Prensa Obrera N° 1172

-Exclusivo de internet El PO impulsa "la nacionalización, sin pago", del complejo agroexportardor, que "gana 20 mil millones de dólares". El partido que desafía a la burocracia sindical advierte que vienen años de más luchas contra la precarización. Carlos Blanco ríe cuando se le pregunta si el PO recomienda votar en blanco. Advierte que esa fuerza, "que sí es de izquierda", crece "por su rol sin claudicaciones en la lucha de los trabajadores". Señala especialmente el cordón industrial del sur santafesino, donde "el partido tiene desempeños electorales mayores al resto de la provincia: no pocas veces hasta el 9% de los votos, como en Capitán Bermúdez; el 5% en San Lorenzo, o el 3,5% en Granadero Baigorria... A nuestro entender, esto refleja que el partido, con su plataforma y sus planteos, está entroncando con una experiencia que están desarrollando los trabajadores en todo el cordón industrial". "Allí están las grandes agroexportadoras cuyos ingresos económicos son altísimos y, simultáneamente, las fábricas tienen cantidades de trabajadores precarizados: con tercerizaciones y las peores condiciones laborales; con compañeros que hacen las mismas tareas que los que están efectivos y cobran mucho menos...", advierte. "Nuestra plataforma se ocupa de estos dos problemas en Santa Fe: hay que terminar con la precarización y las tercerizaciones, tanto en las empresas privadas como en el Estado. Pensamos que se deben defender los convenios únicos por actividad en todo el cordón industrial. Nuestra bandera es la nacionalización, sin pago, de esos complejos oleaginosos para utilizar sus ganancias, de 20 mil millones de dólares, para un plan de industrialización del conjunto de la provincia", dijo. Propietario (de libros) Desde hace ocho años, Blanco es uno de los delegados del personal Hospital Baigorria. Es empleado administrativo, está casado con una docente y habla con orgullo de sus dos hijos -del que trabaja junto a él en el nosocomio y del que estudia (nada menos que Historia)-, y de su biblioteca y sus convicciones trotskistas. Para ilustrar el lugar que ocupa el PO en el país, distante tanto de las empresas como del gobierno nacional, pide atención a un aspecto poco comentado del debate sobre Clarín, el bloqueo y el video del delegado Siri: "Nadie lo dice, pero resulta que hay un solo delegado al que se le mantiene la prohibición de entrar a esa empresa, con la complicidad del Ministerio de Trabajo y de la burocracia sindical: es Pablo Viñas", un militante del PO. Dice que es muy fácil explicar por qué el kirchnerismo "no es una alternativa de izquierda". Subraya las asociaciones con los dirigentes sindicales ricos, "la burocracia", la lógica de acumulación del modelo exportador de productos primarios y la complicidad del Estado con la explotación de los tercerizados, además de los millones de sus dirigentes. Comités mixtos Los grandes agroexportadores "han conseguido imponer sus propias leyes. En el complejo aceitero no se respetan si quiera las medidas de higiene y seguridad, es cotidiano saber de accidentes en las empresas, y generalmente son empleados precarizados, tercerizados, los que están más expuestos al peligro. De todo lo que ocurre en las plantas industriales, donde seguimos peleando por formar los comité de Seguridad e Higiene, se conocen sólo los casos más graves, las muertes, que no las pueden tapar", describe. Dice que los comités mixtos son "la única manera de poner un límite a la voracidad patronal". Un largo "Mmmm" le permite negar la bondad de esa ley del socialismo en el gobierno provincial. Recuerda que el proyecto inicial que fue a las cámaras, fue cambiando por otra versión, que le recortó facultades a esos comités. "Para nosotros es fundamental sostener que los delegados a los comités tengan protección gremial, fueros, para no ser perseguidos por las patronales".

En los primeros días de octubre del año pasado, los vecinos del barrio La Paz de Esteban Echeverría se pusieron en contacto con el Polo Obrero. A metros de allí hay un predio de alrededor de 30 hectáreas ¡deshabitado desde hace por lo menos 40 años! Está sin alambrar, sin ningún tipo de sembradío ni cría de animales, de incierto dominio, sin pago de impuestos, datos que llevaron a la decisión de construir, con lo que se pudiera, las viviendas que a muchísimos (anotados en el Plan Federal) les fueron negadas por la intendencia Gray. Se formó una comisión de luchadores, que inmediatamente "bautizó" el barrio como "El Triunfo". Esta comisión se apersonó ante los funcionarios del municipio para solicitar: ayuda alimentaria, agua potable, chapas, unidad sanitaria, lo que sea para aguantarse un verano que se venía bravo. Nunca hubo respuesta, la única ayuda vino ¡de los desocupados del Polo! Y a movilizar. Fueron varias movilizaciones al municipio (todas numerosas, todas sin la más mínima respuesta), a los Tribunales de Lomas de Zamora; en fin, se hizo la ruta que bien conocemos: la asamblea en el barrio, la convocatoria a la lucha por la "casita", Tribunales, fiscalías, comisarías y el pedido de expropiación presentado ante la Provincia. Gray no dio respuesta alguna al enorme déficit habitacional que sacude a numerosas familias, a pesar de que en su gestión se construyeron 1.500 viviendas del Plan Federal con fondos de Nación y que desencadenó una serie de denuncias penales contra concejales y punteros políticos por el destino que se les dio a las mismas (ventas, coimas, pago de votos a favor de tal o cual proyecto oficialista, etc.). La única respuesta del municipio fue -¿cuándo no?- el desalojo. Nos mantuvo en vilo con la amenaza del desalojo (logramos aplazar dos) y nunca nos recibió. El intendente es un desalojador -ya lo ha hecho y en forma muy violenta. Hemos ganado el primer round, tenemos en nuestras manos la media sanción de expropiación de Provincia. Esta comisión se pronuncia de manera solidaria por todos los que se enfrentan al problema (político) de la carencia de vivienda, especialmente con los que han pagado con su vida, como en el caso de Villa Soldati, el sueño de la casa propia.

El 57% que obtuvo el pacto de Urtubey y los intendentes estaba descontado. Olmedo llegó al 25% y Wayar, quien había perdido la elección de 2007 con Urtubey por una diferencia de menos del 1%, ahora sólo llegó al 8% con el apoyo de Moyano. Siguió el Partido Obrero, en el cuarto lugar con el 2,5% -que se eleva al 4% en la capital- en la boleta a gobernador. En la del municipio subimos al 6% y sumamos otro concejal. Proyecto Sur (con el MST y Libres del Sur), la UCR y el ARI coparon la cola. Los porcentajes del oficialismo crecen en las barriadas más humildes y bajan en los barrios de trabajadores asalariados y de la clase media. Los intendentes y sus colectoras, con infinitas redes de punteros, impusieron un voto clientelar. Urtubey, para gobernador, movió siete listas colectoras, las que de otro modo hubieran ‘jugado' en contra. Este aspecto del fraude ha sido descuidado por la totalidad de los medios de comunicación. Las siete colectoras de Urtubey iban desde el PRS y sectores de la UCR, hasta el PJ oficial. El PRS fue gobierno varias veces y la oposición oficial al PJ; ahora sus deshechos se agarran de lo que cuelgue. Las colectoras para los cargos a intendente cerraron filas con el oficialismo. El PJ oficial que preside Urtubey sólo alcanzó el 20% de los votos a Diputados en la capital. La mitad de las colectoras oficialistas se quedó sin representación alguna en la legislatura. La autoridad de Urtubey no ha podido reemplazar con una base política propia al aparato del ex gobernador Romero. La votación de Olmedo contó con tres grandes colectoras con origen en el romerismo residual y fracciones del PRS. Olmedo "colectó" votos, ya que no tiene partido; es un fraude político alinearlo con el PRO. Ni Macri sabe todavía si mantendrá la candidatura a presidente. Urtubey se adjudicó el triunfo por méritos propios: "no se ha elegido un delegado de Cristina sino un gobernador... pero la vamos a apoyar si decide ser candidata". Al mismo tiempo, atacó a Moyano y afirmó que "le hace daño al gobierno y al propio sindicalismo". Blanco sobre negro, Urtubey condiciona su apoyo a la camarilla presidencial a cómo se lo coloque en la disputa por la sucesión presidencial de 2015. La defensa de las bancadas del PO En 2007, Urtubey llegó a la gobernación al cambiar su camiseta romerista por la del kirchnerismo; pasó de clerical-conservador a clerical-progre. Con esta carta peleó el voto opositor a Romero y cooptó a los arribistas de Libres del Sur. Urtubey agotó el progresismo, pero mantuvo el control de la situación -a pesar de la desnutrición infantil, el desalojo de aborígenes, las protestas por la falta de viviendas y el descontento de los docentes. Las elecciones demostraron que la superación de Urtubey va a un ritmo más lento. Nuestro partido conquistó dos bancas en el Concejo Deliberante de la capital con el 6%, con Gabriela Cerrano, que renovó el mandato, y la incorporación de Arturo Borelli, ex presidente del Centro de Estudiantes de Humanidades de la Unsa. Además, conquistamos una banca en Colonia Santa Rosa, con el 8% de los votos, que ocupará el compañero Enrique Gay, trabajador municipal y dirigente de la lucha por la vivienda (ver nota). La representación se completa con el mandato de Claudio Del Pla en la Legislatura provincial hasta 2013. En Mosconi no pudimos renovar la banca en el Concejo, como era la expectativa durante la campaña. En capital hubo un fuerte corte de boletas a favor de nuestros concejales, que en ciertas zonas -en especial donde hubo voto electrónico- duplicó los votos a gobernador. Un importante sector de la población se empeñó, contra la corriente, en defender las bancas municipales del PO. Nuestra votación es considerablemente mayor en las barriadas de trabajadores asalariados y empleados públicos, y desciende en los barrios más pobres. Nuestra campaña se concentró en las barriadas y en las escuelas, hospitales y edificios municipales, que nuestros candidatos visitaron sistemáticamente. Proyecto Sur se quedó sin los concejales y diputados de Patria Libre, que habían conseguido con el ropaje de kirchneristas. La votación que recogieron estos legisladores ha sido inferior a la que obtuvo su lista a gobernador -un raro voto de repudio al pasado del agrupamiento y una confianza módica en el futuro. Pino Solanas ni se animó a venir (tal vez como preludio a su posible renuncia a la candidatura presidencial). De este frente participaron también el MST, el PS y los sectores degennaristas que dirigen la CTA. El frente obtiene menos de la mitad de los votos que consiguió en la elección anterior cada uno de los partidos por separado; es decir que esta cooperativa electoral sin principios restó. Se trata de un nuevo fracaso del centroizquierda para desplazar al PO del lugar que ocupa en la provincia. El propósito de reflotar a la UCR fracasó en toda la línea: quedó sexta a nivel provincial y se quedó sin bancas en la ciudad de Salta. El ARI quedó aún más atrás. Alfonsín y Carrió vinieron a respaldar a sus pollos locales sin éxito. Los desafíos de la nueva etapa Los desprevenidos imaginan que el triunfo de Urtubey clausura por toda una etapa las posibilidades de desarrollo de la izquierda revolucionaria, pero no tienen en cuenta que es un traje confeccionado con retazos -un mini CFK, pero hasta más faccioso. Las contradicciones sociales en la provincia crecen. En el desarrollo de la campaña irrumpieron las autoconvocatorias de los trabajadores de la salud. La semana pasada, una fuerte huelga de los petroleros paralizó la refinería de Campo Durán e impuso sus reivindicaciones. El tema de los sin techo, quienes protagonizaron grandes ocupaciones de tierras en los últimos meses, está sin resolver. Crece la inquietud de los precarizados de educación, transferidos a los municipios, por el pase a planta. En la campaña distribuimos unos cien mil ejemplares de nuestro programa de ocho puntos. Ese programa es desde ya una guía para la acción y para las iniciativas políticas de nuestras bancadas. Llegamos a 15 municipios con listas locales (cinco más que en la última elección). Los límites de nuestra votación reflejan los límites de nuestro desarrollo organizativo. Toda una camada de trabajadores y jóvenes colaboró en la campaña y unos 400 compañeros actuaron como fiscales. Al gobierno de este gerente de las mineras, los ingenios y las petroleras le plantaremos un gran partido de la clase obrera.

-Exclusivo de internet El jueves 7 de abril, unos 60 compañeros se movilizaron al municipio de Luján en reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo de las cuadrillas de AT y la crucial cuestión de la vivienda. La movilización empalmó con el plan de acción del Polo Obrero a nivel nacional para arrancar un aumento salarial de emergencia de 1.740 pesos (salario mínimo), teniendo en cuenta, que desde que comenzó el programa (septiembre 2009), nuestro salario se mantiene congelado en 1.200 pesos, con una inflación que no para de crecer, más los reclamos sobre descuentos, obra social, herramientas, ropa y seguro. Por otro lado, respecto de la cuestión habitacional, coincidió en una semana que fue el tema excluyente en el distrito, a raíz de la exposición de la intendenta Rosso (inauguración se sesiones en el Concejo Deliberante) en la que ha hecho una declaración de guerra a los vecinos y trabajadores, diciendo que las usurpaciones son un delito y que iba a apelar a la policía y a la Justicia para desalojar a quienes, por necesidad, apelan a tomar un terreno. Pero Rosso ha otorgado permisos para la construcción de más countries y de lujosos proyectos edilicios en el centro del distrito, cuyo único fin es el de asegurar la especulación inmobiliaria y, a pesar de las grandilocuentes denuncias a funcionarios de gestiones anteriores (por caso el ex intendente Prince o el dirigente local del PRO, Pablo Merlo) de apropiación ilegal de terrenos, nunca ha ido a fondo para meter en cana a éstos que sí son usurpadores. Respecto de la construcción de viviendas populares, apenas se han hecho 16 el año pasado (Plan Federal), lo cual es insignificante, en medio de un océano de necesidades habitacionales. Graciela Rosso es, en definitiva, una garante de los mafiosos intereses inmobiliarios del distrito. La movilización se concentró en las inmediaciones del hospital para marchar por la calle principal (San Martín) para arribar a la Casa Municipal, causando una simpatía por parte de los transeúntes que recibían nuestro volante. Allí, previo a ingresar una delegación, denunciamos ante los medios y la población el estado de situación. Luego, nos recibió un funcionario (del área de Desarrollo y Salud) que se limitó a ver el pliego de reclamos y se comprometió a una audiencia para el día siguiente. El resultado fue que no hemos tenido ninguna respuesta. Los compañeros se bancaron todo durante horas: la lluvia y el permanente hostigamiento por parte de la policía. La estrategia del municipio fue dilatar la situación para impacientar a los compañeros y se termine en una represión policial. No les hicimos el juego, denunciamos ante todos los medios que la única respuesta del municipio en estas jornadas fue la provocación de la Bonaerense y la decisión (mediante asamblea) de la continuidad de un plan de lucha a partir de la semana que viene, hasta arrancarle al municipio las reivindicaciones pendientes. ¡Fuerza compañeros!, la batalla continúa.

El viernes 3 se realizó la presentación del libro ¿Quién mató a Mariano Ferreyra? en el auditorio de la UBA. El lugar se vio desbordado por la concurrencia, al punto que hubo que habilitar una pantalla grande afuera de la sala para que el público -que superó las trescientas personas y fue mayoritariamente juvenil- pudiera presenciar el debate realizado entre Hernán Brienza, Hinde Pomeraniec, Jorge Altamira y el autor. Martín Caparrós, que había anunciado su participación, no pudo asistir por una descompensación de salud. Brienza, kirchnerista de raigambre peronista, reivindicó al "movimiento obrero organizado", señaló que es cierto que existen oscuridades en el sindicalismo actual, pero manifestó sus dudas sobre las similitudes entre Pedraza y Moyano. Al comparar ¿Quién mató a Rosendo?, de Rodolfo Walsh, con el libro de Rojas, señaló las diferencias de época entre uno y otro texto, y reivindicó la acción de la Justicia, que habría sido propiciada por el gobierno nacional. Brienza planteó que, si bien todo el mundo sabría de los "cadenazos, robos de urna, golpes, empujones" que formarían parte de la vida militante, el límite es la vida: "Ante la muerte de un militante, se acaba cualquier diferencia ideológica, por eso estoy acá", dijo. Altamira comentó que, al leer ciertos párrafos del texto, sentía el palpitar vivo del PO: "Me enamoré del Partido Obrero, o me volví a enamorar o siempre estuve enamorado y no me di cuenta". El dirigente remarcó luego que la reacción oficial al crimen se dirigió contra el PO y no contra la burocracia sindical, una constante que se extiende hasta la actualidad. Según los columnistas K, el PO se habría aliado al duhaldismo, recordó el dirigente. Altamira destacó que el capítulo que narra el encuentro en la Rosada entre la Presidenta y los familiares de Mariano da cuenta de ese estado de las cosas: "Cristina Fernández atacó a los militantes agredidos durante esa entrevista"; Pablo Ferreyra, el hermano mayor de Mariano -insistió Altamira- invitó a la Presidenta en la reunión a dejar de lado el tema del PO y atenerse al juicio y castigo de sus asesinos. La lectura de la actitud de la Presidenta en esa reunión no había sido leída de esa manera por los comentaristas del texto hasta ese momento. Altamira sugirió que la carencia del libro era el desarrollo del hilo ideológico del caso. El dirigente, para finalizar, sacó a la luz una escucha telefónica de un diálogo entre Tomada y Pedraza en enero, en el que pactaban una acción conjunta para evitar que la irrupción de los tercerizados cambiara los destinos del sindicato, en una clara manifestación de complicidad entre el gobierno y el instigador del asesinato de Ferreyra. Altamira caracterizó que el frente de crisis más duro que tiene el gobierno había sido desatado por la burocracia sindical. Rojas planteó que algunas líneas de la investigación del libro no han sido discutidas lo suficiente en los medios, como los negocios que están en la base de Ugofe y cuya defensa fue motivo del crimen, realizados por empresarios asociados al gobierno y funcionarios del gobierno que continúan en sus puestos. También remarcó los negocios de Signo Baires, una empresa conformada por la burocracia ferroviaria de La Fraternidad, con el Ministerio de Trabajo y las patronales ferroviarias. Contestando a Brienza, Rojas señaló que seguramente Mariano Ferreyra, un revolucionario, se habría opuesto "a los cadenazos y robos de urna" que habían sido mencionados, ya que su vida demostró una "rotunda apelación a transformar la realidad". Una digresión personal: el libro no podría haber sido realizado sin los militantes del PO a través de sus testimonios y su colaboración. Pablo Rabey, un militante del PO, ayudó en la investigación. Los ejes de debate que marcaron la elaboración del libro tuvieron origen, en gran parte, en los análisis que se difundieron en la Prensa Obrera. Por todo ello, mi agradecimiento a este partido.

Artículo publicado en el diario Tucumán Noticias comentando las perspectivas que se abren luego de las elecciones en Salta. Cuando los gobernadores decidieron desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, no se imaginaron la importancia que tenía el apoyo nacional a sus provincias. Ya lo sufrió Das Neves. Cristina ganó, más allá de Urtubey, y sumados los votos de Wayar, el kirchnerismo sumó más del 65% de las adhesiones en la provincia norteña. La UCR quedó quinta, detrás del PO. Pero este dato no es menor, ya que el Partido Obrero se perfila para ser un protagonista nacional en las contiendas electorales. Y esto se comprobará luego. La razón es simple, pero sus orígenes son complejos. El kirchnerismo, como la opción de izquierda del Partido Obrero son hoy las únicas fuerzas políticas que han incorporados jóvenes a sus filas. Este no es un fenómeno masivo o distribuido con una cierta homogeneidad en todo el territorio nacional, ya que se expresa con mayor fuerza en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, como también en Rosario, en la ciudad de Santa Fe, en Córdoba y en algunos centros urbanos del litoral. Es una adhesión no rentada. Se ve en las movilizaciones. Incluso la muerte del activista del PO en la disputa ferroviaria es una expresión de ello. Hoy ha ganado Urtubey, en Salta. En agosto, Tucumán elegirá sus autoridades, dos meses antes de las nacionales. Habrá que ver los resultados entre las nacionales y las provinciales, como sucederá en nueve provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que representan la totalidad de distritos que votarán por adelantado a sus autoridades. La relación futura de los gobiernos provinciales con la Nación se empezará a tejer según sean los resultados de los comicios. Así fue siempre en el peronismo. Y Cristina representa eso, o la mayor parte de este. A pesar de Duhalde. 11/4

La enorme movilización en la Plaza Tahrir, el sábado 9 de abril, para exigir la renuncia de Hussein Tantwi, el jefe de la Junta Militar que sustituyó al destituido Mubarak, fue respondida con una brutal represión por parte de las Fuerzas Armadas. Los militares han abandonado la ‘neutralidad' luego de que ganaran el referendo constitucional y quedaran habilitados a llamar a elecciones en sus términos. La poderosa agrupación Hermanos Musulmanes fue la clave para que el referendo saliera airoso; por eso se excluye ahora de manifestar contra la Junta. Las movilizaciones reprimidas, sin embargo, demuestran también que el espíritu revolucionario sigue vivo -tal como se expresa, por sobre todo, en el crecimiento de las huelgas obreras y del movimiento sindical, así como en las enormes concesiones económicas que se ha visto forzada a realizar la Junta. La movilización a la Plaza se desarrolló en abierta confrontación con el toque de queda dispuesto por la Junta Militar. Además, fue calificada por los medios de comunicación como una de las más grandes desde el derrocamiento de Mubarak. Al interior de la clase obrera y la juventud hay una convulsión extraordinaria. La cúpula castrense había dispuesto una ley para prohibir las huelgas. Los trabajadores respondieron a la ofensiva anti-sindical de la Junta con la ratificación de las huelgas en curso y movilizaciones masivas a la Plaza Tahrir. Los sindicatos reclaman el derecho a la libertad sindical para organizarse de manera independiente del Estado, la expulsión de los burócratas del régimen de las fábricas, el pase a planta permanente de los contratados y aumentos salariales. Los trabajadores de prensa lograron expulsar a los directores de los medios estatales de Mubarak. Por otra parte, los estudiantes se encuentran movilizados en reclamo de reformas en el sistema educativo. Referéndum y elecciones El referendo aprobado reforma nueve puntos de la vieja Constitución -con un 77% de apoyo, aunque con una participación relativa. Son enormemente limitadas: reducción del mandato presidencial, eliminación de la reelección indefinida, levantamiento del Estado de sitio y de las medidas que proscriben la inscripción de los partidos políticos. El Partido Nacional Democrático (del ex presidente-dictador) llamó a votar por el sí, al igual que la Hermandad Musulmana, que aportó un miembro al comité designado por la Junta Militar para redactar las reformas. Los militares, que protegieron la red social de la HM durante cuarenta años, recurren a la organización islámica para poner coto a la revolución. Los voceros de la Hermandad repiten que no presentarán candidato a Presidente en las próximas elecciones y que tampoco aspiran a controlar el Parlamento. Las reformas no incluyeron la revisión de los pactos internacionales con Estados Unidos e Israel, el desmantelamiento del aparato de espionaje de la población y un largo etcétera. El reguero de protestas y movilizaciones es la expresión de una tendencia profunda que no encuentra salida ante la falta de respuestas a la mayor parte de los agravios sociales y políticos sufridos durante cuarenta años. El canciller egipcio anunció que pretende una revisión de los acuerdos de provisión de gas a Israel y la reanudación de los vínculos con Irán, para fingir una delimitación de la tradición diplomática del régimen mubarakista. La Junta Militar anunció también, después de la aprobación del referendo, la convocatoria a elecciones legislativas para septiembre y a presidenciales para "uno o dos meses después". Los plazos de la convocatoria electoral benefician a los dos partidos tradicionales, el Nacional Democrático y la Hermandad Musulmana, que tienen un aparato nacional. Los movimientos juveniles como el 6 de Abril y el candidato El Baradei -ambos de vínculos fluidos con el imperialismo yanqui (Corriere Della Sera, 17/2)- reclamaban un plazo mayor. El próximo parlamento, que se encargará de redactar la nueva Constitución, estará repartido entre mubarakistas y la HM. En las pasadas semanas, cientos de manifestantes ocuparon las oficinas del Ministerio del Interior y los Servicios de Inteligencia en, al menos, doce ciudades del país -entre ellas, Alejandría y El Cairo. El "asalto" reveló que la gran mayoría de los archivos clasificados de las tres décadas de represión del régimen de Mubarak habían "desaparecido", o mejor: habían sido cuidadosamente removidos. Los pocos documentos rescatados por los manifestantes fueron reclamados de vuelta por la Junta Militar (Financial Times, 21/3). El frágil arbitraje de las Fuerzas Armadas se ve, cada vez, más amenazado.

El jueves 7, casi un centenar de municipales, acompañados por la CTA local, nos hicimos presentes frente a la Municipalidad exigiendo la audiencia que hace veinte días le solicitamos al intendente Breitenstein (FpV), para que den una respuesta al reclamo por el pase a planta permanente de más de 1.500 trabajadores precarizados. El gobierno municipal no ha asumido ningún compromiso o plan alguno para regularizar nuestra situación y está apostando, después de un mes de lucha y movilizaciones al Concejo Deliberante (ver PO Nº 1.167 y 1.168), a que el movimiento se desgaste. El reclamo no satisfecho impulsa la organización y la confianza en nuestras fuerzas para conquistar nuestros derechos. Una causa popular La degradación de nuestras condiciones laborales ha sido una "política de Estado" durante dos décadas. Todos los bloques la defendieron por acción u omisión. Sólo el reclamo que crece en todo el país contra la precarización, luego del asesinato de Mariano Ferreyra y la lucha ferroviaria, y nuestra movilización han colocado el problema en la agenda. La lucha por el pase a planta se está transformando en una causa de todos los municipales. Recibimos la adhesión del sindicato de los profesionales del hospital municipal y desde un principio estuvieron presentes los integrantes de "la blanca" (lista opositora a la actual conducción de nuestro gremio). Los trabajadores precarizados repartimos 2.000 volantes y recogimos la simpatía de los trabajadores bahienses que también padecen la flexibilización laboral y cobran salarios "municipales". Tenemos por delante un enorme desafío: ligar nuestros reclamos al conjunto de las reivindicaciones que tienen pendientes los trabajadores de planta. El ingreso de los 1.500 trabajadores evitaría el vaciamiento de nuestra caja jubilatoria (IPS) y le quitaríamos al Ejecutivo una herramienta de división de nuestras luchas por salario y la recategorización. El pase a planta y el aumento del básico deben ser factores de unificación en todas las dependencias para superar la parálisis y el divisionismo de la dirección del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) que, a casi dos meses de conflicto mantiene un silencio cómplice. Unamos por abajo en una única lucha lo que por arriba intentan mantener separado. Que el STM convoque una asamblea general para unir a todos los trabajadores y mandatar a los delegados para negociar con el intendente: • Pase a planta permanente de todos los precarizados con salario acorde a la función y respeto de la totalidad de la antigüedad. • Ningún requisito para el ingreso a la planta estable. • Básico de 3.000 pesos. Incorporación de todas las sumas en negro. • Derogación de la nefasta ley duhaldista 11.757. • Recategorización.

Toda la provincia está sacudida por las importantes luchas de los trabajadores precarizados de la salud, de la planta de la administración central, en los municipios. Se han producido importantes movilizaciones y choques con la policía frente a la negativa de parte de la Legislatura a discutir los reclamos. Los legisladores del llamado "interbloque" -dirigido por el justicialismo, que reúne a la mayoría- se excusaron de dar respuestas, alegando que habría que estudiar cada caso (Lucía Corpacci dijo lo mismo). En Andalgalá, el reclamo del pase a planta ha producido tomas de escuelas y piquetes frente a los hospitales, entre otras formas de protestas. Significativamente, con este escenario, "el intendente electo de la municipalidad de Andalgalá comentó que ya estuvo reunido con el actual jefe comunal, José Perea, para acordar actividades relacionadas a la transición de gestión. Asimismo, manifestó que la planta de empleados comunales está sobredimensionada" (El Ancasti, 7/4). Esto equivale a un ‘ajuste' y al rechazo de la incorporación a planta de los contratados. ¿Adónde va entonces la plata de las mineras? Páez obtuvo de Perea que "no haría más pases a planta que los que estaban previstos por el presupuesto" (ídem). El intendente "antiminero" del MST-Proyecto Sur informó que había acordado con Perea "la elaboración conjunta del presupuesto 2012" (ídem).

Asistimos a una de las más cínicas de las guerras cínicas. La Otan sigue bombardeando Libia, un día sí, el otro no, para no exagerar las expectativas de los rebeldes, pero por sobre todo como prueba de solidaridad con el régimen de turno. Un ex ministro de Defensa de Libia que apareció en Londres, acaba de aparecer en Qatar para negociar una salida política con la familia del Rais de Trípoli. Los hijos de Gaddafi aseguraron, sin pestañear, que en tanto puedan retener el poder están dispuestos a aceptar una república democrática. El que dijo que el mundo era solamente un espectáculo, no tuvo en cuenta las mascaradas. Lo que el imperialismo negocia en Libia no es sólo el destino político de este país petrolero sino la revolución árabe. Tantea el terreno antes de dar un paso. Las naciones imperialistas agresoras tienen sus cuentas fiscales en ruinas; carecen de margen para el derroche ante sus opiniones públicas, por sobre todo antes los trabajadores golpeados por los ajustes. La crisis mundial es más que nunca el eje ordenador-desordenador de la política mundial. Entre los austeros puntos de su programa de emergencia, el Frente de Izquierda plantea el cese de los bombardeos a Libia, la victoria de las revoluciones árabes y el cese de la ocupación sionista de Palestina.

El reclamo de la CGT de limitar los traspasos de afiliados a las obras sociales ha sido presentado por la prensa como el desencadenamiento de un conflicto de la burocracia sindical con la medicina privada, al cual hasta se lo vincula con otras propuestas moyanistas, como el reparto de ganancias o incluso la designación del abogado Recalde como candidato a vicepresidente del FpV -en suma, como un despliegue de las tendencias chavistas del kirchnerismo. Sin embargo, cuando se lo desmenuza, se vuelve a poner de relieve el amplio vínculo comercial y financiero de la burocracia sindical con las prepagas ¡que se ha intensificado durante el kirchnerismo! Asistimos ahora a una crisis "societaria" con el gobierno y las prepagas, como ocurre siempre que una relación ha alcanzado su punto más alto. La burocracia cegetista no reclama excluir a la medicina privada de la atención que ofrecen las obras sociales, sino aumentar las comisiones que obtiene como intermediaria de los aportes de los trabajadores; exige, asimismo, que el gobierno le devuelva los 9.000 millones de pesos que le ha estado reteniendo. Hoy, a través de contratos de prestaciones o como fachada de prepagas, la medicina privada domina la atención médica de las obras sociales. Muy pocas obras sociales -y en forma parcial- cuentan con prestadores propios. La atención médica es brindada por las redes de las prepagas que, en su mayoría, tampoco tienen prestadores propios, sino que son contratados por la medicina privada y actúan como una segunda intermediaria financiera, entre ella y la burocracia. Las prepagas son el equivalente a una ‘cueva financiera', o sea que intermedian una enorme liquidez, lo que les permite incursionar en otros negocios, en especial con los bancos. Es un sistema parasitario del mismo tipo que ha hecho explosión con la crisis financiera mundial. La pelea ahora está concentrada en los aportes que se pasan a ciertas obras sociales, las que operan como fachadas de prepagas (como comisarios navales, mutual SanCor, control externo o árbitros deportivos), gracias a la ‘desregulación' establecida por ley para las obras sociales -cuya finalidad declarada había sido concentrar el universo disperso de la atención médica sindical en pocas obras sociales. Esas obras sociales de fachada captan afiliados ofreciéndoles la atención médica de las prepagas como Osde, Medicus, Swiss Medical, Medifé o Galeno, lo cual requiere en muchos casos el pago de una suma adicional al propio aporte. Se calcula que dos millones de trabajadores emigraron de sus obras sociales de origen a las de fachada que hacen de puente con esas prepagas. Se sirven para eso de los vendedores o promotores de las ex AFJP, para las cuales hacían una tarea similar (captar afiliados de la Anses). La burocracia plantea volver a reglamentar los traspasos para repartirlos en forma más pareja, redefinir los contratos de asociación entre las obras sociales y las prepagas. También para que las cuotas adicionales que pagan los trabajadores ingresen al sistema y contribuyan al Fondo Solidario de Redistribución, de donde se nutre la Administración de Programas Especiales (APE) -hoy bajo sospecha por los troqueles truchos que llevaron a la prisión a Zanola, a la detención y posterior excarcelación de Venegas y a las denuncias sobre Moyano y su esposa. Esta modificación no cambiará la realidad del sistema de obras sociales como pasarela hacia las prepagas y la medicina privada, sino que además significará un encarecimiento mayor de la salud, porque el trabajador transferiría a la obra social a la cual se transfiera una menor proporción del aporte, aumentando la cuota adicional que debe afrontar, a lo que se agregaría un 20% como contribución al Fondo Solidario. Por otro lado, el gobierno también se fue financiando con los aportes de los trabajadores al retener unos 9.000 millones de pesos en el Fondo Solidario de Redistribución, los cuales debería haber transferido a las obras sociales. No hay en los reclamos de la CGT ninguna demanda de mejora de la atención médica y de los profesionales y enfermeros, de fortalecimiento del hospital público y de abaratamiento de los costos de salud. Es una pelea de comisionistas que llevará a un mayor encarecimiento de la salud.

Cuando concluyeron las elecciones catamarqueñas, el MST se adjudicó un triunfo enorme. Así, en Alternativa Socialista Nº 542 plantearon: "El pueblo aquí no votó para castigar: fue un voto por la positiva, con expectativa, un voto consciente contra la megaminería. Andalgalá no sólo resiste: también construye en política y se prepara para gobernar". Gracias al apoyo a los candidatos disidentes de la UCR (alfonsinistas), Proyecto Sur habría disparado, de acuerdo con la caracterización del MST, un doble poder potencial en Argentina. Cinco días después de escritas estas ‘tesis', Proyecto Sur se vio obligado a publicar un comunicado (en el portal de Catamarca es Noticias), ante el planteo de Páez que reivindica su objetivo de que el Frente Cívico vuelva a ser gobierno, o sea el retorno del radicalismo que apoya a muerte a los pulpos mineros. Lo que dice Proyecto Sur en su comunicado es que son de público conocimiento los orígenes y pertenencias de Páez, y que fue apoyado con pleno conocimiento de ello. Las posiciones que Páez formula ahora son caracterizadas como "ambigüedades y "que su participación como candidato por este movimiento Proyecto Sur fue decidida democráticamente por los vecinos", o sea que la culpa la tendrían los vecinos de Andalgalá y no el MST y Pino que se jugaron por lo que presentaron como una alternativa "transformadora".

Luego de dos huelgas generales, una de 24 y otra de 48 horas, 10.000 mineros y trabajadores (maestros, constructores, fabriles, salud) protagonizaron el miércoles 6 una multitudinaria marcha (de los 57 gremios asociados a la COB, 37 apoyaron la convocatoria), hasta llegar a la Paz, luego de recorrer once kilómetros -donde enfrentaron la represión policial al grito de "con armas o sin armas, los mineros estamos presentes". En la Universidad, adonde se replegaron, declararon una huelga indefinida, la cual luego fue ratificada por un Ampliado Nacional de la COB. Para el dirigente de la Central Obrera Departamental de Oruro, Jaime Solares, "el gobierno... se parece a los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Jaime Paz". El secretario general de la COB, Montes, ligado políticamente al MAS, le pidió a Morales el cambio de su gabinete y, en especial, la remoción del ministro de Trabajo, Félix Rojas. "Félix no sale de su corbatita, nunca ha marchado con nosotros y resulta que ahora es del Partido Comunista". A pesar de plantear un pedido formal para la equiparación de los salarios con la canasta familiar (lo que representaría un aumento del 1.000% de los salarios), el reclamo principal de la COB consiste en un aumento del 30% de los salarios y una negociación sin intermediarios con Evo. Algunos dirigentes de la COB estarían dispuestos a cerrar el conflicto con muy poco. El secretario de Finanzas de la COB, Ramiro Condori, señaló que "en el tema del incremento salarial del 10% estamos de acuerdo, nunca les hemos rechazado, lo que nosotros queremos es que se abra para otros sectores". La huelga general se ha mantenido acompañada de numerosas movilizaciones y cortes. Maestros, universitarios, fabriles y trabajadores en salud radicalizaron las movilizaciones y chocaron en muchas ocasiones con la policía. "Si esto es el cambio, el cambio es una porquería" era el estribillo que se repetía ante la desesperación de algunos dirigentes que pretendían calmar los ánimos. Otros pedían la renuncia de Evo Morales, Alvaro García Linera y los ministros cuestionados. "Ni dictaduras de ojotas ni de botas", gritaban en alusión al origen campesino de Evo Morales. A diferencia de la primera jornada, las medidas de lucha organizadas por las centrales obreras departamentales y el magisterio urbano se han extendido a todas las ciudades del país. Los médicos de planta de la Caja Nacional de Salud (CNS) se sumaron en todo el país al paro indefinido y movilizado. El MAS alista a los campesinos contra los obreros Los ataques de Morales y Linera a la lucha de los trabajadores derivaron en la posibilidad concreta de un enfrentamiento entre sectores campesinos e indígenas ligados al MAS contra los trabajadores. Los ocho ayllus, representantes de pueblos originarios, durante un acto celebrado en el Palacio de Gobierno rechazaron las movilizaciones convocadas por la COB y anunciaron que están prestos para tomar acciones en contra de los trabajadores asalariados. "Si quieren traicionar el proceso de cambio, los ayllus originarios todos juntos nos levantaremos, porque siempre nos han traicionado ateniéndose a sus cachorros de dinamita. No nos vamos a quedar en paz y nos vamos a declarar en estado de emergencia por la defensa de nuestro presidente Evo Morales Ayma", afirmó el vicepresidente de los ayllus en La Paz, Merardo Warcalla. Los campesinos de Cochabamba también anunciaron que sostendrán una reunión con representantes de las 16 provincias del departamento para asumir acciones contra la COB. "Esa gente está aprovechando, como Federación de Campesinos no lo vamos a permitir, por ello pedimos que dialoguen y agoten todas las instancias. Pero si siguen con sus medidas de presión, vamos a asumir acciones y medidas no sólo en Cochabamba, sino a nivel nacional", amenazó el secretario de Relaciones de la Federación Unica de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, Henry Vásquez.La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz criticó ayer las movilizaciones de la COB y sus organizaciones afiliadas, a las que acusó de querer "tumbar el gobierno". Inflación imparable y caída de las reservas de gas Dos datos económicos clave ocuparon esta semana. Por un lado, la semana pasada se supo que la inflación acumulada del primer trimestre de 2011 llegó al 3,89%. Esto representa más de la mitad de la proyección que había estipulado el Banco Central de Bolivia (BCB) para todo el año (un 6%). El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ya había subido la meta de inflación prevista para este año del 4 al 6%. Por otro lado, luego de cinco años de no publicar un informe actualizado sobre las reservas de gas natural, YPFB publicó que Bolivia había caído del segundo al sexto lugar en Sudamérica. Según YPFB, esa cifra estuvo inflada con el fin de beneficiar a las petroleras. YPFB y el gobierno de Morales mantuvieron en secreto el último informe de D'Goyler de marzo de 2006 y prefirieron renovar los contratos con las operadoras transnacionales, que no han hecho inversiones en exploración. Con reservas probadas equivalentes a 9,94 TCF (TrillionCubicFeet) el gobierno está llamado a acelerar las tareas de exploración y explotación. La bancarrota estatal atiza la movilización popular. Lucha de clases En los tres primeros meses de este año, la conflictividad social en Bolivia superó el promedio registrado en la pasada gestión. En enero se registraron 67 conflictos, en febrero fueron 91 y en marzo llegaron a 82, cuando el promedio del año pasado fue de 67,4 conflictos sociales (Ceres). Dos de los tres primeros meses del año ya han superado el promedio alcanzado en todo 2010, que fue el más alto en conflictividad en los últimos 41 años.

Por resolución de la sala séptima de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, han sido postergadas las elecciones del Sindicato de Empleados de Comercio -SEC- de Capital, pautadas para el 23 de marzo. La Justicia hizo lugar al pedido de la Lista Verde-Bordó -apadrinada por Moyano y el kirchnerista Kunkel. De acuerdo con el fallo, las elecciones sólo podrán ser convocadas treinta días después de la entrega, por parte de la Junta Electoral, de la copia de los padrones por número de afiliado y por establecimiento de trabajo. Mientras el proceso electoral se empantana, la elección se nacionaliza de cara a las elecciones de la Federación, convocadas para diciembre. "El que gana esta elección se queda con la obra social, la Federación y la discusión de paritarias", se sinceró el dirigente de la Verde-Bordó, Oscar Nieva (Iprofesional.com). Cavalieri intentó reposicionarse. "Moyano iba a realizar una huelga... en contra del gobierno", denunció antes de tiempo (La Voz del Interior, 23/3), o sea antes del acuerdo gobierno-Moyano por una ‘pauta' paritaria del 24% en cuotas, o sea que resulta de un 17% promedio anual. ¿Y las paritarias? Mientras tanto, las paritarias se desarrollan en total sigilo. Sólo ha trascendido que Cavalieri estaría negociando un 24% en cuotas (BAE, 1/4), o sea a la Moyano; por eso, la Verde-Bordó no dice ni mu. Un planteo frente a la parálisis del gremio Como Cavalieri y su Lista Azul no han entregado los padrones requeridos por la Justicia ni han fijado nueva fecha de elecciones, el SEC corre el riesgo de quedar acéfalo. Combativos Mercantiles y Telemarketers en Lucha plantean: fuera Cavalieri, por una asamblea general que elija una dirección provisoria que lleve adelante las paritarias y asegure elecciones limpias. Impulsemos autoconvocatorias, como lo hicieron recientemente los compañeros de los call centers, para luchar por un 35% de aumento al básico y sin cuotas, por el reconocimiento de la insalubridad en call centers y cámaras de frío sin afectar el salario, por el pase a planta de todos los tercerizados y por comisiones internas independientes de las gerencias en todos los lugares de trabajo.

En una conferencia de prensa que clausuró la última de las reuniones bilaterales entre Chávez y el colombiano Santos, los mandatarios anunciaron que se habían reunido con Porfirio Lobo, el hombre que llegó a la presidencia de Honduras luego del golpe militar que expulsó del país al ex presidente Manuel Zelaya. Santos saludó la "diplomacia discreta" de Chávez en el caso, mientras el propio Chávez declaraba que no era conveniente entrar en mayores detalles sobre el asunto. El propósito es reintegrar a Honduras a la OEA y restablecer el reconocimiento diplomático del gobierno que emergió de las elecciones que convocara el famoso golpista Gorileti. En Honduras, mientras tanto, la represión contra el movimiento popular crece día a día, incluido el asesinato de periodistas -sin que ello provoque el resquemor de los custodios de la virginidad de la libertad de prensa. La línea maestra de la negociación es obtener la garantía de que Zelaya pueda retornar a Honduras y organizar una oposición "institucional" que encauce la resistencia popular, que para nada ha disminuido. Pero una serie de órdenes de detención contra Manuel Zelaya, fogoneada por el mando militar y el ala derecha de la oligarquía, bloquea esta posibilidad. Porfirio Lobos anunció que regresaría a Petrocaribe, la entidad petrolera del chavista Alba, a la cual había adherido, oportunamente, Zelaya. Para neutralizar el sabotaje de los más derechistas a esta operación, Santos se suma como garante del carácter institucional de la vuelta de Zelaya. La operación, en suma, busca revitalizar la figura de un oligarca como Zelaya a los ojos de las masas que luchan. Impulsa, además, un método de oposición política que desplace la acción directa por el toma y daca electoralista. En el medio, opera también el reclamo de una Asamblea Constituyente, toda vez que Zelaya no puede desentenderse de los compromisos populares que llevaron a la derecha a derrocarlo. Este asunto debe ser uno de los mayores problemas que puede estar interfiriendo en la renegociación. El reingreso de Honduras a Petrocaribe lleva a suponer que se habría llegado a un acuerdo con los monopolios petroleros que sabotearon ese acuerdo en su momento, lo que fue una razón no menor del golpe. ¿Petrocaribe repartirá la renta petrolera con esos pulpos para que el precio menor que se cobre por el petróleo bruto llegue también algo barato al consumidor? Chávez y Santos se han convertido en la pareja encargada de ‘normalizar' Honduras en el preciso momento en que Colombia obtiene de Obama el asentimiento para firmar un tratado de libre comercio, que ata dicha nación a los yanquis. Incluso con el conocimiento de este hecho, Chávez declaró, en la conferencia de prensa con Santos, que la unidad de América Latina no es un asunto de ideologías, sino de superar obstáculos que dividen. Pero el TLC, por parte de un país de la Unasur, si no divide al menos introduce otro caballo de Troya en el macaneo político que siempre ha sido la "integración latinoamericana". Venezuela se retiró, hace un par de años, del Pacto Andino para rechazar las negociaciones de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos. Los luchadores de Venezuela y de Honduras, aunque también los colombianos, deben advertir que estamos ante una diplomacia secreta contrarrevolucionaria, que conspira contra el éxito de la lucha para poner fin al gobierno militar-gorila de Honduras y que encamina a Venezuela a operar al servicio de la OEA, el ministerio de Colonias de Estados Unidos.

Seiscientos trabajadores del Rioplatense salieron a defender a los seis despedidos de la tercerizadora Ansucaru, y a la defensa de sus compañeros le sumaron sus propias demandas. Después de más de una semana de lucha (que incluyó dos cortes de Panamericana y un corte en el puente de Pacheco), los trabajadores del Rioplatense votaron en asamblea ingresar a trabajar. La patronal y el Ministerio de Trabajo actuaron en conjunto para desconocer los reclamos salariales de los trabajadores, y los despedidos de la contratista están adentro bajo la conciliación obligatoria. La lucha entra en una nueva etapa. Los compañeros entraron a trabajar con el mismo espíritu con el cual empezaron la lucha: hay quite de colaboraciones, afuera y adentro siguen trabajando el comité de lucha, las asambleas por sector definen el ritmo de trabajo. Las reivindicaciones siguen intactas: Reincorporación de los despidos, pago de los jornales caídos, 670 pesos al básico y aumento salarial. Está planteado reforzar la organización y avanzar por la planta permanente para todos los tercerizados.

En la primera reunión colectiva de las cuatro organizaciones a nivel nacional se llegaron a rápidos acuerdos en torno a la fórmula presidencial encabezada por el PO como presidente y el PTS como vice. Se acordó por parte de tres de las cuatro organizaciones que las listas a legisladores en los cuatro distritos centrales del frente -Capital, Provincia, Córdoba y Neuquén- serían rotativas. Pero semejante avance, en la segunda reunión fue puesto en jaque por un planteo político del PTS respecto de Neuquén, donde el frente tiene resultados electorales previos que abren expectativas. El PO alcanzó en las últimas elecciones 2009 un 2,6% y un 1,98% el frente constituido por las otras tres fuerzas en esa provincia: el PTS, IS y el MAS. El planteo fue colocar un quinto participante del frente en esa provincia, presentado como "Zanón", pero que no se trata del sindicato ceramista ni de la asamblea de Zanón, sino de la Lista Marrón de ese gremio que precisamente está integrada y orientada por el PTS y compañeros independientes. Hay que recordar que en la elección anterior el candidato del frente fue el adjunto de ceramistas, el compañero Blanco, sin que por ello se registrara otro resultado que el descripto. El PTS caracterizó como "la expropiación de los capitalistas" a la ley sapagista que declaró a Zanón "sujeta" a expropiación, pero que prevé el resarcimiento económico de los vaciadores capitalistas. Jamás el movimiento de la fábrica fue colocado en la ruta de una lucha política del colectivo obrero que llevara al plano de la representación popular un programa de clase, con la izquierda, para convocar a partir de Zanón a un frente político de los trabajadores. Este tampoco es el caso. Se trata sólo de un recurso para encabezar una lista donde no dan los resultados electorales previos y, sobre llovido mojado, incluir a dos compañeros -López y Godoy- de la misma corriente, ambos presentados por el PTS, cuando eso no ocurre en ningún otro distrito en las listas legislativas. Ni con IS en Córdoba, ni con el PO en Capital y provincia de Buenos Aires. Dirigentes obreros de grandes luchas y procesos de la clase obrera, la juventud y los explotados, habrá en todos los distritos de acuerdo al protagonismo de los integrantes del frente en ellas; no es Neuquén ni Zanón un caso excepcional. La diferencia política, en rigor, no fue zanjada nunca. El frente se constituyó con el sano método de priorizar un objetivo superior de clase, político, en la constitución del frente nacional y, desde luego, en la rotatividad, un criterio que durante buena parte de la discusión frentista no aceptaba la Lista Marrón, y que luego fue revisado en un plenario de esa agrupación. El PO resignó su ubicación legislativa en la provincia neuquina a un cuarto lugar rotativo para facilitar el frente. Algo que hicimos a través de una carta el día sábado 9 de abril, cuando habíamos pasado a un incierto cuarto intermedio que ponía en peligro el frente, más aún teniendo en cuenta que habría reuniones nacionales de todas las organizaciones el domingo. Las concesiones en el ordenamiento de las listas, que nos planteamos recíprocas, aunque tal vez se noten más en el caso del PO por tener mayoría electoral prácticamente en todos los distritos respectos de las otras agrupaciones, están al servicio de un frente único de lucha política. En Córdoba encabeza el PO como gobernador, al igual que en Neuquén, lo que complementará la batalla por el ingreso en primer lugar de la ya diputada de IS, Liliana Olivero, en Córdoba y del dirigente ceramista en Neuquén, con rotación de dos años para la primera fuerza y un año y un año para las otras dos. En Capital y Provincia encabeza para Jefe de Gobierno y gobernador el PTS, con el PO primero en legisladores porteños y en diputados nacionales de provincia, también con rotación de dos años para el primero y de un año para las otras dos fuerzas del frente. IS encabezará los senadores nacionales de provincia de Buenos Aires, y diputados nacionales de Neuquén y Córdoba. El elemento más dinámico de la lucha de clases en el Neuquén de hoy son las seccionales combativas docentes que el 4 de abril pasado, con la consigna "cárcel a Sobish como a Pedraza" convocaron una marcha propia, independiente de la burocracia de Yasky, que congregó a 7 mil personas. Una de sus principales exponentes, Patricia Jure, será la candidata a gobernadora. En los legisladores, sigue al PTS Angélica Laguna, de IS, también dirigente docente, y Gabriela Suppicich, delegada estatal y docente universitaria del PO. Una gran lista del clasismo neuquino. Sólo el MAS, que no tiene personerías electorales en casi ningún distrito y que llegó a la rara acusación al resto de las fuerzas de electoralistas por haber realizado campañas de afiliación para poder obtener las personerías y superar la proscripción, decidió retirarse del frente por no estar conforme con los lugares en las listas. Los lugares inicialmente dispuestos se mantienen hasta el cierre de inscripción de alianzas. En el tiempo que falta para las elecciones bregaremos por un cambio de su posición. Especialmente en Neuquén, donde se acordó que encabecen la elección a Intendente de la capital provincial y el lugar de vicegobernador en la fórmula.

El Estado de Israel exigió que la ONU retire el llamado Informe Goldstone sobre la invasión a Gaza (diciembre 2008-enero 2009), luego de que quien presidiera la investigación, el juez sudafricano Richard Goldstone, se retractara desde el Washington Post de las conclusiones que firmó en 2009. El Informe había acusado tanto a Hamas como al ejército israelí de haber cometido crímenes de guerra y fue considerado un golpe fortísimo contra el Estado sionista. Pero el juez escribió que ya no cree que Israel haya ordenado atacar deliberadamente a la población civil y dijo que los tribunales militares sionistas, que juzgan a los propios soldados, prueban que los crímenes fueron aislados y sin amparo gubernamental. Habría que darles un premio humanitario. Este "vergonzoso giro llega tras más de año y medio de una campaña sostenida de intimidación y difamación contra el juez", puntualizó el historiador Ilan Pappe. Goldstone, un sionista autodeclarado, cuyos hijos viven en Israel, nunca cesó de manifestar su lealtad a Israel, pero igualmente fue sometido a una campaña de demolición pública por el lobby sionista, al punto que la Federación Sionista de Sudáfrica lo amenazó con un piquete si concurría al bar mitzvah de su nieto. Es difícil saber cuáles cuerdas pulsó el Mossad para producir el viraje final. Pero la retractación no desmiente muchas denuncias del informe. Que Israel perpetró ataques a gran escala en flagrante violación de las leyes de guerra. Que esos ataques incluyeron el uso de artillería pesada y fósforo blanco en zonas densamente pobladas. Que destruyó masiva y deliberadamente escuelas, hospitales y la infraestructura civil de Gaza. Que atacó ex profeso a personal sanitario y de la ONU. "Esa conducta fue tan generalizada y sistemática que refleja claramente la política israelí", señala el diario inglés The Guardian (5/4). El sudafricano tampoco explica por qué los criminales de Hamas sólo anotaron 13 víctimas (incluyendo las de fuego amigo), mientras que los humanistas de Tel Aviv asesinaron 1.400 palestinos -la mitad de ellos, niños-, incluidas familias enteras a las que habían ordenado o abandonar o encerrarse en sus casas. Cuando Goldstone festeja la autoinvestigación del ejército israelí, soslaya que no se ha investigado ni a uno solo de los jefes políticos y militares del ataque a Gaza, sino a soldados rasos. Que Human Rights Watch denunció que los fiscales militares cierran las investigaciones aunque sea evidente la violación a las leyes militares. Y que, a la fecha, han acusado sólo a cuatro soldados y condenado a tres. Uno estuvo siete meses preso, pero por robar una tarjeta de crédito. Los otros dos tuvieron una pena condicional de tres meses por usar a un chico palestino como escudo humano. The Guardian califica esos juicios de "teatralización". Cedric Sapey, portavoz del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, "rechazó rotundamente" las observaciones de Goldstone y dijo que: "La ONU no revocará un informe sobre la base de un artículo periodístico. Las opiniones expresadas por el señor Goldstone son sus puntos de vista personales". La anulación de un informe exige que los cuatro signatarios lo repudien formalmente o que sea votada por la asamblea general de la ONU o por el Consejo de Derechos Humanos. El paquistaní Hina Jilani ya se distanció de Goldstone y recordó que las conclusiones de Human Rights Watch y Amnesty International, entre otras, corroboran y agravan las del Informe Goldstone. En tanto, el ministro del Interior sionista, Eli Yishai, informó que Goldstone se comprometió a bregar por la anulación del documento. Es un momento "especialmente sensible", porque el Consejo de Derechos Humanos recomendó que el Consejo de Seguridad remita a Israel y a Hamas a la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Esto se da, a su vez, cuando ministros de Benjamin Netanhayu proponen una segunda invasión a Gaza y cuando la ex canciller israelí Tzipi Livni -responsable junto con Ehud Olmert de la primera- ha dicho, el 27 de marzo, que había que "llevar adelante otra operación similar y con más fuerza". El periodista israelí Gideon Levy apuntó: "Goldstone ha allanado el camino para una segunda guerra a Gaza" (Haaretz, 7/4).

Los restos de la patota criminal que dirige la Unión ferroviaria informaron -mediante una circular- que habían firmado el convenio laboral con un 23% de aumento del salario. La misma patota había rechazado ese aumento dos días antes y reclamado un 35% de aumento para todas las escalas. Se trata de un aumento de 1.075 pesos para la escala inicial, que es la más numerosa -particularmente en el Roca, por el ingreso de los tercerizados. El sueldo conformado queda ahora en 5.097 pesos. La firma de este acuerdo ha dejado de lado nuevamente las condiciones de trabajo, la normativa, el achatamiento brutal de las escalas -que pasaron de 22 a 7 desde la privatización- y que más de 1.000 pesos en la escala 7 no cuentan para la jubilación, lo cual se estira a casi 2.000 pesos como remunerativo en las escalas superiores. El cuerpo de delegados del Sarmiento reclamó un 40% de aumento y una asamblea votó una movilización al Ministerio de Trabajo, donde se anunció un paro de 24 horas. El paro de Sarmiento nunca se realizó. Sin asamblea general previa, los delegados del Sarmiento (que eran "veedores" de la negociación) lo levantaron, anunciando ventajosos acuerdos para ese ferrocarril: una "mesa de negociaciones" por la normativa, un acta de ingreso en junio para los tercerizados del Sarmiento. O sea: procedimientos. El levantamiento del paro fue un golpe para el activismo y le dio aire a la patota.

Aunque carga con el título de Premio Nobel de Literatura, al peruano Vargas Llosa lo acometió un lapsus en su inspiración poética cuando -en alusión a los candidatos que se ganaron el derecho a ir al segundo turno en las elecciones de su país- se quejó de que habría que "elegir entre el cáncer y el sida". También lo abandonó algo de lo que carece: perspicacia política. Las últimas informaciones lo dan votando a Ollanta Humala -el cáncer de la fábula. ¿Y por qué no? En Perú se registra un fenómeno que ya se dio en El Salvador y en Honduras -las andanzas de Brasil por la política latinoamericana. En la patria de Farabundo Martí, Lula logró meterle al FMLN, en 2008, un candidato que no gozaba de los favores de "los cinco comandantes" de esa agrupación. Desde el día que asumió la presidencia, los primeros pasos del flamante Funes fueron alejarse de Hugo Chávez y del proyecto de integrar El Salvador al Alba e inclinarse hacia el lado de Obama; la prensa del corazón atribuyó el giro a su esposa brasileña, además militante del PT. En Honduras, Lula hizo todo lo diplomáticamente posible para reponer a Zelaya en la presidencia. Brasil se ha encariñado con Centroamérica porque quiere convertirla de rival en socia en el negocio de venta de biocombustibles a Estados Unidos. Compite allí con los capitales norteamericanos. En Perú no se ha limitado a ponerle a Ollanta Humala a los marketineros de la campaña electoral y a aconsejarle que distienda su imagen pública; incluso descubrieron algo que el propio Ollanta no sabía: que su esposa podía colaborar en ese empeño. Más importante que eso: le dijeron que se comprometa a respetar los contratos contraídos por Perú con los pulpos internacionales -y no solamente con los que explotan la fabulosa minería de Perú; que haga lo mismo con el tratado de libre comercio con USA; en suma: que respete el status de semicolonia económica del país, sin por eso renunciar a su etiqueta de "nacionalista". Humala dio -sin el menor resquemor- el paso que media entre la copia y el clonaje cuando declaró, como Lula lo había hecho en Brasil, que él era todo "paz y amor". ¿Consejos de amigo? ¡Para nada! "Hay muchas empresas brasileñas de construcción", relata la periodista Jacqueline Fowks (El País, 13/4), "que ya han hecho grandes negocios con Alan García, a las que les interesa mantener esos privilegios". Fowks cuenta que los peruanos se enteraron por los diarios brasileños de que Alan García había firmado un acuerdo energético con Brasil, bajo el gobierno de Lula-Dilma Roussef. Las constructoras de infraestructura y el capital de material pesado son los socios fundamentales de la extracción de minerales -los que se reparten o "redistribuyen" los beneficios extraordinarios de la minería. Si se trata de hacerla corta, Ollanta Humala se ha reconvertido a agente de los pulpos brasileños y del conjunto del gran capital mundial. Cegado por sus prejuicios raciales y por sus limitaciones intelectuales cuando se trata de la política, Vargas Llosa se apresuró en catalogarlo como canceroso. Pero el ‘nacionalista' Humala ha dejado atrás sus rencores. Si no alcanzó con lo que ya hizo para persuadir a muchos en primera vuelta, va por más. Es así que "el entorno de Humala ha filtrado que no descartan ofrecer a Beatriz Merino la jefatura de gabinete en un hipotético gobierno" (El País). Beatriz volvería así a las oficinas de sus amores, porque ya las ocupó bajo el gobierno ‘neoliberal' de Alejandro Toledo -el Menem peruano. Fue suficiente para que el mencionado, que salió cuarto en las elecciones del domingo pasado, anunciara que votará por Humala. En Perú, parece, el cáncer se ha puesto de moda. Más que eso, hay un negocio a preservar: el comercio brasileño-peruano a través de la carretera transoceánica, que llevará los minerales de Brasil a China desde el Pacífico. Para Vale do Rio Doce, la gigantesca minera brasileña que Dilma Roussef quiere convertir en un pulpo industrial, el éxito de los asesores brasileños de Humala vale un Perú. Otra carretera, que une el Amazonas peruano con la brasileña Manaos, ofrece el acceso a la zona franca industrial más importante de América Latina. Lo del cáncer y el sida no es solamente una imagen pobre e insultante, oculta el ‘bigbusiness' de las elecciones peruanas. Tampoco Keiko Fujimori, quien compite en el segundo turno con Humala, tiene el potencial de contagio que se le atribuye. Ya recibió el apoyo de otro ‘neoliberal', el N° 1 de Perú, Pablo Kuczinki, tercero en las elecciones, que fue ministro del papá de Keiko. Perú deberá escoger entre dos ‘neoliberales' -una de derecha y otro de izquierda. Keiko representa, claro, al establishment militar que acompañó a su viejo en el genocidio de trabajadores y estudiantes cuando fue gobierno. Pero Fujimori no la está pasando tan mal desde que lo mandaron a perpetua: vive en una mansión de 450 metros cuadrados, donde recibe a quien quiera a cualquier hora -dada su condición de ex presidente. Con 74 años a cuestas, no es un malvivir. Como las regiones mineras de Perú se encuentran en estado de rebelión popular masiva, cabría esperar que Ollanta Humala modifique, al menos un poquito, el régimen impositivo que se aplica a los pulpos mineros. El enunciado de la medida denuncia sus límites, porque no existe un control sobre la extracción de minerales. Pero los antecedentes no ayudan, porque un intento similar en la rica Australia acabó con el primer ministro, quien fue volteado en las 48 horas posteriores al intento por su viceministra. En Argentina, el congelamiento fiscal firmado por Menem está por cumplir dos décadas y ya superó a gobiernos frepasistas, duhaldistas y, por supuesto, nacionales y populares. Sería muy positivo que, sobre la base de esta caracterización, se organizara en Perú un movimiento por el voto en blanco y el apoyo a las rebeliones de masas contra los pulpos mineros. Ni paz, ni amor: guerra a los explotadores.

El 7 de abril, en Kilo 5 (De la Serna y el Puente), en la localidad de Gerli -en el sur del Gran Buenos Aires--, donde Ferrosur tiene un predio custodiado por la empresa de seguridad Milenium, la patronal montó un escenario de provocación que no produjo algún muerto por simple casualidad. En el patio de cambio de vías, Eduardo Aviar -un custodio con antecedentes de agresión armada contra otro trabajador- realizó intencionalmente un mal cambio de vía. El jefe de servicio, Carlos Montenegro, al tanto de que se produciría esta maniobra, envió a los custodios Agustín Pereyra, Guillermo Ezequiel y Dimari para modificarla. Estos son recibidos por una lluvia de balas descargada por Aviar, en fingido estado de ebriedad. Los agredidos llamaron al jefe de servicio, quien se desentendió de la denuncia. El escándalo toma tal dimensión que interviene la policía Bonaerense, la cual detiene a Aviar y a un cómplice llamado Marcomek, quien esconde el arma utilizada para la agresión, la que luego se comprueba que ha sido robada. El ataque criminal se había producido porque Gabriel Correa, jefe de Patio, le informó a Aviar y a otros que "si seguían los quilombos para pasar a planta permanente, se iban a quedar sin laburo". Este habría sido el motivo "valedero" para que Aviar disparara tres cargadores sobre los agredidos: para que cesen los reclamos del pase a planta -mientras gritaba "tengo más balas para el viejo de mierda", dirigiéndose a Lorenzo Chunquel, delegado del personal, quien reclama junto a la mayoría la efectivización en el Roca. Las apretadas de los jefes de Milenium ya fueron largamente denunciadas en el Ministerio de Trabajo a Norberto Ciaravino. Fuera los cómplices de Pedraza de la Secretaría de Transporte y del Ministerio de Trabajo. Que Ugofe sea disuelta por complicidad con la patota asesina, como se desprende de toda la investigación judicial. Fuera la Unión Ferroviaria y La Fraternidad de la gestión ferroviaria. ¡Viva la lucha de los tercerizados!

Todos saben que la quimera de Néstor Kirchner era clonar el esquema político-electoral de Argentina al yanqui o británico, para reducirlo a un centroderecha y un centroizquierda. Las cosas le salieron para el diablo, como lo verifica la enorme dispersión que caracteriza al escenario político. Pero, incluso después de su deceso, los K se dieron la meta de consagrar un enemigo de derecha, para intentar pasar a los K como de izquierda. A falta de cabezas pensantes locales, el propio Néstor importó a un ideólogo argentino con residencia en Londres y apellido vasco-francés, Ernesto Laclau. Como ocurre con las versiones criollas, Laclau buscó inspiración en un especialista en derecho católico-nazi, Carl Schmitt. El resultado parece sobresaliente. Es que si se confirma la intención de Macri de abandonar la carrera a la presidencia y se la junta con la pobreza de la caravana interna de Duhalde-Rodríguez Saá y el triple paso atrás de los radicales Sanz y Cobos, la centroderecha va camino a la desaparición del escenario electoral. De tanto pegarle, los K la destruyeron. ¿Tendremos entonces una elección que los K siempre rechazaron, entre el FpV y la centroizquierda de la oposición? En ese caso, junto con Scioli, Gioja, Beder Herrera, Urtubey y por supuesto Moyano, el kirchnerismo ocuparía el lugar de la centroderecha. Este cambio promete una generosa crisis para el grupo de los Sabatella, Heller, Filmus -todos emigrados del stalinismo nativo- que deberán acompañar a los Scioli o Boudou contra Binner, Margarita o Lozano. El argentino-inglés-vasco francés que quiso resucitar el muerto de "amigo-enemigo" resultó un aprendiz de brujo. La perturbación intelectual que ha generado esta situación en el oficialismo llevó al consultor Artemio López, un K fanático, a caracterizar al kirchnerismo, en el programa de Santillán, en TN, simultáneamente como "conservador popular" y de "centroizquierda". Las palabras se devalúan más rápido que el dólar. Al sueño de un enemigo de derecha lo podría salvar una decisión de Carrió para aliarse con los ‘groggeados' Sanz y Cobos. Esta repentina inclinación del escenario electoral hacia la izquierda, recibió otra novedad: también Solanas se baja de las presidenciales, lo cual significa un punto a favor de un frente Aliancista entre la UCR, el socialismo, el GEN y Proyecto Sur o parte de él. También aquí habrá que ver qué hace Carrió. En todo caso, a una franja numerosa se le plantearía la emergencia de tragar otro sapo como el de De la Rúa. Para el Frente de Izquierda que deberá estrenar sus ropas este jueves 14 de abril, un escenario como el descrito resultaría excelente. Podría penetrar con fuerza en la masa del progresismo nacional. Por eso es un acierto que su declaración inicial denuncie claramente al centroizquierdismo.

La elevación del nivel de alerta por la crisis nuclear en Japón, que ahora equivale al del desastre de Chernobyl y es el más alto posible en la escala internacional, prueba el alcance sin precedentes de una devastación humana y medioambiental que aún no puede precisarse. Un especialista en energía nuclear japonés señaló que una segunda Hiroshima ya está en marcha. El asunto ya derivó, en las últimas 48 horas, en un cimbronazo en las bolsas de todo el mundo. A punto de cumplirse un mes del terremoto y el desastre nuclear en Japón, la Tokyo Electric Power, propietaria de la central de Fukushima, comenzó a verter más de diez mil toneladas de agua "ligeramente" radiactiva al mar con el propósito de liberar espacio en el que almacenará agua mucho más contaminante. El agua liberada tiene una radiactividad 100 veces superior al límite legal y su lanzamiento oceánico fue autorizado por el gobierno como la "única opción posible". Pero hay más: parte del líquido utilizado para enfriar los reactores, luego de que colapsara el sistema de refrigeración de la planta, se viene filtrando desde hace días hacia el mar, donde se detectaron niveles de radiactividad 4.000 veces superiores al límite permitido. Los intentos por sellar la estructura de la usina nuclear han fracasado hasta ahora y las autoridades consideran que detener las fugas radiactivas (que también se dirigen al espacio aéreo) es una "prioridad absoluta"... "que llevará varios meses" (El País, 5/4). La decisión de arrojar miles de toneladas radiactivas al mar es una medida inédita en la historia de la industria nuclear. La Organización Internacional para la Energía Atómica advirtió que el yodo radiactivo puede acabar afectando a la cadena alimentaria e incluso devastar ecosistema marítimo de la zona. Más allá de las decenas de miles de evacuados en la zona del tsunami, una tierra arrasada, los japoneses conviven con cortes de energía y apagones sin precedentes. Un 20% de los reactores nucleares quedó fuera de servicio. La generación de energía de las plantas atómicas se ha reducido en un 40% y, en el futuro, se reducirá por lo menos al 80% de la producción anterior a la catástrofe. El gobierno ya anunció que usará energías con alta emisión de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento climático planetario. Por lo tanto, no podrá cumplir con los compromisos "mínimos" asumidos al respecto en la reciente conferencia mundial para evitar la catástrofe medioambiental. Estos días, además, las principales consultoras han señalado que las condiciones económicas generales se encuentran severamente dañadas. El cierre de plantas manufactureras luego del terremoto, y las restricciones energéticas, podrían tener un efecto en la producción global de equipos y materiales de alta tecnología como semiconductores, afectando a algunas industrias exportadoras clave. El 6 de abril, la India suspendió todas las importaciones de alimentos japoneses y alguna medida similar podría estar en estudio en Corea. Hasta el momento, 50 países han impuesto restricciones a las importaciones japonesas (The Economist). La demanda interna, a su turno, está severamente golpeada, cuando se esperaba algún respiro luego de dos décadas de "gran depresión". El lado oscuro (pero no de la luna) Todo indica que en la poco clara información oficial sobre la catástrofe nuclear incontrolada hay un dato "estratégico" crucial que permanece rigurosamente oculto. Es el "lado oscuro" de todo el asunto, según un periodista japonés especializado en temas de centrales nucleares y medio ambiente, ex editor del Japan Times Weekly. Yoichi Shimatsu acaba de publicar un fundamentado informe en el que plantea que las demoras inexplicables y explicaciones a medias de parte del gobierno parecen motivarse "en algún factor del que no se quiere hablar: la industria de la energía nuclear y dependencias del gobierno se esfuerzan, a como dé lugar, para evitar el descubrimiento de instalaciones para fabricar armas nucleares ocultas en las plantas de energía nuclear civiles del Japón". Por supuesto, un plan de experiencias en armamento nuclear no podría sino contar con la "complicidad de Washington". El interés del informe de Shimatsu reside, en especial, en que reabre la historia del lobby nuclear japonés y su confluencia con el imperialismo yanqui. El proyecto atómico japonés se remonta a la década del '30 del siglo pasado, cuando Japón invadió a China para sentar las bases de un desarrollo industrial propio en el continente. Fue desde Manchuria que tal proyecto quedó bajo la dirección de Nobusuke Kishi y el general Hideki Tojo. Más tarde, cuando Tojo llegó a ser presidente del Consejo de Ministros del Japón durante la Segunda Guerra Mundial, Kishi se desempeñó como su ministro de Comercio y Economía. Tras la derrota del Japón en 1945, Tojo y Kishi fueron hallados culpables de ser criminales de guerra, pero Kishi consiguió evadir la horca y volvió a escena mediante un acuerdo con los yanquis. Fue elegido presidente del Consejo de Ministros en 1957 y negoció secretamente un tratado con la Casa Blanca para permitir a Estados Unidos almacenar bombas atómicas en Okinawa y en la base naval de Atsugi, en las afueras de Tokio. Como recompensa, Estados Unidos dio su aprobación a Japón para que desarrolle un programa nuclear "civil". En 1959, Kishi viajó a Gran Bretaña y fue llevado en helicóptero militar a la planta nuclear Bradwell, en Essex. Al año siguiente, se firmó el primer borrador de un tratado de seguridad Estados Unidos-Japón, pese a las multitudinarias protestas que tuvieron lugar en Tokio. En un par de años, la firma inglesa GEC construyó el primer reactor nuclear del Japón en Tokaimura. La mano derecha de Kishi en las negociaciones secretas con los norteamericanos, el entonces joven Yasuhiro Nakasone, llegaría a la jefatura de gobierno en los años '80. En 2006, el puesto sería ocupado, a su turno, por un nieto de Kishi -Shinzo Abe- quien tuvo la oportunidad de recordar una famosa declaración de su abuelo, según la cual "las armas nucleares no están expresamente prohibidas" en el artículo 9 de la Constitución japonesa de la postguerra. Hace dos años, el gobierno japonés desempolvó un texto del acuerdo secreto con los norteamericanos, aunque faltaban muchos detalles clave, mientras otros documentos que podrían echar luz sobre la cuestión simplemente desaparecieron. Muchos expertos de inteligencia creen que el programa secreto ha avanzado lo suficiente para el rápido armado de un arsenal de bombas atómicas y que se han realizado pruebas subterráneas en niveles subcríticos con pequeñas cantidades de plutonio. Todo esto -concluye el informe de Shimats- mientras la planta nuclear de Fukushima continúa diluyéndose en humo y echando su porquería radiactiva al mar. Lo que está en juego El desastre nuclear quiebra una "matriz energética" montada por Japón desde hace casi cuatro décadas para responder a la llamada crisis del petróleo (Financial Times). De por sí, esto pone en cuestión la viabilidad de Japón y vuelve a plantear la salida por medio de la expansión neo-colonial y, por lo tanto, el choque con China -que también busca la ‘seguridad energética' fuera de sus fronteras. Cuando en el siglo XX su clase dominante buscó una expansión militar, la aventura culminó con una violenta derrota. Al amparo de Estados Unidos y como un protectorado particular, el gran capital nipón conoció su hora de gloria hasta que la crisis mundial y petrolera del setenta, y luego un estancamiento de largo plazo vinieron a recordar que nada es para siempre. La dependencia extrema de insumos energéticos y materias primas, la crisis mundial que golpea a su protector de medio siglo y el revulsivo social y político que se incuba al interior del país son los ingredientes de un cóctel explosivo.

El movimiento obrero argentino no tiene la menor intención de seguir la ‘pauta' Moyano: 12% en julio y cuotas del 6% en noviembre y marzo de 2012. En Camioneros, el rechazo es amplio, porque se esperaba un importante refuerzo salarial antes de paritarias -que recién vencen en junio- y sólo se obtuvieron dos cuotas, de 350 pesos cada una, para todo el primer semestre, que ya fue establecido. El básico de 2.668 pesos, en el conductor de primera, se incrementa en un exiguo 12% a partir de julio. Lo que los patrones exhiben como "adicionales por debajo de la mesa" es el cobro de un importe por comida. Nada. En un gremio cuyas paritarias llevan la vaca atada de los subsidios al gasoil, se prefigura el peor convenio de 2011. El salario de bolsillo de Camioneros está muy condicionado a viáticos, kilómetros recorridos, cartas distribuidas, días trabajados, entre otros, según la rama. Es decir que es un salario precario, flexible, a destajo. La movilización que Moyano tiene programada para el 29 de abril no tiene, en consecuencia, ningún contenido reivindicativo. Se trata de una jornada que viene ‘arreglada' con cada patronal. Lo que ocurre en Camioneros derriba la extraña ‘teoría' de un sector de la izquierda (como Pianelli-Segovia en el subte o Sobrero en ferroviarios), según la cual Moyano sería un "buen dirigente" de su gremio. Faltaría que hagan un remedo del slogan de ellos mismos de los '80 (cuando reivindicaban al presidente de Perú, Alan García) y digan "cómo me gustaría que mi sindicato tuviera un dirigente como Moyano". En el resto de los gremios, donde los reclamos arrancan de un 30%, los porcentajes y plazos de Moyano no corren. Además, se introdujo el reclamo de 4 mil pesos para el básico, aunque la canasta familiar cotiza en 5 mil. Con este planteo, Cavallieri quiere correr por izquierda a su competidor moyanista, Nievas, en las elecciones de Comercio. Con respecto a las paritarias, la burocracia de la UOM se encuentra empantanada como consecuencia de los pronunciamientos de congresos seccionales y asambleas fabriles que no bajan del 35 o el 40%. Esos porcentajes no alcanzarían, sin embargo, para llevar el báscio a los 4 mil pesos -salvo en la rama automotriz, llamada laudo 29. En Gráficos, la escala salarial arranca en 2.478 pesos, por eso sería insuficiente un aumento del 30% que las patronales ofrecen en cuotas (o sea que el aumento anual promedio sería del 20%). Una convocatoria de delegados y activistas en la zona norte reclamó un 40% directo, 5% por año de antigüedad y recategorización de un convenio que no se toca desde 1975. La cuestión salarial se metió incluso en una reunión de "juventud" de la Lista Verde ongarista, que rechazó la oferta patronal. La Lista Naranja impulsa el reclamo de 4.000 pesos para la categoría uno -un aumento del 60%. Hay que tener en cuenta, además, que Moyano aceptó un aumento del mínimo no imponible del 20%, un porcentaje inferior a la inflación, lo cual implica pérdidas salariales para las escalas superiores. Esta entregada del ‘hombre del camión' ha provocado la rebelión de los petroleros. En Santa Cruz, 120 delegados del gremio petrolero, en rebeldía contra el kirchnerista "Chaco" Segovia, protagonizan una huelga general (ver artículo) en rechazo del 25% firmado por la burocracia del gremio. La huelga santacruceña se extendió a la petrolera Refinor, en Salta. La aplicación de un sistema de aumentos en cuotas significa que la inflación ha puesto en crisis a las paritarias: los convenios que se firmen por este sistema -el cual apenas compensa la mitad del porcentaje de carestía en los primeros seis meses de vigencia- quedarán caducos antes de su vencimiento. Estamos hablando de los salarios convencionados, porque el trabajo en negro y tercerizado es responsable de que el 50% de los trabajadores gane menos de 2.500 pesos, la mitad del costo de la canasta familiar. Llamamos a los partidos de izquierda -con los que estamos discutiendo un frente electoral- y al conjunto del activismo a iniciar una campaña por un básico de 5.000 pesos, por un aumento general promedio mínimo del 30%, que el mínimo no imponible se suba un 50%, que se incorporen a convenio los tercerizados y de agencia, que los convenios se ratifiquen por asambleas o congresos con mandatos y que el mínimo nacional para el personal no convencionado sea igual al costo de la canasta familiar.

El slogan de la oposición patronal al gobierno es que "la democracia está en peligro", porque los K se están haciendo chavistas. Cuando se discutió el bloqueo a Clarín en el Senado, los K avalaron, sin embargo, el repudio de sus adversarios a lo ocurrido, que contenía una condena al derecho de huelga en los medios de comunicación. Este frente único ocasional de kirchneristas y destituyentes no aclara entonces nada, porque el mismo Chávez reivindica la libertad de prensa y niega en los hechos los derechos de huelga y de negociación colectiva. Como sea, la prensa opositora asegura que CFK quiere nacionalizar el comercio exterior y los reaseguros, y por de pronto ha suspendido la habilitación para exportar a Cargill y a Molinos, por diferencias impositivas. La decisión del miércoles último, que coloca en los directorios de las empresas a representantes del Estado en proporción a las acciones que se encuentran en su poder (ha heredado de la estatización de las AFJP), reactualizó el enigma; ¿nuestros K se hacen chavistas e invaden la propiedad privada? Si es por la reacción del ricachón Humberto Constantini, de la desarrolladora inmobiliaria Consultatio, o del monopolio Aluar, a los capitalistas la decisión no les ha molestado en lo más mínimo. Las acciones de los bancos Galicia y Macro, donde la Anses posee acciones, subieron en forma espectacular ese mismo día. A Techint, sin embargo, la decisión no la complace -ya en un caso anterior, cuando Aldo Ferrer entró como hombre del gobierno en el directorio de la siderúrgica, logró que la designación fuera pactada. ¿Una disputa entre capitalistas amigos y adversarios, como la de Rosas contra los ganaderos del sur bonaerense hace casi doscientos años? Los kirchneristas se han hecho una reputación, por ejemplo al meter a un grupo amigo, Petersen, en YPF, sin que tenga que pagar nada, o los reiterados favores que reciben sus compinches patagónicos como Lázaro Báez o Cristóbal López, y otros como Electroingeniería. El primer episodio de chavismo explícito fue la resolución 125, que aplicaba retenciones móviles a la exportación de soja. La medida fue impuesta por la necesidad de dinero para pagar la deuda externa o, en el lenguaje oficial, ‘desendeudarse'. Fracasó porque la medida era extrema, ya que congelaba el precio del poroto a partir de cierta cotización. Cobos, en la ocasión, salvó a los K del desastre, con su voto negativo; el autor de la 125, el ministro Lousteau, fue despedido. El gobierno se salvó de un lock-out gigantesco del capital agrario y otros, aunque la medida no afectaba para nada a los exportadores de cereales. El fracaso de la 125 llevó a la estatización de las AFJP, con el mismo propósito de pagar, con los fondos acumulados por las privatizadas, la deuda externa, y socorrer a los pulpos afectados por la crisis mundial -como GM, Paraná Metal, Peugeot y muchas otras. Se trató de una intervención estatal para rescatar al capitalismo de la crisis mundial. Lo mismo volvió a ocurrir con el secuestro de las reservas del Banco Central para pagar deuda externa o financiar al Tesoro. El boom de consumo que disfrutan los capitalistas obedece en gran parte a estas medidas excepcionales. No hay ya casi político opositor que cuestione meter la mano en el Banco Central. El interrogante que se hacen ahora los oráculos ‘destituyentes' es: ¿hasta dónde serán capaces los K cuando se disipe el mini boom especulativo mundial y se produzca un nuevo crash? No mucho más allá de lo que ha hecho Obama o el gobierno de las finanzas inglesas: el primero ha emitido, sin respaldo, dos billones de dólares para salvar a los bancos; el segundo ha llegado a nacionalizar en todo o en parte a bancos quebrados. Pero Argentina no tiene espaldas financieras para ir tan lejos. Lejos de buscar la nacionalización del comercio de granos, el gobierno K ha derivado hacia los biocombustibles el aceite de soja que ha dejado de comprar China, que quiere producirlo ella misma. Es así que ha liberado el precio de la nafta e incrementado el corte asignado a la mezcla con biocombustibles. El gobierno K se esfuerza también por imitar a Brasil; por ejemplo, quiere montar un Banco de Desarrollo para subsidiar los créditos a los capitalistas como se hace del otro lado de la frontera, con plata de la Anses -allá con el dinero del fondo de garantía que los trabajadores aportan para su jubilación. No es un estatismo para emancipar sino para esclavizar: confisca el trabajo en beneficio del capital. Dilma Roussef acaba de lograr la destitución del presidente de la mayor minera del mundo, Vale de Río Doce, "después de que ignoró los llamados a invertir más pesadamente en las industrias locales de la siderurgia y los fertilizantes" (Financial Times, 12/4). "El gobierno, agrega el diario, va a guiar a Vale al montaje de industrias nacionales por medio de una nueva política minera", lo cual quiere decir que va a contratar a fabricantes de maquinaria pesada locales en detrimento del favorito mundial en el rubro, la norteamericana Caterpillar ¿Qué debe pensar CFK, entonces, de la decisión de Techint de destinar sus ganancias a una inversión en Brasil en lugar de ampliar la producción en Argentina? Techint goza de muchos favores oficiales, como el desarrollo inmobiliario de lujo en las costas de Quilmes, que hace las delicias del cristinista Barba Gutiérrez, el alcalde de un distrito con enormes carencias de viviendas populares. Hay otra injusticia: Repsol se está llevando la plata de YPF para rescatar a sus accionistas españoles y para que su socio argentino, el K Petersen, le devuelva el préstamo que le hizo para comprar el 18% de las acciones de la petrolera. Contradicciones aparte, no se puede reclamar rectitud de principios a gobernantes capitalistas. De nuevo en Brasil, Petrobras está perjudicando a sus accionistas extranjeros como consecuencia del intento que realiza para desarrollar una industria de servicios tecnológicos para aguas profundas, lo que implica costos elevados y dividendos disminuidos. "Al día de hoy -informa el Financial Times-, hasta el 20% de las compañías que cotizan en Bolsa -que representan el 47% de la capitalización bursátil- tienen al gobierno nacional o de los estados, directa o indirectamente, entre sus cinco principales accionistas". ¡Qué tal! Chavismo, las... El diario británico se congratula porque el presidente de Vale fue sustituido por otro ejecutivo de la empresa, en lugar de un político. Los nombramientos de CFK, ¡ay!, son ejecutivos y políticos al mismo tiempo, del propio palo. Para colmo por decreto de necesidad y urgencia. Los problemas de las dos señoras, Dilma y Cristina, lucen, sin embargo, insuperables: tanto derroche de dinero público va perforando la resistencia fiscal. Las experiencias industrialistas de las burguesías locales ya han fracasado, reiteradamente, por esos mismos motivos: la incapacidad del Estado para superar la insuficiencia de acumulación de capital local, por la competencia del capital extranjero. Brasil, que se ve obligado a comprar dos mil millones diarios de dólares sin poder impedir la revalorización del real frente al dólar, será golpeada aún más que Argentina (que compra en promedio cincuenta millones por día) por la salida de capitales que provocará un próximo crash internacional. Con esta salvedad: la prosperidad K depende de que no se hunda Brasil.

El domingo 10 de abril, como parte del plan de lucha de la Asamblea Ambiental de Luján, se realizó un acto de repudio contra la criminalización de la lucha en defensa del medio ambiente. Los procesamientos afectan a seis vecinos (dos de los cuales son compañeros del PO) por el corte de ruta, en febrero de 2010, en rechazo al otorgamiento del certificado de aptitud ambiental (por parte de la OPDS bonaerense) a la contaminadora Curtarsa. Más de un centenar de vecinos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y sindicales se congregaron en la Plaza Colón, frente al municipio. Allí se leyeron numerosas adhesiones de personalidades y organizaciones de todo el país, saludando y apoyando la lucha de la Asamblea de Luján. Hicieron uso de la palabra tres integrantes de la asamblea (Santiago Deschustter, Dino Viotto y Laura Olivares), la Alucec, el Centro de Veteranos de Malvinas, el Hogar Ruca Hueney, el titular del Suteba Luján, Sergio Correa y, por el Partido Obrero, Gastón Fernández. En la intervención del PO se destacó -en las narices del municipio- la lucha del Polo Obrero la semana pasada por trabajo y vivienda -cuya respuesta por parte de la intendenta Rosso fue sólo la provocación de la Policía Bonaerense- y se ligó estas reivindicaciones con la situación ambiental del distrito, cuyo foco de contaminación no es sólo Curtarsa, sino también el basural, las cloacas, etc. Se reafirmó así que Rosso es una garante de los intereses inmobiliarios y los contaminadores locales. Se señaló, a su vez, que esta criminalización no se da en un contexto aislado; se citó el ejemplo de la lucha de los activistas de Greenpeace junto a los pobladores en las cercanías de la mina Veladero en San Juan, regenteado por la Barrick Gold con la anuencia del gobierno nacional de Cristina y el provincial de Gioja. Luego se mencionó la critica situación de los trabajadores de Curtarsa: son 400 los obreros que están suspendidos desde hace tiempo y la patronal, con la complicidad de la burocracia del cuero y los Estados provincial y municipal, no da respuesta. Se remarcó que está más vigente que nunca el principio de unidad obrero-vecinal para terminar de una vez con el saqueo ambiental y laboral. El acto es un paso más en la lucha contra los procesamientos. El 4 de mayo, en Mercedes, citan a nuestros dos compañeros juntos. Seguramente realizaremos una campaña con pronunciamientos, acciones y en los medios de comunicación para armar una gran jornada ese día. Más que nunca: ¡retiro inmediato de las causas judiciales a los seis vecinos luchadores por el medio ambiente! ¡Unidad obrero-ambiental!

Desde hace tres años, la paritaria se ha limitado a la discusión de los salarios, no ha tratado el convenio colectivo en su conjunto. En esta ocasión, ante el vencimiento de la vigencia del convenio (31/3), la burocracia de Segovia decidió realizar un paro sin afectación de la producción desde el 1º de abril. Paralelamente, ordenó levantar el plenario de delegados que estaba convocado para la misma fecha. Los delegados de la zona norte rechazaron el paro sin afectación de la producción y concretaron el plenario con asistencia de más de 100 delegados (sobre 140). Un sector de la Directiva avala la reunión y se decide afectar la producción, desde la madrugada del 2 de abril. Ante esto, Segovia firma ese fin de semana el acuerdo paritario, que establece un pago en negro de 25.000 pesos en cinco cuotas hasta fin de año (no fija aumento para el básico) y la postergación del tratamiento del convenio laboral hasta 2012. Con este acuerdo en mano, Segovia ordena levantar el paro, desde el lunes 4, lo que solamente se concreta en el sur de la provincia dirigido por sus adeptos. En toda la zona norte, en cambio, las asambleas rechazan el levantamiento del paro y reclaman un nuevo convenio laboral, incluido el aumento en los básicos, tomando como base los aumentos del 27% ya otorgados en otras provincias. Las 4/5 partes del gremio petrolero están en la zona norte. Se generalizan los piquetes en las rutas. En Las Heras, la burocracia mantiene cerrado el sindicato y desaparece, porque teme que le ocupen el local los delegados de base. La deliberación de los delegados es constante. Hacia el fin de la semana, se monta un gran operativo de orden nacional para frenar la huelga: por un lado, se firma la conciliación obligatoria desde el Ministerio de Tomada y, por el otro, se firma un acta en la que las patronales, el gobierno (nacional y provincial) y la burocracia se comprometen a tener el convenio firmado antes del 30 de junio. El plenario de delegados (ahora 130) rechaza la conciliación y convoca a asambleas en cada localidad. El sábado 9, más de mil petroleros se reúnen en Pico Truncado y más de 2.000 en Cañadón Seco. El lunes tiene lugar otra asamblea de 1.500 compañeros en Las Heras. En ninguna asamblea la burocracia se pudo presentar ante sus propias bases para defender los acuerdos firmados. Las asambleas y el cuerpo de delegados rechazaron la conciliación obligatoria y exigieron la firma del convenio y el aumento en los básicos en forma inmediata. En los debates del cuerpo de delegados se plantea la idea de que los negociadores tienen que ser elegidos en asamblea. Se aplaudieron las intervenciones que reclamaban la independencia del poder político. Esta lucha se sustenta en una nueva generación de delegados de base, electos en los últimos dos años, que empalma con la lucha histórica del cuerpo de delegados de Las Heras. En los últimos días han ganado protagonismo los cinco miembros de la vieja comisión, que se intentan reacomodar apoyando las decisiones de asamblea. Segovia difícilmente pueda llegar a cumplir su mandato, que vence en 2012. Políticamente está liquidado. Para los trabajadores, la salida consiste en discutir el conjunto del convenio por paritarios elegidos por la base e integrar a la discusión la devolución del 82%, la eliminación del impuesto a las ganancias sobre el salario, el fin de la tercerización y, por sobre todas las cosas, establecer la plena vigencia de la soberanía de las asambleas y los cuerpos de delegados de base. Están dadas todas las condiciones para ganar.

-Exclusivo de internet La inflación se entiende como un incremento sostenido del nivel general de precios de todos los productos y servicios o, de manera equivalente, disminución del poder de compra del dinero. Por ejemplo, si el nivel general de precios se duplica en un año, el poder de compra del dinero disminuye a la mitad: si en enero 2010, con 10 bolivianos se compraba dos kilos de azúcar, ahora con los mismos 10 bolivianos posiblemente compre apenas un kilo. Pero además de comprender la inflación como la reducción radical del consumo en las familias, los trabajadores debemos realizar un análisis clasista del problema y preguntarnos: ¿son causadas las inflaciones por el incremento de salarios o por el incremento de beneficios? Adam Smith señaló en su obra "La riqueza de las naciones": Nuestros comerciantes y nuestros fabricantes se quejan de los efectos perniciosos de los salarios elevados. En tanto que se reflejan alzas de precios y, por lo tanto, disminuyen las ventas de sus bienes tanto en el país como en el extranjero. No dicen ni una palabra en cuanto a los perniciosos efectos de los beneficios elevados. Guardan silencio en lo que se refiere a los malignos efectos de sus propias ganancias. Se quejan sólo de las ganancias de los demás. Toda la historia del capitalismo mundial está plagada de datos de mediano y largo plazo, donde los beneficios empresariales siempre han crecido mucho más que los salarios nominales, jalonando de esta manera al incremento desproporcionado e inflacionario de los precios. Mucho más cuando el capitalismo entra en su fase terminal donde el complejo militar industrial juega un rol determinante en el rumbo general de la economía mundial. Bolivia no escapa de esta misma tendencia porque es parte del sistema capitalista, y el gobierno masista "del cambio" no ha hecho nada más que acentuarla. Según palabras del mismo vicepresidente Lic. Alvaro García Linera, el 22 de enero de 2001 declaró al periódico "El Deber", de Santa Cruz: "Se quejan del gobierno, pero a ningún empresario de este país le está yendo mal, están ganando el doble o el triple, y hacen negocios con el gobierno". Sólo para citar algunos ejemplos, la empresa minera San Cristóbal obtuvo utilidades de 100 millones de dólares en 2010. Los bancos privados, el mismo año, lograron 132 millones de dólares en utilidades y 144 millones el año 2009. Los trabajadores somos testigos del incremento de beneficios de las empresas privadas del aceite, azúcar y cemento, por la vía del crecimiento inflacionario de precios, gracias al control casi monopólico que tienen del mercado nacional. Y decimos que el gobierno del MAS ha mantenido esta tendencia de una mayor acumulación a favor del capitalismo, cuando -según datos del INE- se establece que la participación de los salarios de los trabajadores en el Producto Interno Bruto (PIB) se redujo desde el 35% en el año 1999 a 31% el año 2005; esto es, a razón de un 1,9% promedio anual negativo durante seis años. El gobierno del MAS lo hizo mucho más rápido y eficiente desde el punto de vista capitalista neoliberal y en sólo tres años (2006-2008) redujo la participación del salario en el PIB a un ritmo promedio anual negativo de 6,45%, hasta llegar al 25% (dato último al 2008). Es decir que, a pesar del crecimiento del PIB real (4,61% promedio anual 2006-2009), jalonado principalmente por la explotación irracional e insostenible de nuestras materias primas (hidrocarburos y minerales), principalmente por empresas transnacionales, la torta generada por el trabajo humano se distribuye cada vez peor y en contra de los trabajadores (de un 35% en 1999 a un 25% en 2008) y, por tanto, a favor de los socios -no patrones del gobierno masista. El momento paranoico de esta política pro-empresarial capitalista lo constituyó el "gasolinerazo" de diciembre, justificado por la "necesidad" de hacer aún más rentable la explotación petrolera por las transnacionales en nuestro país. Este es justamente uno de los aspectos que los trabajadores debemos tomar en cuenta cuando definimos el carácter de clase del gobierno del MAS: pro-capitalista y, por tanto, antiobrero, porque encubre una inflación de beneficios capitalistas con el fantasma neoliberal de una supuesta "inflación por incremento salarial". La demagogia de la aritmética masista y la pérdida del salario real Y la demagogia masista llega a superar momentos de los anteriores gobiernos cuando se trata de combatir al movimiento obrero en referencia a la lucha por el incremento salarial 2011. Lo hace por medio de un panfleto lamentable elaborado por el flamante Ministerio de Comunicación ("El diálogo es el mejor camino para avanzar", domingo 10 de abril de 2011), donde presenta un cuadro de "Relación salarial e inflación 2006-2011", pretendiendo hacernos creer y sentir que en dicho período de gobierno "del cambio", el incremento "neto" del salario es igual al 16%, por efecto de una simple operación aritmética que consistiría en restar, del incremento salarial acumulado 2006-2011 del 55%, la inflación acumulada del 39%. Este procedimiento inaceptable desde el punto de vista técnico es utilizado por el MAS para acusar que los trabajadores no tenemos "razones de ningún tipo" para pedir un incremento salarial acorde al incremento del precio de la canasta básica familiar. Con estos mismos datos y aplicando el procedimiento correcto que define la inflación como la pérdida porcentual del poder adquisitivo del dinero, resulta que la gestión salarial del MAS en el gobierno ha generado una pérdida de la capacidad de compra del salario -en términos reales- ¡del 5,45% entre 2006 a 2011! Gracias a esta política y fuera de cualquier cálculo matemático adicional, la realidad concreta es que los trabajadores, ahora y como siempre, tenemos que reproducir nuestra fuerza laboral con cada vez menos alimentos, mientras al mismo tiempo se incrementan a tasas de crecimiento "chinas" los beneficios de los empresarios, socios del MAS. Por todo ello, es totalmente justa la demanda salarial de un incremento por lo menos del 25 a 30%, para que -por algún momento- el crecimiento del valor real del salario se equipare al crecimiento de la torta del PIB a favor de los empresarios. Y por eso también, afirmamos que un incremento de un 10 a 15% es miserable. La lucha salarial es una parte del proceso de acumulación de fuerzas de los trabajadores Sin embargo, debe quedar claramente entendido que los trabajadores somos conscientes de las limitaciones de lucha salarial para lograr la liberación nacional y la explotación de los trabajadores por el capitalismo y sus aliados en el gobierno masista, y por eso, no vamos a rebajar nuestros objetivos de la toma del poder por los trabajadores obreros y campesinos al regateo miserable de unos porcentajes de más o menos de un salario que alivie nuestra actual condición de explotación. Está en la esencia del capitalismo que a mayor productividad y explotación del trabajo, más miserables serán las condiciones de remuneración salarial y las condiciones de vida de todos los trabajadores formales e informales, urbanos y rurales, a expensas de las mayores utilidades y el enriquecimiento de las empresas transnacionales y nacionales. Debe continuar la lucha por la construcción de un sindicalismo de clase, independiente de los dirigentes corruptos y cooptados por el MAS, y por un partido revolucionario de la clase obrera que encause las luchas de los trabajadores hacia la toma del poder por ellos mismos.

¿Y los gerentes de Ugofe? Correctísima la decisión de mantener presos a estos delincuentes y matones, pero qué pasa con la Justicia que no se ocupa de los cómplices de esta calaña, que son los gerentes de Ugofe Roca, Héctor Messineo, gerente de Recursos Humanos; Pablo Díaz, jefe de personal; Gustavo Zeni, gerente de Contratos; Heriberto Caniglia, gerente de Contratos con el Estado, y tampoco hasta hoy se han ocupado de otro cómplice, el subsecretario de Transporte Ferroviario Guillermo Antonio Luna, quien no da señales de vida, esperemos se acuerden de ellos. Dato importante: Héctor Messineo está planificando salir de Argentina. Armando Sobre la naturaleza y la lucha de los socialistas No hay que buscar "dominar" la naturaleza. Concepto que se ha arrastrado del mito occidental-judeo-cristiano. Y que el marxismo arrastra tras de sí. Me parece que sería beneficioso que los marxistas pudieran rever este modo de mirar-nos a la especie humana. Y alcanzar a vislumbrar que "somos" en la naturaleza. Y que no hay que dominarla cómo se dejó dicho en el génesis. Somos en ella. Somos sólo un lazo más de ella, entre todos los lazos que se entrelazan. Gaby El mito de la "mística K" Como en cada oportunidad, después del deceso de Néstor, los "medios" de todos los colores salieron a poner de relieve una capacidad de convocatoria enorme del kirchnerismo entre la juventud y parte de la población. Pero como ya se pudo observar el día de los funerales, el pasado 24 de Marzo volvimos a ver una notoria y evidente distancia física entre la gente que se acercó al acto oficialista (que no fue publicitado así, que no tuvo oradores del gabinete como el año anterior) y las organizaciones de diverso pelaje K. Me parece un dato político a tener en cuenta: los que todavía confían en Kristina por izquierda no se quieren juntar en sus propias "misas" con los que militan en el programa de Kristina. Pasa entre los docentes, que las compañeras planteen una fe en Kristina, pero que aborrezcan a la burocracia celeste que defiende el proyecto K en el gremio. Pasa entre la juventud de clase media "progre", que se babea con la "heredera de Eva", pero que no marcha con La Cámpora ni la vota en su facultad.El peronismo de izquierda siempre tuvo eso de la teoría del cerco "no es Perón el problema, son los que lo rodean" y ahora parece que Kristina quiere un montón de cosas lindas, pero sus pollos de la Juventud Sindical, la Cámpora, la burocracia de Ctera, etc. no la sabrían interpretar. Pero también pasa que sus pollos son impresentables y uno los conoce de verlos -y sufrirlos- todos los días en el laburo o en el lugar de estudio o en el barrio. ¿Qué clase de movimiento de masas místico no puede mezclar a sus militantes con sus bases porque sus militantes son un escracho? ¿No tiene fecha de vencimiento? Leonardo Grande

Más de 300 trabajadores tercerizados de diferentes empresas de varias líneas ferroviarias realizaron una movilización el viernes 8 de abril, desde el Obelisco al Ministerio de Trabajo. Trabajadores de Millenium (Ferrosur) seguridad, M y L (Ferrosur) mantenimiento, Ugofe (efectivos en actividad y despedidos), Poli Redes vía y obra, Tel 3 de vía y obra, Masa de vía y obra, así como también los trabajadores de los baños, todos ellos del Roca; más los trabajadores de Becom de vías y obra y Videco de seguridad, ambas de TBA del Mitre y del Sarmiento, y la comisión de padres en reclamo por la bolsa de trabajo para sus hijos se entrevistaron con el jefe de Gabinete del ministerio, donde denunciaron las persecuciones de las tercerizadas sobre los trabajadores y las violaciones a las leyes laborales -lo que se traduce en mayor precariedad laboral- y reclamaron la incorporación de despedidos de algunas tercerizadas y el inmediato pase a planta. La extensa reunión culminó con un acta donde se establecen pautas y fechas de ingresos a planta y la reincorporación de despedidos, junto a la publicación de la bolsa de trabajo, la cual hoy está absolutamente ocultada por la patota de de Pedraza. Los trabajadores, con gran determinación, han votado dar inicio a un nuevo plan de lucha para obtener de una vez por todas el pase a la planta permanente de los ferrocarriles de todos los trabajadores. Esta semana volverán a reunirse en asamblea para evaluar los pasos a seguir.

El sábado 9, en el programa de televisión que emite el sindicato de camioneros, pasaron fragmentos de los discursos de varios burócratas en el acto de apoyo a Hugo Moyano en el miniestadio de Ferro, ante las denuncias judiciales en su contra y la difusión del exhorto suizo. El discurso de Moyano fue antecedido por el de Omar Viviani, quien -de una manera particularmente enfática- dijo que no había que engañarse y que los ataques al sindicalismo peronistas y al propio Moyano provenían de la IV Internacional. Hugo Moyano no corrigió este planteo en el discurso que le tocó pronunciar después. Al comienzo, pensé que era una frase de ocasión, que se ha hecho tradicional en los corrillos entre estos burócratas desde que la eructó, por primera vez, el burócrata de la UOM Belén. Pero enseguida, me di cuenta que no había sido dicha al azar; que estaba muy ligada al papel del Partido Obrero en la lucha de los trabajadores ferroviarios tercerizados. En definitiva, que para Viviani los troqueles truchos o las cuentas de Covelia en el exterior cuentan menos, porque forman parte de las extorsiones políticas y económicas propias o habituales de la política burguesa en los momentos de crisis, que así como saltan quedan en el olvido cuando las relaciones se recomponen. La declaración de Viviani convierte a Moyano en un aliado o socorrista de Pedraza -salvo que Moyano desmienta en forma explícita los dichos de Viviani. Omar Viviani recordó a la audiencia (y a La Cámpora que lo mira por TV) que con los cuartainternacionalistas no hay componenda, porque está en juego la recuperación de los sindicatos como órganos de lucha de clase de los obreros; que éste es el alcance último del slogan"ni olvido ni perdón por el asesinato de Mariano Ferreyra". Viviani convoca a la patota sindical y a los cientos que enarbolaban las banderas de la Juventud Sindical a defender a los Pedraza, como sinónimos de la continuidad del control de las organizaciones obreras por parte de una burocracia sindical empresarial.

La patota de la Uocra de Santa Cruz volvió a arremeter contra trabajadores en lucha. Esta vez, fueron apaleados docentes y trabajadores de hospitales de la localidad de 28 de Noviembre, en el marco de un paro de 72 horas que reclamaba aumento salarial. Los métodos de Pedraza, o sea la tercerización de la represión, no constituyen ni un hecho excepcional ni son ajenos al aparato del gobierno K. La pretensión en contrario de la Presidenta y de sus laderos ha vuelto a ser refutada en "su" provincia, por parte de "su" gobernador. Después del ataque de la patota, una asamblea de más de 800 personas, en la localidad de 28 de Noviembre votó un paro de toda la Cuenca, que incluye a docentes, trabajadores hospitalarios, comerciantes, mineros y municipales. En varias localidades se votó el paro docente por tiempo indeterminado, hasta el encarcelamiento de los agresores y la satisfacción de la demanda salarial. Para este jueves se está organizando un acampe frente a la Casa de Gobierno, en el marco de un paro de la CTA. En dos localidades, Río Turbio y 28 de Noviembre, sus concejos deliberantes votaron resoluciones que exigen la renuncia del gobernador. Los docentes fueron embestidos por esta patota cuando se encontraban realizando una actividad de difusión, a la vera de la ruta en la localidad de 28 de Noviembre. La agresión forma parte de una escalada de ataques hacia los trabajadores y sindicatos opositores a la burocracia y al gobierno kirchnerista de la provincia. Con la venia del gobierno, la policía de la provincia libera la zona en que opera la patota. En la agresión de ayer, la patota de la Uocra secundaba una comitiva oficial del gobierno K de Peralta. Se radicaliza el cuadro huelguístico Santa Cruz está sacudida por un importante cuadro huelguístico. Días atrás, salieron los petroleros, en abierto desafío a los acuerdos salariales alcanzados por la burocracia del gremio. Los docentes han redoblado las medidas de fuerza en reclamo de un incremento del 50%. El gobierno se plantó en un 25% de aumento a ser completado en septiembre y amenaza con sacar el aumento por decreto. En el caso de los estatales, la paritaria se cerró con la firma de UPCN y Apap, gremios oficialistas, en tanto que ATE rechazó la oferta de un 30% escalonado. En la misma negociación y con el mismo mecanismo, también le cerraron la paritaria al personal hospitalario, pero en este caso con un 25% escalonado. Pero las bases hospitalarias han rechazando estos topes. En hospitales como Caleta Olivia y Puerto Deseado, con paros muy masivos y marchas junto a los maestros. ATE y Aprosa (médicos) han tomado también el reclamo del 50% de aumento. El Congreso de Adosac envió una carta de solidaridad a los petroleros en huelga, lo que fue muy bien recibido por los trabajadores y delegados. La lucha contra los topes salariales en Santa Cruz se acerca a su punto culminante. La golpiza de la patota pretendió, por lo tanto, salir al cruce de esta tendencia de lucha. Peralta había dicho que no habrá aumentos "ni con paros de aquí al 30 de octubre". Pero después de la agresión de la Uocra, los trabajadores en lucha parecen haberle tomado la palabra. Un congreso de delegados de Adosac, reunido en Río Turbio, votó el paro por tiempo indeterminado, por las reivindicaciones docentes y por el juicio y castigo a la patota. Lo mismo resolvió ATE, después de una marcha a la Casa de Gobierno. El FUT-Partido Obrero apoya la huelga y el reclamo salarial de docentes y estatales, exige la inmediata cárcel de los autores materiales de la agresión, el desmantelamiento de la patota, la investigación de la policía que liberó la zona y las responsabilidades políticas que le caben al gobierno K de Santa Cruz.

En el marco de la crisis edilicia desatada en la Universidad Nacional de Tucumán con el derrumbe del anfiteatro en Filosofía y Letras, se reabrió en diversos ámbitos de la universidad la discusión sobre la aceptación o no de los fondos de la minería contaminante y sobre la continuidad o ruptura del vínculo que ata a la UNT con La Alumbrera. Así, en marzo, el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras arrancó un pronunciamiento del Consejo Directivo. Ahora, impulsada por la seccional de la Facultad de Artes de Adiunt, dirigida por la Lista Naranja, se convocó a una concentración para que el Consejo Directivo de la facultad se expida en el mismo sentido. Presionados por la presencia de estudiantes y docentes, los consejeros plantearon su "preocupación por la temática", pero que "había que adquirir mayor conocimiento". Entonces, un consejero de la Gestalt (Franja Morada) dijo que todos conocían de lo que hablaban, que él creía que debían tratar el tema en la sesión y votar a favor de los reclamos presentados. Si este planteo de alguien de Franja Morada resultó sorpresivo, más aún lo fue la intervención de la referente de la Lista Unidad Docente (PCR y aliados) en Artes, quien además es militante ambiental, que planteó que el Consejo Directivo no vote nada, hasta que se realicen "Jornadas de concientización sobre la temática" y les pidió a la autoridades que sean ellas las que lo organicen, salvándole la sesión en una coyuntura en que, por presión del derrumbe ocurrido en Filo y la presión de las delegaciones presentes, estaban dadas las condiciones para arrancar efectivamente un pronunciamiento contra las mineras.

El 5 de abril murió Humberto Ruiz, vecino de la Villa 31. El deceso se produjo por un paro cardiorrespiratorio, luego de las convulsiones producidas por un ataque de epilepsia durante varias horas. Ese mismo día, sus familiares llamaron al Same para pedir ayuda médica. La ambulancia llegó varias horas más tarde y se negó a entrar en la villa para atenderlo. Como medida de protesta, el 6 de abril se realizó un corte de la autopista que duró siete horas y sólo fue levantado cuando se presentaron funcionarios del Ministerio de Salud porteño y garantizaron que, de ahora en adelante, las ambulancias del Same entrarían en la villa custodiados por la Federal. El hecho se produjo 48 horas después de la decisión de Garré de retirar la Policía Federal de puestos fijos de la ciudad, en medio de un profundo conflicto entre el gobierno nacional y el de la ciudad. La medida fue criticada por la misma Federal, dado que pierde la posibilidad de realizar adicionales (pagados por el gobierno porteño) y deja de recibir ingresos millonarios. A diferencia de otros cortes y medidas de lucha en la Villa 31, éste tuvo características particulares: la medida no tuvo gran convocatoria, hubo una presencia escasa de vecinos y no se discutió en la mayoría de los barrios de la villa; la policía dejó cortar la avenida Castillo manteniéndose a una distancia prudencial mientras duró el corte. Esta inacción de la Federal -tan poco común en las medidas de lucha de vecinos de la Villa 31- indica que la policía permitió (y alentó indirectamente) el corte, ya que favorece a sus propios intereses al presionar al gobierno nacional para recuperar los adicionales quitados. Por eso, a pesar de que el motivo que generó el corte fue genuino y legítimo, fue usado como medio de extorsión de la Federal para recuperar una parte jugosa de sus negociados. El gobierno de Kirchner -que nunca se preocupó por la salud de los pobladores de la villa ni por el acceso de ambulancias al barrio- salió a cruzar duro al gobierno de Macri por la negligencia con la que actuó el Same. El gobierno de Macri -que hace tan poco por los pobladores de la villa como el gobierno de Kirchner- responsabilizó al gobierno nacional por quitar la custodia de la Federal. Los verdaderos negocios de la Policía son el narcotráfico, la prostitución, la corrupción, los robos y secuestros, además de los ingresos por adicionales. Ni Macri ni CFK desmantelarán las redes, podridas hasta las entrañas, de los aparatos represivos. Ambos gobiernos son responsables de la muerte de Humberto Ruiz. Los vecinos nos tenemos que organizar en asambleas por manzana y por barrio para discutir cómo lograr que se garantice no sólo el ingreso de las ambulancias sino también el acceso irrestricto a la salud de todos los vecinos. La deliberación y toma de decisiones colectiva entre vecinos y organizaciones permitirían exponer las distintas posiciones para llevar un reclamo justo a un buen destino y evitar que sea usurpado por la Federal en beneficio de sus negocios.

Se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT el acto-festival contra la impunidad, por el juicio y castigo a todos los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra y por el juicio a los responsables de la grave crisis de la universidad. El acto, organizado por la Secretaría de Cultura del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras a cargo del Plenario Universitario de Lucha-UJS, contó con la presencia de numerosas bandas solidarias. Se hicieron presentes muchos jóvenes a los que se convocó a profundizar y ampliar el proceso de lucha que se viene llevando a cabo en la UNT. El martes 12 está convocada una gran movilización hacia el Consejo Superior, donde se exigirá el tratamiento del plan de obras y la ruptura del vínculo de la UNT con La Alumbrera.

El tironeo entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires por los adicionales de la Policía Federal, que dejó sin custodia a los hospitales porteños, se ha transformado en una crisis política que devela la incapacidad de los dos gobiernos para atender necesidades mínimas, tanto en materia de salud como de seguridad. Los trabajadores hospitalarios han señalado, correctamente, que el problema de la seguridad en los hospitales no se reduce a la presencia policial en ellos. Los nosocomios porteños están en situación de colapso por falta de personal, saturados por la cantidad de personas que asisten a ellos, sin insumos, con edificios deteriorados y sus trabajadores sometidos a condiciones laborales casi infrahumanas. He ahí el meollo de la inseguridad en los hospitales, que deriva, por ejemplo, en el aumento alarmante de agresiones físicas a médicos y enfermeros de guardia por parte de familiares de pacientes. Esa es la raíz de la inseguridad hospitalaria. Frente a ese problema, el gobierno de la Ciudad y el nacional son pura impotencia, porque ellos son los responsables conscientes de esas carencias. Entre las órdenes del Banco Mundial, de que no aumente el personal permanente de salud, y los intereses de mercado de la medicina privada, la salud pública decae irremediablemente para satisfacer esos propósitos. Ahora, frente al retiro de la Policía Federal de los hospitales, Macri se propone añadir más vigiladores privados a los casi 1.200 que ya tiene. En total, el gobierno porteño paga cada mes 400 mil horas/hombre por mes a 29 pesos la hora: un total de casi 14 millones de pesos mensuales. Y habrá que ver las turbiedades que salten cuando se desmenucen los vínculos económicos de personajes del gobierno macrista con las agencias de seguridad que proveen esos servicios. Por todo eso, se entrevé una intencionalidad política en el no pago, por parte de la Ciudad, de los adicionales de la Federal para que custodien los hospitales. ¿O será que ese interés lo comparten los amigos de la "seguridad democrática" de Nilda Garré? Mientras tanto, peor aún que en los 33 hospitales municipales, están cerrados 16 centros de salud que atienden en villas y barrios pobres. Siempre, los que más se joden son los mismos. Un fracaso repetido La otra noticia fueron las sonoras denuncias de Garré contra la Federal, que provocaron gran disgusto incluso en franjas del gobierno nacional. Es otro intento de encubrir un fracaso que se reitera desde los tiempos de Carlos Menem. En 1998, cuando la policía dependía de la Secretaría de Seguridad conducida entonces por Miguel Angel Toma, fueron echados 38 de los 52 jefes de comisarías (todavía no se había creado la 53ª, en Palermo). Las "purgas" en la Federal se sucedieron durante el gobierno de Kirchner entre 2003 y 2004, cuando Gustavo Béliz era ministro de Justicia y estaba a cargo del área. Sin embargo, el problema no ha hecho más que empeorar: vínculos manifiestos con el narcotráfico, las redes de trata, el robo de autos y el juego clandestino alimentaron y alimentan las "cajas negras" de la policía, además de los casos abundantes de gatillo fácil y pruebas fraguadas para involucrar a inocentes en cualquier cosa. Por lo tanto, las llamadas "purgas" no son tales. Una purga apunta a limpiar un organismo, pero el organismo policial está corrompido hasta la médula y no hay ahí limpieza posible. Tampoco han sido eliminados los adicionales, como se suponía después del retiro de la Federal de las guardias hospitalarias. Los policías de calle tienen una jornada laboral de seis horas, y hasta el momento hacían otras ocho de adicionales para doblar el sueldo. Ahora harán sólo seis y ganarán lo mismo. Esos adicionales son otra fuente de corrupción: recuérdese, por ejemplo, la estafa con los adicionales en las canchas de fútbol, cuando la policía cobraba por efectivos que no había mandado. Además, son una manera de sostener la miseria salarial de los policías, como hacen con cualquier empleado público, y compensarla con ese tipo de servicios que, de paso, son otra fuente de "facturación" para la jefatura policial. Para discutir estas cosas, Garré se reunió el lunes 11 con otro grupo de fracasados: León Arslanián, Gastón Chiller y Alberto Binder, miembros del llamado "acuerdo de seguridad democrática". Todos esos, que siempre hablan de "usuarios rehenes" cuando hay una huelga de trabajadores del transporte o de cualquier otro sector de servicios, ahora toman literalmente de rehén a toda la población. La seguridad del pueblo está en manos de mafiosos, corruptos e incompetentes.

Los estudiantes del Instituto de Formación Docente de Bariloche han iniciado un plan de lucha para defender el acceso a la formación terciaria. Hace dos años que venimos padeciendo el recorte presupuestario para educación y la imposición de las reformas basadas en la LEN (Ley de Educación Nacional), que el gobierno de Kirchner aprobó y el gobierno del radikal Miguel Saiz aplica. El Instituto cuenta con tres carreras: educación primaria, inicial y especial. Este año fue suprimido el doble turno de primaria e inicial y se estableció un solo horario (mañana y tarde, respectivamente). Cientos de estudiantes fueron obligados dejar su carrera o a hacer grandes sacrificios, ya que debieron abandonar desde trabajos hasta el cuidado de sus hijos. La medida fue duramente repudiada por todos los estudiantes en masivas asambleas que discutieron iniciativas de lucha. Nuestras reivindicaciones son: reapertura del doble turno para las tres carreras, más cargos docentes, culminación de la tercera parte del edificio con las aulas necesarias, sala maternal y multiedad para nuestros hijos. En las asambleas, votamos una sentada para el jueves 31 de marzo, la cual fue masiva. Se suspendieron las cursadas y, durante toda la jornada, se renovó e intensificó la participación estudiantil. El lunes 4 de abril, un centenar de estudiantes nos movilizamos a la Delegación de Educación para presentar nuestros reclamos a la vocal gubernamental Amira Nataine. La funcionaria deslindó responsabilidades sobre el Consejo Directivo y propuso que los estudiantes hagamos una lista de compañeros afectados, porque "existiría la posibilidad" de designar cargos, pero sólo para un turno noche de nivel primario. Frente al pedido de terminación de la construcción del edificio, contestó que como no está contemplado en el presupuesto 2011 es imposible; también dijo que las salas maternal y multiedad deberán esperar a que la ley provincial sea reglamentada. Los estudiantes repudiamos la maniobra de vaciar el reclamo de fondo a cambio de "soluciones individuales", por lo que estamos preparando nuevas asambleas y movilizaciones. Las camarillas docentes kirchneristas y radicales, enfrentadas por la disputa de la dirección del Instituto, están jugando un rol miserable. Han hecho causa común con Nataine y desatado una caza de brujas contra los estudiantes que luchan, pero esto llevó a una definición política de otros tantos profesores, quienes acuerdan con nuestras reivindicaciones. Los estudiantes debemos sacar las conclusiones al calor de la lucha. La crisis educativa de la provincia raja las paredes, producto de las "reformas" antieducativas de los gobiernos nacional y provincial. La solución no vendrá de la mano de Soria o de Barbeito, que han sido cómplices y ejecutores de esas políticas. Pongamos en pie nuestro centro de estudiantes en las próximas elecciones de claustro, vamos por nuestras reivindicaciones.

El paro del 8 de abril de la Asociación de Médicos Municipales (AMM) y de la Asociación de Profesionales, con la adhesión del Sutecba, contra el retiro de la Federal de los hospitales y centros de salud, ha sido masivo. La medida canalizó una situación de bronca de los trabajadores de la salud frente a una situación que los dejó inermes frente a la inseguridad. A días de este paro masivo, sin embargo, la situación es igual o peor. La AMM declaró que los 24 centros de salud en zonas de alto riesgo -gran parte en el sur- permanecerán cerrados hasta que se garantice la protección. En el Piñero y otros hospitales existe un estado de "asamblea permanente" con actividad reducida. En algunos hospitales existe tan sólo un efectivo de la Federal en la puerta, con la consigna de no ingresar, y de llamar al 911 en caso de emergencia. Macri decidió, luego de un acuerdo con la AMM, establecer una seguridad privada, formada en su mayoría por ex agentes de la Federal. La custodia cubrirá sólo los 13 hospitales de agudos y quedan sin protección otros 18 hospitales y aquellos 24 centros de salud. La decisión del gobierno nacional de retirar la Federal acentuó la indefensión en la que ya se encontraban los trabajadores. Pero ni la desafectación de la Federal ni su reemplazo por los privados o la Metropolitana resuelven el problema de fondo. Los trabajadores de los hospitales han denunciado la existencia de "zonas liberadas" para el robo de insumos, cuando la Federal "estaba en funciones". Es necesaria la apertura de los libros y partes diarios de las comisarías contra las exacciones policiales y las zonas liberadas. El sistema de adicionales, que se basa en las horas extra y turnos de 24 horas de control, debe ser sustituido por un convenio colectivo de trabajo a cargo de ATE. Esto debe entenderse como una medida transitoria que forme parte de la lucha por el desmantelamiento de los aparatos represivos y la expulsión de las burocracias de los sindicatos. El arco K contra el paro Todo un arco de organizaciones y corrientes influidas por el kirchnerismo salió a denunciar el paro convocado por la AMM como un "paro político-patronal contra el gobierno nacional". Con esta posición se alinearon organizaciones combativas, que días antes habían denunciado el desarrollo clandestino de la paritaria entre Macri y los médicos municipales. De acuerdo con esta posición, la única presión admisible sería la que CFK y Garré ejercen sobre Macri -no la de los trabajadores. Macri cedió a la presión oficial y privatizó la seguridad. ¿Pararán ahora los K en contra de esta privatización o se convertirán en sus cómplices? Si la respuesta fuera la segunda habría que concluir que los K y sus amigos de circunstancia llamaron a no parar para que el servicio se privatice. Todos los reclamos La filial de la AMM del Gutiérrez, que viene de un paro masivo por el salario y el 82% móvil, ha convocado a nuevos paros de 24 horas para el 13 de abril con asambleas y una nueva medida de fuerza para el 27, medidas a las que ha llamado a adherir. Los médicos del Gutiérrez han planteado que incorporan a su programa el reclamo de seguridad en los hospitales. Otra asamblea, en el Hospital Penna (7/4), con la presencia de partidarios y adversarios del paro del 8, resolvió parar y "que se amplíe el reclamo de seguridad a todas las indignas condiciones laborales". Hace referencia a "infraestructura, salario, insumos, 82% móvil, nuevos cargos/extensiones" y la necesidad de "unirnos a otros hospitales en un plan de lucha". Pero no se menciona el rechazo a la seguridad privada. Una extensión de la intervención del poder público en la salud es incompatible con el copamiento de los hospitales por las agencias privadas de seguridad -una mezcla de ex federal, ex Side, algunos sueltos de la CIA y hasta del Mossad. Vamos por un plan de lucha de conjunto.

-Exclusivo de internet El retiro de la Federal de los hospitales ha puesto al rojo vivo la situación de colapso de la salud pública en la ciudad. La muerte de Humberto Ruiz, un vecino de la Villa 31 que falleció el martes 5 de abril por falta de atención frente a un ataque de epilepsia -por lo cual una derivación inmediata le hubiera salvado la vida-, desató la amenaza de sanciones de parte del gobierno contra al médico y ambulanciero, quienes se negaron a entrar en la villa cuando esta realidad forma parte del paisaje. ¡El gobierno de la ciudad machaca con que las villas son territorio de asesinos y de narcos, y luego amenaza con sancionar a los médicos y trabajadores de la salud que no aceptan ingresar en determinadas circunstancias! Según una denuncia de dirigentes de la villa, recogida por diarios de cualquier signo, ya son cinco los muertos en circunstancias similares en la villa desde julio del año pasado. En la Villa 31 hay un destacamento de la Federal con un puñado de efectivos vinculados con todos los "negocios" que hoy denuncia Garré y un centro de salud que cierra sus puertas apenas comienza a desaparecer la luz del sol. ¿Quién entra hoy en una villa después de las 21 horas en una ciudad que ha estado "protegida" hasta ahora por la Federal y la Metropolitana? La urbanización, según el gobierno de la Ciudad, ha podido avanzar sólo en una (supuestamente la 19), es decir que son tierra de nadie, una situación de la que son responsables ambos gobiernos. El gobierno del PRO acaba de lanzar la idea de una consulta popular sobre si hay que urbanizar o no las villas, luego de cuatro años de mandato. Mucho antes de la disputa entre Nación y Ciudad por la custodia de los edificios públicos, la atención elemental no existía para un tercio de la población de la capital, cuya única salida es la organización independiente frente a las mafias políticas, policiales y judiciales amparadas por el PRO y el gobierno de CFK. Para unos y otros, que dejan correr estas muertes silenciosas, la vida en las villas vale lo que valió la de Humberto Ruiz. La ministra dice: "Necesitamos más efectivos en las calles, patrullando, para garantizar la seguridad de los ciudadanos". No. Efectivos sobran. Entre los 11.000 de la Federal afectados a Seguridad Metropolitana y los 2.000 de la Metropolitana, más los ¿7.000? de seguridad privada, tenemos una elevada relación de policías por habitante. El problema no es la cantidad, sino la calidad. Desde las comisarías de la Federal (y de la Metropolitana, ahora) se urden los esquemas que habilitan "zonas liberadas" (como ocurrió en el Indoamericano o en el caso del chico que murió a golpes en el recital de Viejas Locas) y "peajes" para los robos, el tráfico de drogas y la prostitución (como acaba de ser revelado, una vez más). Desmantelar los aparatos represivos vinculados con el delito, anidados en la corrupta Federal y la Metropolitana de Fino Palacios, es una necesidad de orden público que no van a acometer los gobiernos que las amparan y sí un gobierno de trabajadores. En el mientras tanto, está planteada la lucha por la urbanización de las villas, incluyendo centros de atención primaria con ambulancias disponibles y personal médico capacitado las 24 horas del día, con las custodias que los vecinos acepten. Además de cuerpos de seguridad en cada uno de los hospitales y centros de atención primaria en la ciudad, con efectivos sobre los cuales exista el poder de veto de la asamblea de los trabajadores de la salud en relación a sus antecedentes.

Los trabajadores del Frigorífico Rioplatense están en conflicto. La empresa tercerizadora Ansucaru despidió a seis trabajadores luego de un reclamo por falta de pago de la quincena. La respuesta no se hizo esperar y pararon los 700 obreros de la planta. Hablamos con Sebastián, uno de los despedidos. -¿Cómo arrancó el conflicto? -El día de cobro entramos a laburar y, a última hora -después de que nos dijeron que estaba la liquidación- el delegado nos dijo que no se iba a cobrar. Nos contactamos con la comisión interna y decidimos constituirnos en asamblea permanente y exigir no sólo el cobro, sino también una cantidad de derechos que no nos respetan. Tené en cuenta que no nos liquidan las horas nocturnas, faltan aportes jubilatorios, la obra social, no nos respetan los accidentes... ¡Nuestras compañeras de trabajo tienen que soportar acoso sexual para lograr que les den una orden médica! La verdad es que nos cansamos. Enviamos telegramas reclamando todo esto y la patronal nos contesta con los despidos. Esta respuesta caldeó más los ánimos. -¿Cuánto hace que comenzó el conflicto? -Hace dos semanas que comenzamos con la asamblea general, trabajando una o dos horas por turno. A partir de ayer se agravó el conflicto, bloqueamos el portón de entrada y permanecemos las 24 horas. El Ministerio de Trabajo estuvo al tanto de nuestro reclamo desde el primer día y no intervino, lo único que hizo fue dictar la conciliación obligatoria, que fue violada por la propia patronal. -Los despedidos pertenecen a una empresa tercerizada, ¿cómo lograron que el conjunto de la planta respondiera este ataque patronal? -Nos reunimos con la comisión interna, planteamos nuestro problema y ellos tenían reclamos salariales. Unificamos ambos reclamos. -¿Cuáles son esos reclamos? -Por nuestra parte exigimos la reincorporación inmediata de los despedidos, a eso le sumamos la incorporación al básico de 675 pesos para los compañeros efectivos que se deben desde las paritarias pasadas y, por supuesto, el pago de los jornales caídos en estos días de lucha. -¿Qué diferencias existen en las condiciones de trabajo de los tercerizados y los trabajadores de la empresa? -Hacemos el mismo trabajo pero la diferencia salarial es abismal. Un despostador del Rioplatense cobra algo más de 3.000 pesos por quincena y nosotros no llegamos a 2.000, teniendo que producir el triple. -¿Qué opinión tenés de la conciliación obligatoria? -Es una medida para enfríar a los trabajadores. Si nosotros respetamos los diez días de conciliación, los patrones sacan la mercadería y cuando pasan los diez días, chau. - ¿Qué pensás de las tercerizadas? -Está planteado que pasemos todos los trabajadores de la tercerizada a planta permanente, tenemos que ir llevándolo de a poco, pero esa es la idea. Tenemos que ganar como los trabajadores de la casa, ya que hacemos el mismo trabajo que los demás y en peores condiciones.

Unos de los hechos destacados de las elecciones en la provincia es el concejal que conseguimos en Colonia Santa Rosa, en el departamento de Orán -con una votación del 8% para concejales y del 7% para los cargos ejecutivos y demás legislativos. Nuestro flamante concejal, el compañero Enrique Gay, trabajador municipal, ingresó a planta permanente a través de la lucha de los autoconvocados. La intendencia fue retenida, con 32% de los votos, por el caudillo del PJ Dardo Quiroga, quien gobierna el municipio desde hace más de doce años, pero su lista de concejales salió segunda, con un 19% de los votos. El carácter obsceno del aparato clientelar desplegado en los últimos días de la campaña por las principales listas no pudo disimular la apatía que sienten los trabajadores contra el personal político que viene gobernando desde hace años el municipio y la provincia. Cuando Urtubey realizó su visita electoral a Colonia Santa Rosa, evitó cualquier contacto directo con la población. Proceso político La campaña electoral terminó obligatoriamente discutiendo el problema fundamental que padecen los trabajadores y pequeños productores del municipio, a saber: el avance de las plantaciones de soja y caña contra los cultivos de citrus y hortalizas. Sólo el PO planteó la necesidad de un impuesto extraordinario a estos cultivos, que están destruyendo cientos de puestos de trabajo y arruinando a los pequeños productores de la zona, para conformar un fondo de obras públicas, con mano de obra sobre convenio, para combatir la desocupación que produce esta tendencia al monocultivo. Tal situación obligó a los demás bloques políticos a pronunciarse sobre el tema. Nuestro planteo político (que en su momento permitió juntar cientos de firmas que fueron presentadas en el Concejo Deliberante), sumado a nuestra participación en la lucha de los municipales por el pase a planta y el aumento salarial, en la lucha de los trabajadores rurales autoconvocados a principios del año pasado y en la toma de diferentes lotes de tierras por más de mil familias, nos ha colocado como una referencia indiscutible de los explotados del municipio. La campaña del PO desató una importante movilización política, sobre todo en los barrios de obreros rurales y en los trabajadores municipales. Tal situación se reflejó en el impresionante acto de cierre de campaña, realizado en la plaza central del pueblo, con más de 300 asistentes -algo que ningún aparato político y clientelar pudo realizar ni por lejos. Una nueva base para avanzar La bancada obrera y socialista del PO será una palanca importantísima en la organización y la lucha por el pase a planta de todos los empleados municipales; por un plan de viviendas populares y el reconocimiento inmediato de las tierras ocupadas por los vecinos sin techo; por la defensa de los trabajadores rurales, por el salario, contra el trabajo en negro y precario y por mejores condiciones de trabajo. La recuperación de los cuantiosos recursos que hoy se llevan los terratenientes -especialmente de la soja y de la caña-, a través de nuestro planteo de un gravamen extraordinario para satisfacer las demandas populares deberá apoyarse en una gran movilización política de los trabajadores y el pueblo explotado de Colonia. Esta es la agenda planteada por la lucha popular en el municipio, es la agenda que defendimos desde el PO antes y durante nuestra campaña electoral a través de nuestro programa, y es la que defenderemos e impulsaremos desde nuestra bancada, junto con todas las reivindicaciones de los explotados de la provincia. El arraigue obrero y popular del PO en Colonia Santa Rosa expresa la tenacidad de los trabajadores para poner de pie su propia alternativa política. Sigamos avanzando, fortalecidos por este nuevo paso adelante.

En un cuadro político de dispersión de la política oficial de la burguesía, la unidad electoral de los partidos de izquierda (a la que sumaremos con seguridad al Nuevo MAS y a diferentes tendencias y agrupamientos obreros y populares) ofrece un polo de compactación para todos los que luchan cotidianamente contra la explotación capitalista y la arbitrariedad y despotismo del gobierno. El Congreso del Partido Obrero, en los próximos días, designará al candidato a Presidente que encabezará la lista nacional del Frente de Izquierda. La agresión a los docentes y estatales de la cuenca del Turbio confirma la tercerización de la represión (equivalente a los métodos fascistas) de que se vale oficialmente el kirchnerismo. Renueva la vigencia de la lucha por el juicio y castigo a los asesinos de nuestro compañero Mariano y por la expulsión del pedrazismo de la Unión Ferroviaria. Este reagrupamiento de fuerzas, en un marco de confusión política (más que nada en el centroizquierdismo), debe ser explotado de inmediato para convocar a la adhesión al Frente y a la organización de comités de base y de apoyo. La naturaleza electoral del acuerdo político no contradice que su desarrollo dependerá de una inserción creciente en la lucha de clases. El desenvolvimiento de la fisonomía proletaria y trabajadora del Frente es la condición del impacto político general que pueda provocar. El carácter de clase de la política no es solamente un dato objetivo: también es determinante en la formación de una conciencia común. Por eso debe sumergirse en la lucha de clases e intervenir en todos los conflictos. Ya en vísperas del 1º de Mayo llamamos a un gran acto obrero convocado por el Frente de Izquierda. Un desafío inmediato es la intervención en la negociación de los convenios colectivos, que la burocracia está entregando con acuerdo de las patronales. Ambas coinciden en un techo del 24% de aumento salarial, lo que equivale a un 17% promedio anual, muy por debajo de la inflación. Ese acuerdo omite a los trabajadores que no llegan a la canasta familiar -de 5.000 pesos al mes. Deja de lado a los tercerizados o trabajadores de agencia; el Frente debe impulsar la movilización de todos estos sectores. En numerosos sindicatos se producirán conflictos importantes, como ya ocurre con los compañeros petroleros de Santa Cruz. La campaña de propaganda y agitación no debería demorar; estamos obligados a aprovechar el inmovilismo que sus crisis provocan en los adversarios de clase. Tenemos asimismo la inminencia de algunas elecciones locales -como las de Neuquén, Santa Fe y la Ciudad. Debemos presentarnos allí como una fuerza nacional ya constituida. En la capital del país se realizarán elecciones de comunas, que comportan un desafío especial. En todos los casos, el Frente de Izquierda debe presentar una caracterización de las fuerzas en presencia en las diferentes elecciones locales. La experiencia frentista, en el pasado, señala que la formación de frentes lleva, más que a la acción común, al tabicamiento. Es la expresión de una naturaleza sectaria que resulta de un largo proceso previo, que se torna faccional cuando asume un carácter agresivo. Lo hemos visto incluso durante la movilización de los compañeros ferroviarios tercerizados e incluso en las marchas por el crimen contra nuestro compañero Mariano Ferreyra. Este carácter contradictorio del frentismo obstaculiza el acercamiento de las masas. La acción común del Frente no se refiere a sus propias fuerzas sino a las fuerzas de conjunto que emergen de la lucha y de la agitación política. Esta es la política del Partido Obrero. La necesidad de hacer frente a las normas proscriptivas de las internas abiertas ha sido un factor importante en la formación del frente. Este hecho destaca los aspectos oportunistas del Frente de Izquierda, o sea la unidad por conveniencia. Pero la acción por conveniencia no está reñida con el principismo si sirve para el progreso político de las masas y de la revolución. El manejo del compromiso en la política revolucionaria es tan difícil como necesario. Aprovechemos la campaña electoral para adiestrarnos en el manejo de este arte. La historia rápida pero intensa de la formación del Frente de Izquierda plantea la necesidad de un balance político, en beneficio de nuestra claridad, la del Partido Obrero, y de la delimitación de nuestras diferencias con nuestros compañeros de ruta. La presentaremos a la consideración pública en el próximo número de Prensa Obrera.

El Partido Obrero, el PTS e Izquierda Socialista se han puesto de acuerdo para presentar listas frentistas en las elecciones presidenciales de este año y en todas las elecciones distritales. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores aspira a constituir un polo de independencia de clase y de delimitación política frente a los bloques capitalistas. En el marco de las disputas feroces en el oficialismo y dentro de los diferentes opositores oficiales, la izquierda recoge el mandato de los trabajadores que luchan para presentar un bloque único clasista y quebrar la proscripción electoral que entraña la llamada 'reforma política', la cual fue aprobada hace varios meses, pero aún no reglamentada. Impugnamos a los llamados bloques centroizquierdistas, como Proyecto Sur (Solanas) y Nuevo Encuentro (Sabbatella), que desvirtúan por completo el carácter antiimperialista y socialista que corresponde a la izquierda, y que constituyen furgones de cola de la burguesía, las patronales y el capitalismo. La centroizquierda colectora del kirchnerismo corre detrás de los pagadores seriales de la deuda externa fraudulenta, de los adversarios del 82% móvil y el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, así como de los regimentadores de los sindicatos. La centroizquierda de la oposición, aliada al capital sojero en el conflicto agrario, busca un frente precisamente con los agentes políticos de éstos -como Binner, Stolbizer, Luis Juez e incluso la UCR, como ya ocurre en Santa Fe. El Frente de Izquierda se presenta como una referencia política para quienes luchan por la independencia de los sindicatos y la expulsión de la burocracia y sus patotas, así como por la independencia de todo el movimiento popular del capital y del Estado. Presenta como programa de urgencia: 1. Un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar - 5.000 pesos. 2. El establecimiento inmediato del 82% móvil y las retroactividades correspondientes. 3. Por el reparto de las horas de trabajo disponibles entre el conjunto de los trabajadores y la formación profesional a cargo de las patronales, para poner fin a la desocupación. 4. Fin de la tercerización, ingreso a planta permanente, vigencia del convenio más favorable en todas las empresas. 5. No pago de la deuda externa. 6. Nacionalización, sin indemnización, de los bancos, el petróleo, la minería, las telecomunicaciones y el comercio exterior agrario. 7. Fuera la burocracia sindical de los ferrocarriles; por su nacionalización efectiva, bajo control y gestión de los trabajadores de todos los niveles. 8. Juicio y castigo a todos los culpables del crimen de Mariano Ferreyra (Ugofe, policía). Fuera la patota del ferrocarril. 9. Por una política internacional de apoyo a la rebelión popular, por la expulsión del imperialismo de todos los países, por la unidad socialista de América Latina, por el socialismo internacional. 10. Viva la revolución árabe; fuera la Otan de Libia; abajo la ocupación sionista de Palestina. El Frente de Izquierda presenta listas en 19 de los 24 distritos electorales del país. Convocamos a los trabajadores, a las corrientes de izquierda y a todos los luchadores a integrarse y sumar su apoyo al Frente, para que la clase obrera no sea "colectora de nadie", sino dueña de ella misma. Llamamos a los sectores progresistas a abandonar el proyecto seguidista de la centroizquierda y contribuir al desarrollo del Frente de Izquierda, el frente de los trabajadores.