Prensa Obrera N° 1105

La huelga por tiempo indefinido de los trabajadores de la salud de Tucumán continúa con toda firmeza. Las marchas de los miércoles son multitudinarias. Sin embargo, no han logrado quebrar la intransigencia del gobierno, jugado a que el conflicto se desgaste apelando a los descuentos, que en el último mes superaron la mitad de los sueldos. El rol de la Iglesia Según la Iglesia, la persistencia del conflicto no sería responsabilidad del gobierno sino de los propios luchadores autoconvocados, a quienes reprocha “no tener personería”. De la misma manera procedió con los autoconvocados de la salud del municipio de la capital, quienes requirieron la mediación del obispado. La respuesta fue “por qué no accionar a través de sus gremios (...) no se puede ir siempre por fuera de las instituciones. Vivimos en sociedad y debemos respetarlas, de lo contrario esto sería un caos” ( La Gaceta , 6/10). En esta misma línea, se han levantado diferentes posiciones que apuntan a construir sindicatos por encima del resultado de la lucha. Un sector, alineado con el PCR, desenvuelve un planteo derrotista, destacando que al gobierno no se lo puede vencer y que la lucha debe ser “prolongada”, en línea con lo que plantea la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa). Otro planteo apunta a un proyecto sindical vinculado con el Colegio Médico, o sea un sindicato que seria apéndice de una organización patronal. Un tercer sector fogonea un desarrollo de ATE salud, pero sin explicar por qué ATE y la CTA están completamente borrados del escenario de la lucha. Luego, existe un bloque que plantea la lucha por la recuperación de ATSA con la denominación de los autoconvocados, pero entre sus impulsores se anotan varios viejos ex burócratas que pretenden manipular la buena fe de las bases rebeladas de Sanidad. Todos esos sectores pugnan entre ellos, pero coinciden en fogonear la mediación de la Iglesia, la injerencia del “campo” y de los políticos patronales, y enfrentan al bloque de delegados independientes que pone todas sus energías en llevar la lucha a la victoria y luego, sobre esa base, discutir qué clase de organización permanente se debería crear. En relación con esta posición, en algunos hospitales ha comenzado la discusión y la implementación de “comités de lucha o de huelga” para incorporar a una acción activa y organizada no sólo a los delegados, sino también a los activistas. El Cuerpo de Delegados del Hospital Avellaneda –con el apoyo de los delegados de los hospitales Obarrio, del Carmen y la Maternidad– tomó la iniciativa de convocar a organizaciones sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y sociales a formar una coordinadora por el triunfo de la lucha de la salud y en apoyo a todos los reclamos obreros y populares. Fue una iniciativa dirigida a quebrar el bloqueo de la CGT, la CTA y la Federación Universitaria. El PO llevó a esa convocatoria una propuesta de iniciativas de lucha y organización, que fue tomada por los presentes con el compromiso de llevarla como moción al plenario general de delegados. Perspectivas En el último plenario general de delegados, se tomaron varias de las mociones de la Coordinadora de lucha: se mantienen el paro general y la marcha de los miércoles, un paro informático para desarticular al sistema y una marcha nocturna con cacerolazo para el viernes 23. En este cuadro, el gobierno acaba de anunciar el recorte de una conquista denominada “zona docentes” (que va a implicar una rebaja salarial) y, simultáneamente, un impuestazo inmobiliario sobre la base de un revalúo de la propiedades mientras discute medidas promocionales para los sojeros y los barones del citrus y del azúcar. En Tucumán no está dicha la última palabra. La lucha de la salud puede triunfar si profundiza sus acciones y logra quebrar el bloque burocrático por medio de la coordinadora de organizaciones combativas. Se vienen días decisivos. El MST con la burocracia En el plenario de organización convocado en el hospital Avellaneda, Daniel Blanco hizo una intervención que puso de relieve que la lucha aún no había triunfado por el sabotaje de la CGT y la CTA, que en cinco meses no había adoptado una sola acción práctica en favor de la lucha. Simultáneamente, alertó sobre los políticos colados, como Margarita Stolbizer, que venían a aprovecharse de la lucha pero a no comprometerse con nada práctico, que vienen a Tucumán, pero no a Catamarca, donde los autoconvocados de la salud llevan cinco años de lucha, simplemente porque hay un gobierno radical. En la reunión estaba presente la secretaria de Sadop y a la vez secretaria gremial de la CGT, que intentó refutar a Blanco declarando que la CGT estaba haciendo grandes sacrificios, planteó que los autoconvocados debían organizarse y que la CGT sufría presiones del gobierno, que siempre la amenazaba con retenerles los aportes sindicales y privarlos de las personerías. La respuesta la dio el médico Arquez, quien en un encendido planteo denunció que la CGT no ha pasado de enviar un papelito de adhesión. La dirigente de la CGT no soportó la crítica, se levantó y se retiró. Lita Alberstein, dirigente del MST, cumplió el papel de abogada del diablo, atacando a Blanco, sugiriendo que éramos divisionistas, que todo sumaba. El MST está alineado con el ala de los conciliadores en el conflicto.

Finalmente, quedó al desnudo que la política de la burocracia y la directiva de la “Cooperativa Loria” era la vuelta de la patronal vaciadora. Recordamos que un grupo minoritario, afín a la burocracia ongarista y a la patronal –de la mano de irregulares subsidios del Estado y zancadillas de funcionarios del Inaes (instituto que regula las cooperativas)– usurpó la lucha de los obreros que ocupan la fábrica. La camarilla frenó la producción generando una dispersión de compañeros que terminaron buscando otros trabajos, impidió el ingreso de nuevos compañeros de Indugraf que pidieron su asociación a la cooperativa, excluyó a los delegados que dirigieron la ocupación y se hizo del control de la planta. Finalmente, esta directiva de la cooperativa realizó la semana pasada una “recorrida” de la planta... ¡con el vaciador Carlos Martínez!, junto a dos supuestos inversores (los hermanos Chamorro), que son conocidos en el gremio gráfico por su política negrera y antisindical. La misma terminó en una hablada del patrón con el grupo que se encontraba en la planta, en la que les dijo que pensaba retomar la continuidad productiva, arreglar con quienes quedan adentro y que “el resto me haga juicio y en cinco años vemos”. No se descarta que el arreglo con los de adentro sea manteniendo la cooperativa como forma de tercerizar el trabajo. En cualquier variante, Martínez se asegurará de seguir llenándose los bolsillos y negreando a los trabajadores. Al fin de cuentas, el grupo “anti-Naranja” (que en su momento contó con el apoyo del PTS y otros sectores de izquierda que creyeron ver un giro del sindicato) terminó siendo un grupo de tránsito hacia la vuelta de la patronal. En función de esta política, la dirección de la cooperativa rompió la mediación que se venía realizando en el Inaes por el reclamo de inscripción de los delegados, convocó una “asamblea general extraordinaria” trucha para el 26 de octubre en el sindicato y desde la convocatoria comenzó una escalada de cartas documento despidiendo asociados, para asegurarse una “mayoría” trucha y para reducir el plantel según lo acordado con el vaciador. Incluso pretende despedir a los obreros electos como síndicos. Martínez le debe millones de pesos a los obreros y hoy pretende retomar su explotación dejando a la inmensa mayoría en la calle sin un peso, estableciendo un régimen de superexplotación para que los gráficos paguen la quiebra. El Cuerpo de Delegados y los activistas de Indugraf están hoy en la tarea de impugnar esta asamblea trucha, reclamarle al Estado por los subsidios que fueron manejados discrecionalmente por la burocracia gráfica y luchar contra el regreso de la patronal, que se pretende realizar a costa de la miseria de los trabajadores. Van por la organización de la mayoría excluida de la fábrica. Levantando las mismas banderas que cuando comenzó el conflicto: el reclamo por los salarios caídos y la defensa de los puestos de trabajo bajo condiciones del convenio colectivo.

En el Senado honorable fue motivo de “controversias” el plazo de un año, establecido por el artículo 161 de la ley de medios (la cláusula de desinversión), que obligaría a las grandes empresas a desprenderse de algunos medios para ajustarse al límite de licencias establecidas. Mientras la “oposición” impugnó el plazo bajo la bandera de los derechos (de propiedad) adquiridos por las empresas y reclamó su extensión a dos o tres años, el oficialismo y sus aliados de centroizquierda lo defendieron en nombre de la declamada “lucha antimonopólica”. Sin embargo, la “controversia” se agotó bien pronto: “Los tiempos –aseguró el senador kirchnerista Nicolás Fernández– los dispondrá la autoridad de aplicación... Con esto quiero decir que pasarán algunos meses para que entre en vigencia el plazo de un año” ( El Cronista , 12/10). Esto significa que el plazo de un año ya se convirtió, apenas promulgada la ley, en dos, a la espera de que se conforme la autoridad de aplicación y el Consejo Federal. Chicana va, chicana viene, los “monopolios” tendrán sus tiempos y podrán estirar la cosa hasta el próximo gobierno. El plazo de la desinversión no lo determinó el parloteo de los senadores sino la pugna entre los grandes capitalistas, los que ya están en el mercado (Clarín, Vila-Manzano, Prisa) y los que quieren desembarcar (Eurnekián, Electroingeniería, las telefónicas). Todavía queda la posibilidad de que los procesos judiciales embarren toda la cancha y la eventual revisión de la ley en la nueva Legislatura; mientras se acomoda a los grandes jugadores para el millonario proceso de ventas y compras de canales de televisión abierta y de radios. Ninguna de esas posibilidades apunta a desmonopolizar la comunicación. Y menos, claro, a su democratización.

Recientemente, el cineasta y diputado electo de Proyecto Sur acaba de estrenar Oro impuro un documental que retrata el saqueo de las empresas mineras en La Rioja, Tucumán, San Juan, Catamarca y Salta, y la reacción de las poblaciones aledañas frente a la contaminación y a los métodos extractivos depredadores que se utilizan con total impunidad. La técnica de extracción del mineral es (la de “tajo abierto”) es muchos más barata para los pulpos mineros, y la más destructora del medio ambiente. El autor de La hora de los hornos nos introduce en el paisaje desértico del noroeste argentino y va narrando la historia a partir del relato de sus propios protagonistas: ingenieros, maestros, indígenas, campesinos y vecinos autoconvocados que se han organizado en asambleas para luchar contra la destrucción social y ambiental de los monopolios capitalistas: “No se trata de estar contra el progreso sino simplemente de salvaguardar la vida de nuestro pueblo”, dice uno de los entrevistados. Según los dramáticos relatos de los pobladores, cerros enteros son dinamitados y diariamente se mezclan millones de litros de agua potable con toneladas de cianuro. Una de las consecuencias de esto es la destructiva lluvia ácida que cae en los alrededores. El documental de Solanas denuncia una vez más la connivencia, en la depredación y saqueo de los recursos naturales, entre las empresas multinacionales y los gobiernos de turno como los de Menem y Kirchner, gobiernos que el recientemente electo diputado supo apoyar otrora (ver PO 1012, “Solanas-Lozano: una trayectoria de película”). El film destaca el rol de la autoorganización y las asambleas ciudadanas como formas de lucha y resistencia frente a los monopolios; pero es Solanas quien plantea que “el Estado debe ser parte en la explotación de los recursos naturales”. No propone la nacionalización sin pago por el daño ambiental producido y la riqueza que se han llevado, ni el control de los recursos ambientales por los propios pobladores. La salida de Solanas cae en el circulo vicioso de la explotación mixta entre el mismo Estado capitalista que subsidia a las mineras (ya que estas no pagan ganancias, ni IVA, ni se les hacen retenciones) y... las mismas mineras. La limitación de este planteo se vio reflejada en el programa de Proyecto Sur para las últimas elecciones, al proponer invertir las reservas del Banco Central para nacionalizar el petróleo. Es decir, en un contexto de crisis internacional, ir al rescate de Repsol-YPF con los recursos ciudadanos, cuando en realidad son las empresas las que deberían indemnizar al Estado por el saqueo nacional de todos estos años. El documental denuncia la campaña de los medios de comunicación provinciales a favor de las mineras y en contra de los ambientalistas, poniendo de relieve la enorme concentración de medios locales subordinados al poder político y a los intereses económicos en la región. Pero Proyecto Sur acaba de votar en el congreso la flamante ley de medios K que, con el verso del “federalismo”, no modifica en un ápice el mapa de esta concentración.

El gobierno provincial “anunció” la creación de 10.000 cargos en salud y educación en las barbas de un paro de 48 horas de ATE y cuando la propia burocracia del Frente Gremial (Suteba-FEB) “amenaza” con sumarse a este paro. Se trata de una maniobra dirigida a desinflar y desalentar a las conducciones gremiales que se han mostrado “comprensivas” con la crisis fiscal para que sigan enganchadas en la tregua hasta el año que viene. El presupuesto 2010 no prevé fondos asignados para aumento de salarios a pesar de la inflación, los tarifazos, impuestazos y el aumento de las tasas en los municipios. Los “anuncios” son un dibujo para encubrir el ajuste y tirar hasta fin de año. La política de Scioli es la precarización de las condiciones de trabajo y el congelamiento salarial, como garantía y “prenda” de un nuevo endeudamiento de la provincia por otros 10.000 millones de pesos. ¿Más cargos? No. El paro masivo de los médicos provinciales de la Cicop fue una respuesta al incumplimiento de Scioli, que sigue ninguneando la efectivización de los becarios de salud, mientras se vacían los 77 hospitales bonaerenses. Pero, además, la “nueva secundaria” no trae una ampliación del plantel docente bajo el brazo sino una reducción de cargos para docentes y auxiliares por medio de las fusiones de cursos y absorciones de escuelas. El ajuste está estallando con los paros sin concurrencia a las escuelas de los auxiliares, con el nuevo parazo docente del viernes 16 al margen del Suteba y la FEB, y con la huelga también masiva en los 77 hospitales provinciales. Hay luchas en el Ministerio de Producción, en Política Ambiental, en Educación, Escribanía, Registro de las Personas y Economía. Han sido también multitudinarias las movilizaciones de municipales. El fracaso de las “paritarias sectoriales” Los blanqueos de sumas fijas que las direcciones sindicales acordaron y presentarom como una “recomposición” salarial son truchos porque no incrementan todos los índices del salario y en muchos casos implican una reducción nominal del salario a cobrar. En el Ministerio de Trabajo, los delegados de ATE han denunciado que los adicionales que quedaron por afuera del “blanqueo” de las Urpes se cobraran sólo hasta fin de año. Justamente, las luchas en los distintos ministerios han adoptado como bandera el blanqueo efectivo. Bajo el impacto de la lucha, ATE ha salido ahora a “denunciar” los acuerdos. A pesar de las maniobras, en la base y en el Cuerpo de Delegados del gremio, crece el clima para salir a pelear por el 30 por ciento de aumento al básico que ATE no reclama. Llamamos a parar con ATE en toda la provincia, y a unificar y extender la organización del paro y el plan de lucha a todas las dependencias, ministerios, escuelas y hospitales. A realizar asambleas conjuntas, llamando a todos los sindicatos estatales a parar. Esto vale para la propia ATE, que no ha fijado monto a la “recomposición salarial”. Y a darle un carácter activo al paro de 48 horas con una gran marcha provincial a la Gobernación.

La lucha por el reconocimiento del legítimo triunfo de la Rosa-Roja-Marrón en el Suteba La Plata ha ingresado en un momento de definición. Luego de casi cinco meses de resistencia de parte de la docencia combativa de La Plata, la maniobra fraudulenta de Baradel ha fracasado: no han logrado legitimar a la directiva trucha ante la docencia y el activismo. Eso es el resultado del enorme repudio que ha generado el fraude alevoso de la celeste incluso en parte de sus propios votantes, y de la defensa inquebrantable de la voluntad de la docencia que ha defendido al combativo Suteba de La Plata. En estos cuatro meses, eso se evidenció en la defensa de la sede del sindicato, que la burocracia celeste intentó cerrar y demoler, en las guardias permanentes para defender el edificio, en la resistencia exitosa al corte de los servicios como teléfono, electricidad, agua, etcétera (Baradel empeñó su furia contra la seccional de La Plata como jamás lo ha hecho con gobierno alguno). Se expresó en la masiva marcha sobre la CTA, el pasado 27 de agosto, en la cual miles de docentes exigieron a la “Central” terminar con el fraude; en el “banderazo” con más de mil docentes en La Plata reclamando por lo mismo en la CTA, el Suteba y el Ministerio de Trabajo local, en el funcionamiento permanente del sindicato, al cual siguen acudiendo los docentes para defender sus condiciones de trabajo y la pelea por el salario. En los miles de miles de afiches pegados en todo el país en defensa del Suteba La Plata, en los cientos de pintadas que denuncian este atropello en la ciudad de La Plata, en los plenarios obreros que definieron a cientos de organizaciones en repudio al fraude de Yasky y Baradel. En el reconocimiento incontrastable que significó que los compañeros de la Rosa-Roja-Marrón lograron que 115 de los 176 votantes de la urna que impuga la burocracia para realizar su fraude se pronunciaron, por escrito, a favor de que se respetaran los sufragios de los votantes de esa urna, lo que incluyó a casi el doble de los votos conquistados por la Rosa-Roja-Marrón en la votación de esa mesa. A la maniobra fraudulenta de la CTA-Ctera-Suteba se le acabó el carretel y está planteado obligar al Ministerio de Trabajo a dar respuesta favorable al reconocimiento de la legítima conducción del Suteba La Plata. El jueves 29 de octubre el Suteba la Plata convoca a todos los docentes y a todo el movimiento obrero combativo a marchar al Ministerio de Trabajo, sede Alem, para exigirle a Tomada una resolución favorable al reclamo de los compañeros. La cita es en el Obelisco a las 11 horas.

Los vecinos de la zona de El Pato y barrio Parque protestaron contra la instalación de una planta de reciclado de basura en tierras pertenecientes a esos barrios. Aunque cien policías bien pertrechados impidieron el corte, los vecinos manifestaron su voluntad de continuar con las medidas todas las semanas. En primer lugar, es preciso señalar que el emprendimiento sólo conseguirá evitar que la mitad de los residuos sean arrojados a tierra, con lo cual seguirán contaminándose las napas de agua y los ríos subterráneos, porque no se garantiza que las máquinas que reciclen y separen la basura no arrojen los líquidos lexiviados. Pero, además, es una ocasión para la puesta en marcha de un negociado. Para dicho emprendimiento se constituirá una sociedad anónima con participación mayoritaria estatal, abriendo las puertas al ingreso de los amigos empresarios de Pereyra y Mussi. Es que esta Sapem financiará la planta de reciclado con un fideicomiso de veinte millones de pesos, parte de los cuales surgirán de los fondos de la Anses que servirán para comprar veinte hectáreas en la zona limítrofe entre Berazategui y Florencio Varela, en la zona de la ruta 2. Esta inversión es exagerada respecto del valor de las máquinas de separación de envases ligeros, de clasificación y prensado, tratamiento y reciclado, y otras cuyos precios no superan los cuarenta mil pesos por unidad. Frente a este panorama, planteamos: • Que se frene la instalación de la planta de reciclado hasta que una resolución de asambleas ambientales-vecinales determinen su viabilidad y las condiciones más apropiadas para su construcción. • Que se abran los libros de las municipalidades y la revisión con de los contratos firmados o a suscribir.

El martes 13 se llevó a cabo la charla-debate sobre la Ley de Medios Audiovisuales organizada por la Asociación de Trabajadores de Radio Nacional, en el Hotel Bauen. Con la presencia de alrededor de 130 personas, expusieron y debatieron el diputado nacional de la Coalición Cívica Fernando Iglesias; Gustavo Granero, secretario general de Fatpren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa), y Pablo Rieznik del PO. En su disertación, el diputado Iglesias se mostró sorprendido sobre la supuesta acción antimonopólica de un gobierno que promovió la mayor concentración mediática en el país sobre la base del decreto de ampliación por diez años de las licencias televisivas y, finalmente, con el permiso de fusión de Cablevisión con Multicanal. El eje central de su alocución estuvo dado en una violenta crítica al kirchnerismo por el ataque a la libertad de empresa y a los derechos adquiridos. A su turno, Granero, de la Fatpren, partió de la premisa de que la ley había sido construida por los trabajadores de los medios y llamó a apoyarla. En el cierre de la mesa, Pablo Rieznik planteó una tercera posición ante el debate en curso. Denunció la disputa entre grandes corporaciónes empresarias y que, finalmente, la ley abría el camino para el ingreso de las telefónicas. Rieznik sostuvo que el PO está a favor del progreso tecnológico, pero criticó la brutal explotación que conlleva el proceso capitalista del “triple play”, denunciando que la sociedad entera reposa en el monopolio de la propiedad de los medios de producción y comunicación en manos de una minoría. Rieznik llamó a criticar la ley después de repudiar la oposición de derecha planteando su negativa a elegir entre dos bandos que hasta hace poco estuvieron juntos y que van a volver a estarlo en el futuro. Vea el debate completo en atrana.blogspot.com.

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó, con el voto en contra de los Estados Unidos y contrariando al lobby sionista, el informe Goldstone sobre la guerra de Gaza. El informe, elaborado por el juez sudafricano (y sionista) Goldstone, por encargo de la misma comisión, dio por probados los crímenes de guerra del ejército israelí en Gaza y que la estrategia sionista fue masacrar a la población civil para minar el apoyo a Hamas y propiciar su derrocamiento. El informe Goldstone confirma el uso de bombas de fragmentación y de fósforo blanco, el bombardeo de escuelas y hospitales, el uso de escudos humanos, el ataque a los equipos sanitarios para que no socorrieran a los heridos y las matanzas de civiles a los que se les había ordenado replegarse. Los crímenes de Israel plantean la posibilidad de un juicio en el tribunal de La Haya contra sus responsables políticos y militares. Frente a esta perspectiva, el gobierno de Netanyahu lanzó una verdadera ofensiva para frenar su tratamiento en la ONU, señalando que la aprobación en las Naciones Unidas del informe jaquea todo el andamiaje de la "guerra contra el terrorismo", pues habilitaría a juzgar los crímenes norteamericanos en Irak y en Afganistán, y los rusos, en Chechenia. Israel, que acusa a Goldstone de "tendencioso", intenta justificar la invasión a Gaza en nombre de la defensa contra una agresión terrorista. Obama se sumó al intento de proscribir el informe y presionó a la Autoridad Nacional Palestina (encabezada por Mahmud Abbas, de Al Fatah), para que impulsara la suspensión por seis meses del tratamiento del informe en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, con el argumento de que éste "compromete el proceso de paz" en Medio Oriente. Incluso extorsionó a la ANP con revelar detalles sobre su colaboración con Israel durante la invasión. La presión conjunta de Estados Unidos e Israel consiguió su cometido y Abbas ordenó, a principios de octubre, que el representante palestino en la ONU propusiera la postergación del tratamiento hasta marzo de 2010. La nueva traición de la ANP desató una profunda crisis política en Palestina. Todo el arco político de organizaciones palestinas e incluso árabes, ONG's europeas que actúan en Palestina, Hamas e incluso una parte de Al Fatah, el partido de Abbas repudiaron la postergación. En Cisjordania y Gaza se produjeron movilizaciones contra la ANP, acusada de "traición a la sangre palestina". Frente a este cuadro de movilización, el gobierno de Abbas retrocedió y propuso una reunión especial de la Comisión de Derechos Humanos para aprobar el informe. El voto positivo a Goldstone en la ONU implica un golpe a Obama, dispuesto a liquidar políticamente a su aliado Abbas para defender a Israel. Estados Unidos ya anunció que vetará cualquier resolución favorable al informe en el Consejo de Seguridad de la ONU.

La lucha en torno a las cooperativas de empleo anunciadas por Cristina K en agosto puede convertirse en un factor de la crisis política. La inscripción de los primeros cien mil aspirantes a un puesto de trabajo por 1.200 pesos al mes es, hasta el momento, coto cerrado de los intendentes. Esto abrió un debate elemental en los barrios en torno al reclamo de “que se abran las listas”. Fue lo que ocurrió en Zárate. Cuando la intendencia (“socialista” K) organizó una convocatoria a “sus” empadronados en un estadio, con la intención de cerrar el trámite, más de 3.000 desocupados movilizados arrancaron la reapertura de la inscripción. El empleo y la pobreza se han vuelto a convertir en cuestiones políticas explosivas por el crecimiento de la desocupación (400.000 puestos perdidos en el último año, 164.000 en blanco), el salto de la pobreza a los niveles de 2002 y el fracaso de los planes de empleo. Debe recordarse que un plan similar de cooperativas de empleo se alumbró en las vísperas de las elecciones del 28 de junio y fue abandonado de un día para otro luego de la derrota del gobierno; y que de las 420.000 viviendas anuales planteadas como objetivo del Plan Federal para el período 2004/09, se construyeron sólo 118.000 ( La Nació n, 2/10). El plan “Argentina Trabaja” (así se llama) es un recurso de emergencia incapaz de resolver cualquiera de estos problemas porque es funcional al régimen de explotación capitalista (ya en crisis) que provoca el desempleo y la pobreza. Las obras públicas van a ser hechas, en caso de ejecutarse, con mano de obra por debajo de los valores del convenio del trabajador de la construcción. De este modo, el capital tiene un instrumento más para llevar los salarios a niveles de subsistencia. Pero las cooperativas de empleo han suscitado un debate dramático. En algunas comunas, el solo anuncio de que un desocupado iba a ser contratado por 1.200 pesos al mes está llevando a los intendentes a proponer achicar el ingreso prometido para no provocar una rebelión entre municipales que ganan menos que esa cifra. Por otra parte, “Argentina Trabaja” forma parte de un plan político dirigido a contener la diáspora del PJ y mantener una alianza cerrada con los intendentes a través de una nueva “caja”. Forma parte del intento más general de los K de revivir el PJ y hasta se podría establecer un vínculo con la propuesta oficial de reforma política, que –a través de un régimen de internas abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos políticos– apunta a resucitar la vigencia de los dos partidos mayores y revivir al peronismo. Los “cooperativistas” tendrán que votar a sus punteros para no ser despedidos. La lucha por el trabajo “genuino” plantea un enorme desafío político. Con un país que tiene 13 millones de habitantes por debajo de la línea de pobreza y dos millones de ellos sin trabajo, ¿de qué modo conciliar esto con un gobierno que se propone devolver la confianza al capital y regresar los capitales que se fugaron en los últimos años, lo que se resume en un “plan de ajuste”? Cuando los desocupados y las familias reclaman “que se abran las listas” tocan un punto neurálgico del ajuste del gasto y un punto sensible del plan político kirchnerista. Reclamamos el ingreso irrestricto de todos los desocupados a los programas de empleo, la reapertura de los registros, allí donde se hubieran cerrado, y la difusión pública de todos los beneficiarios, el control de las organizaciones de desocupados sobre los nombramientos, partidas y fondos para pagar las obras, la elaboración, discusión y votación colectiva por parte de las asambleas barriales y de las cooperativas sobre las obras a realizar. Elección de delegados en todas las cuadrillas de cooperativistas para pelear por las condiciones de trabajo, efectividad y pase a convenio. Fuera la tutela de los punteros de cualquier signo político.

El Concejo Deliberante de Vicente López acaba de dar facultades al Ejecutivo para que aumente nuevamente el ABL, ahora en un 50 por ciento. El Partido Obrero fue la única organización que se movilizó, repudiando el impuestazo, mediante un volante que se repartió previamente entre la población y fue agitado durante el tiempo que duró la sesión. García va por un nuevo record: a principios de 2008, el Concejo Deliberante aprobó un aumento en las tasas escandaloso, que en algunos casos llegó a un 200 por ciento. Luego, a principios de este año, aprobó un “módico” aumento del 10 por ciento. Hoy, apurado por la derrota electoral con la que podría perder la mayoría automática el próximo 10 de diciembre, vuelve a la carga contra trabajadores y jubilados. Estos aumentos actúan así: ponen en el cuello de los trabajadores una soga que se va ajustando mes a mes; luego aparece una generosa inmobiliaria que promete darles el dinero necesario para comprar una casa en otro distrito, quizás en el segundo cordón. Entonces demuelen y construyen pisos para ‘gente como uno’. Mientras aumenta las tasas al pueblo trabajador, García ordena a sus secuaces la aprobación de todo tipo de negociados y megaemprendimientos inmobiliarios, como la construcción de hoteles de lujo en los terrenos del Club Banco Nación y en los de la ex aceitera Ibarra. La excusa que el gobierno daba a los vecinos del populoso barrio Las Flores por la parálisis en la construcción de viviendas populares, que era la falta de tierras, quedó hecho trizas: para los curros, las tierras aparecen. Mientras tanto, continúa el desmantelamiento de la salud. Un brutal ejemplo de eso es la Casa de la Niñez y la Adolescencia, que quedó reducida a una cáscara, y continúan los despidos de los municipales. Por abajo hay otra corriente: la de los obreros que siguen luchando contra las suspensiones y los despidos. A la victoriosa lucha de los obreros de Pilkington le sucedió la de los gráficos de FP, que por su belicocisidad conmovió al barrio; la de Pepsico, la de la plástica Schneider Electric, donde un grupo de jóvenes activistas derrotó mediante el voto a la agrupación de la burocracia y, actualmente, la toma de la metalúrgica Fadip contra el vaciamiento patronal. En esa corriente se incluye la magnifica elección de los docentes, donde la lista clasista cosechó el 38 por ciento de los votos. El gobierno municipal es incapaz de dar respuesta a la población, porque representa a sus verdugos. • Rechacemos este impuestazo confiscatorio. • Por la prohibición de suspensiones y despidos. • Apertura de los libros contables. • Por un gran plenario obrero-vecinal que fije una agenda de lucha: trabajo, salud, vivienda y medio ambiente.

Cerca de un centenar de personas marcharon a última hora de la tarde del jueves 15 por las calles azuleñas para reclamar por la preservación y defensa de la fuente laboral en Azul. Con la presencia de trabajadores despedidos de Suma, algunos acompañados por sus familias, organizaciones gremiales, políticas y sociales se concentraron en plaza San Martín, desde donde partieron para recorrer el microcentro, con un alto en las puertas del supermercado. Allí, uno de sus trabajadores hizo uso de la palabra, exhortando a conformar un frente de lucha para exigir al gobierno comunal injerencia directa en el problema laboral que está afectando a la población. “Suma es de los trabajadores y al que no le guste, se jode, se jode” fue el grito insistente de los manifestantes que portaban banderas identificatorias de las agrupaciones presentes. La columna recaló en el edificio municipal, donde los manifestantes hicieron una asamblea y decidieron convocar otra para el martes 20. Entre las intervenciones se remarcó la necesidad de convocar al resto de las organizaciones populares –especialmente a los sindicatos– y vecinos en general a sumarse a este frente de lucha que nace con la consigna de reclamar por los despedidos y organizar una defensa férrea de todos los puestos de trabajo, porque “hoy te tocó a vos y mañana me puede tocar a mí”, como se escuchó en la voz de un militante. El compañero Javier Cardozo, del Partido Obrero, resumió muy bien el ambiente reinante cuando manifestó la necesidad de luchar sin descanso, movilizando a los compañeros y despertando su conciencia de clase: “nos han robado el futuro, las expectativas de vida, el salario y el trabajo. Que no nos roben la dignidad, al menos”. El Partido Obrero se va a empeñar en sostener la lucha hasta la reincorporación de los compañeros o su ingreso en una empresa que compraría las instalaciones; en ese caso, sin afectar derechos adquiridos como el salario y la antigüedad. Según estudios publicados por ATE, Azul y Mar del Plata están a la cabeza en el penoso ranking de la destrucción de empleo. Se abre la perspectiva de luchar por una Asamblea Popular que discuta una reorganización integral del municipio en interés de vecinos y trabajadores, en contraste con la política del “Comité de Crisis” que armó el municipio con los empresarios, cuya finalidad es exactamente la opuesta.

En el taller de derechos humanos, las encuentristas creíamos estar exentas de la intromisión y provocaciones de la Iglesia. Sin embargo, compañeras de Madres de Plaza de Mayo, Hijos y Familiares de Desaparecidos, organizaciones contra la impunidad y el gatillo fácil, y demás luchadoras –reunidas para discutir cómo terminar con la impunidad de ayer y hoy– fuimos blanco de una intervención justificatoria de la dictadura militar y el genocidio. Una militante de la Iglesia denunció “a los terroristas, guerrilleros, montoneros que quisieron alterar la paz social en Argentina”, y que era por eso necesaria en el debate “la memoria completa y el llamado a la reflexión de las Madres de Plaza de Mayo que no sabían en qué andaban sus hijos”. Estas palabras generaron gran indignación. En las resoluciones figuraron como la posición de una sola persona (el resto de las de la Iglesia no abrió la boca) y dejamos constancia de nuestro enérgico repudio. En 1977, el obispo Plaza decía: “Los malos argentinos que salen del país se organizan desde el exterior contra la patria, apoyados por fuerzas oscuras difunden noticias y realizan desde afuera campañas en combinación con quienes trabajan en la sombra dentro de nuestro territorio. Roguemos por el feliz resultado de la ardua tarea de quienes espiritualmente y temporalmente nos gobiernan. Seamos hijos de una Nación en la cual la Iglesia goza de un respeto desconocido en todos los países condenadamente marxistas...”. La Iglesia actuó y actúa en defensa de la dictadura para apoyar un régimen social que sostiene su dominación y privilegios. Luchemos por un Encuentro Nacional de Mujeres independiente del gobierno patronal y de la Iglesia oscurantista, y de sus aliadas en el movimiento de mujeres.

Milagro Sala, jefa de la agrupación Tupac Amaru en Jujuy, atacó al senador radical Gerardo Morales y se hizo conocida, para su mal, en todo el país. Sin embargo, tiene una larga historia de matonaje: su agrupación es una fuerza de choque del kirchnerismo. Sala pertenece a la comisión directiva nacional de la CTA y recibe en subsidios 124 millones de pesos anuales, que le sirven para ejercer en la provincia un rígido control social sobre una amplia franja de desocupados, en el que no falta nunca el más miserable matonaje. Ahora, el ataque a una reunión radical en la que estaba Morales, como indica un comunicado del PO de Jujuy, “sacó a la luz pública el accionar de esta banda paraestatal, apañada tanto por el gobierno nacional como por el gobierno jujeño. En más de una oportunidad, el grupo de Sala se dedicó a reprimir a organizaciones populares independientes del gobierno. La función habitual del grupo de Sala, por lo tanto, es acallar la protesta social. En esas circunstancias, las provocaciones de Sala gozaron del puntilloso silencio del radicalismo y de todos los partidos del régimen”. El grupo de choque de esta dirigente de la CTA fue avalado explícitamente por Cristina Kirchner en abril de este año, cuando la Presidenta viajó a Jujuy y visitó el local de la Tupac Amaru. Además de los subsidios millonarios, Sala maneja decenas de miles de planes de empleo y una cincuentena de cooperativas de vivienda, “que se transformó en otro terreno de maniobras fraudulentas, porque sus dineros no son manejados por cada cooperativa sino por la caja negra de Milagro Sala” ( www.po.org.a r). Hace cuatro meses, una movilización del Polo Obrero y la Corriente del Pueblo fue atacada por la banda paraestatal de Sala con piedras, palos y hasta machetes, con zona liberada por parte de la policía provincial, sin que el radicalismo abriera la boca. Ahora, Morales y compañía hacen un escándalo nacional porque recibieron de “la Mila” unos cuantos huevazos, pero siempre la apañaron cuando reprimió a organizaciones populares. La UCR es parte de lo que ahora denuncia, porque el radicalismo ha tomado su tajada en la sobrefacturación de la obra pública aprobada en la Legislatura (Acceso Sur, Puente Perales y otras), de la estafa a los obreros del ingenio La Esperanza por los síndicos del PJ y la UCR, y de los presupuestos provinciales sin rendición que se aprueban sin chistar con la anuencia radical.

Soy Miriam Carreras, de Salta. Estoy luchando hace más de un año por la aparición con vida de mi hijo Cristian Luna, víctima de la impunidad ligada al poder político. Cristian es programador e integrante de una banda de rock. Su desaparición está llena de pasajes oscuros, apareció una carta que decía que se iba a quitar la vida, pero nunca apareció el cuerpo ni pista alguna. Su pareja en aquel momento tenía una relación paralela con un empresario muy conocido en Salta, amigo del poder romerista. La Justicia me responde que no hay nada que relacione a Cristian y a la mujer, y menos con el empresario. Todo esto se sostiene solamente con las declaraciones de estas personas, que niegan conocer a mi hijo a pesar de todas las pruebas que presenté (fotos, videos, se secuestró el chip de su celular y la CPU). Desde que empezó la investigación he sufrido reiteradas intimidaciones, llamadas telefónicas y mensajes, que la Justicia demora meses en responder de dónde salieron. Desde el principio sospeché algo raro, ¿por qué no avanza la investigación? ¿Qué están encubriendo? ¿Cuán poderoso es este empresario? La experiencia en el Encuentro fue muy positiva porque abre una perspectiva de organización; pude contactarme con otros casos de impunidad de Tucumán, Apemia y todo el país. La conclusión más importante es que el único modo de terminar con la impunidad y los mafiosos ligados al poder, de llegar a la verdad y la justicia, es la organización independiente del Estado. Esta importante conclusión fue posible porque la Iglesia no logró influir en los talleres de impunidad. Ellos promueven dejar todo en manos de la Justicia, que está al servicio de los mafiosos, los tratantes y narcotraficantes, la misma que dejó libre a Grassi. Saludo al Plenario de Trabajadoras por su importante participación en el Encuentro y por todas las luchas que lleva adelante. Basta de impunidad. Aparición con vida de todas las chicas víctimas de la trata. Aparición con vida de Cristian Luna, cárcel a todos los responsables de su desaparición.

–¿Cómo se dio el conflicto de la semana pasada en la Secretaría de Salud? –Vinimos a una audiencia en la Secretaría y cuando llegamos los delegados, se nos informó que se suspendía la reunión y les planteamos que no nos íbamos a mover hasta que no tuviéramos una explicación. Entonces, llegó la policía y nos planteó que la secretaria sólo recibiría a dos delegados. Le respondimos que no, que éramos 40 delegados y que sólo habíamos subido nueve y nos tenía que recibir. La señora nos recibió pero con la custodia policial del comisario que nos acompañó. Cuando llegamos expusimos los tres puntos que llevábamos: 1) que se pasara a los monotributistas contratados, pero los que el gremio dijera (porque hay monotributistas que están cobrando más de 4.000 pesos y son funcionarios); 2) que los contratados pasaran a planta permanente (son 2.300 trabajadores); 3) que los contratos sean por un año. ¡Nos quedamos 25 horas esperando la respuesta! –¿Y entonces? –La respuesta fue que los concursos para encubrir el despido de contratados se iban a realizar, que no le importaban los trabajadores de salud, que no le importaba que los contratados ganen un 70 por ciento menos que los que están en planta realizando la misma tarea. –¿Cómo sigue el conflicto luego de esta respuesta por parte de la secretaria? –El plan de lucha sigue con la carpa acá, instalados de forma pacífica. Los contratados no somos ineptos como dice el ejecutivo, no nos rehusamos, no estamos en contra de los concursos, al contrario, lo que pasa es que nosotros estamos contratados desde hace tres o cuatro años y tenemos un derecho adquirido por estar cumpliendo funciones. No pueden usar a los profesionales y tirarlos como si fuesen un forro usado. Entonces va a seguir el tema de las carpas y las ocupaciones pacificas de algunas dependencias como es en este momento el hospital de urgencias y algunos centros de salud. Como contratados siempre hemos creído que teníamos que había que salir al frente pero te meten miedo con este autoritarismo de la municipalidad. En el área de salud se nos ha muy difícil pero, gracias a algunos compañeros delegados y gente de planta permanente, estamos presentando esta lucha.

No es casual que Ciro James tuviera un contrato con el Ministerio de Educación. El Gobierno de la Ciudad tiene la obsesión de controlar a la docencia porteña para hacer pasar su política de destrucción de la educación pública. En 2008 y 2009 ordenó a los directores de escuela elevar las listas de huelguistas, buscando colocarlos en el rol de gendarmes de los maestros en lucha. Si bien el tiro le salió por la culata, pues varias asambleas de directivos rechazaron la demanda, no cejó en su intento. Con directivos y supervisores afines, el Ministerio persigue a los docentes que denuncian las condiciones paupérrimas de trabajo y de cursada en las escuelas porteñas. Las amenazas con sumarios y sanciones son permanentes, también los aprietes a los directivos de escuelas que no colaboran con la política del Ministerio. La contratación de Ciro James es la expresión más cabal de esta tendencia persecutoria. Defendamos en cada escuela el derecho a organizarnos contra la política de destrucción educativa de Macri y Narodowsky.

El 19 de octubre, la Ruta 3, en el kilómetro 41, fue cortada por una manifestación de casi 400 personas en reclamo de la aparición de Micaela Bernal. Sus familiares, sus compañeros de la Escuela Media Nº15 y compañeras del Plenario de Trabajadoras y del Partido Obrero, junto a vecinos y amigos de Virrey del Pino, en La Matanza, exigimos que Micaela aparezca ya. Denunciamos a la Justicia y a la policía que se han negado a investigar su desaparición, y señalamos que la delincuencia y la inseguridad en el distrito vienen desde arriba, de la participación, el impulso y responsabilidad estatal e institucional. La Ruta 3 nuevamente fue testigo de la furia de las mujeres y hombres trabajadores y estudiantes, esta vez para manifestarse contra la desaparición de una piba del barrio, contra la inseguridad que padecen los sectores populares, sobre la que en general se hace silencio. Allí mismo votamos un nuevo corte para el miércoles 21 y continuar con medidas de lucha hasta que aparezca Micaela.

La Metropolitana, podrida antes de salir a la calle. Espían a docentes, políticos opositores y empresarios rivales. Interna feroz. El “hartazgo moral” de “Fino” Palacios. Ciro Gerardo James, un abogado de 36 años, ex agente civil de inteligencia de la Policía Federal, fue detenido por orden del juez Norberto Oyarbide cuando estaba a punto de ingresar en la Policía Metropolitana. La causa: pinchar ilegalmente un teléfono celular de Sergio Burstein, dirigente de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la Amia. James también tenía intervenido el teléfono del empresario Carlos Avila, ex propietario de Torneos y Competencias. Desde diciembre de 2007 hasta el 1º de octubre de este año, cuando renunció para ingresar en la Metropolitana, James trabajaba en la Unidad de Auditoría del Ministerio de Educación porteño. Una fachada para su verdadera tarea en ese antro: espiar y reprimir a los maestros huelguistas por cuenta del gobierno de Macri. El martes 20, el escándalo trepó a la tapa de los diarios porque Oyarbide allanó el edificio del Ministerio de Seguridad porteño y se llevó, entre otras cosas, las computadoras del jefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro. James tiene un centenar de llamadas a Chamorro y 150 a su ex jefe en la Federal, Jorge “Fino” Palacios. La versión de Montenegro es sorprendente: James sería un “infiltrado” de la Federal en el Gobierno de la Ciudad, lo cual es, de su parte, una acusación directa a Palacios, su enemigo en la interna macrista. Ni Macri ni su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, acompañaron a Montenegro en la conferencia de prensa en la que dijo eso. Con toda certeza, el conflicto entre la Federal y la Metropolitana se ha desmadrado antes de empezar y es, en sí mismo, una crisis política que pega en los riñones del Estado. Por ejemplo, en octubre de 2008, cuando la patota parapolicial macrista, la Unidad de Control de Espacios Públicos (Ucep) hizo su estreno oficial con la violenta represión a docentes que intentaban instalar una carpa frente al edificio del GCBA, un hombre joven, vestido con guardapolvo blanco, señalaba a los trabajadores que debían ser especialmente golpeados. Ahora que se le conoce la cara, diversos testimonios señalan que ese infiltrado no era otro que James, quien por esa “tarea” cobró entre 2008 y 2009 honorarios que oscilaron entre los 57 y los 72 mil pesos anuales. La podredumbre empezó a volverse visible el 22 de septiembre, cuando la hija de Burstein atendió una llamada telefónica y una voz de hombre le dijo: – Avísele a su padre que Palacios le pinchó el teléfono. James había trabajado en la Federal desde 2003 en la Superintendencia de Investigaciones y, luego, en la Unidad Antiterrorista (Duia), siempre a las órdenes Palacios. Cuando renunció, al despedirse les dijo a sus camaradas: “Me voy a la Metropolitana con el Fino”. Según versiones periodísticas, la llamada anónima que advirtió a la hija de Burstein sobre la pinchadura salió de la división Asuntos Internos de la Federal. Esto es: hay ahí una interna feroz. El “hartazgo” de Palacios Cuando la movilización en su contra obligó a Macri a despedir a Palacios, éste, en su nota de renuncia, dijo sentir “hartazgo moral” ¿A qué se refería? Por ejemplo, a 120 millones de pesos gastados por el gobierno de la Ciudad “en pactos comerciales directos con empresas amigas, que ni siquiera estaban registradas como proveedores. Todo el equipamiento de la Metropolitana ha sido adquirido sin licitación y con enormes sobreprecios” ( ElArgentino.com , 9/10). Los uniformes de la Metropolitana costaron hasta un 180 por ciento más que los de la Guardia Urbana. Macri en persona “flexibilizó” las compras para esa policía por medio del decreto 329/0, que no fue publicado en la página online del GCBA. Por ese decreto, Montenegro autorizó el 19 de junio la compra “urgente” de quince motos Honda y quince patrulleros Chevrolet Meriva, por un total de casi dos millones de pesos. La compra se desdobló para eludir los controles obligatorios en operaciones que superan el millón de pesos. Ya hay por eso una demanda penal.También se registran irregularidades graves en la adquisición de ropa para los agentes y en la de 850 pistolas Beretta Px4 Storm, con mira nocturna. Sobre el “hartazgo moral” de Palacios, Montenegro dio una respuesta insólita: “El ‘Fino’ no puede denunciar nada, porque él estaba al tanto de todo, de cada compra, de los autos, de las armas...” ( Perfil , 29/8). Al mismo tiempo, se sabe que Palacios aún se reúne regularmente con Macri y es él quien da las orientaciones generales para la Metropolitana, muy por encima del jefe formal, su compinche Osvaldo Chamorro. Así, la permanencia de Montenegro en el ministerio está atada con un hilo, precisamente, muy “fino”. Véase hasta qué punto llega la podredumbre en una fuerza que aún no está en la calle: represión, espionaje, asalto a los dineros públicos, internas feroces entre ellos. Esa banda, antes de salir a la calle, ya es un peligro mayúsculo para la seguridad de la población.

Los municipales de Córdoba están en lucha por el salario y contra las “pautas” acordadas hace dos meses entre el intendente de la capital, Daniel Giacomino, y la directiva del Suoem, que aceptó no sólo poner un límite a la masa salarial sino también habilitar el camino para avanzar con la tercerización de los servicios, la implementación de los planes del Banco Mundial en salud y pactar una cláusula de “paz social”. La lucha ya lleva 25 días con ocupaciones de edificios, asambleas que mantienen paralizado el municipio y paros por aumento de salarios, estabilidad laboral y rechazo a la implementación de los planes de ajuste en el municipio. El reclamo de los municipales comenzó con la exigencia de que se cumpliera con un acuerdo salarial de marzo de este año (9,6% en tres cuotas). Ante el incumplimiento y las provocaciones por parte del Ejecutivo, las bases, que llevaban adelante un paro activo, votaron en asamblea general elevar el reclamo al 13% de una sola vez (hubo muchas asambleas de dependencias que plantearon el 22%) además de reclamar el pase a planta de todos los contratados y rechazar los concursos en salud. El miércoles 14 votaron en asamblea general un paro general de 38 horas para el 21 y 22. El conflicto agudizó la crisis política en el gobierno municipal. El secretario de Salud ya había renunciado tiempo atrás, ahora renunciaron la secretaria de Educación, el director y el sub-director del hospital infantil, todos ellos con críticas a la gestión y también con la toma de dispensarios por parte de los vecinos y municipales en reclamo de insumos. Unidad obrero-estudiantil La implementación de concursos en salud ha puesto en riesgo la continuidad laboral de contratados del sector, lo que provocó la ocupación por 24 horas de la Secretaría de Salud y la toma del hospital de Urgencias. En la última sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la universidad nacional, los municipales se presentaron junto a los consejeros de la UJS para reclamar que esa facultad no participe en los tribunales para los concursos. Los consejeros de la UJS denunciaron el ataque hacia la estabilidad laboral, la precarización laboral y el intento de sustituir a trabajadores de la salud por estudiantes practicantes. Luego de que los municipales hicieran uso de la palabra, el Consejo y el decano decidieron apartarse de los concursos, lo que ha desatado las iras de Giacomino que ha debido salir, desesperado, a buscar un nuevo aval. La contundencia de las acciones del plan de lucha y la votación de la última asamblea general muestran la disposición de los municipales a seguir la lucha.

Casi en silencio, Barak Obama acaba de imponerles un importante retroceso a los docentes norteamericanos. La semana pasada, en New Haven, Connecticut, el sindicato docente local aceptó por amplia mayoría (21/1) incluir en su contrato colectivo una serie de concesiones ampliamente resistidas por los sindicatos del resto del país. Entre éstas se encuentran la aceptación de evaluaciones más estrictas al desempeño de los maestros, menor protección laboral para los docentes que no superen esas pruebas y ligar el salario a la performance académica de los alumnos. El acuerdo, además, permite a las autoridades educativas locales “cerrar las peores escuelas y designar nuevos directores ( The Wall Street Journal , 17/10). Aunque New Haven es la tercera ciudad de uno de los estados más pequeños de los Estados Unidos, la importancia del convenio es que fue respaldado por los dos mayores sindicatos nacionales, AFT y NEA. El diario advierte que este apoyo anticipa que las mismas cláusulas flexibilizadoras podrían extenderse a otros distritos. “En muchas ciudades mayores, incluyendo Nueva York, Los Angeles y Washington, se están viendo las usuales tensiones entre sindicatos y administradores escolares (...) En Washington, las autoridades locales chocaron con los sindicatos locales y nacionales por el despido de 388 empleados, el 6 por ciento de la fuerza laboral”. El nuevo contrato, además, “le evita al gobierno una lucha no deseada con una fuerza laboral que le dio a Obama un gran apoyo en su elección”. Y no sólo en New Haven. “La AFT y la NEA (sindicatos docentes nacionales) ya están actuando de maneras que hasta hace poco eran impensables” (ídem).

En el boletín Nº 31 “Nueva Hora” de los “trabajadores y trabajadoras de Terrabusi” del 19 de octubre, o sea posterior a la polémica firma del acta de paz social, la CCC de la fábrica dice que “con la firma del acta del 16 de octubre estamos en mejores condiciones para seguir la pelea por la reincorporación de todos los compañeros. Por eso, no haber firmado es equivocado, como reconoció autocríticamente el compañero Ramón Bogado”. Ambas cosas son falsas. La firma del acta desmonta la lucha por las reincorporaciones a través de la paz social de los obreros, mientras siguen la represión interna de la patronal y los procesos penales y se convoca a elecciones con los despedidos afuera; y no hay tal equivocación ni autocrítica: la no firma de Bogado fue una maniobra para salvar la ropa frente al activismo despedido. Luego, la trascendencia que tomó la fractura de la interna obligó a esta “autocrítica” trucha de la corriente política que integra el compañero. En el párrafo siguiente, van más lejos. Atribuye a Hermosilla haber dicho “me cago en los de adentro, (porque) acá dirigen los de afuera”. Y continúa: “Eso es una línea de derrota como se demostró en los conflictos de Maffisa, Casino, Jabón Federal, Dana, Fate, entre otros”. Desde luego, cada uno de esos conflictos fue diferente, incluso en sus resultados. Ocurrieron en distintos momentos políticos del gobierno kirchnerista, y hasta son lo contrario, puesto que no se puede comparar la formidable huelga del Casino con el problema de Dana, donde los compañeros de la fábrica no pudieron parar divididos por la patota del Smata. Lo que tienen en común es la represión de la infantería kirchnerista y la entrega de la burocracia sindical. Es decir que el PCR se suma al coro moyanista contra la “ultraizquierda” que “hay que dejar en la banquina”. Por supuesto, el delegado de la noche jamás dijo lo que se le atribuye. Esto es un “proceso de Moscú” de típico corte estaliniano, no ya a Hermosilla sino a todo el activismo combativo. Esta posición podría ser el primer paso de adaptación a la elección apresurada (ver nota) que convoca Daer bajo la batuta patronal. Que una asamblea general de la fábrica fije el reclamo de prórroga del mandato de la actual interna, en fecha decidida por los trabajadores tras completar la lucha por la reincorporación de los despedidos.

Los municipales de Suárez decidieron profundizar la huelga –ya lleva más de 65 días– y organizaron una asamblea permanente en el corralón municipal que impide la salida de camiones. Esta medida paralizó por completo la recolección de residuos en la ciudad. También se ha profundizado la huelga en el hospital, con reducción de las guardias mínimas. La decisión obrera de conquistar el aumento se mantiene intacta. El intendente, Ricardo Moccero, ahora hace el ridículo y junto a algunos de sus concejales salió a recoger la basura para que se pudiera hacer la exposición de la Sociedad Rural el pasado fin de semana. Al intendente ultra-K se le van acabando los cartuchos. Le fracasó una reunión con los gremios a los que quería alinear contra al huelga. Pone ahora sus expectativas en la intervención del delegado del Ministerio de Trabajo de la provincia, para quien no está descartada la conciliación obligatoria, a pesar de que ya hubo una conciliación y el intendente no se hizo presente en ninguna de las audiencias a las que fue convocado. Pero los trabajadores no se van a dejar embaucar por las maniobras “legales”. Una conciliación echaría por la borda dos meses de paro. El delegado del Ministerio también salió a presionar para que se levante la ocupación del corralón, mostrando dónde les duele el zapato. Por su lado, el PRO empezó a mostrar la hilacha y ahora se atreve a reclamar que los trabajadores “flexibilicen” el reclamo. Mientras el Ministerio deja flotando la conciliación, uno de los funcionarios de Moccero hizo una denuncia penal contra 19 trabajadores, seis de la comisión directiva del STM, por la acción en el corralón. El intendente viajó a Bahía Blanca a “gestionar” la represión, porque no confía en la policía local. El Concejo Deliberante, sin embargo, se pronunció por unanimidad contra las causas penales y contra cualquier intento de represión. La presión de la huelga hace milagros. El intendente juega al desgaste, pero se va a llevar una sorpresa porque los trabajadores piensan profundizar las medidas. La marcha masiva del Fesimubo, que mostró el enorme potencial que anida en los municipales, fue hace más de un mes. Tienen que instrumentarse las medidas de continuidad de un plan de lucha en forma urgente. Como le reclamaron los municipales de Suárez al secretario general de la Federación, Rubén “Cholo” García, cuando visitó la carpa hace dos semanas: hace falta un paro provincial. En otros municipios se empiezan a agitar las aguas. El Partido Obrero propone impulsar una campaña de firmas para darle expresión al apoyo popular que tiene la huelga, confluir con los paros de estatales y docentes organizando una manifestación común en la Carpa de los Municipales, y un festival para rodear de solidaridad esta lucha denodada. Sobre esa base, preparar las condiciones para organizar una suspensión de tareas de media hora en cada lugar de trabajo y un bocinazo en toda la ciudad. Que todas las organizaciones obreras y populares de Suárez convoquen a un Cabildo Abierto por el triunfo de la huelga y la reorganización del municipio.

El hospital Larcade fue tomado el viernes 16 por la tarde, por una situación que no admite más esperas. La gota que rebalsó el vaso fue el no pago de las horas extras, una deuda que el municipio arrastra... desde hace más de dos meses. Estamos frente a un feroz vaciamiento del hospital público en el distrito, en contraste con los más de cien centros y clínicas de atención privada que hoy funcionan a pleno en San Miguel. Meses atrás, la Intendencia firmó un convenio con el Pami mediante el cual se le concede a esta obra social una cápita de 300 camas para internación de sus afiliados, siendo que el hospital posee sólo 270 camas para internación. Las mentadas remodelaciones del Larcade, que las distintas gestiones han llevado adelante, han sido fuente de negociados para ellas y sólo han servido para destruir el hospital aún más en todos sus aspectos. Si el Larcade hoy se mantiene en pie es por una razón evidente: la lucha de los trabajadores del hospital que ante cada atropello de los gobiernos de turno se plantaron. Algunos datos hablan claro de la política que inició el carapintada y que tanto Zilochi como De la Torre continuaron: • los días sábados y domingos no hay guardia de pediatría, • faltan ambulancias para traslados y auxilio de pacientes, • cierran consultorios de neumonología y otorrinolaringología, • los salarios de profesionales y no profesionales están depreciados, • rige la precariedad laboral. El PO plantea: • triplicación del presupuesto de la salud para el hospital, • dos terceras partes del presupuesto a cargo de la provincia, • administración a cargo de un comité de emergencia de trabajadores del hospital electo por asamblea general, • salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, nombramiento del personal faltante, abastecimiento de insumos, mantenimiento del edificio y de los centros de atención primaria, suministro de aparatología. • apertura de los libros de la Intendencia a un tribunal electo y revocable, publicidad de los contratos que firma el municipio. Fondo de emergencia para sostener una salud pública y gratuita de excelencia, coparticipación a la provincia una vez que se satisfagan las necesidades básicas de la población. • Asamblea general, elección de un comité de defensa, plan de lucha. • Interhospitalaria de lucha para impedir el entierro de la salud pública en los distritos del “viejo” General Sarmiento.

El SME denuncia que la LFC y el sindicato fueron "extinguidos" en medio de una lucha descomunal entre los mayores pulpos de las telecomunicaciones: Telmex (privatizada), Televisa, Telefónica y WL Comunicaciones (propiedad de dos ex funcionarios de Fox). José Antonio Almazán, del PRD (La Jornada, 17/10) pregunta "¿por qué tanta saña?" en la "campaña de linchamiento" lanzada por el gobierno y los medios contra el SME? El mismo Almazán responde. "El SME (...) es un estorbo para el multimillonario negocio del llamado ‘triple play' (transmisión de Internet, TV Cable y telefonía por un solo cable). Sigue Almazán: "Lo que no admiten es que un sindicato plebeyo haya logrado en la pasada revisión del contrato colectivo de trabajo que LFC, además de arrendadora de sus redes eléctricas en la zona más prometedora del centro del país (por su concentración demográfica y nivel de ingreso), pueda también ser concesionaria para brindar el servicio de triple play gratuito a millones de mexicanos. La saña tiene que ver con un supernegocio, al que no se ha invitado al pueblo de México" (ídem). Como Clarín, América TV y Canal 13, Televisa, Telmex y Telefónica, por supuesto se escudan en las sacrosantas "libertad de prensa" y "libertad de empresa" para barrer a sus rivales, aplastar al SME, despedir a 46.000 trabajadores y monopolizar el "triple play".

Con la tinta fresca del acta que firmó una parte de la Comisión Interna, apareció la convocatoria a elecciones de la Interna para el 3 de noviembre. La elección se realizará con 53 compañeros despedidos que incluyen lo mejor del activismo, cuando esos despidos serán motivo de discusión “caso por caso”. El método de elección y sus condiciones son desconocidos por los trabajadores, puesto que la Interna no está en mandato y no es la organizadora de la elección. El número de delegados no debería bajar de 26 en una fábrica de 2.600 compañeros, de acuerdo con el exiguo mínimo de la ley de asociaciones que establece uno cada cien trabajadores. Los convenios de UOM, gráficos o UTA establecen números que duplican esa proporción. ¿Por qué aceptar que se vuelvan a elegir diez u once compañeros? Al ser Daer la junta electoral de hecho, corresponde preguntarse si se aceptarán todos los candidatos en condiciones de presentarse ni cuál será el padrón de votantes. En resumen, una asamblea general de fábrica debería colocar todas las condiciones: a) prórroga de mandato de la actual Interna para organizar el acto electoral; b) fijación de fecha, luego de terminado el proceso de revisión de despidos de activistas fundamentales de la fábrica; c) fijación del número de delegados de ley; d) aprobación en asamblea general de las condiciones y métodos de la elección, así como también del padrón general de votantes que debe incluir todos los compañeros afiliados y no afiliados.

El matadero de Senillosa fue cerrado por un lock-out patronal. Las instalaciones están ocupadas por los trabajadores, pero tienen la luz y el gas cortado. La patronal dejó una montaña de deudas, incluso con proveedores, a pesar de que hasta el último día antes del cierre se faenaba y vendía, y en realidad siguen faenando en otro matadero de la vecina Río Negro. No les falta mercado, ni el matadero es obsoleto. Al contrario, ha sido puesto de ejemplo de eficiencia y productividad laboral: otras patronales han llevado a sus trabajadores a aprender de la rapidez de los trabajadores hoy en conflicto por su reapertura. Estamos ante un chantaje de los patrones que apuntan a un salvataje estatal, mientras han fugado los fondos de las ventas a otros negocios que cada uno tiene (laboratorios medicinales, cadena de farmacias, empresas de transporte). A fines de mayo, por falta de medidas de seguridad, un obrero murió quemado por vapor, cuando lo enviaron a trabajar en un digestor que aún estaba con altas temperaturas. La patronal no se hizo cargo y menos de tres meses después, cuando los delegados estaban negociando en la Subsecretaría de Trabajo medidas de seguridad e higiene, presentó convocatoria de acreedores y se marchó. Los casi 50 trabajadores del matadero han realizado todo tipo de acciones en su comunidad (Senillosa, donde es la principal fuente de trabajo si no se cuenta el municipio). Han cortado la ruta y hasta caminaron los 18 kilómetros que los separan de Plottier, donde escracharon los domicilios y negocios de algunos de los patrones. En el marco de la movilización que convocó la Multisectorial, los obreros del frigorífico denunciaron en las puertas de Acipan el vaciamiento. Luego, un millar de manifestantes fuimos a Casa de Gobierno y se hizo otro acto denunciando la criminalización de los reclamos obreros y populares. Junto a ellos estuvieron los ocupantes de algunas tomas que fueron reprimidos, especialmente los vecinos de la toma Unión de Plottier, desalojada brutalmente. Las seccionales de Senillosa, Centenario y Plottier de Aten, juntas internas de fábricas y del hospital Castro Rendón y de Plottier, la FUC, los estudiantes del Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía y los partidos de izquierda. La iniciativa de esta Multisectorial desnuda la parálisis tanto de la CGT (con varios sindicatos en conflicto), cuyo secretario general hizo causa común con las patronales vaciadoras, como de la CTA (que recibió una bofetada cuando la Legislatura votó, en el marco regulatorio del Convenio Colectivo para los judiciales, una cláusula que obliga a descontar los días de huelga). Desde abajo, los trabajadores comienzan a demostrar con acciones que Terrabusi somos todos.

La intendenta, Stella Maris Giroldi, no sólo despidió a diez contratados del hospital San José. Hizo lo mismo con otros doce del área de Desarrollo Social, responsables de proyectos que atañen a niños y adolescentes en riesgo, en particular de los barrios Lubo, Dignidad y San Cayetano. Ante la reducción de la coparticipacion provincial en 3,8 millones, pretende cortar el hilo por lo más delgado. Sin embargo, en este caso, se encontró con que el ternero se agranda. Los profesionales y técnicos involucrados lograron un extendido respaldo de los padres de chicos involucrados en los proyectos, que juntaron firmas, hicieron reuniones y mostraron una fuerte disposición a movilizarse en defensa de los espacios de sus hijos y de los trabajadores que los sostenían. Otro tanto ocurrió en la carrera de Trabajo Social de la UNLU, donde los estudiantes y muchos docentes expresaron su solidaridad a traves de extendidos petitorios obtenidos aula por aula. Finalmente lograron, no sin fuertes discusiones, que el Concejo Deliberante resolviera por unanimidad solicitar la reincorporacion y la continuidad de los proyectos. Días después, los despedidos eran restituidos en sus funciones en mejores condiciones. El despliegue militante de los afectados fue el factor esencial del triunfo, porque tocaron algún nervio sensible de la crisis del municipio, logrando una fuerte difusión de su lucha especialmente cuando quebraron la resistencia del bloque oficialista. El sindicato municipal fue un mudo absoluto durante el conflicto. Hay que integrar a los municipales de Campana al torrente de luchas que recorre los distritos de la provincia. Que las federaciones y ATE convoquen a asambleas unitarias por distrito y a un paro general por el salario, el pago de los 600 pesos, el pase a planta y la estabilidad.

México está conmovido por una enorme movilización obrera y popular en defensa del Sindicato de Electricistas (SME) que se extiende por todo el país. El pasado fin de semana, por la noche, mediante un decreto inconstitucional, el presidente Calderón “extinguió” a Luz y Fuerza Centro (LFC), una empresa estatal autónoma que provee electricidad a 25 millones de usuarios en el centro del país. Inmediatamente, la empresa fue ocupada por tropas policiales y militares. Con la “extinción” de la empresa, también quedó “extinguido” el SME y sus 46.000 trabajadores fueron despedidos. Desde ese mismo momento comenzó la resistencia. En el sindicato se realizan asambleas y mitines que votan tareas de agitación y denuncias callejeras. La primera consigna de las asambleas fue rechazar el cobro de las indemnizaciones. Pese a que la mayoría de los trabajadores tiene más de un mes sin cobrar y las indemnizaciones superan holgadamente las establecidas por la ley, sólo cobraron 1.500 electricistas (sobre un plantel de 46.000). El lunes 12, una primera manifestación, “mayoritariamente obrera y masculina” ( La Jornad a, 13/10) reunió 30.000 trabajadores en el centro del Distrito Federal. La consigna fue el llamado a apoyar el fondo de huelga del SME y a prepararse para una lucha prolongada: “Reunir frijoles y huevos, muchos huevos, porque la lucha apenas empieza”. Al día siguiente marcharon “las esposas del SME”, desde el Zócalo hasta la casa presidencial, para interpelar a la esposa de Calderón. El jueves 14 tuvo lugar “la megamarcha del SME”: más de 300.000 personas marcharon durante ocho horas desde el sindicato hasta el Zócalo capitalino. Cuando finalizaba el acto en el Zócalo, la cola de la manifestación aún no había comenzado a caminar. LFC es una empresa “familiar”, en la cual trabajaron varias generaciones obreras de la misma familia. El día anterior a la marcha, el gobierno advirtió que no fueran niños ni ancianos porque podría haber “violencia”. Pese a las amenazas, en la “megamarcha” participaron miles de jubilados y miles de niños con sus madres, trabajadoras o esposas de LFC. Los estudiantes universitarios de la Unam marcharon al grito de “SME aguanta, la Unam se levanta”. Desde el palco, distintos oradores propusieron “paro general” y un referéndum sobre la continuidad de Calderón. La principal consigna fue impuesta por Porfirio Muñoz Ledo, ex dirigente del PRD: impulsar “la huelga general de pagos” de los usuarios de LFC. La movilización se extiende por todo el país, desde Baja California al sur de Puebla. En Cuernavaca (Morelos), miles de obreros reunidos frente al Congreso del Estado reclamaron un paro nacional de apoyo a los electricistas. En Nueva Necaxa, los 10.000 habitantes están movilizados. La ciudad nació hace un siglo con la construcción de una represa de LFC; el 80 por ciento de la población depende, directa o indirectamente, de Luz y Fuerza. La “extinción” de la empresa equivale a la desaparición del pueblo. Provocaciones y represión Desde que los militares ocuparon LFC, se quintuplicaron los cortes de energía, lo que acicatea la movilización. Luego de que 30.000 vecinos del sur del DF sufrieran prolongados cortes, salieron a cortar la Autopista DF-Querétaro, una de las principales de México. Un catedrático denunció el perfil fascistizante del gobierno de Calderón que, con el decretazo, pretende “levantar a la clase media contra los electricistas” ( El Universal , 14/10). Aquí también falló: los que cortaron las autopistas contra los cortes no responsabilizaron a los electricistas sino al gobierno. Los funcionarios de Calderón responsabilizan por los cortes al “sabotaje del SME”. El sindicato rechaza los cargos; denuncia que los cortes de energía son consecuencia de la falta de inversiones y de la expulsión de los trabajadores de los locales de LFC y advierte que es una provocación para inculpar judicialmente a los trabajadores. Al mismo tiempo, el SME denuncia el secuestro y la detención de trabajadores de LFC, para obligarlos a operar las redes en dificultades. Un diario confirma la denuncia del SME: “A pesar de que esa empresa ha rechazado versiones en ese sentido, ayer este medio pudo observar a dos camionetas de esa empresa recorriendo las calles de diferentes colonias de este poblado en busca de operadores que sepan utilizar las máquinas que mueven las turbinas para generar electricidad (...) Las unidades iban escoltadas por dos patrullas de la Policía Federal (...) Este medio también constató cómo algunos de los operadores se mantienen escondidos en casas de sus familiares, pues temen ser detenidos por la Policía Federal para ser llevados a la planta contra su voluntad” ( La Jornada de Oriente , Puebla, 14/10). La lucha contra el despido de los 46.000 electricistas y contra la destrucción del SME tiene un carácter multitudinario: los obreros, sus esposas, sus hijos, las viejas generaciones de electricistas, las familias que los esconden, los usuarios que repudian al gobierno. Pese al descomunal impulso de lucha que viene desde abajo, la dirección del SME anunció que presentará 46.000 demandas judiciales de reincorporación, una por cada despedido.

El saldo de la huelga de Kraft impuso un retroceso al interior de la fábrica. No hay dudas de eso, porque el cuerpo de delegados de sección, la gran conquista organizativa del último año, fue desmantelado y despedido. Para Daer y la patronal, la elección de esos delegados fue el punto de inflexión que llevó a urdir este ataque de cesantías y persecución. Recordemos que ni uno ni otro reconoció nunca esta representación de secciones. Y tengamos en cuenta que, en una fábrica de 2.700 obreros, los once delegados aceptados y reconocidos son una representación completamente insuficiente. Es muy claro que el despido de 123 activistas es un golpe fuerte, aunque se haya puesto el importante límite de las 70 reincorporaciones y la vuelta de los delegados represaliados. Más allá de las cifras que se empezaron a tirar por parte de Recalde –amenazas futuras de 750 despidos, que parecen destinadas a justificar la aceptación de los 123–, lo que está en juego es la recuperación del control indisputado del proceso de trabajo por parte de la patronal. La reinstalación de la dictadura de las jefaturas, el cambio en los ritmos y condiciones de trabajo y la eventual vuelta al trabajo de agencia, que fue masivo por años en Terrabusi y que constituye el arma más formidable para la superexplotación y la neutralización del proceso de organización obrera. En el haber queda el salto de conciencia y experiencia que fue para el conjunto de los trabajadores el haber protagonizado una huelga de 38 días –que con debilidades, conciliaciones y lock-out patronales en el medio– nunca pudo ser quebrada hasta el ingreso de la infantería. Para el conjunto del movimiento obrero, en cambio, el saldo neto es un enorme avance. Los límites al ataque patronal Moyano, que se ubicó en el escenario nacional como el sindicalista fuerte que venía a revertir la CGT de los gordos de los ’90, ahora apareció ante todo el movimiento en frente único con Daer, el ex secretario de aquella CGT, contra los huelguistas a los que atacó por “ultraizquierdistas”. O sea que apareció tal cual es ante un proceso activo de los trabajadores. La huelga colocó a Tomada y al gobierno kirchnerista en defensa de los intereses sociales que verdaderamente defienden, los de la multinacional Kraft, y como agente político de la Embajada norteamericana, por cuya cuenta y orden mandó la represión, ante el pedido de Vilma Martínez de una “salida duradera al conflicto”. Todo en línea con la “seguridad jurídica” que reclamó la Unión Industrial contra la “agitación fabril asamblearia”. Precisamente, la huelga y sus piquetes fueron puestos en la agenda política como reacción de la clase obrera frente a la ofensiva de la crisis mundial, como respuesta a la política que todo el gran capital aplica a escala internacional para buscar una salida capitalista a la crisis capitalista. Esa salida se sustenta en fusiones y achiques que implican la reducción del número de trabajadores, más flexibilización laboral y de la seguridad social, reducción salarial y desmantelamiento de las organizaciones obreras de fábrica. La acción de otros sectores de la clase obrera, de las organizaciones piqueteras y, en particular, del movimiento estudiantil fue una expresión anticipatoria del vuelco de nuevos sectores ante lo que se viene: los tarifazos, los impuestazos y los cierres y despidos en más fábricas, aún en las que llegaron a ciertas salidas transicionales como Paraná Metal. Los límites puestos al brutal ataque patronal en Kraft son música en las conciencias de los trabajadores del resto del movimiento obrero: tandas de reincorporaciones, levantamiento judicial de interdicciones a los delegados y un gobierno obligado a fingir algún tipo de arbitraje cuando ya había mandado la infantería. Todo esto abrió una vasta corriente de simpatía en la clase obrera y en otros sectores del movimiento popular. Abrió también una enorme deliberación sobre la emergencia de un nuevo sindicalismo y sobre el rol de las organizaciones políticas de la clase obrera que jugamos un enorme papel en esta huelga. En suma, para el conjunto del movimiento obrero se ha reforzado el proceso político que viene expresándose en grandes luchas como el Casino, el Ingenio Tabacal, los petroleros de Las Heras, el subterráneo, las huelgas y ocupaciones gráficas como en Interpack o Indugraf, en los gremios docentes y en un sinnúmero de gremios y cuerpos de delegados. Se ha puesto en el orden del día, más decididamente que nunca, la tarea de la expulsión de la burocracia sindical de los sindicatos y la lucha por una nueva dirección política de los trabajadores.

El viernes 16, el Partido Obrero de Moreno llevó adelante un acto relámpago en la puerta de Fargo, en apoyo a la lucha de Kraft. Esa actividad se desenvolvió en consonancia con la movilización de obreros de Terrabusi y organizaciones obreras solidarias a la Plaza de Mayo. El objeto del acto consistió en propagandizar, entre estos trabajadores del gremio, la heroica lucha de Terrabusi por las fuentes de trabajo y por la defensa de su organización gremial. Unos minutos antes de finalizar el acto, llegó un grupo de matones del STIA Buenos Aires, dirigidos por un congresal de la agrupación Verde, de Morán. Increparon a varios de nuestros compañeros y los amenazaron de muerte. Exigían que nos fuéramos porque sino “se pudría todo”. Terminamos nuestra actividad de apoyo y difusión a la lucha de Terrabusi y nos retiramos. Nos preguntamos: ¿cuál es el “giro” de la CGT respecto de Kraft? ¿Cuál es el apoyo dado por el gremio de la alimentación? La Federación de la Alimentación (Morán-Daer) en vez de atacar a las organizaciones que apoyan, ponen el cuerpo y todo lo que hay que poner para que triunfe la lucha de Kraft, debería convocar ya mismo a un paro de 24 horas por Terrabusi, Fargo y todas las luchas en curso en el gremio. Se acabó la charlatanería. Para que triunfe Kraft y ganemos todos los obreros necesitamos un paro nacional con movilización, no patotas.

Luego de cacarear con la promoción de un “fondo de convergencia” para compensar a las provincias más pobres y fracasar por completo, el gobernador Urtubey plantea ahora un revalúo general de las propiedades rurales. Es que, sancionado el presupuesto nacional, los fondos a distribuir en las provincias se han reducido al extremo. Al gobierno no le cierran los números y ha tenido que reconocer que los terratenientes pagan impuestos de acuerdo con valores fiscales de hace veinte años. Nuestros diputados vienen planteando un proyecto de ley para que los terratenientes con propiedades de más de 500 hectáreas paguen impuestos de acuerdo con el valor actual de la tierra. Según el propio director de Inmuebles de la provincia, éste es diez veces más que la tasación fiscal. Si se toman los precios de mercado reales, que van de 3.000 a 7.000 dólares la hectárea en la zona sojera, la tasación crece 50 veces. El proyecto del PO plantea, además, que la recaudación extraordinaria producto de este ajuste en la valuación de las grandes propiedades vaya a un fondo específico para obras públicas y vivienda, de modo de enfrentar la creciente desocupación creando trabajo bajo convenio colectivo. Con esto marcamos un camino para que la crisis la paguen los terratenientes, que en Salta facturan 700 millones de dólares en exportaciones, sin cotizar un peso de impuestos. Pero el decreto de Urtubey está en el vértice opuesto a el del proyecto del PO. En primer lugar, alcanza con el revalúo a todas las propiedades rurales, cualquiera sea su extensión, por lo que afectaría a los pequeños productores; en segundo lugar, los fondos a recaudar no tienen asignación específica, por lo que irán, con seguridad, a financiar la política de subsidios al gran capital que se mantiene intacta, aun en medio de la crisis fiscal. En esta línea, el gobierno acaba de derogar el pago del impuesto por “mera compra”, que pagaban las sojeras que industrializan soja en otros puntos del país. La Legislatura, dominada por el oficialismo, ha aprobado la prórroga de la eximición del pago del impuesto a las cooperadoras asistenciales. De todos modos, advertimos que el gobernador terminará “bajándose los pantalones” aún más ante los sojeros locales, como terminaron haciendo sus colegas: Scioli en Buenos Aires y el “socialista” Binner en Santa Fe. En ambos casos y luego de las quejas de la Mesa de Enlace, terminaron arreglando por dos pesos o directamente posponiendo cualquier ajuste de impuestos. Scioli busca un nuevo hipotecamiento de su provincia para cubrir el agujero fiscal, Urtubey seguramente apelará al mismo recurso. Ambos respaldan la vuelta de la Argentina al FMI y a sus planes de ajustes contra el pueblo. El PO exigirá el tratamiento inmediato de su proyecto de ley, antes incluso de discutir el presupuesto 2010. Desarrollamos una campaña de pronunciamientos y firmas de adhesión en todo el movimiento popular.

Luego de haber sufrido un accidente de trabajo, producto de la caída de un radiador de tren en su cuerpo, que derivó en una operación de columna, se produjo la reincoporación del compañero Ricky al taller San José del subte Línea C. La responsabilidad fue totalmente de la empresa CAF por no brincar las garantías de seguridad laboral. Los obreros dimos una dilatada lucha para esto. Un quite de colaboración, al que la empresa respondió con trece sanciones, desconociendo la gravedad del asunto. La lucha continuó y convocamos al apoyo de delegados de distintas líneas. Hoy, Ricky está reincorporado y la empresa CAF y Metrovías, luego de nuestra lucha, están invirtiendo en el taller en todas las cuestiones de seguridad e higiene. Agradecemos a todos los trabajadores y delegados del subterráneo que nos brindaron su apoyo. A los compañeros del taller Rancagua-Línea B, a los compañeros del taller Constitución, a los talleres Caning, Congreso de Tucumán, Taller Bonifacio. A los compañeros que juntaron firmas de las líneas A, D, C, H y E. A la Agrupación ATM, La Banda del Turco. Delegados de CAF Taller San José - Línea C Christian Paletti, delegado Matías Cisneros, delegado ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL SUBTE Y PREMETRO (AGTSYP)

Guadalupe Soria Rivero es una de las delegadas destacadas del movimiento de trabajadores autoconvocados de la salud de Tucumán e impulsora del movimiento de trabajadoras autoconvocados. – Estuviste en el taller cuya temática era la salud. ¿Qué conclusiones sacaron? – Fue importante el debate, porque vimos que en otras provincias hay situaciones similares, e incluso en otros países, pues en la comisión había una delegación de Paraguay. En ese taller intervenimos seis delegadas autoconvocadas de Tucumán, explicamos nuestra experiencia de lucha, los sacrificios que implica, la intransigencia del gobierno. Pero confiamos en que con firmeza y con el apoyo solidario de otros trabajadores vamos a triunfar. – Fuiste oradora en el acto de apoyo a los trabajadores de Terrabusi... – Para mí fue una experiencia muy importante, con un salón repleto de compañeras que cantaban a favor de esa gran lucha. Realmente me emocioné, más aun al escuchar cómo se han organizado para llevar adelante la lucha, la extraordinaria solidaridad que despierta en todo el país. No pude entender por qué, en un momento dado, se insistió en que se bajaran las banderas, pero no me pareció correcto. En un momento sentí que debía transmitir el saludo y, brevemente, también las experiencias de nuestra gran lucha de los autoconvocados. Humildemente, creo que lo pude hacer. – Las autoconvocadas tuvieron la oportunidad de encabezar la gran marcha. – Sí, aunque tuvimos que dar una pelea política para poder hacerlo. Un sector se había opuesto no sólo a que estuviéramos entre los sectores que encabezábamos, sino incluso que desplegáramos nuestra bandera, que sólo decía “Trabajadoras de la salud autoconvocadas”. Fue una marcha imponente como muy pocas veces se ha visto en Tucumán. – También hablaste en el acto del Plenario de Trabajadoras frente a la Casa de Gobierno. – Fue una tribuna compartida, en algún caso con sectores conocidos, porque el Plenario de Trabajadoras se hace presente siempre en las marchas de la salud. – ¿Que te pareció el Encuentro? – Fue una experiencia extraordinaria, a una la llena de energía ver como miles y miles de mujeres se organizan en la lucha por sus derechos. Por otro lado, fue también una extraordinaria experiencia comprobar los obstáculos que tenemos que superar. Quedó perfectamente claro el rol de la Iglesia que jugó todos sus recursos para abortar el Encuentro, para difamar a las compañeras que sacrificadamente vinieron a Tucumán. Armaron todo tipo de provocaciones, acoplado al gobierno que prestó la policía para ampararles esas provocaciones. Nuestro movimiento de trabajadoras autoconvocadas es incipiente y tiene que superar estas limitaciones, pues el clero está metido en nuestra lucha, no sólo porque dirige la mediación con el gobierno, sino porque hay un sector de delegados y delegadas que representan los intereses del clero e hicieron lo imposible para impedir que nuestra lucha se conociera en el Encuentro a través de fuertes delegaciones de compañeras.

La “justicia” acaba de mostrar su solidaridad con los represores en dos casos que golpean fuertemente a la Villa 31. Por un lado, una decisión del Juzgado de Instrucción liberó al asesino de Mabel Guerra, el prefecto Luis Luques, en un caso típico de gatillo fácil. Por otro lado, cinco luchadores de la villa han sido llevados a juicio por un corte de la autopista Illia realizado hace un año, en reclamo de la urbanización del barrio. Los dirigentes Julián Wald, Amalia Aima, Aída Campó, Malvina Vargas y Ramón Ojeda están imputados por violar el Código Contravencional. El gobierno de Macri, en verdad, les armó una trampa a los cinco compañeros: en el marco de la jornada de lucha, les prometieron una reunión con funcionarios del gobierno porteño. Un patrullero los llevó hasta la supuesta reunión... ¡que nunca se realizó!, y, en esa circunstancia, identificó a los cinco para luego procesarlos. La represión a los movimientos de lucha es uno de los objetivos del macrismo, que cuenta para ello con la colaboración de la Federal de Kirchner y Aníbal Fernández. El próximo 26 de octubre, los familiares de Mabel Guerra, junto a Apel, el Partido Obrero y las organizaciones sociales y políticas de la Villa 31 convocaremos a una gran movilización sobre los Tribunales de la calle Viamonte al 1100. Ese día será clave para revertir la resolución judicial de libertad para Luques. Es que las últimas pruebas presentadas a la Justicia tiran abajo la coartada del prefecto represor y lo incriminan a fondo en el crimen de Mabel. En esa circunstancia reclamaremos también por el desprocesamiento de los cinco dirigentes villeros por parte del gobierno de Macri. El 26 de octubre vamos con todo por la cárcel a Luis Luques. • Justicia para Mabel Guerra. • Basta de represión a la juventud y los trabajadores. • Disolución del aparato represivo. • Desprocesamiento de los luchadores de la Villa 31. • Por la urbanización y radicación definitiva de la Villa 31.

Horas antes del arbitraje en favor de Kraft, contra la huelga de los obreros de la alimentación, Tomada hizo declaraciones lapidarias contra el otorgamiento de la personería a la CTA. No es casual el encadenamiento, porque el arbitraje kirchnerista fue todavía más pro-Daer que pro-Kraft, puesto que le dejó al debilitado geronte de la alimentación la llave de todo el proceso sindical interno de la fábrica. Es decir que Tomada encarriló el conflicto de tal manera que, colaboración final del PCR mediante, todo se mantuviera en los carriles del sindicato de la alimentación. Una victoria terminante contra el burócrata podría haber abierto la ruta a una nueva organización sindical, tal cual están las cosas en un sindicato de la alimentación que Daer controla con los “boliches” y el fraude de los padrones. El arbitraje de Tomada devolvió al ex secretario de la CGT de los gordos un protagonismo presente y futuro que había perdido por completo en una fábrica cuyos votos para comisión interna son más que los votos de todo el sindicato con los que se impone Daer habitualmente. Aún cuando curiosamente la propia interna de Kraft y las otras de Pepsico y Stani no presentaron lista en el último turno electoral del STIA. Para Tomada “no se puede tomar de un día para otro una resolución que cuestiona 60 años de modelo sindical”. Verdaderamente no se sabe si este hombre necesita un psicólogo o un especialista de Carta Abierta en cuestiones de “lenguaje”. Porque, precisamente, no hay otra cosa en discusión que una firma –de un minuto al otro–, en un trámite de 15 años de antigüedad, cuando la burocracia sindical peronista que dirige los sindicatos hace 60 años se cae de a pedazos envuelta en la corrupción, la fragmentación sin fin de ella y del PJ, y en enormes huelgas contra sus dirigentes. Para el ministro, el reclamo de la “central alternativa”, como le gusta llamarse a sí misma la CTA, “está radicado en un expediente que tiene sus dificultades”. Seguramente tiene razón, si uno mira lobbistas como Zanola, que logró impunidad para autoelegirse cuando está por ir a la cárcel o nenes como Moyano, Belén, Barrionuevo o Venegas, no caben dudas de las dificultades. El punto es que todas las fracciones del decadente sindicalismo peronista están agarradas del Estado y de las prebendas de todo orden en punto al monopolio del ejercicio sindical. Pero el problema de los problemas que ha exasperado hasta el desborde verbal al propio Yasky (“usan el fallo de la Corte de papel higiénico”) es que también para la CTA, en cualquiera de sus fracciones, más o menos kirchneristas, el lugar de la “central alternativa” se gana en los expedientes. Ninguna de las fracciones de la CTA ha jugado papel alguno en la huelga de Kraft, más bien se han cuidado como de mearse en la cama de avalar sus “métodos” de huelga: ocupación de instalaciones, piquetes y cortes de ruta y, “vade retro”, de unidad con el movimiento estudiantil. Para Yasky y De Gennaro “Tomada tiene que terminar con su doble discurso de libertad sindical en la OIT y de unicato sindical en la Argentina, ya superado por el fallo de la Corte de noviembre de 2008” (sitio web de la CTA). La esencia de estas llorosas declaraciones es que para la CTA el reconocimiento de la Central pasa por un cambio de frente de la burguesía, por convencer a sus políticos y jueces de que la libertad sindical es mejor a las “instituciones de la democracia” que las actuales mafias centralizadas. En criollo: que su central de “nuevo tipo” es más eficiente para “encauzar y contener el conflicto”. Pero el problema es que Yasky ha batido récords de paros por abajo, contra sus topes salariales en los sindicatos de Ctera, y que ahora el propio Tomada se enfrenta a tener que arbritrar sobre un caso de fraude escandaloso contra uno de ellos: el Suteba La Plata, por parte justamente de los “transparentes” del centroizquierda sindical. Tampoco se deben olvidar el ministro y la UIA de la rebelión descomunal en Fate y el Sindicato del Neumático, nave insignia industrial de la CTA, que tuvieron que controlar con despidos y la misma infantería que Scioli envió a Kraft. O del dilatado conflicto de Paraná Metal, que hace poco desbordó cortando la Panamericana otra vez en la ceteísta UOM de Villa Constitución. El punto a considerar tanto por el activismo del Subte que lucha por su propio sindicato, como por las nuevas direcciones como la de los compañeros del sindicato azucarero del Ingenio El Tabacal, surgida de una ocupación de planta o por los obreros telefónicos dirigidos por una asociación estratégica CGT-CTA cada día más kirchnerista y pro-empresas telefónicas, o por los compañeros de Atrana, el nuevo sindicato de Radio Nacional que lucha contra la patronal “audiovisual” kirchnerista, es que el reconocimiento de las nuevas direcciones del movimiento obrero como los cuerpos de delegados tipo Kraft y los nuevos sindicatos tipo Subte, pasa por un movimiento independiente de la clase obrera y no por ponerle pilas al expediente de la CTA. Las grandes luchas de la etapa, como la de Kraft o los paros del Subte, han puesto a las burocracias de la CGT y la CTA en una misma vereda de domesticación del movimiento obrero. La lucha contra los despidos y por los salarios, la recuperación de los cuerpos de delegados y seccionales, la organización antipatronal en los lugares de trabajo y por el reconocimiento de las nuevas organizaciones sindicales, incluso de la personería de la CTA, pasa por la expulsión de la burocracia y la construcción de una nueva dirección en los sindicatos, clasista y asociada a la construcción de un partido político de la clase obrera.

El premio Nobel de Economía le correspondió esta vez a Oliver Williamson, un defensor 'académico' de las bondades de la gran corporación capitalista. Williamson se enrola en el llamado "nuevo institucionalismo", una de las "escuelas económicas" que proliferaron en el mundo académico del siglo XX, pretendiendo superar el llamado pensamiento "neoclásico". Surgido como reacción al marxismo, empeñado en demostrar la tendencia "óptima" de la economía a autorregularse por medio del mercado y mediante la libre competencia. Esto en el momento en que el mercado de libre competencia era sustituido por enormes monopolios respaldados por sus respectivos Estados capitalistas. Thorsten Veblen, el fundador de la escuela "institucionalista" puso justamente de relieve la emergencia de la gran corporación capitalista y criticó su influencia sobre el Estado y el conjunto de las instituciones del régimen político. El punto de vista "institucional" sería retomado varias décadas después, pero ahora en un completo giro, en abierta apología de los monopolios. Será el "nuevo institucionalismo" de Ronald Coase y su discípulo, Oliver Williamson, y su funcionamiento del mercado. Las transacciones mercantiles, plantearon, presentarían un carácter incierto y caótico. La oferta y la demanda no se interconectan solas -señalan los nuevos institucionalistas- sino a través de un costoso juego que exige búsqueda de información, negociaciones, regateos. El "uso del mercado" implicaría, así, un costo para el conjunto de la sociedad ("costo de transacción"). La crítica de Coase-Williamson de la regulación mercantil apuntó a demostrar la superioridad de la gran corporación, que organiza sus intercambios interiores como parte de actos deliberados de su gerencia. Los planteos de los institucionalistas modernos sirvieron de soporte teórico al rechazo del arbitraje estatal sobre monopolios (leyes antitrust). En los juicios o impugnaciones contra los grandes holdings, los argumentos de la organización y la eficiencia empresarial eran presentados en defensa de la gran corporación monopolista. El "nuevo institucionalismo" resalta el significado de los derechos de propiedad en la organización económica, o sea, de "las leyes e instituciones que deben asegurar su vigencia". Cuando las conquistas del conocimiento humano aseguran la reproducción indefinida y virtualmente sin costo, de sistemas de información, moléculas o semillas modificadas, recursos que son cada vez menos "apropiables" desde el punto de vista privado. Bajo esas condiciones, el derecho del capital a la apropiación de trabajo ajeno sólo puede defenderse con recursos extraeconómicos o "institucionales", como por ejemplo, las patentes, las regalías o las licencias exclusivas. La escuela de Coase, Williamson y North ha justificado el derecho de propiedad sobre el conocimiento, que usufructúan las grandes corporaciones a costa de toda la sociedad. Integración y "des-integración" industrial La gran premisa de los neoinstitucionalistas, un "orden industrial y organizativo superior", bajo la éjida de los monopolios, ha sido desmentida por la economía capitalista en declinación. Sin embargo, en las últimas décadas la gran industria ha caminado en sentido contrario al de la "gran integración" prevista por Williamson. Las crisis capitalistas, cada vez más graves y recurrentes, han obligado a la gran corporación a producir "al día", y a descentralizar procesos en una red cada vez más vasta de firmas tercerizadas y subcontratadas. En sus "transacciones mercantiles" con todas ellas, la gran corporación se apropia de buena parte del trabajo humano generado en esa nueva generación de "pequeñas y medianas empresas", donde prolifera el trabajo flexibilizado y precario. La necesidad de contrarrestar la tendencia a la caída de la tasa de ganancia, que empuja al capital a la sobreexplotación, se impuso a la gran organización y a sus teóricos. Como muchos otros economistas, Williamson ha recibido el Nobel cuando sus premisas han sido derribadas por el mismo régimen social que procuró defender. La gran corporación integrada, con sus conquistas técnicas y científicas, es un indicio de la superioridad de una economía autogobernada por sus productores, en oposición a la anarquía de la "regulación" mercantil. Sin quererlo, el "neoinstitucionalismo" lo ha dejado entrever. Pero la planificación consciente de la producción social no es una determinación técnica u organizativa: choca, inevitablemente, con las relaciones sociales capitalistas. Hace ya un siglo y medio que la "economía académica", con su diáspora de teorías y escuelas, trabaja sin descanso contra esa conclusión revolucionaria.

El gobierno de Scioli y la burocracia sindical del Frente Gremial de Suteba-FEB han sido golpeados por la contundencia de los dos paros, el 28 de septiembre y el 16 de octubre, convocados por el minoritario sindicato duhaldista Udocba. Sirvieron como canal de expresión de la enorme bronca acumulada en la docencia contra la miseria salarial impuesta por Scioli. Yasky y Baradel llegaron al extremo de dividir a los docentes de los estatales de Ate: mientras los estatales pararon el miércoles 14 y se concentraron en la gobernación de La Plata, Baradel y la FEB convocaron a una marcha raquítica, de “delegados”, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que pasó sin pena ni gloria. Para estos dirigentes, las luchas intestinas dentro de la CTA pesan más que la unidad de los trabajadores en sus luchas. A pesar del frente único que se armó contra el paro y de las amenazas del gobierno y de la burocracia sindical docente, la huelga del viernes 16 fue más masiva que la anterior. Según datos oficiales, superó el 75 por ciento. El combativo cuerpo de delegados del Suteba La Plata fue convocante del paro, y junto a él Tribuna Docente, además de un sector importante de las corrientes opositoras de Suteba con la excepción de la Azul y Blanca y del grupo Convergencia de Izquierda, que lo boicoteó en el Suteba Escobar, mientras paraban los compañeros por abajo. Este fue el contexto en el cual se realizaron las asambleas del Suteba el lunes 19, que obligó a la FEB a convocar también a un congreso extraordinario de apuro. Las asambleas de Suteba fueron clandestinas, y de su convocatoria la mayoría de la docencia ni siquiera se enteró. Fueron asambleas regimentadas por el aparato celeste. En la mayoría de ellas se impuso la propuesta del Frente gremial de un paro y una movilización a La Plata sin fecha establecida y sin duración y en manos de los “secretarios generales”. En Escobar, Esteban Echeverría y La Plata, en cambio, triunfó el planteo de paros progresivos con continuidad hasta obtener el aumento de salarios de emergencia que lleve el básico a 2.000 pesos. Especialmente en La Plata, la asamblea del Suteba combativo fue muy numerosa. La reunión convocada por la facción de Baradel, que ha arrebatado la representación sindical por medio del fraude a la mayoría de la docencia platense, fracasó por completo. La burocracia del Frente Gremial, ante el desarrollo masivo de los paros, decidió echar lastre y seguramente tendremos ahora un paro decretado por los “secretarios generales” que no significa un cambio de su política de “dormir” la lucha, quitarle continuidad y aislarla del resto de los trabajadores, para llegar a fin de año sin alterar la paz social con el gobierno. Yasky y Baradel se han transformado en una rueda auxiliar de la política de Sileoni-Scioli, sólo quieren llegar a fin de año terminando con la “conflictividad gremial docente” y tratar de imponer en el verano, con las aulas vacías, un acuerdo salarial ruinoso para 2010. Nuestra política es impulsar a fondo la lucha. Necesitamos asambleas convocadas como corresponde en todas las seccionales, y plenarios de delegados de escuela con mandato para resolver y organizar un plan de lucha que no esté atado a los “cuerpos orgánicos” sino a la voluntad de los docentes: Para defender el salario, paro de 48 horas, 72 horas e indefinido. Paritarias con delegados elegidos en asambleas generales de distrito, ya. El salario de 2010 se tiene que aprobar antes del fin de las clases. Salario básico de emergencia de 2.000 pesos. Ninguna suma en negro. Defensa de las condiciones de trabajo que el gobierno Scioli quiere precarizar aún más. Rechazo a la “reforma” de la secundaria impuesta por el gobierno y que tiene el aval de todos los gremios. Fuera la mano de Scioli del IPS. Por la triplicación del presupuesto educativo, bajo control de los trabajadores y el movimiento estudiantil. Paritarios elegidos en asamblea y pliego de reclamos aprobados mediante la deliberación colectiva y votados en asamblea. Fuera el ataque de Oporto a las licencias docentes. Por el reconocimiento de la legítima conducción electa del Suteba La Plata, la Lista Rosa-Roja-Marrón.

Recibimos esta nota de un docente de la escuela Nº 13 de Villa Rosa (partido de Pilar). Esta escuela acaba de convertirse en nota de los medios porque un grupo de padres denunció que la dirección del Colegio funciona en un baño, que por otro lado nunca se puso en funcionamiento y, además, desde hace más de un año sus instalaciones se encuentran en una ampliación paralizada. La intervención de los padres es importante, porque plantea la lucha conjunta de docentes, padres y alumnos por la defensa de la educación estatal laica y gratuita. Soy profesor de la Escuela 301 (ex 13), ejerzo una materia en ciencias hace aproximadamente cuatro años. Mi carga horaria es en su totalidad en escuela estatal. Cuando surge el problema de la escuela de la “vergüenza” mi reacción fue (recordemos que los administrativos trabajan en baños) asustarme por qué no me llamó la atención dicha noticia. Pero después, en la reflexión, me di cuenta de que la mayoría de las escuelas son de la “vergüenza”, y ahí entendí por qué uno quiere una educación mejor, sin este “Estado sinvergüenza”. El exitismo al que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación hace que lo neurálgico de esto sea “que el personal trabaja en los baños”. Será que la educación es de m..., en fin... Pero debo decirles que dicha institución no cuenta con casi ningún recurso didáctico, televisores, libros, laboratorios, etc. Ni hablar de lo edilicio. Los alumnos no conocen lo que es estudiar en un ambiente confortable; es más, en invierno, cuando la temperatura es inferior a los 5°C las clases se suspenden, y después dicen que no quieren, en esta “educación para todos”, que los estudiantes pierdan un día de clase. La jornada del 15 de octubre (el de la discordia), comenzamos compartiendo una charla con un profesor, quien en uno de los temas me comentaba que traía en su baúl un taladro y una serie de tornillos y demás, para arreglar uno de los pizarrones que se encontraba en condiciones paupérrimas. Luego nos fuimos a dar clases y después nos encontramos con un desfile de inspectores y consejeros por las instalaciones calmando las aguas, porque, recuerden, esto salió a la luz por los reclamos de los padres. De otra forma el estado de las cosa hubiera seguido igual, y la comunidad docente, que ejerce su trabajo a diario en estas escuelas de la vergüenza, todavía piensa que bajo este gobierno, una educación mejor es posible.

Manuel Zelaya se muestra mucho más dispuesto a ceder ante el golpista Roberto Micheletti, que éste a hacer mayores concesiones al presidente derrocado. Los delegados de uno y de otro negocian “cordialmente” –según un comunicado del gobierno golpista–, pero la cordialidad no impidió que el representante en esa mesa del Frente de la Resistencia, Juan Barahona, se retirara disgustado porque el mandatario depuesto aceptó firmar un acuerdo reservado por el cual renuncia a convocar a una Asamblea Constituyente. “Con Zelaya o sin él, seguiremos luchando por la Constituyente”, declaró luego ( www.tercerainformacion.es , 17/10). Los buenos modales tampoco alcanzaron para que los golpistas aceptaran, al menos por ahora, restituir en la presidencia a Zelaya, aunque éste sí aceptó casi todo lo que le propusieron, además de renunciar a la Constituyente: no adelantar las elecciones ni aplicar una “amnistía” para los delitos que le imputan los golpistas, formar un gobierno de unidad nacional y pedir a los organismos internacionales que levanten las sanciones. Es más: Zelaya incluso llegó a manifestar su predisposición a “discutir” la posibilidad de volver al gobierno sólo después de los comicios del 29 de noviembre, cosa que antes había rechazado de plano. Es decir, regresaría únicamente para colocarle la banda presidencial al ganador de una farsa electoral. Aún así, el acuerdo no prospera porque Micheletti exige todavía más: que la presidencia le sea devuelta a Zelaya por la Corte Suprema que lo derrocó, no por el parlamento como exige el hombre refugiado en la embajada brasileña. El detalle tiene su importancia, porque acudir a la Corte equivaldría a admitir la “legalidad” del golpe; en cambio, la restitución parlamentaria, aunque el Congreso también avaló la asonada, sería producto de un amplio acuerdo político. Es cierto que, en ese punto, Micheletti está cada vez más solo: el Partido Nacional, favorito en las elecciones, se muestra muy predispuesto a votar de una vez la restitución de Zelaya para que los comicios se hagan sin mayores tropiezos. La resistencia La dictadura hondureña mantiene la vigencia del estado de sitio, porque el decreto que lo derogó no fue publicado en el boletín oficial y, por lo tanto, no entró en vigencia. Así, mientras en un hotel de lujo en Tegucigalpa, golpistas y zelayistas discuten con cordialidad, en la calle la relación del régimen con la resistencia popular es pura y exclusivamente represiva: a palo y bala han logrado imponer a las masas un retroceso relativo y momentáneo. Sin embargo, el sábado 17, una gran manifestación volvió a concentrarse en el centro de la capital después de semanas. La resistencia no cesa: “Los barrios se han convertido en una especie de retaguardia de las movilizaciones de la resistencia, que han encontrado en las comunidades el espacio un poco más seguro en donde la policía y los militares temen entrar. Las concentraciones en El Pedregal, La Kennedy y El Hato han logrado acumular un buen número de manifestantes y, a diferencia de las que se realizan en las avenidas comerciales, la represión es menor” ( La Tercera , 17/10). La novedad radica en que las movilizaciones populares, más allá de las restricciones que les impone por el momento la represión militar y policial, por primera vez entran en contradicción con la perspectiva política de Zelaya, aunque, claro está, sin esa movilización no habría conversaciones, cordiales o no, en un hotel de Tegucigalpa ni en la embajada brasileña.

Los trabajadores de Mahle resolvieron instalar una carpa frente a la delegación del gobierno provincial en Rosario y reclamarle a Binner por el pago futuro de los salarios y la continuidad productiva de la fábrica. Esta resolución se tomó en la última asamblea, que hizo un balance de la situación y denunció que la política de Mahle –con la complicidad de los funcionarios nacionales y provinciales y la burocracia de la UOM– había llevado a un extraordinario desgaste a los compañeros y al desguace de la planta. La patronal de Mahle terminó mandando los telegramas de despido a 139 trabajadores, que no aceptaron el retiro voluntario y continúan con la ocupación de la fábrica. De esta manera, la patronal alemana se desentendió definitivamente de continuar con el pago de los salarios. Mientras siguen las interminables “negociaciones” entre Mahle, la posible compradora (Aros Kim) y los ministros de Trabajo nacional y provincial con a la burocracia de la UOM, excluyen ahora a la Comisión Interna, que pelea por la continuidad de los puestos de trabajo de los 139 con la próxima patronal. Un dato claro de que quieren desentenderse de tener en la futura planta a los luchadores. La situación de Malhe desnuda la perfidia de la política del gobierno provincial. Muestra la farsa de la llamada ley de emergencia laboral, que deja 500 obreros en la calle después de cinco meses de conflicto. Se agotó la demagogia “progre” del Frente Cívico. La ministra de Trabajo provincial fue varias veces a la fábrica con promesas que nunca cumplió. Hasta presentaron un proyecto de expropiación que rápidamente abandonaron. El Frente Cívico repite con Malhe la política de desangre y demolición que tuvo también con el largo conflicto del lavadero Virasoro. Frente a este cuadro agravado de la situación, el lunes 19, una importante asamblea en la carpa con distintos sectores aprobó un plan de acción que incluye: 1) la participación de todos los trabajadores de Malhe en la marcha de los docentes, que culminará precisamente en la carpa de los metalúrgicos; 2) la ampliación del acampe a distintas organizaciones sociales, obreras y estudiantiles; 3) una jornada de cortes en distintos lugares de la ciudad el viernes 23 y la coordinación con organizaciones nacionales para generalizar la lucha de Malhe. Hay que impulsar y nacionalizar esta extraordinaria batalla de los metalúrgicos de Malhe y unirla a la de los luchadores de Paraná Metal, pues las dos fábricas van camino del desguace con la complicidad del gobierno nacional, provincial y de la burocracia de la UOM. No se puede dejar 1.500 metalúrgicos en la calle mientras se alienta obscenamente la mega timba del mega-Casino. El gobierno provincial debe asumir el pago de la totalidad de los salarios de los trabajadores de Mahle y Paraná Metal hasta darle una salida definitiva a esta situación. Puede haber una readecuación productiva de las plantas que permita dar trabajo a todos, contemplando las enormes necesidades provinciales en el rubro metalúrgico. Es una decisión política que hay que arrancar con la lucha. Primero están los trabajadores, no la timba.

Un testigo clave en el juicio en Córdoba al genocida Luciano Benjamín Menéndez, que comenzó este martes 20, apareció convenientemente “suicidado” el viernes 16. Se trata de otro represor: el ex policía Jesús González, alias “el Flaco”. González fue guardia en el centro clandestino de detención Casa de Hidráulica, precisamente el lugar donde se cometieron los crímenes por los cuales ahora es juzgado Menéndez con otros cinco ex militares y policías. En ese lugar, en 1979, fue torturado y asesinado el subcomisario de la policía cordobesa Fermín Albareda, quien en verdad era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). El policía González fue testigo directo de ese crimen. González es el cuarto represor que aparece “suicidado” después de manifestar su decisión de declarar en contra de sus jefes. Al caso más conocido, el del prefecto Héctor “Selva” Febres, envenenado en su lugar de detención en diciembre de 2007, se añaden los del ex capitán del ejército Alfredo Marcó, interrogador en centros de tortura riojanos, y el del ex comisario puntano Segundo Wenceslao Garro. Ambos aparecieron muertos de un tiro en la cabeza en abril de este año. Antes, en 2003, el prefecto Juan Antonio Azic se había disparado –el único suicidio indudable– después de recibir una orden de detención del juez español Baltasar Garzón. Entretanto, sigue sin aparecer Julio López, ex detenido desaparecido, secuestrado después de testimoniar contra el ex comisario Miguel Etchecolatz. Una vez más, queda a la vista la presencia ominosa de un aparato terrorista que sigue actuando gracias a la protección de los poderes del Estado.

Se han cumplido cinco años de la represión y los despidos en el gran taller gráfico que tiene el Grupo Clarín en Pompeya. Un antecedente nefasto de militarización de una fábrica por parte del gobierno K, que hoy se repite en Kraft. Luego de cuatro días de huelga obrera, por salario, cumplimiento del convenio colectivo y contra el régimen carcelario que se estaba imponiendo en la planta (cámaras, cacheos, seguimiento de delegados con seguridad privada), el 2 de setiembre de 2004 la planta fue invadida con un operativo de 500 efectivos policiales que incluyeron la montada, infantería, el grupo Halcón, camiones hidrantes y helicópteros. En aquel momento, el kirchnerismo estaba en su fase ascendente y en plena etapa de cooptación, pero los obreros gráficos "cobramos" igual. Lo que tuvo de "nacional" y popular aquella garroteada es que en aquel momento Néstor no actuó por cuenta y orden de la Embajada yanqui sino del "grupo" Clarín. El cuento de la lucha contra el monopolio y por la libertad de prensa que se lo cuenten a otros. La CGT -presente en aquel momento a través de Piumato- y la burocracia gráfica, contra la posición de la Lista Naranja, llamaron a levantar la medida en nombre de las "garantías presidenciales". Al otro día tuvimos 120 despidos, incluidos los delegados y congresales. La burocracia jamás llamó a retomar la medida ni a realizar acción alguna. Se llevó la cuestión a un largo desangre con dos meses de una "conciliación voluntaria" en el Ministerio de Trabajo, en la que la empresa reincorporó unilateralmente a poco más de 50 compañeros (previa firma de un acta draconiana de "arrepentimiento") y dejó afuera a otro tanto y a todos los representantes gremiales. La represión en AGR fue parte de un giro represivo más general de los Nac&Pop, que abarcó en menos de una semana una represión brutal en la Plaza de Mayo, el desalojo de los piqueteros en Termap (Sana Cruz), de los obreros de la Firestone, y de los trabajadores que ocupaban la farmacia Franco Inglesa. Un reciente fallo que dio por tierra con el intento de Clarín por penalizar el ejercicio de aquella formidable huelga, y ahora la gran lucha de Kraft, han puesto nuevamente sobre el tapete el reclamo de reincorporación de los representantes gremiales de AGR que aún seguimos luchando por la reinstalación, se ha reactivado la causa laboral en la que se trata el tema y se comienza a hablar de la posibilidad de una medida cautelar en ese sentido. Ayer AGR y hoy Kraft desnudan el carácter antiobrero de los "nacionales y populares", ponen de relieve la necesidad de acabar con la burocracia sindical y nos llaman a defender la lucha por la reincorporación de todos los delegados y activistas represaliados por luchar en Kraft, en AGR y en todas las fábricas del país.

Las escuelas de nivel superior no universitario han salido en todo el territorio provincial a rechazar las modificaciones al gobierno de estos institutos, hoy en manos de consejos directivos y consejos académicos integrados por docentes, alumnos, no docentes y egresados, elegidos por el voto. El gobierno de Jake, en acuerdo con la burocracia del Sute (docentes), ha establecido la creación de juntas calificadoras de méritos y juntas de disciplina que cumplen funciones similares a los consejos, donde se aseguran la mayoría. Este conflicto afecta a todos los institutos de formación. Esto se suma a las terribles condiciones edilicias de las casas de estudio, la falta de becas, la precariedad laboral y salarial de los docentes y los no docentes. Los salarios no llegan muchas veces a pasar los 1.200 pesos. Se ha convocado desde las asambleas diarias que se realizan en las instituciones medidas de fuerza, que van desde cortes de calles, manifestaciones a la Legislatura y al Sute hasta tomas de los establecimientos, y se ha planificado para la semana próxima una jornada de clases públicas en la que se espera la llegada de contingentes de los institutos del sur de la provincia. Esta lucha se encuentra en plena evolución y está politizando a sectores que hasta este momento habían permanecidos dormidos. Todos los sectores de la educación nos tenemos que sumar a este reclamo para defender la educación pública. Que la crisis del gobierno y la burocracia mafiosa no se lleve puesta al pueblo.

Mercedes Sosa Gracias por el emocionante artículo en homenaje a la gran Mercedes Sosa. Es por eso que mi partido, y el periódico y sitio web preferidos en el mundo es el del Partido Obrero. Enviado en “ La muerte de Mercedes Sosa/Una voz popula r” ( PO Nº 1.103) Luís Guilherme (Brasil) Comisario Molina, en bolas y a los gritos Alejandro, ¡Estás mal informado! El comisario Molina no es amigo del ingeniero trucho, tampoco es un hombre de derecha y es enemigo de las hamburguesas torturadoras. Te comento que todos los gobiernos socialistas son enemigos del narcotráfico. Informate, la Fuerza Vecinalista Rodriguense, que lidera el comisario Alberto Molina fue apoyado por nuestro Movimiento Evita. Con la nueva Ley K tendrás que estar más informado. Enviado en “ La Bonaerense, Faggionato Márquez y el galpón ” (PO Nº 1.065) Mercedes Despidos en Jumbo Por favor, pueden hacer pública la serie de despidos masivos que están ocurriendo en Jumbo, Disco, Easy, tanto en locales como andministración, que comenzaron en agosto como una reestructuración encubierta. Lo único que piensan es en hacer pagar a los pobres empleados para que este monopolio siga ganando millones. Hablen sobre Matías Videla, tremendo garca que no tiene una mínima de responsabilidad social, también hablen de la cantidad de gente de las adminitraciones que se ven obligados a salir del convenio para poder tener un sueldo más alto, a cambio de resignar el derecho a tener un sindicato. Enviado en “ Ola de despidos en Jumbo ” ( PO Nº 921) Matías Sugerencia Hola, ¿Qué tal? Tengo una sugerencia y es la siguiente. Me interesaría bajarme audios de los que están disponibles en el archivo multimedia, pero la página permite escucharlos únicamente. No están pensados para descargarlos, como los podcasts. Esto sería muy útil, para poder conservarlo y escucharlo en el momento que uno desee. Traté de convertir algunos de los videos que están en el canal de Youtube del PO, pasándolos a wmv y de ahí a mp3, pero es muy engorroso y falla. Enviado en “ La crisis financiera internacional. La vuelta al FMI ¿es una salida? ” Sergio Enrique “Chuzadas” Muy bueno el articulo. Sólo queria hacer una pequeña alcaración: “chuzar” acá es el equivalente de lo que allá sería “pinchar” un teléfono. osea que si el DAS te “chuzó” el teléfono es que te están espiando las llamadas. Saludos. Enviado en “ Colombia: un régimen de ‘chuzadas’ ” ( PO Nº 1102) Andrés (Colombia) ¡Es urgente! Soy de Córdoba. Es urgente el planteo que hace Salas en la Prensa Obrera: El de reiniciar la actividad del plenario que era muy prometedora. Hace rato que me preguntaba qué había pasado con el plenario de trabajadores de Córdoba. Y sería importantísimo que vuelva a funcionar. Si hay un momento en el que es necesario es éste, ahora mismo. Por la situación que se describe en el artículo, que sigue abierta en Córdoba. Y también para vincular esas luchas a las del resto del país, específicamente a la de los obreros de Kraft, declarar la solidaridad del movimiento obrero cordobés y desarrollar acciones de apoyo. Hay que poner manos a la obra para hacerlo ya. Enviado en “ Córdoba: rearmar el plenario de trabajadores ” ( PO Nº 1.099) Agustín

El 12 de octubre, un terrateniente acompañado de un grupo de tareas de ex policía de la provincia baleó a mansalva a un conjunto de comuneros en Chuschagasta. Fue asesinado Javier Chocobar y heridos otros tres, entre ellos un niño de 12 años. Unos de los heridos es Andrés Mamaní, cacique de los pobladores de Chuschagasta, y hasta el momento se encontraba en grave estado. La balacera se produjo cuando los pobladores protestaban frente a las acciones de usurpación de territorios que les pertenecen desde épocas ancestrales. La acción de los terratenientes con la ayuda de patotas armadas es de vieja data. Sin embargo, lo comuneros no recordaban un crimen como el cometido en Chuschagasta. Este accionar se ampara en la complicidad de la Justicia y del gobierno, que tiene entre sus funcionarios a varios terratenientes como Jaldo, comprometido en acciones de usurpación y expulsión violenta de pobladores originarios en la zona de Trancas. Precisamente el departamento donde se encuentra la comunidad de Chuschagasta. La banda de asesinos que comandaba el terrateniente Darío Amín estaba conformada, entre otros, por el ex oficial de policía Luis Gómez, cuñado del actual jefe de la policía de la provincia, y por José Valdivieso, quienes integraban el comando Atila, una banda parapolicial que dirigía el Malevo Ferreira. Ese grupo de tareas, bajo el gobierno de Palito y Bussi, asesinó a varios presos comunes e intervino en varios casos de gatillo fácil. Últimamente en la provincia se vivía un reanimamiento reivindicativo de las poblaciones originarias, estimulados por los acontecimientos bolivianos y por el recrudecimiento de los atropellos de los terratenientes y el gobierno. Unos de los reclamos era que se cumpla con la ley nacional 26.160. Precisamente el Inadi denunció que en el último período se han acentuado las acciones de desalojos y expulsión de los pobladores originarios de varias regiones, a pesar que está en vigencia la ley 26.160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria, que precisamente garantizaba a los pobladores originarios el permanecer en sus tierras. En el ENM, delegaciones de mujeres de los pueblos originarios jugaron un papel muy activo en los talleres. El crimen ha causado una gran conmoción. La Unión del Pueblo de la Nación Diaguita convocó a una movilización el martes 20 que reunió a unas mil personas. Había delegaciones de numerosas comunidades y también de organizaciones de derechos humanos, de los autoconvocados de la aalud, de los partidos de izquierda. El Partido Obrero habló en el acto que se realizó en la Plaza Independencia. Luego se marchó a los Tribunales a reclamar juicio y castigo.

Seis mujeres que fueron en la delegación de Salta, forman parte del barrio de Atocha. Son las compañeras que arrancaron lotes a Urtubey con cortes de ruta. Volvieron maravilladas. El martes 13 teníamos programada una movilización a la Casa de Gobierno, que fue reprimida. Cuando terminó la manifestación, las compañeras y otras que no habían podido viajar y se quedaron con las ganas, me comprometieron para que empecemos desde ahora a realizar actividades de autofinanciamiento para ir a Paraná. Estaban encantadas con los debates y, sobre todo, con la enorme marcha de mujeres: tantas luchadoras juntas, cantando con entusiasmo sus reivindicaciones. Desde el sábado comenzamos a reunirnos y, mientras vamos peleando para imponerle a Urtubey los servicios y la escuela, haremos actividades para juntar fondos para que ninguna falte en Paraná.¡Que se agarren fuerte las sojeras!

Estaba todo preparado para que el jueves 8, Wilma Martínez (flamante embajadora de los Estados Unidos en Argentina) brindase una conferencia en el aula magna de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, sobre las relaciones entre Argentina y Estados Unidos. Un grupo de “intolerantes y antidemocráticos estudiantes” (según el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Juan Carlos Aguillo) organizamos un escrache a la diplomática norteamericana. Esta noticia tuvo eco en todos los medios gráficos y televisivos de nuestro país y el mundo. Nos movilizamos en repudio a la represión a los trabajadores de Kraft, contra la complicidad de Estados Unidos en el golpe de Honduras, la instalación de bases militares en Colombia y el nuevo envío de tropas a Afganistán. La ausencia más “llamativa” fue la de las agrupaciones “antimonopólicas y antiiimperialistas” que responden al gobierno “nacional y popular”: AUN, Feup, Miles y sus derivados. ¿Patria sí, colonia no? La semana que viene, el Consejo Superior determinará las sanciones a los estudiantes que participaron en la protesta. El gobernador Jake, recibió a la embajadora. Durante ese encuentro, el mandatario pidió a la diplomática profundizar algunos acuerdos de cooperación, fundamentalmente el que vincula a la policía de Mendoza con la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos). Ante la prensa, la diplomática defendió el premio Nobel de la Paz otorgado a su presidente, Obama, admitiendo que “se lo otorgaron no por lo que haya hecho sino por lo que pueda hacer” ( Uno , 16/10). O sea que se lo dieron por una “cuestión de fe”.

Ante todo hay que clarificar qué se firmó en el Ministerio por parte de la mayoría de Comisión Interna como salida de fin de conflicto. Se pactó una “paz social” que prohibe huelgas y piquetes de todo orden, a cambio de una tanda de reincorporaciones, pero a partir de considerar virtuales nuevos despidos a las 36 “suspensiones”. Lo que entró por una puerta salió por otra: el saldo son 53 despedidos que se suman a los 70 ya indemnizados, que de ningún modo se pueden aceptar como “retiros voluntarios”, porque son trabajadores que agarraron la indemnización por hambre durante los 60 días de conflicto. El Cuerpo de Delegados de base ha sido desmantelado. En cuanto a la Comisión Interna, por fallos judiciales inducidos por el Ministerio de Trabajo, los delegados han entrado a trabajar, lo que constituye un límite al golpe patronal, al igual que son otro límite las 70 reincorporaciones en distintas tandas. Pero esos delegados de la Comisión Interna no tienen mandato, no se les ha prorrogado su vigencia, de manera que Daer se llevó un premio en el acta final guardando la llave del futuro proceso sindical en la fábrica: cuándo, de qué modo y con qué método se convocarán a elecciones sindicales. Además, legalmente el propio sindicato y su repudiada gente en el interior de fábrica son la representación reconocida, porque el acta establece expresamente que los mandatos se vencieron el 9 de octubre pasado. La policía no se ha ido completamente de la planta y numerosos compañeros sufren causas penales que la empresa no ha levantado, cuya única acusación es haber ejercido el derecho de huelga. Los reincorporados sufren persecución y las condiciones de trabajo han sido alteradas en punto a ritmos de producción, medidas disciplinarias y violación de la categorías de convenio. Asambleas viciadas y fractura de la Interna Durante toda la jornada previa a la firma del acuerdo, los despedidos y suspendidos en lucha rechazaron el proyecto de acuerdo cuya letra ya había sido adelantada por el Ministerio de Trabajo dos días antes. Hicieron una contrapropuesta que suponía la incorporación incondicional de los suspendidos y que las 40 reincorporaciones finales fueran sobre compañeros efectivamente despedidos y no suspendidos. La moción de reincorporación total fue planteada por algunos compañeros aunque no prosperó. Llamativamente, ningún delegado de la Comisión Interna denunció que el acta no prorroga los mandatos, ni antes ni después de la firma del acuerdo, punto en el que se advierte un acuerdo no explícito entre todas las partes y corrientes de la Comisión Interna. Por otro lado, se hicieron asambleas obrero-patronales en el interior de planta. Fueron con presencia de los inspectores del Ministerio, su organización corrió por cuenta de los “líderes” o capataces. No faltaron las filmadoras patronales, funcionarios jerárquicos de Kraft y hasta elementos de civil sin identificación. De ellas participaron los miembros de la Comisión Interna que luego firmarían, incluido Ramón Bogado. La suerte de esas asambleas truchas fue diversa. A la mañana participaron 25 ó 30 personas sobre el mayor turno de la fábrica. A la tarde, sí hubo unas 400 personas y a la noche, el turno la boicoteó durante toda la noche y, a las 5 de la madrugada, unas cien personas repudiaron el acta delante de la Comisión Interna y de todos los funcionarios patronales y ministeriales, en lo que constituyó un bochorno para los miembros que convalidaron esa acta y esas asambleas, con la oposición del delegado del turno noche Javier Hermosilla. Acá se prefiguró la posterior fractura de la Interna. La no firma de Ramón Bogado no se la cree nadie: ha sido caracterizada por la masa de la fábrica como una maniobra política. Una paz social unidireccional En el interior de la fábrica existe la sensación de una traición y muchos trabajadores lo gritan a voz en cuello en cualquier lugar. Una lucha de este alcance no puede darse por terminada con una “paz social” que habilita la sanción a todo proceso de resistencia, con despidos masivos y desconocimiento legal de la Comisión Interna. Los firmantes del acta ataron a sus compañeros, cuando los objetivos estratégicos de descabezamiento de la organización obrera han sido salvados en gran parte por Kraft. El Partido Obrero fijó esta posición en un volante repartido masivamente en la fábrica. Denunciamos un pacto final entre Kraft, Daer y Tomada, al que habría que agregar a la Embajada norteamericana que se llevó su salida “duradera”. Porque en las condiciones de una gran huelga y una gran lucha piquetera posterior de despedidos, activistas y organizaciones populares, la patronal y Daer rescataron buena parte de sus objetivos iniciales. Por ello propusimos asamblea general de activos y despedidos, sin presencia de funcionario alguno para considerar el acto y el curso de la continuidad de la lucha por la reincoporación de los despedidos, explicando a la masa de la fábrica la realidad de las cosas y votando un plan de acción. Construir una agrupación clasista en el gremio de la alimentación Semejante fractura de la mayoría de la Comisión Interna perteneciente a la CCC y el retiro de la escena, de la lucha y hasta de la fábrica, de algunos de los otros cinco miembros menos conocidos de la Interna, hacen suponer un replanteo político del gran campo antiburocrático que constituyeron las listas internas anti-Daer, los delegados de sector y el activismo madurado al calor de las luchas de los últimos años. Toda una vanguardia está sacando aceleradas conclusiones. Incluso de todo el desarrollo huelguístico. Por qué no se convocó a asambleas de turno después de la represión, cuando adentro no había más que odio por lo sufrido por los compañeros reprimidos. Por qué nunca hubo una política de organización de la masa de los turnos, como la que se emprendió en el turno noche, por qué jamás hubo un piquete de huelga en los momentos de lock-out, por qué jamás se garantizó una gran movilización obrera al poder político con la masa de los compañeros obreros de Kraft. En los sucesivos plenarios de solidaridad, la propuesta del Partido Obrero y de numerosas representaciones obreras de una movilización decisoria del conjunto obrero hacia Plaza de Mayo fue sistemáticamente descartada por el total de la Comisión Interna. La idea de una marcha a pata y a pulmón por la Panamericana del conjunto obrero de Kraft tenía por objeto atraer el apoyo obrero de un activismo de la alimentación y de otros gremios que se conmovieron hasta los huesos por esta lucha. A esto habría que agregar la ausencia de una política clasista en el resto del gremio de la alimentación, donde las internas opuestas a Daer no organizaron paro alguno en defensa de la huelga de Kraft, respetando el control de la burocracia de todo el proceso. Este problema es patente en Stani-Cadbury, donde 800 trabajadores están pendientes de la posible fusión y estuvieron pendientes del conflicto Kraft. Allí no hubo una asamblea general para fijar un programa para Stani ni una lucha común con Kraft. Ciertos elementos combativos del gremio empezaron la huelga diciendo que “esta huelga es igual que la del Casino, pero la diferencia es que el sindicato de Daer y la CGT de Moyano están con nosotros”. Luego se tuvieron que reacomodar, porque Daer y Moyano prepararon las condiciones no ya de la entrega, sino hasta de la represión. La vieja política morenista de “embretar” a la burocracia se mostró inútil una vez más. Es claro que a la luz de este balance, la constitución de una agrupación clasista en el gremio de la alimentación es una asignatura pendiente de la joven vanguardia obrera que se viene destacando en la luchas y se ha destacado en la huelga de Kraft.

El próximo 14 de noviembre tendrá lugar una conferencia sindical convocada por el Partido Obrero, en la que participarán delegados e invitados de todas las provincias y de todas las concentraciones industriales de Argentina. En sus objetivos figura encarar las campañas que reclama la situación actual de la crisis capitalista y de las luchas, pero su objetivo de fondo es desarrollar una discusión sobre la estrategia de los luchadores sindicales. El texto que se va a leer es un borrador. En lo esencial, pretende caracterizar el presente histórico del movimiento obrero en Argentina y determinar una política y una táctica adecuadas a esta situación. Cuando más agudas y apremiantes son las luchas en curso, más resulta necesario caracterizar la situación de conjunto. 1. El movimiento sindical atraviesa una etapa de transición política. De un lado, la vieja burocracia sindical, ahora con el ropaje del moyanismo y de una CTA en parte kirchnerizada, asiste a una crisis irreversible. Del otro lado, se desarrolla de nuevo un movimiento clasista en los sindicatos, que tiene su origen en la emergencia del Cuerpo de Delegados del Subte, que arranca de antes del argentinazo, y la conquista de la jornada de seis horas, y en varias ocupaciones de fábrica contra el vaciamiento de empresas. La tarea que tiene por delante la nueva generación de luchadores es completar esta transición política para reestructurar al movimiento sindical sobre una base clasista. La historia del movimiento obrero de Argentina ha estado marcada por sucesivas etapas de transición. No se trata aquí de mencionar a todas o a las más importantes, sino demostrar el esquematismo que confina al movimiento obrero a un largísimo período de inmovilismo político dominado por la burocracia sindical integrada al Estado y ligada al peronismo. En los últimos treinta años, el movimiento obrero ha conocido las siguientes etapas: a) De un lado, la reestructuración de la CGT bajo la figura de Ubaldini, que arranca desde mucho antes de la retirada de la dictadura y que anticipa esa caída; del otro, el desarrollo de una tendencia parcialmente independiente de la burocracia sindical, que se manifestará, por sobre todo, en el ingreso de la corriente clasista de la Naranja, como tendencia autónoma, en la dirección Sindicato Gráfico; en la expulsión de West Ocampo del sindicato de la sanidad de la Capital; en el desarrollo de fuertes corrientes “naranjas” en la Uocra y en el surgimiento de una nueva dirección en la seccional de Neuquén, y en el cambio de dirección en Ctera (que pasa al control de la actual Lista Celeste). Esta etapa se cierra, en parte, con la derrota de la gran huelga indefinidida de docentes, en 1988, y con la capitulación de la nueva dirección de Sanidad ante la burocracia. Esta transición ingresa en una crisis profunda con la reestructuración que impulsa el gobierno de Menem en la dirección de la economía y de la política, concretamente, las privatizaciones y la convertibilidad. Este giro demuestra dos cosas: uno, que la transición política en los sindicatos se encuentra condicionada en forma estrecha con la evolución general de la crisis política en el país; dos, que el seguidismo político a la burguesía nacional y al peronismo, por parte del llamado progresismo sindical, ofreció un instrumento político para someter al movimiento obrero desde el Estado. Estas lecciones destruyen desde la raíz la tesis que sostiene la posibilidad de desarrollar un movimiento sindical clasista ligado a la burguesía nacional o incluso políticamente neutral; b) El reordenamiento de las relaciones sociales que establece el menemismo inaugura una nueva transición sindical. De un lado, se establece una CGT ligada a las privatizaciones y a la defensa de la flexibilidad laboral, mientras del otro lado se desarrolla una oposición que tendrá a la cabeza un frente formado por el MTA (Moyano), la CTA (De Gennaro) y la CCC (el Perro Santillán). En este período, el clasismo se encuentra aislado y juega como segundo violín de las iniciativas del frente sindical de oposición a la burocracia de los ‘gordos’ de la CGT. El frente opositor se sumó al recambio político que impulsaba la burguesía afectada por la política menemista; este recambio se concretará con la victoria de la Alianza, en 1999. Esta etapa se cierra enseguida después de la victoria de la Alianza con la movilización que convoca Moyano en febrero de 2000. Se rompe de este modo el frente de las direcciones opositoras, ruptura que es definitiva a partir de diciembre de 2001. El período del gobierno de la Alianza puso de manifiesto los límites insalvables de la CTA, que opera como correa de transmisión del gobierno de turno, y que se manifestará en forma grosera en la oposición de sus dirigentes al levantamiento popular de 2001. El planteo de la CTA (pluralismo de centrales sindicales y sindicatos, y organización policlasista con la incorporación de las pymes y los sectores del capital agrario de la FAA a la central sindical) se agota en esta etapa como consecuencia de su responsabilidad en el gobierno de la Alianza. En la actualidad, la burocracia de la CTA pretende obtener su reconocimiento gremial actuando como comparsa del kirchnerismo. 2. La transición actual está marcada por fenómenos diversos. Desde antes de la crisis de 2001 se produce la unificación nacional del movimiento piquetero, en el cual convergen numerosas organizaciones políticas y distintas expresiones de base del movimiento obrero. Por su militancia enérgica, el movimiento piquetero será, durante un período importante, el auxiliar principal de las manifestaciones de luchas de clases en las empresas y los sindicatos, como ocurre en el Subte y en las numerosas fábricas que enfrentan los despidos mediante la ocupación de las instalaciones. La combatividad que manifiestan los primeros núcleos sindicales que se desarrollan al margen de la burocracia reconoce la influencia del movimiento piquetero. En una primera fase de la crisis abierta en 2001, la burocracia sindical se mueve a la deriva. Con el ascenso de Kirchner encuentra un nuevo eje político: el gobierno K, su planteo de protección de la burguesía industrial mediante una moneda devaluada y, como moneda de cambio, la convocatoria de las paritarias y la modificación de unas pocas leyes laborales del menemismo (pero preservando la reforma laboral Banelco, que establece los convenios articulados y reglamenta la flexibilidad laboral). La reconstrucción del Estado que emprende el kirchnerismo habilita al moyanismo a: uno, tomar bajo su dirección a la CGT; dos, impulsar las movilizaciones de reencuadramiento sindical para plantear la nivelación hacia arriba de los convenios de trabajo. Esta acción le permite lanzar una ofensiva limitada contra la burocracia de los ‘gordos’ y el manejo de las cajas sociales. El frente moyano-kirchnerista se da a sí mismo un tono populista para clausurar el desarrollo piquetero, mediante la cooptación, y para contener las tendencias de izquierda en el movimiento obrero. Agotamiento del kirchnerismo y crisis mundial 3. La transición política que se plantea ahora en el movimiento obrero es un resultado de factores concurrentes. Pero tienen una misma matriz política: el veloz agotamiento del kirchnerismo. De nuevo: el proceso sindical se encuentra condicionado por factores sociales y políticos de conjunto; esto no se debe perder nunca de vista. El kirchnerismo consolida la pérdida de poder adquisitivo del salario generada por la crisis de 2001. Con la inflación y la crisis mundial, el poder adquisitivo de los obreros sindicalizados ha vuelto a caer, mientras tienen lugar despidos masivos y suspensiones, en especial entre compañeros contratados. El agotamiento del periodo kirchnerista se manifiesta, en lo relativo a los sindicatos, en la suspensión de las paritarias, lo cual implica una ruptura del equilibrio inestable entre el Estado y las patronales, de un lado, y los sindicatos, del otro. Otra manifestación de la quiebra de este equilibrio es la impotencia oficial frente al vaciamiento patronal, como se ve en Massuh, Mahle, Civec y hasta en Paraná Metal, y en la crisis que sufren las gestiones de las empresas recuperadas existentes. La crisis capitalista mundial abarca un extenso período, que cubre varias etapas –desde antes de la década del ’70. Todas las crisis nacionales fueron detonadas por tal o cual fase de la crisis mundial. La bancarrota capitalista que se desarrolla desde mediados de 2007 no es, por lo tanto, la interrupción de un proceso de estabilidad. La condición social de las masas sigue una curva descendente, zigzagueante en el tiempo y desigual según las categorías de trabajadores, desde hace cuarenta años. En el momento actual, a la ola de despidos determinada por la recesión industrial, la acompañan fuertes reestructuraciones laborales. La tendencia a salir de la crisis pasa por una acentuacón de la presión de las patronales. El mejor ejemplo son los planes de Kraft para sustituir los tres turnos por el turno americano de dos y su continuo desconocimiento de las categorías. Exactamente los métodos a los que se atribuyen la ola de suicidios en France Telecom. La bancarrota capitalista priva de márgenes de maniobra a la burocracia sindical, la cual en todo el mundo, sin excepción, se ha adaptado a los planes de rescate de los capitalistas por parte del Estado. Su línea general es aceptar los despidos de contratados; apelar al seguro al parado; financiar las suspensiones con recursos estatales. Para la burocracia, aparentemente, la crisis sería de corta duración por obra de la intervención del Estado. Pero pretende desconocer que la recuperación está condicionada a una enorme reestructuración laboral contra el proletariado. El inmovilismo de las burocracias sindicales está produciendo, como consecuencia, estallidos parciales y localizados de numerosos contingentes de trabajadores en la mayor parte de los países y una crítica cada vez mayor a la burocracia. La crisis fiscal que provoca la bancarrota capitalista y las operaciones de rescate se comienza a manifestar en despidos de trabajadores del Estado y en huelgas generales de este sector. La transición en los sindicatos se manifiesta en todo el mundo de un modo vacilante e irregular, pero en muchos de ellos (Argentina, Brasil, México o Corea del Sur y hasta China) es una tendencia que pugna por abrirse paso. Una nueva dirección La culminación del tránsito político en cuestión consiste en la expulsión de la caduca burocracia sindical y en el desarrollo de una dirección revolucionaria. Este fue el planteo de los años ’70, cuando la tendencia clasista adquirió su mayor vigor. La transición no se completó debido a diversas limitaciones políticas y fue liquidada por la feroz derrota propinada por la dictadura militar. Hay que destacar que para poner fin a esa transición fue necesaria una modificación feroz del conjunto de las condiciones políticas. No fue contenida ‘pacíficamente’ por parte de la burocracia sindical (que, por otra parte, tuvo que aliarse a la Triple A) ni del movimiento peronista. En la situación actual, a diferencia de los ’70, ninguna de las corrientes que actúa en el movimiento obrero plantea el objetivo de una nueva dirección, de carácter clasista, lo cual es la expresión de una adaptación al marco democrático. Las distintas tendencias que se ubican en la izquierda del movimiento obrero, con excepción del Partido Obrero, plantean un desarrollo ligado a la CTA, a la cual le atribuyen un rol ‘protector’ (a pesar suyo) del crecimiento clasista. No es casual que esté ausente en la izquierda una caracterización de la transición sindical, o sea de sus tendencias agonizantes y de sus tendencias emergentes. La transición es un movimiento de negación de la situación existente. La transición expresa, por un lado, la disolución y descomposición del sindicalismo de colaboración de clases integrado al Estado y, por el otro, el desarrollo de una nueva perspectiva histórica en el movimiento obrero. La CTA se encuentra integrada al Estado a igual título, aunque bajo formas diferentes, que la CGT. Desarrolla el colaboracionismo de clase en una forma incluso superior, pues sus estatutos prevén la integración de sectores autónomos, con la intención de neutralizar a los que se encuentran sindicalizados, o incluso a sectores que explotan trabajo asalariado. Desde el punto de visto político se ha asimilado a la burocracia de la CGT, pues forma parte del gobierno kirchnerista. La oposición interna al oficialismo en la CTA es muy variada, pero (a excepción del PO) es circunstancial, no de principios, pues no concibe a los sindicatos como escuela de la lucha de clases y de la revolución social. Al igual que en la CGT, están ausentes los planteos básicos de la democracia y autonomía sindicales: renovación y revocabilidad de mandatos; soberanía de las asambleas; plenarios de delegados con mandato; ruptura con el gobierno e independencia del Estado. No puede hacerse una distinción de principios entre las fracciones de Yasky y De Gennaro. En el conflicto agrario fueron apéndices de dos fracciones opuestas de la burguesía. La CTA ha fracasado en toda la línea como posibilidad alternativa; es, a todos los fines prácticos, un complemento de la burocracia de la CGT, con la cual comparte la dirección de varios sindicatos, por ejemplo, Foetra. El conflicto en Kraft no solamente la tuvo mirando desde la tribuna (mientras apoyaba, simultáneamente, otras acciones del gobierno), sino que puso de manifiesto su hostilidad a secundar, siquiera, una lucha que delimitó campos a nivel nacional. Esta descomunal incapacidad le salió por la culata, pues terminó en una ratificación de la negativa, de parte del gobierno, a concederle la personería sindical. Los supuestos protectores quedaron a la intemperie. Es consecuencia de su ilimitada cobardía política. 4. La transición política en el movimiento sindical tuvo en los últimos meses manifestaciones aleccionadoras. En el Subte, Kraft, Mahle, Massuh, Paraná Metal, Cive, Ingenio El Tabacal, los petroleros de Santa Cruz, docentes de Suteba. Recientemente, esta tendencia cobró un relieve extraordinario con la votación extraordinaria de la Lista Multicolor en las elecciones para Consejo en Suteba. Estos procesos, que la prensa devalúa como ‘internas’, son manifestaciones concretas de la tendencia a la disolución de la burocracia sindical y al desarrollo de un nuevo período político. En estos y otros miles de casos similares (papeleros, petroquímicos, varias seccionales metalúrgicas, mineros), la mediación de la burocracia (colaboración de clases) es quebrada por una tendencia de los trabajadores a reapropiarse de su organización. Es una tendencia a la reorganización social y política sobre nuevas bases. Es por esto que esas movilizaciones evocan un movimiento de solidaridad abierto o difuso en las masas, e incluso crisis políticas. Al mismo tiempo, pone de manifiesto la crisis de la dominación política de la burguesía. Se ponen de manifiesto las contradicciones de la limitada democracia capitalista y de la conciliación de clases. Otro aspecto de la disolución de la burocracia es su creciente implicación en corrupciones económicas que sacuden a la sociedad o su vinculación con actividades y con crímenes mafiosos. La mayor parte de la burocracia, incluida la de la CTA, se ha convertido en una casta semi-patronal o semi-capitalista. La transición de la que estamos hablando está vinculada a una transición histórica más amplia, que la pone en perspectiva y determinada su contenido. Nos referimos a la bancarrota capitalista internacional y a la carga suplementaria que impone a las masas. Las reivindicaciones más elementales del período en curso (derecho al trabajo, ingreso mínimo igual al costo de la canasta familiar), así como aquellas que tienen que ver con las conquistas perdidas (recuperación de las ocho horas y del contrato laboral por tiempo indeterminado, control de los ritmos de producción, libertad de afiliación sindical); estas reivindicaciones son contradictorias y, en cierto punto, incompatibles, con el régimen capitalista; en todo caso requieren un despliegue de la acción directa de las masas. En estas condiciones, la transición sindical está presidida por un contenido anticapitalista. La crisis de conjunto del capitalismo pone en relieve el abismo que separa a las masas y al movimiento clasista de la burocracia sindical. Programa y organización 5. La transición política en el movimiento obrero solamente puede ser completada a partir de un programa y por medio de una organización. Destacar de la forma más aguda su tendencia no debe hacernos pasar por alto su carácter embrionario. Esto significa que es necesario un sistemático trabajo de preparación, que puede verse apremiado por una aceleración del ritmo de la crisis y de la lucha entre las clases. Esta preparación necesita desarrollar las agrupaciones clasistas, por lo menos en los sindicatos principales. Significa un trabajo planificado para sortear las represiones de la patronal y de la burocracia; un trabajo de propaganda y formación política; la organización de la intervención en las luchas mediante la agitación y la organización. El llamado a formar movimientos nacionales, bajo la influencia de acontecimientos episódicos, está condenado al fracaso. Es necesaria una maduración política sobre la base de la lucha y de la organización. Los nuevos movimientos sindicales no solamente existen como oposición en los sindicatos; tienen también expresiones dirigentes en distintos niveles, que han surgido con independencia de la CGT y de la CTA. Son los casos del Cuerpo de Delegados del Subte; de los ceramistas de Neuquén; de varias seccionales de Suteba; del nuevo cuerpo de delegados del Tabacal –más allá de esto, de numerosas internas en sindicatos como gráficos, papeleros, metalúrgicos, docentes, periodistas, no docentes, mineros, pintura, ferroviarios, televisión, telefónicos, docentes universitarios, neumáticos, carne, entre otros. No han nacido por la acción de ningún aparato, vieron la luz como consecuencia de la lucha. Su perspectiva objetiva apunta a expulsar a la burocracia de los sindicatos y organizar una dirección anticapitalista y revolucionaria. El planteo de contener estas expresiones parciales de nueva dirección en el campo de la CTA, para desarrollarse bajo su alero, equivale a su liquidación política. Este movimiento solamente puede desarrollarse por medio de la delimitación con la CTA, la cual es una burocracia que opera como una rueda auxiliar del Estado. Es necesario confrontar con el planteo ‘pluralista’ de la burocracia de la CTA, en primer lugar por medio de un programa, no escamotearlo. La crítica a la política de la CTA y la denuncia de su fracaso para ofrecer una alternativa a la burocracia de la CGT servirán para abrir un proceso de deliberación y debate. Esto significa que se convoque a un Congreso de bases de la CTA y de todos sus sindicatos, o sea un Congreso de delegados electos y con mandato. Con este planteo de Congreso de Bases, las nuevas direcciones clasistas podrían proponer un frente único a las corrientes combativas dentro de la oposición a la burocracia que existen, multivariadas, en la CTA. El planteo de una disolución dentro de la CTA está directamente ligado al abandono del planteo de una nueva dirección, de carácter clasista, del movimiento obrero. Como se ha dicho, es necesario, en el próximo periodo, desarrollar las agrupaciones que ya existen o formar otras nuevas – por lo menos en los sindicatos principales– y, por lo tanto, desarrollar los instrumentos para su trabajo – en primer lugar los boletines o prensas sindicales– que en muchos casos deberán circular de mano en mano o en forma ‘clandestina’. En numerosos casos, estas agrupaciones se encuentran en relación con otras agrupaciones que también son críticas de la burocracia sindical, pero que actúan con otras bases y perspectivas políticas – como ya se señaló, la tendencia a la adaptación a la burocracia de la CTA y el retiro del planteo de una nueva dirección. En estos casos es necesario combatir el faccionalismo, que es siempre un factor desmoralizante en el trabajo sindical. La comprensión del carácter transicional de este período servirá para destacar los objetivos de conjunto del nuevo movimiento obrero y clarificar su política y sus métodos. 6. La conferencia sindical que convoca el Partido Obrero debe ser organizada minuciosamente, o sea con una discusión clara con todas las agrupaciones y activistas invitados, y preparada con reuniones e intercambios de opiniones, que se manifiesten en contribuciones y aportes al programa, desde todo origen. Entre los grandes temas, se apuntan: a) un programa de reivindicaciones frente a la crisis capitalista; b) una campaña para la reapertura de las paritarias con delegados electos; c) el destino de las fábricas recuperadas y la crítica a la autogestión bajo el capitalismo; d) el método de desarrollo de las agrupaciones sindicales; e) los métodos de una campaña nacional de apoyo a las luchas, como las que protagonizan el Subte, Kraft, Mahle y Paraná Metal, o el conflicto potencialmente explosivo de los pulpos del ramo con los trabajadores petroleros; y los métodos de una campaña por una huelga nacional de la CGT y de la CTA.

Un fuerte paro de tráfico de la línea H frenó la sanción aplicada a un delegado que realizó un cambio de turno con un compañero. El cambio, algo habitual en la empresa, respondió en este caso a la necesidad de acompañar a un familiar enfermo. Como un calco casi del reciente paro de la Línea B, ante una idéntica provocación de la patronal aquí también la predisposición de la base para defender a sus delegados, saldó por la vía de la acción directa este extendido conflicto. El que provoca la insistencia de patronal y gobierno (Ministerio), de ignorar a la genuina representación de los trabajadores. En pocos minutos, la jefatura de Recursos Humanos se avino a aceptar el cambio y a escuchar una serie de reclamos de los trabajadores de la H. No se puede dejar de mencionar un par de hechos más. En la línea A los trabajadores siguen resistiendo con paros de un tramo de dos estaciones, los intentos de la empresa de promover a guarda a un elemento de la burocracia, por encima de los compañeros en lista de espera por su antigüedad. Y en el taller San José, que dio la pelea por las espantosas condiciones de seguridad laboral y el reconocimiento de los accidentes de trabajo, se logró la reincorporación a sus tareas de un compañero accidentado que la patronal mantenía sin alta, en el freezer. No sólo eso, se están implementando una serie de mejoras de seguridad. La importancia de estas batallas parciales, desde abajo, es que indican la temperatura positiva de la base para ir por el pliego de reivindicaciones, por la apertura de relaciones formales del cuerpo de delegados con la patronal y por el reconocimiento del nuevo Sindicato del Subte. En este nivel más general, se han anunciado gestiones para interesar a un sector de parlamentarios en el tema de la inscripción de la nueva organización. No hay aún nuevas medidas de acción de conjunto definidas y debería haber un nuevo plenario para resolverlas. Bienvenida es toda solidaridad; lo que sería un extravío es pasar del terreno de la lucha obrera por el reconocimiento a un plano de tipo parlamentario, en el mejor de los casos discursivo. La lucha de las líneas marcan un camino, como lo marcó la gran huelga de Kraft. Especialmente cuando se trata de torcer el brazo de un poder que no se muestra predispuesto; por el contrario, Tomada acaba de declarar que el expediente de reconocimiento gremial de la CTA “tiene dificultades”. Qué esperar para el expediente de los luchadores del Subte, de claro perfil antiburocrático y combativo. Las asambleas de líneas y talleres tienen por delante dos niveles de definición: un plan para encarar sus reivindicaciones por sector y proponer los nuevos pasos en el plan de movilización general del Subte por el reconocimiento del nuevo sindicato.

Los compañeros Paisa y Leo, trabajadores de Kraft/Terrabusi, recorrieron el parque tecnológico Migueletes del Inti. Nuestra Agrupación Naranja había invitado en varias oportunidades a los compañeros que vienen luchando desde hace más de cincuenta días para que se acerquen al Inti por el fondo de huelga y para que todos podamos conversar con ellos sobre el conflicto, pero por las propias características y la dinámica que tomó la huelga, esta visita se venía posponiendo. El Paisa y Leo hablaron en las recorridas por los diferentes sectores (centros de investigación) del Inti, donde se armaron pequeñas asambleas. Tuvieron, además, oportunidad de charlar con un grupo de emprendedores que estaban asistiendo a un curso en uno de los centros. El intercambio de experiencias fue muy bueno. Entre preguntas y respuestas, una compañera le comentó al Paisa que estaba de acuerdo con el reclamo y con la lucha, pero veía muy mal que cortaran la Panamericana porque eso molestaba a la gente. El compañero le respondió que él también estaba en contra de que se cortaran rutas cuando se trabaja, pero después que la empresa se negara a brindar las medidas básicas de seguridad, distorsionara los hechos, no acatara ocho conciliaciones obligatorias del Ministerio de Trabajo, mantuviera la fábrica militarizada no bien arrancó el conflicto y el sindicato de la alimentación les diera la espalda cuando llegaron los despidos; después de todo eso, no quedaba otra cosa que cortar rutas. La solidaridad que recibieron los trabajadores de Kraft/Terrabusi se vio reflejada por la excelente recepción de parte de los trabajadores del Inti, y también en las alcancías del fondo de huelga, que juntaron 1.420 pesos. La colecta fue muy buena teniendo en cuenta que sçolo se recorrió menos de la mitad del Inti. Ahora nos queda a nosotros retomar esta actividad para completarla. Desde estas líneas, agradecemos la colaboración de todos los compañeros del Inti, conscientes de que la lucha de todo trabajador sçolo puede ser sostenida por la clase trabajadora, y enviamos nuestro saludo solidario y comprometido a los compañeros de Kraft/Terrabusi.

En Escobar, el acatamiento al paro del 16 de noviembre también fue masivo. Las cifras conocidas inmediatamente después de realizada la huelga indican que hubo una adhesión cercana al 80%, en un distrito en el cual el gremio mayoritario es la FEB (¡!). Ello ocurrió a pesar de que la mayoría de la Comisión Directiva de esa seccional del Suteba, constituida por las agrupaciones Almafuerte y Convergencia de Izquierda, se negaron a parar, en contraposición a las propuestas de los directivos de Tribuna Docente, que se empeñaron en el triunfo de la medida. En un comunicado que busca disfrazar la realidad, este sector de la directiva anunció que el paro no pudo ser convocado porque no hubo asamblea para votarlo. Textual: "No pudimos llamar al paro desde la seccional, ya que no hubo posibilidad de convocar a una reunión de delegados o asamblea que así lo votara". Lo patético del argumento es que quienes tienen la potestad de convocar a la asamblea que hubiera votado masivamente el paro es la propia directiva que se negó a hacerlo, y que rechazó la propuesta de Tribuna Docente en ese sentido. Más aún, reconocen que si le hubieran dado la posibilidad a los docentes la mayoría de ellos "estaría a favor". Y hasta festejaron por adelantado por la masividad del paro que ellos boicotearon, ya que en el mismo comunicado señalan que "la masiva adhesión que seguramente tendrá este paro desmiente el discurso desmovilizador de las dirigencias de FEB y Suteba cuando dicen ‘los docentes no quieren luchar' ¡Mentiras!". La seccional adaptó esta posición sin una votación colectiva. En nombre de toda la seccional, sin mandato para ello, sector que dirige a la burocracia con la siguiente propuesta: "Estimados compañeros de la minoría "Celeste-Violeta (...) Permítanme hacerles la fraternal observación de que en las últimas elecciones de Suteba hubo compañeros que los eligieron y depositaron confianza en ustedes para que los representen. Pero desde que la nueva directiva asumió ninguno de ustedes ha participado de los debates y (léase bien) de-ci-sio-nes del consejo ejecutivo" (¡!). Como consecuencia de semejante actitud, la burocracia celeste está funcionando desde hace dos reuniones en la directiva del Suteba Escobar, codirigiendo un sindicato que le fue arrebatado por la voluntad de lucha de los trabajadores, que esa dirección celeste traiciona sistemáticamente. Pretenden justificar este giro hacia a la dirección de Baradel en un supuesto "incumplimiento" del estatuto del Suteba de parte de la minoría celeste de Escobar. "No está en nuestros planes -dice Almafuerte-Convergencia- apelar al estatuto del Sindicato, pues esto sería... autoritario". Es falso que la minoría deba funcionar en la directiva. Es justamente al revés: Para evitar que los opositores participen en los consejos directivos, la Celeste modificó el Estatuto del Suteba para eliminar a todas las minorías. Desde entonces, por es-ta-tu-to, las minorías son vocales su-plen-tes; es decir, no participan del consejo directivo ni tienen voz ni voto. Esta entregada a la burocracia celeste se produjo días después de que en la primera reunión de secretarios generales en la que participó la nueva directiva, Baradel atacó brutalmente al Suteba Escobar... ¡por parar! Los directivos de las cuatro secretarías de Tribuna Docente no permitirán semejante disolución del Suteba Escobar recuperado de la burocracia yaskista, motivo por el cual impugnamos las reuniones con la participación de la Celeste en la directiva. Tribuna Docente exige terminar con las intrigas y que si este sector pretende semejante borocotización, que el tema sea puesto en debate en todas las escuelas del distrito y sea discutido y resuelto en asamblea.

El Partido Obrero de Mar del Plata se solidariza con los desocupados que en el 20 de octubre ocuparon durante seis horas el recinto del Concejo Deliberante de General Pueyrredón. Los compañeros han debido llegar a esta instancia ante la falta de respuesta a los reclamos efectuados, anteriormente, por todas las vías posibles. Recordamos las innumerables movilizaciones motivadas por lo mismo, incluyendo una masiva marcha realizada el último miércoles 14 por varias organizaciones, entre ellas el Polo Obrero, que terminó en las puertas del municipio y derivó en una larga reunión dentro del Palacio. En ella, los funcionarios de Pulti siguieron sin resolver los reclamos de trabajo, en este caso para las “cooperativas” que el propio gobierno forzó a crear a los desocupados y a algunas organizaciones con la promesa de trabajo. El Partido Obrero denuncia, asimismo, el accionar de la “administración” Pulti, que ha profundizado la transformación del Estado municipal en una oficina de gestión de negocios de camarillas afines, en contra de las necesidades más acuciantes de la población marplatense. Los ex candidatos testimoniales Pulti y Scioli –que son, en cambio, muy actuantes funcionarios de la Presidenta– están demostrando en los hechos el fraude de los anuncios oficiales, en especial los de carácter “social”: • Los de puestos de trabajo son trabajo precarizado, en negro, a destajo y de más que difícil ejecución; involucran a una ínfima minoría de los casi 80.000 desocupados de General Pueyrredón. • Los de viviendas están paralizadas la ejecución y la entrega de las terminadas del Plan Federal, de manera que no cubren ni la demanda vegetativa. Está paralizado el programa “Techo y Trabajo” –de construcción de casas con “cooperativas”. El plan “Mejor Vivir” (para acondicionar casas) nunca se implementó –aunque mil veces se anunció. Sigue en el “freezer” el proyecto de las 40 casas reclamadas y acordadas por las familias sin techo del barrio General Pueyrredón. Eso sí, no se han paralizado los despidos: ahí están los trabajadores de El Marisco, que se suman a los de Sadowa –aún suspendidos– y de Grúas Vázquez –aún no reincorporados– a pesar de resoluciones ministeriales. En cambio, el único plan que sigue a toda marcha es el de militarización de la ciudad. Denunciamos la saturación de policías que se realizó el martes 20, una vez más, en el palacio Municipal, como única respuesta inmediata a los reclamos. Llamamos a todos los desocupados, a los vecinos sin techo, a los vecinos acuciados por el abandono de los barrios y a todas las organizaciones populares preocupadas por estos reclamos a dar los pasos necesarios para un plan de lucha organizado en común. Por trabajo digno, en blanco y efectivo para todos mediante un plan de obras públicas, bajo control obrero y popular.

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La “onda Terrabusi” volvió a una fábrica que marcó el inicio de las grandes luchas obreras del año. El 6 de octubre, después de varios meses, se hizo una asamblea convocada por la interna para reclamar por el atraso en el pago de la quincena. La asamblea y la firmeza obrera sirvieron para que en 24 horas los compañeros cobraran. La reacción de los trabajadores fue inmediata. La asamblea votó parar preventivamente reclamando el pago de la quincena y votó un pliego de reivindicaciones más amplio, empezando por el reclamo de un aumento salarial de 300 pesos y la modificación del negrero régimen de trabajo del 7 por 1 (siete días de trabajo por uno de descanso). La miseria salarial –la ex Massuh “cooperativizada” tiene salarios muy por debajo de las fábricas que han luchado y quebrado los “techos” fijados por el sindicato– y las condiciones laborales durísimas se han vuelto a expresar- bajo la forma de una acción independiente. La “era Moreno” había impuesto las “asambleas informativas” con los representantes del gobierno y la intendencia de Quilmes, como “custodios” que pretendían regimentar la organización obrera independiente. La asamblea general colocó al nuevo director en su verdadero rol: dijo que iba a estudiar el reclamo de los trabajadores, pero no se comprometió efectivamente a nada. Ahora se abre una pulseada por el salario y las condiciones de trabajo. La asamblea mostró las reservas de los luchadores de Massuh. La deliberación es el inicio de una nueva etapa donde se irán planteando, una tras otra, todas las reivindicaciones que la larga lucha por reabrir y poner a producir la fábrica parecían haber postergado. Ahora hay que imponer: 1) que el Estado ponga los 300 pesos de aumento salarial que reclaman los trabajadores; 2) que el gobierno destine los fondos necesarios para las obras en la planta de tratamientos de efluentes y que éstos sean descontados a Massuh; 3) que se elijan en asamblea una comisión que discuta la implementación de un nuevo régimen laboral que suplante el negrero 7 por 1; 4) las nuevas asambleas plantearán la necesidad de iniciar una campaña nacional para que la Papelera Quilmes sea estatizada sin cánones ni indemnizaciones, bajo el control de los trabajadores.

Francisco de Narváez, José Scioli, Roy Cortina, los directivos de Ford y Volkswagen, los titulares de Aysa, Edenor; los presidentes del Banco Industrial y el Banco Macro, entre otros, aplaudieron a rabiar al ex vicepresidente norteamericano Al Gore, cada vez que dijo que "la lucha contra el cambio climático es una oportunidad económica". Gore, Nobel 2007 como campeón ecologista, descree de la capacidad del G-20 y las Naciones Unidas para impulsar la reducción de las emisiones de carbono pero confía en que "el mercado sea un aliado en el esfuerzo de reducir la contaminación y el calentamiento global". En realidad, Gore es el campeón mundial del lobby imperialista en favor de los biocombustibles -también llamados agrocombustibles- y accionista de BioCryst Pharmaceuticals y Novavax, empresas vinculadas con la biodefensa, cuyas acciones se dispararon gracias a la epidemia de gripe A. El yanqui llegó a la Argentina invitado, entre otros, por la Sociedad Rural, el gobierno de San Luis, el grupo Uno de Vilas-Manzano-De Narváez, el municipio de Tigre que dirige Sergio Mazza (Gore le vaticinó "un futuro brillante" al gran contaminador del Delta) y Andes Energía PLC, una empresa de energía eléctrica de capitales británicos que, asociados a Vilas-Manzano, explota tres áreas petroleras en Chubut y siete en Mendoza (El Ciudadano, 19/10). En 2007, Gore había visitado Chile con el patrocinio de la Barrick Gold y la Argentina con el de Repsol y el gobierno de Santiago del Estero, una de las capitales nacionales de la tala para cultivar soja. El prontuario de sus anfitriones alcanza para medir a quiénes benefician las "energías limpias" del "ecologista" Gore. Cuando Gore llama a "pensar en verde" no está hablando de preservar el bosque nativo o la Amazonía, sino de propagar monocultivos de palma, maíz y soja, principales insumos para el biodiesel. Su "solución a la crisis climática, sin producir daños al medio ambiente", obvia que la producción de biocombustibles promueve la tala para expandir la frontera agropecuaria, destruye la biodiversidad, contamina el medio ambiente con agrotóxicos, expulsa a las comunidades campesinas, sustituye los cultivos destinados al consumo humano, dispara el precio de los cereales y un largo etcétera. Sustituir sólo el 10% del petróleo que se consume anualmente por biocombustibles implicaría utilizar el 30% de toda la producción de cereales, semilla de girasol y caña de Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil, sumados (BBC, 12/5/07). Ni siquiera es una alternativa limpia: la aplicación de fertilizantes nitrogenados en el maíz (para producir etanol) y en los cultivos de aceite de palma "va a producir niveles tan altos de óxido de nitrato -que es 296 veces más dañino como efecto invernadero que el dióxido de carbono- que tendrá un efecto negativo neto mayor sobre el calentamiento global (que el propio uso del petróleo)" (Foreign Affairs). Gore "en ningún momento cuestionó el modelo de producción mundial, ni habló de desigualdades sociales. Sólo apuntó al cambio de energías. Y no llamó a movilizarse para defender el derecho humano a un ambiente sano", sino que invitó a cambiar "los hábitos cotidianos" (Clarín, 15/10). Más allá de su débil defensa de los glaciares -"los gobiernos deben intervenir para evitar las operaciones mineras que reducen los glaciares"- cuando Gore elogia "el papel significativo" que el país "puede jugar" en la adopción de "energías renovables" se refiere a su reconversión en productor de biocombustibles. La Argentina ya entró en la carrera: en 2007, Néstor Kirchner firmó un decreto que obliga a incluir un 5 por ciento de combustibles vegetales en las naftas a partir de 2010, con beneficios impositivos para los productores. La sustitución obligará a producir 210 mil toneladas anuales de etanol, que en un 75% serán generadas en los ingenios azucareros (Prensa Obrera Nº 1.030). La defensa del medio ambiente exige una delimitación política absoluta de los saqueadores del planeta en cualquiera de sus versiones.

La posible creación de una “asignación universal por hijo” volvió a ganar el primer plano de la situación política. El telón de fondo de esta polémica –que envuelve al gobierno, a sus opositores y a la Iglesia–, es pavoroso. En el último año, 400.000 obreros perdieron su trabajo. En relación con lo que viene, hasta los economistas que confían en una reactivación señalan que “lo peor para el mercado laboral aún está por llegar” (Informe económico de la Universidad Di Tella). Es que la recuperación capitalista plantea una feroz competencia entre pulpos, que éstos querrán dirimir en base a despidos y mayor superexplotación laboral. Como botón de muestra, está el ataque a los obreros de Kraft. Durante este mismo año, las paritarias fueron virtualmente anuladas y los salarios se ajustaron con “techos” ubicados por debajo de la inflación real. Mientras tanto, hasta el Indec reconoce que, en medio de la crisis, los pocos empleos que se generan son precarios. Según esas mismas estadísticas, los trabajadores “no registrados”, que son la mitad de toda la clase obrera, ganan en promedio unos 1.500 pesos. ¡Pero la “canasta básica” (línea de pobreza) ¡ya supera los 1.600 pesos! No se equivoca, entonces, quien atribuye el crecimiento de la pobreza a la “pérdida o precarización de empleo, a la suba de precios y remuneraciones planchadas en el sector informal” (Agustín Salvia, director del Observatorio de Pobreza de la UCA e investigador del Conicet, en Fortunawe b del 20/9). A la luz de lo anterior, es evidente que el avance de la miseria social es un resultado directo de la explotación capitalista y de la tendencia de ese régimen social a trasladar sus crisis sobre los trabajadores. ¿Asistencialismo? Ni eso Ni el gobierno ni sus opositores capitalistas tienen una salida para este crecimiento capitalista de la pobreza. Saben, incluso, que están echando más nafta a la hoguera de la miseria social. Por caso, acaban de aprobar un presupuesto 2010 que reduce sustancialmente los subsidios al transporte y otros servicios públicos, lo que van a resarcir con mayores tarifazos. Pero para los Kirchner o los Carrió, la pobreza no sería el resultado del proceso capitalista que ellos mismos promueven –y que implica despidos, suspensiones y mayor carestía. Para ellos, la miseria social sólo afecta a los “excluídos” o marginados del sistema. En ese caso, la salida a la pobreza no plantea un ataque al capital, sino que depende del asistencialismo estatal. De este modo, las asignaciones por hijo –tan meneadas por la CTA, pero también por el Banco Mundial– han vuelto a la palestra. Pero, ¿en qué consiste el asistencialismo de un gobierno que está por someter sus cuentas al control del FMI y se prepara a “reanudar relaciones” con el capital financiero internacional? Por lo pronto, el proyecto oficial ubica la asignación por hijo en 135 pesos. Para la consultora Ecolatina, la “canasta”, no de pobreza, sino de indigencia, ascendía en julio pasado a 260 pesos por persona. O sea que la caridad oficial apenas cubre la mitad del alimento de los menores que pretende amparar. El gobierno, por otra parte, se opone a la “universalidad” del subsidio, o sea que tampoco está claro a cuántos menores alcanzaría la asignación oficial. Cristina Kirchner ha querido zafar por izquierda de los cuestionamientos opositores, señalando que prefiere abordar la pobreza “desde el trabajo y no desde la beneficencia”. De ese modo, reivindicó al régimen de contratación de cien mil trabajadores “cooperativizados” para la obra pública. La cifra coincide con los obreros de la construcción que perdieron su trabajo con la crisis y que, en el marco del plan oficial, volverían a los andamios sin convenio ni derechos laborales. En nombre de la creación de trabajo, la “política social” del kirchnerismo apunta a la destrucción del trabajo y sus conquistas. El ingreso precario de los cooperativistas pretenderá ser un nuevo piso para la contratación laboral de los capitalistas de la construcción. Mientras se llena la boca con “los niños”, el kirchnerismo agrava las condiciones de vida y de trabajo de sus padres trabajadores. Carrió y Casaretto En ese cuadro, la pastoral social y el “Acuerdo Cívico” de Carrió y Morales salieron a doblarle la apuesta a la mezquindad oficial. Propusieron que la asignación por hijo llegue a la “friolera” de 180 pesos y que sea universal. Pero a la hora de explicar de dónde saldrían los recursos, la Pastoral planteó que una parte podría financiarse con “los actuales planes Familias y Jefes y Jefas de Hogar” ( Clarín , 20/9). En ese caso, la “asignación por hijo” serviría de pretexto para eliminar definitivamente a los actuales planes, que permanecen sin indexar desde hace ocho años. Para Carrió y Prat Gay, de todos modos, la “universalidad” iría más lejos: con el tiempo, piensan que podría sustituir a las actuales asignaciones familiares. O sea que el “subsidio universal” serviría de coartada para barrer con conquistas obreras, que pasarían a sumergirse en el rasero común del asistencialismo estatal. La clase obrera, frente a la pobreza Bajo la infame pantalla común de la niñez desamparada, oficialistas y opositores quieren disimular su apoyo a la escalada capitalista contra la clase obrera, que golpea los salarios, los convenios y el derecho al trabajo. En torno de esta ofensiva, la burocracia sindical ha cerrado filas con los capitalistas y con el gobierno. En la CTA, Yasky y Lozano deben estar celebrando como una victoria política la “instalación” mediática de la asignación universal por hijo. Ello, mientras miran para otro lado en Mahle, Paraná Metal, Kraft y cualquiera de las luchas donde estuvo en juego el derecho al trabajo de miles de familias obreras. Los burócratas pretenden encontrar en el asistencialismo estatal la excusa para no luchar. Pero la caja de ese Estado está hipotecada ante el capital financiero. Los capitalistas y el gobierno sólo abrirán la billetera de la “política social” cuando sirva para promover el empleo precario (cooperativas), liquidar conquistas obreras o subsidiar capitalistas, como ocurre con el Repro. La lucha contra la pobreza pasa, en primer lugar, por prohibir los despidos, luchar por un salario que cubra el costo de la canasta familiar, que hoy no es inferior a los 4.400 pesos; por la reapertura de las paritarias; por un subsidio al desocupado que cubra el 82% de esa canasta familiar y una jubilación móvil que parta de ese mínimo. Construyamos, en todos los sindicatos, direcciones clasistas para luchar por ese programa.

La acción más visible contra el ENM y contra sus derechos la dio la iglesia católica. Pero todas las religiones actuantes en la provincia se sumaron a la campaña. Algunas pasaron más desapercibidas por su menor inserción pero, por ejemplo, el viernes 9, un día antes del Encuentro, hubo una movilización impulsada por la iglesia evangélica, la judía y la islámica junto a los católicos con el lema: "Estamos a favor de la vida, estamos en contra del aborto". Concluido el Encuentro, en la Legislatura, los representantes de todas las bancadas se lanzaron contra el ENM. Con críticas al comportamiento de algunas participantes del XXIV Congreso Nacional de Mujeres, Esteban Jerez efectuó una firme defensa de la Iglesia católica: "De no haber sido defendidos por guardias civiles, los templos hubiesen sido atacados", denunció. El titular del bloque (oficialista) Tucumán Crece, Roque Tobías Álvarez, se sumó: "La democracia no es uniformidad de pensamiento, sino respeto al que piensa distinto y la libertad de decirlo. Nos duele el fin vandálico", dijo. Osvaldo Cirnigliaro anticipó que presentará un proyecto en contra del aborto avalado por 30.000 firmas certificadas. El radical José Cano criticó los incidentes: "Quienes dicen ser representantes de la pluralidad tuvieron actitudes xenofóbicas y arbitrarias". Ricardo Bussi aseveró que sus hijas participaron de las marchas organizadas por la Iglesia y que fueron insultadas (La Gaceta, 17/10).

Alex Callinicos, uno de los principales dirigentes del SWP británico, creyó que estaba haciendo un señalamiento agudo cuando polemizó con un editorialista de The New York Times que apuntaba que la victoria de Merkel en Alemania muestra que la crisis capitalista está liquidando a los partidos de izquierda y dando el triunfo a coaliciones derechistas. En su respuesta ( Socialist Worker , 10/10) Callinicos remarcó que en realidad estamos en presencia de una profunda polarización que atraviesa a toda Europa, dado que el retroceso de la socialdemocracia y el triunfo de partidos de derecha se ve compensado... por el crecimiento de “frentes de izquierda” como Die Linke en Alemania o el Bloco de Esquerda en Portugal. Los resultados de las elecciones europeas muestran un proceso de profundas convulsiones y crisis de los actuales regímenes políticos, a través de las cuales se exponen los efectos de la crisis mundial –pero en todos los casos es evidente que los trabajadores siguen votando en forma abrumadora por candidatos que plantean una resolución de la crisis en los términos del capital. Esto incluye a los partidos que reivindica el propio Callinicos: Die Linke integra, junto a la socialdemocracia, el gobierno de Merkel. No representan una alternativa política independiente de los trabajadores y pretenden resucitar el proyecto de “la izquierda europea” del italiano Bertinotti, que acabó de ministro en el gobierno centroizquierdista italiano algún tiempo atrás. Es indiscutible que la crisis capitalista agudizará las contradicciones sociales y se expresará en convulsiones de los regímenes políticos, pero transformar eso en una polarización social es una tarea que los revolucionarios europeos tienen por delante, y no un hecho que pueda interpretarse a partir de la reivindicación caprichosa de sumas y restas electorales de agrupamientos que no plantean, siquiera, un programa anticapitalista. La caracterización Callinicos es falsa. Lo que es verdadero es un planteo de que en Inglaterra “nos falta algo parecido a un partido de izquierda radical. Los partidos exitosos, como Die Linke o el Bloco de Esquerda, enfrentan un problema diferente. Están empezando a ser tenidos en cuenta en la política grande”. No es la primera vez que la política “grande” desconcierta a los que se pretenden representantes de la izquierda revolucionaria.

El senador Roberto Giustiniani justificó su voto a favor de la Ley de Medios “porque se abren aspectos que los socialistas siempre planteamos”, como “por ejemplo, el ingreso de las cooperativas” ( El Cronista , 12/10). El punto no tiene desperdicio o es, en sí mismo, un desperdicio. En primer lugar, porque la declarada “posición histórica” del Partido Socialista de “reemplazar una ley de la dictadura” (ídem) se fundamenta en las posibilidades que se le abrirían al cooperativismo mediante una ley aprobada en 1973... bajo otra dictadura, la del general Lanusse (ley 20.337). Se olvidó Giustiniani de recordar que el Partido Socialista apoyó en su momento “histórico” a todas las dictaduras. Pero, además, la defensa “socialista” de las cooperativas de luz y de agua, que ahora “van a tener medios de comunicación”, es un escándalo y un encubrimiento de un formidable negocio en dos escalas. Por un lado, porque tales empresas cooperativas son en muchos casos un negocio de camarillas capitalistas que negrean a sus trabajadores, pagan salarios de miseria y castigan con sus tarifas a los usuarios del interior, encima con la provisión de un servicio limitado (hasta tienen cronogramas diarios de cortes). En eso se resume el aporte “a la solidaridad de la comunidad” de estas pymes. Por el otro, porque el acceso a la televisión por cable de las cooperativas del interior se dará a través del alquiler de la infraestructura que concentran los monopolios de las telefónicas. Es decir que, en defensa del pequeño propietario, Giustiniani vota por garantizar el negocio de los grandes (todo parecido con el apoyo al “pequeño productor rural” y a la patronal agraria no es mera coincidencia). Giustiniani dice que con esta ley ni “se alcanza el paraíso mediático” ni “se termina la libertad de expresión”. El “ninismo” de su definición es una coartada para disimular su voto por una ley capitalista de medios.

Un día, el cura, el banquero y la Presidenta coincidieron. “Hay que ocuparse de los niños pobres”, dijeron los mismos que condenan a sus padres a despidos, a salarios bajos, a una carestía feroz. Aunque todos desconfiaron, la limosna ni siquiera fue grande. Cristina quiere arreglar a los hijos de los obreros desocupados con 135 pesos. Carrió y el obispo Casaretto se “estiraron” hasta 180. Mientras tanto, las necesidades integrales de una familia obrera ¡superan los 4.000 pesos por mes! Los campeones de la “asignación universal” anunciaron su receta: la “universalización” de la miseria. Para entregar estas monedas, quieren echar mano de los actuales planes Jefes y de las asignaciones familiares. No quieren poner un peso más de la caja del Estado, que tiene otra prioridad: el FMI, el Club de París, los tarifazos. Pero en la lista de estos mariscales de la pobreza, se anotan otros. Los Yasky y los Moyano también aplauden esta “asignación universal”, después de tolerar el despido de 400.000 compañeros en el último año. El porvenir de nuestros hijos y nuestros puestos de trabajo no puede depender de ellos. En oposición a la burocracia, un nuevo movimiento obrero exige su lugar. Como en Kraft, en Paraná Metal, en Mahle y en todas las luchas de la clase obrera contra la crisis capitalista. La miseria política de los Kirchner y sus opositores capitalistas no tiene salida. La miseria social sí la tiene, en una lucha, una alternativa y un programa propio de los trabajadores.