Prensa Obrera N° 1173

La crisis que recorre a la CTA se expresó con claridad en el Congreso de ATE Neuquén. La vieja dirección de ATE se presentó dividida, aunque ninguna de sus fracciones propuso un rumbo que ofreciera una salida a los reclamos de los trabajadores. La presencia de compañeros fue magra, como también fue magro el debate. Desde Tribuna Estatal mocionamos el rechazo al negociado bancario con el ISSN y contra el traspaso de la caja jubilatoria, lo que fue aprobado por unanimidad. Sin embargo, a la hora de pasar a los hechos, la dirección verde de Contreras rechazó el planteo de Tribuna Estatal de acompañar la resolución de la Interhospitalaria (salud) para impulsar un paro provincial a la CTA y contrapuso un "paro dominguero" sólo de los estatales. La CTA no está dispuesta a encarar ninguna lucha contra el gobierno de Sapag, a pesar del enorme deterioro de la situación económica y social de los trabajadores de la provincia durante los últimos años. También así se aprobó el rechazo a los hechos de violencia protagonizados por las patotas de la Uocra en Santa Cruz contra trabajadores docentes y estatales. Los trabajadores necesitamos una dirección independiente de los gobiernos y las patronales, una dirección que refuerce la unidad de la base estatal e impulse un plan de lucha de conjunto con el resto de los trabajadores de la provincia.

La patoteada de la Uocra, en la localidad de 28 de Noviembre, contra los docentes y estatales desencadenó una reacción masiva de la docencia, la cual en pocas horas transformó el plan de lucha progresivo en una huelga indeterminada en reclamo del castigo a los culpables y el 50% de aumento salarial. Frente a la Casa de Gobierno se ha vuelto a instalar la carpa y los docentes ocupan toda la cuadra, calle y vereda con el acampe. La policía se ha visto obligada a reforzar guardias permanentes, ya que los docentes nos rotamos en turnos numerosos durante las 24 horas. En la jornada del lunes, el gobierno fracasó en la organización de una "contramarcha de padres", la que apenas reunió 130 personas -en su mayoría muchachos movilizados desde las unidades básicas, algunos inclusive con remeras de La Cámpora. La movida debía llegar a la Casa de Gobierno, pero evitó ese recorrido y sólo se dirigió al Consejo de Educación. En la Casa de Gobierno se habían concentrado unos 500 docentes, en previsión de alguna agresión contra el acampe. En esa madrugada, un auto manejado por un delegado de Uocra embistió uno de los tambores que cortan la calle protegiendo el acampe y luego huyó. En Río Turbio, algunos delegados de Uocra se presentaron en la radio a "disculparse" ante la población, pero en su discurso acusaron a los docentes de provocarlos y reivindicaron la figura del matón García (jefe de la patota). Espontáneamente, 100 personas se concentraron en la puerta de la radio para escrachar a estos delegados. En medio de la Semana Santa, el paro mantiene niveles altísimos de adhesión, superiores al 70% en toda la zona norte, cercanos al 90% en la cuenca carbonífera y con más del 55% en Río Gallegos. El gobierno está sumido en una interna salvaje y apuesta a desgastar el movimiento para meter la "conciliación obligatoria". Los docentes, por nuestra parte, organizamos una marcha provincial para el martes 19, junto a los trabajadores hospitalarios que paran por 48 horas. Se prepara una marcha de caminata desde el norte provincial y se suceden clases públicas y recitales diarios en el acampe. Finalizando este convulsionado mes de abril en Santa Cruz, la huelga entra en sus jornadas decisivas.

La lucha por aumento salarial, que además denuncia al gobierno de Sapag por el abandono de los hospitales de la provincia, comienza ya su segunda semana con un paro de 48 horas. El principal reclamo es un aumento del 60% al básico del "operativo" (la categoría más baja). La situación de la salud pública de la provincia se agravó bajo el gobierno de Sapag. Desde el año pasado, se multiplicaron los conflictos locales. En Plottier, la inauguración apresurada del nuevo hospital puso de manifiesto la falta de equipamiento y personal adecuado. La trágica muerte de un joven de 18 años, la cual podría haber sido evitada si el hospital hubiese contado con el equipo adecuado, desató una enorme ola de indignación popular, con asambleas y movilizaciones de trabajadores y vecinos. Algo similar ha ocurrido en la localidad de Mariano Moreno. En el hospital de San Martín de los Andes y en varios centros de salud del área metropolitana de Neuquén también se desarrollan medidas de fuerza y protestas. La lucha de los trabajadores de la salud abarca a toda la provincia. Una novedad ha sido la incorporación masiva de los médicos nucleados en el Sindicato de Profesionales y la unificación de las medidas en una Asamblea Interhospitalaria, lo que completa el cuadro de movilización y activismo en la pelea por la salud pública que se desarrolla en la provincia. Sapag, en vez de satisfacer los reclamos, envió un cronograma de reuniones por sector para "escuchar propuestas". El gobernador pretende "sectorizar" los reclamos cuando la tendencia es a unificarlos. Los hospitales carecen de equipamiento, de insumos, los salarios caen en picada y la resultante es un enorme vaciamiento de la salud pública en beneficio de los privados. Sin embargo, cuando los trabajadores de los hospitales necesitamos provincializar esta lucha, la CTA ha jugado un rol divisionista. El secretario general de ATE se opuso expresamente a unificar los reclamos de los estatales. ¡Un crimen para la lucha de la salud y de los estatales de esta provincia! Rompamos el cerco de la "paz social" de la CTA con los gobiernos: por un plan de lucha unificado por aumento salarial, para terminar con la precarización laboral y las tercerizaciones, por la apertura y reacondicionamiento de los hospitales con los recursos humanos y el equipamiento necesario, por la defensa del ISSN (obra social y sistema jubilatorio). Exijamos un plenario provincial de delegados y el paro general de la CTA.

Mientras en la tarde del lunes todos los medios informaban que los obreros habían aceptado la oferta de un 10% a cuenta del convenio y el martes anunciaban "la reanudación de las tareas", las asambleas de base reunidas en la noche del lunes en Caleta y Truncado rechazaban el acuerdo en votaciones masivas; en la mañana del martes otro tanto sucedía en la asamblea de Las Heras. Retamoso, el adjunto del repudiado Segovia, intentaba -en la tarde del martes- que una nueva asamblea levantara la huelga. El cuerpo de delegados, en un principio, había aceptado por mayoría, en una votación de 75 a 15, la Resolución acordada en el Ministerio de Trabajo, en donde no se permitió la entrada de los delegados de base enviados al efecto por la asamblea (se los alojó en otra oficina). El método de la asamblea que implementaron los delegados en un primer momento ha permitido a las bases superar, ahora, a la mayoría de esos delegados. El intento de hacer pasar este acuerdo viene acompañado de la amenaza de despidos masivos, así como del desafuero de los delegados "rebeldes", además de la quita de personería al sindicato. Segovia, el secretario general, no ha renunciado, sigue controlando la zona sur de la provincia, que no para, y sigue agazapado. La huelga y los piquetes se estaban reforzando en la madrugada del martes. La producción en toda la zona norte sigue totalmente parada en la mañana del martes 19. Los petroleros de Chubut habrían acordado un 27% de aumento y tienen su convenio en vigencia. El reclamo de las bases es la equiparación con Chubut, pero solamente como medida de emergencia hasta el fin de la negociación del convenio en Santa Cruz.

-Exclusivo de internet Los trabajadores del diario "La Mañana de Córdoba" han denunciado que sobre el matutino pende el peligro de cierre como resultado de un vaciamiento empresarial. Junto a la denuncia, han hecho cortes de la avenida Colón frente al diario y se mantienen en estado de asamblea. Si bien en los últimos días, la patronal abonó salarios adeudados y el pagó parte de las deudas con los proveedores, la amenaza de cierre sigue pendiente. Las deudas con los proveedores siguen siendo altas (a Comercio y Justicia, que imprime el diario; a los fleteros que hacen la distribución), además se sostiene una deuda millonaria con la Afip por aportes previsionales, con la ART y con el sindicato de prensa por las cuotas sindicales. Un dato que los trabajadores consideran clave es que, faltando días para el vencimiento del contrato de alquiler de la sede de la redacción, no hay ninguna previsión de otro lugar. La desaparición de los dueños del diario completa el panorama. El diario pertenece a un grupo muy ligado al kirchnerismo (y, sobre todo, al ahora procesado ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime), por lo que ha sido ampliamente beneficiado por el reparto de la publicidad: recibió, en 2010, el 15% de toda la pauta que el Estado repartió entre periódicos del interior, con una tirada que no supera los 4.000 ejemplares diarios. Los trabajadores de LV2 (radio AM que pertenece al mismo grupo) han debido enfrentar dos veces el intento de cierre de la radio o despidos en los últimos dos años. Hoy, sufren atrasos de hasta dos meses en el pago de los salarios. La situación del diario pone en peligro a más de cien familias de trabajadores directos del medio gráfico, quienes no tienen protección en la ley de medios kirchnerista. No al cierre del diario, apoyemos los reclamos de los trabajadores de "La Mañana de Córdoba".

Hace minutos terminó la asamblea de delegados petroleros en Cañadón Seco (Caleta Olivia), donde aproximadamente 5.000 trabajadores escucharon las ponencias de los distintos delegados y convinieron finalmente elaborar un acta con los siguientes requerimientos y condiciones: 1) El paro prosigue hasta que renuncie Héctor Segovia. 2) Renuncia, apartamiento o expulsión del secretario general del Sindicato de Petroleros privados Héctor "Chaco" Segovia, mediante instrumento oficializado legalmente. También se exigió renuncia de los dirigentes Salguero y Padilla. 3) Cumplida esta exigencia, levantamiento inmediato del paro. 4) Inicio de las negociaciones por la firma del Contrato Colectivo de Trabajo, con un plazo de 90 días para que se concrete su renovación. 5) Aplicación de un nuevo paro por tiempo indeterminado en caso de que, dentro de los 90 días establecidos, no se llegue a la firma del CCT. Los trabajadores le dieron el mandato de negociación al secretario adjunto Rubén Retamoso, quien -de oficializarse la renuncia del Secretario General- será el encargado de negociar, durante 90 días, la firma del Convenio Colectivo de Trabajo. A pesar de las acusaciones de que la asamblea no es legal desde los sectores oficiales, los petroleros presentes en Cañadón Seco asistieron llevando el DNI y el carnet de afiliación, los documentos necesarios para dar legalidad a la medida de expulsión del secretario general, para lo cual cada uno va firmando el acta correspondiente en presencia de dos escribanos que se encuentran allí.

Los candidatos del Partido Obrero realizamos este fin de semana una intensa recorrida por las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Junto a Pablo Vallejo, candidato a concejal de Santa Fe, y Gustavo Barreyro, candidato a concejal de Santo Tomé, recorrimos distintos barrios de ambas ciudades y nos reunimos con trabajadores de distintos gremios. El común denominador de nuestra gira y de todas las reuniones fue el cuadro de enorme precarización laboral y la absoluta ausencia del Estado provincial en materia de salud, vivienda y educación. Los trabajadores municipales precarizados de Santa Fe nos han expuesto que la municipalidad cuenta con 1.200 precarizados (600 de ellos son ñoquis, y los 600 que trabajan ganan 800 pesos). Una realidad semejante obtuvimos de los trabajadores del hospital Cuyen: un aluvión de contratados con bajísimos salarios, la falta de insumos y condiciones absolutamente precarias en materias de seguridad e higiene. Nos reunimos con los trabajadores de la recolección de la basura que, encuadrados en camioneros, luchan por tener delegados elegidos en su lugar de trabajo; denuncian a una burocracia sindical que patotea para afuera y también "para adentro" de su propio gremio. Nos reunimos con la familia de David Cuevas, un joven asesinado por la policía, que sigue en impune, en noviembre pasado. El gatillo fácil y las redes de trata de blancas campean en este sector de la provincia. En el Barrio Costa Azul de Santo Tomé, en Barranquitas y San Lorenzo de Santa Fe, la ausencia de planes de vivienda es total, así como la falta de cloacas, de salas de asistencia social y el alto índice de desocupación. Convocamos en todas estas reuniones a los trabajadores y a la juventud que pelea.

Difícil tarea la de los sindicalistas empresarios. Tienen que ganar dinero, manejar el gremio e impedir que las justas reivindicaciones de los trabajadores arruinen sus negocios. Una conversación entre José Pedraza y el ministro Carlos Tomada, a la que plazademayo.com tuvo acceso exclusivo, revela cómo el negocio de los gremialistas ferroviarios no puede existir sin el apuntalamiento explícito del gobierno. En enero, Tomada -en sus propias palabras- seguía buscando que a uno de ellos no se le saliera la cadena. Con Mariano Ferreyra no lo había logrado. -¡Ministro! -¡Mi querido! Escúcheme una cosa, dos cosas que le voy a decir. Amistosamente, con confianza. Incluso con afecto. Así se inicia un diálogo que revela los vínculos de intimidad desarrollados entre los más altos estamentos del gobierno y sectores de la sociedad que no dudaron en recurrir al crimen para defender sus privilegios. -Buen fin de semana. -Igualmente para vos, José. Te mando un abrazo y cariños. Así culminaron el diálogo estos actores muy significativos de la actualidad, después de acordar un plan conjunto para garantizar el status quo que beneficiaba a los sectores que representan. Los protagonistas de la charla telefónica -parte de las escuchas que ordenó la Justicia para avanzar en la investigación del crimen de Barracas y que esta nota revela en su totalidad- son Carlos Tomada, ministro de Trabajo del gobierno nacional y precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el kirchnerista Frente para la Victoria, y José Pedraza, titular de la Unión Ferroviaria (UF) y preso en la cárcel de Ezeiza acusado de ser el instigador del asesinato del joven militante del Partido Obrero (PO), Mariano Ferreyra. Varias veces se ha querido desligar al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de los rumbos tomados por José Angel Pedraza a partir del 20 de octubre de 2010, día en que una patota organizada por dirigentes sindicales de la UF acabó con la vida de Mariano Ferreyra, dejó en coma mediante un tiro en la cabeza a Elsa Rodríguez e hirió a dos militantes más del PO. Los medios hiperoficialistas como el show televisivo 6-7-8, que emite la televisión pública, o el canal CN 23, del grupo Szpolski-Garfunkel, quisieron instalar la versión de una alianza entre Pedraza y Duhalde desestabilizadora del gobierno -versión que fue rápidamente refutada por la realidad y por el mismo Pedraza. Este cronista entrevistó al veterano dirigente ferroviario para el libro ¿Quién mató a Mariano Ferreyra? (Grupo Editorial Norma) y, en aquel diálogo -el único que mantuvo con la prensa-, Pedraza hizo profesión de fe kirchnerista: -Acá estuvo la Presidenta cuando se inauguró el centro cultural. La presidenta y más de la mitad del gabinete. Ese día hubo cinco mil ferroviarios en la calle, afuera del sindicato. Apoyamos al gobierno, su política ferroviaria y lo apoyamos desde el primer día. Con Moyano tenemos diferencias metodológicas y conceptuales desde siempre. Y no respetaba acuerdos. Un grupo de organizaciones nos hemos alejado, pero no hemos dejado de pertenecer a la CGT ni de ocupar los cargos o secretarías. Yo soy secretario de Cultura y llevé adelante las tareas del bicentenario. -Desde los medios oficialistas se le adjudica una cercanía a Eduardo Duhalde. -No. Acá no sólo estuvo la presidenta, sino que estuvieron (Carlos) Tomada, (Florencio) Randazzo, (Oscar) Parrilli, (Juan) Manzur, (Jorge) Coscia. Con Coscia hemos firmado un convenio de cooperación cultural. Hemos participado de las movilizaciones en contra del campo, de las marchas de la CGT en apoyo al gobierno, también estuvimos en River. No tenemos nada que ver con Duhalde. Ya tuvo su oportunidad, hizo lo que pudo, hizo lo que hizo, pero ya fue. -El gobierno intenta despegarse de usted y de la Unión Ferroviaria. -No, desligarse no. Después del 20 de octubre hablé con Julio de Vido, con Juan Pablo Schiavi, con Tomada... Tomada es el apellido que se repite al final del diálogo. Pedraza no duda en mencionar al ministro de Trabajo como una relación cercana. No tenía por qué hacerlo. Tomada ofició como asesor jurídico del dirigente ferroviario en el pasado y, como esta nota demuestra, sus vínculos, intereses y planes nunca dejaron de tomar caminos convergentes. Como se observará, el temor de Pedraza a que su "base" social pudiera ser ganada por el activismo de izquierda que ingresaría al ferrocarril de la mano de los tercerizados -si lograban imponer su reclamo de pase a planta permanente- era compartido por el ministro. La indignación que produjo el crimen de Barracas logró que se realizaran avances en esa reivindicación, que se había generalizado en el ferrocarril Roca, epicentro de las protestas. La noticia del ataque de una patota sindical, integrada también por barrabravas reclutados por dirigentes ferroviarios, sobre una manifestación de trabajadores ferroviarios que sólo peticionaban iguales derechos a igual trabajo conmovió a la sociedad. El asesinato político había regresado al panorama argentino. El diálogo se produjo el 14 de enero de este año, a casi tres meses del asesinato de Ferreyra, un cuadro político del PO de 23 años. Para esa fecha, ya no quedaban dudas sobre la responsabilidad del sindicato ferroviario en la organización del ataque contra los tercerizados. Ya estaban presos los presuntos autores materiales del homicidio y la Justicia ya se encontraba investigando la complicidad de Pedraza y Juan Carlos "El Gallego" Fernández, segundo en la escala jerárquica de la UF. Nada de esto impidió que, mediante una conversación telefónica, Pedraza y Tomada urdieran un plan para que nada cambiara en la estructura sindical. A continuación se transcribe el diálogo. José Pedraza: ¡Ministro! Carlos Tomada: ¡Mi querido! Escucheme una cosa, dos cosas que le voy a decir. La mejor defensa es un buen ataque (ríe), pero antes de que me digas que me llamaste cuarenta veces y todo eso. Me dijo Ciaravino (N. de E: Norberto Ciaravino, jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación) que va a recibir ahí, que le estás mandando un representante de la Unión para charlar con él... J.P.: Sí, porque tenemos... C.T.: Me parece muy bien. J.P.: ...controlado el tema de los tercerizados en Ferrovías y no queremos que nadie los arrastre. C.T.: Me parece muy bien. Y hay que empezar a trabajarlos políticamente. Segundo, te aviso que hoy, acá en la entrada del Ministerio, me he encontrado con el compañero Sobrero (N. de E.: Rubén "Pollo" Sobrero, delegado gremial ferroviario y dirigente de la línea Sarmiento, dirigida por los sectores de oposición a Pedraza). J.P.: ¡Sobrero! C.T.: Yo hacía, qué te puedo decir, hacía diez años que no lo veía... J.P.: Fácil. C.T.: ... fácil que no lo veía. Me saludó muy amable. Me dijo que él no tiene nada que ver con estos quilombos, que para él es una vergüenza lo que están haciendo. Este... Lo vi muy educadito. Lo único que faltaba era que se peinara con gomina. J.P.: ¡Es de los míos, carajo! C.T.: Sí, sí, sí. (El ministro lo imita.) "Yo no sé por qué con José no puedo hablar, al final de cuentas, si podemos hacer una cosa más o menos prolija". Bueno, no sé. Me tiró ahí, pero me causó mucha gracia. Tiene el pelo mucho más cortito. J.P.: ¿Ah, sí? C.T.: Sí, sí. J.P.: Está muy aburguesado, te cuento... C.T.: Totalmente, él mismo se gastaba a sí mismo. J.P.: Sí, sí. C.T.: Entonces, yo, al principio, empiezo de usted. Después yo... Yo ya no soy aquel muchacho. (Ríe) Viste, a todos le llega, le digo. J.P.: A todos le llega la madurez. C.T.: La madurez. J.P.: Escuchame... C.T.: El los estaba puteando a los del PTS (N. de E.: Partido de los Trabajadores por el Socialismo) y a los del... J.P.: Sí, sí, a los del PO. C.T.: Y a los del Partido Obrero, imagínate. J.P.: Sí, sí. Bueno. Yo no insistía de hinchapelotas, sino... C.T.: No, ya sé... J.P.: Quería conocer si es pura verdad unos arreglos hechos con Maturano (N. de E.: Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, sindicato de los conductores del ferrocarril) para que levanten el paro. C.T.: (Ríe) Ay, Dios mío... Lo que pasa, sabés viejo, es... No sirven para nada los arreglos hechos con Omarma que, a los cinco minutos no... J.P.: Sí, sí. C.T.: Lo que le dije fue. No hicimos ningún arreglo. Lo que le dije, la verdad, es que... Estaba Schiavi (N. de E.: titular de la Secretaría de transporte, ex jefe de campaña de Mauricio Macri y que se encontraba junto a Pedraza y "El Gallego" Fernández el 20 de octubre, en un congreso de la especialidad. Pedraza y González admitieron que Pablo Díaz, principal acusado de organizar a la patota que asesinó a Ferreyra, les transmitía constantemente lo que estaba sucediendo en Barracas, al sur de la ciudad)... Que, en realidad, esto se iba a hacer. Y que no era en su contra ni de la Unión, ni de, mucho menos, en contra de La Fraternidad. Le di muy a entender que qué carajo se metía él, digamos, de alguna forma, elegantemente, porque sabés que con Omar si no hablás con cuidado se le sale la cadena. J.P.: Sí. C.T.: Después lo que le planteé... J.P.: Preguntále a Schiavi... C.T.: Sí, por eso. Tal cual. Luego lo que sí le dije es que si es necesario que alguna gente de él entre, si el problema es que entre alguna gente de él, este, bueno, eso es una cosa que se puede conversar. Luego, fundamentalmente, el planteo era que hay que hacer un laburo sindical sobre estos tipos que entran, porque no son todos del PTS o del... J.P.: No, no, no. C.T.: Hay un montón que se los puede ganar y, entonces, porque ahí llegamos, después que íbamos a hablar con la Unión también. De manera que éstos pensaran en meterlos en una especie de curso de capacitación y qué sé yo, y empezar a hacerles la cabeza... J.P: Bueno, nosotros estamos, hemos estado y estamos trabajando en eso. C.T.: Por eso. Me parece, digo, que hay gente de la Unión, más jóvenes o que tienen trayectoria política, no sé cómo será la historia... O mismo que por ahí entren tipos, cuadros tuyos, este, que se trasladen de otro lado cuadros políticos para laburar... J.P.: Está bien, está bien. Por ejemplo, ahí en el Sarmiento. En el Sarmiento nos manejamos con una empresa de mierda, pero tratamos de meter gente militante... C.T.: Está claro, bueno... J.P.: ... para tratar de recuperarlo, pero, bueno... C.T.: Y nada más. Nada más. Salió con el tema de que las empresas... Entró a putear a las empresas, este, digamos, de que tienen tercerizados, no a Ugofe (N. de E.: Unidad de Gestión Operativa del Ferrocarril de Emergencia, sociedad anónima), sino a las empresas. Y decía: "Esto ustedes lo hacen para salvar a las empresas". ¡Pero qué vamos a salvar a esas empresas si muchas de ellas van a terminar desapareciendo! J.P.: Claro. C.T.: Porque se van a quedar sin el laburo. Entonces, no inventes cosas raras, viste. No, nada, me pareció que estaba... Y entendió que no es una cosa... Me parece que entendió hasta la próxima salida de cadena, que entendió que nosotros esto no lo vamos a pagar. Y el problema, y además le advertí que vamos a tener quilombo, entonces no podemos seguir extorsionados con aprietes permanentes por el lado de La Fraternidad, porque resulta que La Fraternidad lo llamaba para hacer un paro y nosotros tenemos (sic) que recular un poco (N. de E.: el gremio dirigido por Maturano, según comunicaciones oficiales del Ministerio de Trabajo, realizó paros contra el ingreso de trabajadores tercerizados a la planta permanente del ferrocarril). Ahora, cuando venga el quilombo de que no van a entrar los tipos de seguridad (N. de E.: finalmente, y debido a la presión de su plan de lucha, el personal de seguridad también ingresó a planta permanente)... J.P.: Y los de los baños, y los vendedores ambulantes... C.T.: Y los de los baños. Eso va a significar un despelote. Yo le digo: "Estrechá filas con nosotros, ayudanos, y ahí entonces cerramos el ingreso de la gente (N. de E.: se refiere a impedir que siga ingresando personal a planta permanente, formado por personal que goza de los beneficios laborales instituidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Ferroviario)... J.P.: Está bien. C.T.: "Pero los primeros seiscientos tipos van a entrar, Omar, y terminado". J.P.: Listo. Está bien. Mi temor es que, como él dice que de los cupos que ingresan, el veinte por ciento le corresponde a La Fraternidad, haya algo de eso... C.T.: ¿Que hubiera abierto el número? No, no. Para nada. J.P.: Bueno. C.T.: ¿Eh? J.P.: Muy bien. C.T.: ¿Okey? J.P.: Buen fin de semana. C.T.: Igualmente para vos, José. Te mando un abrazo y cariños. Es un diálogo revelador. Los sostenedores de la teoría que señala que el gobierno le había soltado la mano a Pedraza deberán admitir, por lo menos, que hasta el 14 de enero de este año que funcionarios del más alto nivel coordinaban cómo lograr que Pedraza se mantuviera en el poder de la estructura de la UF. La amenaza de una alternativa sindical a su poder los abroquelaba. Resulta perturbador que desde los más altos niveles del Estado se sugiera a Pedraza simular "cursos de capacitación" para, en realidad, "hacerles la cabeza" a los tercerizados que ingresaran al ferrocarril. No resulta extraño. Hombres del riñón burocrático de la UF siguen oficiando como funcionarios de entes estatales o empresas asociadas al Estado. Es el caso de Juan Rosauro Araya, hombre de Pedraza que se ocupó de brindar cobertura legal a los acusados del crimen de Barracas, que funge como titular de la Sociedad Operadora Ferroviaria, administradora de ferrocarriles en el interior del país, quien fue acusado recientemente de contratar irregularmente -de modo directo- a contratistas privadas para realizar obras millonarias. O el caso de Graciela Coria, esposa de Pedraza y directora ejecutiva del tren Belgrano Cargas, cargo al que accedió a mediados de los ‘90. Se sospecha que ese rol le fue otorgado por el ex presidente Carlos Menem como premio al apoyo a las privatizaciones que le prestó su marido. A casi ocho años de gobierno kirchnerista, Coria sigue manteniendo su cargo que, declara, le reporta beneficios como para pagar el departamento de Puerto Madero en el que fue apresado el veterano dirigente ferroviario. ¿Su valor? Un millón de dólares. ¿Las expensas mensuales? Cuatro mil pesos. El sindicato La Fraternidad no se queda atrás. Antonio Guillermo Luna, hombre de los maquinistas y a quien Pedraza definió como un par, es el subsecretario de Transporte Ferroviario. El ente se encarga de pagar los salarios de los trabajadores de Ugofe. José Luis García, ex gerente de pago de haberes en Ugofe, señaló a este cronista el negociado del ferrocarril para el libro ¿Quién mató a Mariano Ferreyra? Según García, los fondos destinados a pagar salarios parten de la Subsecretaría pero, en el trayecto, merman en un treinta por ciento. Cuando García fue a conversar la situación con Luna, ya que también afectaba a su propio sueldo, el funcionario gubernamental le dijo que el asunto "no tenía solución y que lo dejara de molestar con temas como ése". José Nicanor Villafañe, hombre de La Fraternidad y presidente de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), es decir, un funcionario estatal, es accionista de Reparferr SA. El sugestivo nombre fue reconocido por varios trabajadores ferroviarios como Reparación Ferroviaria, una empresa tercerizadora, aunque la falta de papeles de la compañía impide confirmar el rumor. Adif fue acusada en abril de 2010 de "desguazar" la infraestructura del ferrocarril Belgrano Norte. Villafañe también es socio, junto a Maturano (que Tomada identifica como "Omarma" en la conversación con Pedraza), en la empresa de diseño Signobaires. También son accionistas Simón Ariel Coria, Carlos Domingo Visciarelli, Agustín Clemente Special, Miguel Angel Fontanarrosa y Héctor Gustavo Volpi, todos dirigentes de La Fraternidad. La empresa que, entre otras actividades, se dedica a la señalética, tiene contratos por carteles, mapas y señalización de estaciones con Ferrovías y la línea Belgrano Sur, es decir que sella contratos con las empresas que ubican al sindicato en un espacio, por lo menos, dudoso. Ugofe fue creada en 2007, integrada por el Estado junto a Ferrovías -del grupo Romero-, Metrovías -del grupo Roggio- y TBA -del grupo Cirigliano. El Estado se ocupa de pagar los salarios de todos los trabajadores, además de otorgar subsidios millonarios de forma diaria. Además, hasta que la lucha de los trabajadores empezó a revertir la situación, el Estado les permitía contratar a empresas tercerizadas que tomaban operarios en condiciones precarizadas. Ugofe fue una iniciativa del ex presidente Néstor Kirchner. La página web de la compañía indica que SignoBaires tiene contratos con el ministerio de Trabajo nacional. Su titular es Carlos Tomada. Los vínculos del gobierno nacional con los socios sindicales y empresariales de Pedraza se mantienen incólumes. Una situación que no parece ser la más adecuada, aunque plantea una línea coherente. En las últimas horas, la Uocra de Santa Cruz apaleó y dejó heridos a 17 docentes que protestaban en la provincia del sur que los Kirchner supieron gobernar. El Ejecutivo está a cargo de Daniel Peralta, un íntimo de la pareja presidencial. Los diputados K impidieron que se vote un repudio a la acción de la patota en el Congreso en la sesión del 13 de abril. Una votación de esa naturaleza habría significado una autoinculpación. Es que la tercerización de la represión es una práctica alentada por los Kirchner. El 20 de octubre, la patota de la UF que asesinó a Mariano Ferreyra sólo replicó esa metodología.

-Exclusivo de internet Pablo Viñas, congresal gráfico por la Lista Naranja y dirigente del Partido Obrero, es el único representante gremial al que Clarín aún no deja ingresar a AGR (Artes Gráficas Rioplatenses), luego de haber sido excluido (patoteada mediante dentro del propio ministerio) de los acuerdos de reincorporación alcanzados por el ministro Tomada, los delegados de la "Juventud Sindical" (tristemente célebres en estos días por ofrecerse, por radio y televisión, a abandonar la lucha por dinero) y el sindicato gráfico con el grupo Clarín. Pero hace pocos días, luego de sortear numerosas taras burocráticas y como resultado demorado de la movilización realizada a la sede ministerial de Alem, finalmente, la Naranja logró acceder parcialmente a los expedientes ministeriales de AGR y allí salió a la luz una resolución definitiva del Ministerio, firmada por el mismo Carlos Tomada, del 28 de diciembre de 2010 (que el sindicato, los delegados y el ministerio jamás informaron a Viñas ni al taller) ¡que ordena la reincorporación DE TODOS los representantes gremiales despedidos en 2004, incluido Viñas! -contradiciendo el reciente acuerdo que lo excluye. Incluso los funcionarios que nos atendieron hace un mes, cuando la Naranja marchó al Ministerio con más de 100 compañeros contra la exclusión, si bien no tuvieron más remedio que acceder a que Viñas pudiera ver los expedientes de carácter público en los que éste es parte, lo cierto es que ocultaron esta importante resolución. La misma benefició a Viñas, porque se fundamenta en las medidas cautelares dictadas en la Justicia, las cuales -como es conocido- incluyen la orden de su reinstalación, pero intentaron mantenerla oculta, para que él mismo no pudiera sacar ningún provecho y terminara (en lo que a él respecta) en pura letra muerta. En concreto, al contar con esta resolución firme, estamos habilitados -y al momento de escribir esta nota, ya se habrá presentado el requerimiento ante el Ministerio- para exigir el cumplimiento de lo ordenado bajo pena de una nueva e inmediata multa contra el Grupo Clarín, la cual -estamos reclamando- no puede comenzar por una cifra menor al millón trecientos mil por la que ya fue sancionado por su accionar antisindical. De persistir en su negativa, deberán correr nuevas y progresivas multas. Por ello, la Naranja ya está preparando una gran movilización al Ministerio por este reclamo (la cual será una propuesta de resolución en el próximo congreso del Partido Obrero). Por otro lado, en los próximos días se define en la Justicia la última apelación presentada por le empresa. Lo más probable es que la Justicia rechace la petición de Clarín y ratifique la orden de reincorporación de Viñas, dejándola definitivamente firme. Si en esa instancia la empresa no lo reincorpora -tal como se ha comprometido, incluso en la cámara de diputados-, se expone a causas penales por desobediencia, además de las multas que ya están ordenadas en el ámbito judicial (por cuerda separada a las que también deberá aplicar el Ministerio de Trabajo). Es con ese fin que recientemente -en el contexto de un gran acto gráfico- volvimos a dejar constancia del impedimento de la patronal a reincorporar a Viñas. La reincorporación de Viñas es fundamental para el conjunto del taller, porque representa una postura independiente tanto de la patronal como del gobierno: fue quién, desde su ingreso a la interna, reflotó el reclamo contra el turno diferido (cajoneado en su momento por el Ministerio y el Sindicato) y representa a la lista que, en las últimas elecciones del sindicato (2008), ganó por amplia mayoría en AGR. La resolución ministerial -convenientemente ocultada- y la próxima definición de la Justicia ante el recurso extraordinario presentado por la patronal van achicando el margen legal de la empresa y el Ministerio para mantener en el tiempo la discriminación antisindical contra Viñas, la Naranja y el Partido Obrero. La tarea es acompañar este proceso con una gran difusión y movilización políticas, que fortalezcan aún más este sentido reclamo de los trabajadores de AGR-Clarín. Hasta que Viñas esté adentro, no paramos.

Un Ampliado Nacional de la Central Obrera Boliviana decidió, por unanimidad, aunque con la presencia de la mitad de las organizaciones afiliadas, aceptar la propuesta del gobierno de incrementar en 11% los sueldos de los trabajadores de la salud y educación, y levantar la huelga general indefinida y el bloqueo de caminos. Los dirigentes del magisterio urbano, en los diferentes departamentos, rechazaron el acuerdo y plantearon continuar con las protestas, pero acataron la resolución de la COB. Los docentes jubilados también criticaron la aceptación. Los jubilados, los trabajadores de las cajas de salud y de la construcción recibirán ese aumento. Angel Asturizaga, representante nacional de los fabriles, se mostró disconforme con el acuerdo y recordó que su sector exigió una mejora salarial del 30%, y que la COB optó por un 15% y al final se acordó por un 11%. "Como todos los sectores han aprobado, orgánicamente tenemos que acatar, me han informado que todo se ha aprobado y se acabaron los conflictos". El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Oruro, Jaime Solares, declaró, sin mayores explicaciones, que "tenía que darse esta salida". Edwin Aldana, uno de los maestros que dirigió el cerco al lugar donde se realizaban las negociaciones, se quejó de que "Evo Morales hoy en día se está durmiendo y olvidando de esta clase social que lo ha llevado al poder", y calificó al acuerdo como "lo más saludable para el país y para los sectores productivos". Evo Morales ha podido jugar de nuevo su rol de árbitro y dejó al desnudo la completa falta de orientación política de la COB y de las organizaciones urbanas de El Alto, el bastión del movimiento indigenista.

Las elecciones primarias de la provincia han desatado una encarnizada disputa dentro del Frente Cívico. Los contrincantes son el delfín de Binner, Bonfatti; el ‘challenger', Giustiniani; y Barletta, de la UCR. La disputa ha dejado afectadas las posibilidades de Binner, si pierde Bonfatti, de integrar una fórmula nacional con el alfonsinismo. En Rosario, los diferentes sectores del PS han presentado una lista única, por el temor a perder contra el radical Boazzo. En el PJ hay también un escenario disperso, entre dos listas kirchneristas encabezadas por Rossi y Bielsa. Los sectores de Bielsa recogen mayor adhesión en el norte santafecino, donde la influencia de Reutemann es mayor, mientras que Rossi luce más fuerza en las zonas industriales. El Frente Cívico y del PJ cogobiernan la provincia en los distintos niveles, o sea que son la expresión política de sus sectores dominantes: los pool de siembra, las agroexportadoras y la industria vinculada con el mercado agrario y a la celulosa. Santa Fe es el reino de la precarización y las tercerizaciones. Ambos partidos patronales soslayan estos temas, la depredación ambiental y los accidentes de trabajo. Cooptación En las elecciones pasadas, Proyecto Sur canalizó en Rosario, con el 6% de los votos a Carlos del Frade (un candidato anti-sojero) parte del descontento con la gestión "socialista". Sin embargo, la decisión de Solanas de no presentar candidatos a la gobernación ni a las intendencias lo ha transformado en una colectora ‘implícita' del Frente Cívico. La candidatura del chacarero Peretti, director de la Federación Agraria, vincula a Proyecto Sur con el capital sojero y la Mesa de Enlace. Se trata también de un paso hacia la reconstrucción de la Alianza a nivel nacional. La abstención a cargos ejecutivos pretende dejar el espacio abierto para el candidato de Binner, y permitir que su triunfo habilite a Binner para encabezar la fórmula aliancista. Todo esto ha producido confusión y desmoralización en el solanismo -que refuerzan las idas y vueltas de Pino a favor de su candidatura porteña. La izquierda de Solanas, el MST y el PCR, no han puesto reparos a este pasaje sigiloso hacia una nueva Alianza. Es que comparten la defensa de los intereses del mismo capital agrario. Este ‘frente popular' con la izquierda sojera y con las direcciones sindicales que, en la provincia, responden a la CTA Micheli, el PJ la reproduce a su modo con sus propias cooptaciones: la más relevante es, sin dudas, la integración del MUV (Movimiento de Unidad Villense) de Villa Constitución a la corriente del kirchnerista Rossi, y la de Eduardo Quiroga, de la CGT San Lorenzo, a Bielsa. El MUV, una creación del metalúrgico Piccinini, de la CTA, se ha dado vuelta hacia los K sin autorización de su fundador. Parte de los obreros de Villa ha sido convertida en rehén de K, forzados a aceptar dos Repros (salarios para suspendidos), mientras sigue sin resolverse el destino de Paraná Metal, cuyo cierre los puso en la calle. La burocracia de la UOM de Villa jugó un fuerte rol de complacencia con los K durante el largo conflicto de cierre de esta empresa, y hasta saludó los Repro como una victoria. El puntero de esta cooptación del MUV, que en las elecciones pasadas obtuvo nada menos que el 23% de los votos y dos concejales, fue el Partido Comunista K. Se puede decir que, en Santa Fe, hay una confrontación entre dos ‘frentes populares' -en referencia a la captación de sindicalistas que conservaban imagen de ‘autónomo'. Frente a semejante catástrofe social, los candidatos del MUV, en una clara política de encubrimiento, llaman a votar por los responsables políticos de este desastre. Ahora proponen la formación de "cooperativas", una forma de plan Trabajar disfrazado, con el argumento de que la "única" ayuda real al conflicto provino precisamente del gobierno nacional a través de los Repro. El Partido Obrero En la campaña que está desarrollando el PO con vistas a las primarias, ocupa un lugar importante para esclarecer esta suerte de borocotización de dirigentes y organizaciones sindicales por parte de las dos listas patronales -y denunciar al mismo tiempo los fuertes lazos de éstas con el capital agrario y los monopolios industriales y exportadores. En Villa Constitución y en el departamento de San Lorenzo, en especial, buscamos con esta delimitación política desarrollar un fuerte polo obrero independiente, y lo mismo ocurre con la denuncia de que Proyecto Sur es una colateral de la Alianza y aquel mismo gran capital asentado en Santa Fe. Las primarias de mayo deben avanzar en un reagrupamiento de fuerzas obreras independientes que nos fortalezca con vistas a las elecciones generales de la provincia primero, y a las nacionales de octubre después. Nuestro eje reivindicativo es el combate a la tercerización y la precariedad laboral, junto a la contaminación ambiental; en los sectores industriales de Esperanza, Rafaela, Armstrong, las tercerizaciones hacen estragos, así como los convenios a la baja y la falta absoluta de seguridad industrial. En las principales ciudades y los cordones industriales de San Lorenzo y Villa, también se fueron desarrollando procesos de luchas, con la intervención de nuestro partido. El Partido Obrero reivindica el movimiento de autoconvocados de Paraná Metal y levanta en su plataforma sus reclamos de estatización de la fábrica y puesta en funcionamiento bajo control de los trabajadores, y a todas las luchas que se vienen librando en el cordón de San Lorenzo por la efectivización de los contratados y el básico de los 5.000 pesos. En estas ciudades, el Partido Obrero tuvo muy buenas votaciones en elecciones anteriores. La constitución del Frente de Izquierda, posterior a la inscripción electoral en Santa Fe, refuerza nuestra campaña en la provincia -al convertirla en la expresión única expresión de izquierda, le da a este hecho otra dimensión. El Frente ha despertado expectativas en el activismo santafecino, en Amsafe Rosario, entre los químicos de San Lorenzo, los autoconvocados de Paraná Metal, en el activismo de ATE y en sectores universitarios.

Como es de público conocimiento, ha merecido el repudio de los trabajadores y del pueblo la patota, vinculada con la UF, que atacó en una emboscada criminal a los trabajadores tercerizados ferroviarios y militantes del Partido Obrero que acompañaban el legítimo reclamo de reincorporación y el pase a planta permanente. Esta acción criminal que costó la vida de nuestro compañero Mariano Ferreyra e hirió gravemente a nuestra compañera Elsa Rodríguez, vecina del barrio Bustillo, de Berazategui, quien hoy sigue luchando por su rehabilitación y su recuperación total. Al difícil momento que atraviesa Elsa y también sus familiares y amigos se agregan las condiciones materiales de vivienda que debería tener para su recuperación. Como también conocemos, Elsa es una trabajadora de condición humilde, que ha hecho enormes sacrificios en su vida. Es por todo esto que estamos comprometidos desde nuestra organización a reunir los fondos necesarios para lo antes mencionado. La solidaridad de los trabajadores no se ha hecho esperar. El Concejo Deliberante votó el 5 de noviembre de 2010, en una sesión especial, un pronunciamiento presentado por el Partido Obrero, para que votaran el repudio por los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2010. El voto fue unánime, se pronunciaron por el juicio y castigo a los culpables materiales e intelectuales, pero no fue unánime el aporte económico necesario para colaborar con la recuperación de Elsa. Esto nos demuestra, una vez más, que solamente la clase trabajadora puede resolver sus problemas, para lo cual nos tenemos que organizar y luchar para gobernar ya que han demostrado que quienes hoy ocupan una banca en el Concejo Deliberante no responden a las necesidades de los trabajadores. Juicio y castigo a todos los culpables. ¡Mariano Ferreyra presente! ¡Fuerza Elsa!

-Exclusivo de internet En el Terciario 29 de Merlo, la agrupación Ujem -dirigida por Othacehé- se autoproclama dirección del Centro de Estudiantes, luego del fraude cometido con aprietes y las patotas del PJ, en octubre pasado, que nos encerraron para contar sus votos truchos. En este marco han montado, con el apoyo de la dirección regimentadora, una farsa que atenta contra los estudiantes del instituto. La "semana de la memoria" cubrió el terciario con la demagogia kirchnerista, con afiches que aluden a los derechos humanos o frases como "nunca más violencia": una falacia que no sólo insulta a los estudiantes, sino a los luchadores de los años '60 y '70 que militaban por una transformación social, bajo la perspectiva socialista. La Unión de Juventudes por el Socialismo comenzó una campaña de denuncia e información para los ingresantes, llamando a los estudiantes independientes y a las organizaciones estudiantiles a desconocer este centro ilegítimo y convocar a nuevas elecciones, limpias y democráticas. Repartimos cientos de volantes y los pegamos por aulas y carteleras. De un día para otro desaparecieron y cuando quisimos volver a volantearlos nos increpó el regente del instituto con agravios e insultos mayúsculos y nos impidió que difundamos los volantes de la agrupación 20 de Diciembre. La "semana por la memoria" es una escenografía encubridora, que apunta a profundizar la regimentación de las voces independientes del profesorado, que tiene como objetivo el olvido de la complicidad del peronismo en la dictadura militar, en la creación de la Triple A y la vinculación de la burocracia sindical con los gobiernos militares desde 1955. A su vez, pretenden ocultar los derechos humanos violados en la actualidad (Fuentealba, Mariano Ferreyra, Julio López, los Qom, Soldati, etc.) para defender "el modelo" que terceriza, negrea y explota a la gran mayoría de los estudiantes. Hacia el interior del instituto la inmundicia es la misma: quieren que los estudiantes olvidemos los hechos ocurridos en las últimas elecciones, para mantener un centro que responda a los intereses del Estado que desmantela la educación publica en beneficio de las patronales. Desconocemos a este centro fraudulento e ilegítimo, que no tiene nada que ver con los derechos estudiantiles, por ser "hijo" del poder y estar comprometido con intereses propios del Estado capitalista, en detrimento de la educación pública. Denunciamos y repudiamos la persecución sistemática de los directivos contra el movimiento estudiantil independiente, y en particular contra nuestra agrupación. Vamos por la democratización del terciario: con un centro que responda a los intereses estudiantiles y se pliegue a la lucha docente y de los trabajadores en general, con un CAI resolutivo con paridad de claustros y que pueda elegir a las autoridades; para defender a la educación publica y desarrollar la formación docente en función de los intereses de los trabajadores.

Luego de diez días de huelga general y movilizaciones multitudinarias en todo el país, la Central Obrera Boliviana (COB) obligó al gobierno a sentarse a discutir con los delegados obreros, mientras cientos de maestros rurales marchaban en las calles adyacentes a la vicepresidencia y los trabajadores de la salud rodeando el lugar. El reclamo del aumento salarial, que la dirigencia de la COB ha oficializado en un 15%, sigue siendo el eje central del conflicto. En una maniobra que complicó las negociaciones, el gobierno dejó el tema salarial para ser discutido como último entre ocho puntos. El ejecutivo de los maestros rurales del norte de Potosí, Enrique Colorado, señaló que "que al poner al último, puede ser una traición de la COB". "Tiene que consultar al magisterio rural y nacional, si firma (antes) será otro vil traidor (en alusión al secretario general de la COB, el masista Montes)". A su turno, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Seguridad Social de Bolivia, Juan José Guzmán, dijo que los dirigentes tienen la instrucción de consultar antes de firmar, "por lo menos en el caso nuestro". Bloqueos y marchas El último jueves, el gobierno declaró ilegal la huelga general indefinida, lo que generó una radicalización de las protestas callejeras. El viernes, la movilización alcanzó el punto más alto. Los bloqueos urbanos se extendieron a las rutas, el transporte en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Oruro quedó paralizado. n La Paz se registraron durante la jornada una decena de heridos en enfrentamiento entre policías y los sindicatos obreros durante uno de los cortes de ruta. "Dispararon a quemarropa sus gases lacrimógenos", reportó Eliseo Mamani, dirigente de la Federación de Trabajadores de Educación del departamento de La Paz, que señaló que "hay unos 12.000 maestros rurales en los puntos de bloqueo de la carretera La Paz-Oruro". Los afiliados a la Central Obrera Departamental (COD) de Chuquisaca cumplieron esa jornada bloqueando los principales accesos carreteros a la ciudad y lograron aislar a la capital del resto de los departamentos del país. El secretario de Relaciones de la COD, Orlando Hurtado, aseguró que en ella participaron, por turnos, unas 2.500 personas en cada punto de bloqueo. No hubo ingreso ni salida en la carretera a Potosí -lo que significa que tampoco se pudo viajar a Oruro ni a La Paz-, en la carretera a Cochabamba y a Santa Cruz ni en la carretera a Tarabuco. Las manifestaciones afectaron la visita de Evo Morales en Tarija, en el marco de un acto patrio departamental. Morales se vio obligado a retirarse de los festejos, en medio de una represión que dejó una decena de heridos. "No lo queremos aquí, que vaya a La Paz a dialogar con la COB y solucionar la demanda de los trabajadores", señaló el secretario de conflictos del Magisterio Rural de Tarija, Daniel Flores. Alrededor del 95 por ciento de las unidades educativas del departamento de Cochabamba permanecen cerradas y con aulas vacías debido al acatamiento casi total a la huelga general convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) a escala nacional. El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Guido Mitma, señaló: "Nosotros no vamos a retornar sin conseguir los objetivos de la lucha unitaria. (Nuestro éxito) va a depender mucho de la unidad y fortaleza de las movilizaciones". A la movilización de la Central Obrera Boliviana (COB), se sumaron los jubilados (exigen un incremento en sus pensiones que compense el alza del costo de la vida después de que el gobierno anunciara que el aumento a los jubilados será solamente del 1,5 por ciento) y los trabajadores de la Administración Autónoma de Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), que obligaron a las autoridades aeronáuticas a militarizar ese centro de operaciones aéreas para que no se suspendan las salidas ni llegadas de aviones. Divisiones García Linera y el MAS denunciaron a las movilizaciones obreras de "minoritarias", "golpistas", y las vincularon a una interna obrera de cara a las próximas elecciones de la COB. Asimismo, han movilizado a las organizaciones sociales afines al MAS, aglutinadas en la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), que se declararon en emergencia y anunciaron una marcha para hacer frente a las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB). El Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq), por el contrario, rechazó las amenazas de la Conalcam. El máximo representante del Conamaq, el Jilli Apumallku Sergio Hinojosa, expresó su protesta contra algunos dirigentes campesinos "serviles al gobierno", que a nombre de esa organización sindical rechazaron las movilizaciones de los sectores afiliados a COB y sus demandas. Los 16 suyus afiliados al Consejo Nacional del Conamaq, exigen al Gobierno atender las demandas de los sectores laborales. En el mismo sentido, el comandante general del Consejo Originario de Ponchos Rojos, Ruperto Quispe, advirtió que el gobierno se "equivocó" al dictar el gasolinazo de diciembre pasado. La Conalcam, formada por organizaciones campesinas, indígenas, gremiales, vecinales y de otros sectores que apoyan al MAS, emergió como una fuerza social cuando la oposición de la derecha se atrincheró en la "media luna" (Santa Cruz, Pando, Tarija). El MAS explotó esa movilización contra la intentona golpista de la burguesía autonomista, para negociar con la derecha los límites de la asamblea constituyente. Es difícil que Linera y el MAS puedan lograr lo mismo de las organizaciones cooptadas por el gobierno, contra la lucha obrera. Se desarrolla una nueva etapa Durante una década donde la masa campesina y la indígena ocupó el centro del escenario político, desde las luchas por la tierra, el agua y los derechos culturales para los pueblos originarios, llegando a la lucha por el gas y la asamblea constituyente, y transfirió la realización de sus objetivos al gobierno del MAS. La gran novedad es que esta masa ha entrado en choque con su burocracia política y con la pequeña burguesía que tomó las riendas del estado. Esta ruptura ha abierto una nueva oportunidad a la COB y a las federaciones mineras, que en el pasado fueron incapaces de liderar el movimiento indígena -sea por abstencionismo o por seguidismo y por cooptación, por fin, al gobierno. Sigue ausente en Bolivia una aproximación revolucionaria del proletariado al campesinado y al indigenismo urbano, lo que está ocurriendo es que estos han ido al frente de un choque contra Evo Morales y el proimperialista García Linera, en especial a partir del gasolinazo.

Jorgelina Signa, trabajadora del hospital Granadero Baigorria, es primera candidata a Concejal por el PO en Bermúdez. -¿Cómo ve el Partido Obrero a la ciudad de Capitán Bermúdez? -Luego de nueve años de cogobierno del Frente Cívico y el PJ, el retroceso es enorme. El propio intendente ha reconocido que en el polo industrial más importante del país, con las empresas más poderosas, la mitad de la población de Capitán Bermúdez se encuentra bajo la línea de pobreza. El gobierno municipal opera con pasantías, contratos basura y trabajo en negro. El salario más alto no supera los 2.500 pesos. El Frente Cívico ha convertido a Capitán Bermúdez en la capital de la mano de obra barata. Nada se ha hecho tampoco sobre la brutal depredación ambiental: los vecinos que lindan con las empresas contaminantes sufren escapes de cloro, problemas de alergia, tumores etc. Los impuestazos sobre los vecinos son récord, pero las grandes empresas que contaminan no pagan los daños que generan y están llenas de contratados y tercerizados. No se respetan las normas más elementales de seguridad en el trabajo, como lo demuestra la enorme cantidad de accidentes y muertes obreras en el cordón. -¿Qué plantea el PO? -Peleamos el ingreso al Concejo para ser la voz de los trabajadores en negro, de los despedidos de Celulosa, de Verbano y Electroclor, y para reclamar los 5.000 pesos de básico. Contra los impuestazos del gobierno municipal. Para formar comités obreros de seguridad contra los escapes de cloro y la contaminación del río Paraná. El Partido Obrero desde su bancada va a luchar por terminar con toda esta depredación laboral y ambiental. Los primeros proyectos estarán relacionados con el fin del trabajo en negro y el pase a planta de todos los contratados, sean estatales o privados. -¿Y sobre las expectativas? -El Frente Cívico presenta cuatro listas, a ver quién da más a las cerealeras. El PJ también presenta cuatro listas. Ignoran asimismo los nueve accidentes mortales de trabajadores en la industria. No hablan de cobrar un impuesto extraordinario a las grandes empresas para volcar el dinero en obras públicas y en trabajo genuino. De las primarias en Bermúdez emergerán tres listas -las patronales y la del Partido Obrero. En las elecciones pasadas, sacamos más del 8% de los votos. Meteremos una luchadora obrera y socialista en el Concejo.

El sábado 16 realizamos una exitosa cena/show en la Casa del Trabajador y la Juventud Fischer-Bufano, con la presencia de Christian Rath, para reunir fondos para la recuperación de nuestra compañera Elsa. Se hicieron presentes trabajadores de Volkswagen, gráficos, ferroviarios, docentes, telefónicos, de comercio. Recaudamos el doble de dinero que pensábamos juntar. Christian Rath, en su intervención, resaltó la lucha de nuestra compañera como un ejemplo de lo que el movimiento piquetero ha hecho con una multitud de mujeres trabajadoras, las que no sólo se hicieron cargo de las actividades hogareñas -primero- salieron a trabajar -después-, sino que -finalmente- se convirtieron en líderes y dirigentes del movimiento. Asimismo, resaltó Rath, la salida política a ese movimiento popular, no sólo de izquierda, que posibilitó el encarcelamiento de Pedraza y su patota, está cristalizado hoy en el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). La lucha por la recuperación de Elsa es parte de la lucha política por meter presos a todos los culpables del asesinato de Mariano.

-Exclusivo de internet En la escuela privada de adultos SEI (edificio-escuela Juan XXIII) en donde a la noche es secundario para los que no lo terminaron, el martes 12 de abril se hizo una sentada donde los estudiantes reclamaban, en su conjunto, el problema de la capacidad de las aulas, las cuotas que están subiendo y las condiciones en la que están las mismas, ya que siguen inscribiendo estudiantes con las aula repletas con más de 65 alumnos por curso. Este problema movilizó a los estudiantes, haciendo una sentada afuera de la escuela, exigiendo repuestas. Los directivos dijeron que iban a tratar de darles una respuesta; de no recibirla, se hará de nuevo una sentada. Al reclamo estudiantil se sumaron algunos docentes, ésta es otra jornada de las luchas que recorren la provincia contra los costos y condiciones de los privados. Nosotros, como UJS, estamos interviniendo en esta lucha, planteando que la culpa la tiene el Estado, en donde los directivos tienen la obligación de solucionarnos este problema mejorando las condiciones de las aulas, porque las paredes están húmedas y electrificadas, para lo que deben abrir nuevas aulas que están cerradas, así estar más cómodos; con respecto al sistema de pago, denunciamos que esto es una estafa, ya que los responsables de estas escuelas secundarias para mayores lucran con el pueblo, por eso el Estado tiene que hacerse cargo, también exigimos rendición de cuentas del presupuesto de la escuela porque llega de Nación a Región Cuarta, mientras las escuelas se están cayendo a pedazos, planteamos un cuerpo de delegados elegidos por votación y no por los directivos. La idea es desarrollar una campaña fuerte en las escuelas de todo San Pedro y confluir con las luchas que se están llevando a cabo en la capital (San Salvador). Los estudiantes tenemos que levantarnos frente a los atropellos que sufrimos día a día en los colegios. No sólo en los secundarios, sino también en los profesorados que no tienen edificio propio y sufrimos lo mismo con las condiciones en que están nuestros edificios. En esta lucha levantamos estas consignas: - Por mejoras edilicias de la escuela. - Apertura de nuevos cursos y más docentes. - Rendición del presupuesto. - Becas universales. Preparemos la rebelión estudiantil-educativa en toda la provincia, la UJS está enmarcada en esta tarea a nivel provincial.

El último 12 de abril se concretó en Honduras el segundo paro nacional convocado por la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). A menos de 15 días del anterior, reprimido salvajemente por el gobierno del golpista Lobo, la resistencia hondureña desplegó una vez más una enorme energía popular, detrás del rechazo a la privatización de la educación, la exigencia de que se paren las alzas al combustible y la canasta básica, que se garantice el retorno seguro de Zelaya, y por la detención de la violación a los derechos humanos por parte de la dictadura. A pesar de las medidas represivas, las movilizaciones fueron masivas. La Comisión de Comunicaciones del FNRP informó que en total se cortaron once rutas principales o calles de cabeceras departamentales y se realizaron ocho movilizaciones con afluencia masiva de personas, sin contar otras manifestaciones más pequeñas, así como decenas de tomas de instituciones educativas que están paralizadas por los estudiantes o los maestros en defensa de la educación pública. La represión, una vez más, fue brutal. En el distrito de Olancho, la policía llegó a disparar con balas de plomo contra la toma de la carretera que lleva de Juticalpa a Tegucigalpa, dejando decenas de heridos, golpeados y detenidos. Aún después de realizado el desalojo los cuerpos de represión procedieron a perseguir y apresar a los manifestantes que corrían para escapar de los disparos y los gases lacrimógenos. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán fue, como siempre, víctima privilegiada de la represión fascista. La adhesión estudiantil creciente a las convocatorias del FNRP es una de las preocupaciones centrales de los golpistas. En esta oportunidad, el paro tuvo como contexto las negociaciones que Zelaya, bajo la mediación de Chávez y Santos, desarrolla con el gobierno del golpista Lobo para garantizar su regreso y la incorporación de Honduras a la OEA. Zelaya ha anunciado desde Venezuela, donde se encuentra llevando adelante dichas negociaciones, que su vuelta está condicionada a la posibilidad de que se realice una constituyente. Los medios hondureños han señalado que, lejos de rechazar esta posición, los golpistas se encuentran discutiendo el temario y las características de esa asamblea. "La condición puesta por Lobo habría sido, como aquí lo escribimos, el reingreso de su país al programa de petróleo a bajo costo con Petrocaribe, la empresa venezolana controlada por Chávez y PDVSA" (Hondudiario.com). Siendo consciente del peso político que tomó el planteo de la constituyente luego del golpe contra Zelaya, Lobo ya había explorado en octubre del año pasado la posibilidad de convocar a los partidos políticos, iglesias, organizaciones sindicales y campesinas a dialogar sobre la Asamblea Constituyente, con el objetivo de cooptar a los sectores en lucha, que en ese momento rechazaron la convocatoria por no contemplar la vuelta de Zelaya como una posibilidad. Contradictoriamente, los mismos sectores que sufren todo el peso de la represión, han atado parte de sus expectativas a las negociaciones contrarrevolucionarias de Zelaya con los fascistas que dirigen el Estado hondureño desde el golpe yanqui.

Iveco despidió a Hernán Puddú, luego de tenerlo suspendido durante casi dos años. Puddú era delegado al momento de la suspensión, y la burocracia del Smata lo expulsó del gremio, habilitando a la patronal para un despido "en regla". A principios de 2009, los trabajadores de Iveco salieron a la lucha con el despido de más de 300 trabajadores contratados, que la patronal dejó en la calle con el argumento de la crisis de la industria derivada de la crisis mundial. Los compañeros de Iveco estuvieron a la vanguardia de esa lucha, de ahí el ensañamiento de la burocracia y la patronal contra el activismo. El despido de Puddú pretende culminar la tarea de "limpieza" de la fábrica. La participación de la burocracia en los despidos está revelada no sólo por la expulsión de Puddú del gremio. El día del despido, un grupo de patoteros atacó a quienes en solidaridad fueron a la puerta de la planta a repartir una declaración de denuncia, todo esto bajo la mirada de la policía, que sólo intervino para detener a una compañera al momento de la desconcentración. Las "prevenciones" de la burocracia se explican porque es consciente del repudio que suscita entre los trabajadores. A fines del año pasado tuvo la prueba cuando perdió todo el cuerpo de delegados de VW a manos de una lista integrada por activistas opositores. Sobre este repudio debemos apoyarnos para ir a fondo en una fuerte campaña por la reincorporación de Puddú y de todos los activistas despedidos.

Para la jueza Wilma López, la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra y la tentativa de homicidio de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pinto está concluida. Resuelta la prisión preventiva de diez imputados como responsables de estos delitos, ha pasado vista a la fiscalía y las querellas. La querella de Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre, que patrocinamos juntamente con la doctora María del Carmen Verdú, expresaremos en nuestro escrito que la investigación por el crimen de Mariano no está completa, toda vez que no se han determinado las responsabilidades penales de los directivos de Ugofe (Romero, Roggio, Cirigliano) y la participación del subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna. No nos opondremos a la elevación inmediata a juicio de los diez imputados, aunque consideramos que no se ha llegado a todos los responsables del crimen. Desde el punto de vista político estamos a la espera de lo que dirán los K de este final de la instrucción, que exime a tres socios capitalistas del gobierno en la obra pública y en las concesiones de servicios públicos. La impunidad para la patronal de la Ugofe, ¿cumple con el "encarrilamiento" del juicio, si fuera necesario, que la Presidenta prometió a la familia de Mariano Ferreyra cuando los recibió en forma sigilosa en la Casa Rosada? (ver "Quién mató a Mariano Ferreyra", de Diego Rojas). A casi cinco meses del asesinato, es la única causa penal que quedará en los anales de la criminalística argentina por cumplir los plazos procesales fijados en el Código Penal para una investigación, se elevará la causa a juicio con toda la estructura de la Unión Ferroviaria en el banquillo de los acusados. La victoria que implica el juicio oral y público de Pedraza y la patota, con el mantenimiento de la prisión preventiva, no debe oscurecer en absoluto que vamos a un juicio dentro de los límites de los intereses del kirchnerismo -incluida la posibilidad de la eximición de culpabilidad para Pedraza y Fernández en el juicio oral. Nos quedaríamos así con la condena exclusiva de los llamados "autores materiales". La investigación de la participación de Ugofe y de la Subsecretaría de Transporte hubiera implicado investigar el negocio de la tercerización, que involucra, además de la burocracia sindical, a los funcionarios del Estado a través de esta Subsecretaría de Transporte y la Secretaría de Transporte, al igual que las empresas contratistas que comparten el control de Ugofe. Ni los funcionarios ni los grupos económicos, ni siquiera los hombres de Pedraza han sido apartados del control del ex Ferrocarril Roca. La impunidad para ellos tiene como objetivo, por lo tanto, preservar la apropiación de los subsidios del Estado y el control absoluto de los "negocios" de la explotación del Roca, en manos de los grupos empresarios y de la burocracia sindical. La responsabilidades penales de la Policía Federal en el crimen seguirán por cuerda separada, en otra causa, que no ha mostrado en absoluto el mismo impulso que el de la jueza López, y a la cual no se ha llamado aún a indagatoria a ninguno de los jefes departamentales presentes en los hechos, a pesar de que tanto la fiscalía como la jueza ya han definido que existió una acción dolosa para el ocultamiento y alteración de las pruebas, además de facilitar la huida de los agresores del lugar del hecho -no solamente una acción de omisión que permitió actuar a la patota. Este fraccionamiento de la causa puede terminar en la impunidad de los agentes policiales y del responsable de la orden que permitió que tres departamentales diferentes de la Federal y una comisaría actuaran en forma coordinada.

El Senado de Uruguay acaba de votar un "proyecto interpretativo" de la Ley de Caducidad, que garantiza la impunidad a los represores de la dictadura. El proyecto sostiene que los artículos de la ley que establecen la caducidad de las causas deben ser interpretados como anti constitucionales. Pero la ley queda en pie y la facultad de interpretarla corresponde al Poder Judicial, lo cual será materia de impugnación de la "ley interpretativa". El Frente Amplio ha recurrido a este engendro para evitar votar directamente la anulación de la ley. El proyecto deja abierta la posibilidad de una nueva contra interpretación para evitar los juicios. Pero además, para ser aprobado, deberá nuevamente ser discutido en la Cámara de Diputados, dadas las modificaciones que el Senado le ha hecho para recortar todavía más su alcance. El Frente pretende, con el proyecto, evitar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha condenado a Uruguay por la caducidad y sostuvo que los delitos de la dictadura son de "lesa humanidad". Crisis en el Frente Amplio La aprobación del proyecto generó una crisis en la bancada del Frente Amplio. El senador Saravia votó, con los blancos y colorados, en contra de la aprobación. Eleuterio Fernández Huidobro, un viejo "tupa", votó a favor por "disciplina partidaria" pero renunció a su bancada en Senadores en rechazo al proyecto. Estas posiciones fueron avaladas por Mujica, que se reunió con Huidobro el día de la votación. Mujica anunció que no vetaría el proyecto. Sin embargo, desarrolla toda una línea de acuerdos con sectores militares para limitar su aplicación y alcance. Incluso la renuncia de Fernández Huidobro y la crisis galopante en el Frente Amplio amenazan con voltear el proyecto en su segunda votación en Diputados, donde el Frente cuenta con una mayoría ajustada. El ministro de Defensa manifestó que si la ley se aprueba en Diputados presentará la renuncia, como forma de presión para que Mujica vete la ley. Si bien la anulación de la ley es un reclamo profundo de la base del FA, la movilización del PIT-CNT fue minoritaria. La dirección frenteamplista de la central obrera le sacó el pecho al proyecto. La aprobación del proyecto destapó un principio de crisis política con las Fuerzas Armadas. Militares en actividad y retirados criticaron la Ley Interpretativa, aludiendo a que con ella el Frente Amplio rompe los acuerdos de "reconciliación nacional" tejidos a partir del regreso a la democracia. La intervención de las Fuerzas Armadas -y de Fernández Huidobro- desnuda toda la línea de la dirección del Frente Amplio de "reconciliación" con los represores. El Frente Amplio mismo recurrió a la militarización del movimiento obrero en el caso de la huelga de los municipales de Montevideo (Adeom), a los que ahora aplica sanciones y suspensiones. El Frente Amplio cabalga contrarreloj para calmar a las fuerzas armadas y perpetrar sus acuerdos históricos.

Para el próximo 3 de junio se ha convocado a elecciones del SOETC (Sindicato telefónico de Córdoba adherido a la Foeesitra). La burocracia hizo todo lo posible para impedir que la agrupación Utatec-Lista Violeta, que nuclea a todo el activismo del gremio, presente candidatos. La Junta Electoral, dominada por el oficialismo, cuadruplicó arbitrariamente la cantidad de candidatos exigidos a las listas y, a la vez, triplicó la cantidad de mesas, de las cuales una gran parte son "móviles". El fraude que se prepara tiene sus antecedentes en el desamparo gremial al que somete la conducción a los trabajadores, no convocando elecciones de delegados de base; en el despido del compañero Manuel Salguero, y en la expulsión del SOETC de tres dirigentes de Utatec el año pasado, para impedir su postulación. Sin embargo, la Utatec presentó sus listas. A las pocas horas, la conducción y personal jerárquico de Telecom desataron una campaña contra los candidatos y los compañeros que habían dado el aval para la lista, a los fines de que se retiraran, bajo la amenaza directa de sanciones y despidos. Completando esta tarea, una resolución ilegal de la Junta Electoral no oficializa a la Utatec. El temor de la burocracia sindical, y de Telecom, se encuentra fundamentado en que en 2007 retuvo el sindicato por sólo 20 votos con fraude incluido. Es consciente de que su supervivencia depende sólo de los chantajes, aprietes y represalias que ejecuta con y para Telecom. El último comunicado de Utatec dice: "reclamamos la inmediata oficialización de nuestra lista de candidatos, decimos que no vamos a ceder ante los aprietes y llamamos a todos los compañeros a redoblar esfuerzos para terminar con veinte años de sindicalismo burocrático". Sin dudas, éstas son las tareas.

La semana pasada, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Legislatura porteña votó una declaración para repudiar el despido de nuestro compañero Facundo Lahitte del Indec. Recogiendo las denuncias de la junta interna de ATE, el pronunciamiento denuncia la cesantía y la persecución gremial a Facundo. Aunque este tipo de acciones declarativas suelen sumar la firma de los diputados, en este caso hubo una disidencia: la del kirchnerista Juan Cabandié, uno de los principales dirigentes de La Cámpora. Al fundamentar el voto en contra sobre el "supuesto" (sic) despido de Facundo, Cabandié sostuvo que el Indec resolvió "no renovarle el contrato", una decisión " absolutamente legal y habitual en la administración pública cuando se ha cumplido con la tarea estipulada". Cabandié se suma al argumento de todos los cesanteadores de trabajadores estatales precarizados, o sea: "el cese del contrato". Todos los años, sin embargo, el Estado renueva los contratos de más de 40.000 trabajadores que ejecutan tareas regulares de la planta. El "contrato de servicios" es la coartada para justificar una relación laboral precaria, que el Estado puede interrumpir si el trabajador se organiza gremialmente o -como en el caso de Facundo- se levanta contra las tropelías de la manipulación de estadísticas. La izquierda "k" solía criticar la persecución gremial en el Indec. De un tiempo a esta parte, sin embargo, sus escribas han colocado a Moreno y sus patotas del lado de la "resistencia nacional". Pero los gurkas oficiales han virado al compás del propio FMI, que negocia con Boudou un blanqueo de las fechorías de Moreno en el marco de la normalización definitiva de la deuda externa. Cabandié, que suele lamentarse por la "herencia del neoliberalismo y la década menemista", se ha aferrado a una de las "conquistas" más preciadas de esa década contra los trabajadores: el trabajo precario, que los Kirchner han dejado en pie. A la hora de perseguir a los que luchan con independencia de la burocracia y del gobierno, a los camporistas les salen todas las ínfulas de Cavallo. Los integrantes de la AEA o la UIA, algunos de los cuales se han alarmado por la incorporación de directores camporistas a sus directorios, deberían respirar tranquilos.

El investigador Amnon Soffer cree que, en 2030, la población ultraortodoxa y la sionista religiosa será mayoría. Según él, este fenómeno condenará al Estado judío a la pobreza. Israel experimenta en los últimos años un rápido cambio demográfico que lo condenará a la pobreza y amenaza su existencia como sociedad occidental y democrática, según lo revela un estudio de la Universidad de Haifa. "Israel está camino a convertirse en un Estado religioso, lo que amenaza su propia existencia", afirma el estudio realizado por el investigador Amnon Soffer, uno de los principales demógrafos de Israel y jefe de la cátedra de Geoestrategia de esa universidad. En un informe titulado "Israel 2010-2030: camino de un Estado religioso", Soffer analiza la evolución de los distintos grupos que conviven en el país y llega a la conclusión de que, en 2030, la población ultraortodoxa y la llamada sionista-religiosa será mayoría. En Israel viven 7,2 millones de habitantes, de los que 5,6 millones son judíos, 1,2 millón árabes de origen palestino y el resto pertenece a las minorías drusa, circasiana y grupos no definidos. Soffer, quien en el pasado ha analizado en profundidad la evolución de la minoría árabe frente a la mayoría judía, pone ahora especial énfasis en esta última y describe las consecuencias que tendrán los cambios demográficos. "En 2030, los ultraortodoxos serán más de un millón de habitantes" prevé, al alertar que su ritmo de crecimiento natural de entre seis y siete por ciento representará "una mayor carga para las instituciones de gobierno" de las que viven. La comunidad ortodoxa no suele trabajar, porque dedica su tiempo al estudio de la Torá. Las arcas públicas la remuneran con todo tipo de pensiones, ayudas sociales, exenciones fiscales y beneficios por número de hijos. "Las diferencias en el aporte de cada grupo a la fuerza laboral no sólo va creando una dependencia absoluta de los mantenidos en los que mantienen (los seculares), sino una creciente desigualdad, insatisfacción, resentimiento y sensación de asfixia entre los que pagan los impuestos", advierte. Al impacto en la productividad, se suma una reorientación ideológica a nivel nacional. Gran parte de este grupo es de inclinación nacionalista, punta de lanza de la ideología del Gran Israel y la colonización de territorios palestinos ocupados. Por su forma de vida y creencias, "ambos grupos traen muchos hijos al mundo y seguirán trayéndolos", prevé el investigador y pone de ejemplo el caso de Jerusalén, donde la inmensa mayoría de los niños en edad preescolar son ultraortodoxos. "Este año alrededor del 40 por ciento de los niños nacidos en todo Israel serán ultraortodoxos y si a ellos les añadimos los que son sionistas-religiosos (un porcentaje similar), el resultado es que los laicos están desapareciendo". La línea de este investigador laico tiene también un fuerte contenido reaccionario: por ejemplo, recomendó al ex primer ministro Ariel Sharon "separar" a Israel de Cisjordania porque la población palestina en el territorio al oeste del río Jordán se equipara a la judía. Sharon ordenó en 2002 levantar el polémico muro de Cisjordania. Sus recomendaciones fueron asumidas también por el ex premier Ehud Olmert; la titular del partido Kadima, Tzipi Livni, dijo haberse "sorprendido" de sus previsiones. Ante el fenómeno de la "ortodoxización", Soffer implora que "la población laica no huya del país". No se ve cómo, en este marco, podría prosperar su propuesta de apoyar la educación pública (que conduzca a la occidentalización y democratización de las juventudes ortodoxas y religiosas) -que es cada vez más influida y controlada por el clero (rabinos) ortodoxo. "La pregunta es si mis nietos vivirán aquí dentro de veinte años. Si se van, el capítulo sionista de nuestra historia habrá llegado a su fin", sentencia.

Villa María es una ciudad que desde el año 2008 ha endurecido brutalmente su llamada "seguridad" pública, poniendo en práctica el Código de Faltas, altamente ilegal por no respetar las garantías constitucionales de los ciudadanos. El 7 de abril fue detenido en la vía pública un conocido periodista local, Gabriel Correa, con los cargos de resistencia a la autoridad y lesiones leves. Lo cierto es que Correa salía de hacer un trámite en el Juzgado de Faltas y pedir explicaciones sobre una multa que le labraron, y sin mediar palabra llegaron cuatro policías y lo redujeron al estilo Swat, provocándole lesiones importantes. En esas condiciones es trasladado a la UR8, cuando se dan cuenta de que es Correa, se transforma en un detenido de excepción ya que no pasa al calabozo y le leen sus derechos. El fiscal general Bezzaro da la orden al fiscal Atienza para que lo libere. Proceso que el resto de los ciudadanos no tienen, quedando a merced del ánimo del comisario Sosa que oficia de juez de faltas. Correa escribió un libro (Todo Vale) donde denuncia la corrupción y el despilfarro de los dineros públicos y políticos como mercado persa de la gestión corrupta de Nora Vedano y su esposo, Euardo Accastello, ambos intendentes de Villa María e hiperkirchneristas. Una vez en su casa viene a su mente el nombre del policía que lo golpeó brutalmente: es el hijo de Ana María Carreras Espinosa denunciada en su libro. Lo llamativo de este aberrante suceso, es que el policía Espinosa pareciera que esperaba el momento para vengar a su madre, una persecución personal permitida por la impunidad reinante en esta ciudad sitiada por la policía municipal y provincial con el padrinazgo del oficialismo, parte importante de la dirigencia política opositora, la justicia dependiente del patrón de turno que no sólo se reduce al nombre de Accastello sino a las asociaciones burguesas Acovin y Aerca, protectoras de los bienes de los poderosos señores comerciantes de la villa.

La policía de Mendoza -la más denunciada de América del Sur ante organismos internacionales por casos de homicidios, torturas y corrupción- se ha hecho cargo de dar instrucción militarizada a 4 mil chicos pobres de la provincia. Los niños deben desfilar, saludar militarmente y someterse a una disciplina cuartelera. Esto es, ni más ni menos, que un huevo de la serpiente, un empollamiento del facismo. El gobernador mendocino, Celso Jaque, suele decir: "Soy conservador", condición que no le impidió ser un buen aliado de los K. Ahora se le ha ocurrido impulsar el llamado plan "Creciendo Juntos", dirigido por el comisario general Pedro Giménez. Popularmente, esta canallada se conoce con el nombre de "programa minipolicías". El senador provincial Armando Camerucci (UCR) denunció que "en algunos lugares del sur se los está adoctrinando" (a los niños). Mendoza es una provincia particularmente castigada por la inseguridad, producto -precisamente- de la corrupción terminal de su fuerza policial. Ahora, esos mismos policías buscan respaldo de una parte de la población para militarizar a chicos de 7 a 13 años, en un remedo de los "balilla" mussolinianos. He ahí las derivaciones de la descomposición del Estado y de sus organismos de represión.

El título del artículo de Le Monde (9/4) refleja el ascenso del movimiento obrero egipcio, que mató en la raíz el intento por liquidar el derecho de huelga por parte de la Junta Militar. Durante los últimos dos meses, han entrado en conflicto una cantidad innumerable de gremios y empresas. Los trabajadores aeroportuarios, del transporte, prensa y acero, entre otros, protagonizaron importantes paros y movilizaciones. Las principales fábricas y centros neurálgicos del país también fueron paralizados. Los obreros del Canal de Suez fueron de los primeros -incluso antes de la caída de Mubarak. Los obreros de la principal fábrica del país, la Misr Spinning and Waving Company, que cuenta con decenas de miles de empleados, también protagonizaron una extensa huelga por sus reivindicaciones. Hubo movilizaciones enormes a la Plaza Tahir para exigir la anulación del decreto anti-huelga y la libertad de organización sindical. Un caso particular lo presenta Chebin Al-Kom, una empresa fundada bajo el gobierno de Nasser, privatizada a una trasnacional con base en Singapur, Indorama, en el año 2007. Los nuevos dueños establecieron un aumento de la jornada laboral, flexibilizaron la planta con un aumento del personal contratado y redujeron los salarios. El 5 de marzo (luego de la caída de Mubarak), la patronal despidió a 85 trabajadores sin indemnización -el nuevo convenio impuesto por la trasnacional establecía que los obreros renunciaban a la misma. La respuesta fue una huelga que se prolongó durante un mes hasta conquistar todas sus reivindicaciones: la reincorporación de los despedidos, aumentos de la duración de los contratos a cinco años, un aumento salarial anual y vacaciones pagas. Los obreros ahora también reclaman la renacionalización de la fábrica. El caso de la Chebin Al-Kom es emblemático, porque los militares se quedaron con el 30% de las privatizaciones. La recuperación de las organizaciones sindicales (los docentes convocaron a una asamblea para expulsar a la burocracia colaboracionista del sindicato), la fundación de una nueva Federación sindical independiente del Estado, así como la formación de nuevos grupos de activistas son la manifestación más contundente de que el espíritu revolucionario sigue en pie.

El miércoles 13 de abril, más de 200 familias instaladas en el predio de cuatro hectáreas en Santa Teresa (Lagomarcino, Pilar) recibieron la peor respuesta. La madrugada se convirtió en un infierno de humo: cientos de policías, topadoras y camiones apilaron las casillas junto con la ropa, las camas, los colchones, mientras las patotas municipales les prendían fuego, robándose los escasos utensilios de cocina y juguetes que encontraban. Un grupo de asistentes de Acción Social montó una mesa en un rincón perdido para realizar un "censo voluntario" entre la gente que corría y los policías que le pegaban a mujeres embarazadas, niños y hasta a un joven discapacitado. La respuesta de los vecinos fue inmediata. Para liberar a los detenidos, se realizó un corte en la ruta 26 por más de cinco horas. Luego, una asamblea votó la movilización al Municipio para reclamar una mesa de negociación. El intendente Zúccaro volvió a responder con evasivas de funcionarios de cuarta línea. La política del gobierno nacional Se trató de un armado que excede al municipio de Pilar. El Diario del 14/4 dice: "Un impresionante operativo policial comenzó a rodear el predio de Beliera y Finlandia. Allí se apostaron más de 400 efectivos de la jefatura distrital -tanto de las comisarías como destacamentos, apoyados por hombres de Tres de Febrero, La Matanza, Zárate y Campana, además de escuadrones de Caballería, Infantería y hasta Gendarmería Nacional". Está claro que Zúccaro por sí solo no tiene la capacidad de hacer esta impresionante movilización de fuerzas represivas. Los gobiernos provincial y nacional son los responsables directos de este atentado contra el derecho a la vivienda. No hay que perder de vista que, a los dos días, se realizaron en simultáneo dos desalojos en la Capital Federal, impulsados por la ministra Garré. El gobierno K muestra su verdadera cara. Su política es la defensa de los grandes fondos de inversión y especulación inmobiliaria en contra de los intereses del conjunto del pueblo trabajador. Hay dos políticas para la vivienda En Pilar, entre las localidades existen grandes extensiones de terreno sin cultivar e incluso dentro de los barrios hay muchos lotes sin habitar. El intendente, entre otros negocios, ha impulsado la especulación inmobiliaria, elevando enormemente el precio de la tierra. Quienes construyen las casas y lujosos "countries" no pueden comprar para sí terrenos, por lo que se apiñan en las casas de sus familias o en estrechas y caras piezas de alquiler. La política del Municipio -al igual que en otros lugares- de desalojar las "tomas" es la confesión de que no tiene solución para los cada vez más que se ven obligados a arriesgarse al riesgo de la ocupación de las tierras acaparadas para el negocio. Es necesaria otra política para una salida de conjunto. En Pilar son muchas las tomas que se han dado en los últimos tiempos. Es necesario poner en pie una coordinadora por la vivienda que las agrupe y plantee un programa de salida a esta crisis habitacional y se dote de un plan de lucha para alcanzar este objetivo. La asamblea de los desalojados de Santa Teresa ha decidido emitir un pronunciamiento convocando a la lucha por la vivienda. Por un plan de viviendas populares para todos los vecinos que las necesiten. Uso de la mano de obra desocupada para su construcción. Por un censo de tierras en desuso, para ser destinadas a cubrir la totalidad del déficit habitacional.

El Acuerdo para una Seguridad Democrática (ASD) terminó su seminario el viernes 15, después de haber escuchado discursos durante un par días. Sin embargo, quien quisiera saber en qué consiste en verdad ese Acuerdo pudo verlo funcionar en la práctica en la Villa 31, donde 160 guardias de infantería de la Policía Federal y 200 de Gendarmería Nacional desalojaron a unas 40 familias. Las fuerzas represivas usaron gas pimienta y gases lacrimógenos, mientras en La Plata -donde sesionaba el seminario del ASD-, los charlatanes empezaban, precisamente, a charlatanear. Cuando la reunión se cerró, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, dijo que el operativo en la 31 había sido "impecable". Días antes, Garré -asustada por sus propias palabras de crítica a la Federal ("es el problema más grave que tenemos") y seguramente presionada por el gobierno- dijo que no tenía pruebas para acusar judicialmente a policías, y que sus declaraciones se habían respaldado en "dichos de vecinos". Un papelón peor que el del Peronismo Federal. La ministra no necesitaba presentar por sí prueba alguna: podía avalar sus críticas a la policía en centenares de casos que ya tienen estado judicial. No lo hizo porque se echó atrás políticamente. Otra desilusión y otro sapo mal digerido para los que sintieron expectativas por aquella charla ruidosa de Garré en Balvanera. En el seminario de La Plata, la ministra ratificó su retroceso verbal y dijo que sólo "algunos comisarios" son parte del problema y que el resto de la fuerza está constituida por mujeres y hombres abnegados y probos. Versión "light" del Indoamericano Como en el Indoamericano, la represión en Retiro formó parte de un acuerdo -precario y tenso- entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires. Mauricio Macri exigía ese desalojo desde hacía mucho tiempo, ahora se ejecutó -parcialmente, es cierto- por pedido del secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, porque los terrenos ocupados pertenecen al ferrocarril. Por supuesto, Macri criticó luego al gobierno porque el desalojo no fue completo. El problema explosivo de la vivienda en la Ciudad, la expansión y el crecimiento de las villas, y la actual burbuja inmobiliaria, que se infla y empeora todo, deben ser motivo de análisis separado. Veamos, en cambio, a la "seguridad democrática" en operaciones. Garré felicitó a los efectivos que desalojaron parte de la Villa San Martín -una extensión de la 31- por haber hecho "un uso proporcional de la fuerza". Esto es: no apalearon ni mataron a nadie por puro gusto, ni usaron postas de plomo como en el Indoamericano. Sólo utilizaron gases pimienta y lacrimógeno, que llegaron hasta la estación del ferrocarril y a la terminal de ómnibus. En otras palabras: nuestros "progresistas" no tienen problemas en acudir a los palos y los gases para contrarrestar consecuencias de la crisis de la vivienda, siempre que esos medios no se empleen en demasía, "desproporcionadamente". También el viernes 15, al regresar de La Plata y después de calificar de "impecable" la represión en Retiro, Garré se reunió con los jefes de las 53 comisarías de la Ciudad. Les dijo que deben "asumir el compromiso de generar un cambio cultural en la formación militarizada" de la fuerza. Así, la ministra repite casi a la letra el viejo discurso de León Arslanián sobre la Bonaerense. Según el ex ministro de Eduardo Duhalde, la sustancia del problema consistía, precisamente, en la "militarización" de la policía -que en aquel caso atribuía al pasado dictatorial de la institución, con Ramón Camps en la jefatura. Ahora, Arslanián y su fracaso persisten en el ASD y en los intentos de Garré, aunque ésta es muchísimo más timorata que su inspirador. La ministra indicó en esa reunión que la policía debe tener "una instrucción acorde a prácticas de relacionamiento positivo con la sociedad". Así, la ministra encubre el problema, que no es "cultural" ni de "instrucción", sino del entrelazamiento de la policía con el hampa. Mientras tanto, la "seguridad democrática" avanza con gases lacrimógenos y gas pimienta.

Consultado sobre la situación del Pellegrini, el ministro de Educación K, Alberto Sileoni, sostuvo: "La vemos con preocupación e involucrándonos, estamos trabajando con el rector de la universidad (Rubén Hallú), quien ha planteado, a mi juicio muy sensatamente, un camino que es el del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires" (Página/12, 19/4). No es lo que opinan los cerca de mil estudiantes, docentes, no docentes, padres y graduados del Pelle que el miércoles 13 volvieron a manifestarse frente al Rectorado de la UBA, acompañados por delegaciones de la Fuba y la Cues. Las autoridades universitarias sesionaron tras las vallas y bajo custodia de la Policía Federal, que desde 2008 es el único método capaz de garantizar un funcionamiento regular del Consejo Superior -o sea del órgano a través del cual las camarillas privatistas conspiran, ‘sensatamente', contra las aspiraciones y reclamos de quienes todos los días estudian y trabajan en la UBA. Al no haber respuestas satisfactorias, la lucha continuó bajo diversas formas toda la semana, incluyendo la toma del colegio. Un mes sin Fornasari para salvar el copamiento Sea por ineptitud o incompetencia, lo cierto es que Fornasari consiguió, en pocas semanas, ganarse el rechazo del conjunto del Pelle. En su persona se concentran una serie de ataques a la escuela, a saber: el nombramiento a dedo de 18 docentes-punteros de Franja Morada y UTE-Ctera; la designación del patotero Carlos Jara como "secretario de Hacienda" (un cargo de 20 lucas por mes, creado especialmente para el ñoqui de Franja, en cuyas manos quedará el presupuesto del colegio); la sanción inconsulta de un reglamento de concursos para los preuniversitarios (apoyado por Sileoni), el cual por sus cláusulas arbitrarias e injustas amenaza con barrer a los profesores interinos (la mitad de la planta docente del Pelle); la computación de faltas y sanciones a los estudiantes que participaron de las medidas de fuerza, avasallando las libertades democráticas del centro de estudiantes; el acompañamiento al fraude que Franja y Ctera preparan para las elecciones de graduados, convalidando la eliminación del padrón histórico del claustro y cerrando el departamento donde se tendría que realizar el trámite de reempadronamiento de todos los egresados. No es por nada que 700 padres le pusieron la firma al petitorio que va por la cabeza del afable rector. Pero Fornasari no es más que un interventor disimulado del Pellegrini (fue electo a través de una terna trucha, diseñada por Hallú y los suyos), cuya función es viabilizar el copamiento del colegio por parte de las camarillas universitarias, en primer lugar la que conforman el decano kirchnerista Barbieri -al cual responde la burocracia de Ctera- y la Franja Morada en la Facultad de Económicas. Salvando las distancias, tal como hizo el imperialismo con Mubarak en Egipto, el Consejo Superior -cálculo de daños y costos mediante- ya está evaluando si no conviene apartar a Fornasari para preservar mejor su plan de conjunto. La salida del rector sería el "mal menor" para hacer pasar el nombramiento a dedo de docentes, la imposición de Jara y el reglamento de concursos. Por el momento, Fornasari decidió tomarse (¿o le impusieron?) una licencia de treinta días. De tal manera, la política del Rectorado consiste en distender el clima y ganar tiempo a través de reuniones que no van a ninguna parte. Así, apunta a desangrar el movimiento de lucha mientras su nuevo aparato de punteros y ñoquis se hace cargo, sin Fornasari, de la gestión efectiva de la escuela. ¿Cómo seguimos? Es necesario enfrentar la maniobra del Rectorado reclamando que Fornasari se vaya y que todas las resoluciones que atentan contra los derechos de estudiantes y trabajadores sean anuladas. Hasta el momento, la orientación predominante en las agrupaciones estudiantiles fue ignorar esta situación, limitando su política a un reclamo genérico de un "Consejo Directivo" al que se le atribuyen méritos falsos, como ser que democratizaría el funcionamiento del colegio. Pero en toda la UBA las camarillas profesorales gobiernan con -no sin- los consejos directivos. Un Consejo Directivo con Jara adentro -más los 18 docentes de Franja y Ctera, y el nuevo reglamento de concursos vigente- se convertiría rápidamente en una ficción, cuando la planta docente sea descuartizada y el control del aparato del colegio quede en manos de los agentes de las camarillas. Con Fornasari de licencia, debemos continuar el plan de lucha por todos los reclamos que unen al colegio. Multipliquemos la movilización y todas las acciones de lucha para derrotar los atropellos del Consejo Superior, fortalecer el movimiento y así avanzar en la pelea por la democratización real del Pelle.

El centro de la ciudad de San Juan se conmovió por la masiva movilización de trabajadores de los barrios periféricos de la ciudad que, el 13 de abril por la mañana reclamó viviendas populares. Más de 700 vecinos de los barrios de Chimbas, Rawson, 9 de Julio, Altos de las Sierras, entre otros, colmaron la plaza 25 de Mayo y marcharon a la casa del gobernador. La manifestación se dirigió directamente a la casa de Gioja porque sus integrantes sabían de antemano que la estrategia oficial ante los reclamos populares es la de decir "el gobernador no está". La movilización chocó con la policía provincial, que acordonó la calle, y se abrió paso hacia el domicilio del ex menemista, ahora gobernador K. La masividad y la determinación de los compañeros abrió el camino y, luego de un tiempo de aguante, la Comisión de vecinos en lucha se entrevistó con el secretario de Obras Públicas y arrancó el compromiso de empadronar a los más de mil vecinos que esperan por una vivienda. Como primer paso se estableció que en esta semana la comisión de vecinos llevará los listados de compañeros. La asamblea posterior al encuentro con los funcionarios consideró que se había dado un paso adelante en la lucha y discutió continuar con las asambleas por barrio, a la espera de la concreción de los compromisos arrancados. Esta verdadera rebelión por el techo, que reflejó toda la prensa de la provincia, está enmarcada en un proceso de especulación que ha provocado un encarecimiento del valor de las tierras y del metro construido, que impide a miles de sanjuaninos, con un salario promedio de 2.800 pesos, acceder al techo propio. En la provincia se viene produciendo un fenómeno de especulación con el precio de la tierra y a la vez un aumento en el costo de los materiales de construcción como resultado, por un lado, de la demanda de cemento de la Barrick y, por el otro, de la compra de terrenos por parte de especuladores inmobiliarios en busca de negocios ligados a esa minera. Los exorbitantes precios de la construcción y de la tierra han provocado que la vivienda propia sea una quimera para los trabajadores de la provincia: miles de familias que no pueden seguir pagando alquileres cada vez más caros son expulsadas a los bordes mas inhóspitos de la provincia. La juventud con trabajos precarios no tiene acceso a la vivienda y vive hacinada con sus hijos, padres y hasta sus abuelos en la misma casa, y miles de desocupados y subocupados subsisten en asentamientos sin los servicios más elementales, apremiados por la proximidad del invierno. Este cuadro de aguda crisis social ha dado lugar a un proceso de organización en las barriadas obreras que, desde el año pasado, vienen discutiendo sus demandas en asambleas cada vez más masivas. El proceso maduró con la elección de delegados, la conformación de una comisión de organización y finanzas y el lanzamiento de un plan de acción. El Polo Obrero de San Juan se ha puesto a la cabeza de la organización de este proceso y se empeñará con todo por su triunfo.

En la tarde de este martes, Amado Boudou desmintió que las acciones del grupo Techint hubieran bajado de precio como consecuencia del choque entre el pulpo siderúrgico y el gobierno, y atribuyó la caída a la descalificación de la deuda pública norteamericana. Boudou no dijo que esa caída de las acciones depreció, al mismo tiempo, a los fondos de los jubilados aplicados al capital del monopolio siderúrgico. Si ese tobogán se profundiza, los fondos de los jubilados colocados en Techint y en otros pulpos locales -que ascienden a 25.000 millones de pesos- podrían terminar evaporados. Esto es lo que ocurrió en la crisis de 2001 y con todos los fondos de pensiones del mundo desde el comienzo de la crisis mundial en curso, a partir de mediados de 2007. Lo mismo vale para la fondos de la Anses, aún mayores, que están colocados en títulos de la deuda pública. Régimen de capitalización Ocurre que la estatización de las AFJP no alteró el régimen de la privatización menemista de las jubilaciones: la Anses funciona como una única AFJP, que paga jubilaciones según el rendimiento de los fondos que maneja y no un equivalente aproximado al salario al cese de la vida laboral. De allí la negativa cerrada del gobierno "K" a siquiera aproximar esos haberes al 82% móvil. Los ajustes semestrales de las jubilaciones responden a esta línea de cálculo. La "cartera" de inversiones de los "nacionales y populares" es la misma que manejaban las AFJP, o sea: obligaciones negociables, títulos públicos y acciones. El sistema jubilatorio continúa siendo un régimen de capitalización. El actual ministro de Economía Boudou ganó su cargo por haber piloteado el "ordeñe" de la caja de la Anses al servicio de subsidios de las patronales. Entre esas operaciones, revistan los préstamos a grupos privados a tasas de interés "preferenciales", o el canje de letras del Tesoro con resultados negativos para el fondo de los jubilados. Un destacado ‘neoliberal', Carlos Rodríguez, viceministro de Economía de Menem y tutor de Boudou, reconoció este hecho ante Ambito Financiero del lunes. La Anses se encuentra cautiva de estos capitalistas, porque no puede vender las acciones en su poder sin desatar una corrida en la Bolsa -y menos aún si se produce un derrumbe. La suba del Fondo de Sustentabilidad de la Anses, el excedente de ingresos y pagos, solamente tiene subas contables -que son de realización dificultosa en dinero (más allá, claro, de los dividendos que cobre). La función de los "directores" Sean o no de La Cámpora, los directores minoritarios de la Anses no podrán hacer nada para defender los fondos jubilatorios de una bancarrota. En declaraciones radiales, el jefe de la Anses, Bossio, refrendó que entre esos directores y el pulpo "no existen conflictos de intereses. (...) Si a la empresa le va bien, a la Anses le va bien", lo mismo al revés -agregamos nosotros. Pero a la empresa le va "bien" cuando se liberan los precios, se ajustan los salarios y se flexibiliza el régimen laboral. Para que los fondos jubilatorios sean reorientados en función de los intereses obreros y nacionales, están planteadas dos cuestiones elementales. Primero: que la Anses sea manejada por representantes electos de trabajadores y jubilados. Segundo: que la inversión de sus fondos sea determinada por un congreso nacional de trabajadores, que vote un plan de prioridades en función de un verdadero plan de industrialización e infraestructura y, desde ya, garantizar el 82% móvil para los jubilados.

El 16 de abril se realizó el Congreso de la Fuba. Sus resultados fueron contundentes: nuevamente se impuso el frente de agrupaciones de izquierda encabezado por la UJS-PO y La Mella -esta vez con 52 delegados, o sea el 44,4% de los votos válidos. El Congreso contó con quórum casi pleno (128 sobre 130 delegados), lo cual expresa el derrumbe definitivo de las intentonas de paralelizar la Fuba de izquierda por parte de la derecha y el kirchnerismo. Así, los principales derrotados fueron el Rectorado, el gobierno de CFK y la Franja Morada. Todos ellos cogobiernan, de hecho, la UBA -aunque se ‘dividan' cuando de repartirse los negocios de la universidad pública se trata. Una Fuba independiente y combativa, como la que fue reelegida, representa el "mal mayor" para los K y sus socios "destituyentes". Un reagrupamiento independiente Triunfó nuestro planteo de juntarnos aquéllos que estamos del mismo lado en la pelea por la educación pública, junto a las luchas obreras y populares, y contra las camarillas de la UBA y los bloques patronales. El "estudiantazo" del año pasado fortaleció objetivamente al bloque independiente, como se expresó en las victorias que obtuvimos en Farmacia y Medicina contra Franja y ex Franja, por lo que pasaron de nueve a trece los centros conducidos por la izquierda. El frente ganador consagró en la presidencia de la Federación a Alejandro Lipcovich (UJS-PO) por segundo año consecutivo, y a Ignacio Kostzer (La Mella). La vicepresidencia será compartida por el PCR y Libres del Sur, mientras que Izquierda Socialista participará de una secretaría. Esta lista fue votada por la casi totalidad de las fuerzas de izquierda actuantes en la universidad. La UJS-PO aportó el mayor número de delegados (22). Los tres delegados del PTS, un número inferior al del año pasado, mantuvieron la costumbre de votarse a sí mismos. Dieron como razón, esta vez, la participación de La Mella en un acto con Chávez -en el que éste abogó por la reelección de CFK. La pregunta es si en la Fuba es correcto o no un frente con el chavismo contra los pupilos de la UCR y de la propia CFK, o es mejor el retorno de Franja Morada. La Fuba no es un soviet, donde la representación política puede modificarse de día en día en el marco de una situación revolucionaria. El norte de Proyecto Sur El frente de izquierda en la Fuba desató una nueva crisis para Proyecto Sur. El sector "oficial" rechazó ser parte de la lista independiente y se retiró del Congreso con sus escasos tres delegados. Otra parte (PCR, Sur, MST) aceptó integrar la lista, aunque por simples razones de supervivencia. A uno y otro bloque los une el oportunismo político y metodológico. A la cola radicales, socialistas y los K La lista que obtuvo la secretaría general (segundo puesto) constituyó el bautismo de fuego del frente Alfonsín-Binner, pues estuvo integrada por la Juventud Radical y el MNR (PS); no les alcanzó. Los kirchneristas, por otro lado, mostraron que la disgregación que sufren no es ningún cuento: los grupos de Sabbatella y La Cámpora se dividieron por los cargos y ocuparon los últimos puestos. La lista sabbatellista llegó al tercer lugar con trece delegados, mientras La Cámpora quedó anteúltima, con sólo once. En un lugar de concentración masiva de la juventud como la universidad, La Cámpora y compañía están a la absoluta retranca. No podía ser de otra manera, en tanto y en cuanto el avance del estudiantazo y el bloque independiente del pasado año fue contra el poder que ellos defienden -y que, por sobre todas las cosas, integran como funcionarios muy bien pagos. Debate y tareas El Congreso estuvo marcado también por una deliberación y resoluciones políticas. Un plenario de mil estudiantes refrendó un posicionamiento independiente de la Fuba respecto del gobierno K y la oposición derechista, así como un apoyo a la juventud que lucha en todo el mundo contra el imperialismo y los gobiernos cómplices. Además, se votaron campañas por la organización de la juventud trabajadora precarizada y tercerizada; por la anulación de la LES menemista; y por la satisfacción de los reclamos de estudiantes y docentes del Pellegrini, entre otras custiones. Mariano El plenario resolvió, antes que nada, la presidencia honoraria del Congreso para Mariano Ferreyra, constructor incansable de la Fuba en el CBC de Avellaneda, cuando está por cumplirse el sexto mes de su asesinato por parte de la patota de la burocracia sindical. Este triunfo -a diez años de recuperada la Fuba- y estas tareas, signadas por la independencia política y una poderosa ligazón con la clase obrera, llevan la marca indeleble de aquello que Mariano representa cabalmente y por lo cual entregó su vida. Por él, también, esta lucha que continúa.

En febrero vivimos el intento de dar de baja a más de 18 mil planes Argentina Trabaja (AT) en la provincia de Buenos Aires. Esta maniobra fracasó gracias a la organización de los compañeros precarizados y la coordinación de un plan de lucha de diversas organizaciones. El ministerio de Alicia Kirchner -junto a sus alcahuetes del Movimiento Evita- es el que dispone de las altas y las bajas en toda la provincia. Sus aprietes están agudizando la crisis política con los municipios. En el caso del municipio de Malvinas Argentinas, el intendente Cariglino cuenta con una extensa red de punteros. Cariglino reclama ahora que todos los trabajadores de AT que cumplan tareas en su municipio pasen a la etapa municipal y se les otorgue el beneficio de las altas por bajas. Es una clara disputa por el control del plan en vísperas de las elecciones. Lo llamativo es la adhesión de Barrios de Pie, MST, CTD Aníbal Verón y CCC al planteo de Cariglino: dicen en un comunicado (...) "solicitamos que nuestros compañeros beneficiarios de este programa (AT), en etapa provincial, pasen a depender administrativamente del municipio de Malvinas Argentinas (...) solicitamos la apertura de altas por bajas en dicho programa -Argentina Trabaja-, de los beneficiarios que no trabajan y perjudican el desarrollo del programa (...)". En la disputa por el control del AT, estas corrientes se ubican en el campo de Cariglino (duhaldista) en "oposición" al gobierno nacional; tal es así que el propio municipio público el comunicado en el sitio web oficial (www.malvinasargentinas.gov.ar) El programa de altas por bajas significa que las organizaciones supervisan el trabajo de compañeros, incluyendo la posibilidad de despidos. Pero si hay compañeros que no asisten al trabajo, es porque el Estado no tiene un plan de obras que incluya al conjunto de la mano de obra disponible. Si faltan compañeros para cumplir con una obra proyectada, se debe incorporar a los miles que han quedado afuera. El programa de altas por bajas no brinda ninguna perspectiva a los compañeros que hoy trabajan por un salario de 1.200 pesos sin aguinaldo, obra social, jubilación, ropa ni herramientas. El Polo Obrero lucha por el pase a planta permanente y la estabilidad laboral de todos los trabajadores de AT, y en este camino reclamamos: nadie por debajo del salario mínimo, paritarias ya, vacaciones, aguinaldo, seguro de trabajo y obra social, ropa y herramientas. Este es el único programa que nos permitirá terminar con la tercerización que el propio Estado ejerce. Convocamos a todas las organizaciones de lucha a trabajar en esta perspectiva.

Que CFKirchner pontifique que "las corporaciones no ocupan más la Casa de Gobierno" es, por lo menos, presuntuoso. Incluso los gobiernos que se deleitan oficiando de agentes de los pulpos capitalistas tienen roces con ellos, a veces frecuentes. Fue el caso de Cavallo, adorado en su época por los K, quien en dos ocasiones entró en choques importantes con el FMI (por coincidencia, sobre el mismo tema que parece obsesionar a la camarilla de gobierno actual: el ‘enfriamiento' de la economía). En cambio, el gobierno K, que no abre el pico sin reivindicar su autonomía, es un conocido agente de los pulpos mineros; durante mucho tiempo ofició de abogado defensor de Techint. Es también responsable de concesiones leoninas a las petroleras y ahora está embarcado en una operación de rescate de los accionistas de Repsol con el dinero de los dividendos enormes que les está pagando su filial argentina, YPF. Con los Roggio y compañía, la complicidad es maridaje -véase si no lo que ocurre en el transporte. Un gobierno que ha mantenido en tubo de oxígeno a las privatizadas y conservado el monopolio de las telecomunicaciones para Telecom Italia y Telefónica de España (uno de los negocios más rentables) solamente puede blandir su autonomía ante un coro de alcahuetes. La Presidenta, de cualquier modo, comete un error de concepto, porque por más autónomo que un gobierno pretenda ser de las corporaciones, lo hace siempre en defensa del capital en su conjunto. No deja de ser un protector y garante de las relaciones sociales capitalistas, en las cuales las corporaciones desarrollan su hegemonía. Bajo el gobierno del matrimonio K, la Bolsa rompió todos los récords de ganancias y de capitalización, y lo mismo ocurre con el valor de mercado de la deuda pública. El mérito mayor de los K, haber reconstruido en buena parte las relaciones sociales quebradas por la crisis de 2001, lo tipifica como un gobierno capitalista ‘par excellence' -mucho más que Menem, que demoró más de dos penosos años en salir de la hiperinflación para caer en la ‘convertibilidad'. Es sabido que sólo por vía de excepción los gobiernos nacionalizan empresas en perjuicio de sus dueños; la regla general es para salvarlos a ellos o a sus numerosos acreedores de la bancarrota. En 2008, el gobierno nacional puso en práctica un plan de pago de salarios de trabajadores suspendidos pero también en actividad (Repro) a cargo del Estado. Negocios Que la presidenta reivindique la autonomía frente a Techint sólo puede atribuirse a una memoria muy selectiva. Techint le debe la vida al matrimonio K, que consiguió que Chávez valuara el capital de su filial en Venezuela ¡cuatro veces por encima de su valor real! a la hora de determinar la indemnización que reclamaba por la nacionalización. El conflicto actual con el pulpo de San Nicolás obedecería precisamente -según la versión del escriba Verbitsky- a que Rocca, la familia propietaria de la acería, no habría cumplido con la promesa de invertir parte de esa indemnización en la ampliación de un alto horno. La represalia de la Presidenta ha sido nombrar a un chavista arrepentido como representante de la Anses en el directorio de Techint, cuyo primer pronunciamiento fue que ni en sueños el gobierno fantaseaba con nacionalizar la compañía. Los conflictos entre Techint y el gobierno no comenzaron ayer. En un caso de corrupción (Skanska), el pulpo no quiso quedar pegado a la camarilla de De Vido. Más sustancial es el caso de TGN, interesadísima en un gasoducto desde Bolivia, que no pudo concretarse por la imposibilidad de pagar el precio internacional del gas. El caso fue ilustrativo de las contradicciones entre los intereses de Techint y la política económica oficial; los voceros de Techint empezaron a declarar que la economía de Argentina se estaba ‘primarizando' o desindustrializando. La crisis mundial y del ‘modelo' generaba un cuestionamiento de conjunto. Para Techint, el ‘modelo' se ha ido al tacho a partir del congelamiento del tipo de cambio y del abandono de la política del "dólar alto"; ¿Techint quiere una devaluación? Neoliberales con K A pesar de la generosa indemnización que Techint recibió de Chávez, vía K, la asociación diplomática y no diplomática entre ambos gobiernos no le daba bastante ‘seguridad jurídica' para invertir en Argentina; muy rápido anunció que recompondría su estructura en América Latina a partir de una asociación con empresas radicadas en Brasil. Por último, seguía siempre latente el conflicto con los pulpos automotrices, que se quejaban de los precios que Techint ponía a la chapa, una materia prima fundamental para los coches. El vigilante Moreno congelaba y liberaba los precios del acero a piacere. Con el tipo de cambio congelado, el precio de los insumos de los automotores crece en importancia para las enormes exportaciones a Brasil. No estamos ante una riña, sino ante una crisis de conjunto que ambos se han esforzado sistemáticamente en ignorar. Es oportuno observar que un ultra liberal como Carlos Rodríguez (titular del instituto ultra neoliberal Cema, ex viceministro de Economía del ultra neoliberal Menem, y tutor pasado y presente del ministro Boudou) apoya al gobierno contra Techint (Ambito, 19/4). Este Rodríguez es un vocero de las multinacionales y un enemigo constante de Techint, a la que no le perdona la devaluación de Duhalde en 2002. ¿Pero qué quiere el gobierno? A primera vista, ni siquiera parece saberlo. Según Verbitsky, lo que quiere es que Techint amplíe un alto horno y que no mande la plata a Brasil. El patrón de la Anses quiere lo contrario: que no invierta nada, para distribuir más ganancias en forma de dividendos. De acuerdo con la primera versión, el gobierno estaría preocupado por la desindustrialización y la necesidad de tener que importar acero; en la segunda, la Anses parece necesitada de más fondos a pesar de contar con superávit (debido a las jubilaciones bajísimas que paga). La confusión tampoco se limita a lo enunciado: ¿para qué quiere más fondos la Anses: para cubrir más jubilaciones, más pensiones, más asignaciones o lo que sea, o para transferir más fondos al pago de la deuda externa o al financiamiento de otros grupos, como lo viene haciendo en forma sistemática? En este último caso, la autonomía de la que se jacta el gobierno consistiría en desvestir a algunas corporaciones para vestir a otras. La política industrial del gobierno tampoco es un aliciente para el acero -esto porque se usan cada vez más partes importadas para armar un automóvil. A diferencia de China, que sólo autoriza inversiones en este rubro a cambio de transferencia de tecnología, en Argentina la llamada industria automotriz no fabrica casi nada. Hay un punto en que la unidad de los K y el pulpo es inquebrantable: los dos se oponen a rabiar al reclamo de las asambleas de la UOM para que el salario básico del operario general sea de cuatro mil pesos y al de los obreros de la construcción, quienes trabajan dentro de la planta, para igualar su convenio al de los metalúrgicos. Quién quiere estatizar Techint hace olas con la amenaza de una estatización, a sabiendas de que el gobierno no tiene la plata para pagarla, ni aun cuando ya posea un cuarto de la firma, ni tampoco la voluntad política para hacerlo. Una medida así podría alegrar a los rivales del pulpo en el mercado mundial, pero pondría sobre ascuas a sus socios. La amenaza es papel mojado; los jueces acabarán dando la razón al gobierno en su pretensión de aumentar a tres los directores de la Anses en Techint, siempre una minoría sin capacidad de bloqueo, aunque los tiempos serán largos. Los Rocca seguirán usufructuando una privatización que pagaron con papeles sin valor de la deuda externa argentina bajo el menemato -cuando los K hacían lo mismo con el banco provincial de Santa Cruz. Nuestra posición es, en primer lugar, que se abran las cuentas y libros de Techint, no para los directores K sino para todo el pueblo, y que sea abolida cualquier forma de secreto comercial. Los directores del Estado nombrados hasta ahora han sido cómplices de las compañías. En segundo lugar, la Anses tiene que ser sustraída a la camarilla gubernamental y devuelta a los trabajadores y los jubilados. Por último, hay que nacionalizar sin pago la industria del acero, para llevar adelante un plan de industrialización que la burguesía nacional fue incapaz de desarrollar cuando se encontraba en manos del Estado.

Nos fichan y fichamos. Y los contratados somos transparentes, Pero comenzó el año con paritarias y paz social, acuerdo por 100 pesos menos, a favor del Estado empleador. Un mil setecientos pesos es el salario del trabajador contratado por locación o por contrato de obra o servicios por tercer año consecutivo; y monotributo: 1.400 pesos. Paritaria y paritarios lo ignoraron. Dos mil cuatrocientos diez pesos es el salario inicial docente en marzo, Jornada de cuatro horas. Los gremialistas, por los medios se cansan de hablar de jornada simple y jornada completa de 8 horas en referencia a dos cargos. Pero no cierra porque por jornada completa no se descuentan haberes por dos cargos. Y no coincide la distancia de un lado al otro de la Ciudad con la Ley de Contrato de Trabajo. Dos cargos, y/o aguinaldo más sueldo tocan el impuesto al sueldo (por ganancias excesivas) en los 4.800 pesos. (...) No todo anda mal, ¡ojo!, los funcionarios trepan a los 7.000, al menos con el recibo, nada los priva de algún contrato de locación de los altos. Sobre contratos nuevos y algunas renovaciones de servicios, obras y horas cátedra, siempre, siempre, tienen que esperar para cobrar entre tres y hasta nueve meses, inajustables (...) Pago en término es un ítem para reclamar al Ministerio de Trabajo (en paz social). Los gremios no lo hacen porque es más viejo que la gestión, está naturalizado (..) Siguiendo con el ahorro, hay varias tercerizaciones (...) El pase a planta permanente a dedo, ¿llega al 10% de los contratados- al 20% con jefaturas?). El pase a planta de los contratados es un reclamo sectorial, digo, porque sectores que se cruzan en las calles, camino a sus ministerios, se solidarizan y se apoyan, pero no de los gremios (...) En Educación no hay más horas cátedra porque es un derroche de 40' de contrato con los derechos laborales del docente efectivo. Claro que éste conserva el estatuto de estabilidad y de carrera. En cambio el de horas cátedra es el contrato flexibilizador Banelco, pero del Ministerio. Novedad: es que el Ministerio retiene 120.000 horas cátedra en congelamiento. "Para ahorrar en gasto público", para las "elecciones", para "promover la privatización de la educación", eso lo dice la chusma, porque el Ministerio no da explicaciones. O las conducciones de los gremios no se las piden. Están agradecidos por estar en las juntas de calificación docente como si fueran idóneos, del convenio firmado el año pasado de "contratados permanentes". Que tuvo absoluta mayoría legislativa. Después dicen que ahí están todos peleados. Continuidad laboral, pase a planta permanente. Asamblea general en UTE, ATE, Sutegba. Por qué no le dejamos al gobierno que venga, las cosas arregladas, siguiendo la tendencia genuina de los que reclaman, ahora. ¿? Igual, se mueve. ¡Qué bueno! No, digo sí, que se mueve. Me refería a qué bueno, lo del Frente de Izquierda.

El 23 de marzo se realizó el plenario de fundación de la Juventud Gráfica, un proyecto que tiene ya varios años. Se formó una mesa de coordinación y se aprobó (aunque sin debate) una especie de declaración. La juventud y la política El documento caracteriza un "resurgir de la juventud" como "fruto de la intervención de la política", cuyo origen remonta a "la resistencia a la dictadura" y a las "históricas jornadas del 19 y 20 de diciembre", a las cuales la lista Verde atacó sistemáticamente (asambleas populares y movimiento piquetero). Es claro, entonces, que para el ongarismo ese ‘resurgir' empieza en "el cambio de escenario de 2003", sin mencionar que Kirchner reprimió aquellas jornadas en su patria chica (como volvió a ocurrir hace poco en la cuenca del Turbio). Esa "intervención de la política" apoya un "modelo nacional y popular" de tercerizaciones, trabajo eventual y trabajo en negro, así como la regimentación de las paritarias por parte de la burocracia sindical. El texto recuerda a "nuestros compañeros" víctimas de la represión estatal "de ayer y de hoy", pero no llega a la exigencia de castigo para los asesinos e instigadores del crimen de Mariano Ferreyra, ni denuncia a las patotas que "tercerizan la represión". Omite toda referencia a los más de 4.000 luchadores obreros y estudiantiles procesados por distintas causas y se olvida del apoyo de Ongaro al indulto de Carlos Menem, oportunamente denunciado por Hebe de Bonafini. Las cooperativas no son el socialismo Una perlita es la afirmación de que en "épocas del sálvese quien pueda (...) mientras muchos negociaban el achique de sus gremios dejando miles de desocupados sin ninguna resistencia (...) la Federación Gráfica Bonaerense luchaba por las fuentes laborales resistiendo los desalojos frente al abandono de las patronales". El sindicato gráfico jamás resistió los despidos; por el contrario, se empeñó en enchalecar a los despedidos en cooperativas que, en general, se constituyeron con acuerdo de las patronales a cambio de reparaciones económicas o la cesión de deudas salariales. El gremio aceptó los desalojos con el argumento "de evitar nuevas Brukman". El caso más emblemático ha sido Indugraf, donde se asoció al Estado kirchnerista para quebrar la ocupación y la cooperativa de gestión obrera. Luego reintrodujo al vaciador Martínez en la fábrica, a partir de una precarización laboral total. Decir, además, que las cooperativas son la forma de "destruir hasta sus cimientos el sistema capitalista de producción y distribución" raya el cinismo, porque son un sistema de autoexplotación que priva a los trabajadores de los derechos laborales que rigen en empresas privadas. Operan como subsidiarias de otras empresas; basta observar el estado de precariedad en que sobrevive la mayoría de los talleres de la Red Gráfica. Como medio de preservación de las fuentes de trabajo, se plantea primero la expropiación sin pago por parte del Estado, que debe garantizar la continuidad productiva, bajo el control de los trabajadores. Operación ocultamiento El documento es una lavada de cara del ongarismo y un ocultamiento de su rol durante los "años oscuros del neoliberalismo". Ongaro apoyó sin reservas la política del menemismo y de la Alianza (aún circula por allí la foto del abrazo con la Bullrich, cuando era ministra de Trabajo). Ni se asoma a valorar las entregadas ongaristas de tres décadas frente a los cierres de numerosos talleres, la complicidad con las sucesivas reformas laborales y su asociación en Activa AFJP, propiedad nada menos que del Grupo Clarín. Jamás el sindicato enfrentó los miles de despidos que devastaron al gremio y boicoteó activamente las luchas que, aisladamente, se dieron en algunos talleres como la huelga de Interpack del año 2000, Ciccone en 2001 o AGR de 2004. El documento elogia "al sistema solidario de las obras sociales sindicales", sin decir nada de la bancarrota de la OSPG, de los curros permanentes, el recorte sistemático de prestaciones y el éxodo de afiliados; con una bancarrota de 28 millones de deuda y envuelta en las causas por medicamentos truchos. Al rescate de La Verde El documento propone "recuperar el dinámico sistema de plenarios participativos", o sea que no ha habido plenarios generales de delegados, pero no dice nada de convocarlos. Las dos convocatorias que menciona se refieren a los plenarios de la Juventud Gráfica. En la zona norte, cancelaron el proceso de plenarios cuando los delegados plantearon sus exigencias para la paritaria del gremio. Se trata de un operativo de reciclamiento de la Lista Verde ongarista, dividida y desprestigiada. Resulta llamativo que no se posicionan en torno a los jóvenes moyanistas que bloquearon Clarín por orden de Moyano -mientras pedían una jugosa indemnización y excluían a Pablo Viñas, el único delegado clasista, del reingreso a AGR. Por acá no pasa, es evidente, una perspectiva para la juventud gráfica.

"Que la crisis la paguen las patronales, los banqueros y los terratenientes. (...) Por la independencia política de la clase obrera. Por un gobierno de los trabajadores y el pueblo. (...) Por la unidad internacional de la clase obrera". Con estas y otras consignas similares, el MST convocó al 1° de Mayo del año pasado, en el marco de un "acto de lucha anticapitalista e internacionalista" (Alternativa Socialista, 21/4/2010). Pero eso fue hace mucho tiempo. Porque ahora, el MST convoca a "Un 1° de Mayo al servicio de transformar Argentina" (Alternativa Socialista, 13/4). Toda referencia a la independencia política de la clase obrera, al gobierno de los trabajadores, al socialismo o a la unidad internacional de la clase obrera ha desaparecido. Ahora se trata de "construir una alternativa política para gobernar de la mano (sic) del Movimiento Proyecto Sur y Pino Solanas". La clase obrera y los explotados han sido enviados al fondo de una masa informe, cuyo deber sería votar a diversas combinaciones electoralistas de naturaleza capitalista. El objetivo del MST es "plantar en el escenario político un Movimiento capaz de estar a la altura de las circunstancias y a la par de otros procesos que se dan en América Latina". Está hablando de los gobiernos nacionalistas burgueses de Chávez, Evo Morales y Correa. ¿Y también del gobierno de Dilma en Brasil o del Pepe Mujica en Uruguay? El MST festejó el ascenso del PT y el Frente Amplio. El MST se pronuncia por un gobierno chavista, pero lo más cercano al chavismo en la Argentina es el kirchnerismo, no Proyecto Sur. Es cierto que todo cambia en la vida, pero también que nada surge de la nada, sino de lo que esa nada ya tiene adentro: además de su contenido democratizante de toda la vida, el MST sostuvo al capital sojero. Dijimos en Prensa Obrera (7/4): "El alineamiento político del MST lo convierte en un militante del estrangulamiento de la independencia de clase de las organizaciones obreras". Una nueva prueba de esto se manifestará en este 1° de Mayo.

Compañeros: El título del saludo del Partido Obrero a la confirmación de la prisión preventiva de Pedraza termina con "y sus compinches". En el entendimiento popular "compinche" es sinónimo de "compañero", usar la palabra allí otorga a los personajes un carácter bonachón que no tienen ni merecen. Es decir, aligera la cuestión de fondo, el contenido de la nota, con la que acordamos plenamente y tardé en leer por desacordar con el título. Me parecen más adecuadas, quizá, las palabras "cómplices" o "esbirros", aunque no debe existir aún palabra para definir la miseria profunda de Pedraza y sus sicarios, escoria de la humanidad, traidores de la clase obrera, asesinos.

Los trabajadores de la 60 están en pie de guerra. Las liquidaciones incorrectas de haberes a una parte del personal tienen un propósito claro: el desconocimiento del cuerpo de delegados y la intención de modificar las normas laborales por otras más flexibilizadoras. El fondo político del conflicto es el copamiento de los socios del gobierno nacional de las empresas del transporte automotor. A fines del año pasado quebró la empresa Monsa, la última gran empresa a "la antigua" de patrones y accionistas, los llamados "componentes". Estas grandes empresas vienen siendo absorbidas desde hace años por dos grandes monopolios, el grupo Plaza y la Dota, que ahora se quedó con el 80% de la 60, sumando 31 empresas absorbidas en los últimos diez años. La Dota, a su vez, se ha asociado con la empresa Brasileña Mega'Car, después que se quedaron con la fábrica "El Detalle", tradicional empresa constructora de carrocerías de colectivos. Estas absorciones las traen "llave en mano" la UTA y la Secretaría de Transporte -o sea Schiavi, el ‘sucesor' de Jaime. Para que las empresas que van a ser absorbidas entren en crisis alcanza con achicarles el nivel de subsidios, entonces son compradas a precio de remate por estos pulpos, que sí reciben millonarios subsidios del Estado de la mano de Schiavi. El mismo lo dice: "Uno ve toda esta inversión para mejorar el transporte para 6 millones de personas, sin hacer ‘mucha bandera', y me parece que había que mostrarlo, porque esto ha sido puro riesgo empresario, y no es sólo la línea 60, pues vemos que, de un mes para otro, aparecen unidades nuevas en una renovación constante" (Urgente 24). La burocracia de la UTA, antes de producirse la agonía de las empresas chicas, rápidamente les dice a los trabajadores de la empresa en crisis que ellos se encargarán de "conseguir una empresa que los absorba". La absorción va siempre a estos dos grupos. Pero junto con la absorción, la burocracia acepta los ‘métodos laborales' de Plaza y Dota, trabajo a destajo, no respeto del descanso por vuelta y ningún delegado que no sea afín a la burocracia de la UTA. La burocracia, por un lado, es "comisionista" de estos pulpos y, por otro, entrega derechos en las condiciones de trabajo a cambio de la defensa de la fuente de trabajo. Un verdadero trabajo sucio contra los choferes. Los choferes de la 60, como los de Ecotrans y una decena de empresas que tienen delegados independientes de la burocracia quieren ser barridos por los dos grupos para que ese lugar lo ocupen los delegados de la UTA: éste es el fondo del conflicto. Defendemos la lucha de la 60, el reconocimiento pleno de los delegados, el pago de los salarios adeudados, el fin de los contratados, el fin del trabajo a destajo (por vueltas) en toda la UTA y la organización independiente de los choferes de la patronal y de la burocracia comisionista de la patronal.

La "reglamentación" de la reforma política, que el Poder Ejecutivo ha demorado durante seis meses, hace lo que uno debía esperar de los K: violar su propia norma para eliminar cualquier estorbo a la reelección de CFK. Así las cosas, la reglamentación admite ahora lo que la reforma negaba: las listas colectoras o de "adherentes", con el fin obvio de sumar para el pelotón oficial. De esa forma le abrirá el juego, por ejemplo, a la lista de Sabbatella, pero también a las varias que puedan armarse de aquí en más, como los casos de Massa (alguno ya adicionó, en sorna, a De Narváez). Legalmente, ‘Nuevo' Espacio (que es el "viejo" espacio de la Alianza ahora volcado al kirchnerismo) también podría postular diputados nacionales, algo que la reforma política prohibe. Colectoras mediante, CFK le pondría coto a Scioli en la lista de espera de la sucesión oficialista en 2015. Aunque también Moyano podría ahora formar su colectora, aunque esto está condicionado a que la Presidenta acepte encabezarla. Los K le exigen a pejotistas y moyanistas lugares para la Cámpora en las listas oficiales. En síntesis: los K han parido un fraude electoral y, en lugar de una boleta única para que el elector marque su preferencia, podríamos tener varias decenas de ellas (en Tucumán, hace no mucho, hubo ¡miles!). Así las cosas, los punteros se disputan los favores de CFK, lo que es un pito de largada para el maratón de los alcahuetes. En este contexto, la designación de ‘camporistas' para los directorios de las empresas con acciones de la Anses los pone en posición de privilegio para la carrera electoral. Se trata de la ‘reglamentación' (fraudulenta) de una ‘reforma' que apuntaba a la proscripción de la izquierda (exigencia del 1,5% en internas abiertas) y a madrugar a la ‘oposición' (al prohibirle iniciar la campaña electoral hasta fines de agosto, mientras la propaganda oficial invade los medios desde siempre). Esta ‘reglamentación' es, sin embargo, un arma de doble filo, porque la proliferación de colectoras debilitaría la homogeneidad del oficialismo en el Congreso posterior a las elecciones. Para contrarrestar este peligro, el gobierno utilizará las colectoras para el PJ con el propósito de arrancarle una lista poblada por los amigos que merodean a la Presidenta. De aquí a junio presenciaremos, entonces, una verdadera guerra dentro del oficialismo porque, como dijo el ‘taxista' Viviani, "hablar con Cristina ya no es como lo que era con Néstor". El uso de los nombres de pila entre los políticos carreristas ha ido en ascenso a medida que aumentan las conspiraciones de unos contra otros. La oposición y la nueva "reforma" La "reglamentación" oficial recibió escasas críticas de la ‘oposición', que ya está pensando en sus propias colectoras. El oficialismo le tiró un salvavidas, porque podría concentrar sus esfuerzos en uno o dos candidatos presidenciales mientras disputa gobernadores y diputados. Hasta Solanas, que ahora aspira a pelear la intendencia de la Ciudad, podría ‘colarse' en una fórmula Alfonsín-Binner o a la inversa, si la ‘presión' llegara a ser tan poderosa como la que ahora lo hizo ‘bajar' de la presidencia a la jefatura de gobierno. Los ‘opositores' sí se quejaron de la distribución de espacios gratuitos en los medios, que el kirchnerismo raciona a razón de siete minutos por día en los horarios centrales, mientras la propaganda de los actos oficiales resuena por radios y canales. La oposición reclama el derecho a la publicidad paga, porque tienen quienes los banquen. Unidos en el riesgo país Mientras los devaneos locales no dejan mirar el bosque, en Nueva York le bajaron la calificación de la deuda a Estados Unidos, que se ha convertido así, de punto de referencia del riesgo de los demás países en un país riesgo. A esto hay que agregar el ‘default' irrevocable de Grecia, que pone en carpa de oxígeno a las bancas alemana y francesa, anuncia el ‘default' de Irlanda y coloca en lista de espera a España e Italia -que se ha lanzado a la venta a mansalva de los restos del imperio romano, empezando por el Coliseo. La distancia entre el barco del capitalismo y el próximo témpano es menor que la que hay de aquí a octubre (o quizás a agosto).

Desde Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, saludamos la formación del Frente de Izquierda entre el PO, PTS, IS y probablemente al Nuevo MAS, con la certeza de que será un importante y decisivo polo de reagrupamento de la clase obrera de la Argentina y una referencia de lucha para los trabajadores/as de América Latina y del mundo entero. ¡Todo el apoyo al Frente de Izquierda y por la unidad socialista de los trabajadores de América Latina!

La paritaria metalúrgica se encuentra en crisis. Lo expresa el paro nacional de la UOM para el miércoles 20, aunque con la expectativa de que no se lleve a cabo como consecuencia de una conciliación obligatoria arreglada de antemano -que fue lo que ocurrió al mediodía del miércoles. Los congresos de delegados del sindicato han coincidido en reclamar 3.500 pesos de mínimo y un aumento del 30% por ciento para todas las categorías (en una sola cuota), y en la rama 29 (industria automotriz) que se exigen los niveles del Smata. Muchos otros gremios reclaman 4 mil de básico y aún por arriba. La burocracia de la UOM ha incorporado el reclamo de dos nuevas categorías superiores para atender a las presiones. Los básicos, en metalúrgicos, están debajo de los 2.500 pesos para el operario general. El convenio firmado por la UOM en Peugeot, que divide la lucha del gremio, establece un aumento escaso de un 15% semestral, con segundo semestre "a discutir". En los congresos seccionales fue criticado el convenio camionero de Moyano (24% nominal, 17% promedio anual). En segundo lugar, Adimra, la cámara patronal más numerosa, se ha retirado de las negociaciones después de ofrecer tres cuotas: 7% ahora y otras dos de 7 y 6% cada una hasta fin de año -lo que da un promedio anual del 12 por ciento. Las pymes dicen que sin Admira no negocian y las siderúrgicas defienden también una negociación por separado. En realidad, Admira está siguiendo los dictados de Techint. En la pulseada entre Techint y el gobierno kirchnerista por el nombramiento de los directores, Brunelli, tercero de la UOM nacional, se alineó con la patronal. En ese cuadro se da la convocatoria al paro nacional. El "Barba" Gutiérrez, de la UOM Quilmes, dejó trascender que después vendrán 48 horas y después 72, pero al mismo tiempo ha dicho que acatarían una conciliación obligatoria. El "Barba" cumple. El paro no prevé movilización ni piquete alguno. No quieren repetir las experiencias combativas de la paritaria 2010, con fábricas que se movilizaron en masa, piquetes y hasta con congresos de delegados que desautorizaron cualquier firma sin mandato previo.

Hola, quería felicitar al PO por el frente que hicieron con el PTS e IS, creo que era algo que los simpatizantes de izquierda estábamos pidiendo a gritos y, lamentablemente, no se había realizado hasta ahora. Saludos

En el segundo semestre de 2012, deberían tener lugar las elecciones nacionales de Secretariado Nacional y seccionales de la Unión Ferroviaria. El encarcelamiento de Pedraza y el grueso de la patota, sin embargo, ha desmantelado a la dirección de la UF. Incluso muchos de los miembros de la directiva y paritarios que andan sueltos están asociados a las direcciones de las empresas tercerizadas e investigados por diversos negociados. El principal resorte de choque de la directiva de la UF, la banda del Roca con Pablo Díaz a la cabeza, ha dejado de funcionar. Por otro lado, la lucha por el pase a planta permanente de los tercerizados continúa, ahora extendida a todos los ferrocarriles. Las relaciones de la UF con la Fraternidad, que le ha sacado el cuerpo a una defensa de Pedraza, se han erosionado ante la incertidumbre sobre el futuro de éste. En este cuadro, desde el gobierno nacional (la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Trabajo) se intenta una operación política para operar un relevo de Pedraza en etapas. Detrás del operativo, se encuentra también Moyano, quien ya ha penetrado las filas de burócratas y cuadros en ferroviarios. En estas condiciones, se desarrollarán las elecciones del cuerpo de delegados del ferrocarril Roca y las del "tercerizado" Tren de la Costa, las únicas de este año. La Verde del Roca se encuentra partida en tres fracciones: 1) la Verde "oficial", sostenida por el aparato del gremio y los familiares de la patota, los que crearon la "juventud sindical verde"; 2) una fracción de supervisores apoyada por el municipio de Berazategui (Mussi); 3) un sector duhaldista que se arrima nuevamente a integrarse a la Verde oficial. Todos ellos respondían a la patota y muchos de ellos están como delegados de la propia Verde. Los pedrazistas intentarán unificar nuevamente los tres sectores, a sabiendas de que la aparición de varias listas ex verdes les puede hacer perder el principal ferrocarril, por lejos, del gremio. Las elecciones que deberían ser aproximadamente en julio y convocadas a mediados de abril. El gobierno las podría postergar hasta septiembre. Elevaría la cantidad de candidatos requeridos a 100 delegados para dificultar una lista de la oposición anti-burocrática. La tarea que se nos plantea -expulsar a la burocracia- exige una lista de unidad de los sectores combativos. Causa Ferroviaria ha repartido un llamamiento a la formación de esa lista de unidad. El llamamiento ha tenido una extraordinaria acogida entre los efectivos, quienes también se suman a este propósito. Los reclamos más sentidos en las especialidades son: 1) no queremos listas de patotas ni de supervisores, queremos delegados que trabajen por los compañeros; 2) son necesarias elecciones ya, por sector y especialidad; 3) basta de listas sábana; 4) defendamos el ingreso de familiares de ferroviarios; 5) basta de acomodo; publicación de vacantes; 6) incorporación de todos los tercerizados a planta permanente, terminemos con años sin asambleas. En este marco, reclamamos la revisión de las paritarias, que los restos de la burocracia pactaron con las pautas de Moyano y dejaron afuera las tercerizaciones. Por nuevas paritarias y por paritarios electos.

La Presidenta dijo que "las corporaciones no pueden ocupar más la Casa de Gobierno, como lo hacían antes". Pero, ¿se fueron alguna vez de allí? Desde 2003, los despachos oficiales actúan para los monopolios mineros, cumpliendo a rajatablas un acuerdo fiscal firmado por Menem. Tampoco se fue de la calle Balcarce la corporación Repsol: su filial argentina, YPF, acaba de aprobar el giro de dividendos para rescatar a sus accionistas, quebrados por el derrumbe hipotecario en España. Menos dejó de tallar Telefónica, ahora que se quedó con el control de Telecom a través de un pacto con los K. La Anses ha sido convertida en una inmensa AFJP estatal, que financia a las corporaciones con la tenencia de sus acciones y el pago de la deuda externa . Ni siquiera Techint salió de la casa de gobierno K, o al menos del presupuesto, que la riega con el dinero de la obra pública. La asociación del gobierno con los Rocca en Siderar, lo convierte en cómplice póstumo de una de las privatizaciones más dolosas de la historia nacional. Techint está desarrollando un enorme proyecto inmobiliario en la ribera de Quilmes, gracias a las franquicias del intente 'cristinista' "Barba" Gutiérrez. Techint, como todas las corporaciones, goza del secreto comercial, con la complicidad de los directores oficiales. Nuestro primer reclamo es la abolición del secreto comercial y la apertura de los libros de las corporaciones al control de los trabajadores. Los K y Techint están asociados en algo todavía más decisivo: el rechazo a las demandas de las asambleas metalúrgicas por su convenio colectivo. Los K y todos los 'opositores', sin excepción, representan al gobierno del capital contra el trabajo, al gobierno de las corporaciones capitalistas. Por eso, el Frente de Izquierda inaugura su campaña electoral en el mejor escenario y el mejor día posible: en Plaza de Mayo, el 1º de Mayo, con un acto obrero e internacionalista, para oponer al gobierno de las corporaciones el gobierno de los trabajadores. En oposición al acto regimentado de la burocracia , nuestro acto proclama la lucha por la democracia e independencia del movimiento obrero como condición para su emancipación social.

Saludo con mucho entusiasmo la conformación del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, ya que es el único camino para llevar adelante nuestras reivindicaciones históricas.

El paro activo y piquetero del Soip concluyó este lunes por la tarde en un triunfo. Había comenzado con paros parciales progresivos y con enormes manifestaciones, lo que puso enseguida, desde el miércoles 13 de abril, a la orden del día el paro por tiempo indeterminado y el bloqueo del puerto. Luego de varias reuniones, bajo toda la presión política del Estado (funcionarios de todo nivel, prefectura, fiscales, etc.), incluida la amenaza de desalojo y hasta la amenaza de detención de la secretaria general del gremio, la cámara de los pulpos pesqueros (Caipa) firmó un acuerdo por el cual se aplica un aumento del 18% desde marzo pasado, un 6% en julio y un 6% en enero, este último no remunerativo. Muy por encima de la oferta inicial de 24% escalonado y todo no remunerativo. Esta lucha tuvo varios puntos fuertes: el primero y principal, una disposición a la lucha del cuerpo de delegados, renovado y fortalecido por la incorporación de delegados de plantas "pymes". Ahí anidó la fuerza para la movilización e incluso para rechazar la conciliación obligatoria, el mismo día que comenzó el paro total. Con el correr de los días, se puso en evidencia la fortaleza del paro y el apoyo popular con los trabajadores, por un lado, y se abrió la crisis entre las empresas y el gobierno, al punto que ni intentaron romperlo con carneros ni mediante la represión. Un punto aparte merece la CGT, e incluso los Moyano, que estando en un congreso de la Juventud Sindical en Chapadmalal, sólo mandó una pequeña batucada el último día. No se pudo superar el reclamo de los obreros de las "pymes" de incrementar el "mensual garantizado", atado por convenio al mínimo vital y móvil del gobierno. Esto es una gran cuenta pendiente que acrecienta la necesidad de abrir las paritarias con delegados electos y revocable para unificar el convenio y liquidar esta lacra flexibilizadora de los convenios "articulados". Se fortalece ahora la situación de los trabajadores que luchan por el blanqueo como en Cafiero y Pollio, y de las plantas como Valastro-Giorno y Barilari, las que están siendo vaciadas para sacarse de encima trabajadores con despidos y retiros "voluntarios". Con este proceso, queda superado definitivamente un período de campo abierto para la patronal, iniciado con la cooptación por el gobierno de los K de la camarilla de los "celestes" Salas-Verón, por un lado -un proceso que luego de la gran lucha de 2007 siguió, con Villaola (CTA-Yasky) en los márgenes del Soip. Este triunfo ha sido un gran paso, no sólo en la recuperación salarial, sino en la recuperación del Soip como referencia obligada de lucha en el movimiento obrero de la ciudad. Significa el debut exitoso de una nueva generación en el gremio, presente en el cuerpo de delegados. La agrupación Bordó, que acompañó todo este proceso, deberá colaborar para sacar las mejores conclusiones de esta gran lucha y agrupar a lo mejor de este activismo.

Es imposible explicar el surgimiento de este frente sin hacer referencia a la gigantesca reacción popular que provocó el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra en la lucha de los tercerizados ferroviarios. En aquella ocasión, señalé que nos había reunido la sangre obrera. Una multitud entre 50.000 y 60.000 personas nos acompañó para enfrentar ese crimen político -un crimen contra la clase obrera. Fue un gigantesco respaldo popular que puso de manifiesto una tendencia en la masa popular argentina, entre nuestros explotados, que ya nadie puede ocultar. Una lucha que comenzó el 20, 21 de octubre, que continúa y que divide aguas políticas y sociales. Porque la tercerización se ha transformado en una divisoria de aguas en la que el pueblo argentino puede reconocer de qué lado está el explotador y de qué lado está el explotado, y lo puede reconocer con mayor profundidad porque se ha podido dar cuenta de que un sector social, formalmente perteneciente a la clase trabajadora, integra la clase capitalista, que es la burocracia de los sindicatos. Esa movilización ha desatado un proceso político de alcance muy amplio, sin el cual -o gracias al cual- este frente ha sido constituido. Se desarrolló, además, una lucha política que tampoco se puede ignorar. Desde "el gobierno de los derechos humanos" y sus organismos comenzó, desde el asesinato de nuestro compañero, una campaña política no contra la burocracia sindical, sino contra el Partido Obrero y contra los tercerizados. Estos campeones de los derechos humanos nos hacían responsables del crimen a los que estábamos luchando por una causa de los trabajadores. Fue el punto más alto de la perversidad política del kirchnerismo y de sus aliados en todos sus aspectos. Es menester señalar también que el 99 por ciento de la llamada oposición al kirchnerismo no estuvo presente en esa batalla. A ella la urge cumplir con Clarín, pero no pone un gramo cuando se trata de una movilización popular de estas características (algunos de los opositores, restantes a este 99 por ciento que no vino, se preocuparon muy bien de ponerse en la cola de la movilización y negarse a subir a la tribuna como lo hicimos todos los aquí presentes). Hoy, esta batalla política la llevamos al campo electoral. El gobierno de Kirchner no puede impedir que la izquierda revolucionaria de este país llegue a un acuerdo electoral y presente batalla. Poner una valla a la izquierda es la obsesión de la reforma política, como lo demostró el veto de la Presidenta a los dos artículos que la limitaban. Ahora acabamos de obtener otra confirmación de esta caracterización por la acción de la patota en Santa Cruz, que ha vuelto a ser respaldada monolíticamente por el gobierno provincial y por todas las pandillas oficiales de este país. Para esta gente, el asesinato de Mariano Ferreyra es un error de grado de una metodología política que defienden. Esto debe ser dicho con absoluta claridad, porque han tercerizado la represión. Lo único que distingue este método del fascismo es que, bajo el fascismo, los gobiernos fascistas se hacían cargo de esta metodología política, mientras que bajo la democracia actual, los gobiernos le esquivan el bulto a lo que desarrollan bajo cuerda. Creo que ustedes (por los periodistas presentes, N.R.) deben haberse sorprendido mucho, también, por la rapidez con que se formó este frente. Es indudable que hemos actuado bajo una presión política: bajo la presión política, por un lado, de las luchas que reclaman una proyección independiente y bajo la presión, por otro lado, de la proscripción que nos amenaza -por qué negarlo. Todos los grandes movimientos obreros y revolucionarios que progresaron y se afirmaron, lo lograron porque fueron capaces de responder a una presión política del Estado. El Estado nos dice "te vamos a borrar del mapa electoral" y la izquierda le dice "¡minga!". Que nos unamos para evitar que nos borren del mapa electoral y para dar una proyección a las luchas es expresión de una conciencia política. En política, como en la vida, se actúa bajo presión. Eso no está mal, está muy bien. El asunto es la calidad de la orientación que uno elije cuando lo someten a una presión. Sometidos a esta presión, nosotros elegimos hacer el Frente de Izquierda. Nosotros nos vamos a poner ya en marcha, por supuesto, y tendremos los candidatos, la fórmula presidencial, sólo en un par de días, con un compañero del PO, del PTS y las fórmulas a gobernadores. Es verdad que tenemos esta próxima batalla en Neuquén, donde nos tenemos que mover como un frente de izquierda con presencia nacional. Pero tenemos otra batalla inmediatamente después, en Santa Fe. Las circunstancias de tiempo no permitieron que formáramos un Frente de Izquierda en la provincia de Santa Fe, donde el Partido Obrero se inscribió por exigencias de la legislación de la provincia con mucha anterioridad. La izquierda, el Frente de Izquierda, está representado en Santa Fe por los candidatos del PO y por la lista del PO. Ahora, Santa Fe es una pieza mayor, es la clase obrera industrial por excelencia, del puerto de Rosario, de San Lorenzo, las petroquímicas, las cerealeras, está Molinos, está Cargill, los aceiteros. En la zona industrial, en las últimas elecciones, el PO logró el tercer lugar. Ahora tenemos que ir todos a Santa Fe a defender esta lista, que representa, a partir de la formación del Frente de Izquierda, al Frente de Izquierda. Para que esta provincia, donde se concentra un proletariado industrial tan importante, se exprese políticamente a favor del Frente de Izquierda. En primer lugar, en las internas abiertas en mayo, luego en la elección provincial. Para concluir, quiero señalar lo siguiente: el gobierno nacional, a través de algunas medidas y mediante mucha demagogia, busca presentarse -como ya lo señalaron los compañeros que me precedieron- como una variante progresista o de izquierda, aunque vaya con Scioli, Menem, Baldomero Alvarez, con los Pedraza, los Cavalieri, etc. En el día de ayer, un decreto de necesidad de urgencia estableció que en las empresas donde la Anses tiene acciones, los directorios tienen que estar representados por la porción de las acciones que posee el Estado. Este incremento de la presencia del Estado en los directorios de una cantidad de empresas privadas ha sido presentado como una intervención estatal progresista y hasta, por algunos, anticapitalista. Sin embargo, el banco en el cual el gobierno tiene la mayor participación, el Macro, tuvo una suba de las acciones, las que subieron 6% en el día de ayer, inmediatamente de conocida esta intervención. Nosotros rechazamos la asociación del Estado con el capital para rescatar a los capitalistas, que es el propósito último de toda participación estatal y, con mucha más frecuencia, el primero de los objetivos. Rechazamos las asociaciones del Estado con la Ugofe para encubrir a las patotas y tercerizar el trabajo. Rechazamos la asociación del Estado del Ymad de Catamarca con las mineras para tercerizar el trabajo y para permitir que se lleven enormes ganancias que están provocando el alza de los precios de los minerales, etc. Me empeño en señalar este hecho en una conferencia de prensa -donde anunciamos con entusiasmo, vigor y ganas de pelea rápida e inmediata- un Frente de Izquierda, por el apoyo que la centroizquierda le ha dado a esta operación de fraude económico contra los trabajadores. Porque es la plata de la Anses al socorro de las empresas privadas, es la plata que no va al 82% de los jubilados. La centroizquierda tiene muy bien merecida la crisis por la que atraviesa. Se han producido frentes de izquierda en diversos países. Pero por su programa, el Frente de Izquierda que hemos constituido es la expresión más avanzada de cualquier otro. Es una delimitación política clara con esos otros frentes. Brindo por el éxito revolucionario del Frente de Izquierda y los llamo a movernos como nunca, en este 2011, para defender a los trabajadores, golpear al capitalismo y desarrollar la conciencia de clase socialista del proletariado de Argentina.

El martes 19, en la sede del Sindicato Ceramista, se presentó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores en Neuquén para las elecciones locales, que tendrán lugar el próximo 12 de junio. El Frente es una expresión de la posición política de la izquierda revolucionaria frente a las elecciones proscriptivas amañadas por la llamada ‘reforma política', a la que ahora incorpora el mecanismo fraudulento de las colectoras electorales. Reúne, asimismo, a las principales expresiones de las luchas obreras y populares en el mapa neuquino. En la provincia, el bloque patronal que representa al gobierno nacional se encuentra agrupado, simultáneamente, tanto por el oficialismo local del gobernador Sapag, como por la coalición opositora encabezada, para colmo, por la cabeza de la UCR -el intendente de la capital, Farizano. Por primera vez en la historia de Neuquén se presenta frente a este amasijo de arribistas, una fuerza única de la izquierda. La crisis política de los bloques oficialistas (Sapag -MPN) y Farizano (Frente UCR-PJ) se encuentra disimulada en una plétora de colectoras, naturalmente kirchneristas. La diáspora se amplía con las colectoras de las colectoras, también K, como las alianzas UNE-CTA-Frente y la Participación Neuquina, y Frente Grande-MUN, que llevan su propia lista de diputados para acompañar a Farizano como candidato a gobernador. Una fuerte denuncia de este fraude a la voluntad popular representado por las colectoras podría ayudar a numerosos trabajadores a apartarse de las opciones perjudiciales a sus intereses y reforzar las posibilidades electorales del Frente de Izquierda. El apoyo al "proyecto nacional", cuando corrientes tan contradictorias se montan para arrebatar una dieta parlamentaria, resulta una estafa política de cuarta categoría. El planteo de la CTA de "construir poder desde los trabajadores" ha demostrado toda su hipocresía ahora que se entusiasma en hacer de furgón de cola de la candidatura de Farizano, gerente general de los negocios de Benito Roggio, Cristóbal López y de los especuladores del suelo urbano: estos capitalistas son los responsables del agravamiento de la crisis de vivienda de los trabajadores de Neuquén. Sapag-Farizano convirtieron al gobierno provincial y de la capital neuquina en agencias de las petroleras, las constructoras, las inmobiliarias y las mineras. Libres del Sur, una ex colectora del kirchnerismo, se presenta mutilada ahora que Proyecto Sur renuncia a levantar un candidato a presidente y se convierte en colectora nacional del frente que armen radicales, ‘socialistas' y hasta Carrió. El ARI, aquí, va aliado con la derecha PRO y tejiendo un acuerdo con cobistas como "Pechi" Quiroga. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores es una coalición electoral de la izquierda, que deberá desarrollarse mediante un vínculo mayor con las luchas y rebeldías de los trabajadores, para que la escenificación electoral montada desde el Estado sea desplazada por una intensa lucha de clases. Las tareas del frente El Frente de Izquierda ha atraído el interés de muchos trabajadores. En forma consciente, o a veces inconsciente, lo ven como una proyección política de las gigantescas movilizaciones que se desarrollaron contra los crímenes políticos perpetrados por este régimen contra la clase obrera -en las personas de Carlos Fuentealba y Mariano Ferreyra. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores reivindicará sus figuras y sus luchas como un arma de delimitación política de las colectoras arribistas y oportunistas, así como para reforzar la lucha por el juicio y castigo de todos los culpables y el desmantelamiento de los aparatos de poder que perpetraron esos crímenes. Es fundamental una campaña por comités de base y de apoyo al frente, que den la posibilidad de intervención a la masa de luchadores sin partido. Es la oportunidad, más que nunca, de exigir la expropiación sin pago de la patronal y acreedores capitalistas de Zanón en beneficio de los trabajadores, visto el completo fracaso de la ley de expropiación del gobierno, que ha sido una operación de rescate de la patronal. La reforma de la ley de quiebras la semana pasada, la cual obliga a los trabajadores a asumir las deudas de las empresas vaciadas para no quedar despedidos, reforzará la presión para liquidar a Fasinpast -que, de todos modos, se encuentra en una situación angustiante por el boicot y el sabotaje de los poderes del Estado. Denunciaremos el fraude de la "expropiación" de Sapag y también el apoyo de la Presidenta a los capitales ceramistas instalados en Salta, del cual se priva a Zanón. El Partido Obrero aporta listas completas para cuatro municipios con elecciones el mismo 12 de junio (Picún Leufú, San Martín de los Andes, San Patricio del Chañar y Centenario). Esto mide el grado de su desarrollo político relativo respecto de las organizaciones que comparten el frente. Ha estado, asimismo, siempre adelante en las elecciones provinciales o nacionales pasadas. Para concretar el Frente de Izquierda, nos hemos visto obligados a hacer concesiones abusivas en nuestra ubicación en la lista común; junto a la tenaz lucha política de nuestros militantes, hemos hecho un enorme aporte al servicio de un frente único de lucha política. Anotemos el hecho como una expresión de nuestra propia confianza en la perspectiva política que nos hemos trazado. En este marco, nos vemos obligados a denunciar la campaña "vote diputados ceramistas" iniciada por el PTS, apenas terminada la conferencia de prensa. Esto prueba que no basta integrar un frente para dejar de ser una secta. Este hecho debe servir de alerta para que no ocurran cosas similares de sabotaje al Frente en el plano nacional. El PTS rebaja la campaña a una elección sindical, esto sin rectificar su apoyo a la ley de expropiación de Sapag, a la que calificó como una "expropiación del capital". Este Frente de Izquierda y los Trabajadores brilla por lo que representa y por su potencialidad política si se dispone a interesar activamente a los miles de luchadores de la provincia. Si es capaz de intervenir en las contradicciones de la crisis política en curso, disputando a un amplio sector de la población que, por izquierda, ha hecho una experiencia acelerada con el kirchnerismo que ahora va a elecciones ¡con los Rico, los Menem o los Soria! El asesinato de Mariano Ferreyra ha puesto sobre la mesa la connivencia entre el gobierno, la burocracia sindical asesina, la policía y los empresarios ante el flagelo de la tercerización, la persecución sindical, las coimas y todas las podredumbres juntas. Tenemos que convocarlos a que no se traguen ni un sapo más. El Partido obrero está embarcado de lleno en esta batalla política. Vamos con el Frente de Izquierda y los Trabajadores.

El Frente de Izquierda tiene su mejor acta de bautismo: este 1º de Mayo con un acto obrero y de solidaridad internacional de los trabajadores en la Plaza de Mayo. La burocracia sindical ha convocado a un acto para el día 29 de abril, en el que el 1º de Mayo es una excusa. Sale a la defensa de sus propios privilegios de empresarios capitalistas y malversadores de las obras sociales, a las que han transformado en testaferras de la medicina capitalista privada. Sus patotas han vuelto a golpear, otra vez, a los docentes y estatales santacruceños en lucha; no las han frenado el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. El acto de Moyano es un River dos, aquel que precedió al asesinato de Mariano por la patota de Pedraza. No vayamos al acto de la burocracia y llamemos a otros a no ir. Moyano ha firmado en la Rosada la ‘pauta salarial', contra la que se rebelan desde los petroleros hasta los metalúrgicos: un 24%, y menos, en cuotas (o sea un 17% anual promedio, y menos que eso también), sin contemplar para nada las tercerizaciones ni la necesidad de llevar el básico al costo de la canasta familiar, que es de 5.000 pesos. Moyano reclama "poder para los trabajadores", pero ni se trata de un reclamo ni se trata de los trabajadores: es una extorsión al gobierno para recrear la tristemente famosa ‘patria sindical' en las colectoras del oficialismo. En oposición a esta política de regimentación de los sindicatos y del movimiento obrero, el acto del Frente de Izquierda plantea la independencia de la clase obrera de la tutela estatal y la democracia en los sindicatos. Plantea la lucha por un salario igual a la canasta familiar, por paritarias libres y con delegados electos. Plantea el fin de las tercerizaciones y la aplicación del convenio más favorable en los lugares de trabajo. Plantea el 82% móvil para los jubilados y que la Anses deje de servir a las corporaciones capitalistas. En momentos en que resuena la rebelión popular contra el capitalismo mundial en crisis, levantamos nuestra voz de solidaridad con la revolución árabe, con la movilización de masas en Bolivia, con la resistencia hondureña, con la lucha portorriqueña por la libertad nacional y exigimos que se vaya la Otan de Libia, Irak y Afganistán. Derrotemos el intento de proscripción política de la izquierda, derrotando políticamente a sus autores en todos los terrenos.