Prensa Obrera N° 1222

Con el 50% de participación se realizaron las elecciones para renovar cargos directivos y en el superior. Con datos aún no definitivos, la izquierda independiente (FEI) ha receptado la mayor cantidad de votos. Las agrupaciones ligadas a la gestión de las camarillas reforzaron su división y retrocedieron. Agrupan elementos del MPN (hijos de funcionarios provinciales), con militantes -en el caso de Derecho- ligados al PJ de Soria. No dieron respuesta a la crisis en la educación pública, con el aumento de fotocopias, boletos y derrumbe edilicio. La conducción de la Federación (PCR) mantuvo posiciones en sus facultades, pero retrocedió en sus bastiones (Agrarias y Derecho). El descontento con las agrupaciones de la gestión fue canalizado en parte por el FEI, un agrupamiento que se basa en la reivindicación del ‘horizontalismo'. El kirchnerismo no cuenta con agrupaciones que graviten. Se esconden en las agrupaciones de la derecha universitaria (Derecho) y tienen influencias sólo en Bariloche y en la Facultad de Turismo. Nuestra política En la UJS nos esforzamos en colocar al movimiento en el campo de la lucha contra el gobierno, pero obtuvimos magros resultados en las facultades de Derecho y Ciencias Sociales, Viedma, justamente allí donde creció la izquierda independiente. En Neuquén, la UJS, en un frente con Convergencia Socialista, obtuvo su primer consejero directivo en la Facultad de Humanidades. El PTS se negó a ir juntos en el directivo de Humanidades; sobrestimaron sus fuerzas y se quedaron afuera del directivo, e impidieron que el Frente de Izquierda ganara la facultad y tuviera la posibilidad de conquistar un superior. Vamos a la jornada nacional de lucha y a una estructuración de la UJS en todo Comahue.

Al final, Grecia tendrá nuevas elecciones a mediados de junio. Los intentos de formar una coalición a partir de los resultados del 6 de mayo pasado fracasaron sin atenuantes. La razón de fondo es que Syriza, el frente de izquierda que obtuvo el segundo lugar en esos comicios, no admitió ningún tipo de acuerdo político que no contemplara la anulación del memorando de ajuste firmado por Grecia con la Comisión Europea y el FMI. Ese memorando, que acompañó la refinanciación de la deuda de Grecia, impone unos 150 mil despidos adicionales en la administración pública, recortes mayores en las jubilaciones y en los gastos sociales, y una serie de privatizaciones. Syriza plantea también un condicionamiento del pago de la deuda externa a lo que determine una auditoría internacional sobre su legitimidad, e incluso una nacionalización parcial de los bancos. Un acuerdo de gobierno tampoco era ya posible por una razón netamente política: la tendencia popular desde horas antes de las elecciones pasadas va incontestablemente hacia la izquierda y hacia una votación masiva por Syriza. Aceptar una coalición de gobierno equivalía, para Syriza, atar su destino al cadáver político de los partidos tradicionales. En Grecia se ha creado una situación excepcional. La dispersión aparente de la tendencia política popular, que se manifiesta en esta crisis capitalista, empieza a cobrar homogeneidad con la profundización de esos procesos de crisis política. Contagio El nuevo mapa político ha dejado planteado el retiro de Grecia de la zona monetaria del euro y de la Unión Europea. Esto no obedece a la posición de Syriza, que está firmemente a favor de mantener a Grecia dentro de esa alianza imperialista, sino a la de la Comisión Europea, que ha dicho que el rechazo al memorando es incompatible con la continuidad de Grecia en la órbita del euro e incluso en la UE (que incluye a países que no están en la zona monetaria, como Gran Bretaña, Dinamarca, Suecia, Polonia y otros). La posibilidad de la exclusión de Grecia del euro ha desatado de nuevo el interminable debate sobre las implicancias que tendría para Grecia y para el conjunto de Europa. Los bancos y grandes empresas tienen desde hace tiempo planes contingentes para esa eventualidad. La discusión es ociosa, porque no hace falta que se llegue a ese extremo para 'contagiar' a Europa con una ola de bancarrotas; esto lo prueba la situación de España, Italia, Bélgica, Portugal e Irlanda. Los créditos incobrables y los llamados activos tóxicos también se acumulan en Alemania, que aparecen disimulados ante la opinión pública por la fortaleza de la deuda pública del país, que es, sin embargo, la consecuencia de que ocupa un lugar de refugio para los capitales que huyen de otros mercados. Hay, por otra parte, una huida, que todavía no es generalizada, a la deuda pública norteamericana, cuya cotización, en consecuencia, ha alcanzado el cuarto pico más alto de su historia, a pesar de que el déficit fiscal de Estados Unidos no deja de crecer. Los bancos españoles, para dar otro ejemplo, han estado comprando la deuda pública de España, de la que se desprenden los fondos especulativos norteamericanos, para evitar un colapso de las finanzas estatales y de ellos mismos, atiborrados con títulos del Estado español. El 'defol' de la deuda de la mayor parte de las comunidades autónomas de España es el pretexto que esgrime el gobierno de Rajoy para intervenirlas. Han abundado las noticias acerca del hundimiento financiero de Bankia, el cuarto en el ranking español, con activos por 400 mil millones de dólares, pero no ha gozado de la misma publicidad la tercera quiebra inminente del banco franco-belga, Dexia, con activos por 1,3 billones de dólares. Dexia duplica los compromisos que, en su momento, llevaron a Lehman Brothers a la quiebra, obligando a la intervención 'in extremis' del gobierno norteamericano y de la Reserva Federal. La banca mundial ni siquiera ha empezado a purgar de sus balances los créditos incobrables y los activos invendibles, a pesar del socorro gigantesco que ha recibido de los bancos centrales. Cualquier episodio (sólo queda por saber cuál) podría desatar una hecatombe, sólo queda por saber cuál. Un cálculo del Financial Times (Alphaville, 15/5) estima en 80 mil millones de dólares para Francia, y en 110 mil millones de dólares para Alemania, la pérdida que la salida de Grecia provocaría a las Tesorerías públicas de esos países. Pero si el caso del Crédit Agricole sirve de ejemplo, la anulación del rescate de Grecia pondría fin a la vida del cuarto banco francés. El escenario y las bambalinas ¿Chau Grecia, entonces? No necesariamente, porque la crisis griega es parte de un juego mayor y un pretexto para hacer valer intereses ajenos a Grecia. El cuadro de conjunto demuestra que la inviabilidad no es de Grecia sino de la zona euro, y que la amenaza vale para todo el mundo. La señora Merkel acaba de perder por goleada en el estado más industrial de Alemania, debido a que el electorado rechazó el 'ajuste' en la región más endeudada del país. Francia, por su lado, no tiene espaldas para rescatar a ninguna entidad bancaria del país, si llegara el caso. Lo revela la disputa con Bélgica por el rescate de Dexia. O sea que mientras Syriza reivindica la anulación del memorando, o más precisamente su renegociación, son muchos los intereses que presionan por una modificación de la orientación a Europa por parte de Alemania de cara a la crisis. Cohn Bendit, un diputado europeo que debutara en los 60 como un revolucionario prematuro, acaba de recomendar que Grecia reciba una asistencia social internacional como la que recibió el este de Alemania luego de la caída del muro de Berlín (Le Monde, 11/5) -una suerte de asignación por hijo para griegos. La que levantó la punta del velo en forma más explícita fue la directora del FMI: "Si los compromisos no se cumplen, dijo en referencia a una anulación del memorando, habrá que hacer las revisiones adecuadas y ello significa más tiempo y más financiación (!!!) o un mecanismo de salida que debería ser ordenada" (El País, 16/5). Los líderes de Syriza que, por sobre todo, no quieren romper con la Unión Europea, han encontrado la pareja que estaban buscando. Es que, de un modo más general, la Reserva Federal, y los bancos de Inglaterra, Japón y el Europeo, están reclamando que Alemania acepte integrar un Fondo de Financiamiento, que pueda ser suscripto en el mercado internacional y que supere largamente el billón y medio de dólares. Sería una suerte de bicicleta financiera que se utilizaría para rescatar a los bancos que entren en cesación de pagos, hasta que el propio Fondo caiga bajo el peso de la especulación internacional. Este encuadre de la situación explica la consistencia del planteo contradictorio de Syriza: rechazar el memorando ('ajuste'), por un lado, y obtener de las potencias europeas la permanencia en la zona monetaria y en la unión política, por el otro. Ojo que Syriza no plantea la vuelta atrás en el 'ajuste' ya consumado -algo que la Comisión Europea tiene perfectamente en claro. Mientras la consistencia se sostenga (algo incierto), el planteo-síntesis de Syriza (que se califica por su oportunismo extremo) es una dinamita electoral. El Frente está gestionando su conversión a partido, porque es una condición para recibir el 'premio de mayoría' - cincuenta diputados adicionales para el que arriba primero. Syriza Syriza levanta también una consigna poderosa: el llamado a formar "un gobierno de izquierda", capaz de imponer la derogación del memorando, que, repetimos, compendia el ataque brutal del capital contra los trabajadores. Esta consigna ha encendido la imaginación popular. Políticamente, mete presión sobre el partido comunista, con fuerte raíz histórica e implantación en la clase obrera, cuyo sectarismo ha sido siempre funcional a los intereses del estado nacional griego. La burocracia del PC, como era de esperar, ha rechazado el convite, y por ese motivo será posiblemente castigada en términos de votos en junio (el 6 de mayo obtuvo el 8%). Convoca, además, a una escisión de derecha, la Unión Democrática, que en los cabildeos recientes se manifestó a favor de una coalición con los viejos partidos en desgracia. Aunque incluso podría reunir las condiciones para gobernar solo (hasta recibiría gran parte de los votos que el pasado 6 de mayo fueron para el fascista Amanecer Dorado), Syriza está gestionando un acuerdo con una fuerza menor, Dimar, una escisión del Pasok, con el argumento de que compensaría así el boicot del partido comunista. Dimar, a través de largos años en el gobierno, ha formado una burocracia con intereses definidos y relaciones relevantes con la burguesía helena, incluida la poderosa fracción de los armadores navieros. Tenemos, de este modo, una situación política altamente contradictoria en Grecia: un giro masivo del electorado hacia la izquierda, que se desarrolla sobre los escombros de los partidos tradicionales; la división e incertidumbre en la burguesía y en el aparato del Estado de Grecia; y un "desensillemos hasta que aclare" de parte de la burguesía internacional, mientras mete presión sobre Syriza. Esto por un lado; por el otro lado, una maniobra de la pequeña burguesía progresista de Grecia, para mantener al país en el campo del imperialismo. Una ficción política en términos de programa -la posibilidad de frenar el 'ajuste' sin romper con el imperialismo- podría acabar asumiendo el rol de recurso último del imperialismo contra las masas griegas, apenas ellas se vean empujadas a la lucha por un gobierno de trabajadores. Syriza se ha presentado, algunas veces como la expresión del chavismo y, en otras, como una Unidad Popular chilena (curiosamente, dos ejemplos que ponen a América Latina como un laboratorio mundial de política popular, que permiten también evaluar en concreto los resultados históricos de esas experiencias). Levanta como consigna "Por un gobierno de izquierda", el cual interpreta -como se ha dicho, como un gobierno independiente de los partidos tradicionales- que busca un compromiso con la Unión Europea -comando ejecutivo del imperialismo. La situación no podría ser más inestable, por eso se ha especulado con establecer un 'gobierno técnico' y postergar sin tiempo las elecciones, lo cual plantearía la necesidad de un apoyo político de las fuerzas armadas. Las provocaciones ocupan un lugar destacado en el escenario griego: el gobierno interino del país acaba de efectuar un pago de 400 millones de euros, o sea el ciento por ciento de la deuda, al puñado de fondos buitres que había rechazado la quita del reciente canje, en perjuicio del 90% de los acreedores que lo había aceptado. ¿Se busca provocar un repudio del reciente rescate? Política revolucionaria Este es el cuadro que, según se ha expuesto, debe abordar la izquierda revolucionaria de Grecia, la cual el pasado 6 de mayo apenas llegó, sumadas sus fracciones, al 1,4% de los votos válidos, pero que con un 3% en junio próximo, si va unida, podría ingresar cerca de una decena de representantes al parlamento, dada la radicalización que se desarrolla en el país. El desafío para la izquierda es superar la marginalidad y convertirse en protagonista nacional en una situación prerrevolucionaria. La dificultad que ella enfrenta no es solamente su heterogeneidad. El frente Antarzya integra a diferentes fracciones del trotskismo y a una antigua escisión de izquierda del partido comunista; el EEK es el partido que representa a la CRCI; y existen otros agrupamientos trotskistas y maoístas. Esta izquierda revolucionaria se enfrenta el desafío de elaborar una caracterización adecuada de una situación que es completamente nueva y compleja. En un afán de simplificar, diríamos que enfrenta el peligro de un abordaje oportunista, como sería un apoyo -incluso 'crítico'- a Syriza, en nombre de "una lucha contra el ajuste". También del peligro de ser sectario -que caracterizaría a Syriza como expresión de un recambio del viejo sistema político. La izquierda revolucionaria no debería rechazar la reivindicación de "un gobierno de izquierda", que no solamente goza de la simpatía popular, sino que es un arma de presión para quebrar la posición reaccionaria del partido comunista. Debe oponerlo a la acepción que le da Syriza y a su programa, definiéndolo en términos anticapitalistas -en primer lugar, como un gobierno de trabajadores que repudia la deuda externa, que revierte todas las medidas de 'ajuste' contra los trabajadores; que plantea la confiscación de la banca bajo control obrero; que rompe con la Unión Europea e impulsa la formación de una Federación socialista, incluida Rusia; y que convoca a la formación de comités obreros y de barrios para luchar contra el sabotaje capitalista y para superar la representación formalista del parlamentarismo por la representación directa de las masas activas. La izquierda revolucionaria, repetimos, debe rechazar como la peste cualquier tipo de oportunismo que la conduciría a una colaboración de clases disfrazada. Debe valerse del programa revolucionario, no para justificar el aislamiento, sino -por sobre todas las cosas- para quebrar la marginalidad y convertirse en protagonista político. Las elecciones próximas son, para este propósito, fundamentales.

La empresa, que con el boom automotor logró fabulosas ganancias, ante la caída de la producción automotriz comenzó primero un vaciamiento financiero, el cual fue liderado por las distintas patronales, y luego se fugó presentando un recurso preventivo de crisis, por lo que los accionistas fueron citados por el juez Alberto Aleman y el administrador, pero no se han presentado. Un nuevo supuesto comprador -el grupo Taranto, el cual es presentado como un salvador- reclamó que para hacer efectiva la compra, necesitaba que lo trabajadores se bajen los salarios en un 35%. Luego de meses de debates y resistencia, los compañeros terminaron por aceptar. Pero una vez impuesta la rebaja de los salarios (todo esto aparece firmado) en actas del ministerio y en la Justicia, del grupo Taranto, empresariado "nacional y popular", decidió no hacer la opción de compra. Los trabajadores de Mecca Castelar están protagonizando una gran lucha por la defensa de sus puestos de trabajo y el cobro de sus salarios. Llevan ya un mes de paro con permanencia en el lugar de trabajo. La administración judicial sigue sin dar una respuesta concreta al reclamo de los trabajadores. Los compañeros han tenido entrevistas con Lucas Ghi, intendente de Morón, quien se comprometió a interceder ante Guillermo Moreno por un doble Repro; pero de esas gestiones todavía no hay noticias. Fueron citados por el juez de la causa, ya que el administrador había hecho una propuesta de pago de 1.800 pesos, lo que luego se negó a firmar en un acta y tampoco lo ha hecho efectiva hasta el momento. En esta semana han protagonizados dos cortes de la Avenida Vergara y el puente Lebensohn, colocando el conflicto a la vista de los vecinos de Morón. Han sido rodeados con el apoyo de organizaciones sociales y políticas, así como también de trabajadores de la zona. La comunidad se solidariza. El sábado 12 de mayo realizaron un gran festival, en el que hubo alrededor 200 personas y que contó con la presencia de ex trabajadores de Mecca Castelar, despedidos en estos años, y sus familias, quienes están peleando la reinstalación en sus puestos de trabajo. Las mujeres de los compañeros fueron llamadas a conformar una comisión de lucha. Con distintas bandas de música que se solidarizaron, hubo delegaciones de trabajadores de la zona, así como de distintos partidos políticos y organizaciones sociales. La recaudación del festival permitió que los compañeros pudieran llevar unos mangos a su casa después de mucho tiempo. El ánimo y la disposición de lucha de los trabajadores son extraordinarios. La solidaridad que los rodea es enorme. La UOM merece un capítulo aparte El secretario adjunto de la seccional, quien alguna vez trabajó en Mecca, organiza a los carneros contra los trabajadores que están luchando. Convocó a un congreso de la seccional al que sólo fueron treinta y cinco delegados de los más de noventa, para conseguir apoyo para realizar una manifestación sobre la fiscalía para pedir el desalojo de los trabajadores. El representante gremial actúa directamente como policía de la patronal. No ha conseguido apoyo para esto: a esa manifestación sólo fueron diez delegados de la UOM Seccional Morón. Las divisiones entre la directiva son manifiestas. El otro sector ha hecho un llamado a los delegados para no intervenir, para no darle apoyo a los trabajadores ni al entregador y carnero de Lazarte -están aprovechando esta situación para sacárselo de encima, en una lucha que se viene dando desde hace tiempo. Decidida a aislar esta lucha para que no cunda como reguero de pólvora por todo el gremio -porque no es la única fábrica en esta situación, ya que hay despidos y suspensiones en todas las autopartistas. En Peugeot cerraron toda una línea de producción, lo que significa 300 trabajadores suspendidos. Lo mismo ha ocurrido en RBI Bosch, Indiel y muchas otras, las que son los emergentes de la caída industrial que afecta en especial a las autopartistas. Durante años, los empresarios acumularon beneficios fabulosos y, ahora que la crisis los amenaza, se apuran a trasladarla a los trabajadores con cierres, suspensiones o despidos: es una historia conocida. La UOM no defiende a los trabajadores, sino que convoca a paros aislados más preocupada por la secretaría general de la CGT que por nuestros reclamos. Su otra preocupación es ser el garante del tope salarial miserable de la "sintonía fina". El gremio entero es un polvorín de broncas y reclamos. Vamos por la solidaridad de los trabajadores, a extender el fondo de huelga en las fábricas metalúrgicas, que todos los trabajadores se enteren de esta lucha. La tenaz resistencia de los trabajadores de Mecca es un ejemplo y una orientación para el conjunto de los metalúrgicos y del movimiento obrero.

La falta de respuestas por parte de las autoridades del Inti a un conjunto de reclamos que desde diciembre han devenido en un conflicto a esta altura ya histórico, lejos de desgastar a los trabajadores, ha llevado a una mayor participación y a una intensificación de la lucha. El martes 8, la asamblea -la más grande de todas las realizadas hasta el momento- votaba la continuidad del paro y ratificaba el corte sobre la General Paz para el jueves 9, en el marco del paro general de ATE votado en asamblea a pesar de la directiva del sindicato la semana anterior. Dos días después se produjo la movilización más importante de la historia del Inti. Las columnas de trabajadores salían de cada centro con sus banderas y reclamos. Mil compañeros salieron del instituto, acompañados de delegaciones del Indec, Inta, Garrahan, Inpi, Conea, CNRT, CNC, ATE Sur, ATE Justicia, entre otros. Debe destacarse que la presencia de Pablo Micheli no tuvo como correlato un gran aporte ni de ATE ni de la CTA. El grueso de las delegaciones fueron aportadas por la oposición de izquierda. Frente a esa masiva movilización de estatales en apoyo al Inti, el gobierno nacional se despachó con un monumental operativo represivo de más de 800 efectivos de infantería y gendarmería nacional apostados en la avenida para impedir el corte, acompañados de carros de asalto e hidrantes, perros, helicóptero, etc. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, se hizo presente en persona, aclarando que estaba ahí para asegurarse que el operativo estaba bien armado y negándose a cualquier tipo de negociación. En un clima de indignación generalizada, el acto se realizó igual a metros de la Avenida de los Constituyentes. La policía sostuvo el operativo todo el día, incluso después de finalizada la medida, en una actitud de provocación contra el piquete de trabajadores que bloquea los portones del Inti. Una lucha de todos los estatales contra la sintonía fina Los trabajadores del Inti vienen demostrando una inquebrantable voluntad de enfrentar el ajuste K en el instituto, frente a lo cual se han encontrado con la más cruda sintonía fina. El gigantesco operativo represivo montado frente a la movilización masiva en apoyo al Inti, deja en claro, una vez más, que la obtención de las reivindicaciones de este conflicto y de todos los estatales sólo podrá ser arrancada por la lucha de los trabajadores independientes del Estado. El triunfo de este conflicto será la victoria de todos los estatales. Los trabajadores del Inti se encuentran firmemente decididos a continuar esta lucha contra la política K hacia los trabajadores. Que UPCN, ATE y CTA convoquen ya a un paro general en apoyo al Inti. Plenario abierto de delegados y trabajadores estatales por el triunfo de esta gran lucha. Vamos a Plaza de Mayo, que respondan los responsables.

-¿Cómo surge lo de la asamblea extraordinaria? -La lucha nos ha exigido a los trabajadores de la carne sacarnos de encima el lastre de la burocracia sindical. El 21 de abril hicimos una asamblea general que desconoció a la conducción del sindicato y eligió una comisión provisoria, que se hizo cargo de la dirección sindical y, por mandato de sus bases, ha presentado sus exigencias a las autoridades provinciales. El sindicato, dirigido por el interventor Armando Rambao desde hace ocho años, estaba desaparecido, No vinieron nunca, ni siquiera a una reunión, trabaja directamente con las patronales, sin convocar a elecciones delegados. Permiten despidos y suspensiones a granel y que se desconozca nuestro convenio. Por eso, realizamos una multitudinaria asamblea general extraordinaria que decidió nombrar una comisión provisoria para que se haga cargo de la organización sindical y votó un programa de reivindicaciones y un plan de lucha. -¿Cuál es la agenda de la comisión provisoria? -La comisión ya decidió convocar a elecciones en julio para renovar la conducción del sindicato. Ahora estamos recorriendo las plantas frigoríficas de toda la provincia para organizar asambleas y explicar la situación, la necesidad de movilizarnos y luchar por aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. Después de años de ausencia de la direccion del sindicato en las plantas, nuestra consigna es: "La nueva dirección va a las fábricas", los trabajadores de la carne deben sentir que hay una dirección gremial que se pone al frente de su lucha. Ya tenemos a no menos del 60 por ciento de los obreros de la carne de la provincia a favor nuestro. -¿El Ministerio de Trabajo reconoció la nueva comisión directiva? -Todavía no, hace años que conviven con el interventor. Hace veinte días que pedimos el reconocimiento, pero todavía no hay respuesta. La asamblea se hizo con todos los requisitos estatutarios, con acta de escribano público y los antecedentes han sido entregados en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en Buenos Aires. Sin embargo, nuestra lucha por la reapertura del Toba, el paro de diez frigoríficos y las presentaciones que hicimos no pudieron ser desconocidas. Fuimos recibidos por el ministro de Trabajo, Sebastián Agostini, en una reunión donde le formulamos por escrito reclamos generales y particulares de cada frigorífico. Somos, de hecho, la nueva dirección que quieren los trabajadores de la carne. Algunos resultados empezaron a verse. Por lo menos, empezaron las inspecciones del ministerio a los frigoríficos y los están obligando a blanquear a la gente, y a darles a los trabajadores herramientas y ropa de trabajo. -¿Se proponen convocar a una conferencia sindical en la provincia, como la que el Partido Obrero organizó en Buenos Aires y de la que vos participaste? -Sí, el 9 de junio tendremos un gran desafío. Se hará una conferencia sindical de esas características en el Chaco. Será importantísimo para afianzar el plan de lucha. Nos dirigimos con esa convocatoria a todos los sectores. Por ejemplo, los trabajadores de la construcción y de otros gremios nos han hablado para que les trasmitamos nuestra experiencia, a ver cómo hicimos para recuperar la organización sindical y pelear por nuestras reivindicaciones. También los obreros arroceros. En fin, varios gremios miran lo que conseguimos y el método que usamos para dar la lucha. Es necesario sacarse de encima a la burocracia sindical y que los trabajadores nos demos una herramienta para hacerlo. La Conferencia Sindical del Partido Obrero a la que fuimos en Buenos Aires y la formación de una coordinadora nacional nos llevó a la conclusión de que acá, en el Chaco, la podemos repetir. La consideramos un importante paso adelante sindical y político de los trabajadores.

El paro de 36 horas -declarado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro a partir del miércoles 16- pone fin a la parálisis del sindicato frente al juego del gran bonete que protagonizan los gobiernos de la Nación y la Ciudad acerca de la transferencia del subterráneo. Los trabajadores de la Línea B, Rancagua y San José ya habían mandatado a sus delegados a plantear un plan de paros de 12 y 24 horas, que en el caso de los talleres de Constitución se convirtieron en un reclamo de huelga indefinida. Metrovías argumenta que no puede dar aumento salarial debido a la reducción de los subsidios, mientras el gobierno nacional justifica esa reducción por el traspaso del servicio a la Ciudad, en tanto que Macri se saca la responsabilidad de encima alegando que no puede aceptar la transferencia sin los subsidios correspondientes. En resumen, la crisis fiscal y la política de ajuste han creado un impasse que victimiza a los trabajadores. El estallido de la paritaria se llevó puestas a las respuestas dilatorias de la burocracia de UTA y de la dirección del sindicato del subte. La burocracia de la UTA declaró un paro 24 horas el jueves; la AGTSyP convocó a una huelga de 36 horas, que arranca el mediodía del miércoles. De este modo, el sindicato del subte le 'roba' la iniciativa a la burocracia de Fernández. El eje de los paros no es, sin embargo, el reclamo salarial, sino que Macri se haga cargo del servicio. La misma posición esgrime la patronal de Roggio. Los sindicatos se meten en una interna política de los gobiernos patronales, incluso con el conocimiento de que el kirchnerismo bloquea cualquier aumento salarial que supere el 18-21%, según los casos. La agenda votada en múltiples asambleas y, oportunamente, en el cuerpo de delegados le ha dado la espalda a estas maniobras: reclaman 28% de aumento, 2% por año de antigüedad y aumento en viáticos y licencias. La mayoría de los delegados, al decidir el paro, apuntó a Roggio, uno de los que, en palabras de Cristina, "se la llevan en pala" -desde hace 18 años- y desarrolla una desinversión que no tiene nada que envidiarle a Cirigliano -el operador de TBA. Cristina Kirchner y Tomada le han impuesto un 18% a todos los choferes de UTA, que es el piso inferior del tope salarial establecido por el gobierno. Ese aumento fue rechazado, en la UTA, por 50 cuerpos de delegados de la zona sur, que reclaman el 30%. El Partido Obrero dio a conocer un llamado a todos los trabajadores, pasajeros y vecinos, a apoyar esta lucha del Subte en defensa del aumento y de las paritarias.

El fin de semana del 28 y 29 de abril se realizó el cuarto Encuentro Nacional de Doca (Documentalistas Argentinos) con la presencia de realizadores de Buenos Aires y distintas provincias del país. Se produjo un importante debate y elaboración, y se aprobaron planes de trabajo para profundizar la organización independiente de los documentalistas y de todo tipo de realizadores audiovisuales. Este objetivo fue aprobado por unanimidad. En la comisión de Distribución y exhibición se produjo un exhaustivo análisis de los impedimentos de distribución de la gran cantidad de producciones nacionales (más de 150 al año) -pocas salas, entradas caras, control monopólico, incumplimiento de la irrisoria cuota de pantalla del 10% para el cine nacional, ausencia de las prometidas pantallas que llegarían con la Ley de Medios-; y de las propuestas realizadas por otras asociaciones de directores (DAC, PCI, ADN y AADC). La síntesis lograda dio lugar a un pliego de reivindicaciones que serán la base para proponer una campaña. El problema de la exhibición de las películas nacionales no se reduce a apoyar una pérfida defensa del Gaumont, enarbolada por los mismos que llevaron a que esa sala sea casi la única y limitadísima ventana del cine nacional. El reciente anuncio de cierre del cine Belgrano Arteplex confirma que hay un problema de conjunto. Es necesario que se reduzca el costo de las entradas y se triplique la cantidad de salas (sobre todo que se reabran las salas barriales), que se apoye decididamente el lanzamiento y estreno de los films nacionales mediante un subsidio para cada película, que se legisle para que (como en la reforma política) todos los medios de comunicación -públicos y privados, de la "corpo" y de la "korpo"- tengan obligación de ceder espacios de publicidad para la promoción de la producción cultural nacional. Con estas propuestas salimos a reforzar la organización de Doca y a una serie de iniciativas para quebrar el control cultural e ideológico del imperialismo norteamericano. Cuando la 'sintonía fina' arrecia, en el terreno cultural el gobierno reclama también 'exportar para importar' y amenaza con recortar subsidios. Quedan al desnudo los límites insalvables de los planteos 'nacionalistas'.

El sábado 12, los luchadores que vienen realizando un corte selectivo sobre la ruta 60, en la ciudad de Tinogasta, volvieron a sufrir el embate represivo, esta vez de la mano de la Justicia y la policía provincial, quienes escoltaban a varios camiones de Alumbrera y de manera ilegal detuvieron a golpes y usando gas pimienta, a tres compañeros luchadores: Eduardo Argañaraz (compañero del Partido Obrero), Darío Moreno y Ezequiel Coch, oriundo de Famatina, cuando iban caminando por la ruta 60 hacia un camino alternativo que se había abierto para el paso de los camiones de la minera. Que el procedimiento se haya realizado en una ruta nacional, que está fuera de la jurisdicción de la Justicia provincial, muestra el accionar ilegal de las fuerzas represivas. No solo eso. Los compañeros fueron llevados detenidos a la comisaría de Fiambalá, a 50 kilómetros de Tinogasta, y durante cuatro horas estuvieron desaparecidos sin que pudieran tener contacto con sus abogados y familiares. La reacción de los pobladores fue instantánea al conocerse la noticia de la detención de los compañeros. Comenzaron a convocarse frente a la comisaría de Tinogasta y frente a las respuestas de que allí no estaban detenidos, el clima se fue caldeando y, para evitar que se desencadenara una pueblada, tuvieron que hacer pública el lugar de detención y, horas después, liberarlos. La noticia de las detenciones corrió como reguero en las redes transformándola rápidamente en noticia nacional. Simultáneamente, en varias localidades se convocaron asambleas públicas y concentraciones, como en la capital de Catamarca, en Tucumán, Córdoba, y hay previstas otras tantas en varias ciudades. Esta respuesta había sido acordada en la asamblea del Parlapueblos que el 19 y 20 de abril sesionó en Tucumán. Allí se había denunciado el acoso judicial y la amenaza de desalojo que estaban sufriendo los luchadores que desde febrero mantienen el corte selectivo en la ruta 60. El gobierno de Cristina y el de Corpacci están ensañados con la lucha de Tinogasta, porque, al igual que en Andalgalá, se mantienen cortes que afectan el abastecimiento de la mina la Alumbrera, que si bien tiene otras vías de paso, el mantenimiento de los cortes es visto por las mineras como una señal de debilidad de los gobiernos y que, como ocurrió en febrero, si se bloquean los accesos por Santa María y Belén, estarían obligados a paralizar la explotación. Precisamente la represión que se desató en ese entonces estuvo dirigido a escarmentar a los pobladores, cosa que no ha ocurrido en Tinogasta donde el pueblo está de pie. La próxima jornada nacional de lucha contra el saqueo y la contaminación de las megamineras tiene que servir, entre otras cosas, para dar una respuesta de conjunto a la política entreguista del gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

El paro general de la UOM del jueves 10, tuvo un cumplimiento extraordinario: pararon efectivos, contratados, tercerizados. Cristina Kirchner había ordenado levantarlo en la agitada noche del día previo, pero fracasó. Fue un golpe político fuerte al arbitraje oficial; el bonapartismo tardío comienza a deshilacharse. De un plumazo, Caló dejó de ser el candidato digitado por la Rosada y el congreso de la CGT volvió a caer en la incertidumbre, luego de que se diera por hecho la jubilación de Hugo Moyano. Para echar más pimienta al culebrón kirchnerista, Scioli anunció su candidatura para 2015 y recibió enseguida el apoyo del ‘camionero'. El fracaso del arbitraje descarriló al oficialismo, que va camino de un aterrizaje forzado. Sin embargo, fueron los industriales, encabezados por Techint, los que rechazaron el laudo comunicado a las partes por Tomada, no Caló o la burocracia de la UOM. Caló se manifestó dispuesto a aceptar la propuesta oficialista, que contempla un aumento inmediato del 15% y otro de un 7%, en septiembre, más la incorporación, en cuotas, de los 300 pesos que se cobraban en negro en cuotas, hasta febrero de 2013, cuando el básico metalúrgico pasaría a ser, recién entonces, de 4.000 pesos. La misma intransigencia patronal se advirtió por parte de los banqueros, que se pararon en el 18% de aumento. Esto disparó una movilización de miles de delegados bancarios. El paro de la UOM y la movilización de La Bancaria coincidieron con la gran huelga del Inti y el paro general de ATE Capital -cercadas por mil efectivos de infantería al mando del viceministro Sergio Berni. En lugar de denunciar el sabotaje a las paritarias por parte de la patronal, ejecutado en forma concertada, CFK disparó contra los burócratas, con adjetivaciones futboleras que desnudaron la falta de una caracterización política de la situación que enfrenta el gobierno. El planteo de que las sociedades no han prosperado como consecuencia de las luchas de la clase obrera, sino como consecuencia de los ‘modelos' de gestión del Estado, no solamente es falsa: es completamente reaccionaria. Está a la derecha del liberalismo y se emparenta con el autoritarismo. Las paritarias están lejos de cerrarse. Los convenios que se han ajustado al tope oficial siguen sin ser homologados en Trabajo. En la Alimentación, seccional interior de Buenos Aires, comenzaron paros de dos horas por turno por el reclamo nacional de 28%. La huelga judicial bonaerense se ha hecho tenaz pidiendo el enganche porcentual, los telefónicos han resuelto en asamblea un reclamo de 31,5%. El sindicato gastronómico decretó un paro de cuatro días en el fin de semana largo del 22 de mayo por un 34% de aumento. Ni hablar de Santa Cruz, donde no se garantizan los salarios. Algunos "cerebros" de la clase capitalista, como Julián De Diego (Cronista Comercial), sugieren sustituir las paritarias de rama por una "paritaria nacional", que impondría el tope de aumento salarial por decreto. El gobierno vacila ante estas sugerencias, porque desataría reacciones que no podría controlar. Por eso sigue en la tradicional y logró imponerle a la UOM una conciliación obligatoria que los plenarios del sindicato habían votado rechazar. Abajo los topes, libertad de negociación colectiva. Que paritarios y convenios se discutan y voten en asambleas.

Ha comenzado la discusión paritaria en el gremio papelero. La industria del papel superó las ganancias de años anteriores y tuvo lugar una importante absorción de empresas. Para este año, sin embargo, las cámaras patronales prevén un 'enfriamiento' y apoyan el tope salarial establecido por los K para las paritarias. Las del año pasado dejaron rezagado el salario y las categorizaciones. La industria papelera tiene siete convenios colectivos por rama. El promedio de la categoría convencional más baja arroja un básico de 2.300 pesos y la superior de 3.400. Con algunos adicionales y acuerdos internos, la gran mayoría de los papeleros cobra la mitad del valor de la canasta familiar. La escala salarial convencional perdió valor. La dirección del gremio permitió que se eliminaran categorías y se produjera un achatamiento hacia abajo. La mayoría de las patronales pagan las categorías que se les canta y la descripción de las tareas perdió actualidad. La paritaria se desarrolla en secreto; para la dirección, la asamblea general y las asambleas de fábrica no figuran en la agenda. Lo ocurrido en Smurfit de Sunchales (Santa Fe) es ejemplar: los papeleros acaban de derrotar un intento de la patronal de desconocer el convenio e imponer tareas adicionales con una huelga general de más de 60 días, que fue saboteada por la dirección. Para luchar de verdad contra los cierres, por la defensa del convenio, contra la precarización laboral, mejorar el salario y condiciones laborales es necesario que se convoquen las asambleas de fábrica. Los papeleros reclaman paritarias sin tope, una categoría inicial que cubra el costo de la canasta familiar, el reconocimiento a todos los trabajadores del gremio del 2 por ciento de antigüedad y la actualización paritaria de todas las sumas fijas. Necesitan la recategorización de miles de puestos de trabajo, la eliminación del impuesto a las ganancias y asignaciones familiares sin tope salarial. Eso sólo se puede lograr con paritarios elegidos por asamblea. Sin dudas, se hace necesario un cambio en la dirección del gremio.

La provincia está convulsionada. El atraso en el pago de los salarios provinciales y municipales ha desatado la furia de los trabajadores. Cuando estamos a mitad de mes, ningún judicial, empleado de la Cámara y muy pocos de las empresas de servicios públicos y Fomicruz han cobrado sus haberes. Tampoco los municipios del interior. Resta cobrar cerca de un tercio de los docentes. En cada localidad se desarrollan procesos de organización y movilizaciones que tienen su eje en la Mesa de Unidad Sindical. Estas mesas locales suman creciente cantidad de organizaciones sindicales. En Caleta Olivia, a los cacerolazos convocados por la mesa se han sumado movilizaciones de miles de municipales. El cuerpo de delegados del Soemco obligó al dirigente Julián Carrizo a avanzar con los paros y a participar del cacerolazo de la Mesa de Unidad Sindical. Este hombre era hasta hace poco la pieza clave del gobernador para desactivar las luchas. En Los Antiguos se hizo comparecer al intendente a una asamblea; interpelado duramente por los trabajadores, echó todas las culpas al gobernador y a las gestiones municipales anteriores de las que él mismo fue partícipe. El Concejo Deliberante de aquella localidad tratará una declaración de emergencia; hemos propuesto la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos. En la cuenca carbonífera de Río Turbio se ha conformado una mesa de unidad que incluye al Partido Obrero. En Truncado y Las Heras también se han desarrollado los cacerolazos con gran acatamiento a los paros. En El Calafate hubo una gran marcha, unas 500 personas, en el marco de un paro docente y hospitalario total, al que se sumó vialidad. En la capital, el cacerolazo del jueves fue muy superior al del lunes, a pesar del intenso frío, viento y lluvia. Además, Luz y Fuerza, bajo la presión de un activismo que va ganando en protagonismo, realizó asambleas y movilizaciones con sus camiones, mientras mantiene paralizada la empresa junto a la comisión provisoria del gremio de Obras Sanitarias (esta última sumada ahora a la Mesa de Unidad Sindical). Las cooperativas, pequeñas empresas o contratados municipales que realizan la limpieza de las escuelas cobran un mes y medio mas tarde y van de paro en paro. Se han perdido muchos días de clases por este tipo de paros y por las condiciones edilicias (el Estado no paga el mantenimiento). En los hospitales faltan insumos esenciales, médicos y especialistas. El Estado no entrega un tercio de los aportes legales a la Obra Social. Esta caja lleva intervenida más de 21 años, porque sus ganancias financian el déficit corriente. Los municipios dependen de los "aportes para déficit". La Cámara de Diputados votó una ley para asegurar ese flujo de fondos, que fue vetada parcialmente por Peralta. La Cámara ha aprobado la gestión de créditos con el Banco de la Nación, pero las tratativas se demoran y el dinero no llega. Repsol (Eskenazi) había realizado adelantos de regalías el año pasado, que ahora descuenta; la "nueva YPF" no ha cambiado esta situación. Se ha anunciado la baja de los dos mil planes de 1.840 pesos (con una contraprestación de cuatro horas) en la zona norte de la provincia. El intendente de Caleta, José Córdoba, descalificó públicamente a la ministra de Gobierno y le dijo a los beneficiarios que los planes van a seguir. El subjefe de policía de zona norte entregó las llaves del Sindicato Petrolero a la burocracia de Segovia, que había sido desautorizado por CFK, luego de que ocupara la sede; le han iniciado sumario al jefe policial. Apareció una boleta de 60.000 pesos de una vinería de la capital, para "gastos de la residencia del gobernador". El ministro del área denuncia una maniobra contra Peralta. El gobierno ordenó el pago segmentado de los salarios, pero el Tribunal Superior de Justicia desestimó esta orden y decidió no pagarle a nadie hasta recibir todos los fondos. Enseguida planteó una queja que puede ser causal de juicio político. Las añoranzas de Cristina Cristina ha responsabilizado a todos los gobernadores que siguieron a su marido, por haberse gastado los famosos fondos de Santa Cruz en "aumentos desmedidos". Peralta admitió que esa plata ya está gastada. No aludió al vaciamiento provocado por los contratos leoninos en beneficio de las constructoras y otras contratistas del Estado, encabezadas por Lázaro Báez y otros amigos del poder K. Tras cartón restituyó las áreas quitadas a YPF. Cristina reivindicó los años '90, en los cuales "El" gobernó la provincia "con mano de hierro": tres cuartas partes de los sueldos en negro, presentismos extorsivos, miles de planes por servicios, durante 14 años, por 350 pesos. Sin paritarias, con la Caja de Servicios intervenida. Represión a organizaciones sindicales importantes como el sindicato Santa Cruz de Luz y Fuerza. Golpeando con patotas oficialistas a los manifestantes del cacerolazo de 2002. Recortando salarios y asignaciones familiares tantas veces como asomaba alguna crisis fiscal. Todo esto, mientras ignoraba por completo cualquier acción relacionada con los derechos humanos (no se pronunció contra los indultos). Privatizando el banco de la provincia (después de fundirlo). Impulsando la privatización del petróleo y el gas. Reformando dos veces la Constitución Provincial (1994 y 1998) para asegurarse la reelección indefinida y organizando un régimen político por pueblo, que le asegura mayorías absurdas en la Legislatura (Hoy es 22 a 2, con el 54% de los votos). Copando el Poder Judicial; rechazando la reincorporación del procurador, ordenada por la Corte. Organizando por fin todo tipo de negociados y amasando una fortuna familiar. Esta reivindicación del régimen provincial K, en los '90, representa la salida que CFK está buscando armar ahora a nivel nacional. ¿Adónde va Santa Cruz? Como ha ocurrido otras veces, Santa Cruz anticipa la crisis nacional. Peralta desmiente cualquier posibilidad de renuncia, pero su gobierno está paralizado y la disputa por sus despojos arrecia. Por abajo, en la semana que se inicia continuarán los paros. Todo indica que en los primeros días de junio, cuando se deben pagar sueldos y aguinaldos, puede haber un estallido general. La Mesa de Unidad Sindical debe convocar a un congreso de delegados con mandato para ofrecer un programa de salida y una alternativa política de los trabajadores.

El enfrentamiento que provocó La Cámpora contra un grupo de ruralistas que pretendía ingresar a la Legislatura bonaerense, ¿debe ser caracterizado como una acción nacional y popular contra la oligarquía o como un ataque al derecho de reclamo ante los poderes del Estado? La Cámpora no ha ofrecido al país, hasta ahora, una sola idea política propia; sin embargo, ha vuelto a ocupar las planas por los choques físicos con sus rivales -el anterior, con la Policía bonaerense que bloqueó su ingreso en la reciente inauguración de las sesiones parlamentarias. Clarificar el punto es importante. Para ello hay que atender a la circunstancia y al método. Desde el punto de vista de la circunstancia política concreta, el centenar de afiliados de la Carbap vino para reclamar a favor de un privilegio para los terratenientes -defender un impuesto inmobiliario sobre tierras varias veces devaluadas en términos fiscales-, algo que les aseguran las constituciones vigentes. No actuaron en condiciones propicias para un grupo de choque interesado en promover un golpe o un atentado de fuerza contra los derechos democráticos vigentes. En un país donde el gran capital complota con el gobierno que defiende La Cámpora contra el derecho de los trabajadores a ajustar el salario de acuerdo con la inflación, ejercer la prepotencia contra otro sector capitalista que defiende también su tasa de beneficio es, por lo menos, una contradicción. El problema de la gran masa de trabajadores no es, en la actualidad, una caravana de algunas 4x4 que estaciona en una Legislatura, sino un gobierno que aplica todos los torniquetes del Estado (Proyecto X, patotas, ley antiterrorista, cuatro mil obreros procesados) y la complicidad de la burocracia sindical para paralizar a millones de trabajadores. Desde el punto de vista del método, las distinciones no son menos importantes. La prepotencia e incluso las acciones criminales de las bandas que organizan los explotadores contra los explotados y sus organizaciones deben ser enfrentadas por la movilización organizada de las masas, no de pseudo-aparatos sin ningún vínculo con ellas. Esta condición le da a las acciones directas contra la reacción una posibilidad segura de éxito. Pero, además, la distingue de una violencia que no es revolucionaria, sino desmoralizadora. La Cámpora tiene con las masas una relación clientelar: se hicieron presentes en la Legislatura como tropa de choque de Mariotto, no como vanguardia popular de la lucha contra el ajuste o la nacionalización de la tierra. La desafortunada combinación de circunstancia y método coloca a La Cámpora mucho más cerca de convertirse en una patota 'a la Pedraza', que en una fuerza de vanguardia que defiende los intereses de las mayorías nacionales. El vacío de programa deja el paso al lumpenismo político e ideológico. Políticamente, no hay un ápice de casualidad en que Boudou se haya retratado con Favale.

Con el significativo título de "Injerencia política dentro de los establecimientos", la Federación Papelera ha emitido una curiosa circular a todos los delegados del gremio, para que sea pegada en todas las carteleras gremiales. Cuenta que se está distribuyendo un panfleto de "una supuesta organización que se hace llamar Papeleros Combativos", que ella "sabe que está elaborado, distribuido y fomentado por organizaciones de izquierda trotskistas", un "sector disociador" -dice- "(que) pretende (...) generar conflictos para su provecho". La circular califica a todo esto como una "intromisión foránea (...) que tiene por objetivo destruir las organizaciones gremiales que nosotros defendemos y representamos". ¿Qué 'defienden' estos burócratas sino los intereses de las patronales y a quién 'representan' sino a sí mismos desde hace años? Un pase escandaloso de facturas La misma circular que denuncia a la agrupación Combativos Papeleros por reclamar asambleas de fábrica y paritarios elegidos en asamblea, se queja de que la circulación de "estos panfletos (...), en ningún caso fue denunciado por los sindicatos de la zona". O sea que la burocracia reclama que los dirigentes regionales oficien de alcahuetes. La circular descarga sobre los sindicatos zonales la falta de respuesta a la presión de las patronales y les reclama "apoyo a medidas de acción directas en caso de que las negociaciones salariales y convencionales se demoren, o lisa y llanamente los empresarios se nieguen a la reconversión del salario que consideramos necesario (...)". Esta denuncia de la Federación sobre las burocracias zonales no sería un 'factor disociador', como sí lo sería la misma denuncia cuando la hace Papeleros Combativos, pero es claro que pretende disimular la responsabilidad de la propia Federación, que se olvidó hace décadas de lo que es "una medida de acción directa". Le decimos a Blas Alari: la dirección de la Federación se ha ganado largamente los derechos de la jubilación. No se dirige una federación sin pisar una fábrica ni realizar una asamblea. La circular de Alari es una confesión de impotencia y un intento de simular una defensa de los derechos sindicales. Papeleros Combativos es una agrupación de compañeros con presencia en diez fábricas de la provincia de Buenos Aires y en algunas del interior. Saca un boletín, defiende a los sindicatos y a la democracia sindical, y la lucha contra las patronales. Algunos de ellos son de izquierda y son parte de un ascenso de la izquierda en todo el mundo, ante el derrumbe de las viejas políticas de los partidos tradicionales. Papeleros debe ser dirigido por la juventud obrera que trabaja en la fábrica y tiene que acabar la gerontocracia que ha hundido el salario y las condiciones de trabajo.

La semana pasada, el Rectorado de la UBA dio de baja a 19 docentes de la Facultad de Filosofía y Letras, entre ellos al profesor y ensayista Eduardo Grüner. La información oficial presentó el caso como "un error administrativo". Pero no hubo errores. Las bajas se inscriben en la política del Rectorado y el Consejo Superior que, desde diciembre del año pasado, pretenden cesantear a más de 700 docentes interinos o con concursos vencidos, desconociendo la Ley 26508 del 82% móvil, que consagra el derecho de todos los docentes universitarios a optar por permanecer en el cargo cinco años más tras cumplir los 65. Tal derecho fue promovido por los docentes universitarios para contemplar las situaciones de los compañeros que no completaron sus aportes o de quienes, en plenitud de su capacidad intelectual y creativa, quieren optar por seguir ejerciendo la enseñanza y la investigación. El Rectorado desconoce este derecho, amparándose, por un lado, en una versión deformada de la autonomía y, por el otro, tal como lo expresó el rector Rubén Hallú al polemizar con la AGD, en la necesidad de la "renovación generacional". O sea, en una "guerra del cerdo". Lo que no dicen ni el Rectorado ni el Consejo Superior es que el núcleo duro de toda su política de cesantía apunta a desconocer el principio de estabilidad laboral que garantiza el derecho a opción. Los docentes universitarios, que carecemos de un convenio colectivo de trabajo, enseñamos e investigamos en la más brutal inestabilidad laboral. Ya sea porque en más de un 70% permanecemos interinos por años (ante la no convocatoria de los concursos de nuestros cargos) o porque los concursos se han convertido en un mecanismo de expulsión en un cuadro de congelamiento de cargos. Fue la intensa campaña de la AGD -con presentaciones judiciales, denuncias en el Congreso y en los medios y, sobre todo, con la organización y movilización de los docentes amenazados- la que frenó la cesantía masiva que el Rectorado tenía programada para fin de marzo de este año. El miércoles pasado, en un retroceso parcial, el Consejo Superior aceptó la renovación de todos los cargos docentes que estaban en esta situación, pero sólo hasta fin de junio. El "error" en la baja de Grüner despertó una enorme movilización y solidaridad de los compañeros de la Asamblea de Intelectuales en apoyo del Frente de Izquierda, que organizamos un petitorio que, en pocos días, ha recogido cerca de 1.500 firmas de una amplísima representación. Una manifestación concreta del impulso que la Asamblea puede dar a la lucha de los reclamos de los trabajadores y, en particular, de los docentes universitarios. La amenaza de las cesantías sigue pendiente. La última asamblea de AGD votó la realización de una gran clase para el viernes 1º de junio, a cargo de los docentes a quienes el Rectorado quiere dejar en la calle. Con los compañeros y las compañeras adentro, tenemos que continuar con las denuncias, el petitorio y la movilización. Vamos por la plena vigencia del derecho a opción. Ninguna cesantía en la UBA.

Luego de la aparición de un video que muestra a Miguel Galuccio, el nuevo presidente de YPF, publicitando a Repsol en 1998, una fuente de la compañía informó que Repsol no pudo recontratarlo en 2009 por la falta de acuerdo sobre el salario que reclamaba el funcionario ‘recuperado' por el kirchnerismo. Galuccio está dedicado, ahora, a incorporar en YPF a los gerentes de la gestión menemista. Mientras tanto, otros operadores del oficialismo están ocupados en negociar el ingreso de Exxon Mobil al mercado petrolero nacional. Según se informa, el pulpo yanqui exige "un conjunto de garantías políticas similares a las que tienen las cuestionadas firmas mineras" (Clarín, 11/5). O sea que piden un compromiso de estabilidad tributaria por cincuenta años, la autorización para girar utilidades al exterior, así como también "un precio del crudo y del gas acorde a la evolución internacional del petróleo" (ídem). Los contratos quedarían sometidos a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York. Este esquema se repetiría con Chevron y Total, entre otras. Clarín asegura que la expropiación de YPF tuvo "el aval de Washington para bloquear la venta de la compañía a la china Sinopec", lo que Prensa Obrera adelantó en el momento de la "estatización". La nueva YPF conserva el carácter de sociedad anónima con cotización en la Bolsa. Por lo tanto, no estará sometida a los auditores del Estado nacional, pero sí a la Bolsa. Una delegación de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) acaba de llegar a la Argentina: quieren impedir , dice La Nación (14/5), "que se lleven a cabo planes que han sido sugeridos por profesionales cercanos o miembros del oficialismo, tales como obligar a YPF a producir al costo para subsidiar a los consumidores domiciliarios o a sectores industriales" (ídem). La ilusión de un precio interno inferior al internacional se disipa y la amenaza del tarifazo se acentúa. La reprivatización petrolera expone el desbarranque político del centroizquierda y la izquierda democrática, que votaron por la "ley de expropiación" en nombre de una soberanía energética.

Los convenios colectivos de la industria del papel tienen artículos que establecen contribuciones de las patronales para financiar programas sociales y capacitación. La defensa de esta caja es lo único que estos dirigentes defienden con uñas y dientes. Los cursos de capacitación no existen. El cobro de contribuciones -sobre la cantidad total de trabajadores, estén o no estén afiliados- apunta a sustituir la afiliación como fuente de recursos del presupuesto del sindicato. El 'festival de los descuentos' Como en la perinola, 'todos ponen' a la caja de la Federación. A quienes no están afiliados se les aplica un descuento del 1% del sueldo. Y a quienes están afiliados se les aplica un descuento sindical del 4%, un 2% para la Federación del Papel y el otro 2% para el sindicato local. En la seccional que abarca desde Quilmes hasta todo el sur de la provincia, a los afiliados se les aplica, además, otro descuento del 3% en concepto de pago de una 'medicina integral', aparte de los aportes a la obra social. El bajo nivel de afiliación al gremio papelero es calamitoso. Los balances de ingresos y gastos son un misterio, y se aprueban a la velocidad de la luz.

En una actividad con alto riesgo laboral como la petrolera, la desinversión en seguridad e higiene de los trabajadores es una apuesta al desastre. Desde hace unos años, el incremento de los 'accidentes' laborales ha sido brutal. El viernes 11 de mayo por la madrugada, dos operarios de la contratista de YPF Geolog sufrieron serias quemaduras. Hace dos semanas, también en YPF, otro operario murió al desplomarse una torre. Otro salvó su vida de milagro. En enero, otro obrero murió electrocutado en el yacimiento Chihuido, de esa empresa. En diciembre pasado hubo otro accidente grave en Loma de la Lata (YPF). En abril del año pasado, también en Loma de la Lata, un operario estuvo horas tirado en el medio del campo por un golpe en su cabeza con un trozo de metal. Según las normas de seguridad, los operarios no deberían salir solos a realizar tareas en el campo, pero las empresas los obligan a hacerlo, so pena de perder el trabajo. A esto se agregan dos muertos más en 2010 en el yacimiento Aguada Pichana (Total). Para la tribuna Cada vez que ocurren estos hechos, Guillermo Pereyra, el secretario general del sindicato, vocifera para la tribuna que "no vamos a permitir más casos". A fines de abril, en conferencia de prensa (tras la muerte de un obrero), dijo que "los yacimientos están en condiciones desastrosas, casi todas las semanas hay accidentes de trabajo" y acusó a distintas empresas de "no registrar los accidentes menores y no denunciarlos a la ART, ...los derivan a la obra social para que no caiga la responsabilidad en la empresa" (La Mañana Neuquén, 27/4). Al mismo tiempo, levantó un paro por mayor seguridad laboral, en vista a una reunión sobre el tema con De Vido. La constitución de comités obreros de seguridad, con poder de parar la producción en casos de violación a las normas de seguridad, pasa a ser un reclamo vital para los trabajadores del sector.

El mundo que gira alrededor de la Bolsa de Valores Buenos Aires sigue de cerca cada señal que da el gobierno y los precios de los títulos públicos parecen vibrar ante cada mensaje. El 26 de marzo, después de que Página/12 publicara los dichos de la titular del BCRA, Marco del Pont -los que proyectaban un crecimiento para este año cercano al 6%-, se produjo un aumento en la demanda de los cupones atados al PBI, lo cual elevó un 2% su cotización en pocas horas. Pero la suba no se sostuvo: al 18 de abril ya acumulaba una caída del 12%. ¿Una maniobra armada desde el Banco? El certificado en cuestión es muy volátil: entre diciembre y febrero pasados dio ganancias de más del 50%. Esto obedece a que los títulos se negocian en alta proporción "apalancados" -es decir, con poco dinero propio y con la posibilidad de obtener préstamos sucesivos para nuevas compras a tasas de interés muy bajas. Esta 'bicicleta' permitió duplicar el valor de la inversión en dos meses y medio. Alimentando la deuda eterna El cupón PBI, un certificado que da derecho a cobrar una renta determinada, concentra una parte elevada del movimiento bursátil. El volumen operado en la Bolsa de Buenos Aires por este instrumento, en 2011, fue de más de 23.000 millones de pesos, mientras que la suma de las acciones negociadas sólo llegó 13.580 millones. En 2011, mientras las acciones del índice Merval retrocedían más del 30%, los cupones PBI en sus distintas monedas registraron subas de hasta el 35%. Un año antes, en 2010, la rentabilidad de los cupones había llegado hasta el 220% en apenas un año. El pago de un cupón que depende de la suba del Producto Bruto InternoI impide conocer cuál es la deuda pública total del Estado -dicho de otro modo, la estadística de deuda no registra las obligaciones fiscales que genera este título. El pago del cupón se realiza al año siguiente, si la suba del PBI supera el 3,25% (aunque decrece hasta el 3% en 2016). En 2012, el gobierno tendrá que pagar más de 3.500 millones de dólares por la suba informada del PBI de 2011. El monto del pago, sin embargo, está determinado por la acumulación del crecimiento del PBI desde que los cupones fueron entregados en el famoso canje de deuda pública en 2005. O sea que el monto anual a pagar no está vinculado directamente al aumento del PBI del año anterior, sino al que se acumuló desde su emisión. El total de los pagos tiene un límite hasta 2035, que se estima en 19.000 millones de dólares. Si se consolida el anuncio que hizo el Banco Central acerca del crecimiento del PBI en 2012, en 2013 el precio del cupón podría aumentar más del 60%. Si el PBI subiese en los próximos años más del 3,25%, el saldo de los cupones se cancelaría en sólo cinco años, agregando a los pagos ya presupuestados unos 4.000 millones de dólares anuales hasta 2016. Un monto que, sumado a los otros pagos de deuda, es por demás suficiente para destruir a la Tesorería. La suma de los pagos realizados y a realizar por este cupón borra de un plumazo la "quita" de deuda con la que se hizo propaganda en ocasión del canje. Como el pago del cupón depende del cumplimiento de determinadas condiciones ("warrants"), los compromisos que genera no se encuentran incluidos dentro de la deuda pública. El cupón PBI se ha convertido, de este modo, en la razón principal de la amenaza de un 'defol' del Estado kirchnerista y, por lo tanto, de la política de ajuste y del 'corralito' cambiario. Al ritmo del 'defol' Los especuladores temen ahora que el gobierno manipule los datos de PBI de 2012 para evitar los pagos de 2013. Una recesión aliviaría la presión fiscal y financiera de esta deuda; pero, por otro lado, haría caer la recaudación de impuestos. Para colmo de males, la manipulación que hace Moreno con el índice precios 'infla' el cálculo del crecimiento del PBI y fuerza al Estado a pagar un rendimiento más alto por este certificado. El PBI a precios constantes siempre resulta mayor si el índice de precios que se utiliza para su cálculo está disminuido. Con los pronósticos de recesión en diciembre pasado, los precios de los títulos cayeron, incluso más allá de lo que correspondía. Pero no bien el gobierno dio señales de aumento del PBI, los precios se dispararon. O sea que el gobierno, el cual denuncia el "anarco-capitalismo" vigente en Estados Unidos y Europa, deforma la información del PBI para asegurar una renta elevada a sus tenedores. El certificado de PBI es un 'producto' típico del neoliberalismo, lo que en la jerga financiera se llama un "derivado", pues su precio no depende de la tasa de interés que haya sido contratada, sino que ese precio se encuentra 'atado' a la evolución de otro 'activo' -en este caso el PBI, que es el flujo de valor y de ingresos de la economía. La sobreestimación del crecimiento del PBI por parte del Banco Central para 2012 expresa una intención de contener una mayor salida de capitales -y, como consecuencia de ello, una hiperdevaluación del peso y la cesación de pagos. El 'mercado', sin embargo, no cree nuevamente en los pronósticos del gobierno, aunque el Indec haya informado que el PBI aumento un 5,35% en el primer bimestre. Cree que es una jugarreta para retenerlo en el mercado y que, en realidad, este certificado no pagará nada en 2013. La 'encrucijada' de los K no podría ser más 'terrible': desde 2006 ha estado mintiendo sobre los precios para pagar menos por los títulos que se ajustan por el CER y ahora se vería obligado a pagar muchísimo más por un crecimiento ficticio del PBI real. Seguir informando datos mensuales de la economía que sobrestiman el crecimiento obligaría a un pago enorme para el año próximo, lo que provocaría el desbarranco de las cuentas públicas. El crecimiento que se viene informando gatillará un pago del cupón, en 2013, que superaría largamente los 3.500 millones de dólares previstos para el año corriente. La importante suma de divisas que insume el pago de estos cupones ha llevado a Guillermo Moreno a bloquear masivamente las importaciones y al establecimiento de una veda cambiaria, con el perjuicio correspondiente para diversos sectores capitalistas. Las provincias, que avizoran el 'defol' en el horizonte, han comenzado a mencionar la posibilidad de emitir cuasi monedas. El 18 de mayo, el Indec -con el dato que dará correspondiente a marzo- debe confirmar o no el estimado del Producto Bruto Interno del primer trimestre que dio el Banco Central. Lo que está fuera de cuestión, sin embargo, es que Argentina enfrenta de nuevo la amenaza de una cesación de pagos -esta, vez en el marco de la bancarrota capitalista mundial.

En las elecciones de renovación de las autoridades universitarias en la Universidad Nacional de Lanús, se presentó por primera vez una tercera lista de izquierda. Las variables kirchneristas estuvieron representadas por la Lista Granate de la gestión (La Cámpora, JP y grupos K) y el rejunte de la Verde (Nuevo Encuentro y sectores K). La lista Multicolor está compuesta, además de la UJS, por otras cuatro agrupaciones de izquierda (Estudiantes Críticos, Encuentro Popular Estudiantil, Sur y Sobre Rieles), con un programa de lucha. La gestión sólo logró el 43% de los votos (hace dos años había superado holgadamente el 60%). La rectora Ana Jaramillo puso a disposición de los pocos estudiantes de la Lista Granate un importante número de trabajadores administrativos y docentes del palo "nacional y popular". Como en la mayoría de las universidades nacionales de reciente formación, el Rectorado mantiene un control monolítico del conjunto de la vida académica. La Multicolor demostró ser el espacio con mayor militancia estudiantil, con un 32% de los votos. Este resultado liquidó a la Verde, que con un 22% no logró superar el piso para meter un consejero superior. La Lista Multicolor consiguió un consejero superior y uno departamental (salud comunitaria). En vista de que la Granate no ha obtenido la mayoría simple de los votos, hemos reclamado que nos asignen dos consejeros superiores. Votaron unos 3.200 estudiantes, y más de 1.000 lo hicieron por la Multicolor. El desafío próximo de la UJS-PO es impulsar la marcha educativa.

Ha pasado más de un mes del vencimiento del convenio firmado el año pasado entre la CGT de San Lorenzo y el Complejo Oleaginoso Portuario Agroexportador (Copa), que estableció un salario de bolsillo de cinco mil pesos para todos los trabajadores de las terminales portuarias. La CGT reclama ahora que el salario de bolsillo ascienda a 6.200 pesos, incluidos los tercerizados. Las cámaras patronales han aceptado, con reservas, discutir este tipo de convenios, con la excepción de la aceitera, dado el peso que la tercerización tiene entre las exportadoras. De conjunto, las direcciones de los gremios del cordón no se responsabilizan por las condiciones de seguridad, las categorías o las condiciones de trabajo de los tercerizados. En el último año se han producido decenas de muertes de obreros por accidentes laborales, la inmensa mayoría de ellos contratados. La propuesta de la CGT no avanza, sin embargo, en la cuestión central del pase a planta de los compañeros y en la unificación del convenio de efectivos y tercerizados. Reguera, secretario general de los aceiteros, está negociando un 'convenio tipo' para los tercerizados por debajo de la mínima inicial del gremio. Está acordando una subcategoría, por debajo de la inicial 'A', inventando la 'AA', con básico de 4.100 pesos. De esta manera, los tercerizados pasarían a ser afiliados, pero por un sueldo básico 2.000 pesos menor. La CGT de San Lorenzo no ha convocado a asambleas en ningún establecimiento. Asimismo, ha cambiado la modalidad de las medidas de acción, anunciando un bloqueo que no afectará la puerta de las plantas (no habrá paro), sino la circulación portuaria. Es necesario que la CGT de San Lorenzo convoque a una gran asamblea de todos los trabajadores efectivos, contratados y tercerizados de todos los gremios que estén dentro del Copa. Es la única manera en que los tercerizados pueden decidir, junto con los efectivos, la organización de la lucha y los pasos a seguir.

La disparada del dólar a 5,50 y 6 pesos, según los casos, puso en la superficie la magnitud de la crisis financiera que enfrenta el gobierno K. Es, en la historia argentina (y para cualquier economía capitalista), un síntoma 'clásico' de un derrumbe anunciado. La Presidenta se vio obligada a desmentir en forma personal la intención de establecer mercados cambiarios diferentes, lo que el viceministro de Economía defendió en un escrito académico el año pasado. Este procedimiento consagraría una devaluación considerable del peso, la cual aceleraría los ya elevados aumentos de precios internos. La desmentida oficial no goza de mucho crédito luego de lo ocurrido hace un mes con YPF, cuando la intención de proceder a una 'expropiación parcial' de Repsol fue negada como una maniobra de la prensa 'destituyente'. Crisis fiscal El desarrollo de una bancarrota financiera tiene otras expresiones. La principal de ellas es la crisis fiscal de las provincias, la que no ha sido atenuada por los diversos tarifazos e impuestazos que aprobaron las legislaturas. En las provincias, aunque también a nivel nacional, existe una demora creciente del pago a los proveedores, lo que está produciendo una ruptura de la 'cadena de pagos'. Esto ocurre a pesar de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que liberó una enorme cantidad de dinero para financiar al Tesoro y el pago de la deuda externa. Otra expresión de esta bancarrota es la crisis energética. No solamente porque hay una factura de importación de gas y de fuel oil de 12 mil millones de dólares, sino porque el sistema eléctrico se ha declarado en cesación de pagos, lo cual obliga al Estado a reforzar el sistema de subsidios. Esta situación evoca lo ocurrido en junio de 1975, cuando otro gobierno nacional y popular procedió a un naftazo del 400 por ciento y una devaluación muy fuerte del peso. A pesar de la burocracia sindical de entonces, el 'rodrigazo' (por Celestino Rodrigo, el ministro de Economía de aquel momento) desató una huelga general hasta comienzos de julio, la que fue impulsada por las coordinadoras de los cuerpos de delegados de las empresas. La catástrofe de hace casi cuarenta años explica que la mayoría de los economistas rechace cualquier recomendación de tarifazos e hiperdevaluaciones y propugne, en cambio, recorrer esa misma vía en forma gradual. La misma Presidenta avaló el planteo cuando declaró su disgusto con un 'shock', o sea proseguir con la 'sintonía fina' -la cual es cada vez más difícil de ejecutar. Fugas y devaluaciones La magnitud de los desequilibrios en presencia hace difícil el gradualismo. De nuevo ha sido CFK quien subrayó, hace un par de días, que "el mundo se cayó sobre Argentina" (renegando de sus dichos en el pasado acerca de que el 'modelo' 'blindaba' a la economía nacional). La bancarrota de la Unión Europea viene produciendo una salida sistemática de capitales: de las sucursales de empresas de Europa en los 'países emergentes' a sus casas matrices y de los capitales endeudados de Europa hacia Estados Unidos. A pesar de todos los controles dispuestos por Moreno, en este primer cuatrimestre ha continuado la huida de capitales de Argentina, como lo revela la caída abrupta de los plazos fijos en dólares y el drenaje persistente de divisas que viene soportando el Banco Central en sus reservas. Esta 'fuga' se manifiesta en forma clara en Brasil, que tiene una descomunal deuda externa privada, la cual se suma a la del Estado. En Brasil hay una mora creciente en la devolución de los créditos personales y comerciales, incluso el 'defol'. El intento del gobierno Rousseff de contener esta quiebra, con una reducción de la tasa de interés que pagan los deudores, favorece la salida de capitales. La devaluación del real, la moneda de Brasil, ha alcanzado el 30 por ciento en menos de un mes, lo que pone en dificultades al comercio de Argentina. La disparada del dólar frente al peso ya se manifiesta en el comercio interno: hay acaparamiento de mercancías por parte de las empresas y los capitales agrarios están haciendo lo mismo con la soja (en los silos-bolsa). Los grandes capitales, encabezados por la Unión Industrial y Techint, reclaman un 'sinceramiento' de las 'variables' de la economía, en referencia a las tarifas y al tipo de cambio, sumándose al reclamo de las petroleras que manejan las concesiones de explotación para el precio del petróleo en boca de pozo, que lo quieren duplicar. Con las paritarias, adoptan la actitud inversa: están en contra de cualquier 'sinceramiento' de los salarios y reclaman que el Estado arbitre las paritarias por decreto. Es la misma línea que siguieron esos mismos capitalistas en el 'rodrigazo'. La bancarrota financiera se manifiesta, desde hace bastante tiempo, en una crisis política. La disputa por el control de la CGT forma parte de esta crisis. 'Defol' La desvalorización del peso frente al dólar es una consecuencia de la incapacidad del Estado para pagar la deuda externa -incluso luego de que el gobierno transfirió (y continúa transfiriendo) gran parte de ella al Banco Central y a la Anses. En 2012, la factura es de 15 mil millones de dólares -y sigue creciendo. Dentro de esta factura figura el llamado 'cupón PBI', que es una deuda que crece, en forma acumulada, con el aumento de la producción. Este año suma 3.500 millones de dólares, pero tiene obligaciones anuales sucesivas de hasta 20 mil millones de dólares. El 'cupón PBI', inventado por Kirchner y Lavagna en 2005, es una bomba de tiempo del tipo de las que desencadenaron la bancarrota mundial en curso. La Anses ha entregado a los especuladores los 'cupones PBI' en su poder y ha acumulado títulos en pesos, los cuales se ajustan (es decir, se desvalorizan) por la inflación del Indec. La Argentina K enfrenta una crisis capitalista sistémica, la que no puede remediar con la 'sintonía fina'. Está interconectada con la bancarrota mundial. Como ocurre en todo el mundo, los K pretenden que la paguen los trabajadores. A eso responde el tope a las paritarias. También se cortan los subsidios a las empresas recuperadas y se impulsa su reprivatización. Un aspecto fundamental del 'ajuste' lo constituyen las jubilaciones, porque solamente pagando 1.660 pesos al 80 por ciento de los jubilados puede la Anses bancar el pago de la deuda externa o absorber las pérdidas que sufren las acciones que tiene en las empresas. Para defender esta expropiación, la intervención K en la Anses ha vuelto a salir con los tapones de punta contra el pago de los juicios por el congelamiento de las jubilaciones a partir de 1996 y 2003. En el marco de esta bancarrota financiera, ha irrumpido la recesión, que los analistas dan por cierta a partir de marzo. En efecto, en las empresas cesan las horas extras e incluso comienza a aplicarse la reducción horaria. También se producen cierres (como ocurre con varias empresas metalúrgicas, en particular Mecca). Los economistas la valoran como una bendición, porque podría frenar las importaciones y mejorar el saldo comercial. Asimismo, evitaría pagos por el 'cupón PBI' el año que viene. Pero una recesión produciría quiebras y defol con los bancos, así como también una caída de la recaudación fiscal. Por eso, esos mismos economistas recomiendan una devaluación: el 'típico' ajuste 'neoliberal'. Bonapartismo declinante Este es el cuadro que explica la crisis política, toda ella dominada por el tema del 'ajuste'. El choque con Macri, con Scioli y con Moyano (o incluso con Peralta, De Vido y Boudou) tiene esa causa básica. El régimen político se hace cada vez más personal y el método de gobierno asume en forma más acentuada el carácter de camarilla. En forma contradictoria, a medida que el gobierno restringe su base de apoyo -es decir que la pierde-, más crece la necesidad de propiciar una re-reelección, que la situación general hace menos probable o inviable. La salida de Scioli, en la que expresó una 'vocación' presidencial que hasta ahora se le desconocía, es una señal del 'establishment' contra la perpetuación de los K. La negativa de Caló a suspender el paro metalúrgico, que determinó la diatriba inmediata de CFK contra la burocracia sindical, debe interpretarse como un revés del arbitraje presidencial y como una tendencia a la agudización de las contradicciones por las negociaciones paritarias. La disparada del dólar es parte de la crisis del arbitraje presidencial. La 'expropiación parcial' de Repsol no ha cambiado la tendencia de conjunto al deterioro de la economía y la política kirchnerista. Incluso la ha agravado, porque ha acentuado la necesidad de una respuesta de conjunto a la crisis energética, además de haber abultado la factura oficial. Ha reforzado la tendencia del gobierno a atacar a los trabajadores, en este caso los petroleros, para solventar la gestión de YPF. La amenaza de un 'rodrigazo' vuelve a plantear, para los trabajadores, la cuestión del no pago de la deuda externa y, en general, que la crisis la paguen los capitalistas. La lucha por los pliegos salariales en las paritarias, también contra los tarifazos y los impuestazos, plantea una cuestión de conjunto: el desarrollo de una alternativa de poder de la clase obrera frente a la descomposición del régimen político vigente. Vuelve a plantearse la cuestión de recuperar las comisiones internas y los cuerpos de delegados en las empresas, pelear la dirección de los sindicatos y desarrollar las coordinadoras sindicales en las aglomeraciones fabriles.

El pasado jueves 10 de mayo, en el marco de la campaña por la inmediata aparición de Yamila Elizabeth Cuello, resuelta e impulsada por el Plenario de Trabajadoras, se realizó una marcha, que contó con la presencia de familias de desaparecidas, numerosas organizaciones y la adhesión de muchísima gente durante todo su recorrido. Yamila Elizabeth Cuello tenía 19 años al momento de ser secuestrada en su barrio Coronel Olmedo, por las redes de trata. La familia, desde el primer momento, puso el caso en manos de la Justicia cordobesa, sin encontrar respuestas, sólo el arbitrario allanamiento de su domicilio particular. Después de dos años y medio, la familia ha tomado la firme decisión de actuar por sí misma, por un lado, tomando participación como querellante y ganando las calles. En la movilización estuvo presente también la familia de Jimena Natalí Arias, de 21 años de edad, y madre de tres niños, desaparecida el 5 de marzo, en barrio Ciudad Evita. La lucha por la aparición de todas las compañeras desaparecidas, para avanzar en el desmantelamiento de las redes de tratas, y en el juicio y castigo a todos los responsables políticos, judiciales y policiales implicados en ellas, es inseparable de la lucha política de las trabajadoras por la organización independiente de los diferentes gobiernos de turno.

Ante la sistemática movilización de los jubilados de Bermúdez por sus reclamos, la bancada del Partido Obrero reclamó que se realizara una sesión extraordinaria. A pesar de la clara intención de las autoridades del municipio de archivar el pedido -y con la interpelación de los trabajadores jubilados- se logró que el Concejo llamara a una asamblea pública. Con más de 150 personas, la asamblea abordó no sólo el corte del servicio de Pami, sino un documento de seis puntos de la coordinadora de jubilados. Los integrantes de la mesa fueron más que claros: "No queremos seguir siendo manoseados, queremos que el Pami devuelva la atención que se venía brindando antes del 1° de octubre de 2011, así como la reanudación del resto de los servicios". La asamblea rodeó de solidaridad a los jubilados. Los docentes, estatales, miembros de la mesa coordinadora de jubilados de Rosario, juntas vecinales, vecinos en general y la presencia de los miembros del Concejo municipal, así como la del propio intendente asumieron el compromiso de luchar por el conjunto de los reclamos de los jubilados. Los jubilados de Bermúdez no bajan los brazos y velarán por el cumplimiento estricto de los compromisos. Nuestra bancada de Bermúdez está al servicio de la organización social y política de los trabajadores. Ahora, tenemos el gran desafío de abordar la situación del trabajo precario, para lo cual hemos elevado un pedido de informes para que el tema sea tratado en el Concejo, así como la importante campaña que venimos desarrollando con más de mil firmas por la instalación de las cloacas en Bermúdez. Como partido, estamos impulsando una agenda de lucha y de movilización. Ese fue nuestro compromiso y lo estamos llevando adelante.

Con una carpa instalada en la cabecera de Morón, y con un festival previsto para este viernes, los choferes están movilizados para defender a sus compañeros injustamente despedidos. Ante la parálisis de la dirección de la UTA, los trabajadores iniciaron una retención de tareas contra los despidos y la patronal anunció 40 despidos más. Antes de que llegaran los telegramas, el ministerio ya había dictado una "conciliación obligatoria" por ese anuncio patronal y postergó la audiencia por los dos despidos que motivaron originalmente la carpa y la lucha. Los trabajadores no van a permitir esos dos despidos ni las maniobras dilatorias que pretendan cambiar el eje de los reclamos. Ni hablar de que si se amenaza con no dejar entrar a alguno de los 40 despidos anunciados, no habrá más un solo colectivo en la calle por mucho tiempo. La patronal de Cirigliano ha entrado en un tobogán. No invierte, no paga los salarios en término, viola todas las normas legales en materia laboral, se arroga el derecho de despedir trabajadores en forma arbitraria -como es el caso de Torres y García- y amenaza con más despidos porque se salió en defensa de los puestos de trabajo. El grupo Plaza quiere hacer recaer sobre los trabajadores sus desaciertos y regimentar la lucha por sus derechos. A pesar de los extraordinarios subsidios que recibe, la falta de reparación y mantenimiento de las unidades hace que los usuarios y los choferes viajen en forma insegura. Los trabajadores están firmes y no permitirán ningún despido en Ecotrans, ni ningún desguase de la empresa (ya recorrieron esa experiencia con el viejo TDO -Transportes del Oeste). Toda la solidaridad con la lucha de Ecotrans.

Si bien la dirección del gremio pide abiertamente el 25%, los plenarios de los bancos Provincia, Ciudad y Credicoop votaron luchar por un aumento del 35%. El reclamo tuvo expresión en la movilización de unas 5 mil personas que conmovió la City, convocada por la burocracia de Palazzo, como exclusivamente de delegados. La participación de la oposición en la marcha sostuvo el porcentaje superior y le exigió a La Bancaria que convocara al paro. Está planteado un plan de lucha que supere el impasse a través de asambleas generales y delegados paritarios, si realmente quieren el 35%. A la patronal no se le movió un pelo. Al otro día de la movilización fracasó la reunión en el ministerio, donde la Asociación de Bancos se volvió a plantar en el 18%. La pelota pica en cancha de La Bancaria, hay que salir a luchar. Extendamos el reclamo del 35% a todos los bancos. Los compañeros expectantes de un plan de lucha propio cantaban: "¡Ni el 18 ni el 22, el 35 la p... que los parió!".

Poema Se ha incrementado la venta del cerdo vivo o carneado después de haber escuchado a Cristina presidenta. Las propiedades del cerdo eran para mí un enigma, desde hoy son un paradigma y la vaca es un recuerdo. Y por potenciar la cosa como cerdo a toda hora y gracias a la Señora hoy tengo novia mimosa. Por eso soy cristinista y nada me hará cambiar, soy cristinista a rabiar y un convencido activista.

La veda a la compra de dólares es un ‘corralito' tan ruidoso como ineficaz, porque no impide la fuga de capitales por parte de los grandes especuladores. Mucho más duro es el ‘corralito' que los K le han impuesto a las paritarias y a los salarios, cuyos aumentos no son homologados si superan la franja del 18 al 21% de promedio anual. Este ‘techo' no afecta a los precios, los que suben a un ritmo de más del 25% al año. El gobierno acaba de deslegitimar el aumento obtenido por los papeleros. El ‘corral' al salario cuenta con el apoyo de las grandes patronales -como se vio en el veto que impuso Techint al reclamo muy modesto de la UOM, o el de la Asociación de Bancos a la reivindicación del sindicato de bancarios. Esto ocurre cuando todo el país sabe que los K tienen en carpeta un tarifazo generalizado. El ‘corralito' más el tarifazo significan que les quieren hacer pagar la crisis a los trabajadores. En Argentina, la expresión ‘corralito' se conjuga con "que se vayan todos". Los trabajadores están respondiendo al ‘corralito' al salario con la huelga y la movilización. Es lo que han hecho los metalúrgicos y los trabajadores del subte; es lo que han hecho los bancarios, los judiciales y los docentes universitarios; es lo que se discute en todos los sindicatos. Es el camino a seguir. Que la crisis la paguen los y las capitalistas.

El martes 8 de marzo, una nueva movilización a la Casa de Gobierno, en reclamo de la inmediata normalización de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, volvió a sacudir la escena política local. La medida había sido votada en una multitudinaria asamblea el miércoles previo, en respuesta al fallo del Superior Tribunal de Justicia, avalando la maniobra legal montada por el gobierno para suspender la elección del claustro docente y, con ella, el proceso de normalización. La movilización superó en número a la ya masiva marcha del 26 de abril; la lucha tiene su epicentro en la toma del Rectorado, donde sesiona diariamente la Asamblea Interclaustros, pero que también se expresa en las distintas sedes, mediante asambleas, cuerpos de delegados, clases públicas y demás actividades con estudiantes y docentes. La movilización registró, por primera vez, de manera sensible, la participación de familiares y de organizaciones sociales y sindicales solidarias con el reclamo, que se sumaron a la enérgica columna de tres cuadras que se dirigió a la Casa Gris. La notoriedad alcanzada por el conflicto, sobre todo después de la anterior marcha y la toma del Rectorado, ya había forzado a sectores de la oposición política que al inicio retaceaban su apoyo a tomar abiertamente posición a favor del reclamo por la normalización. La movilización del martes 8 de mayo obligó a tomar cartas en el asunto al propio gobierno, que hasta ahora venía operando tras bambalinas. La gestión de Uribarri hace agua en términos presupuestarios y empieza a exteriorizarse el malestar popular y en los lugares de trabajo. El gobierno teme como a la peste la ejemplificación y los ánimos que pueda inyectar en otros ámbitos el reclamo de la Uader; de hecho, al día siguiente de la movilización, la asamblea autoconvocada de los trabajadores del San Martín, el principal hospital de la provincia, concretó un paro en el lugar de trabajo, convocando al resto de los centros médicos públicos a coordinar futuras medidas. La movilización también agudizó la crisis entre los funcionarios interventores (rector, vicerrector y decanos), cuyas maniobras dilatorias de los concursos y sus aprietes a los estudiantes y docentes quedaron expuestas. Después del petitorio elevado el martes, los estudiantes fueron citados a exponer su reclamo en la próxima sesión de la Comisión Bicameral de seguimiento de la Uader. En este marco, la Asamblea Interclaustros se ha abocado a discutir la propuesta para reanudar el proceso de normalización. Entre otros puntos está la renuncia inmediata de los actuales funcionarios interventores, así como la ciudadanía plena para todos los docentes interinos con más de dos años de antigüedad. También empiezan a tomar relevancia los debates sobre el cogobierno y las condiciones de la futura autonomía universitaria. Por lo pronto, se ha votado participar de la jornada nacional de lucha convocada para el viernes 18 de mayo por las federaciones estudiantiles combativas, con una actividad propia en Paraná y el envío de una delegación a la movilización central en Buenos Aires.

Treinta y seis años después del golpe, el dueño de Ledesma tendrá que comparecer como imputado en la causa por la desaparición masiva de dirigentes obreros del ingenio. En el marco de esta causa se han producido allanamientos y secuestrado archivos que delatan el espionaje sobre dirigentes obreros, luego desaparecidos, y sobre las organizaciones que participan de las históricas manifestaciones de la llamada "noche del apagón". La empresa World División (Estados Unidos), encargada de la inteligencia para Carlos Pedro Blaquier en el pasado dictatorial, también procede a la persecución y espionaje en democracia, como consta en las 300 fojas de un cuaderno secuestrado, que informan sobre los dirigentes sociales, gremiales y políticos participantes de la marcha del Apagón 2005. En aquel entonces era gobernador, igual que ahora, Eduardo Fellner. Es imposible no asociar este espionaje privado con el Proyecto X, en el que la Gendarmería, por orden del gobierno, espía sistemáticamente todas las luchas populares, mediante el cual hace el "armado" de las causas para el procesamiento de cientos de dirigentes en Jujuy y en todo el país. El entramado criminal de los dueños de Ledesma y la dictadura continuó bajo la "democracia". El año pasado, el operativo de la "seguridad" de Ledesma junto a la policía, durante el desalojo de los sin techo del asentamiento Triángulo, terminó con cuatro muertos. Los juicios por estos crímenes no avanzan. La imputación a los Blaquier por los crímenes de la dictadura es la excepción que confirma la regla de la impunidad generalizada de los grupos económicos que, con Videla y compañía, hicieron desaparecer a cientos de delegados obreros de sus empresas. El ingenio es una de las compañías más beneficiadas por los negocios de la era K en materia de subsidios a la producción de biocombustibles y desgravaciones de impuestos. Por eso, para imponer la perpetua para los Blaquier y poner en el banquillo al régimen de los Fellner, cómplice del espionaje privado y responsable del espionaje público y de la criminalización de la protesta social en Jujuy, hace falta una extraordinaria movilización popular. Pongamos manos a la obra.

"En el día de ayer, mientras se desarrollaban movilizaciones masivas en todas las localidades de Santa Cruz y en medio del ruido de las cacerolas; la Presidenta de la Nación se refirió a la situación de la provincia de Santa Cruz. Dijo que 'los sindicatos lograron aumentos que ahora no hay plata para pagarlos' y criticó la 'carrera alocada' de las demandas laborales, creyendo que el Estado es una vaca que no termina su leche". "Parece una broma, pero no lo es. Los trabajadores estaban reclamando que se les paguen los salarios adeudados, el aguinaldo, insumos para los hospitales, que funcione la obra social, que reparen las escuelas; sin embargo, la primer mandataria no atacó a quienes vaciaron la provincia con sobreprecios en la obra pública, a quienes se hicieron empresarios de un día a otro después de pasar por la función pública; mucho menos a su "amigo" Eskenazi o a las mineras, que aportan sólo 56 millones de pesos, mientras se llevan oro y plata por 1.000 millones, pero de dólares. "La Cámpora en Santa Cruz actúa como agente del gobierno nacional y, junto a Peralta, quieren hacer pagar la crisis a los trabajadores (...) "Sra. Presidenta: ¿Hay algo más sensato que pedir que te paguen el sueldo en tiempo y forma después de un mes de trabajo? ¿Hay algo más sensato que exigir el cumplimiento de la ley? La realidad es que los trabajadores son los únicos que le han puesto el hombro a esta provincia; los capitalistas y sus cómplices del gobierno la han saqueado. "Producto de las luchas, se arrancaron miles de puestos de trabajo a las petroleras, el pase a planta de miles de planes de empleo, el blanqueo del salario y el presentismo. También fue por nuestra lucha que hemos podido defender los derechos jubilatorios fundamentales de los empleados provinciales, ante sucesivas 'reformas' que pretendían anularlos. "Mientras los trabajadores se plantaban frente a Repsol para parar su depredación; El, el creador del modelo, no dudó en reprimir, procesar, perseguir y encarcelar a desocupados, jubilados, petroleros, mineros, maestros, médicos, periodistas, etc... "El discurso de ayer coloca a Cristina en la posición de negar el valor histórico de las movilizaciones sociales como elemento transformador de una realidad injusta. Pretende que cualquier mejora ha sido mérito de los gobiernos. Extraño punto de vista para una dirigente que se dice 'nacional y popular'. "(...) Cristina se nos muestra así como una nostálgica del 'presentismo' y el 'pago en negro', anteriores a 2007. Todavía le duele 2007. Todo indica que la mal llamada 'estatización' de YPF no ha cambiado su mirada, esencialmente hostil, a los trabajadores que luchan. "La historia no vuelve atrás señora Presidenta, los trabajadores defenderemos las conquistas logradas desde 2007 con 'sensatez' y, sobre todo, con 'unidad y organización' para que la crisis la paguen ellos -los capitalistas y funcionarios que vaciaron Santa Cruz- y no nosotros, los trabajadores, que forjamos cada día el progreso de la provincia con nuestro trabajo y con nuestra lucha.

La cifra oficial le da el triunfo a la Lista Verde de Daer con 2.284 votos (64%) contra 1.365 (36%) de la Lista Bordó (PTS, PCR, PSTU). Los compañeros de la Bordó informan que si se descuentan los votos de la obra social y jubilados, el porcentaje en las fábricas se acerca al 40%. La burocracia de Daer perdió en varias fábricas donde no existe presencia organizada de los agrupamientos que integran la Bordó, lo cual demuestra la profundidad de las tendencias antiburocráticas que recorren el conjunto del movimiento obrero, así como el rechazo a esta burocracia, que dirige el gremio desde 1985. La Bordó ganó en Kraft (allí se unieron las dos agrupaciones de izquierda) por 422 a 226. Al mismo tiempo, en fábricas de gran magnitud del gremio -donde dirige o tiene una fuerte presencia la izquierda-, la burocracia recibió importante cantidad de votos -como el caso de Pepsico, donde la Bordó ganó por nueve votos, o Stani-Cadburi, donde la Lista Verde se impuso por 114 a 78 votos. Recordemos que en esta última planta, la burocracia postergó las elecciones del cuerpo de delegados por temor a perder. La burocracia también ganó Bonafide, una de las internas integrantes de la lista; en cambio, la Bordó ganó bien en Felfort, por un margen de 30 votos. El repudio a la burocracia se expresa también en los altísimos niveles de desafiliación al gremio. En las pequeñas fábricas, las que en su inmensa mayoría están dirigidas por Daer, la afiliación es más alta, mientras que en los grandes establecimientos como Kraft o Stani, la desafiliación es masiva. En Kraft, por ejemplo, hay algo más de 600 afiliados, cuando son más de 2.000 trabajadores en la planta. En Stani votaron 200 afiliados en una planta de 850 trabajadores. En un gremio pequeño (con sólo seis mil afiliados y 3.600 votantes), una tarea central pendiente es lanzar una fuerte campaña de afiliación, la que será determinante para derrotar a la burocracia. Plan de lucha En las últimas horas ha comenzado un paro por turnos en la seccional que dirige Morán, en el interior bonaerense. Este paro se realiza lunes, miércoles y viernes, con la bandera de 5.000 pesos (28%) de mínimo, que es lo que la Federación nacional ha reclamado en la mesa de paritarias. El rechazo de la Cámara de la Alimentación (Copal), en la línea de la UIA y Cristina (por eso ofrece 22% en cuotas), proviene de una patronal que ha amasado ganancias millonarias en la última etapa y que ahora extorsiona a los trabajadores, al tiempo que pretende una devaluación para mejorar las exportaciones -lo cual asestaría un golpe demoledor a los salarios. El evidente retraso de los salarios del sector ha sido un acicate decisivo en las elecciones del gremio. Junto a las condiciones de trabajo a las cuales están sometidos los trabajadores conforman un coctel explosivo, el cual ya mostró sus efectos en la huelga general encabezada por los trabajadores de Arcor de Córdoba, quienes en 2010 forzaron el 35% de aumento para todo el gremio. Así como sucede en el gremio gráfico (donde la gran elección antiburocrática impulsó a varios talleres como AGR, Interpak, Ipesa o Cedinsa a dar batalla salarial, la elección realizada por la Bordó, imponiéndose en 14 fábricas del gremio), esta elección es un mandato para llevar adelante un plan de lucha que supere a la burocracia y le imponga a la patronal y el gobierno un aumento del salario igual a la canasta familiar, así como que se modifiquen radicalmente las condiciones de trabajo. Luego de la importante elección de los gráficos, esta elección refuerza todas las tendencias clasistas y antiburocráticas del movimiento obrero.

El martes 22 de mayo, a las 13 horas, frente al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires (Av. de Mayo 575, Ciudad de Buenos Aires), convocados por FA-MI (Federación Argentina de Músicos Independientes), UMI (Unión de Músicos Independientes), MO (Músicos Organizados), MCC (Músicos con Cristina) y Sadem (Sindicato Argentino de Músicos), realizaremos un gran festival artístico, con la actuación de Kapanga, Los Carabajal, El 'Cabra' (de las Manos de Filippi) y El Otro Yo, entre otras figuras reconocidas. Este festival es parte de la campaña iniciada para manifestar nuestra disconformidad ante el veto a la Ley de Reconocimiento a la Actividad Musical (Nº 4.021) por parte del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y el reclamo de puesta en vigencia inmediata de la mencionada ley. Es importante recordar que esta ley permite la posibilidad de retribuir con una remuneración mensual a músicos que, en edad avanzada o con grandes dificultades de salud, no tienen ningún ingreso que les garantice un mínimo de posibilidades de subsistencia. El martes 22 de mayo, todas las organizaciones convocantes llamamos a la comunidad en general a hacerse presente, a disfrutar de los artistas y apoyar nuestro reclamo ante tan arbitraria y antidemocrática medida.

Durante la semana pasada, aproximadamente unos 200 trabajadores de los obradores de los barrio Piletones y Castañares, ambos de la ex obra de las Madres de Plazo de Mayo -nucleados en la Fundación Sueños Compartidos, comandada por Shocklender- cortaron la avenida General Paz para denunciar la falta de pago de sus salarios y las condiciones de trabajo. La denuncia fue recogida por varios medios de comunicación y, seguramente, dará más tela para cortar: el manejo corrupto del presupuesto público continúa y, posiblemente, se haya agravado. De los casi cuatrocientos "Sueños Compartidos", hoy quedan más o menos la mitad. Luego de una serie de peripecias totalmente perjudiciales, pasaron a la órbita de la Federación de Cooperativas Todos Unidos, que dirige el Movimiento Evita. Este pasaje fue nocivo para los trabajadores. Mientras en el pasado estaban en blanco, encuadrados en el convenio Uocra, ahora -bajo la cooperativa del Evita- realizan su trabajo totalmente en negro. Los sueldos, obviamente, no son cobrados en un banco, sino que deben concurrir a la casa de un puntero kirchnerista en la Villa Ciudad Oculta. Este puntero fue el jefe de seguridad de Shocklender. Este les descuenta días de trabajo si hicieron paros o si por lluvia no pudieron trabajar. Los aprietes para ir a los actos oficiales son constantes. Varios de ellos fueron obligados a ir al acto de Vélez. Los trabajadores denuncian que sus tareas ya no las realizan en el obrador de Piletones, sino en municipios del Gran Buenos Aires, en obras para Aysa -lo que también es cómplice de lo que ocurre. La construcción del complejo de viviendas en el barrio se ha paralizado, a pesar de que las necesidades habitacionales son explosivas. Unas cincuenta casas ya habían sido adjudicadas a familias que habían sufrido un incendio hace años y, sin embargo, aún esperan respuestas. Con la parálisis de esta obra, prácticamente hoy no hay planes de vivienda oficiales en la Ciudad -ni del gobierno de Macri ni del gobierno nacional. La moneda tiene dos caras: la corruptela deliberada de la que se benefician los punteros y el trabajo superexplotado e informal que afecta a los trabajadores. A todo esto, hay que agregar la ausencia de planes de vivienda, mientras las villas en la Ciudad han duplicado la cantidad de habitantes. El gobierno es consciente de esto y lo impulsa, pues la red de punteros le resulta necesaria para proceder a una regimentación social de los sectores más explotados. Esta denuncia de los trabajadores, quienes están eligiendo delegados, no podía ser más oportuna, pues se da en el mismo momento en que los K han lanzado un "plan de lucha" del movimiento villero para hacerle un poco de ruido a Macri, pero nunca para conseguir los verdaderos reclamos planteados. Reclamamos el blanqueo de todos los trabajadores y la vigencia del convenio colectivo de trabajo, así como también la necesidad de que se retome la construcción de viviendas ante las necesidades acuciantes que existen en las barriadas de la zona suroeste de la Ciudad.

La conducción de Atep busca esquivar, mediante la proscripción de todas las listas opositoras, el escenario de las elecciones del 24 de junio. El oficialismo, que maneja la Junta Electoral, decidió este camino ante las fuertes evidencias de que el recurso del fraude no le alcanzaría para impedir una derrota electoral, especialmente con la Lista Roja-Rosa, que agrupa unitariamente a los delegados y activistas combativos del gremio. La burocracia hizo conciente que su disgregación, expresada en la presentación de cuatro listas provenientes de diversas camarillas que actuaron hasta hace poco en la misma directiva, y la unión de las distintas vertientes del activismo en la Lista Roja-Rosa iba a conducir a una fuerte polarización que abría la posibilidad de la recuperación de Atep. Campaña contra la proscripción Desde la Lista Roja-Rosa hemos iniciado una fuerte campaña contra la proscripción, con cortes de calle y escraches frente a la sede gremial, en pleno centro de San Miguel de Tucumán. A esta campaña hemos logrado atraer a las demás listas proscriptas y agrupaciones (a excepción de la Marrón del PTS), lo que ha ampliado la repercusión de la lucha y se ha logrado un fuerte impacto en los medios. Paralelamente, lanzamos una campaña de firmas en las escuelas, para conquistar el apoyo contra la proscripción y hemos comenzado a recibir y a recabar pronunciamientos en apoyo, por parte de personalidades de la cultura y referentes democráticos y combativos de distintos lugares del país. Hasta el momento, tanto Micheli como Agliano, secretario general de la CTA de Tucumán, han guardado silencio, de la misma manera que la Ctera y la CTA yaskista, poniendo en evidencia que cuando se trata de atacar al activismo luchador, las distintas burocracias dejan de lado sus diferencias. Reclamamos el pronunciamiento de la CTA de todas las fuerzas democráticas. A partir de la campaña y la impugnación al Ministerio de Nación, nos proponemos la reconquista del gremio por medio de la movilización de los trabajadores docentes. Hay que preparar las condiciones para que miles de docentes ocupemos Atep y garanticemos la elección.

Los choques entre el gobierno nacional y el de la Ciudad se reducen a ver quién paga el costo político de aplicar un duro ajuste. Lo que divide a los adversarios es lo que tienen en común: fuertes necesidades de caja, que se agravan día a día. El gobierno de la Ciudad carece del recurso de la emisión monetaria o el de manotear los fondos de la Anses. La cuestión del subte es ejemplar: el acuerdo de traspaso fracasó cuando vieron que los costos eran impagables y cuando quedó claro que sería seguido por los colectivos, la basura y otros servicios. Las paritarias ponen todo al rojo vivo, porque de algún lado tendrá que venir la plata para pagar el aumento salarial. Un aumento de tarifas para financiar la paritaria del subte llevaría a un tarifazo del conjunto del transporte público. El gobierno nacional ha cubierto con más subsidios el aumento salarial del 18 por ciento firmado por la UTA. La pelea por la caja se ha desplazado a los depósitos judiciales, a partir de una orden judicial que los transfiere del Banco Ciudad al Nación. El asunto se puso tan mal que incluso los diputados K Jorge Yoma y Carlos Heller lo han descrito como un despropósito, que podría llevar a una corrida bancaria. El ajuste lo sufren también los docentes de la Ciudad y otro tanto ocurre con los empleados públicos. En ninguno de los dos casos el aumento alcanza siquiera el 20 por ciento. El ajuste está afectando seriamente el funcionamiento de los hospitales de la Ciudad: en el Alvarez, las obras para recomponer los daños del incendio no han comenzado; en el Borda, la falta de gas ha dado lugar a una fuerte crisis y otro tanto ocurre en el Muñiz. La disputa por quién aplica el ajuste abarca también la cuestión de la seguridad. El gobierno nacional pretende que su costo lo asuma Macri. Lo mismo ocurre con el asunto del destino final de la basura. Con relación a la basura, la pelea entre ambos gobiernos también es por los montos que paga la Ciudad por enterrar la basura en la provincia. Es claro que los choques entre el kirchnerismo y el macrismo no están motivados por sus diferencias ideológicas, sino que están determinados por el derrumbe fiscal y por el propósito de ambos de que el ajuste lo pague el pueblo. Las direcciones sindicales kirchneristas se han sumado al oficialismo nacional -o sea al ajuste nacional y popular que quieren ejecutar por medio de Macri. Es lo que ocurre con la UTE (docentes), que ha dejado pasar los cierres de cursos, y con los gremios estatales que, en mayor o menor medida, responden al aparato kirchnerista. En el caso del sindicato del Subte, la cosa es más grave aún, pues la dirección encabezada por Pianelli se ha sumado a la campaña para que "Macri se haga cargo del subte" y ha relegado la paritaria del sindicato, que los K han entregado a la UTA. En lugar de preparar una huelga general para destrabar la paritaria e imponer el reconocimiento de la AGTSyP como única representación gremial de los trabajadores del Subte, la directiva pianellista ha puesto su prioridad en actuar como chirolita de las diatribas del ajustador nacional. Los trabajadores de la Ciudad deben enfrentar esta crisis política desde el punto de vista de sus intereses y su perspectiva. La consigna de que "los sindicatos rompan con el gobierno" y defiendan los reclamos en las paritarias, por medio de un plan de lucha, es fundamental. Pone al desnudo que el impasse de la masa laboral es la expresión del seguidismo de los burócratas grandes y pequeños a los gobiernos capitalistas.

La incesante explosión de conflictos en Bolivia expresa un choque entre las demandas insatisfechas y, por otro lado, la arremetida del gobierno contra los trabajadores e indígenas para salvaguardar al capitalismo. Este enfrentamiento refleja, además, el acelerado agotamiento del llamado 'proceso de cambio' en el marco de la crisis internacional. El pronunciado giro hacia la derecha que ha dado el gobierno masista no es azaroso. En el cierre de campaña electoral para su segundo mandato, Evo Morales aseguraba que el suyo sería un gobierno "para obreros y patrones". Es claro que, ante los pactos con el empresariado nacional y con las transnacionales petroleras, no gobierna ni para los obreros ni para los indígenas; sólo para los patrones. Se trata de un gobierno capitalista que, presionado por la crisis económica, no dará jamás una salida socialista. Al contrario, empieza a tomar medidas tan y/o más neoliberales que las de Goni. Si bien durante los primeros años de gestión se notó un indicador positivo en la macroeconomía boliviana, no fue a raíz de la política gubernamental sino del repunte que tuvieron los precios de las materias primas (minerales e hidrocarburos) en el mercado internacional. En ese marco, la renegociación de contratos con las petroleras (mal llamada 'nacionalización') hizo que Bolivia recibiera una buena cantidad de dinero por impuestos, lo que le permitió al gobierno tener un colchón económico desmovilizador. Hoy, las acciones más antipopulares del Ejecutivo responden a una tendencia a la baja del precio internacional de las materias primas (...) En este panorama, la ministra Teresa Morales en alguna oportunidad anotó que en Bolivia se "blindarán los gastos sociales, y en lo posible se los mejorará". Pero la realidad supera a la ficción y los hechos superan al discurso. En vez de ampliar el presupuesto para la salud, el gobierno opta por atacar conquistas laborales, incrementando de 6 a 8 horas la jornada laboral de los salubristas, sin que esto implique un aumento de salarios y menos aún la inclusión en la Ley General del Trabajo de este sector. La impresionante movilización del sector salud obligó al gobierno a dar un paso atrás y mediante otro decreto ha declarado la suspensión del anterior y su inaplicabilidad, hasta finales de julio, tiempo en el que se convocará a una "Cumbre por la Revolución de la Salud". Esta medida, avalada por la dirigencia de la COB, no disipó el conflicto. Al grito de "suspensión no es abrogación" estudiantes de medicina se han enfrentado con las fuerzas policiales en La Paz con un saldo de cinco heridos, quitándole la tranquilidad tanto al gobierno como a la dirigencia de la COB. A esta última los trabajadores de salud la han acusado de traición, mientras las universidades amenazan con una marcha nacional para la próxima semana. El resto de los trabajadores del país también se movilizan por un incremento salarial, pues en los últimos años han visto disminuido el poder adquisitivo ante el incremento de la canasta familiar (...) Trabajadores y las transnacionales petroleras Los pactos del Ejecutivo con las transnacionales se manifestaron abiertamente en el 'gasolinazo' que, según argumentaron los del gobierno, tenía como fin 'incentivar a las transnacionales' en la producción de carburantes para el mercado interno. En realidad, la subvención de carburantes representa un gasto asfixiante para el Estado (costaría más de 700 millones de dólares en 2012). Entonces, antes de sentarle la mano a las transnacionales petroleras, el gobierno decide gasolinazos para que el costo lo pague el pueblo. Aunque el gobierno fue obligado a dar un paso atrás con el gasolinazo, el acuerdo con las transnacionales continúa. Hace unas semanas se ha dispuesto un incentivo para los pulpos petroleros, con un pago extra de 30 dólares por barril producido. Tan falsa como la 'nacionalización' de los hidrocarburos resulta la 'nacionalización' de la Red Eléctrica de España, a la que se le proporcionará una indemnización 'adecuada' (...) La novena marcha indígena La novena marcha indígena en defensa del Tipnis (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) es otra piedra en el zapato para los intereses que tiene el gobierno en la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Las concesiones para la brasileña Petrobras, la francesa Total y la boliviano-venezolana Petroandina develan los intereses de petroleros y de Brasil, además de los campesinos colonizadores para la producción de hoja de coca. El gobierno promueve la división y paralelismo en las direcciones de las organizaciones indígenas y de trabajadores. Lo está haciendo con la Novena Marcha, la cual ha sido bloqueada, atacadas radios comunitarias indígenas y casas de sus dirigentes, por parte de grupos afines y mandados por el gobierno. En este momento se prepara un golpe a la dirigencia indígena tratando de imponer otra organización indígena paralela. Sin medir consecuencias, el gobierno sigue impulsando el enfrentamiento. El vicepresidente, Alvaro García Linera, ha convocado a la población boliviana a enfrentar a los trabajadores de salud en paro. Ya en Santa Cruz una contramarcha de sectores masistas dio como saldo ocho heridos de gravedad (...) El restablecimiento de relaciones con Estados Unidos y la presencia del empresariado nacional en la Cumbre Plurinacional oficialista, en enero de 2012, son otros claros indicios del rumbo sin vuelta que ha tomado el tan mentado 'proceso de cambio'. Por tanto, no hay lugar para la 'reconducción' de esto, que no es más que una gran impostura. La tarea es avanzar hacia la consolidación de la unidad de los sectores en lucha para derrotar al gobierno y sus políticas. La COB tiene que dejar de ser el feudo oficialista y burócrata del pasado. No es posible que, mientras se decretan paros, sectores productivos como fabriles y mineros no acaten las resoluciones para no hacer perder plata al gobierno y a las transnacionales. En cuanto a la conformación de un instrumento político de los trabajadores, advertimos que sin programa ni estrategia revolucionarios -y en manos de las dirigencias burocratizadas- se corre el riesgo de seguir los pasos del PT brasileño, que ha dado un presidente obrero aliado a la burguesía. O puede surgir una agrupación similar al MAS, que en vez de salir del seno cocalero salga del aparato sindical obrero. Para que un partido (o instrumento) político sea realmente revolucionario debe ser la expresión de los objetivos históricos de los trabajadores, indígenas y clases empobrecidas, no simplemente una agrupación que tenga como fin la silla presidencial para seguir administrando el Estado burgués.

El nombre de la lista que llevó a Javier Cantero a la presidencia de Independiente no fue elegido al azar, porque invitaba a soñar con la posibilidad de ganarle las elecciones al gobierno y desterrar las barras bravas. Paso Cantero, sin embargo, derrotó al PJ por partida doble. Derrotó a "Cacho" Alvarez, el pejotista de Avellaneda, que contó con el apoyo del gobierno nacional, de la provincia, de Moyano, de Barrionuevo y de la "banda del Bebote"; de paso, también derrotó a Carlos Heller, un ladero del gobierno que financió la campaña de Juan Torres, otro rival de Cantero. Comparada, de la gestión anterior, que organizó con Grondona la fabulosa estafa de la construcción del estadio, a cargo de una empresa del propio Grondona, no tuvo otra opción que bajarse. El recambio planeado por Cacho Alvarez tenía el apoyo de Juan Carlos Lascurain, su candidato a vice, un K de la gran patronal metalúrgica y de la Unión Industrial. Lascurain venía por un predio de 60 hectáreas que posee Independiente en Wilde, para un proyecto inmobiliario de Techint: un "segundo puerto Madero" entre los municipios de Avellaneda y Quilmes, que goza del cariño de otro intendente, el "Barba" Gutiérrez, de Quilmes. A paso La invocación a las patotas que asolan a Independiente es una maniobra distraccionista. Las barras que proliferan en los estadios argentinos ya son territorio del narcotráfico. El enfrentamiento de Cantero con las barras produce cosquilleo en muchos: Moyano, Barrionuevo y Grondona, jefes de punteros y barras salieron a apoyarlo. Grondona, el patrocinador del proyecto Hinchadas Unidas, dice ahora que implantaría el derecho de admisión. Verso. Abal Medina, el jefe de Gabinete, le dejó claro a Cantero que el gobierno nacional no piensa mover un dedo. Hay que honrar más que nunca el nombre de la lista. La decisión de los hinchas de ir a la cancha con sus familias indica el comienzo de una lucha que sólo podrá fortalecerse con una mayor movilización social a todos los niveles. ‘Salute', Independiente místico.

Sobre el Bauen, una empresa recuperada, planea la amenaza del desalojo y la reprivatización. Existe una orden judicial de desalojo desde noviembre. El ex dueño, en ese marco, ha reactivado la causa para que se haga efectiva la resolución. El resto de las empresas autogestionadas evoluciona a una situación similar, a partir del veto de Macri a la prórroga de las expropiaciones. Ha habido una escalada de pedidos de inconstitucionalidad de las expropiaciones, los que contaron con la conformidad de la justicia. El gobierno nacional, por su parte, ha ido soltándole la mano a las recuperadas. El Ministerio de Trabajo acaba de cancelar la llamada "línea 1", un subsidio de 600 pesos. De modo que la expectativa que abriga la dirección de la cooperativa del Bauen en una intervención salvadora del cristinismo es infundada. Existe en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de expropiación que está fogoneado por Proyecto Sur y sectores marginales del kichnerismo. O sea que continúa el ninguneo del tema por parte de mayoría de la bancada kirchnerista, la cual sigue las directivas de la Casa Rosada. El kirchnerismo cuenta con todos los resortes para sancionar la ley y resolver el problema, pero marcha en otra dirección política. La orientación del gobierno está sintetizada en la nueva ley de quiebras: el Estado se desembaraza de cualquier responsabilidad y las recuperadas son condenadas a lidiar con la patronal vaciadora y sus acreedores en el marco judicial del concurso. La nueva ley de quiebras no ha servido para modificar la situación judicial del Bauen, un dato que no debería pasar desapercibido para quienes batieron el parche -y lo siguen haciendo hoy- sobre sus bondades. Frente al fracaso del arbitraje K ha vuelto a reflotarse la idea de "comprar" el hotel. Antes, es necesario saber de dónde saldría el dinero (estamos hablando de varios millones dólares). Esos recursos no van a provenir del Estado, que está embarcado en un ajuste. El gobierno K no tiene intención de poner fondos, sino de sacarlos -como está ocurriendo con los subsidios. Una "compra" sería una carga insostenible para los compañeros que ya, en la actualidad, llegan con grandes penurias a fin de mes. Una aventura de este tipo propiciaría el desembarco y asociación con un privado -o sea, en una reprivatización del Bauen. La situación reclama un plan de lucha común de todas las recuperadas en torno de un programa y la unidad con el resto de la clase obrera en lucha. Allí está el verdadero aliado de las fábricas recuperadas.

La crisis política en Grecia ha precipitado una corrida a los bancos, que han visto un retiro de casi dos mil millones euros en tres días. En el curso de la crisis los depósitos bancarios retrocedieron un 30% -una hemorragia que fue compensada con dinero del Banco Central de Grecia y del BCE. La fuga de depósitos está relacionada con la salida de Grecia del euro, pero se encuentra también alentada desde el Estado con la intención de forzar a la coalición Izquierda Radical (Syriza) a avenirse a un acuerdo con la Comisión Europea o directamente aplazar las elecciones, lo cual supondría desconocer al parlamento que se acaba de elegir y un golpe de estado. La corrida a los depósitos bancarios es también intensa en España y ha sido ampliamente discutida en la televisión. Aquí se teme un corralito bancario, al estilo Cavallo, pero también es una presión política para que España se someta a un rescate europeo y para que Alemania se avenga a ampliar el Fondo de Financiamiento del Sistema Europeo. Una corrida bancaria, en el extremo, implica que el euro ha perdido su condición de moneda común de la zona monetaria europea. Tal cosa implicaría un terremoto financiero nunca visto en la historia del capitalismo, pues el euro representa el 30% del stock monetario, un porcentaje similar de transacciones y el valor patrimonial de una enorme parte del capital mundial. Lo dicho significa que los Estados principales de Europa están forzados a adoptar medidas políticas excepcionales. Por aquí pasa el desenlace de la crisis griega y la próxima etapa de la Unión Europea.

Pintado por Carlos Terribili