El rechazo de Islandia a reabrir las negociaciones para ingresar en la Unión Europea, que se impuso por 52,8 % contra 47,2 %, expresa la confrontación entre distintas fracciones de la burguesía islandesa frente a la crisis económica y, sobre todo, ante la creciente disputa imperialista por el Atlántico Norte y el Ártico.
La consulta del 29 de agosto fue presentada por el gobierno de Islandia como una cuestión económica y de soberanía, pero estuvo atravesada por la guerra, la política de Donald Trump sobre Groenlandia, el fortalecimiento militar de la OTAN y la disputa por los recursos estratégicos del norte. La participación, del 82,5 %, y lo estrecho del resultado muestran el interés político que despertó en la población.
La primera ministra Kristian Frost Dottir había impulsado la reanudación de las negociaciones con Bruselas, sede de las instituciones de la Unión Europea (UE).
Este referéndum islandés guarda una estricta relación de época con el Brexit británico de 2016, reflejando la tendencia general a la disgregación de los bloques económicos mundiales. El Brexit supuso la salida traumática de una potencia imperialista integrada al bloque. Lo de Islandia es un portazo ‘preventivo’, porque continuará dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) y de Schengen.
Esta continuidad permite comprender el alcance limitado del plebiscito: Islandia permanece profundamente integrada al mercado europeo sin convertirse en miembro de la UE.
Dos sectores de la burguesía
El campo del Sí estuvo encabezado por la socialdemocracia gobernante, la coalición Alianza Socialdemócrata, ligada al capital financiero de Reikiavik, a los sectores importadores y a sectores liberales favorables a una mayor integración con Europa. Su argumento fue que, en un mundo atravesado por guerras, inflación, tensiones comerciales y la ofensiva estadounidense en el Ártico, Islandia necesitaba estrechar su relación con la UE.
Utilizaron el chantaje de la inestabilidad económica global y el aumento del costo de vida para vender la ilusión de que el euro y el paraguas de Bruselas salvarían el poder adquisitivo, aportarían estabilidad monetaria y terminarían con las elevadas tasas de interés (8 %) que pesan sobre familias y empresas. La inflación alcanzó el 5,3 % anual en julio.
Pero el euro no resuelve la especulación inmobiliaria, el endeudamiento familiar hipotecario, la concentración bancaria ni la transferencia de los costos de la crisis hacia los trabajadores. En cambio, ata su economía al ajuste fiscal que dicta Bruselas. El ejemplo histórico de Grecia, España o Portugal demuestra que la moneda única europea se utiliza para rescatar a los grandes bancos y aplicar planes de austeridad brutales contra los trabajadores, congelando salarios y recortando el gasto público. El problema de fondo no es la corona o el euro, sino la especulación inmobiliaria y el control capitalista de la banca.
El No estuvo fuertemente sostenido por el sector pesquero y por los sectores conservadores tradicionales, representados por el Partido de la Independencia, el populismo de derecha del Partido del Pueblo y el campesinado rural.
La pesca fue decisiva: representa aproximadamente el 15 % del PIB y el 40 % de los ingresos por exportaciones, mientras cerca del 90 % de las empresas pesqueras se oponían a la adhesión.
La burguesía pesquera quiere conservar el control de las cuotas y los recursos marítimos. La defensa de la soberanía fue el principal argumento contra la UE. El rechazo a Bruselas puede conservar las ganancias de los armadores islandeses, del mismo modo que la adhesión a la UE puede servir al capital financiero europeo.
Groenlandia coloca a Islandia en el centro del tablero
La cuestión que atraviesa el plebiscito es: ¿qué lugar ocupa Islandia en la reorganización militar del Atlántico Norte?
La política de Donald Trump respecto de Groenlandia convirtió al Ártico en una cuestión inmediata para los países de la región. Groenlandia, territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, posee una posición estratégica por sus recursos, rutas marítimas y ubicación frente a América del Norte y Europa.
Islandia, a 290 km de Groenlandia, ocupa una posición igualmente estratégica. Es miembro de la OTAN, aunque no posee ejército permanente propio, y su territorio forma parte del dispositivo militar de vigilancia del Atlántico Norte. Está situada entre América del Norte y Europa y próxima a las rutas que conectan el Atlántico con el Ártico.
La cuestión de Groenlandia no es, por tanto, un episodio aislado de la política exterior norteamericana que implica la subordinación de Europa. Expresa una tendencia más profunda: las grandes potencias convierten nuevamente al Ártico en un espacio de competencia militar, comercial y energética.
El gobierno de Reikiavik presentó la integración europea como una forma de fortalecer la posición de Islandia frente a Washington, pero el país ya está incorporado militarmente al bloque occidental mediante la OTAN.
Islandia carece de fuerzas armadas propias. Históricamente, su territorio ha sido entregado como una gigantesca base de operaciones y vigilancia para el imperialismo occidental, a través del acuerdo de defensa bilateral con los EE. UU. en la base de Keflavík.
A pesar de la derrota en las urnas del ala pro UE, la ministra de Relaciones Exteriores del actual gobierno, Katrín Gunnarsdóttir, ya adelantó que la línea del Estado tras el plebiscito será “profundizar la cooperación atlántica y fortalecer la defensa nacional”. Esto significa que el Gobierno, bloqueado en su intento de integración europea, se recostará aún más en los dictados militares de la OTAN y en las exigencias operativas de los Estados Unidos. El régimen de Reikiavik capitula frente al militarismo y queda atado de pies y manos al aparato militar de la OTAN.
El EEE y Schengen: ¿a quién benefician?
Islandia ya posee una profunda integración económica con Europa a través del Espacio Económico Europeo.
El EEE establece el libre comercio de bienes y capitales y permite la libre circulación de mercancías, servicios y trabajadores. Las empresas islandesas pueden vender sus productos en Europa sin pagar aranceles, es decir, impuestos de aduana. Al mismo tiempo, el EEE excluye la pesca y la agricultura.
La Zona Schengen, por su parte, establece la libertad de tránsito y elimina las fronteras interiores entre los países firmantes.
La pertenencia de Islandia a la Zona Schengen y al EEE funciona como una aceitada maquinaria de precarización laboral. Al permitir el libre tránsito de personas y trabajadores, las cámaras patronales de la construcción en Reikiavik han encontrado una mina de oro: la importación de fuerza de trabajo barata proveniente de los países de Europa del Este, principalmente de Polonia, Rumania y Lituania.
El discurso del bloque que defendía el SÍ a la Unión Europea presentaba al derecho europeo como un faro de progreso social. Sin embargo, la realidad de la jurisprudencia del EEE demuestra que las directivas de Bruselas están diseñadas para proteger la libertad de empresa por encima de los derechos conquistados por la clase obrera.
Además, rige la Supremacía del Mercado Único: el Tribunal del EEE aplica la doctrina de que las leyes nacionales o los convenios sindicales no pueden “obstaculizar el libre comercio ni la libre prestación de servicios”. Si un sindicato islandés exige a una empresa extranjera radicada en la isla que se adapte estrictamente al convenio local, la empresa puede demandar al Estado argumentando que se viola su libertad de mercado.
Bajo las directivas europeas de adaptabilidad, se han metido cláusulas que permiten legalizar el banco de horas, las jornadas laborales fraccionadas y la extensión de horas extras sin el pago de recargos históricos. Esto golpea de lleno a las plantas de aluminio y a la industria del pescado procesado, donde las patronales exigen disponibilidad absoluta según los flujos de producción del mercado global.
Para los trabajadores, ninguno de los dos campos ofrece una salida, porque la clase obrera queda fuera de la decisión sobre los recursos y la economía.
El No no modifica esta subordinación
La vulnerabilidad económica de Islandia constituye una carga estructural. La deuda externa total representa aproximadamente el 75 % del PBI.
La economía actual está fuertemente indexada al turismo global y a la inversión extranjera en energía. Cualquier recesión mundial o recrudecimiento de la guerra comercial de Trump golpeará los ingresos de divisas, reabriendo el escenario de quiebra financiera y ataques a las condiciones de vida de la población trabajadora.
Las tensiones industriales en el sector pesquero son constantes: los marineros y procesadores de pescado enfrentan jornadas extenuantes y salarios atados al valor volátil de las capturas, mientras las patronales pesqueras embolsan ganancias extraordinarias libres de las regulaciones ambientales y obreras que rigen en el continente europeo.
Por otro lado, aprovechando la abundancia de energía geotérmica e hidroeléctrica barata, multinacionales extranjeras, como Alcoa o Rio Tinto, han instalado fundiciones de aluminio masivas. Islandia importa el mineral en bruto y exporta el aluminio procesado. Esto convierte al país en un enclave donde los recursos naturales son saqueados por monopolios transnacionales a cambio de empleo precarizado y un alto impacto ambiental en las regiones naturales.
Tras la crisis bancaria de 2008, la burguesía reconvirtió al país en un parque de diversiones natural. El turismo genera puestos de trabajo estacionales, flexibilizados y de baja calificación, mientras profundiza una feroz crisis de vivienda en Reikiavik, impulsada por la especulación inmobiliaria.
El interés de la clase obrera: contra la guerra imperialista y el capital
La situación de Islandia concentra problemas centrales de la etapa: una pequeña nación en una posición estratégica; una economía dependiente del mercado mundial; una enorme riqueza energética; una industria pesquera decisiva; multinacionales que utilizan sus recursos naturales; una población sometida a inflación y tasas de interés elevadas; y un territorio incorporado al dispositivo militar de la OTAN cuando el Ártico vuelve a convertirse en zona de disputa entre grandes potencias.
La respuesta no puede ser una mayor militarización de Islandia ni su subordinación a la OTAN bajo el argumento de defenderse de Rusia o China. Tampoco puede ser la ilusión de que Bruselas constituye un escudo frente a Washington.
La clase trabajadora debe rechazar la utilización de Islandia como plataforma militar del imperialismo.
Fuera las bases y dispositivos militares del Atlántico Norte. No a la militarización de Islandia y del Ártico.
Por la nacionalización de la banca y del sistema financiero bajo control de los trabajadores, de los recursos energéticos y de las grandes empresas de pesca y aluminio. Control obrero de las cuotas pesqueras y de la explotación de los recursos naturales. Ruptura con toda forma de subordinación económica y militar a los bloques imperialistas. Coordinación de las luchas de los trabajadores islandeses con los trabajadores de Europa, América y los pueblos del Ártico.
El No del 29 de agosto expresa una fractura del régimen en medio de los choques dentro de la UE -Ceuta-, pero no una solución para la población trabajadora.
La burguesía islandesa deberá seguir navegando entre Bruselas y Washington, entre la dependencia del mercado mundial y la defensa de sus propios monopolios.
La clase obrera, en cambio, tiene otra perspectiva.
Ni Bruselas ni Washington: por la unidad internacional socialista de los trabajadores contra la guerra imperialista y contra el capital.