Prensa Obrera N° 1208

Feinmann, sin tomarse la molestia de demostrarlo, dice en su entrevista con La Nación que si Perón hubiera vuelto en 1964 no ha-bría habido "guerrilla ni miles de muertos, ni tanto odio en el 73". En 1964, el burócrata metalúrgico Augusto Timoteo Vandor organizó un frustrado “operativo retorno" que terminó con Perón en Brasil, desde donde su avión fue enviado de regreso a Europa con él a bordo. Cuando ese operativo apenas se había anunciado, el recién fundado Política Obrera publicó un folleto con el título "Perón no vuel-ve". Allí se explicaba que el general exiliado no regresaría a la Argentina mientras no tuviera una tarea contrarrevolucionaria que cumplir. Ese no era el caso en 1964, cuando su presencia podía soliviantar a las masas en reflujo, y sí lo sería en 1972. Feinmann solamente puede hacer historia para justificar sus resultados -o sea, cuando ese ejercicio no sirve para nada. Ocho años después de aquel retomo fallido, Perón regresó traído por los mismos que lo habían derrocado en 1955, y por los mismos que no lo dejaron entrar en el '64. Lo trajeron para diluir políticamente la insurgencia popular iniciada por el Cordobazo. El crimen político de Montoneros fue poner el retorno de Perón en la agenda en la cual el Cordobazo había puesto el "gobierno obrero y popular". Esa gran contradicción histórica es reducida por Feinmann a una divagación. Al regresar, dice, Perón se "historiza" (?) y por eso deja de ser "el padre de todos". Conclusión: para evitar el sinsabor de la lucha de clases escapemos de la historia y fantaseemos. Como historiador, ¿es o no un pelotudo?

La Asociación Bancaria nos comunicó la firma de una nueva acta, en la que se acordó con el banco una gratificación por cierre de ejercicio, que los días de examen justificados no tengan incidencia negativa en la calificación del scoring o remuneración, y 180 pesos extra sobre el acuerdo de aumento de salario que se fírme con las cámaras empresa- rías. Lo que no se explicaba claramente, y que luego la Comisión Gremial Interna aclaró por un informe, es que la firma del acta cerraba el conflicto que tuvimos los trabajadores del Ciudad a lo largo del año, que llevó a dos paros de 48 y 72 horas. Es decir, por un premio a la baja en relación al del año pasado (si bien el monto mínimo es el mismo, hay ajustes en los salarios mayores cuando el año pasado no fue así) y dos reivindicaciones menores, quieren cerrar los reclamos por el adicional por antigüedad, el rubro de diferencia remunerativa, la quita del scoring, la ampliación de partidas para el crédito hipotecario social para empleados, y el ingreso de personal. No es la primera vez que La Bancaria nos traiciona: en el primer paro del conflicto no contamos con el aval del sindicato, excusa que utilizó el directorio para descontarnos los días -práctica recurrente del macrismo. Frente a esta burla del sindicato y del banco, la CGI resolvió no firmar el acta del ministerio. A esta situación se suma el hecho que la Gremial fue notificada de la cita en el Ministerio de Trabajo con media hora de anticipación, después de excluirla de las negociaciones previas. Saludamos el rechazo a la puñalada por la espalda. Sin embargo, esta situación nos lleva a plantear un debate en relación con el nuevo sindicato (SiteBa) que están impulsando en función de una línea dictada por la CTA, porque dispersa fuerzas. Tribuna Bancaria plantea que la tarea del momento no es la construcción de un nuevo sindicato, sino la recuperación de la Asociación Bancaria para los trabajadores. Somos conscientes de que, al día de hoy, la gran mayoría de los trabajadores repudia a la dirección de la AB, producto de los años y años de traiciones que hemos vivido. Esto marca el profundo desprestigio de la burocracia que hoy dirige el sindicato, al punto de que se vieron obligados a "apartar" a Zanola. La lucha de los bancarios del Ciudad tiene que ser el motor de esta paritaria. ¡Viva la lucha de los trabajadores' ¡Fuera la burocracia del sindicato!

El matrimonio de los K con Héctor Magnetto -CEO de Clarín -duró cinco años, entre 2003 y 2008. Fue un quinquenio fructífero, du-rante el cual se aprobó, por ejemplo, la fusión de Multicanal con Cablevisión, que transformó a Clarín en operador monopólico de la televisión por cable. En lo mejor del romance, Néstor Kirchner mandó a la infantería a apalear a los trabajadores gráficos que habían ocupado la planta donde se imprime la revista Viva. Era la época en la que "El" llamaba todas las tardes a su amigo Magnetto para discutir la tapa que publicaría el diario al día siguiente. Pero, se sabe, un matrimonio de conveniencia se disuelve cuando la conveniencia entra en crisis, cosa que sucedió cuando los K respaldaron los intereses de los pulpos telefónicos contra los de la "corpo" en el negocio del triple play. Ahora, el trámite de divorcio ha ingresado en una etapa particularmente conflictiva, aunque también en este caso hay más ruido que nueces. En principio, la ley regulatoria del mercado de papel para diarios declara "de interés público" la producción de ese insumo. A diferencia de lo que ocurriría con una declaración de utilidad pública (una herramienta constitucional), el llamado "interés público" no abre las puertas a expropiaciones, y ni siquiera a una injerencia estatal extraña a la empresa. Sin embargo, al obligar a Papel Prensa a abastecer la totalidad del consumo nacional de papel para diarios, el Estado se permite aumentar su participación en el capital accionario de la empresa, que hoy es del 27 por ciento. ¿Qué consecuencias tiene esto? Monopolio privado, monopolio estatal La Argentina consume anualmente 225 mil toneladas de papel, y Papel Prensa produce 175 mil (el 74 por ciento). El resto se importa con arancel cero, de modo que el papel importado resulta más barato que el ofrecido por la sociedad de Clarín, La Nación y el Estado. Es más: el precio internacional del papel tiende a bajar porque es una commodity sobreofertada, debido a que la crisis ha hecho disminuir la tirada de los grandes diarios en el mundo. Como se ve, la ley no tiene el propósito de asegurar la provisión de papel, disponible para todo el que pueda pagar algo más de 3 mil dólares la tonelada. Como ha dicho el diputado kirchnerista Agustín Rossi, la nueva norma no pone en peligro los derechos de propiedad de Clarín y La Nación sobre Papel Prensa. La posibilidad de que el Estado amplíe su parte en el paquete accionario (siempre que los dos socios privados no incrementen sus inversiones) abre una pugna comercial dentro de la empresa, pero en modo alguno coloca en cuestión a la empresa misma ni a sus propietarios, ni la provisión de papel para Clarín y La Nación. Por eso Clarín invirtió algo más de 300 millones de dólares en 2011 y anuncia "fuertes inversiones en la tecnología HD para Canal 13 y TN, en Cablevisión y para contenidos y publicidad digital" (Perfil, 3/12). No es la política de una empresa en retirada, así la "desin-versión" a que lo obliga la llamada "ley de medios" (discutida en sede judicial) lo haga desprenderse de parte de sus marcas. En otras palabras: el peligro grande lo sufren todos los demás, no el grupo Clarín ni La Nación. Si el Estado efectivamente avanzara hasta equiparar el número de acciones de Clarín en Papel Prensa, o aun si adquiriera una posición dominante, el pulpo de Magnetto no tendría problemas para aprovisionarse de papel. Por el contrario, sería el resto el que quedaría sometido al arbitrio energúmeno de Guillermo Moreno, transformado en "autoridad de aplicación" de la norma regulatoria. Entonces se vería hasta qué punto el monopolio estatal puede ser mucho peor que uno privado. La "supervisión parlamentaria" que se anuncia, a cargo de una comisión bicameral, es una superchería. Para que fuera efectiva debería suprimirse el secreto comercial, pero en ese caso sí quedaría en tela de juicio no sólo la propiedad de Clarín y La Nación en Papel Prensa sino, además, la propiedad capitalista en general. Los "observadores" parlamentarios no pueden afectar la posición dominante de los accionistas mayoritarios ni los pactos societarios, aun los secretos, permitidos por la ley y por los estatutos de las empresas. Así, aún en el momento más álgido del divorcio entre los K y el grupo Clarín, el bochinche triunfalista del oficialismo y los chillidos histéricos de la oposición, de Magnetto y de la familia Mitre, esconden una capitulación del gobierno ante la "corpo", que se apropió de Papel Prensa durante la dictadura, de manera ilegítima, ilegal y criminal. Para cualquier demócrata consecuente no puede haber legalidad bajo una dictadura militar, y todas sus normas y todos los contratos -públicos o privados- firmados bajo sus condiciones son insanablemente ilegales y están, por eso mismo, sujetos a revocación. Pero está a la vista que resulta imposible ser un demócrata consecuente sin poner en cuestión todo el régimen político y social imperante. Asegurar la libertad de imprenta y, con ella, la de pensamiento y de expresión, obliga a disolver Papel Prensa SA, para que la producción de papel para diarios pase a manos de las fuerzas políticas efectivamente existentes, que operarían bajo control de organizaciones de periodistas, de la cultura y ambientales, y de trabajadores gráficos y papeleros -todo lo cual supone la expropiación del monopolio capitalista y la exclusión del Poder Ejecutivo del manejo de la prensa.

La Ley Antiterrorista aprobada por el Congreso en el término de dos semanas, y en el inicio del segundo gobierno de Cristina Kirchner, tiene peligrosos antecedentes. En 1974, se aprobó una reforma del código penal rechazada por la JP Un ex diputado del bloque de la JP que cuestionara las imprecisiones de la "asociación ilícita" que se introducía, hoy apoya esta legislación que criminaliza la protesta social. Otra de las diputadas que también objetara dicha reforma en 1974, hoy permanece callada. Alak, Aníbal Fernández y Randazzo son las caras visibles defensoras de la legislación represiva. Argentina no es Suiza en cuanto a la aplicación de leyes represivas. Tenemos nuestra historia (Ley de Residencia, Plan Conintes, Ley Anticomunista, de Seguridad Nacional y otras), todas aplicadas por gobiernos dictatoriales y/u oligárquicos. La reforma de 1974 enmendó la eliminación de las leyes represivas efectuada el 26 y 27 de mayo de 1973, y abrió el camino al terrorismo de Estado. El gobierno surgido luego de la derrota de López Rega en julio de 1975, conducido por la burocracia sindical y la conducción del PJ, se con-virtió en un pasaje luctuoso al golpe siniestro de 1976. Precisamente, este gobierno firma los decretos 2771 y 2772/75 que promueven "el aniquilamiento del accionar de la subversión". Curiosamente, las firmas pertenecen al pre-sidente provisional, Italo Luder, y a los ministros Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, entre otros. CFK no es Isabel Perón y esta nunca ejerció el gobierno, salvo formalmente, pues las decisiones se tomaron primero por López Rega y, luego de caído éste, por el tándem 62 Organizaciones y Partido Justicialista. Luchar por la derogación de la Ley Antiterrorista se convierte en un mandato primordial para que la historia no termine de la misma manera.

Los K -según la publicidad oficial- habrían dado con la reforma al Régimen Penal Tributario un paso fundamental en el combate con-tra los evasores. Sin embargo, el monto a partir del cual la evasión será considerada delictiva se eleva de 100 mil a 400 mil pesos para la simple, y de un millón a cuatro millones para la agravada. Es decir que se han multiplicado por cuatro los montos para entrar en la órbita penal. Esta "actualización", dice El Cronista (30/12), "sirve de alivio en tanto deberá operar como ley penal más benigna y aplicarse en forma retroactiva a aquellos que afronten actualmente un proceso penal por evasiones de montos inferiores a las establecidas en la nueva ley". Una suerte de amnistía para los actuales imputados o procesados. Frente a las causas que se sustancien de ahora en más, ya habrán blanqueos o moratorias, como hizo Cristina en 2008 cuando el país entró en recesión: "Las empresas se acogieron a la moratoria por más de 615 millones de pesos, según los cálculos tribunalicíos, y aunque el monto que debieron abonar es elevado, las empresas lograron algo más relevante: evitaron la persecución penal" (La Nación, 21/6). En la lista aparecen Telecom Argentina y Aguas Argentinas; Metrovías o Teba (empresa investigada por el pago de dádivas al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime).También, Ledesma, 3otti y Palma -a las que vinculan con Lázaro Báez-, OCA, Casino de Buenos Aires (bajo control español antes del ingreso del empresario patagónico Cristóbal López), Boldt, Southern Winds (aerolínea que colapso tras el hallazgo de cocaína en valijas enviadas a España), Atanor, Ciccone Calcográfica, los bancos de San Juan y Columbia y varias cerealeras poco conocidas. También Siemens, Disco, Coto y Conarpesa (una de las principales aportantes a la campaña kirchnerista). La posibilidad de un nuevo blanqueo "ya está circulando... la iniciativa que apunta a volcar al sistema los dólares que hoy el público tiene atesorados en cajas de seguridad o en sus domicilios. Apunta a generar incentivos de distinto tipo para que el ahorrista gane con la propuesta. Desde ya que habría un perdón impositivo para todos esos fondos" (Ambito, 2/12). A manera de adelanto, Córdoba acaba de disponer una moratoria, que condona o recorta multas e intereses y brinda generosas facilidades, que hacen que la deuda termine licuada por la inflación. La provincia de Buenos Aires volvió a relanzar una moratoria. La causa judicial más abultada en materia de evasión comprueba que "no sólo el sector privado le compró facturas a Viazzo (emisor de las facturas truchas) a cambio de comisiones, cuya cuantía dependía del monto a evadir. También varias oficinas públicas recu-rrieron a él. Desde algunas municipalidades hasta el mismísimo Congreso de la Nación" (La Nación, 21/6).

Las analogías históricas son útiles siempre y cuando se atengan a cierta rigurosidad analítica. De lo contrario, sólo sirven para sembrar más confusión. Tal es el caso de la aparecida en una Carta de Lectores, en el número anterior de Prensa Obrera, titulada "Similitudes". Equiparar el enfrentamiento de Moyano y La Cámpora con lo ocurrido entre los SA y los SS en la Alemania nazi, en la década de los '30 del siglo pasado, nos merece serios reparos. Los SA, cuyos ideólogos eran los hermanos Gregor y Otto Strasser, exigían una segunda revolución nacional anticapitalista, y su fuerza de choque estaba encabezada por Ernst Rhöm. La única coincidencia ideológica que tenía con los SS era el antijudaísmo. Los SS, fuerzas de choque paramilitares, defendían la política de Hitler, quien ya había consumado su alianza con los grandes magnates de la industria pesada alemana. La "noche de los cuchillos largos" de 1934 puso fin a este antagonismo, con los resultados que todos conocemos. Pero en tren de seguir con las analogías, hay otra que nos parece más rica en sugerencias: el choque entre Montoneros y la Triple A del brujo López Rega. Los Montoneros (SA) luchaban por una patria socialista, la Triple A (SS) quería una Comunidad Organizada con siniestras reminiscencias medievales. Además, tenemos que señalar, para evitar caer en groseras simplificaciones, la diferencia abismal de contexto y etapa histórica: Alemania, una vigorosa potencia expansionista; Argentina, bajo la hegemonía del poder imperial. Para regresar a la actualidad, la disputa entre Moyano y los "nenes bien" de La Cámpora se reduce a una lucha fraccional por el manejo de las cajas (entre otras las de las obras sociales). Es una expresión condensada de un bonapartismo tardío.

Es muy claro que después del acto en Huracán no ha pasa­do nada con la CGT; la cirugía a la Presidenta se ha convertido en un pretexto conveniente pa­ra una tregua que ya estaba es­crita. Ahora mismo se han liquida­do de un plumazo los adiciona­les de fin de año en organismos nacionales -lo que llevó a la huelga general al Inti. Un DNU habilita la rebaja de ingresos pa­ra 300 mil empleados públicos nacionales; mil becarios fueron despedidos del Conicet y 20 mil rionegrinos fueron pasados a disponibilidad. Moyano mutis. Piumato rechazó el DNU por twitter. La CGT una de las organizaciones más afectadas potencialmente, no se pronunció contra la ley antiterrorista. La Bancaria, sindicato moyanista, firmó un acuerdo salarial de tres cuotas con techo del 18%. Este es el resultado de la 'trabajosa' política de Moyano. En medio del vacío creado, dos de sus gremios -judiciales y Afip- han debido tomar medidas de fuerza por reivindicaciones. Ante la ofensiva del 'ajuste', apodado "sintonía fina", recla­mamos un Congreso de Bases con mandatos de asambleas de todos los gremios, para defen­der el conjunto de las reivindi­caciones.

El próximo Congreso del partido tiene lugar en circunstancias especiales, que no se le escapan a ningún militante. Al desarrollo de la crisis mundial -que ha alcanzado ya, abiertamente, dimensiones de crisis políticas en los Estados más poderosos, así como resistencias, luchas y alzamientos populares en numerosos países, incluidos esos Estados-, se añaden por lo menos otros dos fac-tores: por un lado, el derrumbe de la gestión económica del oficialismo y el comienzo de una crisis política (que emerge inmediata-mente después del triunfo plebiscitario del gobierno); por el otro, el desarrollo del Frente de Izquierda en el terreno electoral -que alcanza, por lo tanto, a masas más amplias de aquéllas que participan en los movimientos activos de la juventud o los sindicatos. La conjunción de la crisis oficialista y del avance de la izquierda se manifiesta de manera especial en los sindicatos, donde se acentúan, al mismo tiempo, la tendencia a la descomposición de la burocracia y el despertar de la nueva generación a la lucha y a la política socialista. La bancarrota capitalista ha dejado planteada, con diversos grados, una cuestión de poder en numerosas naciones -lo cual significa que esta cuestión del poder tiene un carácter internacional. Lo mismo se puede decir, con carácter de pronóstico, para la crisis del gobierno kirchnerista en Argentina. Es necesario que abordemos, a la luz de esta nueva situación histórica, la situación revolucionaria que tenderá a crearse en Argentina, así como la conexión objetiva y subjetiva de esta tendencia con la crisis mundial. Esta caracterización hace necesario que pongamos al día nuestro programa -o sea las reivindicaciones, los métodos y la organiza-ción del partido. Menos que nunca se pueden separar o abstraer los trabajos políticos locales o sectoriales de la crisis mundial. Es necesario un gran debate dentro de nuestra organización. Por otro lado, el involucramiento en este debate de todos los activistas combativos en el movimiento obrero y la juventud, así como en la traducción de sus conclusiones en el campo de la lucha, será el eje del reclutamiento partidario -o sea del desarrollo de un Partido Obrero poderoso. El carácter estratégico que debemos imprimir a nuestra lucha cotidiana se hace más imperioso que nunca. Por eso, el Congreso tendrá lugar del 6 al 9 de julio próximo, para contar con cinco meses de debate y de campaña política. Esto nos da la oportunidad de reclutar a los nuevos cuadros que hemos acercado al partido a lo largo del año pasado para que participen en el Congreso -esto sobre la base principista de la discusión de las tesis hasta mediados de abril próximo (el estatuto partidario prevé un período precongresal de tres meses sobre la base del padrón existente). En relación con el desarrollo del Congreso, está prevista la convocatoria de una Conferencia Sindical con la misma metodología, a saber: una discusión a escala de todo el país (que permitirá realizar un recuento de fuerzas), para concluir en una plenaria nacional con todos los compañeros que tengan la posibilidad de asistir. No hace falta decir que el desenvolvimiento de un Congreso de esta magnitud requiere que captemos los recursos para su financiación. Una tarea fundamental que determina el carácter del Congreso próximo, el número 22, es que debe servir para una clarificación política en el seno del Frente de Izquierda por medio de la presentación de la estrategia política (programa), en lugar del debate faccional que caracteriza a las sectas. Es el método que pusimos en marcha en abril de 2004, en el Congreso de la Coordinadora por la Refundación de la Cuarta Internacional (CRCI), cuando elaboramos un programa que tiene más vigencia que nunca, el cual pusimos al servicio de un debate internacional con vistas a la refundación inmediata de la IV Internacional. Es la propuesta que Altamira reiteró en varios actos públicos del Frente. Nuestro próximo Congreso deberá servir también para clarificar posiciones a nivel internacional y proceder a un reagrupamiento basado en esa claridad. Solamente para mencionar a nuestros vecinos, germina un salto de calidad en ese reagrupamiento de fuerzas en Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil e incluso Paraguay. El método político que determina el carácter del próximo Congreso, se desprende -insistimos- de la caracterización del avance ex-cepcional que ha representado el desarrollo electoral del Frente de Izquierda (incluso dentro de las grandes empresas) y, por otro lado, del reconocimiento de que la crisis mundial se ha convertido en una crisis política internacional y en un factor que despeja y amplía el campo de acción revolucionario. No hay manifestación más acabada de las características de la nueva etapa (al lado de la explosión que se ha iniciado en Europa) que las huelgas y levantamientos campesinos en China, Vietnam, Bangladesh, India -más allá, claro, de la gigantesca intifada árabe. La bancarrota capitalista se encuentra en su quinto año, por eso debemos volver a discutirla desde su origen. Nuestra corriente la caracterizó como el episodio culminante de una serie de crisis cada vez más intensas y recurrentes, la cual abarca tres décadas. En numerosos documentos, hemos sostenido que era imposible desarrollar una teoría de las situaciones revolucionarias sin una teoría de la bancarrota capitalista (Ver Altamira, La Estrategia de la Izquierda, 1989); es decir, que la subjetividad revolucionaria se desarrolla como la expresión conciente del movimiento objetivo del capital hacia su propia quiebra. Somos partícipes de la crisis como partido, o sea como un factor de desarrollo del sujeto político. Nuestra tarea es desarrollar toda la capacidad del movimiento obrero para dar una salida socialista al colapso del capital. La bancarrota capitalista tiene, si se puede decir así, su expresión nacional. Los ‘teóricos' del kirchnerismo (no nos referimos a los ‘jóvenes', sino a los viejos carcamanes que vienen del desarrollismo caduco) han confundido el movimiento interno de la crisis (zigzagueante) con un ‘despegue’ de ella, o a la intervención del Estado como una salida (cuando ésta, sobre una base capitalista, extiende la crisis a niveles mayores). Lo cierto es que Argentina no ha superado aún el régimen de "emergencia económica", de los superpoderes y de los decretos de necesidad y urgencia. Tardíamente, ha establecido un gobierno bonapartista, que se derrite con la necesidad de un ajuste económico a gran escala. El resultado plebiscitario de las elecciones de octubre de 2011 ha sido el punto más alto de esa tentativa y, a la vez, el debut de una crisis política, así como el estallido de las contradicciones irresueltas de toda la etapa anterior. El debate hacia el Congreso coincide con la aplicación del ajuste y la correspondiente resistencia popular. Las conclusiones de las discusiones de esta fase previa al Congreso deberán servir para derrotar el ajuste y propiciar "victorias y más victorias" de los trabajadores. Como nunca antes en nuestra historia, el debate congresal del Partido Obrero se desenvolverá, "en tiempo real", en confluencia con luchas extraordinarias y con el desarrollo político de la nueva generación trabajadora. No es la primera vez que nuestro partido desenvuelve una gran campaña electoral. Todavía no hemos superado (¡sin el auxilio de ningún frente!) la de 1989 -que llevó al encarcelamiento del Comité Nacional del PO dos semanas después del cierre de los comicios. Lo que distingue a la que acaba de culminar es una disposición mayor de los trabajadores -en especial los de la nueva generación- a escuchar los planteos de nuestro Frente; a lo que se suma la bancarrota de la izquierda democratizante (la Izquierda Unida del PC y el MAS, Democracia Avanzada, Peronismo Independiente, que había tenido su apogeo en 1989), el desarrollo que han tenido los partidos del Frente de Izquierda. En el marco de una situación histórica mundial potencialmente revolucionaria, la campaña electoral del Frente de Izquierda ha sido una notable ilustración de la política de tender un puente entre la comprensión política de las masas en lo inmediato y el objetivo estratégico de preparar la revolución social. La constitución de un polo único sobre una base de independencia de clase es testimonio positivo del mencionado colapso de la izquierda democratizante (la vieja Izquierda Unida se encuentra disgregada, ahora, en el kirchnerismo, Proyecto Sur y FAP, por un lado; y en el Frente de Izquierda, por el otro). Al cabo de esta campaña, hemos instalado una referencia política de conjunto para millones de trabajadores. El Con-greso debe discutir a fondo el reforzamiento del Frente de Izquierda. Para eso, es necesario desarrollar todas las oportunidades de la unidad de acción, acentuar la agitación política por medio del Frente y poner en marcha un trabajo de clarificación política, que escape como de la peste a las discusiones de sectas. El debate del Congreso, sus planteamientos y conclusiones tienen absolutamente que involucrar a la vanguardia. La campaña electoral del Frente de Izquierda le abrió un nuevo campo de acción al movimiento de activistas y luchadores obreros que pugna por una nueva dirección en los sindicatos. Ha sido un nuevo prefacio para la etapa que viene de lucha contra el ajuste y las crisis de las conducciones gremiales burocráticas. La relación entre ese desarrollo de una vanguardia clasista en los sindicatos y el ascenso político de la izquierda revolucionaria se expresó luego en las victorias antiburocráticas alcanzadas con posterioridad a las elecciones. El proceso electoral ha dejado, por lo tanto, el cuadro de una vanguardia clasista ligada a un desarrollo político que es independiente del nacionalismo burgués. La cuestión de un partido de trabajadores queda planteada de nuevo, o sea la fusión de una vanguardia política socialista de obreros e intelectuales, por un lado, con un movimiento obrero de lucha de clases, por el otro. Este punto será un tema de debate candente en el Congreso y uno de los más adecuados para involucrar a los activistas en las discusiones. El partido de trabajadores es la fusión del movimiento obrero que advierte que su lucha tiene un carácter de conjunto con el movimiento político socialista, el cual se ha formado en el curso de la historia política. La clarificación dentro de la izquierda debe servir, de este modo, a un objetivo histórico. La "unidad de los revolucionarios" tiene como condición no el acuerdo (que siempre debe ser verificado en la práctica) ni mucho menos la uniformidad, sino la clarificación. El centralismo democrático no es otra cosa que la unidad en la claridad. Nuestra política nacional debe fundamentarse en una estrategia internacional y en un balance riguroso de nuestras actividades y práctica política. "Es cierto que las burguesías de las naciones de menor desarrollo procuran resistir el ajuste que les pretenden imponer las burguesías imperialistas -una resistencia que no se puede despreciar, dada su implicancia en la creación de crisis internacionales y en la agitación política interna. Los teóricos nacionalistas, sin embargo, buscan pasar gato por liebre y esgrimen los roces con el imperialismo para embellecer sus propios ajustes contra el proletariado de sus países. Es lo que deberá dejar meridianamente claro el documento que trate la situación nacional, porque servirá para facilitar el pasaje al campo de la izquierda revolucionaria de los activistas que votaron al oficialismo, así como también para dejar en claro las diferencias con aquellos que ponen un signo igual entre los movimientos nacionales y las burguesías imperialistas. El documento internacional, por su parte, más allá de resumir los análisis y conclusiones desarrollados en la prensa y documentos internos del partido y declaraciones de la CRCI, debería tratar con mayor detenimiento la relación entre el socialismo revolucionario y los movimientos revolucionarios en el Medio Oriente -esto como un aspecto. Se plantea también la cuestión de la desintegración de la Unión Europea (UE) y las diferentes posiciones de la izquierda mundial: algunas plantean un retomo al viejo nacionalismo; otras abogan por un socialismo en el marco de esta Unión imperialista, a la que asimilan a un Estado nacional. Es claro que cualquier salida anticapitalista lleva a la ruptura de la UE: su punto de partida -el repudio a la deuda pública con los bancos y la nacionalización sin pago de esos bancos y de sus créditos y den das- es incompatible de lleno con la misma El Congreso discutirá la propuesta, formulada en el pic-nic de nuestro partido, de impulsar una conferencia internacional en Europa por la ruptura de la UE, la expropiación del imperialismo y los Estados Unidos de Europa -incluida Rusia. Enlazaremos esta discusión con el fracaso de las pseudo-tentativas de integración nacional en América Latina, en especial de parte del chavismo, por la Unidad Socialista de América Latina -incluido Puerto Rico. Con esta orientación, haremos esfuerzos para unir nuestro Congreso con una Conferencia Latinoamericana, debidamente preparada. Se trata del impulso a una perspectiva muy rica porque, si es preparada en forma adecuada, podría reunir a toda la izquierda que se diferencia del chavismo -entendido como corriente continental- en términos obreros y socialistas. Un informe de actividades y de organización debe explicitar cómo ha capitalizado nuestro partido el desarrollo de la nueva ge-neración obrera y estudiantil ‘indignada’, es decir que se orienta al socialismo revolucionario. Así, debe ser desarrollado cuál ha sido el alcance y la naturaleza de nuestro reclutamiento reciente; cuál es la vida política de nuestros círculos, locales y comités; qué lugar ocupa el periódico en ese desarrollo; instrumentos y recursos que nos deberían ayudar a superar nuestros límites a la luz de la práctica militante. Es decir, el examen crítico de los métodos y dirección del Partido Obrero. La batería de materiales e iniciativas hacia el 22° Congreso se completa con varias iniciativas editoriales. El ascenso de la izquierda -en un contexto de bancarrota capitalista, reúne los escritos y discursos de Altamira con relación a la campaña electoral y la crisis po-lítica, o sea un desarrollo en "tiempo real" de nuestras caracterizaciones y política a lo largo de la campaña del Frente de Izquierda. El segundo trabajo, La estrategia de la izquierda en la Argentina, es la reedición de un volumen que delimita nuestras caracterizaciones con las del centroizquierdismo, el stalinismo y el morenismo en los años ’80; la expectativa es que acabe con varios mitos interesados en deformar la historia teórica del PO, el cual sirva para clarificar asuntos de extrema actualidad. El lanzamiento del libro y su presentación en diferentes instancias formarán parte de la campaña política del Congreso. Servirá de clarificación política al interior del partido y entre los activistas, e incluso desempolvará los antecedentes políticos más distantes en el tiempo, que explican nuestra contribución a la formación del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. La convocatoria a este Congreso inaugura un vasto trabajo político. Ese plan de trabajo se va a expresar a través de charlas abiertas, presentaciones de libros, plenarios con activistas y los plenarios de los militantes partidarios para debatir y votar los documentos congresales. El debate precongresal será inaugurado con un acto público. Los plenarios de cada comité deberán discutir desde ya una campaña de reclutamiento y, al mismo tiempo, realizar una clarificación interna de nuestras fuerzas para arribar al padrón militante que podrá votar y ser elegido como delegación al Congreso. También deberá establecer el organigrama de debates hacia el Congreso y las actividades especiales. El informe sobre nuestro trabajo en el movimiento sindical estará ligado a la realización de una conferencia sindical del PO, en marzo o abril próximos. Luego del Congreso, en julio, tendrán lugar los congresos provinciales, en los plazos y términos que se establezcan. Manos a la obra, compañeros. (sobre la base de los acuerdos adoptados por el Comité Nacional del Partido Obrero, 16 y 17 de noviembre de 2011)

Luego de que el grupo Taranto abandonara la empresa a su suerte al no ejercer la opción de compra y después de imponer rebajas de sueldo y se propicien despidos y suspensiones, los trabajadores de Mecca (UOM Morón), en asamblea, resolvimos los siguientes puntos: luchar a fondo contra el cierre de la empresa y/o su quiebra fraudulenta, solicitar al Estado que se asegure el cobro de los salarios y que presione a las terminales -principalmente Fiat- para que nos den trabajo; montar una guardia en la planta las 24 horas, para abortar la posibilidad de que la patronal intente el vaciamiento y asegurar que la fábrica continúe produciendo. En ese marco, se realizó una primera movilización al Ministerio de Trabajo el martes 20 de diciembre. Concurrieron más de 70 compañeros, entre los que también había delegados de distintas fábricas (Cintolo, Ochoteco, Calorex). La respuesta del ministerio fue más de lo mismo: remover expedientes y tirar todo para adelante. El martes 27, con poco tiempo debido a la proximidad de los feriados -tanto estatal como judi-cial-, la asamblea mandato a la comisión interna para que planteara, en el congreso de delegados convocado para el día siguiente, el urgente tratamiento de la crisis de Mecca Castelar y solicitara que el cuerpo de delegados en su conjunto y la comisión directiva se sumaran a la lucha -hasta ese momento aislada. Luego de más de un año sin convocar a un congreso de delegados, vergonzosamente ese día la burocracia de la UOM puso como único punto del "orden del día" la expulsión del directivo de Mecca, en medio de una disputa faccional y de luchas por el poder. Con la autoridad ganada en la lucha, la comisión interna logró que se tratara el punto de Mecca, aun contra la reveladora posición del secretario general y sus secuaces, así como de la posición del mismísimo veedor del Ministerio de Trabajo, quien a los gritos sostenía: "Acá se va a tratar solamente el orden del día, ni un punto más". A pesar de la negativa de la directiva, con el apoyo de los delegados del congreso se llevaron a votación dos mociones alternativas: "la expulsión" o "que se discutan los problemas de los trabajadores", esta última fue que finalmente triunfó. Logramos cambiar el eje del plenario. Gran cantidad de delegados se expresaron en apoyo y decían fascinados: "Para esto debe servir un congreso". Se hizo una larga exposición del conflicto y se logró lo siguiente: la movilización de todo el congreso de delegados en apoyo a nuestra lucha para el día 29; implementar un bono de financia-miento de la lucha para ser vendido en todas las fábricas; comenzar a recolectar alimentos no perecederos para ser usados en una probable toma de la fábrica y hasta se habló de una caja navideña solidaria. Durante el congreso, se repartieron más de 200 volantes explicando nuestra situación. El día 29 nos movilizamos tres micros completos con compañeros de Mecca de todos los tumos, delegados de todas las fábricas y algunos directivos. El recorrido incluía el Ministerio de Trabajo, sede Alem, con corte de calle y una manifestación frente al Ministerio de Industria. Luego de una agotadora jomada, en la que los obreros de Mecca demostraron su capacidad de lucha una vez más, se logró que el Estado subsidie parte de nuestro salario mediante la forma de Repro y en Industria se logró que Fiat nos entregue 80 toneladas de aluminio para comenzar a revertir la situación. Una victoria con todas las letras. La lucha de Mecca sienta un antecedente de unión de los trabajadores, de movilización consciente y organizada, y de revertir el carácter de los congresos de delegados de la seccional, al plantear los problemas reales de las fábricas y llamando a sus delegados a la acción concreta. Así se demostró para qué deben servir los sindicatos. Este es el método, muchas otras fábricas empezaron a plantear sus problemas, Mecca Castelar no es una isla en la UOM Morón. Vamos por un sindicato al servicio de los trabajadores.

El viernes 30 de diciembre a las 20:30 horas, el nuevo intendente de la ciudad de Capitán Bermúdez, Mario Montisantti (sucesor del saliente Fabián Varela, ambos radicales y parte del gobierno del Frente Progresista Cívico y Social que gobierna nuestra ciudad desde hace más de doce años), llamó a una sesión extraordinaria del Concejo de Capitán Bermúdez, con el propósito de declarar la emergencia económica del municipio. Desde la bancada del Partido Obrero denunciamos que el proyecto de ordenanza reconocía una realidad calamitosa de nuestra ciudad y del municipio, pero no decía una sola palabra sobre la responsabilidad política de este descalabro, que le corresponde esencialmente al Ejecutivo saliente. Planteamos también que la declaración de "emergencia económica y financiera" intenta descargar la crisis sobre la población trabajadora, como ha ocurrido con todas las emergencias en nuestra provincia y en el país, y se desarrolla con los actuales tarifazos e impuestazos rechazados por el pueblo. Con la llamada "emergencia económica", el Ejecutivo pretende obtener mayores recursos mediante un "ajuste" al gasto público y social -esto en una ciudad completamente abandonada, sin las obras públicas esenciales y con una enorme marginalidad social. Rechazamos el pedido del Ejecutivo. El saneamiento de las cuentas del municipio debe lograrse aumentando la presión tributaria a las grandes empresas y grandes capitales de la zona. El proyecto fue aprobado gracias a cuatro votos del oficialismo, dos de los radicales y dos de los vecinalistas. En la "emergencia económica", la bancada del PO en el Concejo se colocará al servicio de la organización y la lucha para que la crisis económica no sea descargada sobre los trabajadores.

Hemos reunido ya el 80 por ciento del objetivo económico que nos trazamos. La campaña se ha nutrido de varios miles de aportes provenientes de más de 40 gremios. En algunos casos, como gráficos y docentes del conurbano (ver notas), la respuesta fue superior a la obtenida en instan-cias anteriores. Esa respuesta masiva es un indicador de la conciencia que está encarnando, en un sector creciente de trabajadores, de que la victoria de las luchas es inseparable de la batalla por poner en pie una alternativa -no sólo en el campo sindical- sino en el campo político. En ese sentido, el aporte es un voto a favor del desarrollo y fortalecimiento del Frente de Izquierda. La colaboración económica es la coronación de la actividad, la militancia, la movilización previa desarrollada por estos compañeros durante la campaña electoral. Un párrafo especial le corresponde a los docentes universitarios, donde la campaña ya cuenta con un centenar de aportes y va por más, lo cual es un resultado de la conjunción de un trabajo histórico que se expresa en la construcción de un sindicato combativo e independiente, el cual ha conquistado un lugar indiscutible, como es la AGD con el trabajo más reciente corporizado en la instalación del Frente de Izquierda en la universidad. Las nutridas asambleas de intelectuales se alimentaron de la presencia y militancia de centenares de docentes. De todos modos, si bien todo indica que se va a cumplir el objetivo económico fijado, no ocurre lo mismo con la cantidad de aportes planificados originalmente. El número de aportes está por debajo del potencial de simpatizantes, activistas que se han sumado activamente en la campaña electoral en apoyo al Frente de Izquierda. De esto habrá que sacar también un balance, como corresponde que hagamos siempre los trabajadores de cara a los desafíos que nos toca enfrentar. En este caso, las conclusiones servirán para fortalecer el trabajo en vistas al desa-rrollo del Frente de Izquierda, que es el gran desafío que tenemos por delante en la nueva etapa política que ingresamos. Entramos, en definitiva, en el tramo final. Llamamos a redoblar la movilización estos días para culminar la campaña exitosamente. Saludamos a quienes ya han colaborado y hacemos un lla-mado a que lo hagan los que todavía no lo hicieron. Para transformar el Frente de Izquierda en una alternativa política nacional es necesario ganar todas las batallas, incluida la de los recursos.

En agosto de 2011 se realizó la asamblea de Memoria y Balance de Aten. La dirección celeste la convocó en la seccional Chos Malal (la cual dirige y está muy alejada de las seccionales más numerosas) en pleno invierno, con el objetivo fallido de vaciarla y transformarla en un trámite. Sin embargo, las seccionales opositoras y las agrupaciones clasistas del sindicato nos propusimos movilizar a los compañeros para impedir esa maniobra. Lo conseguimos. Se rechazó la memoria y balance y se votaron dos nuevos síndicos de la oposición. Los síndicos (Norberto Calducci y Gabriel Pillado) detectaron, con comprobantes a la vista, serias irregularidades en el manejo de los fondos sindicales, ya que hay gastos sin facturas que respalden los pagos. Incluso el pago de una cena con Amado Boudou. Por otra parte, se le niega a los síndicos acceder a los comprobantes del balance rechazado. Esto refleja el informe presentado por los síndicos a fin de año. La dirección provincial celeste de Aten debe dar explicaciones a los requerimientos de los síndicos y existe la facultad de éstos para convocar una asamblea provincial que considere el punto. A principio de año, en un escandaloso plenario de secretarios generales, la dirección yaskysta anunció el recorte de fondos y licencias gremiales para las seccionales (opositoras), a cuento de la necesidad de ajustar los gastos y capitalizar al sindicato. Admiten tácitamente que los ingresos por cuota sindical develan los miserables aumentos acordados con el gobierno. A casi un año de ese ajustazo, estalló el secreto a voces de un método ineludible a una burocracia descompuesta. El encuentro de trabajadores de la educación de febrero votado en las seccionales opositoras y las asambleas tomarán en sus manos el problema. Algunas asambleas ya han votado la revocatoria de mandato de la dirección provincial de Aten y el apoyo a los síndicos, ante la necesidad de realizar las presentaciones legales correspondientes si la Celeste intenta nuevas maniobras para evitar dar cuenta de sus responsabilidades. Con la plata de los trabajadores no se jode. Que respondan con sus bienes. Para ajustar las cuentas, la oposición clasista de Aten debe disponerse, sin pretextos, a sostener la unidad para recuperar el sindicato en 2012.

El anuncio del traspaso del subte a la órbita de la Ciudad puso de manifiesto que este servicio privatizado funciona con la friolera de 800 millones de pesos del Estado nacional. Mientras se sostiene a los privatizadores -en este caso el grupo Roggio-, éstos someten a usuarios y trabajadores al mayor de los desquicios. Si de "racionalidad" económica se trataba, el traspaso era la oportunidad de poner fin a esta operación parasi­taria, terminando con la concesión privada. En lugar de ello, el gobier­no "nac y pop" le traspasó a la Ciu­dad el paquete intacto del subte privatizado, pero con un agravan­te: el receptor del "paquete" es el macrismo -o sea, un privatizador. El traspaso, por lo tanto, refuerza la tendencia privatizadora, sobre todo el transporte público. Roberto Pianelli, secretario ge­neral del sindicato de trabajadores de Metrovías, se manifestó "preocupado" por "empezar a formar parte de las políticas macristas, que no son las mismas que la del gobierno nacional". Pero el dirigente no se pregunta por qué, siendo ‘distintos’, los K han aceptado en­tregarle el subte a los derechistas. La razón es que unos y otros de­fienden el régimen de privatizacio­nes y, principalmente, la garantía que éstas requieren para sus operaciones económicas futuras: el tarifazo. En la legislatura, el kirchnerismo le habilitó a Macri operaciones de endeudamiento usurario, uno de cuyos destinos son las obras del subte. Pero el capital financie­ro y la patria contratista exigen pa­ra estos negocios garantías "sóli­das", o sea, que los ingresos del subte no dependan de los subsidios estatales sino de las tarifas. A par­tir de esto, se entiende por qué el Estado nacional sólo cubrirá el 50 por ciento del actual subsidio a Metrovías, en tanto que la otra mitad, a cargo de la Ciudad, ni siquiera está prevista en el presupuesto que acaba de votar la Legislatura. Al hacerse cargo del subte, Macri señaló que era necesario "un plazo de 90 días para estudiar las condicio­nes del servicio". Pero ese desconocimiento no le impidió calificar al actual valor del boleto como" deprimido" o "desactualizado". Al mejor estilo de Boudou - De Vido, van a premiar a los privatizadores con un tarifazo "a libro cerrado". Los voceros macristas ya han advertido que a los cálculos actua­les de aumento del boleto habrá que agregarles "el costo de las paritarias" (Ambito, 4/1). Con la eliminación parcial de los subsidios, el gobierno PRO se apresta a responsabilizar del aumento de las tarifas a los aumentos de salarios y, sobre esta base, promover una opo­sición definitiva entre trabajado­res y usuarios. Ya está en marcha una extorsión sobre el salario y las condiciones de trabajo de los obre­ros del subte, convidados de piedra en el "traspaso". Está claro, a partir de lo anterior, la oposición, a cualquier tarifazo, y la exigencia de que se abran las cuentas y costos del subte privatizado. Esa medida elemental pondrá de manifiesto el parasitismo de Roggio, que los trabajadores tantas veces denunciaron. Junto con ello, exijamos la intervención del sindicato del subte en todas las tratativas del traspaso, para defender toda la agenda de reivindicaciones obreras que están pendientes.

El 30 de diciembre se realizó en Caseros, partido de Tres de Febrero, el primer Festival por un Arte y una Cultura Independientes, el cual incluyó una muestra artística a cargo de estudiantes de la Berni (terciario de General San Martín) y de artistas plásticos, una exposición literaria, proyecciones del Ojo Obrero, un escenario principal con seis bandas zonales y la presencia de Cabra de Las Manos de Filippi. Un festival, con más de 30 músicos, artistas, escritores y más de 250 espectadores, el cual se desarrolló con total tranquilidad y logró que avancemos un pasito más en la organización independiente del arte y la cultura. La particularidad de este festival es que fue realizado en apoyo a la Campaña Financiera del Partido Obrero, objetivo en el que ha sido todo un éxito. En Tres de Febrero, el municipio de Curto ha salido a cooptar estos espacios con el apoyo de La Cámpora y la JP provincial, mediante el financiamiento de sonido, escenario y demás; con la creación del Emac (Escuela Municipal de Artes y Comunicación) y el Cuca (Centro Universitario de Cultura y Arte) de la Universidad de Tres de Febrero. Ambos, si bien se dicen independientes, dependen financieramente del municipio. Por todo esto, vamos a seguir desarrollando una alternativa artística y cultural en Tres de Febrero, con la próxima realización de un festival en febrero y un pliego de reivindicaciones de los artistas locales para exigir al Estado financiamiento y espacios propicios para el desarrollo artístico independiente.

En noviembre de 2011 se prendió fuego un colectivo de Ecotrans mientras transportaba pasajeros. Por azar, no hubo víctimas. Pero lo que parece ser la crónica de una tragedia, no lo es. El colectivo que se incendió no estaba aún habilitado. Era un prototipo a prueba, el cual ya había sido rechazado por otras líneas del propio grupo Plaza por tener graves problemas de fabricación. En esa semana, estaba finalizando una intensa campaña de denuncias, realizada por el cuerpo de delegados y trabajadores de la empresa, por la falta de mantenimiento e inversiones, bajo el título "No queremos otra masacre de Flores". La empresa respondió a las graves y puntuales denuncias de los trabajadores y sus delegados en el Clarín zonal, el que previamente había publicado una extensa nota divulgando nuestras denuncias. Allí responsabilizó a delegados que militan en el Partido Obrero por generar "malestar" entre los trabajadores y usuarios de Ecotrans. En esa misma línea, responsabilizó a los trabajadores por el incendio del colectivo y despidió a dos compañeros de técnica, quienes habían realizado reparaciones (menores) unos días previos al incendio. Ante una gran reacción de los compañeros, la empresa reincorporó a uno de los despedidos y solicitó cuarto intermedio para decidir sobre el otro hasta el día 13 de diciembre, fecha en la que ratificó el despido. La asamblea decidió un quite de colaboración y se sacaron de servicio 69 unidades con sus respectivas órdenes de reparación. Se reclamó a la UTA la radicación de la denuncia contra la empresa por el despido arbitrario. Durante las semanas de conflicto, los compañeros realizaron una colecta para el despedido, lo que le permitió afrontar las fiestas con algo en el bolsillo. Por otro lado, la fiesta de fin de año de la línea, que núcleo a 420 personas, se hizo con el eje de la reincorporación de los compañeros. El 28 de diciembre se produjo la audiencia clave, preparada por nueva asamblea general de todas las líneas. La empresa no daba marcha atrás e informó el envío de 30 telegramas de despido a trabajadores por no cumplimiento del servicio. La UTA dijo que no avalaba la medida de fuerza. Afuera, los compañeros cortaron la calle frente al ministerio, mientras el resto se quedó en las cabeceras, para garantizar el corte de servicio que -a esa altura, pasado el medio-día- ya era total. Es decir: se respaldó a los delegados con un paro general. Finalmente, el ministerio, después de varias consultas a La Plata, dictó la conciliación obligatoria, lo que retrotrajo la medida previa al despido del compañero. Es decir que el compañero debe ahora percibir los salarios caídos desde la fecha de su despido hasta que se resuelva su situación. La conciliación se extenderá hasta mediados de febrero, tiempo en el que se tendrán que preparar las condiciones para su definitiva reincorporación y dejar sin efecto los 30 telegramas enviados por la empresa. Un gran triunfo en las condiciones más duras.

Los gobiernos justicialistas municipales han anunciado alrededor de cien despidos de estatales en Villa Allende, y casi 150 en Río Ceballos. En Río Ceballos, una asamblea de trabajadores decidió una huelga indefinida hasta la reincorporación de todos. Por más que el gremio intentó separar entre los de planta permanente, los contratados y los subsidiados, los trabajadores defendieron el método de la asamblea única y votaron una comisión negociadora de delegados de la asamblea y representantes gremiales. También se resolvió que las propuestas del ejecutivo municipal serán evaluadas sólo por la asamblea general. En Villa Allende, una asamblea del gremio, conducido por la lista de activistas, resolvió la ocupación del edificio municipal, que fue masiva y obligó al municipio a dar marcha atrás con los despidos. En Río Ceballos, sin canales de negociación, la asamblea resolvió que los trabajadores se presentarán a sus lugares de trabajo; en caso de que no se les permita el ingreso, inmediatamente se continuará con el paro y corte de calle. Se discutió cortar las rutas de ingreso a la ciudad, así como la toma del edificio municipal. En el último tiempo, la lucha de los trabajadores de los municipios, con ocupaciones de edificios públicos, cortes de calles y asambleas, se hizo sentir en las localidades de Capilla del Monte, Jesús María y Salsipuedes. Es para destacar el señalamiento generalizado entre los trabajadores de Río Ceballos: “Nosotros no somos los culpables de la crisis del municipio, ¿por qué tenemos que pagarla con nuestros empleos?

La lucha por una nueva dirección del gremio y la preparación para las elecciones generales de abril se han manifestado en la campaña financiera del Partido Obrero: conseguimos 80 aportes (llegaremos a los 90) y un buen monto de recaudación. Paralelamente, se desarrolla una campaña similar de la Naranja Gráfica. Hemos lanzado, además, una rifa y estamos preparando un festival de rock -esto para reunir los recursos que nos permitan enfrentar el aparato del sindicato, que los propios gráficos financiamos. La tenacidad con que el activismo gráfico ha tomado la lucha por los recursos es una demostración de la decisión con que encara la batalla por el sindicato. El nutrido plenario de la Agrupación Naranja realizado en Avellaneda hace unas semanas reforzó estos objetivos y sentó los ejes de la intervención que nos planteamos en el gremio, en torno a la defensa de las paritarias, contra el impuesto al salario, por el convenio y el rescate de la obra social. Los nuevos militantes naranjas se han propuesto caminar el gremio en función de que nuestra lista agrupe a todo el arco antiburocrático del gremio, en el cual hay numerosos sectores que están en completa crisis con la burocracia.

Mario Monti ha demostrado que es ‘algo’ más que un ‘gobierno técnico’: acaba de recibir, junto al presidente Giorgio Napolitano, al presidente del Consejo Nacional de Transición libio, Mustafá Abdul-Jalil, para anunciar la reactivación del tratado de ‘amistad’ entre ambos países, que había sido firmado en 2008 entre Silvio Berlusconi y Muammar Gaddafi y fue suspendido durante el ataque de la Otan. La mayor parte de los titulares hicieron escuetas referencias a lo que llamaron el desbloqueo de unos 600 millones de euros en activos libios, los que habían sido congelados al inicio de la guerra. Menos difusión tuvo que "el presidente Jalil se comprometió a utilizar los fondos descongelados para pagar deudas a compañías italianas" (Trípoli Post, 16/12) y que el nuevo gobierno libio in-formaba que contribuiría al reforzamiento de capital del quebrado banco UniCredit. El Banco Central libio cuenta con un 7% de las acciones de UniCredit y la Libyan Investment Authority con otro 2,5%: el diario Sole 24 Ore, órgano de la banca italiana, destacó que la decisión de invertir en un aumento de capital de un banco extranjero venía de parte de un país "que necesita dinero en forma desesperada para afrontar la reconstrucción". En resumen, no hay ‘desbloqueo' ni ‘repatriación’ del dinero libio que Gaddafi puso en Italia: se lo queda la banca italiana en una operación de confiscación internacional disimulada. Lo mismo ocurrirá ahora con el dinero de Libia que fue ‘congelado’ en Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Según La Repubblica (15/12), el acuerdo también plantea que "Italia también estará en primera línea en la reconstrucción y lista para brindar asistencia en los sectores estratégicos, de la seguridad a la energía e infraestructura". El objetivo de la agresión de la Otan, votada por la ONU, queda diáfanamente claro: afanarse más de den mil millones de dólares de Libia para usarlos en el rescate del capital internacional. "Il professore" de la Bocconi y del Vaticano es un cuervo al servicio del imperialismo itálico.

Me enteré de su fallecimiento por Prensa Obrera. Me conmovió. Juan Sosa fue el primer obrero que recluté al partido (en aquel entonces, Política Obrera), en la fábrica Scholnik en 1973.Yo había ingresado a finales del '72, luego del servicio militar. Allí lo conocí. Juan Sosa había militado en el PC, cuando éste era un fenomenal aparato político. Rompió con el partido Comunista de-nunciando su política anticlasista y su burocratismo. Con Juan formamos una célula partidaria y una agrupación clasista, que luego fue la Lista Gris de la fábrica. Juan me llevaba diez años, pero nos hicimos muy amigos -también con su familia. Con él participamos de numerosas experiencias, entre ellas la de integrar la coordinadora intergremial de Morón y Oeste que se formó al calor de la huelga general de junio-julio del '75, con la Lista Gris en el marco del Sindicato Gráfico Argentino, e incluso -quizá-, la primera agrupación ecológica en Villa Tesei, la cual obligó a la curtiembre Cidec a tomar medidas contra la contaminación. En todo ese tiempo, compartimos la dirección sindical de la fábrica con una agrupación de Montoneros. Juan era un obrero formado, lector apasionado de la prensa partidaria y de los diarios burgueses, con los cuales reunía información que usaba criticamente en la lucha política, que era muy intensa en aquel entonces - especialmente con la izquierda peronista (JTP), pero también con el Peronismo de Base donde recalaba el ongarismo. Luego del golpe, los delegados vinculados con Montoneros se retiraron y, en esas circunstancias, quedamos como única dirección de la fábrica hasta noviembre del '76, cuando -luego de realizar un conjunto de asambleas de sección- nos avisaron que nos habían denunciado a Campo de Mayo y que nos irían a buscar -cosa que efectivamente ocurrió- pero ya estábamos en la clandestinidad. El trabajo en la fábrica continuó, pues nos habíamos abocado a conformar una agrupación clandestina. Con Juan compartí algunos de los capítulos más importantes de mi vida militante. Mi homenaje a un obrero que dio todo por la causa del socialismo y por la construcción de un partido obrero revolucionario. Tus sueños, Juan, los vamos a hacer realidad.

Rusia: la crisis política se abre paso con la movilización La crisis política generada por las movilizaciones populares contra el fraude abrió una grieta en el régimen político ruso, que colocó a Moscú de lleno en la crisis mundial. A pesar de los intentos del presidente Putin para sobrevolar la crisis sin mayores convulsiones, grandes manifestaciones siguieron ocupando la escena -principalmente en la capital del país, donde se movilizaron más de 100 mil personas. El presidente Dimitri Medvedev anunció una reforma del régimen electoral que evidencia la fractura que se está procesando. La decisión de Medvedev de poner la elección de gobernadores bajo la órbita del sufragio popular, luego de que Putin estableciera que fueran electos por el poder central, es una manifestación aguda de este proceso. Las movilizaciones, por otra parte, se desarrollan al margen de los partidos del régimen. Tanto el Partido Comunista Ruso como Rusia Justa, los dos principales partidos de la oposición, le dieron la espalda a las protestas callejeras. Los oradores de los actos, que reúnen un amplio espectro de tendencias políticas, exigen la realización de nuevos comicios y la renuncia del primer ministro. A dos meses de las elecciones presidenciales, Putin enfrenta un posible escenario de segunda vuelta, el que podría agravarse aún más, propinando un golpe mortal a su camarilla. Israel: protesta masiva contra los ortodoxos La manifestación realizada por miles de judíos en Beit Shemesh contra los colonos ultraortodoxos, quienes intentan instalar la segregación de géneros en los asentamientos, implica una crisis al interior del régimen sionista. La movilización -convocada luego de que un grupo de ultraortodoxos agrediera a una niña que no vestía según sus normas, lo que desató un verdadero vendaval-tuvo una magnitud sin parangón. La convocatoria fue apoyada por el presidente, Shimon Peres, y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, quienes llamaron a defender "la solidaridad nacional". Antes de la movilización, un grupo de colonos, llamados los "Jóvenes de la Colina", habían herido un soldado israelí en un atentado a una mezquita. El movimiento de colonos es impulsado por el régimen sionista para avanzar en la expulsión de la población palestina y expandir las fronteras del Estado sionista, así como para erradicar a la po-blación árabe del territorio de Israel, con el objetivo declarado de ‘judaizar' el Estado. Egipto: mujeres, islamismo y revolución La salvaje represión desatada sobre los manifestantes de la Plaza Tahrir y, en particular, la brutal paliza propinada a una joven activista, desataron la irrupción del movimiento de mujeres en Egipto que -si bien estuvieron presentes desde el primer día del levantamiento popular, como lo dejan de manifiesto su importante rol en la organización del acampe- esta vez intervinieron para reclamar el fin de la opresión y las arbitrariedades contra las mujeres desde el Estado. Por otra parte, se consolida como un actor cada vez mayor de la crisis política el grupo de los salafistas -fundamentalistas islámicos-, el cual anticipó que, en caso de formar parte de un gobierno de coalición, respetaría los acuerdos bilaterales con Israel. Los Hermanos Musulmanes, por su parte, continúan al margen de la movilización popular por estar embarcados en una serie de componendas con el régimen militar, el cual acaba de suprimir uno de los tramos dilatorios de la elección, en busca de tender las bases para un acuerdo que cierre la crisis política. Una importante ola de huelgas atravesó el país durante septiembre que, aun con un carácter limitado, plantearon consignas como la nacionalización de las empresas privatizadas y la expul-sión de los burócratas sindícales.

El gobierno nacional abrió el año 2012 con un ataque en regla contra los trabajadores estatales. A través de un decreto de necesidad y urgencia, pone “bajo revisión” a todos los “pagos de adicionales, bonificaciones y plus” de los empleados estatales. El decreto habilita al gobierno a “confirmar la procedencia” de esos pagos y también “limitar su alcance”. El decretazo abre la puerta de una reducción salarial, no para “algunos privilegiados” -como dicen los K- sino para la inmensa masa de los estatales, más de 300 mil. Desde hace muchos años, los trabajadores del Estado han buscado superar sus básicos miserables -pactados entre los gobiernos de tumo y las burocracias sindicales- arrancando pagos adicionales en sus diferentes organismos y reparticiones. En cualquier caso, esos adicionales forman parte del salario -que, para el promedio de los estatales, está muy por debajo de la canasta familiar. Después de haber criticado tantas veces a “los que le redujeron un 13% el salario a los estatales” (López Murphy y De la Rúa), el gobierno K avanza en la misma dirección de aquellos ajustadores. Ya se ha ejecutado la anulación de bonificaciones de fin de año -huelga del Inti-, mientras UPCN no dio señales de vida, Piumato twitteó su sorpresa y ATE “evalúa” un paro. Asambleas en todas las reparticiones, unitarias, sin distinción de gremio; plan de lucha por la defensa de los derechos adquiridos de los trabajadores.

El Partido Obrero despide con profundo dolor a Guillermo Bothner, uno de sus militantes funda-dores en la provincia de Misiones -especialmente en Eldorado. Guillermo integró la dirección provincial y fue candidato a gobernador por el partido. Inició su militancia estudiantil en el Partido Revolucionario de los Trabajadores del Chaco, formó parte de la lucha por los derechos humanos en los '80 y peleó por la construcción de sindicatos independientes en los gremios de la Uocra y la UPCN. Despedimos a un compañero con el orgullo de haber compartido vida y militancia con tan extra-ordinaria persona, ejemplo de honestidad política, de dedicación apasionada a su tarea profesional y su entereza moral. Su ejemplo es una guía de militancia para todos sus compañeros.

En los últimos meses, China volvió a ocupar las primeras planas de la prensa internacional. En el marco de una desaceleración industrial, un conjunto de huelgas obreras y levantamientos campesinos ha vuelto a poner de manifiesto un cuadro de ascenso de masas, que plantea al rojo vivo todas las contradicciones del proceso de restauración capitalista en el país. Huelgas en el "taller del mundo" Entre los llamados "incidentes de masas", que llegaron a 180 mil el año pasado (The New York Ti-mes, 14/12), sobresalen los protagonizados por la clase obrera. Según un reciente cable de Ansa, más de 200 empresas fueron cerradas el mes pasado solamente en la provincia de Zhejiang, en el este de China, "afectadas, en su gran mayoría, por la caída de las exportaciones y el aumento de los costos laborales". El proceso que había estallado el año pasado, con una serie de huelgas en las plantas automotrices de propiedad japonesa, se ha visto profundizado en los últimos meses de 2011. Las empresas están recortando horas extras y, como ocurre en el distrito de Guangdong (el principal polo industrial de China), las autoridades anuncian la suspensión del aumento del 20% en el salario mínimo. El gobierno central, a través del res-ponsable máximo de la seguridad interna, hizo saber a las autoridades locales que deben "prepararse para los efectos negativos (¡!) de la economía de mercado" (Financial Times, 4/11). La agitación y las huelgas se reproducen a lo largo y a lo ancho del país, "desde las fábricas de za-patos y textiles de la provincia de Guangdong, conocida como el ‘taller del mundo’, hasta el núcleo de plantas de electrónica y productos deportivos del sudoeste, cientos y hasta miles de trabajadores han paralizado la producción de las principales marcas occidentales" (Reuters, 25/11). Más de 10 mil trabajadores fueron a la huelga en noviembre en los centros industriales de Shenzhen y Dongguan, en el sur del país, destacándose la huelga de los más de cuatro mil trabajadores (en su mayoría mujeres) de la empresa Hailiang, que produce componentes para la japonesa Hitachi, en conflicto desde comienzos de diciembre. También en noviembre fueron a la huelga unos siete mil trabajadores de la planta de zapatos Yue Cheng, en la provincia de Guangdong, contra la intención de la patronal de mudar la fábrica a una zona rural del interior del país, donde la mano de obra es más barata. La semana pasada, se declararon en huelga unos ocho mil trabajadores de una fábrica de productos electrónicos, subsidiaria de LG, ubicada en la ciudad de Nanjing, también en el sur de China, de propietarios sur- coreanos. Los trabajadores denuncian que el bono de fin de año de los empleados de la firma en Corea del Sur es seis veces superior al de la filial en China. También en reclamo de un adicional de fin de año, en este caso recortado por una patronal japonesa, fueron a la huelga hace pocos días unos 1.500 trabajadores de la fábrica Aries en Guangzhou, la cual produce autopartes para Nissan, Honda y Toyota. "Una Comuna de París en China" El conflicto que recorrió los titulares de todo el mundo durante las últimas semanas fue, sin em-bargo, el protagonizado en un pueblo de pescadores de unos 15.000 habitantes llamado Wukan, el que fue virtualmente tomado por sus pobladores durante casi todo diciembre. El conflicto se inició en septiembre, a partir de una movilización contra maniobras ilegales y fraudulentas en operaciones de venta de la tierra rural: según diversas fuentes, la ira popular estalló cuando se vendió una granja usufructuada por toda la comunidad local para la construcción de un complejo habitacional de lujo, a cambio de 156 millones de dólares que quedaron en manos de las autoridades. El conflicto se mantuvo durante varios meses y cuando uno de los dirigentes de la po-blación apareció muerto y con signos de tortura mientras estaba en manos de la policía, se produjo una pueblada que expulsó a las autoridades del PC local y a la policía, lo que dejó al pueblo bajo el control de sus habitantes movilizados y armados. Los pobladores dejaron ingresar a la prensa extranjera, lo cual permitió dar una -enorme resonancia internacional a la protesta y obligó a las autoridades a negociar. Un corresponsal extranjero lo caracterizó como "una Comuna de París en China", porque -al igual que la de 1871, en Francia- "el primer gobierno obrero de la historia" organizó la totalidad de la vida social de la ciudad al margen del Estado. Finalmente se llegó a un acuerdo durante la última semana, cuando el gobierno aceptó liberar a los detenidos y no tomar represalias, además de iniciar una investigación sobre la muerte del dirigente local. El conflicto de Wukan toca la línea de flotación de todo el proceso de restauración capitalista: la cuestión de la privatización de la tierra. Es la sustentación de la gigantesca especulación inmobi-liaria que atraviesa el país. En la China ultracapitalista no hay propiedad privada de la tierra: como propiedad del Estado, los gobiernos están autorizados a expulsar a los campesinos que la usufructúan a cambio de una indemnización. Este es el núcleo de la caracterización de China como un régimen capitalista en transición, que pone en conflicto sus dos polos fundamentales: el capital internacional, por un lado, y la masa agraria no capitalista, por el otro. El aparato burocrático, surgido de la revolución de 1949, funciona ahora con toda su potencia al servicio de la expropiación de los medios de trabajo del campesinado. La presión de la urbanización capita-lista -resultado gigantesco de la rápida proletarización del país- choca con el trabajo de la masa campesina; el Estado intermedia esta confiscación a cambio de enormes beneficios monetarios en forma de coimas. A lo largo y ancho del país, las poblaciones rurales denuncian ventas clandestinas e ilegales de esas tierras, o sea sin autorización ni pago de la indemnización legal por parte de las autoridades locales: "Los residentes de Wukan afirman que oficiales corruptos han requisado cientos de hectáreas, en connivencia con los promotores, y las han vendido sin su consentimiento" (ídem). Las autoridades locales y regionales calculan el precio de la tierra de acuerdo con su rendimiento agrícola, pero lo venden de acuerdo al rendimiento inmobiliario potencial. Algunos especialistas han calculado que los pobladores obtienen solamente un 5% del total del valor al cual las autoridades terminan vendiendo la tierra. Se calcula que las ventas de tierra suman aproximadamente un tercio de los ingresos totales de los gobiernos locales, que "dependen de estas ventas para sostener los gastos cotidianos" (New York Times, 14/12). "En los últimos cinco años se han producido más de 200 mil conflictos con campesinos cuya tierra fue expropiada por municipios invasores en el proceso de urbanización más acelerado de la historia" (World Policy, 23/10). El problema de la tierra y la sucesión en el PCCh Para el año 2012 está prevista la selección de la "quinta generación" -una rotación quinquenal establecida por Deng Xiaoping- y se renovarán siete de nueve lugares del politburó del Partido Comunista Chino. Una de las figuras en ascenso es precisamente Wang Yang, visto como ‘liberal', el secretario de la región de Guangdong, donde está ubicada la aldea de Wukan y buena parte de las industrias exportadoras (se trata de la provincia más rica del país). Wang aparece enfrentado a Bo Xilai, de la provincia de Chongqing, considerado un ‘conservador’ y, al mismo tiempo, el máximo exponente de la política de privatización de tierras rurales para impulsar grandes emprendimientos inmobiliarios. Wang intervino en las huelgas que atravesaron Guangdong en 2010 para imponer a las empresas la negociación con los trabajadores en conflicto. Los ‘liberales' y los ‘conservadores' defienden la expropiación de los campesinos, que está inscripta en la ley. Los gobiernos locales, sin embargo, no la aplican, para evadir la autorización legal y el monto de las indemnizaciones. "Más allá de lo que diga la ley, pierden terreno aquellos dirigentes que titubean en cuanto a las expropiaciones de tierra y son promovidos aquellos que generan riqueza más rápidamente, por lo general transformando las tierras campesinas en propiedad municipal con altos precios", dice sin rodeos un editor del Wall Street Journal (28/12). La tregua negociada con los pobladores rebeldes de Wukan será temporaria: "las ocupaciones de tierras se incrementarán a medida que las autoridades locales busquen ingresos para promover el desarrollo de proyectos que les aseguren su promoción política" (ídem, 28/12). Los que pretendieron que la restauración del capital en China sería la vía de escape para la eco-nomía mundial suelen olvidar que esa restauración se procesa en los mismos términos de las leyes que llevan al capital a la crisis y al colapso. Prensa Obrera ha caracterizado en numerosas ocasiones, desde hace años, que la pieza decisiva de ese proceso de restauración giraba en torno de la expropiación de millones de campesinos. El futuro de la restauración capitalista en China es inseparable del futuro del capitalismo: las contradicciones mortales del capital adquieren una explosividad sin precedentes cuando se desarrollan en un marco de una transición histórica que supone liquidar un desarrollo no capitalista, impuesto por un movimiento revolucionario que atravesó diferentes etapas históricas.

Las querellas de nuestros compañeros Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre, representadas por Claudia Ferrero (Apel) y María del Carmen Verdú (Correpi), junto a la de los familiares directos de Mariano, representada por los abogados del Cels, Carolina Varsky y Maximiliano Medina, solicitaron en forma conjunta la unificación de la causa que investiga las responsabilidades de la policía con el juicio oral contra los patoteros y burócratas de la UF detenidos, programado para el 22 de febrero próximo. En los fundamentos de la solicitud, los abogados señalan que “si bien el caso (de los policías) fue elevado a juicio bajo la calificación legal de abandono de persona seguido de muerte, las querellas requerimos la elevación en orden al delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado” en tres oportunidades, “por considerar que los funcionarios policiales han sido partícipes necesa-rios de los delitos atribuidos” a Pedraza, Fernández, Favale y compañía. “El fraccionamiento conspiraría contra la comprensión del ataque hacia los manifestantes como un todo, y de la forma en que estaban repartidas las funciones y responsabilidades entre los imputados”. La policía no fue un espectador pasivo de la agresión de la patota que mató a Mariano e hirió a los compañeros: cubrió y encubrió a los agresores, ocultó y destruyó pruebas, constituyó parte fundamental de la emboscada criminal. El desguace del juicio en dos tramos colaboraría en aislar y disminuir el papel de la policía, imputada por el fiscal de instrucción por delitos menores. Por otra parte, en el retraso relativo de la causa que investiga el papel de los policías mucho tuvieron que ver las chicanas jurídicas que plantaron los “asesores técnicos” del Ministerio de Seguridad que conduce Nilda Garré, que estuvieron a cargo de su defensa hasta octubre pasado. Entre esas chicanas, la solicitud de que su caso pasara al fuero “contravencional” de la ciudad de Buenos Aires. Poner el cuerpo Por otro lado, el martes 3 de enero médicos del hospital Santojanni extrajeron la bala que Nelson Aguirre tenía alojada detrás de su rodilla, producto de uno de los dos disparos que recibió durante el ataque de la patota. Nuestro compañero planteó someterse a la operación para aportar al juicio una prueba que podría ser muy valiosa para corroborar un aspecto clave: la presencia de más de un tirador entre los agresores. Decenas de testimonios incorporados a la causa sostienen que hubo varios tiradores, que Pablo Díaz fue quien dio la orden de utilizarlos en el lugar de los hechos, y que entre los detenidos se encuentra quien estuvo encargado de distribuir “los fierros” y luego retirarlos, Salvador Pipitó. Nelson recibió una cirugía muy delicada, que estuvo a cargo del Dr. Ricardo Zambrano, médico cirujano de larga trayectoria, tanto en su especialidad como en el apoyo a todas las luchas populares. Zambra- no no vaciló en aportar todo su conocimiento y capacidad, que aseguró una operación exitosa. Mientras Nelson se recupera, nos seguimos preparando, en el plano jurídico y político, para la gran batalla por el juicio y castigo a todos los responsables del crimen de Mariano.

El 30 de diciembre, después de soportar una penosa enfermedad, nos dejó. Queda en nuestro recuerdo, cuando en la imprenta donde trabajaba imprimía nuestros volantes regionales -siempre sacados de apuro- y sus noches prendido en cada pintada en el paredón de Atanor. El penoso vicio por el cigarrillo y el trabajo con solventes le fueron minando los pulmones. Un abrazo de la regional de Vicente López a su compañera y, sobre todo, a su hijito. ¡Hasta la victoria siempre, compañero Richar!

Diez años atrás, el pueblo de Argentina se arrogó un derecho que no tiene reconocido por la Constitución Nacional: revocó, por medio de la acción directa, el mandato de un gobierno electo. El intento de ‘proteger' a las clases medias mediante el estado de sitio fue respondido con una enorme rebelión popular. Entre el ‘peligro’ de los de abajo y la confiscación de los de arriba, los sectores medios eligieron su campo. La renuncia veloz del gobierno permitió mantener la continuidad jurídica del Estado, mediante un gobierno designado por el Congreso. Una década más tarde, este derecho de revocatoria sigue presente en la conciencia popular e incluso en la del régimen político. Los cortes de ruta, las manifestaciones sin autorización, las ocupaciones de empresas, universidades y colegios son cotidianos. La conmemoración del décimo aniversario reunió alrededor de treinta mil personas -sin la presencia de ningún contingente del oficialismo ni de la oposición patronal. La bancarrota de Argentina, hace diez años, es un caso de modelo ‘puro’ de disolución de las relaciones sociales capitalistas: hacia allí converge la crisis mundial actual. Fue un Lehman Brothers ‘avant la lettre': la devaluación del peso fue una expresión del derrumbe económico, no una ‘salida’ a la crisis, la cual emergió por otras circunstancias. Produjo una bancarrota total del sistema bancario, la caída vertical de la producción, una virtual desaparición de la moneda y una desocupación en masa (un 60 por ciento entre desocupados y subocupados). La quiebra financiera del Estado obligó a los Estados federales a emitir moneda propia -catorce monedas diferentes- y, en algunos casos, emergió el trueque. La unidad política del Estado operó como el recurso último de supervivencia del capital. El default, la devaluación del peso y la caída del gobierno consumaron un golpe de Estado por parte del FMI y de la burguesía argentina. El primero financió, durante 2001, una fuga de capitales de alrededor de 50 mil millones de dólares, los que quedaron exentos del default. La burguesía nacional obtuvo la desvalorización de sus deudas en pesos y ventajas comerciales. La desvalorización económica (el PBI, en valor, cayó de 300 mil a menos de 100 mil millones de dólares) sirvió como premisa de la recuperación de la economía desde mediados de 2002, pero solamente porque la crisis quedó confinada a las fronteras nacionales y se desarrolló una irrupción enorme de China en el mercado mundial de alimentos y minerales. Lo mismo ocurrió con toda América del Sur, cuyas monedas estuvieron sobrevaluadas durante toda la década. En el marco de una crisis mundial, como ocurre en la actualidad, esto no hubiera sido posible. El oficialismo asegura que resolvió el problema de la deuda externa debido a que consiguió una quita del 75 por ciento. Falso. La refinanciación afectó, en primer lugar, solamente a la mitad de la deuda -la contraída con los acreedores privados. En segundo lugar, la deuda refinanciada estaba inflada por la acumulación de intereses usurarios impagos de los rescates de 2001. En tercer lugar, la refinanciación del kirchnerismo incluye un bono que se ajusta al crecimiento del PBI, que ha dado rendimientos extraordinarios en los diez últimos años. La deuda pública, en 2011, supera en 25 mil millones de dólares a la anterior a la crisis. Para pagar la deuda re-negociada, el gobierno procedió a la confiscación de fondos del fondo de pensiones del Estado, de la asistencia médica a los jubilados, del Banco Central y de otras cajas del Estado. La deuda externa ha sido convertida, en casi un 60 por ciento, en una deuda pública interna, la que será refinanciada en forma indefinida -lo cual equivale a una confiscación de los jubilados. Ahora que esta política confiscatoria se encuentra agotada, el gobierno ha anunciado un aumento extraordinario (300 por ciento) de impuestos y de tarifas de servicios, acompañado por el anuncio de un congelamiento relativo de salarios frente a una inflación anual del 30 por ciento. Esto demuestra que Argentina aún sigue en default. No debe extrañar que, a poco de ganar las elecciones, el gobierno enfrente la peor crisis política desde 2003: ruptura con la burocracia sindical y con numerosos gobernadores de provincia. La bancarrota de 2001 no ha sido superada en términos estructurales. El Congreso acaba de renovar la ley de emergencia económica de hace una década; el sistema bancario se ha reducido en una tercera parte; la población que se encuentra por debajo del nivel de pobreza sigue en el 30/35 por ciento anterior a la bancarrota; el promedio de salarios es de 3200 pesos (520 euros), la mitad del costo de una canasta familiar; los subsidios a los servicios públicos, otros tipos de subsidios y las exenciones impositivas consumen el 40 por ciento del presupuesto. Como la deuda pública y la deuda externa siguen siendo impagables, hay gestiones activas para reanudar el endeudamiento internacional. El aumento de impuestos y tarifas, junto con la reducción relativa de los salarios, han llevado a un choque con los sindicatos. La quiebra política que ha irrumpido en el oficialismo, a pocos días de su triunfo electoral, ha reforzado la tendencia bonapartista del régimen político -es decir la etapa previa de una crisis final. Ninguna nación puede salir de la bancarrota económica sin repudiar la deuda externa, o sea sin romper con todas las relaciones políticas (nacionales e internacionales) que la sustentan. El repudio a la deuda plantea, en Europa, la ruptura con la Unión Europea y desataría una situación revolucionaria, la que tampoco se limitaría a un solo país. Tomada en su conjunto, la bancarrota de la UE plantea la toma del poder por los trabajadores y la Unidad Socialista de Europa, incluida Rusia. Un retomo al orden de cosas precedente no sólo es inconcebible, sino que reforzaría la opresión de los países ‘periféricos’ por parte del imperialismo e incluso desataría una guerra inter-imperialista. Nosotros planteamos la Unidad Socialista de América Latina, incluido Puerto Rico. La bancarrota de 2001 le ofreció una nueva oportunidad al nacionalismo burgués, gracias también al seguidismo de la izquierda democratizante (liderada por el partido Comunista, que hoy se encuentra dentro del gobierno) y de sindicatos integrados al Estado. Su fracaso es incuestionable, porque no ha modificado, sino que ha acentuado la dependencia del capital internacional. La intervención del Partido Obrero en el Argentinazo (con la consigna "que se vayan todos" y por "una asamblea constituyente convocada por un gobierno de trabajadores") sentó las bases de un desarrollo político ulterior sin precedentes, que se manifestó primero en la organización del movimiento de desocupados y luego en la conquista de numerosos cuerpos de delegados en las fábricas, así como de centros y consejeros en las universidades y colegios. En las elecciones recientes, el Frente de Izquierda obtuvo el mayor porcentaje de votos de la izquierda en el último cuarto de siglo, con un programa revolucionario (repudio de la deuda, expropiación de los bancos, nacionalización sin pago de recursos básicos, control obrero de la producción, gobierno de trabajadores). En numerosas ciudades alcanzó el 6 por ciento de los votos. En algunas (Salta, Capitán Bermúdez), el 14 y el 18 por ciento. Se desarrolla una perspectiva política revolucionaria, en el marco de una crisis definitiva del gobierno y de una crisis mundial imparable. El Argentinazo fue un "pre-ensayo general".

Los hechos sucedidos durante la madrugada de ayer en el barrio Moreno, cuyo desenlace arroja el lamentable saldo de tres muertes jóvenes, desencadenaron una serie de aseveraciones que distan enormemente de la realidad. En este angustiante momento, nos vemos obligados a replicar los chorros de tinta que se han empeñado -nuevamente- en la cada vez más desvergonzada y mecánica reacción por parte de los medios ante este tipo de hechos criminales: ningún ajuste de cuentas, ninguna "venganza por un atentado previo"; masacraron a tres pibes de familia, tres compañeros de nuestro movimiento que se empeñaban todos los días en llevar adelante proyectos comunitarios que incluían a la juventud del barrio. Por todo esto, por la memoria de nuestros compañeros y el desagravio de sus familias, no vamos a permitir que se difame el nombre de nuestros pibes, compañeros, amigos y hermanos... En primer lugar, hay que aclarar que ninguno de los pibes tenía antecedentes penales, versión que circuló inmediatamente después de la masacre. Desde ya que ninguno de ellos estaba armado; quienes conocemos a los pibes no podemos menos que indignarnos frente a la estúpida hipótesis de "un enfrentamiento". Es sintomático que en las páginas de los matutinos convivan a pocos párrafos de distancia, la hipótesis de nuestros pibes haciendo fuego y la veracidad del ocultamiento policial de uno de los sospechados de asesinar a nuestros compañeros. Hacía poquitos días, junto al Jere, el Mono y el Patón (al igual que junto a tantos otros compañeros y compañeras que participamos en el Movimiento), celebrábamos el fin de un año en el cual habíamos realizado algunos de nuestros sueños: construimos nuestro local y refaccionamos una canchita del barrio (ambos a 40 metros de donde los pibes fueron ultimados); después de mucho laburo, juntando moneda por moneda, pudimos viajar con todos nuestros pibes al Campamento Nacional de Jóvenes de nuestra organización; y pensábamos arrancar en febrero con los ensayos de la banda de cumbia que tanto entusiasmaba al Patón. “Nos cagamos de risa y sirve para sacar a los pibes de la esquina", decía El Patón, un pibe incansable a la hora de meterle el cuerpo a los sueños. Eso eran los pibes: pura voluntad de salir adelante, de cuerpearle al estigma de "vivir en un barrio"; y alegría, sobre todo alegría... Todavía resuenan algunas carcajadas del Jere, aunque nos quieran vender que nuestros pibes eran poco más que delincuentes. En este dificilísimo momento, no podíamos sino escribir estas líneas de desagravio, palabras que ya reflejan enormes ausencias y la predisposición a no olvidarlos nunca... El Patón, el Jere y el Mono viven en cada uno de nosotros, sus compañeros y familiares.

El 10 de diciembre se cumplieron los diez primeros años de la bancada del Partido Obrero en Salta, con dos concejales en la capital de la provincia. La conquista de la banca fue parte del pro-ceso político que culminó en el Argentinazo. Desde mucho tiempo antes de aquellas elecciones, el PO se había constituido en una fuerte oposición política al gobierno de Juan Carlos Romero. En junio de 2001, Romero se lanzó a una brutal persecución al partido con la detención de Pepe Barraza, Perico Raineri y Carlitos Gil, que habían militado en la pueblada de General Mosconi. En medio de la lucha por la libertad de los compañeros obtuvimos la personería electoral. Romero pretendía aparecer como el paladín del "orden" contra lo que reputaba como una resistencia popular "subversiva". La campaña electoral en 2001 comenzó, precisamente, con un acto frustrado por la presencia policial y la detención de Claudio del Plá y Marcelo Saravia, quienes luego serían electos conceja-les. La llegada del Partido Obrero al Parlamento despertó la atención de muchísima gente. Las sesio-nes comenzaron a ser seguidas sistemáticamente por un amplio sector de trabajadores y de las clases medias. Nuestras intervenciones llevaban por primera vez a ese ámbito los reclamos e intereses populares. La novedad política que introdujimos fue, fundamentalmente, de método. Como diputados y concejales organizábamos asambleas barriales y nos movilizábamos en las calles junto a los trabajadores, que defendían sus proyectos dentro y fuera del Parlamento. Fue así que la primera ley que conquistamos, la 7245, prohibió la entrega de las hipotecas de las viviendas adjudicadas por el Estado a bancos u otras entidades financieras, y fue resultado de una inmensa movilización de alcance provincial. Las bancadas llegaron luego a los concejos del interior. La de Orán desarrolló la única lucha a fondo contra la patronal del Ingenio Tabacal -que intentó expulsar a Josefa Cardozo, la concejala del PO, con la complicidad del PJ y el PRS, por denunciar el trabajo infantil. En Tartagal y Mosconi, las bancadas obreras fueron la expresión de las heroicas luchas del departamento San Martín. Los diez años se cumplen con la llegada del PO al Concejo de Colonia Santa Rosa, producto de una tenaz lucha contra la precarización laboral en el municipio y en el trabajo rural y contra el monocultivo de la caña de azúcar, que está diezmando a la población de la zona, que pierde su trabajo en las cosechas de hortalizas y cítricos. Las bancas del PO en estos diez años han sido protagonistas de los principales acontecimientos políticos de la provincia. Han puesto en debate cuestiones fundamentales, y hasta han obligado al gobierno a tomar medidas fuera de su programa político. Las bancadas del PO han sido y son una referencia y dirección de las luchas contra la represión y la impunidad. Concejales y diputados han sido víctimas de la represión hasta en pleno ejercicio de la representación popular -como ocurrió cuando fuimos apaleados en la Noche de las Tizas, junto a los docentes. Han dado un programa y acompañado las grandes huelgas docentes y, recientemente, la gran lucha de los trabajadores de la salud pública. Hemos puesto en debate el problema de la tierra, del agua, los problemas ambientales. Evidenciamos que los subsidios que reciben los capitalistas son siempre una confiscación perpetrada por el Estado a los trabajadores. Las bancadas obreras son un instrumento político, de lucha y de organización de la clase obrera, en el camino hacia el gobierno de los trabajadores. Hoy, como en el final de año de aquel 2001, las bancadas deben ser un elemento más de la lucha para que la crisis la paguen los capitalistas. El último juramento en la asunción de este año expresa los intereses por los que luchamos en todo el país: por la clase obrera, por el socialismo, por Mariano Ferreyra.

En medio de las polémicas que ha generado el paquetazo de fin de año de los K en el Congreso, no se le puede escapar a nadie que llamada "Ley de tierras" ha levantado muy poca polvareda. Ni los ‘destituyentes’ empedernidos de la Mesa de Enlace han protestado por el tema, ni la oposición patronal que le responde ha colocado a esa ley como emblema de la intolerancia K Muy por el contrario, varios sectores, como el radicalismo, los diputados que responden al ex secretario de agricultura de Menem, Felipe Solá, del FAP de Binner y hasta la Coalición Cívica, votaron favorablemente. Tanta unanimidad debiera ser ya motivo de sospecha, salvo que se crea que la oposición patronal decidió ir contra el capital sojero. Como eso obviamente no es así, sólo queda indagar en las características de la ley para entender por qué la casi totalidad de los bloques políticos del Congreso le ha dado su consentimiento. En primer lugar, corresponde aclarar que la "Ley de tierras" no se propone ir contra la gran concentración terrateniente en el país, sino sólo limitar la venta de tierras a extranjeros. En ese sentido, defiende el interés de la oligarquía local. Los Blaquier, Anchorena y Fortabat, poseedores de decenas de miles de hectáreas, pudieron pasar las fiestas tranquilos. Para que no quedaran dudas, Cristina Kirchner buscó congraciarse con los grandes latifundistas, cuando dijo que se trataba de un "proyecto nacional y no estatal". Más claro, agua. La "Ley de tierras" apunta a una concentración de la propiedad mediante la asociación entre el capital local y extranjero, estableciendo que éste no puede superar el 49% del paquete accionario. Otra vez apunta a resguardar los privilegios de la oligarquía local, a la cual busca convertir en socia del gran capital internacional. Por eso la Mesa de Enlace y sus representantes políticos han hecho silencio. Todos saben, además, que la forma de fraguar la composición del capital de una asociación em- presaria es múltiple y que sobre eso está todo inventado. Además, los capitalistas extranjeros que ya han comprado grandes propiedades, como los Benetton con su millón de hectáreas, no serán alcanzados por la ley, pues ésta no afecta los "derechos adquiridos" de los capitalistas. Antes de su aprobación, la Cámara de Diputados redujo del 20 al 15% la cantidad de tierra rural que puede estar en manos de extranjeros. Aunque esto se presente como un gran avance, es necesario señalar que permitiría, de acuerdo con todas las estimacio-nes, al menos duplicar la cantidad de tierras que pasen a manos del capital extranjero, debido a que en la actualidad éste sólo posee algo más del 5%. Por otro lado, se ampliaron las posibilidades de compra que puede hacer cada capitalista, pues se estableció que el límite de 1000 hectáreas sólo corre para la zona núcleo (la Pampa Húmeda), mientras que para el resto del país se establecerán equivalencias. De esta forma, si 1.000 hectáreas en la zona núcleo equivalen a 15 millones de dólares, cada capitalista extranjero podrá adquirir en la Patagonia una propiedad por ese mismo valor. De acuerdo con los valores actuales, las propiedades en las zonas más alejadas podrían superar tranquilamente las 5000 hectáreas. El punto más importante que han hecho notar varios especialistas -como Osvaldo Barsky, del Conicet- es que, al no haber registros sobre cuál es la cantidad de tierras en manos de extranjeros y, al mismo tiempo, al ser la tierra un recurso natural que le correspode a las provincias regular (según la Constitución de 1994), se corre el serio riesgo de que todo termine siendo un "saludo a la bandera" sin ninguna incidencia real. No por nada los legisladores K se negaron a tomar medidas de alcance realmente efectivo, como prohibir la venta de tierra a extranjeros en tanto se sustancie un verdadero censo que permita saber cuánta tierra es la que ya poseen. Las comunidades originarias han denunciado la ley porque, lejos de garantizarles la propiedad de la tierra bajo la forma comunitaria que ellos reclaman, habilita nuevas enajenaciones promovidas por la oligarquía nacional. A modo de ejemplo: el reciente asesinato de Cristian Ferreyra en Santiago del Estero fue ordenado por un terrateniente santafesino que, mediante un acuerdo con el gobernador K. Zamora, y el intendente del mismo signo, pretendía quedarse con tierras justamente reclamadas por campesinos y pueblos originarios. La línea estratégica de Cristina Kirchner es lograr una producción de granos de 150 millones de toneladas, especialmente de la soja que comen los porcinos de China. Este proyecto de "patria sojera" requiere una ley a su medida. Por eso la "Ley de tierras" K fue apoyada por la Mesa de Enlace.

Si algo caracteriza al campamento de la UJS es que es una reunión de luchadores, y en Santa Fe los jóvenes estamos encarando una intensa tarea para convertirlo en un hecho político que atraiga, en forma masiva, a la juventud que trabaja, estudia y se organiza para enfrentar los tarifazos y los ajustes, los malos salarios y condiciones de trabajo, y los ataques a la educación. Para eso hemos resuelto, en primer lugar, una fuerte agitación en las concentraciones juveniles, con afiches y volantes. Durante todo enero organizaremos una serie de charlas para difundir el viaje, así como videos-debates y cursos de formación para incentivar el estudio y desembocar en el curso general en Ramallo. Vamos a esforzarnos por la obtención de recursos para cubrir los costos, con fiestas, venta de empanadas y otras actividades. Preparamos un ambicioso plan para viajar desde Rosario. A esto, tenemos que sumarle los planes del interior de la provincia (del cordón industrial de San Lorenzo, donde el Partido Obrero se está convirtiendo en una referencia política muy importante, de Santa Fe capital y de Reconquista). Una de las metas más importantes en este sentido es que participen un grupo de compañeros de Paraná, para de esta manera colaborar en la estructuración de una nueva regional en la capital entrerriana. Para la UJS rosarina, los objetivos de movilización y formación política cobran una importancia inmediata. Es que a las pocas semanas de volver del viaje, debemos encarar la campaña para las elecciones universitarias, en las que esperamos aumentar en forma significativa las facultades donde nos presentamos. Además, nos estamos preparando tenazmente para participar de los distintos torneos -y, aunque lo importante es competir, tenemos la meta de salir campeones en fútbol y truco. Este enorme esfuerzo militante busca confluir en un gran campamento, para seguir dando pasos en la tarea que nos hemos fijado: la construcción de una juventud obrera y socialista.

El martes 27 de diciembre ingresaba en la Legislatura santacruceña un paquete de leyes que incluían la declaración de la "emergen-cia económica", con la eliminación de los principales derechos jubilatorios de los estatales provinciales. En su discurso, el gobernador Daniel Peralta atacó por enésima vez a las huelgas docente y petrolera, a las que pretende responsabilizar por el descalabro financiero de la provincia. El proyecto oficial eleva la edad jubilatoria a 60 y 65 años e impone un aumento en los aportes personales del 3 al 5% y un aporte especial que deberían pagar los jubilados, que iría del 4 al 17% según las escalas. Se pretende eliminar la movilidad basada en el salario de los trabajadores en actividad, para reemplazarla por un ajuste semestral atado a las finanzas de la Caja de Previsión; a su vez, se coloca piso de edad a la jubilación docente. También hace desaparecer el 82% inicial, para reemplazarlo por un porcentual variable y siempre inferior al 82%. En resumen: un ataque en regla a los trabajadores y jubilados. La "emergencia" suspende también las paritarias y establece el pago de todas las deudas del Estado con proveedores con un bono a cuatro años. Reacción El peso de las jomadas de lucha lo llevaron en primer lugar los municipales, pero también contingentes de Luz y Fuerza y grupos de vialidad, además de los docentes y gremios de la CTA, y compañeros de Atsa, UPCN y Apap. Fue notable la presencia de jubilados, y hasta la oficialista vocal que los representa en la Caja de Previsión se hizo presente en el bloqueo a la Cámara. La magnitud del ajuste colocó en crisis a las burocracias más oficialistas. Mientras el gobernador reunía a los intendentes y diputados de su bloque, el miércoles 28 ya se había instalado el acampe ante la Legislatura. La policía había fracasado en su primer intento de vallar el edificio. En la madrugada del jueves 29, los camiones de residuos descargaban varias toneladas de basura en la esquina y el frente de la Cá-mara. Los trabajadores organizamos los piquetes para bloquear los accesos. Comenzaron las maniobras y las escaramuzas con la policía. El vicegobernador Cotillo ingresó disfrazado de policía, y un grupo de legisladores intentó hacerlo por una de las puertas laterales, hasta que los manifestantes retomaron el control de ese sector. El humo de las cubiertas y de la basura fue planteando la densidad de una jomada que hacia el mediodía acarreó los primeros heridos. Como los trabajadores resistimos, la policía se ensañó en persecuciones a grupos. Llegó a tirar bombas de gas adentro del sindicato de personal legislativo y en las puertas del Soem. A dos compañeros municipales los molieron a golpes en la comisaría. Otro compañero fue atacado por los perros policiales. Frente a la Legislatura, mientras agitaban banderas del Frente para la Victoria, los empleados de Luz y Fuerza gritaban "que se vayan todos". Más temprano y del otro lado de la manzana, habían sido los municipales los que entonaban ese estribillo. En Caleta Olivia, más de 500 personas se movilizaron, en una convocatoria donde se destacó la bandera y la presencia del PO. Por la tarde, Cotillo anunciaba que se suspendía la sesión por "falta de garantías", en una Cámara que no tenía ni luz, ni empleados, ni quorum para sesionar. El vicegobernador también pretendió despegarse del ajuste, alegando que "él no había sido consultado". La guerra interna estallaba, y seguiría con la renuncia de los ministros de La Cámpora. Otros diputados del PJ, sin embargo, repudiaban a La Cámpora por su duplicidad, acusándolos de haber sido los principales impulsores del proyecto fracasado y de su aprobación a libro cerrado. En la mañana del 30, un diputado del PJ entregó un acta a los gremios en la sede de la Legislatura, con un compromiso de no tratar estas leyes hasta marzo y de habilitar una "mesa de diálogo con los gremios estatales". Sin embargo, el acta no plantea en ningún momento el retiro de los proyectos, que es la principal exigencia de la movilización obrera. Todos los comentarios apuntan a denunciar las maniobras golpistas de La Cámpora. Pero tanto el ajuste como el golpe fueron armados desde la Casa Rosada, y no está dicha la última palabra sobre la suerte del gobernador. En cualquier caso, fue una intervención obrera y popular decidida -que los ajustadores no esperaban- lo que impidió la aprobación del paquete. Desde el Partido Obrero, que estuvo en la primera fila de la lucha, con un compañero herido en la cabeza, hemos reclamado la continuidad del plan de lucha hasta la anulación del paquetazo de ajuste. El triunfo obtenido abre una posibilidad de enfrentar, en condiciones mucho mejores, estas medidas que, de todas maneras, buscarán implementar más adelante. La rebelión contra el ajuste puso de manifiesto el dinamismo del movimiento obrero santacruceño, así como la profundidad de la crisis de poder que se desarrolla en la provincia.

En Mar del Plata, este 2011 se cerró marcando la concreción del Frente de Izquierda, un gran acierto político que constituyó una alternativa política visibilizada en gran manera por los traba-jadores. Esto se manifestó claramente en la importante movilización de este 20 de diciembre, en la que a diez años del Argentinazo y bajo un verdadero diluvio, más de mil compañeros marcharon por las calles de la ciudad. Esta jornada estuvo marcada por un gran triunfo político del Partido Obrero, que logró introducir en el documento leído un gran reconocimiento a la rebelión popu-lar que echó a De la Rúa-Cavallo, pero, además, logró que se remarque cómo, en la actual etapa política, todas las medidas antipopulares tomadas por el gobierno (tarifazos, ley antiterrorista, crisis política puertas adentro del gobierno) manifiestan claramente que el proceso del Argentinazo no ha sido cerrado ni por el ascenso del kirchnerismo en 2003 ni por su votación el 23 de octubre. El Frente de Izquierda contó con una nutrida columna. El Partido Obrero se movilizó con alrede-dor de 150 compañeros y se destacaron las columnas del Polo Obrero y de la UJS, así como la presencia de trabajadores del pescado, docentes, estatales, judiciales, textiles. Todos marchamos una hora, bajo un diluvio, para no sólo recordar la gran rebelión popular de 2001, sino también para reforzar las filas del PO y enfrentar el avance de un gobierno que viene a descargar el ajuste y la crisis económica y política sobre la espalda de los trabajadores. El 28 de diciembre cerramos nuestro gran año 2011 con un brindis en el nuevo local que abrimos en la ciudad. Allí concurrieron alrededor de un centenar de compañeros; la actividad contó con la presencia de Daniel Rapanelli. Corresponde remarcar que la apertura de este local partidario en la zona céntrica fue votada como primera resolución en la asamblea del PO en noviembre, en el camino de fortalecer el Frente de Izquierda. Se pudo concretar tras una gran agitación financiera. Es nuestro tercer local en Mar del Plata. En la intervención de Rapanelli se marcó la necesidad, en esta etapa, de luchar por paritarias libres, por derrotar el tarifazo, por restituir las asignaciones familiares, por terminar con el im-puesto al salario y desprocesar a los luchadores, todo lo cual debe enmarcarse en un propósito político de conjunto: agrupar a los obreros y a los luchadores en una perspectiva propia. Con ese propósito se llamó a reforzar las filas del Partido Obrero, para fortalecer y desarrollar al Frente de Izquierda como alternativa política de los trabajadores.

Golpeado por el cerco de los trabajadores y la crisis política interna, el gobierno de Peralta salió del paso con un acta convenida con la Mesa de Unidad Sindical, en la que se compromete a no tratar el ajustazo hasta marzo. El acta, firmada del lado oficial por el diputado Alejandro Victoria, en nombre de Peralta pero no por Peralta, establece que los proyectos de leyes del ajuste "tomarán estado parlamentario en la primera sesión ordinaria del año 2012... a disposición de las comisiones permanentes, manifestando su voluntad y la del Bloque del FpV-PJ, de convocar a los sectores gremiales representados, para su debido consenso" El texto no deja de tener su cuota de perfidia, pues delata que su principal objetivo es 'recuperar' a La Cámpora a la defensa del ajuste que ella dice, mentirosamente, haber rechazado. Con su firma, la Mesa de Unidad Sindical convierte el retroceso de Peralta en un aval a los proyectos de ajuste, incluso si éste está condicionado al "consenso" o precisamente por eso ¿Acaso los firmantes admiten la posibilidad de un 'consenso' con el ajustazo? La Mesa ni siquiera quiere demorar hasta marzo; es por eso que propone una mesa que se aplique de inmediato a alcanzar este propósito. Partir un ajuste entre dos no deja de ser un ajuste, todavía más si lo impulsa una dirección sindical, porque es necesario recordar que el objetivo de los sindicatos es la mejora material y moral de la clase obrera, no reducir su retroceso. El acuerdo político que presta la Mesa de Unidad Sindical a la necesidad de un ajuste neutraliza el retroceso incuestionable de Peralta, que incluso planteó la necesidad de su renuncia. Todo indica que la Mesa Sindical no quiere que se vaya Peralta, porque considera, a nuestro juicio correctamente, que su reemplazo por los cristinistas de 'paladar negro' sería un 'guate- peor'. El acta le da un apoyo político a Peralta contra los intentos 'destituyentes' de La Cámpora, en especial porque el texto defiende el ajuste - con la 'salvedad', claro, del "consenso". La alternativa que tenía la Mesa de Unidad Sindical -y que tiene aún- es oponer ai ajuste su propio programa. La 'sintonía fina' con las cuentas públicas de Santa Cruz se puede realizar de otra manera -en primer lugar mediante la revisión, por un comité obrero, de cada una de las obras públicas que contrató el Estado provincial con la camarilla kirchnerista desde 1990, sin mencionar el desti-no que esa camarilla dio a los ingresos recibidos por la privatización de YPF, y los intereses o negocios que realizó con ese dinero cuando lo fugó del país. No olvidemos tampoco que para favorecer el ingreso de Eskenazi en la sucursal argentina de Repsol, los K forzaron repartos de dividendos para que el capitalista amigo pudiera pagar el crédito que le dio Repsol para poder ingresar. Como Eskenazi no puso siquiera 'un duro', la expropiación parcial de YPF-Repsol sería un acto de pura justicia, que acreditaría al Estado al cobro de los dividendos. Naturalmente, las medidas que habría que tomar en minería y petróleo son más profundas, ¿pero para qué mencionarlas si todos las conocemos? Simplemente, con elevar la regalía minera al 50% (son extractivas no renovables) se superaría ¡a crisis fiscal. Por su parte, prestar acuerdo para un "consenso" sería perpetuar el sistema de gastos y de recursos actual, o sea preparar la próxima crisis. Los dirigentes de la Mesa de Unidad Sindical deberían empeñarse durante el verano en promover entre las bases de los sindicatos, públicos y también privados (mineros y petroleros en especial), una salida alternativa - mediante asambleas, debates de programas, elección de delegados de base y, finalmente, un congreso obrero de toda la provincia, para marzo precisamente. Todos sabemos que con una política semejante, el ajustazo no pasa. El bonapartismo K no tiene los recursos políticos para derrotar una lucha obrera -para ganar una pulseada fuerte al movimiento obrero necesita la colaboración, hoy en duda, de la burocracia sindical.

Un día antes de Nochebuena, Macri vetó la Ley 4008, que prorrogaba hasta 2017 el régimen de protección a 29 fábricas recuperadas que funcionan en la Ciudad; la ley vetada contaba con el aval de los propios diputados del PRO. A partir del veto, los vaciadores están habilitados para reclamar que las empresas vuelvan a su control. Están amenazados de desalojo dos mil compañeros. El veto de Macri corona un largo proceso de prórrogas, en el que se fue pateando la pelota para adelante, de prórroga en prórroga, sin que se resolviera la cuestión de fondo. El gobierno de la Ciudad no puso la plata para terminar de concretar las expropiaciones. Este bicicleteo tiene sus años: arrancó en la época de Ibarra. El veto de Macri coincide con otra decisión -pero, esta vez, tomada por el gobierno nacional. El Ministerio de Trabajo acaba de anunciar el corte de los Repro (subsidios de 600 pesos), con el argumento de que su pago no puede superar los 18 meses. Con esta resolución caen en la volteada decenas de empresas recuperadas -como, por ejemplo, Brukman o Zanón, que venían reclamando la duplicación del Repro. Cristina, como se puede apreciar, se ha tomado muy en serio el proceso de normalización capitalista. El kirchnerismo deja en claro que no está en sus planes ninguna aventura estatista frente a un escenario convulsivo de despidos, suspensiones y cierres como el que se avecina. En Massuh, Mahle o Paraná Metal, los trabajadores terminaron en la calle. La nueva ley de quiebras apunta en esa dirección, al circunscribir el tema a un conflicto "entre privados". Llamamos a todos los compañeros de las fábricas bajo gestión obrera a impulsar un plan de ac-ción común frente a este nuevo ataque por partida doble. Rechacemos el veto de Macri. Basta de bicicleteos. Expropiación definitiva de todas las empresas recuperadas y entrega gratuita de las mismas a Jos trabajadores. No al corte del Repro; por su duplicación inmediata y por la creación de un fondo especial compensador, que permita equipar el ingreso de todos los compañeros con el sueldo de convenio. Por la modernización y equipamiento de todos los establecimientos bajo control de los trabajadores.

El gobernador de Río Negro, uno de los responsables de los asesinatos de Puente Pueyrredón en junio de 2002, murió en la madrugada del 1° de enero en una situación confusa, en la que su esposa constituye una pieza clave. La muerte de Soria ha abierto una crisis política en el gobierno provincial. Aunque la sucesión tenga certeza constitucional, es puesta en debate dentro de las filas del FpV. Sin embargo, Weretilneck -el nuevo gobernador- desmiente y relativiza un posible llamado a elecciones anticipadas. Soria propuso un ajuste brutal en sus 21 días de mandato. Habilitó el uso de cianuro en la minería, aumentó los sueldos de altos funcionarios, hizo aprobar una ley de emergencia que pasa a disponibilidad laboral a 20.000 trabajadores estatales (sobre un total de 47 mil), y anudó acuerdos con magnates y multinacionales de la zona. De esta manera, el gobierno pretende enfrentar una deuda de casi 1.000 millones de dólares, de la cual 400 millones son con pro-veedores, muchos de ellos de los rubros salud y educación. Lo cierto es que la población de Río Negro sufre un colapso del sistema educativo y sanitario, que se reforzará con este ajuste. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, se puso "a disposición de todas las autoridades políticas" que han actuado para acabar con los derechos de los trabajadores, alegando "momentos de profunda conmoción política" y "a los efectos de sostener la continuidad de nuestro Estado". Ni que Río Negro fuera a ser invadida - salvo por las corporaciones agrícolas de China y las mineras de Brasil y Australia. Muerto Soria, el paquete de medidas antiobreras sigue en pie, y direcciones sindicales como la de Unter, que se ha integrado al Estado aportando funcionarios, han resuelto sostener el ajustazo. Los trabajadores rionegrinos estamos frente a una situación que exige una intervención decididamente independiente del go-bierno y sus burócratas, que exija la inmediata convocatoria a asambleas y la preparación de un plan de lucha por el salario, contra los despidos y la destrucción del medio ambiente.

Un conjunto de cooperativas de empresas recuperadas agrupadas en nucleamientos afines al gobierno, con el acompañamiento de senadores y diputados nacionales, organizaciones gremiales y políticas y personalidades del oficialismo, publicaron una solicitada en Tiempo Argentino. Dentro de los firmantes, también figuran legisladores porteños de Proyecto Sur. Los firmantes repudian el veto de Macri a la prórroga de la ley de expropiación de las “recuperadas” -algo que ocurre, según ellos, “mientras el gobierno nacional promueve políticas inclusivas”. Pero ¿qué fue de las empresas recuperadas bajo los K? Mientras los subsidios al capital, empezando por los de los servicios privatizados, crecieron exponencialmente y fueron actualizados año tras año, los subsidios a los trabajadores de las recuperadas se mantuvieron congelados y circunscriptos a los Repro, que ascienden apenas a miserables 600 pesos. Y, ahora, se les da el tiro de gracia, suprimiéndolos. Es cierto que el gobierno de Macri no pone la plata para efectivizar las expropiaciones. Pero tampoco lo hace Scioli en la provincia, donde el kirchnerismo tiene históricamente una holgada mayoría en la Legislatura y hay más de 50 cooperativas que están colgadas de un pincel. Del mismo modo, sigue cajoneado en el Congreso el proyecto para expropiar el Bauen. En cambio, los K pusieron todas sus energías para que se sancionara la nueva ley de quiebras, que apunta a cerrar el capitulo de las expropiaciones. Es necesario que los trabajadores de las empresas recuperadas actuemos con firmeza para derrotar esta nueva escalada de Macri. Pero considerar que el gobierno nacional es un escudo protector contra esta nueva agresión del jefe de gobierno porteño es una premisa largamentemente desmentida por los hechos. No podemos permitirnos el lujo de tropezar con el mismo escollo. Es necesario abrir un nuevo horizonte a la lucha y la movilización que tenemos por delante, que no pueden estar sometidas a la orientación del gobierno nacional.

Fulano es como las almejas, se entierra con la lengua", dice el ingenio popular. Eso le ha sucedido al "filósofo" José Pablo Feinmann, cuyas desventuras recientes entre Página/12 y La Nación se han convertido para él en una especie de sainete dramático. El hombre, impulsado -como él mismo admite- por su avidez de ventas de su último libro, le dio una entrevista al diario La Nación y, deseoso de caerles bien a los lectores de la familia Mitre, hizo lo que no debía: intentó simular que es lo que nunca fue, un "pensador independiente", y criticó a los K por el costado de la corrupción, ítem especialmente irritante para el oficialismo. Chau Feinmann: "Cavé mi tumba", dice desesperado, en un intento patético de redención kirchnerista que publicó después en Página/12 (esa "aclaración", es de temer, sólo le servirá para que le ocurra como a los confidentes policiales, despreciados hasta por aquellos a quienes sirven). En la entrevista con La Nación, a Feinmann -según él- le pasó como a aquel personaje de una vieja canción de Pimpinela: le mintieron, lo engañaron. El dice que aceptó ir a ese diario porque primero "te llaman, te adulan, dicen que te quieren". Y él, que es "un tonto que cree en la posibilidad de (...) abrirse a un diálogo amplio (...) acepta" (Página/12, 28/12/11). En esa misma columna, Feinmann se queja porque alguna vez Jorge Altamira lo trató de "pelotudo", pero después de su propia confesión aquel epíteto deja de ser un juicio de valor y se vuelve apenas una descripción. Con esa intención se lo adjudicó Altamira y, por su lado, Mauro Viale y Dante Gullo rubricaron el calificativo en América 24, el viernes 30 de diciembre (Feinmann se había quejado ante Gustavo Silvestre porque "la Presidenta no me llama"). Tiene su importancia la referencia a este patetismo de Feinmann porque, al menos hasta que cavó su tumba, ha estado entre las primeras espadas "intelectuales" en defensa del gobierno (como antes defendió a Alfonsín, a Menem, a De la Rúa), y en la calidad del defensor se advierte la del defendido. Este hombre, conviene recordar, fue uno de los encargados de intentar el encubrimiento de los asesinos de Mariano Ferreyra, crimen por el cual acusó... al Partido Obrero ("ese cadáver es tuyo, hacete cargo", le dijo al PO). Qué es el kirchnerismo En su entrevista con La Nación (24/12/11), Feinmann dice: "Por supuesto que no soy kirchnerista. Primero habría que definir bien qué es el kirchnerismo". Feinmann, sin embargo, no lo hace. Carta Abierta, en su última misiva, tampoco: dice que es "una metáfora nominativa", una suerte de ‘relato’ inverosímil. Los K, personalmente, se habían enriquecido durante la dictadura, ejecutando propiedades en Santa Cruz gracias a la usuraria circular 1050 de Domingo Cava- lio. Por lo tanto, la fortuna K está asociada a una confiscación social, y lo mismo ocurre cuando compran terrenos fiscales a precio vil. El renacido "nacionalismo popular" brota de la expropiación de la nación y del pueblo. Los K comandaron la fuga de más de mil millones de dólares que recibió Santa Cruz por la privatización de YPF. Conviene recordar, además, que en abril de 2002, con Néstor Kirchner en el gobierno provincial, apalearon a los asambleístas en Río Gallegos. Otra paradoja: llegaron a la presidencia luego de haber reprimido a quienes les abrieron el camino. En nuestros días, Santa Cruz, con el ajuste y la represión, anuncia lo que se viene y cómo piensa tratar CFK a sus votantes cuando salgan a reclamar derechos, ya no en calidad de ciudadanos individuales en un cuarto oscuro sino en tanto trabajadores or-ganizados. De todo eso, Feinmann ni palabra. El es capaz de hablar del patrimonio económico y político de la pareja, sin mencionar que creció de un saqueo social y de un levantamiento que reprimieron. No es como Feinmann lo dice, una ricachona que habla del hambre. El filósofo en cuestión sólo se mueve por impresiones: "Cristina es brillante". O: "Tiene (CFK) mucho coraje para ir a un foro internacional y decirles que están equivocados. Es la primera vez que un Presidente le dice eso al FMI, al Banco Mundial". Ni se le ocurre mencionar que luego va por el ajuste que le reclaman los criticados. sermonear al imperialismo es una clara manifestación de mediocridad. El malogrado Iván Heyn generalizó ese rasgo: "Soy un océano de conocimientos con un centímetro de profundidad". Ahora, ese "nacionalismo" verbal que adulones como Feinmann le atribuyen a la Presidenta, ya no puede ser defendido: la apro-bación de la ley "antiterrorista" por orden del Gafi lo ha vuelto imposible y cierra el debate. Asunto acabado. El peligro Cuando el periodista de La Nación (Ricardo Cárpena) le pregunta por el conflicto entre el gobierno nacional y Hugo Moyano, Fein-mann se alarma: "Si hay ruptura, la situación es muy peligrosa porque el sindicalismo no creo que apele a la razón, sino que está, por historia, muy cerca de la violencia". El mismo razonamiento aplicó para endilgarle la responsabilidad del asesinato de Mariano a Altamira: ¿no sabía acaso que Pedraza era "violento"? Feinmann le aconseja a CFK que pacte, pero la Presidenta es más picara que el filósofo, y ya tiene apuntado a otro burócrata "violento" para sustituir a Moyano en la CGT. Otra vez Santa Cruz es la muestra: el ajuste brutal, la respuesta de los trabajadores, la represión, el retroceso del gobierno, la crisis. He ahí la "violencia", no la que preo-cupa a Feinmann sino la que explica por qué CFK seguirá con la burocracia sindical. Más adelante, Feinmann, con su centímetro de profundidad, reflexiona: 'Yo no entiendo cómo los muy ricos no se dan cuenta de que tienen que ceder algo de su riqueza para vivir más felices". La idiotez de Feinman viene de lejos, porque la existencia de los "muy ricos" tiene algunos milenios. Cuando se desmenuzan los argumentos de "intelectuales” como los agrupados en Carta Abierta, y los que emplean para con-testarles, desde el otro lado, "politólogos" como Mariano Grondona o Morales Solá, se advierte la decadencia terminal del pensa-miento político del "medio pelo" criollo. Feinmann no es el único que cava su propia tumba.

El 29 de diciembre, los trabajadores de las fábricas recuperadas nos movilizamos al Ministerio de Trabajo. Brukman, CUC, 19 de Diciembre, Avan y otras, marchamos por la continuidad de la línea de Re-pro, que el gobierno kirchnerista da por muerta para un conjunto de fábricas bajo gestión obrera. En el mismo momento que los diarios oficiales cargan contra Macri por el veto a las recuperadas, desde el gobierno nacional amenazan con cortar un subsidio para los trabajadores, que significa un ingreso importante en las penosas condiciones en las que se desenvuelven todas las fábricas bajo gestión obrera -sin capital, sin crédito y con maquinaria obsoleta en casi todos los casos. A partir del grupo de fábricas movilizadas, nuestro propósito es nuclear a todas las fábricas bajo gestión obrera afectadas, que son muchas más; pero para esto tienen que superar las trabas y condicionamientos políticos de las que son objeto por la política oficial de cooptación. En ese objetivo estamos empeñados.

Después de los anuncios de quita de subsidios (tarifazos), la rebelión contra el ajuste en Santa Cruz ha planteado otra crisis política en el debut de 2012. Pero Santa Cruz es solamente un espejo. Santa Fe arranca 2012 con un déficit que La Nación califica de "inédito", para no decir que había sido ocultado (al déficit corriente, hay que sumarle las deudas millonarias de la provincia con comunas y municipios). El mismo cuadro se avizora en Buenos Aires y Córdoba. De la Sota ya anunció un "techo" de aumentos para los sueldos estatales del 12%; en la capital de la provincia, el nuevo intendente pretende declarar la cesación de pagos. Mendoza, por su parte, anunció un congelamiento de salarios en 2012. En Río Negro, antes de dejar este mundo, el gobernador Soria canceló los contratos de 4.500 trabajadores precarizados y pasó "a disponibilidad" (revisión de funciones) a otros 20.000 efectivos. La rebelión de la provincia de Santa Cruz, en este cuadro, marca tendencia. Las provincias y el final del "modelo" Con la quiebra de las provincias, estalló otra de las contradicciones del kirchnerismo. La contrapartida del superávit fiscal del Estado nacional, que el gobierno exhibía como una expresión de "fortaleza", era la asfixia económica de las provincias. De igual modo que la Anses, los trabajadores y el pueblo del interior contribuyeron a bancar el pago de la deuda pública y los subsidios a los capitalis-tas. Los Scioli, De la Sota y otros aspiraban a postergar sus crisis a través de la emisión de deuda en el exterior, pero el default europeo ha derrumbado esa posibilidad. Como alternativa, provincias como Córdoba o Mendoza estudian endeudarse en el mercado local, pero sólo podrían hacerlo a tasas de interés usurarias debido al peligro de una devaluación del peso; en dólares, quedarían sujetos a una hipoteca temeraria. En Chubut y en Salta se tramitan préstamos garantizados por las regalías petroleras, lo cual supone que aumente el precio de los combustibles. El plan de refinanciación de las deudas provinciales por parte del Estado nacional -anunciado días atrás por Cristina y los gobernadores- tiene como condición la única salida que le queda a los K: el ajuste. La Cámpora La decidida intervención sindical aprovechó la fuerte crisis de camarilla (que aqueja desde hace tiempo al oficialismo provincial) para frenar ai ajuste. Esta circunstancia -ausente en principio en Río Negro- podría reaparecer en esta provincia después de la muerte de Soria. Los de La Cámpora eran más ‘ajustistas' que el propio Peralta, para poder voltearlo más tarde y gobernar con el trabajo sucio realizado. Ahora: si Peralta renuncia, el ajuste lo tendrán que hacer "los muchachos"; por eso no es casual que critiquen por igual "al gobierno y a los sindicatos" por haber consentido "privilegios" -esto en referencia a los derechos jubilatorios o de negociación colectiva de docentes o estatales. Ha quedado claro que el único papel de la juventud kirchnerista es el de oficiar de cortesana del "ajuste". Nuestro planteo El ‘ajuste’ tiene reservado un lugar especial para los trabajadores del Estado y para los jubilados. ¿Qué desafío nos plantea? Después del discurso de Moyano en Huracán, el secretario general de la CTA, Michelli, le propuso un frente único a la CGT de carácter genérico. La intención es ponerse bajo el alero de la burocracia cegetista para protegerse del ajuste. Esa política re-presenta un callejón sin salida, porque la burocracia no tiene intención de sabotear el ajuste, sino de salvar sus posiciones políticas y económicas. Un planteo de frente único con la CGT es válido si está acompañado de una movilización en gran escala de docentes y empleados públicos. La convocatoria a un congreso nacional de delegados de trabajadores del Estado, con mandatos de asambleas, es absolutamente necesaria. No solamente está planteada una enorme movilización de fuerzas, sino también un programa alternativo, una salida para que el movimiento obrero no se vea en la situación de tener que defender el status quo actual que se cae por todos lados. Por ejemplo, es necesario oponer al ajuste en el empleo y de los ingresos de los trabajadores, un impuesto progresivo a la oligarquía del capital agrario, nacionalizar los recursos estratégicos y capturar por ese medio los ingresos que se apropian los grandes capitales. El ‘loco’ Soria no solamente lanzó un plan de despidos, sino que abrió paso a la minería a cielo abierto -esto en abierto rechazo a la Ley de Glaciares. La agenda sindical contra el ajuste plantea un cambio radical de metodología del movimiento obrero, que la burocracia es incapaz de llevar adelante. En lugar de abrir una cuota de confianza en ella, es necesario denunciar sus limitaciones y, por medio de la agitación y la organización, preparar el ascenso de una nueva direc-ción en el terreno de la lucha. Que la CGT y la CTA convoquen a un Congreso de Bases contra el ‘ajuste'. Ningún despido, defensa incondicional de los derechos previsionales, por el 82% móvil, que la Anses sea dirigida por trabajadores y jubilados. Defensa de las obras sociales, control obrero de la medicina privada y nacionalización de los grandes laboratorios y sanatorios. Ajuste automático de los salarios con la inflación. Por impuestos extraordinarios a los grandes propietarios urbanos y rurales, así como a los grandes monopolios capitalistas instalados en las provincias. Que las direcciones sindicales rompan con los gobiernos ajustadores y resuelvan un plan de lucha hasta la anulación de todos los recortes contra el pueblo.

No hay margen de duda: el año 2012 debutó con un ajuste brutal contra los trabajadores. Al menos ocho provincias anunciaron despidos o congelamiento de los salarios estatales. En Santa Cruz, el corazón del kirchnerismo, quieren arrasar, además, con las conquistas previsionales. Los mismos gobiernos que atacan el salario y las jubilaciones dispusieron tarifazos e impuestazos. En la Capital, el pacto entre los K y Macri por el traspaso del subte está atado a un aumento del 125 por ciento en el pasaje. A los trabajadores, quienes tendremos que enfrentar esta mayor carestía, quieren imponemos paritarias con techo; también suspensiones y despidos -como en Swift, Mecca o Bosch. A todo esto, Moyano y la CGT ingresaron en el nuevo año en una “tregua” con el gobierno y las patronales, con la excusa de la salud presidencial. Algo que no le impidió a la Presidenta autodecretarse la facultad de ¡reducir! los salarios estatales. La “tregua” podrá existir en las cabezas de los burócratas sindicales. Pero el gobierno nacional y los de las provincias no dejaron pasar un minuto sin avanzar contra los trabajadores. Los Kirchner, Scioli o Macri se lamentan por sus “finanzas en rojo”. No dicen -claro está- que vaciaron sus cajas en beneficio de los acreedores de la deuda, de los privatizadores y de otros capitalistas subsidiados. A la hora de “ajustar”, sin embargo, dejan intactos a todos ellos y traspasan la factura de la crisis a los que trabajan. En Santa Cruz, una decidida intervención obrera puso freno a un ajuste feroz. Quedó claro que no hay lugar ni tiempo para “treguas”. Impulsemos asambleas y plenarios en todos los sindicatos, para discutir un programa y un plan de acción contra el ajuste. Ningún tarifazo ni impuestazo. Paritarias libres y sin techos. Por la indexación automática del salario con la inflación. Defensa de todas las conquistas salariales y del 82% móvil. Ni despidos ni suspensiones: reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Que las centrales obreras rompan la “tregua” con el gobierno y resuelvan un plan de lucha por estos objetivos. Que los sindicatos discutan una salida obrera a la crisis.