Prensa Obrera N° 1139

En la recta final de las presentaciones de listas para las elecciones de la CTA, Yasky y De Genaro han salido a la búsqueda desesperada de padrinazgos políticos. Yasky ha encontrado apoyo en Sabatella, el ex intendente de Morón, así como en otros intendentes del kirchnerismo. En un caso sin precedentes, ha salido a apoyarlo Hugo Moyano, el principal opositor a la formación de sindicatos como el que se organizó en el Subte, pero un aliado a la hora de salir a buscar la perpetuación de los K en 2011. También lo apoya el Ministerio de Trabajo, lo que no es poco en una elección que va a estar surcada por fraudes y denuncias de fraude. De Genanro ha solicitado el apoyo de Solanas y coquetea con el apoyo, que no podría ser ostensible, de sectores de la oposición (radicales, del PJ disidente y de la Federación Agraria), fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. El padrón de la CTA está desmedidamente inflado, pues registra 1.400.000 afiliados, incluso cuando se están produciendo desafiliaciones en ATE y en Ctera. Como hemos venido anunciando en Prensa Obrera, Yasky es el “caballo del comisario”. Un sector de las direcciones regionales teme que les arrebaten sus distritos, por lo que ha decidido enfrentarlo con listas locales. Esto es una evidencia de la desintegración del bloque de De Gennaro. En las elecciones de Ctera, que tendrán lugar antes de las de la CTA, la fracción de De Gennaro no presenta lista contra el oficialismo de Yasky. Reunidos todos estos factores, es claro que la oposición a Yasky en la CTA marcha desbandada. Un sector de la izquierda (PCR-MST) pide pista con De Gennaro en negociaciones de toma y daca de posiciones. Ninguno de estos grupos renuncian, por supuesto, a seguir usando la etiqueta de ‘clasistas’ Nuestra política Las elecciones de la CTA son un episodio de una crisis que irá creciendo a medida que salten todas las contradicciones de la integración a Moyano y al Estado. Los Yasky han atado su destino a los K y De Gennaro, a la oposición patronal. Una participación clasista en las elecciones debe advertir a los afiliados sobre esta situación y denunciar la integración de la CTA al Estado y a las patronales. Debe dominar la denuncia de esta perspectiva y los métodos para derrotarla y expulsar a la burocracia. Esta tarea no es tenida en cuenta por aquellos cuya mira exclusiva es conservar como sea sus posiciones regionales. La tutela de los K sobre la CTA ha alcanzado un nivel político que supera a lo que ocurre en la CGT. Mientras tanto, De Gennaro oculta la crisis política de la CTA con frases vacías del tipo que las elecciones “son un fenómeno de democracia de los trabajadores”. Nuestra campaña es enfrentar el copamiento de la CTA por parte del Estado, por lo que nuestro eje es la independencia política de la CTA y la incompatibilidad de la burocracia con esa independencia. Convocamos al activismo a defender este planteo, única forma de organizar una alternativa políticamente sólida. Abajo la integración al Estado, por un congreso de bases para quebrar la estatización de los sindicatos. Hemos agrupado más de mil candidatos para las elecciones de la CTA entre Tribuna Docente, Tribuna Estatal, la lista Naranja de docentes universitarios, la Lista Naranja de Prensa, la Agrupación La Pista de Aeronáuticos, además de trabajadores azucareros, de Ucra, judiciales y centenares de trabajadores independientes, conformando de esta manera una lista nacional con representación en doce provincias, además de veinte listas seccionales en la provincia de Buenos Aires y diez listas seccionales en el interior. Vamos con la Lista 3.

Como ya señaláramos en Prensa Obrera, la AFA y la Selección nacional se han transformado en una “cuestión de Estado”. El 2011 es un año de elecciones y el fútbol está considerado por el gobierno como uno de los resortes principales de su propaganda política. El kirchnerismo ya ha determinado el bloqueo definitivo de la propaganda privada al fútbol televisado, por lo que los miles de amantes del fútbol sólo verán durante los partidos y en los entretiempos la propaganda de las “obras” de gobierno. Pero el kirchnerismo va por más. Su plan ahora es quedarse directamente con la dirección de la AFA. Para eso, ha recurrido a los servicios de su ministro “todo terreno”, Aníbal Fernández. Aníbal Fernández no irá en las listas de intendentes, senadores o diputados. El gobierno le asignó una tarea estratégica: será candidato a vicepresidente de J. L. Meiszner en las elecciones que se realizarán en el Club Quilmes el 1º de agosto. En una fórmula que “ya ganó”, pues los socios ven en el ingreso de Fernández un apoyo abierto del gobierno al club. El puesto de vice es clave pues, por estatuto, a la mesa directiva de la AFA pueden concurrir los presidentes o los vice. La presencia de Fernández actuando directamente en la mesa directiva de la AFA no es menor. El es el inventor de la “ingeniería de ‘fútbol para todos’” y es quien hoy reparte los 600 millones de pesos entre los clubes por los derechos de TV. En 2011, la injerencia del gobierno se duplicará en plata. Las inversiones de la AFA pueden transformarse en más de 1.200 millones de pesos por los gastos que insumirá la realización de la Copa América en remodelación de estadios, salas de prensa, acondicionamientos técnicos y de comunicaciones. Fernández, quien será el encargado de la distribución del dinero del evento local y el sudamericano, ejercerá una enorme influencia sobre los dirigentes de los clubes y puede transformarse de hecho en el sucesor de Grondona. La postulación de Aníbal Fernández es una brutal injerencia en el fútbol. El kirchnerismo pasará, de este modo, a asumir el total control político de la AFA.

La fracción dirigente del sindicato del subte ha sacado un comunicado que anuncia la resolución de sumarse a la CTA de una forma muy particular. Lo hace “desde la Secretaría de Prensa”, para sostener que “creemos que esta decisión nos acerca a un sector importante de trabajadores organizados que, al igual que nosotros, están llevando adelante la pelea por la libertad sindical en sus lugares de trabajo”. Semejantes razones las podrían suscribir todos los obreros del subte, y no deberían firmarlas los encargados de prensa, que no tienen mandato para esto, sino el Cuerpo de Delegados. Se trata, lamentablemente, de un engaño descarado. Para creer en lo que dice, la Secretaría de Prensa hubiera debido explicar qué se va a hacer para efectivizar la “pelea por la libertad sindical”. No lo dice, es una frase en el vacío. Ocurre, sin embargo, que la dirección de la CTA hace lo contrario: un frente con Moyano y con Kirchner, que son enemigos jurados de esa ‘libertad sindical’. En el subte están representados por la UTA, la que combate contra esa libertad y contra el sindicato del subte garrocha en mano. Que el hombre muere por la boca, como los peces, es un aserto que vale más en política que en cualquier otro aspecto de la vida. Porque al sacar el comunicado, adjudicando la responsabilidad a la Secretaría de Prensa, la fracción dirigente del sindicato del subte se ha visto obligada a decir lo que nunca quiso: con qué plataforma político-sindical quiere ir a la CTA. De modo que las bases del sindicato se vienen a enterar de los fundamentos que tiene esa fracción sólo después de consumada la decisión, cuando debiera haberlo hecho antes y haberla sometida a debate. Pero si hubiera actuado de este modo, no habría podido presentar ese fundamento, porque las bases lo hubieran impugnado como una impostura. En primer lugar, porque el reconocimiento de la libertad de los obreros del subte a tener su propio sindicato está parado en una oficina amiga de la dirección de la CTA y del grupo mayoritario de delegados del subte: en el ministerio de Trabajo. Segundo, porque el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, es un colaborador político de Moyano y de los K. La razón política que ha llevado a impulsar la incorporación del subte a la CTA no es “la pelea por la libertad sindical”, sino la necesidad de reforzar a la troika Moyano-K-Yaski, o sea lo contrario a la libertad sindical. Si el cuerpo de delegados del subte hubiera dicho que proponía la afiliación a la CTA para estar junto a los trabajadores que pelean por la libertad sindical, con una propuesta de denuncia de la política de la dirección de la CTA por su integración sindical al Estado y por la integración de la burocracia sindical a la camarilla política y de negocios de los K, el debate se habría desarrollado sobre bases muy distintas, porque las perspectivas propuestas hubieran sido definitivamente otras. Nuestra oposición al ingreso a la CTA no se basa solamente en que la decisión fue tomada a espaldas de las bases (no podía ser de otra manera dada la conciencia elevada que hay en el subte). Nos hubiéramos opuesto a ese ingreso también en las asambleas que se hubieran convocado, explicando que ella apunta a integrar al subte al oficialismo sindical y al oficialismo gubernamental. Nuestra plataforma hubiera sido efectivamente la libertad sindical y la independencia de los sindicatos del Estado; es decir una plataforma opuesta. Hubiéramos reclamado que sobre la base de esa plataforma se convocara a un congreso de bases de la CTA – que todos sabemos que se encamina a una crisis final. Hay corrientes pequeñas en el subte que ocultan su acuerdo con entrar a la CTA integrada al Estado, la cual vienen predicando desde hace muchos meses, destacando que habría debido hacerse ‘democráticamente’. No estamos de acuerdo, e incluso pensamos que esta propuesta es más pérfida, si cabe, que la que votó el cuerpo de delegados inconsultamente. Para nosotros la democracia sindical es imprescindible sin sombra de duda, pero para darle un rumbo de clase a nuestra clase, no para llevarla a la derrota. La democracia no es un fin en sí misma; es un medio para desenmascarar planteos anti-clasistas. La decisión de integrarse a la CTA debe ser revisada. Que se convoquen asambleas en todos los sectores del subte.

A pesar de haber sido escrito hace varios años, este libro no deja de impactar por lo descarnado, la lucidez y el sentido militante. Saramago plantea una visión humana de Jesús. Entre conflictos se desarrolla la vida concreta y simple de un muchacho, que se hará hombre luchando por encontrar respuestas a sus tormentos, sus pesadillas, su pasión. Nacido en una familia humilde, hijo de José y María, hermano de otros siete hijos de esta pareja. Huérfano de padre, muy joven, por la crucifixión de José en manos de los romanos, confundido entre guerrilleros que luchaban contra el imperio. En su adolescencia, lo acompaña Pastor (el diablo), tan humano, coherente y protector de la vida de su rebaño; el que sólo sacrifica ovejas por necesidad y no por capricho de ningún dios. Pastor es maestro de Jesús desde los catorce a los dieciocho años. A esta edad, conoce a María de Magdalena, una prostituta que pronto se transforma en su mujer y compañera. Sólo ella puede decirle a Jesús: “deberías ser mujer para saber lo que es vivir en este mundo sin el amor de Dios”. Saramago no sólo denuncia el repudio de Dios a las mujeres, sino que logra poner al lector en el lugar de éstas. Es brutal. O cuando desenmascara el egoísmo “divino” en boca de María: “Mi Jesús, tú pides lo imposible, que Dios no se ame a sí mismo”. Un dios que manda a su hijo a la cruz por amor propio, por ego. Si ése es el destino que eligió para su hijo, ¿qué puede esperar el resto de la humanidad? En su afán por lograr que el mundo se arrodille a sus pies, Dios no piensa en ahorrar vidas, ni siquiera de sus propios discípulos. Pastor comentará “sólo a Dios le puede gustar tanto la sangre”. Jesús va a la cruz, pero no acepta morir como hijo de Dios, prefiere morir como hombre, entre iguales, se rebela. Saramago reivindica este humanismo, la rebeldía del Jesús adolescente que se niega a sacrificar a su cordero en la sinagoga, opta por la vida antes que por la muerte absurda. Reivindica la autodeterminación, la hermandad entre los hombres. Saramago reivindica al hombre en la figura de Jesús y la contrapone al egoísmo y la tristeza de Dios. Con su último aliento, Jesús pide perdón a la humanidad por el “padre” que le tocó. La obra es sencillamente genial, pero además debe servir para mejorar la comunicación de los socialistas, de los ateos, con la masa de trabajadores que se declaran cristianos. Este libro sirve para entender la subjetividad de estos compañeros. Este problema no es menor cuando vemos a las iglesias movilizando miles de personas contra el matrimonio igualitario o cuando observamos que en cada barriada popular de este país hay una iglesia evangelista. Es necesaria una política hacia estos sectores y hay que empezar teniendo una buena comunicación. Este es el sentido militante que, sin duda, tiene el evangelio de Saramago.

Una importante asamblea del taller Rancagua (bastión histórico de la lucha del subte), que congregó mayormente al turno tarde, rechazó la resolución de una parte del cuerpo de delegados (29 votos contra 16) de ingresar a la CTA. Esta decisión fue tomada sin una deliberación previa de las asambleas de sección y luego de un largo período de desgaste, en que un grupo de dirigentes se lanzó a una campaña de afiliaciones individuales como si el sindicato del subte no existiera como tal. La asamblea del taller Rancagua rechazó el ingreso a la CTA y reclamó, asimismo, a los delegados partidarios del ingreso, quienes se acercaron a la asamblea para influir en el voto, que iniciaran un debate en las bases, en el se incluyera también la demanda del reconocimiento del sindicato y un plan de lucha por reivindicaciones largamente pendientes.La resolución de la asamblea consistió en comprometer a los tres delegados –referentes de la mayoría del cuerpo de delegados, aunque no pertenecientes al taller– a llevar al cuerpo de delegados el planteo de que se revise la resolución tomada y se debatan las diferentes posiciones sobre el tema en las distintas líneas del subte. Los opositores a la integración a la CTA han puesto énfasis en que el ingreso debe ser votado en la base y, en caso de efectuarse, debe estar presidido por un programa. En la actualidad, el aparato de la CTA está al servicio del gobierno K y, de acuerdo a su principal vocero, Hugo Yasky, la tarea eminente de la CTA debe ser garantizar la victoria de los K en las elecciones de 2011. Con este fin, ha armado un notorio frente público con Hugo Moyano. En una palabra, el ingreso a la CTA de los compañeros del subte avala la integración de los sindicatos al Estado e incluso a una camarilla de gobernantes. Es lo que hace Roberto Fernández de la UTA -el enemigo Nº 1 de la existencia de un sindicato independiente de los trabajadores del subte. Entre los delegados que votaron el ingreso sin consulta a la CTA, hay una fracción abiertamente yaskista y otros que no pertenecen a ella pero que creen que la CTA puede ‘proteger’ a nuestro sindicato no reconocido y, en lo que a ellos respecta (y a los partidos a los que pertenecen), adquirir mayor notoriedad como dirigentes sindicales. Cabe aclarar que una primera reacción de los compañeros del taller ante el anuncio de la incorporación del sindicato a la CTA fue plantear la desafiliación de los trabajadores del subte al nuevo sindicato. Debe entenderse como una respuesta instintiva a lo que se veía como un atropello a la democracia sindical, que es el valor más reivindicado –y con mucha razón– en el subterráneo. La resolución tomada sobre la CTA, a espaldas de los trabajadores, había sido impulsada por el grupo de delegados que más utiliza la reivindicación de la democracia para oponerla a la actividad de los partidos políticos, con exclusión, claro está, de los punteros que manda el gobierno desde la burocracia sindical o el Ministerio de Trabajo. La postura de desafiliación se modificó en el curso del debate, como era previsible, y fue reemplazada por el reclamo de reorientar a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro.

Chávez le pide a la guerrilla colombiana, una vez más y nuevamente presionado por la derecha internacional, que deje ella las armas, cuando precisamente ni los paracos ni los carteles de las drogas ni los sicarios ni el mismo Estado represor colombiano, o las siete bases militares del imperio yanqui, dejan las suyas. El planteo tiene un alcance por lo menos sombrío. Fidel Castro comparte la posición de Chávez. Chávez, de nuevo, se siente presionado por el imperialismo. En vez de alentar a que se sostengan en las amplias zonas del país hermano que controlan y también a que incidan en la organización que tanto requiere el proletariado colombiano, enfrentado a una inigualable explotación y al desempleo crónico en sus ciudades, llama al desarme. Las otras vías de acción parecen importar poco a los colombianos explotados y oprimidos, como lo demuestra la alta abstención manifestada en las pasadas elecciones presidenciales. No hay duda de que para muchos de quienes participan en los debates cibernéticos en Venezuela, ese desarme debe ser el objetivo, para luego competir por un lugar de poder en la república de la burguesía. No hay posibilidad de comparación con lo que ha ocurrido en Venezuela, porque la izquierda aquí se reagrupó electoralmente bajo Chávez en condiciones excepcionales de supervivencia; sectores definitivamente capitalistas lo veían como el único capaz de controlar el ascenso exorbitante de las masas. Cualquier desmovilización de la guerrilla colombiana pasa por demostrar, primero, que son fuerza beligerante como en principio el propio Chávez las consideró, para luego cambiar por la presión internacional y por el efecto de rebote que tiene en nuestro país y, en particular, en las zonas fronterizas con Colombia la incapacidad manifiesta del gobierno bolivariano para acabar con el narcotráfico y los paracos que se desplazan como Pedro por su casa. Que lo haga de nuevo en forma pública demuestra que el show organizado por Uribe en la OEA, bajo la égida de Obama y la complacencia de Insulza, indica que nos ha afectado en mayor grado del que desde el gobierno se admite. Que Chávez busque a Correa, Lula y Kirchner para que medien vía la Unasur, cuando falta menos de un mes para que asuma Santos es un despropósito. Santos ha preferido quedarse callado frente a los desplantes de Uribe. No son menos notorias las exigencias de la prensa burguesa de Venezuela al gobierno bolivariano para que Chávez reconozca la existencia de los supuestos campamentos denunciados por el colombiano Hoyos en la OEA. Es un punto débil que manifiesta el gobierno bolivariano que aprovechan la burguesía y la derecha para restregarle en su cara. Lo triste, a mi entender, es que se tome a la ligera un nuevo rompimiento de relaciones diplomáticas. Santos trata de rehabilitar el intercambio comercial, por eso lo invita por intermedio de la ex embajadora colombiana en el país, la que será su futura canciller. Así que no nos extrañemos que luego de asumir Santos, las “condiciones” estén buenas para la reanudación de las relaciones diplomáticas y, posteriormente, para el restablecimiento del intercambio comercial, aunque las siete famosas bases finalmente se instalen cuando Colombia informe a la Unasur de sus características y este organismo les dé su visto bueno. ¿Ven hasta qué punto las mediaciones de ese organismo resultan convenientes? Claro, paracos, narcotraficantes y sicarios continuarán viviendo como Pedro por su casa en los estados fronterizos con Colombia -y más adentro de nuestro país también- mientras Uribe, como alma en pena, se regresa a sus haciendas para seguir engordando su ganado.

Desde 2007 en el Roca, con luz verde gremial, hay 15 tercerizadas en manos de burócratas sindicales y empresarios amigos como Benito Roggio, concesionario del Subte. Estas tercerizadas emplean 1.500 obreros que desempeñan tareas propias del ferrocarril. A ellos les pagan el 40% del salario ferroviario y los dividen en varios gremios (Maestranza, Uocra, Comercio, etc.) para impedir toda acción de conjunto. En tres años hubo varios reclamos por el pase a planta permanente de los obreros tercerizados. La patronal se negó a atender a los compañeros y tomó represalias contra los activistas. En los últimos tres meses hubo más de doce asambleas generales de diversas tercerizadas y personal de guardas, evasión, talleres, etc. En ellas, se debatió una campaña para denunciar el fraude laboral y el trabajo negro y tercerizado. El 6 de mayo explotó la situación en el Belgrano Sur, en Rafael Castillo, donde veinte operarios tuvieron que cortar las vías para que Confer SA pagara las indemnizaciones correspondientes por ley. Durante mayo, junio y julio se desenvolvió una campaña de agitación en el Roca con pintadas, comunicados y varias veces se bloquearon las boleterías. En los bloqueos se pudo difundir el reclamo de reincorporación de los despedidos y el pase a planta permanente ante las cámaras de los canales 26, TN, América 24 y radios. El proceso de reagrupamiento fue veloz y de independencia obrera, desde la inquebrantable lucha contra los despidos en Ecocred a la elección de delegados por abajo, en oposición a la burocracia y con asambleas en toda la línea de las tercerizadas Ecocred, Aumont, Confe, Unión del Mercosur, Mapra, etc. Estas acciones marcaron el punto de ebullición del movimiento. Fue necesaria también una lucha política en el marco de asambleas contra las posiciones del PTS (desde las Bases), que militó fervientemente contra el corte de vías, hasta que pegó un giro de 180 grados cuando sintió que perdía frente a la determinación de los trabajadores, respaldada por Causa Ferroviaria y otras agrupaciones decididas a dar la lucha. Derrotado este freno, los autoconvocados protagonizaron un bloqueo de boleterías y se llegó a estas asambleas imponentes y combativas que votaron y organizaron el corte de vías.Fue así que el miércoles 21 de julio, a las 11 horas, más de 200 compañeros se apostaban sobre las vías a la altura de estación Avellaneda, iniciando una dura batalla frente a la presión de dos cordones de Infantería, la presión periodística y las maniobras de los funcionarios que presentaron una férrea dureza frente al reclamo, pretendiendo todo el tiempo que los ferroviarios abandonaran las vías en función de una promesa de negociación. Planteo que defendió el PTS en la asamblea del corte, haciendo peligrar todo el tiempo la unidad de la lucha e, inclusive, la integridad física de los compañeros, quienes, luego de dejar pasar tres formaciones y recibir los insultos y agresiones de una parte de los pasajeros, volvieron a interrumpir totalmente el servicio. El corte se levantó cerca de las 20 horas, sin obtener un compromiso de la Secretaría de Transporte, que asumió la parte patronal, sino una promesa de palabra que apareció cuando la ira popular por la falta de transporte ya había estallado en Constitución. Precisamente, la burocracia verde de la Unión Ferroviaria se convirtió en el principal enemigo de esta lucha. Combatió todo proceso de organización de los tercerizados en alianza con los sindicatos que encuadran a cada empresa (Maestranza, Uocra y otros), denunció la lucha por medio de comunicados firmados por el Secretariado Nacional y organizó un mítin de repudio al corte de vías al día siguiente en el hall de Constitución. También contrató barras de provocadores para custodiar esta estación en caso de cualquier otra acción de lucha. Pero la moral de los compañeros sigue muy firme. Donde hubo una promesa, hay que arrancar una negociación. Ya se aprobó una nueva movilización a la Secretaria de Transporte de la Nación para reclamar la reincorporación ya de los despedidos y un cronograma inmediato de ingreso de los tercerizados al convenio. La papa debe quemarles las manos. Sino volveremos a las vías con los métodos de lucha, históricos ya, que han impuesto los ferroviarios en el Roca.

Treinta y dos soldados de los Estados Unidos se suicidaron durante junio. Los efectivos estaban en los territorios ocupados por ellos en Irak y Afganistán. Durante 2009 se quitaron la vida 244 soldados y las recientes cifras indican que se incrementarían las muertes en 2010. El motivo sería por el stress que acumulan en combate; no hay que olvidar la masacre de 2009, en donde un psicólogo militar, encargado de tratar a los soldados por el stress postraumático, asesinó a varios soldados en una base. Durante la guerra de Vietnam, los norteamericanos tuvieron las misma cantidad de muertes por suicidio de soldados que volvieron a su casa que las muertes producidas en combate. Estamos frente a un nuevo Vietnam, sus propias cifras lo están anunciando.

Argentina enfrenta dos grandes problemas políticos. Sin embargo, los activistas y luchadores de la clase obrera no los encaran con una posición común. En estas condiciones no pueden constituir una fuerza con capacidad de influir decididamente en el desenlace de esos asuntos. La que decidirá será la clase capitalista a expensas del proletariado. Uno de esos problemas políticos son las jubilaciones. La Presidenta acaba de reafirmar que vetará una ley que contemple el 82% para la jubilación mínima. La llamada oposición, bajo la presión de los capitalistas, ya podó en el Senado dos medidas fundamentales del proyecto original: la generalización del fallo Badaro para quienes tuvieron sus jubilaciones congeladas (casi un millón de trabajadores); la indexación de las jubilaciones por la evolución de los salarios y la aplicación de la movilidad al 82% de los docentes. Es necesario que el activo intervenga en este asunto. El 4 de agosto hay una movilización al Congreso. ¿Participamos con nuestras banderas o la miramos desde afuera? Necesitamos un plenario para fijar una posición de conjunto y organizar la movilización. Debe haber un pronunciamiento claro contra la amenaza de veto. El segundo problema es la trama que se ha armado para salvar a Macri y para separar a los K de cualquier responsabilidad en el espionaje al servicio de Estados extranjeros, fundamentalmente los maquinadores de guerras y crímenes: Estados Unidos e Israel. Debemos intervenir para que Macri y los K declaren todo lo que saben sobre encubrimientos de atentados y de acciones de servicios, tanto extranjeros como nacionales; para que cesen las amenazas y preparativos de guerra contra Irán; las expulsiones de palestinos en Israel y en los territorios ocupados. Que se derogue la ley anti-terrorista impuesta por el imperialismo yanqui contra las organizaciones combativas. La burocracia sindical ha tomado posición: contra el 82% y por el desvío de la crisis política en la Ciudad. Muchos de sus miembros son compinches de los servicios y usufructúan su complicidad con el gobierno para enriquecerse como casta y eternizarse en los sindicatos. Una clase existe en la medida en que toma posiciones políticas; se requiere que el activismo obrero participe de un reagrupamiento de fuerzas permanente en torno a posiciones políticas fundamentales. De no ser así, nuestro destino lo deciden nuestros explotadores. Impulsaremos plenarios para materializar esta metodología política.

El jueves 22 de julio, comenzó un proceso huelguístico en el edificio Tacuarí de Actionline, multinacional que terceriza servicios telefónicos, encuadrando a los trabajadores bajo el convenio de empleados de comercio. Durante más de cuatro horas, paró toda la campaña de 0800 Línea (de Telefónica) -más de 100 compañeros- ante el despido arbitrario y con causa inventada de una de las operadoras. En un hecho inédito en el edificio, los jóvenes trabajadores se plantaron y no tomaron tareas durante casi cuatro horas. Así dijeron basta a los despidos y a esta práctica habitual de la empresa, de inventar falsas causas para deshacerse del personal. Se trata de un proceso que se viene gestando desde hace un tiempo y que tiene como antecedente las asambleas realizadas por los trabajadores, la comisión de reclamos y los delegados en el proceso de las paritarias. El reclamo de reincorporación golpea en el corazón del régimen de explotación brutal de estas compañías de tercerización, basado en la impunidad para despedir y, por lo tanto, la ausencia total del derecho a reclamar y organizarse. La medida fue tomada en una asamblea con la presencia de los delegados del edificio y de la comisión de reclamos de la empresa -organización de base formada originalmente en otro edificio de la empresa ante la suspensión y manipulación de las elecciones por parte del sindicato- y puso de relieve la predisposición de lucha de los trabajadores que entraban y los que salían, reuniéndose todos en el entre turno, realizando, de hecho, una asamblea general del piso y manteniéndose en su lugar de trabajo junto a la despedida en reclamo por su reincorporación. Durante la huelga se hizo presente el departamento de Relaciones Humanas, la apoderada de la empresa y el dueño, amenazando con “llamar a la policía”, lo que no amedrentó a los trabajadores que se mantuvieron firmes. La huelga se pospuso ante una propuesta de “conciliación” ofrecida por la empresa a los delegados, que terminó siendo solo una maniobra para levantar la medida y, según trascendió, porque la empresa buscaba escapar a la posibilidad de una conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo que planteara la reincorporación de la compañera y seguir discutiendo con ella adentro. Frente a la burla patronal, el lunes 26, los trabajadores retomaron la medida desde las 14 horas hasta el final del turno, sin que la patronal diera el brazo a torcer. La despedida se mantuvo firme reclamando su reincorporación junto a otra compañera despedida hace meses en otro edificio (miembro de la comisión de reclamos), quien también reclama su puesto de trabajo. Con la lucha se obtuvo la reincorporación de la compañera. Ese es el camino. Basta de despidos en los call center. Por el reconocimiento de la insalubridad (jornada de seis horas y pago de ocho).

La Campaña Financiera del Partido Obrero ingresa en la fase final. El 17 de agosto se sorteará el bono contribución de la Biblioteca Popular “Lisandro y Elisa”, que colabora con nuestra campaña, marcando el punto final de la misma. Los muchos centenares de aportes que llevamos colectados hasta ahora son el producto de un debate personal compañero por compañero. Constituyen un pronunciamiento político en apoyo a las campañas y a la lucha del PO, en la comprensión de que el problema de los recursos materiales es clave para la estructuración de una alternativa obrera y socialista, independiente de los patrones, sus partidos y su Estado. En un régimen político que ha erigido a los medios como baluarte para formar una “opinión pública” a la medida de los intereses de los explotadores, silenciando o atacando a los socialistas y revolucionarios, los recursos económicos son vitales para un partido obrero que pelea para conquistar un lugar de protagonismo en la lucha política y ser un factor en su evolución. Varios núcleos militantes del PO se destacaron por su empeño en esta tarea política metódica, hombre a hombre, como es el caso de los docentes, de los estudiantes que animan las luchas universitarias, de los compañeros del Subte y del cordón del Gran Buenos Aires, entre muchos otros. También es significativa la movilización del Polo Obrero en esta campaña, especialmente de los compañeros que se integraron al Polo a través de las cuadrillas del plan “Argentina Trabaja”, lo cual es una muestra de la madurez política que esta nueva camada de desocupados alcanzó al calor de una gran experiencia de lucha. Las fiestas y reuniones político-sociales que organizamos en varias zonas acercaron a las familias de los activistas de las fábricas y facultades a las propuestas y a la organización del Partido Obrero. Muchos artistas hicieron su aporte a estos eventos con su música, sus obras de teatro y sus cuadros y esculturas. Estamos en el último esfuerzo de esta Campaña Financiera Junio-Julio de 2010. Los militantes del PO intensificaremos la campaña en este tramo final. Compañero, compañera... si todavía no aportaste, te invitamos a que colabores con la construcción de un gran partido de trabajadores. No a la deuda externa y al saqueo nacional; sí al salario y al 82% móvil para las jubilaciones. No a la proscripción política de la clase obrera independiente; sí al Partido Obrero.

Poco después de que la Corte Suprema revocara las suspensiones que pendían sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el ataque al canal comunitario Giramundo y la usurpación de AM770 dieron un nuevo golpe al supuesto carácter progresista de la legislación que, según Aníbal Fernández, "ya está vigente". El 14 de julio, el gobierno nacional entregó al grupo Electroingeniería y al empresario Omar Alvarez el Canal 13 de Mendoza, en el que funcionaba la televisión popular y comunitaria del colectivo Canal Giramundo - integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Electroingeniería mantiene importantes vínculos con el gobierno nacional a través de De Vido y las obras públicas y, además, está asociada por intermedio de su dueño, Gerardo Ferreira, con importantes medios como Radio del Plata, Tiempo Argentino, Buenos Aires Económico y revista Veintitrés. Por su parte, Omar Alvarez no se queda atrás. Además de estar vinculado con el gobernador kirchnerista Celso Jaque, es un magnate de los medios en la provincia.En pocas palabras, de lo que se trata es del fortalecimiento de un multimedios ligado al kirchnerismo a expensas de un medio comunitario. Este pase de manos dejaría a la sociedad Electroingeniería-Álvarez a la par, en Mendoza, del Grupo UNO de Vila-Manzano y a los compañeros del canal Giramundo sin posibilidades de seguir transmitiendo, a pesar de haber cumplido con el censo que mandaba la ley. A este caso se le suma lo sucedido unos días antes, en la provincia de Buenos Aires, donde Radio Cooperativa - antes en AM740- usurpó el dial de AM770, donde funcionaba Radio Amplitud, que previamente había sufrido un atentado contra su antena, dejando sin empleo a los periodistas que allí trabajaban. Todo esto se lleva a cabo mientras Mariotto, ahora al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), convoca a proponer reglamentaciones a la ley; es decir, aclaraciones al articulado aprobado en el Congreso, para que como sucedió con el proceso de foros, antes de que la ley llegara al Congreso, sean archivadas para el recuerdo o, más bien, para el olvido. La política comunicacional del gobierno nacional está puesta sobre la mesa. Estos ataques demuestran que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no tiene por objetivo democratizar los medios, sino garantizar una redistribución capitalista del espacio radioeléctrico y fortalecer la intervención estatal en los medios de comunicación. La nueva ley no constituye - ni constituyó- una alternativa para los medios comunitarios, alternativos y populares, ni mucho menos para los trabajadores de prensa, quienes ni siquiera están contemplados en la legislación. Para democratizar efectivamente los medios de comunicación es necesario profundizar la independencia política del gobierno nacional y organizarnos por una comunicación al servicio de los trabajadores.

En el marco de la convulsiva paritaria de la alimentación, los obreros de Felfort iniciaron en abril una pelea por una suma adicional de 600 pesos mensuales durante todo 2010 y la efectivización de 120 contratados. La lucha comenzó con asambleas masivas y quites de colaboración, pero fue perdiendo vigor como resultado de la conciliación obligatoria impuesta por el Ministerio de Trabajo. La falta de participación de la fábrica en los paros lanzados por el STIA (bajo la presión de la lucha de Arcor y otras plantas cordobesas) impidió remontar la maniobra del Ministerio y terminó por desgastar el conflicto. Finalmente, el cierre de la paritaria nacional marcó también el cierre del conflictoparticular de Felfort, con 200 pesos mensuales por quince meses y la promesa deefectivización de contratados. La efectivización de los contratados es un tema crucial en la fábrica, porque casiel 50% de los obreros se encuentran en esta condición, lo que constituye unainvalorable herramienta de regimentación interna para la patronal. Enfrentemos los despidos La empresa, que a lo largo de toda la conciliación obligatoria ejerció represaliassobre los trabajadores (cambios de turno, quite de horas extras, etc.), se largó apoco de cerrado el acuerdo a una contraofensiva, despidiendo en diferentes tandas aun total de 23 compañeros. Entre los compañeros despedidos se encuentran referentes de la lucha. No es ciertoque las represalias patronales se restrinjan a los contratados: numerosos efectivosque participaron activamente de la lucha han sufrido represalias. Algunos compañeros despedidos han iniciado un juicio de reinstalación y hanimpulsado cortes de calle que han ayudado a instalar el conflicto en la opiniónpública. La empresa pretende desmantelar la organización en la fábrica, con la complicidadde Daer, cuya lista fue aplastada en las últimas elecciones de Comisión Interna. Es necesaria una asamblea general que vote un plan de lucha para pe ear por lareincorporación de todos los despedidos y las reivindicaciones que han quedadopendientes (categorías, etc.), y que ayude a soldar la unidad entre efectivos ycontratados para frenar el avance patronal.

El secretario general del sindicato de la Mina Casapalca recuperó la libertad después de 10 meses de detención en una cárcel común peruana. La detención de los últimos tres meses se debió a una denuncia de la patronal minera por un corte de ruta en septiembre de 2009. Previamente había estado detenido por el cargo de “homicidio culposo” de un capitán de policía, que murió durante enfrentamientos en una huelga minera en noviembre de 2008. Para arrancar a Condori y a otros dirigentes mineros de la cárcel, hubo una campaña internacional obrera y de derechos humanos. La presión sirvió para acelerar un proceso judicial que no contaba con pruebas. De todas formas, la patronal y el gobierno se las arreglaron para sacar al secretario general de la Mina Casapalca con una acusación de “bloqueo de carretera”, una excusa del gobierno peruano para criminalizar las protestas sociales. En Perú hay cerca de 1.300 activistas y dirigentes sindicales procesados, en lo que constituye un recurso común de las patronales contra los trabajadores, el cual es abrazado por el gobierno de Alan García para contener los reclamos obreros. La Mina Casapalca SA explota plata, zinc y cobre en la sierra de la Región de Lima, a 4, 200 metros sobre el nivel del mar. Tiene denuncias ante la OIT por abuso sindical y ha recibido varias “visitas” del Ministerio de Trabajo por las deplorables condiciones de trabajo y los abusos patronales; sin embargo, cerca de 1.000 de los trabajadores son tercerizados, las máscaras no filtran, los lugares de descanso no están calefaccionados y la propia ministra de Trabajo describió a los trabajadores como “vestidos como pordioseros”. Como si fuera poco, la Mina está acusada de arrojar aguas ácidas al río Rímac. Casapalca y Alan García tienen una batalla contra Condori y los sindicatos combativos de Perú, a la que tratan de ganar a través del procesamiento a los luchadores. Los trabajadores se siguen organizando, ese es el único camino para enfrentarlos: el camino es fortalecer y desarrollar al movimiento obrero.

El Partido Obrero está desenvolviendo una campaña con la instalación de mesas callejeras, agitaciones en las estaciones terminales, en las sedes de los Pami, a la salida de las fábricas, haciendo firmar un pronunciamiento a favor del "82% móvil, Ahora" en el que se reclama "que se respete integralmente el proyecto original" aprobado en la comisión de previsión de la cámara de Diputados y alertamos "contra los intentos de mutilarlo" El sábado 17, una mesa en el centro de Berazategui consiguió decenas de firmas y vendió 28 prensas. Los compañeros fueron invitados a concurrir a un Centro de Jubilados para explicar la posición y unificar fuerzas en una campaña común. El martes 20 se puso una mesa en el hall de Constitución, donde se vendieron 49 prensas y hubo decenas de firmas. El mismo día, en el centro de La Plata, se realizó una agitación central donde se vendieron 25 periódicos. Cinco medios de prensa locales recogieron el lanzamiento local de la campaña. En Quilmes, se vendieron 22 periódicos y se obtuvieron más de cien firmas al Pronunciamiento. En la puerta de la fábrica Acetatos se obtuvieron diez firmas (los obreros llevaron la planilla para hacerla firmar adentro) y se vendieron siete prensas. El miércoles, una agitación realizada en el centro de Varela obtuvo la firma de once planillas con más de 200 firmas del pronunciamiento y la venta de 28 periódicos. En la estación terminal de Once se juntaron 120 firmas del pronunciamiento y se vendieron 23 periódicos. Varios compañeros dejaron sus correos electrónicos y/o teléfonos para que le enviáramos material y sumarse a la campaña. El jueves 22, una mesa en Retiro, en la puerta de la Estación del Belgrano, logró la venta de 51 periódicos y decenas de firmas. La campaña por el 82% está en marcha.

La producción nacional de autos registró en mayo un incremento del 40 por ciento. Durante los primeros cinco meses, se alcanzaron las 241 mil unidades y la proyección para este año supera las 600 mil. La fiesta que viven hoy las terminales argentinas por esta expansión (transitoria; nadie olvida que hay una crisis capitalista mundial en desarrollo) de sus negocios no llegó a la alemana Mercedes Benz. Esta ha producido más de mil despidos encubiertos y mantiene un centenar de suspendidos. Esta semana, incluso, la central quitó 1.500 unidades anuales del nuevo modelo de Sprinter a la planta de Catán y cientos de piezas propias del ensamble fueron embarcadas “hacia la madre patria”. Este cambio arrastrará alrededor de una veintena de nuevos suspendidos, los que se sumarán a los de septiembre de 2009. El acta-acuerdo firmada en aquel momento establece que “vencido el plazo de doce meses de suspensión bajo esta condición especial a la espera de una reinserción laboral, la empresa extinguirá los contratos de trabajo.” Por su parte, la producción de la vieja Sprinter finalizará en diciembre de 2011 y no hay a la vista ningún proyecto de producción capaz de absorber a los trabajadores. Todo parecería indicar que nos esperan más despidos masivos, una primera ola en diciembre de este año y una segunda hacia fines de 2011. Ante esta falta de perspectiva a futuro, el Smata se limita a encogerse de hombros. “No tenemos ninguna información” es la respuesta. La presión por el adelantamiento de las paritarias ejercida por un quite de colaboración en toda la planta y un paro de varias horas en montaje poco tiempo atrás -que se realizó en forma independiente del gremio-, pone de manifiesto la reserva de lucha de los trabajadores de MB. También quedó absolutamente claro que la burocracia de Carlos Díaz, Pignanelli y compañía es un freno a cualquier iniciativa. Sólo con una asamblea general que unifique criterios y vote medidas de lucha se podrán parar los planes de despidos y suspensiones, y abrir un curso diferente.

El último 20 de junio, los presidentes de Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá aprobaron en San Salvador, con la ausencia del mandatario nicaragüense Daniel Ortega, el reintegro “por pleno derecho” de Honduras al Sistema de Integración Centroamericana (Sica), del que fue excluida tras el golpe de junio de 2009. También votaron un llamado a la OEA para que “analice y resuelva a la mayor brevedad la reincorporación de Honduras al foro regional”. La medida fue tomada en sintonía con la exigencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos de que Honduras vuelva a ser parte de la Asamblea General de la OEA, como ya lo expresó en la reunión de Lima, Perú, a comienzos del mes de junio pasado. En la reunión también participaron el director del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Moreno, y el presidente del Banco Mundial, Robert B. Zoellick. Moreno señaló que el BID puede incrementar, a partir de los resultados de esta cumbre, el monto de los créditos por dos mil millones de dólares más de los que cada año se destinan a la región. A su regreso a Tegucigalpa, el ministro de Planificación y Cooperación Internacional, Arturo Corrales Alvarez, manifestó que el camino para volver al seno de la OEA ya está allanado. Su optimismo está inspirado por una información de primera fuente recogida por el funcionario golpista en su viaje a Washington. Allí, se enteró que Insulza aseguró que los países que integran la OEA recibirán “positivamente” la decisión de Centroamérica de aprobar el reingreso de Honduras al Sica, y anticipó la asistencia de los mandatarios golpistas hondureños a la IX Conferencia de la OEA, donde se reunirán los ministros de treinta y cuatro países, incluidos los Estados Unidos, para debatir, irónicamente, sobre la instalación de bases militares estadounidenses en los países de la región, así como sobre la cooperación frente a desastres naturales y la transparencia con respecto a los gastos militares. La vuelta de Honduras a la OEA muestra la incapacidad política de los gobiernos “nac & pop” de la región, quienes, a pesar de su vociferaciones antigolpe, no han realizado ninguna movilización real contra la destitución de Zelaya, a pesar de las decenas de asesinados y desaparecidos, y de los miles de detenidos políticos y heridos que se ha cobrado hasta el momento la dictadura que gobierna bajo el amparo del imperialismo.

Los abajo firmantes nos pronunciamos por la inmediata sanción del proyecto de ley aprobado en la Comisión de Previsión de la Cámara de Diputados que contempla: • Establecer la jubilación mínima en el 82 por ciento móvil del salario mínimo, • Reajustar de acuerdo a la evolución del salario todas las jubilaciones afectadas por los congelamientos de 1991 y de 2002. • Establecer esa movilidad para los futuros aumentos. Alertamos contra los intentos de mutilarlo y reclamamos que se respete integralmente el proyecto original. Nombre y apellido - DNI - Tel. - Mail - Firma. Compañero: haga circular y firmar este Pronunciamiento entre sus amistades, compañeros de trabajo, vecinos y/o familiares. Así iremos construyendo una movilización obrera y popular por el 82%. ¡Ahora!

Los trabajadores del diario Crítica llevan ya cuatro meses de paro y ocupación de la redacción en defensa de los puestos de trabajo y el pago de todos los salarios contra el vaciador, Antonio Mata. La semana pasada publicaron la tercera edición de “Critica de los Trabajadores” para seguir colocando el conflicto en la calle y recaudar para el fondo de huelga. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, recibirá a la Comisión Interna del diario, aunque desde el gobierno no han anticipado ninguna propuesta concreta. En el último tiempo, corrió fuerte el rumor de que el grupo empresario Olmos, quien maneja Crónica, se haría cargo del diario, pero la oferta -y los respectivos condicionamientos- no se han realizado. Desde el inicio del conflicto, la política del gobierno fue dilatar la situación. A comienzos del paro -donde la patronal se había fugado- retrasó un mes el pago de los Repro, mientras el grupo Clarín y Hadad los reciben sin problemas para pagar los salarios. Tras varios meses de lucha, los trabajadores no pueden tener más dilaciones: es central que el Estado se comprometa a garantizar todas las fuentes de trabajo y el pago retroactivo de los salarios adeudados que vienen desde abril, por la vía que sea. Si es un nuevo comprador, que se garanticen los puestos de los compañeros, el pago de los salarios adeudados y el convenio colectivo. Y si no hay ningún comprador, que el Estado absorba a los trabajadores el Sistema Nacional de Medios Públicos, como en su momento hizo con el Hospital Francés. ¡Ningún despido en Crítica! ¡Por el pago integral de la deuda salarial!

El golpe de Estado perpetrado en Honduras bajo la tutela del imperialismo norteamericano tuvo, desde su inicio, un claro contenido de clase: la profundización de un ataque en regla a las condiciones de vida de los trabajadores que, como resultado de una organización creciente, venían arrancando conquistas al Estado. La dictadura tuvo, por lo tanto, dos grandes objetivos. Por un lado, barrer con dicha organización, para lo que se valió de la represión sistemática a la protesta social, el asesinato selectivo de dirigentes populares, la persecución judicial y la instalación de dos nuevas bases militares norteamericanas. Por el otro, convertir a Honduras en un paraíso fiscal, libre de organización sindical y derechos laborales. Ahora, los empresarios han presentado un proyecto de ley, el “Plan nacional solidario de empleos anticrisis”. De entrada, el plan rechaza el nuevo salario mínimo propuesto por las Centrales Obreras y desaprueba la implementación de un salario mínimo de 225 dólares, decretado en su momento por Zelaya. Junto a esto, violando lo establecido en el Código del Trabajo, plantea la legalización del trabajo de ‘media jornada’, de 6 horas, remunerado con la mitad del salario mínimo, sin pago de las horas extras. El proyecto pretende implementar el trabajo temporal por horas y no por jornada. Para esto, anula el artículo 328 del Código Laboral, que obliga a los patronos a pagar la jornada semanal de trabajo completa. Los trabajadores contratados bajo ese sistema no tendrán derecho a la estabilidad laboral, a la contratación permanente ni a recibir un salario completo. Además, no gozarán de los derechos de auxilio de cesantía y preaviso, pago de aguinaldo, vacaciones, los beneficios de la seguridad social, el pago del séptimo día y días feriados, quedando eliminados además los derechos ligados a la organización sindical (fueros sindicales y los derechos a la huelga). Por si fuese poco, de la mano con una flexibilización laboral extrema, los empresarios golpistas están haciendo solicitudes de exenciones fiscales de hasta 20 años. Hasta el propio Ministro de Finanzas del régimen golpista ha sostenido que los “empresarios son una lacra”. La Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), la Central General de Trabajadores (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) entregaron un comunicado al Congreso Nacional que exige que “La crisis del sistema del actual modelo deben pagarla quienes lo generaron y no los pueblos”, aunque por ahora no existe ningún plan de lucha contra la ofensiva patronal, ya que toda la atención de las organizaciones obreras y populares está puesta en la próxima reunión de la OEA , donde el organismo podrá definitivamente reconocer a los golpistas como representantes legítimos del país. En definitiva, la lucha contra el golpe debe ser una lucha contra el capital.

El gobierno de Peralta ha publicado, por fin, su borrador de reforma jubilatoria provincial: el mismo impone un aumento del 2% en los aportes de los trabajadores, que se elevan del 12 al 14% en el régimen general y del 14 al 16% en el sector docente. Esto implica una rebaja salarial para los activos. A los pasivos se les pretende imponer un "aporte solidario", el que afectaría a las jubilaciones medias y altas, y que va en una escala del 7 al 12%, parecida a la que se aplica al impuesto a las ganancias sobre el salario. Este aporte, para todo un sector de los trabajadores, liquida el 82% vigente. El proyecto modifica a la baja todos los cálculos del haber jubilatorio y modifica todas las reformas sobre requisitos para jubilarse; además posterga las jubilaciones o establece reducciones salariales a la hora de jubilarse, según los casos. Ataca los derechos a jubilarse por invalidez, traba el reconocimiento de aportes en tareas insalubres o riesgosas, elimina el beneficio de los pasajes y hasta el seguro de sepelio. Como "compensación" por parte del estado provincial, plantea el aumento de los aportes patronales al 16 y 17% (todavía muy por debajo del aporte en el sistema nacional). A partir del conocimiento del proyecto, los Autoconvocados han profundizado la movilización, con importantes asambleas -especialmente en Caleta Olivia, las más numerosas, pero también en la cuenca carbonífera y en Río Gallegos. Varios gremios participan de este movimiento de Autoconvocados, aunque no ATE, especialmente en la capital. Las actividades callejeras, las radios abiertas y la juntada de firmas crecen cada semana. En las audiencias públicas, las autoridades se quedan solas, enfrentadas con un público crítico; los punteros políticos no hablan para defender al gobierno. La Federación de municipales, que parecía ser un bastión de la defensa de esta reforma, ha comenzado a tomar distancia. El programa de los Autoconvocados es muy simple: no a la reforma; defensa integral de los derechos jubilatorios; sí al aumento del aporte patronal; blanqueo de todos los contratados, monotributistas y trabajadores "tercerizados" en negro de la administración pública provincial y los municipios; impuesto de emergencia a las petroleras y mineras para solventar los gastos sociales del presupuesto provincial. La batalla de las jubilaciones se va a librar en agosto y septiembre. El Congreso de Adosac ha votado un paro provincial sin fecha para defender los derechos jubilatorios, entre otros reclamos.

A pesar de un clima adverso, se realizó en la Universidad Popular de Resistencia el plenario sindical convocado por el PO con la presencia de Néstor Pitrola. La campaña por el plenario llevó a que varios gremios lo discutieran y resolvieran participar en sus comisiones directivas (químicos, tanineros) y en la asamblea general (Prensa). Los días de lluvia dificultaron la presencia de los obreros industriales de Tirol, donde el transporte público no puede entrar a los barrios obreros por el barro. El plenario contó con la adhesión y la presencia de representantes del Frente de Gremios Estatales, que viene desenvolviendo una campaña por el salario, el pase a planta y la “armonización” de las jubilaciones. Luego de un doble informe a cargo de Pitrola y Aurelio Díaz -que concluyó con el llamado a una campaña por el 82% móvil y la formación de agrupaciones clasistas para recuperar los sindicatos en función de una salida obrera a la crisis se abrió el debate. ‘Seba’ López, adjunto del Sindicato de Prensa, denunció al gobierno de Capitanich, quien había prometido quitar la pauta oficial a los medios con trabajadores en negro y luego no sólo incumplió su promesa, sino que le negó un stand a los trabajadores en la Bienal de la Escultura que comenzaba ese mismo día. El plenario votó participar de la convocatoria del sindicato de Prensa contra el trabajo en negro en el marco de esa Bienal. Los trabajadores estatales tuvieron una nutrida representación, con secretarios generales del frente de gremios (vialidad, ministerio de Educación), delegados de UPCP y delegados de Tribuna Estatal (TE), impulsada por el PO y el MCC que organiza a más de 400 estatales precarizados (porteros de escuela, Registro Civil; Samep -empresa de agua; registro de la propiedad; Inssep; Hospitales). El frente de Gremios y TE anunciaron la lucha conjunta por la reapertura de la paritaria estatal y el pase a planta, que el gobierno incumple a pesar de la ley votada meses atrás para descomprimir la rebelión estatal. Charo Alcire de TE denunció a Capitanich como el principal promotor del trabajo en negro en la provincia, desenvolvió el proceso de organización de los precarizados y planteó la necesidad de preparar la recuperación de UPCP. El escritor Luis Algarañaz, de Tribuna Docente, denunció al ministro ‘progre’ Tete Romero, quien aplicó un descuento de hasta 1.000 pesos a los docentes en huelga y que ahora propone un 50 pesos al básico de diciembre cuando había comprometido 300 pesos para agosto. Llamó a desarrollar la campaña por la asamblea general docente para organizar el no inicio de clases por el 35%. Luis Pavón, ex secretario general del Sindicato de la Carne recuperado, desarrolló el proceso de reagrupamiento de los obreros industriales de Tirol (tanineros, textiles, ceramistas y de la carne), que aportó a la victoria de los obreros tanineros señalando los aciertos y errores de su lucha. Muy buena fue la intervención del secretario general del Banco de Chaco de Barranqueras, quien expuso la lucha por la “comisión fiscalizadora” del Banco, que frenó el proceso de vaciamiento a partir del control obrero. Otras intervenciones enriquecieron el plenario, como Eloy Pereyra, quien llamó a provincializar al plenario obrero, localidad por localidad, y denunció el “trabajo decente” impulsado por la patronal y la CGT, que significa que no haya piquetes ni huelga (versión chaqueña de la “paz social”, y denunció al gobierno que está avanzando sobre el control de la Justicia, lo que ya hizo con la Legislatura. El plenario resolvió la edición de una declaración provincial por el salario, presentada en el mismo como volante y afiche; un acto en la Anses, un acto-plenario en el sindicato taninero de Tirol; un curso de formación político sindical; el apoyo a la campaña de la Multicolor en Ctera y de la oposición clasista en la CTA y la conformación de la Mesa de Coordinación del Plenario Obrero. Fue un paso adelante en el reagrupamiento de la vanguardia en función de una nueva dirección del movimiento obrero.

El pasado 1º de julio, el Congreso de Costa Rica autorizó el ingreso a ese país de 46 buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos, 200 helicópteros y aviones de combate, y 7.000 marines. Una vez más, la excusa para tal despliegue imperialista fue la lucha contra los carteles de la droga, que supuestamente habían modificado sus rutas tradicionales de ingreso a Estados Unidos, no teniendo ya a México como principal puente. El gobierno derechista de la presidenta Laura Chinchilla brindó todo su apoyo y el de sus parlamentarios para responder obedientemente a la requisitoria de Washington. No podía esperarse menos de alguien que, previo a su cargo ejecutivo, trabajó realizando diagnósticos sobre el sector Justicia al servicio de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (Usaid); así como evaluaciones y asesorías en materia de reforma policial para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Un documento oficial, enviado por la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica al Ministerio de Seguridad del país centroamericano, explicó las condiciones de impunidad plena de la que disfrutarán los soldados estadounidenses, dejando establecido que “el personal de Estados Unidos en Costa Rica podrá disfrutar de libertad de movimiento y el derecho de realizar las actividades que considere necesarias en el desempeño de su misión”. Esta iniciativa del gobierno norteamericano hay que situarla en el contexto de la creciente militarización de la política exterior de los Estados Unidos, cuyas expresiones más importantes en el marco latinoamericano han sido la reactivación de la Cuarta Flota, la ocupación militar de Haití, la construcción del muro entre México y Estados Unidos, el golpe de estado en Honduras, la concesión de nuevas bases militares por el gobierno reaccionario de Panamá, a todo lo cual se agrega ahora el desembarco de los marines en Costa Rica. Los gobiernos derechistas de la región (México, Panamá, Colombia, Honduras) han reforzado en este contexto su ofensiva contra los trabajadores, profundizando aún más las contradicciones sociales de una región desbastada por el saqueo y la descomposición capitalista. El desembarco de los marines en Costa Rica forma parte de un objetivo estratégico del imperialismo de reforzar la dominación norteamericana en la región, en momentos de una desestabilización creciente de las relaciones sociales producto de la agudización de la crisis capitalista internacional.

A diferencia de los K, que aseguran que no hay plata para pagar el proyecto de jubilaciones presentado por un sector de la oposición en el Congreso, el PTS se opone a luchar por imponerlo con el argumento contrario: que es insuficiente. El proyecto en cuestión eleva, por un lado, la jubilación mínima al 82% del salario mínimo y también reajusta las categorías superiores bloqueadas por las leyes de Cavallo, en 1993 y congeladas, luego, por Duhalde-Kirchner; además, modifica la movilidad trucha de los K por una basada en los aumentos de salarios. Ya hay negociaciones para desvirtuar este proyecto. Por un lado, la comisión respectiva del Senado ya le podó la eliminación del congelamiento, a pesar de que tiene fallo judicial favorable, y también la movilidad por salario. Por el otro, el 82% sobre el salario mínimo se daría en forma escalonada, en un período de varios años. La Auditoría, un órgano del Congreso, acaba de dictaminar que el 82% es infinanciable. Por lo tanto, cuando el PTS dice: "¿Quién puede creer -nos descubre el PT- que un trabajador retirado puede vivir con 1.230 pesos (que es el monto al que pasaría la jubilación mínima hoy en 895 pesos)? (La Verdad Obrera, 8/7), en el Congreso son mayoría los que piensan que puede vivir aún con menos. Para cargar las tintas, el PTS omite, con perfecto conocimiento, que el proyecto original generaliza el fallo Badaro contra el congelamiento que sufrieron las jubilaciones durante ¡17 años!, el cual establece la movilidad de acuerdo a los salarios. Está claro, el PTS está en contra del proyecto y boicotea la movilización para que sea aprobado. Eso sí, llama "a los sindicatos" a dejar de "apoyar, unos el discurso capitalista de los K de que ‘no hay plata' (Moyano y Yasky), y otros, el engañoso 8% de la oposición de derecha"; en su lugar propone "movilizar a los trabajadores por salarios iguales a la canasta familiar" (ídem, 15/7). Repetimos, más claro agua. No hay que apoyar el 82% "de la derecha" (el PTS nunca menciona los otros dos puntos fundamentales), sino reclamarle a la burocracia de los sindicatos, que se opone al 82% por excesivo, a que "movilice" por un salario mínimo de 4.000 pesos (canasta familiar). El método del PTS es viejo como la ruda: aumentemos la apuesta para justificar la inacción, incluso si la apuesta menor es apoyada por la masa de los jubilados. Pero la burocracia, toda K, ni siquiera está planteando aumentar el salario mínimo (no ya la jubilación mínima), que debería haberse fijado en julio y por el 25% del aumento de salarios que obtuvieron las paritarias más rezagadas. Si la jubilación mínima fuera aumentada de acuerdo al porcentaje que arrancaron los sindicatos de la Alimentación de Córdoba (el 35%) el salario mínimo se iría a 1.700 pesos y la jubilación a casi 1.400 pesos -un aumento del 85% sobre el mínimo actual. O sea que el PTS llama "a los sindicatos" (la burocracia) a luchar por el 82% para todos los salarios, cuando no lo hace siquiera por el salario mínimo, ocultando que si este salario mínimo fuera aumentado según los de convenio, el 82% móvil sobre el mínimo establecería una jubilación mínima del doble de la actual. El PTS se da cuenta, naturalmente, del contrasentido de su posición: que ‘los sindicatos luchen' por los objetivos máximos cuando están movilizados para impedir el objetivo mínimo, por eso va cambiando su lenguaje y, en lugar de ‘los sindicatos', propone ahora "encarar una gran lucha independiente de los jubilados y los trabajadores (...) para lograr un verdadero 82% móvil". "Los jubilados y los trabajadores sustituyen a ‘los sindicatos', pero ‘l os jubilados y los trabajadores' no pueden sustituir la fuerza organizada de ‘los sindicatos'. Estamos ante el ultimatismo clásico de las sectas: que las masas salgan. Una ‘lucha independiente' de los jubilados sin la dirección sindical, o sea sin la mayoría de los sindicatos, sería una lucha, no independiente, sino solitaria -que no es, claro, lo mismo. Pero mientras el PTS propone boicotear esta lucha por objetivos "que no alcanzan para vivir", en el Senado ya podaron las dos terceras partes del proyecto, con el acuerdo de sus autores, y la Presidenta sigue prometiendo el veto. Pregunta: ¿denunciará el PTS la mutilación del proyecto que repudia, o el veto de la Presidenta? ¿Saldrán los combatientes de la palabra a luchar contra este veto? De su análisis se desprende claramente que no. ¿Sería temerario concluir de esto que el PTS va de cabeza a un frente con el gobierno y los opositores contra el proyecto? Un mínimo salarial de 4.000 pesos o nada -ésta es la consigna radical con la que el PTS justifica su inacción. Mientras el proyecto sigue su trámite en Diputados, el Senado avanzó en una versión mutilada, que contempla exclusivamente el ajuste del haber mínimo al 82% del salario mínimo, pero que todavía será mutilado aún más. El PTS refuerza su radicalismo calificando a los autores del proyecto como derechistas. Con esta caracterización, abusiva y distorsionada, deja cómodamente en la izquierda del escenario oficial a los K -algo que el PTS viene desarrollando con cierta constancia desde que los obnubiló el desfile de carrozas del Bicentenario. En la versión petesista, tendríamos una derecha burguesa partidaria de convertir en ley las fuertes reclamos de los jubilados y una izquierda capitalista que quiere seguir cargando la crisis sobre este sector de los trabajadores. El PTS rechaza la lucha por el 82% sobre el salario mínimo, la extensión del fallo Badaro a 400 mil jubilados y la determinación de la movilidad jubilatoria por aumento de salarios. Estamos ante un tema que el PTS viene pifiando desde hace mucho. ¿Se acuerda el lector de que el PTS se oponía, en 1994, a la estatización de las jubilaciones y proponía que fuera un ente autónomo de propiedad de los trabajadores -o sea una privatización obrera del sistema previsional? El 82% sobre el salario mínimo, por Badaro y por otra movilidad, no es contradictorio, por el contrario, con la lucha por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. No sienta precedente. Pero preguntamos al lector: ¿no hubiera esperado usted esta posición infantilista del PTS? En definitiva, estamos ante un voto cantado. Que los doctrinarios no se inquieten: hay mucha tela para denunciar a ‘la oposición de derecha' en esta lucha para que se apruebe el proyecto en forma integral -como ya ocurre con la mutilación que ha pactado en el Senado. Tenemos la oportunidad de oponer a esa ‘derecha' su propio proyecto, sin que por ello renunciemos un milímetro a nuestro planteo de plena aplicación del 82% a todas las escalas salariales; por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; por una dirección obrera y de los jubilados de la Anses y del Pami; por el rescate de toda la deuda externa y privada que se ha forjado sobre la Anses, por medio de un impuesto especial a los bancos, grandes empresas -agrarias, comerciales e industriales. Los doctrinarios tienen el hábito de ignorar el abc del programa de transición: la necesidad de que nos valgamos de todo reclamo práctico que sirva para movilizar a los explotados contra la burguesía, incluso si este reclamo no está inscripto en nuestro programa, sino que aparece como consecuencia del proceso concreto.

Nuestra Lista Rosa-Gris-Verde (la Multicolor) logró su oficialización para las elecciones de Ctera, con 10.887 adhesiones. Fueron conseguidas, principalmente, por Tribuna Docente. Hugo Yasky ha transformado a la Ctera –también a la CTA– en un apéndice del gobierno kirchnerista. La paritaria docente ha establecido uno de los peores acuerdos paritarios del país. En 17 por ciento de aumento salarial anualizado contra una inflación prevista del 40 por ciento con una cláusula de” paz social” equivale a una entrega. La ejecutó el mismo que dice que el 82% móvil es una reivindicación ‘destituyente’. Los docentes han tenido que ir a la Corte para conseguir satisfacción a su reclamo, que de todos modos la Justicia no generaliza al conjunto de profesores y maestros jubilados. Yasky sí apoya el pago de la deuda usuraria con reservas nacionales. Hugo Yasky ha definido públicamente que su objetivo político es poner a la Ctera y a la CTA al servicio del triunfo electoral de los K en 2011. Para ello, estableció una férrea alianza con Hugo Moyano y con la CGT, el otro puntal de los K. Yasky vacía a las entidades de base de Ctera y es el responsable del fraude sistemático (contra Agmer, Suteba La Plata y la seccional San Javier, de Amsafe) en el sindicato. La “paz social” El 29 de marzo de 2010, la dirección de Adosac (Santa Cruz) –encabezada por Pedro Muñoz, candidato a secretario general la Lista Lila– firmó con el gobierno kirchnerista de Peralta por un 12 por ciento de aumento (¡!), bajo la promesa (que el gobierno incumplió) de otra cuota de un 8 por ciento en julio. Esta dirección se niega a plantear la reapertura de la negociación salarial. El 20 de mayo de 2010, en medio de una de las huelgas más importantes de los docentes neuquinos, la dirección de Aten –con la firma, entre otros, de Gustavo Aguirre– pactó un acta de paz social por aumentos de salarios de entre un 3 y un 7 por ciento (¡!), en un operativo armado conjuntamente con el gobierno de Sapag y el obispado de Neuquén. El candidato a secretario de organización de la Lista Lila es Daniel Huth, de Aten. Estos dirigentes, repetimos, ocupan las principales candidaturas de la Lista Lila –por lo que es natural que no hayan querido un frente con Tribuna Docente con un plataforma que resalte la oposición a la ‘paz social. Este asunto cobra importancia reforzada ahora que están planteados conflictos salariales, luego del receso invernal, en Catamarca, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Llamamos a organizar el paro de los días 2 y 3 de agosto, convocado por otros gremios bonaerenses. Necesitamos un plan de acción que prepare a los docentes a una lucha para reabrir las paritarias.

Las denuncias de Uribe acerca de la existencia de campamentos de la Farc en territorio venezolano y el uso de la guerrilla de los territorios de los países fronterizos para sus maniobras militares no constituyen una novedad. Lo singular, esta vez, es que se producen cuando tiene que entregar el mando a su sucesor en pocos días. Crisis política “La relación entre Uribe y Santos; su sucesor –comenta Clarín (17/7)– vienen desgastadas desde la primera vuelta de las presidenciales de mayo y tirantes por demás tras el arrollador triunfo del 20 de junio en el ballotage por los claros gestos del futuro presidente de tomar distancia de quien fuera su jefe en la Casa de Nariño” (ídem). Santos invitó a Chávez y a Correa a su asunción el 7 de agosto. Uribe ha salido a torpedear este realineamiento. “Con sorna, hay quienes dicen que a este paso, Uribe será el principal opositor de Santos en el futuro”. El viraje de Santos está directamente relacionado con el deterioro económico que está atravesando Colombia. La autorización de las bases militares no le ha reportado a Colombia los beneficios que esperaba. El Tratado de Libre Comercio entre ambos países sigue en la congeladora. El futuro presidente pinta elocuentemente esta situación al denunciar que los colombianos “tengan que ir todos los años con el sombrero a ver cuanta plata nos van a dar; esa es una situación que no es digna” ( Ámbito , 16/7). Las “relaciones carnales” no han reportado ventajas pero sí perjuicios. A partir de 2008, la balanza comercial bilateral con Venezuela, que era favorable a Colombia, se ha desmoronado cerca del 70 por ciento. El comercio cayó a 2.400 millones de dólares contra los más de 7.200 millones de dólares que se intercambiaban hace dos años ( Clarín , 24/7). Sectores capitalistas piden una revisión de esa situación. La zona fronteriza con Venezuela debió ser declarada “zona de emergencia”, para permitir subsidiar a los grupos afectados. También hay un agotamiento político. El ‘establishment’ colombiano ha dado por concluido el ciclo de Uribe. La idea es “jubilar a Uribe, quien no logra comprender ni antes ni tampoco ahora que su tiempo fue el de la batalla contra la guerrilla” (ídem). El imperialismo Esta determinación cuenta con el guiño norteamericano. Barack Obama “mantuvo la ayuda militar a Bogota, pero experimentaba la incomodidad por el desgaste y la polémica imagen del mandamás colombiano” (ídem). Lo que interesa a Obama es explotar la crisis para forzar a Chávez a reforzar los compromisos que ha asumido en materia de ‘seguridad continental’. “Creemos, dijo un funcionario yanqui, que es importante que ambos países trabajen para reducir las sospechas mutuas... implementar de manera completa sus compromisos en el marco de los tratados antiterrorismo”. Por otro lado, gran parte de la prensa parece coincidir en que la ruptura de relaciones diplomáticas anunciadas por el presidente venezolano es una puesta en escena para cohesionar a su propio régimen, afectado por la desorganización económica, una inflación galopante y la diáspora en las filas oficialistas. Chávez bate el parche de “la defensa de la patria” con el objetivo de disimular las crecientes contradicciones que enfrenta su gobierno. Ya adelantó, sin embargo, que aspira a un entendimiento con Santos. También ha llamado de nuevo a las Farc a abandonar la lucha armada en forma unilateral o incondicional. En las conferencias de la Unasur, en Bariloche y en Santo Domingo, luego del ataque colombiano a territorio de Ecuador, Chávez y sus aliados se resignaron ante las posiciones de Uribe: una vez sobre la presencia militar norteamericana, la otra al firmar el compromiso de “combatir las amenazas a la seguridad de todos los Estados provenientes de grupos irregulares o de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico”. Conclusión El choque entre Venezuela y Colombia traduce un cuadro de crisis política de los regímenes políticos de diverso signo en Latinoamérica. En este cuadro, denunciamos la continua penetración del imperialismo a caballo del slogan contra el terrorismo y de la incapacidad de los gobiernos del nacionalismo pequeño burgués o militar de contenido capitalista.

En la jornada de ayer se realizó la charla debate por el 82% móvil organizada por el Partido Obrero con una gran concurrencia de jubilados y trabajadores. En la misma se acordó la necesidad de dar mayor impulso a la campaña nacional por el 82% móvil, exigiendo como primera medida la aprobación del proyecto que ya fue aprobado por la Comisión de Previsión de la Cámara de Diputados de la Nación. El proyecto fijaba las jubilaciones mínimas en el 82% del salario mínimo; en segundo lugar, establecía el reajuste de todos los haberes según los fallos de la Corte Suprema. En tercer término, fijaba la movilidad futura de las jubilaciones de acuerdo con la evolución de los salarios; ello, en reemplazo de la actual ley de movilidad, que condiciona el aumento de los haberes a la recaudación previsional. El proyecto, sin embargo, no otorgaba "derecho alguno a percibir la retroactividad que pudiere corresponder por las diferencias producidas" en el pasado. Por esas diferencias, se han originado 360.000 juicios jubilatorios. En la charla, el diputado Claudio Del Plá señaló que "la jubilación es un derecho y una conquista de la clase obrera como un salario diferido, no una asistencia social como pretenden oficialistas y la oposición patronal. La concurrencia a esta charla y el éxito de la campaña nacional demuestran que hay un ánimo importante de movilización, que abre la perspectiva de conquistar este derecho en la calle". "A lo largo de la historia de nuestro país, las cajas previsionales han sido saqueadas por los distintos gobiernos para subsidiar a los empresarios. En la actualidad, el gobierno de los Kirchner saquea a la Anses para pagar la deuda externa", denunció Del Plá. El legislador del PO denunció también que en el Senado de la Nación, opositores y oficialistas pactaron una versión mutilada del proyecto que estaba en diputados. Esta versión contempla exclusivamente el ajuste del haber mínimo al 82% del salario mínimo. "Con el proyecto mutilado, alrededor del 85% de los jubilados terminaría bajo el rasero común de la jubilación mínima y sometido a los ajustes anuales del salario mínimo, que sería manipulado en función de consolidar los haberes de miseria. Por su parte, y para los jubilados que ganen más de la mínima, regirá la movilidad fraudulenta impuesta por los Kirchner. De este modo, la jubilación seguirá siendo una prestación asistencial, fijada por el Estado e independizada, más que nunca, del salario del trabajador en actividad", sentenció el diputado Del Plá. Como resultado del debate, donde participaron miembros de varias organizaciones de jubilados, se acordó una convocatoria común para el miércoles 28 frente a la sede de la Anses de calle Mitre, a partir de las 10 horas, para seguir impulsando el petitorio y convocando a una movilización para el próximo miércoles 4 de agosto a la misma hora y lugar. En dicha movilización, se exigirá el tratamiento y la aprobación del proyecto integral, o sea: 1) jubilación mínima del 82% del salario mínimo; 2) ajuste de los haberes de acuerdo con los fallos de la Corte; 3) movilidad futura de acuerdo con el salario.

• Salario igual a la canasta familiar. Por la reapertura de las paritarias. Rechazo a la entrega de Ctera. Denuncia de su política. Por un aumento que complete ya, sin cuotas, un 35%. Paritarias libres, con delegados elegidos por la base con mandato de asamblea de todos los docentes, sin distinción. No a los descuentos de los días de paro. No a los “aumentos” desdoblados (pago en cuotas). • Convocatoria de asambleas y plenarios de delegados en todas las jurisdicciones para decidir y llevar a cabo este plan de lucha. • Por el 82% móvil de jubilación del salario de bolsillo en forma automática. Defensa de todas las conquistas previsionales arrancadas en cada provincia. Actualización por inflación de salarios y de jubilaciones. No al vaciamiento de la Anses y de las cajas previsionales provinciales. Devolución de los fondos arrebatados. Fuera el gobierno y los interventores de la Anses y de las cajas provinciales, que deben ser dirigidas por los trabajadores jubilados y activos. Descuentos sólo a cargo de la patronal. • Aumento de presupuesto en la nación y en las provincias. Basta de privatización de la educación. Eliminación de la educación confesional y de los subsidios a la educación privada. Estatización de todos los establecimientos privados. Rechazo a todas las leyes antieducativas y a la actual reforma de la educación media, que devalúa la secundaria y precariza más a los docentes. Defensa de todos los cargos, ningún cierre ni fusión. Por la reducción a 30 horas de cátedra sin afectar el salario. • No al pago de la deuda externa. No al canje de deuda por educación. Ni los DNU del gobierno K, ni con la oposición parlamentaria. Por la libertad sindical. Por la personería de la CTA y el reconocimiento de todas las organizaciones inscriptas o en formación. • Derogación de la Ley de Asociaciones profesionales. Abajo los estatutos “cárcel”. Fuera el fraude en Ctera (Agmer, Suteba La Plata, etc.). Fuera la burocracia de Yasky y Maldonado. Por una nueva dirección en nuestro sindicato basada en el congreso de bases de todas las organizaciones.

El pasado 12 de julio, fue asesinado el asesor sindical de la central sindical Unete, Alexis Díaz, militante del PSUV del estado de Aragua. También Jerry Díaz, trabajador de Mampa, fue ultimado en Maracay el 25 de abril de este año. Unos meses antes, mataron a Francisco Ferreira, de Sidetur en Valencia; Tomás Rangel, dirigente de Unete en el estado Barinas, y Argenis Vásquez, de Toyota, en Cumaná. También asesinaron a Javier Marcano y Pedro Suárez en la represión a los trabajadores de Mitsubishi, movilizados por el despido de 135 trabajadores en febrero de 2009. Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena, dirigentes de Unete de Aragua, fueron muertos por solidarizarse con la huelga de trabajadores de Alpina de noviembre de 2008 ( PO Nº 1.066, 4/12/08). Provea, una organización de derechos humanos, denuncia que 131 dirigentes sindicales han sido asesinados entre octubre de 2005 y septiembre de 2009. El Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ) registra 214 víctimas fatales entre el año 2000 y junio de 2009 ( Laclase.info , 26/6/09). Al asesinato por encargo se suma la criminalización de la protesta. Más de 230 trabajadores se encuentran vetados a promover asambleas o a acercarse a los portones de las fábricas, bajo pena de detención y cárcel. Peor aún les sucede a los que trabajan en la industria alimenticia, porque por decreto presidencial está prohibida cualquier acción que paralice esta actividad, inclusive las que legalmente están plasmadas en la Ley del Trabajo. A la fecha, todos los crímenes han quedado impunes. Todos los casos se dieron por conflictos entre trabajadores y patrones, de índole laboral, por discusión de un contrato colectivo, por denuncias de grave explotación o por manifestarse en las calles frente a sus lugares de trabajo. La presencia de sicarios es tan sólo la forma expresa de la descomposición social que manifiesta el accionar represor del Estado capitalista, a pesar del “obrerismo” impostado del presidente Chávez. Para impedir nuevos casos de asesinatos de dirigentes clasistas y castigar a los patrones que los encomiendan, es necesaria la organización autónoma de los trabajadores, recuperar desde sus bases los sindicatos para liberarse del corsé que les impone el nacionalismo izquierdizante, democratizar las federaciones regionales y darle forma programática a un congreso clasista de trabajadores por una central única que se plantee las tareas concretas del socialismo. Precisamente todo lo contrario de lo que se viene haciendo de la mano de los tarifados y burócratas del gobierno bolivariano.

Laura Ginsberg es integrante de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia – Apemia. - Macri declaró que el nombramiento de Fino Palacios fue hecho por recomendación de la CIA, de la DEA y el Mossad. ¿Cuál es tu caracterización? - Es la primera vez que, de manera pública, un funcionario de gobierno revela la participación de los tres servicios de inteligencia extranjeros en decisiones que tienen que ver con individuos como Palacios, que fueron los primeros encubridores en la investigación del ataque a la Amia. Cuando, desde Apemia, nosotros acusamos al Estado argentino por su responsabilidad en el encubrimiento, no sólo en la criminalidad, sostuvimos que este ataque no se pudo haber hecho sin la connivencia y sin el apoyo de otros Estados a través de sus servicios secretos. Esto es lo que ha saltado a la luz. Esta injerencia vale en cuanto a la dirección de las líneas de investigación del atentado mismo, de a dónde hay que apuntar, a quiénes hay que acusar y, de esa manera y al mismo tiempo, proteger al Estado argentino de su propia responsabilidad encubridora y criminal. - El Congreso norteamericano ha saludado al gobierno K por el giro que le ha impuesto a la investigación del atentado a la Amia, que adjudica a Irán. - El gobierno nacional no ha podido probar, después de 16 años, la responsabilidad iraní. Néstor y Cristina Kirchner, en la apertura de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, llevaron como mandato del Departamento de Estado, de la Embajada de Israel, del Congreso Judío Mundial, la acusación a Irán. Fueron acompañados por el Grupo de Familias y Amigos de las Víctimas. El compromiso del gobierno de Kirchner ha sido muy fuerte: sancionó la Ley Antiterrorista, aún antes de la que sancionó Bush, usando como excusa el atentado a la Amia. - ¿Cuál es tu caracterización de los dos actos por el atentado a la Amia? - Yo creo que los dos fueron actos oficialistas. No hubo ninguna denuncia contra el gobierno de Macri ni contra el gobierno de Kirchner. Ni en el acto de Amia-Daia-Familiares ni en el acto de Memoria Activa hubo denuncias o exigencias concretas acerca de cómo se produjo este atentado, ni siquiera la exigencia de su esclarecimiento. Estas organizaciones no tienen una postura independiente en relación con el Estado argentino. Así como en el pasado se alineaban con la Alianza contra el menemismo, ahora defienden en un caso al kirchnerismo contra el macrismo o viceversa. Estas organizaciones han abandonado la lucha política por el esclarecimiento de la masacre de la Amia. - Vos hiciste una referencia importante sobre el juez Garzón. - Además de que participó en el acto oficial con un discurso terrible, Garzón participó en Buenos Aires, uno o dos días antes, del IV Encuentro sobre Legislación Antiterrorista, donde el tema central, justamente, era la lucha contra el terrorismo. Este evento, que fue organizado por el Congreso Judío Latinoamericano, la Amia y la Daia, convocó no sólo a legisladores locales, sino también a legisladores de América Latina para tratar de ampliar aquello que se había iniciado con los Kirchner en la Argentina, lo que la pareja había hecho contra el "Eje del Mal". No es casual que este tema se vuelva a traer a la Argentina y se lo haga en el marco de una invitación más amplia; es decir, incluyendo legisladores de otros países de la región, cuando es bien conocida la intención del gobierno de los Estados Unidos, la Otan e Israel de limitar los vínculos de los gobiernos de Brasil y Venezuela con el régimen iraní. De manera tal que todo esto se conjuga y en este sentido va nuestra preocupación y nuestra denuncia. - Las variantes que están en debate en la Legislatura -el juicio político o la formación de una comisión investigadora-, ¿cubren la necesidad de juzgar las responsabilidades políticas y operativas por la conspiración de los servicios de espionaje? - Yo creo que las dos opciones van a terminar llevando a la impunidad de Macri, pero lo importante para nosotros, en relación con el tema Amia, es que Macri ha dicho que ha nombrado a un funcionario por recomendación de servicios secretos extranjeros que han intervenido desde un principio en lo que fue la dirección de la investigación del atentado y, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es denunciar esta situación y llamarlo a Macri para que declare exactamente de qué se trata, cómo se produjo y en qué consiste esta recomendación de servicios secretos extranjeros para que él nombre a alguien como Palacios, que es un encubridor de la primera hora, por lo menos en el atentado a la Amia. También ha participado en la comisión de otros crímenes y su encubrimiento. Esto me trae a la memoria lo que ocurrió con el juez Galeano, que estuvo a cargo de la investigación del atentado: allí hubo una comisión investigadora en el Congreso, integrada por legisladores de todos los partidos, cuya única función fue sostener todas las irregularidades y delitos que cometió Galeano. En la experiencia que nosotros hemos tenido, el saldo es la impunidad. Por eso, creemos que la única vía es integrar una comisión investigadora independiente del Estado para lograr el esclarecimiento del crimen. Por eso está la imperiosa necesidad de abrir los archivos secretos. Creo que Macri tiene mucho para decir y, en ese sentido, lo que tenga para decir, sin duda, va a tener su correlato con los archivos que el kirchnerismo mantiene cerrados.

La Guía para abortos no punibles constituye un cuerpo de instrucciones del Ministerio de Salud a los médicos de los hospitales públicos para actuar ante casos de abortos no punibles: cuando corre riesgo la vida de la madre, cuando no es viable el feto y cuando el embarazo es producto de una violación. Ahora, “se actualizó”, según declaró en Nueva York la Presidenta del Consejo Nacional de la Mujer y según se pudo ver en la propia página del Ministerio. Unos días después, el ministro Manzur desmentía la firma de esa ‘actualización’ y ratificaba la guía elaborada en el 2007. El tema generó una crisis dentro del gobierno. La Presidenta y Manzur habían dado marcha atrás. “Respecto de la posibilidad de legalizar la interrupción de un embarazo no deseado: “Ustedes ya saben lo que pienso, que no”, dijo la Presidenta el jueves en Pekín” ( La Nación , 21/7). La actualización de la Guía pretendía sustituir el debate del aborto legal en el Congreso. Sobre la nula efectividad de este tipo de normativas dan cuenta el propio protocolo que está aprobado desde el 2007 y las múltiples reglamentaciones locales que se sucedieron en estos años, aunque algunas de ellas alivianaron la responsabilidad médica sobre el tema. Sin embargo, no pueden suplir la sanción de una ley; “(...) las nuevas reglamentaciones instauran un retroceso importante en las garantías establecidas por el artículo 86, agregando condiciones incumplibles en un sistema de salud desmantelado”, decíamos en una nota de la compañera Olga Cristobal en junio de 2007 ( po.org.ar/node/5590 ). Algunas de las críticas que hicimos en soledad ese año fueron tomadas en la Guía modificada que no prosperó. La reciente aprobación del matrimonio homosexual ya produjo fisuras políticas en el oficialismo y en la oposición, que ambos trataron de esconder detrás de la llamada “libertad de conciencia”, por lo que nadie quiere tocar el tema del derecho al aborto. El tratamiento desigual de uno y otro desmiente que los partidos patronales tengan una posición progresista en torno a los derechos políticos. Las personas que consideran que hay que despenalizar parcial o totalmente la práctica del aborto representan, sin embargo, casi al 70% de los encuestados ( La Nación , 22/7 encuesta de Mora y Araujo). El kirchenrismo le da espalda al tratamiento de este derecho de las mayorías de mujeres de la misma forma que se empecina en frenar el 82% móvil para los jubilados. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal y seguro para no morir. Que se trate y se apruebe en el Congreso el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Separación de la Iglesia del Estado. Basta de subsidios a la curia.

Sergio Burstein no es de Memoria Activa como se consigna, por error, en el editorial, sino de Asociación de Familiares de Víctimas de la Amia.

El viernes 23 de julio, alrededor de 6.000 personas se movilizaron de Congreso a Plaza de Mayo para reclamar el cierre de todas las causas a los luchadores, la anulación de las condenas, la libertad de los presos políticos y el cese de la represión contra la juventud barrial. En la cabeza de la marcha se destacó una nutrida delegación de 150 trabajadores tercerizados del Roca que están en conflicto, trabajadores del Subte, de Sitraic, de AGD y jóvenes de la Fuba. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia logró concretar una gran acción unitaria en el marco de una campaña que se extenderá hasta fin de año. El documento único, leído en la plaza, denuncia que a medida que la crisis política y económica se profundiza más, se acrecientan las causas judiciales contra los luchadores. Además, señala que tanto el gobierno K como la oposición se colocan en un mismo campo. A su vez, que la continuidad del aparato represivo heredado de la dictadura es funcional a esta política de persecución y criminalización. La inmediata libertad de Martino, la Gallega y Villalba fueron una consigna prioritaria. El documento reclama el sobreseimiento a nuestros compañeros Jorge Altamira, Marcelo Ramal y Néstor Pitrola en la causa que les inició Raúl Othacehé. El Partido Obrero se hizo presente con una numerosa columna, con las pancartas que reclamaban también la absolución de los ex trabajadores del Casino.

Hace casi dos años que fue promulgada la Ley 12913 de creación de Comités Mixtos de Seguridad y Salud en Santa Fe. La ley se aprobó luego de que una pueblada en Villa Constitución repudiara la muerte de dos obreros de Acindar. La ley de seguridad industrial de Binner fue letra muerta, lo que se revela en las muertes obreras que siguen ocurriendo en los silos, obras de construcción, puertos y fábricas. “Este mes vamos a profundizar las advertencias. Luego empezaremos a aplicar las sanciones, que van a ser consideradas como una falta grave, cuyos montos dependerán de la cantidad de empleados que tengan en relación de dependencia”, explicó el ministro de Trabajo, Carlos Rodríguez (La Capital). Una confesión acabada de los dos años de absoluta impunidad de las patronales. Los comités mixtos nunca se formaron. El gobierno, hipócritamente, dice que es por la baja sindicalización, acusando a los trabajadores frente a la brutal escalada de accidentes y muertes obreras. La Ley de Seguridad de Binner es trucha, una cosmética que sirvió para apaciguar la movilización obrera de Villa Constitución con una campaña publicitaria. Los comités mixtos se establecían sin fueros gremiales y sin atribuciones para parar la producción. Su función era “consultiva y de propuestas”, sin ningún poder real. Los compañeros y compañeras, tanto del sistema de salud provincial y municipal como del educativo, pueden tomar la intimación de Binner para devolvérsela. Por Comités de Seguridad y Salud en cada empresa y repartición pública, para imponer los arreglos estructurales y de conservación en escuelas, hospitales y en todas las reparticiones de administración provincial y de los municipios. ¡Basta de muertes obreras como los camioneros en Puerto San Martín, los obreros de ASSA en San Lorenzo e “incidentes” como los recientes heridos en la explosión de Terminal 6! Comités de seguridad elegidos y revocados en asamblea con fueros gremiales para prevenir accidentes y obligar a las patronales del cordón industrial a invertir todo lo que los obreros consideren necesario para el cuidado dentro y fuera de las fábricas. ¡Basta de depredación laboral y ambiental! ¡Juicio y castigo a los responsables empresarios y a los del gobierno!

El juicio a Videla y a Menéndez, que se está desarrollando en los tribunales federales de Córdoba, está destapando la complicidad activa de funcionarios judiciales y eclesiásticos con la dictadura militar. Los testimonios revelan la continuidad del aparato represivo de la dictadura, con sus mismos hombres, durante los gobiernos constitucionales posteriores. En el juicio se ventilan dos causas: la de los fusilamientos de la UP1 (penitenciaría del barrio San Martín) y la llamada Gontero, que se refiere a secuestros y torturas padecidos por ex policías. Fermín Rivera, cuya denuncia inició esta causa en ¡1983!, denunció que "el capellán del III Cuerpo de Ejército, Eduardo Mac Kinnon, junto al cura Sabas Gallardo... ‘recomendaban' a los presos ‘cooperar' con las torturas ya que ‘dos días de tortura no es pecado porque se puede salvar la vida a otras personas'". La D2, la UCR y Juez Entre los imputados, hay varias figuras de la llamada D2, el servicio de inteligencia de la policía provincial. En Córdoba empezó tempranamente, cuando Perón ordenó al jefe de Policía Navarro, en febrero de 1974, a levantarse contra el gobierno de Obregón Cano y Atilio López, e intervino la provincia. La D2 organizó la represión "legal" e "ilegal" (Comando Libertadores de América) (los detenidos que fueron fusilados en la UP1 eran presos de esta época). Los testigos denunciaron que los jueces y secretarios de la Justicia federal eran miembros del Comando Libertadores de América. Uno de los imputados es Carlos Yanicelli quien junto a su hermano Raúl, fue miembro destacado de la D2. Carlos Yanicelli señaló en su descargo, en lo que parece un arreglo de viejas cuentas, que el actual camarista federal Luis Rueda era servicio, mostrando fotos que así lo probarían. Luis Urquiza -un ex policía que fue torturado, luego encarcelado y que terminó exiliado en Dinamarca- señaló a los Yanicelli como sus torturadores. Pero el testimonio de Urquiza fue más lejos. Señaló que en 1997, en uno de sus viajes a Córdoba, recibió amenazas de los Yanicelli, que seguían siendo miembros de la policía provincial. Carlos "Tucán" Yanicelli era jefe de drogas peligrosas en ese momento. Urquiza denunció como responsable al actual jefe del bloque de diputados de la UCR, Oscar Aguad, quien en 1997 era, ministro de Asuntos Constitucionales del gobierno de Mestre. Aguad se defendió diciendo que desconocía el pasado de Yanicelli, quien había perdurado con los tres gobiernos de Angeloz. Aguad miente. La convivencia de los gobiernos de la UCR, incluido el de Mestre, con los personajes de la dictadura militar era pública; ahí están las fotos de actos oficiales con el propio Menéndez en el palco de honor a centímetros de Aguad y Mestre. Está convivencia era, en realidad, una prolongación de la que se desarrolló durante la propia dictadura: más de 100 intendentes y presidentes de comuna de la UCR fueron interventores designados por el gobierno genocida. El propio Angeloz era hombre de consulta permanente, junto al obispo Primatesta, para Luciano Menéndez. Juez aprovechó la volteada para "pegarle" a Aguad (que en las elecciones de 2009 le ganó al candidato juecista y se postula para gobernador). Pero terminó salpicado. Rápidamente, le recordaron que durante su intendencia, el jefe de Seguridad de su gobierno, Cousolo, había sido miembro de la D2 y que éste había sido denunciado por infiltrado en la Universidad en la época de la dictadura, tampoco se olvidaron de su menemismo furioso cuando Menem decretó los indultos. Gobierno y oposición temen que los juicios se terminen convirtiendo en un factor de mayor desestabilización política y destapen la continuidad de intereses y personajes entre la dictadura y la democracia. La política del kirchnerismo es mantenerlos a cuentagotas, dejando que la "vida" haga su trabajo y los imputados mueran de causas naturales.

El escenario político para las próximas elecciones generales municipales del 5 de septiembre está dominado por el oficialista Frente Cívico, dirigido por el actual gobernador Zamora, quien ha logrado disciplinar a las diferentes agrupaciones para que en la capital se alineen detrás de la candidatura de Infante, actual intendente de la misma. En los otros municipios, se ha dado libertad para que las distintas tendencias del Frente Cívico presenten candidatos, reduciendo de esta manera las elecciones en el interior a una suerte de interna del Frente Cívico. El celo que Zamora ha puesto en la capital obedece a que quien gane esta elección es candidato puesto para las elecciones a gobernador de 2011. Por otro lado, Infante está demostrando que es capaz de cubrir los intereses de la camarilla zamorista, llena de negociados corruptos y criminales. Infante reemplazó en julio de 2009 a Julio Alegre, quien era el intendente electo, pero fue desplazado cuando intentó ponerse a la cabeza de un frente sojero opositor, junto a Zavalía y Rached. Alegre fue denunciado por distintos actos de corrupción. La investigación posterior señaló la existencia de una asociación ilícita, pero sólo sigue detenido Alegre. Mientras éste se sometía a la jefatura de Zamora, todos los afanos estaban encubiertos. Apenas intentó sacar los pies del plato, fue destituido y fue en cana. El caso Alegre no es la excepción. Toda la administración zamorista reposa en una fabulosa maquinaria criminal de corrupción entrelazada con los grandes grupos económicos, que se valen para sus negocios del usufructo del presupuesto estatal. En los últimos años, el botín de Rentas de la provincia estuvo disputado por el grupo ICK y Ecom Chaco. Zamora impulsó un plan de privatización y precarización laboral de la repartición. Dos meses antes de que estallara el affaire Alegre, se hizo pública la denuncia por parte de Raúl Domínguez, un trabajador de Rentas, acerca de máquinas y sellados paralelos. Era la punta del ovillo para investigar a las mafias que vaciaban las arcas del Estado. El gobierno no hizo nada. Dejó en el más completo desamparo a Domínguez, quien días después era secuestrado y asesinado. La causa de Raúl Domínguez duerme en los tribunales y no hay nadie preso aún. Que un hecho de esta características se haya producido y aún continúe impune pone de manifiesto la vigencia en la provincia de los métodos criminales de la dictadura para perpetuar una política de corrupción y miseria social al servicio de los grandes grupos capitalistas. El gobierno de Zamora ha demostrado que está dispuesto a defender a las camarillas que respondan a los intereses de estos grupos mafiosos. La oposición patronal de los Zavalía, los Lugones y tutti cuanti no abrió la boca sobre estos hechos, como tampoco lo hizo sobre el caso Alegre, quien incluso fue defendido y se acusó de corrupción a Infante.(OJO) En Santiago del Estero aún gobiernan las mafias y el afano sigue.

Durante la campaña electoral, Macri prometió diez kilómetros de subte por año. Cuando asumió, las estaciones Flores y Nazca de la Línea "A", Echeverría y Rosas de la "B", y Corrientes de la "H", estaban terminadas en más de un 80% y hubieran podido ser inauguradas en 2008-2009 sin inconvenientes. Sin embargo, Macri dio adelantos de dinero a las empresas y al mes siguiente paró las obras. Recién luego de dos años las retomó. Esta paralización le permitió a las empresas constructoras (como Roggio) obtener indemnizaciones millonarias del Gobierno de la Ciudad por "gastos improductivos" y "mayor permanencia en obra". Durante todo ese tiempo, Macri desvió las partidas presupuestarias destinadas a la construcción de subtes para financiar entre otras cosas la formación de la Policía Metropolitana, con su red de espionaje, mientras los trabajadores de la Ciudad recibimos aumentos por debajo de la inflación, vemos día a día el desfalco de la educación y salud públicas, y viajamos en condiciones infrahumanas para llegar al trabajo. Para retomar estas obras a principios de 2010, Macri endeudó a la ciudad en 380 millones de dólares, a una tasa usuraria del 12,5%. Luego de esta gestión inútil y corrupta, piensa aparecer en 2011 inaugurando cinco estaciones nuevas, luego de haber estafado así a todos los vecinos de la ciudad. SBASE Hasta hoy, el diseño, proyecto, construcción y puesta en marcha de las obras de los nuevos subtes es controlado por el SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado), una empresa pública del Gobierno de la Ciudad. SBASE ha sufrido el recambio de cuatro presidencias, algo insólito en los pocos años de gestión macrista. El actual presidente es Juan Pablo Piccardo, que cuenta con un largo prontuario. Fue, entre otras cosas, procesado por estafas millonarias cuando era gerente de Isenbeck; ex ministro de Espacio Público y Medio Ambiente, cuestionado por sobreprecios en los contratos de recolección de basura y uno de los creadores de la UCEP (la fuerza de choque para desalojar a los sin techo). Piccardo no se queda atrás: ha despedido trabajadores que defendieron los intereses de SBASE e intentaron obstaculizar los negociados. Lo que se viene Lo que se viene es el proyecto de la nueva Línea "G", que iría de Retiro al Cid Campeador, y la construcción de los tramos norte y sur de la Línea "H". Para la línea "G", Macri está en vías de contratar a una empresa china, la Railway Engineering Corporation. La adjudicación se prepara en forma directa y sin licitación, por el sistema "llave en mano"; así, esta empresa va a proyectar, construir y poner en marcha las obras ella misma, prescindiendo de los trabajadores que actualmente realizan esas funciones. A su vez, se tendrá que asociar con una empresa local, que es donde Macri hace entrar a Roggio en el negocio. La empresa china financiará las obras a una tasa del 4%, pero cobrará alrededor de 1.500 millones de dólares, con una sobrefacturación del 300% (según trabajadores del propio SBASE). El negociado del subte compromete incluso a los K, que han aceitado la operación durante el viaje a China. También está la posibilidad de que las extensiones de la "H" sean llevadas a cabo con el mismo sistema de "llave en mano", lo que implica sacar del medio a los trabajadores del ente de control para evitar denuncias. Los trabajadores del subte han realizado sistemáticamente denuncias sobre las condiciones de seguridad y el deterioro general del subterraneo. Reclamemos el control obrero de la expansión del subterráneo contra los negociados de Macri, los K y la patria contratista.

En la provincia de Santiago del Estero, las movilizaciones contra el gatillo fácil y otros crímenes impunes son una constante. Ayer se realizó la marcha número 79 convocada por los “Familiares víctimas de impunidad”. La marcha se dirigió a la Liga Santiagueña de Fútbol, responsable de las mafias del deporte, y a la casa de gobierno. Desde allí, marchamos al centro, donde realizamos un acto de denuncia al que se sumaron numerosos vecinos. El acto se hizo en el lugar donde al día siguiente Cristina Kirchner junto a su gabinete reinauguraron el cabildo histórico de Santiago del Estero –lugar donde funcionó la Jefatura de Policía– y que el gobierno de Zamora mandó a quemar cuando se acuartelaron los policías resistiendo una reestructuración de la cúpula policial. Santiago fue sacudido en los últimos años por casos criminales que trascendieron la provincia y que incluso suscitaron en su momento importantes procesos de movilización popular. Zamora impulsó una política dirigida a disipar todo proceso de organización y movilización democrática, y procuró por todos los medios encubrir la responsabilidad de Estado y sus aparatos de represión en los mismos. Como resultado de ello, la mayoría de los casos están completamente impunes. Es lo que ocurre con el doble crimen de la Dársena, donde sçolo se dictó una sentencia y la mayoría de los involucrados quedó en libertad. O con la masacre del penal de varones, donde se produjeron casi 40 muertes y en la que los responsables políticos y materiales del hecho aún están libres. La misma impunidad se ha impuesto para los laboratorios y el gobierno responsables de haber habilitado a la provincia para la experimentación de vacunas de neumococo, que tuvo como saldo la muerte de decenas de niños y bebés. Otro caso emblemático es el del trabajador de rentas Raúl Domínguez, secuestrado y asesinado luego de haber realizado denuncias sobre una organización mafiosa para desviar fondos del Estado. La lucha contra la impunidad, por el juicio y castigo a los responsables de todos estos crímenes es inseparable de la lucha por el salario y las jubilaciones, por el trabajo genuino, por la expulsión de los terratenientes usurpadores de las tierras de los pequeños campesinos: en definitiva, la lucha contra el régimen capitalista y sus gobiernos al servicio de los intereses de los poderosos. El Partido Obrero es la única fuerza impulsora de la movilización y la coordinación de los familiares para que, a través de la lucha, se pueda imponer el fin de la impunidad.

La tentativa de la Legislatura de meter las narices en el caso del espionaje de Macri y de su procesamiento se ha transformado en un culebrón. La única coincidencia que aparece entre las copiosas tribus legislativas es vapulearlo pero no matarlo. Carrió, un gallo de riña con marca registrada, ha sufrido una metamorfosis de amansamiento y es así que quiere que ‘Mauricio' llegue al final de su mandato. También dice algo evidente: ni siquiera el fallo favorable de un juicio político despejaría el camino de Macri, porque aún debería sortear el procesamiento judicial. Ibarra, quien miente reiteradamente cuando dice que el PRO lo volteó del gobierno de la Ciudad anticipadamente (en realidad, se sumó a la destitución del responsable político de Cromañón y del fraude de la deuda externa de la Ciudad con los bancos Morgan y Santander cuando no le quedó otra), tampoco pecha por un juicio político sino por una comisión investigadora - la clásica congeladora que recomendaba Perón. Lo mismo plantean ex macristas y ex aliados de Macri. En el escaso tiempo de una semana, el neoizquierdista Parrilli perdió dieciséis de los diecisiete votos que obtuvo su moción favorable al juicio político antes de que Macri lo transformara en su consigna. Al final, el único que adhiere a la vía legal para que echen a Macri es, fuera de Parrilli, el propio Macri. El argumento que dan los que se oponen al juicio político es que no alcanzaría su propósito confeso, porque Macri podría zafar de una condena gracias a que cuenta con el número de diputados suficientes en la Cámara Acusadora para bloquear el avance del juicio político en su contra. Quizás estén en lo cierto, pero ninguna otra vía tiene la capacidad de voltearlo. A Parrilli no le falta razón cuando dice que el desarrollo de un juicio político podría movilizar a la opinión pública y quebrar el bloqueo del PRO - ¡al menos valdría la pena intentarlo! Pero antes de eso, habría una polarización política, que ningún opositor ni el kirchnerismo parecen querer afrontar. No quieren convertir a la crisis política en la Ciudad en una crisis política generalizada que destruya la euforia financiera que se ha desatado con posterioridad al canje de deuda y al pago con reservas. Además, quebraría la unidad de acción de la oposición en el Congreso, dando vía al proyecto re-reeleccionista del matrimonio. La crítica que se hace a Parrilli - su coincidencia ‘objetiva' con la maniobra continuista de Macri o con la imposibilidad de sacar a éste por vía legislativa- yerra el blanco. Esa ‘coincidencia objetiva' es con los K, a quienes no se denuncia por operaciones similares a las de Macri, de espionaje y de agresión a los movimientos populares. Esto dicho con independencia de la participación de Parrilli en los movimientos contra la criminalización de la protesta social por parte de los K. El reclamo de juicio político a Macri, en defensa de las libertades públicas, debe estar presidido por la consigna "Ni Macri, ni Kirchner". No se puede reforzar, ni indirectamente, la posibilidad de Kirchner 2011; Kirchner es el agente principal del capital para someter políticamente a la clase obrera. Los compañeros de Parrilli en el subte han votado por el ingreso del nuevo sindicato en la CTA, la cual ya forma parte - como es conocido- del comité de campaña de los K ¡al punto que se opone incluso al 82% móvil sobre el salario mínimo! En suma, hay un pacto de gobernabilidad en la Ciudad, que suma el argumento de que no hay vicejefe de Gobierno para sustituir a Macri hasta 2011. Pero el tema central es otro: la red de espionaje de Macri está ligada a su confesada condición de agente de la CIA y el Mossad. Este es el eje de la cuestión, por eso el afán de kirchneristas, antikirchneristas e intermedios es sacar el asunto de la luz pública - tampoco Parrilli lo pone en evidencia y quizá no lo exponga siquiera, sea en una comisión de juicio político o de investigación. Argentina sigue sus relaciones carnales con Washington precisamente en este punto, que es la preparación de una guerra contra Irán y la defensa a muerte de los preparativos de guerra del sionismo. La destrucción continua de viviendas árabes y la fuerte represión contra la población árabe israelí es esencial a estos planes de guerra, que no se ocultan pues se repiten sin cesar. Los K no han denunciado nunca estos atropellos. Desde el punto de vista internacional, la crisis de la Ciudad tiene un significado y una potencialidad inmensos. La Legislatura está siendo operada para que soslaye este asunto. En esto reside la razón última de la incapacidad aparente de la Legislatura para dar una salida al atropello sufrido por el espionaje macrista y por qué los K no arremeten contra este adversario. Políticamente, la crisis abierta no puede ser abordada por partes: hoy con K contra Macri, mañana contra los K con Biolcatti y los capitales sojeros. Nuestra política será una denuncia de conjunto que sirva para advertir a los trabajadores lo que está en juego y que, mediante el desarrollo de una conciencia adecuada de la situación, nos ayude a todos a poner fin a los Macri y a los Kirchner, y poner en pie una alternativa socialista de los trabajadores.

Poco después de que el ministro de Gobierno Diego Larreguy negara en la Legislatura que la policía hubiera utilizado munición de plomo durante la represión que siguió al crimen de Diego Bonefoi y sugiriera que las balas que mataron a Cárdenas y Carrasco partieron de los propios manifestantes, el gobierno de Saiz se vio obligado a echar lastre. Tuvo que reconocer el uso de armas letales, iniciar sumarios a entre 6 y 16 policías por los abusos cometidos y pasar a disponibilidad al jefe de la Regional III y a su segundo, luego de haberlos sostenido durante un largo mes. En un comunicado oficial firmado por Larreguy, el secretario de Seguridad y el jefe de la Policía, el gobierno recrimina a Hermosa por no haber cumplido "las instrucciones dadas" y sostiene que pudo establecerse "con entidad suficiente" que "personal policial habría obtenido cartuchos de escopeta no autorizados, sin haberse podido determinar su utilización en las tareas de contención y disuasión" de la pueblada, pero admite que las lesiones "que habrían provocado el deceso de los ciudadanos (Cárdenas y Carrasco) presumiblemente se correspondían con perdigones disparados por armas largas utilizadas por empleados policiales" (Página/12, 22/7). Por otro lado, los 120 efectivos que participaron de la represión fueron citados a declarar en el marco de la investigación judicial. Además de tirar a matar, en el expediente se encuentra acreditado que muchos de ellos actuaron con el rostro cubierto. A esto hay que sumar los heridos y las torturas sufridas por Mario Cayún y los detenidos durante la represión, así como las persecuciones posteriores contra Marina Schifrin, Marcos Huenchullan y otros activistas. Las denuncias y movilizaciones descorrieron el velo oficial sobre esta masacre inocultable y ahora el gobierno de Saiz intenta cortar los hilos que llevan al poder político, descargando responsabilidades sobre sus subordinados. Resulta que la cúpula del gobierno estuvo presente en la región (entre Bariloche y El Bolsón) mientras los policías y los agentes del grupo de choque Bora disparaban plomo a mansalva contra la barriada indignada. Un gobierno en la picota El intento del gobierno de lavarse las manos realimentó la crisis política. El comisario desplazado todavía debe declarar ante el juez, pero respondió por los medios que "en estos casos, las responsabilidades son compartidas entre los mandos superiores y los mandos medios", que la suya era una responsabilidad "netamente operativa", que el día de los hechos estuvo "acompañado permanentemente" por el jefe de la policía provincial y que "también estuvieron en Bariloche el ministro de Gobierno y el secretario de seguridad". La desmoralización del gobierno de Saiz es patente. El jefe de la cámara de turismo (Emprotur) "no ocultó su decepción por la confirmación de la utilización de balas de plomo durante la represión" ( El Cordillerano , 23/7). Un mes y medio atrás, Saiz pretendía reformar la constitución provincial para perpetuarse. Ahora, se consuela con al menos incidir en su propia sucesión. La camarilla de Saiz ingresó en la etapa de "default político". Castigo a los culpables El "giro" del gobierno apunta a auto eximirse de toda responsabilidad política sobre la masacre. El cambio de cara en la jefatura policial pretende preservar intacto lo fundamental de un aparato represivo corrupto y criminal. El Partido Obrero y la UJS planteamos impulsar comisiones contra el "gatillo fácil" y el abuso policial en barrios y colegios, por el castigo a los responsables de éste y demás crímenes contra los trabajadores y la juventud. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas y sus gobiernos represores!

Con el transcurso de los días, comienza a salir a luz la mutilación que se ha perpetrado contra el proyecto original del 82%. La comisión respectiva del Senado ha eliminado el restablecimiento del ajuste por inflación de las jubilaciones, congeladas desde 1994 a 2006, y también ha eliminado la disposición para que se ajusten por los salarios y no por la fórmula extravagante que se votó el año pasado. Por esta vía de podas, el próximo paso será dilatar el 82% sobre el salario mínimo a una escala de aumentos sucesivos que podría llevar hasta una década. Un aumento del mínimo sin derogar los congelamientos de Cavallo y de Kirchner llevaría al 95% de los jubilados a cobrar el piso. La Auditoría General, que depende del Congreso y no de los K, acaba de dictaminar que el gobierno no tendría recursos para pagar el 82%. Es claro que se ha armado un bloque entre la oposición y el oficialismo para liquidar el proyecto que establece el 82% sobre el salario mínimo y el descongelamiento de las otras escalas. Carrió acaba de reconocer esta entregada al declarar que "sería mejor que el proyecto entre por Diputados debido a que el del Senado no contempla la actualización del fallo Badaro, además si se trata en Diputados vamos a ganar por ciento cincuenta votos a ochenta" ( elsolonline , 23/7). No denuncia, sin embargo, la trenza entre la oposición y el oficialismo para estrangular el proyecto. Tampoco nos explica en qué consistió la oposición de su bloque, la CC, a la mutilación pactada en el Senado entre los bloques de la oposición y el oficialismo, ni la de sus socios del ‘panradicalismo'. Mientras el proyecto sigue su trámite en Diputados, el Senado avanzó en la versión mutilada. En la Cámara de Diputados, la comisión de previsión había votado, primero, una jubilación mínima del 82% del salario mínimo; en segundo lugar, el reajuste de todos los haberes congelados, como lo estableció el fallo Badaro de la Corte Suprema. En tercer término, la movilidad futura de las jubilaciones de acuerdo con la evolución de los salarios. La capitulación de la oposición ocurre antes de que arranque el debate. Los K siguen insistiendo, de todos modos, en que tampoco van a votar la versión mutilada. Apuntan a recortar aún más el proyecto, como paso previo a una fórmula de compromiso. La distancia entre los planteos del oficialismo y la oposición ha quedado reducida a 200 pesos, pues el nuevo aumento previsto para septiembre llevaría la jubilación mínima a 1.030 pesos contra los 1.230 que se obtendrían según el 82%. Los K quieren reservarse los anuncios para ellos, no que salgan de una ley. Para eso convocarían al Consejo del Salario. Lo que no puede cerrar estas maniobras es la inquietud popular, como lo venimos constatando en las decenas de mesas que el Partido Obrero está levantando en todo el país. El próximo 4 de agosto, cuando el Senado trate el proyecto, la Cámara de Diputados tiene agendado el suyo en su Comisión de Presupuesto. Aunque se selle un compromiso entre oficialistas y opositores, estamos frente a una batalla que recién comienza, porque los jubilados no dejarán pasar este atropello. Nuestra propuesta es: -Extendamos la campaña por el 82% y el proyecto integral a todo el país. -Denunciemos la mutilación del proyecto original y exijamos su reposición. -Firmemos por: 1) jubilación mínima del 82% del salario mínimo; 2) ajuste de los haberes de acuerdo con los fallos de la Corte; 3) movilidad futura de acuerdo con el salario. El 4 de agosto, todos al Congreso.

El mensaje en cadena de la Presidenta, el miércoles último, fue literalmente una farsa. Al lado de un discurso manipulador semejante, Clarín, TN y La Nación son niños de pecho. La Presidenta anticipó el anuncio de la movilidad jubilatoria, que se aplicará recién en septiembre, con la finalidad de ofrecer razones para vetar el proyecto de 82% móvil sobre el salario mínimo que se encuentra tanto en Diputados como el Senado. No anunció un avance social sino una advertencia contra la intención de avanzar hacia el 82%. Año contra año, luego del anuncio del miércoles, el promedio anual de las jubilaciones aumentarán poco más del 20% –no el 26% que sumó alegremente la Presidenta. En el mismo tiempo, muchos sindicatos con salarios achatados arrancaron aumentos del 35%. Después de los aumentos anunciados, y del que decidirá el Consejo del Salario, la jubilación mínima seguirá por debajo del 60% del salario mínimo. La Presidenta observó que el aumento no debe afectar a los precios porque la plata sale toda de la Anses. Lo que dijo en realidad es otra cosa: que los capitalistas no ponen nada, a pesar de los beneficios fabulosos que están sacando en la actualidad. Lo que dijo es que el aumento es una redistribución entre los pobres –una medida conservadora de los intereses dominantes. Lo que ocultó con lo que dijo es que los precios seguirán aumentando, porque al capital, que controla el mercado, no le importa de dónde sale la plata sino aprovechar cualquier aumento del consumo. En la misma línea conservadora, la Presidenta llamó a Moyano y a Yasky a actuar ‘con responsabilidad’ ante la convocatoria del Consejo del Salario –no sea que un aumento aquí sí afecte a los capitalistas y sí ‘justifique’ que estos capitalistas aumenten los precios. Calificó de privilegiados a los obreros en blanco, porque los contrapuso con los que son más pobres que ellos, no con los capitalistas que fugaron 54 mil millones de dólares en cuatro años. ¡Fugaron siete veces lo que cuesta financiar el 82% sobre el salario mínimo! Hasta elogió esta fuga, a la que llamó ¡inversiones en el exterior!, las cuales están cercanas a cero, sin explicar por qué a los argentinos eso nos conviene; es lo que las petroleras vienen haciendo desde hace años, con el resultado de que se secaron las reservas de petróleo y de gas. Dijo que, a diferencia de lo que ocurre en Europa, los K no ‘ajustan’, pero nadie gana en Europa jubilaciones de 250 dólares –aquí lo recibe el ¡85%! de los jubilados; los salarios aún no llegaron a los niveles menemistas. Rechacemos esta trampa –y aún la peor que está preparando la oposición, que ya eliminó de su proyecto la indexación de las jubilaciones de acuerdo con la evolución de los salarios y la generalización del fallo Badaro a los centenares de miles que fueron perjudicados por el congelamiento de Cavallo, desde 1994, y por Duhalde-Kirchner, de 2003 a 2006, para las jubilaciones que estaban arriba del mínimo. El 4 de agosto vayamos al Congreso para que se apruebe el proyecto del 82% sin mutilaciones.