Prensa Obrera N° 1124

En ocasión del recientemente sancionado "día de reflexión" sobre la masacre de Cromañón, se realizó un acto común entre los bloques políticos de la Ciudad. Asistieron Proyecto Sur (Laura García Tuñón), el macrismo (representado por la viceministra de Educación, Ana Ravaglia, y por el ex K y telermanista y actual PRO, Helio Rebot) y el kirchnerismo (María José Lubertino). Macristas, kirchneristas y partidarios de Pino Solanas coincidieron en encubrir a los probados responsables políticos de la masacre. En el largo documento rescatando las intervenciones del acto, no se nombra una sola vez a Aníbal Ibarra. Sin embargo, el expediente del reciente juicio de Cromañón es concluyente sobre los vínculos entre el Gobierno de la Ciudad y los empresarios del espectáculo, que permitieron que Chabán pusiera la ganancia capitalista por sobre la vida de los 194 jóvenes. El acto fue un pacto de encubrimiento. No es casualidad que el acto haya sido promovido y difundido por la Unión de Trabajadores de la Educación, que luego de la masacre se movilizó en apoyo a Ibarra y en contra del "golpismo" de Macri... ¡Con el agregado de que ahora hacen un acto con los "golpistas"! ¿Qué los une? La ciudad de Buenos Aires continúa siendo gobernada por los representantes de los mismos intereses que llevaron a la masacre de Cromañón. El macrismo vino a garantizar los vínculos con los empresarios del espectáculo que en su momento cultivaron Ibarra (y Telerman). José Iglesias (padre de Cromañón) afirmó recientemente que los controles sobre los boliches se caen salvo que la presión y la movilización popular los garantice. Como lo mostró el asesinato de Rubén Carballo (en la represión durante el recital de Viejas Locas, en el cual se habían sobrevendido entradas), el gobierno capitalista de Macri (y la policía de Kirchner) garantizan que se siga poniendo la ganancia capitalista por sobre la vida de los jóvenes. El acto en común es una señal clara en el sentido de garantizar (bajo cualquier gobierno) la continuidad de estos intereses y, sobre todo, de enterrar (reduciéndola a una conmemoración inocua) la crisis política generada por la movilización popular contra Ibarra. Contra este enjuague reaccionario, planteamos que Cromañón es un llamado a la juventud a organizarse contra el Estado criminal, contra la comercialización capitalista de la cultura y contra sus representantes políticos.

Representantes de 31 universidades se reunieron el 7 de abril con Cristina Fernández de Kirchner para manifestarle su “contundente apoyo” al pago de deuda externa con las reservas del Banco Central. En una solicitada, aseguran que pagar la deuda “permite financiar políticas públicas de desarrollo e inclusión social, recuperando las capacidades de la población vulnerable” (!) y que “es absolutamente inadmisible reducir el gasto público y contraer nuevos compromisos en el mercado financiero para pagar deuda” (¡cuando se está canjeando deuda y contrayendo nueva!). La impostura es completa al asegurar que “las universidades públicas conocemos perfectamente los efectos de las políticas de ajuste y endeudamiento”, como si hubieran conocido otra bajo los K y ¡como si fueran a “conocer” otra de aquí en más! Los K aplican la línea del FMI, como lo reconoció la Presidenta en Estados Unidos al decir que el Fondo propuso ‘un uso más inteligente’ de esos recursos [reservas] para ayudar a paliar la crisis”. En realidad, el ajuste está en marcha, como lo demuestra el aumento del 11% que pretenden para los docentes, mientras la inflación es del 30%. Denunciemos a los rectores de la privatización Estos rectores, representantes de camarillas minoritarias, apoyan también el saqueo de los fondos de la Anses, avalan el Indek vía “Consejo Académico” y ahora avalan el pago de la deuda. No obstante, esta posición no se reduce a un gobierno, sino a una orientación social de conjunto, pues estas camarillas son la correa de transmisión de la política privatista impulsada por el Banco Mundial y compañía para la educación. Como parte de este “paquete” deben entenderse la recepción de los fondos de la minería contaminante de La Alumbrera o el apoyo al pago de la deuda.

La Iglesia Católica enfrenta (discutiblemente) su mayor crisis en dos mil años. Mientras los medios debaten sin tapujos si Ratzinger debe renunciar –existe sólo un antecedente– y si su denuncia alcanzará para conjurar la crisis, algunos arzobispados europeos ya han entregado a la Justicia documentos que, en algunos casos, incriminan al Papa, al cardenal Tarcisio Bertone y a otros jerarcas vaticanos. El Financial Times dice sin ambigüedades: la huida de “franjas enteras” de fieles ya menguó las donaciones a una Iglesia que enfrenta demandas muy costosas en términos financieros y morales. En Estados Unidos, el clero pagó 2.200 millones de dólares en indemnizaciones a 15 mil víctimas de abusos sexuales de cuatro mil sacerdotes y religiosos procesados. Sin embargo, el problema no es que la Iglesia cierre por quiebra. El clero irlandés, por décadas “pilar de la clase dirigente, hoy es un pilar tambaleante, al borde de la implosión” ( Financial Times , 2/4). En Alemania, un cuarto de los 25 millones de católicos han decidido apartarse de la Iglesia según la revista Stern. La canciller Angela Merkel aseguró que se investigará “ese delito abominable” hasta las últimas consecuencias. La línea telefónica creada por la Iglesia alemana para asesorar víctimas recibió el primer día 4.500 llamadas. El ‘mail’ de la Iglesia noruega para recibir denuncias colapsó por la cantidad de mensajes, según el obispo Bernt Eidsvig. El gobierno suizo está armando un registro de curas pederastas para impedir que entren en contacto con niños y reclama que el Vaticano abra sus archivos secretos. Austria nombró, con la anuencia del arzobispado local, una abogada –¡una mujer!– para encabezar una comisión investigadora independiente. La prensa británica reclama que se constituya una comisión internacional de juristas. Obama también está en un brete. Tres tribunales norteamericanos acusan al Papa de negligencia, encubrimiento de abusos sexuales y obstrucción deliberada de la Justicia. Otro tribunal lo considera corresponsable por las violaciones cometidas por sus “empleados” en todo el mundo. Los abogados de Ratzinger apelaron ante la Corte Suprema y solicitaron que se pronuncien los departamentos de Estado y de Justicia estadounidenses. Jeff Anderson, un abogado que lleva más de 500 casos de abuso, pretende demostrar ante los tribunales que el Vaticano es una “organización mafiosa” basada en un código de confidencialidad y de protección criminal. Anderson reclama que los tribunales obliguen al Vaticano a abrir sus archivos secretos y enjuicien al Estado Vaticano, al Papa, a los obispos y cardenales. La dimisión de Ratzinger no es una solución, dice, “si llega otro y nada se hace por cambiar el sistema de silencio, secreto y protección a los sacerdotes abusadores”. En 2004, Bush frenó una citación similar porque era “incompatible con los intereses la política exterior de Estados Unidos”. La Corte obligó a los tribunales a “acatar las sugerencias de inmunidad”. Actualmente, seis de los nueve jueces de la Corte Suprema son católicos. Los medios afines a Obama encabezan el ataque a Ratzinger. La derecha republicana, en tanto, defiende a su viejo aliado. En Gran Bretaña, una alianza de intelectuales, científicos y abogados de derechos humanos ha lanzado una batalla legal para que el Papa sea arrestado “por crímenes de lesa humanidad” en septiembre, cuando llegue en visita oficial. Si la Justicia británica lo desecha, apelarán a la Corte Penal Internacional, como hicieron con Pinochet. En Australia y los Países Bajos hay planteos similares. En Malta, la policía detuvo a los organizadores de las marchas en repudio a la visita de Ratzinger. El País, de Madrid, difundió documentos que prueban que “el sociópata” Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, distribuía profusamente sobornos en el Vaticano para frenar las denuncias de abuso de sus pupilos y seminaristas, y también de sus propios hijos (tuvo seis). En Italia, el poderoso cura Ruggero Conti, asesor de Políticas de Periferia y Familia del derechista alcalde de Roma, Giani Alemanno, está con prisión domiciliaria por abuso y prostitución de 40 menores. El encubrimiento involucra a varios obispos y tres cardenales. Es sólo la punta de un iceberg que flota a metros de la Plaza San Pedro. Sotanas a la defensiva Las respuestas del Vaticano son un zigzag que sólo acentúan la debacle. Cuando se esperaba que Ratzinger utilizara el sermón de Pascuas para pedir un perdón convincente y anunciara una purga de magnitudes cósmicas, les pidió a los fieles que descreyeran de las habladurías. Un coro de obispos afirma que la Iglesia es atacada por su oposición al matrimonio homosexual y al aborto. El más notable es el de Tenerife, que acusó a los niños de tentar a los pobres sacerdotes. El vocero vaticano, Federico Lombardi, adjudicó los abusos sexuales del clero a la revolución sexual y a la secularización de la sociedad. La defensa de Ratzinger refuerza su aislamiento, al punto que el prostibulario Berlusconi es el único jefe de Estado que le ofreció su solidaridad. Acorralado, el Vaticano ordenó al clero, por primera vez, que denuncie los nuevos casos ante la Justicia civil. Parece insuficiente. Las víctimas que antes pedían sólo asunción de responsabilidades y disculpas, hoy exigen, como el Catholic Reporter de Estados Unidos, la renuncia de Ratzinger y de todos los implicados –o sea de decenas de obispos y cardenales. Benedicto “ya no tiene ninguna chance” de recuperar la credibilidad de la Iglesia, opina el New York Times. Fue elegido porque conocía al dedillo los abusos y pensaron que podría manejarlos, pero dice El País: “Su papado ha fracasado”. Son formas casi cardenalicias de telegrama de despido, que Ratzinger no parece dispuesto a acatar. A la crisis, entonces, sólo le espera una escalada. Para decirlo en tonos bíblicos, dios ciega a los que quiere perder.

Luego del furibundo paro de una semana de los trabajadores de prensa de las radios LT3, LT8 y del diario La Capital, de Rosario, todos pertenecientes al multimedio Uno, el Ministerio de Trabajo de la Nación decretó la conciliación obligatoria. De esta manera se retrotrae la situación anterior al inicio del conflicto con la reincorporación de los 26 despedidos. Aunque los trabajadores festejaron la noticia frente al diario La Capital, donde se había constituido el centro de la lucha, las recientes experiencias sobre conflictos donde también se aplicaron conciliaciones, como Mahle o Paraná Metal, obligan a ser cautelosos. La patronal negrera de Vila-Manzano (que la había rechazado en dos oportunidades) se convenció de que no tenían condiciones para enfrentar esta lucha por ahora. Buscan imponer su política mediante negociaciones. Según lo que informa Punto Biz (7/4) fue lo acordado, junto con la aceptación de la conciliación: "1. Dar marcha atrás con el despido de 26 trabajadores de las radios. Los despidos se convierten en retiros voluntarios sobre una base firme: al menos una docena de ellos ya dieron el OK para desligarse de la empresa. Corresponde recordar que esos 26 trabajadores que en principios habían cesanteados ya tienen depositado el resarcimiento económico en sus cuentas sueldos desde la semana pasada. 2. El gobierno nacional comprometió la asistencia con planes Repro para asistir al grupo empresario con el pago de una parte de los sueldos de las radios, equivalente al 50% de la masa salarial que pagan las emisoras. 3. Compromiso de pauta oficial de parte del gobierno nacional. En este caso, el acuerdo excedería los límites de las empresas del grupo de medios en la región, para asistir a medios de otras plazas, en particular diario y radios mendocinas". Así, los Vila-Manzano avanzarían con la reducción de personal vía los retiros voluntarios y conseguirían subsidios millonarios del Estado. La patronal pretende por sobre todo los cierres de las emisoras de radio y su concentración en el diario, imponer la polifuncionalidad y el ataque al convenio y a las condiciones de trabajo. Es más necesario que nunca mantener el estado de movilización y organización de los trabajadores que se había logrado.

La Fuba se movilizó el martes 13 de abril a la Facultad de Derecho para repudiar la “fiesta” que quería llevar adelante el rector Hallú con motivo de su asunción. La movilización estudiantil implicó que Hallú tuviera que suspender el acto previsto en el salón más grande de la facultad y pasarlo a un reducto pequeño. Una demostración elocuente, pues este rectorado no representa a la mayoría de la universidad sino sólo a un pequeño grupo que lucra con su presupuesto y con los negocios, el cual quería “agasajarse” con canapés, fondue y champán, entre otras cosas: una foto que los pinta de cuerpo entero. Para garantizar la fiestita, el rectorado montó un importante dispositivo de seguridad que fue, sin embargo, impotente frente a la movilización. El movimiento estudiantil se anotó un triunfo al mostrar frente al conjunto de la opinión pública el bochorno de una camarilla minoritaria, integrada por kirchneristas, radicales, ‘progres’ y especímenes de todo tipo, que está entregando la Universidad de Buenos Aires a grupos económicos como el monopolio contaminante de Mina La Alumbrera, mientras avala el pago de la deuda externa, les niega el incremento salarial a los docentes y permite que Guillermo Moreno siga apretando a los docentes universitarios que han puesto de manifiesto las truchadas del gobierno en el Indek. En otras palabras, el régimen universitario es sostenido por el conjunto de las tendencias patronales que operan en el país y está integrado a fondo con la política capitalista que impulsa el kirchnerismo. La lucha, claro está, no terminó en esto. Rápidamente concurrimos a las facultades y los CBC para denunciar esta situación, y para profundizar la campaña en pos de una gran marcha educativa para el próximo 22 de abril, entre Houssay y Plaza de Mayo, bajo la consigna de “No al pago de la deuda externa, sí a la educación pública”.

Se realizaron elecciones de cuerpo de delegados en Ecotrans. La dirección clasista del cuerpo de delegados ha ganado la elección en términos de votos, ha conquistado la mayoría de los delegados y las cinco líneas más importantes y sus talleres. Pero en dos de las cabeceras, Barrionuevo y Marcos Paz, han ganado listas con distinto grado de ligazón a la UTA. En Marcos Paz, por sólo cuatro votos, que fueron el resultado de una cantidad de maniobras de padrón por parte de la UTA: traslado de la línea 322 del padrón de la cabecera de Merlo a Marcos Paz e inclusión de por lo menos una decena de administrativos desconocidos del grupo Plaza. De esta manera, la masa de los choferes votó la lista Unidad, a la sazón perdedora. La elección se transformó en un campo de maniobras de la UTA, de la patronal y hasta de Othacehé. En esta elección, el activismo maravilloso de Ecotrans, construido en tantas luchas, ha enfrentado los golpes recibidos en la difícil lucha por el despido de 28 contratados y la lucha desgastante y larga de varios meses para reincorporar a 103 despidos de efectivos. Tras esa lucha, donde pudimos mantener el plantel efectivo, al Cuerpo de Delegados se le descontaron sueldos enteros, se les impidieron las licencias gremiales con las que funcionan todas las internas de UTA. Una realidad que fuimos revirtiendo con mucha dificultad y que golpeó el funcionamiento del cuerpo de delegados. Hubo otras luchas: por la mantención de la traza de la 503, por la seguridad en las líneas de la cabecera de Morón, por la mantención de los coches en una empresa con cero inversión. Luchamos contra todos los ataques a los trabajadores; algunos no se pudieron revertir, como el despido causado de un compañero en los meses previos a la elección. En Ecotrans no rigen, porque lo hemos impedido, las “vueltas en negro” que dominan hasta en las empresas con más inversión, como la 132. Verdaderos regímenes carcelarios, donde se viola el convenio sistemáticamente. Esta realidad es la que nos dota de toda la energía para la etapa que se avecina. La variable de ajuste de la desinversión somos los trabajadores. También de los negociados de la intendencia de Othacehé con el grupo Cirigliano, que comanda los trenes del oeste y el grupo Plaza, dueño de las diez líneas de Ecotrans. Defenderemos la inversión, los puestos de trabajo, los talleres propios, la seguridad y el convenio como un programa único. Como en la histórica huelga del 1996 en defensa del salario, como en la gran lucha con la que le llenamos a Kirchner la Plaza de Mayo de colectivos e impuso la continuidad de Ecotrans –destinada al desguace y a la flexibilización-, se impone hoy una nueva etapa para los delegados y activistas que las hicimos posible. La enfrentaremos con organización, con una gran agrupación en las diez líneas que trabaje junto a los delegados, con la unidad con las expresiones combativas de la UTA y de todo el movimiento obrero.

Con total desparpajo y lejos de ponerse colorado, el "filósofo" Mario Bunge afirmó al diario Perfil (4/4) la necesidad de "...cerrar la Facultad de Psicología" ya que "...no cumple sus funciones, no enseña psicología". Para no quedarse corto en palabras, el histórico enemigo del psicoanálisis y del marxismo (gran parte de su obra ha tratado de demostrar lo "pseudocientífico" de ambas corrientes) propuso como solución "despedir a todos sus profesores... e invitar al país a psicólogos auténticos a enseñar durante meses y, al mismo tiempo, enviar becarios. Así, en veinte años habrá un núcleo con masa auténtica para que haya investigadores en el país". Lejos está en las acartonadas erudiciones de Bunge sondear sobre la situación que los trabajadores docentes -profesores y auxiliares- de la Facultad de Psicología (y de prácticamente todas las universidades nacionales) atraviesan en términos materiales para los espacios de transimisión e investigación, frente a la proliferación de la miseria salarial y el trabajo "ad honorem"; salvo, claro está, para las camarillas profesorales que mantienen sus privilegios, esas mismas en las que en reiteradas oportunidades el nonagenario epistemólogo reivindica en nombre de la "cientificidad". Bunge insiste en reivindicar como novedoso el principio positivista de la ciencia reducido al estudio de "lo observable" en el campo de la empiria, algo que ya lleva más de 200 años. Eso sí, agregándole el prefijo "neo" (positivismo) parece más aggiornado. La postura reaccionaria de Bunge se condice con la promoción de las terapias "cortoplacistas" ofertadas por pre-pagas y laboratorios; con una supina ignoracia, asombrosa en el campo clínico y epidemiológico, afirma que "los individuos con trastornos mentales no son curados (por el psicoanálisis). En algunos casos, la depresión grave, si no se trata a tiempo y eficazmente con píldoras y terapia cognitiva, puede llevar al suicidio". No es casualidad que Bunge compulsivamente presente una lucha a muerte contra dos disciplinas (el psicoanálisis y el marxismo) que cada una desde su experiencia presenta un sujeto no determinado de manera directa por su voluntad consciente. Mejor así para el "pensador" de marras, un individuo es "observable" y observado como una máquina que ingresa datos (Input), los almacena y los procesa (Output), algo que se llevaría de maravillas con su apreciada teoría cognitiva. Para cerrar el combo, Bunge termina por denostar la enseñanza de "Freud, Melanie Klein y Jacques Lacan". La fórmula cierra: despido de profesores, proscripción del psicoanálisis, pastilla y órdenes de "qué hacer" al sujeto (Input) que padece. Dos gotas de agua con la "limpieza" realizada por el régimen nazi y cuanta dictadura militar pululó en los claustros académicos y científicos.

Los Kirchner podrán posar de "nacionales" en la tribuna local. Pero, en Washington, la realidad los pinta de cuerpo entero. En esa otra tribuna, Obama consiguió el apoyo de los K al monopolio nuclear del imperialismo y sus aliados. Cristina le llevó al presidente yanqui otro regalo jugoso: el nuevo canje de deuda, que asegura beneficios del 100 por ciento a los usureros de Wall Street. Obama se llevó todo a cambio de una foto. Pero con fotos no comemos. Por eso, los obreros de la alimentación, los de la carne, los metalúrgicos y los del subte, entre tantos otros, hacen oír su voz. Deuda externa, no. Salarios, sí. No a gobiernos capitalistas, sí a un gobierno de trabajadores.

Esta empresa de capitales yanquis, expandida en toda Sudamérica, tiene una planta en San Fernando y otra en Tortuguitas, produce máquinas viales y tiene 120 operarios que gremialmente pertenecen a la UOM. Desde 2008, viene realizando despidos selectivos destinados a aislar a la comisión interna para producir una derrota de los trabajadores, que impulsan asambleas y dan pelea. Han despedido a dos compañeros, uno de los cuales está a punto de ser padre. El jueves 8 se realizó la primera audiencia en el Ministerio de Trabajo del distrito Malvinas Argentinas, a la cual la empresa no concurrió, apuntando al desgaste de los trabajadores. Es crucial la defensa de estos compañeros para poner un freno a lo que constituye una política: el despido sistemático de cuanto compañero apunta a constituirse en un organizador de la lucha de su clase, como es el caso de Finning Cat. La UOM San Miguel –que se extiende hasta Pilar– acompañó a los delegados al Ministerio, pero no utiliza el peso de la organización para dar vuelta la situación, frente a una seguidilla de conflictos, planteados por la reducción de personal que se está dando en la zona. Llamamos a luchar por un plenario de delegados preparado con asambleas de fábrica, por la reincorporación de todos los cesantes producidos en el último período, la prohibición de despidos, el reclamo del 40% y la elección de paritarios por la base. El PO ha propuesto un fondo de lucha y una jornada de movilización en defensa de los compañeros.

Luego de tres años de promesas, el intendente de San Martín, Ricardo Ivoskus, realizó la inauguración del "nuevo Hospital Thompson". Sin embargo, detrás de esta nueva fachada inaugurada en tres ocasiones: 1) primera colada; 2) la loza y 3) los consultorios externos y el estacionamiento, se pretende ocultar más de una década de desmantelamiento de la salud pública, del abandono de los centros periféricos y del propio hospital en el municipio, en absoluta consonancia con el colapso sanitario que está provocando Scioli en beneficio de las clínicas privadas. Lo que no dice la propaganda oficial es que: En el "nuevo Hospital Thompson", los médicos nos van a revisar y a diagnosticar, pero luego tendremos que atendernos en alguna de las clínicas, sanatorios o "corporaciones médicas" de la zona porque el hospital no podrá hacerlo. Hace diez años, el hospital contaba con 350 profesionales, en marzo de 2006 se redujo a 260. Hoy tiene sólo 216 profesionales nombrados por concurso. Y la razón responde al agobio económico que padecen los profesionales por los miserables salarios. Un médico gana de 1.000 a 2.000 pesos menos que en una clínica y 1000 pesos menos que en la provincia. Las guardias de pediatría son cubiertas por residentes en formación debido a los bajos salarios. Se realizan un 30% menos de cirugías por falta de anestesistas. Se realizan un 70% menos de cirugías traumatológicas por falta de recursos humanos. En los últimos años con distintas excusas cerraron los servicios de: cirugía infantil, cirugía plástica, medicina pericial, y una sala de internación de maternidad. Fusionaron la sala de internación de clínica médica de mujeres con la sala de ginecología. Neonatología no cuenta con jefe de servicio, hecho único en los hospitales de Buenos Aires. En maternidad, pasaron de tener un servicio con 39 camas a sólo 13, cuando el "Proyecto 2010 fue el de un hospital general con fuerte perfil materno-infantil". Frente a esta situación planteamos en defensa de la salud pública y del Hospital Thompson: Triplicación del presupuesto de salud. Reestablecimiento de todos los servicios cerrados. Por un aumento de salario de emergencia del 35% Cobertura de todas las vacantes. Pase a planta de todos los trabajadores precarizados. Designación de cargos por concurso. La salud pública bajo el control de los trabajadores. Llamamos a los trabajadores de la salud, organizaciones gremiales y a la población en general a pronunciarse y movilizarse en defensa de la salud pública con este programa.

A unos cuantos kilómetros del movimiento Evita o de La Cámpora, Cristina Kirchner volvió de los Estados Unidos con la foto que buscaba –con Obama. A cambio, el gobierno norteamericano obtuvo el apoyo a su monopolio nuclear y al de los Estados que giran en su órbita –en primer lugar, el Estado sionista– así como a los planes de ataque nuclear contra Irán. Los diarios destacan que la diplomacia kirchnerista actuó como “peón de Washington” (sic, Ambito Financiero , 14/4)). Los yanquis lograron colocar al pulpo Westinghouse en carrera para la construcción de la central Atucha III. Mientras tanto, De Vido firmaba un convenio especial que somete todos los desarrollos locales en materia nuclear a las auditorías del Estado norteamericano. Los Kirchner ya han obtenido de los ‘mercados’ un respaldo explícito a su nuevo canje de deuda, pero, para el prometido “retorno a los mercados”, los yanquis le advirtieron que tendrán que empezar a pagar la deuda con el Club de París y aceptar las auditorías del FMI. La deuda La visa precaria del Departamento de Estado es funcional a la “bicicleta financiera” (ingreso de capitales) que promueve el nuevo canje de deuda. El decreto que autoriza el pago de la deuda externa con reservas es un negociado para la usura financiera, pues representa una nueva garantía para los especuladores internacionales, que en todo el mundo están operando contra las deudas de los Estados, cuya mayoría se encuentra en bancarrota. La deuda externa supera ya los 300 mil millones de dólares. Al monto reconocido por el Ministerio de Economía –146 mil millones hay que agregar los 20 mil millones que quedarán del canje, la deuda con el Club de París –8 mil millones– y la deuda no registrada por 27 mil millones. La suma resultante, más de 190 mil millones de dólares, se engrosa a su vez con los 50 mil millones de dólares que el Ministerio de Economía calcula como el valor actual de los intereses que deberán pagarse sobre la deuda que ha quedado reestructurada, lo que nos lleva a 240 mil millones. Esta cuenta se cierra con la deuda privada, de 60 mil millones. En definitiva, la deuda ‘nacional y popular’ se encuentra en un rango de entre el 80 y el 100 por ciento del PBI –o sea en el nivel de Grecia, Irlanda, Portugal, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos, el círculo de la muerte. A diferencia de los ‘colegas’, sin embargo, la inflación ‘nacional y popular’ es del 30-40 por ciento anual, lo cual significa un completo derrumbe en la capacidad de financiamiento de la economía nacional. Por eso los K esquilman, además, a la Anses, al Banco Central y a la Afip. Los K siguen reacomodando precios; por ejemplo, hay más aumentos en naftas, pero han debido recular con las tarifas de gas y luz durante el período invernal. Reconstruyendo a la burguesía K Las dilaciones en el Congreso para derogar el DNU de las reservas han sido funcionales al armado de esta nueva bicicleta financiera. Ambito cuenta (12/4) que Agustín Rossi pidió una semana de tregua en Diputados para que la derogación se concretara después del canje y que contó con el apoyo de varios opositores. La derogación se produjo de todos modos antes del canje, aunque todavía falta el rechazo del Senado, donde el gobierno ya tiene preparado un proyecto de ley de repuesto. Pero como, según algunos, derogación no significa nulidad, el decreto seguiría vigente en todo aquello que es un hecho consumado. Por otra parte, el Senado terminó avalando el nombramiento de Marcó del Pont, la ejecutora del manoteo a las reservas. De todos modos, un rechazo (difícil) del DNU por ambas cámaras no alcanzaría para torpedear el canje que toda la burguesía defiende, pero aceleraría el ingreso del FMI –que acaba de aumentar el fondo de socorro para crisis de 50 a 550 mil millones de dólares. En este marco, los K parecen haber avanzado algunas casillas con el anuncio de la venta de la participación de Telecom Italia en Telecom Argentina, que sería comprada por un capitalista K –lo cual aceleraría el ingreso de las telefónicas en los medios. Esta operación deja traslucir un acuerdo entre K y Telefónica de España –que es la dueña de Telecom Italia– y, por lo tanto, con el español Zapatero. Lo que podría venir después es, entonces, una venta adicional de la participación de Repsol e YPF. Los pulpos españoles sacarán de todo esto una enorme tajada en dinero y en concesiones en otros frentes. Así lo demuestran las nuevas concesiones petroleras en el Atlántico y los acuerdos de gas con Repsol en Bolivia. Con este refuerzo, los K pretenden lanzar la estocada final contra Clarín, como lo demuestran los nuevos embates por la apropiación de hijos de desaparecidos por parte de la señora Noble (que los K nunca menearon durante el tiempo en que fueron aliados del ‘monopolio’) y la ofensiva contra Papel Prensa, usurpada por Clarín y La Nación bajo la dictadura. Esta sería la ‘madre de todas las batallas’, pero los K no tienen en cuenta que los mismos políticos y funcionarios que le acercaron a la Presidenta la foto con Obama son aliados políticos de los ‘multimedios’. Antes que morir con las botas puestas, los K preferirán cambiar de frente, como lo han hecho siempre. Mauricio Macri, mientras tanto, ha sido colocado a las puertas de otro juicio político, en este caso por su gobierno de espías en la Capital. La desagregación de los principales bloques que disputarían el poder en 2011 se expresa, por otra parte, en la tendencia de gobernadores de toda laya –de Salta a Chubut, pasando por Entre Ríos– a adelantar las próximas elecciones provinciales y despegarse así de alternativas nacionales cada vez más inciertas. Nada expresa mejor, sin embargo, la erosión de oficialistas y opositores que el relanzamiento de Eduardo Duhalde, el mayor de los difuntos políticos de la era del Argentinazo. En un extenso reportaje concedido a un programa de TN, Duhalde se ufanó de portar una imagen negativa de “sólo” el 50%, frente al 70% que ostentaría Néstor Kirchner. Aspira a derrotar a los Kirchner en una “interna abierta y obligatoria” del PJ, o sea a capitalizar la disgregación del pejotismo kirchnerista. Política obrera Las manifestaciones de los trabajadores de los sindicatos que se encuentran en paritarias son una demostración clarísima de la disposición de un amplio sector de las masas a apoyar e incluso desarrollar una alternativa anticapitalista de oposición a los partidos patronales y a su Estado. Para avanzar por este camino, es necesario dar una batalla política en todos los terrenos, que transforme esta tendencia en una militancia activa. El espectáculo de un Estado cuyas instituciones no funcionan –salvo para las ganancias para los capitalistas y para atacar cualquier expresión independiente de los trabajadores– crea un estado de sublevación popular que debe ser dirigido hacia la perspectiva de un gobierno de trabajadores.

El agrupamiento de los trabajadores en sindicatos por industria forma parte de la tradición histórica del movimiento obrero, de igual modo que el funcionamiento de comisiones internas y cuerpos de delegados como representación de toda la base obrera fabril. Es, por lo tanto, una falacia adjudicar esta forma de organización de los trabajadores al peronismo. En realidad, el peronismo, a partir de 1946, regimentó y estatizó al movimiento sindical apoyándose en una fracción del sindicalismo y a través de una burocracia sindical adicta. Esa estructura fue intervenida por la Libertadora, pero no modificada. En 1958, a través del pacto de Perón con Frondizi, se volvió a recrear. Como resultado de ese pacto, nació la Ley de Asociaciones Profesionales (N° 14.455), que con algunas modificaciones (Ley 23.551) se mantiene hasta ahora. Esa ley consagró el reconocimiento estatal a un único sindicato a través del otorgamiento de la personería gremial. Unico autorizado a discutir los convenios colectivos, no permite la representación de las minorías, fija la reelección indefinida de las Comisiones Directivas, el cobro de la cuota sindical a través de las retenciones de los patrones... La ley admite la formación de otros sindicatos por la misma actividad, pero sólo como “inscriptos”; para obtener la “personería gremial”, el sindicato ‘inscripto’ debe superar al gremio reconocido por la cantidad de afiliados. En ese caso, el Ministerio de Trabajo debería transferir la “personería gremial” de un sindicato a otro. En 1968, con el pacto Perón-Onganía se dio otro paso al convertir a las mutuales sindicales en obras sociales dirigidas por cada sindicato, con la pertenencia obligatoria de los trabajadores de cada actividad a la obra social de su actividad y con el aporte compulsivo. La asistencia estatal de la salud fue reemplazada por esta especie de “privatización” de la atención médica a través de la burocracia sindical, con el manejo de enormes fondos (9% de la masa salarial, más de 20.000 millones de pesos), al margen de todo tipo de control, o más bien bajo el control de la propia burocracia sindical. El organismo estatal de control –primero Anssal, luego Superintendencia de Servicios de Salud– fue siempre dirigido y controlado por la burocracia. En el sector público, en cambio, se admitió otra forma de regimentación. Porque el Estado fue reconociendo a varios sindicatos con personería gremial (“pluralidad sindical”), como es el caso de UPCN y ATE –donde la existencia de uno no desplaza al otro– y como sucede en distintos organismos donde coexisten tres, cuatro, cinco y más sindicatos. Además, dentro del llamado “sector privado” se abrió una disputa por el encuadramiento gremial, entre actividad y oficio, como es el conflicto entre camioneros y empleados de comercio. En la burocracia no hay acuerdo y, de tanto en tanto, surgen choques. Otra fisura se abrió porque varias normas admitieron que los sindicatos con personería gremial pueden federarse o confederarse libremente. Es el caso de la CTA, que sostiene que, por ese reconocimiento “radial ascendente”, le corresponde su personería en base a los sindicatos afiliados que agrupa. A fines de 2008, la Corte Suprema, en el caso ATE, determinó que un “sindicato simplemente inscripto” puede convocar a elecciones de delegados. También que para ser candidato a delegado no se requiere ser afiliado al sindicato con personería gremial, porque atentaría contra la libertad sindical ya que estaría obligando, para ejercer el cargo de delegado, a afiliarse a un determinado sindicato. Entonces, con este fallo, pasó a tener otro valor la hasta entonces “simple inscripción sindical”: la “tutela sindical” que gozarían esos delegados. A su vez, el fallo no alteró la representación sindical en la fábrica que se mantiene en titularidad de los delegados y la comisión interna, en la cantidad que fija la ley, pero sí obligaría a unificar la representación de los trabajadores en una comisión única aunque de integración plural –compuesta por delegados de todos los sindicatos, con personería y con inscripción. La semana pasada se conoció un fallo de Cámara que ordena reponer en su lugar de trabajo a un trabajador que fue despedido porque formaba parte de la Comisión Organizadora de un Sindicato de Salud, que no tiene personería gremial y que tampoco está inscripto porque recién comenzó a realizar los trámites en el Ministerio de Trabajo. O sea, admite desde la decisión de los trabajadores de formar ese sindicato, la “tutela sindical” no debe esperar el reconocimiento estatal. Por su parte, la CGT, con acuerdo del gobierno, le “cedió” a la CTA una serie de espacios que se suponía que eran propios. Por ejemplo, le dio cuatro representantes a la CTA en el Consejo de Salario Mínimo y también integra la representanción sindical en las conferencias de la OIT.

En Vicente López, el intendente Enrique García está ajustando los presupuestos de salud y educación. En los jardines y en el colegio secundario municipal Paula Albarracín recorta el salario de los docentes. También ha decidido no pagar el último y miserable aumento salarial de la provincia que firmó el Suteba (17% anual, en cuotas). Pretende anular la jerarquización docente, una conquista homologada en el Ministerio de Trabajo. Como si esto fuera poco, pretende cerrar el geriátrico municipal y el hospital Maternidad Santa Rosa. Mientras tanto, sigue asegurando la continuidad de los negocios a los empresarios inmobiliarios, con el Vial Costero, contando con el aval de Scioli y la complicidad de la CTA. Plan de lucha por el 35%, asambleas con veedores electos Los delegados docentes se movilizan junto a estudiantes y padres, para defender la educación pública y los salarios, así como lo hacen los trabajadores de los hospitales. Pero las movilizaciones de ATE y el sindicato de municipales a la iglesia el Huerto no son una vía para el triunfo. Es necesario declarar el estado de asamblea permanente hacia una asamblea general de todos los municipales. Se trata de unificar la acción de los trabajadores del geriátrico, de los hospitales, las escuelas, los jardines y todas las dependencias para votar un plan de lucha común, con paros conjuntos progresivos y eligiendo veedores que acompañen a los representantes gremiales en la discusión con el gobierno. Los reclamos se caen de maduro: ningún despido, reincorporación de los despedidos, pase a planta permanente de los contratados, aumento salarial del 35% en el básico, en blanco y sin cuotas, ajustado al costo de vida, plena vigencia del Estatuto del docente. Movilicémonos al Concejo Deliberante cortando Maipú hasta que nos den una solución. Si queremos el triunfo, preparemos la huelga, exijamos a las direcciones de los sindicatos su preparación, que Suteba y ATE -es decir la CTA- convoquen a una huelga en apoyo al colegio Paula Albarracín y de todos lo municipales.

En el caso de la ambulancia arrollada por un tren del Belgrano Sur en Pompeya, los vecinos denuncian que sólo son noticia los accidentes cuando aparecen en ellos personal de seguridad o policial. También denunciaron que la alarma que avisa el paso del tren permanece sonando toda la noche en ocaciones y que las barreras, algunos días, están levantadas todo el tiempo. En diciembre de 2008, un tren de la misma línea atropelló un camión en el cruce de la calle Zabaleta a sólo cuadras de donde fue arrollada la ambulancia. Los accidentes en las líneas de trenes se suman día a día y con ellos las muertes y daños que son evitables. Claramente es un problema de desinversión en la seguridad de los trenes y en todo el sistema público de trasporte. Particularmente, el Belgrano Sur transporta por día a millones de trabajadores hacia su sitio de trabajo desde barrios muy pobres del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires: el trayecto pasa por Merlo, Catán, Lugano y Pompeya, por ejemplo. El servicio de la línea había sido quitado al empresario Sergio Tasseli y pasado el gerenciamiento al Ugofe en 2005, luego de que los pasajeros del Roca incendiaran las boleterías de Constitución por las demoras y el mal servicio. La decisión fue adoptada por el juez federal Sergio Torres, quien consideró que el gerente de seguridad de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Horacio Faggiani, y el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, incurrieron en el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". La decisión judicial se conoció a dos días de la muerte de un adolescente de 16 años, quien sufrió quemaduras gravísimas al recibir una descarga de 25 mil voltios cuando subió al techo de un tren eléctrico del ex ferrocarril Roca. Macri y Kirchner son responsables del desastre ferroviario y socios cuando se reparten jugosos subsidios: el ramal Belgrano Carga fue declarado en emergencia y se entregó, por decisión del gobierno, a un consorcio encabezado por el grupo Macri y una empresa china, del que también son parte Emepa (dueño de Ferrovías), Roggio (Metrovías) y tres gremios: la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y el sindicato de camioneros. Para que el servicio sea eficiente y seguro, hay que estatizar las empresas y ponerlas bajo el control de los trabajadores y usuarios.

Moreno tuvo una entrevista con las dos internas (de jornalizados y mensualizados) en la que transmitió la decisión del gobierno de soltarle la mano definitivamente a los trabajadores de la ex fábrica Massuh. El funcionario kirchnerista informó que el Estado no se hará cargo de la empresa –cuya quiebra acaba de ser decretada por el juez apenas unas semanas atrás– ni tampoco un privado. Les propuso un préstamo para inversiones que luego deberían devolver, pero los trabajadores se tendrían que hacer cargo de la empresa. Lo de Moreno no fue una propuesta sino un verdadero ultimátum: “no hay otra opción” –sentenció– y los conminó a que en un plazo de 30 días conformen la cooperativa. Más aún, la “oferta” fue “acompañada” por un plan de retiros voluntarios. También ha trascendido que, todo el personal pasaría a cobrar 1.500 pesos mensuales, sin distinción de cargos o categoría. ¿Quién puede creer en un plan de recomposición de la ex Massuh si se empieza discutiendo los despidos y una confiscación salarial de esta magnitud? Ese ultimátum estuvo unido a una enérgica diatriba en la cual el representante K se despachó contra los trabajadores, a quienes acusó por las perdidas y el fracaso de la nueva etapa iniciada el año pasado. Lo cierto, sin embargo, es exactamente lo opuesto. Si hay un responsable es el gobierno, cuya política, hasta último momento, consistió en el salvataje de Massuh, uno de los hombres fuertes en su momento de la Unión Industrial y aliado a la Casa Rosada. Esto es lo que explica la formación, un año atrás, de un fideicomiso por el plazo de tres años, a cuyo vencimiento la empresa volvía bajo el control de sus dueños. Lo que caracterizó la gestión K al frente de la empresa fue el sabotaje económico. Moreno dejó de estar al frente de la fábrica y la conducción paso a manos de funcionarios menores (aunque, desde las sombras, seguía manejando los hilos de la empresa). Fue bajo Moreno y los que le sucedieron que se fue paralizando la fábrica y hasta el área de “Conversión”, que es la que requiere un menor costo para su mantenimiento. No hubo un plan de inversiones y se archivaron los proyectos para exportar, cuando había tratativas con algunos países sudamericanos. La medida de ese sabotaje puede medirse en el sencillo hecho de que Papelera de Quilmes, denominación del flamante fideicomiso, acumuló en un año una deuda descomunal de 45 millones de pesos. En lugar de que el Estado ponga la plata, contrajo nuevas deudas con proveedores, las que terminaron convirtiéndose en una bola de nieve. Esto fue denunciado con pelos y señales por uno de los delegados de los mensualizados, lo que culminó con un enfrentamiento, pues Moreno lo intimó a que se retirara de la audiencia. La asamblea general que se realizó a posteriori, la que congregó a jornalizados y mensualizados, escuchó un informe de los presentes. Ambas internas se limitaron a transmitir lo ocurrido, pero no fijaron posición. Aunque reinó el desconcierto, el clima de la asamblea fue encendido y hubo mucha participación. Varios compañeros destacaron que el contrato que les hicieron firmar en la conformación del fideicomiso era hasta noviembre de 2011 e hicieron hincapié en que eso debía ser respetado. Las intervenciones giraron en torno a esto. La propuesta de Moreno –y el apuro en concretarla- fue recibida con mucha desconfianza. Una línea propia e independiente Está claro que estamos ante una trampa. La entrega de la fábrica a los compañeros de Massuh en las actuales condiciones significa cargarle el muerto a los trabajadores. No hay que permitir la reedición de Puerto Piray, la papelera de Misiones que fue cedida a una cooperativa a fin es de 2009 y que arrancó con la confiscación de los derechos indemnizatorios y un recorte del 50% del salario, pero aun eso no garantizó que la empresa pudiera salir a flote. No se debe aceptar ningún ultimátum. El apuro por interrumpir el convenio proviene del Estado quien, más ahora con el canje, quiere “retornar” a los mercados. Se apunta a dar señales de confianza a los capitalistas, empezando por la propia industria papelera, con empresas líderes como Ledesma que, desde tiempo atrás, vienen desarrollando una cruzada contra lo que denominan “competencia desleal” por parte de la ex Massuh. Los K han dejado el mensaje claro de que no está en los planes del gobierno una aventura nacionalista. Mientras se reclama que se respete el convenio, es necesario oponerle a la propuesta tramposa del gobierno un plan de inversiones y reactivación integral de la fábrica: que cese el sabotaje económico, que el Estado ponga la plata y se proceda a una reorganización, aprovechando el potencial y las posibilidades que tiene la planta, arrancando con la expropiación de la fábrica y su funcionamiento bajo control de los trabajadores.

El lunes 5 de abril, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), que depende de la provincia de Buenos Aires, resolvió la clausura preventiva de la empresa Curtarsa. Como respuesta, los trabajadores se manifestaron el jueves 8 frente a la Municipalidad de Luján reclamando que se garantice la fuente laboral y por la reapertura de la curtiembre, acompañados por el sindicato del cuero de Luján y de Morón. La movilización fue brutalmente reprimida por la Bonaerense con balas de gomas, dejando siete heridos. Ni el gobierno ni el municipio “productivo” toleran que los trabajadores se manifiesten en defensa de su fuente de trabajo amenazada. Poco después de la represión salvaje, el Municipio sacó un comunicado deslindando su responsabilidad en los hechos ocurridos ese día. Una verdadera impostura. El director ejecutivo de la OPDS, José Molina, se mostró “dispuesto”, después de la violenta represión, a levantar la clausura efectuada si la curtiembre lleva adelante los programas de “readecuación” solicitados por la autoridad ambiental. En resumen, la reacción obrera “pegó” fuerte en el gobierno, que ha actuado como un biombo de la impunidad contaminadora. Es que la provincia y el municipio, primero con el intendente Prince y ahora con Mosca –interino en reemplazo de Graciela Rosso– junto a la patronal de Curtarsa, son los responsables de años de contaminación para los trabajadores y vecinos de Jáuregui y toda la zona. La Asamblea Ambiental, que viene luchando contra la contaminación en el distrito –y particularmente contra la acción contaminante de la empresa Curtarsa– se ha manifestado contra la represión a los trabajadores, en defensa de la fuente laboral y organizó una movilización el domingo pasado en repudio a la represión y por la garantía de los puestos de trabajo. Es muy importante defender este principio de unidad obrera-ambiental. Para la Asamblea Ambiental, la empresa tiene que hacerse cargo completamente de los salarios de los trabajadores mientras se llevan adelante las obras y medidas necesarias. Reclamemos que los Estados provincial y municipal intervengan para poner fin a esta negligencia criminal de la empresa -que contamina a trabajadores y vecinos- y para darle una solución definitiva a un problema que es de larga data y sigue sin resolverse. Llamamos a movilizarnos contra la represión policial y en defensa de la fuente laboral.

La pelea entre el grupo Clarín y el gobierno por Papel Prensa hiede doblemente porque ambos tienen casi toda la razón cuando se disparan con inmundicias sorprendentes. Pero, ante todo, tienen toda la razón (no casi) los trabajadores de Clarín, cuando se indignan porque la misma patronal que los reprime y explota –y hasta pretende impedirles organizar una comisión interna– se atrevió a defender sus intereses de monopolio con una nota que, canallescamente, firmó "la redacción". Ernestina Herrera de Noble se apropió de Papel Prensa con el mismo método que usó para apropiarse de sus "hijos": el secuestro y la desaparición de personas, crímenes que otros cometieron por ella. No miente "la redacción" cuando dice que Lidia Papaleo de Graiver asistió en nombre de su familia –hasta entonces propietaria de Papel Prensa– a una asamblea de accionistas en marzo de 1977. "La redacción" sólo omite un detalle: la señora de Graiver en ese momento estaba secuestrada y en poder de la policía de Ramón Camps. Por eso acierta el embajador de los Kirchner en Estados Unidos, Héctor Timerman, cuando se pregunta: "¿En qué llegó la señora Lidia Graiver a esa asamblea de accionistas? ¿en un taxi o en un Falcon verde?". Con ese sencillo recurso, la dictadura cedió Papel Prensa, a precio vil, al trust constituido por Clarín y La Nación. Tampoco miente "la redacción" al recordar el papel del propio Timerman en el golpe de 1976, cuando dirigía el miserable diario La Tarde. En su respuesta, Timerman apenas alcanza a recordar que en la mesa de noticias de aquel medio golpista estaba Ricardo Roa, actual editor de Clarín y viejo alcahuete de la burocracia sindical. También tiene razón Timerman cuando habla en su solicitada de "la historia de un asco". Es cierto: el intercambio entre él y la Noble y Héctor Magnetto repugna. Esto sin empezar a hablar aún del papel del papá de Timerman, Jacobo, quien no sólo transformó su diario La Opinión en portavoz del golpe sino que asesoró personalmente a los militares golpistas, con quienes se reunía en el comedor del hotel Plaza como él mismo confesó en su libro "Caso Camps: punto inicial". Sí, una historia asquerosa Papel Prensa SA se constituyó a fines de la década de 1960. La familia Graiver tenía el 75 por ciento del paquete accionario y el Estado nacional el otro 25 por ciento. La firma construyó una gran pastera –más contaminante que Botnia, dígase al pasar– en la zona de San Pedro y Baradero, al norte de la provincia de Buenos Aires. En marzo de 1977 fueron secuestrados por la dictadura el padre, la madre y la esposa de David Graiver, quien, entre otras cosas, había manejado parte de las finanzas de Montoneros y se robó el dinero. En agosto de 1976, David Graiver murió en un extraño accidente de aviación, en México. Entre agosto de 1976 y marzo de 1977, la familia Graiver negoció con Clarín, La Nación y La Razón la venta de Papel Prensa. Lidia Papaleo e Isidoro Graiver fueron secuestrados en marzo de 1977, después de una reunión con representantes legales y miembros de los directorios de esas empresas periodísticas. Casi de inmediato, los militares comenzaron a perseguir –lo secuestraron y torturaron– a Jacobo Timerman, porque los Graiver eran dueños de La Opinión. Como se ve, aquella persecución no obedeció a la línea editorial "democrática" de Timerman: fue parte de una pugna entre mafiosos. Los Graiver fueron "juzgados" y condenados, después de "blanquearlos", por un tribunal militar. La condena se dictó sobre la base de testimonios arrancados bajo tortura en el Pozo de Banfield y en el Puesto Vasco, en Bernal. Así consiguió Ernestina Herrera quedarse con Papel Prensa a cambio de monedas. Esto es: se quedó con el monopolio de la fabricación y venta de papel para diarios. Aquel crimen no estuvo libre de "internas". Por ejemplo, Eduardo Massera se opuso a la compra hostil de Papel Prensa por parte de Clarín y La Nación, porque quería controlar él mismo la producción de papel para diarios en el país y apoderarse de las acciones del grupo Graiver. Cuando el asunto amenazaba pasar a mayores, Jorge Rafael Videla firmó el decreto ley 21.618, en agosto de 1977, que designó interventor en Papel Prensa al capitán de navío Alberto D'Agostino, un compinche de confianza de Massera. Clarín y sus trabajadores Tiempo atrás, como para recordar que ante todo es un patrón periodístico, Héctor Timerman conminó a los trabajadores de prensa de Clarín a renunciar para no ser "cómplices" de Noble, Magnetto y compañía. En principio, se debe recordar una obviedad: la "libertad de prensa" es la libertad de los grandes empresarios para organizar lobbies y campañas sucias en defensa de sus propios intereses, ajenos y opuestos a los del país, a los del pueblo trabajador y, por supuesto, al de sus propios periodistas. La libertad de prensa sólo será posible en una Argentina reorganizada sobre nuevas bases sociales y económicas, cuando los medios estén en manos de las organizaciones populares y de las expresiones políticas del pueblo en lucha. Entretanto, la "libertad de prensa" sólo será reflejo de pugnas mafiosas como ésta entre Clarín y el gobierno por el manejo del "triple play" y otros negocios y negociados, para lo cual utilizan falazmente conceptos extraños a unos y a otros, como la libertad de expresión y los derechos humanos, que causan repulsión en boca de cómplices, socios y beneficiarios de la dictadura militar.

En un clima de conflictos múltiples en las líneas y talleres, y de provocaciones de la patronal y la UTA, el cuerpo de delegados del subte resolvió iniciar medidas de acción directa en reclamo de una negociación paritaria con la empresa Metrovías, reconocimiento del nuevo sindicato y los reclamos más urgentes como promociones, contratación de personal y otras reivindicaciones. El ensayo de la “tutela ministerial” con “paz social” agoniza. Las medidas, que comenzaron con una liberación de los molinetes, unifican una serie de conflictos que estallaron. El quite de colaboración de los talleres San José y Rancagua y el de tráfico de la Línea B se profundizó cuando la patronal de la tercerizada CAF comenzó a aplicar sanciones de represalia. La Línea E y el Premetro pararon por falta de personal. La indignación se generalizó cuando se supo que Metrovías y la UTA tenían firmada un acta desde diciembre, donde se subsidia a la patota de la burocracia con más de cinco millones de pesos bajo el pretexto de una “formación de personal” que nadie sabe en qué consiste. A esto se agregó que la Justicia resolvió mantener como procesado al delegado Néstor Segovia por acciones vinculadas con piquetes de huelgas pasadas. Tras cartón, apareció el acta paritaria UTA-Metrovías, donde se acuerda un aumento del 20% en negro y hasta agosto. Pero la grilla de los montos es inferior a ese porcentaje. El aumento no incide en rubros como vacaciones, antigüedad, aguinaldo ni aportes sociales. Está claro además que 20% es muy menor a la inflación prevista en por lo menos un 30%. Pero tal vez lo que más irritó a los compañeros es que la UTA firma por nosotros, cuando no nos representa. La UTA además es convocada a discutir también asensos y bolsa de trabajo. Es decir, todo. Al nuevo sindicato, que representa al 90% de los compañeros, nos dejan la oportunidad de ponerle un gancho a lo que va firmando la UTA. Ahora apareció un proyecto de ingresos bajo total control patronal (lo que equivale control de la UTA) con un porcentaje exiguo para ser propuesto por los trabajadores (tal vez 33%), donde la UTA también participa y finalmente decide la patronal. Lo contrario de una bolsa de trabajo bajo control obrero, como venimos reclamando. Ha hecho crisis definitivamente el mecanismo de la tutela “sui generis” –para no inscribir el sindicato–, la mediación permanente del Ministerio – para no reconocer directamente a los delegados ante la patronal– y la paz social “intragremial” – para maniatar el proceso huelguístico de la primavera 2009. Ninguna reivindicación fue satisfecha. El gobierno Kirchner ganó tiempo contra los trabajadores a favor de la patota de UTA. Vamos por lo nuestro con un plan de lucha y propuestas discutidas en las asambleas: Incorporación de los negros al básico y actualización al costo de vida de un 35% anual, bolsa de trabajo bajo control obrero, ascensos y promociones; cubrir personal faltante, seguridad e higiene; desprocesamiento de Néstor Segovia.

El 23 de marzo, a las 19 horas, en el Bar El Coliseo, la comisión pro-revocatoria de Lemos, integrada por siete representantes de organizaciones sociales y con una concurrencia de 20 personas, lanzamos, con una conferencia de prensa en la que se hicieron presentes varios medios importantes del pueblo, la campaña por la revocatoria de Gaspar Lemos, intendente de Río Ceballos (UCR). La campaña tiene el objetivo de juntar las 1.500 firmas necesarias, de las cuales ya tenemos alrededor de 500. El avance de la campaña es notorio. Esta situación ha acelerado una serie renuncias en la plana política de la Municipalidad, por ejemplo en Medio Ambiente y en Obras Públicas. Ha acentuado también la crisis con el Tribunal de Cuentas, que no aprueba desde el año pasado las facturaciones y los gastos. Hay sectores que empiezan a coquetear con la revocatoria, pero en el Concejo Deliberante no han sido capaces de pronunciarse. No tienen el afán de acabar con la politicas vaciadoras del municipio ni dar fin a la especulación inmobiliaria, ni qué decir con terminar con el ataque sistematico a la juventud de Río Ceballos, en donde el abuso policial es moneda corriente. Estos sectores quieren un recambio para seguir con la misma política llevada por Lemos. El Partido Obrero advierte sobre este intento de maniobra y llama a redoblar la campaña por la revocatoria de Lemos y ¡elecciones ya!

Raúl Ismán, que actúa como periodista en un canal de TV de la Zona Oeste del GBA*, ha enjuiciado al PO, en un artículo sobre la guerra de Malvinas publicado en la revista (electrónica) Libre Pensamiento, por haber llegado al “colmo del ridículo”, al llamar a los trabajadores, desde su periódico, “a dirigirse a los cuarteles y pedirles armas a las fuerzas armadas para enfrentar a los ingleses”. Habría que preguntarle a Ismán qué planteo político tiene ahora sobre Malvinas. El juicio permite rememorar una verdadera lección de política revolucionaria. El PO se opuso a la ocupación de Malvinas, caracterizándola como una acción de distracción política de la dictadura frente a su bancarrota y con la convicción de que el imperialismo yanqui avalaría su acción. Pero advirtió: “Si se da una guerra... es por auténtico antiimperialismo que planteamos: guerra a muerte, guerra revolucionaria al imperialismo. Esto no es sólo una guerra naval en el Sur, sino ataque a las propiedades imperialistas en todo el terreno nacional, confiscación del capital extranjero y, por sobre todo, armamento de los trabajadores” ( PO Nº 328, 4/4/82). Denunciamos la capitulación de la dictadura desde el primer minuto, que permitió la huida de capitales y el sabotaje económico del imperialismo. Advertimos que toda su política era confiar en una “mediación” de Reagan y que el mayor peligro para los trabajadores era la política de “unión nacional” en la que “se han alineado la Multipartidaria, Miguel, Triaca, Ubaldini y el PC”, frente a lo cual “sólo una minoría de dirigentes de la CGT resistió la parodia de hacer una manifestación de apoyo a la dictadura el 2 de abril (lo que) los honra” (ídem anterior). El fracaso de las negociaciones en la ONU llevó al imperialismo al desenlace militar y a un cambio de frente. “Es altamente probable que los yanquis consideren que ya no hay condiciones para un arreglo del conflicto sin un claro cambio político en la Argentina”. La UCR, con Alfonsín, comenzó a desmarcarse de la guerra y la Multipartidaria se pronunció por la “paz”, a horas del ataque imperialista en Puerto Argentino, lo que la transformó en un “socio válido del imperialismo” ( PO Nº 330, 12/6/82). ¿Y la clase obrera? La burocracia sindical –con el auxilio del PC– desmovilizó a la clase en función del “acuerdo nacional” con la dictadura, lo que bloqueó el ascenso obrero planteado en la gran manifestación del 30 de marzo. “¿Cómo podría el proletariado retomar su perspectiva de ascenso y explotar la crisis con el imperialismo”, frente “al avance y los golpes de la flota británica?” El PO llamó a constituir comités en las fábricas, por el control de los beneficios capitalistas y la convocatoria a movilizaciones frente a los cuarteles por el entrenamiento y el armamento de la población. La situación abría la posibilidad de un compromiso político con todos los que estuvieran por la derrota del imperialismo, incluyendo la posibilidad de “un frente práctico y militar común con el gobierno o con alguna fracción del ejército”. Dos puntos diferenciaron al PO del resto de la izquierda. Primero, la izquierda apoyó la ocupación, el 2 de abril. Segundo, apoyó un “golpe democrático (que) serviría... al imperialismo yanqui”. El régimen que se erigió en 1983 fue el fruto de una operación política y financiera guiada por el imperialismo para preservar el Estado, el pago de la deuda externa y la impunidad de los genocidas. Afirmar que el advenimiento de la democracia formal significa por sí un progreso para la lucha contra el imperialismo es una postura antiobrera. El señor Ismán no se planteó ninguno de éstos problemas, porque la derrota argentina estaba cantada –“no podía ser otro el resultado” y levantó “las posiciones pacifistas”, es decir militó en el campo del “golpe democrático” propiciado por el imperialismo. Por eso concluye que “lo único positivo que arrojó el conflicto es que la dictadura criminal debió irse abriendo paso a la democracia”, dando crédito en particular al “proceso comenzado en el 2003”, es decir al gobierno “nacional y popular”. ¿Qué hiciste tú en la guerra, papá? * Señal de Noticias. Se presenta, además, como columnista de Redacción Popular (Electrónica), periódico socialista El Ideal y aparece en el portal de Aníbal Ibarra con un texto que tiene como título “Por qué la caída de Ibarra fue una derrota del pueblo”.

El paro de dos horas por turno del viernes 9 de abril ha sido cumplido en grande en todas las plantas del país del gremio de la alimentación. En principio, el movimiento fue para reclamar el adelantamiento de la paritaria, pero ya se está discutiendo de lleno el aumento. La patronal ofreció un 23% en cuotas, rechazado por la directiva de la Federación nacional que responde al moyanista Morán. Funes de Rioja, el pope jurídico de la UIA, asesor de la Copal (alimentación), pidió la conciliación obligatoria que Tomada negó. Moyano está promoviendo reuniones con los empresarios de la actividad para discutir la cuestión de los aumentos de precios. Busca una coartada “antiinflacionaria” para toda la burocracia que está firmando a la baja. Por otro lado, mete la mano en la paritaria de la alimentación, donde reclama llevar el mínimo de 2.300 pesos a 3.200, un 40%. La Federación le dice por lo bajo a las seccionales que no firman por menos de tres mil, y el propio Daer ha salido con todo a reivindicar los 3.200 pesos. Ha convocado a una movilización masiva del gremio el miércoles 14 y un plenario nacional de delegados después de la movilización. La ‘radicalización’ de la burocracia parece antender a la realidad de un gremio que tuvo recientemente un paro en su planta de Arcor Córdoba por un despido, que tiene elementos combativos en ese cuerpo de delegados y también en el de la planta de Arcor de la localidad de Salto; otro tanto en la planta de Lía, la ex Bagley cordobesa; un proceso que llevó a la ocupación de fábrica y a una nueva interna en Fargo de Moreno; todas en áreas de la federación de Morán. En el sindicato Buenos Aires, dominio de Daer, el proceso de Kraft movió las aguas de todas las plantas. Ahora viene una elección de delegados en Stani, una planta de 800 compañeros, cuyo futuro está en discusión desde la fusión internacional Kraft-Cadbury, propietaria de Stani argentina. Aquí domina una lista ligada a la Agrupación Azul, moyanistas allegados a Daer, que no jugaron ningún papel en la lucha de Kraft, y se plantea la posibilidad de que compita una lista clasista. Desde luego, el gran partido se juega en Kraft. En Prensa Obrera señalamos la oportunidad perdida en el paro de una hora para organizar una asamblea general de planta y retomar la iniciativa frente a la patronal. Ahora se produjo el paro de dos horas por turno y otra vez los congresales de Daer se pusieron a la cabeza, mientras la interna marcó que “es el paro de una burocracia que va a traicionar”. Segunda oportunidad perdida. Ahora quién va a movilizar, ¿Daer otra vez? La burocracia sindical se ve obligada a chocar con las patronales, pero en la cancha se ven los pingos. Obligada la burocracia a decretar paros, primero de una hora, luego de dos, más tarde a movilizar y después a convocar un plenario nacional de delegados, es hora de organizar efectivamente cada fábrica mediante asambleas generales que mandaten a los delegados, por el 40% sin cuotas, contra todo despido, por la incorporación de todo negro al básico, por un paro activo nacional, poniendo en pie a cada fábrica contra la ofensiva de cada patronal; sentando las bases de un reagrupamiento antiburocrático nacional.

Durante febrero y marzo, los obreros del ingenio La Esperanza sostuvieron cortes de ruta, movilizaciones a la Casa de Gobierno y a los tribunales de San Pedro para evitar la defunción del ingenio. La incertidumbre del pago de sueldos para marzo y el no inicio de zafra por falta de fondos movilizó a los trabajadores. Luego de varias gestiones privadas y un control obrero-judicial, con una comisión conformada mayoritariamente por la CCC, la empresa fue entregada a síndicos del PJ y la UCR, que llevan diez años de administración a cuenta del Estado, el principal acreedor de la quiebra. Los síndicos hipotecaron parte de las tierras, las arrendaron a aventureros y negociaron la venta anticipada a Tabacal de azúcar y alcohol a precio vil, para financiar la zafra. Además, promovieron el vaciamiento de la fábrica (transporte y calderas) y la merma de hectáreas sembradas. La asfixia económica llevó a la parálisis productiva, con el objetivo de preparar al interior del ingenio un “clima” favorable para su arriendo a intereses capitalistas, acicateados por el fuerte aumento en el precio del azúcar y el subsidiado negocio del bioetanol. Finalmente, se resolvió el alquiler del ingenio en favor de Roggio, que lo manejará durante dos años y podrá “incursionar en otros tipos de producciones previa autorización judicial” ( Cronista , 6/4), como es el caso de la soja. Roggio (Metronec SA) es una contratista privilegiada del Estado provincial, cuestionada por el cobro de sobreprecios millonarios en la ruta de acceso a San Salvador de Jujuy. El arriendo implica el compromiso de operar la fábrica y mantener los puestos de sus 2200 trabajadores. Pero otros hechos ponen en duda esta cuestión: esta semana, el Banco Nación publicó un edicto anunciando la subasta de nada menos que 40.000 hectáreas del ingenio a 18 millones de pesos. La venta fragmentada de estas extensiones, por fuera del arriendo a Roggio, podría significar su entrega a Ledesma o Tabacal para moler caña en sus propios ingenios, privando a La Esperanza de una parte fundamental de sus tierras. De este modo, la sindicatura bipartidista está llevando el ingenio al remate y al desguace. El sindicato, enrolado en la CTA, impulsó el acuerdo con Roggio, condicionado por la asamblea de bases que impuso mantener la planta de personal, replantar 1.000 hectáreas de caña de azúcar, una bonificación de 1.000 pesos para activar la zafra y un veedor obrero en la administración. No está claro, sin embargo, si Roggio está dipuesto a pagar los salarios que reclaman todos los gremios del azúcar de Salta y Tucumán, que llevan el salario inicial a 2.700 pesos y que implica un 35% de aumento en general, pero para La Esperanza un porcentaje mayor. El desafío es fortalecer la organización obrera (que fue la que impidió el cierre o desguace año tras año) en las nuevas condiciones. Se trata de evitar que este arriendo termine, como las anteriores administraciones, en un vaciamiento y la amenaza a la continuidad de los puestos de trabajo.

La línea de bandera se encuentra, de nuevo, en el centro de la escena de los escándalos y denuncias de corrupción. Al juicio por enriquecimiento ilícito del ex secretario de transporte Jaime, se le suman los sobreprecios en la compra de aviones Embrear y en la tercerización de servicios técnicos, entre otros. En rigor, Aerolíneas y Austral siguen bajo la mayoría accionaria de Marsans, que no habiendo aceptado los términos de la nacionalización (que la beneficiaban en alrededor de 1.000 millones de dólares), se reserva aún el derecho de llevar el diferendo a la CIADI. En este contexto de crisis de la gestión de Recalde, los principales sindicatos, el de pilotos (Apla) y el de técnicos (Apta), realizaron sendos plenarios de delegados. En un contexto inflacionario como el que se espera para 2010 (de entre el 30 y el 40%), los plenarios y sus resoluciones, en especial en Apta, esquivaron la cuestión salarial y se limitaron a denunciar, al unísono pero por motivos distintos, a la gestión de Recalde y a otorgar mandatos a sus respectivos secretarios generales para lanzar medidas de acción cuando lo creyeran necesario. En Aerolíneas está planteada una disputa camarillesca por el control de la caja y las contrataciones, que se va convirtiendo en una crisis de poder. De hecho, la crisis existente se desencadenó cuando el director, Mariano Recalde, dispuso el desplazamiento de elementos ligados a la burocracia de ambos sindicatos de algunos cargos dirigenciales, para poner allí elementos de su su propia camarilla, vinculada con “La Cámpora” –la agrupación en la que milita, entre otros, el hijo de la Presidenta y otros elementos vinculados con la militancia estudiantil secundaria y universitaria del actual director de Arsa. Fue en el hangar 4 de Ezeiza donde la acción de los trabajadores de Apta y sus delegados de sector impidió, efectivamente, el envío de aparatos al exterior para su reparación, con costos muy superiores a los locales. Los choques ntre las camarillas Apta, dirigida por Ricardo Cirielli, ex funcionario del gobierno ahora enrolado con la “opositora” azul y blanca de Barrionuevo, choca con el moyanista Recalde en función del control de la compra de repuestos y la subcontratación de servicios técnicos así como por la parálisis del Aérea Material Córdoba, que sufre un proceso de liquidación. A su vez, se encuentra enfrentado con Apla, que defiende la camarilla moyanista expulsada por una asamblea general de técnicos hace más de un año y medio, en la que Cirielli recuperó el control del sindicato. Este es, precisamente, otro punto de choque entre Apta y el gobierno, por la negativa de Tomada en reconocer el resultado de la asamblea. Por su parte, la moyanista y oficialista Apla tiene también sus motivos para enfrentarse a la gestión K. Por un lado, el control de la caja y de cargos gerenciales arrebatados por la joven camarilla. Pero, además, Pérez Tamayo está identificado con la Boeing y su accionar está motivado por el lobby que hace en favor de esa empresa. Así, en su momento consiguió el alquiler de dos aviones mientras trata de impedir, por un lado, la compra de los Embraer (de allí habrían salido las denuncias por sobreprecios) y, por el otro, la salida del diferendo con Marsans por la compra de los Airbus. La crisis que se viene incubando está a punto de estallar. Apta consiguió avanzar en la afiliación de un sector clave como es el de los controladores aéreos que, trasladados al control civil, son capaces de paralizar todo el flujo aéreo del país, no sólo el de la línea de bandera. Un arma que ya ha desenfundado para la compulsa. Los trabajadores necesitan un programa independiente de las camarillas. En primer lugar, el blanqueo de las cifras en negro –que llegan a 2.000 pesos en el caso de los técnicos y a casi 8.000 pesos entre los pilotos– para, a partir de ese básico, reclamar un aumento no menor al 35%. Apta, por caso, se encuentra paralizada por el diferendo entre sus fracciones. Las asambleas de base tienen que discutir el reconocimiento de la asamblea y de las expulsiones, pero asociarlo a una normalización del sindicato de abajo hacia arriba con elecciones de delegados en todos los sectores, conformación y funcionamiento de los cuerpos de delegados de base, y elecciones generales del sindicato para renovar la comision directiva. Frente al vaciamiento, la corrupción y los negociados de la camarilla dirigente, elegimos en asamblea una comisión independiente de trabajadores que con plenos poderes y fueros gremiales tome la punta del ovillo para desenmascarar los negociados y sus responsable, quienes están llevando la empresa, nuevamente, al borde del abismo.

El 9 de abril se realizaron las elecciones en el Sindicato de Trabajadores del Papel de Zárate y Campana. Se presentaron la Lista Celeste (impulsada desde la saliente Comisión Directiva), que obtuvo 150 votos, y la Verde (impulsada por la Comisión Interna de Papelera del Plata), que resultó ganadora con 360 votos. Las dos listas que se presentaron reconocen el mismo origen: fueron parte del proceso de organización entre 2000 y 2005 de un nuevo sindicato para luchar contra la flexibilidad laboral y por las reivindicaciones obreras ante el intento de las empresas de desconocer la organización gremial y contra el carácter rabiosamente patronal y corrupto del otro sindicato papelero de Zárate, dirigido por París, un hombre que rompió con la Alari para armar un sindicato aparte y volvió en los últimos años al redil de la burocracia de la Federación. La oposición con base en Papelera del Plata se fue forjando alrededor de críticas a los problemas organizativos: falta de atención en el sindicato divergencias con el uso del dinero. Los problemas profundos no encontraron, sin embargo, un planteamiento superador. La campaña electoral puso esto de manifiesto. Durante la misma ninguno de los agrupamientos pudo elaborar un programa, un balance, ni explicar las divergencias que justificaran la existencia de dos listas. El Partido Obrero agitó en todas las plantas la idea de hacer un plenario conjunto donde se discutan balance, programa y una lista de unidad. El planteo cosechó muchas simpatías y aún se discute, pero no se plasmó en los hechos. La cuestión de fondo, sin embargo, es política. En Zárate está planteada la necesidad de una agrupación papelera que se proponga terminar con la insidiosa tarea divisionista de Federación, dándole aire al sindicato patronal de París-Coppola, que levante un claro programa antiburocrático contra los convenios flexibilizadores y ate su destino al conjunto de las luchas de la clase obrera. Sin una posición de clase, cualquier directiva puede terminar cooptada por la burocracia barrionuevista de Alari. Esa es la principal conclusión y la tarea central planteada para el próximo período.

El periódico del PC (Propuesta, 1/4) caracteriza que las recientes elecciones en la Ciudad de Mendoza "fortalece el espacio autónomo" representado por el frente que ellos constituyeron en torno al "Encuentro por la Ciudad". Se trata del debut electoral nacional del "Nuevo Encuentro Popular y Solidario", la fuerza que acaban de constituir por la fusión del "Nuevo Encuentro" de Sabatella (en el que confluían el PC, el PH y el ahora emigrado Libres del Sur, que en Mendoza no se presento en forma independiente), ‘fortalecido' por la incorporación al mismo del Partido Solidario del banquero del Credicoop, Carlos Heller, de los socialistas K de Ariel Basteiro y otras expresiones del centroizquierda pro K. "El apoyo al Encuentro estuvo marcado por las visitas de los diputados del Nuevo Encuentro Popular y Solidario: Carlos Heller, Martín Sabatella y Ariel Basteiro. Además llegaron hasta Mendoza para brindar su respaldo el ex diputado Carlos Raimundi y la referente del Frente Grande, Adriana Puiggrós" dice el semanario del PC. El "eje de su campaña -según Propuesta- estuvo anclado en el desarrollo de fortalecer -de cara a 2011 un espacio autónomo con identidad nacional, popular y progresista que permita enfrentar los embates de la derecha opositora y empujar la profundización del rumbo definido por las políticas del gobierno nacional". Una, adrede, enredada fuerza centroizquierdista oficialista, destinada a bloquear el camino de la izquierda revolucionaria. En su balance el semanario Propuesta, dice que este Encuentro "supero el tres por ciento de los votos". No miente: saco el 3,1%. Pero si lo hace cuando en forma despreciativa afirma que "por debajo del dos por ciento se agruparon las propuestas del trotskismo". La realidad es que el PO saco un 2,7% (duplicando la votación recibida en junio del 2009) y que el MST y el PTS, obtuvieron el 1,2 y 1,1% respectivamente. Lo cual suma para la izquierda que se reclama trotskista un interesante 5% de los votos en la conservadora capital mendocina. "Profundizar el rumbo definido por las políticas del gobierno nacional" -o sea pagar la deuda externa, hundir el salario, usar la inflación para provocar un neo ‘ajuste' antiobrero y antipopular- solo llevara a este falso progresismo centroizquierdista a jugar un papel reaccionario. El oportunismo no rinde.

El miércoles 31 de marzo, Scioli y Auza (FpV-Tandil) presentaron en un acto en Tandil la “Ley de Paisaje Protegido” que acaba de aprobarse en la Legislatura provincial. El gobierno la “vende” como un hito en la preservación de las sierras. Sin embargo, desde hace diez años la Asamblea Ciudadana por las Sierras de Tandil lucha por una Ley de Areas Protegidas. Suena parecido pero es opuesto. La ley de Scioli implica: 1) las sierras serán superexplotadas durante dos años y cuatro meses más, plazo que tienen las concesionarias de las canteras para “reconvertirse”. No es poco para seguir demoliendo, teniendo en cuenta el grado de destrucción de los últimos dos años; 2) la ley permite el negocio inmobiliario con la construcción de hoteles, countries y residencias privadas, que implican una destrucción y contaminación irreversibles de las que ya somos testigos; 3) la ley “protege” sólo las sierras que están dentro de la poligonal (área dentro del perímetro que forman la ruta 30, la 74 y la 226), pero no prohíbe nuevas explotaciones –ni las existentes– fuera de esa área. Scioli y Auza gobiernan para intereses capitalistas, y esta ley es una trampa para continuar con la destrucción de las sierras, ya sea por la explotación minera, por la especulación inmobiliaria o por la industria turística. Las firmas de la consulta popular juntadas en favor de la Ley de Areas Protegidas fueron usadas por Auza y Scioli para avalar su ley tramposa en la Legislatura, traicionando la voluntad de los ciudadanos de Tandil. No quieren preservar las sierras, quieren cambiar un negocio por otro. El Partido Obrero apoya el reclamo de la Asamblea Ciudadana por las Sierras, para que puedan ser disfrutadas por todos y se conserven sin ser contaminadas; por su importancia como cuenca hídrica, como ecosistema que aloja especies únicas en el mundo, y lugar socio-histórico sobre el que tuvieron desarrollo las primeras civilizaciones autóctonas de la zona. La estafa de Scioli no detendrá esta lucha. Nos sumamos al reclamo y exigimos: • Ley de Areas Protegidas ¡ya!, para que la explotación minera termine ahora y no dentro de dos años. • Ni canteras, ni construcciones. Que no existan más negociados capitalistas a costa de la destrucción de las sierras. • Que se preserven las sierras de todo el partido de Tandil.

Hartos, los trabajadores del diario Crítica pararon y el diario no salió el 8 de abril. Desde hace cinco meses, el vaciador Antonio Matta viene abonando los salarios a los premios. La violación de todos los acuerdos previos y el paro no movieron un músculo a Tomada: se tomó cinco días para la primera audiencia en la que la empresa mantuvo su decisión. El gobierno kirchnerista ofreció sus Repro, pero la empresa se negó para no abrir sus libros. El paro en Crítica ha generado una enorme movilización en todo el gremio. El acto del martes pasado, convocado por la comisión interna del diario, logró la adhesión de varias organizaciones políticas pero, el hecho más significativo fue la concurrencia de una decena de comisiones internas, de la Asociación de Reporteros Gráficos, de Atrana -el sindicato de Radio Nacional- y de un centenar de compañeros del gremio. Fiel a su carácter de momia petrificada, de la Utpba fueron tres. Quedó claro para los presentes que no se puede esperar nada de un sindicato en disolución. La Naranja concurrió al acto con un planteo concreto: asambleas en todas las empresas en apoyo a los huelguistas; extender el fondo de huelga; movilizar el gremio al Ministerio de Trabajo y ,en función de lo que suceda en la audiencia y una autoconvocatoria del plenario de delegados y trabajadores en la puerta de Crítica. En una asamblea posterior, los trabajadores de Crítica votaron continuar el paro. Se armaron delegaciones para concurrir a las asambleas en las empresas y se convocó al gremio a movilizarse junto a ellos frente al Ministerio de Trabajo. Las colectas son masivas en todo el gremio de prensa. ¡Adelante, compañeros!

A más de un mes de iniciado el plan de lucha de Aten, Sapag llamó a una mesa de negociación. Nos tratan de marear: “las ofertas que comenzaron con 20 millones de masa salarial, llegaron a 60 millones luego de un cuarto intermedio”. Concretamente, significa un aumento del 5% al básico, lo que para el salario inicial significan 75 pesos de bolsillo. En Neuquén, son tres kilos de carne de segunda. La propuesta fue rechazada unánimemente por todas las asambleas de las 21 seccionales del gremio y el plan de lucha continua el 14, 15 y 16 de abril. En Aten capital (Aguirre), se resolvió lo que propuso la dirección Azul y Blanca (Guagliardo) y Naranja. Pero en la seccional capital, la más numerosa de la provincia, con casi 4.000 afiliados, ambos perdieron ante la moción del frente de agrupaciones opositoras que integra Tribuna Docente, quienes propusimos una semana de paro para darle continuidad al plan de lucha con ocupación del ISSN y cortes de ruta. Sapag hecha lastre El gobierno, que desde el 1º de marzo prometió no negociar con paros y descontar los días caídos, se sentó a negociar. El paro continúa con altibajos en el acatamiento, pero mantiene un promedio sólido que se manifiesta en las marchas. Los padres se manifiestan con cortes de ruta o concentraciones en Casa de Gobierno, por la deplorable condición en que se encuentran los edificios escolares y por la falta de insumos, transporte y comedores. Sapag quiere organizarlos contra los huelguistas pero tiene suficientes problemas en su frente interno (crisis en los municipios, interna partidaria, etc). Tenemos que ganarlos para nuestra causa, que es la de la educación. Por otro lado, 190 mil afiliados al ISSN en la provincia continúan sin obra social y las escuelas de capital siguen sin la cobertura de emergencias médicas. Los fondos ofrecidos provienen, según el secretario de Educación, Ernesto Seguel, “de un ordenamiento y reducción de las licencias” ( La Mañana del Neuquén , 10/4), o sea de los padecimientos de cientos de trabajadores de la educación a quienes desde Salud Ocupacional les han levantado sus licencias, violando derechos estatutarios. En ese sentido, el gobernador intenta ganar tiempo con una feroz campaña en los medios, tratando de mostrar que el déficit en el presupuesto educativo se debe a las licencias, mientras negocia con el gobierno nacional el ingreso de Neuquén al Plan de Ayuda Financiera (PAF) para cubrir la deuda pública de este año. La CTA a contramano En un controvertido Congreso de ATE se votó un paro provincial para el 14 de abril, con Aten. Mientras tanto, las asambleas se manifiestan por la unidad de estatales y docentes por el 35% de aumento al básico y se pronuncian en apoyo a la lucha de Cerámica Stefani, que la dirección de la CTA continúa ignorando. A esta altura, que la CTA no llame al plan de lucha provincial y al Congreso de delegados de bases reclamado por varias asambleas, la pone de espaldas a las luchas de sus propios gremios.

El 15 de abril se leerá la sentencia del primer juicio realizado en Rosario por crímenes de lesa humanidad. Es el juicio de las causas conocidas como Fábrica Militar y Quinta de Funes, unificadas con el nombre de los genocidas que actuaban en ambos centros: Guerrieri - Amelong. Se juzga a tres militares y dos civiles por su actuación en cinco centros clandestinos de detención: Omar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo “Tucu” Costanzo. Se los acusa de homicidio calificado, por lo que las querellas solicitaron prisión perpetua. Dos de los acusados están hoy en prisión domiciliaria, por lo se pedirá cárcel común y efectiva. Amelong, ex teniente del Destacamento de Inteligencia 121, en su alegato profirió amenazas al decir que sus visitantes “manifiestan lo que vamos a hacer cuando esto termine. Todos sabemos que (...) termina en dos o tres años porque es una cuestión política”. Aseguró tener “fotos y filmaciones” tomadas en los escraches en su domicilio. Esto es inadmisible: el Estado debe garantizar que los represores no puedan hostigar a los testigos y a quienes luchan contra la impunidad. Teniendo en cuenta que en el Gran Rosario hay más de 620 desaparecidos y cerca de 7.000 represores, pero que sólo hay cinco acusados y el aparato represivo sigue intacto, es claro que la impunidad está garantizada. Binner, pese a su exaltada demagogia sobre los derechos humanos, mostró su verdadero rostro al negar el acceso a los archivos de la represión. Antes del juicio, se pidió a los gobiernos provincial y municipal que garanticen que éste se lleve a cabo en un ámbito que permita su publicidad y condiciones de seguridad a víctimas y familiares. La provincia no respondió y la municipalidad dijo que no. Mientras un fuerte operativo de seguridad “protegió” a los genocidas durante el juicio, Silvia Suppo, testigo de la causa Brusa, fue asesinada. El 15 vamos a los tribunales federales para exigir cárcel común, perpetua y efectiva a los genocidas; desmantelamiento del aparato represivo, apertura y uso público de los archivos de la dictadura, la aparición con vida de Julio López y el esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo.

Brunelli y Belén internamente han fijado posición de aceptar el 20% en tres cuotas ofrecido por Admira. Gravísimo. El nicoleño es un títere de Techint, quiere decir que los Rocca mandaron a perder a los metalúrgicos aunque el acero haya aumentado 12% en lo que va del año. Mientras presionan por la devaluación del peso devalúan los salarios. No piensan lo mismo los obreros de Siderar Quilmes que votaron en asamblea de fábrica el 40% luego aprobado por toda la seccional que además reclamó paro activo y que nada se firme sin aprobación de todos los congresos seccionales. En la seccional Morón delegados de varias fábricas, Imsa, Envases del Plata, Siderar, entre otras, plantearon el 30% en sintonía con un mandato de Matanza. Apretados por esa realidad, Caló y Gutiérrez no se bajan del 25% que de cualquier manera es una miseria, mucho más si va en cuotas. De conjunto, un sindicato tan poderoso, está mendigando unos puntitos más. La aparente calma de la UOM no es tal, el gremio presenta tendencias de lucha enormes. La fábrica Mecca de Castelar lleva cuatro días de huelga en defensa de diez despedidos en función de una ofensiva de flexibilidad laboral, no por falta de trabajo. En semana santa ocurrió algo similar en una gran fábrica de Quilmes, donde la patronal retrocedió ante una ocupación. Los aumentos del gremio de la curtiembre, de aceiteros y aún de UTA, ferroviarios y bancarios ponen en ridículo un aumento del 20% en cuotas que llevaría el operario general metalúrgico a 1.930 pesos mensuales antes de descuentos hasta junio o julio. Que se reformule el reclamo de aumento atendiendo el 40% mandatado por Quilmes. Ninguna cuota. Actualización por costo de vida. Que nada se firme sin mandato de las seccionales y de asambleas fabriles. Basta a la dictadura de Caló y Belén.

A dos semanas de lanzada la candidatura por el Partido Obrero para las elecciones anticipadas a intendente, las manifestaciones de apoyo son elocuentes. Hemos abierto una local en el centro del pueblo con el aporte financiero de los vecinos. La comisión de apoyo realiza pegatinas y pintadas, y comenzamos la recorrida casa por casa llevando la plataforma. Los vecinos se muestran muy interesados en la propuesta del Partido Obrero, y ya está en boca de todos el llamado para que los candidatos se pongan a prueba en una interpelación pública. No es otra cosa que darle continuidad a una tradición de asambleas populares con que los picunenses hemos defendido el derecho al agua, al trabajo y a la tierra. Los candidatos oficialistas y los opositores se hacen los distraídos y es el Partido Obrero el único hasta ahora que ha aceptado el desafío. Los medios provinciales omiten la existencia del PO en las elecciones. Los candidatos del escándalo llevan adelante una campaña aburrida, desmovilizada, sin debates y “en paz”. Sucede que ninguno quiere hacer olas sobre sus responsabilidades frente a la crisis desatada frente a la privatización del agua, el recorte de la ayuda social, la especulación inmobiliaria, etc. Quieren llegar rápido al 9 de mayo para que la población se limite a hacer la fila frente a las urnas. El Partido Obrero está en plena campaña, preparando también la presencia del compañero Néstor Pitrola, el 27 y 28 de abril, para reforzar este importante paso adelante del PO que confluye con las necesidades del pueblo y lo mejor del activismo y los luchadores de Picún. Mientras a Casteblanco (MPN) lo apoya públicamente la burocracia de la UTA y a Casamajou (UNE-PJ) la burocracia de Comercio (CEC), el Partido Obrero apuesta a construir junto a los vecinos una alternativa independiente, de los trabajadores, para Picún y la provincia de Neuquén.

El lunes 18 de marzo se inició en la Unidad 9 de La Plata una huelga de hambre contra el endurecimiento de las leyes que rigen las detenciones, y por modificaciones en el Código Penal. La protesta se expandió como una mancha de aceite a otros 28 penales bonaerenses y también federales, entre ellos Marcos Paz, Devoto y Ezeiza. Los detenidos elaboraron un pliego de reivindicaciones en diferentes penales, cuyo punto principal es la derogación de la ley 25.430 que anuló el 2x1. La gran mayoría de los reclusos no tienen condena efectiva, son procesados. Entre los reclamos figuran muchos de los que motivaron protestas anteriores, como la huelga de hace cuatro años. A pesar de las promesas del entonces gobernador Solá, la situación carcelaria se agravó. “En el caso bonaerense el listado de reclamos incluye el malestar por el hacinamiento y por la iniciativa de Scioli que apunta a limitar las excarcelaciones” ( Ambito Financiero , 7/4). “La cuestión carcelaria se encuentra, al igual que el resto de nuestra sociedad, en estado de emergencia”, sentencia un comunicado de prensa de la asamblea de detenidos del CPF de la CABA del 31 de marzo. También señala el comunicado de los detenido del penal federal de Devoto: “el reclamo es, en definitiva, en beneficio no sólo de quienes estamos privados de libertad, sino de la sociedad toda, ya que el incumplimiento respecto del trato digno en las prisiones y del fin resocializador de la pena, incide directamente en el grado de inseguridad ciudadana. Así funciona la industria del delito, de la cual, por supuesto, nadie habla por los medios masivos de comunicación”. La decadencia de las cárceles argentinas es la expresión más nítida de la descomposición del aparato represivo y sus peores herencias de la dictadura militar; con el gobierno de los Kirchner se han reforzado las políticas represivas, la persecución y la criminalización social. Las cárceles argentinas están pobladas por los sectores más oprimidos, no están tras los barrotes los grandes delincuentes, los represores y asesinos del gatillo fácil y los responsables del delito organizado. En las cárceles priman el hacinamiento, los malos tratos, las violaciones y los abusos de todo tipo por parte del sistema penitenciario. En su momento, denunciamos la brutal represalia sufrida por las presas de la Unidad 3 de Ezeiza, por haber denunciado los vejámenes a los que eran sometidas en el penal. Esta metodología advierte la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los huelguistas. Desde 2006, el gobierno kirchnerista ha dejado de brindar información oficial sobre la situación en los centros de detención del país, otorgando total impunidad al accionar de las fuerzas represivas. En la Argentina rige la pena de muerte de hecho en cárceles, comisarías, dependencias de las fuerzas armadas y demás centros de detención, procedimientos que son avalados por el gobierno de los “derechos humanos”. Exigimos el cumplimiento efectivo de los reclamos: derogación de artículos del Código Penal violatorios de los derechos individuales, recuperación de la ley del 2x1, tramitación de documentación para extranjeros, rechazo a la modificación al régimen de excarcelaciones que introdujo Scioli en la provincia de Buenos Aires, entre otros puntos. Defendemos la organización de los presos como único medio de poner un freno a la barbarie en las cárceles, y responsabilizamos por su integridad física y psíquica a los gobiernos provincial y nacional y a los sistemas penitenciarios Federal y Bonaerense.

El domingo 11, a las dos de la madrugada, las burocracias de los cinco gremios de la provincia de San Luis levantaron la huelga que llevaba cinco semanas, a pesar de que los compañeros preparaban nuevos cortes de ruta para ese día. El acta, que firmaron las conducciones con funcionarios de segunda línea del gobierno, constituye una verdadera entrega: la huelga se levanta a cambio de nada. Las sanciones a los compañeros sumariados se mantienen, no hay propuesta salarial y no se retrotraen los descuentos. Sólo hubo una promesa de que el miércoles 14, con los docentes en las aulas desde el lunes, el gobierno los atendería. La huelga de los docentes de San Luis se ha transformado en una causa popular. En ella se canaliza el descontento del conjunto de la población contra el gobierno de Rodríguez Saá. Padres, alumnos, docentes universitarios y terciarios ven en esta huelga un punto de referencia de la lucha contra un régimen de miseria salarial y ahogo presupuestario en salud y educación, que sin embargo despilfarra fondos en grandes negociados –como la construcción de autódromos, velódromos, autopistas y una ostentosa nueva casa de gobierno o la organización de millonarios eventos deportivos– mientras sólo existe un hospital en mal estado, las escuelas se caen a pedazos, los docentes quedan cesanteados y se cierran carreras completas en los terciarios. El gobierno jugó al desgaste y a quebrar la huelga a través de descuentos, que en algunos casos llegan a los dos mil pesos. Esto no amedrentó a los compañeros. Las conducciones gremiales apostaron a la división y no establecieron un planteo que unificara a la docencia. Sin embargo, el ánimo y la organización de los compañeros siguen intactos. No está nada cerrado. El domingo por la noche, una asamblea autoconvocada preparaba las medidas de lucha para esta semana y decidía una nueva movilización para el miércoles. La Ctera es responsable de mantener aislada la lucha de los compañeros de San Luis. Debe convocar de inmediato a un paro nacional por todas las reivindicaciones planteadas por los docentes puntanos. Arriba compañeros. Por el triunfo de la huelga en San Luis.

Urtubey viene tomando medidas de descentralización de actividades del Estado provincial hacia los municipios. Así, buena parte de la obra pública fue transferida y luego, todos los programas de asistencia social. Ayer se anunció el inicio de un plan para transferir por completo el servicio de ordenanzas a los municipios. Entre los fundamentos, se dice que el 30% de los 5.000 ordenanzas ya se venían cubriendo con compañeros de los planes sociales sin derecho laboral alguno. La trasferencia viene a establecer la negación para estos compañeros de su derecho al pase a planta y a un salario del convenio. Los actuales ordenanzas, que dependen del Ministerio de Educación, formarán un régimen residual, ya que al jubilarse serán reemplazados por un compañero de un "programa de empleo comunitario", esta vez dependiente del municipio. Esta municipalización de servicios tiene graves consecuencias en todos los planos. En la obra pública se sustituye a trabajadores bajo convenio por contratados que ganan entre 500 y 700 pesos al mes (recientemente, una movilización de ATE calculó que 9.000 trabajadores están en estas condiciones). Las nuevas transferencias sumarán otros miles de compañeros en iguales condiciones paupérrimas. Por otra parte, la transferencia en educación es una avanzada en un viejo propósito de los gobiernos capitalistas de completar el traspaso que primero fue de nación a provincias: ahora avanzan hacia los municipios y, al final, las escuelas quedarán en ruinas sostenidas por los propios padres... Urtubey busca, además, reforzar un régimen politico otorgando más manejo de caja y de puestos de trabajo en negro a los intendentes. Se han comenzado a realizar asambleas para enfrentar la municipalización de los cargos de maestranza. La docencia debe tomar cartas en el asunto y hacer causa común con estos trabajadores y con los compañeros municipales. Se trata de acabar con toda esta política de transferencias, que simplemente es la pantalla de un gobierno negrero y antieducativo. La educación debe estar integralmente a cargo del gobierno de la provincia, la obra pública realizarse bajo convenio y los compañeros de maestranza deben pasar a la planta del Estado provincial.

Bajo el impulso de la fiscalía y de la querella de la patronal del Casino, la jueza Servini de Cubría elevó a juicio una causa por “daños agravados” contra nueve ex trabajadores, entre los que se encuentran varios de los delegados que dirigieron esa gran lucha, como Leonardo Bonomi y Gastón Platwski. La causa se refiere a los destrozos provocados en las instalaciones del Casino por la patota de la burocracia sindical, cuando irrumpió para disolver a trompadas una asamblea de los trabajadores. Con el conflicto cerrado y la totalidad de los imputados despedidos, es claro el ensañamiento patronal manifiesto en su interés por la prosecución de la causa. El gobierno, Cristóbal López y los defensores del sistema capitalista “no olvidan ni perdonan” la “osadía” de quienes protagonizaron la primera gran lucha obrera que enfrentó decididamente al gobierno kirchnerista con los mejores métodos de lucha de la clase obrera: la huelga, la asamblea, el piquete. En la larga lucha de la juventud trabajadora del Casino se desplegaron las características de clase, antiburocráticas y combativas, presentes en la actual transición que vive el movimiento obrero. Los métodos de acción directa y de organización desplegados por “los pibes del Casino” son una escuela de verdadera libertad sindical contra la burocracia en todas sus variantes. El ataque contra sus métodos es lo que se pretende afirmar en la persecución penal a los ex trabajadores del Casino. Es prioritario poner en pie una campaña por la absolución de los luchadores del Casino.

La Gendarmería detuvo a Tato Zeretzki frente a nuestra casa a las 7 de la mañana, siguiendo órdenes del juez Casals, quien actuaba por órdenes del ministro de gobierno, Franco. En la ruta, lugar acordado para manifestarnos, había comenzado el operativo para impedir el corte con 400 gendarmes, 70 policías de la provincia y el GOE, emplazados en los montes cercanos. El operativo para detener a Tato implicó la militarización de todo el barrio. El gobierno había acordado el día anterior una reunión con un representante del gobierno nacional, que había bajado a discutir sobre posibles puestos de trabajo. Ante la ofensiva del gobierno, decidimos ir a la reunión y plantear que “primero liberen al compañero y después hablamos”. La reunión –realizada en las oficinas de las intendencia con el secretario del gobernador, el representante de la Nación y el intendente– comenzó a las 9:30 horas, cuando nos llegaran avisos de que había orden de detención para el delegado de Iguazú y para los delegados de los barrios de Eldorado, que nos encontrábamos reunidos. Ante esta situación, decidimos no abandonar la intendencia. Entretanto, tratamos de contactarnos con Tato, recibiendo todo el tiempo negativas de parte de las autoridades. Hacia las 15 horas nos informaron que sería liberado, por lo que comenzaron una serie de idas y venidas para que nos informen dónde lo soltarían. En ese momento, el gobierno inició una provocación, ya que al lugar al que íbamos nos negaban que estuviera allí. Durante tres horas tuvimos a nuestro compañero desaparecido. Los compañeros de los barrios, que aguardaban frente a la municipalidad, comenzaron a impacientarse y a pedir a gritos su liberación. Al mismo tiempo se empezó a llamar a los vecinos para que se manifestaran en la plaza. Lentamente comenzaron a llegar, incluso de Piray. Los compañeros vinieron preparados para el enfrentamiento con palos y machetes. También llegaron compañeros de Colonia Delicia. Hacia las 18 horas, la situación no daba para más. Ante el manoseo del gobierno, los delegados decidimos salir de las oficinas para manifestar con los compañeros nuestra furia contra el gobierno. En ese momento, desesperado, el intendente nos comunica con Tato, quien también nos dijo que venía a la plaza con el secretario de Gobierno de la municipalidad. Imposible describir la alegría y la emoción que sentimos cuando llegó. Cuando lo recibieron los compañeros, entendimos que fue un triunfo de la movilización. Así lo entendieron también los compañeros. Las imágenes de ese momento fueron pasadas por el noticiero local casi en el mismo momento, teniendo gran repercusión entre la población. Entonces comenzó la negociación, llegándose a un acuerdo que implicó 100 puestos de trabajo provinciales y unos 140 municipales, tarjeta social, bolsones de alimento, ayuda sanitaria, becas escolares, colchones y una mesa de trabajo para incorporar compañeros mes a mes. Este acuerdo tiene alcance sobre Eldorado, Piray, Montecarlo, Delicia, Iguazú, Candelaria y Posadas. En los días siguientes, compañeros y compañeras de otros barrios y localidades pidieron incorporarse al Polo Obrero. En los barrios se discute la necesidad de una organización política propia: el Partido Obrero. Se inició una fuerte campaña por la legalización del partido. Fue un avance en la conciencia de clase. Cuando volvían a los barrios, los compañeros cantaban. “¡Ganamos, ganamos!”.

En Santa Cruz se encuentra en desarrollo una huelga policial. La escala salarial de la Policía está compuesta en un 80 por ciento por ‘adicionales' en negro. Este régimen salarial somete al conjunto de policías a la jerarquía de comisarios, que son los que disponen del poder para otorgar adicionales u horas extras. La escala salarial refuerza una unidad de mando que está al servicio de la represión a los trabajadores desocupados, petroleros, provinciales o docentes. Los policías en huelga sólo presentan un pliego salarial y de mejoras laborales. Mientras encubren a la jerarquía policial, sus atropellos y negocios, Peralta y Barreto amenazan con sumarios y exoneraciones a los policías que encabezan los reclamos. En función de esta caracterización, el FUT-Partido Obrero plantea la adopción inmediata de las siguientes medidas: * Por una amplia investigación, a través de una comisión independiente, de todas las acciones represivas y atropellos perpetrados por la Policía contra la clase obrera y la juventud, estableciendo las responsabilidades del poder político y los jefes policiales. * Fin del sistema de adicionales y el establecimiento de un escalafón salarial único, y que el cargo testigo con 8 horas de trabajo alcance el costo de la canasta familiar, como reclamamos para todos los estatales. * Que se establezca un control civil y democrático de la policía por medio de un organismo electo por el pueblo, anual y revocable, que informe públicamente cada mes. * Elección de comités de vecinos en todos los barrios, con participación de los trabajadores que desempeñan sus labores en esos barrios, para ejercer el control de la actividad policial y la seguridad de los mismos. * Respeto y garantías a cualquier iniciativa de organización sindical de los cuadros inferiores de la policía, con la garantía de estatutos democráticos, de asambleas deliberativas, abiertas y públicas.

La obra más grande y más cara de la ciudad sigue en marcha, a pesar de que un juez dio lugar a la acción cautelar presentada y ordenó la suspensión en julio pasado. Es que el gobierno de la ciudad ha apelado la medida y entonces, mientras tanto, la construcción sigue. La Asociación Vecinal Lago Pacífico -a instancias de la cual se presentó la acción cautelar- viene, desde hace muchos años, denunciando la "inviabilidad técnica, funcional, económica y la condición contaminante del medio ambiente, envenenador del acuífero Puelche, de estos supuestos túneles aliviadores del Arroyo Maldonado". El proyecto hace agua literalmente por donde se lo mire. Está calculado para lluvias de no más de 55 mm (en febrero pasado, llovío 80 mm); el desnivel existente entre los túneles y los barrios de Palermo y Villa Crespo no alcanza para desagotarlos, mucho menos si coincide con sudestadas. El acuífero Puelche ha sido perforado y es la fuente de agua potable de millones de personas. La cuestión es un escándalo a todas luces. La empresa adjudicataria -Iecsa- es propiedad de un primo de Macri y quien originó la propuesta y el préstamo del Banco Mundial fue Aníbal Ibarra. Desde entonces hasta ahora, el negociado continúa, a pesar de las innumerables denuncias e incluso movilizaciones en su contra. Sólo la AALP ha reunido 13 mil firmas en su contra. La Legislatura votó una ley (Nº 1660, en marzo de 2005) aprobando la estafa. Luego el Ejecutivo la cambió a su antojo para hacer más profundo el pozo y atravesar el acuífero para que entrara la máquina perforadora "Walkiria" que ya había sido comprada. La audiencia pública convocada sobre el punto "se trató de una ficción que no aseguró la participación vecinal" (AALP dixit) y así de seguido. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Con la complicidad de todos los poderes del Estado, con la de todos los partidos políticos defensores de un régimen de gobierno que en nombre de la democracia regula los negocios de las grandes empresas en contra de las grandes mayorías. Se impone la acción independiente de trabajadores y jóvenes para terminar con la ignominia. Supensión de las obras ya, investigación de los implicados en el fraude, puesta en marcha de un plan de control de las inundaciones discutido y ejecutado bajo el control de organizaciones obreras y vecinales. Resarcimiento integral e inmediato de los daños. Fuera Macri.

Los estudiantes de la escuela artística Esnaola, de la Capital Federal, venimos protagonizando grandes luchas desde 2007. Pusimos en pie un Centro de Estudiantes que defiende la educación pública contra el ajuste presupuestario, que pelea por las becas, la calefacción, por el edificio nuevo y que enfrenta la persecución política de las autoridades. A lo largo de estos años, organizamos sentadas, movilizaciones, festivales, cortes de calle y tomas de colegio. La semana que viene serán las elecciones del Centro, donde se pondrá en juego la continuidad de este proceso. Se presentan tres agrupaciones: la Lista 1, compuesta por la "20 de Diciembre" (UJS + independientes) y prácticamente el conjunto del activismo que viene organizando el Centro; la lista "Proyecto Horizontal" y una agrupación en joda. El "horizontalismo" de las autoridades y el PJ Proyecto Horizontal es un armado electoral de última hora. Detrás de compañeros que defienden el "horizontalismo", o un Centro "sin política", se encolumnaron estudiantes que responden al director macrista del colegio o que militan para expresiones del kirchnerismo (Movimiento Evita, la UES y la JP). El Centro "horizontalista", entonces, podría venir de la mano de las autoridades, los Kirchner o Moyano. Para embarrar la cancha propusieron que voten ahora los terciarios del turno noche, que nunca participaron del Centro de Estudiantes del secundario, en el cual no existe organización estudiantil alguna. Las autoridades tomaron la propuesta como propia, a pesar de la oposición de las dos listas restantes, que planteamos que son los estudiantes y no los directivos los que tienen que fijar las características de la elección de Centro. Para los estudiantes del terciario, el Centro "horizontalista" empezaría no con un impulso propio, sino con una imposición desde arriba, sin tener siquiera la posibilidad de presentar listas propias. Compañeros de base del Proyecto Horizontal se opusieron también a la propuesta, lo que evidencia que entre los "horizontalistas" rige el más absoluto verticalismo. Defendamos al Centro Llamamos a votar por un Centro de Estudiantes democrático y de lucha e invitamos a todos los que quieran defender a la educación pública de los ataques de Macri y Kirchner a sumarse activamente a la campaña de la Lista 1.

El 8 de abril falleció uno de los íconos culturales más importantes del último cuarto del siglo XX: Malcolm McLaren. McLaren fue un excéntrico personaje que cultivó, desde sus comienzos, una estética según el “situacionismo” (movimiento del Mayo francés que, combinando marxismo con avant-garde, buscaba la burla a los íconos del capitalismo como factor de transformación social). Entrada la década del ’70, su búsqueda giró hacia el mundo de la moda y la música. Su primera experiencia fue con la banda “The New York Dolls”, grupo que combinando travestismo y rock duro se burlaba del estigma machista que tenía el rock entonces. En 1976, su afán por la provocación encontraría un norte con la formación de un grupo de rock con jóvenes desocupados que prácticamente no sabían tocar: los Sex Pistols. Ese año, McLaren abrió junto a su novia, Vivienne Westwood, una boutique de ropa sado en Londres llamada “Sex”, que era reducto de reunión para jóvenes que vivían el denso ambiente de un país sumido en la desocupación, producto de la crisis del petróleo de los ‘70. El rock no fue ajeno a esa crisis, ya que en esa época el único medio masivo de difusión musical eran los discos de vinilo, por lo que sólo podían grabar las grandes bandas y discográficas. En este contexto, Malcolm formó y moldeó no sólo a los Pistols, sino a una explosión juvenil cultural y catárquica: el punk. En 1977 pudo ver su sueño hecho realidad. Había formado una banda que se burlaba del gobierno, de la reina, de las discográficas, de las modas y hasta del mismo rock. Las noticias de los “escándalos” de los Pistols eran tapa de todos los diarios. Sus estrategias de marketing iban de insultar en un programa en vivo por la BBC hasta alquilar un barco y cantarle, en medio del Támesis, el reversionado himno inglés “God save the Queen” a la reina Isabel II para celebrar su vigésimo quinto aniversario en el trono. Las calles de Londres eran invadidas por hordas de chicos vestidos en cuero y alfileres de gancho, donde hasta los símbolos nazis eran permitidos como forma de provocación. Todo esto en un escenario donde crecían las huelgas y las revueltas populares contra la xenofobia. Pero Malcolm pasó de ser un provocador a ser el manager de uno de los grupos de rock más exitosos, por lo fue su propia banda lo señaló como un explotador que sólo veía lucro en la música. Esto llevó a la separación del grupo en 1978. Un año después murió Sid Vicious, su “modelo”, por una sobredosis de heroína. La asimilación del punk como moda por marcas y boutiques de primera línea obligó a que Malcolm se retirase de su proyecto (no así de sus ganancias, que fueron objeto de disputas legales con los ex Pistols hasta 1986). Luego intentó repetir, sin éxito, la experiencia, formando una banda new wave con una cantante de 15 años. Entrada la década del 80, dio un giro musical y lanzó su propio grupo de rap y hip-hop, convirtiéndose así en uno de los primeros promotores del género. En sus últimos años se dedicó al arte, la publicidad y los reality shows. En el año 2000, se candidateó como alcalde de Londres con la propuesta de “permitir la venta de alcohol en las bibliotecas”. En una de sus últimas entrevistas, se refirió a sí mismo como “un magnífico fracaso, sí señor. Brillante, emocionante, pero un condenado fracaso. (...) Todo lo que antes parecía desagradable y amateur, ahora está asimilado por el sistema. Han hecho un motón de guita con la idea” ( El Pais.com , 14/7/07). En la Argentina llegó a tener ciertos émulos, como el empresario fundador del café Einstein (reducto under porteño de comienzos de los 80), de Cemento y República Cromañón, Omar Chabán. Alguien que demostró que lucrar con el under lo único que puede "provocar"... es la muerte.

El 9 de febrero fue designada por Mauricio Macri, como miembro del Directorio del Teatro Colón, la kirchnerista María Inés Urdapilleta, quien fuera elegida legisladora en 2005 en las listas del Frente para la Victoria y que, desde 2007, presidió la Comisión de Cultura de la Legislatura. Uno de sus mayores “logros” al frente de la comisión fue la aprobación del proyecto de Ley de Autarquía presentado por el PRO. Como denunciaron en su momento los trabajadores, ese proyecto no era más que una herramienta jurídica que tenía como fin acelerar el proceso privatista, para convertir el Teatro Colón en una sala de alquiler. Desde que se encuentra en el teatro como miembro del Directorio, se han dictado dos nuevas resoluciones que expulsaron a 138 trabajadores técnicos del Teatro y que, al día de hoy, se encuentran en disponibilidad (RAD) con el peligro de perder sus empleos si en el plazo de nueve meses no encuentran destino en otra dependencia. La política del Directorio, además, es marcadamente antisindical, como lo demuestra el hecho de que entre los desplazados se encuentra gran parte del activismo. Por otro lado, ni siquiera se han dignado a recibir a la Junta Interna de ATE, que ya hace más de 20 días que pidió una reunión urgente con el directorio del teatro para presentarle los reclamos de los trabajadores. Todo esto demuestra que el combate contra la derecha no puede venir de manos de los que cogobiernan la ciudad con ella y que tienen la misma orientación rabiosamente privatista, antiobrera y antisindical.

Antes de la Asamblea Universitaria de elección de Rector, que se pretende realizar el 17 de abril o en su defecto una semana después, se debían concretar, simultáneamente, todas las elecciones de decanos en las 17 facultades de la UNLP. En 15 facultades, hay o hubo una única candidatura (continuista) a decano. También existe un único candidato a rector, Fernando Tauber, quien es el actual secretario general de la Universidad. Asambleas estudiantiles masivas de 400 compañeros en Humanidades, 300 en Trabajo Social, 200 en Bellas Artes y Periodismo, 100 en Psicología, etc. impugnaron a los candidatos a decanos. La mesa política de la FULP aprobó un pronunciamiento que señala que "los representantes del gobierno K y la oposición patronal en la UNLP quieren perpetuar un régimen contrario a los intereses de los estudiantes y trabajadores" y exige "la triplicación del presupuesto, no al pago de la deuda externa, (...), gratuidad de los posgrados,(...), anulación de los convenios con empresas,(...), democratización del co-gobierno". Las asambleas de Bellas Artes, Periodismo y Trabajo Social hicieron propio el programa de la FULP. En Bellas Artes, donde la UJS-PO es parte de la presidencia del Centro, recién se logró votar a la decana en el tercer llamado. Nuestros consejeros denunciaron que Ciafardo, la decana electa, impulsa el proceso de privatización mediante posgrados arancelados y convenios con empresas. La asamblea de Trabajo Social ha votado continuar un camino similar al de Bellas Artes. Enfrentemos la Asamblea Universitaria La FULP debe prepararse para enfrentar la Asamblea Universitaria de elección de rector, en base al programa votado por la mesa política de la Federación. Por otro lado, es importante una delimitación política implacable de las agrupaciones que han funcionado como el brazo estudiantil de las camarillas. En particular del Miles que, desconociendo los mandatos de asamblea, ha votado a las decanas de Psicología y Bellas Artes. Debemos exigirle la renuncia a los consejeros de Miles.

María era una mujer de barrio, madre y abuela. Su honestidad intachable, que toda su vida la alejó de ‘los políticos’ enemigos del pueblo, la acercó como a miles a la lucha piquetera y la convirtió en una gran militante ‘política’ de nuestro partido. María se destacaba por decir lo justo cada vez que hablaba. Detrás de sus silencios escondía su sabiduría de combate. María nunca se quejaba del sacrificio, ni se daba aires de cosas que no fuera; había aprendido junto al PO que poner el cuerpo por las ideas que se persiguen, vale más que cien discursos de los partidos y hombres que no se juegan en la lucha. Por eso María no faltó a ninguna. Alguna vez escuché a alguien decir que lo mejor que hizo el PO fue construir el Polo Obrero. No se si será cierto, pero nos llena de orgullo y felicidad haber compartido todos estos años de lucha con esa gran mujer que fue María.

El directorio del Teatro Colón volvió, en febrero de este año, a intentar desplazar a 270 trabajadores de la casa, a pesar de ser ilegal la medida y de contar con un fallo de la Justicia en contra. Ante la presión que se vivía en el teatro, el Sutecba terminó arreglando una nueva lista en la que volvían gran cantidad de compañeros al Colón, pero que dejaba afuera a 138 trabajadores. La confección de este listado fue completamente arbitraria y tuvo como fin limpiar el teatro de un sector del activismo y crear división y confusión entre los trabajadores. Vale aclarar que mientras el directorio no recibe a los representantes de la Asamblea y la Junta Interna de ATE (Lista violeta opositora), el Sutecba -que negoció esta entregada- tiene el mandato vencido, del cual ni siquiera pidió prórroga, y que además sufrió gran cantidad de bajas de delegados que se alejaron por diversas razones. Dentro del teatro, el Sutecba se encuentra completamente desprestigiado. Es en este marco, que como parte del plan de lucha votado por la Asamblea de Trabajadores del Colón y la Junta Interna de ATE, se realizó el viernes 9 de abril una jornada de protesta con dos actos, uno frente a Jefatura de Gobierno y otro frente a los Tribunales, con el fin de solicitar la anulación de la resolución que traslada a los trabajadores poniéndolos a disponibilidad (RAD). La directiva de ATE Capital fue la gran ausente de esta jornada, mostrando una vez más que, cuando las papas queman, son uno más de los gremios que se borran. En los actos, se denunció lo actuado por el Ejecutivo y se planteó que de no concretarse la reincorporación de todos los compañeros desplazados del Teatro Colón desde inicios del año 2009, el día 24 de mayo -cuando Macri intente reinaugurar el teatro- se va a realizar una gran jornada de lucha para convertirle su festejo del Bicentenario en un mamarracho que tenga repercusiones internacionales. Adelante compañeros, ése es el camino.

La Fuba aprobó la realización de una “fuerte campaña contra el pago de la deuda externa”. En ese sentido, el 22 de abril marcharemos de Plaza Houssay a Plaza de Mayo, levantando como consigna central “No al pago de la deuda externa, sí a la educación pública”. La pertinencia de la acción no podría ser mayor: mientras la clase capitalista en su conjunto apoya el pago a como dé lugar –hasta Cristina cita como aval al FMI ( Clarín , 10/4)– la educación sigue azotada por el ajuste. Por esta razón, la docencia de inicial, primaria y media sigue en lucha por el salario en distintas provincias, al tiempo que los universitarios (Conadu Histórica) rechazan el acuerdo ruinoso que impulsa el gobierno: un 15% en cuotas, o sea 11% anualizado. Debate político La resolución implicó un fuerte debate político al interior de la Federación. Los kirchneristas de La Cámpora y el PCCE, en conjunto con “los pibes” de Sabatella, votaron en contra, defendiendo con un fervor digno de mejores causas el pago de la deuda y el Estado empobrecido de la educación pública. Un papel triste cumplió el QRS de Medicina, otrora radical, que llegó a la secretaría general en un frente con los K. Si bien su facultad está en una crisis colosal (al punto que desde hace años no aparecen los fondos para reparar el sistema de gas que no funciona) le dieron su apoyo a un gobierno que asfixia a la universidad mientras paga puntualmente la deuda externa. El centroizquierda representado por Libres del Sur pretendía, por su parte, que el planteo de la Fuba hiciera eje en “la deuda ilegítima”. Denunciamos que esa propuesta pinosolanista constituía una posición por el pago de la deuda (“legítima”) y, luego de un intenso debate político, el conjunto de la izquierda votó la declaración por el no pago, incluso Libres del Sur que habrá considerado que era mejor no dejar registro de su posición. Así, la votación concluyó con once secretarías en favor del no pago y de la marcha, mientras sólo cuatro defendieron el pago de la deuda. Por una marcha del conjunto de la educación La campaña por la marcha presenta un importante desafío político. Queremos que el 22 de abril se exprese el conjunto de la educación, que sufre las consecuencias de la orientación social que imprime el pago de la deuda externa. O sea, que participen secundarios, terciarios y, naturalmente, universitarios, tanto estudiantes como trabajadores. Hemos editado en grandes cantidades un afiche, que deberá pegarse en colegios, institutos y facultades y también en la calle. Al mismo tiempo, la jornada debe tener carácter nacional, en el sentido de que ese día se lleven a cabo acciones en todos lados. Por otro lado, esta marcha es, en cierta medida, la única acción práctica por el no pago de la deuda, lo cual amerita una campaña de adhesiones y pronunciamientos de todo tipo, particularmente entre el movimiento obrero combativo. Con todo el 22 La marcha del 22 se opone objetivamente a la orientación social capitalista que somete al país al imperialismo y al capital financiero, destruyendo de esta manera la educación pública. Dicha orientación es llevada a cabo tanto por el gobierno kirchnerista como por su oposición derechista, dentro la cual el pago de la deuda cumple un papel central. Impulsemos, por lo tanto, una enorme campaña de cara al 22, con jornadas de debate, charlas y acciones de lucha (en la UBA se propondrán cortes de calle y clases públicas el 20) para llegar a una gran marcha ese jueves.

Durante abril y mayo la UJS organizará en todo el país la cátedra libre “En Defensa del Marxismo” donde dictaremos un curso dedicado al Bicentenario titulado “Su Bicentenario y el nuestro. La burguesía argentina festeja 200 años de atraso y dependencia”. La cátedra surge como una necesidad política para enfrentar la falsificación histórica de las clases dominantes de nuestro país. Con este objetivo a cuestas la burguesía nacional, sus partidos políticos, sus intelectuales y propagandistas, están decididos a acomodar la historia a su antojo para presentarse frente al pueblo argentino como una clase dirigente que ha cumplido con creces su función histórica. El “festejo” oficial kirchnerista del Bicentenario carece de toda envergadura, porque es un nuevo taparrabos de la entrega nacional que la burguesía argentina está por realizar con los negociados de la deuda externa. Si en los anales fundacionales de la patria fue Rivadavia-Baring Brothers hoy es Kirchner-Barclays Bank. La cátedra que lanza la UJS tiene por propósito denunciar estas maniobras y falsificaciones brindando un análisis del desarrollo histórico nacional, desde la época de la Colonia hasta nuestros días. La cuestión obrera ocupará un lugar destacado porque somos conscientes de que cada vez que los políticos nacionalistas hacen demagogia nacional es porque quieren someter a la clase obrera e impedir su evolución como fuerza social independiente. No es casual que cada vez que la clase obrera adoptó posiciones de lucha contra el régimen fuera denunciada como una clase antinacional; es decir, opuesta a los objetivos de conjunto que hacen al desarrollo nacional. Haciendo justicia contra esta visión distorsionada e interesada demostraremos el carácter antinacional de la burguesía nacional y el carácter nacional de la clase obrera internacionalista. La conclusión que nuestra cátedra busca remarcar es la necesidad de que para realizar plenamente la independencia y el desarrollo nacional es necesario que la clase obrera tome el poder acaudillando detrás de sí a todas las clases explotadas. Al defender esta conclusión polemizaremos con otras tendencias de izquierda, que postulan una revolución burguesa encabezada por los capitalistas nativos. Mostraremos que estas divergencias teóricas explican las discrepancias políticas de fondo que existen en la actualidad, y que se manifiestan en que la inmensa mayoría de la izquierda es furgón de cola o del gobierno K o del centroizquierdismo de Pino Solanas. Mientras organizamos la cátedra, la UJS se encuentra embarcada en una campaña nacional contra el pago de la deuda externa. Así, estudiando y luchando, la UJS afronta los desafíos que presenta el Bicentenario.

Pasados cuatro meses de conflicto firme en Cerámica Stefani, se reabrió la negociación en el Ministerio de Trabajo. La patronal aspira a nuevas prebendas, entre ellas subsidios, recortes salariales y garantías de "paz social". La audiencia pasó a un cuarto intermedio. Los obreros reclaman garantías concretas. En este cuadro, se postergó la ocupación y puesta en marcha de la producción bajo gestión obrera prevista para el lunes 12 de abril. Apoyo popular La campaña de firmas por la expropiación de la fábrica reunió casi dos mil firmas en apenas cinco días. Con 2.500 firmas, en un plazo de 30 días, se obtiene la posibilidad para forzar la convocatoria a un referéndum 45 días más tarde. De aprobarse la declaración de "utilidad pública y sujeta a expropiación" de la fábrica, la Legislatura provincial debería luego tratarlo bajo la forma de un proyecto de ley. En caso de un pronunciamiento favorable de Diputados (difícil), quedará en manos del Poder Ejecutivo su concreción. A los obreros de Zanón les demandó casi una década arrancar a los diputados provinciales la transferencia de la planta a la cooperativa. Esa "ley de expropiación" redactada por el MPN, que implica un "resarcimiento" de $23,5 millones a los acreedores a cargo de los obreros, se encuentra todavía en el limbo. El intendente kirchnerista Ramón Rioseco ha lanzado amenazas a los trabajadores municipales y a los beneficiarios de los "planes sociales" que se solidarizan con la campaña y hasta censura a los periodistas que la apoyan. Quienes concurren al Concejo Deliberante a estampar su firma deben tolerar a su vez esperas interminables y todo tipo de malos tratos. A pesar de esto, seguramente se reunirán diez mil firmas al término de los plazos, cuatro veces las necesarias. Por un paro provincial en apoyo a los ceramistas Todo esto no hace más que confirmar que existen condiciones absolutamente favorables para un paro provincial en apoyo a los ceramistas, pero la CGT y la CTA les dan la espalda. Los obreros necesitan resolver aquí y ahora su subsistencia y la defensa de sus puestos de trabajo. Los bloques mayoritarios de concejales y diputados ya se han pronunciado en contra del reclamo que plantea el referendo. La dirección del sindicato ceramista ha renunciado desde el inicio a reclamar a las centrales sindicales el paro provincial necesario para desbaratar las conspiraciones de la patronal, el gobierno y la Justicia. Todas las veces que esa dirección tuvo oportunidad de hablar en actos de la CTA, calló la boca sobre esta demanda clave. En ocasión del paro del 1º de marzo, el secretario general del SOECN, Omar Villablanca, dejó pasar la oportunidad de poner las cosas blanco sobre negro frente a 5 mil trabajadores que quieren luchar y que apoyan a los ceramistas y se limitó a llamar a la "coordinación". Luego de 120 días de lucha a cuestas, sigue ausente el reclamo dirigido a las centrales y la denuncia de la burocracia. El Partido Obrero insiste en el reclamo a la CGT y la CTA de un paro provincial en apoyo a los ceramistas y por el aporte de las centrales al sostenimiento del fondo de huelga. Llamamos a llevar esta propuesta a todas las asambleas, actos y plenarios y a colmar de firmas el Concejo Deliberante para llevar esta gran lucha a la victoria.