Prensa Obrera N° 1204

A medida que pasan los días, se confirma que el lock-out que impuso Cristina al cancelar 48 horas los vuelos internacionales, junto con el pedido de la suspensión de la personería a Apta y el pase al área militar de los controladores aéreos, trata de ocultar el derrumbe de la gestión kirchnerista, particularmente en un área tan sensible como el de la seguridad aérea. Como ya denunciáramos (PO N° 1.202), la mitad de los aviones que hacen las rutas internacionales "está parada por el no cumplimiento de pautas de mantenimiento establecidas que llevan más de 10.000 horas de vencimiento". Ahora se ha confirmado que la gerencia técnica de la empresa pidió al fabricante de los Airbus 340 un "waiver" (permiso para seguir volando), a pesar de las falencias técnicas en los trenes de aterrizaje lo que fue rechazado por el fabricante. Esta parte vital de las aeronaves tiene una vida útil de 25.000 horas y dos aviones siguieron volando hasta las 36.000 y 41.000 horas es decir, estuvieron vencidos en su vida útil ¡por más de dos años! Los trabajadores hace rato que vienen advirtiendo del peligro potencial para pasajeros y tripulaciones que significa habilitar aviones en estas condiciones, y no quieren convalidar esta política de la administración K. El "boicot” del que hablan Schiavi y Recalde, es nada más que una denuncia clara de los técnicos de una amenaza de catástrofe en Aerolíneas. Los técnicos no quieren otra Lapa ni más muertes como en Sol. ¿Qué pasa con los controladores? Los controladores vienen denunciando que las torres de control están obsoletas en todos los aspectos, operativos y edilicios. Los propios trabajadores han tenido que juntar el dinero para comprar monitores o aires acondicionados. Frente a las fallas permanentes de los equipos y cortes de luz, han tenido que espaciar decolajes y aterrizajes para evitar una colisión. A esta acción responsable de estos trabajadores, La Cámpora le llama "sabotaje". Ahora se trabaja bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), supervisados por un oficial de la Fuerza Aérea, seis días a la semana cinco horas corridas, cuando la norma es que por las características de la tarea no se puede operar más de una hora sin descanso; se trabaja en un estado de stress que agrava los peligros ya existentes. Se ha vuelto verdaderamente a un régimen "militar" de trabajo. Además, se está haciendo trabajar a personal que no es idóneo en la tarea, fundamentalmente supervisores que han sido desplazados como el caso de la Terminal Baires, que desde Ezeiza controla todos los vuelos del área metropolitana. El pasaje de los controladores sólo agrava la situación. La respuesta de la dirección de Apta Hasta el momento la dirección de Apta no ha tomado ninguna medida de acción concreta, cuando se intenta dejar sin personería al gremio y hay decenas de controladores a los que no se les permite trabajar, entre ellos a todos los delegados. El jueves 17 convocó a plenario "informativo" a los delegados. Allí, varios delegados plantearon la necesidad de una acción en defensa de los técnicos y controladores. Sin embargo, ni siquiera se aprobó la no aceptación de horas extras -ya que la patronal ahora presiona para trabajar sábados y domingos para efectuar los mantenimientos imprescindibles para los vuelos internacionales, mientras sigue adelante con el reclamo de quite de personería. Cirielli se limita a acciones legales, comunicados y declaraciones, a buscar apoyo en Moyano y, en general, a una línea de contemporización con el gobierno que ataca las condiciones de trabajo y la propia organización sindical de los aeronáuticos. No es como dice Cirielli que Cristina está "mal asesorada" es ella la que lleva adelante el ajuste contra los trabajadores. Esta línea "leguleya" de la dirección de Apta refleja que su enfrentamiento con La Cámpora cumple un rol secundario, pues ambas fracciones defienden la línea del "Ajustazo", que se aplica a todos los gremios por igual. El inmovilismo cirielista con los controladores le dejó el terreno libre al gobierno para anunciar el ajuste. Las nuevas medidas: un ajuste en toda la línea Hoy en conferencia de prensa, Mariano Recalde acaba de anunciar (por instrucción directa de CFK) nuevas medidas en el grupo aerolíneas, que son claramente un nuevo ajuste: La desprogramación de los Boeing 747 (tres aviones de largo alcance) para febrero y de los 737-500 y los MD (unos 20 aviones dé cabotaje y regional como mínimo) para el mes de abril -sin decir como los reemplazan. Rediseñar los vencimientos de las tripulaciones (Pilotos y Azafatas) y el pago de las horas de vuelo (un ataque directo a sus convenios), y la implementación del Despacho Operativo centralizado al mejor estilo Marsans, degradando el trabajo profesional de los despachantes de aeronaves. Necesitamos una asamblea general de técnicos y controladores que se plantee el retiro militar del control aéreo. Y una movilización de todos los técnicos contra el retiro de la personería de Apta. Tiene que salir a la luz con la movilización de los trabajadores la verdadera situación financiera de Aerolíneas. La misma puede quedar aclarada fácilmente si se abren los libros de la empresa, para saber qué han hecho con los 2.100 millones de dólares gastados desde la "estatización". Recalde no puede decir alegremente que la empresa pierde porque ayuda a "conectar" a todo el país, cuando el servicio de cabotaje tiene sólo el 5% de la parte de las pérdidas de Aerolíneas, según los mismos datos oficiales. Defendemos Aerolíneas sin milicos y sin intervención. Nadie la defiende mejor que los propios trabajadores. 20/11/11

La muerte de una niña de 13 años por un aborto clandestino puso el debate por el aborto legal en otra dimensión. El gobierno provincial se vio obligado a publicar las cifras de abortos que ingresan en el hospital Materno Infantil: 1.759 casos este año, de los cuales 65 eran menores de 16 años; 265 de de 17 a 19 años; 1.211 de 20 a 25 años y 260 de 26 años en adelante. Como se ve, las cifras resultan escalofriantes, ya que corresponden a un solo hospital y no están los datos de los del interior además de ser sólo los casos que llegan al hospital público, porque el aborto ha salido mal y corre peligro la persona. El ministro de Salud, Chagra Dib, se pronunció en contra del aborto legal porque considera que, dentro de todo, "estamos bien'' La primera medida tomada por el Estado fue criminalizar a los médicos por no denunciar el caso y también a la familia, ya que fue detenida la madre de la niña. Estas son las derivaciones legales del verdadero problema: es que en Salta, como en el país, el aborto es un delito, lo que lleva a que se judicialice incluso a los médicos que ayudan a la niña o mujer que llega con un cuadro de septicemia, con el motivo de investigar cómo es que (a muerta accedió a una práctica ilegal. En el caso mencionado, la niña llegó con un cuadro grave primero a una clínica, desde donde la derivaron al hospital público. En la cobertura mediática, la muerte de la niña deja de ser el eje y el interés periodístico se traslada a la noticia policial del delito y los nombras de los médicos que la atendieron, lo que alimenta la presión para que estos casos no sean atendidos ni en las clínicas ni en los hospitales públicos. Finalmente, si la niña no hubiera muerto, la esperaba un proceso penal... ¿o no se está investigando a la madre? Cristina y Urtubey son los responsables de esta muerte. Son los diputados oficialistas quienes impiden el tratamiento de los proyectos de despenalización y de legalización del aborto. Es Urtubey con su educación religiosa y su rechazo a la educación sexual en las escuelas. Porque Urtubey asegura que hay que reforzar la "recuperación de los valores de la familia” a través de la educación, por eso rechazó las cartillas de educación sexual enviadas por la Nación al considerar que tienen una visión de género "excesiva". Sobre la muerte de la niña, sólo dijo que se está investigando el delito y que la sociedad argentina no esta madura para debatir el aborto legal. ¿Cuántas niñas deberán morir para que Cristina y Urtubey consideren que la cifra muestra la necesidad de legalizar lo que ya existe para bajar la mortalidad de las mujeres? Como se ve, es más que justa la consigna de la legalización del derecho al aborto seguro, legal y gratuito en los hospitales públicos, la educación sexual en las escuelas y el acceso universal a los métodos anticonceptivos. Además de la separación de la iglesia del Estado, no sólo porque atenta contra el pensamiento cientifico. contra la educación pública, contra tos derechos civiles de la población, sino que lleva a la muerte. ¡Más que nunca, ninguna muerte más por aborto clandestino!

La decisión tomada por Néstor Kirchner en 2005, al descabezar primero la cúpula de la Fuerza Aérea para luego crear la Anac en 2007 fue una salida de emergencia ante un cuadro plagado de corrupción, contrabando y narcotráfico. La cúpula militar había participado de innumerables negociados, vinculados con la seguridad aeroportuaria con la privatización menemista. Es el caso del capitán de fragata Donda Tigel hoy condenado a perpetua en la causa Esma por 62 crímenes, quien bajo Alfonsín revistaba como agregado militar en la embajada argentina en Brasil, para regresar como socio de Yabrán en las diversas empresas que controlaban la seguridad y las cargas aéreas (Tecnipol, Interbaires). Detenido por apropiación de menores, continuó dirigiendo la empresa TAS, luego involucrada en el escándalo de Southern Winds por contrabando de 60 kilogramos de cocaína a España. Este hecho provocó el desplazamiento de toda la cúpula de la Fuerza Aérea, lo que no impidió que siguieran operando con total impunidad. La empresa TAS, por caso, se ha reciclado en la tercerizada HAS y sigue bajo el control de Donda Tigel a través de testaferros, y el narcotráfico continuó a través de la base aérea de Morón -como el reciente caso del avión con 900 kilos de cocaína detenido en España en enero, lo que provocó la separación del comodoro Julia, hermano de los narcotraficantes detenidos. La Cámpora, que reivindicó el control civil a través de la Anac como un éxito de la política de derechos humanos del gobierno de Néstor K, no puede dar respuestas a esta brutal regresión, pues sabe que en esta decisión no existe ninguna razón vinculada con la seguridad aérea; antes bien, se trata de ocultar el descalabro reinante en la materia y liquidar la organización de los trabajadores que lo denuncian. Hace pocos meses, casi 600 controladores de origen militar renunciaron a su condición castrense para afiliarse a Apta, el sindicato de los técnicos, ya que como militares sólo tenían derecho a una asociación profesional. A partir de un proceso de organización con elección de delegados, comenzaron a reclamar por las desastrosas condiciones en que desarrollan sus tareas -sin elementos idóneos por lo obsoletos, sin radares suficientes, con hacinamiento y problemas edilicios de todo tipo. La resistencia a la militarización se ha extendido a todo el país, con asambleas repudiando la medida y el embanderamiento de las torres de control en Iguazú, Córdoba, Comodoro y Calafate. Al devolver a la Fuerza Aérea el control de los vuelos comerciales, el gobierno no sólo prepara un Cromagnón aéreo; también profundiza un viraje general contra los trabajadores, sus condiciones laborales y sus organizaciones sindicales.

E| próximo 25 de noviembre se cumplen 51 años del asesinato de las hermanas Mirabal por parte de la dictadura de Trujillo, en República Dominicana. Los métodos para intentar vencer a las activistas contrarias a la dictadura fueron las torturas, las violaciones, las represalias contra la familia. Aun así, las “Mariposas” Mirabal no cancelaron su lucha hasta que fueron asesinadas. Miles de mujeres se enfrentaron con la misma tenacidad y fueron atacadas con los mismos métodos por la dictadura en Argentina. Así sucede en todo el mundo. La violencia contra las mujeres tiene una raíz social de clase y de género. El Estado capitalista fomenta y crea una relación social con las mujeres que luego se reproduce en el conjunto de la sociedad, al interior de las familias y en todos los sectores. Es un enorme acierto en la lucha contra la violencia hacia las mujeres que se haya elegido una fecha que destaca la violencia institucional contra las mujeres. Este 25 de noviembre, en Argentina, realizaremos una concentración en el Congreso y en todas las plazas del país. La agenda de las mujeres sigue pendiente porque la clase política capitalista es incapaz de darle una salida. Las leyes de educación sexual o contra la violencia aprobadas en los últimos años en el Congreso se han convertido en letra muerta. La violencia doméstica contra las mujeres sigue su curso de ataques físicos, psíquicos y muerte. La mujer trabajadora es la más precarizada dentro del mercado laboral. Por su condición, muchas veces, de sostén del hogar es explotada por el Estado para extorsionar y condicionar a la mujer trabajadora. El negocio de la esclavitud sexual se lleva adelante sin otro obstáculo que el de las organizaciones que luchamos contra ella. Según la propia integrante de la Corte Suprema, Carmen Argibay, la trata de personas en la Argentina viene en crecimiento. El crecimiento económico de los últimos años no estuvo destinado a darle un mejor futuro a las mujeres y a las madres, sino a subsidiar a las patronales que fugaron la plata del país, arruinaron los recursos naturales y fomentaron el trabajo en negro y tercerizado. La niña salteña muerta por un aborto clandestino hace pocos días atrás es el símbolo de un país dominado por la política derechista: se bloquean los abortos no punibles sin que haya un solo castigo administrativo y judicial. Las provincias kirchneristas son la punta de lanza de una avanzada de la Iglesia, la cual domina la educación pública. El gobernador Capitanich encabeza una cruzada clerical con el apoyo de la Presidenta. El bloqueo al debate parlamentario sobre el aborto legal es una definición política de la evolución que tendrá el tema: el gobierno kirchnerista eligió el camino de reforzar los lazos con la Iglesia para enfrentar la crisis, no el de abrazarse con el pueblo y las mujeres para hacerlo. El mismo día que los diputados kirchneristas, quienes dominarán el parlamento en el próximo período, se negaban a reunir a las comisiones del Congreso para debatir el aborto legal, la Presidenta se reunía con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Arancedo, para declararle su absoluta oposición a la aprobación del aborto legal en nuestro país. Las mujeres debemos sacar nuestras propias conclusiones al respecto: poner en pie un movimiento de mujeres unidas por el programa de reivindicaciones de las mujeres trabajadoras, que sé desarrolle de forma independiente del gobierno y los partidos patronales. Discutamos el lanzamiento de una gran campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. • Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. • Trabajo en blanco, salario igual a la canasta familiar y vivienda para las mujeres trabajadoras. • Desmantelamiento de las redes de trata, cárcel a funcionarios y responsables políticos. • Separación de la Iglesia del Estado: basta de educación católica en las escuelas publica Viernes 25 de noviembre, 17 horas, concentración en el Congreso Nacional

El empeño de la propaganda oficial por presentar el tarifazo en curso como un acto de "equidad social” y de "justicia redistributiva" viene creciendo, en forma proporcional, a las evidencias que van señalando la envergadura y el alcance del mismo. El esfuerzo del gobierno por negar el lanzamiento de un tarifazo es una poderosa señal de crisis política. En primer lugar, porque los K no pueden echarse atrás. El recurso de echar mano a todas las cajas oficiales se ha agotado. Si bien el Presupuesto 2012 prevé tomar 19.400 millones de los fondos jubilatorios y del Banco Central, a los que se agregan otros 45.000 millones para los pagos de la deuda, esas sumas resultan insuficientes para enfrentar todos los compromisos entre ellos los 80.000 millones en subsidios. Tampoco hay síntomas de que vayan a recular. Quedarían afuera del ‘tarifazo' solamente los jubilados que perciben la mínima, discapacitados o beneficiarios de la asignación por hijo o de planes sociales. La estadística oficial reconoce apenas un 15 por ciento de la población como ubicada por debajo de la pobreza y con ingresos inferiores a 2.500 pesos para ser considerado "pobre". El beneficio, en definitiva, sólo quedaría reservado para los indigentes. Por otra parte, el parámetro de los niveles de consumo de energía no tiene en cuenta los consumos colectivos de varias familias que comparten un mismo hogar o el uso mayor de electricidad por carencia de gas u otros servicios. El hecho de que se someta a un "cruce de datos" quien pueda continuar con ese beneficio da pie a un manejo discrecional. ¿Se reducen los subsidios? Pero lo más paradójico es que el gobierno acaba de disponer un ajuste de las tarifas de luz y gas que, en ambos casos, pueden duplicar el monto de la factura. Esto significa colocar, de movida, 7 mil millones de pesos adicionales Una cuestión parecida se presenta en otros rubros, con los subsidios a biocombustibles. Los derivados de la caña de azúcar o del maíz vienen recibiendo subsidios que ahora deberían aumentar, como consecuencia de los aumentos de tarifas, por un lado, y de los combustibles, por el otro. Quiere decir que lo que los Ledesma y compañía tengan que poner por un lado del mostrador se verá más que compensado con la suba de subsidios del otro lado. Además, la utilización como materia prima de artículos de primera necesidad para la producción de biocombustibles encarece la canasta básica alimentaria. Un modelo financiero Durante esta última década, los subsidios sirvieron para sostener un régimen privatizado parasitario. Los subsidios no redundaron en una mejora de las prestaciones, hay falta de inversiones y hasta de mantenimiento, así como la pérdida de reservas. Las privatizadas pretenden, además, la liberación de las tarifas, lo que ponen como condición para nuevas inversiones. Se retornaría, en este caso, al esquema de negocios del menemismo, con una fuerte deuda con el exterior. Este esquema exige precios internacionales. La tarifa, en otras palabras, no tiene en cuenta el costo de producción, sino la cotización mundial del petróleo y sus derivados, así como la remuneración del capital que financia las inversiones. Una liberación, en la actualidad, supone, por ejemplo, en lo que se refiere al gas, una triplicación del precio si lo comparamos con el combustible que viene de Bolivia o su quintuplicación cuando viene embarcado de otros orígenes. Se trata de un nivel tarifario prohibitivo. El rescate de las privatizaciones menemistas de la quiebra de 2001/2, por medio de subsidios, ha dejado al país sin reservas de combustibles, a lo que se suma el desmantelamiento de la infraestructura ferroviaria o de la flota de aerolíneas, el colapso del sistema de transporte y la obsolescencia energética. Sólo para 2012, los subsidios para la importación de combustibles previstos ascenderán a 20.000 millones de pesos es decir: casi 5.000 millones de dólares que se van a ir del país, precisamente, en el momento en que los K plantean defender las reservas y evitar su fuga al exterior. Reconstrucción al servicio de los trabajadores En lugar de este rescate inservible, que prolonga la agonía de un sistema agotado, es necesario nacionalizar los recursos estratégicos y proceder a una reconstrucción integral de los servicios de gas, luz, transporte y la actividad petrolera bajo el impulso de una amplia intervención y control de los trabajadores.

La victoria en AGR-Clarín fue construida desde las derrotas sistemáticas impuestas por la burocracia sindical, tanto por su ala clásica ongarista (despidos masivos por la huelga de 2004), como por la Juventud Sindical K de Facundo Moyano (retiros, despidos, baja de dotaciones) -siempre, siempre, con el concurso solícito del ministerio de Tomada. Pablo Viñas, delegado despedido, fue excluido de la reinstalación por Tomada y su asesor 'estrella' Alvaro Ruiz, quien lo hizo sacar por la seguridad de L. Alem, luego de una agresión por parte del coimero televisivo Luis Siri y otros ocho personajes todos los cuales negociaron jugosos retiros. La votación ha sido un desagravio a los delegados combativos, contra la patota y contra Tomada. El kirchnerismo jugó contra el clasismo y contra las reivindicaciones obreras en todas las etapas. Cuando había matrimonio con el grupo Clarín, Piumatto en persona fue en 2004 a garantizar el acatamiento a una conciliación dictada con ocupación de la planta por la infantería, tras la cual sobrevinieron más de cien despidos. Y con la Noble como enemiga pública, como en febrero de este año, cuando se pactó con la patronal el ingreso de los entregadores y se excluyó a Viñas, quien ingresó recién en junio, reinstalado por la Justicia. La victoria se construyó a través del delgado hilo de la continuidad de un cuadro obrero, consecuente y clasista como Viñas, que litigó durante siete años, rechazando todo arreglo. Los fueros gremiales de congresal Naranja que le permitieron batallar en la Justicia, fueron otorgados por el voto de todo el gremio, que le dio a la Naranja la minoría como corriente del total del sindicato -es decir que fueron conquistados a partir de una construcción política clasista de conjunto. El trabajo de orfebrería sindical de Pablo, armando una lista en la clandestinidad, es la refutación más impresionante a toda la basura del ataque de los partidarios de cavar trincheras con la burocracia, es decir entregando la construcción independiente en el movimiento obrero, con la excusa de que siempre somos derrotados. El Partido Obrero ha hecho su aporte al clasismo desde etapas agudas y abiertas como la de Sitrac-Sitram, hasta bajo la propia dictadura en numerosas fábricas e incluso en gráficos, lo que nos permitió protagonizar la recuperación del gremio en 1984. Es más, a Viñas le fue impedido integrarse como minoría, por el ongarismo-moyanismo, en el cuerpo de delegados... hasta que pudo armar lista y los obreros pudieron votarla, por primera vez. El triunfo en AGR-Clarín refuerza el proceso en marcha por una nueva dirección de la Federación Gráfica. Cambia el escenario de cara a las elecciones del próximo mes de abril, ante una burocracia desprestigiada, dividida, con la obra social quebrada, asentada sólo en las derrotas sistemáticas a la dispersa lucha del gremio. Felicitemos a esta juventud obrera y pongamos todo para su victoria.

Cuando anunció que, a partir del año próximo, las villas de Buenos Aires serán tomadas bajo control de una “policía comunitaria”, la ministra de Seguridad Nilda Garré dijo que tomaba el ejemplo de lo hecho por el gobierno brasileño en Río de Janeiro. Ahora, en Río, tropas del ejército, con tanques, ocuparon las favelas Rocinha, Vidigal y Chácara do Céu, las más grandes de la ciudad. Esto es: las villas cariocas quedaron militarizadas. “La favela tiene ahora policía, pero no servicios esenciales”, declaró el diputado estatal Marcelo Freixo, del PSOL, quien debió abandonar el país temporalmente con su familia por indicios de que los narcotraficantes se proponen asesinarlo (El País, 15/11). Freixo había denunciado la actividad de mafias dedicadas al comercio de drogas en complicidad con políticos, policías, ex policías, militares retirados y hasta bomberos. La ocupación militar de las favelas no obedece a una supuesta “lucha contra el narcotráfico”, a pesar de la detención de Antonio Lopes Bonfim, (a) “Nem”, un matón de la Rocinha a quien ahora pretenden hacer pasar por uno de los “capos”. “¿Cuántos otros ‘Nem’ hay? -se pregunta Freixo. No hay un lugar con narcotráfico en el que no se le pague a la policía. Una parte muy grande de lo que facturaba ‘Nem’ iba a parar a la policía. Y ellos protegían al narcotraficante”. Por otra parte, el control del territorio ya no es primordial para el narcotráfico. Han creado, desde hace tiempo, redes de distribución más operativas, de mayor eficacia y menor costo. Las modernas bandas tienen su actividad principal en el tráfico de drogas, pero también manejan el negocio del transporte alternativo, redes de gas, señales de televisión y hasta préstamos de dinero. Son parte del Estado Hay en Brasil, como en la Argentina y en cualquier parte en la que opere el narcotráfico, una extendida corrupción política que se retroalimenta con la corrupción policial. Los distribuidores de drogas controlan a su vez “centros sociales”, los que ofrecen incluso servicios de salud. Todo eso se transforma en dominio electoral. Ese poder lo ejercen en Río las llamadas “milicias”, que no operan en las favelas, sino fuera de ellas. “Están dentro del Estado -añade Freixo-, son miembros del Estado, vinculados con diputados estaduales, regionales”. Como se dijo tantas veces, el narcotráfico penetra los poderes del Estado y ha pasado a formar parte de él -como forma parte del sistema financiero internacional con los 2 billones de dólares que, según se calcula, pone en circulación anualmente. El objetivo de la ocupación militar de las favelas cariocas no es la lucha contra el narcotráfico, no es una “guerra” contra las mafias y por eso no se ha disparado un solo tiro. Sólo se trata de establecer un cordón de seguridad que permita la inversión de capitales privados con vista a los Juegos Olímpicos y el Mundial de fútbol. El narco, como la prostitución, hará pingües negocios durante los Juegos y durante el Mundial. Mientras tanto, el gobierno brasileño logra un antiguo objetivo: hacer de las favelas una zona de guerra, militarmente ocupada. Cosa muy conveniente, por cierto, en tiempos de crisis. He ahí el “modelo” que dice seguir la señora Garré.

Roberto Pianelli, secretario general del sindicato del subte, afirma -en un reportaje de "enelSubte.com"- que los que ganan 'ocho lucas’ (como él) deben pagar un aumento del boleto del subte. La bravuconada del compañero es curiosa, porque una de dos: o demuestra que el último aumento que obtuvo fue desmesurado (pues incluía un boleto devaluado) o justifica que lo que él puede pagar, la patronal tiene derecho a cobrarlo. Ni lo uno ni lo otro: si hay aumento de boleto, habrá que aumentar los salarios y, por otro lado, los Roggio ya han saqueado bastante. Si 'ocho lucas' son un lujo, la Presidenta tendría algo de razón cuando reclama un tope a las paritarias (que están entre siete y diez puntos por debajo de la inflación corriente). Al insinuar que está de acuerdo con la segmentación del 'tarifazo', Pianelli empalma con otra posición: la de que deba haber obreros que no ganen el costo de la canasta familiar (en la que está incluido el transporte). Con el mismo razonamiento, habría que segmentar todos los consumos. Lo que esto significa es que los Roggio continuarán cobrando subsidios por el uso del transporte de la población segmentada. A fuerza de querer mostrar 'realismo' frente a las posiciones que considera 'infantilistas', en lugar de una defensa de los trabajadores, tenemos la defensa del orden establecido y de los capitalistas que lo usufructúan. Esta posición ignora el tema de los costos del transporte el secreto íntimo del capitalista. Sólo aclarando esto podríamos conocer los beneficios reales de las gerenciadoras. El meollo del 'tarifazo' es que desnuda el fracaso de la política de subsidios del gobierno K que fue un intento de salvar a las privatizadas por el menemismo del derrumbe de 2002. La 'normalización’ fue condicionada, luego, a que los 'capitalistas amigos' tomaran las privatizadas extranjerizadas. Ahora, las 'normalización tarifaria' significa un ajuste brutal contra los trabajadores, el cual se suma a una inflación del 25%. Lo que corresponde hacer es nacionalizar sin pago a las privatizadas. Es sobre esta base que nos oponemos a la política oficial, reclamamos la apertura de los libros de las empresas, gerenciadoras o concesionarias bajo el control de los trabajadores. A partir de aquí, nos debemos un debate amplio sobre los alcances más generales de estas políticas y alistar ai gremio para una campaña de oposición con el conjunto del movimiento obrero.

El sindicato del subte -la AGTSyP- está paralizado. Y lo está en un momento crucial, porque el subte está fuertemente involucrado en el viraje del gobierno hacia la eliminación de subsidios y aumentos de tarifas. Como parte del mismo se ha empezado a tratar el traspaso del subte a Macri, con reducción de subsidios. Sólo esto ameritaría que la AGTSyP estuviera calentando motores, dadas las serias implicancias que el tema tiene para el futuro gremial y para las condiciones laborales y económicas de sus afiliados. Aparte de esto, en nombre de las negociaciones por el traspaso, los reclamos más urgentes están absolutamente empantanados: los de los boleteros, tarjeta Sube, francos y licencias; los ingresos de personal -bolsa de trabajo-, ascensos y categorías; el déficit de mantenimiento y, en general, la situación de los talleres. Y así sucesivamente, se patea para adelante todo, bajo la forma de "comisiones técnicas de estudio" o negociaciones con vistas a marzo. Las reuniones de delegados existentes, las de la Secretaría Gremial, no son resolutivas; las propuestas de los delegados quedan sin una salida o se postergan en nombre de que lo resolverá la Comisión Directiva. El plenario de delegados no se convoca y no hay una agenda del sindicato para que los delegados sepan a qué atenerse en su trabajo cotidiano en las líneas. La AGTSyP es rehén de la desorientación de su sector dirigente kirchnerista, ante el viraje del gobierno. Es necesario, entonces, dar un golpe de timón y poner a la AGTSyP en marcha. El vacío que se deja lo ocupa la patronal y la burocracia de la UTA -que viene aumentando su afiliación, en la medida que maneja la bolsa de trabajo. La Agrupación Trabajadores de Metrovías propone que se convoque al plenario de delegados y previamente asambleas de líneas, para tratar un temario básico: 1) campaña de AGTSyP ante las gestiones de traspaso del Subte a la CABA; 2) reclamo de doble aguinaldo; 3) preparación de paritaria con pliego de reclamos resuelto en asambleas de líneas, y marcha hacia la asamblea general para votarlo y elegir paritarios, y 4) campaña por el reconocimiento pleno de la AGTSyP.

Del 18 al 25 de noviembre se desarrolla en Bolivia, en la ciudad de La Paz, el noveno Festival Latinoamericano de la Clase Obrera (Felco). Junto a la proyección de documentales, exposiciones teatrales y musicales, el Felco 2011 ocupará gran parte de su agenda en la realización de foros de debate político integrados por representantes de diferentes organizaciones sociales, obreras y políticas- para debatir acerca de "Las rebeliones populares de América Latina a los países árabes", “Balance y perspectivas del proceso político boliviano", "La clase obrera hoy" El Felco en Bolivia será una excelente oportunidad para abordar la lucha por la construcción de una alternativa política de los trabajadores y de los explotados latinoamericanos frente a los gobiernos “nacionales y populares" de la región los que hoy son instrumento del capital para descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. No es ninguna casualidad que esta edición del Felco en Bolivia se desarrolle en momentos en que crece el rechazo de los sectores populares al gobierno de Evo Morales, luego de la represión a las comunidades del Tipnis y la falta de respuestas a los problemas elementales del pueblo boliviano. El descontento popular es tan fuerte que llevó a la ruptura del "Pacto de unidad" que sellaron las organizaciones sociales de trabajadores del agro en defensa de Evo, ante el levantamiento de la derecha autonomista en 2008. El debate que se desarrollará en el Felco no sólo servirá para darle fuerza a la estructuración de una corriente de artistas internacional ligada a la lucha de la ciase obrera y de los explotados, sino también como insumo político para esta etapa.

En poco menos de dos semanas, Binner aplicó en Santa Fe todo lo que prometió durante su campaña electoral presidencial. Mientras CFK pretende el ‘gradualismo’, Binner fue de frente. El tarifazo del "progresismo" santafesino abarca a casi la totalidad de los servicios: entre un 9 y 18% el boleto interurbano; 20% el boleto urbano de Rosario y Santa Fe capital; 23,2% la electricidad; 138% el agua; 60% la TGI (Tasa General de Inmuebles) y 40% el estacionamiento medido en Rosario. Estos aumentos no cuentan todavía el efecto que significará para los trabajadores el recorte de subsidios nacionales de luz, agua y gas en las industrias de la provincia. La Fisfe (Federación Industrial de Santa Fe) ha exigido una ‘contención salarial' para compensar el aumento de costos que provocará el ‘tarifazo', como si los trabajadores no fueran a necesitar su propia compensación. Binner fue categórico hace varias semanas: "Congelar los salarios durante tres años para enfrentar la inflación". Binner defiende el tarifazo alegando que Santa Fe no recibe del gobierno nacional la cantidad de subsidios que le corresponde. Los subsidios que sí recibe fueron devorados por las empresas provinciales. Mientras tanto, barrios y zonas enteras de Rosario no tienen agua o electricidad por semanas enteras durante el verano. Villas y pueblos del interior, especialmente el norte provincial, pasan años sin la posibilidad de contar siquiera con estos servicios. En cuatro años, el servicio de electricidad aumentó un 150%. De cualquier manera, este tarifazo provincial está más allá de una ecuación de subsidios, costos o calidad de servicios. Es la respuesta de Binner al agotamiento del régimen de emergencia económica instaurado en 2002. La salida del progresismo es el ajuste liso y llano, junto a una política de nuevo endeudamiento. Reapertura de las paritarias En estas condiciones, la reapertura de las paritarias se coloca como reclamo central del conjunto de los trabajadores. Apertura de paritarias sin tope y paritarios elegidos en asamblea para enfrentar el tarifazo y el congelamiento salarial de Binner y los empresarios. Al mismo tiempo, vamos por asambleas del Frente de Izquierda en cada barrio, en cada ciudad, para organizar la lucha contra el tarifazo con un planteo de salida: abajo el tarifazo, control popular de las empresas provinciales para determinar sus costos y beneficios. Que los servicios, principalmente los de agua y electricidad, sean colocados bajos gestión de los trabajadores y usuarios.

El martes 15 de noviembre tuvieron lugar las elecciones de junta interna de ATE en la Comisión Nacional de Comunicaciones, organismo de control de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico. El proceso de lucha de los dos últimos años por la planta permanente y otras reivindicaciones decantó en esta lucha electoral. La Verde, de De Gennaro, cerró una alianza con la Azul, vinculada con el oficialismo. La alianza verde-azul decidió dejar sin representación a su sector de izquierda, crítico de la integración al oficialismo. La presentación de la lista Naranja causó un gran impacto, porque la Verde contaba con que el sector combativo no tenía la suficiente madurez como para plantear una pelea a este nivel. La campaña de la Naranja hizo eje en la democracia sindical, el derecho a votar de los mil trabajadores del organismo y no sólo de los 120 afiliados y, en representación proporcional, la realización de asambleas y el reclamo por la planta permanente. Se consiguió el 22% de los votos; si se aplicara la representación proporcional, nos hubieran correspondido cuatro delegados. El desafío es desarrollar a la Naranja en un período de ataques del gobierno y de crisis de ATE. Defenderemos al activismo y el derecho a la organización y lucha de los trabajadores.

Un análisis sumario de las elecciones españolas no arroja mayores sorpresas: tal como preveían las encuestas, el candidato Mariano Rajoy se impuso ampliamente y el Partido Popular (PP) consiguió mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, en tanto que el PSOE de Pérez Rubacalba realizó la peor elección de su historia y estaría retrocediendo a 110 escaños. Aunque las encuestas también lo contemplaban, quizás el dato más novedoso es que un conjunto de fuerzas lograron romper parcialmente la polarización: Izquierda Unida (IU), CiU (nacionalistas catalanes), Amaiur (izquierda vasca), y la centrista UPyD conquistaron bloques parlamentarios propios, al consagrar cinco o más escaños. La semana previa Setenta y dos horas antes de los comicios, mientras Rajoy y Rubacalba cerraban sus campañas electorales, “el Tesoro español tuvo que pagar 6,975% de interés para colocar 3563 millones de euros de obligaciones a 10 años” (La Nación, 18/10), muy por encima de la última emisión (20 de octubre). El spread, que mide el diferencial con los títulos germanos, llegó a situarse ese día a 520 puntos, y sólo retrocedió por una compra de emergencia del Banco Central Europeo (BCE). Simultáneamente, profesores, estudiantes universitarios, responsables y trabajadores del sector de la dependencia y personal sanitario se manifestaban contra el desempleo y los planes de ajuste. Durante la gestión de los ‘socialistas’, el desempleo se colocó por encima del 20%, con un impacto mucho mayor en la juventud, y con seguros de desempleo de apenas 400 euros. Según Cáritas, 1,5 millones de hogares tienen todos los miembros de la familia desempleados. Rajoy pretende continuar los recortes de Zapatero, que en los últimos meses achicó los salarios de los empleados públicos en un 5%, congeló las pensiones, aumentó la edad jubilatoria de 65 a 67 años, e inició una reforma laboral para flexibilizar el mercado de trabajo y debilitar las organizaciones obreras. La receta remanida de Rajoy Como Rajoy deberá esperar hasta mediados de diciembre para asumir, crece la presión por una salida anticipada de Zapatero. En ese caso, el PP apresuraría “una liberalización aún más profunda del mercado de trabajo, una reforma fiscal y el saneamiento del sistema financiero” (La Nación, ídem). Rajoy no tiene bajo el brazo ninguna solución propia: “La salida debe llegar de los países, de las instituciones y de los políticos europeos" (La Nación, ídem), se resignó la ministra de economía saliente, Elena Salgado. Por lo demás, en Galicia, gobernada por el PP y considerada por Rajoy como un ejemplo, la deuda se incrementó en 3.600 millones de euros con respecto a la administración anterior, se acumulan once meses consecutivos de caída del índice de producción industrial, y se suma la resistencia adicional de los trabajadores a los planes de ajuste, con “los colectivos profesionales de la sanidad y la educación en pie de guerra” (El País, 15/11). La votación de IU y los indignados El derrumbe del PSOE provocó una importante fuga de votos hacia Izquierda Unida, que estaría pasando de dos a once escaños en el Parlamento. También hizo una gran elección Amaiur, expresión política de la izquierda vasca, que con siete bancas se asegura un bloque parlamentario propio. IU, coalición liderada por el Partido Comunista, denunció el ajuste y plantea “la defensa de los derechos laborales y sociales de los trabajadores” (El País, 15/11). La delimitación de IU con el golpeado PSOE es puramente oportunista, dado que tuvo y tiene numerosos acuerdos con este partido. IU no levanta un planteo anticapitalista: hace referencia a “la necesidad de forjar el socialismo del siglo XXI, algo que todavía no sabemos muy bien qué es (!), pero que tenemos que construir juntos” (El País, 14/11), y plantea una mayor “intervención pública para corregir la política neoliberal que diseña la UE” (El País, 15/11). No plantea la condonación de la deuda hipotecaria que cargan los trabajadores, ni la nacionalización de la usurera banca española, ni el reparto de las horas de trabajo, ni la ruptura política con la Unión Europea. El sindicato afín a IU, CCOO (Comisiones Obreras), acaba de plantear un gran acuerdo entre gobierno, empresarios, sindicatos y partidos políticos o sea una especie de Consejo Económico Social a la española. La movilización de los indignados decreció en los días previos a las elecciones, al menos en comparación con las movilizaciones registradas antes de las elecciones autonómicas. De acuerdo al corresponsal de La Nación, “como Grecia recientemente, España también parece un país al borde de la explosión social” (La Nación, 18/11). Lo que España eligió el domingo pasado es a un procónsul de la Banca Central Europea y del FMI.

El viernes 18 de noviembre se realizaron las elecciones de la Comisión Interna en Artes Gráficas Rioplatense (AGR) del Grupo Clarín. Ganó la llamada Lista de los compañeros", encabezada por Pablo Viñas y Gustavo Castalio congresales de la Naranja Gráfica, con 145 votos (55%), contra la lista impulsada por la gerencia, encabezada por el delegado K Luis Siri -miembro de la directiva del sindicato gráfico, y hasta hace poco bandera predilecta del moyanismo y 6,7,8 en la ‘cruzada’ contra “la Corpo”, que sacó 116 votos (44%). AGR estuvo en el centro de la situación política a partir de los bloqueos realizados en las puertas de AGR y de AGEA (ambas plantas de Clarín) por los delegados K con el moyanismo, y luego por las vergonzosas cámaras ocultas en las que se pudo ver a los mismos delegados pidiendo 9 millones de pesos a cambio de firmar un acta de paz social por... ¡diez años! Lo que no impidió que el kirchnerismo los siguiera defendiendo. Tanto los delegados K como Pablo Viñas venían reclamando su reincorporación en la planta, desde que los despidieron tras una huelga en 2004 reprimida por el gobierno de Néstor Kirchner. A principios de 2011, los moyanistas fueron reincorporados en un acuerdo de Clarín con el Ministerio de Trabajo que dejó afuera al congresal opositor, reincorporado en junio por una decisión judicial. El acuerdo entre los jóvenes K y Clarín Desde su reingreso, de diez delegados, ocho se retiraron por dinero, y quienes quedaron exponían tamente su nueva "relación" con la gerencia, que incluía todo tipo de beneficios personales y trato preferencial -como la exoneración de prestar tareas, la potestad de dar "órdenes" a los encargados, y una política común con la empresa discutida a la par que se negociaban sus retiros por dinero. Los delegados promovieron abiertamente retiros voluntarios y una reducción de personal que incluyó ocho despidos por los que no hicieron nada, un acuerdo de achique de dotaciones de personal por máquina, y hasta reducción de salarios para 75 compañeros a los que la empresa pasó al régimen legal de lunes a viernes, pero a los que simultáneamente les redujeron el 20% de sus bajos salarios, que pasaron a contarse entre las ganancias de la empresa. La lista de los compañeros y la batalla por este triunfo histórico La construcción de la lista fue una batalla durísima, contra una enorme presión patronal que con sus cámaras en la planta, los encargados y la patota moyanista preguntando en los sectores, "buscaban" abiertamente "los candidatos de la Naranja" y prometían despidos para quienes se sumaran. Un compañero que se afilió e inició el reclamo de adelantamiento de las elecciones que finalmente logramos, fue despedido por la empresa y hoy ha sido electo delegado, por lo que se afianza la lucha por su reincorporación. En este clima, un grupo excepcional de trabajadores demostró una gran valentía y logro sortear esta enorme presión patronal, sumándose a la Lista de los compañeros. En la campaña intervino la gerencia prometiendo el oro y el moro, pero sólo si ganaba la lista "Moyano-Clarinista" que se la pasó prometiendo aumentos, sumas de fin de año, pase de lunes a viernes, categorías y cambios de turnos individualizadas y por sector, y en cambio "el caos" y el fin del diálogo si ganaba la Naranja. La Lista de los compañeros planteó la necesidad de delegados sin privilegios, que ocupen su puesto en máquina, que consulten y resuelvan con el colectivo obrero los reclamos y negociaciones a seguir, y desarrolló un pliego de reivindicaciones del taller. El primer reclamo será el prometido refuerzo de fin de año, el esperado pase de lunes a viernes de todo el taller sin despidos ni reducciones salariales, y la reincorporación del hoy delegado despedido. La votación en la que participaron 269 compañeros fue la más alta de la historia de la fábrica (90% del padrón). Con este enorme triunfo, los trabajadores de Clarín comienzan un paciente camino de recuperación de la unidad y la organización gremial del taller.

El movimiento de los indignados norteamericanos cumplió dos meses con un “día de acción” caracterizado por protestas en una gran cantidad de ciudades y Estados, donde lo más sobresaliente fue la fuerte represión contra manifestantes que intentaron impedir la apertura de operaciones en Wall Street. Cuarenta y ocho horas antes, la policía de Nueva York había desalojado violentamente el emblemático campamento -apostado a 300 metros de la bolsa neoyorquina- con un saldo de más de doscientos detenidos, incluyendo numerosos periodistas que cubrían el desalojo. En los últimos días, además de la represión en Nueva York, hubo violentos desalojos en Oakland y Portland, además de detenciones durante protestas desarrolladas en Dallas y Los Angeles. No obstante, los manifestantes tienden a regresar a los campamentos y movilizaciones. El despliegue del Estado policial norteamericano contra los movilizados se aprecia tanto en la represión como en el espionaje sobre los activistas: “Un memorando enviado por un grupo de presión republicano del Congreso a la Asociación Americana de Banqueros propone utilizar 860 mil dólares para construir una imagen negativa de las protestas y los políticos que las apoyen", informa Prensa Latina (20/11). “El documento describe un plan de 60 días para estudiar e investigar al grupo y sus partidarios, a fin de que poderosas compañías efectúen una campaña de desprestigio en los medios de comunicación” (ídem). El campamento de casi sesenta días sobre Wall Street, finalmente desalojado, marcó el inicio de un movimiento que ha catalizado la bronca popular ante el impacto de la crisis capitalista, y que en las últimas semanas registró un progreso en la calidad de sus acciones. El ejemplo es California, donde decenas de miles de personas paralizaron el 1° de noviembre el puerto de Oakland (el quinto más activo del país, y que mueve más de 8 millones de dólares diarios entre importaciones y exportaciones) durante varías horas, para converger al día siguiente en una huelga general en la ciudad junto a sindicatos y agrupaciones que rechazaron la represión policial del día anterior. La irrupción de la clase obrera organizada en las protestas es un dato muy auspicioso.

En una semana, se sumaron centenares de firmas por el desprocesamiento de Néstor Pitrola, Vilma Ripoll, Javier Hermosilla, Ramón Bogado y todos los compañeros y compañeras judicializados por haber sido parte de la lucha de Kraft del año 2009. Referentes del movimiento de derechos humanos, como Adolfo Pérez Esquivel (Serpaj), Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo) y la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos; sindicatos como las CTA de Neuquén y Bahía Blanca, Ademys, la AGD-UBA y delegados de una docena de gremios; varios diputados, entre ellos, Margarita Stolbizer, Claudio Lozano, Fernanda Gil Lozano y Elsa Quiroz, constituyen las primeras firmas de esta campaña que recorre el país. Ya se habla de una "megacausa Kraft": hay 40 trabajadores procesados por el delito de "usurpación", en relación con la semiocupación de la planta que fue salvajemente desalojada por la infantería de la Bonaerense; los dirigentes se encuentran procesados además por "coacción" (llevar compulsivamente a sus compañeros a la huelga) y la patronal inició juicios de desafuero contra la mayor parte de los delegados que componen la actual comisión interna. En los tribunales de San Martín se tramita, además, la causa federal por los cortes de la Panamericana, que está a cargo del juez Mariano Larrea. Esa causa se apoya en "información de inteligencia" aportada por elementos de Gendarmería infiltrados en los piquetes. El juez Larrea dictó embargos a razón de 30 mil pesos por corte contra cada compañero; de este modo, Pitrola se encuentra embargado por 60 mil pesos, Ripoll por 120 mil, Bogado por 180 mil y Hermosilla por 290 mil pesos -entre otros. Esto significa una inhibición sobre sus bienes por esos montos y restricciones severas en caso de intentar acceder a un crédito, pero también puede dar lugar al embargo de sus salarios los trabajadores de Kraft ganan, en promedio, 4.500 pesos en mano. El procesamiento de dirigentes como Pitrola y Ripoll implica un salto en la escalada de "judicializaciones" contra luchas y protestas sociales, ya que se pretende penalizar la acción política de dirigentes que apoyaron los reclamos y medidas resueltas por los obreros y obreras de la fábrica. Esta causa es una represalia contra los trabajadores de Kraft, que impusieron buena parte de las reivindicaciones que los llevaron a la huelga (demandas sanitarias, reincorporación de despedidos) y que ahora vienen de revalidar, por segunda vez consecutiva, el mandato de una comisión interna integrada por los dirigentes de aquella lucha que rechazaron todo tipo de compromiso de "paz social" con la patronal. El desprocesamiento de todos los compañeros y el cierre de esta causa judicial infame es una lucha que debe involucrar a todos los trabajadores, en defensa de las organizaciones obreras y del sindicalismo independiente. La tentativa del gobierno nacional de quitarle la personería gremial a Apta, junto con el desconocimiento del 35% de aumento negociado por Uatre en las paritarias, son un tiro por elevación contra todo el movimiento obrero frente al ajustazo que se viene. Mientras anudan compromisos con la burocracia, los K apuntan a descabe: al sindicalismo combativo. Redoblemos la campaña por desprocesamiento de Pitrola y todos los compañeros. Marcha contra la criminalización de la protesta social Diez mil personas nos movilizamos a Plaza de Mayo para reclamar el desprocesamiento, cierre de las causas y anulación de las condenas contra los luchadores y por la libertad de los presos políticos. Fueron convocantes más de doscientas organizaciones gremiales, de derechos humanos, políticas y estudiantiles; entre ellas, los ferroviarios del Sarmiento y del Roca opositores a Pedraza, el cuerpo de delegados del Teatro Colón, los obreros de la construcción agrupados en el Sitraic y delegados de la Línea 60.

Los trabajadores municipales de San Nicolás han logrado que se firme un adicional de 1.000 pesos para todos los trabajadores. El intendente saliente pretendía no hacerse responsable de conceder este reclamo. Los trabajadores ganaron la calle, con radio abierta y batucada. La lucha fue encarada por ATE, mientras el sindicato municipal se mantenía al margen. El compromiso de pago es para la primera semana de diciembre, antes del 10 que es la fecha de asunción del nuevo intendente. Para trabajadores cuyo básico es de 1.700 pesos, prácticamente implica un doble aguinaldo. Está planteado para todos los municipales y para todos los trabajadores el reclamo del doble aguinaldo, para hacer frente a la carestía que asóla los hogares.

La PlazaTahrir, emblema de la revolución egipcia, volvió a verse desbordada por decenas de miles de personas la semana pasada. Fue luego de conocerse la iniciativa del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para preservar el control del establishment militar sobre el futuro gobierno y la nueva Constitución, además del mantenimiento íntegro del presupuesto militar de carácter secreto y que algunos analistas estiman que puede alcanzar hasta el 30 por ciento de la economía del país. La represión ordenada por los militares desató una batalla campal que se prolongó durante varios días, con un saldo de al menos cuarenta muertos y cientos de heridos. La respuesta de las masas al “decretazo” militar produjo una severa crisis política al interior de la cúpula castrense, así como la renuncia del gobierno. Los militares han decidido mantener la fecha de las elecciones legislativas para el 28 de noviembre, mientras dilatan de forma indefinida la de las presidenciales. El mito de una Junta Militar “democrática” se desvanece de la misma forma que el que refiere al supuesto “pacifismo” de la revolución egipcia -cuyas huelgas, ocupaciones universitarias y luchas callejeras se han multiplicado con posterioridad a la caída de Mubarak. La Hermandad Musulmana La novedad de la movilización fue la participación cuasi-protagónica de la Hermandad Musulmana (HM), que desde el inicio del levantamiento popular, mantuvo una actitud estrictamente celosa hacia el movimiento revolucionario. La HM representa la principal organización política del país: reuniría a 300 mil miembros y dirige una gran cantidad de organizaciones sociales, sindicales, etc. Esta fuerza ya atravesó una experiencia de control del parlamento bajo Mubarak. Al mismo tiempo, la HM funciona como un bloqueo para el ascenso de las masas egipcias que se encuentran en el tránsito hacia una segunda revolución. Los militares y el imperialismo La Junta Militar atraviesa un acelerado agotamiento político. El imperialismo, por su parte, se encuentra en la situación de tener que conciliar con la presión de las masas, por un lado, y la del establishment militar, por el otro. En el primer caso, se ve obligado a presentar a las masas una salida “democrática”, la cual lo enfrenta a la cúpula castrense. Una nueva generación Los militares no han podido derrotar al movimiento popular; este hecho, por sí solo, es una manifestación irrefutable de la profunda tendencia a la insurrección que recorre a las masas egipcias. En las elecciones del sindicato nacional de médicos, dirigido desde hace treinta años por la HM, la lista Independiente obtuvo un triunfo aplastante en 14 de los 27 departamentos, entre ellos Alejandría -la segunda ciudad del país-, con 14 de los 16 cargos en la Comisión Directiva. En El Cairo, la lista opositora obtuvo el 70 por ciento de los votos. La HM le restó importancia a esta impresionante paliza -que la obligó, sin embargo, a reconocer que se impuso “sangre nueva”. Es la misma “sangre nueva" de jóvenes y obreros que viene protagonizando un proceso de expulsión de la burocracia mubarakista de los sindicatos, así como de las autoridades universitarias del régimen en distintas casas de estudio.

Los abajo firmantes reclamamos el desprocesamiento en la causa por solidarizarse activamente con la huelga de los trabajadores de Kraft, de Néstor Pitrola al igual que Vilma Ripoll, Javier Hermosilla, Ramón Bogado, junto a otros dirigentes y trabajadores de aquella gran lucha del movimiento obrero. La legitimidad de la huelga por la reincorporación de los 156 despedidos no pudo ser mayor. Fueron reincorporados gran parte de ellos y quedó probado el carácter antisindical de los despidos, puesto que antes y después la empresa facturó enormes ganancias. El procesamiento de Néstor Pitrola y los compañeros es un salto en la política represiva y de criminalización de los que luchan, porque ahora se busca colocar tras las rejas no sólo a los trabajadores que reclaman por sus justas reivindicaciones, sino también a todos aquellos que se transforman por su accionar en voceros políticos de esa lucha. Adhesiones a: desprocesamientoanestorpitrola@gmail.com

El poderoso grupo cerealero Vicentín paralizó las obras de inversión de su planta del frigorífico El Nelson, de la ciudad de Reconquista, y anunció el despido de los trabajadores contratados que hacían las obras de ampliación. Alejandro Zegna, vocero del grupo, advirtió que es el comienzo de acciones más drásticas, que incluyen despidos masivos de trabajadores, el posible cierre del frigorífico Toba del Chaco y una rebaja de salarios de todos sus trabajadores. El grupo pretende obtener un aumento de la remunerativa Cuota Hilton (exportación). La dirección del sindicato de la carne se ha solidarizado con el pedido de la patronal de paliar “una crisis inédita” con la “donación de horas de trabajo”. Los trabajadores rechazaron el planteo en una asamblea. La patronal se encamina ahora a mandar a “garantía horaria” (suspensión) a los trabajadores del frigorífico Toba, con la amenaza posterior de cierre; también amenaza hacerlo con el frigorífico de Reconquista. La garantía horaria ha quedado desnaturalizada por la elevada incidencia que tienen los premios en el salario de bolsillo. En oposición a suspensiones y despidos, planteamos el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y la oposición a cualquier cierre. Vicentín tiene una ancha espalda de millones de dólares. La coordinación de los trabajadores de ambos frigoríficos, el apoyo de los trabajadores del parque industrial de Tirol y de los trabajadores de Reconquista, son imprescindibles para dar una respuesta concreta a estas amenazas.

Los delegados de la gráfica Indra hemos recorrido los tres turnos de la planta para llevar el pronunciamiento por el desprocesamiento de Néstor Pitrola y demás luchadores acusados en la causa Kraft. La adhesión de los compañeros fue masiva y los 70 trabajadores han firmado contra otro ataque por parte de un régimen que intenta disciplinar a los trabajadores por medio de la represión y acusaciones judiciales. Desde ya, adherimos a la movilización a realizarse el próximo 23 de noviembre para reforzar la pelea contra la criminalización de la protesta social, por el cese de toda persecución a los trabajadores, por el triunfo de nuestras luchas.

Peugeot-Citroën ha anunciado que en 2012 se propone eliminar 6.000 empleos en Europa: 5.000 de ellos en administración y los otros 1.000 en producción. Estos despidos están vinculados con el deterioro sufrido en sus cuentas durante el tercer trimestre en el viejo continente. Del ajuste de 800 millones de euros en 2012,400 millones obedecen a reducción de personal. No se tomarán trabajadores para reemplazar a los que se jubilen y se reemplazarán 2.500 contratos externos y tercerizados por personal de la empresa. Peugeot, sin embargo, anunció una ganancia durante los primeros nueve meses del año un 7,7% mayor que en el mismo período de 2010, y en el último trimestre de este año las ganancias comparadas con las del año pasado han sido un 3,5% superiores. La medida desató una inmediata movilización de sus empleados en la sede central en París. Centenares de trabajadores y delegados de las plantas en todo el país se reunieron la semana pasada en la sede parisina de Peugeot, convocados por el sindicato de la fábrica en Aulnay. “Estamos furiosos, rebelados. No hay ninguna razón para suprimir empleos en Peugeot cuando tienen 11.000 millones de dólares de liquidez”, dijo Jean Pierre Mercier, delegado central de la CGT de la planta de Aulnay (Clarín, 16/11). Mientras tanto, en la planta de Caseros hay 22.000 autos sin vender y se ha bajado la producción; se adelantan las suspensiones a partir del 25 de noviembre hasta el 5 de diciembre y todo enero hasta mediados de febrero. Esto todavía puede extenderse; los delegados y el sindicato se limitan a pasar la información de que las suspensiones serán pagadas al 65%. No se están renovando los contratos de seis meses; a otra cantidad no se le ha puesto fecha de finalización -para poder terminarlos en cualquier momento. Sumados los despidos hormiga que ya está habiendo, en la fábrica se habla de unos 500 despidos previstos para los próximos meses. La incertidumbre entre los trabajadores es total; la inacción del sindicato le deja el camino libre a la empresa para descargar la crisis sobre los trabajadores. La dirección de la UOM no puede mirar para otro lado. Que se realicen asambleas en todas las fábricas. Que se vote la apertura de los libros de la empresa, que descaradamente denuncia ganancias superiores al año anterior pero igual prevé un ajuste sobre los trabajadores. Basta de despidos y suspensiones; que se repartan las horas de trabajo sin afectar el salario.

El 10 de diciembre, en Capitán Bermúdez, asumirá Jorgelina Signa su banca en el Concejo Deliberante. El Partido Obrero obtuvo en las elecciones una histórica votación para la izquierda con más del 17 por ciento. Más de tres mil trabajadores consideraron necesario que en este estratégico distrito del cordón industrial hubiese una banca obrera y socialista. Jorgelina Signa asumirá en un municipio que se encuentra en el cuadro de una importante crisis política. La intendencia quedó en manos del Frente Cívico, pero el intendente y los tres concejales del oficialismo son radicales que dejaron al margen del Concejo a los socialistas que gobiernan la provincia. Bermúdez será, desde el 10 de diciembre, un distrito "oficialista y opositor", pues se han agravado las diferencias entre el radicalismo y el PS dentro del Frente Cívico. El resto de la oposición son tres concejales del PJ y uno del Partido Obrero. Desde hace años, Capitán Bermúdez es un municipio en caída libre. El deterioro y la decadencia del distrito contrastan con el enorme proceso de inversiones que los grandes capitales sojeros han volcado en San Lorenzo y en el vecino distrito de Granadero Baigorria. En Bermúdez dominan las calles en mal estado, hay ausencia de cloacas en las dos terceras partes del municipio -lo que se ha transformado en un suplido para los vecinos y en una brutal fuente de contaminación de las napas. Hay enormes limitaciones en el flujo de la energía eléctrica, fundamentalmente en los barrios periféricos, por ausencia de inversiones. Por la misma razón, se tiene un pésimo funcionamiento del sistema de presión del agua potable. La decadencia llega a la propia administración del Concejo, donde existe un proceso de contratados y tercerizados del municipio, pésimamente pagos (ahora están con atrasos en los sueldos), lo cual conspira abiertamente con los propios servicios de la comuna. De hecho, está vacío el propio Concejo. Los concejales tienen asignados sueldos de 3.000 pesos que ni siquiera se pagan en término, lo que prácticamente ha producido el vaciamiento político de la comuna, pues no existen ni los fondos para establecer comisiones de trabajo. Ni siquiera existen en el municipio salas donde puedan funcionar los concejales o efectuar reuniones para atender los innumerables reclamos sociales que se presentan a diario. El municipio está totalmente ausente de los regímenes de trabajo y de las normas ambientales de las importantes fábricas del distrito, donde -como en todo el resto del cordón- se viene produciendo una cadena de accidentes con muertes laborales, producto de la ausencia de los controles de seguridad más elementales, del régimen de tercerizaciones de esas fabricas, de la imposición a rajatabla de normas de flexibilidad laboral que se mantienen desde la época del menemismo, con la absoluta complicidad de las autoridades del municipio -el cual ha seguido, a su vez, al pie de la letra la política de complicidad del gobierno de Binner con las grandes patronales de la provincia. La banca obtenida por el Partido Obrero es el resultado de años de agitación y participación en todos estos reclamos del municipio. Ahora será un lugar de lucha y un receptáculo para la organización de esos reclamos. La asumimos con el enorme compromiso de defender un programa obrero y socialista. Nuestros primeros pasos en la banca estarán al servicio de los jubilados del distrito, quienes reclaman desde hace tiempo un lugar físico para la atención médica. Nuestras primeras reuniones estarán abocadas a movilizamos con ellos para obtenerlo. El segundo problema fundamental estará vinculado con el programa obrero y socialista que defendimos siempre. Vamos a luchar para terminar con los contratados de la comuna. Queremos que todos pasen a planta permanente. En San Lorenzo, esto ya ocurre y es necesario terminar con un régimen de trabajadores de primera y de segunda dentro de la propia comuna. Vamos a defender la existencia de comisiones de seguridad e higiene elegidas en asambleas. Nuestra lucha contra la depredación laboral y ambiental en el cordón lleva muchos años, ahora también será defendida desde el Concejo Deliberante. Para abrir un canal organizado de los reclamos pendientes, hemos abierto en el centro de Bermúdez “La Casa del Trabajador”, que estará al servicio de la organización y los reclamos del pueblo de Bermúdez, así como de todos los procesos de organización de los trabajadores del cordón. Este 25 de noviembre daremos un importante paso en ese sentido. Realizaremos un acto en La Sociedad Italiana, con la presencia de Jorgelina Signa y Jorge Altamira, para inaugurar la Casa y para presentar de cara al pueblo de Bermúdez y al activismo de la zona nuestro futuro programa de acción en el municipio. Allí también analizaremos la situación política nacional y las perspectivas políticas de la próxima etapa para el Partido Obrero y para el Frente de Izquierda.

La comisión de reclamos de Actionline ha iniciado una campaña por elecciones democráticas de delegados en el edificio de Tacuarí, ya que los mandatos de los delegados se encuentran vencidos desde abril de este año y el Sindicato de Comercio, con la complicidad de la empresa, se niega a convocar elecciones. La comisión de reclamos viene dando batalla para participar en elecciones democráticas desde 2009, cuando el sindicato suspendió las elecciones en el edificio de Arribeños y, ante los distintos ataques de la patronal, durante todo 2010 fueron despedidos y en muchos casos reincorporados varios activistas de la comisión, con asambleas, actos en la puerta, y distintas medidas de ludia. Hoy, la empresa pretende mudar el edificio y en el proceso deshacerse del activismo, para poder hacer después elecciones cómodamente con lista única y en total sigilo, como es la costumbre de la dirección del sindicato. En ese camino, los días 3 y 4 de noviembre fue suspendida una de las principales activistas del edificio por supuestas llegadas tarde de 15 minutos, lo que provocó una reacción del conjunto de los compañeros, que repudiaron la discriminación y persecución en asambleas específicamente convocadas para discutir el punto, con lo cual se logró que la empresa retrocediera con las sanciones y suspensiones que pretendían para la semana subsiguiente. Los delegados de la burocracia de Cavalieri reaccionaron botoneando a Recursos Humanos todo lo hablado en las asambleas, lo que terminó con la quita de algunos beneficios que tenían los trabajadores de las distintas campañas. Por eso hoy, más que nunca, vamos adelante con la campaña por elecciones democráticas, con la cual planeamos llegar no sólo a los medios de comunicación, sino también a personalidades y organizaciones. ¡Elecciones democráticas en Actionline! ¡Basta de persecución! Para adherir a la campaña y recibir más información, escribir a: queremos.delegados@gmail.com

Con los últimos comicios del 20 de noviembre, que definieron las autoridades municipales de la capital jujeña, se terminaron las elecciones sucedidas una tras otra este 2011 en la provincia. El Frente de Izquierda, metido en una pelea de largo aliento, superó este último desafío consolidando su conquista electoral luego de tres tumos agotadores, que dejaron a la izquierda obrera y socialista como tercera fuerza con su propia fisonomía entre ocho contrincantes municipales, con 4.361 votos -el 3,75%- a intendente (Natalia Morales-PTS) y 4.829 votos -el 4,31%- a concejal (Ana Vargas-PO). La apariencia de un excesivo democratismo electorero tapó la manipulación política de las camarillas bipartidistas en su disputa por más poder. Los cortos días de campaña tenían la suerte echada en una elección polarizada entre el PJ y UCR, que pusieron de rodillas al resto de las fuerzas pseudo-opositoras y que, al sumar colectoras, contaron con una total ventaja de sus poderosos aparatos estatales empresariales -capaces de instalar y concentrar al electorado sin debate alguno, favorecidos por el hartazgo popular de la larga campaña. La contienda ratificó la reelección del intendente "Chuli" Jorge del UCR-Udeso con el 61,25% -un porcentaje inédito. Segundo quedó el colombiano Pedro Segura, del FpV, con el 33,29% -repitiendo a la inversa los resultados de las generales entre ambos partidos. La campaña (resumida en sostener los servicios privatizados del transporte, la basura y las obras con la contratista Roggio, a la par del concurso de maquetas con la promesa de modernización de la ciudad, que dejó un tendal de familias sin techo acampando en las tomas, un 40% de precarizados municipales, sin mencionar una palabra de la crisis económica nacional y los anuncios de quita de subsidios a los servicios privados, ni el déficit municipal de 49 millones anual o las posiciones tomadas por sus partidos luego de tres años de congelamiento salarial, devaluación y ajuste) concluyó del mismo modo que en la general provincial, con la idea de que la gente prefiere el original y no la copia. La oposición política estuvo encabezada por el Frente de Izquierda, en donde el Partido Obrero concentró su intervención en lo que, precisamente, esquivaba el resto: la lucha contra el trabajo precarizado y en negro en el municipio, y el acceso verdaderamente universal a la vivienda, en base a un plan que ponga el conjunto de los predios vacíos de la ciudad y su periferia para el uso público con destino a la urbanización -además de la lucha contra los tarifazos e impuestazos, sin caer en el concurso gestivo del Estado, sino expresando la defensa de los trabajadores ante la crisis. Los resultados que nos posicionan como tercera fuerza, pese a la polarización, son un logro por la característica de esta elección amañada, donde mantuvimos y acrecentamos nuestros votos en la categoría parlamentaria -mientras el resto cayó. El FAP, que operó como colectora de la UCR, bajó de 8.027 votos en la elección general a 2.020. El FPJ de Snopek se bajó de la contienda; a las colectoras de Segura (FPV) no les sirvió la maniobra -en la elección para concejales quedaron en el uno y pico por ciento. La cooptación de los movimientos sociales en la ciudad se vivió con el apoyo público de la Tupac Amaru de Milagro Sala y su Red de Organizaciones Sociales, Barrios de Pie y otros movimientos ambientales sociales que apoyaron al "Chuli" -y aunque declaren que no le darán "un cheque en blanco", igual que ya lo hicieron con Fellner colaborarán con los padres del orden. Tenemos un amplio mandato para organizar a trabajadores y vecinos en el Frente de Izquierda, para llevar adelante el programa que hemos planteado, para que no se impongan ni tarifazos ni impuestazos contra el pueblo. Vamos por más asambleas y por más Frente de Izquierda en Jujuy.

A pocos días de asumir un nuevo mandato, Sapag intempestivamente ha presentado un proyecto de ley que -bajo el pretexto de mejorar el salario de los profesionales ante las renuncias que desmantelaban servicios enteros- liquida la jornada laboral, al revisar el concepto de dedicación exclusiva y transformarlo en disponibilidad permanente. El sector profesional es el blanco principal. A cambio de un aumento que alcanza el 41% (mientras que para enfermería, gestión de pacientes, mantenimiento y otros es del 1,3 y 1,5%), barre con el régimen laboral. El plan del gobierno se completa con un aumento al sector de conducción (jefes y directores), que va del 120 al 1.000%. Bloqueo de la Legislatura Los sectores mayoritarios de trabajadores de salud, nucleados en ATE, hemos salido a responder este ataque. La primera medida ha sido el bloqueo del nuevo edificio de la Legislatura neuquina. Con una permanencia durante 48 horas, se impidió la sesión de las comisiones primero, así como de la sesión que aprobaría la reforma. Exigimos que se reabran las paritarias para discutir las condiciones de trabajo y aumento salarial para todo el sector hospitalario. La reforma del gobierno provincial encontró en el nuevo Sindicato de Profesionales un sector donde hacer pie, ya que ha sido participe de este proyecto y las medidas que llevan se contraponen con el resto de los trabajadores, lo que genera un quiebre hacia el interior de los equipos de trabajo. También apoyan la reforma reaccionaria un arco político de acuerdos, en los que no sólo se encuentran el MPN, Kogan del PJ kirchnerista, los duhaldistas como Baum, sino los legisladores que se han dicho de la oposición, como el caso de los binneristas Libres del Sur y del UNE-CTA-PS. Una huelga histórica El sistema de salud neuquino se encuentra colapsado por el desfinanciamiento sistemático de los últimos veinte años, que ha destruido lo que otrora fuera un sistema de salud pública avanzado. El colapso, agravado por este proyecto, es parte de los acuerdos del gobierno del MPN con los grandes capitalistas privados como con la medicina privada: Moguillansky, Policlínico Neuquén o la Pasteur. El desmantelamiento del sistema público elimina la competencia con los sectores privados. Los trabajadores de la salud nos encontramos en huelga, que resulta histórica por sus características políticas, desde hace diez días. La semana pasada, hemos confluido en un paro de 24 horas con el resto de los sectores de ATE. Los estatales de esta provincia necesitamos confluir con fuerza en una medida conjunta, por lo que le reclamamos a la CTA un paro provincial. La bancada del FIT El Frente de Izquierda ha sido la única fuerza que se ha pronunciado a favor del reclamo de los trabajadores de rechazar esta reforma. Hemos salido al cruce de los ataques del sector sabbatellista de ATE salud que dirige la lucha, que omite el apoyo del FIT porque las fuerzas políticas de su propio entorno (MUN-UNE-PS) le han dado la espalda al legítimo reclamo. Necesitamos intervenir enérgicamente en esta semana decisiva en la lucha por impedir que el proyecto de ley se vote. Hemos acordado un primer Plenario del Frente de Izquierda para el 26 de noviembre, en la Universidad en camino hacia la asunción de la bancada en diciembre. Es una iniciativa que habilita un espacio de debate con la población para darle una dirección, una salida a la crisis de la salud pública. Una salida obrera y socialista Ni siquiera el aumento del 40% al sector profesional podrá retener a los médicos ni logrará que nuevos profesionales migren hacia nuestra provincia para completar los planteles en los hospitales. El salario que se necesita para vivir en Neuquén es de más de 8.000 pesos por la carestía de vida. A ello, se suma el aumento de los servicios por los tarifazos. La necesidad de descargar la crisis sobre los trabajadores queda reflejada en que esta reforma se asienta en introducir el trabajo a destajo. La crisis de la salud tiene una salida: la triplicación del presupuesto para reconstruir el sistema hospitalario. El salario que cubra la canasta familiar por ocho horas de trabajo por día o 40 horas semanales. El cese de las tercerizaciones y de las contrataciones de servicios al sector privado -pagados a precios exorbitantes- y el cese de los negocios con los laboratorios proveedores.

Nuevamente, chicanas mediante, se suspendió el juicio contra Hugo Moyano por injurias y calumnias cometidas por él en el caso que lo involucra con la Triple A. Ese proceso está a punto de prescribir. Cuando, hace unos años, Prensa Obrera y unos pocos medios más se refirieron a investigaciones que probaban documentalmente el vinculo personal y directo del general Juan Perón con la fundación, organización y control operacional de la Triple A, la burocracia sindical empapeló la ciudad con afiches que decían, amenazantes: "No jodan con Perón". El verdadero mensaje de aquellos afiches exigía una segunda lectura. En verdad, a los burócratas poco les importaba ni les importa Perón, a quien traicionaron cuantas veces les fue posible. Lo que ellos querían decir con esa amenaza era "no jodan con la burocracia", porque una investigación afondo sobre los crímenes de esos años llevaría detrás de las rejas a buena parte de ellos. De Gerardo Martínez se ha sabido, como es público, que fue agente del Batallón 601 de Inteligencia durante la dictadura y que está involucrado en la entrega de 105 trabajadores de la construcción a los grupos de tareas, para que los masticaran en los campos de concentración. Después de conocerse ese pasado del capo de la Uocra, Cristina Fernández lo llevó con ella a Cannes, a la reunión del G-20, y las fotos que se sacó con él en esa ocasión fueron distribuidas por la presidencia. No se trató de un error ni de una tontería en una mujer que se equivoca poco y de tonta no tiene nada: eso fue un mensaje político de respaldo explícito a quien mantiene como su favorito para relevar a Hugo Moyano al frente de la CGT La "profundización del modelo" implica mayores tarifas y menores salarios. Por lo tanto, necesita el respaldo de una burocracia obsecuente. De ahí la franela con el buchón del 601 y la persecución política y judicial a los sindicalistas combativos e incluso a burócratas díscolos. Moyano y la Triple A A pesar de los tironeos y las peleas con Moyano, el jefe camionero está a punto de eludir, mediante chicanas diversas, el proceso que se le sigue por injurias cometidas por él contra Carlos Petroni, uno de quienes lo denunciaron por su pasado en la Triple A. El gobierno y el Poder Judicial son cómplices en ese intento, dado que la causa está por prescribir. Moyano, según se ha probado, le pagó a un familiar de Petroni para que firmara solicitadas falsas que desmentían la denuncia, lo cual no dejaba de ser una confesión. Moyano, en aquellos tiempos, militaba en la Juventud Sindical de Mar del Plata. La JS adhería a la Juventud Peronista de la República Argentina (la JPRA, o "Jotaperra, como se la conocía entonces), dirigida por Julio Yessi, un ladero de José López Rega. En Mar del Plata, la JS estaba vinculada directamente con un grupo fascista de choque, autor de numerosos crímenes: Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), conducida por Carlos Ernesto Castillo, (a) "El Indio" luego represor ai servicio de los militares. En medio de su puja con Moyano, el gobierno mantiene sobre el jefe camionero la amenaza de mandarlo a la cárcel por el caso de los medicamentos, por el cual ya metió en prisión a Juan José Zanola. Pero necesita salvarlo de ios cargos referidos a la Triple A, porque en ese punto el de la represión dictatorial caen en la volteada varios de los amigos del oficialismo, como Martínez. He ahí el gobierno "de los derechos humanos".

El 12 de junio, el Frente de Izquierda conquistó, con el apoyo de los trabajadores, la primera bancada obrera y socialista en la legislatura neuquina. Un numeroso contingente de trabajadores, jubilados y jóvenes, delegados y activistas se sumaron activamente a la campaña, que logró además superar la proscripción de las elecciones nacionales. El 10 de diciembre asume como primer diputado por el Frente de Izquierda en Neuquén el compañero Alejandro López, de la Agrupación Marrón Ceramista. En la bancada rotativa continuará Raúl Godoy (PTS), Angélica Lagunas (IS) y Gabriela Suppicich (Partido Obrero). El Frente de Izquierda participa activamente de las luchas obreras y populares, y se propone crear espacios de debate constante con los trabajadores, para poner la banca y su acción en la Legislatura al servicio de las necesidades urgentes de los trabajadores y el pueblo frente a la crisis descargada sobre quienes trabajan y como alternativa de política de la clase obrera. En ese sentido, convocamos a un Plenario abierto del Frente de Izquierda y de los Trabajadores el próximo 26 de noviembre, a las 18 horas, en la UNC (aula a confirmar), para presentar una agenda legislativa y debatir las perspectivas políticas frente a las necesidades urgentes de los trabajadores de la provincia -empezando por la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la salud- y discutir un plan para poner la banca del FIT al servicio de las luchas obreras y populares.

José Sotelo, testigo de la causa que investiga el crimen de Mariano, denunció haber sido secuestrado y amenazado por segunda vez en menos de seis meses, por individuos que le volvieron a exigir que modifique su declaración para beneficiar a Pedraza. Sotelo es un vecino de Barracas que fue testigo de la emboscada de la patota de la UF contra los tercerizados del Roca. En enero, denunció por primera vez haber recibido amenazas y se inscribió en el programa de protección de testigos. En junio, denunció que a pesar de contar con custodia policial, cuatro matones lo secuestraron en un Fiat Duna, le gatillaron varias veces en la cabeza y le reclamaron "cambiar la declaración contra José" (Tiempo Argentino, 24/6). Ahora, Sotelo denuncia que, el 10 de noviembre pasado, un grupo de personas armadas lo capturaron en el jardín de su casa y nuevamente le exigieron que cambiara su declaración. Lo liberaron poco después, en el barrio porteño de Villa Lugano. Esta nueva intimidación contra uno de los testigos de la causa de Mariano se produce cuando Pablo Díaz -el "capanga" de la burocracia en el ramal Roca- presenta ante la Corte Suprema un nuevo pedido de excarcelación. Sus abogados sostienen que Díaz "siempre estuvo a derecho", tiene domicilio fijo, contención familiar y patrimonio en el país (www.minutouno.com.ar). La Corte Suprema rechazó pedidos similares de los otros imputados. Antes, la Cámara de Apelaciones había ratificado las prisiones preventivas de los detenidos, teniendo en cuenta las amenazas que sufrieron varios testigos y la tentativa de soborno sobre el tribunal de Casación, que los jueces calificaron como intentos por "obstaculizar la investigación". La burocracia de la UF continúa activa por la impunidad de su jefe. Sus hombres siguen enquistados en la gestión del ferrocarril embolsando fortunas y sus bandas acechando a los testigos. Llamamos a reforzar la movilización y la acción política por el castigo a todos los culpables del crimen de Mariano: a los Pedraza, Díaz y Favale, a los empresarios de la Ugofe que fueron cómplices de la emboscada y a la Policía Federal que liberó la zona y encubrió a los asesinos.

La Legislatura porteña aprobó, por unanimidad, una ley que crea un fondo de 20 millones de pesos para indemnizar a los vecinos afectados por el derrumbe del edificio de la calle Bartolomé Mitre 1232. De acuerdo con proyecto, se entregan entre 100 y 150 mil dólares (dependiendo de la cantidad de metros cuadrados) por cada propiedad, más un subsidio de entre 50 y 70 mil pesos por las pertenencias perdidas y seis meses de subsidio para el pago de alquileres. A cambio, los inquilinos renuncian a hacerle juicio al Estado y el Gobierno de la Ciudad se queda con la demanda contra la constructora del edificio lindero. El derrumbe de la calle Mitre, que dejó como saldo una víctima fatal (apareció bajo los escombros el hombre de 74 años que se encontraba desaparecido), puso en evidencia el peligro que suponen para la seguridad de los trabajadores y habitantes de la ciudad los negociados de la construcción y la especulación inmobiliaria, a partir de centenares de obras que no respetan las Hormas de seguridad en materia de excavación y submuración. En el caso puntual del derrumbe del edificio de la calle Mitre, la Agencia Gubernamental de Control del gobierno porteño estaba al tanto de las anomalías en el edificio lindero, sobre el que pesaba una denuncia del 5 de agosto por “ruidos molestos y temblores producto de la excavación” (ver PO N91.202). En los días posteriores al derrumbe de la calle Mitre, se incrementaron notablemente las denuncias sobre obras peligrosas. La Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) canceló quince de ellas y divulgó un informe según el cual “829 están afectadas por un alto estándar de gravedad y unas cincuenta -en su gran mayoría excavaciones o demoliciones- se encuentran en estado de riesgo” (BAJE, 16/11). La SRT le exige al gobierno macrista que se sume a una mesa cuatripartita, integrada también por la Cámara de la Construcción y la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Pero es poner al zorro a cuidar las uvas. La única salida es que el desarrollo de la construcción se halle orientado por las necesidades sociales (y no por el apetito del capital financiero) y que haya comités de control electos de trabajadores y organizaciones barriales sobre las obras.

El Partido Obrero repudia el secuestro de José Sotelo, testigo de la emboscada de la patota de la Unión Ferroviaria contra los tercerizados del Roca en la que fue asesinado Mariano Ferreyra el 20 de octubre de 2010. Sotelo denunció haber sido secuestrado por individuos que le reclamaron que modifique su declaración para beneficiar a Pedraza. Las agresiones a Sotelo son reiteradas. En enero, denunció que recibió amenazas y se inscribió en el programa de protección de testigos. En junio, contando ya con la custodia policial, denunció haber sido secuestrado por cuatro personas que le gatillaron en la cabeza exigiéndole que cambie la declaración. Ahora, nuevamente, fue secuestrado el 10 de noviembre, a pesar de contar con custodia policial. Llamamos la atención sobre este hecho de máxima gravedad y advertimos que se da en momentos que Pablo Díaz -dirigente máximo de la UF del Roca- ha presentado ante la Corte Suprema un pedido de excarcelación. No caben dudas que la burocracia sindical de la UF continúa activa bregando por la impunidad de su jefe y de toda la patota hoy detenida. Repudiamos el secuestro de José Sotelo y reclamamos el juicio y el castigo para todos los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra: Pedraza y su patota, los empresarios de la Ugofe.

La actividad de campaña se largó. Ha comenzado la entrada de aportes y llegamos al 10% del objetivo de la campaña. Han ingresado contribuciones de trabajadores, los barrios y la juventud. Los objetivos En Capital y provincia de Buenos Aires, la campaña está vinculada a objetivos muy precisos de desarrollo partidario: por ejemplo, la apertura de locales en Avellaneda, Paternal, Flores, Boedo y Pompeya. El debate y la planificación de los objetivos de aportes es todo un capítulo. Nos proponemos una gran campaña en el movimiento obrero, y especialmente entre sus sectores activistas. En el subte, por tomar un caso, el plan de aportes duplica al de la anterior campaña. Entre los docentes de Capital, en lucha en defensa del estatuto, nos planteamos una gran campaña en el bloque antiburocrático que se nuclea en Ademys y la oposición en UTE. Las asambleas Mientras se larga la campaña, se han comenzado a realizar las asambleas por el desarrollo del Frente de Izquierda. Las mismas han tomado iniciativas que contribuyen a la campaña financiera. El pic-nic de parque Sarmiento, con todo un despliegue de actividades políticas, deportivas, sociales y culturales, contribuye a sumar a nuevos compañeros. Una campaña corta El principal desafío que tenemos es concretar la campaña, los aportes y las actividades en un plazo corto, antes de fin de año. Para esto, es crucial un seguimiento diario de una actividad intensa. Vamos con todo a desarrollar la campaña financiera del Partido Obrero.

El asesinato del militante del Mocase Vía Campesina, Cristian Ferreyra -de 23 años- en la localidad de San Antonio Monte Quemado, a manos de un grupo de sicarios contratados por el empresario santafesino José Ciccioli, ha causado una enorme conmoción en todo el país, y constituye el punto más alto de una escalada represiva, que diversos grupos de empresarios con sus guardias blancas (bandas parapoliciales) están empleando para acelerar la expulsión de campesinos y pobladores originarios de la zona norte de Santiago, especialmente en los departamentos de Copo, Alberdi y Pellegrini. En el hecho también fue herido gravemente otro militante del Mocase, Darío Godoy. El territorio santiagueño se ha transformado en una zona de lucha permanente, que se ha agudizado con el boom sojero. Empresarios de diversas provincias primero ofrecen dineros para ganar la voluntad de los campesinos para que desalojen sus tierras. Cuando esto no surte efecto, aparecen las bandas armadas de matones, muchas veces acompañadas por la propia policía, para ejecutar los desalojos. Los atropellos armados se han multiplicado en los últimos años. En muchos casos bandas armadas han cerrado los caminos para evitar que los hijos de los campesinos puedan concurrir a la escuela. En otros, han procedido a quemar las viviendas y robar los bienes. Ahora llegaron directamente al asesinato. El Mocase ha sufrido diversas represalias, incluso le han destruido algunas de sus radios. Frente a todos estos atropellos, las comisarías de las zonas muchas veces se niegan a tomar la denuncia -y cuando lo hacen, no hacen nada de nada. La justicia santiagueña es completamente cómplice. El Mocase sostiene que desde que actúa organizadamente -hace 21 años-, se vienen suscitando problemas con la tierra. O sea que lo que hoy ocurre, agravadamente, es una continuidad de la política expulsiva de campesinos y de desmontes que ya se aplicaba en la época de Juárez. En todo este tiempo no se registra que ningún empresario o banda de matones haya sido encarcelado. Las autoridades locales (intendentes) actúan en complicidad y muchas veces son el brazo político contra las organizaciones campesinas, amparando a los terratenientes y sus bandas de matones. Frente a todos estos hechos, el gobierno de Zamora se lava las manos, pero es actualmente el principal responsable político de todo este proceso. Ha sido bajo su administración que se ha consolidado en la provincia el boom sojero y se han multiplicado las expulsiones de campesinos y de desmonte. Zanahoria y garrote La política de Zamora frente al movimiento campesino ha sido la de la zanahoria y el garrote. Por un lado, con la complicidad de la Iglesia y de organizaciones de derechos humanos K, formó la Mesa de Diálogo por la Tierra y la Producción, a la que logró integrar a todas las organizaciones campesinas, paralizando su accionar independiente y hasta reivindicativo. En una entrevista realizada en el programa radial Al Oeste de FM en Tránsito -de Castelar-, Deolinda Carrizo, responsable de Comunicación del Mocase Vía Campesina, recuerda que “nos sumamos a una mesa de diálogo de la cual participamos varias veces. Como Mocase y otras organizaciones, necesitamos la resolución porque a la problemática de la tierra le urge la resolución, porque llegan a estos límites. Se han establecido distintos puntos firmados con las organizaciones campesinas, y hasta ahora de los siete puntos no se ha cumplido nada. Mucho diálogo, pero el Comité de Crisis ha constatado la presencia de gente armada y, cuando se hace el informe a nivel provincial, no hacen nada con los policías cómplices ni con la gente armada. Ahí están esos informes adornando muebles”. Con el gobierno de Zamora no se escrituró un centímetro de tierra para los campesinos pobres Por otro lado, Zamora ha dado vía libre, como una suerte de provincia liberada, al accionar de las guardias blancas, una variante de la política de tercerización represiva en las zonas agrarias, contra las organizaciones campesinas y sus militantes combativos que opusieron resistencia a las expulsiones. El crimen de Cristian Ferreyra ha suscitado la repulsa en diversos ámbitos y movilizaciones en varias provincias. El día después del crimen también se concretó una marcha frente a la Casa de Gobierno en Santiago, donde hablaron oradores de las organizaciones presentes. Para paralizar la continuidad de este proceso de lucha, por primera vez la Justicia “aparece" actuando con agilidad -ya han detenido a cuatro integrantes de la banda de sicarios, incluido el ejecutor del crimen, y se habría dado orden de detención contra el empresario José Ciccioli. El juez de Monte Quemado que atiende la causa fue denunciado con anterioridad por hacer la vista gorda frente a las denuncias. Por eso, para que el caso de Cristian Ferreyra no quede clausurado con una condena a los perejiles, es necesario ir hasta el final con la lucha para que sean procesados y condenados los que financiaron la banda y toda la cadena de complicidades políticas, judiciales y policiales. • Juicio y castigo a los ejecutores materiales e intelectuales del crimen. • Desmantelamiento de las guardias blancas. Investigación de todos los empresarios y de todas las denuncias realizadas por las organizaciones campesinas. •Devolución de las tierras a todos pobladores desalojados.

El Partido Comunista ha lanzadó una campaña de atentados contra locales de nuestro partido a partir de una crítica a la trayectoria política de Fanny Edelman, escrita por Alejandro Guerrero. Locales del PO han sido embadurnados con la consigna "con Fanny no" y se publican mensajes en el ciberespacio que llaman a agredir al autor donde se lo encuentre. Es decir: el tema a esta altura no es la calidad de la nota en cuestión, sino la obscena ostentación de los métodos del stalinismo y de Ramón Mercader. Oficialmente, el PC no ha abierto la boca, o sea que promueve agresiones anónimas. Detrás de la 'ofensa' suscitada por el artículo sobre Fanny Edelman, se oculta un intento desviado de defender la indefendible historia del Partido Comunista stalinista. "¿Una declaración?" Cuando a Fanny Edelman le preguntaron, en uno de sus últimos reportajes, sobre la posición del PC ante la dictadura militar, respondió: "La derecha es mendaz y la gran prensa de los partidos burgueses han deformado el contenido de la lucha... Hubo una declaración incorrecta, pero eso no significa que no hayamos sido luchadores convencidos contra la dictadura" (Página/12,28/2). No fue sólo 'una' declaración. El PC estuvo fogoneando la consigna del "gobierno cívico-militar" desde poco después del Cordobazo. Hubo una autocrítica del PC por su conducta bajo la dictadura militar cuando todos los plazos ya se habían vencido (XVI Congreso, 1986). El argumento fue que el "gobierno cívico militar" habría sido producto de una confusión entre el objetivo "estratégico" de ganar a una parte de las fuerzas armadas para la revolución (increíble pero cierto, Ch. R.) y el error táctico de concebir en ese momento (cuando operaban los grupos de tareas, Ch. R.) la factibilidad de una alianza con sus sectores "democráticos''. Así las cosas, sólo existiría un "desvío" en una estrategia revolucionaria. En realidad, el PC acompañó al resto de los partidos burgueses en el apoyo al golpe (fue más lejos que ellos en el tiempo) y siguió la orden del Kremlin que acabaría firmando un acuerdo comercial con Martínez de Hoz en pleno boicot de la venta de trigo norteamericano. En 1976, a instancias del comité central del PC, fue editado el libro Reflexiones sobre el terrorismo, con la firma de Fernando Nadra. Su prólogo se inicia con estas palabras: "La Argentina transita uno de los momentos más difíciles de su historia. Vivimos una situación inédita. El asesinato político masivo (más de 1.000 en los primeros siete meses del año y continúan) conmueve a la opinión pública, preocupa al presidente, Teniente General Videla, y al episcopado de la Iglesia Católica y trasciende al exterior, deformando la imagen que se tiene de nuestro país, al mostrar una sola de las facetas de nuestro panorama político: el terror... el terrorismo de ultraizquierda ¿quiénes lo ejecutan? En su inmensa mayoría son jóvenes de origen pequeño burgués (cuya) nefasta tesis anarco-mao-trotskista 'cuanto peor, tanto mejor' significa el suicidio político y la traición a los ideales que proclaman" (Aporte Ediciones, Buenos Aires, 1976). Esto es algo más que 'una' declaración. China, rival de Rusia, mientras tanto, manifestaba su preferencia en la época, no por Videla sino por Pinochet. ¿"Ideología"? "¿Qué pasó en la Unión Soviética? Se le entregó al pueblo mucho, instrucción, trabajo, vivienda, descanso, todo lo que ustedes quieran, pero no se le entregó ideología. Se dio, se dio, se dio, cada uno lo absorbió, y ya está. Y se derrumba la Unión Soviética y no hay una sola voz que se levante. Tenemos que aprender de esa tragedia'/ Fue la respuesta reciente de Fanny Edelman a una pregunta sobre la de composición de la URSS (acebuche3000.blogspot.com 2010/12). Con dos frases, Edelman resolvió el pasaje del 95 por ciento de los partidos comunistas al campo del capitalismo y del imperialismo. La integración del Partido Comunista de Argentina al gobierno de las mineras, de las petroleras y del pago de la deuda usuraria con la plata de la Anses, es una manifestación relativamente retrasada de este proceso.

El periodista Darío Aranda denunció que la patronal del diario Página/12 modificó deliberadamente un artículo suyo sobre la movilización en repudio al asesinato de Cristian Ferreyra, para ocultar la denuncia de las organizaciones campesinas sobre la responsabilidad política del gobierno provincial y nacional en este nuevo asesinato de un joven luchador, a manos de sicarios contratados por las patronales sojeras. A continuación, reproducimos el comunicado de repudio emitido por la Naranja de Prensa, que contiene, a su vez, las declaraciones del periodista. Repudiamos la censura sufrida por el periodista Darío Aranda y denunciamos el atropello que significa publicarle la nota censurada y modificada con su firma. Esta censura tuvo como función ocultar la denuncia de los movimientos campesinos acerca de la complicidad de los patrones de la soja con el gobierno provincial, nacional y el Poder Judicial. Le hacemos llegar el respaldo incondicional al compañero Aranda y exigimos el juicio y castigo a los asesinos de Cristian Ferreyra. Lista Naranja de Prensa Denuncia de Darío Aranda La nota que hoy (sábado 19) aparece en Página/12 con mi firma no se corresponde con la que escribí. Específicamente, el primer párrafo (lo más importante de una nota periodística). Un derecho básico de los periodistas es tener la posibilidad de retirar la firma. No me han respetado ese derecho. Por este oficio que abrazo y por las organizaciones sociales en lucha (y por los asesinados por este modelo extractivo) es imprescindible esta aclaración. Copio la cabeza original. Había sido acordada así con el editor. Todo lo que está en bastardilla lo borraron sin avisarme: "Asesinado por el agronegocio. Cristian vive, la lucha sigue" resumía la extensa bandera al frente de la marcha que ayer reclamó justicia por el asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, ocurrida por una disputa territorial. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MN-Cl), donde militaba Ferreyra, enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial provincial y el gobierno nacional. Desde la puerta de la Casa de Santiago del Estero en Buenos Aires el vocero del MNCI, Adolfo Farías, fue explícito: “Hacemos público que vamos por el Gobernador, es el responsable de las represiones. No habrá más asesinatos en el monte santiagueño". También hubo marchas en Santiago y Córdoba. La cabeza publicada por el diario: "Asesinado por el agronegocio. Cristian vive, la lucha sigue", resumía la extensa bandera al frente de la marcha que ayer reclamó justicia por el asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, ocurrida por una disputa territorial. La marcha partió del Obelisco, se dirigió por avenida Corrientes y terminó en Florida 274. Dos cuadras de personas y dos consignas que se repitieron: "¿Quiénes somos? Campesinos. ¿Qué queremos? Tierra, trabajo y justicia" y "Alerta que camina la lucha campesina por América Latina".

El Pic-nic de fin de año, que el próximo 4 de diciembre el Partido Obrero realizará en el Parque Sarmiento, será un acontecimiento artístico, cultural y deportivo de los trabajadores y la juventud. Se inscribe dentro el objetivo que está resumido en sus consignas centrales de convocatoria: “Desarrollemos y fortalezcamos el Frente de Izquierda. Que la crisis la paguen los capitalistas”. El pic-nic contará con una gran cantidad de actividades. Funcionarán, por ejemplo, varias mesas redondas que abordarán temáticas políticas fundamentales del momento, como la “La crisis mundial capitalista”, “La lucha contra la criminalización de la protesta social”, “Los diez años del Argentinazo. Balance y debate”, “La causa de Mariano Ferreyra. Debate sobre los libros “Quién mató a Mariano Ferreyra” de Diego Rojas” y “Trabajadores, tercerización y burocracia sindical. El caso de Mariano Ferreyra” de Christian Rath. Habrá una participación de panelistas del movimiento popular y de los partidos que integran el Frente de Izquierda. La oferta cultural del pic-nic será muy importante. Proyectaremos la película “El Estudiante” y realizaremos un debate coordinado por Alejandro Lipcovich, presidente de la Fuba. Se proyectará “Gestación”, un corto recientemente estrenado de Alejandro Rath, todo esto junto a muestras de artistas y obras de teatro. Para trazar un balance del 10° aniversario del Argentinazo, además de la mesa redonda, se proyectará una muestra especial de videos a cargo del Ojo Obrero y una muestra de tapas de Prensa Obrera de la época. Una parte del pic-nic estará consagrada a nuestro compañero Mariano Ferreyra. En la mesa redonda se analizará la marcha de la causa, las perspectivas del juicio anunciado para febrero próximo y, más en general, las causas de fondo que tienen que ver con la tercerización laboral y el papel de la burocracia sindical. Junto con la Mesa Redonda, los compañeros y amigos de Mariano presentarán una muestra de dibujos, fotos y videos sobre su vida. Muchísimos músicos amigos se han comprometido a participar de los espectáculos artísticos durante todo el día. Habrá un escenario especial para del MUR, con bandas de rock que se han anotado en fábricas, barriadas y escuelas. Estos músicos, muchos de los cuales están dando sus primeros pasos, compartirán escenario con artistas consagrados, como nuestra compañera cantante de tango Patricia Barone. La parte deportiva ocupará un lugar especial. Decenas de equipos de fútbol -organizados en las grandes fábricas y centros obreros, en las barriadas populares y en los colegios y facultades- se han inscripto ya para participar de los seis campeonatos que se realizarán durante todo el día. El final de la jornada Como surge de este pequeño resumen, el Pic-nic del Partido Obrero será una movilización política de los trabajadores y de la juventud, destinada a reforzar una construcción política socialista en el cuadro de la bancarrota mundial del capital, que se expresa en nuestro país en un agotamiento acelerado del “modelo kirchnerista”. La votación importante obtenida por el Frente de Izquierda en las elecciones del 23 de octubre ha permitido plantar una referencia política anti-capitalista, que es necesario desarrollar con todos los medios políticos posibles. El saludo de cierre estará a cargo de Jorge Altamira.

En estos días, en los gremios más diversos se han producido victorias obreras antiburocráticas, que deben ser examinadas para sacar las conclusiones. Nos referimos a las de las gráficas Cedinsa y AGR-Clarín, la perfumista Avón, la mecánica Cables Lear y la camionera Aesa. En las cuatro primeras, la burocracia fue derrotada en elecciones para cuerpos de delegados; en la ultima (la camionera), se produce una destitución del cuerpo de delegados a partir de una huelga, la cual fue atacada una y otra vez por patotas sindicales del gremio (ver nota en Prensa Obrera N°1.203). La elección de Cedinsa fue un ‘adelantamiento’ armado por una campaña feroz de la patronal y la burocracia sindical de la Federación Gráfica, con la certeza de que obtendrían el cuerpo de delegados. No fue así: triunfó la lista antiburocrática, que reforzó sus filas con nuevos activistas. La elección de AGR enfrentó al poderoso monopolio Clarín, después de que éste se cansara de despedir trabajadores en combinación con distintas alas de la burocracia es decir que la lista ganadora fue garantizada por la cuarta o la quinta línea de activistas. En Cables Lear (del Smata), con más de 700 compañeros, la burocracia se jugó con todo. Suspendió la afiliación a tres delegados independientes para sacarlos de la cancha y convocó en una semana a la elección. Se armó una lista opositora, la Celeste, que fue la ganadora. En la perfumista Avón, con unos 500 compañeros, el sindicato impulsó la división de la interna para regimentar la planta, la que luego de una etapa de deliberación en tomo al pasaje al gremio camionero (logística), optó por luchar por sus reivindicaciones en el cuadro del gremio del perfume. La nueva interna le ganó a la lista amparada por el sindicato en una proporción de 2 a 1: una victoria fulminante. En todos los casos, las burocracias sindicales forzaron procesos de elección por lista y no por secciones, para evitar, incluso, cuerpos de delegados pluralistas. El presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, Osvaldo Rial, declaró recientemente que "los mandos medios no responden a las cúpulas sindicales". En el último congreso de la UOM, se introdujo como segundo punto del debate ”el avance de la izquierda en el gremio". Es claro que, más allá de los trabajos sindicales de las agrupaciones clasistas en el movimiento obrero, estamos frente a un proceso político y frente a una etapa. La hemos definido, no hace mucho tiempo, como "de transición" o "nuevo comienzo". Las experiencias de cuerpos de delegados combativos (como Ecotrans, la Línea 60 y el subte, Kraft, decenas de gráficas) se extienden al conjunto del movimiento obrero como tendencia. En eso consiste la transición que caracterizó la Conferencia Sindical del Partido Obrero de noviembre de 2009, transición que tiene su origen en la impronta piquetera del movimiento obrero, los procesos de ocupación de fábricas y de luchas posteriores al Argentinazo como la de las seis horas del subte. La crisis del kirchnerismo en el movimiento obrero está a la vista una desmentida fabulosa a su pretendida "victoria cultural". Lo demuestran los ataques del gobierno a las huelgas, el planteo de suspender la personería de Apta, los choques entre la Casa Rosada y Moyano. Lo que ocurre en Aerolíneas es la tumba de La Cámpora sindical. El moyanismo, que buscó canalizar al movimiento obrero durante una etapa, está apoyando el tarifazo y dejando pasar despidos y suspensiones. Por otra parte, sectores masivos de la juventud obrera votaron al Frente de Izquierda el 23 de octubre, una referencia política nacional que impulsa su organización en los lugares de trabajo. La seguidilla de victorias clasistas impugna la tesis de los izquierdistas picaros, quienes sostienen que el camino para una nueva dirección pasa por "cavar trincheras" con la burocracia. La lucha por una nueva dirección del movimiento obrero está vinculada en profundidad con la bancarrota capitalista, la cual plantea tareas y luchas que superan a cualquier burocracia sindical, por más que ésta se aventure por el camino de la demagogia combativa.