este gran hospital. Se trata de una gran victoria, luego de que se perdió por un solo voto en las elecciones del sindicato en el marco de la Lista Bordó, que nuestra agrupación integró junto a los compañeros del Italiano, aportando la victoria en el Centro Gallego. El nuevo cuerpo de delegados del Italiano demuestra las grandes posibilidades para un desarrollo de la izquierda en Sanidad, a pesar de que su efectivo fue diezmado por la represión patronal y la entrega de la burocracia.

La Verde fue con lista única nacional y triunfó en todas las seccionales con la sola excepción de Haedo, del Sarmiento, donde ganó la Bordó. Esa especie de fusión empresarios-Estado-sindicalistas que domina los FFCC, aún se sigue imponiendo a la hora de una elección. La burocracia se despegó electoralmente, en forma sigilosa, de Pedraza, Fernández y la patota, encarcelados por el crimen de Mariano Ferreyra, y reafirmó su compromiso con el gobierno K. El operativo “recambio” fue monitoreado directamente desde el Ministerio de Trabajo. La Azul y Blanca, que presentó lista propia en las pasadas elecciones de delegados del Roca, votó esta vez a la Verde. La Verde sacó de las listas a los elementos más notorios de la patota, fundamentalmente en el Roca (caso Amuchástegui y otros provocadores), y trató de hacer aparecer como expresión de cambio, ligada al kirchnerismo. Ello no queda desmentido por los carteles exhibidos en la re- inauguración de la seccional Victoria, en el FFCC Mitre, contra los “trapos rojos”, porque el cambio es de alineamiento político, de ningún modo de metodología. En el Roca, la Lista Verde -con el apoyo de la Azul y Blanca- obtuvo el 75% de los votos. Pero fue notorio el ausentismo a la elección: votó un 50% del padrón (2.865) y hubo una pronunciada caída del voto en los jubilados. La izquierda en el Roca fue dividida, a diferencia de lo que ocurrió en todos los otros ferrocarriles, incluido el Sarmiento, donde hicimos frente con dos agrupaciones más. En el Roca, se integró a la Gris un compañero de la Violeta, como testimonio de nuestra vocación frentista, lo que no pudimos concretar con la Naranja (PTS). La suma de ambas listas, Gris y Naranja (718 votos), redondeó la misma votación porcentual de la anterior elección del cuerpo de delegados, un 25%, pero esta vez sólo votaron los afiliados; la Naranja obtuvo el 14,5% y la Gris el 9,5%. Esta votación indica dos cosas: que potencialmente hay una firme base opositora a la Verde. La Gris ganó en los talleres de Remedios de Escalada, centro de su trabajo político, y la Naranja acreditó un trabajo en vía y obras, y en Constitución. La campaña de la Gris estuvo muy marcada por el proceso más general de la lucha contra el juicio y castigo a la patota: los candidatos de la Gris son, de hecho, un símbolo de esa lucha. Hicimos el eje de la campaña electoral en la expulsión de los socios de los asesinos de Mariano Ferreyra del sindicato. Para nosotros y para todo el activismo que rodea nuestra lista, la elección es un episodio en la lucha nacional contra la patota. La consigna “Fuera los socios de Pedraza” tenía esa implicancia educativa, en especial cuando el oficialismo hacía campaña por la “renovación verde”. No podíamos hacer de esta elección una suma de reivindicaciones por afuera de la lucha integral que está planteada en el propio juicio en curso. Nuestra propia boleta llevó el nombre y la foto de Mariano Ferreyra. Por encima de la propia elección, está en juego una campaña política nacional contra la burocracia, las patotas y sus métodos de muerte y represión, que abarca también otros gremios. Defendimos una política revolucionaria en los sindicatos, contra un sistema de dominación en los ferrocarriles que fusiona al Estado, la patronal y la burocracia sindical. Esa “trilogía”, según el juez de la causa de Once, fue quebrada por el desarrollo antiburocrático en el Sarmiento, y la izquierda hizo allí otra vez gran elección. La Bordó de Sobrero obtuvo un 55%, la Verde un 35% y la Violeta (con participación de la Gris) un 10%. O sea que la izquierda obtuvo en el Sarmiento los dos tercios del electorado. La Lista Gris desarrolló una campaña que le abrió importantes perspectivas dentro del trabajo en el ferrocarril, en primer lugar haciendo reconocer un color propio en varias líneas. Presentamos candidatos en el Sarmiento, Belgrano, Mitre, Tren de la Costa, el Roca, y por muy poco no pudo oficializar una lista de oposición en el Chaco. Abrió relaciones sindicales muy importantes en Ferrosur y Ferrobaires con activistas de Bahía Blanca, Olavarría, Mar del Plata y La Plata, y de todos los ferrocarriles. Un importante capital organizativo. Los resultados del Mitre y Belgrano los analizaremos en próximos artículos.

Según una información que circula en las escuelas bonaerenses el 70% de los docentes que tomaron cargos o módulos, en febrero no han cobrado su salario. En las oficinas de la DGCyE de La Plata (Ministerio de Educación de Bs.As.), peregrinan miles (más de 3.000) tratando de que el estado provincial les pague. Los compañeros estatales que realizan las tareas administrativas ligadas al pago de sueldos y que protagonizaron la lucha triunfante y ejemplar contra el ajuste de Scioli y De Lucía, nos han explicado que existe una decisión política de no pagar. La implementación es totalmente intrincada, recurriendo a los métodos patronales y privatizadores de la tercerización, municipalización (“descentralización”) y el “control” estricto del pago de haberes de parte de los funcionarios políticos del ministerio. Los mismo que han indignado a los estatales cuando intentaron reducir salario mientras sostienen los negociados del estado con la “patria contratista”. Así, el ingreso de la información para liquidar salarios (contralores) se está derivando a las Secretarías de Inspección de cada municipio, de forma progresiva y caótica. El propio sistema informático modificado no funciona durante largos períodos, impidiendo estos ingresos tanto en La Plata como en los distritos. Los que se logran ingresar y pasan a liquidaciones son, en muchos casos, devueltos por supuestos errores o falta de documentación que antes no se requería o el propio empleado estatal resolvía habilitando el pago. También han incorporado a trabajadores contratados en lugar de incorporarlos a planta, aumentando el caos. Mientras tanto el SUTEBA, frente a la denuncia de los docentes que no cobran, durante las asambleas, colocándose del lado de Scioli, responsabiliza a las escuelas porque “hacen mal el contralor (planillas)”. Cuando se inició el problema, en lugar de un verdadero plan de lucha, implementaron la retención de servicios individual que, por supuesto, no resolvió el problema. Es así que ahora frente a los paros de 48hs del Frente Gremial (FEB-SUTEBA) y del UDOCBA (sindicato enrolado en la CGT de Moyano) sí pudieron ingresar descuentos, en forma masiva, sin intervención de los empleados, para todos los docentes. El gobierno intenta quebrar la lucha de los docentes que han parado con todos los sindicatos y centrales obreras. El camino para revertir la apropiación de nuestros salarios es un plan de lucha con paros progresivos hasta lograr el pago total, sin ninguna quita, organizado por asambleas intersindicales de todos los docentes.

Al suspender el fallo del juez neoyorquino Griesa -quien ordenaba depositar a la Argentina la totalidad de la deuda pendiente con una fracción de los “fondos buitre”-, los camaristas de ese país tomaron nota de la capitulación argentina ante esos mismos especuladores. En la apelación que había presentado el día anterior, el kirchnerismo ofrecía reabrir un arreglo de la deuda externa para quienes no entraron en los canjes de 2005 y 2009, a quienes el gobierno había jurado dejar afuera de cualquier pago. Convalidar esta nueva hipoteca contra el país era lo que reclamaban al unísono los economistas de Macri, Duhalde y Carrió. Todos ellos -junto a la Unión Industrial- saludaron la declaración de “buena voluntad” del gobierno argentino hacia los especuladores. El fallo “suspensivo” abre un paréntesis de tres meses de negociaciones entre el gobierno y los fondos especulativos. En ese lapso, la Justicia americana descuenta una derogación consensuada de la “ley cerrojo”, que clausuraba cualquier arreglo de la deuda impaga con los fondos buitres. Los diputados y senadores del PRO, la UCR, Binner y el duhaldismo ya anticiparon su apoyo a esa derogación. O sea que el Congreso sesionará por cuenta y orden de los tribunales de Nueva York, en la búsqueda de un nuevo compromiso con los acreedores internacionales. Los litigantes que obtuvieron el fallo favorable de Griesa sólo detentan el 10% de la deuda que no se avino al canje. Más temprano que tarde, los otros acreedores “buitre” se presentarán ante Griesa. En esta negociación, tutelada por la Justicia norteamericana, estará en danza una hipoteca de otros 12.000 millones de dólares contra el país, que es el total de la deuda impaga a los fondos buitre. La mano de la Reserva Federal No es un secreto que, para suspender el fallo de Griesa, el gobierno argentino contó con el espaldarazo de una fracción del capital financiero y de la propia Reserva Federal. Hasta Anne Krueguer, la ex funcionaria del FMI que “apretaba” a la Argentina años atrás, se colocó del lado ‘nacional’. Naturalmente, querían salvar el pago integral del cupón PBI a los bonistas que aceptaron el canje, sin la detracción que el juez Griesa pretendía sancionar en favor de los “buitres”. Pero la orientación estratégica de ese bloque es forzar, más temprano que tarde, a una normalización integral de la deuda argentina. Al tiempo que llamó a “interpretar correctamente la cláusula del tratamiento igualitario a los deudores”, la administración Obama reiteró “el llamado a superar la situación de la deuda (argentina) en todos los frentes” (La Nación, 28/11). En la cola de esta exigencia de normalización económica están la deuda con el Club de París, la que acumulan los juicios de las privatizadas ante el tribunal del Banco Mundial (Ciadi) y un resarcimiento al vaciador Repsol por la expropiación de YPF. En cualquiera de sus variantes, el arreglo de deuda que el capital financiero pretende imponer a Argentina -que el kirchnerismo está concediendo- coloca en completa crisis la orientación económica oficial, que consiste en amarrocar dólares para responder a la deuda externa y pagar la colosal factura de la importación de combustibles. En previsión de esa carga adicional, el gobierno está adobando a los pulpos petroleros con tarifazos, para que el fisco y las reservas internacionales respondan a los nuevos compromisos de deuda. “Desendeudamiento” Si el FMI, la Reserva Federal y los fondos que entraron al canje le han concedido un respiro a la Argentina, ello ha sido a cambio de colocar al país como rehén del capital financiero y de sus jueces, a quienes el kirchnerismo les otorgó la jurisdicción extranacional de los arreglos de la deuda. Se ha derrumbado uno de los pilares del ‘modelo’ oficial: la renegociación “inteligente”, “nacional y popular” de la deuda externa argentina. A siete años del “megacanje” de Kirchner-Lavagna, la deuda pública aumentó en 52.000 millones de dólares y ya se ubica en los niveles de 2001/2002. La cláusula especial que premia a los acreedores con el crecimiento de la economía -bonos atados al PBI- ha terminado reduciendo a la mínima expresión la “quita” del año 2005. A todas estas hipotecas, se añadiría ahora la que resulte de un nuevo arreglo con los fondos buitre. Los pagos a los acreedores externos han sido reemplazados por una deuda creciente con la Anses y el Banco Central. Pero, precisamente, el eslabón más débil de esta nueva crisis de deuda son los títulos en pesos y “con jurisdicción local”, que el gobierno le ha enchufado compulsivamente al fondo de garantía de la Anses. En sólo veinte días, la caída de los bonos argentinos despojó a la Anses de 5.135 millones de pesos, que equivalen al haber mínimo de 2,7 millones de jubilados. Aún antes de cualquier pago adicional a los usureros, la nueva crisis de la deuda se ha cobrado esta confiscación. El gran capital y la oposición tradicional de Argentina se han subido al carro de Griesa, para empujar a esta “normalización” exigida por el capital financiero. El socialista Binner se ha puesto a la cabeza de esta presión antinacional. Ante este pacto político contra el país y sus trabajadores, planteamos la suspensión del pago de la deuda externa usuraria y el rechazo a los nuevos arreglos que procura el gobierno K, los que configurarían un nuevo desfalco a las reservas internacionales. Planteamos el desconocimiento de las cláusulas coloniales que atan los arreglos de deuda a jurisdicciones extranjeras y la nacionalización de la banca. Cristina Kirchner ha hecho un nuevo y estéril llamado a la Unasur, que ya ninguneó a la Argentina en la cuestión de la Fragata. En oposición a esta orientación, planteamos una conferencia internacional de organizaciones obreras y antiimperialistas del continente contra el rescate del capital financiero a costa de los explotados.

La Legislatura bonaerense aprobó una ley que crea comités mixtos de seguridad e higiene en las empresas, al estilo de la que ya está vigente en Santa Fe. Estos comités no tienen capacidad de veto obrero, puesto que son paritarios con la patronal, pero las decisiones de inversiones o cambios de condiciones laborales deben pasar por su aprobación en caso de que estén constituidos. El congreso de la UIA de la provincia de Buenos Aires, realizado en La Matanza, salió con los tapones de punta para neutralizar dicha norma. Scioli tiene dificultades para vetar lo que ya aprobaron sus propios legisladores, pero le ha hecho una promesa a Osvaldo Rial, el presidente de la UIA provincial, que lo pinta de cuerpo de entero. A través de Cuartango, su ministro de Trabajo, Scioli le habilitó a la UIA que redacte un borrador de reglamentación de la ley. Ni lerdos ni perezozos, los industriales enviaron un proyecto que dispone que los comités mixtos se conformarán en las paritarias de cada gremio. Esto significa que no se constituirán nunca o sólo lo harán como comités conjuntos de la patronal y la burocracia central de cada gremio -lo que es lo mismo que nada. En varios gremios ya hay comisiones paritarias permanentes conjuntas, las que jamás se reúnen ni resuelven nada. Recordemos que los comités mixtos figuraron en el proyecto inicial de reforma de la ley de ART que Tomada envió al Congreso. La disposición fue eliminada en la redacción final, por presión de todas las cámaras empresarias. El gobierno sciolista tiene ahora la pelota en su campo. Puede que tome la reglamentación de la UIA o que directamente no reglamente la norma y deje la ley en el freezer. Este movimiento febril de los empresarios en la provincia, para conjurar toda injerencia obrera en las condiciones de trabajo, se da en paralelo a otro movimiento de la UIA nacional respecto de la reciente ley de ART. Quieren que los aumentos en las alícuotas de las ART no se apliquen al menos por un año, hasta que se pruebe la caída de la "litigiosidad" como resultado de la nueva norma. O sea que pretenden todo: la eliminación de la doble vía y que no aumente el 20% en las indemnizaciones que prevé la ley. El kirchnerismo y Scioli son vehículos de las patronales contra la salud y la seguridad obreras. El rechazo al régimen de las ART -y su agravamiento por la nueva ley- tiene que ser parte del debate y del programa de todo el movimiento obrero. Al mismo tiempo, hay que proponer comités obreros de seguridad e higiene, por fábrica, electos por la asamblea de trabajadores, que tengan estabilidad gremial y poder de veto, para poder arrancar a la patronal las inversiones y métodos de seguridad industrial que preserven la salud y la vida de los trabajadores.

El hecho novedoso de las elecciones del Consejo Directivo del Instituto "Joaquín V. González" fue la presentación de varias listas para candidato a rector/vicerrector y para docentes y graduados. La lista que conformamos junto con destacados activistas docentes y graduados, "Trayectoria", es el resultado de un trabajo colectivo y la elaboración de un programa en común que defiende los intereses de los estudiantes y docentes, y que tiene su eje en la defensa de la autonomía del Instituto. Obtuvimos un enorme triunfo, conquistando un consejero directivo docente y, por primera vez en 25 años, un consejero graduado. Con este resultado no sólo fortalecemos nuestra intervención conjunta en los espacios de militancia que integramos, sino que, en el caso del graduados, logramos quebrar el bastión del claustro que históricamente estuvo en manos de la derecha (con lista única siempre), obteniendo casi el doble de votos que la segunda lista. Las candidaturas a rectorado fueron una expresión de la disputa de camarillas que viene desarrollándose los últimos años en el profesorado. Se presentaron tres listas: la lista 3, un resabio de la gestión saliente; la lista 21, encabezada por Patricia Simeone, que viene a proponerse como "la renovación" del instituto pero que tiene en su programa la adaptación a los requerimientos del Consejo Federal de Educación, el INFoD y del gobierno de la Ciudad; y la lista 9. Allí también dimos un enorme salto político, obteniendo el 35,87%, contra el 36,27% de la lista 21. Si bien la Lista 9 "Trayectoria", encabezada por Isabel Vasallo, obtuvo la amplia mayoría de los votos totales (fue apoyada por casi todas las agrupaciones estudiantiles como resultado de su intervención en la defensa de la autonomía del instituto y de la carera que dirigió durante años, "Castellano"), el voto ponderado de los docentes jugó en contra de la verdadera representatividad democrática de toda la comunidad educativa: la relación con los votos de los estudiantes es de casi 20 a 1. Los consejeros conquistados servirán para llevar al Consejo Directivo las denuncias, reclamos y proyectos de todos los docentes y estudiantes. La lucha continúa para seguir desnudando el entramado político que pretende colocar al Joaquín como exponente de las políticas nacionales de ajuste y vaciamiento. Tenemos la gran responsabilidad de colocarnos como tribunos en defensa de nuestros títulos y de las fuentes de trabajo de los docentes en el marco de la aplicación de las políticas anteducativas, tanto nacionales como de la Ciudad. Manos a la obra.

Hace ya casi tres décadas que la periodista Gaby Weber se radicó en América Latina, investigando -entre otros temas- la protección empresarial y política a los jerarcas nazis escondidos en la región. A partir de 1999, Gaby se volcó de lleno a investigar la complicidad de las filiales de las corporaciones capitalistas alemanas con la dictadura de Videla. Un documental -"Milagros no hay"- da cuenta de su investigación sobre Mercedez Benz, donde desaparecieron 13 delegados y activistas de fábrica entre 1976 y 1977. Ese trabajo llevó a Gaby al terreno de la apropiación de bebés, encabezando hoy una vasta causa judicial de más de un centenar de afectados que no encontraron respuesta en el mundo de los "derechos humanos" oficialistas. En esta entrevista, Weber realiza una dura denuncia sobre la indiferencia del gobierno nacional y los "organismos" paraoficiales. -¿Qué fue lo que encontraste en tu investigación sobre Mercedes Benz? -Entre 1976 y 1977 había 4.000 obreros en la planta de Argentina. Estaban muy organizados, llevaban adelante actos de resistencia y huelgas contra la patronal. ¡En plena dictadura! Como parte de esta lucha, la producción llegó a caer un 40%. En esta situación, los patrones resolvieron apelar a métodos de terror. Muy pronto, los obreros pudieron apreciar que los jefes y gerentes eran aliados directos de los dictadores. Ellos denunciaron a los obreros más activos, que eran opuestos a la conducción del Smata, como "terroristas subversivos" o "agitadores", tal como figura en los registros del Batallón 601. Esa denuncia de los gerentes a los militares equivalía a mandar a los obreros al infierno y a la muerte. El 19 de agosto de 1977, cuando desaparece el último obrero, el jefe de Mercedes Benz, D'Elía, insta a los militares, en una visita al cuartel de Ciudadela, a dar por concluidos los secuestros, ya que "ahora se arregló la situación". En efecto, los obreros ya trabajaban con el terror adentro de sus huesos. Ello está registrado en los papeles de la empresa. -Tu testimonio pone de manifiesto la fuerte resistencia obrera a la dictadura... -Claro. Y hay que agregar la complicidad del Smata con los secuestros. Y del Partido Comunista, que consideró a Videla un "militar moderado" y sostenía a esa directiva del Smata. -A partir de allí, aparece la figura del jefe de producción de la planta... -Se trata de Juan Tasselkraut, quien era el enlace entre la empresas y los militares. En su familia, Tasselkraut tiene al menos tres chicos apropiados. Esta denuncia la llevamos a diferentes tribunales en el mundo. Acá lo hicimos primero en el juicio de la verdad, con el juez Schiffrin, en La Plata. Luego, iniciamos una acción penal en Buenos Aires y una demanda civil en Estados Unidos. Esta demanda es la única que hoy sigue en pie. La presentamos en 2004, y en época de Bush. Apostamos a que el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos contribuyera a sostenerla. Aunque soy periodista, siempre traté de judicializar esta cuestión, para que no quedara limitada al terreno de una simple denuncia. Acá, en Argentina, hicimos una presentación penal por asociación ilícita. No sólo apuntábamos a los militares, sino a la parte civil, o sea la empresa. Y también al Smata y a gente como Carlos Ruckauf, quien, como ministro de Trabajo en la etapa inmediata anterior al golpe, colaboró con la patronal contra los obreros. La Justicia argentina pide testimonios y documentación a Alemania. Pero por un error de traducción, en vez de solicitarlo a los responsables patronales, lo hacen a responsables "sindicales". En consecuencia, en Alemania son citados, no la patronal sino el jefe del sindicato de allá. En nuestra denuncia, sin embargo, figuraban los nombres propios de quienes debían ser citados. A partir de este episodio ridículo, el juez Rafecas -que suele posar de "progresista"- y el fiscal Delgado se desentendieron de la causa, con el argumento de que "no encontraron pruebas en Alemania". Entonces la remitieron a un juzgado de San Martín, en relación con su posible conexión con el campo de detención que operaba en Campo de Mayo. -¿Qué respuestas recibiste del gobierno a partir de tus investigaciones? -En 2005 fuimos recibidos -junto a familiares de estos desaparecidos- por Néstor Kirchner. Prometió una investigación profunda y que la causa "no se iba a entregar al altar de los intereses económicos". Nada de esto se cumplió. -¿Cuál fue la conducta de los organismos de derechos humanos frente a tu denuncia? -Cuando recibo la información sobre la apropiación de bebés (2004), lo primero que hago es llevar la denuncia a Abuelas. La abogada de Abuelas recibe el material, pero lo devuelven a las seis semanas, diciendo que no están interesadas. En las búsquedas que hice por mi cuenta, llegué a resultados importantes. Obtuve las partidas de nacimiento de los niños de Tasselkraut. Fueron inscriptos como hijos biológicos y nacidos de partos domiciliarios. Pero las parteras que firman los certificados están involucradas en otras denuncias de apropiaciones de niños. Una de ellas, incluso, había sido empleada del Hospital Militar de Campo de Mayo. Nada de esto despertó el interés de Abuelas. Presenté esta documentación al juez Bonadío, quien tampoco investigó. En el juzgado de San Martín citan a los chicos Tasselkraut, quienes reconocen que son adoptados y admiten, por lo tanto, el carácter fraudulento de sus partidas de nacimiento. El juez les realiza las pruebas de ADN, que resultan negativas. Pero es sabida que son muy pocas las muestras existentes en el banco genético. Entonces, el juez de la causa -Gurruchaga- da por prescriptos los hechos y absuelve a la partera involucrada y a los apropiadores Tasselkraut. Cuando logro consultar el expediente, descubro que lo único que hizo el juez fue pedir los certificados de nacimiento que había presentado, para ver si los falsifiqué. O sea que me investigó a mí... En cambio, nada dijo de la discrepancia existente entre el lugar de nacimiento de estos chicos, según obra en el Registro Civil, por un lado, y en el Registro Nacional de las Personas, por el otro. En este último caso no figura parto domiciliario sino una dirección de San Martín. ¿Cuál? ¡La del Liceo Militar! Documentamos, en blanco y negro, que esos chicos nacieron en un campo de detención ilegal. Con esa prueba, sin embargo, absolvieron a los responsables. Nuestro abogado, el doctor Fachal, hizo una presentación contra este juez en el Consejo de la Magistratura. -Actualmente, sos querellante en una causa por sustracción sistemática de niños que involucra a mucho más casos... -Más de un centenar. Todas estas personas fueron inicialmente a Abuelas, pero no les dieron pelota. Es, por ejemplo, el de Marcela Rodríguez Procopenco, donde Abuelas negó públicamente que resultara hija de desaparecidos. Al ser reconocida como querellante, pude pedir pruebas formalmente. En primer lugar, pedí el secuestro de las inscripciones en el Registro Nacional de las Personas, para poder comparar las direcciones con los centros de detenciones, como había podido documentarlo en el caso de Tasselkraut. Estoy segura que de ese chequeo van a salir a la luz muchos casos. Los dos canales principales de las apropiaciones son los casos de nacidos en Campo de Mayo y los niños 'distribuidos' por el Movimiento Familiar Cristiano, que participó también de esta red. Además, muchos de estos chicos fueron bautizados en capillas militares. Por eso, también pedí el acceso a los libros de bautismo de la época. Simplemente, cotejar quién fue bautizado allí, y tenés otra pista. -¿Hay una conexión entre estas apropiaciones y el tráfico de personas? -Quiero destacarte que, cuando comienza la sustracción de niños, los militares utilizan los canales ilegales que ya existían: o sea, las parteras que se involucraban en las redes de trata o de abortos clandestinos. Naturalmente, esas redes continúan hasta hoy, y la negativa a investigar todo esto protege al actual tráfico ilegal que involucra, como sabemos, a niños y mujeres. -Suele exhibirse un balance exitoso del hallazgo de niños secuestrados bajo la dictadura. ¿Cuál es tu propio balance? -Es muy pobre. En treinta años de democracia no se hizo la comparación de registros que antes te mencioné. No se unificó el banco genético con el abundante material encontrado por antropólogos. No se hizo campaña para enriquecer al banco genético con más muestras. Como en el caso Clarín: "Si el banco da negativo, entonces es inocente". ¡No es así! A esto, se agrega el vaciamiento de la investigación en curso en el juzgado de San Martín. Dos secretarias judiciales que venían haciendo su labor con responsabilidad, fueron separadas de su puesto de trabajo en el tribunal de Comodoro Py. -¿Cómo explicás esto? -Es que no hay voluntad política de que avance esta causa. Están los "pesos pesados", como Mercedes Benz, como Bayer, e incluso un caso de tráfico de niños donde está involucrado el encargado militar de la Embajada de Estados Unidos. -Nombraste a Bayer por primera vez... -Es un caso similar al de Mercedes Benz. Se trata de una apropiación mediada por el Movimiento Familiar Cristiano, un bebé "NN" que fue a manos de un alto gerente, Lambert Court. A nuestro juicio, existen un 95% de chances de que sea hijo de desaparecidos. Más precisamente: se trataría del hijo faltante de la familia Oesterheld. Pero a esta causa tampoco Abuelas la quiere seguir y solicitó sacarme a mí, la investigadora, como querellante... -¿Qué interpretación hacés de la posición de Abuelas y del gobierno? -No quiero cargar la mayor responsabilidad en Abuelas, porque el verdadero responsable es el Estado y no una ONG. Pero, al igual que la Justicia, ese Estado es permeable a la presión política. Hace un par de semanas, el principal director de la casa matriz de Mercedes Benz estuvo en la Casa Rosada, anunciando junto a Cristina Kirchner inversiones millonarias. Supongo que es un "paquete" que tiene a la impunidad dentro de él. -Tenemos entendido que enviaste una reciente carta a la Presidenta... -Sí, allí señalo que lo mínimo es que invite a las víctimas y les diga: "Muchachos, lamentamos, pero fueron entregados al altar de los intereses económicos". Pero ni eso. Las causas siguen paralizadas. -¿Cómo sigue esta lucha? -Bueno, tenemos la cuestión del juicio en Estados Unidos, donde la Suprema Corte tendrá que decidir si la demanda sólo puede ser presentada contra individuos o también contra empresas. Esta demanda no sólo incluye a los familiares de los desaparecidos y a los sobrevivientes del terror, sino contamos como querellantes como Paula Logares, una de las primeras identificadas por la apropiación de niños, a manos de Rubén Lavallén, ex jefe de seguridad de la Mercedes Benz, y también con la abuela Elsa Pavón, quien ha hecho ya antes de 1983 un trabajo de investigación maravilloso. Tengo toda la confianza de que podremos avanzar.

Sobre un total de 466 votantes efectivos de un padrón de 565 afiliados habilitados para la elección, obtuvimos el 42,3% de los votos. La Naranja duplicó el porcentaje y casi triplica el número real de votos. La Lista Verde-Violeta (michelistas, Frente Darío Santillán, Opinión Socialista) mantuvieron, por muy estrecho margen, la conducción de la junta interna, cayendo 20 puntos porcentuales. El resultado de la elección es una expresión limitada de un movimiento más vasto. Este año estuvo surcado por una enorme huelga, donde participaron, de una u otra manera, la mayoría de los más de 2.000 trabajadores del instituto. Durante la huelga, todos vieron el rol de la burocracia, que en todo momento quiso cerrar la lucha, perdiendo varias asambleas decisivas. Sin embargo, en esta elección donde votan sólo los afiliados, todavía primó el viejo aparato burocrático sostenido por distintas variantes de izquierda. La Naranja realizó una campaña de afiliación que contribuyó al gran caudal de votos conquistados. Al mismo tiempo, muchos trabajadores rechazaron afiliarse por el repudio a la conducción verde. Este resultado de la Naranja ha sido recibido con muchísimo entusiasmo en todo el parque. Quedó en evidencia que es posible derrotar a la burocracia. Los compañeros que se afiliaron en la última etapa resolvieron mantener su afiliación y muchos otros se acercaron a afiliarse para estar presentes en las próximas batallas. La Lista Verde-Violeta apeló a clásicos métodos burocráticos. Apretaron a varios candidatos naranjas, amenazaron en las colas de votación a los trabajadores, utilizaron autos y camionetas del Inti para ir hasta las casas de los trabajadores que no querían venir a votar. La gestión kirchnerista del Inti también jugó para sus “archienemigos golpistas”, sólo para que la junta interna no fuera conquistada por el clasismo. Mención aparte merecen los grupos como el Frente Darío Santillán y Opinión Socialista, que jugaron de cobertura izquierdista de una burocracia descompuesta. La Naranja realizó una campaña ejemplar. Todos los gastos fueron cubiertos por el aporte de los compañeros, realizando actividades de financiamiento, donde colaboraron más de quinientos trabajadores. Nuestro programa fue discutido y elaborado en asambleas abiertas en todos los centros, lo que mostró un hecho inédito de democracia y discusión política en el instituto. Nuestra lista contó con 42 compañeros, referentes indiscutidos de sus sectores, con más de un año de antigüedad y superamos el cupo femenino. Estas condiciones impuestas por la propia burocracia no fueron alcanzadas por ellos mismos, aunque la junta electoral dejó correr su lista. Mariano también fue parte de esta lucha. Sacamos un afiche y movilizamos compañeros al inicio del juicio, a la marcha de aniversario a Plaza de Mayo e instalamos en el Inti la necesidad de terminar con las patotas sindicales. Queda el desafío de continuar masificando la agrupación y llevar adelante el programa clasista que fue aprobado en los sectores y también en las urnas. El gobierno y las autoridades del Inti ya hicieron una prueba piloto de “sintonía fina” y terminaron derrotados por la huelga. Esta elección marcó un crecimiento de ATE, de la mano del clasismo. La Naranja se ha preparado con tenacidad y paciencia para ser la dirección de los próximos procesos de luchas contra la patronal y el gobierno. Allá vamos. Viva la agrupación naranja del Inti.

Para financiar el ‘traspaso' del subte, Macri acaba de anunciar un impuesto a las naftas, además de aumentar los peajes y otros servicios. Scioli quiere ‘empardarlo' con otro impuesto a los combustibles. Hace un par de meses, De la Sota los madrugó a los dos. Los gobiernos provinciales han salido a imitar la receta de todos los ajustazos europeos: el impuesto a las naftas, que se cobra fácil y se traslada enseguida a trabajadores y consumidores. A ello, se suman los boletazos en el transporte. Aquí también se anotó Bonfatti, el gobernador de Binner. Nada menos que el gobierno nacional -el campeón del impuesto al salario- ha calificado a estos impuestazos como "antisociales". Pero sus quejas tienen otra razón: los K quieren reservar los tarifazos en beneficio de los monopolios petroleros. Por eso, Cristina Kirchner acaba de anunciar un aumento del 40% en el precio del gas en "boca de pozo". Lo mismo ocurrió, días atrás, con las tarifas de la electricidad y del gas domiciliario. Detrás de las peleas de micrófono, el maridaje entre los K, por un lado, y Macri, De la Sota, Scioli o Binner, por el otro, tiene un claro contenido: trasladarle al pueblo la factura de la quiebra fiscal y el vaciamiento energético. ¡Abajo los tarifazos nacionales y provinciales! Nacionalización del petróleo, el gas y todas las privatizadas, bajo control de sus trabajadores.

El intendente K Bevilacqua pretende imponer un nuevo aumento del boleto de colectivo del 30%. En un contexto de gran descontento popular (con masivas movilizaciones en la calle y el paro nacional del 20 que fue contundente en Bahía), este ataque al bolsillo de los trabajadores no podría prosperar sin la complicidad de la oposición en el Concejo Deliberante. La oposición (UCR, FAP, PRO y la "vecinalista" Integración Ciudadana) también está con el aumento, aunque en un porcentaje menor. Así están dando el visto bueno a la propuesta del municipio de subirlo "sólo" a 4 pesos y complementar con un subsidio a las empresas. Vale recordar que la salida del grupo Plaza ha sido, en realidad, un rescate del gobierno al derrumbe de su gestión. Este grupo acumuló miles de multas y sanciones por mala prestación, lo cual planteaba la incautación inmediata de las unidades, atendiendo al monto elevadísimo del boleto y los subsidios millonarios recibidos. Con una municipalización trucha, los K prepararon el terreno para una reprivatización del servicio. Además de una caja adicional para el municipio, con la gestión totalmente discrecional de tres líneas. En este marco, los estudiantes agrupados en la "Coordinadora estudiantil por el boleto" se movilizaron al Concejo Deliberante para rechazar el nuevo boletazo y exigir la implementación de un boleto educativo. Se presentaron 4.000 firmas y se hizo uso de la banca 25 con estas demandas, exigiendo que se abran los libros contables de las empresas concesionarias y se deje de subsidiar a los capitalistas que montan enormes negociados con el servicio de transporte público. La UJS, que participa activamente de la Coordinadora contra el boletazo, y el PO han sido las únicas expresiones políticas que rechazaron de plano este ataque al bolsillo de la juventud y los trabajadores. Preparamos ahora una gran marcha al Concejo para el jueves 29, día en el que amenazan con aprobar el aumento. No al boletazo. No al salvataje de las empresas del transporte a expensas de los trabajadores. Apertura de los libros contables de las empresas subsidiadas e investigación del destino de los subsidios. Por un boleto educativo para todos los niveles.

En los años ‘90 -y con el cobro de 600 millones de dólares por las regalías mal liquidadas (a cambio de votar la privatización de YPF)-, el kirchnerismo prometió hacer un acueducto que abasteciera de agua a Comodoro, Rada Tilly y Caleta Olivia. Como la gran mayoría de las obras públicas del kirchnerismo, no fue pensada para solucionar los problemas de la población, sino para “hacer caja” entre empresarios amigos y funcionarios corruptos. Desde el comienzo, se empezaron a denunciar anomalías y se preanunciaban roturas. Ahora, el acueducto se rompe todos los meses, por lo que deja a los 60.000 habitantes sin agua. Como a un pantalón roto, al acueducto ya no se le pueden poner más parches y está colapsado. Llevamos diez días sin agua, una semana entera sin clases, asueto en la Municipalidad. Los centros periféricos de salud, juzgados y baños de la terminal de ómnibus están cerrados. Hay interminables colas en el cargadero de agua municipal. La directora del hospital explicó que sólo pueden bañar a los internados cada dos días, también que médicos y enfermeros se van a bañar al hospital para poder atender. Hubo cacerolazos, bocinazos, escraches a diputados y concejales y, sobre todo, una gran marcha de 1.500 personas el pasado lunes. El Partido Obrero y la UJS han tenido un importante protagonismo en todo el proceso de lucha. Al calor de los debates, se empezó a clarificar que al agua la siguen robando y usando indiscriminadamente -y sin pagar- las petroleras y las mineras, en tanto que el pueblo padece de desabastecimiento día tras día. Denunciamos la impostura tanto de los concejales del Frente para la Victoria y de la UCR. Juntos, quienes votaron una “emergencia hídrica” que racionaliza el agua sólo a los vecinos y no a las petroleras y mineras, la cual además deja la puerta abierta para el arancelamiento del agua. Ambos bloques y el intendente Córdoba estafan nuevamente a la población, pues los trabajadores de servicios públicos ya han denunciando que las propuestas de emergencia del gobierno son una farsa. Repudiamos la amenaza e intimidación del diputado Rubén Contreras hacia el conductor del programa “Vamos que Venimos” de FM 21, Javier Rivarola, por supuesto instigador de las movilizaciones y el escrache con bidones y botellas de agua vacías en la puerta de su domicilio. Los responsables de esta crisis son los “creadores” del modelo. Las empresas “amigas” siguen ganando licitaciones y la población sufre las consecuencias de la corrupción y el continuo saqueo de las multinacionales. Planteamos: -La urgente construcción del acueducto paralelo en el tramo Cerro Arenales-Caleta Olivia. -Mientras dure la emergencia, reparto gratuito del agua para TODOS los vecinos a cargo de defensa civil, con afectación de vehículos oficiales y de empresas petroleras y mineras. -Pago inmediato del “canon” por utilización del agua para la producción minera y petrolera. -Acueducto “de emergencia” a cargo de las petroleras desde la toma que tiene YPF en el “codo” del río Senguer para abastecer a Las Heras, Truncado y Caleta. -Planta desalinizadora de agua de mar a cargo de los gobiernos provincial y nacional. -Incorporar al próximo presupuesto nacional la financiación de la obra de Multipropósito Río Deseado para traer agua desde el Lago Buenos Aires (Los Antiguos). -Por la constitución de una comisión de vecinos que controle todas estas obras, con la participación de los trabajadores de los servicios públicos. -Embargo de los bienes de todos los funcionarios actuantes en la construcción, supervisión y mantenimiento del acueducto Lago Musters-Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia.

En la provincia de Buenos Aires viene desenvolviéndose una situación de quiebre entre el sector kirchnerista -con Mariotto a la cabeza- y el sector que responde a Scioli. En la ciudad de Necochea, esta fractura muestra otro capítulo de la crisis política. La suspensión por 90 días de Tellechea -el intendente del FpV, quien asumió en diciembre con el 41% de los votos- y una deuda de 60 millones de pesos lo corroboran. El déficit es lo que marcó el ritmo creciente de conflictividad del municipio y la parálisis del gobierno. La crisis fiscal generó el atraso en el pago de los sueldos, la falta de recursos para el sostenimiento del Estado y tres paros del sindicato municipal, cuyo secretario general es concejal del FpV. Tellechea llegó a la intendencia de la mano de Mariotto y Porcaro, para asegurar los negocios millonarios de un sector del kirchnerismo ligado a Boudou: se trata del nuevo frente costero, un negociado que abriría la puerta a jugosos emprendimientos inmobiliarios y turísticos, mientras la población es sometida a una creciente desocupación y precarización laboral, al deterioro en la atención de la salud por la falta de insumos y de recursos en los hospitales, así como a la inseguridad ciudadana -ligada a la mafia policial lugareña-, razón que lanzó a miles de personas a movilizarse en julio. La Municipalidad recibió un subsidio de dos millones de pesos para la compra de aparatología y de insumos para el hospital municipal. Esa compra se realizó con todas las falencias legales e institucionales posibles. Esto provocó una ola de denuncias, las que llevaron a un pedido de informes por parte del Concejo Deliberante y a la conformación de una comisión investigadora con concejales de la oposición -Unión Peronista, que responde al "Momo" Venegas; la UCR, el socialismo y dos empleados municipales-, que pidió la renuncia del intendente. Esto no se logró, pues Tellechea recibió el apoyo de todo el arco oficialista. Pero ahora la comisión lo suspendió, por obstaculizar la investigación. Mariotto busca restarle poder a los concejales, mediante la modificación de la carta orgánica de los municipios, y Tellechea pide auxilio a la Corte Suprema de la provincia por un "conflicto de poderes". El conflicto, en realidad, lo tiene con los trabajadores, quienes día a día ven deteriorarse sus condiciones de vida, sin posibilidades de una solución dentro de este régimen, mientras los gobernantes disputan negocios millonarios a costa de la miseria popular. El 8N se movilizaron 8.000 personas en rechazo a la política de Tellechea, pero también a la que le plantean los opositores. El paro del 20 inmovilizó al sector productivo más grande de la ciudad -el puerto de Quequén-, el cual desde hace décadas alberga un movimiento autonomista. Necochea necesita una salida a la crisis desde los trabajadores.

“Parazo contra el ajuste K” (Hoy), “Parazo” (El Socialista), “Paró el país entero” (Alternativa Socialista), “Parazo nacional” (La Verdad Obrera): las tapas de los periódicos de izquierda coincidieron en destacar la contundencia de la huelga del pasado 20. A la vez, fue generalizado el relieve que se asignó a los piquetes y cortes de ruta. El PTS, en una breve reseña, recuerda que fue “utilizado por los trabajadores desocupados” durante los gobiernos de Menem y la Alianza -o sea que reivindica el carácter de clase de este movimiento. El Socialista y La Verdad Obrera destacan el protagonismo de la izquierda (“especialmente el PTS”, un autobombo clásico). El PTS omite un análisis de por qué Kraft no se plegó a la huelga. En cuanto a las conclusiones políticas, el PCR destaca la unión “con los sectores opositores en lucha de la ciudad y el campo”, a sabiendas que ‘el campo’ solamente aportó la locuacidad de algún dirigente. Presenta a la huelga como una ‘remake’ del lock-out sojero (la “alianza obrero-campesina”). El MST, por su lado, considera que se ha producido una “ruptura política” entre el famoso 54% y el gobierno, aunque no una ruptura clasista. El editorial de Alternativa Socialista no se desmarca del FAP, como ocurría en las ediciones anteriores, y concluye proponiendo una alternativa “amplia”. Hoy, tal vez, aporta claridad cuando promociona al “frente constituido en Río Negro por el Partido Socialista, el GEN, Unidad Popular, Libres del Sur, Proyecto Sur, el PTP y el PCR”. O sea que PCR, MST y Libres del Sur pueden ser la “pata izquierda” del FAP sin solución de continuidad. Cuando Tumini saluda la huelga del 20 desde la tribuna del FAP, olvida que los docentes santafesinos pararon contra el ajuste del FAP en esa provincia. La autodenominada “izquierda independiente” no tuvo una posición homogénea frente al paro. El Frente Darío Santillán emitió un comunicado de apoyo a último momento. Algo similar hizo Marea Popular, una reciente fusión entre La Mella, Rebelión (ex PC) y Socialismo Libertario. Sin embargo, la participación de dichas corrientes en el paro fue deliberadamente reducida: al corte de la Fuba asistieron con una pequeñísima delegación. El sábado 24, un foro de la Compa (que dice representar a la mayor parte de esta izquierda) reunió a quienes pararon con personajes que trabajaron activamente contra el paro -como Pianelli, del sindicato del Subte. Este último realizó una actividad con Tomada en la víspera del 20 de noviembre. En efecto, se desarrolla una tendencia de ruptura política de un vasto sector de trabajadores con el precario nacionalismo K. El PTS dice que “ahora es el turno de los bombos y no de las cacerolas”; bien entendido, esto significa que los huelguistas tendrían que salir a pelear contra los caceroleros. Más revolucionario sería aprovechar un ascenso obrero para producir una delimitación entre los caceroleros, con el objetivo de ligar a sus sectores más golpeados con la clase obrera. Mientras Izquierda Socialista reclama una delimitación de la “oposición patronal” -desde De la Sota hasta Binner, quienes aplican “ajustes e impuestazos”- y reforzar “la unidad de la izquierda vía el FIT, contra toda variante patronal”, el “Pollo” Sobrero concurrió al acto político del FAP el sábado 24, en Costa Salguero. El PTS menciona al Frente de Izquierda como un “punto de apoyo para pelear en el terreno electoral”, pero critica nuestra iniciativa de largar esa campaña ya mismo. El PCR resalta la presencia de la FUA en la huelga, que fue de la boca para afuera y con un programa capitalista. La Fuba protagonizó uno de los principales cortes de la jornada, junto a la AGD (el sindicato docente de la UBA) y centros de estudiantes de todos los niveles.

“Somos como la CGT de Caló”, declaró a Página/12 uno de los participantes del “Consejo Nacional de Centros de Estudiantes Universitarios”, que el kirchnerismo realizó en Córdoba el fin de semana del 24 de noviembre, con el declarado objetivo de avanzar en una “nueva FUA”. La comparación con Caló disminuye a los estudiantes de Cristina, pues la CGT “Balcarce” puede reclamar para sí un peso en gremios importantes; La Cámpora, por el contrario, no conduce una sola federación o centro de peso; los “cien centros” que dicen haber reunido los K sólo podrían haber sido contabilizados por Indek. La lucha por desbancar de la conducción de la FUA a la derecha (Franja Morada) y poner fin a su vaciamiento ha sido protagonizada por la izquierda, que dirige las principales federaciones del país (como en la UBA o La Plata). El kirchnerismo, por el contrario, compartió con los radicales el boicot al Congreso de la Fuba de este año. Las dificultades de La Cámpora y aliados (como el Partido Comunista o el MPE) para justificar su engendro saltan a la vista. Dicen “bancar” las “transformaciones que iniciaron en 2003” y proponen “la derogación de la ley de educación superior”. Pero la persistencia de la LES menemista es una política sistemática de los K, como en las crecientes acreditaciones a la Coneau, o sea la validación de los títulos de acuerdo con criterios impuestos por el Banco Mundial. La ‘federación’ K no habla de la unión con el movimiento obrero, que debe ser la política de una juventud verdaderamente combativa.

La reunión del Consejo Consultivo tuvo lugar un día antes del eventual tratamiento en la Legislatura del presupuesto 2013 y de la sesión que votaría los proyectos de la Isla Demarchi y de la “Dubai porteña” en la ex Ciudad Deportiva de La Boca. Ante el reclamo del tratamiento de estos temas, donde la intención era sumar el pronunciamiento en contra de estos negociados por parte del Consejo y el refuerzo a la convocatoria de la marcha programada para el 22 ante Irsa y la Legislatura, asistimos a un festival de maniobras y aparateadas por parte de la mayoría K. Primero, quisieron “posponer este debate” hasta que todos tengamos “cabal conocimiento” del alcance de estas leyes, cuando las mismas son archiconocidas por todos. Está claro que los propios K no tenían argumentos para defender lo indefendible y muchos compañeros nos habían manifestado, por lo bajo, su desacuerdo con el pacto Macri-K. Pero cuando se los invitó a abrir el debate y tener las agallas de defender el contenido de las leyes, la presencia del legislador Tito Nenna y la comunera Vicky Colombo, de La Cámpora, impusieron la “obediencia debida” y disciplinaron a la mayoría de su tropa, no a todos, para forzar mediante el voto la negativa a debatir la cuestión. Ante esa situación, las organizaciones de izquierda y vecinos independientes repudiamos la aparateada y abandonamos la reunión. Desde el Partido Obrero de la Comuna 4, hacemos un llamado a todos los que votamos en contra, a las organizaciones que eventualmente no participaron de esta reunión, a los kirchneristas que ven que esto es -como se dijo en la propia reunión- “una traición a las bases”, a conformar un bloque antipacto para desarrollar la lucha contra estas leyes en todos los terrenos (aún el propio Consejo Consultivo). Tenemos que juntarnos rápidamente para ponerlo en práctica.

El 12 de noviembre pasado comenzó la llamada “megacausa Arsenales II - Jefatura II”, el mayor juicio realizado hasta el momento en el NOA. Este juicio tiene 44 imputados, 235 víctimas y están previstos más de 500 testimonios. La Jefatura fue el principal centro de reclusión clandestino de la capital (San Miguel de Tucumán) y los arsenales Juan Martín de Azcuénaga fueron el principal centro de exterminio del NOA. Es el primer juicio por violaciones a los derechos humanos que juzgará a tres civiles integrantes de los grupos de tareas, también el primero que juzgará a tres mujeres y el primero que tiene a miembros de la Iglesia. Con la megacausa se unifican dos causas, pero se las fragmentan en el tiempo. El Poder Judicial separó arbitrariamente los asesinatos, desapariciones y torturas en dos causas: una para los hechos previos al 24 de marzo de 1976 y otra para los posteriores. Esto es particularmente pérfido en Tucumán, donde bajo el gobierno de Isabel Perón/Luder tuvo lugar el Operativo Independencia, que fue el laboratorio experimental de los métodos que luego la dictadura extendería a todo el país. Con esto se busca diferenciar artificialmente y licuar las responsabilidades del PJ y la burocracia sindical, entre otros. Desde las filas K y del alperovichismo han agitado este juicio, pero han guardado completo silencio ante varias cuestiones relevantes. a) Tanto el gobierno de Alperovich como el aparato judicial están lleno de bussistas. b) El gobierno de Alperovich sigue manteniendo el D2, el servicio de inteligencia creado por Bussi en aquella época. Varios de los imputados en la megacausa eran integrantes del D2. Alperovich lo sigue usando para el espionaje y la provocación a las organizaciones políticas, sindicales, etc., opositoras. El PO ha realizado una denuncia penal por este tema (que duerme en el juzgado federal), pues -según denunció el diario La Nación- nuestro partido es uno de los principales ‘blancos’ actuales del espionaje del D2. c) El gobierno nacional y el provincial han aprovechado el inicio del juicio para distraer la atención sobre la creación de la delegación NOA del Ministerio de Seguridad de la Nación, una central de inteligencia nacional en la región -un claro paso en el reforzamiento del aparato represivo- a cargo de un miembro de las fuerzas armadas. El Partido Obrero, que participó en la fundación de los organismos de derechos humanos bajo la clandestinidad durante la propia dictadura, se compromete a fondo en el proceso de movilización por el juicio y castigo a los genocidas, a la vez que denunciamos las limitaciones en la causa y sus intentos de utilización demagógica por parte del kirchnerismo para ocultar los avances represivos actuales.

El lunes 19 falleció Gustavo Spedale. Gustavo fue un gran luchador de la generación del Cordobazo. A fines de los '80, junto a varios activistas, participó de la recuperación del sindicato de Obras Sanitarias de la provincia. En el '94, Spedale (en ese momento secretario del interior) renunció a la conducción del gremio en protesta contra la burocratización de Luis Bazán. En el '95 jugó un importantísimo papel en los plenarios de activistas y delegados en la lucha contra el ajuste del gobernador Angeloz. Spedale denunció vivamente a la burocracia que entregó la lucha y, particularmente, a Bazán. Un reportaje en Prensa Obrera de la época da cuenta de su lucha. Junto a su inseparable compañera, Ana Poratti, se convirtieron en la cabeza de la lucha contra la privatización de la empresa de agua y por la recuperación del gremio. Gustavo dedicó (en el medio de una salud resquebrajada) todas sus energías a combatir la privatización de Suez-Roggio y el negocio privado con el agua. En eso estuvo hasta sus últimos días. Marxista y socialista, Gustavo fue candidato a senador provincial del PO en 1999. Siempre fue fiscal en las elecciones y un lector consecuente de Prensa Obrera. Inteligente, agudo, profundamente riguroso en sus análisis, sus escritos son material obligatorio de consulta a la hora de la lucha por la defensa del agua. Gustavo había decidido, en las últimas elecciones de la CTA, sumarse a la conducción local ligada al michelismo -para preservar, según sus palabras, el espacio que había conseguido en la lucha contra Roggio y Suez. Creo que fue la única vez que tuvimos una diferencia de fondo. Acompañamos a su inseparable compañera de la vida y de la lucha, Ana, a sus hijos y a su madre en el dolor de la ausencia.

El intendente de Coronel Suárez, Moccero, se entrometió en la causa del secuestro de Sonia Marisol Molina, por parte de la conocida periodista Estefanía Heit y su marido, dificultando la investigación judicial. El intendente habría ingresado a la casa donde estaba secuestrada Sonia, con quien se reunió durante cinco horas en el hospital. Habló de los videos que comprometen a los secuestradores y del lugar donde se encontró una bolsa con pruebas, también intentó trasladar a Sonia a un hospital de Bahía Blanca. Se agrega la mala praxis de la policía comunal, la cual depende directamente del intendente. Todo esto podría habilitar a los abogados defensores a cuestionar las pruebas, ya que levanta sospechas de que se hayan perdido algunas, lo que podría beneficiar a Heit con un cargo menor ("abandono de persona"). El "patrón de estancia" -mote con el que se lo conoce por su actitud hacia los trabajadores municipales y su manejo discrecional del presupuesto y la política local- fue criticado por la fiscal Claudia Lorenzo, quien además solicitó formalmente explicaciones (y, eventualmente, sanciones) a las máximas autoridades policiales. Por el manejo discrecional del caso, se habló de una licencia para Moccero. El intendente, flamante adquisición de partido Kolina de Alicia Kirchner y punta de lanza de la cooptación K del "vecinalismo" de la sexta sección, llegó a vincular a Heit con el grupo Clarín. Los concejales de la oposición piden una investigación independiente en el Concejo Deliberante. Es la cuadratura del círculo, ya que Moccero tiene mayoría en ese cuerpo. Una investigación independiente, integrada por organismos de derechos humanos y de lucha contra la trata, es lo que hace falta en un caso tan estremecedor. Moccero debe ser separado del cargo para que no interfiera la investigación hasta que se aclare su responsabilidad.

“La situación política y el 7D” Jueves 6 de diciembre, desde las 19 horas. Librería Palabras Andantes (San Jerónimo 2342, Santa Fe)

Se desarrollaron las elecciones para Consejo Directivo, Rectorado y Centro de Estudiantes en el ISP Joaquín V. González. Este año se caracterizó por la lucha que llevaron adelante estudiantes y docentes contra las nuevas reformas de planes de estudio que quieren aplicar el gobierno nacional y el macrismo, que consiguió la validez nacional de los títulos y una prórroga hasta el año 2013 para entregar reformas. Lo que se destaca de esta elección es el mal resultado que tuvo el kirchnerismo. Los K apuntaban a canalizar el voto por el descontento que tuvo en un sector del estudiantado la toma del profesorado. Con una campaña derechista, y la ayuda de las camarillas docentes, pretendían ganar las elecciones de Consejo y la de centro. El resultado no pudo ser peor. No ganaron el Consejo (sacaron menos votos que la elección anterior) y retrocedieron en la elección de centro. Una fuerza que creció en esta elección fue La Mella (La Caravana), quienes se empeñaron en no denunciar al gobierno nacional ni a las autoridades, mientras renegaban del proceso de lucha y denunciaban a las agrupaciones de izquierda por impulsarlo. A pesar de esto, la conducción del centro quedó en manos de la izquierda. La conducción actual -Cepa, 29 de Mayo y MST- se impuso por apenas dos puntos sobre La Mella. Desde la UJS, propusimos hacer un frente a toda la izquierda, para fortalecer el Centro de Estudiantes ante las luchas que se vienen. Esto, sin embargo, fue rechazado. Mención aparte merece la elección para Rectorado. Inéditamente se logró conformar una lista opositora a las autoridades, tanto para rector como para docentes y graduados en el Consejo. El resultado fue muy positivo. Ingresaron al Consejo un representante por graduados (donde se ganó por lejos) y uno por docentes, y en la elección de Rectorado, la lista opositora quedó apenas a 0,50 centésimas de la lista ganadora, imponiéndose con más del 47% de los votos en el claustro estudiantil. La UJS conservó una secretaría en el centro y un representante estudiantil en el Consejo.

En la mañana del domingo 25, el local del Partido Obrero de General Roca (ubicado en la calle Maipú 1370 de esa ciudad) sufrió graves destrozos y robos de elementos de valor económico vinculados con la militancia cotidiana. Los hechos se produjeron a plena luz del día y en el centro de la ciudad. El ataque se produjo a una semana de haber sido inaugurado el local con un acto público. En los últimos días, la sede partidaria del PO tuvo una intensa actividad vinculada con las luchas de docentes y estatales de la provincia, así como -en particular- a la organización del paro nacional del pasado 20. Diversas organizaciones políticas y gremiales de la región se pronunciaron contra el atentado. El comité local del PO radicó la denuncia policial e inició los trámites para una audiencia con el ministro de Gobierno de la provincia. Exigimos que el Estado asuma la responsabilidad de esclarecer el hecho y que el atropello perpetrado no quede impune.

En la cuenca carbonífera de Río Turbio Sábado 1º de diciembre, 18 horas. 9 de Julio esquina Tucumán. Localidad de 28 de Noviembre Charla inaugural: “La crisis política en Santa Cruz”. Habla Miguel del Plá.

Del 19 al 23 de noviembre se realizaron las elecciones del Centro de Estudiantes de Agronomía. Con casi el 53% de los votos gano el LAI, conducción desde hace 30 años. Estos representantes estudiantiles de la derecha sojera, fieles seguidores de los Decanos de turno, han apoyado a fondo la privatización en nuestra facultad, avalando todas las acreditaciones a la Coneau. En segundo lugar salió el Fana, con casi el 31%. Socios de La Mella y con firmes compromisos con el decano K, fueron incapaces de plantear las problemáticas estudiantiles, mucho menos de proponer una salida. No por nada han sufrido un fuerte retroceso con respecto a elecciones pasadas. Con su perfil filo K, han perdido votos que se fueron directamente hacia La Cámpora. Los soldados de Cristina no han podido crecer ni un milímetro, sacando un 5,6%. Su vergonzosa campaña fue en torno a los voluntariados y ni mu de los negociados que llevan adelante las autoridades K con los Monsanto, Cargill, Syngenta, AGD, etc. Abriendo Caminos-UJS logró el 8,5%, lo que significa un 20% más de votos que en las últimas elecciones no obligatorias. Fuimos la única agrupación que planteó, durante todo el año, una fuerte denuncia contra la privatización y la Coneau. Organizando cientos de estudiantes contra los cupos limitados, logramos la apertura de más cursos. También desplegamos una gran campaña por los cursos de verano y las condiciones de cursada. Los resultados de las elecciones plantean el gran desafío de seguir construyendo una alternativa independiente de las autoridades K y sus compañeros de la Sociedad Rural. Sigamos Abriendo Caminos en Agronomía.

Macri y el kirchnerismo ya llevan consensuados once proyectos en la Ciudad. El principal beneficiario de estos arreglos es Irsa (de Eduardo Elsztain), además de ellos mismos. Elsztain hará todos los shoppings y las megatorres de la Costanera Sur, además de asignar los créditos del plan Procrear a través del Banco Hipotecario. También se ‘anotó’ en los desarrollos de la Isla De Marchi. En el caso de las torres de Costanera Sur, Elsztain aportaría 15 millones de dólaresa un “fondo” de Macri. Los representantes del barrio Rodrigo Bueno -lindero al megaproyecto- reclamaron que fueran para la urbanización del barrio. Pero el gobierno pretende usarlo para “compensar” un desalojo. El “master plan” para la zona Oeste prevé una privatización en gran escala del espacio público, tanto del Parque Roca como del Autódromo, así como del predio del Parque de la Ciudad. También prevé la creación de un “distrito del deporte” con exenciones fiscales a los clubes y otro “biotecnológico” con similares incentivos. En relación con las villas, el plan sólo prevé una “regularización del trazado urbano”, o sea la apertura de calles. El jueves 29 vamos a la Legislatura por el derecho a la ciudad para los vecinos y trabajadores, y contra la entrega al capital inmobiliario.

El proyecto de ley de traspaso del macrismo viene con un ajuste bajo el brazo, tal como era el propósito de los K. Contempla aumentos en los peajes, los combustibles y las patentes, sin excluir -para nada- un nuevo aumento de la tarifa. “Son 40 centavos por litro de nafta especial, 30 centavos por litro en el resto de las naftas y 20 centavos para gasoil” (dijo Vidal a Página/12) y un 10% en patentes automotores. Un impuestazo generalizado. El aumento del pasaje llegaría, en varias etapas, a 4 pesos. Este plato fuerte viene con mucha pimienta, pues la ley declararía “esencial” el servicio del subte, para obligarlo a prestar servicios mínimos de emergencia en caso de conflictos sindicales (una frecuencia mínima del 90% en horas pico y 60% en horario normal). También prevé una reducción de personal y una extensión de la jornada para ciertas funciones (legislador macrista Ocampo). Semejante ofensiva antiobrera ha descolocado a la conducción ultrakirchnerista del sindicato del subte, que hizo una campaña de meses para “que Macri se haga cargo”. La base del sindicato ha leído todo esto en los diarios, pero desconoce qué está haciendo la directiva. Según el portal Minuto Uno, el secretario general Pianelli adelantó que “los metrodelegados no se opondrán a los aumentos de impuestos para financiar el subte, siempre y cuando precisen para qué se van a usar los fondos”. No hay siquiera una referencia a las ganancias de Metrovías, cuyos ingresos se multiplican como consecuencia de la explotación que realiza de distintos servicios comerciales y publicitarios, o incluso por el uso de las instalaciones para la conexión inalámbrica. Las reuniones que tienen lugar en la Subsecretaría de Trabajo porteña se han limitado a generalizar un plus salarial que, en ocasión de la huelga de diez días, se liquidó sólo a los carneros. El tema de la personería gremial del sindicato no es menor, ya que habilita a la firma de convenios y escalas salariales. Carlos Tomada viene prometiendo, desde hace un año, una compulsa que determine el ámbito de cada sindicato -AGTSyA y UTA. Las versiones de que tendría lugar en febrero (una fecha extraña) no han sido confirmadas. El traspaso macrista plantea un tarifazo para la población (de la Capital y el conurbano) y es la antesala al aumento del transporte metropolitano. El paquete legislativo del traspaso, que requiere el acuerdo K para recibir sanción, incluye una liquidación de importantes derechos y conquistas obreras. Lo único que cabe es salir a enfrentar esta ofensiva con la más amplia movilización popular. La atadura de la directiva del sindicato al kirchnerismo es el principal freno para el éxito de esta lucha.

En el ISDF Nº 29 de Merlo se ha montado una parodia de elecciones, para permitir que el intendente de Merlo, Othacehé, concrete un golpe al Centro de Estudiantes. La conducción del Centro -el Frente EPA, compuesto por las agrupaciones Fuentealba, La Olla, Espora y 20 de Diciembre (UJS + independientes)- llamó a elecciones en octubre. La agrupación othacehista Ujem desconoció los mecanismos electorales, votados por unanimidad en la asamblea de Junta Electoral y maniobró junto a la dirección del instituto -que violó la autonomía estudiantil- para desconocer la convocatoria electoral. Ya en 2010, la Ujem y la dirección se unieron para ejecutar un fraude que impidiera elecciones democráticas y quedarse con el centro. Esto fue revertido el año pasado y en elecciones limpias ganó EPA. Ahora, ante la evidencia de que marchaban a una nueva derrota, los oficialistas K de Merlo dieron este golpe. Con la anuencia de las ‘autoridades’ convocaron a ‘elecciones’ truchas para el miércoles 21, ¡cuando las clases regulares habían terminado el 9 de noviembre! Para que la maniobra golpista tuviera algún eco hacía falta un Judas. La agrupación Espora, en un violento giro al kirchnerismo (hacia el cual evolucionó durante todo el año), rompe con el frente EPA y se pliega a la convocatoria electoral trucha. Sin estudiantes, el 21, desde primera hora se instalaron patrulleros en la puerta del instituto, convocados por el PJ, y se desplegó un desfile de remises que traían “votantes”. El desfile de los “votantes” no duraba más de cinco minutos: bajaban del remis, saludaban a los punteros de la Ujem, éstos los acompañaban a la mesa de votación, que se encontraba vacía, y luego retomaban el remis. Los resultados de la fantochada serían 347 de Ujem a 227 de Espora en un total de 579 ‘votos’, para un instituto cuyo matrícula es de 2.500 estudiantes. Si fuera verdad (lo que es harto dudoso), habrían votado menos de la mitad de los estudiantes que consagraron el triunfo del EPA en las elecciones limpias de 2011. La Ujem, una vez que anunció el resultado que esperaba (y que fuera avalado por Espora), montó un espectáculo de fuegos artificiales pocas veces visto en Merlo. La mayoría de la directiva del centro -las agrupaciones Fuentealba, La Olla y la 20 de diciembre- mantuvo el EPA contra el golpe del trípode othacehista. Logró el apoyo de centenares de estudiantes que firmaron mandatos en este sentido. El EPA impugnó la convocatoria trucha y llamó a desconocer las pseudoelecciones. Propone que las elecciones se realicen democráticamente, con la participación de todo el estudiantado en marzo de 2013, cuando comiencen las clases y las cursadas estén funcionando a pleno. Llamamos a todas las organizaciones que se manifiestan contra Othacehé y defienden la libre organización estudiantil a pronunciarse a favor de elecciones reales donde la totalidad del 29 pueda ejercer su derecho democrático a votar. Seguimos la lucha por la independencia política de los estudiantes frente a los ajustadores de la educación. La juventud se pone de pie contra la regimentación K-Othacehé.

Como parte del acuerdo entre el FpV y el macrismo, la Legislatura porteña aprobó la construcción de un mega-shopping por parte de la empresa Irsa en terrenos ferroviarios de Palermo. Nada menos que 24 mil metros cuadrados del barrio. Lo curioso es que Irsa, propiedad del empresario Eduardo Elsztain, comenzó la obra hace más de un año atrás, cuando todavía no había contado con la aprobación de los legisladores. La zona está especificada como “urbanización futura”, lo cual obliga a que cualquier construcción cuente con la expresa autorización de la Legislatura. O sea que durante un año fue un verdadero “okupa”. Sin embargo, la empresa Irsa no tuvo problemas en comenzar las excavaciones, pues contó con la aprobación del gobierno nacional y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes finalmente aprobaron su construcción mediante un acuerdo que incluirá también la creación de un lujoso barrio de torres en la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors, por el cual Irsa le entregará “de regalo” 15 millones de dólares al gobierno macrista. Aún cuando todavía no contaba con la aprobación correspondiente para el emprendimiento, el gobierno nacional se ocupó de desalojar a las 35 familias que habitaban en el lugar para que pudieran comenzarse las excavaciones. Resulta más que evidente que Elzstain -quien también es titular del Banco Hipotecario- es una viga maestra del acuerdo entre el macrismo y el kirchnerismo en la Ciudad. Mientras tanto, el barrio de Palermo sufrirá un enorme despojo con la entrega de decenas de miles de metros cuadrados. De este modo, se agudizará la tendencia a la expulsión de los vecinos y trabajadores, la que ya viene ocurriendo durante la última década y la cual significa la destrucción del barrio para dejar vía libre a la especulación inmobiliaria.

El jueves 22, el Partido Obrero de Tandil hizo uso de la banca 21 para llevar la inmensa lucha popular por perpetua a todos los responsables del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra al seno del Concejo Deliberante. El proyecto de resolución plantea abiertamente el apoyo del Concejo a la condena efectiva de los implicados. Durante los diez minutos otorgados para su argumentación, dejamos en claro el entramado de intereses políticos, sindicales y empresariales que llevó al brutal ataque contra los trabajadores tercerizados del Ferrocarril, con el objetivo de aleccionarlos; un ataque que provenía de la necesidad de "defender un negocio": el fraude laboral de la tercerización para superexplotar a miles de trabajadores. Vinculamos la trama con la masacre de Once; es decir, con la política K en el ferrocarril. Señalamos el alcance histórico del juicio en la lucha contra la burocracia sindical. Desde la barra, militantes, del Partido Obrero y la CCC se movilizaron para apoyar esta presentación. El reglamento del propio Concejo acerca del uso de la banca 21 nos obliga al tratamiento del proyecto en comisión; seguiremos la lucha por la aprobación del mismo en el marco de una campaña que crece por conseguir la perpetua a Pedraza y nos ponemos a organizar la vigilia del 19 y el acto del 20 de diciembre, a once años del Argentinazo y 26 meses del crimen de nuestro compañero. ¡Mariano Ferreyra, Presente! ¡Viva tu lucha obrera, socialista y revolucionaria!

"Néstor, la película" (film producido por el Chino Navarro -dirigente del Movimiento Evita- y Jorge Héctor "Topo" Devoto, lanzada con más de 100 copias en la Argentina, como un supertanque de Hollywood y algo inédito para un documental) no consigue elevar a Néstor Kirchner al nivel de mito o de leyenda, que es lo que buscaban los interesados. "No es un documental", como dijeron algunos, porque carece de rigor histórico; tampoco es "un film con argumento", porque la ficción es reemplazada por la adulteración. Respecto del rigor, la vida del personaje está deliberadamente recortada, ocultando sus años de connivencia con el menemismo o, por ejemplo, la represión a las asambleas populares de Santa Cruz. En cuanto a la ficción, no alcanza para eso que huya de la realidad. En la película, las anécdotas familiares y micropolíticas prevalecen sobre el rol del protagonista en los procesos más importantes de los últimos años. Las ‘grandes batallas' (bajarle el cuadro a Videla, la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, la 125 y la Ley de Medios) delatan escasez de evidencias y son presentados en forma lateral, manipulada por el montaje (un despistado puede creer que, por ejemplo, Néstor se enfrentaba a una especie de golpe de Estado, y no a una cúpula acobardada por el escarnio popular, al bajar el cuadro de Videla). Es curioso que un proyecto que, se supone, se apoya en la confrontación y la reivindicación de la militancia, haga una biografía de microhistorias: varias personas cuentan que en 2003 estaban en una situación desesperada hasta que recibieron una llamada de Néstor (¡sí, de Él!), quien les dio trabajo, un violín o lo que necesitaran. La política social oficial -uno de los aspectos más reivindicados por sus seguidores- aparece resumida en el punterismo. Los realizadores alegan que quisieron reivindicar el costado ‘íntimo' y ‘humano' de Kirchner, pero el microrrelato no tiene nada que ver con eso. La incapacidad de definir el ‘proyecto' (Néstor, como se puede ver en el film, no era un gran orador) y la ausencia de épica popular en su apoyo son sintomáticos. La pobreza de los hechos del montaje no alcanza para sustentar el ‘relato'. El collage permanente apunta a recrear en cine la mayor mistificación del relato oficial: presentar a los K como representación o continuidad del proceso popular que llevó al Argentinazo, del cual fueron sus verdugos. (CFK acaba de evocar a "Kosteki y Santillán"... para oponerlos imaginariamente a la huelga del 20N). Pero la peor manipulación del film se presenta hacia el final: mostrando las vías y estaciones del tren, se hace referencia al asesinato de Mariano, e inmediatamente después aparece la gente llorando y movilizada. Pero no por el crimen de Mariano, sino por la muerte de Néstor. Esta usurpación apuntala otro de los conocidos relatos oficiales: Néstor Kirchner habría muerto por el disgusto causado por el crimen de Mariano. Pero incluso si fuera así, esa crisis política y personal del ex presidente debería ser caracterizada. "No sería la primera vez que las contradicciones insuperables de una política y de un régimen político se cobren la vida de su articulador" (El Partido Obrero ante la muerte de Néstor Kirchner, 10/2012). Kirchner se encontró con un asesinato cuyos culpables estaban afincados en la columna vertebral del armado oficial. La película recorta el cimbronazo político y la reacción popular que desató el crimen de Mariano. Pero en esa reacción, el gobierno nunca estuvo presente, siquiera con un comunicado de repudio. (Cristina y Tomada sólo agitaron la hipótesis de los "enfrentamientos", y atacaron al PO). "Néstor, la película" reitera la pobreza creativa de todo producto "cultural" sometido a la vara de la regimentación estatal. Un vasto aparato de compradores de entradas y concurrencia obligatoria podrá asegurarle un éxito de taquilla por semanas. Pero, más allá de ese lapso, es difícil que cualquier despliegue pueda salvarla del olvido.

En estos términos habría que definir la trifulca ocasionada por la presentación judicial de Clarín contra los funcionarios y periodistas que lo habían acusado y hostigado como la mano negra que habría estado detrás del motín de prefectos y gendarmes hace dos meses. No estuvieron en discusión la libertad de prensa ni la libertad de expresión. Con el golpe de vista de un truhán, Verbitsky llamó a una conferencia de prensa para embestir contra la Corpo. La extorsión funcionó tan bien que, en menos de lo que canta un gallo, hasta Lanata se aferró al micrófono de radio Mitre para atacar la torpeza de la acción del ‘multimedio’ (una denominación que convierte a la restricción en plétora). Las distancias que tomaba ‘Mr. Fuck you’ tampoco eran inocentes, porque pretendía demostrar que dentro del monopolio funciona la ‘democracia interna’. Para el oyente desprevenido, en el grupo Clarín habría un ‘doble poder’ -el ‘soviet’ de los periodistas que no se amilana, frente a los propietarios privados del medio. La libertad de prensa, bajo el capitalismo, es posible. La verdad de la milanesa es, sin embargo, que los periodistas damnificados son funcionarios del gobierno. Cobran en forma directa o indirecta del gobierno (que subsidia a los medios oficialistas), escriben en función de los intereses del gobierno y ocupan, en buena parte de los casos, posiciones gerenciales que los atan a la patronal que les baja la línea. Si ladra, tiene cuatro patas y es ‘amigo del hombre’, ¿qué es? Son los Kirschbaum y Van der Koy de la pata oficial. Ellos mismos se han apodado Vatayón Militante; ellos mismos han dicho que hay una verdad militante que desprecia la verdad objetiva que emerge de la práctica social. Por eso monologan y no discuten. No deberían escudarse, entonces, en el derecho la preservación de sus fuentes de información (lo cual en el caso de ellos es una estafa, porque la conoce todo el mundo), sino declarar abiertamente que trabajan para un objetivo político que es el del gobierno nacional -y que Clarín (siempre) miente. Después de varios años insistiendo en que el “periodismo independiente” no existe, se arropan en sus faldas. La selección de personal en Clarín (y los medios capitalistas en general) y en el gobierno opera del mismo modo: por cooptación y por despido. Aquí es donde entra la organización sindical, que en el periodismo es doblemente estratégica, la cual que no solamente debe ser independiente, sino antagónica de ambas patronales. Numerosos periodistas, en ausencia de una defensa colectiva, renuncian a sus trabajos -sea en el gobierno o afuera. Al denunciar a los periodistas militantes, Clarín evitó apuntar más arriba. Atacó a los mandantes, no a los mandatarios. Si tenía pruebas, hubiera debido pedir la comparecencia de Berni y de Garré, en lugar de pedir a los periodistas que revelen sus fuentes, que -aunque conocidas- los colocaría en la condición de alcahuetes. Clarín atacó a los militantes del Vatayón no por su condición de funcionarios, sino por su carácter de periodistas. Clarín aceptó la aberración anti-democrática de la inmunidad judicial de los funcionarios ejecutivos (que hay que distinguir de la que deben gozar los representantes electos como arma de defensa contra el Poder Ejecutivo, precisamente). Es claro que para Clarín, el periodismo independiente no es la suma de los periodistas independientes, sino la independencia de acción de la empresa capitalista de los medios. Como el Poder Judicial no distingue entre periodistas militantes o de cualquier otro carácter, la denuncia judicial de Clarín criminaliza al periodismo. Que judicializar sea sinónimo de criminalizar habla por sí sólo del carácter de la Justicia. Un protagonismo judicial del propio pueblo sería otra cosa. Conclusión: no ha habido en este incidente ningún interés en defender la independencia del periodismo. Seguimos en un lucha interpuesta entre varios monopolios de medios y de telecomunicaciones, un sector de los cuales cuenta con el apoyo abierto del Estado.

Al cerrar esta edición, los trabajadores del subte han resuelto comenzar, el día 29, un plan de paros que arrancará con tres horas rotativas por línea. La medida es consecuencia de una verdadera provocación surgida en las negociaciones que, en la Subsecretaría de Trabajo porteña, se mantenían entre la AGTSyP y Metrovías. Allí la patronal presentó un acta, previamente acordada con la burocracia de la UTA, que “cerraría” la paritaria, la cual ya lleva nueve meses postergada. Junto a un 23% de aumento, se establece el pago del retroactivo correspondiente en tres cuotas a pagar en enero, febrero y marzo próximos, sobre el propio cierre -en marzo- de este convenio. La novedad es que se descontará una suma fija -que promedia los 3.000 pesos por los días caídos de la huelga de diez días- y se fija un “aporte obligatorio solidario” de 1% para la UTA sobre la totalidad de las remuneraciones mensuales hasta el fin del acuerdo. Este arrebato burocrático apareció en convenios previos, pero la reacción obrera obligó a que la patronal lo compensara en la liquidación del sueldo. Esta vez, la compensación no figura. La reacción de los trabajadores es furibunda. La tendencia al paro surgió desde las líneas. Nótese que en vísperas del debate sobre el traspaso del subte al control de Macri (ver nota), se produciría un espaldarazo sin precedentes a la burocracia de Fernández, contra la AGTSyP -el gremio que representa a los trabajadores del subte, el cual pugna por la personería gremial. El consenso en el cuerpo de delegados es llevar el reclamo paritario a su punto de partida, 28% de aumento al básico y a los viáticos, aumento de la antigüedad y de licencias.

La delictiva acción de la barra de Independiente, al hacer estallar bombas de estruendo en el partido contra Belgrano, tuvo un claro propósito: promover la quita de los puntos al club, para mandarlo al descenso y hundir al presidente Javier Cantero, que está enfrentado con la patota. Pero la agresión puso de manifiesto también que "Cacho" Alvarez, del PJ de Avellaneda, y derrotado por Cantero en las elecciones del club, sigue operando en las sombras. La detención y rápida liberación del "gordo Richard", un barra brava, puso al descubierto que se trataba de un empleado de la municipalidad de Avellaneda. Fuerza de choque de "Cacho" Alvarez. Al igual que Cristian Favale, uno de los asesinos de Mariano Ferreyra, Richard también exhibió, antes de su detención, una foto con funcionarios, en este caso, con el mismísimo Kirchner. Toda esta escoria es utilizada como seguridad en los actos políticos del PJ. La AFA actúa en complicidad con esta tentativa de demolición de Cantero, como se aprecia -por ejemplo- en los escandalosos arbitrajes contra el Rojo. Barrionuevo y Moyano, por su parte, también alimentan a las patotas del club. En ese cuadro, aparecieron el provocador todo terreno de Berni y Abal Medina a "solidarizarse" con Cantero. La visita mediática, indudablemente, sorprendió al presidente, que no encontró una respuesta "independiente" a la visita ni a la exigencia pública de ir por las responsabilidades políticas en la acción de las bombas. A pesar de ello, la actitud de Cantero ha abierto una rebelión entre las hinchadas de los clubes y la descomposición social de sus barras. El repudio generalizado de la hinchada de Independiente a las bombas indica que soplan vientos frescos. Es otra expresión de rebeldía, que atraviesa a la sociedad y se expresa en sus movilizaciones, incluso cuando éstas no se inscriben en lo gremial o político. El fútbol tiene lo malo y lo bueno. La inmensa solidaridad del público en treinta canchas de la Argentina con el reclamo de justicia por Mariano es también parte de esa rebeldía. No afloje, Cantero, siga con su independiente "místico".

Aníbal Fernández actúa, incuestionablemente, como un lumpen político. Reclutado por el kirchnerismo de las filas del menemismo y el duhaldismo, fue uno de los arquitectos de la represión que produjo el asesinato de Kosteki y Santillán. También ofició de encubridor de los concesionarios del ferrocarril, en ocasión de los incendios de trenes. Es así que tiene abiertos diversos expedientes judiciales. No sorprende, entonces, que la analogía que estableció entre Augusto Vandor y Hugo Moyano, con la única intención de atacar la gran huelga del martes pasado, tuviera el aire de una provocación. Equiparó el enfrentamiento entre Vandor y Perón, a mediados de los '60, con el que hoy protagonizan CFK y el dirigente de Camioneros -no para explicarlos políticamente, sino para reducirlos al rasero de la "lealtad". Como se ve, un horizonte intelectual limitado. Dada la responsabilidad de Perón en el surgimiento de la Triple A, la lealtad que reivindica Fernández se emparenta con el terrorismo paraestatal. Augusto Vandor fue el mayor exponente histórico de la burocracia sindical de Argentina. Oriundo de la generación de delegados post "fusiladora", consiguió para esa burocracia el nivel más alto de autonomía frente al Estado. En 1966 la puso al servicio del golpe de Onganía. Su ocaso comenzó poco tiempo después, cuando, desairado, llamó a la huelga general de marzo de 1967, la cual fue derrotada. Vandor fue hostil al Cordobazo, aunque llamó a una huelga al día siguiente de la rebelión mediterránea. El brillo de Vandor fue fugaz y frente a gobiernos débiles. La autonomía del vandorismo tenía varias facetas: así como, en una ocasión, Vandor bloqueó una intervención judicial a la UOM electrificando el edificio, atrincherándose en el interior y convocando a una movilización de los cuerpos de delegados; por otro lado, inauguró el ajuste de cuentas sangriento en el sindicalismo -como lo mostró Rodolfo Walsh en la investigación de la muerte de Rosendo García, el número dos de Vandor. Si Vandor exhibió también esa autonomía frente a Perón, esa posibilidad se la ofreció una circunstancia política objetiva: luego del fracaso del retorno de éste, en noviembre de 1964, todo el aparato justicialista buscó negociar una salida de la proscripción electoral. En 1965, el peronismo se presentó a las elecciones de renovación parlamentaria encabezado por Paulino Niembro, un vandorista. Varios círculos de la izquierda supusieron que Vandor pretendía crear lo que llamaron "Partido Obrero de Vandor". La autonomía sindical se cristalizaría, así, en una autonomía política de la clase obrera; Vandor, en este caso, podría haber sido un precursor de Lula. Es aquí donde entra Moyano. En lugar de un partido propio, Vandor prefirió la alianza con el segundo ensayo ficticio de nacionalismo militar. Hugo Moyano ha coqueteado varias veces con el tema de un "partido obrero"; por ejemplo, cuando reclamó -en River- "un presidente de los trabajadores". Había rechazado esa posibilidad en "A dos voces", cuando debatió la llegada de Lula a la presidencia de Brasil. En varias ocasiones declaró que "el peronismo está acabado". ¿Moyano podría ser el ejecutor testamentario de la intención atribuida a Vandor? Moyano sabe, sin embargo, al igual que Vandor, que semejante proyecto significaría movilizar a la clase obrera contra el Estado y desarrollar una conciencia (programa) de clase. La burocracia sindical de hoy tiene fuertes intereses empresariales como para impulsar una "aventura" clasista. Por eso, prefiere reclamar el tercio sindical en el PJ o promover una alianza con Scioli. Las fantasías de un "partido laborista" vienen desde la infancia del peronismo, con Cipriano Reyes. Pero la experiencia histórica demuestra que la autonomía política de los trabajadores sólo podrá ver la luz a través de una lucha contra la hegemonía de la burocracia sindical, de ningún modo a partir de ella. En definitiva, de la unión del movimiento obrero con la izquierda revolucionaria. Publicado en “Perfil” el 25 de noviembre

El jueves 22, cuando se cumplían nueve meses de la masacre de Once, le tocó declarar al ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, uno de los máximos responsables por ese desastre, que terminó en la muerte de 52 personas. Su declaración fue breve: se escudó en el hecho de estar procesado en la causa que investiga la masacre, para evitar responder preguntas sobre el manejo de los subsidios al ferrocarril. Respecto del crimen de Mariano, sólo dijo que se enteró de la posibilidad del corte de vías el día anterior, a través de José Pedraza -poniendo de manifiesto, una vez más en el juicio, que los funcionarios, la UF y los empresarios sabían con anterioridad de la movilización. Por su forma y contenido, la declaración de Schiavi despertó la indignación del numeroso público que concurrió a la audiencia. El funcionario que debió estar imputado Al estar convocado como testigo, Schiavi se refugió en el derecho que lo asiste de negarse a responder preguntas que podrían autoincriminarlo. Durante la investigación del crimen de Mariano, nuestra querella había solicitado su imputación, justamente por el rol que le cupo en la organización del negociado monstruoso de las tercerizaciones, donde se asociaron el Estado, los empresarios y la burocracia sindical. En su declaración, Schiavi se limitó a señalar que la operatoria de las tercerizadas "se ajustaba a derecho" porque estaban contempladas en las modalidades de "contratación, que vienen de los años '90". Dijo que "el gobierno estaba trabajando sobre el tema (de los tercerizados)". "Lo que pasó el 20 de octubre no era algo querido por nuestro gobierno, y seguramente por ese hecho se aceleraron los plazos". Un canalla, porque desde hace una década que 'el modelo' banca la tercerización y la precarización laboral. Aún hoy, al margen de la conquista de los ferroviarios del Roca -y de otros movimientos obreros inspirados en esa lucha- que arrancaron el pase a planta, los trabajadores tercerizados se cuentan por centenares de miles. La tercerización ha sido -y sigue siendo- uno de los pilares del gobierno 'nacional y popular'. "Yo hablaba con muchachos que eran tercerizados, venían y me mostraban boletas y veía que unos ganaban dos mil quinientos pesos y otros 4 mil. Yo, ante todo, soy peronista, y eso no puede ser", dijo este ex jefe de campaña de Mauricio Macri hasta 2007 y ex secretario de Transporte del gobierno kirchnerista hasta marzo de 2012. Schiavi no se hizo cargo de nada de lo que ocurría en su área. ¿Cortes de vías? "No soy experto en seguridad ni policía". ¿Control de las concesiones? "No me corresponde". ¿Verificación de inversiones? "De eso se ocupa la Comisión Nacional de Regulación del Transporte"... y así fue hilvanando sus respuestas. Dijo que 'le parecía' que, alguna vez, la Unión Ferroviaria pidió que se 'normalizara' (sic) la situación de los tercerizados, aunque no recordaba "si lo hizo por algún canal formal". Puro verso. En la documentación reunida para este juicio, incluida la aportada por las partes, no existe un solo documento, volante o acta de la UF que planteara el pase a planta de los tercerizados. Por el contrario, lo que sí consta son las actas en las que la UF acepta la tercerización y deja asentado que 'los tercerizados no son empleados ferroviarios'. Schiavi hizo lo posible -aunque sea por sus dichos, y sin otro elemento de respaldo- por atenuar la situación de su aliado, José Pedraza. Reconoció que las gestiones, medidas de lucha y audiencias por los tercerizados tenían lugar al margen de la Unión Ferroviaria -"venían a las audiencias con abogados que, como verificamos luego, tenían militancia en partidos de izquierda". La Unión Ferroviaria desarrollaba, mientras tanto, una brutal campaña contra ellos, que tuvo su pico máximo en el crimen de Mariano. En referencia a las disposiciones de la Secretaría de Transporte frente al corte de vías anunciado para el 20 de octubre de 2010 ("se planteó la prevención, sobre todo porque se trata de un servicio eléctrico, y cualquier corte puede traer aparejada la posibilidad de que alguien se electrocute", dijo el muy sinvergüenza), afirmó que, una vez puesto en conocimiento de la medida, se ajustó al 'protocolo', dando parte a Ugofe... ¡pero los gerentes de Ugofe declararon exactamente lo contrario: que puestos en conocimiento de la medida, dirigieron notas de aviso a la Secretaría de Transporte! Otra vez, el juego del Gran Bonete... Una de las funcionarias del área de Transporte que tomó parte en ello fue Graciela Cavazza ("una funcionaria con mucha experiencia, que tomó las riendas", dijo Schiavi de ella). Cavazza -quien ya declaró en este juicio- se comunicó varias veces con Juan Carlos Fernández, tanto el 19 como el 20 de octubre, para preguntarle 'si estaba garantizado el servicio', y que lo hizo por orden expresa de Schiavi. Esto delata que Schiavi contaba con la burocracia para 'garantizar' la prestación del servicio. Pedraza y los suyos montaron entonces una agresión criminal que, esperaban, fuese 'aleccionadora' contra los tercerizados. Uno de los jueces le preguntó a Schavi quién era el funcionario a cargo de la Policía Federal en octubre de 2010. "No recuerdo", dijo primero, y luego agregó: "Creo que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré". El Ministerio de Seguridad se creó con posterioridad al crimen de Mariano -y a la represión en Parque Indoamericano. El responsable político de la PFA al momento del crimen de Mariano era Aníbal Fernández, quien dijo que la actuación policial había sido "impecable". Existe una causa judicial conexa a la que investiga el crimen de Mariano, que versa sobre la trama económica. Está caratulada "posible defraudación al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público" y la tiene el juez Lijo. Sus avances son, hasta ahora, de escasos a nulos. Detrás del crimen de Mariano y de la masacre de Once, el mismo negociado, la misma trama de intereses, los mismos actores. Schiavi, qué duda cabe, es uno de ellos, al igual que Pedraza.

El 21 y 22 de noviembre se realizaron las elecciones de Mesa Directiva del Centro de Esruiantes del Colegio Nacional Buenos Aires (Cenba) y de representantes estudiantiles para el Consejo Resolutivo. Estas elecciones se daban en un contexto muy particular: pese a los grandes procesos de lucha que se desarrollaron entre los secundarios -e inclusive al interior del colegio-, el Cenba se encontraba al borde de la disolución. En ese cuadro, Oktubre (UJS + independientes) obtuvo 501 votos y se consagró como la primera fuerza del colegio, por lo que logró quedarse con la presidencia, dos vocalías, la secretaría del turno mañana y tres consejeros. Por su parte, los kirchneristas sacaron 334 votos, los que se tradujeron en una vocalía, un consejero y la secretaría del turno tarde. El dato de la elección fue el derrumbe de la “izquierda independiente”, la cual había ganado la conducción en 2011 y que hoy, después de perder 500 votos, es la cuarta fuerza del colegio. La imposibilidad de darle una salida a la crisis del centro, sumada al fracaso en las últimas elecciones del Consejo de Convivencia, llevó a la disolución a “Desde Bolívar”, una de las agrupaciones que conformaban el frente que resultó ganador en 2011. Quienes conformaban La Caravana (Lobo Suelto) apostaron a reciclarse bajo un nuevo nombre -La Rabia- e hicieron campaña planteando que había que refundar el centro, sin hacer un balance de lo que hicieron en sus años de conducción. Ante el derrumbe de la “izquierda independiente”, los estudiantes tuvieron claro que las agrupaciones de las autoridades y del gobierno -encarnadas en “El Eternauta” y en “Claustro Central” (Franja Morada)- no tenían nada para aportarles. Son quienes cierran filas detrás de los que hacen todo tipo de negociados con nuestra educación. En el caso de los K, su campaña consistió en organizar una mega-charla sobre el 7D con Sabbatella, Apo y Tognetti como oradores. Entre propagandas del gobierno y cantitos del aparato de La Cámpora, apareció un video de “Duro de Domar” en el cual un pibe del Cenba se enfrentaba con Feinmann, donde defendió la toma como método de lucha y explica la justeza de los reclamos. El video fue lo más aplaudido de la jornada y generó descontento entre los militantes K, cuyo ángulo central de campaña era atacar a la toma y a Oktubre por impulsarla. Si bien han pasado del cuarto al segundo puesto, en relación con la elección anterior, los K han crecido únicamente en diez votos. La enorme campaña que realizó Oktubre -que venía de ganar las elecciones de Convivencia- constituyó el primer paso para poner al centro en acción. La misma se centró en denunciar el fuerte ajuste que las autoridades buscan hacer pasar sobre el colegio, explicando cuáles son los problemas que hay en el mismo y el rol que juega el gobierno nacional. A su vez, explicamos la crisis que atraviesa el Centro de Estudiantes y le propusimos a todos los estudiantes una salida concreta: reconstruyamos los cuerpos de delegados, recuperemos las pasadas por cursos y garanticemos las instancias de debate, de participación y de acción. Para la UJS, se abre un desafío enorme. Por un lado, la necesidad de reorganizar al centro para que salga a enfrentar el ajuste y, por el otro, la necesidad de organizar el debate de cara a las elecciones de 2013 (voto a los 16 años), entendiendo que la salida a los problemas de nuestra educación tiene que ser integral. JuanMa Cuello, presidente electo del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires Resultados: Oktubre (UJS+Independientes): 501 votos (27,63%) El Eternauta (La Cámpora): 334 votos (18,42%) Claustro Central (Franja Morada): 269 (14,84%) La Rabia (Lobo Suelto) 235 votos (12,96%) Tinta Roja (Nuevo MAS) 82 votos (4,52%)

Luego de duras jornadas de debate, el 20N quedó expresada la voluntad de lucha de los trabajadores del Inta. A pesar de las apretadas de algunos jefes, sólo unos pequeños grupos se presentaron a trabajar. Lo notable de este paro es el debate que se llevó adelante en los días previos. Tribuna Estatal sacó una declaración para largar el debate, la Junta Interna terminó definiéndose por el paro, sacando un comunicado, algunos de los delegados trabajaron activamente por él, volanteando todos los institutos. Y la Mesa Nacional sacó un comunicado adhiriendo. En el Inta conviven "amigablemente" tanto el kirchnerismo como la oposición patronal, representada por buena parte de lo que sería la mesa de enlace y directivos de universidades nacionales. Los gremios UPCN y Apinta, integrante del Frente de Gremios Estatales, en la CGT Balcarce, no fijaron posición con respecto al paro. Un grupo kirchnerista desplegó una lucha política contra el paro y fue a trabajar. Pero el resto de los compañeros sí paró y lo hizo contra la ley de ART, por el 82% móvil por el que vienen luchando los trabajadores, ya que los profesionales del Inta se jubilan con el 85%, pero no así el resto de los trabajadores. Otro elemento que alimentó el paro fue el reclamo por el pase a planta, en un lugar donde la investigación y el desarrollo de tecnologías se lleva adelante con mayoría de becarios y jóvenes profesionales precarizados. Además, se está experimentando el ajuste en los proyectos de investigación, que significa la eliminación de una cantidad de cargos. En el Inta, el mínimo no imponible es uno de los problemas más graves para los profesionales y trabajadores con antigüedad. Por eso, también pararon los compañeros. El planteo de no marchar con Moyano porque es un burócrata y que se le estaría haciendo el juego a la derecha, quedó totalmente inhabilitado, ya que quedó muy claro que a Moyano se lo supera con la lucha. Ahora tenemos que darle continuidad, para alcanzar nuestros reclamos, plan de lucha, paro de 36 horas y movilización a Plaza de Mayo.

El 20N pasó algo impensado: la industria automotriz se paró o se vio complicada su producción en enormes plantas como Ford, VW o Renault Córdoba como consecuencia del paro camionero, además del ausentismo, el que también fue importante. ¿Qué pasó? Los nuevos métodos de superexplotación obrera basados en la tercerización de insumos (como paneles y autopiezas de todo tipo) dependen de su provisión diaria. Esta tercerización le ha valido a la industria automotriz enormes bajas de costos. En las plásticas o autopartistas, en numerosos casos, los obreros no ganan el convenio del Smata y trabajan en condiciones de superexplotación similares a las tercerizadas del ferrocarril. El sistema se completa con el llamado "just in time" (justo a tiempo), la provisión de las piezas a la medida de las necesidades de las terminales. Es un aspecto del "toyotismo" que nació en Japón después de la Segunda Guerra, el cual estuvo en la base de la superexplotación obrera que sostuvo el "milagro" japonés. No pocas veces, esa provisión significa convocatorias a los compañeros de las tercerizadas a cualquier hora, en turnos dobles, durante los fines de semana, para que los insumos lleguen "justo a tiempo". La empresa Cargo (encuadrada en camioneros), en Córdoba, mueve incluso los insumos dentro de la planta automotriz. Pues bien, el paro nacional impactó en la industria automotriz al parar el gremio camionero. El "just in time" se transformó en un talón de Aquiles de la flexibilidad laboral y la tercerización. Este tipo de sistemas necesitan un movimiento obrero derrotado. El pase a planta y a convenio principal de todas las tercerizadas, como el sostenimiento del encuadramiento camionero allí donde se ha conquistado, son banderas primordiales del movimiento obrero.

Las elecciones adelantadas regionales en Cataluña, el domingo 25, fueron un revés para el presidente Artur Mas, de Convergencia i Unió, que pretendía alcanzar una mayoría absoluta. Pero CiU sufrió un fuerte retroceso, pasando de 62 a 50 bancas y el 30% de los votos. El dato político decisivo fue el ascenso de Esquerra Republicana de Catalunya, que duplicó su votación y se convirtió en la segunda fuerza, con 21 escaños. ERC integró el último fallido gobierno del PSOE en Cataluña a mediados de la década pasada, junto a Izquierda Unida. El PSOE, que cae en cualquier elección que se presenta, perdió ocho escaños y obtuvo solamente el 14%. El PP mantuvo su caudal, pero no pudo pasar del cuarto lugar; muchos de sus potenciales votos los canalizó "Ciutadans", otra fuerza anti-independentista. Izquierda Unida, partido españolista, sacó casi 10% y obtuvo 13 escaños. En su primera presentación electoral a nivel nacional, Unidad Popular, expresión de la izquierda independentista y de diferentes movimientos sociales ("anti-capitalista" y "anti-sistema", según los periódicos), logró casi un 4% e ingresó en el Parlamento con tres diputados. El mapa independentista quedó rediseñado, de la gran burguesía a la pequeña. Se confirma la tendencia de otras elecciones regionales: la gran elección de EH Bildu, y en Galicia con el ascenso de Alternativa Galega de Esquerda, encontró su expresión en Cataluña con el enorme salto de Esquerra Republicana (ERC) y parcialmente con el buen debut de las CUP. La participación fue masiva -más de 11 puntos respecto de 2010. CiU pagó el precio de su política de ajuste, que no tiene nada que envidiar a la de Rajoy, y que buscó disimular con un planteo independentista mentiroso, porque no es compartido por la gran burguesía catalana. El secretario general de Convergencia reconoció, al día siguiente de la elección, que el resultado "los deja en manos de Esquerra Republicana". ERC sólo admitió acuerdos puntuales con CiU, acerca del "abandono de la política de recortes" y la profundización de la vía independentista. Según un editorialista de El País (26/11), Mas "se ha subido a un tigre que le ha desbordado, que tiene vida propia, que se ha fortalecido y que terminará por devorarle".

En los principales distritos del país, el paro docente fue aplastante. En la Ciudad de Buenos Aires, con su principal gremio -UTE- militando febrilmente en contra, la huelga superó el 75%. En Buenos Aires, a pesar del Suteba de Baradel, los índices de acatamiento van entre el 80 y el 87% en promedio, pero en el conurbano y en los principales distritos o ciudades del interior provincial, la huelga se acerca al 95%. En Aten, recientemente recuperado por la izquierda antiburocrática de manos de la Celeste, el paro fue del 100% y la columna de más de 8000 docentes fue la más importante de la movilización que sí se realizó en Neuquén. En Santa Fe, en Rosario el paro fue total (impulsado por la combativa Amsafe-Rosario), también en San Lorenzo -centro del parazo y de los cortes del cordón industrial de esa región-, y con paros muy altos en los departamentos de San Martín y de Rafaela. En Tierra del Fuego el paro fue masivo, y en la provincia de la Presidenta, Santa Cruz, superó el 80%. En Entre Ríos, en las seccionales dirigidas por la oposición el paro fue también masivo. Lo propio vale para el Chaco, Mendoza y Misiones. De una punta a otra del país quedó expuesta claramente la fractura entre los trabajadores de la educación y la dirección kirchnerista de Hugo Yasky, Stella Maldonado y Roberto Baradel. La etapa abierta por el extraordinario triunfo de los sectores antiburocráticos y de la izquierda del Fura en Aten y la tendencia a la huelga nacional docente -a pesar de la acción carnera de la dirección celeste- plantea concretamente la tarea de poner en pie una nueva dirección en Ctera.

La reacción del gobierno después del paro confirma las razones que llevaron a la huelga general. Cristina Kirchner no admite que 10 millones de trabajadores hayan paralizado el país contra su política. El impuesto al salario, la destrucción de las asignaciones familiares y los ajustes e impuestazos provinciales responden a la necesidad de pagar a los usureros de la deuda y a los vaciadores del transporte y la energía. La tendencia a la huelga se abrió paso gracias, en parte, a la disgregación de la burocracia sindical. Se reforzó el protagonismo de los cuerpos de delegados y sindicatos de base, por un lado, y de los piquetes, por el otro. El clasismo ha jugado un rol sin precedentes en un paro nacional. Las declaraciones "unitarias" de Gerardo Martínez con el moyanismo muestran el temor de que la división de la burocracia potencie a la izquierda en los sindicatos. Los "unidos y organizados" del movimiento obrero como Yasky o Pianelli han salido muy golpeados de la huelga. El paro deja planteada la continuidad de la lucha. Moyano salió a enfriar un posible paro de 36 horas. Al mismo tiempo, surgen reivindicaciones "puentes" como los 4.000 pesos de compensación anual por inflación y ganancias, o un doble aguinaldo, o un simple adicional, como plantea el cuerpo de delegados de Sociales-UBA. La burocracia de petroleros de Neuquén lanzó paros progresivos por un adicional de zona. Otro tema que queda planteado después del paro son las paritarias (las patronales plantean un "cepo" del 20%). Bancarios reclama un modesto 25% y un adicional. La renovación sindical que plantea Palazzo exige asambleas en los bancos y plenarios de delegados en todo el país.

Las negociaciones entre el gobierno colombiano y las Farc en La Habana tendrán como un tema fundamental el problema agrario. A pesar de la tregua unilateral declarada por las Farc, el gobierno sigue bombardeando con aviones no tripulados (drones) los campamentos guerrilleros. Además, dispuso un aumento del presupuesto militar para 2013. Cualquiera sea el desenlace de las negociaciones, no hay indicaciones de que se desmantele el monstruoso aparato del Plan Colombia. "La paz del extractivismo" Uno de los incentivos fundamentales del proceso de paz es la minería y el petróleo. El programa "Colombia, país minero 2019" propone combatir la minería ilegal practicada por los grupos guerrilleros y paramilitares, y la minería artesanal. "El objetivo es duplicar la producción de carbón, de 96 millones de toneladas a 145 millones de toneladas anuales, de cuadruplicar la producción de metales preciosos, de 156,8 toneladas a 620 toneladas anuales, y en base a ello consolidar más de 20,5 millones de hectáreas como zonas de reserva estratégica minera, ofertar 39 millones de hectáreas que se encuentran solicitadas en concesión y 8,4 millones de hectáreas concesionadas en explotación minera, de las cuales 36.000 de ellas se sitúan en parques naturales, dando un resultado de 38% del territorio colombiano a libre disposición de la explotación minero-energética" (Bolpress.com). El 80% de las inversiones extranjeras de 2012 corresponde al petróleo y la minería. Este proceso se complementa con el desguace de la estatal Minercol y un renovado interés de capitales chinos en el financiamiento de proyectos de infraestructura. Otro de los emprendimientos que está en juego es el Eje Multimodal Amazónico, "que pretende realizar una vía de comunicación entre el océano Atlántico y el océano Pacífico, conectando los puertos de Tumaco y Belem Do Para" (ídem). Una pacificación pondría fin a los atentados contra los oleoductos. Por último, la cuestión de la tierra no es ajena al hecho de que 7 millones de hectáreas de suelo colombiano (de caña de azúcar y palma) son susceptibles de ser empleadas en la producción de biocombustibles. Las bandas paramilitares han transferido 10 millones de hectáreas de manos de los campesinos a las de los terratenientes, con 6 millones de desplazados como resultado. Marcha patriótica En el plano estrictamente político, Colombia vive un crecimiento de la agitación social: huelgas en el carbón, en los campos petroleros y en el puerto, muchas de ellas contra la tercerización laboral. El movimiento estudiantil ha protagonizado movilizaciones aún más numerosas que las de Chile contra la privatización de la educación superior. Los intereses económicos y políticos en juego otorgan un enorme impulso pero no garantizan, de todos modos, el éxito del proceso de negociación. A fin de cuentas, Uribe conspira abiertamente contra él y cuenta en su favor con una constelación de bandas criminales (Bacrim), que han nacido como resultado de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estas son responsables de 30 mil muertes y del desplazamiento de millones de personas por medio del terror. También es llamativa la belicosa posición del ministro de Defensa, Pinzón. Mientras la atención internacional está centrada en el desarme de la guerrilla, no para de incrementarse el potencial bélico de las fuerzas armadas. El ejército se reequipará en los próximos dos años con 25 mil hombres, veinte nuevos helicópteros, treinta lanchas, cuatro drones, fabricación de sensores y radares militares. Colombia se ha transformado en un exportador de seguridad. "Nuestra industria tiene un aspecto diferenciador, y es que sus productos y servicios son y están siendo probados diariamente en el combate" (La Tercera, 1º/11), aseguró el ministro Pinzón en la Expo-defensa. Cuarenta países han recurrido, desde 2005, a los servicios de estos profesionales del crimen. En Colombia hay más de 10 mil presos políticos y un activista sindical es asesinado cada tres días.

Las motivaciones nacionales del paro se vieron potenciadas en Mar del Plata por la crisis del puerto. Una masiva movilización céntrica de unos 1.200 trabajadores y jóvenes coronó la amplia medida: pararon los bancos, los tribunales, los no-docentes de la universidad, todas las actividades ligadas al transporte de mercaderías, las escuelas, toda la operatoria de la banquina del puerto, bancarios, Luz y Fuerza, pasteleros, los trabajadores de las empresa de gas Camuzzi, no hubo actividad en el Correo, y en algunas dependencias municipales los trabajadores fueron, pero no atendieron al público. El comercio no paró, aunque está encabezado por un notorio burócrata binnerista. En la marcha se destacó una columna de Luz y Fuerza, que enfrenta un fraccionamiento hacia el kirchnerismo, y las organizaciones piqueteras, en contraste con la Federación Universitaria que pegó el faltazo, referenciada en la centroizquierda del FAP. El Polo Obrero y el Partido Obrero se destacaron con una combativa columna de 150 compañeros, cantando "por un plan de lucha". Fue la coronación de una actividad que incluyó una agitación previa con volantes sobre Luz y Fuerza, hospitales, asamblea de Suteba, en algunos barrios y una jornada en el puerto. La flamante seccional antiburocrática judicial votó adherir a la medida, pero su trabajo no estuvo a la altura de la oportunidad. El movimiento obrero de Mar del Plata no paró completamente, boicotearon la burocracia textil y muy especialmente el Soip, pero el paro se impuso en el puerto, lo que deberá abrir un amplio debate en las filas del gran sindicato industrial marplatense. De conjunto, el paro se sintió y mucho, y se reforzaron los movimientos de lucha.

La enorme adhesión al paro quedó evidenciada en la zona con mayor población obrera del país. El vacío en las calles, trenes y rutas fue total. Las grandes metalmecánicas como la Ford o la Volkswagen estuvieron totalmente paradas por falta de insumos y el masivo ausentismo de los trabajadores que, contra la burocracia del Smata, decidieron adherir de hecho al paro. Los metalmecánicos son uno de los sectores más afectados por el impuesto al salario. El paro se extendió en las fábricas de numerosos gremios de la CGT Balcarce, como las metalúrgicas. En el gremio gráfico fue destacado en Word Color, Donelley y otros talleres, donde la medida fue total. En varias plantas de plásticos y perfumistas, las patronales intentaron quebrar el paro sin resultados. Los trabajadores y sus comisiones internas se reunieron en asambleas reafirmando el paro y dejando vacías las plantas. En los establecimientos estatales, los trabajadores realizaron un paro absoluto. En el Inti, por ejemplo, pararon los 2.600 trabajadores. El paro de los docentes también fue de más del 80% en distritos como General Sarmiento, lo mismo en Escobar. No obstante, es necesario extender el balance a los sectores con influencia de izquierda, donde no se paró. Por ejemplo, el cuerpo de delegados de la Línea 60 resolvió "adherir a los reclamos", pero no realizar el paro. Los delegados señalan que cada vez que se realiza un paro, la patronal les descuenta el día y, por lo tanto, los compañeros no estaban dispuestos a parar. En cambio, de manera desigual, hubo paro en la 216, 126, 203, la Uno y otras líneas que conectan la zona. El caso más emblemático fueron las diez líneas de Ecotrans, paradas por el sector clasista del cuerpo de delegados que conectan el oeste hasta San Miguel. En la alimentación, Pepsico dio un paso adelante, parando cuatro horas por turno, valioso en una fábrica muy represiva. Pero Kraft, gran referencia en la zona, no paró. Un sector de la comisión interna se colocó en contra de la medida, posición que triunfó en las asambleas de la planta. Este retroceso tiene su precedente más cercano en la negativa de toda la interna a adherir al paro convocado por la burocracia de Daer, en el marco de la discusión paritaria. La propia interna como tal no adhirió al paro, lo que indicaría una mayoría que se opuso al mismo. En el momento más propicio para marcar una línea obrera contra la burocracia de Daer, triunfó la posición de la burocracia y la patronal, esto a pesar de que el impuesto al salario empezó a golpear los bolsillos obreros. Toda la política al interior de la fábrica debe ser examinada. ¿Se trabajó estos tres años en la organización antipatronal de la fábrica, en la formación de un activismo antiburocrático empeñado en la lucha sección por sección y línea por línea? Hubo muchos piquetes en la Panamericana o la UIA con apoyo estudiantil, pero ha fallado el núcleo del trabajo clasista, al interior de la planta. El paro puso de relieve la necesidad de una reorientación política del activismo clasista. Tampoco se realizó el paro en Fate, donde la seccional se opone a la burocracia de Wasiejko y donde la izquierda tiene peso en el cuerpo de delegados. La negativa de la conducción de la seccional por realizar una fuerte campaña por el paro hizo que en el último minuto "no hubiera condiciones para convocar". El retroceso en estos grandes centros industriales requiere una política de lucha: la primera oportunidad es la cuestión del adicional de fin de año. La lucha contra los descuentos por el paro, tanto del día como de premios, será clave para que los compañeros ganen confianza. El Partido Obrero desarrolló una enorme campaña en toda la zona llevando nuestra posición sobre el paro a más de cien establecimientos obreros. En algunos casos, como la UOM o el Smata, las agrupaciones desarrollaron una gran agitación que fue recibida con entusiasmo por los trabajadores. La movilización del partido al corte de la Panamericana, junto con delegados y trabajadores de varios gremios, ha marcado un importante crecimiento, que fue reflejado en los medios de comunicación zonales y nacionales presentes. En el acto final, nos dirigimos a todos los trabajadores señalando el gran protagonismo del clasismo en este paro y la importancia de reagrupar fuerzas para que la crisis no la paguen los trabajadores, y podamos darle una salida obrera y socialista al derrumbe del modelo kirchnerista.

Cómo en el resto del país, el Partido Obrero de Córdoba realizará un picnic el próximo 9 de diciembre en el parque Sarmiento de la ciudad capital. El picnic servirá de lanzamiento de la campaña por la construcción de una alternativa de los trabajadores y la izquierda, en el cuadro de la fuerte lucha de los trabajadores contra el ajuste de Cristina y de De la Sota. El picnic será el puntapié de una fuerte campaña de agitación política en la presente crisis nacional e internacional tras el objetivo de fusionar a la clase obrera con el programa y la izquierda revolucionaria.