Más consenso y presupuesto para reprimir
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La presidenta Cristina Fernández cargó contra el poder judicial, haciéndolo cargo de la demora por los juicios contra los represores de la dictadura. "El Congreso y el Ejecutivo hicieron todo lo que tenían que hacer", vociferó. "Ahora, es el turno de los jueces". La acusación no fue novedosa. El 24 de marzo del año pasado fue Néstor Kirchner el que reclamó:
"Quiero decirle a la justicia argentina y al Consejo de la Magistratura,... que basta, por favor, basta. Juicio y castigo, necesitamos que los juicios se aceleren"). Se pueden rastrear frases similares en boca de diversos funcionarios kirchneristas, especialmente los destacados para sostener en público la llamada "política de DDHH" del gobierno nacional, esa que, sostiene
CORREPI, es simplemente una parte -quizás, la más efectiva- de la política represiva estatal.
El embanderamiento del gobierno peronista de los Kirchner con la "defensa de los DDHH", entendida sólo en términos de reclamar el juicio y castigo a los represores de la dictadura, es la herramienta que le viene permitiendo, con más de mil muertos por el gatillo fácil y la tortura; con centenares de detenidos diariamente sin imputación de delitos; con represión a los trabajadores y tres fusilados en movilizaciones populares; con persecución y presos políticos, propagandizar un perfil "progresista" y casi
"izquierdista". Así, quienes nos negamos a incorporarnos a los "espacios de participación ciudadana" que convocan a "organizaciones de la sociedad civil" y
"referentes sociales" a integrarse en la "discusión y propuestas de soluciones", para la "cuestión de la seguridad", para reformas legislativas, para la asistencia a las víctimas, etc., somos tildados de "izquierda siniestra", "desestabilizadores" y "sectarios" que no comprendemos los nuevos tiempos ni aportamos "soluciones". En esta línea se inscriben las querellas oficiales en los juicios de los represores, modalidad ahora ampliada a casos de represión en democracia como la causa Bulacio (1); las "comisiones de notables"
para promover tibias reformas que luego el propio gobierno cajonea; los programas antiimpunidad, de los que participan en forma rentada familiares de víctimas de la represión oficial que se convierten en empleados del mismo patrón que los victimarios; y las secretarías de DDHH nacional o provinciales que incorporan a su plantel militantes y abogados de organizaciones populares devenidas oficialistas más o menos públicamente. Así se crea la ilusión de que todos somos responsables de "las cosas terribles que pasan", y por ende deberíamos cooperar para resolverlas, falacia tan grande como decir que el camino para defender al explotado es aliarse con el explotador.
Esta vez el embate presidencial desencadenó lo que los medios bautizaron como "la pelea con la Corte". Una de las estrellas de la "renovada"
Corte Suprema, la jueza Carmen Argibay, contestó con dureza: "Yo le diría a la señora Presidente que no es cierto que los poderes Legislativo y Ejecutivo han hecho todo y ahora es la hora de la Justicia. El Legislativo y Ejecutivo nos han recortado el presupuesto. Si quieren que aceleremos los juicios, primero nombren los jueces que no tenemos". Y, después, agregó: "Todas las causas deberían acelerarse".
Una habitual exégeta presidencial en estos temas, la ultra kirchnerista Diana Conti (ex PCR, ex Frepaso), disparó: "Que Argibay se calle y trabaje con más ahínco". Pero no tardó mucho en cambiar el eje de la disputa, mostrando el motivo real de la aparente confrontación. El jefe de gabinete,
Sergio Massa, arrojó algo de luz sobre el asunto, cuando dijo: "No tiene sentido asignar más recursos a la policía si, al mismo tiempo, los jueces no se esfuerzan por castigar a los delincuentes". La cuestión, lejos de tener que ver con las causas de los represores, remitía directamente a lo que, para el gobierno, es "un problema candente" en un año electoral difícil: la
"inseguridad ciudadana", recurrente argumento para endurecer aún más el sistema penal y legitimar la represión, esta vez reinstalado por una estrella de la TV que, ante el homicidio de uno de sus empleados, exigió que "se termine con la estupidez de los derechos humanos, porque el que mata, debe morir". Mientras la presidenta denunciaba:
"Tenemos [jueces y fiscales] ... que dejan entrar a los delincuentes por una puerta y salir por la otra", en consonancia con aquello, no hace mucho tiempo atrás, de que: "No puede ser que la policía detiene y detiene, y la justicia libera y libera", su marido, en pleno lanzamiento de su candidatura bonaerense, exigió que los jueces "apliquen la ley sin miedo", advirtiendo que "el que tenga que tenga que salir que salga, pero el que tenga que ir preso, que vaya preso".
En la misma sintonía, Sergio Massa exigió "resultados a la justicia" y pidió que "un ladrón no entre por una puerta y salga por la otra,
[porque] de lo contrario, en la sociedad queda la sensación de impunidad", y, de nuevo, Diana Conti acompañó: "La impunidad que beneficia a los delincuentes la da un juez. La Justicia se tiene que hacer cargo de la parte que le toca en la inseguridad; el delincuente tiene que saber que si delinque, va a ir preso y va a ser condenado. Si los delincuentes están en libertad, es por decisión de un juez".
Claro que ninguno de ellos explicó si se referían, por ejemplo, a los recientes sobreseimientos del ministro Julio De Vido, de su esposa, la ex síndica general Alessandra Minnicelli y del secretario de comercio interior Guillermo Moreno, en sus respectivas causas por enriquecimiento ilícito; o al también fresco sobreseimiento de la ministra Nilda
Garré en la causa por el contrabando de partes de fusiles FAL a Estados Unidos;
o si el reproche se dirigía a los cinco jueces que, al unísono, se inhibieron de actuar en una causa contra el diputado Carlos Kunkel. Mucho menos parece que se quejaran por las sistemáticas absoluciones de policías de gatillo fácil, ni por la sostenida jurisprudencia de la
Corte encabezada por Zaffaroni y Argibay que considera que
"si es en democracia, no es tortura" .
Pero como toda disputa intraburguesa, pronto sobrevino la negociación, y las aguas se aquietaron. El mismo jefe de gabinete que había afirmado que el poder judicial tenía todo el presupuesto que precisaba, fue recibido con alfombra roja por los cortesanos, y, a puertas cerradas y chequera mediante, fumaron la pipa de la paz. Massa y Lorenzetti compitieron para destacar la
"cordialidad del encuentro", que intentaron despegar de los cruces verbales anteriores, diciendo que fue parte de los "contactos habituales" entre ambos poderes.
En el marco de la crisis que se profundiza, los jueces disponen de 36 millones de pesos más, y el gobierno, "preocupado y ocupado por la inseguridad", se garantizó un poco más de consenso para la represión que necesitará descargar con más fuerza a medida que los despidos, suspensiones y sufrimientos crecientes empujen a la lucha a los trabajadores y el pueblo.
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1. Ante un nuevo reclamo de la Corte Interamericana de DDHH para que el gobierno cumpla la sentencia recaída contra el estado argentino el 18 de septiembre de 2003, la presidenta ordenó al ministro Aníbal
Fernández que su subordinado, el secretario de DDHH Eduardo Luis Duhalde, se presentara como querellante contra su otro subordinado, el comisario Miguel
Ángel Espósito, responsable por la detención y muerte de Walter Bulacio en
1991. El juez Cubas y la
Cámara Criminal convalidaron la presentación, sin encontrar contradicción alguna en el hecho obvio de que se tuviera como querellante al jefe político del imputado.
María del Carmen Verdú (Correpi)