Prensa Obrera N° 1210

Hace un año, como producto de la casi nula inversión de éste y de los anteriores gobiernos en materia hídrica, el río Arenales sobrepasaba su cauce habitual durante una fuerte lluvia e inundaba los barrios 13 de Abril, Ceferino y Villa Angelita. A eso hubo que sumarle varios elementos más que agravaron la situación: la falta de obras hídricas en el conjunto de la ciudad provocó el escurrimiento del agua hacia esa zona baja, mientras los canales del lugar (sin dragar durante décadas) colapsaban irremediablemente. Para colmo, el municipio había permitido que distintas empresas arrojaran escombros al río en las zonas afectadas y que una de ellas, Marozzi, construyera ilegalmente un terraplén que obstruyó notablemente el curso del río. La "asistencia” a los inundados fue una fuente de prebendas y enriquecimiento del aparato clientelar oficial. El gobierno reprimió a los damnificados que denunciaron esto y los culpó por la contaminación y consecuente obstrucción del rio. Luego, por la lucha de los vecinos, se vio obligado a reconocer parte de su responsabilidad; prometió obras que no concretó, a excepción de limpiezas superficiales en pequeños tramos, así como la remoción lenta y parcial de la plataforma de Marozzi (gasto que corrió a cuenta del municipio). Pero ¿quién contamina y obstruye el río Arenales? El río Arenales es un nervio de la ciudad que debería servir para la pesca, la recreación, los deportes y también para la agricultura y la ganadería. Sin embargo, en la actualidad se encuentra totalmente degradado y es un peligro sanitario para los habitantes de Salta (así como de todo el norte argentino, puesto que sus residuos desembocan en el dique Cabra Corral, fuente de riego y energía de toda la región). Es que el Arenales atraviesa distintos focos de contaminación fabriles y agropecuarios, además de arrastrar la basura de los vertederos capitalinos La Pedrera y San Javier. El municipio de Salta no hizo obras al respecto y, para colmo, aporta gran parte de la contaminación, pues se calcula que un 20% de las cloacas están conectadas clandestinamente a los desagües pluviales de la ciudad que desagotan en el río. Esto causa daños estructurales en los canales de la ciudad. Así, el mismo ex intendente Walter Luna reconoce la posibilidad de que el canal Yrigoyen -que colapso hace unos días, junto a la terminal de ómnibus construida en su superficie- se haya deteriorado en gran medida a causa de la materia cloacal que transportaba. Un régimen putrefacto El gobierno provincial, que regala las reservas petroleras, argumenta que no hay dinero para las obras de saneamiento. Por su parte, el intendente capitalino Isa aprueba un presupuesto que reduce la partida de obras públicas de 148 a 127 millones y le da la mayoría de ellas a empresas contratistas acusadas de sobre-facturación. La intendencia realiza sus campañas de “concientización” para que los vecinos de la ribera no arrojen papelitos y botellas al cauce. También da clases de “prevención”, en las que enseña a los niños a guardar su DNI en bolsitas plásticas para poder identificarlos luego de la inundación. En esas condiciones agraviantes, evidentemente, no se puede desarrollar ni planificar adecuadamente una vida. Es por eso que los barrios en riesgo han retomado el camino de la lucha: votaron, en una gran asamblea, un pliego de reclamos y la realización de una jomada de protesta para el martes 31 de enero como primera medida. El rasgo de la lucha que hay que tener en cuenta es la fuerte tendencia a independizarse de la repudiada red de punteros. El aniversario de la inundación deberá encontrar a los vecinos de la ribera en pie de lucha por lo que nos corresponde. Es necesario sacar todas las conclusiones: mientras siga gobernando la misma clase social, nos espera más contaminación, colapsos estructurales y sanitarios. Canalización del río y construcción de defensas. Limpieza integral del río. Desmalezamiento y fumigación de los barrios de la ribera. Tendido y arreglo de redes cloacales, pavimentación de las calles. Remoción total del terraplén de la empresa Marozzi con costos a cargo de esta empresa y no del municipio.

La aparición del agrupamiento de intelectuales -Plataforma 2012- se produce en el marco de una innegable crisis política, que afecta tanto al oficialismo como a la oposición tradicional. Es un síntoma de la disgregación de antiguas afinidades y de nuevos realineamientos. No tiene lugar en el ámbito exclusivo de la intelectualidad -todo lo contrario, arranca de la política. El kirchnerismo ha gobernado desde 2003 con coaliciones cambiantes, o sea en estado de disgregación perpetua, para culminar, en una fase última de esta experiencia política, con un régimen de arbitraje personal -un bonapartismo tardío. Un secretario de Comercio Interior se ha hecho cargo de todos los menesteres que impone la crisis, como ha ocurrido con tantas eminencias grises en regímenes similares en otros tiempos y países. Lo singular de la crisis política es que deriva, en ¡o esencial, del agotamiento de los recursos económicos disponibles luego de la bancarrota de 2001, y se da en conexión directa con la crisis capitalista mundial. No hacemos referencia solamente a la aparición de los déficits fiscales y externos, o al uso abusivo de las cajas de la Anses y del Banco Central, sino también al agotamiento de los beneficios extraordinarios permitidos por los bajos salarios y la desorganización laboral provocados por el derrumbe de 2001. Lo que ocurre en el plano de la polémica entre intelectuales debe ser entendido en el marco de la crisis política y, por este motivo, como una lucha entre las tendencias desatadas por esta crisis. Pretender confinarla a una querella de intelectuales, que podría encontrar solución en su ámbito, es una ficción. Es indudable que la crítica de Plataforma 2012 al ‘doble discurso’ de la ‘intelligenzia’ oficial, así como su apoyo a las luchas contra la megaminería, la coloca en el ángulo izquierdo del escenario político nacional. Pero es un izquierdismo que hay que precisar, porque su crítica omite al conjunto del aparato estatal responsable por los agravios que sufre el pueblo argentino. Los gobiernos binneristas de Santa Fe o los municipales del ex intendente de Córdoba, Luis Juez, son responsables de la distribución negativa del ingreso y de los niveles de pobreza, a igual o mayor título que el gobierno nacional. Plataforma 2012 no los menciona, e incluso reúne entre sus firmantes o asociados a los representantes políticos de estas fuerzas. Se pueden aceptar como ‘progresivos’ o ‘positivos’ los planteos de Plataforma 2012, a condición de señalar sus omisiones y límites, en especial cuando absuelve de responsabilidad a gran parte del Estado (nacional, provincial, municipal, Ejecutivo, Parlamento y Justicia), y a las clases sociales que sustentan al conjunto del régimen político. Un agrupamiento de intelectuales debe definir su posición política, lo contrario es oportunismo; debe emprender acciones comunes desde la claridad de sus posiciones políticas. Una relación de la izquierda revolucionaria intelectual con Plataforma 2012 que oculte estas limitaciones políticas no sería más que un oportunismo barato. Las acciones en común que se deberían encarar por objetivos puntuales compartidos, deben partir de la construcción de una relación polémica. Al sectarismo lo caracteriza el aislamiento y el ultimatismo -de ningún modo la polémica, la delimitación política. Sería el colmo que, al doble discurso del oficialismo y de las diversas variantes de oposición, la izquierda revolucionaria sumara su propio doble discurso, que consistiría en evitar la diferenciación en el plano de la ideología y del programa. La izquierda revolucionaria lucha por desarrollar una dirección socialista a la lucha de clases; no puede ignorar una posición en sentido histórico diverso, que opera como un obstáculo a su objetivo estratégico. La inmensa mayoría de la intelectualidad ignora la característica histórica principal del momento actual, la bancarrota capitalista, así como el ajuste, que es su correlato nacional -o sea la necesidad de una salida anticapitalista como centro de la problemática popular. La izquierda revolucionaria debe laborar para ampliar el círculo de intelectuales que trabaje por esa salida anticapitalista. Esto plantea una relación polémica, por lo tanto, desde campos diferenciados, con los intelectuales que desenvuelven ideas progresistas. La izquierda revolucionaria intelectual debe relacionarse con el resto de los agrupamientos e, incluso, realizar acciones en común sobre temas y cuestiones en que existan acuerdos, sin sacrificar la exposición pública y polémica de sus posiciones, clarificando los intereses sociales y políticos en disputa. Proceder de otro modo desnaturaliza la unidad de acción y la convierte en seguidismo. El seguidismo conlleva la desgracia, además, de que cuando se hace la cuenta de su daño, ya es tarde para remediar la ventaja que otorgó a sus opositores. La confusión que crea el seguidismo es en extremo perjudicial, por sobre todo en el campo intelectual, donde se dirimen las cuestiones de teoría y de programa. Incluso en las reivindicaciones comunes, el socialista se distingue del democratizante por la estrategia que asigna a su postura. Una acción común tiene más de cruce de caminos que de acuerdos de fondo. La política de borrar fronteras con agrupamientos intelectuales diferentes, supone que éstos son amorfos o indefinidos, que su falta de compromisos políticos los hace maleables y extensibles. Incluso si esto fuera cierto (rechazamos el determinismo vulgar), formar lo que es amorfo requiere un trabajo que, en este caso, es intelectual, político y, en definitiva, polémico. Por otra parte, nuestros adversarios más encarnizados podrían pensar lo mismo y ufanarse, en consecuencia, de ‘alinear a los desalineados’. Renunciar a una relación polémica es una grave concesión a la derecha que opera en los agrupamientos intelectuales en cuestión. Por último, es necesario advertir contra el impresionismo no todo lo que reluce es oro. Sería un error dar por consolidado a un agrupamiento armado a las apuradas por operadores políticos duchos en estos menesteres. No habría que empeñarse en inflar un globo que podría estar pinchado. Al revés, con una actividad honesta y clara deberíamos contribuir a que se delimiten campos en su seno, cuanto antes mejor. La izquierda revolucionaria intelectual debe desarrollar toda la iniciativa posible en el debate político-intelectual.

La larga serie de conflictos en contra de las compañías mineras ha recrudecido con fuerte virulencia en estos días gracias a la lucha del pueblo de Famatina, en la norteña provincia de La Rioja. A esta lucha se ha sumado, recientemente, el apoyo de la Asamblea Ambiental de Andalgalá, en la vecina Catamarca. "Andalgalá no se vende y el Famatina no se toca" son gritos que resuenan en el eco de la resistencia de la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas), para frenar los avances depredadores de las empresas capitalistas dedicadas a la extracción de minerales bajo la modalidad "a cielo abierto". Para estos pueblos, en particular, y para todos, en general, no se trata de una mera cuestión reivindicativa; por el contrario: es una seria cuestión de supervivencia (ambiental y cultural), porque de los daños provocados, claramente, no hay vuelta atrás. Quizá, ahora mismo, muchos se estén preguntando ¿pero, qué hacen estos tipos acá? ¿Cómo llegaron a la zona? Para estas preguntas hay dos respuestas: una, evidente y obvia, para la primera cuestión; otra, más compleja, para la segunda. Para la número uno, es sencillo y no hay nada nuevo: máximo beneficio y mínima inversión, y hasta luego y muchas gracias. El otro aspecto necesita la siguiente explicación: el 29 de diciembre de 1997 se firmó el tratado minero entre la Argentina y Chile; fueron signatarios de este documento Carlos Menem y Eduardo Frei, respectivamente. Vale decir que, en nuestro caso, dicho acuerdo fue ratificado por la ley 25.243 de marzo del año 2000. Según el documento mencionado, se permite a las corporaciones mineras extraer los minerales diseminados a lo largo de los 5.000 kilómetros de la frontera compartida (toda la cordillera de los Andes). También se les permite contar con vías de comunicación a lo largo de los dos países. Se estipula, además, que las empresas no harán doble tributación y cada territorio les otorga, asimismo, beneficios y franquicias -como por ejemplo, en nuestro caso, el uso de insumos tales como agua, gas, electricidad, etc. Vale decir, a las compañías mineras se les dio el "As de oro", favoreciendo al máximo sus ganancias y reduciendo a la nada sus responsabilidades. La "otra cara de la moneda" es que esta realidad sólo fue posible porque contó con una dirigencia política con "el culo sucio", que entiende que los bienes comunes, las comunidades, los trabajadores y el compromiso con las generaciones futuras pueden ser sacrificados en el altar de las ganancias de las megacorporaciones transnacionales. Eso sí, como ya es moneda corriente en la Argentina de estos tiempos, la estructura represiva y la criminalización de la protesta no se hicieron esperar: Andalgalá, Belén, Famatina, sólo por citar algunos casos, dan cuenta de ello. Los vetos recientes a la prohibición del uso del cianuro en Río Negro y Chubut, los idas y vueltas de gobernadores de opinión muy voluble y una presidencia que tira la pelota afuera, so pretexto de que las agrupaciones ambientales no critican la depredación en las Malvinas, son síntomas claros de una política que no hace más que continuar con el saqueo y la dependencia agravada durante la década de los ’90 y que, en verdad, de nacional y popular no se le ve nada. Resulta evidente que la minería a cielo abierto, el cultivo de transgénicos, el religioso pago de la deuda externa, la continuidad de las "privatizadas" en el rubro de la energía, los ajustes, los tarifazos, la represión y la criminalización de las protestas son lo que significa, para algunos, militar "para profundizar el modelo". Bibliografía Rodríguez Pardo, Javier: Vienen por el oro, vienen por todo, Buenos Aires, ediciones Ciccus, agosto 2009, págs. 93 a 114.

Estas elecciones llegan en un momento crítico para el Partido Republicano, a pesar de haber ganado las elecciones parlamentarias de 2010. Ocurre que lo consiguió desbordado por el Tea Party, sector fundamentalista de derecha -el cual no responde, por el momento, a las necesidades del ‘establishment’. En efecto, en las primeras elecciones primarias, la ultraderecha quedó desbancada. Los precandidatos más derechistas fueron quedando fuera: Palin, Caine, Bachmann y Perry abandonaron la contienda abatidos por Romney, un ex gobernador de Massachusetts caracterizado como un derechista de centro. Los dos que siguen en disputa, Romney y Grinwitch (la carta sustituta de la extrema derecha), se han embarcado en una pelea sobre sus evasiones de impuestos y los lobbies que integran, por lo que se han convertido en una escuela de la perversidad de la moralina podrida que distingue a la derecha norteamericana. La demora de los republicanos en definir a su candidato, como consecuencia de la feroz lucha faccional, favorece a Obama -e incluso lo realza como alternativa para enfrentar la bancarrota mundial. En estas condiciones, cierta prensa republicana muestra un cuadro de absoluta desmoralización: “Los republicanos merecen perder”, titula The Wall Street Journal (24/1). “No le hagan el juego a la derecha” El peor enemigo del presidente es la gran frustración de las expectativas de cambio que se habían generado con su elección en 2008. En los últimos meses, Obama ha recuperado terreno en las encuestas (un 46% de aprobación, seis puntos más que hace dos meses); sin embargo, el premio Nobel de Economía, Paul Krugman, acaba de advertir que “la recuperación de Estados Unidos de su recesión es tan lenta que casi no parece, para nada, una recuperación” (La Nación, 15/1). Y ésta es la visión optimista de un partidario de Obama. El otro factor fundamental en la elección norteamericana es la cuestión de la inmigración. Mitt Romney, “que antes sonaba como un moderado en materia de inmigración, ha abandonado la farsa”, se preocupa The New York Times (12/1), ante el peligro de que los republicanos terminen de perder el apoyo de la comunidad hispana, así como el de amplios sectores del capital que requieren su mano de obra barata. Obama, por su parte, no ha cumplido con sus promesas de una reforma migratoria. Los demócratas ven el peligro de una masiva abstención de su electorado, como ocurrió en las elecciones de 2010 (agudizada ahora por el desarrollo del movimiento Ocuppy Wall Street, muy fuerte en la juventud, el cual militó activamente en las presidenciales de 2008). Final abierto Hay esperanzas, entonces, para los republicanos. Si, como es probable, gana las internas Mitt Romney, el Partido Republicano estará en mejores condiciones para disputarle la presidencia a Barack Obama, pero perderá la movilización de la derecha. Romney pregona un ajuste a la Merkel, que no es precisamente lo que reclama la burguesía norteamericana; el Banco Central acaba de establecer que la política de subsidios financieros seguirá hasta 2014. Lo principal, sin embargo, es otra cosa: que la Unión Europea se desbanque antes de noviembre y que el bloqueo contra Irán, o la crisis en Siria, descontrolen la política mundial. Las elecciones norteamericanas tienen todo el aire espectral de los bailes de disfraces en los carnavales de Venecia. ‘The bets are off -las apuestas seguirán abiertas hasta las vísperas.

El jueves 26 de enero, más de 10.000 personas marcharon en capital de La Rioja con la consigna "El Famatina no se toca". La marcha culminó con un festival de "Arte a cielo abierto". Unos 3.000 manifestantes habían llegado de Famatina, Chilecito, Olta, Campana, Sanagasta y otros pueblos de interior. La presencia de personas de la capital fue enorme. Alrededor de la capital están en marcha cuatro emprendimientos de explotación de uranio a cargo de la empresa Diositex, la que ya fue expulsada de Mendoza por contaminación. En el acto público, que tuvo lugar en la Plaza 25 de Mayo, la multitud reclamó la renuncia del gobernador Beder Herrera. Una nueva situación Luego del 70% que obtuvo Beder el 23 de octubre pasado, la pueblada instaló un nuevo escenario político y la posibilidad de ejercer el derecho de revocatoria desde la calle. Luego de lo ocurrido en Santa Cruz a principios de año, estaríamos ante una tendencia de alcance nacional. Beder Herrera -como antes Peralta- tuvo que retroceder, pero sin abandonar ni un centímetro sus intenciones, las que son apoyadas por el gobierno nacional. AI alegar una supuesta confusión en la población acerca de la minería, es claro que la política de depredación minera no ha dado ningún paso atrás. La multinacional Osisko -que pretende desarrollar la minería a cielo abierto en Famatina- quedó, sin embargo, aún más expuesta cuando se denunció su vinculación con las petroleras que están explorando la posibilidad de la explotación de hidrocarburos en Malvinas. Beder Herrera convocó a su aparato político de intendentes para reagrupar fuerzas, pero no logró la comparecencia de los intendentes de Famatina, Chilecito y la capital -donde se concentra el 80% de los habitantes de. La Rioja La cámara de empresarios mineros de la provincia se delimitó del proyecto de Osisko para resguardara los otros emprendimientos que se desarrollan en la provincia. Lucha firme Los referentes de las distintas asambleas denunciaron el replanteo de Beder Herrera como una maniobra. El corte en el Alto Carriza se mantiene firme, con una concurrencia numerosa. Existe el propósito de lanzar una contracampaña de clarificación. El gobierno ha lanzado un folleto de la Osisko y el Emse (la empresa minera estatal asociada a la Osisko), también publicado por el diario El Independiente, y realiza una intensa acción basada en prebendas. El gobierno especula con que el comienzo de las clases y el fin de las vacaciones van a debilitar el corte y las manifestaciones. A la vez, avanza en la apertura de una ruta alternativa a la de Alto Carrizal para acceder a la zona de explotación minera. Los luchadores ambientales fueron partícipes de las luchas que llevaron a la expulsión de la Barrick en 2006 y de una multinacional china dos años después. Saben de cortes masivos y prolongados -incluso de más de un año. Se destaca, asimismo, la solidaridad nacional y el impacto de su reclamo en otras regiones del país que luchan contra el saqueo minero y la contaminación. El corte del Alto Cañizal, con casi 50 carpas, reúne a delegaciones de todo el país y es el ámbito de coordinación de las iniciativas. Una causa nacional La solidaridad con Famatina se expresa en los ámbitos del arte, la cultura y la intelectualidad, entre los luchadores de los sindicatos y la juventud. También ha movilizado a referentes críticos del propio kirchnerismo. Ha renovado la lucha en el resto del NOA: contra La Alumbrera, en Belén, se sostiene un corte desde hace más de una semana; en Santa María, a pesar de represión, se ha logrado reinstalar un bloqueo en la ruta 40, en la zona de Fuerte Quemado, y otro en Amaicha del Valle (en Tucumán); ahora se ha sumado un bloque organizado por la asamblea de Tinogasta. Han sido numerosos los actos públicos en varias provincias y las marchas solidarias. Las redes sociales están inundadas de pronunciamientos solidarios. Los gobernadores de las provincias mineras -con Gioja a la cabeza- las cámaras mineras provinciales, ni qué decir las propias mineras, han salido como una jauría a defender este negociado de lesa naturaleza, que incluso se extiende a Chile. Ya ha comenzado a discutirse entre los referentes de las asambleas un plan de lucha de conjunto para convertir a "El Famatina no se toca" en una causa nacional. En el oficialismo existe la intención de encuadrar la lucha ambiental que se desarrolla en Santa María, Catamarca, bajo la Ley Antiterrorista. El 15 de febrero se cumplen dos años del Andalgalazo, una ocasión para promover una jornada de movilización regional y dar un paso hacia una Marcha Federal.

La brutal represión desatada contra las miles de familias que ocupaban el barrio Pinheirinho, en Sao Paulo, desató una crisis política en Brasil. El operativo dejó varios muertos y decenas de heridos, y contó con más de dos mil efectivos de la fuerza de choque de la policía militar, quienes dispararon indiscriminadamente contra las familias. La Policía Militar utilizó helicópteros, bombas de gas, balas de goma y gas pimienta. La feroz represión, acallada por los grandes medios de comunicación, trascendió gracias a las filmaciones de los mismos ocupantes. Las tierras desalojadas son propiedad del especulador financiero Naji Nahas. Como en China o Argentina, los trabajadores sin viviendas son las víctimas de la especulación inmobiliaria -no importa si gobierna el partido Comunista, los nac & pop o los lulistas. La orden dictada para avanzar sobre el terreno y sacar a las familias ignoró abiertamente una medida cautelar dictada por la Justicia Federal en beneficio de los ocupantes. Pinheirinho es el retrato fiel del Estado de derecho. La represión generó una fuerte condena popular y hubo manifestaciones en varios puntos del país con la consigna: "Todos somos pinheirinhos" La presidenta Dilma Roussef, quien participaba de una nueva edición del Foro Social Mundial en Porto Alegre, se vio obligada a criticar el operativo de la fuerza bajo su comando, y prometió que intentaría solucionar el conflicto. Dilma viene de militarizar las favelas de Río para asegurar un desarrollo calmo de los Juegos Olímpicos -la obsesión del gobierno de los 'trabajadores', así como de los contratistas de obras públicas y de los especuladores inmobiliarios. El derrumbe de tres edificios en Río de Janeiro puso de manifiesto la completa falta de escrúpulos de las 'desarrolladoras' y de los supervisores del Estado.

En los primeros días de febrero, la Justicia decidirá sobre nuestro pedido de unificación de las dos causas vinculadas con el crimen de Mariano: la que juzga a Pedraza y su patota, y la que involucra a los policías que liberaron la zona de Barracas. Al pedir un juicio único, estamos reclamando que los responsables sean juzgados como parte de una articulación criminal, la cual contó con la participación necesaria de la burocracia sindical, el aparato estatal y los empresarios del ferrocarril privatizado. Después de nuestro pedido, los defensores de Pedraza se manifestaron "a favor" de la unificación. Especulan con que sirva de pretexto para demorar el juicio y reforzar, en el interín, las presiones por la excarcelación de Pedraza. Significativamente, la Cámara de Casación no se ha pronunciado sobre el pedido presentado por los abogados de Pedraza en favor de su libertad. La mora de Casación – un tribunal que ha quedado en manos de jueces kirchneristas- le abre espacio a las presiones que los abogados de la burocracia (y de la propia Unión Ferroviaria) despliegan por la excarcelación de su jefe. El planteo de que la unificación de las causas lleva "inevitablemente" a la postergación del juicio no soporta ningún argumento, ni siquiera administrativo. Las pruebas de instrucción de uno y otro juicio son, en muchos casos, idénticas, por lo que no haría falta más de un mes para ordenarlas y arrancar en un juicio único. Los argumentos "administrativos", por lo tanto, forman parte del campo de maniobras que buscan la postergación del juicio y la libertad de Pedraza. En cualquier caso, es muy claro que las mayores chances de que Pedraza sea no ya liberado, sino incluso absuelto, reposan en un juicio "desguasado", donde el plan criminal que terminó con la vida de Mariano termine disueltoen las responsabilidades aisladas de algunos lúmpenes o barrabravas. La burocracia y el gobierno Los movimientos en tomo de la causa de Mariano tienen que ser vistos a la luz de la crisis política y, en particular, de la relación entre el gobierno y la burocracia sindical. Moyano ha cruzado ataques con el gobierno, pero se ha cuidado muy bien de preservar un frente común con toda la burocracia en tomo de la defensa de sus cajas y negociados. Moyano saludó la libertad de Zanola, en una cuestión -la de los medicamentos truchos- que está en el mismo campo de las empresas moyanistas o, por supuesto, de las cooperativas de tercerizados de Pedraza. Los diputados de Moyano extendieron este frente al sojero Venegas, al oponerse a que la caja del Renatre pase a manos del Estado. Moyano no va a sostener su permanencia en la CGT con una defensa colectiva del salario de los trabajadores frente al "ajuste", sino a través de la defensa de las cajas de todos los burócratas. Ese frente único no excluye a Pedraza, quien sigue al frente de la Unión Ferroviaria y, por lo tanto, incidirá en la sucesión de la CGT. Mientras tanto, el gobierno usa los expedientes judiciales de la burocracia como una carta extorsiva para avanzar en su política de ajuste. Para unos y otros, la causa de Mariano se juega en esta conspiración contra la clase obrera y sus intereses. Campaña política A partir de esta caracterización, no caben dudas de que el juicio de Mariano debe ser parte de una intensa campaña política, donde la lucha por el juicio y castigo a los responsables esté ligada a la defensa de los reclamos y conquistas obreras, así como a la denuncia de la burocracia sindical, que no se levanta contra el ajuste sino en defensa de sus cajas, negociados y crímenes. Planteamos: 1) la defensa de un juicio único, que permita sacar a la luz todos los vínculos del plan criminal contra los tercerizados y quienes los apoyaban; 2) que ese juicio comience Ya; no hay razón para dilaciones "administrativas"; denunciamos el carácter político de esas postergaciones, que buscan facilitar la excarcelación de Pedraza; 3) Pedraza debe seguir preso, por la acción sistemática (aprietes, sobornos) que ha desplegado en favor de su impunidad y la de su patota. Preparemos el inicio del juicio con una agitación política en torno de estos puntos.

Famatina expresa la lucha y la resistencia contra el saqueo de los recursos naturales que recorre el país. Cuando estalló el conflicto en esa localidad, el Partido Obrero de Río Ceballos instaló mesas de agitación repartiendo volantes y juntando firmas en apoyo a la lucha del pueblo de La Rioja. Pero no como un simple acto de solidaridad, sino como parte de nuestra propia lucha contra el desmonte y la explotación del suelo por parte de los especuladores inmobiliarios, quienes destruyen el bosque nativo y agotan los recursos hídricos de las Sierras Chicas. A los minutos de poner la primera mesa, comenzaron a llover las anécdotas de gente de todo el país que, de visita por nuestra localidad, se acercaban a firmar indignados por pensar que se destruya el Famatina y contaban que en sus provincias también sufrían la depredación ambiental por parte de los capitales mineros, sojeros o inmobiliarios. En la capital cordobesa tampoco se hizo esperar la reacción popular: los cacerolazos y las concentraciones expresaban tanto la solidaridad con Famatina Chilecito y Andalgalá como el reclamo por la derogación de la Ley de Bosques, popularmente llamada “ley del desmonte" la cual está hecha a medida de los intereses de los capitales sojeros e inmobiliarios de la provincia. Es que el saqueo de los recursos naturales es una parte sustancial de las políticas provinciales y nacionales. Los más de 400 proyectos mineros que van desde Santa Cruz a La Rioja -pasando por Rio Negro, Mendoza, Catamarca y San Juan-, la expansión de la frontera sojera con el desmonte y la expulsión de pueblos campesinos y originarios, así como el saqueo y el agotamiento de las reservas de gas y petróleo por parte de las privatizadas (a las que el gobierno ahora acusa de abuso de posición dominante" con el único fin de encubrir los tarifazos), ponen en evidencia la vigencia del programa que durante la campaña electoral levantó el Frente de Izquierda: prohibición de la megaminería contaminante en todo el país, nacionalización del suelo y de los recursos naturales y reestatización de las privatizadas bajo control de trabajadores.

Huelga general en Bélgica Los jefes de gobierno convocados a la cumbre de la Unión Europea sólo pudieron arribar a Bruselas en helicóptero desde una base militar cercana, como consecuencia de una huelga nacional en Bélgica. "En Bruselas no circula ningún autobús, tranvía ni metro", señaló el diario ABC de España; lo mismo sucede con los trenes de alta velocidad, y los aeropuertos están paralizados. Los activistas sindicales realizaron múltiples piquetes -entre ellos, en la autopista que une a Bélgica con Alemania. La huelga de 24 horas convocada por los sindicatos forma parte de un plan de lucha contra el programa de ajuste del gobierno de coalición formado recientemente. Gran Bretaña: histórica huelga en Unilever Los trabajadores del pulpo Unilever llevan adelante un plan de lucha en las distintas plantas británicas de la empresa, contra el ajuste en el plan de pensiones -un recorte indirecto del salario, que alcanzaría entre el 20 y el 40% de la jubilación. La huelga, que ya lleva varios días y es la primera en la historia de la empresa, fue convocada por los tres sindicatos que agrupan a los trabajadores, luego de un pronunciamiento masivo de las bases (de los 5 mil trabajadores, un 85% de los sindicalistas de Unite, un 75% de los miembros del GMB y una gran mayoría de los miembros de Usdaw votaron en favor de la huelga). La empresa ha duplicado sus ganancias durante el último año y se encuentra en plena expansión en otros países. La lucha de Unilever, por otra parte, encierra un significado más general, pues a lo largo de Europa los gobiernos capitalistas llevan adelante medidas similares. "A medida que la reforma (laboral) comience a implementarse, algunos observadores predicen que los políticos e incluso la Unión Europea serán blanco de la reacción de los trabajadores" (La Nación, 25/1). Rumania: otra rebelión popular contra el ajuste El pueblo rumano ha salido masivamente a las calles durante las últimas dos semanas, contra el ajuste que implementa el gobierno conservador de Emil Boc y del presidente, Traian Basescu. El programa de medidas incluye la reducción en un 25% del salario de los empleados estatales y un aumento del IVA -del 19 al 24%. El anunció desató una ola de manifestaciones de masas en distintas ciudades -entre ellas la capital, Bucarest. Incluso unos 500 militares se manifestaron contra la llegada de la misión del FMI, luego de que el gobierno redujera sus pensiones. Un periodista definió al movimiento como un "tsunami”. En la cabeza de la mayoría, la decisión ya ha sido tomada: el régimen Basescu-Boc debe finalizar", asegura el mismo reportero. Nigeria: marcha atrás con el ajuste El gobierno fondomonetarista de Goodluck Jonathan debió dar marcha atrás con el recorte al subsidio de la gasolina, luego de la fulminante huelga general que sacudió al país durante cinco días. A pesar de no regresar al precio inicial, el Ejecutivo debió recular del intento por pasar el precio de la nafta de 0,4 dólares a 1,3 dólares, en un país donde una gran mayoría vive con menos de dos dólares diarios. Asimismo, la enorme reacción popular al "gasolinazo" limitó los intentos del gobierno por avanzar en el ajuste -en particular, en el plano de los empleados estatales. Las "huelgas salvajes" en Vietnam "El número de huelgas salvajes en Vietnam se duplicó el año pasado", señala el Financial Times. El mismo artículo destaca que, en los últimos años, una gran cantidad de industrias se relocalizaron de China a Vietnam. Este traslado tuvo su correlato en una oleada de huelgas que llegó a registrar 857 conflictos laborales durante 2011, lo que obligó a que algunas empresas deban "aumentar el salario en cuatro ocasiones durante el mismo año”. Sin embargo, el aspecto más relevante de estas huelgas "salvajes" es el siguiente: "Si las disputas y las huelgas no se dan de forma ordenada, existe la posibilidad que se extiendan y adquieran un carácter político, que es el mayor temor del gobierno" (ídem). Al igual que las huelgas en China, Bangladesh, Camboya, etc., las luchas en Vietnam revelan el despertar de un gigante -la clase obrera del sudeste asiático- contra la bancarrota capitalista.

Los fallos que acaba de dictar la Cámara de Casación, a partir de las apelaciones presentadas por los condenados del Puente Pueyrredón, son un verdadero espaldarazo a la impunidad. Osvaldo Félix Vega, el superior directo del entonces comisario Fanchiotti, había sido declarado culpable del delito de encubrimiento agravado por el Tribunal de Primera Instancia. En esta nueva instancia fue absuelto, fruto de una forzada valoración de la prueba por parte de los jueces. Aunque admiten que Vega estaba perfectamente informado de los hechos realizados por sus subordinados vía ‘handy', los jueces sostienen que se encontraba "distante" de la estación Avellaneda y que, por lo tanto, no podía asegurar que "se mantuviese incólume la escena del crimen". La absolución de Vega exculpa al superior inmediato de Fanchiotti y corta toda cadena de responsabilidad. Piombo, uno de los jueces del tribunal, planteó -en minoría- incluso la absolución de Fanchiotti, a partir de una reivindicación del operativo represivo. Desde ese lugar, detalla sin concesiones la responsabilidad del Estado nacional y provincial en la masacre. Singularmente, afirma que no puede pensarse que los agentes policiales actuaran sin órdenes superiores específicas, por lo que atribuye la actuación de Fanchiotti al principio de obediencia debida. La absolución de Vega, al igual que la del policía Robledo, constituye una amnistía parcial o total para gran parte de los imputados, confinando la responsabilidad en Fanchiotti y Acosta. El fallo tiene por objeto asegurar la impunidad de quienes impartieron las órdenes que costaron las vidas de Maxi y Darío, así como lesiones graves de tantos compañeros. La represión ocurrida el 26 de junio de 2002 obedeció a un plan orquestado desde las más altas esferas gubernamentales, cuyos responsables políticos (Duhalde. Juan José Alvarez, Ruckauf, Solá y el recientemente asesinado gobernador de Río Negro Soria, en su carácter de jefe de Inteligencia) jamás fueron llevados al banquillo de los acusados. La Cámara de Casación acaba de reforzar la impunidad por el plan criminal del Puente Pueyrredón.

Con una concurrencia de más de 500 personas se realizó un acto con oradores de las fuerzas organizadoras (PO, CTA, MST PCR, Libres del Sur, PTS, Frente Popular Darío Santillán) en la peatonal del centro tucumano, en apoyo a Famatina y contra La Alumbrera. Se hizo presente el secretario de la CTA de Chilecito, Normando Ocampo. El acto, significativamente, fue ignorado por los tedios. Tucumán es vital para La Alumbrera, porque aquí está la terminal del mineraloducto y su principal socia, la Universidad de Tucumán. Por lo tanto, frente a cualquier manifestación que cuestione el saqueo y la contaminación de los pulpos mineros, aparece la mano de la minera -sea sobre los medios o los gobernantes- para disolverla. En esta oportunidad, la pueblada de Famatina está teniendo un gran impacto y, mucho más, cuando nuevamente está en la picota la situación del Río Salí, el río más importante de la provincia, altamente contaminado por los desechos arrojados por las citrícolas, ingenios y los que llegan de la propia Alumbrera, cuando vuelcan el agua contaminada por el secado del barro que llega por el mineraloducto. Por otro lado, en la zona de los valles calchaquíes, el clima contra La Alumbrera vuelve a agitarse: se está poniendo en pie un movimiento asambleario que ya ha intervenido en el corte en la zona de Santa María y está discutiendo un plan de acción para reforzar el bloqueo a La Alumbrera.

La reciente aprobación de la Unión Europea de una prohibición para importar crudo iraní significó una escalada en el enfrentamiento diplomático entre el imperialismo y el régimen de Irán. El acuerdo suscrito -impulsado por Washington- logró la adhesión de Japón e, inclusive, la de España. Grecia e Italia -países que inicialmente se abstuvieron del acuerdo por su dependencia del crudo iraní. Sin embargo, no logró el apoyo de China, que depende fuertemente del petróleo iraní y se encuentra realizando grandes inversiones en la industria petrolera persa. La medida aprobada por la Unión Europea golpea duramente a irán, productor de casi el 6% del petróleo mundial, que podría sufrir el derrumbe de la industria petrolera y un descalabro económico. Los países europeos firmantes del acuerdo esperan poder suplir el petróleo de Teherán con el de Arabia Saudita, pero los analistas especulan que podría aumentar el precio del petróleo. Este motivo produjo, justamente, que el gobierno norteamericano limitara el alcance de las medidas contra el Banco Central iraní, uno de los reclamos principales del lobby sionista en los Estados Unidos. Netanyahu manifestó su “decepción” frente a esto y consideró que mientras “Francia y Gran Bretaña mantienen una posición firme” contra Irán, la administración norteamericana “vacila ante el temor de un aumento en los precios del petróleo” (Financial Times. 16/1). El gobierno israelí subordina cualquier intervención militar “seria” a un bloqueo total de las finanzas persas. “Mientras no haya sanciones efectivas al Banco Central de Irán y a la industria petrolera, no habrá ningún efecto sobre el programa nuclear”, aseguró el ministro de Defensa, Ehud Barak. En este marco, Washington y Tel Aviv postergaron los ejercicios militares conjuntos que planeaban realizar. La preocupación, como señaló Sarkozy en un discurso a los cuerpos diplomáticos, es que “la intervención militar (en Irán) no resolverá el problema, sino que desencadenará la guerra y el caos en Medio Oriente”. La crisis de los ayatollahs El régimen de Teherán vive, por su parte, una intensa crisis política en su interior desde hace un tiempo, la cual llevó al enfrentamiento entre el presidente y los ayatollahs. El imperialismo no desconoce que el actual mandatario iraní se encuentra fuertemente debilitado -por una crisis que se remonta a las movilizaciones contra el fraude electoral en 2009- y con una economía duramente golpeada por las sanciones económicas. Asimismo, “la dirigencia iraní no tomó la gran decisión estratégica de construir una bomba nuclear” y “no existe ningún evidencia hoy de que lo vayan a llevar hasta el final” (Financial Times, 13/1). Por esta razón, “un ataque de Israel y Estados Unidos no es inminente” (ídem). “Obama no quiere esa guerra”, porque “sería un desastre para la comunidad internacional”, señala un analista del diario El País (20/1). Y agrega: “Si incluyese una invasión terrestre, tendríamos que preparamos para años de sangrientas turbulencias adicionales en el planeta”. Teherán, por su parte, tampoco cuenta con espaldas para enfrentar un conflicto bélico. El reciente asesinato de un científico del programa nuclear, en un evidente atentado del sionismo, no recibió ninguna represalia por parte de Teherán. En ese cuadro, se reflotarían las negociaciones multilaterales auspiciadas por Turquía en Estambul, según una versión que echó a correr el mismo gobierno iraní. El gobierno turco opera como una bisagra entre el imperialismo y Teherán por su combinación como un gobierno islamista e integrante de la Otan. Turquía e Irán comparten, asimismo, un frente abierto por el conflicto kurdo, que ha llevado a Ankara ha aumentar sus operaciones militares en Irak. Turquía ha servido para neutralizar la oposición iraní a la intervención imperialista en Siria. La crisis en tomo del programa nuclear iraní revela, en primer lugar, el intento del imperialismo por someter a las naciones que puedan presentar un incipiente proceso de desarrollo nacional autónomo. Por otra parte, plantea una. “guerra fría” entre Irán, China y Rusia, por un lado, y los Estados Unidos, Israel y Europa, por el otro, en un cuadro de disputa imperialista fogoneada por la bancarrota capitalista mundial y por la reorganización de las relaciones políticas en Medio Oriente producidas por la revolución árabe. La pieza fundamental en este escenario será el desenlace de la guerra civil en Siria, donde el imperialismo ha incrementado su intervención de forma considerable y prepara una intervención militar dirigida por Turquía, lo que significará duros choques con Rusia y China.

Desde hace más de una semana se mantenía un corte selectivo en Belén. "El bloqueo a los ingresos de la minera La Alumbrera se hace desde la localidad de Belén y a 380 kilómetros en la ciudad de Santa Lucía. Solamente bloquean a camiones y camionetas que pertenecen a la minera, pero dejan el paso libre a autos particulares, ciudadanos, turistas, camiones de alimentos. etc." (El Esquiú, 28/1). Estas medidas apuntan a frenar a la minera, reforzando el apoyo a la lucha de Andalgalá y Famatina. Luego del octavo día, por orden del fiscal Landivar, se efectuó la detención de 19 compañeros que realizaban el corte en Santa María, lo que desató una ola de adhesiones y pronunciamientos, así como medidas para arrancar la liberación de los detenidos. Diferentes organizaciones y asambleas fueron sumándose al corte, el cual contó con la presencia de compañeros de Famatina, de Andalgalá y de la capital. Fueron tomándose medidas de acción conjuntas y otras coordinadas en los diferentes pueblos. Se recogió la solidaridad desde diferentes puntos del país. Se realizan charlas, recorridas por los barrios cercanos al corte y actividades de agitación en la plaza para rodear de solidaridad la medida. La repercusión en la capital provincial El cerco mediático en San Femando fue quebrándose con las acciones directas. El PO convocó el jueves 26 a una marcha a la Secretaría de Minería para solidarizarse con los cortes de Andalgalá, Belén, Santa María y Famatina. Al día siguiente, se informó sobre la represión y los compañeros que fueron demorados. La convocatoria llegó a superar el medio centenar de personas en pocas horas. Desde el PO nos hicimos presentes junto a las asambleas de la capital y autoconvocados en la plaza principal, frente a la Casa de Gobierno, para exigir la inmediata liberación de los detenidos. Esto demuestra el clima de efervescencia que existe, así como la necesidad de profundizar la lucha. En la asamblea previa, se votó un corte que duró más de una hora y media. Una delegación de activistas del corte se hizo presente en los medios. Al finalizar, se resolvió continuar en estado de alerta y movilización hasta el día siguiente, con una nueva convocatoria a la plaza, frente a cualquier atropello por parte del gobierno. Se votó sumarse a la convocatoria de una jornada nacional en contra de la megaminería contaminante para los primeros días de febrero, desarrollar una campaña de concientización en los barrios y sumar a nuevos sectores. Esta jomada nacional será una primera muestra de fuerza en todo el país contra el saqueo ambiental y entreguista del gobierno nacional y los de las provincias, donde los intereses capitalistas se enfrentan a la resistencia de los intereses del pueblo trabajador. Desenvolvamos una salida en defensa de nuestros intereses. Fuera La Alumbrera- No a Agua Rica. Basta de persecución a la comunidad y a los luchadores que defienden los recursos naturales y el medio ambiente. Anulación de la Ley Antiterrorista y toda legislación persecutoria. ¡El Aconquija y el Famatina no se tocan!

Acaba de morir Manuel Fraga Iribarne, ministro de Francisco Franco y viejo líder del Partido Popular que hoy gobierna España con Mariano Rajoy. Fue un pilar de la derecha española y, sobre todo, de la llamada “transición” que le permitió al país pasar de la dictadura franquista a una monarquía parlamentaria sin que pudiera desarrollarse la crisis revolucionaria que se avizoraba, la cual, desde un año antes (Franco murió en noviembre de 1975), había estallado con enorme fuerza en la vecina Portugal. ¿Cómo lo logró? En principio, a sangre y fuego. En enero de 1976 comenzó en España un reguero de huelgas, en su mayoría victoriosas. A las fábricas paradas se añadían comercios cerrados en solidaridad con los huelguistas y manifestaciones de masas. El 3 de marzo de ese año, en Vitoria luna ciudad del País Vasco), uno manifestación chocó con la policía. Después de horas de lucha callejera y al verse desbordada, la policía disparó ráfagas de munición de plomo y asesinó a cuatro trabajadores. Fraga, ministro de la Gobernación, rubricó aquel crimen con una frase de hierro: “La calle es mía”. Por cierto, la represión por sí misma no puede ser suficiente para contener una situación de esas características. Fraga tuvo, para ese propósito, un colaborador invalorable: el Partido Comunista español y, particularmente, su jefe, Santiago Carrillo. En 2006, en una entrevista con el diario El País, el jefe fascista le hizo un reconocimiento explícito al líder estalinista: “El ejemplo de Carrillo y el mío fue un modelo de sentido de Estado”. El País reprodujo esa entrevista el último 16 de enero, días después de la muerte de Fraga. El “talento” de Fraga Ahora, el anciano Carrillo devolvió el homenaje: “Fraga fue un hombre de talento, con capacidad para adaptarse a los tiempos”, declaró (elPeriodico.com, 16/1). El dirigente, que transformó al PCE en una agencia política de Stalin durante la Guerra Civil, añadió que Fraga era “muy de derechas, muy autoritario y muy empecinado”, pero cumplió “un papel positivo” en el tránsito hacia el parlamentarismo. Carrillo recuerda en esa entrevista que, en 1978, Fraga lo llevó al Club Siglo XXI, un reducto de la extrema derecha española. “Tuvo el valor de enfrentarse con una serie de personas que, incluso, abandonaron el club en ese momento”. Véase hasta qué punto aquel fascista necesitaba de la asistencia del estalinismo y de qué manera le hizo entender esa necesidad al resto de la derecha. Fraga Iribarne era impulsor decidido de que se cumpliera el mandato de Franco para que Juan Carlos Borbón ocupara el trono, tal como sucedió. No resultó sencillo, porque en ese punto las aguas estaban divididas: la derecha llamada “carlista” propugnaba la asunción de Carlos Hugo de Borbón Parma. El asunto se resolvió a tiros. El 9 de mayo de 1976, mientras organizaban una ceremonia religiosa en Montejurra, Navarra, los carlistas fueron atacados a balazos por un grupo armado. Uno de ellos resultó muerto y hubo varios heridos. Luego se sabría que esa operación fue ejecutada por el argentino Rodolfo Almirón ex organizador de la Triple A, junto a los mafiosos italianos Stefano de la Chiaie, Giuseppe Calzona y otros. Pues bien, en esa época, Almirón ya estaba bajo la protección directa de Fraga Iribarne. Trabajaba para él. Pero volvamos a 1976, acuerdo de Fraga con el PCE. La bandera, la monarquía Cuando empezó 1976, el primer ministro era Adolfo Suárez, de la Unión de Centro Democrático (UCD) y, como quedó dicho, Fraga Iribarne era su ministro de la Gobernación. España era un reguero de huelgas, paros y movilizaciones, sobre todo después de la masacre de Vitoria, en la que hubo cuatro obreros asesinados. En medio de ese caos, en marzo, Suárez y Fraga debieron echar lastre. El 17 de ese mes, el primer ministro promulgó un decreto de amnistía para un grupo de presos políticos y, el 28 de abril, se permitió el funcionamiento de las organizaciones sindicales, prohibidas por el franquismo. El 13 de mayo regresó a España la presidenta del PCE, Dolores Ibarruri, quien hasta entonces había vivido exiliada en Moscú. Desde entonces y durante todo un año, Ibarruri y Carrillo jugaron su autoridad política entre los trabajadores y sobre la burocracia sindical de Comisiones Obreras para desarmar las huelgas, aislarlas y evitar que desembocaran en una posible crisis de características revolucionarias. Así ganó el PCE su lugar en la “transición”. El 9 de abril de 1977, el gobierno legalizó al partido estalinista. De inmediato, en todos sus actos, el PCE hizo un gran despliegue de banderas españolas, repudiadas por los republicanos, y aceptó la monarquía. Esa línea persiste hasta hoy: hace apenas semanas, Carrillo dijo estar convencido de que “mañana seremos una república, pero ahora hay cosas más urgentes que atender”. Tenía razón Fraga Iribarne: el estalinismo español, como él mismo, es “un modelo de sentido de Estado”.

Debutó la llamada "ley antiterrorista". El fiscal provincial de Catamarca, Julio Landívar, imputó como "terroristas" a los nueve ambientalistas que fueron detenidos en la localidad de Santa María, cuando realizaban cortes selectivos en la ruta 40 contra el monopolio minero Bajo La Alumbrera y en apoyo a la lucha de Famatina. Los cortes selectivos apuntan a impedir el ingreso de material sin afectar la circulación del resto de los vehículos. Según la abogada de los detenidos, los ambientalistas "están imputados por el artículo 213 bis del Código Penal, que es uno de los que se incluye dentro de la Ley Antiterrorista como de competencia federal". Se los acusa de pertenecer a una "organización que pretende atemorizar", tomado del artículo 213 bis. La defensa de los ambientalistas denuncia que la Justicia provincial aplica una ley de órbita federal a un hecho que ocurre en una ruta nacional, la 40, cuya jurisdicción corresponde también a dicha Justicia. La ofensiva de la Justicia se da en momentos en los que el gobierno redobla su apoyo a los monopolios mineros en general y a La Alumbrera en particular (lo que ha sido ratificado con insistencia por la gobernadora K, Lucía Corpachí). El puntero K de Catamarca, Bombón Mercado, ha sido designado como representante de la estatal Aguas del Dionisio en el directorio de Bajo La Alumbrera. La utilización de la "ley antiterrorista" confirma la denuncia hecha por todas las organizaciones que repudiamos su aprobación, y pone en ridículo a quienes la minimizaron con el argumento de que sería incompatible con un 'gobierno popular'. Llamamos a reforzar la movilización para lograr la anulación de la "ley antiterrorista".

Desde el 20 de enero se viene manteniendo un corte de ruta en la ciudad de Belén -el cual impide el paso a los camiones y los transportes de Minera La Alumbrera- en apoyo a la lucha del pueblo de Famatina y contra las mineras ya instaladas. Esta medida fue resuelta en un encuentro de organizaciones ambientalistas, sociales, políticas y sindicales de Catamarca, a las que se sumaron algunos representantes de otras provincias del NOA. La reacción del gobierno municipal, dirigido por el FPV, fue de denunciar e intentar, por medio de la presión judicial, amedrentar a los manifestantes y amenazar con que el corte debía levantarse el 24 al mediodía. Finalmente, no se animaron a reprimir el corte. Esto, principalmente, por la fuerza que había tomado el conflicto de Famatina y por el reacomodamiento al que se vio obligado el intendente de Belén frente al movimiento popular, para conservar su cabeza. El corte es aún minoritario, pero de a poco se va sumando más gente. La represión en Santa María no achicó a la gente. Al contrario: le ha dado más impulso a la lucha antiminera. ¡Basta de saqueo y contaminación! ¡Basta de minería a cielo abierto! ¡Fuera La Alumbrera! ¡No a Agua Rica! ¡Viva la lucha de Famatina!

Ya en la guerra de 1982, la cuestión de Malvinas estuvo ligada a las posibilidades de la explotación petrolera y pesquera. Un informe oficial de aquella época, elaborado en Gran Bretaña, advertía sobre la importancia de estos recursos y recomendaba un acuerdo con Argentina. Las dilaciones para poner en práctica esta orientación fueron uno de los factores que se usaron para justificar la ocupación del archipiélago por parte de la dictadura. Hasta ese momento, Malvinas era un tema de soberanía confinado a los manuales de escuela o, esporádicamente, un motivo de distracción política -como ocurrió en septiembre de 1966, cuando un futuro militante montonero saludó con un aterrizaje en la isla el arribo al gobierno de Juan Carlos Onganía. La cuestión económica torna ahora insoslayable la reaparición del tema Malvinas. El factor distraccionista -en especial en tiempos de ajuste- ocupa en la actualidad un lugar importante, pero secundario. Ninguna de las concesiones que hicieron Menem-Di Tella en su momento permitieron avanzar en la solución del conflicto siquiera un milímetro. Los K acompañaron al menemismo sin chistar, al extremo de apoyar la privatización de YPF en beneficio de Repsol, la cual no es más que una agencia de la City de Londres. El oficialismo emprendió a mitad de mandato un nuevo rumbo ante la evidencia palpable del fracaso. ¿Qué reclama Argentina? No la soberanía de las islas, sino el establecimiento de una mesa de negociación -como ya lo reclamaron Galtieri y Menem. Negociación quiere decir toma y daca -en la mejor hipótesis, el reconocimiento, sólo en principio, de la soberanía argentina a cambio de un régimen económico y jurídico (o sea político) que contemple los intereses británicos y norteamericanos. Este planteo ya se encuentra inscripto en acuerdos precedentes, los que descalifican "los deseos" de los 'falklanders', pero reconocen sus "intereses". Esta población, que ha obtenido ciudadanía británica, ejerce el derecho de propiedad sobre las tierras de Malvinas (por lo que solamente puede ser desapropiada por la legislación británica) y su administración legisla sobre las aguas adyacentes (a cuenta de los ingleses). 'En una negociación, Argentina recibiría el reconocimiento formal de la soberanía como canje a la privatización del archipiélago malvinense. En eso ha consistido, precisamente, el acuerdo que cedió Honk Kong a China. "Un país, dos sistemas" fue la síntesis que circunscribió la soberanía de China a su conformidad con un régimen político 'sui generis'. El acuerdo, por sobre todo, consagró la dominación financiera de la Bolsa de Hong Kong, que la convirtió en cabeza de puente de la restauración capitalista de China. La signataria de la renuncia de la soberanía británica a Hong Kong fue Margaret Thatcher. El coloso chino, que había derrotado al ejército de Mac Arthur en Corea, no pudo (ni quiso) sacarle mucho más a los ingleses. Un cuarto de siglo después, la satisfacción de los protagonistas es completa -a excepción de una parte significativa de la población de la isla, que debe sufrir la explotación económica del capital y la opresión política del aparato de la burocracia. El planteo de negociemos es simplemente entreguista. Por eso lo apoya Estados Unidos -hoy por parte de Obama, como en el ’82 por parte de Reagan. El problema es que en las conversaciones puertas adentro, que tienen lugar desde hace mucho tiempo domina el impasse. Estados Unidos y Gran Bretaña no logran imponer las subidas garantías que reclaman, ni encuentran en Argentina una estabilidad política que asegure el cumplimiento de las garantías que se acuerden. Sin un pelo de zonza, Hilary Clinton apoyó la variante negociadora, porque de ese modo condiciona al gobierno argentino a hacer 'buena letra’ en su política general para conservar el supuesto apoyo norteamericano a la salida negociada. El saludo de los Timmerman al apoyo de circunstancia de Obama retrata la vocación colonial de los funcionarios. En lugar de esto, habrían debido denunciar las segundas intenciones de estos apoyos vacíos de contenido, los que ni siquiera buscan 'congraciarse' con Argentina, sino con otros gobiernos latinoamericanos. El planteo de negociación’ o salida negociada’ significa la disposición para establecer un derecho compartido sobre la explotación de las aguas de Malvinas. Argentina obtendría su parte como nación concesionaria, o sea las regalías y otros ingresos fiscales que podrían llegar a ser cuantiosos. ¿O al cabo de una década de kirchnerismo alguien duda de que la política oficial se resume en aumentar la caja fiscal y manejarla en forma discrecional? No pasan de aquí los ideales nacionales de los gobernantes actuales ni de la clase que los sustenta. Para algunos comentaristas, el impasse en que se encuentra el ’diferendo' por Malvinas promete que éste se seguirá arrastrando, con picos y pozos de ruidos, por otro siglo o dos más. Depende. Si las posibilidades de explotación petrolera son reales, en un momento en el cual el precio del petróleo podría subir aún más como consecuencia de las aventuras militares norteamericanas en el Medio Oriente y África, el ritmo de una confrontación podría acelerarse. Los ingleses dilatan las iniciativas diplomáticas hasta asegurar que las compañías internacionales establezcan los derechos adquiridos en la región, para ir a una negociación necesaria desde una posición de fuerza Después de todo, la logística de la explotación petrolera exige el acceso a un territorio continental. ¿El territorio de Malvinas será acaso suficiente para asegurar esa logística? Por otro lado, Estados Unidos -que será el beneficiario último de la apertura de una frontera petrolera y pesquera en Malvinas- necesitará armonizar estos nuevos intereses con el conjunto de los que tiene establecidos en América Latina. La conversión de Malvinas en un territorio compartido con el capital internacional, bajo garantías acordadas en tratados internacionales, daría una base poderosa de sustentación a gobiernos argentinos de filiación entreguista. Como se ve, le otorgamos un lugar fundamental a los intereses nacionales, pero de ningún modo para subordinar a ellos la lucha de clases. Rechazamos la unidad nacional sobre Malvinas: no solamente no postergamos ninguna reivindicación social para apoyar esa unidad, también denunciamos que la unidad nacional es el taparrabos de una capitulación ante los intereses fundamentales del imperialismo -que en Malvinas es convertir a Argentina en un satélite del capital petrolero y bancario internacional, incluso si tiene que adornarlo con el reconocimiento de una soberanía sin contenido. No solamente los problemas nacionales de Argentina, sino del conjunto de las naciones dependientes y sometidas, únicamente tienen solución bajo un gobierno de trabajadores y la acción común de la clase obrera de todos los países por la emancipación social -en primer lugar de los obreros y campesinos de América Latina, incluido Puerto Rico. Para resumir, digamos que en oposición al pseudo-nacionalismo de alcance fiscalista del gobierno de turno, planteamos la conquista de la independencia nacional mediante una salida anticapitalista a la crisis histórica de la dominación burguesa.

El viernes 27 de enero por la noche, un grupo de entre cinco y seis personas armadas -de acuerdo a testigos- entraron por la fuerza a la sede del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Luego de producir destrozos y desorden, y manchar las paredes con mensajes y leyendas, intentaron incendiar las instalaciones, previo a lo cual robaron dos computadoras y otros bienes, así como la documentación que acredita la legalización del partido y cantidades de avales ya reunidos. Todo el hecho demuestra un fin intimidatorio, propio de bandas o patotas de otras épocas. Es un claro ataque político, que no puede estar desligado del clima político del país y la provincia, así como de la actividad del PSTU. El PSTU es reconocido por su constante lucha junto a otras organizaciones y luchadores, contra el saqueo del petróleo y la minería por parte de las multinacionales, por la estatización de los recursos naturales, la defensa de la soberanía, de los derechos de los trabajadores, de la educación y la salud públicas, y los derechos humanos en general, así como por la necesidad de una definitiva independencia de nuestro país y por el socialismo. Por lo tanto, estos hechos no pueden dejar de tener conexión con un momento en que las grandes operadoras petroleras y mineras multinacionales están en una ofensiva sobre los recursos y los trabajadores. Y en que los trabajadores resisten esa ofensiva. En las últimas elecciones, el PSTU llevó adelante la campaña por el voto al Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) y desde su sede, la única de la izquierda en la ciudad, se organizó el trabajo electoral. Reclamamos de los gobiernos nacional, provincial y municipal, así como de la Justicia, la más profunda investigación y el castigo a los implicados -materiales e intelectuales. Los hacemos responsables por la seguridad de militantes, afiliados y locales, así como de velar por los derechos elementales políticos populares. A tal efecto, desde la Dirección Nacional del PSTU iniciamos contacto con los ámbitos oficiales nacionales respectivos, tales como el Ministerio del Interior, de Justicia y la Secretaría Nacional de Derechos Humanos. Convocamos a todas las organizaciones que defienden los derechos democráticos, partidos políticos, organizaciones sindicales, sociales, organismos de Derechos Humanos y personalidades de todos los ámbitos a sumarse al rechazo a este atentado y al reclamo de investigación y castigo. 30/1/2012

La paritaria nacional de los docentes ha centrado un interés que va más allá de los maestros y profesores, porque es vista como una prueba en la pulseada en torno de los topes que el gobierno desea. El gobierno es, precisamente, el que está dilatando la convocatoria y no ha llamado aún a ninguna discusión paritaria, porque quiere tener arreglado el asunto con antelación -lo que no estaría logrando, según parece. En una reunión informal con Sergio Romero, de UDA, el ministro Sileoni “reclamó que los maestros moderen el reclamo de aumento salarial” y que “la oferta del gobierno será del 18%” (Clarín, 27/). En Santa Fe, el ministro de Economía, Sciara, del Frente de Binner, planteó que el aumento salarial debería ser el 12%, que es el cálculo de la inflación del año 2012, según los ‘socialistas’. “La inflación pasada ya la recompusimos con un 38 por ciento de aumento en 2011” (La Capital, 27/1) es la excusa de Sciara. La consigna es, entonces, ajustarse a la inflación ‘prevista’. ¿Aceptará Ctera esta nueva ver-sión del oficialismo? Stella Maldonado dijo que rechazarán el tope del 18%, pero ni Ctera ni Suteba han definido qué es lo que reclamarán. En el Frente Gremial Docente bonaerense (Suteba, FEB, UDA, Amet y Sadop) dicen que será el 25% de aumento (también planteó esa cifra Yasky), pero los docentes no han sido convocados para deliberar sobre el punto. “El número final del reclamo lo vamos a decidir los gremios que integramos el Frente Gremial”, corrigió Baradel al Frente Gremial. Los cinco gremios con personería nacional (Ctera, Sadop, UDA Amet y CEA), aclaró Maldonado, “se reunirán un día antes de la cita con el gobierno para consensuar el reclamo que llevaremos al gobierno: nunca fue necesario llegar a una votación” (ídem). Oponen la necesidad de un consenso en las cúpulas al derecho a determinar sobre sus salarios a los trabajadores esos sindicatos. Sin apuro “Un maestro no puede ganar menos de 3.000 pesos por mes” (la canasta familiar ronda los 6.300 pesos), declaró Romero a Clarín. ¿Es ésta la versión de la “síntoma fina” para la paritaria docente: subir la base por arriba del 18 y degradarla a partir de ahí? Romero agregó que el aumento puede ser en cuotas o sujeto a la “reapertura de la paritaria a mediados de año” (Clarín, ídem), o parte de una combinación con alguna corrección de las asignaciones familiares (declaraciones de Baradel a Télam), del blanqueo de alguna parte del salario o de algún “conformado” a la baja. El 18%, que no sería aceptado por los docentes, podría imponerse por medio del galimatías de la “sintonía fina” -o sea: gato por liebre. Las reuniones sigilosas con el ministro Sileoni y los encuentros a espaldas de la docencia van cocinando una paritaria cuya convocatoria se dilata: “En medios sindicales se especula con que antes del 15 de febrero debería estar definida la negociación nacional” (Clarín, 27/1). O sea que, igual a lo que sucedió en los años anteriores, los docentes se enterarán por los diarios del contenido final del acuerdo. Los que deben decidir son los docentes Con el objetivo de impulsar esta política, ya está en marcha la convocatoria del Congreso Nacional de Tribuna Docente, el que se realizará el próximo 11 de febrero, en la Ciudad de Buenos Aires.

El dueño de la empresa que monopoliza el transporte de larga distancia en los recorridos provinciales, Marcos Levín, ha sido citado a declarar por el secuestro y tortura a doce trabaja-dores de su empresa durante la última dictadura militar. Los trabajadores secuestrados eran afiliados y dirigentes de la UTA, quienes venían de mantener conflictos con la empresa. Uno de ellos, secretario general del gremio. Levín junto al comisario Bocos habrían organizado las detenciones y secuestros de estos trabajadores, así como la tortura en la Comisaría 4, para hacerlos cargo de una estafa inexistente y justificar sus despidos. Se dice, además, que el empresario aportó vehículos de la empresa para llevar adelante las detenciones y secuestros. La citación de Levín por el juez federal Bavio ocurre a partir de un pedido de los abogados querellantes, quienes consideraron que los elementos de la investigación de un fiscal de Jujuy (el cual actúa en la causa ante la excusación de todos los fiscales salteños) para acusar a los policías y militares eran válidos también para acusar al empresario. Levín fue uno de los empresarios beneficiados con todo tipo de subsidios del Estado durante el gobierno de Juan Carlos Romero -quien, al igual que el empresario, tiene estrechas relaciones con comisarios y comandantes torturadores en la última dictadura.

Todavía se conserva en el recuerdo -principalmente de las mujeres que viajamos al XXV Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos- la irrupción violenta de una patota, enviada por el clero local, a la escuela donde se desarrollaban los talleres de aborto y anticoncepción, la cual golpeó con furia a mujeres y jóvenes que reclamábamos el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En ese momento, el gobernador K Uribarri y el gobierno nacional actuaron con una clara complicidad a través del silencio frente a la agresión física. Esta vez, el peso de la Iglesia, así como el del poder político y judicial entrerriano, sumado al silencio del gobierno nacional, cayeron sobre una niña de sólo 11 años, embarazada a causa de una violación. La niña y su mamá fueron víctimas de una presión brutal (sostenida por decenas de médicos, profesionales de la salud y ONG) para que la niña, ya violentada una vez, continuara con un embarazo que no deseaba y que no puede sostener ni física ni mentalmente, además de correr riesgo su vida por su corta edad. El caso entraba entre los abortos que el Código Penal tipifica como no punibles. Sin embargo, a pesar de que el pedido de la madre de realizar el aborto -el cual no requería autorización ni permisos judiciales-, el director del Hospital Regional de San Salvador, Juan Arletaz, le señaló que debía hacer la denuncia policial y judicial. Desde allí, comienza una fuerte intervención de los poderes político y judicial, que indujeron a la familia a desistir del requerimiento de aborto -objetivo que finalmente lograron, pasando por encima de las súplicas de la niña ante el juzgado, la cual quería volver a la vida de antes. Desde el juez de Familia, Raúl Tomaselli, quien hizo un pedido de investigación médica a la dirección del Hospital Masvernat, cuyo resultado sostenía que la niña se encontraba apta para continuar el embarazo, pasando por los defensores oficiales de la Justicia que decían que la niña no estaba angustiada, hasta el propio ministro de Salud provincial, Hugo Cettour, quien -además de señalar que el caso no entraba en los no punibles- con repugnante descaro negó el abuso sexual a la niña y escondió las dañinas consecuencias físicas y psicológicas de la continuación del embarazo. El ministro expresó: “La naturaleza es sabia, una vez que tiene su primera menstruación, el cuerpo está preparado”. Y agregó, para quitarse responsabilidad política y naturalizar el embarazo adolescente: “(...) acá repercutió por un pedido de los familiares, pero embarazadas adolescentes hay acá, en Estados Unidos, en todos los países de Latinoamérica, es un tema en la salud pública, no es algo aislado” (extraído de Página/12, 18/1). Este comentario no es casual: más del 27% de los partos atendidos en los hospitales públicos de Entre Ríos son de niñas y adolescentes, de entre 10 y 19 años, siendo las zonas más pobres el epicentro de la problemática, según un artículo publicado el 27 de enero por el portal de noticias Gualeguaychúadiario. Mientras, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva a nivel nacional no se cumple en ninguna provincia y se ha aprobado una ley de educación sexual que ni si-quiera es aplicada, que habilita la injerencia total de la Iglesia en sus contenidos. El caso de la niña entrerriana, de 11 años, es uno de los cientos que se reproducen en el país y cada uno de ellos muestra la profunda violencia estatal-clerical sobre mujeres y niñas. Atravesado por la problemática de la ilegalidad del aborto, recordemos el caso de la niña de 13 años, en Salta, que murió producto de un aborto clandestino y que, mientras velaban a la niña, llevaron a su madre presa, acusada de haberle suministrado el fármaco. El caso de la niña de Entre Ríos vuelve a mostrar la inutilidad del artículo 86 para garantizar los casos de abortos no punibles, desde el momento que se deja a la mujer a merced de la arbitrariedad de las direcciones de los hospitales, los comités de bioética y la Justicia (totalmente infisionados por el clero). Sin dejar de lado que el aborto es hoy una prerrogativa de quienes pueden pagarlo. El aborto en Argentina sigue siendo la primera causa de muerte de mujeres embarazadas. Sólo podrá terminarse con este flagelo contra las mujeres y niñas estableciendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Advertimos que no vendrá de la voluntad política de ningún bloque parlamentario, a pesar de ciertos discursos a favor. Tanto kirchneristas como opositores han cajoneado el tema y Cristina Kirchner ya anunció su rotunda oposición al aborto. Es necesaria una movilización permanente y una acción política masiva que le imponga al poder político esta reivindicación.

En una recorrida por los medios oficialistas, el representante de la Unasur en Haití, el argentino Rodolfo Mattarollo, se despachó con una reivindicación encendida de la ocupación militar de ese país, de la que participan activamente las tropas argentinas. En Tiempo Argentino, la calificó como "un legado de Néstor Kirchner" (16/1), como si esa paternidad fuera un sello de antiimperialismo. Cuatro días antes, un artículo suyo en Página/12 se titulaba "Unasur, una presencia amiga en Haití”. Para justificar la continuidad de la ocupación y los grandes negocios capitalistas ligados a la "construcción/reconstrucción" de Haití, le endilga un "enigmático futuro político (a) la única revolución antiesclavista que conoce la historia del mundo y la primera república independiente de nuestra América". Mattarollo describe la tragedia del terremoto de 2008, para ocultar los crímenes perpetrados por las fuerzas de ocupación antes del mismo. El terremoto, al fin y al cabo, fue una excusa más para profundizar la invasión extranjera. Las fuerzas armadas de ocupación están abocadas a la inteligencia y represión internas -expresamente prohibidas por la legislación argentina. Se entrenan allí para futuras operaciones locales, que ahora se encuadrarían en la aplicación de la Ley Antiterrorista. Para la "construcción/reconstrucción" de Haití, Bill Clinton le pidió hace unos años una "ayuda" a los grandes capitalistas reunidos en el Foro de Davos, no sin antes avivarlos de las "muy buenas condiciones económicas para la inversión, como por ejemplo muy bajos impuestos para exportar" (además de los salarios más bajos del mundo, sin beneficios sociales ni derechos sindicales). La ocupación militar garantizó, además, la privatización de la cementera y la productora de harina estatal (hoy Haití debe importar estos productos). Se privatizó la compañía telefónica, echando a 3.000 trabajadores. En cambio, ahora el país produce textiles, zapatillas y pelotitas de golf para la exportación, en empresas que no pagan impuestos. Actualmente, hay en Haití unos 18.000 soldados estadounidenses y otros 12.000 soldados y policías de la Minustah (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, creada por el Consejo de Seguridad el 30 de abril de 2004). Con el dinero que gastan los cascos azules en un año se podrían construir 70.000 viviendas. Lejos de una iniciativa latinoamericanista, el propio embajador argentino en el país centroamericano, José María Vázquez, recordó que en 2004 la Minustah nació por "un pedido de Estados Unidos a Brasil, después a Chile y luego a la Argentina para que colaboraran en este problema de Haití' -porque "Estados Unidos no podía, en aquel momento, incorporar un nuevo objetivo de presencia militar después de su ingreso en Afganistán e Irak". La Minustah fue impulsada por Estados Unidos, después de que la administración de Bush orquestara un golpe de Estado contra el presidente democráticamente electo de Haití, Jean-Bertrand Aristide. WikiLeaks reveló que la ex embajadora de Estados Unidos en Haití, Janet Sanderson, consideraba la Minustah como "una herramienta indispensable en la realización de los intereses políticos primordiales [del gobierno de Estados Unidos] en Haití", especialmente ante "el contexto actual de nuestros compromisos militares en otras partes". El "compromiso regional coordinado entre América Latina en Haití no sería posible sin el amparo de la ONU", el cual "ayuda a otros donantes importantes -dirigido por Canadá y seguido por la Unión Europea, Francia, España, Japón y otros países- para justificar su cooperación bilateral domésticamente". Sanderson concluye: "Sin una fuerza de estabilización autorizada por la ONU, recibiríamos mucho menos ayuda de nuestros socios hemisféricos y europeos en la gestión de Haití". Lejos de una "tropa humanitaria", la Minustah ha utilizado indiscriminadamente la violencia en zonas urbanas densamente pobladas, matando a docenas de civiles durante sus ataques. Usando como pretexto la proliferación de delincuentes armados, la Minustah realizó verdaderas masacres en Cité Soleil, el barrio más pobre de Puerto Príncipe y bastión de los partidarios de Aristide, el 6 de julio de 2005 y los días 16, 22 y 28 de diciembre de 2006. Las tropas de la ONU reciben una amplia inmunidad para los delitos cometidos en Haití y sólo son expuestas a ser enjuiciadas en sus países de origen. A la persecución, el asesinato de activistas y la represión interna, debe sumársele la complicidad en el robo de niños, las adopciones ilegales e incluso el tráfico de órganos de niños, lo que ha sido denunciado ampliamente por decenas de organizaciones de derechos humanos. Otro delito lo constituyen las violaciones sexuales, una constante en las denuncias contra las fuerzas ocupantes, públicamente conocidas a partir de la de un joven haitiano de 18 años en manos de cinco soldados uruguayos. Del mismo modo que los ejercicios militares conjuntos con el Pentágono en el Canal de Panamá y la reciente sanción de la Ley Antiterrorista, el envío de tropas a Haití es una muestra del carácter semicolonial del kirchnerismo.

El Centro Gallego se caracteriza por su deterioro crónico. Del sueldo de diciembre se pagó un adelanto de 800 pesos. Sectores enteros del hospital están cerrados, está interrumpida la internación y sólo se trabaja con los pacientes que quedan. La burocracia de ATSA finge que impulsa un paro, pero provoca con 40 'pesados' que tocan el bombo durante doce horas diarias dentro del hospital, para abrumar a trabajadores y pacientes. No convoca a asambleas ni siquiera para informar sobre la situación del centro. Los profesionales, personal de laboratorio y camilleros están en paro, en enfermería reina la confusión. Los paros son parciales, según los pisos y sectores, debido a la presión de la jefatura, la atención de los pacientes y las actitudes de la burocracia de Sanidad. También opera un grupo afiliado a la CTA (Michelli), cuyo eje es el llamado a la desafiliación de ATSA y a que se levante el paro, dado que éste contribuiría al cierre del hospital. El hospital se encuentra bajo el régimen de pago de Repro por el gobierno. La patronal da la impresión de que apunta a un vaciamiento para transferir el hospital a algún grupo económico -como ya ha sucedido con sanatorios como La Trinidad, el Metropolitano o procesos similares que terminaron en manos del pulpo Swiss Medical. El Gallego es un hospital de comunidad, financiado hasta hace poco por la Junta de Galicia. Los delegados y activistas nucleados en Asis (Lista Roja del Gallego) plantean una campaña contra el cierre del hospital que incluya su estatización bajo control de los trabajadores y, naturalmente, la apertura de las cuentas.

La lucha de camarillas Scioli-Mariotto no se fue de vacaciones e incluso se extendió a los municipios. El plato fuerte de la disputa se produjo cuando el ex motonauta se distrajo en un picado con Macri y cuando le pidió a Moyano que se quede en la cúpula pejotista bonaerense. En el medio de las escaramuzas se metió el tema de la caja, porque el déficit de la nación, la provincia y los municipios no encuentra respiro. Clarín (15/1) cita a un intendente “off the record”: “La provincia está endeudada. No podemos depender de la caja de Scioli, las obras importantes las financia Nación y eso no se puede cortar”. El funcionario anónimo cree que Moreno lo dispensará de sinsabores. Tu ajuste, mi ajuste, nuestros ajustes El ajuste de la Nación fue largado con anticipación cuando Scioli anunció el impuestazo a la vivienda urbana y a las patentes de autos, y los cortes de personal del Estado (Arba, Plan En-vión) o el techo paritario a estatales y docentes. Los municipios, a su vez, han largado un incremento impresionante de tasas, que parten de la media de 25 ó 30 al 4007c en La Plata, o el 100% en Almirante Brown. En distritos como Berazategui se suma una boleta de “Control Urbano”, que obliga a financiar una policía privada del intendente Mussi. El ajuste en los municipios también tiene una expresión en los despidos de personal. En Vicente López, los 250 despidos de Jorge Macri, con amenaza de 70 más, fueron enfrentados por una lucha de los municipales (ver PO N° 1.209) que logró reincorporar ya a más de 100 compañeros. En San Martín están en la picota 1.170 trabajadores; en Luján, 500; en San Fernando 450, y en San Nicolás 58 (Clarín, 11/1). La modalidad de los despidos es denunciar que se trata de “ñoquis” de la gestión anterior, de la cual se heredan, sin embargo, todos los contratos usurarios de obras y servicios. Los sindicatos vinculados con la gestión municipal tienen la obligación de desarrollar un frente único contra despidos y techos salariales, con la participación de los trabajadores del Programa Argentina Trabaja y las asociaciones de consumidores, para defender el derecho al trabajo, la libre discusión paritaria, y la anulación de impuestazos y tarifazos hasta que se haga una amplia auditoría de gastos y recursos por parte de las organizaciones obreras y populares.

El discurso sanitario de Macri y Lemus es una versión refinada del de sus antecesores. Si durante varios lustros la discusión giró en torno del lugar que ocupaba el “tercer pagador” (al que se le podían cargar los costos del gasto sanitario, reduciendo el gasto público o, en su defecto, recuperando parte del costo), el cual estaba representado por la seguridad social, los seguros médicos privados y hasta por personas provenientes de otras jurisdicciones, el paradigma actual es el de la rentabilidad. Esa es la orientación que fijó la presentación del Presupuesto 2012 en octubre pasado y es la que aparece en las palabras del subsecretario Novick, quien dijo que el plan de salud está organizado en tres ejes centrales: modelo de atención, de gestión y financiamiento. Dijo Novick: “El financiamiento... tiene que ver con facturación... Aquí, lo que aparece como costo-beneficio es todo un capítulo dedicado a un análisis técnico, objetivo, concreto de qué se financia, de qué forma, con qué propósito, cómo se va a seguir el resultado efectivo de las acciones de financiamiento, adónde se alojan esas acciones, cómo se planifican las obras, cómo se planifica la articulación, cómo se manejan los procesos en pos de eficiencias que minimicen la inversión en relación con los objetivos que se buscan. Por eso es una línea estratégica dentro del capítulo de financiamiento”. El presupuesto presentado para 2012 asciende a 6.620 millones. Sin embargo, en el mismo recinto se denunció una desestimación de por lo menos 1.000 millones, sin contar que el mismo no contempla el incremento salarial. Si el 67% del presupuesto corresponde al gasto en personal (salarios), la conclusión es una sola: los números del Ejecutivo son una burla. En el proyecto, los “bienes de uso” representan el 7% (433 millones) correspondiente al Plan Plurianual de Inversiones que incluye “Obras”y “Mantenimiento”. Un porcentaje absolutamente insuficiente. La Ciudad subejecuta los presupuestos en cada administración y reduce los gastos devengados (comprometidos), mientras reprograma recortando el gasto presupuestado e infla el porcentaje de lo realizado. Es lo que se llama contabilidad creativa. Los edificios de los hospitales se encargan de mostrarnos la verdad. La lluvia derrumbó los cimientos de un pabellón abandonado y comprometió las estructuras de dos salas de pediatría (las que debieron ser desocupadas) en el Hospital Muñiz. El presupuesto de reparación, ya acumula dos rechazos. El incendio en el Hospital Alvarez dejó al descubierto, sin atenuantes, esta realidad. El subsecretario ingeniero Kirby dijo que para continuar la obra presupuestada en 2012 para la Guardia del Alvarez, primero había que mudarla para poder tener espacio para hacer la obra. ¡Seguramente, el fuego también se encargó del proyecto! Las obras en los hospitales neuropsiquiátricos acumulan retrasos y promesas incumplidas. Pero el negocio lo hace la empresa ASI, la que cobra el 3% por facturarle al Pami Profe y el 16,5% por la cobranza de las obras sociales. Este es el verdadero objetivo de la gestión: la preservación del negocio capitalista de la salud. En la antesala de la discusión salarial y frente al derrumbe edilicio, todos los trabajadores de salud de la Ciudad debemos preparar nuestra intervención. Es tiempo de unificar el reclamo salarial y plantear una paritaria única, preparando asambleas hospitalarias y eligiendo delegados con mandato de las bases.

En febrero de 2011, la empresa Edesur fue denunciada por incumplimiento del servicio ante el Ente Nacional de la Electricidad (Enre). El fallo dictaminó que la empresa debía invertir al menos 414 millones de pesos en la zona (Presidente Perón); esto no fue cumplido y el Estado, con el dinero de los contribuyentes, debió alquilar, para reemplazar a Edesur, dos generadores eléctricos para proveer de energía al hospital Griensen y en la zona donde funcionan las bombas extractoras de Agua de Absa. Edesur no sólo se burla de los reclamos hechos por el intendente Regueiro, sino también de las declaraciones que hiciera en aquella oportunidad el ministro de Planificación Julio de Vido, cuando dijo que "el contrato con Edesur se va a rescindir y le aplicaremos una multa de 50 millones de pesos" La visita de De Vido al embajador italiano, sin embargo, no arrojó ningún resultado (Edesur tiene capitales italianos). En 2012 y como en cada verano, en el municipio de Presidente Perón están en el orden del día los cortes de luz. Año tras año, los cortes afectan a La Yaya, Parque Americano, Las Lomas, Santa Elena, Santa Magdalena, Villa Numancia, San Pablo, Guernica Centro y otras localidades. En La Yaya, los vecinos decidieron cortar las calles en 125 y 123. Los comerciantes también adhirieron al corte, junto con la UTL y el Partido Obrero, pero no la concejala del Frente para la Victoria Rosana Gloria, quien amenazó con "si no se dejan de joder voy a traer los fierros y los voy a cagar a tiros". Los vecinos y las organizaciones sociales están gestionando una audiencia con el intendente, el secretario de Seguridad y el presidente del Concejo Deliberante para reclamar que, durante los meses de verano, Edesur no cobre a los vecinos las facturas correspondientes por los graves perjuicios ocasionados; que pague por la mercadería que se inutilizó por falta de luz en los comercios y por los artefactos que no funcionan más.

“Lo que pasó ayer fue muy grave, ni en situación de guerra se invade un hospital”, declaró un traumatólogo de guardia (Clarín, 20/1). El profesional aludía a la violenta incursión de la barra brava de Nueva Chicago en el Hospital Santojanni en el marco de una disputa interna, la cual replanteó el problema de la inseguridad que padecen trabajadores y pacientes en los hospitales públicos de la Ciudad. Para el presidente de la Asociación de Médicos del Santojanni, Marcelo Struminger, se trató de “el sumun de los hechos de violencia en hospitales públicos” (Clarín, ídem), multiplicados desde que el gobierno nacional eliminó los adicionales de 1.200 policías federales y retiró a la fuerza de la custodia de hospitales, centros de salud y otros edificios públicos porteños (114 en total) en abril de 2011. Inseguridad Mientras el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad se echan entre sí la pelota por la seguridad en los hospitales, los trabajadores ejercen sus tareas en condiciones de creciente inseguridad: escupitajos, amenazas, robos, golpes y hasta apuñalamientos. “A un médico de terapia intensiva del Santojanni le ‘reventaron la cabeza a fierrazos’ y una colega estuvo en coma después de que fuera atacada por la familia de un paciente” (La Nación, 20/1), agrega Struminger. También “hubo casos donde presuntos narcotraficantes intentaron recuperar la droga que habían ingerido ‘mulas’ que, por una descompostura, terminaron en el hospital” (ídem). En abril de 2011, la salida de la Federal condujo a un paro en los 33 hospitales porteños debido a la alta inseguridad. El gobierno porteño potenció entonces el negocio de la seguridad privada (excepto en las comunas 4, 12 y 15, donde la custodia recae en la Policía Metropolitana), que en palabras de un médico del Argerich “es ficticia” (ídem). Desfinanciamiento Aun con la presencia de la Policía Federal, existían zonas liberadas para el robo de insumos, por lo que el simple regreso de policías a las puertas no constituye una salida. Como medida transitoria, las organizaciones de trabajadores, como ATE, deberían tener acceso a los libros y partes diarios de las comisarías.

Tras 35 días de huelga, los pasantes de Arba conquistaron las primeras doce plantas temporarias. En la asamblea que votó levantar las medidas se decidió una nueva reunión, el 13 de febrero, para volver a debatir cómo luchamos por la continuidad laboral del resto de las pasantías que se van venciendo. También se conquistó el reconocimiento de la licencia por maternidad con goce de sueldo y cobertura social para las compañeras embarazadas. La patronal quería aplicar una cláusula del convenio de pasantía que prohíbe esa licencia. Claramente, estos avances van sentando el precedente de que se trata de trabajadores del Estado y no simples contratos de pasantes estudiantiles. En tal sentido también, esta lucha adquiere un valor tremendo para el conjunto de los trabajadores del Estado donde pululan múltiples formas de contratación precarizada. Los compañeros del call han adquirido una fructuosa experiencia y promovido un activismo combativo, que no cejará hasta poner fin a la precarización laboral. En la última semana de paro, el conflicto comenzaba a trascender hasta con un artículo importante en el suplemento económico de La Nación. La revaluación de las viviendas, que llevó a un aumento del 400% en el impuesto inmobiliario, abrumó de trabajo al 0800 de Arba, que es el organismo encargado de orientar a todos los contribuyentes. Frente al ajuste general del gobierno nacional que ya anunció recortes salariales a los estatales, la lucha del call es un aviso de la resistencia que se viene. Además, coloca en crisis al régimen de pasantías no formativas que sostiene la universidad. El año 2012 lo abrimos con la lucha de los jóvenes de Arba, en la universidad y en el gremio ATE. ¡Adelante, compañeros! Por la planta permanente de todos los precarizados, por pasantías formativas bajo convenio, basta de negocios con terceros a costa de los estudiantes en la UNLP. Unidad de trabajadores con los estudiantes.

El bloque de Proyecto Sur en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en estado de disgregación. Está dividido entre un sector que está ligado a Lozano; el MST (el cual se declara campeón de la unidad y acusa a todos sus adversarios de sectarios) que armó un monobloque y el resto, que armó el bloque de Proyecto Sur. Para que los matices no atenúen las diferencias, el MST acusa a sus rivales de votar, junto con el macrismo y el kirchnerismo, proyectos "a favor de las grandes empresas o en contra de los sectores humildes" (AS, N° 560). En efecto, votaron un proyecto que otorga exenciones impositivas muy ventajosas a las empresas de 'call centers' que se instalen en el "distrito tecnológico" de Parque Patricios. También votaron favorablemente la propuesta macrista de duplicar el plazo de los contratos con las empresas de basura, de cuatro a ocho años, con opción a otros dos años, los contratos de la basura con los grandes contratistas locales consumen una porción significativa del presupuesto local. También viabilizaron un proyecto que estableció la venta de 23 propiedades y terrenos de la Ciudad para reunir fondos para el teatro San Martín, así como la ley en general que modificó el Código Contravencional para poder expulsar a los vendedores ambulantes. El MST busca desligar a Pino Solanas de la responsabilidad de estas votaciones -aunque Solanas optó por el silencio-, omitiendo el hecho elemental de que el propio Solanas eligió con su silencio no desligarse de nada. Solanas llamó a votar por Binner en Santa Fe y por Juez en Córdoba, quienes en sus gestiones han hecho más o menos lo mismo que las mencionadas leyes de Macri. El MST se integró a Proyecto Sur con pleno conocimiento de que apoyaría las medidas capitalistas que ahora denuncia. ¿O cómo cree el MST que la pequeña burguesía financia el desarrollismo capitalista sino mediante exenciones o subvenciones? Solanas se ha cansado de repetir que los ferrocarriles no se autofinancian en ningún lugar del mundo. ¿O el MST supone que, para el cineasta, el apoyo al San Martín no merece la venta de algunas propiedades? Proyecto Sur se quebró en agosto pasado, cuando una parte significativa se fue con Binner y lo que quedó no logró superar las internas; ahora, los escombros se apilan sobre el MST Por eso, a pesar de todas estas denuncias, el MST se sigue considerando “en Proyecto Sur”.

Se trata de Raúl Magallanes, quien formó parte de la Policía Bonaerense dirigida por Camps y Etchecolatz durante la última dictadura militar, en la que revistó como jefe de calle en comisaría de Lomas de Zamora. Encabezó la lista de consejeros escolares en las boletas del oficialista Frente para la Victoria en las elecciones pasadas. Acumula distintas denuncias por su actuación policial. El CELS y Agra, en su documento por el crimen de José Luis Cabezas, lo vinculan con declaraciones testimoniales falsas para perjudicar Ja investigación. En ese tiempo (1997), Magallanes se desempeñaba como comisario en Los Hornos. Fue denunciado, entre otras causas, por presuntas conductas delictivas por la “conexión Ribelli”, vinculada con el atentado a la Amia. En 2004, como secretario de Seguridad en la gestión de Rossi en el municipio, llamó a prestar “servicios” para la policía comunal a cuatro represores denunciados por la Conadep. En 2006, el hoy vicegobernador Mariotto lo responsabilizó de los “aprietes” que pudieran recibir los integrantes del FpV y dijo textualmente “Rossi (el intendente) ya tiene su López Rega”. Un amplio y heterogéneo grupo de organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos y sindicatos nos hemos dado la tarea de hacer pública esta denuncia y salir a luchar para que Magallanes no ocupe ningún cargo público. Al comienzo, para que no asumiera, nos entrevistamos con todos los estamentos del poder político, tanto distrital como provincial, así como también con los organismos de derechos humanos de nación y provincia. Nos movilizamos unitariamente al Consejo Escolar para repudiar su nombramiento, realizamos volanteadas y una radio abierta en la peatonal de Lomas. Aún en vacaciones, tanto los auxiliares como los docentes y nuestras agrupaciones Tribuna Docente y Tribuna Estatal imprimieron un afiche con la consigna “Fuera Magallanes ya”, los que se llevaron a las escuelas que tienen comedores de verano. La campaña de conjunto facilitó que una de las integrantes de Madres de Plaza de Mayo (Sara Peretti) haya brindado testimonio denunciando que Magallanes fue, en 1978, una de las personas que la detuvo y la condujo esposada a la Comisaría 1ª de Lomas. Al mismo tiempo, las contradicciones al interior del oficialismo hicieron que esta misma denuncia llevara al Movimiento Evita a tratar de despegarse del acuerdo original para las elecciones, en el que todos acordaron que Magallanes fuera primer candidato a consejero por el FpV. haciendo público un comunicado donde planteaban que éste debe dejar de ejercer su función y ponerse a disposición de la Justicia. Ahora, a la vuelta de las vacaciones. la campaña por “Fuera Magallanes” va a cobrar un nuevo impulso hasta obtener la separación del represor del cargo que ocupa.

El 26 de enero, el Polo Obrero de Misiones realizó su primera movilización del año, en Eldorado. La misma estuvo precedida por varios ataques a organizaciones y comunidades campesinas, órdenes de desalojo y tortura a la campesina Inés Lorenzetti, realizada por la policía. El problema del barrio Elena, de Eldorado, sigue sin solución, ya que les falta el agua potable y la luz eléctrica. A su vez, los trabajadores municipales de Eldorado decidieron en asamblea un plan de lucha por un aumento del 40% al básico, que se está llevando a cabo. Al mismo tiempo, un grupo de trabajadores precarizados, que se encargan de vender tarjetas para el estacionamiento medido, vieron peligrar su fuente de ingresos al no renovárseles el contrato, razón por la cual se acercaron al Polo para pedir nuestro acompañamiento y le arrancaron al municipio su continuidad laboral. En Oberá, a partir de las asambleas con los tareferos (cosechadores de yerba mate) y varias luchas encaradas, comenzó a desarrollarse la organización de desocupados y tareferos desde el Polo Obrero. Ante nuestro desarrollo, la CCC inició un ataque a Eldorado y Colonia Victoria. En Posadas, el PO participa activamente de la lucha contra el boletazo. De la movilización del 26 de enero participaron unas 300 personas pertenecientes al Polo Obrero. En ésta, por primera vez, se contó con la presencia de campesinos de Puente Alto, Arroyo Chachi, Piray y una delegación de la UTR (Unión de Trabajadores Rurales), además de vecinos del barrio Elena y una delegación de Oberá. Fue tan impactante la movilización, que las autoridades nos recibieron en la puerta del edificio municipal y asumieron el compromiso de atender los reclamos planteados. El Partido Obrero y el Polo Obrero se consolidan como un factor de unidad de los trabajadores y los campesinos.

El 6 de enero, la gobernadora anunció un plan de ajuste que afecta a los empleados de la administración pública y a los beneficiarios de planes sociales y becas. La medias anunciadas hace tres semanas se comenzaron a concretar en estos días, así fue que se dio de baja a 3.544 planes sociales y se anuncia para esta semana la baja de 450 empleados no docentes, cuyas designaciones fueron concretadas desde junio de 2011 hasta los últimos días del gobierno de Brizuela del Moral, alegando error en el pase a planta. Los ex empleados alegan, con razón, que el estatuto del personal no especifica una antigüedad superior a los seis meses para ser empleados públicos. Víctimas de este ajuste también fueron los becados y quienes cumplían función con planes sociales; lejos quedaron los conceptos vertidos por la gobernadora en su discurso de asunción, cuando se refería a los casi 4.000 empleados pasados a planta por el gobierno del FCyS: “...no se perseguirá a los catamarqueños, invitamos a los que alcanzaron su estabilidad laboral a formar parte de este gobierno, quienes fueron la variable de ajuste durante años”. El ajuste no tuvo en cuenta a los propietarios de latifundios en la provincia que se ven beneficiados con impuestos que gravan sus propiedades valuadas a precios irrisorios, 20 veces menos del valor de mercado. Ya había anticipado el ministro de Hacienda que las regalías mineras no se tocan, pues según el gobierno este sector debe contar con un marco legal que le dé seguridad jurídica para su mayor producción. Esta “sintonía fina” de Corpacci viene de la mano con la exigencia nacional por la prórroga del desendeudamiento, sobre todo si se tiene en cuenta que el presupuesto de 2012 cuenta con un déficit de 800 millones de pesos. Es de esperar un tarifazo en los transportes públicos y en los servicios de energía eléctrica y agua potable. A su vez, los intendentes han entrado en “sintonía fina”. El de la ciudad capital elevó al Concejo Deliberante un proyecto para incrementar las tasas municipales. Desde el Partido Obrero planteamos: ningún despido, pase a planta ya de todos los trabajadores precarizados, defensa de los derechos previsionales, por el 82% móvil, aumento salarial de un 40% que compense la inflación. Por impuestos extraordinarios a los grandes propietarios urbanos y rurales, así como a los grandes monopolios capitalistas instalados en la provincia para financiar estas medidas. Que las direcciones sindicales rompan con los gobiernos ajustadores y resuelvan un plan de lucha hasta la anulación de todos los recortes contra el pueblo.

Al calor de la lucha contra los pulpos mineros, la juventud del NOA se organiza para lanzar el campamento de verano, que tendrá su eje central en el curso "Historia, vigencia y actualidad del Programa de Transición. Una salida socialista a la bancarrota capitalista". Además, habrá caminatas, pileta, río y campeonatos deportivos, entre otras actividades. En esta oportunidad, debido al desarrollo de la juventud en estos últimos años y por los objetivos que se nos plantean en esta nueva etapa, realizaremos dos campamentos. Uno, en la localidad de Campo Santo, en el departamento de Güemes, provincia de Salta, del que participarán las regionales de Jujuy y Salta. El otro, en Horco Molle, ubicado en el parque nuestra organización y quebró la unidad. Por otro lado, el gobierno asumió varios compromisos con el Polo que aún no cumplió -más puestos del programa Argentina Trabaja, varios convenios para tareas a realizar a través de la cooperativa del PO y el pago del empedrado, que ya se realizó en Eldorado y Colonia Victoria. En Posadas, el PO participa activamente de la lucha contra el boletazo. De la movilización del 26 de enero participaron unas 300 personas pertenecientes al Polo Obrero. En ésta, por primera vez, se contó con la presencia de campesinos de Puente Alto, Arroyo Chachi, Piray y una delegación de la UTR (Unión de Trabajadores Rurales), además de Sierras de San Javier, provincia de Tucumán, al que asistirán las regionales de Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. Como preparación para los campamentos, se están realizando plenarios y charlas en las distintas regionales y zonas donde la juventud del Partido Obrero tiene alguna intervención y, a la vez, actividades para financiar los gastos del viaje. Ambos campamentos se realizarán de forma simultanea entre el 10 y el 13 de febrero. El objetivo planteado es poder movilizar a más de 400 jóvenes universitarios, secundarios y terciarios; jóvenes trabajadores precarizados; jóvenes de las barriadas y de los pueblos mineros: ¡la juventud que se organiza, lucha y milita!

A un mes de asumir, la gobernadora catamarqueña tiene una muerte sobre sus espaldas. Se trata de una joven madre que se auto-incineró en las puertas del Instituto de la Vivienda provincial. La joven se encontraba ocupando una vivienda que no era habitada por quien fuera adjudicataria. Al ser visitada por personal del IPV, planteó su problema y recibió por respuesta que su reclamo era acertado, pues ya habían pasado los 30 días y no era habitada por la beneficiaría. Le prometieron la adjudicación, para lo cual lo debía presentarse en las oficinas del IPV. Varias veces se hizo presente y no fue atendida, hasta que finalmente le dijeron que su caso era irregular y no podían solucionar su problema, lo que determinó la decisión de la joven. Desde la gobernadora hasta el director del IPV salieron a echarle la culpa a la joven y a la herencia del gobierno que se fue, pidiendo que del asunto no se haga una cuestión política. Prometieron que en los próximos meses se crearía un listado on line para que sea consultado por los aspirantes. No expresaron que los aspirantes serían calificados con puntajes que se determinarían como consecuencia de las visitas que se realizan a través de los asistentes sociales, lo que deja la cuestión nuevamente librada al manejo punteril, tal cual era el método del FCyS. Cambiar algo para no cambiar nada. Que se hagan públicos los listados es sólo un paliativo. El Partido Obrero exige: -Investigación y castigo a los responsables de los hechos que llevaron a inmolarse a la joven mujer; -Por un plan de viviendas donde la construcción pueda ser revisada por los interesados; -Disponer de tierras públicas ociosas para emprender una urbanización con construcción de viviendas sociales a un costo del 10% del salario promedio; -Para financiar la construcción, impuesto a las grandes propiedades agrarias y mineras; -Control vecinal de la calidad y costos de la construcción. Consejo electo por asambleas de vecinos; -Concesión de créditos a tasa cero para la adquisición de viviendas, que sería recuperado por la recaudación del impuesto generado por el plan de construcción de viviendas; -Empadronamiento y capacitación de los desocupados para su participación con salario y convenio de la construcción y derecho a su adjudicación.

Parafraseando a un filósofo francés, el doble discurso es el más común de los discursos. La palabra sola no puede reconciliar la separación objetiva entre el sujeto y el objeto, y la no identidad entre el pensamiento y la realidad que este pensamiento busca aprehender. Esto sólo puede hacerlo la práctica social, la unión de la teoría con la acción. La verdad de cualquier proposición, ha dicho un crítico de la filosofía, debe ser determinada por la práctica -el resto es especulación. No es casual, entonces, que incurra en esa duplicidad la asociación de intelectuales del oficialismo que, en 2008, se propuso una reapropiación del lenguaje en oposición a la corporación mediática a la que hasta entonces el gobierno había apoyado bajo el eufemismo del incentivo a las industrias culturales. No hay nada de malo en ser un oligarca, decía una declaración de ese agrupamiento en oportunidad del conflicto por las retenciones a la soja, lo cuestionable es que no se lo nomine como tal. Esta afirmación unívoca tipifica al discurso doble, porque le da carta de ciudadanía a la oligarquía que dice criticar; canjea la descalificación social por un reconocimiento de sus derechos adquiridos. En la onceava edición, Carta Abierta denuncia la expansión sojera bajo el período actual de gobierno como una ‘remake’ de la ‘conquista del desierto’, pero la abstrae de la política oficial, que ha reforzado el avance de los monopolios agrarios. La undécima carta destaca el nivel récord de ganancias empresarias, pero niega con énfasis que Argentina se encuentre gobernada por las corporaciones capitalistas. La militancia es reivindicada como concepto o postura, en forma discursiva, no por las transformaciones sociales que toda militancia real comporta. El pensamiento que se reproduce por sí mismo, sin la mediación de la experiencia social, puede acabar en el delirio; lo demuestra nuevamente ese grupo cuando perora sobre el paradigma de la igualdad en tiempos de derrumbe capitalista y ajustes nacionales y populares. Los discursos, por definición, están blindados. Acomodan las premisas a las conclusiones. Esto ¡os distingue de la crítica. El emprendimiento oficial Carta Abierta ha llegado a señalar injusticias sociales con más obstinación que cualquiera de sus críticos, pero se escuda en que lo hace desde el campo nacional y popular. Este recurso le sirve para asegurar que opera desde el único lugar en que esas afrentas pueden ser superadas, en tanto que acusa a sus detractores de hacerlo desde espacios que buscan perpetuarlas. Adjudica al espacio nacional y popular una plasticidad que no tiene continente, que oscila desde decretar el aniquilamiento de sus enemigos, como en el 73-75; adoptar el gorilismo neoliberal en la década del ’90 o renacer como ave fénix en los tiempos presentes siempre con el mismo personal. En todo esto no hay nada nuevo; esta plasticidad ha sido predicada por los movimientos policlasistas desde el principio de los tiempos. Pero esos movimientos, incluso los más amorfos, tienen una estructura y una estratificación. No tiene el mismo poder el jefe o la jefa, en especial cuando puede gobernar por decreto, que el desocupado de La Matanza; el gobernador que los campesinos Qom; los burócratas sindicales, con sus patotas y el apoyo del Estado, que las bases obreras. Tampoco ocupan el mismo lugar, en esa jerarquía, el capitalista que el obrero de la industria, los pools de siembra que los campesinos que son despojados de sus tierras, o los gobernadores de provincias y los bosques glaciares de estas provincias. No pueden ir en cualquier dirección. En los momentos decisivos, deciden los primeros y pagan las consecuencias los segundos. No es casual que, en estas condiciones, el gobierno inaugurado en 2003 haya evolucionado hacia un forzado régimen de arbitraje personal, un bonapartismo tardío, luego de haber intentado formar un conglomerado de centroizquierda, primero, una coalición plural más tarde, y un “revivar del peronismo después, para -al final- anunciar el alumbramiento de una nueva criatura. Se desprende de todo esto la inutilidad de la crítica que toma como su objeto el discurso y no los intereses sociales y los métodos de dominación que defiende ese discurso. Esa duplicidad, que enmascara contradicciones reales insalvables y que será aniquilada con el estallido de esas contradicciones, no puede ser superada por otro discurso. Es precisamente esto, sin embargo, lo que hace un agrupamiento reciente, Plataforma 2012, que confronta al embellecido discurso de la intelectualidad oficial con una enumeración limitada de las lacras sociales reales del oficialismo, pero no expone los intereses sociales y las contradicciones sociales que explican ese doble discurso oficial y esas lacras. Asimismo, al omitir las lacras de la llamada oposición, funciona como el doble discurso de ésta. No denuncia que la racionalidad que reclama esa oposición se resume en bajar los derechos de exportación, reanudar el endeudamiento internacional y congelar los salarios en nombre del combate a la inflación, o sea que es una (i)racionalidad capitalista a igual título que la oficial. En síntesis, señalar que la realidad no coincide con el relato oficial no modifica la realidad, no inaugura una práctica que pueda superarla. opone un relato a otro relato. Plataforma 2012, por otra paite, se encuentra perfectamente advertida de que el modelo oficial se encuentra en crisis y de que Argentina asiste a una reconfiguración política general, tanto en el oficialismo como en la oposición. Su pronunciamiento, sin embargo, hace abstracción de esta crisis y de estos realineamientos -o sea que opera en el limbo o en el vacío. Ese sello oportunista puede servir a cualquier operación poética y reserva para el nuevo bloque la fugacidad. En el discurso (doble) de ambos campos se encuentra ausente la categoría histórica por excelencia de la actualidad: la bancarrota del capitalismo y su correlato nacional - el ajuste. ‘Pensar’ la historia presente haciendo abstracción de esta categoría es un fraude ideológico. Esta bancarrota está arrasando con todas las estructuras sociales y políticas existentes, y provoca una ola de movilizaciones y sublevaciones populares en la mayor parte del mundo. La lucha contra el ajuste, el cual no es otra cosa que la versión local de los planes que los bancos imponen en todo el mundo, plantea objetivamente un cuestionamiento del régimen social presente. Es un cuestionamiento anti-capitalista. La realidad de la crisis capitalista no reclama otro discurso ni un enésimo relato, sino un programa de acción. Ha sido precisamente éste el punto de partida de otro agrupamiento, formado a principios del año pasado, la Asamblea de Intelectuales, Docentes y Artistas de apoyo al Frente de Izquierda, que toma partido y une las ideas y las palabras a la acción.

El ajuste -"sintonía fina"- lanzado por el gobierno ha inaugurado un período de choques y realineamientos políticos, que están a la vista de todos, tanto en las filas del oficialismo como en las de la oposición. La tremenda movilización que ha suscitado el proyecto de megaminería en La Rioja se inserta en este panorama, porque ha mostrado las grietas del gobierno y ha sembrado la confusión en la militancia K. La olla levanta presión El ajuste en marcha tiene características explosivas, porque se asienta en un cuadro inflacionario elevado (alrededor del 25%), que los subsidios no lograron frenar, ni tampoco, ahora, el retraso del dólar. Para evitar que la inflación se transforme en hiper, o que para frenarla haya que producir un parate de la economía, el sabueso Moreno ha sacado a relucir todas sus habilidades para imponer un dirigismo económico en el comercio exterior y en la regulación de bancos y petroleras. Este intento de gambetear la crisis está produciendo un cimbronazo en las alianzas oficiales -por ejemplo con el Banco Macro, al cual el gobierno acusa de haber promovido la fuga al dólar, y con Repsol, que sería responsable de facturar el gasoil por encima de lo establecido. Las escaramuzas no han impedido, sin embargo, que el salteño Urtubey autorice un aumento de la remuneración de las petroleras que operan en su provincia, o que las estaciones de Esso sean transferidas a la todavía británica Panamerican Energy. Las medidas adoptadas por el gobierno parecen tomadas de diversos planteamientos que expusimos en las elecciones recientes. Se ha establecido una suerte de control de cambios, se han prohibido algunas remisiones de ganancias al exterior, y Moreno dijo que habría que investigar los costos de las privatizadas. Quedó demostrado que el Frente de Izquierda fue mucho más realista que el bloque gobernante en la caracterización que debía enfrentar. Sin embargo, estas medidas intervencionistas muestran todos sus límites cuando son tomadas por un gobierno capitalista, o sea en forma aislada, inconexa, sin afectar el poder de decisión de los monopolios capitalistas y no como parte de una reestructuración social de orden general, que establezca una planificación orientada por la clase obrera. La restricción a la salida de divisas, por ejemplo, ha sido enfrentada por los capitalistas mediante una bicicleta financiera, que opera con intereses en pesos del orden del 20% anual -lo cual no solamente afecta al crédito al consumo: además aumenta la presión sobre la inflación y sobre la demanda de divisas (el mercado negro opera a 4,80 pesos el dólar). Es necesario insistir en que los subsidios al transporte y a los servicios no produjeron ningún beneficio a los trabajadores, cuyo salario quedó determinado por una canasta familiar que se encuentra desvalorizada por la menor incidencia de las tarifas. Los beneficiados fueron los capitalistas de la industria, que pagaron salarios inferiores a los que les hubiera correspondido pagar con tarifas sin subsidios. Ahora, el gobierno quiere aplicar la ‘síntoma fina’ a las paritarias, para evitar que el tarifazo sea compensado con un aumento salarial en la misma escala. Moyano y las paritarias El ajuste opera como una medicina perfecta para reavivar la lucha de camarillas al interior del oficialismo. La 'hegemonía' que conquistó el oficialismo se encuentra neutralizada por la fragmentación creciente en sus filas. Moyano ya transitó, el año pasado, el camino de pactar con el gobierno un techo salarial en las paritarias. Si ahora no repite es porque el gobierno amenaza sus cajas, como acaba de ocurrir con el Renatre. El oficialismo personaliza el poder, pero -por sobre todo- necesita meter la mano en cualquier lugar para pagar la deuda pública (ya le sacó a la ex caja de Venegas varias decenas de millones de pesos). El techo del 18% que el gobierno quiere imponer no suena realista, lo que prueba que se mueve en un entorno desfavorable de relaciones de fuerza. Si alguien pensaba lo contrario, Famatina y los riojanos le acaban de dar una lección. Por eso procura llegar a ese techo con recursos de otro tipo, como dividir los aumentos en cuotas, achicar la estructura salarial, acentuar la incidencia del impuesto a las ganancias para salarios, etc. Lo acompaña en esto su adversario Binner, quien ha desatado una crisis en su frente oportunista con el reclamo de que se 'moderen' a las paritarias y que se tome como referencia a la inflación prevista para 2012 en lugar de la pasada. Este planteo ilustra el desvarío opositor, que supone que el tarifazo no afectará la canasta familiar. Como correspondía esperar, ya aparecieron los que reclaman "vamos con Moyano", invistiéndolo como líder de la lucha contra el 'ajuste'. Moyano, sin embargo, no ha salido a luchar contra el tarifazo y ha actuado como bombero en la lucha contra los aumentos de tarifas e impuestos de Macri y de Scioli. La burocracia de los sindicatos se encuentra dividida; la puede unir la defensa de sus cajas, no una lucha consecuente contra el ajuste. El gobierno se empeñará en agrandar estas divisiones, beneficiando a los burócratas que lo acompañen. En lugar del seguidismo sin salida a la burocracia, es necesario aprovechar el escenario convulsivo que rodea a las paritarias para forzar a los sindicatos a que convoquen a asambleas, para que los reclamos incluyan las condiciones de trabajo y la situación de los trabajadores tercerizados y en negro, y también para que la reivindicación salarial sea determinada por las bases de los sindicatos. Es necesario aprovechar las paritarias para desarrollar en los trabajadores la conciencia de la necesidad de una salida propia frente a la crisis. El Frente de Izquierda no puede dejar pasar la oportunidad de ocupar una posición de liderazgo en el movimiento obrero, con el planteo de que las bases decidan las paritarias mediante asambleas y congresos con mandatos. Scioli y la oposición El pedido de Scioli a Moyano para que reconsidere su renuncia a la presidencia del PJ de la provincia de Buenos Aires termina con los disimulos en el oficialismo. La respuesta de la camarilla cristinista no pudo reflejar mejor su debilidad: largaron el planteo de la rereelección -o sea, lo que hubiera debido ser el último recurso del arsenal oficial. La provincia amenaza convertirse en un gigantesco campo de guerra, donde los contendientes no vacilarán en utilizar la presión económica, las crisis policiales, las reyertas de municipios y toda suerte de provocaciones. En lugar del retomo de Moyano al pejotismo bonaerense, sería más probable que Scioli se convierta en el nuevo Cobos, para conspirar en compañía de Massa y otros intendentes del conurbano. ¿Es muy osado pensar que el cristinismo lo quiere empujar en esa dirección? En cuanto a la oposición, también se cuecen habas. Binner les ha tirado una soga a la UCR y a la Coalición Cívica, con las cuales gobierna en Santa Fe. Los radicales son también presionados por el macrismo. La movida radical de Binner no le gustó nada a la ex radical Stolbizer, la que pagaría los costos del acuerdo, ni tampoco -parece- a los de la CTA, que se enojaron porque Binner pide 'moderación' salarial cuando ellos están tratando de armar una alianza con Moyano. El Frente Progresista -un representante del capital, en cuyo nombre e intereses gobierna Santa Fe desde hace una década- tiene que sintonizar con la burguesía en tiempos de ajuste; la indignación de sus aliados es hipocresía. La reelección No es motivo de sorpresa que una camarilla bonapartista pretenda la re-reelección. Antes del fallecimiento de Néstor Kirchner, esto debía ocurrir mediante una rotación familiar. El planteo, por ahora, está fuera de actualidad; primero deberá atravesar el ajuste. La posibilidad de éxito de la operación está condicionada, además, por los resultados de las elecciones en Venezuela, en octubre, y -de un modo general- pollas vicisitudes de los gobiernos afines en Bolivia, Uruguay, Brasil o, incluso, Ecuador. Una posibilidad mayor la tiene la convocatoria a un referendo, sobre un tema a determinar, en forma preventiva, si la crisis en lo que ha sido el bloque oficial se acentúa y pone en cuestión la continuidad del gobierno. Ofensiva El ajuste implica el desarrollo de una crisis política. Famatima lo ha demostrado en forma incontrovertible y ocurrirá -aún más- con la suba del transporte, el ambo de las facturas de servicios, la reunión de las paritarias, las crisis financieras de las provincias o las diferentes luchas (por el derecho al aborto, la vivienda y otras). La agitación del Frente de Izquierda debe servir para desarrollar la conciencia de esta situación en el movimiento obrero, luchar por la dirección de los sindicatos, reclutar fuerzas nuevas y convertirse en la alternativa política de los explotados.

Famatina y los riojanos han doblegado al monopolio minero y al gobierno mentiroso de La Rioja. Es cierto que ahora viene la etapa más difícil, como ya ocurrió con Agua Rica y en Andalgalá (Catamarca), donde las mineras compraron los medios de comunicación y a la Universidad, mientras el Estado se asociaba con los dueños de La Alumbrera para imponer el proyecto. Ahora, del mismo modo, los gobiernos nacional y provincial van a utilizar todas las astucias y corruptelas para rescatar la entrega del Famatina. Pero nosotros hemos ganado un terreno precioso para arrancar nuevas victorias - sea en San Juan, en Neuquén, en Salta, en Santa Cruz y, por sobre todo, en Catamarca. Debemos destacar también la lucha contra la contaminación petrolera, que solamente será posible si la exploración y la explotación se ponen bajo el control y la gestión de los trabajadores, o contra el glifosato y el agotamiento del suelo por parte del saqueo sojero. La victoria de Famatina es una victoria nacional, porque es un triunfo contra la tentativa de convertimos en factoría minera colonial. Un triunfo arrancado, además, contra un gobierno que enarbola las banderas nacionales para arriarlas cuando se trata de apoyar al capitalismo. No se le escapa a nadie que la epopeya de Famatina se encuentra favorecida por el desasosiego que el ajuste está provocando en el pueblo, así como por la crisis política en la cumbre del poder. La pueblada de Famatima confirma el temor del gobierno de que el ajuste también provoque una rebelión popular. La megaminería no es una vía de desarrollo para las mayorías (es un medio de destrucción del medio ambiente), sino la otra cara del ajuste -la entrega de los recursos naturales en gran escala, para pagar la deuda usurera internacional y financiar la fuga de capitales que ocasiona la crisis mundial. Nuestra conclusión es la siguiente: es la oportunidad de repudiar el ajuste' y rechazar el tarifazo, de que las privadas y el transporte abran sus libros y de que se establezca un control de los trabajadores sobre sus operaciones, para determinar los costos verdaderos de producción. Asimismo, rechacemos cualquier tope o techo a las paritarias, pero no para que los burócratas decidan los reclamos a las patronales, sino para que los definan los trabajadores por medio de asambleas. Contra el ajuste, el saqueo y la depredación: control obrero.