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Septiembre de 2026

1 de septiembre de 2026 · 155 notas

Notas de este número

1 de septiembre de 2026
Milei-CFK, el pacto de Lago Escondido

La sesión del jueves pasado en el Senado votó por unanimidad la designación de 66 entre 67 cargos judiciales -jueces y fiscales. Ello significa la totalidad de las bancadas del oficialismo, del PRO y la UCR, junto al conjunto de los senadores del Pejotakirchnerismo. Un solo senador peronista, el rionegrino Soria, abandonó el recinto sigilosamente a la hora de la votación. Entre los jueces aprobados, se encontraba Pablo Yadarola, uno de los que participó del viaje de “camaradería” a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, en el año 2022. Yadarola estaba en la primera fila de los magistrados que el kirchnerismo denunciaba como parte del “lawfare”. Ahora, esos denunciantes lo votaron sin reservas. José Mayans, el jefe de la bancada K, justificó la tropelía afirmando que “no se les puede entorpecer la carrera”. Una torpeza, como si se tratara de un concurso de empleados administrativos y no de funcionarios políticos, que han transitado “carreras” entre pactos políticos y de ‘inteligencia’. Según la ONG ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), unos 14 magistrados de los que fueron votados presentaban irregularidad en el procedimiento de su postulación. Es decir que ni siquiera podían exhibir la “carrera” reivindicada por Mayans.

La votación conjunta de estos magistrados no es novedosa. Con las votaciones anteriores, el Senado acumula 177 nombramientos de magistrados y fiscales, de los cuales 175 contaron con el consenso del peronismo. Un poder fundamental del Estado, el Judicial, se está articulando a través de un verdadero cogobierno.

El nombramiento de Yadarola es crucial. Junto con Bertuzzi -el único magistrado que el peronismo no aprobó- integrarán la primera Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal, el fuero que deberá revisar nada menos que las causas $Libra y ANDis. El kirchnerismo no ha votado solamente unos jueces, sino un pasaporte a la impunidad. El peronismo ha dejado de hablar de “lawfare”: espera que estas monumentales concesiones ofrezcan resultados a la hora de tratar las causas que penden sobre Cristina Kirchner. Pichetto, el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri, se ha colocado al frente de la campaña por la rehabilitación política de Cristina.

Pero lo que prepara la larga fila de nombramientos “consensuados” es el pacto mayor: la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. El periodista Carlos Pagni acaba de otorgarle a esa futura Corte un papel fundamental en el gran zarpazo que reclama el FMI y que Milei ha prometido al “círculo rojo”: nos referimos a la reforma previsional, que tocará derechos adquiridos y que será blanco de una catarata de juicios. El peronismo, por lo tanto, se ha convertido en una pieza fundamental para pavimentar el más grave de los ataques de Milei a las masas.

El pacto del Senado no solamente retrata al peroniokirchnerismo. Delata también el derrumbe político de la izquierda que corre detrás de los K en cada uno de los episodios cruciales del parlamento. El año pasado, el FITU formó interbloque con los K en Diputados, para ganar un cargo en la “Comisión $Libra”. Pero resulta que los socios “Nac y pop” de ese interbloque conspiran con Milei para colocar a jueces afines en esa causa. Días atrás, una Conferencia de Prensa con Bregman y los diputados del FITU en primera fila anunció una “unidad opositora” de 133 votos para tratar proyectos sobre el endeudamiento el próximo miércoles 9. Pocos minutos después, una veintena de diputados de esa “unidad” sumaron su voto a la “Inocencia Fiscal” narco y a la reforma del Banco Central. Ahora, el gobierno se ha puesto a trabajar para frustrar esa sesión especial: ha convocado a la Comisión de Finanzas para discutir los proyectos de endeudamiento- Es una excusa perfecta para que un conjunto de diputados -incluyendo los de varias provincias gobernadas por el peronismo- deserte de la sesión del 9, con el argumento de que el gobierno “ha puesto en marcha la discusión”. El FITU no actúa como una fuerza autónoma y socialista en el proceso político: es una rueda auxiliar del kirchnerismo, cuyas maniobras contribuye todo el tiempo a disimular y encubrir.

2 de septiembre de 2026
La estrategia de la izquierda, cuarenta años después
Comité Editorial

El presente folleto reúne principalmente un conjunto de artículos que hemos publicado en Política Obrera entre mayo y agosto de este año, acerca del “Manifiesto” del PTS destinado a servir de programa electoral para Myriam Bregman. Hace casi cuarenta años (1989) fue publicado algo similar, “La estrategia de la Izquierda en Argentina”, que disecó la crisis del MAS, entonces en su apogeo, y previó su final político y organizativo. Artículos sobre el Partido Comunista tuvieron una importancia similar, en momentos de ocaso del stalinismo y de la inminente disolución de la Unión Soviética. La lucha continúa.

Entre las continuidades que nos presenta el morenismo tardío (la corriente fundada por Nahuel Moreno), tenemos ahora este caso donde la fisonomía del candidato/a determina el programa, en lugar de que este determine al primero/a. Ubicada Myriam Bregman en los principales puestos de la calificación de imagen en los sondeos, asistimos a un peculiar caso de ‘democracia directa’, que permite a los encuestados dibujar el retrato de su preferido o preferida, sin pasar por el trabajoso proceso de un debate político. Empoderada por una suerte de plebiscito mediático, la figura y acciones de la candidata opacan todo el programa. El conjunto de textos de esta publicación, en la cual se añaden otros textos anteriores y más recientes, procura develarlo. Buscamos seguir el método que mostró Marx en su crítica al Programa de Gotha, el texto fundacional de la socialdemocracia alemana. La contribución de Marx fue escrita en el comienzo de la gran expansión histórica del capitalismo: la depresión de los años 70, que forzó a la inmensa exportación de capitales a la periferia del capitalismo y al asentamiento del imperialismo. Una perlita en esta analogía es que Nahuel Moreno era un partidario sostenido de Ferdinand Lasalle, el autor último del programa de Gotha, para entonces ya fallecido. Lasalle defendía la colaboración con el Estado contra la burguesía liberal.

La expectativa en la candidatura de Bregman se asienta en fenómenos similares, que han tendido a multiplicarse (y luego a fracasar) en otras partes del mundo. Nos referimos al ascenso veloz de los francotiradores que no tiene asiento organizado en las masas y en las luchas de masas. Son los casos de los profesores universitarios del español Podemos; de la izquierda eurocomunista marginal de Grecia, Syriza; del peruano Pedro Castillo y del chileno Boric; y más recientemente de Zohar Mamdani, que ganó la elección municipal de Nueva York, nada menos. El único de estos casos que emergió en medio de un estallido social y de un giro brusco y veloz del electorado hacia la izquierda fue el de Syriza, que reemplazó al mal llamado peronismo griego, PASOK, en la voluntad del electorado en solo siete días. La conjunción del ascenso de una escalada de la izquierda marginal con el surgimiento de una situación prerrevolucionaria sólo se dio en Grecia, lo cual provocó confusiones políticas lamentables en quienes solamente vieron un pasajero éxito electoral y no la necesidad de orientar a una masas en estado de sublevación; esto explica que no hubiera ninguna consigna de poder entre la enorme variante de izquierdas, y que ninguna pasara del propagandismo. En Chile, en cambio, la victoria de Boric consagró el fin de la rebelión popular sin precedentes de octubre de 2019. La enorme crisis de dominación política internacional que ha llevado a la guerra mundial, más el agravamiento de la crisis financiera internacional y la caída insoportable del nivel de vida de las masas, incluidas especialmente las de las metrópolis, han reunido las condiciones de situaciones prerrevolucionarias en la mayor parte de los países, con sus peculiaridades, naturalmente. El espacio histórico para una izquierda de colaboración de clases se ha achicado; la cuestión de un programa revolucionario ha pasado al orden del día para el movimiento obrero vivo y real. El folleto en manos del lector demuestra hasta el agotamiento que los programas en circulación son contrarrevolucionarios; no marcan una transición para cuestionar el poder de la burguesía, sino, por lo contrario, reivindican con fuerza eslóganes colaboracionistas de todo tipo. Son una expresión vulgar del muy vulgar programa de Gotha, pero en la época de la tercera guerra imperialista. La Crítica de Marx es, hasta el mismo día de hoy, la única crítica al populismo ‘socialista’. Urge que todo el activismo obrero lo lea y discuta.

El conjunto de notas de este folleto está en manifiesto contraste con el torneo de disputas faccionales que expone cotidianamente el FITU, cuya Biblia es el reparto de cargos en la disputa electoral. La mención de que cesaría la rotación de esos cargos ha producido un infarto en el aparato del PO y en IS, y es probable que ocurra lo mismo con el MST, un poco más obsecuente en este caso. El debate sobre los primeros cien días de un gobierno de izquierda brilla por su ausencia. El ascenso de la imagen electoral ha desatado un principio de implosión del FITU: todo un diagnóstico del estado de esta “tercera fuerza”.

Nacionalismo y socialismo

Antes y después de este Manifiesto, la deriva política del PTS y el FITU sigue un hilo que nos hemos esforzado en demostrar. El “Manifiesto” presenta como su objetivo estratégico “superar la decadencia nacional”. Lo podrían firmar, por supuesto, Cristina Kirchner y Madanes Quintanilla, el verdugo de los obreros de FATE, pero también Paolo Rocca y Eduardo Constantini. Superada la decadencia nacional, Argentina podría ir reduciendo la deuda pública en manos de estos y otros tantos personajes, cuyos negocios se encuentran establecidos en Argentina.

En línea con ese planteo nacionalista, el Manifiesto reivindica la autarquía económica 2.0, o sea, no prioritariamente el proteccionismo, sino los “encadenamientos productivos”, que tienen en vista al mercado exterior. Los países emergentes que han seguido esta ruta ocupan el lugar inferior de la ‘cadena’, que tendrá como base, obviamente, la explotación del trabajo asalariado y un reparto desigual en la cadena de valor. Una empresa nacional y popular de inteligencia artificial creada en el Conicet debería recurrir a los semiconductores de la norteamericana Nvidia, como hace China. El propósito de centuplicar la productividad del trabajo llevaría al régimen del “ascenso nacional”, bajo el capitalismo, a los despidos en masa, como se describe en los primeros párrafos del Manifiesto Comunista. Las cabezas pensantes del PTS han ideado la reducción de la jornada laboral para frenar la sobrepoblación obrera, revisando ‘radicalmente’ al Capital, que define a la sobreproducción como una tendencia genética del capitalismo. El Manifiesto del PTS es una convocatoria a desarrollar el capitalismo en la época de la decadencia capitalista.

Sin la ideología de las cadenas nacionales, un gobierno encabezado por Bregman tiene el desafío de ‘gestionar’. Para eso propone una Asamblea Constituyente que sirva de justificación al inmovilismo -’business as usual’–, colaboración de clases, como el español Iglesias, el chileno Boric y el nigerioamericano Mamdani. Tsipras y Varoufakis, los griegos de esta misma corriente, estuvieron al menos dos años negándose a firmar el ajuste del FMI, lo que finalmente hicieron en el marco de una crisis agravadísima y contra el rechazo de un plebiscito nacional. De aquí se desprende que los acólitos de la candidata no desean ser gobierno, sino aumentar el caudal de sus escasos organizadores, lo cual es incluso peor, porque los convertiría en un partido de vividores del Estado. El Manifiesto petesiano no convoca a un eje político de independencia obrera y de carácter socialista, sino a “superar al peronismo por izquierda”. Como diría un personaje del aparato del PO oficial: “Un movimiento popular con banderas socialistas”. El lenguaje es socialista, el contenido es pluriclasista.

FATE

La crisis faccional del FITU, que ha tomado contornos agudos después de la ruptura de la lista en Bariloche, colocó a la cuestión de FATE como “casus belli”. En este folleto, la crítica de POLITICA OBRERA viene desde muy atrás, desde la aceptación de la flexibilidad laboral y la extensión de la semana laboral. En la presente crisis de FATE, ambos aparatos, el del PO y el del PTS, omiten lo fundamental, a saber: que los dos partidos eludieron encarar la lucha por la verdadera ocupación de la planta, utilizando como coartada a las gestiones en la Legislatura bonaerense y con el ‘compañero’ Kicillof. El PTS y sus parlamentarios acompañaron sin fisuras esta política de distracción, incluyendo a sus argumentos nacionalistas, por ejemplo, la necesidad de una “industria nacional” de neumáticos para “nuestros” camiones y carreteras.

Pero el camino que abonó la derrota de una vanguardia obrera -la de los trabajadores de FATE- comenzó mucho antes. En las críticas que ahora el PTS desliza contra la lista Negra y el PO oficial, reivindica el pago del “200 % en las horas extras de los fines de semana”. Las horas extras son un reconocimiento de que el salario básico se encuentra debajo de su valor y que se busca compensarlo con la salud física y mental del trabajador y su familia. Esto ha sido defendido por los campeones de la reducción de la jornada laboral. Más hipocresía, no se consigue. Sólo Política Obrera -ver artículo que acompañamos en el Apéndice de este folleto- hizo este señalamiento. Naturalmente, la resignación estratégica a la lucha por el básico será el punto de partida para los posteriores acuerdos con la patronal en torno de la flexibilización del régimen laboral, que fueran rechazados por la asamblea general de FATE en dos oportunidades. En cuanto al PTS, como lo demostramos en este folleto, la reivindicación de la jornada de ocho horas -o de la reducción de la jornada laboral- ha dejado de ser una reivindicación obrera contra la sobreexplotación laboral para pasar a ser un “objetivo de empleo”, es decir, una reorganización del régimen horario bajo los términos del capitalismo (ver cuarto artículo de esta serie). Las políticas de “reducción de jornada”, defendidas en esos mismos términos por las burocracias obreras de todo el mundo, han sido un pretexto para contrabandear cambios flexibilizadores en el régimen de trabajo. Terminar con la desocupación, en cambio, exige poner fin al orden social que necesita de la competencia entre ocupados y desocupados para acentuar la apropiación de trabajo ajeno. Los reproches de última hora en torno de FATE encubren una renuncia común a un programa socialista, por parte del PTS y sus aliados.

“Nueva clase” y poder político

Un punto alto en la renuncia y la lucha de clases es el “hallazgo” de un nuevo sujeto político: una “nueva clase trabajadora”, a la cual se incorporarían sucesivas expresiones identitarias -mujeres, ambientalistas, luchadores democráticos-, aunque no los trabajadores de reparto o monotributistas, que son obreros no organizados. El PTS ha abandonado el terreno de la unidad de clase, al fracturarla en múltiples identidades y alejarlas de un propósito socialista común.

Al cabo de su lectura, quien recorra este folleto encontrará una conclusión sorprendente: sólo Política Obrera ha tomado seriamente al ascenso electoral de Bregman. En definitiva, nos hemos esforzado por conectar todos los puntos de la situación mundial y de las experiencias internacionales, para mostrar el carácter contradictorio de esta candidatura contrarrevolucionaria, tanto por su política como por su programa.

Argentina transita la declinación aguda del gobierno de Milei y la crisis política de todas las fuerzas en presencia, en medio de un derrumbe económico, de un posible default y de una crisis financiera mundial que se desarrolla a los ojos de todos quienes quieran verla. En el texto volvemos a los debates acerca de gobiernos de izquierda y de gobiernos obreros, no revolucionarios, discutidos por la IIIª Internacional y la IV Internacional. Nada de esto roza ni de lejos el interés o la atención del FITU.

No hay nada en el Manifiesto del PTS que apunte en esa dirección: como demostramos en este folleto, las “medidas” propuestas omiten la cuestión del poder. Hay mención a nacionalizaciones que no son tales, pero que todos los frentes populares lanzan al ruedo para disimular su cogobierno con la burguesía; pura demagogia. El socialismo es reemplazado por el redistribucionismo; la explotación capitalista por el “saqueo” (un delito en la sociedad capitalista); la dictadura del proletariado -que es la destrucción del Estado presente y la expropiación de la burguesía- por las alusiones difusas a “un nuevo orden económico y social”. El Manifiesto abusa verbalmente de la consigna del “control obrero”, a la cual presenta en términos administrativos, no políticos. Está ausente, en cambio, la cuestión del control obrero como forma transicional entre dos poderes: el de la burguesía y el de la clase obrera.

El fascismo y la guerra

La temprana campaña electoral del PTS y el FITU ofrece una caracterización neutralista, en algunos, y pro OTAN en otros, de la guerra internacional. Se alude al ”guerrerismo” y a las “agresiones”, no a la disputa por un nuevo reparto del poder mundial. La fraseología no incluye la defensa política de la guerra de Irán y la de Palestina contra el imperialismo y el sionismo, conducidas por gobiernos y movimientos clericales; el genocida Galtieri obtuvo un reconocimiento mayor por parte de estas fuerzas. Como consecuencia de ello, el Manifiesto no plantea la lucha contra el fascismo, un producto típico de la guerra y del estallido de las contradicciones del imperialismo. El Escudo de las Américas no es colocado como la mayor tentativa fascista de la historia de América Latina.

A la luz de esta reseña, es claro que el contenido de este folleto apunta a la preparación política del activismo obrero y de la juventud trabajadora. El contenido del folleto es una elaboración que se basa en los progresos y retrocesos de la propia clase obrera internacional.

El material que aquí presentamos es parte de esa lucha política. El objetivo de su lectura y discusión es la clarificación de la vanguardia, y su incorporación a la lucha por poner en pie un verdadero partido obrero, socialista e internacionalista.

Comité Editorial

20/8/2026

2 de septiembre de 2026
CABA: Jorge Macri ataca la lucha docente y estudiantil con demandas civiles a las familias y causas penales a dirigentes gremiales

El gobierno de Jorge Macri utiliza el amedrentamiento estatal contra la organización docente y estudiantil y contra la propia vida escolar. En estos días, 69 familias del “Lengüitas” (la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Sofía Esther Broquen de Spangenberg") han recibido demandas civiles del gobierno porteño por una ocupación de escuela que realizaron sus alumnos en 2022 (!), en reclamo de un conjunto de reivindicaciones estudiantiles. Al mismo tiempo, denunció penalmente a tres dirigentes del sindicato Ademys por apoyar la lucha de docentes y estudiantes de la Escuela "Nini Marshall" contra el BA Aprende en julio de este año. Continuando esta saga, en los mismos días, el Ministerio de Educación porteño dispuso que las escuelas deben asumir el costo de eventuales daños y grafitis realizados por los alumnos.

Demandas civiles a las familias del Lengüitas

Las demandas civiles por “daños y perjuicios” que el gobierno porteño inició a 69 familias del Lengüitas pretenden aleccionar a los alumnos contra cualquier acción de lucha de los estudiantes.

En 2022, durante el gobierno de Rodríguez Larreta, se produjo un movimiento de tomas en las escuelas porteñas. Los estudiantes reclamaban viandas dignas, el fin de las ACAP (actividades en empresas u organismos que realizan los alumnos de 5º año) por degradar contenidos educativos y soluciones a problemas de infraestructura edilicia.

La ocupación del Lengüitas duró 10 días. A cuatro años de aquella lucha estudiantil, el gobierno de Macri-Miguel busca amedrentar toda iniciativa de lucha estudiantil demandando a las familias de los alumnos que protagonizaran aquellas tomas por algo más de 10 millones de pesos. El “motivo” de la denuncia ya de por sí indigna por su miseria: “el costo de los salarios pagados a los docentes por las horas cátedra de clases que no han podido ser dictadas, así como también al personal no docente por la jornada laboral en la escuela que no pudo ser llevada a cabo” (La Nación, 31/08). La saña contra las 69 familias del "Lengüitas" llega al punto de la opacidad. Según La Nación, “ante la consulta de este medio, desde la Procuración General de la Ciudad [organismo de asesoramiento y defensa jurídica del Estado porteño] solicitaron más tiempo para responder sobre este expediente”, evidenciando una búsqueda de estrategia para justificar el atropello.

En rigor, la demanda había sido iniciada por la ministra de Larreta, Soledad Acuña, en el mismo 2022, amparándose a su vez en el protocolo “antitomas” de 2018. Ahora, a través de la Procuración General, el gobierno de Jorge Macri materializa aquella amenaza.

Demandas penales contra dirigentes de Ademys

En el mes de julio, los estudiantes de la Niní Marshall tomaron la escuela en rechazo del ingreso de la escuela a la reforma BA Aprende, luego de jornadas de semaforazos de docentes y estudiantes, cortes de calle y pronunciamientos que denuncian el vaciamiento educativo, el despido de docentes y las condiciones laborales extenuantes que la misma conlleva. A la toma de "la Niní" se habían sumado también el Colegio Yrurtia y el Lola Mora.

Ahora, por haber acompañado la lucha de "la Niní", el Gobierno inició acciones penales contra Soledad Mosquera (secretaria general de Ademys), Vanesa Gagliardi (secretaria de Derechos Humanos y docente de "la Niní") y Eugenio Ariza (del Consejo Directivo del sindicato). Con este ataque, el gobierno de Jorge Macri emprende una acción contra la organización y acción gremial docente.

Protocolo de “cuidado” y pago de “daños”

La judicialización de la acción estudiantil y gremial docente se extiende al disciplinamiento de la misma vida escolar. A partir de ahora, no será con fondos del presupuesto educativo que se cubrirán los costos de daños "intencionales" o grafitis en las escuelas, sino con los mismos fondos de las cooperadoras escolares.

Un banco roto o puerta dañada como consecuencia de una acción presuntamente "intencional", o simplemente la pintura de un aula tras la acumulación de dibujos de los estudiantes, estará a cargo de fondos propios de la escuela. Pero cuestiones disciplinares como estas son contempladas en los reglamentos de convivencia escolar y deben ser abordadas en el ámbito en el que se producen (la escuela). Con esta medida, el Estado castiga económicamente los hechos de disciplina escolar, sosteniendo así un principio de disciplinamiento estatal de la vida escolar.

Más allá de lo señalado, al menos en este aspecto, la medida profundiza el desfinanciamiento educativo y establece un principio de descentralización presupuestaria (cada escuela debe sostener con fondos propios la reparación de daños). Hasta ahora, existen dos vías de financiamiento para las escuelas. Una parte proviene del presupuesto de la Ciudad y otra del Fondo Único Descentralizado de Educación, articulando con las cooperadoras escolares. Pero el nuevo protocolo abre la puerta a la descentralización mencionada.

Según la resolución, el equipo de conducción deberá elaborar una estrategia para subsanar el daño, pudiendo incluir “jornadas de reparación” con participación activa de los alumnos. Según Macri se busca que “estudiantes, docentes y el resto del personal escolar [dejen] las aulas, patios, comedores y el resto de los espacios comunes limpios, ordenados y en condiciones adecuadas al finalizar cada jornada escolar”, para sostener "una educación con cultura del orden y respeto por las reglas". Los hechos básicos de convivencia escolar son utilizados por el gobierno de Macri como una cuña para regimentar la vida escolar.

Las demandas a las familias del Lengüitas, las causas penales contra los dirigentes de Ademys y el llamado “protocolo del cuidado” que Macri implementa en el plano educativo son parte de una política general de liquidación de la organización de los trabajadores, su iniciativa y derechos elementales. Con esa misma política persigue penalmente a los trabajadores del subte y desaloja sumariamente a las familias sin vivienda de la Ciudad.

2 de septiembre de 2026
Los delegados del subte enfrentan una causa por “asociación ilícita”

Desde hace años, la empresa Emova (antes Metrovías) y el Gobierno de la Ciudad vienen pidiendo a la Justicia desafueros para despedir a los delegados y directivos del sindicato del subte. Esta práctica lleva años, y se realiza ante cada medida de fuerza de los trabajadores. Pero los casos que se llevaron hasta ahora ante los jueces han terminado siempre en la absolución. El que llegó más lejos fue el de un compañero que, sin saber que estaba acusado -la citación le llegó a un domicilio anterior-, no pudo comparecer. El juez sentenció al compañero por desacato y tuvo que retroceder en su resolución, paro mediante.

Pero la acusación de asociación ilícita que lleva adelante ahora la fiscal Celsa Ramírez va mucho más allá que los casos anteriores. Atribuye las medidas de fuerza a decisiones individuales, desconociendo la existencia de una organización sindical. Sobre esa base, arma una pirámide de organización delictiva en la que los directivos pasan a ser cabecillas, los delegados en organizadores y la base obrera en partícipes necesarios. Los reclamos y reivindicaciones son directamente borrados de la ecuación. Y las medidas de lucha son actos de desestabilización del sistema de transporte. Es mucho más que una acusación en masa: es un intento de liquidar a la organización colectiva de los trabajadores del subte.

Con esa línea de argumentación, la fiscal considera que los trabajadores del subte somos delincuentes. Por ahora son casi 200 los acusados, porque a los 177 acusados originales la fiscal sumó acusados por nuevas medidas de fuerza. Todas por distintas situaciones y reivindicaciones que la fiscal parece desconocer. Por eso, la causa está abierta para seguir inscribiendo acusados. Busca hacer desfilar por la fiscalía a todo trabajador que ose defender algún derecho.

El lunes 24 de agosto a media mañana, el Sindicato del Subte convocó a movilizar a la puerta de la sede del Ministerio Publico Fiscal en la calle Paseo Colón. Fueron citados a prestar declaración los primeros compañeros acusados. Los abogados presentaron un escrito reclamando la absolución por tratarse de un procedimiento viciado. La fiscal lidera en la Ciudad el ranking de acusaciones escandalosas, entre ellas, la clausura de la Bombonera y una escalada de desalojos contra familias trabajadoras, actuando siempre de acuerdo a los fines políticos del Gobierno de la Ciudad.

La velocidad con la que se tratan las acusaciones de la empresa contra los trabajadores contrasta con la lentitud con que se abordan las responsabilidades penales y civiles por la contaminación por asbesto en el subte. Luego de 6 trabajadores muertos, 150 afectados y 400 toneladas retiradas del material contaminante, ningún fiscal actuó de oficio ni acusó a ningún responsable con las pruebas en la mano. Los tiempos de la Justicia son distintos dependiendo de quién acusa y a quién, nada más clasista que esto.

La política de amedrentamiento judicial busca reforzar la dictadura de la empresa, en medio de un retroceso salarial manifiesto y de la degradación de condiciones laborales y sanitarias. La verdadera asociación ilícita es la sociedad del Gobierno y la empresa. Es necesaria una campaña enérgica contra los procesamientos rompehuelgas, que debería comenzar con un paro de advertencia en el subte; por el archivo inmediato de todas las causas.

2 de septiembre de 2026
Islandia: el No a la Unión Europea en el escenario ártico de la guerra imperialista

El rechazo de Islandia a reabrir las negociaciones para ingresar en la Unión Europea, que se impuso por 52,8 % contra 47,2 %, expresa la confrontación entre distintas fracciones de la burguesía islandesa frente a la crisis económica y, sobre todo, ante la creciente disputa imperialista por el Atlántico Norte y el Ártico.

La consulta del 29 de agosto fue presentada por el gobierno de Islandia como una cuestión económica y de soberanía, pero estuvo atravesada por la guerra, la política de Donald Trump sobre Groenlandia, el fortalecimiento militar de la OTAN y la disputa por los recursos estratégicos del norte. La participación, del 82,5 %, y lo estrecho del resultado muestran el interés político que despertó en la población.

La primera ministra Kristian Frost Dottir había impulsado la reanudación de las negociaciones con Bruselas, sede de las instituciones de la Unión Europea (UE).

Este referéndum islandés guarda una estricta relación de época con el Brexit británico de 2016, reflejando la tendencia general a la disgregación de los bloques económicos mundiales. El Brexit supuso la salida traumática de una potencia imperialista integrada al bloque. Lo de Islandia es un portazo ‘preventivo’, porque continuará dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) y de Schengen.

Esta continuidad permite comprender el alcance limitado del plebiscito: Islandia permanece profundamente integrada al mercado europeo sin convertirse en miembro de la UE.

Dos sectores de la burguesía

El campo del Sí estuvo encabezado por la socialdemocracia gobernante, la coalición Alianza Socialdemócrata, ligada al capital financiero de Reikiavik, a los sectores importadores y a sectores liberales favorables a una mayor integración con Europa. Su argumento fue que, en un mundo atravesado por guerras, inflación, tensiones comerciales y la ofensiva estadounidense en el Ártico, Islandia necesitaba estrechar su relación con la UE.

Utilizaron el chantaje de la inestabilidad económica global y el aumento del costo de vida para vender la ilusión de que el euro y el paraguas de Bruselas salvarían el poder adquisitivo, aportarían estabilidad monetaria y terminarían con las elevadas tasas de interés (8 %) que pesan sobre familias y empresas. La inflación alcanzó el 5,3 % anual en julio.

Pero el euro no resuelve la especulación inmobiliaria, el endeudamiento familiar hipotecario, la concentración bancaria ni la transferencia de los costos de la crisis hacia los trabajadores. En cambio, ata su economía al ajuste fiscal que dicta Bruselas. El ejemplo histórico de Grecia, España o Portugal demuestra que la moneda única europea se utiliza para rescatar a los grandes bancos y aplicar planes de austeridad brutales contra los trabajadores, congelando salarios y recortando el gasto público. El problema de fondo no es la corona o el euro, sino la especulación inmobiliaria y el control capitalista de la banca.

El No estuvo fuertemente sostenido por el sector pesquero y por los sectores conservadores tradicionales, representados por el Partido de la Independencia, el populismo de derecha del Partido del Pueblo y el campesinado rural.

La pesca fue decisiva: representa aproximadamente el 15 % del PIB y el 40 % de los ingresos por exportaciones, mientras cerca del 90 % de las empresas pesqueras se oponían a la adhesión.

La burguesía pesquera quiere conservar el control de las cuotas y los recursos marítimos. La defensa de la soberanía fue el principal argumento contra la UE. El rechazo a Bruselas puede conservar las ganancias de los armadores islandeses, del mismo modo que la adhesión a la UE puede servir al capital financiero europeo.

Groenlandia coloca a Islandia en el centro del tablero

La cuestión que atraviesa el plebiscito es: ¿qué lugar ocupa Islandia en la reorganización militar del Atlántico Norte?

La política de Donald Trump respecto de Groenlandia convirtió al Ártico en una cuestión inmediata para los países de la región. Groenlandia, territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, posee una posición estratégica por sus recursos, rutas marítimas y ubicación frente a América del Norte y Europa.

Islandia, a 290 km de Groenlandia, ocupa una posición igualmente estratégica. Es miembro de la OTAN, aunque no posee ejército permanente propio, y su territorio forma parte del dispositivo militar de vigilancia del Atlántico Norte. Está situada entre América del Norte y Europa y próxima a las rutas que conectan el Atlántico con el Ártico.

La cuestión de Groenlandia no es, por tanto, un episodio aislado de la política exterior norteamericana que implica la subordinación de Europa. Expresa una tendencia más profunda: las grandes potencias convierten nuevamente al Ártico en un espacio de competencia militar, comercial y energética.

El gobierno de Reikiavik presentó la integración europea como una forma de fortalecer la posición de Islandia frente a Washington, pero el país ya está incorporado militarmente al bloque occidental mediante la OTAN.

Islandia carece de fuerzas armadas propias. Históricamente, su territorio ha sido entregado como una gigantesca base de operaciones y vigilancia para el imperialismo occidental, a través del acuerdo de defensa bilateral con los EE. UU. en la base de Keflavík.

A pesar de la derrota en las urnas del ala pro UE, la ministra de Relaciones Exteriores del actual gobierno, Katrín Gunnarsdóttir, ya adelantó que la línea del Estado tras el plebiscito será “profundizar la cooperación atlántica y fortalecer la defensa nacional”. Esto significa que el Gobierno, bloqueado en su intento de integración europea, se recostará aún más en los dictados militares de la OTAN y en las exigencias operativas de los Estados Unidos. El régimen de Reikiavik capitula frente al militarismo y queda atado de pies y manos al aparato militar de la OTAN.

El EEE y Schengen: ¿a quién benefician?

Islandia ya posee una profunda integración económica con Europa a través del Espacio Económico Europeo.

El EEE establece el libre comercio de bienes y capitales y permite la libre circulación de mercancías, servicios y trabajadores. Las empresas islandesas pueden vender sus productos en Europa sin pagar aranceles, es decir, impuestos de aduana. Al mismo tiempo, el EEE excluye la pesca y la agricultura.

La Zona Schengen, por su parte, establece la libertad de tránsito y elimina las fronteras interiores entre los países firmantes.

La pertenencia de Islandia a la Zona Schengen y al EEE funciona como una aceitada maquinaria de precarización laboral. Al permitir el libre tránsito de personas y trabajadores, las cámaras patronales de la construcción en Reikiavik han encontrado una mina de oro: la importación de fuerza de trabajo barata proveniente de los países de Europa del Este, principalmente de Polonia, Rumania y Lituania.

El discurso del bloque que defendía el SÍ a la Unión Europea presentaba al derecho europeo como un faro de progreso social. Sin embargo, la realidad de la jurisprudencia del EEE demuestra que las directivas de Bruselas están diseñadas para proteger la libertad de empresa por encima de los derechos conquistados por la clase obrera.

Además, rige la Supremacía del Mercado Único: el Tribunal del EEE aplica la doctrina de que las leyes nacionales o los convenios sindicales no pueden “obstaculizar el libre comercio ni la libre prestación de servicios”. Si un sindicato islandés exige a una empresa extranjera radicada en la isla que se adapte estrictamente al convenio local, la empresa puede demandar al Estado argumentando que se viola su libertad de mercado.

Bajo las directivas europeas de adaptabilidad, se han metido cláusulas que permiten legalizar el banco de horas, las jornadas laborales fraccionadas y la extensión de horas extras sin el pago de recargos históricos. Esto golpea de lleno a las plantas de aluminio y a la industria del pescado procesado, donde las patronales exigen disponibilidad absoluta según los flujos de producción del mercado global.

Para los trabajadores, ninguno de los dos campos ofrece una salida, porque la clase obrera queda fuera de la decisión sobre los recursos y la economía.

El No no modifica esta subordinación

La vulnerabilidad económica de Islandia constituye una carga estructural. La deuda externa total representa aproximadamente el 75 % del PBI.

La economía actual está fuertemente indexada al turismo global y a la inversión extranjera en energía. Cualquier recesión mundial o recrudecimiento de la guerra comercial de Trump golpeará los ingresos de divisas, reabriendo el escenario de quiebra financiera y ataques a las condiciones de vida de la población trabajadora.

Las tensiones industriales en el sector pesquero son constantes: los marineros y procesadores de pescado enfrentan jornadas extenuantes y salarios atados al valor volátil de las capturas, mientras las patronales pesqueras embolsan ganancias extraordinarias libres de las regulaciones ambientales y obreras que rigen en el continente europeo.

Por otro lado, aprovechando la abundancia de energía geotérmica e hidroeléctrica barata, multinacionales extranjeras, como Alcoa o Rio Tinto, han instalado fundiciones de aluminio masivas. Islandia importa el mineral en bruto y exporta el aluminio procesado. Esto convierte al país en un enclave donde los recursos naturales son saqueados por monopolios transnacionales a cambio de empleo precarizado y un alto impacto ambiental en las regiones naturales.

Tras la crisis bancaria de 2008, la burguesía reconvirtió al país en un parque de diversiones natural. El turismo genera puestos de trabajo estacionales, flexibilizados y de baja calificación, mientras profundiza una feroz crisis de vivienda en Reikiavik, impulsada por la especulación inmobiliaria.

El interés de la clase obrera: contra la guerra imperialista y el capital

La situación de Islandia concentra problemas centrales de la etapa: una pequeña nación en una posición estratégica; una economía dependiente del mercado mundial; una enorme riqueza energética; una industria pesquera decisiva; multinacionales que utilizan sus recursos naturales; una población sometida a inflación y tasas de interés elevadas; y un territorio incorporado al dispositivo militar de la OTAN cuando el Ártico vuelve a convertirse en zona de disputa entre grandes potencias.

La respuesta no puede ser una mayor militarización de Islandia ni su subordinación a la OTAN bajo el argumento de defenderse de Rusia o China. Tampoco puede ser la ilusión de que Bruselas constituye un escudo frente a Washington.

La clase trabajadora debe rechazar la utilización de Islandia como plataforma militar del imperialismo.

Fuera las bases y dispositivos militares del Atlántico Norte. No a la militarización de Islandia y del Ártico.

Por la nacionalización de la banca y del sistema financiero bajo control de los trabajadores, de los recursos energéticos y de las grandes empresas de pesca y aluminio. Control obrero de las cuotas pesqueras y de la explotación de los recursos naturales. Ruptura con toda forma de subordinación económica y militar a los bloques imperialistas. Coordinación de las luchas de los trabajadores islandeses con los trabajadores de Europa, América y los pueblos del Ártico.

El No del 29 de agosto expresa una fractura del régimen en medio de los choques dentro de la UE -Ceuta-, pero no una solución para la población trabajadora.

La burguesía islandesa deberá seguir navegando entre Bruselas y Washington, entre la dependencia del mercado mundial y la defensa de sus propios monopolios.

La clase obrera, en cambio, tiene otra perspectiva.

Ni Bruselas ni Washington: por la unidad internacional socialista de los trabajadores contra la guerra imperialista y contra el capital.

2 de septiembre de 2026
Islas Malvinas: ¿mejor yanqui que británica?

Donald Trump declaró este lunes que su gobierno podría "revisar" la histórica posición de "Washington sobre las Islas Malvinas". Consultado por la prensa en el Salón Oval, señaló: "Siempre reviso todas las posturas; esa es sólo una entre muchas". En cuanto a si buscaba que el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, aumentara el gasto militar de su país, sentenció: "El Reino Unido tiene algunos problemas, pero se solucionarán". El liberticida de la Rosada ha programado un anuncio por cadena nacional para este jueves para referirse al tema Malvinas.

Antecedentes

En abril de este año, la ´filtración´ de un correo electrónico interno del Pentágono, que dio a conocer la agencia Reuters, sugería que EE. UU. estaba considerando opciones para sancionar a los aliados de la OTAN que, a su juicio, no habían apoyado su guerra en Irán. Entre otros, figuraba la posible “suspensión” del apoyo al Reino Unido en la disputa de la soberanía de las Islas Malvinas. En aquel momento, Marco Rubio buscó restarle importancia al documento y lo calificó como “tan sólo un correo electrónico”. El Departamento de Estado también ratificó la posición histórica de Washington a favor del Reino Unido.

Pocas horas antes de que se revelara el correo interno del Pentágono, en una entrevista, Milei aseguraba estar haciendo “todo lo humanamente posible para que las Malvinas vuelvan a manos de la Argentina”. Según trascendió en abril pasado, el gobierno liberticida aspiraba a alcanzar un acuerdo como el que Reino Unido había firmado con las Islas Mauricio, para devolverle la soberanía del Archipiélago de Chagos a cambio de mantener por 99 años la base militar que administra conjuntamente con Estados Unidos en la isla Diego García. Cuando el entonces primer ministro Starmer le negó a Trump la autorización para utilizar esa base en sus ataques contra Irán, “Trump anunció la retirada del respaldo estadounidense al acuerdo impulsado por Starmer para transferir la soberanía del archipiélago de Chagos a Mauricio. El mandatario calificó la cesión como un ´gran error´ y sostuvo que Diego García constituye un activo estratégico irremplazable para la proyección militar estadounidense” (Escenario Mundial, 19/2).

Por su parte el primer ministro británico, Andy Burnham, ha declarado recientemente que cumplirá el compromiso adquirido por su predecesor, de destinar el 3,5 % del producto interior bruto (PIB) del Reino Unido al gasto básico en defensa para el año 2035. El martes, el ministro de Hacienda, John Healey, comunicó al diario The Times que "trazaría una hoja de ruta clara" para cumplir dicho compromiso con la OTAN durante la próxima revisión del gasto público, prevista para la primavera del año que viene (BBC, 1/9).

Días antes, el Daily Telegraph había revelado que funcionarios del Pentágono evalúan retirar el respaldo a la posición británica sobre las islas como forma de castigar a Londres, si no eleva su gasto en defensa al 5 % del PBI exigido por la OTAN (Emol, 29/8). Es la misma metodología de extorsión que Trump ya había usado en marzo, cuando -tras la negativa británica a sumarse a la ofensiva contra Irán- amenazó con un "Nunca más los ayudaremos" a través de su red, Truth Social.

Desde el Reino Unido, en tanto, después de las declaraciones de Trump, el vocero del primer ministro Andy Burnham sostuvo que la población implantada en las Malvinas “ha expresado su deseo de seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar”, y añadió: “nuestro compromiso con ellos es inquebrantable”. En esa línea también se expresó John Healey que añadió: “son británicas y seguirán siendo británicas”. Milei, ya siendo presidente, afirmó que su gobierno buscaba que los isleños se autodeterminen y “elijan de forma voluntaria ser argentinos”.

Por su parte, en febrero de este año, el exdirector de BAE Systems, Mike Turner, reconoció que, en un conflicto de alta intensidad como el de 1982, el Reino Unido quedaría en "total dependencia" operativa-militar de Estados Unidos.

Milei quiere su propia ´gesta´

Una vez conocidas las declaraciones de Trump, Milei se subió al ´carro malvinero'; señaló a sus ministros que “ha pasado algo muy fuerte”. El asunto Malvinas, tuiteó, es “un reclamo histórico del pueblo argentino que al día de hoy sigue viendo violentada su soberanía nacional”, "un tema sagrado para los argentinos". El Gobierno solamente dejó que trascendiera que Milei está preparando un discurso para una cadena nacional junto a la Cancillería y la SIDE (Página 12, 1/9).

Milei se adjudica cocardas en la causa Malvinas. En más de una oportunidad señaló que su gobierno ha logrado “resultados concretos” y “avances enormes”. Hacía referencia “al respaldo internacional alcanzado en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”. Pero este ´respaldo´ data de 1965. En la misma línea el Comité de Descolonización de la ONU adopta todos los años una resolución por consenso instando a la Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales. Milei, que todavía tiene su cuadro de Thatcher en su despacho, no ha realizado ninguna reversión en materia diplomática, ni la hará.

Como Galtieri en 1982, cuando aquel depositó toda la confianza en el entonces presidente de EE. UU., Ronald Reagan, Milei pretende recuperar la ´soberanía´ sobre las islas medrando con su proximidad a Trump. Esta posición está apalancada por Santiago Caputo, quien escribió en sus redes sociales que “Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro. Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas. Sería extraño que no lo hicieran. No se puede esperar menos de un aliado estratégico. Malvinas es una causa sagrada para los argentinos”.

Más allá de la retórica

Mientras se especula con eventuales "gestos" de la Casa Blanca, la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper avanzan en la explotación del yacimiento Sea Lion, frente a las costas de las islas. A pesar de la demagoga de Milei, el Gobierno sigue manteniendo vigente la "doctrina Plaza”, que plantea el abandono de los los reclamos de soberanía sobre el petróleo y los recursos del área, a cambio del acercamiento y la cooperación con el gobierno británico para la “colaboración” en áreas comunes. Ningún llamado de Trump a "revisar" el apoyo estadounidense a Gran Bretaña altera ese curso.

La cuestión Malvinas sigue sirviendo, como en 1982, de moneda de cambio entre potencias imperialistas: la misma Casa Blanca que hoy amaga con presionar a Londres fue la que entonces proveyó inteligencia satelital y misiles Sidewinder a la flota británica que hundió al Belgrano. Ilusionarse con un giro táctico de Trump -revocable al día siguiente, como aclaró el propio Departamento de Estado en abril-, esconde lo principal: que ese ‘giro’ sería el reemplazo de una dominación colonial por otra más feroz. El imperialismo está guerreando por un nuevo reparto del mundo, no por la autonomía nacional de una nación extranjera –en este caso, Argentina-.

2 de septiembre de 2026
Messi, la hora del retiro

No es común que el retiro de un jugador de la Selección ocupe la tapa de los diarios del mundo. El reconocimiento universal alcanzado por Lionel Messi sólo tiene parangón con el tributado a Diego Maradona.

El contraste entre sus biografías, sin embargo, es brutal.

Ambos disfrutaron del éxito futbolístico y de participar de dos finales del mundo consecutivas, incluido un título de campeón. Pero en el caso de Diego, su gran calidad futbolística y su salida del fútbol profesional se conjugó con el derrumbe de su vida personal y, finalmente, su muerte prematura.

El retiro de Messi de la Selección, desde el punto de vista futbolístico, es casi lógico, a sus 39 años y tres participaciones en Copas del Mundo. Fuera de los ocho Balones de Oro, decenas de campeonatos y de romper todos los récords históricos con la camiseta argentina y en el Barcelona, lo de Messi tiene un significado social muy fuerte por el impacto que dejó su figura después del Mundial de Qatar. Superó por lejos los triunfos mundiales previos de Argentina, no sólo el campeonato mundial del 78 bajo la dictadura, sino también el triunfo del 86 -en “democracia”- con Diego como capitán. Lo de Qatar generó la movilización de apoyo más grande de toda la historia de la Argentina.

La figura de Messi, además de ser idolatrada a causa de su juego por la mayoría de los hinchas de fútbol del mundo, seguramente será, hasta su retiro definitivo, una especie de “modelo social”. Se lo recordará como un triunfador, como un “arquitecto de su propio destino”. Algo así como la contracara de los Maradona, de los Mike Tyson y de cientos de deportistas que han dilapidado sus fortunas con la pérdida del equilibrio entre sus ingresos y su comportamiento social.

En ese sentido, Messi consolidó el perfil “antigrieta”. Ni facho ni kuka. De ahí también la entrega de las "llaves de la ciudad" de Miami, sus saludos con Trump y el imperio económico que construyó sobre la base de la explotación de su propia figura.

Lo que sigue ahora serán los homenajes y el endiosamiento ´policlasista´ de su ´perfil´, y unos juegos más en el Inter de Miami. Habrá algún partido de despedida o con Ángel Di María en Central, si se decide a jugar algún partido con Newells, como le pidió alguna vez su padre.

El futuro de Messi seguirá ligado al fútbol, pero como empresario. Ya tiene un club en Cataluña, la Unió Esportiva Cornellà, del que se hizo accionista mayor; y otro en Uruguay, con Luis Suárez, que serán una suerte de hobby entre las decenas de empresas comerciales que ha creado y su participación en las sociedades anónimas en el fútbol.

Para los hinchas su imagen será siempre motivo de orgullo “nacional”. Aquellos que lo disfrutamos como a Maradona, seguiremos amando el fútbol y denunciando los negocios capitalistas que se mueven alrededor de la pelota, ya demasiado manchada, pero que sigue siendo una enorme atracción para los que pocos tienen.

3 de septiembre de 2026
Salud CABA: el impacto del hundimiento salarial y cómo enfrentarlo. Del “plan de lucha” de Federación que no fue a la iniciativa de los residentes

Una asamblea de residentes impulsada por los hospitales pediátricos del sistema público de salud de CABA resolvió tomar iniciativas frente al hundimiento salarial. Se trata de un largo declive que está afectando a los servicios y a la vida de sus trabajadores. El derrumbe del salario es pronunciado desde el 2018 y solo logró revertirse parcialmente en el año 2022 gracias a la huelga indefinida autoorganizada por el movimiento de residentes de aquellos años. Luego, vinieron nuevas pendientes negativas: con la llegada al gobierno de Milei y de Jorge Macri en CABA el salario perdió un 30% de su poder adquisitivo. Actualmente, la paritaria de la salud languidece: el sueldo de agosto se pagó con un 4% de aumento, que pretendió ocultar que, en julio, cuando se cobró el medio aguinaldo, el aumento salarial fue 0% (cero) contra una inflación mensual del 2,9% en CABA, según datos del IPCBA. En estas condiciones, el sueldo inicial de un profesional de la salud apenas cubre la mitad de la canasta familiar, que en CABA supera los $3,6 millones (CESyAC) acicateada por los aumentos de alquileres, servicios y transporte.

El impacto de este hundimiento salarial en los servicios de la salud pública es directo. Cargos de planta de especialidades como farmacia o psiquiatría permanecen vacantes durante años en los centros de salud, ya que no hay profesionales dispuestos a aceptar las actuales condiciones de trabajo. Un factor positivo que paradójicamente agravó este cuadro fue la lucha de los trabajadores del Garrahan. La victoria que obtuvieron el año pasado tras meses huelgas, marchas y ocupaciones de oficinas (https://politicaobrera.com/15177-los-trabajadores-del-garrahan-conquistan-un-significativo-aumento-salarial) generó un mayor desbalance entre los hospitales pediátricos de las diferentes jurisdicciones. Hoy, un residente del Garrahan gana de bolsillo un millón más que un residente del Gutiérrez o del Elizalde, en parte a costa de perder los aportes previsionales y la cobertura de salud de acuerdo a la reforma que impusieron Milei y Lugones (https://politicaobrera.com/16205-lugones-reinstala-por-resolucion-el-reglamento-de-residencias-derogado-por-el-congreso). Esto se tradujo en renuncias masivas de profesionales en el concurso para ingresar a los hospitales de CABA, ya que quienes pudieron elegir decidieron emigrar al hospital pediátrico nacional. Puestos que antes eran codiciados por los médicos mejor puntuados hoy son dejados como opción de descarte para las readjudicaciones.

El hundimiento del salario en la salud pública es inversamente proporcional a la demanda de atención, que crece al ritmo de los despidos, el trabajo informal y la precarización laboral que sufre la clase obrera. A pesar del aumento de enfermedades como la tuberculosis, la sífilis o la gripe, el gobierno porteño se niega a reforzar las dotaciones profesionales. Por el contrario, pretende responder con una mayor regimentación sobre los trabajadores, rechazando licencias médicas y profundizando el control sobre los ritmos de trabajo a través de las agendas digitales. Una asamblea de trabajadores del primer nivel de atención (CeSACs) denunció, en simultáneo, la implementación de un nuevo procedimiento de empadronamiento de pacientes por parte del ministro Quirós, cuya función es restringir la atención a los miles y miles de trabajadores del conurbano que desarrollan su jornada laboral en la Ciudad o a los migrantes que no poseen residencia permanente. La asamblea de los CeSACs se pronunció para que ningún faltante de documentación sea utilizado como excusa para colocar una barrera al acceso al derecho a la atención en salud.

En este cuadro, la asamblea de residentes impulsada por los hospitales pediátricos resolvió enviar una carta al gobierno porteño y a los sindicatos corresponsables del hundimiento salarial -la Asociación de Médicos Municipales (AMM) y la Federación de Profesionales. De no obtener respuestas positivas, una nueva asamblea resolverá medidas de acción, cuando ya hay hospitales que se pronunciaron por organizar un paro sin guardias de forma autoconvocada. La burocracia sindical de la AMM tiene una estrategia antagónica -que es la aceptación de la pauta oficial- mientras presiona al gobierno para que aumente ítems como el de especialidad, que ya están generando un desbalance salarial de alrededor de un 25% con profesionales de otras disciplinas, lo que la burocracia busca consagrar definitivamente a través de la división de la carrera profesional. La Federación de Profesionales, por su parte, se llamó a silencio tras su congreso de junio. La vaga promesa de adoptar medidas si el deterioro salarial no se revertía antes del 15 de agosto fue, obviamente, incumplida sin dar siquiera parte de aviso (https://politicaobrera.com/16524-federacion-de-profesionales-la-cooptacion-como-escuela-de-desmoralizacion-politica).

La conducción centroizquierdista de la Federación, a la que se integraron el MST y el aparato del PO, pretende evitar la fragmentación de la carrera profesional a través de gestiones con autoridades ministeriales y recorridas por los pasillos de la Legislatura. Aspira a copiar a AMM, consiguiendo el reconocimiento de la especialidad para las disciplinas no médicas en base al pasilleo y la rosca con los funcionarios. Es el método que los partidos del FITU impusieron en FATE, llevando a una dura derrota a los trabajadores del Neumático (https://politicaobrera.com/16435-neumatico-denunciamos-el-canto-del-cisne-a-fate-por-el-aparato-del-po). El PTS, por su parte, interviene con el método de la autoconstrucción, con el único objetivo de arrear a algunos activistas a la marcha por la candidatura de Bregman. La experiencia histórica de los trabajadores de la salud marca otro camino: las huelgas autoconvocadas de los residentes de 2019 y 2022 y de los trabajadores del Garrahan del año pasado mostraron que la vía para torcerle el brazo a los gobiernos y defender los derechos y conquistas de los trabajadores es la acción directa de masas contra el poder de turno, la lucha a fondo con continuidad y la organización independiente.

Los trabajadores de la salud de Política Obrera llamamos a apoyar la iniciativa de los residentes de pediatría y a organizar asambleas e impulsar mandatos por un paro autoconvocado con continuidad hasta conquistar todos los reclamos en juego: un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, la equiparación salarial, el aumento de las dotaciones, el reconocimiento de todas las especialidades profesionales y la supresión de las medidas de regimentación sobre los procesos de trabajo y de todas las resoluciones expulsivas contra la población que acude a la salud pública.

3 de septiembre de 2026
Salud CABA: el impacto del hundimiento salarial y cómo enfrentarlo

Una asamblea de residentes impulsada por los hospitales pediátricos del sistema público de salud de CABA resolvió tomar iniciativas frente al hundimiento salarial. Se trata de un largo declive que está afectando a los servicios y a la vida de sus trabajadores. El derrumbe del salario es pronunciado desde el 2018 y solo logró revertirse parcialmente en el año 2022 gracias a la huelga indefinida autoorganizada por el movimiento de residentes de aquellos años. Luego, vinieron nuevas pendientes negativas: con la llegada al gobierno de Milei y de Jorge Macri en CABA el salario perdió un 30% de su poder adquisitivo. Actualmente, la paritaria de la salud languidece: el sueldo de agosto se pagó con un 4% de aumento, que pretendió ocultar que, en julio, cuando se cobró el medio aguinaldo, el aumento salarial fue 0% (cero) contra una inflación mensual del 2,9% en CABA, según datos del IPCBA. En estas condiciones, el sueldo inicial de un profesional de la salud apenas cubre la mitad de la canasta familiar, que en CABA supera los $3,6 millones (CESyAC) acicateada por los aumentos de alquileres, servicios y transporte.

El impacto de este hundimiento salarial en los servicios de la salud pública es directo. Cargos de planta de especialidades como farmacia o psiquiatría permanecen vacantes durante años en los centros de salud, ya que no hay profesionales dispuestos a aceptar las actuales condiciones de trabajo. Un factor positivo que paradójicamente agravó este cuadro fue la lucha de los trabajadores del Garrahan. La victoria que obtuvieron el año pasado tras meses huelgas, marchas y ocupaciones de oficinas (https://politicaobrera.com/15177-los-trabajadores-del-garrahan-conquistan-un-significativo-aumento-salarial) generó un mayor desbalance entre los hospitales pediátricos de las diferentes jurisdicciones. Hoy, un residente del Garrahan gana de bolsillo un millón más que un residente del Gutiérrez o del Elizalde, en parte a costa de perder los aportes previsionales y la cobertura de salud de acuerdo a la reforma que impusieron Milei y Lugones (https://politicaobrera.com/16205-lugones-reinstala-por-resolucion-el-reglamento-de-residencias-derogado-por-el-congreso). Esto se tradujo en renuncias masivas de profesionales en el concurso para ingresar a los hospitales de CABA, ya que quienes pudieron elegir decidieron emigrar al hospital pediátrico nacional. Puestos que antes eran codiciados por los médicos mejor puntuados hoy son dejados como opción de descarte para las readjudicaciones.

El hundimiento del salario en la salud pública es inversamente proporcional a la demanda de atención, que crece al ritmo de los despidos, el trabajo informal y la precarización laboral que sufre la clase obrera. A pesar del aumento de enfermedades como la tuberculosis, la sífilis o la gripe, el gobierno porteño se niega a reforzar las dotaciones profesionales. Por el contrario, pretende responder con una mayor regimentación sobre los trabajadores, rechazando licencias médicas y profundizando el control sobre los ritmos de trabajo a través de las agendas digitales. Una asamblea de trabajadores del primer nivel de atención (CeSACs) denunció, en simultáneo, la implementación de un nuevo procedimiento de empadronamiento de pacientes por parte del ministro Quirós, cuya función es restringir la atención a los miles y miles de trabajadores del conurbano que desarrollan su jornada laboral en la Ciudad o a los migrantes que no poseen residencia permanente. La asamblea de los CeSACs se pronunció para que ningún faltante de documentación sea utilizado como excusa para colocar una barrera al acceso al derecho a la atención en salud.

En este cuadro, la asamblea de residentes impulsada por los hospitales pediátricos resolvió enviar una carta al gobierno porteño y a los sindicatos corresponsables del hundimiento salarial -la Asociación de Médicos Municipales (AMM) y la Federación de Profesionales. De no obtener respuestas positivas, una nueva asamblea resolverá medidas de acción, cuando ya hay hospitales que se pronunciaron por organizar un paro sin guardias de forma autoconvocada. La burocracia sindical de la AMM tiene una estrategia antagónica -que es la aceptación de la pauta oficial- mientras presiona al gobierno para que aumente ítems como el de especialidad, que ya están generando un desbalance salarial de alrededor de un 25% con profesionales de otras disciplinas, lo que la burocracia busca consagrar definitivamente a través de la división de la carrera profesional. La Federación de Profesionales, por su parte, se llamó a silencio tras su congreso de junio. La vaga promesa de adoptar medidas si el deterioro salarial no se revertía antes del 15 de agosto fue, obviamente, incumplida sin dar siquiera parte de aviso (https://politicaobrera.com/16524-federacion-de-profesionales-la-cooptacion-como-escuela-de-desmoralizacion-politica).

La conducción centroizquierdista de la Federación, a la que se integraron el MST y el aparato del PO, pretende evitar la fragmentación de la carrera profesional a través de gestiones con autoridades ministeriales y recorridas por los pasillos de la Legislatura. Aspira a copiar a AMM, consiguiendo el reconocimiento de la especialidad para las disciplinas no médicas en base al pasilleo y la rosca con los funcionarios. Es el método que los partidos del FITU impusieron en FATE, llevando a una dura derrota a los trabajadores del Neumático (https://politicaobrera.com/16435-neumatico-denunciamos-el-canto-del-cisne-a-fate-por-el-aparato-del-po). El PTS, por su parte, interviene con el método de la autoconstrucción, con el único objetivo de arrear a algunos activistas a la marcha por la candidatura de Bregman. La experiencia histórica de los trabajadores de la salud marca otro camino: las huelgas autoconvocadas de los residentes de 2019 y 2022 y de los trabajadores del Garrahan del año pasado mostraron que la vía para torcerle el brazo a los gobiernos y defender los derechos y conquistas de los trabajadores es la acción directa de masas contra el poder de turno, la lucha a fondo con continuidad y la organización independiente.

Los trabajadores de la salud de Política Obrera llamamos a apoyar la iniciativa de los residentes de pediatría y a organizar asambleas e impulsar mandatos por un paro autoconvocado con continuidad hasta conquistar todos los reclamos en juego: un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, la equiparación salarial, el aumento de las dotaciones, el reconocimiento de todas las especialidades profesionales y la supresión de las medidas de regimentación sobre los procesos de trabajo y de todas las resoluciones expulsivas contra la población que acude a la salud pública.

3 de septiembre de 2026
La crisis de los deudores en Brasil

En Brasil, cerca de 81 millones de personas se encuentran en situación de morosidad y alrededor del 80 % de los hogares están endeudados. Un 30 % de los ingresos de las familias se utiliza para pagar deudas: un récord histórico. La mora en los créditos al consumo alcanzó un máximo del 5,6 %, según datos de julio del Banco Central de Brasil. Los brasileños registran más incumplimientos ahora que en 2015 y 2016, cuando el país atravesó su recesión más profunda en décadas, e incluso más que durante la pandemia de Covid-19, cuando las tasas de interés cayeron a un mínimo histórico y los bancos aplazaron los vencimientos de clientes. Los analistas del mercado señalan que esas cifras podrían ser aún peores en 2027.

La tasa de referencia de Brasil, llamada Selic, se ha mantenido por encima del 10 % durante los últimos cuatro años. Ahora está en el 14 %. Brasil ha logrado mantener estable la inflación después de la pandemia, pero al costo de mantener alto el valor del crédito. Además, esta estabilidad convalidó lo devorado por la inflación previamente, sobre todo en materia de alimentos y transporte.

Como en la Argentina, el problema tiene como origen las tarjetas de crédito y su refinanciación permanente a través del pago mínimo. Esto genera una bola de nieve de intereses que llegan al 400 % anual en un país que tiene una inflación anual en torno al 4%. Los mismos banqueros acusan a la desregulación y a la expansión del crédito, y al hecho de que cada brasilero tiene seis tarjetas de crédito para usar. Brasil tiene una deuda pública de más de un 90 % de su PBI, aunque casi la totalidad de la misma está en reales.

Con vista a las elecciones presidenciales, el gobierno de Lula lanzó, en mayo pasado, el plan "Desenrola Brasil". Había lanzado un programa similar en 2023, pero limitado a los ingresos más bajos. El programa actual es más amplio, destinado a incluir también a los sectores de ingresos medios. Según los banqueros, el programa de "alivio y condonación de deudas" redujo la morosidad de los consumidores brasileños en sólo dos puntos básicos.

El programa consiste en que el Estado brasileño ofrece fondos de garantía a los bancos asociados para motivarlos a dar los “mayores beneficios posibles” a sus clientes. Está destinado a trabajadores y familias con ingresos mensuales de hasta cinco salarios mínimos, microemprendedores individuales y microempresas con deudas activas en líneas de crédito productivo. El plan ofrece quitas sobre el valor original de la deuda, con descuentos que van desde el 30 % hasta el 90 %. Las deudas reestructuradas se consolidan en una nueva operación de crédito que se puede pagar en hasta 48 cuotas mensuales, fijando un tope máximo para la tasa de interés de 1,99 % al mes, cuando la inflación mensual es de apenas 0,7 %. Los bancos, por otra parte, deberán retirar de los registros de morosos a quienes deban menos de 100 reales (20 dólares), una cifra insignificante.

Como el Estado federal actúa como garante de esta refinanciación a través del Fondo de Garantía de Operaciones (FGO), a pesar de las quitas y descuentos, es un plan de salvataje para el capital. El Tesoro Nacional estipuló un aporte de 5.000 millones de reales y ya había un remanente del plan anterior de 2.000 millones.

Por otro lado, para pagar las deudas, el programa les permite a los trabajadores el uso de su fondo laboral (Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio, FGTS), un "ahorro" obligatorio utilizado para cubrir las indemnizaciones por despido, entre otras prestaciones. Los beneficiarios tienen permitido retirar y destinar hasta un 20 % del saldo de su FGTS (o un tope de 1.000 reales, lo que sea mayor) para amortizar directamente el total de las cuotas. El FGTS es el equivalente brasileño al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) argentino que inventó Milei. En el país vecino existe desde 1966 y fue decretado por la dictadura. Con esta medida, que permite usar una parte para pagar deudas, al trabajador se lo empuja a desfinanciar su propia indemnización futura si es despedido. El “Desenrola” de 2023 ha desembocado en una crisis del crédito aún mayor.

Las deudas de los consumidores son un problema estructural. El capital busca suplir la insuficiencia del consumo en relación a la capacidad productiva con préstamos que inflan una bola de deuda. Los bancos, las billeteras virtuales y los prestamistas particulares han aceitado una maquinaria de pillaje que arrebata los ingresos. Las quitas, refinanciaciones y las bajas cosméticas de las tasas de interés no alcanzan para resolver una crisis sistémica.

3 de septiembre de 2026
Granja Tres Arroyos cierra su planta de Capitán Sarmiento

La crisis de Granja Tres Arroyos se agravó profundamente esta semana con el cierre por tiempo indeterminado de la planta de Capitán Sarmiento, despidos masivos en la planta de Pilar, nuevos despidos de trabajadores de Concepción del Uruguay y con un embargo judicial sobre los bienes de los administradores de la compañía. Los trabajadores de Capitán Sarmiento mantienen un corte sobre la ruta 8, frente a la planta; los de la planta entrerriana se también se encuentran hoy movilizados.

Un cierre más

La planta Cahuané de Granja Tres Arroyos es -junto a la de Concepción del Uruguay- una de las plantas más importantes del grupo, por su volumen de producción y por su cantidad de trabajadores. Amaneció el lunes con un cartel que decía que la planta se encontraba cerrada “por tiempo indeterminado”, por lo que los trabajadores se autoconvocaron frente a la puerta para cortar la ruta. El mismo anuncio habían recibido los trabajadores de Concepción del Uruguay que se encuentran hace meses con la planta cerrada. Durante el fin de semana la empresa habría retirado maquinaria productiva que estaba bajo contrato de concesión. Hoy miércoles, frente al intento de la empresa de retirar mercadería, los trabajadores se agruparon frente a la planta.

Hablan los trabajadores

Trabajadores desde el piquete declararon: “Hoy nos vimos en la obligación de venir acá, la empresa está totalmente desaparecida, no da información”. “Nos empujaron a llegar a esta medida, somos todos trabajadores de Granja Tres Arroyos, venimos ya desgastados económicamente”. “Empezamos por cuotas salariales hace alrededor de dos años, el sueldo de diez cuotas que te pagan una vez por semana. Es imposible vivir, sumado al atraso de dos meses y medio del sueldo adentro mas el atraso que tenemos en lo que tenemos que pagar”

La planta de Capitán Sarmiento, bajo la influencia del STIA (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación), acompañó sin protestar todos los atropellos de la empresa. Las únicas medidas de fuerza fueron desbordes producidos por los trabajadores que se autoconvocaban. Un trabajador relató: “Decidieron bajarnos el sueldo y la gente siguió trabajando; no hicimos medida de fuerza, no paramos la planta, decidimos seguir igual. Después empezaron a extenderse a tres o a cuatro cuotas, empezaron a atrasarse, pagaron el aguinaldo en ocho cuotas, y nosotros seguimos trabajando. Nos habían bajado el sueldo el 9% y seguimos trabajando. Vino el dueño en enero de este año y nos dijo acompáñennos hasta mayo y esto va a empezar y vamos a hablar de todo lo que les debemos. Trabajamos hasta mayo y no pasó. De repente de un día para el otro parece que se corta la rueda mágicamente a decirnos que la plata no alcanza porque habíamos hecho algún quite de colaboración. Volvimos a trabajar de nuevo y ahora nos encontramos con esto”.

Crisis política

El cierre de Granja Tres Arroyos tiene un impacto político directo, especialmente en los pueblos que tienen como centro económico la actividad avícola. La presencia de la Intendenta de Capitán Sarmiento en la planta estuvo precedida por un operativo del STIA para que no sea abucheada. La jefa comunal del PRO atribuyó el cierre de Tres Arroyos a “malas decisiones de una empresa privada”. Un trabajador declaró “Se te van sumando las deudas, los intereses y no hay ningún tipo de respuestas. Ni de la intendencia, ni de la Provincia (de Buenos Aires), ni de la Secretaría de Trabajo. Tenemos que venir a cortar la ruta recién para que aparezca algún medio. Tenemos gente que la han desalojado, que le han cortado la luz, el gas. Tenemos la Obra Social cortada porque Granja Tres Arroyos no paga los aportes”.

El embargo judicial

La crisis de Granja Tres Arroyos sigue su curso judicial, ante el fracaso de un intento de los dueños de reestructurar la deuda de la empresa, que ronda los 350 millones de dólares. Los despedidos no han cobrado un peso de las indemnizaciones, que la patronal pretendía abonar al 50% a pesar de que el Procedimiento Preventivo de Crisis tramitado por Granja Tres Arroyos está caduco. La Justicia ordenó esta semana embargos sobre inmuebles vinculados a Joaquín y Elba De Grazia -accionistas de Granja Tres Arroyos- y una inhibición general sobre Avex (el nombre de la empresa en Córdoba) y otras cinco personas vinculadas al grupo. Además, se acumulan cuatro pedidos de quiebra. Las medidas fueron dictadas a partir de reclamos de una entidad financiera por deudas de Granja Tres Arroyos y Avex. En paralelo, la avícola acumula pedidos de quiebra de distintos acreedores y nuevas ejecuciones.

Los piquetes crecientes y movilizaciones, como los paros autoconvocados, muestran que los trabajadores de las plantas de Granja Tres Arroyos han llegado a la conclusión de que deben intervenir con sus reivindicaciones en el proceso antes que la quiebra y el vaciamiento termine por convertirlos en el pato de la boda. Por el pago de los salarios adeudados, por la reapertura de las plantas, por la reincorporación de todos los despedidos, por una comisión de control obrero de las cuentas que identifique las responsabilidades en el desfalco y destine los recursos a la puesta en marcha en marcha de la producción.

3 de septiembre de 2026
Aseguradoras de salud en Argentina: un paso más en la privatización de la salud

El 19 de junio se publicó en el Boletín Oficial una disposición de la Superintendencia de Seguros de Salud (SSN) que habilita a compañías aseguradoras a comercializar seguros de salud prestacionales orientados a la atención primaria, consultas agendadas, telemedicina, laboratorios, diagnóstico por imágenes, odontología, seguimiento de enfermedades crónicas, proyectos materno-infantiles o controles preventivos. El primer artículo de la resolución modifica el Reglamento General de la Actividad Aseguradora (RGAA) dictado a fines de 2014. Las compañías de seguros participan desde hace décadas en el sector de salud con sus ramas de aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) y seguros de asistencia al viajero tanto en el exterior como en el interior del país. Pero la reglamentación de la actividad aseguradora prohibía expresamente las coberturas de salud cuyo beneficio consistiera en prestaciones directas de servicios médicos. Con este cambio, las aseguradoras ya no quedan limitadas a indemnizar, reembolsar o compensar económicamente una contingencia de salud, sino que pueden también organizar el acceso directo del asegurado a prestaciones médicas mediante una red de prestadores.

Con esta resolución el gobierno pretende generar alternativas pagas más económicas sin replicar el modelo tradicional de las prepagas ni de sustituir el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que implica abrir un nuevo negociado en la salud.

Hay un 40% de la población que no tiene acceso a la salud por medio de prepagas u obras sociales y, por ende, se atiende en los hospitales y centros de salud públicos. La salida del gobierno al problema de los miles de trabajadores que no tienen cobertura ya sea a raíz del desempleo o del trabajo precario, es una salida capitalista que además de abrir un nuevo negociado, pretende naturalizar el pago de aranceles. Esto mismo sucede con el cobro de aranceles a las personas extranjeras en los hospitales nacionales.

El sistema público de salud debe abordar una mayor demanda, enfrentando un feroz vaciamiento por parte de este gobierno que se expresa en los miles de despidos, las renuncias de profesionales debido a las condiciones laborales precarias, falta de insumos, cierre de áreas y programas. Lo mismo sucede con obras sociales como el PAMI, cuyo desmantelamiento está dejando a miles de jubilados desprotegidos. La situación del deterioro de la salud y el cuidado de los adultos mayores, llamó la atención de empresarios como Grobocopatel que preparan negocios con esta necesidad.

De fondo, el gobierno liberticida instala un concepto mercantilista de la salud que ordena el acceso de acuerdo a la capacidad de pago, eliminando, además, la importancia de la prevención. El sistema de seguros de la salud ya funciona en países como Chile en el cual se ofrecen como adicionales a la cobertura de salud (ISAPRE, salud privada o FONASA, fondo público de salud) y donde los trabajadores llegan hasta pedir préstamos o realizar rifas o eventos solidarios para poder costear un tratamiento.

En un contexto en el que aumentan exponencialmente los casos de sífilis, tuberculosis, resurgen enfermedades como el sarampión y en cuanto a la salud mental se registra la mayor tasa de suicidios de la historia, las medidas que adopta el gobierno en sintonía con el gobierno imperialismo estadounidense, sólo puede afectar aún más a la clase obrera. Organicémonos para enfrentar estos embates.

**Fuentes: **

BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN - Resolución Sintetizada 258/2026 (https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/343382/20260622)

Seguros y Salud: la SSN presentó los alcances de la Resolución 258/2026 en la Fundación Sanatorio Güemes | Argentina.gob.ar (https://www.argentina.gob.ar/noticias/seguros-y-salud-la-ssn-presento-los-alcances-de-la-resolucion-2582026-en-la-fundacion)

Las aseguradoras se aprestan a incursionar en el sistema de salud - LA NACION (https://www.lanacion.com.ar/economia/las-aseguradores-se-aprestan-a-incursionar-en-el-sistema-de-salud-nid24082026/)

3 de septiembre de 2026
Milei reivindica a Pinochet y traza la ruta de “su” régimen político

En 1981, en una de sus visitas al Chile de Pinochet, el economista austríaco Frederik Hayek cruzó las fronteras del apoyo al programa económico del dictador trasandino para zambullirse abiertamente en la cuestión política. “Mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal, y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente”, le dijo al diario El Mercurio. Con el curso de los años, ese apoyo de Hayek a Pinochet fue afirmado y desmentido en innumerables oportunidades. Pero el economista Adrían Ravier, actual vocero de Milei, se empeñó en despejar dudas, cuando años atrás reivindicó sin reservas a las declaraciones pinochetistas de Hayek. Al fin y al cabo, todo es válido si se trata de ajustar cuentas con el “socialismo”, es decir, con una insurgencia obrera que amenazaba con sobrepasar al gobierno frente populista de Salvador Allende.

Cuarenta y cinco años después, Milei pisó Santiago para reivindicar la gestión económica y política del pinochetismo, es decir, la liquidación de las conquistas obreras y democráticas de la clase obrera chilena a costa de sangre y de fuego. Pero no lo hizo por interés histórico, sino para marcar la hoja de ruta del régimen político que él encabeza en la Argentina. Milei agregó, en su discurso, la alusión infaltable a los “zurdos mugrosos”, y se pavoneó de un dato escalofriante y desconocido: la deportación de 14.000 extranjeros en el último año. El liberticida repitió su libreto acerca de la “conspiración” que en el Congreso llevó a la aprobación de “un conjunto de leyes sin presupuesto”, lo que equivale a decir que todas las normas parlamentarias que no provengan de la iniciativa oficialista serán vetadas o simplemente desconocidas, como ocurre hoy con la Ley de Financiamiento Universitario. Pero, además, extendió la conspiración a las “reiteradas marchas”, abriendo la puerta a una ilegalización de las demostraciones callejeras que supere al actual “protocolo” represivo, varias veces desbordado por las acciones masivas.

En las últimas semanas, Milei ha digitado el nombramiento de casi 200 jueces y fiscales, con la colaboración del pejotakirchnerismo en el Senado. Un poder fundamental del Estado ha quedado blindado para, a su vez, blindar al régimen político y sus tropelías -los aventureros de $Libra, el desfalco de los recursos de discapacidad, los coletazos del caso Cerimedo. El kirchnerismo tramita, a cambio de ese respaldo, un indulto a favor de Cristina Kirchner. El Banco Central, también con voto “consensuado”, ha consagrado a un directorio virtualmente vitalicio -el que coloque la moneda y el conjunto del régimen financiero al servicio del pago de la deuda pública. Finalmente, el gobierno se dispone a tratar en el Senado una reforma política que podría dejar en pie a un puñado de partidos que se cuenten con los dedos de una sola mano.

El camino del régimen de excepción contra la clase obrera está trazado, y el círculo rojo lo sabe muy bien. En la Unión Industrial algunos imaginaban un desplante de la gran burguesía argentina al gobierno, después de que éste vaciara de funcionarios la celebración del Día de la Industria. Pero no: la cúpula de la UIA reivindicó al “modelo” liberticida y se limitó a pedir un “puente”, es decir, un rescate de sus intereses. Para ello, la formula que planteo Rapallini fue clara: “RIGI para todos y todas”, es decir, extender el régimen de libertad de remisión de utilidades y exención de impuestos al conjunto de los capitalistas, y no solamente a la minería, el petróleo o el agro. Rapallini le pidió a Milei convertir a la Argentina en una gigantesca zona franca, algo que sólo podría tener lugar llevando a menos de cero el sostenimiento estatal a la educación, la salud o las jubilaciones. Es el régimen pinochetista que Milei reivindicó en Santiago de Chile.

Milei culminó su alocución trasandina con una reivindicación “trumpista” del nacionalismo: “Hacer grande a la Argentina” como Protectorado del imperialismo norteamericano, y como peón de sus intereses estratégicos en el subcontinente y, particularmente, en el Atlántico Sur. Es posible que esa alusión “nacional” prepare la cadena nacional de esta noche. Una vez más en la historia argentina, el patrioterismo podría ser usado de gancho para “alardear” contra Inglaterra, y suplicarle a Trump la cogestión militar y política de la plataforma continental.

El fascismo de Milei, peón de un Trump jaqueado por el impasse de la guerra y de un tembladeral financiero internacional, sólo será abatido por una acción histórica de los trabajadores.

3 de septiembre de 2026
El “cuarteto del Cono Sur” asegura a Trump la cadena logística de minerales

El pasado 28 de agosto se realizó en Santiago de Chile un encuentro del que participaron representantes de Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Suscribieron una declaración sobre minerales estratégicos con la idea de reforzar la "cooperación regional, atraer inversiones y fortalecer cadenas de suministro de cobre, litio y otros recursos considerados críticos para la transición energética, la electromovilidad y el desarrollo de inteligencia artificial" (Escenario Mundial, 29/8).

El cónclave, del que participaron los ministros y secretarios de los países firmantes, tuvo como objetivo la coordinación para que la región opere en bloque como "proveedor estratégico y confiable" de minerales críticos a la cadena de suministro a nivel global. La declaración no determina cuotas de producción, precios comunes ni mecanismos de comercialización conjunta, ni crea un organismo supranacional equivalente a un cartel de productores. En la reunión -que tiene como meta desplazar a China del control de suministros y ponerlos bajo la supervisión de los Estados Unidos- los representantes de los gobiernos derechistas de la región consensuaron avanzar en la cooperación técnica institucional por medio de metas regulatorias, la formación de capital humano, la promoción de inversiones responsables y proyectos destinados a desarrollar mayor valor agregado dentro de la propia región (ídem).

El accionar del "cuarteto del Cono Sur" se inscribe en la iniciativa internacional de seguridad tecnológica impulsada por los Estados Unidos conocida como Pax Silica, por la cual el imperialismo busca asegurar la cadena de suministros de semiconductores, minerales críticos e inteligencia artificial, rivalizando de lleno con China. Durante el 2026 Argentina y Chile se integraron a la Pax Silica. Sin sacar los pies del plato, los firmantes de la declaración de Santiago se reagruparon para construir una posición regional como abastecedores de las cadenas que se encuentran bajo el control del trumpismo, sin haber creado hasta el momento un bloque de producción ni una política comercial común.

Pero el quid de la cuestión estuvo puesto en la búsqueda de apoyo técnico y financiamiento de los proyectos a través de organismos multilaterales y el "diseño de convocatorias conjuntas para que actores públicos y privados participen en iniciativas de investigación, innovación y fortalecimiento institucional" (ídem). Al día de hoy entre los principales financistas se encuentran el JP Morgan, HSBC, el Bank of America y el Banco Mundial por medio de la Corporación Financiera Internacional (CFI).

Los países firmantes de la declaración buscan posicionarse ante la demanda mundial de recursos minerales, para llevar adelante procesos de descarbonización, electromovilidad e inteligencia artificial. El biministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas, señaló: "posicionemos al Cono Sur como el proveedor de minerales estratégicos más confiable, sostenible y competitivo" y calificó la declaración como un primer paso hacia una cooperación permanente. El día anterior a la firma de la declaración, los gobiernos de Chile y Argentina ratificaron protocolos de operación para los proyectos mineros fronterizos Vicuña, NexoAndino y Filo Sur, en el marco del Tratado de Integración y Complementación Minera firmado originalmente por ambos países. Se trata de un esquema por el que proyectos mineros localizados a ambos lados de la Cordillera de los Andes puedan compartir infraestructura, accesos y servicios, y constituye uno de los modelos que Chile propone extender a su cooperación con Perú y Bolivia.

Brasil

El gobierno de Lula recibió recientemente una oferta por parte de los EE.UU. para arribar a una integración en cuestión de minerales críticos. La oferta, que no mereció respuesta por el momento por parte de Brasil, fue realizada por un diplomático de Washington en la Exposibram, la principal feria minera de América Latina, en la que Francia, Canadá, Australia, Estados Unidos y otros países debatieron la necesidad de diversificar las cadenas de suministro y ampliar la capacidad de procesamiento.

Brasil posee una de las mayores reservas mundiales de tierras raras. Es considerado por la administración trumpista como un territorio estratégico: reducir la injerencia de China. Con anterioridad, Matthew Lowe, consejero económico de la Embajada de Estados Unidos en Brasilia, aseguró que Washington invitó a Brasil a integrarse a la Minerals Security Partnership, una iniciativa liderada por Estados Unidos para coordinar inversiones y cadenas de suministro de minerales estratégicos, sin recibir una respuesta formal. Según explicó, un segundo acercamiento -un borrador de acuerdo marco enviado en febrero- tampoco obtuvo respuesta por parte del gobierno brasileño. "Probablemente tendremos que esperar hasta las elecciones, pase lo que pase", afirmó Lowe durante un panel celebrado en Belo Horizonte. (Escenario Mundial, 31/8)

Los traspiés diplomáticos entre ambas administraciones no se han traducido en un abandono del negocio de los minerales. El caso más relevante es la adquisición de Serra Verde, compañía que opera la mina Pela Ema, en Goiás, por parte de USA Rare Earth. La operación fue acordada por un valor aproximado de 2.830 millones de dólares y representa uno de los mayores movimientos estadounidenses para asegurar una fuente de tierras raras fuera de China. La documentación presentada por la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) confirma el acuerdo para adquirir el 100% de la empresa matriz de Serra Verde (ídem).

Según analistas del sector, Lula busca posicionarse ante EE.UU. y China con un cierto margen de maniobra, sin comprometer la acuciante asistencia de capitales que le aseguren operatividad. Lula, al igual que Trump, esperará a que pasen las elecciones para sentarse a negociar.

Las cadenas internacionales de producción y de valor son instrumentos para superar las barreras nacionales al desarrollo de las fuerzas productivas bajo una forma imperialista. Lejos de superar aquella contradicción, la agudiza bajo la forma de una guerra mundial de una letalidad humana y política sin precedentes.

3 de septiembre de 2026
Parazo en las Universidades de todo el país tras el nuevo fracaso de la paritaria

Como respuesta al fracaso de la paritaria, el Frente Sindical convocó a un paro de 24 horas para el 2 de septiembre en todas las universidades del país.

La medida tiene un alto nivel de acatamiento, impulsada por las asociaciones de base, tanto docentes como no docentes. Sin embargo, la medida carece de una perspectiva de continuidad y profundidad.

El Consejo de Rectores volvió a tomar la iniciativa luego del fracaso de su negociación con el Gobierno y de la firma del acta del 10 de junio.

El CIN dio el visto bueno a la convocatoria al paro de 24 horas. Señaló que la continuidad del proceso de lucha se definirá en un encuentro previsto para el 4 de septiembre en Bariloche. En esa fecha se realizará el Plenario Nacional de Rectoras y Rectores de todas las universidades nacionales, que se lleva adelante anualmente y que, entre otros temas, deberá definir la propuesta de presupuesto universitario para 2027. Luego de la reunión de rectoras y rectores, se prevé un plenario con el Frente Sindical y la FUA, donde se definirá una eventual convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria. La marcha, si se concreta, volverá a tener el destino de las anteriores: cerrar una etapa. Está en manos del activismo y los luchadores universitarios, apoyados en el parazo de este martes, retomar la iniciativa.

Salarios

El deterioro salarial se acumula desde hace años. Desde 2015, los salarios universitarios perdieron 37,5 puntos de poder adquisitivo en el promedio anual. Entre 2015 y 2019, la caída había sido de 10,5 puntos, mientras que en los últimos dos años y siete meses se concentró un retroceso real de 29,2 puntos. Las condiciones de vida se han agravado y están llevando a una situación de creciente descomposición social. En este contexto, resulta sintomático los suicidios ocurridos recientemente en ámbitos vinculados a universidades nacionales: el de un trabajador no docente de 22 años en ADOSUBA, frente a la Facultad de Medicina, y el de una docente de 30 años de la Universidad Nacional de La Plata. Estos hechos se producen en un escenario social atravesado por la crisis, la angustia y el deterioro de las condiciones de vida.

La paritaria del 1º de septiembre con las federaciones universitarias -CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, FATUN, UDA y FEDUN- contó también con la presencia del presidente del CIN, Franco Bartolacci. En dicha reunión, el gobierno sólo ofreció un incremento salarial del 3% para septiembre, a cobrar en octubre, que se sumaría al 3% de noviembre fijado en el acta del 10 de junio pasado.

Este 6% queda muy lejos del 31,2% que el Gobierno adeuda en concepto de la recomposición establecida por la Ley de Financiamiento Universitario. En términos de masa salarial, representa el equivalente a 4,5 sueldos que están siendo confiscados a las trabajadoras y los trabajadores universitarios por parte del Gobierno.

La convocatoria a paritarias, pese a las expectativas en algunos sectores, tuvo como objetivo principal ganar tiempo. El Gobierno prepara una nueva jugada: modificar el esquema de financiamiento universitario a través del Presupuesto 2027, que será presentado el próximo 15 de septiembre. Milei no va a moverse un centímetro de su política económica. El año pasado se había estimado que las universidades necesitaban $7,32 millones. Sin embargo, el Gobierno logró aprobar, con la complicidad de los distintos bloques parlamentarios, un presupuesto por la mitad esas necesidades.

Todo indica que el escenario para 2027 no estará alejado de esta realidad. El Presupuesto volverá postergar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y profundizar el ajuste sobre las universidades nacionales.

La salida no vendrá de la mano de las burocracias colaboracionistas. Será necesario un debate desde las bases, en las asambleas de docentes y no docentes de todas las universidades, para discutir colectivamente cómo profundizar las acciones de lucha y construir un verdadero plan de lucha en coordinación con el movimiento estudiantil.

3 de septiembre de 2026
Trump reintegra a Rusia al G20

La reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, celebrada entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre en Carolina del Norte, terminó sin una declaración consensuada. China se opuso a varios puntos del documento final, que sí respaldaron los otros 19 miembros. Lo que debía ser un foro ´técnico´ sobre crecimiento, deuda global y regulación financiera se convirtió en escenario de tensiones políticas.

La cita es la antesala de la cumbre de líderes de gobierno prevista para diciembre en Miami.

Reaparición de Rusia

El anfitrión, el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, abrió las sesiones junto al presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, con un mensaje optimista: “La economía global se enfrenta a un nuevo ciclo de crecimiento, impulsado por avances en inteligencia artificial”. Bessent reclamó simplificación regulatoria y criticó “políticas distorsionadas” de ciertos países. El discurso de apertura quedó eclipsado por la presencia del ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov. Fue su primera aparición presencial en una reunión del G20 desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania, en 2022. La invitación, cursada por la administración Trump, sorprendió a las delegaciones europeas. “Envía una señal preocupante”, declaró el representante alemán Lars Klingbeil. Los ministros europeos se negaron a posar en la tradicional “foto familiar” junto a Siluánov. Washington presentó la reintegración de Rusia al diálogo financiero del G20 como parte de una estrategia más amplia. Fuentes de la Administración filtraron que Bessent dejó en claro a Siluánov que Estados Unidos no aliviaría las sanciones contra Rusia hasta que se ponga fin a la guerra. En Berlín, París y Varsovia, la lectura fue otra. El ministro de Finanzas polaco Andrzej Domanski fue contundente: “No confiamos en Rusia. Mienten constantemente y hay que ser muy, muy cauteloso al dialogar con ellos”. Klingbeil calificó la decisión de “bastante inquietante” y advirtió que “no puede haber una normalización de las relaciones con Moscú” mientras continúe la guerra en Ucrania.

La agencia estatal rusa TASS ofreció una cobertura distinta. Presentó la presencia de Siluánov como un paso hacia la normalización de la participación rusa en foros internacionales. El diálogo bilateral con Bessent fue calificado de “constructivo” y centrado en la cooperación financiera dentro del G20. Desde que invadió Ucrania, Rusia ha sido objeto de severas sanciones económicas y comerciales.

RIA Novosti, otra agencia rusa, había informado semanas antes que Rusia recibió una invitación “al más alto nivel” para la cumbre de líderes de diciembre de 2026 en Miami. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, aseguró que el país estaría “adecuadamente representado”, sin confirmar la asistencia de Vladimir Putin.

Mientras en Europa la decisión de Trump se leyó como una fisura en el frente occidental, la prensa rusa la interpretó como un reconocimiento pragmático de que Rusia sigue siendo un actor indispensable en la economía global.

La guerra

China objetó cuatro secciones de la declaración, entre ellas dos sobre “desequilibrios globales” y otra sobre el estrecho de Ormuz y las guerras en curso. “Creemos que las economías no basadas en el mercado que generan un flujo interminable de exportaciones baratas no son sostenibles”, dijo Bessent. El texto final sostiene que los desequilibrios excesivos y persistentes “plantean riesgos y pueden generar distorsiones económicas”, un dardo dirigido a Pekín. Los otros 19 miembros respaldaron la propuesta. Según un funcionario, China también se opuso a cualquier mención a los “minerales críticos” (Financial Times 1/9). La discordia se repite a tres semanas de la visita del presidente Xi Jinping a Washington para una cumbre con Trump.

La deuda global ha escalado a casi 353 billones de dólares, algo advertido en la propia reunión. En ese contexto, Trump impulsa la revisión de las condiciones comerciales con China, presiona a Pekín para que abandone el modelo exportador y se oriente al consumo interno.

La sombra de Irán también planeó sobre las deliberaciones. Bessent agradeció a la Unión Europea su respaldo a la ofensiva “Paria Económico” contra el régimen iraní y mencionó una conversación privada con el gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, para señalar que los intereses comunes entre Washington y Pekín respecto de Irán son mayores que sus discrepancias.

Esto ya había quedado claro en marzo pasado cuando el Consejo de Seguridad de la ONU condenó a Irán por atacar a las bases de Estados Unidos en los países del Golfo. China como Rusia no ejercieron el derecho a veto sino que se abstuvieron.

La arquitectura financiera internacional muestra signos de agotamiento. La guerra en Ucrania e Irán y la creciente militarización de la economía mundial enfrentan una crisis de financiamiento El gasto militar récord de las potencias del G20 se financia con inflación: un impuesto regresivo que golpea los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores.

3 de septiembre de 2026
El derrumbe de la deuda norteamericana convierte a Estados Unidos en un potencial “paria internacional”

Las últimas semanas han sido testigo de una intensificación del remate de los bonos de deuda norteamericano. Luego de que el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, interviniera en ese mercado para paliar la caída de las cotizaciones (y un aumento de la tasa de interés), la prensa financiera insiste con las alarmas de un nuevo desplome. El capital financiero se retira del mercado de bonos estadounidenses y diferentes países han repatriado sus depósitos de oro en Nueva York. Para The Guardian, “los líderes financieros aún no saben cómo afrontar la desaparición, aparentemente inevitable, del refugio seguro estadounidense. De hecho, los bonos del Tesoro estadounidense conservan lo que queda de su estatus principalmente porque a los países y empresas extranjeras no les ha resultado fácil encontrar otro lugar donde guardar sus reservas”. El resto de las potencias se encuentra en un estado similar.

La desesperación de Bessent por intervenir en los mercados de bonos se debe a que Estados Unidos, con una deuda de US$ 40 billones, no puede permitirse tasas de interés altas, que aumentan su cuenta fiscal. Los pagos de intereses alcanzan a más de 1 billón de dólares al año, que se financian con deuda a corto plazo (hasta dos años). El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro marca la pauta para los tipos de interés de los préstamos hipotecarios y otros préstamos.

La intervención de Bessent en el mercado de bonos de largo plazo (de 10 a 30 años) ha creado una situación singular, donde la tasa corta supera a la tasa larga. El fracaso de esta manipulación ha llevado a Trump a amenazar con una guerra económica mayor a los países que vendan títulos norteamericanos, e incluso a una declaración de guerra militar. Está en juego la primacía del dólar y el lugar del capital y el Estado norteamericano en la economía mundial. Una debacle de la moneda de referencia alcanzaría para llevar a Estados Unidos a una situación revolucionaria y a una réplica fascista.

En julio pasado, el Secretario del Tesoro estructuró una compra de yenes que abandonaban los bonos norteamericanos, en conjunto con Japón, a cambio de euros. Se trató de la primera compra de yenes realizada por Estados Unidos desde 1998, cuando la moneda nipona se aproximaba a un mínimo histórico en cuatro décadas. Pero después de un primer alivio, el yen volvió a caer y borró parte del efecto inicial. Aun así, lo más revelador fue que quedó en claro que la caída de los bonos norteamericanos era una tendencia general que excedía a Japón. Luego vino la apertura de una línea de intercambio de dólares con los Emiratos Árabes Unidos para evitar que el fondo soberano emiratí venda sus bonos del Tesoro. Por otra parte, las entidades respaldadas por el gobierno que agrupan hipotecas -Fannie Mae y Freddie Mac- aumentaron sus compras de valores respaldados por hipotecas, en un aparente intento de reducir las tasas hipotecarias. Nada de esto resultó. El pulso entre el mercado y el Tesoro, podría llevar a la Reserva Federal a aumentar las tasas de interés de referencia, con el propósito de sostener al dólar, lo cual implicaría un aumento fenomenal de los costos de financiación de los gastos de la Inteligencia Artificial. El pulso se ha convertido en tripartito, entre los tenedores de bonos, el Tesoro y la Reserva Federal. La guerra imperialista vuelve a mostrar su faceta de un enfrentamiento entre las potencias de la OTAN, incluido Japón.

El Secretario del Tesoro anunció, precisamente, el pasado 19 de agosto, que Estados Unidos duplicaría su recompra de bonos estadounidenses a largo plazo, pasando de 2.000 millones de dólares a 4.000 millones, financiándose a través de la emisión de más títulos a corto plazo. La idea es pedir prestado a tasas más altas, en el corto plazo, para comprar y amortizar bonos colocados a largo plazo, que son las que influyen en los gastos de inversiones de IA. Pero, luego de una primera baja de los rendimientos, los bonos de Estados Unidos a 30 años volvieron a sacudir a los mercados. La intervención de Bessent no demoró en revelarse estéril. La prensa ha remarcado que el Secretario del Tesoro perdió el pulso contra sus rivales. Pero Bessent sigue forzado a cumplir con su política hasta las elecciones de los primeros días de noviembre, para evitar un desastre político.

La guerra contra Irán se ha transformado en un agujero negro financiero para Estados Unidos. El gasto en defensa norteamericano -1.5 billones de dólares- desborda el presupuesto federal. El costo de la energía ha golpeado a nivel global. La reducción del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba alrededor del 20% de los envíos mundiales de petróleo, mantienen al crudo en niveles elevados. Por el lado de Japón, es especialmente grave, porque depende casi por completo del abastecimiento externo y recibe cerca del 95% de sus suministros energéticos desde Medio Oriente.

La intervención de Bessent ha sido calificada por Forbes como un “bluff”. The Economist definió a Scott Bessent como “un vendedor que infla sus cifras comprando sus propios productos” (27/8). Luego de los anuncios de Bessent, el dólar se ha desplomado y el oro se disparó. El Banco Central holandés trasladó más de 78 toneladas de oro de Nueva York a Londres, en una operación que llevó cuatro meses, alegando "una creciente inestabilidad geopolítica". Diversos políticos europeos han llamado a repatriar las reservas de oro en Estados Unidos, advirtiendo por la posibilidad de una confiscación por parte de Trump. Una medida similar a la holandesa se produjo por parte de Francia el año pasado. La declaración belicista de Trump (“la intervención definitiva es nuestra fuerza militar”) es la consecuencia de una desintegración de la economía mundial en medio de un aumento sideral de los gastos de capital en tecnología avanzada.

La participación extranjera en las tenencias de bonos del Tesoro ha caído 10 puntos porcentuales en las últimas dos décadas. En paralelo, la oferta de bonos del Tesoro creció a un ritmo acelerado para financiar un déficit desbordado. La deuda pública estadounidense ha perdido la máxima calificación crediticia. El endeudamiento privado para financiar la vasta expansión de los centros de datos de Inteligencia Artificial ha encarecido, de esta manera, el capital para todos, incluidos los gobiernos.

El mercado de bonos del Tesoro de EE.UU. ha funcionado durante décadas como un refugio de valor. Para The Guardian (24/8), Bessent tendrá que hacer algo más que recomprar bonos del Tesoro por valor de miles de millones. Antes de llevar la guerra mundial a extremos considerablemente mayores, deberá hacer frente a una serie de crisis terminales.

4 de septiembre de 2026
Javier “GALTIERI” Milei ofrece a Trump co-gerenciar las Malvinas para los intereses de la guerra internacional de Estados Unidos

Javier Milei ha tomado al vuelo las declaraciones de Trump acerca de su conflicto con el gobierno de Gran Bretaña y la cuestión de Malvinas, para convertir a la soberanía de Argentina sobre las islas en un asunto de seguridad nacional, a igual titulo que la militarización del enfrentamiento del narcotráfico o la migración ‘irregular”. Por eso ha anunciado por cadena nacional una coordinación de Cancillería, Economía, Defensa y Servicios de Inteligencia, con “poderes especiales” -el clásico recurso de la represión política y del estado totalitario. Como Galtieri, en 1982, se cuelga de Malvinas para distraer políticamente a la población de la creciente miseria social y del impasse catastrófico en que se encuentra su propio gobierno. Un metódico negacionista de la causa Malvinas y de la soberanía nacional se ha dado vuelta como un guante para usar el reclamo de la soberanía argentina sobre Malvinas y acompañar a Trump contra sus rivales geopolíticos de la Unión Europea. El discurso de marras le ha servido para justificar la privatización de los recursos estratégicos en beneficio de las cadenas de producción que controla el imperialismo norteamericano. Enfrente de Malvinas, ha ofrecido la Patagonia como suministro de electricidad para las centrales de datos de los monopolios norteamericanos de la Inteligencia Artificial. La “unidad nacional” en torno a Malvinas y el Atlántico Sur no tiene otro propósito que censurar las opiniones antagónicas a las del liberticidio oficial.

La amenaza de sanciones a las empresas inglesas e israelíes que se disponen a extraer petróleo en la región es irrelevante, porque se refieren a la prohibición de invertir en el territorio continental, y ha sido acompañada con el anuncio de un plan de militarización y rearme, que solamente sirve a la industria de armamentos de Estados Unido y el Pentágono. El anuncio de una base naval en Tierra del Fuego entronca con los planes del Pentágono y la cuarta flota para el Puerto de Ushuaia. Detrás de la pantalla de Malvinas, se ha dispuesto un reforzamiento represivo del Estado, que será utilizado para la llamada “seguridad interior”, es decir, contra los trabajadores. La invocación a la “unidad nacional” no es un viraje, es una advertencia y una amenaza contra los que desoigan la “unidad” y cuestionen esta aventura de cuño trumpista. Los planteos altisonantes de Milei contrastan con su inacción frente a las sanciones de la FIFA a la selección nacional por las consignas levantadas luego del triunfo sobre Inglaterra. La inconsistencia del presidente que “supimos conseguir” lo ha llevado a dejarse arrastrar por las expresiones de Trump como si no fueran veleidades de un delincuente económico y de un asaltante de estados independiente.

En su discurso, Milei reivindicó todo el andamiaje económico entreguista - el RIGI, el ajuste fiscal contra las masas y la conversión de Argentina a la condición de Protectorado del imperialismo. Si reclama mayor injerencia en el Atlántico Sur, es en nombre de esa orientación. Se cuelga de los choques interimperialistas entre Inglaterra y Trump para postular a Argentina como vasallo de Trump hasta el confín del Atlántico Sur.

Una vez más, la cuestión Malvinas sirve de campo de maniobras con el imperialismo, de objetivos reaccionarios y como pantalla de regímenes minados por contradicciones explosivas. Milei le ha ganado la demagogia a los “nacionales y populares” e izquierdistas que en las últimas semanas han ocupado el centro patriotero, con el propósito subalterno, como el del propio Milei, de atrapar votos para las próximas elecciones. Esta cohorte ha recibido una soberana lección: el más entreguista de todos los gobiernos ha subido la “causa Malvinera” al escenario de una guerra imperialista mundial, que confronta al imperialismo norteamericano con Rusia y China y con sus propios aliados de la OTAN. En alianza con Trump, Milei convierte a Malvinas en una Groenlandia de la Antártida, o sea en otro botín de la guerra internacional por un nuevo reparto del mundo.

Jorge Altamira 1144237873

Marcelo Ramal 1156901943

4 de septiembre de 2026
Malvinas y el Comando Sur

Lo que Javier Milei presentó por cadena nacional como un acto de "reafirmación soberana" ha sido, en realidad, un paso más en su subordinación estratégica al dispositivo militar de los Estados Unidos en el Atlántico Sur.

Milei anunció que ampliaría los recursos del Ministerio de Defensa para "priorizar" la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia (BNIU) y las capacidades de telecomunicaciones. El proyecto, iniciado por el kirchnerismo, pero paralizado por el corte de obra pública de Milei, fue relanzado en 2024 junto a la entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson. La militar estadounidense recorrió Ushuaia y destacó el interés de su gobierno en la ciudad austral como plataforma logística hacia la Antártida. Según trascendió, las negociaciones actuales apuntan a que el propio Pentágono financie y construya la instalación militar integrada a las dependencias de la Armada argentina, aunque el Ministerio de Defensa lo niegue formalmente.

En noviembre del año pasado, Horacio Verbitsky reveló que Milei negociaba "la recuperación de Malvinas a cambio de una Base de EE.UU. en las propias islas" (El Cohete a la Luna, 2/11/25). En definitiva, Trump quiere las Malvinas para él, aunque también podría cambiar de opinión en función de la evolución de la guerra mundial. Por lo pronto, Trump ejerce una intensa presión sobre Gran Bretaña para exigirle compras crecientes de armamento norteamericano y el acompañamiento a la política de Estados Unidos frente a Rusia por Ucrania

El gobierno desactivó el desarrollo en Río Grande de infraestructura portuaria iniciado en sociedad con capitales chinos, el llamado Polo Antártico Fueguino. El proyecto había generado preocupación en Washington por la proyección de esa provincia sobre el Atlántico Sur y la Antártida. En esta línea de acción, en enero de este año, el gobierno nacional intervino administrativamente el Puerto de Ushuaia, en una medida que el Foreign Affairs Latinoamérica describió como funcional a destinar ese puerto multiuso a "fines militares y comerciales" ligados a los intereses norteamericanos. La "soberanía" que se invoca para Malvinas consiste en la entrega de un puerto nacional al Comando Sur enfrente a la base británica en Malvinas.

Otro de los anuncios que realizó Milei fue la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que articulará de forma "obligatoria y transversal" a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, estableciendo además un “régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de defensa aeroespacial y marítima”. El anuncio refuerza la arquitectura institucional de cooperación militar con Washington, plasmado en los ejercicios combinados "Daga Atlántica" con fuerzas especiales y Boinas Verdes del Comando Sur, la participación en el PANAMAX, el ingreso del portaaviones USS Nimitz a aguas argentinas frente a las propias Malvinas bajo el decreto 264/2026, y la autorización reciente (decreto 536/2026) para una nueva tanda de ejercicios navales con Brasil, Chile y Estados Unidos, y, sobre todo, la formación del "Escudo de las Américas", una alianza política y militar de la derecha continental encabezada por el trumpismo.

Los anuncios de Milei sobre Malvinas fueron pronunciados tras una visita de Milei a Chile, donde reivindicó a Pinochet, un aliado de Gran Bretaña durante la guerra de 1982. En horas previas se produjo un ´entredicho diplomático´ por la soberanía del Estrecho de Magallanes y el paso del Drake, estratégicos en la conexión entre el Pacífico con el Atlántico. El comandante de la Fuerza Aérea argentina, brigadier general Gustavo Valverde, calificó a esa zona como parte de una "llave bioceánica" sobre la que "hay que hacer presencia", en referencia al decreto argentino 457/2021 -vigente pese a que Milei prometió en 2025 modificarlo- que define al Estrecho y al Drake como "espacio compartido" de exploración y control conjunto de Argentina y Chile. El gobierno de José Antonio Kast respondió calificando la soberanía chilena como "indiscutible" y desplegando ejercicios militares en la zona austral (Jaukén y una Fuerza de Tarea Anfibia). Punta Arenas es el puerto donde Estados Unidos y China disputan influencia sobre la ruta marítima.

Antes del arribo de Milei a Chile, el diario chileno El Mercurio dio a conocer un pacto para abrir una ruta marítima entre Punta Arenas y las islas Malvinas. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, uno de los impulsores de la ruta marítima a las Malvinas, informó que la Corporación de Desarrollo, con asiento en las islas, cerró un contrato con la naviera chilena Eastern Island -que hoy cubre la ruta subsidiada entre Valparaíso e Isla de Pascua- y que el primer viaje se realizará en noviembre. Hasta ahora, todos los buques que se dirigían o provenían de Malvinas estaban obligados a solicitar un permiso previo a las autoridades argentinas para navegar aguas jurisdiccionales.

La actual ofensiva militar sobre el Atlántico Sur no es inédita. En 2008 Washington reactivó su IV Flota, disuelta desde 1950, con jurisdicción sobre el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Casi dos décadas después, la construcción de la base de Ushuaia, la multiplicación de ejercicios conjuntos y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional bajo tutela de Cancillería y Defensa actualizan aquel esquema: el Atlántico Sur vuelve a integrarse como zona de despliegue del Comando Sur, con la anuencia explícita de un gobierno argentino.

Milei convocó a la ´unidad nacional´ en torno a una causa, dijo, "que no pertenece a un gobierno ni a un partido político". Donald Trump sería el promotor de esta ´unión de los argentinos´.

Pero el contenido real de las medidas anunciadas revela la entrega efectiva de infraestructura estratégica -puertos, bases navales, telecomunicaciones- a la tutela militar de Estados Unidos, en la disputa por el control del Atlántico Sur con el imperialismo británico -que mantiene en las islas una importantísima base militar y tiene apostados entre 2.000 y 3.000 efectivos en forma permanente- y China, que recorre ampliamente las aguas australes con sus flotas pesqueras y de monitoreo.

La ´causa de Malvinas´ ha sido manipulada por todos los gobiernos que pasaron por la Casa Rosada para someter a los trabajadores. En manos de Milei, no es otra cosa que la cobertura de una política de vasallaje frente al imperialismo norteamericano, bajo ropaje ´nacionalista´, en el marco de la guerra mundial.

4 de septiembre de 2026
La militarización del espacio

La vieja promesa de la burguesía sobre el espacio como una frontera de cooperación científica y desarrollo pacífico para la humanidad ha estallado en mil pedazos. Bajo las leyes irrestrictas del capitalismo en su fase de descomposición imperialista, la órbita terrestre se ha transformado en el escenario donde se proyecta la conflagración militar global. Las grandes empresas del sector espacial no invierten astronómicas sumas de capital en pos del conocimiento, sino subordinadas de manera directa al negocio de la guerra y a las exigencias de defensa de sus respectivos Estados nacionales.

En el corazón de esta escalada se encuentra la crisis de la infraestructura tecnológica globalizada. El monopolio que históricamente ejercía el sistema GPS estadounidense ha dado paso a una brutal carrera por la soberanía tecnológica y militar. En los teatros de operaciones modernos, donde el uso de drones, misiles de alta precisión y vehículos autónomos define la suerte de las batallas, la señal satelital se ha convertido en el talón de Aquiles de los ejércitos. Las tácticas avanzadas de interferencia (jamming) y suplantación de señal (spoofing) descompaginan cotidianamente los sistemas de navegación, forzando a los imperialismos a volcar fortunas para desplegar redes redundantes, blindadas y competitivas.

Japón avanza en esa dirección con el lanzamiento acelerado de nuevos satélites de geoposicionamiento diseñados para competir y garantizar autonomía frente al GPS norteamericano. Esta movida de Tokio responde a la reactivación militar del imperialismo nipón en el Pacífico frente al eje China-Rusia. La burguesía japonesa busca asegurar su propia red de precisión indestructible para respaldar a sus fuerzas armadas y a su industria bélica en caso de un choque abierto en la región.

Paralelamente, el complejo militar industrial estadounidense profundiza la integración del capital privado a la maquinaria del Pentágono. La firma Rocket Lab despliega nuevos satélites en la órbita baja en el marco de multimillonarios acuerdos de defensa antimisiles con el gobierno de Estados Unidos. Bajo la cobertura de la "innovación comercial", estas empresas operan directamente como contratistas de la guerra, convirtiendo el espacio en un escudo de detección temprana para interceptar misiles y coordinar ataques letales.

Esta militarización de la tecnología espacial reactiva las alianzas entre los bloques imperialistas. La nipona Axelspace cerró una alianza estratégica con el gigante europeo Airbus Defence and Space, trazando un nexo directo entre los aparatos de defensa de Europa y Japón. Este acuerdo busca consolidar el monitoreo constante de la Tierra mediante constelaciones de microsatélites de alta frecuencia, garantizando a la alianza occidental una cobertura de inteligencia en tiempo real para las zonas de conflicto.

Por su parte, Israel proyecta para 2028 el avance sobre el mercado de satélites de comunicaciones de última generación con proyectos como el NigComSat-2A, que representan la expansión del complejo militar industrial israelí para controlar los flujos de comunicaciones y vender tecnología de vigilancia probada en el genocidio contra el pueblo palestino y la agresión en Medio Oriente.

Todas estas iniciativas desnudan la contradicción insalvable del modo de producción capitalista. Mientras millones de trabajadores en todo el mundo son empujados a la pobreza, la inflación y el desmantelamiento de la salud y la educación, las potencias imperialistas y sus multinacionales queman recursos colosales para llenar la órbita de chatarra militar. La carrera tecnológica bajo este sistema sólo sirve para perfeccionar la puntería de los drones y pertrechar los ejércitos para la conflagración mundial. Es por eso que cualquier otro proyecto científico queda relegado y desfinanciado.

La lucha contra la militarización del espacio es inseparable de la lucha contra la guerra imperialista. Solo la toma del poder político por parte de la clase trabajadora y la expropiación sin indemnización de los monopolios espaciales y de la industria de armamentos permitirán poner la ciencia y la tecnología al servicio de las verdaderas necesidades de la humanidad y no del exterminio mutuo en función de un soplo de vida capitalista.

4 de septiembre de 2026
Vaca Muerta: las muertes de Meliqueo y Latorre no deben quedar impunes

Se conoció un informe preliminar de Bomberos sobre las causas de la explosión que mató a dos trabajadores en Vaca Muerta el pasado martes 25 de agosto. Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre murieron cuando estalló una tubería en la USP 2 en Rincón del Mangrullo, operada por YPF. El informe señala que ocurrió una explosión mecánica por sobrepresión en el caño de 12 pulgadas de la línea manifold cardinal Este. Los manifold son un sistema compuesto por tuberías, válvulas y conexiones destinados a unificar, desviar o regular el flujo de fluidos entre múltiples fuentes y un destino en común. El informe señala signos de rotura y agrietamiento en las cañerías, lo que habría provocado el desplazamiento de elementos por la onda expansiva de la liberación súbita de energía. Se descarta una explosión química, al no hallar signos de combustión en los elementos circundantes. Para los bomberos, las tuberías estallaron como consecuencia de una acumulación de gas en el interior y descartaron también cualquier negligencia por parte de los trabajadores. El 80 % de las muertes laborales en el gremio petrolero se producen por causas "mecánicas". Las víctimas más frecuentes son los trabajadores jóvenes y con menor antigüedad. La fiscal Titanti está a cargo del caso. Por ahora no hay ningún imputado. No se ha informado la procedencia ni la data de las tuberías en mal estado que mataron a Meliqueo y Latorre, pero es sabido que buena parte de las instalaciones que recorren toda la región petrolera de Neuquén son anteriores a la privatización de YPF. En su momento, Repsol invirtió poco y nada en la renovación de la infraestructura. Esto no cambió tras la ´nacionalización´ de la empresa. Empresarios, gobiernos y burocracia ocultan celosamente el alto grado de siniestralidad que rodea la actividad. Los heridos y mutilados se multiplican.

La USP 2 debía ser operada por trabajadores capacitados, pero Latorre y Meliqueo, que eran personal jerárquico, intentaron la maniobra ante la falta de personal. Para Marcelo Rucci, secretario general de Petroleros, era ‘’una tarea correspondiente a trabajadores alcanzados por el convenio colectivo del sector’’ y los trabajadores fallecidos ‘’hicieron una de más’’. Pero Meliqueo y Latorre ensayaron tareas que no les correspondían no por gentileza sino bajo exigencia patronal. El sindicato no declaró ni siquiera un paro por duelo ni mucho menos adoptó un plan de lucha por el establecimiento de comisiones obreras de seguridad. Por el contrario, hace apenas unas semanas, se avino a firmar un convenio que ha establecido niveles de explotación laboral inéditos incluso para una actividad de enorme exigencia física como es la del gas y petróleo.

En Rincón del Mangrullo se producen 6.149.000 litros de gas. Eso es una producción equivalente al 20 % del total del gas producido por YPF. Para alcanzar tantos récords productivos, la patronal se aseguró un sistema laboral ´a la nigeriana´, donde la inseguridad y el trabajo a destajo son norma. Las patronales de Vaca Muerta vienen llevando adelante un recorte fenomenal de los planteles de trabajadores. La carga laboral ha crecido en forma superlativa, pero con menos personal y salarios en retroceso, jornadas de 12 horas y largos periodos de aislamiento en los campamentos petroleros que albergan en contenedores a miles de trabajadores en medio de la meseta patagónica. Los salarios se componen de ´bonos de producción´ que inducen a los trabajadores a cubrir turnos incluso en sus días francos. Este convenio fue celebrado por el gobierno liberticida como "un modelo de relaciones laborales". El riesgo de vida para los trabajadores incluye el estado deplorable de las rutas, peligrosas por su traza, mal estado y pésima iluminación. Los ´accidentes´ viales son moneda corriente. Las ciudades que rodean Vaca Muerta, convertidas de ´base´ para los contingentes obreros que vuelven de los campamentos, ofrecen servicios insuficientes en materia de salud, vivienda y educación, pero florecen en cambio la prostitución y la droga.

Esta forma de producción le garantiza enormes riquezas a las patronales. Los récords de producción petrolera tienen como contrapartida un cementerio de obreros.

4 de septiembre de 2026
Trabajadores del Teatro San Martín denuncian despidos y vaciamiento

Antes de que comenzara la función de Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires, la comedia musical histórica protagonizada por Elena Roger, con música de Charly García, la realidad de la clase obrera del circuito teatral porteño irrumpió en escena. Frente a una platea colmada, los trabajadores del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) utilizaron el audio de la sala -en el que se pide, por ejemplo, apagar los celulares- para denunciar el vaciamiento sistemático, la precarización laboral extrema y el despido inminente de 45 contratados.

El cuadro de situación descripto por los compañeros es terminal. Con una dotación actual de apenas 750 trabajadores para sostener la demanda operativa de cinco salas (San Martín, Alvear, Regio, Sarmiento y De la Ribera), el CTBA funciona al borde del colapso material. El propio personal técnico calcula que se necesitan al menos 1.250 plazas para cubrir con seguridad y eficiencia los montajes, la iluminación, la escenografía y el mantenimiento. Esta brecha se viene ensanchando desde hace más de 17 años por el congelamiento de vacantes, el impedimento del pase a planta y la utilización de contratos basura como variable de ajuste.

Este vaciamiento guarda una perfecta simetría con la ofensiva desplegada a nivel nacional contra el Instituto Nacional del Teatro (INT) y el resto de los organismos de fomento cultural. Del mismo modo que Milei intenta liquidar la autarquía y el financiamiento del INT para asfixiar al teatro independiente y federal, la administración de Jorge Macri en la Ciudad aplica la motosierra sobre el teatro público porteño. Hay un verdadero pacto de gobernabilidad en el ajuste: la gestión de la CABA ejecuta en el plano local el mismo programa de desmantelamiento de la cultura pública que impone el gobierno nacional.

Detrás de este ahogo presupuestario se esconde un objetivo estructural: la liquidación de la producción propia de los talleres, elencos y cuerpos técnicos estatales para convertir las salas históricas de la avenida Corrientes en plazas de alquiler al servicio de las grandes productoras del teatro comercial. Es el modelo de la mercantilización absoluta del arte, donde la cultura deja de ser un derecho de las mayorías trabajadoras para transformarse en un negocio privado regido por la rentabilidad y el patrocinio de las empresas.

Por otra parte, si los trabajadores del Complejo Teatral llevan casi dos décadas arrastrando este esquema de flexibilización laboral, es también por la responsabilidad directa de las direcciones burocráticas sindicales. Durante 17 años, las conducciones de SUTCBA y ATE CABA convalidaron cada avance de la precarización, aceptaron los contratos chatarra y administraron el ajuste a cambio de mantener la paz social con el Ejecutivo porteño.

4 de septiembre de 2026
La privatización de Transener, otro negociado ´libertario´

La privatización de la empresa de tendido eléctrico Transener estuvo plagada de irregularidades para beneficiar a los hermanos Juan y Patricio Neuss, íntimos amigos de Santiago Caputo. Una vez adjudicadas las acciones de la empresa al mejor postor, en menos de 24 horas, los hermanos Neuss realizaron un reparto de dividendos para recuperar parte del dinero invertido en las acciones (LPO, 31/08). Es como si hubieran comprado la empresa con el dinero de la misma.

Las irregularidades comenzaron desde la presentación de ofertas recibidas para la compra de las acciones. Durante más de dos horas, el sistema hizo públicas las ofertas de las empresas que competían contra los hermanos Neuss, lo que les dio tiempo de hacer la "mejor oferta" y hacerse con las acciones. Por otro lado, además, el valor base que fijó el Estado se encontraba muy por debajo del valor de mercado de las acciones.

El director de Enarsa, Tristán María Socas, había propuesto que la empresa genere una caja para repartir ganancias por encima de los 500 mil millones de pesos y alentar de esa manera la venta de acciones en manos de la empresa estatal (econojournal, 01/09). Los compradores participaban de la oferta sabiendo que, en la caja de la empresa, encontrarían dinero a disposición para cubrir la ´inversión´. Fue exactamente lo que ocurrió cuando los hermanos Neuss y sus socios asumieron el directorio de la empresa Transener, de la cual ahora poseen el 26 % de las acciones. En la adjudicación de dividendos, figuran montos por encima de los 40 millones de dólares adjudicados al holding de los Neuss.

La familia Neuss lleva varias generaciones asociadas al negocio de las sodas, gaseosas y jugos. Pero desde el ascenso de los Milei al gobierno ha realizado una fuerte reconversión hacia el sector de la energía eléctrica, llegando a tener inversiones en toda la cadena productiva. “Desde una pequeña distribuidora en Río Negro, se quedaron con las compañías eléctricas de Tucumán y Jujuy, además de una transportadora del norte y represas en la Patagonia. La compra de Transener los coloca ahora en el corazón de la red nacional de alta tensión” (LPO, 31/08).

El vínculo directo que mantienen con Santiago Caputo, se suma a la relación de los hermanos con la Fundación Faro (think tank libertario). Un esquema de “capitalismo de amigos”, tan frecuente durante los gobiernos K, en los cuales el gobierno de turno favorece a empresarios y grupos económicos asociados a su política o con vínculos personales fluidos. En este caso, la camarilla de gobierno ha implantado un esquema para generar su propia burguesía lúmpen, a imagen y semejanza, sin el menor pudor.

Existe un amplio silencio de radio sobre la privatización de Transener y de tantas otras empresas que fueron adjudicadas de manera preferencial a los amigos de la Casa Rosada. La obscenidad del caso Neuss no tiene nada que envidiar a los enjuagues la Farmacéutica Suizo-Argentina. No esperaron ni un día para empezar a ´recuperar´ lo invertido. Ningún fiscal ha tomado acciones de oficio.

4 de septiembre de 2026
Jorge Macri privatiza el reciclado y deja sin trabajo a 6.500 cartoneros precarizados por el Gobierno de la Ciudad

El jefe de gobierno de la Ciudad prepara para este mes la licitación y privatización del reciclado de los residuos secos, poniendo en duda la continuidad de 6.500 ´cooperativistas´ cartoneros. Estos trabajadores precarizados -llamados “recuperadores urbanos”- realizaron el pasado miércoles 19 una movilización en el barrio de Once, convocada por la “Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores”, encuadrada en la UTEP. Denunciaron la medida como un golpe contra las 12 cooperativas formalizadas.

Hoy en día los cooperativistas cuentan con un ingreso fijo pagado por el gobierno porteño de $ 390.000 que se suma al ingreso variable que obtienen de la venta de lo recolectado. Se paga unos $31.000 por cada 450 kilos de cartón - en dos años, pasó de valer $300 el kilo a menos de $100. La actividad incluye papel, plástico y vidrio, también. Estos son separados ‘in situ’ en los contenedores de basura por los propios cartoneros y carreros en jornadas extenuantes que no tienen tope horario ni días libres. Los carros, en su mayoría de tracción humana, corren bajo propiedad y acondicionamiento de los mismos cooperativistas.

La actividad está regulada legalmente desde 2002. En 2006 se establecieron recorridos y metas de recolección, dando prioridad al reciclado. Los cooperativistas explicaron en entrevistas que la modalidad tomó fuerza en el 2001 y la regulación de la actividad les dio luego un marco mínimo. Este sistema manual recupera unas 7.000 toneladas de residuos por mes y dicen que llegan a “recuperar seis estadios de River Plate todos los días en materiales”.

Los pliegos de licitación incluyen una cantidad de "Centros Verdes" y flotas de transporte que las cooperativas no llegan a cumplir, quedando fuera de concurso. Desde hace 25 años que el Estado aporta subsidios, predios y un sistema de transporte -hoy suspendido- a esta economía precaria y de subsistencia que atiende un problema urbano y ambiental de primer orden, en realidad. Las cooperativas cartoneras no tienen condiciones para competir con las empresas privadas dedicadas al rubro. Si bien hay maquinaria en parte del proceso de compactación en los predios de las cooperativas, el fuerte del trabajo sigue siendo de carácter manual, por lo que ninguna de las 12 cooperativas podría sobrevivir. Serían excluidas de entrada por carecer de la maquinaria pedida en el pliego licitatorio.

A pesar de este esquema privatizador del servicio público que impulsa el macrismo, desde la UTEP de Juan Grabois insisten en que el problema no es ni la modernización ni el pedido de mejora en trazabilidad que ofrecerían los privados, sino que se respete el “carácter social del sistema”, planteando una convivencia y entrelazamiento con el sector privado. No reclama, en cambio, la incorporación en masa de los cartoneros bajo el convenio de recolectores de basura, en reconocimiento por 25 años de precarización. Según el gobierno, la licitación tendría el propósito para “modernizar el sistema mediante tecnología y mejorar la eficiencia”, una excusa mientras crece las denuncias de vecinos por la suciedad y fallas en la recolección de los residuos. Macri ataca a los cartoneros, diciendo que recibió denuncias de vecinos por basura desparramada. Lo que ha crecido enormemente en "la ciudad más linda del mundo" es la cantidad de gente que vive en la calle y se alimenta de la basura, reflejo de una miseria social cada vez más extendida.

Al comienzo de su gestión, el propio Macri dio el golpe más serio que sufrió la actividad, al recortar la logística que trasladaba en camiones a los trabajadores desde diferentes puntos de la Ciudad hacia los centros de reciclado. A su vez otras dificultades para realizar el trabajo como las razzias, controles callejeros y las detenciones por “portación de cara” se sumaron al itinerario de la Policía de la Ciudad.

Esta avanzada de Jorge Macri es parte de una política más amplia de ataque a los trabajadores precarizados de la Ciudad. Que incluye un largo prontuario que va desde el desalojo de feriantes y manteros en parques y avenidas, el cerco fachista sobre [villas y asentamientos] (https://politicaobrera.com/16286-tormenta-negra-con-1500-oficiales-jorge-macri-se-presenta-como-el-candidato-del-fascismo-porteno) o la campaña xenófoba contra los migrantes y contra los trabajadores de provincia de Buenos Aires que entran a la Ciudad (https://politicaobrera.com/16413-operacion-muro-jorge-macri-agita-el-odio-a-los-trabajadores-del-conurbano). Un repertorio pensado por el PRO para disputar al electorado de derecha que La Libertad Avanza podría disputarle en territorio porteño. Una competencia entre fascistas

En el ámbito de la limpieza de calles, el gobierno viene de dejar en suspenso a [5.000 barrenderos] (https://politicaobrera.com/16220-jorge-macri-cierra-el-programa-veredas-limpias-y-despide-a-5000-trabajadores-que-mantuvo-precarizados-durante-20-anos) de organizaciones sociales que realizaban la limpieza en los pasillos y calles de las villas y asentamientos. Pero estos ataques se combinan también con la persecución a los trabajadores del Subte y docentes y estudiantes que se oponen a la reforma BA Aprende.

En la Ciudad, quienes explotaron y precarizaron a miles de cartoneros y recolectores que sobrevivían dedicados al reciclado e higiene urbana, ahora quieren descartarlos.

4 de septiembre de 2026
La privatización de Fabricaciones Militares: los liberticidas ponen a la industria armamentística bajo la cadena logística del imperialismo

El gobierno liberticida pone en agenda una nueva privatización, la de Fabricaciones Militares (FM), que se suma a la venta de otras propiedades y activos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, con el objetivo último de sumar a la cadena de suministros del imperialismo y a la guerra imperialista en curso.

Los planes del gobierno son ceder a consorcios privados el control operativo y la línea de producción de la empresa estatal Fabricaciones Militares, dependiente del Ministerio de Defensa, por los próximos 35 años. Por haber quedado fuera de las empresas sujetas a privatización en la Ley Bases, el proceso elegido por los liberticidas es un "Concurso Público Nacional e Internacional", buscando asociar al Estado con empresas privadas a través de la creación de Uniones Transitorias (UT). Este tipo de contratos prevé que el Estado conserve el dominio formal de los galpones y de la tierra, tratándose de una asociación de carácter transitorio. Este esquema pergeñado por el oficialismo le permite sortear el permiso del Congreso de la Nación, argumentando que no se produce una transferencia de acciones ni una venta directa de la empresa estatal.

"Cherry picking": la fragmentación de la privatización

ATE elaboró un informe técnico donde denuncia que el esquema presentado por el gobierno "es un atajo jurídico que esconde una privatización 'de hecho' en el funcionamiento diario de las plantas".

El esquema presentado por el gobierno dividió al complejo armamentístico de FM en cuatro áreas de producción específicas: Área Química, operativa en la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba, centrada en la producción de fertilizantes; en el mismo predio se ubica el Área Metalmecánica, dedicada a las tareas de fundición, maquinarias y desarrollo de material rodante ferroviario, cañones y vainas; la producción de pólvora, explosivos industriales y trinitrotolueno (TNT) se encuentra bajo la égida del Área de Explosivos, que tiene dos plantas, la Fábrica Militar Villa María, en Córdoba, y la Fábrica Militar Azul (Fanazul), en la localidad bonaerense de Azul; por último se encuentra el Área de Defensa, ubicada en la localidad santafesina de Fray Luis Beltrán, que provee municiones de bajo y alto calibre, armamento y chalecos balísticos. Desde ATE alertan que la fragmentación de las ofertas les permite a los privados licitar en las divisiones con una rentabilidad inmediata, habilitando lo que se conoce como "cherry picking", a partir del cual un operador puede quedarse con la línea rentable (por ejemplo, munición de alto calibre para exportación) y dejar que el Estado se haga cargo de las líneas deficitarias.

El proceso de selección de ofertas para el pliego ya está en su etapa definitoria y el Estado se prepara para recibir las propuestas de los competidores locales y extranjeros. Los obreros civiles seguirán siendo empleados de FM y será el Estado el que siga pagando sus salarios, pero estarán bajo las órdenes de las firmas privadas, mientras que "las remuneraciones, horas de trabajo, turnos y demás condiciones serán determinadas exclusivamente por el OPERADOR". Desde ATE denuncian que "el trabajador sigue siendo empleado del Estado, el Estado sigue pagando su salario y sus cargas sociales, pero quien organiza su trabajo, fija sus horarios, define sus turnos y determina sus condiciones es un operador privado extranjero que no es su empleador".

Estados Unidos

La licitación se encuentra digitada por los Estados Unidos, que ha impuesto condiciones regulatorias en los pliegos. En el artículo 12.2, que trata sobre bases y condiciones generales, se incluye la cláusula que establece que "no serán aceptados como OFERENTES o como INTEGRANTES de una OFERTA quienes se encuentren incluidos en las listas elaboradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica". En la página institucional de la OFAC se explicita que su "misión principal es proteger la seguridad nacional y apoyar la política exterior estadounidense mediante la restricción de transacciones financieras y comerciales con actores considerados riesgosos, como gobiernos extranjeros, terroristas, narcotraficantes internacionales y proliferadores de armas de destrucción masiva". Actualmente la OFAC mantiene sanciones sobre Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria, Crimea, y las regiones denominadas la República Popular de Donetsk (DNR) y la República Popular de Luhansk (LNR) en Ucrania, que se encuentran bajo la influencia de Rusia. Otra de las condiciones impuestas por el trumpismo es que el cánon que los privados deban pagar al Estado estará sujeto al Producer Price Index (PPI), índice de inflación mayorista que se encuentra bajo jurisdicción del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.

De esta manera, los liberticidas ponen a FM bajo legislación norteamericana y organismos extranjeros de control, para asegurar el control de fabricación de armas y municiones a corporaciones de la industria armamentística de Occidente, dando prevalencia a las de origen norteamericano.

La privatización de FM es parte de un reordenamiento general hacia dentro de las Fuerzas Armadas y sus activos. Esto incluye deshacerse de tierras de la Base Naval de Ushuaia, propiedad de la Armada, que se complementa con la reubicación anunciada de la Base Aeronaval Punta Indio. Desde la Armada dieron a conocer que se mudará la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima y la Escuela de Aviación Naval hacia la Base comandante Espora, en Bahía Blanca, a partir de enero de 2027. Por estos movimientos, 185 trabajadores civiles y 300 militares serán movidos de jurisdicción.

El pliego de licitación de FM incluye una verdadera cláusula de exclusividad: el artículo 36 impone la autoinhibición de fabricar, diseñar, desarrollar o comercializar de forma independiente cualquier producto similar o idéntico a los de las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) que operen en el territorio argentino durante los 35 años que dure la concesión. El pliego también establece que se conformará un Comité Ejecutivo integrado por 3 miembros en representación de los accionistas privados y 2 por el Estado, y la presidencia del mismo será ejercida por un miembro del sector privado. El representante legal también lo pondrá el privado, y el Estado no tendrá ningún recurso para desplazarlo. De esta manera, la empresa "estatal" estará dirigida de hecho por el sector privado.

El actual presidente de FM es Pablo Glöggler, ex CEO de Bodegas Bianchi. Fue convocado por el teniente coronel Carlos Presti cuando Milei lo designó ministro de Defensa. En una nota que concedió a Infobae, Glöggler anticipó el esquema privatizador de FM al señalar que "buscamos que una empresa de armas elija Argentina como su hub regional" (El Extremo Sur de la Patagonia, 19/8).

En junio pasado, Trump desempolvó la Ley de Producción de Defensa, aprobada en 1950 en respuesta a las necesidades de producción durante la Guerra de Corea, que obliga al sector armamentístico a aumentar la fabricación de armas después de que la guerra con Irán agotara las reservas, bajo el argumento de "que existen condiciones que pueden representar una amenaza directa para la defensa nacional o sus programas de preparación".

Según Andrei Serbin Pont, analista internacional en materia de defensa y seguridad, hay dos compañías que estarían interesadas en la privatización de FM, una de la República Checa y otra de Alemania; ambos países buscan expandir su industria de defensa y ven en Argentina una oportunidad estratégica. Desde el ámbito local, el grupo Neuss también se anota para "asociarse" a FM.

El contexto internacional marcado por la guerra imperialista y la escasez de insumos militares generó una demanda creciente y un alza de precios. En este marco de situación, el gobierno libertario pone bajo el mando de la OTAN la cadena logística armamentística, convirtiendo a la Argentina en una plataforma de la guerra.

4 de septiembre de 2026
El STMVL se solidariza y exige el sobreseimiento del profesor Bruno Corzo

3 de septiembre de 2026

Los abajo firmantes expresamos nuestro repudio a la imputación judicial y la causa iniciada contra el docente Bruno Corzo por "entorpecimiento del tránsito" en el marco de su participación en una protesta docente realizada el 7 de marzo sobre la Ruta Nacional N° 38, en Catamarca. Esa protesta fue una de las tantas llevadas adelante por docentes de la provincia en marzo, abril y mayo.

Rechazamos esta imputación que constituye un acto de persecución y un ataque al derecho constitucional a la protesta, a la huelga y a la organización de los trabajadores. La movilización por salarios, derechos laborales y presupuesto para la educación pública que se desarrolla a lo largo y ancho del país pretende ser criminalizada mientras Milei, los gobernadores y el Congreso Nacional quieren imponer una "esencialidad educativa” para amedrentar y disciplinar a quienes luchan.

La judicialización de la protesta docente sienta un grave precedente para el conjunto de los trabajadores. No aceptamos que se criminalice la participación en las luchas gremiales ni que se utilice el aparato judicial para intentar resolver conflictos sociales y laborales en contra de los trabajadores.

Por todo ello, exigimos:

EL SOBRESEIMIENTO INMEDIATO DEL PROFESOR BRUNO CORZO.

EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LA CAUSA.

EL CESE DE TODA FORMA DE PERSECUCIÓN CONTRA QUIENES PARTICIPAN DE LAS LUCHAS DOCENTES.

EL RESPETO IRRESTRICTO AL DERECHO A LA PROTESTA, A LA HUELGA Y ALA ORGANIZAGÓN SINDICAL.

Comisión Gremial Auxiliares STMVL

Comisión Gremial Auxiliares STMVL

Comisión Gremial Docentes STMVL

Comisión Gremial de Salud STMVL

Comisión Directiva STMVL

4 de septiembre de 2026
Chile: La Juventud contra el Foro Madrid

Los días 3 y 4 de septiembre se desarrolló el V Encuentro regional de Foro Madrid en Santiago, una conferencia que se define como una “alianza internacional de líderes, entidades y partidos que defienden la libertad, democracia y el Estado de derecho frente al avance la extrema izquierda a ambos lados del Atlántico”.

Aunque no reunió a la totalidad de la derecha chilena, sí congregó a la mayoría de sus partidos. Presidido por el diputado español Santiago Abascal, líder de VOX, contó con la participación de Ignacio Dulger, director del partido Acción Republicana; el parlamentario Ricardo Neumann, de la Unión Demócrata Independiente; el diputado Francisco Orrego, de Renovación Nacional; Benjamín Moreno y Cristian Araya, del Partido Republicano; y el secretario general del Partido Nacional Libertario, Juan Antonio Urzúa.

Como representantes del gobierno chileno participaron el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, actualmente en la mira de la opinión pública por la reforma constitucional que busca instaurar un régimen autoritario con respaldo del Congreso, y el presidente José Kast, uno de los fundadores del Foro Madrid.

No asistió al encuentro el partido Evolución Política, cuyos dirigentes señalaron que no comparten "puntos ideológicos e identitarios como deslegitimar la existencia de una izquierda democrática". Asimismo, manifestaron que esperaban de Kast "una posición moderada y declaraciones o afirmaciones que no generen una posición compleja de Chile en determinados temas".

Entre las delegaciones internacionales destacaron la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública y Asuntos Públicos de Estados Unidos, Sarah Rogers; el colombiano Enrique Gómez, senador del Movimiento Salvación Nacional; la ecuatoriana Diana Jácome, asambleísta de Acción Democrática Nacional; Tomás Zambrano, presidente del Congreso de Honduras; la diputada peruana Norma Yarrow, de Renovación Popular; y, por supuesto, el presidente argentino Javier Milei.

Uno de los ejes centrales del Foro Madrid fue la interpretación del estallido social de 2019, el fracaso del proceso constituyente, la derrota electoral del progresismo y la victoria de Kast. En este sentido, resulta ilustrativa la intervención de José Palma, director ejecutivo de Ideas Republicanas: "Esta semana constituye un punto de inflexión porque se cumplen cuatro años desde que se rechazó el proyecto de reforma constitucional presentado por la Convención Constituyente. Ese 4 de septiembre fue la verdadera culminación de un proceso revolucionario que comenzó hace dos décadas, con los movimientos estudiantiles de 2006 y 2011, con el movimiento No+AFP, con corrientes indigenistas, con el movimiento feminista de 2018 y que concluyó con la revolución de octubre de 2019. Todas nuestras instituciones estuvieron en peligro: las instituciones políticas, educacionales, culturales, policiales y religiosas. El triunfo del Rechazo fue posible gracias a una generación que se atrevió a defender las ideas del orden, la libertad, la familia, la vida, la justicia y nuestras tradiciones. Ahora ganamos, y nuestra lucha recién comienza".

Como contrapunto al Foro Madrid, se realizó el encuentro Democracia Siempre, en el que participaron el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido por la Democracia, la Democracia Cristiana y otras colectividades y organizaciones sociales, incluidas organizaciones sindicales, con el objetivo declarado de "defender la democracia y recuperar el diálogo".

A diferencia del Foro Madrid, que fue transmitido públicamente y en directo, la jornada de Democracia Siempre se desarrolló a puertas cerradas. Tampoco contó con la presencia de dos de las figuras más relevantes del sector, los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet, quienes se limitaron a enviar saludos. Al no registrarse denuncias de censura por parte de la prensa o de los medios oficiales, puede interpretarse que la reserva respecto de los debates y conclusiones políticas del encuentro fue una decisión deliberada de sus organizadores.

Según informó la prensa, durante la jornada se discutió la necesidad de "poner en el centro la defensa de la democracia, el diálogo y la búsqueda de acuerdos". También se expresó solidaridad con Camilo Escalona ante su enfermedad y se rechazaron las declaraciones de Javier Milei en defensa del golpe militar de 1973 y sus críticas al expresidente Salvador Allende.

Sin embargo, no hubo pronunciamientos sobre la reforma constitucional impulsada por Kast, la reforma previsional ni los recortes presupuestarios en salud, educación y vivienda. Menos aún se planteó la necesidad de impulsar una movilización para enfrentar estas políticas y luchar contra el gobierno. En este escenario, el presidente chileno pareciera no tener una oposición política claramente definida.

Mientras tanto, la juventud y los estudiantes secundarios, convocados por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), fueron los únicos que se posicionaron como una oposición activa tanto a las políticas del gobierno como al Foro Madrid. En las principales ciudades del país protagonizaron masivas movilizaciones que no solo denunciaron la realización de este encuentro y la presencia de dirigentes de VOX, representantes del sionismo estadounidense y sectores afines a Javier Milei, sino que también expresaron su rechazo a las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

Por su parte, la adhesión del movimiento estudiantil universitario se produjo inicialmente de manera independiente, ya que la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), dirigida por el Partido Comunista y el Frente Amplio, no había convocado en un primer momento a la movilización. Esta ausencia no fue casual, sino coherente con la pasividad exhibida por los participantes de Democracia Siempre frente al Foro Madrid y las políticas del gobierno. Sin embargo, durante la noche del 2 de septiembre, producto de las críticas y la presión ejercida por las bases estudiantiles, la zonal metropolitana de la Confech anunció su incorporación a la convocatoria. En contraste, ninguna organización sindical se hizo presente ni impulsó acciones de apoyo a estas movilizaciones.

Los estudiantes secundarios reivindican así la tradición de lucha del movimiento estudiantil y retoman el camino abierto por la rebelión popular de 2019.

7 de septiembre de 2026
Tierra del Fuego: arranca la sexta semana de huelga docente indefinida

En la provincia más austral del país y en pleno invierno continúa firme una de las luchas más importantes de la clase obrera de este año. Continúan los acampes permanentes en sedes del Ministerio de Educación y Casa de Gobierno y las asambleas en los distritos. El viernes 4 de septiembre hubo una nutrida marcha provincial de antorchas que refleja todavía una gran reserva de lucha de la docencia.

El gobierno provincial del kirchnerista Gustavo Melella no volvió a presentar una nueva oferta salarial. Recién el lunes 7 de septiembre habrá una nueva reunión paritaria. Lo último ofrecido representa $59.000 de aumento, para cuatro meses, la mayor parte por fuera del salario básico. Esto fue rechazado en 201 escuelas de la provincia de las 202 que existen. El sindicato docente fueguino, SUTEF, reclama un salario igual al costo de la canasta familiar, equivalente a $3.000.000. Por su parte, el Gobierno demoró el pago de los salarios correspondientes a agosto con el claro objetivo de desgastar a la docencia, luego de aplicar descuentos salariales durante el primer semestre del año.

El SUTEF denuncia que el proyecto de presupuesto provincial para 2027 supone una reducción del 16 % en la partida destinada a horas cátedra para el período 2026-2027, el congelamiento de cargos en los distintos niveles, modalidades y la afectación de programas vinculados con el acompañamiento de parejas pedagógicas y docentes de apoyo a la inclusión. Melella asegura que no tiene fondos para pagar el aumento que exige la docencia. El SUTEF propone la implementación de impuestos progresivos a los grandes intereses económicos radicados en la provincia.

En esta lucha, Melella, autopretendido “nacional y popular”, ha actuado en completa sintonía con los “libertarios”: motosierra al salario docente, al presupuesto educativo, ataque al derecho a huelga. Los “libertarios” oficiales en Tierra del Fuego son una usina permanente de ataque a los docentes y al SUTEF. Un diputado libertario acusó esta semana de “criminal” a la conducción del SUTEF.

En medio de esta huelga, Milei ha anunciado la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, en el Puerto de Ushuaia, que estará al servicio del Pentágono y de la IV Flota norteamericana, a un costo de base que ronda los 300 millones de dólares. Melella ha ofrecido todo su apoyo a esta escalada bélica protrumpista, mientras ajusta a las maestras y la escuela pública de la provincia.

El ahogo fundamental de esta lucha proviene de la propia CTERA, que no le ha dedicado ni siquiera una mención. Ninguno de sus dirigentes se aproximó a la huelga. El FreSU (Frente de Sindicatos Unidos), por su parte, se movilizó en apoyo a la huelga recién cinco semanas después de que comenzara. El paro nacional en apoyo a los docentes fueguinos no puede demorarse ni un sólo día más.

Los sindicatos y seccionales docentes opositores a la conducción kirchnerista de CTERA, como la ADOSAC de Santa Cruz, UNTER de Rio Negro, la seccional ATEN de la capital de Neuquén y los SUTEBA opositores, deben pasar a la solidaridad activa con esta huelga, convocando a un paro nacional docente en apoyo a los docentes de Tierra del Fuego, para nacionalizar el conflicto y abrir paso a las tendencias a la lucha que existen en innumerables distritos.

Si triunfan los docentes de Tierra del Fuego, será un avance fundamental en la lucha por el salario, el presupuesto educativo y un golpe al gobierno del fascista Milei y los gobernadores cómplices en las provincias.

7 de septiembre de 2026
Siderca: operadores de grúas arrancan un corte de horas extra

Los gruístas del sector Acería de Tenaris Siderca llevarán adelante una medida de fuerza: el corte de horas extra. Arrancará el próximo 7 de septiembre, Día del Metalúrgico. Denuncian atropellos de la jefatura de Acería, tareas peligrosas impuestas y que la jefatura se niega a responder por escrito. Es el resultado de una seguidilla de atropellos de la jefatura del sector, que se fueron acumulando hasta que se colmó la paciencia de los compañeros. Vale la pena contar cómo se llegó hasta acá, porque es un manual de cómo Siderca trata a sus trabajadores.

Los gruístas pasan casi las ocho horas del turno arriba de la grúa, con un solo relevo, que además no siempre cae en un horario cómodo. Tenían un dispenser de agua. Con la excusa de una inspección interna de seguridad, la jefatura adujo que ya no podían tener dispenser porque era peligroso subir el bidón de 20 litros hasta el sector. La solución que encontraron, en lugar de resolver cómo subir el agua o poner dispensers más chicos (que los hay), le regalaron a cada gruísta una botella de aluminio. Cuando todos tuvieron su botellita, les sacaron los dispensers. Y la jefatura salió a decir que los trabajadores “aceptaron” la medida, porque aceptaron la botella. Como si recibir una botella fuera firmar la renuncia al agua fresca en el puesto. En el sector están tan mal las cosas que a los compañeros no les dejan subir un bidón de agua, pero sí los ´autorizan´ a subir una buza de 20 kg (una pieza cilíndrica o tubular fabricada con materiales refractarios de alta resistencia) al hombro por escalera.

Desde el cuerpo de delegados de Acería Unida se venían reclamando mejoras para los gruístas: por ejemplo, una pequeña heladera en la grúa, para poder guardar alimentos de forma fresca. La respuesta fue exactamente la opuesta a lo pedido: no solo no dieron la heladera, sino que encima sacaron el agua que ya había. Un retroceso donde se pedía un avance.

La jefatura avanzó con algo más grave: cargarles a los gruístas tareas que no son suyas, incluidas tareas peligrosas. Por un lado, les quieren imponer una función que debería hacer un supervisor de piso: dar el paso, mediante un botón en la cabina de la grúa, a un equipo pesado para que opere en la nave 4. Es una responsabilidad que no corresponde al puesto de gruísta.

Los gruístas denuncian que se les exige realizar maniobras peligrosas para no frenar la producción. La más grave: dejar la cuchara suspendida (una cuchara de acería, también llamada cucharón de colada, es un gran recipiente industrial de acero revestido con material refractario que sirve para contener, transportar y refinar acero líquido) con 80 toneladas de acero líquido, por encima de la cabeza de los Operadores de Cuchara, mientras se realizan tareas de mantenimiento (cambiar un o'ring del sello de argón). Es decir, mantener colgada una carga descomunal de metal fundido sobre los trabajadores para no perder tiempo de producción, poniendo en riesgo la vida de los operadores. Esa fue la gota que rebalsó el vaso.

La jefatura de Siderca no dio respuestas al reclamo de los trabajadores. Acusan de conflictivos a los gruístas. No concedió ninguna reunión, sino que juntó a algunos gruístas por separado para tratar de convencerlos de aceptar las condiciones. La respuesta de los gruístas fue contundente y tiene un enorme valor: devolvieron las botellas de aluminio, reclamando la restitución del agua.

El corte de horas extra llega en un momento en que la Acería está trabajando al cien por cien de su capacidad, con la carga de órdenes a full y con faltante de personal. La empresa necesita más que nunca de estos trabajadores y de sus horas extra. Los trabajadores viven presionados por los salarios de miseria de la UOM. Lo que se está discutiendo de fondo es si Siderca impone sus condiciones de trabajo en la línea de la Contrarreforma Laboral, o si se discuten con los trabajadores y sus delegados. Los gruístas de Acería están mostrando el único camino que da resultados: el de la unidad de clase, la organización y la lucha.

7 de septiembre de 2026
Ezeiza: Kreplak y Kicillof sancionan a médicos antiprivatistas

Hace cerca de un año se inició un movimiento de vecinos y pacientes del Hospital Interzonal Eurnekián, de Ezeiza, motivados por un sinnúmero de quejas en relación a la prestación de los servicios del mismo, porque se manifestaba un deterioro muy marcado en relación a la prestación de los servicios de salud para la población de la zona. La lista de reclamos y quejas era larga, y fue más adelante plasmada en un petitorio: faltante de algunos insumos básicos, ausencia de cobertura de cargos en determinadas especialidades, ausencia de otras especialidades importantes, médicos que renunciaban por maltrato directivo, turnos con muchos meses de retraso, larga espera en la guardia para ser atendidos, tomógrafo y resonador fuera de servicio, y otros tantos. Los vecinos y pacientes comenzaron a realizar asambleas en la puerta del hospital los días viernes a la mañana.

Las asambleas realizadas en la puerta del hospital durante noviembre y diciembre del año pasado fueron muy numerosas. Alguna superó los 100 asistentes. Alarmados el poder municipal y provincial por la profusa difusión en las redes sociales de estas asambleas, instalaron una importante presencia policial. En una de las asambleas, algunos profesionales se arrimaron a la puerta a dialogar con los vecinos. A partir de ese momento comenzó una verdadera 'caza de brujas’ hacia algunos médicos. Al Dr. Fernando Murias se le impidió trabajar en las guardias de pediatría, y también se cerró un consultorio abierto en época del Director Dr. Ciruzzi donde él atendía a personas vulnerables de movimientos sociales. Al mismo tiempo se le inició un sumario al Jefe de Neurocirugía, Dr. Gustavo Pirolo, se ingresó a su oficina rompiendo cerradura y con la fuerza policial y se extrajo un aparato de su especialidad que estaba a su cuidado; luego el Dr. Pirolo fue suspendido, situación que se mantiene hasta hoy. Se le impide el ingreso a su trabajo aun cuando el tiempo de suspensión llegó a su fin hace meses; de esta manera se le obligó a judicializar la pelea por el reingreso. La suspensión del Dr. Pirolo lleva la firma del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, de formación camporista. El Dr. Pirolo está siendo objeto de una persecución por el “delito de opinión”, propio de gobiernos autoritarios. Mientras tanto la dirección del hospital ha presentado en las redes sociales al “nuevo jefe de neurocirugía, el Dr. Marcos Chiarullo”, sin trayectoria en el Hospital Eurnekian.

La nueva dirección del Hospital Eurnekian

Décadas atrás, la Corporación América (que encabeza Eduardo Eurnekian, empresario dueño de una de las cuatro mayores fortunas del país) se presentó en la licitación pública del control de decenas de aeropuertos nacionales, siendo el Internacional de Ezeiza el más importante. En esa ocasión, al realizar la oferta para la licitación del control del aeropuerto de Ezeiza, Eurnekian agregó que iba a construir un hospital y que lo iba a donar, para que se traslade el viejo Hospital Zonal Madre Teresa de Calcuta, que funcionaba en Barrio Uno cerca del aeropuerto, en un lugar alquilado. El intendente de Ezeiza de ese momento, Alejandro Granados, le agradeció a Eurnekian esa “acción altruista por fuera de la licitación”. Sin embargo, habiéndose inaugurado el nuevo hospital en 2010, al día de hoy no queda claro si es donación, préstamo o alquiler del lugar físico. Por otro lado, el grupo empresarial mantiene su influencia en el manejo del hospital, desde la imposición del nombre, Dr. Alberto Eurnekian, hasta el manejo de la Cooperadora del hospital que quedó en manos de Patricia Eurnekian, exgerente de América TV. Los Eurnekian trajeron a la Dra. María Junes como nueva directora del hospital, cargo asumido a mediados del año pasado obviamente con la firma del ministro Kleplak, y el visto bueno del intendente y el gobernador. Los médicos y el resto del personal que pone el cuerpo todo el año son ignorados a la hora de decidir la dirección y el rumbo de un hospital público.

¿Qué dicen ATE, CICOP y el Sindicato de Salud Pública?

ATE y otros gremios denuncian la privatización del sector de gestión, recupero de costos, o sea, el manejo financiero, del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas. Algo que ya está sucediendo con esta y otras áreas en los hospitales bonaerenses, como el comedor, la limpieza y la seguridad, cuando no mandar a los pacientes a lugares privados a hacerse estudios costosos. ¿Pero qué conducta han tenido estos gremios respecto de las denuncias del avance privatizador y las sanciones a médicos en el Hospital Eurnekian? En principio, el apoyo a la dirección con perfil privado. De entrada, nomás, tanto ATE como el Sindicato de Salud Pública emitieron comunicados fustigando las asambleas en la entrada del hospital. “No compartimos las juntadas con perfil político que boicotean y descalifican al hospital”, se apuraron en comunicar desde ATE los directivos de la seccional Ezeiza. El Sindicato de Salud Pública, por su parte, emitió un comunicado en la misma línea. CICOP brilló por su ausencia. Obviamente, la directora Junes agradeció públicamente el apoyo de estos dirigentes sindicales.

El petitorio

En los primeros meses del año la asamblea de pacientes y vecinos se abocó a trabajar el petitorio mencionado en la puerta del hospital, en algunos barrios y en el centro de Tristán Suárez; ¡la respuesta fue la firma de más de 2.300 vecinos! En la puerta del hospital los pacientes nos relataban nuevos problemas y nuevas situaciones por la insuficiencia de la prestación. Muchos trabajadores apoyan, pero tienen temor a las represalias. Tal es el grado de desorganización y atomización. En el proceso de juntada de firmas recibimos la noticia de que volvió a ponerse en funcionamiento el tomógrafo. Posteriormente se intentó entregar firmas juntadas en persona a la directora Junes, rechazado por la misma.

¡Reclamamos el cese de las persecuciones y represalias!

7 de septiembre de 2026
Nepal necesita 5.000 millones de dólares para su reconstrucción

Según The New York times del 31 de agosto, el jefe de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Bosques y Medio Ambiente de Nepal, Maheshwar Dhakal, dijo que el cambio climático antropogénico fue un factor en el terrible colapso glaciar e inundaciones de la semana pasada y que el costo del desastre es de 5.000 millones de dólares aproximadamente hasta la fecha. Es que la ríada de Nepal destruyó infraestructuras de comunicación y energía como rutas, puentes, puertos, centrales hidroeléctricas; infraestructura de monitoreo geológico e hídrico; infraestructura urbana como casas, escuelas, centros sanitarios, y dejó un tendal de muertos y desaparecidos.

El gobierno de Nepal envió una carta a la junta directiva del fondo especial de la ONU para pérdidas y daños solicitando que active estos fondos para afrontar la reparación de Nepal. Richard Sherman, integrante del consejo de administración del fondo para pérdidas y daños, afirmó que el fondo no cuenta con el dinero necesario para afrontar los múltiples desastres naturales que azotan a la población mundial. Frente a las 119 solicitudes hechas en los últimos meses, por un total de 2.800 millones de dólares, solo cuenta con 400 millones. A Nepal solamente podría destinar 20 millones de dólares.

El Fondo de Respuesta ante Pérdidas y Daños fue creado durante la COP 27 y finalmente conformado en la COP 28 con el objetivo de recaudar el dinero necesario para afrontar los costos generados por las catástrofes inducidas por el cambio climático. En realidad, el problema del financiamiento no era más que una aspirina para un cáncer, porque la crisis del medio ambiente es el producto de la lógica de producción capitalista, que prioriza costos y beneficios por sobre la salud del ser humano y del medio ambiente en su conjunto. La lucha contra el cambio climático, abordada desde su raíz, requiere un rediseño de la producción mundial en base a las necesidades elementales de la población global. El rediseño de la lógica de producción y, por tanto, un cambio desde la lógica de la renta hacia la lógica de la salud, implica la superación del capitalismo por un régimen social superior. Un reconocido medio londinense refirió que este fondo significaba una “vaquita” para que los Estados capitalistas y los grandes monopolios “salven sus almas del purgatorio”. Pero lo cierto es que, ni siquiera en estos términos planteados por los Estados Parte de la convención, se avanzó.

En 2023 se estimaba que los costes del cambio climático rondaban los 143.000 millones de dólares anuales. Hoy, según informes realizados por las mismas Naciones Unidas, son más de 200.000 millones, que ascienden a los 2 billones si “se tienen en cuenta los gastos en cascada y el daño a los ecosistemas” (news.un.org, 27/05/2025). La COP encomendó al Banco Mundial la tarea de administrar los fondos que podían provenir de donaciones de Estados o de privados, así como fuentes de financiamiento barato. Desde 2024, 26 países se comprometieron a donar 600 millones de dólares de los cuales solo se han efectivizado 480 millones al 30/08/2026 (https://fiftrustee.worldbank.org/en/about/unit/dfi/fiftrustee/fund-detail/frld#3). ¡Para costos mundiales estimados en 2 billones de dólares, el FPD solo ha recaudado 480 millones!

¿Cuáles son las prioridades de los Estados parte de la CMNUCC?

Los países imperialistas, llamados “desarrollados” en el texto de la CMNUCC, que habían asumido en 1992 la responsabilidad por el aumento de las temperaturas –debido a la incidencia de su desarrollo industrial en las emisiones de GEI- simplemente desconocieron esta responsabilidad y dejaron de financiar al organismo. Las causas directas de esto difieren en Estados Unidos y en Europa. El 8 de enero de 2026 y, “en consonancia con la decisión de la administración de Trump de retirarse de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos comunicó que se retiraba del Fondo Verde para el Clima y de su Junta Directiva. Esto también significó el corte de donaciones al fondo de pérdidas y daños. Según Scott Besent, Estados Unidos dejaba de relacionarse con estos organismos a los que calificaba de “organizaciones radicales”. La campaña de la corriente trumpista y fascista MAGA contra la tesis del cambio climático producida por el “hombre”, tuvo como objetivo reorientar la política energética de los Estados Unidos desde los subsidios y la promoción de las energías de origen renovable hacia los incentivos a la producción de energía de origen fósil. Lo hace porque los capitales de la industria de las renovables son principalmente de origen europeo y chino, y los de las fósiles, americanos. El acaparamiento de recursos energéticos para alimentar su industria digital -para cuyo desarrollo también se lanzó a la carrera por el acaparamiento de tierras raras- ha empujado a Estados Unidos a un feroz enfrentamiento militar con el resto del mundo.

Pero los demócratas de Europa que se decían defensores de la tesis del antropoceno, también se acoplaron a esta política de desfinanciamiento de la lucha contra el cambio climático. La campaña de Úrsula Von Der Leyen a la presidencia de la Comisión Europea, durante el año 2024, se basó en la propaganda del aumento del presupuesto para defensa, con el argumento de que Europa debía romper su dependencia de la compra de armamento norteamericano -Europa importa la mayoría de los suministros de defensa desde Norteamérica-. Omitió plantear que también debía romper su dependencia energética, porque desde los inicios de la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, en 2022, importa GNL mucho más caro del que compraba a Rusia. Rusia es para Europa no solo el recuerdo de la primera revolución obrera, hoy más que mancillada por la oligarquía capitalista de Moscú, sino también un rico territorio de minerales raros, petróleo y gas. El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, había pedido a los ciudadanos del viejo mundo hacer un sacrificio aceptando recortes en el gasto social para aumentar el financiamiento de la guerra (es.euronews.com, 12/12/2024). Estados Unidos tiene las armas y la IA, pero necesita energía y minerales raros; Europa tiene energía renovable, desarrollada a medias, y tecnología digital, también desarrollada a medias, insuficientes ambas para seguir manteniendo su estatus de imperialismo. Estados Unidos primero y Europa, después, se lanzan a la guerra para evitar su decadencia.

Los Estados parte de la CMNUCC simplemente han dejado de financiar la lucha contra el cambio climático porque están concentrando esa financiación en la maquinaria de la guerra. Según el informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, SIPRI, realizado este año, el gasto militar mundial aumentó por undécimo año consecutivo, alcanzando los 2,9 billones de dólares en 2025. Estados Unidos ha gastado 954 millones de dólares, China 336 millones de dólares y los principales países europeos suman 340 millones de dólares. En junio de 2025, los miembros de la OTAN acordaron un aumento del gasto militar para 2035 del 5 % del PBI. El desastre ambiental y humanitario de Nepal puso de manifiesto la inviabilidad de los planteos de los demócratas mundiales acerca del financiamiento de la lucha contra el cambio climático. Los desacuerdos entre los Estados imperialistas durante la COP 28 y la COP 29, acerca de quién debe pagar los costos de la crisis ambiental, tenían como trasfondo la discusión acerca de la necesidad de reducir el gasto ambiental para multiplicar el gasto de la guerra. No es casual que quien haya picado en punta con este planteo haya sido Donald Trump.

La discusión acerca del financiamiento de la lucha contra el cambio climático ha sido una gran farsa, Nepal lo demuestra.

8 de septiembre de 2026
El próximo Cromañón podría ser el Hospital Moyano

Entre el sábado 29 de agosto y el lunes 7 de septiembre, se registraron dos incendios en el Servicio de Guardia del Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano. Pacientes, profesionales y familiares debieron recibir asistencia médica del SAME.

El Hospital Moyano volvió a ser escenario de un hecho grave. El operativo desplegado contó con la presencia de los Bomberos y diez ambulancias del SAME. La mayoría de las personas asistidas lo hicieron por la inhalación de humo. Además, dos personas fueron trasladadas a los hospitales Argerich y Penna; una de las usuarias permanece internada como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono.

No se trata de un hecho aislado. En mayo de 2024, un incendio de gran magnitud se desarrolló en el servicio Griessinger, afectando el entretecho del segundo piso, provocando el desprendimiento de parte de la estructura y obligando a evacuar a 66 pacientes.

Este nuevo episodio pone de manifiesto las precarias condiciones edilicias, la falta de mantenimiento y el recorte presupuestario, la falta de personal adecuado y una inauguración apresurada de un servicio que necesita ser pensado a la luz de las condiciones actuales de la población asistida.

Con premura, el Ministerio de Salud porteño, con la complicidad del director del Hospital, ordenó inaugurar la nueva guardia. La misma no cuenta con las condiciones necesarias para la atención de pacientes en situaciones agudas de salud mental. La enfermería se encuentra alejada de las habitaciones y desde ahí no se puede controlar ni visibilizar qué pasa en las mismas. Por otro lado, la puerta de ingreso al servicio es ciega y se necesita de un “llavín” para poder abrir la puerta. El sector carece de salidas de emergencia que permitan el acceso a un parque propio. Los consultorios no tienen la doble circulación necesaria para la atención en urgencia. El material de las habitaciones (colchones, camas, etc.) no son ignífugos.

No todo lo que reluce es oro en CABA

Desde hace dos décadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene llevando a cabo una política de achique en Salud, entre la falta de inversión y los salarios de hambre, que llevan a los trabajadores a mantener entre dos y tres trabajos. Esta sobrexplotación nos coloca en situaciones de estrés ante hechos de emergencia.

A esto se le suma la política pública que impone como propaganda “la limpieza de la Ciudad”, entendiendo como tal a los operativos llevados a cabo para “barrer” a la gente en situación de calle y los desalojos exprés. Este gobierno de derecha empuja a la hospitalización e institucionalización a la clase trabajadora activa o desocupada. Expulsa al último eslabón de la clase al encierro y la criminalización.

El contexto de crisis económica -endeudamiento, cierre de fábricas, desocupación masiva- llevan a los trabajadores al padecimiento mental. Los hospitales deben ser preparados para enfrentar la epidemia que se viene.

Nuestro país presenta hoy la tasa más alta de suicidios jóvenes. La falta de un proyecto vital, la incertidumbre frente a un mundo en guerra necesita de una salida obrera y socialista.

8 de septiembre de 2026
La izquierda malvinera

Los dichos de Javier Milei sobre las Islas Malvinas encendieron los planteos de corte nacionalistas que recorren del kirchnerismo al FITU. Ya habían coincidido, previamente, en las consignas “La Patria no se vende”, “Las Malvinas son argentinas y nuestras tierras también” y la reivindicación programática de “los bienes comunes naturales”. Una ´unidad patriótica´.

A despecho de la guerra mundial en desarrollo, el FITU se plegó al “reclamo de soberanía”, mostrando sus diferencias, claro, con Milei.

Sin embargo, la cuestión Malvinas ha sido un recurso sistemático de la burguesía contra los trabajadores en momentos de crisis y debilidad de sus gobiernos.

La diputada Myriam Bregman, luego del discurso de Milei del jueves pasado, posteó en la red X: “Le hackearon las neuronas o (sic) Estados Unidos lo está usando como enviado para provocar (sic) a Gran Bretaña en su actual disputa entre piratas. Se lo escribieron en el Pentágono". Una pelea callejera en lugar de una guerra por un nuevo reparto del mundo. Poco después, reforzó: “Más que nunca ¡fuera ingleses de Malvinas, fuera yanquis de América Latina!”.

El PTS hizo punta apropiándose de la consigna "Las Malvinas son nuestras y el resto del territorio también". ¿"Nuestras" de quién? ¿De la clase obrera? ¿Prefieren tener a Vista en Vaca Muerta, la petrolera ´nacional´ de Manuel Galuccio, antes que a Navitas explotando el subsuelo atlántico? Este ´calce´ de posiciones con la burguesía ´nuestra´ -atada de mil modos al capital financiero internacional y al imperialismo- había sido proclamado por la diputada del FITU algunas semanas atrás, cuando sentenció que “la izquierda será antiimperialista o no será”. De socialismo, ni hablar. Tras años de ignorar el himno y los símbolos patrios, Bregman ha pegado una voltereta espectacular, sin aviso. El ‘antiimperialismo´ es remontar "la decadencia nacional”, asegura el programa del PTS para la candidata. En entrevistas recientes, Bregman ha declarado que, tras la derrota parcial de Milei con la "ley de inviolabilidad de la propiedad privada" el pasado 6 de agosto, el gobierno se vio obligado a instalar una “agenda patriótica frente a las dificultades de gestión”. Lo de Milei es, entonces, una expresión de las victorias del pueblo. En definitiva, Javier Milei sería un polizón en el barco malvinero que reivindican peronistas, kirchneristas y el FITU.

Bregman, sin embargo, también denuncia la injerencia del imperialismo norteamericano en los anuncios de Milei y su interés de expandir su influencia en el Atlántico Sur (La Voz, 4/9). Según Bregman, "nadie puede pensar que a Milei, que impulsó la aprobación del RIGI, del Súper-RIGI, de la ley de glaciares, de la reforma laboral que pedían las multinacionales, es alguien a quién le importa la soberanía" (ídem). Bregman confunde la soberanía territorial con la soberanía política, y a ésta con un régimen emancipador: son tres formas de la dependencia –colonia, semi-colonia, dependencia económica.

La Izquierda Diario se embandera en el nacionalismo

Para Fernando Rosso, editorialista de LID, el anuncio fue "un manotazo de ahogado de Milei”, porque "está tratando de apropiarse de una causa que contradice toda su política”. Este concepto es incoherente y una admisión de que Milei podría estar pegando un viraje antiimperialista. Rosso adolece de una dificultad óptica, pues confunde sus ambigüedades con la dialéctica. La contradicción entre burgueses y proletarios es reemplazada por "nacionales" y "entreguistas". Malvinas, insiste, es "una de las pocas causas capaces de atravesar casi todas las identidades políticas argentinas” (sic); por ejemplo, las identidades de Milei y Rosso.

En la mirada de Rosso la guerra mundial y la crisis histórica del capitalismo están completamente ausentes, incluso como categoría de análisis. El problema se reduce a “una pelea con sus propios aliados” que Trump impulsa para repartir costos militares con los países europeos en el marco de “una disputa estratégica con China”.

Grabois

El FITU y sus principales voceros están a tono con lo planteado por un ´viejo compañero de ruta´, Juan Grabois, que generó consternación en X al saludar con entusiasmo chovinista los anuncios de Milei: “Aunque sea el peor gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien. Bienvenido el cambio de 180 grados de Milei que pasó de soquete colonizado a recuperar la posición histórica de la Argentina. Los ´kelpers´ son efectivamente población implantada y no le asiste el derecho a la autodeterminación. Ganamos la batalla cultural”. Medios como Clarín e Infobae entendieron el elogio de Grabois a Milei como prueba de la viabilidad de la "unidad nacional" por Malvinas. Gustavo Melella, el gobernador kirchnerista de Tierra del Fuego, tocó la misma canción: "Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas. Por eso acompañamos la construcción de un frente político e institucional unido que nos permita pasar de las declaraciones a las acciones concretas en defensa de nuestra soberanía".

La ´bandera malvinera´ que agitó Milei puso sobre la superficie la ´unidad nacional´ de libertarios, peronistas y la izquierda ‘patriotera’. Donald Trump lo hizo.

8 de septiembre de 2026
Una malvinización bajo la égida del imperialismo norteamericano

Los anuncios de Milei sobre Malvinas no han provocado la menor zozobra en el capital financiero. Nadie lo consideró motivo para retirar a sus capitales de la especulación o siquiera esbozar una queja. Dos gigantes del mercado de servicios petroleros -Halliburton y Schlumeberger- con trabajos en Vaca Muerta, aseguraron que no piensan incursionar en las plataformas del Atlántico Sur. En cuanto a las empresas directamente afectadas, la israelí Navitas y la inglesa RockHopper, han señalado que continuarán sus trabajos bajo el amparo de sus contratos.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel ha reclamado en X que su Estado “reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”. Ha sido una réplica a las declaraciones del gobierno británico a favor de los “dos Estados”. En Argentina, el megaempresario sionista Eduardo Elsztain, un accionista minoritario de las Falklands Company -el principal conglomerado de intereses capitalistas locales en las islas- la definió, sin temor al ridículo o al cinismo, como una “contribución a la soberanía argentina en las islas”.

Milei ha dado vuelta la agitación malvinera contra su gobierno, a partir del Mundial, para convertirla en un refuerzo de la dominación norteamericana en el Atlántico Sur. Metió la banana de nuevo en la cáscara, convirtiendo a una reivindicación nacionalista, sin sustancia social, en un nacionalismo reaccionario al servicio del imperialismo. Descubrió el carácter dual del nacionalismo, cuando se le quita su contenido de clase, Milei le ha ofrecido a Trump la agitación nacional y popular de Malvinas para su disputa interimperialista con sus rivales internacionales y para quedarse con aguas, territorios y puertos ajenos. El Cronista dice que el costo de la base naval de Ushuaia -400 millones de dólares- es mucho más elevado que el dinero presupuestado con ese fin: sólo la cuarta parte. Ravier, el vocero presidencial, se apresuró a prometer que la obra será llevada adelante “100% por capitales argentinos”, cuando es un secreto a voces el financiamiento norteamericano. El mismo diario revela que la obra naval es suplementada por partidas para el Ejército y para la SIDE. La “invocación a la defensa nacional y el nacionalismo serán la coartada para un reforzamiento represivo. Santiago Caputo ha acusado de “agentes británicos” a los que critican la operación política malvinera de los liberticidas. “Hay que marcarlos”, subrayó.

La manipulación malvinera del gobierno desnuda las limitaciones insalvables del nacionalismo, que no se reduce a defender la independencia nacional sino los privilegios nacionales contra otras naciones. El nacionalismo territorial de Milei apunta a proyectar a Argentina a uno de los bloques imperialistas en disputa, como el de los nac&pop al de sus rivales. No hay una muralla que se interponga entre el nacionalismo antiimperialista del que colabora con el imperialismo –basta mirar en lo que devino el chavismo venezolano. No comporta un choque con el imperialismo ni con el capital extranjero. La operación de Milei, expuesta en una forzada Unidad Nacional con los pagadores seriales de la deuda pública con la sangre de los trabajadores, denuncia una tentativa fascista.

Los “malvineros” de la oposición peronista o de izquierda aseguran que Milei “no cumplirá” con la recuperación de las islas; los K y el FITU, tampoco. Todo esto es demagogia electoral de baja graduación; dicen que Trump “no reconocerá” los derechos argentinos, como si estuviera dispuesto a reconocer algún otro que los del imperialismo norteamericano. El ‘kukismo’ y el ‘zurdaje’ no pasan un examen PISA de lucha de clases. Nunca nadie ha planteado liberar Malvinas de los ingleses por vía revolucionaria. La ‘mejor’ propuesta ha llevado siempre 30 años de ‘soberanía compartida”. Juan Grabois ha aplaudido el “giro de Milei”. Pero Milei (y Trump) no defienden los “intereses argentinos”, sino las apetencias estratégicas del Pentágono en el Atlántico Sur. Todo ello es parte parte del entramado de la guerra imperialista internacional. Sobre esto, la ‘izquierda’ hace mutis por el foro. De nuestra parte, denunciamos la operación reaccionaria puesta en marcha por Milei, su carácter proimperialista y fascitizante. En oposición a la agitación patriotera, de derecha y de “izquierda”, convocamos a la unidad socialista internacional de los trabajadores para que la Tierra sea la Patria de la Humanidad.

8 de septiembre de 2026
Docentes de San Isidro: repudio al hostigamiento contra la directora Margarita Cuellar

Desde hace semanas la compañera Margarita Cuellar, directora de la escuela secundaria N°24, viene sufriendo una campaña de hostigamiento y difamaciones en redes sociales por parte de un miembro de la comunidad educativa. Aunque se realizaron las denuncias correspondientes, la situación fue escalando hasta un intento de agresión física dentro del establecimiento, ocurrido el jueves 3 de septiembre. Estos hechos dejan en evidencia nuevamente los límites de los llamados protocolos de “Resguardo y Reparación” para garantizar la integridad de las y los trabajadores de la educación. Cuando una docente debe soportar amenazas y agresiones, incluso después de haber realizado las denuncias correspondientes y de contar con una medida de protección, queda en evidencia la insuficiencia de los mecanismos administrativos frente a una situación de violencia real y persistente.

La agresión contra Cuellar no puede entenderse como un hecho aislado. Es parte de un amplio cuadro de desprotección que atraviesa a la docencia bonaerense, donde el deterioro edilicio, la sobrecarga laboral y la falta de resguardo institucional se combinan con crecientes episodios de violencia institucional en las escuelas, evidencia de un cuadro general de decadencia social. Por eso, la respuesta no puede limitarse a declaraciones de solidaridad: hace falta organización colectiva y medidas de fuerza que pongan un freno efectivo al hostigamiento.

Por otro lado, advertimos que las agresiones contra la compañera buscan desviar el eje de un conflicto bien real: la lucha de padres, docentes y alumnos frente a los graves problemas de infraestructura que atraviesa la escuela, que contó con cortes de calle y movilizaciones al Consejo Escolar.

La conducción del SUTEBA San Isidro (Celeste) organizó un “abrazo a la escuela” que duró tan sólo unos minutos. Los sindicatos docentes del FUDB deben convocar inmediatamente a un paro general de actividades con movilización, además de reclamar acompañamiento jurídico y psicológico integral para la compañera agredida y garantías concretas para impedir nuevos episodios de hostigamiento dentro de la escuela.

8 de septiembre de 2026
La campaña nacional por el sobreseimiento de Bruno Corzo está en marcha

Casi 500 firmas de luchadores y activistas de todo el país se sumaron en apenas una semana al reclamo por el sobreseimiento y archivo de la causa iniciada contra Bruno Corzo, referente de los Docentes Autoconvocados de Catamarca y dirigente de Política Obrera en aquella provincia.

Entre otros, se han pronunciado la CTA Autónoma y sus direcciones regionales de CABA, La Rioja y Tucumán. También se sumó el sindicato de trabajadores de Radio Nacional, ATRaNa, con la firma de todos sus directivos. Entre los sindicatos universitarios, llegaron las firmas del sindicato de docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán, ADIUNT, enrolado en la CONADU H, en un comunicado suscripto por sus directivos, vocales y la mayoría del cuerpo de delegados; AGD-UBA y ADUNS (Universidad Nacional del Sur). Entre los sindicatos docentes, llegaron la solidaridad de ADEMYS -sindicato docente de CABA- y las firmas de las seccionales de SUTEBA Bahía Blanca, Tigre y Punta Indio y de las listas Marrón y Violeta; de la Asociación de Maestros La Plata y de ATEP Tucumán. Ingresaron también firmas de delegados telefónicos de FOETRA y las del SUTEPA (Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI) y de AGIHM, la Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano.

También se pronunciaron el secretario general de ATE NACIONAL, Rodolfo Aguiar, y las juntas internas de ATE Cultura Nación, ATE Trabajo Nación, ATE INCAA Nación, ATE MEcon Nación, ATE Legislatura Pcia. Bs. As y ATE Diputados Pcia. Bs. As.

Entre las organizaciones de Derechos Humanos, los primeros pronunciamientos que recibimos fueron los del SerPaJ, HIJOS La Matanza, Nietes (CABA), Bordando Memoria (Tucumán), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Red Socialista por los Derechos Humanos, FADHUS, el Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de La Matanza. Otras agrupaciones que se pronunciaron fueron Esperanza Moreno, La Coral (La Matanza), la Asociación Civil "Martina Chapanay", la agrupación de jubilados "Norma Pla" y Jubilados Clasistas. Las primeras organizaciones políticas que se sumaron al petitorio por el sobreseimiento fueron el MST, PSTU, el Partido Comunista de Trabajadores, el Frente de Acción Revolucionaria, la Liga Socialista Revolucionaria y el FOL (Tucumán).

Bruno fue imputado por el fiscal federal Santos Reinoso por “entorpecimiento del tránsito” (art 194 del Código Penal). La denuncia hace referencia a una protesta de la docencia autoconvocada realizada el 7 de marzo pasado en la ruta 38, en Bañado, zona urbana de la ciudad de Valle Viejo.

En esa fecha, en distintas ciudades de la provincia se concretaron acciones similares reclamando mejoras en los salarios, las condiciones laborales y el presupuesto educativo. La pena prevista, en caso de que prospere la causa, es de tres meses a dos años de cárcel.

Hay un claro intento de parte de la Justicia por descabezar el movimiento de lucha más importante de la provincia de los últimos años y escarmentar cualquier intento de reiterar acciones de similares características que escapen al control del Estado y de la burocracia sindical.

¡Si tocan a uno, tocan a todos! Súmate a la campaña.

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8 de septiembre de 2026
Adónde va Alemania

La victoria del partido neonazi Alternativa para Alemania, o AfD, en el estado de Sajonia-Anhalt, ha puesto de manifiesto el grado agudo que ha alcanzado el agotamiento del orden mundial de la posguerra o, más precisamente, la crisis de dominación del régimen imperialista que emergió de ella.

AfD ha obtenido el 43,8 % de los votos con una participación electoral de nada menos que del 78 %. La gobernabilidad del Estado se encuentra comprometida, porque tanto AfD como la suma de sus rivales carecen de los escaños para formar una mayoría parlamentaria. Queda al gobierno existente, encabezado por la Democracia Cristiana, asumir un mandato de carácter interino incluso en forma indefinida, salvo que se convoque a nuevas elecciones, con el riesgo de que podrían darle a AfD una mayoría absoluta. En el marco de heterogeneidad de esta formación, el agrupamiento del estado de Sajonia-Anhalt es considerado el más derechista. Los gobiernos de los países vencedores del nazismo en la última guerra mundial, tanto Trump como Putin, han saludado la victoria del neonazismo; han roto de este modo el último eslabón del cordón umbilical del viejo ‘orden democrático’, ya en el marco del desarrollo de una nueva guerra mundial. La “caída del Muro de Berlín”, saludada como la manifestación más alta de la victoria de la democracia y de la unidad nacional de Alemania, ha pasado a ser el prólogo de la aguda crisis que atraviesa Alemania en la actualidad: responsable del cerco tendido por la OTAN contra Moscú; de la evidente desintegración de la Unión Europea (económica y política) y del ingreso en una nueva guerra imperialista internacional. Todos los partidos democráticos o liberales del capitalismo europeo se encuentran firmemente comprometidos, con carácter de principio, en llevar la guerra contra Rusia hasta sus últimas consecuencias.

Para que la tendencia del domingo pasado se replique a nivel nacional de Alemania falta un trecho que la AfD estima corto. Alice Weidel, la presidenta de AfD, se ha manifestado persuadida -en oposición a la opinión del resto de los partidos- de que la coalición de gobierno actual (DC, PS, Verdes) caería antes de fin de año, y de la oportunidad de nuevas elecciones. La AfD, que se distancia del hitlerismo solamente en cuanto a sus “errores” y “excesos”, pero no a su necesidad histórica, plantea la expulsión de los inmigrantes ilegales, la devolución a sus países de los refugiados sociales o políticos, la separación social y educativa entre los alemanes por descendencia y la población que no lo es. Alemania vuelve al purismo racial, como lo ha planteado la italiana Giorgia Meloni, y lo repite Trump en su declaración de Seguridad Nacional –el ‘retorno’ a un “Occidente cristiano”-. En lugar del holocausto judío planificado por Hitler, AfD apoya las masacres del sionismo en Palestina y Medio Oriente, y ha recibido a algunos de sus representantes en las convenciones partidarias.

El resto de los partidos alemanes practica el seguidismo a estas posiciones. Alega que busca evitar la hemorragia de votos. Existe una coincidencia de los partidos capitalistas en establecer un Estado policial, como lo muestra la reiteración de medidas de excepción. En cuanto a la guerra, AfD propone el cese de la provisión de armas a Ucrania y un acuerdo con Rusia (una línea similar a la de Trump). AfD ha sido hostil a “la unidad europea” y reclama el retiro de Alemania del euro y, eventualmente, de la UE. La resistencia del imperialismo alemán a abandonar el marco en su momento, como moneda dominante, fue uno de los principales obstáculos al nacimiento de una moneda europea común, la cual vio la luz cuando se adoptó una reglamentación monetaria que privilegiaba los intereses acreedores de Alemania –o sea, fuertemente deflacionaria-. AfD plantea una subordinación de la producción de materias primas por parte de Rusia a la industria alemana y una colonización financiera e industrial de su vecino oriental. Fue lo que intentó Angela Merkel cuando coordinó la construcción de gasoductos desde Rusia, que fue bloqueada por orden de Trump, en su primer mandato. Lejos de representar una contracorriente a favor de la paz -una suerte de condominio desigual entre Estados Unidos, Rusia y Alemania- llevaría la guerra por un nuevo reparto de la dominación imperialista mundial a nuevos territorios del continente europeo, y a la preparación de un eventual ajuste de cuentas con China. AfD reivindica un fuerte ‘ajuste’ social, que justifica por la necesidad de proceder a una acumulación de capital que impulse la reactivación. Una victoria de la ultraderechista Marie Le Pen -en abril próximo, en Francia- podría convertirse en un acelerador de la crisis en Alemania y Europa, incluso si Trump es derrotado en las elecciones de medio término en Estados Unidos en noviembre próximo.

La crisis industrial que atraviesa Alemania desde 2010, como se manifestó en la crisis con Grecia, ha dejado a decenas de miles de trabajadores en la calle. La tendencia se ha reforzado desde la ruptura económica y militar con Rusia y como consecuencia de la competencia con China. El programa de AfD no atiende a este ataque contra la clase obrera más que con promesas de futuro. La clase obrera de Alemania sufre la presión de una derechización fomentada por la izquierda colaboracionista (el Partido Socialista y el Partido de Izquierda, Die Linke) y por la burocracia sindical. Por fuera de estos partidos se desarrolla una resistencia antinazi y antiguerra de las nuevas generaciones trabajadoras. Se han producido, asimismo, grandes huelgas, en especial en el transporte y en los ferrocarriles particularmente. A diferencia de los años 20 y 30 del siglo pasado, la crisis de Alemania no obedece al saqueo que le fue impuesto por las potencias vencedoras de la Primera Guerra, sino precisamente a lo contrario: luego de un largo período de ‘prosperidad’ y hegemonía del capital alemán. La crisis política removerá de la apatía a grandes contingentes de masas y abrirá una etapa de construcción política revolucionaria sobre la base de este nuevo despertar. Hacer responsables a los partidos patronales y la izquierda por el ascenso de la ultraderecha (en realidad, cómplices) es entrar en un planteo sin salida, porque para eso es que existen. Es necesario quebrar el impasse de las masas que siguen la corriente del momento, con un verdadero programa internacional y una lucha verdaderamente internacional.

8 de septiembre de 2026
Presupuesto 2027: el CIN y las burocracias sindicales abandonan el cumplimiento de la "Ley de Financiamiento"

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó el 4 de septiembre, en su 96° Plenario de Rectoras y Rectores realizado en Bariloche, un anteproyecto de presupuesto universitario para 2027 por un monto de 11 billones de pesos. La composición de este presupuesto es: 80% para salarios de trabajadores docentes y no docentes (calculada sobre la proyección de los salarios de julio del 2026) y el resto para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y becas Manuel Belgrano (calculadas al valor del 2023).

Además del presupuesto base, el Plenario de Bariloche aprobó un requerimiento extrapresupuestario de $7,086 billones. Ese monto incluye: $1,913 billones para las Becas Progresar; $109,4 mil millones para infraestructura universitaria y $5,064 billones destinado para ciencia y técnica.

Si se tiene presente que el proyecto de presupuesto base que el CIN presentó en agosto del 2025 para el Funcionamiento Universitario, fue de, aproximadamente, $7,3 billones, y si a ello se agrega el porcentaje de la inflación calculada para todo 2026, se desprende a simple vista que el actual proyecto del CIN para el 2027 no contempla el resto de la Ley de Financiamiento Universitario que se ha trasformado en deuda. Cuando se sancionó la ley, el gobierno señaló que para poder aplicarla necesitaba una partida de $3,572 billones (sin incluir gastos de funcionamiento).

En pocas palabras el presupuesto base propuesto por el CIN de $11 billones no está diseñado para garantizar el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario ni para saldar la deuda salarial acumulada.

Mientras tanto el gobierno anunció que el 15 de septiembre presentará su proyecto de presupuesto 2027 en el Congreso, que, entre otras cosas, incluirá una modificación a la Ley de Financiamiento Universitario. Y contaría con los votos necesarios para hacerla aprobar.

El presidente del CIN, Franco Bartolacci, anunció que buscarán llevar la propuesta de los rectores al Congreso y convocar a una reunión pública con legisladores para reclamar el cumplimiento de las leyes de financiamiento educativo y científico.

Mientras tanto, las burocracias de las distintas federaciones agrupadas en el Frente Sindical Universitario, están llevando al planchazo la lucha universitaria. Luego del paro de 24 horas en rechazo a la propuesta salarial del gobierno realizada en la reunión paritaria del 1° de setiembre, el FSU volvió a convocar a otro paro de 24 horas para el día de hoy. Contempla realizar una jornada de protesta y visibilización el 15 de septiembre y una marcha federal a principios de octubre. Este simulacro de “plan de lucha” fue concertado por arriba con el CIN sin convocar a asambleas, plenario o congresos para que la lucha efectivamente la resuelvan y por lo tanto la puedan dirigir los propios trabajadores (docentes y no docentes) universitarios. Sin embargo, ambos paros tuvieron una enorme adhesión. Nuevamente el CIN y la burocracia del Frente Sindical se orientan a atar las eventuales acciones al derrotero de la agenda parlamentaria, pero la cuestión salarial que viene sufriendo un derrumbe histórico no puede atarse a ese rumbo. Los luchadores debemos utilizar la adhesión al paro como una palanca para desenvolver una lucha general por el cumplimiento de todas las reivindicaciones.

En este sentido, algunas asambleas de asociaciones de base se han pronunciado. El COAD en Rosario ha llevado como mandato a CONADU el planteo de profundizar la lucha impulsando el paro por tiempo indeterminado, hasta que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y pague lo adeudado. ADIUNT en Tucumán ha votado en una asamblea general proponer la profundización del plan de lucha con paros semanales con evaluación, y acciones que le den un carácter activo coordinada con otros sectores frente a los paros goteras que plantean las federaciones. Una asamblea de 100 docentes en el Colegio Manuel Belgrano, en Córdoba, ha expresado en un comunicado: "La única alternativa que nos queda, como lo han planteado otros sindicatos de base de CONADU y de CONADU Histórica es ir al PARO POR TIEMPO INDETERMINADO. Los docentes nacionales tenemos que ir a la huelga hasta que el Gobierno Nacional se ponga a derecho y aplique una Ley que está vigente, que el Poder Judicial le intima cumpla, y que fue votada cuatro veces en el Congreso Nacional".

En estos dos casos, se está señalando un rumbo para superar los “planes de lucha” del CIN y las burocracias del Frente Sindical que una y otras veces han llevado al fracaso los reclamos de la docencia universitaria.

9 de septiembre de 2026
El ébola supera las 3.000 muertes en República Democrática del Congo

Al 6 de septiembre de 2026, se registraron 6.686 casos y 3.226 muertes a causa del ébola en la República Democrática del Congo (RDC). Los alarmantes números posicionan al actual episodio como el más letal registrado en el país, dejando atrás al brote que golpeó al este congoleño entre 2018 y 2020. El dato más alarmante es la velocidad con la que la enfermedad se propaga.

La tasa de letalidad es del 48,1 % en 61 de las 151 zonas sanitarias del país en seis provincias, alcanzando en una de las zonas más afectadas, Kivu Norte, el 67,7 %. Sólo la epidemia de África Occidental de 2014 a 2016, que produjo 28.616 casos en todas las categorías y 11.325 muertes, ha sido mayor o más letal, pero de mantenerse la tendencia, el actual brote podría superarlo.

En una rueda de prensa, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que este es ahora el brote de la enfermedad de mayor rapidez registrado y el segundo más grande de su historia. Además expresó que la mayoría de las muertes siguen ocurriendo en comunidades y no en centros de tratamiento. Muchos de los que mueren no están siendo enterrados de forma segura, lo que está alimentando la transmisión. Y muchas muertes ocurren entre personas que no figuraban en una lista de contactos conocidos. Eso significa que hay cadenas de transmisión que se desconocen y, por ende, hasta que se encuentre y rompa cada cadena, la epidemia continuará y seguirá representando una amenaza para la RDC, sus vecinos y la región en su conjunto. (OMS, 2/9). Por su parte, la coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras (MSF), Kate White, informó que el Kivu del Norte aún tenía un laboratorio de pruebas funcional, que los kits no llegaban al campo y que los resultados llegaban demasiado lentamente como para ser de utilidad clínica. (WSWS, 8/9).

Para el virus Bundibugyo no existe hasta ahora ni una vacuna ni un tratamiento específico aprobado. Varios tratamientos y vacunas permanecen en fase de prueba. Según la OMS, un ensayo de dos tratamientos, llamado PARTNERS, ha inscrito ya a más de 300 pacientes con ébola. Otro ensayo está probando el obeldesivir antiviral en personas consideradas contactos de alto riesgo en casos, para ver si ese fármaco es eficaz en la prevención de la enfermedad tras la exposición al virus. Hay dos nuevas vacunas contra el virus Bundibugyo que están ahora en ensayos de seguridad en el Reino Unido y Canadá. A su vez, la OMS recomendó un ensayo clínico de fase 3 con Ervebo, una vacuna homologada contra la cepa Zaire, que ya empezó a aplicarse a trabajadores sanitarios y personal de primera línea, mientras se estudia si dicha vacuna puede ofrecer algún grado de protección frente a Bundibugyo.

El déficit económico para enfrentar la epidemia

En la conferencia brindada el 2 de septiembre, el líder de la OMS expresó que el plan liderado por el Gobierno para los próximos seis meses viene con una demanda de 1.300 millones de dólares estadounidenses, cubriendo el trabajo de todos los socios. Por tal motivo, solicitó a los países miembros y donantes del organismo que aumenten y aceleren las contribuciones para financiar este plan, afirmando que “hacemos esta solicitud en un momento en que la financiación de la asistencia humanitaria se ha reducido y en que hay muchas otras prioridades en competencia”. Una de ellas es la guerra, con epicentros en Irán y Ucrania, que engrosa los presupuestos de Estados Unidos, que dejó de formar parte de la OMS ni bien asumió Trump al gobierno. Por último reconoció que el ébola no es la única amenaza sanitaria a la que se enfrenta la población de esta región y expresó que “un líder comunitario me preguntó por qué al mundo parece importarle el ébola, pero no la enfermedad diarreica, la malaria, la desnutrición o el conflicto”. Ello da cuenta de que la propagación del ébola no es un hecho aislado de la grave situación social que atraviesa la RDC y explica la desconfianza de la población para con los organismos internacionales, que se disputan las ganancias de la producción minera de la región.

El capitalismo en esta época de guerras y genocidio provoca que un país rico en minerales, como lo es la RDC, no pueda garantizar condiciones mínimas de salud a la población que allí habita. La clase obrera es la única que puede darle una salida favorable a esta crisis.

Fuentes:

El número de fallecidos en el brote de ébola del Congo alcanza las 3.226 - Sitio web de World Socialist (https://www.wsws.org/en/articles/2026/09/09/flsz-s09.html).

Palabras de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa – 2 de septiembre de 2026 (https://www.who.int/news-room/speeches/item/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing---2-september-2026).

9 de septiembre de 2026
La política antiglaciares de Milei y un mini Himalaya en la Patagonia andina

El alud por colapso del permafrost (el suelo congelado que mantiene unidos roca y hielo de las laderas en las altas cumbres) sucedido en Nepal, con cerca de 1350 muertos confirmados y casi 5.000 desaparecidos a la fecha, puso sobre el tapete la importancia de la estabilidad de los glaciares y del impacto que tienen sobre la seguridad de las poblaciones aledañas. En la Argentina, distintas organizaciones ambientalistas e investigadores han alertado acerca de las consecuencias de la reforma a la Ley de Glaciares en relación con los riesgos de retracción glaciar y colapso de las laderas de montaña.

Un caso particularmente sensible es el de localidad de El Chaltén (sur de Santa Cruz), con cerca de 3.000 habitantes y ubicada al pie de los cerros El Chaltén y Torre. Los científicos alertan sobre una situación de inestabilidad en la ladera norte del Cerro Solo: “cuando el glaciar se retiró [por derretimiento], empezó a mostrar (...) que la ladera comenzaba a tener cierto movimiento de reptación”, afirma el investigador Juan Pablo Milana. Su colapso causaría una inundación repentina y el desborde del lago Torre y del río Fitz Roy, donde se encuentra El Chaltén, aunque, debido a la mayor extensión de los valles patagónicos, no alcanzaría las dimensiones del alud reciente en Nepal (La Nación 28/08). Desde 2000 el lago Torre presenta un crecimiento sostenido y riesgo de desborde.

Los especialistas denominan a estos desbordes “GLOF” (acrónimo en inglés que significa “inundación por desbordamiento de lago glacial”). Los GLOF se producen cuando las paredes del lago ceden a la presión de agua proveniente del derretimiento de glaciares o a la acumulación de material de avalanchas de laderas. Según el Glacial Lake Outburst, a lo largo de la frontera entre Argentina y Chile se han producido 112 GLOF desde que existen registros.

El derretimiento de glaciares, además, origina lagos glaciares al pie de los cerros que, de alcanzar volúmenes críticos, generarían GLOF. Es lo que habría ocurrido, según el glaciólogo Javier Grosfeld, cuando un lago glaciar formado al pie del Ventisquero Negro aumentó su volumen tras semanas de intensas lluvias provocando el colapso de su barrera natural, y originando un alud que arrastró grandes bloques de hielo hasta el lago Mascardi, a 24 km de Bariloche.

Varios eventos de desbordes con inundaciones súbitas ya han sucedido en distintas partes del país. En la laguna Los Erizos en 2005, un aluvión descargó 32,1 millones de m³ en 67 minutos y recorrió 254 km en 12 horas, afectando a localidades como Barreal, Sorocayense y La Isla, aunque sin provocar víctimas por la baja densidad poblacional (Infobae, 27/08).

La situación de los glaciares en la Argentina

En la Argentina, hay más de 16.000 cuerpos de hielo -glaciares, nieves perennes y glaciares de escombros (mezcla de hielo y piedra)-, distribuidos a lo largo de más de 3.500 km de cordillera andina, abarcando 12 provincias y 39 cuencas hidrográficas. La mayoría de ellos se encuentra en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Mendoza.

Según MapBiomas, el 42 % de los glaciares andinos se extinguieron debido al calentamiento global y, de acuerdo a registros de IANIGLA (Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), la cantidad de hielo que pierden anualmente podría abastecer de agua potable a la población del país por un año y medio. Según el Instituto Nacional de Glaciares, desde 1990 el retroceso de los glaciares es sostenido y a velocidades crecientes, siendo el sur de la Patagonia la región de retroceso más rápido. Entre 1990 y 2018 el derretimiento de glaciares ha ocasionado un aumento en el número de lagos glaciares en un 93 % en Los Andes (Perfil, 31/08), aumentando las probabilidades de eventos de GLOF y sus riesgos en poblaciones vecinas.

En la Patagonia norte (Neuquén, Río Negro y Chubut), donde el Cerro Tronador alberga importantes acumulaciones de hielo como el Ventisquero Negro, los monitoreos han documentado que el retroceso frontal ha superado los 1.200 metros en las últimas décadas, reduciendo su aporte a las cuencas de los ríos Manso y Puelo y a lagos como el Mascardi (Río Negro, 26/07/23). Finalmente, en el extremo sur del país, los glaciares fueguinos del Martial y el Vinciguerra muestran un comportamiento recesivo con pérdidas de masa estimadas en más del 20 % de su superficie en los últimos 30 años con riesgo de extinción en 40 o 60 años (La Nación, 15/09/22), afectando las fuentes de abastecimiento de Ushuaia.

Por su parte, en la región de los Andes Centrales y Cuyo (Mendoza, San Juan y La Rioja) los glaciares son prácticamente la única fuente hídrica. Aquí predominan los glaciares de escombros (mezcla de hielo y pedregullo), los cuales muestran un adelgazamiento que compromete el almacenamiento hídrico subterráneo, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua potable para el Gran Mendoza y el riego de miles de hectáreas de cultivo.

La reforma de Milei

En el mes de abril el gobierno nacional logra aprobar su reforma a la Ley de Glaciares 26.639. En su versión original, la ley reservaba al IANIGLA (Instituto Nivológico, Glaciológico y de Ciencias Ambientales) la función de elaborar y actualizar, cada cinco años, un Inventario Nacional de Glaciares (ING) y periglaciares que actúan como reservas hídricas, entendiendo por “ambiente periglaciar” al permafrost (suelo congelado en gran parte del año) y a los glaciares de escombro. Pero con la reforma sancionada, sólo quedan bajo protección aquellas formaciones de hielo que demuestren un “aporte hídrico relevante y verificable” a una cuenca. Al desproteger el permafrost y los suelos congelados que no califiquen bajo este criterio, la nueva normativa no sólo pone en riesgo reservas hídricas estratégicas, sino que agrava los riesgos de inestabilidad de las laderas. Como advierten los estudios sobre colapsos en laderas andinas e himalayas, la habilitación de la gran minería en estas actúan como detonantes de aludes y desbordes glaciares (GLOF). Bajo la “autonomía provincial”, que dice defender la reforma, se le otorga a los gobiernos provinciales mayor poder en la elaboración del ING a expensas de los organismos científicos, como el IANIGLA, favoreciendo así los intereses de las mineras por sobre los criterios científicos de resguardo del hábitat de montaña y la seguridad hídrica.

Dos son los puntos clave en este aspecto. En primer lugar, el inventario deja de ser vinculante, es sólo referencial (!). Cada provincia, “dueña originaria” de los recursos, decide si el glaciar o ambiente periglaciar cumple o no una “función hídrica relevante”. Se trata de un punto clave, que les permite a las provincias que defienden los intereses de las mineras vetar cualquier objeción a la explotación de ambientes periglaciares. En segundo lugar, se invierte la carga de prueba. Antes, la empresa tenía que probar que no afectaba los derechos sobre los recursos hídricos; ahora es el Estado nacional (IANIGLA y Secretaría de Ambiente) quien deberá probar que tal o cual glaciar tiene relevancia hídrica.

La reforma ´antiglaciar´ de Milei es fundamental para la viabilización de los RIGI mineros. Los megaproyectos de cobre de Vicuña y Los Azules, en las altas cumbres de San Juan, se adhirieron al régimen para iniciar su construcción en zonas de permafrost y glaciares de escombros (tal como lo revelan los mapas elaborados por el IANIGLA). Del mismo modo, Veladero se sumó al RIGI para financiar la ampliación de sus operaciones en la alta cordillera, extendiendo la frontera de explotación de oro y plata a gran escala sobre reservas hídricas frágiles. Según el abogado ambientalista Enrique Viale, “Ahí [refiriéndose a las zonas periglaciares de San Juan, donde operan los proyectos Veladero y Vicuña] hay grandes diques de cola, que son creaciones artificiales a donde van los residuos mineros y que, en caso de un sismo importante, pueden ceder y generar situaciones muy parecidas a la que pasó en el Himalaya” (P12, 29/08). Según el glaciólogo chileno Alvaro Ayala, del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, en el norte de Chile y en la provincia de San Juan el suelo funciona como un regulador hídrico natural: “Toda la lluvia y nieve que se derrite y acumula ahí va quedando en el suelo, se congela debido al clima frío y después se va liberando de a poco”; por lo tanto, resulta esencial en épocas de escasez (El Ciudadano, 10/08).

La política de explotación minera en zonas periglaciares es compartida por los gobiernos liberticidas de ambos lados de la cordillera andina. En abril de este año (apenas aprobada la reforma antiglaciar de Milei), ambos gobiernos anunciaron el reimpulso del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile (El Ciudadano, 10/08). Este tratado, firmado en 1997 por Menem y Frei, establece el objetivo de impulsar proyectos mineros transfronterizos en la alta cordillera.

Bajo dicho tratado ya se había desarrollado el proyecto Pascua Lama entre 1997 y 2004, que habilitó a Barrick Gold a explotar yacimientos de oro y plata en zonas periglaciares. Según Constanza Espinosa (directora de la Fundación Glaciares Chilenos), los daños que ocasiona este tipo de explotación van desde la remoción física del suelo y la construcción de infraestructura -que afectan directamente a glaciares y ambientes periglaciares- hasta la intervención de glaciares rocosos. Además, el material en suspensión, al depositarse sobre el hielo, acelera su derretimiento, y el proceso de excavación remueve minerales que, al tomar contacto con el oxígeno y el agua, producen drenajes ácidos que contaminas los ríos (El Ciudadano, 10/08).

El proyecto de Barrick Gold en la alta cordillera desató una masiva movilización popular transfronteriza (las comunidades del valle del Huasco en Chile y la asamblea “Jáchal no se toca” en San Juan) desde 2005 a 2020. Las evidencias de destrucción acumuladas en ese período fueron palpables: las explosiones con dinamita cubrieron de polvo y aceleraron el retroceso de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, mientras que diversos informes técnicos documentaron la alteración del permafrost y la contaminación con metales pesados en los cursos del río Las Taguas.

Del lado chileno, la movilización logró la clausura definitiva del proyecto de la Barrick, en tanto que, del lado sanjuanino, si bien la justicia resolvió que violaba la Ley de Glaciares, nunca fue formalmente clausurado y sus instalaciones permanecen y desarrollan actividades exploratorias que, ahora con la reforma de Milei, pueden operar con mayores facilidades.

A esta ofensiva se suma el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) en el sur de Mendoza. Según un informe de la Universidad de Cuyo, el proyecto se superpone directamente con áreas de glaciares de escombros y permafrost violando la Ley de Glaciares hasta entonces vigente (Explícito, 18/01/25). Ese informe coronó todo un proceso de movilización popular protagonizado por las Asambleas Mendocinas Populares por el Agua, que habían movilizado por decenas de miles en 2019 y habían logrado derogar la Ley 9209, que permitía el uso de sustancias tóxicas (cianuro y ácido sulfúrico) en la industria metalífera. A fines de 2024, volvieron a cortar rutas y movilizarse a la Asamblea Provincial, aunque esta vez no lograron evitar que la Legislatura aprobara los paquetes de exploración que, con la reforma de Milei, puede sortear la protección estricta del ambiente periglaciar, habilitando la exploración minera en nacientes de cuencas estratégicas para el riego y el consumo humano.

Si bien tanto ambientalistas como científicos defienden (con razón) Ley de Glaciares frente al embuste de los RIGI y la reforma antiglaciar, esta tiene su propia historia de confrontación entre los intereses mineros y los de las poblaciones de montaña.

En 2008, al calor de las luchas contra la canadiense Barrick Gold, el Congreso había sancionado el proyecto de ley de Miguel Bonasso, que establecía la prohibición de TODA actividad industrial y minera en los glaciares y periglaciares. Pero, a instancias de la Barrick y de Gioja (por entonces, gobernador de San Juan, del PJ), la ley fue vetada por Cristina Kirchner. La ley definitiva aprobada en 2010 dejó flancos peligrosos: nunca definió un umbral claro de "afectación" (permitiendo a las mineras litigar sobre el grado de daño) y dejó el destino de las áreas protegidas a merced del bloqueo político y los cajoneos del inventario científico en las provincias. Aún con esas limitaciones, la ley consagraba un piso de resguardo que ahora el gobierno de Milei desguaza al subordinarlo al "aporte hídrico relevante".

9 de septiembre de 2026
Una jueza suspende el régimen penal juvenil en Buenos Aires

La jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 del distrito de Lomas de Zamora, ha suspendido preventivamente la ley que redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, sancionada hace tres meses.

La disposición alcanza a la provincia de Buenos Aires, por el término de 60 días. La Federación Familia Grande Hogar de Cristo había interpuesto un hábeas corpus preventivo a los efectos de impedir que menores de entre 14 y 16 años sean privados de su libertad frente a la eventual comisión de delitos. La entidad, en cuya cabeza se encuentra "el padre Pepe", sostiene que no hay infraestructura ni material ni recursos humanos para implementar la norma; la criminalización de menores de 16 profundizaría el hacinamiento de los reclusos, ya que no existen ni establecimientos ni ningún tipo de dispositivo que permita recepcionar la demanda prevista. Se estima que años anteriores 3.000 jóvenes en la provincia de Buenos Aires fue sobreseído por su edad.

La entrada en vigencia de la ley se había diferido justamente para evitar un colapso. La prenda de cambio para poner en marcha el “Regimen Penal Juvenil”, el cual era el compromiso de partidas presupuestarias para alcanzar a ampliar la capacidad de los dispositivos de encierro, no se produjo.

La jueza asimismo advierte que cita a los organismos responsables para que manifiesten cuáles han sido las políticas para poder implementar el sistema que votó el Congreso.

En cuestión de horas, la resolución de la jueza Pascual disparó una serie de expresiones políticas. Patricia Bullrich, repite que un juez no puede impedir el cumplimiento de la ley y que “el que las hace las paga”. La senadora del "protocolo antipiquetes" no le dedicó, en cambio, ningún renglón a los sobreseimientos de la Cámara de Casación a "Fred" Machado, el contador narco socio de Espert y varios funcionarios de la Rosada.

El ministro de Interior Diego Santilli ha reclamado el juicio político de la magistrada. Sebastian Pareja, el alter ego de Karina Milei, introdujo el pedido de jury a la provincia bonaerense. Los ´republicanos que supimos conseguir´ hacen esto ante un fallo que ni siquiera toca el fondo del asunto. Los dardos apuntan a Kicillof. Pareja acusó -sin pruebas- al gobierno bonaerense de haber recurrido a una jueza cercana al peronismo. “No es casualidad que estén boicoteando esta ley”, afirmó Bullrich. Sin embargo, Kicillof no ha dicho nada hasta el momento. La jefatura del organismo encargado de velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes esta en cabeza del "Cuervo" Andrés Larroque. Simultáneamente, fiscales de los departamentos judiciales de Mar del Plata y San Isidro, según La Nación (9/9), anunciaron que desconocerían la medida adoptada por la jueza. Para ellos, un funcionario judicial que desconozca una resolución legalmente adoptada incurre en un delito. Uno de los ´rebeldes´, el fiscal marplatense Fabián Fernández Garello, por caso, "reconoció que la descripción de lo que allí sucede no difiere de lo que ocurre en otros distritos y establecimientos debido a la superpoblación de internos y a la falta de personal para el servicio", pero advirtió que “con ese criterio se podría suspender el Código Penal por la situación de las cárceles de todo el país”. El "régimen penal juvenil" está concebido como una picadora de carne y sus defensores lo entienden así.

9 de septiembre de 2026
La "familia militar" retoma la ofensiva por la impunidad de los genocidas

La pasada semana, miembros de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos (sic) de la Argentina (AFyAPPA), mantuvieron una reunión con Santiago Viola, secretario de Justicia de la Nación. En el encuentro realizado en el Ministerio de Justicia, participó un miembro de la asociación de abogados que representa a acusados por crímenes de lesa humanidad, Justicia y Concordia.

Los videlistas reclamaron que el Gobierno asuma "un rol más activo ante los tribunales" donde se juzga a los genocidas. También renovaron sus quejas por las condiciones en las que los represores se encuentran detenidos. Cecilia Pando, esposa de uno de los afectados, dio a conocer la realización de la reunión a través de las redes sociales. Según informaron desde Página 12, "la estrategia no cayó bien entre las otras organizaciones que hacen lobby para favorecer a los represores. Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron el encuentro, aunque buscaron relativizar su importancia" (Página 12, 4/9).

Por su parte, Viola mantiene vínculos con abogados de Justicia y Concordia y fue defensor de Norma Berta Radice, hermana del represor Jorge Radice, durante el juicio por el robo de bienes a los secuestrados de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

La agenda que llevaron los activistas a la reunión incluía desde críticas a los juicios contra los genocidas hasta demandas por las recientes bajas impulsadas por el Ministerio de Defensa, encabezado por el general en funciones Carlos Presti, hacia adentro de las fuerzas. También estuvo presente el reclamo por la quita de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur a los represores que estuvieron en Malvinas, ya que la Justicia y la ANSES determinaron que este honor es absolutamente incompatible con haber sido condenados por crímenes de lesa humanidad.

Los agentes de los represores también pidieron que se revean las condiciones de detención de los genocidas y que se revisen los procedimientos de las salidas transitorias o a la libertad condicional. Pero los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) dan por tierra con estos planteos, ya que "más del 85 por ciento (440) de los detenidos por este tipo de crímenes cumplen el arresto en sus casas. La Unidad 34 de Campo de Mayo, que concentra a los detenidos de lesa humanidad, tiene condiciones mucho más favorables que cualquier otra unidad penitenciaria" (ídem).

El Gobierno ha realizado diferentes guiños y acciones para con los genocidas, como la visita de diputados libertarios en junio de 2024 al penal de Ezeiza, el pedido de prisión domiciliaria formulado en abril de 2025 por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la designación en febrero de este año del videlista Guillermo Madero como Titular de la Unidad Gabinete de Asesores, con antecedentes en bloquear las investigaciones por crímenes de lesa humanidad. En vísperas del último 24 de Marzo, el Gobierno habría barajado la posibilidad de indultar a los genocidas. Fue la misma Pando quien admitió haber mantenido reuniones con Milei y Villarruel, al comienzo del gobierno liberticida, para "resolver" la cuestión de los genocidas que continúan presos.

El Gobierno realiza una constante exaltación de la última dictadura militar, como lo ha hecho Milei también en Chile respecto del régimen pinochetista. Pero las expectativas iniciales de la "familia militar" se fueron desvaneciendo con el tiempo. Como muestra del descontento, Lucrecia Astiz, hermana del exmarino, hace unos días hizo circular una carta en la que expresaba su malestar con Milei porque su hermano permanece en prisión. En un punto, la cuestión de la impunidad y de la "memoria completa" formaba parte de la agenda de Villarruel.

Es necesaria la desclasificación de todos los archivos del Ejército, la SIDE y fuerzas de seguridad que intervinieron en el genocidio y deben ser puestos bajo control de las organizaciones independientes de derechos humanos, a fin de investigar todas las responsabilidades políticas e intelectuales del terrorismo de Estado, incluyendo a las grandes patronales y capitalistas que brindaron su colaboración directa con los genocidas y que actualmente operan impunemente en el país.

9 de septiembre de 2026
Países Bajos: huelgas contra los recortes de gastos sociales

El gobierno holandés (una coalición de demócratas, demócratas cristianos, y liberales), encabezado por Rob Jetten, se apresta a presentar el Presupuesto 2027 el próximo 15 de septiembre (Día del Príncipe). El foco está puesto en prepararse para la guerra.

Desde la invasión rusa a Ucrania, el gobierno holandés viene desarrollando una política sistemática de rearme, manifestada en el aumento vertiginoso de su presupuesto de Defensa. Pasó de alrededor del 1 % del PBI en 2021 a 2,5 % en 2026 y tiene la perspectiva de llegar al 3,5 % en 2035, en línea con las demandas de la OTAN. También se manifiesta en una campaña activa de reclutamiento militar.

Para financiar este camino armamentístico, el Gobierno apunta a recortes en la seguridad social (pensiones, maternidad, discapacidad, subsidio por desempleo), salud y educación. En un intento de lograr apoyo del ala izquierda del régimen político, el Gobierno plantea un aumento a las escalas más altas del impuesto al ingreso personal,

Este giro armamentista del gobierno de Holanda no está exento de crisis. En 2025, el gobierno del primer ministro Schoof (independiente, aunque encabezando un gobierno claramente derechista) tuvo que dimitir debido a la renuncia del principal partido de la coalición, el ultraderechista PVV. El actual gobierno, de centroderecha, es el resultado entonces de elecciones adelantadas. La aprobación del Presupuesto requiere el apoyo de partidos que no forman parte del gobierno.

El Gobierno ha retirado de Estados Unidos unas 86 toneladas de oro, a lo largo de cuatro meses, para trasladarlas a Londres. La sospecha de que Trump podría secuestrar las reservas monetarias extranjeras ilustra el temor a un derrumbe del mercado de deuda pública de Nueva York.

Los planes de recortes a la seguridad social (el Presupuesto aún no es público) ha despertado una respuesta, todavía incipiente, en la clase obrera holandesa. La FNV, mayor central obrera del país, ha convocado a una serie de huelgas sectoriales entre el 4 y el 9 de septiembre. Se espera que las huelgas sean contundentes en el transporte público, el puerto (un enclave económico fundamental para Países Bajos) y en parte de la industria metalúrgica. A medida que avanzan los días, se van sumando sectores: la administración pública, hospitales, Heineken, cuidadores. Al momento de publicarse este artículo, se confirma que la huelga ha sido absoluta en los trenes, ‘trams’ y prácticamente todo el transporte público. Las encuestas hablan de que más de la mitad de la población acuerda con la huelga.

El Gobierno ha debido retroceder parcialmente en los recortes. Las huelgas, sin embargo, no se han levantado: exigen el abandono del conjunto del paquete de recortes, sin miramientos.

Estos choques se suman a otros que vienen desarrollándose en los últimos años, principalmente en torno al genocidio palestino, que ha generado grandes movilizaciones y una campaña de denuncia (especialmente en la juventud universitaria) de los vínculos del gobierno holandés con el sionismo, incluidas ocupaciones de universidades, acampes y hasta intentos de bloqueo físico al envío de armas.

9 de septiembre de 2026
Malvinas para los (norte)americanos

Milei ha conseguido convertir la reivindicación nacional por Malvinas en una ‘causa’ y en un atropello antinacional.

Ha dejado a buena parte del kirchnerismo y del FITU en ‘orsai’, después de que este ‘progresismo’ criollo pusiera el tema Malvinas en el centro de sus planteos políticos, con motivo del Mundial, en lugar de denunciar el montaje de una distracción política.

Cuando los trabajadores y jubilados no llegan a fin de mes; cuando la precariedad laboral hace estragos (en especial en Vaca Muerta); cuando las suspensiones y despidos no dejan de crecer; cuando millones de trabajadores sucumben ante el endeudamiento usurario; y el gasto público social, en salud y educación, se encuentra bajo cero, la causa más urgente es la agitación y la organización de una huelga indefinida.

Personajes como Juan Grabois y Rebord, del lado del peronismo, han saludado el discurso ‘malvinero’ del discípulo de Margaret Thatcher; Myriam Bregman, del lado del FITU, lo ha presentado como un resultado de la victoria de las movilizaciones contra la ley de tierras. Pero Milei no ha girado a la ‘izquierda’, sino a la derecha.

Milei metió a ‘tutti quanti’ en la bolsa de la “unidad nacional”, un arma de Milei y Caputo para meter más ‘ajuste’ hasta el final de mandato (y después también).

Pero, como todos sabemos, Milei no es Mariano Moreno, sino Trump, y Trump es el fascismo y la colonización de América Latina y la guerra imperialista en todos los lugares del planeta.

Trump es quien ha planteado que ‘las cosas han cambiado’ desde 1982, cuando Galtieri intentó, sin éxito, ofrecer las Malvinas al imperialismo norteamericano. Milei no busca cambiar de perro, sino de collar. Ninguna reivindicación de soberanía territorial vale por ella misma si no sirve para desarrollar un proceso de emancipación social y una lucha de clases consciente. Desde 1982, Malvinas es una base militar de la OTAN, en la que Trump busca imponer la supremacía norteamericana.

Canjear una base integrada del Pentágono y Argentina en Tierra del Fuego, enfrente de Malvinas y en la puerta de la Antártida, por una soberanía ‘nacional’ o compartida con el Pentágono de las Islas, tiene el carácter de sometimiento nacional y de reforzamiento de la capacidad de coacción de las patronales internacionales contra los trabajadores.

El planteo de Milei alinea a Argentina en uno de los campos de la guerra imperialista, que convierte a la soberanía nacional en un factor residual. El nacionalismo futbolero, como el barrial, es un factor de orgullo emocional; el pacto con un grupo de barras bravas contra otro, solo es lumpenaje violento. Es lo que pasa con el refuerzo presupuestario a la SIDE y a las Fuerzas Armadas. POLÍTICA OBRERA nunca ha reivindicado el mundial de 1978; por el contrario, hemos impulsado una movilización internacional para sa-bo-tear-lo.

El paraguas de la “unidad nacional’ para la operación política de Milei y Trump es una traición a los trabajadores.

Por la unidad internacional de los trabajadores para poner fin a la guerra imperialista y al imperialismo.

Por el apoyo a las naciones que enfrentan el asalto del imperialismo y de sus lacayos, como Irán, Medio Oriente, Cuba o Venezuela.

Por la Unidad Socialista de América Latina y el mundo entero.

11 de septiembre de 2026
Sesión extraordinaria: una dilación intencionada de oficialistas, opositores y el FITU

La sesión de Diputados del miércoles pasado tuvo un resultado inusitado: 249 votos a favor y 1 en contra. Con un temario referido al endeudamiento que afecta a millones de trabajadores y el recorte de fondos públicos para la atención a la discapacidad, esa masa de votos decidió dilatar una respuesta a la crisis para otra sesión plenaria que tendría lugar, en la mejor de las variantes, a fines de septiembre. Teniendo en cuenta la votación casi unánime, desde la Libertad Avanza hasta el FITU, es interesante conocer las razones del único diputado que votó en contra del “emplazamiento”: se trata del santacruceño José Garrido, quien criticó al cronograma resuelto por considerarlo “dilatorio”. “Los temas en discusión podrían haberse resuelto en una semana”, le señaló a Infobae (9/9). En medio del mes de septiembre, el Presupuesto 2027 ingresará al Congreso y dominará el debate en Diputados, condicionando el trámite de los proyectos “emplazados”. Con semejante unanimidad para “autointimarse”, el recinto podría haberse declarado en Comisión y deliberar hasta resolver una iniciativa -cuanto menos, en lo que refería a la emergencia en discapacidad, que sólo se trataba de una prórroga-. En cambio, la casi totalidad optó por la dilación.

“Costo fiscal cero”

Los medios opositores, del peronismo a la izquierda, juzgaron como una neta victoria el haber obtenido quórum propio, obligando a la LLA a bajar al recinto y a sesionar. Lo que no destacan esos medios es la concesión estratégica que los libertarios arrancaron en la votación unánime: en los “giros a comisión”, consiguieron evitar que los proyectos pasen por la Comisión de Presupuesto, donde se discuten las iniciativas que afectan a las finanzas públicas. Ello significa que sólo tendrán cabida aquellos proyectos sobre endeudamiento familiar que tengan “costo fiscal cero”. Milei, de este modo, se anotó una victoria estratégica: imponerle a los más impensados opositores el principio de que la crisis de endeudamiento es una "cuestión entre privados”. Los más ´combativos´ dirán que esta exigencia de los mileistas obliga a que el costo de cualquier proyecto en favor de los endeudados “lo paguen los bancos”. Se equivocan, porque cualquier tope a los intereses de tarjetas o de préstamos personales comporta una pérdida para el fisco: el 21% del IVA, sin contar los impuestos provinciales y municipales. Al aceptar que la cuestión “no impacte” fiscalmente, los “opositores” le han dado al gobierno un argumento precioso para voltear una buena parte de los proyectos que afecten en alguna medida al interés o capital de los créditos en cuestión. Han mandado al muere más de la mitad de sus propias iniciativas sobre la cuestión del endeudamiento, entre ellas, el proyecto del FITU, que proponía condonaciones de capital e intereses para todos los deudores hasta cierto ingreso mensual. Sólo serán “viables” aquellos proyectos que proponen “educar financieramente a los deudores” propiciar un “trato digno” (sic) a quienes sean conminados a pagar o propiciar mediaciones judiciales.

A quién se rescata

Los 50 proyectos presentados por la oposición oscilan, en efecto, entre diferentes iniciativas inocuas de “prevención financiera” hasta las quitas parciales de comisiones, tasas y refinanciaciones para los morosos. Nada de esto es demasiado diferente a los arreglos privados que los bancos están promoviendo en estas horas. Es del mayor interés del capital financiero pasar a la condición de “cobrable” a alguna porción de los seis millones de actuales “incobrables”, aun cuando las propias fuentes bancarias informan que la mitad de los refinanciados vuelven a caer en mora en menos de un año. Es que ningún plan de “reestructuración” rescata al trabajador endeudado del desempleo o la miseria salarial, que están en la base de las bancarrotas familiares. Por sobre todas las cosas, las refinanciaciones en puerta dejan inalterada la situación de los otros 14 millones de deudores “al día”, que pagan tasas usurarias por sus tarjetas o préstamos personales y que deben estrechar cada vez más sus condiciones de vida para poder cumplir con sus acreedores. Ese jugoso mercado, por el cual los bancos perciben intereses anuales que triplican o cuadruplican a la inflación, es el que preservan a muerte los partidos patronales, el gobierno y el capital financiero. Los recientes "préstamos UVA" para financiar propiedades o automotores siguen esa misma regla. La vara de este régimen usurario está dictada por los rendimientos de la deuda pública, otro principio sacrosanto que une a los Milei-Caputo con Kicillof, los Kirchner y otros. La salida a la crisis de endeudamiento plantea una intervención directa sobre la banca y su nacionalización, junto con el repudio de la deuda pública.

El “emplazamiento” dilatorio de la cámara de Diputados, en definitiva, ha sido un fraude dirigido a preservar la confiscación de 20 millones de deudores a manos del capital financiero. En vez de denunciar esta maniobra y los límites insuperables de los partidos capitalistas, los partidos del FITU no vacilaron en saludar como una “victoria” a esta impostura. El FITU en el Congreso no es un factor de lucha y clarificación contra los partidos capitalistas; se ha convertido, en cambio, en un tercer violín de aquellos.

13 de septiembre de 2026
De los atentados a las Torres Gemelas a la actual guerra mundial

La conmemoración del Veinticinco Aniversario de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York y a un ala de la sede del Pentágono en Arlington ha sido utilizada por Donald Trump para celebrar “la guerra global contra el terrorismo”, lanzada enseguida después del ataque por George Bush (h), y para conectarla con la guerra desatada por Estados Unidos contra Irán. Trump, sin embargo, no se hizo presente en el escenario de las Torres Gemelas, adonde mandó a JD Vance, el vicepresidente, para subrayar su distancia de los expresidentes del país que iniciaron y reforzaron, precisamente, esa “guerra global’.

Pero el inicio de esa “guerra global” contó, no con la oposición, sino con el apoyo del régimen clerical de Irán y el de Putin (que hoy combate a los nazis en Ucrania, pero los apoya en Alemania). La ‘conexión’ que hace Trump no se ‘conecta’ con los hechos. En efecto, para proceder a la invasión de Afganistán, ordenada por Bush, la aviación norteamericana recibió la autorización de esos Estados para atravesar sus espacios aéreos. Ignoramos si alguien lo mencionó en las conmemoraciones, pero seguramente no lo hicieron ni los ayatollas ni Putin. De este modo se produjo la invasión de Afganistán. El paso siguiente sería la invasión de Irak y una guerra imperialista de exterminio en las ciudades de Fallujah y Mosul. El dictador de Turquía, Recyp Erdogan, hizo un intento fallido para la anexión de la sección turcomana de Irak a Turquía. El régimen iraní, por lo tanto, no combatió la invasión norteamericana, sino que la apoyó, con la expectativa de poner fin a un régimen enemigo en Irak, que había lanzado una guerra contra Irán en la década de los 80, apoyada por Estados Unidos y la Unión Soviética, para estrangular a la revolución iraní. El rol cambiante caracteriza en especial (no solo) a los gobiernos nacionalistas, dispuestos a apoyar al imperialismo si conviene a los estrechos intereses nacionales. La “conexión” entre “la guerra global contra el terror” con la guerra de Trump y Netanyahu contra Irán omite que Irán apoyó, dentro de ciertos límites, a la primera.

La segunda falacia del redactor del discurso de Trump es que reivindica ahora lo que fue una guerra extendida contra Irak, Afganistan y otras naciones contiguas, cuando ha montado su campaña, en el pasado reciente, que las denuncia como “inútiles” y “perjudiciales”. Esto es cierto en cuanto a que el Pentágono se vio forzado a huir de Afganistan como había ocurrido en Vietnam, con militares y funcionarios colgados de las alas de los aviones. Para Trump, el imperialismo norteamericano no debía desperdiciar en guerras localizadas los esfuerzos que lo apartaran de la guerra contra China. El cambio de discurso, el apoyo a aquellas guerras, obedece, claramente, al derrumbe estratégico de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Iran, que se ha acentuado en las últimas horas con la toma espectacular de territorio que controla el ingreso al mar Rojo por parte de los hutíes de Yemen. Una columnista en La Nación, Julieta Nassau, cree advertir que “la guerra global contra el terrorismo” se ha transformado, en la actualidad, en “una preocupación por el terrorismo doméstico”, lo cual debe entenderse como que Estados Unidos se ha convertido en un Estado policial y militar, sin que se hayan presentado indicios de grupos terroristas locales en Estados Unidos. El círculo completa los 360 grados: la guerra mundial que desarrolla Estados Unidos en la actualidad contra sus principales rivales, incluidos los rivales ‘aliados’, se vuelve contra el Estado imperialista norteamericano. “La guerra global contra el terrorismo” dio lugar a que la Corte Suprema preste acuerdo para que los acusados por terrorismo fueran juzgados por la Justicia Militar, aportando el marco legal para las cárceles ‘especiales’ en Guantánamo. La prensa de la época señaló que se habían instalado cárceles clandestinas en ciudades en el extranjero que practicaban regularmente la tortura.

Las sospechas de que el atentado contra las Torres Gemelas ha partido del propio Estados Unidos para justificar la ‘guerra’ ulterior no se han disipado; por el contrario. Fue perpetrado por una organización, Al Qaeda, que emergió de un acuerdo entre los servicios de espionaje estadounidense y paquistaní para repeler la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética. El fracaso de este intento de sovietización tardía fue un momento clave en el proceso último de la desintegración de la URSS. La cúpula de Al Qaeda formaba parte de la oligarquía financiera saudita. O el ataque a las Torres fue una provocación diseñada para justificar el lanzamiento de “la guerra global contra el terrorismo”, o reveló una disputa interna de una alianza que sólo servía a Estados Unidos y, en consecuencia, al sionismo. Al Qaeda será, más tarde, una pieza fundamental de EE. UU. y Turquía en la guerra contra el régimen de Siria, que hoy está presidida por uno de sus principales dirigentes (Al Golani). Terry Strada, viuda de un muerto por el ataque del 11 de Septiembre, volvió a denunciar, mirando a JD Vance en la ceremonia neoyorquina, la complicidad e incluso una participación del régimen saudita en los atentados, y a todas las administraciones, incluida a la actual, por “encubrir” los hechos y a los responsables.

“La guerra global contra el terrorismo” ha sido, junto a la guerra de la OTAN para dividir a la ex Federación Yugoslava, un precedente activo de la guerra mundial presente. El fracaso de esta “guerra” en toda la línea fue una poderosa evidencia del retroceso histórico del imperialismo norteamericano y de los propios Estados Unidos, así como la necesidad de ‘reordenar’ todo el sistema mundial para hacer frente a un impasse terminal. La guerra imperialista actual ha puesto en la cancha, en forma directa, a todas las potencias principales, en especial en el campo de los ‘aliados’, dejando a la vista una crisis histórica de la dominación imperialista internacional y poniendo a las propias metrópolis en el centro de crisis de régimen y de rebeliones populares.

14 de septiembre de 2026
16 de septiembre: movilicémonos contra el fascismo, la represión y las reformas antieducativas

El próximo miércoles 16 de septiembre se cumplirán 50 años de La Noche de los Lápices, como se denomina el secuestro y asesinato de diez activistas secundarios de la ciudad de La Plata durante la última dictadura militar.

Los motivos para una gran movilización en esta fecha son poderosos.

El gobierno nacional es ostentado por una camarilla fascistizante que reivindica el programa económico y político de la dictadura de Videla. No es un exabrupto. En una visita reciente a Santiago de Chile, Milei también elogió al gobierno dictatorial de Pinochet. El gobierno argentino declara formar parte de una "batalla global" contra el comunismo y ha suscripto el bloque político y militar patrocinado por Donald Trump -el Escudo de las Américas- que levanta un programa de guerra civil contra los trabajadores y campesinos de todo el continente. Milei ha alineado a la Argentina detrás de la guerra internacional declarada por el imperialismo norteamericano, detrás del ´liderazgo´ de Trump y Netanyahu. Ha agitado la ´cuestión de Malvinas´ para acentuar su apoyo a la instalación de bases norteamericanas en Tierra del Fuego. Con Milei, Argentina se ha convertido en un protectorado político, financiero y militar de los Estados Unidos.

Milei viene construyendo sistemáticamente un Estado policial: entre la instalación del "protocolo antipiquete", que criminaliza la protesta callejera hasta la ilegalización del derecho a huelga y la supresión de los convenios colectivos de trabajo, incorporados a la contrarreforma laboral, ha desarrollado un metódico reforzamiento del aparato represivo. Esto también incluye la ampliación de prerrogativas de la SIDE para detener a personas y espiar a opositores; la autorización para que los fiscales investiguen ´señales de radicalización´, encuadradas como actividades ´preterroristas´ y, por último, pero no menos importante, la designación del jefe del Ejército, Carlos Presti, como ministro de Defensa. A 50 años del golpe, en el país del Nunca Más, se ha instaurado un gabinete cívico-militar.

Pero Milei no habría llegado hasta acá sin el concurso y la complicidad de sus colaboradores declarados -la UCR y el PRO- y de la pseudo "oposición", especialmente del peronismo y la burocracia sindical. En el Congreso, votaron juntos el nombramiento de casi doscientos jueces y fiscales promovidos por el Gobierno, para blindar judicialmente esta política antiobrera y, en particular, a los Milei de los negociados turbios de $Libra y Adorni, entre otros. También votaron juntos la contrarreforma laboral y la continuidad de la camarilla libertaria al frente del Banco Central. No se ha levantado una sola vez para cuestionar el alineamiento automático de Milei detrás de las masacres promovidas por Trump y Netanyahu.

En el plano educativo, la política del gobierno nacional es igualmente reaccionaria. Su política podría resumirse en dos palabras: privatización y arancelamiento. Tiene en carpeta la declaración de rebajar a un roll ´subsidiario´ al Estado en materia educativa y desenvolver una fuerte ofensiva ideológica contra los docentes. Los salarios de hambre se replican en colegios y universidades.

El ataque de Jorge Macri contra la educación pública de CABA -BA Aprende- y las libertades públicas se inscribe en esta orientación. La modificación por decreto del Estatuto Docente ataca el derecho a huelga y numerosas conquistas; refuerza el control sobre las direcciones de las escuelas y tiene por finalidad facilitar el despido de quienes den pelea en defensa de sus derechos. Ha reforzado la judicialización de los padres de los estudiantes que participan en las ocupaciones de colegios y la imposición de multas millonarias.

Hay docentes denunciados en colegios como la Niní Marshall y el Lola Mora, que recientemente fueron tomados contra la reforma antieducativa BA Aprende. En el Lengüitas, casi setenta familias recibieron una demanda por la participación de sus hijos en la ocupación del colegio durante 2022.

El gobierno de CABA ataca al activismo de los colegios del mismo modo que persigue penalmente a los trabajadores del subte, por reclamar en defensa de su trabajo y su salud, y ´aporta´ los servicios de la Policía de la Ciudad en la represión de cada miércoles contra los jubilados que reclaman en Congreso.

El mejor homenaje a los compañeros y compañeras desaparecidos, torturados y asesinados por la dictadura es volver a levantar las banderas de una generación revolucionaria en la lucha contra el capitalismo y sus guerras, contra los gobiernos que patrocinan las masacres y la barbarie.

Marchemos en todo el país poniendo en pie asambleas en los colegios para recuperar las reivindicaciones de estudiantes y docentes y desarrollar una lucha a fondo contra el gobierno liberticida.

14 de septiembre de 2026
La campaña por el archivo de la causa contra Bruno Corzo en los medios

Los principales medios de comunicación de Catamarca se hicieron eco de la imputación que el fiscal Santos, del Juzgado Federal 1 de la provincia, fijó contra uno de los dirigentes más destacados de la última huelga docente autoconvocada en la provincia y militante de Política Obrera, Bruno Corzo.

El periódico El Ancasti, el de mayor tirada en la provincia, publicó un artículo en el que reproduce una entrevista realizada en su medio radial a Bruno, a propósito de la presentación judicial que realizó junto a su abogado, el Dr. Humberto Galíndez. El Ancasti destaca la arbitrariedad del fiscal Santos que, en el marco de la audiencia de imputación, procedió a juzgar el accionar de Corzo cuando esto está fuera de sus facultades. Las entrevistas a Bruno también tuvieron espacio en El Esquiú, Catamarca es Noticia y San Fernando digital.

En el medio digital Acontecer Calchaquí, la profesora Guadalupe Torres, dirigente de las autoconvocatorias, se pronuncia en oposición al operativo judicial contra Bruno y, además, convoca a la docencia a manifestarse por el sobreseimiento y el archivo de la causa contra Bruno.

La lucha por darle un alcance nacional a esta campaña ya reunió pronunciamientos muy destacados de los docentes autoconvocados de Tierra del Fuego, que siguen en pie de lucha contra el gobierno provincial en defensa del salario; también de referentes de autoconvocados de La Rioja y de los Secretarios Generales de CONADU Histórica, entre centenares de pronunciamientos.

Entre los medios nacionales que han entrevistado a Bruno se destacan Real Polítik y El Destape.

El Destape titula a la entrevista la "Criminalización de la protesta de Jalil".

Por su parte, La Izquierda Diario también se hizo eco de la campaña y publicó un artículo titulado "Jalil: basta de perseguir a Bruno Corzo y criminalizar la protesta docente autoconvocada".

14 de septiembre de 2026
Pronunciamiento de CONADU Histórica y de diferentes asociaciones de base de las universidades nacionales por el sobreseimiento de Bruno Corzo

El jueves 9 de septiembre se llevó adelante un Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de CONADU Histórica. Allí se votó por unanimidad un pronunciamiento reclamando el sobreseimiento del profesor Bruno Corzo y contra la persecución a la docencia en lucha. La moción fue presentada por ADIUNT, como mandato de la Asamblea General realizada el día anterior en Tucumán.

El Plenario de CONADU Histórica también votó otros pronunciamientos: la solidaridad con la docencia fueguina, que se encuentra de paro por tiempo indeterminado desde hace seis semanas en reclamo de un salario igual a la canasta familiar; la solidaridad con la compañera Norma Lezana (secretaria general de APyT del Hospital Garrahan), y el repudio a la persecución ejercida por el ministro de Salud de la Nación y el interventor del hospital, así como a la exposición mediática a la que fue sometida.

Asimismo, se reclamó el sobreseimiento de las 19 personas detenidas e imputadas por participar de las jornadas del Jujeñazo. Entre ellas se encuentra Iván Blacut, docente e integrante de la Comisión Directiva de ADIUNJu, y Santiago Zamora, trabajador nodocente de ADIUNJu.

Estos hechos dejan en claro el avance de una política de judicialización de la protesta social, criminalización y persecución de quienes luchan. Los gobernadores han avanzado en la misma línea de Milei y Bullrich, utilizando la persecución judicial y la represión como herramientas frente a los reclamos sociales.

Previo al pronunciamiento de CONADU Histórica, varios secretarios generales y miembros de la Mesa Ejecutiva ya habían firmado individualmente el petitorio por el sobreseimiento de Bruno Corzo. Entre ellos se encuentran Oscar Vallejo, secretario general de ADUL (Litoral) y secretario adjunto de CONADU Histórica; Diego Toscano, delegado de ADIUNT y secretario de Organización de CONADU Histórica; Patricio Grande, integrante de la Directiva de ADUNLu (Luján) y secretario Previsional de CONADU Histórica; Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA; Anahí Rodríguez, secretaria general de ADIUNT; Sergio Saninelli, secretario general de ADUNS (Bahía Blanca); Blaustein, secretario gremial de AGD de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA; Néstor Di Milia, secretario gremial de AGD-UBA; Eduardo Zitto, secretario de Finanzas de AGD de la Facultad de Ingeniería de la UBA; Iván Blacut, vocal de ADIUNJu; y Zunilda Campo, secretaria de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Diversidad de ADU San Luis.

Han firmado el petitorio representantes y docentes con cargos gremiales de diferentes asociaciones de base que integran CONADU (sin H), especialmente de ADIUC-Córdoba. Entre ellos se encuentran Juan José Giannotti, delegado; Raúl Gómez, congresal nacional; y Marcos Santiago Pereyra, delegado preuniversitario. A estas adhesiones se suman decenas de firmas de docentes y trabajadores no docentes de esa universidad, así como de integrantes de la agrupación Naranja de No docentes de la UNC.

También se han sumado numerosas adhesiones desde la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), cuya asociación de base docente integra CONADU. A ellas se agregan las firmas de docentes, no docentes e investigadores de distintas universidades nacionales, entre ellas las de La Pampa, San Luis, Catamarca, Misiones, San Martín, La Plata, Mar del Plata, la UTN y Rosario.

La campaña por el sobreseimiento de Bruno Corzo continúa creciendo y suma nuevas adhesiones en distintas universidades del país. El reclamo trasciende el caso particular y plantea una defensa colectiva del derecho a organizarse, reclamar y luchar sin persecución ni criminalización.

14 de septiembre de 2026
Elecciones en Marcos Juárez: una derrota de Milei

Los diarios porteños dieron cuenta de los resultados producidos en las recientes elecciones municipales de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, como una gran victoria del peronismo. Página/12 las caracterizó como “batacazo peronista”, por el retorno a un intendente peronista en la ciudad después de 53 años de gobiernos de otros signos políticos.

Analizado los resultados, el “batacazo” de marras tiene un marco político preciso. En primer lugar, hubo un enorme ausentismo: de los 59.000 votantes que participaron en las elecciones nacionales, esta vez solo sólo concurrieron a las urnas 27 000 personas. El ausentismo trepó al 42 %.

La población fue llevada a elegir intendente entre 7 listas de las cuales 5 estaban ligadas, por distintos lazos, a las corrientes de derecha y centro derecha de la provincia, una al ´peronismo unido´ y otra, marginal, del FITU (obtuvo 0,8 % de los votos).

Germán Font. el candidato peronista, se alzó con el 45 % de los votos. Derrotó a las listas “Marcos Juárez Puede” y a “Marcos Juárez despierta”, dos listas de la derecha que, divididas, sacaron casi 6.000 votos contra los 7.000 obtenidos por Font. La cuarta en discordia fue la Unión Vecinal -1.600 votos-, un “vecinalismo” que en las elecciones nacionales también vota a la derecha.

El triunfo de Germán Font se explica por una inmensa crisis del oficialismo. En las últimas elecciones nacionales, el 45 % de los votos a diputados en Marcos Juárez fueron a La Libertad Avanza.

El gobierno nacional no presentó ningún candidato de manera oficial. El autodenominado Partido Libertario sacó apenas 278 votos. La lista que salió segunda tuvo el apoyo de Luis Juez, mientras que la UCR, embarcada en una alianza con el Partido Demócrata, quedó tercera. En definitiva, todos los ´mileístas´ de Marcos Juárez fueron derrotados. Constituye una clara derrota política para un gobierno que no ha podido construir un partido propio en ninguna provincia y cuya suerte está atada a alianzas sin principios con distintos caudillos locales.

La victoria de German Font también abrió todo tipo de especulaciones futuras. En 2014, Marcos Juárez fue escenario de un triunfo de Cambiemos que marcó el comienzo de una etapa de fuerte protagonismo del macrismo. El propio Macri lo denominó el “kilómetro cero” de la coalición que llegaría a la Rosada un año más tarde. Ahora, son los peronistas quienes especulan con el alcance político de esta elección, para ellos sería el “kilómetro 0” de la unidad de los peronistas en el orden nacional.

El aparato del Partido Obrero ha caracterizado las elecciones de Marcos Juárez como un “triunfo de Milei”, por los acuerdos políticos que se establecieron entre el Gobierno y el gobernador Llaryora, con relación al apoyo de los diputados cordobeses a los proyectos legislativos del Poder Ejecutivo. Con estas “interpretaciones”, el aparato del PO difícilmente pueda “organizar la bronca”.

En realidad, el gobernador apoyó a los perdedores. La política mileísta para Marcos Juárez fue derrotada por fuertes razones: los trabajadores de esta ciudad, enclavada en el corazón agropecuario de la provincia, sufrieron despidos en las industrias metalmecánicas y los talleres que las alimentaban; se registra un fuerte deterioro en la calidad de vida de sus habitantes y un hartazgo ante la brutal caída del poder adquisitivo. En definitiva, una actitud que puede adelantar el ánimo del electorado en las próximas elecciones nacionales.

Que pasada la derrota el gobernador quiera cooptar ese sector del peronismo y tenga la misma política que Milei tiene con los gobernadores y senadores en el orden nacional, no omite que la división de la derecha que apoya a Milei y el propio Milei hayan recibido una paliza en Marcos Juárez. No hay “batacazo peronista”, sino que simplemente canalizaron ellos la catástrofe de los alcahuetes de los libertarios.

14 de septiembre de 2026
Los hutíes se hacen del control de las costas del Mar Rojo

Esta semana, los hutíes se hicieron del control de toda la costa norte del estrecho de Bab el-Mandeb y de las islas ubicadas en medio del paso. Es su mayor victoria militar en más de una década de guerra civil. La guerra se centra en el control de los pasos marítimos.

Los hutíes se hicieron de 130 kilómetros que estaban bajo control del gobierno yemení reconocido internacionalmente y sostenido por Arabia Saudita y otros países.

Los hutíes tomaron la costa de Tihama, el puerto de Moca y la isla de Perim. Esto les otorga capacidad real para estrangular o bloquear el tráfico marítimo que constituye el 10 % a nivel del comercio mundial. Esta ruta marítima es clave, además, porque se había convertido en un paso alternativo para los hidrocarburos de Arabia Saudita, debido al bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz. La avanzada militar de los hutíes significa una derrota para la estrategia bélica de Trump. El fascista ahora se ve acorralado por una crisis energética global que aumenta la inflación a menos de dos meses de las elecciones de medio término. El barril escaló a los 108 dólares tras el avance de las milicias hutíes.

El príncipe saudí Bin Salman llamó dos veces a Trump para reclamar apoyo, sin obtener respuesta; esto da muestra del impasse de la guerra del imperialismo norteamericano.

Según una fuente de CNN, las listas de los batallones yemeníes estaban llenas de “nombres ficticios” que recibían sueldos, y la fuerza real de los militares era solo alrededor del 20 % de lo que figuraba en los papeles. El vicepresidente yemení, Tareq Saleh, llamó a replegarse a la capital provisional, Adén, pero, según varios reportes de prensa, él mismo huyó a Eritrea, en la costa africana. Por eso, se espera que los hutíes avancen sobre la capital. Adén está colapsada, debido a que la mayoría de los 85.000 refugiados que provocó la escalada se encuentran allí.

Para aprovechar el colapso, los hutíes ofrecieron un indulto a las fuerzas oficialistas de Yemen que depusieran las armas. Algunos batallones se rindieron. Sin embargo, este sábado los aviones saudíes bombardearon Moca y continúan los combates. Los hutíes respondieron atacando nuevamente instalaciones petroleras saudíes.

El acuerdo de la Meca -el pacto de seguridad entre Turquía, Pakistán y Arabia- se ha mostrado impotente ante el ataque hutí. Lo mismo pasó con los acuerdos que Arabia Saudita hizo firmar a diversos países para defender el libre paso por el mar Rojo. Las bases militares estadounidenses mostraron la misma inutilidad.

14 de septiembre de 2026
Trump se postula como "árbitro" en la "cuestión Malvinas"

Durante su visita a Irlanda de este fin de semana, Donald Trump se reunió con el primer ministro irlandés, Micheál Martin. Irlanda apoyó a Argentina en la guerra de 1982.

Consultado por la prensa, el presidente norteamericano puso en duda que Gran Bretaña esté hoy en condiciones de repetir la reconquista militar como lo hizo en 1982, aludiendo a los "problemas" británicos con la inmigración y la energía. "Seguramente me van a llamar a mí ante ese potencial desastre, pero si lo hacen, probablemente pueda arreglarlo”, dijo. En 1982, el Reino Unido "era un país diferente en aquel entonces", pero ahora, "no sé si estarán dispuestos a viajar tan lejos". En realidad, las fuerzas armadas británicas mantienen en el archipiélago una base militar con más de 1.500 miembros permanentes y una importante infraestructura militar, instalada en Monte Agradable. El ministro de Defensa, Wes Streeting, afirmó que considera "robustas" sus capacidades aéreas, terrestres y marítimas, y que el nivel de fuerzas desplegadas es actualmente adecuado (Escenario Mundial, 12/9).

El arbitraje de Trump fue saludado por el ministro de Defensa, Carlos Presti. En una entrevista radial, Presti señaló que "la alianza estratégica con los Estados Unidos" permitirá a la Argentina "equiparnos y posicionarnos a nivel hemisferio". El Departamento de Estado aprobó el jueves pasado la venta de cuatro helicópteros militares UH-60L Blackhawk a las Fuerzas Armadas por un valor de U$D 140 millones (Clarín, 14/9). La "cuestión Malvinas" se vincula con la aplicación de la "Doctrina Donroe", para contrarrestar la influencia de China.

Desde abril de este año Trump viene utilizando la "cuestión Malvinas" para presionar a su socio de la OTAN. Trump insiste en demandar al Reino Unido que abra el Mar del Norte a la extracción petrolera y de gas, cuyo resultado, imagina, sería que los precios caigan "en picada". La extracción de hidrocarburos en el mar del Norte está atravesada por un fallo judicial sobre el impacto climático y por el agotamiento natural de los yacimientos tradicionales.

Por su parte, el SOUTHCOM (acrónimo del Comando Sur de los Estados Unidos) viene realizando movimientos militares en torno a la futura Base Naval Integrada (BNI). El sitio Agenda Malvinas ha dado a conocer documentación fotográfica en la que se puede observar que el pasado miércoles 9, sobre la pista del Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, se dejaron ver equipamientos militares y mochilas tácticas con anclajes MOLLE del ejército estadounidense. El sitio también accedió a fuentes de la estación aérea que confirmaron un movimiento simétrico: el despacho hacia Buenos Aires de un lote similar de equipaje castrense, dejando al descubierto un circuito continuo de rotación, ingreso y egreso de personal militar de los Estados Unidos, corroborando que no se trata de una visita técnica aislada. En los últimos meses se consolidó un esquema regular que replica, con mayor intensidad, las prácticas observadas durante 2024 y 2025: la llegada sistemática de células reducidas de entre 20 y 30 efectivos del Cuerpo de Marines (USMC) y fuerzas especiales dependientes del Comando Sur en la capital de Tierra del Fuego (Agenda Malvinas, 14/9).

Fuentes castrenses precisaron que las maniobras de los uniformados norteamericanos tienen que ver con reconocimiento del terreno, marcha y supervivencia en las zonas montañosas, valles y glaciares adyacentes a Ushuaia, evaluando las condiciones operativas del clima subantártico. Las tropas estadounidenses concentran su actividad conjunta con el Batallón de Infantería de Marina Nº 4 (BIM 4), apostado en el predio de la Base Aeronaval Ushuaia. Todo esto se produce sin la autorización del Congreso de la Nación, el que, por acción u omisión, se ha transformado en un complemento necesario para el ingreso y egreso de tropas extranjeras, regulado por la Ley 25.880 (Data Urgente, 13/9)

En el Atlántico Sur, el imperialismo busca poner bajo su control el estrecho de Magallanes, el único por el cual pueden transitar buques de guerra. En esta línea, Milei instruyó a Caputo para modificar las partidas del ejercicio actual y que se incluyan en el Presupuesto 2027 más de $300.000 millones a fin de blindar el proyecto de la Base Naval Integrada de Ushuaia. Por su parte, el tándem conformado por Presti y el canciller Pablo Quirno recorrió el predio en Tierra del Fuego donde se construirá la Base Naval Integrada -que al día de hoy no supera el 9 % de avance físico, luego de tres años de compromisos incumplidos-, para supervisar los "desafíos logísticos". Estuvieron acompañados por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay. También fue parte de la reunión el "nac & pop" gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. La puesta en escena apuntó a congraciarse con Washington. Melella, un kirchnerista de primera hora y verdugo de la docencia fueguina, dio su apoyo inmediato a la militarización de la Provincia.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Defensa han aseverado que se preparan entre cinco y seis licitaciones públicas con el objetivo de reanudar las obras civiles en la BNI a partir de enero de 2027, en vistas de tenerla terminada a finales de 2029. Presti ha declarado que "el presidente me ha pedido trabajar para crear las mejores condiciones estratégicas en el Atlántico Sur", y reiteró la necesidad de "poner el máximo empeño en levantar la Base Naval en Ushuaia". Melella dejó establecido el respaldo de todo el arco político a la ‘recuperación de Malvinas’ de la mano de Trump, el imperialismo norteamericano y la doctrina Donroe.

15 de septiembre de 2026
África Central: escenario sangriento de la guerra imperialista mundial

Siembro mis palabras como semillas / sobre las colinas de mi infancia, / para que mañana la tierra florezca de nuevo.

Yolande Mukagasana, poeta ruandesa, sobreviviente del genocidio de 1994.

El oriente de la República Democrática del Congo (RDC) es el escenario del brutal enfrentamiento armado entre las Fuerzas Armadas de la RDC y el M23 (Movimiento 23 de marzo). La guerra se desarrolla en la región de los Grandes Lagos, una frontera difusa que el Congo comparte con Ruanda y Uganda.

El M23 es un grupo armado que constituye un caso claro de “fuerza proxy”, una milicia local que, aunque compuesta por ciudadanos de la RDC, actúa con el respaldo militar, logístico y político del Estado ruandés. Esto le permite al gobierno de Ruanda intervenir en el conflicto, asegurar el control de enclaves mineros y proyectar su poder regional sin asumir abiertamente el costo político de una invasión estatal directa. Por su parte, Uganda despliega tropas bajo el pretexto de una lucha contra grupos terroristas islámicos, pero asegura sus propios corredores comerciales y concesiones informales de oro y madera.

La violencia de esta contienda actual tiene de por medio la riqueza de los yacimientos masivos de coltán (del que se extraen el tantalio y el niobio), cobalto, estaño, tungsteno y oro. Son materias primas indispensables para la industria digital (smartphones, computadoras, redes de telecomunicaciones, súper aleaciones) y para la industria militar de alta tecnología (sistemas de guía para misiles, turbinas para aviones de combate, blindajes avanzados y motores de cohetes). Una guerra para sostener la guerra. Particularmente en el caso del coltán y el cobalto, aunque existen en otros puntos del globo, ningún lugar se equipara a la concentración, volumen y bajo costo de extracción que posee la RDC.

La realidad en la mina, el costo humano y el circuito del contrabando

Para comprender el conflicto hay que considerar que en minas informales como la de Rubaya (Kivu Norte) -de donde sale una porción vital del coltán mundial- la extracción no la gestiona una corporación formal, sino una red administrada por el M23 y comerciantes locales que cobran impuestos y obtienen ingresos directos de la producción.

Los trabajadores subterráneos se internan en galerías precarias en condiciones inhumanas, expuestos a derrumbes, trabajo infantil, violencia endémica y riesgos sanitarios extremos, incluido el contacto con murciélagos reservorios de enfermedades. En una mina de oro del noreste del Congo, por ejemplo, un brote de virus de Marburgo mató a 128 de los 154 mineros infectados.

Joseph Busby, fundador y director de Reality-Based Analysis en su artículo “Los Grandes Lagos de África: La máquina de violencia perpetua” explica que estas condiciones facilitaron rebrotes masivos de Ébola.

El mineral así extraído cruza la frontera porosa hacia Ruanda o Uganda. Allí es blanqueado mediante etiquetados de origen falso y exportado legalmente hacia centros de comercialización internacional en Dubái, Tailandia y refinerías en Asia. El negocio se sostiene porque las compañías de las potencias demandan la materia prima a un costo reducido, conectando la economía informal de la guerra con las cadenas de producción.

Una guerra en la disputa imperialista mundial

Esta guerra es consentida y rentabilizada por las dos principales potencias, que intervienen en forma indirecta. Washington y Pekín tienen intereses contrapuestos en la región, pero ninguno de los dos controla directamente el conjunto del conflicto. Las disputas territoriales y los circuitos informales de extracción permiten que los minerales continúen alimentando las cadenas internacionales de abastecimiento. La falta de gobierno y la presencia de milicias locales crean una "tierra de oportunidades" donde el acceso no oficial a estos recursos críticos permanece garantizado.

China construyó una posición dominante en la RDC mediante el modelo de “infraestructura por recurso" (iniciado formalmente con el acuerdo Sicomines en 2007-2008). Las empresas estatales chinas controlan entre el 70% y el 80% de la producción de cobre y cobalto congoleños. Asimismo, China procesa más del 60% del litio y del cobalto a escala global, además de mantener una posición dominante en tierras raras y tantalio. No necesita controlar militarmente cada pozo minero; le basta con dominar la capacidad industrial que transforma el mineral bruto en insumo tecnológico.

Pekín pide abstractamente el respeto a la integridad territorial de la RDC en el Consejo de Seguridad de la ONU y respalda las iniciativas de paz regionales, pero su prioridad operativa es resguardar la continuidad de sus inversiones mineras e infraestructurales masivas, evitando enfrentarse directamente con Ruanda o la RDC.

La contraofensiva de Estados Unidos, que ve vulnerada su seguridad nacional e industria militar por la posición de China, es asegurar el acceso directo a las fuentes y desarrollar rutas alternativas.

El pilar de esta estrategia es el “Corredor de Lobito” una vía ferroviaria financiada por EE.UU. y la Unión Europea que conecta las zonas mineras del Congo y Zambia con el puerto de Lobito en Angola, sobre el Océano Atlántico. Su objetivo estratégico es abrir una vía hacia los mercados occidentales para los minerales de la RDC y Zambia, reduciendo la dependencia de las rutas y cadenas de suministro dominadas por China. Aunque el Departamento de Estado ha acusado a Ruanda de violar la soberanía de la RDC, apoyar militarmente al M23 y desplegar armamento avanzado en Kivu Norte, pacta acuerdos sobre minerales críticos directamente con el gobierno de Ruanda y financia la infraestructura del Corredor de Lobito.

La Unión Europea también condena los ataques del M23, pero firmó un memorando de entendimiento estratégico con Ruanda sobre "cadenas de valor sostenibles de materias primas". El gobierno congoleño acusa a Bruselas de validar el comercio de minerales saqueados.

Para completar el panorama del papel de las fuerzas imperialistas en esta guerra hay que mencionar a las Naciones Unidas, que, durante casi dos décadas, se mantuvo “liberando el territorio” para los genocidios, pero en 2013 intervino por primera vez desembozadamente como fuerza militar con 3.000 soldados contra el M23 porque ponía en riesgo la salida de minerales.

De 1994 a la "Gran Guerra de África"

La guerra actual no es un fenómeno aislado ni repentino; es la continuidad de un ciclo bélico ininterrumpido que entra en su cuarta década, agravado como expresión africana del desarrollo de la guerra internacional.

El inicio se encuentra en las matanzas de 1994, en las que cerca de un millón de personas (mayoritariamente tutsis una de las dos etnias principales) fueron exterminadas. Tras la derrota de los genocidas a manos del Frente Patriótico Ruandés (liderado por Paul Kagame, actual presidente de Ruanda), cientos de miles de refugiados y milicianos hutus huyeron al territorio del entonces Zaire (hoy RDC). Desde allí, las milicias hutus (la otra etnia) reorganizadas lanzaron ataques e incursiones transfronterizas contra el nuevo gobierno de Ruanda.

En 1996, Ruanda y Uganda invadieron militarmente Zaire en alianza con fuerzas rebeldes locales, durante la Primera Guerra del Congo.

Luego entre 1998 y 2003 transcurrió la Segunda Guerra del Congo, un conflicto de escala continental en el que Ruanda y Uganda volvieron a invadir la RDC para apoyar a milicias rebeldes, mientras que Angola, Zimbabue y Namibia intervinieron militarmente para defender al gobierno congoleño. La contienda cobró más de cinco millones de vidas -la inmensa mayoría debido al hambre, las epidemias y el colapso social- y formalizó la fragmentación del territorio oriental, transformando los minerales en la principal fuente de financiamiento para ejércitos y grupos armados.

Aunque las guerras terminaron formalmente con los acuerdos de paz de 2003 las tensiones estructurales, el tráfico transfronterizo y la presencia de milicias nunca se resolvieron. El M23 nació precisamente como heredero directo de las organizaciones armadas tutsis consolidadas durante aquellas dos guerras regionales.

El mecanismo del holocausto africano

El conflicto en el oriente de la RDC pone de manifiesto la barbarie del imperialismo que está cobrando el mayor número de vidas desde la Segunda Guerra Mundial, acercándose al número de asesinatos hitlerianos. Una de las regiones más ricas en recursos estratégicos del planeta con poblaciones que viven un infierno de exterminio y sufrimientos.

Esta guerra no impide la circulación de las riquezas; al contrario, funciona como el mecanismo violento que permite extraer y comerciar materias primas de bajo costo, desreguladas y sin controles ambientales o laborales. Mientras los países imperialistas y organismos emiten declaraciones pidiendo la paz, sus compañías de armamento, tecnología y electromovilidad continúan absorbiendo el mineral que surge de los pozos de Kivu.

15 de septiembre de 2026
Traiga su propia bronca a esta marcha electoral

Faltando pocos días para la cita, la "marcha de la bronca" convocada por Myriam Bregman y el FITU el próximo sábado no tiene programa ni consignas definidas. "Compañero, compañera, (...) está invitado a traer su bronca, gritarla, cantarla, abrazarse con otros para derrotar a la derecha sin caer en nuevas desilusiones", reza la invitación del PTS dirigida a las ´bases peronistas´. Los convocantes no lograron el propósito de enmascararse en la ambigüedad: se trata de una marcha de proselitismo electoral. No está al servicio de acabar con el régimen contrarrevolucionario que sostiene a Milei. Es sectaria, debido a su objetivo electoral unilateral, y es oportunista en cuanto a su método político. Convoca a la burocracia sindical sin crítica ni delimitación. Es más que una “desilusión” por anticipado. La marcha ha sido convocada desde hace varios días sin una declaración política, que se ha demorado por pendencias entre los grupos que la apoyan política y organizativamente.

No es una autoconvocatoria sino un hecho consumado por parte de un grupo autorreferencial. La bronca es un llamado poderoso al que hay que asignarle un destinatario, en este caso el régimen de Milei y el conjunto de sus secuaces dialoguistas y no dialoguistas. El fascismo y el propio Milei acicatean la bronca por la bronca misma, como un arma de violencia contrarrevolucionaria. La bronca no es lo mismo que el odio de clase.

Entre las pendencias que han dilatado la salida de una declaración de los autodesignados comandantes de la bronca, se encuentra la de si debe denunciarse el sabotaje de la burocracia sindical a la lucha de los trabajadores. De acuerdo a declaraciones de Del Caño habría que evitar toda suspicacia contra ese aparato patronal: "Vamos a ir a plantear la necesidad de una acción permanente, a las conducciones sindicales y demás (sic), en una perspectiva (sic sic) de cómo armar un movimiento (sic sic sic) que permita, a través de paros, de movilizaciones, de una huelga general, poner fin a este plan que está arruinando a las mayorías trabajadoras”. “Todos los enojados están convocados” (LID, 15/9), incluso los liquidadores del derecho laboral y los convenios colectivos de trabajo. También está convocada la patronal afectada por las importaciones baratas. Después de todo, todo voto vale: el padrón electoral no distingue entre obreros y patrones, ni entre estudiantes de diferente posición social. Los impulsores de la marcha han convertido al padrón electoral en -textual- “una nueva clase trabajadora”.

La marcha no tiene aún un programa, pero los convocantes sí lo tienen. Es un programa nacionalista, dentro del régimen político actual, “que es el que el pueblo ha elegido”, dice. Pero es un régimen de ajustes, corrupción, estafas, pobreza y empobrecimiento que comparten, en diferente grado y de acuerdo a las circunstancias, todos los partidos. La marcha será el escenario de “las Malvinas son nuestras”, una reivindicación que han hecho suya Milei y Trump, para meter a la IV Flota en el Atlántico Sur. Los convocantes han caído en la trampa de la guerra imperialista de Trump contra el resto del mundo, por la incapacidad de insertar la reivindicación de la soberanía nacional de Malvinas en un programa internacional de los trabajadores.

La "marcha de la bronca" no es una iniciativa de lucha sino el llamado a un desfile electoral prematuro en el tiempo.

15 de septiembre de 2026
Las agrupaciones de los “jubilados de los miércoles” exigimos el sobreseimiento del docente Bruno Corzo

Desde la asunción de Milei, las protestas de los jubilados que los días miércoles manifiestan frente al Congreso han sido objeto de una brutal y sistemática represión. Las organizaciones de jubilados que vienen sosteniendo sus reclamos contra viento y marea -a pesar de los vallados, los gases y los palos- han votado una declaración de solidaridad con el compañero Bruno Corzo, que enfrenta una denuncia judicial impulsada por Gendarmería por su participación en la lucha de los docentes autoconvocados de Catamarca, en marzo pasado.

Los abajo firmantes expresamos nuestro repudio a la imputación judicial y la causa iniciada contra el docente Bruno Corzo por "entorpecimiento del tránsito" en el marco de su participación en una protesta docente realizada el 7 de marzo sobre la Ruta Nacional N° 38, en Catamarca. Esa protesta fue una de las tantas llevadas adelante por docentes de la provincia en marzo, abril y mayo.

Rechazamos esta imputación que constituye un acto de persecución y un ataque al derecho constitucional a la protesta, a la huelga y a la organización de los trabajadores. La movilización por salarios, derechos laborales y presupuesto para la educación pública que se desarrolla a lo largo y ancho del país pretende ser criminalizada mientras Milei, los gobernadores y el Congreso Nacional quieren imponer una "esencialidad educativa” para amedrentar y disciplinar a quienes luchan.

La judicialización de la protesta docente sienta un grave precedente para el conjunto de los trabajadores. No aceptamos que se criminalice la participación en las luchas gremiales ni que se utilice el aparato judicial para intentar resolver conflictos sociales y laborales en contra de los trabajadores.

Por todo ello, exigimos:

El sobreseimiento inmediato del profesor Bruno Corzo y el archivo defnitivo de la causa.

El cese de toda forma de persecución contra quienes participan de las luchas docentes y del conjunto de los trabajadores en todo el país.

El respeto irrestricto al derecho a la protesta, a la huelga y a la organización sindical.

Firman: Jubilados Anticapitalistas

U.T.J.E.L. (UNION De Trabajadores y Jubilados En Lucha)

Jubilados Insurgentes

PTJ - Plenario De Trabajadores Jubilados

Jubilados de Izquierda

Encuentro de Jubilados de Asambleas Barriales

Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina

Jubilados CoNAT

Centro Trabajadores Jubilados Portuarios

Jubilados de Espacio Popular-Frente Grande

T.A.Y J. (Trabajadores Activos y Jubilados)

Ricardo Zambrano (Médico y Antropólogo)

Susana Proe (Médica, Jubilada Autoconvocada)

MATyJ (Movimiento Activo de Trabajadores y Jubilados

Jubilades PTS + Independientes

Jubilados Clasistas

15 de septiembre de 2026
La hora de las asambleas en la salud pública: se define cuál va a ser la estrategia de lucha

Este miércoles tendrán lugar, en simultáneo, dos asambleas que reunirán a buena parte del activismo que se organiza para pelear por el salario y las condiciones de trabajo en el sistema de salud público de la ciudad de Buenos Aires. Por un lado, se reunirá la asamblea que nuclea a residentes, concurrentes y becarios y, por el otro, la asamblea de trabajadores de la salud del primer nivel de atención (CESaCs). La deliberación servirá para dar cuenta del grado de organización y disposición a la lucha que anida en hospitales públicos y centros de salud, así como de las discusiones y problemas que enfrentan sus trabajadores a la hora de definir una estrategia para hacer valer su fuerza y movilizarse de forma independiente.

Los residentes vienen de hacer pública una carta en la que emplazan al gobierno porteño a dar respuesta frente a lo que denuncian como una caída del poder adquisitivo del salario del 30% en los últimos tres años. Como comentamos en estas páginas, el desarrollo de este nuevo proceso de lucha viene acicateado por la diferenciación salarial que se produjo tras la victoria de la lucha de los trabajadores del Garrahan. Como consecuencia de ese fenómeno, un residente de pediatría porteño gana un tercio menos que un residente del hospital nacional, lo cual llevó a renuncias masivas en hospitales de niños históricos como el Gutiérrez o el Elizalde (ex Casa Cuna).

A pesar de que el PTS y otros partidos del FITU buscaron que la carta de los residentes se dirigiera exclusivamente a la dirección de los sindicatos (AMM-Médicos Municipales y Federación de Profesionales), en el formato ya conocido de “exigencias” de acciones, la asamblea votó incluir entre los destinatarios a la patronal, el ministro Fernán Quirós. Se continuó así con el método histórico de la asamblea de residentes, de orientar sus reivindicaciones al poder político y basarse para conquistarlas en su propia fuerza de organización y lucha, sin requerir ni aceptar mediadores que busquen negociar en su nombre. A tal punto fue así que, en 2022, la asamblea consiguió un plus salarial exclusivo para residentes, al margen de la paritaria oficial, lo cual desató una reacción de las bases que obligó a la AMM a actuar para que el aumento se generalizara a toda la planta.

Hasta el momento, ni el gobierno ni la dirección de AMM han respondido a la carta de los residentes. La Federación de Profesionales, por su parte, delegó esta tarea en la Secretaría Gremial que conducen las delegadas de la asociación del Servicio Social (APSS). Luego de asistir de manera pasiva al deterioro salarial de estos meses, la respuesta de la dirección de APSS fue una nueva dilación: ofreció una reunión a los residentes posterior al próximo congreso de la Federación, previsto para el 8 de octubre. Se trata de una agenda paralela preestablecida, que no contempla los tiempos que impone el desarrollo de un movimiento real de lucha.

Esta cuestión de los plazos se observa también en los planteos. La Federación de Profesionales ha relegado su propio reclamo, votado en congresos anteriores, de un salario básico inicial igual al costo de la canasta familiar. En lugar de eso, emprende gestiones inciertas en pos de “incentivos” por rubros como capacitaciones u otras titulaciones y del aumento de llamado “SAMO”, que es un monto variable y no contributivo (“en negro”), asociado a la recaudación de lo que los servicios de los hospitales facturan a afiliados de obras sociales y prepagas. El “SAMO” sigue el método de la privatización, que estimula a los trabajadores de cada servicio a incrementar las prestaciones facturadas y a competir con servicios de otros hospitales. El abandono del salario básico, que unifica a todos los trabajadores detrás de un objetivo estratégico común, por los “incentivos” es el programa que sigue en todos lados la burocracia sindical, y que busca consagrar la reforma laboral de Milei.

La agenda paralela de la Federación de Profesionales incluye la participación en la “marcha de la bronca” promovida por Miriam Bregman. En la asamblea de residentes, el PTS ha buscado la adhesión con un argumento falso y negativo: que los residentes no podrían vencer al gobierno macrista y conseguir sus reclamos de forma “aislada”, por lo que debían sumarse a esta movida (pre)electoral del FITU. No es lo que dice la historia del movimiento de residentes, que con dos huelgas indefinidas logró derrotar una ley reaccionaria en 2019 y conquistar un aumento del 80% en una cuota en 2022, ni es lo que ocurrió con el Garrahan. La coordinación de las luchas se produce cuando estas peleas se profundizan y ganan protagonismo político, no cuando su desarrollo es sustituido por el apoyo a aparatos políticos adaptados al régimen.

La asamblea de trabajadores del primer nivel ha incorporado a la cuestión del salario el problema de la defensa de la autonomía y el control de los equipos profesionales sobre los procesos y ritmos de trabajo, así como el rechazo a las resoluciones expulsivas del macrismo contra la población que no tiene domicilio formal en la CABA, a pesar de trabajar todos los días en ella. El ministerio de Quirós pretende manipular ambas cuestiones a través del control digital y centralizado de las agendas. Repliquemos estas asambleas y autoconvocatorias en todos los hospitales y centros de salud, buscando ampliar los pequeños nichos profesionales y disciplinares a través de la organización de todos los trabajadores de la salud sin distinción de contrato, sindicato o especialidad. Promovamos una estrategia para luchar a fondo: la huelga autoconvocada con continuidad hasta la conquista de todos los reclamos planteados.

15 de septiembre de 2026
Venecia: una película sobre Gaza recibió la ovación más larga de la historia del festival

El hecho más relevante de la última edición del Festival de Cine de Venecia ocurrió alrededor de un documental referido al genocidio en Gaza. NAZA, dirigido por los israelíes, Yuval Abraham y Rachel Szor, recibió una ovación de 25 minutos, una de las más extensas registradas en la historia de la Mostra. La película reúne testimonios de 24 integrantes y ex integrantes de los servicios de inteligencia y del ejército de israelí y reconstruye, a partir de sus propias declaraciones, el funcionamiento de los sistemas utilizados para la vigilancia masiva, la identificación de objetivos y la planificación de ataques.

No se trata de un relato construido exclusivamente a partir del testimonio de víctimas, sino que introduce la palabra de quienes participaron del aparato genocida.

Entre los sistemas descriptos aparece Lavender, una herramienta de inteligencia basada en el procesamiento masivo de datos para la identificación de presuntos objetivos, y Where's Daddy?, utilizado para localizar personas señaladas como objetivos cuando regresaban a sus viviendas.

Uno de los testimonios reunidos en la película sintetiza la lógica del sistema con una frase que atraviesa todo el documental: “La unidad básica del objetivo es una casa familiar.”

Berlinale

El antecedente más importante fue la Berlinale 2024, donde No Other Land obtuvo el reconocimiento al mejor documental y el premio del público.

La película fue realizada por un colectivo integrado por Abraham y Szor y dos cineastas palestinos, Basel Adra y Hamdan Ballal. Su tema es la situación de las comunidades palestinas de Masafer Yatta, en Cisjordania ocupada. El documental registra la demolición de viviendas –en una escena la demolición comienza incluso cuando la familia no ha terminado de desocuparla–, la destrucción de escuelas y estructuras comunitarias y la presión permanente sobre familias palestinas para abandonar sus territorios.

Si NAZA muestra la maquinaria del exterminio, No Other Land muestra la maquinaria de la expoliación.

La película no registra un episodio aislado, sino un método: la destrucción reiterada de las condiciones materiales necesarias para que una población pueda permanecer en su propia tierra. La presentación de la película en Berlín tuvo una consecuencia política inmediata. Durante la ceremonia de premiación, Basel Adra y Yuval Abraham (palestino uno, israelí el otro) denunciaron la ocupación y reclamaron el fin de la violencia. Sus intervenciones provocaron acusaciones de antisemitismo por parte de sectores políticos alemanes

Cannes y el asesinato de Fátima Hassouna

El siguiente episodio tuvo lugar en Cannes, edición 2025. Allí debía presentarse el documental Put Your Soul on Your Hand and Walk, dirigido por la cineasta iraní Sepideh Farsi y protagonizado por la fotoperiodista palestina Fátima Hassouna, que contaba entonces veinticinco años de edad. Ella había documentado durante meses la destrucción de Gaza utilizando principalmente su teléfono celular. Sus imágenes formaban parte de una de las pocas fuentes directas de información desde el interior del territorio devastado. No llegó a ver el estreno de la película.

Poco después de anunciarse la selección del documental para Cannes, Fátima Hassouna murió junto a varios integrantes de su familia en un ataque contra su vivienda. El caso suscitó una de las nociones centrales de estos años: el aparato marcial israelí persigue especialmente a quienes producen los registros que permiten conocer de cerca la destrucción. El número de estas muertes, de 2023 a la actualidad, sobrepasa holgadamente el centenar. En ese sentido, el exterminio de Hassouna y su familia dialoga directamente con uno de los aspectos centrales de NAZA: el papel de los sistemas de vigilancia y selección de objetivos en la guerra contemporánea.

Venice4Palestine: de la pantalla a la acción

En Venecia, el debate estuvo impulsado también por Venice4Palestine (Venice for Palestine: Venecia por Palestina), un colectivo integrado por cineastas, productores, críticos, programadores y trabajadores de la cultura, que organizó actividades, debates y acciones dentro del festival, incluyendo el izamiento de la bandera palestina. Uno de los paneles organizados por el colectivo tuvo un título que sintetizó la discusión: “Sin embargo, Gaza sigue ardiendo: ¿de qué sirve ver si no actuamos?”

La pregunta apareció después de una acumulación de crímenes, después de miles de imágenes, después de documentales, investigaciones, testimonios. El problema planteado no era la falta de información: era qué hacer con esa información.

La historia fuera de las salas

La discusión sobre Gaza no se origina en los festivales. Uno de los ejemplos más significativos provino del movimiento obrero. Trabajadores portuarios italianos, especialmente en Génova y Livorno, rechazaron participar en operaciones vinculadas al transporte de armamento destinado a Israel.

Días después del Festival, el gobierno de Netanyahu retiró la ciudadanía a Yuval y Rachel.

16 de septiembre de 2026
Bruno Corzo, docente imputado por protestar en Catamarca: “Es un intento de amedrentar”

“Es una torpeza. El golpe, por ahora, es solamente para mí, pero es un intento claro de amedrentar y generar un clima adverso entre los docentes, en un período en que están emergiendo los reclamos por las políticas de desmantelamiento educativo del gobierno provincial y nacional”, reflexiona Bruno Corzo, el docente catamarqueño imputado por la justicia federal por “entorpecimiento del tránsito” en el marco de la jornada de protesta del pasado 7 de marzo sobre la Ruta Nacional 38.

Corzo, referente del movimiento de docentes autoconvocados, se presentó el 26 de agosto en el Juzgado Federal N° 1 de Catamarca, junto a su abogado Humberto Galindez, y presentó un pedido formal solicitando el sobreseimiento y el archivo de la causa.

La imputación al docente había sido promovida de oficio por el fiscal federal Santos Reinoso, luego de una protesta y corte de ruta realizada por los docentes autoconvocados sobre la ruta 38, a la altura del Valle Central, en reclamo de mejoras salariales y presupuestarias.

Reinoso acusó formalmente a Corzo por el delito de «entorpecimiento del tránsito» según el artículo 194 del Código Penal.

“El fiscal actuó de oficio apoyado en un acta que labró Gendarmería el 7 de marzo durante la protesta. En esa jornada se hicieron dos cortes de ruta simbólicos, no se detuvo el tránsito en ningún momento. Ni los efectivos de Gendarmería ni los de la policía provincial nos llamaron la atención, ni nos informaron sobre algún delito, incluso, ellos mismo pusieron conos y ordenaron el tránsito”, explica Corzo, y enseguida agrega: «A priori, Gendarmería tergiversó los hechos porque dice que me identifiqué con nombre y apellido y como ideólogo del corte de ruta, lo que es absolutamente falso”.

En tanto, organizaciones sociales, políticas y gremiales lanzaron una campaña y petitorio (que puede firmarse aquí ) por su «sobreseimiento, el archivo de la causa y el cese de la persecución a la docencia autoconvocada de Catamarca».

“Un derecho fundamental”

Corzo tiene 37 años, es oriundo de Perico, Jujuy, egresado de la Universidad Nacional de Catamarca. Los últimos diez años se dedicó a la docencia en nivel secundario y terciario en las materias Filosofía y Ética; también enseñó en escuelas rurales.

“Tengo actividad pública más allá de lo gremial; formo parte de Política Obrera y soy candidato a legislador provincial. No tengo dudas de que hubo un seguimiento por parte de la cúpula policial y del poder político”, sostiene.

La imputación a Corzo se inscribe en un contexto de creciente lucha docente en la provincia comandada por Raúl Jalil. El 2 de marzo de 2025, en el marco del paro nacional de 48 horas, trabajadores de la educación autoconvocados protagonizaron una marcha multitudinaria hacia la Casa de Gobierno, obligando a Jalil a derogar un decreto que iba en contra de la estabilidad docente y modificaba el sistema de otorgamiento de cargos.

“Mi caso -concluye Corzo- genera una sensibilidad y hace evidente que el Gobierno quiere restringir el derecho a la protesta por vía judicial. Esto tiene que servir para que quede claro que la protesta es un derecho fundamental y una conquista de los trabajadores para enfrentar los atropellos del poder político; un derecho que debe ser defendido por encima de las divergencias en las conducciones gremiales o políticas".

16 de septiembre de 2026
El nuevo estatuto de la SIDE: "profesionalización" para un Estado policial

El gobierno liberticida ha anunciado que establecerá por decreto un nuevo Estatuto del Personal de Inteligencia y la creación de un Cuerpo de Inteligencia de la Nación. El propósito explica las bases de una carrera "profesional, despolitizada y basada en el mérito"

Se trata del tercer cambio estructural que sufre el organismo desde que Milei asumió el gobierno en 2023. Llega dos semanas después de que el propio presidente enviara al Congreso un proyecto para crear un Consejo de Defensa Nacional, en el que la central de inteligencia ocupará un lugar central.

La SIDE ´libertaria´, bajo la batuta de Santiago Caputo, no ha dejado de expandirse, a través de aumentos presupuestarios. A mediados de 2026, un DNU elevó de nuevo las partidas del organismo de $97.135 millones a $146.397 millones -un salto del 50,7 % por ciento. Hace menos de un mes, ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, dijo que el presupuesto total destinado a funciones de inteligencia creció 409 % desde el inicio de la gestión Milei (de $66.000 millones a $338.000 millones en la actualidad).

El DNU 941/2025 amplió el margen de acción de la SIDE al habilitarla a aprehender personas en situaciones de flagrancia, una atribución que la reconfigura como una fuerza con capacidad operativa directa y no solo de inteligencia. Esto se complementa con la creación del Centro Nacional Antiterrorista, dependiente de la SIDE, que coordina tareas con el FBI.

Según el Gobierno, el nuevo régimen "ordenará la trayectoria de los agentes desde el ingreso hasta el retiro". En comunicado difundido por el Ejecutivo se puede leer que "por primera vez, (la SIDE) tendrá un proceso de ingreso abierto y transparente y una carrera profesional basada en parámetros objetivos. El nuevo estatuto sentará las bases para construir un Cuerpo de Inteligencia integrado por los mejores perfiles, despolitizado y preparado para defender los intereses de la Argentina"; "el ingreso, la formación, la evaluación y el desarrollo profesional quedarán vinculados a criterios objetivos para comprender riesgos, amenazas y oportunidades y aportar información útil para las decisiones del Estado". En la actualidad, los “parámetros objetivos” de la SIDE son diseñados por un ´asesor´ sin cargo formal en el Estado, Santiago Caputo, que reporta a la CIA.

Desde el Gobierno han aclarado que las modificaciones no implicarán que el personal actual deba reingresar ni que las carreras empiecen desde cero. Es decir, la "profesionalización" y el "mérito" deja intacto al cuerpo de los ´viejos´ servicios formados con Stiuso y compañia, por ejemplo, en el encubrimiento de los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel.

En su cruzada "profesionalizante" el Ejecutivo tiene previsto que la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) brinde formación común obligatoria para todo el personal y capacitación específica según cada función. "También podrá articular con universidades e instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, y otorgar becas para promover la especialización". Todo esto infla el presupuesto de la central del espionaje y el monto para los “gastos reservados”. El desvío de fondos públicos hacia la ‘seguridad nacional’ sólo guarda paralelo con las dictaduras militares.

También está previsto que la SIDE realice anualmente una convocatoria para ingresar al Curso Básico de Ingreso de la ENI y quienes lo acrediten podrán acceder, en principio, a una planta condicional con un máximo de un año y a una "evaluación sobre conocimientos, aptitudes, formación, conducta y cumplimiento de objetivos".

Las obligaciones de confidencialidad y contrainteligencia se mantienen incluso después de que un agente deja el organismo. Milei va poniendo todos los ladrillos para construir un Estado policial y el uso discrecional de fondos públicos.

16 de septiembre de 2026
Docentes de Tierra del Fuego y La Rioja: por el sobreseimiento de Bruno Corzo

Desde Tierra del Fuego, el secretario general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), Horacio Catena, se manifestó por el sobreseimiento y el archivo de la causa contra uno de los dirigentes de la autoconvocatoria docente en Catamarca, Bruno Corzo.

El SUTEF recorre su séptima semana de huelga indefinida, con movilizaciones y acciones públicas. Bajo una persistente nevada Catena grabó un video en el que dice: "Desde Ushuaia, Tierra del Fuego, capital de Malvinas, queremos hacerle llegar todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad al compañero Bruno Corzo, que está siendo llevado a la Justicia de manera injusta. Desde Tierra del Fuego, decimos: ¡ni un docente pobre! ¡Ni un docente procesado por luchar! ¡Fuerza, Bruno! ¡Fuerza a toda la docencia catamarqueña!".

Desde la cordillera también llegaron pronunciamientos en favor del archivo de la causa contra Bruno. La Secretaria General del Sindicato de Autoconvocados de la Educación de La Rioja, la profesora Carolina Goicochea, publicó en sus redes un video en el que saluda a toda la docencia catamarqueña y reivindica su lucha como un aporte a la lucha de los docentes en todo el país. Denuncia la criminalización contra los luchadores y responsabiliza a los gobiernos de Jalil y de Milei por esta persecución. Cierra el video diciendo: "Desde La Rioja exigimos el sobreseimiento inmediato y el archivo de la causa. Exigimos al gobierno de Jalil y Milei cesar de inmediato con la criminalización de los que luchan por la educación pública y la defensa de nuestro salario".

Estos pronunciamientos se suman a las más de quinientas firmas de docentes, organizaciones sindicales, de derechos humanos, federaciones docentes universitarias, artistas, que ya se han pronunciado por el sobreseimiento a Bruno y el archivo de la causa. Serán enviados por correo electrónico jfcatamarca@pjn.gov.ar además, al Juzgado Federal N° 1 de Catamarca, del fiscal Santos Reynoso, para que cada día decenas de correos electrónicos, con pronunciamientos en favor de Bruno, inunden su casilla y expongan la amplitud y el alcance de una campaña nacional e internacional.

Bruno Corzo fue denunciado por la Gendarmería de Catamarca, e imputado por el fiscal federal Santos Reynoso, por el supuesto delito de "interrupción de la circulación", en el marco de una manifestación de la docencia el 7 de marzo pasado en la Ruta Nacional 38. Se trata de una acusación completamente fabricada, presentada seis meses después de los supuestos hechos, por una acción en la que no medió ni siquiera una advertencia por parte de las fuerzas policiales presentes.

Semejante arbitrariedad es una represalia política contra la lucha autoconvocada de la docencia catamarqueña.

Derrotemos la persecución contra Bruno Corzo, por el sobreseimiento y la caída de su causa, como un punto de apoyo para reforzar las luchas de la docencia y los trabajadores en todo el país.

16 de septiembre de 2026
La expresión más cruel de la decadencia del régimen capitalista

“A falta de algo mejor, el suicidio es el recurso más extremo contra los males de la vida privada” (Karl Marx, Acerca del Suicidio)

Entre 2017 y 2025, la cantidad de suicidios registrados en Argentina aumentó de 3.304 a 5.209 casos, un incremento del 57,7 %, de acuerdo a un informe del Observatorio de Política Criminal (OPC). En ese período, la tasa de suicidios pasó de 8,2 a 11,8 cada 100.000 habitantes. Se ha convertido, además, en la principal causa de muerte en jóvenes de entre 15 a 34 años, desplazando a los accidentes de tránsito -que históricamente fueron la principal variable mortal en esta franja etaria-, y cuadruplica la tasa de homicidios dolosos.

La provincia de Buenos Aires concentró 1.977 hechos en el año 2025, equivalentes al 38,0 % del total nacional. Le siguieron Santa Fe, con 461 casos; Córdoba, con 371; y Entre Ríos, con 288. Estas cuatro jurisdicciones reunieron casi seis de cada diez casos del país. En la comparación regional, la Argentina ocupa el tercer lugar, por detrás de Uruguay y Chile. A nivel mundial, cada año 727.000 personas se quitan la vida y muchas más lo intentan, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA arroja que el 6,5 % de la población enfrenta riesgo de atravesar padecimiento mental, siendo el grupo etario de 18 a 29 años el que presenta el mayor riesgo suicida. De acuerdo a dicho estudio, los jóvenes manifiestan la mayor prevalencia de ansiedad y síntomas depresivos. Por otro lado, el 58,69 % de los encuestados reconoce sufrir dificultades frecuentes u ocasionales para dormir, y un 52,40 % asegura estar atravesando una crisis vital, mientras que el 55,91 % menciona una crisis económica (ingresos bajos, deudas) y el 36,37%, una crisis familiar. El informe destaca que las preocupaciones económicas se sitúan en el primer plano del malestar colectivo y remarca que “las crisis económicas actúan como un factor de estrés relevante y se asocian consistentemente con efectos negativos en la salud mental” (OPSA, 2025).

El achique presupuestario

Lejos de preparar al sistema de salud para afrontar esta situación, el gobierno nacional lleva adelante un feroz ajuste y vaciamiento. En lo que concierne a salud mental, el análisis del período 2017/2025 mostró que existió una diferencia sostenida entre el presupuesto aprobado y el presupuesto efectivamente ejecutado. Si bien los montos nominales aumentaron con el paso de los años debido al contexto inflacionario, el financiamiento real de las políticas de salud mental ha empeorado (Informe de la OPC). Las consecuencias del ajuste se ponen de manifiesto de forma concreta: el acceso a la salud mental es uno de los ejes más críticos. Sólo el 29,15 % de los participantes del informe de la OPSA está en tratamiento psicológico y, entre los restantes, el 50,05 % considera necesitarlo, pero no puede acceder. La imposibilidad de pagar el tratamiento encabeza la lista de los obstáculos, seguida de limitaciones de horarios, falta de cobertura por parte de obra social o prepagas y la escasez de opciones gratuitas. Los turnos para consultas ambulatorias en centros de salud públicos escasean y, en la mayoría de los casos, hay que aguardar meses en lista de espera hasta concretar una cita. Por otro lado, las obras sociales y prepagas sólo brindan una cantidad limitada de sesiones en forma gratuita. Actualmente una consulta psiquiátrica privada supera los $50.000 de costo por sesión. Las consultas psicológicas rondan el mismo monto, aunque hay fundaciones que son más accesibles. Hay un aumento de la demanda en las guardias de los hospitales de salud mental donde, además, se realiza el control y seguimiento y entrega de medicación gratuita. A esto se suman el recorte y las restricciones para el acceso a las pensiones no contributivas, más los reiterativos trámites burocráticos para la cobertura de prestaciones a personas que cuentan con certificado de discapacidad (CUD). En el marco de la llamada “crisis de salud mental” el gobierno nacional avanzó en el desmantelamiento de hospitales, como el Laura Bonaparte (especializado en salud mental y consumos problemáticos) despidiendo masivamente a trabajadores y cerró la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental (RISAM). Para profundizar este ajuste, el Gobierno impulsa una reforma de la ley de salud mental, que, además de engrosar los bolsillos de los grandes laboratorios y farmacéuticas, busca abordar a los padecimientos mentales desde el poder judicial y las fuerzas represivas.

Fuentes:

-Informe del Observatorio de Política Criminal, Director Dr. Ariel Larroude, [ayuda] Cuando matarse aparece como una opción en la Argentina: https://sandbox.nubizate.com.ar/storage/1306700/uploads/Cuando%20matarse%20es%20una%20opcion%20final.pdf.

-Informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada: Etchevers, M. J., Garay, C. J., Etchezahar, E., Ungaretti, J., Putrino, N., y Grasso, J. (2025). Relevamiento del estado psicológico de la población argentina. Observatorio de Psicología Social Aplicada, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Recuperado de: http://www.psi.uba.ar/opsa/#informes (OPSA. Informe salud mental 2025.pdf )

-Página de la Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/es/news-room/fact-

16 de septiembre de 2026
SMATA y Renault pactan un “banco de horas”

La fábrica de automóviles Renault anunció un acuerdo con el sindicato metalmecánico para establecer un Banco de Horas, que ajusta la carga horaria de los trabajadores a decisiones de la patronal. De este modo, la patronal se ahorrará pagar suspensiones cuando la empresa reduce los niveles de fabricación y los sobrecostos cuando hay que producir más allá de la jornada normal y habitual de los trabajadores. La fábrica Renault ´ganará competitividad´ para producir las pickups, barriendo con la jornada de 8 horas.

La planta cordobesa de Renault fabricaba 6 modelos de autos y camionetas hasta 2025. Nissan decidió dejar de fabricar en Argentina. Esa medida se tradujo en el final de producción local tanto de la pickup Nissan Frontier como de su gemela Renault Alaskan. Las dos salían de la misma línea de producción, ubicada en Santa Isabel. Dos meses después, en diciembre, sobrevino otra decisión por parte de la propia Renault: el fin de la producción de los autos Sandero, Logan y Stepway.

La aceptación del Banco de Horas por parte del SMATA tiene como trasfondo esta fuga de inversiones. Durante todo el año 2026 la planta estuvo paralizada con un solo modelo para fabricar, la Renault Kangoo. Hubo un plan de “despidos encubiertos”, entre retiros voluntarios y jubilaciones, que desvinculó a casi 300 operarios. El plantel que quedó, de 1.200 operarios, tuvo a lo largo de este año suspensiones rotativas.

El convenio suscripto incluye la flexibilización de la jornada de trabajo, cláusulas referidas al salario y a la seguridad laboral, que no se dieron a conocer. Es el segundo Banco de Horas que firma Ricardo Pignanelli desde la entrada en vigencia de la contrarreforma laboral. El primero fue firmado con la empresa Mirgor, de la familia Caputo, para sus autopartistas en Baradero y San Nicolás. No hay ninguna novedad en esto, sin embargo: antes del gobierno de Milei, SMATA avaló este mismo esquema para la instalación de la planta Toyota en Zárate. Sea que los capitalistas vengan o se vayan, siempre imponen el Banco de Horas.

“En SMATA entienden la responsabilidad del proyecto Niágara y buscan que siga siendo Santa Isabel el único sitio donde se fabrique”, elogió el CEO de Renault. “Yo siempre lo digo, SMATA es uno de los sindicatos más serios y más responsables, con una visión de empresa y de servicio, con visión de futuro de cómo construimos para que se siga invirtiendo en Argentina en los próximos años. Esa es un poco la práctica que estamos discutiendo en Córdoba”. Los acuerdos de flexibilización podrían no terminar aquí. “Acabamos de cerrar esa primera etapa la semana pasada, estoy muy contento con los avances que hemos logrado y estamos ingresando a una segunda etapa de diálogo para terminar de cerrar un nuevo convenio colectivo hasta diciembre”, agregó el ejecutivo de la empresa.

Reinstalar el Banco de Horas es un anhelo histórico de las automotrices cordobesas, desde los años 90, bajo el menemismo. Es un mecanismo que liquida en los hechos la jornada de 8 horas, además de la percepción del pago extraordinario por las horas extras, que se redistribuyen entre períodos con jornadas diversas. Bajo este sistema, las empresas acumulan las horas trabajadas en exceso durante los picos de producción y las devuelven como franco o tiempo libre cuando la demanda cae, evitando así pagar los recargos del 50 % o 100 % estipulados por la ley tradicional. Es presentado por la empresa y el SMATA como un beneficio para los trabajadores porque, ante cualquier eventualidad personal o familiar que los obligue a faltar, podrían acudir a sus horas acumuladas y evitar descuentos de premios y horas -siempre y cuando cuenten con el aval de la empresa-. El sistema de premios, en detrimento del salario único por hora jornada, es usado como un aliciente para imponer otra pérdida del valor de la fuerza de trabajo. Quien decide reducir la jornada, en unos casos, y alargarla, en otros, es la patronal, no los obreros. Las patronales no quieren ampliar la plantilla de trabajadores, sino aumentar la extracción de plusvalía del personal existente o incluso menor a él. Este régimen le otorga un manejo arbitrario del tiempo de descanso de los obreros a las patronales, obligando a los obreros a trabajar jornadas extenuantes cuando la empresa lo requiere, a costa de su salud y de su vida familiar. Los Bancos de Horas no vienen acompañados de salarios que permitan reproducir la vida del trabajador y sus familias, en las condiciones de aumento extraordinaria de la productividad del trabajo por medio de las nuevas tecnologías.

Renault es otra prueba más de que la burocracia sindical, en este caso del SMATA, es una gerencia laboral de las patronales.

17 de septiembre de 2026
Catamarca: Jalil, la transición y la trama de acuerdos con Milei

La decisión de Raúl Jalil de no buscar un tercer mandato abre formalmente la transición dentro del oficialismo catamarqueño. El gobernador anunció que respaldará a Gustavo Saadi, intendente de la Capital, como candidato a sucederlo, mientras prepara su propio desembarco en el Senado. La definición se produce en el marco de una relación cada vez más estrecha con la Casa Rosada, manifestada en la decisión de unificar las elecciones provinciales de 2027 con las nacionales.

El alineamiento con Javier Milei excede la cuestión electoral. Jalil ha sido uno de los gobernadores peronistas más cercanos a la Casa Rosada. En el marco de esta colaboración, el gobierno nacional cedió la presidencia del YMAD -el ente regional que administra las concesiones mineras en Agua del Dionisio- a la provincia de Catamarca. El estado catamarqueño pasó también a contar con mayoría en el directorio que comparte con los representantes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Con esto pasa a controlar el proceso en marcha del proyecto minero MARA y de la reactivación de La Alumbrera y los beneficios que se derivan de ello.

La cercanía alcanza también al futuro político de Milei. Consultado en el Forbes Mining Summit sobre una eventual reelección presidencial, Jalil la consideró “muy probable”, aunque condicionado a la evolución de la economía. La declaración fue formulada en el mismo encuentro donde el gobernador defendió la continuidad de la política minera y sostuvo que el resultado de las elecciones tendría un impacto “nulo” sobre el desarrollo de la actividad (Forbes Argentina, 04/09). En esa misma intervención, Jalil también destacó que gobernadores de distintos espacios políticos coinciden en sostener el desarrollo minero y defendió el papel del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La idea de fondo es que la política minera debe mantener una continuidad independientemente de los cambios electorales. En Catamarca, esa orientación se combina con obras viales, infraestructura y acuerdos vinculados con las zonas donde se concentran los proyectos mineros.

La cuestión de los recursos nacionales permite observar otra dimensión de esta relación. En abril, la Provincia acordó con Nación un adelanto de coparticipación de $150.000 millones, destinado oficialmente a reactivar la obra pública. El capital debía ser devuelto en cuatro cuotas, con una tasa del 15 % anual sobre el saldo (El Ancasti, 12/04).

A esto se suman los recursos automáticos que ingresan regularmente a la provincia. En agosto de 2026, Catamarca recibió $174.382 millones por transferencias automáticas, según datos elaborados sobre la base de información del Ministerio de Economía. Entre enero y agosto, además, Catamarca fue la única jurisdicción que registró una variación real positiva -del 0,3%- en este tipo de transferencias respecto del mismo período de 2025 (Radar Catamarca, 13/09).

La polémica adquirió otra dimensión cuando Nación habilitó a Catamarca a hacerse cargo de la rehabilitación y mantenimiento de tramos de las rutas nacionales 38, 60 y 157, con posibilidad de establecer mecanismos de peaje. El acuerdo convierte a la Provincia en administradora de recursos y obligaciones que tradicionalmente correspondían al Estado nacional. La discusión sobre las rutas, por lo tanto, se vincula directamente con el nuevo esquema de relación financiera y política entre ambos gobiernos.

La infraestructura, a su vez, aparece crecientemente asociada a las necesidades del desarrollo minero, que se hacen con las finanzas del Estado -nacional o provinciales- sean rutas, refugios, ferrocarriles, tendidos eléctricos, etc. Entre los proyectos priorizados por la Provincia se encuentran corredores estratégicos del Oeste y la Puna, mientras que acuerdos con empresas mineras contemplan aportes para caminos y otras obras en zonas de influencia de los proyectos. El caso de MARA, que acordó aportar $5.000 millones en materiales para obras viales en Andalgalá, Belén y Santa María durante 2026-2027, muestra la articulación entre inversión minera e infraestructura pública.

Transición

La sucesión de Jalil se produce dentro de este marco general. En una decisión que parece definitiva, el gobernador dejará la posibilidad de un tercer mandato, cumpliendo un acuerdo establecido años atrás con la ex gobernadora Lucía Corpacci, estrecha colaboradora de Cristina Fernández, por la cual el gobernador de turno se apartaría luego de dos mandatos. Así fue que Corpacci le dio paso, en ese momento, a Jalil, y ahora éste lo cede a Saadi. En ese arreglo, además, quien deja la gobernación tiene prioridad para postularse como candidato a primer senador nacional y se reserva además designar a alguien de su riñón político en la intendencia de la capital. Por lo tanto, hoy Jalil impulsa a Gustavo Saadi como próximo candidato a gobernador. Saadi, hasta el momento, no ha precisado su alineamiento con ninguna de las tendencias del PJ nacional.

Sobre estas bases, Jalil prepara su eventual desembarco en el Senado. La negociación con la Casa Rosada va a estar concentrada en la elección de senadores. La Libertad Avanza pretende contar con dos: con el apoyo del propio Jalil, y el que eventualmente obtenga por la minoría si en la elección no lo lograra la UCR. Jalil pasó de la postura inicial favorable a eliminar las PASO a dejar en suspenso su postura definitiva, condicionada a que la Casa Rosada cumpla con el acuerdo por zonas frías y zonas cálidas, y a que haya un consenso amplio entre los gobernadores para eliminar o suspender las elecciones primarias. El gobernador quiere que primero se concrete el subsidio para las zonas cálidas, para después tratar la reforma política.

En paralelo, está en curso una negociación con el PJ nacional, que tiene como timonel a Quintela, el gobernador de la Rioja, designado en la última cumbre del PJ para ´atraer´ nuevamente al redil a los gobernadores colaboracionistas.

Más allá de las disputas entre las distintas fracciones del peronismo, el dato político central es que la gestión Jalil llega a su etapa final manteniendo canales de cooperación con el Gobierno nacional en áreas decisivas: recursos, obras, rutas, minería y reforma política. La designación de Saadi aparece como mecanismo de continuidad provincial, mientras Jalil busca conservar capacidad de intervención en el escenario nacional. La transición, de este modo, no representa necesariamente un cambio de orientación, sino el reordenamiento de los actores que deberán administrar los acuerdos construidos durante estos años.

17 de septiembre de 2026
Los gruistas de Siderca ganaron: la empresa tuvo que devolverles el agua

Hace unos días contamos en esta misma sección cómo los operadores de grúa del sector Acería de Tenaris Siderca llevaban adelante un corte de horas extra desde el 7 de septiembre, Día del Metalúrgico, tras una seguidilla de atropellos de la Jefatura de la empresa: les sacaron el agua a cambio de una botella individual, les cargaron tareas ajenas y hasta peligrosas, y la jefatura se negó a dar respuestas por escrito. En un vuelco de esta historia, la lucha organizada dio sus frutos, y de manera contundente.

En las reuniones que armaron para tratar de convencer a los gruístas de aceptar las condiciones, de a poco y por separado, los empresarios pretendían además que no estuvieran presentes los delegados del sector. Es exactamente como si en un juicio quisieran juzgar al encartado sin la presencia de un abogado defensor. Aislar al trabajador de su propia representación, para que “entre en razón” más fácil, sin nadie que lo respalde: esa fue la maniobra. La contrarreforma laboral del Gobierno, urdida en las oficinas del Grupo Techint, se expresa en todos los ámbitos de las relaciones entre clases.

Frente a esto, los gruístas y sus delegados hicieron exactamente lo contrario: se mantuvieron unidos alrededor del reclamo. Todos los compañeros siguieron minuto a minuto, junto a los delegados, cómo se iban dando las reuniones, discutiendo entre todos por dónde tenía que ir el planteo y cómo seguir adelante. Esa unidad informada fue la que impidió que la maniobra de dividir surtiera efecto.

Con el corte de horas extra sostenido y la organización firme, la jefatura tuvo que dar marcha atrás. Y no a medias: entregó más de lo que había quitado. Pusieron un dispenser frío-calor con heladera incorporada. Sumaron, además, una heladera aparte. Y el bidón, que antes era de 20 litros y supuestamente “peligroso” de subir, ahora es de 12. Es decir, exactamente lo que los delegados venían reclamando desde el principio, a pedido de los propios compañeros.

El detalle del bidón desnuda toda la maniobra original: si el problema real hubiera sido el peso, la solución lógica siempre fue bajarlo de tamaño, no sacarles el agua a los gruístas y regalarles una botella para comprar el silencio. Ahora que la organización obligó a resolverlo, apareció la solución que estaba ahí desde el principio. La supuesta “inspección de seguridad” nunca fue el verdadero motivo: era la excusa.

Que un sector se organice, hagan una nota escrita, devuelva las botellas como gesto de rechazo, sostenga el corte de extras, se mantenga unido e informado frente a los intentos de dividirlo, y termine consiguiendo lo que reclamaba, es un ejemplo enorme para el resto de los trabajadores de Siderca. Y lo es todavía más en este contexto: con la UOM intervenida y sin acciones gremiales de conjunto, y con salarios de miseria que empujan a depender de las horas extra, los gruístas de Acería mostraron el único camino que da resultados, la unidad de clase, que si se pueden tomar acciones. Tenían razón los delegados y tenían razón los compañeros: el agua no se negocia. Y una vez más queda demostrado, con hechos y no con consignas, que la unión hace la fuerza.

17 de septiembre de 2026
La bomba de tiempo del metano siberiano y la crisis climática global

El calentamiento global, provocado por la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la acumulación prolongada de dióxido de carbono (CO₂), está activando otros mecanismos de retroalimentación crítica. Uno de los más importantes se desarrolla en el permafrost de Siberia, el suelo que ha permanecido congelado durante al menos dos años consecutivos y que, en vastas regiones, lleva miles de años congelado. La evidencia reciente muestra que el permafrost siberiano ya está degradándose: al descongelarse, la materia orgánica que contiene queda expuesta a la descomposición microbiana y puede liberar CO₂ y, en determinadas condiciones, metano (CH₄). La región almacena aproximadamente el doble del carbono actualmente presente en la atmósfera.

Un estudio publicado en Science (2026) muestra que el aumento de las emisiones de CH₄ en Siberia ya está en marcha y que, entre 2010 y 2023, se duplicaron. El estudio identifica dos procesos diferenciados: en Siberia occidental, condiciones más cálidas y húmedas favorecen la producción de CH₄ en los humedales; en Siberia oriental, condiciones más cálidas y secas intensifican los incendios y las emisiones asociadas.

Este aumento no puede atribuirse exclusivamente al deshielo del permafrost: las emisiones proceden de la combinación de la producción de metano en humedales y de los incendios, en un contexto de calentamiento regional. Pero el dato decisivo es que estas fuentes naturales están respondiendo al aumento de la temperatura y pueden amplificar el calentamiento. El estudio encuentra además que el incremento de las emisiones siberianas de CH₄ hacia 2050 podría compensar alrededor del 20 % de las reducciones de metano necesarias para alcanzar los objetivos climáticos.

La importancia del fenómeno no reside solamente en la cantidad de CH₄ liberado. Lo decisivo es que el calentamiento puede activar procesos naturales que, a su vez, incorporan nuevos gases de efecto invernadero a la atmósfera. El sistema climático comienza así a agregar nuevas fuentes de calentamiento a las producidas por la actividad social.

Dos relojes de la crisis climática

El metano introduce además un segundo reloj en la crisis climática.

El dióxido de carbono tiene una permanencia mucho más prolongada en el sistema climático y se acumula durante décadas y siglos. El CH₄ permanece mucho menos tiempo en la atmósfera, pero tiene un fuerte efecto de calentamiento en el corto plazo. Por eso, reducir las emisiones de CH₄ puede producir efectos relativamente rápidos sobre la trayectoria del calentamiento, mientras que la acumulación de CO₂ plantea un problema de duración mucho mayor.

El deshielo siberiano conecta ambos tiempos: el CO₂ prolonga la permanencia del calentamiento, mientras la liberación de CH₄ introduce una fuente de fuerte efecto climático en el corto plazo.

La cuestión fundamental, por lo tanto, no es solamente cuánto se emite hoy. Es también qué mecanismos está poniendo en funcionamiento el calentamiento actual y a qué velocidad pueden multiplicarse.

La ciencia climática registra así una contradicción cada vez más evidente: mientras los gobiernos calculan reducciones futuras de emisiones, el sistema físico del planeta ya está generando nuevas emisiones como consecuencia del calentamiento acumulado.

Los límites de la geoingeniería y el colapso de la infraestructura

Las intervenciones de geoingeniería tecnológicas o biológicas a gran escala intentan manipular el ecosistema para atenuar el calentamiento global, es decir, neutralizar sus síntomas sin erradicar la causa de raíz (las emisiones industriales bajo la organización capitalista). Un ejemplo experimental desarrollado en Siberia es el Parque del Pleistoceno en Yakutia, Rusia, donde se estudia la reintroducción de grandes herbívoros para transformar la vegetación de la tundra. La teoría sostiene que el pisoteo de los animales compacta la capa de nieve durante el invierno, reduciendo su efecto aislante y permitiendo que el frío penetre más profundamente en el suelo para mantener congelado el permafrost. Sin embargo, una iniciativa localizada de este tipo es incapaz de escalar frente a la magnitud continental de la degradación del permafrost y de las emisiones asociadas.

Algo similar ocurre con la captura de CH₄ que, en instalaciones industriales puede funcionar, pero son incapaces de contener las emisiones difusas que emanan de millones de hectáreas de suelos y lagos.

A la vez, el deshielo afecta directamente la infraestructura extractiva de Siberia, corazón energético de Rusia. El deshielo del permafrost afecta carreteras, oleoductos, gasoductos, instalaciones industriales y ciudades construidas sobre suelos cuya estabilidad depende del congelamiento permanente. Ante las sanciones por la guerra de Ucrania, Moscú profundizó la exportación de hidrocarburos hacia China mediante el gasoducto Fuerza de Siberia y la Ruta Marítima del Norte, convirtiendo al Ártico en un foco acelerado de calentamiento y disputas entre potencias.

Incluso la investigación científica queda atravesada por esta situación. La guerra y la dificultad de acceder a extensas regiones siberianas aumentan la importancia de las observaciones satelitales para detectar y cuantificar las emisiones. La militarización y la competencia entre Estados no solamente profundizan la crisis energética y climática: también dificultan el conocimiento directo de sus consecuencias.

La farsa diplomática imperialista: IPCC y Acuerdo de París

Tanto el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) que emite diagnósticos y cuantifica el impacto del deshielo, como el Acuerdo de París, que fija metas diplomáticas para limitar el aumento de la temperatura por debajo de los 2°C y buscar no superar los 1.5°C, no constituyen organismos imparciales ni alternativas independientes, sino instituciones adaptadas al orden imperialista y condicionadas por el lobby de los grandes monopolios petroleros, mineros y del capital financiero.

La inercia física del clima y el saqueo militar

La reducción de las emisiones es indispensable, pero no equivale a una reversión inmediata del daño acumulado.

Incluso si las emisiones fueran reducidas drásticamente, el CO₂ ya incorporado al sistema climático continuaría ejerciendo efectos durante largos períodos. Los océanos seguirían absorbiendo calor y la expansión térmica del agua, junto con la respuesta de los grandes mantos de hielo, puede mantener el ascenso del nivel del mar durante siglos.

Esto significa que el objetivo no puede ser simplemente alcanzar una fecha futura de "cero neto" mientras se continúa acumulando daño durante las décadas previas. Cada tonelada adicional de CO₂ modifica el presupuesto de carbono disponible y cada aumento de temperatura puede activar nuevos mecanismos de retroalimentación.

El problema se hace todavía más evidente en Siberia: cuanto más se demora la reducción de las emisiones, mayor es el calentamiento acumulado y mayores son las posibilidades de activar nuevas fuentes naturales de gases de efecto invernadero.

La transición energética tampoco se desarrolla como una transformación planificada de la producción mundial. Está atravesada por la guerra, el rearme y la competencia por materias primas estratégicas.

La expansión de tecnologías consideradas "limpias" requiere enormes cantidades de cobre, litio, níquel, cobalto, tierras raras y otros minerales. Muchos de ellos se encuentran concentrados en regiones sometidas a disputas entre grandes potencias y empresas transnacionales. La electrificación y la digitalización, además, tienen una dimensión militar creciente.

Reorganización socialista o colapso ambiental

La crisis climática y el deshielo siberiano no son meros problemas ambientales ni "fallas técnicas", sino la manifestación de la contradicción entre la producción social planetaria y la apropiación privada.

El CH₄ siberiano no es una amenaza aislada ni una catástrofe inevitable. Es una señal física de que el margen de tiempo se reduce y de que las acciones presentes pueden activar procesos que después resulten cada vez más difíciles de controlar.

La lucha contra el colapso ambiental es, por eso, inseparable de la lucha contra la guerra imperialista y por una reorganización socialista de la producción a escala internacional.

17 de septiembre de 2026
El documental NAZA desata una reacción en Israel

La realización de dos cineastas israelíes, NAZA (acrónimo de “daños colaterales”), ha trascendido las fronteras. En Israel, la exhibición está prohibida. “'NAZA' describe cómo se utilizaron los sistemas de IA para generar objetivos en la guerra en Gaza. En EE.UU., “NAZA expuso un punto ciego en las armas” que provee a Israel (Haaretz, 16/9).

La amenaza de Israel de quitar la ciudadanía a los realizadores del documental desató una reacción de simpatía hacia los documentalistas como nunca ocurrió antes: “más de mil cineastas israelíes firmaron una petición expresando su solidaridad (…) ´hemos sido testigos de una campaña de incitación sin precedentes´” declararon. Noa Landau, periodista de Haaretz, denunció al “jefe del Estado Mayor, Zamir, a quien aparentemente le preocupa tanto la ´ausencia de un intento por establecer la verdad´, que ni siquiera se ha molestado en ver la película. Deje de negar el acceso a los periodistas que desean entrar en Gaza. ¿No le gusta la película? ¿No le gustan los periodistas palestinos? ¿Qué espera, que el mundo crea a los valientes periodistas de la Unidad de Portavoces de las FDI? Si no tiene nada que temer, adelante. Después de tres años de guerra, es hora de eliminar la objeción dictatorial a la entrada de periodistas independientes en Gaza”.

“Gracias a la histeria en torno a NAZA, Israel finalmente está hablando de Gaza”, escribió el pacifista Guideon Levy -“un proceso saludable tras años de represión, negación, mentiras, apatía e indiferencia”- más allá que denuncia que simultáneamente la campaña de terror, persecución y búsqueda de la expulsión de la población palestina de Gaza y Cisjordania no hace más que agravarse.

“Un día después de que funcionarios israelíes atacaran a los creadores del documental, un grupo de 14 expertos en derecho internacional de instituciones académicas israelíes pidieron una investigación independiente sobre las presuntas violaciones del derecho internacional en la Franja”.

Esta situación ha alterado el clima de la campaña electoral; la Knesset, el parlamento israelí, designa al Ejecutivo y el criminal de guerra Netanyahu se encuentra jaqueado por varios flancos. Por un lado, las investigaciones en torno a las ´fallas´ en el sistema de seguridad durante el asalto palestino del 7 de octubre probarían que Netanyahu no atendió a los informes acerca de su inminencia. Por el otro, su propio partido Likud estaría retrocediendo a manos de una formación de extrema derecha, abiertamente fascistoide (Amcha Yisrael), del tipo de Reform (Farage) del Reino Unido o de Alternativa para Alemania. Según Haaretz “ningún partido ofrece una visión más clara del futuro prometiendo anexión, expulsión y dictadura religiosa (…) mientras los canales comerciales normalizan los llamamientos a cometer crímenes de guerra en Gaza (…) es este creciente poder de la derecha radical israelí la aterradora sorpresa de las elecciones”.

B'Tselem, la principal organización israelí de derechos humanos, denuncia que Israel está ejecutando un "proyecto de eliminación de las condiciones de vida colectivas” no sólo en Gaza sino también en Cisjordania “de forma más abierta, directa y violenta" desde octubre de 2023. Concluye que las medidas "parciales" que parecieran buscan frenar esas prácticas "no alteran la estructura que produce violencia, despojo y opresión", argumentando que las prácticas documentadas en el informe "no son aberraciones, sino parte integral del funcionamiento del régimen". La misma organización acaba de denunciar que “Israel casi triplica el proyecto del asentamiento E1 con una licitación para 2.167 nuevas viviendas” (ídem). El calvario palestino no tiene límites: en la prisión de Ofer, en Israel, “tras permanecer en detención administrativa desde octubre pasado, murió el último detenido palestino, elevando a 92 el número de víctimas mortales desde la guerra” (ídem).

La principal formación de oposición se estructura en torno a un ex jefe del ejército, Gadi Eisenkot, que ha construido “una plataforma centrista en torno a la seguridad, el servicio nacional y la oposición a Netanyahu”, y según “las encuestas se ha tornado su principal rival”. El Likud, corre por detrás de Amcha Yisrael, y para hacerle frente no duda en acercarse más a los partidos religiosas y al fascismo europeo. La ministra de transporte Miri Regev, del Likud, se acaba de presentar en un acto del “partido austriaco FPO, liderado por antiguos nazis en el período de posguerra” (ídem).

17 de septiembre de 2026
La intervención estatal en la UOM también firma el banco de horas

Los medios han consignado la firma de un convenio por empresa entre la intervención de la UOM y FTN Motors (razón social en Argentina de la automotriz china Foton) que está instalando una fábrica en Campana en sociedad con el grupo nacional Corven. La intervención habría aceptado la implementación de un Banco de Horas, que no había sido aceptada anteriormente por la conducción de Abel Furlán. La liquidación de la jornada de ocho horas y del derecho al pago de horas extras, se concreta en un “trámite exprés” bajo la gestión del interventor Alberto Biglieri.

Biglieri, el interventor del gremio, presta un servicio considerable a los objetivos de las patronales y el Gobierno. Ayer se formalizó su candidatura, avalada por el gobierno de Milei, para el Consejo de la Magistratura. El rediseño fascista de las relaciones del trabajo está intrínsecamente ligado al rediseño fascista del Poder Judicial de la Nación, pactado entre mileistas y kirchneristas. El Banco de Horas se trata de la primera acción relevante de la intervención, fuera de haber designado a ex funcionarios que responden a Caló a cargo de las decisiones financieras de la UOM -en reemplazo de la empresa USEM, que respondía directamente a La Cámpora.

El acuerdo FTN-UOM establece la inauguración de un banco de horas por 36 meses, con un máximo de 200 horas, compensación dentro de doce meses, jornada efectiva no superior a las 10 horas diarias ni 48 semanales, descanso mínimo de 12 horas entre jornadas y 35 semanales, registro digital individual, control de una comisión mixta, preservación íntegra del salario y exclusión de licencias, vacaciones, enfermedad, accidentes y actividad gremial». Un calco de los acuerdos de Banco de Horas suscriptos por el SMATA con Mirgor y Renault.

El Banco de Horas barre de facto la jornada de ocho horas. La demanda extra de trabajo se compensa con jornadas reducidas ante una baja de la producción. Las empresas crean un acumulador de las horas trabajadas en exceso durante los picos de producción y las devuelven como francos cuando la demanda cae, evitando así pagar los recargos del 50 % o 100 % estipulados por la ley tradicional a las horas extras. El Banco de Horas es un refuerzo gigantesco del poder del capital que tiene la potestad de, en unos casos, reducir la jornada, y en otros, de alargarla, sin el límite de la jornada de ocho horas. Le ahorra a las patronales el costo de ampliar la cantidad de trabajadores durante los picos de producción, aumentando la extracción de plusvalía sobre el personal existente. El descanso de los obreros es entregado a los designios de las necesidades del capital. Los Bancos de Horas se imponen en un contexto en el que el aumento extraordinario de la productividad del trabajo se contrapone con salarios por debajo del mínimo que permite la reproducción de la vida del trabajador y su familia.

El documento prevé que "los saldos a favor del trabajador deben compensarse o abonarse" mientras que "los saldos a favor de la empresa se extinguen al vencer el período o al finalizar el contrato y nunca pueden descontarse de salarios o indemnizaciones". Como ocurre desde los años 90, los Bancos de Horas borran del lenguaje de los obreros las horas extras.

A casi 120 días de su designación, los interventores terminan poniendo en evidencia los objetivos reales de la destitución de la conducción de la UOM. Faltando sólo dos meses para vencerse el plazo de la intervención judicial del Sindicato, no hay ningún indicio de que se convoquen las elecciones de la Seccional Zárate-Campana que dieron origen a la intervención del gremio. La intervención no venía a subsanar el proceso electoral de la UOM, si no a destrabar los objetivos de las patronales de la seccional: imponer el Banco de Horas y las condiciones de la Contrarreforma Laboral. Como dijo un delegado de Siderca en estas mismas páginas, “el sueño de Techint es imponer el Banco de Horas en todas sus plantas”.

17 de septiembre de 2026
El gobierno liquida el sistema nacional de Discapacidad

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el gobierno nacional al Congreso ha desatado una de sus primeras crisis con relación a la derogación de importantes artículos vigentes en la Ley de Discapacidad. El gobierno ya había intentado vetarla, sin éxito. La introducción de estos cambios supone un cambio de táctica. Se trata de un violento ataque a miles de trabajadores ligados a este sector, así como de las personas alcanzadas por esta ley y a sus familias. Los jefes de los bloques libertarios en Diputados y Senadores dijeron no estar al tanto de esta posición oficial y haberse enterado recién una vez presentado el proyecto de Presupuesto. Patricia Bullrich apuntó contra Luis Caputo, dejando expuesto al gobierno nuevamente en un punto crítico.

En el proyecto de Presupuesto se contempla la eliminación de la Emergencia en Discapacidad y derogar cuatro artículos claves, relativos a la pensión no contributiva, los pagos a los prestadores y las prestaciones de salud obligatorias.

Las actuales leyes vigentes establecen que la pensión no contributiva puede ser percibida en casos de inserción laboral -con un tope de hasta dos salarios mínimos- y que la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD) es suficiente para acceder a la misma. Con la derogación propuesta por el gobierno, las pensiones por invalidez pasarían a ser adjudicadas bajo la condición de “invalidez laboral”, lo que exige un porcentaje superior al 76% de discapacidad. Este criterio es contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la cual Argentina se encuentra adherida, y generaría un recorte significativo de beneficiarios al volver incompatibles la pensión y el trabajo formal. Al mismo tiempo, las personas que perdieran su trabajo no podrían volver a solicitar la pensión, como se contempla en el esquema actual. La última modificación que se propone es la eliminación del artículo que supone el traspaso automático de todos los beneficiarios al nuevo sistema y deberán reempadronarse. La pensión es equivalente al 70 % de la jubilación mínima.

En el caso de los prestadores, se deroga el Nomenclador de Prestaciones Básicas que garantiza un arancel único en todo el país. En el nuevo esquema, el gobierno presentará una tabla de mínimos y dejará a discreción de las obras sociales y prepagas el monto a abonar a los prestadores. Esto puede derivar en una presión a la baja de los aranceles abonados y una disminución salarial que golpea de lleno a los trabajadores del sector. Los organismos que nuclean a los prestadores denuncian en la actualidad un desfasaje del 30% respecto a la inflación. Aseguran que la eliminación del aumento mensual de los nomencladores por el IPC es un golpe letal al sistema.

Por otra parte, el proyecto contempla la eliminación de la cobertura médica obligatoria con el piso de prestaciones de la Ley 24.901, que obliga a las obras sociales y prepagas a brindar cobertura total en prevención, rehabilitación, educación y apoyos necesarios para lograr una vida autónoma.

Mientras tanto, continúan los debates en las comisiones para encaminar una prórroga de la emergencia en Discapacidad hasta diciembre del 2027, de acuerdo a la dilación sancionada en Diputados con el voto de peronistas, libertarios, Provincias Unidas y el FITU.

El Ministerio de Salud declaró no estar al tanto de estos agregados en el proyecto. Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, al ser consultado sobre este punto declaró que el Presupuesto contemplaba el criterio “de máxima” (LN, 17/07), habilitando la negociación para consensuar un agravio ´de mínima´.

La votación de todos los diputados, con la excepción del santacruceño José Garrido, había sido un compromiso entre los bloques para dilatar cualquier resolución sobre el tema de los endeudados y la Discapacidad, que asiste a la situación dramática que exponen en todas las oportunidades los familiares y prestadores del sector.

El ´malestar´ generado entre oficialistas y opositores en este punto por lo sorpresivo del planteo, muestra que el gobierno está decidido a seguir el camino de la motosierra al servicio del capital financiero y la banca.

17 de septiembre de 2026
Presupuesto 2027: un dibujo al servicio del pago de la deuda que profundiza la miseria social

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Parlamento este martes, en sus lineamientos generales, ´dibuja´ una inflación del 18% interanual (21,2% anual), un dólar a diciembre 2027 de $1.847,60 y un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI). Asimismo, ´prevé´ un incremento de salarios en torno al 25,4%. De este modo, vaticina una recuperación de los ingresos y, por lo tanto, un aumento del consumo.

En el presupuesto 2026, estipulaba una inflación del 10,1% que será triplicada y alcanzará el 29% a fin de año. El crecimiento del PBI, este año, será del 2,1%, muy por debajo del 5% que había estipulado, incluso con un tipo de cambio artificialmente subvaluado. La actividad industrial se encuentra en caída libre. Se calcula que la capacidad industrial se utiliza al 58%, así como la inversión ha retrocedido el 2,1%, sumando cuatro trimestres consecutivos de caída. Entre los proyectos aprobados y los que se encuentran en revisión para acogerse a los beneficios del RIGI, que sumarían inversiones por más de 200.000 millones de dólares en total, no se ha desembolsado un centavo. Las ´previsiones´ del gobierno no tienen correlato con la realidad.

Mientras tanto, se profundizan el desempleo y los precios ´regulados´ (energía, servicios) y los de los alimentos se ubican cómodamente por encima de la inflación promedio. El gobierno ha sumado una camada de 1,7 millones de “nuevos” pobres en los últimos seis meses. Junto a los siete millones de morosos y más de 20 millones de endeudados, estos números reflejan el derrumbe de los ingresos de los trabajadores. El presupuesto 2026 es la pantalla de una política orientada exclusivamente a satisfacer al capital financiero. Como Milei ha advertido, todas las partidas del Presupuesto 2027 se encuentran subordinadas al cumplimiento del pago de intereses.

Déficit financiero

En materia fiscal, el presupuesto prevé obtener un superávit primario del 1,3% del PBI y, una vez descontados los pagos de intereses de la deuda, un 0,2% de superávit financiero. Sin embargo, como señala el análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el superávit financiero anunciado mes a mes por la Secretaría de Hacienda utiliza el criterio contable de "Base Caja", que computa solo el dinero que efectivamente salió de las cuentas del Estado en ese período, dejando de lado los intereses devengados de títulos y bonos como Lecaps, Boncaps, Duales y el ajuste por inflación del capital de los bonos CER. Si estos fueran incluidos, el superávit financiero del 0,2% se convertiría en un déficit cercano a los 4% del PBI. Este mecanismo ha sido utilizado por Milei desde el comienzo de su gestión. Lo que demuestra que, luego del recorte catastrófico en materia de jubilaciones y prestaciones sociales, sanitarias y educativas, el régimen libertario no ha logrado superar la insolvencia del Estado. El gasto de deuda alcanza el 9,2% del presupuesto anual, siendo la segunda partida individual de mayor peso. Su peso, eventualmente, continuará engrosándose, en la medida que los pagos se financian con nueva deuda y acumulan tasas cada vez mayores, que incluso duplican las internacionales. Argentina se dirige a una cesación de pagos.

"Motosierra"

El gobierno ha utilizado el Presupuesto como vía para liquidar cualquier debate parlamentario sobre Discapacidad y financiamiento universitario.

En el proyecto de Presupuesto se contempla la eliminación de la Emergencia en Discapacidad y la derogación de cuatro artículos clave de la ley de Discapacidad, relativos a las pensiones no contributivas (volverán a ser incompatibles con cualquier otra remuneración laboral), pagos a prestadores (se elimina el alcance universal del nomenclador y las tarifas que sujetas a la ´libre negociación´ entre prestadores, obras sociales y prepagas) y prestaciones obligatorias (el Estado dejará de garantizar la atención médica establecida en los programas mínimos obligatorios en aquellos servicios o tratamientos que no se encuentren disponibles en el sistema público).

En cuanto al presupuesto universitario, el gobierno se mantiene desconociendo la Ley de Financiamiento. El proyecto de presupuesto prevé 7,3 billones de pesos para las universidades frente a los 11 billones que pidieron los rectores. La pérdida salarial de 2024 y 2025, por lo tanto, quedaría consolidada. Pero, además, el proyecto de Presupuesto contempla que las asignaciones presupuestarias pueden ser paralizadas si el Ministerio de Capital Humano considera que no se presenta la información necesaria para justificar los gastos. Es decir, se establece un régimen de auditoría permanente. Las partidas salariales serán cerradas en noviembre de 2026 y sólo se ampliarán bajo autorización del Ejecutivo, paralizando cualquier ampliación de la planta docente.

Por otro lado, el gobierno prevé la derogación de los mecanismos que actualizan de manera automática la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares. Quedarán sujetos a la discrecionalidad del Ministerio de Capital Humano. La eliminación de estos artículos es una vieja pretensión del gobierno, que ya los había incluido en los proyectos de Presupuesto 2025 y 2026.

Represión

Entre las partidas que se incrementan, figura una fuerte inversión en el rearme y equipamiento de las Fuerzas Armadas, así como una mayor disposición de recursos a los controles fronterizos y otros puntos considerados ´estratégicos´.

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementa su presupuesto en cerca del 34% en el proyecto y la ampliación de su planta permanente.

Debate parlamentario

El debate sobre el Presupuesto 2027 comenzará formalmente en el mes de octubre en las distintas comisiones. El gobierno tiene previsto reunirse con los gobernadores ´dialoguistas´ para reunir sus votos.

Los presupuestos siempre han servido como moneda de cambio, y en este caso servirá para destrabar otros proyectos como el de Reforma política.

18 de septiembre de 2026
Ante un ‘año electoral’ surcado por un impasse catastrófico

En tres años de gobierno, Milei ha consumado una verdadera contrarrevolución social.

Con eje en la liquidación del derecho laboral, ha golpeado duramente a las jubilaciones y a cuestiones básicas como la asistencia a la discapacidad, las asignaciones por hijo, el salario mínimo oficial, la educación y la salud.

Ha armado, a estos fines contrarrevolucionarios, una política deflacionaria encaminada a producir una desocupación masiva y una precariedad laboral que cubre a casi todo el sistema de trabajo.

La camarilla liberticida sigue fuertemente animada igualmente a producir una contrarrevolución política. No se trata sólo de los “protocolos” de la represión. En estos tres años se ha producido un refuerzo colosal del sistema de infiltración y espionaje. La SIDE ha recibido un 87 % más de recursos en el nuevo presupuesto nacional, el rubro de mayor aumento. Tiene la autorización para detener a ciudadanos en flagrancia, un procedimiento extrajudicial e inconstitucional que la convierte en fuerza represiva interior, como el ICE norteamericano.

El gobierno ha firmado, sin traslado ni aval del Congreso, el Escudo de las Américas, un pacto internacional que autoriza el ingreso de fuerzas armadas extranjeras, con el pretexto de una ‘lucha contra el narcotráfico’. De este modo, ha convertido a los gobiernos firmantes de ese acuerdo en una suerte de Delcy Rodríguez de América Latina.

Milei ha endeudado a Argentina por cifras extraordinarias para la adquisición de material militar (en general de segunda mano), por vía presupuestaria y extrapresupuestaria. Ha puesto al comandante en jefe activo del Ejército como su propio ministro de Defensa, haciendo borrón con la llamada neutralidad política de las Fuerzas Armadas. Busca ahora elevar a un piso inalcanzable el número de afiliados necesarios para el reconocimiento legal de un partido político, al tiempo que deja abierto el camino al financiamiento privado y en gran escala a los aventureros políticos. Milei ha cooptado, a todos los fines prácticos, al Poder Judicial, lo que convierte a su gobierno en un régimen político de excepción en alto grado de tentativa.

La política malvinera adoptada por el gobierno liberticida refuerza la tendencia a la militarización del país. El proyecto de un puerto de gran porte en Ushuaia, como eje logístico y comercial del Atlántico Sur, ha pasado a ser una base naval integrada, con el sustento del Comando Sur de Estados Unidos, el financista de todo el asunto. Argentina ingresa, de este modo, al bloque de Trump en la presente guerra mundial. Está operación ejemplifica el carácter nacionalista reaccionario de la reivindicación de Malvinas cuando es tomada por la burguesía nacional.

La propuesta de la Comisión Europea de asociar a Canadá a la UE, muestra la rivalidad alcanzada entre los imperialismos europeos y Estados Unidos. El anglófilo Javier Milei, que ha trasladado las reservas de oro de Argentina a Londres, involucra a Argentina en una guerra imperialista mundial que tiende a extenderse en todos sus frentes. La ola malvinera ha servido de pretexto para la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que es la consagración sin atenuantes de un estado policial y de los servicios.

Esta contrarrevolución social y política ha recibido la colaboración, cuando no el apoyo flagrante, de los partidos políticos del sistema capitalista y de la burocracia de los sindicatos y de la CGT. Estos partidos se han sumado a la inversión de rumbo hacia la derecha de la política latinoamericana. El Congreso ha mirado para el otro lado en cuanto a los tratados internacionales que firma el liberticida. El derrumbe del ALBA, no solamente ha dejado un tendal de crisis sociales y políticas nacionales; no solamente ha provocado una inmensa crisis en los partidos ‘nacionales y populares’, o ‘progresistas’, sino, por, sobre todo, una adaptación política a la deriva derechista, en orden a defender sus propios intereses sociales. Los episodios judiciales que hoy dominan el escenario político de Brasil, por ejemplo, muestran los hilos ocultos (banco Master) que unen a la tropa lulista y bolsonarista, a pesar del choque violento e incluso irreversible entre unos y otros.

La ofensiva contrarrevolucionaria se produce, sin embargo, en el marco de una crisis del régimen de dominación política internacional del imperialismo. La guerra tarifaria ha desorganizado el comercio internacional; ha desestructurado al bloque de la OTAN y profundizado una guerra intestina que ya tiene una década. La crisis financiera está llegando a su apogeo con el derrumbe del mercado de deuda pública de Estados Unidos. La crisis de deuda pública es internacional –en China y en casi todos los estados europeos-. El aumento de las tasas de interés norteamericanas compromete el endeudamiento gigantesco de las compañías de Inteligencia Artificial y la posibilidad de que puedan salir a financiarse en la Bolsa. El aumento de las tasas de interés para frenar una inflación ocasionada por la guerra tarifaria y por la explosión del precio de los combustibles, como acaba de decidir la Reserva Federal, ha puesto de manifiesto una contradicción insuperable en el gobierno de Trump. Así planteada, la suba solamente puede alcanzar su objetivo por medio de una recesión y una depresión económica, Refleja la prevalencia del capital financiero sobre otras formas de capital. La situación internacional se encuentra en un “impasse catastrófico” dinámico, en el cual el imperialismo dominante retrocede en todos los frentes de una guerra mundial cada vez más extensa.

La deuda pública de Argentina ya ha aumentado en su monto total, como consecuencia de los mayores intereses que implican los préstamos bancarios a tasas variables. El proyecto de Presupuesto 2027 anuncia ajustes aún mayores para responder al desafío de un default. La pretensión de liquidar las prestaciones de discapacidad, licuar las prestaciones sociales y hundir el presupuesto universitario ha desatado una crisis política al interior del propio gobierno liberticida: una parte del propio gabinete teme que los nuevos ajustes desaten una rebelión popular o entierren a la reelección de Milei.

Argentina ha tenido cinco corridas cambiarias en estos tres años de “dólar barato y tasas altas”. El desplome de la actividad industrial y comercial ha golpeado la recaudación impositiva. El sistema de crédito se encuentra en un impasse como resultado de la enorme morosidad que ha provocado el carácter usurario del financiamiento personal y el agotamiento de los recursos económicos de los trabajadores y de los sectores industriales más vulnerables. La instalación de centros de datos en la Patagonia aumentará en forma enorme los precios de la electricidad y provocará una crisis de agua. La misma Vaca Muerta sufrirá, a término, las consecuencias del rendimiento decreciente del sistema de fracking y, a corto plazo, el aumento del precio internacional de los combustibles repercutirá en forma violenta en el mercado industrial y de consumo de Argentina. El fracking ya ha provocado expresiones sísmicas en Neuquén. La contrarrevolución social y política se mira en el abismo de un crack financiero.

Un plan de deflación aguda que tiene una inflación de precios del 40 % anual, no solamente ha fracasado; representa una contradicción económica violenta. Oscila entre la creación de un cementerio industrial, por un lado, y una irrupción híperinflacionaria, por el otro.

Argentina, de conjunto, se encuentra en una situación de “impasse catastrófico”. En ausencia de un movimiento de lucha y de organización poderoso de la clase obrera, todas las fuerzas del pasado se ofrecen como una ‘nueva oportunidad. Las cuestiones históricas que no sé superan retornan a la superficie a los aparatos políticos del pasado. La agenda de una “reforma política”, acerca del régimen de partidos y de la suspensión de las Paso, reflejan la ilusión de una continuidad del sistema político agotado.

La candidatura de Myriam Bregman no es una salida a este impasse histórico. El Manifiesto que fundamenta su candidatura abandona el clasismo para caracterizar como “nueva clase trabajadora” a una amalgama de movimientos identitarios (feminismo, indigenismo, diversidades sexuales, movimientos ambientalistas) que están cruzados por todas las clases sociales y esos intereses de clase, opuestos a un gobierno de trabajadores que se imponga por medio de la lucha de clases del proletariado. En vez promover la organización política propia de la clase obrera, ofrece la variante remanida del movimientismo. El Manifiesto aboga por una Asamblea Constituyente que, mediante una “discusión democrática”, actúe como intermediaria entre las posiciones políticas y los intereses de clase correspondientes. “Venga con su propia bronca”, no convoca a una unidad política, o sea a la cuestión del poder, sino a una candidatura atrapavotos, de incierto resultado. Estamos ante un replay de numerosos fracasos y traiciones, cómo La Coalición de Izquierdas de Grecia, los indignados (o broncudos) de España, Boric de Chile y varios más.

Un gobierno de izquierda no es un gobierno obrero. Para eso debe tomar de inmediato medidas que impulsen a la clase obrera a la acción. Un aumento de salarios y prestaciones sociales del ciento por ciento; la derogación por decreto (sin intermediarios ‘democráticos) de la contrarreforma laboral; el cese del pago de la deuda; el control obrero, la abolición de los convenios de flexibilidad y la reincorporación de los despedidos. Sin este programa de acción no habrá gobierno de trabajadores sino otro gobierno de izquierda de colaboración de clases. El texto de la convocatoria del FITU tiene slogans resonantes, pero su pedido de huelga general es un paro aislado de la CGT. La marcha cuenta con el apoyo de burócratas sindicales kirchneristas de las CTA, la mano izquierda de la CGT y la que cobija a la traidora CTERA, denunciadora serial de las huelgas docentes. La presión por arribar a un acuerdo electoral con los K está presente en aquellos que denuncian que lo contrario sería funcional a Milei. Pero el peronismo tiene su propia crisis con el Kirchnerismo y dentro de el mismo. La posibilidad de ese frente no está, sin embargo, cerrada objetivamente, porque depende de la evolución de los acontecimientos, ni subjetivamente: peronismo y FITU son dos variantes del nacionalismo por sus programas respectivos. Bregman se ha subido al carro de la demagogia distraccionista por Malvinas, de la que se ha valido Milei para plantear la militarización del Atlántico Sur, Repite el apoyo de su corriente histórica a la ocupación de las Islas por Galtieri, incluida una visita, en ese entonces, al Segundo Cuerpo del Ejército en Santa Fe.

La guerra contra la flota de Thatcher-Reagan, encarada limitadamente por la Fuerza Aérea, con un ministro anglófilo en Economía, sin ninguna confiscación a los agresores, tuvo un carácter nacional por la negativa -para impedir que el imperialismo impusiera su salida a la agonía del régimen militar, en medio de un default, como lo consiguió-.

Política Obrera, nuestro partido, discutirá esta situación de impasse catastrófico en una Conferencia Nacional, en noviembre próximo. Para impulsar una huelga política de masas contra el régimen de los criminales sociales de Milei y Caputo y la ocupación de los lugares de trabajo que despidan o cierren. La Conferencia debatirá un programa que parta de la guerra imperialista mundial y de la crisis de dominación política del imperialismo, para arribar a un programa internacionalista de la clase obrera. Llamamos a defender el derecho a la legalidad política integral contra la reforma política proscriptiva, que en nuestro caso es el derecho a levantar una tribuna obrera y socialista contra el gobierno del ajuste y la guerra internacional.

Bajo la actual crisis y el actual derrumbe social, las reivindicaciones más elementales, emprendidas de un modo consecuente, llevan a un choque político con el Estado. En la lucha política que tenemos por delante, Política Obrera, nuestro partido, intervendrá con un programa: salario y jubilación mínimos igual a la canasta familiar, hoy en 3,6 millones de pesos, contra la contrarreforma laboral y todas las formas del trabajo precario; en defensa de todas las prestaciones sociales -alimentarias, discapacidad- reforzadas en un 100 % y ajustadas mensualmente con la inflación; frente a la crisis de endeudamiento de los trabajadores; repudio de las deudas usurarias, control obrero y nacionalización de la banca y de las billeteras virtuales; repudio de la deuda pública soberana; anulación de los tarifazos. Abajo la reforma política proscriptiva, los servicios de inteligencia del imperialismo, el Escudo de las Américas y el policíaco “Consejo de Seguridad Nacional”.

Por una lucha obrera y socialista contra la guerra y sus gobiernos, por la Unidad Socialista y gobiernos de trabajadores, en América Latina y en el mundo entero.

18 de septiembre de 2026
Víctor Hugo Morales se suma a la campaña por el sobreseimiento de Bruno Corzo

En el inicio de su programa matutino "La Mañana de Víctor Hugo Morales" por AM750, el reconocido locutor y periodista le dedicó unos minutos de aire a la causa federal que desde hace semanas involucra al docente catamarqueño Bruno Corzo.

Mientras Morales saludaba a sus compañeros al aire y presentaba los temas del día, expresó su preocupación por la persecución judicial de la cual es víctima Bruno.

"Una preocupación que tiene que ver con Catamarca, hay un docente imputado por una protesta, que reclama naturalmente su sobreseimiento, se llama Bruno Corzo es docente catamarqueño, referente de los autoconvocados. Está imputado por la Justicia Federal por su participación en una protesta el 7 de marzo en la Ruta Nacional 38, en el marco de una jornada de reclamos por salarios, condiciones laborales y todo lo que usted sabe. La causa fue impulsada por el Fiscal Federal Santos Reynoso, y quedó encuadrada en el artículo 194 del Código Penal, que sanciona el entorpecimiento del funcionamiento del transporte y servicios públicos. La defensa sostiene que durante la protesta el tránsito no estuvo completamente interrumpido, además, acá lo que veo a distancia es que, al tratarse de una movilización colectiva, ha quedado individualmente imputado el profesor. Hay distintas organizaciones gremiales que se han pronunciado en las últimas semanas, pugnamos por la libertad de Bruno Corzo, el docente catamarqueño, lo pedimos desde la radio 750 y estaremos atentos para hacer alguna nota si fuera posible".

Con más de 1100 km de distancia, Víctor Hugo Morales observa correctamente que la justicia Federal de Catamarca ha escogido a Bruno Corzo, uno de los dirigentes de la última gran huelga autoconvocada de la docencia provincial, para tratar de aleccionar a todo el movimiento.

En Catamarca las huelgas de marzo, abril y mayo pasado, con paros, piquetes y movilizaciones multitudinarias, ganaron a más del 90 % de la docencia a intervenir en las acciones de lucha. Semejante movilización política, conmovió a toda la provincia, pero lo que definitivamente nutrió esa gran huelga fue la justeza de los reclamos, la defensa del salario, de las condiciones de trabajo, de educación e infraestructura, en un escenario en el que los trabajadores hemos sido sometidos al mayor sacrificio histórico, por eso se plegaron al reclamo los trabajadores estatales y sectores de la salud.

La fabricación, por parte de Gendarmería y del Fiscal Reynoso, de una causa contra Bruno, tiene el propósito de golpear los métodos históricos de lucha y de organización que hemos desarrollado los trabajadores contra los gobiernos hambreadores y ajustadores, justamente cuando esos gobiernos, como el de Jalil en la provincia y Milei a nivel nacional, refuerzan un ataque aún más brutal y regresivo contra la clase obrera.

El pronunciamiento de Morales se suma a una larga lista de docentes, artistas destacados, referentes sindicales, organizaciones sociales, de derechos humanos, que ya se han pronunciado por el sobreseimiento de Bruno Corzo. Refuerzan la campaña para derrotar las arbitrariedades políticas y judiciales con las que pretenden incriminar a Bruno. Si desmantelamos todo este operativo, reforzamos un punto de apoyo de la docencia y los trabajadores en Catamarca y en todo el país, para golpear y derrotar definitivamente a los verdugos de toda la clase obrera.

18 de septiembre de 2026
Una ‘marcha de la bronca’ con los enemigos declarados de la huelga general

Recién a 48 horas antes de la "marcha de la bronca" comenzó a circular el documento que se dará lectura al cierre. Los organizadores invitan a concurrir a cada uno "con su enojo", pero el documento se acuerda a espaldas de ellos: escucharán la lectura de ocho páginas de los ‘enojos’ propios, o sea los prejuicios de los organizadores, luego de una transacción entre aparatos. No estamos ante una autoconvocatoria sino a una uniconvocatoria. Ni asomo de parecido con las cartas de los campesinos franceses (cahiers) a sus representantes en París con la exposición de sus agravios.

El propósito deliberado del texto es camuflar una convocatoria de organizaciones sindicales y estudiantiles de los partidos que integran el FITU. El 85% de ellas corresponde a filiales del FIT-U. Bajo el ropaje ´participativo´, la organización de la marcha ha sido monopolizada por la alianza PTS-MST. Es una iniciativa sectaria de movilización. Su pretendida amplitud es con los burócratas sindicales que dan sus apoyos personales

El documento no ofrece una caracterización de la coyuntura histórica explosiva. Ni la guerra imperialista mundial, que se extiende militar y políticamente. Ni la militarización política de Argentina, bajo la pantalla de recuperar las Malvinas, que la pone en el campo de uno de los bloques imperialistas en pugna dentro de la misma OTAN. El documento no ofrece un método internacionalista para enfrentar esta amenaza político.

Palestina, Cuba, Venezuela, Irán, son enumerados aisladamente. Pero no hay un apoyo a la guerra de defensa nacional que libra Irán contra el imperialismo norteamericano y el estado sionista. El nacionalismo criollo es único, no se compromete con un nacionalismo que libra una guerra real contra el imperialismo. La guerra de la OTAN contra Rusia, una guerra para sojuzgar a los pueblos de la ex Unión Soviética, es soslayada; los redactores alegan diferencias, o sea que están enfrentados por sus propias broncas y enojos. El documento sigue un reguero de denuncias, a semejanza de un acuerdo ´multisectorial´, cuyo propósito declarado es ampliar la base de apoyo electoral del FITU y de Myriam Bregman, a expensas del contenido político de ese eventual apoyo electoral. Es una construcción movimientista en grado de grosería. La marcha recorrerá el tramo de Congreso a Plaza de Mayo. A modo de cierre, se leerá el texto. No está previsto que haya oradores. La candidata no quiere competidores en la tribuna y se resguarda en un aparente pseudo anonimato. Los propósitos de la marcha han sido deliberadamente disimulados detrás de expresiones como "bronca", "enojo" y "esperanza". No tiene la fuerza del combate sino el recetario de la autoayuda. El documento sólo será distribuido después de la marcha. Es un “cahier’ de los aparatos a los campesinos. El ordenamiento de la cabecera y las columnas es todavía objeto de pullas entre los partidos del FITU. La reivindicación de la multitud y el ‘qualunsquismo’ (el individuo o trabajadores de a pie), ha sido la demagogia inicial de varios fascismos europeos en la posguerra.

La "marcha de la bronca en el camino de derrotar a Milei, su plan y sus cómplices con la huelga general", como reza el título del documento consensuado, tendrá entre sus filas a más de un enemigo jurado de la huelga general. Es el caso de la ultrakicrhnerista delegación de ATE Capital, encabezada por Daniel Catalano. También se espera la presencia estelar de Hugo "Cachorro" Godoy, de la CTA de los Trabajadores. El Cronista (15/9) señala que "organizaciones del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) habían recibido invitaciones". El documento denuncia a "la burocracia de la CGT", porque "negoció a espaldas de las y los trabajadores y terminó entregando la lucha contra la reforma laboral esclavista". Hoy la CGT está a la vanguardia de la aplicación de contrarreforma laboral, como lo prueba la incorporación, con el acuerdo de los sindicatos, del ´banco de horas´ en la industria automotriz (SMATA) y metalúrgica (UOM). Le ´reclama´, sin embargo, a esa CGT "que junto a la CTA convoque a un paro nacional y un verdadero plan de lucha hacia la huelga general". La reconoce como dirección política de los trabajadores; la burocracia cegestista cumpliría con ese pedido para derrotar las luchas en una situación semirrevolucionaria. Augusto Vandor rechazó participar del Cordobazo, pero hizo su propio paro al día siguiente: 30 de mayo del 69. Lo mismo Lorenzo Miguel: un paro nacional a principios de julio de 1975, para evitar una conclusión revolucionaria de un mes y medio de huelgas masivas de las coordinadoras de base.

Los ´entregadores de la lucha´ revisten también -aunque potencialmente- en el campo de ´la bronca’. "El objetivo central de la jornada [en referencia a la marcha] es manifestar un rechazo directo a las políticas de ajuste del gobierno y exigir a las conducciones sindicales que rompan con la pasividad actual" (LID, 17/9). ‘Levántate, Lázaro’. La pasividad en la política y en la lucha obrera se paga con la expulsión, no con una plegaria. Los Bregman y compañía han dejado atrás “Se va a acabar, se va a acabar la burocracia sindical”; el FITU le extiende una amnistía. De lo que se trata, ‘aporta’ el documento, es de no esperar "pasivamente las próximas elecciones". La marcha sería como precalentamiento electoral.

A la hora de identificar a los ´cómplices´ del gobierno, el documento señala que, "cada vez que necesitó sostén, [Milei] encontró legisladores que incluye (sic) a distintos sectores del PJ dispuestos a negociar los derechos del pueblo". El texto hace un esfuerzo supremo por medrar en los intersticios de la interna peronista. Se refiere a los gobernadores, por ejemplo, ‘cómplices’ y ´ajustadores´, y alude a Kicillof, sin nombrarlo, "porque se negó a intervenir para garantizar la continuidad productiva de FATE, priorizando un acuerdo con empresarios como Madanes Quintanilla y Paolo Rocca". Cristina Fernández no es aludida, aunque los haya designado como candidatos de UxP en las últimas elecciones, y votado el nombramiento de jueces y otros funcionarios del Poder Judicial. "Jueces que seguirán impartiendo injusticia durante años y ejercerán sus funciones por décadas al servicio del poder económico y de este plan de saqueo, desigualdad y miseria", según el texto. Más hipocresía, imposible.

La "marcha" también convoca a los empresarios ´enojados’. "Bronca porque cierran 30.000 empresas y se destruyen 300.000 puestos de trabajo, mientras premian a quienes fugan capitales". Pero los empresarios que cierran dejan salarios adeudados y colocan el efectivo de su venta industrial en el dólar o la Bolsa. El nacionalismo recorre todo el texto. "Denunciamos (...) el extractivismo que entrega los territorios, el agua y los bienes comunes a las corporaciones". No denuncia que esto es inevitable bajo el capitalismo y sus cadenas de producción internacionales. Es un planteo ambientalista vacío de contenido. "Quieren apropiarse de nuestros (sic) bienes comunes, las empresas públicas y la tierra”. Las empresas públicas son empresas del estado capitalista, no bienes comunes de los trabajadores. De un plumazo aparece el “Estado presente” de los K, y la ‘justicia social’ por medio de “las políticas públicas”. El texto toma así su distancia del izquierdismo que confisca al capital para establecer un estado de los trabajadores. Viniendo de trotskistas enojados que dan la impresión de harto satisfechos, esta verborragia anuncia la ruptura con el socialismo. Bregman y sus acólitos buscan traducir en su beneficio los prejuicios de la “multitud”, no desarrollar en ella una consciencia política definida y revolucionaria. No alude al gobierno de los trabajadores, que sería el único bien común de una aplastante mayoría. ni una sola vez.

"Más allá de las diferencias que tengamos con cualquier gobierno (sic), defendemos el derecho de los pueblos a decidir su propio destino”, es otra grosería. Los socialistas nos diferenciamos más que nunca de los gobiernos capitalistas cuando están en juego el derecho de los pueblos a decidir su propio destino. Es el caso del chavismo, cuya política de negociaciones ha llevado a la condición de Protectorado actual sin lucha ni resistencia. Es lo que ocurre, con diferencias, en Cuba, México o Brasil, cuyas autoridades han hecho importantes concesiones para ‘apaciguar’ a la camarilla de Trump.

No confrontamos con quienes asistan a la marcha en función de distintas experiencias e ilusiones. Confrontamos con los operadores de una estafa política, que han roto con el clasismo y el socialismo internacionalista, para pasar a un nacionalismo de colaboración de clase.

La ´marcha de la bronca´ marca un nuevo paso en la exploración de un ´frente nacional y popular de izquierda´. O sea, un regreso reaccionario al pasado, en una situación de “impasse catastrófico” en Argentina y una crisis de la humanidad sin precedentes (ecológica, social, planetaria): el resultado inevitable del agotamiento histórico de la organización capitalista mundial. El fascismo, de un lado, y el colaboracionismo de clase del otro (frente popular) son los recursos últimos del imperialismo para derrotar una acción extraordinaria independiente de los trabajadores.

18 de septiembre de 2026
El presupuesto de guerra contra las masas desata una crisis política

Nada menos que Patricia Bullrich tuvo que declarar al Presupuesto 2027 que deberá defender en el Senado como una “bomba atómica”. Lo hizo después de la conmoción política planteada, entre otras cuestiones, por la disposición a liquidar el régimen de prestaciones por discapacidad, o terminar con la indexación de la Asignación Universal por Hijo y otras asistencias sociales, tal como lo prevé el proyecto presentado al Congreso.

La norma, además, les destina a las universidades un 40 % menos de los recursos que el consejo de rectores estimó necesarios para el año que viene. Consistente con ese recorte, el gobierno le reiteró a la docencia superior su “oferta” de 3 % de aumento salarial, lo que ha desatado un nuevo paro universitario de 48 horas.

Después que este terremoto político se hubiera desatado, Bullrich se declaró “sorprendida” ante un presupuesto que dijo desconocer en lo que refiere a estos ajustes. Pero lo que ella presentó como una confusión o un exabrupto es el corazón de los presupuestos ajustadores. Todos los reportes y “recomendaciones” del FMI sobre Argentina apuntan a la “desindexación” de los gastos sociales, a la que culpan de la “rigidez” del gasto público. Para los técnicos del Fondo y para Caputo, el presupuesto debe ser “elástico” para responder a la carga creciente de los intereses de la deuda pública, al tiempo que reclaman el congelamiento indefinido de los gastos sociales. Pero el núcleo de esa “desindexación” está por venir: es el gasto previsional, cuyos haberes se ajustan actualmente de acuerdo a la inflación inmediatamente anterior. El congelamiento del bono de 70.000$ desde hace más de dos años ha sido solo el anticipo de la “desindexación” en la mira. Naturalmente, no bastará con ello, porque la gran tajada en preparación es el aumento de la edad para el retiro. En definitiva: “no hubo errores ni excesos” en la agresión a Discapacidad y Asistencias universales -sólo se trata de la puntada inicial para una masacre social de mayor alcance.

Con estos recortes brutales, el gobierno intenta demostrarles a los acreedores y al capital financiero que está dispuesto a llegar muy lejos para asegurar el pago de los vencimientos de la deuda pública. Pero si profundiza los recortes, es porque esas garantías a los bonistas y organismos internacionales están cada vez más flojas de papeles. En el mismo día en que se conoció el Presupuesto, las cuentas nacionales informaban de un nuevo retroceso del Producto Bruto. La previsión de un crecimiento del 3,5 % para 2027 se ha reducido a casi la mitad, comprometiendo los ingresos fiscales y, por lo tanto, el pago de la deuda. Aunque el presupuesto contempla la posibilidad de tomar préstamos por 34.000 millones de dólares, las chances de afrontar vencimientos con nueva deuda están comprometidas por una crisis financiera internacional en desarrollo, protagonizada por el supuesto rescatista de última instancia de Milei-Caputo, es decir, el Tesoro norteamericano.

Bajo estas condiciones el gobierno presentó su presupuesto de guerra. Los gobernadores han comenzado a discutir sus términos y sus votos, en el marco de las obras públicas que reclaman para la logística de los grupos capitalistas radicados en las provincias (agro, minería). Al intentar demarcarse del presupuesto, Patricia Bullrich alertó sobre lo que significaría “quedarnos sin gobernabilidad”. Una fracción de los liberticidas percibe que el gobierno carece de los recursos políticos para avanzar en nuevas agresiones a las masas. Pero Milei, Caputo y Sturzenegger cifran esa “gobernabilidad” en el favor de los acreedores internacionales, es decir, en un rescate que permita sostener al actual régimen económico hasta las elecciones y así sortear un default. En paralelo al Presupuesto, Milei ha anunciado una ley de “defensa de la soberanía” que consagra un régimen de excepción, en la línea de Bukele o Victor Orban.

En el marco de las contradicciones en curso, la tentativa de militarización general puede terminar con un final prematuro de los liberticidas. Por derecha y por izquierda, la oposición da la espalda a este escenario explosivo, y busca ofrecerle a Milei garantías de que su régimen económico criminal no será alterado.

La Universidad, en este cuadro, ha vuelto al centro de la escena, con huelgas en curso y una nueva marcha educativa anunciada para el 15 de octubre. Es necesario debatir en todos lados las consecuencias de este presupuesto de guerra, el impasse de la política oficial y la preparación de la huelga general por todas las reclamaciones y conquistas amenazadas.

18 de septiembre de 2026
Capitaneada por los hospitales pediátricos, la asamblea de residentes de CABA votó un paro con movilización al Ministerio de Salud

La asamblea de residentes de CABA votó organizar un paro con movilización al Ministerio de Salud porteño para el próximo miércoles 23 de septiembre. La asamblea sesionó precedida por dos mandatos importantes de los hospitales pediátricos. El Hospital Elizalde (ex Casa Cuna) y el Hospital Gutiérrez habían votado impulsar un paro de características autoconvocadas, es decir, con independencia de la conducta que siguieran las direcciones de los sindicatos del sector. El objetivo: emplazar al gobierno de Jorge Macri y Fernán Quirós a dar una respuesta frente al derrumbe salarial que afecta a todos los trabajadores de la salud de la ciudad.

Como ya explicamos en estas páginas, la reacción de los residentes de Pediatría fue detonada por renuncias masivas, luego de que el triunfo de la lucha del Garrahan y la inacción de los sindicatos burocráticos porteños dejara a los profesionales dependientes del gobierno de CABA con un salario de bolsillo un 35 % inferior. Los residentes lo resumieron de esta manera: una hora de trabajo de un médico o profesional porteño equivale a cuatro alfajores, 6.250 pesos.

De acuerdo a los cálculos de la asamblea, un residente trabaja entre 70 y 80 horas por semana, incluyendo varias guardias de 24 horas. Por contrato de exclusividad y por falta de tiempo libre, no puede asumir otros empleos. Así, está condenado a un salario que bordea la línea de pobreza. Una encuesta realizada en varios hospitales relevó que los residentes destinan entre un 50 y 70 % de su sueldo para gastos fijos (alquiler, servicios, expensas, etc.). Muchos declararon que debieron endeudarse para solventar la residencia, toda vez que la canasta familiar de CABA se ubica en 3,6 millones de pesos, el doble de su salario actual.

La determinación de los residentes de autoorganizarse en asambleas y resolver medidas de fuerza de manera independiente es una bocanada de aire primaveral, fresco y potente, que deja en ‘orsai’ a todas las ‘agendas’ diseñadas por las direcciones sindicales burocráticas. El ‘como si’ de los aparatos sindicales conduce a la nada, la dilación perpetua de las reivindicaciones y la renuncia a reunir la fuerza de los trabajadores. El método de la huelga activa, con movilización y continuidad debatida a partir de mandatos de asamblea vuelve, por el contrario, a concentrar la energía de los trabajadores y reabre una perspectiva para todo el movimiento de la salud.

La tarea, ahora, es darle difusión y amplitud a la acción de las residencias de Pediatría, sorteando todas las barreras disciplinares y diferencias contractuales. Desde los administrativos a los profesionales de planta permanente, todos los trabajadores de la salud comparten el retroceso de las condiciones de trabajo que denuncian los residentes. La conducción de Médicos Municipales, por el contrario, decidió ignorar la iniciativa de las residencias, mientras que Federación de Profesionales propuso una reunión tardía, tras su próximo congreso agendado para el 8 de octubre. Tras la ‘nada misma’ del congreso anterior, es evidente que el único propósito de la dirección de la Federación para este nuevo llamado al vacío es desresponsabilizarse frente a su obligación de asumir acciones de lucha.

En estas circunstancias, la asamblea de residentes consideró inoportuno adherir a la marcha convocada por Mirian Bregman para este sábado. Ante la insistencia de los militantes del PTS y del Partido Obrero oficial de imponer esta agenda paralela, los residentes votaron en contra de participar, considerando que la marcha no tenía consignas claras (una ‘bronca’ sin contenido de clase) y que colisionaba con los mandatos impulsados por los hospitales pediátricos. No dejó de llamar la atención que la dirección peronista-izquierdista de Federación de Profesionales, que se opone a parar por el salario de los trabajadores de la salud, se mostraba dispuesta a encolumnarse en esta procesión de características preelectorales.

La asamblea de residentes y su paro con movilización no son un rayo en cielo sereno. Otras asambleas vienen reagrupando a los trabajadores de la salud pública, como ocurre con los profesionales del primer nivel (CESaCs) u hospitales como el Moyano o el Penna. Generalicemos las recorridas, reuniones y asambleas en estos días en todos los hospitales y centros de salud, para unificar un pliego común de todos los sectores y que el paro y la movilización del próximo 23 de septiembre sea un reinicio para las autoconvocatorias en salud. La acción directa y la organización independiente de los aparatos burocráticos asimilados al Estado son la vía para que los trabajadores derrotemos a los gobiernos reaccionarios y logremos la conquista de nuestras reivindicaciones.

18 de septiembre de 2026
Milei avanza con la destrucción universitaria, pero se abre paso a un escenario huelguístico

Milei dejó a un lado la motosierra para pasar la aplanadora sobre las Universidades Nacionales, con un proyecto de Presupuesto 2027 de súperajuste. Al mismo tiempo, convocó a una paritaria que terminó siendo una formalidad para presentar como cumplimiento de la cautelar impulsada por el juez Martín Cormick: ofreció 0 % de aumento salarial.

Como respuesta a este desplante, el Frente Sindical de Universidades Nacionales -CONADU, CONADU Histórica, CTERA, FAGDUT, FATUN, UDA y FEDUN- convocó a un paro para el viernes 18 y el martes 22 de septiembre. Por su parte, el CIN definió el 15 de octubre como fecha para una nueva marcha federal universitaria.

Por su parte, el ala sindical vinculada a Yacobitti -FEDUBA, APUBA, ADUBA y UTE- definió un esquema de 23 días de paros rotativos en la UBA. La medida fue rápidamente presentada por los medios como un paro que prácticamente se extiende durante un mes, aunque en realidad se trata de paros de 24 horas rotativos en cada Facultad o centro universitario.

Las burocracias sindicales están operando, mediante este esquema, frente al enojo generalizado entre los trabajadores docentes y no docentes, para contener un proceso de huelga general en las Universidades.

CONADU impulsó una consulta en todas las universidades desde el lunes 14 hasta el viernes 18 de septiembre, para que los docentes voten en urnas en cada universidad y decidan cómo continuar. Algunos docentes han caracterizado esta iniciativa como una maniobra para evitar la convocatoria a asambleas y el debate colectivo. Lo concreto es que, si bien todavía se desconoce el resultado general de la consulta, en distintos lugares se ha expresado un sector importante de la docencia a favor del paro por tiempo indefinido. No se trata solamente de lo ocurrido en COAD Rosario y ADIUC Córdoba, donde esta moción viene recorriendo las últimas asambleas, sino de una tendencia que comienza a expresarse en distintos ámbitos de la docencia universitaria. CONADU Histórica convocó para mañana, viernes 18 de septiembre, a un Plenario de Secretarios y Secretarias Generales para decidir cómo continuar.

Presupuesto de ajuste

Milei presentó ayer un proyecto de Presupuesto de alrededor de $ 7,35 billones para las Universidades Nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había elaborado una propuesta de $ 11 billones solamente para el funcionamiento universitario. A esa cifra se sumaban otros $ 7,086 billones destinados a becas Progresar, infraestructura y ciencia y tecnología.

El presupuesto completo presentado por Milei no alcanza ni siquiera para cubrir la masa salarial de los trabajadores docentes y no docentes, mucho menos para sostener edificios, servicios, insumos, hospitales universitarios, investigación, extensión, equipamiento y becas estudiantiles.

Según los cálculos presentados por la Comisión de Asuntos Económicos del CIN, se necesitarían al menos $ 8,368 billones para cubrir los salarios. Es decir, más de un billón de pesos por encima del crédito total de $ 7,349 billones que el Gobierno pretende asignar al conjunto del sistema universitario. El propio CIN advirtió que, si ese presupuesto del Gobierno fuera aprobado, las Universidades Nacionales no podrían abrir sus puertas en 2027.

El problema no se limita al Presupuesto 2027. También están los salarios actuales y la deuda acumulada durante los años anteriores. El 21,3 % otorgado a partir de la maniobra que terminó con la firma del acta entre las burocracias y el CIN no alcanzó a recuperar ni siquiera una mínima parte de la caída histórica que vienen sufriendo los salarios universitarios.

El proyecto de Presupuesto y la paritaria sin aumento salarial despejan cualquier expectativa de que el Gobierno vaya a reconocer una parte de la enorme deuda salarial acumulada.

Frente a este escenario, comienza a abrirse paso una perspectiva de profundización de la lucha universitaria. El problema ya no es solamente cuánto se pierde de salario mes a mes, sino qué condiciones existen para sostener el funcionamiento de las Universidades Nacionales durante 2027.

Cómo continuar

La discusión no puede quedar limitada a las conducciones sindicales, que hasta ahora han decidido el esquema de paros por arriba de manera aislada, rutinaria y desgastante. El escenario exige poner en pie asambleas por abajo en cada universidad, debate entre docentes, estudiantes y no docentes; y la construcción de un proceso de rebelión universitaria que abra paso a un proceso huelguístico latente en todas las casas de altos estudios.

18 de septiembre de 2026
FATE: la Justicia habilita el desalojo para entregar a Madanes el control total de la fábrica

La ofensiva patronal dio un salto en el terreno judicial. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó la resolución que había rechazado el pedido de desalojo (lanzamiento) presentado por FATE y ordenó la restitución del inmueble a la empresa. La resolución reconoce, sin embargo, el carácter laboral del conflicto y a los trabajadores que permanecen en el predio como trabajadores y no como usurpadores. El fallo del Tribunal de Alzada señala que la ocupación "responde originalmente a una acción directa de origen sindical" y que la situación surgió a partir del cierre de la empresa y de la defensa de la fuente de trabajo, aunque termina haciendo valer el derecho inviolable de la propiedad privada de los vaciadores.

El SUTNA convocó a todas las organizaciones obreras a hacerse presentes hoy 18 de septiembre en la puerta de la fábrica para participar de un abrazo y conferencia de prensa. Política Obrera participó con una delegación de compañeros de la zona. En los últimos meses, el acompañamiento a la permanencia de "los compañeros del tanque" ha ido raleándose hasta su mínima expresión. Eso ha incentivado a la patronal de Javier Madanes Quintanilla a combinar hostigamientos contra la permanencia obrera, falsas acusaciones contra los trabajadores e insistir con el desalojo judicial. El viernes 12, un grupo de personas encapuchadas vinculadas a la seguridad privada de la empresa ingresó al sector donde se sostiene la permanencia y arrojó productos químicos y polvo de matafuegos en carpas y lugares donde pernoctan los compañeros, con la clara intención de amedrentarlos para que no permanezcan más allí. Esta situación se suma a otros episodios anteriores. La empresa envió telegramas en los que acusa a los trabajadores y al Sindicato de provocar daños dentro de la fábrica. La secuencia muestra la determinación patronal para retomar el control completo de las instalaciones.

La convocatoria del SUTNA reunió a 150 personas, entre ellas, unos 30 trabajadores de FATE. El secretario general del SUTNA Alejandro Crespo tachó de "mamarracho" la resolución judicial y anunció la presentación de recursos y apelaciones. En los medios destacó el apoyo de la CGT, aunque no se acercó ninguno de sus representantes a la fábrica. Tras un breve discurso, se disolvió la convocatoria, dado que no había indicios de desalojo por ahora.

18 de septiembre de 2026
Docentes de Tierra del Fuego: se levantó la huelga

Luego de 44 días de huelga, acampe y movilizaciones, la docencia de la provincia de Tierra del Fuego, organizada en el SUTEF -el sindicato que dirige el conflicto- aprobó por mayoría (70 % a 30 %) aceptar la propuesta del gobierno y levantar la huelga. La resolución quedó confirmada por el Congreso Provincial de delegados de SUTEF, que reunió el mandato de 120 asambleas de base.

El acta-acuerdo aprobada consta de 8 puntos: Decreto de emergencia salarial docente, Ley de Financiamiento Educativo, Plan de inversión, refacciones y ampliaciones de edificios escolares, Salario Mínimo, Vital y Móvil, Mesa de salud docente, Planta Orgánica Funcional, Reactivación de la transformación educativa y la Propuesta Salarial.

En relación a la propuesta salarial (sin contar material didáctico, FONID y otros puntos), se acordó una pequeña suma de aumento mensual, distribuida de septiembre a febrero, por un total de $140.000 en cuotas. Una parte estará en blanco, pero no se incorporará al salario básico. En febrero se reabriría la paritaria. La huelga indefinida reclamaba un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, calculada por el sindicato en $3.000.000. El acuerdo esta lejos de satisfacer esta demanda.

Con relación a la devolución de los días de huelga, el gobierno lo ha condicionarlo a una serie de compromisos de recuperación de contenidos (período 2026-2027), controlado en conjunto con el SUTEF. Según ha trascendido en algunos medios, el gobierno devolvería los días de paro, pero sin fecha concreta por el momento.

Sobre la ley de financiamiento educativo que reclama el sindicato SUTEF, el gobierno se comprometió a enviarla como trámite de urgencia (en caso de no ser tratada, quedará aprobada de hecho) a la legislatura provincial. El proyecto de ley, sin embargo, podría sufrir modificaciones entre los distintos bloques políticos a expensas de los docentes. Los aumentos salariales que se podrían establecer quedarían, por lo tanto, condicionados a este tipo de componendas. Se ha buscado una salida "legislativa" al conflicto, que representa una trampa para los trabajadores. Incluso con la aprobación futura de esta ley, nada garantiza que los fondos recaudados se implementen en el salario y para las partidas de educación. La ley de Financiamiento Universitario no se aplica, a pesar de haber sido votada varias veces por el Congreso y con un fallo de la Corte que lo indica.

En cuanto al “Plan de inversión y refacciones de escuelas”, el gobierno "se compromete" a enviar en diez días el plan de inversión correspondiente.

Por último, se llegó a un compromiso con el gobierno para no ejecutar ningún despido durante todo el 2027.

La heroica huelga de la docencia fueguina fue víctima de un gigantesco operativo de aislamiento de parte de las conducciones sindicales de la provincia; de parte de la CTA y la CTERA y en general de todo el peronismo sindical, incluido el FreSU. La radio-abierta frente a la casa de Tierra del Fuego en CABA fue saboteada por las principales fuerzas del FITU. El gobernador de Tierra del Fuego es un kirchnerista de paladar negro, que ha saludado la instalación de una base militar integrada en Ushuaia

La huelga general de la docencia fueguina contrasta furiosamente con todos los planes de lucha a cuentagotas de todo el arco sindical del pais. Demuestra que los trabajadores tienen una inmensa predisposición a luchar por sus reivindicaciones, y que el único camino para derrotar el ajuste del Gobierno es la huelga general.

Aunque la aprobación del acuerdo contó con clara mayoría, un 30 % de compañeros y delegados de base que votaron en contra es una poderosa indicación de la penetración que ha tenido en la docencia el planteo de la huelga indefinida. Entre los cierres, despidos y conflictos en Río Grande y la politización internacional y la militarización de la Provincia y el Atlántico Sur, los trabajadores de Tierra del Fuego desarrollarán todavía más su capacidad de lucha y su conciencia y objetivos políticos.

19 de septiembre de 2026
La “bronca” contra la ADIUNT, el sindicato combativo de la docencia universitaria

En una nota publicada en la Izquierda Diario, el dirigente del PTS, Maximiliano Olivera, analizando la preparación de la “marcha de la Bronca” en Tucumán, destaca que “ADIUNT, no será convocante por una negativa de la conducción orientada por Política Obrera”. Párrafos más abajo, se ve obligado a señalar que el tema fue debatido en una asamblea general del sindicato. Allí se volcaron diversos argumentos que llevaron a que el delegado militante del PTS se negara a poner la moción de si “ADIUNT debía ser convocante de la marcha o no”. O sea que el PTS se negó, luego de un debate, a someterse al veredicto de una asamblea del sindicato.

El escriba del PTS, procurando impresionar a la docencia, destaca que la Marcha es producto de una “autoconvocatoria en todo el país (que) fue sumando a más de 350 organizaciones de diferentes ámbitos”. De acuerdo a LID, el 85 % de ellas son colaterales del FITU.

Es claro que no estamos frente a una autoconvocatoria, sino a una convocatoria que tiene nombre y apellido, léase Mirian Bregman y el FITU, a la que luego se fueron sumando, no organizaciones, en su mayoría, sino algunos altos funcionarios sindicales vinculados al kirchnerismo. El documento de la marcha, que será leído hoy, fue una transacción entre cúpulas a último momento– sin intervención ni posibilidad de discusión previa por los concurrentes al acto. Es un texto decididamente anticlasista y movimientista. Se trata de una iniciativa de apoyo a la candidatura de Myriam Bregman, que intenta ser adjudicada, o sea manipulada, como ‘un clamor’.

El grupito del PTS de Tucumán usa la marcha para atacar a la dirección de ADIUNT; más reaccionario no se consigue, si se excluye la traición del FITU a los trabajadores de FATE. ADIUNT ha venido sosteniendo una lucha independiente del gobierno nacional y del conjunto del régimen político actual y ha planteado, dentro y fuera del sindicalismo universitario, la necesidad de lanzar una huelga general apoyada en comités de huelga y ocupación de Facultades; el planteo ha ganado apoyo de diversas delegaciones, pero fue siempre rechazado por la federación (CONADU H) y la central que la agrupa, la CTA, en los plenarios y congresos, El PTS no ha realizado ninguna delimitación con esas conducciones burocráticas, que han sido, sí, invitadas a la marcha.

El escriba del PTS, fustiga a la conducción de ADIUNT en oportunidad de la lucha contra la Reforma Laboral, falseando los hechos. Señala: “en ADIUNT, Política Obrera defendió la progresividad de un frente único con el SITAS y SADOP en virtud de que estos adhirieron a movilizarse tras un pasacalle con la consigna de 'huelga general' ". En aquella oportunidad, el SITAS convocó a un plenario al que concurrieron más de 100 delegados que discutieron y aprobaron la convocatoria de la ADIUNT; en las reuniones de coordinación los delegados asistentes lo hacían con un mandato. En el caso de SADOP, un plenario de delegados había resuelto parar con independencia de cualquier rechazo de la CGT. Ambos sindicatos acordaron que la consigna de la convocatoria era “por una huelga general, para derrotar la contrarreforma laboral”. El sectarismo antisindical de Olivera dirige su ‘bronca’ contra el sindicato que está a la vanguardia de los trabajadores de Tucumán.

Una marcha sin programa, sin delimitación del conjunto del régimen político, sin delimitación del conjunto de las burocracias, que rechaza el clasismo, no merece el apoyo político de un sindicato de la personalidad democrática y combativa de la ADIUNT.

Liquidacionistas, afuera.

19 de septiembre de 2026
Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: un refuerzo para el Estado policial

La "causa nacional" enarbolada por el gobierno liberticida en torno a Malvinas no es más que el mascarón de proa del desarrollo de una variante fascista, atada a un acuerdo con el trumpismo para militarizar el Atlántico Sur. Incluye medidas de integración transversal de los aparatos represivos, que redunda en un reforzamiento del Estado policíaco.

Como con Galtieri en 1982, todo el arco político ha saludado el discurso ‘malvinero’ de Milei como un "viraje" hacia el nacionalismo soberano. Gran parte de la oposición se limitó a "denunciar" el oportunismo electoral de los anuncios. No consigue reconciliar la contradicción entre el propósito de recuperar la soberanía sobre Malvinas, por medios diplomáticos y sanciones económicas improbables, con la militarización que supone la instalación de una base militar integrada en Ushuaia, con el pretexto de la soberanía de Malvinas, de la mano del Comando Sur del Pentágono. Los bloques opositores salvan esta contradicción ofreciendo discutir el proyecto del Ejecutivo si es que éste "beneficia a la soberanía del país", el típico lenguaje de un compromiso. El extravío es mayor en el FITU, que aprueba la "reversión", realizada por Milei, al considerarala un "giro" motivado por la movilización contra la ley de tierras. La realidad es que estamos en presencia de un salto cualitativo en la integración político-miltar de Argentina en la guerra imperialista mundial. A diferencia de lo que ocurre en el Estrecho de Ormuz o en el de Bab al Mandeb, la base militar integrada pretende defender el Estrecho de Magallanes como paso interoceánico para el imperialismo norteamericano.

Desde la Casa Rosada se ha convocado a toda la dirigencia política a dar "máxima prioridad y celeridad" al tratamiento del proyecto de Seguridad Nacional en el Congreso. “No podemos, dice Milei, darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas".

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional consta de 133 artículos y tiene como finalidad reformar el régimen vigente (estipulado en la Ley 26.659) para sancionar a las empresas que realicen explotaciones no autorizadas de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. La iniciativa amplía, en la línea de las sanciones impuestas hasta el momento, la prohibición a accionistas, controlantes y proveedores, e incorpora multas calculadas según el valor internacional del petróleo y establece que determinadas actividades pueden ser penadas con hasta 20 años de prisión. Las sanciones incluirían a la actividad pesquera.

El proyecto contempla un salvoconducto para las empresas que realicen actividades prohibidas por medio del Régimen de Desistimiento y Regularización, posibilitando que requieran regularizar su situación si demuestran que dejaron de realizarlas y se comprometen a no reincidir, posibilitando reconvertir sus actividades y desarrollarlas de manera lícita en territorio argentino.

El texto plantea modificar el artículo 225 bis del Código Penal, a fin de sancionar con entre 5 y 12 años de prisión a quien, "actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva". La iniciativa también apunta contra aquellos que "promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes". En ese caso, el texto oficial establece penas mayores, que van de 8 a 15 años, "si la conducta se cometiere mediante amenazas, sobornos, coerción o uso de estructuras criminales". (La Nación, 18/9).

El texto habilita, en estos términos. a utilizar la ley para llevar adelante la persecución política contra periodistas y activistas bajo la excusa de ser "agentes extranjeros". En mayo del año pasado, la SIDE impulsó un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que abría una puerta para tareas de espionaje interno sobre quienes buscaran "erosionar" la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios o pudieran generar una "pérdida de confianza" en las "políticas económicas" del Gobierno. Tras la revelación, el PIN fue reelaborado.

Pero la centralidad del proyecto se encuentra en la creación del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), un nuevo organismo con el que el Gobierno liberticida pretende coordinar distintas áreas del Estado y definir una política común frente a "amenazas que afecten los intereses estratégicos" de Argentina. La creación del nuevo organismo abre paso a un nuevo reajuste del presupuesto del Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas y SIDE, entre otras reparticiones, y será presidido por el Presidente. El CSN tendrá a su cargo elaborar la futura Política de Seguridad Nacional, es decir que no se restringirá a la cuestión Malvinas, sino que "definirá la política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado; estará integrado por Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, y establecerá un marco para la protección de la infraestructura crítica y para la protección aeroespacial y marítima" y "tendrá facultades especiales para responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales y no estatales que amenacen la seguridad nacional" (Página 12, 6/9).

La puesta en funcionamiento del CSN se superpone con el Consejo de Defensa Nacional y con el Consejo de Seguridad Interna. Este andamiaje legal,"forma parte”, em la interpretaciôn de Página 12, “de un consenso democrático para ponerles límites a los militares, a los espías y a los integrantes de las fuerzas de seguridad" (ídem). Es lo contrario: el proyecto mileísta avanza en el desarrollo de la “seguridad nacional’” precedente, que incluye la “ley contra el terrorismo” aprobada bajo el gobierno de Cristia Kirchner.

La agenda para la creación del CSN viene siendo barajada desde marzo del año pasado, cuando la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, presentó un proyecto que fue discutido dentro del gabinete. El CSN, que actuaría ante "amenazas que afecten los intereses estratégicos" de Argentina, habilitaría a declarar como "actividad terrorista" a acciones que el gobierno evalúe, de manera discrecional, como un peligro para la "defensa nacional". La SIDE ocupará un lugar central en el CSN, y en este sentido los "sótanos de la democracia" fueron premiados con el aumento de los gastos reservados por $30 mil millones, habilitados por DNU 867. Hace menos de dos meses la SIDE había recibido un desembolso de $49 mil millones destinados también a fondos reservados.

El CSN liberticida, lejos está de convertirse en un organismo en pos de la "defensa de la soberanía", y los recursos destinados para su puesta en funcionamiento no estarán al servicio de la "identificación de empresas que operan en Malvinas", sino que tendrán como finalidad mantener a raya la conflictividad social derivada del plan de guerra de Milei-Caputo contra las masas.

El gobierno refuerza el Estado policíaco al servicio del imperialismo y la guerra. Ninguna reivindicación de soberanía territorial vale por sí misma si no sirve para desarrollar un proceso de emancipación social y una lucha de clases consciente. Desde 1982, Malvinas es una base militar de la OTAN. Trump busca imponer la supremacía norteamericana en el Atlántico Sur.

19 de septiembre de 2026
Estados Unidos construye una "Cúpula Dorada": el frente espacial de la guerra imperialista mundial

La "Guerra de las Galaxias" que Ronald Reagan propuso el 23 de marzo de 1983 ya es un hecho. En medio de la escalada por el desarrollo de satélites en Europa, China y Japón, el 14 de septiembre Estados Unidos confesó ante la Conferencia de Aire, Espacio y Ciberespacio que posee armas de control espacial en órbita y confirmó que los guardianes de la Fuerza Espacial ya las operan bajo el argumento de la "defensa" estadounidense, aunque puedan usarse tanto contra objetivos terrestres como satelitales.

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, sostuvo que dar mayores precisiones sobre lo que están haciendo no fortalecería esa disuasión (El Economista, 15/9). Según explicó, el objetivo no sería atacar sino frenar la escalada armamentista espacial: se trata de la llamada "Cúpula Dorada", un escudo antimisiles que combina interceptores y armas inhibidoras de tipo cinético (destructivas). Advirtió, además, que si la disuasión fracasa, todo está listo para ser utilizado.

Por su parte, Rusia avanza con su proyecto Volna-Kupol-Garant para interferir los satélites de Starlink, utilizados por el gobierno de Zelensky y la OTAN en la guerra contra Rusia. En paralelo, desarrolla su propio sistema de comunicaciones, Rassvet, con el que busca sortear el bloqueo que Musk le impone para el pilotaje de drones en Ucrania. Para lanzar esos satélites necesita los cohetes Soyuz; por eso Ucrania atacó tanto la fábrica donde se fabrican como el Cosmódromo de Plesetsk, desde donde se lanzan.

El especialista francés en inteligencia militar Fabrice Ribert fue categórico: si Starlink se apaga, todo el aparato militar ucraniano corre riesgo de colapsar, dada su dependencia de ese sistema de comunicaciones (Pravda, 15/9).

La escena desnuda la obsolescencia absoluta del derecho internacional. El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, redactado para evitar bombas atómicas en órbita, es hoy una letra muerta que no prohíbe armas cinéticas, láseres ni ciberataques. Las potencias explotan esta "zona gris" con tecnologías de uso dual -donde un satélite civil de limpieza se convierte en segundos en un arma de destrucción- y mediante la privatización de la guerra, dejando el destino de naciones enteras en manos de corporaciones como Starlink, fuera de todo control de la ONU. Frente a conflictos que se definen en milisegundos por inteligencia artificial y guerra hipersónica, la diplomacia del consenso resulta una ficción impotente.

La Tercera Guerra Mundial es cada vez más evidente, y esta parálisis multilateral confirma el fracaso de la vía "reformista". La globalización prometía que la internacionalización de las fuerzas productivas traería una organización armónica del mundo, gracias a la restauración capitalista en China y Rusia, algo que nunca creyó y que ha sido la base de la guerra económica y militar presente. Esa promesa fracasó: lo que se confirma, en cambio, es la debacle de los Estados nacionales. China avanza comercialmente mientras Estados Unidos se hunde intentando frenar su ascenso, pero ese avance no la exime de la misma lógica de crisis: en el imperialismo, fase de declive del capitalismo, ninguna potencia escapa a que las contradicciones del sistema se agudicen hasta no dejar salida pacífica. Por eso Estados Unidos no duda en amenazar con detonar el planeta para sostener su hegemonía, y por eso, en definitiva, la única "salida" real es la guerra o la revolución socialista. La burguesía ya exhibe su disposición a una guerra espacial, con argumentos ‘defensivos.

Fuentes:

Pravda, 15/9: https://spanish.news-pravda.com/world/2026/09/15/1128069.html

El economista, 15/9: https://eleconomista.com.ar/internacional/por-primera-vez-estados-unidos-reconoce-tiene-armas-espacio-implica-anuncio-n98200

20 de septiembre de 2026
La media Plaza habitual del FITU

La movilización partió de las inmediaciones de la Plaza del Congreso y marchó por Avenida de Mayo rumbo a la Plaza de Mayo, donde se desarrolló el acto central. Allí se leyó un documento ´consensuado´ entre un círculo menor de aparatos convocantes. Las banderas principales llevaron las consignas planteadas en el documento. Vallada por la policía más de la mitad de la Plaza, el espacio restante y algún aledaño fue ocupado por los convocados, en su inmensa mayoría ‘organizados’. El acto no tuvo oradores, como ya estaba previsto. La principal figura convocante de la marcha, Myriam Bragman, brindó un discurso, pero en un acto propio del PTS. El FITU es incapaz de soslayar su carácter autoproclmatorio y sectario, ni cuando pretende atraer a las multitudes, no con bronca sino con mucha bronca. Para Infobae, el acto “tuvo las características de un lanzamiento electoral” de Bregman. Si esta caracterización es correcta, confiesa que es prematura, o sea que no golpea el centro de la crisis, que es la lucha contra la miseria social, los nuevos ajustes y la militarización del Atlántico Sur.

En definitiva, el propósito de invitar a concurrir a cada uno “con su enojo”, estuvo copada por la inmensa mayoría por los partidos del FIT-U y sus agrupaciones sindicales y barriales, junto a otras organizaciones afines (Partido Humanista, Autodeterminación y Libertad, PSTU, PRML, Opinión Socialista, Democracia Obrera, etc). El PO e IS se unieron (divididos de los otros dos partidos del FIT-U) en la columna del “sindicalismo combativo”, para significar el apoyo a la dirección SUTNA, encabezada por Alejandro Crespo,en abierta pelea contra el PTS y el MST. Vinculados por intereses comunes, acompañó "el Pollo" Sobrero, de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria.

La irrupción de las masas ‘indignadas’ con la ‘izquieda’ brilló por su ausencia, ni dejó ver una punta de ovillo de ella. La “simpatía’ por la candidata es, al menor por ahora, medática.

Por fuera del FIT-U, sólo estuvo presente una delegación de ATE Capital, encabezada por el ultrakirchnerista Daniel Catalano. No se hizo presente, en cambio, la otra participación estelar esperada por los convocantes, la de Hugo "Cachorro" Godoy, de la CTA de los Trabajadores, como tampoco otras dirigencias sindicales del peronismo que habían sido convocadas. Fracasó entonces el intento de atrapar apoyos sin votantes en los intersticios de la interna peronista, El documento leído en la Plaza se refirió sólo a los gobernadores ‘cómplices’ y ´ajustadores´, absolvió al resto del peronismo, con una alusión interesada a Kicillof, pero sin nombrarlo, por no haber sacado por decreto una “ocupación temporaria de FATE”. Además de esta transferencia de responsabilidades propia al Estado burgués, al no llamar nunca a la ocupación en masa de la fábrica, el texto se vale de la palabra “sectores” de la oposición, para ´inocentar´ a los aparatos de los partidos patronales en su conjunto.

Esta concesiones políticas no han servido, sin embargo, para competir con las palomas de la Plaza Se desplegaron banderas argentinas (que Bregman no saluda) y carteles con consignas nacionalistas y de defensa de la patronal industrial nacional (aunque el PTS ha atacado al SUTNA por oponerse a la importación de neumáticos). Desde el escenario, se arengaba a las columnas cantando “el que no salta es un inglés”, poniendo en igual plano a un obrero de Manchester con el imperialismo británico.

Al finalizar la lectura del documento consensuado, cada partido del FIT-U realizó su propio acto. La torpeza de esta movida es fenomenal cuando se ha convocado a las masas a expresarse sin distinciones o coloraciones partidarias Pero, como diría Raúl Alfonsín, todo oportunista de izquierda “lleva el sectarismo adentro”. Porque no es sectario quien polemiza con lealtad, sí quien antepone los intereses de aparato a los intereses históricos de las masas trabajadoras.

En el acto del PTS, Bregman remarcó el orgullo de “haber construido una marcha en unidad, que expresó "decenas" de broncas, contenida por la traición, por los cagones y todos los que no se animan a enfrentar a Milei". De nuevo, la responsabilidad política por la magra marcha la tienen los otros, no de quienes han sacrificado programas y luchas para complacerlos en el Congreso y la legislatura bonaerense (caso FATE). Los “comités” por Myriam Bregman, que se movilizaron con el PTS, presentaron ya encuadrados, no con una consigna de ‘bronca’, sino con la nueva del PTS: “por un partido de la nueva clase trabajadora”. Bregman dejó en claro que la movilización fue el puntapié inicial de su campaña electoral presidencial: “lo más importante es que desde mañana empecemos a construir la coordinación en cada lugar, en cada ciudad, en cada universidad, en cada escuela, en cada lugar de laburo, a pelear todos juntos, coordinados, multiplicando las fuerzas. Cada uno de nosotros puede ser alguien que multiplique en dos, en tres, en cuatro”. Repite a Obama cuando, como negro, enfrentó a Hillary Clinton en la interna del partido demócrata de 2008.

Para el PTS, el rol fundamental de la movilización lo jugaron “los Comités por un partido de la nueva clase trabajadora junto a Myriam Bregman”. Los convirtió, en su imaginación, en una suerte de soviets. Bregman se autoproyectó en el cierre de su discurso, en el que dijo que “vamos (sic) a construir esa lucha para derrotar a Milei, a sus cómplices, al Fondo Monetario y por echar a los ingleses de Malvinas”. Esto, cuando el imperialismo norteamericano ha tomado la rienda de la cuestión de la soberanía.

FIT-U

Con este carácter electorero de fondo, la movilización fue una nueva instancia de disputa entre los partidos del FIT-U. El PO llevó una declaración que repartió profusamente en la marcha, donde ataca directamente al PTS de llevar adelante “una política divisionista de autoconstrucción” (denuncia la ruptura del FIT-U en Bariloche). La declaración tiene un título que desafía el ridículo y la ceguera “¿Cómo la seguimos?”, se pregunta, luego de impugnar a los dos partidos que tomaron la iniciativa del acto. Convoca a “una Asamblea Nacional del FIT-U” y “comités de base unificados del FIT-U abiertos” en todo el país. Otra variante de una campaña electoral. La declaración sostiene que “esta bronca no estaba encontrando el canal para expresarse”, dejando en el olvido las huelgas indefinidas de varios sindicatos y las ocupaciones de algunas empresa. “Esta unidad”, cierra la declaración del PO, “es clave para que podamos aprovechar el ascenso que registra Myriam Bregman en varias encuestas”. En las encuestas, punto.

Mientras el aparato del PO ha machacado con que “no debe sorprender que la Marcha de la Bronca haya sido una iniciativa política surgida desde los partidos del Frente de Izquierda-Unidad”, el PTS deja en claro que se trató de “una autoconvocatoria inédita”. Esta “autoconvocatoria”, dice el balance del PTS, “pateó el tablero”. Para el PTS, “los comités (por Myriam Bregman), junto al PTS, hicieron las columnas más numerosas en la Marcha de la Bronca, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en todo el país”. El PTS seguirá apostando a los comités por Bregman, en una orientación movimentista exclusiva que encolumne a los más diversos sectores (‘autoconvocados’) detrás de la imagen (sic) positiva de la futura candidata. Parece una convocatoria santuaria. “Con ella [Bregman] como bandera, son miles y miles los que se organizan”, dice LID (19/9). El PO, que queda afuera de esta ecuación, plantea en cambio que “queda picando la pelota en el campo de la izquierda, que debe asumir la responsabilidad de proponer cómo la seguimos”. Para el MST, “el gran desafío de esta nueva etapa es organizar políticamente toda esta fuerza social por fuera de las viejas estructuras políticas que ya han fracasado, para darle forma y fortalecer una nueva alternativa construida desde la izquierda”. Todo ‘piripipi’.

La marcha de la bronca ha sido un fracaso en cuanto a política, métodos, escenario, planteos y gente.

20 de septiembre de 2026
La convocatoria de los partidos “woke” cierra con la “marcha de la bronca”

El momento final de un acto, incluyendo las consignas y hasta su música, no es un detalle menor. Delata al contenido que preside su convocatoria y los horizontes políticos de sus organizadores.

La marcha y el acto de los partidos del FITU terminó de un modo singular. Desde el palco, donde se leía la “Bronca” sobre letras verdes y fondo blanco, se entonó masivamente “La Marcha de la Bronca”, el himno de la rebeldía juvenil (temprana) y el hippismo, ya en su fase declinante, de fines de los años 60.

La “Marcha” de Miguel Cantilo denuncia la represión del onganiato sobre la cultura y los jóvenes de entonces: “quieren que me corte el pelo sin razón”. Expresa un malestar confuso y despolitizado: “roba el asaltante, pero también roba el comerciante”. Repudia, finalmente, a un mundo “dividido en dos”, aludiendo a los Estados Unidos y al bloque soviético de entonces, y termina reivindicando a “una bronca sin fusiles y sin bombas”, es decir, al pacifismo. Los años 70 enterraron velozmente a aquella “Marcha” de la Bronca”: los que la cantaban a los catorce años dejaron de hacerlo a los dieciséis, y se aferraron a Víctor Jara, Violeta Parra, Viglietti, Zitarrosa o Chico Buarque. Los pelilargos se olvidaron de las señas exteriores y abrazaron la militancia política. Una minoría refugió su malestar en el hippismo tardío e hizo sus petates.

A despecho de esta historia, el acto convocado por cuatro partidos que invocan a la izquierda y al socialismo terminó con esta invocación anacrónica y olvidada, que confunde la lucha de clases con la guerra fría y a la explotación social con las picardías del comercio minorista. En una época histórica de derrumbes financieros, colapsos sociales y guerras imperialistas de exterminio, la izquierda del FITU culminó cantando su bronca por “cortarme el pelo sin razón”(sic) -con un presidente fascista “peluca’.

Lo notable de esta transmutación es que los dirigentes y partidos que la protagonizaron solían cerrar sus actos entonando, aunque no fuera más que un ritual, “La Internacional”, el himno mundial de los trabajadores. Esta vez, metieron ese violín el bolsa en una acción que no tuvo nada de casual o de espontánea. La excusa de que la masa de asistentes “no conoce a la Internacional” es infundada en este caso, porque la abrumadora mayoría de los asistentes a la “Bronca” eran militantes o exmilitantes de partidos de izquierda que la han cantado infinidad de veces. De todos modos, y cuando un trabajador concurre por primera vez a un acto de la izquierda y el socialismo, es una larga tradición imprimir las cuartillas del himno de la clase obrera, para repartirlo en el público y difundir de ese modo su contenido. Pero la marcha de la bronca fue organizada para lo contrario: para exaltar el nacionalismo y la ‘cultura woke’. Si es prematuro cantar la Internacional, que no se cante lo opuesto. ¿O no se atrevieron a cantar el himno nacional, como lo hacen Messi, Enzo Fernádez y los jugadores que exhibieron los carteles en Mundial?

Los organizadores han decidido “enseñarle” al público un himno mucho menos conocido para la gran mayoría de ellos, es decir, para todos los menores de 50 o 60 años. Se tomaron el trabajo de hacer pedagogía para difundir una rebeldía sin programa ni propósito socialistas. La antigua “Marcha de la Bronca” fue la forma que encontraron para arrimar a su política actual, que es la disolución en el identitarismo, la neutralidad frente a la guerra imperialista (cuando no el apoyo al campo de la OTAN), el seguidismo a la burocracia en los sindicatos y al pejotakirchnerismo en el Congreso. En todo esto, sin embargo, no hay nada nuevo, sino una irremediable vetustez política. Los organizadores de la “Bronca” son como los adultos mayores que envuelven su apariencia con ropas o modales adolescentes para ocultar su edad. “Volver a los diecisiete” (o más bien a los catorce) no significa abrir un rumbo nuevo; es sólo la manifestación de una gigantesca regresión histórica y política. En el caso de los grupos morenistas, no han hecho más que abrevar en sus fuentes (el oportunismo sin escrúpulos). En el caso de los restos del PO oficial, es la confesión de una deriva imparable hacia la descomposición.

20 de septiembre de 2026
Un informe de la ONU denuncia crímenes de guerra estadounidenses en Irán

La Misión de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Irán, conformada por tres expertos, ha presentado el pasado jueves 17 de septiembre un informe de 18 páginas ante el Consejo de Derechos Humanos que expone al menos dos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en su ofensiva criminal sobre el territorio iraní. La Misión, conformada originalmente en 2022 y prorrogada este mismo año, ha presentado dentro del mismo informe diversas pruebas sobre crímenes del gobierno iraní contra los miles de manifestantes que se movilizaron en febrero contra el régimen, previo al inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

El informe ha puesto el eje sobre dos ataques que se dieron durante el primer día de hostilidades, 28 de febrero pasado. El primer caso toma el tristemente célebre ataque a una escuela de la ciudad sureña de Minab, que tuvo un resultado de al menos 156 personas, entre ellas 120 niños y 26 maestros. El segundo ataque colocado en el informe ocurrió en un centro deportivo y barrio residencial de la ciudad Lamberd y dejó un saldo de al menos 22 civiles muertos, incluidos menores de edad. En ambos casos, el informe denuncia a las fuerzas norteamericanas de lanzar un “ataque indiscriminado con muerte y lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil” (P/12, 18/09).

El presidente Donald Trump había intentado justificar el ataque a la escuela, señalando que había sido un autoatentado. Versión que rápidamente tuvo que ser abandonada. El informe de la Misión de la ONU señala: “las fuerzas norteamericanas actuaron deliberadamente y siendo conscientes de que existía un riesgo considerable de alcanzar un interés de carácter civil, actuando con imprudencia temeraria”. En paralelo, una investigación de la CNN (16/07) ha corroborado que altos mandos militares estadounidenses utilizaron información desactualizada al intentar alcanzar una base naval vecina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, lo que derivó en el bombardeo a la escuela. Los militares involucrados habrían dado luz verde para el ataque siendo conscientes que no se habían actualizado las fotografías y mapas de la zona.

En el caso del bombardeo en la ciudad de Lamberd, se utilizó un misil PrSM que dispersó unos 180 mil fragmentos de tungsteno sobre una amplia zona, lo que “dadas las circunstancias imperantes, no podía dirigirse contra un objetivo militar específico ni podía limitar sus efectos sobre civiles, como exige el derecho internacional humanitario”. (P/12, 18/09)

Las evidencias presentadas fueron rechazadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Un responsable del Departamento de Estado acusó al Consejo de Derechos Humanos de “fallar a sus propios ‘valores’ al recurrir a una retórica antinorteamericana y al antisemitismo, mientras busca apaciguar a regímenes represivos” (ídem). Al mismo tiempo, el Departamento de Defensa estadounidense tiene paralizada una investigación propia, según ha constatado la CNN (18/09).

El presidente Trump ha retirado a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU apenas ha asumido su segundo mandato. El argumento utilizado fue el rechazo a todas las investigaciones que demuestran el accionar genocida de Israel sobre la población de la Franja de Gaza, que se han extendido contra otros pueblos de Medio Oriente. Irán e Israel tampoco integran este organismo.

La Misión había sido enviada con motivo de investigar delitos del gobierno iraní contra la población civil. Su actividad se vio trastocada ante el comienzo de las hostilidades estadounidenses e israelíes a finales de febrero. El informe caracteriza un peligro existencial para la población iraní al ser acosada por la represión interna y la guerra encabezada por el imperialismo. El cuadro general demuestra el carácter reaccionario de la guerra de Trump contra Irán y expone la valentía de los trabajadores de Irán en su resistencia ante el imperialismo.

Los crímenes de guerra estadounidenses expuestos en el informe son una demostración de los objetivos del imperialismo en esta guerra, una colonización de Irán en vistas a una extensión de su ofensiva contra China. Involucra al conjunto de los regímenes del Medio Oriente y las potencias europeas que accedieron a la utilización de bases y espacios aéreos para estos bombardeos y el sometimiento de un pueblo mediante la barbarie militar. Estos crímenes no serán combatidos por los juzgados internacionales, que han demostrado su impotencia en repetidas ocasiones. Por el contrario, será la movilización internacional de los trabajadores la que pondrá fin a estas vejaciones y al propio imperialismo.

20 de septiembre de 2026
La crisis energética provocada por la guerra genera movilizaciones en todo el mundo

La guerra en Irán, en Ucrania y en el Mar Rojo ha desatado una ola de movilizaciones. La destrucción de infraestructura hidrocarburífera, el cierre de los estrechos de Ormuz y potencialmente de Bab el-Mandeb, han creado una crisis energética global que redunda en mayor carestía. Otro problema adicional es el aumento de los fertilizantes, derivados del gas, como la urea.

Uno de los focos principales es Siria. El gobierno de Al Golani –ahora llamado Ahmed al-Sharaa– decretó un incremento de hasta el 40 % en el diésel y cerca del 28 % en la gasolina. A los problemas derivados de la guerra, el país le suma una dificultad adicional debido a la parada operativa que experimentó la refinería de Banias durante tres meses por mantenimiento integral. Las obras eran necesarias porque Al Golani sustituyó la importación del crudo de Irán por el de Rusia. Rusia, sin embargo, ha tenido que limitar las exportaciones e incluso recomprar su propio petróleo a otros países –como India– debido al daño que Ucrania le ocasionó a sus refinerías. El alza de los precios de los derivados del petróleo es superior al que ha tenido el crudo. Las refinadoras atraviesan una crisis en su márgenes de beneficio.

En Siria los transportistas y la población en general bloquearon vías importantes, como la autopista Alepo-Damasco y rutas en las provincias de Raqqa, Hasakah, Hama e Idlib, con quema de neumáticos. Las protestas y piquetes se extendieron por más de treinta localidades en al menos ocho provincias. También paralizaron el transporte público en diversas zonas. No sólo exigen que se retrotraigan las medidas, sino que reclaman que renuncien las autoridades responsables del área. Esta es la primera gran crisis que enfrenta el gobierno de Al Golani desde que está en el poder.

En Guatemala también hubo piquetes para exigir medidas contra el alza continua de la gasolina y el diésel. En Chile, los estudiantes se movilizaron en el centro de Santiago en rechazo al costo de la vida y el encarecimiento del combustible.

Pescadores del sur de Francia (Niza, Sète, Frontignan) bloquearon puertos y depósitos de combustible. También hubo paros de trabajadores de energía, bomberos y policía. Hubo una convocatoria viral en redes sociales para el 17 de octubre que rememoró a los chalecos amarillos. Por eso, el gobierno anunció la prórroga hasta el 31 de diciembre de las subvenciones directas para los rubros productivos más asfixiados por el diésel, a pesar de que el primer ministro está planificando un ajuste fiscal de 54.000 millones de euros.

Las movilizaciones en Portugal fueron importantes tras registrarse subidas récord que llevaron al diésel a su máximo histórico. Al igual que en Francia, el impacto de la crisis energética global desató el malestar social. Hubo bocinazos organizados mediante redes sociales y conductores colapsaron accesos clave en Lisboa. El punto de mayor tensión fue el Puente 25 de Abril, el cual une la capital con Almada, donde decenas de vehículos marcharon a paso lento haciendo sonar sus bocinas.

En el sur del país, un convoy bloqueó de forma pacífica los accesos a carreteras cercanas a la refinería de Galp en Sines y hubo pancartas con lemas como “Basta de aumentos” y “Las familias no aguantan más”. En la ciudad costera de Espinho, empresarios locales, trabajadores y agricultores marcharon directamente hacia la residencia del primer ministro, Luís Montenegro, para exigir una contención urgente de la inflación. La Liga de Bomberos Portugueses advirtió que los costos de los combustibles volvieron insostenible la operación de los camiones de bomberos y corporaciones de voluntarios.

Frente a la presión, el primer ministro anunció un paquete de medidas de alivio enfocado en subsidios y bajas de impuestos para las patronales, como los transportistas de carga y taxistas y los servicios de emergencia. Sin embargo, Montenegro descartó una rebaja generalizada del IVA, señalando la necesidad de balancear la sensibilidad social con la responsabilidad financiera del Estado, mientras sigue alimentando el presupuesto de defensa, tal como se lo reclama la OTAN. Francia hace lo mismo.

A través de la inflación, la carestía y los ‘ajustes’, los trabajadores se movilizan por sus condiciones de vida y de trabajo – una transición inevitable hacia la lucha política contra sus propios gobiernos, imperialistas, en un caso, de la periferia, en otros.

20 de septiembre de 2026
1,7 millones de nuevos pobres en el 2026

A la espera de la publicación de las estadísticas oficiales que se darán a conocer el 24 del corriente mes, diversas consultoras y entidades especializadas en informes económicos y sociales publicaron los números de pobreza e indigencia. Calculan que, tomando los 6 primeros meses del año, hay 1,7 millones de nuevos pobres en el país. Desde el gobierno admiten que la pobreza podría estar “temporalmente” en el 31 % y depositan sus esperanzas en una desaceleración del IPC (índice de precios al consumidor). Tomando desde el momento en que empezó nuevamente a subir el número oficial de pobres, el aumento es de 2,9 millones, dando un total de 15,1 millones.

Como colocamos en notas anteriores de [nuestra prensa[(https://politicaobrera.com/16716-argentina-128-millones-de-pobres) y se explicó en el último programa de ‘Socialismo o Barbarie’, mes a mes se comprueba que la tendencia hacia una estabilización en el número de pobres en Argentina se quebró en octubre del 2025. La Nación afirma que este dato es el “primer traspié” serio de la administración Milei en el terreno socioeconómico.

Los ingresos familiares medios y bajos actuales, que incluye a quienes se encuentran debajo de la “línea de la pobreza”, están 20 % detrás de lo que se mostraba en 2017. Al igual que el caso de los salarios en el sector privado, el salario público retrocedió un 25 % y el informal (privado no registrado) un 30 %. La debacle del salario es una crónica que muestra el empobrecimiento, pasando por los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y de Alberto Fernández. La categoría “indigentes” que en 2017 abarcaba a 2 millones y medio y hoy es 5 millones de personas.

En la comparación entre el primer semestre del 2024, con un porcentaje de pobres del 52,9 %, con el número actual, del 33 %, hay que tener en cuenta que la megadevaluación de diciembre del 2023, a poco de asumir Javier Milei, dio lugar a una explosión en el número de indigentes. Una subsiguiente reasignación de recursos a través de la AUH (asignación universal por hijo) modificó este extremo. Con esta maniobra el gobierno se adjudico “que sacó a 12 millones de personas de la pobreza”; una farsa.

Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (Universidad Católica Argentina), da por descontado que la tendencia creciente de la pobreza se mantendrá en el próximo trimestre. A esta crisis social debemos sumar la situación de más de 7 millones de endeudados insolventes

El salario registrado y la pirámide de ingresos

ExQuanti dedica una parte de su informe a la caída de los ingresos, al aumento del trabajo precario y al retroceso del trabajo registrado, que lleva 13 meses continuos.

El IDECBA (instituto de estadísticas de la ciudad de Buenos Aires) coloca la canasta para la clase media en los 2.600.000 pesos, un número que no incluye alquiler y expensas. Esto muestra otro punto clave: la mayoría de los salarios formales en sectores calificados que están en los mejores casos en 2 millones de pesos, no cubren esta canasta que está levemente por encima de la línea de pobreza. Esa clase media en la Ciudad de Buenos Aires, si le sumamos un gasto en vivienda y expensas de 1 millón de pesos, necesitaría de 3.600.000 para llegar a fin de mes. Si a estas familias se le sumara otro ingreso salarial medio, igualmente no cubrirían el total de sus gastos.

Esto se evidencia en la pirámide de distribución de ingresos que tiene los siguientes datos: el 22 % de la población es pobre de clase baja y está debajo de la línea de 1 millón y medio de pesos, el 30 % es de clase baja ‘no pobre’ que está debajo la línea de 2 millones y medio de pesos en ingresos, la clase media es el 26 % que no supera los 4 millones y medio de pesos y por encima de esto se ubica la clase alta.

Sumando, el 78 % de la población está por debajo de un ingreso medio, o sea del total de una canasta familiar. Al sumarse la vivienda y otros gastos, es este grueso de la población la que, como se dice popularmente, “no llega a fin de mes”. En síntesis, su salario no llega a reponer los medios de vida indispensables. Para los periodistas especializados, es la clave detrás de la caída en las encuestas de opinión del gobierno.

Esta ‘deflación’ de la fuerza de trabajo es lo que está debajo de la impasse explosiva que recorre toda la situación política.

21 de septiembre de 2026
Avance del neonazismo en Alemania

Los resultados electorales de ayer en Alemania han dado continuidad al ascenso del neonazismo y desatado una crisis terminal en el gobierno nacional que encabeza Friedrich Merz, en una coalición de la Unión Cristiana Democrática con la Socialdemocracia. En el estado norteño de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, la CDU no ha conseguido el umbral del 5 % de los votos para entrar en el parlamento regional. En tanto, la SPD se ha derrumbado a un 13 % en Berlín –su histórica plaza fuerte- y la CDU, con un 19 % y el segundo lugar, pierde el gobierno del estado-ciudad y la mitad de sus votos. La AfD, el partido neonazi, ganó las elecciones en el norte, con un 38 % de los votos, seguido por la Socialdemocracia, con un 35.5 por ciento. En Berlín, AfD ocupó el cuarto lugar, pero con un 16.5 % que triplica su votación de hace tres años.

“La Izquierda” en Berlín

La victoria de El Partido de Izquierda (Die Linke) en Berlín ha sido caracterizada por buena parte de los medios como la expresión de una polarización entre extremos. La Izquierda obtuvo el 26 % de los votos, superando los pronósticos que le daban una intención del 21 por ciento, ya un aumento importante respecto a elecciones anteriores. Berlín es, por otro lado, el centro político de Alemania y su población casi triplica a la de Mecklemburgo. Es indudable que esta performance refleja un giro defensivo del electorado contra el crecimiento del fascismo. Pero con ese resultado, La Izquierda ya se ha declarado dispuesta a formar una coalición con el SPD y el partido Verde, para obtener una mayoría en el parlamento regional. Ya ha practicado esta política de coalición en otros estados. Para eso, deberá ceder en los puntos fundamentales de su plataforma, como la estatización de los monopolios inmobiliarios que tienen de rehenes a millones de inquilinos. Se trata de una reivindicación histórica de los berlineses, que ha dado lugar a movilizaciones de masas enormes. Luigi Pantisano, copresidente de La Izquierda, luego de responsabilizar a Merz por el avance de la AfD, ha declarado que “El debate interno en el partido giraba en torno a cómo mantenernos fieles a nuestra propia línea sin dejar de respaldar a la CDU” (Revista Sin Permiso).

Es claro que La Izquierda, en alianza con toda la coalición oficialista, integra “el centro que se desploma”, como llaman los medios al derrumbe de la coalición oficial, y no representa un polo político independiente para aplastar al fascismo. Por el contrario, está asociada a la burocracia de la Central Obrera, sometida a la Socialdemocracia gubernamental, que preside el despido masivo de trabajadores y la reconversión de la industria automotriz en una industria de armamentos. La Izquierda ha votado en el Senado los créditos para financiar la guerra de Alemania contra Rusia en Ucrania. La polarización política será tal cuando la clase obrera alemana se convierta en una fuerza histórica independiente.

Desintegración del gobierno

Con el pomposo titular: “Alternativa para Alemania: muchos votos, poco poder”, el canal DW revela una ceguera poco común. Alude al “cordón sanitario” que compromete al conjunto de los partidos establecidos a no entrar en ninguna coalición con AfD, nada menos que después de los tres escaños que le faltaron para formar un gobierno propio en el estado de Sajonia-Anshalt. El desvanecimiento del poder se manifiesta en la coalición oficialista, aunque todavía retiene los dos distritos más importantes de Alemania: Baviera y Renania. Pero es de aquí que parte, precisamente, la fronda para reemplazar a Merz sin llamar a elecciones nacionales. El canciller se ha convertido en un “pato cojo” (‘lame duck’), que Trotsky ha definido, con más precisión, como un bonapartismo por la negativa, o sea que se sostiene por el temor o la incapacidad de sus rivales para establecer un recambio alternativo. La copresidenta de AfD, Alice Weidel, ha ofrecido a la CDU formar un gobierno nacional de coalición, en un aparente abandono de la doctrina de un gobierno propio. Se trata de un globo de ensayo para escindir a la fracción más ultraderechista de la CDU.

“El 62 % de los partidarios de la AfD estuvieron de acuerdo”, en una encuesta realizada en Sajonia-Anshalt, señala en un estudio el historiador económico Alan Tooze, “con esta dramática” declaración: “la sociedad se dirige hacia una crisis importante, que sólo podemos abordar con un cambio de régimen” (Revista Sin Permiso), o sea, la abolición de la democracia. Señala Tooze: “si se observan más profundamente los datos de las encuestas de opinión, está claro que el votante de la AfD no es un activista” (un francotirador): “los votantes de la AfD se agrupan en el ala de extrema derecha del espectro conservador – tienden a apoyar decididamente una reducción de impuestos y un menor gasto social... recortar el subsidio básico al bienestar social”. La campaña de la AfD, en ese estado, llevó la participación electoral a un histórico 80 %, del que se llevó la mayor parte, lo que significa que repolitizó a los sectores populares más atrasados. Obtuvo el 44 % en ese estado, con un programa que prometía la expulsión de inmigrantes indocumentados y la “remigración”, o sea la deportación de los más recientes. A escala nacional, esto supone un 20 % de la población de Alemania. Interrogada acerca del daño que causaría la expulsión de trabajadores calificados (en estados como Mecklemburgo los inmigrantes constituyen una mayoría de ese personal), la AfD responde que los reemplazaría mediante la Inteligencia Artificial. AfD no constituye aún un partido de movilización política fascista de masas, pero es claro que se encuentra en una transición en esa dirección, algo olímpicamente ignorado por oficialistas de derecha y de ‘izquierda’. Es probable que la misma AfD no quiera apresurarla, con vistas a imponer una coalición de gobierno a corto plazo con la CDU, o más cercana a las elecciones nacionales de 2029, que lidera en las encuestas. Este tránsito no encuentra obstáculos decisivos por la neutralización política contrarrevolucionaria de la clase obrera, por parte de la Socialdemocracia y La Izquierda.

Alemania y la guerra imperialista

Alemania ha pasado de ser la exportadora imbatible de mercancías de la Unión Europea, a revistar una condición de desindustrialización y retroceso frente a la competencia de China. La AfD viene planteando, desde su fundación, la salida “programada” del euro, para proceder a una política deflacionaria que revalorice la inversión en el extranjero –en China, sudeste asiático y Centro Europa- acompañada de una fuerte ‘desregulación’ del mercado laboral. Lleva hasta su conclusión la política en que está empeñado el gobierno CDU-SPD, pero con una salvedad: exige reducir la deuda pública mediante el ‘ajuste’, o sea, mediante un reindustrialización militar ‘con fondos propios’ y no expandirla, como ocurre ahora. En este marco, plantea reanudar la compra de gas a Rusia, un insumo industrial estratégico, varias veces más barato que el GNL que le ha impuesto Estados Unidos, algo que cuenta con gran apoyo popular. Por eso, reivindica un acuerdo con Rusia para cesar la guerra en Ucrania. Tiene el apoyo de Elon Musk y el vicepresidente norteamericano JD Vance, y de parte de la oligarquía ‘tecnológica’ estadounidense. El retorno a una política deflacionaria, sin embargo, en las condiciones de la crisis financiera mundial y guerra internacional es, a término, inviable, y tampoco se ve la viabilidad de un acuerdo con Rusia, dada la amplitud de los bombardeos de Zelensky a las refinerías de Rusia y a Moscú, y el reclamo, por parte de Putin, del reconocimiento de la soberanía de toda la región del Donbás para Rusia, y del cambio de régimen político en Ucrania.

La oposición internacionalista a la guerra de la OTAN es decisiva para derrotar al neonazismo, cuando el frente del “cordón sanitario’ impulsa su expansión a Rusia, para proceder a un “cambio de régimen”. Los neonazis no plantean retirarse de la OTAN ni detener el rearme alemán, al que justifican como una necesidad en la lucha contra lo que llaman la “islamización” del país y para proceder a la “remigración” y a la “pureza étnica”. AfD se ha alineado con Trump-Netanyahu contra Irán; AfD es un partido de la guerra mundial. La lucha contra la guerra imperialista es vertebral para una estrategia de independencia histórica del proletariado. Es una agitación nodal en todas las luchas contra los ‘ajustes’ (jubilaciones a los 70 años), las ‘reconversiones’ y el reforzamiento del Estado policial.

Alemania ha entrado en un período de transición. La evolución del proletariado alemán dependerá de la calidad política de los planteos de una vanguardia muy débil y de la marcha de toda la lucha de clases internacional, que se ha agudizado en todos los países.

21 de septiembre de 2026
Bolivia: Paz Pereira extiende el estado de excepción a pedido del FMI y Trump

El presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, mediante el decreto 5707, ha extendido el estado de excepción en su país hasta mediados de diciembre próximo. La extensión fue aprobada por amplia mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, apenas por debajo de los dos tercios de los legisladores presentes, cuando bastaba con una mayoría simple (El Deber, 17/09). El Bloque Libre, del derechista cruceño Tuto Quiroga, se abstuvo al no lograr un acuerdo con el oficialismo para el impulso de sus pedidos de reforma constitucional. Con esta extensión, apoyada por casi todos los partidos del régimen político boliviano, el Gobierno podrá seguir restringiendo el derecho a reunión, tránsito y circulación, mediante la intervención de la policía y los militares.

El estado de excepción fue inicialmente decretado en la madrugada del 20 de junio pasado, apenas horas después de que el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, levantara la huelga general llamada desde el primero de mayo pasado. El fin de la huelga debía dar lugar a la formación de una mesa de diálogo con el Gobierno y serviría para “evitar” la instalación del estado de excepción. Deshaciéndose de su promesa, Paz Pereira lo justificó en nombre de “pacificar” el país, acabar con el desabastecimiento de combustibles y alimentos y con el declive económico de Bolivia, achacados a los bloqueos y la rebelión obrera y campesina desatados en su contra. Con la liquidación de la rebelión por medio del acuerdo con la COB y la Tupac Katari, el presidente boliviano lanzó una avanzada penal contra los manifestantes junto a una devaluación inicial del 40 % de la moneda boliviana.

Después de tres meses de estado de excepción, Paz Pereira no ha logrado revertir la escasez de dólares y ha encarecido la importación de productos básicos, particularmente el combustible, por lo que el desabastecimiento se ha agravado. Las inversiones extranjeras prometidas, supuestamente bloqueadas por la rebelión, no se han consumado, ni tampoco han llegado los fondos acordados con el FMI. En este caso, el directorio del organismo no ha autorizado aún el préstamo de 1.900 millones de dólares preacordado, ni ha fijado fecha para tratarlo. El principal argumento del gobierno para la extensión del estado de excepción fue evitar nuevas protestas, pronosticadas en base a informes de inteligencia de la policía y el ejército (El Deber, 17/09).

Los gasolinazos y el FMI

A mediados de agosto, Paz Pereira volvió a aplicar por decreto un aumento del combustible diésel, esta vez del 84 %, pero sólo para los “grandes consumidores”. Esto ha echado leña al fuego de la inflación creciente y provocado el regreso de los bloqueos, pero en este caso por parte de productores agrícolas del oriente boliviano. Mientras que en un primer momento el ´gasolinazo´ había sido justificado por los altos precios internacionales, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, ha declarado que la medida no se puede derogar porque es una exigencia del FMI (Erbol, 27/08). Posteriormente, mediante el decreto 5701, el presidente boliviano autorizó a las refinerías bolivianas a importar petróleo crudo para refinarlo y a vender sus derivados a precio de mercado, abriendo paso a la eliminación completa de los subsidios a los combustibles (El Deber, 08/09).

El gobierno boliviano ha dado a conocer un anexo del acuerdo con el Fondo, en donde se compromete a eliminar todas las subvenciones a los combustibles para enero del 2027, junto con la liberación de la importación, refinación y comercialización de los mismos. El FMI exige reducir el déficit fiscal del 11 % a un 9 % en 2026 y llevarlo al 2 % para 2031 (Bloomberg, 11/09). El Milei del altiplano está completamente jugado al apoyo del capital internacional, especialmente del FMI y el Banco Mundial, para obtener un financiamiento de entre 7.000 y 10.000 millones de dólares (El Deber, 26/08), que salven a su gobierno. La continuidad del estado de excepción está ligada a poder descargar este fenomenal mazazo sobre la clase obrera y el campesinado boliviano. La Asamblea Plurinacional daría su respaldo al acuerdo con el FMI en las próximas semanas, por lo que la extensión del estado de excepción es también un acto de defensa propia.

Trump

El otro argumento utilizado por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, para solicitar a la Asamblea Legislativa Plurinacional la extensión del estado de excepción, fue la acusación contra los carteles brasileños, el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC), de intentar controlar municipios del departamento de Pando fronterizos con Brasil (El Deber 17/09). Estos carteles brasileños fueron declarados "terroristas" por el Departamento de Estado norteamericano, a pedido del fascista brasileño Flavio Bolsonaro, por lo que hoy en día constituyen la excusa para una eventual intervención militar estadounidense sobre territorio brasileño, por parte de Donald Trump. Paz Pereira ha integrado a Bolivia al Escudo de las Américas. Desde esta posición, se ofrece como base para las acciones golpistas del trumpismo en Brasil, como pasó, al revés, cuando desde el gobierno de Jair Bolsonaro, junto con la oligarquía cruceña, se preparó el golpe de 2018 contra la última presidencia de Evo Morales.

Declamaciones encubridoras

Las organizaciones que “dirigieron” la liquidación de la rebelión obrera y campesina de junio y julio, buscando en todo momento un compromiso con el Gobierno, no han perdido la oportunidad de rechazar discursivamente la extensión del estado de excepción, para mejor disimular su compromiso con el gobierno de Paz Pereira. El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, fue más lejos aún, utilizando sus declaraciones de “rechazo” para reivindicar la liquidación de la rebelión boliviana de hace dos meses y el estado de excepción que sobrevino, luego declarando que durante ese período el país ha estado “tranquilo” (Unitel, 16/09), pero su extensión podría jugarle en contra al Gobierno (La Razón, 16/09). La Tupac Katari y Evo Morales se limitaron a tildar de “anticonstitucional” esta prórroga, sin brindar mayores explicaciones (La Patria, 17/09).

Mientras tanto, el desabastecimiento de combustibles y la inflación hunden en la pobreza a capas cada vez más amplias de la clase obrera y campesinos bolivianos; los bancos que operan en Bolivia han obtenido ganancias fenomenales durante el primer semestre del 2026 -un incremento del 77 % con respecto al 2025, según el Banco Central boliviano-. Por otro lado, la guerra internacional, con el crecimiento exponencial de los precios de los combustibles, no dejará de golpear los planes fondomonetaristas y proimperialistas de Paz Pereira y la derecha boliviana, acicateando la rebelión popular. En este cuadro, la tendencia y la necesidad a retomar la movilización por las reivindicaciones más sentidas de la clase obrera y los campesinos bolivianos no dejaron de crecer durante el estado de excepción, y se agudizarán bajo su extensión.

21 de septiembre de 2026
Solidaridad del SUTEBA Tigre con Bruno Corzo

El SUTEBA Tigre, una de las seccionales opositoras al oficialismo Celeste, aprobó el jueves pasado un comunicado público de solidaridad con Bruno Corzo, dirigente del movimiento docente autoconvocado de Catamarca.

El SUTEBA Tigre es una de las seccionales disidentes de la conducción del sindicato provincial, que todavía responde a Roberto Baradel, que convocó repetidamente a huelgas con amplia repercusión en toda la provincia. Recientemente coincidimos en una concentración de apoyo a la huelga docente fueguina en la casa de la provincia, donde el reclamo por Bruno también estuvo presente.

A continuación, reproducimos el texto que nos hicieron llegar los compañeros, ampliamente difundido en sus redes sociales.

Gral. Pacheco, 17 de septiembre de 2026

SUTEBA Tigre se solidariza con Bruno Corzo, el docente catamarqueño perseguido judicialmente, acusado de “entorpecimiento del tránsito”, sucedido el 7 de marzo en la protesta y corte simbólico de ruta 38 organizado por lxs docentes autoconvocados.

El fiscal actuó de oficio, acusándolo de “ideólogo”, basado en un acta de Gendarmería, cuando el docente no se identificó ante las autoridades ese día en que no se detuvo el tránsito en ningún momento.

Bruno Corzo, militante de Política Obrera y candidato a legislador provincial, entiende que se trata de un caso de seguimiento por parte de la cúpula policial y del poder político, en la provincia gobernada por Raúl Jalil, donde día a día se incrementa la lucha docente por mejoras salariales y presupuestarias.

Solidaridad con Bruno Corzo.

Basta de perseguir a quienes luchan.

Exigimos el sobreseimiento y archivo de la causa.

Protestar no es un delito.

SUTEBA Tigre 18/09/26

Instagram: https://www.instagram.com/p/DdctEy9Rvy8/?stkn=dnhqOXlpM21mdGph

Facebook: https://www.facebook.com/share/p/1GYsHx6vAP/

21 de septiembre de 2026
Preparativos bélicos en Alemania
Félix Kaufman

Me paseo tranquilamente por un anodino pueblo alemán cuando mi celular empieza a vibrar y emitir mensajes escritos. Mis cuasi nulos conocimientos de la lengua local me impiden comprender que está pasando, pero hay un detalle: no tengo contratado un servicio local de datos ni tampoco estoy conectado por wifi… Un rato después empiezan a sonar alarmas públicas. Alarmado, supongo incendios en los bosques que rodean la localidad, como es la usual consecuencia de la destrucción del medio ambiente, calentamiento climático, etc., que están asolando todo el “Viejo Continente”.

Solo a la noche unos amigos me ponen al corriente de lo realmente sucedido: se trata de ensayos que se realizan cada vez más frecuentemente, de alarmas frente a un eventual ataque aéreo como producto de la guerra desatada por la OTAN.

Alemania, como toda Europa, se prepara pues para la guerra mundial que dan por descontada o por ya iniciada. Esto es cotidiano. La población protesta porque los servicios públicos del país, otrora un ejemplo de precisión y buen funcionamiento, se deterioran. El servicio de trenes de esta localidad, situada en los aledaños de la que fue capital de la “Alemania Federal”, Bonn, está suspendido “por reparaciones”. Los trenes se atrasan, se suspenden, buses atestados intentan suplir el servicio. La opinión pública denuncia que junto a esto Alemania destina 500.000 millones de Euros (cerca de 600.000 millones de dólares) al reequipamiento de sus desde ya poderosas Fuerzas Armadas. Para ello el Parlamento suspendió (es decir, violó) las disposiciones constitucionales que limitaban el presupuesto militar y, especialmente, que limitaban el endeudamiento de más del 1 % causado por los gastos militares.

Aullidos de sirenas que preparan la psicología popular para la guerra, sugerencias crecientes de la creación de un servicio militar obligatorio, anuncios de desmantelamiento de la previsión social y en especial del régimen jubilatorio… de ninguna manera debe asombrar que las corrientes llamadas neonazis (¿pero por qué “neo”?) estén en pleno crecimiento y hayan ganado las elecciones en un primer estado del país.

Sin embargo, las reservas y tradiciones combativas de los trabajadores y jóvenes del país que se movilizaron enérgicamente contra el genocidio en Gaza pueden dar cuenta de esta tentativa del imperialismo alemán de sumergirlas en la guerra mundial y la pauperización.

21 de septiembre de 2026
El hijo de Massera va a juicio oral por la apropiación de bienes de detenidos-desaparecidos

La apropiación de bienes de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar fue una práctica sistemática de terrorismo de Estado. Los represores de las Fuerzas Armadas y de seguridad saqueaban literalmente los bienes y propiedades de sus víctimas durante los operativos. Se llevaban dinero, joyas, electrodomésticos, muebles, automóviles. Los grupos de tareas se dedicaban al vaciamiento de empresas, mediante la creación de empresas fantasmas o la transferencia a otras patronales aliadas, siendo Papel Prensa uno de los casos más emblemáticos. El Poder Judicial, hasta el momento, ha contabilizado más de 600 compañías arrebatadas a sus dueños con estos métodos. También utilizaban documentos falsos, extorsión bajo tortura y coacción a detenidos en centros clandestinos para transferir propiedades, cuentas bancarias y hasta empresas a nombre de los represores o testaferros de estos. Una de las bandas más activas en estos menesteres fue la que operó en la ESMA, con una lógica cuasiempresarial y que tenía como responsable político-militar a Emilio Eduardo Massera, comandante en jefe de la Armada e integrante de la Junta de gobierno. Dentro de la ESMA se destinaron espacios para almacenar y gestionar el patrimonio incautado. El robo no era un acto espontáneo de un represor en particular, sino una tarea distribuida y organizada con participantes específicos destinados a "tasar" y gestionar los bienes apropiados.

Según el Poder Judicial, uno de los más enérgicos apropiadores de bienes que actuó en la ESMA fue Eduardo Enrique Massera, hijo mayor de Emilio, quien llegó a ser comandante de la Armada durante la dictadura. Massera Jr. se encuentra observado por la Justicia por haber sido parte de la asociación ilícita que se apropió de los bienes de quienes eran secuestrados y, en la mayoría de los casos, desaparecidos del predio controlado por la Armada.

Eduardo Massera hoy se encuentra procesado por el robo de bienes. Tenía planes de realizar un viaje por España, Italia y Francia, pero desde el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 le denegaron la salida del país y, de yapa, fijaron el inicio del juicio oral y público por el robo de bienes en la ESMA: comenzará el próximo 23 de septiembre. El fiscal Félix Crous pidió además a los integrantes del TOF 5 que actualizaran el embargo sobre sus bienes, que al día de hoy asciende a apenas $500.000.

Además de Massera, el comienzo del juicio oral encontrará en el banquillo de los acusados a Jorge Eduardo Acosta, Ricardo Miguel Cavallo, Adolfo Miguel Donda, Jorge Carlos Radice, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González y Juan Antonio Azic. Todos integrantes de grupos de tareas de la ESMA. Todos ellos ya fueron juzgados anteriormente por diversos crímenes, recibiendo condenas de diferente tenor y varias absoluciones.

Si bien Massera hijo no era parte de la "planta permanente" de la ESMA, la Justicia lo señala como integrante, desde 1977, de la banda que se apoderaba de los bienes de los detenidos desaparecidos. Testimonios de sobrevivientes de la ESMA lo han mencionado en sus declaraciones. Juan Gasparini, en su testimonio, señaló que "el comentario era que él venía por cuestiones relacionadas con la administración y el financiamiento de ese campo de concentración".

Por su parte, Marta Álvarez lo ubica en Besares 2025, una propiedad robada que era usada como sede de Chroma S.A,. una productora de contenidos audiovisuales que habían montado los represores de la ESMA y que hacían funcionar con mano de obra esclava. "Todo el tema legal de este negocio fue manejado por el hijo de Massera llamado Eduardo", declaró la sobreviviente ante la Justicia (ídem).

La sobreviviente Miriam Lewin también recuerda que Eduardo Enrique Massera estaba en las oficinas de Cerrito 1136, donde Massera padre montó su búnker al retirarse de la Armada y desde donde proyectaba su inserción política ´en democracia´. Según Lewin, Massera hijo estaba acompañado asiduamente por Jorge Radice, que se había ganado el aprecio del Almirante Cero por su destreza con las finanzas y con las armas. "Eduardo Massera y Jorge Radice actuaban como una suerte de filtro de Emilio Massera. Ellos manejaban todas las actividades", declaró la periodista ante la Justicia.

Para el fiscal Jorge Taiano, Eduardo Massera fue un engranaje fundamental para el apoderamiento de 26 hectáreas ubicadas en Chacras de Coria, en la provincia de Mendoza, que pertenecían a Victorio Cerutti, Horacio Palma, Conrado Gómez y Oscar Massera Picolini, todos secuestrados en 1977. La asociación ilícita tenía su terminal final en la sociedad anónima Misa Chico, creada en 1981, que sirvió para blanquear propiedades y bienes robados de las personas detenidas desaparecidas. El socio mayoritario de Misa Chico era Eduardo Massera, pero también tenían participación su hermano menor Carlos Massera y Pedro Añón. Para la fiscalía, estaba claro que uno de los principales objetivos de la asociación ilícita fue que los bienes de los desaparecidos pasaran a integrar el patrimonio de quien había sido el comandante de la Armada y principal responsable de los crímenes que se perpetraron en la ESMA.

El despojo de los secuestrados tenía el objetivo de financiar parte del aparato represivo, pero sobre todo estaba al servicio del enriquecimiento de oficiales y suboficiales.

21 de septiembre de 2026
El avance sobre el mar Rojo obliga a Trump a un compromiso inestable con los hutíes de Yemen

La avanzada de los hutíes sobre las costas del mar Rojo que estaban bajo el control del gobierno yemení patrocinado por Arabia Saudita cambió el escenario en la región.

El control del mar Rojo es clave para el imperialismo y, en especial, para uno de sus arietes, Arabia Saudita, su mayor aliado entre los estados del Golfo Pérsico. Es, para Medio Oriente, una de las vías de acceso al Mediterráneo a través del canal de Suez y al océano Índico a través del golfo de Adén. Es el principal corredor que conecta a Asia con Europa. Cerrado el estrecho de Ormuz, representaba para Arabia Saudita su principal salida hacia el océano Índico y, por ende, hacia el este de Asia. El cierre del estrecho de Bab el-Mandeb implica una crisis económica y política de proporciones para Arabia Saudita, el principal productor de petróleo del mundo, que agrava la disparada del precio internacional de los combustibles.

Los hutíes han reforzado el cerco bombardeando infraestructura, como oleoductos y reservas de la petrolera Aramco -la mayor del mundo-, por lo que también perjudican el transporte por vía terrestre de combustibles saudíes.

La avanzada hutí ha convertido a Arabia en un gigante de papel. Un país con uno de los PBI más altos y que ocupa el octavo lugar en el mundo en presupuesto militar, no puede hacer frente a una milicia del país más pobre del mundo árabe. Su ejército de mercenarios es muy útil para atemorizar a población desarmada, pero corrió en estampida cuando tuvo que enfrentar a los kaláshnikov de los campesinos yemeníes.

Los hutíes se habían estado preparando durante meses y reclutaron un ejército de más de 100.000 milicianos. Durante 2025, en Yemen y en todo el mundo árabe, la popularidad de los hutíes creció cuando bloquearon el suministro a Israel por el mar Rojo e hicieron frente a la armada norteamericana. La defensa de Gaza aumentó y facilitó el reclutamiento durante este último año.

Los hutíes se llaman así por ser seguidores de Hussein Badreddin al-Houthi, quien fue asesinado en 2004. Fundaron la organización Ansar Allah -Partidarios de Dios-, que actualmente dirige el hermano de Hussein, Abdul-Malik al-Houthi. El programa oficial de los hutíes combina elementos político-religiosos, nacionalistas y antiimperialistas. Son una rama del chiismo, más cercana al sunismo. Sus objetivos se resumen de forma explícita en su propio lema oficial, que dice: «Dios es el más grande, Muerte a los Estados Unidos, Muerte a Israel, Maldición sobre los judíos, Victoria para el Islam».

El grupo encabeza un levantamiento nacional y busca consolidarse como el único gobierno legítimo de Yemen. Tras haber tomado la capital, Saná, en 2014, y haber forzado al gobierno internacionalmente reconocido al exilio, administra las áreas más pobladas del norte y el oeste del país. Exige que Arabia Saudita y su coalición pongan fin definitivamente a cualquier intervención militar extranjera en su territorio.

Una derrota de Arabia, para el imperialismo, implica la caída de uno de sus dos principales personeros -el otro es Israel-. La importancia de Arabia reside, además, en que ocupa una posición central en el mercado mundial del petróleo y en el sistema financiero internacional asociado al dólar. Fue el país que le garantizó a los Estados Unidos la continuidad del patrón dólar, al acceder, durante más de tres décadas, a vender petróleo solo en la divisa estadounidense.

La monarquía saudí, desde 2025, estuvo aumentando su injerencia en el norte de África para asegurarse el control del mar Rojo, en disputa con Israel -a través de otro personero del sionismo, Emiratos Árabes Unidos-. La paradoja es que terminó perdiéndolo en manos de la población tribal de su propia península.

Ante el avance hutí, los llamados de auxilio del príncipe saudí fueron en vano. China accedió a mediar, pero sin resultados. De parte de los países con los que Arabia firmó los acuerdos de defensa de La Meca este año, no hubo apoyo militar real, salvo una declaración de intenciones de Turquía. Y, al contrario de lo que esperaba la monarquía saudí, Estados Unidos apuró un acuerdo con los hutíes para que dejaran pasar los barcos con bandera estadounidense. El apoyo a Arabia se limitó, por ahora, a aprobar la posible venta de 48 aviones F-35, lo que despertó resquemores en Israel.

Arabia denunció haber derribado un intento de ataque contra La Meca, el lugar más sagrado del mundo musulmán, en lo que sería una operación de bandera falsa. Los hutíes negaron el hecho y le atribuyeron a Arabia la intención de buscar un motivo para que los países del acuerdo de La Meca intervinieran militarmente. También declararon que fue un intento inútil, puesto que ellos tienen sus propios canales de comunicación con Turquía y Pakistán para poder desmentirlo.

Arabia tiene razones fundadas para querer destruir la popularidad que los hutíes están despertando en el mundo islámico. La epopeya de David contra Goliat, sobre todo cuando Goliat es un ariete del imperialismo estadounidense, despierta simpatía más allá de la península arábiga. Las protestas están prohibidas en el Reino, pero el clima de guerra alimenta el descontento. La monarquía fundamentaba su alineamiento con el imperialismo en la necesidad de garantías de seguridad que se están haciendo polvo minuto a minuto.

Las alarmas suenan por posibles bombardeos sobre Riad y otras ciudades. Este viernes, los saudíes recibieron mensajes del Gobierno en sus celulares para que permanecieran en resguardo mientras se escuchaban explosiones en Riad. Todos los intentos que hizo el príncipe saudí este año para mantenerse al margen de la guerra se están haciendo añicos. El acuerdo tácito que mantenía con Irán para salir indemne de los ataques persas se volvió inútil cuando los hutíes lo acusaron, en agosto, de bombardear un aeropuerto en Yemen y se desató la escalada actual.

La ONU ordenó el embargo de armas para los hutíes y Arabia ha pasado a ser la víctima, ocultando la historia reciente. El bloqueo que Arabia hizo sobre el Yemen controlado por los hutíes desde 2015 produjo una crisis humanitaria catastrófica, con cientos de miles de muertos. Por eso, las movilizaciones en Saná y otras ciudades de Yemen en apoyo a los hutíes han sido multitudinarias. La causa nacional yemení entronca con la lucha contra el imperialismo y el sionismo en toda la región, mientras Estados Unidos hace agua en el mar Arábigo y no puede liberar el estrecho de Ormuz del bloqueo iraní. Trump inició una guerra en Medio Oriente para cercar a China y controlar o limitar sus vías de suministro. Por el contrario, a cada paso enfrenta nuevas derrotas que detonan una crisis energética que destroza sus planes de retomar el control del mercado mundial.

21 de septiembre de 2026
Contra el genocidio en Palestina: debate en Vicente López

Más de 80 personas participaron de la charla-debate “Palestina ayer y hoy”, impulsada por el Encuentro de Solidaridad por Palestina de Vicente López. La actividad combinó una exposición histórica y política con un intenso intercambio, en el que se plantearon preguntas, experiencias y distintas posiciones sobre Palestina, Israel y la situación internacional.

Entre los expositores estuvieron Ramiro Giganti, integrante de la Flotilla Global Sumud 2026, y Carlos Frígoli, de Política Obrera.

Giganti estuvo secuestrado por las fuerzas israelíes durante la intercepción de la misión humanitaria hacia Gaza por la armada sionista. Sufrió golpes y torturas que le provocaron la fisura de dos costillas. Una experiencia directa sobre los métodos de la ´democracia´ sionista. La exposición de Giganti abordó las raíces históricas del antisemitismo y el papel de las luchas revolucionarias contra la persecución del pueblo judío, desde la Revolución Francesa hasta la Revolución Bolchevique. Se discutió el surgimiento del sionismo, su relación con los procesos políticos de las comunidades judías europeas y su enfrentamiento con las corrientes que vinculaban a sectores de la juventud judía con el movimiento obrero y socialista.

Uno de los puntos centrales de polémica fue el carácter político e internacional de la creación del Estado de Israel. Carlos Frígoli, militante de Política Obrera e integrante del Encuentro, sostuvo que Israel constituye una base del imperialismo en Medio Oriente y que su función histórica debe ser analizada en relación con la contención de las rebeliones y procesos revolucionarios de la región. En ese marco se discutió el papel de las grandes potencias en la reorganización mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, incluyendo Yalta, el Mandato británico sobre Palestina y el reconocimiento de Israel por Estados Unidos y la Unión Soviética en 1948.

Otro eje polémico fue la situación internacional. Frígoli planteó que Estados Unidos se encuentra en una confrontación creciente a escala mundial y vinculó la guerra en Gaza con la ofensiva contra Irán y con la disputa estratégica con China. También se debatió la experiencia venezolana y el silencio de los nacionalismos latinoamericanos frente a las agresiones imperialistas.

Desde esta perspectiva, se planteó que el genocidio de Gaza no constituye un episodio aislado, sino que forma parte de una escalada militar más amplia en Medio Oriente y de un escenario internacional atravesado por la preparación de una guerra mundial. También hubo intercambio sobre Hamas, la resistencia palestina, la censura y las dificultades para acceder a información independiente sobre la guerra.

El interés del auditorio fue un aspecto destacado de la jornada. Las intervenciones se extendieron sobre la historia del sionismo, el papel de Estados Unidos, Irán, China y América Latina, pero también sobre las perspectivas de la movilización obrera y popular frente a la guerra. El debate continuó incluso después de finalizada la exposición.

La actividad tuvo además una importante dimensión de difusión política. Se colocaron 18 ejemplares del folleto “El derrumbe del FIT-U”, 8 periódicos y se repartió a cada uno de los asistentes una declaración que reproducía la tapa de nuestro periódico. Los materiales fueron recibidos con evidente interés: distintos asistentes se acercaron a solicitarlos y varios continuaron la conversación a partir de su contenido. Esto permitió extender la discusión política más allá de la charla y presentar el planteo de Política Obrera sobre Palestina, la crisis internacional y la intervención independiente de los trabajadores.

Finalmente, el Encuentro convocó a nuevas actividades de solidaridad y, especialmente, a las jornadas internacionales por Palestina que tendrán lugar el próximo 7 de octubre, al conmemorarse un nuevo aniversario del levantamiento de Hamas. La actividad de Vicente López dejó abierto un debate que integra la cuestión palestina a la crisis del orden mundial imperialista.

La conclusión de nuestros expositores fue que la única fuerza social capaz de enfrentar de raíz la catástrofe que nos amenaza es la acción consciente y revolucionaria de la clase obrera internacional, unificando la lucha contra la guerra, el imperialismo y la opresión de los pueblos, por el socialismo.

21 de septiembre de 2026
“Todos somos caballas”: una campaña de la derecha contra la inmigración

La sexta fecha del torneo de primera división española, La Liga, atravesó en la noche del martes 15 de septiembre una de sus mayores polémicas por motivos extrafutbolísticos.

Los equipos Real Madrid y Elche iban a disputar su encuentro en el estadio del equipo valenciano y habían acordado ingresar al campo de juego luciendo una camiseta blanca con la inscripción “Todos somos caballas”. Esta acción se viene repitiendo en los encuentros disputados en territorio de la comunidad valenciana, desde el pasado 11 de septiembre, como una muestra de apoyo a la ciudad anexada de Ceuta tras la crisis migratoria de julio pasado. La iniciativa lanzada es impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), al frente de la cual se encuentra Vicente Boluda Fos, uno de los empresarios más influyentes de la Comunidad Valenciana, presidente de Boluda Corporación Marítima y de la asociación empresarial desde 2011. La polémica tuvo como protagonista a tres jugadores del equipo madrileño y figuras de primer nivel internacional: Kylian Mbappé, Vinicius Jr. e Ibrahima Konaté. Estos utilizaron la camiseta doblada por la mitad para tapar la inscripción y se la quitaron inmediatamente después de los saludos y fotos protocolares.

La incógnita por esta decisión fue despejada en la noche del miércoles 16 de septiembre, cuando el propio Mbappé mantuvo una entrevista con el medio deportivo AS y allí declaró que no se encontraba cómodo utilizando dicha camiseta porque dejaba de lado la situación acuciante de miles de inmigrantes. El jugador del Real Madrid aseguró que se encuentra del lado del pueblo de Ceuta, pero señaló que todas las personas le merecen la misma preocupación y respeto, por lo que se sentía inclinado a nombrar a los miles de inmigrantes que atraviesan una situación calamitosa. Los jugadores Vinicius y Konaté no se han expresado públicamente, pero comparten una historia de inmigración y antepasados esclavizados. Su decisión fue vista como un mensaje de antirracismo y una queja por la situación colonial del enclave español ubicado en territorio africano.

Previamente, el único club que se había opuesto a utilizar esta camiseta fue el Barcelona. El equipo catalán aseguró que esta iniciativa privada era contraria a sus lineamientos institucionales, aclarando que respetaba a los clubes y jugadores que decidieran utilizar el mensaje. Según el diario El País (17/09), “el Barça entiende igualmente que dicha campaña es, sobre todo, una medida de presión de la asociación valenciana en favor de alguno de sus asociados con intereses en Ceuta”.

La actitud de los jugadores madrileños desató una ola de ataques de parte de los partidos de derechas, Partido Popular y Vox, que acusaron a los jugadores de ir “en contra de los españoles” y de protagonizar una “vergüenza”. Estas opiniones fueron secundadas por el presidente de La Liga, Javier Tebas, quién recriminó a los jugadores por su actitud. La única voz oficial favorable a los jugadores fue la del sindicato de jugadores. Su presidente, David Aganzo, declaró: “no pueden recibir una camiseta de cualquier manera. Es un tema de coordinación y, claro, de libertad de expresión” (El País, 17/09).

Un caso diferente envolvió al marroquí Ez Abde, quien sí participó en el acto organizado días antes en el partido que enfrentó al Villarreal y al Betis, luciendo la camiseta junto al resto de compañeros. Tras difundirse las imágenes, recibió numerosas críticas e insultos en redes sociales procedentes de usuarios marroquíes.

Las declaraciones, contundentes, del astro francés Mbappé dejaron al desnudo la finalidad política de una campaña abrazada por la derecha política y secundada por el gobierno de Pedro Sánchez.

22 de septiembre de 2026
Enorme paro y movilización en San Miguel contra la violencia hacia los docentes

En el marco del paro distrital convocado por los sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), se realizó este lunes una enorme movilización docente que comenzó con una convocatoria en sede de inspectores. El hecho que detonó la medida fue la agresión sufrida por una docente dentro de la Escuela N°21 del barrio de Santa Brígida.

Unos 400 docentes se movilizaron al lugar donde las burocracias sindicales entregaron una nota pidiendo que se apliquen medidas de resguardo para los docentes y que se generen espacios de coordinación entre las autoridades escolares, municipales y los sindicatos. Lo mismo se hizo en el municipio, donde finalizó la movilización. Lo que señalamos los docentes de la Tendencia Docente Clasista en la actividad, discutiendo con los compañeros presentes, es que esos espacios y esas medidas ya existen. El gobierno provincial, el municipio, las autoridades de la DGCyE y los sindicatos desde hace años conviven en diferentes ámbitos de gestión donde se abordan cuestiones como las que generó esta enorme respuesta de la docencia. Los sindicatos docentes han llevado a cabo hoy un operativo enorme de encubrimiento político de las responsabilidades que ellos mismos tienen junto con sus mandantes: los gobiernos provincial y nacional.

Mientras tanto, entre los concurrentes, donde había desde auxiliares (amenazados públicamente por el Consejo Escolar para que no adhieran al paro y la movilización) hasta escuelas primarias enteras, se comentaban casos similares a los de la Primaria 21 que no habían tenido respuesta de los sindicatos. Otro motivo de quejas fue que los organizadores de la acción (el FUDB) no se esperaba tamaña concurrencia, por lo que llegaron sin siquiera un megáfono como para que se los escuchara cuando hablaban frente a la concurrencia. Muy pocos docentes oyeron lo que tenían para decir los burócratas locales. Al contrario, los voceros de los sindicatos tuvieron que soportar varios abucheos por vanagloriarse como defensores de la docencia.

Como charlamos con los compañeros y como decíamos en el volante que distribuimos, la solución de las autoridades será la misma que vienen aplicando a los docentes violentados: licencia por unos días y a trabajar al mismo ámbito de inmediato. Los mismos responsables de esta situación que avanza a la par que lo hace la pobreza y el deterioro del nivel de vida en los barrios (Milei y los gobernadores) no la van a resolver. Ni en los mismos ámbitos que ya existen, ni con los mismos actores.

La situación amerita una intervención decidida de los trabajadores, autoconvocada, por nuestras reivindicaciones, por nuestra salud y por el salario y las condiciones laborales. Construyamos la huelga general desde las escuelas, con asambleas y plenarios autoconvocados que resuelvan medidas de lucha progresivas, contra la violencia, por un salario igual a la canasta familiar y por las condiciones de trabajo.

22 de septiembre de 2026
Salud CABA: todos a la marcha junto a los residentes

Este 23 de septiembre residentes de los hospitales que dependen del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizarán un paro y se movilizarán desde el Obelisco al Ministerio de Salud de la CABA impulsando el reclamo de una recomposición salarial urgente. La medida votada el 19 de septiembre fue refrendada este lunes en una nueva asamblea con participación masiva. Al momento confirmaron su adhesión, residentes de distintas disciplinas de 17 hospitales, y la lista se va ampliando a medida que transcurren las horas. Durante la jornada del 23, además, se realizará una nueva asamblea para definir cómo continuar.

El paro y movilización de los residentes viene acompañado de iniciativas de organización en distintos hospitales y centros de salud por el salario y mejores condiciones laborales. El pliego de reivindicaciones incluye el rechazo a las medidas discriminatorias por parte del gobierno de Jorge Macri y su ministro Fernán Quirós contra ciudadanos extranjeros y de la provincia de Buenos Aires, a la imposición de ritmos de trabajo que atentan contra la calidad de atención por medio agendas digitales, así como la necesidad de mejoras de las condiciones edilicias y la exigencia de protocolos y medidas de prevención ante situaciones de emergencia. Es lo que vienen llevando adelante los trabajadores de los CeSACs, el Hospital Penna, el Hospital Moyano y otros tantos que buscan autorganizarse, promover acciones de lucha, reunir al conjunto de las diferentes profesiones y coordinar con los residentes, sorteando incluso las trabas que el mismo sistema de control de las agendas impone.

Lo que distingue a la jornada del 23 es que se trata de un paro y una acción de lucha autoconvocadas, definidas de manera autónoma, a partir del mandato de asambleas de hospitales y con independencia de la actitud que terminen adoptando las direcciones sindicales del sector. Es un método que se diferencia de la suma de “exigencias”, con las que las direcciones izquierdistas suelen acompañar la inacción de las burocracias sindicales. Por su objetivo de conquistar una recomposición salarial, su alcance es común a todos los trabajadores de la salud de la ciudad y por eso debe ser el puntapié para reactivar la lucha y las autoconvocatorias en el conjunto de la salud pública.

Los sindicatos que nuclean a los trabajadores de la salud y a los propios residentes han evitado pronunciarse hasta el momento sobre la medida de fuerza, ignorando que esa es precisamente su única razón de ser. Deberían acompañar la medida convocando a todos los trabajadores a movilizar y decretar un cese de actividades para poder hacerlo, pero sus direcciones tienen compromisos con el gobierno y con las patronales de la salud y temen antes que nada a la irrupción de un movimiento que escape a su dominio. Saben, por experiencia, que cualquier movilización profunda cuestiona rápidamente su lugar como dirección de los trabajadores.

Hagamos de la jornada del 23 una oportunidad para recorrer todos los servicios de los hospitales, impulsar las medidas de lucha, votar delegados, reclamos y acciones de continuidad. Promovamos la participación de todos los efectores, sumando a trabajadores de planta sin distinción de profesión o sindicato. Vayamos a la conquista de un salario mínimo inicial igual al costo de la canasta familiar para todos los trabajadores de la salud pública.

22 de septiembre de 2026
Carlos Alonso, el pincel que la burguesía quisiera momificar

A los 97 años murió Carlos Alonso. Nacido en Tunuyán, Mendoza. fue un modelo a seguir por muchas generaciones de dibujantes y pintores.

Rechazado y odiado por la burguesía, la oligarquía terrateniente y militares, a quienes retrataba como el lado siniestro del “ser nacional”. Sus cuadros no son postales sino retratos de la barbarie de un régimen político en descomposición.

Si tomamos de referencia su obra "El estadio", ejecutada a pocos meses del golpe pinochetista, veremos la disposición a denunciar tempranamente el plan del terrorismo de Estado, como una estrategia continental del imperialismo para aplastar el ascenso de la lucha de clases de finales de los 70 en Latinoamérica.

En esa serigrafía brutal, el Estadio Nacional de Chile deja de ser el templo del deporte de masas para desnudarse como lo que verdaderamente fue: un campo de concentración a plena luz del día. Alonso se rehúsa a la descripción del sufrimiento pasivo de quienes colman las gradas del horror; más bien percibimos rostros curtidos por el duro trabajo de peones rurales y obreros de mameluco. Es la radiografía exacta del ascenso obrero que el Plan Cóndor buscaba aplastar.

Cuando realiza la serigrafía de "El estadio" o cuando empieza a construir la instalación "Manos Anónimas" para el Museo Nacional de Bellas Artes, antes de que la dictadura de Videla la censurara, Alonso no estaba ejercitando la memoria sino denunciando la impunidad en el momento mismo de la gestación de las masacres.

Mientras los burócratas de la CGT firmaban treguas y señalaban a las Juntas Internas combativas en las fábricas, y los grupos de tareas secuestraban y asesinaban a estudiantes universitarios y compañeros de base, el pincel de Alonso los denunciaba mientras todo esto ocurría, desnudando el operativo de la contrarrevolución en marcha, con el concurso y la complicidad de la pata civil.

La obra de Alonso siempre será incómoda e inasimilable para el régimen. Su producción se actualiza en momentos en que el imperialismo avanza en regímenes de excepción, arrasa imponiendo la pobreza y aumenta la explotación laboral y vuelven las políticas fascistoides para aplastar a la resistencia de una vanguardia obrera.

Las imágenes de Alonso recobran su carácter estrictamente contemporáneo, en la guerra de los Estados contra los pueblos que luchan. No miramos sus cuadros para aprender historia; los miramos porque las manos anónimas que amordazan, picanean y hambrean al pueblo trabajador siguen perteneciendo a los mismos dueños del capital. El pincel de Carlos Alonso no pertenece a la memoria oficial: pertenece a la trinchera de la revolución socialista en Latinoamérica.

22 de septiembre de 2026
"Marcha de la bronca" en Tucumán

La Marcha de la Bronca en la provincia de Tucumán reunió apenas a algunos centenares de participantes que cubrieron la mitad de una cuadra. La participación del Partido Obrero fue famélica; no llegaba a dos decenas de personas. Un poquito más reunió el MST. Los “centenares” de participantes de los “comités por un partido de la nueva clase trabajadora” solo existieron en la imaginación del corresponsal de La Izquierda Diario.

Contrastada con la movilización y concentración del 6 de agosto, en oportunidad del debate en el Congreso de la ley de “Inviolabalidad de la propiedad privada”, que reunió a aproximadamente a 10.000 manifestantes, o la del 3 de Junio (#Niunamenos), más de 5.000 manifestantes, o la que se concretó contra el tratamiento de la reforma laboral, convocada por ADIUNT, la Marcha de la Bronca fue una expresión ultra raquítica, de aparato, que no canalizó la “bronca” de ningún sector popular, tampoco de la Universidad y mucho menos de algún sector de la clase trabajadora, a pesar del agravamiento de la crisis social.

Al finalizar la “marcha”, se agruparon frente a la Casa de Gobierno y allí leyeron el documento nacional con algún condimento de la situación provincial.

Para el corresponsal de LID, la marcha "fue un primer paso en la dirección de profundizar la organización coordinada en la perspectiva de la huelga general". Lo único que agregó esta convocatoria fue confusión y un ataque de secta contra ADIUNT, el sindicato combativo de la docencia universitaria, porque acertadamente, luego de una deliberación, no dio su apoyo político a las organizaciones convocantes de la “marcha”.

22 de septiembre de 2026
Filo UBA: Asamblea se pronuncia a favor del sobreseimiento y archivo de la causa contra el profesor Bruno Corzo

El martes 15 tuvo lugar la primera asamblea del cuatrimestre en Filosofía y Letras. Reunió a un centenar de estudiantes, entre militantes y activistas. Fue la ocasión para dar a conocer la campaña que estamos llevando adelante por el sobreseimiento y archivo de la causa del docente catamarqueño Bruno Corzo.

A Bruno la justicia lo imputa penalmente por el "entorpecimiento de la vía pública", a partir de una jornada de lucha autoconvocada de la que participó a principios del ciclo lectivo. Este hecho fue ligado en nuestra intervención al escenario de reforzamiento del aparato represivo y a la persecución de luchadores y trabajadores a lo largo y ancho del país.

Luego de intervenir, y para dar impulso al petitorio por el sobreseimiento, recorrimos la asamblea invitando a firmar. Recolectamos un total de cuarenta adhesiones. Además, presentamos una moción para que la asamblea del CEFyL se pronuncie, la cual fue aprobada por unanimidad.

Con este pronunciamiento estudiantil, damos inicio en la Facultad a la campaña de pronunciamientos por el inmediato sobreseimiento y archivo de la causa, contra toda forma de criminalización de activistas y luchadores populares. A continuación, reproducimos la moción aprobada en la asamblea:

Sobreseimiento y archivo de la causa al profesor Bruno Corzo

Al docente Bruno Corzo, vocero de la docencia autoconvocada de la provincia de Catamarca, la Justicia lo imputó por "entorpecimiento del tránsito" en el marco de su participación en una protesta docente realizada el 7 de marzo sobre la Ruta Nacional N° 38, en Catamarca. Esa protesta fue una de las tantas llevadas adelante por docentes de la provincia en marzo, abril y mayo en defensa de su salario.

Rechazamos esta imputación que constituye un acto de persecución y un ataque al derecho constitucional a la protesta, a la huelga y a la organización de los trabajadores. La movilización por salarios, derechos laborales y presupuesto para la educación pública que se desarrolla a lo largo y ancho del país pretende ser criminalizada mientras Milei, los gobernadores y el Congreso Nacional quieren imponer una “esencialidad educativa” para amedrentar y disciplinar a quienes luchan.

La judicialización de la protesta docente sienta un grave precedente para el conjunto de los trabajadores. No aceptamos que se criminalice la participación en las luchas gremiales ni que se utilice el aparato judicial para intentar resolver conflictos sociales y laborales en contra de los trabajadores.

Por todo ello, exigimos:

El sobreseimiento inmediato del profesor Bruno Corzo.

El archivo definitivo de la causa.

El cese de toda forma de persecución contra quienes participan de las luchas docentes.

El respeto irrestricto al derecho a la protesta, a la huelga ya la organización sindical.

22 de septiembre de 2026
La "marcha de la bronca" en Rosario atrajo delegaciones obreras

El pasado 19 se reprodujo la Marcha de la Bronca en la ciudad de Rosario. Con una importante cobertura de medios en los días previos, la movilización cubrió cinco cuadras de manifestantes, una cantidad no despreciable. Se nuclearon los partidos del FITU y participaron delegaciones de distintos sindicatos, como los portuarios del SUPA, quienes recuperaron la seccional de Rosario, y trabajadores maritimos del SOMU, ATE Conicet y el COAD (docentes universitarios de la Universidad Nacional de Rosario). Fueron de la partida APDH, el Frente de jubilados en Lucha y la Mesa de Organismos por los Derechos Humanos, junto con sectores ambientalistas como Paren de Fumigarnos, Pachas y miembros de "la marcha de los barbijos". Tambien participaron Pañuelos en Rebeldia, Propuesta Sur y LIO (Libre Independientes Organizados por la Soberanía Nacional). No estuvo presente ni fue convocante ATE-Rosario, ni se presentaron personeros del Frente de Sindicatos Unidos, a los cuales el PTS ha privilegiado en su invitación a formar un partido de "la nueva clase trabajadora". Tampoco estuvieron presentes comisiones internas combativas. Ninguno de los trabajadores lecheros, cuyas fábricas están en la picota a raiz de la recesión imperante. No hubo ninguna referencia a los obreros del frigorifico Euro, quienes luego de meses de toma de las instalaciones lograron su puesta en funcionamiento, evitando despidos de todo el plantel. No se evidenció tampoco una movilización docente como las desenvueltas por AMSAFE Rosario antes de que volviera a manos de la Celeste. Los partidos convocantes hicieron gala de sus estructuras en el trayecto recorrido. Los medios locales han recalcado que la movilización fue "transversal y plural".

El FITU ha vuelto a la carga para que las burocracias de la CGT y la CTA organicen un nuevo paro nacional que desemboque en una huelga general, al mismo tiempo que los responsabilizan de haber pactado la reforma laboral. Es una abstracción discursiva: en realidad, la burocracia va a llamar a una huelga cuando tema que se transforma en combativa e indefinida. No hay ninguna huelga general en el horizonte de los convocantes a la marcha.

Los convocantes ya han explicado previamente las conclusiones de la movilización. Fue un lanzamiento de la temporada 2027, de incierto futuro.

22 de septiembre de 2026
Una crisis en la sucesion presidencial

La reelección de Javier Milei se ha convertido en el detonante de una crisis política. La certeza de que con el 34% de la intención de votos, con tendencia a la baja, lo fuerza a ganar en primera vuelta porque no podría pasar el ballotage, exige que se avenga a un coalición política, para la que debería hacer numerosas concesiones no solamente de cargos sino también de política. Para dividir a las listas ‘opositoras’ mediante la suspensión de las PASO, necesita votos en el Congreso que no tiene. Para asociar al macrismo, debería dejarle la candidatura de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Necesita, además, el concurso de algunos gobernadores y partidos provinciales. Lo acosa la sombra de octubre del año pasado, cuando necesitó el rescate de Estados Unidos para que no lo devore la fuga de capitales y la caída del gobierno. La sospecha de que no llegaría entero al año que viene, desataría el ‘efecto electoral’ de una corrida. Ante estos dilemas, en LLA se ha plantado una Fronda entre coalicionistas, de un lado, y “morir con lo puesto’ del otro. Pero, de otra parte, está el problema político: una parte del macrismo ha empezado a escuchar al ‘ferretero’ Paolo Rocca, de Techint. A pesar de los RIGI, el capital extranjero no ha puesto un dólar en Vaca Muerta. El FMI le reclama una devaluación real del peso para alimentar las reservas internacionales. La ‘desindustrialización’ está amenazando con voltear gobiernos en Europa como muñecas. En contradicción con esto, Caputo enfrenta el impago de los vencimientos de deuda, más ahora que antes, cuando está subiendo la tasa de interés internacional de las deudas públicas. Con la recaudación de impuestos en baja, tiene que podar gastos sociales para conservar el espejismo del superávit de caja, no el real, del Tesoro. El endeudamiento usuario de 6 millones de clientes golpea un sistema bancario que tiene congelado los depósitos en la compra de bonos de deuda locales. El ‘rulo’ (loop), en este caso, es negativo.

La crisis política, aun prematura, ha tomado expresión en el Congreso, con motivo de la presentación del Presupuesto. Patricia Bullrich, que tiene que tomar, en el Senado, la tarea de armar la suspensión de las PASO y los acuerdos que viabilicen una coalición, se ha dado a la tarea de conformar a los potenciales aliados políticos y a la “patria industrial’. Los recortes en discapacidad apuntan a una desindexación de gastos, que tomado una forma concreta con los bonos a los jubilados y, ahora, con la Asignación por Hijo y el congelamiento de los recursos para la educación superior. La Nación, en un editorial, reclama lo mismo para el sistema previsional, y previsiblemente, con un aumento del retiro a los 70 años. Maravilloso, dice Bullrich, pero después de las coaliciones y las elecciones. De acuerdo a Joaquín Moráles Solá, una alianza de LLA y el macrismo podría reunir un 52% de la intención de votos, sin contar, claro, a los desertores que rechazarían el enjuague. Pero Bullrich no habla en representación de ninguna fuerza organizada –es una intermediaria, que no confiesa sus propias ambiciones personales. El peronismo marginal se ilusiona con que rompa con el gobierno, luego de que dijera que quiere “la continuidad del modelo”, no del Presidente. Kicillof también quiere, aunque a su modo, esa continuación, luego de que fracasara en la reestructuración de la deuda pública de la Provincia y de la nacional, bajo la gestión de Martín Guzmán. El alemán Merz, la nazi AfD, Giorgia Meloni, la mayor parte de los gobiernos de todo el mundo, quieren lo mismo, al menos para financiar la guerra imperialista. El intento de Trump-Bessent, de bajar la tasa norteamericana, ha concluido en un monumental fracaso.

Milei y Caputo impulsan una lista “hegemónica” de liberticidas, confiados en el apoyo de Donald Trump y de los “mercados internacionales”. Desean ‘tropezar’ otra vez más. Para eso, el llamado Mago del Kremlin tiene en carpeta un proyecto de ley de Soberanía Nacional para militarizar el Atlántico Sur con el Pentágono de Trump, y la política interna en su conjunto. Como es inconstitucional y requiere una mayoría calificada de votos por su condición penal, su aprobación es remota y su negociación, tortuosa. Una derrota eventual de Lula podría templar el ánimo de la camarilla militarizada de la residencia de Olivos, pero la derrota descontada de Trump, en noviembre próximo, le asestaría un golpe de gracia. Trump ya se encuentra preparando, para el caso, la instalación de un régimen de excepción con apoyo militar, luego de haber depurado a una gran franja institucional del ejército de Estados Unidos. La tendencia al gobierno de poder personal, en momentos de grandes crisis, es una alternativa a los gobiernos de coalición.

El derrumbe industrial y la crisis social no encuentra un piso. La industria cayó un 5% en julio frente al año anterior. Respecto de junio, todas las actividades -menos la extracción de petróleo- se deprimieron. La tesis de un crecimiento "contradictorio”- algunas ramas suben, otras bajan- también se ha venido abajo: el “boom energético” ha profundizado el dislocamiento industrial, con la dolarización de la luz y los combustibles. La UIA reclama que el gobierno les compense la suba en las tarifas con menores impuestos -algo que es incompatible con el pago de los vencimientos de la deuda pública. Los gobernadores han entrado en un nuevo choque con el gobierno en torno del fondo para despidos (FAL). Caputo quiere que sus recursos, en lo que refiere a colocaciones de deuda, sólo se destinen a bonos del Estado nacional. En cambio, los gobernadores reclaman una tajada para las emisiones de deuda de las provincias. Tampoco aceptan hacerse cargo de los gastos de transporte para las personas discapacitada.

En este cuadro, Milei y Caputo viajaron a Washington para pedirle a Trump y a Scott Bessent los respaldos políticos y financieros necesarios para solventar la reelección y el unicato político. Pero el rescatista de última instancia se encuentra flojo de papeles: Bessent enfrenta su propia corrida contra los Bonos del Tesoro. El crecimiento exponencial del gasto militar agrava la crisis presupuestaria. La crisis abierta en torno al “freno” al desarrollo de la Inteligencia Artificial podría impedir que Meta o Anthropic pueden salir a financiarse en la Bolsa. Trump llega a su turno electoral en medio de una escalada sin precedentes de la guerra europea entre la OTAN y Rusia, y el empantanamiento de sus pretensiones en Irán y Medio Oriente.

En la fila de viajeros a Washington se acaba de anotar Axel Kicillof, quien ha trazado su propia agenda con banqueros y medios políticos. A su manera, repetimos, ofrece lo de Bullrich -la continuidad del “modelo”- es decir, el compromiso de que una administración “nacional y popular” no alterará los pilares de la contrarrevolución social y laboral impuesta en estos años. Las llamadas fuerzas de “la bronca’ ignoran la explosividad de la crisis política y siguen una hoja de ruta electoral en torno a una candidata que goza de la simpatía de los encuestados. Bullrich, que en esto también va en punta, tiene un planteo más ‘sofisticado’.

La crisis en la sucesión presidencial expresa un impasse económico y político que excede por lejos a las maniobras de Bullrich, los Milei, los ´nac & pop´ o “izquierdistas”. Las contradicciones, la confusión y los desaciertos de los “de arriba’ siempre han sido un aliciente, junto a la inmensa miseria social que generan, para la intervención histórica independiente de los trabajadores.

22 de septiembre de 2026
Estados Unidos y Dinamarca anuncian un acuerdo de “seguridad” para Groenlandia, luego que la UE anunciara el suyo con la asociación de Canadá

En el marco de la Asamblea anual de las Naciones Unidas, Estados Unidos y Dinamarca firmarán un “acuerdo de seguridad’ que dará plenos poderes militares y el veto a inversiones a potencias ‘hostiles’ a los signatarios. Se trata de un Escudo de las Américas al noreste del hemisferio occidental. Una parte de la prensa ha interpretado que el convenio salva la soberanía de Dinamarca sobre el inmenso archipiélago, así como la autonomía de la administración local. Groenlandia es rica en minerales raros y se convertiría en un eslabón de la cadena de producción de las compañías estadounidenses. La administración Trump ha anunciado la expansión de las bases militares que tiene en el territorio. Las potencias ‘hostiles’ aludidas son China y Rusia -ésta con extensas fronteras en el Ártico y una navegación activa como consecuencia del deshielo que provoca la destrucción climática. Los yacimientos de petróleo tendrán primacía, como ocurre en Alaska. Desde 1916, Estados Unidos ha firmado varios acuerdos con Dinamarca en la región, donde ha adquirido, por caso, las Indias occidentales. La amenaza de Trump de iniciar una guerra arancelaria en gran escala contra la UE si no accedía a ‘vender’ Groenlandia a EE.UU. ha sido la extorsión que ha llevado a este final, sin que se haya excluido por completo la compra misma.

El acuerdo es, sobre todo, un ataque a la Unión Europea, de la que forma parte Dinamarca. Una semana atrás, Ursula von der Layen, la presidenta de la Comisión Europea había lanzado un violento ataque a las pretensiones de dominación política de Trump, sin aludirlo, afirmando que la política de la UE era una “respuesta a la fractura del sistema internacional basado en el estado de derecho”. Planteó un tratado de seguridad propio de Europa, que asegure la defensa de cualquier Estado integrante que fuera agredido, en abierta desconfianza a la misma regla establecida en la OTAN. También aseguró que el rearme militar europeo se destinaría, en un 80%, a la industria europea. Cuando el discurso comprometió a la UE a ir a fondo en la guerra contra Rusia, la comisionada dejó el inglés para hablar en alemán. El plato fuerte de la escena fue la presencia de Mark Carney, el primer ministro de Canadá, al que von der Layen invitó a una asociación estratégica con la UE, así como a otros Estados. El acuerdo de seguridad con Dinamarca ha dinamitado gran parte de la exposición de pretensiones de la comisionada. En cuanto a la guerra contra Rusia, Trump ha exigido que la UE asuma la devolución de los 150.000 millones de dólares que Joe Biden prestó al régimen de Ucrania. Canadá ha aceptado dar un salto al Atlántico, pero el acuerdo lo coloca entre las pinzas del imperialismo norteamericano al sur del continente y al norte extra continental. La UE, por su lado, atraviesa una crisis de conjunto, con las perspectiva de que la ultraderecha gane las elecciones en varios Estados, con un planteo federalista. El acuerdo para establecer un presupuesto comunitario -de un billón de euros- ha quedado en agua de borrajas.

La guerra mundial va mutando de forma a medida que irrumpen las contradicciones de las potencias en presencia. Un acuerdo internacional para hacerles frente, como ocurre con la crisis financiera y la Inteligencia Artificial, está fuera de marco. La ultraderecha expresa una fractura de los regímenes políticos, pero tropieza con contradicciones insolubles, por la crisis histórica de conjunto del capitalismo. El acuerdo de Trump con las autoridades de un Estado comunitario, en conocimiento o ignorancia de sus autoridades, marca las tendencias centrífugas que amenazan a la UE. Trump acaba de pronunciarse por la unidad de Irlanda y por la revisión del status de Malvinas, con la ambición de debilitar al gobierno laborista del imperialismo británico y favorecer a la ultraderecha que crece en las encuestas.

22 de septiembre de 2026
Vaca Muerta: parazo en Tecpetrol contra los abusos patronales

El viernes 18, por la tarde, más de 500 trabajadores paralizaron la obra del Yacimiento Los Toldos de Rincón de los Sauces, en Vaca Muerta, bloqueando los accesos al predio y afectando la construcción de la planta de Procesamiento. Se detuvo el movimiento de maquinarias y el ingreso de materiales. La medida de fuerza tomada por los trabajadores de Tecpetrol fue en reclamo de los salarios y varios otros atropellos patronales. Los trabajadores explicaron que la obra en Los Toldos exige mano de obra calificada, largas jornadas en áreas desérticas y elevada exigencia física. “No cobramos los salarios que corresponde”, se escuchó en el playón donde se concentraron los compañeros para resolver la medida en Asamblea. Este mediodía se levantó el paro de los trabajadores de la construcción de la Planta Central de Procesamiento (PCP) en Los Toldos, Rincón de los Sauces, Neuquén.

El detonante del conflicto fue por mala liquidación de haberes, categorías y los adicionales correspondientes a diferentes etapas del proyecto.

Durante el mes de septiembre, hubo temporales y días de lluvia poco habituales. La liquidación de los salarios en la primera quincena de este mes se vio afectada por esto. El convenio de UOCRA Yacimientos asigna distintas indemnizaciones en caso de suspensión y/o realización de tareas por causas climáticas, que no se veían reflejados en los salarios pagados.

La obra cuenta con alrededor de 2.700 trabajadores; 1.700 de ellos se encuentran alojados en campamentos vinculados con la obra. Es una de las obras más grandes del país. Las condiciones de vida son pésimas y los trabajadores soportan largas jornadas que superan las 12 horas de trabajo. Si bien el Convenio Colectivo de Trabajo señala que todo lo que supere las 8 horas se paga con un recargo del 50%, no establece un límite ni un margen de cobro, haciendo que las horas extra se paguen hasta las 12 horas trabajadas y luego en negro, una práctica extendida en Vaca Muerta.

Los trabajadores retomaron tareas luego de una asamblea. Los dirigentes del sindicato informaron que la UOCRA y la patronal acordaron una “mesa de diálogo” para discutir la situación salarial en el yacimiento, incluyendo las categorías, los premios y la continuidad laboral. Ocurre que la patronal anticipó despidos de trabajadores. El conflicto, por lo tanto, continúa abierto, y los trabajadores esperan la respuesta que obtenga el sindicato.

El paro de Techint pone de manifiesto la situación laboral explosiva que se vive en Vaca Muerta, la “niña mimada” de Rocca y los liberticidas.

23 de septiembre de 2026
Régimen Penal Juvenil: otro fallo judicial irrita al poder político

En las últimas semanas se ha vuelto una constante la crítica de gobernadores o funcionarios políticos a jueces que han resuelto fallos que no son de su agrado. Hace 10 días la destinataria fue una jueza de Lomas de Zamora que, ante un pedido de habeas corpus correctivo, resolvió la suspensión de la aplicación de la ley 27801 -llamada como “Régimen Penal Juvenil”- en toda la provincia de Buenos Aires. El aspecto principal de aquella norma es la reducción de la edad de imputabilidad, estableciéndola a partir de los 14 años de edad. El fallo de la jueza se fundó, básicamente, en la inexistencia de infraestructura para albergar y dar respuesta a la demanda que implicaría esta persecución penal contra los adolescentes. El fallo fue apelado y finalmente revocado por la Cámara correspondiente.

Ahora, en otro hecho, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, la jueza Laura De Marinis dictó la inconstitucionalidad del artículo primero de esa ley. Justamente, es el que determina la edad de punibilidad. Lo hizo frente a un hecho en concreto de un niño de 14 años, detenido por una tentativa de robo. En su resolución, la jueza advirtió una idea muy concreta: someter a un niño de 14 por un hurto al sistema penal es de una desproporción absoluta. No es un crimen aberrante, ni de los catalogados violentos. Ni siquiera se consumó, porque el celular que se le endilga haber querido robar nunca estuvo en su poder. Por lo tanto la magistrada entendió que, ante semejante incursión, lo que falló aquí realmente fue el sistema de protección integral de la niñez. Dicho de otra manera: no estamos ante un conflicto penal, sino, por lo contrario, ante la necesidad de proteger la trayectoria vital del niño bajo responsabilidad del Estado y los adultos. Sobre él se advierte una vulnerabilidad palpable, carente de adultos responsables para su contención. La crítica de la jueza es dirigida al Estado, que atento a la carencia de recursos del chico pretende absolverse a sí mismo, castigándolo. Palabras más, palabras menos, la jueza entendió que lo que este requiere son asistencias de otra índole y que el Estado incumplió. Para ilustrar su punto -y demostrar la pretensión descabellada de someter a juicio penal a un chico apenas adolescente- la jueza citó el ejemplo de qué pasaría en un aula, si un alumno le esconde una regla a otro compañero, ¿estaría cometiendo un hurto? No tiene ningún tipo de sentido privarlo de su libertad ni someterlo a ese calvario, concluye.

Fue cuestión de horas para que todo el arco derechista lance sus críticas. Jorge Macri y su ministro de Justicia han prometido someter a juicio político a la jueza De Marinis. Patricia Bullrich volvió con la alharaca contra los jueces garantistas. Se ha tornado una práctica más que repetitiva de parte de los ´republicanos que supimos conseguir´, esta de apretar a cualquier juez que no falle según sus lineamientos. Bien visto es una práctica autoritaria que busca evitar cualquier disenso. Pero subyace en el corazón de toda la reforma política que el gobierno libertario tiene en el tapete. No es solo un protocolo antipiquetes, sino toda una reorganización sobre bases sin derechos ni garantías: ni en el ámbito laboral, ni en el campo de la agitación política electoral. La avanzada contra los niños obedece a la tentativa general de un régimen excepcional y tira por la borda todos los votos del progresismo para poner en pie este sistema penal juvenil. Lo que tenemos son detenidos por tentativas de hurto y jóvenes hacinados en establecimientos supuestamente construidos para su resocialización. Nada positivo puede salir de esto. Jorge Macri compite palmo a palmo con los Milei en la fascistización de su gobierno.

Bien observado, el fallo de la jueza De Marinis es también una crítica a la política de ajuste y recortes del gasto social de parte de todos los gobiernos; cuando señala que no existe sistema de protección vigente es porque lo poco que había fue desmantelado. Las secretarías de Niñez y Adolescencia no tienen ningún tipo de recursos para afrontar la cantidad y gravísimas situaciones de menores vulnerados en sus derechos más elementales. Si algún tipo de respuesta existe, es por parte de sus trabajadores que no se quedan de brazos cruzados a pesar de la extrema precariedad laboral a la que son sometidos. Luchar por las libertades democráticas es una tarea insoslayable para cualquier activista.

23 de septiembre de 2026
Discapacidad: nuevas maniobras del gobierno liberticida

Para ´contener´ a sus aliados del PRO y la UCR, el oficialismo consensuó con ellos un proyecto de "Fortalecimiento de la Sostenibilidad y Eficiencia Permanente en el Sistema de Discapacidad". Espera obtener un dictamen favorable incluso hoy mismo.

Es un texto igual al que establece la ley de emergencia en discapacidad, pero no menciona esa palabra. La ´oposición´ supuestamente había cerrado filas para votar su prórroga hasta diciembre de 2027, pero radicales y macristas abrazaron rápidamente el nuevo texto del oficialismo. Ese proyecto conserva el nomenclador único y actualización por IPC, la pensión equivalente al 70 % del haber mínimo jubilatorio, su compatibilidad con el trabajo registrado para quienes perciban hasta dos salarios mínimos, la cobertura de salud y los beneficios para los empleadores que contraten personas con discapacidad. También preserva el derecho de los prestadores a cobrar las compensaciones pendientes y establece que las partidas destinadas al sistema no podrán caer en términos reales respecto del año anterior.

Sin embargo, de aprobarse, la aplicación de la nueva norma va a requerir partidas presupuestarias que, hasta el momento, no están contempladas dentro del Presupuesto 2027. De hecho, el nuevo proyecto contradice por completo lo citado por el Ejecutivo dentro del proyecto de Presupuesto 2027 que, en su capítulo VI, deja de lado casi todas las disposiciones de la actual ley de emergencia. Es decir, propone eliminar el sistema de aranceles universales para las prestaciones, lo que permitiría a las obras sociales y empresas de medicina prepaga fijar libremente los valores de las terapias; recorta las pensiones, que pasarían a ser adjudicadas bajo la condición de “invalidez laboral”, lo que exige un porcentaje superior al 76 % de discapacidad; establece el reempadronamiento obligatorio y deroga la obligación del Estado de garantizar las prestaciones que no disponga el sistema de salud pública, entre otros ataques.

La trampa está a la vista: para sortear la prórroga de la ley de emergencia, ratificada contra el veto presidencial y avalada por varios fallos judiciales, el Gobierno ha presentado este nuevo proyecto que contradice las disposiciones del Presupuesto, pero está sujeto a él. Le ha alcanzado con esta maniobra, por lo pronto, para dividir a la ´unidad opositora´ que aprobó por unanimidad -de LLA hasta el FITU- menos un voto, el emplazamiento para el tratamiento de la prórroga de la emergencia en comisiones. Se ha verificado la denuncia del diputado santacruceño que votó en contra: aquella votación fue una maniobra dilatoria para desarmar la ´ofensiva´ de la oposición y derivarla a comisiones. De mantenerse el proyecto de Presupuesto actual, el Gobierno podría incumplir su propia ley de ´fortalecimiento´ por falta de fuentes de financiamiento.

La iniciativa responde, hasta cierto punto, a las inquietudes de Patricia Bullrich. La jefa del bloque libertario de senadores había calificado al proyecto de presupuesto como una "bomba atómica". En diversas apariciones televisivas, Bullrich enfatizó que el apartado sobre Discapacidad no había sido discutido en la mesa política y alertó sobre la “ingobernabilidad” que había generado este mismo debate en otras dos instancias parlamentarias. Esta ´concesión´ apunta a lubricar acuerdos con los bloques colaboracionistas. El ataque a discapacidad -y más que ataque, tentativa de desmantelamiento de todo el sistema de asistencia- es un punto crítico. El núcleo del Presupuesto 2027 apunta a la desindexación de los gastos sociales, la única alternativa que se le presenta al gobierno libertario para continuar ´ajustando´ en medio de la caída de la recaudación como resultado de la depresión económica.

El lunes pasado había finalizado con otro cimbronazo por la renuncia del secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, en medio de la polémica por el brutal ajuste en el sector.

A esto se le suman las acechanzas judiciales sobre el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo. Una auditoría registró un ´desfasaje´ de 158.000 millones de pesos durante su gestión en la agencia de Discapacidad. La causa judicial involucra a la propia Karina Milei. La auditoría relevó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas que no pasaron por las áreas de control establecidas. Se habla de un ´desfasaje´ debido a que la información proviene de cruzar los datos de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS). La Justicia ha puesto la lupa sobre este relevamiento. La investigación se centra en sobreprecios cercanos al 20 %. Karina Milei, según los audios que se le atribuyen a Spagnuolo, recibía una "cometa" del 3 %.

El principal objetivo del gobierno es la defensa del (falso) superávit fiscal por medio de una nueva ofensiva contra las masas. Sin embargo, el Gobierno atraviesa una situación potencialmente explosiva, como resultado del declive del plan Milei-Caputo, la insolvencia financiera del Estado y la crisis de la gestión Trump -su principal sostén-.

El impasse explosivo se grafica en estas disputas internas del gabinete, cada vez más virulentas.

23 de septiembre de 2026
Artistas, docentes e investigadores reclaman el sobreseimiento y el archivo de la causa contra Bruno Corzo

La campaña de pronunciamientos en favor del docente catamarqueño Bruno Corzo continúa sumando voces de distintos ámbitos de la vida social, educativa, cultural y de la defensa de los derechos humanos.

Docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Catamarca, artistas, trabajadores de la cultura, organizaciones transfeministas y referentes de las luchas contra la impunidad, expresaron su solidaridad con Bruno y reclamaron el sobreseimiento y archivo definitivo de la causa federal iniciada a raíz de una denuncia de Gendarmería, por una acción colectiva de la docencia en el mes de marzo pasado.

Entre las adhesiones que se sumaron esta semana se encuentran las de investigadores y docentes de la Universidad Nacional de Catamarca como Naim Garnica, Manuel Fontenla, Mario Alanis, Laura Roda y María Lencina. También expresaron su respaldo Marcos Quesada, vicedirector del IRES-CONICET; Luciano Martiñan, investigador, y Lucía Coronel, becaria del CONICET.

Desde el ámbito artístico se sumaron Luis Torres, músico, cantante y docente de música; el grupo de teatro independiente Los Constructores; Elías Motran, músico; Leonardo Seura, artista visual y profesor de artes visuales, y el dúo de música folk 168 Horas.

La nómina incluye además a Las Flores, espacio transfeminista, popular y disidente; Claudia Veliz, madre de Diego Pachao y referente de las luchas contra la impunidad en Catamarca, y a Patricia Lobo, directora de Planeamiento e Innovación Educativa de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.

La diversidad de procedencias de quienes se pronuncian constituye uno de los elementos centrales de la campaña. Expresa la extensión de una lucha por la defensa democrática más profunda, el derecho a huelga y la defensa de los métodos históricos de los trabajadores para enfrentar a los gobiernos hambreadores.

Lejos de dar una respuesta al reclamo de la docencia, el gobierno de Jalil se oculta detrás de Gendarmería Nacional, quien denunció individualmente a Bruno Corzo, como si el accionar hubiese sido individual. Los organismos del Estado pretenden engañar a la población y ocultan la existencia de cientos de testimonios y registros periodísticos que dan cuenta de una acción multitudinaria de docentes, el 7 de marzo en Ruta Nacional 38, y durante los meses de abril y mayo en toda la provincia.

La causa que se tramita en la Fiscalía Federal Nº 1 de Catamarca imputa a Bruno por el supuesto delito de “interrupción del tránsito” en aquella jornada del 7 de marzo. El Fiscal a cargo, Santos Reynoso, sin embargo, no presentó elementos probatorios ante semejante acusación; pretende consumar una persecución individual contra un docente para golpear la capacidad y los métodos de lucha que la docencia en Catamarca está forjando, como lo están haciendo los trabajadores en todo el país.

Es por eso que las adhesiones y la campaña por el sobreseimiento y el archivo de la causa contra Bruno adquieren, cada vez más, un mayor alcance y se multiplican por todo el territorio nacional, empezando en Catamarca. CONADU Histórica, por ejemplo, informó recientemente que su Plenario de Secretarías Generales se pronunció por el sobreseimiento de Bruno Corzo y contra la persecución de la docencia en lucha, además de rechazar la judicialización y criminalización de la protesta social.

En los próximos días se cumplirá un mes desde que la Justicia Federal inició esta persecución contra Bruno; como parte de la campaña por su archivo inmediato y sobreseimiento, se están organizando acciones simultáneas en la Casa de Catamarca en Buenos Aires y un gran festival en Catamarca, que reúna a todas las personas y organizaciones que ya se han pronunciado y convoque a que muchos más puedan hacerlo.

23 de septiembre de 2026
Docentes de provincia de Buenos Aires: tomemos el ejemplo de la heroica lucha de la docencia de Tierra del Fuego y retomemos la lucha

El salario de los docentes de la provincia de Buenos Aires se encuentra en una situación crítica. En lo que va del 2026 recibimos solamente dos aumentos: un 9 % repartido en cuotas entre febrero y abril, y otro 7 % repartido entre julio y agosto. Concretamente, nuestro salario perdió contra la inflación acumulada (19,3 % al mes de julio) consolidando un retroceso del poder adquisitivo que abarca los últimos años, lo cual es paliado en forma creciente con una sobrecarga laboral, sea en educación o con otros trabajos complementarios. El último aumento, un mísero 2 % sobre el salario de bolsillo de junio, fijó el salario mínimo de una maestra sin antigüedad en $850.000. Con estos salarios de pobreza, el sobreendeudamiento familiar también afecta fuertemente a la docencia.

En este cuadro, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, comandado por Axel Kicillof, está incumpliendo la última paritaria firmada -y no es la primera vez que sucede- que planteaba una nueva convocatoria a la paritaria salarial para septiembre. A su vez, ha castigado con descuentos al salario por segundo mes seguido ante los paros docentes que se hicieron en agosto convocados por las seccionales opositoras del SUTEBA, con el claro objetivo de disciplinar a la docencia y ajustándose con la “esencialidad” educativa incluida en la contrarreforma laboral impulsada por Milei, aprobada por el Congreso Nacional y la burocracia sindical. La caída sistemática del sueldo básico docente afecta en mayor medida al IPS (Instituto de Previsión Social) y a las jubilaciones docentes y estatales. Lo mismo vale para la obra social provincial IOMA. El Banco de la Provincia de Buenos Aires paga sueldos millonarios a su directorio -surgido de una componenda entre los partidos patronales- mientras hunde a los trabajadores del Estado con las mismas tasas usurarias aplicadas por todos los Bancos.

Ante el incumplimiento de la paritaria, la dirección Celeste de SUTEBA se ha limitado a emitir un comunicado de prensa. La indulgencia de esta dirección con el gobierno provincial ha sido una constante, jamás refrendada en asambleas y congresos de bases. La consecuencia es el vaciamiento del sindicato, cuyas convocatorias son marcadamente raquíticas, luego de un proceso electoral caracterizado por un gigantesco abstencionismo.

Sin embargo, a pesar de la burocracia, durante el mes de agosto la docencia realizó nuevos paros convocados por seccionales opositoras: 48 horas los días 3 y 4, y 24 horas el 26 con una movilización previa el 25. Desde hace un largo tiempo la docencia está parando en la provincia a contramano de los principales sindicatos docentes, comenzando por el SUTEBA dirigido por la Celeste, quien ha fracasado rotundamente en boicotearlos. Estas medidas se inscriben en una tendencia nacional de la docencia hacia la autoconvocatoria, es decir, a actuar y luchar por fuera de la burocracia sindical. En algunos casos, esto se desarrolla mediante acciones por fuera de todos los aparatos sindicales (Catamarca) y, en otros, por las acciones que convocan seccionales y sindicatos opositores en instancias de base (SUTEF de Tierra del Fuego).

La otra tendencia que anida en la docencia de Buenos Aires y del resto del país es la de la huelga indefinida, que se ha expresado en numerosos mandatos que nuestra agrupación recogió en las escuelas, alternando también con mandatos para llevar a cabo paros progresivos y escalonados. En Tierra del Fuego, la docencia llevó adelante 44 días consecutivos de huelga a pesar de un aislamiento absoluto de la CTERA, siendo la única manera de romper con el esquema de aumentos miserables por decreto impuestos por el gobernador de esa provincia. La huelga indefinida debe ser objeto de una campaña de discusión y propaganda sistemática entre la docencia, para capacitarla a emprender una respuesta de conjunto ante el brutal ataque que estamos sufriendo. Es claro que para que una huelga de estas características desarrolle todas sus potencialidades requiere como condición mínima una independencia política de los gobernadores y del Estado, pero también y fundamentalmente de la burocracia sindical. Los paros que se convocan en la perspectiva declarada de que esa burocracia ‘se ponga a la cabeza’ suponen un callejón sin salida, porque consisten en acciones aisladas y desgastantes que solo pueden servir para los aparatos sindicales y electorales, sean del peronismo o de la izquierda.

En las actuales condiciones sociales y políticas, una huelga docente como la que tuvo lugar en Tierra del Fuego abre un canal para una lucha de conjunto de toda la clase obrera, en oposición no solo al gobierno provincial, sino decididamente también al gobierno fascistizante de Milei, quien capitanea la motosierra a los gastos sociales y educativos en todo el país en concurso con los gobernadores, y quien está avanzando en una militarización del país con el claro objetivo de someter cualquier lucha y reacción popular a un plan de guerra contra las masas. En este sentido Milei ha amenazado gravemente a los docentes al tildarlos de ‘terroristas’. Es una completa estafa política y sindical el boicot que SUTEBA y CTERA hacen a las luchas docentes provinciales que por atacar gobernadores alineados con el PJ son transformadas en ‘funcionales a Milei’; se trata solo de excusas inspiradas por un instinto de supervivencia de aparato, a contramano del conjunto de las aspiraciones salariales, laborales y educativas de la docencia.

En lo que va de septiembre, la lucha docente en Buenos Aires ha entrado en un claro impasse, sin medidas, asambleas ni un plenario provincial de las seccionales opositoras. Matanza y Tigre tendrán sus plenarios de delegados a fin de mes. Esta parálisis tiene lugar cuando las principales agrupaciones de la Multicolor, con el FITU a la cabeza, se han embarcado en convocar a la llamada “marcha de la bronca” sin que esto fuera debatido en ningún caso por las bases docentes. La adscripción por arriba de estas conducciones a esa marcha, mientras la lucha se desarma en los sindicatos que dirigen, demuestra que no ha sido concebida como una movilización de lucha, sino exclusivamente como lo que era el objetivo de sus convocantes: un apoyo electoral a la candidatura de Myriam Bregman. En las seccionales opositoras del SUTEBA, el partido de Bregman, que integra sus conducciones, ha denostado a la huelga indefinida, en nombre de no chocar con las familias, es decir, apoyándose en un supuesto prejuicio que existiría contra la docencia. Bregman utiliza la huelga general como un slogan electoral. El electoralismo y la adaptación a los calendarios electorales es otro callejón sin salida para defender el salario y derrotar a los enemigos declarados de la educación pública.

En este escenario, la Tendencia Docente Clasista señala que aún queda un largo trecho de este 2026 en el que podemos defender nuestras condiciones de vida e impulsar una organización autoconvocada y políticamente independiente. Llevaremos adelante una campaña para obtener mandatos de escuela, promover asambleas, coordinaciones en la perspectiva de tomar el camino de la docencia de Tierra del Fuego y construir una huelga indefinida, que ponga un freno a la liquidación de nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo.

Nuestras reivindicaciones

Aumento salarial mínimo del 100%, todo al básico. Salario y jubilación igual a la canasta familiar, hoy en $ 3,6 millones de pesos. Devolución de los descuentos por días de paro. Que ningún acuerdo se firme sin el aval de la docencia.

Aumento del presupuesto para infraestructura escolar, material didáctico, recursos pedagógicos y un servicio alimentario de calidad.

Que IOMA cubra el conjunto de las prestaciones. Basta de copagos. Por un IOMA dirigido y controlado por sus afiliados. Que el Estado respete las licencias médicas otorgadas. Funcionamiento transparente bajo control de la docencia de la App “Mis Licencias”.

Ante las reformas antieducativas como el “Nuevo Régimen Académico en Secundaria” y el proyecto de “Libertad Educativa”, que un Congreso Educativo de la docencia establezca los planes de estudio y los métodos de enseñanza.

No al nuevo “Convenio Laboral Docente” que discuten el gobierno y los sindicatos de espaldas a la docencia. Defensa del Estatuto del Docente.

TENDENCIA DOCENTE CLASISTA – BUENOS AIRES

23 de septiembre de 2026
El laberinto de un frente oportunista de grupos sectarios

“(U)na jornada histórica”, dice el MST; “un acierto que abre un nuevo camino para la lucha de clases”, dice el PTS, para quien “explotaron las calles”. Esto es en referencia a una movilización que no excedió los límites de las convocatorias habituales del FITU ni ofreció otra perspectiva que la electoral.

Para el PTS, la marcha “debe ser punto de partida de un ciclo (sic) de protestas y luchas” -una expresión de deseos, para formar una línea que es la presión a la burocracia sindical-. El objetivo es “potenciar la coordinación que nació en la preparación de esta convocatoria”, que luego se escindió en actos separados y ataques recíproco. Para el MST, “la fuerza de la bronca plantea la necesidad política de poner en pie un nuevo movimiento histórico desde la izquierda”. "El movimiento es todo, los objetivos estratégicos, nada", sintetizó el más destacado de los fundadores del reformismo, el alemán Eduardo Bernstein. Lenin, por el contrario, fustigó el seguidismo a las ‘oportunidades’ y hechos consumados, para defender la preparación política revolucionaria de los cuadros y las masas.

Los “cientos” de organizaciones, que el PTS y el MST quieren cristalizar en una organización movimientista “histórica” y “permanente”, no son, en su inmensa mayoría, socialistas; son movimientos identitarios, ambientalistas, indigenistas, feministas, etc., cruzados horizontalmente por las diversas clases sociales. En Córdoba, el FITU destaca la participación de “referentes de Patria Grande”, la organización del derechista Juan Grabois, nacionalista y antisocialista.

El PTS y el MST han dicho repetidamente que “con el FITU ya no alcanza” (Foro del FITU de junio de este año); Alejandro Bodart probó suerte con este planteo con frentes con Pino Solanas y Luís Juez. Quiere un partido “amplio” y de “tendencias”, que preserve a los aparatos de FITU y sus finanzas. El PTS viene desde el año pasado llamando a construir un “partido de la nueva clase trabajadora” con la burocracia sindical del 'Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios’ (las dos CTA, la UOM, Aeronavegantes, aceiteros, la CATT, etc.), los cuales, en palabras del PTS, “al menos anuncian mayor disposición a la lucha”. Con ellos, aseguró el PTS, “queremos tener un diálogo distinto respecto a los dirigentes principales de la CGT” (LID, 26/7/25). Ninguno de los mencionados se avino a participar de la marcha.

Para el PTS, la perspectiva que se abrió con la movilización fue la de “coordinar esa resistencia, extenderla, hacerla lo más masiva posible [que] es el camino para fortalecer la perspectiva de la huelga general política contra el Gobierno y su plan”. Es una larga abstracción; la huelga general plantea la ocupación de fábricas que despiden o ‘lock-out-tean’, lo que el FITU boicoteó en FATE. Para el PTS, la marcha de la bronca “es un enorme punto de apoyo para pelear por imponer el fin de la tregua burocrática que sostienen las direcciones sindicales. Para obligar a la CGT y las CTA a romper la pasividad cómplice que permite la avanzada de Milei”. El sometimiento político a la burocracia sindical, en un planteo de orden general, no podría ser más explícito.

El PTS destaca “el mérito de una autoconvocatoria inédita por fuera de las conducciones sindicales”. Es lo que debieron hacer hace más de dos años, cuando se sumaron al acto del 1° de Mayo de la CGT, frente a Azopardo, junto a Kicillof, desoyendo el llamado de Política Obrera, nuestra organización, a un acto independiente en Plaza de Mayo, el mismo día internacional de los trabajadores.

"La marcha de la bronca" es un episodio de promoción de la candidatura del Myriam Bregman, a doce meses de distancia de las elecciones; es una torpeza que podría desgastar la figura de Bregman, en el marco de una dura pelea de los partidos patronales acerca de la reelección de Milei. Otra torpeza: el MST denuncia “los obstáculos que pusieron a la marcha el PO e IS”, en un afán faccional de quedarse con el nombre de la criatura, en detrimento de una clarificación estratégica para quienes prestaron atención al llamado de marchar. Para no perder la competencia por el sectarismo, el aparato del PO, en una declaración distribuida en la misma marcha, denuncia al PTS por romper el FIT-U en las elecciones municipales de Bariloche.

El FITU es un frente oportunista entre grupos irrevocablemente sectarios, que quieren salir por arriba del laberinto por medio de una candidatura a la que no le reconocen prestigio salvo por medio de encuestas de opinión.

23 de septiembre de 2026
Guerra OTAN-Rusia, elecciones a repetición, mientras se extrema la crisis política y militar

Las elecciones a la Duma Estatal que se celebraron el fin de semana dieron como resultado una victoria arrolladora y predecible del partido oficialista Rusia Unida, que se aseguró una mayoría sin precedentes. El partido gobernante obtuvo el 58 % de los votos, y se quedó con 355 escaños, el mayor resultado en su historia. Se necesitan 301 para obtener la mayoría constitucional.

Se trata de los primeros comicios a la Duma (cámara baja) desde el inicio de la “Operación Especial”, como denomina el Kremlin a la guerra en Ucrania. Por primera vez, además, incluyó la participación de las regiones ucranianas anexadas en 2022: Donetsk, Lugansk, Zaporizia y Kherson.

La participación oficial fue del 59 %, según la información oficial, superando ligeramente la de los comicios del 2021. Participaron más de 3.000 candidatos de diez partidos, todos ellos considerados “leales” al Kremlin. La formación pro OTAN, abiertamente opositora a la guerra, Yábloko, fue excluida del proceso. La Unión Europea, por su parte, se niega a reconocer las elecciones en las regiones del Donbass. Bruselas ya anunció su intención de aplicar sanciones contra las personas involucradas en la organización de los comicios, así como contra los candidatos.

Las elecciones se desarrollaron en medio de los ataques de Kiev a las refinerías moscovitas y de un empeoramiento de la crisis de combustible en Rusia. El domingo, al cierre de la jornada, Ucrania golpeó la refinería de petróleo de Moscú. El masivo ataque con drones fue descrito por las autoridades rusas como el mayor jamás perpetrado contra la capital. Provocó un incendio a gran escala y la paralización total de sus operaciones. “El ataque aéreo alcanzó una refinería de petróleo en Moscú, contradiciendo la afirmación del presidente Donald Trump de que Ucrania y Rusia habían acordado detener los ataques contra objetivos energéticos” (Washington Post). La planta es una de las más grandes de Rusia, con una capacidad de refinación de 12 millones de toneladas de crudo al año. Abastece cerca del 40 % del mercado de la capital y el 70 % de la gasolina de aviación de esa zona. Con este salto, la guerra ha dado un nuevo giro. La OTAN ha redoblado las provocaciones contra Rusia: Putin, por su lado, ejecutó un ataque a pocos kilómetros de la frontera con Polonia que impactó a metros de un tren que llevaba a altos funcionarios políticos y de inteligencia de la OTAN, entre ellos el exprimer ministro inglés Boris Johnson. La guerra se encuentra a un paso de convertirse en un ataque recíproco contra los territorios de la Unión Europea y Rusia. Polonia ha recurrido al estado de alarma de sus Fuerzas Armadas y crecen las versiones de que Putin está a punto de decretar una movilización nacional; los candidatos al reclutamiento procuran huir a la vecina Georgia. Los preparativos de guerra se desarrollan a todas horas. Trump ha llamado telefónicamente a Zelensky para que suspenda el bombardeo de refinerías, mientras dice tramitar una reunión con Putin.

Los reveses de Rusia se han acentuado, tanto en el frente como en la retaguardia. El déficit de carburante (no el crudo) ha crecido considerablemente. Según datos citados por The Moscow Times, en agosto Rusia importó 460.000 toneladas de carburante por vía marítima, de las cuales 370.000 procedían de India, Turquía y Marruecos. Representan un volumen sin precedentes.

Ucrania ha continuado atacando la infraestructura energética rusa sin tregua. La crisis energética tiene una dimensión propia en la guerra porque afecta a todos los actores. Su epicentro es la drástica reducción de la capacidad mundial de refinación debido a los bombardeos de Irán a las refinerías del Golfo Pérsico y de las rusas a manos de los ucranianos. La falta de derivados esenciales ha provocado una volatilidad extrema de precios y la fragmentación política de los gobiernos. La escasez es especialmente severa en el diésel, esencial para el transporte pesado, la agricultura y la industria. El efecto dominó se está traduciendo en una espiral inflacionaria, riesgos de estanflación global, y una crisis alimentaria latente por la escasez de fertilizantes derivados del gas natural. La política monetaria restrictiva de los Bancos Centrales no puede detener una inflación de oferta, que realimenta con subas de tasas de interés que impacta en el costo de la financiación del Estado y privado.

Preparativos de guerra

Europa está inmersa en un proceso de rearme y preparación para un conflicto a gran escala. Alemania prepara hospitales para atender hasta 1.000 heridos diarios, reactiva búnkers de la Guerra Fría y reacondiciona puertos civiles para uso militar. Apunta a convertirse en la mayor potencia militar convencional de Europa, bajo un gobierno que hace agua por todos lados y cuya población rechaza la guerra, a diferencia de lo que complotan los partidos alemanes constituidos, desde La Izquierda hasta la ultraderechista AfD. Francia apuesta por la “autonomía estratégica”. Su nueva ley militar añade 360.000 millones de euros a la industria bélica, hasta 2030, enfocándose en munición, drones y una nueva “guardia nacional” para movilizar la economía civil. Reino Unido actualiza su “libro de guerra” y pide a la población almacenar suministros. Movilizará a parte de sus 95.000 veteranos en la “reserva estratégica” e invertirá 470 millones de libras en proteger bases militares. Polonia, el país más activo con diferencia, destina casi el 5 % del PBI a defensa, busca constituir un ejército de medio millón de efectivos y construye el “Escudo Oriental” con fortificaciones y sistemas antiaéreos. Lituania, en el Báltico, forma a ciudadanos desde la edad de ocho años en pilotaje de drones. Finlandia, Suecia y Noruega, mientras tanto, establecen la “Fuerza Terrestre Adelantada” de la OTAN en Finlandia.

En el extremo oriental de Rusia, el despliegue de misiles estadounidenses Typhón en territorio japonés ha escalado las tensiones. Este sistema que puede disparar misiles de crucero Tomahawk es considerado por Rusia como una amenaza directa y una violación de su zona de influencia. “Debido a las armas estadounidenses, Moscú podría desplegar misiles Oreshnik cerca de Japón”, anuncia RT (21/9). La remilitarización de Japón se da en medio de tensiones por la soberanía sobre las islas Kuriles del Sur, que ambos países se disputan desde el fin de la Segunda Guerra.

La reunión Trump-Xi, en los márgenes de la asamblea de la ONU, no resolverá una salida a esta situación catastrófica. Los columnistas de los principales diarios europeos coinciden en que la situación europea y mundial se ha desmadrado.

23 de septiembre de 2026
El camino de la huelga general

El viernes 18, los trabajadores de la construcción del yacimiento Los Toldos, en Rincón de los Sauces, paralizaron sus tareas en protesta por los atropellos salariales y laborales de la patronal Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint.

Estallaron frente a una situación que es moneda corriente en Vaca Muerta: salarios que no cubren una canasta familiar con altísimos alquileres y servicios malos y caros; descuentos por días no laborables por mal tiempo; despidos arbitrarios.

Las condiciones laborales en la cuenca neuquina ya se han cobrado la vida de varios trabajadores.

Que en el corazón de la riqueza nacional estalle una huelga contra el principal pulpo industrial del país -Techint- no es un accidente. Plantea el principio de una lucha de conjunto en la provincia y expresa una tendencia anidada en el proletariado de toda Argentina.

Es un golpe al corazón de las grandes patronales nacionales y al planteo económico estratégico del Gobierno, de Caputo, del FMI y de las llamadas cadenas de producción que pretende unir al extractivismo, tanto al liberticida como al ‘nacional y popular’, con la maquinaria de la guerra industrial y militar del imperialismo norteamericano.

Ha tenido lugar en el marco de una lucha que crece en todo el país.

En estas mismas horas, los residentes de hospitales porteños paralizan sus tareas y concretan una marcha masiva y autoconvocada por sus salarios.

Las universidades han vuelto a la huelga ante la perspectiva de que el presupuesto 2027 sancione la liquidación definitiva de la educación superior, el Conicet y los centros de investigación.

Temerosa por esta situación, no sólo Patricia Bullrich ha pedido que “no (la) traten como tonta”, desnudando una crisis de gobierno. En el Poder Judicial, dominado por el Poder Ejecutivo, se forma una brecha: un juez ha puesto una multa diaria elevada al gobierno hasta que no haga efectiva la ley de financiamiento universitario votada dos veces por el Congreso.

En el tema crucial de discapacidad, el Gobierno disfraza su intento de ‘ajuste’ con un recule que permita el apoyo de los gobernadores.

Muy importante es también la declaración judicial de inconstitucionalidad de la ley punitiva a los jóvenes de 14 años, que ha puesto histéricos a la Bullrich y a Jorge Macri, desenmascarando su pretendida intención de demarcarse de la camarilla de la Casa Rosada.

En Tecpetrol, los obreros han puesto la marca de clase en esta crisis, como ocurriera el año pasado en Siderar, más atrás con los portuarios de Rosario y recientemente en la huelga indefinida de los docentes de Tierra del Fuego. El lock out de la patronal en Granja Tres Arroyos ha conmovido a Concepción del Uruguay y otras localidades. Una asamblea popular podría resolver la ocupación de las plantas para su estatización e inmediata puesta en marcha.

La huelga general indefinida por el salario, por la derrota de la contrarreforma laboral, por la ocupación de las fábricas que cierren o despidan masivamente, la tenemos que unir a la acción política, obrera, socialista e internacionalista contra los gobiernos de la guerra mundial imperialista en la que Milei y sus secuaces y pseudoopositores han embarcado a Argentina, junto al carnicero Donald Trump.

24 de septiembre de 2026
Milei en la ONU, un cipayo fascistoide en Nueva York

Javier Milei desplegó en el púlpito de la ONU lo que estaba previsto: un viraje patriotero y tardío hacia la “causa nacional” en Malvinas, sin aportar otra cosa que lo que ya había anticipado en su cadena nacional de hace un mes atrás. Un día antes, el canciller de Milei, Pablo Quirno, anunciaba una línea de créditos de Estados Unidos a Argentina para energía e “infraestructura”, con fines difusos. En ese paquete, están las obras para la base naval integral de Ushuaia que entronca con los planes militares de la Cuarta Flota en el extremo sur del continente. Milei se pavoneó, además, del proyecto de ley de Soberanía Nacional – en realidad, un régimen de represión política, visiblemente inconstitucional.

Pero estrictamente, no fue Malvinas el eje del discurso presidencial. Las Islas sólo fueron el “gancho” para un ataque sistemático a las propias Naciones Unidas, a las que calificó de trasto inútil y de refugio de burócratas. Es un reconocimiento grotesco de la crisis de dominación en que ha entrado el régimen internacional, luego de la disolución de la URSS y disolución capitalista del agotado sistema maoísta. Trump procura reemplazar a la ONU por un sistema de protectorados internacionales, que sólo puede llevar a que la guerra mundial imperialista en desarrollo se convierta en un holocausto atómico o, inversamente, en el entierro del capitalismo por parte de las masas revolucionadas. El Escudo de las Américas, una versión Donroe de las difuntas formas de panamericanismo pasado, sumado a la capitulación de la Unión Europea en cuanto a la cesión de Groenlandia, todavía no ha pasado por una confrontación con las masas para mostrar su viabilidad. Milei atacó a la ONU por procuración de Trump, con todas las implicancias de su planteo. Milei pretende que Argentina se convierta en un protectorado yanqui-sionista

Milei ha utilizado la tribuna de la ONU para subirse sin escrúpulos al campo de la guerra, con el bastardo propósito de obtener el apoyo del imperialismo para su perpetuación en la presidencia de Argentina, que atraviesa, en su país, una crisis que vuelve a adquirir características severas. Por eso, reivindicó al estado de Israel y atacó a las denuncias de los crímenes del sionismo en las calles de todo el mundo, e incluso en los foros internacionales, provocando roces y enfrentamientos con sus aliados de siempre, no solamente con Francia y Gran Bretaña.

En el carro de la Inteligencia Artificial

Milei no perdió la oportunidad de introducirse en la crisis planteada en torno de la Inteligencia Artificial. Repitiendo a Trump, se opuso a cualquier control sobre sus desarrollos, sin saber las razones de fondo por las cuales los propios magnates de la IA proponen ralentizarlos. Milei comparte la locura fascista que sostiene que la democracia debe ser superada por la dirección de la sociedad por parte de una oligarquía adueñada de esta poderosa fuerza productiva. Se aferró a Adam Smith para comparar a la IA con la división manufacturera del trabajo que había observado el economista escocés en el siglo XVIII. Según citó Milei, Smith relacionó a la división del trabajo con el tamaño o la extensión del mercado que acabó disolviendo el régimen de servidumbre personal., en la época del ascenso histórico del capitalismo, que no fue una creación de Dios. Se olvidó por supuesto que, para instaurar su sistema mundial, la burguesía y la nueva aristocracia capitalista tuvieron que animar o bancarse varias grandes revoluciones. - la inglesa del siglo XVII, la francesa del siglo XVIII, las revoluciones de las independencias latinoamericanas y, por supuesto, de la guerra de la independencia norteamericana y la guerra civil revolucionaria de secesión, que consolidó al capitalismo estadounidense.

La IA, en cambio, llega cuando el capitalismo se encuentra en su fase de decadencia y agonía histórica, y amenaza al mundo con la barbarie bajo el monopolio del capital. La IA ha exacerbado la contradicción entre el desarrollo internacional de las fuerzas productivas, por un lado, y la continuidad de los estados nacionales, por el otro, agudizando al extremo la aguda rivalidad del imperialismo. Una utilización de las fantásticas posibilidades de la IA para el progreso humano exigirá una revolución social y una dirección universal de los recursos y la ciencia en manos de los trabajadores.

Cuando los magnates del fascismo digital flirtearon con la idea de ralentizar sus desarrollos e incluso frenarlos, no estaban inventando nada. Todos los monopolios capitalistas han buscado arreglos para frenar el progreso técnico y evitar una caída acelerada de su tasa de beneficio. Piden una regulación que ponga al estado como como garante y que subvencione al monopolio privado. Rechazan los códigos abiertos, que circulan a valor de costo, para monopolizar un super beneficio. En los márgenes de la ONU, Trump le va a proponer a Xi Jinp pin una tregua en la carrera al desastre, en circunstancias en que la guerra mundial amenaza extenderse a toda Europa.

Tarde

En todos los aspectos de su discurso, Milei ha llegado tarde. Levantó la reivindicación territorial de Malvinas para alinearla con los intereses de su patrón del Norte, un campo de maniobras para las disputas de la guerra imperialista en torno del Atlántico Sur. Se ha subido a la IA como tabla de salvación, cuando la crisis de rentabilidad de la oligarquía digital va camino a un estallido financiero sin precedentes. Ha declarado el alineamiento incondicional con Trump cuando la pandilla fascista que gobierna Estados Unidos atraviesa un impasse agudo en la guerra internacional y una crisis de conjunto en su propia metrópoli . Pero debajo de tanta cáscara y citas sin contexto, el presidente argentino volaba mucho más bajo: vino a la ONU a mendigar el socorro económico y político preventivo de Trump y de su tesorero Scott Bessent, para forzar a la burguesía de Argentina a que respalde incondicionalmente su reelección y los métodos para llegar a ella. La camarilla de Milei e incluso el propio capital financiero internacional saben que se ha iniciado una cuenta regresiva.

24 de septiembre de 2026
Alemania: la burocracia de la IG Metall convocó a concentraciones sin paro ni perspectiva de lucha

El lunes 21 de septiembre, IG Metall -el sindicato metalmecánico más grande de Alemania- convocó, sin paro, cerca de 300 concentraciones con una participación de más de 150.000 trabajadores en las principales fábricas automotrices del país, en lo que se presentó como una "jornada nacional de acción" contra los recortes de empleo y las deslocalizaciones.

Las mayores concentraciones se ubicaron en Baden-Wurtemberg, la zona donde se concentra buena parte del corazón industrial alemán -Mercedes Benz, Porsche, Bosch, Audi. En Sindelfingen, una de las plantas más grandes de Mercedes Benz, 20.000 trabajadores se concentraron frente a las puertas de la fábrica. Hubo protestas también frente a la sede central de Volkswagen en Wolfsburgo y en Bremen, entre otros puntos del país.

La burocracia de la IG Metall convocó a esta “jornada nacional de acción” luego de aceptar los diferentes planes de ajuste y reestructuración de los directorios de fábricas. “Los CEO hacen lo que pueden. Este mes, el de Volkswagen, Oliver Blume, convenció a un poderoso sindicato para que apoyase un plan que supondría 100.000 despidos, el cierre de fábricas y un recorte del número de modelos que produce el grupo alemán” (cincodias.com 17/9). Al plan de Volkswagen -cien mil despidos a 2030, cierre de plantas, reconversión de una planta en fábrica de armamentos- se sumaron anuncios similares de Bosch y Mercedes, que en conjunto proyectan cerca de 150.000 puestos de trabajo eliminados en el sector durante esta década. En paralelo, IG Metall reclama un aumento salarial del 5% para 3,7 millones de trabajadores metalúrgicos, en momentos en que la inflación erosiona los salarios reales. La presidenta de IG Metall, Christiane Benner, sostuvo que no aceptarían "la retórica generalizada sobre la crisis", en declaraciones recogidas por Bloomberg. Referencias a una huelga o plan de lucha contra los cierres y despidos están ausentes, sin embargo, en todas las crónicas y declaraciones de la IG Metall.

Un politólogo de la Universidad de Kassel, citado por RFI, describió la jornada como algo "bastante nuevo": una movilización nacional que no está vinculada ni a negociaciones salariales ni a conflictos específicos en una empresa, sino a todo el sector y sus problemas. Es decir que la convocatoria no tuvo un programa ni un planteo concreto de acciones a seguir frente a la perspectiva de disolución de la industria automotriz alemana en particular, y la europea en general.

La concentración no fue más que una medida de contención que funcionó como cortina de humo de la participación de la burocracia de la IG Metall en los planes de recortes y despidos. El propio sindicato había admitido, meses atrás, que en apenas dos años el compromiso de 35.000 despedidos pactados con VW pasó a una friolera de 100.000, sin que la respuesta sindical pasara de un berrinche.

El grupo Volkswagen es la compañía que más factura en el mundo, pero sin ser ni de lejos la que más beneficios reporta” (cincodias.com 8/9) y ha perdido de forma definitiva su lugar de privilegio en China, su principal mercado, a manos de empresas autóctonas (idem). De fondo, la burocracia de la IG Metall, que en todas las fábricas está integrada a los directorios de las empresas, tiene la misma posición que la de los propios CEO: recortes a ciegas, con cierre de fábricas, achique de la oferta de modelos, fusiones, etc. que redundará en ciento de miles de despidos en lo que queda de esta década. Las reservas o los cuestionamientos a los planes que intentan frenar la pérdida de rentabilidad de VW viene de los propios accionistas que ya no creen en estos cantos de sirenas. “Los inversores parecen poco convencidos de que ni siquiera una reestructuración radical pueda devolver a la firma a su antigua gloria”, ya que luego de los planes de recortes y 100.000 despidos, cierre de fábricas y un recorte en el número de modelos las acciones de grupo apenas se movieron.

Otro grupo, Stellantis (europeo-estadounidense), creado en 2021 mediante la fusión de PSA y Fiat Chrysler, tuvo como principal estrategia la concentración de modelos, mediante despidos y cierres de fábricas, aunque los resultados del presente demuestran que los “ahorros” derivados de esta operación corporativa no resolvieron el problema. “Desde que se completó la fusión, Stellantis ha ofrecido una rentabilidad total para el accionista del -49%, suponiendo la reinversión de los dividendos. Es peor que la de todos sus rivales regionales” (cincodias.com 17/9). Lo que sigue ordenando esta crisis, que no es de producción, es la guerra comercial con China; en este caso, en el terreno de la principal industria europea.

La crisis de la industria automotriz alemana está íntegramente vinculada al terremoto político post electoral: el domingo 20 de septiembre, la coalición de gobierno de Friedrich Merz (CDU-SPD) sufrió una derrota histórica en dos elecciones estatales, con la ultraderecha de AfD imponiéndose en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y avanzando también en Berlín, donde Die Linke (La Izquierda) se impuso con el 24,5%. Merz calificó el resultado de "desastre" pero ratificó que seguirá adelante con su reforma laboral -que flexibiliza los contratos temporales y ataca las licencias por enfermedad. La misma crisis industrial que llevó a 150.000 trabajadores a la calle, aunque sin perspectivas, es, por ahora, capitalizada por la ultraderecha en las urnas.

24 de septiembre de 2026
El cierre de Dánica en Llavallol: todo el apoyo al reclamo de reincorporación

El 23 de septiembre, los trabajadores de la fábrica Dánica en Llavallol, perteneciente al grupo Beltrán se encontraron, al inicio del turno, con la planta cerrada y con un cartel que informaba que dejaría de funcionar definitivamente a partir del 30 de septiembre.

Los trabajadores de Dánica Llavallol se encuentran acampando fuera de la fábrica, cumpliendo con su horario laboral.

El cierre forma parte de movimientos que buscan centralizar la producción de Dánica en la planta de Córdoba, donde los trabajadores están bajo convenio de Alimentación -y no el de Aceiteros- y el costo laboral es más bajo. En 2023, ya había cerrado la fábrica ubicada en San Luis. El objetivo de la patronal es tercerizar la producción de margarinas de modo que continúe produciéndose bajo un esquema ‘’low-cost’’. Según informaron distintos medios, ‘’la fábrica detuvo su actividad en varias ocasiones en los últimos días, cuando la compañía anticipó vacaciones al personal y lanzó un plan de retiros voluntarios’’ (Clarín 22/09). Si bien las patronales siguen el modus operandi de planes de retiros voluntarios y anticipo de vacaciones para reducir el plantel, la supuesta detención de actividad contrasta con lo que señalan los trabajadores.

Un trabajador entrevistado por C5N señaló que venían trabajando normalmente por lo menos hasta hace dos semanas atrás. El ritmo de producción no había cambiado, continuaban sus tareas como en años anteriores. Sin embargo, hace una o dos semanas, la empresa empezó a vaciar la cámara donde guardan la producción. A partir de allí, los trabajadores entraron en estado de alarma, parcialmente contenido por las reuniones que sostenían los delegados con la empresa. Según mencionó, ‘’el diálogo con la empresa siempre fue mantener los puestos de trabajo, ellos nunca argumentaron que iban a cerrar la fábrica’’. Otro trabajador, con 20 años de antigüedad, reforzó lo señalado por su compañero, explicando que, de la noche a la mañana, llegaron camiones para llevarse la producción. Añadió que se encontraron con mails y mensajes de WhatsApp de la empresa donde se les informaba que la planta iba a cerrar y que les iban a llegar las notificaciones de despido a cada trabajador. Hasta la próxima quincena, dijo, tienen el salario asegurado; luego de eso, la incertidumbre.

La entrevista a estos trabajadores deja de manifiesto que los problemas asociados a la producción eran mínimos. La planta de Llavallol había quedado con una plantilla reducida luego de que, en diciembre de 2024, la patronal despidiera a 100 trabajadores. Esto abrió un conflicto que terminó con el sindicato arreglando con la patronal, el 21 de enero de 2025, una reapertura durante 18 meses que retomaría la producción a partir de febrero del mismo año. Dicha reapertura fue caracterizada como una victoria para el Sindicato Aceitero Capital y Gran Buenos Aires (SOEIA), que se había cargado el 65% de la plantilla en favor de la patronal, concediendo que sostenga una plantilla mínima de 24 trabajadores. Por otro lado, se habilitaron jornadas de 12 horas pagando horas normales. Junto a eso, una reducción salarial gigantesca que preveía el pago del 65% del convenio aceitero más un subsidio al salario del 50% por parte del Estado provincial. Con todo, quedaron 30 trabajadores, que afirman que la intensidad de producción era la misma que en 2023 e incluso 2024, ilustrando el grado de explotación a los que los ha sometido la patronal. Los medios patronales han colocado a la empresa como una ‘’rescatista laboral’’, señalando que la misma "hizo todo cuanto pudo" para sostener la viabilidad de la planta. Sin embargo, fueron los trabajadores quienes se sometieron a una reducción de salarios y peores condiciones laborales con la expectativa de poder continuar trabajando allí.

El Grupo Beltrán, que adquirió Dánica y Avex por 630 millones de dólares en 2019, ha venido creciendo en varias áreas productivas y comerciales. La llamada ‘’diversificación’’ de activos y pasivos le ha dado como resultado un crecimiento y una proyección económica muy amplios en el sector cárnico. En 2025, dicho grupo consiguió las credenciales para poder exportar a China, lo cuál le garantiza entre 10 a 40 millones de dólares anuales. Por otra parte, forma parte de la cuota Hilton que le permite exportar 68,79 toneladas de cortes de alta calidad a la Unión Europea, generando aproximadamente 1.000.000 de dólares más. Lejos de ser insolvente, el grupo económico al que pertenece Dánica ha ido creciendo en los últimos años.

Todo este escenario ha derivado en una audiencia frente al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires entre el SOEIA y la patronal. Uno de los delegados que participará de dicha reunión, informó que será por Zoom. Las audiencias virtuales se han convertido un recurso para negociar sin el ´asedio´ de los trabajadores afectados por los despidos.

La única salida posible ante este cierre es que, mediante asamblea, los trabajadores resuelvan la ocupación de la fábrica para su estatización y puesta en marcha.

24 de septiembre de 2026
Residentes en primavera: masivo paro y movilización al Ministerio de Salud de CABA

Este miércoles, residentes de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires pararon y se movilizaron de forma masiva al Ministerio de Salud de CABA, ubicado en Bolívar 1. La jornada comenzó con juntadas en los efectores para ir encolumnados detrás de la bandera de cada uno de los hospitales a la cita, en el Obelisco. El paro había surgido del mandato de los residentes de dos hospitales especializados en Pediatría, el Elizalde y el Gutiérrez, pero con el correr de los días la medida fue ganando amplia adherencia en el conjunto del sistema público de salud. Ayer, participaron residencias de al menos 25 de los 35 hospitales porteños, incluyendo desde los CeSACs hasta las salas de internación y quirófanos. En algunos hospitales generales, como el Fernández, la adhesión fue masiva, mientras que en otros sirvió para poner en pie nuevas asambleas y núcleos de organización.

La movilización fue acompañada por el ya conocido cordón policial del protocolo represivo de Milei-Bullrich-Jorge Macri, superado ampliamente por la multitud de guardapolvos blancos. Entre los carteles se podían leer reivindicaciones como “¡recomposición salarial ya!”, “trabajo +24hs. Sin dormir atiendo a tus hijos. No llego a fin de mes”, “70 horas por semana/$6.250 por hora”, “formación de excelencia, salario de miseria”, “sin residentes no hay hospital”, entre otros. Al llegar a Bolívar 1, una delegación fue recibida por funcionarios del ministro Quirós, que se desentendieron del problema derivando la cuestión salarial “a Hacienda”. Una masiva asamblea general sesionó en la Plaza de Mayo. Fueron aplaudidas las mociones más combativas, que denunciaron la complicidad de los sindicatos -ausentes- y agitaron la continuidad de la lucha. Finalmente, por amplia mayoría se votó un nuevo paro y movilización para la semana que viene, el jueves 1 de octubre, y una próxima asamblea para definir la cita y organizar la medida.

El derrumbe salarial tiene responsables

El derrumbe del salario es una manifestación del vaciamiento y la crisis del sistema público de salud de CABA, cuya dirección, en manos del “Hospital Italiano boy” Fernán Quirós, se encuentra comprometida con el desarrollo de la salud privada. Aplacar los salarios de la salud pública es condición para viabilizar el negocio de la medicina privada, donde este salario opera como piso. El agotamiento de este régimen privatizador ha provocado sublevaciones periódicas de los residentes porteños, en 2019, 2022 y ahora nuevamente en 2026. Las que nunca se sublevan son las burocracias sindicales peronistas de SUTECBA, Médicos Municipales y Federación de Profesionales, completamente adaptadas al esquema vaciador. Por el contrario, estas direcciones ofrecen a los gobiernos macristas su capacidad de contención y disciplinamiento de los trabajadores, a cambio de prebendas y privilegios para sí mismas.

Los trabajadores de planta de los hospitales de la ciudad estuvieron ausentes. No hubo paro ni cese de actividades ni convocatorias por parte de los sindicatos que nuclean a los trabajadores de la salud de CABA. Una pequeña delegación de la APSS (Trabajo Social) participó de la marcha, mientras que ATOGBA (Terapia Ocupacional) y AGIHM (Hospital Moyano) se pronunciaron en apoyo a la medida. La dirección de APSS había mocionado, en un congreso de la Federación de Profesionales, que se iniciaran medidas de lucha si la situación de retroceso salarial no se revertía para el 15 de agosto. Con un mes y medio de demora, ahora tiene la oportunidad de impulsar desde su lugar en el Consejo Ejecutivo y la Secretaría Gremial un paro general para que el 1 de octubre miles de trabajadores de planta acompañen la lucha de los residentes, que en definitiva es la misma y una sola. “Más vale tarde que nunca”.

Por una huelga general de la salud

La crisis salarial en CABA es solo un emergente de la situación general que atraviesa la salud pública. En la provincia de Buenos Aires, Kicillof paga salarios aún más bajos que los del primo Macri. El paro de los residentes de CABA ya provocó la convocatoria a una asamblea general de residentes bonaerenses para la semana que viene. Lo mismo ocurre en el interior del país o en los hospitales nacionales que, a diferencia del Garrahan, no cuentan con ingresos propios para solventar bonos o adicionales. Como en el pasado, la iniciativa de los residentes podría ser solo el puntapié para una nueva marea blanca nacional, que generalice las autoconvocatorias en toda la salud. En lo inmediato, la continuidad de las medidas plantea el desafío de profundizar el alcance del movimiento en los hospitales y CeSACs, llegando a todos los consultorios, salas y quirófanos, sin distinción de profesión, forma de contrato o agremiación.

El método de la autoconvocatoria impulsada por los residentes marca el camino para conquistar un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar para todos los trabajadores de la salud. Multipliquemos las recorridas, agitaciones, asambleas y acciones de lucha en todos los hospitales y centros de salud. Defendamos el salario básico, en oposición a los “incentivos” o sumas en negro que pretenden flexibilizar y fragmentar aún más la carrera hospitalaria. Rechacemos la política de Milei-Lugones, que en los hospitales nacionales canjeó dinero de bolsillo a costa de liquidar los aportes previsionales, la cobertura de salud y hasta la misma relación laboral. No aceptemos más dilaciones.

El 1 de octubre, todos a la calle con los residentes. Generalicemos el paro y la movilización y garanticemos su continuidad hasta ganar. Los trabajadores tenemos nuestra herramienta: organicemos la huelga general de la salud.

24 de septiembre de 2026
El repudio al genocidio palestino en el Festival Internacional de Arte de Granada

El repudio al genocidio sionista en Gaza ha logrado tal enraizamiento en Estados Unidos y Europa que los choques en el campo de la cultura son continuos a pesar de la sanción de leyes represivas que penalizan cualquier crítica a Israel como antisemitismo. Las golpizas y procesamientos incluyen a la Jewish Artists for Palestine, una red de artistas judíos antisionistas que condena que la defensa de Israel sea equiparada a la defensa de la cultura judía.

La Bienal de Venecia, en mayo, se convirtió en uno de los principales escenarios cuando la campaña Art Not Genocide Alliance convocó una huelga reclamando la exclusión de Israel. Alrededor de una docena de pabellones nacionales cerraron totalmente durante la jornada de protesta, entre ellos Bélgica, Países Bajos, Austria, Japón, Macedonia y Corea. Otros cerraron algunas horas. Muchos artistas colocaron banderas palestinas en sus obras, hubo protestas frente al pabellón israelí y enfrentamientos con la policía. Finalmente, el jurado de la Bienal renunció en pleno en rechazo a la participación de Israel y Rusia cuando Netanyahu y Putin están siendo investigados por la Corte Penal Internacional.

Este mes, en Estados Unidos, la gira internacional "Loop Tour" del cantante británico Ed Sheeran perdió a todos sus teloneros después de que el 5 de septiembre en el estadio MetLife de Nueva Jersey, el rapero Macklemore defendió la causa palestina, denunció el infanticidio y aclaró que su denucnia iba contra el sionismo y no “sus hermanos judíos”. En represalia, la empresa promotora Messina Touring Group y los dueños de varios estadios exigieron que fuera echado y amenazaron con cancelar los shows si se presentaba. En protesta contra un "chantaje corporativo" y un acto de censura, cuatro artistas clave decidieron abandonar la gira: Finneas O'Connell, el danés Lukas Graham, los irlandeses Aaron Rowe y la banda Beoga. Ante la deserción de todos sus teloneros Sheeran, que había guardado silencio, declaró en un show que la situación en Gaza era "catastrófica, injustificable y desproporcionada". Macklemore se felicitó: "Si esas palabras me costaron el escenario, pero devuelven el debate sobre Palestina, fue la gira más exitosa en la que he estado".

Del otro lado del océano, la semana pasada, en vísperas de la apertura del Festival de las Ideas en Madrid, más de 30 invitados firmaron un pronunciamiento que forzó la retirada del Allianz, el principal patrocinador, "financiadora fundamental del genocidio en curso" en Gaza. A pesar de los pataleos del Ayuntamiento gobernado por el PP, la directora del certamen, Marcela Vélez, reafirmó que el festival mantiene un claro posicionamiento en favor del pueblo palestino. Las plazas del evento desbordaron de asistentes.

Ahora le tocó el turno a Granada porque la dirección del Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur-ALH, que se extiende hasta el 27 de septiembre, revocó la invitación a la escritora argentina, radicada en Francia, Ariana Harwicz (Buenos Aires, 1977). La Red Universitaria por Palestina le exigió a la Universidad que cumpliera el compromiso asumido en 2024 de boicot al Estado de Israel. “En contextos de ocupación, apartheid y genocidio, invocar la neutralidad o la pluralidad para otorgar una tribuna pública a discursos que niegan crímenes internacionales equivale a una toma de partido”, arguyeron. Y negaron haber amenazado a Harwicz.

Propagandista de tiempo completo del sionismo e islamófoba hasta los tuétanos, Harwicz es una provocadora profesional cuyos argumentos no se apartan un milímetro de los del gobierno de Netanyahu. Afirma que hay una conspiración mundial para matar a todos los judíos y dice cosas como: “Les angustia terriblemente que no haya genocidio. Lo desean, desean que haya genocidio para confirmar su odio a Israel”. Los críticos a Israel o son nazis -como la filósofa del transfeminismo Judith Butler- o “víctimas de una extorsión ideológica”, como el escritor israelí David Grossman, que osó utilizar el vocablo genocidio. La “extorsión” alcanza incluso a instituciones como la Academia del Nobel: solo eso justifica que hayan premiado en 2021 al tanzano Abdulrazak Gurnah, otro de su interminable fila de nazis. Como se ve, sus posiciones no empezaron el 23-10.

“Me echaron por judía, cedieron al terror”, se queja Harwicz, quien ha declarado que su propio juicio de divorcio, en Francia, estuvo marcado por el antisemitismo y que hasta el juez la odiaba por judía.

“El genocidio es un invento, una palabra comodín, que le viene genial a este siglo para poder borrarnos y matarnos nuevamente”, dice Harwicz, impertérrita, mientras Gaza acumula decenas de miles de muertos. “Es en contra de los judíos. Basta de someterse a sus eufemismos. Quieren fuera de la cultura a todos los judíos y a todos los que no piensen que hay que censurarlos. Lo están logrando”, se victimiza.

Siete de las más notables participantes del festival -Rita Segato, Lina Meruane, Sabina Urraca, Gabriela Wiener, María Fernanda Ampuero, Brenda Navarro y Ángelo Néstore- respaldaron la exclusión. La feminista marxista Silvia Federici sumó su firma más tarde. El conflicto, explicaron, está al margen de la obra literaria de Harwicz. Apunta a que “quienes niegan un genocidio, así como quienes antes negaron el Holocausto judío, contribuyen a legitimar la negación del exterminio racista de todo un pueblo y se hacen políticamente cómplices de estos hechos”. “La libertad de expresión es un valor central de la vida en sociedad, pero tiene límites tipificados por ley: la injuria, la difamación y la incitación al odio, entre otras”, señalaron.

La exclusión desató una oleada de apoyo a Harwicz. Los principales diarios del mundo -el monárquico/franquista ABC comenzó la campaña-, organizaciones culturales, la embajada argentina, conocidos agentes y besamanos del lobby sionista y, ¡ay!, algunos derecho-humanistas, feministas y hasta víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina se apresuraron a pronunciarse “contra la censura” y en defensa de “la libertad de expresión”.

En medio del escándalo, el escritor irlandés John Banville -la figura central del festival- comunicó que declinaba su invitación a Granada.

Más de 350 escritores, intelectuales y personalidades firmaron un manifiesto repudiando el veto. Fernando Savater, Margo Glantz, Piedad Bonnett, Santiago Roncagliolo, Ana María Shua, Pola Oloixarac y María Negroni figuran entre los adherentes. “Defender la libertad de expresión solo para quienes piensan como nosotros no es defenderla: es sustituir la confrontación libre de ideas por la selección ideológica”, arguyen los hipócritas que no hicieron asco a firmar junto con la diputada fascista Sabrina Ajmechet -la que se confesó tentada de atropellar a los alumnos del Carlos Pellegrini- o el exministro de Cultura Pablo Avelluto- que durante su gestión despidió a medio millar de trabajadores de Cultura.

Los argumentos “progresistas” van desde el pragmático -“así la hicieron famosa y ahora todo el mundo corre a comprar sus libros”- hasta el que repudia “silenciar una voz disidente”. Hay uno directamente desopilante: ¡Granada! ¡Justo Granada! La ciudad donde los Reyes Católicos firmaron el edicto de expulsión de los judíos de Castilla y Aragón en 1492. ¡Y ahora desinvitan a Harwicz!

Si la idea es forzar la historia, sería más lógico comparar la expulsión de los judíos (y árabes) con la Nakba, cuando el terror sionista expulsó al pueblo palestino de su tierra y, a los que no los echó, los quemó en fosas comunes, como bien comprobó el historiador israelí Benny Morris en la década del 80 (aunque de eso Morris solo lamente que sus padres y abuelos no terminaron su trabajo).

Por supuesto, la inmensa mayoría de los agraviados no han dicho ni pío sobre la libertad de expresión -ni siquiera sobre el derecho a la vida- frente al asesinato de más de 270 periodistas palestinos en Gaza, muchos bombardeados junto con sus familias. Tampoco cuando Israel destruyó TODAS las universidades gazatíes y mató y mata a miles de docentes y estudiantes. Ni porque desde 2023 prohíbe que la prensa internacional entre a Gaza. Harwicz tiene una explicación que la pinta de cuerpo entero: la defensa de Palestina no es tan vigorosa en el Río de la Plata “porque aún no llegó la infiltración islámica”.

El gobierno de Netanyahu ha intentado horadar la voluntad política de defender Palestina con una campaña sistemática sobre las redes sociales y los medios a través de la Hasbara, la añeja estrategia de comunicación del Estado de Israel destinada a influir en la opinión pública mundial. Este año cuenta con un presupuesto de 730 millones de dólares, cuatro veces superior al del año anterior.

“Israel también ha recurrido al deporte y a la cultura para blanquear su guerra ilegal en Gaza, con 30 millones de euros para alterar el voto en Eurovisión”, asegura la investigadora española Natalia Sancha. Se refiere a que en la edición 2026 de Eurovisión 2026, Israel obtuvo la octava posición con 123 puntos del jurado profesional y 220 puntos del televoto (343 puntos en total), ayudado por la avanza de trolls que votó a su candidata.

La discusión sobre libertad de expresión y censura es una farsa cuando una potencia genocida como Israel cuenta con el apoyo del imperialismo yanky, la Unión Europea y redes sionistas de la magnitud del AIPAC para manejar algoritmos, portadas de los diarios, candidatos políticos e incidir ferozmente en el éxito o el fracaso de escritores, músicos e intelectuales a partir de su incidencia en las industrias culturales.

¡Viva las valientes escritoras que se pronunciaron claramente en Granada contra un Estado criminal y sus aliados!

24 de septiembre de 2026
Universidad: crecen los pronunciamientos por la huelga por tiempo indeterminado

El CIN y el Frente Sindical de Universidades Nacionales fijaron recién para el 15 de octubre la próxima Marcha Federal Educativa, luego del fracaso de la paritaria de la semana pasada y tras conocerse el nuevo proyecto de Presupuesto presentado por Milei para 2027, que profundiza el ajuste sobre el funcionamiento de las universidades nacionales.

Mientras tanto, el gobierno ha sumado un nuevo revés judicial. El juez Martín Cormick lo intimó a cumplir, en un plazo de cinco días, con la cautelar vigente que lo obliga a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Esto implica que deberá transferir a las universidades los fondos previstos en los artículos 5° y 6°, correspondientes a las becas estudiantiles y a los salarios de trabajadores docentes y no docentes. Si el Gobierno no cumple dentro del plazo establecido, que vence el 30 de septiembre, deberá enfrentar multas diarias y medidas de embargo sobre funcionarios.

Ayer, el Gobierno giró el instructivo para la liquidación de los salarios correspondientes al mes de septiembre, con un 3% de incremento. La decisión generó malestar entre la docencia universitaria que viene reclamando una recomposición de más del 30% para cubrir el desfasaje entre los aumentos otorgados y lo establecido en la ley de financiamiento.

Existe un creciente enojo entre los trabajadores. El efecto balsámico del 21% otorgado en junio, establecido en el acta acuerdo de ese mes, se ha disipado. La mayoría de los salarios universitarios se encuentra por debajo de la línea de pobreza y, entre los cargos docentes, solamente los titulares y adjuntos con dedicación exclusiva superan el millón y medio de pesos.

Las burocracias sindicales, percibiendo el creciente malestar de la docencia, están impulsando distintos esquemas de paros que buscan ´canalizar el descontento´, no librar una lucha victoriosa.

El ala universitaria de la CGT, junto con FEDUN y FATUN, ha impulsado lo que presenta como “20 días de huelga hasta la Marcha Federal”, para evitar una huelga continua. Se trata de un esquema de paros de 24 horas, fragmentados por regiones y universidades, sucesivamente hasta el 15 de octubre.

Un esquema similar han impulsado los sindicatos vinculados al vicerrector Emiliano Yacobitti en la UBA, mediante paros rotativos por facultad.

Mientras tanto, CONADU ha impulsado una consulta para definir cómo continuar el plan de lucha. Finalizará este viernes 25 y posteriormente se realizará un Plenario de Secretarios Generales para definir los próximos pasos. Algunas asociaciones de base que representan universidades importantes ya finalizaron sus consultas y el resultado, en muchos casos, fue un pronunciamiento por el paro por tiempo indeterminado.

En Rosario, participaron 2.287 afiliados: el 50,81% votó por el paro por tiempo indeterminado. La segunda opción fue “En unidad con el Frente Sindical”, con el 32,68%, mientras que las alternativas de paros de 24, 48 o 72 horas, obtuvieron porcentajes considerablemente menores.

En Córdoba también se impuso el paro por tiempo indeterminado, con 427 votos, seguido por los paros en coordinación con el Frente Sindical, con 354 votos, y por los paros de una semana completa, con 223 votos. Las opciones de 72, 48 y 24 horas obtuvieron menos de 60 votos cada una.

En la Universidad Nacional de General Sarmiento, el paro por tiempo indeterminado también se impuso como la opción más votada, con el 40% de los votos.

Por su parte, CONADU Histórica realizará su Plenario de Secretarios Generales el sábado 26, luego de las asambleas de las asociaciones de base que se desarrollan esta semana para definir los respectivos mandatos. En este marco, ADUS de Bahía Blanca ya definió como mandato el paro por tiempo indeterminado a partir del 1° de octubre, si el Gobierno no cumple con la cautelar antes del 30 de septiembre.

La propuesta del paro por tiempo indeterminado comienza así a crecer como una tendencia dentro del debate y de los distintos pronunciamientos de las asociaciones de base. En los próximos días será clave el resultado de las asambleas y consultas en las universidades. De sus mandatos dependerá, en buena medida, la orientación que adopte el próximo tramo del conflicto universitario y la posibilidad de que la Marcha Federal del 15 de octubre sea acompañada por una profundización de la huelga.

Estos pronunciamientos son una palanca para impulsar la lucha en todas las Universidades y Facultades, sin esperar la concreción de la ´marcha federal´, distante más 20 días.

24 de septiembre de 2026
Trump amenaza con un asalto militar a Cuba, mientras organiza con el castrismo el control de la economía a manos de capitales norteamericanos

Desde la tribuna de la ONU, Trump volvió a amenazar a Cuba con un asalto militar. El objetivo de precipitar un “cambio de régimen de cualquier modo”, sigue en pie. La Isla, desde entonces, ha visto sumado al bloqueo, las sanciones económicas contra las empresas que evadan el embargo de petróleo. La actividad turística, principal fuente de divisas de la isla, se derrumbó a cifras solo comparables a la época de pandemia. El sistema eléctrico se encuentra en ruinas y desabastecido: los cortes de luz son permanentes, afectando especialmente a las zonas más postergadas del país. El cerco imperialista es llanamente criminal.

Pero el gobierno estadounidense está desembarcando en Cuba por otros medios ‘complementarios’: “los aliados de Trump y Rubio compiten por el control de los activos de Cuba” (The Guardian, 17/9). Comenzaron por hacerse con los negocios más rentables abandonados por capitales europeos y canadienses asociados desde los años ´90 con el aparato castrista: “Un creciente grupo de personas influyentes de Washington y Florida -desde multimillonarios allegados a Trump y lobistas vinculados a Rubio hasta exiliados cubanos- compiten por el control de los activos clave de la nación insular”.

Según esta fuente, “Ray Washburne, vicepresidente del Comité de Victoria de Trump en 2016 y organizador de la Convención Republicana de Medio Término celebrada la semana pasada en Dallas, se enfrenta a Albert Huddleston , otro magnate petrolero texano con estrechos vínculos con la Casa Blanca para hacerse con el control, sobre las propiedades de la canadiense Sherritt en Cuba”, asociada al Estado cubano hasta mayo en la explotación del níquel de la isla. “La empresa australiana Antilles Gold Ltd. está adoptando un enfoque similar”. “Tras ser incluida en la lista negra por sus operaciones en Cuba en junio, recibió la autorización de la administración Trump para negociar la transferencia de su participación en una mina cubana de cobre y oro al fondo de inversión multimillonario Global Emerging Markets, con sede en Nueva York” (ídem).

Trump tiene en la mira un proyecto turístico bajo gestión de su familia. “Varios ejecutivos de la Organización Trump, que previamente habían viajado a la isla para explorar oportunidades inmobiliarias e incluso registraron la marca Trump allí en 2008, han regresado en los últimos meses a Cuba bajo el amparo de Dominari Holdings para celebrar reuniones. Se dice que los ejecutivos se reunieron con el nieto del expresidente cubano Raúl Castro para explorar oportunidades tras la salida de los gigantes hoteleros españoles Meliá e Iberostar” (ídem).

El agobio petrolero sobre Cuba abrió también pingües negocios: “las exportaciones de petróleo autorizadas por el Departamento del Tesoro desde Florida y Texas al sector privado de la isla, que eran prácticamente inexistentes el año pasado, se han disparado hasta superar los 160 millones de dólares en lo que va de año. Mientras tanto, las navieras de Florida, como la de Crowley (donante de los legisladores republicanos cubanoamericanos de Florida, Mario Díaz-Balart y María Elvira-Salazar), parecen beneficiarse de las nuevas sanciones que han afectado a las navieras extranjeras y han obligado al comercio con destino a Cuba a desviarse a través de Florida” (ídem).

“Irónicamente -informan los corresponsales de The Guardian- algunos de los que han pedido sanciones más severas contra Cuba también están sacando provecho de la situación. En julio, Vima World SL, con sede en Madrid, un actor destacado en la industria alimentaria de la isla que se asocia con GAESA, el conglomerado militar cubano que controla amplios sectores de la economía de la isla y se ha convertido en el principal objetivo de la presión estadounidense, contrató a la prestigiosa firma de lobby de Washington Continental Strategy, dirigida por aliados cubanoamericanos de Rubio que supervisaron la política de máxima presión hacia Cuba como funcionarios de la primera administración Trump (…) Entre los ejecutivos de Continental se encuentran Carlos Trujillo, ex embajador de Trump ante la Organización de los Estados Americanos; John Barsa, ex administrador interino de USAID durante la administración Trump; y Alberto Martínez, ex jefe de gabinete de Rubio” (ídem).

Los intereses y la política de la burocracia castrista residual

La burocracia gobernante se ha adaptado a esta penetración imperialista, con la expectativa de salvar su propio aparato económico. El giro más notorio ha sido la sanción, en junio pasado, de un conjunto de disposiciones que constituyen la mayor apertura al capital a los “cubanos residentes en el exterior” (CRE, como se los denomina en la isla). Un especialista cubano así lo afirma: “pueden desempeñar el papel de «first comers», o primeros en llegar, algo que impulsó el desarrollo económico en China y Vietnam y antecedió a las grandes empresas extranjeras” (Rafael Betancourt Abio, en La Joven Cuba, 8/9).

“Las reformas abren espacios hasta ahora inaccesibles para los cubanos emigrados, permitiendo invertir tanto en empresas estatales como no estatales, al amparo de la Ley 118 de Inversión Extranjera. Los CRE podrán ahora adquirir acciones o participaciones en las sociedades mercantiles estatales creadas, ya sea a través de empresas constituidas en otros países (personas jurídicas) o como personas naturales. Asimismo, podrán ser socios, propietarios o accionistas de empresas privadas, sin el requisito de residencia efectiva que establece la Ley de Migración de 2024 … El punto que se propone «Estimular la participación de inversión extranjera en empresas privadas y cooperativas» favorece a los CRE (…) permitiendo (…) que los negocios con capital extranjero abran cuentas bancarias en el exterior sin necesidad de autorización, eliminando el uso obligatorio de entidades empleadoras para seleccionar y contratar personal y permitiendo que la inversión extranjera disponga de sus ingresos en divisas” (ídem).

“La nueva ley de la vivienda elimina la confiscación de viviendas por la salida definitiva del país. Los cubanos residentes en el exterior podrán ahora conservar, heredar y disponer libremente de sus propiedades en la isla, equiparando sus derechos patrimoniales a los de los residentes en Cuba” (ídem).

La apertura del sector hotelero es uno de los bocados de cardenal para el gusaneje .de Miami: tras el “duro golpe por la salida de grandes cadenas internacionales y la caída del turismo” (ídem) se apunta al “segmento VFR (Visiting Friends and Relatives - visita de amigos y parientes), que en las estadísticas oficiales equivale prácticamente a los cubanos en el exterior, el segundo mercado más importante para el turismo en la isla según la ONEI” -la oficina nacional de estadísticas de Cuba (ídem). Y la frutilla del postre: la completa apertura al capital en la agricultura, permitiéndose “«otorgar derecho real de usufructo por tiempo indeterminado a personas jurídicas y naturales», eliminando requisitos de trabajo directo y estable en la tierra, lo cual permite a los CRE solicitar tierras para cultivar. Por otra parte, al «fomentar mercados de insumos (…) autorizar la comercialización directa de todos los actores, diseñar incentivos y aprobar régimen impositivo especial», se abren espacios para los CRE que estén dispuestos a invertir en la agricultura, tanto en calidad de productores como de suministradores de insumos y maquinarias” (ídem).

Protectorado

Trump ha sancionado a 38 altos funcionarios de la isla, en mayo pasado. El coronel Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, mantiene, desde febrero, “conversaciones secretas con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, según Axios, un sitio web de noticias e información estadounidense fundado en 2016”. Rubio, descendiente de una familia de gusanos de Miami, encabeza una de las alas más duras del trumpismo. En mayo pasado, también el director de la CIA, John Ratcliffe, voló públicamente a Guantánamo y La Habana.

Otra fuente de la isla dice que “el gobierno cubano ha sido sumamente ambiguo en torno a las filtraciones sobre las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos, en particular, sobre la identidad de sus interlocutores” (LJC, Carlos Alzugaray Treto, 14/9). La burocracia no desmiente los contactos, pero desinforma a la población. Públicamente declara que EE.UU. “no ha mostrado ninguna intención de intercambiar sobre la base del respeto mutuo y de buscar el beneficio recíproco”. No obstante, el mismo CAT reconoce un “avance”, citando declaraciones recientes del mismo Marco Rubio: “Cuba «estará encaminada por un deslizamiento irreversible hacia un futuro diferente. “La frase «deslizamiento irreversible» combinada con la de «un futuro diferente» aunque vaga, contrasta con los llamados a una «invasión urgente», tan reiterados” (ídem).

Las señales son contradictorias o desinformativas. El Nuevo Herald de Miami tituló días atrás que «se desvanece el impulso para el cambio de régimen». El 5 de agosto The New York Times publicó que «La CIA forma un grupo operativo secreto sobre Cuba».

Cuba ya ha pasado por la experiencia histórica del protectorado. La famosa “enmienda Platt” la anexó constitucionalmente a Estados Unidos, hasta principios de los años 30 del siglo pasado. Trump amenaza con un asalto militar, mientras sienta las bases de un colonialismo económico en colaboración con las autoridades cubanas.

24 de septiembre de 2026
Por un encuentro internacionalista de la Mujer Trabajadora

En todo el mundo, la principal amenaza que pende sobre la mujer trabajadora es la guerra imperialista que amenaza a la humanidad entera. La masacre perpetrada contra mujeres y niños en la franja de Gaza, Cisjordania, Líbano e Irán expone el grado de barbarie al que llegó el régimen capitalista y sus gobiernos. Solo en Gaza más de 40 mil mujeres y niñas fueron asesinadas por las bombas del sionismo. El bloqueo económico y sanitario ha colocado a otras 250 mil en condiciones extremas de hambruna y muerte. El imperialismo y el sionismo hacen lo propio en Líbano y en Irán destruyendo escuelas y hospitales. La guerra imperialista internacional cuenta con capacidad nuclear para acabar con la humanidad.

Fascismo en ciernes

La decadencia del capitalismo como organización social amenaza al mundo con la barbarie. Esta declinación se traduce en una crisis histórica de dominación. La violencia comienza en las propias entrañas del país del Norte, con la persecución y la muerte de trabajadores inmigrantes a manos del ICE, una Gestapo en formación, y con una marcada tendencia a un régimen de dictadura personal. El trumpismo intenta ‘disciplinar’ a la clase obrera norteamericana en su conjunto. El MAGA reclama la abolición del derecho al aborto, el matrimonio igualitario y la abolición del voto femenino. Quiere sustituir la ciudadanía por el derecho de ascendencia hasta una y dos generaciones

El pueblo de Estados Unidos ha respondido con fuerza: un movimiento de protesta que ha desatado manifestaciones multitudinarias en Minnesota y todo el país. Apoyamos la lucha de las mujeres migrantes de Estados Unidos, y con ellas, de todas las trabajadoras migrantes que, en el mundo entero y también en Argentina, sufren la persecución de fascistas y de pretendidos “demócratas”.

Con la mujer de América Latina

El imperialismo norteamericano abrió un nuevo frente de guerra en América Latina, a la que quiere convertir en protectorado. El objetivo del Escudo de las Américas, lanzado por Trump, es intervenir militarmente la región, e imponer por la fuerza sus intereses económicos y militares. En Venezuela ha instalado, por medio de un asalto militar, al gobierno títere de Delcy Rodríguez. En Cuba, ha ampliado un bloqueo criminal de ocho décadas, para anexarla como ocurrió en la primera mitad del siglo XX. México y Brasil están bajo amenaza constante de intervenciones militares, como ya ocurrió en las favelas de Río de Janeiro.

Javier Milei, en este cuadro, se ha proclamado a sí mismo el principal discípulo del imperialismo en la región. Ha sacado al ruedo la causa de Malvinas con el propósito de militarizar el Atlántico Sur, por medio del Comando Sur del Pentágono, y establecer un régimen de “seguridad nacional”.

El ataque de Milei a las mujeres es una pieza fundamental de su política, al punto de querer eliminar el ajuste por inflación de la asignación por hijo; solo en 2024 creció un 6,25% la mortalidad infantil. Ha planteado abolir el derecho al aborto. La miseria salarial, la destrucción de jubilaciones y la amenaza de elevar la edad jubilatoria; el vaciamiento del sistema de salud y educación, y la falta de acceso a la vivienda, convierte la vida de una madre trabajadora y sus hijos en un infierno. Esta tragedia social no habría sido posible sin la colaboración de la burocracia sindical y de la mentada oposición, que avaló la ‘motosierra’ desde el Congreso y las gobernaciones.

Unidad socialista de trabajadoras y trabajadores

Enfrentar la política de los gobiernos reaccionarios, fascistas y de la guerra, en Argentina y en toda la región, requiere desenvolver una lucha unida e internacionalista de las mujeres trabajadoras, como parte de la clase obrera. Rechazamos la pretensión de hacer de las identidades -de raza, elección sexual o cualquier otro origen- una excusa para la división de la clase y su tradición histórica de lucha clasista. Bajo el capitalismo, todos los agravios se funden en un eje -la división de la sociedad entre explotados y explotadores: un antagonismo irreconciliable. Bajo el capitalismo en decadencia, la defensa de cada Estado imperialista por su tajada en esa confiscación social conduce a la guerra, la violencia y la muerte. Llamamos a unirnos a nuestros compañeros, también trabajadores, en la lucha común por el fin de la opresión social, por gobiernos de trabajadores y por el socialismo. Ese es el camino para poner fin a todas las lacras que pesan sobre la mujer explotada.

Desde Política Obrera, llamamos a la pelea por un Encuentro Internacionalista de las mujeres trabajadoras, para derrotar la guerra imperialista mundial; expulsar al imperialismo de todo el continente; acabar con el Escudo de las Américas; por el derecho a la autodeterminación nacional. Por el juicio y castigo a todos los responsables de los crímenes de guerra contra mujeres y niños; por el derecho pleno al aborto, a la salud y educación de las mujeres y nuestros hijos, por el acceso a la vivienda y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar.

No es la hora del nacionalismo, ni del nacional pluralismo, sino del internacionalismo obrero. Por la federación internacional de repúblicas socialistas.

24 de septiembre de 2026
Kicillof en Nueva York, con los dueños de la deuda y los arrebatadores del Estado

En paralelo a la participación de Javier Milei en la Asamblea de la ONU en Nueva York, Axel Kicillof se embarcó en una gira en la misma ciudad, reuniéndose con empresarios, fondos de inversión y con el intendente neoyorquino Zohran Mamdani y con el presidente de España Pedro Sánchez. .

Kicillof se reunió primero con los acreedores de los bonos bonaerenses, entre los cuales revisten Eaton Vance, Vanguard, GoldenTree, Mesarete, fondos que tomaron esa deuda durante el gobierno de Maria Eugenia Vidal. También hubo representantes del fondo BlackRock, aunque no es actualmente acreedor del Estado provincial. La comitiva bonaerense ratificó presencialmente que seguirán cumpliendo a rajatabla todos los compromisos de pago asumidos en la renegociación de los bonos provinciales. “Nosotros nos estamos ocupando, como siempre hizo el peronismo, de pagar en tiempo y forma”, subrayó el ministro de Gobierno Carlos Bianco. El funcionario se encargó de difundir en la prensa los miles de millones de dólares que han gatillado en concepto de deuda pública. Como viene sucediendo, el gobierno de Kicillof se jactó de ser un ´pagador serial´ a pesar del ahogo financiero que Milei aplica sobre las arcas provinciales, según denuncia. Este compromiso ha tenido como contracara un ajuste brutal en los gastos de obra pública, salud y educación en la provincia, reflejado en el nivel más bajo en décadas de los salarios docentes, castigados con descuentos, además, por hacer huelga en reclamo de aumento.

Kicillof fue recibido, además de banqueros, por un amplio abanico de empresarios, como Microsoft, Mastercard, Google, MetLife, Dreyfus. Esto prueba las reservas que el capital financiero y ‘digital’ está teniendo con el porvenir político de Javier Milei. La agenda que desarrolló fue la de dejar en claro que no derogará el RIGI mileísta, que, en rigor, está ´inspirado´ en los acuerdos otorgados con Chevron, suscriptos en su momento por el propio Kicillof durante el gobierno de CFK para el desembarco en Vaca Muerta. Este pedigree explica los fuertes vínculos que unen a este “nacional y popular” con capitales norteamericanos. Durante estos encuentros, Kicillof estuvo escoltado por el empresario argento Jose Luis Manzano, un viejo menemista que se hizo mileísta y acaba de tomar control de Metrogas de la mano del gobierno ‘libertario’. Su presencia es garantía de la ´continuidad del rumbo´ en materia de tarifazos.

Kicillof aclaró que aplicaría el RIGI, de modo “que no pondere a un sector sobre otro sino que abarque grandes y pequeñas empresas que generen más empleo, de calidad y que contemple el cuidado del medio ambiente y nuestros recursos naturales”. . El “empleo de calidad” coexistiría con la contrarreforma laboral que Kicillof no cuestionó en absoluto; el “modelo” de liquidación del derecho al trabajo en la Argentina continuará. El "cuidado del medio ambiente" es una quimera bajo el imperio de los pulpos mineros.

Otro mensaje fundamental de Kicillof fue acogerse a lo que definió como un “nuevo orden mundial”. Presentó el engranaje de Argentina a las cadenas productivas internacionales como “oportunidades” para el país en el escenario de la guerra. Kicillof bregó por una “integración regional”, sin pronunciarse acerca del “Escudo de las Américas” que ha impuesto Trump. .

Durante su presencia en la Universidad de Columbia, Kicillof se escandalizó con la periodista Silvina Sterin, que le preguntó sobre el genocidio palestino. No respondió y cortó tajantemente la entrevista.

Kicillof ha elegido desarrollar esta gira en Nueva York en paralelo con Milei. Se cuidó de criticar a Trump. Las ‘nuevas partituras’ que interpreta el peronismo consisten en ofrecer garantías de que la contrarrevolución social y laboral que ha montado Milei no será desmantelada.

25 de septiembre de 2026
Milei quiere tener, como Trump en la Casa Blanca, su salón(cito) de baile en Olivos

La semana pasada, Milei despidió a casi todo el personal que realizaba tareas en la Quinta de Olivos por supuestas filtraciones sobre la vida interna de la residencia presidencial, atribuidas según la versión oficial, al personal civil.

Las explicaciones oficiales señalan que se trata de un cambio en la seguridad de Milei, pero esto por sí mismo no explica por qué se despidió personal que trabajaba desde hace décadas en la residencia. De la motosierra libertaria quedaron exentos sólo el electricista y cuatro civiles más, que temen por sus puestos.

Los doce trabajadores despedidos fueron reemplazados por miembros de las Fuerzas Armadas, más precisamente edecanes de la Casa Militar, organismo de seguridad del presidente de la Nación, actualmente encabezado por el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez. Según la exlibertaria Marcela Pagano, éste sería pareja actualmente de Belén Agudiez, hasta este lunes mano derecha de Karina Milei en la secretaría general de Presidencia. Ibáñez ganó puntos en la consideración de los Milei luego de que denunció a dos periodistas de TN por filmar dentro de la Casa Rosada. Si bien la denuncia fue desestimada por la Justicia, fue utilizada por el gobierno para cerrar la sala de periodistas. El jefe de la Casa Militar también es investigado por presuntas coimas del 10 % en la compra de repuestos y el mantenimiento de la flota aérea presidencial.

El despido de Agudiez habría sido motivo de discordia entre los hermanos Milei. Agudiez ocupaba el cargo de subsecretaria General de Planificación. Duplicó el presupuesto de la cartera y es responsable de haber contratado a su cuñado, Javier Sosa, como jardinero, quien a su vez se desempeñaba como intendente de la Quinta de Olivos, y a su primo Agustín Expósito, sin antecedentes laborales registrados en ANSES. Por intermediación de Agudiez también se contrató a su madre y su hermana.

La residencia de Olivos albergaría un ´emprendimiento familiar´ que ofrecía servicio de cátering. Según las denuncias de la diputada Pagano, una licitación gestionada por Agudiez y firmada por Karina Milei, por $700 millones, para el mantenimiento de la jardinería de Olivos, fue "direccionada para que la gane Franco Castelli, de quien se sospecha que acreditaría una relación de parentesco con Agudiez, a quien llamaban 'la sombra del Jefe' en la Casa Rosada" (LPO, 17/9). Por información oficial se sabe que dos empresas se presentaron a la Licitación Pública N.º 23-0005-LPU26, La Mantovana y Grub, ambas de propiedad de Castelli, para el "mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno".

La exlibertaria Pagano también denunció que Agudiez utilizó a un jubilado sin bienes ni patrimonio declarado para registrarlo como "proveedor" oficial de la Presidencia y facturarle al Estado más de $600 millones (LPO, 20/9).

Luego de los despidos, el gobierno anunció la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, con el propósito de separar "las funciones de seguridad, administración y control, lo que posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece".

La separación del personal civil dio paso a la militarización de la residencia presidencial, depositándose en la Casa Militar "la responsabilidad integral de las funciones de seguridad (...), así como de las residencias transitorias del presidente de la Nación y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y, al mismo tiempo, facilitar los procesos administrativos internos". El coronel Fernando Tereso, segundo jefe de la Casa Militar, fue elegido por Javier Milei para que presida la Quinta de Olivos. El coronel Tereso viene de ser jefe de prensa del Ejército y, anteriormente, fue segundo jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo. Ahora tiene la misión de reemplazar gradualmente a todos los civiles restantes por personal militar (LPO, 22/9). Fuentes militares aseguran que hay cierta reticencia entre los candidatos castrenses para ir a Olivos, porque ningún militar quiere perder la carrera por los "berrinches" de Milei. Si bien el edecán jura guardar discreción absoluta, los tres edecanes ya le han pedido a las fuerzas respectivas instrucciones sobre cómo actuar en caso de acciones anormales. "Es una situación muy delicada, los tres edecanes han reportado a las fuerzas situaciones extrañas", señalaron miembros de las Fuerzas Armadas a LPO.

La corruptela libertaria se extiende como una mancha de aceite. A Agudiez se suma Mara Gorini, asesora de Karina Milei. El nombre de Gorini se vincula directamente con Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, y su empresa +BE. En una ampliación de la denuncia, Pagano involucró a Gorini en la trama de irregularidades que rodean a la empresa de catering "Pancitos Caseros", cuya titular es Analía Agudiez, hermana de Belén, y en el uso de insumos y personal del Estado para un negocio privado. Pagano descubrió una póliza de seguro de accidentes personales para "personal de catering", emitida por BBVA Seguros y contratada en marzo de 2024 por Analía Agudiez, que se desempeñaba como empleada de la cocina de Olivos. Entre los beneficiarios de la póliza figuran Foggia Group, Mara Gorini y Marcelo Dionisio, mientras que entre el personal de catering asegurado están quienes prestaban servicio en la Quinta de Olivos y estaban vinculados a Agudiez (ídem). Pagano reveló que el seguro fue contratado para el evento "Bizarren Musik Party", realizado en GEBA en marzo de 2024 y organizado por Foggia, por lo que Gorini y su esposo figuran como beneficiarios de la póliza. Hubo otro evento el mismo mes, en el mismo lugar y con el catering de "Pancitos Caseros".

La denuncia deja planteado que las grandes cantidades de alimentos compradas para la Quinta de Olivos, vehiculizadas por medio de la Secretaría General, eran desviadas al servicio de catering para eventos privados y usufructuadas por el "clan Agudiez". "El circuito completo -compra pública, recepción, custodia, salida y comercialización privada- estaba en manos de un mismo grupo familiar y laboral", dice la denuncia.

Estamos en presencia de un nuevo caso de corrupción que pone a Karina Milei en el centro de la escena, como sucedió con su exprotegido, Manuel Adorni, y las coimas del 3 % de la agencia de discapacitados, además de las sospechas sobre el uso y la privatización de Tecnópolis, que conecta a varios de los protagonistas de ese mundo ‘opaco’.

25 de septiembre de 2026
La crisis de abastecimiento de misiles y municiones en la guerra de Trump contra Irán

La tregua con Irán que Estados Unidos impulsó durante agosto tuvo como causa importante la escasez de misiles en sus arsenales. Los mismos informes del Pentágono dan cuenta de la crisis en el abastecimiento de munición pesada. Esto pone en evidencia que Estados Unidos no estaba preparado para un conflicto de larga duración y que consideraba que la destrucción de Irán sería una operación ´rápida´.

Estados Unidos no ha podido cumplir con sus compromisos de abastecimiento tampoco con los países que se encuentran en conflicto. Esto ha dejado ´vulnerables´ a Ucrania y a las monarquías del Golfo. Ni hablar de otros aliados fuera de la zona de guerra, que tuvieron que entregar todas sus existencias previas de prevención, como Corea del Sur.

La guerra con Irán agotó cerca del 80 % de los interceptores clave y gran parte del suministro de misiles de crucero. Se calcula que la reposición de los arsenales tomará entre tres y cinco años. Esta realidad ha trastocado todos los planes de guerra, obligando a Estados Unidos a reducir la escalada contra Irán y a aletargar la guerra de desgaste en todos los frentes. Zelenski confirmó que Ucrania recibió en 2026 solo un tercio de los misiles antiaéreos entregados el año anterior. Se encuentra en discusión llevar la construcción de los Patriots a Ucrania, como ha ocurrido con la instalación de fábricas militares con financiación y tecnología de Gran Bretaña y Francia. En el caso de Alemania, que ha enfrentado esperas de cinco años para recibir sus misiles de crucero Tomahawk y lanzadores, el Parlamento ha votado los créditos de guerra para construir los misiles en su propio territorio y reconvertir a la industria civil (VW) en militar.

El principal problema con que se ha topado Estados Unidos es que los drones y misiles baratos de Irán, Hezbollah y los Hutíes son derribados por Patriots que valen millones de dólares. Para tomar un ejemplo, durante los peores momentos del bombardeo en las bases estadounidenses en Jordania, las baterías defensivas se vieron obligadas a disparar entre 60 y 70 misiles interceptores Patriot y más de una docena de proyectiles del sistema de gran altitud THAAD. En unas horas dispararon los Patriots que se usan en una semana. Irán solo tiró 20 misiles. Pero, como son misiles racimo, se necesitan tres o cuatro Patriots para detener a cada uno. Cada misil Patriot disparado tiene un costo aproximado de 4 millones de dólares, mientras que los interceptores THAAD superan los 12 millones de dólares por unidad. Esto significa que el Pentágono gastó cerca de 400 millones de dólares en solo unas horas, únicamente para intentar frenar los misiles pesados de la Guardia Revolucionaria. Desde febrero, Estados Unidos lleva disparados 1.700 Patriots. En un año produce sólo 600.

Para hacer frente a la crisis, el Pentágono ha tenido que replantear su demanda de armamentos y municiones más baratos; la artillería de menor costo -menos de 600.000 dólares- pasará a representar el 49 % de la producción militar convencional.

El otro gran problema es la cadena de suministros. China controla la provisión de muchos de los insumos necesarios para la industria armamentística. Esto le da la posibilidad de crear un cuello de botella que ralentice la producción estadounidense. Los componentes también están en falta. Por eso, el Pentágono canalizó contratos de más de 4.700 millones de dólares a empresas como L3Harris y Honeywell Aerospace para multiplicar la fabricación de tecnologías clave, tales como motores de cohetes sólidos, sistemas de propulsión y actuadores de navegación.

El tema de los astilleros es un capítulo aparte: China ha superado en 232 veces la producción norteamericana de la industria naval, según un informe filtrado de la misma Marina de Estados Unidos. La escala de la industria naval es mucho más difícil de adaptar a las necesidades actuales que la producción de munición.

La destrucción de las bases militares

La otra cuestión es la eficacia del sistema de interceptores del imperialismo. El escudo de misiles de defensa millonario ha sido un colador en todos los casos, debido a que no alcanza para frenar el caudal de ataques iraníes constituido por artillería barata. En sus primeros ataques, Irán logró destruir gran parte de los radares estadounidenses. Su precisión es atribuida al apoyo de satélites chinos.

Pese al uso masivo de interceptores, "los ataques iraníes dañaron y destruyeron cientos de edificios e instalaciones en bases estadounidenses en Kuwait, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak, Omán y Jordania", señala un informe del Pentágono. El documento, que abarca los meses de abril a junio de 2026, enumera los daños en la flota de aparatos: cuatro F-15 destruidos, un F-35 dañado, siete aviones cisterna KC-135 dañados o destruidos y "hasta 30" drones de ataque MQ-9 Reaper destruidos, entre otros. El documento calcula en "más de 50.000" el número de militares estadounidenses implicados en la guerra en el Golfo, desencadenada el 28 de febrero por ataques israelí-estadounidenses contra Irán. El Pentágono reporta al menos 757 militares heridos y 18 fallecidos desde el inicio del conflicto.

El cuartel general de la Quinta Flota, ubicado en Baréin, fue devastado. Los bombardeos con misiles y drones provocaron daños estimados en cerca de 400 millones de dólares, dejando la base prácticamente inhabitable. El secretario interino de la Marina de EE. UU., Hung Cao, reconoció abiertamente que los ataques iraníes "destruyeron por completo Baréin" (en referencia a la instalación militar). El almirante Daryl Caudle, el oficial uniformado de mayor rango de la Marina, declaró que las fuerzas estadounidenses no regresarán a operar formalmente en Baréin en el corto plazo, ya que las reparaciones mayores de la infraestructura logística tomarán años. Como allí operaba el centro logístico principal y quedó inutilizado, el Pentágono se ve obligado a desviar el reabastecimiento marítimo a rutas más lejanas -como la isla de Diego García, en el Índico, ubicada a más de 3.500 kilómetros de distancia-, elevando los tiempos de traslado de suministros de unas horas a más de dos semanas. Además, al quedar inoperable la base de Baréin, buques de guerra como el portaaviones USS Abraham Lincoln se quedaron sin un lugar seguro para atracar o descansar. Esto obligó a la tripulación a pasar casi nueve meses continuos en el mar sin llamadas a puerto, provocando una severa crisis de salud mental a bordo antes de ser desviados hacia Tailandia.

Los otros daños estratégicos fueron en las bases de Jordania. La más dañada fue la Base Aérea Muwaffaq Salti, la principal de Estados Unidos en el país. La destrucción del radar estadounidense AN/TPY-2, pieza central del costoso sistema de defensa aérea THAAD, fue total. También colapsaron múltiples hangares de mantenimiento, refugios de drones y la flota aérea en tierra. Las incursiones con drones y misiles provocaron destrozos generalizados en las barracas de alojamiento de las tropas, oficinas de comando, vehículos militares y almacenes logísticos.

Según un informe de Middle East Eye, los daños a las bases estadounidenses ubicadas en la región son incluso aún mayores a los que admite el Pentágono.

Por otra parte, un informe del Inspector General del Pentágono presentado al Congreso señala que el gasto ha sido descomunal. El documento oficial expuso que el costo total de la Operación Furia Épica ascendió a 33.400 millones de dólares únicamente entre el 28 de febrero y el 30 de junio de 2026. De esa cifra, 22.300 millones se esfumaron exclusivamente en municiones gastadas.

La gran paradoja es que Trump ejerció una de las mayores presiones para que todos los países aliados aumentasen sus presupuestos de guerra con el fin de reactivar la industria armamentística estadounidense. Sin embargo, después de haber provocado conflictos bélicos por doquier, no tiene cómo hacer frente a la demanda que él mismo generó. De la misma manera, incentivó la guerra en Ucrania para romper el acuerdo que Europa tenía con el gas ruso y ahora no puede hacer frente a la demanda de combustibles ni garantizar el suministro para todo el mundo. Como un bombero sin manguera que genera incendios que no puede apagar.

Una conclusión de conjunto

Estas carencias deben ser observadas con un examen de conjunto de la guerra. El arsenal militar de Estados Unidos, y su acelerado rearme militar, responden a una estrategia. Trump ha presupuestado un gasto de guerra de un billón y medio de dólares que prioriza el armamento más sofisticado. El Pentágono subsidia a las compañías de Inteligencia Artificial con vistas, fundamentalmente, a la guerra imperialista. El pool de créditos privados que han amasado los pulpos de Sillicon Valley alcanzará el billón de dôlares hasta 2030, a lo cual se añade la salida de las IA a la Bolsa, para recoger un financiamiento fastuoso para esos propósitos, si antes el estallido de los mercados financieros no los hace naufragar. La amenaza de Trump de exterminar a la “civilización persa” no se apoya en municiones sino en misiles poderosos, ojivas nucleares y la Cúpula Dorada en el Artico (Groenlandia). Es que la estrategia político-militar de Trump apunta contra China y Rusia, para someterlas económica y políticamente a la condición de protectorados, y poner a los imperialismos europeos en la periferia o márgenes del norteamericano.

El desarrollo contradictorio de guerras imperialistas ‘locales’, que se expanden por la interconexión dinámica de la guerra mundial, ha llevado a una política de ‘tercerización’ de los artefactos más baratos, como lo demuestran las instalaciones fabriles en Ucrania, para atacar el territorio de Rusia. Gran Bretaña se ha comprometido a enviar a Ucrania 120.000 drones más, 20 millones de rondas de munción para armas pequeñas, miles de misiles para defensa antiaérea, un millón de cargas de artillería y vehículos blindados. América Latina es un terreno fértil para esta ‘tercerización’, a partir de la doctrina ‘Donroe” y el Escudo de las Américas. Esto es lo que se juega, también, en las elecciones de octubre en Brasil, una gran candidata a ‘tercerizarse’, en el caso de un gobierno Bolsonaro, sin descartar a Lula, que ha ofrecido, en Nueva York, la reintegración del protectorado Venezuela de Estados Unidos al Mercosur (junto al paraguayo Santiago Peña –un ‘amigo’ de Taiwán-), de donde habia sido suspendida por violación de las reglas democrática. Esta ‘tercerización’ es presentada como un factor de reactivación de la economía con proyección exportadora. Los gobiernos ‘nacionales y ‘populares’ con vocación ‘tercerizadora’ (cadenas de producción) han dejado el destino nacional de Cuba en manos del imperialismo.

En definitiva, la incapacidad estratégica del imperialismo norteamericano para abatir la resistencia del régimen nacionalista de Irán no atenúa sino que moviliza la tendencia del imperialismo a profundizar la guerra mundial. El único freno histórico a esta barbarie es la lucha de la clase obrera contra los gobiernos capitalistas de su propio país y la dirección de la guerra antiimperialista en los países agredidos, y la lucha conjunta de los trabajadores de todos los países. La guerra imperialista internacional desemboca en una guerra civil internacional. La contradicción entre la internacionalización de las fuerzas productivas, de un lado, y los estados nacionales, del otro, cuyos intereses se concentran cada vez más en una enorme minoría, tiende a la guerra, de un parte, y a la disolución de la democracia por parte del fascismo o de la revolución socialista

La presente guerra mundial no es una repetición de las dos anteriores. No solo la podredumbre del imperialismo es infinitamente mayor, con todas las viejas potencias girando en la órbita norteamericana, luego de la disolución de la Unión Soviética y la conversión de China en el país con mayor tasa de explotación de la fuerza de trabajo, desde el desmantelamiento de su inmenso sector agrario y de su industria estatal. También ha cambiado la naturaleza tecnológica del arsenal militar y, por lo tanto, de las formas mismas de la guerra, que en poco tiempo se jugará en el terreno del espacio exterior. El campo de batalla y las ocupaciones territoriales han quedado en el pasado; los intentos para revivirlas, como en Irak o Afganistán, han fracasado, como ocurre ahora con la ‘operación especial’ de Putin en el sureste de Ucrania. La llamada guerra de Ucrania ha sido, desde el comienzo, una guerra europea de carácter imperialista.

Trump ha anunciado que Estados Unidos volverá a los ensayos nucleares. El nivel de producción de artefactos atómicos ‘tácticos’, por parte de los estados en conflicto, no es conocido. La amenaza de aniquilamiento proferida por Trump contra Irán revela más sobre esta guerra que la carencia de material bélico para las masacres locales. Estas seguirán prosperando, como parte de la guerra total; es lo que ocurre con la militarización internacional de la guerra contra los cárteles de la droga. La dificultad o la incapacidad de las fuerzas políticas tradicionales en presencia para caracterizar esta situación histórica, en especial en la ‘Izquierda’, como es obvio, explica su completa ceguera en cuanto a su acción política.

25 de septiembre de 2026
La 81 asamblea de la ONU, un foro de bandolerismo imperialista

En su calidad de anfitrión y líder de las potencias imperialistas, Donald Trump marcó de entrada el carácter de la reunión anual de las Naciones Unidas. En el recinto en que se organizó el orden jurídico internacional luego de la derrota de las potencias del Eje (Alemania, Italia, Japoń), el mandatario norteamericano se comprometió a “aniquilar a la República Islámica” si su gobierno no se avenía a una capitulación política y militar. Es una palabra frecuente en el lenguaje del nazismo: “vernichtung”, en especial cuando hacía referencia al pueblo judío y a la clase obrera internacionalista. La expresión tampoco fue 'un tiro al aire' de una 'mente perturbada'; también se comprometió a que “Cuba va a caer”. En cuanto a la guerra en Europa, Trump no desautorizó la ola de ataques a Moscú ni a las refinerías de Rusia, que tiene lugar con drones, aviación y satélites de la OTAN, o sea Estados Unidos. Trump lisonjea a Putin, mientras bombardea a Rusia para extorsionarlo a ceder en los objetivos políticos de la invasión a Ucrania. En las vísperas del Foro, Trump había anunciado que el Pentágono había instalado armamento en órbita espacial, que ningún jefe de estado denunció, incluso cuando los separan de Trump intereses imperialistas divergentes. La Asamblea tradujo en la voz de sus principales dirigentes de Estado, la marcha desenfrenada de otra guerra mundial y un holocausto nuclear.

La Asamblea tuvo cinco sesiones plenas, pero también 'funcionaron los pasillos'. Trump había advertido, horas antes de la convención internacional, que tenía listo el acuerdo con Dinamarca (imposible sin el visto bueno y el apoyo de la Unión Europea y Canadá) para asumir el control político de facto, así como el económico y militar, de Groenlandia –la enorme isla del Ártico occidental-. Una publicación filo MAGA lo caracteriza como “un acuerdo de época centrado en Estados Unidos” Esta manifestación anticipada de bandidismo territorial no formó parte de la Asamblea, ella misma poblada de bandoleros. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo han 'reculado en chancletas' una semana después de que la Presidenta del organismo invitara a Canadá a una “asociación” con la UE para frenar el vasallaje a Estados Unidos. Groenlandia es el terreno donde la oligarquía norteamericana pretende apropiarse de los recursos de petróleo, gas, tugsteno y los minerales raros en general, para desarrollar la guerra económica y geopolítica contra China. Es el terreno de la construcción de la Cúpula Dorada, con misiles, satélites e Inteligencia Artificial para la guerra imperialista en la Tierra. Con el dominio reforzado en el Atlántico Norte, Trump prepara una estocada contra Canadá y México.

El primer ministro británico, Andy Burnham, se comprometió a una escalada de guerra indefinida contra Rusia, bajo una intensa presión de la oligarquía inglesa, la ultraderecha fascista, el alto mando militar y de seguridad. En ausencia del canciller alemán Friedrich Merz, ocupado en atajar una crisis terminal de gobierno en Berlín, Burnham tomó el centro de la escena. Acaba de ejecutar un par de nacionalizaciones en la industria del acero, para reconvertirlas en ‘bienes comunes’ para la producción militar y la guerra imperialista. Como el anglófilo, sionista y MAGA, Javier Milei, dispuso un sistema de seguridad nacional contra el enemigo exterior, que apunta en esencia contra los derechos ciudadanos, como lo reconoció ante una periodista inquieta por las ‘ambigüedades’ del proyecto. Con una economía en ruinas, la City de Londres aboga por una reactivación armamentista. Burnham defendió sin reservas la dominación del Reino Unido en Malvinas, así como los planes militares, económicos y políticos en la plataforma marítima del Archipiélago circundante. Más tarde se reunió con Trump sin el menor inconveniente, luego de que el Pentágono y Trump anunciaran un cambio de política para Malvinas y reivindicara la unidad de Irlanda (con la mira puesta en el numeroso electorado de esa ascendencia en Estados Unidos). El propósito de la reunión habría sido dirimir la disputa acerca de la proporción en que el gasto militar del Reino Unido se reparte entre la industria norteamericana y la local, así como por el control de los yacimientos de petróleo del Mar del Norte – Escocia.

El presidente Macron, que se jubila en abril próximo ante la ultraderecha francesa, mostró que quiere dejar en pie un par de hechos estratégicos consumados. Además de impulsar desde la tribuna del foro la ampliación de la guerra contra Rusia, anunció la provisión de radares y misiles antiaéreos para Ucrania; la cancillería francesa comunicó, en forma simultánea, que enviaría tropas al Mar Rojo y asistencia militar a Arabia Saudita. para reprimir la ofensiva de los hutíes de Yemen. La 81 Asamblea fue el escenario de un violento ataque imperialista contra la colectividad humana. Aunque miembro de la Corte Penal Internacional, Francia autorizó el cruce de su territorio por parte del criminal de guerra Netanyahu.

“(Promovamos un invierno) doloroso para Rusia”, fue el mensaje de Zelensky, el presidente de un gobierno corrupto en medio de una tragedia nacional. Luego se reunió con Trump en la Casa Blanca sin el menor inconveniente. El golpista norteamericano no respondió a una periodista que lo interrogó acerca de qué iba a hacer para “frenar una guerra en Europa”. Zelensky se ufanó de la firma de un acuerdo para la fabricación de drones con Finlandia, y acuerdos similares con Canadá y Australia, dos extremos geográficos y geopolíticos. Zelensky no apunta sus drones sólo a Moscú, también a Crimea y al puente que une a esta península con territorio ruso, en una disputa ‘a finish’ por el Mar Negro.

Este escenario de bandolerismo y de bandoleros habilitó a Benjamín Netanyahu para hablar de su valentía “moral”. Elogió la matanza indiscriminada de civiles (mujeres y especialmente niños) y el asesinato de líderes políticos, militares y religiosos enemigos. No produjo un genocidio sino que salvó a la humanidad del genocidio. Reafirmó el propósito de imponer un cambio de régimen en Irán por medio de nuevos asaltos militares. Atacó a la dictadura de Erdogan, un miembro de la OTAN, por la disputa del control de Líbano y Siria. Como una mafia, la disputa a tiros por el ‘territorio’ es una práctica común de estado. Se jactó de haber provisto un millón de vacunas para niños en Gaza, pero que según el diario sionista liberal Haaretz no entregó ninguna, sino que no atacó con fuego a las misiones humanitarias que las llevaron a Gaza. Lo que dijo, en definitiva, el carnicero de Israel, es que no aceptará ningún acuerdo de paz de Trump con Irán que contraríe su guerra de anexión contra Cisjordania y Gaza, y para convertir en protectorados a Líbano y Siria.

Putin no se hizo presente en el conclave, pero sí lo merodeó su canciller, Serguei Lavrov; le ofrecieron una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Ratificó la intención de seguir la guerra hasta conquistar los objetivos planteados, que no son solamente el reconocimiento del Donbass y Kharkov como parte de Rusia. A la altura que ha llegado la guerra, una ‘paz’ que será explosiva plantea un cambio de régimen de una de las partes o de las dos. Europa, por otra parte, se encuentra en “estado reservado”, carcomida por una crisis estructural, la fragmentación de sus gobiernos, una onda de tentativas de gobierno de la ultraderecha y/o aliada a los partidos tradicionales del capital financiero, y un enorme descontento popular contra la miseria y la guerra, fundamentalmente en las nuevas generaciones. Los misiles de Rusia estuvieron a metros de alcanzar a un tren con casi un centenar de altos funcionarios de la OTAN. El Pentágono zafó por un pelo de dar la orden de un ataque militar en Europa, como consecuencia del ‘desvío’ de un agente de la Inteligencia Artificial. Los estados mayores, en especial de EE.UU., Rusia y China, se están viendo forzados a instalar los “teléfonos rojos” para evitar un estallido ‘por accidente’. La camarilla de Putin sigue empeñada en una guerra de conquista en el entendimiento que su arsenal atómico y misilístico le da una protección política indefinida. Un espejismo. Lavrov, al final, se sentó en una reunión con Marco Rubio, cuyo contenido no se conoce, pero que habrá versado sobre el petróleo, la crisis del diesel, las sanciones económicas, el desplazamiento de las petroleras rusas de Venezuela y la penetración del capital norteamericano en la minería del níquel de Cuba y otras industrias, como un adelanto de la conversión pactada de la Isla en un protectorado. Trump, en su condición de 'patrón de estancia', ha invitado a Putin a la reunión del G-20, que tendrá lugar en el estado de Florida, en diciembre. Rubio juntó luego al Escudo de las Américas, 16 estados tutelados por el imperialismo, para avanzar con la militarización de América del Sur, América Central y el Caribe.

Este es el contexto en que ha tenido lugar “la visita de estado” de Xi Jing pin a Washington, para sustituir la anarquía imperialista mundial por una ‘entente’ con dos cabezas. Misión imposible; China pasó discretamente por la asamblea de los bandoleros, que ha perdido su brújula. El propósito real de las conversaciones es sólo prolongar, como ha pedido Trump, una tregua comercial hasta enero próximo, luego de las elecciones de medio término y el G-20. Mientras las delegaciones de la guerra discurseaban en el edificio a orillas del río Hudson, al otro lado de la Gran Manzana los títulos del Tesoro de Estados Unidos seguían de remate (“sell-off”) y se asistía a un desplome (“meltdown”); lo mismo ocurría en Londres y Frankfurt. China ha importado mil toneladas de oro en los últimos ocho meses y ha reducido las tenencias del Tesoro norteamericano a la mitad. El dinero real es el combustible que mueve la guerra. Los Países Bajos revelaron el retiro de cerca de 400 toneladas de sus reservas de oro en la Reserva Federal, efectuada en forma clandestina. El oro de Venezuela en Londres volverá a una cuenta de Caracas en Nueva York o al Banco Central venezolano custodiado por ‘un experto’, Donald Trump. La realidad es una sola, pero entrelaza contradicciones explosivas de variada dimensión. El desarrollo de la humanidad a través de la explotación de la fuerza de trabajo ajena, muestra sus límites históricos insuperables.

25 de septiembre de 2026
Crecimiento de la pobreza, derrumbe industrial: un escenario explosivo

Los datos oficiales del INDEC confirmaron con creces una tendencia que ya había sido anticipada por varios estudios privados: el avance significativo de la pobreza durante el primer semestre de 2026.

En el primer semestre, señalan los datos oficiales, la pobreza subió al 32,3 % y la indigencia avanzó al 7,5 %, informó el INDEC. Significa que, en los últimos 6 meses, 2 millones de personas cayeron bajo la línea de la pobreza. Un incremento de 4,1 puntos porcentuales con respecto a la segunda mitad de 2025, cuando el cálculo del INDEC había arrojado 28,2 %, considerado el número más bajo desde 2018. La estadística de indigencia, en tanto, aumentó 1,2 puntos porcentuales en el semestre. En total, se estima que hay 15 millones de pobres en el país.

El umbral de pobreza se estima a partir del cálculo de una "canasta básica" de consumo, en la que el rubro de mayor peso son los alimentos. Subieron 19,6 % en el primer semestre, por encima de la inflación que marcó 16,8 % en ese período. Sin embargo, como señala el Observatorio Social de la UCA, el crecimiento de la pobreza no puede atribuirse únicamente a la inflación, sino a “déficits acumulados” en materia de empleo, salarios, productividad, educación, vivienda, acceso a servicios y protección social (Página 12, 25/9).

Ocurre que esta cifra, de por sí impactante, no da cuenta fielmente de las dimensiones del empobrecimiento de los trabajadores. Hay dos motivos fundamentales. El primero, es la desactualización de la llamada "canasta básica total", que no da cuenta de la verdadera incidencia de los servicios en el gasto familiar. Este consumo es subvalorado, pues se estima que ocupa el 9,4 % cuando una metodología actualizada debería llevarlo al 15 %. De actualizarse, el costo de la "canasta básica" sería sensiblemente superior. Este maquillaje estadístico fue lo que detonó la salida de Marco Lavagna de la dirección del INDEC.

El otro motivo es la incidencia de la asistencia social, especialmente de la Asignación Universal por Hijo. Sin esos ingresos, coinciden todos los análisis, la tasa de indigencia se duplicaría. La AUH es la única partida del gasto social que, hasta ahora, había mantenido relativamente en niveles constantes su poder de compra desde que asumió Milei. Sin embargo, en el proyecto de Presupuesto 2027, está contemplado ´desengancharla´ de la evolución del IPC. Habida cuenta de la caída de la recaudación como consecuencia del derrumbe de la actividad económica y de los beneficios impositivos otorgados al capital, el gobierno se ha propuesto continuar el ´ajuste´ por la vía de la desindexación del gasto.

Los dos factores fundamentales que explican este empobrecimiento del mundo del trabajo son el declive de los salarios, una tendencia que lleva más de una década -en el primer trimestre de 2026 el ingreso medio real de los ocupados se ubica todavía un 13 % por debajo del nivel registrado en el tercer trimestre de 2017, consigna La Nación (25/9)- y el crecimiento del desempleo.

El panorama de conjunto arroja una situación explosiva, pues el desfasaje entre precios y salarios tiende a ampliarse. Los alimentos y los servicios, por un lado, exhiben una tendencia ascendente en todo el mundo. Por otra parte, el gobierno ha implementado un esquema de incremento de los ´precios regulados´ (transporte, por ejemplo) que se indexan por encima de la inflación para ´recuperar´ la rentabilidad de las empresas y reducir subsidios. La burocracia sindical se ocupa, por su parte, de suscribir a repetición paritarias a la baja. El endeudamiento familiar para solventar el gasto corriente es sólo la punta del iceberg.

Junto al crecimiento de la pobreza las estadísticas también dieron cuenta de un nuevo derrumbe de la actividad económica en todos los frentes, con excepción de la pesca y la minería, pero particularmente acentuado en la industria y el comercio. Algunos economistas consideran el dato "tan llamativamente negativo, que no debe descartarse que pueda haber alguna reversión, al menos parcial, en agosto” (LN, 25/9), en una suerte de efecto rebote. Otros, en cambio, señalan que la actividad tendrá que crecer en el bimestre agosto-septiembre 4,5 % "para no volver a caer en términos desestacionalizados. Es decir, que ya hay riesgo de encadenar dos trimestres consecutivos de caída desestacionalizada, que es la definición técnica de recesión” (ídem).

El panorama para el gobierno es todavía más sombrío cuando se tiene en cuenta el escenario financiero y la suba de las tasas internacionales, que han reflotado el ´riesgo país´ por encima de los 550 puntos. Voces calificadas del capital financiero, como la exnúmero dos del FMI, Gita Gopinath, se han sumado públicamente al coro devaluacionista para darle oxígeno a la actividad, fomentar las exportaciones y ´sumar´ reservas. Pero el ´fogonazo inflacionario´ provocaría un terremoto social y político que haría mover toda la estantería libertaria.

Con los datos sobre la mesa, Luis Caputo ha cobrado nuevamente notoriedad por sus exóticas explicaciones del caso.

“Si bien las tasas de pobreza y de indigencia se incrementaron 4,1 p.p. (puntos porcentuales) y 1,2 p.p. en relación con el semestre previo, ambas tasas registraron una fuerte baja en relación con el primer semestre de 2024. Frente a dicho período, la tasa de pobreza se redujo de 52,9 % a 32,3 %, en tanto la de indigencia cayó de 18,1 % a 7,5 %”, escribió en X. La arbitrariedad de la comparación es manifiesta, cuando han pasado dos años de la ´explosión´ de pobreza que provocó la devaluación que él mismo piloteó. Los nuevos datos muestran una tendencia de fondo y estructural: los trabajadores "no llegan a fin de mes", como se repite en todos los relevamientos de opinión y se manifiesta en la vida cotidiana en cualquier ámbito de trabajo.

En cuanto a sus explicaciones sobre la caída mensual e interanual de la actividad económica, Caputo posteó: “Durante julio se registraron distintos shocks transitorios que afectaron a varios sectores de actividad. En este sentido, pueden mencionarse la menor disponibilidad de gas en el caso de la industria manufacturera, las mayores lluvias y nevadas en relación con los promedios históricos para la construcción, la minería y algunos servicios, y las menores horas trabajadas en algunos sectores en relación con el Mundial de fútbol”. Según esta versión, si la selección argentina no hubiera pasado de los dieciseisavos de final, el resultado hubiera sido otro...

Los datos del INDEC son una muestra apenas parcial del volcán sobre el cual los partidos capitalistas están parados.

25 de septiembre de 2026
Provincia de Buenos Aires: pronunciamiento de ATE por el sobreseimiento de Bruno Corzo

En el marco de una movilización por reclamos salariales de trabajadores municipales de Hurlingham e Ituzaingó ,encabeza por la seccional de ATE y el acompañamiento de otras de la provincia de Buenos Aires y delegaciones de la junta interna de INTA Castelar, Política Obrera y otras agrupaciones políticas y de vecinos, se dio lectura a un pronunciamiento por el sobreseimiento definitivo del compañero docente Bruno Corzo.

Entre las firmas que acompañan la declaración se encuentran las del secretario general de la seccional Hurlingham-Ituzaingó, Horacio Borjas; de Claudio Arevalos, secretario general de ATE provincia de Buenos Aires y más de 40 seccionales del interior de la provincia de Buenos Aires.

Pronunciamiento

Hoy lunes 14, precisamente en este marco de lucha donde los trabajadores municipales, junto a la Seccional Ituzaingó-Hurlingham de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), llevamos adelante este proceso de lucha, junto a compañeros auxiliares de ANSES de INTA queremos abrirnos y reclamar formalmente el inmediato desprocesamiento del compañero Bruno Corzo, docente imputado, acusado por "entorpecimiento del tránsito" en el marco de su participación en la protesta docente realizada el 7 de marzo sobre la Ruta Nacional N° 38, en Catamarca.

Esa protesta fue una de las tantas llevadas adelante por docentes de la provincia en marzo, abril y mayo.

Rechazamos esta imputación, que constituye un acto de persecución y un ataque al derecho constitucional a la protesta, a la huelga y a la organización de los trabajadores. La movilización por salarios, derechos laborales y presupuesto para la educación pública, que se desarrolla a lo largo y ancho del país, pretende ser criminalizada mientras Milei, los gobernadores y el Congreso Nacional quieren imponer una "esencialidad educativa" para amedrentar y disciplinar a quienes luchan.

La judicialización de la protesta docente sienta un grave precedente para el conjunto de los trabajadores. No aceptamos que se criminalice la participación en las luchas gremiales ni que se utilice el aparato judicial para intentar resolver conflictos sociales y laborales en contra de los trabajadores.

Hacemos hincapié en la necesidad de la lucha de los trabajadores de aquí, de la zona Oeste, y de todas partes del país, como parte de una respuesta contra un gobierno hambreador y antiobrero, que en todos los lugares intenta imponer un estado de tipo terrorista contra los trabajadores, procesándonos por luchar. Por eso creemos que es indispensable seguir la lucha de todos los trabajadores.

En ese marco también se inscribe la gran huelga fueguina, que lleva casi dos semanas de lucha muy importante, y otras tantas luchas que se desarrollan en todo el país. Es en esta pelea donde se construye la unidad de la clase obrera.

Por todo ello, exigimos:

EL SOBRESEIMIENTO INMEDIATO DEL PROFESOR BRUNO CORZO.

EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LA CAUSA.

EL CESE DE TODA FORMA DE PERSECUCIÓN CONTRA QUIENES PARTICIPAN DE LAS LUCHAS DOCENTES.

EL RESPETO IRRESTRICTO AL DERECHO A LA PROTESTA, A LA HUELGA Y A LA ORGANIZACIÓN SINDICAL.

25 de septiembre de 2026
La docencia universitaria rosarina votó el paro por tiempo indeterminado

En el marco de la votación nacional promovida por CONADU, a lo largo de una semana la docencia universitaria de Rosario deliberó en cada unidad académica sobre la medida que nuestro gremio, la COAD, debe llevar al plenario de secretarios generales de la federación.

Esta consulta se da en el marco de la intransigencia del gobierno mileísta de no ejecutar las partidas destinadas a salarios, becas y financiamiento científico dispuestas en la Ley de Financiamiento Universitario, que cuenta con una nueva intimación judicial para su aplicación.

Los números que arroja la votación son contundentes: 1.162 votos por el paro por tiempo indeterminado (50,81 %) sobre un total de 2.287 votantes. Vale destacar que es las consultas anteriores los docentes de la UNR ya habían demostrado la disposición a ir a una lucha a fondo, teniendo en cuenta que está medida ya había sido la más votada en reiteradas instancias.

Está votación se da en el marco del enorme ajuste del gobierno nacional a la educación universitaria y a los organismos de ciencia y técnica. El proyecto de presupuesto elaborado por el gobierno liberticida proyecta una partida de alrededor de 7,35 billones para las universidades, lo cual es significativamente menor de los 11 billones proyectados por el CIN. Por otro lado, el ruinoso 21,3 % de aumento firmado bajo el auspicio de los rectores y las burocracias funcionó como un detonante de la radicalización de las medidas, en tanto son cientos y cientos de compañeros y compañeras que no llegan a cubrir sus necesidades elementales, como pagar el alquiler, comer, etc, sobre todo cuando nos remitimos a los docentes con cargos de dedicación simple.

La votación en COAD sacude la política de paros de aislados, que no promueven una continuidad ni una acción decidida contra el ataque del gobierno nacional. Los rectores, encabezados por Franco Bartolacci, rector de la UNR y presidente del CIN, han lanzado la convocatoria para una nueva marcha federal recién el 15 de octubre. Nada se puede esperar de ellos, que han pactado sistemáticamente contra la docencia. Tenemos que construir desde abajo una verdadera huelga nacional docente hasta que el gobierno ejecute lo dispuesto por la Ley de Financiamiento Universitario. Las asociaciones de base que han votado medidas de estas características deben promover una campaña por una huelga por tiempo indeterminado hasta quebrar la posición intransigente y anticonstitucional de Milei y compañía.

Para esto, es necesario replicar las autoconvocatorias y las asambleas en cada facultad, articulando con el movimiento estudiantil por medio de asambleas interclaustros. La docencia universitaria está en pie de lucha.

25 de septiembre de 2026
Hurlingham: contundente respuesta docente tras un nuevo hecho de violencia en una escuela
Analia Matafoglio

Una imponente movilización de trabajadores de la educación y miembros de la comunidad educativa se manifestó ayer jueves en repudio al episodio ocurrido en la Escuela Primaria N.º 11. Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocaron a un paro distrital que tuvo un acatamiento masivo y dejó sin clases a las escuelas del distrito; la movilización copó masivamente el centro de Hurlingham expresando una gran voluntad de lucha de la docencia.

El hecho había tenido lugar el día anterior, cuando una madre ingresó a la institución y, según la denuncia, intentó agredir físicamente a la docente de su hijo. Ante la situación, la Directora de la escuela intervino para evitar la agresión y resultó golpeada. La docente, en tanto, logró salir del establecimiento y refugiarse en un comercio cercano.

El episodio generó fuerte preocupación entre docentes y familias, que señalaron que este tipo de situaciones de violencia hacia trabajadores de la educación se vienen repitiendo con frecuencia. Dos días antes se había registrado una movilización en el partido de San Miguel a raíz de otro episodio de agresión contra una maestra. Los episodios de este tipo se repiten.

Un abordaje a contramano de la realidad

Frente a lo ocurrido, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), conformado por el SUTEBA, la FEB y UDOCBA, convocó a un paro distrital en repudio a la violencia y en reclamo de mayores medidas de protección para quienes trabajan en las escuelas. El abordaje de la burocracia es plantear que las “escuelas son territorios de paz” y reclamar el cumplimiento de un “protocolo ante casos de violencia” acordado con el Gobierno provincial frente a estas situaciones parte de la base de trasladar al docente agredido, aislándolo de la comunidad educativa. El protocolo, lejos de resolver las situaciones de violencia, descarga las secuelas del aislamiento y las consecuencias sobre la carrera educativa de los docentes agredidos.

El abordaje del SUTEBA choca con la realidad de las escuelas de la provincia, donde las situaciones de violencia generalizadas a toda la sociedad se replican en niños, padres, no docente y docentes. La burocracia pretende aislar a las escuelas de la descomposición social creciente en vez de que la docencia acaudille una lucha general contra el régimen que la engendra. Las escuelas deben convertirse es territorio de lucha, primero, por el salario igual a la canasta familiar de los docentes, pero también por el presupuesto educativo.

En el camino de una huelga indefinida

La medida tuvo un acatamiento masivo: no hubo clases en ninguna escuela del distrito. La movilización reunió a trabajadores de la educación y miembros de la comunidad educativa, ocupando aproximadamente tres cuadras. La jornada comenzó con un abrazo simbólico a la Escuela Primaria Nº 11 y un acto frente a la institución.

Luego, una gran parte de los docentes se movilizó hacia la Jefatura Distrital, donde intentaron entregar un petitorio con sus reclamos. Los sindicatos no acompañaron la movilización y el documento no fue recibido por ninguna autoridad. Según se informó a los manifestantes, los responsables de la dependencia se encontraban en una reunión. En una radio abierta realizada, las intervenciones de los partidos del FITU se centraron en reclamar el cumplimiento inmediato del “protocolo” armado por la burocracia del SUTEBA. Desde la Tendencia Docente Clasista planteamos que la violencia viene desde arriba, que la situación en las escuelas no da para más y que la respuesta de los sindicatos no está a la altura del problema planteado: es necesario hacer como los docentes de Tierra del Fuego que marcaron el camino de la huelga general.

La jornada dejó expuesta, una vez más, una fuerte voluntad de lucha de los trabajadores de la educación frente a los hechos de violencia que se producen dentro y alrededor de las instituciones escolares, y el reclamo al Estado de respuestas concretas para garantizar condiciones de seguridad y protección para docentes, directivos y toda la comunidad educativa.

26 de septiembre de 2026
Un nuevo acto de reivindicación de la última dictadura militar en la Cámara de Diputados

Diputados libertarios llevaron a cabo un nuevo acto de reivindicación de la última dictadura militar al organizar, en la Cámara de Diputados, la presentación de un libro en el que escriben genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad. Una de las activistas proimpunidad señaló que "la presentación de este libro en el Congreso de la Nación tiene un significado muy importante. Es un espacio donde hoy podemos hablar y dar a conocer una parte de nuestra historia que durante los gobiernos kirchneristas no hubiera tenido lugar" (Página 12, 24/9).

La organización del evento corrió por cuenta del diputado tucumano Federico Agustín Pelli, por La Libertad Avanza, que reivindicó su paso por el Colegio Militar de la Nación. También fue de la partida el obispo castrense Santiago Olivera, detractor sistemático de los juicios por crímenes realizados 50 años atrás.

La presentación del libro "Larrabure: voces para el reencuentro" se realizó el martes pasado en el Anexo A de la Cámara de Diputados, en donde se hicieron presentes "destacados" miembros de la "familia militar". Entre ellos se encontraba Cecilia Pando, quien hace 15 días atrás se hizo presente en el Ministerio de Justicia con un pliego de condiciones a favor de los condenados por crímenes contra la humanidad. El libro es una compilación realizada por el general José Luis Figueroa, expresidente del Foro de Generales Retirados, asiduo visitante de los genocidas que aún continúan encarcelados. En sus redes sociales, Figueroa reclama insistentemente que "dejen de perseguir a los jóvenes oficiales y suboficiales de los '70". (ídem)

El libro en cuestión es una recopilación de 48 textos que, en su mayoría, son de autoría de familiares del coronel Argentino del Valle Larrabure, quien el 11 de agosto de 1974 fue tomado prisionero por el ERP, luego de la toma de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de la ciudad de Villa María, Córdoba, por parte de la organización armada. En agosto de 1975, su cuerpo fue encontrado en un camino de las afueras de Rosario. Desde el ERP explicaron que se había ahorcado, pero la familia insiste en que fue asesinado y busca reabrir una causa para sentar en el banquillo a los militantes de los '70, lo que fue rechazado por la Corte meses atrás.

Entre los escribas que figuran en el libro se encuentran Horacio Losito y Eduardo Cardozo. Losito recibió, en 2009, una pena de 25 años de prisión por delitos cometidos en Corrientes, lo que provocó la ira de Cecilia Pando, que amenazó con degollar al entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. En 2023 Losito fue condenado a perpetua por los crímenes cometidos en la masacre de Margarita Belén. La "familia militar" y miembros de LLA lo consideran un héroe de Malvinas, lo que les sirvió de justificación para realizarle un homenaje en el Regimiento de Apóstoles y otro en el Senado. Por su parte, Cardozo se encuentra preso a perpetuidad en la Unidad 34 de Campo de Mayo, una cárcel VIP para los genocidas, por su vinculación en el secuestro de la modelo Marie-Anne Erize, ocurrido el 15 de octubre de 1974 en la ciudad de San Juan, en la que el represor prestaba servicios en el Regimiento de Infantería de Montaña 22.

El libro también recoge textos del excarapintada Aldo Rico y de Eduardo Riggi, excamarista de Casación Penal que "participaba en los chats con abogados y amigos de los represores, que salieron a la luz gracias a una presentación judicial de la diputada Lourdes Arrieta tras la visita de un grupo de legisladores libertarios al penal de Ezeiza." (Página 12, 24/9) Quien ofició de anfitrión del acto de "memoria completa" fue Arturo Larrabure, hijo de Argentino, que estaba flanqueado por Silvia Ibarzábal, ambos asesores en materia de derechos humanos del Ministerio de Defensa, y en su momento brindaron su apoyo público a la visita de los diputados a los represores y abogaron por la prisión domiciliaria de los pocos que aún están en las cárceles. En 2006, Arturo Larrabure fue parte de un grupo que abogó por una amnistía general cuando se estaban reabriendo los procesos por crímenes cometidos durante la dictadura. (ídem) Larrabure hijo también incide en el espacio de la Memoria de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en donde oficia de consultor del director del museo Fernando Vedoya.

La seguidilla de actos y reuniones llevados adelante por los miembros de la "familia militar" y sus personeros políticos persigue un claro objetivo: la excarcelación de los genocidas que aún se encuentran presos e imponer la agenda de "memoria completa" como un contrapeso necesario para lograr la impunidad, que hasta el momento se ha visto truncada por la movilización popular. Las expectativas iniciales de los reivindicadores de la última dictadura para con el gobierno de Milei se fueron desvaneciendo con el correr del tiempo. En un punto, la cuestión de la impunidad y de la "memoria completa" formaba parte de la agenda de Villarruel, hoy desplazada virtualmente del ejecutivo. Milei, que viene de reivindicar a Pinochet en su visita a Chile y que es uno de los impulsores del "Plan Cóndor" del siglo XXI encarnado en el "Escudo de las Américas", no avanzó en la impunidad de los genocidas para no enfrentarse a una movilización popular, como sucedió con el 2x1 impulsado por el macrismo en 2017.

Es necesaria la desclasificación de todos los archivos del Ejército, la SIDE y fuerzas de seguridad que intervinieron en el genocidio, y deben ser puestos bajo control de las organizaciones independientes de derechos humanos, a fin de investigar todas las responsabilidades políticas e intelectuales del terrorismo de Estado, incluyendo a las grandes patronales y capitalistas que brindaron su colaboración directa con los genocidas y que actualmente operan impunemente en el país.

26 de septiembre de 2026
Tucumán: Mercedes (Mechita) Aguilar, una militante socialista

Toda la regional se vio sacudida por el fallecimiento de nuestra querida compañera Mechita. Era una compañera de fierro, con más de 35 años de militancia en nuestra corriente. Tomamos contacto con ella en la facultad de ARTES donde conformamos la Lista de Delegados en el que confluyeron gran parte del cuerpo de delegados, algunos de ellos miembros del partido, otros, entre ellos “Mechita”, representando al sector que se consideraba “independiente” y que incluso eran mayoría. Con ese agrupamiento fuimos a la elección del CEFA (centro estudiantil) y aplastamos a la Franja Morada, recuperamos el CEFA, pasando a dirigir la organización estudiantil durante varios años. Fue un periodo de intensa lucha política, en la que la mayoría de los delegados del sector independiente, por medio de la experiencia y el debate de posiciones se fueron incorporando al partido, entre ellos Mechita, que al poco tiempo pasó a liderar el centro estudiantil. Ella fue una referente y punto de partida para que numerosos estudiantes se interesaran o comprometieran con la lucha y muchos de ellos concluyeran sumándose a nuestra organización. Que mejor ejemplo que la reflexión de Anahí Rodríguez, actual secretaria general de ADIUNT, destacando que cuando recién venida de Catamarca para iniciar su carrera estudiantil, su primer contacto fue precisamente con Mechita que la fue incorporando a la actividad de CEFA, a la Lista de Delegados, y por esa vía al partido.

Mechita, era una persona, que se destacaba como una enorme luchadora, no solo por su valentía y arrojo, sino también para saber mantener el entusiasmo y cohesión colectiva de los que participaban en las huelgas en los años 90 o en las ocupaciones de la facultad donde era capaz de ser la primera cocinera y a la vez la que tenía la voz cantante por su olfato y claridad, para dirigir las asambleas.

Mechita era una estudiante proletaria de un hogar muy humilde de familia trabajadora, de una de las barriadas bravas y pobres de la capital. Era una persona profundamente estoica y de una honestidad política irreprochable. Fue artesana desplegando su vocación por la plástica, pero también recorrió la carrera de la Danza, el Grabado.

Se destacó como una organizadora de la lucha de los movimientos de la Cultura en la provincia y también de los músicos. Fue una activa militante en la época de auge del movimiento piquetero, sumando al movimiento estudiantil a esa lucha crucial de esa época.

Por su rol, los peores enemigos de nuestra política, como lo fueron agrupaciones fascistas que de las manos de las autoridades emergieron en la facultad la odiaban y a la vez la respetaban. Las autoridades de la facultad y de la universidad, otro tanto.

En oportunidad de la crisis en el Partido Obrero y la expulsión por parte de la camarilla antisocialista que se había apoderado de la dirección, Mechita no dudó, pero hubo una campaña de parte del aparato liquidador por presentar a Mechita como una de las militantes que apoyaba las expulsiones. La respuesta, que aquel entonces di, frente a los rumores, era que no había que preocuparse, pues Mechita era socialista e iba a seguir con la tendencia revolucionaria, y así fue.

Mechita participó activamente del periodo precongresal y fue un ejemplo de su espíritu militante consecuente pues habiendo perdido el habla, participó de todos los plenarios precongresales, y través de una pizarra digital expresó sus opiniones y su voto.

El anuncio de su fallecimiento dio lugar a un centenar de posteos de los sectores más diversos y desde los lugares más alejados, de personas que habiendo compartido experiencias de estudio, personales o políticas destacaban las cualidades de la compañera. Así llegaron mensajes desde Panamá, de diversas provincias de argentina, de personalidades de la cultura, de exdecanos de la facultad, de numerosos docentes (en su mayoría hoy activistas de la ADIUNT) y personalidades del arte, la música y la cultura de la provincia y también de varias organizaciones políticas y sociales.

En el velatorio hubo una concentración e hicimos un acto de homenaje y despedida señalando precisamente que el contenido de todos esos posteos destacándola como una gran luchadora por tal o cual reivindicación o frente a tal o cual injusticia, o tal o cual cualidad personal, eran ajustadas a la verdad, pero que por encima de todas ellas, Mechita se había elevado a la compresión de que la superación de todas esas injusticias, las conquistas definitiva de innumerables reivindicaciones a las que se aludían en los terrenos del arte, la cultura, y la condición social y de la condición humana, donde el capitalismo condena a la mayoría a sobrevivir en la pobreza y la miseria, solo se van a poder superar conquistando un gobierno de trabajadores y el socialismo.

A todos sus familiares, amigos compañeros de Mechita y de Política Obrera nuestras condolencias reafirmando: “hasta la victoria siempre, hasta la victoria del Socialismo”.

26 de septiembre de 2026
Despedimos a nuestra querida Mechita Aguilar

Este 24 de setiembre falleció Mechita, tenaz, cálida y querida compañera de Política Obrera de Tucumán.

Como no podía ser de otra manera, enfrentó su enfermedad con una combatividad sorprendente. Mechita quería vivir y peleó cada recaída y complicación. Lo hizo con la compañía y cuidados de sus hermanas Marta y Claudia y el apoyo de toda su familia.

Perdió la voz, pero rápidamente encontró la manera de comunicar sus ideas, sentimientos y decisiones. Con una pizzara y sus gestos se hacía remil entender.

Aun con su salud complicada participó del debate precongresal de este año. Sola o con alguno de sus hermanos llegaba para debatir la situación política nacional o internacional y las tareas. Se llevó fichas de adhesión y afiliación para recuperar la personería electoral de nuestra organización.

El cariño, compañerismo y amistad que sembró Mechita se reflejó en innumerables mensajes en las redes sociales.“Mecha querida, Mecha de la popu, Mecha de los estudiantes, Mecha de los docentes en lucha, Mecha del Centro de Estudiantes de Artes, Mecha del PO, Mecha amenazada por los mafiosos con traje de la Alta Casa de Estudios, Mecha de la pintura, Mecha del Grabado, Mecha de la compu, Mecha de la Danza”...“La amiga de siempre para siempre, la militante política, la negrita de rulos ruludos, la artista plástica, la chica del PO, la voz de tonada tucumana entre el caretaje fifi, una de las minoritarias componentes de las clases trabajadoras y de vida y de barrio popular de la facultad de artes, la de las fiestas de artes, la voz del pueblo (ese término de antes hecho carne en ella) en las asambleas”.

Un enorme orgullo que nuestra Mechita haya representado todo eso y haya calado tan profundo en la memoria y conciencia de quienes la conocieron. Lamentamos tu pronta partida, pero celebramos tu vida obrera y socialista.

Hasta la victoria siempre querida Mechita.

26 de septiembre de 2026
Judíos y palestinos repudian a Netanyahu en New York

Fortificada la sede de la ONU hasta los dientes para recibir al genocida Netanyahu, la ciudad con más judíos del mundo movilizó “varios miles de personas marchando desde el cercano Bryant Park hasta la ONU” (The Guardian, 25/9). La policía de Nueva York bajo la autoridad del jefe de gobierno Zohran Mamdani detuvo a cien personas por manifestación no autorizada. Sin embargo, “activistas israelíes antigubernamentales, sionistas liberales, antisionistas y organizadores palestinos realizaron manifestaciones en toda la ciudad” (Haaretz, 25/9). Un día antes varios cientos “se manifestaron en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de la ciudad para protestar por el transporte de armas y materiales explosivos destinados al ejército israelí desde el aeropuerto en aviones comerciales” (TG, ídem).

El caballito de batalla del genocida —la acusación a todo aquel que critica al estado sionista de antisemita— se cayó por sí solo: “Lo que dejamos claro hoy es que los neoyorquinos, incluidos los judíos neoyorquinos, no queremos que criminales de guerra y artífices del genocidio vengan a nuestra ciudad”, declaró Beth Miller, directora política de Jewish Voice for Peace Action (ídem). Nueva York es la ciudad con mayor cantidad de judíos del mundo, por encima de Tel Aviv o Jerusalén.

Entre las figuras más destacadas de la movilización estuvo la multipremiada actriz judeo-norteamericana Hannah Einbinder, detenida y esposada junto a Susan Sarandon. La actriz declaró “siento la obligación moral de unirme a las protestas "como judía, como estadounidense y como ser humano”.

Mientras tanto, en Europa, por primera vez las máximas autoridades de una colectividad judía alzaron su voz contra el alineamiento internacional fascistoide del estado sionista. El partido de la Libertad de Austria, de extrema derecha, ante el cual el gobierno sionista cerró filas. Sin embargo, “la comunidad judía de Austria rechaza vehementemente al partido. El presidente de la comunidad judía de Viena declaró: «Quizás deberíamos empezar a hacer las maletas», advirtiendo que «hay muchos simpatizantes nazis entre la dirección y los funcionarios del partido»” (Haaretz, 22/9). El partido fue fundado por antiguos nazis en la década de 1950 y tiene un historial de líderes antisemitas que ahora respaldan al estado sionista y su genocidio contra el pueblo palestino.

El estado sionista no es la “tierra de los judíos” sino la encarnación de un movimiento nacionalista reaccionario enfeudado a fuerzas reaccionarias que han practicado el mayor genocidio contra el pueblo judío de la historia.

26 de septiembre de 2026
Tucumán: la crisis, las elecciones y las internas

A partir de la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de adelantar los comicios provinciales para el 9 de mayo, para la renovación de todos los cargos ejecutivos, legislativos y municipales, se desataron con fuerza las internas en las principales fuerzas patronales. En el PJ se interrogan si Jaldo va a seguir con su política colaboracionista con el gobierno nacional o podrán “recuperarlo” para el 2027 en una alternativa peronista nacional. Por lo pronto, la mayor motivación de Jaldo es asegurarse su propia reelección.

A cambio de migajas presupuestarias, el gobernador tucumano ha acompañado a través de los legisladores nacionales que le responden los principales proyectos de LLA en el Congreso. Ahora se dispone a hacerlo nuevamente con el proyecto de presupuesto 2027. Como moneda de cambio, Jaldo ha reclamado “mayores recursos para asegurar los trabajos que se encuentran en marcha e incorporar recursos específicos que actualmente no son transferidos a las provincias”. Es decir, para responder a las obras de infraestructura de los capitalistas instalados en la provincia.

Recientemente, Jaldo ha colaborado con la derogación del régimen de zonas frías. En un acuerdo establecido por el gobierno nacional con varios gobernadores del Norte, el apoyo parlamentario tendría su contrapartida con un régimen tarifario subsidiado a las zonas cálidas. El jefe de Gabinete Diego Santilli les informó a los gobernadores que la norma saldría por resolución, no por ley. Una salida precaria, dado que una resolución del Ejecutivo, a diferencia de una ley, se podría anular o modificar en cualquier momento discrecionalmente.

Interna peronista

Jaldo también ha anticipado que repetirá fórmula con su vice Miguel Acevedo y mantendrá su alianza con Rossana Chahla, apoyándola para la reelección en la intendencia de la capital. Cada uno de ellos conformará acoples para agrupar a sus seguidores.

El exgobernador y exministro de Salud Juan Manzur, por su parte, por medio de afiches, pintadas y declaraciones de algunos de sus seguidores, anunció que pretende recuperar la gobernación. Denuncia que “Jaldo es Milei” y que la única candidatura peronista sería la suya, con apoyo del PJ nacional. Incluso desde sectores alineados con Manzur están cuestionando la legalidad de la candidatura de Jaldo para ir por una nueva reelección.

Desde el espacio de Manzur, el diputado nacional Pablo Yedlin responsabilizó a Jaldo por una eventual fractura electoral del PJ y lanzó su propia candidatua en la Capital, un distrito clave. En las últimas elecciones fue ganada por La Libertad Avanza.

Uno de los interrogantes que aún no se ha clarificado es la postura del actual diputado nacional Cisnero, secretario adjunto de la Asociación Bancaria a nivel nacional. Estaría ocupado en una construcción propia, opositora a Jaldo, pero en la Capital apoyaría la candidatura de Chahla.

Cisnero controla varios medios de comunicación desde los cuales fogonea la impugnación judicial de la candidatura de Jaldo.

Interna libertaria

A principio de agosto, alentado por Karina Milei, el exministro de Interior de la nación, Lisandro Catalán, anunció su candidatura a gobernador. Jaldo colocó el asunto en la mesa de negociaciones con LLA y Karina M se apartó del apoyo a Catalán. Ningún dirigente nacional se hizo presente en el lanzamiento de su candidatura e incluso alentaron la candidatura de un ´radical con peluca´ que se referencia con Patricia Bullrich.

La postura definitiva de LLA para Tucumán dependerá del resultado de las negociaciones relativas a la reforma política, especialmente, con respecto a la suspensión de las PASO, y al reparto de espacios legislativos y municipales que el jaldismo estaría dispuesto a ceder.

En la trastienda de todas estas internas, está en curso el operativo retorno al peronismo nacional de Jaldo y otros gobernadores colaboracionistas. Hasta el momento no han habido avances ni rupturas definitivas. En el PJ nacional toman como referencia para una definición que Jaldo se oponga a la eliminación de las PASO. Las negociaciones están envueltas en una fuerte especulación acerca de qué va a pasar con la crisis general, presionados por las encuestas.

Crisis económica, financiera y social

El gobierno de Osvaldo Jaldo confirmó que la deuda pública tucumana alcanzó aproximadamente los $153.000 millones y admitió que utiliza refinanciaciones para sostener gastos de funcionamiento y salarios después de agotar el Fondo Anticíclico.

El nivel se encuentra por debajo del límite legal que permite destinar hasta un 10 % del presupuesto al pago de capital e intereses. Por esa razón, la administración provincial sostiene que el endeudamiento resulta manejable. Ese indicador, sin embargo, no responde por sí solo a cómo se utilizaron los fondos ni por qué el Ejecutivo tuvo que recurrir al crédito para cubrir erogaciones corrientes tras consumir sus reservas ´anticíclicas´. La principal obligación corresponde a un financiamiento cercano a $80.000 millones concedido por el Banco Macro, agente financiero de la provincia. A ese monto se suma una asistencia por $55.190 millones del Banco Nación para cancelar compromisos con el disuelto Fondo Federal para el Desarrollo Provincial. Tucumán también mantiene alrededor de $10.000 millones en títulos públicos, entre ellos instrumentos que ajustan por la tasa Badlar. Aunque están denominados en pesos, su costo varía según las tasas abonadas por el sistema financiero.

El gobierno provincial afirma que no contrajo deuda directa en moneda extranjera. Existen, no obstante, financiamientos internacionales originalmente expresados en dólares que la contabilidad provincial registra en moneda nacional.

También confirmó que numerosas dependencias sufrieron reducciones de partidas cercanas al 20 % y que, desde marzo, el recorte alcanzó a organismos autárquicos y descentralizados.

La combinación expone el punto más sensible de las cuentas públicas: el Gobierno sostiene que la deuda es baja con relación al presupuesto, pero al mismo tiempo admite que agotó el Fondo Anticíclico, ajustó partidas y necesita refinanciar para atender compromisos cotidianos.

En los próximos meses, todos estos factores -la crisis general nacional y provincial, los tires y aflojes del gobierno nacional y del PJ nacional para sumar a Jaldo a sus planes, las internas- se van a agudizar. Nada de ello apunta a dar una salida a las aspiraciones de las masas. Los trabajadores deben reagruparse alrededor de las cuestiones reivindicativas más acuciantes en forma independiente. Sólo por medio de la lucha podrán imponerlas.

26 de septiembre de 2026
Mario Trimarco, ¡hasta la victoria siempre por el socialismo!

En la mañana de este viernes 25 de septiembre recibimos con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del compañero Mario Trimarco, quien venía atravesando un proceso de enfermedad coronaria desde hacía unos años.

Mario continuó, a pesar de ello, militando durante todo este tiempo –y hasta que el agravamiento de su salud lo permitió-, participando en numerosas luchas y manifestaciones contra dos gobiernos patronales que no brindaron soluciones al problema de la falta de trabajo y de su precarización; gobiernos que profundizaron la pobreza, como el de los Fernández-Fernández-Massa, y el de Javier Milei; y que tampoco dieron ni podrían dar jamás respuestas a las necesidades de salud y educación de la clase obrera y las capas más postergadas de la clase trabajadora. Mario fue un destacado activista y militante que estuvo presente en la lucha por la toma de tierras de Guernica, en Presidente Perón, en pleno apogeo de la pandemia de covid 19, durante 2020. Fue candidato a concejal por nuestro partido en su distrito de residencia en 2023 y también militó la primera participación electoral nacional de Política Obrera en 2021, participando en pegatinas, volanteadas, recorridas de lugares de trabajo y barrios, partícipe de asambleas, movilizaciones y actos, tanto de la Tendencia del Polo como del Partido.

Ante cada injusticia, Mario sentía una profunda impotencia. Como él mismo expresaba: “Prefiero gastar la suela de mis zapatos en las luchas, en salir a la calle, antes que quedarme en casa”. Era el clasismo proletario que lo caracterizó con su bonhomía en todas las actividades que encaró.

Desde la Tendencia del Polo Obrero, y desde Política Obrera de la Zona Sur del GBA, hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a su familia y a todos sus compañeros y compañeras en este momento tan doloroso. Lo seguiremos recordando en cada lucha y en nuestros corazones.

¡Hasta la victoria siempre, compañero Mario!

¡Mario Trimarco, presente!

27 de septiembre de 2026
Salto del “riesgo-país”, los acreedores financieros bochan el plan Caputo-Milei

La exposición en Nueva York del plan financiero del gobierno argentino hasta finales de 2027 ante inversores internacionales desató un remate de la deuda pública en el mercado local y extranjero, que llevó el llamado “riesgo país” bien por encima de los 600 puntos básicos. Se trata de la prima que hay que pagar por encima del interés del bono norteamericano a diez años, que ha cerrado a 5.3 por ciento. Este costo adicional equivale al cierre de los mercados para una renovación de la deuda del Tesoro nacional. El plan financiero de Caputo ha recibido un bochazo rotundo por parte del capital financiero. La red de seguridad del gobierno se ha desplomado.

De acuerdo a Jorge Liotti, de La Nación (27.9), los banqueros le dijeron a Caputo que “(sus) cuentas no eran realistas….no todas (las fuentes de financiamiento) son accesibles al gobierno”. “Pintó un escenario falso y eso cayó mal. No fue intelectualmente honesto”, fue el resumen de un broker de Wall Street. Tampoco cayó bien una entrevista de Milei con la agencia Bloomberg. “El paso del Presidente y del ministro por acá dejó una sensación de negación de la realidad”. Estas observaciones suenan a una amenaza de despido. La deuda total de Argentina es de alrededor de 600 mil millones de dólares cuando se suman las del Tesoro, los organismos federales, el Banco Central y las obligaciones privadas. En los próximos doce meses se deben enfrentar vencimientos de deuda y de intereses por el 10 % de ese total. La gira por Nueva York ha puesto al descubierto un escenario de default.

Las advertencias desde el extranjero llegan en un marco de recesión económica. De las tres turbinas del crecimiento siguen en pie, relativamente, petróleo y minería, pero una ha dejado de funcionar: la “intermediación financiera” ha caído en terreno negativo. “El crédito no arranca”. No es solamente “la mora (la que) lleva a restringir los créditos”, como interpreta La Nación. Los activos de los bancos, incluidos los encajes, están forrados con la deuda del Tesoro; una venta forzada provocaría una crisis bancaria. “El stock de créditos personales cayó durante diez meses seguidos y con la foto actual no se ve claro el fin de la película”, describe La Nación. La restricción de la ganancias que provocan las previsiones contables para hacer frente a los créditos incobrables que han afectado a seis millones de deudores personales han creado una brecha intransitable entre los intereses y retornos de la oferta de crédito, arriba del 60 % promedio, y los depósitos, por debajo del 20 por ciento. No hay demanda de crédito a esos tipos, ni por lo tanto ganancias líquidas. Se ha desarrollado un puente entre la crisis internacional de la deuda pública de Argentina, de un lado, y una crisis bancaria, del otro. La mora volvió a subir en julio... el saldo refinanciado alcanzó 2.6 billones de pesos. Sin ninguna quita de deuda, se extiende la inmovilización de los activos y pasivos bancarios.

Con el ingreso a la recesión, la caída continua de la demanda de consumo personal suma la caída de la demanda de stocks y de inversión. La demanda internacional de minería y petróleo para las guerras en curso eleva el precio en los mercados de producción y eleva los costos de producción y de consumo. Tiene lugar una inflación de oferta que no puede ser reprimida por medio de ajustes monetarios sin provocar una depresión. Se resiente la recaudación impositiva y crece el déficit fiscal. La ‘economía de dos velocidades’ se vacía de contenido, porque el excedente del comercio exterior se convierte en una fuga de capitales que ni siquiera ingresa a las fronteras nacionales. La caracterización de la economía como campos desconectados no tiene sustento a término.

En discrepancia con el FMI, Milei y Caputo se niegan a comprar el excedente comercial externo y aumentar las reservas internacionales. Esta dolarización de la economía por medio del encarecimiento del peso refuerza la tendencia a la depresión económica. El Banco Central, adicionalmente, asegura una cotización barata del dólar por medio del mercado de futuros. Esta política ha fracasado en cuanto a la intención de abaratar el pago de la deuda pública, sea en dólares o dolarizada, como lo demuestra el fiasco descomunal sufrido en Nueva York. El dúo libertario teme, con razón, que una devaluación del peso, como piden sus críticos del campo ‘neoliberal’, desate una hiperinflación. Se repite, de este modo, a una escala muy superior, la contradicción sin salida que llevó al derrumbe de la convertibilidad. Esta es la base económica de la trifulca política que se desarrolla entre LLA y el PRO, y una franja de gobernadores, y dentro de los mismos libertarios.

La burguesía local y extranjera no solamente se manifiesta ‘preocupada’ acerca de que la desvalorización de salarios y el ajuste social afecte la situación política en un año electoral. La Nación relaciona con preocupación a “la pobreza” con la “desintegración social”. Ve al fracaso para promover una reactivación de la economía como un derrumbe del plan deflacionario que ella misma impuso al gobierno. La pauperización absoluta de la fuerza de trabajo representa para el capital un bloqueo a su propia reproducción. Necesita un crecimiento de la demanda de consumo personal para dinamizar más allá de este límite la llamada inversión, que en las actuales circunstancias es negativa (deducida la amortización). El capital financiero y el crédito en sus diversas formas no crean valor, sólo se apropian de una parte de la plusvalía creada por la explotación de la fuerza de trabajo. La crisis financiera internacional, sin embargo, trastoca esta relación económica y potencia la tendencia a la disolución del conjunto de la organización capitalista.

Es claro que un desconocimiento “soberano” (institucional) de la deuda, para ‘usar la plata para salud y educación’, no remedia esta crisis histórica. La crisis plantea una cuestión de poder y la transformación socialista de la sociedad.

27 de septiembre de 2026
Trump deportó a más de 200.000 niños

El ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., alcanzó en julio la cifra record de 50 mil trabajadores expulsados, en su mayoría sin ningún antecedente penal. La Casa Blanca pretende una cifra aún mayor: 2 mil arrestos diarios, más de 60 mil mensuales. Stephen Miller, el subjefe de gabinete, “cerebro y ejecutor de la agenda antiinmigración de línea dura de Donald Trump tiene como objetivo, en particular, a la población vulnerable de niños indocumentados. Así, casi 200.000 niños han sido expulsados de Estados Unidos por jueces de inmigración desde que Trump regresó a la Casa Blanca (…) Hay pocas dudas que estas políticas contrarias a la infancia viene acompañada de prejuicios raciales” (The Guardian, 19/9). ¡Niños arrancados de sus familias!

Organizaciones de derechos humanos indican que las cifras son mayores: es que corresponden sólo “a los niños que comparecen ante los tribunales de inmigración. En consecuencia la cifra es inferior a la real” (ídem). El ICE actúa de hecho como una Gestapo, violando todas las garantías constitucionales. “Hay una verdadera animosidad hacia los jóvenes por parte de Miller y sus seguidores” declaran voceros de esas organizaciones y denuncian que “se busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento” (ídem). Trump va por la derogación de la décimo cuarta enmienda de la Constitución norteamericana vigente desde 1868.

“Las órdenes de expulsión de jóvenes pasaron de 7366 al mes en enero de 2025 a 16 200 en junio, 16 750 en julio y 14 744 en agosto, según una investigación de Mobile Pathways. De los más de 200.000 niños que fueron obligados a ser retirados de sus hogares durante la segunda administración de Trump, el 70 % eran menores de 13 años. El porcentaje de audiencias que terminaron con una orden de retirada también se duplicó con creces en los últimos 20 meses”. Instituciones que atendía a la población inmigrante para su asimilación en EE.UU. ahora “colaboran con agentes de inmigración y comparten expedientes confidenciales de los niños, en un desmantelamiento sin precedentes y legalmente cuestionable” (ídem).

Los arrestos son express (en domicilios o trabajos), se los confina durante semanas o meses en virtuales campos de concentración a cientos o miles de kilómetros, donde sufren todo tipo de vejaciones antes de ser expulsados.

Trump “firmó 35 acuerdos secretos de deportación con diferentes países”, la mayoría africanos. En América Latina con México, Paraguay, Ecuador, Paraná, Jamaica y República Domicana. Según un recuento de Refugees International y Human Rights First, unas 20.000 personas fueron trasladadas en autobús a México. Y más de 5.000 fueron subidas a vuelos con destino a países de África, Latinoamérica, el Caribe y Asia Central con los que los expulsados no tienen ninguna conexión, para luego, a menudo, ser devueltas a los países donde los jueces de inmigración estadounidenses habían dictaminado que sus vidas o su libertad corrían peligro” (ídem, 21/9). Ahora “un tribunal federal de apelaciones dictaminó el viernes que las deportaciones a terceros países son ilegales (pero) se espera que el gobierno apele la sentencia y continúe con su política. Entre las personas obligadas a subir a los aviones se encuentran quienes han pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos, padres detenidos de camino al colegio y los hijos adultos de familiares ancianos que dependen de ellos para su cuidado” (ídem).

El ICE en EE.UU. y agencias equivalentes de persecución a los inmigrantes en Europa, desde gobiernos de derecha (Alemania, Polonia, Italia, los bálticos, etc.), como socialdemócratas (España) están implementando políticas draconianas de expulsión de migrantes, como no se recuerda desde tiempos previos a la II guerra mundial. Si a esto se suman los ataques a los luchadores sociales y por los derechos civiles, en EE.UU. sin duda estamos ante una cruzada peor que la del macartismo. Trump ha dicho que los inmigrantes “están envenenando la sangre de nuestro país". The Guardian dice: es “una frase que ha suscitado comparaciones con el nazismo”. El matón parece ya salido del Ku Klux Klan, cuando EE.UU. tenía su propia versión de la ‘raza superior´: los White, Anglo, Sajon and Protestant. El canciller Merz está apenas un grado abajo y acompaña la campaña contra los migrantes de la fascista AfD: les atribuyó el estado ruinoso de las ciudades alemanas.

Los migrantes en todo el mundo ´desarrollado´ han pasado a ser la carne de cañón de la descomposición imperialista. Las ´grandes democracias´ y, en particular la yanki recuerda que su historia alimentó la barbarie hitleriana: las leyes Crow de segregación contra los negros -vigentes desde 1876 hasta 1965- inspiraron las leyes raciales de Nuremberg (1935); Mein Kampf se inspiró en el opúsculo antisemita, “El judío internacional”, del magnate Henry Ford (1935). El ataque a los migrantes no es inocuo a los derechos de la clase obrera de los países centrales. Al contrario, es una avanzada de un ataque en regla contra todos los derechos civiles y sindicales de los trabajadores y la ciudadanía democrática.

¡Desmantelamiento del ICE y de todas las agencias de persecución de los migrantes! ¡Apertura de todas las fronteras! ¡Libre circulación entre los países! ¡Acabemos con las mafias de traficantes de personas, con sus financistas y todas las fuerzas represivas! En Argentina, abajo toda la legislación represiva, en particular el andamiaje montado por Milei para servir a los yanquis en la guerra imperialista.

27 de septiembre de 2026
Elecciones en Brasil: un episodio político de alcance internacional

El domingo próximo tendrán lugar las elecciones generales en Brasil. No tienen un carácter doméstico sino un alcance internacional. Son un episodio político dentro de una guerra imperialista que se libra en el terreno económico, geopolítico y militar. La ultraderecha de Brasil pretende retornar al gobierno, con el apoyo de la ultraderecha extranjera, luego de haber intentado desconocer las elecciones de 2022 por medio de una tentativa de golpe de estado, con el apoyo de altos militares en retiro y oficiales de rango inferior en actividad. La clase obrera de Brasil no tendrá una presencia de política independiente; será arrastrada a las opciones en disputa. El PT, en cuanto tal, es una fuerza en extinción, que gobierna coaligada a la fracción de la derecha liberal de la burguesía, con el apoyo de la izquierda de colaboración de clases, en el Congreso y en los sindicatos, y en las universidades y colegios. Luego de extorsionar al gobierno, involucrado en la corrupción del Tribunal Superior de Justicia, los dos principales diarios de la patronal de São Paulo-Río de Janeiro, Folha y O Globo, han anunciado su apoyo a Lula. Lo mismo ha hecho la cúpula de la Iglesia católica.

Desafiado por una estrecha diferencia electoral con su rival, Flavio Bolsonaro, Lula ha anunciado medidas de impacto social y financiero en la semana final de los comicios. La interdicción de las apuestas ‘on-line’ es una de ellas. Se trata de un negocio financiero extraordinario, que es responsable de un importante endeudamiento de una parte de la población carente de recursos. De acuerdo a una mayoría encuestas y al cálculo del mismo gobierno, su impacto electoral sería favorable para el gobierno; los corresponsales del Financial Times han opinado lo contrario. El juego de apuestas de la población vulnerable es una expresión del crecimiento de la miseria social. La política de ‘redistribución de ingresos’ ha fracasado. Las “políticas públicas” son impotentes para modificar la distribución del valor agregado que tiene lugar en el proceso de la producción. Cada mercancía sale de ahí con etiqueta indeleble que anuncia la amortización del capital, el pago de la fuerza de trabajo y la ganancia empresaria. El mercado luego valida ese resultado a través de las oscilaciones de la oferta y la demanda. Las centrales empresarias brasileñas reclaman un duro plan de ajuste para bajar el déficit fiscal del 8 % del PBI –de ningún modo un aumento del gasto social-.

La otra medida está relacionada con la elevada deuda personal que se encuentra impaga o en mora. Representa unos 300 mil millones de reales, que equivalen a 60 mil millones de dólares. El gobierno ha anunciado una subasta o licitación de los créditos correspondientes, para comprar la mitad de esa cartera de los bancos, unos 150 mil millones de reales, con un descuento del 90 al 95 % del valor, y reducir en una proporción igual las deudas de contrapartida, por medio de cuotas. Es un arreglo que los bancos ya han venido haciendo con los impagos más prolongados. El arreglo le permitiría llegar a acuerdos privados con los deudores en mora por la otra mitad. Las elevadas tasas de interés que guían la política monetaria del Banco Central de Brasil desde hace décadas ya han resarcido a los bancos por esos préstamos que se ha convertido en incobrables. El sistema bancario, por otra parte, tiene su filón de negocios en la inversión en la deuda del Tesoro brasileño y en la financiación del comercio exterior.

En la reciente Asamblea de las Naciones Unidas, Lula dio su versión del contenido internacional de las elecciones brasileñas. Dijo que Brasil no será el patio trasero de nadie, ni tiene necesidad de portaviones extranjeros en sus costas, en referencia a la doctrina Donroe, el Escudo de las Américas y las reiteradas amenazas de Trump. Denunció el genocidio en Palestina. Reiteró un planteo de acuerdo para cesar la guerra en Ucrania, que presentó hace dos años con China. Hecha esa delimitación diplomática, convocó a la ONU a restablecer un arbitraje mundial que nunca tuvo y que hoy está superado, y a reformar el Consejo de Seguridad para incorporar al “Sur Global”.

Donald Trump ha emprendido una guerra política para favorecer una victoria de Bolsonaro. Ha iniciado una guerra tarifaria de la que ha excluido al café y a los aviones de Embraer. La cuestión central es la pretensión de colocar un cordón sanitario político y militar a China, al cual no podría desalojar de su condición de principal inversor en América Latina y supremo en Brasil. Las automotrices de China, agobiadas por la competencia en su propio país, están construyendo fábricas de Vehículos Eléctricos en asociación con los monopolios norteamericanos y europeos como Ford y Stellatlantis, y evadir los impuestos a la importación desde China. El propósito estratégico del imperialismo norteamericano es desbaratar los intentos de desdolarizar la economía internacional y mantener la supremacía financiera de la economía mundial.

Trump ha intentado en vano contrarrestar el alcance del sistema de pagos instantáneo, Pix, bajo control del Banco Central, que ha procesado transacciones por el equivalente a siete billones de dólares el año pasado, a un costo mínimo, quebrando la primacía de Visa y Mastercard. Denunció un abuso de mercado por parte del Estado, una queja que fue rechazada en sede judicial. En cuanto al servicio de transacciones con el exterior, tanto Brasil como la India, que tiene un sistema similar, procuran acuerdos con otros mercados. La posibilidad de arribar a un acuerdo con el Banco Central Europeo, como ha señalado el Financial Times, introduciría en la disputa internacional por la penetración financiera en América Latina al euro y a la Unión Europea, más allá de los BRICS, como Brasil, China y Rusia. Brasil se encuentra en retroceso industrial relativo, con escasa integración a las cadenas de valor internacionales. La decisión de Lula de autorizar a Petrobras a explotar en el Amazonas es un crimen ambiental que se explica por esta relativa reprimarización de la economía.

El vigor discursivo de la reacción de Lula contra la ofensiva política de Trump se distingue de los hechos. El presidente de Brasil ha apoyado el planteo de Santiago Peña, de Paraguay, socio de Taiwan, de reintroducir a Venezuela en el Mercosur, bajo el régimen trumpista del chavismo residual. Itamaraty, la cancillería de Brasil, plantea distinguir a Trump, un “dialogista” que se ha reunido con Lula en la Casa Blanca, de Marco Rubio, un ‘gusano’ que presiona a favor de un asalto militar a Cuba. En la guerra política contra la ofensiva de Trump, Lula nunca ha llamado a una movilización política a los trabajadores. Es su propio cordón sanitario. Un cuarto gobierno de Lula, de coalición, será de mayor ‘ajuste’. El involucramiento del Superior Tribunal de Justicia con el banquero Vacaro, condenado por estafa, ha dejado ver a las terminales de los dos bloques políticos en disputa.

El resultado más positivo de una derrota de Bolsonaro sería el golpe que asestaría al desestabilizado gobierno de Milei, abusado discursivamente por los jefes financieros que denunciaron su mitomanía multidireccional en las recientes reuniones en Nueva York. Trump, en cuanto a él, ya ha descontado ese resultado para las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Político golpista, ya ha asumido que gobernará por decreto, con el apoyo del Ejército, cuyo alto mando ha sido copado, mediante purgas, por el ministro de Defensa, Pete Hegshet. La OTAN trabaja 24x7 para reforzar la guerra contra Rusia y contra Irán. En Europa, los gobiernos existentes sufrirán el destino del alemán Merz, en tiempos y con características propias. La creación de situaciones prerrevolucionarias, de un lado, y contrarrevolucionarias, del otro, se pondrán a la orden día. Hay que preparar políticamente la intervención histórica independiente de la clase obrera.

27 de septiembre de 2026
La docencia universitaria en un momento decisivo

Esta semana, habrá diferentes jornadas de paro en todas las universidades del país. Las dos Conadus han acordado un paro de 72 horas entre el 30 y el 2 de octubre Los gremios universitarios de la CGT (FEDUN, FATUN) organizan paros de 24 horas fragmentados por región, mientras que los sindicatos que responden al rectorado de la UBA (APUBA-FEDUBA) harán paros rotativos por facultad. El día 30 vence el plazo fijado por el juez Cormik días atrás, para que el gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento y resuelva el aumento del 33 % resuelto en la medida cautelar que el juez ordenó cumplir.

Distorsión

Las huelgas que tendrán lugar esta semana, sin embargo, no reflejan el verdadero sentimiento que recorre a la docencia universitaria en todo el país. En las consultas impulsadas previamente por CONADU, el paro por tiempo indeterminado fue la opción más votada, como en los casos de COAD- Rosario (50,8 % sobre 2.287 votantes) y ADIUC - Córdoba (37 % de 1161). También logró imponerse como opción más votada en ADUM - Mar del Plata, ADIUG - General Sarmiento y ADUNSE- Santiago del Estero y otras 3 universidades más. En CONADUH, asambleas de importantes sindicatos llevaron como mandato iniciar a partir del 1° de octubre la huelga hasta que el gobierno pague la deuda salarial; así sucedió en ADUNS - Bahia Blanca, ADIUNT- Tucuman, Sitradu- Entre Ríos y ADUCOR-Córdoba. NO ocurrió así en AGD, donde su dirección impulsó el paro por 5 días, no la huelga general.

La conclusión es clara: una franja importante de la docencia llegó a la conclusión que los paros aislados no sirven, y hace falta una huelga general hasta ganar. En las redes sociales de los docentes, la crisis provocada por el fallo del juez Cormik ha desatado una clara consigna: “PARAR HASTA COBRAR”.

Distorsionando ese mandato, las federaciones han evitado ese camino. Quieren marcar el paso, con paros desgastantes, hasta la Marcha Federal del 15 de octubre convocada junto a los rectores.

Pero las autoridades universitarias han abandonado la exigencia de aplicar la LFU tal como fue votada. Están en una componenda con el gobierno en torno del presupuesto 2027. Firmaron el acta de junio pasado junto a las burocracias sindicales y hoy negocian partidas de sus gastos generales en el Congreso. Los bloques políticos a quienes responden en su mayoría los rectores son los que le dieron a Milei, en el Congreso, las herramientas para que su programa llegara hasta donde llegó. Pero la política del consejo de Rectores (CIN) ha fracasado miserablemente: ya presentado el presupuesto, tuvieron que admitir que no alcanza ni para cubrir los salarios y que las universidades no podrían abrir sus puertas el año próximo. Aun así, su horizonte es mendigar partidas. La mezquindad política se transformó en colaboración abierta. Dar por perdido al aumento previsto en la Ley de Financiamiento tiene una clara implicancia: significa cristalizar el retroceso histórico experimentado en estos años en los salarios, becas y programas de investigación. Es admitir el piso de derrumbe al que ha sido llevada la educación superior, y trasladar la cuestión a algunos puntos porcentuales -irrelevantes- de aumento a discutir el año que viene.

El escenario que enfrentamos

¿Cuál es el cuadro de conjunto para nuestra lucha? El gobierno ajustador de Milei-Caputo atraviesa un impasse catastrófico. Los ajustes brutales de los gastos sociales, educativos o de salud no han servido para sostener el favor de los acreedores internacionales que desconfían que el gobierno, incluso con la masacre social perpetrada, pueda cumplir con sus vencimientos de deuda. La economía se encuentra en estado de desintegración, como lo demuestra el derrumbe industrial y el aumento de la pobreza. Adentro del propio Estado y del propio régimen, se ha abierto una crisis y una deliberación política. Mucho antes de las elecciones, los ajustadores temen que una rebelión popular termine dándole su propia salida a una situación intolerable. En ese rumbo, los obreros de Vaca Muerta, han protagonizado huelgas; también en la salud y, naturalmente, en la educación y las universidades.

El fallo del juez Cormik se inscribe en esa crisis. Naturalmente, el gobierno de Milei se prepara para desconocerlo, por la vía de otras argucias legales o, sencillamente, ignorándolo. A ese gobierno, sólo le podremos imponer el aumento previsto en la Ley de Financiamiento con una lucha decisiva, y este es el momento para que la docencia universitaria le aseste un golpe al gobierno por la aplicación de la ley y la recomposición salarial. Desde Política Obrera proponemos:

• Asambleas interclaustro en cada facultad, con docentes, no docentes y estudiantes, que discutan y voten mandatos.

• Que las asociaciones de base que votaron el paro por tiempo indeterminado convoquen a un plenario nacional de delegados con mandato de base para coordinar la huelga indefinida: PARAR HASTA COBRAR

• Un pliego común: aplicación íntegra de la Ley de Financiamiento Universitario, recomposición de la deuda salarial, actualización de las becas estudiantiles y rechazo del Presupuesto 2027.

• Coordinación con las luchas en curso.

28 de septiembre de 2026
Macri y Miguel someten a las escuelas porteñas al régimen penal juvenil

El gobierno de la Ciudad acaba de aprobar una resolución que adapta el régimen escolar a la entrada en vigencia, desde el 6 de septiembre, de la Ley Nacional 27801, que establece el Nuevo Régimen Penal Juvenil (Lineamientos Generales sobre el Impacto del Régimen Penal Juvenil en el Ámbito Educativo) e implementa un protocolo (Procedimiento de Actuación en el Ámbito Educativo Ante Situaciones con Posible Relevancia Penal) para llevarlo a cabo.

Con la entrada en vigencia del Nuevo Régimen Penal Juvenil, la edad de imputabilidad pasa de los 16 a los 14 años; por lo que todo alumno de 2.º a 5.º año será alcanzado por este nuevo régimen penal y el gobierno de Macri, con su ministra Mercedes Miguel, intenta adaptar el régimen escolar al nuevo marco de punibilidad de menores.

El punto es que no sólo se trata de que la escuela implemente una serie de medidas frente a alumnos ya judicializados por este nuevo régimen, debido a situaciones ocurridas fuera de la escuela, sino que es la propia institución escolar la que adopta un sistema de denuncias e intervención policial en su seno. El sistema educativo ingresa, así, en un régimen policial. Una revisión de sus disposiciones fundamentales dan cuenta cabal de ello.

Lo afirma la misma resolución, cuando dice que “en el ámbito educativo pueden presentarse distintas conductas o situaciones que se encuentran contempladas por el Reglamento Escolar, las normas de convivencia y los protocolos y/o procedimientos específicos vigentes (...) Ahora bien, a partir de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, debe tenerse presente que algunas de esas conductas o situaciones pueden, además, presentar relevancia penal (...) Hechos que hasta el momento podían ser abordados principalmente a través de las herramientas propias del sistema educativo pueden requerir también la intervención de las autoridades competentes” (esto esto es, el Poder Judicial y la Policía). Es decir, aquellas cuestiones que hasta ahora eran abordadas con las instituciones específicas del sistema educativo, ahora pueden serlo también por el sistema penal, y su abordaje dependerá de la orientación que dé el Ministerio de Educación a los requerimientos de las conducciones escolares para el caso. Es el principio de la instalación de un régimen policial en las escuelas.

La normativa obliga a las conducciones escolares a denunciar a estudiantes frente a presuntas acciones delictivas: “Cuando la autoridad institucional tome conocimiento, en ejercicio de sus funciones, de un hecho que pudiera constituir un delito de acción pública, deberá efectuar la denuncia correspondiente”. De este modo, ante un hecho de hurto (o hasta de su sospecha), la función educativa de la escuela es sustituida por la acción penal. En el sistema educativo actual, un problema de disciplina, incluso si fuese grave y sancionable bajo sus normas, es un hecho educativo, no penal. en tanto es parte de un proceso formativo y de establecimiento de reglas de convivencia. El protocolo sustituye ese principio por una intervención penal. Además, OBLIGA a la autoridad escolar a la denuncia policial, perdiendo así margen para resolver problemas disciplinares por otros medios.

Las cuestiones de convivencia escolar pasan a ser judicializables ya que “determinadas conductas -aun cuando inicialmente se presentan como (...) bromas [pueden afectar] derechos de otras personas y requerir la intervención de organismos externos (!) o autoridades judiciales competentes”. Efectivamente, hechos como el bullying pueden tener consecuencias graves, pero son abordables desde el campo pedagógico y de la salud mental por los Equipos de Orientación Escolar y el cuerpo docente de cada escuela. Con el nuevo régimen que se pretende, esta problemática pasa a ser propia del ámbito penal.

Este nuevo régimen, además, incorpora a las familias como elemento de delación al promover “su participación en la prevención, detección temprana y abordaje de situaciones que puedan configurar algún delito”. Es decir, ante problemas disciplinares, las familias participan bajo la óptica de que estos constituyen un presunto “delito”.

La política que Macri implementa en el régimen de las escuelas es parte de su política general de liquidación de la organización de los trabajadores, su iniciativa y derechos democráticos. Es la misma política que persigue penalmente a los trabajadores del subte, a los dirigentes de Ademys por apoyar la lucha de docentes y estudiantes de la Nini Marshall contra el BA Aprende, que demanda a las familias del Lengüitas por la toma de la escuela en 2022 y que interviene en los barrios apaleando y deteniendo sin causa -con operativos que se jactan con denominaciones como “Tormenta Negra” y que el Gobierno de la Ciudad publicita en su redes sociales y afiches urbanos-. La extensión del régimen penal al reglamento escolar es consistente con la caza de brujas desatada por Macri y la derecha contra la jueza Laura de Marinis, por haber declarado inconstitucional la ley penal juvenil aplicable a un adolescente de 14 años.

¡Fuera el régimen policial del sistema educativo! Por asambleas de docentes y estudiantes para enfrentar esta embestida.

28 de septiembre de 2026
Rebajan -aún más- las penas a los prefectos asesinos de Rafael Nahuel

Hace unos pocos días el Tribunal Federal de Casación Penal dictaminó la rebaja de las penas a los cinco prefectos condenados, autores del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel.

El crimen ocurrió el 25 de noviembre de 2017 en un operativo ordenado por la actual senadora Patricia Bullrich, en ese momento ministra de Seguridad del gobierno Macri para desalojar una comunidad mapuche en Lago Mascardi.

Un larguísimo juicio terminó con la sentencia del Tribunal Oral Federal de General Roca en junio de 2025. Se condenó a los prefectos del grupo Albatros a penas de cinco años para el autor material del disparo por la espalda contra Rafael Nahuel y a cuatro años para sus cómplices Sosa, Pintos, Obregón y García.

Ahora la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió la rebaja de las penas. Con la firma de los camaristas Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, se reducen las penas a tres años y dos años en suspenso y, sobre todo, se elimina la inhabilitación especial como integrantes de las fuerzas de seguridad. Los jueces contemplaron ridículos atenuantes del crimen sin desconocer que Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda mientras corría para salvar su vida.

Los tres jueces de la Cámara Federal de Casación, Mahiques, Borinsky y Yacobucci tienen sus antecedentes. Mahiques es uno de los jueces del escándalo de Lago Escondido, finalmente sobreseído en la causa. Borinsky es conocido por su afinidad a jugar al tenis con, en ese momento, el presidente Macri en Olivos. Y Yacobucci, nombrado por Macri en 2018, había concedido la excarcelación de los genocidas Astiz y el Tigre Acosta.

Este fallo evidencia la falsedad de la independencia de poderes. La justicia responde a la política represiva del liberticida que requiere de más mano de obra. Por eso la reducción de las penas es indignante, pero la anulación de la inhabilitación de los criminales revela el plan en marcha. El Consejo de Seguridad integrará a estos asesinos para reprimir los estallidos que sin duda se irán produciendo.

28 de septiembre de 2026
La Perla: el EAAF identificó los restos de Alejandro Jerez, pareja de nuestra compañera Susana Huarte

El 28 de agosto, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informó que habían sido identificados los restos de Alejandro Ernesto Jesús Jerez Boderau. Su identificación en el Laboratorio de Genética Forense del EAAF fue posible gracias a la comparación de restos óseos encontrados en la fosa común del ex Centro Clandestino de Detención La Perla, con las muestras de referencia de familiares obtenidas por el EAAF y perfiles genéticos aportados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Este resultado forma parte de las tareas centradas en la zona de Loma del Torito, situada dentro de la reserva natural-militar La Calera. Hasta ahora, 30 personas desaparecidas fueron halladas e identificadas en dicho predio, quedando cinco restos humanos aún por determinar.

La búsqueda está encuadrada en la causa que tramita el Juzgado Federal N° 3, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja. Colaboran con el EAAF los departamentos de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Universidad Nacional de Córdoba y del Servicio de Antropología Forense-Instituto de Medicina Forense.

¿Quiénes eran Alejandro y Susana?

“Alejandro Jerez Bodereau nació el 30 de julio de 1953 en Capital Federal. Al momento de su secuestro tenía 22 años, era padre de una hija, María Alejandra, trabajaba en la automotriz IKA-Renault y cursaba los primeros años de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba.” (Hoy Día Córdoba, 29/8). Otros medios informan además que, presuntamente, mantenía lazos políticos con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Susana Noemí Huarte Martínez nació el 7 de febrero de 1955 en Córdoba. Con 17 años, en 1972 ingresó en la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, donde llegó a cursar hasta cuarto año. Desarrollaba su militancia en la Tendencia Estudiantil Revolucionaria Socialista (TERS), órgano estudiantil de la organización Política Obrera.

El 5 de mayo de 1976, Susana y Alejandro fueron secuestrados de una pensión en calle Antonio Navarro n.º 25 de Barrio Alberdi, ciudad de Córdoba, en presencia de sus vecinos. Susana estaba embarazada de aproximadamente tres meses, y el niño o niña debió nacer en cautiverio entre noviembre y diciembre de 1976; su criatura es buscada por Abuelas de Plaza de Mayo.

Las “listas negras”

La extracción estudiantil de ambos integrantes de la pareja da a pensar que sus nombres pudieron haber figurado en las “listas negras” de la Universidad Nacional de Córdoba. En Filosofía y Humanidades, el secretario académico era Daniel Pautasso, cuyos “servicios” habían comenzado durante el periodo final del gobierno peronista, bajo la presidencia de María Isabel Martínez de Perón, "Isabelita", acompañada por el infame López Rega. Pautasso “era conocido por exhibirse impunemente dentro de los edificios de la Facultad portando armas de fuego, debajo de su abrigo, el cual desabrochaba descaradamente delante de cualquier persona que le cuestionase sus acciones persecutorias” (Cabral, Eugenia, en “Vigilia de un sueño”, EDUVIM, 2017).

Muchos estudiantes de esa facultad fueron victimados por la dictadura. Entre ellos estaban Daniel Herrera (mi primer esposo, de la TERS, encarcelado durante un año y medio), estudiante de Psicología, y fueron asesinados Oscar Cocca Astrada, de Psicología (hijo de la poeta Etelvina Astrada y nieto del filósofo Carlos Astrada) y Sergio González, que cursaba Historia (hijo de la poeta Glauce Baldovín). La Facultad de Medicina cuenta con 40 de los desaparecidos sobre un total de 203 estudiantes universitarios. Por otra parte, nuestro compañero Claudio Zorrilla, que seguía Arquitectura, es secuestrado el 25 de octubre de 1974 y permanece detenido en la Unidad Penitenciaria n.º 1 hasta su asesinato (19 de junio de 1976), junto a Miguel Ángel Barrera, Mirta Noemí Abdón de Maggi y Estela María Barberis, en una simulación de intento de fuga (los responsables de su crimen fueron juzgados en 2010 - causa UP1-Gontero).

La connivencia y continuidad en el terrorismo de Estado entre el gobierno peronista y la dictadura militar son evidentes, pero la mayor parte de los juicios de lesa humanidad se han seguido contra los militares de la Junta y cargos superiores, dejando indemne a la mayor parte de los cómplices civiles, y realizando muy pocos juicios a los terroristas del Comando Libertadores de América (réplica de las 3 A en Córdoba).

La desaparición de Susana Huarte

Mientras Susana Huarte militaba en Medicina, yo lo hacía en Ciencias de la Educación. No compartíamos diariamente las actividades políticas, pero en 1974 nos veíamos en casa de los hermanos Rosemberg, cuyo primo fue secuestrado junto con ella, aunque después fue liberado. El hecho es que esa familia tuvo a bien avisar a un integrante de la TERS del secuestro de Susana y Alejandro, por presunta orden del Comando del 3.º Cuerpo de Ejército. La dirección regional de Política Obrera me encargó avisarle a la familia de Susana. Al día siguiente, me arreglé con cuidado de “no tener pinta de militante” y me dirigí al domicilio familiar. Jamás olvidaré esa tarde ni la angustia de tener que darle a una madre tan terrible noticia. Susana era estudiante destacada, ayudante alumna de una cátedra, pero también una joven encantadora. Un día se había hecho en el pelo la “permanente” con rulitos afros y los compañeros la bautizamos “Mafalda”, porque había quedado parecida a ese personaje de historieta. Tenía mucha gracia femenina y, a la vez, humor, simpatía. Para mi sorpresa, su madre me respondió que ella “merecía ese castigo por ser subversiva” y que no la iba a buscar. Volví a mi casa pensando que se trataría de una actitud defensiva ante el dolor y que ya se le iba a pasar. No fue así, su familia nunca la buscó, salvo un hermano menor que ella, muchos años después, quien habló con María Elba Martínez, abogada del Servicio Paz y Justicia, filial Córdoba, pero no hay denuncia ante la Justicia Federal. Le he preguntado por Susana a todas las organizaciones de derechos humanos, e incluso a una fiscal federal. Nadie sabe nada.

Memoria, Verdad y Justicia

La ultraderecha pide “memoria completa” con la perfidia de saber que la burguesía no la va a ofrecer, así aportara pruebas contra la izquierda, ya que al mismo tiempo desnudaría la complicidad de los capitalistas civiles con la dictadura militar. Ningún gobierno “democrático y de los derechos humanos” (el de Alfonsín, los del matrimonio Kirchner) ha movido un solo dedo para abrir los archivos militares y de la SIDE confeccionados durante la etapa del terrorismo de Estado 1974-1983, que la Junta militar resguardó arteramente. Los logros en derechos humanos en la Argentina se deben exclusivamente a la gestión de las organizaciones de DDHH y a la movilización de las masas cada 24 de Marzo.

Dado que la ley 24.321 sobre desaparición forzada de personas no permite la figura del ‘amicus curiae’, sino parientes hasta el cuarto grado, nadie que no sea familiar directo está facultado para realizar la denuncia. De lo contrario, yo misma hubiera asumido ese rol, o podría haberlo encarnado la dirección de Política Obrera. Dicha agrupación, por razones legales, desde 1983 comenzó a denominarse Partido Obrero, pero a partir de la expulsión de 1.200 militantes, incluido su fundador, Jorge Altamira, Política Obrera volvió a utilizar su nombre original.

Por ahora, solo queda la esperanza de que el eficiente y noble organismo que es el Equipo Argentino de Antropología Forense al menos logre orientar la investigación a partir de los restos de Alejandro Jerez, quizás enterrado cerca de su pareja, Susana Huarte. Por mi parte, sostengo la promesa de no olvidar tu búsqueda, Susana, hasta la victoria del socialismo.

28 de septiembre de 2026
AySA: una privatización a pedido de la "lumpenburguesía"

El Gobierno busca vender el 90 % de las acciones estatales de la empresa AySA. Su privatización está contemplada en la Ley Bases. El 10 % restante seguiría siendo gestionado por el sindicato mediante el Programa de Propiedad Participada. AySA, que provee de agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Es una de las empresas de potabilización, distribución y gestión de aguas más grandes de Latinoamérica.

Durante 2024 y 2025, el Gobierno implementó un "plan de transición" con el objetivo de volverla más rentable para los inversores. Esto es: reducción del personal, tarifazos, reordenamiento financiero y cambios regulatorios. Este plan redundó en un superávit operativo, mientras dejó en el camino a casi el 20 % de la plantilla -pasó de 7.800 a 6.200 trabajadores- y habilitó el corte de suministro por mora, en un contexto de pauperización salarial. Un informe de la UBA y el CONICET da cuenta de la evolución de la Canasta de Servicios Públicos, en el que las tarifas de agua aumentaron 366 % en promedio, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026.

El suministro de agua en el AMBA fue privatizado en 1993, cuando Carlos Menem le entregó la concesión de la estatal Obras Sanitarias de la Nación a un consorcio integrado por la empresa francesa Suez Lyonnaise y la española Aguas de Barcelona, que operó bajo el nombre de Aguas Argentinas. Entre 1993 y 2002, las tarifas de Aguas Argentinas ascendieron un 88,2 %, lo que constituye una cifra inmensa en dólares, considerando que fue durante la convertibilidad, con nula inflación.

Treinta años después, uno de los grupos que pican en punta para hacerse del negocio es el Grupo Neuss, manejado por los hermanos Juan y Patricio Neuss, integrantes de la "lumpenburguesía" que ascendió de la mano del gobierno ´libertario´. Durante la gestión Milei, el Grupo Neuss, a partir de su cercanía con Santiago Caputo, ha surgido como uno de los principales ganadores del proceso de privatizaciones y concesiones del Estado nacional, en particular en el sector de la infraestructura y la energía. A través del holding Edison Energía, creado en febrero de 2025, en el que los Neuss se asociaron con otros pesos pesados del sector como Inverlat y los accionistas de Newsan, Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, en un lapso brevísimo de tiempo, el grupo obtuvo la habilitación como comercializador en el mercado eléctrico mayorista, lo que les permitió hacerse de las licitaciones de Transener (sospechada de fraude) y de las centrales hidroeléctricas del Comahue. También "metieron la cuchara" en la licitación de la Hidrovía, asociados a la empresa belga Jan de Nul y a Servimagnus, que tiene como principales socios accionistas al Grupo Román, y buscan terciar en la privatización en curso del Belgrano Cargas, uno de los negociados más grandes que promete la gestión Milei. Los hermanos Neuss dicen que "el futuro será eléctrico" y por eso comenzaron a invertir en el sector. Al mayor consumo de los hogares se sumarán la electromovilidad y el abastecimiento a los centros de datos, en los que el suministro de agua y energía cumple un rol fundamental (Letra P, 2/7).

La semana pasada el Ministerio de Economía abrió las ofertas técnicas para la licitación de AySA y los Neuss se encuentran enmascarados detrás de Transclor, que tiene como socio mayoritario a Mauricio Filiberti, "El Rey del Cloro", el mayor proveedor de AySA desde la época de los Kirchner. Filiberti es un socio comercial, casi un alter ego, de José Luis Lingeri, el burócrata del sindicato de Obras Sanitarias y prominente dirigente de la CGT. Filiberti y los Neuss encaran la licitación asociados con Rowing SA, la constructora de Walter Román, el fondo de inversión neerlandés PHX y la brasileña Arcos, que opera en Río de Janeiro.

Por su parte, el Grupo Roggio, que controla el servicio de agua en Córdoba por medio de la compañía Aguas Cordobesas, se subió al ring de la licitación de AySA nada menos que junto a la empresa estatal israelí Mekorot y la japonesa Marubeni, que proveerían asistencia técnica. La cláusula "antichina", que impide la participación de empresas controladas por Estados, dejó afuera a Mekorot (que utiliza el corte de suministro contra las poblaciones palestinas como instrumento de tortura) para hacerse con el control del agua en el AMBA de manera directa. Mekorot mantiene un contrato de ´consultoría´ con AySA. Su presencia en todo el país fue ampliamente promovida durante el gobierno de los Fernández, especialmente de la manos del exministro de Interior, "Wado" de Pedro.

José Luis Manzano, a su vez socio de Filiberti en Edenor, se bajó de la pugna. En el sector conjeturan que la aparición de los Neuss tendría algo que ver, ya que Manzano se quedó con Metrogas, por la que también compitieron los Neuss. Según versiones, Manzano se bajó de la licitación de AySA a cambio de que el Gobierno rubrique la prórroga por 20 años de la licencia de Metrogas, que vence en 2027, y que fue presentada como uno de los requisitos para comprarla y, de esta manera, tomar el control de la distribuidora de gas. Manzano también es uno de los grandes ganadores por el esquema de privatizaciones impuesto por los libertarios. Sus empresas, como Phoenix Global Resources, que opera en Vaca Muerta, y sus firmas de litio en el norte del país, se han visto directamente beneficiadas por las desregulaciones, la recomposición de tarifas y la liberación de los mercados promovidos desde la Casa Rosada.

Los pliegos de la licitación de AySA, digitados por el ministro de Economía, Luis Caputo, estipulan entre sus requisitos una inversión de U$D 2.000 millones en el lapso de cinco años, durante los cuales las tarifas se mantendrán "en términos reales". En principio, significa que aumentarán según la inflación. Pero también es el eufemismo de una dolarización de las tarifas, toda vez que los aumentos sistemáticos para bajar los subsidios responden al planteo de los pulpos de quedarse con la tarifa plena internacional.

El objetivo de los liberticidas sobre AySA es recaudar unos U$D 500 millones, cuando el tándem Milei-Caputo se encuentra apremiado por el pago de intereses de la deuda, desde que se derrumbó la recaudación fiscal.

El colaboracionismo del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), encabezado por José Luis Lingeri, que ha garantizado la implementación del "plan de transición", es un engranaje fundamental en la privatización del estratégico suministro de agua.

28 de septiembre de 2026
#28S Discurso antiaborto y ajuste: el trasfondo político de la cruzada oficial contra las mujeres

El 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, con movilizaciones en todo el mundo. En nuestro país, habrá una concentración en Plaza Congreso.

La convocatoria llega en un momento en que el presidente Javier Milei redobla su ofensiva discursiva contra las mujeres, en este caso, responsabilizándolas por la crisis demográfica del país.

"Estamos pagando muy cara la locura de los pañuelitos verdes", disparó Milei el 20 de agosto ante el Council of the Americas, sintetizando en una frase el núcleo de su cruzada contra las mujeres. Según el mandatario, Argentina está ´pagando el costo´ de la legalización del aborto en términos de crecimiento económico y sustentabilidad del sistema previsional. Por supuesto, Milei ´olvida´ que la crisis del sistema previsional está profundamente ligada al aumento del trabajo precarizado o en negro, que es la única forma de relación laboral que su propio gobierno promueve. La rebaja de los aportes patronales se agrava, además, por instauración del Fondo de Asistencia Laboral, que se nutre de aportes que dejan de ir a la ANSES. La propia ANSES, por otro lado, se convirtió en un gran fondeo para financiar al Estado y derivar sus recursos al financiamiento de otras partidas sociales e incluso el subsidio a los capitalistas. Más allá del absurdo del aserto de Milei -el aborto legal se aprobó en 2020, 6 años en los que es imposible que esos “niños” no natos aportasen-, la caída de la recaudación previsional responde a estos factores, deliberadamernte previstos para destruir el sistema jubilatorio de reparto y sustituirlo por un sistema de seguros de retiro al estilo de las AFJP. En los hechos, cada vez más, las actuales jubilaciones se han ido convirtiendo en un ´subsidio a la vejez´, desligado del salario. Con el cierre de las moratorias y la falta de aportes, está previsto el crecimiento de la PUAM, la pensión universal que otorga sólo el 70 % de la jubilación mínima a trabajadores en situación de ´vulnerabilidad social´.

La escalada discursiva de Milei llega, por otro lado, en un momento de fragilidad política. Con sus embestidas contra el aborto y los derechos de las mujeres, la "mano dura" y su asociación al oscurantismo en todas sus variantes, Milei apunta a galvanizar al núcleo duro de sus votantes. Los evangélicos fueron, precisamente, el grupo religioso donde Milei obtuvo su mayor caudal de votos en las elecciones generales de 2023 (30,9 %), y hoy su aprobación de gestión entre evangélicos (41,1 %) supera el promedio nacional (37,9 %). Como con Trump y su base religiosa, exacerbar el discurso contra las mujeres funciona como bandera identitaria hacia adentro.

Por otra parte, la caída de la natalidad en Argentina -que llegó a 1,2 hijos por mujer, una de las tasas más bajas de la región- no se explica por el aborto legal, sino por la imposibilidad material de sostener un proyecto familiar: salarios que no alcanzan la canasta básica, precarización laboral y ausencia de políticas de cuidado. El propio gobierno que dice preocuparse por la natalidad desfinanció los programas de acompañamiento a la maternidad y la primera infancia.

Ese mismo gobierno que agita el discurso de "defender la vida" no garantiza derechos básicos una vez que los chicos nacen. Mientras la pobreza infantil roza el 53 %, los recursos del Estado se concentran en el pago de la deuda externa y en un giro militarista que profundiza la sintonía con la agenda de Trump: la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y el anuncio de rearme son parte de ese mismo paquete.

El correlato de ese doble discurso "pro vida" puertas adentro, pero indiferencia real ante la vida de las mujeres, se ve con crudeza en Estados Unidos, el modelo que Milei admira. Desde julio de 2025, el gobierno de Trump viene trasladando a todas las niñas embarazadas bajo custodia migratoria a un único centro en San Benito, Texas, un estado donde el aborto está prácticamente prohibido. Las chicas detenidas tienen apenas 13 años en algunos casos, y al menos la mitad quedó embarazada como consecuencia de una violación. Un exfuncionario que trabajó en el área lo definió sin rodeos: "es una decisión para garantizar cero abortos". A la par, crecen las denuncias por falta de alimentación adecuada para mujeres y niños en los centros de detención migratoria.

El 28S vuelve a poner en la calle lo que estos gobiernos insisten en negar: defender la vida no puede separarse de garantizar las condiciones para vivirla. Abajo la guerra mundial imperialista. Aborto legal seguro y gratuito.

29 de septiembre de 2026
SUTEBA Bahía Blanca convoca a parar el 30 de septiembre

La reunión de delegados del SUTEBA Bahía Blanca del lunes 28 contó con la presencia de unos 40 delegados, repartidos entre los turnos de la mañana y la tarde. La convocatoria fue hecha el viernes anterior en sintonía con la realizada por la conducción provincial Celeste, con lo cual los mandatos debieron ser recopilados en muy poco tiempo y mayoritariamente a través de grupos de WhatsApp de las escuelas. Los temas a debatir propuestos fueron la convocatoria a paritarias, el balance de acciones, la caída en la matrícula y el funcionamiento del IOMA. La semana anterior había tenido lugar una importante movilización docente en repudio a la visita del presidente Javier Milei a Bahía Blanca.

El sábado 26, a la mañana, la conducción Multicolor envió una propuesta de mandato para parar por 24 horas el 30 de septiembre junto con los auxiliares de educación de ATE que ya tenían previsto un paro ese día en la ciudad y la zona. Luego, promovía la exigencia de un paro para el 15 de octubre, en coincidencia con la Marcha Federal Universitaria, y la realización de una reunión provincial el 16 de octubre de las seccionales opositoras. Considerando que los últimos paros se hicieron a fines de agosto, estas circunstancias son tan improvisados como dilatorios.

Aún en estas circunstancias, en el transcurso de las reuniones numerosos delegados comentaron que tenían mandato para profundizar la lucha. Al mismo tiempo, se manifestaron cuestionamientos de docentes respecto al parate en las acciones durante todo septiembre. Nuestra agrupación, la Tendencia Docente Clasista, estaba trabajando un mandato en este sentido desde hace varios días, a pesar de que no estaba todavía convocada la reunión de delegados. Así se juntaron mandatos para continuar con paros de 48, 72, 96 horas e incluso hubo votos por el paro indefinido. Propusimos también que estas medidas fueran debatidas y balanceadas en asambleas y con plenarios provinciales de delegados. Señalamos que el balance de la importante lucha de la docencia de Tierra del Fuego que estuvo 44 días consecutivos de huelga y con considerables resultados marcaba un camino para seguir.

La conducción informó que las otras seccionales opositoras del SUTEBA estaban proponiendo parar el 1 de octubre, ante lo cual numerosos delegados, considerando los mandatos antes señalados, propusieron organizar entonces una jornada de 48 horas en Bahía Blanca, lo cual fue desestimado completamente, porque sólo se sumaron los votos para las medidas en forma excluyente; es decir, por paro de 24 horas o por otras propuestas que no fueron puestas a consideración por la conducción. Finalmente, se resolvió un paro de 24 horas con movilización para el miércoles 30 de septiembre.

En el debate, la conducción respondió ante las inquietudes de los delegados por la parálisis con diversas evasivas, como las elecciones de la CTERA y CTA (vacías de participación), la visita de Milei o incluso la participación de la comisión directiva Multicolor en la ‘Marcha de la Bronca’ que, según lo informado, contó con poca presencia de docentes. Esta marcha no fue debatida previamente por ninguna instancia de base. Tambien se señaló que se aguardaban las novedades con respecto a las reuniones paritarias, como si no se supiera que estas tienen lugar a espaldas de la docencia de parte de la Celeste y en función de evitar a toda costa un desarrollo de la lucha docente que en la provincia tiene lugar por fuera de ella. Se trata de un reconocimiento político en el liderazgo de la burocracia del plan de lucha; los paros discontinuos de las seccionales opositoras ofician así sólo en forma simbólica, pero conllevan un desgaste creciente producto de los descuentos salvajes de Kicillof.

Durante las reuniones, docentes y miembros de Familias de Personas con Discapacidad leyeron una carta que describe una reciente resolución interna de IOMA (RESOLUCIÓN RESO-2026-2047) que habilita a "revocar, anular, modificar, sustituir TODAS las actas emitidas a principio de año, cualquiera fuere su medio de ingreso (trámite común, de excepción, requerimiento judicial, reintegros u otros)". Con ella, IOMA está perjudicando prestaciones de acompañantes terapéuticos ya otorgadas, reduciendo su valor y desconociendo dictámenes judiciales. Una arbitrariedad completa que se amolda al ajuste nacional contra Discapacidad. En este punto se resolvió una Campaña de Solidaridad con las familias de personas con discapacidad que reclaman ante la falta de cobertura de IOMA y recabar información desde las escuelas con datos sobre la falta de prestaciones. Desde la Tendencia Docente Clasista señalamos la necesidad levantar la reivindicación de que IOMA esté bajo control de los trabajadores, con una dirección electa y revocable.

Otro punto de debate fue la amenaza de cierre de numerosas secciones en las escuelas en donde se observa una caída de la matrícula y que el gobierno vincula con la caída en la tasa de natalidad. Se resolvió convocar “reuniones asamblearias por nivel” para promover la exigencia de la intangibilidad de todos los cargos docentes existentes, una reivindicación planteada y ganada en la huelga docente de Tierra del Fuego. Sin embargo, es necesario señalar que, de acuerdo a la conducción Multicolor, estas asambleas se desarrollaran por separado al plan de lucha por el salario en vez de potenciarlo, al igual que las acciones en relación a la gravísima situación del IOMA. Esta fragmentación de las reivindicaciones es otro factor de desgaste y el reflejo de una negativa a promocionar una huelga indefinida por el conjunto de las demandas planteadas.

Finalmente, las reuniones de delegados aprobaron una exigencia por el sobreseimiento de nuestro compañero Bruno Corzo y contra la criminalización de la protesta.

Convocamos a parar y movilizar activamente este miércoles 30. El porvenir de la lucha está en profundizar el debate de la situación que afrontamos, absolutamente catastrófica, y la definición de una hoja de ruta para la docencia que no puede esperar los tiempos de aparatos sindicales y/o electorales.

29 de septiembre de 2026
El cierre de Electrolux y la conciliación obligatoria

El viernes 26 de septiembre, la patronal de Electrolux anunció que dejaría de producir en Argentina. La empresa pasará a importar productos que elabora en China o Brasil, del mismo modo que han hecho otras empresas como Whirlpool o SKF. La patronal anunció el cierre de la fábrica de Rosario y envió 200 telegramas a los trabajadores que se desempeñaban allí.

El lunes 28 de septiembre tuvo lugar la movilización de los trabajadores de Electrolux al Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Participaron la CGT rosarina y la UOM.

Según informó Pablo Cerra, abogado y apoderado de la UOM, el Ministerio de Trabajo suspendió los despidos y dictó la conciliación obligatoria. Donello, por su parte, explicó que la conciliación no garantiza el retorno a los puestos de trabajo una vez finalizada. Los trabajadores continuarán cobrando su sueldo hasta el 20 de octubre, pero no asistirán a los puestos de trabajo. Por otro lado, se le impuso a la patronal la imposibilidad de sacar herramientas o maquinarias para ‘’evitar cualquier tipo de vaciamiento’’.

El objetivo de este acuerdo es bloquear cualquier tipo de ofensiva por parte de los trabajadores. De modo que acaten la conciliación y eviten una toma de fábrica. Ambas partes están operando en función de que esto no ocurra. Por otro lado, abre la posibilidad de que, una vez termine la conciliación, la discusión se empantane.

La patronal llevó adelante en estos últimos años un recorte enorme de la plantilla en la fábrica. Para 2023 contaba con 800 trabajadores, en 2025 había comenzado una serie de suspensiones rotativas que habían alcanzado a 400 trabajadores de la fábrica, luego, con el fin de la fabricación de heladeras y otros electrodomésticos, la empresa pasó a tener 350 empleados de los cuales hoy solamente quedaban 200. Pero esto es algo que está ocurriendo a nivel internacional: Electrolux, en Italia, a principios de año, había emprendido una reestructuración de sus fábricas, reduciendo un 40% de su plantilla, despidiendo a 1.700 trabajadores. Lo mismo ha hecho en Estados Unidos, con el despido ‘’temporal’’ de 1.200 trabajadores.

Con todo, la patronal de Electrolux se ha lanzado a una ofensiva en contra de los trabajadores. La salida a este cierre no lo va a dar una conciliación obligatoria que es casi una componenda entre el sindicato y la patronal, si no que la va a dar la organización de los trabajadores que, mediante asamblea, resuelvan llevar a fondo una lucha de conjunto hasta recuperar los puestos de trabajo.

29 de septiembre de 2026
SUTEBA La Matanza se pronuncia por el sobreseimiento del docente Bruno Corzo

En la reunión de delegados del SUTEBA La Matanza del lunes 28, llevada a cabo en San Justo, nuestra corriente, la Tendencia Docente Clasista, impulsó el pronunciamiento por el sobreseimiento de Bruno Corzo, que fue votado por unanimidad. A su vez, propusimos una declaración pública de la seccional sobre el tema. Nos encontramos, además, en una campaña de fotos para difundir el caso de Bruno en las escuelas.

La derrota de la causa judicial contra Bruno Corzo significaría un triunfo para toda la docencia del país que busca con todas sus fuerzas defender su salario, sus condiciones laborales y su derecho a ejercer estos reclamos, mediante la huelga.

29 de septiembre de 2026
Entre Ríos: Milei y Frigerio, las dos caras del mismo saqueo

Casi tres años llevamos de este desastre y ya no podemos decir que son improvisados. Si hay algo que aprendimos a las malas es que el gobierno de Milei no está "arreglando la economía". Lo que estamos viviendo es una contrarrevolución social en toda regla: un plan metódico para desmantelar al trabajador, destruir el tejido industrial y entregar nuestra soberanía al mejor postor.

Cuando cerró la planta "La China" de Granja Tres Arroyos, acá en Concepción, no fue una casualidad del mercado. Fue la puesta en práctica de este modelo. De un día para el otro, 900 trabajadores fueron descartados, afectando a 4.000 familias. El costo humano de este plan se mide en rostros: es el almacenero que ve desplomarse sus ventas porque sus clientes ya no tienen margen, es el transportista que se queda sin carga, es la incertidumbre de una ciudad entera que ve cómo se desmorona su economía.

En este contexto, la tragedia ya tiene rostro. Hace poco, un trabajador falleció. No aguantó la presión de la miseria. Murió intentando sobrevivir, cocinando en el patio porque ya no tenía para pagar la garrafa, pedaleando en bicicleta para buscar un trabajo que no existe. Su muerte no es una fatalidad: es el resultado directo de un sistema que descartó su vida en nombre de la rentabilidad. Pero no nos olvidemos que Milei no está solo. Acá en Entre Ríos tenemos al socio perfecto: Rogelio Frigerio. Se hace el moderado, se pone el traje de "dialoguista", pero en el fondo es el mismo perro con otro collar. Su "moderación" es una farsa, un cuento chino para que nos quedemos quietos mientras nos meten la mano en el bolsillo.

Frigerio es el clon local del modelo. Mientras el docente entrerriano hace malabares para llegar a fin de mes, el gobernador aplica la motosierra en salud y educación, congelando sueldos mientras la inflación nos los come. Paró toda la obra pública frenando el motor que daba trabajo a miles de familias y ahora se hace el desentendido. Él dice que defiende a Entre Ríos, pero en realidad es un simple delegado de la Casa Rosada que nos entrega a cambio de migajas. Es un cínico: por un lado, hace declaraciones para la tribuna, y por el otro, le facilita el terreno al gobierno nacional para que venga a saquearnos los recursos. Mientras nos aprietan, el gobierno nacional mete plata a lo loco en la SIDE para espiarnos, crea un Estado policial y nos entrega a las potencias extranjeras. ¿O acaso no vemos lo que pasa en el Atlántico Sur?

Están transformando nuestra soberanía en un negocio para el Comando Sur de EE.UU. Nos venden el oro a Londres y nos meten en guerras ajenas, todo bajo un discurso "nacionalista" que es la mentira más cínica de todas. Basta de esperar: nuestra salida es la organización. La oposición de cartón y la burocracia sindical son cómplices silenciosos. Se pelean por el relato, pero ninguno quiere que la clase obrera tome las riendas, porque saben que si nosotros, los de abajo, nos organizamos en serio, se les termina la joda a todos. Ya se terminó el tiempo de los discursos lindos.

Estos tipos no entienden de razones, entienden de poder. Y el poder se les termina el día que dejemos de pedirles permiso y empecemos a imponerles nuestra voluntad a la fuerza: en la calle, en la fábrica, en la escuela y en cada rincón de la provincia. No nos vendan más el verso de la "paz social". ¿Paz social? Paz social es que ellos nos afanen todo y nosotros nos callemos la boca. Eso se acabó. Que Milei y su clon Frigerio sientan el aliento en la nuca, porque la paciencia se terminó y la bronca ya no cabe más en el pecho. La salida no es esperar a las próximas elecciones ni confiar en los mismos que nos traicionaron ayer.

La salida es ahora, rompiendo el miedo y plantándonos como clase obrera. Que sientan miedo ellos por una vez. Que sepan que acá no se pasa. Si quieren guerra, la van a tener. ¡A romper todo el sistema que nos quiere muertos, a copar la calle y a echarlos a patadas de una vez por todas! ¡Porque nuestra vida no es una variable de ajuste! ¡Es lo único que tenemos y estamos dispuestos a defenderla hasta las últimas consecuencias!

29 de septiembre de 2026
JP Morgan, del ‘investment grade’ al pronóstico de recesión en sólo cuatro días

JP Morgan, el principal banco de inversión del mundo, acaba de revertir los pronósticos optimistas que había formulado sobre la economía argentina hace menos de 10 días para pasar a advertir sobre el riesgo inminente de una recesión. El detonante fue un conjunto de factores, aunque el más significativo de ellos fueron los datos arrojados por el INDEC, que pusieron en números el alcance de la depresión económica y la pauperización de 2 millones de personas en apenas seis meses.

El lunes de la semana pasada, JP Morgan había proyectado un crecimiento de 2,7% para la Argentina en 2026. Apenas 48 horas después, había difundido que Argentina podría ser reconocida con el ´investment grade´ (grado de inversión) en caso de victoria de Milei en las elecciones de 2027. Tal calificación hubiera significado, en principio, un recorte del ´riesgo argentino´, posibilitando el endeudamiento en el mercado financiero, actualmente vedado por las elevadas tasas de retorno que éste exige.

Sin embargo, un día después de que se conocieran las estadísticas oficiales sobre la economía, JP Morgan recalculó sus números y ahora espera una contracción anualizada del 4% durante el tercer trimestre y el ingreso a una recesión técnica. El riesgo país se disparó a 628 puntos, el nivel más alto en diez meses. El ´regreso a los mercados´ que prometió Luis Caputo se ha transformado en una quimera.

En julio pasado, "Toto" había anunciado con toda la pompa un "plan financiero" para hacer frente a los vencimientos de deuda pública, que suman entre 25.000 y 30.000 millones de dólares de aquí al año que viene. Entre otras fuentes de financiamiento, había augurado dinero fresco del FMI. Fue desmentido casi inmediatamente por Kristalina Georgieva durante su paso por el país en una gira por la región. Georgieva puso de manifiesto discrepancias de fondo con el programa económico oficial. La titular del FMI sostiene que el gobierno debe devaluar el peso y acumular reservas en el Banco Central, una política que el tándem Milei-Caputo resiste porque podría terminar por desmoronar todo el edificio político del gobierno. Gita Gospinath, ex número 2 del FMI, se pronunció más recientemente también en el mismo sentido. Los ´inversores´ le hicieron notar a Caputo durante su paso por Nueva York que debía terminar con la sanata huyendo de la deuda argentina.

El proyecto Milei sobrevive con pulmotor: sin la chequera de Scott Bessent, que lo rescató del abismo en septiembre-octubre del año pasado, y de los préstamos a tasas carísimas que obtuvo de los bancos privados con el respaldo del BID y del Banco Mundial como garantes, "la libertad" sería historia pasada. Para financiarse en el mercado local, en pesos, el gobierno renueva deuda a tasas del 30 % en promedio; los bancos prestan al doble (60%) y pagan a los ahorristas por la mitad (17/18%). Si afloja las tasas para darle oxígeno al crédito, enfrentaría una corrida al dólar, como ha ocurrido cada vez que lo intentó.

Ya adentrados en los "18 mejores meses de la historia" que prometió el mismo Caputo, los augurios de reactivación no se produjeron nunca. Los proyectos aprobados para ingresar al RIGI acumulan más de 150.000 millones de dólares, pero no se ha desembolsado un peso. Como resultado de la depresión económica, la recaudación cae en una pendiente. Entre los indicadores difundidos por el INDEC, la única actividad que exhibe un crecimiento es la relacionada con minería y combustibles (+8,4%), acicateada por los altos precios internacionales. El alto precio de los combustibles, sin embargo, es contradictorio con la actividad industrial, porque aumenta sus costos. Todos los pronósticos auguran un largo periodo de precios altos mientras continúa la guerra contra Irán y Rusia. En el plano local, además, esto está agravado por la política de tarifazos a repetición con el propósito de beneficiar a los pulpos hasta alcanzar un precio internacional cada vez más elevado. En contraste, se puede verificar el derrumbe de la industria (-4,6%) y el comercio (-5,1%). Fue la mayor caída desde los inicios de la pandemia en marzo/abril de 2020.

El gobierno ha acusado la sacudida sin modificar el rumbo. Por el contrario, ha comenzado a pelearse con los indicadores y a cuestionar los datos oficiales. Asegura que la "economía en negro vuela", como parte de una transición económica. Pero junto al cierre cotidiano de empresas se está produciendo el fenómeno de la deserción de los trabajadores de aplicación, mostrando que la precarización es un tránsito únicamente a la desocupación.

Para el gobierno, la única perspectiva es abrazar el proyecto bélico de Trump y ofrecerse como gendarme suyo en el Atlántico Sur. Cuenta también, es cierto, con el sometimiento del peronismo a los hechos consumados. El verdadero lanzamiento electoral de Axel Kicillof, por caso, no ocurrió en Villa Domínico sino en Estados Unidos, adonde concurrió a dar garantías de continuismo ante fondos de inversión, escoltado nada menos que por José Luis Manzano, flamante dueño de Metrogas. Cuando le preguntaron por el genocidio palestino, ´Kici´ protagonizó un desplante y acusó "una emboscada".

La situación para los trabajadores es de una extrema gravedad. No serán los resultados electorales, en principio, los que cambien el rumbo sino una huelga política contra el gobierno liberticida.

29 de septiembre de 2026
"La causa contra Bruno Corzo es un intento de disciplinamiento judicial contra los trabajadores"

Entrevistamos a Humberto "Yiyo" Galíndez, abogado penalista, docente de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y abogado defensor de Bruno Corzo.

Política Obrera: Se ha cumplido ya un mes de la indagatoria. ¿Cuál es el estado de la causa y cuáles son las implicancias de la imputación que le han hecho a Bruno?

Humberto Galíndez: Efectivamente, el día 26 se llevó a cabo en el Juzgado Federal la indagatoria contra Bruno. Nosotros nos presentamos adjuntando un escrito donde se señalan las eventuales nulidades, como así también que lo que estaba haciendo Bruno no constituye ningún tipo de delito, sino el ejercicio cabal de la libertad y de un derecho democrático, como es el derecho de protesta, que en ese momento llevaban a cabo todos los docentes con Bruno y por ello solicitamos el sobreseimiento definitivo y total y el archivo de la causa.

A partir de ahí, el juez resuelve el traslado de nuestra presentación al Ministerio Público Fiscal, que es el que formula la acusación. El fiscal, hasta el momento no se expidió y la causa se encuentra estancada en la resolución de la situación procesal. Ya se han vencido los plazos para que el organismo o el Ministerio Público Fiscal se expida y no lo hizo.

PO: En otra conversación que hemos tenido, vos destacaste que el proceso que condujo a la indagatoria y la propia indagatoria deberían ser declarados nulos. ¿Podes señalar esto de qué se trata?

HG: Para mí el acto más grave de nulidad es que en la propia causa se comete lo que podría definirse como el delito de falsedad ideológica o falsedad de instrumentos públicos, pues en el acta de determinación de los hechos se hace aparecer a Bruno declarando que él está a cargo de la movilización. Eso desde ya es un acto de autoincriminación que es violatorio de los principios constitucionales, porque en la propia Constitución -en la Declaración de Derecho y Garantía- dice que ninguna persona puede ser obligada a declarar en su contra y eso es lo que aparece acá. El juez debiera haber intervenido en esa instancia y señalar esta irregularidad y ordenar el archivo de la causa y sancionar a los funcionarios que llevaron a cabo este procedimiento. Bueno, después tenés cuestiones de nulidad por cuestiones de competencia, porque aun siendo una ruta nacional de competencia territorial del juzgado federal, la protesta se realizaba en el ejido urbano, por lo cual la competencia era de la Justicia provincial, no federal.

Pero hay más. Por ejemplo, algo gravísimo que realiza el juez federal es formular una amenaza en el acta de declaración indagatoria cuando dice que él va a utilizar su facultad exclusiva de jurisdicción para que se solicite de manera urgente ante la repetición de este tipo de hechos -es decir, ante cualquier obstrucción de la vía pública o medida de protesta- intervenir procediendo al desalojo y detención de todas las personas que de una u otra manera impidan el tránsito vehicular.

PO: La causa tiene un propósito de atacar al movimiento docente autoconvocado, pero también sienta jurisprudencia para todos los movimientos de protesta, de lucha, que puedan producirse a nivel nacional en caso de que efectivamente se consume la sanción. ¿Vos qué opinás de esto?

HG: Por supuesto que es claramente una maniobra de disciplinamiento judicial. Están tratando de disciplinar al movimiento de docentes, en este caso provinciales, que han comenzaron desde los inicios del mes de marzo un movimiento de protesta por las condiciones salariales o por las condiciones de trabajo en las que se encuentran. Hoy por hoy las escuelas, por ejemplo, no tienen agua, no tienen las aulas, no tienen ventilador.

En este caso la ligó Bruno, digamos que es el más reconocido y estuvo a la cabeza de la protesta fundamentalmente del 8 de marzo cuando se realizó ese gran movimiento, esa gran marcha que concluyó frente a la Catedral de Catamarca y donde hubo un gran número de docentes jamás vistos.

PO: En el texto del acta de indagatoria, al final dicen que Bruno Corzo queda a disposición de la Justicia. ¿Eso es normal o qué implicancia tiene?

HG: Sí, es normal, son medidas que corrientemente se toman. Lo extraño de esta causa, y que llama la atención es que, cuando a uno lo imputan luego se toman una serie de medidas, como ser la de enviar los antecedentes al registro de antecedentes criminales y que en este caso no ha pasado, pero yo no digo menos mal que esto no pasó, sino que entiendo que dejan a Bruno en un limbo jurídico que en cualquier momento, frente a otra medida de protesta en la que Bruno participe, van al registro de antecedentes criminales y pueden meter alguna medida preventiva, dictar, algún tipo de penalidad. Es lo que a veces nosotros llamamos situación de anomia porque lo dejan en esta especie de situaciones indeterminadas dispuesto a la suerte de lo que pueda hacer el juez.

Hay que estar atento a eso, claro. Bruno queda a disposición del Juzgado Federal, así lo marca el acta de declaración indagatoria.

PO: Bueno, una última pregunta. Este ataque judicial represivo tomó estado público, ha transcendido en los medios y las redes en el marco de una campaña de firmas y pronunciamientos reclamando el sobreseimiento y el archivo de la causa. ¿Qué opinás, desde el punto de vista del estado actual de la causa, sobre la importancia de profundizar y extender esta campaña?

HG: Me parece muy bien, me parece muy positivo. No tan solo por el ejercicio de las libertades democráticas que las personas envíen mail al juzgado señalando esta violación sistemática de los derechos constitucionales. Señalando al juzgado y poniéndo los puntos como diciendo "Mirá, acá estamos presentes las personas o las organizaciones que estamos en contra de que la Justicia tome este tipo de medidas". Porque nosotros también vamos a apuntar a obtener -si no es que sale de oficio- este sobreseimiento y archivo de la causa. Y si lo logramos -que espero que lo logremos- va a ser una gran victoria política para el movimiento de los trabajadores y para el movimiento de los docentes catamarqueños y también a nivel nacional.

29 de septiembre de 2026
Luis Caputo, con telegrama de preaviso

La semana pasada, los banqueros de turno bocharon el plan financiero de Luis Caputo, el ministro de Economía de Milei, para pagar los vencimientos de deuda de 2027, del orden de los 25.000 millones de dólares entre capital e intereses. Lo tacharon de un ‘dibujo’; sin dinero en la mano, se trata de una especulación acerca del aporte de eventuales fuentes financieras imprecisas. El escenario internacional tampoco es propicio para abrigar expectativas positivas, cuando domina el pronóstico de un encarecimiento de la tasa de interés de la deuda del Tesoro de Estados Unidos y de una valorización del dólar. El gobierno se ha quedado sin red de seguridad; la recesión en que ha entrado Argentina se mostrará muy fuerte en los datos del tercer trimestre y peor en el cuarto. El proyecto de Presupuesto 2026 ha dejado al gobierno en offside.

Los efectos del bochazo no han demorado. De acuerdo a Clarín, el gobierno “frenó la emisión de Bonares (por 5.000 millones de dólares)” y analiza contraer nuevos “repos” o “swaps’ que son préstamos de cortísimo plazo sujetos a “colaterales” (títulos o activos públicos), que pueden repercutir negativamente en el valor del préstamo si caen sus cotizaciones. Mientras la prima de riesgo de la deuda de Argentina ha saltado a 630 puntos básicos sobre la tasa norteamericana, conformando 11.30% de interés anual, los contratos de seguro de esa deuda contra un evento de default cotizan entre 1.600 y 1.900 p.b a un año de plazo, o sea 16 y 19 por ciento. Aunque se desconoce el monto de transacciones diarias de estos instrumentos, la disposición a pagar tasas elevadas de seguros muestra el riesgo en juego. Si las condiciones financieras empeoran se formaría un mercado de seguros contra default de protagonistas que no tienen deuda argentina, para lucrar contra una cesación de pagos.

Nada de esto debe sorprender a Caputo, un entrenado timbero de las finanzas, porque fue el núcleo de sus discusiones con el FMI. Gita Gopinath, la ex número dos del Fondo, lo ha repetido más de una vez: ‘paguen los vencimientos comprando dólares del comercio exterior y no por medio de nuevos créditos bancarios, privados o de los Tesoros extranjeros’. El ‘Toto” les dijo que no, para evitar la emisión de moneda y una desvalorización internacional del peso. Hacer esto afectaría el ‘ajuste’ social y las ‘reformas’ destinadas a reforzar la explotación de la fuerza de trabajo. Esa compra de divisas incrementaría la oferta de moneda y reforzaría a los bancos locales. Pero el dólar sobrevalorado y el ajuste monetario han derribado la actividad económica, provocado un cierre fenomenal de industrias -incluso de capital extranjero- y reducido la recaudación impositiva y la solvencia fiscal. De acuerdo a Jorge Liotti, de La Nación, los banqueros neoyorquinos le dijeron al dúo criollo que el mismo superávit fiscal que reivindica Milei, es un dibujo. En Buenos Aires, al tanto de todo esto, ya ha comenzado una fronda política que tiene como cabeza a Patricia Bullrich, con el patrocinio de Paolo Rocca.

Caputo, sin embargo, redobla el viejo relato y atribuye las culpas de su eyección, a cierto plazo, del cargo, al Anticristo Kicillof y a la kuka Cristina. La realidad es la contraria: el gobernador de la Provincia es, probablemente, el mayor responsable de la supervivencia del gobierno nacional, por el enorme trabajo que ha hecho para contener la explosión social y política en el conurbano bonaerense. Lo mismo vale para la burocracia de la CGT y el cristinismo (que ahora vota incluso por jueces del oficialismo en cámaras de alzada decisivas). Caputo ha recurrido al lenguaje del bajo fondo de Milei para denunciar a quienes propiciarían una devaluación, incluso bajo la forma de un mercado de cambios menos encepado. Dice que sería un subsidio a industriales prebendados y de altos costos, en perjuicio de los más productivos. Pero esta transferencia tiene lugar ahora mismo, de la industria local a los acreedores internacionales, a través de un dólar ‘barato’, y de la clase obrera a la industria nacional, a través de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo.

El JP Morgan, dueño del índice de calificación financiera de los Estados, se dio vuelta como un guante. Pasó, como ocurre con el proyecto de Presupuesto, de pronosticar un aumento de la actividad económica a vaticinar una hecatombe. Si Caputo quiere un préstamo “repo’ del Morgan, se deberá esmerar. El rescate del presente derrumbe ya ha convocado a un cabildeo del FMI, el Tesoro estadounidense y la gran banca, incluso la de China. Se ha formado una Junta Médica.

Los fundamentos económicos de una gran crisis política están plenamente desplegados.

30 de septiembre de 2026
El Congreso, los partidos y la burocracia sindical son responsables del golpe jurídico de la Corte en la cuestión de tierras

La decisión de la Corte de revocar un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del mega DNU 70/23 ha producido un estallido del régimen pseudo democrático de Argentina. Los responsables últimos de la sentencia de la Corte son el Congreso, los partidos en su conjunto, y por sobre todo la burocracia de la CGT y de los sindicatos, que fueron incapaces de hacer caer un DNU de abuso de poder con decenas de capítulos y centenares de artículos. Fue rechazado solamente en el Senado, de modo que siguió vigente de modo tácito hasta que se pronunciara Diputados, que no lo ha hecho en los tres años corridos desde entonces. La CGT no declaró una huelga general activa hasta su derogación. Las disposiciones del DNU que fueron paralizadas en sede judicial, como el caso de la reforma laboral o la ley de alquileres, se convirtieron en ley. Quien apeló el fallo de la Cámara de La Plata fue el procurador general Eduardo Casal, nombrado por el macrismo "en comisión" en 2017.

El fallo de los cortesanos y los subrogantes invitados también se impone mediante el sigilo: no se pronuncia sobre la legalidad del artículo que anula el artículo 154 y deja en vigencia la ley 26.737, que limita la tenencia de tierras rurales por parte de sujetos extranjeros al 15 % del territorio en cuestión. Cuestiona que la Cámara aceptara que fuera un asunto de "incidencia colectiva", que era asumido por la Asociación de Ex Combatientes de Malvinas; esa instancia podría volver a declarar la inconstitucionalidad de ese artículo, pero tendrá que hacerlo sobre otras bases. Todo este hilo discursivo, que se elabora después haber dejado el asunto en el archivo durante dos años y medio, tiene su propia pizca. Así como asegura que los Ex Combatientes no son un sujeto colectivo de soberanía, ha negado la incidencia colectiva de los juicios por jubilaciones, con la intención de que los fallos favorables no se extiendan al conjunto del sector pasivo que litiga ante la Justicia. El propósito es no quebrar al Tesoro, haciéndole pagar las sentencias, para que pueda seguir atendiendo a la deuda pública. Hay, sin embargo, otra cosa más: los cortesanos y por sobre todo Horacio Rosatti quieren que el sistema judicial quede disciplinado al alto tribunal, como lo demostró al imponer su presidencia en el Consejo de la Magistratura. En un mundo capitalista que se caracteriza por una crisis de dominación política internacional, persecuciones a migrantes, cuestionamientos de ciudadanía, golpes destinados a desconocer resultados electorales, y corrupciones que envuelven al poder político y a sus jefes de gobierno, la cabeza del Poder Judicial procura seguir arbitrando y funcionando. La Corte tiene por delante una demanda de Cristina Kirchner contra su proscripción política.

Los vividores del parlamentarismo han salido a protestar el fallo disfrazados de estadistas, cuando son los principales responsables del adefesio, al haber dejado en vigencia el DNU de marras por tres años completos. Los empuja a la protesta la onda de demagogia electoral en que convirtieron la manifestación política de la Selección Nacional por Malvinas, a la que luego se subió el anglófilo Milei, sionista por añadidura cuando Israel ha votado siempre en la ONU contra la soberanía de la República Argentina en el archipiélago y su plataforma adyacente. “A terra é nossa”, proclaman los privatizadores seriales, los entreguistas de los recursos naturales y los exinternacionalistas. Acá hay un filón electoral, se dicen a sí mismos, pero todavía no saben cómo neutralizar la sentencia de los cortesanos. Los acontecimientos obligan a poner una nueva mirada sobre la sesión del Senado que trató el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Patricia Bullrich no había puesto casi reparos en apartar del proyecto el capítulo de tierras rurales (que elevaba el derecho de tenencia extranjera al 25 %, lo que fue saludado como una gran victoria). La exmontonera menemista y expalestinense convertida al sionismo estaba al tanto de este golpe jurídico de los tres cortesanos, ahora con yapa, porque ya no hay límite alguno para la extranjerización. Era el momento de debatir ese capítulo, no apartarlo, para votar, por lo menos, la derogación parlamentaria del artículo 154 del decreto. La “piba” los madrugó. El Parlamento, como el puerto de Nueva York en la década del 50, es un “nido de ratas”. El impasse político con la población que no puede pagar deudas usurarias suma este nuevo impasse, ante las manifestaciones de que Diputados tendrá dificultades para acabar ahora con el DNU de hace cuatro años. El kirchnerismo no verá oportuno atacar a la Corte que debiera permitir a su lideresa presentarse a unas PASO.

Los capitalistas del campo no hacen ‘lobby’ a favor de la argentinidad de las tierras rurales, por el contrario. En esto también hay un equívoco, porque un terreno rural puede convertirse en no rural, por ejemplo, de campo de papas a proyecto inmobiliario, o uno desértico, en un centro de datos para la Inteligencia Artificial. El ruralismo pide un piso para extranjerizar, pero no de terreno, sino de dinero; se puede enajenar al extranjero, pero a partir de una cierta suma de dólares. Es otra manifestación de las contradicciones de un negocio común, entre los propietarios de tierras, de un lado, y los “pool de siembras” apalancados por fondos de inversión, del otro.

En momentos en que el seguro contra un default del Tesoro cotiza a 19 dólares sobre 100, la irrupción de golpe judicial suma a la creación de una crisis de régimen. En lugar de dispersar reivindicaciones es necesario centralizarlas y unirlas mediante una huelga general. Es lo que ha ganado el centro del debate de la docencia universitaria. En cuanto a la extranjerización, las organizaciones obreras deben reivindicar el ejercicio del control de las disposiciones legales, porque las autoridades nacionales, provinciales y municipales hacen la vista gorda a la supervisión o pasan la gorra para autorizaciones arbitrarias y unilaterales.

30 de septiembre de 2026
Provincia de Buenos Aires: nos sumamos al paro de psicólogos del 2 de octubre por los honorarios adeudados y en defensa de IOMA

La crisis que atraviesan los trabajadores de la salud, tanto a nivel nacional como provincial, tiene una expresión concreta en la situación de las prestaciones de salud mental del IOMA. El próximo 2 de octubre, los psicólogos prestadores realizarán un paro de 24 horas en reclamo por el pago de los honorarios adeudados correspondientes a junio, julio y agosto de 2026. Es la tercera medida de fuerza del sector durante este año. Está convocada por el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la Provincia de Buenos Aires Distrito 11,

Pero el conflicto no puede reducirse a una discusión entre el IOMA y los profesionales por una deuda. Lo que está en juego es el acceso de los afiliados a las prestaciones de salud mental y las cada vez mas precarias condiciones de trabajo de los profesionales de la salud.

IOMA es la obra médico-asistencial de los trabajadores estatales bonaerenses y, para los empleados públicos provinciales, la afiliación tiene carácter obligatorio. Por eso, cuando se deterioran las condiciones de atención de la obra social, no estamos frente a un problema limitado a quienes trabajan como prestadores, y que como trabajadores merecen desarrollar su tarea en las mejores condiciones, sino que también se afecta directamente el derecho a la atención de una población que aporta obligatoriamente al sistema.

En la región trabajan alrededor de 100 psicólogos que brindan prestaciones a través del IOMA. La cadena de pagos se viene deteriorando desde comienzos de 2026 y actualmente los profesionales reclaman el pago de las prestaciones realizadas durante junio, julio y agosto. La demora no es un problema administrativo menor: cuando un trabajador realiza una prestación y no sabe cuándo va a cobrarla, se vuelve cada vez más difícil sostener económicamente la atención.

A esto se suma el deterioro de los honorarios. Un psicólogo prestador del IOMA percibe actualmente $21.540 por una sesión individual, de los cuales $15.540 son abonados por el IOMA y $6.000 corresponden al copago del afiliado. Desde el 1° de octubre, el valor del arancel mínimo establecido por el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires es de $31.500 por sesión. La brecha muestra hasta qué punto se ha depreciado el valor del trabajo profesional.

El resultado de esta política es concreto: muchos profesionales dejan de prestar por el IOMA porque no pueden sostener una práctica con honorarios insuficientes y pagos que no se realizan en tiempo y forma. Cada profesional que abandona la red significa, para el afiliado, una posibilidad menos de acceder a un tratamiento, mayores dificultades para conseguir turnos y, en muchos casos, la interrupción de procesos terapéuticos ya iniciados. El propio Colegio de Psicólogos advierte que los incumplimientos en los pagos comprometen la continuidad de los tratamientos. Además, exige la regularización definitiva de los mecanismos de liquidación y pago, ya que desde el IOMA se realizan modificaciones constantes que recaen en los profesionales, dificultando aún más el cobro de honorarios. A esta situación se suma otra modalidad impulsada por el IOMA: los policonsultorios. La obra social informa que en los últimos años incorporó más de 280 policonsultorios a su red de atención. En el caso de los psicólogos, los trabajadores denuncian remuneraciones de $13.600 la hora, un valor muy por debajo de las referencias profesionales y que profundiza la precarización del trabajo. El IOMA impone una modalidad de atención con valores que presionan aún más a la baja sobre el trabajo profesional.

La situación de los prestadores del IOMA no es exclusiva de la Psicología: médicos, acompañantes terapéuticos, diversos profesionales trabajadores en discapacidad y otros sectores vienen denunciando dificultades de pago y de cobertura.

El ajuste sobre los trabajadores de la salud y el deterioro de las prestaciones forman parte de un mismo problema. No puede haber una política de salud mental que pretenda garantizar tratamientos mientras quienes los brindan abandonan progresivamente el sistema porque no pueden sostener su trabajo.

Los trabajadores en la salud debemos unificar el reclamo en defensa del IOMA, de las prestaciones a sus afiliados y de las condiciones de los prestadores. Es necesario que consolidemos la lucha por las condiciones de trabajo y vincular esa lucha con la defensa del derecho a la salud mental de la poblaciòn.

El paro del 2 de octubre debe ser un punto de apoyo para profundizar la organización y avanzar hasta obtener el pago de la deuda, la regularización de los mecanismos de cobro y condiciones de contratación y honorarios que permitan sostener las prestaciones.

La defensa de la salud mental no puede apoyarse sobre el trabajo precarizado de sus profesionales.

30 de septiembre de 2026
La lucha de los residentes crece y vuelve a la calle

Una poderosa asamblea general ratificó el ascenso del movimiento de residentes de cara al nuevo paro organizado de manera autoconvocada para este jueves 1 de octubre. La medida de fuerza se iniciará con actividades en los hospitales y una concentración en el Obelisco a las 11 horas, para luego marchar al Ministerio de Salud porteño en Bolívar 1. Los residentes no quieren más reuniones con los funcionarios del ministro Quirós, sino respuestas concretas.

La asamblea, organizada de manera virtual, desbordó los canales habituales superando la capacidad permitida por los aplicativos que facilitan las reuniones. Al momento de escribir esta nota, 26 efectores ya confirmaron su presencia para el jueves, superando la marca de la semana pasada. Originado en los hospitales pediátricos, el movimiento va ganando peso en los hospitales generales, los centros de salud y los efectores especializados en salud mental.

Por el salario y el pago de guardias

El reclamo que abre paso a la lucha es la exigencia de una recomposición salarial urgente. Aunque transformado por la rotación de sus integrantes, el movimiento retoma la lucha desde el punto más alto alcanzado por las generaciones de residentes más recientes. La aspiración es recuperar el nivel salarial conquistado tras un mes y medio de huelga indefinida en 2022, que de acuerdo a los cálculos de la asamblea hoy se ubicaría en 2,8 millones de pesos.

El reclamo parece módico, toda vez que la canasta familiar de CABA no desciende de los 3,6 millones. Implicaría, sin embargo, un 60 % de aumento partiendo del sueldo básico vigente. Pero a esto, los residentes añaden la reivindicación del pago de un adicional por las guardias realizadas, lo que dinamitaría todo el edificio presupuestario ajustador: la estructura de la salud pública en CABA y en todo el país descansa, precisamente, en las guardias no remuneradas que deben cumplir los residentes de manera obligatoria.

El reclamo del pago por guardias, conquistado por residentes en otros países como España, Alemania o Inglaterra, es un poderoso imán para las residencias médicas más golpeadas por las jornadas interminables que sus profesionales deben cumplir en las salas y quirófanos con la excusa de la “formación”. Han comenzado a organizarse las residencias de Clínica Médica y el movimiento se profundiza hacia las terapias intensivas y las especialidades quirúrgicas.

La burocracia de Médicos Municipales… y un aparato contra el paro

La burocracia sindical de Médicos Municipales (AMM) no solo no ha abierto la boca para apoyar los reclamos de los residentes. Además, les puso como condición para aceptar una reunión que la asamblea se divida según la disciplina de sus diferentes profesionales, ya que, según afirmaron, ellos solo recibirían a residentes médicos. AMM quiere imponerle al movimiento, de manera anticipada, la fragmentación de la carrera profesional que impulsa para todo el sistema de salud. Los residentes son conscientes de que una división solo favorecería a la patronal.

La Federación de Profesionales, por su parte, difundió un flyer apoyando a los residentes, pero no adherirá al paro del jueves. Desde su posición en la conducción de la Asociación de Trabajo Social (APSS), el aparato del Partido Obrero salió a ‘bajar línea’ contra el paro y retó a los residentes por haber votado la medida ‘con poca anticipación’ (¡!) y sin consultar al sindicato. Como a AMM, al aparato del PO tampoco le gusta que los residentes se autoorganicen y resuelvan sin pedir permiso.

El Partido Obrero oficial, un campeón en exigirle paros y planes de lucha a la burocracia sindical, se declara incompetente cuando son los residentes los que le exigen que acompañe paros ya organizados o que, al menos, utilice sus herramientas sindicales para brindar cobertura con un aval gremial. Prioriza su integración a la burocracia de la Federación de Profesionales antes que la unidad en la lucha con los residentes.

Qué estrategia

El movimiento de residentes tiene el desafío de superar estas trabas asimilando las lecciones de su propia experiencia política reciente. No serán las medidas ‘escalonadas’ y dilatadas en el tiempo las que proveerán respuestas y soluciones, sino el emplazamiento al poder político y a sus aliados sindicales a través de una lucha a fondo. Como en 2019 y 2022, la llave para ganar está en la huelga indefinida. La fuerza de los trabajadores y sus posibilidades de victoria no reside en las estructuras sindicales adaptadas al Estado, sino en su capacidad para autoconvocarse y luchar de manera independiente. El jueves, todos a la calle.

30 de septiembre de 2026
Rosario: la Policía Federal allana el domicilio de miembros de la Asamblea de Acción por Palestina por "actividades terroristas"

En la mañana del miércoles 30, la Policía Federal ingresó al domicilio de dos compañeros bajo la excusa de encontrar pruebas que los incriminen en el campo de “acciones antisemitas’’ y "actividades terroristas". Uno de ellos es el docente Mariano Soria, militante de Izquierda Socialista y participante activo de la Asamblea de Acción por Palestina de Rosario.

Esta política persecutoria se inscribe en la nueva doctrina de seguridad nacional, legitimada por el gobierno de Milei tras la incorporación sin condicionantes al ‘’Escudo de las Américas’’ en una hipotética guerra contra el terrorismo que, en realidad, busca aleccionar a los luchadores populares y desenvolver una fuerte persecución política. Este hecho forma parte de la política mileista de alineamiento con el genocidio perpetrado por el Estado sionista israelí, detrás del criminal de guerra Netanyahu. El liberticida de la Casa Rosada ya había señalado anteriormente a docentes y estudiantes como ‘’terroristas disfrazados’’, ventilando de manera abierta su disposición a judicializar a militantes populares bajo esta carátula o, como en este caso, la de ‘’antisemitismo’’.

Este allanamiento es una continuación de la causa abierta con motivo de una actividad de la Asamblea por Palestina de Rosario realizada meses atrás en la sede de ATE Rosario, donde se denunció la situación de los prisioneros palestinos y el genocidio en la Franja de Gaza. En aquel momento, la policía provincial santafesina intervino dentro del local, obligando a suspender la actividad. Los uniformados registraron imágenes de los participantes de la actividad, así como de los materiales que allí se exhibian. Soria fue uno de los militantes que apareció en los medios como vocero denunciando este atropello policial.

En Rosario, esto no es novedad. Hace más de un mes, docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que realizaban una actividad contra el genocidio palestino, proyectando el documental “La Gran Palestina”, fueron censurados y amenazados por el rector Franco Bartolacci, luego de que Milei y compañía armaran una campaña circense de desprestigio.

Desde Política Obrera expresamos nuestra solidaridad y repudiamos el accionar represivo e intimidante de la Policía Federal contra Soria, llamamos a las organizaciones sociales, sindicales y políticas a movilizarnos contra este atropello, contra el genocidio del sionismo en Gaza y Cisjordania y por el cese de la persecución a los luchadores populares mediante causas inventadas.

30 de septiembre de 2026
FATE: la Justicia suspendió el desalojo de la torre

La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro otorgó efecto suspensivo al recurso de casación presentado por la defensa técnica del SUTNA frente a la orden de desalojo lanzada semanas atrás. Con este pronunciamiento, las actuaciones quedan elevadas al Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, impidiendo de forma momentánea que el fiscal Marcelo Fuenzalida ejecute la restitución del predio a la patronal de Javier Madanes Quintanilla.

Sin embargo, el alcance de esta medida debe ser caracterizado con precisión. La Justicia no ha abolido, derogado ni prohibido la orden de desalojo: simplemente la ha suspendido. No representa un freno definitivo al ataque patronal, la decisión judicial constituye un recurso de dilación que responde a los tiempos del Estado y de la propia empresa.

Triunfalismo

Frente a esta coyuntura, la propaganda desplegada por el SUTNA presenta la suspensión cautelar como un logro de su gestión.

En lugar de un programa de acción para la toma total de las instalaciones y el encendido de la maquinaria bajo control de los trabajadores para quebrantar el lockout patronal, el aparato del PO y el resto del FIT-U han canalizado las expectativas hacia Kicillof, instando al gobierno provincial, por enésima vez, a intervenir. El pasilleo y los festivales.

La suspensión temporal del desalojo abre una tregua precaria, que es marginal a los 900 despidos. Madanes Quintanilla mantendrá las acusaciones penales sobre 25 trabajadores.

30 de septiembre de 2026
La CGT convoca a una marcha "en defensa de la industria nacional"

La CGT anunció que hará una movilización el 8 de octubre "en defensa de la industria nacional". Bajo el lema “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, convocará a una ´movilización´ a la Secretaría de Trabajo sin paro. La presencia se reducirá al aparato de los sindicatos. La marcha se aprobó en la reunión ampliada de la "mesa chica" de la central, con la presencia de los triunviros Solá, Jerónimo y Argüello y de otros dirigentes como Hugo Moyano, Héctor Daer y Gerardo Martínez.

La burocracia ha sido cómplice de la acción del gobierno nacional contra la clase obrera. La ´movilización´ que convoca tiene por único objetivo encolumnarse detrás de los reclamos de un ala de la burguesía, encabezada por Techint, que ha comenzado a operar un recambio de gobierno, tentativamente, de la mano de Patricia Bullrich. La CGT, desde la llegada al gobierno de La Libertad Avanza, fue parte del Consejo de Mayo que elaboró la "contrarreforma laboral". Ha sido cómplice de una contrarrevolución social sin precedentes, incluso teniendo en cuenta los gobiernos de la dictadura, Menem y Macri. Los salarios se han derrumbado por completo, los cierres de fábricas, despidos y suspensiones pasan sin respuestas alguna y la CGT se encuentra a la vanguardia de la destrucción de los convenios colectivos de trabajo, empezando por la instauración de los ´bancos de horas´ y del Fondo de Asistencia Laboral.

Lo mismo ocurre con las dos CTA, que se pretenden diferenciadas de la CGT porque convocan a un paro nacional para fines de octubre. Son paros de bajísima adhesión, sin continuidad planteada ni perspectiva de nada. Por lo pronto, el único sindicato real con ´poder de fuego´ de la CTA, CTERA y sus organizaciones de base, no han anunciado ninguna medida. Son centrales vaciadas que representan a sindicatos vaciados.

Las únicas acciones reales, las huelgas docentes en Tierra del Fuego, en Buenos Aires y en otras provincias, son aisladas deliberadamente tanto por CTERA como por la CTA. Las huelgas autoconvocadas de la docencia, de los trabajadores de la salud o de los trabajadores de Granja 3 Arroyos en Concepción del Uruguay marcan una tendencia presente entre los trabajadores.

Las tres centrales obreras habían anunciado protestas “a la francesa”, con paros sectoriales rotativos y alternados. Los medios no han podido ocultar la presencia raquítica de las últimas movilizaciones de la CGT.

El programa de la marcha convocada por la CGT “en defensa de la industria nacional” reclama medidas proteccionistas para el capital industrial, no la abolición de la contrarreforma laboral ni un aumento masivo de los salarios.

30 de septiembre de 2026
Paro del SUTEBA La Matanza “en la primera semana de octubre”

La reunión de delegados de la principal seccional del SUTEBA, el de La Matanza, del lunes 28, ´sancionó´ el mandato de realizar un paro de 24 horas este jueves 1 de octubre. Participaron menos de 100 delegados de los más de 700 que componen la seccional.

La conducción Multicolor (FITU) y Azul y Blanca (PCR, kirchnerista) difundió el viernes 25 por la tarde un modelo de mandato para presentar al día siguiente, en el que se promovía realizar una medida de fuerza por 24 horas, sin fecha, “en la primera semana de octubre”. Sin tiempo concreto para debatirlo en las escuelas, fue una simulación de consulta. Además, sólo existía la opción propuesta por la conducción para votar. El fruto de esta orientación quedó de manifiesto cuando se anunció en la reunión de delegados que se habían confeccionado solamente 60 mandatos reuniendo apenas más de 1.000 firmas de un distrito en donde trabajan más de 30.000 docentes. Estaba cantado de antemano.

El contexto salarial y laboral es catastrófico. En los últimos días se han producidos paros distritales y movilizaciones masivas en Ensenada, Hurlingham, Florencia Varela y San Miguel, a causa de distintas agresiones a docentes.

Plenario

En su informe inicial, la secretaria general de la seccional, Romina Del Plá (PO), “saludó” la huelga por tiempo indeterminado de la docencia de Tierra del Fuego, pero se atajó de que en Buenos Aires fuera posible, ya que en SUTEBA, dijo, la oposición apenas dirige algunas seccionales, mientras que el SUTEF dirige la provincia. Para Del Plá, por lo tanto, los docentes deben tener paciencia y esperar a que la Multicolor gane el sindicato provincial.

Los delegados de la Tendencia Docente Clasista trabajamos un mandato propio, abierto, en el que colocamos a votación las propuestas de paros de 24, 48, 72 y 96 horas y el paro por tiempo indeterminado. En las escuelas en las cuales logramos hacer consultas, se impusieron medidas de paro por tiempo indeterminado, como fue en el caso de la Técnica N.° 5 (donde votaron 70 docentes), la Primaria N.° 98, la Primaria 162 y el Jardín 936, donde la mayoría votó por parar 48 horas. En nuestras intervenciones en el plenario criticamos el método antidemocrático de la conducción para tomar las medidas, que también fue mencionado por algunos de los pocos delegados independientes. En las publicaciones de la seccional en Facebook, las críticas a los paros aislados abundan.

Finalmente, impulsamos el pronunciamiento del cuerpo de delegados del sindicato por el sobreseimiento de nuestro compañero Bruno Corzo de Catamarca (votado por unanimidad), propusimos una declaración pública del sindicato y una campaña para difundir su caso.

Los delegados de la conducción Multicolor-Azul y Blanca nuevamente criticaron la orientación de los paros indeterminados, con distintas excusas. Manifestaron, por ejemplo, que se “deben construir desde las bases”, cuando la propia conducción no lo ha puesto siquiera a votación en ninguna consulta o mandato.

El resultado de la reunión de delegados se resumió en contabilizar las firmas que se pronunciaron por el paro de 24 horas, que en las resoluciones figura como “el 1 de octubre o fecha a consensuar con seccionales Multicolor, y luego “exigirle a CTERA un paro el 15 de octubre para participar de la Marcha Universitaria. De no hacerlo movilizar con licencia 115 b3”. A pesar de que hubo firmas por paros de 48 horas, progresivos e indeterminados, la conducción no lo informó.

Por último, se llegó al final de la reunión con una rencilla entre los partidos del FIT-U. El PTS y el MST promovieron que el SUTEBA La Matanza integre la Coordinadora de Trabajadores de La Matanza, mientras que el Partido Obrero oficial e Izquierda Socialista cinchaban por integrar el Plenario del Sindicalismo Combativo. Ninguno de estos grupos atinó a informar qué programa define a cada espacio. Finalmente se llegó al precario compromiso de integrar ambos espacios. El 30 % de los docentes presentes se abstuvo a la hora de votar.