Prensa Obrera N° 1223

EXCLUSIVO DE INTERNET Proyecto presentado por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores para ser debatido, modificado junto a los/las trabajadores/as. Desde el Partido Obrero hemos propuesto a nuestros compañeros del Frente de Izquierda impulsar una campaña por la prohibición del trabajo precario, tercerizado y en negro en el Estado con un proyecto de ley que sea su expresión legislativa. El Estado es la patronal que más precariza a los trabajadores. El 25 por ciento de sus empleados se encuentran bajo diferentes modalidades de precarización: becas, pasantías, monotributos, bajo programa, etc. Las denuncias y reclamos por el pase a planta se han convertido en una reivindicación de peso en varios sectores de estatales, tanto provinciales como municipales. En salud, el servicio de limpieza está tercerizado y monopolizado por CBS, cuyo dueño es el sobischista Carlos Barceló. Lo mismo ocurre entre los judiciales, quienes luchan contra los despidos y cesantías. La ley 2783, aprobada el año pasado en la Legislatura, habilita a contratar enfermeros por horas, lo que amplía la precarización laboral en el Estado. La polémica Ley orgánica de educación que trata de imponer el gobierno de Sapag-Pechén -con la colaboración de la dirección yaskista en Aten- instituye un proceso de precarización y pago en negro a los docentes bajo la modalidad de contratos y monotributos, que ya se ha iniciado con los planes de jornada extendida o el llamado ‘Plan de Mejoras'. Pero es en el Ministerio de Desarrollo Social donde más se hace sentir esta situación: profesionales, técnicos y estudiantes se encuentran realizando tareas reconocidas como necesarias para la política asistencial en forma totalmente precaria. Especialmente el sector de ‘acompañantes', cuya tarea es sostener y colaborar en el cuidado de los tratamientos e indicaciones a niños y adultos en situación de riesgo social y de vida. La precarización es tal que muchos de ellos no han sido incluidos en los aumentos salariales. Los trabajadores se organizan y reclaman un plan de lucha por el pase a planta y el aumento salarial, ante la parálisis de la dirección de la CTA en la central y en la Legislatura, donde dos de sus dirigentes ocupan bancadas por el UNE y no han abierto la boca. El Partido Obrero presentó un borrador del Proyecto de Ley y la propuesta de una campaña que recorra la provincia con charlas, pronunciamientos y que convoque a un plenario abierto de trabajadores. Llamamos a los activistas y delegados a pronunciarse y a organizar, sobre esta iniciativa, reuniones y asambleas en los lugares de trabajo. La presentación del libro de Christian Rath, Trabajadores, tercerización y burocracia sindical -el 22 de mayo, a las 19 horas, en el Sejun- reforzará esta campaña. La Legislatura de la provincia del Neuquén sanciona con fuerza de ley Petitorio No a la precarización laboral. Pase a planta y plenos derechos. Los abajo firmantes apoyamos el Proyecto de prohibición del trabajo precarizado, tercerizado o en negro bajo cualquier forma que se le llame y la exigencia del pase a planta de todos los trabajadores del Estado que se encuentren en esa situación. Entendemos que estas formas son violatorias, inequitativas y humillantes para quienes pretendemos tener un trabajo y un salario digno y esconden la realidad de la relación laboral. Nos pronunciamos por la aprobación del Proyecto con sus articulados, prohibición del trabajo en negro en toda la provincia y por el pase a planta inmediata de todos los trabajadores. Nombre - Apellido - Dni - Firma Borrador Artículo 1º. Declárase nulo de nulidad absoluta el trabajo y/o la realización de tareas y/o la prestación de servicios y/o el desarrollo de actividades bajo la modalidad de "locación de servicios" a título personal, contratados temporarios, "prácticas rentadas", "becarios", "pasantías", "bajo programa", "personal transitorio mensualizado", monotributistas y toda otra forma de relación contractual que implique precariedad laboral, en el Estado Provincial en sus tres poderes y en los Municipios y Sociedades de Fomento, así como en las Sociedades del Estado Provincial, Empresas del Estado Provincial, Empresas con participación mayoritaria o minoritaria estatal, entes autárquicos y/o descentralizados del Estado Provincial, incluido el Instituto de Seguridad Social del Neuquén y todo organismo estatal provincial o municipal. Artículo 2º. Los empleados que desarrollan tareas en el Estado, que al momento de la sanción de la presente Ley, se encuentren ejerciendo las mismas bajo alguna de las modalidades declaradas nulas por la misma, serán incorporados a la planta del Estado en la misión, funciones y con el perfil del cargo en la que se encontraban desarrollando sus tareas a dicho momento, pudiendo incrementar sus derechos y remuneraciones, pero en ningún caso, disminuirlos o disminuirlas. Artículo 3º. Se otorga un plazo de 180 días para que el Consejo Provincial de Educación, en conjunto con las organizaciones sindicales ATEN, ATE y UPCN, fijen las plantas funcionales de auxiliares de servicios en todos los establecimientos que conforman el Sistema Educativo de la Provincia. Los auxiliares de servicio que al momento de la sanción de la presente Ley se encuentren desarrollando tareas en algún establecimiento u organismo estatal bajo alguna de las modalidades descriptas en el artículo 1º de la presente, pasarán a la planta del Estado según lo establecido en el artículo 2º. Artículo 4º. A partir de los 180 días establecidos por el artículo anterior, se abrirá la inscripción por 60 días para aspirantes a auxiliares de servicios, pudiendo cada aspirante inscribirse hasta un máximo de dos Distritos Educativos. Artículo 5º. Créase la Junta de Calificación de Auxiliares de Servicios ad-hoc integrada por dos miembros del Consejo Provincial de Educación y dos miembros por ATEN, dos por ATE y dos por UPCN, la que funcionará dentro del Consejo Provincial de Educación y establecerá las pautas para conformar el puntaje y orden de mérito de cada aspirante a auxiliar de servicios. Artículo 6º. Con los aspirantes inscriptos, la Junta de Calificación ad-hoc confeccionará el listado por orden de mérito en cada Distrito Educativo según el puntaje otorgado por dicha Junta, y en asamblea pública, dos veces por semana en cada Distrito Educativo, se cubrirán las suplencias que se produzcan en las plantas funcionales de auxiliares de servicios. El mecanismo será el mismo que el establecido para cubrir cargos u horas cátedra. Artículo 7º. Deróganse, a partir de la sanción de la presente ley, todos los decretos y normativas que autorizaban a contratar unipersonalmente para desarrollar tareas en las entidades descriptas en el artículo 1º de la presente Ley. Para el caso previsto en el artículo 64 inciso h) de la Ley Nº 2.141 (TO) sólo se podrá contratar previa autorización fundada del Tribunal de Cuentas de la Provincia y con la anuencia de los sindicatos ATEN, ATE y UPCN. Artículo 8º. Autorízase al Poder Ejecutivo a reasignar recursos presupuestarios para quintuplicar el plantel de inspectores laborales de la Subsecretaría de Trabajo y la apertura de delegaciones en todas las localidades a razón de una delegación por localidad que supere los 10.000 habitantes. Artículo 9º. Quedan, asimismo, sujetos a los alcances de la presente Ley aquellas personas privadas y entes públicos no estatales a los que se les hubiera asignado recursos para su administración en función de un objeto determinado, incluidos todos los establecimientos de educación que reciban aportes del Estado Provincial. Fundamentos En nuestro país uno de cada tres empleados está contratado en abierta violación a las normas vigentes, en lo que se denomina "trabajo en negro". Esta situación priva al trabajador del goce de derechos que tienen el resto de los trabajadores, aún cuando realice tareas similares a ellos. En la provincia de Neuquén, diversos estudios y declaraciones oficiales demuestran que la cifra del llamado "trabajo en negro" ronda el 25%. Una parte de ese "trabajo en negro", es decir, sin reconocer a la relación contractual con el empleado como una relación laboral, se está implementando en el Estado Provincial y sus diversos organismos y poderes. El Estado Provincial como empleador recurre a diversas denominaciones formales y documentales para ocultar la realidad: una relación laboral. Se pretende birlar el principio de supremacía de la realidad que rige el derecho laboral, toda vez que resulta no sólo arcaico, sino opuesto a la verdad, pretender que la relación de dichos empleados con el Estado es de índole comercial y no laboral. Un contrato para el desempeño de tareas bajo la dirección y organización y a favor de un tercero, es un contrato laboral y no un vínculo de naturaleza comercial. Es tan así, que los propios decretos (algunos desde la década del ‘90) que habilitan estas formas de precarización laboral, expresan con claridad que no se puede tapar el sol con las manos. Por ejemplo, el Decreto Nº 0043 del año 2001 que extiende el régimen de prácticas rentadas y el personal transitorio mensualizado y bajo programa en distintos organismos estatales, reconoce que los mismos garantizan "la continuidad de las funciones propias del Estado", por lo que resulta "imperioso" prorrogar tales modalidades de contratación. Y el Decreto Nº 2.401 del año 2009 reconoce que "la implementación del sistema de prácticas rentadas ha brindado resultados satisfactorios tanto a los beneficiarios como al Estado Provincial". Es decir, una cosa es segura: el Estado Provincial se ha beneficiado, obteniendo un acrecentamiento patrimonial y funcional en base al trabajo precarizado. ¿Puede sostenerse que esto no viola, ya no sólo la legislación laboral, sino la del propio Código Civil, toda vez que el contrato ha sido desventajoso respecto a igual trabajo realizado por otro, para una de las partes, en este caso el contratado? Por otra parte en el anexo I de dicho Decreto en el artículo 8º se estipula que: "Los resultados de las investigaciones encomendadas, desarrollo o realización de trabajos que finalicen en un producto, serán de propiedad, sin cargo, de la Administración Pública Provincial, pudiendo esta aplicarlo, transferirlo, o continuar su desarrollo". Si el que trabaja o desarrolla la actividad o presta el servicio (el empleado) no es propietario de su producto, quiere decir que no hay un vínculo comercial, sino una típica relación laboral. Y si, además, el Estado no compra ese producto pagando por él un precio, sino que el Estado desembolsa una "beca", queda expuesto claramente que se trata de una relación laboral en los hechos y el derecho, disfrazada de otra cosa. Es por eso señora presidenta, que sostenemos este proyecto de ley para terminar de una vez por todas con estas modalidades violatorias de la realidad, inequitativas y humillantes para quienes lo único que pretenden es tener un trabajo y un salario digno.

Tras el ataque de Othacehé a Mauro Spina y al Partido Obrero, con comunicados oficiales y volantes difamatorios, el Concejo Deliberante de Merlo profundizó esa línea y calificó de "terroristas" a los militantes del PO. Efectivamente, "aprobó el proyecto de resolución iniciado por el bloque FPV/PJ a través del cual el Concejo Deliberante ‘expresa su enérgico repudio al accionar de los activistas políticos'"; para "el presidente del bloque FPV/PJ, Raúl Díaz, son ‘terroristas'". La página de la Municipalidad da cuenta de que Díaz "se expresó en total repudio al oportunismo por parte del militante del PO, en la persona de Mauro Spina (...) para realizar los cortes y piquetes (...)". Todo esto en alusión a la crisis abierta por el temporal en Merlo. Los vecinos organizaron cortes y movilizaciones porque, pasados tres días del temporal, no había llegado ninguna ayuda por parte del municipio. Incapaz de dar respuesta a los problemas reales, Othacehé salió a hacer lo único que sabe: reprimir a la población y perseguir a los activistas. La igualación de activistas con terroristas está en sintonía con la ley antiterrorista. Cristina visitó el municipio de su "querido Vasco" hace un par de días. Desde el Partido Obrero hemos desenvuelto una campaña de pronunciamientos en repudio a esta persecución política. La respuesta ha sido contundente: al pronunciamiento del cuerpo de delegados del Suteba de la semana pasada se han sumado el de reconocidos referentes de la lucha política y social. Los pronunciamientos continúan llegando y la campaña en defensa de las libertades democráticas se va masificando. El sábado pasado recogimos la adhesión de los vecinos de Lago del Bosque, una de las zonas más damnificadas por el temporal. No dudaban en firmar el pronunciamiento en repudio a la persecución política, un proceso que ya se había manifestado en los piquetes de semana santa: la bronca venció al miedo y la gente salió a la calle a protestar, enfrentando incluso a los punteros del barrio que en algunos casos fueron echados. En una recorrida posterior por la zona, Othacehé en persona fue repudiado por los vecinos. El Partido Obrero está empeñado en desenvolver una campaña por las libertades democráticas en Merlo y en repudio a la persecución política. Vamos a llevar esta campaña a la calle con más energía aún, y a repudiar masivamente este accionar represivo.

El miércoles 9 de mayo se reunió el plenario de delegados de Foetra para discutir la paritaria salarial. Durante ese día y el anterior se realizaron asambleas en decenas de edificios donde se discutió el comunicado de la 'mesa de unidad sindical de las telecomunicaciones' que hacía referencia a un 31,5% de aumento. Como planteamos en un comunicado y en el Boletín de la Naranja repartido los días previos y en el plenario, la directiva ha comenzado a licuar el reclamo del 35% con un 31,5% al que seguramente las patronales contraofertarán cuatro o cinco puntos por debajo. Efectivamente, antes de que bajen el porcentaje las patronales, la mesa arrancó el plenario informando que del 31,5% habría que descontar un 2% para un 'fondo solidario' para la creación de una 'clínica de diagnóstico y tratamiento' de los jubilados telefónicos. También habría que restar otro 1% para recategorizaciones, con lo cual ya nos vamos cayendo al 28,5%. En el plenario de delegados se realizó una moción de que la situación de los jubilados sea discutida aparte de la paritaria, ya que el plenario no había sido convocado con ese temario ni había mandato de las asambleas realizadas. La moción, debidamente apoyada por varios delegados, no fue puesta a votación por la mesa. Las asambleas, allí donde realmente se realizaron, reflejaron mandatos casi unánimes: que el aumento vaya todo al básico y sin cuotas, la necesidad de un aumento del 35% real, que se realice una nueva discusión en caso de inflación (revisión de la paritaria a los seis meses) y que las empresas se hagan cargo del impuesto al salario, entre otras reivindicaciones como las recategorizaciones.La mesa planteó que había que ser responsables y que las paritarias se venían dando sin conflicto y, lo más significativo políticamente, en alineamiento incondicional cristinista que dejó atrás el otrora fervor moyanista de Iadarola y Marín. También se evitó todo debate en el plenario sobre la 'expropiación parcial' de YPF y sobre la crisis más general de las privatizadas, no fuera que se abriera un debate sobre la renacionalización de las empresas telefónicas y un control sobre sus fabulosas ganancias, tema planteado por varios delegados. Según el comunicado oficial del sindicato, 169 delegados votaron a favor de la propuesta de la mesa y 21 en contra. Se ignoró la moción de separar la cuestión jubilados y se falseó la realidad, puesto que el 30% del plenario votó la moción del 35%. Arrancamos con un manijazo para disciplinar al gremio a los topes de Cristina. Reforcemos el proceso por abajo, la discusión recién empieza.

Por segunda vez, la mayoría oficialista del Concejo local impidió que prosperara un pedido de informes impulsado por el PO y el bloque kirchnerista para saber cuál es la situación laboral de personas que estarían recibiendo subsidios a cambio de un contraprestación en horas de trabajo. Ayer, un grupo importante de estos trabajadores irregulares lanzó una medida de fuerza hasta tanto el municipio no pague lo adeudado; previamente se reunieron con la mesa directiva del sindicato municipal para buscar el apoyo del gremio, pese a no estar afiliados. Todo comenzó con una denuncia en los medios locales de la edila del PO, Jorgelina Signa, a la que también se sumó el Frente Para la Victoria, que en las últimas dos sesiones intentaron plasmar un pedido de informes, que fue rechazado por el oficialismo con el argumento de que toda esa información está publicada en el Boletín Oficial. Según los impulsores del pedido, se trata de personas que en su mayoría realizan sus tareas en la vía pública y son coordinados desde el obrador municipal. Según Signa, las personas reciben: "Salarios indigentes, que van de los 600 a los 1.300 pesos, no poseen seguro contra accidentes, ropa ni materiales adecuados", además planteó que se trata de una situación de vieja data. "Algunos nos contaron que llevan más de 16 años trabajando en esta situación". Signa remarcó: "Hay que tener en cuenta que la situación de debilidad hizo que muchas veces estos compañeros no se animen a hablar y a contar esta situación, por temor a represalias o simplemente a perder su única fuente de ingreso". El comunicado del PO, que fue el disparador de esto, remarca además: "No se contempla la antigüedad laboral, no tienen fecha fija de cobro y el ejecutivo tiene con ellos un retraso salarial que ya lleva dos meses". Unos 150 Con respecto a la cantidad de personas en esta situación, Signa dijo: "No está claro cuántos son, pero en el Boletín figuran unos 200 subsidiados. Al hablar con ellos, surge que más de 150 estarían trabajando en esa situación". Signa se lamentó de la postura del oficialismo: "Cada vez que hay un tema que los pone incómodos, buscan alguna excusa para no tratarlo y no sesionar. Queremos que tengan iguales condiciones que el resto de los trabajadores y una obra social". En medio de la polémica con los ediles, los trabajadores se concentraron en las puertas del municipio. Allí fueron atendidos por funcionarios municipales, quienes no permitieron el ingreso de los ediles Signa del PO y Carlos Dolce del FPV. 17/5

Hace más de seis meses, un grupo de 18 trabajadores de la Cooperativa ex Frigorífico Minguillón, en Moreno, una empresa recuperada, fue despedido por reclamar transparencia a la conducción. Apelando a métodos antidemocráticos (asamblea trucha con participación de personas ajenas), los opositores fueron echados, como lo haría una patronal, sin indemnización ni reconocimiento de los años de trabajo. Ante la falta de respuesta del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), el cual controla la legalidad del movimiento cooperativo, los despedidos nos contactaron para denunciar lo sucedido. Desde el Partido y el Polo Obrero, con vecinos y familiares de los despedidos, llevamos adelante un bloqueo en la puerta del frigorífico. Este hecho conmocionó a la barriada y a los trabajadores, quienes habían sufrido otros dos despidos. No logramos las reincorporaciones, pero sí que recibieran a los compañeros para discutir una indemnización acorde a los años prestados en el frigorífico, así como los problemas de salud derivados de los métodos de producción, los que no son controlados por nadie. Esta crisis abre una nueva etapa en la cooperativa, que es manejada como una propiedad privada de los directivos. Ha quedado planteada una asamblea para que se informen las decisiones y las cuentas, y para que se roten los cargos directivos.

Luego de prometer en la campaña electoral el 31 por ciento y después de mes y medio de negociación, la directiva terminó aceptando el 26,35 en dos cuotas. Esto significa que la mínima categoría quedará en 4.000 pesos. Mientras la proyección inflacionaria ronda el 30 por ciento y el negocio de 'edición e impresión' se expande (según el Centro de Estudios de la UIA, el sector acumuló un "destacado crecimiento durante 2011, que cerró en 5,7 por ciento respecto a 2010"), todas las categorías del convenio gráfico se encuentran, en valores de bolsillo, por debajo de la canasta familiar. ¿Con qué mandato se cerró este acuerdo? Con el fin de hacer aprobar lo actuado, la directiva convocó a unos 80 delegados sobre los 350 que somos en todo el gremio: una reunión de delegados amigos. Se excluyó de este debate fundamental a la abrumadora mayoría, empezando por las comisiones internas de la Naranja, como ocurre sistemáticamente desde hace diez años. Pero, claro, los proscriptos somos cada vez más. El argumento fue que el Ministerio no homologaría un aumento mayor y que lo mejor era firmar esto para volver a reclamar en agosto. La regla de oro del ongarismo es adaptarse (al gobierno, a los topes, a las patronales o a lo que sea) y evitar cualquier medida de lucha. También fueron relegados de la reunión los talleres que hoy están peleando aislados: Cedinsa protagonizó una huelga salarial memorable, consecuencia de la miseria general y del atraso en cerrar el acuerdo; AGR-Clarín está exigiendo una recomposición; Interpack I resolvió un plan de lucha por el 35%; Morvillo votó en asambleas el mismo reclamo. Un hecho importante es que un sector de delegados de la Verde de la zona norte, apoyados por la agrupación Bordó (que sí estuvo presente y no avisó a la Naranja), mocionó ir por el 29,5 por ciento, aunque sin un planteo de movilización para el conjunto del gremio. Por un verdadero plenario de delegados En conclusión: el acuerdo que se está cerrando carece de aprobación e incluso es desconocido por gran parte de la base. Exigimos que sea sometido al debate de asambleas en cada taller y de un verdadero plenario de los 350 delegados del gremio -sin exclusiones- que lo refrende o lo rechace. Nuestra propuesta es: 35 por ciento de aumento, 5.000 pesos de mínimo y un plan de lucha para conseguirlo.

La Lista 2 'Profesionales en Lucha', integrada por Tribuna de Salud más independientes, ingresó al Consejo Directivo Provincial de Cicop con un cargo por derecho propio (sistema D'Hont), en las elecciones que terminaron el 18 de mayo. Cuando faltan escrutar aún unos 300 votantes, en las elecciones para el Consejo Directivo del Cicop, el sindicato de profesionales de la salud, el michelismo ganaba con 2.630 votos, los yaskistas obtenían 1.257 votos y nuestra lista, Profesionales en Lucha, 335 votos. Las variantes del centroizquierda como el FAP, Proyecto Sur y el kichnerismo -quienes han dirigido el gremio unidos hasta la fecha- para estas elecciones se dividieron entre las listas 1 y 3. Nuestra Lista 2 surge luego de una larga experiencia de lucha. El oficialismo reprodujo en la Cicop un proceso divisionista similar al ocurrido en la CTA. El MST, que integra el oficialismo desde hace años, simplemente buscó explotar la división con más lugares en la lista michelista (FAP, Proyecto Sur), vetando expresamente el ingreso de toda expresión independiente. La impasse de la centroizquierda abrió una brecha, que fue capitalizada por un reagrupamiento independiente con la orientación de Profesionales en Lucha. Nos opusimos al escaso aumento salarial acordado en abril, estamos reclamando la reapertura de las paritarias en julio y exigimos la devolución de los días descontados en 2011. "Profesionales en Lucha" tiene una larga experiencia en la lucha contra la precarización laboral y contra el cierre de servicios en los hospitales públicos. A través de nuestra agrupación, ganan acceso a la dirección del gremio los médicos residentes, quienes son los más explotados. Nuestros ejes son las asambleas en todos los hospitales, los planes de lucha progresivos en lugar de los paros aislados, la prioridad de la salud pública a la deuda externa y a los subsidios y extensiones que hunden a la provincia. En el Hospital del Km 32 de González Catán, retuvimos la conducción de la seccional, con el 95% de los votos. En el Oncológico/Vecinal de Lanús (bastión del presidente saliente de Cicop), sacamos más del 30% de los votos e ingresamos a la comisión directiva y un cargo como congresal. Retuvimos el cargo en la comisión directiva del Open Door. Sólo por una maniobra no pudimos ganar posiciones en el Hospital Vicente López de General Rodríguez. Sacamos el 30% en el Hospital de Niños de La Plata, donde estamos librando una lucha contra el cierre de la sala 27 de quemados y la reapertura de la sala 26 y su pleno funcionamiento. Ganamos en los Hospitales Bollini y Especializados de La Plata, sacamos el 25% de los votos en el Hospital de Ezeiza y en el Hospital de Pergamino, el 15% en el Gandulfo y en Moreno -donde había candidatos de otras listas- y el 19% en el Mercante. Los 20 votos del Hospital Posadas expresan la puesta en pie de un agrupamiento combativo en la seccional más grande de Cicop. La estrategia seguida por la Lista 2 en las elecciones de Cicop fue ampliamente discutida en la Conferencia Sindical convocada por el Partido Obrero. El resultado no podría ser más animador.

"Apertura inmediata de la empresa, previo reacondicionamiento de las máquinas en un plazo no mayor al 4 de junio de 2012". Así comienza el acuerdo celebrado en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe entre el nuevo dueño de Productora Alimentaria SA y los operarios de la planta. Para llegar a esta instancia, los obreros desarrollaron una experiencia excepcional de lucha. El conflicto comenzó con la rebaja de sueldos; después los despidos, hasta que, ante el cierre de la fábrica, los trabajadores ocuparon la planta. Los trabajadores fueron atacados como "delincuentes". El gobierno de Bonfatti lo declaró "conflicto privado", pero mandó a sus organismos bromatológicos para impedir que los trabajadores pusieran en marcha la producción. La Justicia ordenó el desalojo. El Sutiaga (Aguas Gaseosas) buscó que el negociante de fábricas recuperadas, el rico-kirchnerista Caro, se hiciera cargo del establecimiento. La CGT no apareció nunca. Los trabajadores llevaron a cabo marchas a Tribunales y a la casa de gobierno, escraches a las oficinas administrativas de la fábrica y establecieron dos piquetes -en la salida norte de la ciudad y en el puente Oroño, ambos ante un gran despliegue policial y con momentos de extrema tensión. Es importante destacar el tejido solidario del activismo que ha estado participando junto a los trabajadores: organizaciones de izquierda, PO, MST, documentalistas enrolados en el Doca, jóvenes vinculados al arte y colectivos de estudio. La multisectorial organizó recitales, colectas y charlas difundiendo el conflicto. El acuerdo respeta las escalas salariales. Los trabajadores y el sindicato participarán de la gestión de los Repro. La garantía de no despidos sin causa y la reincorporación de los despedidos están entre los puntos más importantes. Los trabajadores están alerta, no se levantó el acampe en las puertas de la fábrica y están en asamblea permanente: no confían en la palabra de la patronal ni las garantías del Estado. Si el 4 de junio Naranpol es reabierta y sus trabajadores retoman la producción, estaremos ante una de las victorias más importantes de la clase obrera en la provincia en los últimos 25 años.

El periódico del PTS (Nº 475) informa que la Bordó resolvió "comenzar la lucha por las paritarias" (que están cerrando), con una movilización a la UIA y un corte en 9 de Julio, y llama a la Naranja "a participar de esta movilización". La acción expresa una política que no compartimos: una movida minoritaria, separada de la agitación sobre la masa del gremio y la lucha en cada lugar contra las patronales -o sea un 'escrache'- sólo puede tener un efecto mediático sin mayor alcance que la denuncia o el autobombo. Por otro lado, la convocatoria pública a la Naranja es una agresión, porque durante veinte días la Bordó rechazó nuestras propuestas de reunirnos (incluso hechas por escrito) para discutir una intervención común y sobre la hora nos llamaron por teléfono para 'invitarnos' a su movilización: un método que nada tiene que ver con un trabajo frentista; incluso es divisionista y, por lo tanto, funcional a la burocracia. Luego vino lo más grave. En una comunicación, un delegado de Morvillo y uno de la Bordó acordaron que si había alguna convocatoria de delegados nos avisaríamos mutuamente. La Bordó concurrió a la reunión sin avisar, violando todo método de clase, convalidando la proscripción de centenares de delegados.

Desde de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse), hasta la Plaza del Maestro, distintas organizaciones estudiantiles, sociales, políticas y gremiales se movilizaron en defensa de la educación pública. En la Unse se reclamó el rechazo a los fondos de la minera La Alumbrera. La manifestación también planteó la defensa del Jardín Botánico, perteneciente a la universidad y que es materia de un negociado inmobiliario. La movilización estuvo encabezada por delegaciones de varios colegios terciarios (ISPP Nº1, Espea, ISPP Nº 6, Bellas Artes), que están recorriendo un importante proceso de organización y lucha, que apunta a poner en pie una Federación de Estudiantes Terciarios en la provincia. Luego se encolumnaron las agrupaciones universitarias, tras la bandera del Frente Universitario de Lucha (FUL), del que forma parte la UJS junto a varias agrupaciones de izquierda y combativas. Luego se hizo presente una delegación de Cisadems, el principal sindicato docente provincial, en apoyo a la jornada y repudiando los descuentos compulsivos que está sufriendo la docencia. Durante la movilización se denunciaron las problemáticas de los distintos sectores educativos: falta de edificios, malas condiciones laborales, salarios de miseria, persecuciones en los lugares de estudio y trabajo, entre otras. La jornada nacional de lucha fue una marcha contundente de reclamos contra el vaciamiento presupuestario y en defensa de la educación pública. A la educación pública la defendemos luchando.

Compañeros: conocemos bien a la Justicia argentina y sabemos perfectamente que está podrida y corrupta. En el año 2005, tras el suceso conocido como "la masacre de Pompeya", un joven de 30 años fue encarcelado injustamente, acusado de atropellar y asesinar a tres personas, y condenado a treinta años de prisión por un delito que no cometió. Estamos frente a un nuevo caso de gatillo fácil y el armado de una causa judicial por parte de la Policía Federal. Cabe destacar que, en su dictamen del 1º de julio de 2010, el procurador general Esteban Righi recomendó a la Corte Suprema confirmar la sentencia a treinta años de prisión para Fernando Carrera. Propongo que difundamos el documental de Enrique Piñeyro, "El rati horror show", que demuestra la inocencia del imputado, con magistral periodismo de investigación, y que nos solidaricemos con la familia de Carrera, juntando firmas para su urgente liberación, y destacando a pie de página de nuestra prensa: ¡Libertad a Fernando Carrera Ya! Saludos fraternales.

Luego de dos meses de lucha, los trabajadores de Mecca Castelar le han arrancado a la administración judicial un acta compromiso firmada en el despacho del juez del concurso, donde informan concretamente el dinero a cobrar y se comprometen a hacer efectivo el pago de salarios de manera equitativa entre los trabajadores de la empresa al cabo de las 72 horas de cobrados los pagos de las terminales. Establece, como destino prioritario del dinero que entre en la empresa, el pago de los sueldos. Toda modificación deberá ser sometida a discusión con los trabajadores. El acta es un principio de acuerdo sobre el destino de los fondos, y un control del colectivo obrero sobre el accionar de la justicia. Un triunfo de parte de los compañeros por su heroica lucha. Esto pudo ser posible por la firmeza y unidad conquistadas por los trabajadores, y el apoyo de todas las organizaciones que se hicieron presentes. Pero la situación de la fábrica sigue siendo precaria. La propia crisis de las terminales automotrices que, enfrentan una caída de la demanda desde Brasil y las trabas a las importaciones, ya resultó en una baja de la producción en abril de un 24% (Clarín, 18/5). Según ese mismo diario, habría por lo menos 15 autopartistas que están suspendiendo o despidiendo. Es una situación general en el gremio, que la UOM, las patronales y el gobierno están tratando de mantener oculta, porque son los efectos de la crisis internacional que pretenden descargar sobre los trabajadores. La lucha de los compañeros de Mecca continúa, porque no están asegurados los salarios ni la producción de la fábrica. Hasta el momento, se repartirá el dinero que entre. Por lo tanto, es prioritario mantener la organización de la fábrica para exigirle al Estado que se haga cargo de la parte restante de los salarios y, mientras tanto, la continuidad del fondo de huelga y todas las acciones de solidaridad y difusión del conflicto. Hoy es Mecca Castelar, pero también RBI Bosch, Indiel Prestolite, Peugeot, Rexam, y muchas otras que los diarios no difunden, afectadas en distinto grado por la crisis de producción. Que la crisis la paguen las patronales. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Ningún despido. Ocupación de toda fábrica que cierre, apertura de sus libros al control de comisiones obreras.

Al anuncio de apoyo a la 'expropiación' de YPF y la privatización de la empresa estatal hidrocarburífera Gas y Petróleo de Neuquén SA (GyP), el gobierno de Sapag le sumó otros que han caldeado aún más las aguas en la provincia. Hay un proceso de movilización creciente. En el sector privado regresaron los reclamos por puestos de trabajo ante la persistente continuidad de los despidos y la desocupación crónica que vienen con la desaceleración productiva. Los estudiantes han salido nuevamente a la calle en defensa de las condiciones para estudiar, las que van desde reclamos presupuestarios, de infraestructura, refrigerio, boleto gratuito hasta una decidida oposición a la reforma educativa en debate. Por su parte, los estatales pujan por una unidad desarmada conscientemente por la dirección verde de ATE, la cual promovió los convenios por sector y las paritarias desguazadas, así como la lucha contra la precarización laboral que afecta a miles de trabajadores dependientes del Estado neuquino. Los trabajadores de la educación mantienen una doble batalla para impedir la reforma privatista de la educación y por el reclamo salarial. Salarios en tiempo y forma El ministro de Economía, Omar Gutiérrez, anunció que la provincia emitirá bonos (contraerá deuda) por 1.255 millones de pesos y que parte de esa deuda se utilizará para "pagar los sueldos en tiempo y forma", porque el gobierno "debe cubrir el déficit del presente año". Los trabajadores dependientes del Estado neuquino tenemos salarios que, en su mayoría, no cubren la mitad de la canasta familiar. No pueden ser causa de ningún déficit fiscal, aunque el ministro los ponga como excusa. La realidad es que si los ingresos fiscales de 2012 están por detrás de lo previsto, es por haber permitido durante más de una década que las petroleras, con su huelga de inversiones, hicieran retroceder la producción hidrocarburífera y, por lo tanto, provocaran el achatamiento del ingreso por regalías. Otra razón es el pago constante y sonante de anteriores deudas con la banca usurera. A fines de abril se pagaron 17 millones de dólares, uno arriba del otro, por deudas con bancos. El gobierno neuquino se suma así al ciclo de endeudamiento de otras provincias con la banca mundial. Si al gobierno provincial no le alcanzan los recursos, es por la exención impositiva a las grandes empresas y el subsidio a la educación privada. A los trabajadores no nos alcanzan los recursos: los precios siguen subiendo y nuestra capacidad de endeudamiento está agotada. Que se reabra la mesa salarial es el reclamo. Edad jubilatoria "El presidente del Instituto de Seguridad Social Neuquén (ISSN), Marcelo Berenguer, afirmó que la caja previsional de la provincia ‘no da más' y sugirió dos alternativas: aumentar los aportes o subir la edad jubilatoria" (La Mañana de Neuquén, 12/5). El argumento es "que no se puede sostener con los trabajadores activos la cantidad de nuevos jubilados que toma el sistema cada año" y "que los seres humanos tienen la vida más prolongada". Un trabajador activo aporta a su propia jubilación durante toda su vida. El déficit responde al vaciamiento y los negociados con las empresas de la salud, Conexia o las empresas turísticas, así como por el incumplimiento de nuestra patronal en el pago de los aportes. "Los sistemas se tienen que adaptar a la realidad", dice Berenguer. Es decir: hay que ir camino al modelo de reforma que en Santa Cruz ha generado grandes movilizaciones populares. Para el gobierno provincial, la nacionalización de las condiciones jubilatorias es un plan postergado por la resistencia de las jubiladas/os, en primer lugar, y de los trabajadores activos, en segundo. El movimiento de jubiladas/os reclama una medida de importancia: la apertura de la cuentas de ISSN. Un reclamo que deberían sostener los consejeros gremiales, quienes han convalidado la política del gobierno. Plan de lucha El impacto de los anuncios obligó a la dirección de la CTA a convocar a un paro el 24 de mayo. Esta debe ser la primera medida de un plan de lucha. La asamblea de Aten Capital votó un plenario de delegados conjunto para organizarlo, frente a esta batería de medidas del gobierno. Como en Santa Cruz, es necesaria una lucha unitaria de los trabajadores. Ante la política de total entrega de la dirección provincial de Aten, la unidad de la oposición -que fue capaz de triunfar en la asamblea provincial de Zapala- se pone a prueba para recuperar el sindicato.

Hola: Me llamo Brighitte, y hasta el momento creía ser simpatizante del Partido, pero al leer la nota: "La ley de identidad de género: una conquista contra el oscurantismo clerical, que es resultado de una lucha", ya no sé qué pensar. Esto no es una crítica para el Correo de Lectores, sino una simple aclaración de cómo, en determinados casos, se debe tratar una nota de esta magnitud y cómo se deben utilizar cierto tipo de palabras para no caer en el ridículo. Cabe hacerles saber que quien escribe esta nota es una mujer trans. Informarles que la palabra trans, significa: intersexual, transexual y travesti, y no se debe utilizar artículo para no dañar a nadie, en términos masculinos como en la nota anteriormente publicada, ejemplo: los travestis. Comentarles también que las principales causas de mortalidad en las personas trans son el tratamiento hormonal no adecuado o la reasignación genital sin examen físico previo. La agresión policial, como la de cirugía no convencional o el HIV no forman parte del ámbito trans exclusivamente. Decirles también que la ley contempla el punto de la inserción laboral, es cosa de que se llegue a cumplir o no lo que quede de ésta. También hay que saber utilizar las palabras correctas a la hora de escribir este tipo de artículos, ejemplo: (Las trabas para acceder a un trabajo digno y a...) y que no parezcan groseras como en este caso. El movimiento se llama FALGBT y no gay-lésbico transexual. Y para cerrar, si bien estoy a favor del aborto legal y gratuito, no me parece correcto colocarlo en el artículo, así de descolgado, ya que si bien se sabe, no somos hábiles para procrear una vida en nuestro cuerpo. En definitiva, el artículo me parece poco atinado como está redactado y da la impresión que desconocen profundamente el tema, es más: parece que lo hubieran redactado sólo para llenar el vacío y para pegarle a la Iglesia y al gobierno (con el cual no tengo ninguna simpatía). No deben tener este tipo de errores, si desean incorporar compañeras como yo. Sólo quería aclarar cierto tipo de dudas que crearon al escribir el artículo. Sin más que decir, atentamente.

En el marco de la paritaria, la Federación de la Alimentación resolvió un plan de lucha de paros de dos horas por turno, que debía desarrollarse el lunes, miércoles y viernes. Luego de las dos primeras jornadas, el plan fue suspendido por el dictado de la conciliación obligatoria. La Federación reclama un mínimo de 5.000 pesos, que significa un aumento de algo más del 28%. Los paros fueron decididos luego del rechazo a la propuesta de la patronal, que había ofrecido tres cuotas que, sumadas, llegaban al 22%. Existe una gran expectativa en el movimiento obrero por la paritaria de la Alimentación. Plantas como la de Arcor Salto desarrollaron el paro mediante asambleas generales de los dos turnos, en puerta de fábrica, con batucadas y piquetes. El reclamo salarial de los trabajadores de Arcor es del 34%. Lo mismo pasó en Bagley Córdoba. En Kraft y Felfort, cuyas internas encabezaron la Lista Bordó en las elecciones recientes, no ocurrió lo mismo, para sorpresa de numerosos activistas. Ninguna de las dos pararon. En Kraft, el reclamo salarial es de un 40% de aumento, según fuera votado en una asamblea anterior a la reciente campaña electoral del sindicato que encabeza Daer. Como es sabido, la comisión interna protagoniza con cierta frecuencia movilizaciones reducidas en la avenida 9 de Julio, por la reivindicación salarial, o escraches en la puerta de la Unión Industrial, pero es difícil que esto supere en eficacia y demostración de lucha a una acción directa en la empresa, y menos aún marginando a los trabajadores (en este caso de Kraft y Felfort) de una acción nacional. En las asambleas se dijo que el rechazo obedecía a que eran "paros de la burocracia", pero esto difícilmente pueda ser cambiado mediante el inmovilismo. ¿Acaso estas internas están preparando un gran plan de lucha, al margen de las paritarias o circunscripto a sus empresas? En la paritaria de 2010, se logró un aumento paritario importante a partir de la huelga que desarrollaron los trabajadores que, como Arcor y Bagley, participaron del plan de lucha reciente. El paro es un terreno de delimitación de clase contra clase, se trata de toda una rama industrial de la clase obrera que paró contra la patronal por su salario. Si en una fábrica no hay condiciones para parar porque los compañeros no quieren perder el premio o el día, quiere decir que la patronal ha ganado terreno y hay que trabajar duro para revertir el retroceso.La conjunción de Kraft y Felfort en la decisión de no cumplir el plan de lucha de la Federación estaría demostrando que ello responde a una política, pero no se sabe qué clase de política. La experiencia sindical no registra el caso de que un plan de lucha establecido por la burocracia hubiera sido superado mediante el boicot a su aplicación. Lo ocurrido parece un retorno al pasado, cuando el (viejo) MAS, en los ‘80, aplicó en forma sistemática el boicot a las huelgas de la CGT de Ubaldini con la consigna "que las bases decidan". Es urgente abrir el debate sobre esta política, que ofrece a la burocracia la posibilidad de denunciar al clasismo por no luchar por la paritaria y las reivindicaciones salariales y laborales.

La patronal del Casino Magic, propiedad de Cristóbal López, suspendió a 106 trabajadores por participar en las asambleas que discutían un convenio colectivo de trabajo. El CCT es una reivindicación que tiene más de cuatro años. La intervención de los trabajadores obligó a la Justicia a dictar una medida cautelar que frenaba las suspensiones. Pese a ello, la empresa respondió con despidos en las sedes de San Martín de los Andes. La patronal, que tomó nota de la organización de los trabajadores, contrató a la barrabrava del Club Cipolletti para vigilar una asamblea y luego instaló a veinte patoteros para que hostiguen y amenacen a las compañeras. Algunos de estos patoteros vienen de hacer escuela contra la lucha del Casino en Puerto Madero. Actualmente, los trabajadores denuncian un vaciamiento en los puestos de trabajo: el 5 de mayo se retiraron de las salas nueve mesas (seis de ruleta y tres de carteado), lo cual representa dieciocho puestos de trabajo menos. Los compañeros se pusieron en contacto con el Partido Obrero y el apoyo fue inmediato. La dirección del conflicto es llevada adelante por la burocracia ligada a la CGT de Rodríguez. En ese sentido, el Frente de Izquierda presentó, a través de su banca en la Legislatura, un proyecto de declaración que plantea dejar sin efecto las suspensiones y el pago de los días caídos, el cual denuncia el vaciamiento y pide la reincorporación de los despedidos. Los trabajadores se encuentran "trabajando a reglamento" y en estado de asamblea y movilización. Apoyamos a fondo la lucha de los trabajadores contra la patronal kirchnerista.

El sábado 12 de mayo, al finalizar la reunión de círculo, fuimos con las compañeras a visitar a Elsa, le llevamos la prensa como todas las semanas y le comentamos las actividades que estamos haciendo. Ella escucha con atención y se emociona, luego interrumpe y todas las semanas pregunta, con una particular preocupación, si ya está la fecha para que se inicie el juicio contra la cobarde patota de Pedraza, que asesinó a nuestro compañero Mariano Ferreyra y le causó las graves heridas a ella. Le contamos los pasos que vamos dando adelante sobre la causa. Continuamos contándole que en los próximos días estaríamos lanzando la campaña financiera, lo que hizo que, como un resorte, Elsa salte de la cama en la que se encontraba descansando, agarre su cartera y realice su aporte personal, luego me indica que saque papel y lápiz y comienza a decirme los nombres de los compañeros que ella les va a pedir su colaboración. Elsa, una vez más, nos da muestra de su inclaudicable lucha por organizar a los trabajadores y construir un partido de su clase. Es un orgullo contar con vos integrando las filas del Partido Obrero, compañera Elsa, ¡GIGANTE LUCHADORA REVOLUCIONARIA! Continuamos degustando los mates que siempre nos hace su hija Estefanía a todos los compañeros que nos acercamos a visitarla, mientras practicamos unas palabras con ella que pronuncia, cuenta con claridad los números, dice las vocales y la mayoría de las letras del abecedario. ¡Bravo, compañera! Elsa está saliendo victoriosa y se recupera día a día poniéndole toda la fuerza y la garra, como nos ha demostrado en centenares de luchas desde el Argentinazo a la fecha. Con compañeras como vos, no quedan dudas: el futuro que tanto anhelamos está asegurado. Y como siempre, esta consigna que está instalada y presente en cada movilización, en cada tribuna de lucha que levantamos y en la boca de todos tus compañeros: ¡Fuerza Elsa! ¡Juicio y castigo Ya a todos los asesinos!

La mayor parte de los diarios informaron acerca de un "coloquio" que tuvo lugar el viernes pasado en el London School of Economics. Pero solamente La Nación dio a conocer la afirmación extraordinaria que efectuó la embajadora argentina en Gran Bretaña, Alicia Castro, de que Argentina está dispuesta a modificar la Constitución Nacional para llegar a un acuerdo que pueda ser aceptado por los ingleses sobre Malvinas. Los diarios del oficialismo ocultaron en forma miserable la información. "Cuando hay negociaciones y se firman tratados internacionales -dijo Castro-, los países involucrados modifican su legislación doméstica para incorporarlos. La Argentina está dispuesta a hacerlo". Este compromiso político sin precedentes fue la respuesta de la embajadora a la objeción el ex embajador británico en Argentina, John Hughes, que había señalado la valla insalvable para un acuerdo que significaba la disposición constitucional que establece que la recuperación de Malvinas es "un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino". Como lo hemos escrito en forma reiterada en estas páginas, los K están operando para llegar a un régimen transitorio prolongado de ‘soberanía compartida' con Gran Bretaña, que asegure, en especial, la protección de las inversiones internacionales (inglesas) en el círculo marítimo de las islas, o sea petróleo y pesca. Cuando en Argentina se ventila la posibilidad de reformar la Constitución para habilitar re-reelecciones, nos enteramos que los K tienen en mente, además, eliminar la cláusula acerca del carácter "irrenunciable" de la soberanía nacional. Los medios de comunicación de Argentina no avanzaron en el desarrollo de esta declaración sin precedentes, ni los oficialistas ni los opositores. Lo anunciado en Londres es, sin embargo, lo más importante de todo lo ocurrido en una semana política que fue abundante en conflictos económicos, políticos y sindicales. Alicia Castro fue tan lejos en el compromiso de abandonar la defensa incondicional de la soberanía nacional, que respondió con un "no estoy aquí para especular", a la pregunta de un funcionario inglés sobre si "la Argentina contempla en teoría un proceso de negociación que pueda terminar en algo que no sea la cesión de soberanía". Para justificar la falta de una respuesta negativa rotunda, la embajadora añadió: "Como todo diplomático, yo sigo órdenes. A mí me han dado instrucciones para que diga que queremos abrir el diálogo". Las órdenes que recibió Castro, como se ve, son la posibilidad de "terminar en algo que no sea la cesión de soberanía" de Malvinas a la República Argentina. Los K eligieron para emprender esta trapisonda a una militante chavista, para añadir una cuota de cinismo a esta operación diplomática entreguista. Alicia Castro fue embajadora de Argentina en Caracas durante casi una década. Es la vieja táctica de poner el guiño a la izquierda y doblar a la derecha.

EXCLUSIVO DE INTERNET Después de las personas que se llevó la masacre de Once gracias a la complicidad del gobierno nacional, la burocracia sindical de los Luna y Pedraza, como así también la de los empresarios Cirigliano, ¡todo sigue igual! ¡La 'intervención' del gobierno nacional no mejoró nada! Los responsables de la muerte de 52 trabajadores y miles de heridos están sueltos, la Justicia se lava las manos y el único imputado ¡es el maquinista! Esto es una verdadera vergüenza, todos sabemos en la situación en que estaban y están los trenes, todos sabemos que no hay mejoras, no hay inversiones, viajamos como ganado y la guita se la llevan los empresarios. Estamos en manos de 'la suerte', en cualquier momento puede volver a pasar una tragedia como la que ocurrió, es cuestión de suerte que estemos o no arriba del tren y del vagón indicado. No podemos dejar nuestras vidas en manos del azar. Sabemos muy bien que ni el gobierno, como tampoco la Justicia, se preocupan por nuestras vidas ni por mejorar las condiciones del transporte: se murieron 52 personas ¡y no pasó nada! ¡No hubo un puto cambio! Los únicos que podemos cambiar esto somos nosotros, los usuarios, los que viajamos todos los días y sabemos lo que es viajar en estas condiciones de mierda. Ni Cristina ni los jueces, ni los Cirigliano conocen lo que es viajar en el tren público. Somos nosotros los que sabemos la situación que estamos pasando y son los trabajadores ferroviarios los que saben y denunciaron muchas veces las pésimas condiciones del transporte ferroviario, pero los trabajadores nunca somos escuchados. Hay que hacernos escuchar, empezar a organizarnos y comenzar a luchar para cambiar la situación, sino esto nunca va a cambiar y van a seguir sucediendo este tipo de tragedias. Juicio y castigo a todos los responsables de la tragedia, Fuera TBA, que el Estado invierta fuertemente en los ferrocarriles y que sean los trabajadores y los usuarios los que controlen la empresa.

Una nueva movilización de cien mil estudiantes en Santiago redobló las exigencias de una educación pública, gratuita y de calidad. Además de la Confech, convocaron a la jornada las organizaciones de los secundarios, Aces y Cones. El gobierno de Piñera ha enviado al Parlamento un proyecto de reforma tributaria para recaudar, como mucho, 1.000 millones de dólares adicionales para el sistema educativo. Los estudiantes rechazan la reforma, que deja intacto el régimen privatista de préstamos para poder estudiar, y tampoco afecta a la clase capitalista (antes bien, incluye aumento de impuestos sobre algunos artículos de consumo). Gabriel Boric, presidente de la Fech, advirtió además que "los estudiantes no podemos creer en Piñera, en la derecha, en (Michelle) Bachelet, ni en la Concertación. Sería atentar contra nuestra inteligencia, nuestra historia y sentido común" (La Nación, 17/5). Camilo Escalona (socialista, presidente del Senado) ya anticipó la intención de hablitar el tratamiento del proyecto, aduciendo que recauda 700 millones adicionales para la educación y que "peor es mascar lauchas" (El Mercurio, 29/4). Además denunció que las protestas estudiantiles son ‘manipuladas', en un velado ataque al sector de Boric. Así como ha resurgido la movilización estudiantil, también el proletariado minero ha vuelto a las protestas. Trabajadores de Codelco bloquearon el acceso a cuatro yacimientos por incumplimientos en los acuerdos firmados tras las huelgas de 2007 y 2008, medidas que constituyen para la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) "la antesala de un gran paro nacional de la minería" (ABC, 17/5). Crisis política y giro a la izquierda La crisis política se ha acentuado a partir de una cruzada del oficialismo contra Bachelet, a la que se da como candidata para una nueva presidencia. En la Concertación, el electo presidente del PPD, Jaime Quintana, hace campaña por un ‘giro a la izquierda' y a "conversar con los nuevos actores que están fuera de la Concertación" (Prensa Latina, 16/5), o sea el PC. Un sector de la Democracia Cristiana (Walker) lo rechaza, mientras que otro (Frei) no lo descarta. Las tensiones políticas al interior de la Concertación podrían conducir a una desintegración de ese bloque político. El ‘giro a la izquierda' que propicia una parte de la Concertación expresa la impasse de gobierno en Chile, por un lado, y la enorme radicalización de la juventud, por el otro.

Bajo la consigna "Marcha atrás al aumento del boleto y en defensa de la educación pública", cientos de estudiantes universitarios, terciarios, secundarios, docentes, nos movilizamos en el marco de la jornada nacional de lucha. Asimismo, la marcha fue convocada por la multisectorial del transporte público, que viene batallando en los colegios y en los barrios contra el tarifazo a favor de Cristóbal López. Asistieron el sindicato de empleadas domésticas y fueron convocantes las seccionales opositoras de Aten. El ataque a la educación tiene su expresión máxima en este aumento del 70%. La marcha unitaria expresó las tendencias de lucha que anidan en el movimiento de la juventud. Sobre todo, el dato de la jornada la marcaron los estudiantes secundarios, que se movilizaron el día anterior, con una multitud que congregó a veinte colegios. La separación de la marcha expresó un debate al interior de los secundarios. En dicha reunión de secundarios, primó la orientación de no "mezclarse con los partidos" y de realizar una marcha "sin banderas políticas". La lucha política por la unidad de los que luchan se manifestó con la concurrencia de una importante presencia de secundarios en la jornada nacional en el Monumento. Esto recién comienza.

Los dirigentes del sindicato independiente del subte, la AGTSyP, patearon para agosto el derecho a la negociación paritaria y se conformaron con una suma fija en concepto de adelanto, para satisfacer una presión del gobierno K ante el impasse creado por la negativa de Macri a hacerse cargo del servicio. Los máximos dirigentes del sindicato no esconden ante nadie su condición de kirchneristas. Lo que han hecho ahora es sacrificar la reivindicación sindical a una operación política del gobierno nacional, cuyo objetivo fundamental es que Macri ejecute el ajuste tarifario que los cristinistas no se animan a asumir en nombre propio. Para sumar la obsecuencia al agravio, fueron a la rastra del acuerdo que ya había alcanzado la burocracia de UTA con el Ministerio de Trabajo -con lo que ni siquiera pueden reclamar haber obtenido un reconocimiento de la plenitud de una personería gremial. Culmina, de este modo, un período de adaptación sin disimulo al gobierno que -como se terminó viendo- están pagando los trabajadores, quienes se quedaron sin paritarias hasta un próximo aviso. Los 900 a 1.200 pesos en negro hasta agosto representan un 15% desde marzo -fecha en que venció la paritaria anterior. Por lo que estarían la mitad del año sin paritarias, en caso de que realmente la tuvieran en agosto -algo que habrá que ver. En esta faena de patear la paritaria para adelante, se juntaron los dos gobiernos, el de Mauricio Macri y el de Cristina Kirchner. El primero mandó un representante y el segundo, a través del ministerio. Ambos coinciden en que el tarifazo debe ser la salida al derrumbe del sistema de subsidios. El acuerdo firmado es -salarialmente- el peor del movimiento obrero. Se ha aceptado esta salida cuando llueven las denuncias sobre las transferencias de ganancias de Roggio, el operador del subterráneo, a las empresas de servicios paralelas que ha creado con ese fin, quien obtiene ganancias adicionales con la infraestructura comercial del subte. Los agentes del gobierno que pregonan "la recuperación de la soberanía" prefirieron poner en crisis las paritarias antes que ir contra los empresarios, quienes siguen gozando de la protección del kirchnerismo. La burocracia de la UTA y los dirigentes de la AGTSyP insisten en que Macri se tiene que hacer cargo del subte, como si eso fuera algo beneficioso para los trabajadores, a sabiendas de que la transferencia a la Ciudad apunta a imponer un tarifazo al conjunto del transporte, incluido el de superficie. El tarifazo reciente del 127% (que llevó el boleto a 2,50 pesos) que aplicó Macri se encuentra admitido en el acta de traspaso que firmaron ambos gobiernos. No alcanzaba el acuerdo con la UTA para llegar a este desenlace, por eso el ministerio valorizó a la AGTSyP, que es la eterna convidada de piedra a la hora de la discusión, y la convocó de urgencia, con la propuesta en la mano para levantar el paro. La dirección de Pianelli y Segovia, kirchneristas de la rama Yasky (el burócrata que se fotografió con Gerardo Martínez en la reunión de la OIT), se jugó para sacar al gobierno kirchnerista de un apuro político. Firmaron sin pasar por las asambleas obreras. Conocían el rechazo masivo de los delegados a la estrategia de hacer el eje en el traspaso del subte a Macri en lugar de la pelea por imponerle a Roggio el aumento del 28%. Los compañeros preguntan por qué estaríamos mejor si tuviéramos a un ajustador como Macri. No obstante el levantamiento del paro, las líneas B y H, así como varios talleres, con Rancagua a la cabeza, se opusieron al acuerdo -el que se impuso, sin embargo, por medio de un proceso muy irregular de consultas. La entregada es funcional al tiempo que necesitan los K y Macri para negociar el impasse entre ellos y para no agregar un conflicto sindical de alto impacto a la veloz crisis monetaria que está sufriendo el gobierno en el mercado de cambios. El acuerdo es precario y el representante macrista no asumió ningún compromiso. En la misma línea de las direcciones sindicales, la patronal de Roggio reclama al gobierno de la Ciudad que ponga la plata para el aumento -es decir que las sumas fijas conseguidas no tendrían financiamiento. Llamamos a todos los trabajadores del subte a sacar un balance de lo ocurrido. Se han sacrificado la independencia política de la AGTSyP y los intereses de sus afiliados. A partir de esta discusión, será posible reabrir la discusión paritaria, poner a la AGTSyP en el lugar de sindicato independiente y combativo que le corresponde y recuperar los plenarios de delegados que la vieron nacer.

EXCLUSIVO DE INTERNET Del 7 al 13 de mayo, el Ojo Obrero realizó diversas actividades en las ciudades misioneras de Posadas y Oberá, proyectando las películas "El Argentinazo", "Piqueteros Carajo", "Paso a la luchadoras", "Manzana 30" y "Contra la trata", entre otras. En Oberá, dimos una charla en la tecnicatura de Cine recientemente abierta y organizamos una exhibición pública de varias de nuestras películas en una plaza central. También filmamos, junto a compañeros de la tecnicatura, varias entrevistas a los miembros del Polo Obrero local, organización recientemente constituida pero que ya logró importantes reivindicaciones por medio de la movilización y la lucha. Los piqueteros del Polo testimoniaron sobre los diferentes trabajos que realizaron en sus vidas, particularmente en el agro, donde sufren una explotación feroz sin tener ninguna representación sindical ni protección del Estado. También denunciaron sus condiciones de vivienda y salud y la represión policial. El último día conversamos con el compañero Cacho, quien fue despedido, con la complicidad del Ministerio de Trabajo provincial, por intentar organizar sindicalmente al taller metalúrgico donde trabajaba. Junto a otros materiales, estos testimonios servirían para el primer documental del Ojo Obrero de Misiones. Junto a la UJS, en la carrera de Comunicación Social de Posadas realizamos otra charla sobre la historia del cine militante argentino y el papel del Ojo Obrero. Tanto en las charlas como en nuestra intervención en diferentes medios radiales y televisivos que nos entrevistaron, hablamos de la producción que el Ojo realizó en estos 11 años, los tres largometrajes que estamos haciendo (uno sobre el trabajo y la lucha en los call centers, otro sobre Romina Tejerina y otro sobre Mariano Ferreyra) y nuestra política en relación a la situación del mercado cinematográfico en la Argentina, todos temas desarrollados en el nuevo número del boletín "Piquete de Ojo". Difundimos las caracterizaciones votadas en el último Encuentro Nacional de Documentalistas de Doca, en el que se puso énfasis en la crisis en la exhibición y distribución del documental argentino independiente y el copamiento de las pantallas por los 'tanques' norteamericanos. Nuestros planteos fueron muy bien recibidos y se planteó el tema de profundizar el debate sobre las televisiones alternativas, ya que, a tres años de la Ley de Medios, la concentración de la oferta televisiva sigue en marcha, beneficiándose casi exclusivamente sectores vinculados con el kirchnerismo. Como en Buenos Aires, Córdoba y Salta, está todo preparado para que el Ojo Obrero de Misiones se lance a documentar las luchas sociales y políticas de su pueblo. Invitamos a todos los compañeros de todas las provincias del país a sumarse a la tarea del Ojo.

El fin de semana del 12 y 13 de mayo, al cumplirse un año del inicio del movimiento de los ‘indignados', en España se realizaron decenas de movilizaciones y actividades en las principales ciudades. Las movilizaciones fueron un golpe para quienes se habían apresurado a dar por agotado el movimiento: centenares de miles de personas se movilizaron en todo el Estado español, particularmente en Madrid y Barcelona. Hubo más de medio millar de detenidos por los avances policiales contra quienes pretendían volver a montar campamentos, como durante el verano pasado. A diferencia de lo ocurrido en otras manifestaciones, como las de la huelga general del 29 de marzo, en esta ocasión las crónicas dieron cuenta de una menor presencia organizada de los sindicatos, así como de banderas o símbolos nacionalistas. Las consignas de la convocatoria eran el rechazo a los rescates a los bancos; garantía de vivienda, educación y sanidad públicas y de calidad; el rechazo a la precariedad y a la reforma laboral, y una ‘renta básica universal'. Durante este año, los ‘indignados' han protagonizado una enorme cantidad de actividades, desde ‘huelgas de consumo' y movilizaciones para impedir desalojos, hasta escraches a bancos, centenares de movilizaciones y acampes, así como han coordinado actividades con la juventud de otros países. Sigue dominando en sus filas un planteo ‘horizontalista' y crítico con la toma de posiciones políticas. Se ha desarrollado un planteamiento programático bajo el nombre de ‘Democracia Real Ya', una plataforma que actúa como virtual coordinación del movimiento. DRY se define como una "red de personas coordinadas y sin líderes", "horizontal y sin representantes", que reivindica la "desobediencia civil". Su plataforma programática (democraciarealya.es) combina algunos planteos contra la corrupción con demandas económicas. Contra el desempleo, proponen el "reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural", la jubilación a los 65 años y el restablecimiento del subsidio a los parados, pero también "bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal". Exigen la "expropiación por parte del Estado de las viviendas construidas que no se han vendido, para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido". También ocupan un lugar los reclamos por una mejora en los servicios públicos, particularmente la salud y la educación, en medio de durísimos ajustes. Un capítulo especial merece el problema bancario: DRY reclama la "prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital" y demanda que "aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social"; reivindica explícitamente la llamada "Tasa Tobin", que debería gravar las transacciones financieras. En lo político, reclama medidas como "referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos" y para "toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea". O sea que defiende la Unión Europea -que es el régimen político del ‘ajuste' o ‘austeridad'. Se trata de un movimiento joven, cuya plataforma da cuenta de contradicciones abismales. Que haya discusiones permanentes no quiere decir que la claridad se abra paso -o al menos una delimitación de posiciones. El padre ‘espiritual' de los indignados, el francés Stéphane Hessel, acaba de apoyar públicamente a François Hollande. No se pueden juzgar las limitaciones de los planteos programáticos del movimiento 15-M y su crítica a "la política" en general sin poner de manifiesto la enorme adaptación de la izquierda al régimen político del Estado español y al papel reaccionario de la burocracia de los sindicatos ‘socialistas' y ‘comunistas' en las últimas tres décadas.

Nuestra huelga, que lleva semanas de paro y movilización, piquetes y hasta represión policial, es el conflicto más importante que tiene Scioli. No pudieron derrotarlo en forma directa y apelaron a un acta tramposa para enredarnos. Desde luego, con el concurso de los dirigentes de la AJB. La porcentual, el reclamo central de la huelga para atar el salario judicial al de los jueces, según el acta se gira a una comisión mixta que definirá en sesenta días una propuesta. O sea, nada concreto, porque los integrantes de la comisión podrían no llegar a ningún acuerdo. No hay plazos de ejecución y no se exige claramente el reintegro total de los descuentos por los días de paro. Se acepta el aumento a la baja que nos dieron por decreto (21 y 26% para la categoría más baja) y se lo reconoce "a cuenta de la porcentual", pero en concreto todo queda igual. Tampoco hubo tiempo para el análisis en cada oficina de todos estos vericuetos. El acta que la AJB presenta como aprobada ‘por amplia mayoría' fue considerada en asambleas pequeñas y de departamentales del interior, en tanto las asambleas más numerosas la rechazaron. Además, en varias asambleas se le hicieron enmiendas que le cambiarían fuertemente el carácter. Para dar un ejemplo: en Mar del Plata, la asamblea votó la aprobación con enmiendas que planteaban plazos de recuperación de la porcentual, lo cual tiraba abajo el proyecto. Los dirigentes de la AJB, Blasco (michelista) y Pérez Guillén (pro Yasky), se arrogaron un mandato que no tienen. Por otro lado, las departamentales dirigidas por los compañeros de la lista Celeste (una agrupación opositora de corrientes kirchneristas) plantearon un proyecto superador al de la burocracia, aunque no surgió de allí un camino práctico para seguir la lucha. Proponemos asamblea general El gobierno extendería la conciliación obligatoria por diez días más y amenaza con sanciones a la AJB y cesantías a los trabajadores. Quiere cerrar por la fuerza el conflicto sin ofrecer nada de lo que reclamamos. No hay que acatar la conciliación obligatoria, como no acatamos la anterior. La enorme crisis fiscal del gobierno provincial, agravada por las diputas internas del kirchnerismo, podría llevar al gobierno a rechazar cualquier propuesta que sólo mencione la porcentual, como ocurre con el acta tramposa de la dirección de AJB. La posición de Judiciales en Lucha es impulsar en las asambleas la moción de realizar un congreso abierto con mandato de la base de las 18 departamentales, para votar el rechazo al acta propuesta de la AJB, la elaboración de un proyecto que represente nuestra lucha y paritarios de base que acompañen a la directiva, con el mandato de organizar la huelga general con paros de 72 y 96 horas hasta la huelga indefinida, reforzando la organización de la medida mediante delegados de base que se reúnan para seguir el curso del conflicto. Que la CTA organice un plan de lucha para llevar la huelga a la victoria.

La perspectiva de un gobierno de izquierda en Grecia es atrapante. El frente de partidos que milita bajo el nombre de Izquierda Radical forma parte, en gran medida, de los movimientos anti-globalización que protagonizaron importantes movilizaciones internacionales bajo la consigna "Otro mundo es posible". Si el 17 de junio próximo las elecciones confirman la victoria que detectan las encuestas, podrá develarse qué clase de mundo es ese. Lo que es claro, de todos modos, es que el establecimiento de un gobierno de la Izquierda Radical (Syriza) se produciría en el punto más alto de la bancarrota capitalista mundial desde octubre de 2008. En Grecia y España ya ha comenzado una corrida bancaria -el estadio final de la moneda única. Lo que distingue a Syriza es el planteo de poner fin a los planes de austeridad que han impuesto a Grecia la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo, sin por eso romper con la Unión Europea ni salir de la zona euro. En una visita a Berlín el martes pasado, el líder de Syriza, Alexis Tsipras, les espetó a los gobiernos europeos que "La zona euro no tiene dueños ni propietarios, ni nosotros somos locatarios de la zona euro". O sea que no hay posibilidad de desalojo -lo que tampoco está contemplado en la legislación comunitaria. Fiel a su trayectoria, Tsipras está dispuesto a convertir a Grecia en un ‘okupa' de la UE, aunque democráticamente electo. "Si Syriza gana las elecciones del 17 de junio -acaba de declarar-, esto no significará que abandonaremos el euro, al contrario, nos ofrece una gran posibilidad de salvar al euro". Dijo algo más: "Estamos planteando una vía para salvar al euro. Nuestra posible victoria ofrece la posibilidad de estabilizar a Europa; no, como se teme, provocar una mayor inestabilidad". Luego de admitir que "Por supuesto, tenemos grandes esperanzas y expectativas en la quiebra del eje franco-alemán que siguió a la derrota de Nicolas Sarkozy" (Spiegel online), insistió: "Nos dirigimos a todos los sectores del espectro político, no vinimos a extorsionar a nadie, queremos discutir" (The New York Times, 23/5). El rechazo a la austeridad combinado con la defensa de la permanencia en la zona euro es, según advierten los sondeos, el principal atractivo electoral de Tsipras. Un retorno a la moneda anterior, el dracma, que sería seguido por una devaluación espectacular, simplemente aterroriza a la población, la que ya vive el completo derrumbe de sus condiciones de vida como consecuencia de los planes de ajuste. La pregunta que se impone, sin embargo, es: ¿pueden la UE y la zona euro convertirse en instrumentos de una salida popular a la bancarrota capitalista? ¿Pueden, acaso, sobre una base capitalista sacar a la sociedad de la crisis sin atacar los intereses de las masas? Tsipras transmite una caracterización de la UE que es opuesta a la de una coalición jerárquica de intereses imperialistas, cuya cúpula está compuesta por los grandes bancos y compañías. Algo está claro: si Syriza mantiene a Grecia en el euro sin el acuerdo del BCE y el FMI, la posibilidad de financiamiento de Grecia dependerá del saldo de su balance comercial, que es negativo, ya que está privado de crear su propia moneda. Tsipras admira a Rafael Correa, que tiene dolarizada a la economía de Ecuador, pero olvida que Ecuador se financia con el superávit que le ofrece la exportación de petróleo y el ingreso de capital internacional, y que sustenta esta situación en las bajas tasas de interés que cobra el emisor del dólar -la Reserva Federal de Estados Unidos- debido a la crisis financiera. El Banco Central de Grecia no puede emitir euros; además está endeudado fuertemente con el Banco Central Europeo y con el de Alemania. Tsipras advirtió a la Comisión Europea que si se interrumpe el financiamiento a Grecia, el país dejaría de pagar la deuda externa, pero sobre la base exclusiva de la recaudación de impuestos. Grecia solamente podría operar al contado, casi como una economía de trueque -más allá de que los euros saldrían del país. Tsipras sabe esto perfectamente, por eso dejó en claro que apoyaba "la emisión de euro-bonos (por parte de la Comisión Europea) y préstamos directos por parte del Banco Central Europeo". Pero esta es precisamente la posición de dos Estados extra comunitarios -Estados Unidos y Gran Bretaña- y del francés Hollande, el italiano Monti e incluso el español Rajoy, así como de la oposición socialdemócrata de Alemania. Esas medidas apuntan a parar la hemorragia que afecta a toda Europa: es una receta final para postergar la explosión del euro, no una salida diseñada para Grecia. La posición de Syriza ha convertido a Tsipras en un interlocutor, en la trastienda, de los poderes europeos -los que mientras tanto han volcado todo su poderío financiero y comunicacional para que la derecha se imponga en los comicios de junio. La combinación del cese de la austeridad y el empobrecimiento, por un lado, y la estabilidad social y política, por el otro, solamente puede conseguirse, en forma transicional, por un gobierno de trabajadores. Porque el asunto no es salir del euro para obtener una moneda devaluada que permita a la burguesía de Grecia competir en el mercado mundial y a la burguesía mundial apropiarse de Grecia a precios de remate. El asunto es la reorganización social de Grecia sobre bases no capitalistas. La financiación, transicional, de la economía que resulte de esta reorganización quedaría establecida por el reparto de los recursos monetarios -los que crearía el Estado entre los distintos sectores de la economía de acuerdo a un plan. El gran salto político que ha producido, en la situación mundial, el desarrollo político de la crisis griega es que ha puesto en discusión las variantes más extremas de una salida capitalista a la crisis y, con ello, la actualidad de una agenda socialista.

EXCLUSIVO DE INTERNET Los estudiantes secundarios de Neuquén comenzamos a manifestarnos por diversos motivos, principalmente en defensa de la escuela pública y gratuita en todos sus aspectos, teniendo en cuenta también el boleto estudiantil. Marchar y manifestarnos fueron las medidas tomadas por los estudiantes después de tantos petitorios recibidos por el Consejo de Educación sin darnos respuesta alguna. La indignación de este movimiento estudiantil va creciendo a medida que vemos cada vez más injusticias de parte de nuestros gobernantes hacia la clase trabajadora. Esto se vio manifestado en la gran marcha del jueves 17, donde más de veinte colegios secundarios de Neuquén, Plottier, Senillosa y centenario nos movilizamos contra el aumento al boleto, el derrumbe edilicio, los refrigerios y contra la reforma educativa que degrada nuestros contenidos de estudio y avanza en la privatización de la educación. Recientemente fue aprobado un aumento de sueldo del 21% para el intendente y su gabinete. El aumento del boleto a la empresa Indalo afecta a nuestros padres, quienes tienen un amplio presupuesto solamente en pasaje, devaluando aun más los bajos salarios. Nuestras escuelas tienen cantidades de problemas con la infraestructura, el refrigerio, el espacio de aprendizaje, etc. Por lo tanto, vemos la necesidad de movilizarnos más que nunca y darle pelea a este sistema que no quiere una juventud pensante. ¡Arriba la fuerza y resistencia estudiantil!

La Radio de la Ciudad, AM 1110 y FM 92.7, retiró en diciembre pasado toda su programación del aire, por decisión del Gobierno de la Ciudad. Mientras el nuevo director de la Radio, Jaramillo, anuncia que está reestructurando la programación, el 11 de mayo dispuso el levantamiento del programa de Schiller, "Leña al Fuego". Macri quiere formar un multimedios, incluido el canal, con contenidos en común. El proyecto sería una especie de "6,7,8" macrista a otra escala. En este cuadro se entiende la anulación de "Leña al Fuego", un emblema del periodismo independiente. Durante cada emisión, "Leña al Fuego" fue un programa de denuncia del poder y tomó partido en apoyo a las luchas obreras y populares. El programa reflejó debates de la izquierda y fue una tribuna para sus posiciones en la Ciudad de Buenos Aires. Schiller, por su parte, reclamó incorporarse a Radio Nacional, pero no tuvo una respuesta positiva. "Lo veo difícil -sostiene Schiller-, porque en (Radio) Nacional hay pensamiento único y mi programa es crítico con el poder -no sólo con el de (Mauricio) Macri, sino también es crítico con el gobierno nacional" (Perfil.com). Un conjunto de organizaciones ya se han pronunciado por la continuidad del programa. Se está preparando una movilización. Hacemos nuestro el reclamo, vamos por una gran campaña popular y movilización en defensa del programa.

La puesta en marcha del juicio oral contra Macri por las escuchas telefónicas armadas por Ciro James plantea una crisis política interesante, porque Macri debería pedir licencia y dejar el gobierno a la vicejefa, decapitando así uno de los liderazgos opositores a la camarilla kirchnerista. La réplica podría ser todavía más devastadora si Ariel Lijo encuentra razones para procesar a Boudou y dejar vacante, al menos por un tiempo, la vicepresidencia de la Nación. Una vacancia prolongada de Macri pondría a la Ciudad, a todos los efectos prácticos, bajo la tutela del kirchnerismo -más o menos como Grecia con la alemana Merkel. Todavía más seria es la crisis por la transferencia del subte y de los colectivos al distrito porteño, lo que para el gobierno resultaría un alivio considerable a la crisis fiscal, mientras que para los usuarios del transporte implicaría un ‘rodrigazo' tarifario. Esto se encuentra en el candelero, mientras subsiste la amenaza de quitarle al Banco Ciudad los depósitos judiciales, lo cual privaría a la institución de dos tercios de sus recursos. Como el oficialismo nacional sigue la misma línea de conducta con Scioli, hay que desechar en todo esto a la improvisación. ¿Hasta dónde quieren llegar con los K? ¿Se trata simplemente de una presión extrema para aliviar la crisis fiscal del Estado nacional y transferir el estallido social a las provincias? El juez oficialista Oyarbide, a cargo de la causa, declaró que no tiene apuro por enjuiciar al intendente local. Otro alcahuete, Carlos Heller, advirtió al gobierno que la movida con el banco Ciudad podría provocar un desmadre. ¿Se reduce todo, entonces, a una gran operación de extorsión, que no tiene posibilidades de ir hasta el final? Pero si Macri se hace cargo del tarifazo al transporte, probablemente deba renunciar a su futuro político y, al mismo tiempo, hacerse cargo del ‘rodrigazo' que no dejaría de producirse. Alguien en el gobierno piensa que se puede proceder con éxito a una cirugía de siameses -Nación/Ciudad. Apretar en forma simultánea a Scioli y a Macri es también una invitación a un frente único ‘destituyente', lo cual quizá sea el objetivo de toda la maniobra para alcanzar una polarización excepcional, que precipite una crisis política y la salida de un plebiscito. Los ‘cavadores de trincheras' con el kirchnerismo en el campo sindical ‘independiente' pretenden convencer de que están peleando contra la derecha, cuando secundan al oficialismo en la campaña contra Macri. De ningún modo. Están operando como auxiliares del tarifazo, que los K quieren meter por medio de Macri. Roberto Pianelli, el secretario general de AGSyP, admitió hace algunas semanas que hallaba barato el precio del transporte. Los ‘cavadores' están propiciando un tarifazo, como el que ya toleraron cuando Macri subió el pase del subte a dos pesos con cincuenta. Olvidan, sin embargo, que tienen un competidor (la burocracia de la UTA, al cual el gobierno no va a retirar su jurisdicción abusiva en vísperas del Congreso de la CGT. El tarifazo del transporte, que provoca esta crisis en la Ciudad, marcha en cambio a velocidad de crucero en todas las capitales de provincia y ciudades del interior. Macri impuso un impuestazo en las boletas de ABL con la complicidad del kirchnerismo, pero un tarifazo al transporte es diferente, ya que es inmediato, cotidiano y lo pagaría gran parte del conurbano. Los K quieren transferir las áreas que dan déficit, pero no las que dan un superávit -como, por ejemplo, el negocio del juego, menos todavía cuando este negocio lo controlan ellos mismos. Detrás de la amenaza del juicio contra Macri se esconde, antes que nada, una pelea entre ajustadores; el Partido Obrero exige que junto con Macri vayan presos los responsables por el Proyecto X y el asesinato de Mariano Ferreyra, y que sean procesados Boudou, Jaime y todos los implicados en las denuncias de coimas -las últimas de las cuales afectan la licitación por el dragado del Río de la Plata. Mientras los K se llenan la boca con habladurías sobre la democracia, mandan 800 gendarmes contra los trabajadores del Inti que reclaman contra el recorte de sus salarios. Pero más importante que esta pelea es el impasse político que tiene como fondo: no pueden gobernar como lo venían haciendo: los derriba la crisis fiscal y la crisis capitalista mundial. Violan, a cada paso, las normas de gobierno establecidas y enfilan hacia un régimen político de excepción. En esta crisis, no demorará mucho en emerger una consigna política unificadora del conjunto de los trabajadores. Por ahora señalamos esto: fuera los ajustadores de la Nación y las provincias, independencia de los trabajadores para luchar por las reivindicaciones. Reconocimiento del sindicato independiente del subte, la AGTSyP. Sobre esta base hay que desarrollar la alternativa organizada de los trabajadores. Eso sí: el principio democrático más elemental exige el juicio y castigo de todos los espías -se llamen Macri o Garré- y de todos los ladrones -se llamen Boudou, Jaime, De Vido- o los agentes de los genocidas, como el kirchnerista confeso Carlos Blaquier.

La paritaria de la UOM, siempre importante, esta vez lo es más. Caló firmó por un 23% en uno de los convenios más rezagados del movimiento obrero. En esta sintonía se cerraron otras paritarias. Comercio en dos cuotas que suman 24%, pero no promedian un 20%. Bancarios anualizado un 23%. Fatida, gráficos, firmó un 24% en cuotas. Si tomamos los promedios anuales, lo firmado en estos gremios ronda los 20 puntos, a excepción del 23% de bancarios, el sector patronal que está primero en ganancias. Los acuerdos han llegado cuando la inflación estimada se va estirando hacia el 30% anual. Todavía faltan los tarifazos en el transporte, el gas y la luz, y el impacto en los precios de impuestazos como los de Scioli, Macri, Binner o Sapag. La burocracia sindical ya había comenzado la gran entrega en los gremios del Estado, los más sensibles al ajuste cristinista por el creciente déficit fiscal: el 20%, en cuotas. El gobierno ha logrado imponer una política de paritarias a la baja, aunque para ello eche un poco de lastre en algunas negociaciones. Un éxito político trabajoso, con muchos conflictos por abajo, con una crisis con la CGT y con fuertes posibilidades de que ante un recrudecimiento inflacionario se reabran paritarias como ocurrió en el pasado. La cuestión del mínimo no imponible de ganancias y los topes de salarios familiares está siendo usada en función fiscal y, además, políticamente, de cara a la interna de la CGT: mientras siga Moyano no habrá cambios en ambas cosas.Al gobierno le ha llevado cinco meses cerrar estos acuerdos y falta todavía bastante. Alimentación está con paros por turnos reclamando 28%, telefónicos votó reclamar 31,5%, el subte va a un paro de 72 horas en medio de una crisis política en la Ciudad, Smata va cerrando por trimestre (el último 6%) lo que deja siempre abierto el debate, en ferroviarios y Luz y Fuerza la oferta es cero por la indecisión respecto de los tarifazos, lo que hace que la inquietud vaya creciendo entre los trabajadores. Y falta nada menos que camioneros, que no deja de ser un gran gremio aun con un Moyano debilitado, lo cual tiene el efecto contradictorio de obligarlo a picar con un reclamo más alto que en años anteriores, cuando actuó de freno del resto. En este cuadro, ferroviarios, alimentación y gráficos serán puntos claves para la izquierda que tiene incidencia en esos gremios. Sea para incidir en el movimiento general o en las luchas fabriles que se extienden en todos los gremios, antes y después de paritarias. En el neumático se planteará una batalla política contra la pretensión de Watsejko de hacer punta en un convenio por dos años, buscando ser más papista que Caló. Que ninguna paritaria se cierre sin mandato de bases. Asambleas inmediatas en el ferrocarril y en las empresas eléctricas. Asamblea general en el neumático para discutir un mandato, asambleas fabriles para profundizar el plan de lucha en la alimentación. Por la reapertura de las paritarias estatales y docentes.

EXCLUSIVO DE INTERNET El jueves 11 de mayo se votó el Centro de Estudiantes de la Escuela de Comercio luego de una breve pero intensa campaña por parte de la Lista 1, cuya candidata a presidente es militante de la UJS-PO. Se desenvolvió un pliego de reivindicaciones inmediatas en torno a la lucha por la derogación del aumento del boleto de colectivo, el impulso a la campaña de la Fuba por el boleto educativo y garantizar bonos para todos los alumnos que no puedan pagar el boleto. Otro reclamo es la instalación de un comedor en la escuela, que tiene doble turno, pero no garantiza la alimentación de los alumnos secundarios. Un reclamo de extraordinaria vigencia, cuando no hay oferentes de frutas y verduras para los comedores escolares de primaria y a los alumnos se los priva de estos nutrientes. No estuvo ausente el reclamo por la falta de aulas y mobiliarios, además de otros arreglos que el edificio necesita, junto con la instalación de matafuegos. La conformación de esta lista entroncó con la lucha contra el tarifazo en el colectivo y el reclamo por cursar en un aula por parte del 5° 2°, quienes arrancaron el año teniendo clases en el salón comedor, sin mobiliario ni vidrios y a través de sentadas consiguieron un aula. Estas acciones referenciaron a una vanguardia entre todos los estudiantes. Con centenares de volantes y pasando por todos los cursos los candidatos de la Lista 1 con nuestra compañera a la cabeza se decidieron a despertar la conciencia política de los estudiantes. El resultado fue contundente: en una elección donde se presentaron cuatro listas, se obtuvieron 342 votos sobre 671, ¡más del 50 por ciento! Una votación plebiscitaria para poner el Centro de Estudiantes en acción y luchar contra el ajuste que destruye la educación pública.

Luego de cinco meses y medio desde la apertura de la paritaria, el viernes 18 los bancarios nos enteramos del acuerdo a través de los diarios. Se trata de un 24,5% en cuotas, que arranca con tres meses al 19,5% y resulta un 23,1% en el año. No se acordó sobre el impuesto a las ganancias, lo cual implica que el aumento se reduce a un porcentaje inferior. Tampoco nada sobre un salario proporcional del trabajo insalubre en los call, ni las horas extras en sucursales. Los reclamos por condiciones laborales quedaron para la tribuna. La semana anterior al acuerdo, cuando las patronales no se movían del 18%, el sindicato se había visto obligado a convocar una movilización nacional. Cuando las sucursales bancarias eran un polvorín a la espera de novedades salariales, el hermetismo de las internas adictas a la dirección del sindicato fue rotundo. ¿Por qué, entonces, con un gremio de pie, la dirección de La Bancaria firmó un acuerdo ruinoso? Simple, en el plenario de delegados generales de La Bancaria se informó que la Presidenta de la Nación, personalmente, se encargó de reclamar que lo hicieran. La oposición en el gremio, las internas del Provincia seccional Buenos Aires, el Ciudad, el Credicoop, no estuvieron a la altura de las circunstancias. Pedían un aumento del 35%, pero nunca salieron del paraguas del sindicato.Un proceso paritario en el cual los bancarios hemos financiado durante seis meses a los bancos a tasa cero, para terminar firmando a la baja, nos demuestra que la dirección del gremio es una expresión acabada que debemos superar. La tarea es recuperar todos los órganos de representación para el activismo independiente, empezando por las comisiones gremiales internas que hoy están en manos del 'zanolismo sin Zanola'. La cuestión de la reapertura de la paritaria en función de una actualización por exceso inflacionario pasará a ser un reclamo necesario, más temprano que tarde.

El Tribunal Oral Criminal N° 21 -el mismo que juzgará a Pedraza, la patota y los policías por el crimen de Mariano- recientemente condenó a tres años de prisión efectiva a un policía federal, Alberto Segovia, por el homicidio del joven Mauricio Vega, quien pertenecía a la murga "Los incansables de Chacarita'. El tribunal no se apartó del requerimiento de la fiscal, María Jalbert -asimismo, fiscal en el juicio de Mariano-, quien en su alegato solicitó tres años de prisión para el policía por el delito de homicidio culposo. La fiscal dio crédito a la versión del disparo 'accidental'. El hecho ocurrió el 1º de marzo de 2009 en el barrio de Colegiales. Vega fue fusilado por la nuca mientras se encontraba reducido, de espaldas y con las manos contra la pared. La versión del policía fue que su arma se habría disparado en forma accidental al chocar la punta de la misma contra la nuca del joven, negando que su dedo estuviera colocado en el interior del arco del gatillo. Esta inusual explicación es la que esgrimió el abogado defensor y la fiscal hizo propia. El Tribunal no se apartó un solo milímetro de la postura de la fiscalía, cuando es claro que le cabía una condena por homicidio calificado. La versión del "arma que se disparó sola" no fue avalada por ninguna pericia. Un preocupante antecedente para el juicio por el homicidio de Mariano Este caso nos alerta sobre el cuadro en el que se puede desenvolver el juicio por el homicidio de Mariano Ferreyra y las graves heridas de Elsa Rodríguez. La fiscal Jalbert mostró, en las instancias previas al juicio oral por Mariano, una identificación notoria hacia los agentes de la Policía Federal. Ante el pedido de las todas las querellas en la causa de Mariano de unificar las causas que investigan a Pedraza y la patota con la de los policías, la fiscal se opuso, argumentando que el retardo perjudicaba a la patota detenida. En la prueba que la fiscal ofreció para el juicio, Jalbert convocó en calidad de testigos a varios agentes federales de la división Roca, quienes cumplían funciones en las boleterías de Avellaneda, los cuales sospechosamente no vieron ni se enteraron de nada de lo que sucedió el 20 de octubre, pero en su testimonio se encargaron de aseverar que no les constaba que la Policía Federal tuviera trato previo con los dirigentes de la Unión Ferroviaria, ni con los delegados de la Línea Roca. La doctora Jalbert -de largo desempeño judicial- cuenta con varios antecedentes de que cuando de policías federales se trata, sus requerimientos de condena se plagan de 'accidentes' no deseados. Nos encontramos en un escenario en el que la fiscal va mantener el requerimiento de abandono de personas dado por la fiscalía de instrucción contra los policías federales imputados. En este cuadro, está claro que la obtención de condenas por homicidio agravado que prevé una pena de perpetua descansará no sólo en las querellas, sino en una amplia movilización popular que requiera que sean condenados por su participación en el homicidio de Mariano Ferreyra.

La cesación de pagos de EzKenazi, por la deuda que contrajo para comprar el 25% de YPF, dejó al consorcio de bancos que le prestó la plata en condiciones de ejecutar las acciones, o sea de venderlas para recuperar el préstamo. Pero, según La Nación, los bancos acreedores quieren evitar que cada banco venda las acciones por separado. El propósito es "vender el 25 por ciento en bloque, tal vez a un tercero que desee asociarse con el Estado" (17/5). A partir de allí, una gran petrolera internacional podría quedarse con la cuarta parte de YPF. La negociación de esas acciones, sin embargo, coloca al gobierno ante otra encerrona, porque determinaría el valor del capital de YPF en su conjunto. Los bancos pretenden vender las acciones cuando recuperen una cotización 'razonable', precisamente adonde apunta el esfuerzo de los interventores en la empresa. En este caso subiría también la indemnización que busca obtener Repsol. En ese cuadro, los auditores de la comisión de valores de la Bolsa de Nueva York (SEC) advirtieron que la intervención a YPF "no estaba cumpliendo con los requisitos" para cotizar en Wall Street. De Vido respondió con un comunicado que dice que "no existe el interés de YPF de dejar de operar en bolsa (...) el comité auditor estará conformado en tiempo y forma según las necesidades de la SEC". El gobierno también advierte que los acreedores de YPF interpretan a la nacionalización como "un evento de default", por lo cual podrían exigir el pago de "parte o toda la deuda vigente como resultado del proceso de expropiación". Esa deuda ascendería a 9.000 millones de dólares y se triplicó en los últimos tres años, el período de mayor desinversión. El reconocimiento de esta deuda fraudulenta conducirá a YPF, según lo admite el propio informe oficial, "a enfrentar problemas de liquidez en el corto plazo". Galuccio recorre los pozos petroleros del país prometiendo una "reactivación inmediata", con "poca plata, pero mucha inventiva". Una contradicción, porque la 'inventiva', bajo el capitalismo, se cotiza; si se recuperara la producción, subiría el valor de Bolsa de YPF y, por lo tanto, el costo de indemnización de Repsol. Mientras tanto, unos veinte grandes bancos han entrado como accionistas en el capital de la empresa "nacional y popular".

EXCLUSIVO DE INTERNET A fines de febrero, el Ministerio de Educación emitió la disposición 15, que establecía el cierre de 221 grados y cursos. La lucha de los docentes desde las escuelas llevó a que se redujera la cantidad a 96 grados y cursos, disposición ministerial 47 mediante, a principios de abril. Los docentes de la Escuela de Comercio 1, Joaquín V. González (Barracas) nos organizamos para resistir la medida, que incluye el cierre de dos cursos de la escuela. Realizamos más de 20 acciones en la puerta de la escuela durante marzo, denunciando la política de vaciamiento del Gobierno de la Ciudad. Nos movilizamos con los sindicatos, sin los sindicatos, con las asambleas distritales, con los docentes autoconvocados, y como escuela. Fuimos parte de la reunión que tuvo el ministerio con docentes de escuelas afectadas, luego de la toma del ministerio, nos reunimos con el director de Educación Media de la ciudad, García del Río, y con el director de Educación de Gestión Estatal, Maximilano Gulmanelli, quien firmó las disposiciones que establecen el cierre de grados y cursos. Con el correr de la lucha, los estudiantes se comenzaron a organizar. Los estudiantes de 5º año realizaron una sentada en el patio de la escuela y un corte de la Avenida Montes de Oca. Eligieron delegados, y en las últimas reuniones que hemos tenido con el ministerio han estado presentes. La determinación de docentes y estudiantes, que desconocemos la medida del ministerio, ha llevado a que seamos, junto al Comercial 5, las únicas escuelas que han resistido los cierres. Producto de esta enorme lucha, que lleva más de 80 días, han renunciado dos rectores en dos semanas. Los representantes directos del ministerio (supervisores) nos informan que los cursos siguen abiertos hasta que algún rector o interventor los cierre vía disposición interna. La burocracia sindical actuó en la escuela como lo hizo en general en todo el conflicto, buscando presionar y extorsionar a los docentes para que acepten el cierre de grados y cursos, por que es 'cosa juzgada'. Actúan como representantes del ministerio. La fortaleza de la asamblea de docentes y estudiantes ha sido crucial para resistir estos embates internos, que se suman a las presiones y amenazas veladas desde el ministerio. El 14 de mayo, los docentes y estudiantes del Joaquín realizamos un gran acto en la puerta de la escuela, en el que estuvieron presentes docentes de escuelas de la zona y representantes de la federación universitaria de Buenos Aires (Fuba). El viernes se acercaron representantes de la gran lucha del Comercial 5, donde se logró la reapertura del curso cerrado, luego de que los estudiantes acamparan en Independencia y Entre Ríos y de que tomaran la escuela con el apoyo de los docentes. Los docentes y estudiantes del Joaquín seguiremos luchando hasta que el GCBA abandone su política de ajuste y de cierre de cursos. Llamamos a todos a solidarizarse con esta gran lucha. ¡No al cierre! ¡Ni un curso menos!

Las causas de muerte en la población están directamente relacionadas con el estilo de vida de la población: la principal causa de fallecimiento en el país son los problemas cardiovasculares, excepto en las zonas de plantaciones sojeras, donde la población es víctima de la fumigación con agrotóxicos. El dato surgió de un relevamiento realizado por los médicos de esos lugares en las oficinas del Registro Civil. De las estadísticas se desprende que el cáncer en estas localidades sitiadas por las fumigaciones con agrotóxicos se impuso como la principal causa de muerte con el 30 al 33%, cuando la media nacional es del 18%. El barrio Ituzaingó Anexo registra los índices más altos de la provincia de Córdoba (33%): con una población de 4.000 personas, registra en la actualidad 220 casos de cáncer. La cantidad de casos aumentaron con el ‘boom' de la soja en nuestro país: "Esta es una situación que antes no existía", dice el informe. Este comportamiento sanitario se debe a la utilización de las fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos en zonas pobladas (la más grave es la fumigación aérea por su poder de dispersión, lo que las vuelve incontrolables, pero las terrestres también son nocivas porque son altamente contaminantes). Los impulsores del actual modelo y sus defensores argumentan que, sin plaguicidas y herbicidas, habrá más hambre en el mundo. El problema del hambre tiene raíces políticas. En Argentina, en 1996 se utilizaron 30 millones de litros de agrotóxicos y en 2007 se aplicaron 270 millones de litros de plaguicidas en la producción de soja sembrada en el país. La soja ocupa 19 millones de hectáreas de diez provincias, mientras más del 30% de la población está bajo la línea de pobreza. El sistema depredador de una producción capitalista es incompatible con una producción alimentaria sustentable ambiental y económicamente.

A pesar de la fuerte lluvia, y hasta del 'alerta metereológico', más de cuatro mil personas se movilizaron a la Plaza de Mayo el viernes 18 para enfrentar la política educativa del gobierno nacional y de las provincias. Fueron convocantes federaciones estudiantiles (Buenos Aires, La Plata, Rosario, Comahue y Patagonia), la Conadu Histórica, las coordinadoras secundarias de Capital y provincia (Cues), gremios y seccionales docentes (Ademys, Adosac, Aten Capital, Suteba La Plata Legítimo, entre otros). También se movilizaron estudiantes del Iuna, de terciarios y numerosos centros de universidades del conurbano. Es una protesta contra el abandono de la infraestructura universitaria (falta de gas y edificios insuficientes) y los bajísimos salarios. Mientras el rector K de la UBA, Hallú, gana 381.475 pesos anuales (Tiempo Argentino, 20/5), más de 10 mil docentes no cobran salario alguno. Cuando en el Consejo Superior los decanos radicales y kirchneristas hacen fila para desmentir nuestras denuncias, y destacar 'los innegables avances' que produjo este gobierno, debemos entender que se refieren a su situación personal. La jornada, parte de un plan de lucha, fue la principal resolución del Congreso de la Fuba. La movilización dejó en claro que el boicot concertado por K y radicales contra este Congreso obedece a una complicidad con el ajuste. La crisis educativa se profundiza en esta etapa de déficit fiscal y ajuste: mientras marchábamos, los docentes santacruceños aún no habían cobrado sus salarios, pero "han aumentado los subsidios a la educación privada, continúa el pago de la deuda externa y se han dado enormes subsidios a las empresas privatizadas" y "siguen vigentes la mayoría de las leyes educativas sancionadas durante el menemismo". Se reclamó, asimismo, por el boleto educativo y contra los fondos de La Alumbrera. El cierre fue un llamado a una lucha común contra el ajuste y la unidad obrero-estudiantil. La jornada permitió concentrar al conjunto del movimiento educativo en una pelea única. Desde el punto de vista de la Fuba, la movilización fue una contundente respuesta al intento vaciador de los K y la Franja. Ahora, se trata de profundizar el plan de lucha contra el ajuste. La Fuba va a desarrollar una perspectiva en esa dirección, junto a los sectores combativos del movimiento estudiantil a escala nacional.

Este libro está pensado como el balance de una experiencia política, pero con vistas a un debate que se va a desarrollar en el Congreso del Partido Obrero. Nuestro partido no puede desarrollar un congreso de estas características sin un intercambio de ideas con la clase obrera. Si no tiene lugar ese intercambio, pasan dos cosas: son las conclusiones de una minoría, que no están ligadas a la experiencia general de la clase obrera y, además, no ayudamos a que los obreros vean cómo se construye un partido obrero, y entonces no van a participar de su construcción. En estas presentaciones he procurado señalar distintos aspectos, siempre vinculados con el desarrollo de la crisis mundial en la cual se inserta la lucha que estamos protagonizando. Hay un banco muy importante: el cuarto banco de España que está quebrado. El Estado le da 10 mil millones de euros para que siga funcionando. Al lado de esta información, nos enteramos que el gobierno de España recortó 8 mil millones de euros en gastos de salud. ¿De dónde salieron estos 10 mil millones para salvar a un banco? De los 8 mil millones de euros sacados a la salud. "Que la crisis la paguen los capitalistas", es sacarle los 10 mil millones al banco y aumentar el presupuesto de la salud, y no seguir alimentando parásitos, porque este banco, a su vez, intervenido por el Estado, tampoco va a poder funcionar. La crisis capitalista es el mecanismo por medio del cual se arrebatan conquistas de los trabajadores para financiar el rescate de un puñado de parásitos. Tiene que existir un Estado con un poder de coacción, que haga que los que tienen que atenderse por problemas de salud reciban 8 mil millones de euros menos y se transfieran a los bancos. Para hacer que la crisis la paguen los capitalistas, los obreros necesitan un Estado que le imponga la completa nacionalización de los bancos y la pérdida de sus capitales, para salvar los derechos de los trabajadores. Para conseguir ese Estado, necesitamos un partido que luche por ese poder político. Entonces, el problema de la política obrera es el de la lucha por el poder del Estado. Grecia Este fin de semana hubo elecciones en numerosos países de Europa, y los resultados de estas elecciones han provocado una descomunal crisis política. Los partidos tradicionales de esos países fueron masacrados. En Grecia, los que allá serían los justicialistas y los radicales, que han reunido siempre el 80 por ciento de los votos, sacaron el 30 por ciento. ¿Por qué cayeron? Porque Grecia es uno de los países más golpeados por la crisis capitalista. Grecia está viviendo una masacre social. 'Bancarrota de la sociedad capitalista' quiere decir que el capitalismo, que explota al obrero, es incapaz de darle de comer al mismo que él explota. El límite de la sociedad capitalista, como experiencia histórica, ha sido alcanzado. En estas elecciones, el fenómeno principal es que el segundo lugar lo ocupó un partido de izquierda que es ajeno a los partidos tradicionales, y lo que plantea por primera vez en Grecia la posibilidad de que gobierne la izquierda que actúa fuera de los partidos tradicionales. Este solo hecho, sin todavía emitir una opinión sobre qué carácter tiene este frente de izquierda (Syriza), ha colocado en la cabeza de los griegos el tema de qué pasa si gobierna la izquierda. El conjunto de los partidos y frentes de izquierda han reunido cerca del 35 por ciento de los votos, y estarían a un paso, en las nuevas elecciones en junio, de tener mayoría para gobernar a Grecia contra los partidos tradicionales. Pero la izquierda que podría gobernar Grecia enfrenta el siguiente problema: quiere nacionalizar los bancos, postergar el pago de la deuda externa, que se anulen todas las rebajas de sueldos y jubilaciones y que se suspendan los despidos, pero seguir formando parte de la Unión Europea, integrada por 27 países capitalistas; es decir, quiere contrarrestar las medidas antipopulares, pero, bajo ninguna circunstancia, salir del marco capitalista. Incluso en sectores de la izquierda revolucionaria existe una hostilidad hacia el planteo de romper con la Unión Europea. Aquí aparecen los límites de muchos de estos partidos y frentes; unos, que creen que se puede mezclar el agua con el aceite; otros, que pretenden evadir el problema político concreto del momento: la ruptura con la UE. La izquierda revolucionaria tiene una gran oportunidad, pero a condición de que entienda que se ha abierto un gran campo de acción, en la que está en juego la construcción imperialista de la UE y, con ello, del capitalismo en una escala nunca vista. La izquierda revolucionaria en Grecia está atomizada y carece de homogeneidad política. Hay una conexión estrecha entre el desarrollo de la bancarrota capitalista y la lucha de los obreros, de los estudiantes y los jóvenes. En Grecia ha habido como doce huelgas generales de 24 horas, a lo sumo 48. Si hubiera una dirección no burocrática, ya se habría largado una huelga indefinida y desarrollado un doble poder, capaz de remplazar al estado capitalista por el estado de los trabajadores. Debido al comportamiento vacilante e incluso traidor de esas direcciones, las crisis se prolongan. Lo que la burguesía no logra evitar es que se abra camino la discusión acerca del poder. Argentina ¿Cómo se manifiesta esto en la Argentina? La estatización parcial de YPF fue votada por los justicialistas, los radicales; la abstención de Elisa Carrió, Prat Gay y Estenssoro equivale también a un voto a favor, incluso más fuerte que el de todos los del Frente para la Victoria. Votaron a favor porque es un proyecto de reprivatización; ante el fracaso de Repsol, el Estado interviene para convocar a otras empresas capitalistas, como Exxon. Repsol es intervenida porque quebró, como el banco español que mencionamos al principio o como los bancos griegos. Esta quiebra se manifiesta en que nos ha dejado sin gas y sin petróleo; un escenario de crisis capitalista. Cuando la Presidenta de la Nación anuncia que va a intervenir YPF, dice dos cosas: "esto no es una estatización", es decir que adelanta la privatización, y dice algo mucho más importante: "está amenazada la viabilidad de Argentina", porque sin energía, sin petróleo ni gas el país es inviable. Ésta es la definición crucial: está amenazado el Estado capitalista. La viabilidad del país es, para los capitalistas, el país organizado en beneficio de ellos, no de la Argentina como nación. En el momento en que sienten que este sistema está amenazado, todos, los de derecha y los de izquierda (Lozano, Solanas, Binner) corren a apoyar al gobierno. ¿Qué tiene que ver esto con Grecia? Que al igual que en Grecia, pero con mucha menos agudeza, por ahora, se plantea la cuestión del poder. El voto favorable al proyecto reprivatizador del gobierno, relativo a YPF, representa una salida política capitalista a una crisis de poder, que pagarán los trabajadores. A este voto de rescate del capital, el Partido Obrero opuso la expropiación sin pago de la industria petrolera, bajo control obrero; una reivindicación que plantea el gobierno de los trabajadores. La izquierda tradicional es la rueda auxiliar del capitalismo, que cobra actualidad cuando el neumático se pincha. La izquierda revolucionaria desarrolla una alternativa de poder al agotamiento del capitalismo, tal como se expresa en la crisis mundial, y como se expresa en la bancarrota económica que se presenta en Argentina de un modo cada vez más manifiesto. Esto es lo que va a discutir el Congreso del Partido Obrero. Un partido y una organización no es una estructura: es, en primer lugar, la conciencia política de sus militantes. Nuestro próximo congreso apunta a desarrollar una conciencia clara de los desafíos revolucionarios que plantea la bancarrota capitalista. Desde hace más de una década que somos el único partido que señaló esta situación. Esa conciencia tiene que estar en la cabeza de los que van a formar ese comité nuevo, ese círculo nuevo, esa actividad sindical renovada. La gran cuestión que va a dominar por entero la política mundial y Argentina en los próximos tres o cuatro años, es la cuestión del poder. La cuestión del momento es la preparación de la clase obrera para remplazar el poder político en desintegración de la burguesía, por un poder político de los trabajadores. La pregunta es: ¿los trabajadores tienen la capacidad para ello? El problema es puramente político. Un trabajador del subte, ¿no sabe manejar el subte?; un obrero de la construcción, un albañil, ¿no sabe cómo construir?; un ferroviario, ¿no sabe cómo manejar los ferrocarriles? Entonces, si el trabajador sabe manejar los subtes, el otro sabe cómo construir, el otro maneja los ferrocarriles, podemos remplazar a los capitalistas, con una gran ventaja para todos, porque dejaremos de alimentar parásitos corrompidos. La fuerza de trabajo reúne la capacidad productiva, no el capital. El problema político es arrancar de la conciencia del trabajador el velo que oculta esta realidad y que somete el obrero al capital. La bancarrota capitalista pone en contradicción mortal a este sistema de explotación con el desarrollo de las fuerzas productivas, que encarna la clase obrera. La bancarrota capitalista viene preñada de una revolución social. Lo prueba el desarrollo político mundial de los últimos años.

EXCLUSIVO DE INTERNET El aumento en los impuestos que discute la Legislatura prevé un ingreso adicional de 2.682 millones de pesos al Tesoro bonaerense. De ese monto, sólo 300 millones corresponden al aumento del Inmobiliario Rural (IIR), es decir el 11,2%. El resto se descarga sobre otras clases sociales. El proyecto establece, además, aumentos en ingresos brutos y elimina beneficios para las empresas de televisión por cable y telefonía móvil. Sin embargo, si fuera por el impacto mediático, el gobierno CFK estaría protagonizando una 'gesta' contra 'la oligarquía'. El proyecto varía las alícuotas y la valuación fiscal de las tierras. Debido a la ausencia de una revaluación fiscal provincial (la última de envergadura se hizo en 1954), los valores sobre los que se tributa el IIR son ridículos: una 60ava parte de sus valores de mercado, que la reforma lleva a la 50ava parte. En promedio, significa que los dueños de los campos pagarán 67 pesos por hectárea por año, contra los 47 pesos que pagan ahora. Es decir 5,60 por hectárea por mes. Luego de la reforma, el IIR no aportará más del 3% en la recaudación total de la provincia. En 2010, un estudio de la Agencia de Recaudación de la provincia (ARBA) demostró que sobre 8.000 propiedades rurales relevadas en la zona del núcleo sojero bonaerense, dos tercios no pagaban Ingresos Brutos ni declaraban actividad alguna, una evasión que la propia Arba estimó del orden de los 1.000 millones de dólares al año (sólo de esa zona). Ocurre que el incumplimiento en el pago prescribe a los cinco años. Sobre un millón seiscientos mil obreros rurales, un millón está en negro. La 'movilización' de la patronal agraria obedece también a que la nueva valuación fiscal de las tierras lleva a un aumento en los impuestos nacionales a los Bienes Personales y a la Ganancia Mínima Presunta. Conflicto Cerca del 60% de la siembra de soja se realiza hoy en campos arrendados. La mayor parte de los arriendos corresponde a los 'pools de siembra', grupos que reúnen capitales de inversores financieros para diversas actividades agrarias. Los 'pools' compiten con los chacareros capitalistas por las tierras para arriendo. Una disputa en ciernes es, entonces, quien se hará cargo del aumento del IIR, arrendatario o propietario. La capacidad de negociación de los 'pool de siembra' es considerablemente mayor que la de lo arrendatarios. Finalmente, ¿el aumento del IIR tiene como propósito constituir un fondo de inversión estatal en el campo, construir viviendas, mejorar la salud? No, sino pagar la deuda pública.

La movilización del 18 en Córdoba concentró una vez más en las calles a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, junto a los trabajadores docentes en defensa de la educación. A pocos días de los grandes festejos por los 400 años de la UNC, donde se reivindicó la política educativa del gobierno, los estudiantes movilizados contrapusimos otra realidad. Córdoba no es la excepción, y el ajuste sobre la educación tiene expresiones concretas. Los bajos salarios docentes impulsaron un plan de lucha con paros y asambleas masivas. Las condiciones de cursado en colegios y facultades son cada vez peores, la falta de becas y la escasa planta docente atentan cotidianamente contra el ingreso y la permanencia de miles de estudiantes. La marcha fue preparada por una fuerte agitación en las facultades, en los colegios secundarios, mediante radios abiertas e instancias de debate en asambleas que votaron impulsar la movilización, desplegando todo el programa de reivindicaciones pendientes en cada lugar de estudios. En la marcha se hicieron presentes varios centros de estudiantes, agrupaciones docentes y organizaciones de izquierda. El documento leído al finalizar el acto denunció por igual la política educativa del gobierno nacional y del gobierno provincial, responsabilizando a los mismos del estado actual de la educación. Exigimos el cumplimiento inmediato de los planes de obra conquistados en la lucha educativa de 2010, el aumento del presupuesto y el salario docente, rechazamos los fondos de la megaminería contaminante y las leyes antieducativas (LES-LEP); a su vez, denunciamos la política de persecución a los activistas mediante la instalación de cámaras en los colegios por parte del gobierno provincial. La importante movilización ha sido una referencia para todos los reclamos y las luchas en curso. Es necesario, entonces, profundizar este camino organizando a los estudiantes y docentes en cada casa de estudios para conquistar las reivindicaciones pendientes.

En febrero, Pignanelli, del Smata, sostenía que estaba dispuesto a aceptar el 18% de aumento salarial para el año. Finalmente, se acomodó a una prórroga de la modalidad de negociación trimestral acordada a fines del año pasado, con lo que los trabajadores recibirán un 6% para el trimestre abril-junio. Los trabajadores no fueron consultados. Se verifica una caída de las horas extras, que golpea duramente el salario de bolsillo. La producción retrocede, aumentan las suspensiones y los despidos hormiga, sobre todo entre los trabajadores tercerizados o contratados. La actividad en Fiat cayó un 31% en el primer cuatrimestre. Según Anfavea (la asociación de fabricantes de ese país), en abril las ventas de vehículos cayeron 13,8 por ciento". Las burocracias del Smata nacional y el local ocultan los planes de reducción de personal, disfrazan las suspensiones, así como permitieron la mayor precarización laboral, mientras en las fábricas existe una gran deliberación y los trabajadores tercerizados buscan organizarse. La situación impone una deliberación colectiva, la actuación de los paritarios con mandatos de asambleas y un programa para impedir que las patronales descarguen la crisis sobre los trabajadores. Una asamblea en VW planteó el reclamo del 30% de aumento y la convocatoria a un plenario de delegados del gremio. Es un punto de partida para organizar la lucha.

El Tribunal Oral N° 21 tiene el camino procesal despejado para fijarle fecha de inicio al juicio por el crimen de Mariano. Por ese motivo, hemos presentado una solicitud, en ese sentido, a la que los jueces deberán responder en los próximos días. Los acusados El juicio tendrá lugar contra 15 imputados: José Angel Pedraza, Juan Carlos Fernández y Pablo Díaz, principales dirigentes de la Unión Ferroviaria y de la Comisión de Reclamos de la Línea Roca; Jorge González, Guillermo Uño, Juan Carlos Pipito y Gabriel Sánchez, afiliados de la UF que fueron parte de la patota; Cristian Favale, barrabrava contratado para la ocasión; y los policías Luis Osvaldo Mansilla, Jorge Ferreyra, Hugo Lompizano, Rolando Garay, David Villalba, Luis Echavarría y Gastón Conti. Todos ellos se encuentran acusados por los representantes de las víctimas por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, para que se aplique el art. 8º, inc. 6 del Código Penal, el cual prevé una pena de prisión perpetua. Castigo a todos los responsables En el juicio, probaremos que el 20 de octubre de 2010 existió un plan criminal para 'aleccionar' a los tercerizados del ferrocarril Roca; para lo cual, los jefes de la Unión Ferroviaria convocaron y reclutaron una patota para atacar con armas de fuego a los trabajadores. Como resultado de esa agresión, fue asesinado Mariano Ferreyra y fueron heridos Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pinto. El móvil de la cúpula de la Unión Ferroviaria fue garantizar el negocio que implicaba la contratación, con subsidios estatales, de 'cooperativas' regenteadas por el mismo sindicato para realizar obras en las líneas ferroviarias, con trabajadores que percibían un tercio del salario de un obrero ferroviario de planta permanente. Las pruebas contra los imputados son contundentes. Los intentos de la defensa para presentar los hechos como un 'enfrentamiento' quedaron desvirtuados por las pericias, las que determinaron que los disparos provinieron exclusivamente del lado de la patota. Por otro lado, la pretensión de que no existió intención de matar por parte de los agresores terminó con el perito de los imputados, Roberto Locles, procesado por alterar la bala que causó la muerte de Mariano Ferreyra. La 'espontaneidad' de la movilización de la patota se derrumbó por los numerosos cruces telefónicos y testimonios que dieron cuenta del reclutamiento previo, así como por el permiso otorgado por los empresarios de Ugofe para que más de 80 trabajadores de los talleres de Remedios de Escalada abandonaran su lugar de trabajo y se plegaran al grupo agresor. Asimismo, los cruces ubican juntos a Pedraza y Fernández mientras monitoreaban con Díaz el ataque. Pedraza reconoce en su declaración que le 'preocupaba' la influencia de la izquierda entre los tercerizados -y, por ese motivo, su ingreso a planta permanente del ferrocarril. Pedraza también se encuentra imputado en otra causa por intentar sobornar al Tribunal de Casación, el cual debía confirmar la prisión preventiva de los primeros miembros de la patota que fueron detenidos. La patota contó con el apoyo de la policía, la que liberó la zona, garantizó su retiro sin intentar ninguna detención y cubrió su retirada. El accionar doloso de la policía quedó plasmado en las grabaciones en las que sus jefes ordenan pasar a otra frecuencia sus comunicaciones, para evitar que quede registro del intercambio que mantenían mientras ocurría la agresión. La policía no tomó ninguna medida para resguardar el lugar de los hechos y tardó en poner en conocimiento de lo actuado al juez interviniente y al fiscal. Los policías se encuentran procesados por 'abandono de persona', acusación que la fiscalía mantuvo. En el curso del juicio, las partes querellantes solicitaremos su condena como partícipes del homicidio y de la tentativa de homicidio en tres ocasiones. Juicio ya A pesar de estar agotadas todas las instancias procesales previas, el juicio aún no tiene fecha. El tribunal aduce que la Corte Suprema no ha dispuesto de una sala con suficiente espacio como para albergar a todas las partes intervinientes (jueces, secretarios, fiscalía, querellas y defensas) y conservar su carácter público. No se nos escapa que estas dilaciones son explotadas por el gobierno en sus operaciones para digitar la sucesión de Moyano al frente de la CGT. El Tribunal 21 debe fijar fecha inmediatamente para el inicio del juicio y la Corte disponer los recursos necesarios para garantizar su desarrollo. El Partido Obrero se movilizará a la Corte Suprema de la Nación y ante todas las instancias que sean necesarias para garantizar el inmediato inicio del juicio.

EXCLUSIVO DE INTERNET El 17 de mayo, los compañeros de Mecca se hicieron presentes en Merlo para extender el fondo de huelga y difundir su gran lucha por el cobro de salarios y por la defensa de los puestos de trabajo.En la puerta de Imsa, otra metalúrgica, los trabajadores se interesaron por el conflicto. Los delegados de la fábrica aprovecharon la presencia de los compañeros de Mecca para preguntar sobre los términos de la lucha y la verdadera actitud de la directiva de la UOM, ya que, como expresaron, hasta ahora escucharon 'una sola campana'. Fue la oportunidad de los trabajadores de Mecca de denunciar que Lazarte, Secretario adjunto de la UOM Morón, actúa como policía de la patronal, organizando a los carneros y apoyando el desalojo de la fábrica. En la seccional del Suteba, la directiva colaboró a modo individual, señalando que la sede sindical no cuenta con fondos propios para colaborar con fondos de lucha solidarios. En Pirelli, la actividad conmocionó la puerta de fábrica. Temprano habíamos anunciado que los compañeros de Mecca se harían presentes a la salida del turno, los aportes de los trabajadores del neumático fueron numerosos y apuntaló la defensa de la solidaridad obrera. En contraposición a esto, en la seccional del Sutna nos solicitaron que pasemos en otro momento. En el ISFD Nº 29 dimos una gran batalla para difundir la lucha de Mecca entre los estudiantes y, aunque la dirección no nos permitió continuar con la recorrida por aulas, defendimos la actividad en el patio. La propia directora terminó reconociendo, con su aporte al fondo de huelga, la legitimidad de la lucha y la necesidad de apoyarla materialmente para sostenerla. La recorrida terminó en los talleres ferroviarios de Castelar, donde se movilizó el fondo junto a los compañeros de la agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra. Fue una gran jornada de lucha y solidaridad, se juntaron 550 pesos y se instaló el conflicto entre el movimiento obrero-estudiantil de Merlo. ¡Todo el apoyo a la lucha de Mecca Castelar!

Durante los días 7, 8 y 9 de mayo la ciudad de Córdoba se paralizó por la huelga de la UTA debido a la falta de pago del aumento salarial. La paritaria cordobesa de los choferes estiró a 1.370 pesos (22%) el miserable 18% que firmó la UTA nacional. La diferencia se debió a una presión de las bases mediante varias asambleas autoconvocadas e incluso hubo un paro en la empresa Ciudad de Córdoba. Al momento de abonar el aumento, las patronales de Córdoba sólo depositaron los 1.000 pesos subsidiados íntegramente por Nación, sin adicional ni retroactivos. Ante ello la UTA Seccional decretó el paro sin asistencia a los lugares de trabajo, aunque sin asamblea alguna. Las empresas cerraron los portones y no permitieron el ingreso de los trabajadores, lo que ya dejó a la vista su real intención: extorsionar, montados en el paro, para que la Municipalidad cubriera la diferencia. Logrado el objetivo, las empresas comenzaron con amenazas de sanciones y despidos. El Ministerio de Trabajo provincial dictó en ese momento la conciliación obligatoria, a los fines de que la UTA aceptara el pago en negro de la diferencia y la convocatoria de una mesa de diálogo para discutir los retroactivos. Finalmente se levantó la huelga en esas condiciones. El intendente radical Mestre tenía como plan de gobierno un tarifazo (28% de aumento, que estableció el boleto más caro del país) y un ataque a los puestos de trabajo y condiciones laborales. Para ello anunció que no otorgaría más subsidios a las privadas y que privatizaría la empresa municipal Tamse. La huelga ha golpeado fuertemente estos planes, y ahora este 'noventista' se encuentra de gira por Buenos Aires en busca de subsidios. La situación tiende a agravarse porque las empresas no invierten ni un peso, a pesar de haber sido beneficiadas con un aumento de subsidios del 240% desde 2010. El vaciamiento es frecuentemente denunciado y enfrentado por los trabajadores. Despido de activistas La capacidad de acción de los trabajadores ha quedado de manifiesto, y ello ha llevado a un ataque generalizado del establishment, incluidos los kirchenristas, contra la huelga por su carácter 'salvaje'. Sobre esa base apuntaron al despido de activistas: así fueron censanteados los compañeros Cesano, Tuero y Brian. La conducción ha dejado correr los despidos y sus delegados acusan a los despedidos de 'cortarse' solos, porque fueron impulsores de la lucha salarial. Durante los tres días de paro el compañero Cesano, integrante de la agrupación Ortuta, se encadenó a las puertas de la sede gremial. Está en marcha el ajuste kirchnerista, al cual se han sumado De la Sota y Mestre. Los trabajadores, mediante un despliegue de fuerzas fenomenal, han conseguido una victoria, pero se enfrentan a nuevos desafíos, en primer lugar la reincorporación de los compañeros despedidos. Es vital arrancar una asamblea general para impulsar realmente esa lucha. Al mismo tiempo colocar el conflicto por los despidos como una causa popular en la ciudad, entre todas las organizaciones populares. La crisis del transporte cordobés pone en debate la necesidad de la municipalización del transporte bajo control de los trabajadores.

Desde hace un mes, el puerto marplatense está parado por el bloqueo a las terminales y las medidas de fuerza de distintos gremios portuarios. A principios de año, la Mesa Intersindical portuaria había declarado que el pedido de aumento del 30% sería 'de conjunto' para vencer la resistencia de las cámaras de Pesca y de Armadores, las que planteaban no correrse del 18% fijado por el gobierno. La política de los gobiernos nacional, provincial y municipal fue la de ir encarando las paritarias por turno y de a una, para no alejarse del techo salarial y achatar el reclamo inicial del 30%, lo cual fue aceptado por las direcciones burocráticas, pero al empantanarse la negociación ante cada patronal se produjeron paros y bloqueos, que se fueron sucediendo como consecuencia del fracaso de las negociaciones paritarias por sindicato y por sectores de la actividad. Moreno en el pescado Las cámaras reclaman por el aumento de los combustibles y por la estrechez de los mercados, especialmente el europeo, hacia donde se dirigen buena parte de las exportaciones de la pesca. Entre los reclamos de las patronales se encuentra mantener las exportaciones 'preferenciales', de aranceles de importación a los productos chinos en el Mercosur y la devaluación para mejorar los precios de exportación. El gobierno reproduce una suerte de Cuota Hilton para la producción pesquera, la que tendrá los mismos resultados de miles de despidos como en la industria de la carne. El gobierno, después de permitir durante ocho años la depredación masiva del fondo marino, quiere que esta recomposición se realice a costa de los propios trabajadores, por eso no blanquea el inmenso trabajo en negro que hay en el puerto de Mar del Plata. Las patronales invocan la 'crisis' de la industria pesquera para mantener la rebaja de las retenciones e imponer las paritarias a la baja. Ante los bloqueos, las patronales han desviado los embarques hacia otros puertos, especialmente a Quequén. Son innumerables, además, las denuncias sobre embarques no declarados y fraudes impositivos. Además, la Gendarmería sigue filmando activistas en el puerto. Reacción obrera Al bloqueo del Supa (estibadores) por la jubilaciones, le siguió el Somu (marineros) por salario y el fraude de las empresas que no depositan los aportes de los trabajadores a la Obra Social del sindicato; más tarde el paro de 24 horas del Saon (obreros navales) y ahora el Simape (el sindicato de pescadores más numeroso), que mantiene bloqueado el puerto ante la intransigencia salarial de las cámaras armadoras de buques de altura. El caso del Simape es emblemático, porque la discusión paritaria lleva ya más de tres meses y porque se relanzan las medidas de fuerza después de haber concluido la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. La gran lucha de los estibadores del Supa -quienes pararon el puerto por diez días, sobrepasando a la burocracia del 'gordo Ferreyra'- sacó a luz la cuestión jubilatoria y el fraude en las empresas, las que por años lucraron con las cooperativas truchas para no pagar aportes. La entrada en escena de los trabajadores portuarios marplatenses es una consecuencia de la crisis del 'techo paritario' de Cristina y de su política frente a la industria pesquera. El rol jugado por las direcciones sindicales ha sido el de dividir y frenar, empezando por el sindicato más importante, el Soip, el cual firmó, sin lucha, un acuerdo ruinoso en dos cuotas, las que suman el 25%, en mayo y septiembre. Hay que unir por abajo los reclamos de todos los trabajadores del puerto. Ante la irrupción en cadena de los trabajadores, debió convocarse una asamblea general del puerto. La cuestión seguirá planteada ante el recrudecimiento inflacionario y los conflictos por falta de trabajo. Los nuevos cuerpos de delegados serán clave en esta orientación.

La disparada del dólar a seis pesos es un síntoma inequívoco del derrumbe irremediable del ‘modelo' y el anticipo de un volantazo político. Los ‘cerebros' oficiales subestiman -para la tribuna- la magnitud de la crisis, con el argumento de que el dólar paralelo representa a un mercado insignificante, pero no explican por qué, si ese es el caso, no liberan el mercado oficial o atenúan los controles. El desborde del mercado de cambios se manifiesta, del mismo modo, en otro mercado que no es ya tan despreciable: el que negocia títulos de la deuda pública que se paga nen dólares, donde también la cotización se fue a seis pesos. La política oficial tiene los trazos del "lecho de Procusto": en lugar de adecuar el cajón al tamaño del muerto, serrucharon el muerto para acomodarlo al cajón. Lo que todavía es peor: a pesar de que compra los dólares de exportadores, que no puede vender en el paralelo, el Banco Central sufrió en los últimos días una caída en su stock de reservas, a causa del retiro de depósitos en dólares de los bancos (que alcanzó los 400 millones). Se trata de un retiro de esos dólares del circuito económico. La escalada del dólar deberá provocar, también, un retiro de depósitos en pesos hacia la compra de moneda extranjera u otros refugios de valor, con la consiguiente desestabilización del sistema bancario. Es claro que la crisis en curso es el resultado de la explosión de los desequilibrios engendrados por el ‘modelo' oficial. La economía ha perdido las fuentes de financiamiento. En primer lugar, se encuentra por supuesto el déficit fiscal, el cual ya no puede ser cubierto por los fondos de la Anses o los habilitados para el Banco Central por la reciente reforma de la Carta Orgánica. Se ha llegado al extremo de que el Central está haciendo lo contrario de lo que se esperaba a partir de esa reforma, porque está contrayendo la masa monetaria que emite para financiar el déficit público por temor a desatar una hiperinflación (lo hace a través de títulos del Central que compran los bancos). La consecuencia, a corto plazo, será encarecer el crédito y acentuar la tendencia a la recesión que ya ha comenzado a manifestarse. Los detractores del oficialismo atribuyen el déficit fiscal a lo que llaman "exceso" de gasto público, para evitar señalar la cuenta de 15 mil millones de dólares que corresponde a la deuda externa del Estado -y la aún mayor del conjunto de la deuda pública (externa e interna) y de la deuda privada con el exterior. Otro rubro -unos 80 mil millones de pesos- registra los subsidios a la energía y el transporte, cuyos beneficiarios desvían hacia otros negocios, como se acaba de demostrar en TBA y en Metrovías. TBA, según la Cipec, recibió subsidios por 600 millones de dólares a lo largo de la década, pero solamente invirtió 50. La factura de importación de gas y derivados de petróleo ha sido ocasionada por el vaciamiento energético propiciado por el kirchnerismo a lo largo de su gobierno. Brasil, China La presidenta Kirchner añadió a lo enumerado el desplome del mundo sobre Argentina, en una demorada referencia a la bancarrota capitalista mundial. Brasil, el principal socio de comercio de Argentina, ha comenzado un proceso recesivo desde diciembre, según informa su Banco Central (O Estado de Sao Paulo, 22/5). Influye en el retroceso brasileño la caída de la demanda mundial, pero -por sobre todo- la demanda interna, la que sufre una incobrabilidad creciente de los créditos otorgados al consumo. El endeudamiento medio de las familias, en Brasil, ha alcanzado el 25% de los ingresos. Un especialista habla de "señales de agotamiento del modelo" y denuncia que "el nivel de impagos subió de manera preocupante". Otro observador señala la reversión operada en el ingreso de capital a corto plazo, la que ahora elige la puerta de salida. El resultado ha sido una desvalorización de la moneda brasileña, el real, del 30% en un par de semanas. Según un tercer economista, "hay un agotamiento del ciclo del crédito"; "la tasa de inversión cayó de 23 al 18%, y este año crecerá a una tasa inferior al PBI". Atribuye esa tendencia "a una reducción de la rentabilidad de la economía", que ya no puede ser alimentada por "ese patrón de crecimiento liderado por el consumo". La conclusión que sale de esta caracterización es clara: Brasil apunta para un ajuste. Un desarrollo similar se puede hacer con China, donde hay un retroceso espectacular en la tasa de crecimiento del PBI en lo que va de 2012 -mucho más abajo del 8% (para algunos especialistas, del 3%) que le atribuyen las estadísticas mentirosas de China. Hay un derrumbe de la importación de carbón para usinas térmicas y de cobre; hay una fuerte reducción del consumo de electricidad y un desplome de la inversión inmobiliaria. Más allá de la reversión de las tendencias que alimentaron el crecimiento de las exportaciones de Argentina y de los llamados ‘emergentes' en general, el "desplome" al que alude CFK tiene que ver con lo que los economistas llaman, en lenguaje deformado, "la aversión al riesgo" -o sea, el retiro de capitales de toda forma de inversión productiva y de la mayor parte de las inversiones especulativas, ante el derrumbe del sistema bancario europeo y la perspectiva de un derrumbe del euro. Quiebra de una organización social Estamos, en Argentina, en los umbrales de una explosión de la economía, que el método aplicado al pobre Procusto no hace más que acentuar. Las crisis abiertas con Scioli y con Macri están directamente ligadas a este final de modelo. Mientras los charlatanes oficiales se empeñan en disimular el derrumbe, la versión de que numerosos municipios y algunas provincias habrán de recurrir a cuasi monedas es cada vez más verosímil. Esto solo ya constituye una devaluación espectacular de la moneda. Lo que oficialistas y opositores coinciden en llamar ‘modelo' no es otra cosa que la organización capitalista del país. Es esta organización la que se encuentra en quiebra, con mayor evidencia todavía cuanto que el derrumbe es internacional. Los que nos denunciaban antes de la crisis en curso como catastrofistas deberían hacer un repaso de los adjetivos que agota la prensa internacional: catástrofe, colapso, bancarrota, derrumbe, armagedón, situación desesperante. Es decir que una salida real a la crisis debe tener un carácter de conjunto y un contenido anticapitalista. La gravedad de la situación encuentra a la burocracia sindical y a las corrientes que medran con este sistema fuera de foco, anestesiando al movimiento obrero. Las paritarias cierran en forma ficticia, porque -además de establecer aumentos de salarios inferiores a la inflación- ignoran el desarrollo del colapso financiero. Los ‘opositores' desfilan por Tribunales o el Cabildo, para reclamar independencia judicial y acceso a la información -una coincidencia que tiene poco ver con reclamos democráticos y tiene sí las características de un movimiento preparatorio para la posibilidad de un derrumbe político. La Mesa de Enlace se ha vuelto a poner en movimiento para que la derrota del proyecto de revalúo agrario en la Legislatura bonaerense se convierta en un golpe político contra la camarilla cristinista. Con el colapso económico, se van reuniendo los factores que procuran adelantar o canalizar un derrumbe político. Nosotros, el Partido Obrero, llamamos a una urgente deliberación política del movimiento obrero, para que la que crisis no la paguen los trabajadores, sino los capitalistas. Los puntos básicos a atender son, desde este punto de vista, los siguientes: ningún despido o suspensión, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario -o sea, nada de ‘repros'; indexación de los salarios y jubilaciones de acuerdo con la inflación, con carácter mensual; cese del pago de la interminable deuda externa; nacionalización integral de los bancos, bajo control de los trabajadores. Defensa de los ahorristas pequeños; nacionalización de todas las empresas subsidiadas, apertura de los libros, reorganización financiera e industrial bajo la gestión de los trabajadores; por un Congreso obrero y de los trabajadores para elaborar un plan de reorganización social en función de los intereses de los explotados.

EXCLUSIVO DE INTERNET Varios compañeros soltaron esta frase cuando el 10 no pudimos cobrar. En abril, con la excusa de los feriados de Semana Santa, nos habían pagado recién el 11, y dos retrasos consecutivos generan sospechas. La patronal está presionando para que renunciemos a nuestras cuentas de ahorro y las promotoras del Banco Nación nos ofrecen sus servicios con garantía de cobrar en término. De hecho, los trabajadores ingresados recientemente de la mano de La Cámpora cobraron el 30. Se comentó que La Cámpora estaba reteniendo nuestros sueldos (unos 100 millones) para ponerlos a interés algunos días en una mesa de dinero.También se escucharon frases de fastidio en los hangares de EZE cuando a los 'cráneos' de la oficina de Obras y Servicios les pareció oportuno mantener cerrada el agua caliente para que nadie se bañara antes de cumplir su horario laboral. Con la escasez de duchas (unas 14 para 400 compañeros apurados porque pierden el transporte), muchos optan por ducharse en sus casas. Esta 'salida' no va bien con los mecánicos, que suelen ensuciarse, y a veces, por accidente, con combustibles y productos tóxicos, tienen que darse un baño inmediato. Durante el verano los compañeros se la bancaron, pero con el frío dijeron "no va más"; 400 técnicos se movilizaron hasta obtener lo básico, que haya agua caliente todo el día. Esto demostró que tenemos lo que hace falta para que no nos atropellen. El retraso en el pago trajo a la superficie la indignación por la decisión de la patronal de no sentarse a discutir la paritaria 'por el momento', y que Recalde Jr. desconozca lo firmado por él en 2010 en concepto de carrera y categorías. Mientras los dirigentes de Apta mandan cartas e intimaciones sin futuro, ante nuestras asambleas Recalde salió disparado a pedirle a Tomada que dicte una conciliación obligatoria preventiva, porque las considera una medida de fuerza. También anda averiguando quiénes son los que hablan en las asambleas; acá seguro le pide ayuda a Nilda Garré. La paciencia se está agotando. Por ejemplo, contra las medidas que extienden el horario de las tripulaciones, las asambleas de la AAA aprobaron un instructivo que frena todo intento de flexibilización del trabajo. Las primeras medidas tendientes a centralizar el despacho de aeronaves, modificando la reglamentación de la Anac, para permitir que personal no idóneo aprobara las condiciones de la carga en las escalas, fue cajoneada luego de la tragedia de Once. Entre los aeronáuticos se siente que esto toca fondo. Los tercerizados de Serza y Securitas pararon catorce días en febrero para terminar con las jornadas de doce horas y los francos cada ocho o diez días. Los de HAS pararon para arrancar un aumento salarial del 30% en la paritaria. La política de dejar hacer de todas las burocracias choca cada vez más con una base que se rebela. La tradición de lucha de los trabajadores aéreos comienza a resurgir. El debate entre el activismo pasa por cómo superamos el candado que nos ponen las burocracias de todos los gremios.

A una semana de que la movilización por la aparición de Yamila Cuello que, con gran repercusión social, realizaron sus familiares, el Plenario de Trabajadoras y organizaciones de mujeres y políticas, el gobierno de De la Sota anunció un programa de ‘lucha' contra la trata de personas, el cual ligó a la presencia del cartel de Sinaloa en Córdoba. Sin embargo, lejos de luchar contra la trata, la iniciativa estatal refuerza a las redes mafiosas que actúan impunemente en la provincia. Entre las medidas, se envía un proyecto de ley a la Legislatura provincial prohibiendo whiskerías y cabarés, y sancionando con arresto por sesenta días a quienes los regenteen, porque, dice el gobierno, encubren el funcionamiento de prostíbulos. Pero esos establecimientos, encubiertos o no, están prohibidos desde hace más de ochenta años y está tipificado como delito, que cuenta ya con penas más elevadas. En Córdoba, como en todo el país, esos locales funcionan a la vista de todos y con habilitación oficial, incluso pagando impuestos. Sólo para la Justicia y la policía se encuentran ‘encubiertos'. Por otro lado, se crea una división especial de la policía y una Secretaría de Prevención de Trata. Pero no hay una sola investigación en la provincia que apunte a la participación policial en el delito organizado, siendo que en junio de 2011, el por entonces jefe de policía (hoy ministro de Seguridad de De la Sota) decidió el retiro de 58 comisarios. De la misma forma, la Ley Nacional de Trata aprobada por el kirchenrismo no ha servido para desmantelar hasta el momento ni una sola red mafiosa. El caso Marita Verón, desaparecida en la provincia de Tucumán, puso al desnudo el estrecho vínculo entre el juego, la droga y la trata, pero también la imprescindible participación y complicidad de sectores del poder. Sin ir más lejos, en la provincia tenemos el caso de los desaparecidos Yamila Cuello, Jimena Arias y Facundo Rivera Alegre, sobre los cuales el gobierno todavía no ha dicho una sola palabra. Desde el Plenario de Trabajadoras denunciamos los anuncios del gobernador como un reforzamiento de las redes de trata y del negocio de la prostitución. Asimismo, levantamos un programa independiente que termine con este flagelo. Desde esta posición convocamos a todas las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, a impulsar un gran movimiento de lucha contra la trata, el narcotráfico y la impunidad.

La Presidenta convocó a un equipo de juristas para reformar el Código Penal, que incluye a las representaciones parlamentarias. La agenda tiene un solo tema vedado: la cuestión del aborto. CFK impuso ese criterio cuando reunió, a principios de año, a los juristas que abordarán el tema. El conjunto del arco político acompaña el criterio presidencial. Para CFK, el aborto debería incluirse en el marco de una ‘ley especial'. Sin embargo, en diciembre, cuando el tema estaba en tratamiento en una reunión de comisión conjunta, los K se negaron a dar dictamen. En lo que va del año tampoco ha tenido tratamiento. La Presidenta ha bloqueado desde 2007 todas las instancias legislativas sobre el derecho al aborto. La Comisión de Reforma del Código Penal ha reafirmado el gran acuerdo nacional con el clericalismo sobre la cuestión. El 28 de mayo, en el Día Internacional de la Salud de las Mujeres, nos movilizaremos al Congreso para reclamar el tratamiento del aborto legal, la aprobación del tratamiento de fertilización asistida para todas las mujeres de forma gratuita y sin impedimentos burocráticos en todo los hospitales públicos del país, para denunciar la injerencia de los sectores clericales en la salud, la política y la Justicia, y el silencio del gobierno nacional ante el fallo de la Corte Suprema sobre la cuestión de los abortos para mujeres violadas.

El gobierno dice que la corrida sobre el dólar es una pompa de jabón. Pero la historia argentina cuenta otra cosa: que es la expresión de una crisis de fondo y la antesala de un ‘ajustazo' contra los trabajadores. El país entero sabe que el gobierno K no tiene la plata para pagar la deuda externa de este año, tampoco para los subsidios a los parásitos del transporte y los servicios, ni la enorme factura de la importación petrolera. Tampoco tiene los recursos para financiar la fuga de capitales, como ha venido ocurriendo en los últimos cinco años, la que ahora se acentúa como consecuencia de la crisis capitalista mundial. Los sojeros acaparan la cosecha a la espera de la devaluación y los exportadores desvían sus ingresos en divisas. No alcanza ya la plata de la Anses para cubrir el déficit fiscal. Las provincias anuncian la reaparición de las cuasi monedas de triste memoria. Brasil, el primer socio comercial de Argentina, ya ha devaluado su moneda en un 30% en lo que va del año. Además, registra desde diciembre una recesión. China, el otro socio comercial, viene disminuyendo las importaciones, también afectada por la bancarrota internacional. La formación de un mercado paralelo, incluso reprimido por la Afip, acentúa la inflación ya elevada e incita a una salida de depósitos de los bancos. Si dejamos el manejo de esta crisis en manos de los K, se viene un ‘Rodrigazo': devaluación, tarifazo, hiperinflación. Los despidos y las suspensiones ya han comenzado. El movimiento obrero tiene que fijar su posición, pero los burócratas sindicales están entretenidos en la disputa por la jefatura de la CGT y en firmar paritarias con salarios a la baja. El Partido Obrero plantea: Ningún despido ni suspensión, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Indexación salarial y de las jubilaciones de acuerdo con la inflación. Cese del pago de la deuda externa usuraria. Nacionalización integral de la banca, el comercio exterior y las privatizadas, sin compensación, bajo el control de los trabajadores.

EXCLUSIVO DE INTERNET La Legislatura provincial acaba de autorizar al gobierno a solicitar créditos por 400 millones de pesos para enfrentar contingencias financieras. Hay apuro, sin embargo: el gobierno no contaría con los fondos para pagar los aguinaldos de junio y para asegurar el pago en tiempo y forma de los salarios. El quebranto fiscal tiene lugar luego de un aumento del impuesto inmobiliario y posteriormente de Ingresos Brutos. El aumento de la recaudación interna no compensó la caída de los ingresos de los fondos de coparticipación, el crecimiento de los subsidios a empresas telefónicas, informáticas y hasta de juegos de azar, etc., así como los compromisos de una deuda pública de 4.500 millones. Si se incluyen la deuda flotante y la de los municipios, que se ha transferido a la provincia, la deuda total supera los 8.000 millones. No sorprende entonces que los aumentos paritarios a los estatales no superaran el 20% promedio, y que se quiera revisar el Estatuto del Docente y la ley de Carrera Sanitaria para amputar conquistas. La burocracia de la CGT y la CTA, incluida la dirigencia del Sindicato Autoconvocados de la Salud (Sitas), dieron su acuerdo a esto, incluida la firma de un acuerdo de paz social. El régimen de cooptación política y de arbitraje instalado por Alperovich comienza a resquebrajarse al compás de la quiebra fiscal. Para hacer frente al internismo, Alperovich busca una nueva reforma constitucional reeleccionista por tiempo indefinido. Luego de los tarifazos del agua y la luz, Alperovich acaba de sumar un aumento de un 25% del transporte. Mientras en textiles están suspendiendo personal, en el citrus y el azúcar las discusiones paritarias están levantando temperatura. En el citrus tuvo lugar una huelga de 48 horas para reivindicar un aumento del 35%. Hubo cien cortes que paralizaron la provincia; el Ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria. Impulsemos deliberaciones en los lugares de trabajo por un congreso de bases del movimiento obrero, por la derogación de los tarifazos e impuestazos, por aumentos salariales del 35%, para poner fin al ajuste pro-capitalista y desarrollar una alternativa política de los trabajadores. Daniel Blanco

Según informa Tiempo Argentino (13/5), el gobierno tiene casi listo para enviar al Congreso un proyecto que, de aprobarse, reemplazaría la ley que implantó el régimen de aseguradoras de riesgos de trabajo (ART) en 1995. Por los anticipos ofrecidos, la nueva legislación no haría sino perfeccionar aquel sistema pergeñado por el menemismo, en cuanto la seguridad laboral de los trabajadores seguirá en manos de pulpos privados. Una 'alta fuente gubernamental' -dice Tiempo- asegura que la nueva legislación introducirá "un cambio integral, como ocurrió con YPF". Ese "cambio integral", aquí tampoco se ve por ninguna parte. La 'doble vía', un chantaje Distintos fallos de la Corte han dejado fuera de discusión el derecho del obrero accidentado a recurrir a la Justicia ordinaria si no le satisface la indemnización recibida de las ART. La nueva ley, sin embargo, intenta, chantaje dinerario mediante, retaceárcelo al accidentado o a sus deudos si se tratara de un accidente mortal. El proyecto establece que la víctima de un accidente laboral recibirá, además de la indemnización fijada por la ART (o por una mutual), un 20 por ciento adicional si renuncia explícitamente a ir a Tribunales con su reclamo. Si no acepta eso, se verá obligado, como ahora, a un larguísimo peregrinaje por los juzgados. Las ART, según cálculos oficiales, recaudan de sus clientes-empresas unos 10 mil millones de pesos anualmente, de los cuales unos 7 mil millones se destinan a atender gastos prestacionales (indemnizaciones más una previsión del pasivo contingente de juicios, es decir de lo que estimativamente deberán pagar por accidentes futuros). Otra masa de unos 3 mil millones de pesos se va, según las aseguradoras, en gastos de comercialización y gestión administrativa. El gobierno pretende que se reduzcan esos gastos en un 5 ó 6 por ciento, es decir entre 500 y 600 millones de pesos anuales, para constituir el fondo que pagará aquel 20 por ciento 'adicional'. La variable de ajuste, en medio del ajuste, serán las escasas inspecciones que realizan las ART en los lugares de trabajo. Negocio in itinere Un 11 por ciento de los siniestros registrados está compuesto por los accidentes in itinere; es decir los que se producen en el trayecto hacia o desde el lugar de trabajo. Son los más resistidos por las patronales y, por lo tanto, los más difíciles de cobrar. El proyecto de ley oficialista intenta remediar esto liberando a las ART de una parte importante del costo de esas indemnizaciones. Con ese propósito se establece un régimen de seguros especiales mediante un clearing integrado por las ART y las compañías de seguros que cubren riesgos viales, ya que la mayoría de los siniestros in itinere son accidentes de tránsito. Si el proyecto se aprueba, las ART y las compañías de seguros deberán destinar el uno por ciento de su facturación para atender el financiamiento de ese tipo de accidentes. En otro orden de cosas, las actuales comisiones médicas que determinan el nivel de incapacidad sufrido por un trabajador accidentado han sido declaradas inconstitucionales hace ya bastante tiempo. El proyecto del gobierno viene a remediar eso con la constitución de nuevas comisiones integradas por la empresa, la ART y la burocracia sindical. Véase en qué manos queda la seguridad de los trabajadores. Por otra parte, el proyecto nada dice del 40 por ciento de trabajadores en negro, desamparados de toda protección, mientras refuerza y perfecciona la privatización menemista de la seguridad laboral; es decir, de la completa inseguridad. Resulta indispensable que los trabajadores tomen el asunto en manos propias, que se organicen comisiones de trabajadores, independientes de la patronal, del Estado y de la burocracia, en cada lugar de trabajo, para imponer normas de seguridad adecuadas. La vida del obrero exige la eliminación lisa y llana del régimen de las ART, de la privatización de la seguridad, y la estatización del sistema bajo control de los afectados; es decir, de los trabajadores. Y debe exigirse que las indemnizaciones por accidentes de trabajo se resuelvan en juicios sumarios y se paguen de inmediato conforme a derecho.

Después de largas luchas de los tareferos -y ante la incapacidad de los gobiernos nacional y provinciales de asegurar las mínimas condiciones en los yerbatales-, el kirchnerismo sale a la búsqueda de regimentar a los trabajadores rurales, profundizando la integración al Estado. Con esa intención es que lanza el "1° Encuentro Nacional de Tareferos. Nuevo Régimen de Trabajo Agrario para Cosecheros de la Yerba Mate". Un encuentro nacional para un sector que se localiza únicamente en Misiones y el norte de Corrientes, al cual tiene que hacer mediante organizaciones que estuvieron ausentes en las últimas luchas contra la precariedad e inestabilidad de este trabajo. La unidad de los tareferos, la deliberación y la coordinación de las luchas en la zona yerbatera son imprescindibles para poner fin al trabajo precarizado (esclavo en algunos casos). Pero la unidad debe darse sobre la base de la independencia política de los patrones, ya que con estos hay intereses contrapuestos: ellos quieren obtener la mayor renta posible de sus tierras, lo que es la causa de las pésimas condiciones laborales. La relación del gobierno con los patrones quedó de manifiesto en los cortes de ruta por el aumento del precio de la hoja verde, donde el gobernador Closs dio el respaldo a 'la causa' (el precio que reciben los patrones), aunque aclaró que no compartía los métodos. Recordemos que cuando los tareferos se manifestaban por trabajo en el interzafra, el mismo gobernador atacó a los trabajadores, como también los atacaron los patrones. La posición del gobierno nacional se evidenció en la incapacidad de la Secretaría de Comercio, que ni siquiera pudo sostener el precio de la yerba en las góndolas hasta cerrar las paritarias, teniendo que capitular ante los especuladores, negociando con los pulpos yerbateros. La respuesta del gobierno a la precariedad laboral se limita a la sanción de nuevas leyes (las cuales siguen discriminando a los trabajadores rurales), cuando ni siquiera podía hacer cumplir los artículos favorables a los trabajadores de las leyes que ya estaban sancionadas. El trabajo en negro sigue siendo el que predomina en los yerbatales. Afuera del encuentro quedaron los sectores que venían luchando, en un principio por las reivindicaciones laborales, para después -con la orientación política de la CTA Micheli- privilegiar antes de los reclamos de los trabajadores, los de los productores y -antes de éstos- a los pulpos yerbateros. De poco vale el lamento del secretario adjunto de la CTA Misiones por aplicar la misma política patronal que viene aplicando hace años, si a la hora de reaccionar, ante el encuentro nacional con un contra-encuentro, el candidato a intendente por Proyecto Sur sentenció que "lo mejor que le puede pasar a los trabajadores es mantener su autonomía de los sectores políticos partidarios, para construir una organización autónoma de cualquier expresión de ese tipo", es decir, el problema sería la forma en la que se organizan (a través de un partido) y no la política de colaboración de clases que se lleva adelante (revistasuperficie.com.ar). En el temario del contra-encuentro, uno de los tres temas a tratar fue el mantenimiento de yerbatales -es decir una problemática de la patronal. La única forma de terminar con la precariedad e inestabilidad laboral de los peones rurales es cortando los lazos con las políticas ligadas a los patrones y organizándose con el resto de los trabajadores, para conseguir un salario igual a la canasta familiar por jornadas de ocho horas.

EXCLUSIVO DE INTERNET Un gravísimo accidente ocurrido en la Facultad de Odontología puso de manifiesto, nuevamente, la situación de absoluta precariedad en la que se estudia y trabaja en la universidad pública. Esta semana, una estudiante que cumple tareas como docente ad honorem sufrió importantísimas quemaduras internas en la piel, ulceraciones y erosiones en las córneas. El motivo fue su exposición indebida durante cuatro horas de rayos ultravioletas en el laboratorio en el que se encontraba. Cabe destacar que los aparatos en cuestión deberían tener un dispositivo de seguridad para asegurar su correcto uso. Sin embargo, nada de esto existe. La llave que prende semejante fuente de radiación no se diferencia del interruptor de la luz. La compañera en cuestión, es además Consejera Directiva por V-PAR, la agrupación en la que participa la UJS. Los ad-honorem no sólo trabajan gratis: tampoco tienen ART ni obra social. Esta tremenda situación es una categórica desmentida del discurso oficial que asegura un desarrollo ascendente de la universidad; por el contrario, la UBA se revela como un paraíso de la precariedad. Odontología, particularmente, es presentada por sus autoridades como un 'modelo'; la gestión de la Facultad y del Centro -un satélite de la Franja Morada- hacen gala de los millonarios recursos que tendrían a disposición. Se demostró que esta recaudación, surgida de la venta de los posgrados más caros del país, no tenía como contrapartida la mejora de las condiciones en que estudiantes y docentes llevan adelante sus tareas. El proceso privatizador y la precarización van de la mano. La Fuba y la AGD-UBA deben tomar en sus manos una fuerte campaña de denuncia y esclarecimiento de esta situación, para exigir a las autoridades de la universidad que asuman su responsabilidad. La UBA debe hacerse cargo de todos los gastos médicos de la compañera. Vamos por ART, Obra Social y salario para todos los docentes; comisiones de control de higiene y seguridad con participación de las gremiales docentes y estudiantil; basta de precariedad.

Luego de la gran elección en la que triunfó la izquierda, las agrupaciones combativas y comprometidas con las causas sociales en las elecciones pasadas de consejo directivo y centro de estudiantes, se coordinó una movilización al Rectorado en la que participaron, además de la UJS, Sur, Cepa, Darío Santillán, el PTS, el MST y la agrupación Naranja de Docentes Universitarios. La jornada tuvo la participación de los estudiantes de Artes, que están en asamblea permanente y llevan adelante un plan de lucha por más presupuesto, más docentes, herramientas y contra el hacinamiento sufrido. En la movilización en contra del ajuste educativo y en defensa de la educación pública, se puso énfasis en la ruptura del vínculo entre la UNT y La Alumbrera, ya que la Universidad de Tucumán, además de recibir los fondos tóxicos, es socia directa a través del Ymad de esta empresa contaminante. A su vez, resonaron los cánticos contra el nuevo aumento del boleto que se acaba de aprobar en la provincia y exigiendo el boleto estudiantil.

El largo proceso de desangre del Centro Gallego, que se mantiene desde hace seis meses al borde del cierre, tuvo un nuevo cimbronazo cuando el presidente de la Junta convocó al personal, para prometer la reactivación de servicios e ingreso de contratos de obras sociales, sin dar un solo dato concreto al respecto. Interpelado por los trabajadores por el cobro de los sueldos adeudados, contestó que eso quedaba para otro día y cada uno sabía qué tenía que hacer. Una numerosa asamblea, el martes siguiente, tuvo otro desarrollo: denunció los versos patronales y votó movilizarse al Ministerio de Trabajo. El mismo día se distribuyeron vales para descomprimir la bronca. Los talonarios eran manejados discrecionalmente por la delegada general de la Interna de la burocracia de ATSA. La necesidad provocó la bronca y un numeroso grupo de trabajadores sitió a los directivos y asedió la Tesorería -volaron muebles y se rompieron vidrios-, una manifestación de la desesperación de trabajadores que no tienen para comer y ya enfrentan juicios de desalojo por falta de pago de sus alquileres. La marcha al ministerio congregó a unos 60 trabajadores que hicieron el aguante en la puerta. Las demandas: que se reactivara la mesa de negociación fijada por acta en febrero, para reunir a trabajadores, socios, médicos y gremios con delegaciones de los ministerios de Salud de la Nación y la Ciudad. La funcionaria dijo que trasladaría el reclamo y citaría a una nueva reunión, se pero se negó finalmente a confeccionar un acta y abandonó el lugar sin explicaciones. La agrupación Asis (Lista Roja) ha propuesto el control de los trabajadores del dinero que ingresa para saldar en primer lugar los sueldos, y preparar una nueva marcha. El gobierno nacional y la Ciudad deben garantizar la continuidad de este importante centro de salud de la Capital, los puestos de trabajo y el cobro de los trabajadores.

Oyarbide se tomó un tiempo considerable para detener a los hermanos Schoklender y a su socio, Alejandro Gotkin, por el desvío de fondos públicos equivalentes a 283 millones de pesos. Se trata del 40% del total de fondos que recibió la fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas, unos 765 millones de pesos. Este saqueo habría sido imposible sin complicidades de la Secretaría de Obras Públicas y del Ministerio de Planificación. Los funcionarios de De Vido giraban el dinero a la Fundación y tenían la responsabilidad de controlar el uso de los fondos y la ejecución de las obras. Otro tanto vale para las provincias y municipios (entre ellos, la Ciudad de Buenos Aires), que contrataban directamente a la Fundación para la construcción de viviendas. Ocurre que los Shocklender amenazan con prender el ventilador. La crisis, como se ve, está lejos de terminar. Por otro lado, han salido a la lucha los trabajadores de las obras de las Madres, quienes fueron transferidos a una cooperativa del Movimiento Evita. Los trabajadores denuncian que están en negro, sin derechos laborales y que les paga un puntero de la Ciudad Oculta, que en el pasado fue jefe de seguridad de la patota de Schoklender. El Chino Navarro difícilmente transmita lo que ocurre en alguno de sus programas de televisión Estas responsabilidades no se sustancian en la misma causa de los Shocklender; no hay ningún funcionario imputado. La causa está parada desde hace un año, a la espera de un informe de la Auditoría General de la Nación. La hija de Hebe será indagada por la compra departamentos. Bonafini está en el candelero. Los Schoklender son una expresión genuina del kirchnerismo: la cooptación prebendaria. Es un método de gobierno que entró en crisis y debe ir también al banquillo de acusados.