Aunque pueda sonar ‘amargo', la noticia de la semana no fue la renuncia de Riquelme a la selección nacional, sino las declaraciones de Montoya, el recaudador bonaerense, a principios de semana al diario Crítica. Cuando el periodista le pregunta si "ya notan la crisis en la recaudación", el sabueso le contesta: "Sí, mucho. En realidad, nosotros ya venimos notando esto hace tiempo y por eso estuvimos alertas, a diferencia de lo que se decía... de que esto no nos iba a golpear tanto". Más adelante completa: "Yo diría que la actividad económica en general debe haber caído alrededor de un 10% en enero y febrero". Montoya no sólo ilustra una crisis industrial en toda la línea, sino que no repara en denunciar al gobierno al cual sirve por su completa miopía frente a la crisis mundial. Los datos que ofrecen las cámaras empresarias y los institutos de estadísticas coinciden en que el derrumbe de la producción en las industrias principales alcanza a porcentajes espectaculares -del orden del 60 al 80 por ciento. Las declaraciones de Montoya importan, por sobre todo, porque desmienten a la cofradía de charlatanes que ha venido asegurando que, en 2009, Argentina estaría protegida contra una cesación de pagos, como si el ‘defol' fuera un asunto contable y no la consecuencia del derrumbe económico. No importan los recursos que haya acumulado el gobierno si, por un lado, la recaudación fiscal se derrumba y, por el otro, la salida de capitales, liquida la posición financiera. Por más ‘liquidez' que se le atribuya a los bancos, nunca superará la salida de depósitos en una ‘corrida'. Sin embargo, ni el gobierno ni la oposición parlamentaria ofrecen una salida, ni siquiera lo intentan. El propio Montoya, cuyo destino político parece emigrar de las filas de Scioli a las de Solá, tampoco es capaz de ofrecer una. A requisito del periodista, balbucea un improbable torniquete contra la evasión fiscal -la promesa más violada en Argentina y el mundo entero. El gobierno está saqueando las arcas de la Anses para financiar el rescate de pulpos capitalistas que ya han decidido anular cualquier tipo de inversiones, y que seguramente utilizarán la mayor parte del dinero oficial para fugar capitales al exterior. O aplica un tarifazo descomunal que sólo puede derivar en un aumento de la caja de las empresas de servicios y en una salida de capitales vía el pago de su deuda privada. Ámbito ha venido informando de una salida de mil millones de dólares al mes en enero-febrero, mientras el Cronista destaca alegremente que "ganan peso en el mercado local los instrumentos para fugar capitales". La idea fija del kirchnerismo es que si evita la cesación de pagos llega a octubre y salva la ropa. Por eso nacionalizó las AFJP y ahora se dedica a canjear bonos de la deuda a vencer por otros a plazos mayores. Estos canjes representan un enorme negociado para los capitales financieros; por un lado porque se rescatan títulos desvalorizados a precios superiores y, por el otro, porque se ofrecen tasas de interés superiores a los bonos que están en vigencia. Ante los rumores del canje, los bonos han comenzado a subir con fuerza e incluso su compra fue recomendada por los principales fondos internacionales (en medio de la crisis financiera). Los K quieren huir de la crisis acentuando el endeudamiento del Estado y la hipoteca nacional. Lo que pretende proteger a Argentina de una cesación de pagos, golpea el proceso industrial porque eleva aún más la carga financiera sobre la producción, y golpea la capacidad fiscal del Estado porque afecta a la recaudación. La cesación de pagos que se pretende superar con los canjes usureros reaparece a través del derrumbe impositivo. ¿Y la oposición patronal? Esta oposición se divierte en el Congreso jugando a la audiencia pública o a la sesión especial que derogaría las retenciones a la soja, cuando en realidad está simplemente conspirando a favor de una corrida bancaria y cambiaria. El llamado peronismo disidente ya ha advertido que una reducción significativa de las retenciones provocaría una crisis fiscal, por lo cual se supone que aportará a la sesión oficial solamente para mostrar que el oficialismo ha perdido el Congreso, pero no para votar la propuesta. El ‘disidente' Javier González Fraga (ex Citibank y ex K) propone que los sojeros reciban de vuelta las retenciones en bonos del Estado -lo cual ya sido rechazado sin miramientos por los eventuales beneficiarios. El frente sojero quiere resolver sus intereses a través del Congreso, pero a la luz de estas divisiones si va por lana saldrá esquilado. La actividad sojera es esencialmente un proceso financiero, o sea que está financiado desde el inicio al cierre por capitales dedicados a la especulación con las materias primas. Los exportadores, acopiadores y bancos se financian, a su vez, en el mercado internacional, y lo mismo ocurre con los proveedores de insumos, que financian al sojero y refinancian ese préstamo en el exterior. El derrumbe del campo es por eso, antes que nada, la consecuencia del desplome financiero mundial; la propia caída de los precios internacionales ha obedecido, más que a una caída de la demanda mundial, a una especulación a la baja en los mercados de materias primas. La crisis agraria no tiene salida con la eliminación de las retenciones, simplemente porque no alcanza para pagar deudas y volver a financiar el proceso productivo, en especial para el capital chacarero, que es el más dependiente financieramente. Como se plantea para el conjunto del país, el agro tiene que ser reorganizado sobre nuevas bases sociales. Los llamados chacareros harán el aprendizaje de esta realidad a su propio costo - claro que antes pretenden hacérselo pagar al conjunto de los obreros del país, con una devaluación, y a los trabajadores rurales. Un capítulo especial son los manejes de Lozano y De Gennaro con Buzzi, o sea con la Mesa de Enlace. Lozano vuelve a repetir su planteo a favor de la "segmentación impositiva", incluidas las retenciones, en beneficio del ‘pequeño productor', mientras su aliado de la Federación Agraria empuja el corte de rutas para liquidarlas del todo con sus aliados de la Mesa de Enlace. De otra parte hay que decir que no es cierto que la ‘segmentación' es "encuadrable (sic) en una perspectiva popular" (Lozano, diario Crítica , 1/3), pues incluso Techint ha pedido un tratamiento impositivo especial para las pymes, con el conocimiento de que se quedará con los beneficios que se les den, a través de los contratos de precios que firman con la gran industria. Ahora que la UIA está reclamando la generalización de los subsidios del Estado para el pago de los salarios de los trabajadores que sean suspendidos por las patronales, quizá se le ocurra a Moyano la segmentación del aporte entre la industria grande y la menor. La salida a esta crisis, caro Lozano, no se encuentra dentro del capitalismo sino fuera. Chau paritarias Es una fantasía la afirmación de que las paritarias han sido suspendidas hasta junio: a la luz de la profundización de la crisis, no volverán a reunirse más. La burocracia sindical ha liquidado, en un abrir y cerrar de ojos, una de las principales conquistas del movimiento obrero después de 2001, aunque los trabajadores reales y concretos nunca hayan podido participar de las paritarias por el veto de la burocracia sindical. La cuestión es muy simple: si no es el momento de discutir salarios porque hay que salvar empleos, a partir de junio ya no habrá siquiera empleos para salvar. La importancia de los convenios colectivos y de las paritarias es mayor en el comienzo de una crisis industrial que en un período de prosperidad, precisamente porque es un foro para discutir la defensa del trabajo y para oponer a los planteos de cesantías, suspensiones y reducciones de salarios de las patronales un plan de reorganización de la industria en función de la preservación de los empleos. Claro que semejante debate no puede prosperar, en última instancia, tomando a cada actividad por separado. Los sindicatos deberían concertarse para hacer un planteo común; pero es precisamente lo que ha hecho la CGT ahora, aunque al revés: se ha concertado para suspender sin fecha las paritarias. La burocracia sindical cree que con esta política se preserva a sí misma, pero esto tampoco es seguro. Con el gobierno K debilitado, no puede seguir metiendo la mano en las distintas cajas del Estado como ocurría hasta ahora. Ya hay una pelea en curso con Graciela Ocaña por las obras sociales y el sistema de salud, y otra con Tomada por el fallo de la Corte que habilita la elección de delegados sindicales con independencia del sindicato oficial. Al final, Moyano and co. acabarán buscando refugio con el peronismo ‘disidente' u otra yerba parecida, como en 2001/2 lo hizo con Rodríguez Saá. Acumulando bosta La tropa K viene insistiendo para que su jefe encabece la lista bonaerense en octubre, que debería incluir a casi todo el gabinete. El problema es que semejante ómnibus podría ser interpretado por la opinión pública como un abandono anticipado del gobierno más que como un intento de recuperarlo por medio de una elección popular. Para el caso, K tendrá que colectar toda la bosta acumulada en las intendencias del conurbano para que, según predica el filósofo D'Elía, pueda amasar un ladrillo. Las encuestas para el oficialismo se encogen cada vez más, y para octubre podrían haberse esfumado. Es que el destino político del gobierno no depende de la alquimia electoral sino de la (in)capacidad para domar la crisis mundial. Lo mismo vale para la oposición patronal, aunque bajo formas diferentes, pues la crisis puede dar por el traste con los distintos frentes que está tejiendo. El Congreso, por su lado, quiere erigirse en el árbitro nacional de la crisis y de la salida a los enfrentamientos que ella provoca. Pero esta parlamentarización pone en evidencia la disgregación del régimen político en vigencia, para nada la emergencia de uno nuevo. El Congreso no atiende ni pretende atender un solo problema popular; está enteramente focalizado en servir de vocero a los sojeros. Para neutralizar esta operación, el gobierno quiere armar un Consejo Económico y Social, dominado por la patronal y la burocracia sindical devaluacionista, que además se han puesto de acuerdo para liquidar las paritarias; o sea que mete al zorro en el gallinero. Ni el Congreso ni el nonato Consejo tienen en la agenda una salida de conjunto, de protección para los trabajadores y de los que se encuentran sin empleo. Ambos, el Congreso y el Consejo, son instituciones patronales hasta sus médulas. Por eso fracasarán en el empeño de convertirse en árbitros (mucho antes el Consejo que el Congreso). La denuncia de la función patronal y anti-obrera del Congreso y la previsión de su fracaso deben ser toda una tarea de propaganda y de agitación especial y empecinada por parte de los socialistas y de los revolucionarios. La oposición patronal amasa con bosta aún más que el oficialismo, como lo demuestran las cooptaciones recíprocas de ex funcionarios de De la Rúa y Cavallo y de ex funcionarios de Menem, Duhalde y Kirchner (los Carrió, Morales, Bullrich, Solá, De Narváez). No cabe duda que la crisis capitalista ha dejado de ser un fenómeno económico y que se despliega en crisis políticas mayores en diferentes países, incluso en movilizaciones populares. Nuestra obligación es militar para que la clase obrera encuentre el camino para oponerse a la tentativa de descargar la crisis del capital sobre sus espaldas y a defender sus conquistas, para lograr, por medio de esta lucha, que emerja como el sujeto político alternativo al Estado capitalista. Jorge Altamira