Prensa Obrera N° 1100

Las elecciones del 29 de septiembre han tomado a los docentes de sorpresa. La modificación de la forma de votación de un Consejo de Educación en que los docentes tenemos absoluta minoría y que hasta ahora avaló todas las reformas antieducativas que sufrimos los docentes y alumnos, no suscita gran atención salvo su carácter "obligatorio". Sin embargo, esta elección es un fuerte anticipo de lo que se viene. Los representantes docentes que elijamos deben enfrentar el fuerte ajuste que se prepara en la provincia. Scioli ya anunció que no puede afrontar los compromisos (pago de sueldos y proveedores) que tiene hasta fin de año e insinuó que emitirá patacones. Se aprestan a autorizar que las provincias puedan endeudarse nuevamente. ¿Pero quién le prestará plata a la provincia de Buenos Aires, que arrastra un rojo de 10.000 millones de pesos? El recurso que vienen usando de meter mano a los aportes jubilatorios, los K en la Anses y Scioli en el IPS, ya está agotándose. Sólo a cambio de la garantía de la recaudación fiscal, y un fuerte ajuste, podrá accederse a algún crédito internacional. Pero el ajuste ya llegó. Numerosos municipios están pagando sus salarios en forma desdoblada. El pago a proveedores se aplaza. La obra pública está paralizada. Tenemos nuestro salario congelado. El compromiso de la paritaria de marzo de actualizar el salario en la segunda mitad del año no fue cumplido y el gobierno dio por cerrada la discusión hasta el año próximo. Que sea la UDOCBA el único sindicato que hasta ahora realizó una convocatoria a un paro, desnuda la completa inacción de las burocracias de Suteba y FEB, cuyas direcciones son parte fundamental en tratar de aplastar los reclamos docentes y hacer pasar la política de congelamiento salarial. Estamos reclamando asambleas para votar un plan de lucha por el salario y contra ajuste y patacones. No sorprende entonces que ataquen a las organizaciones gremiales que sí defienden sistemáticamente a los docentes y sus reclamos. Por eso el escandaloso fraude en Suteba La Plata. En este cuadro se entiende que el gobierno no presente lista propia en las elecciones del Consejo General, sino que le deje el terreno libre a la Lista 1 del Frente Gremial, quienes serán los encargados de desarrollar la política oficial. Por si algo les falla existe también una lista funcional (Lista 2 de la Azul y Blanca) que se encarga de dividir sistemáticamente los votos opositores, posando de alternativa, mientras dejan pasar la política de las direcciones del Suteba y la FEB. Votar y fiscalizar por la Lista Nº 3 Multicolor Los docentes de toda la provincia tenemos la oportunidad de elegir representantes independientes del gobierno y la burocracia, que rechacen y enfrenten el ajuste y organicen a los docentes para defender los derechos laborales y la educación pública. Que defiendan al Suteba La Plata contra el fraude como expresión de la voluntad genuina de los docentes. Convocamos a los docentes de toda la provincia a sumarse a la campaña por el voto a la Multicolor y a defender esos votos el día del comicio con miles de fiscales en todos los distritos. LISTA Nº 3 MULTICOLOR Alberto Villoldo. Distrito La Plata. Secretario Gremial de la conducción legítima del Suteba La Plata por la Lista Rosa-Roja-Marrón. María Graciela Camino. Distrito Escobar. María Isabel Guzmán. Distrito Malvinas Argentinas. Inés Subán. Distrito San Martín. Oscar Castro. Distrito Lomas de Zamora. Roberto García. Distrito La Matanza. Juan Carlos Ceballos. Distrito Esteban Echeverría. Alfredo Cáceres. Distrito Tigre.

Por apoyar el reclamo, la burocracia gráfica amenaza con echar a los síndicos de la Cooperativa Loria. Desde hace tres semanas, los delegados y otros luchadores de Indugraf sostienen un acampe en la puerta del taller contra los vergonzosos despidos que pretende ejecutar la directiva del sindicato gráfico. En estas semanas recibieron el apoyo de los síndicos de la cooperativa, a quienes ahora también se amenaza con el despido. Desde que el sindicato logró desplazar la cooperativa inicial e inscribió la Cooperativa Loria –con la ayuda del gobierno, que manipuló la distribución de subsidios e intervino a través de funcionarios del Inaes para inscribir la nueva cooperativa con domicilio legal en el sindicato–, se ha impedido la asociación de por lo menos seis trabajadores, se frenó toda producción, se negó el subsidio obtenido por la lucha a los delegados, se impidió el ingreso de los mismos a la planta y ahora se amenaza con excluir a otros miembros de la cooperativa. Desde la instalación del acampe los compañeros han recibido la solidaridad de trabajadores inscriptos en la Cooperativa Loria, miembros de su consejo de administración y de otros trabajadores que nunca fueron anotados. También han comenzado a llegar pronunciamientos de delegados obreros en defensa de los luchadores. En este contexto, los síndicos de la Cooperativa Loria (que tienen la función de control) reclamaron por carta documento que se realizara una asamblea general extraordinaria para tratar tres puntos: la inscripción de los compañeros y de todos los casos que se presentaran, la puesta en marcha de la producción y la lucha contra el inminente inicio del juicio por usurpación. Verónica Cuervo, actual presidenta de la Cooperativa, que mientras funcionó el taller nunca adhirió a una huelga o reclamo obrero, les respondió rechazando la asamblea e “intimándolos” a presentarse en 24 horas en la planta y hacer un descargo “bajo apercibimiento de excluirlos de pleno derecho”. No conformes con despedir a los delegados ¡ahora quieren echar a los síndicos! La misma “presidenta”, frente a la convocatoria al festival en la puerta del taller, llamó a las oficinas de “espacio público” del gobierno de Macri para reclamar que se prohibiera el festival. Como denunciaron los compañeros en un comunicado: “primero los quiere despedir ¡y ahora les manda la policía!”. • Reincorporación de los delegados y luchadores. • Por una cooperativa de todos los trabajadores de Indugraf. • Abajo el juicio penal contra los trabajadores: que vaya en cana el vaciador Martínez. Contra el primer y el segundo vaciamiento: defendamos la gestión obrera.

Hola compañeros: Leo en su diario la posición del PO sobre la propuesta oficial de radiodifusión y me planteo lo siguiente: ¿Qué haría un diputado del PO en el Congreso hoy? Considero el proyecto un avance, como así también las retenciones al campo. Seguro que la libertad de expresión merece una lucha y la libertad en general también y mucho más que eso. Ahora bien, hoy por hoy, ¿un diputado del PO se abstendría? Me recuerda a la posición de Luis Zamora con el tema de las leyes de impunidad. El tipo podría haberle pegado un duro golpe a los genocidas votando contra la impunidad, pero le esquivó a la lucha. Así es más fácil y muy cómodo hacer política. También el MST y el PCR apoyaron a los ruralistas y su reclamo patronal. ¿Así actúa la izquierda argentina? Creo que el profesor Mangone tiene razón, pero aun así hay que apoyar el proyecto de radiodifusión, porque sería un avance para este momento y para la actual correlación de fuerzas. Les mando un saludo y aun con mis diferencias con ustedes, respeto la coherencia que tienen. Pero creo que en la actual primavera K (me recuerda a la primavera alfonsinista) hay algunos proyectos que son un paso adelante en favor de la clase trabajadora. Atentamente.

Desde el 21 de agosto está desaparecida Rocío, de 12 años. Ella y su familia viven en un hotel con subsidio municipal del barrio de San Telmo. Junto a diferentes organizaciones haremos una marcha por el barrio e iremos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad y al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación para que reciban a la familia y a las organizaciones que buscamos a Rocío. Desde el 11 de septiembre, la causa ha pasado al fuero federal y está radicada en el juzgado de Claudio Bonadío, bajo la carátula de “privación ilegítima de la libertad”. El Plenario de Trabajadoras, al conocer los detalles de la desaparición, entendió que podía tratarse de otro caso de captación de una menor por parte de una red de trata. Convocamos a los padres a la acción contra la trata de personas que realizamos el día 3 de septiembre frente al Congreso, y allí fue registrado el caso en diferentes medios de comunicación. El 5 de septiembre, acompañado por abogados de la Asociación de Profesionales en Lucha, el padre de Rocío realizó una presentación preliminar en la Ufase, la Unidad de Fiscales Especiales sobre Secuestros Extorsivos, que dirige el fiscal Marcelo Colombo y desde el año pasado también se especializa en trata de personas. Esta intervención derivó la causa al fuero federal. El abogado de la familia es de la APDH. En la Ciudad de Buenos Aires, bajo la mirada de las comisarías que dependen del ministro de Justicia, Julio Alak, y bajo el amparo de la Jefatura de Gobierno de Macri, funcionan miles de prostíbulos y zonas liberadas para el paco, ambos delitos muchas veces combinados. Las familias de trabajadores, sufrimos cotidianamente esta verdadera inseguridad que va desde la protección del Estado hasta la ejecución directa, como ha sucedido con Mabel Guerra, asesinada por un prefecto en la Villa 31. El asesino está libre. Exigimos al gobierno nacional y al de la Ciudad la aparición inmediata de Rocío Marini. Desmantelamiento de las redes de trata integradas por civiles, policías y otros representantes del Estado. Basta de impunidad.

Análisis de: • Documento del Ministerio de Educación de la Nación. • Ley 2905/08 de “profesor por cargo” de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. • Nueva Ley de Educación Provincial de la provincia de Salta. • Resolución Nº 333 del director general de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. • Modificaciones de la Rama Media en la provincia de Santa Fe. • Proyectos puestos en discusión en la provincia de Neuquén. Expone: Daniel Sierra Viernes 18 de septiembre - 18 horas Centro de las Artes de la UNGS, Roca 855, esquina Muñoz Invita: Tribuna Docente

El desembarco de 200 inspectores de la Afip en el edificio del grupo Clarín fue originalmente justificado en la necesidad de revisar las obligaciones “impositivas, previsionales y de seguridad social” de la empresa. Como la gente de la Afip estuvo varias horas en el lugar y se fue con las manos vacías, el megaoperativo fue a la postre un megaencubrimiento: el pulpo empresario tiene un ejército de trabajadores en negro, mal disimulados bajo la forma de factureros o pasantes. El trabajo en negro reina además en todo el negocio mediático. Son miles los colaboradores a los que no se les paga con recibo de sueldo, pese a que la del colaborador es una categoría convencional que debe ser estrictamente renumerada; es decir, con sus correspondientes aportes, aunque escriba un solo artículo periodístico por año. La evasión previsional que no vieron los agentes de la Afip es flagrante y viene, además, con los pasantes que realizan tareas similares, con salarios infinitamente menores e incluso, a veces, de mayor responsabilidad que sus compañeros de planta. Es por todos conocido que los pasantes son clave en la confección del diario deportivo de Clarín (Olé), con jornadas extenuantes y despido garantizado a plazo, para que entre una nueva tanda. Cada violación del convenio de prensa y del Estatuto del periodista profesional, que en Clarín –donde está prohibida la organización sindical de los trabajadores– es moneda corriente, supone una evasión previsional. El no pago de horas extras por encima de las seis horas que marca el convenio, la rebaja salarial que en los hechos supone la no categorización adecuada de los compañeros, la multiplicidad de tareas y la polivalencia (redactores que escriben para el diario de papel y la web y hacen reportes en webtv) y el replique de la misma nota del periodista en distintos soportes constituyen, entre otros, además del desconocimiento a los derechos laborales de los trabajadores de prensa, otras formas de evasión previsional e impositiva. Pero la Afip, en su espectacular operativo, no vio nada de eso. Aún peor: le dejó servida en bandeja una chicana política ideal a las patronales de prensa, que buscarán asociar cualquier denuncia por trabajo en negro con un ataque a la “libertad de expresión”.

La agrupación de los municipales autoconvocados de Colonia Santa Rosa, en la provincia de Salta (departamento de Orán), logró un nuevo triunfo en la lucha por la mejora salarial de los trabajadores. Hace dos años habían dado la primera gran pelea para conquistar el pase a planta de los trabajadores sometidos a la precarización laboral del Plan Proma (Programa Municipal de Asistencia). Tras ganar las elecciones de 2007, el intendente Dardo Quiroga no cumplió con su promesa de convertir a los changarines en contratados. Entonces, se organizaron y se largó el paro con presencia en los lugares de trabajo, casi una toma de la Municipalidad. Fue dura la medida de fuerza y elevada la conciencia de los obreros, que no se quebraron frente a las ofertas individuales y las amenazas que recibieron. Finalmente, se lograron los contratos y el pase a planta permanente. Quedó pendiente entonces el aumento salarial. La patronal ofreció un 12% del básico, 40 pesos, más otros 110 pesos que se cobran desde mediados de 2008 en negro por planilla complementaria. Los autoconvocados rechazaron la oferta: pedían 150 pesos al básico, más 90 de presentismo y seguir cobrando los 150 pesos de la planilla complementaria. Amenazaron con un paro para las fechas patronales de Colonia Santa Rosa, el 30 de agosto, y el intendente tuvo que firmar el acuerdo. “Incluso logramos hacer cumplir la resolución interna que recategoriza a los empleados con más de 21 años de servicio para que pasen a la categoría 24, el máximo del escalafón, ganando el apoyo de los más antiguos trabajadores de la Municipalidad”, dijo un compañero. El 9 de septiembre, Jorge Altamira llegó a Orán, jurisdicción departamental a la cual corresponde Colonia Santa Rosa. Los obreros municipales participaron de la charla-debate en la universidad. “El encuentro con Altamira seguro que va estar más interesante y divertido que el partido ante Paraguay”, dijeron algunos a su llegada (era a la misma hora). No se equivocaron. El Partido Obrero saluda la lucha de los autoconvocados, quienes se preparan para apoyar la candidatura de Samuel Huerga a Diputado provincial y las de los candidatos locales por el Departamento Orán. Un agradecimiento especial para la logística de Remises Rolando, un ex combatiente de Malvinas, quien al ver la lealtad y la firmeza en la lucha se sumó al grupo.

El miércoles 9 se realizó la reunión de delegados con la asistencia de 50 compañeros. La Comisión Directiva Rosa-Roja-Marrón convocó a la reunión para discutir y votar el plan de lucha contra el fraude, pero también la situación salarial, que comienza a ser un tema de preocupación en las escuelas ante los rumores del pago en patacones o desdoblado, como consecuencia del déficit fiscal en la provincia. Se presentó una propuesta de continuidad de la campaña de firmas y adhesiones, el envío de telegramas al Ministerio de Trabajo y una marcha para el 23 de septiembre en La Plata al Suteba y a la CTA. Se aprobó todo por unanimidad, incorporando a la lucha contra el fraude, el reclamo de postergación de la fecha de cierre del MAD que presentaremos en Secretaría de Inspección y el reclamo salarial, que plantearemos pasando por la Gobernación. A tres meses de las elecciones, la Comisión Directiva legítima, la Lista Rosa-Roja-Marrón, ha convocado a dos reuniones de delegados, con la participación de un buen número de docentes teniendo en cuenta la imposibilidad de convocar en horario escolar y de justificar la inasistencia a los compañeros que trabajan en el horario de la reunión. La Lista Celeste no se atreve a convocar a la docencia ni siquiera para realizar, como en otros distritos, una reunión informativa. Seguimos siendo la verdadera conducción de la docencia, que convoca al debate y somete a votación todos los planteos, dándole al Cuerpo de Delegados el protagonismo que debe tener. Mal que le pese a la Celeste, Suteba La Plata sigue vivo. Hay que destacar el boicot explícito que realizaron corrientes como el MST y la agrupación El Bondi. El Colectivo distribuyó un material responsabilizando a Tribuna de que no se hubiera constituido un frente para las elecciones. En su afán por desprestigiarnos (actitud funcional a la Celeste) llega a responsabilizarnos por la ruptura de la Lista 10, ¡que no integramos! La Azul y Blanca de La Plata, que ha venido participando de todas las actividades del sindicato, esta vez no quiso quedarse a votar la marcha, porque no acuerdan con el criterio de manifestar ante el Suteba trucho. ¿Cuál es el motivo? Hay que golpear a los usurpadores con el paso de la docencia movilizada. En esta lucha se está contra la burocracia o se está con ella. Quienes no se coloquen en la vereda correcta serán juzgados por la docencia combativa.

El domingo 6 perdimos a la compañera Elsa Duarte, del barrio San Eduardo. Una severa afección al corazón la llevó a tener que afrontar una operación a la que no pudo resistir. Ese agotado corazón no la detenía a la hora de llevar adelante el comedor que funcionaba en su casa, siempre recordaremos ese pan casero que todos los compañeros distinguían. Hace cinco años su vida había dado un vuelco, siempre lo decía. Su incorporación al Polo le significó conectarse con otra visión de la vida, puesto que Elsa, como tantas miles de trabajadoras, sufrió la marginación de esta sociedad capitalista que no le permitió ir al colegio. Aún así exigía que se le leyeran los volantes antes de repartirlos y se alistó para iniciar el curso de alfabetización que organizamos en la regional, ni qué decir que se preparaba con todo entusiasmo para viajar al Encuentro de la Mujer, en Tucumán, dejando en claro cuál era su perspectiva de lucha. Querida Elsa, te despedimos con todo nuestro reconocimiento. Nos solidarizamos con don Silva, su compañero, y con sus hijos.

18 de septiembre: movilización a Plaza de Mayo A tres años de la desaparición de Julio López siguen la impunidad y el encubrimiento • Exigimos al gobierno su aparición con vida y el castigo a los responsables de su secuestro. • Aparición con vida de Luciano Arruga. • Basta de represión. • Libertad a los presos políticos. • Amnistía o desprocesamiento a los luchadores populares. • No al gatillo fácil. • Basta de despidos y suspensiones. • Solidaridad con la rebelión del pueblo hondureño contra el golpe de Estado.

El sábado 12, por la mañana, un centenar de vecinos y representantes de organizaciones sociales y políticas se movilizaron a los Tribunales de la calle Talcahuano, junto a los familiares de Mabel Guerra, para acompañar la presentación de un recurso de casación. La semana pasada, el Juzgado de Instrucción Nº 14 había dictado la “falta de mérito” al acusado del homicidio de Guerra, el prefecto Luis Luques. En el escrito, elaborado por la abogada patrocinante de la familia Guerra, Claudia Ferrero, se apeló la falta de mérito y se denunció a la misma como un primer paso a la impunidad. Ferrero declaró que “existe abundante material en la causa para justificar la imputación a Luques por el homicidio de Mabel y por las gravísimas lesiones sufridas por Marisol Lobos. Su liberación es una incitación a que se dé a la fuga y que todo el proceso desemboque en la impunidad del homicida”.

El sábado 12 se realizó un Plenario de Mujeres, con trabajadoras de Terrabusi y familiares. Los reclamos por la gripe A fueron la excusa de la patronal para despedir. Fue una trabajadora la que actuó en defensa de los niños del jardín maternal y del conjunto de trabajadores, planteando que para preservar la vida había que tomar medidas. La respuesta de Kraft fue su despido y el de 163 trabajadores más. Ella se encontraba en el Plenario y está a la cabeza de la lucha contra los despidos. Otras compañeras advirtieron que la patronal norteamericana Kraft no está en crisis y que prueba de esto es que ahora está comprando la empresa Cadbury. Hablaron trabajadoras docentes, de la salud, del Indec, de empresas alimenticias, de prensa y todas apoyamos la propuesta de las compañeras de realizar una concentración para el lunes 14 sobre la Cámara de la Alimentación (Copal) y la de marchar a la Embajada norteamericana el martes 15. El Plenario de Trabajadoras tuvo su voz a través de Norma Giménez, de la Comisión Interna del Diario Popular; de las compañeras de zona norte, Nora Elizabe, de Pilar, y Bárbara Rappanelli; y de Nora Biaggio, congresal del Suteba Hurlingham. Planteamos que los despidos en Terrabusi forman parte de la política de guerra contra los trabajadores que las patronales exijen y que el gobierno, junto con los dirigentes de la CGT y la CTA, lleva adelante. Denunciamos que, para imponer flexibilidad laboral y ganancias, atacan a las direcciones sindicales combativas y a la resistencia de los trabajadores. Propusimos extender y masificar el bloqueo de la entrada de la fábrica con decenas de carpas y realizar una marcha a Plaza de Mayo, con las mujeres a la cabeza y uniendo todas las luchas que hoy son atacadas, como la del Subte, Suteba La Plata (contra el fraude de Baradel, de la CTA), Crónica (contra los despidos) y demás sectores en conflicto. La Comisión de mujeres y familiares de la huelga, pequeña todavía, tiene un gran papel para jugar. Las familias despedidas están siendo sitiadas por la patronal por medio del hambre. La olla popular, la organización de las familias, la movilización de recursos económicos y la apelación a la solidaridad popular son herramientas fundamentales.

La Justicia criminal de Lomas de Zamora fijó fecha para el debate en el que se enjuiciará al policía de la Federal José Luís Benítez por el asesinato de Rubén Darío Galarza (Chanchi). Será el 15 de octubre, a las 9 horas. Galarza era un joven trabajador de 16 años, ultimado por un agente de la Federal el 2 de agosto de 2006 en el barrio Santa Catalina, Lomas de Zamora. El chico fue fusilado: primero, el policía le disparó, lo cargó con vida en su automóvil y luego lo remató con otros dos disparos. Desde un principio, la versión periodística, como la policial y de la Justicia, fue la misma: “que se trató de un caso de delincuencia común y cumplimiento del deber”. Esto es totalmente inventado, el policía abrió fuego sobre un grupo de jóvenes sin aviso previo y tampoco se encontró en el lugar otra arma más que la de Benítez. Con los días, gracias a la movilización de la familia, amigos y el Partido Obrero, se logró introducir la prueba necesaria que aportó la verdad para dar vuelta la causa. Como en todas las causas de gatillo fácil se presentaron insalvables dificultades, principalmente por el encubrimiento del Estado. La Comisaría 10ª de Puente de la Noria, retardando y ocultando pruebas; el fiscal, tomando declaración a los familiares inmediatamente, forzando los testimonios para que cierren con la coartada del policía, negándose a tomar declaración bajo identidad reservada a los testigos que expresaron su temor por las futuras represalias de la policía, y el Juzgado de Garantías avalando los actos de la Fiscalía.

En estos días, en la guitarreada sobre la libertad de prensa y de expresión, nadie arrimó una idea para proteger la autonomía de los periodistas. El trabajador de la comunicación no goza de ninguna protección para establecer una posición independiente en los medios de prensa. Por ese motivo, el estatuto del periodista debía ser el instrumento de la independencia del trabajador de prensa. Pero el estatuto es letra muerta porque el gremio de la actividad, la UTPBA, lo ha abandonado y, vaciado la organización sindical. La flexibilidad laboral, las pasantías, los contratos basura y los bajos salarios se encargan de su esclavitud material e intelectual. La ausencia, en los proyectos de ley, de toda referencia a las garantías de los trabajadores de la comunicación audiovisual no es, sin embargo, un olvido. En el artículo 25, inciso “e”, se dispone “respetar las incumbencias y encuadramientos profesionales de los trabajadores conforme la actividad principal que desarrolle la licenciataria”. Se trata de un traje a medida del SAT, el sindicato de televisión, y de Foetra, sindicato telefónico, dos organizaciones moyano-yaskistas. Liquidan toda connotación periodística de la actividad; el trabajador de prensa es convertido en trabajador manual –que debe hacer un guión por encargo. En ninguno de los dos gremios (SAT y Foetra), el tema fue discutido en asambleas, plenarios de delegados ni convocatorias especiales para que los trabajadores fijen posición. Sus burocracias, simplemente, se enrolaron en un apoyo alevoso a la nueva ley y participaron, junto a los gorros verdes de los trabajadores de la recolección de basura, en el acto de lanzamiento de Cristina Kirchner. Ambos, SAT y Foetra, se han anotado en el pelotón del oficialismo moyanista, con la CTA de Claudio Marín –adjunto de Foetra–, especialmente incluida. Precisamente, Marín fue el orador de apertura del segundo día de la audiencia pública, en la que fueron proscriptos el Partido Obrero y la Federación Universitaria de Buenos Aires. El papel de Marín sobre la libertad de expresión llama la atención desde varios ángulos, no sólo porque apoya la ley que permite el ingreso de sus patronales, las telefónicas, a la actividad de radiodifusión y el negocio del cable. Él mismo ha iniciado un juicio por “querellas e injurias”, al mejor estilo Othacehé, contra el apoderado de la Lista Naranja, porque esta agrupación clasista lo denunció por no impulsar el paro de la CTA en su propio gremio, pero sí, en cambio, difundirlo en otro sindicato, el de Subte. Corresponde luchar por la unificación y el mejor convenio de los trabajadores que confluyan en el trabajo técnico de la radiodifusión. Y por la unificación y la vigencia irrestricta del estatuto del periodista para todos los trabajadores de la radiodifusión.

La lucha de los trabajadores autoconvocados de la salud ha completado una nueva semana lucha con un paro de 72 horas y una nueva marcha masiva a Plaza Independencia. El gobierno mantuvo en esta semana un relativo bajo perfil, pero eso, bajo ninguna circunstancia, puede ser entendido que se mantiene inactivo. Por un lado, procedió a descontar un promedio del 33% de los sueldos a todos los trabajadores de la salud, incluso a muchos que no intervinieron en las medidas de fuerzas. Por otro, ha dado orden de acentuar la presión y los controles de parte de los directores. En tercer lugar, ha impulsado, por ahora a modo de sondeo, algunas acciones fascistoides, llevando gente pobre organizada a los hospitales para reclamar que el personal atienda a la gente. Del lado de los trabajadores se han producido un conjunto de hechos que indica que se profundiza el proceso combativo. Por un lado, una nueva asamblea general votó el paro por tiempo indefinido con concurrencia y marcación de tarjeta. Se han sumado a la lucha: la Asistencia Pública (el principal centro de salud municipal) y los centros barriales de atención de la municipalidad de la capital, el hospital regional de Simoca. En el caso de la Maternidad, donde uno de sus voceros no sólo alentó la alianza con el campo, sino que proclamó que dicho hospital "no iba a cumplir más paros", arrogándose un mandato que nunca existió, que se eligieran varios delegados combativos reflejando el verdadero estado de ánimo de los trabajadores. En relación con algunos hospitales donde se informó de cierto desgate, se decidió trasladar rotativamente el funcionamiento de la asamblea interhospitalaria para ayudar a dar confianza a los sectores en lucha. En varios hospitales se ha decidido desconocer a los directores en la medida que aparecen cumpliendo las disposiciones represivas del gobierno. Significativamente, el "campo", que se había hecho presente en la anteúltima marcha con una delegación de ruralistas en sus 4x4, ha salido de la escena, en parte porque, desde Tribuna de Salud se los denunció en las asambleas de hospitales, y en parte porque el curso de la lucha se ha radicalizado y la escena, crecientemente, la han ido ocupando los sectores más combativos. El giro combativo de los trabajadores se nutre por la incorporación a la lucha de los sectores más precarizados y los más jóvenes trabajadores de la salud, pero aún el movimiento de lucha no logra armarse de una estrategia definida de lucha independiente. En lugar de colocar las energías para coordinar con todas las organizaciones combativas la extensión y profundización de la lucha, y reclamar a la CGT y la CTA que convoquen a un paro provincial, se confía en la mediación de la Iglesia como instancia de resolución del conflicto. El obispo Villalba declaró que la Iglesia es neutral frente al conflicto, lo que es una falacia. Ellos intervienen para ponerle un cordón sanitario a la extensión y radicalización de la lucha. Va a intervenir en defensa del orden actual, indudablemente en función de sus intereses coyunturales que hoy la colocan como opositora al gobierno K, denunciando la pobreza, pero alineándose con la Mesa de Enlace, o sea con los sectores más negreros de los capitalistas. La confianza en la Iglesia, como antes se confió sin resultados en la mediación de los legisladores de la oposición patronal, o en el defensor del Pueblo, o incluso en el Colegio Médico, o sea en una organización patronal, sólo han significado una pérdida de tiempo y en ese sentido operan como un desgaste. El movimiento hasta ahora ha demostrado capacidad para superar esos traspiés. La presión sobre la CGT y la CTA no parte de abrigar un gramo de confianza en su dirigencia burocrática, sino en el hecho de que en las organizaciones que agrupan, el conflicto se hace sentir. Un reciente plenario de delegados de ATE ha votado sumarse a las marchas de la salud y se ha creado un estado de asamblea. Una situación similar se vive en reparticiones dominadas por UPCN. En la universidad, la simpatía de docentes y estudiantes con la lucha es mayúscula. Hacía allí se deben volcar las energías para extender la lucha, hacerla irresistible y por lo tanto victoriosa.

San Pedro fue devastada por un tornado hijo de otra devastación: la de la selva paranaense. San Pedro integra esa ecorregión, la más deforestada de América del Sur. En 2007, la forestal Harriet ingresó a las 14.000 ha de la comunidad guaraní de San Pedro, volteó bosque nativo, alambró, contaminó el agua y arrasó la chacra y el cementerio para sembrar pinos. En 20 años, Misiones perdió más del 60% de selva: 350 mil hectáreas de gran biodiversidad fueron sustituidas por pinos cultivados, de rápido crecimiento, para las madereras y las celulósicas. Sólo la pastera Alto Paraná es dueña de 230.000 hectáreas, el 8% de la superficie provincial y el 33% del territorio forestado. La celulosa completó la depredación iniciada por tabacaleras, yerbateras, realeras, la ganadería y empresas de turismo internacional. "Los bosques son botín de guerra. El que llega los toma, los explota, los degrada y los abandona" (cemep-adis). Talan el bosque, queman la tierra y la riegan con herbicidas para evitar que la selva se regenere. San Pedro, San Vicente y Puerto Libertad "sufrieron cambios radicales en sus ecosistemas". Después vino el tornado. Los bosques cultivados producen graves daños ambientales y sociales. Las celulósicas empleaban en 2005 unos 1.200 trabajadores, furiosamente explotados, con record de enfermedades y accidentes laborales. Expulsan a los pequeños campesinos y pueblos originarios, que emigran porque la contaminación arruina sus cultivos. "Las papeleras reemplazan a las familias, a los colonos, por pinos", dicen. Y favorecen una formidable concentración de la tierra: en Misiones hay 27.000 explotaciones agropecuarias. El 0,6% posee el 44% de la tierra. Ambientalistas y médicos denuncian una explosión de cáncer y malformaciones provocadas por los agroquímicos. El polen causa problemas respiratorios y alergias. Además, cubre los cursos de agua, eliminando la vida acuática. La extinción de ranas explica la proliferación de mosquitos y el dengue. La forestación es una política de Estado. La Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados subsidia cada paso productivo, exime del pago de impuesto inmobiliario y de Ingresos Brutos; permite amortizar Ganancias y les devuelve el IVA. Vencía en enero de 2009: el Congreso la prorrogó. Este año, el gobierno de CFK duplicó el presupuesto anual de promoción forestal estimulando una voracidad capitalista sin límites. Destruyen el medio ambiente, saquean los recursos naturales, enferman a trabajadores y pobladores. Hay que combatirlos, empezando por los que gobiernan para ellos.

En una resolución inédita, que tendrá enormes repercusiones en la vida gremial de los docentes, tanto en la UNT como en las demás universidades, el Consejo Superior decidió que a la profesora Marta Ponce, delegada de la Facultad de Artes en Adiunt, le corresponde la tutela sindical. Las autoridades de la facultad pretendieron dejarla sin trabajo, apoyadas en un concurso plagado de irregularidades. En todo este proceso de lucha, un sector de la conducción de Adiunt (PCR y sus aliados, denominados “los bonanistas”) jugaron a menos. Al comienzo, “poniendo en duda” el derecho a la tutela sindical de la compañera. Luego, haciendo una campaña “a reglamento” para que el reclamo no cobrase fuerza. La campaña de defensa de Marta Ponce estuvo en manos de los docentes de la Agrupación Naranja, junto a otros colegas con los que integramos el Frente de Trabajadores Docentes Universitarios (para las próximas elecciones de Conadu H). En base a una campaña de petitorios, afiches, movilizaciones, denuncias públicas, fuimos haciendo crecer el reclamo hasta obtener el triunfo. Fue importante también el rol de la Conadu Histórica, que volvió a demostrar que es la única federación que lucha por los derechos y reclamos de los docentes. Si se tiene presente que no hace mucho tiempo la UNT había dejado sin trabajo a delegados y activistas, este triunfo en el caso de Marta Ponce sienta un precedente para la defensa de la organización y el activismo sindical.

El 3 de septiembre, la revista Veintitrés promocionó desde su tapa las “veintitrés razones por las que apoyamos la nueva Ley de Medios, aunque la impulse el kirchnerismo”. Su director, Roberto Caballero, es el encargado de la tarea de reunir las críticas a la ley para, luego, ensayar una contraargumentación que muestra tanto la adhesión incondicional de la progresía criolla a la iniciativa del gobierno, como su rabiosa defensa en términos estrictamente capitalistas. 23 razones para una sola Frente a la opinión de Ricardo Roa, editor general de Clarín –quien denunció a la ley por “franquista”, “fascista” y “chavista”– Caballero contrapone el primer argumento: “El proyecto oficialista evitó puntillosamente parecerse en algo a la Ley de Radiodifusión que impulsó Chávez, tomando, en cambio, aspectos fundamentales de las leyes estadounidense, canadiense, francesa y española”. En otras palabras, el autor nos revela que la ley del gobierno “nacional y popular” siguió “puntillosamente” la legislación capitalista de medios para que se le parezca en todo. Al recoger la crítica de que la ley favorece a las telefónicas, el director de Veintitrés retruca que la diputada radical Silvana Giudici presentó un proyecto propio que hace lo mismo. Pero de esto concluye, no que el gobierno y la oposición sojera buscan favorecer a los pulpos telefónicos sino que “habrá mayor competencia y, quién les dice, hasta quizá bajen los precios del servicio”. Es decir, miente a conciencia, porque bien sabe que no existe mercado competitivo entre monopolios y que los precios cartelizados jamás tienden a la baja. Para confrontar con aquellos que señalan que el 33% será cooptado por la publicidad oficial, ilustra con los grupos multimedia que, recibiendo tales ingresos, siguen siendo opositores. Caballero quiere hacernos creer que una radio comunitaria va a negociar su independencia con el Estado o con la fundación privada que la sostiene en los mismos términos que un grupo multimedia. Cuando recusa las críticas de que esta ley “está hecha a la medida de los Kirchner”, que “ataca la libertad de prensa” y “es extorsiva”, Caballero apela al argumento de fondo: “una norma democrática es mejor que cualquier decreto de la dictadura”. Así corona el pensamiento “progresista” de toda su reflexión, sin poder explicar el hecho evidente de que tal “decreto ley” ha sido sostenido y profundizado por los gobiernos democráticos que sucedieron a Videla. Es decir, que este decreto también es de la democracia. Pero Caballero va más allá en su defensa de las normativas democráticas cuando sentencia: “Donde no hay ley, ganan los más fuertes”. La hipocresía no podía ser mayor. Porque toda la legislación –la que se sostiene desde la dictadura y la democrática– fue promulgada precisamente para que ganen los “más fuertes” y no al revés. ¿O es necesario recordarle a Caballero que este andamiaje jurídico es el que sostiene este régimen de superexplotación que condena a los trabajadores y al pueblo? No es necesario. Caballero lo sabe demasiado bien. Por eso, para llevar adelante la tarea oficial asignada, tiene que atacar a “la izquierda maximalista” que se mostraría como “módica inspectora de revoluciones que se acostumbraron a ver por televisión” porque denuncia “una pelea entre patronales”. Una verdadera porquería patronal. Igual que la salida que el “progresismo” le propone al conjunto de los trabajadores: ya no sólo apoyar esta ley capitalista de medios sino aceptar con mansedumbre el sistema capitalista.

El jueves 10 de septiembre, impulsado por el MUR (Músicos Unidos por Rock), LuchArte y Tribuna de Salud se realizó un festival solidario, que reunió alrededor de 1.000 jóvenes y adultos que se dieron cita en la Plaza Independencia. “Los Ututos”, Skaraway, Karma Sudaca, mostraron su compromiso en los temas que seleccionaron como en los discursos; Karma Sudaca cantó vestido con el guardapolvo de médico. El acto fue dirigido por dos referentes de los “Autoconvocados de la Salud”, como es el caso del licenciado Braulio Fanlo, delegado del Hospital Avellaneda, y el médico Gustavo Arquez. Durante el festival se leyeron adhesiones y se realizó una importante colecta que permitió autofinanciar toda la actividad.

Cuando se edite esta prensa, Coronel Suárez estará en las vísperas de una de las movilizaciones más grandes de su historia. Los trabajadores municipales estarán instalando la carpa 38, una por cada día de huelga, y buena parte del pueblo suarenze preparándose para marchar en apoyo al reclamo salarial de los trabajadores. Es la huelga municipal más larga desde 1973. La huelga interrumpió las obscenas vacaciones del intendente Moccero en Las Bahamas, que volvió de urgencia para poner orden entre su tropa ante las divisiones en su gabinete. El interino Palacios les dijo a los municipales en una reunión que "si tuviera el cargo por dos años les doy el aumento". La oposición destaca la voluntad dialoguista del interino y, a la vez, encara un operativo de ablande para que los huelguistas acepten algún aumento menor o en cómodas cuotas. Para demostrar su "responsabilidad fiscal" votaron el aumento de tasas que pedía Moccero. El intendente juega al desgaste, pero los municipales cantaban en la última marcha "paramos 30 días, pararemos 30 más". Un viaje del intendente a reunirse con Boudou sería para pedir ATN (recurso que destrabó el conflicto con la recolección de residuos en Azul, ver PO Nº 1.098). Los secretarios generales de la Federación que integra el Sindicato Municipal de Coronel Suárez (Fesimubo) se reunieron el miércoles 9, cuando la huelga cumplía casi un mes, pero sólo resolvieron una marcha para el 16 a la Federación Argentina de Municipios (una oficina en la Capital) con el reclamo de las paritarias para discutir un salario mínimo de 2.000 pesos y la derogación de la 11757. Ni una palabra de la huelga de Coronel Suárez. Pero sin poner toda la carne al asador para que triunfe la huelga salarial más profunda de los municipales de la provincia, los reclamos generales son puro verso. La decisión de marchar a la FAM y no a la Gobernación es parte de la política de sacarle las papas del fuego a Scioli. La burocracia del Fesimubo actúa en la misma línea que la de la alimentación en Terrabusi, la petrolera en el sur, la de la UTA en el Subte, la de la CTA con el Suteba La Plata y la de la UOM en Siderca. Mientras tanto, empiezan a desenvolverse otros conflictos, como en Tandil. Noventa de 134 municipios tienen problemas con los fondos que les envía la provincia, y con la caída de su propia recaudación. Las cuentas ya no cierran, pero no por los miserables salarios que pagan sino por los negociados con los contratistas y los subsidios al capital. La huelga de Coronel Suárez tiene todo para ganar: una dirección combativa, los trabajadores movilizados diariamente, el apoyo del pueblo. De acá al día de la marcha hay que profundizar el paro. El viernes 18 tiene que ser una enorme demostración de fuerza y del apoyo popular a la lucha. Los sindicatos locales, que han apoyado con declaraciones y delegaciones en las marchas, tienen ahora el desafío de impulsar la concurrencia masiva de sus afiliados, con un cese de tareas. Así deben actuar las organizaciones obreras porque un triunfo salarial en un sector fortalece la lucha de conjunto. La familia municipal marchará en pleno. El pueblo de Coronel Suárez estará de esa manera dando una clase práctica de lucha contra el ajuste y la pobreza, sin verso. Todo dique de contención comienza a derrumbarse con las primeras fisuras.

Tras una batalla judicial de un año y medio, los delegados echados y patoteados de Dana, lograron un fallo de reinstalación. Los compañeros fueron a tomar tareas en el marco de una movilización: trabajadores suspendidos actualmente, trabajadores despedidos de 2008, junto a distintas organizaciones políticas, una delegación de trabajadores de Fate y el PO, acompañamos a los compañeros hasta la puerta de la planta, que en ese momento había vuelto a ser militarizada. Ahí nomás la patronal despachó telegramas de suspensión para los tres activistas reinstalados. La planta se encuentra semi paralizada, el turno noche ha sido eliminado y la producción se realiza sólo en el turno mañana, lo que ha elevado los niveles de explotación en algunos sectores en más de un 100%. Desde los despidos que se produjeron en 2008 se han registrado más de 100 retiros “voluntarios”, a su vez, unos 30 trabajadores fueron trasladados a la planta que la empresa posee en Pacheco, a condición de pasar del convenio al que pertenecen (Smata) a uno inferior (UOM). Los magros aumentos que la burocracia mecánica acordó no fueron cobrados en su totalidad por los trabajadores de Dana Spicer. A esto hay que sumarle las 120 suspensiones hasta diciembre de 2011 que están en marcha, grupo al cual se suman los tres reinstalados y ahora suspendidos. El desmantelamiento de la planta es evidente. Con estas suspensiones, la patronal yanqui paga despidos a cuenta con la total complicidad de la burocracia. El convenio que da curso a las suspensiones dice que, de no darse las condiciones necesarias para volver a los niveles de producción previos a las suspensiones, la patronal tiene derecho a considerar el 50% de lo que está aportando actualmente en concepto de salario como compensación indemnizatoria: un “leasing” indemnizatorio. No nos podemos quejar de la inventiva entreguista de la burocracia sindical argentina. Actualmente, el plantel suspendido recibe de la patronal una suma no remunerativa de 1.700 pesos más el Repro, lo que ha reducido sus ingresos en más de un 50%. La política del Smata no ha sido una salida para los trabajadores de Dana. Tenemos que trabajar para reorganizar las filas obreras sobre otras bases, contra el desguase de la planta, organizando a los suspendidos, estableciendo iniciativas de ellos hacia los que no lo están, porque todos, todos, están en el mismo barco. A ese fin podemos colaborar las organizaciones combativas de la zona que acompañamos a los represaliados.

“La crisis económica mundial y América Latina” Constituyente 1502, esq. Martínez Trueba - Montevideo 22 y 23 de septiembre - 19 horas Auspician: Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales Facultad de Ciencias Sociales

El jueves 10, a las 10 de la mañana, alrededor de 900 trabajadores municipales protagonizaron una contundente movilización desde el hospital municipal hasta la Intendencia. Llevaban una carta con tres demandas: 1) derogación de la ordenanza que aumenta los sueldos de los funcionarios en proporción al aumento a los trabajadores; 2) aumento del 15% al básico de los municipales; 3) mejores condiciones laborales. Ya el viernes 28 de agosto, los trabajadores del hospital Ramón Santamarina, reunidos en asamblea, habían salido a cortar las calles lindantes al hospital. La burocracia propuso que la semana siguiente hicieran movilizaciones y cortes alrededor de los hospitales por media hora, en coincidencia con el horario del refrigerio. Esto se hizo toda la semana con adhesión creciente. La semana siguiente se aumentó el tiempo a una hora –de 10 a 11– afectando así el presentismo. En este plan de lucha confluyeron el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil y la Cicop, que nuclea a los profesionales del hospital. Los médicos exigen un 33% de aumento. Miguel Lunghi (UCR) es uno de los intendentes que amenazó con desdoblar el pago de salarios. Los intendentes alineados con la oposición sojera y clarinesca son tan ajustadores como el que más. Lunghi ya impuso un aumento de tasas, pero no le toca un pelo a los capitales agrarios, turísticos e industriales, que se enriquecen con los recursos naturales y el trabajo de los tandilenses. Hay que organizar asambleas en todas las reparticiones para votar la continuidad de las medidas. En el hospital, impulsar asambleas conjuntas de médicos, enfermeros y administrativos. Trabajar por una asamblea general para seguir el ejemplo de los municipales de Suárez, que han puesto contra las cuerdas a su ajustador.

Más de sesenta compañeros disfrutaron del almuerzo del domingo 6 de septiembre, organizado por el Partido Obrero de Quilmes. Estuvieron presentes delegados y activistas del movimiento obrero local, familiares y amigos de los militantes de la regional. Luego del almuerzo, algunos delegados nos conmovieron con el relato de sus experiencias y el proceso de su evolución política. La intervención, al final, del compañero Altamira explicó, en un lenguaje claro y sencillo, la crisis del capitalismo en curso. Su conclusión: la humanidad sólo encontrará una salida a la catástrofe capitalista si los trabajadores somos capaces de organizarnos en forma independiente. La fiesta se celebró en las instalaciones de la Sociedad de Fomento 14 de Agosto, que nos fue facilitada por sus autoridades, a quienes agradecemos su gentileza.