Las riñas del gobierno con el campo o con Clarín hicieron mucho ruido en estos días, es cierto. Pero como suele ocurrir en la historia nacional, el hecho más saliente de la situación política pasaba afuera del país. En las oficinas del tesoro de Inglaterra, el ministro Boudou acordaba con el Fondo Monetario la “normalización de relaciones” con la Argentina. El gobierno aceptó la revisión integral de las estadísticas y cuentas públicas, algo que, según Boudou, no implicará “condicionamiento alguno” para el país. No explicó por qué, si esto es así, los K vienen rechazando esa auditoría en nombre, precisamente, de los condicionamientos. El informe del Fondo abrirá la puerta para el pago en cuotas de la deuda con el Club de París, contraída en buena parte por la dictadura videliana. A partir de allí, los Kirchner aspiran a reiniciar un ciclo de endeudamiento con el capital financiero internacional. Todo ello, según Boudou, a través de un acuerdo “liviano” y “sin pedirle un peso” al Fondo. Pero el gobierno sabe que el informe del Fondo dirá “que la Argentina tiene un desequilibrio macroeconómico, y que lo oculta con estadísticas falsas” ( Ambito , 31/8). Para remediar esos desequilibrios, el Fondo reclamará la reducción de subsidios y gastos sociales, de modo que el presupuesto nacional obre como garantía efectiva del pago de la deuda pública. En cuanto al “Indek”, los K ya arreglaron con el Fondo un “indulto” para las falsificaciones pasadas, lo que incluye a los atropellos perpetrados contra sus técnicos y trabajadores. En definitiva, la ruta que va del FMI al Club de París, y del Club a los bancos privados internacionales, tiene sus mojones clavados. Entre ellos, el tarifazo en el transporte y los servicios públicos, y el congelamiento de salarios para los trabajadores del Estado. El gobierno se vanagloria de “volver al mercado financiero internacional sin pedirle nada al Fondo”. Pero no dice qué le pedirán el Fondo y los “mercados” para poder “volver”. De todos modos, no hace falta ninguna auditoría para que salga a la luz el eslabón más débil de la crisis, que es la bancarrota de los estados provinciales. La crisis social y política en Santa Cruz o Córdoba ya hizo trizas la capacidad de gobernar de Peralta, Schiaretti o Scioli, incluso antes de que la camarilla “K” saliera a moverles el piso. En Córdoba, pero también en Buenos Aires, el pago de los sueldos estatales está colgado del envío de fondos del gobierno nacional. Pero la caja del Estado nacional tampoco aguanta para sostener esa extorsión de los Kirchner. Por eso, el gobierno va a permitirles un mayor endeudamiento a las provincias. Pero ¿quién le prestará a los distritos en cesación de pagos? Sólo si colocan en garantía los ingresos del fisco, a costa de impuestazos, de ajustes salariales, de despidos. En definitiva, la “vuelta a los mercados” plantea una conmoción social en las provincias. Los medios y la crisis política Mientras se producen estos arreglos financieros, lo que el gobierno y opositores presentan como un debate sobre la libertad de expresión (la ley de medios) es, por sobre todas las cosas, una lucha despiadada entre los grupos capitalistas que ejercen el monopolio privado de esos medios, a costa de la privación de cualquier libertad de expresión para la mayoría que trabaja. La ley de medios de los Kirchner no altera nada de esto, sólo habilitó a la disputa por un nuevo reparto del mercado entre los pulpos. En los últimos días, los opositores de toda laya –incluyendo a los centroizquierdistas– “descubrieron” que la ley permite el ingreso de los monopolios telefónicos al negocio mediático. La “revelación” estuvo asociada a otro hecho: la salida a la venta de las acciones de Telefónica en Telecom, desatando una guerra entre varios pulpos capitalistas –¡entre ellos Clarín!– por el control de Telecom y, a través de ésta, de los futuros negocios que aseguraría la ley “nacional y popular”. El gobierno, que quiere a los Werthein o Ezquenazi en Telecom, ha redoblado la guerra contra Clarín. Pero la apuesta podría ser demasiado elevada para un gobierno en disolución. En Diputados, el gobierno está contando angustiosamente los porotos para sancionar la ley. Si se aprobara, Cobos espera “dormirla” en el Senado hasta que se concrete el recambio parlamentario y asestarle entonces a los Kirchner un tercer voto “no positivo”. Por si las moscas, los rivales mediáticos del matrimonio oficial se han puesto a preparar el “dossier” de su destitución. De todos modos, y tratándose de una lucha por negocios millonarios, toda la carpeta podría ser archivada a cambio de un acuerdo, incluso, con Clarín. Por caso, la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner pasaría ahora a la oficina anticorrupción. Es la antesala de un eventual juicio político, que tendría andamiento con la nueva composición del Congreso. Mientras tanto, el criminal episodio de la falsificación de medicamentos oncológicos ha vuelto a sacudir al corazón de la camarilla, a sus burócratas sindicales y, principalmente, a sus fuentes de financiamiento. Nuevamente, queda claro que la “reconstrucción de la burguesía nacional” se operó, no sólo sobre la licuación del salario y la pobreza, sino también contra la salud y la vida de los trabajadores. Lo que aflora, por lo tanto, no es un “gran debate nacional” (como sueñan los intelectuales oficiales) sino la descomposición del régimen en toda su dimensión. Hace seis años, toda la burguesía y sus clanes políticos saludaba la “construcción de poder” de los Kirchner, que permitía restaurar la autoridad política del Estado. Ahora, esos mismos clanes conspiran para devolver a los Kirchner a la categoría de los olvidados o, eventualmente, de los convictos. Están a la búsqueda de otro advenedizo que pilotee la bancarrota política, social y económica del “modelo productivo”. La clase obrera Para sobrevivir a estas conspiraciones políticas, los Kirchner ya eligieron sus armas y sus socios. Por un lado, el Fondo Monetario. Por el otro, el departamento de Estado yanqui y el gobierno Obama. En los foros de la diplomacia latinoamericana, Cristina se empeñó a fondo para salvar el reforzamiento de la presencia militar imperialista en la región. En suma: los Kirchner quieren salvarse de la embestida de los derechistas locales apelando a los mandantes de esos derechistas, que están en Washington y Londres. El precio de ese salvoconducto será pagado –ya lo está siendo– por los trabajadores, jubilados y consumidores, a través de tarifazos, congelamientos salariales y despidos. El “pase libre” que Boudou salió a mendigar en Londres incluye garantías a la libertad de despedir y la reducción de los “costos del trabajo”. Lo mismo que Techint le acaba de pedir a Cristina, como condición para una “reconciliación”. Por eso, a los obreros de Terrabusi-Kraft los enfrentó la Infantería. Cuanto mayor es la envergadura de la crisis social y política, más profunda es la atadura de la burocracia sindical a la política oficial. Los Moyano y los Yasky siguen paralizados, a la espera de un “Consejo Económico y Social” que feneció, no por ellos, sino por la crisis del régimen y las disputas entre fracciones capitalistas. Pero la pérdida de la paciencia no es un atributo exclusivo de los opositores patronales. Las crisis provinciales están empujando a los trabajadores a la huelga y a las calles, mucho antes de que sus gobiernos encuentren salida a sus bancarrotas. En la clase obrera industrial, las comisiones internas, los cuerpos de delegados en renovación y las nuevas camadas de activistas están siendo sacudidos por la escalada de suspensiones y despidos, y por los acuerdos salariales ruinosos. A partir de este cuadro, la tarea del momento es agrupar a los trabajadores que luchan con independencia de la burocracia para luchar por una tendencia clasista en los sindicatos, y por plenarios y congresos de trabajadores que planteen una salida obrera a la desintegración del régimen, tanto en la variante del gobierno como en la de sus opositores capitalistas. Marcelo Ramal