Prensa Obrera N° 1209

Los vendedores ambulantes de la calle Florida están siendo objeto de una persecución despiadada, preparada largamente por el macrismo, las cámaras empresariales del comercio y la propia Legislatura. El Código Contravencional, aprobado en 2004, había dejado un resquicio a los vendedores a través de un artículo que permitía la venta "para mera subsistencia". En diciembre pasado, la Legislatura lo modificó para prohibir "la venta en la vía pública". La reforma fue apoyada por Ibarra, el K Cabandié y los sabbatellistas, con el excusa de que no se consideraría delito "la venta que no implique una competencia desleal con el comercio establecido" y de una vaga promesa del macrismo de albergar a los manteros en treinta ferias de la Ciudad. Precisamente, en nombre de la competencia desleal", los inspectores macristas y la Policía Metropolitana han desatado un brutal operativo represivo para impedir la instalación de los manteros en Florida. "La defensa del espacio público", el otro argumento, nunca es invocada contra las torres o emprendimientos contaminantes que llevan adelante los contratistas amigos. Los manteros han presentado proyectos para contar con su propia feria y comercializar artesanías o lo producido por cooperativas de trabajo. La única respuesta ha sido el desalojo. Tampoco les han asignado un lugar en las ferias, el cual -supuestamente- debía ser otorgado según el nuevo Código Contravencional. Durante los años del 'crecimiento a tasas chinas', la instalación de manteros y vendedores ambulantes siempre fue en ascenso. La venta callejera no es "un resabio de 2001", sino un retrato de la reactivación kirchnerista, que agudizó la polarización social. Ahora, cuando la curva de la economía se revierte hacia abajo, el Estado sale a ejecutar un ajuste de cuentas contra el eslabón más débil del comercio: el desocupado que sobrevive vendiendo en la calle. Los manteros se han declarado dispuestos a abandonar Florida una vez que les sea asignado un espacio público adecuado. Los funcionarios macristas retrucan con una falacia: que no pueden otorgar esos espacios bajo la presión de la ocupación de la peatonal. Es claro que el único 'espacio' que protege el macrismo es el de las constructoras inmobiliarias. Cualquier espacio alternativo para los manteros chocaría con las posibilidades de desarrollo inmobiliario en esa zona. Los comerciantes de Florida conocen bien la posición del macrismo, por eso defienden el desalojo de los manteros en lugar de apoyar el reclamo de un espacio alternativo adecuado. Rechazamos la represión a los manteros. Que el Estado asegure el derecho al trabajo a través de la adjudicación de puestos en paseos públicos. Ningún desalojo. El derecho al trabajo se aplica también para los manteros.

Ayer nomás, el gobierno se esforzaba por hacer del megaespectáculo de Tecnópolis -la utopía nacional y popular- una muestra palmaria del éxito de su política en ciencia y tecnología. En campaña permanente, aturdía con cifras que mostraban un incremento en el sistema de becas doctorales, posdoctorales y de carrera científica. Se promocionaba como otra apuesta al futuro la repatriación de 800 científicos jóvenes (aunque, como en el escandaloso ‘spot’ electoral, hubiera algunos que jamás habían emigrado). Pero el futuro (y la crisis) ya llegó con un palazo: en diciembre, el Conicet resolvió dejar en la calle a doctores jóvenes de todo el país (904 que se presentaron a la carrera de investigador y 726 a becas posdoctorales) -el doble de los supuestamente repatriados. El Directorio recurrió a criterios de evaluación completamente arbitrarios y discriminadores (a un postulante lo impugnan por su militancia política), ocultó los órdenes de mérito y hasta hizo caso omiso a las altísimas ponderaciones en sus proyectos (¡90 sobre 100!). Como resultado de dos masivas movilizaciones de becarios -convocadas por Jóvenes Científicos Precarizados, AGD, ATE Conicet y la Fuba-, el Conicet echó lastre: otorgó de buenas a primeras 106 becas adicionales. Pero tanto su Directorio como el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, ratificaron que no es parte de la política científica del gobierno absorber a los que deberán reubicarse como y donde puedan. Así será cada año de aquí en adelante. Es la declaración pública de la bancarrota de su política. Hace un año, Barañao repetía que el país necesitaba “doctores para la sociedad”. En estos días, como respuesta a la crisis, hizo una precisión: que se están implementando programas de “doctores en empresas” (La Nación, 31/12). No se trata de un “viraje” privatista de una supuesta línea “nac & pop” -como sugiere la periodista de La Nación-, pues este planteo se puede encontrar ya en sus primeras declaraciones como ministro. En lugar de producir calificadísimos investigadores dedicados a la producción pública de medicamentos, atención de enfermedades resolución de los problemas habitacionales, los fondos del Estado estaban destinados a subsidiar la formación de doctores para los grandes monopolios. Ahora, en medio de la crisis económica mundial, faltan doctores para la “sociedad”, pero sobran para el capital - incluso a bajo precio. Las estadísticas revelan que cada vez más doctores deben aceptar puestos de trabajo que no requieren calificación alguna. La otra vía muerta propuesta por Barañao es reinsertarse en “grupos de investigación en universidades públicas de reciente creación”. Pero en las universidades nacionales -incluso en las recientemente creadas a pedido de los barones del Conurbano-, el congelamiento de la planta docente es absoluto. En el mejor de los casos, se incorporarán como ya lo hacen en calidad de ad honorem (trabajadores sin salario, una categoría aún más precarizada que la que padecen hoy los becarios, quienes no reciben aguinaldo, no tienen obra social, no perciben asignaciones por hijo ni aportan a su jubilación). O, concediendo, el joven doctor podría ganar un concurso -una vez que desplace a otro docente con menor titulación y más edad- y pasaría a cobrar el salario de un auxiliar docente: 800 pesos mensuales de bolsillo - lo que reduciría su salario horario actual en un ¡60 por ciento! La política nacional y popular de ciencia y técnica es incapaz de superar sus limitaciones capitalistas o el intento de reconstruir la burguesía nacional. Graduados de Exactas comentaban que la carrera del joven investigador y docente universitario se parecía a un Juego de la Oca, en el que cada avance personal era respondido por el Conicet o la UBA con un retroceso en los casilleros. Ahora, quedaron 1.630 científicos fuera de juego. Frente a esta embestida, los indignados becarios, investigadores, docentes y estudiantes involucrados se organizan y dan batalla. El pasado jueves 5, tras una conferencia de prensa, una nueva movilización de más de 300 compañeros y compañeras se plantó frente al Ministerio Ciencia y Técnica para reclamar una reunión con el ministro Barañao. A partir de febrero, profundizarán su plan de lucha contra las cesantías, por todas sus reivindicaciones laborales y por una política científica al servicio de las mayorías populares.

Tras quince días consecutivos de paro -con cortes incluidos-, se votó en asamblea el levantamiento de la huelga del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti). Cabe recordar que la misma se desencadenó en respuesta al ajuste encargado antes del 10 de diciembre por la presidenta Cristina Fernández al nuevo titular del Instituto: no pagar ninguna suma de dinero por encima de la miserable suma pactada en paritarias, lo cual se tradujo en un intento de ataque a muchas conquistas que los trabajadores logramos estos años y en la negativa a pagar la bonificación de fin de año. El paro fue contundente. Algunos sectores jugaron un rol muy destacado: Finanzas trabajó sólo para resolver lo concerniente al pago de salarios y aguinaldo. En el interior del país, las sedes y delegaciones del Inti se sumaron a las medidas de acción directa en tiempo récord. El conflicto, que empezó con algo más de 150 compañeros en la primera asamblea, desarrolló una enorme movilización interna, que sumó tres marchas a las autoridades, dos cortes en la General Paz, dos asambleas con más de 500 compañeros, una movilización a Economía (que prácticamente debió ser arrancada a ATE capital), dos plenarios en ATE, así como quince días de bloqueo en la puerta del instituto y de paro total. La continuidad y combatividad del paro generó una crisis en el seno del propio Estado, el cual se vio obligado a recurrir a la conciliación obligatoria, así como a la disposición de un gran despliegue de gendarmes totalmente pertrechados contra el corte de la Avenida General Paz, a tono con la sanción de la Ley Antiterrorista. A nivel interno, la "nueva gestión" bloqueó los correos de la Comisión Interna, difundiendo en cambio los de UPCN -carneros. Sin lugar a dudas, la lucha de los trabajadores del Inti se convirtió en una referencia para el conjunto de los estatales afectados por la "sintonía fina" -ese nuevo eufemismo "nac&pop" para intentar encubrir un ajuste. El levantamiento de la huelga El levantamiento del paro, votado en la asamblea, partió de una moción de la Junta Interna que se basaba en el hecho de que el receso por vacaciones iba a afectar el sostenimiento de la medida. El sector izquierdista de la misma (MST, Opinión Socialista) reivindicó la conciliación obligatoria como un avance de la lucha, ya que legalizaba el conflicto y fijaba una mesa de negociaciones con la patronal. Desde la Agrupación Naranja planteamos que la conciliación y la represión serán las herramientas con que el gobierno atacará el derecho de huelga en el próximo período. Con dichas consideraciones, argumentamos que, si el Inti rechazaba la conciliación, se abría un camino concreto de defensa del derecho de huelga, en un cuadro en el cual la patronal daba claros signos de crisis por las consecuencias del. paro en la actividad general del Instituto. Asimismo, denunciamos el rol de ATE y la CTA, las que se borraron olímpicamente de la lucha y se opusieron a un paro general del gremio, el cual hubiera permitido sostener la lucha en otras condiciones. La continuidad de la lucha A la par que se levantó la huelga, la asamblea votó una delegación para acompañar a los delegados de la Junta Interna al Ministerio de Trabajo, con el mandato de no negociar la bonificación y las conquistas históricas. Fue ahí que nos encontramos con la "sorpresa" de que, dentro del grupo de mediadores del Ministerio de Trabajo, se encuentra uno de los funcionarios que firmó la norma por la cual se prohíbe pagar la bonificación de fin de año en todo el Estado. El decreto del gobierno que dispone la revisión de los sueldos de los trabajadores estatales deja en claro que la lucha va a ser larga y que en todo caso se ha pasado por un primer round. Sin lugar a dudas, la huelga expresó la enorme vitalidad de los trabajadores del Inti, los que incluso empujaron a la Junta Interna por sobre sus propios límites. Que ATE convoque a un plenario general de delegados elegidos en asambleas de las dependencias, para votar un plan de lucha ante la ofensiva contra los trabajadores estatales, en defensa del trabajo, el salario y nuestras conquistas.

Al momento actual, hemos llegado al 95 por ciento del objetivo fijado. La campaña se ha nutrido del aporte de miles de activistas del movimiento obrero y de la juventud, que han tenido, en su gran mayoría, una participación activa durante la campaña electoral. Su colaboración económica, por lo tanto, es un respaldo consciente por apuntalar y desarrollar el Frente de Izquierda, de cuya construcción son animadores. Entre los aportantes figuran varios miles de trabajadores de más de 50 gremios. Un párrafo especial merece el interior de la provincia de Buenos Aires. De conjunto, hemos superado el 100 por ciento, y en varias localidades holgadamente, como Bahía Blanca, 25 de Mayo, Tandil y Pergamino. Algunos comités del interior del país, a su turno, como Salta y Santa Cruz Sur, han culminado su campaña y otros, que arrancaron tarde, están remontando la situación y se proponen alcanzar el objetivo que tenían planificado y han adoptado medidas e iniciativas especiales. Agradecemos a todos los que han colaborado económicamente y los llamamos a que nos acompañen, con su aporte y su militancia, en el envión final de la campaña. Necesitamos ganar todas las batallas y, entre ellas, la de los recursos, en vista a los grandes desafíos que se nos presentan en la etapa política en la que ingresamos.

La Ley de Emergencia Económica y de Disponibilidad se puso en marcha. De esta manera, Alberto Weretilneck, ante la muerte de Carlos Soria, inaugura su cargo de gobernador. Fueron despedidos y pasados a disponibilidad cientos de trabajadores de diferentes sectores de hospitales (enfermeros y profesionales de salud mental, laboratorio, hemoterapia, ginecología, clínica médica, guardias y personal de limpieza). La ley tiene en la mira a unos 5.000 contratados y a otros 20.000 de planta. Ante los amparos de los contratados, la Cámara Laboral falló que "el personal contratado por el Estado no goza de estabilidad en el empleo público", lo que viola una viejísima conquista de los empleados públicos. En este ataque también se inscriben los despidos de trabajadores municipales de Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro, etc. (municipios como el de Villa Regina adhirieron a la ley) y de Promoción Familiar, así como los porteros del sistema educativo. Río Negro es una caldera, porque las medidas de ajuste contrastan con el aumento del 300% de los funcionarios (50.000 pesos de sueldo) y las grandes concesiones a las mineras, que reciben el beneficio de la anulación de la ley que prohibía el uso del cianuro. No era solamente Santa Cruz Los trabajadores estatales despedidos reaccionaron inmediatamente con asambleas en los lugares de trabajo, en donde se borraron las diferencias de gremio. Las diversas medidas de fuerza que se votaron en varios casos arrastraron a dirigentes do ATE y UPCN, que no querían superar el "estado de alerta". Es que habían firmado un acta-acuerdo a favor del ajuste con el ex gobernador Carlos Soria, que preservaba los contratos de áreas esenciales, como la de la salud. Tuvieron lugar marchas, radios abiertas, cortes, ocupación de organismos públicos, retención de servicios y concentración en los puentes carreteros -en Cipolletti, Rio Colorado, Bariloche, Villa Regina, Viedma, Cinco Saltos, Catriel, Alien, Cervantes, Ingeniero Huergo, Chichinales, Roca. A los trabajadores de los hospitales se sumaron otros sectores afectados. Al calor de la sequía y las altísimas temperaturas, se gesta una rebelión que se va macerando. El gobierno del PJ (FPV) y las direcciones sindicales actúan abiertamente integrados, contra un pueblo trabajador que venía golpeado por las consecuencias de las cenizas del Volcán Puyehue. La tregua no va Ante la visita del gobernador Weretilneck a Bariloche, los trabajadores marcharon contra los despidos y los crímenes impunes de anterior data. Numerosas organizaciones ambientalistas se sumaron, en rechazo a la minería contaminante y a la ley anticianuro. La dirección de ATE, sin embargo, organizó una movilización de bienvenida al nuevo gobernador. Ya se habían comprometido a "sostener la continuidad de nuestro Estado", luego del asesinato de Soria. Los trabajadores, en oposición a la burocracia, ampliaron su campo de movilización y obligaron a Weretilneck a frenar la ejecución de los despidos. El gobierno y las direcciones gremiales anunciaron que se "elaborará otro tipo de metodología". Los trabajadores en asamblea ya han rechazado cualquier intento de sustituir la dependencia laboral por el contrato de locación de servicios (monotributo). El gobernador retrucó que "continuarán los trabajadores que cuenten con una evaluación positiva", según lo establecerá una nueva ley de Recursos Humanos. Las próximas asambleas interhospitalarias e intersindicales organizadas por abajo, tienen la posibilidad de dotar al movimiento de lucha de un programa alternativo y de plantear un plenario provincial de delegados con mandatos de asambleas. Es decir, preparar las condiciones para una huelga general con ocupación de los lugares de trabajo. Una nueva etapa de lucha La crisis política abierta tras la muerte de Soria y el ajustazo ha sido alterada por la respuesta de los trabajadores. Weretilneck tiene presente el antecedente de Santa Cruz e intentará ganar tiempo hasta febrero, enfriar el proceso de rebelión y que las direcciones de la CGT y la CTA retomen las riendas. El Partido Obrero, presente en esta lucha, llama a los trabajadores a aferrarse a la independencia política de los sindicados, para defender una salida anticapitalista a la crisis. Ningún despido. Pase a planta con plenos derechos laborales, sin tercerizaciones, ni contratos precarios. Aumento de salarios. Abajo los tarifazos. Plan de lucha de los gremios de la CTA y la CGT. Abajo la Ley de Emergencia Económica y de Disponibilidad. Abajo la ley que entrega la provincia a la minería de cielo abierto.

Está finalizando la campaña financiera en docentes universitarios de la UBA con alrededor de doscientos aportes. El resultado demuestra un importante avance de la relación del Partido Obrero con la intelectualidad de izquierda y con los luchadores de AGD-UBA. Los profesionales de Psicología, además de su aporte, se han sumado al trabajo activo de Apel. Este desarrollo político es el corolario del trabajo del año. La votación del Frente de Izquierda, la constitución de la Asamblea de Intelectuales, las decenas de fiscales en las dos elecciones, la derrota propinada a la lista K en graduados de Psicología y el buen resultado de la lista del Frente de Izquierda en Graduados de Filo, se reflejaron, asimismo, en una importante presencia de docentes universitarios y psicólogos en el picnic del PO y en el número de asistentes invitados por la Naranja en la fiesta de fin de año de AGD-UBA. En 2012, este capital político se hará valer y sentir en las luchas que se avecinan contra el ajuste kirchnerista, como se manifiesta en el Conicet.

Resta poco más de un mes para la fecha fijada como inicio del juicio a Pedraza y la patota que asesinó a Mariano Ferreyra, y que hirió gravemente a nuestra compañera Elsa Rodríguez. Esa fecha, el 22 de febrero, tendrá que ser confirmada por la Justicia en los primeros días del mismo mes. La unificación de las causas En diciembre pasado, todas las querellas del juicio hemos pedido que la causa contra Pedraza y la patota sea unificada con la de los policías que “liberaron” la zona -que se tramita por ahora en forma separada. El crimen de Mariano es el resultado de una articulación criminal que tuvo tres pilares: la burocracia sindical y su patota, el Estado -a través de su aparato represivo y de los funcionarios del sistema de transporte- y los empresarios del ferrocarril concesionado. Pero el curso del proceso judicial apuntó siempre a diluir las responsabilidades de la policía, de los ministerios de Transporte y Trabajo, y empresariales. La causa policial marchó por separado, y procesó a sus imputados por un delito menor (‘abandono de persona’). La Ugofe ni siquiera ha sido sentada en el banquillo. La escisión de las causas no sólo apunta a aminorar la participación del Estado y de su aparato de represión: es, en última instancia, la punta del ovillo para desacreditar la existencia de un plan criminal y, por lo tanto, apuntar también a la absolución de Pedraza. Los abogados de la UF ya presentan a los Favale o los Sánchez como “loquitos”, que actuaron por la propia. Los responsables del crimen de Mariano están trabajando activamente para “desflecar” el proceso judicial y zafar de sus responsabilidades criminales. Al pedir la unificación de las causas, estamos reafirmando que el de Mariano fue un crimen político contra la clase obrera, y queremos poner de manifiesto todas las vinculaciones entre los matones, el Estado y la clase social que explote a los ferroviarios. No se nos escapa que nuestro pedido -si es admitido por la justicia- podría retrasar el comienzo del juicio, en nombre de los trámites administrativos que exige la unificación de las causas. Pero es claro que las mayores chances, no ya de una libertad, sino de la absolución de Pedraza, estarán presentes en un juicio por separado, donde el crimen de Mariano sea presentado como un exabrupto personal, alejado de un planeamiento criminal. No a la excarcelación En este cuadro, y junto al reclamo por la unificación de las causas, vamos a redoblar la movilización contra el pedido de la excarcelación de José Pedraza. La burocracia sindical está jugando fuertes recursos en favor de ello. En las vísperas de las fiestas, ello se expresó a través de una solicitada, una marcha a los tribunales y, desde luego, una constante presión en los talleres ferroviarios. Pero esta acción tiene otras graves implicancias: la Cámara de Casación Penal no se ha expedido sobre el último pedido de excarcelación del jefe de la patota -o sea que no lo ha rechazado, guardando una carta en favor de su libertad. Más grave aún es que la causa que juzga a Pedraza y a sus personeros legales por la tentativa de soborno a camaristas de Casación está absolutamente ‘dormida’. El avance de esa acusación reforzaría de un modo concluyente la prisión preventiva a Pedraza, ya que demuestra hasta qué punto el jefe de la UF utilizaría su libertad para conspirar abiertamente a favor de la impunidad de la patota y de la suya propia. Las presiones judiciales se desarrollan en un marco político definido. En medio de un ‘ajuste’ en regla contra la clase obrera, es indudable que la burocracia ha colocado la cuestión de sus causas judiciales en la mesa de negociaciones con el gobierno. Moyano saludó la libertad de Zanola en el acto de Huracán. Guillermo Moreno, por su parte, se está reuniendo con las burocracias de las empresas privatizadas -entre ellas, la de la UF- para imponer las paritarias “con techo”. Los vínculos de Tomada, Schiavi y compañía con Pedraza son suficientemente fuertes y antiguos como para colocar la cuestión de su impunidad en la mesa del “ajuste”. Nuestra campaña política Está clara, a partir de lo anterior, la decisión del Partido Obrero de abordar las vísperas del juicio con una campaña política en regla, dirigida a interesar y movilizar, en primer lugar, a la clase obrera ferroviaria; luego a los trabajadores y a la opinión pública popular, a los artistas e intelectuales que siempre apoyaron la causa de Mariano. Vamos, en primer lugar, por la unificación de las causas, para que realmente exista el juicio y castigo a TODOS los responsables. Reclamamos el inicio del juicio en forma perentoria, aún en el caso en que avance nuestro reclamo por la unificación, y redoblamos la oposición a cualquier excarcelación de Pedraza. El encarcelamiento de Pedraza y su patota ha sido una de las victorias políticas más importantes de la clase obrera que pugna por poner en pie una nueva dirección sindical y política. La condena definitiva de la patota refrendará esa perspectiva, y el Partido Obrero se va a empeñar en ello con todas sus fuerzas. Conspiraciones en la Cámara de Casación Penal La Cámara de Casación es el tribunal penal más importante del país, la última instancia para apelar los fallos de los tribunales inferiores antes de llegar a la Corte. En las diferentes salas de la Cámara, se encuentran varios juicios cruciales. Entre ellos, la causa de las escuchas telefónicas que involucra a Macri, así como las denuncias contra el juez Oyarbide. En Casación también está depositado, sin respuesta, el último pedido de excarcelación en favor de José Pedraza. Los jueces de casación han recibido numerosas impugnaciones, principalmente por las demoras incurridas en los juicios a los genocidas de la dictadura. El kirchnerismo impulsó una renovación parcial de sus miembros, pero dejó en pie a buena parte del viejo elenco. Por ejemplo, sigue en su lugar Eduardo Riggi, juez de los años de la dictadura. Riggi cobró notoriedad recientemente al haber sido mencionado como uno de los camaristas 'tocados' -por 50 mil dólares- para otorgar la excarcelación a Pedraza. La elección del nuevo presidente de la Cámara, días atrás, provocó un nuevo episodio de crisis. La candidatura del nuevo presidente, Pedro David, fue impulsada por el juez Alejandro Slokar, un discípulo de Zaffaroni, quien ingresó a Casación fogoneado por el kirchnerismo. La nominación de David fue resultado de un compromiso: "se aliaron parte de los nuevos camaristas con un sector de los antiguos magistrados, gracias a un acuerdo que tejió Slokar" (La Nación, 14/1). El debate que precedió a esta elección fue registrado "en un acta secreta para tratar de evitar que trascendieran las pujas internas del cuerpo" (ídem). La 'renovación' de este tribunal ha seguido un camino conspirativo -un método que se hará sentir en sus próximos fallos, entre ellos los de las causas relacionadas con el asesinato de Mariano.

Lo que fue anunciado con bombos y platillos como un gran logro "nacional y popular" de Gerardo Martínez y la Uocra es, en realidad, la peor estafa a los trabajadores de la construcción en las últimas décadas. La ley 26.494 -que la Uocra, con la complicidad del gobierno y los empresarios, difunde como "la jubilación a los 55 años"- exige el cumplimiento efectivo de los 25 años de aportes medidos en meses. Para ser más exactos, 300 meses -lo que hace prácticamente imposible que los trabajadores obtengan el legítimo derecho a jubilarse. El trabajador de la construcción cambia permanentemente de lugar de trabajo por la dinámica de la actividad no permanece estático en la misma empresa. Luego tiene períodos sin aportes hasta la próxima obra. Sabemos, además, que los compañeros que llegan a los 50 años difícilmente pasen un examen preocupacional para la ART, por lo que son descartados por las empresas o sometidos a trabajo en negro o bajo algún sistema de precarización. Esta "joyita" -inventada por la Cámara de la Construcción, la Uocra y el gobierno- va incluso en contradicción con el parámetro que utiliza la ley de jubilaciones 24.347, que toma como unidad de medida los años aportados -para los cuales se computa un año completo con seis meses de aportes. Se trata de una entregada más de Gerardo Martínez. Deberían haber tomado como ejemplo el caso de los transportistas (camioneros), cuyo régimen especial data del año 1974 y donde el compañero se jubila a los 55 años, tomando como unidad de medida una fracción de seis meses que se cuenta como un aporte anual. También el de los estibadores, quienes después de varias modificaciones (la última del año 2006) pueden acceder a la jubilación a los 52 años, en las mismas condiciones que el caso anterior. Los trabajadores de la industria de la construcción -además de sus bajísimos salarios, el mayor índice de trabajo en negro, el mayor índice de muertes por accidentes evitables (280 al año) y el padecimiento diario de la violencia ejercida por el sistema para-policial de represión en las obras, instaurado por el ex 601 Gerardo Martínez- deben soportar el cinismo de que nos vendan como beneficio lo que es, en realidad, la entrega de nuestro derecho a una vejez digna. Este año, nuevamente, la Uocra será la nave insignia del gobierno nacional para firmar las paritarias por el porcentaje que más le convenga a su plan de ajuste. Las corporaciones de la construcción, con el concurso de Gerardo Martínez y el gobierno kirchnerista, nos han impuesto el peor salario luego del que tiene el peón rural. Su jubilación anticipada trucha es otra trampa a derrotar.

Frente a azote de la ola de calor, resolvimos armar un desafío de brigadas y sostener las mesas de agitación semanales. La Brigada Mariano Presente arrancó con el desafío y se fue con el récord de 46 prensas en la mañana. Luego, la Brigada El Gurí tomó el guante y por la tarde superó con 53 periódicos. Entregamos el volante a todos los que pasaban y les ofrecíamos conocer el periódico del Partido Obrero, que en el Frente de Izquierda conquistó la primera bancada obrera y socialista de la provincia. "El ajuste no da tregua" es una buena y atractiva tapa del periódico. Corta y provocadora a la lectura. A diferencia de las semanas anteriores, advertimos una apertura en la recepción de los volantes y, como se expuso, en la compra de la Prensa Obrera. Gran interés en los jubilados y la juventud por los planteos del Partido Obrero. En las jornadas se destacaron los compañeros nuevos y jóvenes. Que al principio se sienten inseguros al ofrecer el periódico y saber cómo, en pocos segundos, interesar en la situación política, los planteos del Frente de Izquierda y las luchas en curso. Pero hoy ya son la vanguardia de esa tarea militante. La actividad también fue una escuela para quienes realizan esta actividad por primera vez. Más allá del recurso ingenioso del desafío de brigadas, se destaca el compromiso de los compañeros por no desaprovechar ni un solo día de enero en la agitación de nuestros planteos y el llamado a organizamos ante los tarifazos y los despidos. En difundir una salida de los trabajadores ante la crisis. Es decir, defender los objetivos políticos para el desarrollo de un poderoso Partido Obrero y el reforzamiento del Frente de Izquierda.

El 26 de diciembre de 2011, cuando se canceló el tren Gran Capitán que va de Chacarita a Misiones, los pasajeros cortaron las calles para que les garantizaran el viaje y los boletos pagos. El tren llamado El Gran Capitán -o “Tren de los pobres”- dejó de funcionar en 1993 y retomó, sus funciones en septiembre de 2003. En el viaje inaugural, participaron el entonces presidente Kirchner, el gobernador Colombi y el presidente de Trenes Especiales Argentinos (TEA), Enrique Franchi. “El” presentó aquel viaje como una expresión de “la reactivación ferroviaria”. El Gran Capitán comenzó trasladando 600 pasajeros dos veces por semana. El empresario que explotaba el negocio fue concejal del PI en Vicente López, desde 1983 a 1987. Durante todos esos años, los viajes del Gran Capitán fueron un verdadero vía crucis. A principios de 2009, 700 pasajeros quedaron varados dos días, en un tramo de las vías que recorren Entre Ríos, por desperfectos mecánicos. En abril de 2009, el Gran Capitán pasó a funcionar sólo un día a la semana, mientras arreciaba un conflicto de intereses entre TEA y La Fraternidad. Este gremio, ultra-alineado a la Secretaría de Transporte, comenzó a fogonear la entrega de la operación a otro operador privado. En mayo de 2009, La Fraternidad tomó la iniciativa de parar el servicio del Gran Capitán y la patronal envió telegramas de despido (APF, 21/5/09). Oscar Ava, dirigente de La Fraternidad del litoral, hizo entonces severas críticas a Franchi, responsable de TEA, proponiendo que la nación y la provincia articulen para recuperar el servicio” (www.sateliteferroviario.com.ar, Rieles multimedio). El “fraternal anticipó lo que se venía: “se está pensando en formar una Unidad de Gestión Operativa de Ferrocarriles del Estado, donde se fusionarían tres o cuatro empresas privadas”. A fines de noviembre de 2011, hacía días que el Gran Capitán no funcionaba. TEA denunció que “cuatro personas, dos de ellas autoridades del gremio de La Fraternidad, secuestraron un tren y dejaron sin servicio ferroviario, por tiempo indeterminado, a la Mesopotamia. Luego de trasladar la formación por lugares inhóspitos, se detuvieron en el paraje Casa Pava, Comentes”. Ante la sorpresa de los empleados, quienes “se vieron privados de su libertad durante horas”, los responsables “se subieron a una 4x4 y abandonaron a toda prisa el lugar, inutilizando previamente la máquina y cruzándola sobre una vía”. Esta acción fue impulsada por la Secretaría de Transporte, y La Fraternidad cometió el ilícito para que TBA, de manera directa, sea adjudicataria -como antes lo fuera del tren internacional al Uruguay. Los métodos mafiosos para resguardar los negocios son el sello distintivo de la Secretaría de Transporte y la patria contratista. El 12 de diciembre pasado, Schiavi rescindió el contrato a TEA y entregó el servicio a TBA. Ahora, en lugar de partir de estación Lacroze (accesible en Capital Federal), el servicio sale de Pilar (a más de 50 kilómetros) -cabecera del Tren a Uruguay, el cual es explotado por el Grupo Cirigliano. La cruel novedad para el sufrido pasajero del Gran Capitán es que TBA y el Estado van a prestar un servicio sin el material rodante apropiado, lo que lo coloca incluso al servicio por detrás del que brindaba desastrosamente TEA.

El jueves 5, el intendente de Córdoba anunció que pagaría en cuotas los sueldos de diciembre debido, decía, a no contar con los fondos suficientes. Tres días después, conseguía un préstamo y efectivizaba los salarios. En el medio una huelga general de los municipales, presentada como retención de tareas y acompañada con cortes de calle, paralizó toda la administración. El paro había surgido como mandato unánime de todas las asambleas realizadas al efecto de discutir el plan de acción. Sin embargo, la intendencia no cesa en su política. Horas después de depositar los salarios, se constituyó como querellante contra los trabajadores, por supuestos ‘desmanes’ cometidos durante los cortes. Además, anuló las denominadas "prolongaciones de jomadas" a cerca de mil compañeros, las cuales se otorgan anualmente desde hace más de diez años y ya se han con vertido en parte del salario. Ello provocó nuevas asambleas, que mantienen a muchos sectores de la municipalidad paralizados. Antes, había hecho votar en el Concejo Deliberante la poda de la mayoría de horas extras. Mestre está empeñado en descargar la crisis y las deficitarias cuentas municipales sobre los trabajadores y el pueblo, para seguir garantizando los negociados de los capitalistas locales e incluso profundizarlos. En esa inteligencia, Mestre sabe que los municipales, los compañeros de UTA y del Surrbac (recolectores de basura) serán en lo inmediato los grandes rivales a derrotar. Al paquete de medidas antipopulares anunciado en diciembre pasado (ver en PO N° 1.207 "Ajustazo"), se ha sumado un plan para la privatización de las empresas de transporte y de recolección de basura. La huelga municipal ha establecido una oposición a los planes del gobierno. Sobre la base de enfrentar el ajuste y los tarifazos, y defender el trabajo, el salario y las condiciones laborales, impulsemos asambleas y plenarios para discutir un programa y un plan de acción para defender todas las conquistas amenazadas.

El 21 y 22 de enero realizaremos el campamento de la UJS- Partido Obrero (Neuquén y Río Negro) en el Dique Ballester- Barda del Medio. Ya está comprometido un nutrido padrón de jóvenes estudiantes y trabajadores con quienes compartiremos una experiencia de formación política y recreación. El programa de actividades incluye tardes de río, truqueadas, juegos deportivos y dos charlas. "La crisis capitalista y el Frente de Izquierda" a cargo de Patricia Jure, y "La vigencia del Programa de Transición" a cargo de Norberto Calducci. La noche del sábado haremos un fogón para inaugurar el año por la organización socialista de la juventud en los 40 años de la UJS. Estará presente el compañero Horacio Pastor, uno de los constructores de aquella UJS. ¡Vamos, Partido Obrero, a construir una alternativa política de los trabajadores y la juventud!

Pudimos escucharlo en persona de boca de un joven de la Juventud Sindical, en el plenario convocado por él contra el tarifazo: "Somos verticales, haremos lo que diga Hugo, pero lo nuestro es la paritaria, y en ese punto les adelanto: camioneros y peajes no firmarán ningún tope ni techo". Desde luego, no se nos escapa que la mitad del espectro político que se sumó a la lucha contra el tarifazo del subte lo hizo porque se lo adjudican a Macri -aunque fue el resultado de un traspaso acordado. Pero la línea estratégica es postergar cualquier lucha contra el 'ajuste' para después de marzo, cuando empiezan "las paritarias". La CGT y todas las alas de la burocracia eluden caracterizar el ajuste absolutamente generalizado, establecer sus alcances y denunciarlo. El convenio camionero vence el 1° de julio, cuando las boletas de servicios e impuestos, los despidos, las rebajas de los estatales y el aumento en todos los transportes estén consumados -y cuando se hayan firmado, turno a turno, todas las paritarias. Si la política fuera atacar el 'ajuste' por medio de las paritarias, habría que adelantarlas -por ejemplo en camioneros o en telefónicos. El adelanto serviría también para contrarrestar a los Pignanelli de Smata, Caló, Gerardo "601 "Martínez, o los socios de Pedraza, quienes quieren picar en punta para aplicar el techo de Cristina y De Mendiguren -como acaba de ocurrir en bancarios. En segundo lugar, muchas empresas de camiones no pasaron los tickets al básico, sino a un rubro que no sufrió actualización por inflación. En Oca, sus siete mil camioneros ganan un salario por piezas que requiere una jornada de 12 ó 13 horas; al primer enfriamiento económico, la supresión de las horas extras los llevaría a su básico de 3 mil pesos -lo mismo vale para los salarios por kilómetros y viáticos diarios. Por otro lado, son legión los tercerizados de agencias -algunas vinculadas con Moyano- como Suministra, Guía Laboral y otras, los que deberían pasar a planta permanente. Además, empresas como Unir -de la rama camionera dedicada al clearing del grupo Clarín- han impuesto un banco de horas mensual, de manera que no pagan extras si no se sobrepasa el tope mensual de horas, manipulando el salario hacia el básico. Hay que abordar las paritarias enfrentando el 'ajuste' y los 'techos' del gobierno, no "esperando el turno para compensar los aumentos". Desde esta posición, impulsamos el debate en todas las empresas camioneras, en los sectores de logística recientemente incorporados y tantos otros. Que camioneros convoque una asamblea general en cada provincia, en cada localidad, en la que se elijan los paritarios con un mandato y un plan de lucha de la CGT.

La semana pasada se realizó en Israel una marcha contra el fanatismo judío ultraortodoxo. Una nena de ocho años fue la protagonista involuntaria de esta disputa que se libra actualmente en Israel (que algunos llaman religiosa). Camino a la escuela fue agredida, escupida y llamada “prostituta” por un grupo de religiosos ultraortodoxos, por “vestirse impúdicamente” según ellos Casi a diario, docenas de hombres con sombreros negros gritan y acosan físicamente a las niñas que van a la escuela. Días atrás, hombres de negro le gritaron a una mujer que viajaba en el mismo ómnibus que ellos, e intentaron hacerla bajar. La argumentación religiosa sostiene que las mujeres deben ser separadas de los hombres, porque podrían despertar su apetencia sexual. Hay quienes buscan reducir este conflicto a una simple noticia sobre hábitos religiosos, pero lo cierto es que estos sucesos -pequeños en apariencia- esconden la concepción sobre la vida y el sexo que tienen en sus entrañas los regímenes autoritarios: en ellos, la vida y el sexo son sólo para procrear y para enaltecer a dios. Ese dios ha sido creado en los orígenes de la humanidad, producto de la indefensión de los hombres, y sirvió (y sirve todavía) para paliar el dolor de las enfermedades y la muerte, así como para explicar, sobre todo, en los orígenes, los grandes misterios de la humanidad. Esa explicación ante lo que no entendemos o lo que nos duele demasiado, sigue teniendo vigencia en la actualidad, porque facilita la actitud de inclinamos ante él, el dios que todo lo sabe y nos postra en nuestra ignorancia eterna. Y, por sobre todas las cosas, postrarnos ante dios garantiza que se haga su voluntad y nos impide saber cuál es nuestra voluntad y cuáles son nuestros deseos. “Que se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, y los humanos nos postramos ante tu sabiduría”. Creer en un dios poderoso es la forma de saber de su deseo y de ninguna manera del nuestro. Ese dios poderoso en todas las religiones es un dios masculino, lo que deja a la mujer en un lugar de sumisión y dependencia como representante y portadora de la ignorancia y el pecado. Por eso dicen los religiosos que deben estar aparte, tapadas y silenciadas. La religión judía condena el lugar al cual son sometidas las mujeres musulmanas, pero sus religiosos llaman “prostituta” a una niña de ocho años que va camino a la escuela. Esto nos muestra que la religión, sea cual fuere, siente odio y horror por las mujeres pensantes y deseantes. Si las niñas pueden transformarse en mujeres y ser deseantes, están mostrando la existencia de la diferencia de los sexos. Aprendimos con el psicoanálisis que se desea lo que no se tiene. El deseo es anverso y reverso de castración. El deseo es la expresión más libertaria que tenemos, porque deseamos siempre otra cosa, algo distinto: el deseo introduce lo distinto. Pero la religión odia lo extraño y extranjero. Es por naturaleza narcisista: se quiere a sí misma tal cual es. La ideología no es una representación de las condiciones reales de existencia, sino una representación imaginaria de esas condiciones, de las relaciones de producción y de todo lo que de ellas se deriva. No es un conjunto de ideas y espíritus, sino que tiene una presencia concreta y material. La propia creencia de que existen ideas puras es ya ideológica y las ideologías viven en prácticas materiales -es a partir de ellas que se da su existencia. La ideología se ve determinada por prácticas e instituciones y no es una ilusión ni un engaño. Nos interpela como libres, pero nos hace ser dominados: se incorpora de modo inconsciente y se reproduce en la praxis cotidiana. La ideología no es de ningún modo una deformación de la realidad, sino más bien aquello que la hace posible. A cada miembro de la sociedad le es asignado un lugar que la ideología justifica y sostiene. En tal sentido, legitiman las relaciones de dominación. La ideología no expresa la relación de los hombres con sus condiciones de existencia sino la manera en que viven esa relación. La relación real está investida en la imaginaria, expresa más una voluntad o una esperanza que a la realidad. Enterarse de que las mujeres son deseantes no está dentro de los intereses de los religiosos. Si las mujeres pueden ser deseantes, también pueden ser libres para expresar sus deseos. Eso para la religión es el fin de toda su estructura hegemónica. Algo tan nefasto como llamar prostituta a una niña no es un error o una desviación de algunos trasnochados, sino la esencia de la religión y de todo régimen totalitario. De este modo, todo permanece igual e idéntico a sí mismo, en un orden masculino y cerrado sin ninguna diferencia. Si no hay diferencia, es que no ha operado la castración -ese genial descubrimiento de Freud que es la piedra angular en la cual se fundan la sociedad y la cultura humana a partir de la represión edípica. El complejo de castración funda una humanidad signada por el deseo, mientras que la protesta neurótica, perversa y fascista impone que todo es uno y que no debe haber ningún deseo que no sea el de dios. Los deseos irredentos de mujeres y de hombres nos dicen que el camino es otro. Bien sabemos que los senderos de la revolución son amplios: tendremos que seguir creando y andando por ellos.

El próximo 2 de febrero tendrá lugar la audiencia en la Cámara Federal de San Martín, que deberá determinar si revoca o confirma el procesamiento y el embargo, dictados por el juez federal Mariano Rearte, contra los trabajadores y delegados de Kraft y los dirigentes políticos Néstor Pitrola y Vilma Ripoll. La misma Cámara todavía debe resolver las apelaciones presentadas por Ramón Bogado y Javier Hermosilla, también procesados, cuya audiencia tuvo lugar en noviembre pasado. A todos se les imputan diversos cortes de la Panamericana, en el marco de la huelga de los trabajado-res de Kraft de 2009. Los procesamientos fueron dispuestos cuando la causa estaba a punto de prescribir. La criminalización de las actividades de apoyo a la lucha de Kraft es una clara intimidación contra la organización sindical, así como contra las expresiones políticas que se solidarizaron con ella. Las ‘pruebas’ recogidas por el juez son una muestra del avance de la infiltración de las organizaciones obreras, sindicales o políticas, por parte de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia con autorización judicial. La causa está plagada de informes de inteligencia, en los que constan día a día decisiones de asambleas de Kraft, sus oradores y las posiciones esgrimidas. Cientos de fojas consisten en artículos, publicaciones y volantes de los partidos de izquierda apoyando la huelga. Por otro lado, el juez ha considerado como parte de las pruebas de cargo los artículos periodísticos que dan cuenta de los discursos de la Presidenta de la Nación que plantean "terminar con los cortes de ruta". La aplicación del artículo 194 del Código Penal (corte de medios de comunicación terrestre) a las luchas populares, configura la vigencia de un Estado policial. La criminalización de la protesta es la condición que exige la Ley antiterrorista para convertir a sus protagonistas en terroristas. Convocamos a todas las organizaciones populares y partidos políticos a expresar su repudio y a exigir el cierre de todas las causas penales que se mantienen abiertas en contra de los obreros de Kraft y los dirigentes políticos que manifestaron su apoyo.

La paritaria docente, en febrero (vacaciones), será un caso testigo para el movimiento sindical, especialmente del sector público. Involucra a nada menos que un millón de trabajadores. El gobierno pretende un tope del 18%, siete puntos por debajo de la inflación, esto en vísperas del impacto del ajustazo (nacional, provincial y municipal). "Todo ese paquete", asegura una consultora, "incrementaría el gasto familiar entre el 7 y el 12%, e impactaría sobre el propio índice de precios" (Clarín, 12/1). El 18% llevaría el salario inicial docente a apenas a 2.714 pesos, un 45% de la actual canasta familiar. Yasky Varios gobiernos provinciales han declarado que se ajustarán a la paritaria nacional -entre ellos, la provincia de Buenos Aires. Stella Maldonado, secretaria general de Ctera, ha declarado que no aceptará el 18%. Pero en Neuquén ya arreglaron por un 17%, con la excusa de que las negociaciones se reanudarán a mediados de año. El secretario adjunto de la CTA kirchnerista, Wasiejko (Sutna), resumió: "acuerdos salariales por dos años, ajustados cada tres o cuatro meses (La Nación, 15/1). ¿Pero cuál es el aumento que reivindica el sindicato para los dos años? No se sabe. El año pasado, los aumentos salariales, en cuotas, dieron un promedio anual del 18/20% -o sea por debajo de la inflación. Por un aumento salarial no inferior al 25% Como la directiva no se compromete con una reivindicación de aumento salarial concreta, proponemos iniciar una campaña para exigir que éste no sea inferior al 25% y que no se firme ningún acuerdo que no sea aprobado por asambleas. La campaña deberían iniciarla las seccionales opositoras hasta llegar a todo el sindicato. Adosac (Santa Cruz) convocó a un congreso de todo el movimiento sindical para febrero, para debatir un plan de acción contra el paquetazo de Peralta y CFK. Impulsemos plenarios con mandatos, asambleas, autoconvocatorias para desarrollar una campaña por la reivindicación salarial y que no se firme nada sin la aprobación de las bases. Ningún tarifazo ni impuestazo; nacionalización sin pago de las privatizadas, bajo control obrero. Soberanía de las asambleas para determinar las reivindicaciones salariales y de condiciones laborales. Indexación automática del salario por inflación. Defensa del 82% móvil. Fuera las leyes educativas privatistas K; defensa del estatuto; basta de precariedad laboral. Tribuna Docente Con el objetivo de resolver un plan de intervención en este sentido, el 11 de febrero se realizará el congreso nacional de TD, en la Ciudad de Buenos Aires. Participarán cientos de compañeros de CABA y de la provincia de Buenos Aires, y delegaciones de todo el país. El congreso será preparatorio de Plenarios Provinciales y seccionales, que aborden esta lucha en cada jurisdicción.

Las elecciones legislativas en Egipto para elegir a los 438 miembros de la Cámara baja finalizó con un triunfo contundente de las corrientes islamistas, encabezadas principalmente por la Hermandad Musulmana (HM) y los fundamentalistas de Al Nur. La victoria está matizada por una abstención del 40%, un manejo fuertemente clientelar de la votación y recuentos de votos que en varios casos terminaron en escándalo. A pesar de esto, si se tiene en cuenta que la tercera fuerza en votos fue también una corriente islamista moderada -que desplazó al bloque de partidos liberales del tercer puesto- el triunfo del islamismo es inobjetable. Los partidos laicos, liberales o de izquierda realizaron votaciones marginales, aún menores a las que esperaban. Según versiones recogidas por The Washington Post, la Hermandad habría decidido garantizar la inmunidad a los militares por sus crímenes durante la represión de estos meses. Por otra parte, el líder de la HM mantuvo un encuentro con el ex presidente norteamericano James Carter, mientras “el subjefe del Partido Libertad y Justicia (PLJ), Essam al Erina, se reunió con Jeffrey Feltman, subsecretario de Estado para Asuntos de Medio Oriente de Estados Unidos’' (AFP, 1/11). La HM busca consensuar con Washington las condiciones de su ascenso al gobierno. Una nueva etapa Las corrientes islamistas también triunfaron en Marruecos y Túnez. En los dos casos, habrá un gobierno de coalición de tipo parlamentario y seguramente sucederá algo similar en Egipto. El ascenso de los gobiernos de cuño islamista cierra una etapa en el desarrollo de la revolución árabe. Es un cierre completamente provisional, vista la agudización de la crisis económica y la inminente aplicación de ajustes supervisados por el FMI. Culmina, por el momento, una estrategia internacional cuyo punto saliente fue la victoria de la Otan en Libia, donde impuso su dirección al levantamiento popular. Algo similar se intenta hacer en Siria a través de un Consejo dominado por el islamismo turco y la Otan. La Hermandad egipcia ha dejado trascender que llamaría a un referendo sobre el tratado de paz entre Egipto e Israel, lo cual constituye un recule manifiesto frente a su oposición histórica a este acuerdo. La situación del Medio Oriente, de todos modos, no retorna al status quo anterior a la revolución: se ha inaugurado un equilibrio inestable, que será nuevamente sacudido por la crisis mundial y la agudización de los problemas de las masas en los países de la región, incluido el Estado sionista. Las perspectivas de la revolución Los gobiernos islamistas deberán enfrentar, sin embargo, un cuadro de crisis políticas y económicas de envergadura que operan como un límite a este operativo de contención. La combinación en Marruecos de un gobierno parlamentario con una monarquía de tipo absolutista y la relación entre la HM y el establishment militar en Egipto son sólo algunas de las contradicciones explosivas que deberá atravesar el llamado islamismo. Por otra parte, los países de la región se encuentran fuertemente golpeados por los efectos de la crisis mundial. En Egipto, la Junta Militar evalúa comenzar a recortar los subsidios a los alimentos y el transporte, lo que y lisa llanamente podría desatar una insurrección -como deja de manifiesto la huelga general en Nigeria. Asimismo, en Túnez, los desempleados han comenzado a inmolarse en protesta por su situación con una secuela de puebladas posteriores, recordando al joven desempleado que se inmoló y dio origen al levantamiento de las masas árabes. Las elecciones no han reflejado el ascenso combativo del movimiento obrero, por lo que primó el peso histórico de las corrientes islamistas. HM fue derrotada en el Sindicato Nacional de Médicos a manos de una lista de activistas, a lo largo del país, y las oleadas huelguísticas conquistaron la renacionalización de importantes fábricas y el surgimiento de sindicatos independientes. Ha irrumpido también el movimiento de mujeres, luego de la brutal represión de los militares. Se cerró una etapa, se abre otra.

En los últimos días, el corte de ruta contra el acuerdo de Osisko Mining y el gobierno riojano se ha reforzado como nunca. Los pobladores de Famatina, Chilecito y Alto Carrizal montan una guardia permanente, para impedir que lleguen equipamientos o insumos al lugar donde la minera se pretende instalar. Los pobladores de la zona entendieron desde un principio que el proyecto de Osisko implicaría contaminación del agua, destrucción de los suelos, contaminación del aire, nuevas enfermedades y destrucción de los cultivos. Existe una vasta organización popular en torno del corte: los comerciantes llegan con alimentos, otros se encargan de cocinar para todos los acampantes, se reparten frutas, está prohibido el consumo de alcohol. El domingo por la tarde había más de 2.000 personas en Alto Carrizal. El levantamiento popular desafía a los aprestos represivos que han organizado Beder Herrera y la Osisko. Por un lado, el gobierno ha enviado a una Brigada de Acción Operativa, un comando "especial" que permanece amenazante en el lugar, ante la evidencia de que la policía local se ha negado a reprimir. Luego, se han comprobado acciones de inteligencia y espionaje contra los dirigentes de la asamblea local, probablemente financiadas por el pulpo minero. Crisis y necesidades El actual gobernador, Beder Herrera, realizó su primera campaña electoral (2007) oponiéndose a la minería a cielo abierto. Pero apenas desplazó al ex gobernador Maza, abrazó a las mineras con la fe los conversos, que siempre necesitan de mayores demostraciones. En 2011, Beder Herrera consiguió la reelección de la mano de Cristina, esta vez abiertamente sostenido por el lobby minero. No es éste el primer intento del gobernador de instalar la minería a cielo abierto en la zona. En 2007, una pueblada como la actual impidió a la Barrick Gold instalarse en Peña Negra. Ahora es el tumo de la OSC (Osisko Mining Corporation), una multinacional de origen canadiense. Las circunstancias, sin embargo, son diferentes a la de la intentona de la Barrick Gold. La crisis capitalista está golpeando duramente a las provincias. En vez de gravar a los monopolios agroindustriales, Beder, en su momento Soria y otros gobernadores, se han lanzado desesperadamente a habilitar la minería a cielo abierto a cambio de unas ínfimas regalías. En Famatina, por lo tanto, se juega una pulseada con repercusión nacional, puesto que el desenlace de esta lucha puede incidir en el curso de otras explotaciones mineras. Perspectivas En estos días se cumplirán los plazos para que la minera se instale definitivamente en la zona. En el corte está instalada la conciencia de que esta pelea está siendo seguida y apoyada por todos los luchadores contra la depredación ambiental en el país. Si se le tuerce el brazo a Beder Herrera será un impulso para la lucha contra todos los contaminadores capitalistas. Con la resistencia de los pueblos de Chilecito, Famatina y Alto Carrizal, y el apoyo de luchadores de todo el país, la victoria es posible.

No pasa día sin que Antonio Caló, secretario general de la UOM, se muestre paseando su candidatura a reemplazar a Moyano en la CGT. Caló habría aceptado el 'techo' salarial del 18%, encima en cuotas, que el gobierno quiere imponer en las paritarias. Para algunos, la vuelta al romance entre Techint y los K estaría centrada en esta política salarial. Proteccionismo Mientras Caló rosquea por la CGT, un sector significativo del gremio, las autopartistas, está siendo estremecido por una ofensiva patronal contra los metalúrgicos. Mientras el gobierno enuncia una línea de proteccionismo frente a Brasil, avanza un reguero de suspensiones y despidos, que va de las terminales como Fiat y Peugeot a las autopartistas. La dirección de la UOM ha dejado correr la ofensiva. En Indiel Prestolite está suspendida la mayoría de la fábrica, a la espera de que en marzo se cierre la planta por la cancelación de parte de la Ford de los pedidos para el año. En Visteon, de Quilmes, la elección de un cuerpo de delegados de una lista afín al "Barba" Gutiérrez, fue la señal de largada para un proceso de achique de personal, vía retiros voluntarios (ya van más de 40), ya que la patronal anuncia que solamente tendrá trabajo significativo para 2013. Peugeot ha adelantado vacaciones en toda la planta, mientras corren rumores de despidos y suspensiones. Las movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo, en Mecca Castelar y la RBI (ex-Bosch) de San Martín, contrastan con la complicidad con el achique que lleva adelante el Secretariado Nacional (ver PO N° 1.208: "Mecca da vuelta plenario de la UOM y gana terreno"). Las paritarias, en la mira Las negociaciones pre-paritarias, que los diarios describen con detalle, no han sido sometidas a discusión alguna en la base del gremio. El tope que se pretende trasladar de la paritaria metalúrgica al conjunto de los gremios carece de mandato. En la paritaria anterior los salarios metalúrgicos ya sufrieron un achatamiento, con un conformado de 3.200 pesos que absorbe cuatro categorías, quedando el salario de operario a menos de la mitad de la canasta familiar. Ningún acuerdo a espaldas de los trabajadores, organicemos asambleas en todas las fábricas, para discutir el aumento que necesitamos. Por paritarios electos en asambleas. Basta de suspensiones y despidos, reparto de las horas de trabajo. Eliminación del impuesto al salario. Que se incorporen los 900 pesos otorgados en cuotas para enero, febrero y marzo al básico y la discusión paritaria comience desde allí.

Los obreros nigerianos protagonizaron una fulminante huelga general durante toda la semana pasada en rechazo al recorte del subsidio estatal de la gasolina -el cual lleva su precio de 0,40 a 1,30 dólares, en un país donde el 70% de la población vive con menos de dos dólares por día. La medida, asimismo, disparó una espiral inflacionaria inmediata en los servicios y el transporte. Nigeria es el país más poblado de África -unos 150 millones de habitantes- y es el principal proveedor de crudo del continente. Sin embargo, el petróleo refinado debe importarse a precios internacionales. El “gasolinazo” nigeriano reviste una gran similitud con el de Evo Morales, quien debió dar marcha atrás frente a la rebelión popular. El gobierno de Goodluck Jonathan anunció el fin del subsidio durante el Año Nuevo como parte de un plan de ajuste más general, que incluye el recorte del 25% del sueldo de funcionarios y empleados estatales. La medida de fuerza, convocada por el Congreso de Sindicatos (TUC) y el Congreso del Trabajo de Nigeria (NLC), se cumplió prácticamente en su totalidad en oficinas, bancos, escuelas, puertos y aeropuertos. Los obreros petroleros apoyaron la medida y amenazaron con paralizar la producción de crudo. Por otra parte, las manifestaciones de masas se repitieron a lo largo y ancho del país, a pesar del toque de queda y del fuerte operativo represivo ordenado por el gobierno. “En Lagos, la principal ciudad nigeriana, tuvo lugar una de las mayores manifestaciones, con unas 10.000 personas bailando y cantando canciones contra el gobierno”, señaló la agencia AFP. “En Kano, la principal ciudad del norte del país, una multitud estimada en decenas de miles de personas se manifestó en las calles”, destacó la misma agencia. Asimismo, se registraron piquetes y bloqueos de autopistas. La represión estatal dejó dos muertos, decenas de heridos y un número similar de detenidos. Las dos centrales obreras suspendieron la medida de fuerza durante el fin de semana para entablar negociaciones con el gobierno, aunque estimaron que reanudarían las huelgas el lunes siguiente si no se restablecía el subsidio estatal al combustible. El ajuste en Nigeria responde a una tendencia mundial de los gobiernos para afrontar la bancarrota capitalista. Por esta razón, la enorme huelga general en Nigeria entronca con las formidables huelgas de masas en los distintos países asiáticos -en primer lugar, China-, las manifestaciones de masas en Europa y Estados Unidos y, por supuesto, con el impresionante levantamiento de las masas árabes que recorre el norte africano y Medio Oriente. Lo mismo vale para las repetidas huelgas en Grecia, los paros generales en Portugal y los paros parciales en Italia y Gran Bretaña, o las importantes huelgas en Sudáfrica y Argelia, entre otros países.

Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, nos manifestamos en contra del saqueo y la contaminación K. Después de que el gobierno radical rionegrino prácticamente regalara a la empresa china A Grade Trading Ltd -por escasos 6 millones de dólares- las reservas de hierro más grandes de Latinoamérica, situadas en Sierra Grande, el gobierno peronista de Weretilneck se apresta a continuar con el saqueo de nuestros recursos naturales a través del "proyecto nacional de minería" de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien -por ejemplo- vetó la ley de protección de los glaciares para permitir proyectos como el de Pascua Lama en San Juan. Recordemos que este proyecto es de la minera Barrick Gold, que es el principal productor de oro del mundo, y que Cristina se reunió con el canadiense Peter Munk, fundador y director de dicha empresa, para garantizarle sus negocios. Recordemos que la minería no toma mucha mano de obra y que el sueldo inicial de los pocos obreros contratados en Sierra Grande era de 750 pesos -muy inferior a la canasta familiar. Recordemos también que en Canadá y otros países desarrollados, la minería contaminante está prohibida por su impacto sobre el medio ambiente y que solamente se permite en algunos países subdesarrollados, con gobiernos que admiten que se realice la extracción de minerales suntuarios como oro y plata, de escaso o nulo valor para la industria, a costa de dejar fuentes de agua secas o contaminadas, convertir montañas en gigantescos agujeros y destruir glaciares. A Weretilneck le decimos que no solamente nos importa Bariloche, sino también Río Negro, el país y Latinoamérica. Ahí tenemos el ejemplo de la heroica lucha del pueblo de Famatina en Catamarca, o del pueblo peruano que logró la suspensión momentánea del proyecto Conga. Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, llamamos a todos los ciudadanos de Bariloche y la región a seguir movilizados no sólo contra la derogación de la ley 3.981 anticianuro, sino contra toda forma de saqueo de nuestros recursos naturales y la contaminación de nuestro suelo y agua. Por un plan productivo sustentable de acuerdo con los intereses de los trabajadores y el pueblo. Como mostraron los estatales santacruceños, sólo los trabajadores junto a sectores populares podemos hacer retroceder la política noventista de despidos, asi como de entrega de los recursos naturales, tarifazos y el paquete de leyes antiterroristas diseñado para reprimir a los que se atrevan a rebelarse. • No a la megaminería de saqueo y contaminación. • Por la derogación de la ley antiterrorista. • Que la crisis económica la paguen os que la generaron: los capitalistas.

Desde que el gobierno y La Cámpora decidieron atacar a los sindicatos aeronáuticos, todas las burocracias se fueron al fueron al mazo. El caso más patético fue el de Llano (APA): como un gerente, recorrió los medios para defender las "virtudes" de la gestión camporista. Las direcciones de Apla (Pérez Tamayo) y la AAA (Frecia) aceptaron sin chistar los cambios en la modalidad de trabajo de pilotos y tripulaciones. Los técnicos Apta, el sindicato de los técnicos, permitió que pasaran sin respuesta el lock-out de los vuelos internacionales, las acciones legales contra su personería gremial y la remilitarización de los controladores, muchos de lo cuales han sido desplazados de sus funciones. Se ha impuesto una verdadera dictadura en las torres de control. La patronal y el gobierno aprovechan la inacción de Cirielli - quien se ha limitado a dar entrevistas- para seguir apretando. A los controladores se los obliga a justificar por escrito cualquier retraso en los vuelos. En Aerolíneas, La Cámpora logró la desafiliación de jefes en líneas y hangares de Ezeiza -bajo amenaza de despido- y reemplazó a algunos por otros con órdenes de "ajustar". Los jefes pertenecían a Apta desde la gran lucha contra Iberia, en la que se desafiliaron de Upsa, sindicato de jerárquicos con una dirección carnera. Desde entonces, los técnicos tienen el control sobre los lugares de trabajo, preparando los listados en los que se asignan funciones (rubros). El intento de los nuevos jefes por desconocerlos fue frenado por la reacción de los trabajadores. Se tomaron medidas indirectas para avanzar con el despacho centralizado, una medida flexibilizadora que se aplicó durante la privatización y fue derrotada con la lucha. ¿Por qué no una asamblea general? La asamblea general de los técnicos tiene tradición en el pasado. Pero sólo después de que un conjunto de compañeros se acercó al gremio para reclamarla, Cirielli, el secretario general, comenzó con reuniones por sector para explicar que sólo se pueden realizar acciones legales, y que incluso una asamblea pondría en riesgo la personería gremial. Esta cagonería frente al poder del Estado para poner y sacar personerías está en el ADN de la burocracia sindical, en todas sus alas. Pero ¿tiene condiciones el gobierno kirchnerista para aplicar una medida propia de la Libertadora? Cabe preguntarse ¿para qué sirve la personería si el sindicato no puede actuar en defensa de sus afiliados y los trabajadores ni siquiera pueden deliberar en una asamblea? Cirielli sigue integrando una central que entregó la paritaria de Uatre al laudo ministerial, el cual le rebajó 11 puntos a lo acordado por Venegas con la patronal agraria La foto con Moyano es un gesto que no detiene la ofensiva de Recalde y Cristina, como no la parará Moyano tampoco sin un plan de lucha de la CGT contra todo el ajuste. El único paso concreto de Cirielli ha sido reorganizar la agrupación Moresi, la que en un comunicado lo apoya incondicionalmente y amenaza "impedir enérgicamente el accionar de infiltrados que buscan dividir Apta", avisando que "ningún Judas dentro de Apta dejará de recibir su justo castigo". Un despropósito que tiene como objetivo intimidar al activismo que comienza a moverse. La patronal camporista viene a aplicar el ajuste. Por eso apoyamos las iniciativas que se han tomado para obtener las firmas necesarias según nuestro estatuto para que la asamblea, finalmente, sea convocada. Que se abran los libros contables a una comisión electa por los trabajadores. ¡Fuera las manos del Estado de Apta! ¡No a la militarización de los controladores aéreos! ¡No al despacho centralizado! Asamblea general.

A cien días del primer turno de las elecciones presidenciales francesas, las encuestas señalan una intención de votos para Marine Le Pen, la candidata del ultraderechista Frente Nacional, que podría colocarla en la segunda vuelta frente al candidato del PS, François Hollande. Le Pen roza hoy el 22% de la intención de voto, a sólo dos puntos de Sarkozy y a cinco de Hollande. Según los sondeos, Hollande ha alcanzado “un techo” y Sarkozy está en declinación. La intención de voto a Le Pen, en cambio, creció nueve puntos en el último año. No es la primera vez que el Frente Nacional arribaría al ballotage. Pero, a diferencia de 2002 (cuando el padre de Marine Le Pen desplazó del segundo lugar al ‘socialista’ Jospin y ganó el derecho a enfrentar al derechista Chirac, el antecesor de Sarkozy), esta vez su hija pondría fuera de juego al derechista Sarkozy y ‘pelearía’ la final con el ‘socialista’ Hollande. La diferencia es sustancial, porque en aquella ocasión Chirac se quedó con el 'voto republicano’ de toda la izquierda, incluidos los trotskistas, contra el ‘fascismo’. Ahora, en cambio, una parte significativa del electorado de derecha (o sea el ‘sarkozysmo’) acompañaría a la candidata ‘fascista’ contra el ‘republicano’ Hollande. Como se ve, no habrá reciprocidad ni será devuelto el favor de 2002. O sea que el Frente Nacional podría ganar las presidenciales, como ya ha ocurrido en Hungría -aunque Francia, claro está, no es Hungría. En sus tres décadas de existencia, el principal obstáculo que enfrentó el Frente Nacional fue el rechazo a su posición de retirar a Francia de la Unión Europea, algo que repudiaba el conjunto de la burguesía. La bancarrota capitalista y de la zona euro ha cambiado ahora los parámetros, pues una parte de la banca francesa -sin posibilidad de zafar de la quiebra- podría estar apostando a un rescate ilimitado del Estado francés, el cual solamente sería posible si se devuelve a su Banco Central la facultad de emitir los viejos francos. El ‘socialista’ Hollande se ha apresurado a asegurar que no cambiará el rumbo ‘ajustador’ de Sarkozy -o sea que sería una especie de Rajoy frente a un devaluado Zapatero. Su jefe de campaña acaba de declarar que “el tiempo de una derecha rígida y una izquierda laxa ha terminado. Seremos responsables y creíbles. Cualquiera sean las dificultades, reduciremos el déficit y la deuda, no gastaremos de más” (Financial Times, 7/1). Le Pen, en cambio, en una reciente entrevista en la inglesa BBC enfatizó que desarrollaría un plan de obras públicas para reactivar la producción y que emitiría todo el dinero necesario para financiarlo, con lo cual se ha convertido en la candidata ‘keynesiana’ en las elecciones francesas. Reivindica, además, una fuerte política proteccionista, o sea el fin de la Unión Europea. La ‘fascista’ le ha ‘robado’ el programa keynesiano a los “progres” del centroizquierda. Las encuestas señalan que la candidata del ‘fascismo’ recluta sus adhesiones entre las clases obrera y media. El keynesianismo no es el único latrocinio que perpetra Marine Le Pen contra sus contrincantes. También reivindica “el laicismo” y el “republicanismo”, los dos grandes mitos del liberalismo francés, para apoyar su posición contra la inmigración y a favor de la persecución de la población francesa de religión musulmana. En el programa internacional aprobado por el Congreso cuartainternacionalista, en 2004, escribimos que “la ofensiva del Estado imperialista francés contra los jóvenes y trabajadores que no comulgan con las religiones establecidas -en especial contra los de obediencia musulmana- (son) una herramienta del capital contra la unidad entre los diversos sectores del proletariado”. El ‘fascismo laico y republicano’ del Frente Nacional desnuda el agotamiento de las consignas históricas del liberalismo francés en la época imperialista. No en vano esas consignas obtuvieron su status histórico en 1871, para masacrar a la Comuna de París que reivindicaba el gobierno de trabajadores. El avance del lepenismo no hace referencia solamente a la crisis mortal de la burguesía francesa y europea. También habla mucho de la ‘extrema izquierda’ de Francia, la cual debería ser la candidata a ocupar el lugar alternativo en el marco de la bancarrota capitalista y de la ofensiva contra los trabajadores. Lutte Ouvrière. en su reciente congreso, ‘constata’ que la clase obrera de Francia “carece de una agenda política”, pero se cuida mucho de señalar cuál es la suya. La falta de iniciativa política del trotskismo, en Francia, es descomunal. Ocurre que no tiene un planteo frente a la descomposición de la Unión Europea -o sea que no plantea la ruptura de la Unión Europea imperialista y ajustadora como premisa de una unificación real de Europa, incluida Rusia, bajo gobiernos de trabajadores. En oposición al planteo “europeísta” de Sarkozy y de los socialistas -que es el instrumento político del imperialismo para justificar la necesidad de la ‘austeridad’ y del rescate de la banca-, la ‘extrema izquierda’ no reivindica la destrucción de ese marco político, al cual concibe como un progreso del desarrollo de las fuerzas productivas. En diversos países de Europa, esta izquierda llama a distinguir la deuda pública ‘legítima’ de la ‘no legítima’ -o sea que se coloca contra el no pago a los usureros. La Unión Europea no ha nacido para superar a los Estados nacionales -como dicen sus panegiristas burgueses o de la izquierda-, sino al revés: para el rescate y fortalecimiento de esos Estados, que habían quedado liquidados en los años ’30 y en la Segunda Guerra Mundial. Por eso, una unión europea capitalista es “una utopía reaccionaria” (Lenin), es una defensa de los Estados nacionales que han quedado superados por la internacionalización de las fuerzas productivas. El lepenismo no es por ahora el fascismo, porque se limita a la movilización electoral (no utiliza métodos de guerra civil) de la pequeña burguesía y de los sectores más atrasados de la clase obrera. Su nuevo avance es una expresión de la disolución de las velaciones políticas de la Unión Europea. En Francia existe un Frente de Izquierda, encabezado por una disidencia del PS y el partido Comunista, que apunta a un gobierno de coalición con el PS -el mismo que promete más ‘austeridad’ y más ‘europeísmo’. La ‘agenda del proletariado’ está a la vista: desarrollar un verdadero Frente de Izquierda, que encabece la lucha contra el lepenismo en nombre de la anulación de la deuda pública y la confiscación de los bancos; por la destrucción de la Unión Europea imperialista para construir los Estados Unidos Socialistas de Europa. La crisis francesa es un marco excelente para convocar a un congreso internacional de fuerzas socialistas revolucionarias -en primer lugar europeas- para desenvolver esta agenda política, que es la agenda del proletariado conciente. Hace 78 años, el 6 de febrero de 1934, un conato de golpe fascista desató en Francia una enorme reacción obrera, que interrumpió en forma brusca varios años de reflujo. Esa reacción culminó, dos años y medio más tarde, en la ocupación generalizada de fábricas y en un “comienzo de la revolución proletaria” (Trotsky). Era el cuarto año de la bancarrota capitalista de los años ’30. Treinta y cuatro años más tarde, en pleno auge del gaullismo, se produjo el Mayo Francés de 1968. Luego de la revuelta de los barrios en 2008 y de las huelgas gigantescas de 2009. Los explotados de Francia tienen una nueva oportunidad para ir más lejos que sus ‘ensayos históricos previos.

En la tarde del martes 17, el sindicato del subte levantó el plan de lucha contra el tarifazo en una reunión con las agrupaciones políticas, sindicales y sociales que venían impulsando la levantada de molinetes y que juntaron 200.000 firmas contra el aumento del pasaje. La decisión se había sido adoptado antes, en una reunión que los dirigentes sindicales sostuvieron en privado con los diputados kirchneristas Cabandié y Gullo (ver recuadro). Ni uno ni el otro habían aparecido durante el plan de lucha contra el tarifazo, pero sí lo hicieron a la hora de ponerle fin. Quedó demostrado que el aumento del subte era una operación kirchno-macrista. La burocracia de UTA ya anunció el tarifazo para el colectivo. La justicia rechazó las "medidas cautelares" presentadas contra el aumentazo. "Con el tarifazo no se jode": ese fue el "mensaje" del fallo judicial -el mismo que transmitieron Gullo y Cabandié. Mientras 200 mil usuarios del subte firmaban contra el tarifazo, Schiavi preparaba el tarifazo en el transporte automotor y, más tarde o más temprano, en los ferrocarriles. Lucha política Era claro, en este cuadro, que la lucha contra el tarifazo de Macri sólo puede desarrollarse como parte de una lucha nacional. La propuesta que hicimos de convocar a un plenario del movimiento obrero combativo del transporte y del ferrocarril, junto a otros similares, fueron rechazados por los dirigentes de AGTSyP y los grupos filokirchneristas. Finalmente, los dirigentes propusieron continuar con "foros de debate" en las comunas, con el eje de "qué tarifa debe regir para jóvenes o jubilados". Sigilosamente, dejaba de lucharse contra el tarifazo para pasar a defender la "tarifa diferencial", como en el cine. Los sabbatellistas creen que en "las comunas" lograrán la misión imposible de confinar el debate por las tarifas a Macri y al subte. "Traspaso" contra los trabajadores El cierre de esta lucha deja pendientes cuestiones cruciales. El "acta de traspaso" ignora al sindicato, a pesar del cuestionamiento reiterado que éste ha realizado a la gestión de Roggio (en especial, en lo relativo a inversiones y a la seguridad del transporte). El 'acta', por lo tanto, equivale a un salvoconducto para que Macri pacte con Roggio condiciones leoninas de contrato en perjuicio de los usuarios, del servicio y, por supuesto, de los trabajadores de Metrovías. Está planteada, por lo tanto, la reivindicación de la anulación del traspaso hasta que no sea convenido con el sindicato independiente del subte. También la extensión de la red, el incremento de personal y las recategorizaciones dependen de las condiciones del traspaso. El desarrollo de la infraestructura del subterráneo debe ser financiado por el capital, no por la fuerza de trabajo -sean obreros o consumidores. Balance y perspectivas El impacto popular que tuvo esta campaña contra el tarifazo del subte es un síntoma de la rebelión que amenaza la llegada de las facturas a los hogares por los servicios de gas, luz, impuestos y otros cargos. Por eso mismo, los kirchneristas se empeñaron en clausurarla. El 'ajuste' ya ha provocado rebeliones en Santa Cruz y Río Negro. Las paritarias no son una respuesta para los sectores sociales que no están protegidos por convenios colectivos -desde ya los desocupados y los 'changas'. Impulsamos un frente único nacional, político-reivindicativo, contra el ajuste y los tarifazos, así como por la nacionalización sin pago y bajo control obrero de las privatizadas. Los trabajadores del transporte -ferroviarios, colectiveros, aeronáuticos- se encuentran potencialmente en la situación del subte, con los mismos problemas de fraudes, falta de inversiones, precariedad laboral y concentración monopólica de los servicios. Los sindicatos deberían cuestionar el conjunto de la gestión del transporte -la única alternativa al tarifazo. Llamamos a impulsar plenarios para desarrollar esta alternativa y ejercer, por medio de ella, una presión enérgica sobre los sindicatos para que rechacen los aumentos de tarifas, que con toda seguridad irán acompañados de mayor precarización laboral y aun de despidos.

El Centro Gallego está en proceso de vaciamiento. Desde abril pasado se encuentra en convocatoria de acreedores. Hoy, áreas como Farmacia y Rayos han quedado como cáscaras vacías; se ha cerrado la Terapia Pediátrica y se cuenta con una sola ambulancia para todo el hospital. Los médicos acumulan más de un mes de atraso en los pagos, y están de paro. Los trabajadores de la sanidad han percibido el aguinaldo en cuotas hasta mediados de enero, y se encuentran peleando para cobrar el sueldo de diciembre. La perspectiva es de cierre o de alguna transferencia -previo despido de la mitad del personal. Es el camino ya recorrido por el Hospital Francés. Ante el retraso en los pagos, los trabajadores se autoconvocaron en asambleas y realizaron cortes de la avenida Belgrano. Así, se logró arrancar el pago del aguinaldo. La burocracia de Atsa convocó a asambleas donde se planteó el paro, pero saboteó la medida, limitándose a un copamiento de aparato del hall central. Pero en una asamblea posterior, los trabajadores impusieron un paro de 72 horas. La burocracia, desesperada, cerró las puertas y desmovilizó a los trabajadores. Horas más tarde, el presidente del Gallego convocó al personal para anunciar que no garantizaba el pago de los haberes de diciembre. El paro se cumplió con fuerza, garantizado por los delegados opositores y el activismo. La burocracia salió al cruce con el planteo de que el paro era sólo de dos horas por tumo, durante los cuales se debía bajar a tocar bombos con la "barra" de la burocracia. Se realizaron nuevos cortes de calle. Hoy, los trabajadores esperan una respuesta concreta sobre el pago de los sueldos. Reclaman medidas efectivas de lucha, que se pare hasta que paguen o la patronal de una respuesta concreta al reclamo, que los pasos a seguir se resuelvan en asamblea, de cara al conjunto de los trabajadores. En el Gallego, el activismo antiburocrático viene de conquistar importantes posiciones. En diciembre, en las elecciones de Interna, la lista opositora a la burocracia de West Ocampo logró cuatro delegados de sector sobre nueve, en una elección donde participaron cerca de 600 trabajadores -casi el 80% del sanatorio. A contrapelo de esta tendencia, un grupo de activistas que se reclaman de la CTA está inmerso en una campaña de desafiliación a Atsa, un planteo distraccionista y divisionista en medio de esta lucha. Nuestra agrupación impulsa la organización de una comisión contra el cierre del Centro Gallego y por la defensa de los trabajadores, que se incorpore como parte en el conflicto de la institución y ayude a organizar la lucha por los puestos de trabajo amenazados, la recuperación del salario y todas las condiciones de trabajo.

El diario Ámbito Financiero del 18 de enero trae una información a la que no tuvieron acceso ni los trabajadores del subte, ni los participantes de la "asamblea multisectorial" que terminó levantando el plan de lucha contra el tarifazo. Horas antes de esa asamblea, varios dirigentes del sindicato se reunieron con los líderes del kirchnerismo en la legislatura, Cabandié y Dante Gullo. La agenda del encuentro recaló en "la defensa de los usuarios y los trabajadores, la calidad del servicio y una buena gestión del transporte subterráneo". Los diputados, sin embargo, no le explicaron a los dirigentes de AGTSyP por qué "su" gobierno acordó un traspaso que excluye por completo al sindicato de todas las negociaciones. Por lo tanto -y gracias a los K- "la defensa del servicio, de los usuarios y los trabajadores" ha quedado en manos de Macri y de Roggio. En cuanto a las tarifas, Gullo prometió "bregar para que los sectores de menos recursos, los jubilados, los estudiantes y los usuarios habituales tengan una tarifa preferencial". Es lo mismo por lo cual "bregará" Macri una vez que logre imponerle los 2,50 pesos a la abrumadora mayoría de los usuarios. Este mismo argumento -el de la tarifa diferencial- fue repetido por los dirigentes del subte en una conferencia de prensa posterior. Pero lo más significativo de la reunión fue cuando los diputados señalaron que "el kirchnerismo no se había sumado a la presentación judicial de sus bloques aliados, porque no están de acuerdo con la protesta por esa vía". ¡Pero el kirchnerismo porteño "vive" presentando "amparos" y pedidos de medidas cautelares contra Macri, apoyado en la fracción de jueces de la Ciudad que responden al gobierno nacional! En este caso, los K no quisieron sumarle la menor presión a esos jueces, porque una resolución favorable terminaría golpeando indefectiblemente al tarifazo nacional. Ni la justicia, ni ninguna otra "vía" contra el tarifazo: ese fue el mensaje de Cabandié-Gullo a los dirigentes de AGTSyP.

El ajuste K no da tregua para los trabajadores: tuvo también su expresión brutal con el despido de 23 compañeros del Polo Obrero, quienes trabajan en los distritos de Esteban Echeverría y Varela en el programa gubernamental Argentina Trabaja. A pocos días de las fiestas de fin de año, los compañeros que realizan tareas de mantenimiento y limpieza de calles en los barrios La Paz y Malvinas, entre otros, se encontraron con sus cuentas sueldo en 0. Luego de los reclamos administrativos, los delegados del Polo de Esteban Echeverría y de la zona sur realizaron asambleas y resolvieron salir a cortar la ruta para defender los puestos de trabajo de los compañeros. El 23 de diciembre, una larga columna piquetera marchó desde la estación El Jagüel hasta el nudo troncal de autopistas que une Cañuelas con la Richieri. El corte se realizó en las distintas vías de acceso y, a medida que pasaba el tiempo sin respuesta, el mismo se extendió hasta cortar por completo el nudo troncal. Luego de cuatro horas de corte, llegó el recule del gobierno y el compromiso de reincorporación inmediata con el pago, el jueves próximo, de todos los haberes. El espíritu de la jornada fue reflejado por Cecilia, quien fue despedida y reincorporada, cuando festejó entre lágrimas esta victoria y le dijo a otra compañera que "gracias a esta lucha, pasaremos unas fiestas un poco mejor". Los manejos y manipulaciones con las necesidades de los más pobres son moneda corriente entre los punteros K, y tienen como telón de fondo las internas oficialistas -las que se pasan facturas con este repugnante método de las bajas y las altas. El Polo Obrero de Echeverría y de la zona sur estuvo a la altura de las tradiciones del movimiento piquetero y del movimiento obrero: respondió a los despidos con la lucha. ¡Adelante, compañeros!

Jorge Macri, flamante intendente de Vicente López, resolvió el despido de 250 trabajadores municipales. Se rumorea que existe otra lista negra de 70 compañeros más. En general, los despidos se dan bajo la modalidad de no renovación del contrato. Entre los despedidos, hay camilleros del hospital, trabajadores de mantenimiento y personal del geriátrico municipal -el cual ya fue desguazado por García. Además, Macri anticipó un 25% de aumento general en las tasas municipales. Sobre el área de salud, el ajuste provocó una resistencia y una crisis política, que se llevaron puesto al secretario de Salud designado por el propio Macri. Los trabajadores rechazaron los despidos con piquetes en el hospital y en la puerta de mantenimiento. Los partidos con presencia en el Concejo Deliberante vendieron ilusiones en una resolución para que se retrotraiga la situación a diciembre y se forme una comisión compuesta por el Ejecutivo, el Legislativo y los sindicatos, que analizaría los despidos caso por caso. Pero la trampa quedó expuesta el día de la sesión, en la que se votó que el macrismo y los sindicatos analicen los casos, pero con los despedidos afuera. ATE y el SMVL deben votar en asamblea un plan de lucha, con movilización y progresividad hasta lograr que todos los compañeros sean reincorporados. El Partido Obrero rechaza cualquier despido y se pone al servicio de la lucha.

En el barrio de Melchor Romero, el pasado miércoles 11, los trabajadores de Gleba junto a organizaciones políticas, llevaron adelante un corte de ruta frente a la planta, ubicada en 520 y ruta 36. La medida fue en repudio a los despidos, las malas condiciones laborales, el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene y la precarización laboral. Esta planta produce y comercializa agroquímicos altamente tóxicos. Su principal producto, el glifosato, acumula denuncias por contaminación en todas las regiones de cultivo de soja. La fábrica vuelca sus residuos tóxicos al arroyo "el Gato", para desembocar en el Río de La Plata. Mientras el gobierno nacional y el provincial defienden los intereses de los empresarios agropecuarios, los trabajadores de la provincia sufren los contratos precarios, las malas condiciones de trabajo y los despidos. En el corte frente a Gleba, reclamamos: Reincorporación ya de los despedidos; Basta de precarización laboral; Pase a planta de los compañeros contratados; Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

En Mar del Plata, 2012 arranca convulsionado. Por un lado, dos ordenanzas votadas por el Concejo Deliberante, controlado por el intendente Pulti, acabaron siendo vetadas: una, el cobro de una tasa a la publicidad interna de los comercios, que fue rechazada por la Cámara de Comercio; la otra, una tarifa por el uso del espacio público, que afectaba a actividades artísticas, políticas, sociales y religiosas, luego de una rápida reacción de los artistas, las organizaciones sociales y los partidos de izquierda. Al cabo de dos recules, el Concejo Deliberante, en una madrugada, votó la ordenanza que habilita al intendente para aumentar en un 20% el precio del boleto de colectivo. El cristinismo local pretende desligar al gobierno nacional del boletazo de Pulti, y lo emparenta con Macri, como si el subtazo de éste no hubiera sido inspirado por CFK. Pulti ha avanzado bajo el ala de Scioli, y con el beneplácito del gobierno nacional. Sólo este apoyo le ha posibilitado endeudar a la Municipalidad con organismos internacionales, por cifras colosales, y elaborar ordenanzas que regimentan la protesta social. El intento de reglamentar la Autorización de Espectáculos Públicos ha suscitado un movimiento de artistas y organizaciones políticas. El aumento del boleto provocó una presencia masiva de partidos y organizaciones en el recinto municipal. Pulti ha sufrido sus primeras derrotas. La realidad de la ciudad es un altísimo nivel de desempleo y trabajo precarizado y grandes negociados del Ejecutivo municipal con los empresarios locales. Planteamos: No al Tarifazo K. Abajo la Ley terrorista del Gafi. Derrotemos el boletazo de Pulti en Mar del Plata. Apertura de los libros de las empresas de transporte. Por la municipalización del transporte público, bajo gestión de los trabajadores y usuarios.

El viernes 13 de enero, cerca de 400 personas marchamos en repudio al asesinato de Noemí Condori, militante del FOL en la localidad de Matheu, Partido de Escobar. La marcha se dirigió desde ruta 25 y Panamericana al municipio, en donde se recibió a un grupo de familiares, vecinos y dirigentes del FOL y al vicecónsul de Bolivia -Noemí era de esa nacionalidad, al igual que su compañero, quien también resultó herido en el ataque. La marcha reclamó la detención de los asesinos, quienes están identificados por la familia y los vecinos que vienen siendo agredidos, robados y amenazados desde hace tiempo por esta banda, protegida de la policía. En la radio abierta realizada durante la concentración, numerosas compañeras denunciaron inclusive el reparto de armas a las bandas por parte de la policía, además de su injerencia en el narcotráfico y la prostitución. En una asamblea se resolvió una próxima reunión, así como la conformación de una comisión independiente, para planificar la lucha por el esclarecimiento y la detención de todos los responsables del asesinato.

La última cumbre del Mercosur resolvió que los barcos ingleses rumbo a Malvinas no pudieran recalar en los puertos de la región. Los diarios oficialistas de Argentina celebraron la "victoria diplomática" de Cristina. Pero el fervor se desinfló cuando un buque con bandera británica, efectivos militares y el antecedente inmediato de haber localizado petróleo en el Mar del Norte, recaló en el puerto de Montevideo, sin que el gobierno de Mujica hiciera la menor objeción. Enseguida, los funcionarios uruguayos aclararon que el acuerdo de los "hermanos del Mercosur" sólo impedía el paso de buques si éstos ostentaban bandera malvinense. En cambio, no existía ninguna restricción para los de bandera británica. La Victoria diplomática’ resultó una farsa. En esas horas, el canciller británico informaba a su parlamento que "Chile, Brasil y Uruguay no tienen intención de participar en bloqueo económico alguno a las islas". Ginés García, el embajador argentino en Chile, se ocupaba de aclarar lo mismo -"no hay bloqueo ni nada que se le parezca". En el medio de los cruces verbales, los K habían resuelto nombrar embajador en Londres, después de cuatro años de vacancia. Mientras, el canciller Timerman escribía en los diarios ingleses: "Queremos negociar" (The Times, 14/1). ¿A dónde apuntan los fogonazos de la diplomacia K? En medio de una agudización de las medidas proteccionistas en materia de comercio exterior, el reavivamiento de la cuestión de Malvinas ayuda a revestir al proteccionismo oficial de un manto nacionalista. Con el mismo propósito, el gobierno descarga la artillería (verbal) desde hace años sobre el pulpo angloholandés Shell, aunque el paquete mayoritario de las acciones de Repsol se encuentra también en manos inglesas. La cuestión de fondo es la gran expansión de los negocios petroleros en la plataforma del Atlántico Sur. La Falkland Oil, una de las compañías a cargo, acaba de hacer una emisión de acciones récord en la bolsa de Londres, apostando al desarrollo de sus pozos de aguas profundas en la zona. Las reservas comprobadas hasta hoy en torno de las islas cuadruplicarían a las que cuenta Argentina en el continente; para el ex canciller Bielsa, Malvinas y su cuenca marítima son "un golfo pérsico austral" (La Nación, 18/2/10). Bielsa se queja de los "ingresos fiscales cuantiosos" que percibiría la administración de Malvinas por esta explotación. Los diplomáticos kirchneristas y algunos geopolíticos que le tiran letra, piensan que la declinación económica y militar de Gran Bretaña constituiría un escenario favorable para una escalada diplomática en relación a Malvinas; es la misma hipótesis que llevó a Galtieri a invadir las islas. Pero es probable que la analogía con 1982 no termine allí. La dictadura apostaba a la "soberanía compartida" de las islas, un status que le hubiera permitido coparticipar los recursos petroleros o pesqueros. Es el "modelo" que los K han habilitado para que la British Petroleum explote otra cuenca sureña, continental, hasta el año 2047. Los nac & pop argentinos sueñan con encontrar otra veta fiscal, entre la muy jugosa de la patria sojera o la menos jugosa de la minería a cielo abierto. En Inglaterra, los partidarios de una negociación destacan el valor de las costas argentinas como "plataforma de tierra" para la explotación petrolera en las islas, donde Chile, Brasil y Uruguay rivalizarían con la Argentina. Como se ve, la "solidaridad continental" de los gobiernos capitalistas está condicionada a una política entreguista de los recursos. Obama y la canciller Clinton exhortaron a las partes "a negociar", como en su oportunidad lo habían hecho Reagan y su ministro Haig. Gran Bretaña no puede soltar la presa, cuando la crisis de sus vínculos con la ‘zona euro' amenaza el monopolio financiero de la city de Londres. Como al mismo tiempo Argentina se está quedando sin reservas de petróleo y de gas, como consecuencia de la privatización y mercado libre de combustibles -que los K defienden desde 1992-, la impotencia nacional es completa. Argentina ha quedado a merced de los hidrocarburos de Qatar, una plaza del capital petrolero internacional.

El martes 10 de enero fue brutalmente golpeada y violada Vanesa, una joven vecina de 18 años del barrio La Milagrosa. Después de casi veinte horas de indiferencia oficial y policial, los vecinos resolvieron cortar la ruta 40 durante un día entero. Enseguida, los funcionarios policiales y municipales intentaron infructuosamente levantar el corte mediante falsas promesas y, avanzada la noche, mediante extorsiones y chantajes. Ello fue enérgicamente rechazado por los vecinos y familiares, que exigieron muestras concretas de avances en la investigación y la detención del violador, además de los reclamos por el corte de pastizales, la iluminación y el cese de las amenazas de la policía sobre los manifestantes. El corte sólo se levantó al levantarse un acta con un compromiso oficial en relación a la marcha de la investigación. Mientras tanto, los chirolitas del gobierno utilizaban los medios de comunicación para criminalizar la protesta, denunciando a Liliana Díaz y a Fernando Medina, del PO, como responsables del corte de ruta, y amenazando con iniciar acciones penales sobre los vecinos. En vez de hallar a los victimarios, el Estado pretende condenar a las víctimas y a quienes las apoyan en su lucha. En el propio corte, los jóvenes reflexionaban sobre la importancia de luchar y organizarse por una salida propia de la juventud y la clase trabajadora, para que no tengamos que sufrir más de estos hechos aberrantes. Justicia para Vanesa.

La plana mayor del gobierno, de Boudou a De Vido, denunció la formación de un cartel entre los principales monopolios petroleros para cobrar sobreprecios por el combustible (gasoil) que compran las empresas de transporte. Bien mirada, la denuncia debería conducir a una investigación penal del propio gabinete. Un periodista observó que "el gobierno conoce en detalle al mercado del gasoil, intervenido desde 2002" (Cronista, 18/1), lo que sugiere que cualquier sobreprecio contaba con la complicidad del gobierno -el cual desembolsa el subsidio. Schiavi y compañía, en definitiva, han cubierto con generosas subvenciones a concesionarios y proveedores que presentaron gastos "inflados". Por eso ahora rechazamos el tarifazo, que convierte al subsidio del Estado en el precio inflado que deberán pagar los usuarios. Si el gobierno "descubrió" ahora la cartelización de las petroleras, es por la sencilla razón de que la caja de los subsidios se ha agotado. En la cola de los tarifazos, se anotan los servicios de micro de media y larga distancia, a cuyas empresas -según anunció el gobierno hace unos días-se les cortarán los subsidios al gasoil. Algunos opinan que al presionar a las petroleras para que bajen el gasoil, los K esperan 'moderar' el aumento de tarifas de transporte. Pero la diferencia entre el precio del gasoil al público y el subsidiado es del 500%. En cambio, la cartelización y sobreprecios denunciados por el gobierno no superan al 20% del precio del combustible -muy poco para compensar el tarifazo que viene. Todo indica, entonces, que las denuncias oficiales son otra versión de la política del tero: aparecer golpeando a las petroleras y a "los subsidios que las privilegian" en vísperas de que todo el pueblo usuario tenga que pagar un aumentazo en el transporte. La conferencia de prensa del gasoil fue una reedición de aquella donde Boudou y De Vido “denunciaron" a los casinos y a Puerto Madero como beneficiarios de subsidios, cuando se aprestaban a largar los tarifazos. Lo que se calló el gabinete Si de denuncias a las petroleras se trata, los funcionarios se cuidaron muy bien de silenciar la más grave de sus cartelizaciones. Repsol, Total, Petrobras y otras se han sentado "consensuadamente" sobre los pozos petroleros y gasíferos, a la espera de una rediscusión 'definitiva' de sus precios en boca de pozo. Mientras perpetran este sabotaje a la exploración y la inversión, las mismas petroleras han armado un gigantesco negocio de importación de gas desde Bolivia y otras latitudes, que se cobra cinco o seis veces el precio local del fluido. Ese negocio, que también era sostenido por subsidios, se ha traspasado ahora a los consumidores, a través de un ‘cargo fijo'. En la conferencia de prensa del gasoil, De Vido ensayó otra queja contra Repsol al reclamar que "pongan en operación sus descubrimientos de gas en Neuquén". Quedó en evidencia una crisis entre el gobierno y su petrolera "amiga", directamente relacionada con el agotamiento del "modelo". Durante varios años, Ezkenazi y los accionistas españoles embolsaron los subsidios a la importación y se sirvieron de las utilidades de la petrolera, mientras vaciaban sus actividades de exploración. En el cuadro de la bancarrota fiscal y de la escasez de dólares, el gobierno le reclama a Repsol "que reinvierta sus utilidades". Pero del otro lado de la mesa, Ezkenazi-Brufau condicionan todo a un aumento en los precios internos del petróleo, el gas y los combustibles. En definitiva, la puja entre el gobierno y los pulpos petroleros reside en discutir qué tajada retendrá, cada uno, de los tarifazos en puerta. Los trabajadores y el tarifazo El conflicto del gasoil tiene otra vertiente. Al sentar en el banquillo de los acusados a las petroleras, los K quieren ganar autoridad para sentar, en el mismo lugar, a los trabajadores. Los supuestos "enemigos de Shell y Repsol" se preparan para acusar de 'cartelización' y extorsión a los trabajadores de las privatizadas, cuando sus sindicatos se sienten a discutir sus salarios y condiciones de trabajo. Hace una semana, el "controlador" Moreno convocó a las burocracias sindicales de Luz y Fuerza, ferroviarios y UTA, entre otras, para hacerles ver que ellos también formaban parte de los "costos" que serán objeto de "sintonía fina". En este caso, responsabilizándolos de los aumentos de tarifas para el caso en que resolvieran "excederse" en el reclamo salarial. En todos estos años, las crisis con Shell y compañía han tenido como salida un crecimiento del 400% en el precio de los combustibles líquidos. En cambio, los choques con la clase obrera petrolera o del transporte han terminado en conciliaciones obligatorias, represiones e incluso asesinatos. La dureza con los monopolios sirve para las conferencias de prensa, pero sólo prepara la coartada para una agresión a los trabajadores. En oposición a los tarifazos y las maniobras de los pulpos, así como a la impotencia oficial para con ellos, luchemos por la apertura de sus libros y costos, y por la nacionalización sin pago del petróleo y las privatizadas. Ninguna extorsión sobre el salario: por su ajuste de acuerdo a la inflación, sin que sus aumentos impliquen un tarifazo. Debatamos este programa entre toda la clase obrera del transporte y la población usuaria.

Desde el 20 de diciembre, los trabajadores del Call Center de Arba, se encuentran en un enérgico plan de lucha contra el fin de sus contratos de pasantías. Son más de 150 jóvenes estudiantes de la UNLP, que bajo la Ley Nacional de Pasantías, realizan tareas para el Estado provincial. Sus contratos, a medida que van venciendo luego de 18 meses, suscitan luchas desde el año 2009. A mediados de 2011, conquistaron el pase a planta temporaria de una tanda de pasantes. Pero esto no significó el fin de la precarización en el sector. Arba fue creada en 2007 como ente del ejecutivo, para "optimizar" el cobro de los impuestos. Organismo famoso por la propaganda contra la evasión de parte de su ex director Santiago Montoya, hombre mediático por su pelea contra el "mercado negro" (sic) La primera Ley de Pasantías fue promulgada bajo el segundo mandato de Menem. A partir de allí, las universidades del país conjuntamente con las cámaras empresariales y el Estado, legalizaban los contratos con terceros de las casas de altos estudios y la aplicación de la precarización laboral a los estudiantes. Más que prácticas rentadas, han significado una maniobra para abaratar costos por parte de las patronales, pagando a la mitad o menos, a los trabajadores de lo que corresponde por cada convenio colectivo. En muy pocos casos se trata de un verdadero aprendizaje dentro de las carreras de grado. Se trata lisa y llanamente de mano de obra barata, sin los aportes correspondientes. La nueva Ley de Pasantías Educativas, promulgada en 2008, es proclamada por el gobierno kirchnerista por contener un alto valor "pedagógico", (sic). En la huelga por tiempo indeterminado que han iniciado los jóvenes del 0800arba, las autoridades de la provincia y de la UNLP, han defendido a rajatablas esta normativa, y ante el planteo de los delegados de ATE del origen menemista de la ley, se han declarado acérrimos defensores de la misma. Los trabajadores del call están decididos. Por su tenacidad y por lo que esta lucha de pase a planta permanente significa, su relevancia es mayúscula. Tanto para los trabajadores, en primer lugar del Estado, como para el conjunto del movimiento estudiantil platense. En la última jomada hábil del año, han propuesto doce plantas temporarias para los 18 cargos que quedan cesantes en diciembre. Los trabajadores en asamblea han votado rechazar la propuesta, volver al paro total hasta que se conquiste la continuidad laboral de los cesanteados en noviembre y diciembre, y el compromiso del pase a planta permanente del 100% del plantel del call. Vayamos por el fin de la precarización laboral en la provincia, y por el fin de las pasantías no formativas de la universidad.

Martins fue agente de la Side entre 1974 y 1987. Es decir, estuvo ahí durante toda la dictadura. El abogado de Lorena Martins, su hija y denunciante, es Claudio Lifschitz, un hombre que conoce el asunto bien de adentro, porque también está vinculado con las redes de prostitución y de trata, y porque fue empleado de Martins. Según Lifschitz, Martins trabajó en la Side con el seudónimo "Aristóbulo Manghi" y los alias "El Profesor" y "Pini”, y cumplió tareas en la Base Billinghurst, que operaba para la Esma y para Automotores Orletti; es decir, para el Plan Cóndor. Como se sabe, muchos de los criminales que operaron en el Cóndor usaron sus contactos en América Central para continuar luego sus actividades, ahora como simples mafiosos vinculados con la prostitución, el tráfico de drogas, de armas y de personas. En eso anda Martins desde 1987, cuando se retiró de la Side. Siempre la Federal En una parte de su denuncia, Lorena Martins y Lifschitz dicen: "Esta actividad (la explotación de prostíbulos) la desarrollan gracias a la protección que a cambio de dinero reciben tanto por parte de funcionarios de la Policía Federal Argentina, como de funcionarios del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encargados del control de habilitaciones y desarrollo de actividades lucrativas dentro de esta Capital Federal". También indica Lorena Martins que en los resúmenes de cuentas de la banda de su padre están indicadas con nombres en clave las comisarías donde se pagan las coimas. La 50ª es "Gaona", por la avenida en que está ubicada, con jurisdicción sobre los prostíbulos Top Secret y Hot Area. La 38ª es "83", en cuya jurisdicción está el local New Manhattan. La 6ª es "árbitro 11" (por el barrio), con control sobre el boliche Oba-Oba; y la 19ª es "vecinos", porque está a cien metros de Anchorena SW Club, un local swinger donde, además, funciona la administración del emporio de Martins en la Capital. Lorena Martins denuncia que esta mafia aportó 10 mil pesos o dólares (ella, según dice, no pudo ver los billetes) a la campaña de Macri. El vínculo de Macri con Martins se produjo por intermedio de Gabriel Conde, hijo de Luis (ex dirigente de Boca). La denuncia adjunta una foto de Conde con Macri y su mujer en Cancún. Pues bien: Gabriel Conde está procesado y prófugo de la justicia argentina desde los años ’90, cuando en su cabaré Shampoo explotaba mujeres traficadas desde Brasil y República Dominicana. Shampoo fue fundado por Luis Conde, ladero político de Macri en Boca. Un mail de Martins, dirigido a uno de sus socios y que también acompaña la denuncia, dice: "Hay que aportar a la campaña de Mauricio porque todos los negocios los tenemos en Capital". ¿Hay acaso algún pedido de juicio político, o siquiera una investigación impulsada por el kirchnerismo en la Legislatura porteña? No, y es lógico: si esto se investiga van presos hasta los investigadores. Otra vez la Side Ahora bien, hay un punto especialmente llamativo en la denuncia original de Lorena Martins respecto de los vínculos de estos mafiosos con la Side, que toca el centro del aparato de inteligencia kirchnerista. La denuncia dice: "También se le paga al agente de la ex Side conocido como ‘el Lauchón’, para que avise si algún teléfono o handy que utiliza la organización se encuentra intervenido judicialmente". Martins, en sus tiempos de la Side, era operador de Contrainteligencia, como ya se dijo, en la Esma y en la Base Billinghurst. Su tarea era preparar escuchas telefónicas y obtener fotografías de personas que luego los grupos de tareas secuestraban y hacían desaparecer. En Contrainteligencia, ya entonces trabajaba Luis Stiusso, "Stiller", que actualmente es el hombre clave de los K en la Secretaría de Inteligencia. El tal "Lauchón", si como dice la denuncia tiene por encargo avisar de cualquier posible intervención judicial a los teléfonos del grupo de Martins, necesariamente tiene que estar en Contrainteligencia, donde nada sucede sin que Stiusso lo sepa. Lorena Martins presentó su denuncia en julio del año pasado. En sus declaraciones judiciales posteriores, y sobre todo en su raid de prensa por medios oficialistas, jamás volvió a hablar del "Lauchón" ni de la Side. Se olvidó del asunto ¿Habrá sido, causalmente, porque antes de esa recorrida mediática se reunió con Nilda Garré? El prostibulario Oyarbide De un modo u otro, la denuncia duerme desde hace dos meses en el despacho del juez Oyarbide. Razonablemente, Lorena Martins dice que no volverá a declarar ni a ratificar su denuncia mientras Oyarbide no se aparte de la causa ¿Por qué? Otra foto, publicada en diversos medios de circulación "reservada", pero no en los diarios oficialistas ni en los de la "corpo", muestra a Oyarbide, en un restaurante, abrazado con Raúl Martins y en compañía del comisario Luis Buscaglia, ex jefe de Moralidad (ahora Seguridad Personal). Oyarbide, tan amigo de los K, está vinculado íntimamente con la Iglesia y con la Policía Federal, pero, sobre todo, con los prostíbulos. Todos recordarán el escándalo de su señoría con el prostíbulo masculino Spartacus, también propiedad de Martins, que destapó sus vínculos con el comisario Roberto Rosa. Ese oficial, que con el nombre de "Clavel" operó durante la dictadura en los grupos de tareas de la Federal, luego se dedicó, él también, a la protección de prostíbulos. Que Oyarbide esté a cargo de resolver la situación procesal de Martins es como poner al oso a cuidar la miel. Por eso está tan cuidadoso el kirchnerismo con esta porquería. Como diría Guillermo Lora: hundan un dedo en cualquier costado de esta burguesía y verán la pestilencia que brota.

La sequía climática parece haber provocado daños irreparables en los cultivos de maíz y de forraje para ganado, pero ha sido pródiga, en este comienzo de 2012, en el surgimiento de agrupamientos de intelectuales. Una constelación contradictoria de firmas alumbró a Plataforma 2012, cuyo objetivo declarado es “recuperar el pensamiento crítico” contra el “relato disciplinador y engañoso” del oficialismo K, el cual “utiliza la potencia de los recursos comunicacionales de que dispone”, en una obvia contra alusión al discurso oficial que castiga el monopolio de “la corpo”. Plataforma -según comidillas del ambiente- fue motorizada por operadores del PCR, un partido que se reivindica “abstencionista”, pero que integra la coalición sojera del Frente Amplio de Binner. La incomodidad por algunas características del rejunte dio por resultado el retiro de algunas firmas -en un caso filo kirchneristas, en otro de militantes populares como Herman Schiller. El motivo o pretexto fue la presencia de Beatriz Sarlo, una 'habitué' de La Nación (curiosamente una antigua camarada de armas del maoísmo vernáculo). La filiación del operativo supone un doble propósito: delimitarse, tardíamente, del amontonamiento oficialista que se parapeta en “Carta Abierta”, pero por sobre todo salir al cruce de la Asamblea de Intelectuales, Docentes y Artistas que respalda al Frente de Izquierda -algunos de cuyos nombres aparecen entre los firmantes de Plataforma. Carlos Pagni, columnista de La Nación, caracteriza al nuevo agrupamiento de “vecino (a) la izquierda oficialista”. Alude a la condición filo kirchnerista de algunos de los signatarios y también al desarrollo conceptual del pronunciamiento. Ocurre que Plataforma denuncia las imposturas del “relato” de Carta Abierta, contradictorio con la realidad de la política oficial, pero no con sus pretensiones ideológicas nacionales y populares. Pagni confronta a Plataforma con el último documento de 2011 de Carta Abierta, para concluir que se ha abierto una crisis en la “izquierda oficialista”. Atribuye la crisis al ingreso de la política económica oficial a una etapa de ‘ajuste’ y al conflicto del gobierno con la CGT, cuestionados por los partidarios de la ‘profundización del modelo’. Carta Abierta La caracterización de Pagni, sin embargo, es muy generosa con Carta Abierta. Antes que una delimitación de posiciones frente al derrumbe de la orientación oficial, el texto de Carta Abierta es una operación de encubrimiento de la “sintonía fina” con la que el gobierno adorna el ajuste. Esta operación queda demostrada, de entrada, en el título: “Carta de la Igualdad” - como si la ‘igualdad’ (¡“que se avizora!”, nos asegura el texto) pudiera siquiera ser pensada en un régimen de explotación del hombre por el hombre. La grandilocuencia del propósito no logra disimular la tentativa grosera de tapar -con el abuso de la verborragia- el tarifazo, los despidos masivos y las reducciones de sueldos que se han anunciado en la administración pública de la nación y de las provincias, o el “techo’ para las paritarias -que ya se intentó en 2010, mediante un acuerdo de CFK con Moyano, el cual motivó la represión a los petroleros de Santa Cruz. La “recuperación del lenguaje”, que los intelectuales K se dieron como tarea suprema, ha sido convertida en su contrario. Los topes salariales, que luego del pacto de la Rosada no lograron imponerse en las paritarias, reaparecieron en el congelamiento del mínimo no imponible en ganancias. Sólo la complicidad con la desinformación oficial puede circunscribir el tarifazo a una “quita de subsidios a los ricos y a las clases medias altas”. El traspaso del subte a Macri fue pactado con un aumento de mucho más del ciento por ciento, que anticipa al que habrá para el conjunto del transporte. Afirmar, sin pestañeo, que esa quita “contribuye a la equidad distributiva” releva ya de la falta de pudor intelectual -como si la polarización de ingresos estuviera determinada por los consumos domiciliarios y no por las relaciones de propiedad entre el capital y el trabajo. El texto de Carta Abierta, sin embargo, descubre una dificultad obvia para consagrar “el paradigma de la igualdad”: nada menos que la “estructura intacta (¡intacta!) de la extranjerización de la economía (...) más la concentración”, al punto que -dice “contribuyen a una persistente fuga de capitales (que en) los ’90 se financiaba con endeudamiento y hoy se hace con las divisas del superávit comercial”. ¡Así, sin la molestia de un mosqueo, Carta Abierta (no Clarín) pone un signo igual entre el menemismo y el kirchnerismo! Esta condena -a casi una década de gestión nacional y popular- tampoco logra ser disimulada mediante la falacia de reclamar “re-nacionalizar la economía”, efectuada desde la propia tienda oficial o de su retórica. Por otra parte, “renacionalizar la economía” es una generalidad, no significa nada ni tampoco tiene sentido. “La economía” es internacional, no puede ser encerrada en los marcos nacionales. Lo que hay que nacionalizar son los monopolios internacionales y nacionales. El fanatismo por la pureza del lenguaje descarrila a los ‘cartistas’ de ideas tan simples como la nacionalización sin pago de la banca bajo control obrero, o de los recursos naturales sin ninguna compensación. ¡Saludan la estatización de Aysa, una excepción determinada por el interés del monopolio francés de retirarse del país y cobrar la indemnización, pero no abren el pico para denunciar el salvataje de todas las privatizadas que quebraron en 2001 -las que en 2011 costaron al contribuyente 80 mil millones de pesos! Los intelectuales K no se arredran cuando se trata de derribar su anhelado “paradigma de la igualdad”. Dicen: “la conquista de los montes por parte de los sojeros tiene la misma lógica que la conquista del desierto del siglo XIX”. Brutal. ¿“Cristina” es Roca? ¿O es Rosas, a quien la Presidenta comparó con Lincoln, quien más allá de la liberación de los esclavos consolidó la “conquista del oeste”, el cual se había convertido en el último reducto de los aborígenes? Carta Abierta, sin embargo, alude a los “montes” para no tener que referirse al regalo de tierras fiscales a los acaparadores capitalistas, desde Calafate hasta el departamento de Anta, en Salta, ni a los pooles de siembra que acaparan la producción mediante el alquiler de tierras, ni a la industria de semillas modificadas que están programadas para expropiar a los agricultores la capacidad de reproducción natural del ciclo agrícola -ni hablar de otra confiscación, como la pérdida de fertilidad del suelo producida por el monocultivo. También es interesante la defensa que Carta Abierta realiza de la burocracia sindical, cuando el “cristinismo” quiere neutralizarla para “profundizar el modelo” -por ejemplo expropiando las obras sociales para manotearles la caja. En esta defensa, los burócratas intelectuales no se privan de enunciar un desatino: “es inimaginable (¡i- ni-ma-gi-na-ble!) -dicen- que (las) representaciones sindicales elijan el camino de la reacción” -esto después de la alianza de estas ‘representaciones’ con las Tres A y después del asesinato de Mariano Ferreyra y del apaleamiento de trabajadores por patotas sindicales a lo largo y ancho del país. Los pretendidos teóricos del “modelo” revelan una incapacidad supina para desentrañar los intereses sociales que dictan la conducta de la burocracia sindical -los que, si por un lado están ligados al movimiento obrero, residen fundamentalmente en los privilegios de la integración al Estado y en su paulatina conversión en camarillas empresariales. Por vía de una elipsis, los jefes de Carta Abierta ratifican la tesis oficial y la opinión que esgrimieron desde el comienzo: que el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra no fue responsabilidad de Pedraza y del gobierno que lo ha amparado políticamente, sino de su propio partido y de sus propios compañeros -o sea: responsabilidad de la lucha. El llamado de Carta Abierta a “profundizar el modelo” posiblemente refleje “las vibraciones de la izquierda (que) sacuden al oficialismo”, como consecuencia del ‘ajuste’, porque de otro modo ese llamado sería ocioso. Pero mientras que esta operación de lobby- puede reflejar las conspiraciones de camarillas dentro del oficialismo, la perorata sobre el “paradigma de la igualdad” de Carta Abierta es una operación de encubrimiento mayúsculo del hecho consumado del ‘ajuste’ y la “sintonía fina”. Esto se refleja también en su ‘crítica’ a la “ley antiterrorista”. Para los firmantes de Carta Abierta, la tipificación como terrorista de la protesta social que el Estado o los jueces califiquen como delito (una huelga declarada “ilegal”) constituye una intromisión innecesaria en una ley que castiga el lavado de dinero. El gobierno habría pecado por ‘exceso’ legalista. En lugar de preguntarse acerca de las razones que llevaron a la eminencia gris del gobierno (Zanini) y a la jefa del movimiento a incurrir en ese exceso -o a los compromisos internacionales que se honraron con la introducción de esta legislación-, Carta Abierta absuelve a sus autores mediante un proceso de intenciones benévolo. El encubrimiento es aquí por partida doble, porque ha habido denuncias de presiones del G- 20 o de reclamos de los servicios de seguridad internacionales que actúan con visto bueno en el territorio argentino, con el pretexto de combatir la infiltración de Irán. ¿O no volaron algunos kirchneristas del gobierno precisamente por estas razones? Plataforma 2012 Los dislates de los intelectuales de Carta Abierta refutan la aseveración de los firmantes de la Plataforma 2012 de que “lo que nos define como intelectuales es pensar sobre el mundo y la sociedad en la que vivimos”, o “leer más allá de la letra manifiesta y visibilizar lo oculto”. Los intelectuales no son un compacto homogéneo ni mucho menos una realidad supra-social a la que ‘piensan’ o ‘diagnostican’. No pueden operar en la forma abstracta que les adjudica Plataforma. Se encuentran tan escindidos -a su manera, es cierto- como el resto de la sociedad por las contradicciones de clase. El “debate de ideas” que pretende “promover” Plataforma, como método “hacia un accionar colectivo y transformador”, distorsiona o deforma la realidad social -o sea que la encubre. Se trata de una realidad social que se distingue por el antagonismo irrevocable entre el trabajo, por un lado, y el capital, por el otro, así como por el afán de supervivencia del capitalismo, de una parte, y su carácter histórico transitorio, de la otra. El discurso que presenta al debate como un medio de convergencia es alienante. Olvida que la crítica solamente se entiende dirigida contra el orden social existente. Plataforma opone al “doble discurso” del oficialismo otro ‘relato’ -que será fatalmente tan ficticio como el primero, porque oculta al servicio de qué intereses sociales se coloca. Que los términos de la Plataforma hubieran sido suscriptos por un arco que va del kirchnerismo crítico hasta la izquierda, pasando por todas las gamas de derecha e izquierda del centroizquierdismo, denuncia un frente oportunista que no puede tener sino un discurso encubridor, que unifica en la abstracción sus contradicciones insalvables. En la transición que inicia el derrumbe del llamado ‘modelo’, este abordaje político es tan peligroso para los intereses de los trabajadores como el macaneo del oficialismo intelectual. Sorprende que personas de un elevado nivel intelectual -como los firmantes de Plataforma- no expliciten sus intenciones políticas, no desarrollen ninguna reflexión acerca de la perspectiva de la transición (crisis) política que caracteriza a la situación nacional (ni qué decir de la situación mundial -la mayor bancarrota de la historia del capital). Debido a este nivel de improvisación y empirismo, Plataforma no sobrevivirá a la coyuntura que le dio luz. La intelectualidad no existe como una fuerza social homogénea: no solamente refleja en forma distorsionada las contradicciones de clases, sino incluso la dependencia que se deriva de su condición de fuerza de trabajo intelectual en las diferentes modalidades y escalas de la gestión capitalista. Por eso, muchos de sus pronunciamientos responden a las circunstancias o conveniencias laborales, académicas o empresariales (privadas y públicas) del momento. La intelectualidad, si quiere desempeñar un rol social transformador, debe, con independencia de las circunstancias particulares de cada intelectual, formar Partido y tomar Partido. En las circunstancias históricas actuales, esto quiere decir una sola cosa: o que la crisis del capital la paguen los trabajadores (con un desenlace en la barbarie), o que la paguen los capitalistas -o sea la revolución social, la que significa la transformación socialista a partir de gobiernos de trabajadores. En estos mismos términos, se plantea también la cuestión de la independencia o autonomía nacional: o una federación socialista de América Latina -incluida Puerto Rico- o la Unasur de las mineras y contratistas brasileñas, norteamericanas y canadienses, interesadas en el corredor bioceánico para vender a China -al lado del Mercosur de los pulpos automotrices y al lado de la OEA de los operativos militares conjuntos, la ocupación de Haití y la financiación del BID y del Banco Mundial. La Asamblea de Intelectuales La aparición de Plataforma ha inquietado al estanque oficial y ha servido para poner en evidencia a otras capillas que se referencian en el kirchnerismo. El caso de un grupo del Centro Cultural de la Cooperación no tiene desperdicio, si se tiene en cuenta que sus mentores acaban de votar la ley antiterrorista. Recupera el relato de la historia del partido Comunista, pero olvida la colaboración de éste con la dictadura. Financiado por un banco, también desarrolla el discurso de la “igualdad” y termina con “la mirada puesta en las estrellas”, sin dejar de asegurarse que tiene “los pies firmes en el suelo” -es decir en la realidad del capitalismo en bancarrota del cual se nutre. Otro, que presenta “argumentos para una mayor igualdad”, al menos critica la ley antiterrorista (aunque no denuncia que fue votada por diputados con los cuales se relacionan, como los “sabattellistas”). “Argumentos” denuncia que “comienza a agrietarse una de las grandes conquistas democráticas posteriores a los asesinatos de Kosteki y Santillán”, en referencia a la represión kirchno-macrista al Indoamericano y a los Qom, pero omite a Mariano Ferreyra, crimen en el que intervino una burocracia sindical ligada al gobierno. Al final, propugna “una construcción de izquierda” ligada al kirchnerismo. La Asamblea de Intelectuales que se formó en apoyo al Frente de Izquierda enfrenta un enorme desafío -que es, precisamente, su oportunidad. En oposición a todos los ‘relatos’, tiene el desafío de desarrollar la crítica al orden existente y, en particular, a la incapacidad del nacionalismo de contenido burgués para llevar adelante cualquier propuesta emancipadora, ya que la nacional va asociada a la social. Tiene el desafío de afirmar con claridad una conciencia y un programa socialistas, cuya realización depende de la acción histórica independiente de la clase obrera. Tiene el desafío, también, de desarrollar una vigorosa acción sindical en los ámbitos académicos y estudiantiles, para fusionar a la intelectualidad con el movimiento obrero en su acción práctica. La querella de los intelectuales pone de manifiesto el impasse de la sociedad capitalista. Desarrollemos una intelectualidad que contribuya a la construcción socialista revolucionaria.

En vísperas de las paritarias, los ‘números’ de la clase obrera son tan claros como graves. De acuerdo con cualquier estimación, la inflación real de 2011 no fue inferior al 25%, aunque la suba de la canasta alimentaria (la cual afecta fuertemente a los trabajadores) superó el 30%. Pero esa realidad no toma en cuenta el impacto de los impuestazos y tarifazos que comenzaron a aplicarse desde fines de año. De los subtes a los colectivos en el interior, del ABL a los impuestos de los municipios, esa ‘primera oleada’ del ajuste sumará -de acuerdo con algunas estimaciones sindicales- otros diez puntos a la inflación acumulada de 2011. Frente a ese 35-40% de deterioro salarial, está claro que el 18% que la UIA y el gobierno están tramitando como ‘techo’ es una clara confiscación. El gobierno y las patronales baten el parche de bajar "las expectativas inflacionarias”, justo en el momento en que la política oficial es más inflacionaria que nunca. Lo prueban los aumentos de tarifas e impuestos, así como la suba exorbitante de los intereses bancarios -todas variantes de rescate de sectores capitalistas. El único blanco de la mentirosa “guerra a la inflación” son los salarios. El gobierno quiere postergar los reclamos capitalistas en favor de una devaluación de la moneda a través de la desvalorización del “costo nacional” -o sea, los salarios. De cara a las paritarias, las patronales metalúrgicas y mecánicas levantan el fantasma de las suspensiones y los despidos. Ambas, sin embargo, han acumulado ganancias inéditas en los últimos años y están siendo fuertemente beneficiadas por el proteccionismo oficial. Mal que le pese a las burocracias de Caló y Pignanelli, estas empresas tienen espaldas para responder a reclamos que, como mínimo, deben partir de la inflación real del año que pasó y de los tarifazos de ahora. Naipes marcados La primera señal de la política oficial apareció en la paritaria de los aceiteros, donde el sindicato reclamó un y las patronales ofrecieron un 17%. seguida, Tomada se apresuró a dictar la conciliación obligatoria -hecho que desmiente la supuesta “libertad de negociación” en las paritarias. Allí donde los trabajadores se arriman a recuperar el poder de compra del salario, el Estado actúa despóticamente contra ellos. Es cierto que el gobierno tiene avanzado un acuerdo con las burocracias del Smata, de la UOM y del “agente” Martínez (Uocra) en relación con su “techo” del 18%. Pero la carestía galopante está colocando en crisis la posibilidad de un arreglo similar para los docentes y otros gremios. La CTA de Yasky ha reclamado en estos días “no menos del 25% para los maestros”. Sin embargo, Wasiejko -y el propio Yasky- han abierto la posibilidad de partir ese aumento en varias cuotas anuales. En ese caso, el gobierno y las patronales se saldrían con la suya de otorgar ahora un porcentaje muy inferior a la inflación registrada en 2011 y así patear para adelante otros reajustes que, si se producen, tendrán como contrapeso los tarifazos en ciernes. Los sindicatos más comprometidos con el “modelo” oficial -como UPCN, el Suterh u Obras Sanitarias- ya “compraron” la propuesta del aumento en cuotas, pero partiendo de un mísero 7% (Ámbito, 18/1). El gobierno está operando activamente en favor de esta licuación de los aumentos. Para afrontar una negociación en cuotas, quieren armar un índice de precios “especial” -o sea, tan trucho como el del Indec, pero que tenga la bendición de las burocracias sindicales. Moyano, Micheli Las operaciones oficiales contra las paritarias parecen haber dejado a un lado a Moyano. Pero, antes de eso, hay que decir que Moyano se corrió solo del escenario. Ningún moyanista ha salido a cuestionar los ajustes en curso -tarifazos, cesantías de contratados-y su líder sólo mantiene la amenaza de discutir “sin techos” su propia paritaria. Pero esa negociación tendrá lugar a mediados de año. Le dejan el camino libre al gobierno y a la UIA para avanzar en arreglos fraccionados, que convaliden un despojo del salario. De más está decir que esta política entierra en la miseria salarial a los precarizados y contratados, quienes representan el 40% de la clase obrera. Micheli se apresuró a apoyar a Moyano en sus choques verbales con el gobierno. Pero, mientras tanto, la CTA “opositora” no articuló ninguna respuesta de conjunto frente a la oleada de cesantías de estatales contratados, que está diezmando a ATE en el interior del país. Una política para defender el salario Es claro que, en cualquier circunstancia, la emergencia de las paritarias debería ser objeto de una deliberación y una acción de conjunto de los trabajadores, que agrupe a todas sus fracciones y sindicatos. Pero esa necesidad se redobla en el cuadro del ajuste, el cual tiene al Estado y a las patronales conspirando férreamente en la tarea de trasladarle a los trabajadores la factura de la crisis. El objetivo último de la estrategia oficial es la liquidación de las paritarias como proceso colectivo de discusión del salario y de las condiciones laborales. La burocracia sindical, con sus negociaciones por separado y en el tiempo, está haciendo una contribución preciosa a esa política. La defensa de las paritarias exige, en primer lugar, un programa: 1) reconocimiento inmediato de la inflación acumulada de 2011 y de los tarifazos en curso, algo que en ningún caso es inferior al 30%; 2) ajuste automático de los salarios de acuerdo con la inflación; 3) ninguna suspensión ni despido -ni en el sector público, ni en el privado. Que las patronales banquen la ocupación con los beneficios acumulados. Pase a planta de los contratados; 4) no a los tarifazos e impuestazos. Los aumentos de salarios en las empresas de servicios no deben estar condicionados al aumento de tarifas: que se abran los libros y costos de las privatizadas; 5) abajo las cláusulas flexibilizadoras. Incorporación al básico de los plus condicionados a la “productividad”. Impulsemos reuniones de delegados y plenarios en todos los sindicatos para discutir este programa. Que las centrales obreras rompan con el gobierno y su política de liquidación de las paritarias, y resuelvan un plan de lucha común para defender el salario, las condiciones laborales y los puestos de trabajo.

Durante diez años, quienes gobiernan usaron el presupuesto público para rescatar a las privatizadas con subsidios. El resultado es conocido: los privatizadores destruyeron los ferrocarriles y todo el transporte público. Nos dejaron sin reservas de petróleo y de gas. La caja que bancó ese vaciamiento se fundió. En 2012, éstas consumirían 80 mil millones de pesos. Pero sus responsables quieren salvar a los vaciadores a costa de tarifazos. Los K y Macri dejan de lado sus peleas para hacemos pagar la factura, como se demuestra en el subte o en los impuestazos en Capital y provincias. En estas condiciones pretenden que las paritarias no aumenten salarios de acuerdo con la inflación y la mayor productividad Los trabajadores tenemos que "desajustar" este ajuste: Aumento inmediato de salarios de acuerdo con la inflación pasada y los tarifazos ya aplicados. Paritarias libres, con representantes electos en asamblea. Ningún despido en el Estado. Pase a planta de todos los contratados. Abajo los tarifazos. Abrir los libros de las privatizadas y nacionalizarlas sin resarcimiento y bajo control obrero. Que la CGT, las CTA y los sindicatos emprendan una acción de conjunto contra el "ajuste"