Política Obrera › Octubre de 2026

Octubre de 2026

1 de octubre de 2026 · 130 notas

Notas de este número

1 de octubre de 2026
Lula está en la “pole position” en medio de una pelea de Bolsonaro con la Iglesia Católica

Durante la campaña electoral que lo llevó al gobierno en 2017, Jair Bolsonaro popularizó la consigna “Brasil por encima de todos, Dios por encima de todo”. La primera parte del planteo nacionalista es un plagio del himno nacional de Alemania (Deustchland Überalles) y un slogan preferido del hitlerismo. El segundo tramo es diferente, en tanto tiene el propósito de movilizar a la ultraderecha evangélica. En este caso, no apunta solamente contra la democracia política sino contra el mismo Vaticano, al que disputa un control de las masas. Este conflicto ha estallado en los últimos días de la campaña electoral con ataques bolsonaristas para destronar a la patrona de Brasil, Nuestra Señora Aparecida, y minar la autoridad de la Iglesia católica; para los evangélicos, los santos son un invento del catolicismo. Por bizarro que parezca este choque, el fascismo ha sido siempre consecuente en el propósito de liquidar la pluralidad religiosa.

Este desborde de la campaña electoral ha terminado por convencer a la derecha que controla los estados y el Congreso brasileño, de establecer una tregua con el gobierno de Lula y favorecer su victoria electoral. Esa derecha, conocida como el ‘Centrão’, una amalgama de grupos parlamentarios, se quedará con una parte fundamental del botín electoral, como son los estados más relevantes de Brasil -São Paulo, Minas Gerais y la periferia sur y centro-este del país. Los amigos de la continuidad del gobierno pseudodemocrático que encabeza Lula descuidan este señalamiento. El aislamiento del Ejecutivo en el Congreso lo ha obligado a gobernar por medio de “medidas provisorias”, la versión brasileña de los DNU que supimos conseguir. La gran prensa brasileña ya ha anunciado su preferencia por un cuarto mandato de Lula.

Sea como fuere, la decisión del electorado no se tomará el domingo próximo, sino en el balotaje de fin de mes. La tensión política recién empieza; las fuerzas en pugna se preparan para las tres semanas siguientes. Entre ellas, Trump y Marco Rubio. Ayer circuló la versión de que cazas F35 de Argentina, acompañados por aviones de reabastecimiento de Estados Unidos, habrían cruzado el centro sur de Brasil en una suerte de acción intimidatoria. La militarización de América Latina se está manifestando a fondo. La camarilla trumpista, sin embargo, no está convencida de que el bolsonarismo residual tenga la capacidad de encabezar un cambio de régimen político, que debería contar con el apoyo del Alto Mando de Brasil. Las FF.AA. no estarían dispuestas a jugar de segundo o tercer violín en el Escudo de las Américas que integran dieciséis minigobiernos de destino incierto. El capital norteamericano quiere integrar a Brasil a su cadena de valor, a partir de la abundancia de tierras raras que posee el país –en definitiva, a la industria de semiconductores y a la Inteligencia Artificial. Los emprendimientos conjuntos entre firmas chinas, brasileñas e internacionales, para expandir la producción de vehículos eléctricos, lo tienen sin cuidado. El ensamble de la burguesía sojera con el mercado de China es invulnerable, aunque integra el bloque de la derecha antiliberal en el Congreso. Es lo que cabe esperar de una patronal en guerra civil con los obreros del campo, los campesinos y las comunidades indígenas.

Brasil atraviesa una crisis financiera importante y un declive de la producción industrial. La deuda pública es de alrededor de los 2 billones de dólares con vencimientos promedio de cuatro años. El déficit fiscal, un 8% del PBI, comporta el equivalente a 160.000 millones. La estrechez financiera lo ha forzado a sostener una tasa de interés de referencia muy elevada, que retroalimenta la espiral. El cuarto mandato será de ajuste, como el que marcó la caída del gobierno de Dilma Roussef en 2016. El capital financiero internacional usará esta vulnerabilidad para condicionar la gestión de un cuarto mandato lulista. Incluso si Lula ratifica la continuidad política, su partido, el PT, obtendría victorias reducidas en los estados, bajo la forma de coaliciones con los caciques regionales.

La izquierda brasileña, con alguna excepción, se agrupa como minoría en el PSOL, una muy antigua escisión del PT. El apoyo al gobierno de coalición patronal de Lula es incondicional; lo mismo el apoyo electoral a su reelección. Por medio de esta adaptación procura obtener parlamentarios, incluso en el Senado. Es un peso muerto para la clase obrera, cuando toda la crisis de dominación internacional del imperialismo, la guerra y el desarrollo de una crisis financiera sin antecedentes de la actual magnitud, abre un período de agudización de la lucha de clases.

Este escenario indica que Lula obtendrá la “pole position” en la carrera al balotaje.

1 de octubre de 2026
Elecciones en Estados Unidos, entre el fraude y el golpe

A cinco semanas de las elecciones de mitad de mandato, los candidatos republicanos han entrado en pánico.

Las encuestas generales le dan a los demócratas una ventaja de más de ocho puntos, en tanto algunas como YouGov/The Economist indican un margen neto de 15 puntos. El dato más claro de la tendencia contra Trump lo dan los electores que se consideran “independientes” (no tienen adhesión a ningún partido), donde hay una ventaja de 25% a favor de los demócratas (57% a 32%). En 2024, según Pew Research Center, hubo un virtual empate entre el candidato republicano y Kamala Harris entre los independientes. En la plataforma Polymarket las apuestas dan un control de un 62% de ambas cámaras por el partido opositor.

A mediados de setiembre, el presidente convocó a una Convención de mitad de mandato, algo inédito; no cumplía ninguna función, salvo ser el escenario de la agitación del trumpismo. Trump prometió ahí un “dividendo” de 5.000 dólares para cada ciudadano adulto si los republicanos ganaban la mayoría en ambas cámaras. La maniobra no ha tenido mayor impacto en la intención de voto.

En la Convención, entre discursos anticomunistas, el presidente convocó a su aparato a “hacer trampa como un demonio, tal como ellos lo hacen”. El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson se sumó: “No podemos permitir, y no permitiremos, que ellos se queden con la mayoría en el Congreso”.

El impacto de la guerra

La guerra en Medio Oriente ha provocado un salto en el costo de la vida. En particular la nafta y el diesel, con un enorme impacto en los costos de sectores agrarios, industriales, el transporte y el traslado de las familias en general.

La guerra, inevitablemente, se ha convertido en tema de campaña; varios candidatos republicanos se vieron obligados a tomar distancia con Trump en este punto. En Michigan, Mike Rogers -candidato al Senado apoyado por el presidente- ha dicho, en un video, que “la guerra con Irán tiene que terminar, y terminar rápidamente”. “El momento de empezar a liquidar esto es ahora”. Rogers se enfrenta al candidato demócrata Abdul El-Sayed (que le estaría ganando 50% a 44%). Apenas hace unos días, en la Convención trumpista, Rogers había apoyado la guerra.

Otros candidatos se han sumado a este reclamo. Tom Tiffany (candidato a gobernador de Wisconsin) declaró que “es hora de concluir el conflicto que ha estado ocurriendo en Irán. Necesitamos asegurarnos de encargarnos de las cosas aquí en casa”. Tiffany está cinco puntos por debajo del demócrata David Crowley, en un estado “péndulo” que Trump había ganado hace apenas dos años con casi el 50% de los votos. Ashley Hinson, candidata al Senado por Iowa, también hizo declaraciones pidiendo el fin de la guerra. Iowa es un Estado tradicionalmente republicano donde Trump se impuso con 56% de los votos en 2024, y Hinson estaría perdiendo por ocho puntos según las encuestas.

Texas y Florida

En estos estados, bastiones republicanos por décadas, se modificaron los distritos para favorecer que sean electos más representantes oficialistas. Sin embargo, se está produciendo un viraje en el electorado, especialmente entre los latinos y los ciudadanos que se declaran independientes.

El cambio de humor en los ciudadanos de origen “hispano” ya se hizo notar el año pasado en Florida en varias elecciones especiales. Ahora. la derechista María Elvira Salazar (que busca la reelección) tomó distancia de Trump. La voltereta de Salazar refleja el ambiente entre sus electores, en alto porcentaje latinos. Las encuestas marcan un empate en la intención de voto.

En la disputa de la gobernación de Florida, donde Trump triunfó con más del 56%, el candidato trumpista Byron Donald está en riesgo de perder contra el demócrata David Jolly. La candidata republicana al Senado (Ashley Moody) apenas tiene un punto de ventaja en las encuestas sobre la “demócrata socialista” Angie Nixon. Los republicanos controlan los dos cargos del Senado por ese estado desde hace siete años; el cargo de gobernador está en sus manos desde 1999. Una derrota en Florida era algo impensado hasta hace muy poco.

En el caso de Texas, la situación es aún peor para el gobierno. Trump impuso allí a su candidato al Senado Ken Paxton, repudiado por buena parte del propio partido texano. El demócrata James Talarico está seis puntos por encima de Paxton, en gran medida gracias al voto independiente y latino. Ningún demócrata ha ganado un escaño en el Senado desde 1988. Hace apenas dos años, Trump obtuvo 56,2% de los votos.

Una situación similar se vive en otros estados tradicionalmente republicanos, como Ohio, donde Trump había obtenido más del 55% en 2024, y ahora sus candidatos a la gobernación y el Senado están entre ocho y nueve puntos por debajo de los demócratas.

El intento de Trump para evitar el voto por correspondencia hasta ahora ha fracasado. Trump había emitido un decretazo obligando a los estados a enviar un listado al servicio de correos para que este controlara a quiénes se envían los sobres con las papeletas (y no enviándolas a quienes no cumplían determinados criterios), lo cual fue impugnado por los estados y finalmente anulado por la Suprema Corte. El trumpismo rediseñó muchos distritos electorales para favorecer la elección de más representantes republicanos. Los demócratas respondieron con una medida similar en California y otros estados. Esta maniobra no evitaría una gran pérdida de escaños por el partido oficialista, a duras penas podría atenuar la catástrofe electoral. Se calcula que los republicanos perderían al menos 20 cargos en la Cámara baja.

“6 de enero 2.0”

En este escenario, los llamados a “hacer trampa” y el anuncio de que “no permitiremos” que los demócratas ganen la mayoría en el Congreso, adquieren toda su relevancia.

Distintos analistas vienen anticipando una crisis a nivel de los estados y a nivel nacional, en torno a la certificación de los resultados y el otorgamiento de las bancas en el Congreso. Ya en el pasado “funcionarios locales afines a Trump han utilizado con frecuencia acusaciones falsas de fraude o de que votantes no ciudadanos sufragaron como justificación para negarse a certificar los resultados electorales". Desde 2020, más de 30 funcionarios locales en Arizona, Colorado, Georgia, Michigan, Nuevo México, Carolina del Norte y Pensilvania se han negado a certificar los resultados electorales, muchos con la esperanza de impedir victorias demócratas” NYT.

Otra posibilidad que está manejando la prensa, es que el “clerk” (secretario) de la Cámara baja no acepte incluir en la nómina de representantes electos a los que hayan sufrido alguna impugnación. La hipótesis del “clerk rebelde” no es una teoría conspirativa: sería una réplica a nivel de las elecciones legislativas de la intentona golpista del 6 de enero de 2021, cuando el trumpismo intentó desconocer los resultados de las elecciones. En aquella oportunidad, el vicepresidente Mike Pence se negó a participar del golpe de Estado y proclamó los resultados tal cual eran informados por cada estado. Los mandos militares, por otra parte, no se alinearon con el golpismo. El rol que en aquella oportunidad tenía el vicepresidente, ahora lo tendría el Secretario de la Cámara de Representantes, que es quien incluye a los legisladores electos e informados por los estados en el listado de esa Cámara. Se considera una tarea puramente administrativa: no tiene capacidad de analizar si fueron electos en forma correcta o fraudulenta. El secretario actual, aunque es republicano, se supone no se prestaría a esta maniobra. Mike Johnson (el presidente de la Cámara) podría remover al secretario y nombrar a un trumpista que se preste a generar una crisis institucional. Esta hipótesis ha sido manejada por diversos medios de prensa. Una crisis institucional provocada por el trumpismo, como mínimo, paralizaría al Congreso durante semanas o incluso meses, en el marco de contiendas judiciales. Las depuraciones realizadas por Hegseth en el Ejército y el nombramiento de generales “leales” al gobierno estarían al servicio del golpismo. Trump aprendió de su primer mandato, y se prepara para esta vez no reconocer la derrota.

1 de octubre de 2026
Con pogroms y bulldozers avanza la limpieza étnica en Cisjordania

La hojarasca del repudio al genocida Netanyahu en la asamblea de la ONU no puede esconder que la limpieza étnica de Palestina avanza raudamente. La complicidad no es sólo de los yanquis, sino de todo el imperialismo mundial y también de los ´nacionales y populares´ urbi et orbi - Kicillof a la vanguardia. Sí, en cambio, avanza una vasta ola de repudio popular.

Según la organizaciones de derechos humanos Peace Now y Kerem Navot, desde 2023 no queda ya nada de los acuerdos de Oslo: “el gobierno israelí ha acelerado la anexión de facto de Cisjordania mediante ´una transformación sistemática del régimen de control´, que incluye la expansión de los asentamientos, el desplazamiento de comunidades palestinas, la legalización retroactiva de puestos de avanzada y un mayor control sobre zonas que anteriormente estaban bajo la responsabilidad de la Autoridad Palestina” (Haaretz, 28/9). “Los cambios en Cisjordania durante el mandato del actual gobierno son ´sin precedentes´. Entre 2023 y 2025, se establecieron 185 nuevos puestos avanzados en Cisjordania, la mayoría asentamientos agrícolas y los llamados puestos avanzados juveniles en las cimas de las colinas. En conjunto, controlan alrededor del 18 % de la superficie total de Cisjordania (…), 118 comunidades y asentamientos de pastores -áreas residenciales, algunas de las cuales forman parte de esas mismas comunidades- fueron sistemáticamente desplazados. Los residentes abandonaron sus hogares debido a la violencia de los colonos, las restricciones al acceso al agua y la falta de protección por parte de las autoridades” (ídem).

Según aquellos acuerdos la división artificial de Cisjordania en las Áreas A, B y C debería haber expirado en 1999. “Para entonces, la mayor parte del territorio, a excepción de los asentamientos y las bases militares entonces existentes, debía haber sido transferida a la plena autoridad civil palestina” (ídem). Ha ocurrido lo contrario: esos asentamientos y bases se duplicaron con creces y la Autoridad Palestina ha perdido casi total control sobre las áreas asignadas inicialmente (ni hablar de las que supuestamente sumaría).

Israel ha avanzado sistemáticamente sobre la propiedad palestina. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), las demoliciones realizadas por Israel en la Zona C (bajo control de la AP) en construcciones no permitidas por Israel aumentaron en aproximadamente un 80 por ciento entre los periodos 2010-2022 y 2023-2025. En este mismo período los sionistas han abierto en Cisjordania 223 kilómetros de nuevos caminos de tierra sin autorización oficial. Alrededor de la mitad de estos caminos atraviesan terrenos de propiedad privada palestina.

Ahora los colonos, amparados en el ejército y la policía de fronteras del fascista Ben Gvir -partidario desembozado de una nueva Nakva- van por la fractura geográfica de la región de Ramallah -una de las más pobladas de Cisjordania y sede de la administración de la AP- apropiándose de una ruta construida por los propios palestinos: “la carretera en cuestión tiene una longitud aproximada de 10 kilómetros, desde la ciudad de El Bireh y el campamento de refugiados de Jalazone, al este, hasta la aldea de Ein Qiniya, al oeste. Forma parte de una red vial planificada y pavimentada por el municipio de Ramallah y conocida como la ´Carretera China´, en referencia a China, país que financió el proyecto. Esta red vial alivia la congestión del tráfico en los centros de Ramallah y El Bireh”. El uso compartido de la ruta prepara la militarización total de la zona y su división (ídem).

La Autoridad Palestina ejerce en forma cada vez más retaceada una autoridad delegada por los sionistas. Lo hace sobre un conjunto de bantustanes, donde Abbas y Al Fatah actúan en carácter de virtuales judenrats -colaboracionistas judíos en los guetos nazis. Haaretz señala: “los colonos israelíes pretenden dividir la metrópolis de Ramallah (…) las Fuerzas de Defensa de Israel siguen su ejemplo”.

A su vez, los dos millones de palestino-israelíes apenas la pasan ´mejor´: sin ellos no habría servicios de salud, ni construcción ni funcionarían otras áreas vitales del Estado sionista. ´Compensan´ así el enrolamiento permanente de la población judeo-israelí que guerrea contra palestinos, el Líbano, Irán, etc. El deterioro de las condiciones de vida en las comunas árabes de Israel es pavoroso.

A la inversa, los presupuestos de guerra y para el subsidio de la colonización ilegal en Cisjordania, para rutas VIP de uso exclusivo de los colonos, etc. se han multiplicado. En los últimos años Israel destinó “2.300 millones de dólares a carreteras que dan servicio sólo a los asentamientos… a 300.000 habitantes, quienes se benefician del 30% del presupuesto asignado para el desarrollo de carreteras interurbanas” (ídem), mientras 3,5 millones de palestinos transitan rutas en pésimo estado, bloqueadas cada tantos kilómetros por checkpoints del ejército sionista.

Esta semana, en lo que parecía una excepción, un tribunal israelí terció a favor de una familia palestina expulsada por colonos dos meses atrás. Una patrulla de 12 soldados ´acompañó´ a la familia en su retorno, pero unos “150 colonos se amotinaron e impidieron el regreso” (ídem). Al parecer, de cara a los próximos comicios israelíes, el movimiento de los colonos está cebado: hay en marcha una campaña para recolonizar la Franja de Gaza, de donde los sionistas salieron en 2005. El último fin de semana cerca de la frontera con Gaza un festival reunió a más de 1.500 familias que se registraron a ese fin. “La idea de reasentar Gaza -informa Haaretz- ha cobrado nueva fuerza durante la guerra” (ídem).

Los asentamientos sionistas en Cisjordania explotan mano de obra palestina y son ya un componente significativo de la economía israelí. “Ahora sabemos que uno de cada seis productos agrícolas exportados desde Israel a Europa proviene de asentamientos”. Emily Schaeffer Omer-Man, abogada de derechos humanos, denuncia que “se manipulan los productos de los asentamientos para hacerlos pasar por productos israelíes, mediante etiquetado falso" (Haaretz, 24/9). Se pone, así, de relieve lo inocuo de los llamados boicots a las mercancías de los asentamientos que sostienen ciertos países. La propia ONU acaba de publicar “una nueva lista de empresas de todo el mundo que hacen negocios con los asentamientos israelíes”. La nueva lista añadió 61 empresas a una base de datos de negocios de 11 países, elevando el total a 241 (The New York Times, 25/9).

1 de octubre de 2026
San Lorenzo: un gravísimo accidente laboral pone sobre el tapete la falta de condiciones de seguridad en el Cordón Industrial

El martes 29 en la Fábrica de Biocombustible Albardon Bio de Puerto San Martín se produjo una enorme explosión e incendio de un tanque de metanol.

Las consecuencias trágicas fueron dos obreros muertos y otros cuatro heridos; dos de ellos muy graves. Hubo alarma en toda la región por las características del siniestro y los riesgos para los trabajadores y vecinos de la zona. La noticia se instaló en todos los medios periodísticos de Santa Fe y nacionalmente.

El metanol es un químico esencial para la producción del biocombustible y es altamente inflamable, explosivo y tóxico a la inhalación y contacto con la piel. Por eso su almacenamiento y manipulación requieren del cumplimiento riguroso de protocolos internacionales de seguridad, sistemas de monitoreo de vapores y equipos de protección especializado.

Las denuncias y evidencias hablan de que no se estaba cumpliendo con estos protocolos. Los responsables inmediatos y políticos salieron a cubrirse inmediatamente.

La patronal de Abardon Bio trató de despegarse declarando que los obreros pertenecían a una empresa tercerizada (Gelvez y Siming), pero sin aclarar que el trabajo que estaban realizando era para Abardon Bio y estaban dentro de su predio (y a su vez dentro de Terminal 6).

El intendente de Puerto San Martín, De Grandis (PJ), cerró fila con la patronal de Abardon Bio, cuyo dueño está en tratativas con referentes del peronismo (Traferri, Rodenas) para lanzar su posible candidatura a gobernador.

El gobernador Pullaro, por su parte, mantiene una ´ausencia cómplice´ con las patronales en el control de la seguridad laboral. El Sindicato que formalmente representa a los obreros (Petróleo, gas privado y biocombustible de toda la zona sur de la Provincia) no dijo ni hizo nada hasta ahora. A pesar de las muertes y heridos, y de la reiteración de estos gravísimos accidentes, no fue anunciado ningún paro ni movilización del movimiento obrero del Cordón Industrial. Los obreros de esta fábrica tuvieron años atrás un conflicto de encuadramiento (con despidos). Según Succi (secretario general de Aceiteros), el 90% de los obreros se había afiliados al SOEA, pero esto fue rechazado por el Ministerio de Trabajo.

Desde el 2008 está vigente en la provincia la Ley de los Comités Mixtos de Seguridad e Higiene, pero los obreros no cuentan con el poder de parar la producción ante un riesgo inminente.

Estos comités mixtos no jugaron ningun papel para detener la sangría de muertos y mutilados. Desde su creación, suman varias decenas los trabajadores accidentados, muertos y heridos; tanto de trabajadores efectivos como contratados. Trabajadores que cayeron dentro de silos, caídos de andamios, por descarga eléctrica, por la explosión en horno de secado y, ahora, en un tanque de metanol.

Es necesaria una acción sindical de lucha, de conjunto, del movimiento obrero del Cordón y el impulso de comités obreros de seguridad e higiene en cada fábrica, elegidos en asambleas, con fueros gremiales y poder para detener la producción ante riesgos de accidentes y de vida.

1 de octubre de 2026
Tierra del Fuego: nuevos despidos del Grupo Mirgor

La conciliación obligatoria iniciada el 10 de agosto se extendió hasta el 7 de septiembre. Después vino una “conciliación voluntaria” entre la UOM y Mirgor, resuelta en una reunión en el Ministerio de Trabajo entre el 7 y 9 de septiembre y estirada hasta el 25. Finalizada esa instancia, la patronal retomó los despidos.

El miércoles 30, la patronal avanzó con 130 despidos en las cuatro razones sociales pertenecientes al Grupo Mirgor. Entre los despedidos se encuentran los delegados gremiales y trabajadores que habían sido reincorporados luego de la tanda de 300 ocurridos en agosto.

Esta maniobra del Grupo Mirgor se dio luego de que el acuerdo entre el gremio y la patronal se cayera. Según informaron los trabajadores, los despidos fueron sin justa causa porque en los telegramas la patronal señala que las desvinculaciones se dan por una “necesaria reestructuración” de la actividad fabril orientada a alcanzar metas que permitan la continuidad del establecimiento.

Hace una semana, alrededor del cierre del período de negociaciones, las alarmas respecto a los puestos de trabajo se encendieron luego de que la patronal licenciara con goce de sueldo a 35 trabajadores. La medida fue justificada formalmente por la patronal aduciendo que era por cuestiones productivas. En principio, había alcanzado a la fabricación de televisores y teléfonos celulares; con el correr de las horas se extendió a otros sectores. Al mismo tiempo, Mirgor ofrecía acuerdos de desvinculación a operarios y delegados gremiales. Todos estos movimientos se desarrollaban mientras Mirgor y la UOM negociaban en los contubernios estatales.

El caballo de Troya del acuerdo

El acuerdo entre la UOM Río Grande y Mirgor, según informaciones internas, se cayó a último momento debido a una consideración respecto a la reincorporación de los delegados metalúrgicos. Según indicó Crítica Sur, el problema tuvo que ver con que la patronal exigió que los delegados retomen tareas productivas, debido a que, según informó el mismo medio, buena parte de la actividad de los representantes gremiales se desarrollaba por fuera de las tareas habituales de producción. Estas exigencias trasladadas a la comisión interna derivaron en un rechazo y no se avanzó con la firma que iba a concretarse este mismo miércoles 30.

Pero ¿en qué consistían las discusiones que sostuvieron el gremio y la patronal en el Ministerio de Trabajo? En principio, se había llegado a un acuerdo en relación con el detonante del conflicto: el premio de 3.000.000 de pesos. Dicho premio sería abonado a fin de mes. Sin embargo, de haberse firmado, el pago del premio hubiese sido el caballo de Troya de un cambio de régimen laboral.

En las asambleas realizadas el 25 de septiembre en las distintas fábricas de las cuatro razones sociales del Grupo Mirgor se puso a votación: contemplaba un blindaje al sector de autopartes, así como también la implementación de un banco de horas. Además, modificaciones en el esquema salarial y la eliminación de categorías laborales. Dichas asambleas terminaron en un rechazo a estos puntos en las distintas razones sociales de Mirgor. De manera contundente en Famar Fueguina, la autopartista del grupo. En Brightstar se votó a favor del acuerdo y hubo abstenciones en Mirgor. Sin embargo, la última palabra la tenía el sindicato, que, como hemos mencionado, lo rechazó en desacuerdo con que los delegados retomaran sus actividades laborales. Detrás de esto se encuentra el propósito de la patronal de prohibir la organización sindical en sus fábricas. Incluso colocó este chantaje en los medios, prometiendo la reincorporación de todos los despedidos si los delgados "contribuían".

El cambio de régimen que encerraba el acuerdo estaba en línea con la contrarreforma laboral del gobierno, e implicaba una mayor flexibilización laboral, jornadas variables sin pagos extras, salarios más bajos -800.000 pesos para los ingresantes- y toda una serie de medidas orientadas a generar mayores beneficios sobre la base de una intensificación laboral extrema.

Frente a estos nuevos despidos, la UOM de Río Grande está ausente sin aviso. Sí están presentes los trabajadores, quienes se encuentran concentrándose frente a las fábricas de Río Grande -con un grupo grande de trabajadores y algunos delegados en la planta ubicada en Einstein 1111- y apareciendo en los medios para denunciar este nuevo avance patronal sobre los puestos de trabajo.

Mientras tanto, el silencio por parte de la seccional de la UOM es ensordecedor. En el momento más agudo del conflicto, se encerró en el Ministerio de Trabajo a negociar con la patronal un nuevo régimen en línea con la contrarreforma laboral de Milei y Caputo. Ahora que se reavivó el conflicto, ha desaparecido de la escena pública a la espera de que los acontecimientos le permitan frenar un ascenso obrero.

La única salida tiene que venir desde los trabajadores, a través de asambleas. Hay que construir el camino hacia la huelga general para derrotar a las patronales y al gobierno.

1 de octubre de 2026
Docentes de Provincia de Buenos Aires: la burocracia convoca a un paro improvisado

Las conducciones del FUDB han resuelto, de un día para el otro y sin previo aviso, convocar a un paro para el jueves 1 de octubre. Coincide en día con una medida de fuerza de 24 horas convocada por las seccionales opositoras del SUTEBA. El paro ha sido total en el conjunto de la docencia de la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria de las conducciones gremiales de los sindicatos docentes es tan improvisada que desde el lunes al miércoles transcurrieron las reuniones de delegados del SUTEBA, el principal gremio docente, sin que en las mismas se haya hecho ninguna alusión al respecto. El temario impuesto por la conducción Celeste no incluyó el vencimiento de la paritaria, la inexistencia de una oferta de recomposición salarial ni la creciente violencia efectuada contra los docentes en toda la provincia. No existía ninguna intención de llevar adelante una medida de fuerza, aunque sobran los motivos. Por lo tanto, se trata de una maniobra de último momento.

Entre el miércoles y el viernes de la semana pasada se sucedieron agresiones a docentes en San Miguel, Hurlingham y Ensenada. En lo que va de esta semana, ocurrió lo propio en Florencio Varela y Trenque Lauquen. Los paros distritales convocados por el FUDB, con el objetivo de evitar la convocatoria a un paro provincial, se transformaron en grandes movilizaciones autoconvocadas. Esta situación, en el marco del vencimiento de la paritaria, el retraso salarial, el creciente endeudamiento y el empeoramiento de conjunto de las condiciones laborales prefiguraban un paro masivo aún sin la convocatoria del FUDB.

La maniobra de las conducciones gremiales consiste en descomprimir y encorsetar la bronca generalizada de la docencia orientándola en un único sentido: contra la creciente violencia descargada sobre los docentes, sin ningún tipo de alusión al salario y a las condiciones laborales y de vida de la misma docencia. En función de este objetivo las burocracias sindicales convocan a parar bajo la consigna “queremos una sociedad que cuide a quienes enseñan”, es decir responsabilizan a "la sociedad" de manera abstracta sin ningún tipo de alusión a las condiciones bajo las cuales la vida social se desenvuelve bajo la crisis capitalista.

El gobierno liberticida es responsable del derrumbe de los salarios, la precarización laboral, el creciente endeudamiento de los trabajadores y sus familias y el ataque a la educación pública que, junto al flagelo del consumo de drogas, configuran un escenario en el cual no existen perspectivas de desarrollo. Kicillof traslada el ajuste a la provincia. En estas condiciones, se genera el caldo de cultivo para el desarrollo de la violencia, en particular contra la docencia, señalada por todos los gobiernos que se sucedieron en las últimas décadas, que han degradado el trabajo docente y responsabilizan por la crisis educativa y la falta de desarrollo y perspectivas de la juventud.

Tanto el gobernador como las conducciones de los sindicatos docentes pertenecen a un bloque político cómplice de Milei, y por lo tanto de su alineamiento con las guerras de Trump y la OTAN, el genocidio en Palestina, la militarización y el ataque a la docencia ("esencialidad educativa"). A través del Congreso, los gobernadores del PJ han cerrado filas con el gobierno liberticida en un conjunto de leyes que configuran el carácter bélico y ajustador del gobierno nacional.

El vencimiento de la paritaria en la provincia de Buenos Aires, y el derrumbe del poder adquisitivo y de las condiciones laborales y de vida de los docentes constituyen la expresión del ajuste que el gobernador lleva adelante, mientras que, en su gira reciente por Estados Unidos, Kicillof se comprometió a honrar la deuda usuaria con los acreedores. Ambas cuestiones constituyen la base sobre la cual busca ganarse el apoyo de los especuladores y postularse como relevo de Milei en 2027. Las conducciones de los gremios docentes se encuentran encolumnadas detrás de su proyecto, lo que explica la firma de cada una de las propuestas paritarias a la baja que ha realizado el gobierno de la provincia y la convocatoria a un paro aislado contra la violencia social sin mención alguna al ajuste sobre la educación y la docencia.

En función de lo señalado, la convocatoria de las seccionales Multicolor al paro constituye una medida aislada que no plantea ninguna continuidad en la lucha por las reivindicaciones de los docentes. La exigencia al SUTEBA para que convoque a un plan de lucha está dirigido a una burocracia responsable de la actual situación de los docentes. De la misma manera, los "protocolos de resguardo y reparación" frente a la creciente violencia contra los docentes son un bálsamo, de ninguna manera un abordaje eficiente de esta situación ya que no repara las consecuencias físicas y psíquicas de los docentes agredidos y mucho menos las previene.

Desde Tendencia Docente Clasista llamamos a hacer activo el paro desarrollando movilizaciones y agitaciones que pongan en agenda la lucha por el salario, las condiciones laborales y denuncie la responsabilidad de Milei y Kicillof frente a la creciente violencia contra los docentes. Es necesario construir el paro por tiempo indeterminado tomando el ejemplo de los docentes de Tierra del Fuego.

1 de octubre de 2026
La Plata: 80 firmas de docentes por el sobreseimiento de Bruno Corzo

Docentes de las secundarias 8 y 9 han firmado el petitorio por el cierre de la causa contra nuestro compañero Bruno Corzo. Dejamos una copia en las carteleras para que se sigan sumando firmas. Durante las movilizaciones del jueves pasado al Banco Provincia y a la delegación del Ministerio de Trabajo, se recabaron sesenta firmas de docentes, entre ellas, de compañeras de las primarias 3 y 71, quienes se solidarizaron con el compañero y nos solicitaron los enlaces a la campaña. También una decena de compañeros de ATE Niñez sumaron su apoyo.

Estamos trabajando el petitorio en formato papel, lo cual nos ha permitido acercarnos individualmente a cada docente y entablar un diálogo. La gran mayoría no ha dudado en firmar y expresar su rechazo a la persecución de activistas y luchadores. Muchos han destacado que seguramente esta persecución sea más acuciante en las provincias del interior del país. Algunos han recordado a María Soledad y la impunidad que continúa como una herida abierta. Los que tienen familiares en Catamarca se han emocionado al firmar.

Seguiremos acercando el petitorio en cada escuela donde nos desempeñamos y en cada acción de lucha de la docencia platense.

¡Abajo la causa contra el compañero Bruno Corzo!

1 de octubre de 2026
Milei en Paris: ni una misa

Los discursos de Milei en la “Semana Argentina” en París no fueron solamente la reiteración de lo que ya había defendido ante los banqueros norteamericanos, unos días atrás. De parte de los empresarios franceses y europeos que escucharon a Milei y Caputo, se percibió la misma frialdad que habían expresado el JP Morgan y otros en Nueva York.

Milei abusó hasta el cansancio de augurar un futuro de inversiones y crecimiento si consigue la reelección en 2027. En ese caso, “2028 será un año extraordinario”. Pero los observadores económicos y políticos ya leen ese vaticinio al revés, a saber: que los liberticidas han abandonado cualquier pretensión de recuperación económica para los dos próximos años. En la reunión empresarial que se realizaba en simultáneo en Argentina, el coloquio de IDEA, los empresarios comentaban "en off" sobre la nueva escalada inflacionaria a la que empuja la suba de los combustibles, y que el gobierno intentará frenar subiendo los intereses y “contribuyendo al amesetamiento de la actividad” (Cronista, 1/10).

En París, Milei volvió a blandir la amenaza de una “bazuca de 75.000 millones de dólares” para enfrentar a los “desestabilizadores y golpistas” que pretendan ensayar una corrida cambiaria. Pero en “los 75.000”, se contabilizan dólares que Milei no tiene, por ejemplo, 20.000 millones prometidos por Scott Bessent -“de bancos privados”- en octubre de 2025, y que nunca aparecieron. Caputo, mientras tanto, reiteraba en IDEA el programa financiero que había aventurado hace un mes y medio atrás, y que el mercado financiero juzgó como un dibujo. En cuanto a los empresarios que escucharon a Milei en París, la enviada de Clarín recogió que "varios inversores (dudaron) sobre si un jefe de Estado con este perfil sería reelegido en la Argentina y comenzaron a cuestionarse la seguridad jurídica de los RIGI y quién la garantizaría" (1/10). Milei condicionó cualquier perspectiva económica a la reelección, pero el gran capital ve las cosas al revés: es la declinación económica acelerada la que pone en tela de juicio a un nuevo mandato de Milei, y a su régimen de excepciones económicas como el RIGI. En ese cuadro, la misma periodista destaca el interés de los empresarios por saltearse al libertario y tomar contacto con el séquito de 13 gobernadores que lo acompañaron. En primerísimo lugar, con el neuquino Figueroa, rebautizado como el “señor Vaca Muerta”.

Pero la gira parisina de Milei tuvo un aspecto que la distinguió del periplo neoyorquino: no se privó, en sus declaraciones, de señalar que “Europa se está hundiendo” (Clarín, ídem). Es decir, de actuar una vez más como marioneta discursiva de Trump, en este caso, contra la Unión Europea. El desagrado que estas declaraciones provocaron en el establishment de funcionarios y capitalistas fue disimulado con algún anuncio de inversiones ya programadas -por caso, las que deberá realizar el pulpo Total para completar la logística de sus actuales actividades de exploración petrolera en la Argentina.

En el tour, Milei apostaba a redoblar un acercamiento con los gobernadores suficientemente fuerte como para reflotar el proyecto de eliminación de las PASO. A la luz de lo ocurrido, es probable que sean los gobernadores los que hayan levantado sus ínfulas frente al gobierno en crisis.

La semana en París, en definitiva, no le aportó un céntimo ni un euro al gobierno, en medio de la suba del riesgo país, la crisis de endeudamiento y una recesión estadísticamente confirmada.

2 de octubre de 2026
Francia: los obreros y estudiantes irrumpen en la escena política

La gran jornada de paro y movilización que paralizó a Francia el martes 29 de septiembre de 2026 es el inicio de una pulseada de enorme magnitud contra el plan de ajuste de 54.000 millones de euros anunciado por el gabinete del primer ministro Sébastien Lecornu. Lo que ocurre en las calles es una irrupción de los centros ferroviarios, refinerías y cuarteles de bomberos contra la bancarrota de un Estado imperialista en guerra que pretende descargar su propia quiebra sobre las espaldas de la población. La reducción del gasto social en el presupuesto significa el colapso definitivo de los hospitales, el congelamiento de los salarios estatales, el desfinanciamiento de la educación pública y de las universidades, el recorte de los subsidios de vivienda y de las protecciones sociales básicas. A esto se le suma que el gobierno de Lecornu ensaya un amago de flexibilización laboral y nuevos ataques a los convenios colectivos, buscando desregular las condiciones de contratación en el sector público y privado, precarizar aún más la estabilidad laboral y liquidar conquistas históricas de los trabajadores franceses.

Como registran los despachos de la prensa internacional y las coberturas locales en París (con reportes de movilizaciones en más de 170 puntos de concentración en todo el territorio), existe una tensión inocultable entre la contención de las cúpulas sindicales y la combatividad que se gesta en los lugares de trabajo y estudio. En los bastiones tradicionales del movimiento obrero -como los talleres de mantenimiento de los ferroviarios (SNCF), los puertos, las refinerías de TotalEnergies y los hospitales-, la gravedad del ajuste coloca sobre la mesa la necesidad de ir hacia un plan de lucha sostenido e impulsar la huelga general por tiempo indeterminado para evitar el desmantelamiento social que el gobierno quiere consumar.

También la juventud estudiantil ha tomado masivamente las calles; golpeada por la precarización, el aumento del costo de vida y los recortes, se erige como un factor de continuidad y acicate. Desde las primeras horas de las protestas, se registraron asambleas, cortes y la organización de estudiantes secundarios y universitarios en facultades y liceos de distintas ciudades.

A la movilización obrero-estudiantil se sumaron los bomberos, que marcharon con sus uniformes, camiones y sirenas. Que hayan roto la disciplina institucional para movilizarse codo a codo con los trabajadores revela el colapso de los servicios públicos esenciales.

La intersindical

Frente al masivo descontento, la burocracia de las ocho centrales sindicales del país (desde la CGT encabezada por Sophie Binet hasta la superentreguista CFDT) constituyeron una Intersindical fundamentalmente como un frente de contención de la lucha. Si bien reclaman la derogación del ajuste, el aumento salarial y la anulación de la reforma jubilatoria, su propuesta se agota en gravar a las "grandes fortunas" mediante impuestos extraordinarios. Pretender que un Estado imperialista en quiebra resuelva el déficit social mediante una mera modificación impositiva sin expropiar el capital es una farsa que busca salvar el sistema económico bajo nuevos ropajes. A esta limitación programática se le suma una omisión deliberada y cómplice: la Intersindical silencia por completo la inclusión de los inmigrantes y la lucha por sus derechos elementales en sus pliegos de reclamos. Al dejar de lado a los trabajadores extranjeros, la burocracia sindical renuncia a defender a la clase obrera de conjunto frente al avance del fascismo.

Esto recién empieza

El sindicato de trabajadores de las administraciones públicas territoriales, que incluye a docentes y personal administrativo (agrupados en la FSU Territoriale) y diversos gremios de la función pública, ha lanzado preavisos de huelga para la totalidad del mes de octubre en rechazo al congelamiento salarial. En el transporte aéreo y los servicios públicos se han anunciado movilizaciones y paros escalonados, incluyendo un paro nacional en el transporte aéreo del 17 al 21 de octubre, mientras los sectores de la energía, la educación y los servicios locales preparan nuevas coordinaciones de base para desbordar el calendario fragmentado que intentan imponer las cúpulas sindicales.

La guerra y el rescate continuo al gran capital

El gobierno de Macron y Lecornu insiste en que Francia vive "por encima de sus posibilidades". Es una mentira abierta. El déficit primario del 5,4% del PIB y una astronómica deuda soberana de 3,2 billones de euros (117,6% del PIB) -un nivel de endeudamiento que no se registraba en el país desde 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial- no son el producto de pensiones generosas ni de salarios estatales abultados. Son el resultado directo de la socialización sistemática de las pérdidas del gran capital y del presupuesto de guerra de la OTAN. Bajo la gestión de Macron, el volumen de ayudas públicas directas e indirectas, exenciones de cargas patronales y beneficios impositivos a las empresas alcanzó la cifra récord de entre 160.000 y 200.000 millones de euros anuales (alrededor del 7% del PIB). Este mecanismo de salvataje patronal explica la anatomía del endeudamiento público.

En la crisis internacional de 2008, la deuda pasó del 64% al 90% del PIB porque el Estado francés rescató masivamente al sistema bancario privado absorbiendo los pasivos tóxicos del capital financiero.

En la pandemia de COVID-19 (2020–2021), la deuda escaló al 115% del PIB. Bajo el lema “Quoi qu'il en coûte" (Cueste lo que cueste), el Estado no "bancó los sueldos" por filantropía social, sino que financió con recursos públicos la totalidad de las nóminas salariales privadas, otorgando avales de crédito estatales por más de 300.000 millones de euros e inyectando fondos millonarios en multinacionales como Air France-KLM, Renault, Sanofi o EDF, las cuales mantuvieron el reparto récord de dividendos a sus accionistas.

Con la guerra de la OTAN y la crisis energética (2022-2024), la deuda subió por encima del 117% del PIB, financiando mediante la emisión de bonos estatales el sobreprecio de la energía.

A esta estructura de endeudamiento al servicio del beneficio corporativo se le suma la escalada militar. Mientras se exige un tijeretazo social de 54.000 millones de euros, el presupuesto de Defensa se expande a 50.000- 55.000 millones de euros anuales para responder al rearme imperialista. El presupuesto de ajuste a la población equivale casi exactamente al gasto militar del país, al tiempo que Francia destina más de 60.000 millones de euros al año únicamente al pago de los intereses de la deuda acumulada, superando el presupuesto de Educación o Salud.

El triunfo de esta lucha obrera estudiantil pondría a toda la nación de pie para encarar la derrota del plan de guerra, rechazar la deuda usuraria, expropiar a los grandes parásitos del CAC 40 (grandes corporaciones), derrotar al fascismo y abrir un camino de independencia política hacia el gobierno de los trabajadores.

2 de octubre de 2026
Trump y Paz Pereira toman por asalto el Ministerio Público de Bolivia

Apenas dos días después de que el Departamento de Estado estadounidense revocara la visa de 21 funcionarios judiciales bolivianos por su supuesta vinculación con el “narcoterrorismo” y por representar una “amenaza para la seguridad del Estado de derecho de las Américas” (La Nación, 28/09), la policía boliviana, bajo orden directa del poder ejecutivo nacional, ha detenido al Fiscal General de la Nación, Róger Mariaca y al Fiscal general de Santa Cruz, Alberto Zeballos, junto a otros 12 funcionarios judiciales, la mayoría de ellos fiscales y jueces. Otros cuatro detenidos serían empleados que intentaron sacar varios bolsos de dinero en una ambulancia, de un condominio perteneciente a Mariaca y Zeballos (El Deber, 01/10).

La iniciativa norteamericana fue la señal de largada de un amplio operativo político para descabezar el Ministerio Público. El lunes mismo, tanto Mariaca como Zeballos, en sendas conferencias de prensa, solicitaron los fundamentos de dicha acusación. Ambos insinuaron que enfrentaban una represalia por la investigación e imputación del ex asesor presidencial y agente de la CIA, Fernando Cerimedo, acusado de tentativa de femicidio. La Asamblea Legislativa Plurinacional es la única que puede nombrar y remover al Fiscal General de la Nación. El trámite implica una investigación y un juicio de responsabilidad, es decir un largo proceso.

Al día siguiente, el diario cruceño El Deber (1/10) dio a conocer audios en donde el narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, detenido en marzo de este año en Santa Cruz y extraditado a Estados Unidos posteriormente, señalaba a Mariaca como un “amigo” y afirmaba que habría pagado sobornos a funcionarios del ex presidente masista Luís Arce. Con la aparición pública de estos audios, que se habrían realizado en el momento de la detención de Marset, se justificó la detención de estos fiscales y demás funcionarios judiciales.

Los empleados del Ministerio Público denunciaron que los efectivos que realizaron el allanamiento del ministerio no contaban con orden judicial ni imputación clara. Lo calificaron de ilegal. Denunciaron el arresto de Mariaca como un “secuestro”. Al día siguiente, el vocero Presidencial anunció el arresto del Fiscal Superior Luís Montaño Morales, quién se autonominó como Fiscal General de la Nación para evitar un “vacío legal”, por “usurpar funciones” (ídem).

El carácter ilegal de las detenciones ha sido denunciado por el vicepresidente Edmand Lara. El abogado de Nadia Beller, la ex pareja de Cerimedo, tomó en sus manos la defensa legal de Mariaca y Zeballos. Ha presentado una denuncia penal contra el presidente Paz Pereira por haber ordenado estas detenciones sin orden ni investigación judicial conocida (ídem).

El Escudo de las Américas en marcha

El Departamento de Estado norteamericano presentó las sanciones a los funcionarios judiciales bolivianos como parte de una medida más general contra funcionarios y ciudadanos de Bolivia, Perú y Ecuador; y como parte de los compromisos establecidos bajo la conformación del Escudo de las Américas (La Nación, 28/09). Lo cierto es que, de las 27 personas afectadas con la revocatoria de sus visas, 21 eran funcionarios judiciales bolivianos.

La medida no ha tomado de sorpresa a Paz Pereira y su gobierno, ya que el presidente boliviano aprovechó su viaje a EEUU, en ocasión de la última asamblea general de la ONU, para reunirse con el secretario de Estado norteamericano, Marcos Rubio; y con funcionarios del FMI, el BID y del Banco Mundial (Opinión, 28/09). El secretario de Estado trumpista posteó en su cuenta de X que la “administración Trump apoya firmemente” a Paz Pereira y que "las acciones emprendidas por Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para hacer de nuestro hemisferio un lugar más seguro, más fuerte y más próspero" (El Deber, 01/10), sin importarle que no estén claras las imputaciones ni orden judicial alguna para las detenciones de Mariaca y Zeballos. El segundo de Rubio, el subsecretario de Estado, Cristopher Landau, atacó directamente al Ministerio Público como un peligro de “politización” y “corrupción” (ídem). Finalmente, EEUU sacó un pronunciamiento del Escudo de Las Américas firmado por todos sus países integrantes, en apoyo del gobierno de Paz y de su asalto sobre el ministerio Público.

Golpe institucional

El diario El Deber, histórico vocero de la derecha y la oligarquía cruceña, que ha sido parte del operativo del gobierno para este golpe sobre el Ministerio Público, advierte a Paz Pereira que ahora tiene el “desafío” de establecer “cuáles son las órdenes judiciales o fiscales que sustenten” los arrestos en curso y que la “posibilidad de eventual extradición o entrega de ciudadanos bolivianos requeriría un procedimiento jurídico específico y no puede darse por hecha únicamente a partir del movimiento de aeronaves o de versiones de inteligencia”.

El derechista cruceño Tuto Quiroga, por su parte, ha señalado que “no basta, de parte del Gobierno norteamericano, con decir este, este, este” y que “las restricciones de visa no equivalen por sí mismas a una sentencia penal ni acreditan la comisión de un delito” (El Deber, 01/10).

El Tribunal Supremo de Justicia Boliviano, se ha limitado a declarar que se garantizará el “debido proceso” para todos los arrestados. El vicepresidente Edmand Lara, por su parte, ha denunciado un complot del Paz Pereira y la policía en su contra para destituirlo y apresarlo.

Ante semejante crisis, la COB, que sigue participando en las mesas de “diálogo” del gobierno, ha emitido un comunicado de “apoyo” a Mariaca en el que no denuncia su detención ni al imperialismo; por el contrario, convoca a Paz Pereira a “mantener la unidad, la paz social y el respeto por las instituciones democráticas”. La COB ni siquiera se delimitó de las más de 150 detenciones y 300 causas contra dirigentes y activistas obreros y campesinos que impulsó Mariaca como Fiscal General durante su última huelga general. Mariaca fue quien acusó de terrorista y pidió la captura del secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, en mayo pasado; orden revocada a pedido de Paz Pereira para avanzar en un acuerdo con la COB contra la rebelión popular. La Tupac Katari ni siquiera ha emitido comunicado. La integración de las burocracias obreras y campesinas al régimen político boliviano es total.

Esta avanzada imperialista y de Paz Pereira, puede tener como objetivo inmediato el cese de las investigaciones de Cerimedo y su eventual liberación, para frenar una crisis de alcance internacional por sus vínculos con los gobiernos derechistas y trumpistas de la región; y con sus corruptelas. Por eso el apoyo cerrado de todos los gobiernos del Escudo.

Días antes del retiro estadounidense de visas a Mariaca y otros funcionarios judiciales, desde EEUU, el presidente boliviano emitió el decreto 5527, que le da la potestad al poder ejecutivo nacional para “reorganizar, disolver o liquidar” las empresas públicas del Estado boliviano, lo que abre la posibilidad efectiva de privatizaciones en el área minera e hidrocarburífera, en nombre del “ajuste del gasto” y el combate a la “corrupción”. Paz Pereira se apoya en la derrota de la rebelión boliviana para avanzar en una contrarrevolución contra las masas. Esto agudiza el antagonismo entre su gobierno, el régimen político boliviano y las direcciones obreras integradas a él, por un lado; y la clase obrera y los explotados bolivianos por el otro.

La movilización obrera y campesina contra el imperialismo y el fascismo en Bolivia y en Latinoamérica, es más urgente que nunca.

2 de octubre de 2026
La huelga de los residentes copó la Plaza de Mayo

Una columna de alrededor de un millar de residentes copó ayer la Plaza de Mayo. Más de 30 hospitales de la ciudad de Buenos Aires participaron de la movida por una recomposición salarial, que comenzó con un paro autoconvocado y actividades de agitación en los hospitales y centros de salud y luego se trasladó al centro porteño con una concentración en el Obelisco y una nutrida marcha a las oficinas del Ministerio de Salud. La masiva asamblea final, que tuvo lugar en la Plaza de Mayo, reflejó el crecimiento del movimiento de una semana a la otra.

El gobierno de Jorge Macri modificó su estrategia: envió agentes de la Policía de la Ciudad para anoticiar a los delegados del movimiento de que no serían recibidos. Más temprano, el ministro Quirós había bajado la directiva de amedrentar a los residentes en los hospitales, amenazando a quienes decidieran parar con descontarles el día. El ministerio requirió a los Comités de Docencia e Investigación (CODEIs) de cada efector que elevaran listados de los residentes que se adherían a la medida. Los aprietes no surtieron efecto: el paro fue contundente, se profundizó incorporando a nuevas residencias y hospitales y la asamblea general de Plaza de Mayo votó un nuevo paro con movilización para la semana que viene, el 7 de octubre.

La lucha política en el movimiento

El crecimiento del movimiento obligó a todos los sindicatos y fuerzas políticas a reposicionarse. La burocracia peronista de Médicos Municipales, que hasta el momento venía ninguneando los pedidos de reuniones y de apoyo a las medidas y reclamos planteados, sacó del freezer una fantasmal “comisión de residentes”. En un comunicado, se pronunció por el pago de un “plus” por guardia y de otro por especialidad, en este último caso para los residentes que ya hicieron una residencia básica y ahora ejercen como jefes o instructores o se encuentran cursando las llamadas posbásicas. Se trata de migajas con las que intentan dividir al movimiento, ya que solo se aplicarían para los médicos, debido a que las especialidades de la gran mayoría de las otras disciplinas no se encuentran reconocidas por el Ministerio de Salud.

El tema del “plus” por guardia es engañoso, porque no implica el pago del conjunto de las horas de guardia efectivamente cubiertas, que en muchas residencias llegan a duplicar las 45 horas establecidas por contrato. El antecedente de este “plus” lo aplicó Kicillof en la provincia de Buenos Aires: se otorga un pequeño adicional no remunerativo a las residencias que cubren guardias, que se ubica muy pero muy lejos del valor de las horas realmente trabajadas. Los “bonificados” residentes bonaerenses cobran 1,2 millones de pesos, un 35% menos que sus pares porteños y un 60% menos que los residentes del Garrahan. Impulsadas por la lucha de CABA, una asamblea de más de 35 residencias bonaerenses votó parar y movilizarse a La Plata el próximo 8 de octubre.

Quienes también tuvieron que modificar su posición son las asociaciones que integran la Federación de Profesionales, el sindicato que reúne a las disciplinas no médicas. La dirección de la asociación de Trabajo Social (APSS) había reprendido a los residentes por votar una medida “sin consultar y con poca anticipación”. Ahora, con exactamente la misma anticipación (una semana) y ausencia de consulta, la conducta del sindicato será diferente: anunció un cese de actividades a las 10.30 horas del 7 de octubre para que las trabajadoras sociales puedan participar de la movilización. La medida no cumple con el pedido formulado por la asamblea de residentes de que el sindicato se plegara al paro, ni abarca a las otras disciplinas y asociaciones de la Federación a pesar de que la APSS ocupa allí la secretaría gremial.

El giro de la APSS es positivo en la medida en que amplía el escenario de la lucha y permite, con los límites señalados, incorporar al movimiento a un número importante de trabajadoras de planta. Sin embargo, su dirección, integrada por el Partido Obrero oficial, ha salido a explicar que de lo que se trata es de establecer un “plan de lucha escalonado y en unidad”. Con este subterfugio, se busca someter al movimiento al ritmo de los más perezosos. Ya han hecho saber que el congreso de la Federación de Profesionales, previsto para el 8 de octubre, no está dispuesto a votar un paro. Pretenden que el ritmo del movimiento de residentes descienda al nivel de sus aliados en la conducción de la Federación, que no están dispuestos a adoptar medida de lucha alguna.

La Federación convocó a los residentes a una reunión para el 8 de octubre con posterioridad a su congreso, es decir, con los hechos consumados. La “unidad” que les ofrecerá será una camisa de fuerzas. En oposición a esta política, existe una conciencia entre los activistas que se están destacando al frente de la organización de los hospitales de que la única vía para derrotar al gobierno será, como en 2019 y 2022, la profundización de las medidas: el paro sin guardias y la huelga por tiempo indeterminado. Lo que puede atraer a la lucha al conjunto de los trabajadores de la salud no es la “unidad” con asociaciones largamente vaciadas, sino una pelea a fondo del movimiento de residentes.

Expandir las autoconvocatorias

La huelga de los residentes porteños sacudió el avispero de la salud y comienza a expandirse a otros distritos, como es el mencionado caso de los residentes bonaerenses. Los reclamos también se hicieron oír entre las residencias nacionales del Hospital Posadas. Pero la liquidación del salario abarca a todo el sistema de salud, sin distinciones. Los médicos y odontólogos del PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas porque el gobierno de Milei decidió amputarles la mitad del salario. También están en huelga los psicólogos del IOMA bonaerense. El derrumbe del salario médico y profesional es la expresión de una política de vaciamiento y privatización contra la salud de la clase obrera.

La defensa de un salario básico inicial igual al costo de la canasta familiar es el punto que puede unificar a todos los trabajadores de la salud, con independencia de su escalafón, disciplina o forma contractual. Para conquistarlo, necesitamos expandir las autoconvocatorias a toda la salud y confluir con las medidas de lucha que están desarrollando los residentes, superando las divisiones y trabas que colocan las direcciones sindicales establecidas. No hay otra forma de derrotar los aprietes oficiales que profundizar la lucha. Es la única perspectiva realista para lograr que fachos y privatizadores muerdan el polvo.

2 de octubre de 2026
La pirotecnia cruzada de Milei y del Congreso

En las últimas horas, se han producido varios episodios tan resonantes como ficticios, desde el punto de vista de sus resultados políticos.

Por un lado, la gira de Milei y Caputo por París abundó en fotos con empresarios y con el propio Macron, y también con los gobernadores que acompañaron la gira. Mucha menos prensa, en cambio, tuvo la reunión reservada que sostuvieron el secretario de Finanzas José Daza y el presidente del Central, Santiago Bausili, con fondos financieros. Según relata el enviado de Clarín a la gira, el tema de ese encuentro fue “la sostenibilidad del pago de la deuda y las reservas disponibles para hacer frente a las obligaciones” (2/10). Los especuladores no compraron la versión que Milei había volcado horas antes, acerca de una “bazuka” de dólares para enfrentar la “desestabilización”. En Buenos Aires, y después de los fastos de París, el nivel de ventas de divisas de las reservas internacionales aumentaba, mientras el riesgo país subía a los 650 puntos.

Bajo este escenario, la Corte decidió rechazar la medida cautelar que suspendía la suspensión del artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras, habilitando así a compras irrestrictas de terrenos por parte de extranjeros. Pero la Corte, en su fallo, trasladó la cuestión a la Cámara de Diputados, que es la que ha dejado en pie al DNU 70 al no tratarlo después de más de dos años. La Corte le tiró una soga al gobierno y al régimen liberticida. Pero desafió a los Diputados a hacer lo mismo, es decir, a un pronunciamiento definitivo sobre el decretazo que inauguró la contrarrevolución social y laboral en la Argentina.

Después del fallo de la Corte, una parte de la oposición -la Unión por la Patria, el FITU, la Coalición Cívica y varios monobloques sueltos, como la ex mileista Pagano- se han puesto de acuerdo en solicitar una sesión extraordinaria para el 15 de octubre, con la agenda de la emergencia por Discapacidad, la cuestión de los endeudados y, finalmente, el extenso DNU 70. La fecha elegida para la sesión coincide con la Marcha Federal Universitaria, cuyos organizadores, a partir de la convocatoria de Diputados, han trasladado el escenario de la marcha, de Plaza de Mayo al Congreso. Pero los fondos universitarios para cumplir con la Ley de Financiamiento los debe poner el gobierno, no el Congreso.

Así, la oposición parlamentaria aspira a “deglutirse” la próxima jornada del 15, aunque lo hace con pocos papeles en mano. Hasta ahora, le falta una porción de los 129 diputados necesarios solamente para el quorum. La cifra de eventuales votantes contra el DNU sería, naturalmente, menor. La derogación del DNU 70 envuelve varias cuestiones neurálgicas más allá del tema de las tierras. El decretazo, por ejemplo, dio por fenecida a la vieja Ley de Alquileres, liberando el mercado de acuerdo a las apetencias del capital inmobiliario. Lo mismo vale para la desregulación del sistema de salud. El espectro de gobernadores filo-oficialistas no tiene ninguna razón para concurrir al recinto, aunque elevará el precio de su ausencia ante Santilli y Caputo a la hora de discutir el Presupuesto 2027. En cuanto a los “firmantes de la sesión”, Pichetto acaba de pedirle a la justicia una medida cautelar para suspender el artículo 154 de la Ley de Tierras. Si prosperara, tendría la excusa perfecta para vaciar la sesión extraordinaria. Si el recurso judicial no funciona, Pichetto le ha propuesto a LLA incluir en la “Ley de Soberanía Nacional” alguna cláusula “plausible” sobre la extranjerización del suelo -por caso, elevar el límite al 25%, como se había considerado en el Senado. Otra forma de bajarle la cortina al 15 de octubre.

Según algunos periodistas, los opositores no desconocen los límites de la sesión del 15. Pero si la sesión fracasa, afirman, “desenmascararían” a los ausentes o renuentes a votar la derogación del DNU y se desenmascaran a sí mismos cono una cohorte de impotentes. Lo que no dicen es que significaría una victoria del gobierno y una legitimación final del decretazo 70. La situación es igualmente oscura en relación a los otros temas colocados en la agenda de la sesión -discapacidad y endeudamiento familiar. El gobierno discute con los “opositores dialoguistas” sustituir a la emergencia en discapacidad por una norma que afecte al presupuesto 2027, y que consolide el ajuste contra este sector. En relación al endeudamiento, la oposición no ha terminado de “cerrar” un proyecto, pero sí el oficialismo y sus aliados, que sólo quieren votar un “programa de educación financiera” (sic) para que los morosos aprendan a endeudarse “bien”.

Puesta en escena

La oposición -peronista, izquierdista, cívica- se dispone a transitar por el enésimo fracaso parlamentario bajo la gestión liberticida, después de una historia de dos años y medio de alternar todo tipo de complicidades con el gobierno. Los que se han tirado a la pileta de la sesión del 15 dicen que apuestan a “la calle”, la cual estaba movilizada de antemano por otra cuestión -los fondos universitarios y educativos. Los socios sindicales de esta oposición movediza se han preocupado de sustraer a los trabajadores de esta crisis, porque van a transitarla sin colocar en la agenda a las reivindicaciones obreras y sin convocar a la huelga bajo ningún punto de vista. Jerónimo, de la CGT, acaba de concurrir a IDEA para mostrar su disposición a “los tiempos que corren” (de precarización laboral, despidos y miseria salarial). La CTA se ha subido a la Ley de Tierras y a movilizar ante la Corte el próximo martes 6, mientras se acentúa su inmovilismo ante el derrumbe salarial y los desguaces en INTI, INTA y otros organismos.

En cuanto a la marcha universitaria, ella también viene cruzada por la frontera entre la verborragia y la necesidad de una lucha decisiva. A dos semanas del 15, y en medio de una nueva ronda de paros, un bloque de sindicatos y activistas de las dos CONADU (s) se ha pronunciado en común contra “los paros aislados” y por un congreso de delegados que resuelva la huelga general “hasta cobrar” (lo adeudado por la Ley de Financiamiento Universitario). No es lo que quieren la burocracia sindical y los rectores, de filiación peronista-radical. El FITU se ha sumado con todo a la política de la “unidad opositora” parlamentaria, dirigida a producir un golpe de efecto electoral, no a arrancar las reivindicaciones.

La gran movilización del 15 debe ser preparada, no como masa de maniobra de las operaciones fraudulentas del Congreso, sino para imponer el financiamiento, los recursos de discapacidad y todos los reclamos en base a la acción directa, la ocupación de lugares de estudio y de trabajo y la huelga general.

2 de octubre de 2026
Patricia Bullrich expone en IDEA el programa para la ‘reelección del modelo’

La exposición que concitó la mayor atención política en el coloquio organizado por el instituto empresario IDEA en Mar del Plata fue, sin duda, la de Patricia Bullrich.

La participación de Bullrich contrastó con la de Javier Milei, presente el día anterior por videollamada desde Paris. Bullrich desarrollo un programa, Milei, en cambio, desde una habitación en penumbras, se mostró nuevamente inconexo. La platea capitalista aplaudió en varias oportunidades a Bullrich, mientras que recibió con frialdad las bravatas e insultos, a esta altura rutinarios, del presidente.

Bullrich exhibió un estilo propio. Prometió ´RIGI para todos´. "Ahora tenemos el RIGI, que dura 30 años. Esa estabilidad no solamente tiene que estar en el RIGI, tiene que estar para todos los actores económicos (..) ¿Por qué tiene más largo plazo la minería que una empresa familiar de plásticos en el Gran Buenos Aires? Las reglas estables de largo plazo que hoy rigen para algunos proyectos deben llegar a todas las inversiones". El RIGI es un régimen de "incentivos" para grandes inversiones -de USD 200 a 600 millones de dólares- que ofrece beneficios impositivos, aduaneros, cambiarios y de estabilidad legal por 30 años. Bullrich anticipó que dentro de 15 días se organizarán reuniones entre compañías del RIGI y otras empresas "para que sean proveedores locales"; recoge la crítica de Prat Gay y de Alberto Montamat, de que Vaca Muerta “no derrama”. Incluso ´alertó´ sobre el caso de una minera que compra fuera del país el 100% de un determinado producto, insinuando una crítica a la ´apertura indiscriminada´, otra de las ´preocupaciones´ del capital local.

En contraste con lo que les promete a los capitalistas, Bullrich postuló una reforma previsional radical que elimine el régimen jubilatorio de reparto. El esquema actual, explicó, "está basado en un modelo de pleno empleo y de formalidad" que ya no existe: "Ese modelo laboral está desaparecido", sentenció. "Padre ferroviario, hijo ferroviario, nieto ferroviario. Eso se terminó", dijo. Propuso cortar el vínculo entre la jubilación y el empleo formal para reemplazarlo por un sistema "en el que la seguridad social ya no dependa más de la empleabilidad [de tener un empleo formal], sino de la capacidad de tomar una parte de los impuestos generales y después una parte de un ahorro, que puede ir por un convenio colectivo de trabajo" o -como aclaró también- bajo un régimen compulsivo como el establecido en la contrarreforma laboral para las indemnizaciones (FAL) o incluso una generalización del monotributismo, en el que el trabajador realiza un aporte fijo mensual, con independencia de sus ingresos o incluso de la falta de ellos. Su ataque contra "los impuestos al trabajo" recogió una ovación de la audiencia. Con la eliminación de los aportes patronales, según Bullrich, también desaparecerían las fronteras entre empleo en blanco y empleo en negro. Abrió la puerta, también, al aumento sin límite de la edad jubilatoria: que cada persona pueda retirarse a la edad que quiera, "con un mínimo"... aunque en esas condiciones habrá que seguir trabajando hasta el final de la vida. Ergo, ya no habrá edad de retiro y la jubilación, "un mínimo", tampoco alcanzará para mantener al trabajador en la vejez. La liquidación del régimen de reparto es una de las ´reformas estructurales´ más demandadas por el FMI.

Bullrich también se refirió al régimen tributario. "Yo te doy un RIGI, me bajás los ingresos brutos de la provincia. Si no, ¿por qué te voy a dar un RIGI? Para lograr esa competitividad, el acuerdo de cooperación federal tiene que ser con látigo y con zanahoria. Porque con zanahoria solamente nadie te baja ni impuestos ni tasas. Te premio si bajás tasas, si bajás impuestos, y te castigo si no lo hacés". Sugirió incluso una reforma constitucional con el exclusivo propósito de eliminar la coparticipación automática a las provincias. "No podemos tener provincias que solo vivan de la coparticipación federal", fustigó.

En sus intervenciones, Bullrich no hizo mención a la caída de la recaudación, al ´riesgo país´, a la depresión económica, ni se refirió tampoco al valor del tipo de cambio, sino que bordeó el coto del ´equipo económico´ sin adentrarse en él, ni exhibir premura. Sin embargo, la autora del ´protocolo antipiquetes´, pisó el acelerador del programa del actual elenco político.

3 de octubre de 2026
Una solución ‘kirchnerista’ a la deuda pública de Francia

Desde hace un tiempo, Francia ha reemplazado a Italia como el principal ‘enfermo’ financiero de la Unión Europea. El gobierno libertario de Emmanuel Macron la ha metido en un pozo insondable. Con una deuda pública del 120% del PBI, unos 3.6 billones de dólares, y un déficit fiscal que se empina por encima del 5% de esa referencia, asiste a un remate de títulos del Tesoro que lo priva de financiamiento y lo fuerza a una reestructuración en extremo costosa. Ya en el fin de su mandato presidencial, Macron insiste en que la Asamblea Nacional, donde no tiene mayoría, le vote el Presupuesto 2027 con un corte de gastos por 54 mil millones de euros. Fuera de ese ámbito, tienen lugar huelgas de rechazo del sector público, que en Francia incluye industrias y transporte, y un levantamiento de estudiantes universitarios y secundarios. Esto tiene lugar cuando España y Alemania atraviesan crisis políticas de magnitud, que podrían deponer a sus gobiernos en cuestión de semanas o días. La Unión Europea en su conjunto ha acelerado su rearme militar con vistas a extender la guerra contra Rusia e incluso establecer un cerco en el enclave ruso de Kaliningrado, que se encuentra entre Polonia y Alemania, y es asiento de un arsenal atómico y del sistema de radares de Rusia.

Este es el contexto en el que Jean-Luc Mélenchon, un ex trotskista que lidera La Francia Insumisa, ha decidido poner en el centro de su campaña política la propuesta de suprimir la deuda del Tesoro francés con el Banco de Francia, que es estimada en 448 mil millones de euros, un 12% del total. El propósito es reducir el ‘riesgo-país’, o sea nivelar la tasa de interés a la media europea, ofrecer un seguro de pago a los acreedores privados, nacionales e internacionales, y achicar el monto del ajuste de gastos que pretende imponer el gobierno. Esa deuda ha sido generada por medio de la compra de títulos de los bancos comerciales, por parte del Tesoro, en las operaciones de rescate organizadas por el Banco Central Europeo, a través de los bancos nacionales, en ocasión del estallido de la pandemia. Se trata, por lo tanto, de una deuda con el BCE, o sea el sistema bancario de Europa. Mélenchon añade otro planteo: convertir toda la deuda pública en un “bono perpetuo cupón cero”, que es pagado integralmente al final de su vencimiento. La operación no puede ser compulsiva sino voluntaria, de modo que la última palabra la tiene el capital financiero.

Para Mélenchon, la deuda del Tesoro francés con el Banco de Francia sería ‘intra-estado’, que se podría cancelar recíprocamente. Es el planteo del ‘desendeudamiento’ que el kirchnerismo difundió en cuanto a la deuda del Tesoro de Argentina con el FGS del ANSES, el Banco Central y otros bancos del sector público. La especie la compraron enseguida Macri y Sturzenegger cuando JxC ganó las elecciones de 2015, para justificar el masivo endeudamiento que le siguió, ya con la intervención de Luis Caputo – y que Martín Guzmán, el ministro del gobierno de los Fernández, tuvo que refinanciar. La tesis de la deuda intra-estado resulta en el vaciamiento de las instituciones que han financiado al Tesoro, no en la supresión de la hipoteca extraordinaria que representa la deuda pública sobre los activos de Argentina y la fuerza de trabajo. Sea como fuere, la destrucción de la deuda intra-estatal refuerza el peso de los acreedores privados.

El objetivo político del planteo es poder ingresar al balotaje en la elección presidencial de Francia, cuando se le adjudica a La Francia Insumisa un 17% de la intención de voto. Es una tentativa de desviar la tendencia a la huelga general hacia las urnas. La primacía electoral la tiene, sin embargo, Reagrupamiento Nacional y su lideresa Marie Le Pen, cuya condena por fraude no alcanza a sus derechos políticos. Le Pen, por su lado, ha pegado un viraje – ha pasado del voto en contra a los presupuestos de ajuste, a la presentación de su propio programa de ajuste, que duplica al de Macrón – un ‘ahorro’ de 125 mil millones de euros. El giro responde a un acercamiento de la patronal francesa, el MEDEF, a la ultraderecha. El “pacto republicano” ha ido a parar al ‘basurero’. El voto del Presupuesto en la Asamblea Nacional será objeto de negociaciones que habiliten su aprobación.

Estas maniobras en los altos niveles del Estado apuntan a quebrar la tendencia a la huelga general. La burguesía imperialista francesa tiene en la mira, como ocurre en todos los países, la liquidación de los regímenes previsionales de “reparto”, que son caracterizados como “esquemas Ponzi” porque los pagos de las jubilaciones requieren nueva deuda pública. La quiebra del llamado “estado de bienestar” es irreversible. Mélenchon se incorpora, con su planteo, al gran fraude político de la izquierda democratizante del capital, que aboga por un “no pago soberano” de la deuda confiscatoria, de carácter institucional y ‘constituyente’, y no como parte de una acción histórica independiente de las masas.

3 de octubre de 2026
Brasil va a las urnas en un marco explosivo

Las elecciones brasileñas constituyen un episodio en la guerra imperialista para someter a América Latina en un protectorado político de Estados Unidos. Por si mismas no resuelven ningún aspecto de esta crisis histórica, como lo pretenden quienes elevan al voto popular a la categoría de manifestación inquebrantable de soberanía política. El resultado del primer turno, el domingo 4 de octubre, dará paso a cuatro semanas de disputas y provocaciones aún más acentuadas, que podrían desatar, en sus variantes más extremas, una intervención militar. En Brasil se encuentra instalada una tendencia paraestatal, relativamente fuerte, que se manifestó, al año pasado, en el asalto a las favelas de Río de Janeiro por parte de milicias movilizadas por gobernadores de ultraderecha al margen de las autoridades federales y de las Fuerzas Armadas.

El cuadro electoral señala un hecho incontrastable –el futuro Poder Ejecutivo no contará con una mayoría federal de estados ni del Congreso Nacional. Es lo que ocurre con el gobierno actual del Frente Amplio (confundido como Gobierno del PT), pero también, de modo diverso, si ganara el agente de Trump, Flavio Bolsonaro. Una primera minoría de gobernadores de ultraderecha seguirá pivotando en torno a sus propios intereses; Bolsonaro no ha logrado un candidato a vicepresidente por fuera de su pseudo Partido Liberal; el nivel de la abstención electoral se anuncia elevado. Los patrocinadores internacionales de Bolsonaro, la camarilla de Trump, tienen también una agenda contradictoria. Para Marco Rubio, el secretario de Estado, una derrota o derrocamiento del Frente Amplio es necesaria para apuntalar su propósito de asalto militar a Cuba. Quienes ven a las elecciones brasileñas como una competencia de opciones, se equivocan a sus propias expensas.

La pertenencia a los BRICS no ofrece a Brasil ni al Frente Amplio una defensa internacional. China en particular pretende continuar su instalación inversora en América Latina a la sombra de la tutela político-militar del imperialismo norteamericano; lo prueba la concesión de su primacía en el canal de Panamá, la tolerancia con el asalto militar de Trump a Venezuela y la aceptación de una coexistencia inestable con Keiko Fujimori en Perú. Lo mismo ocurre con Rusia, que se ha visto desalojada sin resistencia de la cuenca petrolera venezolana del Orinoco. Lula ha acogido favorablemente el planteo de reincorporar al protectorado venezolano al Mercosur, efectuado por Santiago Peña, el presidente de Paraguay, ofreciendo un campo de operaciones políticas a Donald Trump. Pero con una deuda pública de corto plazo (cuatro años) de 1.8 billones de dólares, un déficit fiscal de 0.9 billones y un nivel enorme de insolvencia en cuanto a deudas bancarias personales, el Frente Amplio pagaría su victoria electoral con un ajuste de cuentas severo, que ofrecería un margen de acción elevado para el imperialismo estadounidense. La cúpula petista se encuentra dividida en cuanto al ajuste, que es apoyada por una mayoría. La agenda del ajuste afectaría fuertemente a una gestión Bolsonaro, quien no podría construir un base fascista en esas condiciones, más allá de la clase media carioca y los grandes patrones agrarios de la Amazonía o del interior de los estados de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Mato Grosso do Sul. Las elecciones del mes de octubre son uno de los estadios preparatorios de grandes confrontaciones políticas ulteriores. La derrota del fascismo no es posible por medio de la herramienta electoral, ni la aleja como fuerza contrarrevolucionaria. Para que sea extirpado del cuerpo social y político, es necesario liberar a los trabajadores del chaleco de fuerza de la conciliación de clases y de la ilusión en el frentismo popular.

Pero la llamada izquierda brasileña se esmera en el seguidismo a la burguesía y al Frente Amplio con una consecuencia creciente a medida que la crisis se agrava. El PSOL, con funcionarios propios en el gobierno del Frente Popular, busca obtener legisladores colgado del apoyo al gobierno, al igual que lo hace el PT, que no disputa virtualmente ningún estado en forma independiente. Esto explica el raquitismo estructural del PSOL, luego de dos décadas. La clase obrera de Brasil, aunque no desempeña un lugar histórico independiente en este cuadro pre-revolucionario, no ha dejado de luchar por sus reivindicaciones, en especial en la gran industria y en la Educación Nacional. En la memoria histórica de los trabajadores de Brasil permanece viva la lucha que libró para desalojar a la última dictadura, mediante manifestaciones de masa y ocupaciones de los lugares de trabajo.

Mientras Brasil es un fulcro de contradicciones históricas explosivas, el cerco contrarrevolucionario a Brasil que Trump ha ordenado al fascista Milei ha agotado sus posibilidades. Argentina se encuentra en un estado de impasse catastrófico y el gobierno enfrenta episodios de default con su deuda pública. Las contradicciones de la organización capitalista se imponen en definitiva por encima de las ‘regulaciones’ del gobierno y del Estado. La continuidad de Milei está puesta en juego, de una forma u otra. Entre los trabajadores progresa la convicción de la necesidad de una huelga general. La llamada derechización de América Latina se encuentra socavada por todo el desarrollo de la guerra imperialista internacional.

3 de octubre de 2026
La ‘reducción’ del padrón de jubilados plantea una lucha decisiva

Para el Presupuesto 2027, el gobierno proyecta una reducción en el padrón de jubilados: el ‘stock’ de jubilados en ANSES en el proyecto de Ley de Presupuesto pasa de 5.590.521 a 5.485.761. Son 104.760 menos en el total entre las altas y bajas planificadas, tras la derogación de las moratorias previsionales.

La caída del número de jubilados revela el hecho cada vez más excepcional de que un trabajador reúna los 30 años de aportes y logre acceder a una jubilación en tiempo y forma. Esto es la consecuencia directa del crecimiento exponencial de la precarización laboral y el trabajo en negro, que se desarrolló a lo largo de los últimos gobiernos y fue la base de la recomposición de la tasa de ganancia capitalista desde la crisis de 2001.

El gobierno aumentará, en cambio, la cantidad de adultos mayores que cobran la PUAM (pensión universal para los adultos mayores), que pasarán de 220.308 a 253.032 en 2027, una diferencia de 32.724 beneficiarios, aproximadamente un tercio de la caída de las jubilaciones. La PUAM representa el 80% de la mínima jubilatoria, unos $342.908 a los que se suman $70.000 del bono. El vencimiento de la moratoria de marzo de 2025 lleva a que las personas que alcanzan la edad jubilatoria sin los años de servicios requeridos encuentren en la PUAM la única alternativa de cobertura previsional. Se calcula que la cantidad de pensionados pasará del 3% del total de titulares en 2026, a 3,5% en 2027, llegando al 9% en el 2030 y al 25% en el 2034. Se va cumpliendo, de facto, el propósito de desvincular la jubilación del salario y convertirla en un subsidio a la vejez. Es el planteo que llevó Patricia Bullrich al coloquio patronal de IDEA, donde fue ovacionado por los empresarios. La PUAM no es compatible con la pensión a la viudez y no es "universal" pues está reservada a los mayores en situación de "vulnerabilidad". Bajo este esquema, los trabajadores tendremos que trabajar hasta el último día de nuestra vida por pura necesidad. Esta política se viene imponiendo de facto. La ´reforma estructural´ del sistema previsional tiene el doble propósito de acelerarla e imponerla ´jurídicamente segura´.

En CABA, según cálculos del instituto oficial porteño, la canasta para una pareja de jubilados se ubica entre los 1,7 y 3 millones de pesos. Como su evolución le gana a los aumentos pautados en los haberes, la brecha entre los que ganan los jubilados y la cobertura de sus necesidades básicas no hará más que ensancharse. La pérdida frente a la inflación se produce mes a mes debido a que ANSES toma la variación del IPC (índice de precios al consumidor) con dos meses de rezago, lo que genera un desfasaje respecto a los ajustes que tienen pensiones y jubilaciones, las cuales tuvieron incrementos anuales por el 33%, dando un 5% a 3% de pérdida de poder adquisitivo para la masa de jubilados y pensionados en solo un año. Anualizado, el reajuste fue de sólo el 27,5%, marcado por el congelamiento del bono que, desde marzo de 2024, se mantiene en $70.000. La caída es de hasta 10 puntos porcentuales. El único factor que modera esta pauperización son los llamados "ingresos laterales" (ayudas de hijos y parientes y esquemas de informalidad laboral para los adultos).

Considerando que a nivel nacional son casi 3 millones los que perciben el haber mínimo más el bono, son la mitad de todos los que cobran hoy en día a través del sistema contributivo.

A medida que el régimen económico de Milei-Caputo se derrumba, el gobierno agudizará los ataques contra los trabajadores, comenzando por los jubilados, que han sido particularmente castigados por la motosierra libertaria pero también por los gobiernos precedentes del peronismo y del macrismo. Debemos frenar esta masacre social con la lucha y un programa - jubilación a los 60 y 65 años con el 82 % móvil del salario, no al aumento de la edad jubilatoria, financiamiento del sistema previsional exclusivamente a cargo de las patronales, jubilación mínima equivalente al costo de la canasta familiar.

3 de octubre de 2026
EE.UU.: el martirio de Christa Pike y la pena de muerte

Christa Pike, 50, iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee desde 1819, dos siglos. Pero la repulsiva ceremonia del asesinato estatal, a la que están habitualmente invitados los familiares de las víctimas del condenado, fracasó. La aplicación de la primera inyección de fenobarbital no mató a Pike, tampoco la segunda, y la mujer está en estado crítico. Ella había rogado que la fusilaran porque temía que el procedimiento fallara, y sufrir. Estaba en lo cierto. No le fue concedido. La mayoría de la Corte declaró en 2019 que la Octava Enmienda “no garantiza a un preso una muerte sin dolor”, no establece que el Estado esté obligado a impedir el sufrimiento.

En Estados Unidos hay más de 2 millones de presos. Pike es una de las más de 2.000 que están condenadas a muerte. En general, son personas de la clase trabajadora, pauperizados, muchos con enfermedades mentales o discapacidad intelectual.

En 2025 hubo 47 ejecuciones, el 40% fueron en el Estado de Florida. Es el número más alto de ejecuciones desde 2009. Varias fueron “fallidas”. Con el lenguaje administrativo que naturaliza la potestad criminal del Estado, la prensa releva los fallos: los reclusos se incendian durante la electrocución, sufren estrangulamiento al ser ahorcados (en lugar de que se les rompa el cuello) o reciban dosis incorrectas de los fármacos empleados en las inyecciones letales, que es el método más común pero también el que provoca más errores.

En muchos Estados, al fenobarbital se le agregan otras drogas para ahorrarles padecimientos a la víctima. Tennessee está entre los que optan por la opción más barata. Para colmo, en los últimos años es más difícil conseguir esas drogas porque las farmacéuticas consideran mala propaganda “que se usen sus productos con tales fines”.

Pike está inconsciente, intubada y conectada a un respirador, y ambos brazos están hinchados, quemados y cubiertos de ampollas. Joel Zivot, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory y asesor de la defensa, afirmó que “es muy probable que, como consecuencia del retraso en el inicio de la reanimación, sufra una lesión cerebral".

Los testigos describen una prolongada sesión de tortura. Mientras intentaban volver a inocularla, Pike, consciente, lloraba y gritaba que le estaba por estallar el brazo -aparentemente el veneno salió de la vena. El llanto, la respiración y los ronquidos de la mujer fueron audibles para los abogados y periodistas presentes por más de una hora hasta que los echaron del lugar. El abogado Randy Spivey contó al menos siete agujas, algunas dobladas, solo en su brazo izquierdo.

A los 18 años, Pike y su novio asesinaron a una compañera de un campamente para jóvenes con problemas de conducta. Pike dijo que le había tratado de robar el novio. La prensa tildó a la joven de “satánica” -ayer algunos diarios insistieron en el calificativo.

El juicio estuvo plagado de irregularidades. Durante su infancia, Christa sufrió un “pasado de abusos casi insoportables”, según el Dr. Jonathan Pincus, catedrático de Neurología de la Universidad de Georgetown. Christa nació con daño cerebral provocado por el consumo de alcohol de su madre durante el embarazo. Desde la primera infancia sufrió convulsiones y, a medida que crecía, le costaba seguir instrucciones y controlar sus impulsos. En lugar de ayudar a Christa a adaptarse a su entorno, su familia la descuidó y maltrató.

Sin embargo, los primeros “defensores” de la adolescente no citaron a ninguno de los testigos que pidió su defendida ni presentaron como atenuantes una infancia de abandono, violencia y reiteradas violaciones. Solo después de ser condenada a muerte le diagnosticaron trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático (TEPT). Nada de esto fue presentado ante el jurado. Sus abogados ni siquiera alegaron que se le debería perdonar la vida debido a su juventud.

Cuando Tennessee condenó a muerte a Christa Pike el 30 de marzo de 1996, se convirtió en la mujer más joven en recibir una sentencia de muerte en la era moderna. Cuando el juez la condenó a muerte, Christa —con el rostro aún salpicado de acné juvenil— sollozaba desconsoladamente y llamaba a su madre.

Desde 1996, Pike pasó más de 30 años en el corredor de la muerte. Como era la única mujer vivió más de un cuarto de siglo en aislamiento prácticamente total, en una celda de 1,30 m2. Su celda se encuentra junto a la sección de la prisión de mujeres reservada a personas con enfermedades mentales graves. Los gritos, los lamentos y las exclamaciones conformaron la banda sonora de tres décadas (Cornell Law School).

La barbarie que signó los primeros años de su vida se reforzó con décadas de barbarie estatal. Todas las apelaciones que pidieron reducir la pena fueron rechazadas porque -hasta este año- el Estado creyó que los atenuantes de violación y maltrato eran falsos.

El 29 de setiembre de este año, todos los miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos ratificaron la orden de ejecución. Al día siguiente, una Corte de Apelaciones la suspendió para evaluar el cambio de postura del Estado de Tennessee que, por primera vez, dio crédito a las violaciones y a la patología mental. El fiscal general acudió rápidamente a la Corte Suprema, denunciando “tácticas abusivas de demora” y, en una carrera contra el tiempo, el principal tribunal del país anuló esa suspensión para que no venciera la orden de ejecución, esa medianoche.

La premura de los jueces de la Corte no estaba focalizada en Pike sino en ratificar el derecho incuestionable del Estado a asesinar a sus ciudadanos, un arma para disciplinar y aterrorizar a los oprimidos. Ya 23 estados abolieron la pena capital, mientras que 27 la mantienen autorizada en sus legislaciones.

El apoyo de los estadounidenses a la pena de muerte se encuentra en su nivel más bajo en medio siglo. Una reciente encuesta de la consultora Gallup reveló que el 52% de los entrevistados apoyaba esta práctica en 2025. La misma encuesta halló que el 44% se oponía, el nivel de oposición más alto registrado por Gallup desde mayo de 1966.

El dominio de la barbarie del capital cruje en todos los sentidos.

3 de octubre de 2026
350.000 trabajadores estatales en huelga en Portugal

La situación en Portugal ha entrado en ebullición bajo el Gobierno de minoría de Luís Montenegro (Aliança Democrática / PSD). Cerca de 350.000 trabajadores estatales han tomado la iniciativa con una ofensiva callejera y huelguística que paraliza los servicios neurálgicos del Estado.

Esta masiva huelga de la administración pública general -que tuvo su primer gran pico de paralización el 2 de octubre- fue convocada por el Frente Común de sindicatos (una federación sindical que agrupa al sindicato de trabajadores de funciones públicas, el sindicato de la administración local y el sindicato del municipio de Lisboa), nucleados bajo la central sindical Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP-IN).

El cierre masivo de escuelas y guarderías, el colapso en la recolección de residuos urbanos y la parálisis de las oficinas de la Seguridad Social, los registros y los tribunales demuestran la fuerza de la base obrera y su capacidad para frenar los resortes vitales de la sociedad. Sin embargo, toda esta parálisis es responsabilidad patronal y gubernamental porque se niegan a dar respuestas a los trabajadores que sostienen el funcionamiento cotidiano del país.

En este torrente se sumó de inmediato la huelga de la aerolínea EasyJet, convocada por el sindicato que agrupa a los tripulantes de cabina, que comenzó este mismo 2 de octubre y se extenderá hasta el 6, logrando frenar el 80% de los vuelos en protesta contra la precarización patronal y enfrentando el uso ilegal de rompehuelgas para reventar el paro.

En el marco de los servicios públicos esenciales, también se sumó la huelga de los sindicatos de técnicos y de la Federación de Sindicatos de Transportes y Comunicaciones en la empresa Synchro (adjudicataria de los centros de contacto de la Seguridad Social), cuyos trabajadores con más de diez años de antigüedad perciben salarios de miseria y tienen el subsidio de alimentación congelado desde 2017.

Las protestas continúan sumando sectores de peso como la huelga indefinida al sobretrabajo que mantiene la Federación Nacional de Profesores (FENPROF) -una medida en la cual los docentes no realizan las tareas burocráticas extracurriculares con las que el Estado intenta maquillar el colapso educativo; con la rebelión de los técnicos de la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA) en los puestos fronterizos, que exigen un suplemento salarial que el gobierno les niega; con los paros del personal no docente en las escuelas; y el profundo malestar entre los empleados bancarios.

Frente a la bronca y la combatividad de las bases, las direcciones sindicales, si bien se ven obligadas a convocar medidas de fuerza, su estrategia busca canalizar el descontento hacia una presión negociadora inofensiva o hacia paros aislados. Pretenden contener la irrupción obrera para evitar que ponga en jaque a todo el régimen político. La enorme energía de los trabajadores -que vacía oficinas, escuelas y aeropuertos- choca permanentemente con los intentos de la burocracia de negociar migajas a espaldas de los trabajadores y evitar la huelga general.

El conflicto se proyecta hacia nuevas medidas. El próximo 17 de octubre se llevará a cabo una gran manifestación nacional convocada por la central sindical CGTP-IN en Lisboa, Oporto y Coímbra, seguida de cerca por un nuevo paro general de la administración pública el 24 de octubre. Hacia finales de año se anunció una huelga general del sector bancario y una nueva fase de paros de la tripulación de easyJet programada para el pleno periodo festivo navideño, del 19 al 23 de diciembre.

El presupuesto de guerra

Frente a este ascenso obrero, el Gobierno pretende cerrar el conflicto ofreciendo sumas miserables -apenas un incremento de 56,58 euros para 2026 y de 60,52 euros anuales para el periodo 2027-2029-. Esta propuesta consagra un profundo achatamiento de la escala salarial: mientras el salario mínimo nacional ha tenido que subir por decreto escapando apenas de la indigencia, los sueldos de las carreras generales de la administración pública se han mantenido prácticamente congelados. Esta compresión de las escalas ha provocado que un trabajador estatal con años de servicio y responsabilidades técnicas cobre casi el piso básico, acumulando una pérdida de poder de compra de casi 300 euros mensuales en relación con el Salario Mínimo Nacional.

Este choque salarial impacta en el debate parlamentario del proyecto de Ley del Presupuesto del Estado para 2027, cuya votación general en la Asamblea de la República está fijada para los días 27 y 28 de octubre.

Cuando los trabajadores reclaman aumentos para recuperar su poder adquisitivo, la patronal y el Estado responden que "no hay dinero".

Pero este ahogo se repite en todos los países de la Unión Europea. Los presupuestos nacionales se vacían para sostener tres pilares del saqueo capitalista: el gasto militar masivo y los créditos de guerra exigidos por la OTAN; el pago serial de los intereses de la deuda pública a los grandes fondos buitre y la banca internacional; y los millonarios subsidios y rescates encubiertos a las corporaciones.

Nos encontramos ante una Europa profundamente convulsionada y en crisis por la guerra, sujeta a la estrategia militarista de la OTAN y subordinada al imperialismo norteamericano, que le vende armas y monta bases militares en su territorio, como la Base Aérea de Las Lajes (en las Azores), donde Estados Unidos realiza sus operaciones militares en territorio portugués.

Las masivas huelgas que paralizan sectores clave en Francia, los potentes acampes por la vivienda que sacuden a España, y los paros del transporte público urbano, ferroviario y aéreo en Italia confirman que la clase trabajadora europea no está pasiva frente a los gobiernos de la guerra.

El desarrollo de los procesos huelguísticos coloca a la clase obrera en una nueva experiencia para reorganizar una vanguardia.

3 de octubre de 2026
Universidades: La marcha del 15 de octubre debe ser un puntapié de la huelga general

Terminó septiembre y, con él, el “plan de lucha de las federaciones”: el paro de 72 horas de CONADU y CONADU Histórica que, en algunas universidades, coincidió con el paro de 24 horas de FATUN. Hasta el 15 de octubre, por el momento, no habría nuevas medidas de fuerza de carácter nacional. El Gobierno se mantiene firme en no cumplir con las deudas salariales y su política de liquidación de la universidad pública.

Entre distintas asociaciones de base de ambas CONADU (s) se ha forjado un principio de coordinación. A nivel nacional se han pronunciado por la huelga por tiempo indefinido hasta que el Gobierno pague las deudas salariales. Esta incipiente coordinación elaboró un pronunciamiento donde se cuestiona la política de paros rotativos y aislados y plantea la huelga por tiempo indefinido, a partir de una caracterización del papel que han tenido las federaciones, el CIN, el Gobierno y la Justicia, en relación con la Ley de Financiamiento Universitario.

El documento plantea la necesidad de convocar a un verdadero Congreso de Delegados de las diferentes asociaciones de base, para discutir como punto central la huelga indefinida. Sin embargo, el documento subordina el Congreso de Bases a una convocatoria conjunta de ambas federaciones.

La declaración ha instalado un primer nivel de coordinación por la huelga. Bajo el título “Debemos confluir en un paro hasta cobrar, para que el Gobierno nos pague lo que nos deben”, el documento fue lanzado con las firmas de 33 secretarios y secretarias generales, delegados, vocales y congresales de ADUS-Bahía Blanca, SiTraDU-Entre Ríos, ADIUC-Córdoba, ADIUNT-Tucumán, ADIUNJU-Jujuy, AGD-UBA, ADULU-Luján, ADUCOR-Córdoba y ADU-San Luis. Luego se viralizó y alcanzó las 500 firmas de docentes, tanto con o sin cargos o sin gremiales. Algunas asociaciones de base, en esta instancia, que no han firmado el documento, continúan participando de la coordinación, con la perspectiva de articular acciones concretas durante las próximas semanas. La preparación de la Marcha de la Educación debería consistir en la ocupación previa de las facultades por 72 o 96 horas.

Mientras tanto, el CIN ha abandonado el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, para concentrarse exclusivamente en el Presupuesto 2027. Ha modificado el arribo de la Marcha Federal del 15 de octubre al Palacio de Tribunales, ahora el epicentro será el Congreso, cuando una sesión especial debería tratar la derogación del DNU 70/2023, para desbaratar el fallo de la Corte que ha dejado en vigencia el articulado que admite la "extranjerización de tierras" sin límite o tope. Dado la suba del “riego-país” a cerca de 700 puntos y el seguro contra un default a 1900 puntos por encima de la tasa internacional de interés del 5.30% (530 puntos), no existe ninguna posibilidad de que el Ejecutivo se avenga a modificar el gasto presupuestario para educación.

Esta semana, el gobierno volvió a apelar la resolución del juez Martín Cormick, que ordenaba cumplir con la cautelar que exige el cumplimiento de los salarios y las becas estudiantiles, con amenazas de multas diarias y posibles embargos a funcionarios. El juzgado no dio lugar a la presentación del Gobierno, pero extendió por cinco días más el plazo.

La burocracia estudiantil de la FUA, dirigida por la Franja Morada y las agrupaciones adictas a las camarillas de los rectores y aliadas electorales de LLA, habría solicitado al Frente Sindical no realizar ningún paro previo a la marcha para garantizar el supuesto trabajo previo para la misma. Sin embargo, no se conoce, en ningún rincón del país, que la FUA haya impulsado asambleas para garantizar la participación estudiantil. Tampoco ha salido una campaña del CIN para la marcha, como ocurrió en las ocasiones anteriores. Incluso, el CIN pretendía que la movilización estuviera concentrada en CABA y no se extendiera al resto del país.

La coordinación que impulsó el pronunciamiento a favor de la huelga volverá a reunirse para evaluar el impacto de la declaración, analizar las nuevas adhesiones y avanzar en una coordinación más concreta de la huelga general.

5 de octubre de 2026
La ultraderecha golpista se prepara para ganar el balotaje en Brasil

“Acabamos de recibir una lección sobre la democracia de Brasil con el voto del pueblo brasileño”, capituló Lula da Silva al conocer los resultados de la primera vuelta disputada el domingo reciente. Para The Wall Street Journal, por el contrario, “La campaña electoral ha sido una de las más viciosas de la historia democrática de Brasil”. No solamente estuvo marcada por una ola de denuncias de corrupción que involucraron, por sobre todo, al candidato de la ultraderecha, sino que quebraron políticamente al Superior Tribunal de Justicia, envuelto en la megaestafa que llevó a la disolución del banco Master y al arresto de su dueño, Daniel Vorcaro. Donald Trump sometió a Brasil a sanciones tarifarias por motivaciones de todo orden, desde el reclamo de la supresión del sistema público de pago inmediato, conocido como Pix, a la exigencia de que fuera liberado el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por golpismo. La reivindicación electoral del elenco golpista de enero de 2023 es una manifestación de la quiebra de la democracia política.

Los dos puntos de diferencia que ha conseguido Flavio Bolsonaro contra Lula en el primer turno es una expresión infiel del derrumbe sufrido por el gobierno del Frente Brasil Popular. Sumado a los otros tres candidatos con relevancia electoral, la ultraderecha reúne, con matices, al 56 % del electorado. Pero cuando se la coteja con las elecciones a las gobernaciones estatales y al Congreso, el panorma es aplastante. Desde Minas Gerais y Pernambuco hacia el sudeste, los ocho estados que concentran el PBI de Brasil, la derecha gana en el primer turno; en el caso del Estado de São Paulo, el derechista Tarciso de Freitas se impone con más del 60 % de los sufragios a Fernando Haddad, el ministro de Economía de Lula. El Partido Liberal de Bolsonaro duplica su representación parlamentaria, el PT crece el 12 % y consagra solamente dos gobernadores, en Bahía y en Fortaleza; el resto del nordeste se reparte entre la derecha oficial y la coaligada al Frente Brasil Popular. Están reunidas las condiciones para que la derecha ocupe las vacantes que dejarán los jueces de los tribunales superiores. La derechización del aparato estatal no podría ser más completa. Si Lula revirtiera en el balotaje el resultado del primer turno, su cuarto mandato lo tendría como rehén político, sujeto a cualquier iniciativa de juicio político.

A la vista de los resultados, las medidas adoptadas por Lula en la última semana de la campaña no le han aportado ninguna ganancia. La supresión del juego en línea, al que se adjudica el endeudamiento incontrolado de la llamada población vulnerable, es probable que haya suscitado una contraofensiva de los negocios de apuestas y de los clubes de fútbol, que recogen parte de esos recursos. En cuanto a la compra de la cartera insolvente de los bancos por el 10 % de su anotación contable, seguramente sufrirá cambios mayores, si no es que se abandona para favorecer las llamadas negociaciones privadas.

El endeudamiento personal en Brasil es simplemente descomunal, que funciona como palanca del consumo frente a los bajos ingresos personales. Tampoco el aumento de la Bolsa Familia y el salario, escasamente por encima de la inflación, han apuntalado al gobierno presente. Brasil enfrenta una tormenta financiera perfecta, pues tiene una deuda pública de dos billones de dólares, un 90 % del PBI, concentrada en el corto plazo, más otra deuda internacional privada enorme, aplicada al mercado accionario y a obligaciones privadas. Para contener una fuga de capitales y corridas cambiarias, tiene uno de los mayores "carry trades" del mundo, con una tasa de interés anual (Selic) del 15 %, que ya ha tenido picos prolongados por encima del 25 %. Una carga explosiva para la economía y la población. Las consecuencias son visibles para el Tesoro: el déficit primario de menos del 1 %, como consecuencia de una política de ajuste ‘ortodoxa’, se ha convertido en un déficit fiscal del 8 %, luego del pago de los intereses. La ultraderecha, de ratificar los resultados en las próximas semanas, gobernará sentada en un volcán.

El resultado del primer turno ha vuelto a ser descripto como “un voto castigo” al gobierno, que, bien mirado, es una frase de circunstancias que no explica nada. La coalición gubernamental presidida por Lula ha gobernado en función de los intereses de clase que representa, como no podía ser de otro modo. Esos intereses de clase son, sin embargo, contradictorios, no homogéneos, competitivos con una realidad capitalista mundial sumida en la anarquía. El giro político del aparato de Estado hacia la derecha sin resistencia, que arranca con el golpe de Estado contra la expresidenta Dilma Roussef, es la expresión de la ausencia del proletariado en este escenario, en calidad de fuerza histórica independiente. La pequeña burguesía petista ha sido políticamente instrumental a favor de este desarrollo. Es precisamente la razón por la que tiende a desaparecer del escenario político brasileño y dejar un legado nefasto. En condiciones desfavorables de atomización política, una parte de las masas, en especial la pequeña burguesía, desarrolla una tendencia reaccionaria y busca la protección represiva del Estado para defender sus ‘derechos adquiridos’.

Una consagración de Flavio Bolsonaro llevaría a Brasil a integrar el Escudo de las Américas, el instrumento político-militar de Donald Trump. Esto abriría, probablemente, un estado de deliberación en las Fuerzas Armadas de Brasil, tironeadas entre la dependencia del Pentágono y una insistencia retórica en su autonomía. Sumiría a Brasil en una cuasi guerra civil, dada la penetración social de las grandes organizaciones del narcotráfico (el Comando Uno de la Capital y el Comando Vermelho). Brasil no tendrá de aquí en más ni Orden ni Progreso, las dos consignas instaladas por la Vieja República.

Los BRICS, China y Rusia han sufrido una derrota. Una presidencia Bolsonaro no desalojaría a China de la condición de primera inversora extranjera, dados los lazos que guarda con el agronegocio y la asociación con el capital internacional para producir Vehículos Eléctricos. En cuanto a la disputa con Donald Trump por el control de la cadena de producción para explotar los minerales raros, el pronóstico es reservado. China habría ofrecido instalar en Brasil la refinación de la materia prima, que es la cuestión central de la cadena; Silicon Valley, el conglomerado de firmas de semiconductores e Inteligencia Artificial, quiere ese monopolio para sí. Pero incluso un gobierno brasileño trumpista podría resistir esa pretensión. Es un conflicto que se dirimirá en el escenario internacional.

Lula dará la pelea por el balotaje con todos los recursos de una presidencia en funciones. Buscará achicar la masa de abstenciones (20 %) y pelear un punto de los votos del médico Cury, el menos derechista de los tres candidatos excluidos. Podría poner en práctica, como está previsto, la compra de carteras de los bancos para reducir en forma drástica las deudas insolventes. Intentará ganar la participación de algunos gobernadores de posición intermedia y derrotar a Bolsonaro, por supuesto, en el debate entre candidatos a la presidencia.

Las circunstancias políticas inmediatas son, sin embargo, secundarias. Bolsonaro es la incorporación de Brasil a la guerra imperialista: gastos para el rearme, serrucho social. En una situación de default potencial, enfrenta una crisis financiera internacional que aumenta el costo de la refinanciación, aunque no lo refleje aún el llamado riesgo-país (pero puede ser contagiado por la endémica Argentina). Circunstancias análogas han sacado a la juventud estudiantil de Francia a la calle y a una masa policlasista en España contra los monopolios inmobiliarios; podría declararse un paro general de las centrales sindicales. A través de estas experiencias históricas se irá desarrollando una consciencia de clase proletaria, luego de las derrotas propiciadas por la socialdemocracia y el stalinismo, que llevaron a la disolución de la URSS y a la conversión de China en una enorme plataforma de acumulación internacional de capitales.

5 de octubre de 2026
Crisis del transporte en la zona oeste del Gran Buenos Aires: la eliminación de la línea 136 y 163

La semana pasada la empresa Sargento Cabral S.A.T., perteneciente al Grupo Metropol, uno de los tres monopolios del transporte del AMBA que controlan en conjunto el 75 % del mercado, solicitó a la Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, la eliminación de las líneas 136 y 163.

El pedido de eliminación de ambas líneas se ampara en la resolución 55/2026 diseñada por Caputo para agilizar los "trámites administrativos sobre la modificación de las trazas del autotransporte público". El mecanismo administrativo, no vinculante, que busca “promover e incrementar los mecanismos de participación, intercambio de ideas, consulta y cultura democrática como medio de defensa de los derechos de los usuarios de servicios públicos” consiste en dejar comentarios en una página web durante algunos días. O sea, una farsa de ´participación ciudadana´ para proceder a impulsar el fortalecimiento de los monopolios del transporte que buscan la mayor rentabilidad de la inversión a costa de tarifazos, salarios de pobreza, servicios pésimos y de dejar sin conexión a distritos enteros como en este caso son los distritos de Las Heras, Marcos Paz, Merlo, Malvinas Argentinas, San Miguel, etc.

El Grupo Metropol argumenta una “crisis estructural” causada por la caída en la cantidad de pasajeros transportados, superposición de oferta con el ferrocarril y otros medios de transporte y líneas provinciales. Sin embargo, la “crisis estructural” es el resultado del aumento de la desocupación, el derrumbe del salario, los megatarifazos y del pésimo servicio que obliga a los trabajadores y usuarios a buscar alternativas de transporte. Los empresarios, que son quienes generan la crisis del transporte, buscan maximizar ganancias dejando los recorridos rentables y cerrando recorridos socialmente fundamentales, pero no tan rentables. Por otro lado, el intento de eliminar los recorridos de las líneas nacionales 136 y 163 y reemplazarlas por otras líneas provinciales del mismo Grupo esconde otro tarifazo, porque las tarifas de las líneas provinciales son más caras.

El gobierno nacional denuncia “irregularidades y deficiencias previas en la prestación de los servicios por parte de la empresa”, sin embargo, ello no impidió habilitar megatarifazos en favor de las patronales y cuantiosos subsidios, mientras el servicio era a todas luces deficiente.

La eliminación de las líneas 136 y 163 va a producir despidos, desconexión entre distritos y mayores penurias para los usuarios que viajan en esos ejes geográficos, porque se va a sobrecargar a los otros servicios de transporte como el ferrocarril que es deficiente por falta de inversiones del Estado.

Este proceso de destrucción del transporte público en la zona oeste viene de julio del 2016 con el desguace de Ecotrans, cuyo objetivo fue romper la organización gremial clasista que por años luchó contra la precarización y en defensa del Convenio Colectivo, defendiendo todos los puestos de trabajo. Bajo el gobierno de Macri, la UTA fue la principal gestora de la maniobra junto con los funcionarios de gobierno y el Poder Judicial.

Durante estos años bajo la gestión de los Zbikoski -Grupo Metropol- el maltrato a los trabajadores con todo tipo de atropellos y los usuarios con servicios pésimos ha sido y sigue siendo la norma, con la complicidad de la conducción gremial de UTA.

Los intendentes de las distintas jurisdicciones, que hoy se muestran preocupados porque quedarían sin servicio, han sido cómplices de este entramado durante años.

El transporte de pasajeros es un servicio público, por lo cual el Estado es responsable y debe hacerse cargo para garantizar los puestos de trabajo y que los usuarios no se queden sin servicios. Para esto lo más importante es organizar la lucha independiente de trabajadores y usuarios, autoconvocarse y tomar las medidas que correspondan en defensa de sus derechos como son la fuente de trabajo y los servicios. Como decíamos entonces, confiar en sus propias fuerzas.

5 de octubre de 2026
"Corredor Andes-Atlántico": Milei ofrece Vaca Muerta y el litio como botín al imperialismo

Una misión del gobierno Trump llegó hoy a la Argentina para evaluar la puesta en marcha del llamado "Corredor Andes-Atlántico". El plan busca unir el noroeste minero y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico. El Exim Bank -la agencia oficial de crédito a la exportación del gobierno de Estados Unidos- firmó un marco para movilizar hasta USD 7000 millones destinados a financiar proyectos con contratos de abastecimiento de largo plazo con empresas estadounidenses. Excluye los controlados por entidades chinas. El acceso al capital queda ligado también al destino de la producción. Comprende minerales críticos, energía, modernización de redes, conectividad y tecnologías avanzadas.

Milei fue a la 81° asamblea de la ONU a lanzar diatribas a cuenta del trumpismo y a congraciarse como proveedor de materias primas y garante logístico de la cadena de suministros del imperialismo (imprescindibles en el marco de la expansión de la guerra imperialista mundial) y, además, de gendarme del imperialismo norteamericano en el Atlántico Sur.

El canciller Pablo Quirno fue el encargado de anunciar la línea de créditos que serían destinados al sector energético y al desarrollo de la Base Naval Integral (BNI) en Ushuaia, presentado por el Gobierno como un ´reforzamiento de la soberanía nacional´.

En relación con la cuestión energética, Quirno junto a Christopher Landau, subsecretario de Estado, anunciaron el lanzamiento de este "Corredor Andes-Atlántico", que tiene como finalidad conectar las zonas mineras del noroeste argentino y Vaca Muerta con los puertos con salida al Atlántico por medio de inversiones en ferrocarriles, ductos, energía, puertos e infraestructura, que aseguren el suministro de minerales críticos y energía, incluidos el litio, el cobre, el petróleo y el gas. El día anterior a la firma del acuerdo, Donald Trump presidió una sesión del Escudo de las Américas en la que realizó un llamado a los países latinoamericanos a "asegurar la vasta riqueza natural" y a no dejar que "potencias externas hostiles" se apoderen de ellas.

"La era de los corredores"

Desde la pandemia, el comercio internacional ingresó en una fase de reorganización estructural. Lo que está emergiendo es un sistema de corredores económicos múltiples y superpuestos, donde la logística deja de ser únicamente una cuestión de eficiencia para convertirse en un instrumento geopolítico, de seguridad energética y de competencia tecnológica.

Se trata de un diseño estratégico, que precede a la gestión Trump, testimonio del largo periodo de preparación de las guerras actuales.

El proyecto del "Corredor Andes-Atlántico" se integra a otros proyectos de la misma índole en los cuales Estados Unidos y capitales europeos están interviniendo, como el Puerto de Lobito, ubicado en Angola, que proyecta conectar a las ricas regiones en minerales, sobre todo en cobalto y cobre, de la República Democrática del Congo (RDC) y Zambia con el Atlántico. En este caso, fue una iniciativa de la gestión Biden, que desembolsó USD 600 millones para consolidar el control sobre los minerales críticos en la región, en la que China tiene una gran influencia, especialmente en el "Cinturón del Cobre en África Central". El gobierno de Biden, junto a la Comisión Europea, lanzaron en 2022 la Alianza para la Seguridad de los Minerales y en 2023 la Alianza para la Infraestructura y la Inversión Global (PGII), dependiente del Grupo de los 7 (G7), que asumió la responsabilidad de la construcción del corredor.

El otro corredor en construcción es el de la isla de Luzón, ubicada en Filipinas. El proyecto de origen contemplaba una alianza trilateral entre EE. UU., Japón y Filipinas y con el correr de los años se sumaron a la iniciativa España, Reino Unido, Francia, Italia, Australia, Canadá y Corea del Sur. El Corredor de Luzón se encuentra bajo el paraguas de la Pax Silica, por la que EE. UU. busca controlar las cadenas de suministros de minerales críticos y reducir la dependencia manufacturera de Pekín. El Corredor de Luzón apunta a convertir a Filipinas en un desarrollador de chips y semiconductores mediante "zonas de seguridad económica" avanzadas y centros tecnológicos de almacenamiento.

Mientras EE. UU. busca reforzar sus posiciones comerciales que aseguren la cadena logística, China y las Economías de Oriente Medio y el Norte de África (MENA) encabezan la clasificación de los principales corredores comerciales del mundo, según las estimaciones de la Autoridad Monetaria de Singapur.

El entramado político-financiero del "Corredor Andes-Atlántico"

La misión encabezada por Katrien Hinderdael, directora y coordinadora interina de la Asociación para la Infraestructura y la Inversión Global del Departamento de Estado, recorrerá Buenos Aires, Jujuy y Salta para identificar proyectos y avanzar en posibles operaciones.

Desde el Departamento de Estado afirman que el "Corredor Andes-Atlántico" redundará "en la conexión de la matriz productiva argentina con los mercados occidentales". El Exim Bank presentó Argentina LNG, proyecto de GNL liderado por YPF, una propuesta de financiamiento de largo plazo por hasta USD 7.000 millones, que contiene una cláusula sobre que la compra de bienes y servicios deben ser de origen norteamericano. En una muestra de vasallaje que haría palidecer al excanciller del menemismo, Guido Di Tella, Pablo Quirno manifestó que "invertir en Argentina es fortalecer la seguridad económica (sic) de Estados Unidos".

El compromiso por USD 7.000 millones no equivale a un único préstamo. EXIM y la Argentina firmaron un marco de cooperación denominado U.S.-Argentina Build the Future Framework para proveer financiamiento a proyectos que impulsen el corredor hasta 2027. Por su parte, la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) también podría intervenir junto con inversores privados. El documento no identifica aún los proyectos que recibirían el resto de los fondos ni fija un calendario de desembolsos.

Según ha trascendido, el proyecto del corredor incluye la concesión por USD 8.000 millones de la línea de alta tensión AMBA I, las líneas ferroviarias del Belgrano, San Martín y Urquiza y conexiones de carga que van desde Vaca Muerta hasta Bahía Blanca. También se realizarían obras en los puertos de la recientemente concesionada Hidrovía. En lo que concierne a infraestructura digital, se deja planteada la concesión para ampliar y modernizar la red de fibra óptica de Arsat, por medio de un préstamo de USD 49 millones que sería otorgado por el BID. El proyecto también prevé la adquisición de seis millones de usuarios de telecomunicaciones en la Argentina por parte de la empresa estadounidense Metrotel -condición última para autorizar la absorción de Telefónica por Telecom- y enumera posibles inversiones en cables submarinos, centros de datos y conectividad satelital.

El documento también destacó la adjudicación a un consorcio integrado por la estadounidense Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos de un contrato superior a USD 1.000 millones para el sistema de ductos de exportación, sujeto a la decisión final de inversión del proyecto.

El "Corredor Andes-Atlántico" se integra con otros proyectos del imperialismo en el hemisferio, que tienen como finalidad última la de asegurar las cadenas de suministros de minerales críticos y energía. Es el caso de la Pax Silica, a la que el gobierno de Milei suscribió, y la declaración que refrendaron en agosto pasado Argentina, Chile, Bolivia y Perú con el propósito de reforzar la "cooperación regional, atraer inversiones y fortalecer cadenas de suministro de cobre, litio y otros recursos considerados críticos para la transición energética, la electromovilidad y el desarrollo de inteligencia artificial" (Escenario Mundial, 29/8).

Las cadenas internacionales de producción y de valor son instrumentos para superar las barreras nacionales al desarrollo de las fuerzas productivas bajo una forma imperialista. Lejos de superar aquella contradicción, la agudiza bajo la forma de una guerra mundial de una letalidad sin precedentes.

6 de octubre de 2026
El gobierno transita por la cornisa de una cesación de pagos

El gobierno liberticida tiene por delante una agenda de crisis. Desde que, hace dos semanas, los fondos internacionales rechazaron por inviable el plan financiero de Argentina para hacer frente a los vencimientos de deuda pública hasta finales de 2027, primero en Nueva York y luego en París, el ministro Caputo se ha quedado sin brújula. La honra de la deuda es, sin embargo, lo que mantiene al gobierno en pie. El desaire financiero ha llevado el llamado riesgo-país de 400 a 660 puntos básicos, el más alto de América Latina. Calculado sobre la tasa de interés de los títulos del Tesoro de Estados Unidos a diez años, que ha trepado a un 5,5%, el más alto en dos décadas, la tasa de endeudamiento de Argentina se ha instalado por arriba del 12% anual. La financiación del pago de los vencimientos de los próximos 15 meses simplemente se ha secado. Caputo ha anulado la emisión de un titulo local, por 5.000 millones de dólares, para evitar el pago de una tasa sideral o el fracaso de la licitación misma.

Después que esta carencia de recursos fuera expuesta en el exterior, las consultoras económicas locales han comenzado a hacer fila para dar a conocer el dibujo financiero del oficialismo. Es oportuno recordar aquí que el estallido de la enorme crisis financiera de Grecia, en 2010, que comprometió el futuro del euro, fue precedida por una estafa contable similar dibujada por el banco de inversión de Estados Unidos, Goldman Sachs. El ‘creativo’ Milei ha computado a los swaps entre el Tesoro norteamericano y el del Banco Central de China, de 20 mil millones de dólares cada uno, como fuentes de pago de vencimientos, cuando sólo se activan para cubrir faltantes transitorios del comercio exterior y, eventualmente, corridas cambiarias. Otra ocurrencia del pseudoeconomista de la Rosada ha sido meter en el plan financiero las operaciones en los mercados de futuros de divisas, con el extraño argumento de que secando la plaza de pesos no habría fuga de divisas que ingresan por el saldo del comercio exterior. El límite para esas operaciones, el equivalente a 9.000 millones de dólares, es una gota de agua en el océano de esas fugas. La precariedad extrema de la situación financiera se manifiesta en el hecho de que el seguro contra un default, a un año, salta a los 1.900 pb, muy lejos del riesgo país.

Caputo no ha dado a conocer el diseño de una alternativa al impasse; ha dejado trascender la expectativa de un nuevo rescate de Bessent, como el de octubre de 2025. Pero frenar una corrida mediante la compra de pesos por 2.000 millones de dólares, no tiene nada que ver con vencimientos de capital e intereses por alrededor de 50.000 millones. Bessent, por otro lado, se encuentra atareado en detener un remate de títulos del Tesoro de 30 años, en especial por parte de tenedores de Japón, que tienen un arsenal de inversiones en Estados Unidos por tres billones de dólares. El “factor externo”, o sea la crisis financiera internacional, acentúa el impasse del plan de pagos de los liberticidas. No sorprende, entonces, que suba al primer ítem de la agenda nacional el reseteo del gobierno y de la situación política en su conjunto.

Es que el desaire internacional ha venido acompañado por un desplome de la actividad económica que viene acompañada por un recesión bancaria; la “intermediación financiera” ha tenido un registro negativo. En Nueva York y en París, los banqueros le dijeron a Milei que el superávit fiscal es una mentira: por un lado se ‘pisan’ los pagos de facturas cuando no queda efectivo en caja; segundo, una parte de la deuda pública local absorbe el deficit financiero y el déficit primario. La política deflacionaria -dólar barato y ajuste de gasto corriente y obra pública- ha hundido el proceso productivo, sin servir para amortizar deuda ni recrear el crédito internacional. La destrucción creativa que alientan los liberticidas no es más que un arma de destrucción masiva.

Para salir por arriba del laberinto de la crisis financiera terminal, el gobierno insiste en suspender las PASO, pero ya no para fraccionar a la pseudo oposición sino para evitar que se anticipe la derrota electoral y deba ser sustituido por un gobierno provisorio de transición. Si encuentra los términos que permitan una ‘réentre’ de Cristina Kirchner, podría contar con los votos del peronismo para ir directamente a la primera vuelta electoral. Lo que va a romper este impasse estratégico es la transformación de las luchas parciales en una lucha de conjunto y en una huelga general indefinida.

7 de octubre de 2026
Chile: los estudiantes se levantan contra el gobierno pinochetista

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el gobierno de José Antonio Kast ha sido respondido con una movilización de más de 20.000 estudiantes secundarios y universitarios. La convocatoria fue realizada por la Confederación de Estudiantes de Chile (ConfECh) y acompañada por el Colegio de Profesores. La Confederación Única de Trabajadores (CUT), la central obrera chilena, adhirió de palabra y envió una insignificante delegación. Las consignas que presidían la convocatoria reclamaban contra los recortes del Ejecutivo en diversos programas educativos, incluida las “Becas TIC”, que daban notebooks a estudiantes secundarios de bajos recursos.

La movilización, que inició en Plaza Italia, en el centro de Santiago, buscaba desplazarse hasta el Palacio de la Moneda, la residencia presidencial. Aunque el recorrido había sido autorizado por la Delegación Metropolitana, como se les exige desde hace décadas a las manifestaciones en el país andino, Carabineros reprimió a los manifestantes a mitad de su marcha. La derecha chilena y el Gobierno salió a acusarlos de terroristas. La represión policial, completamente brutal, dejó un saldo de 31 detenidos. El embajador estadounidense declaró que toda persona detenida en una movilización callejera tendrá prohibido su acceso a una visa estadounidense o le será removida.

Ajuste educativo

El gobierno de Kast ha presentado al Parlamento un proyecto de presupuesto ´austero´ para 2027. El presupuesto educativo sólo se ha actualizado con relación a la inflación en algunos puntos concretos. La política declarada públicamente por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, consiste en reasignar presupuesto y cerrar programas “que no funcionan o no dan los resultados esperados”. De esta manera, el Gobierno promueve el cierre de cursos y el despido de los docentes, especialmente en el sur del país. Al mismo tiempo, la eliminación del programa TIC -similar a nuestro Conectar Igualdad- ha generado una reacción de indignación entre el conjunto de los estudiantes.

Quiroz también insinuó un recorte sobre las 600.000 becas estudiantiles para el nivel universitario, que se hará bajo la "sospecha" de “mentiras” en los formularios de acceso. Esas ´mentiras´ apuntadas por el Ministro son trabajos en negro y precarios, mientras la tasa de desempleo juvenil escala al 20 %.

Represión

El gobierno de Kast pretende perpetuar el régimen policial heredado de la dictadura. El accionar represivo contra los estudiantes ha sido una constante, las movilizaciones previas también sufrieron una dura represión. Ahora se suman múltiples detenciones. El presupuesto previsto para seguridad es el más beneficiado: un aumento del 9,1 % en términos reales. La dependencia de Asuntos Migratorios tendrá un aumento real del 33 % en materia de recursos, al servicio de realizar miles de deportaciones en el menor plazo posible.

Los herederos de Pinochet tienen conciencia de que su ascenso al gobierno se asienta, ya no sobre un terreno fértil, sino sobre un volcán. Las movilizaciones de la juventud son atacadas con vehemencia por todo el gabinete nacional. Es una advertencia contra los demás trabajadores. La rebelión popular del 18 de octubre de 2019 está presente en la conciencia de las nuevas generaciones.

A la política represiva debe sumarse otro factor que opera contra el movimiento: la centroizquierda que gobernó junto a Gabriel Boric. El Partido Comunista y el Partido Socialista, que dirigen los principales sindicatos, han abandonado cualquier tipo de respuesta a los ataques al salario y las condiciones de trabajo. El gobierno de la centroizquierda dejó un saldo de un millón y medio de desocupados. Ahora quiere conducir la ´lucha´ contra el presupuesto por la vía parlamentaria, a sabiendas de que la derecha ocupa dos tercios de las bancas del Senado y cerca de tres quintos en Diputados.

La derechización del arco político patronal no debe confundirse con la estabilización política de sus gobiernos. La creciente miseria social y el derrumbe financiero internacional la socavan diariamente. La juventud sale a luchar con el recuerdo de la revolución chilena todavía fresco. La iniciativa de los estudiantes no tardará en fructificar en una conciencia política superior y extenderse a otras capas de los explotados.

7 de octubre de 2026
Presti le compra armas a Netanyahu

Las Fuerzas Armadas presentaron el primer lote de 250 fusiles livianos ARAD-5 y ARAD-7 de origen israelí, producidos por la empresa Israel Weapon Industries (IWI) y adquiridos al Ministerio de Defensa de Israel bajo la modalidad de contrato entre Estados. Estos fusiles desplazarán paulatinamente al Fusil de Asalto Automático (FAL), que ha sido utilizado por las Fuerzas Armadas argentinas desde 1958. Los primeros ejemplares fueron fabricados en Bélgica, pero dos años después, comenzaron a producirse en Fabricaciones Militares. Se fabricaron entre 120.000 y 200.000 ejemplares. También se darán de baja los fusiles M-16, de origen norteamericano, incorporados durante la década de 1990 a las tres fuerzas. El mismo día que llegaron los nuevos fusiles israelíes, arribó al país la segunda tanda de aviones caza F-16 norteamericanos comprados a Dinamarca.

Las compras de armamento a Estados Unidos e Israel para el ´reequipamiento´ de las Fuerzas Armadas, en medio de un recorte catastrófico del gasto social, se inscribe en el estratégico alineamiento internacional de Milei detrás de los gobiernos de Trump y de Netanyahu y de la incorporación al "Escudo de las Américas". Argentina se inserta en la guerra internacional como subsidiaria del imperialismo norteamericano y la financia por medio del pago de la deuda y la compra de armamento.

En el acto montado en la Plaza de Armas del Regimiento de Infantería 1 Patricios para dar muestra de la compra, el ministro de Defensa, Carlos Presti, posó apuntando con uno de los fusiles israelíes. Ponderó su eficacia como "un salto cualitativo en nuestro armamento individual". Presti continúa revistiendo el grado de teniente general del Ejército.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Marcelo Delle Nogare, informó que "se está evaluando la factibilidad de implementar en nuestro país una línea de ensamblaje o fabricación" (Zona Militar 29/9), que se complementaría con la formación de instructores y técnicos para garantizar el sostenimiento de los sistemas durante su ciclo de vida. La adquisición de armas sujeta al comprador de estas al suministro de repuestos, actualizaciones y licencias del proveedor. En síntesis, el equipamiento militar quedará subordinado durante las próximas décadas a Israel, cuando es conocido el interés del gobierno liberticida de privatizar Fabricaciones Militares. Según el sitio especializado Zona Militar, hasta "el momento no se precisaron plazos ni interlocutores industriales".

El rearme argentino incluye la compra de aviones caza F-16, vehículos blindados -los P-3 Orion que la Armada incorporará próximamente- y helicópteros Black Hawk, cuyo personal comenzó su preparación el 1 de octubre.

El desembolso total por los fusiles, según consta en documentación presupuestaria, es de $4.752.665.040. La compra se realizó en el marco del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA), creado por DNU 314/2026. Los fondos que financian el ARMA provienen de la ejecución o privatización de bienes del Estado, lo que hace que no dependa de partidas presupuestarias preestablecidas. De esta manera Milei y Presti poseen un caudal de capital casi constante destinado a la compra de armamento. En el DNU en cuestión se puede leer que el 10 % del dinero recaudado por la venta, alquiler o privatización de activos del Estado (no militares) se destina de manera automática al Ministerio de Defensa. En lo que respecta a los bienes de las FF. AA. que fueron (o sean) vendidos, hasta el 70 % son destinados al sistema de defensa. Dentro de las fuerzas, en cambio, hay inquietud por las bajas remuneraciones y el quebranto de IOSFA, la obra social.

El largo brazo del complejo armamentístico sionista

Según estadísticas del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), la industria armamentística sionista se ha posicionado en el último lustro como la octava potencia mundial en cuanto a la exportación de arsenal militar, acelerada por la guerra internacional, a pesar de las amenazas y sanciones internacionales por el genocidio en Gaza. Los países europeos, que oficialmente han criticado el "belicismo" de Israel en la Franja de Gaza y El Líbano, siguen siendo los primeros clientes en la compra de armamento israelí, con el 36 %, seguidos por la India, que durante los dos últimos años absorbió el 34 % de las exportaciones. El segundo destino de las armas israelíes es Estados Unidos con un 13 %, seguido por Filipinas con un 8 %.

Por otro lado, Israel ha avanzado en la venta de armas a los países árabes, en especial Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Marruecos, países que han suscripto los llamados Acuerdos de Abraham, para cerrar contratos de compra de armamento, alcanzando el 15 % del total de la cifra astronómica de venta de armamento.

El complejo militar israelí ofrece a sus compradores un amplio catálogo bélico, pero se especializa en la construcción y venta de cohetes, misiles, drones, sistemas de defensa aérea y de ciberinteligencia. Israel ofrece, además, la experiencia del uso de ese armamento en escenarios reales, como la Franja de Gaza, Líbano e Irán. Organismos internacionales y reportes periodísticos han dado cuenta de que el régimen sionista ha tomado el genocidio perpetrado sobre el pueblo gazatí como un "laboratorio", donde realizó "pruebas de ensayo" de armas y de tecnología IA de vigilancia. Por caso, los drones israelíes fueron probados por vez primera sobre la población de Gaza. Sus ´productos´ luego son volcadas al mercado armamentístico, habiendo utilizado al pueblo palestino como "conejillos de indias". Por su parte, el grupo israelí NSO vendió a numerosos gobiernos su conocido software Pegasus, utilizado para espionaje de celulares, que permite acceder a todo el contenido, incluidas conversaciones, mensajes de texto, correos electrónicos y fotos. La tecnología de vigilancia israelí es utilizada por los EE. UU. y la Unión Europea, entre otras cosas, para perseguir a los migrantes. En Ruanda y Myanmar, las armas israelíes fueron utilizadas en los genocidios llevados a cabo en 1994 y 2017, respectivamente. Su rol de proveedor de armas en todo tipo de escenarios y masacres le ha permitido a Israel perfeccionar su armamento y su desarrollo tecnológico.

El acuerdo por la compra de fusiles al que arribaron los Ministerios de Defensa de la Argentina e Israel no sólo supone un reforzamiento del alineamiento político con Tel Aviv. Es también la antesala de la colonización armamentística por parte del sionismo, que se complementa con el sometimiento en el que se encuentra el servicio de inteligencia en relación con el Mossad.

7 de octubre de 2026
A pesar de los aprietes, los residentes volvieron a parar y ganar la calle

El día de hoy los residentes de la ciudad de Buenos Aires volvieron a protagonizar un paro masivo y una movilización multitudinaria que no solo tuvo que sobreponerse al mal clima. En los días previos, las presiones del Ministerio de Salud se incrementaron para vaciar la movida. Directores de hospitales llamaron por teléfono a jefes de residentes para pedirles que bajaran a sus equipos de residencias de la medida de fuerza. La “invitación” fue acompañada por amenazas de descuentos y sanciones y un nuevo mecanismo de firmas para controlar la asistencia . Así y todo, más de 30 efectores garantizaron su presencia en la jornada de lucha.

Esta vez, la movilización contó con la presencia de trabajadores de planta, a partir de la decisión de la asociación de Trabajo Social (APSS) de decretar un cese de actividades a media mañana para participar de la marcha. La medida refleja la existencia de una corriente de adhesión por abajo entre los trabajadores de planta, más allá de las pertenencias disciplinares, ya que es sabido que cualquier triunfo que logren arrancar los residentes impactará positivamente en el conjunto de los trabajadores de la salud, como ocurrió en 2022. Finalmente, la movilización de los residentes porteños es el producto de otro triunfo conquistado con la lucha: el de los residentes y trabajadores del Garrahan.

Hay veces que las canciones pueden sintetizar una estrategia política mejor que cualquier panfleto. En las columnas de residentes se escuchó: “Vinimo’ a marchar, por el hospital, llegaron los resis de salud, que no tienen respuestas aún, acá estamos organizados, si no aumentan los salarios, seguimo’ de paro”. Recuperando la mejor tradición de las huelgas de 2019 y 2022, el movimiento de residentes agita ante todos los trabajadores de la salud un método para conquistar la recomposición salarial: profundizar el paro y darle continuidad hasta ganar. Es una partitura que culmina en el paro sin cobertura de guardias, por tiempo indefinido. Es lo mismo que suena en la cabeza de cada vez más docentes universitarios, que llevan a sus asambleas mandatos por el paro por tiempo indeterminado.

La burocracia sindical toma nota del impulso del movimiento. En varios hospitales, las filiales de Médicos Municipales buscaron aproximarse a los residentes convocando a reuniones, sin comprometerse a tomar medida de fuerza alguna. La Federación de Profesionales, por su parte, está organizando un manoseado congreso para el 8 de octubre, que asumirá el propósito reaccionario de contrarrestar la tendencia a una huelga común de residentes y profesionales de planta. La conducción de centroizquierda de la Federación quiere evitar a toda costa que ocurra lo que pasó la vez anterior, cuando una asociación muy pequeña, que reúne a los profesionales de las ciencias sociales, movió el avispero al llevar al congreso un mandato de paro de 24 horas por un salario mínimo igual a la canasta familiar.

Con el objetivo de rehuir a una confrontación política, la conducción de la Federación preparó el congreso con reuniones previas, de las que fueron excluidos los delegados y asociaciones más combativas. Allí se exigió “consenso” y uniformidad para el congreso y se votó, por una ajustada mayoría, que no puedan hacer uso de la palabra los delegados de los residentes, que así la habían solicitado. La conducción de la Federación, de la que participan sectores del FITU, como el MST y el PO oficial, hace malabares para explicar que “no hay condiciones” para ir a una huelga por el salario, cuando los residentes demuestran que esas condiciones no solo existen, sino que marchan semana a semana por las calles.

Del otro lado de la General Paz, más de 60 residencias de la provincia de Buenos Aires se preparan para ir mañana a un gran paro y una movilización a la gobernación de Axel Kicillof en La Plata. El movimiento ganó la adhesión de residencias de toda la provincia, toda vez que el salario de los trabajadores de la salud bajo la gobernación “nacional y popular” se encuentra aún más deprimido que en territorio liberto-macrista. La conducción de la CICOP, integrada por el PCR, no participará de la movida y negó todo apoyo al paro de los residentes, priorizando sus vínculos con la gobernación.

Es ilustrativo que los mismos izquierdistas de los partidos del FITU que se desviven exigiendo paros a las centrales sindicales se niegan a impulsarlos allí donde ocupan, gracias a alianzas con sectores burocráticos, lugares de dirección. En lugar de apoyarse en el movimiento de residentes para desarrollar una huelga general de la salud, la conducción de la Federación prefiere negarles la palabra y la de CICOP mira para otro lado. En eso consiste también la sabiduría que está demostrando el movimiento de residentes a ambos lados de la General Paz: la lucha debe organizarse de manera autoconvocada, con independencia de la conducta que sigan las estructuras sindicales establecidas y sus direcciones subordinadas al Estado.

Es bajo estas condiciones que una nueva generación obrera va forjando su experiencia política y sacando conclusiones. Política Obrera difundió en la marcha de hoy un volante que llama a generalizar las autoconvocatorias por una huelga indefinida de toda la salud.

7 de octubre de 2026
Paro de auxiliares y docentes bonaerenses

Este miércoles se desarrolló un paro provincial de los auxiliares de escuelas convocado por ATE. Hacía mucho tiempo que la conducción de ATE no convocaba a una medida de fuerza. Las seccionales del SUTEBA Tigre y Marcos Paz votaron parar. También había llamado al paro la Asociación de Maestros y Profesores, que está tramitando su reconocimiento gremial. A medida que se fue conociendo la convocatoria al paro de SUTEBA Tigre y Marcos Paz, el llamado comenzó a discutirse ampliamente en las escuelas. La situación salarial es intolerable, al igual que el avance de la precarización laboral y el vaciamiento de la obra social, IOMA. Nuestra corriente difundió un comunicado proponiendo asambleas en las seccionales de SUTEBA La Matanza y Bahía Blanca y que se defina extender el paro a toda la Provincia de Buenos Aires en un plenario provincial de delegados con mandato. Durante el transcurso de ayer, publicamos un nuevo comunicado impulsando asambleas por escuelas para votar la adhesión a la medida de fuerza.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de Carlos Bianco, ministro de Gobierno, volvió a amenazar con descuentos y sanciones. “Hay de dos tipos; algunos que los lleva adelante el conjunto de los gremios validados legalmente y después hay de pequeñas agrupaciones que también llaman a paros que no se corresponden, porque no tienen la validación legal que corresponde” (Mundo Gremial, 5/10).

La medida de fuerza finalmente logró abrirse paso en numerosos distritos en donde se combinó la adhesión con la huelga de los compañeros auxiliares y la docencia. En muchos casos, los docentes definieron pasar licencia para adherir de manera indirecta. En Tigre y Marcos Paz el paro docente fue prácticamente total. En cuanto a las conducciones de las seccionales de La Matanza (Multicolor y Azul y Blanca) y Bahía Blanca, optaron por no adherir al paro. Las críticas a la Multicolor se extendieron a las redes sociales y en distintos grupos de docentes.

Ya en horas de la noche emitieron un cínico comunicado brindando “Todo el apoyo al paro de las y los auxiliares” (https://www.facebook.com/share/p/19oGGdzqpf/).

7 de octubre de 2026
Ocupemos Facultades y Colegios

La movilización universitaria y educativa del próximo 15 de octubre tendrá lugar en un escenario internacional excepcional.

En Francia, medio millón de jóvenes secundarios y universitarios han salido a las calles a manifestar contra el vaciamiento de colegios y de educadores, por parte del gobierno de Macron.

En España, tantos otros miles manifiestan y ocupan las plazas del país para terminar con los desalojos y la vivienda inasequible.

En Chile, las movilizaciones estudiantiles contra el ajuste presupuestario han devuelto a las calles el escenario de octubre de 2019. Hasta en Río de Janeiro, una enorme manifestación de la Universidad Fluminense ganó las calles contra el fascismo.

Las huelgas en las universidades argentinas tienen un hilo conductor con todas estas jornadas. Las oligarquías del fascismo digital quieren apropiarse de la educación. La monopolización del conocimiento es para pilotear la asistencia “técnica” a la guerra, bajo la batuta de Trump y el imperialismo norteamericano.

El presupuesto nacional es un botín de los acreedores de la deuda pública, ciertamente. Pero los liberticidas también le han reservado un lugar al gasto militar, para la militarización del Atlántico Sur en sociedad con la IV Flota del Pentágono.

Para conseguir esos fondos, Milei ha amputado inconstitucionalmente a las universidades, a la discapacidad y a la salud en su conjunto.

La movilización de este 15 de octubre debe ser un peldaño para que subamos a la Argentina a la marea que sacude a varias capitales del mundo.

Allí, la iniciativa de los jóvenes y explotados se enfrenta a la complicidad y el inmovilismo de las burocracias sindicales y políticas que colaboran con la guerra y con el capital, aunque se llamen “socialistas” o de “izquierda”. En Argentina, la masacre social de Milei-Caputo ha sido apuntalada por todos los partidos del régimen. Las burocracias sindicales que las representan huyen como de la peste de una lucha decisiva -por caso, para arrancar los fondos universitarios.

Milei y Caputo salieron a pavonearse con el resultado de las elecciones en Brasil, mientras se enfrentan a una cesación de pagos a la vista y a la salida anticipada.

Es el momento de golpear. Hagamos de la marcha del 15 el punto de partida de una huelga indefinida de la educación, hasta la satisfacción de las reivindicaciones.

8 de octubre de 2026
La burguesía le marca a Pedro Sánchez la puerta de salida
Redacción

El voto en contra de Junts per Cataluya al paquete de emergencia de la vivienda de Pedro Sánchez puso fin al gobierno de coalición del PSOE-Sumar con el apoyo de los nacionalismos autonómicos. Junts es el partido de la gran burguesía industrial catalana, que en ningún caso apoyaría acotamientos de emergencia al derecho de propiedad. La cuestión de la vivienda es insoluble para la izquierda gestora política del capitalismo y para el capitalismo mismo. Esto no se manifiesta solamente en Madrid o Barcelona, sino en Berlín, donde La Izquierda (Die Linke) no puede dar cuenta de los tres monopolios capitalistas de la vivienda de alquiler de la ciudad. Lo mismo ocurre con Zohran Mamdani, que aún no ha dado respuestas al sector de viviendas que goza de una atención especial del mismo estado. Con la ampliación del turismo, que en España ha sido notable, la disputa por el suelo urbano entre comercializadoras y propietarias ha llevado el precio por el uso habitacional temporario por las nubes. La coalición PSOE-Sumar no ha hecho nada al respecto en ocho años de gobierno, ni es suficiente una medida de emergencia para devolver el gobierno a esta izquierda en las elecciones apuradas que tendrán lugar en noviembre.

El golpe parlamentario que ha derribado a la gestión de Sánchez tampoco tiene que ver estrictamente con el tema habitacional; tiene que ver con la crisis mundial, la guerra internacional y la tendencia a la derechización de los aparatos estatales. En España, los sucesos en los enclaves españoles en Ceuta y Melilla han desatado una movilización típicamente franquista de la derecha, acompañada por una reafirmación de derecho colonial por parte del gobierno de Sánchez. Antes de que la Puerta del Sol fuera poblada por un acampe de oposición a los desalojos, había sido el centro de agrupamiento del fascismo contra la posibilidad de que una inmigración de marroquíes pudiera tener acceso al espacio comunitario de Europa. Por esos azares de la historia, la protesta contra los desalojos ha servido como sustituto de la movilización contra el fascismo. Al fin de cuentas, incluso un fascista puede ser desahuciado por un monopolio inmobiliario igualmente fascista. La coalición de la derecha y la ultraderecha españolista espera retomar el gobierno en noviembre sin entrar en consideraciones por el suelo urbano. El activismo que lucha contra los desalojos debería poner al frente de su movilización la consigna “no pasarán”. Es lo contrario de lo que hará Pedro Sánchez, que ya ha hecho conocer que su programa versará sobre una suspensión de desalojos.

Frente a encuestas que lo dan como perdedor indiscutible y sin margen para remontar, el Gobierno recurrió a una última maniobra: volver a aprobar los decretos en el Consejo de Ministros para llevarlos a la Diputación Permanente, el órgano legislativo de contingencia que opera mientras las Cortes están disueltas por el llamado a elecciones. Pero los acampantes ya han hecho saber al gobierno que no le aceptan el atajo de la emergencia y que reclaman lo que serían ‘soluciones de fondo”. Pero la nacionalización del suelo urbano y la planificación territorial de la vivienda, el transporte y la industria está fuera del radar de la pequeña burguesía acomodada. La cuestión del suelo es independiente de la estructura diversa que tiene la propiedad urbana, en unos casos concentrada en monopolios, en otro en propiedades individuales, pues se trata de planificar el desarrollo territorial sobre la base de un Estado de trabajadores.

La burocracia de UGT y Comisiones Obreras se mantuvo ajena a la lucha contra los desalojos y ha decidido un paro aislado para mediados de noviembre. La huelga general que el sindicato de inquilinos ha reclamado a la burocracia carece de destino.

Pedro Sánchez ha sido calificado por la prensa internacional como la némesis de Trump en Europa. Washington exige elevar el gasto militar de España al 5% del PBI, para aumentar la demanda de armas a Estados Unidos, pero que el Ejecutivo español mantiene en el 2,5%. Madrid se ha negado a ceder bases y espacio aéreo para las operaciones militares de EE.UU. en Oriente Medio. Un gobierno de derecha cambiaría esta ecuación. Fuera del oficialismo, la izquierda española apoya la guerra de la OTAN contra Rusia. La palabra de orden es poner fin a la guerra imperialista mediante la unidad internacional de los trabajadores.

8 de octubre de 2026
Francia: la agonía de un régimen político y la rebelión de la juventud
Redacción

Francia ha ingresado en un período de movilizaciones de masas, en medio de una aguda crisis de un gobierno en retirada e incluso de régimen político. En abril de 2027 tendrá lugar el primer turno de las elecciones presidenciales. Los sondeos vaticinan una victoria de la ultraderecha, en referencia al Reagrupamiento Nacional que encabeza Marine Le Pen, no sin evidencias de una crisis en sus filas. Emmanuel Macron ha presentado un proyecto de presupuesto que propone reducir el déficit fiscal en alrededor de 54.000 millones de euros, sin contar aún con los votos para su aprobación. RN se aprestaría a cambiar su posición tradicional a favor de un mayor gasto público, por una línea de ajuste en conformidad con lo que le reclama la gran patronal francesa, agrupada en el Medef. Una victoria de RN alinearía a Francia con el ascenso de la ultraderecha en la Unión Europea, como se manifiesta en España, Italia, Austria, Polonia y, en especial, en la AfD, en Alemania. Francia se ve muy presionada a la ejecución del ajuste, debido al crecimiento descontrolado de su deuda pública, un déficit fiscal por encima del 5% del PBI y una tendencia al crecimiento de la tasa de interés internacional y sobre todo en Europa. El diferencial negativo de la tasa con relación a Alemania repercute en una salida de capitales de Francia. Algunos medios financieros entienden que Macron debería convocar a un rescate del FMI.

La magnitud del ajuste ha convocado a la movilización burocrática de las centrales sindicales (casi una decena), limitada al sector público; el gobierno pretende aumentar la edad de retiro de los trabajadores. Pero entre las rendijas de esta loza ha penetrado un movimiento estudiantil ‘inesperado’, en especial de los secundarios. De un tercio a la mitad del aparato de la educación, dependiendo de las regiones, ha sido cerrado. Las reivindicaciones de los jóvenes han sacado a luz la quiebra de lo que alguna vez fue una joya nacional con repercusión en el exterior. El deterioro extremo de la infraestructura de la enseñanza pública es una evidencia del parasitismo capitalismo, que ahora asume proporciones mayores como consecuencia de los gastos de rearme para la guerra imperialista. Macron es un mascarón de proa de esta tendencia.

Las protestas estudiantiles tuvieron su inicio en una escuela del barrio Créteil, en los suburbios de París, y se extendieron a los liceos (escuelas secundarias) de los barrios obreros de las principales ciudades del país. Sólo en la capital, las movilizaciones superaron las 100.000 personas. Además de su magnitud, las movilizaciones se caracterizan por una gran combatividad. El estudiantado enfrenta la represión policial y sostiene la toma de 500 escuelas y piquetes en más de 1.800 liceos sobre los 3.700 que existen en todo el país. Los docentes acompañan la medida de sus estudiantes con jornadas de huelga. Hay una falta de nombramientos docentes, aulas abarrotadas con más de 40 estudiantes y edificios en estado de derrumbe. A esto se suma un esquema escolar que obliga a los estudiantes a pasar cerca de 10 horas por día en los institutos con tiempos muertos prolongados. El sistema de asignación de vacantes universitarias también fue denunciado como poco transparente.

En múltiples ciudades, las familias han decidido acompañar a sus hijos Entre las listas de heridos se incluyen más de 500 estudiantes, algunos de gravedad, como consecuencia de la brutalidad policial. En las tres jornadas callejeras de esta semana, los detenidos suman más de 5.000, de los cuales la enorme mayoría son menores de edad. El gobierno y la prensa denuncian una ‘conspiración’ de La Francia Insumisa de Jean-Luc Melenchon y la ´ultraizquierda´, como lo ha hecho, antes que nadie, Marine Le Pen. La Francia Insumisa ha sido tomada por sorpresa, totalmente lanzada a constituir una coalición electoral a su derecha, en el segundo turno electoral, pero si es posible desde el primero, a partir del 17% de la intención de voto que le asignan las encuestas.

El 82% de la población ha respondido en los sondeos que los reclamos estudiantiles son justos. El gobierno ha reconocido que las escuelas se derrumban e incluso la carencia de docentes. El primer ministro, Sebastián Lecornu, ha intentado concertar una reunión con los dirigentes estudiantiles para retomar el calendario escolar. Los estudiantes han respondido que seguirán en las calles hasta que sean saldados sus reclamos. El ministro de Educación ha propuesto incluir en el Presupuesto 2027 1.200 millones de euros adicionales para obras en las escuelas. Una gota en el mar.

Las movilizaciones estudiantiles en Francia han adquirido un lugar decisivo en la situación política francesa. La ventaja que las encuestas dan a la extrema derecha para las elecciones de 2027 enfrenta una tendencia a la rebelión popular. Las manifestaciones de la juventud ponen sobre la mesa el impacto que tiene la guerra imperialista sobre las condiciones de vida de las masas. Europa se ha convertido en terreno minado por las movilizaciones populares encabezadas por la juventud. Vivienda, educación, salud, servicio militar obligatorio, figuran entre los reclamos que levantan, en la mayor parte de Europa, frente al reforzamiento de los aparatos para la guerra y la represión interna. No es la primera vez que la derechización de los aparatos políticos en presencia promueve la insurgencia de las nuevas generaciones. La cuestión central, sin embargo -la intervención histórica independiente de la clase obrera- tiene un desarrollo político contradictorio: la totalidad de la ‘izquierda’ juega un papel contrarrevolucionario. Es uno de los bastiones de la guerra de la OTAN contra Rusia, en nombre de una ‘autodeterminación nacional’ de Ucrania que sólo se podría arrancar mediante la unión de las clases obreras de Ucrania, Rusia y Europa, contra el imperialismo mundial.

Diez centrales sindicales, pero ninguna flor. La cuestión de la huelga indefinida contra el presupuesto del ajuste y de la guerra, ni siquiera ha sido mentada. Tampoco promueve la extensión de las protestas a los liceos que no han ingresado en el movimiento general. La iniciativa estudiantil ha puesto sobre la mesa las contradicciones profundas del capitalismo en decadencia. Las nuevas generaciones ingresan al torrente de la vida política bajo el signo de la guerra imperialista, que históricamente ha sido el preludio de la revolución a una escala internacional.

8 de octubre de 2026
La agitación política en la segunda vuelta en Brasil

“Miles de personas marchan en Brasil contra un posible regreso de los Bolsonaro al poder”, titula Infobae su edición del jueves 8. La manifestación tuvo lugar en Río de Janeiro, la metrópoli operativa de las milicias parapoliciales del bolsonarismo. La demostración no es la única expresión de que la segunda vuelta electoral se pelea, hasta cierto punto, relativamente independiente de la primera. En los números, Flavio Bolsonaro tiene asegurado el balotaje, porque ha reunido junto a otros candidatos de derecha y centro derecha un 55% de los votos. La victoria de un golpista envuelto en varios escándalos de corrupción representa una imagen invertida del fracaso del gobierno de coalición de Lula, en cuanto a una mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. Lula ha dado una pelea ‘geopolítica’ contra Trump en el plano de la disputa internacional, a espaldas de las propias masas. Un comentario frecuente, aunque no sustanciado, en las últimas horas, sostiene que parte de la abstención del primer turno corresponde al electorado petista en el nordeste brasileño. Bajo la inspiración de las luchas en Francia, Bélgica y España, podría comenzar una escalada de movilizaciones. Lula, sin embargo, está resueltamente opuesto a cualquier ‘radicalización’ de la situación presente y ha decidido poner en el primer plano al vicepresidente Gerardo Alckmin, para recuperar al electorado ‘moderado’.

Pero el segundo turno electoral tiene su propia pelea política. Flavio Bolsonaro pretende, por lo pronto, rodear un indulto a su padre, condenado a 27 años de cárcel, por golpismo flagrante y agresión al “estado democrático de derecho”, con una amnistía generalizada a centenares de condenados por vandalizar el Planalto de Brasilia el 8 de enero de 2023, luego de un sostenido acampe ante los cuarteles del ejército para incitar a un golpe militar. Entre los condenados hay cinco jefes militares de alta patente. Es un tema que afecta las relaciones futuras entre un gobierno bolsonarista y las fuerzas armadas. No existen sondeos que hayan evaluado el interés por este asunto en el electorado. Bolsonaro ha anunciado también la intención de introducir enmiendas constitucionales en el Congreso, en especial en cuanto al Poder Judicial. El Superior Tribunal de Justicia ha protagonizado una serie de actos que lo han envuelto en una crisis mayúscula, incluso en ataques por parte de Donald Trump. La sospecha de que podría iniciar una serie de juicios políticos a los cortesanos ha desatado preocupación en el Congreso. Poner un énfasis en estos asuntos en una segunda vuelta ganada, en principio, de antemano, rodea al balotaje de incógnitas políticas. Lo que es claro, en todo caso, es la intención de alterar la Constitución votada en 1988, falsamente ponderada como democrática. Lula, en aquella ocasión, se abstuvo. La agenda de Bolsonaro promueve un cambio de régimen político, por medio de Propuestas de Enmiendas Constitucionales o PEC, sin el recurso a una Asamblea Constituyente. La derecha tiene una amplia mayoría en el Congreso. El programa de Bolsonaro es de una guerra de clases, especialmente en el campo, en la educación y en las grandes concentraciones obreras.

Otro tema en desarrollo es el proyecto de acortamiento de la semana laboral, de 6x1 a 5x2, respetando el asueto dominical. Cuenta ya con la media sanción de Diputados; el bolsonarismo, que reivindica el 6x1, quiere que el Senado lo trate después del balotaje del 25 de octubre. En cualquier caso, no será aprobado antes de esa fecha porque requiere hasta cinco sesiones para su votación final. Presentado como una conquista, el proyecto lulista es tramposo, porque admite convenios individuales o por empresa, y la prevalencia de los acuerdos entre privados sobre la ley. La polémica en torno a una cuestión laboral esencial seguramente afectará el voto, con independencia de que pueda alterar el resultado en su conjunto. Es claro, sin embargo, que una y otra coalición tienen decidida una política de ajuste, para mitigar el 8% de déficit fiscal sobre el PBI, y un cronograma de vencimientos de la deuda pública muy apretado y exigente. Brasil paga por ella la tasa de interés más alta del mercado internacional.

En la cuestión del endeudamiento de la población, Bolsonaro ha declarado que apoya el planteo de Lula –“Desenrola”. El punto es que absorbe las deudas largamente irrecuperables por un tope de 10.000 reales, o 2.000 dólares, o 2 millones y medio de pesos. Pero la carga relevante, para millones de familias, es del orden de los 200.000 millones de reales. El crédito al consumo ha sido un filón enorme de los beneficios de los bancos.

Más allá de la incidencia de esta crisis en el resultado del balotaje, es claro que marca una agenda de grandes contradicciones y conflictos en el mandato próximo. La incorporación de Brasil al Escudo de las Américas abre las fronteras del país al militarismo norteamericano. Convertiría a Brasil en un cómplice del intento de hacer de Cuba un protectorado del imperialismo norteamericano. No se puede cerrar esta reseña sin señalar la complicidad de la izquierda oficial de Brasil con el actual estado de situación. Juega a un parlamentarismo ficticio y a una critica retórica a Lula, sin la menor intención de preparar al inmenso proletariado de Brasil para una acción histórica independiente.

8 de octubre de 2026
Trump aumenta el despliegue militar en el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo

Trump ha manifestado reiteradas veces que podría emprender nuevos ataques contra Irán, luego de rechazar la última propuesta de alto al fuego. A pesar de sus promesas iniciales sobre una campaña que duraría pocas semanas, el fascista ha amenazado que una escalada posterior a las elecciones intermedias sigue siendo una opción viable. Ha enviado aproximadamente 9.000 soldados a bordo de una flota de barcos rumbo a Oriente Medio, que completa un total de alrededor de 50 mil efectivos en la zona. Incluye el grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt, que se desplegó recientemente con el crucero USS Chosin, y el grupo anfibio de preparación USS Makin Island, que incluye los buques de desembarco anfibio USS John P. Murtha y USS Anchorage. Esto significa que habrá tres portaaviones en la región para finales de octubre, según fuentes de The Associated Press. La Marina ya había contado con tres grupos de ataque de portaaviones en Oriente Medio en abril por primera vez desde 2003.

Los portaaviones USS George H.W. Bush y el USS George Washington están ahora en la región, junto con el grupo anfibio de preparación USS Boxer. El Washington suele desplegarse en el océano Pacífico, pero fue trasladado a Oriente Medio para relevar al USS Abraham Lincoln, que tuvo que retirarse por múltiples problemas derivados de haber estado en el mar 260 días seguidos.

Los preparativos para la escalada son evidentes. Según The Washington Post, Estados Unidos prepara una de las mayores transacciones de munición pesada destinadas a Israel de los últimos años: un paquete de 2.800 millones de dólares que incluye 40.000 bombas de 2.000 libras -unas 900 kilos- compuesto por 20.000 MK-84 y 20.000 BLU-117. A esto se suman otras 20.000 ojivas penetrantes I-2000.

Todas son municiones estadounidenses de gran poder destructivo, diseñadas para ser lanzadas desde el aire. Las MK-84 y BLU-117 son bombas de propósito general, mientras que las I-2000 son penetradores destinados a atacar estructuras endurecidas y objetivos subterráneos. Este tipo de munición está considerado entre los más destructivos del arsenal estadounidense, e Israel las ha empleado en Gaza y el Líbano.

Otro indicio que los analistas toman como indicador de una escalada es la última reunión de Seguridad de alto nivel en Camp David, que se celebró el viernes 2 de octubre de 2026. Fue presidida por el vicepresidente JD Vance y participaron el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth, el enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff, el director de la CIA John Ratcliffe y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine. La última vez que se había celebrado una reunión semejante fue en los días previos a la Guerra de los Doce Días en 2025. Según Axios, discutieron las alternativas para accionar contra Irán y contra los hutíes. Estos últimos mantienen cerrado el estrecho de Bab el-Mandeb y siguen avanzando sobre el territorio yemení que controla un gobierno dirigido por Arabia Saudita. La guerra contra Irán evidencia que no ha llegado a ningún acuerdo sustancial en sus recientes reuniones con Xi Jingpin.

Mientras los estrechos siguen cerrados, la crisis energética crece. En su informe de septiembre, la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) estimó que las existencias mundiales de petróleo habían disminuido en 400 millones de barriles en lo que iba de 2026. Recientemente, Trump presionó a la Unión Europea para que libere sus reservas de diésel, pero eso implica quedarse sin barriles de emergencia, cuando no se avizora un fin cercano de la crisis. Esto también golpea también fuertemente a Irán. Trump sigue con la guerra del estrangulamiento de la economía persa. Anunció nuevas sanciones el jueves contra las industrias automotriz y ferroviaria de Irán. Dos de los mayores fabricantes de automóviles de Irán -Iran Khodro Co. y SAIPA Iranian Automobile Manufacturing Co.- fueron sancionados junto con varias empresas extranjeras que suministran autopartes y materias primas. El rial iraní se está demoliendo, alcanzando a valer 1,8 millones de riales cada dólar estadounidense.

Hubo otra reunión que parece preparatoria de una escalada. Según medios israelíes, el 27 de septiembre, Netanyahu y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, habían mantenido una reunión ampliada en Abu Dabi a la que asistieron funcionarios de diez países. Entre ellos se encontraban Arabia Saudita, Estados Unidos, Marruecos, Egipto, Kuwait, Bahréin, Libia y Omán. La reunión estuvo centrada en la cooperación en materia de seguridad e inteligencia, los marcos de defensa contra amenazas comunes y las rutas petroleras alternativas. También se habría analizado la posibilidad de establecer una nueva alianza de defensa regional y de crear rutas que permitan sortear el estrecho de Ormuz.

Trump prosigue con la purga en la cúpula de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El 20 % de los generales y los almirantes del Pentágono fue o planea ser destituido para 2027, lo que implica 800 puestos de mando de entre una y cuatro estrellas. También fueron cesados los asesores legales.

Según los analistas, la cantidad de efectivos en la región no alcanzaría para un despliegue en tierra, a pesar de la cantidad de pertrechos arrojados para un ataque anfibio. Atorado como está en Ormuz, donde el estrangulamiento del comercio afecta a China e Irán, pero también a toda la economía mundial, Trump solo piensa en salir “por arriba”, tirando bombas de destrucción masiva para cumplir con su amenaza de arrasar Irán.

8 de octubre de 2026
Prosigue el exterminio en Gaza y se extiende a Cisjordania

Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz protagonizaron el lunes 5 (en orden con el calendario hebreo) el acto oficial por el tercer aniversario del ingreso de las milicias palestinas a Israel. Allí, el prófugo por genocidio de la Corte Penal Internacional (CPI) proclamó la continuación del baño de sangre en Gaza, anunció que las tropas permanecerán en el Líbano y prometió “borrar” a Irán “de la faz de la Tierra”. Más preciso, Katz dijo que ya habían asesinado a 4.000 “terroristas de Hamas que entraron a Israel” y que aún les faltan otros 2.000. En un suma y resta elemental, los genocidas admitieron que los otros 80.000 muertos -como mínimo, otras fuentes como The Lancet calculan varios cientos de miles- en Gaza no estuvieron implicados en los sucesos del 7 de octubre. Exterminio puro y duro.

El mismo día, Katz informó que el ejército y todos los cuerpos de seguridad tienen órdenes de “dar caza” a los que entraron a Israel el 7 de octubre, “sin limitaciones y bajo cualquier circunstancia, desde los rangos superiores hasta los inferiores”, informó Times of Israel. Uno de los testimonios que recoge el documental NAZA confiesa que, como un miliciano entró a comprar pan, la IA confundió “pan” con “panadero” y pulverizaron al hombre, a los trabajadores y a toda la familia.

Ahora, Katz dijo tener información de inteligencia “sobre las intenciones de Hamas de intentar realizar ataques y operaciones terroristas” en Gaza. También “informó” que el ejército se prepara para “un escenario de guerra” en Cisjordania hasta las elecciones del 27 de octubre. Es posible, aseguró, “un ataque de elementos jihadistas contra colonos y soldados de las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel]”. Los elementos yihadistas serían “la Autoridad Palestina y la organización Tanzim, afiliada a ella, que volverían sus armas contra los colonos y las tropas de las FDI” en Cisjordania y a lo largo de su frontera. Un disparate total: la AP y Tanzim no tienen una brizna de yihadistas; por el contrario, han fungido desde Oslo en adelante como fuerza de represión al servicio de Israel contra la insurgencia palestina, yihadista o no, y el pueblo palestino en general.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, el hombre que lleva una horca en el ojal, advirtió: «Tres años después, no debemos repetir el mismo error. Lo ocurrido el 7 de octubre no debe repetirse en Netanya, Kfar Saba y la región de Sharon», afirmó, haciendo un llamamiento a “desarmar y desmantelar” la Autoridad Palestina.

El 7 de octubre es un parteaguas entre los israelíes. Según una encuesta citada reciente, el 47% responsabiliza por igual al gobierno y al Ejército de las “fallas” que permitieron la incursión de Hamas, frente a un 25% que atribuyó la responsabilidad al gobierno, pero no al Ejército. Un 17% que opinaba a la inversa.

Las tensiones internas volvieron a ser noticia días antes del aniversario cuando el sitio dropsite reseñó un informe de la Red Cell de la CIA titulado “Fractura Interna”. Sostiene que Israel “corre el riesgo de caer en una guerra civil o en el colapso del Estado” porque el genocidio en Gaza y la invasión al Líbano e Irán “agravan las fracturas políticas, económicas y sociales dentro del país”. El informe señala “una mezcla volátil de presiones que convergen de cara a las elecciones israelíes del 27 de octubre”.

Por un lado, la crisis económica precipitada por el aumento vertiginoso del gasto militar impacta severamente en las familias. El precio de los alimentos ha alcanzado máximos históricos, con un aumento del 9,5 % en los últimos dos años.

Por otro, los soldados israelíes que regresan de Gaza enfrentan una grave crisis de salud física y mental, con estrés postraumático (TEPT), ansiedad, depresión y problemas de reinserción a la vida civil. Entre el personal militar y los reservistas hay un aumento exponencial de las tasas de suicidio y de intentos de autoeliminación, que corre en paralelo al aumento de la violencia familiar. Otro factor de choque cotidiano es que, a pesar del compromiso del gobierno de incluirlos en el servicio militar obligatorio, los ultraortodoxos siguen exentos del servicio militar.

El balance del 7 de octubre es central en la decisión del voto. La oposición acusa a Netanhayu de haber sido incapaz de evitar los ataques de Hamas y haber ignorado las advertencias -internas y del extranjero- de la amenaza. "Así las cosas, las encuestas muestran que tanto el bloque de Netanyahu como la oposición tendrían dificultades para alcanzar los 61 escaños necesarios para gobernar".

9 de octubre de 2026
La Corte abole, en minoría, el régimen constitucional

Cuando se pasa el limpio el ida y vuelta de la Corte Suprema acerca del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que abole la Ley de Tierras, se concluye ‘senza dubio’ que el propósito desprolijo de los cortesanos ha sido asegurar la vigencia de ese decreto de excepción con sus decenas de capítulos y centenares de artículos. La segunda instancia de supervisión de los DNU, luego de las comisiones y plenarios de las dos cámaras del Congreso, abandona como éstos sus funciones, y se convierte en promotora de un régimen personal de órdenes ejecutivas. La Corte ha intervenido en el juicio promovido por la asociación de excombatientes de Malvinas en defensa de la Ley de Tierras anulada por el DNU, a instancias del Procurador Eduardo Casal, que funge en esa condición precaria desde hace quince años. Casal se ha hecho notar recientemente como consecuencia de una orden impartida a los fiscales para que investiguen tentativas presuntas de delitos, en una suerte de Gestapo de camisa y corbata.

La Corte anula, hace una semana, una declaración de inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto infausto, con un pretexto procesal, sin entrar en el mérito del asunto. La consecuencia del arbitrio es hacer caer la Ley de Tierras y eliminar límites a la extranjerización. La amenaza, aunque incierta, de una sesión de Diputados que derogaría el conjunto del DNU que contiene esa disposición, alcanzó para sacudir toda la estantería, porque caerían numerosas leyes que han entrado en vigencia, como sería el caso de alquileres, incluida la devolución de los aumentos por indexación. Pero el DNU 70/23 no ha sido convalidado en el Congreso, sino que debe su vigencia al llamado decurso de tiempo. Aunque la ley de facto es un contrasentido lógico, esa es la lógica del régimen político realmente presente. Rosatti y Lorenzetti toman como excusa un juicio ambiental en Bariloche para suspender el 154 y volver todo a fojas uno. Debido al desacuerdo de Rosenkrantz en este asunto, que alegó desprolijidad como argumento jurídico, el desfalco de la Corte fue perpetrado por una minoría acompañada por dos conjueces. La Ley de Tierras vuelve a entrar en vigencia, aunque condicionada, y evita sumar ‘contratiempos’ a un gobierno que zozobra por el aumento del riesgo-país.

Tres décadas más tarde vuelve a quedar en evidencia el carácter reaccionario de la reforma constitucional de 1994, malparida por el Pacto de Olivos, Menem-Alfonsín. Los DNU, como las órdenes ejecutivas en Estados Unidos o los decretos presidenciales en Francia y las Enmiendas constitucionales provisorias en Brasil, se inspiran en el articulado de la Constitución de la República de Weimar de 1919, que establece el estado de excepción. Varias veces usado en la década del 20 del siglo pasado en Alemania, luego fue funcional hacia la transición al estado nacionalsocialista.

El litigio de la Corte no es contra la Ley de Tierras, sancionada por el gobierno kirchnerista que ha impulsado la minería a cielo abierto y la fragmentación rocosa del subsuelo para el gas y el petróleo. Es en defensa del desgraciado DNU 70/23, la piedra basal del régimen político actual. Hace mucho tiempo que las instituciones del Estado vienen peleando contra la democracia. Quien gobierna en la actualidad es el Escudo de las Américas.

9 de octubre de 2026
AfD en Alemania da un paso importante hacia la formación de un gobierno propio en el estado de Sajonia Anhalt

En septiembre pasado, Alternativa para Alemania (AfD), el partido calificado de neonazi, había obtenido un arrasador 43,8 % de los votos en las elecciones del estado alemán de Sajonia-Anhalt – a cuatro escaños de una mayoría absoluta-. La concurrencia electoral había sido abrumadora, casi un 80 %, motivada, precisamente, por la perspectiva de una avalancha de la ultraderecha. El resto de los partidos políticos, desde la Unión Democrática Cristiana hasta La Izquierda (Die Linke) estaba comprometida a un “cerco sanitario” encargado de impedir que el fascismo en cuestión pudiera formar gobierno. Una destacada columna de opinión del Financial Times lo calificó como una muralla inquebrantable. ‘No more’.

El martes pasado, en la sesión inaugural del nuevo parlamento, Tobías Rausch, de la AfD, fue consagrado presidente de la unicameral, algo que precede a la elección del jefe de Gobierno del estado. Fue votado por los diputados del partido BSW, una escisión nacionalista de La Izquierda y de otros partidos, incluidas varias abstenciones. La línea de trinchera de la ‘democracia’ ha sido perforada sin necesidad de un ataque de caballería. El control administrativo del parlamento ofrece el acceso a un jugoso presupuesto y un espacio de poder. En los próximos días, Sajonia Anhalt tendrá el primer gobierno neonazi desde la caída de Adolf Hitler. En el intervalo desde los comicios pasados, AfD lanzó una ofensiva de propaganda para formar un gobierno de coalición con la UCD a nivel nacional; en las encuestas, con un desactualizado 28 %, AfD aparece como el primer partido del régimen político germano.

AfD es el partido del chovinismo y del rearme del imperialismo alemán. Acusa a la inmigración de socavar las finanzas del Estado al tener acceso a la protección social y al retiro jubilatorio. Plantea, en términos fascistas, lo mismo que el conjunto del espectro democrático: la liquidación de las grandes conquistas arrancadas luego de la derrota militar del hitlerismo. No obstante, su oposición oficial a la guerra de la OTAN en Ucrania, promueve un militarismo y un rearme a ultranza, en el entendimiento de que forzar a Putin a un acuerdo de paz con anexiones plantea nuevos escenarios de guerra que deben ser encarados sin restricciones. Un candidato a reemplazar a Friedrich Merz, un primer ministro que carga con duras derrotas electorales, el jefe de gobierno del estado de Rhenania Westfalia, acaba de reunirse con Recyp Erdogan, el presidente de Turquía, con vista a acercarlo a un cerco oriental contra Rusia. Erdogan acaba de firmar un acuerdo con Pakistán y Arabia Saudita para intervenir a fondo en la guerra imperialista contra Irán.

El ascenso político de AfD no significa que Alemania se haya vuelto fascista. La fascistización de los estados es una expresión de la completa ruptura de los precarios equilibrios políticos preexistentes. Los mismos fascistas operan con cuidado el lanzamiento de movimientos fascistas prematuros; en algunos casos no abandonan los lugares comunes del discurso democrático. Una victoria de Le Pen, en abril próximo; del PP-Vox en España o la ratificación de Meloni, en Italia, plantearía una crisis de régimen político de la Unión Europea en su conjunto. Los ‘cordones sanitarios’ o ‘los frentes republicanos’ se diluyen como los rastros en la arena. Las luchas masivas contra el ajuste en Francia y por la vivienda y contra el chovinismo en España, se convertirán por medio de la experiencia y de la lucha política socialista, en acciones históricas independientes de los trabajadores.

9 de octubre de 2026
Milei-Caputo, en tiempo de descuento

Finalmente, se han conocido los detalles de la exposición que el economista Alberto Ades, un exoperador de Goldman Sachs, realizó ante el gabinete nacional el lunes pasado. La presencia de Ades, como se recordará, desató el faltazo sin aviso de Luis Caputo, en señal de desacuerdo con las “tesis” del invitado. Lo que Ades le propuso al gabinete, en definitiva, fue una devaluación de la moneda, en consonancia con lo que otros economistas ligados al gran capital agrario o industrial están predicando desde hace meses. Según Clarín, Ades le agregó a esa propuesta dos condiciones: primero, que la devaluación venga acompañada con otra vuelta de tuerca en materia de ajuste fiscal para que los dólares de las mayores exportaciones se compren con pesos del Tesoro y no de la emisión monetaria. Luego, aludió a “mejoras de productividad”, el lenguaje con el cual estos “expertos” llaman a la sobreexplotación laboral, aclarando enseguida que ello requiere “tiempo y capital político” (Clarín, 8/10).

La “propuesta” de Ades y la ausencia de Caputo han sido apenas un anticipo de la crisis política y de gabinete que está en incubación, como resultado del completo impasse del régimen económico montado por Milei y Caputo hace tres años, angustiosamente rescatado en sucesivas oportunidades por el FMI y el Tesoro norteamericano. Ahora, el “estado de asamblea” instalado en el gabinete por el propio Milei obedece a que el financiamiento de los vencimientos de deuda para 2027 ha ingresado en un túnel oscuro. La economista Marina Dal Poggeto estima que las cuentas que presentó Caputo para responder a esos vencimientos tienen un “faltante” de 23.000 millones de dólares. En un reportaje posterior a su presentación en el gabinete, Ades señaló que, con el actual riesgo país, “ni locos conseguimos” ese financiamiento externo. La fórmula de Ades -devaluación más ajuste- apunta a abatir ese riesgo. Pero el “capital político” que el consultor de Wall Street le exige a Milei-Caputo para hacer explotar semejante bomba se encuentra tan flojo de papeles como los 75.000 millones de dólares con que dice contar Milei para afrontar las corridas que se vienen.

Deuda interna

Caputo, en oposición a un camino devaluatorio, sigue apostando a aplastar el dólar a fuerza de colocar bonos de deuda y absorber pesos pagando por ellos tasas exorbitantes. Pero el resultado de su política -la “estabilidad del dólar”- ha llevado al endeudamiento interno a la peor de las trampas: como consecuencia de la espiral de renovación de deuda a elevadas tasas, por un lado, y del dólar planchado, por el otro, se viene registrando un crecimiento exponencial de esa deuda en pesos cuando se la contabiliza en moneda dura. En los últimos nueve meses, esa deuda pasó de representar de 70 a 100.000 millones de dólares. La gran mayoría de estos títulos se han renovado con cláusulas de indexación que neutralizan cualquier licuación de su monto en el caso de una devaluación. De este modo, la deuda en pesos ya está muy cerca del valor en dólares que había alcanzado al final de Massa, cuando llegó a los 110.000 millones de dólares. La “absorción” con deuda de los pesos utilizados para la compra de los dólares del comercio exterior convierten en una ficción al superávit de balanza comercial, pues, por cada dólar que ingresa, aumenta en la misma magnitud la deuda indexada o dolarizada del Estado. Como la acumulación de reservas tiene por propósito el pago de vencimientos de deuda, cada uno de esos pagos tiene como contrapartida una hipoteca equivalente contra el Estado. La desconfianza generada por esta bola de nieve obliga al gobierno a cambiar el perfil de vencimientos que está ofreciendo en las sucesivas renovaciones; ahora, solo alcanzan hasta finales del año 2027. En lo que refiere a la emisión de deuda en dólares, Caputo debió cerrar el grifo, por las tasas prohibitivas que hubiera debido pagar.

En definitiva, las innumerables bicicletas ensayadas por Caputo en estos años muestran síntomas inocultables de agotamiento. El campeonato de “propuestas alternativas” de los economistas del régimen es una confesión de ello. En las últimas horas, se ha sumado al tropel un mileísta de la primera hora, Cristiano Ratazzi, quien desempolvó la alternativa de la dolarización pero sin decir que debería ser precedida por la devaluación que reclaman Ades, Melconian y otros. Los devaluacionistas enfrentan al deflacionario y ajustador Caputo con un rodrigazo antiobrero, sin hacerse cargo de la rebelión popular que conllevaría esa “salida”.

El debate de los “de arriba” sobre una cesación de pagos -de eso se trata- tiene lugar mientras el derrumbe comercial e industrial se acentúa. Los pronósticos de crecimiento económico, que habían bajado del 3,5 % al 2 % hace un mes atrás, ahora se ubican en el 1,5 % - es decir, en la regresión del producto bruto por cabeza- El “efecto samba”, como llamaron los diarios financieros a la suba de los títulos y acciones argentinas que siguieron a la victoria de Bolsonaro, apenas duró 24 horas. Ahora, comienza a sobrevolar otro “efecto” internacional: el de las rebeliones juveniles y populares que sacuden a Francia, Bélgica, España y, más cercanamente, a Chile y las principales ciudades de Brasil. El “capital político” que reclamó Ades para su experimento antiobrero se está agotando, y también para Caputo-Milei. Este es el escenario que precede a las movilizaciones previstas para el 15 de octubre en todo el país.

9 de octubre de 2026
La Corte Suprema le otorga un “alargue” al régimen liberticida

Al otorgarle una “medida cautelar provisoria” a una organización ambientalista que pidió suspender la derogación de la ley de Tierras, la Corte Suprema improvisó un recule respecto de lo que había resuelto hace sólo una semana atrás. El carácter urgente de la vuelta atrás se aprecia en que los jueces decidieron reunirse de urgencia, además, en un viernes previo al fin de semana largo. El carácter precario de lo resuelto se manifiesta en que la propia Corte lo juzga como “provisorio”, devolviendo la presentación judicial de los ambientalistas a su juzgado de origen, en Bariloche.

Con este parche, los jueces supremos buscaron sortear una eventual crisis política, como consecuencia de la sesión extraordinaria convocada por la oposición para el próximo jueves 15. La sesión había colocado en el temario al mega DNU 70, donde está incluida la derogación de la Ley de Tierras. Pero una derogación del decretazo tendría otros alcances, como la reimplantación de la vieja ley de alquileres y diferentes regulaciones sobre el sistema financiero y las tarifas. A la luz de ese alcance, los propios impulsores de la sesión extraordinaria no estaban logrando reunir el quórum necesario.

El fallo de la Corte, en este sentido, es una contribución para alejar cualquier peligro respecto de la vigencia del DNU 70 y, por lo tanto, una operación de rescate del gobierno. Pero los cortesanos han ido más allá: rescataron también a la oposición “dialoguista”, que ahora podrá ausentarse del recinto con el argumento de que “la soberanía” ya no se encuentra en peligro -esto, como si los insondables porcentuales de la ley de tierras ejercieran alguna influencia real contra el copamiento del suelo y del subsuelo. Pero será un argumento suficientemente fuerte para bajar de la sesión incluso a varios de los que firmaron su convocatoria. La Corte, por lo tanto, ha salido a salvar, no sólo a un gobierno, sino a un régimen político en su conjunto. Se trata del régimen de decretazos y medidas excepcionales que, sin embargo, se han sustentado sobre un consenso político y parlamentario. Entre el DNU 70, la ley Bases, los superpresupuestos a la SIDE y la contrarreforma laboral, rige en la Argentina un régimen infraconstitucional, el cual se asienta en el compromiso férreo de los partidos de la llamada “oposición” Con su medida “ultraprovisoria”, los supuestos salvaguardas de la Constitución han puesto a este régimen de excepción a salvo de las incidencias del próximo 15 de octubre, jornada que incluye también una movilización popular por el financiamiento universitario.

Pero el fallo de la Corte tiene otra implicancia. Los jueces han dejado en claro la determinación de imponer su capacidad de arbitraje, en una situación política donde sobrevuela la cesación de pagos del Estado, por un lado, y una situación social intolerable, por el otro.

Por referencia a esa crisis de conjunto, el rescate de la Corte es tan “provisorio” como su medida cautelar: en el país de los campeonatos de futbol inventados -torneos cortos, largos, sumatorias anuales- la Corte le ha improvisado a los liberticidas “un alargue”, para que puedan pilotear un salvataje financiero y un acuerdo político con los gobernadores que todavía no llega. Veinte mandatarios han resuelto convocar a sus comicios de distrito por separado de los nacionales. Han dejado cualquier acuerdo con el gobierno nacional supeditado, no “al año que viene”, como dicen los diarios, sino a que Milei, improbablemente, remonte la crisis financiera y la debacle industrial.

Pero al arbitrar frente a una organización social y a una reivindicación popular, la Corte también ha tomado nota de un escenario social explosivo, y no solo en Argentina. Mientras los gobiernos capitalistas y sus socios discuten la crisis del régimen que han prohijado, los trabajadores y jóvenes de Argentina se miran en el espejo de lo que ocurre en numerosas rebeliones del mundo. Llegado el punto, los cortesanos tendrán que salir a socorrer a la contrarrevolución social que han bendecido con sus fallos, pero contra el embate de la rebelión popular.

9 de octubre de 2026
AySA, una privatización a precio de remate

Este jueves el gobierno abrió los sobres económicos de la privatización de AySA, la empresa que presta servicio de agua potable y cloacas a unos 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. La peculiaridad de esta privatización es que no partía de un precio base. Se la quedaría el mejor postor. La oferta más alta fue la de un consorcio integrado por Rowing SA, Arcos, Transclor y PHX Aqua, que ofertó USD 340,2 millones por el 90 % de las acciones. La segunda, del grupo Roggio, llegó a USD 285 millones. Ambas muy por debajo de los USD 500 millones que Caputo esperaba recaudar. Todavía falta la revisión de la Comisión de Evaluación y la adjudicación formal, pero el cambio de manos sería un hecho y está previsto para los primeros meses de 2027.

El gobierno acaba de privatizar una red de cañerías, plantas potabilizadoras y colectores construida durante décadas con fondos públicos, y con ella un mercado de clientes cautivo que no pueden elegir otro proveedor, asegurando al capital una renta ajustada por tarifas ´reguladas´ a las que el propio gobierno ha dado rienda suelta por encima de la inflación. La concesión es de treinta años, prorrogable por diez más.

Para justificar el remate, desde el Ministerio de Economía argumentaron que AySA recibió transferencias del Tesoro por más de USD 13.400 millones entre 2006 y 2023, pierde el 42 % del agua que produce, la morosidad pasó del 4 % al 16 % y los costos operativos crecieron un 80 %. Los liberticidas tomaron el libreto de presentar a AySA como una carga ´insostenible´. Pero para adjudicársela al mejor postor, primero convirtió a la empresa en superavitaria: aplicó desde 2024 un ´plan de transición´ que incluyó una reducción del 20 % de la plantilla, aumentos del 366 % de las tarifas, un ´reordenamiento financiero´, cambios regulatorios por decreto y la rehabilitación del corte del suministro residencial a aquellos que adeuden dos meses, prohibidos desde 2006.

Los nuevos dueños: la ´patria contratista´ y el "rey del cloro"

El consorcio ganador es encabezado por dos empresarios con larga trayectoria en negocios vinculados al Estado: Walter Román, dueño de Rowing, dedicada a la ingeniería y la construcción, y Mauricio Filiberti, propietario de Transclor, una de las principales fabricantes de cloro del país y proveedora, desde 2009, de los insumos químicos que AySA utiliza para potabilizar el agua. El consorcio se completa con Arcos, del grupo brasileño Equipav, que tendrá a su cargo la operación técnica, y con PHX Aqua AR, un vehículo de inversión radicado en los Países Bajos. El entramado del consorcio se completa con los hermanos Neuss, vinculados a la constructora Rowing y a otras firmas asociadas al holding, como Servimagnus.

Por su parte Filiberti, conocido como el "rey del cloro", de ahora en más se venderá insumos a sí mismo, con el control en manos del mismo grupo que factura. Es además uno de los socios de Edenor, la distribuidora que abastece al norte del conurbano y que tiene a AySA como uno de sus grandes clientes. Mantiene, además, una opaca sociedad con José Luis Lingeri, el burócrata sindical de Obras Sanitarias y uno de los operadores de mayor peso de la CGT.

Por su parte, Rowing integra el holding Equo Capital, que también es presidido por Walter Román y, según los registros de la Cámara Nacional Electoral, dos firmas de ese mismo grupo (Direct Group y Lógico) aportaron $20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza en 2025.

De esta manera, la "lumpenburguesía", con llegada directa al poder político, se reparte los activos públicos en una venta apurada, con precios bajos y con el Estado haciéndose cargo de los riesgos.

Privatizar, estatizar, privatizar

En 1993, Menem entregó la concesión de Obras Sanitarias de la Nación a un consorcio encabezado por Suez y Aguas de Barcelona, que operó como Aguas Argentinas. Entre 1993 y 2002 las tarifas subieron un 88,2 %, en plena convertibilidad y sin inflación. Hubo obras que no se hicieron, tratamiento insuficiente de los efluentes y una larga lista de incumplimientos. Cuando la devaluación volvió impagables las tarifas dolarizadas, la empresa se retiró, dejando una deuda de unos USD 700 millones.

La estatización de 2006 fue presentada por el kirchnerismo como una "recuperación nacional", pero en realidad se trató de un rescate a una empresa en quiebra. La conducción de la nueva AySA fue puesta, incluso, en manos de un hombre del propio grupo Suez. Nunca hubo una auditoría de lo ocurrido en los años de la concesión.

Hoy, con un dólar contenido, el negocio vuelve a resultar atractivo. En caso de devaluación, los nuevos dueños ya están protegidos por cláusulas de ajuste y por las revisiones tarifarias que el contrato prevé, y el costo volverá a recaer en el usuario.

La privatización prevé que el 10 % de las acciones quede en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada y sea administrado por la conducción sindical. Lo que se presenta como participación de los trabajadores es, en los hechos, simbólica y sin ningún poder de decisión. Mientras tanto, el pliego no garantiza la continuidad de la totalidad de los puestos de trabajo.

La privatización de AySA es un ataque al bolsillo de millones de trabajadores.

9 de octubre de 2026
Elevan a juicio oral la causa penal contra 24 trabajadores de FATE

Tras las sucesivas provocaciones patronales -que incluyeron el accionar de matones privados dentro de la planta, amedrentamientos y la amenaza de desalojo de la torre-, la Justicia Penal de San Isidro resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra 24 compañeros de FATE. Entre los procesados figuran el Secretario General del SUTNA, integrantes de la Dirección Nacional y de la Seccional San Fernando, delegados y trabajadores de base. La decisión fue apelada por los abogados del sindicato y reclaman el sobreseimiento de todos los acusados.

La resolución del juez de Garantías N° 4, Esteban Rossignoli, avaló el dictamen del fiscal Marcelo Fuenzalida y las exigencias de la patronal encabezada por Javier Madanes Quintanilla. Les imputa los delitos de “turbación de la posesión” y “daños”. El tribunal echa mano a la arbitraria figura de la “coautoría funcional” o responsabilidad colectiva para encausar a los dirigentes del SUTNA por el solo hecho de haber estado en el establecimiento. La justicia penal criminaliza el derecho a huelga y la presencia de los trabajadores dentro de la fábrica en defensa de sus puestos de trabajo.

El fallo oculta deliberadamente el origen del conflicto: un lockout patronal ilegal e intempestivo ejecutado por Madanes Quintanilla para liquidar más de 2.000 puestos de trabajo directos sin presentar procedimiento preventivo de crisis ni concurso de acreedores.

En estos momentos, tras ocho meses de conflicto, el acampe que se había montado en el acceso a la planta languidece. Un núcleo reducido sostiene la presencia en el tanque. Es parte del grupo que tomó la iniciativa de cruzar el alambrado cuando se encontraron con el anuncio de cierre en la entrada, al regreso de las vacaciones.

Pende sobre ellos la amenaza de desalojo, que viene siendo postergada desde el inicio del conflicto por sucesivas presentaciones y apelaciones judiciales. El 17 de septiembre, la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó desalojar la fábrica, pero otro fallo lo frenó, al conceder un recurso de casación. La medida se encuentra en manos del tribunal superior.

En paralelo prosigue otra demanda, en este caso impulsada por el sindicato, para que Madanes Quintanilla pague las quincenas adeudadas, correspondientes a los meses que lleva cerrada la planta.

10 de octubre de 2026
Milei autoriza a Estados Unidos a poner una base militar en Buenos Aires

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, anunció por su cuenta de X que el gobierno liberticida dará permiso a Washington para abrir una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en Buenos Aires. Esta base, dependiente del Departamento de Estado y que estará formalmente encargada de cuestiones ligadas al narcotráfico y el crimen organizado, dará vía libre para que el imperialismo tome Buenos Aires como centro de operaciones con un alcance regional. De acuerdo a lo trascendido, desde Estados Unidos destinarán U$D 7.500.000 para equipamiento, capacitación y proyectos de seguridad. La iniciativa se complementa con una cooperación bilateral amplia que incluye capacitaciones e intercambio de información.

La base norteamericana se presenta como un nuevo peldaño del alineamiento estratégico que viene desarrollando el gobierno liberticida en relación a la gestión trumpista, que avanza sobre América Latina con la Doctrina Donroe en la mano con el fin último de establecer un régimen de excepción en el hemisferio.

La iniciativa se encuentra atada a la alianza militar "Escudo de las Américas" con la que el trumpismo busca vehiculizar el intervencionismo a escala continental. Este Plan Cóndor del siglo XXI, bajo la pantalla de la "lucha contra el narcoterrorismo" intervino militarmente a comienzos de año en Venezuela y ha sido blandido recientemente en Bolivia para revocarle la visa a 21 funcionarios por representar una "amenaza para la seguridad del Estado de derecho de las Américas".

Hasta el momento no hay certeza sobre el lugar en el que funcionará la base, ni con cuánto personal contará la unidad, y si los mismos serán militares norteamericanos. En principio, la instalación de la base logística tendría que pasar por el Congreso, pero Milei ha obviado este paso cuando rubricó la entrada al "Escudo de las Américas" o cuando permitió la llegada de marines norteamericanos por decreto. Si algo caracteriza las "relaciones carnales" entre ambas gestiones es la opacidad.

Por DNU 697/2025 Milei autorizó el ingreso de integrantes de las fuerzas especiales navales norteamericanas para llevar adelante el ejercicio militar "Tridente", desarrollado en el Atlántico Sur. Por medio de otro decreto, en abril pasado, se calcula que arribó al país un contingente de más de 50 militares para el ejercicio "Daga Atlántica", en el que EE. UU. desplegó el portaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley en la Zona Económica Exclusiva argentina. Hace menos de un mes, ocho infantes de marina estadounidenses entrenaron, en Tierra del Fuego, junto al Batallón de Infantería de Marina N.º 4 (BIM 4) de la Armada Argentina. Sobre este último entrenamiento, desde la Armada salieron a afirmar que se trató de "intercambio de expertos en clima frío", con prácticas de baja montaña, uso de crampones y raquetas, esquí y supervivencia. Pero desde el mismo Comando Sur desmintieron a la Armada, cuando dieron a conocer imágenes de simulacro de "contacto con el enemigo", desplazamientos tácticos y un desembarco anfibio en un bote de asalto (El Ágora, 6/10). El año pasado el gobierno de Milei creó por decreto el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), que se encuentra bajo la égida de la SIDE, la cual está totalmente colonizada por la CIA y el Mossad. En la misma línea de acción, pocos días después de la conformación del CNA, el Ministerio de Seguridad, la SIDE y el FBI arribaron a un acuerdo sobre intercambio de información, asistencia técnica y cooperación operativa. Otro convenio incorporó asistencia estadounidense para el nuevo Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal, el FBI criollo.

A todos estos movimientos se suma la habilitación por parte de Milei para que la armada estadounidense patrulle el Mar Argentino Sur por los próximos 5 años, un acuerdo que también se conoció por un anuncio del Comando Sur, que calificó la zona como un "bien común global". También la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, que tiene como fin último poner bajo el control del imperialismo el Estrecho de Magallanes y el Atlántico Sur, clave en la guerra internacional y en las disputas comerciales con China.

La base logística contra el narcotráfico no solo viene a reforzar la alianza estratégica con el trumpismo, sino que se suma a la construcción de un Estado policíaco que ha encontrado en el discurso de "lucha contra el narcoterrorismo" una instancia para restringir libertades democráticas por medio de la coacción y la represión, cuando en el Congreso se está tratando la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que amplía las facultades de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia utilizando la causa de las Islas Malvinas como excusa.

10 de octubre de 2026
“Casi 10 mil presos en campos de tortura israelíes”

Un largo y pormenorizado informe basado en entrevistas a expresos palestinos concluyó que “desde hace tres años el hambre, la violencia extrema, la sarna y las condiciones de vida brutales forman parte del día a día de miles de prisioneros. Nada de esto ocurre en secreto. Es una política declarada, un pilar fundamental de la campaña electoral del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir” (Haaretz, 8/10).

El informe llama la atención sobre una política de “inanición deliberada”. Ali Samoudi, un conocido periodista de Jenin que trabajó en medios de comunicación internacionales como CNN y Reuters, que ingresó a prisión pesando 120 kilogramos con diabetes e hipertensión pasó un año en detención administrativa. Salió con 60 kilogramos menos y 10 enfermedades. “La comida —dice— no es suficiente ni para un gato o un niño pequeño. Solo está pensada para que podamos ponernos de pie y la requisa”.

Hiba Alawi, madre de cinco hijos y residente de Ad-Dhahiriya, cerca de Hebrón, pasó cinco meses y medio en la prisión de Damon tras intentar entrar en Israel en dos ocasiones para trabajar sin permiso. El acuerdo de culpabilidad por el que fue condenada no incluía cargos relacionados con la seguridad y señalaba que era el único sustento de su familia y no tenía antecedentes penales. Inicialmente, fue condenada a cuatro meses de prisión y a una multa. Al no poder pagar la multa, permaneció encarcelada un mes y medio más. En el juicio, declaró ante el juez que padece una afección cardíaca y que no recibía su medicación en prisión. Cuando fue puesta en libertad había perdido 36 kilogramos.

Samer Khuwaira, periodista, 45 años, vio a prisioneros con sarna, se derrumbó. Declaró: “¿Alguna vez has visto esqueletos andantes? Tienen las piernas y el pecho cubiertos de sangre. Ampollas y llagas por todas partes. Algunos caminan con muletas, otros con andador, otros se apoyan unos en otros. Los llamábamos zombis. Es difícil de creer: jóvenes, ancianos, increíblemente delgados. No tienen carne en los brazos. Solo se les ve la barba y los ojos".

La Fundación Hind Rajab, conocida principalmente por emprender acciones legales contra soldados israelíes, acusó días atrás ante la Corte Penal Internacional (CPI) a la Asociación Médica Israelí y a sus líderes, incluido su presidente, el profesor Zion Hagay, de legitimar lo que denominó un "sistema de tortura" sistemática. En particular se denuncia la colaboración de médicos israelíes en torturas contra presos palestinos. Así al menos 29 detenidos murieron entre octubre de 2023 y noviembre de 2025 como consecuencia de violencia física, negligencia médica o ambas. En septiembre, Israel mantenía a 9.329 presos de seguridad, pero solo el 16 % había sido acusado y condenado ante un tribunal. El resto eran detenidos (34 %), detenidos administrativos (34 %) y "combatientes ilegales" (16 %), una condición no reconocida por el derecho internacional que Israel utiliza para encarcelar a gazatíes, sirios y libaneses sin concederles los derechos de los prisioneros de guerra o los detenidos por delitos. La Cruz Roja tiene prohibido el acceso a las cárceles. “Una petición relativa al tratamiento de la sarna fue desestimada. La violencia y el abuso continúan impunes en todos los aspectos de la vida de los presos” (ídem). Se presentaron mociones por desacato ante el tribunal superior (la Corte Suprema) que dictó la obligación del gobierno de abrir las cárceles a la Cruz Roja; el gobierno de Netanyahu las ignora.

Hay una permanente ´rotación´ de presos palestinos en las cárceles. Se liberan cientos de presos cada mes. En 2024 se liberaron unos 5.000 (no por intercambio de rehenes), en su lugar otros tantos ingresan. En la mayoría de los casos, los presos son liberados porque su detención, ya sea administrativa (sin cargos formales ni juicio) o de otro tipo, ha finalizado sin procesamiento ni condena. Destaca el informe: “La liberación mensual de cientos de presos palestinos pone en entredicho la afirmación de Ben-Gvir de que son terroristas o presos peligrosos”. Las personas entrevistadas para el informe, todas residentes de Cisjordania, estuvieron detenidas en diversas prisiones (Megiddo, Nafha, Ketziot, Ofer y Damon). “Existe consenso —dice el informe— en que las condiciones de los detenidos procedentes de Gaza son aún peores”.

Curiosamente, reflejando el creciente repudio mundial a los crímenes del sionismo, el conservador Comité Noruego del Nobel otorgó el premio de la Paz a Navi Pillay. Pillay integra la CPI y presidió la comisión de investigación de la ONU que constató genocidio en Gaza. “'Goebbels —reaccionó el canciller israelí— aplaude desde el infierno”. Trump, el protofascista yanqui, acompañó la defensa de los sionistas y advirtió que “continuará su campaña para desmantelar la CPI, ladrillo a ladrillo, hasta que los estadounidenses dejen de estar amenazados”.

Mientras tanto el estrangulamiento sionista de la vida palestina avanza en todos los planos. “La sequía y la violencia de los colonos convierten la cosecha de aceitunas de 2025 en Cisjordania en la peor de la historia reciente —informa Haaretz, 9/10—: no superará las 10.000 toneladas, menos de una décima parte del promedio de la última década”. Unas 100.000 familias palestinas dependen de sus olivares. En 2024 se cosecharon aproximadamente 122 000 toneladas de aceitunas, “a pesar de la violencia de los colonos y el acceso limitado a los olivares” (ídem). La olivicultura palestina depende casi exclusivamente de las lluvias, a diferencia de la israelí que accede a riego artificial.

Los pogroms de los colonos y el ejército sionista atacan esos olivares a sabiendas que son la columna vertebral de la economía palestina. En la franja de Gaza la situación es mucho peor: por tercer año consecutivo, no ha habido cosecha de aceitunas. Se estima que antes de la guerra había 1,1 millones de olivos en Gaza, alrededor de un millón fueron destruidos en los últimos dos años. Un estudio publicado por Naciones Unidas reveló que los residentes de Gaza solo tienen acceso a aproximadamente el 4 % de las tierras agrícolas de la zona.

10 de octubre de 2026
Familiares de los trabajadores marcharon por las muertes en la Bio de Puerto San Martín

El martes 29 en la Fábrica de Biocombustible Albardon Bio de Puerto San Martín se produjo una enorme explosión e incendio de un tanque de metanol, dejando como consecuencia dos obreros muertos y otros cuatro heridos, dos de ellos muy graves. Hoy los familiares de los trabajadores muertos en la explosión de Albardón Bio se movilizaron al portón de la fábrica acompañados por trabajadores.

Allí denunciaron la responsabilidad (criminal) de la Patronal por las malas condiciones laborales que llevaron a esta catástrofe. Responsabilidad que ahora quieren sacarse de encima con excusas. El pedido a grito de justicia por estas muertes evitables está acompañado con la denuncia en los tribunales para que haya una investigación y castigo de los responsables.

Quienes siguen ausentes son los sindicatos y la CGT San Lorenzo, que no se movilizaron ni llamaron a un paro en el Cordón, abandonando una tradición de lucha y solidaridad de clase obrera.

Este gravísimo accidente no es algo excepcional en las fábricas del Cordón. Son muchas las muertes, los heridos y mutilados en estos últimos años.

Ahora se puso nuevamente en el tapete la falta de condiciones y seguridad laboral en las empresas del Cordón.

Es necesaria una acción obrera de lucha, de conjunto de los trabajadores del Cordón, y el impulso de comités obreros de seguridad e higiene en cada fábrica, elegidos en asambleas, con fueros gremiales y poder para detener la producción ante riesgos de accidentes.

Desde POLÍTICA OBRERA apoyamos las iniciativas de los familiares y llamamos a que el movimiento obrero del Cordón intervenga.

10 de octubre de 2026
Catamarca: masacre social y ambiental y negociados a favor del gran capital minero

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, ha decidido no presentarse a un nuevo mandato, pero ya tiene su candidato: Gustavo Saadi, actual intendente de la capital. Saadi, aunque no emerge del riñón de la camarilla justicialista que lidera Jalil, ha confluido dando apoyo a toda la política que durante estos tres años ha llevado adelante el gobierno provincial. De hecho, en el escenario provincial ninguno de los otros potenciales candidatos que van apareciendo de los distintos partidos patronales cuestionan la política del gobierno provincial y su alineación colaboracionista con el gobierno de Milei. Esto ya quedó expresado en su integración del Consejo de Mayo, el apoyo a la contrarreforma laboral, la Ley Bases y la Ley de Glaciares, apoyo de hecho a la integración de Argentina al Escudo de las Américas, el conjunto de la legislación y medidas represivas, etc. A su turno, Jalil ha aplicado esa misma política de ajuste y represión en el ámbito provincial.

La Legislatura ha convalidado casi sin reparos la política en curso. De la misma manera ha actuado la justicia provincial. Todo el régimen político está embarcado detrás de esta política

A pesar de los intentos de rescate de parte del PJ nacional para que Saadi se integre a las listas o frente que impulse el PJ a nivel nacional, Jalil y ahora también Saadi persisten en su política de colaboración y acuerdo con el gobierno nacional.

Catamarca, un eslabón de la cadena de suministro de imperialismo

Catamarca es destacado por los grandes capitales internacionales como una de las zonas cordilleranas con mayores recursos y reservas comprobadas de minerales críticos. Con el RIGI, las nuevas leyes laborales y ambientales (nueva ley de glaciares), esos capitales se aseguran una gran renta minera a la altura de la que brindan países con tradición minera como Chile o Perú, lo que potencia diversos emprendimientos ya en curso (litio) y abre paso a otros, como es el caso de Agua Rica, orientado a la explotación del cobre.

Actualmente, el litio y el cobre forman parte de la disputa internacional por las cadenas de suministro de la transición energética. El Departamento de Estado norteamericano impulsa la diversificación de esas cadenas y la incorporación de proyectos argentinos a ese circuito, en un cuadro internacional signado por la guerra mundial.

Catamarca queda así incorporada a una estructura que excede sus fronteras: capital internacional, minerales críticos, RIGI, infraestructura, proveedores y exportaciones. La relación entre Jalil y Milei tiene en este punto su fundamento material.

La sucesión y los negocios capitalistas

La transición política se expresa también en la relación que Jalil y Saadi vienen construyendo con las organizaciones empresariales.

Jalil acaba de anunciar la eliminación de Ingresos Brutos para la industria transformando a toda la provincia en una zona franca para grandes capitales industriales. Longvie inmediatamente anunció que va a abrir una planta para producir anafes y calefones, fundada en los beneficios impositivos que brinda la provincia. Saadi, por su parte, se reunió con la conducción de la UIA para discutir inversión, empleo y competitividad. El sector comercial reclamó inmediatamente recibir el mismo tratamiento fiscal.

El mismo sentido tiene el llamado Polo Minero que Jalil y Saadi acordaron instalar en el sur de la Capital. El proyecto concentra organismos y actividades vinculadas a la minería, incluyendo dependencias administrativas, resguardo de muestras y maquinaria, mediante inmuebles municipales cedidos a la Provincia.

La sucesión, por lo tanto, no espera al cambio de gobierno para reorganizar las relaciones con el capital: Jalil y Saadi ya están construyendo las instituciones que deberán administrar la expansión minera.

Jalil y la Argentina Week

Jalil fue uno de los gobernadores que integró la delegación que concurrió con Milei a Francia al evento Argentina Week. Allí, entre otros, se anunció el impulso al proyecto minero de Agua Rica, a cargo de la minera Glencore que obtuvo la aprobación del RIGI para una inversión estimada en 4.000 millones de dólares y una futura producción, principalmente de cobre, de 200.000 toneladas anuales de cobre. Se ha anunciado que las obras del proyecto comenzarían en noviembre del 2027 (después de las elecciones nacionales) y la mina entraría en funcionamiento recién en 2031.

Con todo, dentro de todos los proyectos mineros que se han anunciado éste es el que tiene más posibilidades de concreción, dado que se ha asociado con minera La Alumbrera dando lugar al proyecto MARA, por lo que ya cuenta con gran parte de la infraestructura y logística existente que se puso en pie para la explotación de la Alumbrera (dique de cola, mineraluducto, FFCC, puerto en Rosario, etc.).

Mientras los problemas de vivienda y urbanización de las ciudades y los pueblos no tienen respuesta, de la misma manera los reclamos en materia de salud o educación, todo lo cual son sometidos a una política de ajuste presupuestario permanente, los recursos disponibles están destinados a volcarlos a caminos, energía, capacitación, en función de los proyectos mineros.

Mientras Glencore y Agua Rica tienen como boca de salida el Atlántico, el gobierno paralelamente está volcando recursos hacia el Camino Chuquisaca, de más de 100 kilómetros, que conecta Antofagasta de la Sierra con Tinogasta, atravesando la zona cordillerana y articulando la Puna con Fiambalá y el corredor hacia el oeste provincial hacia el paso Paso San Francisco.

Estas obras son reclamadas por otras mineras, que apuestan a que su producción litífera o de cobre y otros minerales tengan como vía de salida el Pacifico en base a un acuerdo binacional con Chile (el corredor de Atacama), facilitando el acceso a los mercados de China y EEUU.

Jalil y la burguesía local

Con este escenario, distintos sectores del empresariado provincial, que se agrupan como potenciales proveedores mineros, reclaman que las grandes mineras concentren sus compras en la provincia para evitar una nueva “ilusión Alumbrera”.

El gobierno de Jalil hace lobby a favor de estos sectores. Pretende asociar de alguna manera a la burguesía local como socio menor del negocio megaminero y transformar al estado asociándolo en algunos de esos emprendimientos, en especial a través de YMAD, máximo que ahora el estado catamarqueño cuenta con la presidencia y mayoría del directorio, lo que le permite acaparar el 60 % de las regalías que le corresponda a YMAD, como es el caso de Farallón Negro o en los emprendimientos donde se encuentre asociado a las multinacionales mineras como sería ahora con el proyecto MARA

Los trabajadores de la construcción que están construyendo algunas minas, y algunos sectores de obreros mineros de emprendimientos ya funcionando, de manera aun tímida, han hecho su aparición reivindicativa como ocurrió con el conflicto en Minera del Altiplano, de Rio Tinto, que incluyó reclamos salariales y de seguridad luego de que trabajadores quedaran aislados durante más de 72 horas bajo condiciones climáticas extremas.

La cuestión social y el boom minero

Mientras se anuncian proyectos multimillonarios (lo mismo se hizo bajo Menen con los anuncios de la Alumbrera), la política que se ha impuesto en todos estos años es de un violento ajuste tanto en el sector estatal como en el privado.

Esta cuestión debe distinguirse de los anuncios y resultados sociales de la minería, porque la mayor parte de las inversiones anunciadas todavía no se ha ejecutado. Por el contrario, la provincia ha asistido a numerosos cierres de fábricas. En el Gran Catamarca, el desempleo llegó al 6,4 % en el segundo trimestre de 2026, el subempleo o el trabajo precarizado al 15,8 % (pero las cifras son mucho más elevadas pues se encuentran disimuladas pues la mayoría de los municipios tienen miles de trabajadores bajo la condición de becados, con pagas equivalentes a un plan social, pero que deben cumplir horarios y días de trabajo).

La pobreza alcanzó al 37,3 % durante el primer semestre y la morosidad de los hogares llegó al 22,1 % del monto adeudado, una de las tasas más altas del país.

La expansión minera también está produciendo conflictos con comunidades y territorios.

En El Alto, comunidades de Ancasti y Frías cuestionaron el procedimiento de participación ambiental del proyecto de Litios del Norte y colocaron el agua y la producción ganadera en el centro de la disputa. En Peñas Negras, la comunidad diaguita sostiene su oposición a proyectos de exploración de oro y cobre y denuncia la falta de consulta sobre su territorio ancestral. El conflicto incluye antecedentes de represión y persecución a quienes enfrentan el avance de los proyectos mineros. Distintas comunidades de la puna catamarqueña han anunciado la formación de un movimiento de coordinación autoconvocado para enfrentar de conjunto estos atropellos.

Toda la política en curso conduce a una profundización de la polarización social. La respuesta hasta el momento más contundente la han dado la docencia autoconvocada que superando el bloqueo de la burocracia de ATECA y de la Intersindical (que agrupa a 5 sindicatos docentes) irrumpieron con un movimiento de masas que obligaron al gobierno a tener que dar marcha atrás con algunas medidas de ajuste. Lo mismo ha ocurrido con los trabajadores de la salud y sectores estatales.

La autoconvocatoria y la coordinación como método para abrir paso a una lucha de conjunto por los reclamos que emergen de toda esta política referida al salario, las condiciones de trabajo, las jubilaciones, la defensa del agua y el medio ambiente y de todos los derechos democráticos, ha demostrado que es el camino.

Política Obrera apuesta a este rumbo y por esa vía poner de pie una vanguardia socialista en la provincia.

10 de octubre de 2026
Residentes debaten cómo ganar: el paro sin guardias y por tiempo indefinido

La lucha de los residentes de salud sigue en ascenso tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Los residentes porteños vienen de protagonizar el miércoles pasado su tercer paro consecutivo contra el gobierno de Jorge Macri y una aguerrida movilización bajo la lluvia. Con cánticos, pilotos y paraguas, esperaron durante horas una respuesta del ministro Fernán Quirós que no llegó. Por la tarde, una asamblea virtual de 400 residentes votó un nuevo paro y movilización para la semana que viene, el 14 de octubre, que volverá a insistir por una recomposición que eleve el salario básico inicial al nivel de la canasta familiar, hoy por encima de los 3 millones de pesos.

El jueves fue el turno de los residentes de la provincia de Buenos Aires. Más de 90 residencias pararon de manera autoconvocada y se trasladaron a La Plata. Una columna de más de mil residentes se manifestó frente al Ministerio de Salud de Nicolás Kreplak y la Casa de Gobierno de Axel Kicillof. Allí dejaron un petitorio por una recomposición salarial, la continuidad laboral postresidencia y el pase a planta de los becarios, que el gobierno se comprometió a responder en 10 días. Dejando ese margen de espera, la asamblea votó un nuevo paro, esta vez de 48 horas, para el 21 y 22 de octubre, que comenzará con acciones en los municipios y culminará con una nueva marcha a La Plata.

Ambos movimientos tienen en común su carácter autoconvocado, al margen de las estructuras sindicales establecidas. Tanto el gobierno de Jorge Macri como el de Axel Kicillof se valen de esa desprotección gremial para amenazar con descuentos masivos a los médicos y profesionales que se movilizan. Lo mismo dijo el ministro de Educación bonaerense en relación a los docentes que pararon con independencia de la dirección de SUTEBA. Quirós ordenó auditorías en los hospitales y en algunos casos la situación llegó al absurdo de colocarles “ausente” a residentes que se encontraban presentes cubriendo guardias en las salas de internación.

La burocracia pejotista de Médicos Municipales quiere presentarse como la articuladora de una salida al conflicto. Promociona un “plus” por guardia y por especialidad para dividir al movimiento. Se trataría, en el mejor de los casos, de una suma mensual no remunerativa de 250 mil pesos, la mitad de lo que se abona una guardia de 24 horas, cuando los residentes deben hacer una o dos de esas por semana. Con sabiduría, la asamblea de residentes respondió que lo que tiene que aumentarse es el salario básico, que unifica a todas las disciplinas y especialidades.

La Federación de Profesionales viene de protagonizar un nuevo congreso fantasmal. Su única resolución fue impedir que hicieran uso de la palabra los representantes de las residencias. Reflejando sus contradicciones internas, la coconducción de la Federación que comparten con la de Psicólogos y Trabajo Social abrió las sesiones sin presentar moción ni propuesta alguna. En esas condiciones, un tercio del congreso apoyó la moción de delegados combativos de unirse a la lucha de los residentes con un paro de 24 horas para el 14/10. Fue aprobada, en cambio, la propuesta del PO oficial de “realizar asambleas” y reconvocar al congreso para dentro de un mes, una nueva dilación.

Del otro lado de la General Paz, la conducción de CICOP, integrada a la gobernación bonaerense, le dio la espalda a la movilización de los residentes. Alrededor de 15 seccionales opositoras dirigidas por la Lista Pluricolor, de los partidos del FITU, se declararon en apoyo a los residentes pero no acompañaron ese apoyo con medidas de acción concretas que involucraran a los trabajadores de planta. En CABA, APSS (Trabajo Social) volverá a realizar un cese de actividades el 14/10 a media mañana para participar de la movilización. Son cada vez más los trabajadores de planta, médicos y no médicos, que se pronuncian por una lucha conjunta.

En este cuadro, el eje del debate en el movimiento de residentes es cómo escalar las medidas de fuerza para quebrar los aprietes del gobierno y evitar que las burocracias sindicales maniobren en su nombre y negocien un acuerdo a sus espaldas. Es claro que la política de “exigencias” de paros a las burocracias no va a ningún lado y solo una profundización de las acciones autoconvocadas puede terminar de arrastrar a la lucha al conjunto de los hospitales y atraer la atención y el apoyo activo de la población. Los hospitales pediátricos, que hicieron punta en la lucha, ya debaten mandatos por un paro sin cobertura de guardias.

Como en 2019 y 2022, la cuestión crucial para el desarrollo del movimiento de residentes y su victoria vuelve a ser la huelga indefinida. Es el mismo problema que atraviesa a la docencia y a las universidades, hastiadas de los paros aislados y las maniobras inconducentes de las burocracias sindicales y la oposición parlamentaria. La contención que ejercen los aparatos burocráticos y patronales sobre los trabajadores es el principal activo que los Milei, Macri y compañía tienen a su favor. Una huelga indefinida de los residentes no solo sería un gran paso en defensa de su salario y de la salud pública, sino que contribuiría, a través de su ejemplo, a reforzar la capacidad de lucha del conjunto de la clase obrera.

11 de octubre de 2026
Del acuerdo a la guerra del diésel

El acuerdo sorpresivo con Vladimir Putin anunciado por Trump el viernes 9, acerca de la provisión de diésel al mercado mundial de parte de Rusia, no ha atenuado la guerra que se libra en los territorios ruso y ucraniano, sino exactamente lo contrario. Volodomir Zelensky aseguró que reforzaría los ataques contra las refinerías de Rusia, haciendo caso omiso a la preocupación norteamericana por la escasez del combustible. Trump respondió al desaire con el reclamo de la destitución inmediata de Zelensky, acosado por su parte por numerosos hechos de corrupción. Abrir todavía más una crisis política en un Estado que se encuentra en guerra con el apoyo de la Unión Europea es simplemente extraordinario. El presidente de Ucrania recibió sin demora el apoyo de los ministros de Defensa del Reino Unido y de Alemania. La confrontación entre el imperialismo norteamericano, de un lado, y los europeos, del otro, quedó expuesta en forma abierta, como ha venido ocurriendo desde la disolución de la ex Unión Soviética. La operación de Trump ha sido saludada, sin embargo, por la ascendente AfD, el neonazismo alemán, su correlato en Austria y la ultraderecha de Italia, aunque no aún por el Reagrupamiento Nacional de Francia. La ultraderecha sostiene que la guerra piloteada por Ucrania carece de todo futuro frente a Rusia, y que lo que importa es ofrecer concesiones a Rusia para imponerle un acuerdo de cogobieno con el imperialismo. El mosaico imperialista de Europa enfrenta una perspectiva disolvente.

Trump ha emprendido una operación atrevida y por sobre todo riesgosa. El Tesoro de Estados Unidos ha suspendido las restricciones y sanciones al comercio de combustible de Rusia, que sigue con activos secuestrados por un cuarto de billón de dólares, y los intereses correspondientes financian la maquinaria de guerra en su contra. Putin se ha comprometido a entregar de inmediato 300.000 toneladas de diésel, 500.000 enseguida después, hasta un millón. Debe servir a la reducción de un tercio en el costo de la materia prima del trabajo de cosecha y transporte del agro norteamericano. Mientras tanto, el cereal ucraniano -y en parte el ruso- se pudre en los almacenes como consecuencia del bloqueo al mar Negro y al puerto de Odessa. El propósito más amplio es estabilizar los mercados financieros afectados por una inflación monetaria creciente. La decisión de Japón de aumentar los gastos de inversión y rearme ha provocado una liquidación de tenencias de los títulos del Tesoro de larga duración en el mercado de deuda de Estados Unidos. Pero el faltante de diésel no se encuentra vinculado tanto al suministro de parte de las refinerías de Rusia como a los bloqueos de los puertos del Golfo Pérsico y la entrada al mar Rojo, algo que Trump se niega a admitir, porque no se resolvería procediendo al “aniquilamiento” de Irán. Esta guerra de agresión no provocada condiciona cualquier acuerdo de corto plazo con China, una arteria vital. Como quiera que la flota rusa sufre sanciones de parte de diversos Estados, el compromiso de Putin con Trump acerca del diésel enfrenta obstáculos de diverso orden. Se han agravado tanto las condiciones de la guerra como las del comercio de materias primas. Trump se desquita ahora contra Zelensky, cuando hace pocas semanas se comprometió a fabricar los interceptores Patriot en suelo ucraniano. El acuerdo con Putin ha suscitado la oposición de los republicanos estadounidenses, que hace apenas unas semanas habían votado la ley Lindsay Graham, un ultraderechista que acaba de fallecer, que estipula una provisión masiva de armamento para el régimen de Zelensky. La ficción del interregno causado por el faltante de diésel queda de manifiesto cuando se tiene presente que, hasta hace horas apenas, la ‘conversación’ del momento era la ‘guerra híbrida’ de Rusia contra la OTAN y los preparativos en Alemania para enfrentar una guerra atómica, a más tardar en 2030.

El diésel, después de todo, debería servir para levantar una cosecha que debe ser exportada a China a un precio razonable. Algunos observadores han interpretado la suspensión de sanciones a Rusia como un medio para que pueda solventar su presupuesto y sus reservas de divisas, con independencia relativa de la asistencia de China. Rusia podría ser presionada, en esta hipótesis, para abandonar la importación de bienes ‘duales’ (de uso civil y militar) de China, y ser ‘inducida’ a un “acuerdo de paz”. Con independencia de su propósito anexionista de Ucrania, Rusia es un Estado dependiente en la cadena financiera mundial, que el imperialismo querría convertir en semicolonia. China carece de los recursos y del interés para rescatarla de esta condición, que se está decidiendo por medio de una guerra imperialista. En definitiva, la guerra imperialista se extiende a escala planetaria y desafía a los trabajadores y masas de todos los países a emprender una acción histórica independiente.

12 de octubre de 2026
Bahía Blanca: los docentes universitarios vamos a una semana de huelga

El viernes 9 se realizó una nueva asamblea de ADUNS, la asociación de base de los docentes universitario de la Universidad del Sur. Con más de 40 participantes y contando con la presencia de estudiantes invitados, la asamblea fue convocada para considerar cómo participar de la Marcha Universitaria del 15 de octubre y respecto de la concreción de un paro de una semana desde el martes 13 al viernes 16. Tres días antes, el juez Cormick había declarado inconstitucional el decreto 759/25, por el cual el Gobierno suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, refrendada por el Congreso. El día anterior, asimismo, se realizó una sentada estudiantil autoconvocada en el Palacio Pizzurno por la LFU y el aumento presupuestario para las becas estudiantiles.

ADUNS había resuelto en su anterior asamblea, por unanimidad, un mandato para el plenario nacional de CONADU Histórica que considere el lanzamiento de un paro por tiempo indeterminado. Finalmente se convocó a un paro de 72 horas el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de parte de la CONADU H, CONADU, FAGDUT y APU (gremio no docente de Mar de Plata).

Esta nueva asamblea fue precedida por un semaforazo que reunió a más de 100 personas, uno de los más importantes del año. Se está desarrollando también una autoconvocatoria de estudiantes y docentes que convocaron a una reunión abierta el sábado 10. Persiste en la comunidad universitaria una disposición a la lucha frente a un gobierno que se encuentra violentando el propio Estado de derecho al no cumplir una ley votada por el Congreso dos veces y refrendada en diferentes instancias de la justicia, ya hace más de un año.

Al inicio de la asamblea, se aclaró que la mesa ejecutiva de ADUNS había llegado dividida a esta instancia, pues una parte de la conducción (asociada con el aparato del Partido Obrero) no acordaba con el paro de una semana, sosteniendo que iba a ser dificultoso de concertar por la baja adhesión registrada en la última medida de fuerza de 72 horas. Propusieron, en cambio, parar solo el 15. Con el correr de las intervenciones, el PTS, que es parte de la mesa ejecutiva, se sumó a este planteo. EL FITU no ha desenvuelto ninguna agitación por una huelga indefinida en oposición a las medidas aisladas y desgastantes de las conducciones de las Federaciones.

Política Obrera intervino apoyando el paro por una semana e indicando que la Marcha del 15 debía conformarse como un puntapié para la preparación de un paro por tiempo indeterminado, con el fin de ganar el pago de todo lo adeudado según la LFU. Los rectores y las burocracias de las federaciones apuestan a que sea el cierre del proceso de lucha que, a lo largo del año, tuvo momentos de fuerte ascenso y desborde, como lo fue el Acta Acuerdo del 10 de junio que sancionó un aumento del 24 % dividido en varios meses, muy lejos del 50 % que corresponde para recuperar lo perdido en materia de salarios desde 2023. El movimiento de repudio hacia el CIN y las federaciones docentes y no docentes fue contundente y logró que una de ellas, la CONADU Histórica, retirara su firma. Más recientemente, un conjunto de asociaciones de base de docentes universitarios pertenecientes a ambas CONADU firmó una declaración para exigir un congreso unificado de delegados de base en el camino de un paro hasta ganar.

En la asamblea señalamos, además, que la política de ahogo presupuestario del Gobierno sobre la universidad y la ciencia están en directa relación con la inserción de Argentina en el escenario de la guerra mundial en curso, bajo los intereses de Estados Unidos que se prepara para la militarización del Atlántico Sur. Frente a la guerra y al desarrollo de una corriente mundial fascistizante existen respuestas de alto voltaje, como las movilizaciones masivas que continúan en Francia y en Chile, con el sector estudiantil como punta de lanza contra el vaciamiento del presupuesto en educación.

Para desarrollar la lucha universitaria en Argentina es necesario reflejarse en esas experiencias, coordinación con el estudiantado y romper el constreñimiento de las burocracias y los rectores que han encorsetado el reclamo a la vía institucional y judicial. En ese sentido, propusimos que al finalizar el paro de una semana se convocara a un congreso de delegados de base, con o sin el beneplácito de las conducciones de las federaciones.

La moción por el paro de una semana se sobrepuso a la moción por el paro solo para el día 15. A ello se sumó la convocatoria a una asamblea interclaustros para el día 14, a los fines de preparar la movilización, y la reunión de una nueva asamblea de ADUNS para el 16. Se ha renovado una disposición a la lucha frente a los nuevos embates del gobierno y la parálisis de las federaciones docentes. El paro de esta semana y la marcha universitaria pueden derivar en medidas de fuerza aún más contundentes en el camino de construir una huelga general. Estamos aún lejos del fin de año. Por un gran paro activo del 13 al 16 y la continuidad de las acciones hasta ganar.

12 de octubre de 2026
El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones tiene su propia Coalición Política

Un trabajo sobre las ‘implicancias fiscales’ del Régimen para Grandes Inversores (RIGI) ha desatado una polémica entre el Gobierno y su redactora, la economista Marina Dal Poggetto. ¿Qué revela este trabajo?

Para los proyectos que ya ingresaron en ese régimen de incentivos excepcionales, por inversiones estimadas en unos 51.000 millones de dólares, el RIGI implicará una reducción de impuestos de 8.500 millones de dólares en una década. Si esas mismas inversiones se realizaran bajo el régimen general de impuestos, calcula Dal Poggeto, aportarían 26.000 millones de u$s al fisco; pero bajo el RIGI, sólo desembolsarán 17.500. En la jerga presupuestaria, ese subsidio lleva el nombre de “gasto tributario”, es decir, un ingreso que el Tesoro deja de percibir. Los voceros del gobierno salieron a atacar ferozmente el informe, con el previsible argumento de que “sin el RIGI no hubieran invertido nada”- o sea, es el Estado el que se hubiera perdido de recaudar 17.500 millones de u$s-. Pero Dal Poggetto pone en cuestión esta afirmación, aunque sin ahondar demasiado. Simplemente “conjetura” en torno de qué pasaría si “al menos una parte” de los proyectos subsidiados se hubiera llevado adelante igual si no existiera el RIGI. A partir de los números presentados, señala que, si al menos un tercio de los proyectos estuviera en esa condición, el saldo fiscal sería “negativo”.

La suspicacia de Dal Poggetto tiene sus razones, al observar la lista de inversiones aprobadas para el RIGI. De la inversión total, el 30 % corresponde a un solo proyecto: la licuefacción de gas natural proveniente de Vaca Muerta, que tendrá lugar a través de un sistema de barcos flotantes de las firmas PAE (Bulgheroni y British Petroleum) y un socio internacional. El proyecto contará con generosos incentivos fiscales, pero su derrotero estará sujeto a los vaivenes del mercado energético mundial. Por eso mismo, la versión inicial -una planta “fija” de licuefacción- terminó siendo reemplazada por el esquema de buques “golondrina”. Varios otros proyectos que lideran el ranking del RIGI están asociados a yacimientos ya existentes en Vaca Muerta, es decir, a financiar su previsible expansión o la salida del producto a través de oleoductos. En el caso de la minería, proyectos como Vicuña (San Juan) o Salar del Rincón (Salta) estaban largamente previstos cuando recibieron el RIGI. Dal Poggetto ha sugerido, sin decirlo, la existencia de un gigantesco subsidio al capital.

Pero el cálculo de la economista es generoso para las empresas. Contabiliza los beneficios fiscales del RIGI, pero no los de la llamada “flexibilidad cambiaria”, que permite liquidar solamente el 20 % de las divisas obtenidas entre los dos y los cuatro primeros años del proyecto. El Estado, de este modo, renuncia a ingresar las divisas provenientes de inversiones excepcionalmente abaratadas por los beneficios fiscales.

Provincias

El trabajo de Dal Poggetto aporta otro dato significativo. Al comparar lo que resignan y recaudan el Estado nacional, por un lado, y las provincias, del otro, llega a la siguiente conclusión: mientras el Tesoro central resigna el 63 % de lo que debería recaudar bajo un régimen general de impuestos, las provincias receptoras de los proyectos sólo pierden el 21 % -esto, por el mayor peso de los tributos nacionales en el esquema de beneficios-. La economista presenta a esos distritos como los “grandes ganadores” del RIGI. Dal Poggetto, que tiene sus propios “sponsors”, advierte sobre los capitales que “no tienen el RIGI”, así como las provincias que no cuentan con proyectos en ese Régimen. El capital excluido reclama por la “discriminación”. No denuncia el gigantesco subsidio a los beneficiarios, sino que reclama su “universalización”, algo que requeriría redoblar el ajuste. Otra forma de “RIGI generalizado” sería una devaluación monetaria, en torno de la cual se ha desatado otra disputa feroz.

La coalición "de hecho” que se ha tejido en torno de los beneficios del RIGI tiene implicancias políticas. Es con las gobernaciones mineras y petroleras que Milei intenta armar un acuerdo que arranque, en lo inmediato, con la aprobación de una reforma política -un “RIGI electoral”- que suprima las PASO, reduzca el escenario de la representación política a cuatro o cinco partidos y restrinja el financiamiento de “la política” a las corporaciones capitalistas. La moneda de pago a los gobernadores son las inversiones subsidiadas. Pero esta zanahoria viene envenenada, pues se encuentra asociada a un cambio estratégico: Milei, Caputo y Sturzenegger quieren alterar, incluso constitucionalmente, al régimen nacional de coparticipación de impuestos. El propósito final es que los tributos nacionales queden reservados para el pago de la deuda pública, y cada provincia se financie a través de sus propios arreglos con grupos capitalistas y acentuando, naturalmente, la exacción a sus trabajadores.

Por un lado, Milei-Caputo ofrecen la conversión del país en una gran zona franca, con amplias libertades para remitir los dólares al exterior o gastarlos en importaciones también subsidiadas. Por el otro, prometen pagar la gigantesca deuda pública con la “montaña de dólares” que supuestamente aportarían esas mismas inversiones. La discusión en torno del RIGI pone de relieve el impasse mortal del régimen liberticida.

12 de octubre de 2026
Hospital Mercante: del recorte salarial al recorte de agua

El viernes 9 a las 10 de la mañana, luego de discutir en los pasillos, consultorios y grupos de WhatsApp, los trabajadores del Hospìtal Mercante de José C. Paz se reunieron en el hall principal. Alrededor de 60 enfermeros, administrativos y médicos se reunieron en asamblea para plantear los problemas que se están desarrollando en el hospital. El recorte en el suministro de bidones de agua para el dispénser del personal funcionó como catalizador en un escenario de ajuste que se viene llevando adelante en el hospital.

La excusa que utilizó la junta directiva del Mercante para llevar adelante esta medida fue la falta de presupuesto. Sin embargo, es desconocido actualmente el presupuesto que maneja el hospital. En abril se habrían desembolsado 109 millones de pesos para la adquisición de bienes e insumos. En julio de este mismo año, el hospital había lanzado una licitación privada para comprar antibióticos por un presupuesto de casi 99 millones de pesos. El destino de esa masa monetaria es desconocido: los trabajadores denuncian de manera sistemática la falta de herramientas, insumos y demás materiales de trabajo con los cuales tratar a los pacientes. Otro de los ingresos que recibe el Mercante tiene que ver con el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), a través del cual el hospital recupera costos de tratamientos realizados por pacientes con obra social. En teoría, el 50 % de esto debería ir destinado al salario de los trabajadores, mientras que el 40 % al fondo de dirección -que debería ir a infraestructura e inversión hospitalaria-, y finalmente un 10 % que se queda el Ministerio de Salud. Sin embargo, los trabajadores han denunciado permanentemente salarios a la baja, infraestructura deficiente, falta de insumos básicos y, ahora, falta de agua potable para consumir en el hospital.

Pero “lo del agua fue la gota que derramó el vaso", resumió un enfermero. También se denunció la situación de los becarios, quienes cobran un salario de 800.000 pesos por el mismo trabajo que hace un trabajador de planta permanente. La asamblea terminó luego de una hora y se resolvió llevar adelante un corte en las calles que rodean el hospital para visibilizar la situación de los trabajadores. Los grandes ausentes de la jornada fueron la burocracia de Salud Pública y ATE Verde -este último en ocasión del repudio a la suspensión de Nancy Penayo, se encontraba ‘’ocupado’’ con las elecciones de la CTA-. Sí estuvieron presentes delegados de ATE Negra y CICOP. Durante la asamblea se señaló que la burocracia de Salud Pública avalaba la posición de la dirección del Mercante en relación a los bidones. Esto se debe a que estuvieron promoviendo un análisis incompleto que indicaba que el agua corriente de los baños era potable, pese a tener arsénico. Un análisis bioquímico hubiese demostrado la inviabilidad de deshacerse de los bidones.

El martes 13 de octubre a las diez de la mañana tendrá lugar el corte en Coronel Arias y René Favaloro, para visibilizar las condiciones en las que trabajan los médicos y enfermeros del Hospital Mercante. Mientras tanto, se están organizando en conjunto con los becarios para denunciar la miseria salarial a la que son sometidos. El escenario presentado hace cada vez más necesaria la organización mediante autoconvocatorias, a fin de construir el camino a la huelga general.

14 de octubre de 2026
Milei y Caputo acosados por los vencimientos de deuda

Hace dos semanas, primero en Nueva York, luego en París, los fondos internacionales bocharon, incluso de malas maneras, el plan financiero que presentó Luis Caputo para hacer frente a los vencimientos de la deuda internacional de Argentina hasta finales del año próximo. La clarificación llegó al hueso, porque expuso los límites insalvables de un socorro financiero por parte de los principales bancos y del mismo Tesoro de los Estados Unidos. Los comentaristas locales apenas advirtieron la magnitud de la crisis política que se había desencadenado. Milei y Caputo, por su lado, quedaron ‘groggies’ como consecuencia del impasse, que buscaron disimular con la fraseología de circunstancia. El golpe sacudió una interna en LLA y ha forzado a un replanteo de conjunto del ‘establishment’ local. En resumen, Argentina no está en condiciones de hacer frente a los vencimientos de deuda hasta nuevo aviso. Con capital e intereses supera los 35.000 millones de dólares. La novedad ha llevado el 'riesgo-país’ de Argentina, que mide el adicional que hay que pagar sobre la tasa internacional, al orden de los 600/700 puntos básicos. El diferencial entre un bono que vence antes de las elecciones y otro después es de 1.900 puntos básicos. Luego de tres años de un ajuste violento, tanto fiscal como monetario, la llamada macroeconomía enfrenta la posibilidad de un ‘default’.

“El paquete de 40.000 millones de dólares no existe más como fue publicitado”, señala un informe muy completo acerca del plan Caputo. “La facilidad crediticia de 20.000 millones de dólares ofrecida en paralelo al ‘swap’ del Tesoro norteamericano (en octubre de 2025) ha sido encajonada”; se trata, nada menos, que de la mitad del monto del paquete. Pero el mismo ‘swap’ de Estados Unidos se encuentra ahora condicionado “a la previsión del resultado electoral”; la apuesta se mantiene si el caballo ‘rankea’ favorito; para ganar el derecho al rescate hay que mostrar señales de vida. Adicionalmente, si Trump pierde fuerte las elecciones de noviembre, un Congreso de mayoría demócrata podría bloquear cualquier rescate. Una posibilidad que no es menor, porque formaría parte de los choques internos del imperialismo norteamericano en cuanto a la dirección política de la guerra mundial.

Caputo ha perdido la posibilidad de obtener un puente bancario para pagar vencimientos, porque carece de ‘colaterales’ para ofrecer como garantía, en el entendimiento de que los bonos de deuda de Argentina cotizan fuertemente bajo el valor de emisión. Sólo podrían usarse para créditos de muy corto plazo (“repo”), que apenas dilatarían el estallido de la crisis. El gobierno del mago de las finanzas se ha quedado sin ‘rulos’, uno de los principales recursos de la especulación financiera.

El informe en cuestión hace una observación fundamental, varias veces señalada desde Política Obrera. “Vaca Muerta es el único pilar estructural”, destaca, por su condición de ingente proveedor de divisas. Pero... ”corre contra el reloj de la deuda”. Es que Vaca Muerta no es un emprendimiento con fondos propios: lo que entra como financiación debe ser devuelto con intereses. Esto da lugar a un descalce entre los ingresos que tendrán lugar en 2027 y los pagos a lo largo de 2027-30. Como consecuencia de los RIGI y Súper RIGI, las petroleras pueden retener sus flujos positivos de fondos en cuentas del exterior. Es lo que ocurría en “los años gloriosos” de 1880 a 1920 con el saldo comercial de las agro-exportaciones; el ingreso de capital era provisto por Inglaterra para construir 45.000 kilómetros de vías férreas. Otro ingreso potencial de fondos lo ofrecería la minería, en la actualidad dominada por inversiones de China. Pero, al igual que con Vaca Muerta, el Tesoro debería comprarlos, lo cual forzaría a un ajuste aún mayor, en medio de una recesión declarada. El ‘swap’ de China está asignado a compensar pagos del comercio exterior, no es un fondo de rescate crediticio.

Para salir de este impasse estratégico, el Gobierno ha cambiado de rieles y el Banco Central ha comenzado a comprar dólares, para sustituir los que no entrarán por vía de créditos. La emisión de pesos, sin embargo, no ha remonetizado la economía, observa La Nación. O sea que el dinero ha vuelto a los bancos, que lo aplican a la licitación de bonos locales ajustados por dólar. Una “remonetización” podría ejercer, a término, una devaluación del peso, aumentando el costo de la deuda pública local; un rulo negativo, potencialmente disruptivo. El gobierno liberticida se encuentra encerrado en un círculo vicioso.

No hay que perder de vista, sin embargo, que la deuda pública recae sobre el Tesoro, no sobre el Banco Central. De acuerdo a la información cotidiana, el ministerio de Caputo sólo tiene 1.000 millones de dólares en la cuenta del Central. Caputo había transferido, en 2025, los pasivos del Central con el sistema bancario al Tesoro, a ser pagos por los contribuyentes. Para comprar cerca de 40.000 millones de dólares al Central, el Tesoro debería hacer un súper ajuste inviable; la deuda local del Tesoro ha aumentado un 40 % en el curso del año. Es decir, las compras de divisas del Central no resuelven el derrumbe del plan financiero de Caputo para pagar los vencimientos hasta finales de 2027. En una situación de características similares, o sea, una enorme tenencia de deuda pública impagable en los bancos, Cavallo asistió al desplome de la convertibilidad. Peor aun que en 2001, la tasa de interés internacional de largo plazo no cesa de subir, encareciendo el crédito más allá del efecto del “riesgo-país”. Es una consecuencia del enorme endeudamiento del Tesoro norteamericano, de los aumentos de costos provocados por la guerra y de una demanda insaciable de las empresas de Inteligencia Artificial embarcadas en una carrera de inversión en centros de datos. Las insolvencias y quiebras en este rubro comienzan a manifestarse. Para detener una hemorragia de divisas, Milei y compañía deberían reforzar la recesión y mantener en rienda corta las importaciones. Un verdadero descalabro. La crisis política, que tiene por protagonistas al Gobierno, el Congreso y la Corte, tiene ‘sólidos’ fundamentos económicos.

Como el mercado de divisas se encuentra ‘ofrecido’ (no hay demanda), la devaluación del peso no se presenta en el horizonte; los depósitos bancarios en dólares han alcanzado, sin embargo, los 40.000 millones. Si se retiraran al exterior, la crisis bancaria no necesitaría el prólogo de una corrida cambiaria (pesos contra dólar). De modo que el control de la base monetaria como mecanismo de contención de una devaluación es irrelevante. El conjunto de estas contradicciones autoriza a prever un retorno a los cepos cambiarios, cuando no a un control de cambios y a un ‘reperfilamiento’ forzoso de la deuda pública.

Nos vemos en la lucha.

14 de octubre de 2026
Asambleas y toma del Nacional Buenos Aires en vísperas de la marcha universitaria

El martes 13 las asambleas de cada turno del Colegio Nacional de Buenos Aires votaron la toma del establecimiento hasta el jueves, preparando la movilización en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, en forma completamente subrepticia, la medida fue levantada por determinación de la conducción del centro de estudiantes en acuerdo con las autoridades.

La toma había sido impulsada por sectores de izquierda e independientes y logró imponerse en una votación democrática contra la moción y las maniobras de la conducción del CENBA (Contrapunto) y las agrupaciones estudiantiles peronistas. Estas intentaron evitar el carácter resolutivo de las asambleas, cuestión que fue rechazada. Luego, esgrimieron el argumento de que la toma podía “perjudicar la convocatoria en unidad a la marcha del 15, desviando la atención del reclamo”. ¿Perjudicar "la unidad" con quiénes? ¿Las autoridades que en el interior del colegio postergan elecciones, no realizan concursos docentes ni elaboran los listados y se autoprorrogaron sus mandatos un año más? No sorprende de parte del peronismo, que ha hecho todo por contener las luchas contra Milei, y que en la universidad (radicales y peronistas) han buscado negociar su tajada a espaldas de la docencia y el estudiantado, mientras privatizan paulatinamente los centros de estudios. La parálisis convive con el petardismo. La semana pasada, agrupaciones kirchneristas de diversos centros de estudiantes de la UBA irrumpieron para tomar el Ministerio de Educación, en una acción sin preparación y que se levantó a las pocas horas, sin convocar ni coordinar el apoyo a la toma. Se trata de estrategias, junto con los paros aislados y la firma del acta acuerdo con el Gobierno promovida por las burocracias sindicales, que nos llevaron a la situación actual de miseria salarial y precarización inédita.

Sin embargo, en la noche del miércoles, las agrupaciones Contrapunto, que dirige el CENBA, y las del peronismo y la 25, que ocupan las secretarías del turno tarde y vespertino, resolvieron unilateralmente convocar a una asamblea en la madrugada fijando arbitrariamente un quórum ficticio de 200 asistentes para ratificar las medidas. La maniobra, obviamente, apuntaba a levantar una medida que habían boicoteado de entrada. En nombre de la mesa directiva, el presidente del CENBA firmó un acta con las autoridades dando por concluida la ocupación. Las autoridades anunciaron oficialmente que las actividades se retomarían a partir del turno vespertino.

En contraste con este sabotaje a la lucha, en diversas intervenciones de la asamblea estudiantil se destacó el ejemplo de la juventud secundaria de Francia, que se levanta masivamente y con un alto nivel de combatividad, contra las políticas de ajuste en educación. Deuda asfixiante, políticas de austeridad, presupuestos de guerra, imposibilidad de acceder a la educación, la vivienda, la salud: la crisis capitalista atraviesa el globo y las nuevas generaciones irrumpen en la escena política.

El gobierno liberticida, criminal y fascistizante, bordea el default y prepara más ajuste. Por el rol que han cumplido los rectores y las burocracias sindicales y estudiantiles, no se puede contar con ellos para enfrentarlo. Necesitamos salir a la lucha como los estudiantes en Francia o los docentes de Tierra del Fuego: con medidas autoconvocadas de acción directa. La marcha del 15 no puede clausurar el período de lucha, sino que debe convertirse en el puntapié inicial de una huelga general para arrancar todos nuestros reclamos.

Desde Política Obrera, celebramos y apoyamos la determinación de los estudiantes que impulsaron la toma. Apostamos a la masividad de la marcha del 15 y llamamos a convocar tomas, piquetes y todo tipo de acciones de lucha en torno a ella.

14 de octubre de 2026
Multitudinario “Encuentro de Mujeres y Disidencias” en Córdoba

Este fin de semana tuvo lugar el 39.° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en la ciudad de Córdoba. Se habla de una concurrencia de 100.000 a 150.000 mujeres. Recuperó el carácter masivo perdido en los últimos años, como quedó reflejado en la multitudinaria marcha que recorrió la ciudad.

Buena parte de la concurrencia llegó por sus propios medios; otra fue movilizada por los aparatos (PCR, CTA y sus sindicatos, algunas organizaciones del FITU). No se vieron, en cambio, grandes contingentes de sectores peronistas. También se vio disminuida la afluencia de las organizaciones sociales.

El Encuentro fue repartido en “talleres” con cien temáticas, y en una diversidad de actividades simultáneas y paralelas. Se ratificó el carácter testimonial, para evitar el recuento de apoyo de cada planteo y la posibilidad de establecer una conclusión para la lucha.

Las representantes del peronismo y la burocracia sindical se esforzaron para que el debate girara en torno ´a resistir´ (hacer el aguante) hasta las elecciones, y evitar las mociones de huelga, incluso cuando hay en marcha una huelga en las universidades. El FITU reclamó que las burocracias sindicales llamen al paro, mientras escuchaban lo contrario de parte de ellas. El PTS intervino y llamó a "organizar la bronca", sin programa ni referencia al gobierno de trabajadores.

En algunos talleres, sin embargo, se expresaron los procesos de lucha como los de la Universidad y la Educación. Sectores de la docencia y estudiantiles expresaron su crítica a los paros aislados de las federaciones sindicales y el seguidismo a los rectores y las expectativas puestas en el Congreso y el Poder Judicial. Anticiparon un proceso de tomas para esta semana en preparación de la marcha federal universitaria. A nivel de la docencia, se discute la huelga por tiempo indeterminado hasta que el gobierno nacional cumpla con la ley de Financiamiento Universitario.

Los talleres de trata, femicidios y violencias, con la presencia de víctimas y familiares, reflejaron la responsabilidad y la complicidad de las instituciones del Estado. La actividad organizada por la mesa de Justicia para Carolina Monteros, joven tucumana sobreviviente de abuso por parte del hijo de un importante empresario citrícola, mostró cómo se garantiza la impunidad de los poderosos. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la provincia lo absolvió de manera exprés luego de que fuera condenado en primera instancia a 10 años de prisión.

Los talleres sobre antifascismo, la guerra y Palestina tuvieron una importante participación, pero el debate se orientó a la discusión de cada cuestión de manera aislada, sin un enfoque de conjunto. El genocidio palestino, la ofensiva bélica y militar del imperialismo en Medio Oriente, Europa y América Latina, no son colocados como parte de una política para reestablecer su dominación mundial en la época de agonía histórica del capitalismo. El PTS llevó el planteo de "romper la pasividad", sin reclamar la unidad socialista de trabajadoras y trabajadores para poner fin a los gobiernos fascistas y de la guerra.

Nuestro partido intervino con una delegación de compañeras del NOA. Llevamos a los talleres la necesidad de la organización internacionalista de las trabajadoras y del conjunto de la clase obrera, para abrir una salida socialista a la barbarie capitalista, la guerra y el avance del fascismo. Desarrollamos la perspectiva de la huelga general desde las autoconvocatorias y coordinadoras, sin ninguna confianza en que la burocracia sindical dirija “un plan de lucha” que buscará llevar a la derrota.

Desarrollamos también la campaña por el sobreseimiento del compañero Bruno Corzo y contra el intento de avanzar con la criminalización de la protesta. En todos los talleres recogimos firmas del petitorio y un vivo interés por la causa.

Retornamos con la tarea de poner en pie la organización socialista de las trabajadoras, para dar la lucha por la independencia de la mujer trabajadora frente al Estado y sus partidos.

14 de octubre de 2026
NAZA: Netanyahu ordena procesar a los militares entrevistados en la película

Benjamín Netanyahu ordenó el domingo al jefe de Estado Mayor del Ejército, Zamir, al Shin Bet y al fiscal general que revelen “con urgencia” las identidades de los soldados y oficiales entrevistados en el documental "NAZA" y que los procesen por "graves delitos contra la seguridad de la información, difamación penal y daño a los intereses diplomáticos y de seguridad de Israel". El carnicero de Tel Aviv ya no miente que la película dé información falsa, ahora dice que difunde “información clasificada” y cuestiones que comprometen la seguridad nacional.

A menos de dos semanas de las elecciones, el hombre que se negó a formar una comisión investigadora de los sucesos del 7 de octubre, azuza el odio contra los militares que confiesan sus crímenes de guerra y postula la posibilidad de que "hayan cometido graves delitos penales al exponer información altamente clasificada y crear una brecha en la seguridad de la información de una unidad de inteligencia altamente sensible".

Es un intento de manipular a la población y volcar a su favor unas elecciones de suerte incierta, ya que hasta el fiscal general militar, Itai Ofir, puso en dudas la viabilidad de los procesamientos. Un proceso penal, dijo, “requeriría pruebas de violaciones de la seguridad o de divulgación de material clasificado”, sobre las que no hay ninguna certeza.

NAZA ganó el premio especial del jurado tras recibir la ovación más prolongada de la historia del Festival Internacional de Cine de Venecia. Su nombre proviene de un acrónimo utilizado por los servicios de inteligencia israelíes para indicar el número de civiles que se espera que mueran en un ataque aéreo.

El documental, dirigido por los cineastas ganadores de un Óscar, Yuval Abraham y Rachel Szor, y producido por The Guardian, detalla la matanza masiva de civiles en Gaza. La película, que se exhibirá en más de 50 países, se está proyectando en Europa y Estados Unidos, donde a pesar de no tener un distribuidor importante ya se convirtió en un éxito de taquilla, recaudando más de medio millón de dólares en menos de dos semanas.

El gobierno israelí arremetió contra Abraham y Szor, amenazando con quitarles la ciudadanía y acusándolos de traición. También recibieron infinidad de amenazas de muerte en las redes y los partidarios del gobierno, que prometen impedirles regresar a Israel, organizaron piquetes frente a la casa de los padres de Szor en Savyon, coreando: "Pena de muerte para los traidores".

The Guardian aseguró que “en los últimos tres años, el equipo responsable de la película ha entrevistado a más de 100 fuentes familiarizadas con los sistemas de las FDI utilizados en la guerra de Gaza, incluidos comandantes de alto rango directamente implicados en la autorización de los ataques” y opinó que “el gobierno israelí intenta desviar la atención de las preguntas urgentes que plantea la película sobre los asesinatos en masa de civiles palestinos en Gaza".

NAZA se basa en revelaciones publicadas por primera vez por la revista israelo-palestina +972 Magazine, el medio en hebreo Local Call y The Guardian entre 2023 y 2025. En los últimos días, rozando el ridículo, el gobierno sionista ha promovido un proyecto cinematográfico que imita el estilo de NAZA, en un intento de cuestionar las conclusiones de la película original.

Los directores de NAZA afirman que “los ataques de Netanyahu contra nosotros son incitación al asesinato”. Efectivamente, el voltaje de las agresiones a judíos antisionistas en Israel crece exponencialmente, avalado por un gabinete fascista que impulsó (y aprobó) la pena de muerte exclusivamente para palestinos.

Pero la barbarie ya no se limita a los palestinos: la policía y los colonos apalean tranquilamente a los judíos antisionistas. El 9 de octubre dieron un paso más: una turba de colonos incendió la vivienda de un activista judío en Mea Shearim, un barrio judío de Jerusalén, mientras su familia estaba dentro de la casa.

Esta semana, la Comisión de Inmigración del Parlamento abrió una investigación sobre el caso de dos jóvenes judíos, de Estados Unidos y Reino Unido. Aunque reunían las condiciones para emigrar a Israel, el Ministerio del Interior rechazó la petición, vulnerando el hasta ahora intocable “derecho al retorno”, que otorga la nacionalidad a cualquier judío que quiera vivir en Israel. Los dos rechazados han participado como voluntarios en organizaciones de izquierda que apoyan a comunidades palestinas en Cisjordania.

Pero las amenazas han perdido su poder intimidatorio. Los soldados que reconocen los crímenes de guerra saltan por todos lados. Este domingo 12 de octubre, en un largo reportaje del diario Haaretz, soldados de los servicios de inteligencia y de drones detallaron los vertiginosos cambios de política a posteriori del ingreso de las milicias palestinas a Israel.

El gobierno ordenó una búsqueda frenética de datos sobre Hamas, por ínfimos que fueran, y para eso se decidió “la flexibilización de las normas de selección de objetivos, flexibilización de los criterios para clasificar a alguien como 'terrorista', se aprobaron ataques, aunque tuvieran el riesgo de generar cientos de bajas civiles y bajaron órdenes de que no se podía cuestionar las misiones” (Haaretz, 12/10). “Incluso el objetivo de menor rango justificó las bajas civiles”, dicen los informantes.

Otro cambio fue que “llegó a Inteligencia Militar gente que no pertenecía a la unidad, reservistas que ni siquiera habían servido nunca en inteligencia, traídos de todo tipo de lugares”, dice A. “Se sentaban buscando los objetivos más insignificantes, los peces pequeños, para poder matarlos. Cualquiera que mostrara símbolos de Hamás en Facebook o se identificara como miembro de Hamás era marcado como objetivo”.

Un tema recurrente en los testimonios es la diferencia entre la importancia de un objetivo, la magnitud del ataque y el número de víctimas civiles que se considera aceptable. Por ejemplo, para asesinar a un jefe de Hamas demolieron varios edificios con un saldo que superó los 300 muertos. “Me quedé atónito al ver que estábamos derribando varios edificios densamente poblados, matando e hiriendo a cientos de personas, para acabar con la vida de un comandante de batallón que, apenas unas semanas antes, ni siquiera era alguien sobre quien se suponía que debíamos recabar información”, dice un oficial de inteligencia.

Los palestinos que entraban a casas abandonadas o edificios dañados a buscar mantas, camas, sillas y comida fueron considerados una amenaza potencial y definidos como “objetivos”. “Sabemos que matamos a civiles inocentes durante la guerra. Son cosas que pasan. Pero en este caso, viste a un padre en el jardín bañando a sus hijos con una manguera, segundos antes de disparar. Sentí que estábamos llegando a nuestro límite moral”, confiesa otro entrevistado.

“Ya es hora de que las personas que redactaron esas órdenes asuman su responsabilidad, en lugar de intentar arrojar a los lobos a los soldados que, con valentía, contaron al público la verdad sobre cómo luchábamos”, afirma Nadav Weiman, director ejecutivo de Breaking the Silence, una ONG de exsoldados y reservistas que recoge testimonios sobre sus experiencias en los territorios ocupados.

Antes que se acallara el escándalo por las nuevas revelaciones, Der Spieguel, el mayor semanario de noticias de Europa, entrevistó a otros 10 soldados que estuvieron en Gaza. “La orden era: disparen a todo el que vean”, cuentan, y dicen que al principio les ordenaban derribar un edificio y después zonas enteras. Todos, excepto uno, pidieron permanecer en el anonimato y la mayoría se niega a volver a servir en Gaza.

El costo político de la masacre palestina, que ha convertido a Israel en el país más repudiado del mundo, comienza a carcomer a sus ejecutores.

14 de octubre de 2026
Catamarca: crisis educativa y persecución contra la docencia

La crisis educativa en Catamarca no se expresa sólo en la cuestión de los salarios que no alcanzan, el deterioro de los edificios escolares o la pérdida de horas de clase. Se manifiesta también en una política de regimentación y amedrentamiento contra los docentes que reclaman, en las trabas para acceder al trabajo, en el desconocimiento de derechos laborales elementales y en una creciente intervención del Estado sobre la organización de la docencia.

El gobierno de Raúl Jalil, con su Ministerio de Educación y Trabajo bajo la conducción de Verónica Soria, busca así avanzar con el ajuste sobre las escuelas.

Persecución a la docencia

En este marco los medios dieron cuenta de una situación escandalosa, como resultado de una supuesta investigación por títulos con presuntas irregularidades en el Instituto de Educación Superior "Clara J. Armstrong", lo que abrió una crisis que involucra responsabilidades institucionales y administrativas que todavía no se han esclarecido.

El Ministerio de Educación informó inicialmente la detección de 35 títulos con inconsistencias, mientras las denuncias y ampliaciones de la investigación extendieron el alcance del caso. En este sentido, lo que corresponde investigar es quién emitió, registró, validó y controló la documentación cuestionada. Sin embargo, la respuesta ministerial avanzó sobre los docentes antes de que se determinaran las responsabilidades individuales. Más grave aún es la situación de Lucía Coronel. Ella misma hizo pública su situación luego de denunciar la apertura de un procedimiento presumarial y medidas que afectaban sus cargos y haberes. La docente rechazó las acusaciones y sostuvo que los títulos que le cuestionaban no habían sido obtenidos en el IES bajo investigación, sino en la Universidad Nacional de Catamarca.

El Ministerio procuró cubrirse respondiendo que la instancia presumarial era preliminar, pero la explicación no aclara de ninguna manera las medidas denunciadas ni justifica el proceder adoptado.

Luego de la defensa que realizó Lucia, miembro de Política Obrera y excandidata a diputada nacional en las pasadas elecciones, se presentó voluntariamente ante el fiscal y allí fue informada de que no estaba incluida en la denuncia penal, lo cual refuerza el cuestionamiento a la actuación ministerial, donde se tomaron decisiones administrativas por iniciativa propia, con consecuencias laborales concretas.

El Ministerio opera con el justificativo de una investigación como instrumento de persecución, con medidas anticipadas y sin responsabilidades debidamente establecidas.

La denuncia pública de Lucía, a su vez, permitió conocer otros casos de docentes afectados, algunos de los cuales habrían sufrido suspensiones directas de sus funciones. Tras las denuncias, algunas de esas medidas fueron revertidas. Se conocieron, además, situaciones de extrema gravedad en las que docentes atravesaron crisis personales, incluso intentos de suicidio.

La burocracia sindical, al servicio del Ministerio

En este cuadro, la conducción de SIDCA (CEA), integrante de la intersindical docente, decidió intervenir como querellante en la causa, realizando pronunciamientos públicos y reclamando sanciones ejemplificadoras contra los docentes, contribuyendo de esta manera a instalar la sospecha sobre la docencia antes de que se determinen las responsabilidades. La burocracia sindical actúa como intermediaria del gobierno y alimenta un clima de amedrentamiento, en lugar de defender a los trabajadores frente a decisiones arbitrarias.

La ampliación de las denuncias hacia supuestos certificados de capacitación irregulares profundiza esta orientación. Se trata de certificados reconocidos por el propio sistema educativo, que los docentes procuran hacerse de los mismos para mejorar su puntaje en los listados de orden de mérito y acceder al trabajo.

El Ministerio y la burocracia sindical pretenden desplazar el foco de las responsabilidades de los organismos que controlan el sistema hacia la docencia.

Trabajar sin cobrar, cargos vacantes y derechos recortados

La persecución convive con el incumplimiento del gobierno de obligaciones elementales. Hay docentes que trabajan durante meses sin percibir sus haberes por la demora en las altas; otros terminan sus suplencias y siguen esperando el pago. Incluso docentes jubilados desde 2024 aguardan y denuncian la demora de sus liquidaciones finales. Los haberes atrasados no son actualizados, sino que son liquidados a valores nominales. El nuevo sistema de altas no resolvió el problema: persisten las demoras y las deudas con la docencia se pagan, en ocasiones, en cuotas o con varios meses de atraso. El Estado pretende confiscar a los trabajadores mediante el bloqueo de sus haberes y la pérdida de valor de los salarios atrasados.

A esto se suma la reducción de las asambleas de opción de cargos a una frecuencia mínima. Los cronogramas de octubre y noviembre muestran una oferta insuficiente de asambleas en los niveles Primario y Secundario. Mientras existen vacantes por jubilaciones, licencias y movimientos de personal, cientos de docentes esperan una oportunidad laboral y numerosos estudiantes pierden clases por cargos sin cubrir. Se restringe así, simultáneamente, el derecho al trabajo y el derecho a la educación.

También se endurecieron los controles de Medicina Laboral y Reconocimiento Médico. Docentes denuncian licencias rechazadas o interrumpidas, aun cuando habían sido otorgadas, y cuestionamientos a certificados profesionales y a sus propios cuadros de salud. Bajo la órbita conjunta de Educación y Trabajo se empuja a trabajadores con afecciones importantes a presentarse en las escuelas para no perder sus ingresos o evitar sanciones.

Titularizaciones, listas negras y ajuste

La titularización incorporada a la paritaria tras las luchas autoconvocadas de marzo también se desarrolla bajo cuestionamientos. Se denuncia un procedimiento irregular que privilegia a sectores vinculados con la burocracia sindical y excluye o perjudica a docentes independientes que participaron de las movilizaciones como autoconvocados. Un trabajador técnico del Ministerio denunció públicamente la existencia de listas negras y la injerencia de la burocracia sindical en el proceso de titularizaciones. El acceso a la estabilidad laboral no puede depender de la afiliación, la obediencia a una conducción sindical o la participación en acuerdos con el Gobierno.

El Ejecutivo necesita que la burocracia recupere legitimidad frente a una docencia que la ha repudiado en distintas manifestaciones, para canalizar el ajuste en curso. Los recortes presupuestarios anunciados anticipan nuevas presiones sobre salarios, cargos, infraestructura y condiciones de enseñanza. En una provincia que depende de recursos del gobierno nacional, el gobierno provincial aplica una política de recorte y desmantelamiento educativo.

El caso de Bruno Corzo, docente imputado por su participación en una protesta, completa este cuadro por otra vía: la judicialización del reclamo colectivo. La persecución administrativa, la presión laboral y las causas judiciales convergen en un mismo objetivo: restringir la protesta, quebrar la organización independiente y someter a los trabajadores de la educación.

La salida está en organizar a la docencia desde las escuelas, defender a cada trabajador perseguido, exigir el pago de todas las deudas, la cobertura de los cargos, el respeto de las licencias y una titularización sin discriminación.

Frente al ajuste y la persecución, necesitamos asambleas autoconvocadas, coordinación de las bases y el desarrollo de una lucha de conjunto.

14 de octubre de 2026
“Superniño” en Argentina: Milei expone a los barrios populares a una catástrofe

El desarrollo del fenómeno climático conocido como El Niño presenta en la Argentina características particulares con una primavera más fría y lluvias intermitentes. El último pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional predice una alta frecuencia de lluvias con riesgos de inundaciones en las zonas centro y litoral (La Nación, 9/10). Algunos meteorólogos estiman que la abundancia de lluvias se extendería hasta el mes de abril de 2027 inclusive. Según Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU, este Niño “podría ser más potente que todo lo observado desde que arrancó nuestro monitoreo [hace cuatro décadas]” (La Nación 29/09).

La vulnerabilidad de las masas empobrecidas ante el evento del Niño es ostensible. Según el Centro de Integración Socio Urbana (CISUR), unos 4.000 barrios populares se encuentran en riesgo hídrico ante la eventualidad de temporales causados por el Niño (Infobae 5/10). A esto se suma que el gobierno nacional retiene más de $2.000 millones del Fondo Hídrico Nacional 2026 y que el propio presupuesto 2027 contempla destinar más de $113.000 millones asignados a partidas hídricas a operaciones financieras (LPO, 16/9).

Fenómeno climático

El fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) se produce cuando, debido a fluctuaciones en la presión atmosférica, los vientos alisios, que normalmente empujan las aguas cálidas del Pacífico ecuatorial hacia el sudeste asiático y Oceanía, pierden fuerza o invierten su dirección. Esto provoca que la masa de agua cálida acumulada en el oeste se desplace hacia el este del Pacífico en América del Sur, liberando calor y humedad a la atmósfera. Al interactuar con las corrientes globales, se altera la distribución de las lluvias en todo el planeta, provocando sequías severas e incendios o intensas lluvias e inundaciones según la región.

En la cuenca del Plata y región pampeana, El Niño incrementa la frecuencia de precipitaciones de larga duración, aumentando los caudales de los ríos Uruguay y Paraná y provocando riesgos de inundaciones. En la región de Cuyo, el mayor nivel de nevadas en la alta montaña repercute en el mayor caudal de los ríos durante los deshielos de primavera y verano, con riesgos de desborde en los valles y de aludes en las laderas.

Se trata de un fenómeno natural, que se produce cada dos o siete años, pero el calentamiento global aumenta su intensidad. Tiene una duración aproximada de 9 meses y se espera que el actual alcance su máximo desarrollo entre diciembre y enero. Para que un evento sea calificado como “Niño”, la comunidad científica considera un aumento sobre el promedio de +0,5 °C en una zona de referencia conocida como Niño 3.4 (en el Pacífico oriental/central). Si esa anomalía supera los +1,8 °C, se originan lo que los medios califican como “Superniños”. El que se está desarrollando actualmente, alcanzó una anomalía de +2,1 °C a +3 °C en esa zona de referencia.

Pobreza, crisis de vivienda

Según el Centro para la Integración Socio Urbana (CISUR) -integrado por extrabajadores de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU)-, 4.041 de los 6.467 barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap) se encuentran en riesgo. De ellos, 2.954 barrios pobres ya se inundan ante precipitaciones normales; otros 1.087 se encuentran junto a cursos o cuerpos de agua, aumentando los riesgos de inundaciones. Los techos, paredes o pisos del 60 % de las viviendas en barrios populares no resisten una tormenta severa. Si esta es la situación regular, el pronóstico frente a la ocurrencia de eventos extremos como un Superniño es alarmante.

“En esos más de cuatro mil barrios populares distribuidos en las 24 jurisdicciones del país, viven hoy aproximadamente 4,2 millones de personas”, dice el informe, imposibilitados de evacuarse por sus propios medios. Los distritos más afectados son provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Chaco.

Deuda y motosierra

El Gobierno retiene los fondos -de por sí escasos- destinados a las obras en las barriadas en colocaciones del Tesoro. La misma política se extiende a la gestión hídrica en general. Entre enero de 2024 y mayo de 2026, el Fondo de Infraestructura Hídrica (FIH) -un fondo fiduciario destinado a dragado, saneamiento de cuencas y otras obras hídricas- recaudó $375.400 millones por el impuesto a los combustibles (Ley 26.181), pero solo ejecutó $116.000 millones en obras hídricas (el 31 %) (Chequeado). A junio de 2026, retenía $290.000 millones inmovilizados en Letras del Tesoro (Perfil, 11/06). El propio presupuesto 2027 planea destinar más de 113 millones del FIH en “inversiones financieras” (más del 22 % de los $ 510.000 millones que planea recaudar por el impuesto a los combustibles líquidos (LPO, 26/09).

Según informes de la Oficina Nacional de Presupuesto y la Jefatura de Gabinete, entre 2024 y 2026 los fondos fiduciarios acumularon un superávit financiero de más de US$ 3.000 millones que serán destinados al pago de la deuda pública (La Nación 16/08). Estos recursos con asignación específica por ley fueron saqueados mediante la colocación compulsiva de títulos públicos para inflar el "superávit fiscal", a costa de las necesidades elementales de la población para hacerle frente a un inminente desafío climatológico ampliamente pronosticado.

15 de octubre de 2026
La falsa guerra del diésel ha estallado en un enfrentamiento imperialista sin salida

La suspensión de las sanciones económicas, por parte de Donald Trump, al comercio del carburante de Rusia, con el pretexto de paliar el aumento sideral del precio del diésel en el mercado mundial, se reveló enseguida como un paquete para imponer un acuerdo de paz en Ucrania que convierta a ésta y a Rusia en formas de protectorado del imperialismo norteamericano. El déficit internacional de la provisión de diésel ni siquiera responde a un bloqueo del comercio de Rusia, sino a la guerra no provocada de Estados Unidos e Israel contra Irán, el cierre del estrecho de Ormuz y la destrucción de instalaciones petroleras de los países del Golfo que albergan bases militares norteamericanas por parte del gobierno de Teherán. Donald Trump y su canciller Marco Rubio acaban de amenazar a los hutíes de Yemen con represalias militares fulminantes si prosiguen la guerra contra Arabia Saudita, que viene buscando el control de ese país desde hace más de una década.

De acuerdo a toda la prensa internacional, el acuerdo de paz que pergeña Trump establece un congelamiento de la guerra en Ucrania sobre las líneas ocupadas por Rusia y Ucrania, para dar pie a un plan de reconstrucción de Ucrania por parte del fondo BlackRock, fuertemente invertido en el país, y el Banco Mundial, que se servirían de los fondos secuestrados a Rusia, por 260.000 millones de euros, depositados en Bruselas. Trump ha planteado el desarrollo de un pool energético mediante la revitalización del NordStream 2, la tubería de 2.000 kilómetros bajo el mar Báltico, que se extiende desde San Petesburgo a las costas de Alemania. Esta tutela estratégica excluye a la Unión Europea y pone en evidencia la amplitud del conflicto de intereses entre el imperialismo estadounidense y los europeos. La OTAN queda reducida a un cadáver insepulto y la UE privada de cualquier autonomía estratégica. El planteo de Trump ha recibido un rechazo inmediato de los líderes del viejo continente, empezando por el inglés Burnham, seguido por el alemán Merz e incluso por la ex trumpista Giorgia Meloni. La respuesta de Trump a esta disidencia no se ha hecho esperar: ha ordenado el corte del servicio de inteligencia y comunicación Starlink, de la compañía Space X, de Elon Musk, a Ucrania, para forzar el cese de los ataques de Zelensky a las refinerías de Rusia. Putin, en cambio, ha redoblado el bombardeo a las instalaciones energéticas de Ucrania, cuando se anuncia un invierno especialmente crudo para la región. El sabotaje de Trump a Ucrania ha sido repudiado por franjas crecientes del partido Republicano, a poco más de dos semanas de las elecciones parlamentarias en Estados Unidos. Junto a una mayoría elevada del partido Demócrata, la burguesía del Norte se ha pronunciado a favor de la alianza con la UE y la prosecución de la guerra contra Rusia hasta las últimas instancias. Trump cuenta con el apoyo de la oligarquía financiera que monopoliza la Inteligencia Artificial, la cual valora un acuerdo con Rusia que distancie a la oligarquía de Putin de la tutela de la República Popular China. El aislamiento internacional de Pekín es el arma principal de lucha del imperialismo estadounidense en la fase actual de la guerra imperialista internacional.

El escenario del conflicto interimperialista en la OTAN se encuentra a la espera de nuevos protagonistas, como consecuencia de la previsión de triunfos de la ultraderecha en Francia, Alemania y España. Reagrupamiento Nacional y la AfD son partidarias, respectivamente, de un retiro de la UE de la guerra en Ucrania y de un acuerdo con Moscú, que la convierta en un semiprotectorado. Putin ha repetido sin desfallecer que la paz europea dependía de “una nueva arquitectura de seguridad”, que no podía tener otra forma política que la señalada. En ausencia de ella ha advertido de la disposición de recurrir al armamento atómico en el caso de un involucramiento militar directo, bajo la dirección, por caso, de Alemania. El rearme alemán marcha en forma acelerada, con el apoyo de AfD, independientemente de las divergencias estratégicas. AfD encabeza las encuestas nacionales con una intención de voto del 30%, seguida por la UCD –un 19%.

Es probable que el planteo de acuerdo de Trump sufra un nuevo desaire, como ha venido ocurriendo desde su primera presidencia. Putin mismo no le ve consistencia geopolítica en el marco de divisiones interimperialistas insuperables. Esto explica los cambios de frente que sufre la guerra imperialista con tanta frecuencia. Trump ha retirado las bases militares del Golfo y parte del Medio Oriente, pero solamente para traer de nuevo a los mares Mediterráneo y Arábigo a los portaviones a su disposición. El Estado sionista, por su lado, prosigue firme con la anexión de Cisjordania y la tutela de Líbano y Siria. Turquía, del lado opuesto, fragua acuerdos con Pakistán y Arabia Saudita, e impone un régimen de partido único en su territorio. Todos los botines de la guerra siguen en agenda: el dominio del corredor que une al Medio Oriente y Asia Central, y las ambiciones de Japón sobre el oriente de Rusia. Los levantamientos populares, tanto de estudiantes franceses como de luchadores por la vivienda en España o Berlín, marcan los primeros pasos de un movimiento de masas que ha entrado en la crisis y la guerra sin preparación política clasista. En la lucha por la maduración política del proletariado, la izquierda democratizante es un peso muerto que defiende condiciones de desarrollo político definitivamente enterrados.

15 de octubre de 2026
Las contradicciones que surcan a la segunda vuelta en Brasil

Brasil ingresó en la segunda vuelta electoral con una hipotética ventaja considerable para Flavio Bolsonaro. A los dos puntos que sacó a Lula en la primera ronda, se añade la mayor parte de los siete puntos del resto de los candidatos de la ultraderecha. En los principales estados, los candidatos del gobierno nacional fueron literalmente aplastados por los gobernadores en funciones, que reunieron para sí los votos de la derecha liberal que está coaligada nominalmente en el oficialista Frente Brasil Popular. Lula mismo perdió más de 3 millones de los votos obtenidos en 2022, luego del fracaso del golpe cívico-militar del 8 de enero de 2023 y la condena a Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel. El líder histórico del PT carga con una hipoteca política ilevantable. Figuras asociadas fuertemente a Lula, como el ex castrista José Dirceu, no lograron un diploma de diputado. Una encuesta reciente de DataFolha lo da, sin embargo, en “empate técnico” con su rival, aunque dos puntos abajo (dentro del margen de error). Es probable que esté equivocada.

De todos modos, han pasado cosas. Una movilización enorme de los estudiantes de la Universidad Fluminense en Niteroi, estado de Río de Janeiro, salió en apoyo a Lula, seguida de movilizaciones similares en otros once estados, en capitales como Florianópolis o Porto Alegre. Su limitación política, sin embargo, quedó expuesta en su carácter electoral, porque una cosa es una movilización independiente contra el fascismo, cuyo objetivo es erradicarlo del escenario político, otra es el apoyo a una variante liberal del mismo sistema, que prohija y reproduce el fascismo como consecuencia de su irrevocable incapacidad para combatir al capitalismo y promover una acción histórica independiente de la clase obrera. El apoyo político al gobierno en presencia no altera la percepción de las masas. El dato político decisivo en situaciones de guerra imperialista como en la actualidad, es el estado de consciencia de las masas y la autonomía histórica de su dirección.

El Frente Brasil Popular realizó un acto político igualmente enorme en la famosa avenida Paulista de la capital del estado, sin un registro de que haya movido el amperímetro electoral. La prensa paulista, de todos modos, resaltó la decisión de designar como futuro ministro de Finanzas al actual vicepresidente Gerardo Alckmin, en caso de ganar el balotaje, como un mensaje a la Federación Industrial de que un cuarto mandato lulista sería enteramente dedicado al gran ajuste. En cuestiones decisivas como ésta, no hay polémica electoral entre Lula y Bolsonaro filho.

Lo que sí ha causado un ruido político y una confusión aun mayor ha sido el proyecto de ley del gobierno que reduce la semana laboral a cinco días. Aprobada la media sanción con anterioridad a las elecciones por una Cámara Baja de derecha, acabó convertida en ley el miércoles 14 en el Senado, con el voto de Bolsonaro y su Partido Liberal. La prensa del país como la extranjera sostienen que la aprobación favorecería electoralmente al gobierno, sin aventurar un cambio de los resultados. Pero la disminución de un día de la semana laboral, sin afectar el salario, no le quita una coma a su condición flexibilizadora y precarizadora. Es así que habilita, vía negociación colectiva, a las horas extras, al cambio de jornadas y al banco de horas; el descanso sabatino y dominical puede ser transferido a otro día de la semana, previo acuerdo. Autoriza los contratos individuales; excluye a los trabajadores de aplicación y a los monotributistas en general. En un país que litiga sus conflictos “na marra”, de facto, la ley 5x2 deja espacio suficiente para cualquier arbitrariedad. Hay otro proyecto en circulación que no ha avanzado, el de la quita de las deudas insolventes, que han sido dadas de baja por los bancos. La pugna con estos continúa. Flavio Bolsonaro no ha tenido reparos en votar el proyecto 5x2 de su rival y anunciar al mismo tiempo la intención de derogarlo si o cuando llegue a la presidencia. Le han soplado que un furcio semejante no lo afecta en cuanto a votos.

Un sector de la burguesía liberal ha tomado la decisión de hacer público su apoyo a Lula en cuanto a una defensa del estado de derecho. Observa con pánico la ruptura de contratos de Donald Trump con sus aliados de la OTAN y presta oídos a quienes como Mark Carney, el primer ministro de Canadá, plantea rodear a la democracia de un cordón sanitario. Hay otro sector que defiende la política de China de desarrollar cadenas de producción con socios locales, a diferencia de Trump, que no logra avanzar en sus proyectos más restringidos. Brasil es la arena de una confrontación de clases internacional, donde la clase obrera del país no ocupa un lugar independiente, bajo la custodia tóxica del PT y del fituismo vecino.

15 de octubre de 2026
De Devoto a Marcos Paz, otro negociado inmobiliario en la Ciudad

El traslado de los presos de Devoto a Marcos Paz ha sido instrumentado de común acuerdo por los gobiernos de Jorge Macri y Javier Milei como un acto de represión contra la delincuencia. Los pulpos inmobiliarios vienen especulando desde hace años con los efectos de la urbanización de las cinco hectáreas que ocupa la cárcel de Devoto sobre el precio de las propiedades. No fue anunciada ninguna medida de infraestructura de agua y energía para sustentar emprendimientos inmobiliarios de gran porte.

Los 1.500 presos que se encontraban hasta ahora allí hacinados están siendo trasladados por tandas en caravanas fuertemente custodiadas por decenas de vehículos policiales, a 55 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Su llegada al nuevo predio penitenciario fue profusamente difundida por las autoridades de ambos gobiernos, esposados y formados de tal modo que recuerdan a los del dictador salvadoreño Nayib Bukele. También serán trasladados a Marcos Paz los presos encerrados en comisarías y alcaidías de la Ciudad.

La construcción del nuevo penal de Marcos Paz y la demolición de Devoto fue acordada entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en 2018. Para los presos y sus familiares, implica un cambio dramático. La nueva cárcel se encuentra retirada en una zona de difícil acceso. A las humillantes prácticas que el Servicio Penitenciario dispensa a los visitantes, ahora se sumará también la lejanía. En el caso de los presos que habían obtenido salidas transitorias, afectará su reinserción y revinculación. La inmensa mayoría de los detenidos son pobres y gran parte de ellos, no tiene condena firme.

La fecha del traslado fue decidida de manera unilateral por Macri y la ministra de Seguridad de Nación, Alejandra Monteoliva, haciendo caso omiso a las objeciones presentadas por organizaciones de derechos humanos y por la UBA, en su caso, a raíz de la destrucción del Centro Universitario de Devoto (CUD), fundado en 1985.

El CELS denunció que el traslado se realizó de forma intempestiva y sin aviso previo a las familias de los internos, sus defensores y organismos de control, como prevén los protocolos vigentes desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a la Argentina en el denominado “Caso López”, justamente por trasladar presos sin evaluar su situación individual ni permitir un control judicial previo. Los protocolos establecen que las personas detenidas, sus allegados, familiares y abogados deben contar con precisiones sobre los tiempos, la modalidad y el destino exacto de cada movimiento, para interponer los reclamos que consideren pertinentes llegado el caso. Entre los presos trasladados, se encuentra Milton Tolomeo, detenido junto a Eneas Gallo durante las protestas contra la ´reforma´ laboral.

En cuanto a los estudiantes privados de su libertad, los funcionarios hicieron caso omiso del estado avanzado del cuatrimestre y del pedido de la UBA de que fueran derivados a Ezeiza, donde funciona otro dispositivo universitario y, además, queda a mitad de camino respecto de Marcos Paz. En cambio, provocativamente, los estudiantes del ex CUD fueron traslados en la primera tanda, antes que el resto. La posibilidad de continuar sus estudios en la nueva sede está, por lo menos, cuestionada. Por lo pronto, nunca estuvo prevista. Lo confirma el hecho de que nunca se selló un nuevo convenio entre la UBA y el Servicio Penitenciario, a pesar de haber mantenido largas conversaciones. Llegado el caso, tampoco está asegurada la llegada de los profesores.

El gobierno de Jorge Macri apañó el reclamo de los vecinos más recalcitrantes del barrio como ariete detrás de una movida inmobiliaria. Devoto es uno de los barrios ascendentes de la Ciudad. Los alrededores de la Plaza Arenales vivieron un cambio sustancial en los últimos años. Con la demolición de la cárcel, los especuladores confían en que el auge inmobiliario podría extenderse a zonas aledañas, por ejemplo, Monte Castro. Se estima que el aumento del precio de las propiedades podría alcanzar entre el 15 y el 50 %. Por otro lado, todavía hoy no hay claridad sobre el destino que tendrán las cinco hectáreas que ocupaba la cárcel. Se habla de un "complejo de viviendas" y espacios verdes, eufemismo de un negociado.

La cárcel de Devoto, como la ESMA, es un testimonio histórico de la violencia del Estado. Fue el lugar de encierro de los presos políticos de las dictaduras de Onganía y Lanusse, liberados el 25 de mayo de 1973 por ´el Devotazo´. Bajo la última dictadura, fue un centro de torturas y también de concentración de presos políticos. Fue el escenario de la Masacre del Pabellón 7°, ocurrida en 1978, en la que murieron un centenar de detenidos, bajo una represión feroz, declarada crimen de lesa humanidad recién en 2014.

15 de octubre de 2026
"Ciudadanía por inversión" para los Peter Thiel del mundo

Durante su paso por Paris, Luis Caputo y Diego Santilli anunciaron el programa "Ciudadanía por Inversión" o "Pasaporte Dorado". Cualquier persona que realice un aporte directo al Tesoro de U$D 350.000 o suscriba un título público de U$D 800.000 creado específicamente para este programa, recibirá la ciudadanía argentina. En la presentación, Caputo lanzó "Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo", aunque por el contrario se encuentra en el fondo de la tabla de inversiones.

Durante su alocución en París, Caputo confesó que la iniciativa surgió luego de un viaje de Milei al centro de esquí de Sun Valley, en el estado de Idaho, residencia de "tecnomillonarios". Fueron estos quienes exhortaron al gobierno liberticida a ponerle precio a la ciudadanía argentina.

La base legal de la "ciudadanía por inversión" se sustenta en el decreto 366/25, publicado en mayo del año pasado, por el que modificó la Ley de Ciudadanía para permitir la naturalización mediante una "inversión relevante", dejando a consideración del Ministerio de Economía qué monto sería "relevante". También se eliminó el tiempo de residencia como factor. Complementariamente, se creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Economía y encargado de diseñar, promocionar y gestionar esos programas. Al mismo tiempo, se elevaron drásticamente los requisitos burocráticos del trámite corriente para obtener la naturalización para extranjeros sin fortuna. Hasta entonces, los modos de obtener la nacionalidad eran dos años de residencia en la Argentina, tener hijos argentinos, practicar la docencia, establecer industrias, servir en las Fuerzas Armadas, expandir la frontera, pero Milei eliminó casi todos y los reemplazó por uno solo: la inversión ´relevante´ en el país.

Negociado

Junto a este nuevo andamiaje legal, el Ejecutivo también lanzó una licitación internacional para contratar consultoras privadas para emitir hasta 5.000 informes favorables. Estas empresas tendrían la prerrogativa para aprobar las solicitudes.

Los DNU tuvieron un largo periodo de gestación. Estuvieron precedidos por audiencias en la Casa Rosada entre el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y ejecutivos de la firma británica Henley & Partners, que se presenta como la más grande del mundo en el negocio de la "ciudadanía por inversión". Según el DiarioAR, Henley & Partners asesoró al Gobierno durante un año y medio. Luego del anuncio de Caputo y Santilli, desde Henley & Partners publicaron en su cuenta de Instagram que está "lista para comenzar de inmediato el proceso de incorporación de interesados" (elDiarioAR, 7/10). Negocio cerrado. En un segundo posteo sobre el tema ofreció pruebas de su cooperación, con una foto de Steffen y colaboradores en la Casa Rosada, en el que se puede leer que "durante los últimos 18 meses, Henley & Partners mantuvo numerosas reuniones y trabajó con el Gobierno en Buenos Aires. Estamos encantados de ver que nuestras consultas y aportes están dando frutos" (ídem).

En 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea terminó de anular el programa de venta de ciudadanía que Henley & Partners desarrollaba en Malta a cambio de U$D 640.000, por la polémica generada sobre los receptores del "pasaporte dorado". Solo en ese negocio, la firma británica obtuvo una ganancia de U$D 55 millones en comisiones, tanto de quienes se postulaban para obtener la ciudadanía maltesa (y con ello, la libre circulación por Europa). Los negocios de Henley en Malta se terminaron luego de que, en 2017, fuera asesinada la periodista Daphne Caruana Galizia, quien investigaba el negocio de las ciudadanías compradas.

Años antes, Henley se había hecho fuerte en el Caribe. Un informe del Parlamento británico acusó a la firma de financiar campañas políticas en San Cristóbal y Nieves, un microestado que se convirtió en un laboratorio de ensayo de la venta de ciudadanía con bajísimos requisitos. El negocio se expandió por microestados vecinos. En 2022, a partir de documentos internos de Henley, se supo que su empresa había gestionado pasaportes caribeños para empresarios que resultaron luego acusados o condenados por fraude, lavado de dinero y contrabando.

La confirmación por parte de Caputo del proyecto le viene como anillo al dedo a Henley & Partners, que en su página web señala que el pasaporte argentino permite el libre tránsito por 170 países y la posibilidad de extender el beneficio "dorado" en la "tercera economía de América Latina" a la familia del interesado, a cambio de U$D 100.000 por cabeza, o U$D 25.000 si los hijos son menores de 18 años.

A la fecha, los países que ofrecen Citizenship by Investment son Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Austria (que cuenta con un programa muy selectivo y de alta inversión), Malta (mediante el Programa de Inversiones Individuales), Turquía (por medio de inversión inmobiliaria) y, ahora, la Argentina, destinado a inversores significativos. Según Dominic Volek, director de Clientes Privados de Henley & Partners, la "Argentina agrega una nueva dimensión".

La ciudadanía por inversión y el RIGI forman parte de la misma estrategia para atraer al capital interesado en explotar la actividad minera, petrolera y energética. A la estabilidad por décadas que promete el régimen de inversiones, se suma el reaseguro del ´pasaporte dorado´. En el caso de los Peter Thiel, significa luz verde para la instalación de centros de datos en la Patagonia, sin límites a la ´extranjerización de tierras´ en el horizonte.

15 de octubre de 2026
San Isidro: varieté cultural por el sobreseimiento de Bruno Corzo

El pasado 9 de octubre de 2026 realizamos en nuestro local de Boulogne, sede de la Biblioteca "Federico Decopett", un varieté cultural bajo las consignas “Por el sobreseimiento y archivo de la causa del docente catamarqueño Bruno Corzo” y “Por salario igual a la canasta familiar, preparamos la huelga general”. La actividad reunió diversas expresiones artísticas en una jornada que vinculó la cultura con las reivindicaciones y la organización de los trabajadores de la educación.

Durante el encuentro se leyeron poemas junto con intervenciones de teatro y participó el grupo de danza Espíritu Salamanquero. La jornada finalizó con una guitarreada y una reflexión colectiva sobre las experiencias de organización y lucha de la docencia. Además de docentes, asistió una importante delegación de trabajadores municipales. Nuestra regional apunta a convertir la Biblioteca "Federico Decoppet" en un espacio de encuentro entre trabajadores y distintas expresiones culturales, con el objetivo de promover la formación, el debate y la participación colectiva.

Uno de los ejes de la reflexión fue la experiencia de Catamarca, donde la orientación de impulsar la autoconvocatoria docente permitió frenar momentáneamente el avance del ataque contra los trabajadores de la educación. Esta experiencia plantea la importancia de la organización desde las escuelas y de la intervención directa de los docentes en las decisiones sobre sus luchas.

Frente al deterioro salarial, el ajuste presupuestario y el avance sobre las condiciones de trabajo, la defensa de Bruno Corzo y el reclamo por el archivo de la causa forman parte de una misma lucha: defender el derecho de los trabajadores a organizarse y reclamar sin persecuciones.

15 de octubre de 2026
El mito del ´boom exportador´

En medio del derrumbe de la producción industrial, el consumo y las condiciones de vida de las masas, Milei salió a desmentir los ´ruidos´ por el tipo de cambio, la incapacidad del gobierno para cumplir el pago de las obligaciones de deuda a vencer en 2027 y hasta la renuncia de Luis Caputo. Así sacó de la galera la supuesta cantera inagotable del superávit de la balanza comercial: única bandera que pareciera sobrevivir al naufragio libertario, el incremento de las exportaciones. Por primera vez este año superarán los 100.000 millones de dólares, casi un 15% más que en 2022 o poco menos que el 25% respecto al lejano 2010, los dos picos previos.

Si se mira bien, ese incremento apenas si acompaña el crecimiento vegetativo del mismo período. En segundo lugar, con excepción del incremento de las exportaciones de minerales e hidrocarburos (petróleo crudo, oro y combustibles y lubricantes, en ese orden), en la mayoría de los otros rubros los aumentos de las valores exportados no se corresponden con aumentos en cantidades físicas, sino del precio en el mercado internacional de esas mercancías, un factor por demás aleatorio y volátil. Si se consideran los 10 principales productos de exportación (representan más del 56% del total exportado), con excepción de los tres productos señalados donde ha habido incrementos físicos -y, fundamentalmente, de precios por la guerra mundial-; el resto manifiesta estancamiento o un pequeño incremento.

Entre los otros siete productos ´estrella´ que se exportan las cifras esconden, en la mayoría de los casos, retrocesos en cantidad física de bienes y fundamentalmente, además, en los productos con mayor industrialización. Entre los 10 productos que encabezan las exportaciones, hay uno solo industrial: las pickups y vans, que representan menos del 10% del total. Pero hay que considerar que, de conjunto, la rama automotriz es la que origina mayor déficit en el comercio exterior (no sólo por componentes importados sino también de vehículos terminados); por otro lado, que la propia industria (en manos de pulpos imperialistas) está reducida a virtual ensambladora o maquiladora- entre el 50 y el 60% de las unidades se integran con componentes traídos de afuera. Las exportaciones del sector, además, han caído sustancialmente respecto al pasado. Ni hablar que la ocupación de la industria automotriz y de autopartes, en el pasado relevante, hoy se encuentra muy reducida.

Si se consideran el conjunto de las exportaciones de origen industrial (MOI) el retroceso es monumental y por partida doble: en el pasado, rubros como la exportación de maquinaria agrícola exhibían cierta importancia. A esto se suma que la venta en el mercado interno de cosechadoras, sembradoras y otras maquinarias, no sólo está en retroceso. Gran parte del mercado del sector ha sido ocupado por maquinaria importada. El cierre de empresas emblemáticas ha sido noticia recientemente.

Además, de modo general, ninguna de las ´pujantes´ industrias extractivas (petrolera y/o de minerales) tracciona la producción de bienes en el mercado interno. Los grandes capitales que han ingresado bajo el RIGI (el régimen de incentivos fiscales para grandes inversiones) acceden a la posibilidad de ingresar maquinaria y bienes importados sin ninguna restricción, o sea que nada ´derraman´ en el mercado interno. La única industria MOI que hasta ahora mostraba ´espaldas´, la farmacéutica de capitales nacionales, también está en retroceso. En el pasado, figuraba en el ´top ten´ de las exportaciones. Ahora, está al borde de ser borrada del mapa por los acuerdos de libre comercio con EE.UU., a favor de los laboratorios extranjeros. Son los que están detrás de las denuncias de corruptelas en la ANDIS, que buscan quedarse también con ese bocado de cardenal.

De los únicos tres otros productos en importancia de los 10 señalados consideradas exportaciones de origen agropecuario (MOA), ninguno suma valor agregado sustantivo: en orden de importancia, son la harina y pellets de soja; el aceite de soja y la carne bovina. Con excepción de esta última, que ocupa a una masa relativamente significativa de trabajadores, los otros dos ítems son casi irrelevantes en este terreno. Pero si se toma el conjunto de las MOA, en relación al pasado, el retroceso es enorme. Exceptuando los cultivos de la pampa húmeda -que son aquellos en los que hay menor valor agregado- la mayoría de los llamados cultivos industriales o regionales -que ocupan más trabajadores- están en la lona. Ni hablar de los problemas de infraestructura que afectan a todas estas actividades, especialmente por los caminos en ruinas. La vitivinicultura se encuentra a la cabeza de este retroceso, con una caída del 73% respecto al punto de partida de la caída hace 8 años. Mendoza y San Juan esconden este retroceso detrás del ´boom´ de la extracción minera. La industria forestal, otrora estrella entre las MOA, le sigue en el derrumbe. Por la caída en el mercado interno, el principal aserradero del país, ubicado en la provincia de Misiones, productor de pallets de madera, acaba de cerrar dejando a 300 trabajadores en la calle.

Señalemos de paso que el impulso a la llamada “economía del conocimiento” y la Inteligencia Artificial amenaza con transformar a la Patagonia no en una plataforma de desarrollo, sino en un páramo, acabando con los acuíferos existentes y devastando riquezas naturales. En EE.UU., cuna de los ´centros de datos´ de los grandes pulpos tecnológicos, los movimientos de repudio a su instalación están a la orden del día (por primera vez desde 1994, los demócratas amenazan con alzarse con la senaduría por Texas, tras el respaldo del gobernador Greg Abbott, republicano, a esos centros. Desde 2024, debido a esas grandes instalaciones, los aumentos de precios de los servicios públicos y los cortes de luz se repiten constantemente).

Resumiendo, el boom exportador es un bluff. Esconde, por un lado, la fenomenal primarización de la economía argentina, la desindustrialización y el retroceso de las fuerzas productivas del país; fenómeno que afecta de modo general a todo el mundo semicolonial, pero en forma particularmente aguda a Argentina. El retroceso del país en el subcontinente en los últimos 40 años es, en términos relativos, el mayor de todos, con la excepción de Haití y Cuba. El ´mérito´ le cabe por igual, sin distinciones, al arco político patronal, desde los ´nac&pop´ a los libertarios.

Como en Argentina no existe ningún tipo de control sobre el comercio exterior, la disposición de las divisas de los exportadores es irrestricta y constituye la principal ´cantera´ para la fuga de capitales. Ha sido así bajo todos los gobiernos. Más que nunca bajo el reino libertario: sólo en los últimos 16 meses, alcanzó la friolera de 40.343 millones de dólares (LN, 3/10), superando el récord previo de los ´nac&pop´, de más de 200.000 millones en 16 años. La gestión libertaria blindó por ley la fuga de los grandes capitales exportadores, particularmente de la última gran joya de la abuela: por la ley bases y el DNU 70/23 el sector petrolero goza de fabulosos beneficios impositivos y garantías de no intervención del Estado en el mercado, incluso en caso de desabastecimiento de combustibles en el país. O sea que lo de la cantera disponible del saldo positivo del comercio exterior es puro humo.

A veces las apariencias engañan. Entre el modelo libertario y el de los K, en materia de “sectores beneficiados” -Vaca Muerta, agro, minería- y fomento del comercio exterior, se parecen como dos gotas de agua. He aquí el nuevo contubernio que alcanza al conjunto de las fuerzas políticas patronales.

15 de octubre de 2026
Montenegro vuelve a Mar del Plata: una interna patronal sobre una ciudad ´detonada´

El anunciado regreso de Guillermo Montenegro a la intendencia de General Pueyrredón es, ante todo, un nuevo capítulo de la descomposición política del oficialismo municipal y sus disputas por cargos, negocios y vínculos políticos con los gobiernos provincial y nacional.

Montenegro había solicitado licencia para ocupar una banca en el Senado bonaerense, sin renunciar a la intendencia y con la expectativa -frustrada- de ser designado ministro de Justicia por Milei. Ahora prepara el camino inverso: pediría licencia en la Legislatura y buscaría autorización del Concejo Deliberante para completar su segundo mandato como intendente. El intendente interino Agustín Neme regresaría a su banca de concejal.

Detrás de este movimiento aparecen las disputas entre Neme, Montenegro y distintos operadores del PRO, como Alejandro Rabinovich y Emiliano Giri. El telón de fondo de esta lucha entre camarillas que se disputan el control del municipio es la grave crisis que atraviesa la ciudad.

Más fuerzas represivas y la postal del Arena Mar del Plata

Montenegro regresaría en medio de una fuerte crisis de seguridad. La posible intervención de fuerzas federales en la ciudad, como deslizó Patricia Bullrich en la segunda jornada del coloquio empresario de IDEA, vuelve a presentar el reforzamiento represivo como única respuesta cuando se han disparado todos los indicadores de pobreza, el aumento de la precarización laboral, la falta de vivienda y la destrucción de servicios públicos.

Una postal de la crisis laboral en Mar del Plata quedó expuesta hace apenas unos días cuando una multitud se agolpó por un puñado de puestos de trabajo en la construcción del microestadio que se construye en la esquina Luro y San Juan: más de seis cuadras de fila para conseguir uno de los 70 empleos ofrecidos. La desocupación oficial ya alcanza el 10%.

El despliegue represivo vinculado a la crisis de seguridad no modifica estas condiciones estructurales. Asistimos a una competencia entre Bullrich, Kicillof y Montenegro. Cada uno responsabiliza al otro por la inseguridad, que tiene su base en la descomposición social y del aparato del Estado, donde está enquistada la connivencia entre fuerzas de seguridad, poder político y redes delictivas.

Una ciudad ´detonada´

En “La Feliz” las necesidades sociales y urbanas se convierten siempre en oportunidades de negocios y que garantizan rentabilidad privada con recursos públicos.

El estado de las calles, las veredas y la infraestructura expone también la orientación política de la gestión municipal. El municipio cobra una tasa vial pero los fondos recaudados no se traducen en las obras correspondientes. La población paga combustibles más caros, pero continúa circulando por calles destruidas o sin asfaltar. Los microbasurales se multiplican en las esquinas de los barrios e incluso en plena peatonal, el amontonamiento de bolsas de residuos es parte del paisaje habitual.

El servicio de transporte de colectivos bordea el colapso; faltan viviendas, pero se construyen edificios y torres que nadie habita. La privatización de espacios públicos y la destrucción permanente del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad, en beneficio siempre de las ganancias empresariales, son la ´marca´ de la gestión de Montenegro y también de sus predecesores.

Los empresarios reclaman ´garantías´

Hoteleros, gastronómicos y comerciantes manifiestan expectativas en un recorte de los llamados ´costos laborales´ y menor ´presión impositiva´, para contrarrestar el menor consumo y atraer ´inversiones´ en base a un abaratamiento de la mano de obra.

La temporada turística se sostiene sobre la base de miles de trabajadores temporarios sometidos a jornadas extenuantes, salarios miserables y contratación precaria. La reforma laboral, celebrada por el empresariado porque “facilita las contrataciones por temporada”, profundiza esa explotación.

Mientras los dueños de hoteles y grandes cadenas reclaman menores costos, los trabajadores afrontan alquileres cada vez más inaccesibles, transporte caro y malo y salarios que no cubren la canasta familiar.

Ni Montenegro ni la oposición patronal

El retorno de Montenegro no traerá nada diferente. Tampoco constituye una salida el peronismo de Kicillof ni de quien sea, ya que administran el ajuste social y la degradación de los servicios públicos, en beneficio de los grandes empresarios.

Es necesaria una reorganización de la ciudad en función de las necesidades de sus trabajadores. La crisis de Mar del Plata no será resuelta por el regreso de un intendente ni por el recambio de funcionarios. Solo la organización independiente de la clase trabajadora podrá imponer las demandas populares que la burocracia sindical hace tiempo abandonó.

Trabajadores ocupados y desocupados, jubilados, estudiantes y vecinos, debatamos un programa y un método para conquistar nuestros reclamos: apertura de las cuentas públicas, control de los fondos municipales, obra pública bajo gestión de los trabajadores, defensa de los puestos de trabajo y del salario igual a la canasta familiar indexado por inflación, cumplimiento de los convenios colectivos, pase a planta de los trabajadores precarizados y el reconocimiento efectivo de todos los derechos laborales del personal temporario. El aumento inmediato de jubilaciones y pensiones, la urbanización de los barrios y el desmantelamiento de las redes de protección política y policial del delito.

15 de octubre de 2026
Una operación de pinzas para descuartizar al movimiento de residentes

El movimiento de residentes de salud de la ciudad de Buenos Aires protagonizó su cuarta semana de paro y movilización consecutiva. Una nutrida columna de hospitales, con el Elizalde, el Gutiérrez y el Fernández a la cabeza, marchó desde la sede central de Médicos Municipales (AMM) a las oficinas del Ministerio de Salud de CABA. Es precisamente desde esos dos puntos que se está articulando un operativo de pinzas para desmantelar la lucha de los residentes. Por abajo, sin embargo, el movimiento sigue ganando fuerzas llegando a nuevos hospitales y traspasando fronteras profesionales y jurisdiccionales.

La directora del área de docencia y capacitación de residentes de CABA, Andrea Andreacchio, hizo saber a la asamblea que estaba dispuesta a mantener una reunión con sus representantes, siempre que se levantaran las medidas de fuerza. La reunión tendrá lugar la semana que viene. No participarán el ministro Quirós ni “los funcionarios de Hacienda”, en quien el susodicho depositó la responsabilidad por los sueldos de los trabajadores de la salud. En simultáneo, las filiales de AMM mantienen reuniones con residentes de sus hospitales, con el propósito de fraccionar a la asamblea y apartar a sus efectores de la lucha.

Mientras el movimiento de residentes es entretenido en estas reuniones sin destino, el gobierno porteño, Sutecba y AMM están negociando a todo vapor una nueva paritaria a sus espaldas. La próxima semana cierran los sueldos que se abonarán en noviembre. Se espera un ajuste en torno al 4 o 5%, que es según AMM y Federación de Profesionales el desfasaje entre el salario y la inflación 2026, lo que dejaría intacta la pérdida del período 2023-25, que ronda el 30%. La negociación vendría acompañada por mieles y espinas: un “plus” por guardia y especialidad para residentes y descuentos a mansalva por los días de paro, con epicentro en los hospitales más movilizados.

El operativo cerrojo tuvo su impacto en la asamblea. Uno de los hospitales que había mantenido reuniones con AMM, el Gutiérrez, propuso una semana sin paros, para dar lugar a que se desarrollen las “mesas de diálogo”. Patria Grande y los partidos de FITU se acoplaron a este volantazo, cultivando un espíritu acomodaticio a la dilación y los hechos consumados. El Elizalde, en este contexto, quedó defendiendo en soledad una moción de continuar con los paros. Finalmente, se aprobó la convocatoria a una “marcha de velas”, que se realizará el jueves 22 por la tarde, sin paro, por las avenidas de la zona norte de la ciudad.

El operativo de pinzas se realiza, sin embargo, en un momento en el que el movimiento se encuentra aún en ascenso. Podría ocurrir lo mismo que en 2022, cuando un cierre paritario anticipado entre el macrismo y AMM produjo el efecto contrario al esperado, soliviantando aún más la lucha que derivó en una huelga indefinida. Hay sectores de activistas que ya presionan para que se fijen nuevas fechas de paro si las “mesas de diálogo” fracasan, lo que podría resolverse en una nueva asamblea prevista para el próximo lunes 19.

La lucha de los residentes de CABA está incentivando el paso a la acción del conjunto de los trabajadores de la salud. La asamblea de trabajadores de planta del primer nivel de atención (CeSACs) votó participar de la marcha de velas del 22/10, tomando la demanda salarial como un reclamo propio. En el mismo sentido, circulan petitorios de profesionales de planta que reclaman acciones a las direcciones de AMM y Federación de Profesionales. Los residentes de la provincia de Buenos Aires se preparan para un paro de 48 horas el 21 y 22/10, que comenzará con acciones por hospitales y culminará con una nueva marcha a La Plata. Los residentes de los hospitales nacionales también comenzaron a organizarse, reclamando no solo por el salario sino por todo lo que la reforma de Milei-Lugones les negó: aguinaldo, ART, vacaciones y la reapertura de los cupos cerrados por el gobierno.

A través del “diálogo”, los aprietes y la nueva negociación paritaria, el gobierno y la burocracia sindical quieren dar por clausurada la lucha e imponer sus condiciones. Aceptándolas, el movimiento no podrá alcanzar su aspiración de una real recomposición salarial. Por eso no se trata de marcar el paso en el mismo sitio, ni de esperar a que se produzca lo que luego se presentará como inevitable. Para derrotar el operativo de pinzas es necesario darle al movimiento otra perspectiva, que es la preparación sistemática de una huelga indefinida que acorrale al gobierno, incluido el abandono de las guardias. Organizar una huelga con continuidad es el desafío que enfrentan sus activistas, escapando al control de los aparatos burocráticos y de la izquierda adaptada al Estado.

La movilización de los residentes porteños, bonaerenses y nacionales muestra que están creándose las condiciones para una huelga general autoconvocada de toda la salud, por un mínimo inicial de 3 millones de pesos. Es a lo que apuntan también los médicos y odontólogos del PAMI, de paro por 96 horas, o los trabajadores de la salud privada, que son los mismos del sistema público, sometidos al pluriempleo. Con esta orientación de cabecera, los trabajadores de la salud de Política Obrera llamamos a darle un carácter multitudinario a la marcha del 22/10, preparando la convocatoria con asambleas previas en cada servicio, hospital y centro de salud y organizando recorridas por las barriadas, escuelas y facultades. En el salario de sus profesionales, se juega la defensa del derecho a la salud de todo el pueblo trabajador.

15 de octubre de 2026
La quinta marcha educativa estuvo dominada por aparatos

La quinta marcha educativa bajo el gobierno de Milei presentó un panorama conocido: a lo largo de la Avenida de Mayo, desde Congreso a la 9 de Julio, se extendió una legión de manifestantes sin duda numerosa.

Pero las columnas de universidades, colegios y sindicatos estaban representadas por contingentes organizados -la militancia estudiantil y docente de las casas de estudio junto a sus funcionarios. En cambio, faltaba una concurrencia espontánea y masiva de estudiantes y público, como había ocurrido en las dos primeras marchas educativas. La movilización estuvo dominada por los aparatos.

A la cuestión del financiamiento universitario, se sumaba esta vez la expectativa de una sesión extraordinaria para tratar el DNU 70/2023, la cuestión de la discapacidad y el endeudamiento. Pero la sesión fue boicoteada por los mismos partidos “opositores” que, de un modo general, regentean al aparato universitario a través del elenco de rectores.

En conocimiento de ese aborto parlamentario, el palco de la Marcha Federal se ubicó por la mitad de la Plaza Congreso. Bastante atrás de los manifestantes que protestaban frente al vallado de Entre Ríos y que, muy prontamente, comenzaron a ser reprimidos. Se planteó entonces una curiosa situación: mientras una parte de la marcha soportaba los gases y los carros hidrantes, las burocracias educativas de diferente laya proferían todo tipo de lamentos en torno de la “intransigencia” gubernamental. Lo que no apareció en ese palco, bajo ningún concepto, es el llamado a una huelga general para arrancar de una vez por todas el financiamiento universitario. Los fallos judiciales, largamente celebrados en el palco, solo han conseguido sacarle a Diego Santilli, en su carácter de jefe de Gabinete, 100.000 pesos de multa diaria -un vuelto que, seguramente, no serán pagados nunca.

En la trastienda de estas escaramuzas por arriba, las vísperas de la jornada del 15 dejaron señales muy importantes: la determinación de sindicatos universitarios como los de Córdoba, Rosario, Bahía Blanca o Tucumán, que resolvieron huelgas y jornadas activas en los días previos a la marcha. Las ocupaciones de colegios secundarios y terciarios en CABA, desafiando la represión del fascista Jorge Macri; el tremendo paro de los docentes de Buenos Aires el mismo día de la marcha.

Para la burocracia sindical y universitaria que comandó la marcha, el 15 fue el réquiem para el año 2026 y para el propio “financiamiento universitario”. Para los luchadores que buscan otro rumbo, deben deliberar una política alternativa y opuesta, que le permita organizar al activismo que milita por la huelga indefinida y desarrollar una nueva dirección políticamente independiente.

18 de octubre de 2026
Vientres de alquiler en guerra: un negocio que crece sobre la necesidad de las mujeres

Mientras el Parlamento de Ucrania debate el proyecto de ley 15507 para prohibir la subrogación de vientres a extranjeros y limitar un negocio millonario atravesado por la guerra, el debate global sobre la gestación por encargo vuelve a encenderse. Entre la explotación económica de las mujeres desplazadas, la proliferación de agencias intermediarias y las discusiones sobre la "gestación solidaria" en países como Argentina, el circuito transnacional de los vientres de alquiler expone una realidad donde la necesidad económica convierte al cuerpo de las mujeres empobrecidas en la mercancía más barata del mercado global.

Ucrania, el mercado barato

Antes de la guerra, Ucrania era el segundo centro mundial de subrogación comercial, detrás de Estados Unidos. La actividad casi volvió a los niveles previos a la invasión, y los extranjeros son el 95 % de los futuros padres. Un abogado del sector estimó en 2018 entre 2.000 y 2.500 nacimientos por año (Al Jazeera, 13/9/18).

La diferencia de costos se explica por los salarios y la pobreza del país. Una pareja de Londres pagó unas 65.000 libras a BioTexCom, la mayor clínica ucraniana, frente a más de 110.000 que puede costar en Estados Unidos. Un reportaje de 2025 señaló que el precio ucraniano de 30.000 a 50.000 dólares, contra 110.000 o más en Estados Unidos, se debe sobre todo al bajo costo de vida y de los procedimientos médicos. Una guía comercial para 2026 calcula entre 50.000 y 75.000 euros por programa en Ucrania y entre 20.000 y 26.000 para la gestante. La misma gestación vale menos donde las mujeres tienen menos alternativas.

La guerra como reclutadora

La BBC contó el caso de Karina Tarasenko, de 22 años. Su casa en Bakhmut fue destruida cuando tenía 17. En Kiev no conseguía trabajo estable y en una tienda apenas le alcanzaba para pan y pañales. Cobrará unos 17.000 dólares, aproximadamente el doble del salario promedio ucraniano, y la mayor parte llega después del parto. Le correspondían 21.000, pero el contrato preveía un recorte si uno de los mellizos moría, y así ocurrió. Vive en un departamento que le da la clínica.

La activista Maria Dmytrieva explica el mecanismo con sus palabras: la guerra multiplica las mujeres desesperadas y las clínicas les ofrecen esa salida a parejas occidentales que buscan pagar menos. Una clínica difundió en enero de 2026 un aviso hecho con inteligencia artificial que muestra a una mujer eligiendo entre leña para la estufa y ropa para sus hijos. En 2021, BioTexCom había promocionado un "Black Friday" de bebés (BBC, 7/5/26).

Karina defiende su decisión y se opone a la ley. Su testimonio muestra qué significa elegir cuando el ingreso alternativo es un pan. Para ella, la prohibición desarma un plan de comprarse una casa que ninguna política pública le ofrece.

Familias varadas, bebés abandonados y mujeres desplazadas

La guerra dejó episodios que exponen la lógica de mercancía. En marzo de 2022, abogados del sector calculaban unas 500 mujeres embarazadas para clientes extranjeros y BioTexCom mantenía un refugio para recién nacidos en un sótano de Kiev. En 2025, una madre de Florida se enteró de que su hija había nacido cuando un médico pasó a felicitarla, con una alarma antiaérea sonando. La pareja londinense de la BBC pasó tres meses en Kiev, entrando y saliendo de refugios antibombas, por la demora en los papeles del niño.

También hay niños que nadie retira. Wei, de cinco años, nació prematuro en 2021 con daño cerebral severo. Sus padres del sudeste asiático desaparecieron, la gestante no tenía obligación legal y hoy vive en un hogar estatal de Kiev. Un funcionario de Salud dice que son "muchos" los casos, aunque el Estado no lleva cifras.

Cuando Ucrania se volvió inestable, la demanda se corrió hacia otros países. En Georgia, investigadoras entrevistaron a ucranianas desplazadas que gestan en departamentos alquilados por agencias, con contratos y procedimientos médicos en idiomas que no entienden (The Conversation, mar. 2026). En mayo de 2025, dos gestantes obtuvieron allí estatus de víctimas de trata (Social Justice Center, dic. 2025). Un informe del Ministerio de Justicia ucraniano habla de contratos abusivos, aislamiento y restricción de movimientos. Es el circuito de las llamadas granjas: mujeres alojadas por la empresa, lejos de su familia y con pago condicionado al resultado.

Riesgos para la salud

Los riesgos médicos rara vez aparecen en la publicidad. Un estudio de Ontario, publicado en Annals of Internal Medicine, analizó 863.017 partos entre 2012 y 2021. La morbilidad materna grave fue de 2,3 % en embarazos espontáneos, 4,3 % con fertilización in vitro y 7,8 % en gestantes por encargo. Estas últimas tuvieron un 75 % más de trastornos hipertensivos, un 79 % más de partos prematuros y casi el triple de hemorragia posparto (Medscape, 26/9/24). La investigadora advirtió que las guías que limitan quién puede ser gestante no siempre se cumplen. El estudio incluyó sólo 806 gestantes y comparó con partos de Canadá, un país con sistema de salud público. Sirve como referencia mínima. En Ucrania no hay datos comparables, y la exposición a bombardeos, migraciones y estrés agrega riesgos sin medir. La gestante de la pareja de Florida pasó por varias transferencias fallidas y un aborto espontáneo antes del embarazo que llegó a término.

El debate en la Rada

Los intentos de restringir el negocio a extranjeros vienen de antes. En 2023, una comisión parlamentaria propuso vedar la subrogación a extranjeros mientras dure la guerra y tres años después, con la diputada Viktoria Vahnier como una de las autoras. La ley no prosperó. Este año el tema volvió con más apoyo: la BBC informó que las propuestas tienen amplio respaldo en el Parlamento. El 13 de agosto se registró el proyecto 15507. Permitiría la subrogación sólo si ambos cónyuges, o uno de ellos, son ucranianos con tres años de residencia, prohibiría el servicio a extranjeros salvo con un cónyuge ucraniano y crearía un registro estatal de contratos (Ukrinform, 13/8/26). Entraría en vigencia junto con una ley que establezca responsabilidad penal por las infracciones.

Sus defensores invocan la caída de la natalidad. Rusia hizo algo parecido: su Duma aprobó en diciembre de 2022 una ley que prohíbe la subrogación a extranjeros. Ambos gobiernos, en guerra, justifican la medida con la protección de "nuestros niños". Ese planteo deja intacto el mercado interno. Las mujeres pobres de Ucrania seguirían gestando para parejas ucranianas con dinero, y el negocio buscaría otros territorios, como muestra el caso de Georgia. El proyecto tampoco toca la causa que llevó a Karina a la clínica.

Una salida de clase

Para el movimiento de mujeres y la izquierda, la vía es desmontar el negocio. Eso implica prohibir los contratos y las agencias, y proteger a las gestantes en vez de castigarlas. Requiere también trabajo, vivienda e ingresos para las mujeres desplazadas y a las que hoy empuja la guerra. Los dos bandos de esta guerra defienden intereses que no son los de las trabajadoras. Mientras el conflicto continúe, la reproducción de las mujeres pobres seguirá siendo una mercancía barata para quienes pueden pagarla.

Fuentes: https://www.aljazeera.com/amp/features/2018/9/13/ukraines-baby-factories-the-human-cost-of-surrogacy https://www.bbc.com/news/articles/clyp4kp687go https://theconversation.com/i-didnt-come-here-to-get-rich-new-research-on-the-lives-of-ukrainian-women-in-georgias-surrogacy-boom-276173 https://socialjustice.org.ge/en/products/surogatsiastan-dakavshirebuli-trefikingisa-da-dzaladobis-savaraudo-praktika-sagangashoa-da-sachiroebs-dauqovnebliv-gamodziebas https://www.medscape.com/viewarticle/severe-maternal-morbidity-three-times-higher-surrogate-2024a1000hh4 https://www.ukrinform.net/rubric-society/4153973-parliament-proposes-changes-to-ukraines-surrogacy-rules.html

18 de octubre de 2026
Paritaria docente: Kicillof acuerda con la burocracia perpetuar la miseria salarial

El viernes 16 de octubre se llevó adelante la reunión paritaria entre el gobierno de Kicillof y los gremios docentes y estatales. El gobierno ofreció un miserable 6 % en dos cuotas de 3 % con la liquidación de los salarios de octubre y noviembre. El Sábado 17 de Octubre, en el “Dia de la Lealtad Peronista”, los sindicatos SUTEBA, UDOCBA, AMET y SADOP aceptaron esta miseria sin realizar ninguna consulta a sus propios afiliados. La FEB -el otro sindicato que integra el Frente de Unidad Docente Bonaerense- aún no se expresó.

En septiembre ya se había vencido la paritaria y los docentes cobramos sin aumento. Esta situación motivó una seguidilla de paros que contaron con una adhesión importante. A pesar de los descuentos que ejecutó el gobierno provincial para amedrentar a los docentes, la tendencia a la huelga sigue vigente.

El acuerdo establece el salario de docente en $945.000 pesos que se elevaría a $973.000 con la segunda cuota. Se trata de una propuesta que perpetúa la pérdida salarial de 2026. Entre 2024 y 2025, nuestros salarios retrocedieron 21 %. Este año, la pérdida ya alcanza otro 4 %.

El acuerdo plantea la reapertura de la paritaria en diciembre, por lo que este será el último aumento que reciban los docentes durante este año, dejando pasar la inflación venidera correspondiente a octubre, noviembre y diciembre. Los docentes terminaremos 2026 con una pérdida de, al menos, 8 puntos porcentuales.

Cerraremos un año a la baja y con la mayor parte de la docencia en situación de pobreza. Además, en la reunión paritaria nada se discutió sobre la crisis del IOMA, los descuentos por paro, el manoseo del régimen de licencias, el avance de la violencia sobre los docentes y la crisis de infraestructura.

La aceptación de la propuesta por parte de los gremios del FUDB expresa el divorcio cada vez más acentuado entre los intereses de la burocracia sindical y los de la docencia. SUTEBA, el gremio mayoritario, no convocó a ninguna asamblea ni instancia deliberativa para poner a consideración lo ofrecido. Firma acuerdos a la baja a repetición, sin ningún tipo de consulta. La única explicación posible para la aceptación de esta propuesta miserable es la subordinación de la conducción celeste, comandada por Baradel-Torre, y del resto de las conducciones gremiales, a la postulación presidencial de Kicillof en 2027. El gobernador viene de reunirse en Nueva York con los tenedores de la deuda a los cuales les garantizó mantener el “orden de las cuentas fiscales” para asegurarles el pago de sus deudas. En cambio, a la docencia la mantiene con salarios de pobreza que obligan a la superexplotación laboral, incluyendo la toma de otros trabajos por fuera de las escuelas. Es una perspectiva ruinosa.

El mismo día que se realizó la reunión paritaria, las seccionales opositoras tuteladas por el FIT-U (Lista Multicolor) impulsaron un plenario virtual de coordinación. Casi sin preparación, la participación se redujo a unos 170 docentes, todos pertenecientes a las agrupaciones. La docencia le dio la espalda a esta instancia. Como resolución se acordó impulsar un paro de 24 horas y una marcha para la semana que viene, repitiendo la metodología de paros aislados que ya se demostraron insuficientes para revertir el deterioro de las condiciones salariales y laborales de los docentes.

Desde la Tendencia Docente Clasista planteamos construir un paro por tiempo indeterminado hasta que el gobierno de la provincia realice una oferta que considere la pérdida de los últimos años y permita cerrar el 2026 por encima de la inflación. Impulsamos mandatos, consultas y asambleas que se pronuncien por el reclamo por un salario de 3.200.000 por cargo, para frenar el vacimiento de IOMA, voltear las reformas antieducativas y conquistar todas las demandas de la docencia largamente postergadas.

18 de octubre de 2026
Delegadas del Hospital de San Isidro Melchor Posse por el sobreseimiento de Bruno Corzo

Las abajo firmantes, delegadas de enfermería del Hospital de San Isidro Melchor Posse, hacemos llegar nuestra más profunda solidaridad y apoyo activo al colega y referente de la docencia autoconvocada de Catamarca, el profesor Bruno Corzo, quien se encuentra injustamente judicializado por el fiscal federal Santos Reynoso bajo el cargo de supuesto "entorpecimiento de los servicios públicos" (Artículo 194 del Código Penal).

Como trabajadoras de la primera línea de la salud, sabemos perfectamente lo que significa sostener los servicios públicos esenciales a costa de nuestra propia salud y con salarios de miseria. Vivimos a diario el mismo desmantelamiento presupuestario, la precarización y la falta de insumos que la docencia catamarqueña denuncia valientemente en las escuelas. La lucha que encabezó el compañero Bruno Corzo el pasado 7 de marzo en la Ruta 38 no es un delito: es el ejercicio legítimo del derecho constitucional a la huelga y a la manifestación por salarios dignos frente a la línea de la pobreza y por condiciones edilicias seguras para educar y aprender.

Entendemos que esta farsa judicial montada de oficio contra el compañero Bruno no es un hecho aislado, sino una clara maniobra de disciplinamiento y persecución política dirigida a amedrentar a todo el movimiento obrero. El gobierno de Raúl Jalil pretende utilizar el brazo de la justicia federal para castigar el histórico triunfo de los docentes autoconvocados y frenar las legítimas protestas paritarias y laborales que recorren la provincia.

La salud y la educación pública sufren el mismo ajuste. Por eso, los trabajadores de ambos sectores debemos unirnos fuertemente en las calles contra la criminalización de nuestras demandas. Si tocan a uno, nos tocan a todos.

Exigimos de manera urgente:

El sobreseimiento definitivo y archivo inmediato de la causa contra Bruno Corzo.

El cese inmediato de la persecución y el amedrentamiento a los docentes autoconvocados y activistas de Catamarca.

Salarios dignos y presupuesto real para la educación y salud públicas.

¡La protesta social y laboral es un derecho, no un delito!

Firmas:

Deysi Villarruel Delegada de Enfermería Miryam Corales – Delegada de Enfermería

Sumá tu pronunciamiento! Seguinos en instagram @campanaxbrunocorzo https://www.instagram.com/p/Dej2nhtkZnM/

18 de octubre de 2026
Lula pacta con la derecha parlamentaria la última semana de la campaña electoral

Cuando falta una semana para el balotaje, DataFolha ofrece una situación de “empate técnico” entre Lula y Bolsonaro (filho) que en caso de confirmarse dejará abierta una crisis política en cuanto a la legitimidad de los resultados. Los dos candidatos han protagonizado actos públicos muy concurridos, Lula en São Paulo y Río, Bolsonaro en Vitoria (Paraiba) y Salvador (Bahía). Queda por delante un debate presidencial, propiciado por la red Bandeirantes.

Como habíamos advertido, la campaña por la segunda ronda se ha convertido en una elección independiente, con una carga política propia; es posible que se produzcan realineamientos respecto a la primera vuelta o incluso una mayor participación electoral. La novedad de mayor peso, aunque presente desde antes del inicio de la campaña electoral, es la alianza política de Lula con un sector de la derecha de Brasil para poner una barrera a una victoria de Bolsonaro.

El arma más eficaz de Lula en esta segunda vuelta ha sido el proyecto de reducción de la semana laboral de seis a cinco días, que ha concitado, según coinciden los medios, un apoyo del electorado de Bolsonaro. Bolsonaro mismo se ha visto forzado a adherir a la iniciativa de Lula, luego de haber militado su rechazo. El proyecto en cuestión había logrado la media sanción en agosto pasado, de modo que le queda solamente la aprobación del Senado. A partir del Primero de Enero próximo, cuando tendrá lugar la transmisión de poderes, la cámara alta quedará con una sólida mayoría del Partido Liberal que encabeza Flavio Bolsonaro. Es el ámbito constitucional que vota las designaciones en el Poder Judicial a partir de propuestas del Ejecutivo. La Justicia se enfrenta, en el momento actual, a una durísima crisis política, con vínculos con la estafa del banco Master y las coimas distribuidas por su dueño, Daniel Vacaro, que se encuentra en prisión. A partir del próximo control del Senado, el bolsonarismo ha desplegado la amenaza de varios juicios políticos contra magistrados rivales para adueñarse de Superior Tribunal Federal.

Es en ese escenario en el que ha incursionado Lula para hacer un pacto político con Davi Alcolumbre, un derechista de União por Brasil, para habilitar la votación de la semana laboral de cinco días antes del balotaje. El acuerdo entraña un reparto de figuras en el Poder Judicial, en especial si Lula gana el balotaje. El desplazamiento del llamado Centrão, una coalición informal de derecha, hacia Lula insinúa una novedad de peso que es la disconformidad de una fracción de la derecha con una presidencia Bolsonaro y sus implicancias: amnistía general para los centenares de golpistas condenados judicialmente, incluido un grupo de alta patente del ejército, y un indulto presidencial a Jair Bolsonaro. Más allá de esto, se encuentra en juego un alineamiento incondicional de Brasil con el Escudo de las Américas de Trump, que es visto como inconveniente por una parte significativa de la burguesía brasileña. El pasaje del proyecto laboral por Diputados ya había dejado ver esta escisión en la derecha, por el apoyo que le brindó su presidente, Sergio Motta, del bloque de Republicanos.

La derogación del 6x1 por el 5x2 es una muestra de la enorme duplicidad del lulismo. Es que, en cuatro años de gobierno, Lula no derogó, ni menos aun el Congreso, la contrarreforma laboral impuesta por el gobierno de Jair Bolsonaro, de modo que los cinco días laborables por semana conviven con una ‘desregulación’ completa de derechos laborales, que llega hasta la imposición del contrato individual. El 5x2 no añade derechos sino que consolida su supresión. Ha sido vendido, sin embargo, como una conquista que incluso ha terminado por ser avalada por Flavio Bolsonaro, un defensor de la semana del 6 y hasta del 7x1, sin ningún descanso. El 5x2 está agendado para ser votado en la semana que se inicia, con la intención de suscitar algún vuelco en el resultado electoral. El voto por Lula “contra el fascismo” se ha convertido en uno de aprobación al pacto con una derecha de tintes fascistas, contra un fascista y un golpista, que procura demostrar una vocación democrática de último momento. La movilización de masas contra el fascismo pierde toda su fuerza si deja de ser independiente de la burguesía para transmutarse en un apoyo a ella. Un cuarto mandato para Lula significará una cohabitación más estrecha con la derecha parlamentaria que la vigente hasta ahora. El Centrão será el dueño de la pelota atada a un acuerdo político judicial.

En la volada derechista se coló algo más: el PT admite reducir la edad de imputabilidad del delito juvenil. Es una concesión brutal a la presión derechista, con el propósito de adueñarse de la agenda de seguridad de la ultraderecha y el fascismo; es su viga maestra, con ella viene la deportación de migrantes y la asunción de la agenda de Trump con respecto al narcotráfico, convertido en terrorismo de estado, para justificar asaltar militares y la guerra imperialista.

Estas ‘minucias’ de campaña no han sido siquiera consideradas por la prensa de izquierda de Brasil, para la cual la lucha contra el fascismo y la derechización del aparato y la política del Estado no pasa de una abstracción. Es un seguidismo en altísimo grado, que se acomoda a un movimientismo sin principios ni estrategia. En cualquier caso, la envergadura del endeudamiento publico de Brasil y la magnitud del de su población con bancos y fintech augura un período de ajustes y luchas necesitados de una dirección política independiente. Con un sentido mendaz de la ironía, Lula acaba de sostener que financiará un ajuste con la supresión de los presupuestos privados que los legisladores manejan por el dictado de una ley. Sería lo último que haría, por temor a una rebelión en la granja.

19 de octubre de 2026
La rebelión que recorre Europa

El panorama que arrojaron los sucesos europeos de este fin de semana revela una tendencia a la rebelión popular en pleno desarrollo.

Desde el inicio de los combates en Ucrania, y más aún desde las agresiones contra Irán, las movilizaciones en Europa contra las consecuencias sociales de la guerra han ido escalando. Las grandes concentraciones contra el genocidio en Gaza, especialmente en Italia, España, Francia, Países Bajos y el Reino Unido, se alternaron con huelgas y protestas contra el aumento de los combustibles, alquileres y recortes del gasto social. Los acontecimientos que, por estas horas, envuelven a Francia, Italia, España, Portugal, Bélgica, Alemania e incluso Albania -aspirante a integrar la UE- han hecho emerger un escenario de protestas ´transnacionales´, en medio de un acusado chovinismo y de aprestos represivos contra las movilizaciones. Aunque carezcan de una dirección unificada, los reclamos de fondo de los estudiantes y trabajadores tienen una raíz común. Este ascenso de las luchas sociales, por otro lado, tiene lugar en vísperas de un recambio por derecha -incluso ultraderecha- de los gobiernos presentes. El programa de ese relevo, contradictoriamente, plantea un ajuste del gasto social y un reforzamiento del presupuesto militar y de guerra, alimentando tendencias explosivas.

Las principales manifestaciones europeas de los últimos días fueron encabezadas por la juventud.

La rebelión estudiantil francesa conoció un nuevo pico este fin de semana. A los estudiantes secundarios que salieron a luchar desde hace quince días, se sumaron en esta oportunidad los ´chalecos amarillos´, el movimiento surgido en 2018 contra el aumento de los combustibles. El gobierno de ´centroderecha´ y la ultraderecha de Marine Le Pen acusaron a ´infiltrados´ y partidos de izquierda por los destrozos que provocaron en varias ciudades los choques de los manifestantes con la policía. Trump agregó de su cosecha la imputación contra la "inmigración masiva". Hubo al menos 2.500 detenidos y numerosos heridos durante las movilizaciones, caracterizadas nuevamente por la resistencia a la represión. En estas horas, el gobierno Macron-Lecornu anunció toques de queda parciales, a los cuales se han plegado municipios gobernados por los "socialistas". Lo que encendió la mecha fue el proyecto de presupuesto 2027, que estipula un recorte de 54.000 millones de euros para reforzar las partidas destinadas a financiar el rearme.

Los reclamos educativos de los jóvenes franceses -aumento del presupuesto educativo, nombramiento de docentes, cambios en el sistema de enseñanza- se ha enlazado con la cuestión de la ´asequibilidad´ (accesibilidad) a la vivienda, no sólo a las residencias estudiantiles. La cuestión de la vivienda hizo arder a España a fines del mes pasado, cuando el desalojo de una anciana a manos de un pulpo inmobiliario desató una rebelión. En España, el precio de los alquileres subió en promedio entre el 40 % y el 45 % en la última década, mientras que los salarios lo han hecho en un 26 %, en el mejor de los casos. El rechazo del Parlamento a los decretos propuestos por Pedro Sánchez, fundamentalmente por causa de la deserción a la coalición oficialista del partido de la burguesía catalana, puso punto final a su gobierno.

También en Portugal la cuestión de la vivienda ha desatado movilizaciones crecientes. Desde el 10 de octubre, se han instalado acampes en Oporto y Lisboa para reclamar la limitación de los precios de los alquileres, la suspensión de los desahucios y el aumento de la construcción de vivienda pública. "Los jóvenes que mantienen acampadas pacíficas en Lisboa y Oporto contra la crisis de la vivienda quieren extender sus protestas al movimiento sindical y promover una ´huelga general ibérica´ el próximo 11 de noviembre, coincidiendo con la paralización convocada en España" (Infobae, 19/10).

Por otro lado, desde hace 15 días la Italia gobernada por los fascistas de Giorgia Meloni experimenta un ascenso estudiantil, con centro en Roma, Bolonia y Nápoles. "Una de las claves para entender el malestar [en Italia] es la creciente concentración de la riqueza. Según un análisis basado en datos del Banco Central Europeo y Eurostat, el 5 % de los hogares más ricos de Italia pasó de concentrar menos del 40 % de la riqueza financiera e inmobiliaria a reunir más de la mitad en los últimos 15 años. En el mismo período, la participación del 90 % de los hogares con menor patrimonio cayó del 48 % a menos del 40 %" (Ámbito, 18/10).

En Bélgica, desde el día 9, los estudiantes salieron a las calles de Bruselas para sumarse a las protestas por los proyectos del gobierno conservador de Bart de Weber consistentes en recortar gastos en educación, sanidad y prestaciones sociales. Como en Italia, los jóvenes belgas reclaman contra el arancelamiento de los comedores, el incremento de los materiales escolares y el transporte, el congelamiento de las becas de estudio y el recorte de las matrículas universitarias. En el caso de Albania, los reclamos han decantado hacia consignas por la caída del gobierno de Edi Rama, un socialdemócrata europeísta. Hace unos meses, un emprendimiento inmobiliario de Donald Trump en la costa del mar Adriático había suscitado un inesperado y aguerrido movimiento de protesta.

Por último, en Alemania, a finales de septiembre, la juventud protagonizó grandes movilizaciones contra la guerra; especialmente, contra el establecimiento del servicio militar obligatorio.

La guerra imperialista es un revulsivo social inevitable.

19 de octubre de 2026
Crisis del transporte en San Isidro: nuevos recorridos, siguen los reclamos

Desde hace meses, el municipio de San Isidro atraviesa una crisis fenomenal de transporte público, a partir de la quiebra de la empresa Micro Ómnibus General San Martín.

A mitad de año se oficializaron nuevos recorridos, tomados por líneas como la 343 y 314. El nuevo esquema dejaba barrios enteros aislados, lo que generó una ola de reclamos que se canalizaron bajo la forma de asambleas vecinales. En muchas barriadas los reclamos por la falta de conexión con los hospitales y avenidas centrales -como Uruguay o Márquez- se hicieron cada vez más masivos. Esto obligó al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires a reconfigurar los nuevos recorridos. El nuevo esquema, si bien tomó una parte de las demandas vecinales, una vez más prioriza las ganancias de las empresas privadas por sobre la función social que cumple el transporte público. Consiste en reconfigurar los recorridos presentados anteriormente por el municipio sin agregar ni una sola cuadra más.

Los trabajadores de los barrios Bajo Boulogne y Villa Jardín reclaman que haya conexión con el hospital de Boulogne. Para la empresa sería sólo un pequeño tramo de 10 cuadras, pero se resiste. También empiezan a aparecer nuevas quejas, como las de los vecinos de Beccar que no tienen acceso a la estación del tren o vecinos de diferentes zonas de Villa Adelina.

En todo este tiempo los vecinos han tenido que caminar mucha más distancia, llegar tarde a sus trabajos o gastar más dinero en transporte. Debe quedar en claro que el Estado es el responsable de que los vecinos no se queden sin transporte. Es fundamental seguir fortaleciendo las luchas llevadas a cabo hasta el momento y generar nuevos espacios de deliberación en aquellos barrios que aún no han podido organizarse. No deben primar las ganancias empresariales, si es "rentable" o no el recorrido. Lo que debe primar es la necesidad de los vecinos, de los estudiantes, de los miles de trabajadores que utilizan el transporte a diario.

19 de octubre de 2026
El “octavo frente” de Netanyahu: millones para lavar el genocidio

La revelación del semanario Brecha sobre la empresa Conexión Israel, perteneciente a Roni Kaplan, no es un mero escándalo de “propaganda”. Es la exposición concreta de cómo el Estado sionista, brazo avanzado del imperialismo en Oriente Medio, compra voluntades, coopta dirigentes y fabrica “opinión pública” en América Latina con fondos públicos millonarios.

Kaplan, uruguayo de origen, capitán de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y vocero en español de la ocupación, pasó del servicio militar activo al negocio privado de la hasbará (literalmente “explicación” o “esclarecimiento” en hebreo). En el contexto político e internacional se usa para referirse a los esfuerzos de diplomacia pública y de propaganda del Estado de Israel, y de organizaciones proisraelíes, destinados a justificar y promover las políticas y acciones del gobierno israelí ante la opinión pública mundial. Tiene una infraestructura propia dentro del gobierno, oficina del primer ministro, cancillería, ministerio de Defensa, y cuenta con presupuestos importantes, especialmente desde octubre de 2023.

La firma de Kaplan ha recibido al menos 10 millones de dólares de la cancillería israelí entre 2023 y enero de 2026, con perspectivas de otros 5 millones en el año en curso. Desde 2017, el total supera los 16 millones. Este caudal de dinero estatal no financia turismo: organiza delegaciones de políticos, periodistas e influencers para que “descubran las facetas más atractivas” de Israel y regresen convertidos en agentes de influencia.

Tras el 7 de octubre de 2023, Israel declaró abiertamente el “octavo frente”: la batalla por las conciencias, según lo ha planteado Benjamín Netanyahu, quien ha descrito repetidamente el enfrentamiento desde el 7 de octubre de 2023 como una guerra en siete frentes militares o físicos contra Irán y sus aliados. El “octavo” es el no militar: la guerra de la información, la diplomacia pública y la disputa por el relato mediático e internacional.

Mientras bombardea Gaza y Líbano, multiplica el presupuesto de diplomacia pública hasta 730 millones de dólares solo para 2026. Kaplan es uno de los intermediarios privilegiados. Organiza itinerarios que muestran high-tech, playas de Tel Aviv y “convivencia” entre árabes y judíos, omitiendo sistemáticamente la ocupación, los checkpoints, los asentamientos y el genocidio en curso. El propio canciller Gideon Saar lo reconoce: se trata de un arma en la “guerra de conciencias”.

En Uruguay, esta operación ha sido particularmente exitosa. Yamandú Orsi, actual presidente por el Frente Amplio, viajó en septiembre de 2023 invitado por el Congreso Judío Latinoamericano y el Comité Central Israelita. La agenda la armó Conexión Israel. Orsi regresó entusiasmado: “disfruté tanto”, “no hay apartheid”, “convivencia normal”. Un año después, en privado, confesó que el viaje “cambió” su perspectiva. No es un caso aislado.

Brecha, vinculado estrechamente al Frente Amplio, viene desarrollando toda una campaña de denuncia contra el genocidio y las operaciones de encubrimiento que adopta en el país y la región. Una muestra de la crisis que atraviesa la propia centroizquierda. El semanario enumera una treintena de dirigentes de la oposición, periodistas de los principales medios (canales 12, 10, 4, VTV, El País, El Observador, el semanario Búsqueda), el pastor Jorge Márquez y su Iglesia Misión Vida, académicos y empresarios de la Cámara de Tecnologías de la Información que también hicieron el mismo recorrido. Parte de estos viajes son financiados directamente por la cancillería israelí; otros, por organizaciones del lobby proisraelí. En todos los casos, la logística y el diseño propagandístico quedan en manos de Kaplan.

El Frente Amplio, que en la oposición denunciaba tímidamente los excesos de Netanyahu, en el gobierno absorbe a un presidente que ha sido moldeado por la hasbará. Más atrás en el tiempo el propio Fernando Pereira, hoy presidente del Frente Amplio, visitó Israel como representante máximo del PIT-CNT. Viajó invitado por la Histadrut (la principal “central sindical” israelí), junto a otros dirigentes sindicales uruguayos. Durante esa visita destacó aspectos de la organización sindical en Israel y la calidad de vida de los trabajadores. La complicidad con el sionismo viene de lejos.

No se trata de una “infiltración” misteriosa: Israel ofrece tecnología de vigilancia, armamento y, sobre todo, un relato que legitima la represión. Kaplan no es un simple emprendedor. Emigró, se enroló en las FDI, participó en la propaganda de la ofensiva de 2014 contra Gaza y luego monetizó esa experiencia. Su trayectoria ilustra la fusión entre el Estado sionista, el capital privado y la diplomacia imperialista. La hasbará no es un “exceso” ni una “desviación”: es inseparable del carácter colonial y genocida del Estado de Israel, fundado sobre la expulsión del pueblo palestino y sostenido por el imperialismo.

El incremento exponencial del presupuesto de propaganda israelí -de 25 delegaciones anuales a más de 400 en 2025- coincide con la necesidad de contrarrestar el aislamiento internacional de Israel tras el genocidio perpetrado desde 2023.

En Uruguay, el lobby pro Israel ha desatado una campaña contra toda movilización en apoyo a Palestina. El sionismo mantiene un control superestructural (partidos políticos de la derecha, prensa y el propio gobierno), pero ha perdido definitivamente la calle. El FA maniobra en ese contexto, buscando salvar al gobierno frente a su base con el argumento de "una cosa es el gobierno y otra la fuerza política". La ultima marcha realizada el 8 de octubre precisamente denuncia la complicidad del gobierno (“Que se ponga del lado de los oprimidos y no de los opresores”), ante lo cual el propio Fernando Pereira se desmarca, afirmando que apoya "algunas partes" de la proclama y no otras. El FA ha quedado embretado, no puede encabezar estas movilizaciones porque su gobierno mantiene el sometimiento al imperialismo, pero tampoco puede excluirse totalmente porque perdería toda influencia en este movimiento. La marcha reclamó la ruptura de relaciones con Israel. Orsi nombró a Marcos Carambula como embajador en Palestina, una figura vinculada al Partido Comunista, mientras mantiene su embajada en Israel, y las relaciones diplomáticas y comerciales (incluida la eventual compra de armas).

La lección es clara. No basta con denunciar el genocidio en Gaza. Hay que combatir la infraestructura política e ideológica que lo sostiene en nuestros propios países. Eso implica rechazar todo viaje de “familiarización”, denunciar a los dirigentes que se prestan al lavado de imagen, exigir la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado sionista y organizar la solidaridad activa con la resistencia palestina.

Mientras los partidos patronales y la centroizquierda corrompida se dejan comprar o se acomodan, los trabajadores deben levantar la bandera de la unidad con los oprimidos de Palestina, Líbano, Yemen e Irán, y transformar la solidaridad en acción revolucionaria.

19 de octubre de 2026
La lucha universitaria en Rosario después de la marcha del 15 de octubre

La movilización del 15 de octubre en Rosario fue numerosa, pero no logró reunir la asistencia de las marchas federales anteriores, ni tampoco replicar la masividad de la marcha contra la extranjerización de las tierras rurales. Según los medios locales, marcharon unas 20.000 personas, alrededor de 15 cuadras, contando con columnas estudiantiles, sindicales, de organizaciones sociales y partidos políticos, entre otras. No se observó, como en las instancias anteriores, un flujo masivo de asistentes espontáneos por fuera de las columnas organizadas.

En la concentración, citada a las 15 horas, ya se tenía conocimiento del resultado de la convocatoria de la oposición contra el DNU 70/23. La imposibilidad de conseguir quórum -saboteado tanto por los legisladores santafesinos, como por los de Provincias Unidas-PRO, que responden a Pullaro, y por los de LLA- para tumbar, por la vía parlamentaria, una de las piedras angulares de la política de guerra del gobierno de Milei contra los trabajadores no fue impedimento para que la marcha fuera un puntapié que dé continuidad a la lucha por los reclamos principales que motivaron su convocatoria: la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, el repudio a los recortes en discapacidad y la crítica situación de los deudores morosos, en medio de un cuadro de enorme ajuste y carestía.

Al llegar al Monumento a la Bandera, el rectorado de la UNR montó un escenario desde el cual se leyó un documento que no colocó la perspectiva en la huelga indefinida, sino en las instancias judiciales y el Parlamento, a pesar del impasse.

Los aparatos y las tomas

La marcha estuvo precedida por la toma de las Facultades de Ciencias Políticas, Humanidades y una toma ‘’simbólica’’ en Psicología. Estas se resolvieron en asambleas con características similares: a pesar de no ser masivas, colocaron la necesidad de que el movimiento estudiantil, junto a los docentes, ocupen los lugares de estudio frente a la ‘’pasividad’’ y complicidad de los aparatos sindicales y los estudiantiles. La Federación Universitaria de Rosario, dirigida por Franja Morada, estuvo ausente de todo el proceso de lucha. Solo intervino de manera demagógica el día previo a la movilización, montando una conferencia de prensa que tuvo que ser suspendida por un ‘’ruidazo’’ de los estudiantes que, en paralelo, estaban realizando una asamblea en el marco de la toma de Humanidades y Artes. El peronismo universitario (la agrupación Oktubre, presidencia del centro) funciona como un apéndice del decano radical de esta Facultad, Vila, por lo que fue ampliamente repudiada en las asambleas.

Las tomas fueron levantadas esta semana, pero se esperan nuevas asambleas que discutirán el camino a seguir. El gremio de los docentes universitarios, COAD, mantiene su plan de lucha, luego de haber votado en sucesivas instancias el paro por tiempo indeterminado. Es necesario continuar con la coordinación con otras asociaciones de base, teniendo como perspectiva que la huelga por tiempo indeterminado es la llave para quebrar la tenacidad del gobierno de Milei contra los reclamos por el salario y el presupuesto universitario.

Desde Política Obrera llamamos a redoblar los esfuerzos por desarrollar la coordinación por abajo, mediante la unidad entre docentes y estudiantes, organizando asambleas autoconvocadas, ocupaciones de las Facultades y otras medidas de lucha como las clases públicas, instancias que le han dado sustento y visibilidad a los reclamos. Entendemos que una asamblea inter-Facultades, que reúna a todos los claustros, puede ser un elemento para unificar al activismo de todas las unidades académicas, capaz de resolver un curso a seguir en el marco de la continuidad de la lucha.

19 de octubre de 2026
Universidad: la jornada del 15 en Tucumán

El 15 se concretó una marcha masiva y una concentración que reunió alrededor de 15.000 manifestantes en la Plaza Independencia de Tucumán.

La convocatoria estuvo motorizada por ADIUNT, el sindicato combativo de la docencia universitaria. El eje era impulsar la necesidad de abrir paso a una lucha decisiva, a fondo y de conjunto, mediante la huelga general y la ocupación de las casas de estudio.

Con este contenido, se decidió coronar la movilización con un acto del sindicato, independiente de las autoridades.

Alrededor de esta convocatoria se desenvolvieron diversos procesos. Por un lado, en el movimiento estudiantil universitario se realizaron diversas asambleas interclaustros, como ocurrió en las Facultades de Filosofía y en la de Artes. En esta última, se acordó la elección de un cuerpo de delegados independiente que se fue materializando en los días previos a la movilización y que emerge como un canal independiente del centro dirigido por una camarilla estudiantil, que responde completamente a las autoridades de la Facultad.

En el caso de los trabajadores no-docentes, la dirigencia de APUNT (seccional tucumana de FATUN) decidió apoyar la convocatoria llamando a parar el 15 y concentrarse para marchar. En ese marco, convocaron a varias instancias de asambleas masivas a las que invitaron a la dirigencia de la ADIUNT a participar, cosa que ocurrió, lo que permitió por primera vez contar con un escenario para confraternizar y, a la vez, explicar la necesidad de delimitarse de la política de los rectores, el balance de la lucha universitaria y la necesidad de la huelga general hasta cobrar. Por su parte, los dirigentes de APUNT se mostraron distanciados de las autoridades, sosteniendo que ellos no iban a compartir ningún acto con las autoridades y que la marcha debía estar encabezada por los trabajadores y las organizaciones que estaban en la lucha, pero que tampoco iban a ser oradores del acto en la plaza.

En paralelo, las autoridades de la UNT llamaron a los distintos sindicatos a una reunión para discutir la jornada del 15. A esa instancia también asistió la dirigencia de ADIUNT. Allí los compañeros sostuvieron a rajatabla su postura de impulsar una movilización y acto independientes. La reunión terminó con las autoridades señalando que ellos esta vez no iban a realizar ningún acto en el rectorado para dar lectura al documento del CIN.

Todo esto cambió el propio 15, cuando la dirigencia de APUNT, el PCR y sectores K terminaron realizando antes de la partida de la marcha un acto con las autoridades en el que dieron lectura al documento del CIN. Para esto, la movilización ya se había puesto en movimiento encabezada por la docencia agrupada en ADIUNT, el estudiantado preuniversitario y el universitario.

Fue una columna de varias cuadras la que ingresó rodeando a la Plaza Independencia. Allí se entrelazó con un sector de luchadores ambientalistas, que se habían movilizado fundamentalmente interesados en la derogación del decreto 70/23.

A partir de ese momento dio comienzo el acto en el que se leyeron numerosas adhesiones y fueron oradores estudiantes de los colegios preuniversitarios y de algunas Facultades, de la misma manera que el secretario de SiDUT (Universidad Tecnológica) y el cierre estuvo a cargo de Anahí Rodríguez, secretaria general de ADIUNT.

Fue en estas instancias donde todo un arco de aparatos estudiantiles y políticos buscaron impedir que se completara el desarrollo de la jornada. Por un lado, dirigentes de Franja Morada -que preside la FUT (Federación Universitaria de Tucumán)- fueron a patotear en el escenario reclamando que querían hacer uso de la palabra, cosa que no se permitió por el simple hecho de que la FUT ha venido saboteando todos los procesos de organización y de lucha independiente que se han producido en todo este tiempo. Posteriormente, desataron una campaña en las redes denunciando a la dirección de ADIUNT. A su vez, el PCR generó un escándalo al pie del escenario reclamando oradores para su agrupación estudiantil y, en paralelo, junto a sectores peronistas agitaron una batucada para tapar el sonido e impedir que los oradores se pudieran escuchar.

Con todo, el faccionalismo al palo estuvo materializado por el FITU que, en el momento en que iba a hacer uso de la palabra Anahí Rodríguez, dio inicio a un acto paralelo en una esquina de la plaza, procurando dividir la concurrencia y coronando así una campaña previa infamante, que en el caso del PTS lo hacía llamando a marchar, pero denunciando a la “burocracia” de ADIUNT. Paralelamente, el FITU sigue llamando a las burocracias de las federaciones que integran el Frente Sindical Universitario y a la CGT a que convoquen un paro nacional.

Es a la luz de todas estas experiencias que el activismo docente y estudiantil tiene que sacar conclusiones pues, para poder avanzar en una lucha decisiva, como es la huelga general, la cuestión clave pasa por superar la política y la acción regimentadora y divisionista de los aparatos burocráticos y de la izquierda democratizante y nacionalista.

20 de octubre de 2026
Libertad a los delegados del subte
Redacción

En la madrugada de hoy, la policía y la “Justicia” de Jorge Macri decidieron poner en marcha la contrarreforma laboral de Javier Milei, contra los derechos y la organización obrera de los trabajadores del subte.

Ante una medida patronal que implicaba la violación del convenio colectivo, un sector de trabajadores dispuso una medida de fuerza, consistente en liberar el acceso a pasajeros. Un fiscal ordenó a la policía la detención de un trabajador. Los delegados que se opusieron a ello, Claudio Dellacarbonara y Facundo Heredia, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad. Más tarde fue detenido también Néstor Segovia, actual secretario general de AGTSyP. Los tres fueron trasladados a la alcaidía de Suipacha 150.

El sindicato del subte ha respondido a las detenciones con una huelga general. Los trabajadores se agruparon en las cabeceras para bloquear la salida de las formaciones conducidas por carneros. En la estación Juan Manuel de Rosas, los trabajadores formaron un piquete, que fue reprimido por la policía.

El gobierno de Jorge Macri y la fiscal Celsa Ramírez actúan en connivencia contra el sindicato del subte. Es la fiscal que imputó a 180 trabajadores como integrantes de una supuesta "asociación ilícita", por protagonizar medidas de acción gremial.

El argumento de la fiscalía es que se ha dictado una medida de lucha en un “servicio esencial”. Se trata de la aplicación lisa y llana de la Reforma Laboral de Milei, que impone la virtual liquidación del derecho de huelga. La medida de los trabajadores del subte no sólo debe ser apoyada, sino extendida y generalizada con acciones de lucha. Lo que está en juego es claro: o los lugares de trabajo son convertidos en un campo de concentración, o la clase obrera defiende sus conquistas históricas y, en primerísimo lugar, el derecho a su organización colectiva y a su lucha.

20 de octubre de 2026
Carta homenaje a Mariano Ferreyra

Buenos Aires, 20 de octubre de 2026

Hoy se cumplen dieciséis años del asesinato de Mariano Ferreyra, y siento que recordarlo es mucho más que mirar hacia el pasado. Es volver a preguntarnos qué país estamos construyendo, qué derechos estamos dispuestos a defender y qué lugar ocupan los trabajadores, los estudiantes y los sectores más vulnerables en nuestra sociedad.

El 20 de octubre de 2010, Mariano, con apenas 23 años, militante del Partido Obrero y estudiante de la UBA, fue asesinado en Barracas mientras acompañaba a los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca, que reclamaban su pase a planta permanente. Reclamaban algo tan básico como justo: igualdad de condiciones laborales, estabilidad y el derecho a trabajar con dignidad.

Aquel día, una patota vinculada a la Unión Ferroviaria atacó a los manifestantes. La Justicia condenó a José Ángel Pedraza y Juan Carlos Fernández por su responsabilidad en el crimen, y a Cristian Favale y Gabriel Sánchez como autores materiales de los disparos que terminaron con la vida de Mariano. También fueron condenados integrantes de la patota y efectivos policiales por su participación en los hechos. No podemos olvidar que detrás de aquel asesinato hubo intereses, responsabilidades y una violencia dirigida contra quienes luchaban por sus derechos.

La muerte de Mariano quedó como símbolo de lo que sucede cuando se pretende disciplinar a los trabajadores, frenar la organización independiente y defender privilegios a costa de la vida de quienes se atreven a luchar. Su historia nos dejó una herida profunda, pero también una responsabilidad: no permitir que el olvido se convierta en impunidad.

Y hoy, dieciséis años después, en una Argentina gobernada por Javier Milei, siento que su legado cobra una importancia especial.

Estamos atravesando una realidad difícil para millones de argentinos. Mientras desde el Gobierno se habla de equilibrio fiscal, libertad económica y recuperación, muchas familias siguen haciendo malabares para llegar a fin de mes. Los salarios no alcanzan, los gastos de alquiler, los alimentos, los servicios y los medicamentos pesan cada vez más sobre los bolsillos, y la incertidumbre golpea a quienes viven de su trabajo. La inflación continúa afectando la vida cotidiana y la actividad económica muestra dificultades en sectores fundamentales, como la industria y la construcción.

Porque la economía no puede medirse solamente con números, gráficos o anuncios oficiales. También debe medirse en la mesa de cada familia, en el sueldo que se termina antes de fin de mes, en el trabajador que pierde su empleo, en el jubilado que tiene que elegir qué medicamento comprar y en el joven que no sabe si va a poder construir un futuro en su propio país.

¿De qué sirve hablar de crecimiento si ese crecimiento no se traduce en una vida más digna para la mayoría de la población?

La educación pública es otro de los temas que no podemos dejar afuera. Las universidades nacionales atraviesan un conflicto profundo por su financiamiento, los salarios docentes y las condiciones necesarias para garantizar su funcionamiento. En octubre de este año, miles de estudiantes, docentes y trabajadores volvieron a movilizarse en defensa de la universidad pública y de su futuro.

Me pregunto qué habría pensado Mariano al ver a tantos jóvenes salir a la calle para defender el derecho a estudiar. Porque la educación no debe ser un privilegio reservado para quienes pueden pagarla. Debe ser una herramienta de igualdad, de formación y de transformación social.

Defender la universidad pública es defender a los hijos de los trabajadores, a quienes estudian mientras trabajan, a quienes viajan horas para llegar a una Facultad y a quienes ven en la educación la posibilidad de cambiar su realidad. No podemos hablar de libertad si cada vez resulta más difícil acceder a las herramientas necesarias para construir un futuro.

También me preocupa profundamente la situación de la salud pública. Los hospitales necesitan recursos, los profesionales merecen salarios dignos y los pacientes tienen derecho a recibir atención sin que su situación económica determine si pueden tratarse o no. Las dificultades de financiamiento que atraviesan hospitales universitarios y las restricciones en programas de acceso a medicamentos esenciales ponen sobre la mesa una discusión fundamental: la salud debe ser un derecho garantizado, no un lujo para quienes pueden pagarla.

No podemos naturalizar que una persona postergue una consulta médica porque no tiene dinero, que una familia no pueda comprar los medicamentos que necesita o que los trabajadores de la salud deban sostener sus tareas en condiciones cada vez más difíciles.

La educación y la salud no son gastos que deban recortarse sin consecuencias. Son pilares de cualquier sociedad que aspire a ser justa. Detrás de cada presupuesto hay personas, familias, estudiantes, docentes, médicos, enfermeros y trabajadores que sostienen todos los días instituciones indispensables para nuestro pueblo.

Y cuando hablamos de trabajo, la historia de Mariano vuelve a interpelarnos. La precarización laboral, la inestabilidad, los salarios insuficientes y la pérdida de derechos siguen siendo preocupaciones centrales para quienes dependen de su trabajo para vivir. En este contexto, las políticas de ajuste y las reformas impulsadas por el Gobierno nacional abren una discusión sobre el modelo de país que queremos y sobre quiénes terminan pagando sus costos.

No creo que defender los derechos de los trabajadores signifique negarse a discutir los problemas económicos del país. Significa, precisamente, preguntarnos quién paga las consecuencias de cada decisión y si el esfuerzo se distribuye de manera justa. No puede recaer siempre sobre los mismos: los trabajadores, los jubilados, los estudiantes y quienes necesitan del Estado para acceder a la salud, la educación y una vida digna.

Por eso, recordar a Mariano no es solamente recordar a un joven que perdió la vida hace dieciséis años. Es también defender el derecho a organizarse, a reclamar, a estudiar, a trabajar y a vivir con dignidad. Es rechazar la violencia contra quienes piensan distinto y contra quienes se movilizan para defender sus derechos.

Yo no quiero una Argentina en la que haya que resignarse a vivir peor, en la que estudiar sea cada vez más difícil, en la que enfermarse se convierta en una preocupación económica o en la que reclamar por un salario digno implique exponerse a la violencia.

Quiero una Argentina en la que el trabajo tenga valor, la educación pública sea una oportunidad real, la salud esté al alcance de todos y ningún joven tenga que renunciar a sus sueños por falta de recursos. Una Argentina en la que las diferencias políticas no se resuelvan con violencia y en la que ningún interés económico, sindical o político esté por encima de la vida humana.

A dieciséis años de su asesinato, Mariano sigue presente en cada trabajador que se organiza, en cada estudiante que defiende su universidad, en cada profesional de la salud que sostiene la atención pública y en cada persona que se niega a aceptar la injusticia como algo inevitable.

Su memoria nos recuerda que los derechos que hoy tenemos fueron conquistados con años de lucha y que ninguno está garantizado para siempre. También nos recuerda que la solidaridad no debe quedarse en palabras: se demuestra acompañando a quienes más lo necesitan y defendiendo, incluso en los momentos difíciles, aquello que consideramos justo.

No quiero que el recuerdo de Mariano sea solamente una consigna pronunciada una vez al año. Quiero que sea una convicción que nos acompañe todos los días. Que nos impulse a participar, a organizarnos, a pensar críticamente y a no mirar hacia otro lado cuando los derechos de otros están en peligro.

Porque la memoria también es una forma de compromiso. Porque la justicia no termina con una sentencia: se construye todos los días, en cada lucha por una sociedad más igualitaria.

Mariano Ferreyra, a dieciséis años de tu asesinato, tu nombre sigue siendo una bandera para quienes creemos que la dignidad de los trabajadores, la educación pública, la salud y la justicia social no deben negociarse.

Porque los que luchan no mueren en la memoria de su pueblo.

Porque el silencio no puede ser más fuerte que la justicia.

Porque una Argentina más justa sigue siendo una causa por la que vale la pena luchar.

Mariano Ferreyra, presente.

¡Ahora y siempre!

20 de octubre de 2026
Residentes de CABA: "Médicos Municipales nos dijo lo mejor para discutir paritarias es que dejemos de tomar medidas de fuerza"

Los médicos residentes de la Ciudad de Buenos Aires han retomado la lucha que, algunas camadas atrás, vienen desarrollando desde 2019. Con jornadas laborales interminables, son la viga maestra de la atención en los hospitales públicos porteños. Mediante asambleas y paros autoconvocados, reclaman un salario inicial de 3 millones de pesos.

*A continuación, reproducimos extractos de la entrevista a Ariana Besada y Nazareno Castro, residentes de Clínica Médica del Hospital Fernández, realizada en La Hora de los trabajadores, programa emitido el día 15 de octubre de 2026.

La Hora de los Trabajadores: contanos, ¿qué vienen reclamando?

Nazareno: Una recomposición salarial, principalmente, junto a algunas otras cosas como un plus por guardia. Nosotros hacemos guardias de 24 horas y eso no está contemplado a nivel de lo que es el salario, sino que está metido dentro del contrato.

Ariana: Nosotros entramos al hospital a las 7 y media de la mañana, a las 8 de la mañana, algunos. Y no sabemos a qué hora salimos. No cambia si salimos a las 9 de la noche o a las 4 de la tarde. El sueldo por hora es el mismo. Si, de hecho, hacemos 24 horas de trabajo, ese día se paga igual que un día que haya salido a las 4 de la tarde. Y nos parece que es necesario poner eso sobre la mesa también.

Nazareno: Esa recomposición salarial se construye sobre algunos números bien concretos. Nosotros sabemos que un profesional del gobierno en la Ciudad de Buenos Aires cobra aproximadamente entre 10.000 a 14.000 pesos la hora. Y eso lo dicen las estadísticas del Instituto de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros, siendo profesionales médicos con título, matrícula, responsabilidad legal, cobramos 6.000 pesos la hora. Consideramos que tenemos que ganar más dinero por la cantidad de horas trabajadas junto a los distintos pluses que nos corresponden por salubridad, por especialización, por guardias.

Hay compañeros que hacen hasta ocho guardias de 24 horas por mes. Hay algunos que hacen lo que se llama el "post guardia": uno llega al hospital a la mañana, trabaja las 24 horas, hace el pase de guardia y debería irse a la casa. Bueno, en algunos lados, en algunas especialidades, en algunas orientaciones, eso no sucede, y seguimos trabajando.

Ariana: Alguien que no durmió por 24 horas no puede seguir absolutamente nada. Eso es peligroso para nosotros y para los pacientes. Uno se forma y estudia para ser el médico que soñó, que se imaginó toda la vida y cuando estás después de 24 horas trabajando sos lo que podés.

Nazareno: No sabes ni cómo te llamás. A determinada hora uno tiene que tomar decisiones sensibles porque corre peligro la vida del paciente, pero no solamente la de los pacientes. Uno también tiene que hacer procedimientos que tienen complicaciones para uno y puede salir lastimado.

Ariana: Más allá de la cantidad de horas estipuladas por contrato, medio que se hace lo que se dice en cada servicio.

LHT: Ayer hubo una movilización, cuéntenos un poco el balance y ¿qué perspectiva ven ustedes en la lucha por el reclamo salarial?

Nazareno: Lo que pasó la primera movilización, que fue hace cuatro miércoles, se organiza, sale y capaz algunas cosas todavía faltaban: algunos servicios, algunos hospitales que todavía se terminan de adherir, que organicen. Cuando hacemos los paros, los hacemos con guardias. O sea, aseguramos la atención del hospital y se los sigue cuidando como siempre. En ese sentido, las cosas si las hacemos, las hacemos prolijas.

En la segunda, ya hubo un crecimiento bastante importante en gente, casi el doble de personas. A partir de esa segunda movilización cuando ya empezó a ser un poco más áspera la situación por cantidad de residencias y cantidad de hospitales que están adhiriendo, empezaron a haber algunos mensajitos por parte de las autoridades del Ministerio buscando quiénes salen, los que pararon, pidiendo carpetas, pidiendo fichas, con amenazas de descuento del día. Medidas disciplinarias, si querés, para tratar de mermar esa situación. Y eso puede a veces llevar a un retroceso. Uno va intentando sortear la situación. Uno no quiere que le descuenten el día cuando solamente reclama lo que le corresponde.

Nazareno: Ahora están habiendo reuniones: se pudo entregar una carta, por ejemplo al ministro Quirós. Se va a hablar con la directora de Hacienda. Hay distintas instancias formales que se están cumpliendo. Pero por ahora estamos en pautas de reuniones.

LHT: ¿Cuál es la relación de este movimiento de lucha de los residentes con los sindicatos?

Nazareno: Bueno nosotros, tuvimos una reunión con lo que sería la persona del sindicato -Asociación de Médicos Municipales- que se supone que nos tiene que proteger a nosotros del hospital. Hubo una apertura, por lo menos, al diálogo. Hace poco hubo una reunión en la sede central del sindicato, donde fueron algunos compañeros. En mi caso no fui. Y les dijeron que levanten las medidas porque puede llegar a ser una complicación.

Ariana: Que sería lo mejor para discutir paritarias que dejemos de tomar medidas de fuerza.

Nazareno: La próxima movilización va a ser el jueves 22. En este caso, no va a ser un paro dentro del hospital. Va a ser una movilización a las seis de la tarde. Se hizo algo similar en el año 2022. Marcha de velas, para invitar a otras personas, otras especialidades que tal vez tienen algunas reticencias para parar por una cuestión institucional, que tengan la libertad de también poder venir.

Ariana: Pacientes, familias, gente que nos apoya y muchas veces no puede acompañarnos en ese horario. También la idea es visibilizar a las seis de la tarde cuando quizás hay mucha gente en la calle y nos puede acompañar. Expresar por qué estamos haciendo esto y cómo es que bancamos el hospital nosotros ¿no? Que realmente sin residentes, el hospital no funciona. Que mucha gente no lo sabe. Yo no lo sabía hasta que fui residente. La planta y el hospital está sobrepasada y, por eso, no funciona sin residentes. Trabajan muchísimo, a la par nuestro, nos acompañan. Pero el nivel de trabajo es terrible.

LHT: ¿cómo ven la situación de la salud pública en general?

Ariana: Veo todos los días que hay pacientes que no se pueden ir de alta porque no consiguen su medicación. Que quedarse en el hospital le juega muy en contra, porque no tienen indicación de estar internados. Simplemente se quedan, porque no les podemos dar su medicación. No hay camas libres en el hospital para internar pacientes, no hay camas en la guardia para internar pacientes. Eso, sin dudas, es desesperante. Eso es lo que yo conozco. Está quebrada la salud pública. Y, de nuevo, la construimos, la defendemos todos los días, agradezco mucho que la tengamos, pero está totalmente colapsada.

Nazareno: Sí, la sensación es que están cada vez más desprotegidos los pacientes. En el sentido de que, por ejemplo, un paciente con determinada enfermedad deberá tener estas tres, cuatro medicaciones. Y esas tres o cuatro medicaciones son las que le aseguran una sobrevida, por decir algo, a cinco años, o al menos que no se mueran a corto plazo. Sin ir más lejos, hoy salió que se derogó el DNU del Plan Remediar. Así que ahí tenés una lista de medicaciones que se dieron de baja. Son medicaciones que a los pacientes les prolongan la esperanza de vida.

LHT: ¿Qué es lo más grave, lo que más falta y lo que más necesitan a diario para trabajar?

Nazareno: A veces puede haber problemas en las quirúrgicas, materiales. Materiales que a veces tardan en llegar. Entonces la operación se dilata mucho tiempo. Se interna mucho tiempo. Se termina infectando por las enfermedades intrahospitalarias. Para situaciones de urgencias, como un infarto o ACV, no suele pasar. Pero, a veces algunos pacientes tienen que quedarse más tiempo de lo habitual por una prótesis, un elemento para un estudio.

LHT: Recordanos la cita de la marcha

Ariana: Los invitamos el jueves 22 de octubre a las 18 horas a la marcha de velas. Tengan en cuenta que probablemente si alguna vez se atendieron en el hospital público seguramente los atendió un residente. Así que vengan a apoyarnos. También empecemos a organizarnos como trabajadores y luchar por lo que nos corresponde. Y apoyar nuestra lucha también es una forma de empezar con otras luchas. Trabajar en malas condiciones no es bueno para nadie. Los invitamos a acompañarnos y a invitarnos a sus luchas también.

20 de octubre de 2026
"Crisis y castigo", una sátira

El sábado 24 de octubre, a las 21 horas, se presentará la avant première de la obra teatral “Crisis y castigo” en el local de Política Obrera, situado en Álvarez Thomas 2370, en el barrio porteño de Villa Ortúzar, CABA. Las entradas serán a la gorra y tanto en la previa, como al finalizar la función, habrá buffet a precios populares.

"Crisis y castigo" es una sátira económico social y diversión bizarra. Esta obra explora la crisis financiera y las relaciones de opresión, el lucro capitalista y la explotación a través de la historia de un actor desempleado contratado por un banco al borde de la quiebra para convertirlo en su chivo expiatorio.

La trama se complica con personajes variopintos como bancarios corruptos y clientas estafadas que convierten el nuevo empleo del protagonista en un auténtico calvario. La obra plantea preguntas acerca de hasta dónde puede llegar alguien por dinero, por conservar su empleo o por amor. Esta obra sin dudas le arrancará al público algunas sonrisas, pero también lo dejará pensando al dejar la sala.

El elenco está integrado por Sergio Escalas, Lourdes Casavieja, Cristina López, Fantasy y María Eugenia Pietro. La dirección está a cargo de Rubén Demichelis y el autor es Jean-Pierre Martínez. La duración es de 55 minutos. La obra se encuentra en el período de su segunda temporada, cuyo estreno será el viernes 6 de noviembre a las 22hs, en el teatro Paraje Artesón, Palestina 919, CABA. Las funciones serán todos los viernes de noviembre a las 22hs. Las entradas, tanto para la avant première del sábado 24 de octubre, como para las funciones de los viernes de noviembre, se pueden reservar a través de @crisisycastigoteatro

La cooperativa “Crisis y castigo” se prepara para su avant première, luego del crecimiento artístico que representó la presentación de su primera temporada en 2025 y lo logra a través de la revisión de su dramaturgia, de reescrituras, modificaciones diversas y cambios en las características de algunos de sus personajes, aspirando de ese modo a elevar la vida del hecho cultural que transmite hacia el público, en su segunda temporada que está próxima a presentar.

20 de octubre de 2026
A 16 años del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra

La lucha por el castigo a los asesinos de nuestro compañero Mariano Ferreyra, sin duda, ha quedado inscripta en la historia del movimiento obrero de nuestro país como una de sus grandes gestas.

Fue una lucha contra toda la oposición del gobierno kirchnerista, que intentó por todos los medios encubrir a los mentores del crimen. José Pedraza, el ´sindicalista constructivo´, como lo definió públicamente Cristina Fernández, seguiría siendo invitado a los actos oficiales desde el día siguiente, en una clara señal de respaldo político. Funcionarios, burócratas y empresarios del transporte eran socios en un negociado típicamente ´nacional y popular´ que se nutría de fondos públicos para la gestión de la red ferroviaria. La explotación de trabajadores ´tercerizados´, empleados por empresas subcontratistas que, fraude mediante, eran satélites de los mismos grupos concesionarios, era uno de los grandes filones del negocio. Los trabajadores cobraban un tercio que sus compañeros y no contaban con vacaciones ni aguinaldo. Los tercerizados del tren Roca decidieron dar pelea por el pase a planta y el reconocimiento de todos los derechos que les correspondían bajo el convenio ferroviario. El 20 de octubre de 2010, tenían previsto cortar nuevamente las vías en Avellaneda como parte de su plan de lucha. La burocracia sindical, hostil al reclamo que ponía en jaque sus prebendas, organizó una patota para ´aleccionarlos´ a tiros. La emboscada fue armada con premeditación. Los empresarios dieron asueto en los talleres de Remedios de Escalada para reunir a un grupo. El plan era presentar los hechos como un ´enfrentamiento´ entre trabajadores. Los tiradores irían camuflados entre ellos. La policía cercó la zona liberada y cubrió la huida de los agresores. Además de dar muerte a Mariano, los matones de Pedraza hirieron a varios compañeros. Entre ellos, a la delegada del Polo Obrero Elsa Rodríguez, dejándole secuelas irreversibles.

El crimen de Mariano sacudió las conciencias y los corazones de miles de jóvenes y trabajadores. El país se paralizó con huelgas, asambleas y piquetes espontáneos. El Partido Obrero de aquel entonces -Política Obrera ahora- señaló inmediatamente a los responsables. Ante una movilización sin precedentes, el Estado, el gobierno y la Justicia actuaron para reducir daños. El movimiento que desató el asesinato de Mariano Ferreyra, finalmente, llevaría a la cárcel a buena parte de los responsables intelectuales y materiales, empezando por la cúpula de la Unión Ferroviaria. Empresarios, jueces y funcionarios, involucrados en los hechos y su encubrimiento, sin embargo, lograrían zafar impunemente.

16 años después

"Esta lucha sigue", dijimos cuando se conocieron las condenas. Con Pedraza no se acabó el fraude de la tercerización laboral. Por el contrario, el ministro de Trabajo del kirchnerismo, Carlos Tomada, siguió defendiéndola como "irreversible". Un anticipo, digamos, de la ´modernización laboral´ que CFK reivindicaría en una de sus cartas públicas más recientes.

Finalmente, el gobierno de Milei, con la complicidad del peronismo, sería el encargado de darle a la tercerización laboral y al monotributismo un nuevo status legal con su ´contrarreforma laboral´. La burocracia de la CGT -los laderos de Pedraza- entregó los convenios colectivos de trabajo y el derecho a huelga al fascismo libertario, a cambio de preservar sus privilegios. La CGT milita la aplicación la destrucción de la jornada de ocho horas y la flexibilización laboral. En Siderar, la UOM ´nac & pop´, anterior a la intervención, se ocupó de desactivar la lucha de los tercerizados.

A este bloque antiobrero y contrarrevolucionario, el FITU todavía le reclama ´planes de lucha´ y hasta la ´huelga general´. Pero los herederos de Pedraza están con Milei. La lucha de Mariano, en cambio, late en las huelgas autoconvocadas de la docencia y la Salud. En los paros y movilizaciones de los residentes de los hospitales porteños que reclaman un salario inicial de 3 millones de pesos. En las autoconvocatorias docentes -de Catamarca a la provincia de Buenos Aires- que desafían la declaración de ´servicio esencial´ contra el derecho a huelga, para salir de los salarios de hambre.

A 16 años del crimen de Mariano, enfrentamos a uno de los gobiernos más antiobreros de la historia argentina, al menos desde la última dictadura militar. Pero el sacrificio al servicio del capital financiero que éste les ha impuesto a los trabajadores, jubilados, discapacitados, no lo salvará de su propio e inevitable derrumbe.

Hasta terminar con la explotación y la guerra. "Esta lucha sigue", dijimos, hasta la victoria de los trabajadores.

Mariano Ferreyra, hasta el socialismo siempre.

20 de octubre de 2026
Myriam Bregman: vocera de las derrotas de la ‘unidad opositora’

La sesión parlamentaria del 15 de octubre dejó claro que los bloques de diputados opositores al Gobierno no tenían en agenda voltear el DNU 70 del 2023, que cuenta con la desaprobación del Senado desde marzo de 2024. La convocatoria a la sesión del jueves para tratar el DNU estuvo signada por las idas y venidas de la Corte Suprema respecto de la extranjerización de tierras: primero reestableciendo la derogación de la Ley de Tierras del DNU y luego, de apuro, volviendo a suspender la derogación basándose en cuestiones ambientales. El mamarracho jurídico de la Corte puso en evidencia la decidida intención del conjunto del régimen, de oficialistas y opositores, para que quede en pie el DNU (Pichetto, uno de los que dieron quórum, presentó un recurso de amparo para reestablecer la Ley de Tierras salvando el DNU). La sesión para voltear el DNU estaba condenada al fracaso desde su convocatoria. Los diputados de Unión por la Patria que dieron quórum son los mismos que se negaron a impulsar el tratamiento del DNU desde marzo de 2024, cuando reunían una amplia mayoría para derogarlo.

El discurso de Myriam Bregman dejó de lado todo el entramado de complicidades que recorren a la 'Unidad Opositora', colocando una barrera moral entre quienes dieron quórum y quiénes no. “Tener esta sala vacía es una vergüenza, pero también una inmoralidad. Pero aquellos que están ahora escondiditos y dicen que fracasamos tienen que saber que nunca pensamos que iba a ser fácil atacar esta piedra fundacional del gobierno de Milei”. El discurso de Bregman oculta que lo que guía a los diputados de la burguesía no son los principios ni la moral, sino sus intereses de clase, salvo que los tenga clasificados como una probabilidad de su conducta y no como determinantes de ella. Entre los diputados que dieron quórum se encontraban los de la provincia de Misiones, cuya “moral” los llevó a votar todas las leyes del Gobierno desde su inicio, pero que, por la ruptura entre el caudillo provincial Rovira y el gobernador Passalacqua, se pasaron al campo de la “Unidad Opositora” de Bregman y Pichetto.

El discurso “moral” de Bregman embellece al parlamento burgués, donde el FITU deposita sus expectativas. “Esa es la perspectiva que tenemos que imitar acá, la perspectiva de la huelga general, parar el país de punta a punta con grandes movilizaciones porque si no a todos estos no los vamos a convencer con discursitos cuando ya se llenaron los bolsillitos”. Una huelga general para persuadir a que acompañen enemigos de clase.

Como ya ocurrió con la conferencia de prensa donde los ´opositores´ reclamaron el tratamiento de la cuestión de la morosidad, Bregman asume el papel de vocera general de la “Unidad Opositora”. El proyecto que se votó por mayoría en la comisión terminó siendo el del oficialismo, y el que entró por minoría es del radical Pablo Juliano. Bregman terminó siendo la vocera para que la comisión trate dos proyectos capitalistas para abordar el problema de la morosidad. No es el primer caso en el que la adaptación sin principios a la rosca parlamentaria termina en fracasos parlamentarios: el FITU conformó, en 2025, un “Bloque de Izquierda Nacional y Popular” para lograr integrar la comisión investigadora del caso Libra, que terminó en la nada. Al trazar una frontera moral entre quienes dieron quórum y quienes no, Bregman simplemente está justificando su propia adaptación al parlamentarismo del capital. La moral de “los tibios, traidores y los acuerdistas” no excluye al FITU.

En su discurso, Bregman dio cuenta de que las fronteras entre la Unidad Opositora y quienes no dieron quórum son muy finas. “No va más que nos tomen el pelo como el día de hoy. Hoy fue una tomada de pelo monstruosa, negociaron hasta el último momento a ver qué conseguían detrás de las cortinitas con el celular en la mano”. Como se ve, el libro de pases entre los morales de Bregman-Pichetto y los inmorales estuvo abierto hasta el último minuto.

El discurso de Bregman ocultó un tema central. Es que con el objetivo de sumar a Pichetto y a Provincias Unidas, la Unidad Opositora planteó ampliar el temario con un proyecto de ley de “emergencia para PyMEs”, con el acompañamiento de Unión por la Patria. El proyecto PyMES es una ley de exenciones impositivas para las patronales que incluyen rebajas en los aportes previsionales. El FITU en primera instancia lo rechazó, para luego acordar -según lo denuncia el aparato del PO- pedir la sesión sin estos temas con el compromiso de ampliar temario en los próximos días, incluyéndolos, lo que requiere reglamentariamente las firmas de todos los firmantes del pedido inicial de sesión especial.

La perspectiva trazada por Bregman para el futuro de la Unidad Opositora no podría ser peor: “lo que hoy comenzó es el camino de exponer a tibios, traidores, acuerdistas y queremos saber qué es lo que negociaron. No vamos a parar hasta saber qué es lo que negociaron, porque negocian la ´de ellos´, porque es mentira que negocian para sus provincias, negocian la propia, negocian su sillita, negocian su bolsillo y eso lo demostró Kueider. No estamos imaginando cosas, estamos contando lo que ya se supo y ya pasó. Por eso hoy empieza ese camino”.

20 de octubre de 2026
Adónde va la alianza de Trump con Putin contra los imperialismos europeos

Donald Trump ha suspendido las sanciones económicas contra Rusia votadas por una mayoría bipartidaria en el Congreso norteamericano, alegando la necesidad de un libre abastecimiento de diésel para contrarrestar la suba de un 80% de su precio en el mercado internacional. En forma simultánea reclamó a Zelenski, el presidente de Ucrania, a que cesara los ataques contra las refinarías de Rusia que procesan ese carburante. La normalización de la provisión de diésel no depende de la producción de Rusia sino del cuello de botella que significa el Estrecho de Ormuz y los bombardeos contra Arabia Saudita de parte de los hutíes de Yemen. Zelenski ha desechado el reclamo de Trump, señalando que Ucrania es objeto de un ataque a la infraestructura eléctrica de parte de Putin, denunciando que el propósito del Kremlin es obtener la rendición incondicional de Ucrania mediante el sometimiento de su población a un invierno sin ninguna clase de energía. Llegado a este punto, Trump retomó un antiguo requerimiento para que Zelenski renuncie a la presidencia de Ucrania.

El ofrecimiento de un libre tránsito a la flota de Rusia ha dejado expuesta la quiebra de la OTAN. El imperialismo norteamericano y los imperialismos europeos, incluida una mayoría de congresistas estadounidenses, tienen objetivos de guerra diferentes e incluso antagónicos. Europa se encuentra embarcada en una guerra de victoria contra Rusia, que supone la anexión de Ucrania a la Unión Europea y el desmantelamiento del proteccionismo económico de Rusia, y un eventual cambio de régimen político. Trump plantea, en cambio, el sometimiento incondicional de Ucrania a un acuerdo de paz con Rusia. Lo ha venido sosteniendo desde su primer mandato y repetido en sucesivas reuniones con Putin, sin consecuencias prácticas por la oposición de la oligarquía de Ucrania y de la Unión Europea. Se ha creado un estado de guerra entre Estados Unidos y sus aliados históricos, con la orden dada para reducir la asistencia de Starlink y StarShield a Ucrania, tanto en cuanto a ataques contra el territorio ruso como a lo que hace a la defensa antiaérea de Ucrania. La confrontación entre estos imperialismos ha estado presente desde el comienzo de la presente guerra, y se ha manifestado en la guerra comercial como en la bélica. Trump ha forzado a Europa a financiar el rearme militar norteamericano mediante la suba del porcentaje aplicado a las compras de armamento de Estados Unidos. Trump ha sostenido al régimen de Zelenski como elemento de presión para doblegar a Putin a llegar a un acuerdo por separado con Estados Unidos.

Trump ha planteado el congelamiento de la situación militar en Ucrania, mientras se suscriben acuerdos de explotación de tierras raras con compañías norteamericanas, para integrarlas a sus cadenas internacionales. Ha anotado en el emprendimiento a BlackRock, el fondo internacional que ya se ha adueñado del agro ucraniano. Es enfrentado en este propósito por la UE y por Alemania, cuyas ambiciones históricas hacia Ucrania se manifestaron enseguida después de la unidad nacional del país. Estados Unidos se ha quedado con la petrolera rusa Lukoil; Trump ha hecho saber que pretende adueñarse del gasoducto NordStream 2, propiedad de la rusa Gazprom. para controlar el comercio de gas natural entre Rusia y Europa. Sujetaría a la dominación norteamericana no sólo a Ucrania sino a la misma Europa. No es una propuesta de paz sino una redefinición de la guerra imperialista. Putin, sin embargo, duda que Trump se encuentre a la altura de estas ambiciones; sigue, en consecuencia, una guerra de aniquilamiento de las estructuras de Ucrania.

La guerra interimperialista ha asumido, entre tanto, nuevas dimensiones. La UE tiene secuestrados 260.000 millones de euros de Rusia, en un clearing de Bruselas, de donde retira intereses para financiar la guerra contra Rusia. La confiscación del depósito no progresa, sin embargo, por el temor de que se pueda convertir en antecedente de confiscaciones de guerra con capacidad de golpear al golpeado sistema financiero internacional. Trump acaba de reclamar el derecho de supervisión de ese fondo, con la intención de aplicarlo a los convenios económicos que acompañarían a un acuerdo de paz. Opera activamente para apropiarse del recurso en reuniones internacionales con la UE en Miami, por medio de sus agentes Witcoff y Kurchner. La disputa podría desatar una guerra entre ex aliados. La ultraderecha europea, que encabeza las intenciones de voto en España, Francia y Alemania, apoya un acuerdo de paz y un final de la guerra en Ucrania, pero en términos propios. La UE se encuentra dividida políticamente, mientras la ultraderecha se encuentra aún distante de disponer de su propia hegemonía. En las últimas horas, toda esta situación ha alimentado la versión de una reunión de Trump, Putin y Xi Jinping, que tendría lugar dentro de unas semanas en los márgenes de una reunión de la Asociación de Comercio de Asia. La UE y Alemania desencadenarán una guerra más determinante contra territorio ruso para neutralizar esta maniobra política. En Taiwán temen que un compromiso con participación de China por Ucrania lleve la guerra al Mar de la China.

La guerra en curso tiene lugar cuando suenan las campanas de un inminente derrumbe financiero internacional, en el cual están comprometidas las compañías de semiconductores y la Inteligencia Artificial, ligadas entre sí por medio de mercados cautivos. Un estallido financiero tendría el alcance de una bomba atómica. Las elecciones norteamericanas, asimismo, pueden detonar una ruptura del frente interno de la burguesía y de la oligarquía tecnológica, con implicancias en la continuidad de Trump –sea por la vía de los hechos o por un juicio político.

En cuanto a las masas mismas, lo que ocurre en Francia, España e Italia señala el ingreso de ellas en la tormenta de la crisis social y la guerra. Los regímenes políticos más sólidos han entrado en fase de licuefacción. Comienza un aprendizaje acelerado en una clase obrera que ha entrado en la crisis y la guerra sin preparación política. Manos a la obra. Abajo la guerra. Por el cese de la guerra sin anexiones. Por la confraternización de los trabajadores de todos los países. Por una República socialista mundial de Consejos Obreros.

20 de octubre de 2026
Repudiemos la entrega de la burocracia con una huelga general de la salud

La burocracia sindical de la salud porteña aprovechó la “semana sin paros” resuelta en la última asamblea de residentes para darle una estocada por la espalda al movimiento. Como anticipamos en estas páginas, el gobierno de Jorge Macri y la burocracia peronista de SUTECBA acordaron un miserable 5% de aumento a cobrar en noviembre y ahora se espera que lo mismo firme Médicos Municipales (AMM). La burocracia se autofelicita por haber “empatado la inflación 2026”, cuando el salario viene de perder un 30% de su valor en los últimos dos años.

En estas condiciones, está planteado convertir a la “marcha de las velas” del próximo jueves 22 a la tarde en una gigantesca demostración de repudio a la entrega paritaria y en el inicio de una huelga general de la salud. El tiempo de los paros semanales se ha agotado. El paso en falso de la última asamblea de residentes, que había desescalado las medidas de lucha para dar lugar a las “mesas de diálogo” con el gobierno y la burocracia, se revela ahora en toda su dimensión. Superar la paritaria basura de SUTECBA-AMM y conquistar la ansiada recomposición salarial requiere un cambio de política que recupere los métodos históricos del movimiento de residentes: el paro sin guardias y por tiempo indeterminado.

La entrega de la burocracia se produce cuando en el movimiento aún anidan grandes reservas de lucha. Los residentes de los hospitales porteños se habían propuesto generalizar el piso salarial de 3 millones de pesos, conquistado por los residentes del Garrahan tras una denodada lucha contra el gobierno de Milei. El mismo reclamo aflora en la provincia de Buenos Aires, donde miles de residentes protagonizarán esta semana un paro 48 horas contra el gobierno de Kicillof y una nueva marcha a La Plata. Es lo que mismo que demandan, también, los médicos y odontólogos del PAMI que vienen de una huelga de 96 horas contra el recorte salarial dispuesto por los funcionarios del gobierno liberticida.

El gobierno de Jorge Macri busca aplastar al movimiento aplicando descuentos en masa por los días de paro. El ministro Fernán Quirós ordenó auditorías internas y amenaza con aplicar sanciones. El gobierno cuenta a su favor con la complicidad de las burocracias sindicales que, de AMM a Federación de Profesionales, se negaron a utilizar sus herramientas gremiales para brindar aval a las medidas de lucha de los residentes. AMM pretende disimular esta entrega con un mentado “plus” por guardia y por especialidad. Dos migajas que no resolverán la penuria salarial de los residentes pero que apuntan a avanzar en la fragmentación de la carrera profesional entre especialidades médicas y no médicas.

Por abajo, son cada vez más los trabajadores de planta que se pronuncian por una lucha común con los residentes. Es lo que se ve entre las trabajadoras sociales, que lograron un cese de actividades de su asociación para participar de las movilizaciones. Está en la memoria lo ocurrido en 2022, cuando una huelga indefinida de los residentes ganó un aumento salarial para toda la carrera profesional. Una huelga general de residentes y trabajadores de planta pondría en jaque la negociación paritaria del gobierno y la burocracia y colocaría a los Macri y Quirós en retirada. La ruta que conduce a una recomposición del salario básico al nivel de la canasta familiar es la organización autoconvocada que no reconoce divisiones de disciplinas, escalafón o sindicato.

La conducta para derrotar la entrega y los aprietes oficiales es redoblar la lucha. Responder, como en 2019 y 2022, con el paro sin guardias y la huelga por tiempo indeterminado. Aunque comience por uno o dos hospitales, la determinación de los residentes de ir a una lucha a fondo no tardaría en esparcirse al conjunto del movimiento, atrayendo a la planta profesional, a los pacientes, familiares y a la población que apoya la salud pública. Con esta perspectiva, los trabajadores de la salud de Política Obrera llamamos a multiplicar los esfuerzos para hacer de la marcha de las velas de este jueves una movilización multitudinaria. Un triunfo de los residentes fortalecerá a todos los trabajadores contra los gobiernos de la motosierra y la privatización: es una causa de toda la clase obrera.

La cita es a las 18.30 horas en Parque Las Heras para marchar hacia la Facultad de Medicina en Plaza Houssay.

20 de octubre de 2026
Cristian Castillo “lee a Marx” para justificar una candidatura electorera

Cristian Castillo, dirigente del PTS, ha publicado “Leer a Marx”, un breviario que glosa señalamientos y citas destacadas del autor de “El Capital”. En un reportaje posterior a la publicación del mismo, con Mariano Schuster para la revista “Supernova”, Castillo señala:

“Marx pensaba que es la lucha la que define hacia dónde va la historia dentro de un conjunto de posibilidades y escenarios. Su análisis del modo de producción capitalista permite pensar una superación histórica progresiva del capitalismo, pero no la vuelve inevitable. La revolución socialista no es una certeza, sino una posibilidad”.

Castillo ha llegado a una conclusión que es antagónica a la obra de Marx, o sea que la tergiversa: con una distancia de 150 años toma como propia la conclusión de Eduard Bernstein, el teórico alemán revisionista, que fundó el reformismo social. Pero el materialismo histórico no es un cálculo de probabilidades sino la exposición de un desarrollo necesario que condiciona la actividad humana. El autor de “El Capital” ha desenvuelto a la revolución proletaria, no como un fenómeno aleatorio sino como una necesidad histórica; sólo madura como tal, no como contingencia. Después de dos siglos de situaciones revolucionarias, y de revoluciones victoriosas o derrotadas, el promotor de la imagen de Myriam Bregman nos ofrece, en plena decadencia del capitalismo y de guerras mundiales, un escenario de ‘multiple choice’. La historia como ciencia, sometida a un conjunto de leyes y regularidades que se imponen a la voluntad de los hombres -al decir de Engels, “con la fuerza de un fenómeno natural”- es revisada por Castillo. Su propio interlocutor en la nota de Supernova, Schuster, al escuchar su afirmación, lo replica señalando que “si el comunismo ha dejado de ser una necesidad histórica, sería solamente un horizonte ético”. Ni siquiera. Podría ser sólo el ropaje de una política oportunista.

Castillo condiciona “la marcha de la historia” a “un conjunto de posibilidades y escenarios”. Para Marx, es al revés: las “posibilidades y escenarios” se encuentran condicionados a las leyes de la historia, a la lucha de clases, al choque inevitable entre la capacidad de la sociedad humana para elevar el rendimiento del trabajo (fuerzas productivas) y las relaciones sociales de producción imperantes. El choque entre unas y otras, abre “una fase de revolución social”. Los accidentes -“posibilidades y escenarios”- son la combinación contradictoria especial que convierte en concreto a un derrotero históricamente condicionado.

“Pronósticos alternativos”

En “Leer a Marx”, el socialismo como “posibilidad” aparece cuando Castillo critica al epistemólogo austríaco Karl Popper, quien había caracterizado a Marx como “determinista”. Castillo descarta a Popper sin advertir el poderoso reconocimiento del austríaco a Marx, por haber abordado a la historia como un movimiento de carácter, no caprichoso, sino sistemático. El determinismo, principio de toda ciencia, es anatema para Castillo, convertido al libre albedrío. Plejánov ha escrito un brillante trabajo acerca de la impotencia de esta ficción libertaria. El “determinismo” de Marx es dialéctico, o sea, internamente evolutivo a través de un proceso de negaciones sucesivas.

Al reprocharle a Popper haberle endilgado a Marx una “profecía”, señala que el austriaco elimina de su construcción teórica el “elemento fundamental de la lucha de clases, que, por definición, incluye pronósticos alternativos en función de qué clase resulte triunfadora o la decadencia de determinado tipo de sociedad ante la irresolución (sic) de esa lucha”. La lucha de clases, para Castillo, ha pasado a ser “indeterminada”. Pero un final “abierto” en el choque entre burgueses y proletarios convierte a la lucha de clases, no en el “motor de la historia”, sino en una rencilla de intereses circunstanciales.

Lo que Castillo -no Popper- omite es el carácter histórico de los intereses defendidos por cada clase social. La burguesía es portadora de un orden social que ha agotado su progresividad histórica al extender al capitalismo a todos los confines del planeta, hace ya un siglo y medio atrás. En cambio, la clase obrera encarna a la sociedad superior que debe suceder al capitalismo -la socialización de los medios de producción, la regulación consciente de la producción social. Castillo no se percata de que ese “detalle” ha conducido previamente a la victoria del capitalismo sobre el orden feudal, y antes al hundimiento del mundo antiguo, incluso con largas décadas y hasta siglos de “irresolución” (sic). En cualquier caso, la clase históricamente progresiva venció a la clase reaccionaria. En cambio, la lucha de clases “genérica” que describe Castillo se parangona con la alusión que hace Marx a todos los “historiadores burgueses que ya se han referido a la lucha de clases”. Pero a diferencia de ellos…

"Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar: 1) que la existencia de las clases sólo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción; 2) que la lucha de clases conduce, necesariamente, a la dictadura del proletariado; 3) que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases..." (Carta de Marx a Joseph Weydemeyer, 1852)

La dictadura del proletariado no es más que el tránsito. Hay más determinaciones en la dialéctica materialista que en todas las probabilidades del cálculo.

Castillo busca fundamento a su “posibilismo” en la cita del Manifiesto Comunista que señala que cada etapa (de la lucha de clases) conduce “a la transformación revolucionaria de la sociedad o al hundimiento de las clases en pugna”. Del mismo modo, hace uso y abuso del lema “socialismo o barbarie”, como demostración de que el socialismo es solo una posibilidad. Pero la “barbarie”, o el “hundimiento de las clases en pugna” no es un limbo distópico ni el fin de la lucha de clases. La barbarie es y será… capitalista. Es la descomposición de la vieja sociedad cuando ésta aún no ha sido superada por una revolución social. La barbarie, en definitiva, transcurre hoy, en el escenario de una guerra imperialista que Castillo, sin embargo, no desarrolla en sus determinaciones concretas. En cambio, solo alude a “un fuerte incremento del militarismo por parte de diferentes potencias” (pag.127). La barbarie como “distopía” es un recurso intensamente utilizado por el ambientalismo antisocialista, para presentar la perspectiva de un derrumbe civilizatorio que cancelaría, a su modo, la lucha de clases y la revolución social. Por todo esto, la candidata de Castillo no habla de socialismo sino de ‘bronca’, para no dejar afuera ninguna maniobra para captar votos.

Subas y bajas

En el texto de Castillo está ausente la caracterización de la decadencia histórica del capitalismo -la “barbarie”, entonces, también es una contingencia o accidente, no una necesidad histórica del capital. “Vamos y venimos”. Es notable, por caso, el tratamiento que le da Castillo a la ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia, que no es otra cosa que la expresión de la ley del valor y del trabajo abstracto. Castillo aclarará que “los capitalistas pueden contrarrestar de distintas maneras esta tendencia”; o sea que también postula la “indeterminación” de la tasa de ganancia. Formulada de este modo, la ley tendencial de Marx pasa a ser una teoría del ciclo. Es lo que había intentado otro revisionista, Ernest Mandel, en su libro “Capitalismo Tardío”, en este caso, para emparentar a Marx con el estadístico Kondratieff y sus ciclos u “ondas largas”. Trotsky había refutado el planteo de Kondratieff de un modo terminante.

En todas estas disquisiciones, se omite que Marx, al explicar las llamadas “causas contrarrestantes”, se ocupó de señalar que las mismas retrotraen a la vigencia de la ley tendencial. En definitiva, el trabajo vivo es cada vez menor relativamente al trabajo muerto o capital constante, aboliendo la producción de valor, que es sólo una fase de la historia.

Una presentación integral de la ley tendencial hubiera obligado a Castillo a llegar a una conclusión fundamental de Marx en este punto, a saber, que “el límite del capital es el capital mismo”. Pero Castillo (y también Mandel) son eclécticos. Si el socialismo es sólo una posibilidad, subordinada a escenarios diversos, su alternativa puede ser la “barbarie”… o el propio capitalismo y sus fluctuaciones, incluso ascendentes. Mandel fue un “posibilista” encandilado con la recuperación capitalista de la posguerra, a la que presentó como parte de un “ciclo ascendente” del capitalismo. Castillo se presenta como un “posibilista” para justificar una candidatura electoral que rehusa ser la portavoz de la lucha de clases, para recalar en el identitarismo.

Dirección política

Como ocurre con todos los teóricos de la “revolución posible”, el derrotero de Castillo lleva a la cuestión de la “acción política revolucionaria”. Pero una acción revolucionaria debe partir de caracterizar al socialismo como necesidad histórica. El partido fundado en el socialismo como “posibilidad” es una contradicción en términos, porque carece de objetivo estratégico –es posibilismo u oportunismo. Lo crea “al pasar”, de acuerdo a los “escenarios” (sic) sucesivos. Es lo que definió magistralmente Berstein: “el objetivo final, sea cual fuere, es nada; el movimiento es todo”. En su “Reforma o Revolución”, Rosa Luxemburgo respondió a Berstein señalando que, en ese caso, la conciencia política “no es el mero reflejo intelectual de las contradicciones crecientes del capitalismo y de su decadencia próxima”, sino “un ideal cuya fuerza de persuasión reside únicamente en la perfección que se le atribuye”. La fuerza política revolucionaria a construir será la expresión de las “contradicciones crecientes” planteadas por el capitalismo en aguda declinación, no la de los “escenarios alternativos”.

Estatismo y neoliberalismo

Castillo se encarniza con Popper, un enemigo del intervencionismo económico que el filósofo austríaco identifica en “la variedad rusa, el fascismo y el ´intervencionismo democrático´ de las potencias occidentales”. Pero el dirigente del PTS juzga a esta afirmación como grueso error de pronóstico, porque “los más de 40 años que llevamos de neoliberalismo han sido la exaltación de un ´capitalismo sin trabas´, que Popper consideraba superado”. En realidad, es Castillo -y no Popper- quien se comió el amague, pues el llamado “neoliberalismo” ha sido un período de intenso intervencionismo estatal en todos los planos. Los recurrentes rescates al capital por parte de los tesoros nacionales y sus bancos centrales; el crecimiento imparable del gasto militar; el entrelazamiento de los Estados imperialistas con “sus” monopolios capitalistas… Todo estatismo al palo. Al condenar al pseudo-neo-liberalismo, Castillo nos dice que “desde entonces (desde el neoliberalismo a hoy, n.de r.) la desigualdad social y la precarización del empleo van de la mano”. Es un elogio por omisión al ´Estado del bienestar´ y al ´Estado presente”, o sea, un centro al área arrojado al keynesianismo y sus acólitos nac & pop de la Argentina. Después de hablarnos de un socialismo “posible”, Castillo deja implantada la tesis de un mal menor -el del capitalismo estatista, cuya mayor expresión fue la barbarie de la Segunda Guerra y cuyo agotamiento abrió paso al reaganismo y thatcherismo.

Finalidad política

El texto de Castillo cumple una finalidad política definida. Castillo pasa sucesivamente por el identitarismo, el “posibilismo” y el estatismo, aunque siempre en nombre de Marx. Ello sirve de base para las elucubraciones del Manifiesto del PTS acerca de la “decadencia nacional”, la invocación a los “bienes comunes” y a un “partido de la nueva clase trabajadora”. En la introducción a su libro, Castillo emparenta “la llegada de Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York” con “el crecimiento en nuestro país de la imagen de Myriam Bregman”. Asocia a Bregman, al PTS y al FITU, formalmente identificados con el trotskismo, con el alcalde que mantuvo en su cargo de jefa de policía a la multimillonaria trumpista Jessica Tisch, cuyos métodos brutales causarían la envidia de Jorge Macri. Es un poderoso señalamiento respecto de adónde se dirigen el PTS y el FITU. Una impostura política ha buscado fundamento en el padre del socialismo científico: no será la primera ni la última vez.

Último. Castillo cuestiona “la certeza” de que la lucha de clases lleva a la dictadura del proletariado. Pero la certeza (sensible) es el escalón de partida del conocimiento humano; es la teta materna del bebé. En la llamada fenomenología del espíritu, el punto de arribo es la reconciliación dialéctica entre Razón y Realidad: sólo es real lo racional, sólo es racional lo real. Es la unidad del sujeto y el objeto. Es el proletariado que conquista su dictadura por medio de la lucha de clases, no de imposturas y probabilidades electoreras.

21 de octubre de 2026
La juventud, en Europa, blande la guillotina

El pasado martes 20, una fiscal de la Justicia porteña ordenó la detención de delegados del subte que habían iniciado una medida de fuerza. “El que bloquea el servicio va preso”, posteó el fascista Jorge Macri, sindicándose como el verdadero autor del atropello contra los delegados.

La respuesta a esta provocación antiobrera fue la huelga general, que paralizó los subtes hasta que los compañeros fueron liberados.

En el medio, la patronal y el Gobierno intentaron romper la huelga con carneros entrenados. Pero los piquetes obreros los hicieron fracasar.

La réplica contundente de los trabajadores del subte es una poderosa señal para toda la clase obrera. Las agresiones de Milei a las condiciones laborales y sociales -salarios, jubilaciones, educación, salud, discapacidad- son brutales. Las movilizaciones -como ocurrió recientemente con la marcha de la universidad- son imponentes.

Pero la principal rueda de auxilio de los liberticidas son los aparatos políticos y burocráticos que temen mucho más a la irrupción de las masas que a los ataques del gobierno.

Condenan al movimiento de lucha a la reiteración de paros aislados, con el único propósito de desmoralizarlo.

La huelga general del subte es, en este sentido, una poderosa lección.

Se mira en el espejo de las rebeliones de la juventud que recorren a Europa, desde Francia, España y Bélgica hasta Albania e Italia.

Un enorme levantamiento continental contra los brutales ajustes a la salud, a la educación y a los salarios que imponen los gobiernos “liberticidas” de Europa con un claro objetivo: financiar la sangría de la guerra imperialista.

Tomemos ese camino, el del subte, y el de toda la juventud europea, para hacerles morder el polvo a los “liberticidas” de Argentina con una huelga general.

Unamos a la clase obrera y a la nueva generación de luchadores en el combate contra los gobiernos ajustadores, contra la guerra y por el socialismo internacional.

21 de octubre de 2026
La sombra del default

La suba del “riesgo país” por encima de los 700 puntos enterró las habladurías del gobierno acerca de una incertidumbre financiera internacional. Los acreedores quieren saber cuáles son “las estrategias alternativas de financiamiento” (AF, 20/10) que maneja el gobierno argentino para pagar los vencimientos de deuda hasta diciembre de 2027; saben que Caputo y Milei no tienen los recursos para afrontarlos. Recientemente, el Gobierno suspendió la emisión de bonos en dólares con vencimiento en 2029, al percibir que debía ofrecer intereses usurarios.

Milei ha festejado hace unos días las “exportaciones record” del mes pasado. Pero el ingreso de dólares es parte del problema, porque para sumarlos a las reservas el Tesoro tiene que comprarlos, acentuando el ajuste y la recesión. Un liberal, Aldo Abram, acaba de recomendar en La Nación (18/10) que el Gobierno deje de comprar reservas para que los pesos puedan circular como demanda hacia la industria. Caputo se encuentra atrapado en un rulo: si compra reservas, acentúa la depresión; si fomenta la demanda, tiene que declarar la cesación de pagos. La recesión disminuye los recursos fiscales y, con ello, la capacidad de pago de la deuda pública. Los dólares de las exportaciones serán un “montón”, pero la incesante fuga de capitales lo es también, orilla los 50.000 millones, aunque una parte se encuentra depositada en los bancos. El endeudamiento en el mercado local de capitales ha aumentado en 32.000 millones de dólares en lo que va de 2026. Los vencimientos de capital e interés del próximo superan los 40.000 millones de dólares. La crisis mundial, en definitiva, no ha hecho más que agravar la crisis de financiamiento de los liberticidas. Políticamente, caminan por la cornisa. Política Obrera prevé que caerían al precipicio.

Impasse político

Este agujero negro explica el empantanamiento de los preparativos electorales. Temen a las PASO, porque una derrota en esa instancia dejaría al país sin gobierno. La suspensión de las PASO no necesariamente fragmentaría a la oposición y hasta podría sumar una candidatura de Patricia Bullrich contra Milei. Lo cierto es que los gobernadores desdoblarán las elecciones provinciales de las nacionales, salvo en Catamarca. De ese modo preservan a los intereses mineros bajo el paraguas local. La “banda” del RIGI -Sáenz de Salta, Figueroa de Neuquén, Jalil de Catamarca- confía en sostener los acuerdos leoninos con monopolios mineros o energéticos con independencia del gobierno que venga después de 2027. La letra del RIGI fue copiada de los acuerdos de Cristina-Kicillof con Chevron, en 2014, para iniciar la explotación de Vaca Muerta. La penetración subsidiada de algunas (pocas) inversiones extranjeras en el interior sellaron la alianza entre los libertarios y gobernadores. Pero, al mismo tiempo, sentaron las bases para la “independencia” política de estos últimos.

Peronismo

El impasse de los preparativos electorales se extiende en buena medida al peronismo y, particularmente, a Kicillof. El exministro de Cristina no tiene ninguna respuesta para la crisis de deuda que él mismo renegoció bajo el ministerio de Martín Guzmán. Quien ha salido de las sombras es Sergio Massa, después del largo silencio que coincidió con su ingreso al Fondo de Inversión Greylock, un activo participante en la reestructuración de la deuda argentina bajo Martín Guzmán en 2020. Sergio Massa ensaya un tándem con Máximo Kirchner y con Cristina. En materia de definiciones económicas, Máximo insiste en que la deuda “no se puede pagar”, ofreciendo una nueva reestructuración. Las reestructuraciones no sólo son un esquema de esclavización financiera a perpetuidad, sino que dejan jugosas comisiones a los agentes financieros intervinientes. Como se ve, la salida “nac & pop” al desmadre Milei-Caputo es un rescate de los acreedores internacionales del país. Pero un reciclaje de la deuda argentina choca con la crisis financiera mundial en desarrollo.

Argentina, potencialmente, se mira en el espejo de las movilizaciones y crisis europeas. Una acción histórica independiente de las masas cortaría el nudo de este impasse catastrófico, y dejaría colgados del pincel a los Milei y sus “opositores” impotentes.

21 de octubre de 2026
FATSA: los trabajadores de Sanidad continuamos bajo la línea de pobreza

El nuevo acuerdo salarial que cerró la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) el día 15 de octubre es una burla para los trabajadores de sanidad, ya que nos mantiene, como venía haciendo, debajo de la línea de pobreza.

Este nuevo acuerdo establece incrementos escalonados en cinco tramos, desde septiembre de 2026 hasta enero de 2027. Serian 2 % en septiembre, 1,8 % en octubre, 2,97 % en noviembre, 1,8 % en diciembre y 2,81 % en enero de 2027. Respecto de las asignaciones no remunerativas, continuarán, pero con mecanismo de absorción y compensación gradualmente, es decir $ 80.000 en septiembre y octubre, $ 70.000 en noviembre y diciembre, y $ 60.000 en enero del siguiente año.

Según datos de INDEC, una familia necesitaría $ 1.632.505 para no caer bajo la línea de pobreza. Con las nuevas actualizaciones de este último acuerdo, por ejemplo, un enfermero de cirugía o personal de esterilización (categoría A) en septiembre cobraría $ 1.323.773,85 y, en enero de 2027, estaría en $ 1.452.438,72. Es decir que hasta enero tiene asegurado... continuar bajo de la línea de pobreza.

El día anterior a la firma de este acuerdo ruinoso, la dirección de FATSA había decretado un paro de 24 horas para el 20 de octubre. Una maniobra de aparato a la que ya nos tiene acostumbrados: dejó sin efecto el paro por una ´mejora´ del arreglo salarial que representaría aproximadamente... ¡$ 20.000!

En el mismo comunicado también se denunciaba que "los empresarios de la Salud aceptan pacíficamente la política de ajuste que impone el gobierno y pretenden trasladarlo a los salarios de todos los trabajadores". Pero lo que no dice el consejo directivo de FATSA es que Héctor Daer, como parte de la cúpula de la CGT, fue corresponsable de un pacto político de rescate al gobierno de Milei, donde le entregaron la contrarreforma laboral, para salvar su caja, como lo es la famosa cuota de solidaridad.

Los que brindamos cuidados de salud nos vemos forzados a descuidar la propia, teniendo que hacer jornadas extenuantes, realizando guardias de 12 o más horas, con dos o tres trabajos, y endeudándonos para llegar a fin de mes. Todo esto en un marco donde las tarifas de los servicios, el transporte, el alquiler y hasta el bono de la obra social OSPSA están en aumento. Y cada vez hay menos cobertura.

Es necesario rechazar este acuerdo de miseria y pelear por un básico acorde a la canasta familiar, a través de asambleas de trabajo y autoconvocatorias para preparar una huelga general de la salud.

21 de octubre de 2026
Buenos Aires: paros docentes en rechazo a la paritaria salarial

El miércoles 21 y jueves 22 tendrán lugar paros docentes provinciales en rechazo a la paritaria salarial que fue suscripta por SUTEBA, pero no por la FEB, el segundo gremio en importancia de la provincia. Los sindicatos que firmaron el acuerdo, un mísero 6 % en dos cuotas, lo hicieron en forma absolutamente inconsulta. SUTEBA directamente no se atrevió a realizar asambleas, para evitar nuevas fracturas ante la consagración de un despojo salarial y del avance en la crisis de infraestructura y de la obra social IOMA. Se ha buscado sin resultado echar lastre con la digitalización de algunas tareas docentes y la promesa de una modificación en el Nuevo Régimen Académico para la Secundaria, que ha sobrecargado de trabajo a los docentes de la rama. Por último, se menciona el avance sobre un nuevo Convenio Colectivo, que sigue siendo desconocido por la docencia.

Esta nueva ruptura del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) expresa el extendido repudio desde abajo que tiene la docencia ante esta paritaria empobrecedora. Es evidente que la conducción Celeste del SUTEBA es consciente de ello y que actúa para evitar que se desarrolle un conflicto salarial y educativo en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que exige a Milei por el recorte de fondos coparticipables a la provincia. Es pura verborragia porque en los hechos, sin lucha alguna, significa convalidar ese robo y apoyar la política liberticida de pago de la deuda mediante una feroz motosierra a los gastos educativos y sociales en contraposición con el incremento de los gastos del aparato represivo y militar. Los descuentos por paro en Buenos Aires van por el tercer mes seguido. Todo esto revela una connivencia política en torno a una agenda contra la clase obrera entre Milei y el aparato peronista, que tiene a Kicillof como un posible presidenciable.

La cuestión de los descuentos al salario (masivos en muchos casos) está siendo un factor que ha afectado notablemente a la lucha. Es importante señalar que el gobierno de Kicillof ha aplicado descuentos indiscriminadamente, a docentes que estaban de licencia o que no se adhirieron al paro. El objetivo es imponer un disciplinamiento total de la docencia.

En este cuadro, el miércoles 21 tendrá lugar un paro provincial de las seccionales opositoras de SUTEBA (La Matanza, Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz) y el jueves 22 un paro provincial de la FEB, que anunció la realización de otro paro en una fecha indeterminada.

El ‘plan de lucha’ de la Multicolor

Las seccionales opositoras de La Matanza y Bahía Blanca realizaron asambleas entre el lunes 19 y martes 20, en las cuales se rechazó contundentemente la paritaria, pero no se quiso modificar lo ya resuelto por el plenario provincial del 16. Este fue convocado con pocos días de anticipación y con un mandato cerrado, porque solo se consideraban las propuestas hechas por las conducciones de las seccionales.

En La Matanza, la asamblea del lunes 19 contó una participación reducida, de 100 docentes, la mayoría militantes de agrupaciones. La conducción propuso un paro de 48 horas para la semana del 26, pero sin asamblea para establecer continuidad.

En Bahía Blanca, el martes 20 una asamblea de 300 docentes votó por mayoría, a propuesta de la conducción Multicolor, sostener la jornada de protesta del jueves 22, sin convocar a parar junto a la FEB. Se hizo en nombre de defender "lo resuelto por las seccionales de la Multicolor", pero al poco tiempo de terminada la asamblea la seccional de Tigre anunciaba que convocaba a parar el jueves con la FEB. La conducción tampoco puso en consideración lo resuelto por la asamblea de La Matanza de parar 48 horas.

Desde hace tiempo las acciones dispares (paros, jornadas de protesta) están toleradas entre los principales miembros de la Multicolor. Junto al carácter discontinuo de las medidas, no han brindado ningún resultado hasta el momento en torno a las reivindicaciones planteadas. Para el FITU, por el contrario, han tenido éxito porque ‘obligaron’ a la Celeste a convocar a un paro aislado hace dos semanas, reivindicando el viejo y fracasado axioma "Que la burocracia sindical se ponga a la cabeza".

La Tendencia Docente Clasista intervino en estas asambleas proponiendo profundizar las medidas de lucha, comenzando por realizar un paro activo de 48 horas esta semana (en Bahía Blanca la moción recibió un considerable apoyo) y realizar otras 48 horas de paro la semana entrante, con una asamblea para definir la continuidad.

Llamamos a parar el miércoles 21 con las seccionales opositoras, el jueves 22 con la FEB y a movilizarnos masivamente a La Plata, en Bahía Blanca y los distritos del interior. Por un salario de $3.200.000 por cargo, para frenar el vaciamiento de IOMA, voltear las reformas antieducativas y conquistar todas las demandas de la docencia.

21 de octubre de 2026
Docentes: el miércoles 21 y jueves 22, paremos en toda la provincia de Buenos Aires

La paritaria que el gobierno provincial pretendió cerrar con los sindicatos amigos ha terminado en una crisis. Seccionales de la oposición en SUTEBA y la FEB (integrante del Frente de Unidad Docente Bonaerense) han llamado a paros esta semana para los días miércoles 21 y jueves 22. Objetivamente tendremos 48 horas de huelga, que son un termómetro del malestar que crece en la docencia por los bajos salarios y las paupérrimas condiciones laborales.

Para la siguiente semana, la FEB ya tiene resuelta otra huelga por 24 horas sin fecha y los SUTEBA Multicolores un paro por 48 horas.

El acuerdo salarial es una burla. Establece un “aumento” de $22.000 miserables pesos para el siguiente cobro, luego de haber mantenido la paritaria congelada durante dos meses. Esto se ha aceptado, además, sin el aval de ningún docente, porque se enteraron de la entregada el día sábado pasado por la mañana.

Kicillof pretende congraciarse con los bonistas de la deuda (lo demostró en su viaje a Nueva York) y enchufarle a la docencia un severo ajuste salarial, que está obligando a los compañeros a súperexplotarse en trabajos por fuera de la docencia. La obra social (IOMA) está quebrada. Las reformas educativas que se implementaron sólo generan una mayor sobrecarga laboral. La docencia está endeudada con bancos, tarjetas de crédito y billeteras virtuales como nunca antes.

El gobierno de la provincia no solo ajusta sobre la educación y los salarios docentes, sino que, además, se vale de una política de descuentos y amenazas para limitar el derecho a huelga. Repudiamos estas prácticas que, objetivamente, se constituyen en el método para garantizar la esencialidad educativa decretada por el gobierno liberticida de Milei. Asimismo, exigimos la devolución de los descuentos.

Las medidas resueltas por los SUTEBA Multicolores y la FEB (cuya conducción sigue apoyando al gobierno provincial) se enmarcan en este escenario de derrumbe educativo y laboral. Los paros, sin embargo, están fragmentadas en distintos días.

Nuestra corriente, la Tendencia Docente Clasista, impulsa la unificación de las medidas de fuerza para hacer efectiva una fuerte huelga por 48 horas durante el miércoles 21 y jueves 22, en toda la Provincia de Buenos Aires.

Los “planes de lucha” de los paros aislados han sido superados por la realidad. Sólo nos han conducido al desgaste.

Si no hay respuestas, llamamos a impulsar asambleas, autoconvocatorias y mandatos para que esta lucha desemboque en ir a un paro por tiempo indeterminado hasta conquistar nuestras demandas salariales y laborales.

Aumento del 100 %, todo al básico para recuperar lo perdido. Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar por un cargo.

Defensa de nuestra obra social, IOMA

Abajo las reformas antieducativas y precarizadoras

Tendencia Docente Clasista Prov. de Buenos Aires

Contacto 1131919427

21 de octubre de 2026
Huelga en el subte: la reacción obrera le para la mano al fascista Macri

Todo el edificio fascistoide de los Milei y los Macri se sacudió con el parazo de los trabajadores del subte contra las provocaciones judiciales y políticas del gobierno porteño.

Durante una medida de fuerza parcial -una apertura de molinetes-, una patota de la Policía de la Ciudad irrumpió en la estación Juan Manuel de Rosas con la intención de llevarse detenido y hacer comparecer por la fuerza al delegado Sebastián Carrizo, invocando órdenes de la fiscal Celsa Ramírez. Otros dos delegados -Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia- se interpusieron para frenar ese atropello. Resultaron detenidos ellos. Poco después, sin mayor justificación, fue detenido también Néstor Segovia, actual secretario general de AGTSyP.

Los trabajadores respondieron con una huelga maciza, simultánea y en todas las líneas -incluido el Premetro-, sin distinción de afiliación. La burocracia de la UTA -a pesar de que es el único sindicato formalmente reconocido en el subte y monopoliza las negociaciones paritarias- quedó dibujada como un cero a la izquierda. Jorge Macri dobló la apuesta. Desde España, posteó en X "no vamos a aceptar extorsiones mafiosas. El que bloquea un servicio esencial va preso", junto a un video donde se observa a Dellecarbonara mientras es retirado esposado del andén. Simultáneamente, el gobierno porteño conminó a la empresa y a los sindicatos a garantizar el 50 % del servicio, en función de las disposiciones de la "ley de modernización laboral" que declara al transporte de pasajeros servicio "trascendental". Fue la señal para el ingreso en escena de un cuerpo de rompehuelgas, entrenado por la patronal, con el propósito de poner en marcha las formaciones. Los piquetes en las cabeceras lo impidieron. Los trabajadores resistieron en sus puestos de trabajo. La huelga del subte fue un revulsivo para todos los trabajadores de la Ciudad. El servicio recién se normalizó por la tarde, luego de que fueran liberados los tres compañeros.

La liberación de molinetes había sido convocada ante la imposición de descuentos y sanciones arbitrarias que la empresa viene aplicando contra trabajadores y activistas. La fiscal Ramírez -un peón del gobierno Macri- presta respaldo jurídico a esa ofensiva. Su actuación contra los trabajadores del subte precede con mucha antelación a la "contrarreforma laboral" de Milei. Ya en 2018 había impulsado una causa por "asociación ilícita" contra siete compañeros por una huelga, lo que fue rechazado correctamente por el juez de turno. Meses atrás, repitió la acusación, pero ahora ampliada a 180 trabajadores del subte que participaron de protestas por el envenenamiento por asbesto en formaciones y talleres. Pidió, además, que se los separara de sus puestos de trabajo o se les impusiera un chaleco judicial, para impedirles participar de nuevas protestas. La pretensión que persiguen Macri y Ramírez es ilegalizar la organización obrera y disolverla por medios policiales. Pero el subte es un polvorín. La tarifa evoluciona en sentido contrario al deterioro de los salarios. Por esa vía, la patronal embiste contra conquistas históricas del subterráneo, como la jornada de 6 horas, al propiciar las horas extras para redondear un sueldo de supervivencia. Mediante los salarios de hambre también promueve la polifuncionalidad, forzando a los compañeros a tomar otras tareas para acceder a recategorizaciones. Ha reintroducido la tercerización. La ´desabestización´, en cambio, es una promesa largamente incumplida. Los trenes afectados siguen circulando. El celo que la Justicia exhibe para perseguir al activismo del subte no lo aplica a la hora de proseguir la denuncia penal que los trabajadores iniciaron contra funcionarios y empresarios por la compra de formaciones contaminadas.

Jorge Macri pretende traccionar su carrera política mimetizándose con la ultraderecha libertaria. La contundente respuesta de los trabajadores del subte marca un rumbo para enfrentar a los gobiernos fascistas de este tipo. Este paro, como las huelgas docentes, han revelado la impotencia del aparato del Estado para imponer las ´prestaciones mínimas´ que exige la contrarreforma laboral votada por el peronismo y la CGT. Pero además pocas huelgas en el subte recogieron un apoyo tan sólido y unánime de la base como la de ayer.

La conclusión es sencilla: cuando la clase obrera reacciona, los fascistas de escritorio tiemblan.

21 de octubre de 2026
Santa Cruz: el Hospital Zonal de Caleta Olivia suplanta profesionales de atención presencial por ‘tótems’ de telemedicina

El Hospital Zonal de Caleta Olivia, que se encarga de la atención al total de la población de la localidad y de las localidades cercanas que conforman la zona norte de Santa Cruz, ha suplantado la atención de médico clínico por un tótem de telemedicina. Un solo médico clínico, con turnos quincenales, debe atender en forma presencial toda la demanda de la población que acude al Hospital Zonal.

En forma remota, un médico de algún lugar del país se conecta y evalúa oralmente síntomas, condiciones físicas, etc. Esto, además, con un sistema deficitario de internet, que pausa en forma intermitente la llamada. Si se requiere la visualización de cualquier estudio, debe estar impreso y se envía mediante fotografía o “leyéndole” a viva voz al médico de la pantalla. ¡Una verdadera ´modernización´!

Para brindar este servicio, el gobierno de la provincia gastó $5.000 millones, en una contratación por 36 meses.

Más que una inversión, es un ajuste en Salud. Se trata, como está sucediendo en Caleta Olivia, de la suplantación de profesionales con atención presencial por tótems virtuales con atención remota. Esto agrava las dificultades para el acceso a la salud pública por parte de la población trabajadora y promueve la atención privada, con sus altos costos y aranceles, dada la inviabilidad del recurso estatal. Esta ´modernización´ se suma a los aranceles que existen desde las épocas de Néstor Kirchner gobernador, para la atención en los hospitales públicos, al igual que el vaciamiento de profesionales, insumos y medicación.

Al igual que Milei aplica la motosierra en Salud, Vidal ajusta y hace negociados con el presupuesto contratando empresas corruptas nacidas en el poder como la National Security Enterprise SRL (2024), ligada a Fernando Cerimedo, quien se encargó de la seguridad en los hospitales con un gasto de $180 millones.

Mienten Vidal y la ministra de Salud, María Lorena Ross, cuando decían que no se iba a suplantar la atención presencial de los profesionales de la salud. La intención es justamente vaciar de profesionales presenciales al Hospital Público.

Desde Política Obrera llamamos a los trabajadores a organizarnos contra esta política criminal hacia la salud.

Por médicos clínicos y especialistas ya en Caleta Olivia.

¡Insumos y salarios para el personal de salud!

Basta de ajuste en la obra social CSS.

Gratuidad de la atención médica en los Hospitales Públicos.

21 de octubre de 2026
Brasil: Lula y Bolsonaro coinciden en una agenda represiva

Tanto medios brasileños como argentinos, han destacado que el debate presidencial entre Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, el domingo pasado en TV Bandeirantes (Band), ha sido tildado como “decepcionante” y “una farsa”. Desde el punto de vista electoral no ha movido la aguja, tal como lo reconocen los equipos de campaña de ambos candidatos, que han considerado “rectificar” sus campañas por el resultado nulo o negativo que tuvo entre los votantes indecisos (O Globo, 20/10).

En el chicaneo, sin embargo, se puso en evidencia la confluencia entre Flávio Bolsonaro y Lula Da Silva en la cuestión de la inseguridad y el "combate al crimen organizado". Como era de esperarse, el candidato derechista prometió “recuperar las calles tomadas por organizaciones criminales”. Apelando al discurso trumpista para justificar la creación de Escudo de las Américas, le declaró la “guerra al narcoterrorismo”. Lula no atinó a impugnar el concepto de narcoterrorismo como una excusa de la camarilla trumpista para justificar sus intentos de injerencia política y militar sobre los países latinoamericanos, pero redobló la apuesta, por derecha, recriminando al senador fascista por no haber apoyado su ley antifacciones, aprobada por el congreso brasileño en marzo de 2025. Esta ley duplicó las penas y eliminó beneficios como la prisión domiciliaria o salidas anticipadas por buena conducta. El actual presidente insistió en la creación inmediata de un ministerio de Seguridad Pública, afirmando que “liberará” los territorios del crimen organizado “para las comunidades” (Ídem). El planteo no es nuevo ni improvisado, fue presentado por el actual presidente ante el congreso brasileño en abril de 2025, con el objetivo de crear un Sistema Único de Seguridad Pública, que centralice el accionar de las 27 unidades federativas de Brasil, ampliando el poder tanto de la Policía Federal, como de las policías municipales (Xinhuanet, 09/04/25).

La cuestión de la seguridad ha sido tomada como un eje de campaña de cara al balotaje por parte de Lula, al punto de que en la multitudinaria marcha del domingo 11 pasado, proclamada por la coalición oficialista como “marcha por la democracia”, el candidato progresista anunció a la multitud que de conquistar su cuarto mandato impulsará una “revolución en la seguridad pública” y prometió “prisión para los bandidos y tranquilidad para el pueblo trabajador” (Infobae, 12/10). Días después, en el noticiero de TV O Globo, Journal Nacional, defendió bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años para delitos “atroces” (Agēncia Brasil, 16/10). La declaración vino a cuenta del intento del partido Liberal de Bolsonaro de introducir la baja de la edad de imputabilidad en el tratamiento de la enmienda constitucional planteada por el oficialismo. No obstante, el intento fue bloqueado por el presidente del senado, Davi Alcolumbre, de União Brasil, un nuevo socio de Lula, que teme ser desplazado de su presidencia de la cámara alta por la bancada bolsonarista. La ironía de Lula durante el debate presidencial, pidiendo el voto de Jair Bolsonaro, cobra otro sentido al calor del corrimiento derechista del actual presidente.

Fascismo y patrioterismo

Lula atacó a Flávio Bolsonaro como un agente del trumpismo y lo tildó de “miliciano”, haciendo referencia a las bandas paramilitares que dominan barrios enteros de Rio de Janeiro, vinculadas al bolsonarismo. También lo chicaneó para que reconozca que llevará a cabo un ajuste como el que Milei aplica en Argentina, pero evitó denunciar al imperialismo estadounidense y su guerra, que busca convertir a Brasil en un protectorado, como ya lo hizo con Venezuela por medio del secuestro de Maduro, o de Argentina, por medio del Tesoro. Tampoco denunció las provocaciones golpistas y la intromisión en el proceso electoral por parte del Departamento de Estado y el capital norteamericano. En los últimos días, el diario Folha do São Paulo dio a conocer mensajes internos de empleados de Meta, reconociendo “falencias” en las redes sociales de la corporación que limitaban el alcance de las publicidades de Lula. El presidente y su coalición sólo han atinado a iniciar acciones legales.

Bolsonaro atacó a Lula vinculándolo al régimen iraní, al venezolano Maduro y al nicaragüense Ortega, tildándolos de “dictadores”, pero cuidándose de emitir crítica alguna al régimen chino o a los BRICS. La burocracia china anticipó su deseo de que “los cambios en la política interna de Brasil no afecten las relaciones de Brasil con China”, como tampoco sucedió bajo el gobierno de Jair Bolsonaro (DangDai, 19/10).

Por fuera del debate electoral, las movilizaciones estudiantiles contra el fascismo y en favor de Lula continúan, siempre encorsetadas bajo un enfoque estrictamente electoral, aun cuando hubo ataques con armas de fuego sobre los manifestantes en el estado de Sergipe (TeleSur,09/10). También se investiga el incendio de instalaciones de la Universidad de Pernambuco, días después de una gran manifestación estudiantil contra Flávio Bolsonaro (Folha do São Paulo, 08/10). Lula, en vez de desarrollar la movilización obrera y popular contra el fascismo, ha decidido “atraer a los votantes centristas” (O Globo, 05/10) e ir a un acuerdo con la derecha del Centrão, con la cual se apresta a cogobernar, en caso de revertir su derrota en primera vuelta (Uol, 16/10). Para ese acuerdo ha contribuido con medidas propias a la derechización del Estado brasileño, reforzando sus características represivas. Todo esto es ocultado por los izquierdistas que llaman a votar por Lula, cuando el combate contra el fascismo exige, más que nunca, que sea abordado con los métodos de la lucha de clases e ir contra el conjunto del régimen político brasileño.

21 de octubre de 2026
Malvinas: Trump le veta la ‘Ley de soberanía’ a Milei

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dio de baja a último momento la convocatoria al plenario de comisiones que debía dictaminar sobre el proyecto de Ley de Soberanía Nacional anunciada por el Gobierno en septiembre pasado. El proyecto, lanzado por cadena nacional, apunta a endurecer las sanciones contra aquellas empresas que exploten de manera ilegal recursos de la Plataforma Continental Argentina. También ordena la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el presidente de la Nación, que coordinaría defensa, inteligencia, economía y protección de infraestructuras críticas, a la vez que amplía las facultades de intervención de las Fuerzas Armadas, un engendro represivo que tiene como objetivo reforzar el Estado policíaco en construcción.

El plan original del gobierno era llevar el proyecto al recinto este miércoles, pero un veto del gobierno Trump trastocó la hoja de ruta.

La pasada semana la Argentina demandó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) medidas provisionales contra el Reino Unido para frenar e impedir la explotación hidrocarburífera vinculada al proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. El ITLOS aceptó el pedido argentino de medidas provisionales contra Reino Unido por Sea Lion y fijó audiencias para noviembre. De acuerdo a la defensa argentina, con la autorización de Sea Lion, Reino Unido incumple la Resolución 39/41 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a ambas partes a abstenerse de adoptar medidas unilaterales que modifiquen o alteren la situación del territorio hasta que no se solucione la controversia existente (Escenario Mundial, 20/10)

En medio de todos estos movimientos trascendió que la administración Trump ha manifestado su preocupación por posibles sanciones a empresas norteamericanas que operen en las Malvinas, como prevé el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía. Es suficiente para dejar en claro que a la Casa Blanca le importa un bledo la ´soberanía´ argentina en el Atlántico Sur, sino su propia injerencia en función de apetencias imperialistas.

El proyecto oficialista proyecta penalidades no solo a empresas que operen directamente en Malvinas, sino también a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores; en este sentido, un fondo de inversión como BlackRock, con sede en Nueva York, que tiene inversiones en una empresa que opera en el Atlántico Sur, puede ser sancionado con multas millonarias. Funcionarios trumpistas han manifestado que “vemos que la ley va a afectar a empresas de Estados Unidos, estamos en contacto con ellas y han recibido notificaciones. Nuestro interés es que no sean afectadas”; otros son más tajantes al señalar que “eso puede crear una barrera para el mercado en materia comercial e inversiones”.

Por los señalamientos realizados desde Washington, el Gobierno evalúa congelar el proyecto o introducir modificaciones que limitarían el alcance de las sanciones, y eximir directamente a las empresas norteamericanas de posibles represalias económicas, desmantelando el demagógico discurso malvinero de los liberticidas.

La “causa de Malvinas” ha sido manipulada por todos los gobiernos que pasaron por la Casa Rosada para someter a los trabajadores. En manos de Milei, no es otra cosa que la cobertura de una política de vasallaje frente al imperialismo norteamericano, bajo ropaje “nacionalista”. En el marco de la guerra mundial, los liberticidas han avanzado a paso firme en la entrega efectiva de infraestructura estratégica -puertos, bases navales, telecomunicaciones- a la tutela militar de Estados Unidos, como ofrenda en la disputa por el control del Atlántico Sur con el imperialismo británico -que mantiene en las islas una importantísima base militar y tiene apostados entre 2.000 y 3.000 efectivos en forma permanente- y China, que recorre ampliamente las aguas australes con sus flotas pesqueras y de monitoreo.

Mientras el Gobierno se propone revisar el alcance de las sanciones a empresas por pedido del trumpismo, dejará intacto el corazón del proyecto, es decir, la puesta en pie del Consejo de Seguridad Nacional, con el fin de reforzar el Estado policíaco al servicio del imperialismo y la guerra. Ninguna reivindicación de soberanía territorial vale por sí misma si no sirve para desarrollar un proceso de emancipación social y una lucha de clases consciente. Desde 1982, Malvinas es una base militar de la OTAN. Trump busca imponer la supremacía norteamericana en el Atlántico Sur.

22 de octubre de 2026
El Congreso cierra filas con los liberticidas en medio del tobogán financiero

La sesión de Diputados de ayer puso de manifiesto el paraguas protector que los partidos del régimen le han suministrado al gobierno liberticida. La cámara aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en los términos votados por el Senado. Después de la medida cautelar provista por la Corte en relación a la Ley de Tierras, los libertarios acordaron votar con el macrismo y los bloques de los gobernadores un proyecto que legaliza un régimen de desalojos, e impide cualquier iniciativa de expropiación por razones de “utilidad pública” -la figura con la cual debieron legalizarse numerosas ocupaciones de fábricas que fueron vaciadas por sus propietarios.

La sanción de este estatuto reaccionario quiso ser disimulada con la votación de una Ley de Discapacidad que aprobaron en consenso los libertarios, sus aliados y una amplia mayoría de diputados del pejotakirchnerismo. La norma reemplaza a la actual “emergencia en discapacidad”. En parte, legaliza las disposiciones de miseria asistencial de aquella emergencia, por ejemplo, una pensión por discapacidad equivalente al 70% de la jubilación mínima. Luego, establece una indexación mensual para los nomencladores de las prestaciones. Pero como ya ha ocurrido con los jubilados, deja afuera de ese ajuste a la confiscación perpetrada en 2024, cuando no se reconoció la desvalorización causada por la hiperinflación de comienzos de ese año. En consecuencia, la norma consensuada con el peronismo legaliza el despojo a la discapacidad, con un agravante: en el proyecto de Presupuesto 2027, los fondos previstos en este punto no aseguran de ningún modo las promesas de reajuste votadas ayer. Con solo dejar correr ese proyecto de Presupuesto, la Ley de Discapacidad sufriría un “veto” no declarado. En cuanto a las deudas del gobierno con prestadores, la ley aprobada le reclama al gobierno “establecer un cronograma”, una frase suficientemente difusa como para habilitar a nuevos bicicleteos.

Para las organizaciones de discapacidad, la “emergencia” que se encontraba vigente era sólo un piso asistencial, después de un largo período de virtual liquidación de las prestaciones. Ahora, la ley mileo-peronista convierte a ese piso en un techo: permitirá que los libertarios se atrincheren en sus términos, con el argumento que la norma fue votada por “amplia mayoría”. La “oposición” del régimen replicó, con la discapacidad, la maniobra que consumaron los rectores universitarios en julio pasado: pactar con el gobierno un “vuelto” salarial, a cambio de enterrar a la Ley de Financiamiento Universitario.

Finalmente, en la madrugada del jueves se mandó de vuelta a comisión la cuestión del endeudamiento familiar, y probablemente por un largo tiempo. La bancarrota de seis millones de trabajadores será “un asunto privado”, como dice Milei y lo corroboran los bancos, que siguen tejiendo arreglos particulares con sus clientes, para convertirlos en deudores vitalicios.

La sesión de ayer puso de manifiesto una operación de rescate político en un momento preciso: cuando el capital financiero mira con lupa a Milei-Caputo, en vistas de que no cuentan con los recursos para afrontar los vencimientos de deuda. El jolgorio del Congreso pasó a segundo plano los datos de actividad económica de agosto publicados en el día de ayer: el “repunte” que se preveía después del retroceso de los meses anteriores, fue del… 0,1%. La caída frente al año anterior es del 1,7%. La expectativa de sostener la recaudación impositiva para pagar la deuda pública se viene abajo. Los “pagarés” de Milei y Caputo, incluso y sobre todo para con los discapacitados, son todavía más volátiles que los bonos del Estado.

23 de octubre de 2026
Discapacidad al descarte
Eduardo Joly

Al gobierno nacional, en sintonía con sus antepasados franquistas, le faltaría exclamar “¡Viva la muerte! ¡Muera la discapacidad!”.

Su política hacia el colectivo revela que esta es su consigna. En el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 las partidas asignadas al sector son paupérrimas. A sabiendas de que no alcanzan para cubrir las erogaciones obligadas, el proyecto explicita que podrán usarse fondos previstos para otros destinos (servicios sociales), desfinanciando así otros programas para sectores vulnerados.

El proyecto de Ley de Presupuesto va más allá: habilita a que los “agentes obligados” (prepagas y obras sociales) definan el nivel de prestaciones que estén dispuestos a brindar. Sumado a la desregulación de las cuotas que cobran, la precariedad no sólo afectará a trabajadores con ingresos decrecientes, sino a sectores medios incapaces de afrontarlas. En los hechos, hacen desaparecer el carácter único del nomenclador de prestaciones. Con esto, las coberturas a las personas con discapacidad desaparecerán o se reducirán a una expresión inadmisible, y los agentes de salud tendrán plena libertad para hacer lo mismo con el resto de sus afiliados. Resumiendo, se profundiza la política de que las prestaciones dependan de la capacidad económica de las personas y familias. Se trata de un modelo que fragmenta el sistema solidario de salud y traslada los costos de atención directamente a los hogares. Los sectores de ingresos medios ingresan a un estado de mayor vulnerabilidad, ya que no califican para los programas estatales, pero carecen de la capacidad económica para financiar terapias particulares especializadas.

En este contexto, el sistema judicial en su conjunto ha dejado de funcionar como garantía de los derechos violentados y amenazados. La caótica situación hace que haya cada vez más reclamos y esto retroalimenta la lentitud para resolver con eficacia. La respuesta judicial no llega a tiempo. Y la población afectada padece las consecuencias.

Con crudeza, se ha instalado que las personas con discapacidad no son merecedoras de atención, por la sencillísima razón de que se supone son incapaces de generarle a sus empleadores las ganancias que pretenden. Al igual que los jubilados, no aportan productivamente y por ende representan una carga fiscal a eliminar. Esto se evidencia en el valor de indigencia de las pensiones no contributivas para unos y de las jubilaciones para otros, y en el desguace de los servicios sociales y de salud pública, así como de PAMI.

Aunque el proyecto del oficialismo sobre discapacidad dice tener por objeto superar la emergencia y dar previsibilidad al sistema, deja a las personas con discapacidad desprovistas de toda protección social y de salud. Viola abiertamente el principio de no regresividad y pone en serio riesgo el principio de universalidad. Constituye una pantalla de humo para distraer de la Ley de Presupuesto y para encubrir el desfinanciamiento de la Ley de Emergencia del año pasado. Aun con sus serias limitaciones, prorrogar la Ley de Emergencia operaría como medida paliativa y parcial, hasta tanto se convoque a un debate con efectiva participación ciudadana para atender los reclamos del sector. Múltiples organizaciones que trabajamos en discapacidad reclamamos que el Poder Legislativo intervenga de manera propositiva y clara, rechazando tanto el proyecto de ley de presupuesto para 2027 como el proyecto del oficialismo sobre discapacidad.

Que la consigna que da nombre a esta nota no se torne realidad.

Eduardo Joly es presidente de Rumbos Accesibilidad, un equipo interdisciplinario de profesionales activistas, con y sin discapacidad, a favor de un hábitat inclusivo.

Publicado en El Cohete a la Luna, 18/10/26.

23 de octubre de 2026
El juicio Hotesur-Los Sauces y ‘el juego de la corrupción’

Hoy comenzó el juicio en la causa unificada Hotesur-Los Sauces. Los principales acusados son la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo, actual diputado nacional. También estarán sentados en el banquillo de los acusados Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, ya condenado en la causa Vialidad; y los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo. Entre los delitos que se les atribuyen figuran lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas. En total, suman 32 imputados.

La acusación apunta a que los fondos públicos que recibieron empresarios beneficiados por el kirchnerismo retornaron al patrimonio de la familia Kirchner a través de sus negocios hoteleros e inmobiliarios. En el caso de Báez, se trata del dinero destinado a la obra pública en Santa Cruz. Según la fiscalía, parte de ese dinero volvía a los K mediante el alquiler de habitaciones en su complejo hotelero de El Calafate. En la sentencia dictada en 2022 contra Cristina Fernández, los jueces hicieron expresa referencia a sus vínculos comerciales con Báez, aunque nunca pudieron probar el pago de sobreprecios ni el direccionamiento de las licitaciones. En la causa Vialidad, CFK no fue juzgada ni condenada por enriquecimiento ilícito.

En el caso de López-de Souza -otros empresarios que, al igual que Báez, vieron crecer exponencialmente su patrimonio durante los gobiernos K-, se habrían visto beneficiados de una supuesta retención indebida de impuestos por más de $8.000 millones, que no ingresaron a la AFIP. En este caso, parte de ese dinero habría regresado a la familia Kirchner a través del alquiler de propiedades en Puerto Madero. Dicho esto, en la causa Oil Combustibles, donde se investiga específicamente la maniobra de evasión impositiva, López y De Souza fueron absueltos. El caso se encuentra en manos de la Corte Suprema. El expediente ya lleva un recorrido de una década.

En septiembre pasado, el Tribunal Oral N°5 había dispuesto el desdoblamiento de ambas causas, en virtud de que faltaban completar medidas de prueba en uno de los expedientes. Pero el fiscal Diego Velasco apeló y solicitó su reunificación, al entender que se trataba de un único y mismo delito y que 11 de los acusados figuran en ambas causas. El asunto llegó a la Cámara de Casación. Allí, con el voto de los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, se decidió la reunificación y que se juzgaran en un mismo juicio. En su fallo, el juez Petrone argumentó que "la decisión de separación del trámite de un proceso obstaculiza el avance de la causa hacia la etapa de juicio y, con ello, la posibilidad de que la pretensión punitiva en los términos en que fue promovida por los acusadores obtenga una respuesta jurisdiccional dentro de un plazo razonable". Contra toda la jurisprudencia existente, y sobre todo teniendo en cuenta que no hay presentados particulares damnificados y que no se trata de un delito de sangre sino presuntamente económico, el juez pondera la "pretensión punitiva" por encima de las garantías a los acusados, revocando la decisión del tribunal de primera instancia. No sería extraño que los abogados defensores hagan reserva de presentar un caso federal y pedir, oportunamente, la nulidad del juicio. Desde el kirchnerismo denuncian que "se cambian las fechas de las audiencias para complacer a la querella y acomodar el tiempo procesal al calendario político" (LPO, 20/10).

La causa había sido abierta originalmente solo para investigar las contrataciones irregulares de Hotesur S.A. y, más tarde, se incorporó el expediente Los Sauces para finalmente ordenar su unificación y elevación a juicio en 2019. En el año 2021, el mismo Tribunal Oral Federal N°5, pero con otra composición de jueces, sobreseyó a los acusados. En 2024, la Corte Suprema rechazó ese fallo e intimó a dar inicio al juicio oral que comenzó este viernes 23 de octubre con la primera audiencia.

El principal argumento de la fiscalía es que los alquileres de estas compañías concentran un 86 % de la facturación total de Hotesur y Los Sauces en el período investigado (2008-2016) y para esto toman como base las facturaciones realizadas y los libros contables de las empresas de los Kirchner y los otros implicados. No hizo falta una pesquisa: todos los contratos se encuentran declarados y los pagos, bancarizados. Incluso, según las presentaciones de la defensa, los precios de los alquileres se han mantenido en relación con precios de mercado. Está fuera de discusión que toda la operación inmobiliaria se realizó "en blanco". La existencia de un conglomerado delictivo los fiscales la "deducen" del vínculo de camarilla entre los imputados. Uno de los principales argumentos de la fiscalía, por ejemplo, es que la empresa administradora de los hoteles de la familia Kirchner, Valle Mitre, perteneciente a Lázaro Báez, presentaba deudas por más de 6 millones de pesos mientras continuaba pagando alquileres mensuales por las habitaciones de los dos hoteles de la firma Hotesur S.A. que nadie ocupaba. Los negocios inmobiliarios de los Kirchner comenzaron a gestarse a finales de la dictadura, desde un estudio jurídico, haciendo negocios con la circular 1050, que indexó los créditos hipotecarios de manera exorbitante y obligó a los endeudados a malvender sus propiedades. Seguirían con la compraventa de tierras fiscales en Santa Cruz, adquiridas a precios reducidos y revendidas con ganancias extraordinarias, y otras propiedades adquiridas con créditos concedidos por el Banco de Santa Cruz, entonces en manos de los Eskenazi, que les cobraban intereses equivalentes a los que devengaban sus depósitos en dólares en el mismo banco.

En conclusión, las causas por "corrupción" siguen los vaivenes de ´la política´. Por lo pronto, la mayor condena que recibió CFK hasta ahora no fue su encierro domiciliario por 6 años en San José 1111 sino su inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos. La Corte, recordemos, dejó firme la sentencia de Vialidad en vísperas del cierre de candidaturas en 2025, apremiada por el calendario electoral.

23 de octubre de 2026
La contrarreforma laboral arrasa en Pirelli

La situación de los trabajadores de Pirelli se agrava cada día más. Sin paritarias salariales desde hace prácticamente dos años, siempre ganaron además el salario más bajo de la industria del neumático. Cargan con una reforma del régimen de trabajo semanal forzada a través de acuerdos individuales que encima implicó una rebaja salarial. Por otro lado, los despidos masivos redujeron la planta a menos de la mitad. Por último, la patronal prohibió de hecho la actividad gremial al interior de la fábrica. A esto se suma la crisis de la obra social, que ha dejado sin cobertura a los trabajadores y sus familias.

El cierre de FATE ha colocado a los trabajadores de Pirelli en abierta oposición a la conducción del aparato del PO. En este marco, el SUTNA ha postergado indefinidamente la intervención de la Seccional Merlo, cuya elección había salido empatada entre la Negra y la Multicolor, y ha diferido para 2027 las elecciones de delegados que debían haberse realizado hace meses. No ha ofrecido ningún método alternativo para que la fábrica vuelva a estar organizada en base a sus delegados electos. En Pirelli los paros de 24 horas convocados por la Lista Negra, sin participación democrática de los trabajadores ni de los cuerpos de delegados, caen en el vacío.

Este retroceso agudo en las condiciones de trabajo, en el salario y en la capacidad de respuesta de los trabajadores es atribuido por Prensa Obrera a un ataque general de las patronales y del gobierno de Milei, sacándole el cuerpo a su responsabilidad.

Según Prensa Obrera, “a diferencia de lo que sucedió en la década del 90, la dirección del SUTNA no avaló ni firmó la entrega de ninguna de las conquistas de los trabajadores” ¿La reforma laboral llegó a Pirelli? "Sí, ¡pero nosotros no la firmamos!", como si ello importara. Furlán, el burócrata sindical separado de la UOM por la intervención y cara visible del FRESU, decía lo mismo de las paritarias siderúrgicas - “No voy a firmar ninguna paritaria a la baja”-, mientras combatía la huelga general y saboteaba la lucha de los tercerizados de Siderar. Es un hecho que la patronal de Pirelli impide el ingreso a la planta de los integrantes de la Comisión Directiva del SUTNA y que hostiga y persigue hace tiempo a los delegados y activistas. ¿Cuál fue la respuesta del SUTNA a esta ofensiva? Simplemente, "no dar conformidad".

'La industria nacional' sería el sector más atacado por el Gobierno, dice el aparato del PO, en un discurso que podría suscribir Madanes Quintanilla, y que se ajusta a la ‘nueva tarea’ que se ha dado el FITU: “superar la decadencia nacional”. “Los trabajadores del neumático, desde luego, no estamos al margen de esta situación, más aún, siendo parte de una de las pocas industrias que toma materia prima y la transforma en un producto totalmente terminado, sector que el gobierno nacional ha atacado con más fuerza.” Este ángulo motivó que en la última movilización-festival del SUTNA se haya convocado bajo las consignas de protección de la industria nacional, un calco del planteo de la CGT. La Industria nacional es la que paga los salarios de hambre de Milei.

Llamativamente, el balance plantea que la estrategia de la patronal de Pirelli consistiría “en evitar una confrontación abierta, para lo cual otorga unilateralmente aumentos salariales a cuenta de futuros aumentos, buscando contener el descontento y evitar que la bronca acumulada se transforme en una lucha colectiva”. La patronal avanza todos los días sobre los derechos de los trabajadores, impone condiciones, somete a los trabajadores a acuerdos individuales y… ¿su política sería evitar el conflicto? ¿No será que la política del SUTNA es evitar el conflicto, encaminar los reclamos en los escritorios del Ministerio de Trabajo y dejar que la patronal avance en toda la línea? Esto queda claro en el mismo texto cuando dice que “el SUTNA no avaló ni firmó el cambio de sistema y mantiene abierto el reclamo ante el Ministerio de Trabajo, con la perspectiva de avanzar también por la vía judicial para impedir que la empresa pueda modificar las condiciones laborales a su antojo”. Para pasar en limpio: la empresa está modificando las condiciones laborales a su antojo y el SUTNA no conduce los reclamos hacia la acción directa, sino hacia los ministerios del Estado.

Los liquidadores de FATE están tan inhabilitados para discutir un punto de partida para la reconstrucción de la actividad sindical en Pirelli como las listas patronales. El camino es que los trabajadores y los activistas tomen en sus manos esa tarea.

23 de octubre de 2026
UBA: la gestión impone la contrarreforma en Sociología

Este miércoles, en la Junta de Carrera de Sociología, Patria Grande y sus aliados votaron a favor de la reforma del plan de estudio que impulsan las autoridades. La sesión fue, en sí misma, un atropello contra estudiantes y docentes. Votaron a las apuradas, interrumpiendo la lista de oradores de los propios miembros de la Junta y sin darle la palabra a quienes querían expresar su oposición a la reforma. Más de 100 docentes firmaron un pronunciamiento donde rechazan la aprobación exprés de los cambios en el plan de estudios. No se respondió a ninguno de sus argumentos. Luego de votar, los consejeros del oficialismo huyeron de la sala en medio del repudio de los presentes.

La sesión del miércoles fue convocada sin explicitar el temario y apenas horas después de haber difundido el enésimo ´borrador´ del nuevo plan de estudios. Su contenido final sigue oculto, ya que no se conoce a ciencia cierta el destino del conjunto de materias ´optativas´ -seminarios, teorías y talleres de investigación-, que agrupan nada más y nada menos que tres cuartas partes del plantel docente. Esta reforma a libro cerrado es un cheque en blanco a una gestión que asegura que esto fue apenas “el primer paso” de lo que se vislumbra un recorte brutal.

El ´borrador´ aprobado adelanta un ataque de fondo al plantel docente. Hasta ahora, la carrera se dividía en un primer tramo de materias obligatorias y otro que cada estudiante configuraba a libre elección, entre decenas de seminarios, talleres y teorías. Esa libre elección pretende ser reemplazada por ´orientaciones´ con materias prefijadas, una minoría de las actuales ‘electivas’. El resto será condenada a la desaparición por falta de inscriptos. La reforma aprobada no especifica cuáles serán las materias que integrarán cada una de esas orientaciones, aunque se da por descontado que hay anudados acuerdos de camarilla.

La gestión repite una y otra vez que hay que reformar porque el último plan de estudio es obsoleto porque data del año 1988. No es cierto. Todas las materias actualizan permanentemente sus contenidos y bibliografía. Y en lo fundamental, ellos están barriendo con la verdadera ´reforma´, positiva, que ocurrió en 2002, cuando se conquistó el establecimiento de esta amplia red de materias y florecieron las alternativas. La propuesta actual es, en rigor, una contrarreforma de aquella de 2002, que venía siendo reclamado por el rectorado de Yacobitti. La gestión “nacional y popular” de Sociología se ha integrado por completo.

La gestión de Sociología asegura que esta contrarreforma hará subir la matrícula a la carrera. La zanahoria sería la habilitación de un “título intermedio” de “Bachiller universitario en Sociología”, pero que no habilita ninguna función profesional. También se anuncia una futura reforma del profesorado, hoy integrado a la Licenciatura. La idea, ya promovida en el pasado por esta gestión, es escindir la formación de la licenciatura del contenido del profesorado, creando dos carreras distintas y afectando tanto a una como a otra. La gestión, ´preocupada´ por la matrícula de Sociología, además de sacarse de encima decenas de materias y docentes, pretende desguazar la carrera. Esta operación política, académica y teórica tiene por objeto reforzar el ascendente de los posgrados pagos.

Los docentes y estudiantes que nos movilizamos para impedir este atropello hemos realizado una inmediata reunión luego de esta aprobación y convocamos una asamblea de toda la carrera para el próximo miércoles a las 18 horas. Se resolvió extender la campaña de pronunciamientos contra este atropello y convocar a una lucha abierta para obligar a la Dirección de la Carrera que mande al olvido su contrarreforma antieducativa.

23 de octubre de 2026
Argentina e Israel firman un memorándum para ampliar la "lucha contra el terrorismo"

Poco después del arribo de los fusiles de asalto ARAD de origen israelí, los gobiernos de Argentina e Israel refrendaron un Memorándum de Entendimiento (MoU), que profundiza la "cooperación" en materia de defensa a través de la modernización del equipamiento militar de las Fuerzas Armadas y la posibilidad de la adjudicación de artillería autopropulsada y drones.

El MoU fue suscripto en el Edificio Libertador por el ministro de Defensa Carlos Presti y la nueva embajadora israelí en la Argentina, Ahuva Spieler Resehef, quien ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en el año 2001 y se ha especializado en Estudios del Lejano Oriente y, más específicamente, en China. También participó el coronel Amit Guy, agregado de Defensa israelí en el país y destacado miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Entre las funciones que tiene Guy se encuentra la de "buscar intereses en común entre los sistemas de defensa argentino e israelí" (DEF, 28/10/2025), y en este sentido ha realizado charlas en la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF).

Sobre el MoU, el analista internacional Andrei Serbin Pont señaló a Infobae que "esto es una cosa que se viene ya negociando hace varios meses y que tiene ya algunos resultados que se han visto en estos días y otros que se espera que puedan venir" (Infobae, 9/10).

La firma del MoU estuvo antecedida por la visita realizada en 2024 por Presti a Israel, en la que mantuvo una agenda basada en la ciberdefensa, drones, protección de fronteras, comunicaciones satelitales y provisión de armamentos.

El avance de las relaciones bilaterales prevé la incorporación de los sistemas de artillería Autonomous Truck Mounted Howitzer System (Atmos), que utiliza un cañón estándar OTAN de 155 mm, con un alcance efectivo que supera los 40 kilómetros. En la actualidad el Ejército Argentino solo dispone de un limitado número de vehículos de combate de artillería, concentrados en un reducido núcleo de obuses Palmaria de 155 mm.

El MoU incluiría vehículos aéreos no tripulados de la familia Hermes, desarrollados por la compañía de defensa israelí Elbit Systems y diseñados para misiones de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento, utilizados en el genocidio perpetrado en la Franja de Gaza, en el Líbano para atacar posiciones de Hezbolá, en Sudán durante el 2009 y en misiones de reconocimiento sobre Irán. Según ha trascendido, otra de las alternativas es la incorporación de drones militares de media altitud y larga autonomía, conocidos como MALE. Según estimaciones de especialistas en la materia, cada aeronave podría rondar los U$D 10 millones, sin contemplar necesariamente el costo total de su puesta en servicio. Un programa de estas características también requeriría estaciones de control, capacitación, mantenimiento y soporte logístico. La incorporación de drones se podría dar en las tres fuerzas "tanto para la vigilancia marítima como para el control de las fronteras y el apoyo a las operaciones militares".

El MoU se complementa con los Acuerdos de Isaac, firmados por Milei y Netanyahu en abril pasado en Jerusalén, con el propósito de "combatir el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico". El llamado "nuevo marco estratégico" de la asociación entre ambos países actuará "en defensa de la libertad y la democracia, y en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico" (Infobae, 19/4). Para ello, "incrementarán la coordinación contra organizaciones terroristas, con especial atención a los intentos de Irán de expandir sus redes y su presencia operativa en el hemisferio occidental". Una explícita patente de corso a las agencias sionistas para violar las libertades públicas en el territorio nacional (Cl, 19/4; Times of Israel). Netanyahu imaginó los acuerdos como el puntapié inicial para construir una potente coalición política con Uruguay, Paraguay, Ecuador, Panamá y Costa Rica, en primera instancia, y después con Brasil, Colombia, Chile y El Salvador, y que encuentra en Milei y su régimen, la punta de lanza del sionismo en la región.

24 de octubre de 2026
Sobreseimiento en $LIBRA: la Justicia le lanza otro salvavidas a Milei

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros diez imputados en la causa por la memecoin $LIBRA.

El 14 de febrero de 2025, el empresario ‘cripto’ Hayden Mark Davis creó esta criptomoneda que el presidente promocionó en redes sociales. En minutos, el precio se disparó a lo cual le siguió un retiro masivo de millones de dólares desde distintas billeteras digitales que ocasionaron un derrumbe completo del precio. Se estima que fueron estafadas 40.000 personas por más de 280.000.000 de dólares.

El fiscal federal Eduardo Taiano fue el encargado de llevar adelante la investigación del caso. No citó a declaración indagatoria a ninguno de los investigados ni avanzó en la recolección de pruebas para determinar todos los alcances del acuerdo confidencial firmado entre Davis y Milei en la propia Casa Rosada. Tampoco avanzó sobre los chats entre Mauricio Novelli, intermediario de la operación entre los hermanos Milei y Davis, referidos a la secuencia de pagos destinados al clan Milei -en total, unos 5 millones de dólares- una vez realizada la promoción de la cripto por la cuenta del presidente en la red social X. Taiano demoró hasta donde pudo las pericias informáticas de estos chats y, una vez realizadas, las cajoneó durante meses. No investigó el destino de todos los fondos que intervinieron en la criptoestafa. Para sellar esta escandalosa impunidad, Taiano mismo pidió el cierre de la causa.

El juez Martínez de Giorgi determinó que lo actuado por Milei, Davis y los restantes involucrados, “no encuadra en una figura penal”; afirma que la publicación presidencial pudo aumentar la visibilidad del proyecto e influir en la confianza de los compradores, pero que esa circunstancia no acreditaba por sí sola una maniobra fraudulenta ni tampoco alcanzaba para demostrar la suba inicial del precio, su posterior caída y las pérdidas económicas. Pero la publicidad y la "confianza" fueron los pilares de la maniobra. Milei promocionó la criptomoneda en su cuenta de X como una iniciativa “para fondear pymes argentinas”, publicando un código alfanumérico de 44 caracteres para el contrato de la cripto (nunca se investigó quién proporciono ese código a Milei), hasta entonces no disponible en la web. Cuando la estafa era evidente, Milei borró el tuit y afirmó que “no estaba al tanto de los detalles” ocultando lo que fue luego acreditado: que sus contactos con Davis se remontaban a años atrás y que suscribieron un ‘acuerdo de confidencialidad’. A pesar de todas las irregularidades de la investigación, Martínez de Giorgi aceptó el pedido del fiscal y también descartó para Milei los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. El juez también jugó un rol importante al apartar como querellantes a varios de los damnificados por la estafa. A los pocos días de hacerlo, Milei firmó un decreto para designar como jueza a su esposa.

El sobreseimiento tiene lugar luego del fracaso rotundo de la comisión investigadora conformada en el Congreso Nacional. Ninguno de los funcionarios citados aceptó comparecer ante la comisión. En el informe final de esta comisión se señalaba que Javier y Karina Milei fueron “engranajes claves que, por acción y por omisión, habilitaron una presunta estafa a nivel internacional y, por lo tanto, les caben responsabilidades políticas por el hecho” pero descartando por completo la posibilidad de motorizar un juicio político y apenas solicitando se evalúe al presidente por ‘mal desempeño’. La “comisión” fue un campo de negociación política entre los liberticidas y la “oposición” en torno a acuerdos presupuestarios y vacantes en el poder Judicial, a cambio de montar esta cortina de humo benévola con Milei. Este operativo contó con el apoyo político del FITU, que formó el interbloque ad hoc “Frente de Izquierda Nacional y Popular” con el peronismo para integrar a un kirchnerista y a Cristian Castillo a la comisión.

Trump también hizo su contribución. Desde Estados Unidos no aceptaron los pedidos para acceder a los registros de las distintas plataformas y empresas tecnológicas involucradas en las operaciones de LIBRA. A su vez, la jueza federal de Nueva York, Jennifer Rochon, desestimó la demanda civil colectiva (“class action”) que los damnificados habían presentado contra Hayden Davis, sobre lo cual se amparó Martínez de Giorgi.

El sobreseimiento de Martínez de Giorgi tiene lugar cuando la Sala II de Casación todavía tiene pendiente una apelación de los damnificados que fueron apartados como querellantes. De ser favorable a estos, eso mantendría la causa abierta. Pero el sobreseimiento opera como un nuevo rescate político a Milei, en momentos en que naufraga el "plan económico" y su gobierno bordea un default, como lo ha caracterizado el propio capital financiero al que sirve sin cortapisas.

24 de octubre de 2026
Trump enviará cientos de soldados a América Latina para entrenar a las fuerzas armadas locales

El New York Times reveló que el gobierno de Donald Trump enviará cientos de soldados a América Latina destinados a entrenar a miembros de las fuerzas armadas locales, con la finalidad de reforzar la cruzada del Pentágono en su “lucha contra el narcoterrorismo”. Ya se han registrado movimientos en Panamá, con un batallón de 600 soldados pertenecientes a la 10ª División de Montaña, que están realizando ejercicios militares en la selva del país centroamericano. La envergadura de estos movimientos de tropas fue confirmada por Adam Isacson, director de Supervisión de la Defensa en la Oficina de Washington para América Latina, quien manifestó que no se tienen registros, desde finales de la Guerra Fría, de un despliegue de soldados norteamericanos en la región “que se acercara a los 600 efectivos, excepto en contingencias como invasiones o desastres naturales”.

Según han dejado trascender altos mandos militares, una parte de los soldados de la 10ª División de Montaña se trasladarán de Panamá a Colombia, en donde participarán del ejercicio denominado “Southern Vanguard”, mientras que otro contingente se dirigirá a Honduras para entrenar a las fuerzas armadas de ese país (Clarín, 15/10). Los funcionarios norteamericanos adelantaron que se está proyectando un nuevo comando de operaciones para el hemisferio occidental, con sede en Miami.

Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, abrió su propio mando de operaciones en la sede del Pentágono, desde donde monitorea las actividades militares contra los carteles en el hemisferio. Hegseth dio la orden de trasladar drones MQ-9 Reaper de África a Colombia y Ecuador, ampliando la injerencia norteamericana en la región, que se ve reforzada por los gobiernos derechistas electos recientemente bajo la tutela de Trump.

Las iniciativas se encuentran bajo el paraguas de la alianza militar “Escudo de las Américas”, que es utilizada por la administración trumpista para poner al continente en su conjunto bajo su protectorado con la cantinela del avance del narcoterrorismo. Si bien en su gran mayoría los países de América Latina se han sumado a la alianza militar, solo un puñado de gobiernos (Colombia, Honduras, Panamá, Paraguay, Argentina) han habilitado la realización de operaciones conjuntas en sus territorios. En el caso de Milei, autorizó la entrada de tropas norteamericanas que debería haber pasado por el Congreso por DNU: mientras el Congreso tampoco se ha manifestado ante la inconstitucional entrada de Argentina al “Escudo de las Américas”. Uno de los principales activos políticos de Milei es la “oposición legislativa” y sus aparatos, que han oficiado de “segundo violín” de las tropelías de la pandilla liberticida.

El general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, adelantó que el gobierno de EEUU tiene en carpeta pasar de los ataques contra embarcaciones a la intervención terrestre. Los sistemáticos ataques a embarcaciones en el mar Caribe fueron utilizados como acicate para la posterior intervención militar sobre Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro. Por su parte, y dando cuenta del repliegue sobre América Latina que la administración trumpista está llevando adelante, el general Joseph A. Ryan, jefe del Comando del Hemisferio Occidental del Ejército, advirtió sobre los desafíos que enfrenta el ejército estadounidense al regresar a una región que durante décadas no ha sido su principal objetivo, al señalar que “hemos cedido el dominio económico de la región a un adversario, y eso es un hecho”, y agregó que “ahora luchamos por recuperar terreno -marítimo y terrestre, humano y cognitivo- que en muchos casos habíamos abandonado”. Los dichos de Ryan apuntan a la presencia de capitales chinos en la región, y la militarización de América Latina, en medio de la guerra internacional y la lucha por el control de suministros, tiene como principal finalidad barrer con la injerencia de China en la región. Para cumplir con estos objetivos, el trumpismo ha echado mano de la injerencia en las elecciones que se han llevado adelante en el continente, apoyando a aquellos candidatos que aseguren esta iniciativa estratégica. Pero a pesar de los cuantiosos esfuerzos realizados por el trumpismo, la injerencia china en la región crece, siendo la Argentina un caso testigo. Recientemente, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó, en un encuentro organizado por el J.P. Morgan en Bangkok, que recurrirá al swap chino para hacer frente al pago de los vencimientos de deuda. Y si de comercio se trata, China es muy apreciada por la burguesía local y regional, como mercado de la soja, de la harina de soja, de petróleo y de minerales.

El entramado de la “lucha contra el narcoterrorismo” sumó en agosto pasado una nueva arista con la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, bajo el mando del general de división Kevin J. Jarred, del Cuerpo de Marines, quien tuvo bajo su mando la campaña del Pentágono en el Caribe y el Pacífico Oriental que dejó un saldo de 71 ataques a embarcaciones y 239 personas muertas, acusadas, sin prueba alguna, de estar traficando droga. Con este antecedente en la mano, expertos legales advierten que trasladar los ataques tierra adentro podría tener como correlato bajas civiles y el daño de infraestructura como escuelas, hospitales, caminos, etc.

24 de octubre de 2026
Los residentes votan un nuevo paro tras la marcha de velas

La lucha de los residentes enfrenta momentos decisivos. En la última asamblea, los residentes de CABA lograron sortear el bloqueo del FITU a dar continuidad a la huelga votando un nuevo paro con movilización para el jueves 29. El gobierno de Jorge Macri aprovechó la última “semana sin paros” para cerrar una paritaria de miseria con la burocracia sindical de Médicos Municipales (AMM). Lo mismo se replicó en la provincia de Buenos Aires entre el gobernador Kicillof y la dirección de la CICOP. El movimiento de residentes tiene el desafío de quebrar estas “paritarias” -verdaderos sabotajes al reclamo de una recomposición salarial-, lo que plantea un cambio de orientación y la necesidad de forjar una nueva dirección combativa.

En CABA, la marcha de velas del jueves 22 por la tarde se destacó por la energía combativa de las columnas, en franco contraste con el conservadurismo de perspectivas políticas de los aparatos. Las delegaciones de los hospitales y centros de salud, entre ellos del Gutiérrez, Piñero, Fernández, Elizalde, Argerich, Tobar García, Tornú y el Moyano, lograron sobreponerse a la lluvia y al protocolo represivo de Milei-Bullrich-Macri, que no pudo aplicarse. Participaron sectores de la planta profesional y se fueron sumando vecinos y transeúntes. El documento leído en las puertas de la Facultad de Medicina denunció la crisis de la salud y exigió a la AMM y a Federación de Profesionales que apoyen el reclamo salarial con la convocatoria a un paro, un pedido imposible que evidenció el impasse político del movimiento.

La burocracia de AMM venía de firmar una paritaria de un 5 % de aumento correspondiente a los meses de septiembre y octubre, a lo que se añade un “plus” por guardia y especialidad cuyo monto se mantiene en secreto. La verdad se revelará con el cobro de noviembre, que vendría acompañado por fuertes descuentos por los días de paro. El mismo operativo se replicó en la provincia de Buenos Aires, donde la CICOP aceptó la oferta oficial de un 4,4 % para octubre y un 3 % para noviembre. En el caso de los residentes bonaerenses, el aumento alcanzaría al 10 %: los salarios de $1.200.000 llegarían a $1.320.000, por debajo de la línea de pobreza y menos de la mitad del costo de una canasta familiar. Quebrar esta entrega implica el desafío de articular una lucha decisiva.

En la provincia de Buenos Aires, los residentes protagonizaron un paro de 48 horas y una nueva marcha a La Plata. Más de mil residentes confluyeron en el Ministerio de Salud con becarios y acompañantes terapéuticos ultraprecarizados que reclaman el pase a planta. Luego de entregar la paritaria, la dirección kicillofista de la CICOP ofreció a la asamblea de residentes una reunión. En este caso, Kreplak y Kicillof tercerizaron en “su” sindicato la tarea de “entretener” a los residentes. La asamblea votó participar de la reunión, que se realizará el martes 27, dejando para más adelante la definición de nuevas medidas de lucha. En CABA, la funcionaria a cargo de las residencias postergó una reunión acordada para la semana pasada para el próximo miércoles 28, aduciendo “problemas de agenda”.

Tanto de un lado como del otro de la General Paz, los residentes han protagonizado grandes paros y movilizaciones autoconvocadas, que fueron saboteadas por las direcciones sindicales establecidas. AMM y la CICOP respondieron a las “exigencias” de paros con la firma de pseudoparitarias miserables, que convalidan el derrumbe de los salarios ejecutado en los últimos dos años. Pretenden dilapidar, con reuniones sin destino, las energías combativas desplegadas por el movimiento. El broche de oro de este operativo para liquidar la lucha serán los descuentos por días de paro, que llegarán con el mes de noviembre a los efectores más movilizados.

El FITU y su bloque antihuelga indefinida

Los partidos del FITU (el PO oficial y el PTS), Patria Grande y, en la provincia de Buenos Aires también el Nuevo MAS, han acompañado este derrotero con una política de bloqueo a la huelga indefinida, aquella que en 2019 y 2022 permitió doblegar al gobierno y a las burocracias y arrancar las reivindicaciones planteadas. Rivales acérrimos del abandono de guardias y del paro por tiempo indeterminado, explican que “no hay condiciones” para tales medidas, que no serían posibles de sostener y que “el contexto es diferente” al de 2022, cuando en el gobierno estaban Horacio Larreta y Alberto Fernández. Se valen de la derechización del poder político como argumento para rehusar una lucha a fondo, cuando los trabajadores del subte vienen de demostrar que una huelga general fulminante de 5 horas y media fue suficiente para que Jorge Macri mordiera el polvo. Lo mismo sucedió antes en el Garrahan, cuando la huelga indefinida de los residentes puso en pie de lucha a todo el hospital, que se movilizó hasta derrotar los planes de Milei.

El bloque antihuelga indefinida se apoya en las desigualdades en el desarrollo del movimiento. Esgrimen la situación de aquellos hospitales menos organizados o que aún no participan de las acciones como argumento para adecuar el ritmo del movimiento al paso de los más rezagados. En el caso del PTS, esta línea conservadora se encubre con el manto de una “coordinación” con otros sectores en lucha. Pero la coordinación solo es posible si las luchas se despliegan, no si se repliegan en su nombre. La contención de la voluntad de lucha de los sectores más decididos, a la espera de que comiencen los que aún no están luchando es un sinsentido: la energía que no se transforma en fuerza se disipa. Al revés, lo que puede poner en movimiento a todos los hospitales es la fuerza de la determinación aplicada a la lucha, la agitación por el salario y la organización de la huelga.

Una votación que deja planteada la necesidad de una nueva dirección

La asamblea de residentes procesó estos debates y concluyó con una votación que mostró cuál es el estado político del movimiento. La apertura de “mesas de diálogo” fue la excusa para que los partidos que militan el bloqueo a una huelga indefinida diseñaran un plan de desescalamiento de las medidas, sin solución de continuidad. Así, tras una semana sin paros y marcha de velas, proponían seguir hacia “jornadas de visibilización”, “radios abiertas” en los hospitales y “reuniones de coordinación” con otros sectores. Tras tres horas de debate, se impuso de manera maciza la votación de un nuevo paro para el jueves 29, impulsado por la asamblea de residentes del Hospital Elizalde. La votación reflejó el esfuerzo por reorientar la política de la asamblea y una crisis en su dirección, ya que los residentes votaron en oposición a todos los discursos y a todos los partidos que se autoasignan la tarea de “conducirlos”.

La organización del próximo paro y su continuidad coloca nuevas tareas políticas. Es necesario reagrupar a los activistas que pugnan en sus hospitales por orientar al movimiento hacia una huelga a fondo que quiebre los pactos entre el gobierno y la burocracia sindical. La política de paros aislados, semanales o quincenales, está agotada. Las “mesas de diálogo” a las que dio lugar, no moverán el amperímetro de las paritarias ya firmadas. Está planteado anticiparse a los descuentos en masa, oponiéndoles la huelga conjunta de los residentes de CABA y de provincia de Buenos Aires por tiempo indeterminado. Contra la política de desgaste de una lucha que se dilata y da aire a las maniobras de los gobiernos y las burocracias, pongamos en marcha una nueva dirección que para luchar por una huelga general autoconvocada de todos los trabajadores de la salud hasta conquistar un salario inicial de $ 3.000.000, acorde al costo de la canasta familiar.

24 de octubre de 2026
Peajes: avanzan los despidos en AUSOL y GCO

Bajo el formato fraudulento de los retiros voluntarios, los despidos en masa se profundizan en la actividad de peaje y autopistas. Siguiendo la experiencia de las patronales de AUSA (CABA) y AUBASA (Au Buenos Aires - La Plata) la automatización en el cobro de peajes viene de la mano con una ola de despidos encubiertos. En el Acceso Norte (Panamericana), en la última convocatoria hubo 150 “retiros voluntarios”. De 900 cajeros que había hacia el 2023, hoy en día sólo quedan 200 aproximadamente. Un genocidio laboral en regla.

El mecanismo que despliegan las patronales para conseguir los ‘retiros’ incluye métodos de coerción y la conformación de una cámara para este objetivo específico con mitines regulares. Muchos empleados, ante el cambio del puesto de trabajo y el depósito en cuatro días del retiro, aceptan las condiciones leoninas impuestas por el retiro. A su vez, aquellos que quedan compiten por una reconversión laboral que marcha a ritmo de tortuga ya que la política es despedir, no reconvertir nada.

Las patronales avanzan cerrando cabinas y levantándolas físicamente. De esto pasan al levantamiento definitivo del cobro manual y luego al cobro bajo el formato denominado “stop and go” (cobro de peaje con barreras vía telepase). Como consecuencia de este movimiento, se realizan los traslados de personal hacia peajes que aún funcionan bajo el cobro manual. Los trabajadores son dejados a la deriva y deben trasladarse por su cuenta, y en no pocas ocasiones los compañeros se ven obligados a tomarse tres o cuatro colectivos a la madrugada en plena autopista. El nivel de riesgo preocupa a las compañeras de la actividad que no poseen movilidad propia. La jornada de trabajo, si se computa también el tiempo de viaje en una actividad que se dedica a las rutas y las autopistas, se vuelve insoportable: “Te come todo el día”.

Es decir, márgenes de ganancia que aumentan y despidos encubiertos en regla para aumentar la facturación de las empresas que dejan mucho que desear en sus prestaciones más básicas.

SUTPA

El sindicato de peajes dirigido por Facundo Moyano (SUTPA) colabora con esta masacre laboral. Ante los despidos encubiertos, defiende los retiros porque, asegura, las indemnizaciones se realizan al 120 % de lo que le corresponde a cada empleado. Una política de embellecimiento de los despidos bajo el apriete patronal. Pero incluso, cuando se hacen los números finales, las indemnizaciones no llega ni al 90 %. Es decir, despidos baratos para las empresas

Es de público conocimiento el abandono del peaje por parte del Secretario General Facundo Moyano y su huida del país bajo el pretexto de problemas en su vida personal. Moyano está desde hace años parado en un rol de empresario más que en el de un defensor de los trabajadores. El líder gremial se afianza en ese terreno, que es el de las patronales, mediante testaferros de empresas que proveen servicios a las concesionarias de las rutas y poniendo a los trabajadores de la actividad bajo su tutela. Pedracismo al palo.

Facundo Moyano debe renunciar, y el SUTPA debe llamar a asambleas y convocar a elecciones de manera inmediata.

No a los despidos encubiertos. Reparto de las horas de trabajo sin afectar las condiciones de trabajo ni el salario.

Si el presente es de lucha, el futuro será nuestro.

26 de octubre de 2026
La derrota de Bolsonaro es un golpe a los Trump y los Milei

Lula ha dado vuelta la elección del primer turno electoral y consiguió una victoria inapelable -más de tres puntos de diferencia- sobre Flávio Bolsonaro. El candidato del Frente Brasil Popular, una coalición con partidos de la gran patronal brasileña, obtuvo nada menos que 10 millones de votos más que hace tres semanas, ocasión en la que había perdido unos 3 millones de votos en relación al balotaje de octubre de 2022. La magnitud de la transferencia de votos de ayer es atribuida a la participación del electorado que no lo había hecho el 4 de octubre pasado y a la mayoría de los que habían votado por los candidatos que no llegaron al segundo turno, pertenecientes a la derecha. La manifestación de apoyo a Lula, en la avenida Paulista de la capital del Estado, habría reunido 1.300.000 asistentes, la mayor, según los entendidos, de la historia de Brasil.

La derrota de Bolsonaro es un golpe político a los Trump, Milei y toda la fracción del imperialismo que había apostado por el mentor de los “milicianos” (parapoliciales) brasileños. En alusión al cuarto mandato de Lula, Trump señaló que “los comunistas se perpetúan en el poder”, a sabiendas de que tiene un gran margen de entendimiento con el ganador. La frase no lo predispone bien frente a Xi Jinping, a quien quiere asociar a su ‘plan de paz’ para Ucrania. Dentro de diez días, Trump perderá distritos que los republicanos han conservado como propios durante los últimos cien años.

La media vuelta de los resultados electorales está asociada a un distanciamiento de la derecha brasileña con respecto a la candidatura de Bolsonaro, que tuvo su expresión en el acogimiento que Diputados y Senado, controlados por ella, dieron a diversos proyectos de ley de Lula para ser votados de inmediato, en el transcurso de la campaña del balotaje. Bolsonaro, en cambio, fue denunciado en la prensa por lo que en Brasil se conoce como “ja ganhou”, en referencia al inmovilismo de quien asegura que no habría una modificación de los resultados previos. Flávio Bolsonaro, cuyo partido pasará a controlar el Senado a partir del 1 de enero próximo, anunció que iniciaría un juicio político y destitución del establishment judicial de Brasil, algo divisorio en la derecha y considerado peligroso para la llamada institucionalidad. Esta amenaza convirtió a Lula en el único defensor del “orden” en Brasil. Flávio Bolsonaro se vio obligado a votar el proyecto de Lula que reduce la semana laboral de 6 a 5 jornadas y a apoyar, en el debate presidencial, las medidas asistenciales de Lula -Bolsa Familia, Sistema de Salud-, las cuales, bajo el propio gobierno del Frente Brasil Popular, se encontraban en la ruina.

El impasse de la campaña bolsonarista fue precipitado por una fractura interna del bloque derechista. Según la prensa, Tarcisio de Freitas, reelecto gobernador por San Pablo por arriba del 60 % de los votos, no movió un dedo por Bolsonaro en la campaña al balotaje. Por su parte, Lula tejió acuerdos con el llamado “Centrao”, con eje en la preservación futura del Tribunal Supremo y del elenco de jueces. Fue con el derechista Davi Alcolumbre, presidente del Senado, de Unión por Brasil, que los emisarios de Lula negociaron la aprobación de proyectos lulistas en medio de la campaña final. En esta misma campaña, Lula puso foco en la formación de una mega Dirección de Seguridad y el reforzamiento del aparato policial, en línea con las demandas de la agitación derechista. La campaña por el segundo turno superó en intensidad política a la del primero, y el resultado es un cuarto mandato para Lula, bajo otro gobierno del Frente Brasil Popular, con acuerdos de gobernabilidad con la derecha que se encuentra afuera del gobierno. Lula, que no se priva de elogiar su capacidad para tender puentes con los opositores, ha protagonizado una maniobra derechista, mientras aseguraba que su lucha era contra “el fascismo”. El termómetro de la Federación Brasileña, la Bolsa de São Paulo y la cotización del dólar se mantuvieron estables durante la campaña por el segundo turno.

Flávio Bolsonaro ha anunciado que impugnará la segunda ronda, a causa de la decisión de un miembro del Tribunal Superior de prolongar la votación en las regiones donde una parte de la población no pudo concurrir debido a las inundaciones previas, o por el boicot de los municipios bolsonaristas a la provisión de medios de transporte para los votantes. La impugnación le sirve a los Bolsonaro para la tribuna; la mayor parte de la burguesía mundial ha cerrado filas con la victoria de Lula. Quienes esperaban una amnistía general por el golpe de enero de 2023, deberán buscar ahora un acuerdo en el nuevo Congreso, mucho más a la derecha del precedente. El ecológico Lula ya ha anunciado la intención de instalar a Petrobrás en la Amazonía, con la vista puesta en la exportación de carburantes a China. Las empresas chinas de vehículos eléctricos se han asociado a europeas y norteamericanas, para distribuirse el mercado brasileño y las cadenas de exportación.

Con el telón de fondo de esta crisis por arriba, la campaña del balotaje fue el escenario de movilizaciones imponentes, que por una simplificación de una situación compleja han sido consideradas de apoyo a la candidatura de Lula. No hay trabajador de a pie en Brasil, sin embargo, que no tenga críticas severas a Lula y a la burocracia política, sindical y educacional del lulismo. Lula se ha apropiado de la bandera de la lucha contra el fascismo por la ausencia de una fuerza histórica independiente que la convierta en una lucha contra el capital y sus agentes políticos sin excepción, que anidan al fascismo como último recurso contra una revolución socialista. La segunda vuelta ha consagrado presidente a Lula, pero la primera vuelta le dio a la derecha el control de parlamentos, gobernaciones y municipios. Es una herencia del PT y de su sucursal política, el Psol, que reúne a la izquierda antisocialista.

26 de octubre de 2026
NAZA o cómo la maquinaria criminal sionista decide asesinatos masivos en 20 segundos

Uno de los directores del documental NAZA, Yuval Abraham, de perfil, escucha en silencio. Los que hablan son hombres jóvenes, educados. Las voces están distorsionadas y sus facciones quedan en la sombra para impedir que los servicios israelíes los detecten. Todos participaron de la vigilancia y la eliminación masiva de la población gazatí. Son la burocracia tecnológica detrás de la limpieza étnica. Cada tanto dibujan, en pocos trazos, en un block, lo que les muestra su pantalla antes de decidir la destrucción de un “objetivo”.

Son soldados y oficiales de inteligencia militar, de elite, que estudiaron y se esforzaron para entrar a esos organismos, también de elite. Hablan con calma sobre cómo decidieron cuántos palestinos morirían en una noche cualquiera. Como explica uno, en general son hijos de la clase media y media alta de Tel Aviv. Familias laicas, “de izquierda”. Uno dice que, por eso, ellos no odiaban a los árabes. Pero que después del 7 de octubre la decisión fue aniquilarlos. Hace unos meses, Hareetz describió la relación entre la así llamada izquierda sionista y las Fuerzas de Defensa de Israel casi como una condición de existencia del Estado desde su origen.

El telón de fondo de la película es Tel Aviv de noche, iluminada, moderna. Enfrente hay un edificio vidriado; mientras los entrevistados desgranan los detalles de la masacre, una mujer amasa en una cocina hermosa, se ven parejas abrazadas, otras mirando la tele, un hombre habla por teléfono, dos niños se ríen. La vida.

NAZA en realidad es una sigla: el acrónimo militar israelí para designar las bajas civiles en un ataque: hombres, mujeres, niños, bebés. Lo que se suele denominar “víctimas colaterales”. La ecuación es amplia: puede ser que un objetivo implique “tres NAZA”. O sea, que por un posible militante de Hamas o la Jihad se mate a tres civiles. Pero también puede ser que un objetivo conlleve 300 NAZA. A veces, más.

No hay novedades en lo que cuenta NAZA, los periodistas palestinos lo fueron describiendo en tiempo real y más de 200 han sido asesinados para silenciarlos. El valor insoportable del documental es la descripción de la masacre por la boca de sus ejecutores, percibir la enorme frialdad, la destreza de los soldados que describen serenamente cómo destruyeron miles de vidas -decenas, dice Abraham, y su interlocutor lo corrige: miles.

Uno describe el trabajo como una «misión», otro lo compara con un videojuego, un tercero dice que se divertían, que les daba satisfacción, una sensación de plenitud. Muchos narran cómo eligen el objetivo y cómo deciden su eliminación.

Ninguno se quiebra en el relato. Alguno esboza una justificación: es lo que quiere la sociedad israelí. Otro, cuenta que desde niño odió mucho a los alemanes, pero ahora se pregunta qué lo diferencia de ellos.

A partir del 7 de octubre, el ejército autorizó el asesinato de 20 civiles en la persecución de un único “objetivo” de bajo rango, y de hasta 500 en la persecución de un “objetivo” de alto rango, un solo comandante de batallón o de brigada. El muchacho que habla admite, sin embargo, que estos “objetivos” habían sido «incriminados» en su mayoría por un sistema de inteligencia artificial que comete errores en aproximadamente el 15 % de los casos; aun así, los mataron junto con sus familias.

El sistema se llama Lavender y es una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por el ejército sionista para identificar a presuntos integrantes de Hamás y la Yihad Islámica Palestina en Gaza. Durante las semanas posteriores al 7 de octubre Lavender marcó decenas de miles de objetivos (aproximadamente 37.000 personas) para proceder a su asesinato. La decisión de barrer familias, edificios y barrios enteros quedó prácticamente en manos de IA. Por razones de efectividad, el ejército israelí ataca a las personas “objetivo” de noche, mientras estaban en su casa y con su familia en lugar de hacerlo durante operaciones militares.

“Dónde está papá” es el nombre de uno de los sistemas automatizados de detección que rastrea a los “objetivos” y alerta al ejército cuando entran en sus hogares.

En una entrevista de Abraham a oficiales de inteligencia, anterior a la película, una fuente afirmó que “el personal humano a menudo actuaba simplemente como un mero instrumento para aprobar las decisiones de la máquina, añadiendo que, normalmente, dedicaban apenas unos 20 segundos a cada objetivo antes de autorizar un bombardeo, solo para asegurarse de que el objetivo marcado por Lavender fuera hombre”. 20 segundos.

“No nos interesaba matar a los operativos de Hamás cuando estaban en un edificio militar o participando en una actividad militar”, declaró A., un oficial de inteligencia, a +972 y Local Call. “Los bombardeos en sus casas son, sin dudarlo, la primera opción. Es mucho más fácil bombardear la casa de una familia. El sistema está diseñado para buscarlos en estas situaciones”.

Un soldado cuenta que saben exactamente lo que algunos de sus “objetivos” o sus familias están haciendo en los momentos previos a matarlos. Por ejemplo, cuando la hija de 12 años llamó a la madre y le avisó que el papá ya estaba en casa. “Volver” y “papá”, detectó el algoritmo. BUM. Otro recordó haber oído a un hombre hablando con su mujer en la cama y, de fondo, un bebé llorando. BUM. Otro vio a un objetivo sacándose un selfie en el balcón con sus dos hijitas en brazos. BUM ellos y BUM los tíos, los primos, la abuela, todos. Un barrio entero. BUM. BUM BUM.

-Pero sabías que también moriría la nena de 12 años, pregunta Abraham.

-Claro, responde el entrevistado.

-Pero sabías que también iba a matar a las hijitas, pregunta Abraham.

-Si.

-Pero sabías que moriría el bebé que lloraba, pregunta a un tercero.

-Y sí.

A la noche, salía con sus amigos, dice uno. A la mañana, volvía a la oficina. La descomposición del régimen del capital se sintetiza en esos muchachos bien comidos, bien hablados, bien asesinos sin dudas ni remordimientos.

Ingrato, el gobierno de Netanyahu intenta desatar una cacería contra los testimoniantes de NAZA.

El sionismo ha convertido a una generación de israelíes en asesinos de masas.

En la ciudad de Buenos Aires, la película se proyecta en el Cine Arte Cacodelphia (Roque Sáenz Peña 1150) hasta el miércoles 28 de octubre, siempre a las 19.10. También en el Cine Teatro Helios, de El Palomar, miércoles 28 y 4 de noviembre. Ningún cine grande o de las cadenas se avino a proyectarla.

26 de octubre de 2026
La “economía real” de Milei está “peor que en 2002”

En marzo-abril, Milei y Caputo dijeron que se venían “los 18 mejores meses de la historia”. La profecía se verifica invertida: la economía entró en recesión, con caídas fenomenales del empleo, el consumo, la industria y la construcción; salarios y jubilaciones por el piso. El Banco Mundial y el Banco Central redujeron días atrás las estimaciones de incremento del PBI del 3,6 % al 2,1 % para este año. Goldman Sachs, que había pronosticado que no llegaría al 2 %, bajó sus expectativas a un 1 %. O sea que el PBI apenas supera los niveles alicaídos de 2023, a pesar de que la ponderación del campo pampeano y el sector minero-petrolero-gasífero es mucho mayor (cosecha récord, boom de Vaca Muerta y la explotación de litio y las exportaciones de estos sectores). En consecuencia, la caída del PBI del resto de las actividades económicas es sencillamente monumental; qué decir del PBI per cápita. La caída del consumo y la producción en los grandes centros urbanos, desde el rubro textil a la metalurgia y hasta la industria automotriz, no baja en ningún caso del 20 % respecto a 2025, cuando ya había caído frente a 2024 y 2023.

Por las características de las grandes inversiones de las actividades extractivas, amparadas en regímenes como el RIGI y otros nacidos bajo el reino K, todas estas actividades ´vuelcan´ poco y nada al mercado interno, se benefician de prerrogativas excepcionales para importar maquinaria e insumos sin impuestos; alimentan sobre todo la exportación y a los grandes pulpos que la llevan adelante. Ni hablar de que el tan mentado superávit comercial se alcanza merced al planchazo de las importaciones para la industria.

La inflación no baja del 2 % mensual y se mantiene por encima del 30 % anual. El mentado superávit fiscal esconde un monumental déficit si se toman los intereses de la deuda pública.

Consumo

“Incluso si la economía no para(ra) de crecer, el consumo masivo tal vez no recupere lo de 2023 por mucho tiempo” (La Nación, 19/10). El director de la consultora Ecolatina. Federico Moll, destaca que “el ingreso disponible está cerca de 15 puntos por debajo de lo que teníamos a fines de 2023”. Ese “ingreso disponible” -el saldo que queda en las familias luego de los gastos fijos- es un promedio que incluye a todo el abanico social. Como cualquiera puede imaginar, en la base de la pirámide ese ingreso cayó no menos de un 40 %. Según explica Moll, los ingresos disponibles “desde 2016 son una historia de caídas muy abruptas y recuperaciones parciales… en términos históricos (aun así, hoy ese ingreso promedio) es muy bajo”, sobre todo “porque los servicios son inelásticos” -esos precios son los que más han subido-; en consecuencia, restringen más aun el ingreso disponible para la compra de bienes (ídem). Dice el mismo Moll: “Hacia adelante difícilmente vaya a haber un incremento en los niveles de salario real. Y lo que empieza a verse es un nivel de desigualdad que aparece a nivel regional, a nivel sectorial y a nivel de estructura socioeconómica (…) los niveles de desigualdad crecieron mucho hacia adentro de la base de la pirámide. En los mejores momentos la base de la pirámide muestra un 55 % de pobres, y hoy está en 70 y pico, 80 %” (ídem).

Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados, denuncia que esta crisis es peor incluso que cualquier otra previa: “A diferencia de otras crisis económicas, esta vez no se registra una migración significativa hacia otros canales comerciales: la contracción de la demanda alcanza prácticamente a todos los formatos” (Infobae, 19/10). “Las ventas de los supermercados acumulan una caída interanual cercana al 4 % en volumen, mientras que el último mes medido (agosto) registró una contracción del 3,3 % (…) Los resultados negativos se mantienen prácticamente desde comienzos de 2024. La caída del consumo no afecta a todos por igual: “el patentamiento de autos cae a doble dígito, (mientras) marcas Premium como BMW, Audi, crecen a doble dígito” (Moll).

Otro economista, Federico Pastrana, destaca que “tenemos términos de intercambio muy altos y la economía no crece. Eso no pasó nunca” (LN, 25/10). Es decir, aunque los precios internacionales de los commodities son muy favorables, esto no tracciona una reactivación.

Pluriempleo, precarización laboral y desempleo

El empleo registrado -incluidos monotributistas- cae en pendiente. El empleo formal (en relación de dependencia) se redujo en casi 250.000 empleos en el sector privado y casi 100.000 menos en las administraciones públicas. Pero el trabajo informal cayó más aún. Los índices oficiales consideran sólo aquella parte de la población que busca empleo: como no hay oferta laboral, buena parte se queda en su casa desahuciada. Las cifras oficiales tampoco tienen en consideración la desaparición de manteros y ´trapitos´, perseguidos ahora con ´ley y orden´.

“Hace 14 meses que el empleo registrado privado cae de forma consecutiva, no hay ningún mes que revierta”, dice el economista Federico Pastrana. Mientras que en los inicios del gobierno libertario el ´ajuste´ sacudió en particular al sector público, ahora el problema se concentra entre los trabajadores del sector privado. La tasa de desempleo, además, no refleja que “la gente se refugia en la informalidad, donde gana mucho menos”. Estos ingresos “son muy procíclicos. La Encuesta Permanente de Hogares, que hay que tomar con pinzas -dice Pastrana-, muestra una caída de 15 puntos en los dos últimos trimestres. Cuando el gobierno dice que mejoraron los ingresos de los informales, está viendo una foto de hace uno o dos años” (LN, 25/10). El coeficiente de contrataciones de personal “está en los niveles de 2002. Ni siquiera en los de 2018” (ídem).

De la mano del crecimiento de la desocupación, crece el pluriempleo. O sea que el capital ya no sólo amplía su beneficio vía la expansión de plusvalía relativa (nuevas tecnologías que reducen el tiempo de trabajo necesario que remunera la fuerza de trabajo), sino incluso también de plusvalía absoluta (incremento de las horas de trabajo, intensificación de los ritmos de producción, para satisfacer las necesidades básicas y obtener el mismo ingreso). Se trata de una degradación sin precedentes de la fuerza de trabajo, un deterioro y/o destrucción de la fuerza productiva primaria de la sociedad.

Sin embargo, el fenómeno que revela la magnitud de la pérdida de empleo y de la precarización laboral tiene que ver con el salto del monotributismo. En su inmensa mayoría, extrabajadores en relación de dependencia que se inscribieron en tres categorías con ingresos por debajo de un salario promedio. A septiembre de 2026, el monotributismo suma casi 5,5 millones de personas. El 75 % está inscripto en las dos categorías más bajas, y en el llamado “monotributismo social” (suman 700.000 trabajadores eventuales, de ingresos irregulares). Es decir, desocupados encubiertos o que viven de changas. Esta última categoría creció desde 2022 casi un 57 %. La reforma laboral que votó el Congreso no ha revertido en absoluto la pérdida de trabajo formal, como no ha ocurrido nunca con ninguna reforma laboral desde la época de Menem-Cavallo. En la actualidad más del 30 % del total del empleo registrado se compone de monotributistas.

26 de octubre de 2026
DeRentas-Uber: un ‘modelo’ para la contrarreforma laboral

Con el crecimiento exponencial de las apps de viajes, alimentada por la desocupación creciente y la caída de la actividad económica, han comenzado a desarrollarse empresas de alquiler de vehículos orientadas a ese segmento. Detrás de un precario contrato de alquiler de condiciones usurarias, DeRentas y otras confiscan más de la mitad de las ganancias netas que generan semanalmente los conductores ´asociados´ a las aplicaciones.

Las compañías de leasing (opción de compra) y renting ofrecen un auto 0 km (aunque no siempre es tal) por una inversión y requisitos mínimos: el pago del alquiler semanal -$400.000- y licencia de conducir. Los conductores de las apps caen entonces en una “doble precarización”: deben trabajar para los dueños de los autos y para las plataformas, sin contrato formal, ART, aportes, vacaciones ni obra social. El valor del alquiler en DeRentas promedia $1.600.000 mensuales más el combustible. Lo que le queda en mano al trabajador es aproximadamente el 30 % de la ganancia generada, sin contar viáticos, limpieza del vehículo, gastos de celular y demás elementos necesarios. Para compensar la balanza, los conductores cumplen jornadas de más de 12 horas, sin días de descanso.

Aparte de establecer por contrato una especie de periodo de prueba de 90 días, DeRentas les exige a los choferes cumplir con una cantidad de viajes mínimos y respetar límites máximos de kilómetros semanales y de velocidad permitida (80km/h), además de horarios de control vehicular quincenal bajo apercibimientos económicos en caso de no cumplir con los tiempos y/o las condiciones del vehículo. Las sanciones por atrasarse en el tributo/alquiler semanal incluyen el corte/apagado del vehículo de forma remota y la ejecución del pagaré en blanco que se firma con el contrato. La retención de los trabajadores dentro del vehículo se hace mediante un perverso sistema de financiamiento de gastos extraordinarios: daños del vehículo, multas, telepeajes, etc. Se dividen estos montos en cuotas de hasta $100.000 extras por semana, acumulando decenas de cuotas/semanas para saldarlas que van en aumento mes a mes. Referido a las multas, que son las que más suman estos ítems, la empresa no brinda la documentación necesaria para poder hacer descargos o rebatir las multas no correctas; el conductor sólo cuenta con la cédula verde (o constancia de la misma), la póliza del seguro y el contrato de alquiler, que no tiene validez en estos casos.

En caso de accidentes, si la responsabilidad es del conductor o de un tercero que no tiene seguro, debe hacerse cargo él mismo de los gastos de reparación. Si la responsabilidad es de un tercero con seguro que responda, el trabajador queda exento de cubrir el arreglo, pero mientras este se efectúa, deja de generar ingresos; al momento de recuperar el vehículo o ser asignado a otro, debe retomar el esquema de pagos de alquiler adelantado pese a no haber podido generar ni un centavo esos días de interrupción. Para las vacaciones la empresa tiene la “gran” consideración de permitirles utilizar el auto para viajar por Argentina, debiendo pagar por adelantado los días o semanas que estarán de viaje, es decir, debiendo trabajar en su destino de “descanso” para cubrir esos días. En caso de enfermedad, no se contemplan los días no trabajados. Es decir, el alquiler es semanal y no sufre descuentos por ninguna consideración, ni siquiera de salud.

Las apps de viajes se disputan esta masa creciente de desocupados por medio de acuerdos comerciales con las empresas de alquiler. Por ejemplo: DeRentas “premia” a los choferes que realicen una cierta cantidad de viajes mensuales con la condonación parcial del pago del telepase (peajes). En estas condiciones, los choferes buscan sumar volumen de viajes antes que monto. Los precios “súpercompetitivos” que aplica Uber con esta herramienta funciona como estrategia de competencia frente a Cabify y Didi, incluso también frente al transporte público, a costa del desgaste de sus “socios conductores”. Desde Uber recientemente han modificado el listado de autos considerados dentro de la categoría “confort”, que ofrece una tasa de ganancia apenas más alta que la básica, dejando afuera modelos comúnmente utilizados por quienes tienen sus propios vehículos para trabajar, pero incluyen los modelos que tiene DeRentas en su parque automotor. Otras rentadoras como Autonomy-Cabify tienen la misma política.

La reforma laboral de Sturzenegger-Milei creó la figura de “prestador Independiente”, con obligaciones tributarias y fiscales, adaptada a este "modelo de negocio". El “beneficio” que acarrera es la multiactividad: poder trabajar en simultáneo para varias apps. Pero este "derecho" a la autoexplotación es borrado de un plumazo por DeRentas y compañía, ya que en sus contratos prohíben utilizar los vehículos en otra app que no sea con la que tiene convenio la empresa. Jorge Macri recientemente aplicó de lleno en la Ciudad las obligaciones tributarias y sumó la obligación de contar con licencia profesional D1 o superior, algo que genera gastos de hasta $200.000 a trabajadores que tengan que hacer la ampliación. En ninguno de los casos se les exige a estas empresas nada, en cambio, relacionado a condiciones de trabajo ni a controles sobre los estados y mantenimiento de los vehículos.

En un fallo reciente, la Justicia ordenó a DeRentas el pago de la irrisoria suma de 18,7 millones de pesos a la Obra Social de Conductores de Remises, Autos al Instante y Afines (O.S.C.R.A.I.A.) en concepto de pagos atrasados por algo más de dos años (Iprofesional.com 24/10). Este fallo se limita a la deuda exigida por el sindicato, pero no obliga a la empresa al reconocimiento del convenio colectivo ni a la incorporación de los trabajadores al mismo.

Esto no es "una trampa", sino las nuevas condiciones laborales que trae el libertarismo. DeRentas es una gran remisería, dueña de más de 7.000 vehículos nuevos. Necesita de forma indispensable de los conductores para mantener funcionando la rueda, no podría soportar un parate masivo en los pagos, aunque no reconozcan como empleados a los conductores. Este prototipo de metodología de trabajo es exportable a todos los sectores, incluso entre profesionales.

27 de octubre de 2026
El ICE entrenará a las fuerzas de seguridad federales en Argentina

A través del vocero presidencial, Adrian Ravier, el gobierno nacional dio a conocer que miembros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas norteamericano, más conocido como ICE, entrenarán a las fuerzas de seguridad federales.

El último anuncio de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, en noviembre de 2025, fue la creación de un organismo autónomo, para “combatir el narcoterrorismo y los nuevos delitos”, la Agencia Nacional de Migraciones (ANM), reconvertida, a comienzos de 2026, en Agencia de Seguridad Migratoria (ASM). La creación de la agencia antinmigratoria estuvo precedida por la visita al país, en julio de 2025, de Kristi Noem, ex secretaria del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, conocida como la “caza inmigrantes” por su dura política en materia migratoria que llevó adelante mientras era funcionaria trumpista.

La ASM libertaria fue proyectada para transformar el control de los flujos migratorios de un carácter puramente administrativo a un perfil enfocado en la “seguridad nacional y el combate del crimen organizado”. En su momento la ASM fue presentada por el gobierno como un instrumento para el “blindaje territorial”, al que se arribaría con la creación de una policía fronteriza, adaptando el modelo de control de la US Border Patrol (Patrulla Fronteriza de los EE.UU.). Entre las principales “funciones” de la ASM se encuentran el “combate del crimen transnacional”, los cruces de las bases de datos y la identificación de perfiles. Todo este andamiaje tiene como corolario la profundización de las deportaciones.

Los liberticidas, al pasar del ámbito civil al de seguridad la cuestión migratoria, sumaron un nuevo engranaje al aparato represivo, lo que se tradujo en redadas en el AMBA, en los que agentes de la Policía Federal escoltan a los civiles de migración, llevando adelante una lógica de “frontera interna”.

El “programa integral de formación” a cargo del ICE estará dirigido a agentes encubiertos de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En su alocución en la Casa Rosada, Ravier precisó que los contenidos operativos fueron evaluados y certificados por el Homeland Security Investigations (HSI), la rama investigativa del ICE, y que el plan académico y práctico busca fortalecer los recursos técnicos del personal abocado a tareas de infiltración e investigación en el marco de la Ley 27.319 de Delitos Complejos (Border, 20/10).

Según han dejado trascender desde el gobierno, la instrucción contemplará módulos específicos sobre negociación táctica, tiro defensivo en situaciones de riesgo, supervivencia operativa, manipulación y neutralización de explosivos, identificación de armamento utilizado por células terroristas y doctrina de contrainteligencia para repeler actividades de inteligencia hostiles (ídem). A simple vista se puede observar que el entrenamiento se encuentra al servicio de los objetivos estratégicos de EE.UU. en la región, que utiliza la cantinela del “narcoterrorismo” para intervenir abiertamente en América Latina.

Entre las novedades operativas se encuentra la instrumentación de un nuevo protocolo estandarizado de extracción de agentes encubiertos que actúen en terreno, cuando estos se encuentren en escenarios de peligro inminente o ante una posible vulneración de la identidad.

La colonización de las fuerzas de seguridad federales es camuflada por el gobierno como una simple intervención del ICE que se limitará a la auditoría y certificación técnica del programa académico llevado a cabo por HSI. Desde el Ejecutivo se encargaron de precisar que la capacitación del ICE no altera la cadena de mando de las fuerzas de seguridad nacionales.

Dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, durante el segundo gobierno de Trump, el ICE se convirtió en uno de los pilares claves de la represión interna.

El ICE es parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y es una de las piezas fundamentales en el plan del trumpismo para llevar adelante una de sus promesas electorales: las deportaciones masivas. Sus oficiales, integrados en la unidad de Operaciones de Deportación y Control de Aduanas (EDC), han llevado adelante razzias masivas centradas, en especial, en Los Ángeles, Chicago y Minneapolis. Pero las masivas protestas y la oposición social forzaron al gobierno federal a una recalibración en sus planes, pasando a un “enfoque silencioso”, bajo la dirección de DHS, lo que llevó a una disminución en la participación del ICE, siendo derivado a detenciones en oficinas de control migratorio, aeropuertos y otras dependencias. Pese a la menor visibilidad mediática de las grandes razzias callejeras, los arrestos aumentaron. Un informe del Migration Policy Institute (MPI) reveló que los arrestos en el interior del país pasaron de representar el 28% de las deportaciones en 2025 al 39% para julio de 2026, alcanzando picos de casi 50.000 detenciones mensuales.

Según un informe de la CNN de febrero de este año, los agentes del ICE reciben mucho menos entrenamiento que casi cualquier otro funcionario federal que porta una placa y un arma, incluso menos que el personal encargado de investigar el contrabando de animales exóticos y el fraude de odómetros (modificación intencional del kilometraje de un vehículo). Esto se da cuando los límites de edad y otros requisitos para convertirse en funcionarios de la banda antimigración se han reducido, lo que se traduce en un mayor despliegue y con mayor rapidez (CNN, 26/2).

La brutalidad que históricamente ha caracterizado a las fuerzas represivas argentinas se va a ver reforzada con los métodos brutales utilizados por el ICE en los EE.UU. contra los trabajadores migrantes.

27 de octubre de 2026
La Bolsa de São Paulo sufre las consecuencias de la derrota de la ultraderecha

Luego del reconocimiento ritual al cuarto mandato ganado por Lula, la prensa internacional ha dedicado sus informaciones y comentarios al derrumbe de la Bolsa de São Paulo; a la devaluación del real y a las ventas de bonos del Tesoro brasileño, que se tradujeron en una suba a la tasa de interés y del llamado riesgo país. Las acciones de las empresas cotizantes cayeron un 17%, en promedio, y las del banco Pactual, por caso, más de un 25%. La conclusión preestablecida acerca de lo ocurrido es que la burguesía le habría bajado el pulgar al todavía no designado nuevo gobierno de Lula, por su supuesta política de gastos sociales y el poco margen que tiene para reducirlos. Los operadores del Bovespa habrían recibido con el mayor entusiasmo, en cambio, el Tesouraço prometido por Flavio Bolsonaro –la motosierra para el país vecino. Ahora, Lula debería recoger el ‘mensaje’ de los inversores y designar un ministro de Finanzas que ‘tranquilice’ a los mercados, para el que suena Gerardo Alckmin, el vicepresidente reelecto del Frente Brasil Popular. Para el Consejo Editorial del Financial Times, Lula debería reconstruir una coalición con la derecha que se diferencia del partido Liberal de Bolsonaro. En Brasil, sin embargo, las coaliciones no se edifican en base a programas políticos sino a un intercambio de prestaciones, de modo que acaban naufragando cuando más se las necesita.

Hay que advertir, por lo pronto, que el derrumbe bursátil no encierra los ‘mensajes’ que se le atribuyen, sino que es el resultado del fracaso las apuestas especulativas realizadas en la segunda vuelta electoral, que apuntaban a una valorización de acciones y bonos, porque descontaban la victoria de Bolsonaro junior. Como ocurrió lo contrario, los especuladores se han tenido que deshacer de los contratos de compra de futuros, para amortiguar las enormes pérdidas contraídas por esa desafortunada especulación. Ni el banco Ponctual ni el Do Brasil sufrieron daño alguno, sí lo sufrieron quienes se endeudaron para comprar a futuro las acciones de esos bancos y venderlas a un precio mayor con una victoria del pichón de fascista. Las declaraciones de Trump posteriores al comicio, de que no se habría metido en las elecciones brasileñas, solo podrían tener de cierto que no participó en ese mercado comprador; no habría puesto un dólar propio por Bolsonaro. El derrumbe del Bovespa no es entonces un golpe financiero contra Lula sino un golpe contra los especuladores de bolsa de parte de un resultado electoral desfavorable no advertido a tiempo. Como ha ocurrido profusamente en Argentina, bajo los gobiernos de Macri y de los Fernández (y, más atrás, bajo Alfonsín, o con el desplome de la convertibilidad), los perjudicados reclamarán compensaciones por los ‘daños colaterales’. Ha quedado expuesta la vulnerabilidad de la Bolsa de São Paulo al flujo del capital extranjero, aunque la inmensa mayoría de los inversores, en acciones y deuda pública, son nacionales y populares. El Bovespa, presentado como un vigilante de Lula, ha sido, en realidad, la segunda víctima de las elecciones del domingo 25 después de Flavio Bolsonaro y la corriente ‘miliciana’. La tutela bursátil de las finanzas y de la economía se está viniendo abajo por todo el desarrollo de la presente crisis mundial.

Los 50.000 millones de dólares a los que habría recurrido Lula en gasto social, en el segundo turno, como le reprochan los diarios financieros, no fueron tales, y fueron compartidos por el Congreso e incluso por Bolsonaro, que votó a favor, en el Senado, de la reducción de la semana laboral. Lula adelantó el pago de la Bolsa Familia, pero no modificó su alcance; sí alivió a los bancos, al reconocerles el derecho a cobrar el 10% de los préstamos que habían declarado como definitivamente perdidos. Brasil no tiene un déficit primario elevado, apenas el 1% del PBI; sí lo es cuando se computan los intereses de la deuda –lo que lleva el déficit fiscal a un 9%. Necesita aplazar o anular el pago de intereses, no cortar gastos sociales. Cuando Milei ya tiene un pie en el cadalso como resultado de una política deflacionaria, la recomendación para que la siga Brasil resulta suicida o, por lo menos, controvertida. La cuestión del gasto social, como ocurre con los salarios y las condiciones de trabajo, constituye un problema político de fuerza entre las clases –no está regida por un pseudodeterminismo economicista. Llegado a un determinado punto, plantea en forma directa una cuestión de poder.

La trayectoria política de Lula ha sido de un invariable compromiso con el capital. Llegó al gobierno por primera vez en 2003, luego de haber firmado el programa del FMI en su condición de candidato. Enseguida entregó el Banco Central a un hombre del Bank of Boston: Luis Meirelles, luego de un acuerdo en Punta del Este con William Rhodes, el jefe entonces del Citibank. Hasta la aparición de las inversiones de China, Brasil oficiaba como una sucursal de la banca norteamericana. Ahora tiene un conflicto de tarifas con Estados Unidos.

El Bovespa se atribuye la dirección política de Brasil, acompañado por un directorio libertario del Banco Central, y un comité de política monetaria, que ha convertido a Brasil en un esquema Ponzi gigantesco (ofrece pagar intereses elevados para poder cancelar deuda contraída). La deuda financiera y bancaria interna se encuentra entrelazada con la deuda pública, externa e interna. Lula se encuentra, como nunca, atenazado por el Bovespa, por un lado, y una masa imponente que tomó la decisión de dar vuelta la taba en la segunda vuelta, sin un compromiso con el gobierno del Frente Brasil Popular. Una parte del Bovespa descartó el apoyo a Bolsonaro hacia el final del segundo turno, como lo hizo la misma derecha, cuando Bolsonaro anunció una intervención del Poder Judicial y una reforma constitucional, que habrían desatado un conflicto social y político en toda la línea. El cuarto mandato de Lula será de una intensificación excepcional de la lucha de clases.

27 de octubre de 2026
Brasil: los ganadores ajustan cuentas con el bolsonarismo y ponen en marcha un régimen de ajuste

La cuenta regresiva para la camarilla familiar de Bolsonaro se inició menos de veinticuatro horas después de su derrota electoral. La Policía Federal de Brasil prohibió la salida del país de Flavio Bolsonaro y ordenó la entrega de su pasaporte, algo que el ex candidato no concretó. La Justicia lo investiga por lavado de dinero a través de plataformas de juego y por sus vínculos financieros con el dueño del Banco Master, también preso. Al mismo tiempo, un integrante del Tribunal Superior inició una investigación sobre la injerencia extranjera en la financiación de la campaña de Bolsonaro y en la manipulación de las redes sociales. El diario Infobae deslizó la versión de un posible ingreso de Flavio a la Argentina, para dirigirse luego a los Estados Unidos.

La bajada de martillo sobre Bolsonaro tenía lugar mientras el reconocimiento de la victoria de Lula abarcaba a la mayoría de los mandatarios del mundo, incluyendo a los derechistas latinoamericanos -como Kast y hasta Espriella- con excepción, naturalmente, de Javier Milei pero no de Mauricio Macri, que mandó las felicitaciones de rigor. Trump siguió ese camino: aunque repitió las reservas del fascismo brasileño acerca de “irregularidades” durante el comicio, se autoproclamó “equidistante” entre Lula y Bolsonaro, para decir luego que su relación con Lula era “formidable”.

El círculo sobre la banda bolsonarista se había comenzado a cerrar durante la campaña electoral del balotaje. Los gobernadores derechistas que se consagraron en el primer turno de votación -comenzando por el paulista Tarcisio de Freitas- trabajaron a reglamento para el segundo turno, cuando no se abstuvieron de intervenir. Hicieron lo que Milei temen que hagan los gobernadores de Salta, Neuquén, o Jujuy en 2027 -reelegirse en sus provincias en elecciones desdobladas, y mirar para otro lado en la presidencial o en el balotaje.

Las razones para ese viraje de la derecha y la burguesía brasileña deben buscarse en el carácter y los propósitos de la camarilla bolsonarista: Flavio Bolsonaro aspiraba llegar a la presidencia para indultar a su padre, a los personeros militares golpistas que están presos e iniciar una purga judicial que comenzara por el Tribunal Superior. La desestabilización política que implicaba esa movida fue mirada con desconfianza por la burguesía brasileña. Pasados los comicios, el propio aparato de Justicia salió a curarse en salud al salir a ajustar cuentas con Flavio Bolsonaro. Durante la campaña electoral, Lula cerró acuerdos con el presidente del Senado, otro derechista, en torno, precisamente, de la composición del elenco de jueces y del Tribunal federal. El aparato de Justicia que ahora sale a purgar a Bolsonaro es el que ha sido bendecido por aquellos acuerdos. La escalada judicial de estas horas transcurre ante la indiferencia del elenco de gobernadores derechistas consagrado en el primer turno.

El “golpe de mercado” y sus razones

Mientras tanto, la Bolsa brasileña sufría este lunes un desplome del 14%, lo que llevó en San Pablo a una suspensión de las operaciones. Lo mismo ocurría con el real, que se depreció en un 8%. Más que un “pronunciamiento” sobre el resultado electoral, el golpe de mercado apuntó a arrancarle a los ganadores del comicio un pronunciamiento sobre el rumbo del futuro gobierno. El encargado de hacerlo fue el titular del PT, Edinho Silva, quien declaró a la CNN que “Lula hará un gobierno que buscará el superávit y el equilibrio fiscal” (Cronista, 27/10). Según Silva, quieren un Estado con “capacidad de inversión” sobre la base de “gastar menos de lo que se recauda”. En definitiva, un ajuste, cuyo propósito principal no es la “inversión” sino el pago de una deuda pública que representa el 80% del Producto Bruto. El presupuesto brasileño casi no tiene déficit corriente, pero si un déficit financiero que llega al 9% del producto. En su primera evaluación del nuevo escenario, el J.P Morgan estimó que esa restricción de gastos “no será suficiente”, y serán necesarios cambios “legislativos” en lo que refiere a la “seguridad social y los salarios” (Financial Times, 26/10). Alude, naturalmente, a un acuerdo para cambiar el régimen previsional en el Congreso, que cuenta con mayoría de los partidos derechistas.

El “nuevo” régimen en diseño

En estas páginas, pusimos de manifiesto los pactos que Lula celebró con las cabezas del Senado y Diputados, en principio, para hacer pasar el proyecto de jornada laboral de 5x2, favoreciendo las chances electorales de Lula, y para las mencionadas designaciones judiciales. También estuvo en la agenda la reducción de la edad de imputabilidad y otras disposiciones de reforzamiento represivo. A la luz de lo ocurrido en el balotaje y en las horas posteriores, es claro que esos acuerdos diseñaron algo más que maniobras electorales. Pusieron la piedra basal del régimen que gobernará Brasil en los próximos cuatro años -es decir, el de la presidencia Lula y los gobernadores de derecha. El primer paso de la nueva articulación ha sido sacarse de encima a la familia Bolsonaro, liberando a las facciones derechistas de sus compromisos con ella. En cuanto al “golpe de mercado” y la devaluación del real, servirá para licuar inflacionariamente algunas de las medidas de apuro resueltas por Lula en el tramo final de campaña, como el aumento de la Bolsa Familia o, incluso, el stock gigantesco del endeudamiento familiar. Pero el capital financiero, que ha instaurado un “carry trade” jugoso en el Brasil, exigirá defenderlo con una motosierra en regla. El escenario por delante, por lo tanto, es explosivo. Las organizaciones obreras ingresan a la nueva etapa con la más férrea integración al Frente del petismo y la derecha liberal. Los choques sociales que vienen plantean con urgencia la cuestión de la independencia política de la clase obrera.

27 de octubre de 2026
¿Milei ya fue?

Si algo ilustra el desconcierto que atraviesa el gobierno ha sido la arenga de Milei en la reunión de gabinete de este lunes, convocando a la plana mayor del oficialismo a "cerrar filas detrás del plan económico" y a juramentar que no se apartaría "ni un milímetro" de ese esquema (La Nación, 27/10). En las mismas horas, tras el triunfo de Lula en Brasil, el riesgo país se disparaba de 700 a 750 puntos básicos y "Toto" Caputo salía a hacer frente a una nueva corrida contra el peso vendiendo al menos 100 millones de dólares del Tesoro en una sola jornada. Es sólo un botón de muestra: el gobierno sigue vendiendo divisas a futuro y acumula compromisos por 2.140 millones de dólares (en pesos).

Patricia Bullrich se retiró de la reunión antes de que empezara. El viernes había participado de la cena de la Fundación Faro. “Una noche de ideas y de libertad con el Presidente Milei”, posteó entonces. El domingo, 48 horas después, llamó a LN+ para describir que Milei "había cruzado un límite" al pedir la hoguera para los periodistas que investigaron su rol en el fraude $Libra.

La postal ilustra un debate de fondo en la burguesía en torno al programa de Milei-Caputo. Estos habían acordado con el FMI un sistema de "bandas cambiarias" pero mantienen forzadamente el valor del dólar en la franja inferior, en torno a los 1.550 pesos, cuando el techo se ubica en 1.950. Es una brecha del 30%. La corrida al dólar es incesante, apenas disimulada por la disponibilidad de dólares del comercio exterior y un saldo favorable récord. Para financiarse sin recurrir a la emisión, Milei-Caputo mantienen en coma inducido a la actividad económica sosteniendo tasas de interés elevadas. Cualquier tentativa de reducirlas, como ya ha ocurrido, dispara el desarme del ´carry trade´ y los pesos liberados corren al dólar. A pesar del recorte catastrófico del llamado gasto social, el gobierno no cuenta con financiamiento externo: el ´mercado´ le impone tasas de default. Ha recurrido entonces a complejas operaciones con bancos privados que resienten todavía más su reputación financiera.

Las giras de negocios de Milei y Caputo no han servido para otra cosa que para poner de manifiesto que el capital financiero les ha bajado el pulgar. El ´plan financiero´ de Caputo fue desautorizado de manera brutal. La enésima ´ratificación´ del programa económico desprecia cualquier alternativa a la opción de mantener el dólar artificialmente bajo para abaratar el costo del pago de la deuda y pasar la motosierra por el gasto público. El fracaso es elocuente. No sólo no ha mejorado un ápice la cotización de la deuda argentina, sino que su resultado es un derrumbe de la actividad económica y del empleo, jubilaciones de 450.000 pesos y la caída en picada de la recaudación. Al cabo de tres años de programa ´libertario´, el gobierno marcha inexorablemente a un default.

La elección brasileña ha sido un mazazo para el gobierno de Milei. Pasó de aspirar a liderar la ´ola azul´ sudamericana al ostracismo. A diferencia del argentino, sus aliados de derecha no vacilaron en reconocer el triunfo del PT, incluido Mauricio Macri. La recuperación de Lula -sumó 10 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta- contrastó con las victorias ´por un pelo´ de la derecha y la ultraderecha en Colombia y Perú, a las que se suman el derrumbe en las encuestas del chileno Kast y la convulsión social en Bolivia.

El gobierno ha caído en el inmovilismo. Su agenda parlamentaria se diluye. La "reforma política" se posterga indefinidamente. En parte, porque los gobernadores le retacean los votos y le han dado la espalda a buena parte de las pretensiones del gobierno, como lo demuestra el desdoblamiento electoral de todos los distritos con excepción de Catamarca. La asociación con las mineras les ha dado a los mandatarios de las provincias mayor autonomía. Por citar un caso, en un acuerdo catalogado de "inédito", la minera Vicuña adelantará 250 millones de dólares de regalías para obras en San Juan. Pero hay otra cuestión de peso: en el oficialismo tampoco logran ponerse de acuerdo si mantener las PASO les conviene o no.

La "mesa" del PJ conformada por Máximo Kirchner, Kicillof, Massa, Olmos y los gobernadores, ha comenzado una tarea preliminar. Tienen presente el ´modelo Lula´, es decir una alianza con un sector de la derecha tradicional como podrían ser partes del PRO y de la UCR. Es la propuesta que le acercó, un año atrás, Pichetto a Cristina Fernández a San José 1111. Las consultoras evalúan las chances de un ´frente anti Milei´, precisamente, a la luz de lo ocurrido con Bolsonaro. La burguesía comenzó a repartir huevos en diferentes canastas. Así como Paolo Rocca alienta una candidatura de Bullrich, José Luis Manzano -propietario de AySA y Edenor- no tuvo empacho en mostrarse con Kicillof en Nueva York.

El proyecto libertario está tardíamente cuestionado. La clase capitalista incluso sospecha que podría arrastrarla a una catástrofe política. No pasa desapercibido que huelgas vigorosas de docentes, profesores universitarios, trabajadores del subte y residentes de salud, pasaron por alto las declaraciones de ´esencialidad´ y se pasaron por el traste la garantía de prestar de ´servicios mínimos´. La capacidad de ´contención´ de la burocracia sindical está cuestionada por su irreversible divorcio de las demandas de los trabajadores.

Las concurridas concentraciones que reclaman por el presupuesto universitario y la asistencia a la discapacidad, así como la cada vez mayor predisposición combativa de los manifestantes, irán creciendo.

28 de octubre de 2026
La banda de $Libra rescata al jefe de los parapoliciales brasileños

La fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, con escala en Puerto Iguazú, ha puesto de manifiesto el entramado internacional de la banda delictiva que gobierna la Argentina. Cuando la mayoría de las agencias nacionales e internacionales de noticias difundían que Bolsonaro había arribado a Estados Unidos, una kombi con chapa brasileña ingresaba al aeropuerto misionero de Iguazú en la noche del martes, custodiada por patrulleros argentinos. Adentro estaban Flávio Bolsonaro y su familia, que embarcaron enseguida para Quito y, luego, probablemente, a Miami.

Desde la noche del lunes, el diario Infobae había informado, con pelos y señales, los datos de un avión privado estacionado en ese aeropuerto, dispuesto a partir en “cualquier momento”. La empresa del avión privado, Baires Fly, figura en la causa ANDIS como el principal canal para las maniobras de sobrefacturación y lavado de dinero con los fondos para discapacidad. El dueño de Baires Fly, Sergio Mastropietro, es un exsocio de Fred Machado , “mecenas” de José Luis Espert y preso en Estados Unidos por lavado de dinero del narcotráfico. En definitiva: la banda de $Libra, del ANDIS y de “cárcel o bala” auxilió al jefe de la banda de milicianos parapoliciales Flávio Bolsonaro.

Infobae señala que Flávio Bolsonaro era uno de los pasajeros que debía subir al vuelo privado de Baires Fly, pero después de ser descubierto por la prensa, el vuelo no partió en la mañana del martes. Enseguida, comenzaban las versiones acerca de que Bolsonaro había arribado a Estados Unidos. Fue una maniobra distraccionista para sacar a Iguazú del foco de la atención pública. Mientras tanto, agentes de la SIDE permanecían vigilando el aeropuerto.

Dos horas después de la partida del vuelo, en la noche del martes, un comunicado de la Dirección de Migraciones de Argentina daba cuenta del ingreso al país de la familia Bolsonaro “con documentación en regla”. El comunicado fue un intento grosero por encubrir la participación activa del gobierno argentino en la fuga del jefe de los milicianos. Naturalmente, un brasileño puede ingresar a otro país del Mercosur sin pasaporte, mostrando sólo el DNI. Pero Flavio Bolsonaro no era “cualquier” ingresante. La propia oficina de Migraciones había sacado un comunicado informando que el excandidato derechista no tenía registrado el ingreso al país. En medio de un hecho de trascendencia internacional, nadie podría haber dejado entrar a Bolsonaro sin consultar previamente con la Cancillería, es decir, con el gobierno nacional. La operación de fuga no fue simplemente tolerada por los liberticidas: de Milei para abajo, pasando por la SIDE, el gobierno nacional fue el eje de este rescate de los parapoliciales brasileños. El entramado fue confirmado por el abogado mexicano Simon Levy, presidente del trumpista “Council of Americas”, al declarar a A24 que “el único que estaba enterado de esto era el presidente Milei. Estuvo en parte de la coordinación de toda esta operación”. Según señaló, el escape de Bolsonaro, bautizado por sus ejecutores como “Operación Alba”, estuvo supervisado por Marco Rubio, es decir, por Donald Trump. “Gracias al presidente Milei, hoy Flavio está vivo”, concluyó Levy.

Trump

En las declaraciones que hizo a los medios este martes, Donald Trump puso en evidencia su conocimiento y participación en el operativo. “Creo que está en la Argentina”, dijo, incluso bastante antes que el ingreso al país se encontrara registrado en Migraciones. Entre las cuestiones que se le investigan a Bolsonaro en Brasil está la injerencia de la oligarquía digital, la principal fracción capitalista que sostiene a Trump, en las elecciones brasileñas. Como ya se ha comprobado, los negocios particulares -criptos, lavados de activo- que involucran a los Milei, Trump y Bolsonaro se encuentran internacionalmente enlazados. La fuga de ayer sustrae a Flávio Bolsonaro de eventuales indagatorias o investigaciones sobre este entramado. En Brasil, el titular “a cargo” del PL, el partido de Bolsonaro, se declaró al margen de la operación de fuga. La derecha brasileña construye su plan B desde las gobernaciones y la justicia, en conversaciones con Lula y Alckmin.

La “operación Bolsonaro” ha desnudado a Milei como el vértice de una facción criminal de alcance internacional. Ni siquiera es una fracción política que comulga con el fascismo. El Estado argentino ha sido colocado como pantalla de los protectores de parapoliciales y criminales de guerra. La permanencia de Milei y la banda liberticida está ahora en manos de la Justicia y el Congreso. Si no actúan, se convertirán en cómplices de una banda internacional de lavadores de dinero y de activos.

28 de octubre de 2026
Serbia: donde los estudiantes aprendieron a derrocar a un presidente autoritario
Redacción

No solamente han sido noticia, en estos días, la derrota de la ultraderecha brasileña, la continuidad de la rebelión de la juventud en Francia o el corte del sistema de radares ShieldLink de Elon Musk, a Zelensky, para forzarlo a aceptar los términos de un acuerdo propuesto por Trump a fin de negociar una ‘paz’ con Rusia.

En un mundo sacudido por una guerra mundial y rebeliones populares, ha irrumpido Serbia, el mayor estado de la destruida Federación Yugoslava, donde una “lista estudiantil” ha derrotado al expresidente Aleksandar Vusiç, que se presentaba para el cargo de primer ministro, en las elecciones parlamentarias del 25 de octubre pasado. La “lista estudiantil” obtuvo el 53 % de los sufragios y la mayoría, por lo tanto, del parlamento serbio. Vusiç, que gobernó el país durante 14 años, ha sido, en cierto modo, el heredero político de Slobodan Miloseviç, condenado por crímenes de guerra contra el pueblo bosnio musulmán. Vusiç no ha logrado, sin embargo, alcanzar ninguno de los objetivos del nacionalismo serbio, como sería anexar a la Bosnia serbia, ni anular la independencia de Kosovo, un sitial histórico de Serbia, de población albanesa. La crisis histórica de los Balcanes ha encontrado una nueva forma en el escenario de la guerra imperialista actual. La caída de Vusiç en 24 horas ha dejado atrás el pronóstico de una larga “guerra de desgaste” contra el autoritarismo y ha precipitado un abrupto cambio de escenario.

La “lista estudiantil” es un fenómeno ‘sui géneris’ en muchos sentidos. Ha nacido en los claustros universitarios para luchar contra las inversiones mineras de litio, en defensa del medio ambiente y en oposición al conchabo de coimas del gobierno con las empresas chinas. En la lucha contra la corrupción y la mafia gubernamental, desató una enorme movilización de repudio a las muertes por el desplome de una marquesina en una estación de ferrocarril, que atribuyó a la precariedad de su construcción debida a la corrupción. Del lado este del Adriático ha nacido un ´mani pulite´ de masas. La “lista estudiantil’, que delibera por medio de plenarios en las universidades, no tiene sin embargo candidatos estudiantiles en la lista ganadora, que ha quedado reservada para el personal académico adulto. Postula para primer ministro a Dejan Soskiç, un profesor de economía y exdirector del Banco Central. Reivindica la tutela sobre Kosovo, cuya independencia no fue avalada, denuncia, por un voto refrendario, y está dividida en cuanto a ingresar a la UE o apoyar a Rusia, asuntos que ha dejado de lado para evitar un estallido inevitable. Ha presentado un programa ‘institucional’ (Estado de Derecho) sin referencia a las penurias sociales de los trabajadores –un salario promedio no supera los 1.000 euros al mes, y se reduce a la mitad de ese monto para una porción considerable de la población-. Reivindica la meritocracia para seleccionar a la burocracia del Estado, otra manifestación de su academicismo político. En diciembre habrá elecciones presidenciales. Los estudiantes presentarían como candidato a Radomir Saiciç, un profesor de química, políticamente conservador.

La Comisión Europea (Ursula von der Layen) ha saludado la victoria de la lista estudiantil, con la intención de explotar sus omisiones políticas y sus contradicciones manifiestas. Estamos hablando de un movimiento de masas, que el domingo de su triunfo mostró su masividad en las calles de Belgrado y el conjunto de Serbia. La mafia oficialista ha desaparecido del escenario público, probablemente para conspirar con mayor libertad, o simplemente porque ha dado por agotada su experiencia de gobierno. La victoria de la lista estudiantil ha abierto una caja de Pandora, como lo es indudablemente la diferenciación política que empezará a manifestarse abiertamente.

28 de octubre de 2026
No a la exoneración de Virginia Aparicio

Esta semana se hizo pública la exoneración de la investigadora del INTA Virginia Aparicio. Se la acusa de no haber cumplido ciertas normativas. Su despido se da en un cuadro de destrucción generalizada de todas las áreas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

El sumario contra Aparicio fue iniciado en el último año del gobierno de los Fernández, por los funcionarios kirchneristas, a pedido del propio Consejo Directivo Nacional del INTA, dominado por la Mesa de Enlace.

El INTA siempre fue una institución orientada a desarrollar los agronegocios, para aumentar la productividad del agro, a fin de fomentar las técnicas de labranza cero y para lanzar el paquete tecnológico con glifosato y demás agroquímicos que instaló en todo el país, con las consecuencias que hoy tenemos: corrimiento de la frontera agropecuaria, destrucción de recursos naturales y contaminación creciente.

Ese ´modelo´ fue impuesto a escala global por los monopolios Monsanto y Bayer, que diseñaron el paquete tecnológico -semillas genéticamente modificadas, glifosato y siembra directa- y lo impusieron en todo el mundo. En la Argentina, ese paquete arrasó con el modelo de producción a pequeña y mediana escala y lo reemplazó por el festival de los grupos especuladores, los pools de siembra y los fondos de inversión, que conjugan todos los elementos que definen a las commodities: el precio internacional, el tipo de cambio, el clima y la especulación financiera. Los sectores dominantes y todos los gobiernos -incluida la pelea por la 125- sostienen ese modelo, porque es el que garantiza la renta de la soja y la transferencia de riqueza al capital concentrado. Y los profesionales, mientras tanto, quedan sometidos al secreto y la confidencialidad, bajo el arbitrio de los monopolios y las reglas capitalistas.

Virginia Aparicio es castigada por este Consejo Directivo de la Mesa de Enlace y los monopolios porque documentó el impacto de los agrotóxicos en la salud y el ambiente.

Los delegados de la Junta Interna de ATE INTA Castelar impulsamos una gran campaña de denuncia bajo estos ejes, y vamos a ir a fondo hasta revertir este despido.

Exigimos la reincorporación inmediata de Virginia Aparicio, el cese de todas las medidas y la anulación de todas las medidas de sumario que se han tomado contra la compañera. Llamamos a la solidaridad a todas las organizaciones que estén en este camino y bajo esta perspectiva.

28 de octubre de 2026
La precariedad laboral e impunidad estatal detrás del crimen de la docente rural Nancy Godoy

A 20 días de su desaparición, la policía encontró el cuerpo de Nancy Estela Godoy, maestra y directora suplente de la Escuela Rural N° 626 en el paraje El Malezal (Esquina, Corrientes). Hay cinco personas detenidas bajo prisión preventiva, entre ellos el capataz de la estancia, Ireneo Zarza, en cuya tapera a escasos metros de la escuela donde Nancy trabajaba se encontraron ropas quemadas que están siendo peritadas. CTERA convocó a un paro nacional para este jueves 29 y a una concentración en la casa de la provincia de Corrientes en CABA.

Su caso expone de forma brutal las condiciones extremas a las que el Estado y las patronales exponen a la clase trabajadora. Desde los primeros días de octubre de 2026, la comunidad educativa y su familia exigen una respuesta que el poder político y judicial pretende dilatar.

Días antes de desaparecer, la propia Nancy dejó asentada una denuncia formal de su puño y letra ante el Consejo General de Educación donde detallaba las condiciones deplorables del establecimiento. En su escrito, la docente describía un estado de abandono total: la escuela estaba infestada de ratas y murciélagos, carecía por completo de agua potable y ni siquiera contaba con muebles ni sillas dignas para que sus alumnos pudieran sentarse a estudiar. Los familiares y los audios de la propia docente revelan que Nancy Godoy destapó un entramado de corrupción y fraude estatal dentro de la Escuela Rural N° 626, definiéndola textualmente como una "escuela fantasma, con alumnos fantasmas". Al asumir el cargo de directora suplente, Nancy descubrió horrorizada que en el colegio no había libros de firmas de docentes, registros de asistencia de alumnos ni documentación administrativa básica. Todo se manejaba de forma fraudulenta por fuera del edificio escolar para justificar cargos que solo existían en los papeles del Ministerio. Para mantener los presupuestos y los cargos jerárquicos docentes habilitados, las autoridades fraguaban matrículas de chicos que en realidad no asistían o que habían sido abandonados pedagógicamente, por este motivo denunció penal y administrativamente al director titular anterior porque este cobraba su sueldo regularmente a pesar de haber asistido al establecimiento apenas tres veces en dos años, también apunto apuntó de lleno contra la inspectora escolar de la zona acusándola de encubrir el vaciamiento del colegio.

Los familiares sostienen que Nancy "destapó la olla" de un negocio turbio y que, al negarse a ser cómplice de este fraude y ratificar las denuncias formales, se ganó enemigos.

El caso de Nancy comprueba el desamparo total de los maestros rurales y la impunidad de los terratenientes locales que controlan las zonas a sus anchas. Es necesaria la más amplia movilización popular y la organización independiente de los trabajadores de la educación para exigir el esclarecimiento urgente.

¡Justicia para Nancy Godoy! ¡Basta de precarización laboral y abandono escolar en la docencia rural! ¡El Estado y los patrones son responsables!

Tendencia Docente Clasista concentra y convoca a la docencia a movilizarse masivamente, este jueves 29 de octubre a las 8.30 hs am en Maipú 271, CABA, frente a la Casa de la Provincia de Corrientes, en el marco del paro y movilización de la CTERA, convocados al efecto

29 de octubre de 2026
Santa Fe: Pullaro impulsa una agenda ultrarrepresiva

A principios de este 2026, el Poder Ejecutivo provincial lanzó una iniciativa tendiente a modificar muchos aspectos del proceso penal. Según el gobernador Maximiliano Pullaro, para habilitar “nuevas herramientas de seguridad pública” -tal el título del mensaje que envió al Poder Legislativo. Luego de jactarse de que a partir de su mandato los delitos graves han disminuido considerablemente en toda la provincia, todavía considera necesaria "una profundización en la lucha contra el narcotráfico y la violencia altamente lesiva". Aunque no formaba parte de la agenda urgente -inclusive la Legislatura se dedicó a reformar la ley electoral y de partidos políticos posponiendo hasta nuevo aviso estas modificaciones- el debate se reactivó en las semanas.

Este paquete de leyes significa una modificación sustancial de los derechos y garantías que tiene cualquier persona investigada por la comisión de algún presunto delito. Es una normativa extensa, cuyo contenido liquida virtualmente el derecho de defensa en juicio; extiende las facultades policiales y habilita el juicio en ausencia; crea la posibilidad de decretar un “estado de sitio barrial” entre más iniciativas reaccionarias, abiertamente antidemocráticas y en colisión directa con todos: la constitución y los tratados de derechos humanos que Argentina haya suscripto en su historia.

Las Reformas

Pullaro pretende que la Policía de Investigaciones, la sección encargada de la recolección de evidencias criminales, pueda llevar adelante declaraciones ´informativas´ sobre quienes presuma de tener algún tipo de participación penal. También que la propia fuerza pueda llevar adelante interrogatorios sobre sujetos investigados. Estas prácticas son ilegales de pie a cabeza. Si esto no fuera poco, la modificación incorpora que dichas declaraciones puedan ser tomadas sin necesidad de un abogado defensor presente. El derecho a no declarar contra sí mismo ni autoinculparse, serían derogados en Santa Fe. Estamos frente a la legalización de testimonios arrancados bajo violencia.

También se busca permitir la realización de juicios en ausencia. Esta figura permite que se pueda condenar a alguien aunque no asista al juicio en su contra. Por lo tanto vulnera su derecho de defensa, al no estar presente y no poder refutar la prueba que se desarrolle durante el proceso. Pero lo más grave de esto es que se habilitaría a un sin fin de delitos, independientemente de su gravedad y/o su complejidad. El juicio por ausencia se encuentra regulado en el ámbito federal, aunque reservado a ciertos delitos. Ademas, tiene importantes limitaciones, ya que el fiscal federal no puede acusar mientras el sindicado se encuentre en rebeldía. Pullaro, en cambio, pretende condenas exprés para ´hacer estadisticas´ y luego buscar al responsable.

Si la ausencia del imputado no es suficiente, además los fiscales -los encargados de investigar y acusar- podría condenar sin perder tiempo. La habilitación de “decretos” que le endilguen una responsabilidad penal a cualquiera, independientemente de que sean delitos leves o excarcelables, vuelve a vulnerar la defensa en juicio ademas de que se arroga facultades que son reservadas y exclusivas de los jueces. "Te condeno y luego te defendés" es un avasallamiento del principio de inocencia.

Prosiguiendo, la reforma pretende legalizar evidencia obtenida ilegalmente. Las constituciones han sido justamente un coto al poder despótico del Estado, imponiéndole limites. Uno de ellos es que el aparato represivo no puede valerse de cualquier medio a disposición para obtener prueba que encarcele a alguien. Toda prueba obtenida ilícitamente es inválida. De aprobarse, se ampliarían enormemente las excepciones a esta regla que parten de la “buena fe” de la policía en su obtención y en la complejidad del delito investigado (entre otras excepciones). Para algunos delitos entonces existirían garantías, y para otros, no tanto. Estos fundamentos tiran por la borda la teoría del “fruto del árbol envenenado”, que invalida toda evidencia recolectada ilegalmente, la posterior prueba que se adquiera con esa información y la causas penales que deriven de estas. Como parte de esto, se busca ampliar los supuestos de hecho en el caso de allanamientos, habilitando, ampliando en nombre de la “urgencia” una exagerada cantidad de excepciones. Actualmente la flagrancia admite esta clase de acciones sin autorización judicial, pero justamente la regla es que si el Estado pretende ingresar a la privacidad y el domicilio de un ciudadano es que debe existir una orden que así lo permita. Esta extensión de las facultades sin control judicial es la consagración del “estado de sospecha”.

En el ámbito penitenciario también se propone legislar sobre la “sospecha fundada”, que habilitaría sin autorización judicial ni control previo que personal de las cárceles puedan intervenir las comunicaciones previas de cualquiera alojado en el pabellón. Si esto no fuera poco, la mentada reforma busca la posibilidad de que, sin intervención judicial e inclusive sin investigación penal existente, las fiscalías pueda intervenir teléfonos celulares sin limite alguno y clonar la información alojada en el mismo.

"Estado de sitio barrial"

La disposición de que la autoridad administrativa pueda disponer de una suspensión generalizada de garantías constitucionales en una aberración fascistoide. La versión que se quiere aprobar es más gravosa que el estado de sitio clásico donde, al menos en la norma, se debe “controlar” por los otros órganos del Estado. Esto no existe en la propuesta de Pullaro que permitiría, en un ámbito espacial reducido, la limitación de la circulación de personas; la facultad de llevar adelante “demoras” sobre los vecinos sin motivo específico; la habilitación de allanamientos generalizados sobre el lugar en cuestión y las “entrevistas privadas con referentes sociales” (díxit) por parte de la policía. Nada de esto tiene que ver con luchar contra un narcotraficante que tomó un barrio por asalto.

La polémica suscitada por este asunto ha puesto en peligro inclusive la sesion proyectada para este jueves 29, que deberia aprobar este articulado, por diferencias internas dentro del frente oficialista -el Partido Socialista ha puesto reparos. Las fuentes insisten con que Pullaro quiere su aprobacion y promulgacion para este año. El destino se ha de colar con las pretensiones politicas del año entrante, donde rumores indican un pacto de “no agresión” entre los radicales y la LLA.

Independientemente de eso, manifestamos nuestro repudio a esta legislación de excepción dentro del territorio santafesino. Su aprobación se convertiría en un antecedente nocivo para las libertades democráticas en el pais y Latinoamerica, en consonancia con la pretensión del Escudo de las Américas en la región.

29 de octubre de 2026
De Trump a Milei, una asociación para delinquir

En 2022, Jair Bolsonaro salió para Estados Unidos luego de haber sufrido una derrota en el segundo turno de las elecciones brasileñas, por parte de Lula da Silva. La elección había sido precedida por manifiestas acciones golpistas, como la concentración de multitudes ultraderechistas frente a los cuarteles y el impedimento, por parte de la Policía Rodoviaria (Carreteras), a la asistencia de los poblados pobres a las urnas. La partida de Bolsonaro padre a Norteamérica fue interpretada correctamente, hace cuatro años, como una tentativa de evitar el arresto del susodicho en caso de que el golpe, para desconocer la elección de Lula, no fuera exitoso. Al final, el golpe tuvo lugar ocho días después de la asunción del gobierno por parte de la flamante coalición Brasil Popular, cuando Lula ya había designado a su gabinete, incluido un ministro de Defensa civil, acatado por los altos mandos militares. El alejamiento del país no le sirvió de nada a Bolsonaro padre, que acabó siendo condenado a 27 años de prisión por intento de derrocar “el estado democrático de derecho”. Diez meses más tarde del fracasado golpe, un partidario fanático del bolsonarismo, Javier Milei, ganaba el balotaje en la vecina Argentina. El carácter reaccionario de las elecciones de Argentina de ese año quedó de manifiesto.

En 2026, todo estaba armado para un retorno del bolsonarismo al gobierno sin necesidad de acciones extraparlamentarias, cuando las encuestas y luego los votos dieron ganador al hijo del prófugo de 2022 en la primera vuelta electoral. De haberse repetido este resultado en la segunda vuelta, Flavio Bolsonaro tenía previsto arrancar del Congreso una amnistía para los golpistas civiles y militares de principios de 2023, proceder enseguida a indultar a su padre y encarar, finalmente, la destitución de los jueces adversos que ocupan el Superior Tribunal Federal. Amparado en sus nuevos fueros, quedaba al margen de un procedimiento judicial por los desfalcos económicos probados en los expedientes en su contra. En lugar de un golpe para apropiarse del gobierno, como había intentado su padre, Flavio lo haría desde el gobierno y el control del Senado, luego de una victoria electoral. La operación fracasó: antes de perder, finalmente, en el balotaje, ante Lula da Silva, el conjunto de la ultraderecha brasileña se distanció del Bolsonaro junior y contribuyó en una cierta medida a su derrota. 48 horas después de las elecciones, Flavio Bolsonaro urdió su fuga de Brasil, ante la certeza de que la Policía Federal estaba pronta para su arresto. En Miami lo esperaba su abogado y socio financiero Willer Tomaz, que operaba el sistema de apuestas on-line para lavar dinero, que se calcula en ¡mil millones de dólares! La Bolsa de São Paulo estrelló sus cotizaciones, con la noticia de la derrota de Bolsonaro, cuando tuvo que salir a mal vender sus tenencias para cubrir las deudas que contrajo para apostar, sin dinero en efectivo, a una suba accionaria. No quiso o no supo despegarse a tiempo del intento de golpe poselectoral. La fuga de Flavio Bolsonaro deja a Brasil con una oposición desarticulada, sin un programa común, y al gobierno del Frente Brasil Popular en el centro de la escena y de las explosiones. A sus propias contradicciones insalvables deberá sumar las del conjunto del régimen político.

La fuga de Flavio Bolsonaro tiene en común con el secuestro de Maduro, en este caso por medio de un asalto militar y más de cien asesinados, el violentamiento del derecho internacional por parte de una asociación clandestina entre los gobiernos de Estados Unidos y Argentina –Trump-Rubio y Milei-Santiago Caputo- la CIA-SIDE y la embajada norteamericana en Buenos Aires. Se ha formado una Interpol invertida –que protege a los delincuentes en lugar de detenerlos. Javier Milei ha incursionado en el encubrimiento de un delito, para lo que está previsto tres años de prisión como mínimo. Fue el plan B impuesto por Trump a la alternativa, promovida por Rubio, de desconocer los resultados brasileños del domingo pasado. La obsesión de Rubio por convertir a Cuba en un protectorado por medio de la acción militar le ha hecho decir que Lula es un comunista, cuando el ex metalúrgico es una muralla ‘nacional y popular’ contra un gobierno de trabajadores y un defensor acérrimo del orden capitalista mundial. El PT no es un partido obrero ni para defender el derecho laboral. Bolsonaro padre lo hizo trizas antes de Milei. La participación del gobierno argentino en la conspiración por sacar a Bolsonaro de Brasil ha sido fundamental, porque no hubiera sido posible desde otro de los países limítrofes. Aunque por ahora la Folha de São Paulo lo ha tomado como una versión, no descarta una colaboración de la PF de Brasil en la fuga, como un escenario más conveniente para el gobierno de Lula que un largo proceso judicial y el dictado de nuevas condenas sobre los mismos apellidos. Es cierto que las oficinas de inmigración de Brasil no se encuentran rodeadas de vallas que impidan su cruce, pero habiendo una orden especial contra una fuga siempre se toman las medidas que corresponden.

La complicidad del gobierno argentino con la salida clandestina de Bolsonaro prueba la existencia de un aparato para estatal que opera al margen de las leyes y la Constitución, y que es el sujeto necesario para cualquier golpe de Estado. Los actos oficiales deben ser públicos, no clandestinos. A los hermanos Milei y a los Caputo (tío y padre) le caerán una tanda de juicios cuando dejen el gobierno –las líneas del fraude en Discapacidad son internacionales; además está la estafa $Libra. El oficialismo describe a las elecciones de 2027 como una vía al caos –un argumento suficiente para justificar un autogolpe; en Defensa no hay un civil sino un militar, y no en retiro efectivo sino en actividad, con capacidad para dar órdenes de movilización de tropas. Flavio Bolsonaro se ha proclamado el jefe de la oposición en Brasil, desde Estados Unidos, pero la prensa brasileña opina que ha simplemente ha desperdiciado en una noche 60 millones de votos y cualquier futuro político. La crisis política desatada en Brasil se ha trasladado a Argentina.

La Justicia Federal no tiene la intención de tomar cartas en el asunto e iniciar una acusación de encubrimiento de delincuente, conspiración con potencias extranjeras contra terceros países y violación de la Constitución –por lo menos. Una denuncia en Puerto Iguazú ha sido desechada por fiscales de Misiones. El Congreso hará todo lo posible por evitar convertirse en caja de resonancia y romper con el gobierno –siguen prevaleciendo los tiras y aflojes de aportes presupuestarios. Desde Política Obrera aprovecharemos la delincuencia política que desarrolla el gobierno y la complicidad de los defensores del estado de derecho, para promover la conciencia de clase a favor de un gobierno de trabajadores que imponga un programa revolucionario.

29 de octubre de 2026
El crimen de Mariano Ferreyra y la detención de los metrodelegados (el soterrado hilo conductor del poder de la clase obrera)
Pedro Pianta

El lunes 19 de octubre la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) emitió un comunicado que alertaba sobre la presencia de empresas tercerizadas que, violando el Convenio Colectivo de Trabajo, realizan tareas de mantenimiento.

La Asociación Gremial denunció “una forma de contratación ilegal que pretende emparchar el faltante de personal en los planteles de la empresa Emova y se declaró en estado de alerta permanente” (Prensa latina). A ese ilegal ataque a los derechos laborales básicos se le sumó la sanción desmesurada que la empresa le aplicó a un trabajador.

Fue entonces que el martes 20 de octubre pasado la Asociación Gremial inició una pacífica medida de protesta consistente en liberar los molinetes al paso del público.

Esa modalidad del legítimo ejercicio del Derecho a la Protesta que surge de la aplicación armónica de las normas de los artículos 14, 33 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional (en tanto le otorga rango Constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Declaración Universal de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) se realizó solamente en una de las estaciones de la Línea “B” entre las 7 y las 10 de la mañana. Es que, por orden de una fiscal, se produjo la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara, Facundo Heredia y Néstor Segovia.

Como es obvio, al no ocultarse detrás de ninguna sigla empresarial, comercial, etc. los mencionados delegados gremiales pagaron con su libertad personal el precio de ejercer la representación legal de sus compañeros.

Ellos representan a una de las partes del conflicto. Veamos muy someramente cuál es la otra.

Emova no es una entelequia. Se trata de una Sociedad Anónima (S.A.) que funciona bajo la forma de un consorcio empresarial. Integrada por Benito Roggio Transporte y Metrovías, es un operador privado que fue enormemente beneficiado durante la última dictadura cívico-militar-clerical.

Desde el año 2021 tiene la concesión para el mantenimiento y la operación de la red de Subte y Premetro de CABA. Concretamente, las personas físicas vinculadas con ese holding son titulares de unas de las mayores fortunas de la Argentina.

Sobre la base expuesta, antes de continuar con la descripción del desarrollo del conflicto, es interesante realizar algunas consideraciones.

Evidentemente la liberación de molinetes que derivó en la detención de los delegados gremiales, ni siquiera pudo generar una ínfima disminución de la tasa de ganancia para el fabuloso trust empresarial que se presenta como oponente de los trabajadores criminalizados.

Desde un punto de vista jurídico-penal, esa incuestionable evidencia, como mínimo, pone severamente en duda el requisito de proporcionalidad que debe existir entre la eventual afección a un bien jurídico y la medida que, a través del Poder Judicial, el Estado adopta para sancionar a la misma (principio de lesividad).

Eso, sin perjuicio de que es tan infame como ridículo invocar flagrancia en relación a la Asociación Ilícita. Ocurre que, en el marco de lo real, se trata de una calificación legal que, desde siempre, se postula a fin de obstaculizar excarcelaciones, etc. Claro está que, para intentar disfrazar el atropello a derechos elementales de la clase laboriosa, el Poder Judicial del Estado (que no es “La Justicia”) siempre tiene a mano la figura de la resistencia a la autoridad…

Es en ese marco que, exhibiendo la burda conducta de quien se hace el guapo frente al que considera más débil, el jefe de gobierno porteño prepeó a los trabajadores expresando lo siguiente: “En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la Justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas” (Diario Perfil).

Lo cierto es que, más allá de esa vulgar bravuconada, los metrodelegados fueron liberados a las pocas horas de su detención. Ello ocurrió como consecuencia de un paro total que, ante las arbitrarias detenciones, adoptó por tiempo indefinido la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). El aludido desenlace exhibe con rotunda nitidez que toda la desmesurada potencia que deliberadamente se le asigna al capital se derrite como un helado al sol si la fuerza de trabajo decide dejar de subordinarse mansamente a su explotación.

Sólo fue necesario puñado de horas de una férrea medida de fuerza para hacer “retroceder en ojotas” al Capital y a quienes, subordinadamente, desde el Estado lo representan. Hizo falta muy poco para que el “guapo” Jefe de Estado porteño experimente la intrínseca fragilidad que encierra su “poder” frente al soterrado poder obrero.

Existe un paralelismo histórico con el hecho ocurrido el último 20 de octubre.

Es que, también un 20 de octubre, pero de hace 16 años, se produjo un feroz ataque a la clase obrera que, también, estuvo representada por “trabajadores del riel”. Ese día del año 2010 fue asesinado Mariano Ferreyra.

El joven obrero y militante socialista participaba en una manifestación que exigía el pase a planta permanente de trabajadores de la Línea Roca precarizados mediante el perverso sistema de tercerización laboral. El letal disparo que impactó en el pecho de la víctima obrera partió de integrantes de una patota que respondía a la burocracia encaramada en la cúpula de la Unión Ferroviaria.

Quien se detenga en declaraciones de encumbrados funcionarios políticos de aquella época advertirá sin ningún tipo de esfuerzo la equivalencia entre sus posturas y las del “picante” actual jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese sentido, el 21 de octubre de 2010, el entonces Jefe de Gabinete del gobierno nacional, Aníbal Fernández, actuó como encubridor del crimen de Mariano Ferreyra expresando que él no puede hacer nada si “un tarado sale de su casa con un arma”. Además, justificó la evidenciada falta de intervención que deliberadamente en favor de los atacantes armados exteriorizó la policía federal al liberar la zona del crimen. Dijo que esa fuerza estatal “hizo lo que tenía que hacer” (Diario Clarín)

De igual forma, se detectó un llamado telefónico del día 14 de enero de 2011 (es decir tres meses después del asesinato de Mariano Ferreyra) entre el entonces Ministro de Trabajo de la Nación Carlos Tomada y el burócrata sindical José Pedraza (Diario Perfil)

Además, el 11 de febrero de 2011 Noemí Rial (que era viceministra de Trabajo) se comunicó telefónicamente con Pedraza mientras se llevaban adelante diversos allanamientos.

En aquel llamado la viceministra le dijo al traidor sindical: ”Llamame a mi casa cualquier cosa que necesites, José” (Plaza de Mayo.com). Como si lo anterior no fuera suficiente, un simple repaso histórico nos recuerda que, poco antes del ataque letal que acabó con la vida del joven trabajador (en el mes de noviembre de 2009) la ex presidenta Cristina Kirchner elogió al líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, calificándolo como parte de un modelo de "sindicalismo que construye".

También enalteció el modelo de organización sindical de la Unión Ferroviaria manifestando ser una "profunda admiradora" del mismo. Vale la pena señalar que uno de los allanamientos que se realizaron en la causa en la que se investigó el crimen de Mariano Ferreyra se llevó adelante en un departamento que José Pedraza poseía, nada menos que en Puerto Madero.

Es evidente que lo reseñado exhibe la profunda podredumbre que caracteriza la burocracia sindical. No obstante, a la vista de sus manifestaciones, esa caracterización no es compartida por la ex presidenta de la Nación. Tampoco por altos funcionarios que formaban parte de su equipo de gobierno. Lo cierto es que las comunicaciones telefónicas aludidas fueron incorporadas como prueba en el juicio en el que José Pedraza fue condenado. Esa condena fue fruto de la pujante y persistente intervención popular.

Un burócrata sindical que parecía intocable fue finalmente condenado; aunque falleció a los 78 años mientras, por razones de salud y de edad avanzada, gozaba de prisión domiciliaria desde el año 2016. Claramente, un derecho inalcanzable para miles de personas que, por delitos con una lesividad infinitamente menor al cometido por Pedraza, habitan el atestado e infecto Sistema Carcelario. Existe un hilo conductor entre la reciente liberación de los metrodelegados y la histórica condena de Pedraza.

Siguiendo el mismo es posible vislumbrar la fenomenal potencialidad que, frente al capital y sus gerentes gubernamentales, anida en el interior de la Clase Obrera.

29 de octubre de 2026
Las responsabilidades políticas de la masacre ferroviaria de España

En menos de un año, más de un centenar de pasajeros han muerto en dos accidentes ferroviarios en España, en la misma línea de alta velocidad Madrid Sevilla. El último, ocurrido el miércoles 28 de octubre, en Toledo, dejó 68 muertos y más de 50 heridos. El 18 de enero, otro choque en la misma línea había causado 46 muertos y 150 heridos en Córdoba. Hace trece años, el descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Santiago de Compostela provocó más de 80 muertes.

Los últimos dos accidentes ocurrieron porque falló el sistema de control. En el reciente, esa falla dejó varios convoyes detenidos. Uno de estos trenes, operado por Renfe (estatal española), reanudó la marcha y chocó contra otro que seguía parado, operado por otra compañía, Iryo (de la estatal italiana y capitales privados que incluyen a los dueños de Iberia) Además de estas dos operadoras funciona también Ouigo, filial de la empresa estatal francesa de transporte. Mientras estas empresas: Renfe, Iryo u Ouigo ponen los trenes, los maquinistas y compiten por los pasajeros, el entramado funciona sobre la infraestructura gestionada por Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), la empresa estatal encargada de las vías, la señalización y los sistemas de control, por lo que cobra un canon o peaje a todas las operadoras.

Con la privatización de una parte de la operación de los trenes (Ouigo e Iryo), el tráfico y las frecuencias de alta velocidad han aumentado más de un 45%. Las vías y los centros de control de Adif están al límite de su capacidad técnica. Cuando un sistema de seguridad automatizado falla (como el LZB antiguo de la línea Madrid-Sevilla), los controladores se ven obligados a gestionar de golpe decenas de trenes de distintas empresas de forma manual, multiplicando el riesgo de catástrofes, como las ocurridas.

No se salva nadie

La historia del tren en España es la de una privatización ejecutada tanto por el PSOE como por el PP, bajo las directivas de la Unión Europea.

En 1992 Felipe González inauguró el AVE Madrid-Sevilla mientras la red obrera (“trenes de cercanía”) sufría abandono coincidiendo con el inicio de la desindustrialización y los despidos masivos. Luego Aznar y Zapatero sucesivamente fragmentaron el monopolio estatal ferroviario de Renfe creando Adif para absorber los gigantescos costos de infraestructura mientras vaciaban a Renfe Operadora preparando el terreno al capital privado. Pedro Sánchez consumó la privatización, en 2021 cuando abrió las vías por mandato de la UE al desembarco de Ouigo e Iryo. De esta manera el Estado absorbe las pérdidas a través de Adif manteniendo la deuda multimillonaria de las vías y subsidiando a las corporaciones privadas mientras faltan presupuesto y personal de mantenimiento.

Bajo la exigencia de la Unión Europea, el Estado español asumió inversiones faraónicas en vías y sistemas de alta velocidad, financiadas en gran parte mediante créditos masivos otorgados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a Adif. Para devolver estos préstamos europeos y sostener el costo de la infraestructura, el Tesoro español emitió deuda soberana y bonos públicos de forma masiva, transformando los créditos de la banca comunitaria en más deuda pública para España y socializando el costo de unas vías que terminaron sirviendo de plataforma gratuita o bonificada para el negocio de las corporaciones privadas.

Cuando los privados exigen rebajas, el gobierno reduce los cánones financiando de hecho el negocio de corporaciones con el presupuesto público.

Con falta de presupuesto, personal de mantenimiento y controladores ferroviarios en las torres de control, las vías se convirtieron en un embudo humano. Adif y el Ministerio de Transportes, liderado por el kirchnerismo ibérico de Óscar Puente, sabían perfectamente que los centros de control y los sistemas de señalización antiguos como el LZB estaban saturados y al borde del colapso. Sin embargo, la prioridad gubernamental era garantizar que las corporaciones privadas pudieran acumular beneficios despachando trenes minuto a minuto.

Lo que sigue

Todo este colapso se cruza con el escenario político de las próximas elecciones, donde el desgaste de estas masacres golpeará de fondo a Pedro Sánchez, aunque el Partido Popular es igualmente responsable, mientras que Vox exige una apertura y desregularización todavía más radical al estilo del PP, con la única diferencia de que, al estar enfrentado con la Unión Europea, pretende que sean exclusivamente los capitales y las empresas españolas las que se queden con el negocio.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó de "inexplicable" la tragedia y cargó el peso de la responsabilidad en un "error humano" apuntando a cargar con la culpa a los trabajadores..

La extensión privada de los trenes de alta velocidad también ha destrozado las opciones del trabajador para ir a laburar cotidianamente, por el colapso de las vías de los trenes regionales y de Cercanías. Este vaciamiento no solo afectó a las grandes ciudades, sino que provocó masivos reclamos de pueblos y comarcas enteras que en mayo de este año salieron a denunciar haber quedado completamente desconectados del mapa ferroviario público, relegados al abandono mientras se subsidia la alta velocidad de mayor demanda turística.

El presupuesto estatal sostiene a las corporaciones, no al transporte público así como tampoco a la vivienda, la otra gran tragedia de España.

Los trabajadores ferroviarios y los maquinistas ya venían con tres sucesivos paros y movilizaciones durante el verano europeo (en junio, julio y agosto) por la precarización laboral, el congelamiento salarial, la falta extrema de personal y una sobrecarga operativa insostenible. Sobre esa base de malestar acumulado, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) ya tenía previsto un paro general para este próximo jueves 30 de octubre por los graves fallos de seguridad y el colapso de los centros de control, sumando además calendarios de paros parciales en operadoras como Ouigo y movilizaciones escalonadas. Estas medidas son paros aislados que la burocracia sindical controla para evitar cualquier desborde, no una huelga general indefinida. La situación exige organizarla desde las asambleas, agregando la defensa de los trabajadores que seguramente van a acusar por el accidente y el juicio y castigo a los responsables políticos de las masacres. Y planear la necesidad imperiosa de expropiar a las corporaciones y colocar un único monopolio estatal del transporte ferroviario bajo control y en manos de los trabajadores.

29 de octubre de 2026
Albania: "Que se vayan todos"

Albania vive una ola de protestas que tuvo su primer tiempo en mayo, cuando las movilizaciones diarias luchaban contra dos megaproyectos turísticos de lujo en la costa de Zvërnec –que linda con la laguna de Narta– y la isla de Sazan, en el mar Adriático, impulsados por Jared Kushner –yerno de Donald Trump. La inversión de aproximadamente 1.400 millones de euros contempla construir villas exclusivas y complejos hoteleros con capacidad de hasta 10.000 unidades de alojamiento de ultralujo.

Los ambientalistas denuncian que afecta un humedal protegido cuya legislación fue modificada a la medida del proyecto de la familia Trump. La laguna de Narta y sus zonas protegidas colindantes son un ecosistema virgen crucial para la ruta migratoria del Adriático. Es el hogar y refugio de miles de flamencos rosados, pelícanos ceñudos (especie en peligro), tortugas marinas y focas monje del Mediterráneo. Por eso se la conoció como “Revolución de los Flamencos”.

En mayo y junio, las movilizaciones reunieron a miles de personas en Tirana y otras ciudades de Albania y ya se perfilaba que no se trataba de una lucha por una reivindicación parcial, sino que condensaba el descontento por el descalabro económico y 30 años de restauración capitalista en el país.

Este segundo tiempo de protestas, que comenzaron el 13 de octubre y se han intensificado en los últimos 15 días, sigue un pliego de reivindicaciones más amplio y reclama la renuncia del primer ministro Edi Rama, que va por su cuarto mandato. Los manifestantes denuncian altos niveles de inflación, salarios bajos, alquileres muy costosos, malas condiciones educativas y la falta de oportunidades que empuja a miles de jóvenes a emigrar. Uno de los focos de las denuncias es la corrupción, pero los manifestantes apuntan también al principal líder de oposición. En las protestas, la multitud corea “Rama en prisión” y “Berisha en prisión”, en referencia al primer ministro y al dirigente opositor Sali Berisha. Son los exponentes de los dos partidos que se alternan en el poder desde 1991: el socialista y el Partido Demócrata. Los manifestantes responsabilizan a ambos referentes y al resto de la dirigencia política por la situación del país. Es una suerte de “que se vayan todos”.

Los estudiantes, que exigen una reducción de las matrículas universitarias y mayor inversión pública en educación, son el motor de la lucha. Diariamente se convocan en las puertas de las universidades y de allí se movilizan hasta el Ministerio de Educación.

Los albaneses se están enfrentando cada día a la policía, que reprime con carros hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma. Hay más de 200 detenidos, libradas más de 60 órdenes de captura contra manifestantes y abiertos 344 procesos penales. A pesar de las graves denuncias contra la brutalidad policial, solo hay nueve policías investigados.

"Socialismo trumpista"

Edi Rama es del Partido Socialista, pero es afín a Trump. A tono con el fascista, atribuyó el levantamiento popular a “actores extranjeros” y acusó a Rusia e Irán de promover desinformación en internet. Declaró que se trata de una guerra “híbrida” y que el movimiento “antifa”, que “recorre Estados Unidos y Europa”, está detrás de los “disturbios”. Afirmó que promulgará una nueva ley que permita imponer multas de más de 550 dólares a “cualquiera que decida permanecer en una multitud” donde haya actos de violencia o saqueos, o a personas que “oculten su identidad” en el espacio público. El proyecto de Rama plantea ajustar las multas a diferentes niveles de participación en posibles protestas, incluso considerando la figura de “protesta ilegal”, intentando regimentar la participación política de las masas.

El país vive un boom turístico en la Riviera albanesa que contrasta con uno de los niveles de vida más bajos de Europa. El aumento de los alquileres que genera este boom empeora la situación de los inquilinos, como pasa en España y otras ciudades de Europa. A pesar de que el país tiene solo 2,4 millones de habitantes, el ingreso per cápita es de 12.900 dólares, uno de los seis más bajos de Europa. La carestía y la falta de combustible como consecuencia de la guerra, empeoran un lastre que viene de lejos.

La restauración capitalista en Albania

Casi dos millones de personas emigraron desde la caída del estalinismo en 1991. La restauración capitalista de Albania fue la más brusca y caótica de Europa del Este. El país pasó de un aislamiento absoluto -incluso respecto de los demás países soviéticos- y de una economía superplanificada a un capitalismo ultradesregulado que llevó al país a un colapso. El régimen burocrático de Enver Hoxha -que trascendió a su muerte hasta 1991- dejó al país en un aislamiento total, rompiendo relaciones sucesivamente también con la Yugoslavia de Tito, la URSS y China, restringiendo gravemente el comercio internacional. Cuando se habilitaron los partidos políticos para participar en las elecciones, el país dio un vuelco al capitalismo desregulado, a pesar de que la “nueva dirigencia” era parte de la vieja burocracia. La economía se abrió de golpe. El colapso en la producción contrajo el PBI a casi un tercio y generó un desempleo masivo. La disolución de las cooperativas agrícolas destruyó el suministro y provocó hambrunas y saqueos, lo que generó un éxodo en masa. El PBI se recuperó en los años siguientes, para volver a caer debido a una estafa nacional. En 1996 y 1997 muchas familias albanesas vendieron sus propiedades para meterse en un esquema Ponzi que llegó a cuantificar la mitad del PBI del país. Cuando las pirámides empezaron a caer, la población perdió sus ahorros y sus bienes y se desató un enfrentamiento armado, casi una guerra civil, que tumbó al gobierno demócrata y provocó la intervención de la ONU y tropas extranjeras.

Recién a comienzos de siglo Albania logró “estabilizarse”, impulsada por el turismo y los servicios -y las remesas de la diáspora-pero la precarización laboral, la economía en negro y las condiciones de vida miserables persisten, azuzadas por la crisis capitalista mundial que solo empeora las cosas, promoviendo un canal de expresión en las protestas que se dan en todo el país y que deben encontrar un canal independiente para superar a todas las variantes empobrecedoras del capital.

Albania ha sido, desde la restauración capitalista de fines de los años 80, el escenario de grandes rebeliones populares.

29 de octubre de 2026
Milei en Catamarca, con el peronista Jalil y los pulpos mineros

El martes 26, Javier Milei desembarcó en Catamarca junto a una comitiva integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Estuvo acompañado por el gobernador peronista Raúl Jalil.

La visita tuvo el propósito de apuntalar la llegada de los pulpos mineros. Por un lado, participó de la inauguración de dos plantas de producción de carbonato de calcio del proyecto Fenix perteneciente a la minera Rio Tinto. Paralelo a ello, anunció la aprobación del RIGI para dar inicio al emprendimiento minero de Agua Rica por parte de la minera Glencore. Catamarca sería la primera parada de una gira de Milei por nueve provincias beneficiadas por proyectos incluidos en el RIGI.

De paso, Milei fue a asegurarse el apoyo de Jalil a la eliminación o suspensión de las PASO. El catamarqueño es, hasta ahora, el único mandatario que unificó las elecciones provinciales con las nacionales. En función de ello, el propio martes 27 se dio a conocer la resolución del gobierno nacional que establece el subsidio a la luz en las zonas cálidas, uno de los reclamos que realizaron los gobernadores del Norte Grande como condición para apoyar la "reforma política" que se encuentra en veremos.

Paralelamente, hubo una reunión con la dirigencia local de La Libertad Avanza para que no ponga obstáculos en la relación del gobierno nacional con el provincial, lo que terminó exponiendo la interna libertaria local. Allí emergieron las posiciones del diputado provincial Francisco Monti, quien sin medias tintas declaró su identificación con Patricia Bullrich, tomando distancia de los Milei y su camarilla y también de Jalil, por sus manejos con los fondos del fideicomiso minero integrado por las regalías mineras.

Este escenario está acrecentando las tensiones dentro del PJ catamarqueño, pues Jalil ha sido ambiguo acerca de si el actual intendente de la capital, Gustavo Saadi, va a ser el candidato de todo el peronismo, como había sido acordado. Otro Jalil, pariente del gobernador, ha puesto en pie un nuevo partido provincial, abriendo un marco de sospechas.

En tono de campaña electoral, Milei hizo una defensa del RIGI, destacó la estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria que ofrece el régimen para atraer inversiones, dando cuentas que hay 29 proyectos aprobados por casi 80.000 millones de dólares, de los cuales trece corresponden al sector minero, con inversiones por aproximadamente 28.000 millones. De la misma manera defendió la nueva ley de glaciares y toda la política económica. Lo que Milei no dijo es que, a pesar del RIGI, las inversiones no se concretan o son mínimas, concentradas fundamentalmente en la producción petrolera y gasífera de Vaca Muerta.

La presencia de Milei no generó ningún entusiasmo popular. El anuncio de una concentración y posterior caminata en el centro de la ciudad, emulando su paso por Córdoba, fue un fiasco, pues solo se limitó a una concentración que no superó el medio millar de personas.

29 de octubre de 2026
Empresarios y dictadura: comenzó el juicio a ex gerente de Mercedes Benz

El día 22 de octubre empezó el juicio contra Juan Tasselkraut, ex gerente de la empresa Mercedes Benz, por el secuestro y desaparición de obreros y delegados de la fábrica durante la última dictadura. Durante los 50 años transcurridos desde entonces, se impuso la impunidad que han garantizado los sucesivos gobiernos a la patronal de la poderosa empresa alemana.

Tasselkraut fue gerente de producción de la planta ubicada en Virrey del Pino, La Matanza. Está acusado de haber entregado al gobierno militar a los trabajadores Héctor Aníbal Ratto y Diego Eustaquio Núñez, quien continúa desaparecido.

Diego Núñez fue secuestrado en su domicilio en Ciudad Evita el 13 de agosto de 1977 y trasladado a Campo de Mayo, donde fue torturado y asesinado. Sus restos nunca fueron hallados y continúa desaparecido. Según la denuncia, la empresa brindó la información de su domicilio a los militares. Héctor Ratto, quien era miembro de la comisión interna de la fábrica en ese momento, enfrentada de la conducción de SMATA, fue secuestrado el 12 de agosto de 1977, dentro la planta. Tasselkraut lo citó a su oficina con la excusa que lo estaba llamando su familia, para facilitarles su sucuestro a los militares.

Antecedentes

Los obreros de la fábrica habían votado a una comisión interna independiente de la conducción de SMATA. La burocracia fue desplazada de la fábrica. En el año 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, el SMATA, bajo el liderazgo de José Rodriguez, había organizado junto a la patronal el despido de 400 obreros. La comisión interna y los trabajadores respondieron con una huelga indefinida que perduró 23 días, protagonizando movilizaciones masivas. La lucha culminó con la reincorporación de todos los compañeros despedidos, marcando un antes y un después en la fábrica. Luego de esta victoria, la fábrica es intervenida por el Ejército al mando de Mario Cándido Díaz. Años después, durante el menemismo, Díaz fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Tanto la burocracia sindical de SMATA como los empresarios fueron partícipes necesarios de la represión de la dictadura y colaboraron sin empacho con el plan de aniquilación de los sectores combativos de la clase trabajadora.

Los empresarios, como el caso de Merdeces Benz y otras fábricas, apoyaron, propiciaron y se beneficiaron económicamente del golpe. En los días previos al 24 de Marzo de 1976, habían publicado una solicitada propiciando el golpe de Estado. El objetivo fue disciplinar a la clase obrera, derrotar y eliminar a su vanguardia que venía en alza desde el Cordobazo y había protagonizado las grandes huelgas de junio y julio de 1975 contra el gobierno peronista.

La lucha por la condena a Tasselkraut es una causa de toda la clase obrera.

29 de octubre de 2026
Crimen de la maestra Nancy Godoy: paros y movilizaciones por justicia

La aparición sin vida del cuerpo de la docente correntina Nancy Godoy ha generado una conmoción popular, en particular en la docencia de todo el país.

Nancy estaba desaparecida desde el pasado 7 de octubre, cuando se contactó por última vez con su familia. Su cuerpo sin vida fue hallado este miércoles, en un potrero ubicado a 15 kilómetros de la escuela donde daba clases. Tenía 52 años. En Corrientes se produjo una masiva manifestación encabezada por familiares, docentes, alumnos y vecinos de la maestra. CTERA convocó a un paro nacional docente y se realizaron actos en distintas ciudades del país.

El caso de Nancy es paradigmático. En agosto, asumió el cargo de directora suplente de la escuela rural N° 626, ubicada en el Paraje El Malezal, que funcionaba en la finca de un patrón terrateniente local. Llevaba una década sin conseguir un puesto fijo (titular) en la docencia. No llegó a cobrar su sueldo, pues es corriente en todo el país que una suplencia demore dos o tres meses para percibirlo. Para llegar a la escuela debía recorrer caminos rurales de difícil acceso y, en parte del trayecto, trasladarse a caballo. Debía dormir en la escuela durante la semana, pero era tan calamitoso el estado en que se encontraba el edificio, que prefería dormir en la casa de una baqueana, ubicada a 200 metros del establecimiento.

Cuando tomó el cargo, Nancy destapó la olla de toda una trama de abandono y corrupción estatal. Antes de desaparecer, denunció al gobierno nacional y provincial por las malas condiciones en las que encontró la escuela: baños obstruidos, falta de agua potable, materiales deteriorados y un estado general de abandono. También había cuestionado irregularidades en la gestión de la escuela, como el caso de un directivo que ya no formaba más parte de la planta y seguía cobrando su sueldo. Redactó un acta donde escribió: “No cuento con agua, por lo tanto debo buscar agua del vecino y de la laguna para poder limpiar el piso”. Las denuncias de Nancy se difundieron en distintos medios nacionales a través de audios. Inspectores y las autoridades educativas de la provincia estaban al tanto de la situación precaria en la que se trabajaba en esa escuela. Este fue el contexto de su desaparición y luego del hallazgo de su cuerpo sin vida. La familia denunció malos tratos por parte de la Justicia de la provincia cuando se acercaron a hacer la denuncia por su desaparición.

Las penosas condiciones laborales que sufría Nancy Godoy son las mismas que todos los días, en mayor o menor medida, sufre la docencia en todas las escuelas del país.

Hasta el momento se han detenido a cinco personas por el asesinato del Nancy Godoy. Cuatro de ellas están acusadas por el homicidio. Un quinto sospechoso fue imputado por falso testimonio. Primero declaró que la docente había sido asesinada y el cuerpo ocultado en un bañado, para luego desdecirse y arfirmar que su confesión había sido arrancada por la policía mediante torturas. Los investigadores manejan tres hipótesis. Una es que se trate de un ataque sexual seguido de muerte, pero el móvil y las circunstancias todavía no han sido establecidas. Otra línea apunta a las denuncias que realizó Nancy Godoy contra el gobierno provincial y funcionarios locales por las irregularidades que encontró en la escuela a su cargo. La tercera hipótesis, agrega Página/12 (29/10) "está relacionada con una denuncia que realizó Nancy contra los cotos de caza ilegales que funcionan en las inmediaciones de la estancia El Curupí". En cualquier caso, el común denominador es la desprotección extrema de la docencia, ya sea en las escuelas del Conurbano como en las de los parajes rurales.

Luego de 20 días de silencio mientras estuvo desaparecida, recién cuando se encontró el cuerpo de Nancy CTERA salió del letargo. Convocó a un paro nacional y una movilización a la casa de la provincia de Corrientes, en el centro porteño. El acto duró apenas 15 minutos. Fue una actividad relámpago para evitar que más docentes se acercaran a la protesta. A pesar de ello, se movilizó un grupo importante de docentes, que se acercó a la manifestación, y se realizaron actos con distintas agrupaciones sindicales de la oposición a la conducción de la CTERA. El paro fue cumplido en forma masiva.

Es fundamental sostener la movilización para que se esclarezcan los motivos de su muerte y se encarcele a todos los culpables.

30 de octubre de 2026
25 años del fallecimiento de Lisandro y Elisa
Carlos Suárez · Claudio Valle

El 28 de octubre de 2001, en los albores del Argentinazo, perdíamos a dos compañeros muy queridos: Lisandro y Elisa. Veinticinco años después, su historia adquiere una actualidad particular ante la irrupción de nuevas generaciones de jóvenes que vuelven a movilizarse en distintos puntos del mundo.

Ambos fueron parte de una generación que enfrentó la ofensiva privatizadora del menemismo contra la educación pública. Pero también protagonizaron una experiencia de organización y politización estudiantil que comprendió que no alcanzaba con protestar: era necesario construir una organización independiente y disputar la dirección del movimiento.

Una juventud que comenzaba a organizarse

Lisandro se hizo conocido a fines de 1991, cuando los estudiantes secundarios del Gran Buenos Aires comenzaron a rebelarse contra la provincialización de la educación impulsada por Menem. El Estado nacional trasladaba a las provincias la responsabilidad de financiar el sistema educativo, en el marco del ajuste exigido por el FMI. La reforma era el primer intento de una serie de contrarreformas educativas que aún hoy continúan y también abría nuevas posibilidades de intervención de la Iglesia sobre los contenidos educativos.

En San Martín, las movilizaciones de los viernes en la Plaza San Martín reunían a estudiantes del Tomás Guido, el EE.UU., el Wilde, el Emilio Mitre, el Alemania, el Comercial de Ballester y la Escuela 14 de Santos Lugares, entre otros. La actividad callejera se complementaba con las reuniones de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios.

Lisandro, delegado del Centro de Estudiantes del Tomás Guido, comenzó a ganar protagonismo en las discusiones y movilizaciones. Debía abrirse paso frente a una conducción peronista que pretendía despegarse de las protestas, aunque sus propios representados reclamaban continuar la lucha.

En 1992, aquella experiencia se profundizó con la lucha contra la Ley Federal de Educación, que fragmentaba el sistema, profundizaba el vaciamiento de contenidos y amenazaba la educación laica y científica.

En ese proceso, Lisandro comenzó a discutir con el Partido Obrero. Inicialmente se sentía más cercano al anarquismo de Bakunin y planteaba sus diferencias de manera fraternal, pero rigurosa. Las lecturas de Prensa Obrera y las reuniones en nuestro local de la calle San Lorenzo fueron parte de una discusión que permitió superar aquellas diferencias.

La conducción del centro del Guido, que buscaba evitar el compromiso del colegio con las movilizaciones, terminó nombrándolo «secretario de marchas». Junto con Angie, Lisandro impulsó un agrupamiento que se convertiría en una referencia del estudiantado de San Martín: El Agite.

En 1993, la agrupación disputó la dirección del centro de estudiantes. Aunque perdió las elecciones, dejó una importante experiencia política y organizativa. Al año siguiente, otros compañeros, entre ellos Angie, Pablo Viñas, Paula, Paola, María José, Sabrina y Gabriel Campa, entre otros, continuaron aquella tarea.

Elisa, desde el colegio EE.UU., intentaba desarrollar una experiencia similar junto con Laura. Sin embargo, las autoridades de ese establecimiento y del Wilde pusieron obstáculos para impedir que se reprodujera lo ocurrido en el Guido. Contaron con la colaboración de sectores de la izquierda democratizante, los restos de Franja Morada y agrupamientos como Patria Libre, caracterizada entonces por Prensa Obrera como «Patria Boba».

En 1995, El Agite sufrió una dura represión. La Policía Bonaerense reprimió una sentada estudiantil y la dirección del colegio, encabezada por Di Gregorio, intentó proscribir a la agrupación, impidiéndole incluso hacer campaña electoral. Se perdieron aquellas elecciones, pero la experiencia había formado a una camada de militantes que luego se incorporaría al Partido Obrero.

Lisandro, entretanto, había asumido responsabilidades de dirección nacional y desarrollaba una destacada labor en la UBA.

El 28 de octubre de 2001, un accidente vial en una ruta en pésimas condiciones, bajo el régimen de concesiones privatizadas impulsado por Menem y Cavallo y mantenido por la Alianza, se llevó a nuestros compañeros.

El recuerdo colectivo de una militancia compartida

A Lisandro y Elisa no los recordamos desde una memoria individual, sino como parte de una experiencia colectiva que sigue viva en quienes compartimos aquellos años. Recordamos, entre todos, su paciencia para explicar los problemas políticos, su humildad e inteligencia, su amor por Divididos y Hermética y su pasión para encarar cada actividad. También los libros de la biblioteca del Guido, con los globitos de su querido Huracán dibujados en su interior. De Elisa, su empeño y tenacidad para abrirse camino en las discusiones políticas con sus compañeros. Esos recuerdos no pertenecen a nadie en particular: son parte del acervo común de una generación que aprendió a organizarse y a discutir colectivamente.

No recordamos a Lisandro y Elisa desde una juventud idealizada, sino recuperando una experiencia concreta de lucha, discusión y militancia. Fueron parte de una generación que comenzó a cuestionar el régimen político y social que terminaría estallando en diciembre de 2001.

Hoy, otra generación vuelve a salir a las calles. La tarea de los socialistas de Política Obrera es contribuir a que esa rebelión encuentre una organización, un programa y una perspectiva capaz de unir las luchas juveniles con las de la clase trabajadora.

El recuerdo de nuestros compañeros vive en la continuidad de la lucha por la que entregaron su esfuerzo y militancia: la lucha por el socialismo, por terminar con la explotación y la opresión del hombre por el hombre.

La mejor manera de recordar colectivamente a Lisandro y Elisa es continuar esa lucha.

30 de octubre de 2026
Ecocarnes: huelga contra los despidos

La patronal de Ecocarnes (ex-Cocarsa), desde septiembre comenzó a despedir por tandas a trabajadores nuevos y tercerizados, además de trabajadores con licencia por ART. A eso se suman las quincenas adeudadas y la falta de pago a la obra social, lo que llevó a una huelga dentro del frigorífico.

Desde el sábado 24 de octubre 300 trabajadores de Ecocarnes han paralizado la producción. La empresa había abonado solamente 500.000 pesos de una quincena que debía superar los 900.000 pesos. A eso se suma que la patronal habría dejado de pagar la obra social desde hace siete meses y tampoco ha pagado los aportes jubilatorios.

La empresa ha señalado en numerosas ocasiones que atraviesa una crisis financiera millonaria. Con cheques rechazados y deudas por 41.000 millones de pesos -incluidas cargas patronales-, se presenta como una empresa en bancarrota. No obstante, las versiones de los trabajadores muestran un contraste importante. “Nosotros hace tres meses veníamos faenando de una manera increíble: 1.000 animales por día. Salíamos a las 6 de la tarde porque no dábamos abasto de laburo. Todas las cámaras llenas, los corrales llenos. De un día para el otro, se cayó todo”, detalló un obrero al medio Infogremiales. Desde el 21 de septiembre el faenado cayó a un promedio de 300 cabezas por día.

El 16 de octubre, trabajadores despedidos de Ecocarnes que se encontraban con licencia por accidentes laborales se movilizaron al frigorífico ubicado en 202 y km 55, San Fernando. Algunos estaban próximos a volver a trabajar, pero fueron despedidos, unos por telegrama y otros por WhatsApp (la patronal les enviaba una foto del telegrama). La burocracia de FESITCARA les había prometido que “serían reincorporados una vez dados de alta”, pero no ocurrió así.

Ecocarnes no es un frigorífico más sino parte de un conglomerado empresario poderoso. Integra el grupo de empresas que participa de la cuota Hilton, donde se le asignaron 636.166 toneladas de carne para exportación a Europa durante el ciclo 2026/2027, lo que le generaría un negocio aproximado de entre 9,1 y 12,7 millones de dólares (casi 20.000 millones de pesos). El dueño de la firma, Omar Solassi, tiene intereses comunes con otras empresas del sector cárnico. Su yerno Ernesto Bugallo, testaferro de Solassi, está vinculado a la empresa Southern Meat, que comercializa productos congelados dentro y fuera del país a través de la marca “Rancho Alto”, y a Roxdan, una empresa encargada de la invernada de ganado bovino. También figuran Alberto Julio Herz y Miguel Ángel Corona como accionistas de la firma. Roxdan y Southern Meat son los accionistas principales. Esto implica que todos los procesos productivos están concentrados en un grupo de empresas que opera como grupo accionario. Ni Roxdan ni Southern Meat han demostrado aún una crisis financiera semejante.

La noche del lunes 26 estuvo marcada por una maniobra de la patronal que dejó afuera a los delegados gremiales de Ecocarnes. Durante el martes 27 circularon versiones sobre el envío de telegramas de despido para los trabajadores. Mientras todo esto ocurría, los trabajadores se reunieron en asamblea y discutieron seguir con el paro, al menos hasta garantizar el pago completo de los salarios y la defensa de todos los puestos de trabajo.

En el período que va de septiembre a finales de octubre, la burocracia sindical de FESITCARA ha sido denunciada como colaboradora de la patronal frente a los despidos de tercerizados, jóvenes y trabajadores con licencia. Los delegados de base y los trabajadores de Ecocarnes deberían prestar atención a la advertencia de los despedidos, quienes denunciaron la complicidad del sindicato y la empresa; de ese modo podrán construir una alternativa independiente que luche por arrancarle a la patronal todas sus reclamaciones.

30 de octubre de 2026
Yacobitti organiza una ´cena de gala´ para recaudar fondos
Maxi Duque

Luego de la quinta marcha universitaria, con la que rectores y direcciones sindicales pretendieron clausurar la lucha por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, trabajadores y estudiantes de la UBA se enteraron de que el rectorado organiza una cena de gala para recaudar fondos. El objetivo, afirman, es comprar una plataforma quirúrgica para el Hospital de Clínicas. Sin embargo, este insumo, al igual que el resto, debería adquirirse con las partidas del presupuesto universitario, retenido por el Gobierno nacional al incumplir la ley votada y refrendada por el Congreso y los diferentes fallos judiciales que lo obligan a hacerlo.

Yacobitti -el rector en funciones-, como todos los rectores y decanos, se vale de la privatizadora Ley Federal de Educación Superior -sancionada durante el menemismo y ratificada por todos los gobiernos posteriores- que lo habilita para obtener recursos propios que deberían ser garantizados por el Estado nacional. El cobro de diferentes tipos de trámites a estudiantes y graduados, los acuerdos con empresas, fundaciones y gobiernos -incluido el del genocida Estado de Israel- y ahora las cenas de gala son las fuentes de financiamiento de las cajas que controlan rectores y decanos; las administran a discreción y no rinden cuentas de ellas a la comunidad universitaria. La privatización de la universidad pública avanza desde hace décadas con la venia de todo el arco político.

La cena en cuestión establece diferentes tipos de colaboración: donaciones, sponsoreo y la adquisición del cubierto a 1.000 dólares. Yacobitti hace lo que Milei no pudo: dolariza el "financiamiento" universitario. Eso sí, a diferencia de la cena organizada por la Fundación Faro, la mesa del “rector” no tendrá un precio especial, como sí lo tuvo la de los hermanos Milei en el ágape del ´think tank´ fascistoide. Es el único residuo "democrático" que puede ofrecer una camarilla que hace de la universidad pública su feudo; todavía está por verse si se conocerán los nombres de quienes se sienten a su lado.

El sector de los decanos “progres” va en la misma línea. En algunos institutos de investigación ya se han escuchado intenciones de replicar la iniciativa de Yacobitti. En los hechos, sería una continuidad de lo que ya se efectivizó en Ciudad Universitaria, cuando se alquiló el predio para un evento interrumpiendo las clases y las actividades de investigación.

Esta nueva forma de colaboración del rectorado de la UBA con el gobierno de Milei se inscribe en una tendencia muy evidente de los rectores. El CIN, donde no hay, a priori, rectores liberticidas, ya había presentado un presupuesto universitario para el 2027 que no contemplaba aquello que la ley de financiamiento garantizaba ni los fondos para saldar la deuda salarial acumulada. Ahora, pone a disposición del oficialismo una nueva excusa para no cumplirla y seguir destinando esos fondos al pago de la deuda pública; o sea, a los negocios de la especulación financiera y al financiamiento de la guerra.

Cada vez queda más claro que la lucha por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, por evitar que la educación pública avance hacia su privatización definitiva y por lograr que su actividad de formación, extensión e investigación no se encolumne detrás de los intereses del imperialismo mundial no obtendrá ningún resultado positivo si queda en manos de quienes han pretendido colonizarla. Esta pelea exige también una lucha por la democratización universitaria porque está ligada directamente a ella.

30 de octubre de 2026
Parazo de los residentes del Argerich: la lucha crece desde el sur

En su sexta semana de lucha, el movimiento de residentes está demostrando su capacidad de dar pelea por la negativa. Visto desde afuera por un observador poco o mal informado, su desarrollo podría parecer estancado o hasta retraído. El paro de este jueves se cumplió en menos hospitales que a principios de mes y la movilización al Ministerio de Salud, aunque numerosa, no alcanzó la participación de otras veces. Pero, desde adentro, se aprecia una onda combativa expansiva que logró sobreponerse tanto a las amenazas sin respuestas del gobierno de Jorge Macri y Fernán Quirós, y a los pactos y desplantes de las burocracias sindicales, como a los frenos internos y la confusión que difuminan a diario los partidos del FITU.

Como comentamos en estas páginas, la decisión de ir a un nuevo paro había sido tomada en una asamblea cruzada por presiones internas y externas. A fines de la semana pasada, el Hospital Elizalde había logrado hacer valer su determinación de organizar una nueva medida de fuerza, a pesar de que muchos proponían esperar los resultados de la reunión pactada con la funcionaria de Quirós a cargo de las residencias, que finalmente tuvo lugar este miércoles. Una reunión de la que nada se esperaba y que nada ofreció. La Dra. Andreacchio abrió el diálogo afirmando que “acá no vamos a hablar del salario”, a pesar de que el rechazo a la paritaria del 5 % es el punto número uno del pliego de reivindicaciones del movimiento. Sobre los otros puntos, tampoco se registraron avances.

En los días que mediaron entre la votación del paro y su ejecución, el gobierno de Macri-Quirós redobló su arremetida para doblegar la medida. Algunos de los hospitales más movilizados, como el Gutiérrez o el Fernández, avisaron que se bajaban del paro ante el temor por los descuentos, que amenazan con deprimir aún más los ya deprimidos bolsillos de los residentes. En estas condiciones, las dudas se esparcieron por todo el movimiento y llegaron hasta el propio Elizalde. Pero el miércoles a la noche, cuando parecía que la medida se deshilachaba, apareció el Hospital Argerich, el más grande de la ciudad, anunciando que había organizado un paro vigoroso para el día siguiente, que alcanzaba al menos a 20 servicios. No solo eso: habían resuelto que ese paro se sostendría con independencia de la decisión de otros hospitales de sumarse o bajarse de la medida.

Fue así, en estas condiciones, que quedó garantizado el paro y la movilización del jueves pasado. Por la negativa, cuando todo y todos operaban para desarticularlo, el movimiento demostró que podía sobreponerse y volver a copar la calle. En un acto que simbolizó la potencia combativa del movimiento, los hospitales de la zona sur de la ciudad, el Elizalde y el Argerich unificaron sus columnas y marcharon juntos hacia el Obelisco, donde recogieron a las delegaciones de otros hospitales para ir al Ministerio de Salud. Hospitales como el Santojanni, el Durand, el Alvear o la Sardá también aportaron columnas numerosas. Los residentes del Hospital Elizalde llegaron al Obelisco cantando “paro, paro, paro, indeterminado”. La tendencia combativa recorre las bases de muchos otros hospitales, aunque todavía no se exprese en una coordinación centralizada.

Asambleas

Al terminar la movilización, sin embargo, volvieron a imponerse las maniobras y la confusión abonadas por los partidos del FITU. El PO oficial reunió a los delegados para evitar que la movilización culminara en una asamblea general, como es la tradición del movimiento. La deliberación se postergó para una asamblea virtual que tendrá lugar el próximo lunes por la tarde, privando a los presentes de la oportunidad de intercambiar apreciaciones y resolver medidas para la semana siguiente, anticipándose a los descuentos que se esperan con el cobro del salario el sábado 31. El golpe de mano del PO-FITU contra la asamblea general no logró, con todo, evitar que se produjeran asambleas por hospitales, que deliberaron en paralelo, aunque de manera atomizada.

En el Hospital Gutiérrez se debate ir al paro sin guardias si se efectivizan los descuentos por los días de paro. Es la medida que hace semanas viene blandiendo el Hospital Elizalde. El motivo es claro: los paros con cobertura de guardias obligan a los residentes a desdoblarse. Una parte concurre a las movilizaciones mientras la otra garantiza el funcionamiento de salas, consultorios y quirófanos en el hospital. Aquellos que se quedan sosteniendo la guardia deben trabajan el triple para cubrir la ausencia de sus compañeros. El paro no termina de provocar así el efecto deseado, ya que el desgaste corre por cuenta de los residentes, no del gobierno y las autoridades hospitalarias, que conservan los servicios en funcionamiento. Por eso son cada vez más los activistas que se convencen que para acorralar a Macri y Quirós es necesario avanzar al abandono de las guardias y sustituir los paros semanales por paros con continuidad. Así se ganó en 2019 y 2022.

Los frenos y maniobras de los partidos del FITU, ello sí sin solución de continuidad, están despertando una reacción “antipartido” en los hospitales más movilizados. Esta semana, el PO-FITU llegó al ridículo de proponer presentar un proyecto de ley por el salario en la legislatura, derivando el reclamo paritario del gobierno al parlamento porteño. En las oficinas de Quirós hubieran celebrado con algarabía. El gobierno no sólo lograría desentenderse de su responsabilidad de dar una respuesta, sino que el proyecto llegaría a una legislatura que ya culminó su período ordinario de sesiones. Un cretinismo parlamentario sin destino, con el único propósito de seguir sembrando confusión y evitar que la fuerza del movimiento pueda desplegarse en una lucha resuelta.

Esta reacción “antipartido”, sin embargo, no es eficiente por sí misma para sortear las trampas que diseminan los aparatos adaptados al régimen y para darle al movimiento una orientación superadora. Para eso, es necesario reagrupar a los activistas más combativos, que se encuentran dispersos por los diferentes hospitales, y coordinarlos para construir una nueva dirección que impulse al movimiento de residentes a una lucha a fondo. Los residentes de los hospitales bonaerenses y nacionales están a la expectativa de las resoluciones de sus pares porteños, para ver cómo integrarse a una pelea que es la misma a pesar de las diferencias de jurisdicciones. Una huelga general indefinida los residentes, sin cobertura de guardias, haría trizas los descuentos y los pactos entre gobiernos y burocracias sindicales, abriendo el camino hacia una recomposición salarial real. Pongamos manos a la obra.

30 de octubre de 2026
Universidad: ¿"Hay 2027"?

La marcha del 15 de octubre, al igual que las cuatro anteriores, ha servido para que el CIN y las burocracias sindicales la presenten como la coronación y el cierre del reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario. Pese a la represión desatada frente al Congreso, el Frente Universitario (integrado por las federaciones sindicales, el CIN y la FUA) se ha limitado a emitir un comunicado de repudio. Los rectores, buscan en el armado político de la oposición patronal una alternativa electoral para 2027. Los sindicatos, por su parte, convocaron -una semana después de la marcha- a instancias de debate, pero donde no resolvieron nuevas medidas para darle continuidad al plan de lucha.

Este escenario le dio vía libre al Gobierno para avanzar con una nueva provocación: girar a las universidades el instructivo de liquidación salarial que contempla un incremento del 3% para octubre, a cobrar en noviembre, cuando la deuda salarial acumulada por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario asciende al 34,3 %. El Gobierno presenta este incremento, que apenas acompaña la escalada inflacionaria, como parte de sus supuestos “compromisos de cumplimiento de la LFU”, consolidando una depreciación sin precedentes del salario universitario. Por su parte, la Justicia suspendió las multas de $100.000 diarios -que el gobierno tampoco pensaba pagar- mientras analiza la vigencia de la medida cautelar que obliga a aplicar los incrementos salariales establecidos por la ley. En paralelo, el oficialismo defendió con mayor fuerza, en la comisión del Congreso, el presupuesto de ajuste para 2027, que prevé un 60 % del monto de las partidas solicitadas por los rectores. Los rectores se habían jugado a discutir ´dentro´ del presupuesto. La oposición peronista -que ha vuelto a reunir a sus facciones- a través de Sergio Massa se reunió con 15 rectores de distintas universidades nacionales. En ese encuentro planteó que “la sociedad le va a dar vuelta la página al Gobierno en las elecciones de 2027”. No hizo alusión, en cambio, a la Ley de Financiamiento Universitario. Una definición que expresa con claridad la orientación de los Rectores, incluso de una parte del radicalismo, que ve con buenos ojos el acercamiento a un frente opositor a través del massismo, un hombre de los fondos de inversión.

Un “plan de lucha” sin lucha

FATUN -la federación que agrupa a los trabajadores no docentes- anunció un esquema rutinario de paros rotativos de 24 horas semanales hasta diciembre. FAGDUT, el sindicato de docentes de la Universidad Tecnológica Nacional, se plegó a ese mismo esquema. FEDUN -el sindicato docente adherido a la CGT- votó un paro de 24 horas para el día en que se trate el Presupuesto en el Congreso -es decir con fecha incierta- y acompañar la visita del Papa a la Argentina.

CONADU, en una maniobra burocrática durante su congreso, sometió a votación la propuesta de una “huelga por tiempo indeterminado”, que contaba con mandatos de las asambleas de Río Cuarto, Rosario, Quilmes y General Sarmiento. Al perder esa moción, la conducción presentó como una resolución por “unanimidad” el estado de alerta y movilización para la semana en que el Congreso trate el Presupuesto 2027, con el reclamo de que se incluya allí la Ley de Financiamiento Universitario. También resolvió un paro de 24 horas para el 28 de octubre, día en que supuestamente iba a firmarse el dictamen del proyecto de Presupuesto 2027 y finalmente no ocurrió porque el Gobierno no reunió los votos necesarios.

CONADU Histórica, por su parte, resolvió un paro de “una semana”. Sin embargo, en los hechos, se trata de un paro de 72 horas, que comenzó el miércoles 28 de octubre y se extenderá otras 48 horas la semana siguiente, el lunes 2 y el martes 3 de noviembre. La conducción de la federación, dirigida por el PCR y el kirchnerismo, argumentó que no podía votar un paro que superara la semana para poder coordinar con el Frente Sindical. Sin embargo, el propio Frente Sindical es incapaz de superar las 24 horas de paro. El congreso de CONADU Histórica estuvo atravesado por el debate entre la propuesta de paro por tiempo indeterminado o paro hasta cobrar y la de una semana de huelga. La primera obtuvo 33 votos y fue respaldada por congresales de Tucumán, AGD-UBA, Bahía Blanca, Comahue, Salta, Luján, UTN y Entre Ríos. La segunda reunió 63 votos, abroquelando en esta moción a congresales que incluso llevaban mandatos por paros de 72 o 48 horas.

Pese a lo resuelto por las federaciones, algunas asociaciones de base y asambleas docentes decidieron impulsar paros locales, expresando la bronca que crece desde abajo frente a las políticas de ajuste del Gobierno nacional y la impotencia ante el hecho de que las conducciones sindicales hayan sepultado la continuidad del plan de lucha.

Es el caso de AGD Río Cuarto, que convocó a un paro de 48 horas para el 28 y 29 de octubre; de COAD Rosario, que, pese a que su federación solo convocó a un paro de 24 horas, resolvió extender la medida a siete días; y de la Escuela Superior Manuel Belgrano de Córdoba, donde también una asamblea docente resolvió parar. Por otra parte, luego de conocerse el asesinato de la docente Nancy Godoy en Corrientes, la Escuela Preuniversitaria Anexa de la Universidad Nacional de La Plata convocó a una asamblea y resolvió parar junto con la docencia de todos los niveles, reclamando justicia por Nancy, pero también en defensa de la educación pública.

Estas expresiones de paros por fuera de las federaciones muestran el descontento de un sector importante de la docencia. Lo mismo ocurre con las tomas estudiantiles que se llevaron adelante en la Universidad Nacional de Cuyo, el Colegio Carlos Pellegrini y procesos de movilización estudiantil en Rosario, Córdoba y Tucumán. Sin embargo, estas iniciativas todavía no han logrado confluir en acciones de conjunto.

Las burocracias sindicales se han encargado de imponer medidas aisladas que conducen al desgaste y desarman la posibilidad de una respuesta colectiva. Sera importante abrir paso a la coordinación entre las asociaciones de base que tienen mandato para profundizar el plan de lucha, y que los trabajadores universitarios y los estudiantes superen las trabas burocráticas de los que han entregado la lucha.

31 de octubre de 2026
La inminencia de una guerra de exterminio contra Irán

La reanudación de la guerra contra Irán, por parte de Trump y Netanyahu, es probablemente una de las más anunciadas en la historia reciente. El primero viene advirtiendo que se encuentra totalmente preparada para después del martes próximo, cuando hayan pasado las elecciones de medio término en Estados Unidos. En cuanto al segundo, ha asegurado su posición como gobierno provisional por un tiempo no definido luego de que su coalición alcanzara el primer lugar en las elecciones recientes en Israel y el partido del primer ministro fuera el más votado de ella, aunque sin obtener los escaños suficientes para formar un nuevo gobierno. “Netanyahu puede lanzar una nueva campaña de bombardeos con Estados Unidos”, asegura el Financial Times, “mientras sirve como primer ministro provisional…” (29/10). “Netanyahu”, prosigue el diario, “había dado instrucciones a sus militares para preparar un campaña de bombardeos para el 10 de octubre, que tuvo que levantar por carecer del visto bueno de Trump”. De acuerdo a informaciones obtenidas por el diario, Gadi Eisenkot, un exjefe del ejército sionista, que encabezó la lista opositora que quedó detrás de Netanyahu, no pondría objeciones si fuera debidamente informado por los servicios de Seguridad de Israel. “Ahora, los jefes del Mossad y del Shin Bet son leales a Netanyahu”. La población israelí apoya en su mayoría una reanudación de la guerra.

Por otro lado, “los negociadores de Qatar han vuelto a Teherán en un último esfuerzo de mediación (…) para prevenir una intensa nueva ronda de guerra” (30/10). Trump exige que Irán transfiera al exterior el uranio enriquecido que guarda en sus centros de investigación, que no pudieron ser destruidos por los bombardeos en profundidad realizados por Estados Unidos el año pasado. Rusia se ha ofrecido para receptarlo, sin obtener el acuerdo de Trump. Mientras tanto, la flota norteamericana sigue ocupando los puertos de Irán y bloqueando las exportaciones de petróleo iraníes, y protege militarmente a las naves que transitan el Estrecho de Ormuz sin autorización de Irán. El gobierno y la Guardia Revolucionaria de Irán han respondido con ataques selectivos, en un esfuerzo por salvar a una tregua de hecho de su completo derrumbe. Con relación al stock nuclear, Irán aceptaría una reanudación de las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía si Trump levanta el bloqueo a sus puertos, elimina las sanciones a su comercio internacional y retorna al estado iraní unos 25.000 millones de dólares secuestrados por Estados Unidos; es un reclamo que se ha ganado contra una guerra no provocada. La respuesta ha sido el despliegue en el Mediterráneo y en las mediaciones del Golfo Pérsico de varios portaviones norteamericanos, incluyendo un número de tropas disponibles para un desembarco. Dado el fracaso manifiesto del intento de imponer un cambio de régimen, a la venezolana u otra, el diseño sería una guerra que deje sin estructuras civiles a Irán, para asegurar una ulterior ocupación militar. Para esto debería producirse un aniquilamiento sin precedentes en el caso de un país de 90 millones de habitantes.

El gobierno de Irán ha respondido que se encuentra preparado para enfrentar una reanudación de la guerra y ha amenazado con una destrucción de activos norteamericanos en la región y fuera de ella, en la que ha incluido a los cables subterráneos y a los centros de datos de las compañías de Inteligencia Artificial, que en este momento han sido reducidas a la categoría de “basura” (Anthropic) en la calificación de las agencias de riesgo. Trump ha buscado cuidar sus espaldas suspendiendo las sanciones económicas contra Rusia para contrarrestar el aumento del precio del diesel y, probablemente, obtener el apoyo político de Putin, no solamente en la guerra europea; ha invitado a Putin a la reunión de presidentes del G-20 en Florida, en diciembre próximo. La reanudación de la guerra de Trump y Netanyahu contra Irán excede las fronteras del Medio Oriente; es también un medio para imponer sus objetivos a las potencias rivales y en especial a la Unión Europea. Trump y su agencia MAGA se encuentran promoviendo alianzas políticas con los fascismos históricos de Europa para forjar una ‘Internacional’ de ultraderecha bajo comando del imperialismo norteamericano.

La intención de reanudar la guerra contra Irán después de las elecciones intermedias tiene un alcance extraordinario cuando se sabe que Trump y el partido Republicano sufrirán una fuerte derrota y cuando las encuestas marcan una rotunda oposición a esa guerra por parte de la población. Trump no se prepara para acatar ese resultado electoral sino para violarlo, lo cual constituye un manifiesto de instalación de una dictadura. Con el control del Senado (que sólo renueva en forma parcial) tiene asegurada la neutralización del Congreso, que se convertirá en un argumento para el inmovilismo de los demócratas, que en gran parte apoyan al estado sionista y a la reanudación de la guerra. Estados Unidos quedará bajo un gobierno bonapartista en una época de crisis de dominación política internacional del imperialismo. Las determinaciones de esta crisis mundial se combinarán al interior de los Estados Unidos con mayor violencia que en otros países, una novedad histórica de magnitud. El sionismo, por su lado, emprende una nueva aventura hacia su suicidio, porque concentrará sobre sí todas las contradicciones del Medio Oriente y el Cáucaso.

Ninguna fuerza política en presencia está en condiciones de asumir el presente desafío histórico sino la IV Internacional.

31 de octubre de 2026
Paro y concentración en Rosario por Nancy Godoy

Dos mil docentes se concentraron en la Plaza 25 de Mayo de Rosario en el acto convocado por la Amsafe y Sadop para exigir justicia por el asesinato de Nancy Godoy. La docencia respondió con contundencia dentro de los límites de la medida de fuerza convocada a última hora del día miércoles.

Nancy Godoy era una docente de la provincia de Corrientes que recientemente había comenzado a desempeñarse como directora suplente en la Escuela Rural Nº 626 del paraje “El Malezal”, una zona rural de difícil acceso. “Su rutina semanal incluía viajar desde su casa en la ciudad de Esquina hasta la estancia de campo ‘El Curupí’, desde donde un grupo de personas se encargaban de trasladarla hasta un lugar conocido como Puesto 9. Desde allí seguía viaje a caballo durante una hora y media hasta llegar al establecimiento educativo” (Página/12, 30/10). Nancy regresaba a su casa recién el día viernes de cada semana.

El miércoles 14 de octubre sus dos hijos advirtieron por la prolongada falta de comunicación de su mamá y Nancy no regresó el día viernes como cada semana. Se denunció su desaparición. El 29 de octubre apareció su cuerpo con señales de una “muerte extremadamente violenta”, según reveló luego la autopsia.

“Una de las hipótesis que maneja la Justicia correntina se corresponde con un ataque sexual. Otra línea apunta a las denuncias que realizó Nancy Godoy contra el Gobierno provincial y funcionarios locales por las irregularidades en el sistema educativo” (ídem). Adán, hijo de la docente, explicó que su mamá envió una carta a las autoridades educativas en la que denunciaba las pésimas condiciones edilicias, la falta de mantenimiento e higienización, las posibilidades de accidentes, y su incapacidad de pasar las noches en ese lugar como docente rural. La tercera hipótesis “está relacionada con una denuncia que realizó Nancy contra los cotos de caza ilegales que funcionan en las inmediaciones de la estancia El Curupí” (ídem).

Tanto Amsafe como Sadop han dejado pasar la motosierra de Pullaro, la precarización laboral, la reforma jubilatoria y el deterioro de la atención de la salud. Frente al ataque en regla contra la educación, se han limitado a declaraciones y denuncias. Es la misma política que sostuvieron durante los 15 días de la desaparición de Nancy Godoy.

En el acto repitieron la letanía de aumento de presupuesto que sostienen acciones, denominadas por ellos, de “baja intensidad”. Esto posibilitan el ajuste de los gobiernos y tiene como consecuencia el abandono absoluto de la Educación. El asesinato de Nancy puso de relieve las condiciones extremadamente precarias que vive la docencia, que ella misma denunció y que ahora alcanzó la difusión que nunca logró en su momento. En uno de los discursos de la dirigencia sindical en la concentración convocada, hicieron un llamado a no votar a radicales en las próximas elecciones.

El asesinato de Nancy Godoy trajo al presente lo sucedido con la compañera Daniela Spárvoli, maestra rural violada y asesinada en el año 2003 durante el trayecto que hacía “a dedo” para ir a trabajar entre localidades del sur santafesino. Este método se mantiene actualmente en todo el interior debido al alto costo del boleto y a la deficiencia del transporte público.

La plaza estuvo colmada de jóvenes maestras que hoy sufren las condiciones extremas de trabajo a las que están sometidas. En horas, se organizaron para hacer el paro y acudir al acto.

31 de octubre de 2026
Bunge cierra su planta de Campana y deja en la calle a 250 familias

En la delegación Campana del Ministerio de Trabajo bonaerense se realizó la audiencia por el cierre de la planta de fertilizantes de Bunge. Además de los trabajadores y del Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana, al que pertenecen, estuvieron presentes otros gremios de la zona: la UOM, Luz y Fuerza y otros.

Cómo fue: de una reparación a un código QR

El cierre de Bunge fue repentino. Según relataron el gremio y los propios trabajadores, la planta, que funciona sobre la Ruta 9, a la altura del kilómetro 79, venía de una parada anual programada de mantenimiento. Una rutina conocida en cualquier industria: se frena la producción, se revisan y se reparan los equipos, y se vuelve a arrancar. Los compañeros estaban justamente en esas reparaciones.

El lunes 26 de octubre, alrededor de las cinco de la tarde, la empresa reunió al personal y les comunicó que la planta “no era viable” y que cerraba. Los sacaron hasta el portón y les entregaron un código QR para que se comunicaran con Recursos Humanos y siguieran por ahí los trámites de liquidación. Así de simple: de arreglar los equipos a escanear un QR, en una sola tarde. Desde esa noche, los trabajadores acampan frente a la fábrica.

Las cifras varían según la fuente: entre 110 y 140 trabajadores directos, y alrededor de 250 puestos si se cuentan los indirectos, según el cálculo del sindicato químico. Ahí entran los compañeros de mantenimiento, vigilancia, comedor, limpieza y otras tareas vinculadas, los que siempre quedan más abajo en la fila y de los que menos se habla.

Qué dice la empresa, y qué sospecha el gremio

Bunge se mantiene en un hermético silencio. Lo que se sabe de sus razones lo cuenta el sindicato: según el secretario general, Oscar Casco, la compañía alegó que fabricar determinados fertilizantes en la Argentina dejó de ser competitivo y que resulta más barato importarlos desde China. El gremio apunta contra la apertura importadora para alinear a los despedidos solidariamente detrás de los interese de la empresa. También se sospecha que detrás del cierre puede haber una venta acordada a puertas cerradas. Es una sospecha del sindicato; la empresa no la confirmó ni la desmintió.

Tampoco sería la primera vez. Ya en enero de 2018, en este mismo complejo de Campana, Bunge despidió a cerca de un centenar de operarios, y los trabajadores denunciaron en aquel momento que la planta se paralizaba porque la empresa había empezado a importar el fertilizante que se producía acá. Los capitalistas aprovechan en su beneficio la apertura importadora para atacar a la clase obrera. Ocho años después, el cierre llega en su versión definitiva.

Lo que se discute en el Ministerio

En el Ministerio, el Sindicato lo único que se está reclamando es cómo se va a indemnizar a los trabajadores. En vez de luchar por la defensa de los puestos de trabajo, desde el sindicato intentan colocar entre los compañeros la duda: ¿se va a pagar la indemnización completa que fija la ley de contrato de trabajo, o la empresa va a intentar pagar menos?

Lo que nos dijeron los trabajadores es que no hubo Procedimiento Preventivo de Crisis, (un trámite previsto en la ley de empleo que una empresa debe iniciar ante el Ministerio de Trabajo antes de comunicar despidos por causas económicas, para abrir una instancia de negociación con el sindicato antes de que se consume el daño.) Según relatan los trabajadores, la comunicación fue directa y por sorpresa. Esto importa por el bolsillo: en los casos de falta de trabajo no imputable al empleador, la ley contempla indemnizaciones reducidas a la mitad, y para intentar ir por ese camino una empresa tendría que haber transitado ese procedimiento. Hay que decir que el Gobierno de Milei y su Secretaría de Trabajo están dando por aprobados los preventivos de crisis de las patronales a sola denuncia, sin mediar ninguno de los requisitos de la ley.

No es un hecho aislado: es un modelo

El cierre de Bunge no es un hecho aislado. Es un eslabón más de una cadena que viene golpeando al corredor industrial de Zárate y Campana. La prensa regional registra, entre otros, el cierre de Clariant en Zárate, en junio de 2025, con 42 despedidos según el sindicato, y el de Archroma, con otros 25 puestos perdidos. Cada una de esas historias fue una familia menos con un salario, y todas se cuentan con la misma lógica: las patronales ante la eviadencia de que fabricar acá dejó de ser negocio, se dedican a importar.

Pero esta vez el golpe tiene una dimensión particular. Se trata de una planta de fertilizantes: una industria que trabajaba para el campo, que transformaba materia prima en un insumo clave para la producción agropecuaria, con puestos de trabajo calificados y con toda una cadena de proveedores y servicios alrededor. A eso hay quien le dice, con razón, “industricidio”: una política de apertura importadora que va dejando a su paso fábricas cerradas y trabajadores sin ingreso. Los capitalistas aprovechan la crisis para imponerle condiciones de miseria a los trabajadores, como el Banco de Horas y en caso de tener que cerrar se reconvierten en importadores.

Del lado de los trabajadores

Los que trabajan en las industrias del mismo cordón conocen bien de lo que se habla. Los contratos basura que se dejan caer sin renovar, las listas de despedidos y la desprotección de los tercerizados, que son siempre los primeros en quedar afuera. Por eso muchos trabajadores de la zona apoyaron a los despedidos de Bunge, acompañando su lucha.

Lo que corresponde parece claro. Los trabajadores no estamos para tolerar un despido más. La ocupación de la planta, la defensa de todos los puestos, los directos y los indirectos. Que la unidad que se vio hoy en la puerta del Ministerio, con químicos, metalúrgicos y luzfuercistas, no quede en una foto: que se convierta en coordinadora regional, en una herramienta para defender, en toda la región los puestos de trabajo.

31 de octubre de 2026
Elecciones en EE.UU.: el trumpismo podría sufrir "un baño de sangre"

El martes próximo culminarán las elecciones legislativas de mitad de mandato en EE. UU., en lo que los principales medios anticipan como una "carnicería" o "baño de sangre" para los Republicanos. Trump, Musk y el Comité Republicano han volcado cifras históricas en la campaña electoral, sin que tenga efectos en la tendencia al declive del trumpismo. El propio presidente ha realizado giras ya no solamente por los estados "péndulo" (donde había triunfado hace dos años) sino también por los antes considerados imposibles de perder. Los Republicanos han debido gastar por ejemplo más de 75 millones de dólares solamente en las últimas dos semanas CNN) en la carrera del Senador por Ohio -un Estado donde deberían ganar con comodidad-, donde la aprobación a Trump apenas llega al 36 % cuando hace dos años ganó por más de dos dígitos. Aunque se considera aún un "empate técnico", las encuestas indican una preferencia de 49 % para el candidato Sherrod Brown (Demócrata) frente a 44 % para el Republicano Jon Husted.

En la última semana, la tendencia a la derrota del trumpismo se ha acentuado. Los mercados de apuestas marcan la alta probabilidad a un control Demócrata en ambas cámaras, en torno a un 70 % (la cámara baja se considera fuera de discusión). En relación al Senado, es altamente probable que los Republicanos pierdan Carolina del Norte, Texas, Ohio, Alaska, Maine y tal vez incluso Kansas. Salvo alguna sorpresa, no se pronostican triunfos Republicanos en cargos ocupados por los Demócratas: el trumpismo intentó disputar Michigan, Georgia, Minnesota y Nuevo Hampshire, pero las encuestas indican una muy probable derrota del gobierno en esos Estados.

Las elecciones tienen lugar tras la tentativa más sistemática de parte del trumpismo de establecer un régimen de poder unipersonal -con el dominio en ambas cámaras parlamentarias y en la Corte Suprema de Justicia- y apelando a una brutal represión a las protestas, en particular una persecución a los inmigrantes y los activistas que defienden el derecho de asilo. Frente a la militarización de las ciudades a través del ICE (policía militarizada de migración), la Guardia Nacional e incluso los marines (en Los Ángeles), se produjeron las movilizaciones políticas más masivas de la historia de Estados Unidos -bajo la consigna de "No Kings" ("Ningún Rey")- así como procesos huelguísticos y fuertes choques con el aparato represivo, particularmente en Minnesota en enero de este año.

Ante la perspectiva de una derrota electoral, el gobierno ha venido manejando distintas maniobras -por vía del decreto o mediante leyes en los Estados- que apuntaban a minimizar las pérdidas o incluso poner en duda la propia realización de las elecciones -un documento interno del trumpismo evaluaba la posibilidad de declarar una "emergencia nacional" durante la votación. La maniobra más ensayada ha sido el rediseño de distritos electorales, mediante los cuales los Republicanos aspiraban a ganar nuevos escaños en la cámara baja, diluyendo el voto favorable a los Demócratas. Los últimos simulacros indican que perderían incluso algunos de esos distritos manipulados. Por otra parte, Trump pretendió impedir u obstaculizar el voto por correo (que ejerce él mismo, o incluso el Papa León XIV). Un decretazo del presidente -declarado ilegal incluso por la justicia dominada por el gobierno- pretendió dar a la Administración de Correos la potestad de filtrar a qué personas se enviaban los sobres para el voto por correspondencia, algo inconstitucional ya que son los Estados los que organizan la elección y no el gobierno federal.

En las últimas semanas se ha intensificado la campaña contra el supuesto voto ilegal de inmigrantes (sin ciudadanía). El Departamento de Justicia (DOJ) exigió a los funcionarios electorales de California que apartaran las papeletas de unos 20.000 votantes "probablemente nociudadanos" según el gobierno. El Estado de California rechazó el planteo, ya que no existía ninguna prueba al respecto. Por otra parte, el DOJ anunció que había presentado cargos contra 28 residentes de California -todos ellos con residencia legal- por supuestamente haberse registrado para votar; según el fiscal 21 de esas 28 personas habían votado en elecciones anteriores. Una cifra ridícula frente a las 16 millones de personas que votaron en 2024. Obviamente, esta demanda -así como otras similares que estarían en curso- no apunta a incidir en el resultado sino a montar una campaña para desconocer el resultado en función del "voto extranjero".

En ese sentido, Trump ha realizado una agitación fascista contra algunos candidatos, especialmente contra los musulmanes Ilhan Omar (Representante por Minneapolis) y Abdul El-Sayed (candidato al Senado por Michigan). En particular contra la representante Omar se lleva a cabo una supuesta investigación para quitarle la ciudadanía (que tiene hace 26 años, cuando se naturalizó su padre), en base a calumnias, lo cual llevó incluso a un allanamiento de su casa en busca de "pruebas". La campaña de enchastre no está mejorando las posibilidades del trumpismo en Minneapolis ni en Minnesota, pero apunta a movilizar a su base fascista para motivarla a ir a votar. También alienta el discurso del "Gran Reemplazo", una supuesta conspiración para hacer de los blancos y cristianos una minoría. En sus discursos de campaña, Trump utilizó las protestas de la juventud en Francia para dar riendas a este planteamiento de defender que Estados Unidos siga siendo "blanco y occidental", afirmando que en Francia no se había frenado a tiempo.

Paralelamente continúa el proceso de depuración en el ejército. El Secretario de Defensa Pete Hegseth ("de Guerra", según él) destituyó al General Brett Sylvia por supuestas filtraciones a la prensa sobre la guerra en Irán, Ucrania, etc.. Sylvia era director de Estrategia, Planes y Política del Estado Mayor Conjunto, a cargo de "elaborar y coordinar planes militares para el presidente del Estado Mayor Conjunto y para el presidente de EE.UU.". Sylvia no habría superado "tres pruebas de polígrafo" en un interrogatorio sobre las filtraciones. Desde agosto, unos 50 miembros del Estado Mayor Conjunto (militares y civiles) fueron sometidos a pruebas de polígrafo respecto a los reportes de prensa sobre la disminución de la reserva de municiones críticas (interceptores, misiles, etc.), una medida sin precedentes al menos con ese alcance. La purga es un reflejo de la crisis en el alto mando, pero sobre todo muestra el intento de asegurar la total lealtad a Trump en vísperas de una crisis política. Una reproducción de la intentona golpista de enero de 2021 debería basarse más en el control del aparato armado, más que en una movilización de una base fascista que está desmoralizada.

El 27 de octubre, consultado si respetaría los resultados electorales "pase lo que pase", "cualquiera sea el resultado", Trump declaró que lo haría sólo "si son elecciones honestas". La declaración se produce tras una nueva andanada de acusaciones de "fraude" o irregularidades -sin la más mínima prueba- desde su red social Truth. En el mismo momento, desarrollan la extracción del fugitivo Flavio Bolsonaro -con la colaboración de Milei- planteando que las elecciones en Brasil no fueron "honestas". Se trata de toda una declaración de intenciones de cara a las elecciones legislativas.

En caso de perder ambas cámaras, Trump sufriría un golpe político, que apunta a absorber a partir de más maniobras y un reforzamiento del gobierno por decreto. Los Demócratas no tendrían mayorías suficientes para levantar los vetos presidenciales, mientras que el trumpismo apelaría aún más al gobierno por decreto. Un desconocimiento del pronunciamiento electoral abrirá sin dudas un proceso de movilización de masas, que los Demócratas han contenido y desviado exclusivamente hacia el terreno de las elecciones y las contiendas judiciales.

31 de octubre de 2026
El entramado de corrupción que se cierra sobre la banda delictiva de los Milei-Menem

El operativo comandado por la SIDE para la fuga de Flavio Bolsonaro ha originado un dato trascendental, ya que el avión utilizado pertenece a la empresa Baires Fly, la cual está a su vez siendo investigada en la causa por corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Por la causa ANDIS fue procesado Diego Spagnuolo, amigo íntimo y abogado de Milei, por encabezar una “asociación ilícita” junto con 18 personas más, entre las cuales se encuentran exfuncionarios y empresarios de farmacéuticas. Entre ellos, por ejemplo, la droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker. El fallo del juez Sebastián Casanello señaló que las maniobras consistían en “la adjudicación indebida de contrataciones públicas” para la compra de medicamentos e insumos, el pago de sobreprecios y, como contraparte, de sobornos. En esta investigación es que aparecen facturas de vuelo hechas por Baires Fly a las empresas sospechadas de haber vendido al Estado con sobreprecio y utilizadas para respaldar transferencias bancarias, o sea una maniobra de lavado de dinero. Por ejemplo, las empresas Prolite Orthopedics y Probock, contratistas de ANDIS, transfirieron $95 millones en un solo día a una cuenta de la compañía aérea.

En este cuadro, el gobierno nacional ha buscado contragolpear difundiendo un supuesto peritaje de la Gendarmería Nacional sobre las grabaciones que dispararon la denuncia por corrupción en dicho organismo, el cual concluiría con que esos audios no serían auténticos porque habrían sido manipulados y recortados con Inteligencia Artificial. Sin embargo, en los tribunales en donde se procesa esta investigación se ha negado oficialmente que exista dicho informe.

El gobierno de Milei buscó defenderse en esta causa cuestionando la legalidad de esos audios y, por lo tanto, buscando anular el conjunto de los procesamientos. La causa se sustanció, sin embargo, en documentación de Andis, las droguerías, testimonios, auditorías sobre las compras del organismo, sin considerar esos audios como evidencia. Estas solicitudes de nulidad obraron como maniobras dilatorias. En el medio del procesamiento, la causa pasó de estar a cargo del juez federal Sebastián Casanello hacia Ariel Lijo, quien fue en su momento promovido por Milei para integrar la Corte Suprema de la Nación, cuestión que finalmente fracasó. Esta causa, en cualquier caso, no ha tenido grandes novedades durante todo este tiempo. Lijo fue quien precisamente solicitó un peritaje de los audios a Gendarmería Nacional, apartándose de la línea de investigación de Casanello.

Ahora, consumada la salida clandestina de Bolsonaro con amparo paraestatal del gobierno de Milei, se ha montado este operativo de difusión extraoficial de ese supuesto peritaje técnico de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería para embarrar la cancha y buscando una autoamnistía valiéndose del propio aparato estatal. Pero una situacion desconcertante para los liberticidas es que recientemente el propio Spagnuolo reconoció como suya la voz que se escucha en los audios, en un escrito que presentó ante el juez Julián Ercolini para que lo admitan como querellante en la causa. El origen mismo de todas las grabaciones estuvo tempranamente vinculado a una operación de espionaje interno de la propia camarilla del gobierno, a partir de la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei.

Esas grabaciones vinculaban directamente a Karina Milei, Martin Menem y Lule Menem por cobrar comisiones a cambio de favorecer el pago de sobreprecios por medicamentos. No fue procesada Karina Milei, ni los Menem, quienes tampoco fueron citados a declarar hasta el momento, al igual que sucedió con la causa de $LIBRA que acaba de ser cerrada.

Al mismo tiempo, el gobierno liberticida de Javier Milei ha utilizado estos escándalos de corrupción para cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y eliminar las escasas políticas públicas para las personas con discapacidades. Ahora, en el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 las partidas asignadas al sector son paupérrimas, se contempla la eliminación de la Emergencia en Discapacidad y derogar cuatro artículos claves, relativos a la pensión no contributiva, los pagos a los prestadores y las prestaciones de salud obligatorias.