Prensa Obrera N° 1123

Luego de seis años, la Justicia laboral ordenó –en una medida cautelar– la reinstalación de cuatros delegados (y quien escribe estas líneas, congresal de la Lista Naranja) en Artes Gráficas Rioplatense (AGR) del Grupo Clarín. La medida, apelada por el monopolio, fue confirmada por la Cámara de Apelaciones del Trabajo. El despido de delegados y la violación de los fueros sindicales también han sido sufridos por los compañeros de la redacción del diario y, recientemente, de Canal 13. En el caso de AGR-Clarín, en 2004 contaron primero con la entregada sindical de Ongaro y, de inmediato, con la represión de 500 guardias de infantería; la huelga por aumento salarial estaba apoyada con piquetes. Luego, vino la "mediación" de Moyano, Piumatto y Bonasso, que tuvo como resultado que quedamos todos en la calle junto a 120 compañeros. El triunfo judicial no deja de ser una anomalía: el juicio, sumarísimo, debió haberse resuelto en días o semanas luego del conflicto, no después de seis años y mediante una medida cautelar, lo cual implica que aún está pendiente el fallo definitivo y que el juicio continúa. En el ínterin, hemos ganado un juicio por diferencias salariales. La reinstalación judicial encuentra al taller en un proceso de recomposición lenta. El alcance que están tomando ciertas causas en defensa de los delegados de la empresa es el resultado de la presión obrera y del debate abierto por el fallo de la Corte, que reconoce a los delegados inscriptos. En la última audiencia, señalamos al juez que nuestro caso llevaba más de cinco años. Recientemente, también se ordenó la reinstalación de un delegado de la fábrica Mundi de la pintura. Las luchas obreras en defensa de la organización fabril están golpeando en los talones del edificio jurídico. La empresa deberá reincorporarnos o será castigada con una multa diaria progresiva. Con este triunfo en la mano impulsaremos una campaña en la fábrica, en el gremio gráfico y en el conjunto del movimiento obrero por la reinstalación efectiva de los representantes gremiales de AGR-Clarín, así como la de los compañeros de Canal 13 que están en la misma situación.

El gobierno de Santa Cruz preparó la semana pasada la “entrega final” de los yacimientos petroleros. El jueves 25 de marzo, la Cámara aprobó el llamado “Marco regulatorio para la prórroga de las concesiones petroleras y gasíferas”. En lo fundamental, el proyecto oficial es una reglamentación de la Ley de Concesiones dictada bajo el menemismo. A cambio de la prórroga de los contratos hasta el año 2027, la provincia recibirá tres dólares adicionales por barril extraído, lo que no cambia en nada la magnitud de la entrega. El anzuelo de esta ruinosa negociación es un “canon de prórroga”, que se cobraría en forma más o menos inmediata, para salvar “el agujero negro” del presupuesto provincial. En suma: Peralta entrega la “casa” para pagar las cuentas de almacén. El marco regulatorio abunda en difusas promesas o compromisos en materia de control o cuidado ambiental. Sin embargo, todos conocemos los desastres ambientales, laborales y económicos ocurridos en los casi 20 años que llevan las concesiones. La prórroga de los contratos se produce en el marco de un “reacercamiento” entre Kirchner y Peralta. La prenda de unidad no es otra que los intereses de los pulpos petroleros y, particularmente, de Repsol-YPF. Sus directivos vienen prometiendo una “reactivación de las inversiones” que nunca llega. Mientras tanto, está negociando su venta en favor de otros pulpos. La prórroga de los contratos, que acrecentará el valor de Repsol, es un traje a medida de ese negociado. Hace dos años se firmaba un contrato similar con Panamerican Energy y miles de santacruceños nos opusimos a este contrato. Tiempo después, el gobierno que firmó el acuerdo con Panamerican fue derrotado en las urnas. Peralta-Kirchner no tienen autoridad para avanzar con este negociado. El FUT-Partido Obrero reclamó el retiro del proyecto, denunció el negociado de la venta de YPF y se movilizó frente a la Cámara el día de la sesión. Esta pelea recién comienza ya que a partir del marco regulatorio tendrán que firmar los acuerdos con YPF, OXI y Petrobras, los que luego deberán ser ratificados por la Cámara. A cada paso irá creciendo la movilización contra la entrega. El FUT-Partido Obrero sostiene que hay una alternativa: caducar los contratos, expropiar las instalaciones sin indemnización y organizar la explotación bajo control de los trabajadores y técnicos.

En el último fin de semana de marzo se realizaron elecciones en trece regiones italianas. La coalición de centroizquierda, que gobernaba en once de ellas, ahora ha quedado reducida a siete, cediendo a la derecha las más pobladas e industrializadas. El partido de Berlusconi, sin embargo, perdió votos en todo el país y su triunfo en algunas regiones obedece en realidad al avance de uno de sus "socios", la ultraderechista Lega Nord. El resultado electoral deja un cuadro de estancamiento generalizado y de enorme crecimiento de la abstención, que ha agravado las contradicciones y el empantanamiento del régimen político italiano. En los días siguientes a la elección, toda la prensa "progresista" de Europa lamentaba que, a diferencia de lo sucedido en Francia con el triunfo del PS, en Italia la oposición de centroizquierda siga hundiéndose. A pesar de enfrentar a un gobierno atravesado por escándalos de corrupción y corroído por crisis internas, el Partido Democrático retrocedió en toda la línea: si en las últimas elecciones regionales había ganado once de los trece distritos en juego, ahora cedió cuatro a la derecha, entre ellas los más poblados e industrializados del país. La absoluta incapacidad de la centroizquierda de presentar una alternativa a Berlusconi, que ya era el dato fundamental de la crisis política en los últimos meses, ha estallado ahora en la forma de una catástrofe electoral: lo que se viene es un agravamiento de su crisis y todo tipo de rupturas internas. Hay que decir que los restos del PRC de Fausto Bertinotti se caen al mismo precipicio que la centroizquierda de la que siempre fueron furgón de cola, con resultados que los colocan ya en el terreno de la marginalidad electoral. El punto es que el desastre de la oposición no convierte a las elecciones en un triunfo del gobierno. "Pese al triunfalismo de los medios conservadores, al suyo propio y el derrotismo de los progresistas, Il Cavaliere se quedó muy lejos de arrebatar a las masas" (El País, 31/3). El partido fundado hace dos años por Berlusconi y su aliado Gianfranco Fini (el llamado "Pueblo de la Libertad") perdió cuatro puntos respecto a las europeas del año pasado y nueve en relación a las generales de 2008. Si la derecha logró avanzar en varias regiones se debe, en realidad, al crecimiento de la xenófoba Lega Nord de Umberto Bossi, que fue considerada en forma unánime como la única formación política ganadora de la elección. Aunque sólo se presentó en el centro-norte del país, la Lega obtuvo casi la mitad de los votos que el partido de Berlusconi-Fini y colocó a sus candidatos en dos de las seis regiones que ganó la derecha. Cuando se apaguen las luces del festejo, llegará la hora de la crisis al interior de la coalición de gobierno: Bossi se ha convertido en la llave de la situación política y ya empezó a pasar facturas, reclamando un cambio en la relación de fuerzas al interior de la alianza de derecha. Esto implica, entre otras cosas, que cobrarán fuerza los reclamos de mayor "federalismo fiscal" para las provincias ricas – o sea que el reclamo de la "secesión" de las provincias del norte ahora se ha convertido en un más mundano tironeo por la caja en plena crisis mundial, para que el ajuste lo paguen las provincias más pobres del país. Con un Bossi fortalecido y una centroizquierda en retroceso, el intento de Gianfranco Fini de preparar una alternativa "moderada" al actual primer ministro, en alianza con sectores de la oposición, deberá esperar que lleguen tiempos mejores. Aunque Berlusconi se jacta de haber logrado evitar un "voto castigo" como el de Sarkozy, lo cierto es que en las elecciones italianas, al igual que en las francesas, la abstención se convirtió en el dato político fundamental: "el gran vencedor de la jornada", dice El País, "no es Berlusconi, ni siquiera Bossi, sino la desafección, el hartazgo, la resignación y la antipolítica: la abstención crece ocho puntos respecto de hace cinco años, y el 63,6% de participación es la cifra más baja desde que nació la república italiana, en 1946". El hecho de que, a diferencia de lo ocurrido en Francia, el abstencionismo no le haya restado votos sólo al candidato oficialista sino también a la oposición es una muestra de la profundidad de la impasse en la que se encuentra el régimen político italiano: sobre un total de 41 millones de electores en condiciones de votar, el partido de Berlusconi obtuvo tan sólo 5,9 millones de votos y el Partido Democrático 5,8. El pantano en el que se ha convertido el régimen político italiano no es novedad para los lectores de Prensa Obrera, en cuyas páginas se ha venido analizando el proceso de la crisis política en el marco de la crisis económica internacional. El resultado de unas elecciones en las cuales han perdido prácticamente todos es un nuevo episodio de esta crisis y agravará las tensiones ya existentes. Aunque la mayoría de los balances de los desmoralizados izquierdistas se limitan a registrar el fracaso de la oposición y el avance de la ultraderecha, los propios columnistas conservadores y de la prensa financiera internacional, que reclaman que la derecha "comience a gobernar en serio", deben admitir que el permanente impasse de la situación política condiciona la implementación de las medidas de ajuste. "La deuda representa un 116% del ingreso y es una amenaza constante. El gasto debe ser reducido. Los impuestos ya son muy altos. La edad jubilatoria debe ser aumentada. ¿Saldrá Italia de la parálisis? Las elecciones regionales dan a entender, lamentablemente, que no" ( Financial Times , 31/3).

Ciicop (Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires) aceptó la última oferta oficial de aumento salarial para el sector profesional. Según el gobierno, el aumento sería del 22% para los profesionales de planta y 21% para los de guardia. Si esto es así (es decir si no existe ninguna trampa en relación a las bonificaciones remunerativas), el acuerdo recién nos pone al nivel de lo reclamado en el primer cuatrimestre de 2009 –con un año de retraso. El acuerdo desconoce, entonces, los mandatos iniciales que reclamaban un 30% para cubrir la inflación desde aquel momento. Además, se desconoce el mandato inicial de que los montos sean incorporados al básico y no en cifras en negro, y que el pago no sea desdoblado ya que, al producirse en dos etapas, la actualización con lo reclamado en marzo de 2009 va a llegar recién en julio. Los delegados y trabajadores que rechazamos esta oferta, vemos cómo paritaria tras paritaria se vienen realizando maniobras para que nuestras aspiraciones se liquiden. Se canjea el salario por otras reivindicaciones (nombramientos, desfavorabilidad, insalubridad, artículo 53, titularización), que luego el gobierno cumple a cuentagotas, en forma incompleta o se ignoran por completo. El argumento del desgaste provocado por el plan de lucha carece de validez, ya que en esta paritaria sólo se hizo un paro de 24 horas y Cicop llama a una movilización para el 7 de abril, con consignas ajenas a los reclamos de paritarias. Otro argumento, como es que los otros gremios estatales han levantado sus planes de lucha, carece de vigencia porque ATE sigue movilizado, a pesar de la entregada de SSP y UPCN. Un puñado de seccionales (Km 32 de González Catán, Belgrano de San Martín, Gandulfo, Gutiérrez de La Plata, Mercante de José C. Paz) votaron el mandato de sus asambleas de rechazar esa oferta. Son la expresión de las bases que están podridas de la maniobras y que quieren un aumento real. Una inflación del 35% no nos permite quedarnos como espectadores impávidos de nuestra suerte.

Hace una semana incendiaban el auto de la compañera Adela Gómez, periodista de Radio XXI de Caleta Olivia, y las únicas pistas sobre el atentado se disuelven en el aire. El encubrimiento y la impunidad del régimen K funcionan a pleno en Santa Cruz. Hace un mes que están presos, en Los Antiguos, los compañeros Blanco, García y Hernández, quienes estuvieron al frente de un movimiento de desocupados de Las Heras en 2009 ante el Concejo Deliberante local, en el que pernoctaron varios días autorizados por los concejales, y luego en el predio de Repsol-YPF. Sobre ellos pesa la increíble acusación de coacción agravada, delito que por su potencial condena priva a los acusados del beneficio de la excarcelación. Todos interpretan en la región que se trata de una medida para intimidar a los potenciales movimientos de desocupados que puedan surgir, dado que la crisis petrolera continúa, a pesar de los discursos oficiales. La semana pasada, en medio de este clima de intimidación, se han seguido recibiendo telegramas de citación de diversos juzgados contra trabajadores de la pesca, de la construcción, del Polo Obrero y de otros movimientos que participaron de movilizaciones en las rutas de Caleta Olivia en 2009. Por si fuera poco, la doctora Rasuri y el dirigente de Adosac filial Las Heras han sido citados a la comisaría por "proferir cánticos ofensivos hacia el Juez Quelín" en una marcha completamente pacífica que se realizó en el marco del Congreso de la Adosac, el viernes 26 de marzo. Según la policía, la marcha constituyó un "desorden en la vía pública y está encuadrada en los edictos policiales en vigencia". La decisión del juez Quelín de acabar con la protesta social en Las Heras es el extremo judicial de esta ofensiva represiva. La movilización de cerca de mil personas en Caleta Olivia, el lunes 29, para repudiar el atentado contra Adela, así como la marcha multisectorial del martes 30 en Río Gallegos, donde hablaron familiares y la abogada de los presos, y la marcha en Los Antiguos muestran el inicio de una lucha de gran importancia para defender el más elemental de los derechos, que es el derecho a reclamar por los derechos. El Partido Obrero está al frente de este combate democrático y vamos a nacionalizar una campaña de movilizaciones y denuncias hasta lograr el esclarecimiento del atentado contra Adela, la libertad de los detenidos de Las Heras y el desprocesamiento de todos los compañeros.

El avance incontenible de los planes de "colonización" del gobierno israelí en Cisjordania ha desatado una crisis internacional. Su aspecto más visible es el choque del gobierno yanqui con el régimen de Netanyahu, al que acusa de sabotear los "acuerdos de paz". Pero también es el aspecto más engañosos porque los planes de "colonización" fueron tolerados y financiados por los mismos yanquis desde siempre: "sólo en la última década, Estados Unidos invirtió 28.900 millones de dólares para promover los asentamientos" ( La Nación , 17/3). La colonización es, inclusive, parte de la política de los "acuerdos de paz" bajo la fórmula original de "dos pueblos, dos Estados". Hoy, un millón y medio de palestinos está sitiado en Gaza, el mayor campo de concentración del mundo. Otros 2,5 millones, que viven en Cisjordania, están aislados por un muro que partió aldeas, familias y cultivos, instalado en un 85% en territorio palestino. La mitad de Cisjordania está ocupada por medio millón de colonos israelíes (incluido el canciller Avigdor Liberman). De las 250 "colonias", algunas son modernas ciudades y otros incipientes campamentos beneficiados con exenciones impositivas, casas subsidiadas y todo tipo de privilegios, bajo la protección del ejército sionista que controla las carreteras e impide circular a los palestinos. Un Estado... El avance sionista, con la complicidad del imperialismo norteamericano, es de tal magnitud que ha convertido el planteo de "dos estados" en un mero "camuflaje", como acaba de sugerir un columnista del New York Times. El gobierno sionista ha tomado inclusive para sí la parte oriental de Jerusalén, que en los papeles de los acuerdos "de paz" debía ser la capital de los "dos Estados". El programa del Likud, el partido de Netanyahu, plantea que Jerusalén es la capital "única e indivisible" de Israel, que no renunciará a las colonias de Judea, Samaria y Gaza –a las que considera una "clara expresión del derecho inexpugnable del pueblo judío"– y que las fronteras del país deben extenderse desde el río Jordán hacia el este. "Los Palestinos –dice textualmente la plataforma– no podrán (disponer) de una Estado soberano e independiente". El camuflaje de los "dos Estados", que todavía figura en las negociaciones diplomáticas, encubre la propuesta de reducir los territorios ocupados a un conglomerado de pseudo municipios sin conexión entre sí. La Autoridad Palestina, corrompida hasta los huesos y cooptada por el imperialismo, había aceptado de hecho tal posibilidad con la condición de convertir estos territorios insulares en una suerte de "Puertos Maderos" (inversiones inmobiliarias). Hace un tiempo, el primer ministro palestino, Salam Fayad, había anunciado un plan en este sentido y declarado que si tenía éxito, sería un punto de apoyo para una declaración de "independencia" unilateral en los límites actuales. El planteo habría contado por eso con el visto bueno de Washington ( Le Monde , 25/8/09). Inclusive en Gaza, dominada por Hamas, hubo en el último período un desarrollo de inversiones capitalistas para financiar un variante de este tipo, que dio lugar en el último año a un crecimiento especulativo y a proyectos para reunificar detrás de una propuesta común a las fracciones palestinas. ¿Y ahora qué? Con el avance de la colonización, inclusive el planteo de los "dos Estados" se ha convertido en algo vacío de contenido. La extrema derecha en el gobierno israelí afirma sin tapujos que el desarrollo de la colonización debe culminar por viabilizar la expansión de Israel como único Estado de la región, con una nueva oleada de expulsiones y la negación directa de cualquier forma de ciudadanía para los palestinos que habitan el país, una suerte de "apartheid". El plan, sin embargo, ha desatado una crisis al interior mismo del gobierno israelí, en el poderoso lobby sionista en los Estados Unidos y en el propio gobierno norteamericano. Esto ha dividido aguas en el gobierno de Netanyahu. También el general Davis Petrous, jefe del comando para Medio Oriente y Asia Central (Centcom), ha planteado que Gaza y Cisjordania pasen bajo su comando (ahora, junto con Israel, dependen del comando en Europa) para monitorear la política del sionismo, que "perjudica los intereses estratégicos de Estados Unidos en Medio Oriente contra sus alianzas en la región, debilita los regímenes moderados árabes, alimenta el sentimiento antinorteamericano y potencia el apoyo a Al Qaida, Hamas y Hezbolah". La prensa especula ahora con la alternativa de una caída del gobierno de Netanyahu, que debería desembarazarse de los partidos extremistas que llevan la voz cantante. El problema es que si Netanyahu encara una nueva alianza con el partido centrista (Kadima) y los laboristas para soltarle la mano a los "ultraortodoxos" corre el riesgo de que se quiebre su propio partido de la derecha, el Likud ( Le Monde , 23/3). Otra etapa La crisis política en el gobierno sionista tiene lugar en el marco de un largo reflujo en el pueblo palestino. Las crisis han dejado al desnudo las contradicciones explosivas de la fracción de la pequeña burguesía nacionalista del sionismo (enfrentada al ala "internacionalista" de los grandes monopolios tecnológicos de Israel). Todo esto es parte constitutiva de la crisis mundial que marca esta etapa.

La inflación real del año pasado fue superior al 25%. Los salarios se ajustaron muy por debajo de esa cifra. Los de los compañeros en negro, ni siquiera se ajustaron. La inflación de este año pasará de largo el 30%. Pero el río suena. En Quilmes, el plenario seccional de delegados de la UOM rechazó la propuesta de 25% "acercada" por el secretariado nacional y le opuso una moción por un 40% y sin cuotas, que fue votada en forma abrumadora. Otras seccionales metalúrgicas están también convulsionadas por el reclamo salarial. Pero también lo está el subte, que va al paro en los próximos días. Y los docentes de San Luis, que llevan 40 días de huelga con un amplio apoyo popular. A pesar de los Moyano, los Cavalieri y los Yasky, la clase obrera no acepta ser el pato de la boda de la crisis capitalista. Por un 40% de aumento salarial, por la indexación trimestral de los salarios, por paritarios electos en asamblea.

Con un gran despliegue mediático fue inaugurada la "Cooperativa Mataderos", ex Dinan. La presidenta Cristina Kirchner –acompañada por Moreno, Tomada, Alicia Kirchner y otros altos funcionarios– encabezó el acto. Cristina Kirchner destacó el éxito de su política anti-crisis. Oculta que las estadísticas oficiales registraron 230 mil despidos en 2009. Dinan es un ejemplo del fracaso gubernamental: pasó de producir 700 toneladas mensuales con 400 trabajadores, a producir 350 toneladas con 280 trabajadores y a la paralización de la planta desde octubre. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo y el sindicato no hicieron nada por evitar el vaciamiento. El convenio firmado en diciembre con la patronal incluyó el despido de todo el personal y el cobro de las indemnizaciones "en especies" (y con quitas sustanciales); la cesión de la totalidad de los créditos laborales en concepto de aporte a la cooperativa y un comodato de tres años. La cooperativa se constituyó con 131 socios; otros 34 trabajadores no aceptaron e iniciaron un reclamo judicial. Dinan hoy En el primer mes de "autogestión", los obreros tuvieron que invertir más de 82 mil pesos para poner a punto las máquinas y acondicionar las instalaciones deterioradas por el abandono patronal, además de otros 25 mil pesos para reconectar los servicios. Todo eso fue cubierto con "recursos propios" (que incluyen 140 mil pesos del sindicato, es decir de los afiliados gráficos). La contribución estatal consistió en un "préstamo" de 200 mil pesos del Inaes y 150 mil pesos del Ministerio de Trabajo; una migaja que, además de aumentar la hipoteca, contrasta con los subsidios millonarios a los capitalistas. El futuro que amenaza a la Cooperativa Mataderos está retratado en las empresas que CFK mencionó como ejemplo, Malhe y Massuh. La primera terminó desprendiéndose de la totalidad de su personal y la segunda empieza su cuenta regresiva con la quiebra "oficial" de la vieja Massuh. Una verdadera radiografía de la "recuperación" K.

La señal estatal encontró, por fin, un programa que hace reír. Los espectadores de "6, 7, 8" se ríen del ridículo que les ha tocado protagonizar a los opositores a K –muchas veces en presentaciones convenientemente "editadas". En esta línea, el programa podría durar toda la vida, porque los dichos y hechos de ex menemistas y ex aliancistas en los últimos años son capaces de suscitar convulsiones de la quijada y provocar hasta la histeria. Pero, ¿y los K? No aparecen ni cuando entregaron el petróleo con Menem, ni cuando apaleaban asambleístas en Río Gallegos o cuando volteaban a sus propios gobernadores como castillos de arena. Altamira ha contado reiteradas veces que, en un programa que compatió con la que sería la futura Presidenta, Cristina le explicó a la entrevistadora que ya no creía que el imperialismo provocaba las lluvias, como sí lo pensaba en los ’70. Más cerca en el tiempo, la Presidenta mostró el crecimiento de la Villa 31 como la señal inconfundible del crecimiento que experimenta Argentina bajo su gobierno, no hablemos ya del veto a la Ley de Glaciares o de los abrazos del matrimonio con empresarios que apoyaron a la dictadura, que luego se hicieron menemistas y que ahora se reconvirtieron en "burguesía nacional". Todas escenas que bien podrían formar parte de los informes del programa. La producción se basa en el uso de archivos televisivos que dan cuenta de los dislates de la oposición de derecha, que luego son comentados por un panel fijo e invitados que provienen del campo cultural, del periodismo o la política. El rescate de los archivos que muestran contrasta con la ausencia de crítica a acontecimientos de las mismas características que se producen dentro del gobierno K, que es defendido a capa y espada con una irracionalidad que roza el ridículo. Las imágenes de archivo curiosamente no se detienen en la depredación laboral y ecológica promovida por el gobierno junto a los pulpos mineros, ni en las políticas económicas que benefician a la banca nacional –que los celebra– y no a la clase trabajadora; la inflación, la desaparición de Julio López, la oposición al derecho al aborto, la alianza de los K con los intendentes mafiosos del conurbano y toda la podredumbre de un gobierno nacionalista burgués light que sobrevive a base de manotazos de ahogado. El programa denuncia que los grandes medios ocultan los supuestos "logros" del kirchnerismo. Cuando el ciclo omite las agachadas del gobierno ante el gran empresariado nacional y extranjero, sólo cabe recordar la clásica frase: "De te fabula narratur". El silencio sobre todas estas cuestiones convierte al gobierno de Cristina en el corolario final al que la población argentina podría aspirar. Los panelistas –progres por excelencia (progres hasta el cliché: las canciones que produce Carlos Barragán llevan el tinte sonoro de la 'bossanova’)– se amparan en el supuesto "enfrentamiento con los grandes poderes". Cada vez que asiste un invitado de la oposición centroizquierdista (o que denuncia las posiciones de la progresía, como el escritor Martín Caparrós o el director de la revista Barcelona, Pablo Marchetti) es sometido a un tribunal inquisidor comandado por el panelista Orlando Barone y la panelista Sandra Russo, quienes –en el más furibundo estilo stalinista, aligerado por la imagen cool que promueve la televisión– no perdonan el pecado de la crítica. No se defienden contra los cuestionamientos a los K: los denigran como una defección a la derecha o una anticuada posición maximalista. La obsecuencia de los panelistas de "6, 7, 8" llega a tal punto que, frente a un informe periodístico que demostró un acto de corrupción menor – pero de envergadura debido a la coyuntura en que se desarrolló (un concejal de Tartagal del Frente para la Victoria se apropió de un aire acondicionado que fue donado en el marco de las inundaciones en la región: monitoreado por el programa "Caiga quien caiga", se determinó la localización del artefacto robado), Barone concluyó que el aire acondicionado había sido enviado a un lugar donde no se necesitan aires acondicionados (debe recordarse, incluso a modo de ilustración de lo ridículo de la indignante defensa del concejal kirchnerista, que en esa región se vive en un clima subtropical). No debería omitirse que los informes realizados en el programa exhiben dramáticamente el derrumbe de los radicales, los peronistas disidentes, los seguidores de Lilita o cualquier expresión de la oposición al gobierno de Cristina en el Congreso. De cualquier manera, la omisión manifiesta de los informes que señalarían el derrumbe de la política del gobierno K muestra los límites del ciclo televisivo y del sector político que representa: el progresismo. No debe extrañar que al programa no haya sido invitado alguien que pondria como prioridad el ataque al gobierno de los K.

Con su propuesta de internar compulsivamente a los consumidores de drogas prohibidas, e incluso de alcohol y tabaco, con servicio militar incluido, Mujica impulsa un reforzamiento extremo del aparato represivo del Estado. La utilidad de las internaciones compulsivas es materia de debate entre especialistas, pero en este caso se trata de una discusión falsa. Al apuntar a los consumidores, el Presidente deja librada la calle a la arbitrariedad policial –incluso a la militarización de la represión. Hasta el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, admite que la policía protege las bocas de expendio de pasta base. El titular del Ejecutivo, en cambio, nada dice del papel creciente de Uruguay en cuanto país puente en el circuito de comercialización de drogas prohibidas, que desde el puerto de Montevideo se dirigen a los mercados de Europa y Estados Unidos. Ese comercio no puede prolongarse indefinidamente en el tiempo sin la protección estatal y de las fuerzas de seguridad. La actividad del narcotráfico en Uruguay se complementa con el lavado de dinero, facilitado por un sistema bancario preparado ex profeso para ese fin: zonas francas, cuentas secretas y depósitos en dólares atraen dinero sucio procedente de países vecinos, básicamente de Argentina y Brasil, originado en la corrupción y, obviamente, en el narcotráfico. A tal punto la actividad del narcotráfico se consolida en Uruguay que desde tiempo atrás han comenzado a instalarse en el país "sucursales" de carteles mexicanos y colombianos que, como ya sucede en la Argentina, convertirán al país en un campo de batalla entre ellos (como en todo comercio ilegal, la competencia capitalista en este rubro se resuelve mediante la violencia directa). No a la represión contra la juventud. No a la militarización.

La Justicia confirmó el procesamiento más un embargo de cinco mil pesos sobre sus bienes al delegado Néstor Segovia, en tanto que revocó por insuficiencia de pruebas los procesamientos dictados a los dirigentes Carlos Taborda, Jorge Pisani, Horacio Galiño, Ariel Rocchetti y Claudio Dellecarbonara por supuestos ilícitos registrados durante medidas de fuerza. El Partido Obrero y la Agrupación Trabajadores de Metrovías exigen el inmediato desprocesamiento de Segovia, acusado de "pintar instalaciones con aerosol”. El Cuerpo de Delegados ha resuelto por este tema, por las paritarias (que no tienen), por el reconocimiento del nuevo sindicato y por un sinnúmero de otras reivindicaciones una levantada de molinetes el día 9 de abril y paro de dos horas por turnos el día 15. Los talleres Rancagua y San José ya venían en quite de colaboración por algunas de las reivindicaciones.

La finalización del conflicto de los estibadores portuarios de Puerto San Martín (al que se sumaron parcialmente aceiteros y camioneros) terminó con un aumento del 27% en dólares de la tarifa de estiba que le cobra la "Cooperativa de Servicios Portuarios" a las exportadoras. El conflicto produjo en sólo diez días, la pérdida de 50 millones de dólares diarios a las exportadoras y la perdida de recaudación del gobierno del orden de los 15 millones de dólares. La 'copetrucha' que dirige las operaciones de estiba reclamaba una recomposición del 100% en dólares (de 0,45 a 0,90 dólares por tonelada cargada en el buque) contra el 25% que ofrecían los exportadores. Por intervención directa de la presidenta y del presidente "en las sombras", de Moyano, Boudou y de Tomada, los exportadores ganaron la pulseada, pues se "estiraron" 2 puntos, al 27%. El gobierno nacional colocó al conflicto de puerto San Martín como problema de "Estado" cuando estalló el conflicto con China por el aceite de soja y ordenó a todos sus laderos a que den por terminado el diferendo aceptando las condiciones de las exportadoras (que, sin embargo, pueden pagar el triple del valor de estiba por tonelada). En este país, donde la ingerencia del Estado en los sindicatos es total, los conflictos gremiales terminan con el Ministerio de Trabajo. Nada de esto ocurrirá esta vez. Un oscuro personaje, que desde hace 40 años domina por igual la "Cooperativa" y el sindicato del Supa, será el encargado de "repartir" a su antojo esta recomposición. Sólo el Partido Obrero denunció en Santa Fe y en el país ( Prensa Obrera Nº 1.122) la brutal desigualdad y explotación de miles de eventuales afectados por el trabajo de la Cooperativa, y no es casual el silencio del gobierno provincial sobre el conflicto, pues todo el cordón industrial de San Lorenzo es un enorme paraíso de trabajadores de segunda, contratados, en negro y donde la flexibilidad laboral y la depredación ambiental son las estrellas de estas siderales ganancias de las grandes patronales de la Argentina. Lo decimos una vez más: es necesaria la efectivización y recategorización de todos los trabajadores portuarios y aceiteros y el fin de la coopetrucha de Herme Juárez, un poderoso que se ha enriquecido en las sombras a costa de la explotación de miles de trabajadores de la zona. Ratificamos la denuncia de Prensa Obrera Nº 1.122 terminado el conflicto en puerto San Martín sobre la necesidad de la más vieja de las consignas obreras: "a igual trabajo, igual salario" para los miles de estibadores y aceiteros. La formación de una comisión de seguridad en cada terminal, elegida en asamblea por los trabajadores con fueros gremiales y la elección de un cuerpo de delegados de estibadores, así como mejoras sustanciales en comedores, baños y vestuarios.

La proliferación de la violencia entre las barras del fútbol, producto de las fuertes divisiones entre sus filas con el solo objetivo de manejar los jugosos negociados que envuelven al fútbol, es la pura expresión del proceso de disgregación política que se refleja en las disputas entre las camarillas del gobierno. Dime con quién andas... Las fuertes tensiones políticas que se vivieron en las elecciones de Capital en 2007 se manifestaron en las internas de "la 12" de Boca Juniors. Los diversos bandos no sólo apoyaban, por un lado, al candidato Mauricio Macri (ex presidente de Boca) o a Daniel Filmus, del Frente para la Victoria: también buscaban ocupar el trono que dejó (luego de haberlo conservado por alrededor de 15 años) el "Rafa" Di Zeo, ex jefe de "la 12", que culminó con un feroz enfrentamiento que dejó como secuela varios heridos de bala. En Córdoba, las hinchadas de los equipos más populares de la provincia se encuentran divididas según el apoyo a cada dirigente político. Podemos encontrar desde "schiaretistas" contra "juecistas" en clubes como Belgrano e Instituto, o hasta Riutort contra Schiaretti en el caso de Talleres; en pocas palabras: enfrentamientos entre las camarillas peronistas. Estas divisiones se profundizaron en las elecciones de 2009. Los barras concurren a los actos políticos como fuerza de choque: la hinchada de Tigre para Sergio Massa, la de Banfield para Duhalde y Lanús con De Narváez, entre otras. "Hinchadas Des-unidas" La ONG kirchnerista "Hinchadas Unidas" ha dejado al desnudo todo el negociado mafioso detrás del fútbol. Las ejecuciones de los barras "Chaperito", de Central, y "Pimpi" Caminos, de Newell’s, son un claro reflejo de los ingresos que ofrecen los viajes, las entradas y el narcotráfico. La pelea por los famosos viajes y entradas a Sudáfrica es un ingrediente más de la violenta escalada por ocupar los liderazgos en las hinchadas. Para colmo de males, esta organización les había prometido los viajes al Mundial a todos sus fervientes adherentes. Pero solamente concurrirán aquellos que pertenecen a los equipos de Primera, relegando a las hinchadas del ascenso. Esta restricción generó una crisis interna en la propia organización. Para saldar este problema, el gobierno, vía la AFA, volvería a permitir el ingreso de los hinchas visitantes (actualmente restringido, según una ordenanza del Coprosede) en el Nacional B. Se "jerarquizan" las hinchadas de Primera, vinculadas con los grandes negociados, mientras que a las del ascenso se le permite canalizar el fervor por su cuadrito. "Violencia para todos y negocios para pocos" El gobierno nacional, a través de la estatización de la televisación de los partidos, tiene como uno de sus fines el rescate de los clubes que se encuentran en plena bancarrota, manteniendo los negocios capitalistas de la dirigencia y los barrabravas. Lejos de procesarlos, les abre las puertas para seguir lucrando. Además, a través de "hinchadas unidas" se ha generado una especie de "blanqueo de capitales", que lavan grandes transacciones económicas provenientes del narcotráfico, de los desarmaderos o de la trata de personas, todo bajo un ropaje "popular". Estos mecanismos tienen como transmisión social una mayor pauperización de las masas. No sólo por la enorme confiscación social que va a implicar el rescate de las quiebras de los clubes, sino por la delicuencia social que desarrollan. El gobierno nacional, lejos de superar la violencia en el fútbol, la ha potenciado. Las políticas con miras de erradicar la violencia en el fútbol no sólo fueron un fracaso, sino que han incrementado el enfrentamiento entre los clanes de las barras y profundizaron el negocio capitalista en el fútbol. ¿Negocios blanqueados? Un informe del diario deportivo Olé reveló que los libros contables de Nueva Chicago establecen como egreso un importante porcentaje de entradas que iban directamente a la barra brava. En River Plate, la investigación por el crimen de Gonzalo Acro dio muestras de los fuertes compromisos que existen entre los jefes de la barra brava y la dirigencia: los sueldos que cobraban –por ejemplo, como patovicas en recitales o por el manejo del gimnasio o de la pileta del club–, sino también el porcentaje de pases, como el del "Pipita" Higuaín al Real Madrid, que recibían. El difunto 'Pimpi' Caminos, de la barra de Newell's, fue representante de tres jugadores del propio club. La Agrupación "Jugador Nº 12", en la barra de Boca, recibe cuantiosos ingresos provenientes de personalidades como Pergolini, Sofovich y políticos como los Bello. A su vez, se encuentra los negociados alrededor de los clubes como el comercio de la droga, los robos y desarmaderos de autos y hasta la trata de mujeres. El barrio Villa Páez, en la provincia de Córdoba – donde se concentra el mayor núcleo de la barra de Belgrano– es uno de los más castigados por el robo de autos, el tráfico de personas y la venta de cocaína. Esto no podría ocurrir sin la connivencia de la policía para dejar libres las zonas y dar entradas gratis a estos abusos. Mercenarios al mejor postor La mayoría de los barrabravas ocupan cargos en los municipios o ministerios del Estado y actúan como fuerza de choque de la burocracia sindical. También son fuerzas contratadas por la burocracia estudiantil como la Franja Morada, o hasta del propio Rectorado, para reprimir al movimiento estudiantil, docente y no-docente. El famoso episodio de Las Heras en 2004 –protagonizado por el enfrentamiento entre camioneros y la Uocra por ver quién llevaba el féretro de Perón– culminó con una balacera entre patotas sindicales y barras de Independiente, Cambaceres y Estudiantes. Además, en pleno conflicto “del campo” en 2008, estas fracciones sindicales se volvieron a enfrentar en un acto de Kristina en la cancha de Ferrocarril Oeste. Podemos reflejar el alcance del olor que emana de un cadáver insepulto. Una salida En fin, la escalada de violencia en los estadios no sólo es producto de las tensiones políticas y de la incapacidad del actual gobierno para superarla, sino que es propia de la descomposición social de un régimen. Por lo tanto, no existen "medidas o recetas" para salvar la crisis actual, ya sea en el fútbol como en el deporte, sin tener una dirección hacia una transformación de la sociedad sobre nuevas bases.

Por lo menos seis mineros murieron asesinados por la policía en el departamento peruano Madre de Dios, cuando fue reprimida una movilización de trabajadores indígenas dedicados a la minería artesanal. Se trata de mineros informales, a quienes el gobierno pretende obligar a "legalizarse", lo cual equivale a dejarlos sin trabajo. Cuando el domingo 4 los trabajadores se movilizaron en protesta contra el atropello gubernamental, Alan García ordenó la masacre. El lunes, para justificarla, el presidente dijo que no permitirá la "minería salvaje". El decreto de "legalización", rechazado por los mineros, establece una zona de exclusión en la región selvática Madre de Dios, en la cual quedará prohibido trabajar. Los asesinatos policiales se produjeron en la localidad de Chala, 630 kilómetros al sur de Lima. Desde el sábado 3, los mineros se trasladaban en camiones hacia Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, procedentes de Guacamayo, Delta Uno y Huepetuhe, todas poblaciones del sur del país. La movilización fue convocada por la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú y la Federación Minera de Madre de Dios. Ahora, el gobierno ha declarado el estado de emergencia en siete provincias de los departamentos de Ica, en el suroeste, y en Madre de Dios y Arequipa, ambos en el sureste del país. Hace menos de diez meses, en otra masacre, la policía asesinó a más de 40 mineros en la localidad de Bagua, en la Amazonía peruana, cuando los trabajadores se movilizaron contra tres decretos dictados por García para cumplir con un mandato de los Estados Unidos, que se los exigía para firmar el frustrado Tratado de Libre Comercio (TLC). Corresponde repudiar activamente en toda Latinoamérica este nuevo crimen del masacrador de Lurigancho, y defender del mismo modo el derecho al trabajo y a la subsistencia de los pueblos originarios.

El viernes 9 de abril marchamos a la Casa de la provincia de Santa Fe y a la Secretaría de Derechos Humanos, para exigir al gobierno provincial de Santa Fe y al gobierno nacional la inmediata investigación del crimen de Silvia Suppo y el castigo a sus autores materiales e instigadores. Nos encontramos a las 11 horas, en Diagonal Norte y Bartolomé Mitre.

El martes 30, la patronal del Multimedios Uno (Vila-Manzano) despidió a 26 trabajadores de prensa de las radios Lt3 y Lt8. Este grupo es dueño de otros medios en Santa Fe capital y en otras ciudades. Multimedios Uno quiere concentrar el trabajo en el propio diario, lo que significa despidos y un régimen de polifuncionalidad para el resto de los trabajadores. Para esto debe destruir la organización sindical y el convenio de los trabajadores de prensa. El sindicato de prensa largó un paro por tiempo indeterminado de todos los medios que tiene el grupo Uno en Rosario. A partir de estas medidas, se constituyó una intersindical con los cuatro sindicatos de los medios. La patronal está realizando todo tipo de maniobras para quebrar el paro. Desde el Sindicato de Prensa recorrieron las instalaciones del diario Uno de Santa Fe capital, donde realizaron asambleas y encontraron un gran apoyo de los trabajadores que se negaron a imprimir el diario allí. Lo mismo ocurrió en Entre Ríos. A La Capital la está sacando exclusivamente personal jerárquico de Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos; sale con muchas menos páginas y gruesos errores. Tiene una distribución totalmente irregular. El diario "decano de la prensa argentina" prácticamente ha desaparecido de la ciudad y sus alrededores. Para intentar quebrar la adhesión de los canillitas, les ofrecen regalarles el diario. La patronal, jugada a quebrar esta gran huelga, realizó los depósitos de todas las indemnizaciones para tentar a algún trabajador. Según dirigentes del sindicato, la patronal está perdiendo recaudar 400.000 pesos por día y otros 150.000 pesos de gastos por la huelga. El grupo Vila-Manzano está, además, enfrentado con los K por la ley de medios, además con el propio gobierno "socialista", que dio su apoyo a la ley de medios K como contrapartida para la instalación de una televisión estatal en la provincia. La patronal rechazó en dos oportunidades la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo de la provincia; las negociaciones fueron llevadas al Ministerio de Trabajo nacional. Luego de la última reunión con Tomada, Moyano y Yasky resolvieron nacionalizar el conflicto, pero también encuadrarlo políticamente. Convocaron una caravana el lunes 12 a Rosario. Moyano y Yasky coincidieron en destacar que la lucha fundamental era por la vigencia de la ley de medios, pero esta ley no defiende a los trabajadores, sean gráficos o periodistas. No tiene una sola mención al Estatuto del periodista. El gobierno K sometió a la agencia Télam a un proceso de censura y regimentación, persecución y represión de los reclamos laborales que no tiene precedentes en los gobiernos posteriores a la dictadura militar. En Radio Nacional, las autoridades del Sistema Nacional de Medios Públicos suspendieron por 30 días a un grupo de trabajadores que participó de un paro. Moyano y Yasky ya plantearon que la continuidad de la lucha estará en otra movilización para el 15, desde el Congreso a los Tribunales para reclamar la vigencia de la ley de medios, pero alentarán las propuestas de siempre para los conflictos: conciliación obligatoria, Repro y lista de retiros voluntarios. Los ejes de esta gran lucha de los trabajadores de prensa de Rosario siguen siendo la reincorporación de todos los despedidos, la defensa de las fuentes de trabajo, y el estatuto del periodista. Viva la lucha de los periodistas. Todos adentro.

En el número anterior de Prensa Obrera, el compañero Alejandro Guerrero refiere cómo el Poder Judicial (a través de la Cámara de Casación) se ha convertido en títere y cómplice de Clarín al suspender un análisis de ADN a los hijos de Ernestina Herrera de Noble, sospechados de ser hijos de desaparecidos. Quería agregar algo más. El juez en primera instancia de esta causa era Conrado Bergessio, quien tardó ¡casi ocho años! en ordenar que se realizará ese examen de ADN a Felipe y Marcela Noble Herrera. Pero, ¿quién es Conrado Bergessio? Bergessio, en su condición de juez de los Tribunales de San Isidro, fue el juez en Primera Instancia (Instrucción) del juicio llevado a delante contra Cristian Tahuil (Quebracho) y Luis Antón por el delito de cumplir con el plan de lucha votado por la Asamblea Nacional de Trabajadores (ANT) en el año 2007. Lo llamativo es que el juez Bergessio tardó menos de ocho meses en elevar a juicio la causa contra Luis Antón (Cristian aceptó la "probation" y se declaró culpable). Tenemos, en esta simple anécdota, toda una semblanza de la justicia (y de los jueces) burguesa: en tan sólo ocho meses llevó a juicio oral a un luchador piquetero, pero estuvo más de ocho años encubriendo a los burgueses secuestradores. ¿Qué tal?

El domingo 4 de abril, una vez más los bolivianos fueron a las urnas, esta vez para elegir gobernadores (los que antes eran prefectos), asambleístas legislativos departamentales, alcaldes y consejeros municipales. La campaña se caracterizó por la infaltable guerra sucia y la millonada del actual partido de gobierno, para el que que hace algunos años era impensable gastar tanto dinero. Este tremendo gasto y las alianzas con antiguos derechistas no impidieron el retroceso electoral del MAS. ¿Retroceso electoral del MAS? Sí, pero para entender esto hay que saber leer más allá de los cálculos meramente electoreros. El MAS avanzó en cuanto a las gobernaciones; sin embargo, en las ciudades más importantes sólo obtuvo tres alcaidías: • La de El Alto: con muy pocos votos, teniendo en cuenta que esté fue el bastión electoral de Morales y que en las generales de diciembre pasado le dio más del 80%. • Pando: que antes era feudo de los partidos de derecha, donde luego de la Masacre del Porvenir, el MAS desarrolló una intervención política arrolladora, incluyendo el asentamiento de campesinos llevados de occidente. • Cochabamba: la consiguió con una diferencia mínima de 3%. La noche del domingo, la desazón de Evo Morales era evidente: la Plaza Murillo de La Paz se encontraba casi vacía. Morales perdió una de las plazas más importantes: la alcaldía de La Paz, donde en las elecciones presidenciales había obtenido el 80% de los votos; ahora su candidata a alcaldesa fue derrotada por sus ex aliados del Movimiento sin Miedo (MSM). La ruptura con el MSM fue propiciada por el MAS, que tenía la necesidad de hacerse "solo" de la alcaldía paceña para incorporar a toda la sarta de "buscapegas" que cunden en sus filas. El Movimiento Sin Miedo en principio lamentó el divorcio; sin embargo, los resultados demuestran que salió más beneficiado con la ruptura; incluso le arrebató la alcaldía de Oruro a su ex socio (el MAS). En Santa Cruz, tanto en la alcaldía como en la gobernación se mantiene aquella derecha que en principio intentó boicotear al gobierno, pero que luego entendió que la mejor manera de gobernar era a través de pactos. A partir del golpe de 2008, la derecha se dividió y el domingo los cruceños se decidieron por aquella derecha concertadora y pactista con el gobierno. En Beni, donde el MAS desplegó gran parte de sus esfuerzos, si bien crecieron en cuanto a obtener concejalías en los municipios, no obtuvieron la ansiada gobernación, ni con la ‘astucia’ de presentar a una ex Miss Bolivia. Muchas mujeres de los movimientos sociales cuestionaron esta candidatura, aduciendo que para ser candidata del MAS más vale ser reina de belleza o modelo que luchar desde las bases. ¿Se cosecha lo que se siembra? Desde que el MAS inició los pactos con la derecha en torno a la Nueva Constitución (legalizando el latifundio), luego de que les salvó el pellejo del masivo cerco campesino durante el golpe de 2008, el MAS ha entrado en un franco proceso de derechización, no sólo al incorporar a viejos y podridos politiqueros de los anteriores partidos neoliberales sino al intentar imponer leyes anti-obreras y dar totalmente la espalda a la Agenda de Octubre. El nuevo código laboral, que penaliza la protesta, o la modificación a la ley de tierras en desmedro de las Tierras Comunitarias indígenas para convertirlas en parcelas de propiedad privada son una pequeña muestra de la derechización del MAS. Mientras Morales "vende" al mundo un discurso de defensa y lucha por "los derechos de la madre tierra" y organiza eventos sobre el cambio climático, al interior permite la depredación transnacional de territorios indígenas: la contaminación en Corocoro por una transnacional coreana, la sequía de comunidades indígenas en San Cristóbal a consecuencia de la explotación minera o el caso de la nefasta labor de Petroandina (Venezuela) en el parque Madidi (zona de los indígenas lecos) dicen mucho de la "política proteccionista" de Evo Morales y su gobierno). Otro aspecto que explica el retroceso electoral del MAS es el de las candidaturas a "dedo". Evo Morales desconoció las designaciones de candidatos por parte de las organizaciones sociales y colocó arbitrariamente a sus preferidos. Este hecho derivó en distintas rupturas al interior del MAS, hasta se podría decir que terminó en una crisis; muchos de los candidatos despreciados fueron captados por el MSM. Lo que queda claro es la falta de una alternativa política de izquierda que capitalice el descontento de la masa. Dirigentes como Román Loayza, que se alejaron del MAS, terminaron pactando con la derecha. Mientras el fenómeno de superación se desarrolle en la masa paralelo a la degeneración del MAS, continuarán los santos y constitucionalizados pactos entre el gobierno y los gobernadores medialuneros. Las tensiones de acá para adelante tendrán que darse entre las organizaciones de trabajadores contra las políticas gubernamentales.

Es un lugar común en los mentideros de todo el mundo decir que la demanda de China pondrá fin al derrumbe capitalista mundial. Los K están haciendo la experiencia de lo contrario: el freno a la exportación de aceite de soja de Argentina por parte de China podría acelerar el derrumbe kirchnerista como no lo lograría ninguna derogación de decretos oficiales por parte del Congreso. De todos modos, no hay que perder la calma: China no le va a hacer la guerra (por ahora) a Cargill, Nidera, Dreyfuss o incluso a la Aceitera General Deheza –los grandes pulpos internacionales del aceite de soja. China, además de necesitar el yuyito y el poroto, debería prepararse un poco más para empezar una confrontación con los yanquis. Estos pulpos, además de atender el mercado de China y el sudeste asiático, podrían aprovechar los mercados de biocombustibles, que Europa y Estados Unidos están subsidiando en función de un nuevo desarrollo de la industria automotriz. Las aceiteras deben competir con el etanol que producen las compañías azucareras, en especial en Brasil pero también en el norte de Argentina. Nike y Techint China reclama, para levantar la suspensión de estas exportaciones, que Argentina reduzca o elimine las barreras a las importaciones desde China. Se trata de textiles y calzados, pero también de automóviles. No es, sin embargo, una exigencia propiamente china, pues detrás de los calzados, por ejemplo, están Nike o Adidas, que exportan las zapatillas de alta gama que producen en China. También aquí hay que cuidarse de las apariencias, porque los K ya tienen acuerdos de mercado con esos pulpos. ¿Se han roto esos acuerdos? De mayor alcance sería el perjuicio que un ingreso de automóviles de origen chino le produciría a Techint, que tiene el monopolio de la producción de uno de los insumos de los autos: el acero. La sobreproducción mundial de acero es enorme: China sola podría satisfacer más del 50% del mercado mundial, aunque hay muchas empresas chicas o medianas de China que deberán desaparecer. Este choque con la llamada ‘burguesía nacional' promete alcanzar un voltaje político alto y afectar la escasa capacidad de gobierno que les queda a los K. Techint se encuentra en retroceso y en cualquier momento podría ser adquirida por alguno de sus principales competidores –incluso chinos. Pero la apertura a los autos chinos tampoco le convendría a Brasil, que comparte con la Argentina un lucrativo acuerdo de comercio de vehículos. Sobreproducción Probablemente, el tema de fondo de esta crisis con China sea la sobreproducción mundial de soja, cuyos precios han comenzado a caer; el precio del petróleo no ha subido lo suficiente para que sea compensada con demanda para biocombustibles. Como ocurre con el mineral de hierro, China pretende fuertes reducciones de los precios de las materias primas, o sea que quiere industrializar una mayor parte de la soja que importa. Las peleas de los chinos con las mineras han sido brutales; un alto directivo de Río Tinto se encuentra preso en China bajo la acusación de arreglos ‘indebidos' con sus clientes. La prensa internacional cree, sin embargo, que es una represalia en la disputa comercial con los pulpos mineros. De igual importancia podría ser el conflicto en torno al petróleo, luego de que el español Zapatero y los K vetaran el ingreso de una empresa china en Repsol-YPF. Para China, el asunto es crucial no solamente porque necesita petróleo, sino porque también necesita convertir sus enormes reservas en dólares en capital. Ejerce una fuerte presión en los países periféricos porque tiene virtualmente prohibida la entrada en Estados Unidos y Europa – no digamos a Japón, que tiene excedente de capitales en todas las ramas. Es cierto que China acaba de comprar una participación en Panamerican Energy, un pulpo mimado por el chubutense Das Neves, al que los K le acaban de dar también concesiones en las áreas que circundan Malvinas. Pero Bulgheroni, uno de los capos de PAE, acaba de revelar su intención de comprar una participación en YPF e incluso la mayoría que controla Repsol –lo cual está anunciando las pretensiones chinas. Un sector importante de accionistas españoles de Repsol desea con fervor que vengan los chinos para poder salir de la quiebra que les ha ocasionado el derrumbe inmobiliario en España. La pretensión de Bulgheroni-China anunciaría el fin del ‘empresario' de los K, Eskenazi, quien está ‘comprando' su parte en YPF con la plata que obtiene de sus dividendos. Pero un pulpo que paga dividendos exorbitantes no puede invertir. Como se ve, el conflicto con China envuelve cuestiones globales. La mentalidad estrecha de los K y de sus plumíferos reduce el impacto de la crisis mundial en Argentina a la comparación con países a los que les ha ido peor, como si una caída del 3% del PBI, del 15% de la tasa de inversión y del 20% del empleo fueran moco de pavo. Pero la crisis mundial es también el impacto que sufren las relaciones internacionales, que han perdido el equilibrio bastante precario que tenían antes de la bancarrota. El capital mundial quiere el mercado chino, pero la burocracia que gobierna China sigue aferrada a una política de penetración en los mercados de otros países, en detrimento relativo del desarrollo del mercado interno. Tiene razones para ello: la orientación hacia el mercado mundial consolida una política conservadora y acelera la confiscación del campesinado; el desarrollo interno es imposible sin una revolución agraria que potencie el ingreso y el poder adquisitivo de la masa rural. Este aspecto de la crisis mundial juega cada vez más un rol decisivo como base de las crisis políticas internacionales, y es el que pone ahora a la crisis de los K y del conjunto del régimen político en el límite.

Es público que la UOM va al paro el 9 de abril. Pero es igualmente público que si no hay arreglo, el Ministerio de Trabajo aplicará una de sus conciliaciones obligatorias "preventivas". Por lo tanto no habría paro, porque Caló y Belén, tan taitas contra la cuarta internacional, acatarían dócilmente la conciliación obligatoria de Tomada, al servicio de los jerarcas de la Unión Industrial. Lo que es menos conocido, pero mucho más explosivo, es lo que pasó en la tarde del miércoles 7 de abril, 48 horas antes del paro nacional de la UOM, en el plenario de la seccional Quilmes. Doscientos delegados, casi sin fisuras, rechazaron el 25% que el “Barba” Gutiérrez en persona llamó a refrendar y mandataron a sus dirigentes por el 40% –2.500 al operario general–, que el paro sea activo y que no se firme nada sin pasar por congresos de delegados en todas las seccionales del país. Todo en una sola cuota, cosa que nadie osa siquiera cuestionar después del repudio total de las cuotas de la paritaria pasada. El “Barba” Gutiérrez no tuvo más remedio que hacer votar las tres mociones que nacieron desde las fábricas y de sus delegados más combativos. La moción inicial de refrendar el pedido oficial no habría sacado voto alguno. El intendente quilmeño tuvo que acomodarse: "somos orgánicos, pero elevaremos esto", dijo; "apoyamos en todo al gobierno, pero ahora el gobierno nos tendrá que apoyar a los metalúrgicos". Viejo cuento el del Barba, pero lo que no es cuento es la calentura en las fábricas. En la poderosa seccional Matanza, semanas atrás, se votó un 30%, que fue "elevado" al secretariado que lo guardó en un cajón. Otras seccionales no han hecho congreso, pisan huevos, por la calentura generalizada. La mayor parte de las ramas están reactivadas y encima decenas y decenas de fábricas están con horas extras y Repro al mismo tiempo. En otras fábricas, se están produciendo ahora mismo aprietes brutales de los ritmos de producción y despidos de contratados. Esto se hace para abaratar costos laborales unitarios porque trabajan para la exportación y buscan mantener, con la superexplotación, las jugosas diferencias que supieron hacer con el dólar alto y los salarios de miseria de la UOM. Salió el segundo volante nacional del Partido Obrero para esta paritaria de la UOM, planteando revisar el reclamo y cambiarlo por 35%, que el paro sea activo, al mismo tiempo que sumar a los siderúrgicos –apartados del plan de lucha anterior por los dirigentes- es festejado y discutido en decenas de fábricas. No bien terminó el plenario de Quilmes, los delegados y activistas del Partido Obrero de seis seccionales de Capital y Gran Buenos Aires han resuelto levantar como bandera el 40% que se votó en la seccional Quilmes. Y, por supuesto, que sea desconocida la conciliación obligatoria. Es una vergüenza que la poderosa Unión Obrera Metalúrgica pierda un mes, lo que desorienta y enfría a los 250 mil metalúrgicos y a todo el movimiento obrero, especialmente el industrial, pendiente de esta paritaria. Votemos toda esta línea en asambleas fabriles a lo largo y a lo ancho de la UOM.

A propósito de un artículo sobre la deuda externa y el Bicentenario de Pablo Rieznik (POonline 1.120), el lector "Sapo", de Razón y Revolución, afirma que "los argumentos de Pablo hacen agua por todos lados" y "oscurece más de lo que aclara". Veamos. Sapo afirma que, como la entrada y salida neta de capital desde el '60 arroja resultados positivos, "el vaciamiento financiero no existe". Se trata de una clara justificación del endeudamiento externo desde la izquierda. Desconoce lo elemental: el "ingreso" es de capital y el "egreso" es repatriación de beneficiós; además , la deuda original ha sido pagada ya tres veces, en un caso sin precedentes de capitalización de intereses ¡que figuran como entrada de capital! Lo mismo, el proceso de privatizaciones, donde las empresas estatales fueron entregadas subvalorizando escandalosamente su patrimonio a cambio de títulos de la deuda que se reconocían a un valor superior al de mercado. El "saldo positivo" de la cuenta de capital tiene como contrapartida la acumulación de deuda, que se vio multiplicada descomunalmente en las últimas décadas. Finalmente, el Sapo desconoce que, durante el kirchnerismo, cuando el ciclo de "saldo positivo" de la deuda se revirtió (cancelación de la deuda con el FMI y el pago de vencimientos de capital como ningún otro período), la deuda pública (ligada a la deuda externa) llegó a 200.000 millones de dólares (71% del PBI) financiando una monumental fuga de capitales (expatriación de beneficios, usura, etc). El pago que se quiere hacer ahora con las reservas (salida de capital) ya ha provocado una nueva onda de deudas para la compra de títulos en circulación y otras que se van a emitir. Nada nuevo, al fin y al cabo es lo que Menem hizo con las privatizaciones y el plan Brady. "La naturaleza de la deuda externa del siglo XIX es diferente de la del Bicentenario", claro, es menos confiscatoria que la actual. La expansión de la deuda externa de los países ‘subdesarrollados' por la necesidad de "compensar capitales industriales ineficientes" (sic) no se aplica a la deuda pública del siglo XIX, sino a la inversión en infraestructura con capitales privados financiados en la Bolsa de Londres. La existencia de un flujo de capitales hacia los países del "tercer mundo", desde la crisis de los '70, fue una vía de escape a la crisis de la economía mundial y a un gigantesco desarrollo del capital ficticio por la caracterización de los excedentes de los regímenes petroleros parasitarios. Profundizando la mirada, sólo una parte de la deuda puede considerarse realmente capital (es decir, que se ha transformado en capital productivo); la mayor parte ha sido usuraria (para gastos corrientes) o la estatización de deuda privada. "Estados Unidos es el país más endeudado del mundo", dice Sapo -pero además de financiar guerras, también ha financiado la formación de un enorme capital propio fuera de Estados Unidos. En Argentina ha financiado la formación de capital, dinero en las cuentas de monopolios extranjeros. "El problema no es la deuda" (ver el último Aromo). ¡Pero no se puede comparar el endeudamiento de un país semicolonial con el endeudamiento de uno imperialista, que puede recurrir al uso de la fuerza y aprovechar su posición dominante en la economía mundial (por ejemplo, Estados Unidos pudo declarar la inconvertibilidad del dólar en 1971)! Luego de siete años K, de la salida de 100.000 millones de dólares, con una deuda externa original que ya ha sido pagada tres veces, la que succiona una parte extraordinaria de la actividad económica del país, afirmar que "el problema no es la deuda" y que no hay un problema nacional no es más que una apología de la confiscación del capital y la opresión imperialista. Eso sí, en nombre de la ciencia.

El artículo "Nuevos subsidios por 85 millones de pesos mensuales para colectivos y trenes" ( Clarín , 28/3) asegura que "las cuentas preliminares que se manejan en la Secretaría de Transporte y en las empresas transportistas indican que se requiere un desembolso adicional de subsidios de 85 millones de pesos mensuales para poder afrontar un aumento salarial promedio del 25%". A los Kirchner no se les ocurre que los oligopolios del transporte como TBA-Cirigliano o Roggio, titulares de los mismos desde las concesiones menemistas, deban afrontar los aumentos con sus ganancias. Actualmente, los trabajadores de TBA de las líneas Sarmiento y Mitre están en lucha para detener el vaciamiento de los talleres y el desguace de formaciones. Durante décadas, estos grupos desviaron fondos de subsidios estatales para la adquisición de otras empresas (TDO, hoy Ecotrans, por parte de Cirigliano, por ejemplo). Ya en 1998 se radicaron denuncias contra TBA por sobrefacturación del 4.000% en la renovación, subsidiada por el Estado, del material rodante. Hoy, junto con Roggio y Romero, tienen los contratos de mejoras en la Línea Roca, a través de Ugofe, unión transitoria de empresas que heredó el negocio de Sergio Taselli. Este sigue explotando aún contratos del Estado nacional desde Materfer, fábrica de material rodante que comprara con los subsidios del Roca. Basta de impunidad para los vaciadores. Fuera de las concesiones. Ni tarifazos ni subsidios. Que el aumento salarial sea afrontado por las patronales. Salario igual a la canasta familiar para la categoría inicial de todos los gremios.

Más de 6.000 personas marchamos el 4 de abril en Neuquén para reclamar el juicio y castigo a los responsables políticos y policiales del fusilamiento de Carlos Fuentealba y contra el pacto de impunidad entre Sapag y Sobisch. La causa que debe investigar y condenar a los responsables políticos se encuentra paralizada desde julio de 2009. La masiva concurrencia de familias enteras prueba que el reclamo excede, por lejos, a las filas de Aten y los trabajadores de la educación. Semejante movilización, en medio de un plan de lucha que lleva cinco semanas con paros semanales, constituía una oportunidad especial para ligar la huelga de Aten con el reclamo de justicia. Pero desde el palco, el secretario general de Aten, Marcelo Guagliardo, ni siquiera mencionó el nuevo paro de 72 horas que comenzaba el martes 6, con acampe en Casa de Gobierno, o sea a escasas horas de la movilización. La dirección provincial de Aten intentó, por tercer año consecutivo, darle a la dirección de Ctera un lugar en el acto. Guagliardo encubrió con su silencio la entregada del salario que ha pactado la Celeste con el gobierno nacional, el mismo gobierno K que en 2007 le ofreció a Sobisch el envío de la Gendarmería contra la huelga docente. La sola mención de la presencia de Roberto Baradel se ganó la silbatina de los concurrentes e impidió que hiciera uso de la palabra. Como en los años anteriores, la burocracia celeste se quedó en la banquina por el repudio de la masa docente a un acuerdo de rebaja salarial (paritaria testigo para todo el movimiento obrero del país), con cláusula de "paz social" incluida. Abajo la demagogia de la burocracia sindical que pide "justicia para el maestro". Exijamos un Congreso Nacional de delegados de base para resolver un plan de lucha por el 35% de aumento de emergencia al básico, la defensa de la jubilación, la anulación del impuesto al salario, contra la reforma educativa en marcha y para que vayan presos todos los responsables del asesinato de Fuentealba y sus cómplices.

El Congreso resolvió redoblar la campaña en defensa de los derechos políticos del Partido Obrero contra la reforma política proscriptiva del kirchnerismo. Con la presencia de delegados de todo el país, repasamos la situación de las personerías distritales del PO, las tareas planteadas para defender nuestra legalidad y los tiempos planteados para esta campaña. Con la reforma política, el peronismo y la UCR –que lo apoya– pretenden contener sus choques internos (y hasta su disgregación) por medio de una reglamentación electoral. Con las internas abiertas y obligatorias, quieren compactar o subordinar adentro de los partidos a sus múltiples fracciones y forzar a una polarización electoral con vistas a 2011. La concreción de esas internas está por verse, pues dependen del curso más general de la crisis política. Mientras tanto, el gobierno no se priva de aplicar el aspecto más proscriptivo de la reforma: aquel que cuestiona, con múltiples condicionamientos, la existencia misma de las personerías partidarias. El kirchnerismo quiere sacar de la cancha a todo lo que se encuentre a su izquierda. Por ese motivo, echó mano de un decretazo presidencial para volver aún más proscriptiva a su "reforma". Después de sancionada, la ley fue objeto de una "promulgación parcial" de la Presidenta, que cambió la ley en dos cuestiones muy importantes. Por un lado, anticipó drásticamente los plazos para reunir el piso mínimo de afiliados. Por el otro, restituyó las sanciones por caducidad vinculadas con los resultados de elecciones anteriores. Esta promulgación o veto parcial es inconstitucional (el Poder Ejecutivo no puede modificar por su cuenta leyes; a lo sumo, las puede "devolver" al Congreso). La Cámara de Diputados rechazó esta "promulgación parcial" por mayoría simple. Pero el kirchnerismo impugna este rechazo y mantiene en firme la "reforma" con el argumento de que para ello se necesitarían los 2/3 de los votos. Los juzgados electorales no se han anoticiado de esta controversia parlamentaria y avanzan con sus intimaciones y sentencias de caducidad. Sin perjuicio de las acciones políticas y legales que estamos emprendiendo con otros partidos, el PO se ha planteado derrotar a la reforma kirchnerista con una intensa campaña de movilización política dirigida a toda la población, convocando a afiliarse al Partido Obrero en todo el país. En 45 días de campaña, ya reunimos 6.000 nuevos afiliados. Un primer peldaño de esta campaña va a dirigido a revalidar nuestras personerías en un conjunto de distritos. Estamos en el 70% de los objetivos y nos hemos propuesto llegar a finales de abril con la legalidad asegurada en Salta, Santa Cruz, Río Negro y Catamarca. Mientras tanto, hemos iniciado la afiliación masiva en Capital, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Jujuy y Chaco, entre otros. Queremos llegar, en todos ellos, a fines de agosto con todos los requisitos cumplidos. Culminada esa fase, todo el PO va a ayudar a los distritos más rezagados, así como a la conquista de nuevas personerías, como ya lo estamos haciendo en Formosa. En un año, nos proponemos defender los derechos políticos del PO con 35.000 afiliaciones en todo el país. De ese modo, vamos a ganar una primera batalla contra la reforma proscriptiva, convocando a toda la ciudadanía a defender una voz propia de los trabajadores en la crisis nacional.

La diputada Graciela Iturraspe del SIxUP, secretaria de Relaciones Institucionales de la CTA bonaerense –con el apoyo de otros legisladores de centroizquierda del propio SIxUP, como Eduardo Macalusse y Verónica Benas, de Proyecto Sur y del GEN (Margarita Stolbizer y María Virginia Linares)– presentó un amplio proyecto de reforma previsional que recoge buena parte de los reclamos de los jubilados y del movimiento obrero de los últimos años. Entre los puntos más importantes se destacan la jubilación en el 82% móvil, equiparar el haber mínimo al salario mínimo (lo que implica subirlo de 895 a 1.500 pesos), permitir la jubilación proporcional a los que tienen pocos años de aportes y otorgar un beneficio universal a todos los mayores de 65 años que no tienen aportes. Por otra parte, el proyecto fija que a los que ya se encuentren jubilados se les recalculará el haber que perciben actualmente sobre la base del 82%, en tanto que los que cobran el haber mínimo –más de 4 millones– pasarían a cobrar el nuevo mínimo. Los fondos para financiar el sistema provendrán del aumento del aporte patronal, de un incremento del aporte de los trabajadores del 11 al 13% y de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, hoy valuados en 140.000 millones de pesos. Sin embargo, según Clarín (3/4), "se hará una corrección al proyecto y se fijará en el 11% el aporte del trabajador (como rige actualmente)", que se compensará con un incremento de 2 puntos en la contribución patronal. El proyecto también se propone crear el Instituto Nacional de Previsión Social, absorbiendo las funciones de la Anses, con tres representantes de los trabajadores, tres de los jubilados y pensionados, y uno en representación del Estado nacional. Lo que no se dijo El proyecto fue presentado el lunes en una conferencia de prensa en el Congreso. Lo que allí no se dijo es cómo las fuerzas que lo suscriben van a impulsar su aprobación, toda vez que no cuentan con el acuerdo de ningún otro bloque parlamentario. Eso abre el primer interrogante: si se trata de un proyecto cuyo eje es un plan de difusión, divulgación y movilización para hacer doblegar la negativa del gobierno y de los partidos que tienen mayoría en el Congreso, o si solamente se trata de dejarlo registrado en la "mesa de entradas" del Congreso y utilizarlo para el macaneo electoral. ¿Es compatible con pagar la deuda? El proyecto plantea financiar gran parte del 82% móvil y demás beneficios utilizando el Fondo de Garantía (FGS) de la Anses. Ese Fondo está formado en más del 60% por bonos de la deuda del gobierno argentino que vencen escalonadamente hasta 2033. El 40% restante está colocado en acciones y en préstamos a multinacionales, como las automotrices (caso General Motors). Por su parte, los intereses anuales que recibe el FGS fueron destinados a financiar el pago de la asignación "universal" por hijos que, a su vez, absorbe los planes sociales que se pagaban con el Presupuesto del Tesoro. De esta manera, los objetivos establecidos en el proyecto dependen de que el gobierno pague religiosamente los intereses y el capital de la deuda, o sea que ata el proyecto al pago religioso de la deuda pública usuraria a los acreedores extranjeros, los que tienen la parte principal de los títulos públicos. Si los autores del proyecto lograran que la deuda sea consignada en el Banco de Basilea hasta que se realice una nueva investigación de ella, hundirían a la Anses e inviabilizarían el proyecto. Como si esto no fuera suficiente, el Estado argentino ¡no tiene condiciones de pagar la deuda! Está condenado a refinanciarla eternamente y aumentarla mediante la capitalización de los intereses. En estas condiciones, el Fondo de Sustentabilidad no tendrá la liquidez para pagar el 82% ¡salvo que lo haga en bonos! Una variante sería que la Anses o el Instituto salgan a vender los bonos, pero en ese caso se derrumbarían sus precios y tampoco podría financiar el 82% móvil y demás beneficios. Para darle sustentabilidad al Fondo, Argentina debería repudiar la deuda con los usureros internacionales. Precisamente lo que los promotores de este proyecto se niegan a plantear. El PO plantea que el 82% móvil, la jubilación mínima equivalente al salario mínimo y demás beneficios sean pagados por el Estado sobre la base de la recaudación de los aportes patronales e impuestos al capital que van a la Seguridad Social. Que esos aportes e impuestos sean de la cuantía necesaria para pagar todas las prestaciones y estén administrados por trabajadores y jubilados. Que los intereses del FGS se destinen a pagar las sentencias y las retroactividades de los jubilados, que se deje de financiar a las multinacionales y que la asignación "universal" se financie con un impuesto al capital. Sobre esa base, llamamos a una campaña para imponer este programa mediante la movilización.

Hace un mes y medio, un pequeño grupo de docentes activos, jubilados y jubilables comenzaron a reunirse en el Centro Cultural Catalina Guagnini, en Belgrano, para expresar el descontento frente a la Ley K de jubilación y la necesidad de formar una agrupación. En esa oportunidad, se evaluó la posibilidad de un inminente quiebre de los jubilados ante la gran estafa de la movilidad. Esta ruptura llegó de la mano del misérrimo aumento de 0,98%. El lunes 22 se llevó a cabo la tercera reunión de este reagrupamiento de activos, jubilables y jubilados con una concurrencia, esta vez, de 40 personas que llegaron al local de Belgrano a través de cadenas de mails e invitaciones. La dirigente de Tribuna Docente Nora Biaggio desarrolló en el plenario un repaso del recorrido histórico de la lucha por la movilidad. Se llegó a la conclusión de que con la actual política, nuestros compañeros docentes jubilados pasarán 12 meses sin cobrar aumento ante una inflación demoledora del 43%. Se escucharon muchas voces expresando casos muy diferentes entre sí, pero con un denominador común: la necesidad de organizarse y dar a conocer este reclamo a la sociedad. Una compañera señaló que la burocracia de la CTA, ligada al gobierno K, es responsable de que nunca se llega a fondo en la defensa de los trabajadores. Además, se mencionó a la conducción de UTE y de Ctera como entregadores de nuestras luchas. Queda pendiente profundizar en la importancia de la lucha conjunta de activos y pasivos para lograr el objetivo. En esta etapa de transición política del movimiento obrero, la organización de la agrupación de jubilados docentes es decisiva y el balance de esta reunión muestra sus posibilidades y alcances.

Desde el otro lado de la cordillera, el Partido Obrero Revolucionario les desea que las jornadas de discusión y elaboración política del conjunto del partido, en su XIX Congreso, culminen con pleno éxito y así sigan demostrando en la práctica el rol de vanguardia que hasta ahora han jugado para el conjunto de los revolucionarios de América Latina y en el ámbito mundial. Desde nuestro país, castigado por la catástrofe capitalista y la catástrofe natural, los apoyamos en forma militante, en el esfuerzo de la construcción de la alternativa obrera y socialista. Viva la CRCI. Viva el PO.

Los comentaristas de turno tomaron en sorna las fatigas de Boudou y de Fernández para explicar los aumentos como la consecuencia de un ‘reacomodamiento’ y no de la inflación. Claro, para que haya ‘reacomodamiento’, lo que sube debe ser compensado por lo que baja –y no hay mercadería cuyo precio no pare de aumentar. La inflación viene subiendo desde 2006, precisamente por el ‘reacomodamiento’ de precios: después del derrumbe de 2002, los precios se han ido ‘reacomodando’ a los niveles internacionales, donde hay incluso una tendencia a la deflación, como ya había ocurrido desde la ‘convertibilidad’ hasta la declaración de ‘default’. Estamos, como dicen los K, ante un verdadero ‘reacomodo' en dirección a la estratosfera. El ‘cafecito’ criollo es un poquito más caro que el de Roma o Milán, el pollo ostensiblemente más caro que en Brasil y la carne ya está más cara que en Uruguay – por primera vez desde 2002. Los precios que no se logran reacomodar son, con toda evidencia, los de la fuerza de trabajo, en primer lugar por el elevado trabajo en negro. La mitad de la fuerza laboral gana una media de 1.500 pesos – cinco veces menos que el salario mínimo en euros, cuatro veces menos que el mínimo en dólares y tres veces por debajo del costo de la canasta familiar en pesos. Los salarios de convenio tampoco llegan al costo de la canasta familiar, salvo en unas pocas especialidades. Los países que pagan con unción religiosa la deuda externa no deberían tener inflación sino deflación, porque el pago saca pesos de circulación para comprar dólares que se van al exterior. Incluso si el gobierno ha gozado durante cinco años de un copioso superávit comercial, que debería haber aumentado la circulación de pesos, ese excedente fue consumido, desde 2007, por la fuga de capitales. La inflación ha sido generada entonces –incluso en un año de fuerte caída de la demanda de consumo y de inversión, como 2009– por una política abusiva de subsidios de tarifas y de precios, que engordó a los capitales – amigos o no. Es un gasto parasitario, que supera el 20% del total del presupuesto, que fue financiado por emisión del Banco Central (adelantos transitorios, uso de reservas, triangulaciones con otros bancos estatales, sin obtener de parte del Estado la contrapartida de activos o garantías de valor real. En los bancos hay una abundante liquidez (el 40% de los depósitos), que es destinada a la compra de títulos públicos. Hay una inflación descomunal de precios de papeles de deuda y, por lo tanto, ganancias ficticias que también presionan sobre los precios del consumo. Pero cuando los mosqueteros K hablan de ‘reacomodamiento’, están diciendo algo más de lo que quieren escuchar sus críticos. Están aludiendo a la intención del gobierno de ‘reacomodar’ los precios y tarifas de mercaderías y servicios subsidiados. O sea que van por ‘el ajuste fiscal’ que adjudican a sus opositores de la ‘restauración conservadora’. Eso quedó claro a principios de esta semana cuando el gobierno retiró los subsidios al engorde de ganado en corrales, alegando que el aumento de los precios de la carne los hacía superfluos. Los K se quejan por la remarcación de precios que en realidad promueven. Lo mismo ha ocurrido ya con los peajes y con los precios de la nafta (deberán subir otro 10% en los próximos días) y desde el año pasado hay un programa de actualización de las tarifas de gas y de luz. Los K están, entonces, en pleno ajuste, pero, como los ladrones, gritan: "al ladrón, al ladrón". Es a la luz de esta política que se explica el parate que ha sufrido la devaluación internacional del peso, porque de este modo el aumento de precios se produce también en términos de dólares – que es lo que le interesa al capital. Para mantener el dólar clavado son necesarios los ‘canjes’, mayores endeudamientos y el pago de la deuda al Club de París. ¡Quieren contener la inflación, provocada por el gasto fiscal en subsidios, con el ‘reacomodamiento’ de los precios que se encuentran subsidiados! Además de los perjuicios que esto provoca a la burguesía que necesita devaluar para poder exportar y para proteger su mercado interno, las contradicciones sociales que plantea la política oficial son numerosas y así se irán manifestando en el curso del tiempo.

El lunes 5 de abril, en el tercer aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba, el conjunto de los docentes que conforman el arco opositor a la burocracia celeste en la provincia de Buenos Aires, con la presencia de seccionales de oposición de Suteba y sindicatos docentes de Capital Federal, marchamos a la Casa de Neuquén para reclamar el juicio y castigo a los responsables políticos del asesinato del compañero Carlos Fuentealba. El acto de repudio se desarrolló a metros de la Casa de Neuquén, ya que se había dispuesto un vallado y un cordón policial que nos impidió llegar hasta la puerta. Ante la presencia de una gran cantidad de medios periodísticos, más de diez oradores – entre ellos, la secretaria general de Suteba La Plata Amelia García y la congresal a Ctera y CTA por Neuquén Patricia Jure– dejaron en claro la responsabilidad de la Ctera por haber aislado el conflicto hace tres años y reclamaron el juicio y castigo a quienes dieron la orden política de la represión. Este importante acto contrastó con el silencio total de la Ctera, fiel a su política de sostén del gobierno nacional, al igual que el Suteba de Baradel, quien concurrió al acto en la provincia de Neuquén, pero los docentes no le permitieron subir al palco. Y es que la burocracia celeste no logra hacer pasar su apoyo incondicional a este gobierno avalando los salarios docentes en niveles de pobreza, escuelas que se caen a pedazos y una reforma en secundaria que significará una brutal devaluación de la calidad educativa; o dándole la espalda a las luchas docentes, o como en Suteba La Plata, con fraude y con patotas. Porque más que nunca están vigentes las reivindicaciones por las que luchó Carlos Fuentealba, se plantea la necesidad de un congreso de delegados de base con mandato para organizar y desarrollar un plan de lucha nacional.

Compañeras, compañeros: "La inauguración de este Congreso –por lo menos yo lo veo de esta manera– tiene algunas características dolorosas respecto a los congresos anteriores porque no van a estar entre nosotros compañeros que participaron activamente en la lucha del Partido Obrero y que participaron activamente en sus congresos. Menciono a Luis Oviedo, el Gurí, y Ana, la compañera de Once, que no sólo se destacaron como grandes luchadores de nuestro partido durante muchísimos años, sino que, además, lucharon denodadamente por la vida, no dejaron de militar en ningún momento y han escrito para el periódico y han participado en reuniones en las condiciones físicas más difíciles. Haberlos tenido entre nosotros ha sido un honor y lamentamos profundamente que no estén ahora, en particular, porque tenían muchísimo que dar. La vida es un ciclo, pero a ellos se les tronchó muchísimo antes de que cumplieran ese ciclo. Lamentablemente, no sólo Luis Oviedo y Ana de Once no están presentes entre nosotros. Hay otros compañeros que tampoco están presentes entre nosotros, por ejemplo, no está presente la compañera Margarita Capurro, una gran luchadora en los gremios estatales de Mendoza, pero nos ha dejado algo, su hija Soledad Sosa, primera candidata a concejal por el Partido Obrero en las últimas elecciones en Mendoza, que ha demostrado una capacidad política incomparable, con sus 23 años, y ha logrado una duplicación del votos del Partido Obrero respecto de la elección precedente y una triplicación de los votos del Partido Obrero respecto de la elección anterior. Así que Margarita Capurro nos ha dejado a su hija. No está entre nosotros la compañera Raquel Alegre, de La Matanza, a la cual le rindo un homenaje; no está entre nosotros Víctor Valentín Monzón, del Polo Obrero de Berazategui; tampoco Julián Mendoza, un compañero muy joven, también de Berazategui, que falleció a raíz de una enfermedad crónica; la compañera Alba, de la UJS de Capital, que tuvo un final trágico que no se pudo evitar; Raquel Beatriz Cambón, una compañera trabajadora de la Sanidad y fundadora de la agrupación Asis; Elsa Duarte, constructora del Polo Obrero de Florencio Varela; Tinquer, militante del Partido Obrero y del Polo Obrero de San Fernando, que falleció en el pasado mes de julio; Rubén "Papi" Carranza, militante y constructor del Partido en el barrio de La Boca; Francisco "Bebe" Zapata, otro joven luchador del Polo Obrero de Maquinista Savio, pero en este caso fue asesinado por la policía, en un crimen que todavía no se ha podido esclarecer o que la Justicia ha hecho lo imposible por encubrir. Todos éstos son compañeros muy jóvenes, con mucho todavía para dar, que pelearon por una causa, la más noble de todas, que es la de terminar con la explotación del hombre por el hombre y que nosotros pensamos y estamos juramentados a cumplir con sus sueños y con sus ideales en una lucha denodada por terminar con el régimen capitalista. Finalmente, quiero mencionar en la inauguración de este Congreso otras cosas más. En primer lugar, el orgullo que sentimos por la gigantesca movilización del Polo Obrero de Eldorado, en Misiones, con 10 mil compañeros peleando por trabajo y para que la crisis la paguen los capitalistas, luchando por la liberación de una compañera directora docente e informarles que nuestro compañero organizador de esta lucha, el compañero Aníbal Zeretsky, que fue detenido en horas de la madrugada y, como consecuencia de la movilización popular, fue liberado y está nuevamente luchando y encabezando una de las manifestaciones populares más grandes de la provincia de Misiones (aplausos). También quiero decir que desde fines de febrero se encuentran detenidos tres luchadores del movimiento, desocupados del norte de Santa Cruz, Caleta Olivia, Calera, Pico Truncado; los compañeros Blanco, García y Hernández, que fueron detenidos en la provincia de los K precisamente por luchar contra la desocupación y por organizar piquetes frente a las plantas petroleras y frente al Concejo Deliberante. Estas mismas plantas petroleras, a las cuales Kirchner y Das Neves les han prorrogado los contratos de exploración y explotación hasta el año 2017, o en el caso reciente de Repsol y Panamerican (K y Peralta) hasta el año 2027, han conseguido un aumento gigantesco de sus patrimonios por las reservas que se le adjudican, hacen encarcelar a tres compañeros que luchan simplemente por su derecho al trabajo. Desde este Congreso reclamamos la libertad de estos tres compañeros y nos comprometemos a seguir luchando, como siempre lo ha hecho el Partido Obrero de la zona norte de Santa Cruz, por la libertad de todos los compañeros: Blanco, García y Hernández.

Se equivocan los que creen que la ocupación de Malvinas por parte de Galtieri tenía el propósito de recuperar la soberanía político-territorial de las islas. La dictadura había improvisado la invasión con la fe de que una mediación norteamericana llevaría a la instalación de una "soberanía compartida" o el sistema de "dos banderas", al que presentaría como un paso intermedio hacia la conquista de los "reclamos históricos". El gobierno seguiría en manos de los ‘kelpers’. Lamentablemente para la dictadura argentina, para la británica Thatcher, que atravesaba una temprana crisis política, semejante compromiso significaba el final de su mandato. Por eso saboteó la mediación peruana y sacrificó a los tripulantes del Belgrano, y en el camino dejó sin aire a la mediación norteamericana. En la ‘política de Estado’ de la burguesía nativa, la soberanía argentina en Malvinas nunca ha figurado como objetivo, no importa lo que diga la Constitución nacional, como tampoco le importa a nadie lo que dicen los restantes artículos. La reivindicación de Malvinas sí ha sido un abundante tema de propaganda y una carta oculta (junto con la soberanía en el canal de Beagle o los hielos continentales) en el juego de facciones de la política argentina. En los últimos días, el tema de Malvinas se reavivó, y no solamente porque los ingleses mandaron una plataforma de exploración, que ahora dice, mentirosamente, que la zona no contiene posibilidades petroleras comercializables. Más importante que eso ha sido la decisión de los K de conceder permisos de exploración en las aguas occidentales adyacentes a Panamerican Energy y a Repsol, a las cuales algunos comentaristas les atribuyen mayores posibilidades de éxito que a los ingleses. Ambas iniciativas, la inglesa y la argentina, tienen en cuenta los éxitos de Petrobras, que encontró petróleo aguas afuera del puerto de Santos, a más de dos mil metros de profundidad, en una complejísima perforación de las paredes ‘pre-sal'. Establecido este cuadro, lo fundamental es, sin embargo, lo siguiente: el pulpo que está a la expectativa de lo que encuentre la inglesa Desire Petroleum es British Petroleum, el mismísimo pulpo británico que es el socio mayoritario de la ‘argentina’ Panamerican Energy. ("Dos puntas tiene el camino y en las dos una inglesa me aguarda"). De la partida petrolera forman parte también Petrobras y Repsol, dos empresas que tienen en común lo siguiente: el control operacional lo tienen brasileños y españoles, respectivamente, pero la mayoría del capital en acciones se encuentra en manos de fondos de diverso tipo, norteamericanos y británicos. La mesa está servida para empezar a negociar, de nuevo, la ‘soberanía compartida' y ‘las dos banderas' de Galtieri. Los británicos, con un déficit fiscal del 14% del PBI, están a la caza de cualquier cosa que les evite la quiebra de la libra esterlina. Ahora bien, el conflicto ‘insoluble' por Malvinas trae a la memoria, en estas circunstancias, el siglo de conflictos ‘insolubles' con Chile por las demarcaciones de fronteras. La dictadura quiso ir incluso a la guerra por este asunto. Los conflictos fronterizos habían quedado como resaca del reconocimiento, por parte de Chile, de la soberanía argentina en la Patagonia a cambio de que Argentina no apoyara a Bolivia en la guerra con Chile. La solidaridad latinoamericana, como se ve, está plagada de guerras y de traiciones. Esos conflictos ‘insolubles' se arreglaron en menos de lo que canta un gallo cuando los pulpos mineros llegaron a un acuerdo para explotar como un territorio único los dos lados de la cordillera y reventar sus glaciares. La minería capitalista logró, en lo que dura un suspiro, lo que la ‘diplomacia’ no había podido resolver en cien años. El escenario en Malvinas es ahora el mismo. Por eso, el británico progresista The Guardian ( Clarín , 6/4) acaba de editorializar que "Gran Bretaña y Argentina podrían beneficiarse con tratativas diplomáticas en torno de la explotación de recursos naturales en el archipiélago de las Malvinas". ¡Hasta los chinos deben ver con gusto esta posibilidad ahora que han puesto un pie en Panamerican y quizá levanten la suspensión a las importaciones de soja desde Argentina! La Desire Petroleum le dijo al diario inglés "que la viabilidad del proyecto presupone que el crudo sea transportado a las terminales argentinas", que además lo necesitarían porque "su producción reciente es muy pobre". The Guardian anima a la Argentina a "no olvidar su reclamo soberano", mientras negocia recursos naturales, y a Londres a "convencer a los isleños". La mesa está servida. La trastienda por Malvinas podría explicar el súbito interés uruguayo para que Kirchner presida Unasur, así como el interés de los K (aunque no sea súbito) por mejorar las relaciones con Uruguay y acatar un fallo internacional. Uruguay es una alternativa de escala para los buques que enfilan hacia el sur del continente; por otro lado, no se podría iniciar siquiera una negociación diplomática con el Reino Unido desairando un fallo de La Haya. A hacer las apuestas entonces. No debería extrañar que los K pretendan usar este tipo de acuerdos para florearse en las elecciones de 2011. Mario Cafiero atribuye en forma condicional lo que llama "La inoperancia de la política llevada en el Atlántico Sur, (...) a los "entendimientos entre el Gobierno e intereses anglopetroleros" ( Clarín , 5/4), pero es muy probable que ya se haya pasado de la ‘inoperancia’ a los operativos concretos. Una fuerte reacción nacional podría paralizar estas operaciones internacionales. Lo que de todos modos sigue en pie es la incapacidad del nacionalismo para desarrollar una política nacional por la soberanía argentina. La razón es muy clara: para lograrlo hay que echar al imperialismo de Argentina mediante la lucha de clases; la unión nacional es un camino de derrotas.

El 15 de febrero, trabajadores de Argentina Trabaja de Almirante Brown cortaron la Avenida Espora para reclamar el salario adeudado de enero. Los funcionarios se comprometieron a pagar ese primer sueldo entre el 15 y el 20 de marzo. El 25 de marzo, los trabajadores se volvieron a movilizar para reclamar al intendente por los sueldos de enero y febrero impagos. Darío Giustozzi se había comprometido a que en abril cobrarían los dos meses de salarios adeudados, aun en el caso de que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se atrase (Inforegion, 26/3). El 29 y 30 de marzo, más de trescientos compañeros de los planes Argentina Trabaja se movilizaron en Varela para reclamar al gobierno nacional el pago de los meses de enero y febrero trabajados. Los medios de información se preguntan si, ante la crisis, "¿será éste el tiempo que se avecina: marchar y protestar para poder cobrar?" ("Varela al día")". El lunes, los "Argentina Trabaja" tuvieron que cortar la avenida Calchaquí y un compañero desesperado intentó incinerarse a lo bonzo. El martes, ante la indiferencia gubernamental, cortaron el Cruce Varela hasta que apareció la plata, luego de largas negociaciones. El gobierno nacional, el 20 de febrero, había firmado un acta por el mismo reclamo de falta de pago que lo comprometía a ponerse al día con las deudas salariales, pero no cumplió. En medio de los reclamos, hubo denuncias de cooperativas que durante seis meses no cobraron, de gente que trabaja desde junio de 2009 cobró la primera remuneración dos días antes de las elecciones, y la segunda dos días antes de Navidad. Los compañeros reclamaron también por las condiciones de trabajo, por la demora de entregar ropa y herramientas.

La Comisión sindical, la más numerosa del congreso, presentó un salto político en relación a anteriores congresos y a otras muchas experiencias de debate entre luchadores sindicales en los que me ha tocado participar. Sus más de cincuenta oradores se refirieron no a sus luchas particulares sino a los problemas de la estrategia para una construcción clasista en el movimiento obrero en su conjunto. Hay en ello una maduración política que ya tuvo expresión en la formidable Conferencia Sindical de noviembre pasado. Pienso que expresa la etapa de transición hacia una nueva dirección obrera. Seguramente, contribuyó a la riqueza del debate una caracterización central del Congreso, la referida al lugar de las reivindicaciones inmediatas en la nueva etapa de la crisis mundial –que marca la tendencia a la quiebra de los Estados que salieron al rescate del capital. El informe al Congreso destacó que esas reivindicaciones tienen su pleno lugar y vigencia en la crisis, en primer lugar porque ponen en el primer plano las necesidades más apremiantes y decisivas de las masas. En segundo lugar, porque la propia crisis ha puesto de manifiesto, muy rápidamente el fracaso de las medidas financieras de rescate y obligará al Estado –como ya ocurre y como lo reclaman incluso medios de la burguesía– a una ingerencia mayor en el proceso social, incluida la necesidad de hacer frente a la presión de los explotados. Al gobierno que dice a los obreros y a los sindicatos que no puede satisfacer sus reclamos- por la razón de la crisis, la respuesta es que sin la satisfacción de esos reclamos la crisis entrará forzosamente en una fase de depresión económica generalizada. Es precisamente la lucha por las reivindicaciones inmediatas la que introduce en la etapa las reivindicaciones de transición; es decir, el choque del proletariado con el capital y con Estado por el control del proceso social y por el poder. El Congreso rechazó el planteo del izquierdismo conservador, por un lado, y de la burocracia de los sindicatos, por el otro, acerca de la inviabilidad en la lucha por las reivindicaciones inmediatas en el marco de la bancarrota capitalista y del Estado. Las reivindicaciones transitorias (o sea más allá de las inmediatas) están más vigentes que nunca a partir de los reclamos inmediatos: el salario debe ser indexado frente a la inflación; el derecho al trabajo (a ser explotado por el capital) plantea el reparto de horas contra los despidos y de aquí la ocupación de las fábricas que cesanteen o cierran; la organización de cuerpos de delegados en todos los lugares de trabajo pasando por encima del restringido marco de la cúpula sindical. Por intermedio de ellas la clase obrera puede intervenir en la crisis política y abrir su propio rumbo para que la crisis la paguen los capitalistas. Ello nos permitió centrarnos de lleno en algunas campañas centrales: la más novedosa es por la derogación de la ley de asociaciones profesionales, que integra los sindicatos y establece un régimen de burocracia sindical que se convierte en empresaria. A los dirigentes de la CTA, que reclaman la personería gremial, les planteamos que exijan la derogación de esa ley nefasta, dado que esta derogación es la condición de la independencia y democracia sindicales. Es la ley que establece el mandato sindical de cuatro años y la reelección indefinida, que pone en manos de los burócratas la organización fabril de tal suerte que en el 80% de las fábricas no hay delegados, que permite manejar con el dedo del Ministerio de Trabajo todas las relaciones sindicales, desampara a los activistas, decide quién firma convenio y quién no, coloca a todos los sindicatos bajo el "monitoreo" del Estado patronal y opera reglamentando el derecho de huelga. Las conquistas judiciales para los delegados inscriptos y el desarrollo de un movimiento de formación de sindicatos independientes reales, que cuentan con apoyo de los trabajadores, es una oportunidad para impulsar esta campaña. Está en marcha un decreto para ofrecer a la próxima delegación de la OIT, que vendrá en mayo, una adaptación de la ley vigente al convenio 87 de la OIT, que reconocería la legalidad de los delegados de sindicatos inscriptos y la prerrogativa de cobrar cuotas por recibo. Al mismo tiempo, se ha constituido una comisión para reglamentar el derecho de huelga con mayoría patronal y estatal, que podría declarar, por ejemplo, ilegal a una huelga del subte por afectar un servicio esencial. Es decir un paquetito completo para encuadrar legalmente los fallos de la Corte en un "modelo sindical modernizado". Como se aprecia, la cuestión de la libertad sindical ni de lejos se restringe a darle un lugar bajo el sol a las nuevas organizaciones simplemente inscriptas o a la CTA. El planteo del congreso del PO retoma el proyecto que la Asamblea Nacional de Trabajadores llevó al Congreso Nacional –en oportunidad de la caída de la ley laboral por las coimas del Senado, apoyado por más de cien cortes de ruta del movimiento piquetero– de abolir todo el aparato legal laboral antiobrero. La campaña por la derogación de la Ley de Asociaciones está para reforzar la lucha por una nueva dirección en los sindicatos y la unidad obrera. Defendemos la unidad de los cuerpos de delegados y comisiones internas, electos en forma proporcional, así como los convenios únicos por industria, por parte de paritarios elegidos a ese efecto también en forma proporcional. El Congreso del PO puso proa a la tarea. Hemos planificado decenas de plenarios obreros zonales en todo el país con los ejes descriptos.

El 29 de marzo fue asesinada Silvia Suppo, una testigo clave en el juicio contra el juez de la dictadura Víctor Brusa. También es impulsora de la causa que investiga la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter. Silvia fue asesinada de nueve puñaladas en pleno centro de la ciudad de Rafalea (provincia de Santa Fe) y a metros de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V, ¿una zona liberada? Sobre la sangre aún fresca de Silvia, la vicegobernador de Binner, Tessio, responsabilizó a la víctima por no haber adherido al programa de "protección" de testigos; es decir, porque no quiso a la maldita policía siguiendo sus pasos. Por otro lado, ya encontraron a dos perejiles a quienes culpar; uno de ellos trabajaba cuidando coches a metros del negocio de Silvia y era conocido en la zona como Sosita. La familia descree la versión de robo e insiste en que fue un asesinato político, "Creemos que no se trata de un robo violento, sino de un asesinato político por el grado de precisión del ataque sufrido por nuestra madre y la fecha del suceso, muy cercana al 24 de Marzo. Está estrechamente vinculado a su condición de querellante en las causas contra los delitos de lesa humanidad", dijeron los hijos de Silvia. El viernes pasado, 1.200 personas marcharon en Rafaela para pedir justicia por Silvia y reclamar el esclarecimiento de su asesinato. Ayer fue Julio López, hoy es Silvia Suppo. Desde el Partido Obrero denunciamos que la impunidad sigue vigente bajo los gobiernos de los K como del Frente Cívico comandado por Binner. Llamamos a impulsar movilizaciones en todo el país reclamando el inmediato esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo, cárcel a los culpables y el desmantelamiento del aparato represivo.

El viernes 30 de marzo, el gobierno y sus burócratas afines pretendieron cancelar la paritaria de los docentes universitarios con un mísero "ajuste" salarial en cuotas que, anualizado (enero a enero), no representa más de un 11 a un 13%. El aumento del 26% anunciado por los medios sólo lo cobrará alguna categoría en noviembre. El "aumento" fue rechazado por la Conadu Histórica. Sí lo aceptaron la conducción de Conadu y el sindicalismo oficial y trucho. Para ello, el Ministerio de Educación había convocado "de urgencia" a una parodia de Mesa de Negociación. Mientras tanto, se desarrollaban los paros y el rechazo de las asambleas de la inmensa mayoría de las universidades del país (las 21 asociaciones de Conadu Histórica, cuatro de las principales de la otra Conadu; varias seccionales de la tecnológica; Villa María). La trampa que el gobierno promueve, junto a los rectores desde 2006, reside en convocar a la firma a todo tipo de sellos y burócratas sin representación alguna (UDA, Ctera, con menos de 100 afiliados en el país; Fedun-Aduba, un sello del moyanista Ricci), debidamente untados con la "cuota de solidaridad sindical". Pero el papel principal en ayuda de las maniobras del Gobierno lo cumple la conducción de Conadu (surgida en un Congreso divisionista organizado por el ministro Flamarique), que reúne a diez asociaciones e integra el oficialismo de la CTA. Sus dirigentes (De Feo, Sanllorenti) amañaron un plenario para imponer el "acuerdo". Aun así, debieron prometer un referéndum de un Congreso. Cuatro de las principales a Asociaciones de esa Conadu (Rosario, Córdoba, Río IV, San Luis), junto a Villa María, han repudiado el acuerdo, denunciando a la burocracia de De Feo y promoviendo "un encuentro de Asociaciones de las Federaciones para decidir la aceptación o el rechazo y el plan de acción". El movimiento docente es desigual, algunas seccionales paran masivamente, incluso forman parte de las grandes movilizaciones docentes y de estatales de ciertas provincias como Neuquén. Pero más allá de las diferencias, en la situación hay condiciones para quebrar a la burocracia y avanzar hacia la unificación del movimiento docente universitario. La Agrupación Naranja plantea un Congreso de bases de la Conadu Histórica y de la otra Conadu para impulsar en común un plan de acción para quebrar el acta, imponer nuevas paritarias con mandatos y paritarios elegidos por asamblea que nos permita como mínimo unificar las cuotas, una cláusula de indexación salarial, salario a los ad honorem, estabilidad y pliego único hacia la paritaria nacional por el Convenio Colectivo. Un Congreso de bases conjunto colocaría otro escenario para llevar la convicción a la masa docente de que podemos reunir las fuerzas para quebrar el acuerdo a la baja y defender integralmente las conquistas de la huelga conjunta de 2005.

El “Informe político”, que fue dado a conocer en la revista En Defensa del Marxismo, fue ampliamente debatido en los plenarios previos al Congreso. La agonía del cacareado nacionalismo burgués de los K se ha convertido en una nueva crisis de régimen, pero es una expresión de la etapa abierta por la bancarrota capitalista mundial. El régimen “K” fue predicado como un intento de ‘restructurar a la burguesía nacional’, pero ha sido en realidad un método para pagar el tributo colonial de la deuda externa y para poner de manifiesto, en el camino, el carácter sistémico de la deuda, que es hoy, bien calculada, superior a la dejada por el menemismo, en tanto porcentaje de la riqueza nacional anual. Además ha hipotecado a la Anses, al Pami, al Banco Central, preparando las condiciones para su quiebra en la próxima devaluación masiva del peso. Argentina asiste, cuando no pasó una década de 2001, a una nueva crisis de deuda, que alcanza hoy, después de tanto ‘desendeudamiento’, al 70% del PBI. Esto se manifiesta en la crisis fiscal del Estado nacional y de las provincias. El nuevo episodio de la crisis de la deuda tiene lugar, ahora, cuando se anuncian crisis fiscales en cadena, desde Grecia hasta Estados Unidos, sin olvidar a Gran Bretaña y Japón. El próximo ‘default’ nacional y popular pasará desapercibido en la marea de los ‘default’ internacionales. Los Boudou y sus amigos se divierten viendo a sus adversarios que ignoran el “reacomodamiento de precios” que está impulsando el gobierno –que comenzó con los peajes, las tarifas de nafta y ahora la carne– para limitar los subsidios que agravan el déficit fiscal. El manotazo a las reservas del Banco Central es, en ese cuadro, un último recurso, del que quieren colgarse el gobierno nacional, las provincias y sus múltiples camarillas capitalistas. Los “nacionales y populares”, sin embargo, quieren llegar al 2011 de la mano del capital financiero y sus pulpos internacionales. Mientras tramitan el leonino canje de deuda, los "K" habilitan a la Panamerican Energy, controlada por la British Petroleum, a la explotación petrolera en la cuenca Malvinas. La cuestión de la deuda es un eje central de delimitación política. Pone de relieve, también, el carácter conservador del centroizquierda de Proyecto Sur. El Congreso partidario discutió la cuestión del no pago desde el punto de vista del método político. Por eso votó una campaña por el no pago de la deuda a través de actos, manifestaciones, charlas y mesas redondas a la escala de todo el país.

Desde hace cuatro meses, está pendiente una campaña por la absolución de Gudiño y Morales, de los obreros de FP y de los tres militantes del PO –Federico Deccopet, Carlos Súarez y Esteban Zaric. Estos ataques estaban inscriptos en la política represiva de Scioli, contra el derecho de huelga. El gobierno está dispuesto a utilizar todos los recursos y el poder del Estado para impedir una reacción de los trabajadores. Para ello, vienen aplicando una política de conjunto: las vías administrativas (Suteba), la vía judicial (Fargo, FP, Tatsa, etc.), la gendarmería (en Misiones contra Zeretski, etc.), la militarización y la represión (Kraft) y la censura política a quienes alzan su voz contra este ataque (juicio de Othacehé a Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal). Con esta artillería, Scioli intenta transformar a los luchadores en delincuentes comunes, como ya lo expresara la fiscal en la causa de FP. La rapidez con la cual está actuando la Justicia en este caso responde a las urgencias políticas del gobierno. Es necesaria una campaña política centralizada y planificada sobre el movimiento obrero con respecto al juicio de los trabajadores de FP y de los militantes procesados.

El lunes 5 de abril asumió la conducción de la Federación Universitaria de Buenos Aires, además de las nuevas secretarías, en el marco de la primera reunión de Junta Ejecutiva de la Fuba, luego del Congreso Ordinario realizado el pasado 27 de marzo en la Facultad de Psicología. La Junta Ejecutiva aprobó, además, una declaración política. El país se encuentra atravesado por una nueva crisis de deuda externa. En el año del bicentenario, estalla por enésima vez uno de los mecanismos de sometimiento nacional por excelencia, inaugurado con la presidencia de Rivadavia. Fue la dictadura militar de Videla y compañía la que potenció el último ciclo de endeudamiento, el cual creció exponencialmente a través de los sucesivos refinanciamientos contraídos por todos los gobiernos hasta la fecha, sin excepción. La deuda externa, de hecho, forma parte de todo un dispositivo de opresión por parte del imperialismo, que incluye aspectos políticos, diplomáticos y hasta militares. La reciente crisis desatada en torno al uso de las reservas encontró al gobierno y a su oposición reaccionaria coincidiendo en el punto fundamental de pagar incuestionablemente la deuda externa. Se pelean por cómo pagar una deuda que no sólo es ilegítima en su origen y mecanismos, sino que incluso nuestro país ha pagado ya varias veces. La educación pública no se encuentra ajena a este problema. El pago de la deuda se corresponde con una política de sometimiento de la educación a las necesidades del mercado, impulsada por las empresas privadas y hasta por el Banco Mundial. La Ley de Educación Superior, la acreditación de las carreras a un organismo externo integrado por privados (Coneau), el trabajo gratuito de estudiantes en empresas y un presupuesto de miseria, entre otras cosas, son la expresión más descarnada de esta política. La vinculación de la crisis educativa con la deuda no es caprichosa, ni tampoco nueva: históricamente, el movimiento de lucha en defensa de la educación pública plasmó el problema en la consigna "Triplicación del presupuesto educativo en base al no pago de la deuda externa". Ratificamos la absoluta vigencia de esta bandera, mucho más en el marco de esta crisis, frente a la cual el gobierno K y su oposición reaccionaria coinciden en congraciarse con los acreedores internacionales –grandes bancos, fondos buitres– a como dé lugar. De hecho, el pago de la deuda externa se presenta como un saqueo incompatible con la posibilidad de desenvolver en toda su potencia los recursos humanos, técnicos, científicos y sociales del país. Frente a esto, la Fuba se plantea una fuerte campaña contra el pago de la deuda externa, impulsando las más diversas acciones de lucha y debate. En este sentido, le formularemos a la Conadu Histórica la propuesta de llevar a cabo una acción nacional en común, antes del fin de abril, para marchar contra el pago de la deuda y la privatización, y por el presupuesto y el salario. ¡No al pago de la deuda externa, sí a la educación pública y gratuita!

En el XIX Congreso del Partido Obrero se desenvolvió un intenso debate en diversas comisiones. Estas comisiones atendían a los problemas fundamentales de la situación política nacional e internacional. Deliberamos intensamente durante cuatro días y desarrollamos planes de acción y tareas para la próxima etapa. Frente a la crisis capitalista, el Partido Obrero señala en forma optimista las oportunidades que se abren para los revolucionarios en todo el mundo. La crisis confirma la necesidad de organizar a la vanguardia obrera en un partido de combate. Pude ver en este Congreso el nivel político de los delegados de todo el país y de sus experiencias. Fueron muchos los aportes y puntos de vista que nutrieron las resoluciones finales. Considero insuperable la caracterización de la situación de la crisis mundial y sus conclusiones para las luchas más elementales de los trabajadores. Asimismo, ratificamos nuestro método para refundar a la IV Internacional, mediante un congreso que reúna a todas las expresiones que luchan por la independencia de clase y que intervienen en la lucha con el método de las reivindicaciones inmediatas y transitorias. Será un Congreso donde deberemos discutir la estrategia de la IV Internacional, no una lucha faccional que se desarrolle en oposición a la unidad de los internacionalistas. Hay una cuestión que me enorgullece: la madurez política con la cual el partido ha discutido la renovación de los integrantes del Comité Nacional. Se preparó una comisión especial para elaborar sobre el punto, previa al plenario general. Un partido revolucionario, que tiene siempre como guía la actualidad de la cuestión del poder, o sea de ganar a las masas para una lucha decisiva, debe poner un acento especial en preparar a las nuevas generaciones en las tareas de dirección. En este marco, fui electo por primera vez para el Comité Nacional. Muchos compañeros, con más de 40 años en la dirección, nos han encargado las máximas responsabilidades a las nuevas generaciones de revolucionarios socialistas. Contamos con su militancia, experiencia y apoyo para avanzar en nuestro cometido y madurar políticamente. El XIX congreso del Partido Obrero volvió a discutir la preparación del partido para enfrentar la crisis capitalista, a la luz de la experiencia, y para tomar el toro por las asta y avanzar en esta lucha hacia un gobierno de los trabajadores. Compañeros y compañeras: tenemos una oportunidad que no podemos dejar pasar. ¡Viva la clase obrera! ¡Viva el Partido Obrero! ¡Viva la Cuarta Internacional!

Macri colocó el "bono tango", que endeuda a la ciudad en 475 millones de dólares, al 12,5% anual. La estafa fue percibida por una suba acelerada de la cotización del bono y numerosas ofertas de compra. La colocación del bono, por parte de los bancos Credit Suisse y KBR, costó comisiones de 5,9 y 3,6 millones de dólares, respectivamente. El titular de KBR Argentina fue dirigente de Recrear, un partido incorporado al PRO. Sólo el "desendeudamiento" y canje de deuda de los K ha podido dar rienda suelta al afán de endeudamiento de Macri. El kirchnerista Tito Nenna se pronunció críticamente contra las "tasas usurarias" que paga el gobierno de Macri. Macri dice que usará la plata para terminar el subte. Pero la ciudad de Buenos Aires no necesita endeudarse para eso. Puede obtener un impuesto progresivo a la renta financiera y a los monopolios industriales y mineros que tienen su sede en la city porteña, y terminando con las "cajas negras" de la Corporación del Sur y de AUSA y con los negociados con la patria contratista.

Los ecos de la rebelión popular por la muerte de los estudiantes de Baradero no cesan. La marcha del lunes 29 fue protagonizada por centenares de estudiantes y encabezada por familiares y amigos de los chicos. Culminó con un hecho significativo: las madres de Giuliana y Miguel pegaron en el frente del municipio un cartel que reclama la renuncia del intendente, avalada por 6.000 firmas del pueblo de Baradero. El reclamo de que se vaya el intendente ofrece la posibilidad de que se haga justicia. Los gobiernos nacional y provincial, la oposición en el Concejo Deliberante y la mayor parte del periodismo se han unido a los medios vinculados con el gobierno y a los de sus "enemigos" –como Clarín– para sostener la teoría del "accidente". Insólitamente, el abogado Pierri –asesor de las familias– se ha alineado con esta teoría. Un malón de más de 200 efectivos policiales, enviados por Scioli, ha lanzado una oleada de razzias en los barrios y saturación de "controles de tránsito", aprietes a los grupos juveniles, en particular de chicos del secundario, que se juntan en las plazas para juntar firmas o deliberar. Muchas madres denunciaron que los testigos del atropello –jóvenes en su mayoría– están aterrorizados. Hay, sin embargo, 19 detenidos acusados del incendio del municipio. Un concejal de la CC denunció que no vio nada parecido en materia represiva desde la época de la dictadura videliana. En este cuadro de terror se han producido las rectificaciones de testigos que habían denunciado el atropello y el silencio de los que, habiéndolo presenciado, podrían declarar. Los grandes intereses que se mueven en Baradero –las fábricas contaminantes, la especulación inmobiliaria y otros negocios menos santos– apoyan a Carossi y a los concejales. Una huelga de ATE ya había reclamado la remoción del inspector Scarfoni por su represión contra los municipales. La rebelión popular de Baradero concentró toda la opresión que sufre la juventud de la provincia, el gatillo fácil, la indignidad de las condiciones de vida, la destrucción de la educación y de la salud provinciales. La Unión de Juventudes por el Socialismo y el Partido Obrero de la provincia de Buenos Aires estamos difundiendo masivamente una convocatoria a sumarse a la lucha por el juicio y castigo a los responsables materiales y politicos del crimen contra Giuliana y Miguel (a todos los "centros de estudiantes, bandas de rock, murgas, centros culturales" y a toda organización juvenil).

El debate que recorrió el congreso marcó un antes y un después para mí, como para muchos militantes. Las intervenciones de los compañeros no sólo demostraron la inserción en el movimiento obrero, estudiantil o barrial sino también el esfuerzo permanente por mejorar el análisis del conjunto de la situación política para aportar una salida clasista a la crisis del capital. Método de intervención Uno de los principales temas del Congreso, que las comisiones y el plenario discutieron, fue cómo llevar adelante las campañas propuestas en las resoluciones de las comisiones. Destacar que las consignas para cada una de ellas se deben adaptar a la compresión de la masa de trabajadores. Rechazamos el ultimatismo sectario, porque buscamos que los trabajadores extraigan las conclusiones revolucionarias sobre la base de su experiencia, Desenmascaramos al kirchnerismo, que se arroga un nacionalismo burgués al servicio del pago de la deuda externa y denunciamos a la oposición patronal, en especial la alianza con ella de ‘socialistas’ y centroizquierdistas. Es necesaria una delimitación permanente las corrientes políticas que funcionan como contención de una política independiente, pero atendiendo al objetivo fundamental de que la delimitación esté al servicio de reagrupar nuevas fuerzas. La alternativa independiente En el movimiento obrero fue importante caracterizar la metodología de ‘paz social’ de una sola mano del gobierno y de la burocracia de los sindicatos. Es un método estratégico adicional para regimentar a los trabajadores, al cual han prestado auxilio corrientes que se dicen clasistas y combativas, y otras que exhiben un trotskismo desteñido. El recurso a la ‘paz social’ es una manifestación de la crisis extrema por la que atraviesan los métodos tradicionales de regimentación para contener el avance de los activistas obreros. Es la manifestación de la enorme adaptación de las burocracias sindicales al Estado. Por eso, el Partido Obrero se lanza con una fuerte campaña por la derogación de la Ley de Asociaciones Sindicales, para que la organización de los trabajadores no sea dictada por las patronales, por la verdadera libertad sindical y la unidad política de la clase obrera. Formar a las nuevas generaciones en la práctica El congreso terminó eligiendo el Comité Nacional que será el encargado de elaborar y llevar a cabo las resoluciones políticas resueltas en el congreso. Elección que, por método, deja de lado cualquier centralismo personal, propio de los movimientos punteriles, y que constituye una construcción colectiva. Una dirección que se ha poblado de jóvenes luchadores para formarlos en la teoría y en la práctica como cuadros políticos de la clase obrera.

En la tarde de este lunes, Mauricio Macri y su jefe de "seguridad" Montenegro convocaron con bombos y platillos a los medios de prensa para dar a conocer normas persecutorias contra cuidacoches, limpiadores de parabrisas y movilizaciones populares. No abren la boca, sin embargo, sobre los robos crecientes de autos, manejados por una mafia de desarmaderos que tiene vínculos probados con las "fuerzas de seguridad". Las nuevas normas le otorgan a la policía Metropolitana las facultades para una mayor represión contra las movilizaciones populares. Con el pretexto de los "encapuchados y palos", la policía "PRO" podrá revisar e intimidar a manifestantes. Quedan afuera de las requisas las patotas oficiales, las de la burocracia sindical y, principalmente, los elementos de la ex Unidad de Control del Espacio Público, que siguen dando vueltas por la ciudad para "apoyar" desalojos violentos. Con "trapitos", Macri quiere, por un lado, tapar otra crisis policial, pues acaba de revelarse que uno de los popes de la "metropolitana", el ex "federal" Miguel Angel Colombo, está procesado por formar parte de una red policial de protección a prostíbulos. Muchos de los miembros de la cúpula de la vieja Federal están sumariados, mientras actúan como empresarios cuentapropistas de seguridad privada y hasta están contratados como "consultores" del Ministerio de Seguridad y no como parte de la planta permanente de la Metropolitana. Macri fue llamado a declarar en la causa por asociación ilícita por las escuchas de Ciro James. Una de las escuchadas es la ex esposa de Macri, Isabel Menditeguy. El intento de armar una Side paralela debería terminar con Macri en el banquillo de los acusados. Rechazamos los cambios reaccionarios al Código Contravencional y llamamos a redoblar la movilización contra el gobierno de Palacios, Ciro James y el Credit Suisse.

El lunes 22 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Agua, se llevó a cabo un acto frente a la municipalidad para reclamar agua para todos, sin restricciones ni tarifazos. También se sumaron los vecinos de Villa Ventana, quienes vienen encabezando una larga lucha por el agua y que sufre todo tipo de amenazas, ahora por oponerse también a la instalación de una planta de gas licuado en el Parque Provincial Ernesto Tornquist. Mientras el Polo Petroquímico consume una enorme cantidad de agua y la obra pública necesaria es todavía una promesa, el gobierno y la oposición hacen la plancha con "pedidos de informe" y presentaciones judiciales. El agua no deja de ser sino una de las caras de una crisis de todos los servicios públicos. Una estafa orquestada por el kirchnerismo y el intendente le sirvió en bandeja al grupo Plaza el monopolio del transporte público. El resultado: un sostenido aumento del boleto a cambio de un servicio lamentable. • Por la realización de las postergadas obras públicas bajo control de los trabajadores. • Por una comisión de vecinos y trabajadores que controle la contaminación y el consumo de agua del Polo Petroquímico. • No al tarifazo.

Hace un mes, los compañeros Blanco, García y Hernández –quienes hace un año dirigieron un reclamo de los desocupados de la localidad de Las Heras, ante el municipio local y ante la empresa Repsol-YPF– han sido detenidos, trasladados a Los Antiguos y procesados por varios delitos graves, entre ellos, el de coacción agravada. Esta detención se suma al procesamiento de decenas de trabajadores que protagonizaron diversos piquetes en el norte de Santa Cruz en 2009 y al establecimiento de un Estado policial, en especial en Las Heras, donde el juez acaba de procesar a la abogada de los presos y a un dirigente local de Adosac por la realización de una marcha en la que se reclamó la libertad de los presos. El XIX Congreso del Partido Obrero reclama la inmediata libertad de los compañeros Blanco, García y Hernández y lanza una campaña nacional de denuncia de la renovada persecución de activistas, los atentados contra periodistas –como el caso de la compañera Adela Gómez– y la criminalización de la protesta social en la provincia de los Kirchner.

Desde hace unos días, circula por internet un comunicado de la Cooperativa Loria informando que el juez que entiende en la causa resolvió habilitar el concurso preventivo de Indugraf SA. La ejecución del fallo –habría sido apelado– implicará la extinción de la cooperativa y el pasaje de la empresa a manos de un administrador judicial, es decir el desalojo. En realidad, la Cooperativa Loria nunca funcionó, ya que desde su constitución las máquinas prácticamente no se han movido; sus integrantes –dice el mail– "subsisten gracias a la ayuda de vecinos y estudiantes, organizaciones sociales y un subsidio del gobierno nacional" (llama la atención que no se mencionen los "aportes solidarios" del sindicato, con el dinero de los afiliados; en enero, por ejemplo, fueron 10 mil pesos). Denunciar a la Justicia, como hace el comunicado, por priorizar "la propiedad privada antes que el derecho de los trabajadores" confunde a la propiedad colectiva con una cooperativa tramposa armada por la burocracia. Lo que despejó el camino a este fallo es la ausencia de toda movilización. No hay marchas, no hay movilización del gremio, no hay afiches ni festivales: no hay lucha. "Hace un año y cuatro meses que permanecemos en el taller esperando una decisión que nos permita trabajar": esperar era, precisamente, la orientación de la dirección del sindicato, que buscaba consensuar con la patronal negrera. La Loria se construyó sobre la derrota de la primera cooperativa (10 de Diciembre) y la expulsión de los dirigentes y obreros que encabezaron la toma y un gigantesco proceso de lucha. Ese verdadero golpe de estado del ongarismo contó con el apoyo de los funcionarios amigos que cajonearon expedientes y repartieron subsidios arbitrariamente (que, digámoslo discretamente, fue acompañado por el PTS y el MST). Los golpistas siempre miraron con cariño la vuelta del vaciador Martínez, que ahora vuelve por sus fueros contra la cooperativa trucha. La apertura del concurso cambia nuevamente todo el escenario; obligará a reconsiderar la situación de los cincuenta y cuatro trabajadores que no integran la cooperativa y que se encuentran en juicio por las deudas salariales y las indemnizaciones, y sobre todo refuerza la conclusión de que sólo reunificando al taller bajo una estrategia de lucha se puede enfrentar la amenaza de la vuelta de la patronal a gestionar el plan inicial: vender una máquina, reducir drásticamente el personal y precarizar a los que quedan, colgando las deudas hasta nuevo aviso.

Los 1.700 votos en la capital (2,7%) –que duplicaron los 800 de junio pasado que, a su vez, más que triplicaron la elección de 2007– se inscriben en la tendencia que se reflejó en junio de 2009 en numerosos distritos del país, como Salta, Catamarca, Santa Cruz, Río Negro y otras localidades, en las que la votación del PO expresó una porción significativa de la población que busca una salida obrera a la crisis. No es casual entonces el silencio absoluto que los medios de comunicación provinciales han hecho al respecto, en contraste con la alegría que mostraron por la elección del partido socialista, que metió un concejal con un 10% prestado en gran parte por los sectores de la UCR enfrentados al intendente fascistoide Fayad. Esta intentona de crear artificialmente una centroizquierda en la provincia con el Partido Socialista indica la preocupación de la burguesía y sus medios por el crecimiento de la izquierda. Teniendo en cuenta los votos del MST (1,2) y del PTS (1,1), el total de la izquierda en la conservadora capital mendocina es de un más que interesante 5%. Fue, sin dudas, un mérito de la campaña electoral del Partido Obrero poner de relieve la calamitosa situación social de la mayoría de la población en la capital, que sufre la desocupación, el trabajo en negro y la miseria salarial, así como los abusos represivos del régimen de Fayad, mientras todos los partidos patronales reivindicaban en mayor o menor medida su gestión, en la que favoreció el turismo, el juego, las megatorres, la especulación inmobiliaria y la "limpieza racial" que conlleva (todos ellos comparten su orientación social). El kirchnerismo "de izquierda" (Encuentro por la Ciudad) tomó en parte alguna de nuestras denuncias pretendiendo ponerlas al servicio del apoyo al gobierno "nacional y popular". El resultado de ese frente que reunió cinco partidos (Polo Social, PC, PH, Solidario, Compromiso Popular) y una abundante cantidad de dinero fue un fiasco: 3,1%, apenas unos 300 votos por sobre la lista del PO. Otro dato significativo de las elecciones mendocinas fue la enorme porción del electorado que se abstuvo: sólo fue a votar el 63% del padrón. Esta abstención récord indica que el triunfo de Fayad no fue tan aplastante como se señaló en los medios: un 40 del 63% es algo más de la cuarta parte del padrón. Y, por otro lado, la abstención masiva indica un rechazo distorsionado y pasivo a la política dominante. Sobre la base de haber ganado una autoridad política en esta elección, el Partido Obrero de Mendoza aborda el desafío de desarrollar una intensa agitación para ayudar a que se abra un curso político independiente para la clase obrera, que en estos momentos está librando importantes batallas contra los despidos (comercio, bancarios) y por aumentos salariales (estatales, municipales, judiciales).

El Congreso del Partido Obrero tuvo como una de sus misiones traducir en términos de campañas políticas los debates y resoluciones que se discutieron no sólo en los 4 días de funcionamiento congresal, sino también en los plenarios y reuniones que en todo el país se realizaron en los últimos 90 días. La campaña política central votada por el Congreso es “por el no pago de la deuda externa” . Su oportunidad está planteada por la crisis fiscal y política, así como por la crisis fiscal de los Estados como consecuencia de la bancarrota capitalista. Está campaña va ligada a la campaña por el 35% de aumento salarial, indexación por inflación, prohibición de despidos, defensa de las empresas recuperadas bajo dirección obrera. Otra campaña central es la lucha contra la reforma política proscriptiva, bajo el slogan de “la defensa de los derechos políticos” . Se votó una campaña política de afiliaciones con un objetivo preciso: 35.000 fichas durante el año 2010. Otra campaña es por “la derogación de la ley de asociaciones profesionales” , que ha brindando el andamiaje legal para la perpetuación de la burocracia pro-patronal y patoteril en la inmensa mayoría de los sindicatos. Esta campaña forma parte de la lucha por una nueva dirección en los sindicatos y por la unidad y autonomía de la clase obrera. El Congreso aprobó una campaña en defensa de los convenios por industria, discutidos por paritarios electos por la base de manera proporcional. También en el ámbito de la lucha obrera en los sindicatos, el Congreso votó una campaña para conformar una lista en las elecciones de Ctera y de la CTA, teniendo en vista que se trata de una lucha de carácter político, en la cual deposita expectativas el activismo nucleado en la CTA. El Congreso aprobó una campaña sobre la sindicalización masiva de los miles de compañeros que ingresaron al Plan Argentina Trabaja y a planes precarios similares que existen en el ámbito del Estado, poniendo el eje en la elección de delegados. El Congreso también resolvió una campaña especial de cara al Congreso de la FUA –que se realizará en el mes de mayo– convocando a todas las federaciones, centros de estudiantes y agrupaciones de lucha, a realizar un Encuentro Nacional para profundizar un plan de movilización por el no pago de la deuda externa, expulsar de la universidad a las mineras contaminantes y por todas las reivindicaciones que hacen a la defensa de la Universidad y la educación pública contra los capitalistas y su Estado. Sobre el Bicentenario la Comisión de la Juventud elaboró una campaña para realizar una cátedra nacional titulada "Su Bicentenario y el nuestro. La burguesía argentina festeja 200 años de atraso y dependencia". El objetivo es reunir a 5.000 jóvenes en todo el país en estas cátedras y vender 2.000 revistas del próximo número de En Defensa del Marxismo. Una resolución de especial importancia estuvo referida a la cuestión internaciona l. Se resolvió incorporar a los estatutos del PO la adhesión a las tesis programáticas de la CRCI y convocar a una conferencia nacional de carácter programático. En el marco de conferencias similares en todos los países donde existe la CRCI, estaremos preparando el II Congreso de la CRCI.

Dialogamos con Celeste, delegada de Atento Mar del Plata, sobre la situación dentro de los call centers, la lucha por organizar a los trabajadores para lograr mejores condiciones laborales y la perspectiva abierta de un convenio colectivo exclusivo para la actividad. –Contanos cómo es la situación de los trabajadores de los calls. –En la ciudad de Mar del Plata hay alrededor de 1.500 trabajadores de call centers, los que estamos regulados por el sindicato de Empleados de Comercio, cobramos un básico proporcional sobre el básico de 48 de comercio. Es un tipo de tarea tiene mucho desgaste físico y mental, por eso solicitamos que se reconozca la tarea. –¿Qué diferencias hay entre el convenio de telefónicos y el de comercio? –El convenio de comercio fue hecho hace 35 años. En esas épocas no existía la tarea del call centers. Las diferencias tienen que ver con que los telefónicos tienen un convenio que reconoce la tarea, éste se adapta a la tarea especifica de los call centers, por ejemplo, los descansos visuales cada cierto tiempo, reducción horaria y diferencias en el sueldo básico, etc. –¿En qué consiste la iniciativa del SEC de hacer un convenio para la actividad? –Nosotros nos enteramos por el diario que el Sindicado de Empleados de Comercio (SEC) tiene la intención de hacer un convenio que regule la actividad de los calls centers a nivel local, es decir sólo para Mar del Plata. Mi tarea como delegada fue convocar a los compañeros a asambleas para debatir entre todos, ya que el SEC no da lugar a los trabajadores a la participación en este convenio. –¿Cómo se organizaron y cuál es la perspectiva de esta lucha? –La idea es entender que este reclamo es al sindicato. Los trabajadores no nos sentimos representados. Vamos a impulsar asambleas fuera del lugar de trabajo, organizar comisiones internas y de ahí elevar las propuestas al SEC. De los puntos más importantes que tiene que tener este convenio del sector, primero que sea a nivel nacional y, por otro lado, que reconozca la insalubridad. Estos dos serían los más importantes. –Convocamos una primer asamblea el lunes 22 de marzo, con más de 70 compañeros que se acercaron a debatir. Al día siguiente se reunieron las empresas, el SEC y el Ministerio de Trabajo y acordaron un cuarto intermedio de 15 días (que vence el 9 de abril) para iniciar las negociaciones colectivas. Esto nos da a nosotros 15 días para seguir impulsando la organización y llegar a más compañeros. Este miércoles 31 de marzo hicimos otra asamblea para seguir esta lucha. Quiero aclarar algo muy importante y es que el gremio de telefónicos nunca en 12 años vino por los call centers. Hay un fallo judicial que dice claramente que la decisión sobre el encuadre sindical la tiene la CGT a nivel nacional, es por esto que nosotros no podemos seguir esperando que ellos decidan. Se nota claramente la falta de representación.

La destitución del intendente Suárez, por malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, pretende operar como una salida de emergencia (o válvula de escape) a la crisis del Municipio. La crisis que involucra tanto al partido del destituido y como a la oposición (UCR-PJ-UNE), la cual avaló toda la política privatista del agua, la especulación inmobiliaria, la depredación ambiental, el recorte de la asistencia social, la parálisis de la obra pública, la precariedad laboral y la desocupación. Oficialistas y opositores pretenden renovar un ciclo político cuando falta una semana para iniciar la campaña electoral. El municipio lanzó un operativo para presionar a los integrantes de la comisión de apoyo al Partido Obrero luego de que fue confirmada nuestra presentación. La apretada va desde promesas de cargos y prebendas hasta la amenaza de quitar la ayuda social. Cuando la Comisión de Mujeres realizó una asamblea para reclamar en la comuna su aumento a 800 pesos, ante la creciente desocupación y el congelamiento de los subsidios (300 pesos), la presidenta de la Comisión (afín al UNE) priorizó el ataque al PO en vez de discutir una salida ante los problemas de subsistencia elementales planteados por sus compañeras. Llegó al exabrupto de amenazar que no habría ningún beneficio para quienes voten a Parra. Las compañeras esperaban otra cosa: una salida, una propuesta de organización para conquistar sus reclamos. El exabrupto de la presidenta abrió una crisis en la asamblea, que finalizó con el rechazo de la amenaza por parte de una de las delegadas del UNE y de otras mujeres: "entonces Parra, el PO tiene razón", replicaron (aludiendo al clientelismo del municipio y de los bloques del Congreso). La "paz social" acordada por el UNE con el MPN frente a las reivindicaciones del aumento del subsidio no pasó la prueba de una elemental asamblea de 53 mujeres desocupadas. El UNE (centroizquierda, CTA) se presenta en un frente político junto al PJ, reeditando la política de alianzas con los viejos y corruptos partidos patronales que se mantiene en el gobierno municipal de Neuquén. El UNE pretende ser una alternativa "contra la corrupción", pero la corruptela es inherente a los gobiernos que representan los intereses de los especuladores y empresarios. El Partido Obrero plantea terminar con las exenciones impositivas y beneficios de los grupos capitalistas que se han asentado en la localidad –"incentivos" que el frente UNE-PJ avala. Esto serviría para financiar la reactivación de la obra pública (viviendas, servicios, centro cultural, loteos sociales) bajo control de los vecinos y sus organizaciones. Establecer el pase a planta de todos los trabajadores precarizados con susidios o contratos. Reclamamos, junto a la asamblea de mujeres, el inmediato aumento de emergencia de los subsidios. La campaña del Partido Obrero empalma con la salida que reclama el pueblo de Picún Leufú. Varios vecinos ofrecieron sus casas para la organización de la campaña, se sumaron a la comisión de apoyo y propusieron un debate público de candidatos, que oficialistas y opositores aún no confirman. Luego que los medios de prensa anunciaran la oficialización de la candidatura, en sólo en dos días, se duplicó la venta de Prensa Obrera. Se ha despertado un interés en el pueblo por saber qué propone el Partido Obrero. Adelante, compañeros.

Entre el 1º y el 4 de abril pasados, tuvo lugar el XIX Congreso del Partido Obrero. Más de doscientos delegados de todo el país debatieron la situación política y las tareas del movimiento sindical, la situación internacional, la lucha en el movimiento de la juventud, los métodos de organización partidarios y de trabajo de su dirección. El Congreso se propuso colocar al PO a la altura de los desafíos planteados por la crisis capitalista, en la fase en que ésta involucra a Estados y regímenes políticos enteros. El Congreso votó un conjunto de campañas dirigidas a abrirle una perspectiva propia a la clase obrera, en el marco de la bancarrota capitalista y de la crisis del régimen. Pero también trabajó fuertemente sobre los métodos de trabajo partidario tanto en el plano nacional e internacional. En el marco de la crisis mundial, el Congreso de los que caracterizaron el alcance histórico de esa crisis miró para adelante: como nunca, se concentró a fondo en debatir las tareas y los instrumentos para la conquista política de la clase obrera.