Prensa Obrera N° 1140

– A una semana para que cierre la presentación de candidatos para las elecciones de la CTA, una caracterización de estas elecciones. – La conclusión del plenario es que existe un agotamiento, digamos, una descomposición brutal de la CTA. Eso se manifiesta en nuestras luchas concretas, en cómo la CTA se ha ausentado y la dirección –concretamente la dirección de Yasky- se ha ausentado de todas las grandes luchas importantes de los trabajadores. – Frente a la discusión sobre el proyecto de ley del 82%, ¿cómo se vive en tu lugar de trabajo este reclamo? – Ese es el tema de discusión, los docentes universitarios después de una larga lucha, con grandes movilizaciones, paros, etc., conquistamos una ley especial para los docentes universitarios de 82% móvil, que hoy el gobierno quiere tirarla para atrás. Nosotros no vivimos eso como una ventaja corporativa, sino que siempre reclamamos que el 82% móvil sea extensivo al conjunto. Las declaraciones de la Presidenta son una palmaria demostración de cuál es la política del gobierno: no sólo está diciendo que no va haber plata para los jubilados sino que, además, lo que está diciendo es que va a seguir habiendo plata para financiar a la burguesía argentina, esa es la realidad. Hablando de la CTA, es una realidad también que las centrales sindicales –la CTA, la CGT– sostienen la política del gobierno y su alineamiento actual. – Después del plenario,¿cómo se prepara la AGD para llevar adelante la campaña, con la Lista 3, por la dirección de la CTA? – Uno siempre sale de un plenario –sobre todo, cuando está con compañeros luchadores de capital, de la provincia de Buenos Aires, compañeros que han venido del interior– sale con un gran entusiasmo. Tenemos un enorme desafío –la AGD-UBA– después de una gran elección que realizamos en nuestro gremio, en la que la Lista Naranja, que encabezaba la lista ganadora, obtuvo una gran votación. Tenemos un gran desafío por llevar y explicarle al conjunto de los compañeros la importancia de esta elección y cómo constituir una alternativa por una nueva dirección en la CTA. Esto tiene que ver con nuestra vida cotidiana, tiene que ver con nuestras luchas y tiene que ver con la posibilidad de que conquistemos los derechos que no tenemos. – Ustedes consiguieron que una cantidad de docentes universitarios dejara de ser ad honorem y pasara a tener un salario. – Nosotros conquistamos también el blanqueo salarial –que fue en 2005– y eso también tuvo una enorme repercusión y, adicionalmente, permitió que los compañeros advirtieran la importancia del 82% móvil aplicado al blanco del salario.

En la página 3, en el artículo “La neutralidad política de la clase obrera es un gol en contra” del numero anterior de Prensa Obrera (Nº 1.139), donde dice: “...fundamentalmente los maquinadores de guerras y crímenes: Estados Unidos e Irak.”, debe decir: “...fundamentalmente los maquinadores de guerras y crímenes: Estados Unidos e Israel.

–¿Cómo caracterizás las elecciones a una semana de presentar las listas? –Con el conjunto de compañeros que trabajamos en la regional San Martín y Tres de Febrero presentamos una opción con la Lista 3 que viene a ser una alternativa al abandono que vivimos por parte de la CTA. –¿Cómo se vive dentro del lugar de trabajo el reclamo del 82%? –Más allá del olvido o de las componendas que puedan hacer los sindicatos con el gobierno en relación con el 82% no hay trabajador que no aspire a tener un 82% móvil del salario. O sea que eso más allá de las apreciaciones, de las consignas políticas y gremiales es un tema candente y es una causa fundamental para todos los trabajadores. Nosotros estamos en contacto con docentes y dentro de ATE, la aspiración esa es innegable, no puede cuestionarse ni plantearse que no hay fondos, que no hay la suficiente capacidad monetaria. Si cuando uno se jubila no reduce los gastos, es la misma persona que hasta ayer estuvo trabajando, el 82% es “la” consigna. –¿Cómo ves la organización de la campaña de la Lista 3 en tu lugar de trabajo? –La de sumar las voluntades para hacer la difusión, la propaganda, el ocupar los lugares para fiscales, el debate permanente de lo que los compañeros están reclamando y pidiendo, es la salida a esta expectativa. Es ver qué sumamos, qué trabajo, qué tarea hacemos para conseguir estas necesidades de recuperar mejoras que fuimos perdiendo, hay como un ánimo de poner una cuota, de apostar a esta pelea de que la Central sea de los trabajadores.

–¿Cómo ves las elecciones a luz la experiencia que les tocó vivir a ustedes? –Cuando se realizó el fraude por parte de Baradel, con el aval de Yasky, realizamos una gran campaña al interior de la CTA y obtuvimos de palabra el repudio por parte del dirigente degennarista de La Plata. En los hechos, al igual que quien nos recibió en la CTA nacional tras una gran movilización que realizamos en capital, nos dijo que no podía intervenir en una situación interna de un sindicato. La Verde de ATE le hizo el aguante a la Celeste de Yasky. – ¿Y tu balance de las luchas? – Nosotros unimos la campaña electoral a las reivindicaciones que están presentes en los trabajadores: reapertura de paritarias, aumento del 35%, sin cuotas y sin sumas en negro, lo mismo que la defensa del 82% móvil para los jubilados y la defensa de las cajas jubilatorias, donde el gobierno busca traspasarlas a la esfera nacional. Todos estos planteos van unidos a la lucha por una nueva dirección en los sindicatos. Tanto la fracción de Yasky como la de De Gennaro les dan la espalda a estas reivindicaciones. Acá esta planteada la independencia política de los trabajadores. – ¿Cómo se vive el debate del 82% en el Suteba La Plata? – En La Plata, el problema jubilatorio está planteado de otra manera. A partir de la amenaza del traspaso del IPS (Instituto de Previsión Social) a la Anses. Ya hace dos años que venimos impulsando acciones, como marchas, petitorios, actos en defensa del IPS, de nuestra jubilación. Y estamos alertas a cualquier situación que implique que se toquen nuestras jubilaciones. Por supuesto, también nos vamos a movilizar para que se apruebe la ley del 82% móvil y también contra cualquier intento de veto.

Entrevistamos a Norma Dardik, delegada de la Junta Interna de ATE del Hospital Villa Regina (Río Negro). – Cuando comenzó el proceso electoral en la CTA, realizamos un llamado a luchar contra el copamiento kirchnerista de la Central, y a su vez, contra cualquier variante patronal. ¿Qué balance realizas de ese llamado? – Muy bueno, porque nos dio la posibilidad, por primera vez en la historia de la CTA de Río Negro, de presentar una lista clasista. Los trabajadores han agotado una experiencia y por ese motivo nos ha dado una posibilidad, mediante sus candidaturas, de presentar una alternativa contra los viejos métodos de una nueva burocracia. – ¿Cuál es tu balance de esta mitad de año y qué perspectivas trazas? – Indudablemente, nos tenemos que dirigir a los sectores más desprotegidos de los trabajadores estatales. Promoción Familiar, por ejemplo, son los institutos de menores que trabajan bajo decreto, es decir que son una categoría inferior al contratado inclusive. El pase a planta de los compañeros. En general, el 40% de los empleados públicos de Río Negro está en negro, especialmente en la salud. – ¿Cómo crees que puede influir en el plano reivindicativo la campaña en la CTA? – Yo creo que puede influir radicalmente. La CTA no quiere hacer olas, escudándose en los miedos de los compañeros contratados. Pero nosotros explicamos que la única manera que los compañeros conquisten el pase a planta es mediante la lucha. – La Presidenta anticipó que vetaría cualquier proyecto que contenga el 82% móvil y la oposición abandonó su planteo original. ¿Cómo se vive este proceso en tu lugar de trabajo? – Es una reivindicación muy sentida por todos los compañeros. Porque, me animo a decirte, más del 70% de los empleados públicos de Río Negro tenemos el salario o parte en negro. En Salud, particularmente, además exigimos la rebaja de la edad jubilatoria. A 50 años para las mujeres y 55 para los hombres, que recoge la frustración de los compañeros. Necesitamos una alternativa para luchar por estos puntos. La seccional de ATE Alto Valle tomo nuestra propuesta, como también la del salario igual a la canasta básica, y las llevarán al Congreso de ATE.

Dos economistas ubicados en el centro izquierda acaban de plantear una “reforma integral” del sistema previsional (ver Clarín del 20 y 22/7), en consonancia con la postura del capital financiero, que sostiene que el régimen jubilatorio es inviable debido al crecimiento de la expectativa de vida. Se trata de Aldo Isuani, presidente del partido de Margarita Stolbitzer en la Capital, y de Rubén Lo Vuolo, ligado a la Coalición Cívica, que irrumpen con esta posición cuando el Congreso tiene en carpeta la propuesta del 82% para la jubilación mínima y de generalizar el fallo Badaro para el conjunto de los jubilados que vieron congelados sus haberes. Isuani y Lo Vuolo pasan por alto, por supuesto, las sucesivas confiscaciones que ha sufrido el sistema y el desvío de sus recursos. También ignoran las enormes pérdidas que han sufrido las inversiones que se hicieron con su dinero en el marco de la bancarrota financiera internacional. También omiten el crecimiento del trabajo en negro, que representa al 45% de la fuerza laboral, la reducción de los aportes patronales y los aumentos salariales ‘no remunerativos’. Isuani admite, a lo sumo, que “la precarización del trabajo” es “otro factor” de la crisis jubilatoria, pero ‘juiciosamente’ la asume como irreversible. A Isuani y Lo Vuolo ni siquiera se les ocurre la ‘solución’ berlusconiana de aumentar la edad para jubilarse, seguramente porque saben que la desocupación de masas llegó para quedarse. Ambos plantean sustituir el régimen de previsión por “un beneficio básico universal para todos los mayores, más allá de si pertenecieron o no al mercado de trabajo”. Este “beneficio” debería situarse “en torno al salario mínimo, y esa debería ser la única responsabilidad estatal en lo previsional”. O sea que los técnicos de la oposición justifican por entero la política de los K, que ha llevado efectivamente al 85% de los jubilados a la categoría mínima, es decir de subsistencia. Para ir más allá de esto, Isuani propone un “régimen de capitalización voluntaria”, o sea, una re-privatización del sistema jubilatorio. El trabajador, en este caso, deberá asumir todos los riesgos de la especulación financiera y las bancarrotas que la acompañan (crisis 2001). Los centroizquierdistas abolen el derecho a la jubilación; la caja de la Anses podría destinarse de este modo a financiar a los capitalistas –lo que ya están haciendo los K. Estas opiniones dejan al desnudo la intención de los opositores de frenar las iniciativas legislativas que han impulsado solamente para ganar cartel. Bajo la presión de los lobbies capitalistas, la oposición quiere transformar ese proyecto en una “asignación universal por jubilado”.

Entrevistamos a Carlos Blanco, delegado de la Junta Interna de ATE del Hospital Baigorria (Santa Fe). Carlos, frente a las elecciones de la CTA, hicimos un llamado contra la transformación de la central en un apéndice del gobierno K o la oposición patronal. – ¿Qué balance realizás de ese llamado? – La situación en la provincia, fundamentalmente en Rosario y Villa Constitución, es que un sector al cual dirigimos el llamamiento con el que desenvolvimos una lucha política no se animó a sacar las conclusiones de la crisis de la vieja burocracia. Abrieron una lista local, la Lista 7, que tratan de desvincularla de las listas de Yasky y De Gennaro. Pero sus principales referentes apoyan a De Gennaro. En el caso de Ctera, en Amsafe, recientemente hemos recorrido una experiencia conjunta, con quien encabeza la Lista 7, Gustavo Teres. Pero su planteo fue limitar la evolución de esa experiencia. En Villa Constitución, hay una discusión más franca. Hay dos dirigentes históricos de la CTA: Picinini y Paulón. Paulón con Yasky y Piccini con De Gennaro. – ¿Cuál es el proceso que se da en tu lugar de trabajo en torno al 82%? – Nosotros con otras agrupaciones hemos tomado esta reivindicación y nos movilizaremos el 4 de agosto para reforzar la movilización nacional. Desde el punto de vista de las organizaciones gremiales, no fue tomado. Por ejemplo, en el caso de Amsafe Rosario, queremos tomar una iniciativa concreta. – A medio año transcurrido, ¿qué balance realizás de las luchas y reivindicaciones? – Es importante retomar todo lo que quedó pendiente en las luchas reivindicativas de la primera mitad de año, porque la inflación es imparable. Las negociaciones salariales fueron cerradas muy tempranamente con un 20% miserable para los estatales y un 17% para los docentes. Está comenzando a haber un debate, particularmente en Amsafe, con asambleas por distrito y reunión del cuerpo de delgados por la reapertura de paritarias.

Antes de que arranque el debate, la oposición se bajó del proyecto jubilatorio. No solamente lo redujo al 82% del mínimo, dejando afuera la generalización del fallo Badaro y el ajuste por salarios, también le dio entrada por el Senado, donde no tiene mayoría; “es muy difícil –concluye Clarín (1/8)– que cuenten con el número necesario para aprobar el proyecto. Y si es rechazado, el arco antiK deberá esperar hasta el año que viene”. A estos opositores, en su mayoría de centroizquierda, les interesa más bajar las retenciones a la soja que mejorar el ingreso miserable de los jubilados. Estamos en presencia de un fraude mayúsculo; los K ya no necesitarán usar el veto. El cambio vergonzoso de la oposición tiene explicación: la clase capitalista no quiere saber nada con el 82 por ciento. Esta tampoco quiere que nada se ponga en el camino para transformar a la Anses en la fuente financiera de un Banco de Desarrollo que sirve para subsidiar a la burguesía. Los K y sus opositores baten el parche de no seguir las recetas del FMI, pero en materia jubilatoria las cumplen puntillosamente. No al fraude. Movilicémonos para derrotarlo.

“La de Bahía Blanca y Coronel Dorrego –explica– era la única regional opositora de la CTA. En las elecciones anteriores, cuando la burocracia se presentó unida, ganó una lista de oposición que defendía la independencia política de la Central. Ahora, frente a esta división de la burocracia, que se operó de espaldas a los trabajadores, han decidido dar ‘libertad de acción’, sin comprometerse. Al mismo tiempo, han incorporado a su lista local a gente que abiertamente hace campaña por De Genaro. Es un ‘degennarismo’ vergonzante”. – ¿Cómo tomó el activismo esa postura? – Ha producido confusión y hasta desmoralización. Una regional antes opositora ahora retrocede, dice ‘no fumo’ y se niega a intervenir en las elecciones nacionales, con lo cual pasa a formar parte de todos esos caciques que cuidan la quinta propia. – ¿Cómo intervenir en esa situación? – Nuestra lista, integrada por compañeros del Suteba, de docentes universitarios, por activistas barriales y de otros gremios y sectores, presenta una alternativa independiente ante ese proceso de crisis. Estamos en una profunda discusión con el activismo, porque la regional ni siquiera hace frente al fraude que se viene, con padrones inflados y hasta la inclusión de seccionales que antes no estaban en la regional. – ¿Tuvo repercusión la campaña por el 82 por ciento en las jubilaciones? – Tuvo mucha repercusión. Encontramos muy buena respuesta en las mesas que se colocaron en el centro, en las plazas. Se juntaron muchas firmas y la campaña tuvo repercusión en los medios, en la televisión y en las radios. Sin duda, es un problema que los trabajadores tienen muy presente.

Una de las medidas más importantes del proyecto de ley K sobre trabajo agrario es la disolución del Renatre (Registro Nacional de Trabajadores rurales y empleadores) y su reemplazo por un Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores agrarios (Renatea). Los ocho directores del Renatre, la mitad de los cuales pertenece a Uatre y la otra mitad a las entidades rurales, son sustituidos por un nuevo registro que dependerá directamente del Ejecutivo. Las entidades patronales y la burocracia quedan confinadas a un “consejo asesor”, mientras que queda abolido el monopolio de representación de la burocracia del Uatre. El Renatre es un ente de derecho público no estatal, creado en 1999 por el gobierno de la Alianza. Ejerce un poder omnímodo sobre el trabajo rural: otorga la libreta de trabajo a cada trabajador, realiza estadísticas sobre trabajadores permanentes y no permanentes, administra el sistema de prestaciones por desempleo y, lo más importante, ejerce el poder de policía de trabajo. Presentado como una gran arma contra el trabajo en negro en el campo, ha sido un gigantesco fracaso. En una década, los trabajadores registrados pasaron de 250.000 a menos de 700.000 –un 40% de la masa laboral que trabaja en el campo– según estimaciones. Lo que la Sociedad Rural y la burocracia de Uatre consideran “una expropiación” no establece ningún cambio sustantivo para los trabajadores. Bajo el gobierno K, el trabajo en negro estuvo preservado por la complicidad del Ministerio de Trabajo y los escasos inspectores y transportes destinados a la inspección de los establecimientos rurales. ¿Cómo hará ahora el nuevo Renatea para erradicar el trabajo en negro y hacer cumplir la inscripción “obligatoria” de empleadores y trabajadores? El único ‘aporte’ que plantea el proyecto de ley es... un subsidio a las patronales agrarias que registren a sus trabajadores (una reducción del 50% en las contribuciones patronales por dos años, la que puede ser renovada por otro período). El proyecto no dice nada sobre proteger al trabajador que denuncie su condición laboral irregular. Los límites insalvables de la propuesta progresista de los K salta a la vista. Lo que cuenta para los K es el licenciamiento de la burocracia que se ha alineado con Duhalde y Barrionuevo para sacarle las manos de la ‘caja’. Aunque el gobierno bate el parche sobre la habilitación “por primera vez” del derecho a huelga, la realidad es que para poder ejercerlo, habrá que superar a la CNTA, encargada de “promover la aplicación de mecanismos de composición de conflictos colectivos”. Finalmente, el proyecto blanquea la flexibilidad laboral al habilitar los contratos de trabajo temporarios y discontinuos, casos en los que la indemnización “será fijada por el juez”.

Oscar ingresó en el Roca en 2003, en una tercerizada (Poliservicio); en 2004, pasó a planta permanente, en 2008 lo trasladaron a la estación Illia del Belgrano Sur por persecución laboral. Vivía en La Plata y le asignaron trabajo con horarios rotativos en Laferrere (La Matanza). Cuando se negó (2010), no le permitieron tomar más servicio. Guillermo se desempeñó en boletería en estaciones del Roca y fue parte del conjunto de compañeros (no sólo tercerizados, también de planta permanente) que no se doblegaron ante la persecución laboral y a los que se les fueron armando legajos con suspensiones hasta ser despedidos. Oscar Gómez ha sido electo por asamblea para integrar la comisión negociadora que debe reunirse con la patronal y el ministerio. Los compañeros relatan que esta no es una historia sólo de gente jodida. Detrás detrás de una política ruin de patrones de estancia que hacen y deshacen a su antojo, hay intereses económicos de camarillas que se armaron desde la privatización hasta aquí: la Unión Ferroviaria (UF) y Antonio Luna (ex directivo de La Fraternidad, subsecretario de Transporte) se dividen la bolsa de trabajo que caprichosamente pone y saca trabajadores de las tercerizadas, que tienen contrato con el ferrocarril. Las tercerizadas sobrefacturan por desmalezar, limpiar coches, hacer tareas de Vía y Obra y mantenimiento. La diferencia entre lo que el Estado paga por cada trabajador tercerizado y el salario que éste recibe constituye una caja millonaria (ahora, ha aparecido una competencia para los gremios en Berazategui, donde cooperativas del Argentina Trabaja organizadas por la intendencia, forman parte de las tercerizaciones del trabajo de albañilería). La selección del personal queda en manos de la burocracia sindical, le suministran una clientela cautiva –si puede– para movilizar o hacer de patota. En esta tarea de perseguir a trabajadores se destaca un hombre de Taselli, el abogado Pablo Díaz, responsable de Recursos Humanos, un elemento dedicado a armar e inventar las peores situaciones a los compañeros para sacarlos del medio y despedirlos. La ilegalidad y la precarización laboral son acompañadas por una política de discriminación sindical: hay quienes pueden afiliarse a la UF aunque sean tercerizados, y hay compañeros de planta permanente a los que la burocracia no afilia. – ¿Cuál fue la razón de que un corte de vías tan extendido en el tiempo y con una cifra récord de trabajadores sobre la vía no pudo conquistar la reincorporación de todos los despedidos y el pase a planta? Oscar : Creo que fue un error correr a los compañeros al costado para negociar, lo lógico hubiera sido negociar bajo la presión del corte. – ¿Cómo van las negociaciones y cuál es la perspectiva? – La movilización del 29 abrió una instancia de negociación con una entrevista esta semana. Lo importante es que la base está muy fuerte, porque tiene una experiencia de muchos años de manoseo. Vamos a empeñarnos por la reincorporación y el pase a planta equiparando a todos con la categoría inicial del convenio de la UF.

El gobierno ha salido a decir que no hay ningún tarifazo en la electricidad y el gas, sino que se trata de la aplicación del mismo régimen que ya se había aplicado el año pasado. Los publicistas del gobierno han ido más allá y proclaman que se está ante “las mismas tarifas, un año después” ( Página/12 , 30/7). Es falso. Las tarifas del gas del año pasado contenían un aumento de 2008 que iba desde el 43% para los consumos muy bajos hasta 56% para los más altos. Si a esto se le agrega el cargo tarifario (que es lo único cuestionado en la Justicia), los aumentos van del 78 al 150%. A lo que hay que agregar la decisión del gobierno, en 2009, de reducir el subsidio con el que reducía el costo del consumo de energía de los hogares. Es decir, entre 2008 y 2009 los bolsillos de los trabajadores argentinos fueron saqueados por decisiones del gobierno para, de un lado, mejorar los ingresos de las privatizadas y las petroleras, y del otro, mejorar la caja estatal que maneja el ministro De Vido. Esta suma de rapiñas llevó a una serie movilizaciones populares desde el verano del año pasado hasta entrado el invierno, las que llevaron a que el gobierno diera una marcha atrás parcial. El diario K Página/12 describe el proceso así: “El clima adverso a la quita del subsidio se había potenciado, el año pasado, porque la medida coincidía con la recomposición tarifaria dispuesta a fines de 2008. Ante el salto en el consumo de los meses de invierno, la acumulación de variaciones explotó en el valor de las facturas. En aquel momento fueron frecuentes los reclamos por boletas que cuadruplicaban o quintuplicaban valores anteriores” (30/7). Este año, la reacción popular al tarifazo es más aplacada. ¿Por qué? Por una maniobra. “Este año, en cambio, no se percibió ninguna de esas consecuencias”, dice Página en referencia a las protestas populares, “porque el esquema tarifario modificado a partir de agosto del año pasado combinó el retiro del subsidio a grandes consumidores con la fecha de baja estacional en la demanda” (ídem). Como el consumo cae con los primeros calores de la primavera y más aún en el verano, se supone que el tarifazo pasa más desapercibido. La otra causa está en la nula reacción de la oposición. El año pasado se envalentonaban en el Congreso, amenazando con tirar abajo todos los aumentos. Esta vez, no han dicho ni mu. Miran para otro lado porque defienden los mayores ingresos para las privatizadas y petroleras y porque, además, defienden la caja estatal, así esté en manos del kirchnerismo, porque asegurar el pago de la deuda pública es una política de Estado que une a oficialistas y opositores. Es decir, el tarifazo ha pasado, en parte. Ahora, en el gobierno esperan que pase del todo, y esto es lo que han olfateado los especuladores, que compraron masivamente acciones de las compañías de energía que cotizan en la Bolsa ( Clarín , 30/7). Los aumentos se han disparado también en autopistas, pre-pagas y naftas. El gobierno está retirando subsidios, que es un eje fundamental del FMI, para poder negociar con el Club de París y para volver al endeudamiento internacional. Aprovecha para hacerlo la devaluación del dólar, que convierte un aumento en pesos en un aumento mucho mayor en dólares, que es lo que le interesa a los pulpos. Al margen de esto, sin embargo, los tarifazos acentuarán la suba de precios y el deterioro de todas las condiciones sociales.

La lucha por el 82% móvil y la defensa de los regímenes jubilatorios provinciales es fundamental. La jubilación docente hoy representa un 40 por ciento de lo que cobra un docente. Menem-Cavallo anularon, en 1999 mediante un decreto, la disposición legal que establecía el 82% móvil del salario del docente. Los K cometieron, después, un doble fraude. En primer lugar, no corrigieron la brutal devaluación de más de una década. En segundo lugar, ligaron la “movilidad” a un índice trucho, con el resultado de que el último “reajuste” fue de ¡un 0,98%! A este derrumbe se quiere sumar a los jubilados de Cajas Provinciales en las que aún rige parcialmente la movilidad, como ocurre en Santa Cruz. Es la “reforma jubilatoria más profunda de los últimos 20 años” –dice Página/12– que llevará el haber medio de los docentes santacruceños jubilados al 40% del salario, como en el “sistema nacional”. El mismo camino transita el IPS de la provincia de Buenos Aires. La Lista Rosa-Gris-Verde y Tribuna Docente convocan a los docentes a sumarse a la campaña nacional en defensa de la jubilación y del 82% móvil, así como la de todos los regímenes previsionales docentes, y a erradicar de Ctera a Yasky –cómplice kirchnerista en este robo.

Por medio de La Nación (3/8) nos enteramos de que el sanjuanino Gioja se había ganado la candidatura a vicepresidente junto a los Kirchner, para 2011, en la misma ocasión en que se decidió elegir a la ciudad de San Juan como sede de la reunión del Mercosur que acaba de finalizar. Gioja es la punta de lanza de las mineras de cielo abierto y el mayor artífice de la explotación de Pascua Lama, con Chile, a caballo de la cordillera. Se trata del mayor proyecto conocido de destrucción de glaciares y un monumento a la estafa en materia impositiva. El lugar de la cumbre no fue al cuete, porque en la declaración final, los presidentes del bloque, más el canciller de Venezuela, desarrollan una enérgica defensa de la minería que se practica en el continente, “importantes, dicen, para el desarrollo económico y social”. Lula firmó, naturalmente, con las dos manos, pues gran parte de la euforia capitalista en Brasil, en el último lustro, obedece a la privatización de la minería; o el chileno Piñera, que se esfuerza en estos momentos por hacer pasar una ley que prorrogue por otros 17 años la inamovilidad fiscal y cambiaria en beneficio de las mineras. Pero lo mismo hicieron los bolivarianos, que han descubierto en la minería de los grandes pulpos el modo de financiar “la transformación nacional y popular de nuestros países”. La euforia embargó al secretario de Minería, Jorge Mayoral, el hombre de la minería en el gabinete kirchnerista, que aseguró que la actividad de los pulpos mineros “mejora la calidad de vida para muchas de nuestras comunidades”. La minería capitalista es una verdadera mafia internacional, que acaba de derribar, por ejemplo, al gobierno de Australia, que pretendía recoger para su país una proporción de la magra renta minera que recibe su país. En fecha reciente, los capos de la Barrick se fotografiaron con la Presidenta de Argentina, durante la super reunión de los países que integran el G20, algo que está reservado para muy pocos, pero que puede considerarse como un mensaje mafioso al Congreso argentino que pretende aprobar sin éxito una ley de protección de glaciares. Esperamos que los muchachos bolivarianos se pronuncien sobre este atropello –sean kirchneristas o centroizquierdistas, como la agrupación universitaria La Mella.

Un reguero de luchas ha estallado con el reinicio del ciclo lectivo en todo el país. La semana pasada, Agmer (Entre Ríos) paró 48 horas, no inició las clases y volverá a parar los días 9 y 11 de agosto. Atech y Sitech Federación, de Chaco, también pararon 48 horas y anuncian más medidas de fuerza. En Catamarca, Ateca mantiene las medidas de lucha a pesar de un anuncio de aumento del 16 por ciento de parte del gobierno de Brizuela del Moral, porque exigen que se derogue un decreto anti-huelga que implementa suplencias de los docentes que adhieran a los paros y el descuento de los días no trabajados. La firmeza de los docentes de Catamarca contrasta con la política de paz social de Yasky. En Corrientes, al paro de 72 horas en el regreso al ciclo lectivo los docentes de Suteco le sumarán un nuevo paro de 72 horas la semana próxima. En Córdoba, hubo un paro en los 38 jardines municipales y en los 35 jardines maternales por la falta de mantenimiento edilicio. Fue una medida de defensa de los infantes, quienes se congelaban de frío. Finalmente, tampoco comenzaron normalmente las clases en la principal jurisdicción del país, la provincia de Buenos Aires. El 2 y 3 de agosto, Udocba (el gremio docente de la CGT) convocó a 48 horas de paro, que ha ido ganando fuerza en las escuelas. El ministro Oporto volvió a equivocar cuando adelantó que esta huelga no iba a ser seguida, porque no era de Yasky. El burócrata del Suteba, Baradel, ha reconocido que en la provincia de Buenos Aires están 3.500 cargos sin cubrir en Educación Física y Artística, o que se necesita crear, al menos, mil Equipos de Orientación Educacional y miles de cargos de bibliotecarios y preceptores, y que hay un déficit brutal de aulas e infraestructura. A los docentes nacionales y/o transferidos, el gobierno y la Celeste no les respetan el 82% móvil en once jurisdicciones del país y en las provincias con estatutos especiales están saqueando los fondos –como en el caso del IPS de Buenos Aires– o apuntan a su desmantelamiento –como es la situación que afrontan los trabajadores docentes de Santa Cruz. Distraccionismo Mientras las bases docentes luchan contra el pacto Ctera-Kirchner, la burocracia Celeste ha salido con una “campaña nacional” por una nueva “Ley de Financiamiento Educativo” que no tiene objetivos concretos. La burocracia celeste reivindica la Ley de Financiamiento que ahora finaliza, aunque sirvió para que la educación pública recibiera muchos menos recursos que los aportados por el ‘neoliberal’ gobierno de De la Rúa (al cual apoyó). Aparentemente, el jueves 5 de agosto, la burocracia celeste realizaría una movilización de aparato al Congreso con ese reclamo trucho. La Rosa-Gris-Verde convoca a los docentes de todo el país a una lucha para que triunfen las huelgas provinciales y para que se reabran las paritarias.

El lunes de la semana pasada a la noche, volcó un camión que transportaba cuatro mil kilos de nitrato de amonio –componente básico de los explosivos que se utilizan en la minería a cielo abierto, cuando se lo mezcla con gas oil. La propietaria de la carga es Orica Argentina, filial de su homónima australiana y líder en el abastecimiento de las grandes pulpos mineros que operan el país, especialmente después que absorbió a Dyno Nobel, su anterior competidora nativa. El accidente se produjo cerca de la localidad de Copacabana, en el oeste catamarqueño, próximo a la ciudad de Tinogasta y, según las informaciones disponibles, la carga provenía desde Chile y se dirigía a la mina Veladero en San Juan, propiedad de la canadiense Barrick. Los pobladores de Copacabana y Tinogasta salieron rápidamente a manifestarse y denunciar el peligro que significa la presencia de estos explosivos en sus parajes e incluso los peligros de contaminación que lleva aparejado. Naturalmente, circuló enseguida la versión de que se trataba de material explosivo que involucraba a Minera Alumbrera, radicada en la provincia de Catamarca, que salió rápidamente a desmentirlo, como si ella no tuviera nada que ver. En realidad, Alumbrera es la primera consumidora del nitrato de amonio para voladura en el país y se lo provee la misma Orica que abastece a la Barrick. Alumbrera es la que más roca muele entre todas las minas del país, más de ciento cincuenta mil toneladas por día. Esas explosiones (voladuras como la llaman en las minas) son las responsables de las nubes de polvo que agreden al medio ambiente en las zonas mineras y “consumen” miles de toneladas de explosivos, como el que se derramó la semana pasada en Catamarca, con el peligro que esto conlleva para todas las poblaciones por las que circulan.

Los estudiantes más jóvenes de la UBA le están dando una dura lección al inefable rector de la universidad, el kirchnerista Rubén Hallú. La intervención ‘destituyente’ del Colegio Nacional de Buenos Aires se había producido a días del inicio de las vacaciones de invierno, con el objeto de licuar una reacción estudiantil. Durante el receso, Hallú se valió del poder de la ‘dedocracia’ para designar nuevos vicerrectores, que trabajaran por el cese del conflicto y permitieran entregarle (o devolverle) el histórico colegio a la Franja Morada de la Facultad de Derecho. Agustín Zbar era el candidato cantado de la camarilla radical de Derecho, que está encabezada por Carlos Mas Vélez, presidente de la UCR Capital y secretario general de la UBA. Recordemos, una vez más, que la universidad está co-gobernada por un pacto que unifica a radicales con peronistas y a macristas con kirchneristas, todos prendidos a la misma caja y defendidos en numerosas oportunidades por la Policía Federal de los K. La vuelta a clases encontró, sin embargo, al Buenos Aires de pie. Los estudiantes siguen en estado de asamblea permanente y no piensan dar el brazo a torcer. Los docentes resolvieron un paro contra la intervención y el nombramiento de los nuevos vicerrectores y de Rosita López del Aguila (la octogenaria rectora interina), en lo que constituyó una fuerte reserva para la lucha. La que sí reconoció a del Aguila y rechazó las medidas de fuerza fue Virginia González Gass. La rectora despedida no hace otra cosa que mantenerse fiel a su historia, que siempre la encontró en la vereda de enfrente de la lucha de los estudiantes y docentes por la democratización del Nacional. González Gass está jugada a un intrincado amparo judicial y, aparentemente, su única preocupación es usufructuar el conflicto para ascender en la lista de legisladores de Pino Solanas. Según la resolución del Consejo Superior de la UBA, en veinte días el Buenos Aires debe elevar una terna no vinculante con los aspirantes a suceder a González Gass. Dada la conformación antidemocrática de los consejos resolutivos de los preuniversitarios, cualquier terna incluirá necesariamente a los candidatos de Hallú-Mas Vélez. Es una maniobra trucha para legitimar la intervención y perpetuar el monopolio del poder en manos de las camarillas. Tenemos veinte días para desarrollar una lucha a fondo contra el Consejo Superior, quebrar la intervención y la maniobra de la terna. Hay que despertar al Pellegrini para sumarlo a la pelea. La movilización de los preuniversitarios puede ser el puntapié para un alza general del movimiento secundario. La UJS se ha puesto a la tarea de organizar el estudiantazo contra el gobierno PROcesado de Macri. La Cues tomó nuestra propuesta de convocar a un congreso abierto de la coordinadora para el 14 de agosto. Finalmente, la democratización no puede producirse de forma aislada: requiere una lucha de conjunto para expulsar a las camarillas privatizadoras y terminar con el régimen social que las alimenta.

Finalmente, en la Comisión de Asuntos Constitucionales el macrismo no reunió el número para aprobar un dictamen de juicio político, ni la oposición logró el suyo para que se forme una comisión investigadora. Los peronistas de De Narváez, que pertenecían hasta hace muy poco al bloque del PRO, le dieron la espalda. La reunión pasó al viernes, cuando se anuncia la aprobación del dictamen de la oposición. En este caso, el macrismo reclamará que su composición sea proporcional a la representación que tiene la Legislatura. La eventual comisión investigadora se pronunciaría en 90 días, aunque sin alcances prácticos. Aunque el macrismo califique a la comisión investigadora de un “batallón de fusilamiento¨, las balas que piensa usar la oposición son de salva. Elisa Carrió, por ejemplo, les dijo a sus legisladores que “Macri está muerto pero yo no pienso ser la sepulturera” ( Clarín , 3/8). Los peronistas de Kravetz tampoco: han señalado que hay que cuidar la institucionalidad y que no hay pruebas suficientes para iniciar el juicio político. La posición de Proyecto Sur es la más inconsistente, si esto fuera aún posible: ha planteado que Macri pida licencia –una recomendación. La oposición no tiene en sus manos (y probablemente no le interese) rescatar la candidatura a presidente de Macri, lo que depende de cómo prosiga su procesamiento judicial, pero es seguro que lo quiere rescatar como jefe de Gobierno, o sea que llegue hasta el final. Lo mismo buscan los K. Aunque los macristas reclaman investigar las escuchas de la Side para comprometer al gobierno con Ciro James y Palacios, los diputados nacionales hicieron saber que la Legislatura no tiene la capacidad de convocar a declarar a los funcionarios federales, sean del gobierno nacional o de la Side. O sea que la comisión investigadora no podrá investigar la pata del gobierno nacional en la trama del espionaje macrista. Palacios fue jefe “antiterrorista” de la Federal y fue procesado justamente por el encubrimiento de la investigación del atentado a la Amia. El ‘servilleta’ Ciro James trabajó largo y tendido en la Federal y en la Universidad K de La Matanza. Como se ve, los opositores se han inclinado por la Comisión Investigadora que le conviene al gobierno nacional. A todo esto, el único que ha denunciado a los mandantes del kirchnerismo y del macrismo es D’Elía, cuando denunció que la política comunicacional del gobierno está en manos de un “coronel del Mossad” –en referencia al empresario Szpolsky. Pero, por lo que se ve, el Mossad dirige más que la política comunicacional; también maneja la exterior y la de seguridad. Los que han entrado en esta crisis sin conectar el espionaje de Macri con el de los K se han convertido en cómplices de uno y de otros. El Partido Obrero denuncia este encubrimiento manifiesto y plantea “Ni Macri-Ni Kirchner”, fuera los gobiernos agentes del Mossad y la CIA, por la apertura de los archivos de la Side y la disolución de la nefasta Metropolitana.

Para Clarín , “Los colectiveros son un factor de riesgo en materia de seguridad vial. No es una opinión, es lo que marcan las estadísticas. Causaron el 30% de las muertes por accidentes en la ciudad en lo que va del año. En el 2010, entre todas las líneas de colectivos suman 5.737 multas, lo que resulta muy poco comparado con la cantidad total que se labran. Y por diversos motivos, la enorme mayoría de esas infracciones no se llegan a cobrar” (ídem). Clarín mata al mensajero: la inmensa mayoría de los accidentes de colectivos son responsabilidad de las patronales. Las condiciones de trabajo en el transporte son pésimas debido a la falta de inversión, las unidades que salen a la calle no tienen reparación ni mantenimiento, existen sospechas de cómo son habilitadas por la VTV, los diagramas son inflexibles y los horarios por recorrido un verdadero infierno que obliga a una tensión continua del chofer en cada vuelta, con el agravante de que no se respetan las esperas de descanso entre vuelta y vuelta. La 132, una línea presentada como “modelo” tiene un régimen de superexplotación fundado en el despido de cualquier chofer que se atreva a discutir. Hay empresas que prefieren dejar colectivos “parados” para no tomar choferes y dejan servicios mínimos, que obligan al chofer a cumplir con un diagrama imposible de cumplir si no es violando todas las normas de tránsito. Ni hablar de las peripecias de los choferes que deben soportar insultos de todo tipo por los sufridos pasajeros que hace una hora esperan un colectivo, además de los asaltos y las agresiones impunes de todo tipo. Las grandes patronales terminan resolviendo el pago de las infracciones de tránsito mediante “arreglos” de paquetes de multas que representan el 10% de las infracciones por lo que mantienen el régimen infernal de tiempos por vuelta con la complicidad abierta de funcionarios. Por otra parte, un grupo de abogados, “caranchos” de las patronales, tramita la evasión de los pagos de los accidentes causados. La gran ausente frente a la impunidad de las empresas del transporte es la organización gremial de la UTA, que hace la vista gorda ante todo estos hechos, Ningún dirigente de la UTA ha salido a denunciar esto. Han mantenido silencio pues son cómplices del trabajo a destajo y del incumplimiento de las patronales de las normas más elementales de seguridad. En un estudio hecho por el Conicet, a pedido de la propia UTA, se comprueban los riesgos en la salud de los choferes luego de una jornada que excede las seis horas de trabajo. Sin embargo, por lo menos un centenar de empresas de Capital y el Gran Buenos Aires funcionan con horarios de 12 horas, una parte de ellas a destajo. Sin ninguna duda, los perjudicados son los trabajadores y los usuarios, por eso es necesario una acción en común: formar en cada distrito, localidad y barrios comisiones que impongan servicios y condiciones que beneficien a todos y se termine con servicios que sólo están hechos para el beneficio empresario. Plenarios y asambleas para defender los derechos de espera por vuelta.

-Exclusivo de internet Recientemente, el Teatro San Martín fue alquilado para la fiesta de cumpleaños del empresario Andrés von Buch. La kirchnerista Gabriela Alegre aseguró que su bloque iba a solicitar explicaciones; el bloque de Proyecto Sur elevó un pedido de informes; la legisladora del bloque peronista Silvina Pedreira calificó de "situación insólita" la fiesta privada del San Martín; Raúl Alberto Puy (Diálogo por Buenos Aires) se pregunta quiénes "autorizaron el uso del espacio público a privados". La respuesta es que la Legislatura en pleno (incluyendo a los "denunciantes") votó la ley 3.368, que "autoriza a dependencias del Ministerio de Cultura la afectación de ingresos provenientes de: arrendamiento de salas, salones, recintos y/o predios en el ámbito de los espacios culturales". Nadie puede alegar que no se percataron de lo que estaban votando. En la sesión taquigráfica del 3 de diciembre de 2009 consta que la legisladora Gabriela Cerruti objetó: "Voy a abstenerme, ya que se enumeran una cantidad de actividades sin control: concesiones y arrendar salas, salones y recintos". Incluidos cumpleaños

¿Y a los luchadores no? ... ¿entonces todo es contra el Estado de Israel? ... ¿Macri no tiene la intención de montar un aparato para espiar y procesar luchadores, sino que hace lo que hace mandado por la CIA y el Mossad? Contéstenme, por favor. Lucas Comentario a “Ni Macri, ni Kirchner” - ( PO Nº 1.138, 22/7) Situación de los tareferos en Misiones Para sintetizar la situación actual de los tareferos (cosechadores de yerba) en Misiones les transcribo mas o menos lo que me dijo uno de ellos “que ley ni que ley quieren sacar, si ¿quien va entrar a controlar en el yerbal de Puerta que tiene lineos de 500 metros y hay que acarrear los 100 kilogramos del raído? si nos llevan y nos dejan tirados en el yerbal y tenemos que buscar nuestra propia leña si queremos fuego, armar nuestra carpa y no es como cuando uno va de camping, eh. Si queremos comer algo, tenemos que comprar lo que hay en la cantina al precio que te ponen, y así en todos lados es igual, ¿quién va a controlar? ¿El gordo ese del Uatre, que en su vida piso un yerbal; el diputado ese que se llena la boca con los tareferos (por el diputado Bárbaro) y hablan que casita, que herramienta, que ropa de trabajo nada de eso no hay?”. Siguen trabajando como mensú, cuando le dan un recibo de sueldo, le hacen firmar por mucho menos, en la Anses le dicen que son cómplices del patrón por firmar. Está claro que las leyes de la dictadura y las de la democracia si llegan a los yerbales son sólo para castigar a los tareferos. Ahora se están queriendo agrupar. Hay intenciones de recuperar el sindicato, resolver el problema de la interzafra (trabajan seis meses al año y el resto se rebuscan y para los pocos que están registrados hay un subsidio miserable de 200 pesos que consiguieron cortando la ruta después de que uno de sus punteros vendió la lucha –de los cuales, para completar, la Anses le descuenta 20 pesos) y resolver el problema de fondo que sería tener un sueldo igual a la canasta familiar los doce meses del año con un trabajo en condiciones humanas. La lucha está por empezar, desde ya contamos con el apoyo de todos los compañeros del Partido Obrero. Gustavo Comentario a “El ‘nuevo’ estatuto del peón rural” - (PO Nº 1.138, 22/7) Las elecciones en la CTA Quería felicitar al editor por el artículo, sin embargo creo que la clase trabajadora no debería insistir en modelos sindicales como la CGT y la CTA. La CGT es una corporación al servicio de los gobiernos peronistas y la CTA parece estar cayendo en la misma trampa. Debería intentarse una nueva central obrera totalmente independiente del Estado. El problema del sindicalismo hoy en día es que han olvidado sus raíces, y creen que porque el tiempo pasa debe cambiar el movimiento sindical. Yo creo que mientras los enemigos de los trabajadores sea el capital que explota a los compañeros, el Estado que encarcela y asesina a quienes combaten al capital, el movimiento obrero debe ser antiestatista y anticapitalista. Es más, hoy no sólo debería tener solamente como enemigo al estado y al capital, sino también debería atacarse a esas corporaciones al servicio del poder, que se dicen llamar CGT y CTA, y se debería ajusticiar a sus dirigentes que mas dirigentes son empresarios, y que suelen utilizar estos pseudosindicatos como fuerzas de choque rompehuelgas al servicio del estado. La nueva central obrera en la que debería primar la igualdad, y los mandatos revocables, no debería reclamar una personería, porque eso sería reconocer al Estado, debería utilizar su fuerza de negociación a través de la huelga general y no a través del aparato estatal. Solo así se estaría creando en un sindicato con tendencia revolucionaria. Muchas gracias por permitir expresarme y con todo respeto por vuestra opinión. Salud! Marcos Ligreb Comentario a “Las elecciones en la CTA” - (PO Nº 1.138, 22/7) Más socialismo para Cuba Muy buen artículo, bien fundamentado y con una investigación seria y sin fanatismo ni extremismo. A los extranjeros que se rajan las vestiduras defendiendo el proyecto sociopolítico actual de Cuba. Les digo como cubano que ha vivido en Cuba por cuatro décadas desde que nací y que he estado junto a la UJC, al PCC, los CDR, el Poder popular, que estuve movilizado infinidad de veces en campamentos agrícolas, que hice guardia cada mes para vigilar mi barrio de delincuentes, que me levanté durante cada día a las 5:30 am para subirme en una guagua, camello y cuanto sistema de transporte publico ha tenido Cuba, que grite infinidad de veces abajo los yanquis en la plaza y frente a la oficina de intereses de USA, que di mis opiniones y mis propuestas en cada reunión del sindicato, de los CDRs, de las asambleas en la calle del poder popular y sobre todo que no me arrepiento de haberlo hecho, les digo que Cuba necesita un cambio urgente para mas socialismo, pero socialismo de verdad. Cuba es el único país del mundo que ahora mismo tiene las condiciones y la conciencia de la mayoría del pueblo para poderlo hacer. Los dirigentes cubanos temen perder sus privilegios, ya no quieren pensar, están acomodados, en lo más profundo de su alma, temen perder sus posiciones y convertirse en un ciudadano normal. Necesitan el ejemplo del comandante Faustino Pérez, que dejó el paso a los más jóvenes y salió a trabajar en la Ciénaga de Zapata (el lugar más pobre de Cuba) y vean todo lo que logró. En Cuba se necesita más vergüenza y conciencia histórica de los máximos dirigentes. Hay que cambiarlo todo otra vez, como lo hicieron una vez ellos mismos cuando eran jóvenes. ¡Socialismo ya! Zapiola Comentario a “La encrucijada de Cuba” - (PO Nº 1.137, 15/7)

El pasado sábado 31 de julio, un importante plenario de afiliados a la CTA aprobó el programa de la Lista 3 de Unidad Clasista y proclamó a sus principales candidatos. El plenario fue el resultado de un agrupamiento de más de mil candidatos para las elecciones del 23 de septiembre, logrados entre Tribuna Docente, Tribuna Estatal, la lista Naranja de docentes universitarios, la Lista Naranja de Prensa, la Agrupación La Pista de Aeronáuticos, además de trabajadores azucareros, de Ucra, Atilra, judiciales y centenares de compañeros independientes. Se ha conformado una lista nacional con representación en doce provincias, además de veinte listas seccionales en la provincia de Buenos Aires y otras tantas listas seccionales en el interior. Una enorme base de lucha en todo el país. El plenario caracterizó el profundo proceso de integración de la CTA al Estado. Una central que pretendió postularse como una alternativa independiente a la tradicional burocracia de la CGT, pero que terminó asimilándose por completo a su programa y a sus métodos. La fracción que encabeza Yasky ha elegido el camino de asociarse con Moyano, en un frente que defiende los intereses del gobierno. La de De Gennaro, a otros sectores de la oposición patronal. Las diferencias De Gennaro con Yasky no están establecidas en la metodología ni en la orientación de los gremios que ellos dirigen, donde no hay reconocimiento de las minorías, hay fraudes electorales, han desaparecido las asambleas generales y se firman cláusulas de “paz social” que han hundido salarios y condiciones de trabajo, tanto entre los docentes como entre los trabajadores de ATE. Ambos son responsables de enterrar el reclamo histórico del reconocimiento gremial de la Central y cerrar el camino a la formación de nuevos sindicatos independientes al atar sus destinos al gobierno o a la oposición patronal. Así, han trasformado esta elección en un campo de maniobras, donde con Yasky juegan Sabbatella, Moyano, el Ministerio de Trabajo y algunos intendentes kirchneristas, mientras con De Gennaro actúan intendentes radicales, Solanas, los patrones de la Federación Agraria y algunos “socialistas”. En ese cuadro, la Lista 3 es una alternativa de trabajadores al derrumbe de la vieja dirección de la central. La campaña concentrará nuestra intervención en lugares estratégicos de concentración obrera, como los ingenios de Salta y Jujuy, los metalúrgicos de Villa Constitución, los mineros del Turbio, los trabajadores del astillero Río Santiago y las seccionales de La Plata-Ensenada, Neuquén, Rosario y Capital, entre otras. Focalizando la lucha por el voto y la fiscalización en cien lugares de votación estratégicos, verificaremos el progreso de las posiciones clasistas, más allá de los inmensos fraudes que están planteados con la llamada afiliación individual y la injerencia de los punteros patronales en las listas de ambos sectores. El plenario constituyó un comité de campaña con los principales candidatos y dirigentes de cada uno de los gremios involucrados. Se aprobó la salida de una carta abierta a los trabajadores de la CTA caracterizando la crisis de la dirección actual de la CTA y la necesidad de una lista clasista con un programa de independencia política. También se editarán declaraciones particulares en las localidades donde esté presente la Lista 3, presentando los candidatos locales y provinciales como parte de una propuesta nacional. El plenario constituyó un importante paso en el lanzamiento de una gran campaña nacional por una CTA independiente del Estado y de las distintas variantes patronales.

George Orwell es un destacado literato conocido principalmente por dos obras: Rebelión en la granja y 1984, pero en este caso les sugiero la crónica que Orwell realizó como miliciano contra el fascismo en la Guerra civil española, Homenaje a Cataluña. Descripciones elocuentes, con un relato lacónico y preciso, sin excesos, pero lo suficientemente completo. Una crónica rigurosamente detallada que, además, no pierde belleza. Una invitación permanente a continuar la lectura ya que intriga e información histórica excelentemente combinadas. Sensibilidad particular producen los elogios de un inglés a la magnanimidad y cordialidad de los españoles (bien podríamos decir: latinos); y mucho más emociona la decripción que realiza acerca de la moral y actitud revolucionaria de los milicianos en plena situación desventajosa de la guerra. La información y descripción acerca de la persecusión del estalinismo a los grupos más revolucionarios (anarquistas y principalmente trotskistas) son de una elocuencia sensacional y evidencian la falta de tino de lo que puede considerarse el principal error estratégico al debilitar el bando republicano y antifascista... De los mejores libros que leí en mi vida. Como se leían en las banderas de aquel entonces: “¡Viva la Revolución!”

El fin de semana pasado, los afiliados al sindicato independiente del subte se enteraron de que habían ganado una medalla más: ahora eran también miembros de la CTA, aunque nadie se había molestado por preguntarles su opinión, ni menos requerido su firma. Apurado por los plazos de inscripción para las elecciones de la CTA, que vencen este jueves, al menos uno de los delegados, Roberto Pianelli, ya se había inscripto como candidato en la lista de Yasky. En la semana anterior, el único sector del sindicato que se había auto-convocado para discutir una afiliación a la CTA, el taller Rancagua, había rechazado esa posibilidad y había puesto requisitos de democracia sindical (asambleas de base) para que pudiera llevarse adelante. El cuerpo de delegados había votado la integración a la CTA sin someter la decisión a las bases. En esa reunión, estuvo presente la mitad de los delegados y lo hizo a favor el 60%, o sea el 30% de la totalidad del cuerpo. Al final del camino se había consumado “un golpe de mano” por parte de una minoría, totalmente reñido con la historia y la metodología del sindicalismo de base. Tampoco fue votada la presencia de delegados en las listas que compiten en la elección de CTA. En suma, la unidad democrática del cuerpo de delegados parece haber quedado suplantada por un régimen de camarillas. En la larga lucha del sindicato del subte, ninguna de las fracciones de la burocracia de la CTA prestó su apoyo con medidas efectivas. Lo único que en este sentido tiene anotado el sindicato son los cortes de vías que fueron acompañados por el movimiento piquetero en los duros años de 2002 a 2005. Siempre hay argumentos para justificar decisiones por arbitrarias que sean. Aquí se dice que la CTA lucha por la libertad sindical, lo cual es cierto solamente de palabra, y por otra parte el procedimiento utilizado en el subte es contrario a la libertad sindical. Este argumento resulta aún más inconsistente cuando la dirección actual de la CTA ha pasado un acuerdo con Moyano para apoyar la carrera electoral de los K para 2011. Pero Moyano es el tutor de la burocracia de la UTA, que usurpa la representación sindical del subte y firma sus convenios de trabajo. Apoyar esta política significa renunciar a la libertad de los trabajadores del subte a tener su sindicato, no de palabra sino en los hechos, o sea a lucha por su reconocimiento. Más aceptable es el planteo de que la incorporación a la CTA ofrece al sindicato un paraguas protector, aún más si forma parte del acuerdo Yasky-Moyano. En momentos en que las dos listas de la burocracia de la CTA se han enfrascado en una lucha por la verificación de padrones y de garantías contra el fraude en las próximas elecciones, ninguna de ellas ha cuestionado la afiliación inconsulta y sigilosa de los trabajadores del subte, ni tampoco lo ha hecho la UTA o la CGT. Da la impresión de que la protección en cuestión tiene unanimidad en las cúpulas. ¿Sorpresa? No, porque como ya lo estableció un acta firmada en el Ministerio de Trabajo, el sindicato del subte gozará de todos los reconocimientos de forma pero ninguno de los concretos –como el derecho a negociar salarios, ascensos, bolsas de trabajo o a la huelga. Lo que se ha conseguido, siempre en el papel, es una tregua contra las provocaciones de la burocracia de UTA. Pero semejante protección vale también para esta burocracia, que podrá seguir su trabajo de socavamiento del nuevo sindicato en los talleres y líneas del subte, y colaborar con la patronal de Metrovías en la exclusión de los afiliados al sindicato independiente. Lo más grave, si aún cabe esto, es que este procedimiento divisionista de incorporación a la CTA ocurre cuando el sindicato tiene previstas medidas de lucha, como la apertura de molinetes esta semana, y varias líneas han planteado paros de 12 horas, planes de lucha y un aumento salarial del 35%. En lugar de reforzar la democracia sindical en tales circunstancias, se la debilita en función de una operación política de la burocracia sindical de CTA y del apoyo a la carrera de los K –¡que dicen que la Anses no puede pagar el 82% y a los jubilados, pero sí para pagar la deuda externa! Una asamblea del sindicato del Ingenio El Tabacal acaba de rechazar también la incorporación a la CTA. No rechazamos, como criterio general, la posibilidad de tal incorporación, pero ella debe estar presidida por un programa propio de los propósitos de esa incorporación: en primer lugar, la oposición a la integración de la CTA al Estado y a la carrera política de los K, y la oposición al apoyo a los patrones sojeros y a la integración en gobiernos provinciales y municipales, como ocurre con la fracción de la burocracia que encabezan Micheli y De Gennaro. Es con esta claridad que podemos proteger a nuestro sindicato. En nuestra opinión, no es posible aceptar lo ocurrido como un hecho consumado. Varios delegados partidarios de alguna de las burocracias de la CTA, que concurrieron a la asamblea del taller Rancagua, se comprometieron a realizar una campaña de convocatorias de asambleas antes de tomar una decisión. ¿Fueron sorprendidos por los hechos posteriores o los conocían de antemano? En cualquier caso, la decisión debe ser revista hasta que se recojan los mandatos de las asambleas sobre este punto. No sabemos si alguien se ha preguntado el por qué de tanto empeño y de tantas maniobras para integrar al subte al aparato de la CTA. Es cierto que esto no es de hoy, en tanto la misma constitución del sindicato fue fraguada por un grupo minúsculo que lo inscribió bajo la categoría “simple” y se anotó como comisión directiva sin el conocimiento de las bases. En cualquier caso, creemos conocer la respuesta a todo este empeño: el movimiento sindical del subte abrió una perspectiva nueva para el movimiento obrero frente al sindicalismo burocratizado. En ocasión de la lucha por las seis horas forjó un sindicalismo independiente, combativo y democrático. Ahora tratan de quebrarlo en tanto alternativa para el conjunto de la clase por medios ‘pacíficos’, o sea maniobras. Este es el contenido, nos atrevemos a decir histórico, de las operaciones en su contra –¡luego de una década de fracasos de los ataques y provocaciones directas! Que se convoquen asambleas para votar un plan de lucha unificado por las reivindicaciones y para que los trabajadores decidan el futuro político-sindical del sindicato independiente aún no reconocido.

Razón y Revolución ha emplazado a la dirección del PO a que tome posición sobre la polémica entre Guerrero y Salas sobre Montoneros. Adjudica a Salas la posición de RyR. ¿Es posible tamaña obtusidad? Salas remite su posición a las de Política Obrera, en 1970 e incluso a las de 1964 y a posiciones de organizaciones afines en 1956. O sea que la caracterización del retorno de Perón y de Montoneros fue hecha por lo que hoy es el Partido Obrero hace 54 y 46 años, respectivamente. Los de RyR se adjudican la paternidad de esos planteos cuando ellos no habían nacido. O sea que si fuera cierto que Salas coincide con ellos, estarían reconociendo que plagian al PO sin la menor vergüenza. Son intelectuales sin honestidad intelectual –una contradicción sin salida.

La división de la burocracia de la CTA está dando lugar a un conjunto de realineamientos de cara a las elecciones de la Central, como ocurre por ejemplo en Neuquén. El degennarismo neuquino lanzó la candidatura de Carlos Quintriqueo, quien fuera por varios años dirigente de ATE de la zona sur de la provincia, con el auspicio de Julio Fuentes, un dirigente de larga duración en la CTA provincial. Quintriqueo ocupa, por el partido UNE, el cargo de subsecretario de Gobierno del municipio de la capital, que encabeza el radical K Martín Farizano. El gobierno de Farizano es una administración general de los negocios de las constructoras (Benito Roggio), y de los empresarios de la noche y el juego (Cristóbal López, quien además monopoliza el servicio urbano de transporte) y de los grupos inmobiliarios. El gobierno capitalino que comparte el UNE-CTA se ha caracterizado por los salarios de hambre de los trabajadores municipales, la precarización laboral y la represión a las ocupaciones de tierras. En Neuquén tenemos el retrato más logrado del “movimiento político-social-cultural” que dice propugnar Víctor De Gennaro –ni más ni menos que colaboración de clases, de integración al Estado y entrelazamiento con los mismos intereses capitalistas a los cuales sirve el gobierno K. Este “modelo” es el que apoyan el MST y el PCR al integrarse a la lista de De Gennaro en el plano nacional y en el local. Por su parte, el yaskismo “puro” encontró grandes dificultades para formar su lista debido al repudio generalizado que existe contra Yasky entre los docentes de Neuquén. Sin embargo, la conducción provincial de Aten, alineada con De Gennaro, estuvo promoviendo hasta el final una “lista de consenso” con Yasky. Según Marcelo Guagliardo, secretario general del sindicato docente, “el planteo es seguir apostando a la unidad porque creemos que vienen temas y escenarios complejos para los trabajadores” ( Río Negro , 30/7). Es decir que la alianza con la lista de los Kirchner, que no sería admisible a escala nacional, valdría para la provincia, y en especial para hacer frente a las dificultades que los K les van a crear a los trabajadores (!). Lo que ocurre es que Guagliardo ha querido blindar a su agrupación, que se encuentra dividida entre el apoyo a uno y otro bando. Es un planteo de unidad sin principios. Por su parte, el propio Quintriqueo no se priva de curarse en salud ante la anticipada victoria de Yasky a nivel nacional, con la advertencia de que “los docentes, a nivel provincial, aunque no lo digan, van a respaldar a Yasky” (ídem). Quintriqueo ya ha tendido puentes para el caso de una derrota. Después de todo, el degennarismo provincial no se distingue del yaskismo en la prosecución de la ‘paz social’. Finalmente, la dirección de Aten Capital (Lila, ex MIC) y algunos sectores de ATE Salud promueven una lista provincial desprendida de las nacionales. Se trata de una posición deshonesta porque a nivel nacional integra la lista degennarista, que no puede reproducir a nivel provincial porque está enfrentada a la dirección de CTA de la provincia. Este planteo políticamente deshonesto contó con el apoyo del PTS. Para Gabriela Santarelli, del PTS, “una lista regional es posible porque acá existe una izquierda combativa y es posible hacer diferentes frentes únicos. Hay condiciones para hacer una lista regional. Es poco marxista pretender repetir el mismo molde (que a nivel nacional, sic)”. Dicho en criollo: hagamos un frente con los oportunistas que a nivel nacional siguen a la burocracia de De Gennaro, porque son combativos a nivel provincial. No hace falta ser ‘marxista’ para predecir que por esta vía y con estos métodos se apoya el oportunismo de los ‘combativos’, no su combatividad; su acomodo con la burocracia sindical, no la independencia política. Es esto lo que apoya (siempre como “marxista”, ¡claro!), el PTS. Se trata de un encubrimiento a los que posan de “combativos” en la provincia por parte de un grupo que denuncia a diestra y siniestra a sojeros y kirchneristas, y que ahora descubre que sería ‘marxista’ hacer un frente con ellos incluso en un sindicato en el que van aliados a la burocracia sindical. Nuestra política Nosotros actuamos en función de una caracterización que nuestros adversarios poco se han esforzado por hacer, y planteamos una perspectiva a partir de ella. Es la siguiente: la avanzada integración de la burocracia de la CTA al capitalismo y al Estado, es una expresión de su quiebra política (y viceversa), y obliga a plantear abiertamente la necesidad de una alternativa. Esta quiebra política no vale sólo para la CTA, vale para todo el movimiento obrero y el país; ha llevado a la afiliación forzada de todo un sindicato, el del subte, a la CTA por un ultimátum conjunto de las dos fracciones de burocracia, más una tercera – la de Yasky, la de De Gennaro y la de la Lila. Nuestros rivales han preferido explotar esa quiebra para obtener de ella alguna candidatura. Para preparar un viraje de la clase obrera hacia el clasismo y la izquierda revolucionaria ante esta avanzada descomposición de la burocracia, es necesaria una política sistemática. Es lo que expresamos en la Lista 3-Frente de Unidad Clasista, encabezada por la delegada general del Hospital de Plottier, Gabriela Suppicich e integrada por luchadores de toda la provincia.

Esta es la última semana de la Campaña Financiera del Partido Obrero. El 17 de agosto sorteará un bono-contribución, que marcará el punto final definitivo de esta gran campaña política que ha recorrido fábricas, facultades y barrios. Para garantizar su éxito, este fin de semana el PO desarrollará intensas jornadas de colocación del bono-contribución y de concreción de los últimos aportes comprometidos. Participá de la campaña financiera del Partido Obrero. Sumate con tu aporte a la construcción de un gran partido de combate de la clase obrera. No a la deuda externa y al saqueo nacional; sí al salario y al 82% móvil para las jubilaciones. No a la proscripción política de la clase obrera independiente; sí al Partido Obrero.

”Por lo menos en una parte del activismo, estas elecciones en la CTA han generado un debate importante. El quiebre de la burocracia produce todo un realineamiento”, explica Gabriela Supppicich, delegada de ATE en el hospital neuquino de Plottier. – ¿En qué consiste ese realineamiento? – Algunos han quedado pegados a una lista local indefinida a nivel nacional, bajo la presión de una disputa de aparatos que no pueden ofrecer una dirección a la lucha, una salida a las necesidades de los trabajadores. Por ejemplo, en un sindicato importante como el de los judiciales, el Sejun, ganó una lista adherida al sector de De Gennaro, pero ahora no interviene en la elección nacional, se quedó sin propuesta. Es una lista que se quebró. Nosotros luchamos para que se incorporen a nuestra lista, por una alternativa de clase. – ¿Qué expresa la lista clasista frente a esa crisis? – En Neuquén hay luchas muy duras de docentes y estatales. El papel de Tribuna Docente en la lucha de los maestros se traslada a la posición de nuestros candidatos en la CTA. Hay en ella referentes importantes de esas luchas, delegados, compañeros que tuvieron un papel muy importante. Además, por tratarse de una lista nacional, conforma una alternativa muy clara. – ¿Cuál es la propuesta de esa alternativa? – Hay un planteo programático, básicamente la “desestatización” de la CTA, romper esa llamada “paz social” de la burocracia que ha derivado en un aumento salarial de entre el 12 y el 15 por ciento, menos que insuficiente. Esa miseria salarial incide mucho en la recepción de los compañeros a nuestras proposiciones. Somos una alternativa frente a la división, frente a este derrumbe de la CTA.

El 25 de junio se realizó la cumbre de presidentes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), que tuvo como uno de sus temas centrales la cuestión de la plurinacionalidad. La reunión, en la que participaron ochos presidentes, se realizó en Otavalo, a unos 60 kilómetros al norte de Quito, una ciudad mayoritariamente quichua. Pese al tema en debate, las organizaciones indígenas no fueron invitadas. La Confederación de Nacionalidad Indígena del Ecuador (Conaie) decidió instalar en la misma ciudad su propio Parlamento Plurinacional, para denunciar que “no puede haber plurinacionalidad sin los indígenas”. Unas tres mil personas realizaron una marcha pacífica por la ciudad, entre cantos y bailes que celebraban el Inty Raymi, el año nuevo andino, a la vez que recordaban el 20 aniversario del primero de una serie de levantamientos indígenas. La cumbre estaba protegida por policías a caballo. Los manifestantes pretendían entregar una carta a su “hermano” Evo Morales. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, tildó a los manifestantes de “gringuitos que ahora vienen en forma de grupitos en ONG. A otros con ese cuento. Esta gente ya tiene la pancita bien llena”. Los indígenas están enfrentados al gobierno por la ley de aguas y las concesiones a las empresas mineras, lo que ha provocado numerosas movilizaciones, paros, bloqueos y levantamientos. Correa caracteriza a los planteos indígenas como “poco modernos”, que “le dice(n) no al petróleo, a las minas, a no utilizar nuestros recursos no renovables. Eso es como un mendigo sentado en un saco de oro” ( Reuters , 6/7). Evo Morales Paralelamente a lo ocurrido en Ecuador, hace unos meses, centenares de indígenas se concentraron en Trinidad, capital del departamento del Beni, en Bolivia, con el objetivo de realizar una marcha a pie de 1.500 kilómetros hasta La Paz, desde las regiones selváticas hasta picos de cuatro mil metros. La Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), que reúne a 34 naciones del oriente organizadas en once regionales, contó con el apoyo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq). Estas son dos de las cinco principales organizaciones indígenas que en 2006 formaron el Pacto de Unidad durante la Asamblea Constituyente y, hasta ahora, constituían un sólido apoyo al gobierno de Evo Morales. Evo Morales enfrentó la movilización con un argumento singular: “Como la derecha no encuentra argumentos para oponerse al proceso de cambio, ahora recurre a algunos dirigentes campesinos, indígenas u originarios, quienes son pagados con prebendas de algunas ONG” ( www.prensamercosur.com.ar ). En el mismo tono, el vicepresidente Alvaro García Linera señaló que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) estaba infiltrando a los movimientos sociales ( La Jornada , 26/6). Adolfo Chávez, de Cidob, lo desafió “a que expulse del país a la Usaid y veremos quienes son los afectados”. Llamativamente, el primer ministro de Hidrocarburos del gobierno de Evo destacó que la “Usaid financió en 2004 la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente” oficialista, además de otras actividades oficiales ( Bolpress , 3/7). Como consecuencia de este enfrentamiento, el gobierno puede perder los dos tercios en el parlamento (111 votos sobre 166), ya que dicho porcentual depende de ocho diputados indígenas enfrentados con el MAS. En las últimas elecciones para gobernadores y alcaldes, el MAS ya había perdido un millón de votos (un tercio de su electorado) y en El Alto, aunque ganó un alcalde del MAS, esa caída fue de más del 50%, un claro dato del descontento popular creciente. La Fejuve (Federación de Juntas Vecinales de El Alto) fue también muy dura: el Manifiesto Político del XVI Congreso Ordinario ( www.alminuto.com.bo ) plantea que “pese a tener un presidente indígena como es Evo Morales, el Estado sigue gobernado por la oligarquía criolla” y “sigue manteniendo el sistema económico capitalista y el sistema político neoliberal”. Asegura que el pueblo pobre sigue siendo “dominado políticamente”, “explotado económicamente” y “marginado racial y culturalmente”. En el último Congreso de la Fejuve de El Alto, la mayoría de los 2.400 delegados derrotó los intentos de la dirección del MAS por mantener el control de la legendaria organización. La organización vecinal reafirmó la lucha por la nacionalización de los hidrocarburos y la expropiación sin pago a las transnacionales, retomando los reclamos de la Agenda de Octubre y de “luchar por sepultar al sistema capitalista”. Rupturas La ruptura entre los gobiernos “latinoamericanistas” y las comunidades originarias ha sido recientemente tema de investigación de Raúl Zibechi, analista internacional del semanario Brecha. “Los procesos políticos y sociales en los dos países –dice– son como dos gotas de agua. Ambos aprobaron un Estado Plurinacional y nuevas constituciones, pero a la hora de aplicarlas encuentran fuertes trabas. Son las bases sociales indígenas y de los sectores populares urbanos, que llevaron al gobierno a Evo Morales y a Rafael Correa, las que están resistiendo a ‘sus’ gobiernos. En los dos casos, los gobiernos optaron por el extractivismo minero y petrolero para asegurarse ingresos fiscales, en vez de apuntar hacia el Buen Vivir como dijeron en su momento”. Zibechi concluye su trabajo con una sentencia categórica: “La Fejuve no es cualquier organización, sino una de las protagonistas de la Guerra del Gas, en octubre de 2003, que provocó la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y hundió el neoliberalismo. Ahora evalúa pedir la renuncia de Evo. En Ecuador, la Conaie fue la protagonista de una decena de levantamientos desde 1990, derribando tres gobiernos. Una ruptura con estas organizaciones es muy grave para cualquier gobierno, más aún para quienes se apoyan en ellas”.

La llamada oposición acaricia la idea de fijar ella las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Como, a partir del 24 de agosto, el gobierno perderá las facultades legislativas que le fueron delegadas a lo largo de mucho tiempo (entre las cuales figura la de establecer derechos de exportación), estos opositores han empezado a comerse un asado que todavía no salaron ni pusieron en la parrilla. Ocurre que, para el gobierno, incluso si se le privan de las facultades legislativas, los actos que haya producido por medio de ellas sólo se extinguirán en el tiempo que estuviera establecido en el decreto o resolución respectiva. Sea como fuere, apenas sintieron aproximarse la fecha de la venganza contra el gobierno al que acusan de perjudicar al chacarero, se dividieron. En el punto de la soja, mientras que la Sociedad Rural, Carbap ¿y Coninagro? pretenden que sean reducidas del 35 al 25%, la Federación Agraria reclama que eso sólo se aplique a los productores chicos. En cuanto al maíz, trigo y sorgo, todos coinciden (incluso el gobierno) en que deben anularse, o sea cero. Esta convergencia de posiciones no es prueba de que el planteo sea justo, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que el precio del trigo, en el mercado internacional, se ha duplicado en las últimas semanas, por lo que lejos de justificar la eliminación de las retenciones se impondría aumentarlas. Después de todo, un incremento de los ingresos del ciento por ciento para los trigueros es cuatro veces más que los aumentos de salarios que establecieron las paritarias. Otro tanto se podría decir de la soja, que ha vuelto a alcanzar los precios internacionales más elevados. La alegre aceptación de la reducción a cero de las retenciones para el trigo y el maíz significa que aumentarán los precios de los alimentos, incluso los de la carne, porque usan al maíz como forraje. La ‘segmentación’, a su vez, puede ser fácilmente burlada por los grandes capitales mediante una comercialización disfrazada de sus cosechas. Si pueden disimular el trabajo en negro, qué no podrán con la segmentación. No es cierto, como se puede ver, que la división en la burguesía agraria (y entre sus partidos políticos) sea, como dicen los diarios, “la segmentación”, sino que este caso no prevé ninguna rebaja de las retenciones a la soja para los capitalistas más grandes ni para los llamados ‘pools de siembra’. Estos no se oponen a que la rebaja sea mayor para los capitales menores, pero a partir de una reducción de diez puntos del impuesto para ellos. A este enorme punto de divergencia, porque entraña centenares de millones de pesos, se añaden problemas más estructurales. El primero es que una rebaja de diez puntos para los mayores productores de soja desfinanciaría el presupuesto y afectaría la garantía del pago de la deuda externa. Ante esta objeción, que podría obstaculizar el pasaje de una reducción de retenciones por el Congreso, la Federación Agraria busca asegurar su parte en la torta, la llamada ‘segmentación’, reivindicando su condición de pyme agraria. Otro punto, que no es para nada menor, es que una reducción generalizada de diez puntos en los derechos que paga la exportación de soja aumentaría radicalmente los ingresos del conjunto del capital aplicado a este negocio, elevaría la demanda de tierra para alquilar y, por lo tanto, su precio. La FAA quiere congelar el precio del arriendo, porque hoy la mayoría de sus asociados se encuentra entre los que invierten capital en tierras que alquilan. Hay que decir, sin embargo, que en cualquier circunstancia el poder de fuego de los grandes capitales agrarios es suficiente para ganar la competencia o carrera por el alquiler de las tierras. La posición de la FAA solamente beneficia a aquellos chacareros capitalistas que han estado subiendo en la escala del negocio, o sea a la minoría. En la división por las retenciones interviene también un viejo actor: la agroindustria exportadora, que paga retenciones menores de las que paga el agro y, por lo tanto, obtiene una renta diferencial en perjuicio de éste. Es lo que ocurre, por ejemplo, con molineros, en el caso del trigo, o las curtiembres, en el caso del ganado, o las aceiteras, en el caso de la soja. Pero los países del Mercosur han objetado que esta ventaja para la exportación agroindustrial de Argentina plantea una competencia desleal con sus agroexportaciones. En la reunión reciente del Mercosur, Argentina logró que le fuera aceptada la facultad de establecer retenciones, pero no su diferenciación, lo cual explica por qué el gobierno está dispuesto ahora a abolir las retenciones para todo aquello que no sea la soja, sin importarle el impacto en el precio de los alimentos. Numerosas industrias, sin embargo, hacen causa común con los ‘pools de siembra’ y grandes capitales agrarios, como ocurre por ejemplo con Christiano Ratazzi, de Fiat. No se trata solamente de que el agro es un gran mercado para el automotor, sino que muchas grandes industrias están lanzadas a una intensa ‘tercerización’, o sea a ensamblar partes importadas y trabajar con maquinaria importada. O sea una llamada ‘economía abierta’, que permita el abaratamiento del dólar y las importaciones, y el acercamiento de los precios internos a los internacionales. Ratazzi reclama precios baratos para el abastecimiento del exterior, a los precios baratos del autopartismo nacional. La ‘tercerización’, en estos términos, equivaldría a la desintegración de una gran parte de la industria abastecedora nacional –como Ratazzi insiste para el autopartismo argentino. Como es obvio, esta internacionalización de la economía es incompatible con el mantenimiento de las retenciones, pues un dólar barato equivale a una retención adicional (recibe menos pesos por dólar). Además, una recepción íntegra de los precios internacionales altos de la exportación agraria (sin ninguna retención) encarecería la producción doméstica y la sacaría del mercado, lo cual favorecería la importación de partes y materias primas ‘tercerizadas’. Es lo que se llama el “mal holandés” (los perjuicios de precios altos de las exportaciones) o, en una variante diferente, el retorno a Cavallo. Este es el alineamiento de las distintas clases sociales ante el replanteo del tema de las retenciones. Los opositores encubren los intereses materiales que defienden con frases sobre la división de poderes o el trabajo del campo. El gobierno tiene una perorata diferente, pero converge con muchos reclamos de la oposición y defiende otros intereses que la oposición no contempla. Es así que anunció que bajaría a cero los derechos para el trigo, el maíz y el sorgo y que ‘segmentaría’ las retenciones para la soja. Por otro lado, al aumentar las tarifas de luz y gas, los precios de las naftas y de las prepaga, y dar piedra libre para el aumento de los alimentos, está marchando concientemente hacia una economía de precios internacionales y dolarizada. Nuestra posición Denunciamos la reducción de retenciones como un beneficio para el capital en perjuicio de los trabajadores y del desarrollo industrial, en momentos en que los precios de la exportación agropecuaria se encuentran en sus niveles más altos. Reclamamos que la recaudación de derechos de exportación no se destine al pago de la deuda externa ni a subsidios para el capital, sino a un fondo de desarrollo social y económico bajo la gestión de los trabajadores. Advertimos el fracaso del intento nacional y popular de desarrollar una política de compromiso entre la defensa de la industria nacional, por un lado, y el gran capital internacional, por el otro, y su marcha consistente hacia una economía insoportablemente cara para los trabajadores y hacia un retorno de la pseudo dolarización.

La satisfacción de los bloques opositores por la aprobación “en comisión” de su proyecto jubilatorio, en la tarde de este miércoles, es una gran operación de disimulo político. Según Carrió, la decisión de avanzar con el proyecto en Diputados se debe a que “es más completo que el presentado en Senadores” ( La Nación , 4/8). Es cierto que, en la cámara alta, se presentó una versión más mutilada que la de Diputados. Pero Carrió no dice que ese proyecto “incompleto” fue fogoneado en el Senado por los propios opositores. Su autor es el senador “socialista” Giustianiani, un aliado de la Coalición Cívica. Pero la versión incompleta no salió en el Senado por la oposición de los K. Los K no aceptaron ni la proposición incompleta que la oposición le ofreció como compromiso. Esta es la realidad, no el cuento de Carrió. Esto significa ahora que el proyecto completo también está muerto, porque no pasaría por el Senado. Lo anuncian para hacer demagogia electoral a costa de los jubilados. En estas condiciones, es más claro que nunca que la cuestión jubilatoria debe ser tomada en sus manos por las organizaciones obreras, para quebrar con una acción de conjunto la resistencia de los partidos capitalistas. Moyano y Yasky se han sumado, desde hace rato, al coro oficial que denuncia como “demencial” al 82% móvil, mientras aplaude todos los despilfarros del presupuesto a favor de negociados capitalistas. Proyecto Sur y De Genaro han condicionado el 82% móvil a que el Congreso apruebe el aumento de los aportes patronales, lo cual saben que no ocurrirá. Denunciamos que los K “no quieren a los jubilados” y que sus opositores son aún peores por su perfidia antiobrera.