← politicaobrera.com Política Obrera Archivo
Política Obrera (digital) › Agosto de 2026

Agosto de 2026

1 de agosto de 2026 · 149 notas

Notas de este número

1 de agosto de 2026
La Odisea de Nolan: el éxito de la materia analógica y el horror de la guerra

La máquina de Christopher Nolan se puso en marcha para construir La Odisea (2026), una versión profundamente personal que sale de la norma de la industria. El film nace de la inspiración provocada por la lectura de la nueva traducción del original de Homero realizada por Emily Wilson, devolviendo a la actualidad un texto de aproximadamente tres mil años de antigüedad. Aunque Nolan pertenece a la maquinaria de la industria cultural masiva, consigue siempre realizar producciones que se hallan a años luz de las películas estándar de los grandes estudios, y este caso no es la excepción.

Como espectador, desde el primer momento en la sala tuve la certeza de reencontrarme con el Cine, con mayúsculas. Desde mi butaca, compartí en muchos pasajes el mismo vértigo de los viajeros. Nolan consigue este efecto inmersivo sin recurrir a encuadres exagerados o efectistas, y rechazando por principio el uso de los recursos tecnológicos que hoy la industria tiene al alcance de la mano. Sin efectos especiales por computadora (CGI) ni Inteligencia Artificial, el director resolvió que toda la experiencia material se construyera a través de imágenes en paisajes naturales y barcos reales navegando el océano.

En este despliegue, lo escultórico merece un capítulo propio. Esta dimensión tridimensional y física está presente desde el regalo dejado a la ciudad de Troya, el monumental caballo, hasta la impresionante armadura de Agamenón, la escala de los gigantes, las texturas en los textiles de los actores y la imponente composición visual de la cueva del Cíclope, que es un muñeco real de 18 metros. Lo analógico enriquece la experiencia y se completa de manera orgánica con la banda sonora, la cual influye con un énfasis hiperbólico en la tensión de la imagen y el devenir de la trama.

El texto de la película logra un equilibrio justo entre la potencia de la imagen y la narración. Mediante el uso de palabras de uso cotidiano, acerca al espectador común y lo transforma en un testigo directo de las vivencias de Odiseo y sus soldados, así como de la espera y resistencia de Penélope y el viaje de Telémaco. Lo más notorio de este diseño es que, cronológicamente, no se percibe el paso de los 180 minutos necesarios para ver la obra completa; el tiempo vuela porque la atención se mantiene capturada.

La compleja temporalidad de la ficción está perfectamente aprovechada del poema original. Aunque como lectores o espectadores conocemos de antemano el final, la obra cinematográfica construye un suspenso in crescendo que, al llegar al clímax, no decepciona en absoluto.

Finalmente, es en el terreno político donde la metáfora se actualiza con mayor fuerza. Esto se logra gracias a la poca presencia de lo divino, aunque no de lo mágico, lo que desplaza el eje hacia las decisiones de los hombres. Los horrores de la guerra y las continuas pérdidas materiales y humanas aparecen como las consecuencias directas de los mandatos de “honrar a Zeus”. Ir a una guerra que nadie en Ítaca quiere, termina por complicar la existencia y traer miseria tanto al pueblo como a sus participantes directos. Los problemas vividos por los personajes, aunque a primera vista parecen inevitables debido a las obligaciones sociales de la época, no dejan de estar bajo el balance, el cuestionamiento y la crítica del relato. Es inevitable que esta reflexión resuene y se actualice frente a las guerras en curso de nuestro propio presente; quizás sea este anclaje material e histórico la principal garantía de que el film se convierta en un clásico definitivo del séptimo arte; desde ya que el poema eso lo tiene garantizado.

1 de agosto de 2026
Andy Burnham, otro primer ministro del ajuste y de la guerra contra Rusia

Andy Burnham acaba de asumir la primera magistratura del Reino Unido de Gran Bretaña. Su súbito ascenso político en las elecciones del Gran Manchester para diputado, en junio, precipitó la renuncia de su predecesor Keir Starmer y lo convirtió en el principal candidato para reemplazarlo. La presentación de Burnham como un candidato de la izquierda laborista había encendido las alarmas en toda la City de Londres y la prensa financiera aseguraba que la llegada Burnham a la primera magistratura sería un terremoto para la bolsa londinense.

La campaña electoral de Burnham había estado centrada en las necesidades obreras insatisfechas, las de quienes la crisis atraviesa Gran Bretaña viene golpeando con crudeza desde hace años. La inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios generó el mayor resurgimiento de las huelgas desde finales de los años 80. Ya en 2023 se había registrado el mayor número de jornadas laborales perdidas por huelgas en décadas. Burnham hizo su campaña electoral con el eje puesto en fortalecer el sistema de salud, criticar la austeridad de su predecesor, plantear mayor inversión en el sector público, mejoras salariales y mayores derechos laborales.

Tras asumir, sin embargo, Burnham parece haber abandonado sus promesas de campaña y haberlas reemplazado por medidas cosméticas. Una limitación del precio máximo del boleto de colectivo urbano a 2 libras -ya aplicado por Burnham en Gran Manchester- así como un descuento del IVA en las boletas del gas, que no supera los 87 centavos diarios y por sólo 6 meses, no traerán un ápice de alivio. En el caso de la Asistencia Social, Burnham ha declarado que no aumentará el presupuesto, por el contrario, realizará “controles más estrictos” para que el dinero destinado sea mejor aprovechado. Esta política es el resultado del mentado “control estatal sobre los bienes públicos”.

La formación del nuevo gabinete también desmintió cualquier giro a la izquierda. En los principales lugares figuran los mismos funcionarios derechistas del gobierno Starmer, que ha sido uno de los pilares de la guerra de la OTAN contra Rusia. El sucesor de Starmer es tan partidario o más que su antecesor de la escalada bélica. Totalmente alineado con la guerra, Burnham tomó contacto con Donald Trump inmediatamente al asumir su cargo. Las declaraciones que hizo Burnham en apoyo a Zelensky fueron respondidas por Rusia con ejercicios militares en el Canal de La Mancha, a solo 40 km de aguas británicas.

Entre los funcionarios del gobierno saliente que continuarán en el cargo, el más importante es John Healey, quien fuera Secretario para la Defensa bajo Starmer, ahora nombrado Chancellor de Hacienda. Healey representaba el ala derecha del gobierno de Starmer, a quien reclamaba aumentar los gastos militares. Ahora será él quien maneje las finanzas.

En el tópico de mayor agitación fascista, el de la inmigración, Burnham ha reconocido públicamente que comparte varias de las definiciones del ultraderechista Farage, para recuperar “el control” de las fronteras. Ha planteado revisar las solicitudes de inmigración y aumentar el rechazo de un mayor porcentaje de las mismas. “Necesitamos hacer un mayor uso de la detención para que las personas que no tienen fundamento para una reclamación no sean admitidas en el país”, aseguró (The Independent, 10/06).

Burnham está tratando de dar tranquilidad a los mercados. La City de Londres había amenazado con una huida de capitales si Burnham intentaba relanzar la economía por medio de un mayor gasto fiscal. La bolsa también había hecho ver su rechazo con una caída de los bonos del Tesoro durante semanas y la devaluación de la libra esterlina. Sin embargo, el Financial Times ha virado sus editoriales hacia una componenda con el nuevo gobierno. El Secretario de Negocios, Jonathan Reynolds, aseguró al diario que Burnham es “pro empresas”

La clase obrera Gran Bretaña enfrenta un deterioro de las condiciones de vida. Los niveles de empobrecimiento, sobre todo el infantil, baten todos los récords. El otrora baluarte nacional, el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) se encuentra vaciado y en proceso de privatización. El salario se ha visto demolido. El problema de la vivienda ha llevado los niveles de personas en situación de calle a cifras nunca vistas. La deuda pública de Gran Bretaña es insostenible y todos los planes de ajuste han fracasado, no sin dejar un tendal mayor de pobreza. Burnham enfrentará, además, la desintegración de la OTAN y una nueva escalada de la guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos. La crisis económica y política, que se llevó puestos seis primeros ministros en los últimos diez años, encuentra al gobierno entrante con las mismas recetas, y los mismos funcionarios, que llevaron al fracaso a sus antecesores.

1 de agosto de 2026
El comité fantasma de Siderca: la empresa contestó, la UOM no
Pablo Capo

Soy Pablo Capo, delegado de Acería en Tenaris Siderca. Escribo esta nota en primera persona y con nombre, porque lo que voy a contar me pasó a mí, y creo que es importante que los compañeros lo sepan. Tiene que ver con una herramienta que, supuestamente según la ley, existe para cuidarnos la vida: el Comité Mixto de Salud, Higiene y Seguridad. Un comité que, como voy a contar, existe y se reúne todos los meses, pero que para la inmensa mayoría de los trabajadores es un fantasma: nunca lo vimos, no sabemos quiénes lo integran ni qué discute. Y todo esto tiene que ver con una pregunta muy simple que vengo haciendo hace tres años, y con quién me la respondió y quién no.

Qué es este comité, y por qué debería importarnos

Primero, para el que no lo tiene claro, y no es casualidad que muchos no lo tengamos claro. La Ley provincial 14.408 obliga a las empresas grandes, como la nuestra, a tener un Comité Mixto de Salud, Higiene y Seguridad. Es un organismo donde se sientan, supuestamente en partes iguales, representantes de los trabajadores y de la empresa, para controlar juntos que se cumplan las normas de seguridad, prevenir los riesgos y velar por las condiciones de trabajo. No es una mesa de café: la ley dice que sus decisiones son obligatorias para la empresa y para los trabajadores, aunque los trabajadores que lo componen no tienen derecho a detener la producción en caso de peligro de accidente o de incumplimiento de la patronal.

Y hay un punto clave: la ley establece que los representantes de los trabajadores en ese comité son los delegados de personal electos, los que votamos los compañeros. No los pone la empresa a dedo. Es, en teoría, el lugar donde los trabajadores a través de nuestros representantes metemos la mano en el control de nuestra propia seguridad, a través de la gente que elegimos. Por eso lo que voy a contar importa tanto: porque esta herramienta funcionó todo este tiempo sin que la mayoría supiéramos siquiera que existía.

Una pregunta que vengo haciendo hace años

Hace ya unos tres años que vengo planteando este tema, sin conseguir respuestas. La primera vez pregunté, en buenos términos, a nivel del área: si Siderca contaba con el comité de seguridad e higiene que marca la ley, y quiénes lo integraban. Nada del otro mundo. Es información que, por ley, tiene que ser pública, y que un delegado tiene todo el derecho a conocer. Pero durante mucho tiempo la cosa quedó ahí, sin novedades. Lo llamativo es lo que pasó cuando finalmente llevé la consulta a los mandos superiores de la empresa: contestaron enseguida, sin titubear. Me explicaron cómo funciona el comité y hasta me abrieron la puerta a participar. O sea, la información estaba, existía, y bastó con preguntar en el lugar correcto para que apareciera. Y eso deja una pregunta picando: si la respuesta estaba tan a mano, ¿por qué tuve que dar tantas vueltas y tantos años para conseguirla? Y sobre todo, ¿por qué el que nunca me la dio, ni me hizo participar, fue justamente el que debería ser el primero en hacerlo: mi propio gremio?

Lo que finalmente confirmaron

Cuando la respuesta llegó, lo que me confirmaron desde el área de seguridad de la empresa fue esto: el comité mixto existe y se reúne todos los meses. Participan la UOM, ASIMRA, Relaciones Laborales, y el área de Higiene y Seguridad. Me contaron que en la última reunión se repasó cómo cerró el año en los indicadores, y que desde la UOM presentaron algunos puntos de la Acería. Incluso me abrieron la puerta a participar de una próxima reunión y a acercar temas para la agenda.

O sea que el comité no es un invento ni algo que no existe: funciona. Y acá aparece el dato que a mí, como delegado de Acería, me dejó pensando y que es el corazón de esta nota. Si el comité se reúne todos los meses, si la UOM está adentro y hasta lleva puntos de la Acería, ¿cómo puede ser que en todos mis años de delegado yo nunca haya participado de ninguna de esas reuniones, ni tenga constancia de que ningún compañero de base haya participado? ¿Cómo puede ser que me haya tenido que enterar de todo esto por la empresa? ¿Por qué la información de lo que se discute sobre nuestra propia seguridad no baja nunca a los delegados ni a los trabajadores?

La pregunta que el gremio no me contestó

Porque esta es la otra mitad de la historia, y es la que más me duele, porque tiene que ver con nuestra propia representación. Antes de que me respondiera la empresa, yo pregunté también del lado del gremio. En un grupo de trabajadores tiré la pregunta simple: si alguien sabía quiénes integran el comité mixto de seguridad de Siderca. Un compañero, con honestidad, me dijo que no sabía. Y de parte de la Comisión Interna, de Pablo Palacios, no obtuve respuesta a esa pregunta. Ese mismo día, en el grupo, había actividad para otras cosas. Para mi pregunta sobre seguridad, silencio.

No voy a decir lo que pasó por la cabeza de nadie, porque no lo sé y no me corresponde. Digo lo que pasó: pregunté, y del lado de nuestra representación gremial no hubo respuesta. Que cada compañero saque su propia conclusión sobre por qué a un delegado que pregunta por el comité de seguridad, la Comisión Interna no le contesta. Yo tengo la mía, y me la guardo, pero los hechos están a la vista.

Aunque hay algo que sí conviene decir, porque explica mucho. Para buena parte de la dirigencia sindical y de las empresas, estos comités tienen solo una existencia formal, terminan sirviendo para una sola cosa: dejar constancia. Se sientan, escuchan, anotan, informan a la autoridad, y con eso se lavan las manos. Después, cuando pasa la desgracia, sale el dirigente de turno a decir “nosotros lo habíamos advertido, está asentado en el acta”. Muy bien, quedó asentado. Pero el compañero está muerto igual.

A nosotros no nos sirve un comité para dejar constancia de lo que va a pasar: necesitamos uno que tenga la fuerza para impedir que pase. Por eso fuera de estos comités mixtos fantasmas, es necesario poner en pie comités obreros de seguridad e higiene, electos en asambleas y con poder de parar la producción frente a cualquier riesgo para los trabajadores.

El mundo al revés

Paremos la pelota y miremos el cuadro completo, porque es fuerte. No es que la empresa fomente la participación de los trabajadores en este comité, aunque por ley debería ser así, pero también está obligada a informar a los trabajadores cuando alguien lo pide. Por eso la empresa, que tiene todos los motivos del mundo para escaparle a estos temas, cuando le pregunté a los mandos superiores me respondió enseguida, obligada por ley, me contó cómo funciona el comité y hasta me invitó a participar. Nuestra representación gremial en la planta, la Comisión Interna, que debería ser la primera en pelear para que los delegados y los trabajadores participemos de ese comité y sepamos qué se discute, no me contestó una pregunta básica. Y en todos mis años de delegado, jamás me hizo participar de una sola de esas reuniones.

Es el mundo al revés, compañeros. Y ojo, que no lo digo para regalarle flores a la empresa: la información me la dieron tarde y después de años de dar vueltas, y Siderca tiene la responsabilidad principal en todo esto. Y eso es una señal de alarma sobre cómo está funcionando el gremio en la planta: si la UOM está sentada en el comité de seguridad pero no baja la información, no hace participar a los delegados de base y ni siquiera responde cuando uno pregunta, entonces esa silla en el comité no nos está representando de verdad. Está ocupada, pero no está trabajando para nosotros.

Por qué esto no es un tema de papeles

Y que nadie piense que esto es una discusión burocrática, de formularios. Es una cuestión que puede ser de vida o muerte para los trabajadores, y en Siderca lo sabemos en carne propia. Hace unas semanas escribimos en estas mismas páginas la nota “Dejamos la vida por el acero”, donde recordamos a los compañeros que ya no están. En 2010, Rodrigo López Amarilla, de 24 años, murió en el sector Acería. Los compañeros que estaban entonces recuerdan que a Rodrigo lo habían movido hacía poco al sector de cuchara, un puesto en el que era nuevo, y que lo mandaron ahí sin que tuviera la experiencia necesaria ni se sintiera preparado. En 2023 y 2024 murieron otros compañeros en el sector de talleres, en circunstancias parecidas, en el mismo lugar. La UOM denunció cinco muertes en un solo año en las empresas del Grupo Techint.

En aquella nota contamos el problema: las muertes, la falta de prevención, la seguridad quedando en manos de la empresa sola. En esta estamos contando una de las causas de fondo. Porque, ¿cuál es supuestamente la función de un comité mixto de seguridad? Prevenir esos riesgos. Controlar que a un trabajador no se lo mande a un puesto peligroso sin la experiencia necesaria, con la voz de los propios trabajadores adentro. Un comité obrero de seguridad e higiene, que funcione de verdad, con los delegados participando y la información llegando a todos, es una de las herramientas que existen justamente para que no haya un próximo Rodrigo.

Por eso me importa tanto, y por eso escribo esto. No es por una silla, no es por figurar, no es por pelearme con nadie, y que tampoco te vendan el buzón diciendo que no funciona porque el gremio esta intervenido, no es así, esto viene de antes y acá la intervención no pincha ni corta. Es para que este comité deje de ser un fantasma y funcione de verdad, con nosotros adentro. Porque de que funcione o no funcione depende, en serio y sin exagerar, que un compañero vuelva o no vuelva a su casa. No quiero tener que escribir otra nota como la de “Dejamos la vida por el acero”. No quiero que haya otro nombre en esa lista. Y para eso, la seguridad la tenemos que controlar los que ponemos el cuerpo: no puede seguir siendo un tema del que nos enteramos de casualidad y por la empresa.

Pero seamos claros sobre qué es este comité

Y acá hay algo de fondo que no podemos dejar pasar, para no ilusionar a nadie. El comité mixto, tal como está pensado en la ley, es una herramienta patronal. Se llama “mixto” justamente porque sienta en la misma mesa a los trabajadores y a la empresa, en partes iguales. Suena equitativo, pero pensemos un segundo: en esa mesa está sentado el mismo que decide cuánto hay que producir, a qué ritmo y con qué costos. El que tiene el apuro por la producción también tiene voz y voto sobre nuestra seguridad. Así, cualquier medida que frene la producción tiene que ser aceptada, en definitiva, por el que pierde plata si se frena.

Por eso, aunque logremos que el comité se transparente y que los delegados participemos, hay un techo que no podemos ignorar. Ese comité puede recomendar, discutir, señalar, dejar asentado. Pero cuando hay un riesgo grave y urgente, el que decide si la máquina para o sigue no somos nosotros.

Y esto no es una especulación nuestra: hay experiencia. En Santa Fe rige hace años una ley de comités de seguridad, que se reglamentó en 2009 empujada por la movilización de todo un pueblo tras la muerte de dos obreros de Acindar en Villa Constitución. Una conquista arrancada con dolor. ¿Y qué pasó? Que desde entonces los cordones industriales santafesinos siguen estando entre los de más muertes laborales del país. O sea: el comité existe, funciona, y los compañeros se siguen muriendo. Porque el problema de fondo no es solo que el comité esté escondido, como pasa acá: es que este tipo de comité, tal como está diseñado, no tiene el poder de frenar lo que hay que frenar.

Lo que hace falta: comités obreros con poder de parar la producción

Por eso nuestra posición de fondo va más allá. Lo que los trabajadores necesitamos son comités obreros de seguridad laboral: elegidos por los propios trabajadores en asamblea, integrados por compañeros de cada sector, que conocen el laburo y los riesgos porque los viven todos los días. Y con una potestad que hoy no tiene nadie de nuestro lado: el derecho a veto. Es decir, el poder concreto de parar la producción cuando hay una situación de riesgo, sin tener que pedirle permiso a nadie ni esperar a que una mesa lo apruebe.

Pensalo con lo que ya vivimos en esta planta. Si en el momento en que se mandó a un compañero a un puesto para el que no estaba preparado hubiera existido un comité obrero con la facultad de decir “acá no se arranca hasta que esto se resuelva”, esa historia podría haber terminado distinto. Mientras el que decide sea el mismo que tiene el apuro por producir, siempre va a existir un nivel de riesgo que para ellos resulta “aceptable”. Nosotros sabemos que ningún riesgo de muerte es aceptable, porque el cuerpo lo ponemos nosotros y a casa volvemos, o no volvemos, nosotros.

Y acá quiero ser honesto y prudente a la vez. No voy a decir que con un comité obrero funcionando, con poder real de parar la máquina, los compañeros que perdimos estarían hoy vivos, porque eso no lo puede afirmar nadie con certeza y sería faltarles el respeto a sus familias. Lo que sí voy a hacer es dejar la pregunta, la misma que nos hacemos muchos en la planta y que no nos deja dormir: si en aquel momento hubiera existido un comité obrero con la facultad de decir “acá no se arranca hasta que esto se resuelva”, ¿la historia habría sido la misma? Si un compañero elegido por nosotros, con poder de veto, hubiera podido frenar una tarea en un puesto para el que alguien no estaba preparado, ¿estaríamos hoy escribiendo estos nombres?

Yo no tengo la respuesta. Pero sé una cosa: cada vez que un trabajador puede parar una máquina insegura, hay una posibilidad más de que ese día no pase nada. Y cada vez que no puede, esa posibilidad se pierde. Por eso peleamos por esto. No para tener razón después, sino para no tener que enterarnos después.

Lo que vengo a proponer

No escribo esto para pelearme con nadie ni para hacer una interna. Escribo como delegado que se toma en serio la seguridad, que es lo que nos mantiene vivos. Vengo planteando este tema hace años, tengo reconocimientos escritos de la jefatura de Acería en materia de seguridad, y lo único que pido es participar y aportar, que es mi derecho y mi obligación como delegado.

Por eso propongo cosas concretas, en dos planos. En lo inmediato, con lo que hay hoy: que la información del comité mixto baje a todos, que después de cada reunión los delegados y los trabajadores sepamos qué se discutió y qué se decidió sobre nuestra seguridad; que los delegados de base podamos participar, como la propia ley habilita, porque los representantes de los trabajadores ahí adentro tenemos que ser los que elegimos los compañeros y no nombres que nadie conoce; y que nuestra representación gremial rinda cuentas y nos explique por qué todo esto funcionó de espaldas a los trabajadores.

Y en el fondo, lo que de verdad nos hace falta, y lo digo sin vueltas: comités obreros de seguridad. Delegados de seguridad elegidos en asamblea por los propios trabajadores de cada sector, que no salgan del cupo de delegados de planta que ya tenemos, porque eso sería sacarle representación a un lado para ponerla en el otro; tienen que ser delegados adicionales, dedicados a la seguridad. Y con la potestad de decidir y de parar la producción cuando está en juego la vida de un compañero. Sin pedir permiso, sin esperar que una mesa lo apruebe, sin dejar constancia para después. Parar.

Cierro con esto, que es lo que me trajo hasta acá. Vengo escribiendo mails sobre este tema desde 2023. Tres años preguntando lo mismo, con respeto y por los canales que corresponden. Recién ahora, cuando la consulta llegó a los mandos superiores de la empresa, tuve una respuesta clara. De mi propio gremio, en cambio, en todos estos años nunca tuve ni una respuesta, ni una invitación a participar, ni una información sobre lo que se discute en ese comité. Que cada compañero saque su conclusión.

Yo la mía ya la saqué: no vamos a conseguir que nos cuiden. Nos vamos a tener que cuidar nosotros, organizados, con delegados que elijamos en asamblea y con la fuerza para decir “acá no se produce” cuando la vida de un compañero está en riesgo. La seguridad no es propiedad ni de la empresa ni de un puñado de dirigentes: es de todos los que ponemos el cuerpo en la planta. Y la única garantía real de que no haya otro nombre en esa lista somos nosotros.

1 de agosto de 2026
Mercenarios argentinos en Ucrania

Las guerras son grandes catástrofe para los explotados del mundo, pero también la oportunidad de grandes negocios para la industria armamentística, la ciberseguridad y para las Compañías Militares Privadas (CMP), que brindan servicios de seguridad logística, entrenamiento de tropas y protección en zonas de conflicto.

Las CMP son contratadas principalmente por gobiernos, corporaciones multinacionales y organizaciones internacionales ´humanitarias´ con fines militares y de seguridad. Las de origen británico y estadunidenses son las que dominan el sector. Operan en todo el mundo. Han encontrado una cantera especialmente en Colombia, donde abunda ´mano de obra desocupada´ de paramilitares y exguerrilleros con experiencia en el combate en la selva y la montaña.

La exsargento de la policía bonaerense Griselda Inés Ortiz se prendió en el negocio. A fines de 2025, se trasladó a Ucrania, donde se puso a disposición de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, que tiene bajo su orden unidades operativas en el frente. En sus redes sociales, en las que se la puede ver con ropa militar y armas largas, Ortiz presentaba como una “aventura heroica” la guerra que la OTAN libra en Ucrania contra Putin. En marzo de este año Ortiz pidió la baja de la bonaerense, para “trabajar” de reclutadora de mercenarios para ir a pelear la guerra. Prometía salarios de U$D 3.000 por mes por tareas de asistencia, más un bono de U$D 700 si el destino se encuentra en la primera línea de fuego. Muchas de estas promesas, finalmente, no eran cumplidas y las pagas resultaron mucho menores. Pero los contratos, redactados en ucraniano, eran legítimos. Ucrania atraviesa una fuerte crisis de reclutamiento y un principio de rebelión de la juventud que se niega a ir a la carnicería del frente.

El reclutamiento de mercenarios es ilegal en Argentina, donde sólo las Fuerzas Armadas tienen autorización para incorporar soldados.

No todos los reclutados por Ortíz contaban con experiencia militar, pero bastaba que los interesados tuvieran la mayoría de edad para ser cooptados. Muchos de ellos finalmente se presentaron en la embajada argentina en Kiev con pedidos de ayuda. Hasta el momento la cancillería argentina no ha emitido palabra alguna al respecto.

El fin de semana pasado el fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola pidió la detención de Ortiz. Ésta operaba junto al exagente de la policía Federal Jorge Alberto Otero, pareja y socio, quien también estuvo varias veces en el frente de batalla y que a finales de junio abandonó el país rumbo a Brasil y se encuentra prófugo con pedido de captura internacional. Según la investigación de Mola, el tándem de reclutadores envió a Ucrania “contingentes de entre 10 o 15 personas cuyos pasajes pagaban con fondos aún no claros. El viaje era sin regreso, el que iba debía quedarse al menos 6 meses. Si quería volverse lo amenazaban con un cargo de deserción, o pagar 2.500 dólares de indemnización. La mayoría ni siquiera tenía celular propio ‘por miedo de que se comuniquen con el enemigo’, tampoco pasaporte” (Clarín, 29/7). También se les prometía un seguro de vida de U$D 400.000, que en el caso de caer en batalla, sería recibido por sus familiares. Una vez llegados a Ucrania, los reclutadores locales secuestraban los pasaportes. Una cláusula de la ´letra chica´ de un contrato incomprensible para los reclutas era que debían quedarse tres años e integrar una fuerza especial de apoyo a las tropas ucranianas.

Las investigaciones judiciales dan cuenta de que además de Ortíz y Otero, en el país actúan varios grupos más que enlistan a mercenarios para que den apoyo operativo al ejército ucraniano. Hasta el momento esas células habrían llevado a 50 argentinos, al menos, en tres tandas durante los últimos nueve meses (La Nación, 29/7). Estas bandas dedicadas al tráfico de personas son parte de un entramado que tiene su epicentro en Europa Oriental.

El 23 de julio Interpol Colombia lanzó la “Alerta Morada” en la que señalaba que "Se logró detectar la modalidad del reclutamiento de hombres jóvenes exintegrantes de las Fuerzas Públicas con conocimiento de manejo de armas de fuego para ser trasladados mediante ofertas laborales engañosas hacia las zonas de conflicto armado en el continente europeo, ocultando la naturaleza real de las actividades, la firma de contratos en idiomas desconocidos, la retención de documentos, la imposición de condiciones coercitivas y en algunos casos, la vinculación directa a hostilidades armadas".

Al caso de Ortiz se le suman ocho más que están bajo la investigación. Fuentes judiciales detallaron que existen “indicios de organización estructurada y transnacional”, patrones para “la generación de obligaciones económicas vinculadas al traslado, equipamiento o rescisión contractual que podrían operar como mecanismo de sujeción limitando la libertad real de desvinculación y configurando posibles supuestos de servidumbre por deudas o trabajo forzoso en los términos de la normativa nacional e internacional sobre trata de personas”. En la línea 145 contra la trata de personas se registraron cinco denuncias realizadas por familiares de reclutados que se encuentran a la deriva en Ucrania.

Luego de la Guerra Fría, las CMP operaron como "ejércitos tercerizados" en Irak y otras guerras imperialistas. Con la nueva ola de guerras internacionales, las CMP han tomado un papel relevante ante el aumento "exponencial" de la demanda. Según organismos internacionales desde el comienzo de la guerra en 2022, se han movilizado 27.000 mercenarios provenientes de 130 países. En el caso de los argentinos, las bajas remuneraciones que recibe la tropa de las fuerzas de seguridad o armadas ha sido un acicate para enrolarse en la aventura bélica de la OTAN, con abierta o tácita benevolencia del gobierno argentino.

1 de agosto de 2026
El gobierno ataca a extranjeros y migrantes

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026 publicado en el Boletín Oficial la noche del miércoles 29 de julio, el gobierno estableció la prohibición de ingreso al país y eventual expulsión de los extranjeros que “propaguen mensajes de odio” contra la Argentina. La resolución se apoya en la supuesta “campaña antiargentina” desencadenada tras el mundial de fútbol. En un comunicado oficial el Gobierno Nacional "reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quién ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país", aunque se trate de una opinión. El DNU es un paso más en el ataque a la población migrante que elige vivir en Argentina.

Una medida fascista

Por medio del DNU el gobierno incorpora nuevas causales para rechazar el ingreso de extranjeros al territorio argentino, entre las cuales figura haber "dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino", cuando la conducta esté motivada por la nacionalidad, un concepto tan difuso que habilita todo tipo de arbitrariedades. También afecta a quienes hayan "realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales" o hubiesen incitado a terceros a cometer cualquiera de esas conductas. Para implementar estos cambios, modifica la Ley de Migraciones 25.871, añadiendo estos supuestos entre las causales de inadmisión al país y también entre aquellas que habilitan la cancelación de residencias migratorias ya otorgadas. Además, establece que la cancelación de la residencia por estas causas podrá derivar en una intimación para abandonar el territorio nacional dentro de un plazo determinado o directamente en la expulsión del país. La implementación quedará a cargo de la Dirección de Migraciones. Es un verdadero apriete policial contra los migrantes, especialmente contra aquellos trabajadores que ya residen en el país. Una versión moderna de la Ley de Residencia de principios de siglo XX.

El año pasado el gobierno liberticida dió curso al DNU 366/2025 con la intención de modificar el acceso a la salud, la educación y libertades civiles básicas para los extranjeros y migrantes, expulsar a toda persona extranjera con condena, así como impedir toda entrada por paso ilegal, endurecer los requisitos para el ingreso al país y modificar a 90 días la vigencia de la residencia precaria, pudiendo ser revocada unilateralmente por Migraciones. En junio de este año la Cámara Nacional Electoral declaró inconstitucional el decreto y anuló sus efectos. Actualmente se espera el pronunciamiento de la Corte Suprema. En sintonía con el gobierno de Donald Trump, el gobierno despliega redadas en barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano. En dichos operativos solicitan el DNI a los ciudadanos extranjeros, para verificar si están documentados legalmente. Estos controles buscan detectar extranjeros indocumentados o en situación irregular para posteriormente ser deportados en caso de incumplimiento migratorio y antecedentes delictivos. Como el ICE norteamericano, lo fundamental es su método: un amplio despliegue de fuerzas represivas para intrusar los barrios.

Aunque el DNU aclare que “en ningún caso podrán encuadrarse dentro del supuesto previsto por el presente inciso a aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”, el gobierno busca reprimir el delito de opinión. La amenaza de la deportación será utilizada por los liberticidas para evitar cualquier tipo de manifestación popular por parte de la población migrante. La mano de obra migrante, sin embargo, es ampliamente explotada en muchos rubros y actividades, bajo condiciones extremas de precarización laboral.

Paradójicamente, los llamados “discursos de odio” son utilizados a diestra y siniestra por parte del gobierno para atacar a los sectores no alineados. Milei afirmó que Brasil, México y el Partido Demócrata de Estados Unidos eran los responsables de la financiación de la “campaña antiargentina”. Mientras que el vocero presidencial, Adrián Ravier, describió una “hipótesis” vinculada a sectores de izquierda que buscarían perjudicar al modelo libertario, sin aportar una sola prueba en ningún caso.

El pseudonacionalismo reaccionario con el cual se embandera el gobierno liberticida es una farsa: Argentina se ha convertido en un protectorado del imperialismo estadounidense y depende de sus rescates y préstamos usurarios. La política “nacional” está digitada desde el Departamento de Estado.

En un contexto de decadencia capitalista, la invocación al nacionalismo no es más que un argumento fascista para dividir a la clase obrera y justificar todo tipo de ataque. La lucha contra las medidas antimigratorias debe incluirse dentro de las reivindicaciones que levanta la clase obrera.

1 de agosto de 2026
Las huelgas docentes marcan el camino

El paro nacional convocado por CTERA para este lunes 3 de agosto tendrá lugar en el marco de numerosos conflictos docentes provinciales: Jujuy, Rio Negro, Neuquen, Misiones, Chaco, Formosa y Entre Ríos. En provincia de Buenos Aires, las seccionales opositoras de SUTEBA llaman a ampliarlo por 48 horas. Una asamblea numerosa del sindicato porteño ADEMYS se pronunció en el mismo sentido.

Estos paros fueron precedidos por una extensa lucha de la docencia de Santa Cruz y, antes, por poderosas autoconvocatorias docentes en Catamarca y Santa Fe.

En el epicentro de estas luchas se encuentra la demanda de verdaderos aumentos salariales. Bajo el gobierno de Milei, los ingresos de los trabajadores han caído sin solución de continuidad. También se ha extendido como una mancha de aceite la extrema precariedad laboral. Los docentes, como muchos otros trabajadores, sobrecargados de trabajo, deben recurrir a trabajos complementarios para tratar de llegar a fin de mes. La docencia ha caído, como la inmensa masa de trabajadores de la Argentina, en el superendeudamiento personal para poder sobrevivir.

Los gobernadores y Milei han constituido una verdadera alianza contra el sueldo docente y los presupuestos educativos; y para avanzar en contrarreformas laborales y previsionales. Han hecho desaparecer el piso mínimo del sueldo docente nacional, disolviendo la paritaria nacional docente, con la tolerancia y complicidad de la CGT y los principales sindicatos, incluyendo CTERA.

Los Axel Kicillof justifican el derrumbe del salario docente por el corte arbitrario de transferencias de fondos nacionales hacia las provincias. Sin embargo, acompañan los planes fondomonetaristas que aplican Milei y Caputo. Son todos pagadores seriales de una deuda publica usuraria. Son variantes de una misma política. Coinciden en que las jubilaciones alimentan el “déficit fiscal” y por ello quieren eliminar el régimen previsional docente y otros mal llamados "regímenes especiales", aumentar la edad jubilatoria y convertir las jubilaciones en un subsidio a la vejez. El derecho a huelga es cercenado con descuentos masivos, sanciones económicas y conciliaciones obligatorias truchas. La huelga docente nacional será el primer desafío abierto a la declaración de "esencialidad" de la educación establecida en la contrarreforma laboral de Milei.

El problema salarial docente se vincula directamente con la debacle de la educación pública. El proyecto de “libertad educativa” que el gobierno de Milei tiene en la gatera consagraría este cuadro, al retirar la obligación por ley del Estado de garantizar la educación pública, con el agravante de introducir una cuña fascistoide con la creación de “consejos de padres” en las escuelas, para oponerlos a los derechos laborales y sindicales de la docencia.

La CTERA, el sindicato docente nacional que convoca a esta medida, ha ignorado por completo las luchas docentes provinciales durante todo el año, hasta la fecha y hacia el paro convocado. No levanta absolutamente ninguno de sus reclamos. Tampoco se ha movilizado para que este paro sea apuntalado desde las bases docentes. Los limites insalvables de esta burocracia han sido establecidos por su inacción completa ante el mayor ataque al sueldo docente y la escuela pública del que se tenga registro.

La persistente y tenaz lucha de la docencia es la manifestación de la inviabilidad completa de la politica de “motosierra” permanente que está llevando el sueldo y la educación a una degradación histórica. Lo demuestra también la situacion de la Universidad Pública. El Congreso Nacional ha sido cómplice.

El éxito de la lucha jamas dependerá de que esta burocracia se ponga a la cabeza, sino que emerja una nueva direccion de lucha de la docencia y de todo el movimiento obrero.

En este cuadro, Politica Obrera llama a apoyar activamente la huelga nacional docente del 3 de agosto, para que esta sea el puntapié inicial para unificar todas las luchas nacionalmente en una gran huelga general.

Por un aumento salarial inmediato del 100 % y un salario mínimo por $2.500.000. Aumento inmediato de todos los fondos educativos nacionales y provinciales para satisfacer las demandas de los docentes y de las escuelas. Por la suspensión indefinida de las deudas por consumo. Defensa de los regímenes jubilatorios y de los Estatutos laborales. Abajo el proyecto de “libertad educativa”. Que la organización y desarrollo del sistema educativo sea establecido por un Congreso Nacional de delegados docentes con mandato.

1 de agosto de 2026
Migración masiva a Ceuta y Melilla: la guerra imperialista lleva la crisis humanitaria de África a las puertas de la Unión Europea

El 30 de julio al menos 50.000 personas cruzaron desde Marruecos a las colonias españolas Ceuta y Melilla. Al menos 57 personas murieron intentando cruzar. La mayoría son jóvenes y preadolescentes que escapan del hambre, tocan el suelo y suplican “Marruecos no”, sino trabajo para ayudar a sus familias.

El presidente español Pedro Sanchez, autodenominado “socialista”, atribuyó el episodio a “las mafias [que] trafican personas”, para poder justificar la represión contra los migrantes y la militarización de la zona. El gobierno progre ha anunciado que 48.000 personas ya han sido deportadas a Marruecos. Sánchez también afirmó que "Marruecos está dispuesto a cooperar para la repatriación de ciudadanos a sus países de origen” (La Nación, 31/7).

España tiene un acuerdo con el gobierno marroquí por el que reconoce a la monarquía como gobernante del pueblo Saharaui, a cambio de que no reclame soberanía sobre Ceuta y Melilla, las colonias de España en territorio africano. Este "intercambio", le da a la OTAN el dominio estratégico del Estrecho de Gibraltar, punto clave para el 18 % del comercio marítimo -es el tercero más importante; el de Ormuz representa sólo un 8 % del comercio marítimo global, a pesar de su incidencia en el tráfico de petróleo-; en el escenario de la guerra mundial imperialista en curso, es un punto estratégico. Donald Trump también reconoció la "soberanía" marroquí sobre el Saharaui a cambio de que firmara los Acuerdos de Abraham, aceptando a Israel como un Estado legítimo, opresor del pueblo palestino.

La extrema derecha, con Trump a la cabeza, ha aprovechado esta crisis humanitaria para ir a fondo con el discurso antiinmigrante y para su propia campaña electoral: sostiene que, si ganan los demócratas, es lo que le espera a Estados Unidos. Marco Rubio inclusive expresó que están dispuestos a enviar ayuda militar a sus aliados en la Unión Europea para deshacerse de los inmigrantes. Los activistas MAGA han aprovechado para esparcir su odio al Islam. Meloni aprovechó para suspender el Acuerdo de Schengen, que facilita a los habitantes de los países que lo conforman, pasar fácilmente de una frontera a la otra sin tanto trámite de por medio. Macron también pidió reforzar la frontera de Francia con España. Nigel Farage, el líder la ultraderecha del Reino Unido, aprovechó para culpabilizar a las “políticas de extrema izquierda globalistas” de Pedro Sanchez. Acusó a jóvenes y adolescentes que huyen de la guerra y la miseria que asolan África de una “violación y ataque a la integridad territorial de España”.

Los gobiernos de España y Marruecos tienen sus manos manchadas de sangre. Lo que hacen es un crimen contra la clase obrera y debe ser repudiado mundialmente. Los jóvenes marroquíes son víctimas de la monarquía que los hambrea y de los choques facciosos incitados por el imperialismo en la disputa de los recursos africanos.

Afuera el imperialismo de África, abajo la guerra mundial, por la organización socialista internacional.

1 de agosto de 2026
La historia de las movilizaciones de San Cayetano

A través del tiempo las convocatorias a la movilización por San Cayetano fueron atravesadas por diferentes momentos en la lucha del movimiento obrero. Teniendo en cuenta las características de las centrales sindicales, la iglesia católica y más recientemente las organizaciones sociales que la convocan, fueron cambiando su contenido y sus planteos. En ese sentido, para introducirnos en la primera convocatoria a una “Movilización por San Cayetano” hay que ponernos en el contexto posterior al golpe de estado militar del 24 de marzo de 1976.

La clase obrera ante la dictadura

En marzo del 76 la burocracia sindical se borró de toda lucha a pesar de que 200 fábricas pararon en repudio al golpe. Los militares y las patronales avanzaron rápidamente asesinando a miles de delegados obreros, despidiendo masivamente e interviniendo los sindicatos. Tras esto, los salarios retrocedieron el 40 % y con la violencia se imponía la política económica de Martínez de Hoz, el “Toto” Caputo de esos años (https://politicaobrera.com/10716-politica-obrera-en-la-transicion-1983-parte-i).

Política Obrera (primera época) caracterizó la situación: “Es inevitable, por lo tanto, una serie de enfrentamientos entre la Junta y la clase obrera, que en ningún caso serán generales, pero que irán minando la imagen de árbitro que intenta proyectar el gobierno. Debido a la no derrota directa de la clase obrera, debido a la situación de compromiso entre los altos mandos y debido al desquicio que provocará el plan de Martínez de Hoz, es inevitable una crisis a corto plazo en el seno de la Junta Militar. El factor que irá quebrando el precario equilibrio actual es el plan económico.” (Política Obrera 14 de abril de 1976).

Con la llamada “ley de seguridad industrial” de septiembre de 1976 se intentaba encarcelar de 6 a 10 años a cualquiera que reclamara hasta lo más mínimo. A pesar de esto, a finales del 76 los reclamos tomaron forma de movilizaciones nacionales con centro en las automotrices y metalúrgicas del AMBA; eran los activistas los que estaban a la cabeza del reclamo por fuera de las direcciones y la burocracia. Las empresas echaron lastre con un pequeño aumento y normalizando la jornada de trabajo para luego volver a la carga despidiendo activistas. En su primer año la dictadura sufrió reclamos parciales que Política Obrera definió como “un primer repunte obrero, aún débil y que será zigzagueante y vacilante por mucho tiempo que conocerá derrotas pero que marca el esfuerzo iniciado por poner un límite a la amplia ofensiva patronal”.

En el verano del 77, un intento de extender la jornada y retirar conquistas llevo a una huelga de Telefónicos y de Luz y Fuerza que la burocracia llevó a la derrota para negociar con la dictadura. El secuestro y asesinato de Oscar Smith, secretario general de Luz y Fuerza, reabrió la huelga hasta que una intervención del sindicato levantó el paro. Los conflictos siguieron y para mediados del año las huelgas tomaron el cordón industrial de San Lorenzo.

Política Obrera caracterizó que aún la situación no estaba madura “los reclamos, si bien se están generalizando, no están coordinados y se mantienen en los límites fabriles” (https://politicaobrera.com/10722-politica-obrera-ante-la-transicion-democratica-parte-ii), recién al final de 1977 con los paros ferroviarios y en el Subte el tema tomó volumen nacional. Durante los años 1978 a 1980 fue la lucha de Alpargatas, junto a Olivetti y los portuarios la que marcó el estado del movimiento obrero. La dialéctica entre crisis capitalista y lucha de clases era lo que marcaba el pulso de la situación política (https://politicaobrera.com/10727-politica-obrera-ante-la-transicion-democratica-parte-iii).

La primera movilización de San Cayetano

A comienzos del 81 una devaluación de Martínez de Hoz “puso de relieve toda la confusión, la incapacidad de decisión y la crisis de orientación que domina a los círculos de la dictadura” (Política Obrera 10 de marzo de 1981, “Bajo el signo de la catástrofe”). Para junio, la lucha de automotrices y metalmecánicas pateó el tablero definitivamente, reclamando contra las suspensiones y cierres de empresas. Con una huelga general coparon la Plaza de Mayo en momentos en que una CGT golpeada y repudiada por las bases atravesaba una interna del peronismo.

Las luchas crecían exponencialmente; el 15 de octubre familias de detenidos y desaparecidos reclamaron en la Plaza de Mayo, periodistas denunciaron la represión en su gremio y el paro nacional del 22 de julio movilizó miles de trabajadores mientras la universidad reclamó contra el arancelamiento. Octubre del 81 tuvo la organización de asambleas de despedidos en las automotrices y la industria química con centro en fábricas como Peugeot, Mercedes-Benz y Petroquímica Sudamericana. Se creaba la CGT-Brasil bajo la dirección de Saúl Ubaldini del gremio cervecero que tenía el acompañamiento de la iglesia católica. Esta central, sin participar de la acción fabril, comenzó a hacer convocatorias y protestas.

Eran meses donde la desocupación llegaba al 12,7 %; bajo presión se convocó el sábado 7 de noviembre a una jornada por San Cayetano. Un mes luego del día del patrono católico del pan y del trabajo, un santo con fuerte devoción y arraigo en la Argentina en particular desde el crack capitalista del año 1929. Con la consigna “Paz, pan y trabajo” en la concentración tuvo un importante papel Ubaldini.

A pesar de que no había una consigna contra la dictadura, la caminata desde el estadio mundialista de Vélez Sarsfield en Liniers hasta la iglesia de San Cayetano, que era un “día de oración”, abrió la puerta a la movilización más grande contra la dictadura hasta el momento. Fueron más de 10.000 asistentes, entre ellos obreros, estudiantes y familiares de desaparecidos que tomaron el protagonismo con una consigna que golpeó duro y abrió una crisis: “¡Se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar!".

La marcha incluyó una guerra de consignas, donde la burocracia provocó cantando “ni yanquis, ni marxistas, peronistas” y la marcha peronista. Por los parlantes, el párroco de la iglesia cantaba salmos en continuado para tapar todo el desmadre. Nuestra corriente sintetizó previamente el valor de la jornada “Luchar a brazo partido por explotar la mezquina brecha abierta por la CGT para hacer una manifestación política contra la dictadura”. Días luego dijo “Los obreros, empleados, estudiantes y familiares de desaparecidos y presos que corearon mayoritariamente “libertad”, “los desaparecidos... que digan donde están” y “se va a acabar la dictadura militar” hablaron por toda la población oprimida” (Política Obrera 9 de noviembre de 1981).

No solo la burocracia fue completamente desbordada, sino que el volumen de la movilización y la crisis fue tal que la “Multipartidaria”, una mesa de transición cívico-militar del PJ (peronismo), la UCR (radicales), el PI (partido intransigente) y el Partido Comunista, tuvo que salir públicamente a explicar que no apoyaban la marcha. “La multipartidaria es hostil a toda movilización por restringida que sea porque su perspectiva no es la desestabilización del “proceso”, quieren que éste se reforme parcialmente, pero por sobre todo quieren impedir la intervención de las masas frente a la descomposición de la dictadura.” señaló Política Obrera.

“El 7 de noviembre fue una muestra de cómo es posible enfrentar la ofensiva antiobrera de la dictadura. Se demostró que las negociaciones entre bambalinas con la dictadura, que las gestiones con la burguesía “opositora” de la multipartidaria, que el declaracionismo vacío que paraliza al movimiento obrero, están más desprestigiados que nunca. Se demostró que es la hora de las grandes manifestaciones de masas, de impulsar todos y cada uno de los movimientos reivindicativos de la clase obrera, de los estudiantes, de los “familiares”, que se multiplican constantemente y de centralizarlos.”, concluía nuestra prensa.

Horas luego, la dictadura acusaba el golpe de la movilización que trató de impedir y emitía en medios amigos lo siguiente: “El ministro del Interior, Horacio Tomás Liendo, concurrió sorpresivamente a la parroquia, mientras se oficiaba la misa, y posteriormente declaró que al Gobierno le preocupa la desocupación”. El nuevo escenario abierto por la movilización de “San Cayetano” llevó a un avance de las luchas callejeras y aún a más crisis tanto en la CGT-Azopardo de Triaca y Cavalieri como en la CGT-Brasil de Ubaldini y Lorenzo Miguel. Tras una misa en La Matanza que terminó a los golpes entre ellos y sus bases, convocaron a una nueva marcha.

El 30 de marzo de 1982 se marchó a Plaza de Mayo con la consigna nuevamente de “Pan, paz y trabajo!” en donde los 50.000 manifestantes coparon con el canto “pan, trabajo, la dictadura abajo” (https://politicaobrera.com/6716-a-40-anos-del-30-de-marzo-de-1982-la-movilizacion-obrera-que-volteo-a-la-dictadura). La dictadura valló Plaza de Mayo, los accesos a la Capital Federal y reprimió la manifestación. La respuesta fue un feroz combate callejero con barricadas, un “porteñazo” en donde estudiantes y obreros llevaron la huelga de masas a todo al centro de la ciudad de Buenos Aires. La jornada se extendió a todo el interior del país y tanto Ubaldini como las Madres de Plaza de Mayo terminaron detenidos.

A pesar de los heridos y detenidos, la jornada mostró que la dictadura estaba en camino de salida. Desesperada unos pocos días después, intentaría una ocupación de las Islas Malvinas, pero el golpe de gracia ya estaba dado. En esos meses, la inflación estaba en el orden massista de un 20 % mensual. Política Obrera N°328 del 5/4/1982 explicó “Se ha querido, y se quiere, arrastrar a los trabajadores argentinos detrás de la dictadura, aprovechando el asunto de las Malvinas, e incluso blanquearla por sus crímenes, hacer olvidar su entreguismo y su agresión a los trabajadores. Y esto, especialmente, después de la gran jornada del 30, que desbarató todos los esfuerzos de freno y parálisis de la Multipartidaria.” (https://politicaobrera.com/16000-2-de-abril-para-luchar-contra-el-imperialismo-ningun-apoyo-a-la-dictadura).

La movilización de San Cayetano es una muestra de cómo bajo el fascismo de la dictadura, aprovechando una crisis, el activismo obrero abrió una hendija por donde llevar sus reclamos adelante. Reorganizándose bajo la persecución más sangrienta de nuestra historia evitó una derrota de fondo y un aplastamiento de sus reivindicaciones (https://politicaobrera.com/747-24-de-marzo-1976-2020-politica-obrera-bajo-la-dictadura-una-escuela-revolucionaria).

Para 1983, el PJ y la UCR se prestaron para auxiliar una salida “democrática” al asunto, salida que facilitó una impunidad en los hechos a los genocidas y represores. Finalmente, la CGT atravesada por una enorme crisis de desprestigio por las entregas y traiciones sistemáticas, no logró su cometido de apuntalar a la dictadura para imponer un nuevo orden puertas adentro de las fábricas. A pesar de ellos, fue la lucha obrera (cuando seis de cada diez desaparecidos eran activistas o delegados sindicales) la que con paros, movilizaciones y acciones de lucha heroicas derrotó a la junta militar.

San Cayetano del gobierno de los Fernández a Milei

En la actualidad las movilizaciones del San Cayetano, que con cierta regularidad la burocracia sindical y el triunvirato piquetero convocan los 7 de agosto de cada año, no tienen puntos de continuidad con las convocadas por la CGT-Brasil bajo la dictadura militar. Teniendo en cuenta el contenido religioso y de concordia social de todas ellas, existe un contraste entre unas y otras.

Tras la pandemia, la fecha volvió figurar en la agenda, en el año 2022; tras dos años borrados de cualquier tipo de reclamo el triunvirato piquetero, “los cayetanos” de la CCC, UTEP y Movimiento Evita, volvieron a marchar. Con la consigna “sin pan y sin trabajo” la marcha fue por tramos desde la Basílica de Lujan hasta la iglesia de San Cayetano en Liniers (https://politicaobrera.com/7631-la-movilizacion-de-los-cayetanos). A la cabeza estuvieron Juan Grabois, Daniel Menéndez, el “Gringo” Castro, junto a funcionarios y exfuncionarios de la gestión de Alberto Fernández. En Liniers se convocaron junto a gremios como ATE para marchar hasta Av. de Mayo y 9 de Julio donde montaron un escenario.

Descontentos, aprovecharon la jornada para reclamar proyectos sociales en línea con la “ley de emergencia alimentaria”, fondos para su red de cooperativas y para meter cuchara en la crisis que atravesaba el ejecutivo de su propio gobierno. “No vamos a tolerar que los de abajo no obtengan respuestas” decía la UTEP preocupada y Grabois amenazó con romper el bloque de diputados del ‘Frente de Todos’; pero sin resignar ningún cargo en el Estado. En el palco, el arzobispo Marco Poli calmó los ánimos y propuso “poner el hombro para reconstruir el país”. En esos meses, mientras los funcionarios se peleaban por el reparto de las ultimas migajas, el gobierno a cargo del “súperministro” Sergio Massa caminaba derecho a una hiperinflación.

En este declive, para el año 2024 la movilización por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo” de San Cayetano pasó a tomar forma de una farsa política. El contexto era a un año de asumido el gobierno liberticida de Javier Milei y tras el golpazo de una devaluación del 100 % en diciembre del 2023. La movilización cayetana terminó en la Plaza de Mayo en un acto conjunto de la CGT, la CTA y la UTEP. Los oradores dejaron de lado cualquier opción que no sea esperar al 2027 para recuperar el gobierno e increparon pidiendo la unidad del movimiento popular bajo la égida de la burocracia y el peronismo (https://politicaobrera.com/12405-san-cayetano-para-matar-el-hambre-hay-que-esperar-a-2027).

Lo burdo del planteo solo fue superado por la fuerte presencia en corte electoral del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y su delegación de funcionarios. La CGT de Héctor Daer y Pablo Moyano declaró a los pies del palco: “Este es un gobierno que ataca a los trabajadores y hay que confrontarlo en la calle y conformando un gran frente nacional para el año que viene, que nos permita tener mayoría en ambas Cámaras.”; para la burocracia la marcha fue el escalón de una operación legislativa.

El eterno “Hay 2019” de épocas de Mauricio Macri, se reeditó en que pasen los despidos, la reforma laboral, la Ley Bases y la eliminación de los alimentos a los comedores en función de esperar a las elecciones del año 2027. En esa oportunidad también se respetó el protocolo represivo de Patricia Bullrich que acordó la circulación de la movilización; cartón lleno. En una Plaza de Mayo semivacía el aparato del PO y el PTS se prestaron como auditorio de esta lavada de cara a la CGT. En una jornada de espalda a las luchas, sin asambleas, sin paro y sin programa el FITU dio su apoyo a la cúpula cegetista con una ‘columna independiente’ (https://politicaobrera.com/12386-cgt-farsa-cayetana).

Durante el gobierno de Javier Milei, el sindicalismo peronista estuvo de espaldas a las luchas contra los despidos y cierres de ocupaciones como la de Lustramax y FATE, pero sí muy pendiente de qué sucederá con el “aporte solidario” de los no afiliados a los sindicatos. El ‘toma y daca’ con el mileismo es evidente.

En el 2025 la tónica de la convocatoria fue derechista. Se mantuvo el “Paz, pan, tierra, techo y trabajo” en un acto dominado por la CGT y las dos CTAs (https://politicaobrera.com/14651-san-cayetano-2025-la-movilizacion-dio-lugar-a-un-acto-de-las-cgt-y-las-cta). La sorpresa para la población fue que volvieron a dar señales de vida luego de un largo letargo y aparezcan todos juntos en un gran palco, que fue dominado por burócratas reaparecidos o famosos por entrar y salir de la Casa Rosada. La misa en la iglesia de Liniers donde comenzó la jornada contó con un discurso del arzobispo García Cuerva que destaco “el equilibrio de las cuentas públicas” y recordó que el Estado es el “custodio y guardián de la vida de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna”.

La UTEP, ATE y UOCRA coparon el frente del escenario en donde cada sindicato exhibió su aparato más rudimentario. Rodolfo Aguiar de ATE celebraba, a pesar de la masacre de despidos estatales: “Milei ya empezó a ser derrotado en el Congreso”. Cuando pasaba lo contrario, los aliados peronistas de Milei en diputados se preparaban para darle sanción definitiva a la reforma laboral en el Congreso. En el ínterin Hugo Moyano de Camioneros, Andrés Rodríguez de UPCN y Gerardo Martínez de UOCRA llevaban una bandera con el lema central de la movilización. Cerró “Peluca” Gramajo de la UTEP que pidió “mantener la unidad” y esperanzado dijo: “no todo está perdido tenemos que poner un freno a este gobierno”.

La burocracia que formó el ‘Consejo de Mayo’ para armar la reforma laboral junto a gobernadores y el gobierno liberticida lo observaba desde la primera fila.

3 de agosto de 2026
Gran paro nacional docente, enorme fracaso de ley anti-huelgas

El paro nacional docente de este 3 de agosto tuvo una importante adhesión en todo el país.

Se registró una alta adhesión especialmente en aquellas provincias donde existen movimientos de lucha previos, como en Buenos Aires; en la provincia, el paro continuará mañana, convocado por seccionales de la oposición a la dirección kirchnerista Celeste. En Jujuy, la docencia ya había votado 72 horas de huelga. En Córdoba, la adhesión al paro rondó el 80 %; lo mismo en Santa Cruz, acompañada de una movilización en Río Gallegos. En Tucumán, el paro fue muy importante. En Tierra del Fuego, el sindicato SUTEF ha convocado a un paro por tiempo indefinido.

En Santa Fe, en cambio, el paro fue débil, al igual que en Salta.

El gobierno de Milei ha respondido al llamado al paro con la aplicación de norma que declara a la Educación “servicio esencial”, en referencia a una “guardia mínima” del 75 % de los educadores. Funcionarios del Ministerio de Capital Humano realizaron recorridas en las escuelas, a modo de muestreo para garantizar que se estuviera dictando clases en ese porcentaje y amenazaron con aplicar sanciones y hasta multas para los sindicatos convocantes. Los gobernadores han aplicado descuentos y sanciones contra docentes que han parado, como en Buenos Aires, con Kicillof, y en Santa Cruz. Sin embargo, el operativo de intimidación ha fracasado.

El paro fue rotundo a pesar de que dirección de la CTERA no preparó la huelga. No existieron asambleas de base, ni una campaña para movilizar a la docencia.

En CABA, la burocracia realizó un pequeño acto con poca concurrencia. Las bases no concurrieron al llamado de una dirección sindical desprestigiada por años de entrega de cada una de las reivindicaciones docentes. La última reunión paritaria fue el 8 de abril de este año, cuando el Gobierno ofreció como piso salarial $650.000 para abril y $700.000 para mayo, rechazado de palabra por los gremios, pero no dio paso a una lucha. Frente al Ministerio de Economía, Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, respondió a las amenazas de Milei con giros literarios. “Al gobierno que está preocupado por los paros le decimos: estuvimos en la Carpa Blanca sin paro, estuvimos en la carpa itinerante sin paro. Somos muy creativos y el plan de lucha va a continuar”. No ha planteado la continuidad de la huelga. En la misma orientación, Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Unidos (UDA) y secretario de Políticas Educativas de la CGT, detalló: “Vamos a acatar lo que dice la ley, no vamos a hacer paro”. El “servicio esencial” y la anulación del derecho de huelga lleva la firma de la Central ‘líder’ de los trabajadores (“CGT conducción”).

La dirección sindical le ha asegurado a Milei que no habrá más huelgas. Es una orientación política para asegurar una campaña electoral sin sobresaltos, o sea, del conjunto del peronismo. El reciente pelotón de medidas de ajuste y entrega de Milei y las provocaciones de su política exterior no deben cuestionarse fuera del Congreso ni adentro tampoco. Estamos ante una reiteración agravada de la política seguida frente al derrumbe del gobierno de Macri. Frente al ataque fascista de Milei contra el derecho de huelga y los derechos democráticos, la claudicación no podría ser mayor. Esta dirección no se va a poner a la cabeza de ningún “plan de lucha”. Para que se desarrolle una lucha y sea victoriosa necesitamos realizar asambleas, autoconvocatorias y plenarios de delegados de base que impulsen la continuidad de la huelga.

4 de agosto de 2026
Petroleros: un acuerdo de productividad “a la nigeriana”

El acuerdo firmado entre el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Rio Negro, Neuquén y La Pampa y dos cámaras empresarias ligadas a Vaca Muerta implementa fuertemente los puntos más draconianos de la contrarreforma laboral, El “Programa de Incentivo Variable por Resultados Operativos para la actividad de perforación en la Cuenca Neuquina” sustituye por completo el salario por hora o jornada por un índice de productividad.

Una daga

El llamado bono por productividad reemplaza la paritaria a la baja que ha firmado el Sindicato Petrolero, aun en el boom de exportaciones que atraviesa Vaca Muerta. El esquema prevé incentivos asociados al cumplimiento de objetivos operativos previamente definidos, medibles y verificables, reza el comunicado de las partes. Una Comisión de Seguimiento -integrada por representantes tanto del gremio como de las cámaras-, tiene el objetivo de monitorear la implementación del programa y evaluar su evolución.

El acuerdo Vaca Muerta ha sido homologado en forma exprés. Desde las oficinas del Ministerio de Capital Humano señalaron que es "un paso concreto" hacia la "consolidación de un modelo de relaciones laborales orientado a promover la productividad, la competitividad, la capacitación y el empleo formal, a través del diálogo entre trabajadores y empleadores".

La burocracia sindical “libertaria”

El ítem de productividad acordado abarca a las dotaciones de trabajadores que ejecutan tareas en el corazón operativo del yacimiento Vaca Muerta. La distribución del suplemento por productividad fue segmentada en tres áreas clave de la actividad en pozo: Pulling (Mantenimiento de pozos) Workover (Reparación) y Perforación. El titular del Sindicato Petrolero, Marcelo Rucci, lo describió como un hecho de gran trascendencia para el sector: “Fue un trabajo hecho entre todos, muy duro, a través de conversaciones y de empezar a nuclear a toda la trama. Hoy pudimos conseguir para los compañeros de torre un bono dividido en pulling, workover y perforación: fue un momento histórico”.

El modelo nigeriano marca el camino

En una de las asambleas generales, el secretario adjunto Ernesto Inal había denunciado que las empresas estaban habituadas al modelo africano, en el cual “los trabajadores no tienen ni derecho a ir al baño” y planteó que los empresarios debían acostumbrarse a negociar con ellos porque “en Vaca Muerta los trabajadores tenían representantes que los defendían”. En realidad, el acuerdo de salarios por productividad es un gran avance hacia el régimen de trabajo “a la nigeriana” – regímenes de superexplotación y precarización laboral para los trabajadores.

“«Trabajamos como un elefante y comemos como una hormiga», dijo un trabajador de la estación de flujo de Umuebulu-Etche, en las afueras de Port Harcourt, en Nigeria. «Nuestro salario en la empresa contratista Plantgeria es de unos 95.000 nairas (257 dólares estadounidenses). En la Nigeria de hoy, no se puede hacer nada con eso. No puedes pagar las tarifas escolares de tus hijos. No puedes comer bien. No puedes hacer nada para mejorar tu vida». “Salarios de miseria, abusos a través de contratos, violaciones de derechos fundamentales, atención médica deficiente, riesgos para la salud y la seguridad, y condiciones de vida miserables para los trabajadores nigerianos de Shell.” (https://www.industriall-union.org/)

Vaca Muerta no es distinto

El panorama de los trabajadores petroleros de Vaca Muerte no difiere. Salarios a la baja, régimen de turnos rotativos insalubres, una tercerización laboral creciente y una inseguridad laboral extrema, por ejemplo, de las rutas de acceso a los lugares trabajo. A Kristalina Georgieva tuvieron que llevarla en helicóptero.

El acuerdo de reemplazar salarios por productividad es un salto más en el avance hacia condiciones de super explotación de la clase obrera. Viene de la mano de la liquidación de la jornada de ocho horas y del descanso de fin de semana, eliminada hace rato, reemplazada por los regímenes de turnos rotativos en los pozos.

Los salarios, en Nigeria, oscilaban entre 137 y 257 dólares al mes, trabajando 12 horas al día, seis días a la semana. Algunos trabajadores afirmaron que sus contratistas no les habían pagado durante varios meses.

Los trabajadores señalaron que Shell determina cuánto les pagan los contratistas, pero que la empresa ignora sus peticiones para obtener mejores salarios:

«Si pides un aumento de sueldo, la policía te escolta fuera de las instalaciones. Y ahí se acaba tu trabajo. No vuelves a tener acceso al recinto hasta que firmas un documento en el que comprometes a no unirte a un sindicato y a no pedir aumentos salariales», afirmó un trabajador.

Shell es la mayor multinacional petrolera extranjera en Nigeria y obtuvo unos beneficios estimados en 4.000 millones de dólares en el mayor país productor de petróleo de África en 2017.

En su junta general anual celebrada en mayo, el director ejecutivo de Shell, Ben van Beurden, afirmó que no es financieramente viable dar trabajo permanente a los empleados subcontratados, ya que no se les necesita todo el tiempo. Sin embargo, esto desmiente lo que los trabajadores explicaron a ‘IndustriALL”:

«Nos siguen clasificando como trabajadores temporales (ad-hoc), pero llevamos trabajando de forma continua hasta 20 años mientras nos pagan menos de 150 dólares al mes», se lamentó un trabajador.

Muchos trabajadores subcontratados se quejaron de que su proveedor de seguros de salud (HMO) era inadecuado:

«Estamos expuestos a todos los peligros. Trabajamos en el campo. Incluso con nuestro seguro médico, no nos va bien. Solo trabajamos para morir. Cuando enfermamos y vamos a la clínica, no nos atienden bien porque el dinero que el contratista da a las aseguradoras es demasiado escaso».

En su código de conducta, Shell declara: «Buscamos trabajar con contratistas y proveedores que contribuyan al desarrollo sostenible y sean económica, ambiental y socialmente responsables».

El secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, declaró: «Ya es hora de que Shell esté a la altura de su propio código de conducta y garantice que los miles de personas que trabajan en sus operaciones en Nigeria reciban un trato humano. Shell debe dejar de hacer la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos de los trabajadores subcontratados en sus operaciones en Nigeria. Instamos a la empresa a iniciar un diálogo con IndustriALL y sus sindicatos en Nigeria para poner remedio a esta situación, que actualmente no es ni responsable ni sostenible».

IndustriALL lleva a cabo una campaña mundial para poner fin al trabajo precario en Shell, donde los trabajadores subcontratados superan a los fijos en una proporción de más de 2 a 1 y realizan las tareas más peligrosas. Los sindicatos estiman que la proporción es aún mayor en las instalaciones de Shell en Nigeria, pero la empresa no revela cifras por países.

4 de agosto de 2026
Milei y Trump quieren hacer de la Argentina una plataforma territorial de la OTAN

Un periodista de derecha, Marcelo Longobardi, no tuvo empacho en caracterizar a la “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” como una “ley con nombre y apellido”. Se refería a Peter Thiel, el dueño de Palantir, la corporación digital que aspira a instalar en la Argentina un centro de procesamiento de datos dirigido al control social y político del subcontinente. Thiel ya ha perpetrado estas operaciones de espionaje en Medio Oriente, para facilitar el asesinato teleguiado por parte de los servicios de Netanyahu y Trump contra palestinos e iraníes. En Argentina, Thiel aspira a montar un centro de ciberespionaje, que demandará espacio y recursos naturales. La reforma a la ley de Tierras que pretende votarse en el Congreso es un traje a medida de esta pretensión, junto a otros planes de copamiento territorial o de cursos de agua que tienen un eje común: la conversión de la Argentina en una plataforma territorial de la OTAN. En el extremo sur, el destino del puerto de Ushuaia está asociado a la instalación de una base militar del Pentágono. En el Litoral, estos mismos intereses imperialistas están manipulando la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay. La cuestión de la reforma de la ley de Tierras debe ser vista en este escenario de guerra internacional.

Maniobras

Por cierto, la “ley de inviolabilidad” es más amplia: incluye la posibilidad de desalojos sumarios en predios rurales o urbanos, y restringe decisivamente las “expropiaciones por utilidad pública”, que es la figura legal que terminó reconociendo a numerosas ocupaciones de fábrica y gestiones obreras después de la crisis de 2001. Milei y Sturzenegger se curan en salud contra las ocupaciones, en medio de un colapso industrial manifiesto. Pero el eje de la ley reaccionaria es el copamiento territorial de los intereses imperialistas, el cual exige también un orden represivo para proteger a los usurpadores instalados y por venir. El complemento de la ley de tierras es el Super RIGI que tratará Diputados, y cuyas exenciones impositivas transforman a los proyectos de IA “ligados a la Defensa y Seguridad” (otro traje a la medida de Palantir) en una zona franca para los emprendimientos al servicio de la OTAN.

La violencia planteada por este copamiento territorial, y el choque de intereses capitalistas en su torno, ha planteado una crisis en relación a los votos necesarios para aprobar la “Inviolabilidad”. Algunos senadores colaboracionistas -como los del oficialismo de Misiones y Chubut- están retaceando su voto. Pero Patricia Bullrich trabaja para recuperarlos, con maniobras y fraudes. En tanto el proyecto original eliminaba todo límite a la compra de tierras por extranjeros, Bullrich ofrece ahora reconocer un límite -el 25% de la superficie en cuestión, frente al 15% que admite la ley actual. Pero ese tope se contabilizaría “como promedio provincial”: o sea que un cierto municipio o departamento podría ser vendido en su totalidad, siempre que “promedie” por debajo del 25% con el resto del suelo provincial. Esta estafa está siendo discutida en estas horas con senadores peronistas, radicales y macristas.

Este subterfugio, sin embargo, no resolvería la crisis, porque resta la cuestión de quién decide las ventas de tierras -si la Nación o cada provincia. Aunque inicialmente el gobierno había admitido la injerencia provincial, Sturzenegger-Thiel mantienen una negativa cerrada a abrir mano en este punto. Se ha desatado una sorda lucha de camarillas, donde los gobernadores y Milei disputan el lugar de comisionistas en el copamiento de tierras por parte de los intereses imperialistas.

Los gobernadores peronistas que están metidos en este toma y daca, e incluso los que aún no han podido colar sus intereses, han salido a blandir la consigna “Argentina no está en venta”. Ello, que no tuvieron empacho en concesionar el subsuelo de sus provincias con acuerdos leoninos con el capital minero o petrolero; o son parte, con sus propios ajustes sociales, de la confiscación nacional que se ejerce en favor de los acreedores de la deuda pública.

La sesión de este jueves 6 en el Senado estará envuelta en estas crisis, y servirá de telón de fondo a una movilización popular. Concurriremos, y llamamos a concurrir a la plaza de los Dos Congresos, con un programa: la lucha y la denuncia contra la ley de Milei y Trump, que quieren un copamiento territorial a cuenta de la OTAN; para expulsar al imperialismo, unidad obrera internacional para terminar con la guerra y sus gobiernos; ningún desalojo, nacionalización de suelo.

4 de agosto de 2026
Buenos Aires: ¿cómo continuamos la lucha docente luego del paro de 48 horas?

Luego de un gran paro nacional docente, la provincia de Buenos Aires siguió el paro durante el martes 4 de agosto, convocado por las seccionales del SUTEBA de Bahía Blanca, La Matanza, Tigre y Marcos Paz. Todas las asambleas de base que se hicieron en estos distritos han rechazado la paritaria salarial firmada por el Frente Gremial Docente Bonaerense (FUDB) con el gobierno de Kicillof. En Bahía Blanca, el paro de 48 horas fue votado en una asamblea masiva con 1.500 docentes. Además del reclamo salarial, se suma la exigencia por una cobertura total de las prestaciones de IOMA, la cobertura de todos los cargos en los distintos niveles y modalidades, la defensa de la jubilación docente y el rechazo a la reforma del Régimen Académico de Secundaria y las realizadas en Educación Especial.

El paro del martes se ha desarrollado con una contundente adhesión en los distritos convocantes y se mantiene en muchos distritos y escuelas del resto de la provincia, aunque no con el nivel del lunes 3 de agosto, a pesar de haber sido nuevamente saboteado por la conducción provincial de la Celeste y de la persecución y amenazas de descuentos del gobierno provincial. Kicillof colabora con la implementación de la trucha “esencialidad educativa”, un operativo antihuelga que Milei desarrolló el 3 de agosto y fue derrotado sin atenuantes.

La conducción Celeste, liderada ahora por María Laura Torre, ha intensificado su ofensiva contra las seccionales convocantes a los paros, a las cuales amenaza con sanciones disciplinarias por una supuesta violación del Estatuto del SUTEBA y por actuar en forma “inorgánica”. Es un desconocimiento burocrático de los mandatos y resoluciones llevadas a cabo por la base docente, a la que tampoco se convoca a debatir ni resolver nada en asambleas ni plenarios ni congresos oficiales.

Es evidente que la lucha docente en Buenos Aires enfrenta precisamente la necesidad de construir una nueva dirección, algo que se ha manifestado numerosas veces con masivos paros provinciales “no oficiales” y autoconvocatorias docentes.

Luego del paro del 4 de agosto, entre las seccionales opositoras no hay acordada una agenda común para evaluar las medidas y poner a consideración la continuidad de la lucha. Sí habrá asambleas de base en Bahía Blanca y en Marcos Paz (en donde conduce la lista Lila). En numerosas provincias continúa también la lucha docente, como en los casos de Córdoba, Río Negro, Jujuy y Tucumán. El jueves 6 se convocan a marchas contra las reformas en la ley de tierras mientras que el 7 de agosto se hará la marcha de San Cayetano, movilizaciones que entroncan con la lucha por el aumento salarial y contra el ajuste educativo. La docencia universitaria está comenzando sus deliberaciones hacia el comienzo de clases del segundo cuatrimestre, luego del escandaloso acuerdo entre el gobierno y rectores contra la Ley de Financiamiento Universitario votado por el Congreso Nacional.

4 de agosto de 2026
Jujuy: imponentes paro y movilización docentes

La huelga docente de este lunes estuvo marcada por una gran movilización docente.

A la marcha se sumaron el SEOM (Municipales), ADIUNJU (Docentes Universitarios), ATE -de manera testimonial-, APOC (ex Tribunal de Cuentas) entre otras organizaciones sindicales, sociales y políticas. Así arrancaba la segunda semana de medidas de fuerza en la provincia por parte de la docencia que reclama un aumento salarial equivalente a la canasta familiar.

La movilización logró quebrar el intento de amedrentamiento ejercido por el gobierno provincial. Amenazó con el descuento de los días de paro de manera retroactiva a marzo y desconocer el paro a los maestros de primaria ya que su gremio, intervenido por el propio gobierno junto a la burocracia, no dispuso de ninguna medida ni adhesión al paro.

El masivo paro de maestros, organizados en asambleas con mandato por zona, logró quebrar la política de extorsión gubernamental que busca dividir la lucha docente. El gobierno intentó por todos los medios desinformar sobre la masividad de la medida. Fracasada la política de amenazas, tuvo que reconocer que el paro fue masivo y que “la gente no llega a fin de mes”, en boca del vocero del gobierno.

La masividad de la huelga hizo recular al gobierno liberticida que agitó el planteo extorsivo de la “esencialidad” para que los docentes garanticen un 75% de las clases. El cachetazo que recibió con esta movilización demuestra que en las calles vamos a voltear toda la legislación nefasta y entreguista del gobierno liberticida y sus acólitos del PJ, UCR y PRO.

Maestros primarios se rebelan

Los maestros primarios de Jujuy, a pesar de que su sindicato se encuentra intervenido, han desenvuelto asambleas en toda la provincia. En muchas escuelas se votó parar 72 horas esta semana. Han obligado al gobierno a reconocer la fuerza de la medida, luego de que buscó desconocerla y amenazó con represalias.

Este método contrasta con la pálida actuación de la “junta normalizadora” del sindicato, puesta a dedo por el gobierno, que no quiere reconocer el triunfo de los docentes de base en las elecciones de diciembre de 2024. Luego de un año y medio, no han convocado a nuevas elecciones porque saben del repudio generalizado que les espera. En la propia marcha los burócratas cómplices del gobierno fueron abucheados y se resignaron a no hablar en el acto que se organizó al finalizar.

CEDEMS

La docencia de media, agrupada en CEDEMS (CEA), realizó una asamblea donde se votó un paro de 24 horas para el lunes 3 y dos días de ayuno docente frente a casa de gobierno. Teniendo en cuenta la masividad del paro de la semana pasada y de este lunes -y que los maestros de primaria definieron 72 horas de paro-, correspondía reforzar los vínculos de unidad y acompañar la moción de los maestros de primaria.

También se votó en la asamblea la invitación a otros sectores a participar de la marcha con sus reclamos y al pueblo trabajador a acompañar la marcha, junto a la convocatoria a un plenario de trabajadores provincial para coordinar y fortalecer la lucha. Creemos que a ese plenario hay ponerle fecha urgente y que permita que puedan participar todos los sectores en lucha y todos los trabajadores que quieran salir a pelear por una mejora en su salario y en sus condiciones de vida.

La masividad del paro, sumado al paro de 72 horas de la semana pasada, demuestra que hay una voluntad de las bases para pelear hasta quebrar la orientación política ajustadora de Milei y Sadir.

La dinámica de este proceso se asemeja a la rebelión docente de 2023, que terminó congregando a diversos sectores del pueblo trabajador y quebrar la política de cepo salarial del entonces gobernador Gerardo Morales. El desafío es recuperar aquella experiencia.

La lucha docente empieza a convertirse en un punto de reagrupamiento del resto de los trabajadores de la provincia. Es necesario reforzar esta orientación para quebrar la política de ajuste. Impulsemos la deliberación en todos los lugares de trabajo y la coordinación de las luchas por la huelga general.

4 de agosto de 2026
Elecciones municipales en Santiago del Estero: el "mileísmo" no llegó al 10%

El domingo 2 de agosto se concretaron las elecciones para intendentes y concejales en 26 de los 28 municipios de la provincia. En todos ellos el Frente Cívico que lidera el actual senador nacional y varias veces gobernador Gerardo Zamora, se impuso con altísimos porcentajes y tendrá mayoría propia en todos los concejos.

El promedio de participación superó a la elección municipal del 2022. Se acercó al 70%, aunque en la Capital, el municipio con mayor cantidad de electores, la abstención se aproximó al 40%. Similar fue en La Banda, la segunda ciudad con mayores electores. En el interior, en cambio, en varios municipios la participación se elevó entre el 70 y 80%.

Tomados de conjunto los resultados, el Frente Cívico obtuvo el 66% de los votos, un incremento sensible respecto de 2022, cuando había logrado el 43,5%. En segundo lugar, quedó La Libertad Avanza, que presentó lista en todos los municipios, pero solo llegó al 8%. El PRO, tercero con 7% y el resto de las fuerzas sumaron, en total, el 19%.

En estos resultados se destaca el de La Banda. En los últimos años, el municipio estuvo dominado por sectores vinculados a Sergio Massa. En esta oportunidad, el Frente Cívico superó el 50% y los candidatos renovadores apenas alcanzaron el 10%.

El MST fue la única lista de la izquierda que se presentó, aunque sólo en la capital. Integró en su lista a candidatos del Partido Obrero y de Izquierda Socialista. En 2022, se había presentado en la Capital, La Banda y Frías, habiendo reunido en aquel entonces un poco más de 8.000 votos. En esta oportunidad, lograron sacar en la Capital 2.800 votos (1,81%), un claro retroceso.

El Frente Cívico es una coalición del PJ y un sector de la UCR (en varios municipios, monopolizando la votación, fueron a la elección divididos con dos listas). El Frente Cívico ha logrado mantener el apoyo de los terratenientes, pero también de los pequeños campesinos y de los movimientos históricos como el MOCASE. De la misma manera, el apoyo de la patria contratista, favorecida con negocios inmobiliarios y de obras. También sectores “progres” vinculados al kirchnerismo apoyaron a los candidatos de Zamora.

Zamora, a pesar de haber firmado el Pacto de Mayo, se ha diferenciado en el Congreso de los otros bloques que responden a gobiernos de las provincias del NOA y han desarrollado una política abiertamente colaboracionista con el gobierno liberticida.

En los meses y semanas previas, el Frente Cívico adoptó localmente varias iniciativas que reforzaron la adhesión posterior. Por un lado, otorgó un bono para mayo, junio y julio de 700.000, 600.000 y 600.000 respectivamente. Asimismo, julio fue un mes festivo multitudinario de celebración del aniversario de la Capital. Todo el aparato estatal y la red de punteros trabajó a todo trapo traccionando a los electores. La Libertad Avanza, en cambio, se limitó a una campaña de bajo perfil en medios y redes. Ningún dirigente nacional de peso visitó la provincia.

El resultado ha trascendido la provincia, en un escenario donde Milei sigue cayendo en las encuestas, el PJ discute si se va a una elección dividido, unido o en un “frente grande”.

4 de agosto de 2026
El derrumbe de la obra social del SUTNA

La crisis del SUTNA no se limita al cierre de Fate, los despidos masivos que atravesaron Pirelli y Bridgestone y la reforma laboral que se ha aplicado al interior de las fábricas. Uno de los temas más sensibles para los trabajadores es el deterioro de OSPIN (Obra Social del Personal de la Industria del Neumático). A lo largo de los diez años de la Lista Negra y del aparato del Partido Obrero al frente del SUTNA, ha retrocedido al punto de ser hoy la preocupación principal de los trabajadores, manifestándose en reclamo cobertura de tratamientos y medicaciones para los afiliados y sus familias. Las denuncias circulan a través de las redes sociales, en entrevistas y en movilizaciones. Apuntan a OSPIN y su prestadora CRISTAL.

La bancarrota que atraviesa hoy la OSPIN ha sido el tema central de la última asamblea general convocada por el SUTNA. La conducción del Sindicato obtuvo la autorización para la venta de predios inmobiliarios del sindicato para afrontar los costos de los tratamientos y las deudas incurridas. Es la primera vez en que se les da intervención a los trabajadores en un tema de gestión de la OSPIN, pero es una obligación estatutaria obligatoria en caso de enajenación.

La Lista Negra presentó la crisis de la OSPIN como el resultado de la crisis de la industria, especialmente por el cierre de Fate. Los despidos masivos y la baja de los salarios directos tuvieron, como repercusión inmediata, una baja del salario indirecto, en este caso en las prestaciones de salud. En lugar de plantear una lucha de conjunto por los puestos de trabajo y por recuperar los salarios, eligió ‘ajustar’ los planes de salud. La burocracia sindical de la CGT administra la quiebra de prácticamente todas las Obras Sociales sindicales, con el mismo método: el ‘ajuste’ del sistema de salud con vista a su privatización, mientras firma paritarias a la baja.

Fundada en 1960, OSPIN funcionó hasta el año 2010 como una obra social sindical tradicional. Ofrecía servicios elementales con una sola clínica de alta complejidad y cada zona tenía dos o tres clínicas básicas. La atención se centralizaba en los Centros de Atención al Paciente (CAPS) ubicados en los edificios de las seccionales (San Fernando, Hurlingham, Llavallol, Merlo). El vademécum de cobertura en medicamentos era muy limitado y sólo con cobertura del 40%. A partir de 2010, la conducción de la CTA y de la Lista Violeta de Wasiejko tercerizaron la atención con una prestataria que pasaría a hacerse cargo del conjunto de las prestaciones de la OSPIN. La prestadora original fue CEMIC, luego reemplazada por Provisión Salud.

Cuando la Lista Negra recuperó el SUTNA encontró deudas por 18 millones de pesos (en aquel entonces, equivalentes a más de 1 millón de dólares) acumuladas por la gestión de Wasiejko, para supuestas obras de infraestructura que tuvieron que ser refinanciadas a largo plazo. La deuda con Provisión Salud, el prestador entonces, acumulaba más de cuatro meses. La salida de la burocracia Violeta del SUTNA significó también la salida de la prestadora privada Provisión Salud.

Gestión “privada” del aparato del PO

A lo largo de los años, la Lista Negra del SUTNA fue variando continuamente de prestatarias. Al principio, mejorando las prestaciones. Con el tiempo, en cambio, el servicio se fue degradando, con impacto directo sobre la atención de los trabajadores, hasta llegar al colapso actual. La primera de ellas, contratada por la Lista Negra fue OMINT, que ofreció precios promocionales al SUTNA para hacerse del mercado, incluso mejorando las prestaciones. La selección de la prestadora fue una decisión de un grupo dirigente, asesorado por el aparato del Partido Obrero, al margen del funcionamiento de la Comisión Directiva, del Cuerpo de Delegados y de la asamblea general.

Para 2019, los precios de cobertura en dólares de la prestataria empezaron a incrementarse exponencialmente mientras los salarios habían sufrido el golpe de la devaluación. El SUTNA contrató entonces a ENSALUD, una empresa de menor reconocimiento pero que, con un precio más bajo, sostenía las mismas prestaciones. Otra vez, el método para el cambio de prestadora fue la decisión de un selecto grupo de dirigentes, al margen de los trabajadores y de la Comisión Directiva. El cuerpo de delegados, a esta altura, ya era claro que no tendría ningún funcionamiento colectivo ni participación alguna en el rumbo a tomar por el SUTNA. El lema del SUTNA cambiaría de “SUTNA Clasista” a “Crespo Conducción”.

La paritaria congelada y las horas al 200%

El retroceso salarial a partir de la pandemia volvió insostenible la tarifa de la prestadora y los niveles de atención. El SUTNA intentó, en 2022, compensar el deterioro salarial de los trabajadores con un incremento del 200% en el valor de las horas trabajadas los fines de semana. La prolongación por largos meses del conflicto, con paros aislados por quincena, no ofreció ninguna salida. La patronal respondió con el lockout.

La crisis tuvo su impacto también en la relación entre la Directiva Nacional y los cuerpos de delegados. Las empresas empezaron con descuentos a los delegados de cada fábrica de horas gremiales que el SUTNA se encargaba de cubrir hasta que llegó la crisis de recursos. El apoyo del conjunto del activismo a la Lista Negra empezó a resquebrajarse. Salvo Crespo, ninguno de los dirigentes que protagonizaron la recuperación del SUTNA en 2016 permanece hoy junto a la Lista Negra.

Los ajustes que tuvieron que hacer en ese entonces la Lista Negra y el aparato del PO no se limitaron a los delegados. Los aportes jubilatorios y a la Obra Social de los empleados de la Obra Social, del SUTNA y los miembros de la Comisión Directiva fueron retenidos por años (entre 2021 y 2025) y todavía figuran impagos.

VISITAR Salud

El posterior traspaso a la prestataria VISITAR, en junio de 2024, significó una rebaja sensible en las prestaciones para los afiliados y la discontinuación de la atención en clínicas como Sanatorio San Lucas, Clínica Modelo y el CEMIC, y en la falta de pago de los prestadores de discapacidad, atrasos en los pagos de tratamientos, dejando a los afiliados y a sus familias sin cobertura. Otra vez, el método para el cambio de prestadora fue decidido al margen de los organismos colectivos del sindicato.

La crisis financiera del SUTNA no dejó de agravarse nunca, lo cual repercutió en la Obra Social. Las patronales decidieron congelar los salarios de los trabajadores durante parte de 2024 y durante todo 2025. El congelamiento salarial dejó al SUTNA sin los recursos habituales para la Obra Social que las patronales entregaban en cada firma de las paritarias (incluso el acta-acuerdo de cambio de régimen de turnos de Fate, una verdadera reforma laboral, incluía una ‘píldora’, o sea dinero extraordinario para la Obra Social). Los aumentos salariales unilaterales otorgados por Bridgestone y Pirelli a lo largo de 2025 fueron en carácter no remunerativo, es decir que no aportan a la OSPIN. En el SUTNA la paritaria vigente es… ¡de 2024! El ciclo de paritarias que empataban a la inflación o la superaban en el margen, había concluido sin lucha.

Una salida

Siguiendo los mismos métodos, en agosto de 2025, el SUTNA cambió nuevamente de prestadora de VISITAR a CRISTAL, vigente en la actualidad. Los trabajadores del SUTNA lo califican como la debacle final. En palabras de Lucas Blans, de Pirelli, “la prestadora Cristal no está dando respuesta a los compañeros. Tenemos compañeros que tienen a sus esposas, a sus hijos que necesitan tratamientos oncológicos, que necesitan tratamientos por discapacidad y no están dando ningún tipo de respuesta. Es importante decirlo, que se haga visible. La gente necesita esos tratamientos para vivir. No se puede jugar de esa manera con la salud de los compañeros.”

El cierre de Fate en febrero de 2026 ha terminado por hacer saltar todas las contradicciones acumuladas por la gestión de la OSPIN. La quiebra de la OSPIN gestionada por “Crespo Conducción” y el aparato del Partido Obrero la terminan pagando los trabajadores y sus familias, desprovistos de las prestaciones de salud necesarias. Entre las víctimas de este derrumbe se encuentran hasta trabajadores del Neumático que formaron parte de las Comisiones Directivas del SUTNA.

En conclusión, la bancarrota actual de la OSPIN no puede atribuírsele exclusivamente a factores externos al SUTNA, sino al resultado directo de su orientación política y de sus métodos, que el aparato del Partido Obrero ha aplicado contra sus propios militantes; este aparato ha llegado a instalar el “repudio” contra las posiciones disidentes de militantes.

Es necesario que los obreros del Neumático discutan este informe y hagan llegar sus opiniones.

5 de agosto de 2026
El paro de prácticos y pilotos hizo morder el polvo a los liberticidas

Desde el domingo a la madrugada hasta el martes por la tarde, los puertos argentinos se encontraban operativos, pero no recibían barcos. El comercio exterior quedó paralizado. Los prácticos, pilotos y baqueanos dejaron de prestar servicios en rechazo al DNU 690/2026, publicado el viernes 30 julio en el Boletín Oficial, por el cual el gobierno nacional desregulaba el régimen del servicio de practicaje y pilotaje en puertos y vías fluviales, con el objetivo declarado de "reducir los costos" del comercio exterior. Sin los prácticos y pilotos los buques mercantes no pueden levar anclas, amarrar ni navegar por los ríos, ya que son quienes asesoran y supervisan desde los propios buques las maniobras que permiten la llegada y la salida de los puertos, dando las indicaciones necesarias para sortear bancos de arena, rocas y otros escollos. Los prácticos y baqueanos certifican su conocimiento de la zona y se inscriben en un registro.

Los prácticos y pilotos son profesionales independientes, no se encuentran sindicalizados, pero lograron lo que ningún sindicato del transporte pudo: paralizar el 80 % del comercio exterior durante 72 horas, dejando un tendal de más de 140 buques varados desde Ushuaia a Timbúes y cargas desviadas a Montevideo y Brasil. El gobierno liberticida intentó levantar la medida con la Prefectura Naval y fracasó estrepitosamente. El martes por la noche, finalmente, tuvo que recular y anunciar la suspensión de su propio decreto, aviniéndose a negociar una reducción de tarifas.

Como se trata de una actividad declarada "esencial", la Prefectura Nacional Argentina (PNA) intimó a 500 profesionales y, con el Código Penal en la mano, amenazó con encarcelar a los profesionales que no retomaran a sus actividades. A pesar del intento de amedrentamiento del gobierno liberticida, los prácticos y pilotos se declararon en paro por tiempo indeterminado. Es la segunda huelga, en una semana, que derrota el dispositivo antihuelgas de la contrarreforma laboral. Ya había ocurrido el lunes, con el parazo docente en todo el país.

El decreto

A pedido del “desregulador” Federico Sturzenegger, el DNU había sido ideado y redactado por abogados ligados a los intereses agroexportadores. Allí se introducían modificaciones en el régimen de practicaje y pilotaje, con el objetivo de “abrir el sector a la competencia”, eufemismo de la rebaja de los honorarios de los baqueanos. En abril pasado, cuando el gobierno adelantó el contenido del DNU, desde la Asociación Internacional de Prácticos Marítimos (IMPA) señalaron que se degradaría la seguridad del movimiento de buques, aumentando la probabilidad de colisiones, abordajes, encallamientos e interrupciones en el comercio. Desde la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos también rechazaron la desregulación del servicio y presentaron un pedido formal para frenar los plazos administrativos.

Sturzenegger, de un plumazo, se propuso eliminar “requisitos considerados obsoletos”, dando facilidades a la entrada de nuevos prestadores al servicio de practicaje y estableciendo que podrían ser contratados libremente por los usuarios, por fuera del registro de las asociaciones. El DNU también establecía que la Prefectura sería la encargada de mantener un registro "abierto" de profesionales. Incluso se autorizaba a la Prefectura por decreto a proveer los servicios de practicaje cuando “a su juicio se presenten situaciones excepcionales que impidan el normal funcionamiento del sistema” y que incluso “podrá requerir a la Armada Argentina la prestación de dichos servicios”. También se establece que “en situaciones excepcionales de crisis del sistema o fuerza mayor, podrá autorizar a capitanes de ultramar o fluviales que cuenten con certificado de conocimiento de zona a que presten el servicio de practicaje y pilotaje en forma temporaria”.

Sturzenegger justificó las desregulaciones afirmando que “la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”.

Sturzenegger mordió el polvo

Finalmente, el Gobierno abrió una instancia de negociación, en las que se acordó una reducción del 20 % de las tarifas. Se vio obligado a suspender el decreto de marras, que estuvo vigente sólo cuatro días.

Por su parte, las navieras, principales impulsoras de la "desregulación", no pudieron mover los buques, en buena medida, por temor a que ocurriera algún siniestro y las compañías de seguros deslindaran responsabilidades contractuales. El paro total de la actividad en todos los puertos del país puso al descubierto que la Prefectura no tiene capacidad operativa para reemplazar a prácticos y baqueanos.

5 de agosto de 2026
Granja Tres Arroyos cierra por 30 días su planta de Pilar
Gabriel di Blasio

A dos meses del cierre por tiempo indefinido de la planta “La China” en Concepción del Uruguay, la patronal de Granja Tres Arroyos anunció el cierre por un mes de su planta del Barrio Pinazo en la localidad de Pilar. La empresa viene de incumplir los pagos de salario que se habían acordado en hasta 10 cuotas y le debe a parte de los trabajadores dos meses de salarios y el aguinaldo.

El Sindicato de la Alimentación (STIA) venía haciendo correr la versión patronal de que el cierre en la planta de Concepción se debía a su "alta conflictividad". El STIA acordó el pago del 65 % de los salarios durante el mes de agosto, de dudoso cumplimiento a la luz de los atrasos permanentes de los pagos de parte de la empresa.

En la planta de Wade (ex Cresta Roja), perteneciente al mismo grupo empresario, dieron vacaciones forzosas a todos los trabajadores sin el pago correspondiente y hace un mes que no les pagan. Este lunes, por iniciativa de los trabajadores y ante la inacción del STIA, cortaron la autopista Ezeiza-La Plata en reclamo de un cronograma de pagos.

La empresa atraviesa una crisis financiera y tiene miles de cheques millonarios rebotados por falta de fondos. Está negociando una reestructuración. El banco Valu, que asesora a la empresa en su restructuración, plantea la venta de varias de sus plantas. Cualquier solución por parte de la patronal, ya sea reestructuración o quiebra, va a significar el cierre de plantas y pérdida de puestos de trabajo. En el caso de que consiga una restructuración para continuar, lo hará a costa de los trabajadores, con salarios en cuotas, contratos precarizados y peores condiciones de trabajo.

Los trabajadores tienen que tomar la defensa de los puestos de trabajo en sus manos. Convocar asambleas en todas las plantas y discutir la ocupación para evitar el vaciamiento y la coordinación entre todas las plantas para exigir el pago de lo adeudado.

Política Obrera Pilar llama a organizar la ocupación de toda fábrica que suspenda o despida en forma masiva, para resguardar los puestos de trabajo y la defensa de la familia obrera. La puesta en marcha de las fábricas, bajo gestión de sus propios trabajadores, es una medida DEFENSIVA frente a la guerra que Milei declaró a la clase obrera.

Distintos medios locales levantaron nuestra posición, opuesta a la parálisis en la que la burocracia sindical intenta sumir a los trabajadores.

5 de agosto de 2026
Truth Social o la corrupción a cielo abierto de la lumpenburguesía

Donald Trump creó un nuevo negocio exclusivo para su red social Truth Social, la plataforma creada después de su expulsión de Twitter y Facebook en 2021, tras el asalto al Capitolio.

A partir de este mes, la red social del presidente norteamericano comenzará a ofrecer un servicio de pago que permite a firmas financieras acceder, antes que el público general, a las publicaciones de la red. El “servicio” costará unos 100.000 dólares. Un corredor de bolsa aseguró al Financial Times que “la gente [de Wall Street] pagará porque no le queda más remedio. Si no estás al tanto de las últimas noticias, te arruinarás”. De lo contrario, podrán acceder a la ´primicia´ de medidas y disposiciones de alcance global.

Teniendo en cuenta que Trump utiliza su cuenta personal en Truth Social para realizar todos sus anuncios en materia de política y de medidas económicas nacionales e internacionales, la iniciativa implica que un grupo financiero selecto tendrá acceso antes que nadie a las decisiones de la Casa Blanca. Esto incluye las políticas arancelarias, acuerdos o treguas con países en guerra, apoyo y promoción de empresas, etc. Entre las cuentas que formarán parte del paquete de acceso anticipado se encuentran la suya propia y la de sus hijos Donald Jr. y Eric, además de funcionarios de su administración y figuras cercanas al movimiento MAGA. En síntesis, se trata de un negocio para la camarilla más cercana a Trump. Irene Aldridge, directora de Able Alpha Trading, explicó que “si fuera el director ejecutivo de una empresa que cotiza en bolsa, esto sería motivo de cárcel".

Se trata a todas luces de un caso de corrupción, pero que se ejerce a la vista de todos. Es la política de la lumpenburguesía que gobierna la Casa Blanca, que aprovecha el uso de información privilegiada y los beneficios económicos vinculados a la presidencia. Es sabido que los mercados se mueven al calor de los anuncios de Trump en su red social de manera casi inmediata. Las publicaciones del presidente en Truth Social generan movimientos en acciones, bonos y materias primas. El caso emblemático fue el del denominado “Día de la Liberación” del año pasado: tras su mensaje de imposición de aranceles mundiales, las acciones registraron importantes caídas. Pero, pocos días después, Trump comunicó la suspensión temporal de esas tarifas y publicó que "es un gran momento para comprar". El presidente norteamericano también ha realizado jugosos negocios, para él y su camarilla, con la guerra contra Irán, comprando barato y vendiendo caro acciones petroleras antes y después de cada anuncio de tregua o reanudación del conflicto. El retorno de Trump a la Casa Blanca se convirtió así en un gigantesco negociado para él y su camarilla.

Poco después de asumir, la familia Trump anunció el lanzamiento de sus propias criptomonedas ($Trump y $Melania), que le reportó al emporio familiar ingresos por más de 1400 millones de dólares, antes de desplomarse y dejar un tendal de compradores estafados (la lumpenburguesía que gobierna Argentina ha realizado sus propios negocios con el escandaloso caso $Libra, imitando aquel fraude).

Impunidad

Sin embargo, ninguno de estos casos de corrupción que involucran a Trump y los suyos se está investigando en la justicia actualmente. Recientemente, Trump anunció un acuerdo con el IRS (la agencia tributaria, un organismo dependiente de la administración que él dirige) para evitar que lo auditen a él y a su familia. El mundo de las bolsas y, más aún, el de las criptomonedas, tienen sus propios mecanismos que impiden en la mayoría de los casos rastrear el origen de las transacciones financieras que se cree que contaron con información privilegiada para operar en el mercado. Un pedido de informe sobre las operaciones financieras de los funcionarios de Trump, previo al anuncio de suspensión de aranceles del presidente, fue rechazado por la Casa Blanca. También se suspendieron los informes periódicos de transacciones en la base de datos de la OGE (Oficina de Ética Gubernamental) correspondientes a las declaraciones financieras de los funcionarios de la Casa Blanca.

En enero de este año, el militar Gannon Ken Van Dyke, sargento mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, que participó de la planificación y ejecución de la operación de secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, realizó apuestas en el mercado de predicciones por más de 30.000 dólares en favor de que Maduro sería removido del poder antes del 31 de enero de 2026, obteniendo ganancias superiores a los 400.000 dólares. Apuestas similares se produjeron durante la guerra con Irán acerca de eventos militares puntuales, aunque en estos casos nunca se ha dado con los apostadores que parecían contar con información privilegiada.

Crisis en Truth Social

Algunos medios han advertido que el nuevo negocio de Trump busca contener la sangría de pérdidas que le reporta su red social. La compañía registra pérdidas por cientos de millones de dólares y no logró consolidar sus planes de expansión en áreas como criptomonedas, servicios financieros y fusión nuclear. Desde que Trump asumió nuevamente la presidencia, sus acciones cayeron más de un 70 %.

Para el Financial Times, sin embargo, el negocio de Trump tiene vuelo corto. Las idas y vueltas del presidente norteamericano en materia de aranceles, guerra y otros temas de alcance internacional habrían elevado la desconfianza a largo plazo sobre cualquier medida anunciada desde la Casa Blanca. En la guerra con Irán, el FT asegura que “a medida que el conflicto avanzaba, se hizo cada vez más evidente que lo que Trump publicaba no siempre se correspondía con la realidad del conflicto, las conversaciones intermitentes con Irán, el eventual alto el fuego y la reciente reanudación de las hostilidades”. Los analistas de JPMorgan han analizado las cifras de las constantes publicaciones de Trump sobre la guerra con Irán y descubrieron que el impacto en el mercado ha disminuido, “ya que los operadores han aprendido que la realidad y las declaraciones presidenciales a menudo difieren”.

Algunos demócratas han denunciado la incompatibilidad de los negociados de Trump con su cargo como funcionario público. Lo que se ha vuelto realmente incompatible es la decadencia de la clase explotadora con las necesidades sociales del conjunto de la población.

5 de agosto de 2026
Kicillof suspende nuevamente la asistencia alimentaria a estudiantes

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó la extensión de la suspensión del programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), mientras la docencia se encontraba en receso, hasta fines de enero de 2027. Con esto se interrumpe la entrega mensual de cajas de alimentos básicos para más de dos millones de familias de estudiantes en situación de vulnerabilidad social.

La primera suspensión, “transitoria”, se dictó originalmente el 24 de abril de 2026 a través de la Resolución N° 842, interrumpiendo el programa por un plazo de 90 días corridos a partir del 1° de mayo de 2026.

El programa MESA fue diseñado originalmente como un refuerzo alimentario para los alumnos de nivel inicial, primario y secundario que asisten a comedores escolares bonaerenses. Al suspender este módulo extraordinario, miles de hogares en el territorio provincial pierden un sostén directo de productos secos esenciales en un contexto de alta miseria.

El gobierno de Kicillof argumenta dificultades presupuestarias derivadas de la falta de transferencias de fondos por parte del Estado Nacional. Miente cuando asegura que va a “reforzar” los comedores escolares.

Este ajuste se produce en el mismo momento en que el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, dio el cierre definitivo al programa Volver al Trabajo perjudicando a más de 900.000 personas que cobraban 78.000 pesos. El ajuste de Kicillof es complementario con el ajuste de Milei.

La burocracia sindical docente agrupada en el FUDB, en el cual militan Baradel-Torre, no ha abierto la boca ante este ataque a las infancias y las adolescencias para no perturbar las aspiraciones presidenciales de Kicillof.

Mientras tanto crecen las deudas para comer. Se calcula que 6 de cada 10 hogares se endeudan directamente para cubrir gastos básicos como alimentos y servicios públicos; son casi seis millones de personas que registran atrasos graves en sus pagos. La morosidad está en niveles históricos: 12,7 % en el sistema financiero tradicional y un 33 % en las entidades no financieras. El 42,8 % de los deudores son jóvenes de 18 a 25 años.

El ajuste es de Milei y también de los gobernadores.

Llamamos a la comunidad educativa a movilizarse y rechazar estos recortes que son un cruel ataque a nuestras condiciones de vida.

5 de agosto de 2026
Uruguay: sindicato de la construcción arranca la reducción de la jornada laboral sin afectar el salario

Después de cuatro meses de discusiones en el Consejo de Salarios y muchas medidas de fuerza, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) de Uruguay alcanzó un preacuerdo de importancia histórica por su proyección.

El acuerdo -de una vigencia de 5 años- incorpora el reclamo central del sindicato: la reducción de la jornada laboral sin afectar el salario. Establece el pasaje escalonado de 44 a 40 horas semanales hasta 2030.

Aunque el texto definitivo deberá ser reafirmado en una asamblea general del SUNCA y homologado en el Ministerio de Trabajo, este tipo de acuerdo tiene una repercusión de carácter internacional pues pone en consideración la jornada laboral de la construcción en todo el mundo.

El acuerdo sigue la tendencia de Europa donde en muchos países se ha establecido la reducción de la jornada laboral (Francia, Alemania, Austria, España, Grecia, Rumanía, Bulgaria, Polonia). Los promedios más altos rondan entre las 38,7 y las 39,8 horas semanales.

En cuanto a los salarios se estableció una proyección de inflación a 12 meses e inclusión de un componente retroactivo del 5,17 % a abonarse en tres cuotas desde abril. La inflación uruguaya se ubica en 4,5 %, pero es más alta en productos masivos y alimentos. Por eso no significa una mejora real, pero fue parte de la “flexibilización” por parte de los sindicatos para que la patronal aceptara la reducción de la jornada.

El acuerdo deja pendientes cuestiones vitales sobre la jubilación de los obreros de la construcción. Se acordó la creación de una “comisión especial” para el cómputo jubilatorio. Los obreros de la construcción uruguayos deben tener 30 años de trabajo registrado y la edad mínima correspondiente (60 años o escalonada hasta los 65 años, según el año de nacimiento). Aunque el SUNCA reclama la edad jubilatoria a los 55 años con 25 de aportes debido al desgaste físico y la discontinuidad en la finalización de las obras, este aspecto no ha sido resuelto. La “comisión especial” es una propuesta que las patronales aceptaron porque le da largas a este asunto crucial.

El acuerdo incluye el retorno inmediato a las actividades de los obreros enviados al seguro de paro a raíz del conflicto. Las patronales chantajearon al sindicato mandando a miles de trabajadores al seguro de paro que cubre sólo una parte del salario. Para los trabajadores mensuales suspendidos significa percibir el 50 % del promedio de los salarios nominales de los últimos seis meses. Las suspensiones vinieron acompañadas de intentos fuertes de carnereaje en las obras, que produjeron varios conflictos en el intento de desconocer al SUNCA.

En el desarrollo del conflicto las patronales embarraron la cancha con el destino de los fondos que aportan a las viviendas de los trabajadores, una especie de lo que en la Argentina se conoce con el nombre de “cuotas solidarias”. Las patronales acordaban esta entrega de fondos con la supervisión del SUNCA, lo que generó denuncias de corrupción en medio del conflicto y la detención de dirigentes acusados de desviar fondos. Las patronales acusaban que este dinero era desviado para un fondo económico del SUNCA y del Partido Comunista. El sindicato trató de deslindarse señalando que no era responsable de la corrupción de esos dirigentes. Los acusados esgrimieron que "robaban para la corona” y que, de hecho, estos acuerdos eran moneda corriente en los últimos años. Los diarios uruguayos jugaron fuerte en contra del conflicto, amplificando las denuncias de corrupción del SUNCA y tratando de justificar la desautorización de las medidas de fuerza, pero finalmente la firma del conflicto llega porque hay un proceso de reactivación en la construcción con los nuevos códigos de planeamiento urbano, que permiten la instalación de grandes torres en Montevideo y en el este, con centro en Maldonado.

El acuerdo tiene proyección para los trabajadores de la construcción de America Latina. Brasil y Argentina tienen semanas laborales de 44 horas, pero Perú, Bolivia y México tienen 48.

La reducción de la jornada sin afectar el salario y los cómputos jubilatorios -en Argentina, por el trabajo en negro y la evasión patronal, nadie se jubila en la Construcción- son los grandes temas pendientes,

El acuerdo del SUNCA pone en discusión estas sentidas reivindicaciones y a la vez indica, contra los sindicalistas que proclaman luchar por mayores ingresos a cambio de una mayor explotación, cómo defender la salud del trabajador.

5 de agosto de 2026
Ley de Tierras: Milei y Bullrich echan lastre

Patricia Bullrich anunció el retiro de la reforma de la Ley de Tierras cuando las chances de reunir una mayoría de votos en el Senado se habían derrumbado. En las últimas horas, se había producido una reversión “en cadena” de votos inicialmente favorables al Gobierno, entre ellos, los de Neuquén y Salta, representativos de Vaca Muerta y de la gran minería, respectivamente. El proyecto debía seguir camino a Diputados, cuando se produciría una mayor crisis en cuanto a la aprobación del proyecto, lo cual ha sido visto como una lesión “reputacional” para los pulpos beneficiarios. La confiscación de tierras y glaciares para asentamientos mineros y petroleros podría dejar de ser silenciosa y fuera de los focos, para convertirse en mayor polémica pública.

La decisión oficial de retirar el capítulo de tierras es un intento de preservar otros aspectos fundamentales del proyecto, como la disposición de desalojos exprés, la restricción a las expropiaciones “por utilidad pública” (un ataque a las ocupaciones de fábrica contra los vaciamientos capitalistas) y los cambios en la ley de Manejo del Fuego, que constituyen un verdadero indulto en favor de los intereses inmobiliarios que perpetran incendios intencionales. El retiro de la reforma de la Ley de Tierras intenta ganar un salvoconducto para evitar un voto en contra de esas disposiciones reaccionarias.

Pero el Gobierno tampoco ha clausurado el tema, que seguirá siendo tratado “en comisión”, hasta alcanzar “una fórmula enriquecedora”. No es un secreto que la reforma de la Ley de Tierras, por ahora frenada, es un traje a medida para los proyectos del fascista Peter Thiel, que necesita del suelo patagónico para avanzar en el establecimiento de centros de datos para la Inteligencia Artificial. Palantir, la empresa de Thiel, se especializa en la aplicación de la IA para la seguridad nacional e interior, algo a lo que ningún Milei va a darle la espalda. Thiel se ha instalado en Argentina para asegurar la victoria de Milei a como sea en las elecciones de 2027.

Es indudable que el retiro de la reforma de tierras es un golpe para el Gobierno. Para Milei y Sturzenegger, el proyecto era el puntapié inicial de un paquete legislativo más amplio, donde se cuenta el nuevo blanqueo –“Inocencia Fiscal”- y la reforma política para, de nuevo, manipular las elecciones del 2027. El traspié liberticida tiene lugar en un contexto de descontento creciente contra la camarilla fascista. El rechazo popular a la Ley de Tierras crecía exponencialmente, anticipando una marcha masiva para este jueves. Al mismo tiempo, las huelgas docentes de esta semana fueron concluyentes, desafiando los dispositivos que proscriben las huelgas. Los prácticos navales, después de tres días de paralización completa del embarque de las exportaciones de cereales y petróleo, le dieron otro golpe más. Un pequeño núcleo de trabajadores calificados -los prácticos- hicieron ver la fuerza que tiene un movimiento de conjunto -el mismo que los burócratas sindicales vienen gambeteando desde que asumió Milei-.

Por todas estas razones, hay que sostener una concurrencia masiva a la marcha de mañana. Es necesario colocar en la Plaza Congreso la denuncia contra la tentativa de convertir a Argentina en una plataforma territorial de la OTAN; por el retiro integral de la ley de “inviolabilidad” en favor de los usurpadores capitalistas, y por la victoria de todas las luchas y reivindicaciones obreras, comenzando por los docentes.

5 de agosto de 2026
La intervención yanqui en Brasil marcha a paso redoblado
Comité Editorial

Donald Trump le retiró la visa a la embajadora brasileña en Washington, en lo que es una cuasiexpulsión del territorio. Lo justificó como una represalia a la demora, de parte de Brasilia, al reconocimiento oficial del nuevo embajador norteamericano, Daniel Pérez, un líder republicano del estado de Florida. Itamaraty sostiene que el reconocimiento de un gusano confeso se encuentra en revisión en el marco de la ley internacional y que procederá a otorgarle las credenciales luego de las elecciones generales de octubre próximo en el país. Hace un par de semanas, el gobierno de Lula prohibió el ingreso a Brasil de los secretarios de Educación y de Derechos Humanos de Trump, que tenían la misión de supervisar la ‘transparencia’ de las elecciones, una forma descarada de intervencionismo y de golpismo. Trump desarrolla este mismo tipo de campaña en Estados Unidos, donde intentará desconocer las elecciones del 4 de noviembre, o hacerlo al menos en algunos estados claves. Trump apoya abiertamente a Flavio Bolsonaro; “el cuartel general de la campaña de Flavio Bolsonaro se encuentra establecido en Texas”, dice un periódico de São Paulo.

En esta misma línea se mueve Javier Milei, que ya ha anunciado una reunión continental de los países que han suscripto el Escudo de las Américas impuesto por Donald Trump. El propósito declarado de esta conspiración abierta de las más altas autoridades de los estados es declarar el apoyo al fascismo brasileño. En este marco, la cancillería de Brasil ordenó el retiro de su embajador en Buenos Aires, lo cual anticipa el veto a cualquier ingreso al país vecino de las huestes de Santiago Caputo y Karina Milei, dos jefes de la camarilla fascista de Argentina. En el lapso de unos breves meses, la guerra civil que impulsa Trump en América Latina ha encontrado su cauce en el campo político-diplomático. Trump ha vuelto a desatar una guerra arancelaria contra Brasil y sanciones financieras, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara la inconstitucionalidad de los llamados “aranceles recíprocos” que aplica Trump sin autorización del Congreso.

La desestabilización política de Brasil, un objetivo estratégico de Trump, es el punto de partida de una agresión militar del imperialismo contra este país. Las Fuerzas Armadas de todo el subcontinente serán emplazadas a actuar en sus países al servicio de intereses extranjeros, sin que esté presente un declarado enemigo internacional. El propósito es convertir al mundo entero en un Protectorado y, en primer lugar, a América Latina.

Las represalias y contrarrepresalias de Lula no constituyen una defensa nacional a la altura de las circunstancias. No convoca a la movilización popular con el argumento de “no hacerle el juego” a la provocación. Tiene la expectativa en que las inminentes elecciones en Estados Unidos representen una fuerte derrota de Trump; por otro lado, se recuesta en el apoyo de China, que ha denunciado la “intromisión” de EE. UU. en Brasil. En definitiva, junto con la guerra mundial avanza la crisis de dominación internacional del régimen capitalista. La oportunidad que se ofrece es para producir una gran derrota del imperialismo, porque la oportunidad bien entendida, no el oportunismo serial, es el momento histórico excepcional -por otra parte, inevitable- en que la crisis de dominación ‘por arriba’ se combina con la intolerancia completa “desde abajo”, con las condiciones existentes.

Para poner fin a los Milei, Bolsonaro y Trump es necesaria la unidad de acción de los obreros y trabajadores de Argentina y Brasil en las actuales circunstancias.

6 de agosto de 2026
Joaquín Pacheco, compañero de lucha

El domingo 2 de agosto falleció Joaquín Pacheco, compañero y amigo de quienes construimos Política Obrera.

Joaquín se vinculó al Polo Obrero desde sus primeros pasos, acompañando la conformación de la organización. Aunque atravesó un período de alejamiento de la actividad política, nunca dejó de mantener un vínculo activo, colaborando y participando como simpatizante.

Ante la crisis y las expulsiones que dieron lugar a Política Obrera, Joaquín no dudó en tomar posición junto a nosotros. A pesar de la larga enfermedad que lo afectaba, asumió la militancia y se incorporó a la construcción de la organización.

Su espíritu optimista, su generosidad y su actitud solidaria fueron rasgos que lo distinguieron. En los últimos años, aun cuando su salud le imponía limitaciones, buscó siempre la forma de estar presente y aportar a la lucha colectiva.

La vida de Joaquín expresa también la historia de tantos compañeros que, desde distintos lugares y circunstancias, sostienen con compromiso y fraternidad la construcción de una organización revolucionaria.

Lo despedimos con tristeza, pero también con el orgullo de haber compartido con él un camino de lucha y compañerismo.

Hasta la victoria, compañero Joaquín.

6 de agosto de 2026
Universidad: la contrarreforma educativa viene marchando

El segundo cuatrimestre empieza con el gobierno incumpliendo todos y cada uno de los acuerdos y fallos con los que terminó el primero.

De la ruinosa acta acuerdo que firmara a principios de junio junto a los rectores y la burocracia, solo ejecutó lo referido a los salarios: el 21% de julio que consolida la confiscación de otro tanto por ciento. Omitió los aumentos de becas, gastos de funcionamiento y presupuesto para hospitales universitarios. Respecto a los fallos judiciales, después de desconocer los de primera y segunda instancia, desconoce también el de la Corte Suprema que dejó firme la cautelar por la Ley de Financiamiento.

Tal y como señalamos en su momento, el gobierno usó el pacto con el CIN y los gremios para incumplir el fallo de la Corte. Solo que, acto seguido, también pasó a desconocer ese mismo acuerdo. Para la universidad y sus trabajadores, ni el pan ni las migajas. Esto explica por qué, a casi dos meses de la maniobra que buscó cerrar el conflicto, éste siga abierto.

Pero el gobierno no se limita a incumplir leyes, también motoriza las propias. Tiene en agenda el proyecto de Ley de Libertad Educativa, un engendro reaccionario que fija esquemas de financiamiento arbitrarios, abre la puerta a la mercantilización desembozada para la generación de "recursos propios" (arancelamiento, privatización, convenios con empresas) y profundiza el carácter expulsivo de la educación superior con regímenes de regularidad a fijar por el Ejecutivo. Si a esto le sumamos el desembarco de los créditos universitarios (SACAU) impulsados por el CIN y el arancelamiento de la oferta académica estimulada por decanos y rectores, entonces tenemos una contrarreforma educativa en toda la línea.

El gobierno acompaña el impulso legislativo a estas medidas con una agitación fascistizante sobre la universidad. El desfinanciamiento y la privatización es la premisa para la represión del pensamiento crítico en las aulas y pasillos. Milei quiere eliminar el “adoctrinamiento comunista” para desembarcar con las “teorías” y doctrinas de los pseudoacadémicos fascistas que lo secundan desde las cavernas libertarias. Como para no dejar dudas de estas intenciones, terceras líneas de agitadores libertarios se constituyeron en grupo de choque para vandalizar facultades y atacar estudiantes. El partido de gobierno no ha desmentido (tampoco podría) la presencia de sus militantes en estas provocaciones.

Todo está planteado, por lo tanto, para un relanzamiento de la lucha universitaria. Debe pasar, claro está, por el tamiz de la crítica a lo hecho hasta ahora. Quedan en el filtro la actuación de las direcciones sindicales y estudiantiles, y la de los rectores, que han bombeado cualquier profundización de los paros, convocados a cuentagotas. La perspectiva de la autoconvocatoria, de la asamblea y la huelga universitaria hasta que se cumpla con la ley se mantiene tan vigentes como antes. La experiencia de la huelga en Exactas-UBA muestra que es posible, pero también que es necesario generalizarla para impactar de conjunto.

6 de agosto de 2026
Mega incendios en el hemisferio norte, entre el cambio climático y la guerra mundial

Los incendios forestales de este verano boreal han dejado a la fecha un total de 6.000.000 de hectáreas arrasadas por el fuego en Europa y América del Norte (Noticias ONU, 30/07).

En Francia, la superficie devastada fue de 116.000 hectáreas. “La mayor desde la segunda guerra mundial” (afirmó La Nación, 28/07). Para tener una magnitud de este alcance, equivale a seis veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Del otro lado de los Pirineos, en España, fueron 200.000 hectáreas incendiadas a nivel nacional (France 24, 29/07) con epicentro en las provincias de Madrid y de Ávila en el centro del país. En total, los evacuados en ambos países superaron las 370.000 personas. En Grecia, en solo cinco días, los incendios arrasaron 18.000 hectáreas (ABC, 5/05). Esto sólo alcanza para dar cuenta de la magnitud del desastre.

Según los especialistas, la coyuntura climática europea de este año combinó dos circunstancias relativamente excepcionales, aunque vinculadas ambas al calentamiento global: una primavera muy lluviosa que favoreció un crecimiento inusual de pastizales y matorrales que, con las temperaturas extremas de mayo y junio, fueron el combustible de los incendios.

El balance del otro lado del Atlántico es aún más grave: casi 1,85 millones de hectáreas carbonizadas en EE.UU. y 3,8 millones en Canadá, con decenas de incendios gigantes todavía fuera de control. En el día de ayer, miércoles 5, el gobierno de EE.UU. prorrogó el Nivel 5 de alerta máximo con 94 grandes incendios activos (teleSUR, 5/07).

Calentamiento global y nuevo régimen de incendios forestales

La Comisión Europea calcula que los “incendios de gran magnitud” -aquellos que superan las 500 hectáreas- se duplicaron durante las últimas dos décadas. Se estima que aumentarán otro 33% hacia 2050 y más del 50% hacia finales de siglo.

La producción de megaincendios es una tendencia de las últimas décadas. El 43% de los 200 incendios más devastadores de los últimos 44 años ocurrieron en la última década, y desde 2015 la frecuencia de eventos extremos se duplicó, marcando un nuevo patrón. El megaincendio más importante fue el de Australia (2019-2020) arrasando 24 millones de hectáreas (240.000 km², ¡el equivalente a la superficie del Reino Unido!).

Calentamiento global e incendios son fenómenos que se refuerzan mutuamente. El CO₂ es un gas de efecto invernadero, es decir, capaz de absorber parte de la radiación solar que la superficie terrestre refleja. Cuando aumenta, aumenta también la retención de calor en la atmósfera. A su vez, este calentamiento favorece los incendios ya que aumenta la sequedad de suelos y tejidos vegetales, y el incendio produce emisión de CO₂, estableciéndose así un ciclo vicioso. Si el aumento en los niveles de CO₂ por el consumo de combustibles fósiles es lineal, el debido a incendios es exponencial (no sólo crece si no que lo hace con velocidades crecientes).

Pero, además el peso específico de los incendios en la producción de CO₂ está aumentando. Entre 2001 y 2023, las emisiones de CO₂ por incendios aumentaron un 60% a nivel mundial y las de los bosques boreales de Europa, América del Norte y Asia Central casi se triplicaron (Noticias ONU, 30/07).

Despoblamiento rural e incendios

Particularmente en España, un factor que ha agravado el riesgo de incendios es el abandono de los campos. Un investigador de la Universidad de Alcalá señala que la migración por décadas de población rural a la ciudad ha transformado la flora en varias regiones. El reemplazo de tierra cultivada por pastizal y el crecimiento de arbustos favorece la frecuencia de incendios y su expansión.

Según un estudio de la Real Academia de Ingeniería de España, el país asiste a una “nueva era de megaincendios” (La Nación, 31/07).

La combinación de los procesos de calentamiento global y de abandono del campo por varias generaciones es## clave en el desarrollo de incendios forestales en la región. El antagonismo campo-ciudad, propio del desarrollo capitalista, se entrelaza con el calentamiento global en esta “nueva era de megaincendios.” La mecanización agrícola que redujo la necesidad de fuerza trabajo, la falta de infraestructuras y servicios básicos (concentrados en las ciudades) dificultó la permanencia de la población en los pequeños municipios. Este proceso de éxodo rural sostenido por generaciones ha dado origen a la denominación de la “España vaciada.” En la actualidad, el territorio así referido ocupa el 90% del país (Fundación BBVA, informe 2022, “Despoblación en España”).

Competencia capitalista y guerra

El CO₂, principal gas de efecto invernadero, hoy es un 50% superior al de hace un siglo. Según el climatólogo ecuatoriano Raúl Cordero “vivir con la misma atmósfera de hace un siglo atrás será imposible y recordó que “entre 2015 y 2025 resultaron ser los años más cálidos”, de acuerdo a lo informado por la Organización Meteorológica Mundial (La Nación 3/08).

En la entrevista señaló que la única salida es la sustitución del uso del combustible fósil por energías renovables. Pero esta transición energética está sujeta a la competencia capitalista, la guerra comercial y a término la guerra mundial en desarrollo. Es lo que explica la incapacidad de la COP, la cumbre sobre el Cambio Climático de la ONU, para ´imponer´ a sus Estados miembro la transición energética.

El caso de la industria automotriz alemana es ilustrativo. A la exigencia de la UE de que Alemania acelere la transición de la fabricación de autos con motores de combustión a autos eléctricos, el canciller alemán Mertz respondió que una protección climática que ponga en riesgo la base industrial de Alemania es inaceptable (El País, 19/11/25).

El abandono del Acuerdo de París por parte de EE.UU., que afirma el propósito de limitar el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2°C respecto a los niveles preindustriales, se inscribe en la guerra comercial con China (que fabrica el 80% de los paneles solares del mundo y domina la producción de baterías de litio y el mercado de autos eléctricos). Si EE.UU. subsidiara la transición hacia las energías renovables, terminaría dependiendo de componentes e insumos chinos. Además, con su política de “drill, baby, drill” ("perforen, chicos, perforen…") y los “acuerdos” de compra de GNL que Trump viene imponiendo, busca detener el desarrollo de la industria de las renovables de China y darle salida a la producción de hidrocarburos de EE.UU. En poco tiempo, EE.UU pasó de ser importador neto a exportador neto de combustibles fósiles. La guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, y el veto de EE.UU a los gasoductos Nordstream I y II, dejó a la Unión Europea sin suministro de gas barato y la obligó a la dependencia del GNL norteamericano.

La misma guerra entre la OTAN y Rusia en Ucrania hasta febrero de 2025, ha generado 229,7 millones de toneladas de CO₂ (el equivalente a lo que generan en un año 120 millones de autos de combustible (Climática, 24/2/2025).

La competencia capitalista y en su limite la guerra entre Estados imperialistas, hace inviable la reversión del cambio climático. Sólo un dominio racional sobre la naturaleza basada en la propiedad social de los principales medios de producción en una planificación socialista de la economía mundial será capaz del desarrollo científico y tecnológico para reducir realmente las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global.

6 de agosto de 2026
Malvinas: la israelí Navitas y la británica Rockhopper avanzan en la explotación del yacimiento Sea Lion

En diciembre pasado, las autoridades británicas aprobaron la comercialización del yacimiento Sea Lion, situado a 220 kilómetros de Puerto Argentino. Su desarrollo estuvo frenado durante quince años por sus costos y los riesgos jurídicos que conlleva su localización en una zona en disputa. Navitas -empresa de capitales israelíes- tiene el 65 % de la operación, mientras que el 35 % restante pertenece a su socia británica Rockhopper Exploration. Ambas empresas aprobaron la primera fase del proyecto para extraer 170 millones de barriles (entre 55.000 y 80.000 diarios); en una segunda etapa alcanzaría los 319 millones de barriles, de un total estimado de 917 millones. Esto representa un tercio de la producción de Vaca Muerta. Se estima que la explotación se extendería durante más de treinta años.

Se trataría del principal yacimiento petrolero del Reino Unido, luego de la caída de la producción de sus bases ubicada en el Ártico. De ese modo, las Islas Malvinas pasarían a ser autosustentables, incluso superavitarias, a diferencia de lo ocurrido hasta ahora.

Las islas ocupan una posición estratégica en el Atlántico Sur, en el escenario de la guerra mundial, por el control que ofrecen de la conexión hacia el Pacífico, el acceso a la Antártida y a las rutas del Cabo de Hornos.

Desde 1985, Inglaterra mantiene en las islas la base de RAF Mount Pleasant, con capacidad para recibir aviones de combate, transporte estratégico y fuerzas de despliegue rápido. La explotación petrolera contribuiría a sostener esa presencia militar permanente e incluso aumentarla.

El gobierno de Milei ha declarado que considera esto un asunto "entre privados y los isleños". Las empresas aseguran que el proyecto avanzó "sin ninguna interferencia" del gobierno argentino (La Nación, 5/8).

Hasta ahora, las islas cubren parte de su presupuesto gracias a las licencias de pesca. Con el proyecto Sea Lion, sus ingresos se multiplicarán.

Los proyectos de explotación petrolera en esta cuenca no son una novedad. Luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y la Argentina en 1990, el gobierno de Carlos Menem allanó el camino. En julio de 1997, el gobierno británico y las autoridades coloniales de la isla otorgaron formalmente la licencia PL001 a un consorcio internacional liderado por la estadounidense Amerada Hess, en el que participaban Shell, Lasmo y la firma británica Argos Resources Limited. Tras perforar sin éxito en 1998, las multinacionales abandonaron el área, pero Argos retuvo la licencia. Recién en 2023, la empresa británica vendió la licencia a la canadiense JHI Associates. Finalmente, en 2026, la israelí Navitas Petroleum asumió el 65 % del control operativo y la británica Rockhopper Exploration absorbió el resto.

La petrolera israelí Navitas Petroleum fue fundada y es dirigida por Gideon Tadmor, quien se ha especializado en la explotación de territorios marítimos usurpados. Tadmor también es CEO de la empresa que explota gas en el Mediterráneo Oriental, en Leviatán, frente a las costas de Gaza, cuyo territorio se encuentra ocupado por las fuerzas armadas israelíes en un 70 %. Con ese yacimiento, Israel no solo cubre su consumo interno de gas, sino que exporta el excedente hacia Egipto y Jordania. Navitas, además, cuenta con instrumentos financieros en las bolsas de Tel Aviv, Londres y Estados Unidos. Tadmor se jacta abiertamente de saltarse las normas internacionales y las resoluciones de la ONU.

En abril se filtró un correo electrónico del Departamento de Guerra de Estados Unidos, publicada por la Agencia Reuters, donde se le sugería a la administración republicana la "suspensión" del apoyo a Reino Unido en el reclamo de las islas como represalia por no haber acompañado a Trump en su guerra con Irán. Aunque nunca fue reconocido oficialmente por el gobierno norteamericano, el gobierno de Milei se refiere a su posición rastrera frente al trumpismo como "la llave" para recuperar la soberanía argentina sobre las islas. En una entrevista radial reciente, Milei sostuvo: “Estados Unidos ha cambiado su visión estratégica del mundo” y agregó que Washington necesita “un aliado confiable -en referencia a su propio gobierno- en lo que es el paso del Atlántico al Pacífico”. La "doctrina Donroe" apunta a convertir el continente americano, desde el extremo sur hasta Groenlandia, en un protectorado del imperialismo yanqui.

6 de agosto de 2026
Kicillof, reivindica la autonomía provincial, no el derecho de huelga

El paro nacional docente del 3 de agosto dejó al desnudo una nueva disputa entre el gobierno de Javier Milei y el de Axel Kicillof. Mientras la Secretaría de Trabajo nacional pretendió realizar inspecciones en las escuelas para verificar el cumplimiento del 75% de prestación mínima impuesto por la Ley de Modernización Laboral, la Dirección General de Escuelas bonaerense ordenó impedir que los funcionarios nacionales recabaran información en los establecimientos.

El gobierno de la Provincia rechazó las inspecciones alegando que la Nación "carece de jurisdicción directa sobre las escuelas de gestión provincial" y que el control de los establecimientos corresponde exclusivamente a la provincia. En el comunicado enviado a las autoridades educativas instruyó que, "ante cualquier requerimiento de informes de origen nacional, limitarse a señalar la falta de competencia de la Secretaría Nacional" y ordenó a inspectores y directivos abstenerse de "realizar cualquier tipo de declaración y suministrar información a agentes de extraña jurisdicción respecto de instituciones educativas provinciales".

La argumentación de Kicillof no cuestiona la ley de servicios esenciales ni el ataque al derecho de huelga. Selimita a que "la Constitución Nacional prohíbe que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias" y denuncia apenas "un avance ilegítimo sobre la autonomía local". Lo que hace un organismo nacional es atributo de uno provincial.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, sostuvo que impedir el acceso de los inspectores constituye "obstrucción de la autoridad" y advirtió que "si no se cumple, se inicia un proceso concreto y específico para aplicar todas las sanciones que correspondan". Las sanciones sobre las organizaciones sindicales, podrían derivar, en casos reiterados, en el retiro de la personería gremial.

El historial del gobierno de Kicillof está plagado de descuentos salariales, amenazas, amedrentamiento, contra los docentes que han ejercido el derecho de huelga en la provincia.

Los hechos más recientes vuelven a demostrarlo. Mientras cuestionaba que la Nación fiscalizara el paro docente, las autoridades bonaerenses dispusieron que los equipos directivos de las escuelas relevaran qué docentes habían adherido al paro del 4 de agosto convocado por los sindicatos opositores. Es decir, al mismo tiempo que rechazaba las inspecciones nacionales en nombre de la autonomía provincial, el propio gobierno desplegaba un protocolo de control sobre quienes ejercían el derecho de huelga contra su administración.

6 de agosto de 2026
Los economistas abren el debate sobre una devaluación

La insistente promesa de Luis Caputo acerca de los “mejores 18 meses por venir” acaba de recibir un nuevo aplazo. Al menos cinco de las principales consultoras económicas coinciden en pronosticar para el segundo semestre del año una caída de entre el 0,5% y el 1% en el nivel de actividad, respecto de lo registrado en el primer trimestre. Esta caída desmiente en forma definitiva a las promesas oficiales de un 5% de crecimiento para todo el año, que el FMI había bajado después al 3,5%. Pero el veterano Miguel Angel Broda juzga "difícil” incluso una suba del 2%, como se conformarían los funcionarios del gobierno. Los datos de producción son lapidarios para la construcción y para el patentamiento y la industria automotriz. Las consultoras celebran el crecimiento (6%) de “la intermediación financiera, sin entender que este ‘valor agregado’ es un destructor de valor, porque se refiere a los intereses de la deuda pública y de los préstamos de bancos y financieras a la industria y a los consumidores. Volviendo a Broda, advirtió que “los motores (de la economía) están muy averiados”.

Desplome fiscal y financiero

En los últimos meses, el meneado superávit fiscal, pilar de la deflación”, se ha evaporado. Ha caído la recaudación de impuestos vinculados a la actividad económica -el IVA en primer lugar. En julio hubo un aumento de la “deuda flotante” del Estado (con los proveedores) que ha llevado el total al equivalente de unos 2500 millones de dólares. El Tesoro se ha convertido, de este modo, en un activo promotor de la insolvencia.

La Central de Deudores del Banco Central registra a junio a seis millones de personas con moras mayores a 90 días, casi el 30% de todos los que han solicitado algún tipo de préstamo. La consultora EconViews, por ejemplo, sostiene que los bancos enfrentan la situación en un estado patrimonial “saludable”, en referencia a la “elevada cobertura” , como se denomina a la inmovilización de activos líquidos para hacer frente a los impagos previstos. Pero por estos activos, los bancos pagan una tasa de interés a sus depositantes, una pérdida enorme que ‘cubren’ con una mayor tasa de interés al resto de sus clientes y al estado (deuda pública)

Deuda pública y reservas

La reciente visita de Kristalina Georgieva derribó la expectativa de nuevos refinanciamientos del Fondo para los vencimientos de deuda del próximo año y medio. En su "plan” financiero, Caputo esperaba patear hacia adelante unos 4000 millones de dólares de vencimientos con el FMI. Pero Georgieva desconoció esa bicicleta, y reclamó “comprar y comprar reservas” para pagar ‘cash’ esos vencimientos. Pero la compra de reservas por cualquier banco central no es gratuita, porque se hace con la adquisición de nueva deuda con el sistema bancario. Broda lo resumió de esta manera: tenemos “un sistema financiero concentrado en canalizar los depósitos hacia la compra de deuda del Tesoro y del BCRA”. Para evitar que este endeudamiento se traduzca en una devaluación, el Banco Central se está endeudando en el mercado de futuros, donde subsidia la cotización del peso mediante un endeudamiento oculto, o sea que no registra la garantía o cobertura de su pago.

Devaluación

En este cuadro, varios economistas reclaman la salida de una devaluación. Roberto Frenkel la justifica para que “exporten otros sectores” más allá del agro o la energía. Broda se ha subido a ese carro; acusa al gobierno de no querer devaluar porque está “aferrado a una baja de la inflación”. Milei ha declarado hace poco su inclinación por la deflación, para expulsar del mercado a las empresas que no serían competitivas. La deflación (dólar barato) es el truco para reducir el valor de la deuda pública en pesos, con el propósito imposible de redimirla por completo. El “modelo” de Caputo se manifiesta en quiebras industriales, insolvencia del crédito y de la banca, y alienta las fusiones y adquisiciones de compañías, un mercado que se muestra muy activo. Pero Broda ha advertido que la reelección de Milei “va a ser dura” bajo el régimen actual, sin percibir que sería definitivamente imposible si hace lo contrario. Milei está atado a la deflación como Cavallo lo estuvo a la convertibilidad. Por eso la supervivencia de la camarilla libertaria depende de la ofensiva de toda la reacción política, incluido el golpismo militar, a escala de América Latina. El desenlace plantea una lucha de clases a escala internacional.

6 de agosto de 2026
Milei impone la ley de propiedad privada con la complicidad de toda la oposición

A pesar del apartamiento del capítulo de la Ley de Tierras, una multitud enorme, combativa y resuelta se movilizó el jueves 6 para repudiar y aplastar la Ley de Propiedad en su conjunto. Las divergencias sobre extranjerización de tierras con los gobernadores, celosos de que el negociado quedara en sus manos, quedaron suspendidas para mejores tiempos. Ninguna fracción opositora llamó a una movilización para dejar el conjunto de la ley fuera de agenda. Es lo que han aprovechado los Milei, Peter Thiel y sus secuaces para imponer la aprobación del 75% restante y dejar en bandeja la cuestión territorial. Milei ha surfeado el masivo repudio de la población trabajadora con la ayuda de los que miran el calendario de las elecciones de 2027. El pueblo movilizado bajo el frío, la lluvia y el sabotaje político, tiene una nueva cuenta en la suma de agravios de la clase capitalista. Al enviar el capítulo de tierras a comisión, Milei lo mantiene en la agenda parlamentaria. La parte referida al fuego autoriza a la venta de tierras afectadas y alienta los incendios intencionales. Es una ley de desalojo y de extranjerización, simultáneamente.

El peronismo mocionó para enviar todo el proyecto a comisión, con la excusa de regatear el plazo para el desalojo sumario de inquilinos deudores o los cambios en la Ley de Fuegos previstos en beneficio de los intereses inmobiliarios. El rechazo a este planteo derivó, esta vez sin controversia y con la anuencia del kirchnerismo, en el envío a la Comisión de Asuntos Constitucionales del pedido de los senadores Ana Fernández Sagasti (PJ) y Flavio Fama (UCR) para participar de manera remota de la sesión La determinación del oficialismo para continuar el debate hace prever que ha reunido los votos necesarios para darle media sanción a su proyecto esta madrugada.

Fuera del recinto, una enorme movilización se reunió frente al Congreso desde las primeras horas de la tarde. A pesar de la persistente tormenta y de que se hubiera retirado del temario la llamada "ley de extranjerización de tierras", convertida en el eje de la concentración convocada para hoy, una multitud copó la plaza. Muy temprano, en las redes sociales se palpitaba la voluntad de sostener la convocatoria para repudiar el conjunto del proyecto.

Mientras, del otro lado, una masa -con gran presencia juvenil- se mostraba determinada a propinarle una derrota política a los liberticidas; la burocracia sindical, apenas se mostró en la manifestación.

Cuando comenzaba la desconcentración, la policía arremetió ferozmente con gases y balas de goma. La represión se extendió por horas, no sin dificultad, debido al empeño de muchos manifestantes por resistir el desalojo. Columnas improvisadas marcharon a Plaza de Mayo. Al cierre de esta nota no se sabe aún la cantidad precisa de detenidos, pero habría sido numerosa. Una fotógrafa sufrió heridas graves y fue hospitalizada.

La multitud que acudió al Congreso -y muchos que no concurrieron por el anegamiento de los barrios y la inclemencia climática, no consiguió su propósito. El aparato peronista 'se quedó en casa' para que la movilización fuera derrotada políticamente. Milei escapó de un golpe que podía haber sido decisivo.

LEER MÁS:

Ley de Tierras: Milei y Bullrich echan lastre A Plaza Congreso, por el retiro total del proyecto de “inviolabilidad” de la propiedad privada, 05/08/2026.

7 de agosto de 2026
Se acelera la inflación en un marco deflacionario y de depresión económica
Redacción

Para un gobierno que se jacta de que el Banco Central no está financiando al Tesoro, ni emitiendo, por lo tanto, moneda “espuria”, el 2.9 % de aumento mensual de precios en CABA, en julio, es un revés fundamental. Por lo pronto, representa un aumento del 55 % respecto a la suba de junio, cuando orilló el 1,8 %. Al cabo de tres años de gobierno, Milei y Caputo contabilizan una inflación anual de precios arriba del 35 %. El viernes próximo se conocerán los datos del INDEC, que deberían ser levemente inferiores, aunque elevados, porque subestiman la importancia del gasto en servicios de parte de la población. En CABA, se situaron por arriba del promedio con un 3,8 %.

Esto ocurre en el marco de una política monetaria reputada como “prolija”, de modo que no se le puede atribuir la responsabilidad por el salto inflacionario. Los bancos, por otro lado, guardan un 41 % de los depósitos en una obligada reserva mínima y, en lugar de créditos, destinan el dinero a la compra de títulos públicos. La demanda de consumo e inversión se encuentra en retroceso, como surge de la recesión de la producción. Una depresión de esta magnitud llevó al economista y especulador financiero Ricardo Arriazu a la conclusión de que, en este marco de deflación monetaria, la cotización del dólar caería como una piedra si se liberara el mercado de cambios. Una opinión caprichosa, porque la restricción cambiaria apunta contra la salida de dólares por dividendos retenidos y utilidades empresarias en general, no contra la entrada de divisas. El mismo Arriazu, un exfuncionario de Cavallo, se declara contrario a la “flotación” del tipo de cambio. La salida de dólares se encuentra asimismo frenada por la elevada tasa de interés interna. Las corporaciones no recurren al crédito local sino al internacional.

Ahora bien, los que subieron fueron los precios regulados, que son fijados por el estado, del 2 al 3 %: un 50 %. Es lo que ha ocurrido con la electricidad; los libertarios apuntan a liberar por completo las tarifas, que han venido subsidiando en beneficio de los dos monopolios principales de provisión. Además, la importación de gas licuado se ha hecho más cara como consecuencia de la guerra mundial; cuando se alcance el abastecimiento interno, la tarifa no bajará en absoluto (es un ´commoditie´ internacional) sino que irá a los bolsillos de los accionistas de Vaca Muerta. En definitiva, la inflación de precios continúa en alza en Argentina, en el marco de una política monetaria deflacionista. Milei ha tomado el cuidado de asegurar que el Banco Central no saldría al rescate de ninguna entidad financiera, para evitar que las patronales financieras que se encuentran acorraladas recurran a convocatorias de acreedoras con la expectativa de que el estado las rescate. Contraviene con esto una regla básica del sistema, que define al Banco Central como el rescatista de última instancia.

Otro grupo de economistas y financistas reclama, por el contrario, una devaluación. Esto significa, en primer lugar, abrir la puerta de salida a los dividendos e intereses retenidos y a un retiro del Banco Central de la regulación del dólar futuro. La intención es reavivar el comercio interno mediante el encarecimiento de las importaciones; pretenden también que la demanda residual de inversiones del exterior ‘desparrame’ hacia la mediana industria local. Por medio de este laberinto, tienen la expectativa de producir un aumento gradual de salarios y del consumo personal. Por último, reactivar la obra pública mediante el incentivo estatal. Todo esto, obviamente, encarece la deuda pública dolarizada o ajustada al dólar; produce un desarme de la deuda en pesos; y obliga a cualquier candidato con posibilidades de llegar al balotaje, a recomenzar una negociación con el FMI y el Tesoro norteamericano, bajo cuerda. Un enorme impasse político.

7 de agosto de 2026
Los debates en el SUTEBA Bahía Blanca

El miércoles 5 de agosto se llevó a cabo la asamblea del SUTEBA Bahía Blanca para hacer un balance y definir la continuidad del paro de 48 horas, según lo resuelto en una asamblea anterior. Participaron 900 docentes, con la utilización de una licencia gremial otorgada por el sindicato para los que trabajan en turno mañana y turno tarde.

El primero punto de la asamblea fue la resolución por unanimidad de una nueva jornada de protesta, el jueves 6 de agosto, para participar de la movilización contra las reformas de la ley de tierras y la “inviolabilidad de la propiedad privada”, que contó con masiva participación de docentes.

En cuanto al balance del paro de 48 horas y perspectivas, la conducción Multicolor afirmó que la adhesión al paro nacional del 3 de agosto fue superior al 90 %. Ese día se convocó a un acto en la plaza central de la ciudad del cual participaron, además del SUTEBA Bahía Blanca, representantes de otros sindicatos docentes del FUDB, de ATE y ADUNS. La concurrencia de docentes fue escasa.

El informe sobre el paro del martes señaló cayó al 65 %. En este marco, la conducción abrió el debate de la asamblea sin ninguna propuesta concreta. La Marrón/PTS, sostuvo que la huelga docente toma de “rehenes” a los alumnos. De conjunto, la Multicolor fue a la asamblea con el planteo de levantar las medidas y posponerlas a un tiempo incierto.

La Tendencia Docente Clasista hizo las siguientes propuestas. En la perspectiva de una huelga indefinida, propusimos convocar a un plenario provincial de delegados de base con mandato para el viernes 14. Propusimos, dada también que estábamos teniendo una asamblea masiva, seguir con el paro desde el SUTEBA Bahía Blanca

La votación fue finalmente por unanimidad en torno a recopilar mandatos de escuela y convocar para la próxima semana a una reunión de delegados para definir las nuevas medidas, junto con la propuesta de realizar un plenario provincial de delegados con las seccionales opositoras. En cuanto a continuar con el paro desde el SUTEBA Bahía Blanca, no sometimos esa moción a votación.

7 de agosto de 2026
Argentina: 12,8 millones de pobres

Los nuevos datos de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) marcan que, en el primer trimestre del 2026, 600.000 personas cayeron debajo de la línea de pobreza por el derrumbe de los ingresos frente a la inflación. Los datos duros desmienten la caída de la pobreza que el mileísmo propagandeó durante un año y medio. Por el contrario, mantiene un ritmo ascendente y todo indica que el segundo trimestre marcará una nueva suba del índice. En total, la pobreza abarca a casi 13 millones de personas.

Esto ocurre a pesar de las manipulaciones estadísticas, especialmente por la subvaloración de gastos en el cálculo de la canasta de consumo. Por ejemplo, la canasta actual estima en 6 % el gasto hogareño en el pago de servicios, cuando debidamente actualizado ronda el 15 %. El gobierno sostiene deliberadamente este subregistro, desde que optó por la no aplicación de la Engho 2017/2018, detonando la salida del anterior director del INDEC, Marco Lavagna.

La propaganda oficial afirma que 12 millones de personas salieron de la pobreza en 2025. La consultora ExQuanti señala, en cambio: “En primer lugar, se observa un aumento extraordinariamente rápido y explosivo del número de personas pobres, que pasa de alrededor de 18 millones a un máximo de 25,7 millones durante el primer trimestre de 2024 (...) posteriormente, se registra una disminución igualmente significativa, que reduce el total hasta un mínimo de 12,8 millones hacia el tercer trimestre de 2025 (...) sin embargo, esa recuperación no logra consolidarse y, en los dos últimos trimestres, la serie vuelve a mostrar una trayectoria ascendente de la pobreza, alcanzando a 14,6 millones de personas en el primer trimestre de 2026”. ExQuanti coloca la pobreza en 30,7 % para los tres primeros meses y seria de 32,6 % en el segundo trimestre del 2026.

El CEDLAS (Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales) coincide en que "la pobreza se habría incrementado en casi 2 puntos, de 28,2 % a 30,1 %, entre los semestres julio25-diciembre25 y octubre25-marzo26”, debido a una caída del ingreso familiar real del -4,6 % en medio año.

En el mismo sentido, el Observatorio de la UCA señala "una tendencia al aumento, con lo cual estamos emparejándonos con la situación que se experimentaba después de la pandemia o antes de la crisis inflacionaria de 2023”. En la Universidad Di Tella también coinciden con que la pobreza tocará el 31,6 % cuando lleguen los datos de la primera mitad del año. Y se estima que, de los 600.000 nuevos pobres, más de 100.000 de ellos son indigentes.

Estos datos de las consultoras y especialistas, elaborados a partir de los microdatos de la EPH, deberán ser contrastados con el reporte semestral del propio INDEC que se publicará el 24 de septiembre. El último informe disponible, correspondiente a diciembre de 2025, llevó el índice de pobreza al 28,2 % de la población. Entre el tercer trimestre del 2025 y el primero del 2026, se sumaron 1,8 millones de nuevos pobres. Si se suman los beneficiarios de la AUH -la única partida asistencial que aumentó por encima de la carestía- el resultado sería más catastrófico aún.

En la base de este deterioro se encuentran el aumento de los servicios públicos, con precios "regulados" que se actualizan por encima de la inflación. En cambio, el salario lleva siete meses continuos a la baja.

7 de agosto de 2026
Nicaragua

El presidente nicaragüense de 80 años, Daniel Ortega, brindó un discurso durante la ceremonia oficial que conmemoraba el 47 aniversario de la revolución sandinista que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza. Allí sostuvo que llevará adelante reformas a la legislación que impidan la participación en procesos electorales de aquellos candidatos que reciben financiamiento extranjero para promover acciones contra el Estado. Ortega aseguró que las reformas buscarán cerrar el paso a los “golpistas” y “vendepatria” que habrían intentado derrocar al Gobierno durante las protestas de 2018 con recursos provenientes de Estados Unidos. En el discurso, además, se solidarizó con los gobiernos de Cuba y Venezuela.

El gobierno nicaragüense y varios de sus funcionarios se encuentran bajo sanciones del gobierno norteamericano, acatadas por toda la “comunidad internacional”. Según la nueva propuesta, tampoco podrán hacerlo “quienes hayan participado en golpes de Estado o hayan actuado (...) contra la Constitución de la República de Nicaragua”. Nicaragua pasó, velozmente, de ser alabado como un ejemplo de libertad de comercio a convertirse en parte del eje del Mal tras cerrar acuerdos con China. De todos modos, EEUU es, por lejos, el principal mercado para sus exportaciones.

Reforma constitucional

La Asamblea Nacional de Nicaragua recibió la iniciativa de reforma parcial a la Constitución Política y anunció la creación de una Comisión Especial de Carácter Constitucional, encargada de estudiar, consultar y dictaminar la propuesta junto con las leyes constitucionales necesarias. La comisión está integrada por 12 diputados y presidida por el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras. “Estamos en un país donde ha sido común que los procesos electorales sean diseñados, instrumentados y definidos por la potencia imperialista", aseguró Porras. El documento de iniciativa de reforma constitucional sostiene que Nicaragua enfrenta un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos, crisis económicas, sanciones, crimen organizado, desigualdad e inseguridad alimentaria, factores que, de acuerdo con el texto, amenazan la paz, la estabilidad y el desarrollo de los pueblos. En la exposición de motivos, el Ejecutivo propone la ampliación del período de Gobierno a siete años renovables, argumentando que esto garantizaría estabilidad, continuidad y capacidad para realizar el Plan Nacional de Desarrollo Humano y de Liberación de la Pobreza. La iniciativa, finalmente, será sometida a consulta de distintos sectores de la sociedad durante el mes de agosto. De acuerdo con el cronograma de consultas, se escuchará la opinión de las Fuerzas Militares, empresarios, gobiernos locales y pueblos originarios, entre una amplia gama más de sectores.

Se esperaba que Nicaragua celebrara elecciones presidenciales en noviembre del próximo año, luego de que el Congreso extendiera el mandato de los copresidentes, Ortega y su esposa Rosario Murillo, por un año más.

El discurso de Ortega representó una inusual aparición pública; su esposa se ha convertido en el rostro del gobierno. El Congreso de Nicaragua la nombró “copresidenta” el año pasado. Desde entonces Murillo consolidó su poder sobre las fuerzas armadas y la justicia.

Los países vecinos de Nicaragua, que reciben al grueso de los exiliados nicaragüenses, fueron los primeros en reaccionar a las declaraciones de Ortega. Costa Rica, Panamá y Guatemala condenaron los dichos. “El silencio más elocuente en la región hasta ahora ha sido el del salvadoreño Nayib Bukele, cuyo Gobierno no ha emitido ninguna postura (...). También ha guardado silencio el presidente hondureño, Nasry Asfura, muy cercano a Trump”, (El País, 23/7). Por su parte, el Secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, pidió a la “comunidad internacional” que “demuestre a la dictadura de Murillo-Ortega que no puede pretender mantener relaciones normales con otras naciones”. En su discurso, Ortega había asegurado que “los partidos impuestos por los yanquis, impuestos por el régimen de Somoza, que vuelven al poder, esa historia se acabó”.

Estados Unidos

Estados Unidos no ha adoptado medidas directas, como podrían ser restringir las exportaciones de petróleo estadounidense al régimen o romper los vínculos bancarios. Las remesas, principalmente de Estados Unidos, representan el 30 % del PIB, una de las mayores proporciones del mundo. Las exportaciones, otra importante fuente de ingresos, también dependen de Estados Unidos. La dependencia económica que tiene Nicaragua con Estados Unidos es abrumadora. En enero de este año, sin embargo, el gobierno de Trump rechazó la expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio Centroamericano. “El país es miembro del CAFTA-DR, el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, los países centroamericanos y la República Dominicana. Los opositores de Ortega han presionado para que Nicaragua sea suspendida del pacto, pero Estados Unidos se muestra reacio a infligir daños económicos que podrían desencadenar una migración masiva, según analistas”, explica el Wall Street Journal (21/7).

El 8 de febrero pasado Nicaragua puso fin a la exención de visado para los cubanos. La administración Trump había previamente criticado a Nicaragua por servir como vía de inmigración ilegal hacia Estados Unidos. También procedió a la liberación de algunos opositores aliados de Estados Unidos: “tras la operación militar estadounidense que capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una redada en enero, el gobierno nicaragüense anunció que liberaría a más prisioneros, aparentemente en un intento por evitar la presión sobre sí mismo” (Washington Post, 21/7).

Ortega aseguró que los acontecimientos de 2018 constituyeron un intento de golpe de Estado organizado con financiamiento estadounidense, asegurando que jóvenes y adultos fueron entrenados y armados para derrocar al Gobierno sandinista. La represión contra las protestas dejó más de 350 muertos y obligó a casi un millón de nicaragüenses al exilio. La rebelión de 2018 estalló contra el ajuste del gobierno de Ortega contra las jubilaciones, medida que había sido recomendada por el FMI. Apenas una semana antes de que se desencadenaran masivas manifestaciones populares, el gobierno había recibido el premio al “mejor proyecto de inversión extranjera”. La política que llevaba adelante Ortega no tenía nada que envidiarle a la de lleva adelante hoy Milei en Argentina. Después de las protestas de 2018, agudizó la represión y ya para las elecciones de 2021, cuando había encarcelado a casi todos los candidatos de la oposición, el oficialismo afirmó haber obtenido el 76 % de los votos.

La reforma constitucional redujo aún más el círculo de poder a la familia presidencial (matrimonio e hijos), que controlan los principales resortes de las fuerzas represivas. El clan ahora también domina la economía: puertos, energía y telecomunicaciones están en sus manos. Murillo se encuentra a un paso de la sucesión presidencial, considerando los graves problemas de salud que se atribuyen a Ortega. Pero “la sucesión también supone un riesgo para el régimen”, afirma The Economist (/). “La señora Murillo carece de la trayectoria revolucionaria de su marido [y] goza de gran impopularidad”.

7 de agosto de 2026
Un opositor progresista al aparato gana las internas del Partido Demócrata en Michigan

La victoria de Abdul El-Sayed en las primarias del Partido Demócrata de Michigan (al cargo de Senador) es una nueva expresión de la descomposición del aparato del partido Demócrata. El candidato del ala izquierda de este partido obtuvo casi el 49 % de los votos, dos puntos más que la Representante Haley Stevens, apoyada por el establishment partidario y con un financiamiento de unos 70 millones de dólares, una cifra récord en las internas del PD. Los lobbies proIsrael aportaron unos 32 millones, y tras la derrota de Stevens anunciaron que seguirán interviniendo para evitar un triunfo de El-Sayed en las elecciones de noviembre, apoyando al candidato republicano del Estado. La candidata apoyada por el sionismo, el gobernador estatal, el senador saliente, y todo el aparato partidario, tenía una ventaja de 13 a 1 en financiamiento, constituyéndose en la campaña más cara de la historia en ese Estado. El-Sayed rechaza la calificación de socialista y se declara abiertamente capitalista.

“Gran noticia para el Partido Republicano. El-Sayed, un perdedor comunista que odia a los judíos y a Israel, es el ganador proyectado en esta carrera con el socialista… ¡Ahora las políticas locas de los Demócratas solo empeorarán!”, respondió Trump en su red social.

Abdul El-Sayed no pertenece a la DSA (“Demócratas Socialistas”) ni se proclama socialista. Su campaña fue apoyada por Bernie Sanders y la DSA de Michigan, centrándose en tres grandes ejes: la denuncia del genocidio sionista en Palestina, eliminación de la policía militarizada ICE, “sacar el gran dinero de la política, dinero en el bolsillo de los trabajadores y asistencia en salud universal”, El-Sayed es médico y ocupó cargos en los servicios de salud. Ha tomado la bandera de “Medicare for All”, el servicio de salud para adultos, denunciando los enormes beneficios de los pulpos capitalistas de la medicina, el medicamento y los seguros.

A diferencia de las primarias de Nueva York, un Estado dominado en forma inapelable por los Demócratas, el estado de Michigan es oscilante. De hecho, la campaña de Stevens intentó hacerse fuerte en la cuestión del llamado “voto útil”, afirmando que El-Sayed no podría resultar electo porque perdería la elección de noviembre frente al Republicano Mike Rogers -un excongresista que cuenta con el apoyo de Trump y que no tuvo competidores en la primaria de su partido. Rogers se presentó a la banca de Senador en 2024, y fue derrotado por la Demócrata Elissa Slotkin por unos 20.000 votos (un 0,3 % de diferencia). Tras las primarias, El-Sayed ha afirmado que hará énfasis en las cuestiones que unen a todos los Demócratas y no en las diferencias, pretendiendo cerrar filas con la candidata derrotada y el aparato del PD.

La primaria del Senado de Michigan ocupó el centro de la atención de las cadenas de noticias. El interés masivo obedece a que esta elección reflejaba la impopularidad de la guerra, el repudio creciente al sionismo y el genocidio en Israel, y la crisis del Partido Demócrata. De un lado entre el derrumbe del apoyo electoral a Trump, y del otro el enorme desprestigio de los cabecillas Demócratas, Estados Unidos se ha convertido en un epicentro de la crisis de dominación política del imperialismo.

La derrota de la candidata Stevens ha puesto en pánico al establishment. Recibir financiamiento de AIPAC (el principal lobby sionista) se ha convertido en una marca que conduce al desprestigio -y probable derrota-. Especialmente entre los jóvenes, el repudio al genocidio israelí se ha vuelto abrumador. La participación en las primarias de Michigan ha sido un 60% mayor que la concurrencia hace dos años. La campaña de El-Sayed movilizó a más de 12.000 voluntarios. Su campaña arrasó entre los jóvenes, sobre todo en los distritos donde hay una gran concentración de estudiantes universitarios.

Aunque la elección al Senado acaparaba la atención, hubo otros tres candidatos identificados con la izquierda que triunfaron en primarias en Michigan. Uno de ellos fue Donavan McKinney, miembro de la DSA, que derrotó al congresista en funciones Shri Thanedar. Thanedar es un multimillonario vinculado a la industria del medicamento, que cuenta con dos mandatos sucesivos por un distrito en Detroit. También Yousef Rabhi y Will Lawrence, ambos con vinculación con DSA, triunfaron en sus respectivas primarias.

La crisis social que atraviesa los Estados Unidos tiene en Detroit y en todo Michigan una expresión muy aguda. La que fue el corazón histórico de la industria automotriz -en el área metropolitana de Detroit están las sedes de Ford, General Motors y Stellantis- se encuentra en una gran decadencia. La “Ciudad del Motor” se fue vaciando (pasó de tener 1.8 millones de habitantes en 1950 a menos de 700,000 en 2010) y la ciudad se declaró en quiebra financiera en 2013, siendo el ejemplo más gráfico del declive industrial yanqui. El giro electoral hacia los candidatos protestatarios y de izquierda es una expresión de rebeldía contra la miseria social y la falta de perspectivas. El fantasma del “comunismo” no espantó a los votantes. La apelación al “antisemitismo” ya no funciona como espantajo. Las guerras y genocidios en Medio Oriente y la represión interna han popularizado el planteo “desfinanciar”, incluso en la extrema derecha de M.A.G.A.

El pánico del establishment no refiere al carácter político de los legisladores de DSA y afines, sino a las corrientes que sacuden al interior de las masas. Los fascistas organizados en torno a Trump tienen el mismo temor, y apuntan a aplastar estas tendencias mediante la militarización del estado y un cambio de régimen en los Estados Unidos.

9 de agosto de 2026
Después del jueves del Senado

Los periódicos de este domingo 9 se relamen con los traspiés del gobierno en los últimos días. Señalan, en primer lugar, la aprobación mutilada de la ley de inviolabilidad, después de la caída de los capítulos que reformaban a las leyes de tierras y del manejo del fuego. Le agregan también el fracaso de la escalada contra los prácticos navales -después de la virtual interrupción del comercio exterior durante varios días- y la tensión disparada con Brasil, que despertó el desagrado de varios miembros de la Unión Industrial.

La enumeración no suele tomar en cuenta otros elementos, como los macizos paros docentes, que desafiaron los dispositivos antihuelgas del gobierno, o la movilización multitudinaria del jueves frente al Senado. Algunos editorialistas han citado, en cambio, que la desaprobación de Milei -que se computa en los dos tercios de la población total- supera al 75 % entre los jóvenes, que abundaban en la marcha contra la ley de la “propiedad privada” (del capital).

Por sobre todas las cosas, los que se pelean por dar al gobierno “en retirada” no mencionan el cuidadoso trabajo de la oposición política -y en primer lugar del kirchneroperonismo- por apuntalar a como dé lugar al destartalado edificio del gobierno. Ello se manifestó en el Senado, cuando los opositores avalaron la operación de echada de lastre que protagonizaron Bullrich y los senadores oficialistas, con el propósito de salvar del naufragio a la ley de inviolabilidad. La periodista Mariana Verón, en “Infobae” de hoy recoge cómo fue la negociación entre los senadores del interior y Bullrich, para “acordar” el retiro parcial de capítulos del proyecto y sancionar a la madrugada la ley recortada, pero “consensuada”. “Todos tuvieron la gentileza de evitarle al Gobierno la derrota explícita”, señala Verón, en relación al procedimiento de los opositores de “comunicarle” a Bullrich qué puntos se votarían y qué no. Como ya se dijo, quien abrió la sesión con este proceder fue el cristinista Mayans, al admitir que la cuestión del voto virtual de la Senadora Sagasti, embarazada de ocho meses, pasara “a comisión”. Al cabo de esta sesión de “arreglos”, el gobierno se llevó a Diputados una ley aprobada “en general” y con aspectos reaccionarios fundamentales.

Al día siguiente, tenía lugar otra operación de apuntalamiento de Milei: el vaciamiento de la marcha de San Cayetano por parte de sus propios organizadores; la CGT, las CTAs y la burocracia piquetera de la UTEP. En un escenario de 415.000 despidos en dos años, y con 600.000 nuevos pobres en seis meses, el pejotakirchnerismo sindical y “social” consiguió el milagro de convertir al reclamo de “pan y trabajo” en un desfile de aparatos vacíos, que a duras penas ocupó el perímetro de la Plaza de Mayo. Los vallados del gobierno les hicieron un favor, pues ayudaron a disimular el raquitismo. La CGT propone nuevas “marchas” -no huelgas-, y de ningún modo una huelga general, es decir, una acción de conjunto de la clase obrera contra el gobierno.

El nexo con el episodio del Senado es claro: en momentos en que la repulsa crece por abajo, hay que impedir por todos los medios que el edificio libertario se desmorone por una iniciativa independiente de los explotados.

Rajadura

El distanciamiento de un abanico de senadores y gobernadores prooficialistas -Sáenz, Figueroa, Jaldo -en la sesión del jueves ha abierto especulaciones sobre el destino de otras iniciativas parlamentarias del gobierno, como la “inocencia” fiscal, el SuperRigi, la reforma política y, naturalmente, sobre el destino de la mochada “Inviolabilidad” en Diputados. Por referencia a ese horizonte, en Senadores se vivió una grieta, pero no una fractura. Antes de votar la reforma electoral, los colaboracionistas del interior reclaman que el mileísmo no interfiera en sus planes reeleccionistas provinciales. A cuenta de ello, aceleran las convocatorias a elecciones desdobladas y adelantadas en sus distritos. Entre los “rebeldes” del jueves, tenemos a los mayores gestores del capital petrolero de Vaca Muerta y de la minería del Norte.

El destino de estos proyectos está asociado al rumbo general del régimen económico, cuyo impasse se ha acentuado. El presidente del Banco Central, Bausili, ha anunciado medidas para “remonetizar la economía”, sin explicar de qué modo ello no acelerará las presiones devaluatorias, y “reactivar el crédito”, sin decir cómo lo haría en medio de una crisis en ciernes en la cadena de pagos. La devaluación, que una parte del gran capital -incluso de los exportadores “exitosos”-reclama, podría sellar un desenlace explosivo para la deuda pública, cada vez más atada a la evolución del dólar. Por el otro lado, la persistencia en la actual tentativa deflacionaria, fogoneada por Caputo y Sturzenegger, amenaza con agravar el derrumbe industrial y con el estallido de una crisis social.

Los partidos del régimen y la gran burguesía deliberan respecto de cómo salir de esta cuadratura del círculo. Por sobre todas las cosas, la cuestión es llegar al 2027 sin que el régimen libertario sea “ajustado” por la acción de las masas. Ese fue el alerta que dejó Georgieva, la jefa del FMI, en su visita a Buenos Aires.

El peronismo está a la cabeza de este operativo disuasorio. Sus voceros políticos y culturales se han empeñado en revestir la inquietud popular de estas horas con un ropaje nacionalista, pasando al tercer o cuarto plano a las reivindicaciones obreras. Es la manera de “trabajar” por una salida a la crisis del mileismo en los términos de la patronal “golpeada”. Y de sustraer a la crisis nacional del escenario mundial de la guerra en desarrollo y del intento de copamiento continental a manos de Trump y la OTAN. La izquierda del FITU se ha plegado por completo a está orientación nacionalista. Como parte de ella, y a propósito de los episodios de estos días, ha salido a comerse el pavo antes de cocinarlo, y celebrar -como lo hacen los medios kirchneristas- la “derrota” del gobierno. Pero el nacionalismo patronal trabaja por rescatar a estos “derrotados” de antemano. Poner fin de verdad a la experiencia liberticida depende de una iniciativa histórica independiente, y de un programa socialista e internacionalista, nunca de la mimetización con los cómplices “nacionales y populares” de Milei.

9 de agosto de 2026
La combativa movilización del jueves

La protesta contra la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” dejó, como uno de sus saldos, un incremento en la acción directa y la lucha callejera. El epicentro de esta confrontación ocurrió en las inmediaciones -y más allá- del Congreso Nacional, aunque tuvo sus réplicas en La Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza y Salta. En Buenos Aires, y bajo una lluvia por momentos torrencial, masas de manifestantes cubrieron desde la avenida Callao hasta la avenida 9 de Julio. Este rechazo político ya venía anticipado por una amplia agitación “desde abajo”, con autoconvocatorias e incluso pronunciamientos de diversos artistas y figuras públicas. La misma se mantuvo a pesar del clima y de que el gobierno había retirado el comentadísimo capítulo de la venta de tierras. Un informe de la consultora INGOB sobre la conversación de estos temas en las redes sociales (X, instagram y facebook), midió 3.5 millones de interacciones y 31 millones de vistas y arrojó un 97 % de negatividad para el gobierno. La exorbitante cifra de heridos (mil quinientos) no sólo da cuenta de la magnitud represiva -un ´clásico´ desde la sanción del “protocolo antipiquetes”- sino, y en este caso, de la persistencia y la combatividad que adquirió la jornada.

Frente al Congreso se desplegó el ´habitual´ operativo conjunto de la Policía de la Ciudad y fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería y Prefectura), que ese día contaron, al menos, con dos mil uniformados. Los primeros choques se registraron a las 16.45 horas. Un grupo de manifestantes logró derribar una de las vallas de seguridad instaladas en la calle Yirigoyen, lo que dio inicio a una respuesta represiva salvaje. En ese horario continuaba la afluencia a la marcha, la cual rodeaba cada vez más, por las calles laterales, al operativo represivo. La policía solo pudo ´despejar´ con un despliegue de fuego digno de una confrontación militar.

Antes de las 17 horas las fuerzas de seguridad ya habían avanzado sobre Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, con carros hidrantes y una balacera de postas de goma que empujó a los manifestantes hacia las veredas. Mientras, en Callao y Bartolomé Mitre la Gendarmería salió desde detrás de las vallas -que nadie había volteado- disparando balas de goma y gases lacrimógenos. La policía utilizó también gas pimienta y aparecieron postas de byrnas, armas de aire comprimido que lanzan balas de plástico o proyectiles químicos. Cuando podían, también usaron los palos y los escudos para golpear a quien tuvieran cerca. El humo del gas tuvo que cubrir el conjunto de Plaza Congreso para dispersar a los grupos más numerosos. La represión hizo que los manifestantes fueran corridos unas diez cuadras, llevando la persecución hasta la avenida 9 de Julio, donde siguieron disparando entre peatones y colectivos. En paralelo, escuadrones motorizados realizaron razzias a lo largo de la Avenida de Mayo y las calles Rivadavia e Yrigoyen. Focos de represión y resistencia ocurrieron a lo largo de varias calles perpendiculares a las mencionadas.

A pesar de este despliegue de la represión, la firmeza de los manifestantes se mantuvo intacta. Muchos insistieron en volver al Congreso o a sus calles cercanas y se reorganizaron para intentar arremetidas contra la policía. Una columna organizada en el momento se dirigió a protestar a la Plaza de Mayo. En simultáneo, la represión se tuvo que expandir hasta las pizzerías de la Avenida Corrientes. Recién a las 22.30 horas se pudo hablar de una retirada, aunque los disturbios siguieron hasta las 23.30. Cerca de la medianoche, un nuevo cordón policial debió armarse para alejar del Congreso a los últimos.

La brutal represión dejó, al menos, 1500 heridos de un lado y el ´reporte´ de cuatro agentes lastimados. Treinta fueron detenidos, de los cuales dieciocho fueron liberados. Una fotógrafa resultó herida de gravedad y fue trasladada al Hospital Argerich tras recibir un proyectil policial que le fracturó el cráneo. Como ya ocurrió con Pablo Grillo, la prensa que registraba la represión fue arteramente atacada. El gobierno pretenderá acusar a los detenidos por los delitos de atentados al orden constitucional y a la vida democrática cuando es él mismo el que declara estados de sitio de facto y reprime salvajemente la protesta, que es un derecho constitucional explícito, aunque antes que nada un método de acción irrenunciable de los explotados en todo el mundo y todas las épocas.

9 de agosto de 2026
Misiones: fractura en el gobierno provincial

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció su renuncia a Encuentro Misionero –nueva denominación del Frente Renovador de la Concordia- a través de X. Con ello expuso formalmente la fractura en el gobierno de la provincia. Lo ratificó al día siguiente el exgobernador Maurice Closs publicando también su renuncia.

Es la expresión final de una crisis que tiene largo desarrollo en el seno del Frente Renovador de la Concordia Social, partido que gobierna la provincia de Misiones desde el año 2004 y cuyo origen fue la unión de una fracción del PJ con una fracción de la UCR y que colecciona una miríada de sellos partidarios. Luego del fracaso del proyecto de reelección permanente, Rovira se refugió en la Cámara de Diputados desde donde dirige el partido y el gobierno, las leyes que se aprueban, y selecciona los candidatos a diputados provinciales y nacionales, senadores, intendentes y concejales, con algún tipo de acuerdo con los componentes mayoritarios del Frente Renovador. Desde ese lugar, Rovira fue separando a los indeseables políticos: Closs y sus seguidores y varios líderes de fracciones del PJ.

La crisis en curso tuvo su primera manifestación en el 2019 con las candidaturas de jóvenes prácticamente desconocidos para la población y con escasa relevancia para los aparatos que constituían el Frente; esto molestó a un grupo de intendentes que se retiraron de la reunión donde se realizaron los anuncios de los candidatos en el 2019 . Ese malestar se expresó en la plancha evidente que hicieron los intendentes en las elecciones subsiguientes. Hay que sumar la pérdida creciente de votos desde 2019 y que llega a picos en 2023 y 2024.

Desde 2025, Maurice Closs comienza a reunirse con intendentes y exintendentes. En 2026, Passalaqua plantea que quiere ser reelecto, lo que constituye un desafío para Rovira, y comienza a separar de su gobierno a funcionarios roviristas, sobre todo los que tienen control de cajas del Estado y aquellos que manifestaron su adhesión a la política nacional. En mayo, el gobernador se reúne con la mayoría de los intendentes de Misiones, quienes lo proclaman como el nuevo conductor de la política en Misiones.

La respuesta de Rovira es declarar caduco al Frente Renovador de la Concordia y fundar Encuentro Misionero, presentando como afiliados a todos los funcionarios del actual gobierno y exfuncionarios. Passalaqua responde y presenta el “Frente Por lo Que Se Viene”. Los funcionarios de gobierno presentan su renuncia a Encuentro Misionero, proceso que tiene su pico con las renuncias de diputados provinciales, nacionales y finalmente con las de Closs y Passalaqua.

La crisis es manifiesta en la Cámara de Diputados. La hasta hace poco escribanía de las leyes promovidas por Rovira se ha vuelto un lugar lleno de incertidumbre, ya que ninguna de las partes de la fractura tiene mayoría propia y leyes clave como las de ficha limpia y reforma electoral no fueron tratadas.

Ninguna de las dos divisiones presenta algún tipo de programa. Tampoco críticas o balances de lo sucedido en los últimos años. La única manifestación de diferencia la hizo el gobernador al afirmar que no apoya al gobierno nacional. También se reunió con Sergio Uñac, el exgobernador de San Juan que pretende presentar candidatura dentro del PJ. El puntano también se reunió con Closs y dirigentes yerbateros.

El otro punto de divergencia es la intención del gobernador de promover una ley que declare la emergencia yerbatera, redactada por las asociaciones de productores, que implica que se fije un precio sostén que incluya los costos fiscales y las cargas sociales para los trabajadores rurales y los agricultores y el control de precios en toda la cadena yerbatera. Los beneficiarios serían los productores de hasta 50 hectáreas; la duración sería de un año.

El objetivo es contener la rebelión en curso de los productores.

El gobierno cedió a la presión de las cámaras empresariales disolviendo los centros de control de ingresos de mercancías a la provincia a los que se cobraba Ingresos Brutos por adelantado. Esto quitó banderas políticas a las otras organizaciones de derecha. A modo de apoyo, las cámaras saludaron la vigencia de los planes Ahora Misiones, que promueven el consumo a través de planes de financiación en hasta 18 cuotas para bienes durables y reintegros en algunos casos, además de rebajas en los precios de bienes como el pan y la carne.

Por lo demás, el ajuste en los salarios y jubilaciones estatales, la liquidación de la obra social y el derrumbe del sistema sanitario siguen paso a paso el guión del gobierno nacional.

La posibilidad de la una victoria electoral de cualquiera de las dos fracciones en la que se dividió el FR se vuelve posible ante todo por la disgregación completa de la UCR, el PRO y el partido que llevó a Amarilla como diputado provincial.

Luego del reflujo producido por la derrota de la huelga docente en 2024, se comienza a notar cierto reanimamiento en el gremio docente. La enorme crisis en el gobierno provincial se combina con la crisis de los partidos de derecha.

9 de agosto de 2026
Facundo Moyano, una vida de lujos mientras la actividad del peaje se muere

El martes 5, Facundo Moyano, de 41 años, dirigente sindical y "número uno“ del sindicato del peaje, SUTPA, fue detenido. Candela Arizagam, su pareja actual, de 24 años, deambulaba a las 5 de la mañana por las calles de Barrancas de Belgrano mientras Moyano la perseguía. La mujer fue asistida y trasladada por el SAME al Hospital Pirovano. Se radicó una denuncia por violencia de género en la comisaría y el caso se encuentra bajo investigación de la Unidad Fiscal Norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Ambos presentaban signos de consumo de sustancias. Por la tarde la policía allanó su lujoso departamento, un piso 21 ubicado en Avenida del Libertador al 5400, uno de los enclaves más caros de CABA.

La burocracia moyanista está socialmente disociada de las necesidades y las urgencias de los trabajadores que dicen representar. Han tomado por asalto los sindicatos para su propio interés. Así como el SUTPA se usó como trampolín para lanzar a Facundo Moyano a la arena política, el resto del clan ha hecho desastres con el vaciamiento de la obra social de Camioneros, hasta dejarla en bancarrota. El asunto se dirime como una interna familiar, sin el concurso de los trabajadores que aportan y apuestan todos los días su salud arriba del camión o en una cabina.

Mientras Facundo Moyano se comporta como un verdadero lumpen con dinero, los trabajadores de la actividad de autopistas y rutas pierden sus fuentes laborales como consecuencia del desguace de la empresa estatal Corredores Viales S.A.. Ausente en la lucha, el sindicato de peajes y sus máximos dirigentes parecen estar en otra cosa: jet set, lujo, viajes a la copa del mundo, guardaespaldas, choferes, coches último modelo y estilos de vida que no pueden explicar según sus ingresos declarados. Los trabajadores de la actividad se encuentran en un momento crítico mientras sus dirigentes viven vida de empresarios.

La actividad de peajes y afines atraviesa una modernización en el cobro de peajes. Esta modernización consiste en el cobro automático y la eliminación de las cabinas de peaje bajo la denominación del free flow. En las autopistas, que todavía tienen concesión vigente, se realiza a cuenta gotas una reconversión laboral, a dedo y según un criterio político arbitrario determinado por la dirección del SUTPA, combinada con un plan de retiros voluntarios.

Por otra parte, aquellas que fueron licitadas recientemente han despedido a los cajeros e ingresan a la explotación de los tramos concesionados vía cobro automático.

Las indemnizaciones de los despedidos serán pagadas en cuotas, según la reforma laboral recientemente aprobada por todo el arco político parlamentario.

Bajo la actual gestión de Javier Milei se inició el proceso de privatización y concesión a privados de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales y tramos viales clave, destacándose los corredores: Tramo Mediterráneo, Tramo Puntano y los Tramos Portuarios Norte y Sur. Las concesiones se otorgan bajo el régimen de peaje por un período de 20 años; y se transfieren, asimismo, las actividades de construcción, administración, explotación y mantenimiento al sector privado sin subsidios estatales, en el marco de la desarticulación de la empresa estatal Corredores Viales S.A.

Convocamos a asambleas de base para deliberar el futuro de los puestos de trabajo y quitar de la negociación a los personeros de las empresas que negocian con nuestro futuro y nuestras familias.

Desarrollemos un plan de lucha que coloque la reconversión del total de los trabajadores afectados, la reincorporación de los despedidos y un salario que sea igual a la canasta familiar.

11 de agosto de 2026
El patrioterismo contra la clase obrera
Comité Editorial

La tentativa de Milei y Sturzenegger de lograr la media sanción del proyecto de “Inviolabilidad de la propiedad privada” ha fracasado en cuanto a que se vio obligado a retirar los capítulos relativos a la extranjerización de tierras y del cambio de uso de las afectadas por el fuego. La intención original había sido eliminar todo límite a la extranjerización, que luego fue sustituido por un tope del 25%, finalmente abandonado. En el caso del fuego avalaba la práctica de los incendios forestales para destinar el terreno a la actividad agropecuaria u otras. Lo cierto es que no hay ningún control en lo relativo al cambio de manos de la tierra, sometido en la actualidad a un tope del 15% promedio. El Financial Times ha señalado que la oligarquía financiera internacional está comprando tierras en Argentina, con énfasis en Mendoza, como lugar de refugio para el caso de una guerra atómica y para penetrar en la Patagonia para toda clase de negocios, en especial el agua o la instalación de centros de datos. A un año y medio de las próximas elecciones, creen que apuestan al ganador. Todo esto ocurre bajo los ojos del gobernador Cornejo y el presidente Milei, bajo la actual legislación kirchnnerista. El burro de proa es un millonario argentino, Martín Varsavsky, pero es también un testaferro de grupos internacionales. Lo que se registra en una escribanía no es lo más importante del ‘emprendimiento’.

El nacionalismo que se adjudica el adjetivo de popular, a pesar de perder millones de votos y co-gobernar con Milei, celebró estos resultados ficticios, muy interesado en que no se lo vea, a él mismo, como opositor a los desalojos exprés de quienes no pueden pagar sus alquileres – una promesa de que la ‘desregulación’ de la vivienda de alquiler no será mencionada en su programa electoral. Tampoco que se haya aprobado una deformación de la categoría de expropiación por utilidad pública, para convertirla en una jugosa ‘estatización’ del vaciamiento privado. Patricia Bullrich no logró la media sanción que quería, con todos los capítulos, porque los gobernadores de varias provincias no querían ceder autoridad para extranjerizar tierras (no para nacionalizarlas) y en repuesta a la tentativa de Milei (Karina) para puentearlos en las próximas elecciones nacionales. Esto ha llevado a un columnista de La Nación a la conclusión de que el gobierno está ‘desordenado’ y que Milei ‘no acompaña’ la gestión. En definitiva, el gobierno ha sufrido una derrota legislativa y, hasta cierto punto, política, pero los trabajadores no han ganado nada. En realidad, el proyecto de propiedad privada no es estrictamente una cuestión legislativa, que pueda trozarse como una tapa de asado, es, para los trabajadores, una cuestión política, para golpear y poner fin al gobierno de la ruina de los trabajadores. Quienes celebran la porción que les ha tocado, para hacer ejercicio de autoproclamación, les dan la espalda a los intereses fundamentales de la clase obrera. Ninguna corriente nacional y popular o “antiimperialista” (como se rebautizó el FITU) hizo una campaña por la nacionalización de las grandes posesiones rurales o el suelo urbano.

Crisis social

El telón de fondo de la crisis política por arriba es una fenomenal crisis social por abajo; según LN, hasta Caputo está preocupado. Las dos terceras partes de la población quiere un cambio, y llega al 75% en el caso de los jóvenes. La quiebra bancaria de las familias se ha convertido en una tragedia, y también en una crisis financiera y política. Una reducción de la gigantesca hipoteca que pesa sobre las familias es incompatible con la política deflacionaria y las tasas de interés extorsivas. Una investigación periodística ha descubierto que Caputo se ha comido un fondo para obras viales de casi dos billones de pesos en comprar la deuda pública que emite para financiar el déficit fiscal oculto. Por mucho menos que esto el Congreso brasileño destituyó, en 2016, a la presidenta Dilma Roussef. El pago de los vencimientos de deuda hasta el final de 2027 se ha convertido en inviable. La burguesía huele sangre; los ‘economistas’ se han abalanzado contra Caputo y Milei. Milei corre como un loco por América Latina al servicio de Trump, para que el Tesoro norteamericano vuelva a operar como prestamista de última instancia de Milei. Pero el propios Trump se encuentra en un callejón sin salida en Irán, donde Ormuz no se abre.

La última evaluación de la economía argentina efectuada por el Banco Central es, entrelíneas, condenatoria. Admite que Vaca Muerta no resuelve ningún problema, porque los dólares que aporta se van del mismo modo. El Quini 6 de Milei está en las gateras. Pero cuando alaba la ‘solidez’ de la economía del país, admite que no soportaría una sacudida internacional, o sea que en realidad está a la intemperie. The Wall Street Journal, del lunes 10, enumeró los fondos de crédito que tienen establecido un corralito a sus inversores por los numerosos defaults de las compañías en que se encuentran invertidos.

La declinación de Milei no solamente se advierte en los diarios; empiezan a abundar candidaturas que se suponían ligadas al oficialismo. Es lo que ocurre con el macrista Hernán Lacunza, por un lado, y un armado de Massa, por el otro; también Melconian, mientras Milei camina a “un piso de resistencia” del 25 por ciento. Pero el recambio habitual en estos casos, desde Alfonsín en adelante, y con el 2001 en el medio, muestra una crisis de dominación política sin precedentes.

Nacionalismo y socialismo

De Villarruel al kirchnerismo, los partidos del régimen, y el FITU, distante en apariencia de ese régimen, se han empeñado en desviar el rechazo popular a Milei y la consecuente crisis revolucionaria de una salida anticipada del gobierno, con un nacionalismo improvisado, que se originó en otro igualmente improvisado por la levantada final de Argentina contra Inglaterra. Que el partido de la presidenta que vetó la ley de protección de glaciares, en acuerdo con Barrick Gold, haga gala de antiimperialismo es un oxímoron y hasta un contrasentido; o la que firmó acuerdos tecnológicos con el Estado sionista. La celesta y blanca es usada como disfraz. El territorio nacional ha sido hipotecado por los partidos patronales con una deuda impagable que, todo sumado, se aproxima a los 600.000 millones de dólares. El patrioterismo se arma para esconder la lucha de clases interna, que es más aguda cuanto más su burguesía se encuentra entrelazada con el capital extranjero y con los mercados internacionales de capitales. Es un arma para disimular que Argentina forma parte de la guerra imperialista internacional del lado de la OTAN que están en juego. Es también un modo de patear la pelota afuera frente al carácter concreto que reviste hoy la subordinación al imperialismo, que es la integración de Argentina a la guerra internacional como apéndice de la OTAN. La cúpula del FITU se ha sumado a la campaña patriotera con el entusiasmo del converso.

El fascista Peter Thiel y Palantir no necesitan de una ley para consumar la implantación de sus plataformas para implantar una supervisión digital del Estado. En la sesión del jueves pasado, Bullrich les pidió a los senadores peronistas el “pin” (broche) de Malvinas. Fue mucho más que una broma: Milei viajará a Londres para procurar, como lo hizo Galtieri, un principio de soberanía compartida, a cambio de apoyar la explotación económica y el reforzamiento militar de Malvinas y el Mar Argentino bajo la batuta de la OTAN (¿Cómo mide la ley de tierras la ocupación de las aguas y yacimientos del Atlántico sur?).

La Cuarta Internacional, eso es Política Obrera, se propone desarrollar en la clase obrera la conciencia del impasse histórico insoportable del imperialismo para convertir, mediante una acción de masas, la oposición popular a Milei y a Trump en una situación revolucionaria.

11 de agosto de 2026
Docentes de Buenos Aires: por mandatos de escuelas y asambleas para profundizar la lucha

Luego del importante paro provincial docente de 48 horas del 3 y 4 de agosto, las seccionales del SUTEBA opositoras anunciaron la convocatoria a un plenario provincial virtual de delegados para el 18 de agosto. A su vez, esta semana tendrán lugar reuniones de delegados en La Matanza, Tigre y Bahía Blanca. Antes de ello, se realizó una asamblea con 800 docentes en Bahía Blanca que votó marchar contra la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” y la reforma de tierras.

La conducción del SUTEBA provincia y el conjunto del Frente Gremial Docente Bonaerense, luego de firmar una nueva paritaria salarial a la baja, convocaron al paro nacional de CTERA del 3 de agosto excluyendo del mismo exigencias al gobierno de la provincia. Sin embargo, los reclamos exigidos al gobierno de Milei, como la reconvocatoria a la paritaria nacional docente, el retiro del proyecto de ley de “libertad educativa”, de reforma previsional docente y por el aumento de presupuesto educativo, no se han conseguido en absoluto y no hay nuevas acciones en el horizonte. El paro nacional fue masivo, en el cuadro de importantes luchas docentes provinciales en curso, y derrotó el operativo persecutorio contra la docencia de Milei para desarticular la huelga bajo la reforma laboral que así lo impone bajo una fraudulenta “esencialidad educativa”.

La masividad del paro docente en Buenos Aires, que nuevamente adquirió una extensión provincial, ha dejado planteado la cuestión de la continuidad de la lucha. Al mismo tiempo, el gobierno de Kicillof se ha despachado con nuevos descuentos salariales por paro que alcanzan en algunos casos más de $200.000 y $300.000. Es el complemento directo de la mencionada “esencialidad educativa” que es la vulneración del derecho a huelga.

Un agrupamiento docente con base en La Plata, “Asociación de Maestrxs”, está convocando a un paro docente el 12 de agosto que va a ser replicado en otros distritos como Ezeiza. Es un sector que se ha desprendido de la lista Multicolor e incluso del SUTEBA.

En este escenario, se plantea la cuestión decisiva de la profundización de un plan de lucha provincial, como antesala incluso de una huelga indefinida. El desarrollo de nuevos paros que marquen el paso de lo ya hecho (la propuesta de la Multicolor es un nuevo paro de 24), o incluso bajando su intensidad, supondrá un ya conocido desgranamiento de la lucha y de sus alcances. El paro aislado y discontinuo se expone también al descuento de parte del gobierno para una medida que es inocua si no está vinculada a la perspectiva de una huelga general que, por supuesto, también puede sufrir descuentos, pero mientras se desenvuelven todas las tendencias de la lucha docente. Una huelga general docente entroncaría de inmediato con el conjunto de las luchas docentes provinciales y la de la docencia universitaria, y con el conjunto general de la clase obrera que sufre una desvalorización permanente del salario y de sus derechos laborales.

Desde la Tendencia Docente Clasista llamamos a elaborar mandatos de escuela en toda la provincia que partan de convocar a un nuevo paro de 72, 96 horas, y la huelga indefinida sostenida con asambleas, movilizaciones, autoconvocatorias docentes y plenarios de delegados de base para que la docencia construya estas las medidas.

Reivindicaciones

Devolución de los descuentos por días de paro. No a las faltas injustificadas. Defendemos nuestro derecho a huelga.

Aumento salarial del 100% para recuperar lo perdido. Todo al básico, ninguna suma en negro. Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar por cargo, que el INDEC ubica en $2.500.000. Que ningún acuerdo se firme sin el aval de la docencia. Pago en tiempo y forma de los sueldos

Defensa del IPS y las jubilaciones docentes.

Que el Estado respete las licencias médicas otorgadas. Funcionamiento transparente bajo control de la docencia de la App “Mis Licencias”.

Aumento del presupuesto para infraestructura escolar, material didáctico, recursos pedagógicos y un servicio alimentario de calidad.

Que IOMA cubra el conjunto de las prestaciones. Basta de copagos. Por un IOMA dirigido y controlado por sus afiliado.

Abajo las reformas antieducativas de Milei (Libertad Educativa) y de Kicillof (Nuevo Régimen Académico, reformas en Técnicas, Primaria e Inicial). Por un Congreso Educativo donde la docencia establezca los planes de estudio y los métodos de enseñanza.

No al nuevo “Convenio Laboral Docente” que discuten el gobierno y los sindicatos de espaldas a la docencia. Defensa del Estatuto del Docente.

12 de agosto de 2026
Milei redobla sus apuestas

No obstante las derrotas parciales que ha sufrido el proyecto de ley de propiedad privada en el Congreso, Milei no da señales de recular en sus objetivos reaccionarios.

En oposición a lo que preveían los analistas políticos acerca de que el fascista criollo buscaría contemporizar con sus adversarios e incluso relegar al ajustador Sturzenegger, el círculo liberticida ha redoblado su apuesta mediante el envío de nuevos proyectos que refuerzan la impunidad del capital, como ocurre con la ley de sociedades. Lo mismo ocurre con la expectativa de que Caputo afloje la soga que estrangula a los trabajadores, atemorizado por el nivel de morosidad de los deudores bancarios, la caída de la recaudación fiscal y el recrudecimiento de la carestía.

Milei sube la ofensiva a pesar de la enorme multitud que colmó una Buenos Aires bajo la tormenta para protestar contra los guardianes de la propiedad privada y los verdugos de la fuerza de trabajo. Está dispuesto a meter bala, como lo escenificó el comisario Gauna con armas en la mano y de civil. Sabe que la pendiente de la intención de voto está por llegar al piso del 25 %, pero sigue con la prioridad de pagar los vencimientos de deuda pública hasta finales de 2027, a costa del hambre de ‘los argentinos’.

Javier Milei sigue una agenda internacional, la de Donald Trump, para imponer sus títeres en América Latina, en especial contra Brasil y México.

La burguesía nacional -la clase dominante de la patria capitalista y semicolonial- sigue haciendo pingües beneficios. Lo muestra el balance de Molinos, que ha obtenido beneficios enormes en un mercado de consumo en declinación. Ha aprovechado a fondo la flexibilidad laboral, la reducción de los salarios y la eliminación de los aportes patronales para reducir costos de producción; ha enfrentado con éxito una importación barata. Lo mismo ocurre con los “patriotas” Bulgheroni, Galuccio, Manzano, Vila y los accionistas de YPF que sudan la camiseta del 10. La hipocresía de "la patria no se vende” se manifiesta en este ocultamiento de la burguesía nacional y su despiadada lucha de clases contra los trabajadores argentinos, uruguayos, bolivianos o chilenos.

El patriotismo no acaba acá, pues se manifiesta en la destrucción de los convenios colectivos de trabajo en colaboración con la burocracia superpatriótica. El izquierdismo berreta ha olvidado rápidamente cuando vociferaba “clase contra clase”, para arrastrarse a la colaboración de clase bajo el rótulo de “la patria no se vende”, cuando la deuda usuraria de 600.000 millones de dólares cubre todo el valor del suelo.

Detrás del patrioterismo fomentado en las últimas semanas, está el propósito de eliminar la lucha de clases de la agenda nacional e internacional. Es una operación funcional a un enésimo recambio electoral, que todavía no ha derrotado a Milei en ninguna confrontación de masas.

Llamamos a la nueva generación de trabajadores, que ha demostrado su coraje, otra vez, en las calles, a formarse un criterio político propio e independiente en estos momentos previos a luchas mayores.

Tapa de Política Obrera N°150 edición impresa.

12 de agosto de 2026
Estados Unidos: el Congreso declara al doctor Anthony Fauci en desacato

Un comité del Senado de Estados Unidos declaró al doctor Anthony Fauci en desacato al Congreso, después de que Fauci se negara a responder preguntas sobre su gestión durante la pandemia de COVID-19 en una audiencia realizada el 29 de julio. El exfuncionario se amparó en la Quinta Enmienda, que protege el derecho de cualquier ciudadano a no declarar en contra de sí mismo.

Fauci dirigió el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés) durante 38 años. Dejó el gobierno federal en 2022 y formó parte de un grupo de personas a las que Biden indultó por actos realizados desde 2014 hasta enero de 2025, con el objetivo de protegerlo de una posible “venganza” por parte del gobierno de Donald Trump, quien se opuso a medidas de cuarentena e incluso a las vacunas. Los legisladores remitieron el caso al Departamento de Justicia, sin pasar por una votación del pleno del Senado. Esta resolución es un nuevo ataque por parte del gobierno “antivacunas” a la investigación científica y a la salud, con el fin de desligar a Trump y al Gobierno de sus responsabilidades de las muertes a causa de COVID-19 y avanzar en un desmantelamiento mayor, en el marco de una proliferación de enfermedades en el país y en el mundo y en el contexto de guerra mundial.

Una audiencia persecutoria

El exfuncionario debió comparecer por citación del presidente republicano del Comité de Seguridad Nacional, Rand Paul, quien días antes publicó más de 1.100 páginas de los diarios privados de Fauci, junto con una colección de 465 páginas de registros que se remontan hasta 2001, entregados por el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), Robert F. Kennedy Jr., en una flagrante violación del derecho a la privacidad (WSWS, 31/7). Paul abrió la sesión del día 29 exclamando que los confinamientos durante la pandemia “jamás podrían haberse impuesto sin que usted fuera cómplice del crimen”. Cuando el abogado de Fauci, David Schertler, intentó hablar, Paul ordenó a la Policía del Capitolio que lo retirara. Durante más de dos horas, los republicanos del comité formularon preguntas en base a teorías conspirativas de la derecha estadounidense (ídem, 30/7).

La situación de Fauci depende del Departamento de Justicia. El desacato al Congreso es un delito menor, con pena máxima de 12 meses de prisión y multa de hasta USD 100.000.

Paul, para argumentar su acusación sobre el exfuncionario, se apoya en la afirmación de que el indulto concedido por Biden en enero de 2025 cubre únicamente la conducta hasta la fecha en que fue firmado y que, por ende, lo deja expuesto por todo lo ocurrido desde entonces. Por su parte, el senador republicano Ron Johnson afirmó que obtuvo de la administración de Donald Trump una copia del contenido del teléfono celular de Fauci, con el objetivo de profundizar la investigación impulsada por los republicanos sobre la gestión de la pandemia de Covid-19. “Esperamos que esto pueda proporcionar respuestas a muchas de las preguntas que él se negó a responder durante la audiencia de la semana pasada” (La Nación, 7/8).

Los demócratas denuncian persecución política. El senador Gary Peters, el principal miembro demócrata del comité, se limitó a quejarse de que la audiencia sobre Fauci “mira hacia atrás” y desviaba al panel de los “desafíos de seguridad nacional”, mientras el senador Richard Blumenthal elogió las vacunas contra el COVID-19 como “sin duda, el mayor logro del presidente Trump” (WSWS, 30/7).

Fauci no es el único científico atacado, también han puesto en la mira a Peter Daszak, cuya organización EcoHealth Alliance realizaba vigilancia de coronavirus en murciélagos en China, excluyéndose del financiamiento federal y cerrando su organización. También a David Morens, asesor de larga data de Fauci, quien fue acusado por cargos relacionados con registros federales, un procesamiento que la revista Science calificó de inusual y sin precedentes. En junio, el virólogo de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) Vincent Munster fue acusado por la importación de muestras biológicas (WSWS, 30/7).

Las acusaciones contra Fauci se producen en el marco del vaciamiento del sistema de salud de los Estados Unidos. En lo que va de su mandato, Kennedy ha despedido a más de 20.000 empleados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, incluida aproximadamente una cuarta parte del personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). En junio de 2025, destituyó a los 17 miembros con derecho a voto del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) y los reemplazó con personal afín al funcionario “antivacunas". El 5 de enero de este año, redujo el calendario de vacunación infantil de 17 enfermedades a 11, decisión que fue suspendida por un juez federal en marzo de este año.

Pero el objetivo es avanzar en un desmantelamiento mayor. En un artículo publicado en The Wall Street Journal, Mike Gallagher, jefe de defensa en Palantir Technologies, publicó una nota de opinión en donde se explaya sobre un informe publicado por Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca. Dicho informe defiende una reforma del establecimiento científico estadounidense y expresa que "a pesar de los enormes aumentos en la financiación biomédica desde los años 90, la tasa de avances significativos parece haberse ralentizado y las aprobaciones de medicamentos se han estancado. Hoy en día, los investigadores suelen dedicar la mitad de su tiempo a papeleo y tareas administrativas, una carga agravada por la expansión de las burocracias federales y universitarias, que reducen aún más la financiación disponible para la ciencia real" (WSJ, 9/08). Kratsios destaca la necesidad de desregular el avance de los proyectos (desde nuevos tipos de energía nuclear hasta tratamientos médicos prometedores) a la producción; afirma que sólo la desregulación puede asegurar que el futuro sea inventado y construido en EE. UU., en lugar de descubierto en Estados Unidos y fabricado en China. (ídem, 9/8).

Las consecuencias del ataque a la salud por parte del imperialismo estadounidense están a la vista y anuncian una catástrofe sanitaria. En los Estados Unidos en lo que va del año se confirmaron más de 2.000 casos de sarampión. En la República Democrática del Congo, la epidemia del ébola, que registra la propagación más rápida jamás registrada, ha matado a más de 1.400 personas desde mayo, causada por una cepa para la cual no existe vacuna ni tratamiento. La ciclosporiasis se ha reportado ya en 47 estados de los Estados Unidos, con 10.468 casos confirmados en laboratorio entre el 1 de mayo y el 3 de agosto, más de 12.255 casos a la espera de confirmación y dos muertes en Míchigan, al 4 de agosto. Un importante brote de salmonela ha enfermado ya a 345 personas en 27 estados.

Fuentes:

Cómo salvar la ciencia tras la estela de Fauci - WSJ

La cacería de brujas contra Anthony Fauci y la guerra contra la salud pública - World Socialist Web Site

Comité del Senado declara a Fauci en desacato mientras múltiples brotes de enfermedades arrasan Estados Unidos - World Socialist Web Site

El Senado de EE. UU. declara en desacato a un exfuncionario que se niega a responder los secretos del Covid - LA NACION

12 de agosto de 2026
Despidos masivos en Granja Tres Arroyos

Granja Tres Arroyos envió 255 telegramas de despido a trabajadores de su planta de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. La faenadora, una de las más grandes de la empresa, se encuentra cerrada “por tiempo indeterminado” desde el 28 de mayo, sin que los trabajadores hubieran recibido notificación alguna sobre su condición, ni despedidos ni suspendidos, situación en la que continúan 450 trabajadores. En Planta La China, como se la conoce popularmente, trabajaba una dotación de 700 trabajadores, que venían de un largo conflicto con la empresa. Según la empresa la decisión responde a “la fuerte caída de la actividad provocada por las restricciones a las exportaciones que enfrentó por la gripe aviar en el último tiempo, cuyo principal mercado es China. También apuntó a la sobreoferta en el mercado interno y el aumento de los costos locales”.

Crisis capitalista

Entre las excusas vertidas por la patronal de Granja Tres Arroyos para justificar los despidos se encuentran los brotes de Influenza aviar registrados en el país desde 2023. Según la empresa, determinaron el cierre y las restricciones de acceso a los principales mercados internacionales de exportación. La “significativa reducción de las exportaciones”, junto con una sobreoferta en el mercado interno y una marcada caída de los precios de comercialización, es la explicación que esgrime la patronal. A esos factores, la compañía sumó un incremento sostenido de los costos, circunstancias que, según planteó, derivaron en un “profundo deterioro” de su situación económica, financiera y productiva. La patronal también denuncia ahora las “sucesivas contingencias operativas y conflictos colectivos que afectaron el normal desarrollo de la actividad y profundizaron la disminución de la producción y de los niveles de faena”.

La empresa descargó en forma permanente la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. La respuesta no se hizo esperar, a pesar de la complicidad del Sindicato de la Alimentación. Los trabajadores, según la empresa, debían aceptar la reducción salarial y los atrasos en los pagos sin chistar. Granja Tres Arroyos también señaló que “había adoptado distintas medidas para preservar la continuidad de la explotación y la mayor cantidad posible de puestos de trabajo”. Según explicó, buscó adecuar sus operaciones y reducir sus costos, pero consideró que las medidas implementadas resultaron insuficientes para revertir la crisis y que tampoco fue posible lograr una recuperación rápida de su organización y de su dotación de personal.

El STIA reclama en los expedientes “responsabilidad social empresarial” a la misma empresa que instaló un verdadero ´régimen de excepción´ interno en los lugares de trabajo. Abusó al máximo, tanto en esta como en las otras plantas del grupo, de las condiciones permitidas por el Procedimiento Preventivo de Crisis: pagó durante años los salarios en cuotas; redujo sustancialmente ítems de los salarios; retuvo aportes a la Obra Social y previsionales; suspendió masivamente a trabajadores sin pagar los salarios; no pagó en tiempo y forma las vacaciones anticipadas de los trabajadores; retuvo el dinero de las asignaciones alimentarias de los hijos de los trabajadores sin pagarlos. Siguiendo una misma línea de esquivar las leyes laborales, los despidos fueron comunicados con el artículo 247 que le permite abonar las indemnizaciones al 50 %.

El despido de los 255 trabajadores tiene un carácter eminentemente político. Mientras la empresa arrasaba los derechos de sus empleados, los dirigentes sindicales de la burocracia sólo llevaban adelante gestiones administrativas y legales. Entre los despedidos se encuentran los delegados y referentes de los trabajadores, con mandato vigente, que venían impulsando acciones contra el cierre de la planta ante la pasividad del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) de Concepción del Uruguay y de la Federación. Los trabajadores autoconvocados junto a los delegados llevaron adelante acciones de lucha en forma sistemática durante los últimos meses, incluso bajo la amenaza del STIA y de la empresa de que se caería “la mesa de negociación” si seguían reclamando. La mesa de negociación terminó por acordar el despido del activismo de la planta, y se prepara para golpear también en las otras plantas del grupo, que se encuentran con suspensiones por todo agosto (Pilar), vacaciones anticipadas (la ex Cresta Roja) y con cortes de luz por falta de pago (Capitán Sarmiento).

Durante una tensa asamblea convocada por el STIA el día de ayer, la entrega de los trabajadores quedó plasmada. Los dirigentes del Sindicato confesaron no tener ningún plan de lucha, y que solo se limitarían a la defensa legal. Comunicaron, como voceros de la empresa, que las indemnizaciones incluso al 50 % difícilmente se paguen. Los trabajadores reclamaron un plan de lucha y anunciaron que se autoconvocarán en las puertas del Sindicato para el jueves próximo.

12 de agosto de 2026
El segundo cuatrimestre y los intentos por abortar la lucha universitaria

En menos de 60 días se cumplirá un año desde que la Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada. Sin embargo, sigue sin aplicarse, pese al rechazo del veto presidencial, los dos fallos de la Justicia y el último pronunciamiento de la Corte Suprema, que dejó firme la medida cautelar y obliga al Gobierno a cumplir con los artículos vinculados a los salarios, aunque sin intimación ni plazos concretos para que lo haga.

Hasta el momento, el Gobierno ha maniobrado de todas las maneras posibles para evitar desembolsar los fondos correspondientes. El acta firmada el 10 de junio con algunas de las federaciones y con la complicidad del CIN, que estableció un incremento del 21,3 %, le ha permitido hasta ahora presentar como argumento que la ley "se está cumpliendo". Incluso fue el principal argumento utilizado por el Ministerio de Capital Humano para atacar el paro que comenzó hoy, miércoles 12 de agosto.

En un comunicado, Pettovello también señala que se habría convocado a una paritaria para el 1º de septiembre. Se trata de una nueva maniobra para dilatar el conflicto o arrojar algún “hueso” a las burocracias sindicales, como ya ocurrió en junio, con el objetivo de levantar el proceso huelguístico que pueda desarrollarse en las universidades.

El Frente Sindical ha impulsado, bajo la propuesta de FATUN (no docentes), un paro de 24 horas para el miércoles 12 y la propuesta de un paro de 48 horas para los últimos días de agosto. Esta iniciativa contaría con el apoyo de una gran parte de los rectores que integran el CIN.

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, ha salido a delimitarse del paro, por la sencilla razón de que están avanzando en una negociación con el Gobierno y otros sectores.

El juez Martín Cormick convocó para el viernes 21 de agosto a una audiencia entre el Gobierno y las universidades nacionales para destrabar el conflicto. Según señalan expresamente los medios, fueron las autoridades de la UBA las que solicitaron una audiencia de manera individual. El CIN inicialmente se opuso, porque considera que no hay nada que negociar respecto de la medida cautelar ya firme, pero confirmó que asistirá a la audiencia.

Con un arreglo intermedio, buscarán el cierre de la causa judicial y, de esta manera, abortar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la quiebra de la paritaria nacional.

Federaciones universitarias

En este nuevo capítulo de la lucha universitaria, el Frente Sindical, que durante todo este tiempo se ha subordinado al CIN, está atravesando el cimbronazo de las negociaciones por arriba.

Por un lado, ambas CONADU venían discutiendo impulsar un paro de una semana. Sin embargo, luego de que CONADU Histórica votara en su último congreso impulsar una semana de paro del 18 al 22 de agosto, CONADU -sin H- se ha limitado a sumarse a las acciones de abrazo simbólico a las universidades el 19 de agosto y al paro de 48 horas a fin de mes. De hecho, no pudo tomar posición para adherir al paro del 12, dejando en “libertad de acción sindical” a cada asociación de base.

COAD (Rosario), que integra CONADU, por su lado, ha entrado en una suerte de desacato, adhiriendo al paro de 24 horas del 12 y sumándose, a nivel provincial, al paro de una semana propuesto por CONADU Histórica.

Otro proceso combativo es el que están atravesando las universidades de Córdoba, donde las asambleas de base de las escuelas preuniversitarias, como el Monserrat y el Manuel Belgrano, han llevado como mandato a ADIUC (CONADU) y ADUCOR (CONADU Histórica) el paro por tiempo indefinido.

En Río Cuarto, el Rectorado de esa universidad fue tomado por los no docentes, quienes están reclamando frente a la violación de los convenios colectivos de trabajo por parte de las autoridades universitarias, en el marco de la lucha nacional por los salarios.

Un proceso de movilización también atraviesa la Universidad de Salta, donde se está denunciando el despido de 45 trabajadores no docentes.

A nivel nacional, el paro del 12 de agosto coincide con la jornada de lucha de trabajadores y trabajadoras del CONICET, que convocaron a acciones en el Obelisco y en todo el país, denunciando el ajuste en ciencia y educación.

El FIT-U ha decidido adaptarse a las vacilaciones de la burocracia, levantando la consigna de la huelga por tiempo indefinido para pasar a proponer en todas las asambleas en las que interviene un paro de una semana. Sin embargo, las posiciones no son homogéneas, sino que se van adaptando en función del escenario. En Bahía Blanca, por ejemplo, han cambiado la posición de paro de una semana por la de paros progresivos. El PTS en Tucumán ha llamado a apoyar el paro por tiempo indefinido para no quedar en minoría frente a otra posición.

El paro por tiempo indefinido, por ahora, es una posición minoritaria a nivel nacional, pero ha aparecido en algunas asambleas como parte del debate colectivo e incluso en algunas encuestas realizadas, como por ejemplo en la UTN, donde han participado más de 300 docentes.

En esta nueva etapa del conflicto universitario el resultado dependerá de si las bases logran superar las trabas burocráticas y el intento de eliminar el conflicto por parte de los Rectores y el Gobierno.

12 de agosto de 2026
Represión en Jujuy: desalojo de comunidades originarias en la Quebrada

El lunes se produjo una brutal represión en Humahuaca contra miembros de la comunidad originaria Santa Rosa, en un intento de desalojo ordenado por la justicia provincial y acompañado por un fuerte operativo policial. El operativo contó con la venia del gobierno radical de la provincia y también del intendente peronista del municipio.

El desarrollo urbano ha hecho que el territorio de esta comunidad hoy se encuentre convertido en una suerte de barrio o asentamiento pegado a la ciudad, lo que eleva sustancialmente el valor de las tierras para su explotación inmobiliaria.

El operativo dejó heridos de diversa gravedad y ocho detenidos a los que la justicia imputó por diversos cargos, buscando sentar un precedente de amedrentamiento a todo el que intente resistir cualquier tipo de atropello.

Luego del escándalo mediático, el gobierno provincial, a través del secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, intentó presentarlo como un conflicto “entre privados” donde la policía sólo actuó por mandato de la justicia (El Tribuno, 11/8). La movilización de más de 100 oficiales de policía y el derrumbe de una vivienda con una retroexcavadora demuestra que se trató de un hecho muy por encima de un conflicto entre vecinos.

Un desalojo flojo de papeles

El avance represivo de la policía para cumplir la orden judicial de desalojo no tuvo reparos en nada. La propia directora de la Dirección Provincial de Inmuebles reconoció algunos errores en la demarcación de los territorios, con superposiciones entre algunas cédulas parcelarias y los terrenos de la comunidad.

A pesar de esta irregularidad reconocida inclusive por profesionales y técnicos, la justicia dictó sentencia sobre el caso y el juez de Primera Instancia Civil y Comercial, Juan Pablo Calderón, sentenció el desalojo.

Los gobiernos radicales de Morales y su sucesor Sadir han tenido diversos conflictos por operaciones de especulación inmobiliaria, algunas veces chocando con comunidades originarias y otras con vecinos o campesinos que viven desde hace generaciones en sus territorios. Solo para nombrar algunos, ha habido desalojos en Guerrero, Palpalá, Finca el Pongo (Perico), La Quiaca, Yavi; pero la zona de la Quebrada de Humahuaca, destino turístico por excelencia cuya valorización se fue por las nubes no solo por sus paisajes, sino también luego de su declaración como Patrimonio de la Humanidad, es la más preciada. En los últimos años se han producido grandes desalojos y desplazamientos forzados en la zona, en función de la explotación de terrenos con fines de desarrollo comercial y turístico. Hubo conflictos con la Comunidad de Cueva del Inca en Tilcara, desplazamiento de vecinos de Maimara que construyeron sus viviendas en terrenos ferroviarios (hoy ubicados en el centro del pueblo), desalojo de vecinos del barrio Estación en Tilcara, y ahora en Humahuaca contra la comunidad Santa Rosa.

Este nuevo atropello es la consecuencia directa del entramado legal y político que busca hacer grandes negocios con la tierra. El gobierno radical –en sintonía con el gobierno liberticida de Milei- se ha valido de una estructura jurídico-legal afín para esta avanzada reaccionaria, partiendo del Código Contravencional. La reforma constitucional en 2023, sumada a la derogación del decreto de emergencia territorial (Ley 26.160) a nivel nacional y al intento de imponer la Ley de Tierras, dio la señal de largada a las patronales y especuladores para avanzar con los desalojos.

La lucha contra el acaparamiento inmobiliario y el desalojo de los pobladores originarios es una lucha inseparable junto a la clase obrera, contra el gobierno nacional, provincial y municipal porque los tres defienden una agenda de intereses capitalistas ajenos a los del pueblo trabajador.

13 de agosto de 2026
Granja Tres Arroyos: el cierre y los despidos desatan una crisis política en Entre Ríos

El crecimiento de los despidos obligó a una intervención del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que buscó marcar diferencias entre la situación de Granja Tres Arroyos de la realidad que atraviesa el resto de la industria avícola -central para la provincia. En declaraciones al programa Nunca es Tarde, sostuvo que “la empresa enfrenta una crisis puntual” y que la magnitud de los despidos lo sorprendió. “El sector avícola está pasando por un momento muy bueno, invirtiendo y generando empleo. Este es un problema concreto de una empresa que tomó malas decisiones y tuvo mala suerte, pero que afecta a muchas familias”. “El sector avícola está volando en la Argentina y en el mundo y me cuesta creer que la empresa no pueda resolver este problema. Esperamos que esto se frene acá. Es una situación dramática”, cerró.

La provincia se había limitado a la entrega de una asistencia alimentaria para los trabajadores y a ciertas exenciones en el pago de los impuestos provinciales y municipales a sus familias. Frigerio había declarado: “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para resguardar las fuentes de trabajo en Granja Tres Arroyos”. Pocos días después de esa reunión los trabajadores de la planta de Concepción del Uruguay comenzaron a recibir los telegramas de despido.

Frigerio soslaya el problema de fondo: los conflictos obreros y la crisis industrial han golpeado duro a la provincia de Entre Ríos. Los parques industriales de la provincia están afrontando despidos y cierres como UnionBat en Gualeguaychú o en la química Fademi. La crisis de Granja Tres Arroyos representa un golpe al conjunto de la provincia por el entramado productivo que provee a la faenadora.

Por cada trabajador directo existen entre tres y cuatro empleos indirectos vinculados a incubadoras, granjas, plantas de alimento balanceado, transporte y otros servicios relacionados con la actividad. El dirigente del STIA lo calificó como “un tiro en la línea de flotación para la ciudad y para la provincia”, ya que en Concepción del Uruguay viven 82 mil personas, y uno de los principales motores de la ciudad son los salarios de los trabajadores de Granja Tres Arroyos.

Muchos trabajadores se enfrentan a la imposibilidad de afrontar gastos médicos y a la interrupción de sus tratamientos médicos prolongados. Un operario de la planta que venía soportando deudas, estrés y el corte de servicios murió al recibir el telegrama de despido. Trabajadores con tratamientos oncológicos hoy tienen dificultades para acceder a sus medicamentos. Como en FATE, el cierre de la planta de Granja Tres Arroyos implica la bancarrota de la Obra Social.

Hasta ahora los despidos se contabilizan en 400 trabajadores, casi la mitad de la dotación de la planta. La patronal ha invocado el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla situaciones de falta o disminución de trabajo no imputables al empleador, y habilita el pago del 50% de la indemnización. En los telegramas sostuvo que atraviesa “circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad” que afectaron el normal funcionamiento de la actividad. Con deudas salariales de varios meses, y una empresa transitando una situación rayana con la quiebra, los trabajadores saben perfectamente que las posibilidades de cobrar son pocas. Sobre todo, luego de que se hiciera pública la existencia de centenares de cheques impagos y una propuesta de reestructuración a la que no se han sumado mayoritariamente los acreedores.

La Nación de hoy empieza su artículo diciendo que “El silencio predominó durante la asamblea realizada ayer luego de la llegada de los telegramas de despido”. Todo lo contrario. La asamblea fue un contundente repudio de los trabajadores a los pocos dirigentes del Sindicato presentes que, en buena parte, se ausentaron de la misma. Los trabajadores exigieron respuestas y planteos de lucha que la recientemente electa conducción del STIA Concepción del Uruguay no está dispuesta a plantear.

LEER MÁS:

Despidos masivos en Granja Tres Arroyos Los trabajadores quieren luchar, la burocracia del STIA no. Por Pablo Busch, 12/08/2026.

14 de agosto de 2026
El infante Bonfante

El PTS ha sumado a su elenco un nuevo encargado de provocaciones. Luca Bonfante dejó por un momento a las asambleas universitarias con el propósito de denostar a Altamira y a Política Obrera. Sin quererlo, nos ha hecho un favor, pues demostró que la única crítica consistente, seria y desarrollada al alevoso seguidismo del PTS al peronismo ha provenido de nuestras filas.

Veamos: el texto de Bonfante critica al aparato del PO y a Izquierda Socialista, a quienes reprocha “presentar a Bregman como una suerte de peronista encubierta”. Notablemente, Bonfante no puede acompañar esta “acusación” con una sola cita que refiera a textos del PO oficial o IS que desarrollen esta cuestión. Bonfante, por lo tanto, sólo se refiere a dimes, diretes o intrigas, a las que responde con el método del intrigante. “Necesitado”, sin embargo, de “evidencias” que fundamenten esa acusación, Bonfante debe recurrir al único lugar donde puede encontrar un desarrollo político acerca del sometimiento del PTS y del FITU al nacionalismo burgués. Ese lugar es Política Obrera y son las notas de Altamira. A sabiendas de que para un dirigente del actual aparato del PO no hay mayor sombra que la de aludir a los fundadores de su malversado partido, Bonfante nos mete en la conversación.

Bonfante cita una ironía de Altamira -la que alude a un eventual conchabo de Cristina en un gabinete de Bregman- ocultando el desarrollo político de la nota a la que hace alusión y, por cierto, sin comprender su contenido. Nosotros arribamos a una conjunción entre el kirchnerismo y Bregman al cabo de una docena de artículos críticos donde desmenuzamos el Manifiesto del PTS. Al cabo de ellos, Altamira señala que el gobierno que propugna el PTS es un conjunto de movimientos identitarios presentados como “nueva clase" social. Denuncia también la adscripción de Bregman al “progresismo” y a un gobierno fundado en la colaboración de clases. En las primeras entregas de nuestra serie de notas, señalamos la adhesión del PTS al objetivo nacionalista de superar la “decadencia nacional”, en oposición a la lucha por terminar con la decadencia capitalista por medio del socialismo internacional. A esa deriva, el PTS le ha sumado recientemente la campaña patriotera -”las Malvinas son Argentinas y nuestro territorio también"- en un frente único que abarca desde la videliana Villarruel y Guillermo Moreno hasta, naturalmente, el kirchnerismo. El infante Bonfante sufre de la clásica aversión a la lectura que provoca la adicción al Tik Tok.

Pero Bonfante no ha comprendido el sentido de la afirmación de Altamira, que él coloca en la categoría de sanata. La alusión a “Cristina en el gabinete de Bregman” (y no al revés), es un poderoso señalamiento sobre el alcance de la crisis política y de la descomposición del peronismo. A diferencia de Bonfante, que sólo ve en Bregman al mascarón de proa para alcanzar algunos escaños parlamentarios, en Política Obrera no descartamos que la crisis política convierta a Bregman en otro Boric o Petro. El alcance de nuestra crítica a un gobierno de izquierda que no será un gobierno obrero, se relaciona con esa visión de la crisis. Por referencia a ella, el PTS ha encarado la campaña de Bregman con la mira de los enanos políticos, es decir, de los oportunistas.

Blog

En su nota “crítica”, el infante Bonfante califica a Política Obrera de blog, pero que, sin embargo, ha atraído el interés del pichón de groserías. Una vez más, Bonfante acertó al revés: no hay mejor definición para La Izquierda Diario que la de un blog “de izquierda”, que suele refractar todos los lugares comunes del progresismo y el identitarismo ajenos al socialismo. Toca todas las partituras a gusto del oyente. LID es sucesivamente feminista, ambientalista, sindicalista o estudiantilista, nunca socialista; jamás encontraremos una crítica de conjunto al capitalismo en descomposición, pero sí su adhesión inicial a la OTAN y Zelensky, como lo sigue haciendo su socio, el MST. Los editoriales de Fernando Rosso podrían suscribirlos cualquiera de los Pablo Iglesias, Boric, Varoufakis o los ‘socialistas” del partido Demócrata del imperialismo norteamericano, donde actúa la Fracción Trotskista de Bonfante. Esto es lo que caracteriza a “La Izquierda Diario”.

Política Obrera, con sus limitaciones de recursos, es una página o un periódico de partido; su eje es la lucha de clases. También lo seguimos imprimiendo, con la “peregrina” pretensión de colocarlo en las fábricas. Política Obrera tiene 60 años de historia y salió durante la última dictadura militar.

Luca: ¿Vos también empezaste a cantar el himno y cuadrarte ante la celeste y blanca para disolverte en el nacionalismo teatral que desató el mundial de fútbol?.

Por último: ¿Qué podés decirnos de la visita de Bregman y otros dirigentes del FITU a la casa de Cristina Kirchner, convirtiendo la denuncia contra la proscripción en un apoyo político?’ Como diría el Indio Solari: esa visita, Altamira “no la soñó”.

El nacionalismo es el gran organizador de derrotas de la clase obrera argentina.

14 de agosto de 2026
FITU: la crisis sin principios de un planteo arribista y electorero
Comité Editorial

La inscripción de alianzas para las elecciones constituyentes en la ciudad de Bariloche ha detonado una crisis al interior del FITU. El FITU ha registrado una lista del PTS y el MST, de un lado, y otra del aparato oficial del PO e Izquierda Socialista, del otro. Para Prensa Obrera esta crisis “tiene un contenido diferente”, en relación a episodios anteriores de división. Indudablemente, aunque este aparato sea incapaz de discernirlos. El FITU se rompe en medio de expectativas de que pueda pelear una presencia en el balotaje del año que viene, desde su tercera posición actual. José Mayans, el jefe del bloque peronista en el Senado, un ‘insfranista’, o sea más bien de derecha, acaba de reclamar la presencia de Myriam Bregman en un frente nacional y popular, sin recibir el menor reproche de los otros asistentes a la reunión, como Kicillof y Massa. Massa había cortejado a la ´trotskista nacionalista´ en el debate presidencial de 2023. El partido de Bregman le devolvió la gentileza cuando llamó a votarlo en el balotaje contra Milei. CFK sostiene lo mismo (atraer a MB) desde bastante antes.

El ascenso en esas expectativas no ha reforzado al FITU sino detonado una crisis. El PTS, asegura el aparato de Solano y Pitrola, ha planteado eliminar la rotación en los cargos legislativos que se obtengan, algo ‘razonable’ cuando la nave de arrastre es la candidata del PTS. Es una crisis por el reparto (desigual) de los beneficios. Por esto mismo, Izquierda Socialista denuncia a las huestes de Bregman-Del Caño de pretender romper el FITU. ¿Qué nos enseña todo esto? El carácter fundamentalmente sin principios del FITU y todos sus partidos, que en lugar de unirse en la elaboración de una estrategia de poder ante los desafíos novedosos en presencia, se fagocitan para no ser desplazados de los expolios electorales. Confundir un gobierno de arribistas con el gobierno de los trabajadores es una necedad.

La crisis expone otro ángulo: la ruptura del “partido único de la nueva clase trabajadora”, del cual el PTS ha expulsado al aparato del PO antes de que salga de los papeles. Consecuentemente, ha anulado todas las actividades vinculadas con su construcción. El PTS alega que el aparato del PO ha sido responsable de una agresión física contra los activistas de la pequeña toma de FATE, que Política Obrera, nuestro partido, repudió al instante. Como lo hemos advertido en numerosos artículos, el sabotaje del FITU en su conjunto, y de la dirección del Sutna, a la ocupación de la fábrica por sus 900 despedidos, tendría efectos mortales en estos partidos, que ahora se matan por cargarle la mochila al otro. Todo el FITU dilató en largas peregrinaciones a la Legislatura y la Casa de Gobierno bonaerense el inicio de cualquier lucha directa, para reclamar una ley de expropiación de FATE. No es el primer caso en que esta izquierda ha procedido del mismo modo en los últimos 70 años.

La completa falta de principios que rodea a esta crisis se observa en el pasaje de todos al nacionalismo más berreta, en oposición al agudo antagonismo de clase que la crisis capitalista y los liberticidas han desarrollado en los últimos años. El Manifiesto del PTS se inicia con una convocatoria a “superar la decadencia nacional”, que luego fue traducido a la sustitución del socialismo y el poder obrero por el “antiimperialismo”, y más tarde a “la patria no se vende” y embanderarse con albiceleste luego de la victoria contra Inglaterra. El morenismo regresó a su pasado malvinero y al ofrecimiento de sus servicios al Segundo Cuerpo del Ejército instalado en Rosario. Es el ADN de una corriente oportunista. El aparato del PO se integró más temprano a esta demagogia nacional cuando se propuso convencer a Kicillof de que Argentina no puede quedarse sin camiones y de que la defensa de los activos nacionales debía dejarse en manos de la burguesía “industrial” y no de un gobierno socialista de la clase obrera.

Esta coincidencia estratégica con el nacionalismo no ha evitado la crisis, porque el FITU es programáticamente un camaleón; despliega un nacionalismo con intenciones electorales, sea para seducir a un electorado incauto o para hacer un frente con un peronismo que tiene varias cabezas por ahora. Ha sacrificado el desarrollo de una consciencia de clase, que nunca puso en práctica, para asociarse al recambio que procuran determinados sectores de la burguesía nacional.

No hace falta decir que quienes se indignan hoy por las agresiones de las que son objeto, se callaron convenientemente ante el matonaje del aparato del PO contra nuestra Tendencia. Entendieron bien lo que significaban esas violencias y expulsiones: la extinción de una organización socialista revolucionaria y el parto violento de un aparato, en primer lugar, al servicio de la infiltración antisocialista en la clase obrera: el nacionalismo burgués, el feminismo burgués, el ambientalismo burgués y un repudio al internacionalismo, en medio de una guerra imperialista mundial. La crisis del Partido Obrero, entre 2016 y 2020, ha sido la base de toda la descomposición que hemos descripto.

14 de agosto de 2026
El cobro de aranceles a ciudadanos extranjeros en los hospitales nacionales es un avance en la privatización de la salud

En un nuevo ataque contra extranjeros y migrantes, el gobierno liberticida reglamentó el procedimiento para que los hospitales nacionales comiencen a cobrar las prestaciones a extranjeros que no tengan residencia permanente en el país, mediante la resolución 1066/26 publicada en Boletín oficial el día martes 11.

La medida se apoya en los cambios introducidos por el DNU 366/2025 a la Ley de Migraciones y establece el pago por la atención a aquellas personas que no tengan la residencia permanente, una clara diferenciación en la atención. La única excepción es la atención de emergencia, que según lo expresado por la resolución, seguirá garantizada para todas las personas, independientemente de su situación migratoria y "no podrá ser negada ni demorada por trámites administrativos".

De esta forma, el procedimiento es el siguiente: las personas que invoquen la condición de residente permanente para acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que un ciudadano argentino deberá exhibir obligatoriamente ante el área de Admisión el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico para Extranjeros vigente, donde conste de modo expreso en el campo respectivo la categoría de “Residente permanente”. En caso de extravío o renovación en trámite, se admitirá temporalmente la Constancia de Residencia Permanente en Trámite emitida digitalmente por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) a través del sistema Radex, acompañada del pasaporte vigente o documento de identidad de su país de origen.

Las personas extranjeras no residentes, en cambio, en caso de contar con seguro de salud, el hospital podrá facturarle a la aseguradora el costo de la atención. En caso contrario, deberán abonar antes la prestación. Un anexo de la norma establece cuáles son cada una de las emergencias comprendidas como excepciones, que desde el Ministerio de Salud fueron resumidas como “aquellas situaciones que impliquen un riesgo cierto e inminente para la vida o funciones vitales, como infartos, ACV, traumatismos graves, hemorragias masivas y emergencias obstétricas, pediátricas o neonatales”. Pero, el texto establece que “una vez superada la situación de emergencia, las prestaciones posteriores podrán ser facturadas al paciente o a su aseguradora según corresponda”.

La medida de cobro a los extranjeros tiene antecedentes en las provincias de Jujuy, Salta , Mendoza. A partir de la resolución, se suman los centros de salud nacionales: Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur y el Laura Bonaparte. Mientras que los llamados hospitales SAMIC, de gestión compartida entre la Nación y las provincias, como por ejemplo el Hospital Garrahan, al tener un consejo de administración, deberán aprobar su propio procedimiento de cobros.

En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno fascista de Jorge Macri, impulsó la medida llamada “Prioridad porteños” para excluir a los miles de trabajadores residentes en el conurbano bonaerense que ingresan a trabajar a diario a la ciudad de Buenos Aires. A partir del “procedimiento para el empadronamiento de usuarios en el sistema público” publicado el 29 de julio para CESACS, solicitan que, para empadronar a nuevos usuarios que soliciten turno por medio del 147 -la línea del Gobierno de la Ciudad- se adjunta como documentación, además del DNI, una boleta de un servicio para constatar domicilio. Previamente, Jorge Macri había anunciado el cobro a los extranjeros a través de su red social personal anunciando que “extranjero que se atiende en la ciudad, extranjero que paga”. Estas medidas ya están siendo motivo de debate y organización entre los trabajadores del primer nivel de atención y hospitales de CABA.

Como venimos desarrollando en estas paginas, la reactivacion de un discurso pseudonacionalista apunta a dividir a la clase obrera del principal enemigo que es el explotador (la clase capitalista). En este caso, estamos ante otro paso en el avance del cobro de aranceles en los hospitales y centros de salud pública.

Rechazamos cualquier intento de dividir a la clase obrera y de privatizar necesidades tan esenciales como la salud o la educación. Organicemos una lucha en conjunto contra este gobierno.

14 de agosto de 2026
OCA prepara despidos masivos y mudanzas

La empresa de correo privado OCA LOG amenaza con activar 1.500 despidos mientras aprieta con retiros voluntarios, en medio de la gigantesca mudanza de su principal centro operativo, ubicado en Avellaneda, al Parque Industrial de Moreno. El sindicato de Camioneros replicó a los trabajadores el mensaje de la patronal de que pretendían deshacerse de casi el 30 % del plantel, iniciando un proceso de “retiros voluntarios” sin posibilidad de rechazo: a los que no lo acepten, se los va a despedir, advirtiendo a los trabajadores que el sindicato no podía hacer nada. Lo que corresponde a un sindicato que se precie es enfrentar la política de despidos, precarización y monotributo de la patronal postal, convocando a asambleas en todo el correo para preparar la huelga. Por el contrario, el ´clan Moyano´ actúa como correa de transmisión de esta política de liquidación del plantel de trabajadores.

OCA pertenece a COC Global Enterprise, de Leonardo Scatturice, quien el año pasado la adquirió junto con Flecha Log. Es la principal empresa de correo privado de Argentina. Cuenta con más de 100 sucursales y alrededor de 1.000 Puntos OCA y centros logísticos distribuidos en todo el país, en los cuales trabajan más de 5.000 camioneros de la rama Correo y 3.000 fuera de convenio.

Es el mayor distribuidor de paquetería liviana, negocio que comparte con Correo Argentino, a quien este holding empresarial le hace por completo la distribución de sus envíos de paquetería a través de Flecha Log.

Es decir, OCA es una empresa no solo con gran potencial, sino con mucho trabajo por desarrollar en la actividad vinculada a las compras digitales, que son de las pocas que continúan creciendo. Según Galperín, dueño de Mercado Libre, este segmento del negocio crece al ¡38 %!, mientras el comercio tradicional y el consumo privado y público se desploman. Sin embargo, arrastra un concurso de acreedores desde el año pasado, con una deuda de 100.000 millones de pesos; paga los sueldos en cuotas, incumple con el pago de los aguinaldos y los aportes patronales de obra social y jubilación. Todo mientras contrata más trabajadores bajo la modalidad de monotributistas, invierte en tecnología y alquila una gigantesca planta logística en la zona oeste.

La mudanza: plan de precarización

Recientemente, OCA anunció el traslado de su centro operativo de Avellaneda, donde trabajan 280 camioneros, a Moreno. Allí alquiló la mitad de una nave de Dorinka SRL, del Grupo GDN, de Francisco de Narváez. En un claro proceso de reinversión del correo a la logística, que es muy rentable y que sería aún mayor al llevarse a cabo a costa de barrer con derechos y conquistas adquiridas.

Por esta razón, los trabajadores de OCA Avellaneda se declararon en estado de alerta y asamblea permanente, ya que la mudanza, sin un plan de reubicación que garantice la continuidad laboral de los trabajadores afectados, los convertiría, en los hechos, en despidos encubiertos. Rondaría el 5 % del plantel convencionado en Camioneros con el cual cuenta hoy OCA.

Advertimos que detrás de la mudanza se oculta un cambio en la modalidad de contratación. El apuro patronal por deshacerse del plantel convencionado no responde a falta de trabajo, sino a cambiarlo por uno precarizado bajo la condición de monotributista o eventual.

En ese sentido, las mudanzas intempestivas responden a una estrategia de desgaste sobre los trabajadores, así como el pago de los sueldos en cuotas y la amenaza de que, si no se acepta el retiro voluntario, se transformará en despido directo. Si tenemos en cuenta otro elemento, como es la antigüedad, y que en OCA promedia los 20 años entre todos sus trabajadores, no nos equivocamos si concluimos que también buscan licuar este ítem, lo que, en definitiva, es un ajuste fenomenal.

Analogía con Dorinka

Llama poderosamente la atención que la situación en OCA se replique de forma similar en Dorinka, ya que también en el centro operativo de distribución de mercadería del supermercado Chango Más están haciendo mudanzas de iguales características: a un nuevo centro en Escobar y otro en General Paz y Constituyentes, sin garantizar estabilidad y continuidad laboral y con el mismo objetivo de generar desgaste entre los trabajadores para que se vayan por la puerta de atrás. Mientras tanto, por otro lado, toman nuevos trabajadores con menos derechos. La puntería, entre tantas similitudes, no solo se remite al ataque patronal, sino que también tiene asidero en la representación gremial que posee Camioneros en ambos lugares de trabajo.

Es escandaloso que, ante semejantes atropellos, el sindicato no haya convocado ni a una sola medida de lucha. La burocracia de Camioneros replica dentro de Dorinka y OCA lo que a nivel nacional lleva adelante junto con la CGT ante el Gobierno: desmovilizar y dejar pasar.

Organicemos nuestra defensa

Ante esta ofensiva patronal, que cuenta con la clara complicidad de la burocracia moyanista, hay que contraponer asambleas y medidas concretas que defiendan la continuidad y las condiciones laborales, así como el salario. No a las amenazas. Los retiros voluntarios son despidos encubiertos. Si una misma política empresaria afecta a trabajadores de diferentes lugares, nos tenemos que unir todos juntos para luchar y preparar la huelga general.

14 de agosto de 2026
San Isidro: piquete en reclamo de obras escolares

Familias, docentes y estudiantes de las escuelas primaria N° 17 y secundaria N° 24 de Boulogne, partido de San Isidro, realizaron dos cortes sobre Yrigoyen y la rotonda, en protesta por los enormes problemas de infraestructura del edificio. Durante la última lluvia, el agua se filtró por las paredes, destruyó por completo el tablero eléctrico y dejó al establecimiento totalmente sin luz y en peligro extremo para cualquiera que esté allí.

La respuesta de las autoridades de la Dirección General de Escuelas de la provincia gobernada por Kicillof fue “no hay plata”. Propusieron poner unos bancos para que los alumnos no tocaran el tablero eléctrico que chorreaba agua. La desidia de las autoridades es completa. En una asamblea, familias, docentes y alumnos se plantaron y defendieron la suspensión de las clases por no estar dadas las condiciones mínimas de seguridad. Un centenar de personas cortamos la avenida Bernardo de Irigoyen durante unas 3 horas, pero no se hizo presente ninguna autoridad del consejo escolar -dependiente del municipio- ni de Inspección -dependiente de Provincia-. El reclamo era una solución integral -no más parches- para resolver los problemas del edificios y un cronograma concreto de reparación del techo y demás problemas. En el corte se hicieron presente concejales del distrito, los sindicatos SUTEBA y ATE, delegados y referentes de escuelas.

Desde la Tendencia Docente Clasista de San Isidro plateamos: 1. Garantía absoluta de seguridad edilicia para los trabajadores y estudiantes. 2. Provisión de viandas de calidad. 3. Presentación inmediata de un plan de obras vinculante con plazos escritos y controlados por la comunidad educativa 4 Que se declare, en el distrito la emergencia edilicia en el ámbito escolar (ya que son un sinnúmero de escuelas con problemas graves de infraestructura).

Llamamos a todo la comunidad educativa a movilizarse el martes 18 al centro de San Isidro a exigir una audiencia a las autoridades escolares.

14 de agosto de 2026
El turno rotativo es insalubre
Pablo Capo

Hace unos días, la empresa Siderca nos mandó por la intranet un consejo para cuidar el corazón. Decía, con firma de sus médicos, que hay que dormir entre siete y nueve horas, acostarse y levantarse siempre a la misma hora para no desajustar el reloj biológico, y dormir de noche y a oscuras, porque la luz corta la melatonina y eso hace mal. Muy lindo, todo cierto. Un solo detalle: mientras Siderca nos da ese consejo nos tiene a miles trabajando en turnos rotativos, que es, punto por punto, hacer exactamente lo contrario. Nos explican cómo cuidar la salud mientras nos organizan el trabajo para que sea imposible.

En Siderca la rotación es mañana, noche y tarde, y ni siquiera sigue un orden natural: es un salto brusco, de la mañana, directamente a la noche. El turno mañana entra a las 5hs y sale a las 13hs para entrar a las 5hs, los trabajadores se tienen que levantar a las 4hs con suerte, y para dormir las siete u ocho horas que la propia empresa recomienda, tendrían que estar durmiendo a las 20hs. ¿Quién, en Argentina, cena y se acuesta a las 19hs o 20hs? Nadie. Así que el que hace turno mañana, en los hechos, duerme de menos casi siempre. No es el “turno tranquilo”: es otra forma de no descansar.

El cuerpo se las rebusca como puede: lo más común es volver reventado, tirarse a dormir una siesta de dos horas a la tarde, y después dormir cuatro o cinco horas de noche. ¿El problema? Que eso es sueño partido, y es justo lo que no hay que hacer. La propia empresa lo dijo en su comunicado: el sueño tiene que ser regular e ininterrumpido para que el cuerpo se recupere. Dormir a pedazos, dos horas acá y cuatro allá, no repara igual. Pero el turno no te deja otra opción: hagas lo que hagas, dormís mal.

Y el turno noche entra a las 9 de la noche y sale a las 5 de la madrugada. Es dormir de día, con el sol entrando, el ruido de la calle y la vida de todos los demás pasando mientras el trabajador descansa. El cuerpo, que de día no produce las hormonas del sueño, no descansa igual aunque esté muerto de cansancio. Salir un sábado a las 5 de la mañana y no poder pegar un ojo, o dormir tres horas y levantarse peor que al acostarse. Nunca se descansa bien, nunca del todo. Y cuando por fin el cuerpo se empieza a acostumbrar a un horario, ya toca cambiar al otro.

La ironía: el propio comunicado de la empresa dice que hay que mantener un horario constante y dormir de noche. El turno rotativo es la máquina perfecta para romper las dos cosas. No es que el trabajador que rota sea un desordenado que se cuida mal: es que el sistema de trabajo lo obliga a vivir contra su propio reloj biológico. Y eso, que parece solo cansancio, es mucho más grave de lo que nos quieren hacer creer.

El rotativo es probadamente insalubre

Vamos a los datos, porque esto no es una opinión de un trabajador cansado. La Organización Mundial de la Salud, a través de su agencia especializada en cáncer, clasificó el trabajo por turnos que altera el reloj biológico como “probablemente cancerígeno” para las personas. De nuevo: la máxima autoridad sanitaria del mundo dice que este régimen de trabajo es un probable cancerígeno, en la misma lógica con la que se miran otras causas de cáncer.

Y hay más. Los estudios médicos demuestran que el turno rotativo y nocturno es, por sí mismo, un factor de riesgo cardiovascular, igual que el tabaquismo, la hipertensión o la diabetes. Y ojo con esto, porque es clave: es un factor independiente. Quiere decir que suma su propio riesgo por encima de todo lo demás. Los estudios compararon trabajadores descontando si fumaban, si comían mal o si eran sedentarios, y aun así los que rotaban turno tenían más riesgo de enfermedad coronaria: hasta un 35 o 37 % más en los que llevan muchos años. El turno, solo, te enferma el corazón.

El dato que lo resume todo lo dio hace años un experto de la Organización Internacional del Trabajo: cada quince años de trabajo nocturno producen un envejecimiento adicional de unos cinco años. No es una metáfora. El turno te gasta el cuerpo más rápido que el calendario. Te jubilás, si llegás, con un cuerpo que tiene cinco o diez años más que tu documento. Y la propia empresa, en ese comunicado que mandó, admite sin querer todo esto: dice que dormir mal de forma habitual causa hipertensión, obesidad y enfermedades del corazón. Bueno: eso es exactamente lo que produce el turno rotativo que ellos mismos imponen.

Y hay un detalle más que empeora lo de Siderca. Los estudios muestran que no todas las rotaciones son iguales: la que sigue el orden natural del día (de la mañana a la tarde y después a la noche, acompañando el reloj del cuerpo) es menos dañina que la que salta o va para atrás. En Siderca rotamos mañana, noche y tarde: un salto brusco, de la mañana directo a la noche, que es justamente de los peores esquemas para el organismo. Un informe que debe alertar a los trabajadores

Por si todo esto sonara lejano, miremos lo que pasa en casa. Ya en 2007, el propio Servicio Médico de Siderca informó, en base a los exámenes que hace todos los años, que el 80 % del personal de la planta tenía algún factor de riesgo cardiovascular: obesidad, colesterol, triglicéridos, tabaquismo, diabetes o hipertensión. Y más de la mitad, dos o más factores a la vez. Ocho de cada diez compañeros con el corazón en riesgo, medido por la empresa.

La ciencia dice que el turno rotativo es, por sí mismo, un factor de riesgo cardiovascular. Y en Siderca la enorme mayoría de los que estamos en producción trabajamos en turnos rotativos. ¿Es casualidad, entonces, que ocho de cada diez tengan el corazón en riesgo? No lo afirmamos como sentencia, pero la pregunta cae de madura, y es la empresa la que debería responderla, en vez de mirar para otro lado. Porque frente a un número así, lo serio sería revisar el sistema de turnos que enferma, y no ofrecer alguna actividad suelta para descargar la conciencia.

El 6x1: el peor de todos

Y si hablamos del turno rotativo, hay una modalidad que es la más salvaje: el 6x1. Seis días de trabajo por uno solo de descanso. Ahí el cuerpo directamente no tiene tiempo de recuperarse: un solo día franco no alcanza para nada, ni para dormir lo atrasado, ni para ver a la familia, ni para respirar. Si encima ese esquema rota entre mañana, noche y tarde, es la tormenta perfecta: exprimen al máximo al trabajador y no le dan ni el respiro mínimo para reponerse, ni para poder siquiera pensar del agotamiento. El 6x2 ya es duro; el 6x1 es directamente inhumano.

El aislamiento social a causa del régimen de turnos

Pero el turno rotativo no impacta solo en la salud. Arroja al trabajador fuera de la rutina familiar, de lo que pasa fuera de las plantas de trabajo. Estudiar, hacer un curso, ir a la facultad, aprender un oficio: imposible para el trabajador rotativo: los horarios cambian todo el tiempo. Otras actividades tan simples como jugar al fútbol los sábados con los mismos de siempre, ir a un cumpleaños, estar en la mesa el domingo con la familia, dependen del régimen de rotación. Difícil: cuando las familias descansan, el trabajador entra a trabajar; cuando el trabajador tiene libre, es un martes que no tiene libre nadie. El turno rotativo aísla socialmente la vida del trabajador. Lo desconecta de los amigos, de la familia, de cualquier actividad social, cultural o de aprendizaje que necesite un mínimo de regularidad, incluso de la militancia política. Convierte en alguien que solo puede trabajar, dormir a los saltos y esperar el próximo cambio de turno. Y esa vida recortada, sin proyecto y sin encuentro, también enferma: no es casualidad que entre los que rotan turno haya tanta ansiedad, tanta depresión y tanto aislamiento. La salud mental es un tema dentro de las plantas que nadie habla, así como no se habla de los suicidios que en Siderca suceden más de lo que se dice.

El turno rotativo debe ser abolido

Las pruebas están a la vista. Las consecuencias del turno rotativo son tremendamente dañinas para la salud y la vida social del trabajador. Por lo tanto deberían estar prohibidos, siendo reemplazados por turnos fijos de lunes a viernes de 8 horas, sin afectar los salarios. La empresa Siderca manda a los trabajadores consejos para cuidar el corazón; los trabajadores debemos exigir e imponer las condiciones para poder cumplirlos.

14 de agosto de 2026
Unilever cierra su planta de Mendoza: despidos masivos cogestionados por la burocracia sindical

Unilever comunicó el lunes el cierre de la planta de secado de alimentos que tenía en Mendoza. Ubicada en la localidad de Guaymallén, allí trabajaban 60 trabajadores. Producían centralmente alimentos secos como materia prima para la planta de Pilar, donde se elabora y envasa el producto terminado de sopas, caldos y otros productos.

La planta de Unilever Mendoza había sido parte de una innovación productiva codesarrollada entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la multinacional, para la elaboración de alimentos disecados, destinados tanto como materia prima para la elaboración de sopas y caldos como para ser vendidos al público. El trabajo conjunto entre Unilever y el INTA data desde hace 30 años, con convenios de vinculación tecnológica con refinerías de maíz, y un mejoramiento genético en cebollas con alto nivel de sólido, semillas de tomate, zanahorias y ajos.

La planta de Guaymallén era la única planta del mundo de Unilever que se dedicaba al secado de alimentos. Además se elaboraban algunos productos de la marca Knorr. La planta tenía una red local de proveedores de vegetales que quedó sin ubicación para su producción. Los productores hortícolas de la región que abastecían a la multinacional aseguraron a los medios que no fueron informados de la discontinuidad del convenio que los vinculaba con la compañía para proveer a su planta de vegetales (ajo, cebolla y zapallo) para los productos deshidratados.

Los medios han reflejado que esta decisión responde a la gran presión que sufre el consumo de la marca: “La planta procesaba alrededor de 3.500 toneladas de vegetales que luego se incorporaban a productos como las sopas en sobre, categoría que durante décadas fue uno de los pilares del negocio de Knorr en la Argentina. Pero ese modelo lleva años bajo presión. El resto del insumo se terminaba de procesar en la planta de alimentos que la firma tiene en Pilar, Buenos Aires, donde se producen los caldos en cubo, sopas y paquetes de vegetales deshidratados de la marca. Según pudo saber Infobae, la materia prima que Unilever dejará de procesar en Mendoza será adquirida a proveedores externos, una decisión vinculada con la caída en los volúmenes que otrora justificaban la producción propia en un segmento que viene perdiendo peso dentro del portafolio de la compañía” (Infobae, 11/8).

El cierre de la planta de Mendoza responde a una línea general de achique de sus negocios alimenticios de Unilever a nivel mundial. La cartera de alimentos de Unilever fue fusionada y será gestionada por la empresa norteamericana MacCormick, reconocida internacionalmente por ser la fábrica donde en 1886 tuvieron su origen las huelgas que dieron paso a los sucesos del Primero de Mayo. Esta fusión ha sembrado un manto de incertidumbre sobre todos los trabajadores de la rama alimenticia del grupo, que se potencia con el cierre de la planta mendocina.

Las plantas que tenía el grupo Unilever en el país se van reduciendo continuamente desde hace años. En 2008, Unilever cerró su planta en Florida, trasladando la producción a Pilar. En 2017, se deshizo de la marca de jugos Ades, vendiéndosela a Coca Cola, que cerró la planta ubicada en el Parque Industrial de Pilar a los pocos meses. En 2019, Unilever cerró su planta de la provincia de La Rioja, despidiendo a 180 trabajadores que elaboraban las salsas listas de Cica y Knorr, la mostaza Savora y los productos de la marca Arisco. Entre este cierre y el cierre de la planta mendocina, Unilever achicó su dotación en las plantas de Gualeguaychú y de Villa Gobernador Gálvez, en la provincia de Santa Fe.

Los 60 despidos fueron cogestionados por la empresa y el Sindicato: una delegación de Recursos Humanos de Unilever que viajó especialmente a Mendoza, y por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) de la provincia. No hubo asamblea obrera ni discusión colectiva: los trabajadores fueron citados individualmente para ponerle precio a su salida. Bajo esa presión, los acuerdos con los despedidos fueron finalizados entre lunes y martes.

14 de agosto de 2026
Los interventores de la UOM cierran las paritarias siderúrgicas

Lo que debió haber sido una buena noticia para los trabajadores lejos está de serlo ya que el acuerdo arribado está hecho a medida de las grandes siderúrgicas y pretende cancelar la discusión salarial hasta marzo del 2027. Hay que rechazarlo.

Tras 24 meses de estancamiento en la negociación, hubo acuerdo entre los delegados paritarios designados por el interventor de la UOM, Alberto Biglieri, y las empresas siderúrgicas. Mientras la inflación acumulada en ese periodo supera el 86 % hasta junio 2026, los trabajadores percibían sumas a cuenta de futuros aumentos que lejos estaban de empatar y, más lejos aún, de cubrir el costo de la canasta familiar. En este cierre paritario tampoco hay aumento real ya que las planillas salariales se aplican recién en enero 2027, cuando el piso salarial sube a 1.582.392 pesos. Es decir que, en enero 2027, el piso salarial estará un millón de pesos debajo de lo que hoy se necesita para cubrir el costo de la canasta familiar. Mientras tanto el acuerdo indica el pago de una gratificación extraordinaria no remunerativa del 6 % a partir de agosto y un 12 % a partir de noviembre sobre los salarios con aumentos arbitrarios, es decir no acumulativos y sin contribuciones patronales. Con esto el trabajador pasará a cobrar, en agosto, un 78,3 % y 88.34 % a partir de noviembre sobre la base salarial de... junio de 2024.

Las patronales vuelven a ser favorecidas con un aumento por debajo de la evolución de la inflación y, de yapa, subsidiados por sus mismos trabajadores, ya que no van a pagar sus obligaciones al sistema jubilatorio y de seguridad social, imitando ahora todas las empresas lo que se aplicaba en Acindar Villa Constitución, ya que desde el 2024 viene con acuerdos no remunerativos acordados con el gremio y con la venia del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe.

La UOM de Villa Constitución se pronunció públicamente en contra de este acuerdo paritario sólo por el hecho de que no se está recuperando la pérdida de poder adquisitivo contra la inflación medida por el INDEC. Plantea declarar el estado de alerta de cara a iniciar un plan de lucha para revertir esta situación. La falsa medición de inflación del INDEC hay que rechazarla, no es un parámetro real, ya que aún empatando continuamos por debajo de lo que un trabajador necesita para vivir y muy, pero muy lejos, del poder adquisitivo que teníamos y que, a lo largo de los años, con direcciones sindicales que aceptaron techos salariales a gobiernos de distintos pelajes, nos fueron hundiendo.

Tal como advertíamos en estas páginas, no había que depositar ninguna confianza en la intervención. La misma ya demostró a las claras para quien juega. Los problemas dentro del sindicato se deben resolver de cara a los trabajadores.

Esta intervención no va a normalizar a la UOM, viene a atomizarla en un contexto donde las patronales se han envalentonado con la modernización laboral y ajustan hasta el final dentro de las fábricas. Los salarios ya no garantizan que se cubra el costo de la canasta familiar real. La confrontación es inevitable. Por eso, la organización y coordinación que nos demos desde abajo entre todas las plantas es imprescindible para poder superar las políticas patronales y las entregas gremiales.

14 de agosto de 2026
España blinda Ceuta con el Ejército y la censura digital: el fascismo avanza mientras la Unión Europea se fractura

Ya son 142 los migrantes muertos desde la entrada masiva del 30 de julio a Ceuta y Melilla, las colonias españolas en territorio africano. El gobierno de Sánchez respondió con un operativo militar de excepción y un mecanismo de censura digital junto a Meta y TikTok, mientras la crisis profundiza la fractura política de la Unión Europea y le da oxígeno a la extrema derecha en todo el continente.

Los ministerios de Defensa e Interior cancelaron todos los permisos y licencias de los militares y guardias civiles desplegados en Ceuta y Melilla desde el 13 de agosto, invocando "necesidades del servicio" ante una convocatoria viral para un nuevo cruce el 15 de agosto (El Español, 10/08). El Centro Nacional de Inteligencia le dio "plena credibilidad" al llamado y despachó miles de efectivos a una de las fronteras más militarizadas de Europa. En paralelo, la Comisión Europea acordó con Meta y TikTok un protocolo de vigilancia digital: verificación prioritaria de contenidos sobre Ceuta y contacto diario entre Bruselas, Europol y las plataformas para bajar publicaciones y "reducir su difusión". Es directamente un dispositivo de inteligencia y policía digital, con Europol -el organismo policial de la UE- coordinando en tiempo real con las corporaciones tecnológicas qué contenidos sobre una masacre en la frontera pueden circular y cuáles no. El mismo Estado que reprime con deportaciones masivas y despliegue militar en Ceuta es el que decide, con el mismo aparato represivo trasladado a las plataformas, qué información sobre esa represión puede leer y ver la clase obrera.

Esta ofensiva estatal convive con la movilización de la extrema derecha. Vito Quiles, Alvise Pérez y Núcleo Nacional convocaron concentraciones en la Plaza de los Reyes de Ceuta contra la llegada de migrantes, con la bandera española como emblema, pero fueron rechazados por buena parte de los propios vecinos ceutíes, muchos de origen marroquí, al grito de "Ceuta unida, nunca dividida" (La República, 03/08). El repudio callejero, sin embargo, no frena el corrimiento del centro político: el Partido Popular adoptó el marco discursivo de Vox y empezó a hablar de "invasión" y "avalancha" para referirse a la llegada de migrantes, mientras se niega a acoger a menores no acompañados (Público, 06/08). La deshumanización de la clase obrera migrante es un componente clave para la avanzada del fascismo. Ante la crisis migratoria que no pueden manejar, necesitan poner a la clase trabajadora española contra el proletariado migrante para poder reprimir sin repudio ni desatar cuestionamientos al régimen.

Esta fractura interna es el síntoma de una Unión Europea que no logra ninguna respuesta común frente a la crisis migratoria, y que en esa incapacidad alimenta el ascenso de la extrema derecha en todo el continente. Italia y Hungría exigen blindar la frontera exterior antes de discutir cualquier reparto de responsabilidades; Alemania presiona a Italia para que reanude las devoluciones del Pacto de Asilo a un mes de las elecciones en Sajonia-Anhalt, donde la ultraderechista AfD mide fuerte. España y Meloni llegaron a suspenderse mutuamente el Acuerdo de Schengen, con controles fronterizos cruzados entre dos socios de la misma Unión.

Detrás de la represión hay un objetivo imperialista concreto. España sostiene su dominio colonial sobre Ceuta y Melilla a cambio de reconocerle a la monarquía marroquí su ocupación del Sahara Occidental, en un pacto -firmado por el progresismo del PSOE- que le garantiza a la OTAN el control del Estrecho de Gibraltar, corredor estratégico del 18 % del comercio marítimo mundial. Los mismos gobiernos que fingen ser comprensivos con los migrantes hoy militarizan la frontera y despliegan policía digital. Son los que defendieron durante décadas ese enclave colonial como avanzada imperialista en África, y hoy administran la consecuencia directa de esa política: miles de jóvenes que huyen del hambre que el propio saqueo imperialista produce en el continente. Esto deja en claro el pacto que sostienen los gobiernos de la burguesía, tengan el color que tengan. Por eso es importante que el proletariado construya su propia alternativa en un partido de la clase que defienda sus propios intereses.

Fuera el Ejército de Ceuta y Melilla. Ningún migrante es una amenaza a la seguridad. Por un gobierno obrero, por la organización socialista internacional e independiente contra la guerra mundial imperialista.

Fuentes:

https://www.elespanol.com/observatorio-defensa/20260810/defensa-cancela-permisos-militares-desplegados-ceuta-riesgo-nuevo-intento-cruce-fronterizo/1003744348320_0.html https://larepublica.es/2026/08/03/la-ultraderecha-pierde-la-bandera-en-ceuta/ https://www.publico.es/sociedad/migracion/ultraderecha-convierte-tragedia-ceuta-campana-odio-migrantes-hablan-muertos.html

14 de agosto de 2026
La embajada norteamericana bloquea a Huawei en Vaca Muerta y amenaza con sanciones a la cooperativa eléctrica de Neuquén

La embajada norteamericana se ha lanzado contra CALF, con 90 ańos de distribución de electricidad en Neuquén, que ahora incluye a Vaca Muerta, por la negociación que ha emprendido con Huawei, la gran tecnológica de China para instalar un data center en Vaca Muerta. Peter Lamelas, el embajdor de Trump en Buenos Aires ha amenazado a los directivos de CALF con prohibir su ingreso a Estados Unidos, por orden de Trump, señaló, en caso de que no anule esa negociación, además de otras sanciones económicas. En un evento organizado pocos días después por la cámara de comercio argentino-estadounidense AmCham, delante de una nutrida audiencia de empresarios, el embajador designado por Trump, Peter Lamelas, acusó a Huawei de espiar para el Partido Comunista de China. Este choque tiene paralizada la instalación del 5G en las telecomunicaciones de Argentina.

La compulsa tecnológica con Huawei es uno de los puntos más sensibles de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Se inscribe en la disputa por la primacía tecnológica en áreas estratégicas como el 5G, la robótica y la inteligencia artificial. China lidera en infraestructura global y despliegue de redes 5G mediante empresas como Huawei, precisamente, mientras que Estados Unidos domina en patentes de semiconductores y busca frenar la expansión china con sanciones y presión diplomática. Esta competencia es el eje de la guerra mundial imperialista en la que Estados Unidos intenta recuperar el liderazgo político y económico ante el avance de China como potencia comercial e industrial. En los términos establecidos en la disputa, por parte del trumpismo, CALF podría perder la centralidad que ha desarrollado en la región.

Cuando Lamelas asumió el cargo de embajador se juramentóa que recorrería "provincia por provincia" para expulsar a China de la Argentina. Para el gobierno argentino, la disyuntiva es crítica. La burguesía argentina, como buena parte de la burguesía latinoamericana, ha establecido lazos comerciales robustos con la potencia asiática. Y no sólo eso: el gobierno liberticida tampoco puede prescindir del financiamiento chino, dado el enorme déficit comercial que registra con ese país. Así lo acaba de demostrar la renovación del swap por 19.000 millones de dólares suscripto con el gobierno de Xi Jinping. Milei, sin embargo, ha excluido a las empresas chinas de la licitación de la Hidrovía y de concesiones viales y ha dispuesto lo mismo en el caso de una obra eléctrica de gran envergadura próxima a realizarse. La ´clausula antichina´ también estuvo presente en el malogrado capítulo de tierras del proyecto de ley de propiedad privada. El pretexto para esas exclusiones es la participación accionaria de Estados extranjeros. Huawei no tiene ese carácter.

Los directivos de CALF acudieron a la cancillería argentina y expusieron su caso en una comisión de la Cámara de Diputados, invitados por legisladores peronistas. En materia de telecomunicaciones e infraestructura informática, la presencia de Huawei en el país no es novedosa. Como detalló el gerente de CALF, Sergio Fernández Novoa, Huawei sostiene el data center más importante de YPF, el storage (almacenamiento de datos) del Banco Central, de ARCA, de Trenes Argentinos, del Senasa, del Correo y de muchas provincias. Fernández Novoa manifestó que “lo importante del data es donde se alojan los datos digitales, no la estructura”. Fernández Novoa dejó abierta la puerta a un entendimiento. CALF ha señalado que entre sus proveedores conviven marcas como Hewlett Packard, APC e Eaton de los Estados Unidos y las europeas ABB y MikroTik. Para el caso de Huawei, la empresa explicó que viene adquiriendo su tecnología por ofrecer “la mejor combinación de calidad, precio y financiamiento”. “Sobre el data center, no tenemos del todo resuelto lo que se va a hacer. Una posibilidad es Huawei, pero otra es Vertiv y otra es Schneider, que son firmas americanas”, dijo Fernández Novoa a La Nación, al confirmar que el proyecto todavía no ha sido adjudicado.

Este choque se multiplica por toda América Latina; por ejemplo en el gran puerto de El Callao, en Perú, construido por un firma de China, de cara al comercio con el Pacífico. En el canal de Panamá, Trump y BlackRock expulsaron a la china Hutchinson, pero el conflicto sigue en pie en todas sus dimensiones. El Escudo de las Américas, inaugurado por el mismo Trump, un bloque político continental de la derecha fascistizante, tiene el objetivo de desalojar a China de las inversiones de mayor alcance estratégico. Es lo que negocia el nieto de Raúl Castro con Marco Rubio, el corte con China, al que Trump ha calificado como una cuestión de “seguridad nacional”. China, por su parte, está proveyendo paneles solares a Cuba para superar la crisis energética de la isla.

En el caso brasileño, donde Flavio Bolsonaro y Lula Da Silva disputan cabeza a cabeza la elección presidencial que se definirá en octubre próximo, conviene recordar que Jair Bolsonaro no pudo deshacer los negocios con China, ni retirar a Brasil de los BRICS. La razón: su principal base de apoyo -el gran negocio agrario- tiene, justamente, a su mayor cliente en el gigante asiático. En Argentina existe una corriente antichina que encabezan el peronista clerical Guillermo Moreno y Paolo Rocca, el mandamás de Techint y de Tecpretol, que opera en Vaca Muerta. Entre las tantas peculiaridades de Argentina, se desataca este nacionalismo pronorteamericano.

Ni Milei ni Caputo han abierto el pico, en este choque que les viene como peludo de regalo. Corren el riesgo, como en Brasil, de que su sumisión a Wall Street y al Tesoro norteamericano, decida la balanza electoral a favor de la progresía “inmunda”, embarcada precisamente en una demagogia nacionalista sin principios.

15 de agosto de 2026
La campaña electoral en Brasil comenzó oficialmente en medio de la escalada intervencionista norteamericana

La injerencia de Trump en las elecciones brasileñas se acrecienta a medida que se acerca el día de votación, el próximo 4 de octubre. El Wall Street Jorunal (5/8) no se anda con vueltas al asegurar que la elección presidencial en Brasil “se ha convertido cada vez más en una lucha a tres bandas que involucra al presidente Trump”. Un ‘analista’ citado por el diario asegura que “Brasil corre el riesgo de convertirse en 2026 en una especie de nueva Cuba de 1959” en el caso de que ganara Lula. El delirio del fascismo es siempre un dato político.

Esta semana, Trump incluyó a Brasil en una lista de países de la llamada "red de triangulación clandestina" de China; China estaría exportando a EEUU vía Brasil. Aunque se trata de una práctica habitual en el comercio internacional, suena bizarro para un país que registra un déficit comercial con el país acusador. Por otro lado, según anunció el Ministro de Guerra Pete Hegseth, Estados Unidos está preparando una ofensiva terrestre “contra el narcotráfico” en diversos países de América Latina, con la colaboración de diversos gobiernos ultraderechistas. “Folha preguntó al Departamento de Defensa si estas operaciones militares podrían llevarse a cabo en países que no tienen alianzas con Estados Unidos, pero no recibió respuesta” (Folha, 13/8).

El miércoles pasado, Trump había firmado una orden ejecutiva que permite a las empresas privadas estadounidenses llevar a cabo operaciones cibernéticas contra grupos que operan fuera del país. Para Folha, las organizaciones brasileñas “PCC (Primeiro Comando da Capital) y CV (Comando Vermelho) podrían ser objetivo del programa”. La administración de Trump también tenía prevista una demostración de fuerza militar sin precedentes, empleando bombarderos pesados B-52 con el apoyo de sus aliados Kast de Chile y Milei de Argentina, pero fue pospuesta el martes pasado por problemas operativos. Para Folha (14/8), se trataba de “la insinuación más explícita de presión militar estadounidense contra Brasil en la crisis actual”. Según el plan inicial, tres bombarderos estratégicos, capaces de realizar ataques nucleares, volarían desde su base en Dakota del Norte, hasta Chile y Argentina, pasando cerca del espacio aéreo de Brasil. Según el diario citado, “los bombarderos nunca habían volado tan al sur del continente”.

Brasil elegirá a los gobernadores de los 27 estados, a dos tercios del Senado y a todos los miembros de la Cámara de Diputados. El próximo presidente tendrá la oportunidad de nombrar a cuatro de los once magistrados del Tribunal Supremo de Brasil.

La excusa para la intervención norteamericana en Brasil ya la ha proporcionado el candidato opositor: en su acto de lanzamiento de campaña, Flavio Bolsonaro afirmó que las máquinas que contarán los votos pertenecen a una empresa venezolana implicada en fraudes electorales en ese país. Una afirmación que no fue sostenida con evidencia y que fue desmentida por el gobierno de Brasil y por organismos internacionales independientes. Previo a su derrota frente a Lula en 2022, el entonces presidente Jair Bolsonaro había alegado repetidamente que el sistema electoral electrónico de Brasil era vulnerable a la manipulación, sin aportar prueba alguna. Meses después, perpetró el intento de golpe de Estado de enero de 2023.

En el mismo discurso, Flavio aseguró ante todo su auditorio que “Brasil ha sido secuestrado, y vamos a liberar a nuestro país de este cautiverio”. El gobierno de Lula ha respondido, desde lo discursivo, al golpismo de Bolsonaro-Trump. Días atrás, el presidente brasileño aseguró que quería que las Fuerzas Armadas estén bien preparadas “para que nadie meta la nariz”. En su propio acto de lanzamiento, aseguró que “la izquierda (sic) tiene que parar con esa tontería de que no hay que preocuparse con la defensa”. Sin embargo, la misma semana recibió una desmentida desde la derecha de su propio gobierno: el ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, se tomó a broma la cuestión de una invasión estadounidense: “Veo todo el rato a los periodistas [preguntando]: ‘Si Estados Unidos quisiera invadir Brasil, ¿qué haría usted como ministro de Defensa?' Abro la puerta, porque no tenemos equipos para enfrentarlos, ni dinero para arreglar la puerta”, aseguró.

La injerencia norteamericana escaló semanas atrás cuando le canceló la visa de la embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti. La revocación de visas es una herramienta que Estados Unidos suele utilizar para atacar a los gobiernos. El gobierno de Lula también había tomado anteriormente medidas preventivas ante la creciente interferencia del gobierno de Trump en el proceso electoral de Brasil: en marzo, revocó la visa de un alto enviado de Trump tras enterarse de que planeaba visitar al convicto Jair Bolsonaro y reunirse con su hijo Flávio. El 24 de julio, denegó visados a otros dos altos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, Riley M. Barnes y Samuel Samsonque, que tenían como objetivo viajar a Brasil para cuestionar la credibilidad del sistema electoral brasileño, en sintonía con las declaraciones de Flavio, como dejaron asentado en la solicitud de visa. Según el New York Times, Barnes y Samson también tenían previsto reunirse con Flavio Bolsonaro. El gobierno de Brasil tampoco reconoció aún al nuevo embajador norteamericano, Daniel Pérez.

La medida norteamericana de cancelar la visa de la embajadora de Brasil fue anunciada como una represalia por estas acciones del gobierno brasileño. El WSJ (17/7) lo resumió de esta manera: “Expulsen a las empresas chinas. Liberen al expresidente de derecha Jair Bolsonaro. Eliminen los aranceles al etanol estadounidense. El presidente Trump ha bombardeado a Brasil con una lista de exigencias, en un intento de Washington por afianzar su influencia en América Latina”. A esta lista debe agregarse la reciente imposición de tarifas del 25 % a los productos brasileños y el ataque al sistema de pago instantáneo PIX.

Para The Economist (6/8), “a pesar de todo este revuelo con los extranjeros, el ambiente entre los brasileños es de desilusión. Los votantes parecen poco entusiasmados con las opciones disponibles”. Lula enfrenta las dificultades de timonear una crisis de dimensiones colosales. Según el Banco Central de Brasil, en junio el gobierno gastaba más de lo que ingresaba a un ritmo equivalente al 10 % del PIB. De conjunto, el déficit presupuestario alcanza el 8,5 % del PIB, con más del 90 % del gasto destinado a gastos obligatorios por ley. La deuda pública bruta se acerca al 81 % del PIB (un 68 % después de descontar las importantes reservas de divisas del país, pero que los analistas prevén que podría alcanzar el 75 % del PIB en 2030 y cerca del 90 % en 2035). Aproximadamente la mitad de la deuda tiene una tasa de interés variable que se basa en la tasa de referencia (Selic), que incrementa la carga de la deuda en un 14 por ciento. Con una de las tasas de interés más altas del mundo, también la mora crediticia en Brasil alcanzó el récord de 5,6 % en mayo y una situación de sobreendeudamiento con las tarjetas de crédito en los sectores con menores ingresos. Lula presentó un nuevo programa nacional de renegociación de deudas, que comenzó en mayo; una medida paliativa.

Del otro lado, la campaña de Flavio Bolsonaro no despega. “Los ultraderechistas extranjeros, asegura The Economist, parecen ser los únicos con los que Flavio puede contar”. El conjunto de los partidos de la derecha brasilera le corrió el cuerpo al acto de lanzamiento de la candidatura de Flavio, en São Paulo, a fines de julio pasado. Este aislamiento de Flavio se reflejó en sus dificultades para conseguir compañero de fórmula. La senadora y exministra de Jair Bolsonaro, Tereza Cristina da Costa, “un nombre de peso en el poderoso sector agrícola y ganadero”, según El País (5/8), rechazó la invitación a ser la vice de Flavio. El conjunto de los partidos de la derecha y del Centrão que podrían haber aportado un candidato, pero optaron por mantenerse lejos del clan Bolsonaro. Finalmente, su compañero de fórmula será el diputado Alfredo Gaspar, miembro de su propio partido, quien impulsa en el Parlamento la acusación contra el hijo de Lula por tráfico de influencias. La falta de alianzas con otros partidos también repercutirá en la merma de minutos oficiales para Bolsonaro en radio y televisión. Flavio también sufrió el desgaste de su enfrentamiento con la exprimera dama Michelle Bolsonaro, quien también se ausentó del acto de campaña. La esposa del expresidente es considerada un enlace insustituible con los poderosos sectores evangélicos de Brasil.

Finalmente, la campaña de Flavio Bolsonaro sufrió un duro golpe cuando se reveló su implicación en el mayor fraude bancario de la historia de Brasil, conocido como el escándalo del Banco Master. En mayo filtraron grabaciones en las que se le oye pedir dinero a Daniel Vorcaro, fundador del banco. Al conocerse los audios, los índices de aprobación de Flávio se desplomaron.

Pero el escándalo de corrupción de Flavio Bolsonaro con el Banco Master está ligado a la campaña golpista de líder opositor. Esta semana, el Tribunal Supremo de Brasil autorizó que se investiguen los movimientos de dinero que Flavio pidió a Vorcaro, porque se sospecha que parte del dinero ha servido para financiar a su hermano Eduardo Bolsonaro, quien ya entonces se encontraba en Estados Unidos haciendo lobby para que la administración Trump estrechara el cerco sobre Brasil a base de aranceles y sanciones. En los próximos días, la Policía Federal podría acusar formalmente a Flavio Bolsonaro por este hecho. La corrupción de Flavio Bolsonaro pudo haberse realizado en función de la campaña golpista. Sea como fuere, los casi dos meses que quedan por delante hasta el día de votación en primera vuelta serán el escenario de una mayor escalada golpista desde adentro y desde afuera de Brasil.

15 de agosto de 2026
Israel arrasa el sur del Líbano

Las negociaciones entre Israel y el gobierno oficial del Líbano, mediadas por Estados Unidos en Roma, están estancadas. Israel ocupa el sur del país y exige el desarme de Hezbollah y de Hamas. Ha destruido pueblos enteros, incluida la infraestructura.

En junio se había firmado un acuerdo marco, que preveía una retirada gradual de las tropas israelíes de algunas zonas del sur libanés, seguida por el despliegue del ejército del Líbano. Hezbollah rechazó el acuerdo marco y denunció que no había ninguna garantía del retiro de las tropas israelíes ni del fin de las agresiones. Una abundante documentación periodística, imágenes satelitales e informes de organizaciones internacionales muestran que, después del alto el fuego, las fuerzas israelíes continuaron demoliendo viviendas, infraestructura y pueblos enteros en las zonas bajo ocupación. La mayor parte de la infraestructura fue demolida por medio de explosiones controladas. El ejército israelí sigue asolando la región con ataques aéreos, fuego de artillería y el uso de bombas de fósforo. El fósforo blanco es un arma prohibida por el derecho internacional que Israel utiliza cotidianamente contra la población civil.

Se ha filtrado información acerca del uso combinado de robots de reconocimiento y gas tóxico inyectado en túneles excavados bajo las colinas.

La excusa remanida del sionismo es que su objetivo es destruir la infraestructura de Hezbollah. Sin embargo, meticulosamente, ha destruido sistemas esenciales para la vida civil, desde infraestructuras de agua y energía hasta la atención médica. El propósito obvio de estos desmanes es convertir al sur de Líbano en una tierra de nadie bajo el control militar del sionismo, o sea, crear una base militar terreste.

Mientras tanto, bomberos y residentes del sur del Líbano acusan nuevamente al ejército israelí de provocar incendios en la región. Según The Guardian, desde el último alto del fuego, a mediados de junio, aproximadamente entre el 30 % y el 40 % del territorio cercano al frente ha sido incendiado deliberadamente. La intervención de los bomberos en un incendio en un bosque en las afueras de Khiam fueron atacados por un dron que los obligó a retirarse, según la Defensa Civil libanesa. El ataque a los socorristas es un modus operandi del sionismo.

Las tropas israelíes ocupan una denominada “zona de seguridad”, que se extiende aproximadamente diez kilómetros dentro del territorio libanés, y otras zonas del sur del país.

Incluso la capital, Beirut, es sobrevolada por drones a modo de amenaza.

Desde el 2 de marzo, la ofensiva israelí contra el Líbano ha dejado más de 4.330 muertos y más de 12.230 heridos, y desplazado a más de 1,6 millones de personas.

Aunque Hezbollah ha perdido dirigentes, infraestructura y capacidad militar durante los enfrentamientos de 2024 y 2026, ha logrado propiciar 30 bajas al ejército de ocupación y ha destruido decenas de tanques.

El gobierno libanés se propone como lugarteniente para el desarme de Hezbollah, pero una parte del ejército apoya a Hezbollah. El presidente de Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro, Nawaf Salam, han amenazado con abandonar la mesa de negociaciones.

La condición impuesta por Israel para “retirarse” de los territorios es un engaño. La tierra arrasada y la limpieza étnica es un método de ocupación indefinida. Los colonos sionistas insisten en ocupar esas tierras. En Cisjordania, donde no hay milicias antisionistas y “gobierna” la Autoridad Palestina, la política israelí no difiere.

Israel avanza en el Líbano, como lo hace en Gaza y en partes de Siria, para quedarse con sus recursos gasíferos e hídricos y anexar los territorios. Es una política de genocidio con la plena complicidad del “concierto de naciones”.

15 de agosto de 2026
Tierra del Fuego: provocación patronal en Mirgor

Nuevamente es noticia Mirgor, la metalúrgica más grande del Tierra del Fuego. La empresa, propiedad de los Caputo, ha puesto en vigencia la ultraactividad y los llamados “derechos adquiridos” y ha desconocido un premio anual que se cobra desde hace 15 años, equivalente actualmente a 2,5 millones de pesos.

La UOM inició una serie de asambleas y paros parciales en reclamo del premio. La patronal respondió desvinculando a 300 trabajadores. El Ministerio de Trabajo local dictó una conciliación obligatoria con los despedidos adentro y la empresa firmó el acta de conciliación, pero dejó afuera a los 28 delegados del sindicato.

La patronal provoca este conflicto en un momento no casual: la intervención de la UOM. En cambio, hoy, esa negociación se mantendría con los interventores del gobierno.

Mañana habrá una nueva audiencia dentro de la conciliación, pero los delegados han sido expulsados de su lugar de trabajo.

La empresa no está en una baja de la producción; por el contrario, está urgida de producir por el sistema "justo a tiempo" de la industria automotriz. Sus intenciones son que, de los 300 cesanteados, quede afuera todo el activismo (unos 40 compañeros), reponer con nuevos trabajadores las necesidades de la producción y que no entren más a las dos plantas los delegados gremiales. Esto constituye un acto de despotismo sin límites reñido con todas las leyes laborales.

La respuesta ante los despidos y el desconocimiento de todos los delegados ha sido sumamente tibia. Furlán, el secretario general de la UOM intervenida, aún no se ha pronunciado, no hay un esquema de acciones preparatorias, como un plenario general de comisiones internas y cuerpos de delegados de apoyo al conflicto, lo que debilita al conjunto de los trabajadores de las plantas de Rio Grande.

Vencido los plazos de conciliación, está planteado luchar por la reincorporación de todos los cesanteados, el reconocimiento pleno de la vida gremial y, fundamentalmente, que no se cambie el eje inicial del conflicto: el pago del premio anual, un derecho adquirido de los trabajadores de Mirgor desde hace muchos años.

15 de agosto de 2026
Felipe Giménez, adiós a un obrero revolucionario

El miércoles 12 de agosto, en las últimas horas de la noche, falleció nuestro compañero Felipe. Después de una larga batalla contra una cruel enfermedad.

Perteneció a la generación de obreros industriales que se incorporó a la militancia revolucionaria en el Partido Obrero en los primeros años 80. Profundo difusor de nuestra prensa, siempre preocupado por la lectura, siempre informado de las últimas novedades políticas que hacían a los problemas de la clase obrera. Desenvolvía el arte de la explicación paciente hacia sus compañeros, familiares y vecinos.

Metalúrgico de pura cepa, y calderista de oficio, trabajó en el astillero Domecq García, destinado a reparación y construcción de submarinos, en la costanera Sur de caba. En una fábrica con una importante influencia del morenismo, sostuvo una conducta socialista tenaz, lo que llevó a la incorporacion de otros valiosos compañeros del astillero a la militancia. Con el cierre del astillero por el gobierno Menem, encontró laburo en talleres, dónde destacó por su técnica en el torno. Nunca dejó de ser un Metalúrgico. En los años 90’s estuvo entre los puntales que fueron la base para levantar la Regional Sur y, luego, la regional Quilmes.

Siempre preocupado por la incorporación de jóvenes, desde su lugar apoyó el desarrollo de la organización en distritos del interior de la PBA y colaboró con la politización de las relaciones fabriles.

La crisis partidaria encontró en Felipe a un férreo defensor del programa histórico de nuestra organización. En todas las instancias convocaba a los compañeros a no caer en las trampas del juego electoral y a interpretar de manera revolucionaria el ascenso de la izquierda en la década del 2010. En una crucial reunión, Felipe entendió que su intervención sería decisiva. Con una claridad completa desarrolló los lineamientos centrales de la crisis del partido, sus raíces materiales y las perspectivas históricas que se planteaban. Nos convocó, a militantes mucho más jóvenes que él, a defender nuestro programa y al Partido que lo encarnaba. Desde ese día, fundamos Política Obrera.

Tanto en los piqueteos como en las reuniones partidarias, jamás perdía la paciencia ante los debates. Podía desenmarañar y darle una explicación general a las vivencias y dudas personales. Defensor acérrimo de la puntualidad y de reuniones dinámicas que siempre fueran un espacio donde los trabajadores estuvieran a gusto.

De su apasionamiento militante le debemos que parte de su familia también se incorpore a las filas partidarias. La bandera de Política Obrera y la última edición de nuestro periódico lo acompañaron en su despedida.

Compañero Felipe, saludamos a tu familia, a los compañeros que tuvieron la oportunidad de conocerte y militar con vos. Gracias por formar parte con orgullo clasista de nuestro partido y por ser parte de los obreros que tuvimos y tenemos el orgullo de tener en nuestras filas.

¡Hasta la victoria siempre, Felipe Giménez!

15 de agosto de 2026
Huelga Indefinida de la docencia de Tierra del Fuego

El SUTEF (Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina), principal sindicato docente de Tierra del Fuego, está llevando a cabo un paro por tiempo indeterminado desde el 3 de agosto, fecha en que debían retomar las clases luego del receso invernal. La huelga, resuelta el 3 de julio en un congreso provincial de delegados con mandato, está basada en reclamar la reapertura inmediata de la discusión salarial al gobierno provincial, y estuvo precedida de otros paros docentes en la provincia. El gobernador de Tierra del Fuego es Gustavo Melella, de pasado radical y enrolado luego en Unión por la Patria.

El SUTEF denuncia que los salarios actuales fueron decretados por Melella, dejando en condiciones de pobreza a los docentes (una maestra de grado cobra hoy por un cargo $1.200.000), además de efectuar descuentos, aprietes y persecución. Reclama una “recomposición salarial real camino al Salario Mínimo Vital y Móvil de $3.000.352”, un plan de desenduedamiento familiar y el tratamiento y sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, un proyecto presentado por el sindicato. Un reclamo extenso en la provincia es por el estado ruinoso de la infraestructura escolar.

El comienzo de la huelga tuvo un gran acatamiento, llevándose a cabo una importante movilización docente, la instalación de un acampe docente frente a la Casa de Gobierno en Ushuaia y de una permanencia del Ministerio de Educación en Rio Grande, junto con otras manifestaciones dentro de la provincia.

El 4 de agosto, es decir un día después de lanzada la huelga indefinida, el gobierno provincial convocó al SUTEF y presentó una oferta de aumento salarial de entre 1,6 y 2 % de aumento que fue rechazada por insuficiente.

En medio de la huelga, el SUTEF presento un proyecto de ley de desendeudamiento no bancario para la docencia, ante lo que consideran que “no se trata de un problema de administración individual, sino de la consecuencia de un modelo económico y salarial que obliga a recurrir al crédito para cubrir necesidades básicas”.

El SUTEF anunció además que presentó denuncias penales por falsedad ideológica y persecución sindical contra directores de escuelas quienes persiguen a los docentes bajo la amenaza de imputarles “ausencias injustificadas” ante la decisión de adherir a la huelga. Esta misma práctica ha sido aplicada por el gobernador Axel Kicillof contra la docencia en Buenos Aires.

El 6 de agosto, los docentes fueguinos participaron de la marcha contra la “inviolabilidad de la propiedad privada”. El 8 de agosto se llevó a cabo un Congreso Provincial que ratificó la continuidad de la huelga y resolvió nuevas manifestaciones.

El 12 de agosto, el gobierno contrapropuso una nueva oferta, consistente en un 1,9 % de aumento para agosto, complementada luego con el pago de otras deudas, y el pago $44.500 en concepto de material didáctico. Con ello, el SUTEF anuncia que desde iniciada la huelga, el gobierno agrego $3.000 millones de “masa salarial” para los sueldos docentes. Han señalado que la propuesta debiera abarcar hasta febrero del 2027, incluye la devolución de todos los descuentos por huelga y que debe alcanzar a todos los jubilados docentes, en referencia a los pagos en negro (“no remunerativos”), una realidad de toda la docencia del país. Para el 13 de agosto, estaban convocadas asambleas docentes para considerar esta oferta.

El SUTEF es un sindicato de base de la CTERA, pero esta central una vez más ha sometido al aislamiento a la docencia en lucha, sin una mísera acción de apoyo, tal como sucedió durante toda la primera parte del año con las huelgas docentes en Santa Cruz, y otras tantas provincias recientemente como Jujuy, Rio Negro y Córdoba. SUTEF integra, al mismo tiempo, el llamado “Frente Nacional Democrático por la Educación Pública” y el FRESU (Frente de Sindicatos Unidos), un agrupamiento sindical kirchnerista.

El paro por tiempo indeterminado de la docencia fueguina marca un rumbo claro para la lucha docente de todo el país y del conjunto de los trabajadores para la defensa del salario, de las jubilaciones, del presupuesto educativo. Ha logrado conseguir nuevas respuestas salariales en solo 10 días, incluso antes si se considera la primera convocatoria efectuado por el gobierno provincial. Llamamos a una campaña nacional en apoyo y solidaridad con la huelga docente indefinida del SUTEF. Sigamos este camino para impulsar una huelga general educativa en todo el país.

15 de agosto de 2026
Derogan el boleto combinado tren-subte-tren

A partir de agosto, los trabajadores que se movilizan desde el conurbano bonaerense hacia la Ciudad de Buenos Aires para trabajar han perdido el descuento del 50 % que recibía por combinar con un segundo transporte. Esto se debe a la decisión del Gobierno de la Ciudad de retirar los subsidios a quienes utilizan los servicios de la Capital provenientes de la Provincia de Buenos Aires. Lo mismo sucede con las 27 líneas de colectivos pertenecientes a la Ciudad, que sólo otorgan el descuento del boleto integrado, conocido como Red SUBE, si el pasajero utiliza previamente el subte o una línea de colectivos de jurisdicción nacional.

Con la Red SUBE, el pasajero tenía la posibilidad de acceder a un descuento del 50 % en el segundo transporte utilizado y un 75 % en caso de un tercer transporte, mientras no supere los 120 minutos desde iniciado el primer trayecto. El sistema de la Red SUBE, destinado específicamente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), fue sostenido hasta la decisión del gobierno nacional en 2024 de trasladar esos costos a las provincias. La Provincia de Buenos Aires retiró inmediatamente el sistema de boleto integrado de las líneas provinciales y municipales, incluso sosteniendo un boleto que se encuentra por encima de las líneas nacionales. De esta manera, el boleto mínimo de un colectivo en PBA asciende a $1.119 mientras que una línea nacional cobra $752 por el mismo servicio. El gobierno de la Ciudad argumenta, por su parte, que las arcas porteñas no están en condiciones de cubrirlo.

El sistema de boleto integrado comenzó a aplicarse en febrero del 2018, cuando la política de tarifazos permanentes llevó a una crisis del transporte público de pasajeros. La creación de un subsidio destinado a los pasajeros del conurbano que deben recorrer largas distancias en más de un medio de transporte desde sus hogares hasta sus puestos de trabajo buscaba aliviar aquella situación en la previa al derrumbe político de la experiencia macrista. Cada día ingresan a CABA aproximadamente 3 millones de personas para trabajar, duplicando su población permanente.

El tarifazo del subte ha golpeado de lleno en la economía cotidiana de los trabajadores que ingresan en los trenes que unen la provincia con la Ciudad. La utilización del subte como medio de transporte ha ido decreciendo como resultado del aumento astronómico de la tarifa. En la actualidad, el boleto aumenta de manera mensual, con una base de 2 % más la inflación arrojada por el INDEC. El boleto de subte ha trepado a los $ 1.648 en agosto. Con la Red SUBE, un trabajador actualmente accedía al boleto de tren al 100 % ($420 el boleto mínimo) y luego abonaba el subte al 50 % de su valor vigente (unos $825). Por el contrario, ahora deberá abonar el 100 % del valor. El beneficio sólo sigue vigente para quien inicia su viaje dentro de la propia Ciudad o utilice líneas de colectivo bajo jurisdicción nacional.

Lo que el gobierno de la Ciudad menciona como un recorte por insuficiencia de fondos, responde a una lógica que viene sosteniendo desde la asunción de Jorge Macri al frente de la Jefatura de Gobierno - “CABA para sus habitantes”. Este pseudo ´chovinismo porteño´ es extensivo a la salud pública, buscando imponer aranceles a quiénes vivan en la Provincia y “utilicen” los recursos de la Ciudad.

El encarecimiento del boleto a quienes se trasladan con la SUBE, sin embargo, tiene por contrapartida el desarrollo del pago con otras tarjetas y billeteras virtuales, con las cuales el gobierno de la Ciudad ha entablado distintos convenios para ofrecer reintegros y descuentos en el boleto.

La situación del transporte se ha convertido en un suplicio cotidiano para el conjunto de los trabajadores. La calidad del viaje, así como el mantenimiento de las unidades es progresivamente peor, por una tarifa cada vez mayor. Las frecuencias del transporte han sido reducidas a mínimos históricos, la “hora pico” se ha convertido en permanente, puesto que no existe horario del día en el cual no se viaje con formaciones colmadas.

Estas denuncias no figuran en la lista de reclamos en ningún sindicato. La aceptación del transporte urbano como “bien público” ha llevado a ocultar decididamente que la movilización de la fuerza de trabajo a los lugares donde desempeña sus labores, es decir, donde es explotada y expropiada de su riqueza a mano de los capitalistas, es responsabilidad de las patronales. La exigencia de más ajustes sobre una clase obrera híperajustada es un juego peligroso que el gobierno nacional ha emprendido consciente de su propio quebranto.

15 de agosto de 2026
La fuga clandestina de Trump en Ankara expone el pantano de la guerra

The Washington Post reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó en secreto la cumbre de la OTAN celebrada el mes pasado en Ankara, Turquía, a bordo de un avión militar alternativo, luego de una maniobra de simulacro, y de abandonar subrepticiamente el Air Force One que oficialmente iba a trasladarlo.

La operación, motivada por una supuesta amenaza iraní contra Trump, se ejecutó el 8 de julio de 2026. Periodistas y algunos miembros del personal de la Casa Blanca creyeron viajar en el mismo avión que el presidente en su regreso a Washington tras la reunión anual de líderes de la OTAN. Pero tras abordar públicamente el Air Force One ante las cámaras, Trump fue trasladado minutos después, de forma clandestina, a un avión más pequeño de la Fuerza Aérea mediante un camión de catering del aeropuerto. El avión presidencial se convirtió así en un señuelo para la prensa y parte del personal a bordo.

Desde la Casa Blanca respondieron: “Como ha dicho recientemente el Presidente, hay muchos enemigos de Estados Unidos que lo tienen en la mira, y utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance para hacer frente a esas amenazas”.

Mientras Trump se encontraba en Turquía, el ejército estadounidense había llevado a cabo una serie de ataques a gran escala en Irán en represalia por los golpes contra buques mercantes en la región. El informe del Washington Post sobre cómo subieron clandestinamente a Trump a un tercer avión y lo sacaron discretamente del país añade un nuevo matiz a la seria preocupación que tenían los funcionarios de seguridad estadounidenses por la amenaza contra Trump. No existen antecedentes de que se usara un avión presidencial cargado de funcionarios y periodistas como señuelo durante una amenaza inminente. “Parece que la idea era reducir el peligro para el presidente Trump ofreciendo a unas 100 personas para que los iraníes las mataran en su lugar”, dijo Steven Cash, exoficial de inteligencia de la CIA y asesor principal de la rama de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional, cita el The Guardian (11/8).

Informes posteriores de Bloomberg y el Wall Street Journal publicados el 11 de agosto aportaron más detalles. Según un funcionario estadounidense, Israel informó a la administración Trump sobre inteligencia que incluía una amenaza de usar misiles antiaéreos portátiles (MANPADS) contra el Air Force One.

Teherán lleva años prometiendo represalias contra Trump por el asesinato de Qassem Soleimani, el alto general de la Guardia Revolucionaria Islámica considerado la mano derecha de Alí Jamenei y para muchos la segunda persona mas poderosa de Irán en ese entonces. Fue asesinado en Irak durante un ataque con drones estadounidenses ordenado por Trump en 2020.

Esta operación extrema de evasión -calificada por algunos críticos como un “secuestro” de facto por parte de la Fuerza Aérea, tras confirmarse que Irán buscaba derribar el Air Force One- asesta un duro revés a la narrativa según la cual Estados Unidos había aniquilado por completo las capacidades ofensivas de Irán. El magnate asegura estar venciendo en el conflicto, pero el impasse de las negociaciones con Irán lo ubican en una clara situación de desventaja, a pesar de los ataques sistemáticos de Estados Unidos. El ejército más poderoso del mundo se ha visto incapaz dominar el estrecho de Ormuz, proteger las bases militares que mantiene en los países del Golfo Pérsico y de sostener la moral de las tropas estacionadas en el portaviones Lincoln desde hace más de 200 días. La guerra contra Irán es rechazada por la mayoría de los estadounidenses, incluida buena parte de la base conservadora identificada con el movimiento MAGA.

Todo el cuadro de guerra se encuentra en un pantano. Las potencias imperialistas evitan movilizar a sus poblaciones para una guerra total, limitándose a emitir leyes de conscripción obligatoria y aumentos del presupuesto armamentista, sin resolver el fondo de las necesidades de la guerra mundial.

La revelación, más de un mes después de los hechos, genera interrogantes sobre la credibilidad de la Inteligencia (algunas agencias estadounidenses habrían tenido “baja confianza” en la amenaza transmitida por Israel), los riesgos asumidos por la prensa y el personal que volaron en el avión señuelo, y la capacidad real de Estados Unidos para proteger a su presidente en un escenario de guerra prolongada.

Lo sucedido en Ankara pone de relieve las vulnerabilidades políticas del imperialismo estadounidense, que, en medio de un conflicto que no controla, debe recurrir a estratagemas para sacar a su líder del territorio de un aliado de la OTAN.

15 de agosto de 2026
Desdelsur SA, y decenas de empresas ‘criollas’ desmontan territorio Wichi

En los últimos días, miembros de la comunidad wichi Lapacho 2, al norte de la provincia, volvieron a denunciar los desmontes indiscriminados en territorios de la comunidad. El cacique apuntó contra la empresa Desdelsur SA, una compañía cien por ciento nacional, afincada en el departamento San Martín, dedicada a la producción de legumbres, aceites, y en el último periodo ganado. La eliminación del monte nativo por parte de ésta y decenas de empresas en la región, afecta directamente el sustento de las comunidades, por la destrucción de especies como chañar, mistol y algarrobo, cuyos frutos forman parte de la dieta tradicional, además de plantas medicinales y fibras como el chaguar, esenciales para las artesanías que se venden en los mercados al turismo.

Todo el chaco salteño es una zona arrasada por topadoras al servicio de la expansión de la frontera agrícola. La patria agroexportadora celebra junto a los pulpos extranjeros que arriendan miles de hectáreas cuando ya no pueden comprarlas, como lo hace la norteamericana Seaboard Co., en Orán. Las comunidades de la región sobreviven a pesar de las condiciones de desalojo y exterminio a las que los sometieron todos los gobiernos, provinciales y nacionales.

Esta denuncia en el norte se suma a las luchas de la comunidad Diaguito Calchakí de las Pailas, en Cachi y Lule en San Lorenzo, contra los terratenientes locales y la oligarquía salteña que se apoya en la justicia y el parlamento para avanzar con desalojos. En el caso de Cachi, fue la inmensa movilización popular que se desarrolló contra la brutal represión y desalojo de familias en la comunidad Las Pailas, lo que obligó a la justicia a restituir cuarenta de las cuarenta y cuatro hectáreas que habían ordenado desalojar. La propiedad de esa tierra se la atribuye la familia Wayar, oriunda del departamento Cachi, que ya posee miles de hectáreas en la región de La Aguada, una quebrada y valle fértil para cultivos, en la que está impulsando un gigantesco negocio inmobiliario. Walter Wayar, uno de los integrantes de la familia de "originarios", fue intendente de Cachi, diputado del departamento, Vice Gobernador de la provincia durante el gobierno de Juan Carlos Romero y posteriormente Senador.

Wayar fue uno de los terratenientes locales que marchó el 6 de agosto pasado denunciando la extranjerización de la tierra. Uno más de los terratenientes nacionales "que supimos conseguir", que exige su derecho de propiedad, para acaparar tierras, recursos y explotar trabajadores en nombre del "derecho nacional".

Este es el derecho que Sáenz y su senadora Flavia Royón, lobbysta de los capitales mineros en Argentina, defienden cuando dicen preservar la "soberanía nacional". Son garantes de la propiedad de la tierra en favor del gran capital nacional o extranjero y de los negocios inmobiliarios, a costas del desalojo de familias obreras. Bajo el gobierno de Sáenz y los gobiernos de Urtubey y Romero, en Salta avanzó como en ninguna otra provincia, la concentración de tierras en manos extranjeras y capitales nacionales. La hipocresía se disfraza con el poncho salteño para llevar adelante las peores atrocidades contra el pueblo trabajador.

El slogan “la patria no se vende”, con la que Sáenz buscó liderar el bloque de gobernadores aliados, que forzó a Milei a retirar los capítulos de tierras y fuego del proyecto original de propiedad privada, terminó rescatando el carácter reaccionario del proyecto, que habilita desalojos exprés en todo el territorio, cosa que en Salta ya existe por legislación local.

Pero detrás de esta consigna, los gobernadores arrastraron a la izquierda y al kirchnerismo en un frente común el 6 de agosto pasado. Las corrientes del frente de izquierda (PTS, PO, MST, IS), se diluyeron detrás de la burguesía nacional, en nombre de defender su propio derecho a explotar la tierra, las comunidades y los trabajadores que habitamos en ella.

El debate en el Congreso Nacional puso al desnudo el carácter de clase del estado burgués, en el marco del régimen capitalista, éste defiende el derecho de los Wayar, Desdelsur SA., terratenientes locales, la burguesía y capitalistas “nativos”, contra los trabajadores y las comunidades.

Es necesario contribuir con esta claridad, y fijar las diferencias que existen, entre los socialistas, que defendemos el interés común de los explotados, de acceder a la tierra, a la vivienda, al trabajo y al salario; en contraposición a los que defienden el derecho de las patronales, la burguesía y los terratenientes, nacionales o extranjeros, a explotar y desalojar a los trabajadores.

Instintivamente esta confrontación se desarrolló masivamente el 6 de agosto pasado, en todo el país, contra el gobierno de Milei. Será tarea de un partido revolucionario, que en adelante esa tendencia progrese con una mayor conciencia política.

17 de agosto de 2026
“La patria no se vende”

La consigna en cuestión suena atractiva, parece el slogan de una cruzada contra el imperialismo. Pero no se trata de nada de esto; se trata de una estafa política del kirchnerismo y del FITU, con la consciencia plena de lo que están perpetrando.

Ha pasado menos de media semana del apartamiento de los capítulos de tierras y de uso del fuego de la ley sobre propiedad privada, en un marco de negociaciones del gobierno nacional con un conjunto de gobernadores, para enterarnos por La Nación de una compra de acciones de la petrolera Vista, que opera en Vaca Muerta, por parte de Thiel Macro LLC, uno de los fondos de Peter Thiel, el dueño de Palantir, una de las empresas que integran a la oligarquía de Inteligencia Artificial. Palantir Technologies está asociada a la CIA, el FBI y el ICE en el manejo de la administración pública norteamericana y en la represión a los migrantes, incluida la masacre IA en Gaza y en Líbano. Thiel, personalmente, es partidario de reintroducir el voto calificado o en su defecto suprimirlo.

La compra estratégica de Thiel en Vista no vulnera, sin embargo, la ley de extranjerización de tierras, sea cual fuere, como tampoco ocurre con las inversiones incentivadas por el RIGI (a partir de los doscientos millones de dólares) y del Súper RIGI (a partir de los mil millones). Forma parte de la operatoria cotidiana del mercado de capitales. Obviamente, esas inversiones ocupan y ocuparán la porción del suelo y subsuelo que necesiten, sin afectar los derechos constitucionales de las provincias, que se conforman con el cobro de una renta que no guarda relación con el valor de la producción. De modo que ahora tenemos a mister Thiel en el corazón de la actividad económica del país... sin disparar un tiro. En lugar de desenmascarar ante los jóvenes la operación patriotera con ambiciones electorales de una defensa de la patria de esta característica, los K y sus compañeros de ruta de la izquierda se lanzaron de cabeza a promoverla y generalizarla. Y con razón, porque Vaca Muerta ha sido un proyecto fundacional de Cristina Kirchner.

Cristina Fernández y Kicillof han reivindicado Vaca Muerta como “fundacional”, lo mismo que la minería a cielo abierto. La expropiación parcial de Repsol a favor de YPF (privatizada bajo Menem y los Kirchner) fue defendida en esos términos. Se pagó una indemnización (con intereses) de ocho mil millones de dólares, para sacar del medio a Repsol y asociar a YPF con Chevron en un proyecto de ‘fracking’, en términos similares a los RIGI de Caputo y Milei. Para presidir YPF ‘estatizada’, CFK trajo de Europa a Miguel Galuccio, el flamante socio de Thiel. Galuccio abandonó YPF bajo Macri e inauguró Vista, anteriormente en manos de Petronas, y hoy es la principal exportadora de petróleo de Argentina. Entre sus accionistas ‘nacionales y populares’ figuran Amazon, American Electric Power y cinco energéticas internacionales más. El propósito es incorporar la IA al manejo de Vaca Muerta e instalar centros de datos en Neuquén y la Patagonia. La ley de ‘inviolabilidad de la propiedad privada’ apunta a reforzar las garantías para estos inversores, que podrían invocarla para reclamar una intervención militar extranjera invocando cualquier violación a ese ‘derecho’. La Bullrich mantuvo el proyecto en el Senado, luego de la poda de los dos capítulos conocidos, porque lo principal seguía en pie abrochado con un moño. La presencia de Techint, Bulgheroni, Vista y hasta una petrolera de China caracteriza a Vaca Muerta como una salida al impasse económico de la burguesía nacional. La ‘estatal’ YPF sigue abriendo caminos al privatizar sus pozos convencionales a capitalistas nacionales, como también Metrogas.

La patria de la burguesía nacional y popular ‘no se vende’; sigue desarrollando sus negocios de la mano de todos los gobiernos.

En los programas de la izquierda patriotera no está presente la nacionalización del suelo, tanto urbano como rural, ni la de los monopolios capitalistas. Es una confesión de parte. No lo menciona el Manifiesto de apoyo a Myriam Bregman. Esta izquierda aboga incluso por los estados “plurinacionales”, o sea, la integración de las nacionalidades indígenas bajo el Estado blanco y criollo, por un lado, y la separación de esas nacionalidades originarias del proletariado de América Latina. El nacionalismo ha fracasado en el objetivo de la autonomía política nacional a lo largo de toda la historia. Las cuestiones históricas que han quedado rezagadas sólo encontrarán su salida por medio de la revolución socialista.

17 de agosto de 2026
Neumático: Kicillof le da el visto bueno a Bridgestone para cargarse la salud de los trabajadores

Luego de los cambios en los regímenes de trabajo de todas las plantas, del congelamiento salarial que ya lleva dos años, de los despidos masivos y del desconocimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, las patronales del neumático van por lo más preciado de un trabajador que vende fuerza de trabajo: su salud, su vida misma. La industria del neumático, como tantas otras, es una industria insalubre por los diversos procesos industriales que se realizan y los sistemas de trabajo rotativos, que posibilitan que las fábricas funcionen 24x7. El sector más contaminante para el trabajador, que destruye su salud y acorta su vida, es Banbury, donde se fabrica la tachada, materia prima con la que se alimenta todo el proceso productivo en la fabricación del neumático. El pasado 13 de agosto, día del trabajador del neumático, la dirección del SUTNA seccional Llavallol denunció, por medio de las redes sociales, que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires habría dictado la salubridad del sector de Banbury, es decir, del más insalubre de todo el proceso productivo.

Para transformar el caucho natural o sintético en tachada, los trabajadores de Banbury deben manipular un sinfín de productos químicos como azufre y negro de humo. El uso de azufre libera gases tóxicos que el trabajador inhala, por más protección y ventilación que tenga el sector. El negro de humo, o polvo de carbono, ha sido catalogado por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer como un producto altamente cancerígeno cuando se lo manipula un determinado periodo de tiempo en los procesos productivos. La patronal estaría ofreciendo a cada trabajador, en forma individual, una indemnización como compensación de la destrucción de su salud.

El objetivo final de todo este ataque es el aumento de los beneficios capitalistas por la vía del aumento de la tasa de explotación. Las patronales no han actuado solas en esta faena. Cuentan con la inestimable colaboración de las burocracias sindicales de la CGT y CTA, las cuales permitieron que pase la contrarreforma laboral, y aislaron todas las luchas de los trabajadores del neumático que se vienen dando en el último período, más allá de las fotos de ocasión para las redes de Pablo Moyano y Yasky.

Otro aliado estratégico de las patronales es Kicillof, cuyo Ministerio de Trabajo le concedió a la patronal de Bridgestone la salubridad del sector de Banbury contra todas las indicaciones de la ciencia médica, de los reclamos del sindicato y de los resultados de las inspecciones realizadas por sus funcionarios, quienes constataron “(…) elevada la carga térmica en la totalidad de los sectores en que se realizó la medición (6 sectores: Vulcanizado tractor, Prensas 135 y 136, Túnel, Banbury Molino 3, Extrusora TS 8 e Inspección Final) que `en estas condiciones solo se debería trabajar 15 minutos por hora y descansar los restantes 45 minutos´” (Elgritodelsur.com.ar, 14/03/23). Quien se autopercibe como el “escudo” contra los ataques a los derechos del fascista Milei actúa, en los hechos, como impulsor de la contrarreforma laboral.

Frente a este ataque sistemático de la patronal del neumático, la dirección del SUTNA lleva adelante una política de colaboración de clases por medio de la búsqueda de acuerdos con el gobierno provincial. Esto se manifestó crudamente en la lucha contra el lock out en FATE cuando el SUTNA, orientado por el Partido Obrero, planteó como política estratégica exigirle a Kicillof que “demuestre que está del lado de los trabajadores” impulsando la Ley de Ocupación Temporaria en FATE.

Una Asamblea General de fábrica debe discutir un plan de acción contra la ofensiva de Bridgestone, con qué métodos defender la salud y la vida de los trabajadores y llamar a todos los trabajadores de la industria a seguir su camino.

17 de agosto de 2026
Represión en Ucrania: 15 años de prisión para militante trotskista

Bogdan Syrotiuk es un joven militante ucraniano, líder de la Young Guard of Bolshevik-Leninists, una organización juvenil afiliada al Comité Internacional de la Cuarta Internacional. Se encuentra detenido desde el 25 de abril de 2024 y condenado el 10 de agosto a 15 años de prisión por “alta traición bajo ley marcial” (artículo 111 del Código Penal ucraniano). Fue arrestado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en la región de Mykolaiv (Nikolaev). La sentencia, en proceso de apelación, incluye confiscación de bienes y dispositivos electrónicos, además de la destrucción de libros, folletos y documentos. El caso ha sido admitido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde 2025.

Según las autoridades ucranianas y la instancia judicial, Syrotiuk habría actuado como agente o propagandista de Rusia: encabezó una organización comunista con postura antiucraniana y “prosoviética”, preparó y envió artículos al World Socialist Web Site, que las autoridades describen como agencia de propaganda rusa; justificó o apoyó la agresión rusa, no reconoció el liderazgo político ucraniano, criticó negativamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania y “reinterpretó héroes nacionales”, incluyendo críticas a Stepan Bandera y colaboradores nazis. No se han presentado pruebas de sabotaje o colaboración militar directa. Se trata de un juicio enteramente político. Syrotiuk se pronunció contra la invasión rusa y la guerra de la OTAN, llamó a la unidad de los trabajadores rusos y ucranianos, ha criticado el nacionalismo ucraniano y la rehabilitación de figuras fascistas. Durante el proceso se le negó atención urgente pese a problemas de salud.

Ha estado en prisión preventiva en condiciones difíciles desde 2024. Hay una campaña internacional exigiendo su liberación.

La condena contra este joven militante ocurre en un momento de crisis severa en el reclutamiento. Las denuncias provenientes del frente difundidas por los soldados atrapados en las trincheras son moneda corriente. Los registros de hombres siendo arrastrados por las calles por bandas de reclutamiento forzoso y la resistencia de la población es cada vez más frecuente. Es un ICE de Zelensky.

Por la libertad inmediata de Bogdan.

17 de agosto de 2026
Exactas-UBA: balance del paro cuatrimestral y próximas iniciativas

Exactas vuelve al aula en un escenario de precariedad de condiciones laborales igual o peor al que la impulsó a realizar un paro por tiempo indeterminado, que duró todo un cuatrimestre: sin laboratorios para dar las prácticas, con aulas con menos butacas que inscriptos en las materias, alumnos sentados en el piso, con una proporción decreciente de docentes por alumno, con salarios peores que hace seis meses, sobre todo para los docentes e investigadores del CONICET.

En las asambleas de comienzo de este cuatrimestre se está viendo claramente la operación del decano Guillermo Durán contra el activismo y contra la huelga. El paro del cuatrimestre pasado surgió desde las bases y fue inicialmente impulsado por asambleas departamentales, a contramano de las centrales sindicales y de las autoridades de la Facultad y de la UBA. La huelga abarcó carreras enteras como las de Computación y Datos, junto a varias materias de diversas carreras (Matemáticas, Física, Biología y Química). Ahora, en la asamblea de docentes de Computación, la agrupación Ciencia Abierta del decano sostuvo que haber “levantado” el cuatrimestre pasado le dio mala prensa a nuestro departamento, que fue contraproducente, que produjo fuga de estudiantes. Los estudiantes del FEM, la agrupación del Decano, dicen que hubo “daño psicológico” entre alumnos producto del paro. En otros departamentos, el trabajo de la camarilla de Durán es boca en boca, con los mismos argumentos.

Lo que esconde Durán es que, mientras 250 estudiantes pidieron la simultaneidad con otras Facultades, pero no se fueron, la planta docente atenuó la pérdida de trabajadores debido a que la lucha moralizó y dio expectativas a los docentes que daban pelea masivamente. En Computación se inicia el segundo cuatrimestre como nunca en mucho tiempo, con docentes para todos los cargos que disponemos y con órdenes de mérito de sobra para seguir nombrando en caso de renuncias. Ese es el saldo interno que esconde Ciencia Abierta y sus voceros.

El otro saldo externo de la gran lucha de Exactas, unida a las tomas del Buenos Aires y el Pellegrini, ha sido que las autoridades del CIN y las direcciones de las centrales sindicales debieron ir al rescate de Milei, firmando un acta acuerdo contraria a la Ley de Financiamiento Universitario. Esta acción, que buscó prevenir un ascenso de la lucha en el segundo cuatrimestre, ha dejado el camino judicial iniciado por ellos mismos en la ruina.

La etapa que se abre deja en evidencia que la orientación de las camarillas de la academia y la ciencia es canalizar la crisis en acciones que no confronten con Milei, del tipo de la que ocurrió el 12 de agosto en el Obelisco, donde no se cortó ninguna calle, donde se bailó la chacarera para “levantar el ánimo” y se pusieron consignas patrióticas (el “CONICET es Argentina”) por encima de reivindicaciones de los trabajadores, tales como la reincorporación de los despedidos o el aumento de salario.

Esto mismo ocurrió en el CONICET, donde la orientación de ATE fue llevar la lucha por la vía institucional, ya agotada a todas luces en la Universidad. En este último caso, es el FITU quien presta colaboración en la redacción de una ley para dar prórroga a los becarios despedidos cuando ya están en la calle desde el 31 de julio. Una ley redactada que nunca llegará a recinto y, sin acción directa que la acompañe, es una clara colaboración en este sentido. A contramano de esto, en la lucha del CONICET desde Política Obrera hicimos una campaña clara por la toma del Polo Científico.

Este viernes 14 hubo en Exactas una asamblea convocada por AGD donde propusimos que salgamos con una acción y una campaña. El debate demostró que la ofensiva del Decano a la huelga realizada estaba a todo vapor. Se definió organizar un ruidazo y corte de accesos a Ciudad Universitaria el miércoles 19 a las 13 horas y, la otra semana, una actividad de balance de la huelga del primer cuatrimestre. Nos vamos preparando para una nueva etapa de lucha de acción directa, desde las bases y con claridad respecto de quiénes están del lado de la colaboración con Milei, quiénes tienen su expectativa únicamente en 2027 y quiénes queremos desenvolver la lucha en las calles para derrotar al Gobierno.

17 de agosto de 2026
El 22 movilizamos contra los crímenes del sionismo en Medio Oriente

El próximo fin de semana, en distintas ciudades y capitales del mundo, se realizarán nuevas jornadas de repudio a las masacres y a las ocupaciones que el Estado de Israel continúa ampliando en Medio Oriente. En Buenos Aires, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino convoca para este sábado a las 15 h en Callao y Corrientes, bajo la consigna “Argentina es antisionista”.

Las llamadas 'negociaciones' o 'acuerdos' de cese del fuego, dirigidas por los Estados Unidos y apoyadas por el conjunto de los gobiernos, funcionaron como una fachada para encubrir la política expansiva y criminal del Estado de Israel. El genocidio a cielo abierto ha recluido a la población de la Franja a un tercio de ese territorio. UNICEF informa que, en los 300 días sucedidos desde el inicio de las negociaciones, al menos un niño por día fue asesinado por el ejército sionista en la Franja.

El ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, ha convocado a llevar a cabo “asesinatos selectivos” en Gaza, “eliminando entre 30 y 40 personas cada noche”. Este Goebbels israelí aclara que su cuota de exterminio no se limita a ”quienes representan una amenaza inmediata”. “Hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas”. Sobre los 'acuerdos' deja en claro la visión oficial: “deberíamos tener asentamientos en toda Gaza, fomentando la mayor emigración posible, enviándolos a sus países de origen, y para los terroristas, nada de emigración, simplemente matarlos uno por uno”.

Al mismo tiempo, el sionismo incrementa su campaña de desplazamiento forzado de la población palestina y expansión de su control sobre las tierras en Cisjordania. Según la ONU, la Autoridad Palestina —el protogobierno local en la zona— se encuentra “a punto de colapsar” como consecuencia de la expansión colonial israelí y de un aumento de crímenes y asesinatos contra la población árabe local. Desde 2023 se crearon 212 de los 363 asentamientos —registrados por la ONG 'Peace Now'— hasta abril de 2026. El gobierno israelí inyectó 430 millones de dólares para levantar 12.000 viviendas y 34 nuevos enclaves sionistas.

El asesinato de niños es sistemático. Israel retiene a 355 niños palestinos de Cisjordania en sus cárceles de tortura, siendo la cifra más alta en la última década. Entre los 10.000 presos palestinos totales se encuentra el doctor Hussam Abu Safiya, un reconocido pediatra y director del Hospital Kamal Adwan en Gaza, detenido y torturado por el aparato militar del sionismo.

En Líbano, el ejército israelí ya avanzó unos mil kilómetros cuadrados y destruyó 36.000 viviendas. En Siria ocuparon 235 kilómetros cuadrados más allá de los Altos del Golán, conquistados a ese país en la guerra del 67.

Política Obrera convoca a ganar las calles contra la barbarie del Estado de Israel. En Buenos Aires, los organizadores de la marcha han levantado una consigna con la que no concordamos: una “Argentina antisionista”. Si apunta a apoyar al peronismo para las próximas elecciones, el exabrupto no ayudará a la moviización. El peronismo no ha venido a ninguna movilización y no defiende una Palestina única y democrática y el derecho al retorno de los palestinos expulsados.

18 de agosto de 2026
La cacería de Trump contra los refugiados haitianos

Las cifras récord de encarcelamientos y la tasa de mortalidad en los centros de detención confirman que la política fascista de Donald Trump ha dado un salto cualitativo en la cuestión de las deportaciones. Con la venia de la Suprema Corte y la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), el gobierno trumpista busca liquidar los derechos más elementales de cientos de miles de haitianos, utilizados hasta ahora como mano de obra precaria y superexplotada.

Tras las movilizaciones de masas y la crisis política desatada por los crímenes de los matones del ICE (policía militarizada migratoria) en Minnesota, el gobierno desató una nueva ofensiva contra los inmigrantes sin papeles, cebándose especialmente con los refugiados de origen haitiano. La remoción de Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la llegada de Markwayne Mullin no buscaron frenar la ofensiva, sino relanzar con métodos más encubiertos la política de detenciones masivas y deportaciones.

Tras una caída temporal de las detenciones por la protesta social y la crisis parlamentaria, en julio se registró un récord histórico con más de 51.000 inmigrantes encarcelados en condiciones de verdaderos campos de concentración. La tasa de mortalidad bajo custodia policial prácticamente cuadriplica a la de administraciones anteriores. Mullin ha evitado la ocupación militar de las ciudades para amortiguar el impacto mediático, trasladando la cacería a aeropuertos, puestos de trabajo, hogares e incluso oficinas de regulación migratoria.

Un fallo de la Suprema Corte trumpista a fines de junio avaló la liquidación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350.000 haitianos y unos 50.000 sirios, despojándolos automáticamente de sus permisos de trabajo. Se trata de una población perfectamente fichada y fácilmente ubicable (se conocen sus domicilios y lugares de trabajo), lo cual abrió paso a la cacería y las deportaciones express. El fallo judicial, redactado por el reaccionario juez Samuel Alito habilita al gobierno a “iniciar deportaciones masivas de inmediato, negándose a permitir que las personas permanezcan en el país mientras sus litigios están pendientes” (The Nation, 25/6).

Mullin además ordenó a las oficinas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. que remitieran las solicitudes de asilo a los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia incluso sin primero entrevistar a los solicitantes. La aplicación al asilo se ha convertido en una pasarela para las expulsiones sin proceso judicial (los “jueces” de inmigración son meros ejecutores administrativos de las deportaciones). Los servicios de asilo tienen unos 450.000 casos pendientes y cada año se suman decenas de miles de solicitantes.

El gobernador Republicano de Ohio, Mike DeWine, declaró que la medida es “un error” (CBS), haciéndose eco de las quejas de sectores patronales. La ciudad de Springfield en ese Estado fue el centro de la campaña racista contra los inmigrantes provenientes de Haití, que ocupó un lugar importante en la campaña electoral de Trump. DeWine declaró que los haitianos “han creado y ocupado puestos de trabajo... Así que perderlos y que ya no puedan trabajar, y que posiblemente sean expulsados de este país, es, francamente, un duro golpe para Springfield y para el estado de Ohio”.

La cuestión de la eliminación del ICE ha estado presente en las campañas de varios candidatos progresistas triunfantes en las primarias Demócratas, lo cual refleja el repudio popular a la represión militarizada de Trump. Sin embargo, han sido incapaces de impulsar la movilización popular contra esta escalada. El alcalde de la DSA (Demócratas Socialistas) Zohran Mamdani afirmó que su gobierno “se vio obligado” a cumplir con el fallo de la Corte contra los haitianos “y a desvincular a cualquier empleado que no haya establecido vías alternativas de trabajo legal”. Mamdani se limitó a pedir a Trump el restablecimiento del TPS por razones humanitarias y económicas, ofreciendo asistencia legal simbólica, pero negándose a interponer acciones jurídicas de peso o a convocar a las calles de Nueva York contra las detenciones del ICE.

La política de la DSA y Bernie Sanders apuntan a canalizar la “bronca” hacia el proceso electoral, no a la movilización de masas. Basta recordar que, en la más grande movilización de la historia, la última marcha “No Kings”, no se hicieron presentes ni Mamdani ni Ocasio-Cortez, las figuras más prominentes de la DSA. Mientras el electorado gira a la izquierda, los líderes que canalizan transitoriamente ese giro apuntan a reforzar su integración al Estado imperialista.

La defensa de los refugiados haitianos y de todos los trabajadores indocumentados exige la reactivación de la lucha en las calles, las huelgas y la movilización independiente.

18 de agosto de 2026
Trump, empantanado en Irán

A casi seis meses de haber lanzado una agresión militar no provocada junto al Estado sionista contra Irán, el gobierno de Trump no ha alcanzado ninguno de sus objetivos políticos, mientras sufre una erosión política y una crisis inflacionaria sin final a la vista. El estrecho de Ormuz sigue firme bajo el control de la Guardia Revolucionaria de Irán, mientras que Estados Unidos tiene bloqueados los puertos de ese país, a costa de un desgaste sin precedentes de los marineros apilados desde hace meses en los portaviones instalados en los mares Arábigo y Mediterráneo. El imperialismo norteamericano se enfrenta a la necesidad de un replanteo del conjunto de la guerra, lo que no podrá ocurrir sin pasar por crisis políticas severas. Trump ha ordenado la aceleración de la producción de misiles Tomahawk, pero la salida del impasse no pasa por este tipo de decisiones. Toda la agenda de Trump se encuentra en ruinas: el desmantelamiento del uranio enriquecido y del arsenal misilístico iraní no ha avanzado para nada. Irán ha ofrecido liberar el paso por Ormuz, incluso con un acuerdo con Omán, en la otra orilla del Golfo Pérsico, a cambio del levantamiento del bloqueo norteamericano, la devolución de sus activos secuestrados y la derogación total de las sanciones económicas, que Trump ha rechazado. La guerra no ha cesado y se reanudará a gran escala cuando su replanteo haya sido completado. Israel, por su lado, multiplica los ataques a Líbano y la limpieza étnica en Cisjordania y Gaza. La precisión de los ataques de la Guardia Revolucionaria a las bases norteamericanas en la región ha puesto al Pentágono a la defensiva y propiciado acuerdos regionales (Pakistán, Turquía, Arabia) que modifican, a término, la situación política que había prevalecido en Medio Oriente.

El daño a las instalaciones hidrocarburíferas de los aliados árabes de Estados Unidos, sumado al cierre del estrecho de Ormuz, ha desatado una suba del precio del barril que disparó la inflación en el mundo y generó una crisis energética, especialmente en Oriente.

La prolongación de la campaña militar ha provocado una escasez de misiles y el agotamiento de las tropas. El USS Abraham Lincoln debía regresar en mayo, pero continuó hasta ahora en el mar Arábigo por las necesidades de la guerra. Esto puso en crisis la salud mental de su tripulación y su abastecimiento. Para reemplazarlo, el Pentágono tuvo que ordenar el traslado del USS George Washington desde el Pacífico. El USS Gerald Ford, sin embargo, había estado once meses continuos en operaciones, el tiempo más largo desde la guerra de Vietnam. Tuvo que ir a reparaciones por un incendio que dejó sin habitaciones para dormir a gran parte de la tripulación y antes había tenido un problema con las cloacas. Toda esta infraestructura bélica, con costos diarios altísimos, se ha mostrado incompetente frente a los drones baratos iraníes.

Desde un principio, Trump intentó comprometer a más países en la contienda, sin resultados. No solo los europeos se negaron a enviar una flota para “liberar” el estrecho de Ormuz, tal como exigía Trump. Los países árabes, varias veces bombardeados por Irán por contener las bases militares estadounidenses, tampoco participaron activamente. Solo Emiratos Árabes Unidos y Bahréin -ambos pro-sionistas- respondieron a algunos ataques.

Es que las bases militares estadounidenses se mostraron impotentes como garantía de defensa y las monarquías de la región evitan provocar más ataques de Irán. El anuncio del gobierno emiratí para habilitar a Irán a recuperar parte de sus activos retenidos en Dubái parece un intento de evitar nuevos ataques contra su territorio.

Desde fines de julio, Estados Unidos no ataca a Irán con munición. Se ha centrado en la guerra económica y en el aumento de las sanciones. Scott Bessent declaró que ahora sí estaban a punto de imponer sanciones financieras sin precedentes. Pero el petróleo iraní ya está vetado en todo el mundo y sus activos ya han sido confiscados, desde antes de la guerra.

Mientras, Israel sigue con su política de exterminio en Gaza, Cisjordania y el Líbano. El ensañamiento alevoso contra la población civil le ha generado a Israel cierta crisis con Estados Unidos. El embajador estadounidense Mike Huckabee, un ultraderechista, calificó de “terroristas” a los colonos que asediaron a una familia palestina en Cisjordania, donde se encontraba un residente en Estados Unidos. Por primera vez, las encuestas reflejan que los norteamericanos sienten más simpatía por los palestinos que por los israelitas. En Nueva York, Nueva Jersey y Michigan ganan las primarias los candidatos demócratas que se pronuncian en contra del sionismo. En Israel, donde también hay elecciones, culpan a Netanyahu por la ruptura del ‘consenso’ proisraelí en Estados Unidos. El principal problema del carnicero de Tel Aviv es que, a pesar de tener ocupado el 70 % del territorio gazatí y haber desatado un genocidio, no ha logrado derrotar a Hamas; lo mismo le pasa en el Líbano con Hezbollah.

Trump no puede retirarse de la guerra, ni puede escalarla de momento, y eso perpetúa la crisis por el abastecimiento de combustible y, por ende, la crisis económica. Para buscar salir, va a buscar ampliar las confrontaciones, aumentando los activos bélicos y buscando comprometer a más actores. Esto solo va a aumentar la dimensión y los efectos de la crisis. Es una amenaza para la humanidad de conjunto que solo puede ser derrotada con la movilización contra la guerra, planes de rearme y la guerra imperialista.

18 de agosto de 2026
La Ley de Sociedades: a pedido de Peter Thiel

El Senado retomó el tratamiento del proyecto que busca reemplazar la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, vigente desde 1972. La iniciativa, redactada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuenta con media sanción en Diputados y avanza en la Comisión de Legislación General del Senado, presidida por la libertaria neuquina Nadia Márquez. En palabras de la subsecretaria de Planeamiento Estratégico, Paula Taddei Farfán, se trata de "una de las reformas más trascendentes del derecho argentino de las últimas décadas" (Ámbito, 24/6).

Qué cambia

El proyecto deroga íntegramente la ley reglamentada por la dictadura militar de Lanusse y habilita, entre otras cosas, a “la constitución de sociedades por firma digital, asambleas virtuales y domicilios electrónicos” (Ámbito, 24/6). Pero la novedad pasa por dos figuras relacionadas. El artículo 14 crea la "Sociedad Automatizada", que sería aquella que desarrolla su objeto social mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria. El artículo 258, por su parte, crea la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), que puede funcionar total o parcialmente sin intervención humana, con tokens y registro de operaciones en blockchain (Actualidad Digital, 23/07).

Pasado en limpio, la ley habilita a empresas que puedan operar, en el límite, sin ningún responsable humano identificable. Cuando el "algoritmo" tome una decisión que perjudique a un tercero, habrá que ir a reclamar ‘a magoya’. El Código Civil y Comercial va a tener que lidiar con una empresa demandada por daños que argumente que la decisión no la tomó una persona sino un algoritmo, sin que el proyecto resuelva ese vacío de responsabilidad. Se trata de una construcción ficcional de los libertarios para un futuro indefinido, que sería inviable, por otra parte, sin una legislación internacional. En ausencia de esta reglamentación, la empresa futurista sería un paria en el comercio mundial.

El macaneo ‘distópico’ del proyecto oculta cuestiones medulares, pues da forma legal a la constitución del capital accionario mediante criptoactivos y activos digitales blockchain, que por su propia naturaleza ocultan a los titulares de esas transacciones. El sistema legal de controles que hoy ejerce la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre la constitución y el funcionamiento de las sociedades, volaría por los aires. Aunque el resultado hipotético de este engendro legislativo sería la centralización del capital por parte de las compañías de Inteligencia Artificial, el tecnofascista Peter Thiel, de visita en Argentina, volvió a instalar la pregunta de a quién termina beneficiando este tipo de arquitectura societaria. El objetivo de Thiel es instalar centros de datos en la Patagonia y desarrollar la IA en Vaca Muerta, y hacerse cargo de la administración del Estado.

El debate en comisión

El tratamiento en la comisión del Senado se da a una semana de la derrota del gobierno en cuanto a la ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que llevó a cuestionamientos a la figura de Sturzenegger desde propio núcleo de LLA. La primera reunión informativa, el 24 de junio, tuvo a Sturzenegger defendiendo la incorporación de la inteligencia artificial con el argumento de que "no hay ningún motivo" para pensar que sea insegura (Ámbito Financiero, 24/06). En lugar de atacar el status de excepción que el proyecto otorga al capital, los legisladores plantean frenar a la IA. La discusión se reanudó esta semana, luego de más de cuarenta días.

En la reunión de esta semana, el bloque oficialista en el Senado de LLA, no consiguió el quórum inicial en la propia comisión y debió recurrir al tercio reglamentario para sesionar (Infobae, 24/06). Bullrich, por su parte, acusó al dos veces titular de la IGJ durante los gobiernos kirchneristas, Ricardo Nissen, de haber "destruido" con una resolución administrativa la posibilidad de que jóvenes emprendedores constituyeran Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Invitado por la Comisión, Nissen sostuvo que el régimen societario debe modificarse pero que el proyecto libertario “solo sirve para limitar la responsabilidad del empresario”, y que con este texto las sociedades tendrán “la posibilidad de fijar en el contrato social qué jurisdicción va a dirimir los conflictos, en qué idioma se va a desarrollar el pleito y en qué país” (parlamentario.com, 11/8). Un asunto que no ha contemplado son los contratos que suscribe el propio Estado con empresas privadas de naturaleza desconocida.

Por su parte el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez, se pronunció a favor del proyecto, mientras que otros senadores plantearon objeciones constitucionales y advirtieron sobre posibles incompatibilidades con las normas internacionales contra el lavado de activos del GAFI. En su momento, para destrabar los votos en Diputados, el oficialismo debió incorporar una cláusula de "Compre Nacional" que obliga a destinar al menos el 20% de la inversión de los proyectos alcanzados a proveedores locales (BAE Negocios, 08/08), una concesión que debió hacer el oficialismo al kirchnerismo para que no se toque el núcleo de la ley.

Ganadores y perdedores

Entre los que salen ganando con el proyecto de Sturzenegger se encuentran el capital financiero internacional y las corporaciones tecnológicas que buscan jurisdicciones con "menos controles para organizar empresas" (BAE Negocios, 08/08). El propio Sturzenegger lo planteó sin rodeos al señalar que hay que crear un "ambiente atractivo" para atraer inversiones extranjeras y citó explícitamente el objetivo de traer empresas de la envergadura de Apple (Actualidad Digital, 23/07). También favorece al capital especulativo ligado a las criptomonedas y a las finanzas descentralizadas, que obtiene por primera vez un marco legal explícito para operar bajo figuras como la DAO, con contratos inteligentes y activos digitales como aporte de capital (Infobae, 24/06). Los que también se frotan las manos son los estudios jurídicos y consultoras que ya se disputan el asesoramiento a las empresas para "refundarse" bajo el nuevo régimen.

La reglamentación del proyecto representa un ataque a la clase obrera, ya que habilita explícitamente sociedades que operan "sin requerir trabajadores en relación de dependencia" (MDZ, 01/06); o sea con monotributistas. La ingeniería legal diseñada es un instrumento jurídico para esquivar toda la legislación laboral, previsional y sindical. Que el propio texto no resuelva quién responde cuando una "decisión algorítmica" causa un daño no es un descuido, sino que es la lógica de una ley pensada para diluir responsabilidades patronales, no para asumirlas. A la vez, el debilitamiento de las facultades de control de la IGJ y las dudas planteadas sobre su compatibilidad con las normas antilavado golpean cualquier posibilidad de fiscalización pública sobre el origen de los capitales que se organicen bajo estas nuevas figuras, en momentos en que la propia gestión libertaria ya carga con denuncias de vínculos con el mundo cripto (BAE Negocios, 08/08).

El relato oficial presenta a la ley como una simple puesta al día por la tecnología, Pero toda la arquitectura del proyecto -desde la eliminación de controles estatales hasta la creación de sociedades sin trabajadores oficialmente registrados- confirma que se trata de un nuevo capítulo del programa de desvalorización de la fuerza de trabajo, en la misma línea que el DNU 70/23 y la Ley Bases.

La revolución de la Inteligencia Artificial viene acompañada de la descalificación laboral y de la más completa alienación del individuo como ser humano.

18 de agosto de 2026
¡Viva la huelga docente de Tierra del Fuego!

La huelga indefinida de los docentes de Tierra del Fuego lleva 16 días. El acatamiento de la medida es alto y se sostienen acampes en la Casa de Gobierno en Ushuaia, en el Ministerio de Educación de Río Grande y en la Delegación del Ministerio de Educación en Tolhuin. Se han realizado importantes movilizaciones callejeras.

La última oferta salarial del gobierno consistió en el pago de una deuda salarial correspondiente al 2025, entre los meses de agosto y diciembre de este año, y la elevación del FOID (Fondo Provincial de Compensación Salarial) a $ 100.000 mensuales, el cual no alcanza a los jubilados porque es un monto no remunerativo. Esto totalizaría un aumento de bolsillo de $70.000, estableciendo un salario mínimo de unos $1.300.000. En septiembre, dice el gobernador, habría una nueva paritaria. La "propuesta" está lejos del reclamo de una recomposición salarial real, camino al Salario Mínimo Vital y Móvil de $3.000.352, que es el reclamo levantado por el sindicato, SUTEF. Los paritarios de SUTEF han manifestado su rechazo a que los aumentos sean en negro. Exigen, por otra parte, que la oferta salarial que se extienda hasta febrero del 2027.

Un punto candente de la lucha es la devolución de los descuentos por huelga impuestos por el gobierno de Gustavo Melella entre enero y agosto de este año, que sólo se harían si los docentes presentan una “planificación pedagógica para la recuperación de clases”, contemplando incluso el dictado de clases los días sábados. De este modo se establecería el ´castigo´ a la lucha de tener que “recuperar” los días de huelga bajo amenaza de los descuentos salariales. Establecería un precedente muy negativo para el futuro, cuando el gobierno no ha dado las respuestas exigidas por la huelga. En materia de violentar el derecho a huelga, el conjunto del aparato Estatal, liderado por Milei y secundado por los gobernadores, entre ellos Melella, kirchnerista, exhibe una férrea coincidencia.

En tercer lugar, el gobierno ha ofrecido un “Plan de desendeudamiento” a cargo del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego. Consistiría en préstamos a tasas más bajas y plazos más extensos para el refinanciamiento de las deudas de los docentes, segmentado según un rango de ingresos. También incluye el otorgamiento de un plazo de gracia total para quienes no hayan pagado sus deudas en los últimos dos meses. Se trata de aspirinas para una situación desesperante que atraviesa la clase trabajadora por la miseria salarial impuesta por el propio gobierno y las patronales, agravado por el elevado costo del crédito para financiar gastos de consumo.

Por último, el gobierno ofrece crear un “Plan de Inversiones, Refacciones y ampliaciones de Edificios Escolares” y la conformación de una “Mesa de trabajo de Infraestructura Escolar”, proponiendo integrar al SUTEF para el desarrollo de una “planificación conjunta”. Aquí también se plantea una trampa, porque lo que la docencia exige al gobierno es que haga las obras necesarias y ya conocidas en las escuelas, que incremente el presupuesto educativo. En cambio, este plan es una nueva dilación de la cual se quiere hacerse co-responsable al propio sindicato.

Todas las propuestas del gobierno, según consta en el acta, están sujetas a que el SUTEF levante la huelga, los ceses de obligaciones e incluso cualquier convocatoria a asambleas.

Para el martes 18 de agosto están previstas asambleas docentes por la mañana mientras que, a partir de las 15 horas, volverá a reunirse la mesa paritaria.

El SUTEF ha hecho un “conversatorio en el acampe” de la cual formaron parte como oradores, en forma virtual, integrantes del denominado “Frente Nacional Democrático por la Educación Pública”. La CTERA sigue sin prestar un apoyo activo o de algún tipo para la huelga, que debiera comenzar con un nuevo paro nacional docente como el llevado a cabo el pasado 3 de agosto, que fue masivo en todo el país y es cuando se inició la huelga docente indeterminada en Tierra del Fuego.

La huelga de la docencia fueguina está sacudiendo el escenario nacional y la cuestión del ajuste salarial que afrontan todos los trabajadores del país. Ha sacudido el escenario al declarar el paro por tiempo indefinido, un faro para todas las luchas docentes y educativas del país, con lo cual han forzado al gobierno de esa provincia a brindar respuestas que antes no dieron, si bien aún no se está llegando a lo exigido por la docencia. Superando las dos semanas, está siendo desconocida sin embargo por los grandes medios de prensa y, fundamentalmente, por la burocracia sindical oficial de la CTERA y la CGT, bajo la conciencia que basta una lucha decidida del movimiento obrero para hacer crujir a Milei y a todos sus socios en el desarrollo de una agenda profundamente antiobrera y reaccionaria.

LEER MÁS:

Huelga Indefinida de la docencia de Tierra del Fuego ¡Por el triunfo de la docencia fueguina! Por Emiliano Fabris, 15/08/2026.

18 de agosto de 2026
Por un partido obrero, socialista e internacionalista

CABA

Lunes 24/8 | 17 hs

La lucha del CONICET y la Universidad ante el gobierno fascista de Milei

Con Sergio Gómez de Saravia (UNLP-CONICET)

Aula Seminario PB, pabellón 2, Facultad de Ciencias Exactas (UBA)

Sábado 29/8 | 16 hs

¿"La Patria no se vende"? Nacionalismo y socialismo

Con Leonardo Perna

Álvarez Thomas 2370, CABA

Sábado 12/9 | 16 hs

Cómo luchamos contra la guerra imperialista

Con Julián Hika

Álvarez Thomas 2370, CABA

NORTE GBA

Viernes 21/8 | 18:30 hs

¿"La Patria no se vende"? Nacionalismo y socialismo

Con Jorge Altamira

Figueroa Alcorta 94, Boulogne, San Isidro

OESTE GBA

Sábado 29/8 | 16 hs

Política Obrera y las elecciones 2027: nuestro programa de acción

Con Mariano Hermida

Arieta 3121, San Justo, La Matanza

SUR GBA

Sábado 12/9 | 15 hs

"La Patria no se vende"... mientras la regalan

Con Marcelo Ramal

San Luis 1409, barrio Montana, Esteban Echeverría

Sábado 12/9 | 12 hs

¿"La Patria no se vende"? Nacionalismo y socialismo.

Con Pablo Busch

Morel 16, Quilmes

BAHÍA BLANCA

Sábado 29/8 | 16 hs

¿"La Patria no se vende"? Nacionalismo y socialismo.

Con Emiliano Fabris

Drago 910, Bahía Blanca

SANTA FE

Viernes 21/8 | 19 hs

¿Cómo enfrentamos al gobierno y las patronales?

Con Christian Miguez

Richieri 1093, San Lorenzo, Santa Fe

18 de agosto de 2026
Universitarios no docentes: es necesaria una huelga indefinida con ocupación de Facultades

El miércoles 12 de agosto, mientras las científicas y científicos convocaban a una movilización contra el brutal recorte en Ciencia y Tecnología, los trabajadores no docentes de las universidades nacionales, afiliados a los 44 sindicatos de base nucleados en FATUN, realizamos un paro sin asistencia a los lugares de trabajo.

Este paro llega luego de una primera parte del año caracterizada por los dimes y diretes judiciales en torno a la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

FATUN hizo de la defensa de esta ley una bandera, pero el 10 de junio junto al CIN y los gremios docentes firmaron un acuerdo paritario con el gobierno que representó un aumento muy inferior al establecido en la norma más algunas migajas.

Este acuerdo se realizó con un gran descontento ya que además de la enorme pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la mayoría de las y los trabajadores no docentes poseen pluriempleo por lo que un 21% de aumento no les permite abandonar esas otras fuentes de trabajo por fuera de la jornada laboral completa que realizan en las universidades.

Para las y los trabajadores agremiados en ATUNLu, sindicato de no docentes de la Universidad Nacional de Luján, el sindicato propone algo insólito: una feria de “emprendedores no docentes” para que aquellas trabajadoras y trabajadores que están obligadas a tener otra fuente de trabajo precarizada puedan continuar precarizados, pero a la vista de todos. De esta manera no sólo legitiman condiciones de trabajo propias de la Edad Media, sino que, además, muestran que somos los trabajadores quienes tendremos que buscar la vuelta para vivir en condiciones dignas. Por ello, es posible preguntarse qué rol cumplen estos sindicatos en la actualidad. ¿A quién sirven?

Luego del receso invernal, el salario cobrado en julio con el 21% de aumento se desvanece y las universidades continúan desangrándose. Lejos de convocar a un paro activo en el cual movilicemos con los docentes, estudiantes, científicas y científicos que formamos la comunidad universitaria, este paro nos manda a casa.

De esta manera, este supuesto paro -aislado, pasivo- lejos de ser una medida de lucha más bien responde a una estrategia que busca sostener el desmembramiento de la comunidad universitaria.

18 de agosto de 2026
Los trabajadores seguimos en la lucha contra el desguace en Ciencia y Técnica

El miércoles pasado se desarrollaron en varios puntos del país concentraciones de los trabajadores de ciencia, tecnología y la academia.

La convocatoria fue realizada por la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT) bajo la consigna “Ponete la camiseta para defender la ciencia argentina”. Los trabajadores del sector, en los últimos tres meses, han desarrollado luchas parciales en defensa de sus puestos de trabajo y contra el cierre de sus instituciones, particularmente el CONICET, INTI, INTA, la CNEA y las universidades nacionales.

Hubo concentraciones importantes en todo el país: Ushuaia, Puerto Madryn, Mar del Plata, Posadas, Salta, La Rioja, Mendoza, entre otras. En Bariloche y Rosario, hubo cortes seguidos de actos sobre veredas y plazas. En CABA, a pesar de la importante concurrencia de 5.000 personas, los organizadores se propusieron no desafiar el protocolo antipiquetes, asegurando a la policía que no habría ningún tipo de corte. Pero cuando llegaron los jubilados del Congreso, cercados por 200 policías, un grupo se animó a avanzar cortando la avenida Corrientes.

El despido de trabajadores en CNEA y en CONICET, en julio pasado, marcaron un pico de tensión con el gobierno. La toma de edificios y las movilizaciones, incluso con choques con la policía, se colaron en la tapa de los diarios.

Los sectores de Ciencia y Tecnología vienen siendo atacados a nivel nacional, con un fuerte vaciamiento presupuestario. El propósito del gobierno es privatizar la investigación y la ensañanza. Como reflejo de un fenómeno global, el conjunto del esfuerzo científico se está redirigiendo hacia la guerra. Las empresas de IA, en particular, están copando los presupuestos estatales en investigaciones y desarrollo. En la Argentina, la CNEA y todo el andamiaje nuclear, son ofrecidos como auxiliares a la instalación de centrales de datos de IA, que tiene a Peter Thiel, flamante socio de la petrolera Vista, como uno de sus principales interesados. En CONICET, las investigaciones en IA y la transferencia a empresas privadas se han ponderado en los esquemas de adjudicación de financiamiento y de promociones del personal con las reformas que ha introducido el gobierno de Milei. El INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), histórico baluarte de la Sociedad Rural, está siendo rematado, literalmente. El INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) sigue el mismo camino de desguace: se encuentra en un esquema de retiros voluntarios -despidos coercitivos- y persecución gremial.

Luego de esta gran movilización, Santilli nombró a Adriana Baravalle al frente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. La nueva secretaria es especialista en IA y representante de las empresas de IA en el continente; fue promocionada ante el Jefe de Gabinete por la empresa Globant. La medida en cuestión equivale a la postración del CONICET a los avatares de una industria que tiene más de burbuja financiera y arma de guerra que de otra cosa.

En ese marco, el sector ha sido movilizado por sus autoridades bajo consignas nacionalistas (“la ciencia es Argentina”, “la patria no se vende”, entre otros), sin tomar ninguna forma concreta, como sería la ocupación de Institutos y Facultades o el reclamo de que las autoridades sean electas por trabajadores de la ciencia y de la investigación. Pero las autoridades a cargo -las camarillas de la ciencia, la academia y la tecnología- se han opuesto a las luchas y a la acción directa durante todo este cuatrimestre. En la jornada del miércoles, colocaron por delante las consignas patrioteras para relegar aquellas propias de los trabajadores, como la reincorporación de los despedidos, aumento de salarios y financiamiento para investigaciones, la unidad de los trabajadores de ciencia y tecnología. La burguesía industrial ha dado un sostenido apoyo a Milei por la poda de las contribuciones jubilatorias y la contrarreforma laboral.

LEER MÁS:

El segundo cuatrimestre y los intentos por abortar la lucha universitaria Por Anahí Rodríguez, 12/08/2026.

CONICET: el inminente despido de 375 investigadores Por Sergio Yeti, 17/07/2026.

18 de agosto de 2026
Plenario de delegados en el SUTEBA de La Matanza: más de 230 docentes se pronunciaron por profundizar las medidas de lucha

Un nuevo plenario de delegados, convocado por el SUTEBA de La Matanza, tuvo lugar el viernes pasado en la escuela media N° 20 de San Justo. El objetivo era poner en común los mandatos para definir la modalidad de la continuidad del plan de lucha. Veníamos de un paro de 48 horas (2 y 3 de agosto) muy importante en todo el país y en la Provincia de Buenos Aires. Participaron apenas unos 100 delegados, de más de 700 del distrito. En la primera reunión (25 de junio) habían participado más de 300. El retroceso refleja la decepción que ha provocado la nueva dirección del FITU-Azul y Blanca.

El informe inicial de la mesa destacó la adhesión y el impacto de las 48 horas de paro; denunció el descuento de salarios que ejecutó Kicillof, en una versión nacional y popular de la ley anti huelgas de Milei. Señaló la importancia de la movilización al Congreso en ocasión de la votación de la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”, pero confundió la derrota parcial de Milei con una victoria de los trabajadores, sin que hubiera mediado alguna conquista. La conducción se movilizó bajo la consigna “Abajo la entrega de nuestro territorio”, sumándose políticamente al planteo pseudo nacionalista del peronismo, responsable de décadas de ´entrega´ a pulpos capitalistas nacionales e internacionales y al FMI. El territorio no es “nuestro” (patrones y trabajadores), sino que ha sido objeto, hace rato, de la expropiación de la clase capitalista contra quienes viven de su propio trabajo.

Sobre la continuidad del plan de lucha, la conducción Multicolor-Azul y Blanca propuso dos opciones para la semana del 25 de agosto: otro paro de 24 horas o una jornada de lucha de 48 horas (un día de movilización a La Plata y otro día 24 horas de paro). La posibilidad de ampliar huelga quedó en el capítulo de “otras propuestas”. La orientación política fijada por la conducción de la seccional quedó plasmada en la propuesta “Exigir a CTERA la continuidad del plan de lucha”. Sonia Alesso (Secretaria General de CTERA) ya había anunciado que no habrá más paros. El peronismo sostiene con firmeza el mandato de Milei hasta finales de 2027, por lo que sabotea cualquier lucha que pueda cuestionar esa perspectiva – en medio de insolvencias y quiebras empresarias y personales.

La Tendencia Docente Clasista se presentó con mandatos para otra orientación. En primer lugar, que se convoquen a asambleas semanales para evaluar la marcha de las medidas que se voten. Los mandatos de 9 escuelas que llevamos a la reunión registraron un total de 150 votos, siendo la opción más votada el paro por tiempo indefinido (54 votos), seguida de los paros progresivos (51), 17 votos obtuvo el paro de 48 horas, y otras acciones el resto. En oposición a las expectativas en la conducción Celeste, nuestro mandato propuso “autoconvocatorias docentes, asambleas y plenarios de delegados de base para que la docencia defina las medidas”.

En nuestras intervenciones valoramos el paro frente a la aplicación de la “esencialidad educativa” (restricción del derecho a huelga), aunque está por verse si Trabajo no aplica sanciones a los sindicatos, responsables de garantizar el 75% de asistencia a las escuelas y colegios. Destacamos las huelgas indefinidas con la que los prácticos del puerto lograron defender sus puestos de trabajo y la de la docencia de Tierra del Fuego, que se encuentra, en su segunda semana de huelga, protagonizando movilizaciones y acampes en la provincia.

En relación al impacto de los descuentos en los compañeros ejecutados por Kicillof, registramos que los paros aislados son cada vez más cuestionados por las bases, ya que no están conduciendo a conquistar ningún objetivo, y sí, en cambio, están produciendo desmoralización.

Otros oradores también destacaron que, en sus escuelas, el paro por tiempo indefinido estaba siendo ampliamente discutido y que incluso se había impuesto en algunos mandatos. Hubo una coincidencia general en que, si bien los descuentos por paro se hicieron sentir, esto no había hecho retroceder la voluntad de lucha de la docencia.

Distintos oradores de la conducción Multicolor-Azul y Blanca, defendieron, en cambio, la moción de las “48 horas de lucha” (un paro de 24 horas y una movilización) bajo el argumento curioso de que se trataba de un “nuevo escalón en la lucha”. Pero se trata de un escalón hacia abajo, porque se pasa de un paro de 48 horas a otro de 24 horas. El plan de lucha es decreciente, no creciente.

Como ya había ocurrido en la asamblea anterior, hubo oradores que directamente atacaron el planteo del paro por tiempo indefinido. Se llamó a los que promovían esta medida “ultra izquierdistas” e “irresponsables”, entre otras descalificaciones; en este bloqueo a la huelga indefinida, el FITU se mantuvo unido como ‘un solo puño’. Una delegada, sobre el final, alentada por este clima, llegó a decir que se trataba de una medida “anarquista” y que las escuelas debían estar abierta siempre “porque los docentes tenemos mejores sueldos que las familias de nuestros alumnos”. Es la voz oficial del FITU, a fuerza de repetirla desde el Covid, y un eco de la posición de CFK y Juan Grabois. Con elogios a los sueldos docentes no se puede ganar ninguna lucha. Más ‘esencialidad’ no se consigue; ‘nivela’ hacia abajo, no hacia arriba. Es una autoproscripción al derecho de huelga.

Al finalizar la reunión se informó el resultado de los 130 mandatos que se elaboraron. Se expresaron alrededor de 2.300 docentes, ganó la moción de la conducción, con 1.691 firmas a favor de la "jornada de lucha de 48 horas". Este mandato se llevará al plenario de delegados provincial convocado por las seccionales de la Multicolor el próximo martes 18 de agosto. El voto por correo conspira contra la deliberación y convierte al sindicato en una oficina postal, no en un órgano de educación clasista

El dato más significativo fue que el paro por tiempo indeterminado, el paro por 48 horas y los paros progresivos, todas medidas que conducían a profundizar la lucha -que la dirección no impulsó- recogieron un total de más de 230 votos. En el Facebook de la seccional se pueden observar docentes reclamando el paro por tiempo indefinido.

Nuestra corriente se apoyará en esta tendencia de lucha para preparar la huelga indefinida en la docencia.

LEER MÁS:

Gran paro nacional docente, enorme fracaso de ley anti-huelgas Por Mariano Hermida, 03/08/2026.

Debate en la asamblea en el SUTEBA La Matanza Por Mariano Hermida, 31/07/2026.

18 de agosto de 2026
Urge que el Estado intervenga bancos, fondos y billeteras virtuales

Las estadísticas sobre el endeudamiento familiar son concluyentes: el 17% de los préstamos personales o tarjetas de crédito bancarias se encuentran en mora, y lo mismo ocurre con el 30% de los préstamos otorgados por billeteras virtuales. La “mora” afecta a quienes registran más de noventa días de atraso. La mora no toma en cuenta las deudas por plazos menores, ni, desde luego, a aquellos que han dejado de pagar el alquiler o sus consumos más elementales para poder cumplir con sus compromisos financieros; han preferido el default comercial al financiero.

El gobierno intenta zafar de la discusión, con el argumento de que se trataría de un “diferendo entre privados”, como ocurre con toda clase de deudas, aparte de las “soberanas”, que tienen un estatuto especial. Al momento de la quiebra bancaria, el Estado interviene como rescatista de última instancia, a través de la banca central y el Tesoro. El “diferendo entre privados” va a terminar, como ha ocurrido con otras ‘definiciones’ de Milei, en el Salón de los Pasos Perdidos. Pero el default de los deudores puede desatar una ruptura de la cadena de pagos y una crisis de conjunto del régimen libertario. Exactamente en este momento, Estados Unidos y Brasil atraviesan una crisis similar, o sea una cadena de quiebras privadas por impago de las tarjetas de crédito. En el país vecino, las billeteras virtuales son estatales (sistema Pix), pero los bancos registran una fuerte “inadimplencia” – incumplimiento de pagos.

El sistema de crédito, “formal” e informal, ha colocado bajo su tutela al conjunto de la circulación económica y, a través de ella, a todas las clases sociales en presencia, A través de las cuentas sueldo y las previsionales, los ingresos del trabajo -actual o pasado- se encuentran bajo la égida de los bancos. De este modo, los bancos han montado un sistema de financiamiento con respaldo en esos activos. El trabajador o jubilado que no llega a fin de mes tiene “a su mano” la posibilidad de “tarjetear” sus consumos y, con un simple click en el celular, accede también a un préstamo “pre acordado”. El sistema bancario, por esta vía, ha desarrollado un régimen de crédito que le permite debitar automáticamente, apenas el dinero ingresa a la cuenta el sueldo o la jubilación del mes. Las billeteras virtuales, por su parte, han extendido este sometimiento financiero a los trabajadores informales y con menos garantías de ingresos. En este caso, la tasa de interés que cobra lleva la prima de un riesgo elevado. La billetera se cobra por adelantado un préstamo que todavía no ha sido usado por medio del sobrecargo de intereses. Para muchos usuarios de crédito no bancarizados esta sumisión le habilita una compra en cuotas.

Las tarjetas de crédito ocupan el lugar fundamental en este régimen usurario. ‘Ofrecen’ al usuario la alternativa del “pago mínimo”, y la financiación de los saldos a tasas que crecen exponencialmente con el aumento de la porción no pagada de la tarjeta. Por esa vía, imponen sobre el usuario un crédito compulsivo, con una suba espiralada de los intereses y una deuda que se torna vitalicia. En Estados Unidos, con una inflación del 4% anual, la tasa de interés promedio de las tarjetas en circulación es del 30% anual promedio, aproximadamente. La quiebra personal es un recurso habitual en la capital de las finanzas.

En 2024, con intereses en baja y salarios congelados, la banca y el gobierno promovieron intensamente el endeudamiento familiar. Un año después, la suba de la tasa de interés revalorizó la hipoteca que pesaba sobre los endeudados, y la mora se multiplicó. En todo ese período, la tasa de los préstamos personales osciló entre el 65 y el 80% anual, duplicando a la inflación y triplicando a la evolución del salario. Los intereses por los saldos de tarjeta superan el 100% del crédito inicial, y se multiplican por seis o por siete en el caso de las billeteras. El ciclo se espiraliza. Los intereses del sistema financiero tienen como referencia al rendimiento de los títulos del Estado, más la prima de riesgo de una devaluación de la moneda. La deuda pública deja de ser solamente “soberana” para condicionar a todo el sistema económico. El premio al ingreso de dólares, conocido como “carry trade”, impone elevadas tasas de interés locales, infectando a todo el sistema económico. El sistema de crédito no crea valor, porque no desarrolla ningûn proceso de transformación, pero sí lo extrae al sistema productivo; por eso, la literatura corriente lo denomina “un costo” para la producción nacional. En cuanto a la tarjeta misma, es un producto tóxico, porque refinancia en forma unilateral y compulsiva el impago de un resumen de cuenta, a través del pago mínimo. Las billeteras tienen sobre los bancos la ventaja de que no deben constituir reservas mínimas y pueden prestar contrayendo deudas sin la supervisión que existe sobre los bancos.

Rescates

En el Congreso Nacional, se han presentado una treintena de proyectos en relación a la crisis de endeudamiento. Una de ellos, el del radical Pablo Juliano, plantea someter las situaciones de mora “al arbitrio judicial”. Es una renuncia a una salida legislativa y la admisión de un choque "entre privados" – uno el banco, y otro, con un ingreso inferior a la canasta de pobreza. La demanda la debería hacer el banco, perjudicado por los impagos; el usuario alegaría contra las tasas desproporcionadas. Esto nos lleva al kirchnerismo, que ha presentado diferentes proyectos de refinanciamiento, o sea, un alargamiento de plazos al precio de una mayor tasa de interés. Los propios bancos coquetean con esas salidas, pues permiten que una parte de la cartera de morosos salga de esa condición y les asegura un flujo de intereses nominales, condicionados a los movimientos de la inflación. No resuelve nada, ni llegará, probablemente, al tratamiento en comisión. Todo esto le cae al gobierno como peludo de regalo, cuando se apresta a presentar un proyecto de Banco Central, que otorga un papel activo a los bancos en el financiamiento del Tesoro.

La crisis de los endeudados plantea una cuestión sistémica, que excede quitas, refinanciaciones y mayores tasas de interés. Plantea una urgente intervención del Estado en bancos, fondos y billeteras, para investigar el régimen de asignación de créditos: el nivel alcanzado por los pagos mínimos de saldos bancarios; las operaciones en los mercados de cambios y el estado de compromiso con el financiamiento del Tesoro, o sea de la deuda pública. Es una apertura pública de cuentas, mientras se congelan por un plazo determinado el pago de los deudores insolventes y de aquellos en situación comprometida. Es un paso hacia la nacionalización del sistema financiero en su conjunto. Lo singular de esta crisis, en Argentina, es que la monetización y el sistema de crédito es uno de los más bajos del mundo – el 13% del PBI, contra el 130%, por ejemplo, en Chile y aún más en Brasil. La velocidad de confiscación económica de este sistema en Argentina es inversamente proporcional a su tamaño. Luego está la cuestión de la fuerza de trabajo, cuyo valor está muy por debajo del valor de su reproducción. Es insostenible para los trabajadores, en términos de calidad de vida, y también para el conjunto de la economía capitalista, que sufre una crisis de proporcionalidad, no ya entre consumo e inversión, sino entre inversión y capital retenido en la esfera de la especulación financiera. Una huelga general por un salario y jubilación mínimos de $ 3 millones de pesos es simplemente urgente.

En resumen, planteamos la inmediata suspensión de todas las deudas de trabajadores y jubilados, con la banca y billeteras virtuales; la intervención estatal en bancos, fondos y billeteras; apertura de las cuentas e investigación de sus movimientos; aumento general inmediato de sueldos y jubilaciones. El capitalismo ha puesto en estado de insolvencia a todas las clases trabajadoras del mundo, para hacer frente a su propia bancarrota y al financiamiento de una guerra imperialista mundial.

19 de agosto de 2026
Trump promueve un régimen de excepción para toda América Latina

La semana pasada, el ministro de Defensa Carlos Presti participó de una cumbre de la alianza político-militar "Escudo de las Américas", realizada en Panamá, en el marco del PANAMAX 2026, el mayor ejercicio militar del hemisferio. El encuentro reunió a fuerzas de defensa y de seguridad pública de todo el continente en torno a un escenario común: la "defensa" del Canal de Panamá, la libre circulación del comercio interoceánico y la tan mentada “lucha contra el narcoterrorismo”, bandera que el trumpismo agita para justificar su injerencia. El canal de Panamá se encuentra bajo una intensa disputa por su control con una empresa china.

Del ejercicio, desarrollado entre el 3 y el 14 de agosto, participaron 19 naciones que aportaron más de 1.700 efectivos militares y de fuerzas de seguridad. Recientemente Colombia se sumó al Escudo de las Américas de la mano del derechista Abelardo de la Espriella. La delegación de las Fuerzas Armadas Argentinas aportó 60 efectivos. El PANAMAX 2026 se desarrolló en seis sedes simultáneas bajo la batuta del Comando Sur (SOUTHCOM), que dio operatividad desde la Estación Naval de Mayport, en el estado de Florida. Dando cuenta de su importancia estratégica, la cumbre contó con la presencia del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth.

El trumpismo aprovechó la cumbre para impulsar una batería de iniciativas para la región. En primer lugar, dio a conocer su nuevo lema, “Hacer cosas malas contra la gente mala”, una cobertura propagandística para su “lucha” contra el narcotráfico, el militarismo y el golpismo sobre todos los países del continente. A su vez, exhortó a sus aliados regionales a retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), con el argumento de que el tribunal representa una “amenaza directa a la soberanía nacional”, ya que despojaría de autoridad a los gobiernos y tribunales locales, interfiriendo así en los planes norteamericanos de poner bajo su égida a todo el continente. En su afán de debilitar al tribunal internacional, Trump ha impuesto sanciones y restricciones de visado a su personal. En noviembre de 2024 el CPI había emitido una orden de arresto contra su aliado en Medio Oriente, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza. Por último, el trumpismo también puso en la agenda de la cumbre una posible intervención militar sobre Cuba, a la que el Departamento de Estado definió recientemente como “la capital del comunismo del siglo XXI” (Página 12, 15/8). La burocracia restauracionista cubana es utilizada como chivo expiatorio por el imperialismo para lanzar una campaña macartista en el continente, campaña que encuentra en los fascistas locales a sus más acérrimos promotores.

Desde el Ministerio de Defensa señalaron que “el encuentro permitió avanzar hacia un entendimiento común de las principales amenazas que afectan a la región, establecer prioridades compartidas y mejorar los mecanismos de coordinación, intercambio de información y cooperación entre los países participantes”. Presti, un militar en funciones, ha enganchado a las fuerzas armadas argentinas al proyecto político de Milei y su pandilla. Por su parte, Milei, mediante el DNU 650/2026 (sin pasar por el Congreso), autorizó a las tropas a participar del ejercicio centrado en la “lucha contra el narcotráfico”, que en la Argentina está bajo jurisdicción de las fuerzas de seguridad. Todo lo realizado, fuera de la ley.

Según Presti, quien estuvo acompañado por Marcelo Alejandro Dalle Nogare, jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC), la “posición propia” implica fortalecer la vigilancia y el control de los espacios estratégicos, proteger la infraestructura crítica e intercambiar información frente a amenazas de origen externo. Pero, concretamente, la participación de la Argentina en los ejercicios y en la cumbre está dirigida a involucrar a las FF. AA. en la seguridad interna, algo prohibido por ley. Estamos en presencia del despliegue de un “Plan Cóndor del siglo XXI”, que tiene entre sus objetivos poner al hemisferio en su conjunto bajo situación de protectorado y garantizar que la cadena de suministros quede bajo control norteamericano, en un escenario de guerra internacional.

A su vez, la Argentina mileísta cumple un rol fundamental en los planes de Trump por hacerse del control del estrecho de Magallanes. En esta línea de acción, el 11 de agosto arribó a la base naval de Puerto Belgrano el nuevo Agregado Naval de la Embajada de los Estados Unidos, Capitán de Navío Christopher Seguine, que fue recibido por miembros de la Armada Argentina.

Milei, el “terrorismo” y la seguridad interna

El gobierno liberticida ha introducido, por medio de decretos, una reversión en la separación entre seguridad y defensa, que actúa como complemento necesario del alineamiento con los Estados Unidos. En 2024, Milei rubricó dos decretos: el 1112, que derogó el 727/2006 -el cual establecía que los militares solo podían intervenir ante agresiones externas provenientes de otros Estados-, y el 1107, que autoriza a las Fuerzas Armadas a la custodia de objetivos de valor estratégico sin que estos sean definidos en la norma. Desde el primer día de gobierno, Milei buscó la reinserción de los militares en la vida política argentina, proceso que dio un salto cualitativo con el nombramiento de Presti como ministro de Defensa, allanando el camino para la represión interna por parte de las Fuerzas Armadas y coagulando un gobierno cívico-militar.

El 16 de julio pasado, con la presencia del canciller Pablo Quirno y el número dos de la SIDE, José Lago García, la Argentina participó de una conferencia realizada en Washington, convocada por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, cuyo temario central fue el “resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda”, al que se le atribuyó un carácter transnacional. El evento se centró en reforzar defensas de primera línea, cerrar brechas de seguridad y coordinar acciones conjuntas contra grupos que, según el trumpismo, incluyen a organizaciones como Antifa Ost, la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional, Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria, designadas como terroristas extranjeros y globales desde noviembre de 2025.

La línea bajada por Rubio fue tomada por Milei al pie de la letra para renovar su agenda antiterrorista, llegando a señalar que, durante el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, se desarrollaron “actos terroristas” en las calles de Buenos Aires, y sostuvo que hay terroristas “disfrazados” de estudiantes, docentes y periodistas. Las declaraciones del liberticida contra el “terrorismo” vernáculo coincidieron con la visita de Andrew Bailey, subdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), quien pasó por el Centro Nacional Antiterrorista (CNA), creado por los libertarios en octubre pasado. En la conferencia de julio, Rubio afirmó que esta amenaza “ha existido durante décadas, pero ahora está experimentando un resurgimiento” y que ha sido un “punto ciego” en la estrategia antiterrorista internacional. De esta manera, Marco Rubio -un macartista del siglo XXI- desempolva la Doctrina de Seguridad Interna, impuesta por los Estados Unidos en América Latina durante las décadas de 1960 y 1970 en su “lucha contra el comunismo” en el marco de la Guerra Fría. La noción del “enemigo interno” se difundió por el subcontinente, donde las fronteras dejaron de ser geográficas para volverse ideológicas, y donde las Fuerzas Armadas de cada país asumieron el control total de la represión y la inteligencia doméstica, implementando sangrientas dictaduras.

Milei aprovechó el acto por el 163º aniversario de la muerte de José de San Martín para introducir la idea de “enemigo interno”, al señalar: “hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos, tanto internos como externos”. “Por demasiado tiempo, el instrumento militar de nuestro país, encargado de hacer frente a estas amenazas externas contra nuestras libertades, fue demonizado y desfinanciado”, agregó, reivindicando a la dictadura. El liberticida también hizo referencia a la “batalla cultural” contra quienes buscan “atacar nuestras ideas, nuestras creencias y nuestros valores”, y afirmó que “para protegernos de estas enfermedades del alma, debemos tener policías capaces, entrenados y vigilantes, que defiendan a los ciudadanos honestos de quienes quieren romper la ley. Pues el ladrón es también un tirano del prójimo, y defender la libertad de la Argentina es oponerse con toda la fuerza pública a los criminales”.

Por su parte, Agustín Laje, director del ´think tank´ libertario Fundación Faro, se encargó la semana pasada durante un evento organizado por la organización que preside, de entrelazar las amenazas promovidas por el trumpismo, al afirmar que “allí donde el socialismo del siglo XXI llegó al poder y consolidó su dominio en el tiempo, el narcotráfico y el crimen organizado se empoderan dramáticamente”. Los dichos del “enano fascista” le calzan como anillo al dedo al intervencionismo trumpista en la campaña electoral brasileña. Laje, formado en el Centro William J. Perry para Estudios de Defensa Hemisférica, asociado al Pentágono, redobló la apuesta al afirmar que los “cañones debían apuntar hacia Luiz Inácio Lula da Silva”, por ser el principal impulsor del Foro de San Pablo y por negarse a que los Estados Unidos calificaran como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al Primer Comando de la Capital (PCC). Todo esto se dio ante la atenta mirada del asesor presidencial Santiago Caputo, quien calificó el encuentro como una clase “sofisticada” de geopolítica.

El gobierno liberticida, en su etapa de descomposición, desempolva la Doctrina de Seguridad Interna como blindaje del régimen y se aferra a las faldas de Trump, posicionándose como el delegado por excelencia del intervencionismo norteamericano en el Cono Sur, que promueve la guerra civil continental con el objetivo final de poner a todo el continente bajo protectorado.

19 de agosto de 2026
Chile: la contrarrevolución legislativa de José Antonio Kast

Desde que fuera anunciada por cadena nacional el pasado 5 de agosto, el presidente chileno se ha lanzado a una ofensiva para aprobar en tiempo récord una serie de reformas constitucionales y paquetes de leyes represivas en el marco de lo que denominó Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Los proyectos del presidente Kast buscan aplastar cualquier tipo de protesta o manifestación social, como contraofensiva de la rebelión de 2019, en medio del creciente descontento social y la caída de la economía. Las reformas buscan ampliar la capacidad represiva del Estado, habilitando ocupaciones militares de barrios enteros, extendiendo facultades de detención, persiguiendo a las organizaciones, y un largo etcétera.

Kast envió al Senado esta semana su reforma constitucional en materia de “seguridad”, mientras avanza en paralelo con otros 30 proyectos que son parte de la ACOT. El proyecto de reforma fue ingresado con suma urgencia (herramienta que tiene el Ejecutivo para obligar a una Cámara a despachar un proyecto en un determinado plazo de tiempo), por lo que contempla un plazo de 15 días para su discusión. El primer proyecto de la reforma es de corte formal, pero es la piedra basal para toda la reforma ulterior: establece que la protección de la seguridad de las personas constituye un deber del Estado de rango constitucional. Con esto, habilita todo el conjunto de reformas legislativas represivas, por encima de -y vulnerando- todos los demás derechos.

Uno de sus principales ejes es la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública para enfrentar situaciones de grave afectación del orden público. Este nuevo estado de excepción amplía las causales constitucionales por las cuales el presidente podrá decretarlo, considerando cualquier acción que se considere una “amenaza” grave e inminente, o que se considere “afectada” la seguridad pública. Cualquier huelga o movilización podría sea considerada causal del estado de excepción, el cual ahora también podrá extenderse por hasta 120 días, y prorrogarlo con acuerdo del Congreso. Este nuevo estado de excepción establece que el presidente “podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión” y, además, “restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer requisiciones de bienes”. Su ejecución establece que las zonas sobre las que se aplique quedan bajo dependencia inmediata de un Oficial General designado por el presidente. En otras palabras, la instauración de un nuevo régimen pinochetista, con aval del Congreso.

Otros aspectos de la reforma se encuentran en plena sintonía con la avanzada de Trump en América Latina bajo el rótulo de “narco-terrorismo”. De aprobarse la ley, el presidente quedará facultado para declarar qué agrupación constituye una organización terrorista o del crimen organizado y le da rango constitucional a la posibilidad de crear registros de organizaciones criminales. La reforma contempla inhabilidades y restricciones de derechos para las personas condenadas por delitos vinculados a estas figuras, quienes quedarán vetados a perpetuidad para ejercer cargos públicos y no podrán acceder durante 15 años a penas sustitutivas de privación de libertad ni a beneficios penitenciarios, aparte de limitar su acceso a prestaciones financiadas con recursos públicos.

El Gobierno también pretende modificar la ley antibarricadas, modificando la actual normativa que desde 2020 comenzó a tipificar como delito el corte “violento” de calles, para penalizar los cortes eliminando el requisito de la violencia, lo cual permitiría calificar como delito cualquier manifestación que corte el tránsito (es decir, cualquier manifestación digna de ese nombre). El proyecto del gobierno, además, busca eliminar la exigencia de que la persona imputada deba haber hecho una “interrupción completa” del tránsito, incorporando que se tipifique como delito los cortes “parciales”, y ampliar su alcance, incluyendo las interrupciones de cualquier servicio de transporte, incluido el terrestre, ferroviario, subterráneo, marítimo, aéreo, etc.

Las medidas enviadas al recinto legislativo y las que se encuentran en elaboración no se limitan a las antes mencionadas. Son más de 30 iniciativas represivas que representan una verdadera campaña maratónica del gobierno en materia de represión, que además busca que se terminen de aprobar en conjunto antes de fin de año. El Gobierno ya ha logrado avances con anteriores proyectos represivos. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en general la moción que crea la ley Naín-Retamal 2.0 (“legítima defensa privilegiada” que otorga impunidad al accionar de policías y militares, de servicio o incluso estando de franco). En paralelo al envío de los actuales proyectos, hubo un despliegue policial con la presencia de Kast y de su ministro de Seguridad, Martín Arrau, donde mostró a presos sentados en filas con las manos hacia adelante y la cabeza agachada, en un estilo similar al usado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

El papel de la oposición

El oficialismo (Gobierno y aliados) cuenta con mayoría tanto en Diputados como en Senadores, pero parte de los proyectos, que implican cambios a la Constitución, para lograr su aprobación requieren 4/7 favorables en ambas cámaras. El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aliado del gobierno, aseguró que “no tenemos 4/7 en ninguna de las dos cámaras. (…) Si queremos aprobar esto, vamos a necesitar votos de la centroizquierda”. El diario La Tercera informa que “varias de las iniciativas en seguridad son respaldadas por parlamentarios de oposición”, para la cual la idea es “no negarse en su totalidad a la agenda del Ejecutivo e ir viendo punto por punto”. Ya en mayo, un sector de los partidos que formaron parte de la alianza de gobierno del expresidente Gabriel Boric (la DC, el PS y el PPD) habían sumado sus votos para aprobar la reforma constitucional de Kast, que reforzaba las facultades de fiscalización y control de identidad de las fuerzas armadas en los estados de excepción. Estos partidos también apoyaron la mencionada “ley Naín-Retamal 2.0” de impunidad para las fuerzas represivas.

Los partidos de la anterior coalición de gobierno critican la iniciativa de Kast, pero todos se han mostrado dispuestos a negociar y “dialogar”. La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, planteó cuestionamientos a la reforma represiva porque “deja fuera muchos aspectos y tiene una derivada legislativa que la vamos a analizar en su momento”. Sin embargo, aseguró que el PS está disponible “para avanzar en medidas contra el terrorismo y el crimen organizado”. En una entrevista radial, aseguró que “la seguridad es el problema mayor que tiene la ciudadanía” y “nuestros parlamentarios siempre han estado disponibles para votar a favor [de este tipo de leyes], han votado a favor los más de 70 proyectos que se impulsaron durante el gobierno del presidente Boric, somos autores de varios proyectos, yo soy autora de la Ley Anti-terrorista. Por lo tanto tenemos un compromiso real con el combate al terrorismo y el crimen organizado”. Finalmente, llamó a que “pongamos más carabineros en la calle”.

Un comunicado del PC sobre la actual reforma de Kast cuestiona que una de las primeras iniciativas del gobierno actual haya sido recortar en un 3 % el presupuesto del Ministerio de Seguridad, y que “recién ahora, tras cinco meses de gestión, presenta un primer esbozo de plan en esta materia”. En referencia a la reforma que permite los estados de excepción en barrios, el PC señala que antes “debe presentar el contenido preciso de su propuesta, explicar qué problema concreto busca resolver, entregar evidencia sobre su efectividad y establecer garantías claras que impidan la arbitrariedad y la discriminación”. No se olvidaron de recordar que “desde el primer día de este gobierno hemos sido una oposición dispuesta al diálogo y a trabajar por el crecimiento de Chile”.

Por el lado del FA, el expresidente Gabriel Boric ha evitado todo lo posible aparecer en público después de su derrota en las últimas elecciones y ha evitado cualquier declaración sobre la actual reforma. Su única declaración fue en la reciente presentación de un libro de un exministro de su gobierno, donde criticó la reforma, aunque se cuidó de asegurar que “quienes estamos en política tenemos que estar dispuestos a colaborar con quien quiera que sea el gobierno para políticas de estado”.

Perspectivas

El expresidente se encuentra en un imparable retroceso político desde su última derrota electoral. Ahora Boric acaba de sufrir una nueva derrota en las internas de la organización que él mismo fundó, el Frente Amplio. La disputa se dio entre la actual presidenta del partido, Constanza Martínez, y la diputada Gael Yeomans. El “boricismo” dio su apoyo a la primera, que salió derrotada. “La derrota no era lo esperado por el sector de Martínez, quien encabezó al FA en los últimos dos años, en representación del ala interna que es ligada al expresidente Boric y a otras figuras históricas del partido (...)” (La Tercera, 18/8). Un golpe en contra de Martínez fue la defensa que realizó del expresidente Sebastián Piñera (represor de la rebelión chilena), calificándolo como un defensor de los derechos humanos (lo mismo que hizo Boric en el funeral de aquel). La lista de Yeomans también atacó a su rival sosteniendo que, durante los dos años en los que Martínez fue presidenta del FA, se fueron siete mil militantes de la organización. La derrota, sin embargo, fue de conjunto para el FA: participaron de la votación unos 10.358 afiliados (el 18,4 % del padrón). El FA ya no cuenta con la presencia dirigencial y la fuerza en el mundo estudiantil que supo tener durante las movilizaciones del 2011.

A pesar de que Kast ha batido el récord de caída de aprobación en las encuestas desde que asumió la presidencia (25 % de aprobación y 60 % de rechazo), mantiene la iniciativa política y logra avanzar con su agenda represiva. Ninguna de las fuerzas “opositoras” representa una vía de desarrollo para la derrota de las iniciativas fascistas de Kast. El “bencinazo” (tarifazo de la nafta), el crecimiento del desempleo y de la inflación y la caída en la actividad económica han alimentado la bronca popular contra el gobierno, que ahora busca blindarse con las leyes represivas. Las primeras movilizaciones masivas contra Kast comenzaron en junio de este año, contra los recortes a la educación y la megarreforma. También se han registrado paros y movilizaciones de sectores portuarios y estatales. La derrota de la ofensiva contrarrevolucionaria de Kast retomará, con más fuerza, la senda de la rebelión de 2018.

19 de agosto de 2026
Cierre de la textil Will Der: con hambre y sin trabajo, el llanto patronal no conmueve

En las últimas horas se ha hecho noticia el cierre de dos plantas de la empresa textil Will Der S.A., ubicadas en Las Flores y General Pacheco, respectivamente, y ha suspendido a 140 de sus 280 trabajadores.

Según informaron los trabajadores, el pasado viernes 14, los dueños, Santiago Phelan y Armando Anasal, les comunicaron de palabra que la empresa cerraba totalmente sus puertas. Frente a esta situación, los trabajadores preguntaron cómo iban a pagar las indemnizaciones y cómo se iba a realizar el despido, debido a que no se habían presentado cartas-documento informando los despidos. La patronal les informó que el abogado de la empresa se comunicaría con ellos mediante WhatsApp. Durante el fin de semana, el abogado de la firma les dijo a los trabajadores que estaban suspendidos e iban a ser contactados individualmente para negociar un acuerdo.

El día lunes los trabajadores se presentaron en las puertas de la fábrica y comenzaron a organizarse de maneta autónoma, ante la negativa del sindicato, la Asociación Obrera Textil (AOT), de acompañarlos en la medida de fuerza. Luego de esto, los trabajadores informaron que el sindicato se presentó para entregarles un modelo de telegrama y que sigan ese proceso junto a un abogado. Finalmente, los burócratas de AOT les dijeron a los trabajadores que se vayan de la fábrica. Según indicó Mirta Ayala, trabajadora de la planta de Pacheco, solamente tienen comunicación con los abogados de la empresa, les ofrecieron un tercio de la indemnización que les corresponde. También denuncian que la empresa les debe parte del salario y las vacaciones. Los trabajadores están pidiendo por su reincorporación y solicitaron la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense. Respecto a la planta de Las Flores, el cierre de la planta ubicada en el Sector Industrial Planificado ocurrió el 10 de agosto. Esta planta había sufrido una reducción de personal anterior al cierre definitivo, pasando de 100 trabajadores a 20. La de Pacheco cuenta con 120 trabajadores todavía en funciones.

Will Der S.A., una empresa reconocida por producir indumentaria deportiva para grandes marcas como Adidas, Puma, Fila y New Balance, además de contar con la licencia de Jockey International, aduce que no tenían pedidos para poder generar ingresos en agosto. La patronal también señaló que los pedidos futuros, que llegaron recientemente, eran tardíos porque eran para principios del año siguiente. Con cheques rechazados con un valor de 24.692.653,44 de pesos con fecha del 11 de agosto, una limosna para una empresa de estas características, la patronal ha decidido suspender a la mitad de la planta.

La prensa ha aprovechado la situación para recoger la voz de la patronal. En un audio enviado por Santiago Phelan, uno de los dueños, le dijo a los trabajadores que ‘’piensen antes de votar la próxima vez’’, justificando el cierre debido a la caída del consumo interno y culpando a los trabajadores por haber votado a Milei. En los mismos audios, el patrón llora y se queja de que ahora va a ser el malo por culpa de la decisión de despedir y cerrar la fábrica.

Pero este tipo de empresas, con el volumen de pedidos que trabajan debido a las marcas grandes para las cuales producen, generalmente reciben enormes retribuciones económicas por parte de los gigantes del deporte. Más allá de los cheques rechazados, no existen registros públicos de los ingresos y egresos de la empresa. No hay manera de comprobar si la crisis de la empresa es tal. Por otro lado, es una empresa que también recibía exenciones impositivas y el Estado pagaba una parte del salario ya que estaba en el Plan Trabajo.

Phelan no ha conmovido a nadie, pero mucho menos a los trabajadores que están en las puertas de la Fábrica de Pacheco pidiendo regresar a sus puestos de trabajo. No están despedidos: la patronal los ha suspendido. Es necesario tomar todas las fábricas que cierren y llevar adelante la huelga general.

19 de agosto de 2026
La implementación del Fondo de Asistencia Laboral

El gobierno nacional ha reglamentado los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), aprobados con la contrarreforma laboral por el Congreso. Los mismos entrarán en funcionamiento desde el 1 de noviembre. Su finalidad declarada es hacer frente al pago de indemnizaciones. Cada empleador tendrá una cuenta, bajo la órbita de la Cámara Nacional de Valores (CNV). Los bancos olfatean un negocio cercano a los 5.000 millones de dólares anuales.

El FAL fue ideado con la finalidad de reducir drásticamente los costos patronales de las indemnizaciones. Su creación fue acompañada, además, por una modificación en el cálculo del pago indemnizatorio, que pasa a calcularse exclusivamente sobre el salario básico y desconoce bonos, premios, entre otros rubros, incluso el aguinaldo y las vacaciones. Además, estipula que la indemnización corresponde luego de doce meses consecutivos de trabajo, cuando anteriormente eran seis meses.

Este "fondo" es financiado mediante aportes patronales que se descuentan de los aportes a la caja de la ANSES. El criterio establecido es que las grandes patronales harán un aporte de la masa salarial correspondiente al 1 % y las PyME, del 2,5 %. De esta manera, cada patronal tendrá un ingreso mensual en su propio fondo indemnizatorio. La reglamentación establece que durante los primeros seis meses no podrán hacerse retiros, pero podrán realizarse inversiones con esos fondos para “mantener o acrecentar su valor”. Asimismo, las patronales podrán escoger si pagar las indemnizaciones del caso retirando dinero del FAL o de su bolsillo. Es un ´ahorro´ a expensas exclusivamente del trabajador, en base a la confiscación de su salario diferido -la jubilación-.

El cálculo realizado por los bancos y consultoras privadas arroja que los 5.000 millones de dólares que se espera recaudar podrán ser utilizados en diversas carteras de inversiones, dinamizando un ´mercado de capitales´ local para financiar al Estado. Según la reglamentación establecida, los bonos de deuda privada, así como provinciales, tendrán topes de entre el 15 % y el 20 %, mientras que una parte de las inversiones (10 %) puede realizarse en dólares o asociarse a los bonos ´dollar linked´, es decir, atados a la cotización de la moneda estadounidense. Las únicas inversiones sin techo son las asociadas a bonos y títulos de la deuda pública en pesos. A nivel general, se obliga a dejar un 10 % del monto “descubierto”, es decir, preparado para su retiro inmediato por si acaso es necesario utilizarlo. Las aseguradoras de los fondos, que serán individuales por cada empleador, tendrán un techo de cuota del 1 % anual. Un negocio redondo teniendo en cuenta que los fondos reciben dinero de manera automática y obligatoria mes a mes. Los Fondos de Asistencia Laboral no se encuentran cubiertos por ningún mecanismo ante una devaluación o una caída de la cotización de los títulos de deuda. Cualquiera que lea los diarios observará que las presiones para una devaluación son cotidianas entre los voceros ´liberales´ y los representantes de la burguesía industrial local.

Entre las reglamentaciones efectuadas, se obliga al depósito de los fondos en la caja, pero las patronales pueden realizar el pago de las indemnizaciones sin tocar este fondo que cuenta con una declaración de inembargabilidad de los mismos, como señalamos más arriba.

Los FAL son un nuevo ensayo ante el agotamiento del recurso de las altas tasas de interés, función que durante mucho tiempo suplió el Fondo de Garantías de las ANSES.

La clarificación sobre el alcance reaccionario de la reforma laboral ha sido deliberadamente ocultada por la burocracia sindical, que se ha encargado de negociar sus prebendas y privilegios a costa de los trabajadores. Ante la creación de los FAL y el negocio de las aseguradoras, no tardarán en asociarse a ese jugoso negocio como en el pasado lo hicieron con las AFJP y el sistema de jubilaciones privadas durante el menemismo.

19 de agosto de 2026
El USS Abraham Lincoln y el colapso imperialista en el mar Arábigo

El USS Abraham Lincoln -el emblemático portaviones estadounidense que fue protagonista de la invasión a Irak en 2003- navega hoy por el mar Arábigo convertido en la imagen perfecta del declive y la descomposición del imperialismo estadounidense.

Tras acumular más de 260 días desplegado en la agresión militar contra el pueblo de Irán, el gigante de propulsión nuclear expone en su propio interior las grietas materiales de una potencia en decadencia que pretende sostener su hegemonía mundial mediante la guerra, mientras su infraestructura interna y la salud de su tropa colapsan.

Las denuncias de familiares sobre intentos de suicidio, falta de alimentos, problemas sanitarios y angustia de la tripulación por la extensión indefinida del despliegue se multiplican. Donald Trump respondió con el cinismo propio de la oligarquía dominante al afirmar que el tiempo en altamar "no es ni de cerca lo suficientemente largo". Esta declaración es la expresión abierta de la clase burguesa norteamericana, que trata la vida de los marineros exactamente como la de los trabajadores de los depósitos y las fábricas de donde provienen: como un costo que se debe minimizar y un insumo descartable en el tablero de la conflagración internacional.

La realidad cotidiana de los 5.000 marineros a bordo del Lincoln desnuda la contradicción intrínseca de la maquinaria bélica capitalista. Mientras el grupo de ataque transporta cazas F-35C valuados en más de 100 millones de dólares cada uno y se jacta de haber empleado más de 680 toneladas de municiones en bombardeos criminales, las condiciones de vida bajo la cubierta de vuelo son inhumanas. El agua potable se ha vuelto insalubre hasta el punto de clausurar bebederos, las duchas acumulan moho, las instalaciones sanitarias se encuentran averiadas y la tripulación padece la escasez de alimentos frescos y artículos básicos de higiene personal.

A esta degradación material se suma un cuadro de agotamiento extremo. Con jornadas de trabajo de 12 a 16 horas diarias bajo un ruido ensordecedor y altas temperaturas, la contención en salud mental es una burla: la Armada dispone de un único psiquiatra para 5.000 personas, provocando demoras de hasta cinco semanas para una atención básica. La desesperación ha llevado a que múltiples marineros intenten tirarse por la borda o ingieran sobredosis de medicamentos al cabo de ocho meses sin tocar puerto. Además perciben salarios miserables por arriesgar la vida en una zona de combate, que apenas superan los USD 2.000 por mes.

El empantanamiento operativo del bloqueo y los ataques contra Irán -10.000 operaciones desde el comienzo de la agresión- desgastan a los marineros y ponen al descubierto los límites de la propia industria militar norteamericana. Para intentar paliar el cuello de botella en los astilleros y acelerar entregas, la Casa Blanca autorizó la construcción de buques en astilleros extranjeros y ordenó retroceder en la tecnología de las catapultas electromagnéticas para volver a los sistemas de vapor tradicional. Incapaz de ofrecer una salida estratégica al conflicto iniciado junto a Israel, Trump apela al chauvinismo proponiendo "declarar al estrecho de Ormuz como territorio de EE. UU.", una frase que solo demuestra la impotencia de un bloqueo que no logra doblegar la resistencia en la región y que consume aceleradamente los recursos navales estadounidenses.

El papel del Partido Demócrata en esta crisis completa el cuadro sin salida de la política burguesa, cuando se limita a advertir que el escándalo a bordo del Lincoln perjudicará las campañas de reclutamiento futuro. Su inquietud no radica en preservar la vida de la tripulación -de origen obrero, mayoritariamente-, sino en evitar que la exposición de la barbarie impida completar los contingentes para los choques militares que Washington proyecta contra Rusia y China.

El USS Abraham Lincoln refleja un régimen social en el que los recursos concentrados por los grandes monopolios se dilapidan en operaciones de destrucción masiva, mientras el proletariado es utilizado como carne de cañón para la guerra imperialista. Con tripulantes hacinados, enfermos, desnutridos y empujados al desesperado recurso de saltar al mar, la conducción militar norteamericana juega con fuego sobre un polvorín. La sombra de un motín masivo está latente en el mar Arábigo, amenazando con convertir la gesta del Acorazado Potemkin en un pálido antecedente frente a la rebelión que incuba el propio imperialismo en las entrañas de su flota. La lucha contra la masacre en Medio Oriente y contra el militarismo depende de la movilización independiente y la unidad internacionalista del proletariado mundial, para terminar de raíz con el sistema capitalista y sus conflagraciones armadas.

19 de agosto de 2026
Fernando Cerimedo, un libertario de la CIA ligado a una red transnacional del fascismo continental

El intento de asesinato a la activista de la derecha boliviana, Nadia Beller, a manos de su ahora expareja, Fernando Cerimedo, ha desatado un escándalo internacional.

Beller fue baleada por dos sicarios vestidos de repartidores, que circulaban en una motocicleta robada. La abogada fue citada, mediante un mensaje anónimo, a las puertas de un hotel de Santa Cruz de la Sierra para obtener información sobre una denuncia contra Evo Morales, expresidente por el Movimiento al Socialismo (MAS) y del cual la propia Beller supo ser militante. La víctima le había manifestado una clara inseguridad sobre su integridad física a su pareja, Cerimedo, quien la alentó a concurrir al punto de encuentro.

Cerimedo es señalado por la prensa del país vecino como asesor personal del presidente Rodrigo Paz. En la amplia cobertura mediática del caso, se ha expuesto que Cerimedo hacía valer su cercanía al mandatario boliviano, e incluso se jactaba de tener influencia sobre las decisiones del Ejecutivo. El presidente Paz lo había presentado como «profesor» de su hija durante la campaña electoral por haber tomado cursos en la escuela de publicidad del propio Cerimedo. El “asesor personal” de Paz había participado activamente en las campañas electorales de Jair Bolsonaro en 2022 y, más tarde, en la de Javier Milei en 2023. Esta red de campañas a través de redes sociales se ha convertido en una marca registrada de la ultraderecha, que invade las plataformas con información basura, denuncias falsas y todo tipo de acusaciones contra quienes consideran sus rivales políticos.

Entre sus actividades más reconocidas se incluye la fundación, junto al activista ´libertario´ Javier Negre, del sitio La Derecha Diario, que es asiduamente retuiteado por Milei en sus redes sociales. En sus páginas se defienden a ultranza las políticas de la ultraderecha internacional. Asimismo, Cerimedo se ha jactado de encabezar “campañas negativas” contra oponentes políticos al gobierno de Javier Milei; en particular, una campaña de bots contra la vicepresidenta Victoria Villarruel (separada de facto del gobierno en 2024). Cerimedo ha hecho de los bots en redes sociales, la divulgación de fake news y otras tropelías, un negocio rentable.

En Bolivia había logrado escalar hasta lo más alto de la jerarquía estatal, aunque sin poseer un cargo formal en el gobierno. La oficina presidencial ha reconocido esta relación, y en la prensa boliviana se comenta que Cerimedo poseía un despacho junto al del presidente en la residencia oficial. Rápidamente, los ministros del gobierno han declarado que Cerimedo será juzgado sin ningún tipo de beneficio ni encubrimiento. Se ha destacado que su arresto fue casi inmediato, tras detectarse que el acusado intentaba viajar en avión desde La Paz hacia Santa Cruz para luego dirigirse a Buenos Aires.

Las implicancias del acto criminal -el intento de asesinato contra su pareja- son por el momento una incógnita, aunque existen varias vías desde las cuales investigar y avanzar en el juicio. Para comenzar, Beller denunció de manera inmediata a Cerimedo como el autor intelectual del ataque callejero sufrido el lunes 17 de agosto. Además, la pareja del argentino ha denunciado que conoce de primera mano un circuito de corrupción que salpica a Cerimedo, a Paz y a su esposa, asociado a la compra y provisión de hidrocarburos en Bolivia.

Al mismo tiempo, Beller declaró que Cerimedo le confió que los audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fueron filtrados en Argentina por él y por su esposa, Natalia Basil. Esta última ocupaba el cargo de directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, posición desde la cual habría accedido a información sobre presuntas coimas cobradas por Karina Milei y los primos Lule y Martín Menem. Esta declaración coincide con las afirmaciones del propio Cerimedo en la causa ANDIS, en la que fue citado como testigo. Beller denunció además que Cerimedo y Basil siguen manteniendo negocios en conjunto.

Por otro lado, Cerimedo se enfrentaba a una inminente denuncia por violencia de género presentada por Beller, quien difundió capturas de conversaciones -que presuntamente mantuvo con el argentino- en las que se observan mensajes e imágenes de la abogada acusando golpes y traumatismos en su cuerpo. Asimismo, la abogada boliviana declaró que se encuentra cursando un embarazo de cuatro meses y que el padre es el propio Cerimedo.

Desde la oficina de Javier Milei han rechazado cualquier relación con Cerimedo desde 2023. Sin embargo, Basil sigue figurando en la empresa AySA como «asesora presidencial» tras renunciar a su cargo en la ANDIS. La relación con el Gobierno estaría rota por sus enfrentamientos con Santiago Caputo, por un lado, y por la filtración de los audios que terminaron involucrando a la hermana del presidente, algo que Milei no perdona. Entre los comentarios mencionados por La Nación (19/08) por parte de referentes “libertarios”, la definición recurrente para Cerimedo es que “es un chanta y un charlatán”.

En tierras argentinas, Cerimedo tuvo una explosión de negocios que se vio reflejada en la creación de diversas empresas o su asociación a ellas. Sin embargo, sus firmas dedicadas a la propaganda política y a los medios de comunicación registran deudas millonarias, incluyendo el rechazo de cheques por ausencia de fondos. Beller declaró que Cerimedo se jactaba de embolsar 800.000 dólares mensuales gracias a sus relaciones con la presidencia de Bolivia. El diario El Deber ha catalogado este hecho como la mayor crisis del gobierno boliviano, puesto que Paz apenas ha logrado sobrevivir a las movilizaciones contra la liberación de los precios del combustible, negocio en el cual estaría involucrado junto con Cerimedo.

Las redes de Cerimedo habían traspasado ampliamente las fronteras del Cono Sur, llegando a firmar contratos con empresas ubicadas en Miami dedicadas al mismo rubro de difusión de campañas sucias en redes sociales. La injerencia política del armado trumpista en la región estaba fuertemente sostenida por estas redes paraestatales, que sirvieron como base para el posicionamiento de candidatos alineados con la ultraderecha. El caso Cerimedo lo ha expuesto en su forma más brutal y criminal.

19 de agosto de 2026
‘Riesgo país’ y ‘riesgo político’

Mientras Luis Caputo se fotografiaba en una heladería junto a Pilar Ramírez, la delegada de Karina Milei en territorio porteño, el ´riesgo país´ -la diferencia entre la tasa de interés que paga Estados Unidos por endeudarse y la que paga Argentina- se disparaba por encima de los 500 puntos básicos, acumulando una suba del 18 % en el mes.

Un aumento de la tasa de los bonos norteamericanos a largo plazo había provocado ´reacciones´ en todos los mercados de deuda del continente, pero fueron prácticamente insignificantes en comparación con el caso argentino. En esta oportunidad, los ´factores exógenos´ lo que hicieron fue echar luz sobre una tendencia presente: la completa incertidumbre de la clase capitalista frente a la posibilidad de reelección de Milei. “El mercado está intentando calibrar un poquito mejor el riesgo electoral", recogió La Nación entre consultores financieros. "Estaba demasiado optimista descontando la reelección en un 80%, lo cual parecía elevado respecto de lo que veíamos en encuestas, mercados de apuestas y hasta sentido común” (sic) (LN, 19/8). Para ilustrar, mientras el ´riesgo país´ de Ecuador pasaba de 431 a 433 puntos básicos y el de Bolivia se contraía de 409 a 386, el de Argentina saltaba de 413 a 511 puntos básicos. Esto desmiente la versión ´libertaria´ que atribuye exclusivamente los problemas de la economía argentina a la guerra de Estados Unidos con Irán. La disparada del ´riesgo país´ también fue acompañada por una caída de la cotización de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street -del orden del 3/4 %- y del Merval. Para confirmar que esta es la tendencia de fondo, el Gobierno sólo pudo renovar el 34 % de letras atadas al dólar que vencen este mes por otras que ofrecía con vencimientos en septiembre y octubre. "Se trata de una movida que, para los analistas, puede provocar nuevos episodios de volatilidad en el mercado como los de fin de julio, que obligaron a la gestión libertaria a sacrificar dólares de sus ahorros para atenuarlos" (LN, 19/8). La corrida contra el peso ha dado la señal de largada.

Los capitalistas han tomado nota del deterioro político del gobierno. Cuando el oficialismo se lanzaba a redoblar la apuesta y afirmar su agenda parlamentaria, en una misma semana chocó con el desaire de los ´aliados´ en el Senado, que lo obligaron a recortar el proyecto de "ley de inviolabilidad de la propiedad privada" bajo una intensa presión popular; sufrió dos huelgas macizas -de docentes y ´prácticos´ navales- que le pasaron el trapo al dispositivo antihuelgas de la ´contrarreforma laboral´; y protagonizó un estentóreo fracaso en las elecciones municipales de Santiago del Estero. Una semana después, el Gobierno pasó a admitir "dificultades para avanzar con las reformas clave" (LN, 18/8).

La agencia Bloomberg advierte que "el creciente desempleo es la mayor amenaza política para Milei en la Argentina". Algo similar hizo la ´amiga´ de Milei, Kristalina Georgieva, en su reciente paso por el país. Avisó que no habría refinanciación ni fondos frescos por parte del FMI y recomendó una devaluación y menores tasas de interés, desautorizando al ´plan financiero´ que dibujó Caputo e incluso contradiciendo el corazón de su programa económico. Detrás de estos señalamientos, se advierte la preocupación de los principales círculos capitalistas frente a la posibilidad de una rebelión popular, una tendencia latente que anida en el derrumbe de salarios, jubilaciones y actividad económica, y en el recorte brutal de prestaciones sociales del Estado (subsidio al desocupado, discapacidad, medicamentos). Pero el Gobierno ha ratificado la política ‘deflacionaria’ “hasta que la inflación converja con los niveles internacionales” (Santiago Bausili, presidente del Banco Central). Pero mientras la inflación en "niveles internacionales" promedia entre el 3 y 4 % anual, aun en medio de la guerra y del bloqueo del estrecho de Ormuz, en Argentina no desciende del 1,5 - 2 % mensual, subvaluada, porque es mucho mayor en el segmento de los servicios (energía, transporte) con tarifas reguladas, que promedian por encima del 5 % mensual, y se calcula con una incidencia menor en la canasta familiar. Los salarios, en cambio, han caído en términos reales –según la medición que se tome- entre 10 y 20 % desde 2023. Esto es lo que ha disparado el endeudamiento familiar a tasas de usura. Aunque se ponga el acento interesadamente en que el nivel de mora no afecta la estabilidad bancaria y se concentra en el segmento ´desregulado´ de las fintech, es un flagelo para millones de trabajadores. Este es el combustible que alimenta las ´dudas´ de los capitalistas que comenzaron a desarmar posiciones en activos financieros argentinos con más de un año de anticipación a las elecciones.

Las medidas del gobierno como habilitar los préstamos en dólares a empresas -con la expectativa, supuestamente, de hacer más atractiva la tasa de retorno en dólares para los depositantes- ha sido un fracaso anunciado, en tanto dominan los vaticinios de una devaluación y el riesgo de un ´descalce´. La ´oposición´ -peronista y ´aliada´- ha comenzado a tomar recaudos para evitar que se precipite un colapso del experimento Milei.

19 de agosto de 2026
SUTNA: un acto con burócratas sindicales para encubrir los despidos en masa de FATE

El SUTNA convocó a una Conferencia de Prensa al cumplirse seis meses del cierre de FATE. Fue anunciada con la presencia de “representantes de sindicatos y grandes organizaciones obreras de Argentina, en la cual se anunciarían acciones”. Finalmente participaron sólo el Sindicato de Aceiteros, dirigentes de las CTA, las representaciones sindicales del FITU y algunos sectores de movimientos sociales. El grueso de la burocracia sindical -Pablo Moyano, el telefónico Claudio Marín, entre otros-, que el SUTNA había anunciado como presencias estelares, prefirió no quedar pegada en la foto que concentra la derrota de la lucha de FATE.

Proteccionismo

Crespo anunció una nueva movilización a Plaza de Mayo para el próximo 26 de agosto, “para reclamar una buena noticia (sic) para los trabajadores y que se proteja la parte estratégica de este país. Vamos a estar en Plaza de Mayo y convocamos a todos a acompañarnos. Vamos a hacerlo bajo la consigna de ´FATE no se cierra, fin del lockout´, pero también por la protección de todos los elementos estratégicos de este país, por la tierra, por la industria, por todos los órganos de control que debe tener el país, la salud, la educación, los jubilados. Tenemos que hacer las acciones unificados”. Es el programa del Manifiesto del PTS anunciado por el PO.

La Conferencia de Prensa sesionó bajo la bandera de “Las Malvinas son argentinas” (sic). La política del patrioterismo nacional de sepultar las reivindicaciones de la lucha de clases debajo de las “reivindicaciones nacionales” le viene como anillo al dedo a Madanes Quintanilla, que mata dos pájaros de un tiro: despide en masa al personal y el sindicato le devuelve el favor reivindicando el programa de un sector de las patronales nacionales. El PTS estuvo presente en el acto, acompañando esta política como lo ha hecho desde el principio. Detrás de esta consigna nacionalista se encolumnaron todas las organizaciones del FITU.

“Los trabajadores pasan, el Sindicato queda”

La conferencia de prensa de ayer tuvo por objetivo encubrir, en concurso con la burocracia sindical, la entrega de la lucha de FATE. El ausente ineludible de la conferencia ha sido el colectivo de los trabajadores del Neumático. Los 700 trabajadores de FATE no participan más del acampe, mucho menos de las actividades de un Sindicato que posa de combativo, pero que ha esquivado a toda costa la ocupación de la planta. Un núcleo de militantes opuestos a la conducción del SUTNA sostiene todavía una presencia, impedidos siquiera de impulsar acciones, bajo la amenaza patoteril del SUTNA.

El resto de los trabajadores, de Pirelli y Bridgestone, se encuentran organizándose para reclamarle al SUTNA por el reconocimiento de la Obra Social del Neumático a sus tratamientos médicos, o enfrentando avances patronales en cuanto a insalubridad (Bridgestone) o a régimen de trabajo (Pirelli). El SUTNA Nacional cumplirá, en septiembre, un año de haber intervenido el SUTNA Merlo, sin convocar a elecciones de delegados ni de Sindicato Seccional, por temor a ser barrido de la representación por los trabajadores. En las elecciones de seccional de septiembre de 2025, la Lista Negra había empatado en votos con la Lista Multicolor, por lo que debía convocarse a elecciones para desempatar. La Lista Negra ha sido judicializada por los trabajadores en reclamo de elecciones.

La crisis del FITU

El programa proteccionista enumerado por Crespo en el acto coloca en un campo común a lo que queda del SUTNA y a Madanes Quintanilla, responsable principal de los despidos y el cierre de FATE. Hace propio, en las consignas de la marcha convocada, el llamado a “superar la decadencia nacional” del Manifiesto del PTS.

Se le dio micrófono a Pablo Biró, burócrata de Aeronáuticos y adversario histórico del clasismo; a Rodolfo Aguiar, dirigente de ATE cómplice de los miles de despidos en el Estado, y al "Cachorro" Godoy, dirigente histórico de la burocracia de la CTA.

20 de agosto de 2026
San Isidro: segunda semana de luchas educativas

Familiares, estudiantes y docentes de las escuelas primaria N°17 y secundaria N°24 de San Isidro, se concentraron este martes en el Consejo Escolar para exigir el inicio de las obras necesarias para contrarrestar la ruina del edificio que alberga a ambas escuelas. La medida había sido votada en asamblea la semana pasada. Las últimas lluvias dejaron al desnudo la situación intolerable de la su infraestructura: paredes filtradas, tableros eléctricos expuestos, etc.

El pliego de reclamos exige creación de un comedor (los docentes y estudiantes comen en las aulas), reparación del techo, mejorar la calidad nutricional de las viandas alimentarias, arreglos de los baños, entre otros. Desde el Consejo Escolar solo informaron que “enviaron el expediente a La Plata” para arreglar el techo, dejando todos los demás reclamos del petitorio sin responder. En la reunión brilló por su ausencia la presidenta del Consejo, Gabriela Martínez. No fue la única ausencia: SUTEBA y el resto de los sindicatos del FUDB tampoco estuvieron.

Al enterarse los padres de que las inspectoras estaban en las escuelas pero que su única preocupación era abrirlas -sin asumir ninguna responsabilidad- se dirigieron a Secretaría de Inspección, donde dejaron un acta manifestando su desacuerdo en abrir las escuelas cuando recién se están haciendo algunas primeras reparaciones.

Los referentes del peronismo local se hicieron presentes durante el conflicto. Su intervención gira en torno a responsabilizar únicamente al Consejo Escolar y por ende al Intendente, desviando la atención y la responsabilidad de Kicillof, de quien dependen las escuelas provinciales y el salario docente.

Las familias, docentes y estudiantes de estas escuelas están haciendo una rápida e intensa experiencia de lucha, mostrando a todas las comunidades no solamente lo que ocurre en cuanto a desidia y ajuste de todos los estamentos del Estado, sino también que la respuesta se va construyendo mediante la organización por abajo.

20 de agosto de 2026
Asamblea en el Hospital Mercante: la muerte evitable de Brenda Bergés pone al desnudo el vaciamiento hospitalario

El día jueves 20 de agosto, tuvo lugar en el hall del Hospital Mercante una asamblea en repudio a la suspensión de la compañera Nancy Penayo, responsabilizada por la dirección del Hospital por la muerte de Brenda Bergés ocurrida en mayo del 2024. La asamblea contó con la presencia de unos 60 compañeros, incluida la propia Nancy. Las consignas centrales fueron ‘’Abajo la suspensión a Nancy Penayo’’ y ‘’Suspendan a los verdaderos responsables’’.

Los trabajadores denunciaron al director del Hospital, Juan Canella, por la suspensión de la compañera. Apuntaron contra la falta de insumos y condiciones esenciales para llevar adelante el trabajo en el Hospital. Se propusieron dos mociones: 1) Que los sindicatos a los que está afiliada Nancy Penayo (CICOP, ATE, Salud Pública), aporten para el pago de salarios durante los dos meses que se encuentre suspendida la compañera. 2) Que los delegados se reúnan con el director para darle una salida inmediata a favor de la compañera, para que retome sus tareas el lunes.

Canella es el ejecutor del ajuste propiciado por Kicillof en Provincia, en sintonía con el de los Milei-Caputo. La muerte de Brenda Bergés se dio en medio de la lucha de los trabajadores del Hospital por la compra de nuevo equipamiento, insumos, mejoras de infraestructura, etcétera. La dirección se negó sistemáticamente a reconocer esas reivindicaciones. En consecuencia, los verdaderos responsables del fallecimiento de Brenda se encuentran en el Estado, que se carga la vida de los trabajadores de salud y los pacientes a través del ajuste y la impunidad. Desde Política Obrera denunciamos el secretismo de las partidas presupuestarias: no se publican los ingresos del Hospital y en qué se utiliza ese dinero. Mientras tanto, las condiciones en el Mercante son cada vez peores, la sobrecarga laboral es más intensa y cada vez hay menos personal para cubrir las tareas de salud. Llamamos a tomar acciones de conjunto contra la suspensión a la compañera y por todos los reclamos planteados.

Luego se expresaron en solidaridad algunos pacientes que estaban en la sala de espera y militantes de organizaciones políticas.

La asamblea se trasladó a las puertas de la oficina del director, donde se reunieron las dos delegadas de CICOP, el delegado de ATE Multicolor, Nancy Penayo y el director. La dirección del Hospital ratificó su posición. Para ellos Nancy Penayo había cometido una negligencia por estar desarrollando tareas de limpieza instrumental en vez de supervisar a la paciente. Y, como consecuencia, ratificaban la suspensión de la compañera.

Esta versión presentada por la dirección del Hospital contrasta enormemente con lo que expresó en su descargo el encargado de llevar adelante la colonoscopía. Este declaró que Nancy era asistente de endoscopía y sus tareas eran, precisamente, la limpieza de los instrumentos y no la supervisión del paciente.

Una muerte evitable

El día 13 de mayo de 2024, Brenda Bergés, trabajadora del Mercante, se realizó una colonoscopía en el mismo lugar que desarrollaba su actividad laboral. Terminado el estudio, salió del quirófano y, cuando despertó, aún bajo efectos de la anestesia, intentó moverse y se cayó. La caída produjo una fractura de cráneo, mandíbula y hemorragia interna. De urgencia, fue trasladada al Hospital del Bicentenario en Esteban Echeverría en donde agonizó durante una semana y finalmente falleció. La situación fue ocultada por parte de la dirección del Mercante por lo menos durante dos días, que fue cuando tuvieron que avisar a la familia que había sido internada en el Bicentenario.

Según informaron los trabajadores del Hospital, venían reclamando a la dirección la compra de nuevas camillas, instrumentos médicos, insumos, mejoras de infraestructura, pase a planta permanente de los becarios, etcétera, sin éxito alguno. El Hospital, en el momento de la muerte de Brenda, no contaba con camillas que tuvieran barandas ni tampoco elementos de sujeción que pudiesen prevenir que esto ocurriera. Dos años después, la situación del Mercante no ha mejorado. La muerte de Brenda podría haber sido evitada si se hubiese garantizado el equipo médico necesario para poder llevar adelante un procedimiento de estas características.

Las pésimas condiciones a las que son sometidos los trabajadores del Mercante y las complejidades que enfrentan los pacientes ha sido, durante más de 20 años, moneda corriente. Los trabajadores del Hospital Mercante vienen de una enorme experiencia de lucha que atravesó bloqueos antisindicales, virus intrahospitalarios que causaban la muerte de los pacientes, luchas por el pase a planta permanente de trabajadores que estaban en condición de becarios o en negro y, tanto ayer como hoy, luchas por mejorar las condiciones salariales, de equipo, insumos e infraestructura.

En la situación actual, teniendo en cuenta la impunidad con la que han operado históricamente las direcciones del Hospital Mercante, asociadas generalmente al aparato del PJ e Ishii, la salida no puede ser otra que la lucha por un salario mínimo de 3.000.000 de pesos, la contratación de nuevos trabajadores, y la compra de insumos y equipamiento hospitalario para que no vuelva a haber otra muerte evitable nunca más.

20 de agosto de 2026
Universidad: el paro de CONADU Histórica y la mesa de conciliación

Esta semana se está llevando adelante un paro de una semana de CONADU Histórica en las Universidades Nacionales. A la medida se ha sumado el COAD, la asociación de base de CONADU (sin H) de la Universidad Nacional de Rosario. Ambas CONADU venían discutiendo la posibilidad de realizar una semana de paros rotativos, como lo hicieron casi de manera rutinaria durante el primer cuatrimestre. En esta oportunidad, CONADU se limitó a parar el pasado 12 de agosto e impulsar un paro de 48 horas recién para finales de agosto.

Es evidente que la orientación del Frente Sindical Universitario -que agrupa a todas las federaciones sindicales docentes y no docentes y a la FUA- pasa por abortar cualquier tendencia a una lucha de conjunto mediante la huelga general universitaria. Así se puso de manifiesto, luego de la última reunión del Frente Sindical con los rectores, cuando FATUN propuso realizar un paro de 24 horas el 12 de agosto y de 48 horas los días 27 y 28 de agosto. En CONADU H se había votado concretar una semana de paro que se está cumpliendo esta semana. Apenas se conoció esta decisión de paro semanal aparecieron las presiones para que no se concretara, reflejando el temor a que un paro de ese alcance -aparte de lo que está ocurriendo con el COAD- pueda abrir un debate más general para avanzar a un proceso huelguístico más profundo. El CIN y el Frente Sindical están jugados a mantener el control del conflicto con paros “simbólicos” de 24 y 48 horas y acciones inocuas de "visibilización" cuando se cumplan 300 días de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En este plano, la FUA llamó a instalar carpas por la “Universidad y la Soberanía”, mientras que el CIN convocó a organizar “banderazos” en Pizzurno y en distintas Universidades.

En medio de la semana de paro de CONADU H, el juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, convocó a una reunión de conciliación entre el Gobierno y los rectores. Lejos de exigir el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento, la reunión tiene el propósito de abrir una negociación con el Gobierno que se encuentra en desacato. El costo salarial para los miles de docentes y no docentes universitarios fue estimado por Tiempo Argentino en unos 100 millones de dólares mensuales, lo que a esta altura sumaría alrededor de 1.000 millones de dólares. Con lo que el gobierno les roba a los trabajadores universitarios, disfraza el ´equilibrio´ fiscal.

La instancia de ´diálogo´ fue solicitada unilateralmente por la UBA, con el argumento de ampliar la discusión hacia aspectos que no quedaron comprendidos en la cautelar que dejó firme el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, relacionados con los hospitales universitarios, los gastos de funcionamiento y las partidas destinadas a Ciencia y Técnica. La UBA, con Emiliano Yacobitti a la cabeza, ya había avanzado en una discusión con el Gobierno y busca una salida al conflicto priorizando el arreglo de las cajas internas.

En una primera instancia, el CIN formalizó una presentación judicial para exigir al Gobierno plazos concretos para el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Lo "concreto" es que ni los rectores vinculados a Bartolacci -rector de la UNR y presidente del CIN, con estrecha ligazón con el gobernador ´dialoguista´ Maximiliano Pullaro- ni los radicales vinculados a Martín Lousteau, como el propio Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, tienen en mente que el proceso de lucha universitaria se extienda. Buscan una salida institucional o un acuerdo, como el que firmaron mediante el acta del 10 de junio, para cerrar la lucha por la Ley de Financiamiento Universitario.

Trascendió que estaría en tratativas una negociación vinculada al presupuesto de 2027. El 4 de septiembre se realizará el 96º Plenario del CIN en Bariloche, para discutir como punto central el proyecto de presupuesto universitario para el próximo año. Mientras las autoridades universitarias continúan con las negociaciones con el Gobierno, las burocracias sindicales se limitan a los paros sin futuro, desgastantes, que solo conducen a la desmoralización.

En esta nueva fase de la lucha universitaria, el rumbo estará condicionado por la capacidad de las bases para sortear las trabas burocráticas, abrir a un proceso de lucha más fuerte y conjunto, la huelga por tiempo indefinido, la movilización masiva, la ocupación de las universidades.

Sólo así se podrán derrotar los intentos de los rectores y del Gobierno de desactivar o diluir el conflicto.

21 de agosto de 2026
Las Invasiones inglesas, primer acto de la Revolución de Mayo

Las invasiones inglesas suelen ser señaladas como el antecedente inmediato al proceso revolucionario iniciado por los criollos en las jornadas de Mayo de 1810 y clausuradas con la Declaración de Independencia de julio de 1816. Indudablemente, esta presentación del tema le repara un lugar de privilegio entre los historiadores que han hecho del Río de la Plata su tema de estudio y ha dado lugar a una reivindicación casi unánime de todas las corrientes historiográficas nacionales.

Las invasiones inglesas, efectivamente, fueron un episodio de amplio alcance revolucionario y formaron parte de un proceso de levantamientos independentistas que incluyen desde la Revolución estadounidense de 1776 hasta la Revolución nacional de España en 1808 y culmina, una década más tarde, con las independencias nacionales de gran parte de la América española. Como todo evento revolucionario, tuvo entre sus filas a los oprimidos por el propio sistema colonial de todas las clases .

La crisis del imperio español

En los años previos a las invasiones inglesas, la crisis del orden imperial español había alcanzado niveles terminales. Las rebeliones en el Alto Perú, encabezadas por Tupac Amarú, así como la encarnizada lucha por la independencia en el Virreinato de Nueva Granada -lo que hoy conocemos como Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador- habían colocado a las colonias del “Nuevo Mundo” en el centro de la agitación política de la época. La expansión napoleónica había alcanzado gran parte de Europa. Un bloqueo naval mantenía prácticamente aislado del comercio europeo a la principal potencia industrial de la época, Gran Bretaña. Los ingleses buscaron circunvalar ese bloqueo mediante el comercio de ultramar a las colonias españolas. portuguesas y francesas. Su propio mercado externo había sufrido un profundo revés con la pérdida de sus colonias en América del Norte.

La intención de lanzarse sobre los territorios sudamericanos se ha demostrado como una discusión presente entre los altos mandos de la Corona. En el “Memorial” de Sir Home Popham, datado en 1804, se hacía referencia a las riquezas y potencial comercial de Buenos Aires, convertida en capital virreinal.

La primera invasión inglesa, según se ha logrado reconstruir, fue autorizada por mandos subalternos y no directamente por la Corona. La orden respondía a la debilidad que ostentaba España tras perder el grueso de su flota marítima -una de las más imponentes de Europa- en la Batalla de Trafalgar (1805). La Corona española se había declarado aliada de Napoleón en su cruzada contra Inglaterra y había sido llevada a este combate por exigencia del emperador francés. El catastrófico resultado derivó no solo en la supremacía británica en los mares; puso en jaque todo el sistema de comunicaciones entre la metrópoli y sus territorios de ultramar. Cuando estas noticias llegaron al Cabo de la Buena Esperanza, bajo dominio inglés, se activaron los preparativos para zarpar hacia Buenos Aires.

La ocupación de Buenos Aires y la reconquista criolla

El 25 de junio de 1806, una dotación de 1.600 hombres desembarcó en las cercanías de la capital virreinal, en las costas de Quilmes, bajo el mando del propio Popham y el general William Carr Beresford. El virrey Sobremonte, al ser alertado por la presencia de embarcaciones británicas próximas al Río de la Plata, había trasladado a las tropas veteranas hacia Montevideo, considerando que el desembarco se produciría en aquella ciudad. Eso le allanó el camino a los británicos, quienes tras pequeñas escaramuzas contra las milicias reclutadas de manera improvisada, lograron llegar a la Plaza Central -hoy Plaza de Mayo-. Los reclamos de Beresford incluían la rendición incondicional de la ciudad y la entrega del tesoro virreinal, que fue enviado a Londres como trofeo de guerra. El virrey Sobremonte había decidido escaparse hacia Córdoba para evitar ser capturado por los británicos. La decisión de abandonar la ciudad adquirió carácter público y fue visto como un acto de cobardía por los habitantes de Buenos Aires.

La expedición británica no encontró una férrea resistencia por parte de la población. Por el contrario, la élite criolla buscaba acceder al mercado inglés, regimentado por el monopolio impuesto por la Corona española a todos sus territorios coloniales. Prontamente, los primeros productos ingleses inundaron el mercado local con precios menores a la producción manufacturera local. Sin embargo, la expedición, que no contaba con mayores órdenes que la ocupación militar de la ciudad, fue desnudando su motivación imperial. Las pretensiones de una declaración de independencia se esfumaron rápidamente. Los criollos que habían recibido con brazos abiertos a los ocupantes ingleses, comenzaron a organizar la reconquista junto a los peninsulares de la ciudad.

Al mando de Santiago Liniers, la reconquista fue planificada desde Montevideo con la movilización de 1.300 hombres apostados en la ciudad. Se les sumaron cerca de 1.700 soldados y voluntarios una vez pisado el terreno bonaerense. El 10 de agosto ingresaron las tropas a la zona de lo que hoy conocemos como Once y desde allí fueron enviadas señales clandestinas a todos los barrios de la ciudad. La batalla contra los ingleses, ocurrida el 12 de agosto, adquirió un carácter popular. Desde los techos y balcones la población arrojaba objetos o utilizaba los fusiles disponibles para combatir a las tropas inglesas. El saldo de la batalla arrojó 400 bajas en el bando inglés. El propio Beresford se vio obligado a entregarse ante la autoridad reconocida, que era el propio Liniers. Liniers ofreció una rendición honorífica a las tropas inglesas, lo que fue desautorizado por las autoridades locales y la población de la ciudad, argumentando que Liniers no tenía poder alguno para discutir las condiciones de rendición. Finalmente, las tropas inglesas fueron enviadas al interior del país.

El Cabildo Abierto del 14 de agosto

La victoria sobre las tropas inglesas fue motivo de un festejo popular. Pero también de decisiones políticas trascendentales. Se convocó inmediatamente un Cabildo Abierto, una suerte de asamblea reservada a una minoría que recibía el título de vecino de la ciudad. Sesionó el 14 de agosto sin la presencia de su máxima autoridad, el virrey Sobremonte. Allí se rechazaron los términos de la rendición acordados por Liniers y, al mismo tiempo, se lo declaró responsable militar de la Capital y el Virreinato, cargo que correspondía al propio Virrey. Sobremonte fue notificado de esta nueva realidad a su llegada a la ciudad tras retornar de Córdoba.

Las decisiones tomadas por los vecinos de Buenos Aires iban a contramano de la legislación vigente de la época, que establecían que cualquier cambio de las autoridades nombradas directamente por el Rey recaen en él mismo. El Cabildo Abierto se impuso como un órgano soberano ante la autoridad real, representada en el propio Virrey. El nombramiento de Liniers fue seguido de un reclutamiento masivo de la población adulta masculina y la organización de las milicias desconociendo los reglamentos peninsulares establecidos en el año 1800. Prontamente, Buenos Aires se convirtió en una ciudad en armas.

Los anuncios sobre una inminente segunda expedición de los ingleses, mucho mayor en escala, justificaban estas medidas. Al mismo tiempo, la participación popular en la reconquista había demostrado que las autoridades peninsulares carecían de lo necesario para garantizar una defensa efectiva. La organización popular fue vista como el único medio para una lucha efectiva contra el invasor. Esta situación trastocó de manera definitiva las relaciones sociales en la capital virreinal.

Las tropas elegían a sus oficiales por votación directa de la soldadesca, un evento extraordinario que sólo se había visto en el momento de ascenso de la Revolución Francesa. Los dirigentes de los principales regimientos, como el de Patricios, bajo el mando de Cornelio Saavedra, adquirieron reputación ante la población en general. Los soldados españoles, que responden directamente al Virrey, quedaron reducidos a un décimo de la población en armas. El centro de gravedad se había trasladado a las milicias porteñas.

La segunda invasión: un pueblo en armas

La segunda expedición inglesa no se hizo esperar. Tras ser expulsados de Buenos Aires, tomaron en octubre del mismo año la ciudad de Maldonado y establecieron su centro de operaciones. En febrero de 1807 fue ocupada Montevideo tras intensos combates. Nuevamente fue convocado un Cabildo Abierto en donde se pasó a licencia al virrey Sobremonte por incompetencia. Fue reemplazado por Liniers que se convirtió en el primer (y único) virrey electo por los vecinos de la capital bajo el clamor del bajo pueblo que rodeaba el Cabildo.

A partir de ese momento, se organizó la defensa de Buenos Aires. Los ingleses contaban con cerca de 12.000 hombres bajo el mando del general John Whitelocke, quién intentó tomar la ciudad en julio de 1807. Las tropas inglesas ingresaron a la ciudad con los fusiles descargados para no ser considerados una fuerza de ocupación por la población. Sin embargo, la ciudad había sido fortificada bajo el mando de Martín de Álzaga, encargado de dirigir las tropas. El combate fue una verdadera masacre contra los ingleses. El conjunto de la población se involucró en la defensa, al igual que en la primera excursión inglesa. Las tropas fueron conducidas por las calles de la ciudad bajo la hostilidad permanente desde techos y balcones. Whitelocke se vió obligado a rendirse en 48 horas ante la imposibilidad de tomar la ciudad.

Se calcula que la defensa de Buenos Aires estuvo organizada por 8.000 milicianos de todos los orígenes sociales y étnicos, incluidos los esclavos, mulatos, indios y pardos. Sobre una población calculada en 50.000 almas, la milicia representaba a toda la población masculina con posibilidad de portar un arma. Más de 70 esclavos recibieron la libertad por su accionar en batalla, lo que fue visto como una transformación radical de las relaciones sociales en la ciudad. Las mujeres jugaron también un rol activo en la defensa, siendo el caso de Manuela Pedraza el más destacado por batirse con sus propias manos contra un soldado inglés y continuar combatiendo con el fusil ganado en dicho combate.

Las élites ligadas al sistema colonial entendieron inmediatamente esta situación. Tras las jornadas heroicas intentaron recuperar el control obligando a Liniers a tomar licencia como consecuencia de su origen francés y con el nombramiento de un nuevo Virrey, nombrado directamente por la Corona: Baltasar Hidalgo de Cisneros. Sin embargo, las milicias se negaron a disolverse y mantuvieron la elegibilidad de sus oficiales.

El significado revolucionario de las invasiones inglesas

Las invasiones inglesas tuvieron un profundo significado político si se deja de lado la minucia militar de los hechos y se procede a observar las transformaciones sociales que ocasionaron al convertir al ´bajo pueblo´ en un actor político central en la capital del Virreinato del Río de la Plata.

Aunque las jornadas destacaron a futuros líderes criollos de la Revolución de Mayo, como Saavedra o Pueyrredón, demostró una ausencia política de muchos letrados que ocuparon puestos claves en la ola revolucionaria. “El núcleo de intelectuales enfrentado a los peninsulares careció de toda dirección e intervención en la crisis y acunó expectativas en lograr la independencia con la ayuda inglesa” (Christian Rath, 2010).

La búsqueda de la independencia por una vía revolucionaria no figuraba en el radar de los sectores medios que gozaban de ciertos beneficios por su integración al régimen imperial. Su rol de agitadores revolucionarios tendría que esperar a las jornadas de Mayo y ante el escenario de una plebe movilizada que rechazaba ser apartada de las decisiones que transformarán el destino de sus vidas.

Las invasiones inglesas fueron un catalizador de una situación objetivamente revolucionaria y ofrecieron a sus protagonistas la ocasión para despertar a la vida política.

Bibliografía consultada:

Cuadra Centeno, Pablo Andrés y Mazzoni, María Laura. "La invasión inglesa y la participación popular en la Reconquista y Defensa de Buenos Aires 1806-1807". Anuario del Instituto de Historia Argentina, nº 11, diciembre de 2011, pp. 43-71. Universidad Nacional de La Plata.

Gallo, Klaus. Las Invasiones Inglesas. Buenos Aires: Eudeba, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 2004. (Colección Historia Argentina).

Moreno, Guillermo Raúl. "Las invasiones inglesas al Río de La Plata: El destacado valor como antecedente de la revolución de mayo y del proceso emancipador argentino". Universidad Nacional de La Plata.

Rath, Christian. "El carácter de la Revolución de Mayo". En Defensa del Marxismo, nº 38, 1 de junio de 2010.

Torres, Fernando Claudio. "La gran invasión británica al Virreinato del Río de la Plata (1806-1807)". Revista Digital Universitaria (ReDiU).

IMAGEN: "Reconquista de Buenos Aires" (1912), obra del artista francés Charles Fouqueray, retrata la rendición de las tropas británicas que, bajo el mando del general

21 de agosto de 2026
Trabajo productivo, trabajo improductivo y descomposición capitalista

La diferenciación entre trabajo productivo y trabajo improductivo en la sociedad contemporánea ha sido objeto de múltiples controversias en la literatura marxista. Es uno de los temas más polémicos, de recurrente aparición en el debate político y académico, en función de sus más diversas implicancias: su relación con la dinámica de la acumulación capitalista, el vínculo que supone con la conformación de las clases sociales en la sociedad burguesa, la determinación que impone a la hora de estimar la plusvalía obtenida por el capital y su tasa de ganancia, la posibilidad de asociar la cuestión a la periodización o a las etapas históricas de evolución del modo de producción capitalista. Recientemente, la revista Política Operaria de Portugal ha estimado que la cuestión es una piedra de toque para definir un abordaje revolucionario de la lucha de clases a nivel internacional. Examinemos este tema.

Productividad y trabajo

La asociación entre productividad y trabajo que, en términos generales, parece algo evidente por sí mismo, es en verdad algo menos trivial de lo que sugieren las apariencias. La idea que todo gasto de energía humana con un propósito útil es, al mismo tiempo, trabajo y una actividad productiva, se presenta como algo prácticamente natural a primera vista; por lo pronto en oposición a la inactividad, o a la pasividad del tiempo libre. Con este criterio superficial se establecen por ejemplo las distinciones conceptuales de las estadísticas oficiales entre “población económicamente activa” (los que trabajan) e “inactiva” (los que no pueden o no quieren trabajar). Trabajo y trabajo productivo sería, entonces, una sola y misma cosa. Sin embargo, existen una serie de actividades que implican igualmente un gasto de energía humana y de desgaste físico, que tienen un propósito útil y que no son consideradas “trabajo”. Es el caso de la práctica deportiva (por supuesto no profesional), y que no se clasificaría en ningún caso como actividad “productiva” (1).

Como todas las cosas, en realidad, el significado de trabajo y de lo que es productivo ha variado a lo largo de la historia y de los cambios propios de la evolución del hombre. No es un secreto que en la Antigüedad se consideraba como productivo precisamente el no trabajo, puesto que el trabajo mismo era considerado como una tarea propia del no humano, del hombre considerado en su pura animalidad. Los trabajadores eran esclavos. Los “hombres libres” no trabajaban. La rutina, el escasísimo desarrollo de la capacidad de transformar la naturaleza, el carácter conservador de la vida social, contribuyeron durante un largo período, hasta la denominada época moderna y los albores de la sociedad capitalista, a que la idea de productividad se presentara indisolublemente unida a la de fecundidad. Se identificaba como un atributo propio de la naturaleza: la capacidad de la tierra de dar frutos, la de la vida animal de reproducirse.

Muy lentamente esta concepción de productividad se fue ligando a la condición propia del trabajo humano. El desarrollo de la agricultura, vinculado al progresivo desarrollo técnico de los medios de trabajo, fue entonces, por mucho tiempo, considerado como la esencia de toda fecundidad-productividad. Un concepto que comenzó progresivamente a “humanizarse”, hasta adoptar una forma racional con los fisiócratas, la primera escuela de economía moderna que concibió la actividad laboral de los hombres como una suerte de metabolismo social. Sus análisis, entonces, constituyeron un progreso decisivo, en la medida en que precisaron que el trabajo aplicado a la tierra, el esfuerzo humano bajo ciertas condiciones naturales, era el fundamento de toda productividad social. “Quesnay (el más completo de los economistas de la escuela fisiocrática de la primera mitad del siglo XVIII) vio más lejos que los economistas que buscaron más tarde la fuente de la productividad en las máquinas, el ahorro, el capital, o sea, en todas partes menos en el esfuerzo humano, en la fuerza de trabajo del hombre” (2).

Con Fourier, Saint Simon y, más tarde con los economistas clásicos -Smith y Ricardo-, el concepto de trabajo productivo se extiende hasta alcanzar al conjunto de actividades del hombre, a partir de la materia prima natural, pero no limitadas apenas a la labor sobre la tierra. Los “productores” serán, entonces, los trabajadores y los empresarios, es decir, las clases propias de la sociedad burguesa en oposición a los estamentos ociosos del viejo régimen y a su función puramente improductiva, parasitaria. A partir de aquí, el concepto de trabajo productivo se desenvolverá en el sentido de una definición “material”: es todo aquello que concluye en la elaboración de objetos de uso, tangibles, sensibles, físicamente ponderables como resultado de una transformación que se nutre de los medios de la naturaleza como fuente original.

Productividad y capital

No obstante, la sociedad capitalista no produce sólo riqueza, objetos o valores de uso. Los productos del trabajo revisten la forma de mercancías, es decir, de valores de cambio. Sólo si funciona como valor de cambio, un producto puede cumplir su función como valor de uso. Y sólo funciona como valor de cambio, bajo la producción capitalista, si, al mismo tiempo, rinde una ganancia para el empresario; es decir, si éste puede quedarse con una parte del valor (de cambio) producida por el trabajador y que no está incluida en el valor (de cambio) de la fuerza de trabajo, en su salario. Si un empresario no obtiene plusvalía, la producción se interrumpe. En el capitalismo, para el capital, es “productivo”, sólo produce, el trabajo que da plusvalía. En consecuencia, la noción de trabajo productivo no “entraña simplemente una relación entre la actividad y el efecto útil de ésta, entre el obrero y el producto de su trabajo, sino que lleva además implícita una relación específica social e históricamente dada de producción, que convierte al obrero en instrumento directo de valorización del capital… dentro del capitalismo sólo es productivo el obrero que produce plusvalía… Si se nos permite un ejemplo ajeno a la órbita de la producción material, diremos que un maestro de escuela es obrero productivo, si, además de moldear la cabeza de los niños, moldea su propio trabajo para enriquecer al patrono. El hecho de que éste invierta su capital en una fábrica de salchichas no altera en lo más mínimo los términos del problema” (3).

El economista soviético Isaak Rubín, autor de un texto “clásico” sobre la teoría marxista del valor, consideró que la cita anterior de Marx, resumen del tratamiento del tema que el propio autor de El Capital ya había desarrollado en su trabajo previo sobre las ‘Teorías de la Plusvalía’, no deja ningún lugar a dudas: todo trabajo que el capitalista compra con el propósito de obtener una plusvalía es trabajo productivo, independientemente de que este trabajo se materialice o no en un objeto y de que sea o no objetivamente necesario o útil para el proceso de producción (por ejemplo el trabajo de un payaso empleado por un empresario de circo) (4). En relación a este punto existe una coincidencia más o menos generalizada, entre los autores marxistas, sobre la irrelevancia del problema de la “utilidad” o de la necesidad social de los valores de cambio para juzgar si son el resultado de un trabajo productivo o no, para el capital. Un ejemplo tradicional: la fabricación de armamento puede ser tan “productiva” como innecesaria e inútil para la “sociedad”.

El acuerdo desaparece si se trata, en cambio, de analizar la “materialidad” de la mercancía, a la hora de determinar el carácter del trabajo del cual esta mercancía resulta. Mientras Rubín afirma que la producción de bienes inmateriales no cuestiona el carácter productivo del trabajo respectivo, en la medida en que produce plusvalía para un capitalista (es el caso del citado “payaso”), el recientemente fallecido Ernest Mandel se inscribe en el punto de vista opuesto, cuando sostiene que la definición de trabajo productivo “excluye los bienes no materiales de la esfera de producción del valor” (5). Se trata de un error que no tiene en cuenta que el significado de trabajo productivo para el capital excluye todo lo que tenga que ver con el contenido del trabajo, limitándose a examinar la forma social de su organización, es decir, su estructura capitalista: la cual está condicionada por una sociedad en la cual la propiedad de los medios de trabajo es el monopolio de una clase y la “libertad” de trabajar es la condición de existencia de la mayoría excluida de tal propiedad.

Industria, comercio y trabajo productivo

Mandel, como muchos otros, parece apoyar su tesis en algunas afirmaciones del Tomo II y del Tomo III de El Capital en la cuales se sostiene que los empleados y trabajadores del comercio y de los bancos, por ejemplo, no son trabajadores productivos; algo que de todas maneras parece contradictorio, a primera vista, con los planteos previos de Marx, como el que acabamos de citar más arriba y como los que pueden encontrarse a plenitud en pasajes de la aquí también mencionada Historia crítica de las teorías sobre la plusvalía. En realidad, como indica el propio Rubín, la contradicción es sólo aparente, porque hasta el Tomo II Marx sólo considera al capital directamente empleado en el proceso de producción inmediata y excluye, por lo tanto, al capital en el llamado proceso de circulación o de realización, de venta, de los productos ya terminados.

Pero es precisamente a partir del Tomo II, donde Marx amplía el horizonte de su análisis de la sociedad capitalista para considerar la “metamorfosis del capital” en su movimiento real. Esta abarca, para garantizar la reproducción del propio capital, todo un ciclo que se extiende en el tiempo a través de tres instancias diversas: a) el capital-dinero, mediante el cual el capitalista adquiere en el mercado los elementos de la producción y contrata a los obreros que necesita; b) el capital-productivo como tal, que se valoriza mediante el valor que acrecientan los trabajadores, por encima del valor de la fuerza de trabajo, por el cual son remunerados; y c) el capital-mercancía, que el capitalista debe transferir a los consumidores para recuperar el capital-dinero, la plusvalía correspondiente y reiniciar un nuevo período de la producción. Las fases a) y c) son propias del “proceso de circulación del capital”; b) es el “proceso de producción” donde el capital se valoriza mediante la apropiación del trabajo impago de los trabajadores. La “circulación” no agrega valor, es apenas el ámbito en el cual el valor, ya producido por el capital, cambia de “forma”.

En este nuevo sentido, en esta nueva dimensión del análisis, el capital “productivo” se opone al capital en el proceso de “circulación” y el trabajo “en la producción” es un trabajo distinto al trabajo “en la circulación”, aunque ambos, por mecanismos distintos (que veremos más adelante) sean la condición para la apropiación de los capitalistas respectivos de una parte de la plusvalía social. De todas maneras, la distinción sobre el carácter “productivo” del trabajo en esta etapa de la investigación de Marx, difiere de la distinción formulada en la etapa previa de su estudio, en la cual la propia cuestión no se planteaba. En términos de Rubín: el trabajo del vendedor no es productivo, no porque no produzca cambios en los bienes materiales, sino sólo porque es contratado por el capital en la fase de la circulación. El trabajo del payaso al servicio del empresario de circo es productivo, aunque no provoque cambios en los bienes materiales y, desde el punto de vista de las exigencias de la economía social sea, menos útil que la labor del vendedor (6).

Tiempo de trabajo y “tiempo muerto”

El concepto de “circulación” en Marx no es un concepto “físico”. No se refiere a la circulación de mercancías para su venta, que incluye todo lo que tiene que ver con el transporte, empaquetamiento, almacenamiento y distribución de las mismas y que habitualmente se asocia al “comercio” y que Marx consideraba como la función “real” de la circulación. “La función de circulación (propiamente dicha) del capital sólo consiste en transferir el derecho de propiedad de un producto de una persona a otra, es sólo una transformación del valor de una mercancía a una forma dinero o, inversamente, sólo una realización del valor producido” (7). Teniendo en cuenta esto, dentro de estos límites, es que Marx considera que los gastos de circulación no añaden ningún valor al producto, puesto que responden simplemente a un cambio en la forma de la mercancía. El trabajo que se gasta en estas operaciones es un trabajo, por lo tanto, que no agrega valor, del mismo modo que en una sociedad de productores mercantiles autónomos, éstos no podrían agregar al valor de la mercancía que producen -medido en tiempo de trabajo necesario de su producción-, el tiempo que corresponde al regateo, la negociación y el pacto final de un intercambio de sus productos mercantiles.

Dicho de otro modo, el trabajo “en la circulación” es un trabajo que, al no agregar valor, representa un gasto que el capitalista no puede hacer “rendir” porque no agrega valor, no produce plusvalía, es una suerte de “tiempo muerto” en los términos de la valorización de su propio capital. Aquí tenemos el caso de un trabajo “improductivo” aunque perfectamente necesario, en el contexto de la producción capitalista. Es interesante indicar aquí que esta suerte de “tiempo muerto”, en la medida en que el capital se ve obligado a permanecer en una fase en que no se le agrega valor, es un problema que también se presenta en la propia etapa del capital productivo. Un caso claro es el de la producción de vino que, una vez acabada su elaboración, debe permanecer estacionado un largo período -durante el cual demanda relativamente poco trabajo- para quedar sujeto a procesos naturales. El valor, considerado como tiempo de trabajo socialmente necesario no es, en consecuencia, igual al tiempo que dura la fase de la producción, sino al tiempo de trabajo -tanto el objetivado como el vivo- empleado durante la fase productiva. Sólo el tiempo de trabajo vivo actuante crea y transfiere valor y por este motivo el tiempo de producción, como algo distinto del tiempo de trabajo efectivo, no tiene un papel formador de valor (8).

Productividad del trabajo “improductivo”

Es justamente debido a esta última razón que el capital tiende sistemáticamente a reducir al máximo los tiempos muertos -sin trabajo o sin trabajo creador de valor- del proceso de su reproducción, lo que indudablemente debe aplicarse a todas las fases de su metamorfosis, en la circulación y en la producción. Marx, luego de indicar que el tiempo que el capitalista gasta en la circulación, en la transformación de la mercancía en dinero, es tiempo “improductivo”, aunque necesario para la reproducción capitalista, se formula el siguiente interrogante: ¿no interviene en la determinación del valor un momento que es independiente del trabajo, que no deriva directamente de él, sino que dimana de la circulación misma? (9). Respuesta: por cierto, que sí, puesto que, en la medida en que se reduzcan los gastos implícitos en los tiempos muertos, desde el punto de vista de la valorización, mayor será la plusvalía de la cual puede apropiarse el capital.

A la luz de lo que acabamos de señalar es posible entender por qué el capital tiende a hacer más eficientes, más economizadores de tiempo, en definitiva, más “productivos”, los procesos propios de la circulación. Lo que parece una “contradicción en términos” sólo puede resolverse en una apreciación rigurosa del conjunto del modo de reproducción del capital, para el cual el desarrollo técnico, el avance en el rendimiento del trabajo y, por lo tanto, el mejoramiento de la productividad son un medio para incrementar su beneficio, la cantidad de trabajo impago que forma su plusvalía. Este abordaje del problema de la “productividad” de las fases “improductivas” propias de la metamorfosis del capital, es una tercera dimensión del análisis del problema del trabajo productivo. No guarda relación con el concepto de trabajo productivo definido sólo en términos de su capacidad de valorizar un capital, con independencia del contenido mismo del trabajo -necesario o no, útil o no desde el punto de vista social-. Tampoco se reduce a las consideraciones propias de las tres fases de la reproducción. Aquí la productividad debe ser considerada a la escala de la relación más general del desarrollo de las fuerzas productivas, como una característica específica del modo de producción capitalista y de las fases históricas de este movimiento de la sociedad burguesa.

Es obvio, por ejemplo, que si un supermercado sustituye a una serie de pequeños almacenes no altera en nada el carácter “improductivo” de la circulación. Considerado el hecho en sí mismo, esto representa un avance en el trabajo productivo en el sentido del avance de las economías de escala, de la proletarización de la fuerza de trabajo, de la incorporación de técnicas modernas, incompatibles con la empresa media o individual, es decir, del desarrollo de las fuerzas productivas propias de la sociedad capitalista. Subrayamos aquello de “considerado en sí mismo” para no introducir, en este punto, otros elementos que tienen que ver con la eventual monopolización del sector, la apropiación de lucros extraordinarios debido a este motivo, la asociación con el capital financiero, la violentación de los mecanismos de la competencia mercantil mediante la vinculación con el aparato estatal, etc. Todo esto escapa a la naturaleza de nuestro análisis en este apartado.

Es precisamente por la función imprescindible que cumple la “circulación genuina”, no creadora de valor, en el proceso general de reproducción del capital, que el capital es “compensado” con una participación en la plusvalía global por medio del mecanismo de la nivelación de la tasa de ganancia. Es por tal función también que el capital comercial aparece como un capital… productivo: “sólo es en virtud de su función de realización de los valores que el capital comercial funciona como capital en el proceso de reproducción, y por ello, en cuanto capital actuante extrae plusvalía de la generada por el capital global…así como el trabajo impago del obrero crea directamente plusvalía para el capital productivo, así el trabajo impago de los asalariados comerciales crea para el capital comercial una participación en dicha plusvalía… (por ello) el desembolso en costos de circulación es una inversión productiva para el capital comercial y, en consecuencia, para él también es directamente productivo el trabajo comercial que compra” (10).

Trabajo productivo y clase obrera

Notablemente, luego de citar el párrafo anterior, los compañeros de Política Operaria (11), insisten en considerar como proletarios sólo a los obreros industriales, reservando a los trabajadores de la fase de la “circulación” el mote de semiproletarios, algo así como proletarios inacabados. Nos parece, de todos modos, que derivar mecánicamente la condición de proletario de una de las tres dimensiones con las cuales enfocar el significado de “trabajo productivo” es a la vez estrecho y extremadamente mecánico: en el proletariado debe incluirse al conjunto de la clase social privada de los medios de producción, sin acceso directo a los medios de subsistencia e incapaz de subsistir sin recurrir de un modo sistemático a la venta de su fuerza de trabajo. Esto incluye, indudablemente, a trabajadores “productivos” e “improductivos”, desde el punto de vista de su ubicación en el sistema capitalista, como productores directos o no de plusvalía para la clase propietaria. En este tópico, Mandel se muestra convincente cuando rastrea esta definición en Marx y Engels y en sus seguidores más ortodoxos: el Kautsky maduro (no el senil), Plejanov, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo (12). Excluye, en cambio, a aquellos “asalariados” que integran las cúpulas dirigentes o semidirigentes de las corporaciones capitalistas, o los elementos desclasados al servicio del control y la represión patronal; sólo para dar algún ejemplo.

La definición de proletario no puede limitarse al lugar que ocupa el asalariado en el mecanismo de la reproducción del capital. Es sólo la base, el fundamento a partir del cual se desarrolla el capitalismo como sistema, la lucha de clases y las etapas más generales de la evolución del modo de producción capitalista como un todo. Martins Rodrigues (13) estima que distinguir al proletariado de otras capas, más o menos explotadas, no proletarias, es la distinción fundamental que debe establecerse si se pretende formular una política revolucionaria para la clase obrera. Por eso insiste en calificar como proletarios sólo a los obreros industriales que ejercen un “trabajo productivo” en el sentido de la producción directa de plusvalía. Apela a Lenin que “habiendo captado el efecto deformado del imperialismo en la lucha de clases… percibió la creciente importancia asumida, en los países avanzados, por la diferenciación en el seno de los asalariados, entre el proletariado, el semiproletariado, la nueva pequeña burguesía, así como la aristocracia obrera, la burocracia sindical y partidaria y toda una serie de otros asalariados en actividades parasitarias…”. Pero Lenin no partió para esto de una apreciación esquemática del “trabajo productivo”, así como Rosa Luxemburgo no la tuvo en cuenta al calificar a la clase obrera inglesa como un “proletariado burgués” en la fase de mayor adaptación del movimiento obrero británico al imperialismo. Una definición acotada de “proletariado” limitada al obrero actuante en la industria, ¿podría incluir, para citar un caso, a los marineros del Aurora o del acorazado Potemkin?

Trabajo, fuerzas productivas y “destructivas”

En los planteos sobre el trabajo “productivo” -“infortunadamente tan llenos de discrepancias conceptuales como ninguna otra parte de la literatura crítica de Marx”- (14) no ha salido de una polémica que abarca lo que aquí denominamos las dos primeras dimensiones del problema, relativas, por un lado, a la relación del trabajador con la posibilidad de que cualquier capital se valorice a costa de su trabajo impago y, por otro lado, a la relación entre el trabajo y las fases propias de la reproducción del capital. Poca importancia se le ha dado a una aproximación de conjunto, relativa a lo que podemos llamar la “historicidad” del trabajo productivo, o sea, su vínculo con la evolución del modo de producción capitalista y sus tendencias al agotamiento y la descomposición. Ya Marx subrayó que, como resultado de sus propias fuerzas vitales, el capitalismo está condenado a descomponerse y anunciar, de este modo, su propia desaparición. Es cuando el capital tiende a convertir el desarrollo de las “fuerzas productivas” en “fuerzas destructivas” y manifestar la lógica de la disolución de su orden económico, social y político.

Este es el punto fuerte del abordaje de Lenin del fenómeno del imperialismo, que surge “en un grado muy alto del desarrollo del capital, cuando algunas de sus principales características se convierten en lo contrario” y evidencian un “estadio de transición, el reclamo de un orden social superior” (15). En estas condiciones lo que importa es ver cómo el “trabajo productivo” también se convierte en “trabajo destructivo”, en depredación del medio humano y del medio natural como expresión de la sobrevivencia del capital, más allá de haber cumplido ya su misión histórica. El monopolio, el capital financiero, la “reacción en toda la línea”, la violencia estatal, las catástrofes económicas, las convulsiones sociales sin precedentes, la guerra y la revolución; todas estas expresiones de la decadencia de un sistema no pueden apreciarse a la escala de una visión puramente estática de las fórmulas del propio El Capital, lo cual vale también para la cuestión en debate.

Poco tiempo atrás, un órgano de prensa del capital financiero (The Economist) puso de relieve el altísimo grado de organización capitalista que marca hoy el desarrollo del negocio de la prostitución a nivel internacional, involucrando la producción de pornografía, el turismo sexual, las redes de explotación de menores a escala planetaria. Naturalmente, desde el punto de vista de la clasificación genérica de El Capital se trata del alargamiento de áreas de “trabajo productivo”. Pero a nadie se le puede escapar que no es lo mismo que el imperialismo invada un país con medios de transporte y ferrocarriles que con el establecimiento de empresas de pornografía y prostitución. Otro caso: cuando un movimiento nacionalista expropia y estatiza una empresa extranjera, transformando un área productiva en un terreno de “trabajo improductivo”, qué sentido tiene decir que, eventualmente, ha convertido proletarios en “semiproletarios”. ¿No habló Trotsky, acaso, de luchar por la “administración obrera de la industria nacionalizada”?

Las categorías de “trabajo productivo” e “improductivo” son operativas para el análisis de la realidad si son adecuadamente contextualizadas. Sus implicancias respecto a una estimación de la contabilidad social (producción de valor y plusvalía efectiva), a la posibilidad de estimar la evolución de la explotación y la ganancia capitalista, a la tipología de las clases sociales y a la evolución de la sociedad capitalista como un todo, importa aristas de investigación y estudio que deben ser establecidas con cuidado para evitar la vaguedad y el error.

Notas:

(1) Ver para esto y para la primera parte de este trabajo: Naville, Pierre; De la alienation a la jouissance. Ed. Librairie Marcel Riviere, Paris, 1957.

(2) Idem, pág. 459.

(3) Marx, Karl, El Capital, Tomo I, Cap. XIV.

(4) Rubín, Isaac Illich, Ensayos sobre la teoría marxista del valor, Cuadernos de Pasado y Presente, Córdoba, 1974.

(5) Mandel, Ernest, El Capital, cien años de controversias en torno a la obra de Karl Marx, Edit. Siglo XXI, México, 1985, pág. 124.

(6) Rubín, Isaac Illich, op.cit.

(7) Idem.

(8) Ver Rosdolsky, Roman, Génesis y Estructura del Capital de Marx, Edit. Siglo XXI, México, 1978.

(9) En los Grundrisse, citado por Rosdolsky, op.cit.

(10) Ver en El Capital, op.cit., Tomo III, Cap. 17.

(11) Castro, Mariano, “Capital industrial y trabajo asalariado”, en Política Operaria, Lisboa, Portugal, mayo-junio 98.

(12) Mandel, Ernest, op.cit. pág. 128.

(13) Martins Rodrigues, Francisco, “¿Somos todos proletarios?”, en Política Operaria, Lisboa, Portugal, mayo-junio 98.

(14) Rubín, op.cit.

22 de agosto de 2026
La Rioja: Quintela, entre ´expropiaciones´ y cuasimonedas

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se ha destacado como uno de los voceros peronistas más críticos del gobierno de Milei,. Ordenó que la legislatura riojana no adhiriera al RIGI. Entre sus abundantes declaraciones se encuentra la de que el peronismo“va a revisar absolutamente todo”; que “lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar”. Frente a la caída de los fondos coparticipables decidió declarar la cesación de pago de la deuda financiera del estado riojano con bonistas extranjeros. Recientemente ha relanzado la emisión de los “Chacho”, una “cuasimoneda” de circulación provincial.

En La Rioja, sin embargo, el derrumbe industrial y comercial ha dejado a casi 5.000 sin trabajo, mayor pobreza y salarios que se encuentran entre los más bajo de la escala nacional.

Quintela es un caudillo político que emergió aliado a Jorge Yoma, consolidándose luego de enfrentar a los herederos del menemismo. En el escenario de la crisis nacional del PJ, Quintela se ha alineado con el sector del peronismo que se referencia en Kicillof. Quintela fue designado entre los coordinadores para articular una alternativa peronista nacional en 2027. Se lo ha señalado como un potencial “presidenciable”.

Nacionalizaciones y expropiaciones

Durante la gestión de Quintela, se produjeron dos expropiaciones; el predio del Golf Club de La Rioja, para dedicarlo a espacios deportivos, y casi 5.000 hectáreas que pertenecían al director técnico Ramón Díaz.

Nada de eso se hizo. La cancha de golf sigue funcionando y las familias siguen viviendo en las casas construidas previamente en el predio. El cesionario de los derechos del Golf Club, finalmente, inició en noviembre de 2021 una demanda de expropiación inversa para obligar al Estado provincial a completar el proceso y pagar la indemnización. En octubre de 2022, la Justicia riojana ordenó al Estado provincial depositar el dinero correspondiente a las valuaciones fiscales. La orden no se acató hasta ahora.

Al año siguiente, Quintela concedió la administración del predio a la Asociación Riojana de Golf por dos años y presentó la recuperación estatal como una forma de fortalecer la actividad. Un año después, en cambio, anunció la posible construcción de un hotel.

En agosto del 2025, la justicia hizo lugar a la demanda de expropiación inversa promovida por el Golf Club La Rioja Asociación Civil contra el Estado Provincial y lo condenó a pagar una indemnización de $6.679.823.921 en concepto de indemnización principal, más $341.469.100 por mejoras realizadas en el predio. Esto fue apelado y la causa se sigue debatiendo en el Tribunal Superior de Justicia; una parte, de manera tangencial, llegó a la Corte Suprema.

El caso de Ramón Díaz se produjo en octubre de 2024, cuando la Legislatura de La Rioja aprobó la expropiación de 4.586 hectáreas que Díaz había adquirido durante la gobernación de Ángel Maza, en el marco de un proyecto asociado a un desarrollo turístico de la zona. Dos décadas después, la administración de Quintela decidió recuperar las tierras porque el emprendimiento comprometido no se había concretado y los inmuebles tenían un potencial que podía ser aprovechado para desarrollar políticas turísticas, económicas y culturales. En relación a la indemnización, los legisladores oficialistas plantearon que Díaz recibiría una suma similar a la que había pagado al adquirir las tierras.

En cualquier caso, la política nacionalista y expropiatoria de Quintela responde a decisiones burocráticas al margen de cualquier proceso de movilización popular y bajo el marco indemnizatorio de las propiedades. Que Quintela haya desacatado la resolución judicial del pago por la expropiación del Golf Club obedece al estado ruinoso de las finanzas provinciales, y en cualquier caso queda en manos de lo que resuelva la justicia.

El “Chacho”

Quintela relanzó el “Chacho”, un bono de Cancelación de Deuda (BOCADE) que el gobierno implementó a principio de 2024 y duró hasta finales de ese mismo año. En esa oportunidad se autorizó que hasta el 30 % de los salarios de los empleados públicos pudieran pagarse con esos bonos. El bono tiene una paridad de uno a uno con los pesos. Ahora, el relanzamiento se produce en el marco de un anuncio de aumento promedio del 15 % de los salarios de los empleados públicos, pero una parte de ese aumento se lo pagara con 50.000 "Chacho" por persona.

Con ese fin, el gobierno ya avisó que se podrán pagar aún más cosas con "Chachos". Además de utilizarlos en comercios adheridos, se podrán pagar los servicios públicos como la luz, el agua, el gas, el transporte, internet y hasta impuestos provinciales. De hecho, Quintela lanzó "Movete por La Rioja", un "Previaje riojano" en el que se devuelve a turistas el 50 % de lo gastado en productos turísticos adheridos, con tope de $200.000 por persona. La devolución, claro, se hace en "Chachos".

La nueva emisión tiene fecha de vencimiento a finales de este año, y el propio gobierno ha planteado que está en debate su continuidad y si se le va a dar carácter salarial.

El Gobierno lo justifica como una respuesta al ajuste nacional y una herramienta para sostener el consumo. Sin embargo, circula exclusivamente dentro de la provincia, no resuelve obligaciones nacionales y, por su carácter no remunerativo, no mejora futuros beneficios previsionales.

Un informe de la Fundación Mediterránea detalló que “si bien por preceptos constitucionales las provincias tienen prohibido emitir dinero, en situaciones de emergencia ello ha ocurrido en varias ocasiones”. Es innegable que, como ocurrió en el pasado, la emisión de bonos o cuasimonedas provinciales, es una expresión de desintegración nacional, y es anticipatorio de un estallido financiero.

Default

La Rioja se encuentra en estado de default para afrontar los pagos del Bono Verde emitido en dólares para construir el Parque Eólico Arauco. Quintela ha reclamado los fondos nacionales retenidos que le corresponde a La Rioja a la Corte Suprema.

Ahora, a pocos días de un nuevo vencimiento, el Ministerio de Hacienda provincial volvió a comunicar a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que enfrenta “limitaciones” para pagar la amortización y los intereses de los títulos con vencimiento final en 2028. El conflicto se remonta a 2017.

El Bono Verde fue emitido en dólares, con una tasa anual del 9,75 % y vencimiento original en 2025. En 2021, ante las dificultades para cumplir, La Rioja reestructuró el título: extendió su vencimiento hasta febrero de 2028, estableció amortizaciones semestrales y aceptó una tasa escalonada que llegó al 8,5 % anual desde 2024.

En febrero de 2024, el gobierno de Quintela dejó de abonar capital e intereses y responsabilizó por la falta de recursos a las políticas del gobierno nacional. Los bonistas trasladaron el reclamo a los tribunales de Nueva York.

Posteriormente, la Legislatura provincial autorizó una nueva reestructuración sobre una deuda estimada en US$ 318,4 millones.

El default riojano es solo la expresión adelantada del estado financiero del estado nacional, que ni libertario ni nacionales y populares son capaces de resolver pues todos ellos son pagadores seriales de una deuda impagable.

22 de agosto de 2026
El derecho al aborto

Javier Milei volvió a cuestionar fuertemente el aborto legal durante su exposición ante el Council of the Americas, en Buenos Aires, cuando lo vinculó directamente con la caída de la natalidad. Entre sus expresiones más fuertes sostuvo: “Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes (...) Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos está costando en términos de crecimiento”.

Los datos oficiales muestran que la natalidad argentina viene descendiendo desde 2014, mientras que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue aprobada recién en 2020 y entró en vigencia en enero de 2021. Por motivos obvios, no se puede simplemente atribuir la caída de la natalidad a la legalización del aborto. Probablemente sea al revés: el aborto legal ha salvado la vida de muchas madres. No la ha emprendido contra los métodos anticonceptivos, en cuyo caso volvería en contra a su escaso electorado femenino, aunque ganaría el fervor del sionismo religioso y del cristianismo evangélico.

Los datos no respaldan la relación causal que planteó Milei. El Fondo de Población de Naciones Unidas señala que otros factores importantes detrás de la baja fecundidad son, precisamente, la situación económica, dificultades laborales y habitacionales, y las condiciones para formar una familia y organizar los cuidados. Este enfoque ‘progre’ parte del mito de la “planificación familiar”, algo muy difícil para los hogares más pobres. El período de ascenso social de la posguerra, un fundamento de la tesis de la planificación, ha concluido; se ha ingresado en una etapa de regresión social y de mayores crisis familiares

Milei apoya el genocidio en Gaza y la tortura y asesinato de niños y la guerra imperialista de Trump y Netanyaju contra Irán, donde se bombardean escuelas.

Milei presentó la cuestión como un problema demográfico y económico, argumentando que menos nacimientos significan menos trabajadores en el futuro y mayores dificultades para sostener las jubilaciones. La tesis de la relación pasivos-activos para determinar la capacidad previsional es ideológica, porque no afecta a la jubilación privada, a un precio altísimo y beneficios financieros especulativos.

Lo que dijo en el Council de las Americas reafirma una posición que Milei ya había expresado anteriormente. En 2024, legisladores de La Libertad Avanza presentaron un proyecto para derogar explícitamente la interrupción voluntaria del embarazo.

Los derechos de la mujer, que benefician el desarrollo social y humano, están en peligro.

22 de agosto de 2026
El brote de ébola en República Democrática del Congo marcha a convertirse en el más mortífero de la historia

El brote de ébola en República Democrática del Congo (RDC) continúa expandiéndose. En solo tres meses superó las 2.300 muertes registradas durante el brote de 2018-2020.

La situación es alarmante: 2.420 muertes y otros 5.105 casos confirmados, según datos oficiales. Tom Fletcher, jefe de asuntos humanitarios de la ONU, afirmó que el ébola mata a una persona cada 30 minutos (Clarín,18/8). Más del 70 % de las personas fallecen en la comunidad, no en los centros de tratamiento, lo que da cuenta de las dificultades no sólo para llegar a tiempo para tratar la enfermedad sino inclusive prevenirla.

En las últimas semanas, las autoridades de la provincia de Bas-Uélé reportaron un muerto a causa de ébola. Se trata de una persona que había viajado desde Isiro, capital de la vecina provincia de Haut-Uélé, tras recibir tratamiento en varios hospitales. La provincia de Bas-Uele cuenta con la presencia de miles de refugiados provenientes de la vecina República Centroafricana (RCA). Los desplazamientos de la población a raíz de la guerra son un factor de dispersión del virus a una escala inusitada.

El brote actual es ocasionado por el virus Bundibugyo, para el cual todavía no hay vacuna. El gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) solicitó la liberación de las vacunas Ervebo del arsenal global de vacunas contra la enfermedad del virus del Ébola, gestionado por el Grupo Internacional de Coordinación para la Provisión de Vacunas (ICG) para realizar ensayos clínicos y para trabajadores de la salud. Esta vacuna está autorizada y recomendada para su uso en brotes de la enfermedad por el anteriormente llamado ebolavirus del Zaire. Hasta ahora no se sabe si podría ser efectivo contra el virus Bundibugyo en humanos. Los primeros datos de laboratorio y animales sugieren que podría proporcionar cierta protección (Africa CDC, 20/8).

"El brote más mortífero de la historia"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS, WHO por sus siglas en inglés), Tedros Ghebreyesus, advirtió que el brote se está convirtiendo en el más mortífero conocido en la historia. "Al ritmo actual [de propagación], está en camino de eclipsar el brote de ébola en África Occidental de 2014-2016", afirmó (Savage Minds, 18/8). Ese brote de hace una década se extendió a 10 países, incluidos Estados Unidos e Italia, infectó a unas 28.600 personas, matando a más de 11.000 en el transcurso de dos años. En los primeros tres meses se confirmaron 528 casos en Guinea, Sierra Leona y Liberia, de los cuales 337 habían fallecido.

Médicos Sin Fronteras alertó en un comunicado (msf.org, 5/8) que en el centro de tratamiento de ébola en Bunia, el 90 % de los pacientes ingresados no fueron localizados como contactos, mientras que en toda la provincia de Ituri solo se rastreó el 59 % de los contactos y que expresa que, sin que las comunidades estén en el centro de la respuesta, la vigilancia y el rastreo de contactos seguirán pasando por alto casos, dando cuenta de la insuficiencia en el seguimiento de la enfermedad.

Otra cuestión crítica es la situación de los trabajadores de la salud congoleños. En Ituri realizaron protestas frente a la residencia del gobernador por falta de pago de los salarios desde el mes de mayo. El personal del Hospital General de Bunia abandonó el puesto a mediados de julio; trabajadores sanitarios y sepultureros del Hospital General de Rwampara hicieron huelga a principios de julio. Los pagos atrasados fueron realizándose en la semana hasta el 6 de agosto, pero los trabajadores siguen exigiendo salarios que igualen las condiciones que enfrentan.

Como venimos desarrollando en esta página, de fondo se encuentra la guerra. Frente a la dramática situación, el lunes 17, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pidió un alto el fuego humanitario inmediato en el este de la República del Congo para que los equipos médicos puedan combatir el brote de ébola, durante su discurso de apertura de la 46ª Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC), en la ciudad sudafricana de Durban. También solicitó que se respeten las instalaciones y operaciones sanitarias en el este congoleño.

A la expansión del ébola en República Democrática del Congo, se suman el resurgimiento de enfermedades que se consideraban erradicadas como el sarampión, mientras tiene lugar una política mundial de los gobiernos capitalistas de ataque permanente a la salud pública. El imperialismo nos conduce a la barbarie.

Fuentes:

https://www.cdc.gov/ebola/situation-summary/index.html https://www.wsws.org/es/articles/2026/08/14/8639-a14.html

Ebola deaths near 2,000 as WHO concedes the outbreak is outrunning the response - World Socialist Web Site https://www.msf.org/ebola-outbreak-msf-statement-who-director-general-high-level-visit-drc https://www.savageminds.co/p/ebola-outbreak-spreads-to-sixth-drc https://www.clarin.com/mundo/epidemia-ebola-rd-congo-propaga-velocidad-vista-mata-persona-30-minutos_0_oYqOh6Td9v.html

22 de agosto de 2026
Del desplome industrial a la crisis financiera y política

Durante muchos meses, los comentaristas económicos afines al gobierno se prodigaron en afirmar que los resultados de la llamada “macroeconomía” -precios, tipo de cambio, cuentas fiscales- no habían llegado aún a la “microeconomía”, es decir, a la situación de los ingresos personales, salarios o el consumo personal, y que no tardarían en hacerlo.

Pero la marcha del régimen económico ha dejado a estas promesas pata para arriba: después del desplome industrial, del derrumbe del empleo y los salarios, asistimos ahora a un desbarajuste del castillo de naipes financiero armado por Caputo y Milei en estos casi tres años. La señal más evidente de ello es el crecimiento del “riesgo país”, es decir, de la sobretasa que debería pagar Argentina para acceder al mercado internacional de deuda, y que ha vuelto a superar los 500 puntos. Otros movimientos apuntan en el mismo sentido: en los últimos días, el Banco Central redujo las operaciones de compra de divisas “recomendadas” por el FMI para acumular reservas, llegando incluso a vender dólares para evitar que se dispare el tipo de cambio. La contención de la potencial corrida se completa con el crecimiento de las operaciones de dólar futuro, una apuesta contra la devaluación que Milei-Caputo podrían pagar muy caro.

La renovada demanda por los verdes ha venido acompañada por la salida de las colocaciones en deuda argentina, en pesos y en dólares. La reciente oferta de renovación de bonos atados al dólar sólo tuvo un 34 % de aceptación entre quienes disponían de estos valores con vencimiento en agosto, obligando al gobierno a desembolsar divisas. Por el lado de la deuda en pesos, los analistas atribuyen el menor interés de los especuladores al crecimiento exponencial de las colocaciones: el informe “1816” revela que el stock de deuda en el mercado primario se cuadruplicó, nada menos, en el curso de 2026.

Todo este escenario de zozobra viene acicateado por otro vendaval: el de la crisis financiera internacional. El costo del endeudamiento del Tesoro norteamericano ha pegado un nuevo salto, mientras se conocía que la deuda total de la economía del país del norte supera los 40 billones de dólares y el impasse de la guerra internacional augura un mayor hipotecamiento. La tendencia a la salida de capitales de Argentina, en este cuadro, viene acicateada desde adentro (explosión de las contradicciones del régimen libertario) y desde afuera (crisis financiera internacional).

La respuesta de Caputo y Bausili a esta crisis ha sido una nueva suba de la tasa de interés: un bidón de nafta sobre el fuego de un país con seis millones de endeudados en situación crítica. Las supuestas medidas “reactivantes” han sido rápidamente archivadas. Los libertarios temen que un aflojón monetario redunde en un reforzamiento de la corrida cambiaria.

Milei, en este cuadro, ha celebrado un 0,8 por ciento de recuperación de la actividad económica en junio, respecto del mes anterior. No ha mencionado, en cambio, que la expectativa de crecimiento del producto en todo el 2026 no superaría el dos y medio por ciento; con ese valor, el “trienio” de Milei arrojaría una tasa anual del 1,7 %, muy cerca de la tasa vegetativa y después de varios años de desplome económico. El empleo registrado acumula doce meses de caída, y lo mismo ocurre con el salario. Todo este escenario explica que las groserías de Milei en el Council of Américas hubieran sido recibidas fríamente por parte del círculo rojo. La gran burguesía no encuentra la salida a un impasse económico y financiero que puede conducir a un desenlace explosivo, y que es el telón de fondo de una transición política en desarrollo. Los “términos y condiciones” de la elección de 2027 se han alterado; sólo falta que los trabajadores digan su palabra.

22 de agosto de 2026
El gobierno de Entre Ríos ordenó reincorporar a los despedidos, pero Granja Tres Arroyos sigue sin abrir la planta y se agrava la crisis política

Los 255 despedidos de Granja Tres Arroyos recibieron sorprendidos el dictamen de conciliación obligatoria que dictó el gobierno provincial a través de su Ministerio de Trabajo. La misma retrotrae los despidos por quince días hábiles extensibles a veinte. Los trabajadores se presentaron ante las puertas de la planta, cerrada hace más de tres meses, para hacer efectiva la conciliación en estos términos. Los esperaba una guardia de la Policía Provincial para notificarlos de que la empresa desacataría la disposición.

El gobernador Frigerio (PRO) dice haberse reunido con las dos partes, los dueños y los distintos gremios actuantes (Alimentación, la Carne, etc). “Me cuesta creer que, como está el sector avícola, no podamos resolver este problema. Esperemos que esto termine acá, necesitamos contener este problema desde lo laboral pero también desde lo social”. Los despidos en Granja Tres Arroyos tienen un impacto abrumador sobre la población de Concepción del Uruguay y sobre todo el sector avícola, empleador principal de la provincia de Entre Ríos.

La crisis de Granja Tres Arroyos continúa agudizándose, lo que motiva la preocupación del gobernador. Distintas granjas reproductoras de la empresa se encuentran en huelga ante la falta de pagos, aun a pesar de que la UATRE se opone a las medidas de fuerza. Las imágenes de los pollos muriendo por falta de alimentos, y de los huevos dejados caer en el piso en las granjas, circulan entre los trabajadores del grupo y por toda la provincia. Las deudas salariales se siguen acumulando entre los trabajadores del grupo: la planta de Pilar se encuentra suspendida; la de Wade, ex Cresta Roja, también está paralizada con adelanto de vacaciones.

Frigerio planteó que todo el sector avícola está adherido al RINI, el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones, un programa provincial para impulsar proyectos productivos, fomentar la creación de empleo y otorgar beneficios impositivos de hasta el 100 % en tributos locales a empresas e inversores. Una especie de mini RIGI avícola. La caída de GTA desmiente la versión del Gobernador de que el sector avícola “se encontraría volando”. Granja Tres Arroyos se encuentra impedida de adherirse nuevamente a los programas de fomento, en primer lugar, porque reúne un pasivo de alrededor de u$s 350,9 millones que no abarca únicamente deuda bancaria. La empresa está negociando con sus acreedores una reestructuración de sus deudas.

El esquema presentado a los acreedores comprende compromisos comerciales, fiscales y financieros de las sociedades involucradas en el grupo y muestra hasta qué punto la crisis de tasas y deudas llegó al sector avícola. La porción más grande corresponde a proveedores, a los que la empresa adeuda u$s 123 millones por obligaciones comerciales con empresas que suministran granos, laboratorios veterinarios, transportistas, productores integrados y otros proveedores. Esta parte de la deuda es lo que limita las perspectivas de reactivación de la empresa.

El jueves se espera una nueva audiencia entre las partes, en las que se espera que la empresa presente un plan de reactivación de la planta La China, que permanece cerrada. La intervención del gobernador tiene un carácter de clase definido: los fondos que cede al capital avícola a través del RINI y los programas de fomento, incluso para rescatar a Granja Tres Arroyos, no aparecen para rescatar la situación dramática de los trabajadores y sus familias. Para ellos, la ayuda oficial se limitó a una partida de mercadería, que apareció como resultado de las amenazas de cortes de la Ruta Nacional 14.

Los trabajadores de Concepción participaron de cortes de ruta simultáneos con los trabajadores de UnionBat Gualeguaychú, y de Fademi, en Larroque. Este piquete sumultáneo refleja una crisis aguda de la situación de los trabajadores de la provincia. La quiebra de Granja Tres Arroyos es un ejemplo concentrado de la crisis del país, aunque Frigerio espere “que esto se termine acá”.

22 de agosto de 2026
La escalada de la guerra en Europa

El exministro de Defensa Mykhailo Fedorov ha planteado el más serio cuestionamiento interno al gobierno de Volodímir Zelensky desde el inicio de la invasión rusa. A través de un video difundido en YouTube, exigió la convocatoria de elecciones y advirtió sobre una crisis sistémica de gobernabilidad. “La democracia no puede ser rehén de Rusia”, afirmó, reclamando un mecanismo legal que permita recuperar el proceso constitucional incluso en condiciones de guerra. Según la legislación ucraniana, no se realizan elecciones durante la vigencia de la ley marcial, como ha sido establecida desde el inicio de la guerra.

Fedorov ha sido el artífice de la llamada “Guerra de Drones de 40 días”. Sin embargo, fue destituido en julio, tras apenas seis meses en el cargo, con el pretexto haber criticado públicamente al entonces comandante en jefe Oleksandr Sirskyi y haber expuesto diferencias sobre la conducción de la guerra. Miles de ucranianos salieron a las calles exigiendo la destitución de Sirskyi y la restitución de Fedorov; Zelensky no repuso a Fedorov pero echó lastre removiendo al jefe militar](https://politicaobrera.com/16640-crisis-en-kiev-zelensky-descabeza-a-los-mandos-de-la-guerra). Una encuesta reciente que indica que Fedorov derrotaría cómodamente a Zelensky expone la fractura del poder político. Sin señalar responsables, Fedorov denunció que la corrupción estatal socava el esfuerzo bélico, como si el régimen ucraniano y el propio Zelensky no se hubieran repartido entre sus camarillas una porción importante de la ayuda de la OTAN.

Ucrania ha lanzado una ola de ataques contra el territorio ocupado por Rusia: el Donbás, los territorios de Zaporozhia y Jersón, Crimea y objetivos de infraestructura energética en el interior, incluso en Siberia.

Rusia, por su parte, enfrenta una crisis de combustible que la dejó sin suministro. El presidente Vladimir Putin admitió el daño que han causado los ataques contra la logística rusa, en particular contra refinerías y depósitos de la empresa de comercio electrónico Wildberries (un equivalente a Amazón). Los ataques de las fuerzas ucranianas han alcanzado al menos a nueve refinerías en lo que va de agosto. Numerosas estaciones de servicio se encuentran cerradas: “En Moscú Gazprom Neft limita el repostaje a 40 litros por vehículo” (El País de Madrid, 19/8). Según el diario Izvestia, el domingo pasado, sólo el 28 % de las estaciones de servicio del país disponía de gasolina y diésel. En Sebastopol, la urbe más poblada de la península de Crimea, sólo se permite cargar hasta 20 litros mediante un código QR emitido por las autoridades; en otras zonas se asigna según la terminación par o impar de la matrícula.

Rusia, uno de los cinco mayores productores mundiales de petróleo, ha tenido que importar combustible desde Marruecos, país sin refinerías activas, y desde la India. Este último caso es paradójico, porque India era el principal comprador de crudo ruso a través de una flota no regulada que elude las sanciones. Ahora, India revende a Moscú combustible refinado obtenido de ese crudo.

Aunque la deuda pública de Rusia equivale a cerca del 20 % del PBI, por debajo de los niveles de Occidente, el servicio de la deuda supera el 8 % del presupuesto anual, y el gasto militar, que representa alrededor del 40 %, continúa en aumento. Ante los daños en las refinerías, el gobierno ruso evalúa nuevos recortes sociales.

La escasez de combustible afecta la financiación estatal y acrecienta la cuenta de una guerra que dura ya cuatro años y medio.

Funcionarios y expertos advierten que se avecina el invierno más duro para Ucrania desde el inicio del conflicto, con escasez de calefacción y alimentos. En la margen izquierda de Kiev, las temperaturas dentro de los bloques de apartamentos podrían calefaccionarse apenas hasta los 12°C, sin contar el perjuicio que ocasionarían los nuevos ataques a la infraestructura energética. Medios locales muestran estantes vacíos en los supermercados, consecuencia de los ataques rusos a centros logísticos. Desde la OTAN, en estas circunstancias, se planifica una guerra terminal contra la mayor parte del territorio de Rusia. Los violentísimos ataques lanzados por Putin, a la luz del día, cuando el flujo de personas es mayor, contra la población civil de Kiev, deben entenderse como una represalia preventiva contra esos planes. La intervención descarada de las potencias de la OTAN, como ocurre con los ataques a la flota “en la sombra” de Rusia, o las bases y ejercicios militares en los estados del Báltico, han llevado a Putin a reforzar sus amenazas de bombardeo a objetivos selectivos de Europa occidental. Concretamente, a Gran Bretaña (que persigue a la flota rusa en el norte de Europa), Alemania e incluso Francia. La guerra por la anexión del territorio de Ucrania (a la OTAN, de un lado, o a Rusia, del otro) ha ingresado a una etapa sin precedentes, aunque predecible. Tiene, definitivamente, el alcance de una guerra europea. Lo mismo está ocurriendo con la guerra contra Irán, pues las amenazas de sanciones ilimitadas lanzadas por Trump, apuntan abiertamente a China –el principal adquirente del combustible de Teherán-.

Actores menores, daños mayores

En los diferentes teatros de la guerra se repite un patrón: el impasse del imperialismo para desarrollar una guerra victoriosa sin declarar el estado de guerra total y declarar la moviliización de toda la población. Es lo que disimula el columnista estadounidense Thomas Friedman, entre tantos otros, en un artículo de opinión publicado en el New York Times, para quien la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán estaría demostrando que los estados pequeños y los “actores no estatales” son capaces de infligir daños importantes a adversarios mucho más fuertes mediante misiles de precisión, drones, inteligencia y tecnología de bajo costo: “Los iraníes han causado daños reales a Estados Unidos, tanto en el campo de batalla como en la economía, en una escala que Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han intentado ocultar” (NYT 18/8), escribe Friedman. Trump, sin embargo, no tiene la intención de batirse en retirada sino lo contrario, desarrollar los medios para una guerra total o ilimitada. La desvergonzada crisis en los portaviones norteamericanos es de naturaleza política: el imperialismo yanqui no ha movilizado ni el 5 % de las tropas que envió a Vietnam en los años 70. Y la razón es obvia: sigue bajo el temor de una rebelión en su propio país (y que ya se refleja en la actualidad, precisamente en la denuncia del genocidio a Palestina). Es lo que explica que, a diferencia de aquellos años, el imperialismo busque el recurso del fascismo. Friedman se conforma con "observar cómo Hezbollah ha dañado a Israel y cómo Ucrania ha desgastado a Rusia". En realidad, el estado sionista ocupa ya tres países, Palestina, Líbano y Siria, y ha emprendido la anexión de Cisjordania. Es cierto que Ucrania, un país sin armada propia, ha utilizando drones marítimos para obligar a la flota rusa del Mar Negro a alejarse de la costa ucraniana. Pero lo hace gracias a los satélites de la OTAN y al temor de Putin de declarar una movilización total que podría llevar a las masas al ‘Palacio de Invierno’ y al Kremlin.

“Estas nuevas tecnologías permiten que «los muchos y los pequeños» esquiven los golpes de rivales mucho más poderosos porque permanecen ocultos y pueden responder con ataques precisos. Mientras tanto, Estados Unidos sigue dependiendo de sus enormes divisiones y grupos de portaaviones” –dice Friedman-. El cuadro describe la decadencia histórica del imperialismo, expulsado dos veces por los mujadines de Afganistán. Lo que el columnista presenta como fracasos ‘tácticos’ de Trump-Hegseth (pérdida de logística en Bahréin, destrucción de radares, ataques a embajadas) describe en realidad una transición a la guerra total y al fascismo y, alternativamente, a una movilización histórica de masas y a la revolución en los mismos países avanzados. Existe una crisis irreversible de la dominación política mundial del imperialismo Friedman ofrece un diagnóstico preciso y actualizado de la superficie táctica de la crisis, lo que denomina la “nueva física del poder”; el marxismo en cambio asigna una explicación de la estructura histórica que produce esa superficie.

22 de agosto de 2026
EE. UU. hacia las elecciones legislativas: crisis de deuda, grietas en el trumpismo y un giro a la izquierda del electorado

El empantanamiento del imperialismo en la guerra contra Irán y la crisis de la deuda pública acechan a Donald Trump ante la cercanía de las elecciones de mitad de mandato del 5 de noviembre. Se trata de una “situación políticamente imposible”, según describen fuentes de la Casa Blanca citadas por Politico (22/7), debido a que crecientes sectores de la propia base política de MAGA rechazan la guerra y la responsabilizan por el alza de precios.

La deuda pública superó los 40 billones de dólares y la tasa de interés para los títulos a 30 años alcanzó el 5,3 % -la más alta desde 2007-; los bonos estadounidenses están de remate. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, intenta contener este fenómeno con medidas como la recompra de deuda a largo plazo financiada con emisión a corto plazo; el Tesoro norteamericano sale al rescate de si mismo. El abultado déficit fiscal enfrenta ahora los costos extraordinarios de la guerra, convirtiendo a la deuda estatal y a la guerra en una bomba de tiempo única.

Reveses para Trump en las primarias

En este escenario de incertidumbre, las elecciones primarias republicanas han puesto en evidencia la creciente debilidad del presidente dentro de su propio partido. Aunque Trump logró el triunfo de su candidato a la gobernación de Florida, Byron Donalds, “dejó una señal de alerta”: “no alcanzó el 50 % de los votos y tuvo un desempeño inferior al esperado en algunos condados rurales del norte del Estado”. Sectores republicanos temen que parte de ese electorado se muestre reticente a respaldar a un candidato negro o decida no votar en noviembre.

En ese mismo estado -donde Trump reside y ganó por 13 puntos en 2024-, el mandatario no logró imponer la candidatura de Cory Mills, quien cayó derrotado ante el exreportero Ryan Elijah. Según Politico (21/8), referentes del partido deseaban la caída de Mills para evitar que un candidato envuelto en escándalos pusiera en riesgo un escaño seguro. Frente a esto, el presidente intentó minimizar el impacto afirmando: “Le dije al congresista Cory Mills, un amigo mío, que se retirara de la contienda, pero no me hizo caso” (19/8).

Mills no es el único Republicano respaldado por Trump que sufrió una derrota en las primarias republicanas este verano. Varios de los candidatos a gobernador propuestos por el presidente, incluidos Mike Lindell en Minnesota y Randy Feenstra en Iowa, fueron superados por otros candidatos. Lo mismo ocurrió con los representantes Andy Ogles (republicano por Tennessee) y el veterano de la Marina Amir Hassan. Catalina Lauf, la candidata del presidente para el distrito congresional 19 de Florida, perdió el martes ante el ejecutivo de medios Jim Schwartzel” (ídem). A estos ejemplos se puede sumar el de Megan Degenfelder, la candidata trumpista al Senado por Wyoming, derrotada por Eric Barlow. Esta elección supuso “otro revés para el poder de respaldo de Trump, que no ha logrado que un puñado de sus candidatos elegidos crucen la línea de meta este año” (Washington Post, 18/8). Diversos analistas afirman que los electores Republicanos optan por figuras no tan identificadas con MAGA para mejorar sus posibilidades en noviembre, lo cual es una señal de debilidad presidencial. Hace unos meses, Trump logró imponer en Texas la candidatura al Senado del abogado Ken Paxton, que ahora corre el riesgo de perder la elección de noviembre contra el Demócrata James Talarico.

Manipulación electoral

Para contrarrestar la caída de popularidad, el trumpismo ejecuta diversas maniobras electorales, como la redistribución de distritos (gerrymandering) para sobrerepresentar al Partido Republicano en el Congreso. “Hace tan solo seis años, Florida contaba con 13 demócratas en su delegación al Congreso. Podría tener tan solo cuatro el próximo año, si la redistribución de distritos electorales favorece por completo a los republicanos” (La Nación, 19/8).

Otro eje de las maniobras es el intento de limitar el voto por correspondencia, que favorece a los Demócratas. El gobierno sigue agitando un presunto voto masivo de inmigrantes sin ciudadanía para justificar medidas que excluirían a millones de votantes. Finalmente, Trump no ha descartado declarar una “emergencia de Seguridad Nacional” para tomar el control del proceso electoral; una medida autoritaria que impulsan sectores trumpistas y que enfrentaría una fuerte resistencia de los estados y trabas en los tribunales, pero que servirá de pretexto para impugnar los resultados si sufren una derrota.

Primarias demócratas: Giro a la izquierda

En contraste, el electorado demócrata muestra un desplazamiento hacia la izquierda, como se evidenció anteriormente en Nueva York y Michigan, y recientemente en Minnesota, Florida y Wisconsin:

En Minnesota, la vicegobernadora Peggy Flanagan -respaldada por Bernie Sanders, Ilhan Omar y sectores progresistas- venció en la interna senatorial a Angie Craig, candidata del establishment.

En Wisconsin la candidata de los “Socialistas Democráticos” (DSA), Francesca Hong, logró casi el 40 % de los votos para la gobernación, quedando a solo medio punto del vencedor impulsado por la cúpula del partido. Hong resistió incluso la interferencia de electores republicanos en unas primarias abiertas y la falta de apoyo explícito de figuras como Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez.

En Florida, la dirigente sindical y progresista Angie Nixon dio la sorpresa al vencer en la interna senatorial a Alex Vindman, exfucionario de seguridad nacional conocido por testificar contra Trump en su primer impeachment. Con un presupuesto 16 veces menor ($1 millón de dólares frente a $16 millones), Nixon basó su triunfo en el trabajo de voluntarios y el activismo sindical (La Nación, 20/8).

En la elección especial del distrito East Bay (California), la legisladora estatal progresista Aisha Wahab se impuso a Melissa Hernández a pesar de los más de 6 millones de dólares invertidos por lobbies pro-Israel para frenar su candidatura (Politico, 20/8).

La crisis en el Partido Demócrata refleja una crisis de dominación política de conjunto. La izquierda de este partido ha repetido su aspiración de que se reconvierta en lo que fue bajo el gobierno de Franklin Roosevelt o el neoyorquino La Guardia, cuando la depresión de los años 30 y el ascenso obrero llevaron a la adopción de medidas sociales progresistas. Esta mirada por el retrovisor anuncia su fracaso político. Por eso apoya la guerra de la OTAN en Europa, contra Rusia, en tanto que está dividida en cuanto a Palestina y guarda un mutismo vergonzoso sobre la guerra de Netanyahu y Trump contra Iran.

22 de agosto de 2026
España entre la economía de guerra y la ola de huelgas

La crisis política española no puede separarse de la guerra internacional y, en particular, de la transformación de las economías europeas en economías de guerra. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez reivindica su papel dentro de la Unión Europea y de la OTAN, sobre los trabajadores recaen las consecuencias de una política que destina recursos crecientes al aparato militar mientras deteriora el salario, la jubilación, la salud pública, la educación, el transporte y las condiciones de vida.

El compromiso español de alcanzar el 2 % del PIB en gasto militar, presentado como una exigencia de la alianza atlántica, expresa una orientación de fondo: adaptar el Estado y sus recursos a las necesidades estratégicas de la OTAN. La llegada de Trump modificó la escala de esa exigencia hasta el 5 % del PIB para 2035, multiplicando los recursos destinados al rearme y abriendo un enorme mercado para la industria militar, principalmente de Estados Unidos. Sánchez sostuvo que España podría cumplir sus compromisos con un gasto cercano al 2,1 % del PIB. La disputa entre ambos no fue, por lo tanto, entre el rearme y la paz: España terminó aumentando fuertemente su gasto militar.

El presupuesto de guerra no es una cuestión exterior a la vida cotidiana. Es una disputa concreta por los recursos públicos en un momento en que los servicios esenciales sufren falta de personal, sobrecarga y deterioro.

Fronteras de guerra: Ceuta y Gibraltar

La guerra se expresa también en la dimensión territorial y fronteriza de España.

A finales de julio, ante la llegada masiva de migrantes a Ceuta, el Gobierno español fue responsable de una política fronteriza que provocó un elevado número de muertes. Pocas semanas antes, el Tribunal Supremo había establecido que las llamadas “devoluciones en caliente” —o rechazos en frontera— no podían aplicarse a las personas interceptadas en el mar que intentaran alcanzar Ceuta o Melilla a nado, ya que no habían atravesado un elemento físico de contención fronteriza y, por tanto, debían someterse al procedimiento ordinario de devolución. Ante esta situación y para frenar el ingreso, Sánchez respondió con un mayor despliegue policial y militar y con nuevas vallas marinas que provocaron muertes, incluso de niños.

España es el único Estado de la UE que posee fronteras terrestres con África, a través de las ciudades de Ceuta y Melilla, que limitan con Marruecos. El enfrentamiento de Italia y otros países de la OTAN con Sánchez es porque le exigen un mayor endurecimiento, mientras Sánchez reclama a sus aliados mayores recursos para reforzar el aparato represivo fronterizo.

La cuestión no es simplemente migratoria. La frontera de Ceuta es una expresión concentrada de la política europea que levanta barreras contra quienes huyen de la miseria, la persecución o las guerras que atraviesan África y Medio Oriente. Es decir, una política cada vez más subordinada a la lógica de la guerra, en el marco del enfrentamiento entre Estados Unidos, China y Rusia.

Gibraltar agrega otro elemento a esta disputa por el control territorial. Es un territorio británico situado en el sur de la península ibérica, cuya soberanía reclama España. Tras el Brexit, quedó fuera de la Unión Europea y la frontera con España se convirtió en un problema central porque miles de trabajadores la atraviesan diariamente para trabajar en Gibraltar. Después de años de negociaciones entre España, Reino Unido y la Unión Europea, el 14 de julio de 2026 se firmó un tratado que facilita la circulación de personas y mercancías y evita que el Brexit convierta la frontera en un obstáculo para la actividad económica.

El acuerdo también regula cuestiones fiscales, aduaneras y financieras fundamentales para una economía de Gibraltar basada en los servicios internacionales y las finanzas. Los acuerdos entre Madrid, Londres y Bruselas responden a los intereses económicos y financieros que rodean al enclave, mientras los trabajadores transfronterizos padecen precarización y pérdida de ingresos. El contraste es evidente: el capital necesita fronteras flexibles para circular; para los trabajadores, las fronteras se convierten en una fuente permanente de restricciones y muerte.

España en el dispositivo militar de la OTAN

España no ocupa solamente una posición subordinada dentro de la estructura económica europea. También forma parte de su arquitectura militar. En su territorio funcionan instalaciones estratégicas como las bases de Rota y Morón, utilizadas por las fuerzas estadounidenses, mientras Torrejón alberga estructuras de mando y coordinación de la Alianza. En Rota están desplegados destructores estadounidenses AEGIS y Morón cumple funciones de apoyo al despliegue y respuesta de crisis de Estados Unidos. España aporta además tropas y medios a distintas operaciones de la OTAN en Europa y mantiene unos 3.000 militares desplegados en misiones exteriores durante 2026. El territorio español constituye así una pieza del dispositivo militar con el que las potencias de la OTAN proyectan su fuerza sobre Europa, el Mediterráneo y África.

La integración militar no es un aspecto separado de la estructura económica. El mismo Estado que participa de las cadenas de producción y financiación europeas adapta ahora una parte creciente de sus recursos, de su industria y de sus infraestructuras a las necesidades estratégicas de la guerra.

La ola de huelgas

La política de economía de guerra del gobierno del PSOE necesariamente empeora las condiciones de vida de los trabajadores, por lo tanto, se desarrolla junto con una creciente conflictividad obrera.

Las negociaciones colectivas permanecen bloqueadas en numerosos sectores mientras la inflación erosiona los salarios reales. El resultado es una multiplicación de huelgas y conflictos que alcanzó particular intensidad durante el verano europeo. Las huelgas se triplicaron y cuadruplicaron en 2026 respecto del mismo período del año anterior.

El transporte ferroviario quedó paralizado por jornadas nacionales de 24 horas convocadas por el Sindicato Ferroviario, entre otras razones por la falta estructural de personal y por las deficientes condiciones de climatización durante las olas de calor. También hubo conflictos en los servicios aeroportuarios durante julio: los paros de trabajadores de asistencia en tierra afectaron a varios aeropuertos; se produjeron además paros en los servicios de control de torres y otros servicios aeroportuarios en plena temporada turística.

En la sanidad pública, los trabajadores reclamaron mejoras salariales, más personal y condiciones que permitieran hacer frente a la sobrecarga de los servicios. En las escuelas, los reclamos no se limitaron al salario: los docentes denunciaron en grandes movilizaciones, la sobrepoblación de las aulas, la sobrecarga burocrática y el deterioro general de las condiciones de trabajo.

En la industria, distintos comités de base cuestionaron los límites salariales impuestos por las patronales. En la industria metalúrgica, los paros estuvieron vinculados principalmente a la negociación de convenios colectivos, salarios y condiciones de trabajo. El más importante fue el del convenio del Metal de Albacete, que involucró a 8.000 trabajadores.

Se pretende que la clase trabajadora acepte restricciones presupuestarias y salariales mientras se amplían los recursos destinados a la guerra. La respuesta que aparece desde abajo es la huelga.

La burocracia sindical

El crecimiento de la conflictividad no significa, sin embargo, que exista una respuesta unificada. La capacidad de la clase trabajadora para ganar los conflictos y transformarlos en huelga general se encuentra limitada por la política de las direcciones sindicales.

Las dos centrales obreras, CCOO (Comisiones Obreras) y UGT (Unión General de Trabajadores ligados al PSOE), sostienen la política de guerra del Gobierno y la patronal a través del mecanismo de la “paz social institucionalizada”.

La consecuencia concreta es que, mientras la conflictividad crece, las direcciones sindicales la mantienen sectorizada.

Por abajo aparece, sin embargo, otra dinámica. Asambleas y comités de huelga cuestionan los acuerdos alcanzados por las direcciones sindicales y, en determinados conflictos, prolongan las medidas de fuerza más allá de los calendarios oficiales.

La cuestión, por lo tanto, no es la ausencia de disposición para luchar. Es el choque entre la lucha obrera creciente y una dirección sindical que procura mantenerla dentro de los límites del pacto social. Allí se encuentra uno de los problemas políticos centrales de la clase obrera: cómo transformar las luchas en una fuerza capaz de intervenir colocando los intereses de las mayorías frente al gobierno de la guerra imperialista.

La izquierda integrada al régimen

La contención de la lucha no se limita al aparato sindical. Existe una izquierda que cumple también ese papel.

Por un lado, están los partidos que integran directamente el Gobierno de Sánchez a través de Sumar e Izquierda Unida. Se presentan como la garantía de que las políticas gubernamentales tendrán un contenido social y progresista. Totalmente falso; son responsables de las decisiones del Gobierno, entre ellas las vinculadas al aumento del gasto militar y a la integración de España en la estrategia de la OTAN y la Unión Europea.

Esto va también para Podemos que ya no forma parte del Gobierno, luego de integrarlo y por lo tanto ser coautor de las medidas antiobreras y confiscatorias del PSOE, como la prioridad absoluta del pago de la deuda pública, la reforma laboral o la reforma jubilatoria, que dejó avanzar sin una oposición efectiva. En julio, denunció los aumentos del gasto militar, pero si la oposición al rearme queda encerrada en el Congreso, la clase trabajadora permanece como espectadora de una disputa institucional mientras continúa pagando la factura del ajuste.

Podemos no tiene ni tuvo, como planteo la construcción de una alternativa independiente, sino que solo disputa la representación electoral de la izquierda que “viste” al gobierno de la OTAN. . Sobre el problema de la inmigración, la izquierda se limita a la cuestión humanitaria y de fronteras. La defensa de los migrantes debe estar ligada a la defensa del salario, del trabajo, de la vivienda y de los servicios públicos para toda la clase obrera, porque la misma economía que necesita trabajadores migrantes precarizados puede presentarlos después como responsables de la precarización. La misma crisis de vivienda que expulsa a trabajadores sobre todo de las zonas turísticas puede ser utilizada para enfrentar a trabajadores nativos e inmigrantes.

Frente a esta operación fascista, la clase trabajadora necesita unificar las luchas dispersas y darle un eje independiente. La defensa del salario, la jubilación, de la educación y la sanidad públicas, de los puestos de trabajo, de la vivienda y de los derechos de los trabajadores migrantes forma parte de una misma lucha contra el ajuste y la política de guerra.

No hay defensa consecuente de los servicios públicos mientras se acepta el rearme. No hay defensa de los trabajadores mientras se acepta que los migrantes sean utilizados primero como fuerza de trabajo precarizada y al mismo tiempo como enemigo interno y objeto de violencia fascista.

La cuestión fundamental es desenvolver las tendencias a la huelga general y construir una alternativa política socialista proletaria revolucionaria.

Por una salida obrera y socialista revolucionaria

Frente a la economía de guerra, la militarización, el fascismo y la carestía de la vida, la clase trabajadora necesita romper la contención de la burocracia sindical y desenvolver la tendencia a la huelga general. Necesita construir su propio partido, independiente de la burguesía y del Estado. Frente a la competencia entre capitales y las fronteras militarizadas, planteamos la unificación política y económica del continente bajo un Gobierno de los Trabajadores Socialista, para reorganizar la producción, los servicios públicos y los recursos en función de las necesidades sociales.

● ¡Ni un euro para la guerra: salario, jubilación, trabajo, vivienda y servicios públicos!

● ¡Abajo la militarización de las fronteras! Unidad de la clase trabajadora nativa e inmigrante.

● ¡No al genocidio palestino! ¡Fuera el imperialismo de Medio Oriente!

● ¡Abajo la OTAN y la Unión Europea imperialista!

● Por los Estados Unidos Socialistas de Europa.

● Por la derrota de los gobiernos de la guerra.

24 de agosto de 2026
La CGT, las CTA y las organizaciones sociales no presentaron ninguna salida para los 6 millones de endeudados

La insolvencia de millones de trabajadores que registran las moras de los sistemas monitoreados -bancos y billeteras virtuales- no contempla a los trabajadores y a las cuevas financieras ‘informales’. En este cuadro, la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA y movimientos sociales, nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se movilizaron a las puertas del Ministerio de Economía el jueves 20 de agosto.

Los dirigentes sindicales presentes en la concentración repitieron que la situación es insostenible, que los salarios están por el suelo y no permiten cubrir las necesidades básicas de las familias, como si la responsabilidad por esta situación no cayera sobre los sindicatos, que han firmado convenios a la baja o se han asociado a la ausencia de paritarias en combinación con las patronales. El reclamo de estos burócratas frente a los hechos consumados no se aleja, sin embargo, de los proyectos legislativos, principalmente de distintas variantes del peronismo y el radicalismo, vale decir, los diversos mecanismos de recorte de intereses y el alargamiento de los pagos, o sea, profundizar la insolvencia en el tiempo. El petitorio de la CGT al Ministerio de Luis Caputo plantea una intervención estatal, sin definir su contenido.

Las reuniones del Consejo del Salario sirven a las patronales y al Gobierno para dejar los salarios por el piso con la complicidad de la burocracia sindical. Incluso, de imponerse la suma propuesta por la CGT, un salario mínimo de 600.000 pesos, representaría el 20 % una canasta básica familiar.

La burocracia sindical, que ha tolerado todos los ataques a los trabajadores, se ha visto obligada a organizar una movilización de su aparato para no ser corrida directamente de la crisis. Los dirigentes sindicales se han cuidado muy bien en sus intervenciones y declaraciones de expresar cualquier tentativa de convocar medidas de fuerza, a las cuales son hostiles.

Un análisis exhaustivo de la Revista Crisis (10/05) señala los “narco préstamos” en las villas y las barriadas más pauperizadas, ante la imposibilidad de acceder a cualquier tipo de crédito legal. Las redes narco utilizan a los vecinos para encubrir el origen espurio del dinero y cooptar a una red cada vez mayor de personas. La explosión de esta situación ha adquirido estado público bajo diversos informes televisivos (Crónica) y las coberturas periodísticas de Diario Popular en el AMBA.

La CGT ha admitido que los endeudados adquirieron un “problema entre privados”, con el propósito de omitir una reivindicación colectiva y una movilización de masas. El Estado debe intervenir los bancos y las billeteras virtuales para suspender de inmediato, por dos meses, el pago de las deudas. La finalidad de la intervención es poner fin a todo el sistema usuario del sistema financiero capitalista, mediante su nacionalización.

24 de agosto de 2026
La Procuración General de la Nación aprobó un manual para investigar preventivamente el "terrorismo"

La Procuración General de la Nación (PGN), a cargo de Eduardo Casal, que ocupa el cargo de forma interina desde 2017, aprobó mediante la Resolución PGN 56/2026 la "Guía para la investigación de incidentes terroristas previos a un ataque", destinada a fiscales federales, elaborada por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), con aportes de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). El documento se presenta como una herramienta técnica de "prevención".

Casal, el jefe de todos los fiscales nacionales, fundamentó la resolución en la "creciente preocupación por la expansión de la radicalización violenta y la propaganda extremista en entornos digitales" (Infobae, 17/8).

El principio que introduce la PGN sostiene que el terrorismo no debe enfocarse solo en el atentado, sino en toda la cadena de actividades previas, desde la radicalización digital hasta el reclutamiento y la planificación; Casal instruye a los fiscales federales a perseguir la intención, indefinida por definición. Convierte a los fiscales, cuya tarea es calificar el delito, incluso mediante una investigación, en personal policial.

En la guía se puede leer que "actualmente hay consenso que el fenómeno terrorista no se reduce únicamente al atentado, el cual solo resulta ser el eslabón final de una larga cadena de concatenaciones previas". Conceptualiza a este proceso como "Ciclo Terrorista": "un proceso criminal organizado, continuo y permanente" en el que el atentado es apenas la instancia final. Sobre esa base se construye una matriz de indicadores ideológicos, conductuales y sociales, clasificados en niveles de riesgo medio, medio-alto, alto y crítico, que abarcan desde la adhesión a "teorías conspirativas" hasta la "identificación con ideologías extremistas" y la "escalada discursiva". Siguiendo este hilo de análisis, la guía asevera que es "una empresa criminal organizada, de carácter permanente, en la cual cada uno de los aportes funcionales cumple un rol específico y necesario para la producción del resultado final de violencia". Si el planteo se toma al pie de la letra, LLA se ubica en la ‘pole position’. Javier Milei y las redes libertarias son una usina de amenazas terroristas, como “el exterminio de la izquierda", en tanto que sus relaciones con los jefes políticos de las milicias de Río de Janeiro o de la ultra franquista de España lo convierten en un promotor o encubridor del delito político contra sus adversarios. El intento de asesinato de Fernando Cerimedo contra su pareja boliviana no sería más que la prueba material de una corriente terrorista de la ultraderecha.

El documento avalado por Casal es un manual lombrosiano del siglo XXI, en el que se afirma que "determinados factores psicosociales pueden incrementar la susceptibilidad de una persona frente a procesos de captación ideológica y movilización hacia la violencia" y, entre las causas que llevarían a una persona a convertirse en "terrorista", la guía identifica "sentimientos persistentes de injusticia, humillación o exclusión; crisis de identidad; necesidad de pertenencia; vulnerabilidad emocional derivada de pérdidas, traumas o aislamiento social; así como síntomas de ansiedad, depresión o irritabilidad". La enumeración califica perfectamente el marco en el que creció Adolf Hitler, en cambio, desde Fidel Castro para abajo, los militaristas de izquierda eran todas personas altamente sociables y sus objetivos públicamente humanitarios.

Bajo la excusa de anticiparse al hecho "terrorista", el Estado, a través de los fiscales federales, se habilita a sí mismo a investigar, vigilar y clasificar por riesgo a personas y organizaciones por motivo de lo que dicen, publican o creen, no por lo que hacen. La PGN aclara, en letra chica de la guía, que esos indicadores "no constituyen tipos penales" ni habilitan por sí solos medidas coercitivas. Pero toda la arquitectura del documento -una lista de verificación, siete áreas de investigación, identificación de usuarios y preservación de "evidencia digital" en redes, plataformas de mensajería y videojuegos online- está diseñada, precisamente, para que la sospecha ideológica se convierta en objeto de investigación fiscal antes de que exista delito alguno. Es la lógica del "derecho penal de autor", que crea una situación de excepción en la que no se juzgan actos, sino "sujetos peligrosos", justificada en la guía como una "función protectora del Estado de Derecho".

El manual de Casal se inscribe explícitamente en la Estrategia Global de Naciones Unidas contra el Terrorismo y en la batería de resoluciones del Consejo de Seguridad posteriores al 11 de septiembre de 2001. Es el mismo andamiaje jurídico internacional que ha servido para justificar guerras, vigilancia masiva y criminalización de movimientos sociales, migrantes y opositores en medio mundo. La guía se complementa con la incorporación del Ministerio Público Fiscal al Centro Nacional Antiterrorista y con el rabioso alineamiento del gobierno liberticida con la agenda de seguridad promovida desde Washington.

En ese contexto, una "guía" que habilita a fiscales a investigar publicaciones, "amenazas difundidas en entornos digitales" y procesos de "polarización social" no es un instrumento neutral contra el "yihadismo internacional": es una pieza más del Estado policiaco montado por los liberticidas, que el Gobierno puede activar, con la flexibilidad que dan categorías tan ambiguas como "extremismo violento" o "movilización", contra el activismo obrero y estudiantil que resista el plan de ajuste de Milei y Caputo. La recíproca no es aceptada: “Milei fascista, vos sos el terrorista”, vocean las multitudes. Para Casal, en cambio, una acusación de terrorista contra Milei y su patota sería tomada por los ‘fiscales’ como un indicio de terrorismo.

El propio texto de la guía es un manual de doble uso: puede presentarse como prevención de atentados con explosivos y, al mismo tiempo, ofrecer a cualquier fiscal la cobertura técnica para investigar como "indicio de riesgo" la organización de una huelga, una toma de fábrica o una campaña de agitación en redes contra el Gobierno.

A los fondos reservados de la SIDE, las represiones desplegadas por el Ministerio de Seguridad y la reinserción de las Fuerzas Armadas, se suma el entramado judicial a la persecución, represión y coacción, que a su vez actúa como coraza ante los hechos de corruptela del gobierno y de su accionar anticonstitucional. La PGN, con Casal a la cabeza, se dota de facultades ampliadas de "vigilancia preventiva" cuando el ajuste de Milei y Caputo necesita disciplinar cualquier respuesta organizada de los trabajadores.

El terrorismo es el método social típico del fascismo (incendio del Reichstag) en las condiciones de una guerra mundial imperialista de aniquilamiento.

24 de agosto de 2026
Docentes bonaerenses: las jornadas de lucha del 25 y 26 de agosto

El martes 25 se realizará una movilización docente a la ciudad de La Plata y el día siguiente, miércoles 26, tendrá lugar un paro provincial de 24 horas, convocado por las seccionales opositoras del SUTEBA. La docencia en Buenos Aires venía de protagonizar 48 horas de paro, luego del receso invernal, en reclamo de aumento salarial y por un conjunto muy amplio de reivindicaciones (IOMA, reformas educativas, episodios de violencia en las escuelas, presupuesto escolar, etc.), que fue muy importante.

El éxito de la medida se vio reflejado en el hecho de que Milei fracasó en imponer la “esencialidad educativa” destinada a bloquear el derecho a huelga. Kicillof, gobernador de Buenos Aires, autopercibido “defensor de la Patria”, respondió con descuentos salvajes a la docencia que paró, mostrando una unidad de clase con el gobierno liberticida contra los trabajadores. La lista Celeste, que dirige el SUTEBA, actuó en yunta con el gobernador en el intento, sin éxito, de bloquear el paro.

Los descuentos por paro no han hecho que la docencia se retraiga en su disposición a la lucha. Esta es una de las principales cuestiones que hemos recogido en los debates en las escuelas. En el plenario de delegados de La Matanza, más de 230 docentes se pronunciaron por profundizar las medidas de fuerza. Otro tanto se registró en la reunión de delegados en Bahía Blanca. Un aspecto importante ha sido la constatación de que los paros aislados desmoralizan la voluntad de lucha de la docencia, al tratarse de medidas que no tienen un horizonte. Distintos compañeros plantean: “ya que me voy a arriesgar al descuento, que al menos valga la pena”, como crítica a los paros discontinuos o de forma distante en el tiempo. A otros compañeros les han venido a la memoria las grandes huelgas contra Scioli y Vidal en su momento, mientras la docencia de Tierra del Fuego ha lanzado una huelga indefinida, la cual está presente en definitiva como debate en todas las escuelas.

La “Jornada Provincial de Lucha de 48 horas” (un día de paro y otro de movilización) que tendrá lugar esta semana se terminó de resolver en un plenario virtual convocado por las seccionales del SUTEBA La Matanza, Bahía Blanca, Tigre y Marcos Paz. Esta última seccional, sin embargo, llama a parar 48 horas, mientras que las demás lo harán solamente por 24. En estos encuentros no participa la base docente, sino los representantes de las agrupaciones de la oposición, que reunieron a unas 200 personas. Las direcciones promovieron que las nuevas medidas giren alrededor de convocar un nuevo paro, pero por 24 horas.

Estas direcciones continúan manifestando “Reclamar a la CTERA y al SUTEBA la continuidad de las medidas de lucha nacionales” (Resoluciones plenario Multicolor, 20/8), cuando la lista Celeste está jugada a preparar la campaña electoral de Kicillof de cara al 2027. Entre las resoluciones se aprobó participar de una reunión en Parque Lezama para participar de la “marcha de la bronca” que impulsa el FIT-U, algo que no figuraba en los mandatos.

Nuestra corriente, Tendencia Docente Clasista, abordó la cuestión con una política alternativa. Promovimos mandatos abiertos para que la docencia fije la orientación de lucha. En ellos, registramos una amplia simpatía por ir a medidas de tipo progresivas semanales, incluyendo el paro por tiempo indefinido. En contraste con depositar expectativas en la conducción Celeste, nuestros mandatos plantearon promover autoconvocatorias, asambleas semanales y plenarios de delegados de base para que la docencia defina. Fuimos la única agrupación que defendió el método de la huelga general, que hoy llevan adelante los compañeros y compañeras de Tierra del Fuego, con acampes y movilizaciones incluidas. La Multicolor de Bahía Blanca nos atacó por haber trabajado un “mandato diferente a la dirección”, reflejando que para este sector la lucha solo existe bajo los marcos de los aparatos sindicales establecidos. En las resoluciones del plenario Multicolor no figura una nueva instancia para evaluar la continuidad de las medidas de fuerza.

La Celeste del SUTEBA ha convocado para el día martes 25 a reuniones de delegados, a fin de boicotear la movilización a La Plata. Por su parte, el gobierno de Kicillof ha convocado a jornadas en las escuelas el miércoles 26 para bloquear el paro.

Impulsaremos la jornada de paro y movilización de los próximos días, en la perspectiva de preparar un paro por tiempo indeterminado, para conquistar un aumento del 100 % y un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar por un cargo, más todas las reivindicaciones pendientes. Por el triunfo de la huelga docente indefinida de Tierra del Fuego, para abrir paso a una huelga nacional educativa.

24 de agosto de 2026
La privatización del Belgrano Cargas

Luego de la privatización de la Hidrovía, el Gobierno emprende una de las mayores privatizaciones de su gestión: las líneas ferroviarias Belgrano Cargas y Logística S.A., la empresa estatal que opera las tres líneas de carga ferroviaria del país -Belgrano, San Martín y Urquiza-, declarada "sujeta a privatización" por la Ley Bases en 2024, y oficialmente autorizada a privatizarse por el decreto 67/2025. El Belgrano Cargas cuenta con una extensión de 7.594 kilómetros de vías actualmente operativas, distribuidas en 16 provincias, con llegada a las principales zonas productivas del país y a las principales terminales portuarias. Este activo político-estratégico cuenta con pasos internacionales hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Como en los años 90, cuando Menem le entregó en comodato el Belgrano Cargas a la burocracia ferroviaria de Pedraza y compañía, los liberticidas se aprestan a poner a disposición de los agronegocios y las corporaciones mineras ventajas competitivas, a fin de sacar los recursos naturales -desde la soja hasta el litio, pasando por insumos industriales- fundamentales para la cadena de suministros montada y controlada por Estados Unidos.

Concesión a 50 años, RIGI y la cláusula "anti-China"

El jueves el Gobierno dio a conocer, por medio del Boletín Oficial, la resolución 1350/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que habilita el llamado a licitación de las vías de las tres líneas que opera la compañía estatal y que prevé una concesión por 50 años, con una inversión cercana a los U$D 1.000 millones, según especialistas, un número irrisorio en relación con la extensión de las líneas.

La resolución también estipula que quien se haga de la concesión podrá acceder a los beneficios previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Al igual que con la concesión de la Hidrovía, los intereses norteamericanos intervinieron para que se aplicara la cláusula "anti-China", que restringe la participación en el proceso de empresas de capitales estatales. Durante los últimos años, los capitales chinos han financiado y aprovisionado materialmente al sistema ferroviario argentino; de hecho, entre los activos que entran en la licitación se encuentran 40 locomotoras y 1180 vagones concesionados por la empresa China Machinery Engineering Corporation (CMEC), "luego de que un banco chino financiara obras ferroviarias y ese material rodante quedara como garantía de la operación" (La Nación, 20/8).

Una privatización rápida y "limpia"

En la primera etapa trazada por el Gobierno se pondrán en concesión las vías y los inmuebles circundantes a las tres líneas ferroviarias. La segunda etapa, en principio a realizarse el año próximo, comprendería las restantes unidades del negocio, como los talleres ferroviarios. Los oferentes, nacionales o internacionales, que quieran hacerse de la licitación tendrán tiempo hasta el próximo 11 de noviembre para presentar su oferta, día en que se abrirán los sobres. Según La Nación, el mecanismo para concretar la concesión "tiene una particularidad: no habrá una puja por quién le paga más dinero al Estado para quedarse con la concesión. Los oferentes competirán mediante una fórmula que combina el peaje máximo que pretenden cobrar a las formaciones que transiten por las vías y las inversiones que se comprometan a realizar. En términos simples, tendrá ventaja quien ofrezca cobrar menos e invertir más" (ídem).

Los liberticidas intentan que no se repitan las dilaciones que debieron afrontar en el proceso licitatorio de la Hidrovía. Para acelerar los tiempos de la concesión, el Gobierno designó una Comisión Evaluadora encargada de elaborar un orden de "mérito y recomendar la adjudicación al oferente que consiga el mayor puntaje", que se calculará a partir del piso establecido para el peaje y la tarifa máxima propuesta por cada oferente, a lo que se sumarán los puntos obtenidos por las obras de carácter obligatorio y las optativas que se comprometan a realizar.

En la resolución también puede leerse que, por la extensión temporal de la concesión -50 años-, no se admitirán prórrogas, y que esto se justifica por "la magnitud y el largo período de recupero de las inversiones ferroviarias". Según la documentación oficial, "la primera etapa de reconstrucción de la infraestructura y captación de nuevas cargas puede extenderse entre 10 y 15 años, antes de ingresar en una fase de repago y estabilización de las inversiones". Otra particularidad de la resolución es que el Gobierno no venderá el Belgrano Cargas como una única compañía, sino que dividió el negocio en tres partes: las vías, que serán concesionadas durante cinco décadas; las locomotoras y vagones, que podrán ser comprados por los concesionarios o vendidos mediante remate; y los talleres, cuyo uso se licitará por separado (Bichos de Campo, 20/8).

El esquema elegido por el Gobierno, presentado en los pliegos, se basa en la desintegración vertical: la licitación no obliga al concesionario a operar el material rodante, sino que le exige administrar y mantener la infraestructura y cobrar un peaje a cualquier operador que quiera circular por la red. Este esquema, conocido como open access, elimina la exclusividad comercial que hoy tienen los ramales y abre la puerta a que empresas logísticas, cerealeras o mineras puedan incorporar sus propios trenes y pagar por el uso de la vía, tal como ocurre con los camiones en las rutas o los barcos en la hidrovía (Informe Digital, 20/8). En síntesis, la desregulación responde a un pedido de los agronegocios y exportadores de materias primas, orientado a reducir los costos logísticos y de fletes. En el esquema open access se prevé que tanto las vías como las tierras seguirán perteneciendo al Estado, mientras que los privados, en los papeles, asumirán su mantenimiento, realizarán obras y cobrarán peajes a los distintos operadores ferroviarios.

Pero el Gobierno sale al rescate de los futuros concesionarios al crear un fideicomiso con el dinero que se obtenga de la licitación del material rodante, destinado a financiar y pagar las obras que deberán realizar los concesionarios. La resolución dispone la creación de ese vehículo específico para administrar tanto los recursos provenientes de los trenes adquiridos junto con las concesiones como los que se obtengan posteriormente mediante remates. (La Nación, 20/8)

También con el fin de "aliviar" a los futuros concesionarios en las inversiones que deban desembolsar en el mantenimiento de infraestructura, renovación, sustitución, transformación o desarrollo de vías existentes, el Gobierno habilitó, mediante el decreto 748/2026, la posibilidad de que parte de esos trabajos queden contemplados dentro del RIGI, que tiene como piso de inversión U$D 200 millones.

En relación con el acceso y los peajes, los pliegos estipulan que deberán otorgarse de manera "transparente, objetiva y no discriminatoria".

Las empresas que se anotan

Hasta el momento, dos grupos han mostrado interés en la licitación. Por un lado, el Grupo México, uno de los mayores operadores ferroviarios del continente, que actualmente concentra sus operaciones en México y en Estados Unidos; y, por el otro, el Consorcio Pro Ferrocarril Belgrano, integrado por importantes empresas de los agronegocios como ACA, Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company (LDC), a las que se sumaría el Grupo Roggio. Pero solamente China se encuentra en la vanguardia de la industria ferroviaria moderna.

El Grupo México avanzó en un acuerdo con la empresa de origen norteamericano Wabtec, proveedora internacional de tecnología y equipamiento ferroviario, con el objetivo de reforzar su posición en el proceso licitatorio.

Desde las cámaras empresariales aceiteras y cerealeras, como la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), han salido a saludar el proceso.

Como antesala de la privatización, el gobierno liberticida dictó en 2024 la emergencia ferroviaria, lo que le permitió avanzar en las prebendas a los empresarios, en especial para el complejo agroexportador y minero. En todo este recorrido, la pandilla libertaria contó con la complicidad de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria, que no ha movido un dedo - y no lo hará- para frenar el proceso privatizador en los ferrocarriles. La privatización redundará en una reducción del déficit público, al transferir los impuestos futuros a las empresas mediante el RIGI.

25 de agosto de 2026
El “endeudamiento familiar” es sólo la punta de una crisis capitalista en regla

La información periodística y “la política” le han dedicado una enorme atención a la crisis de endeudamiento que envuelve a 20 millones de personas. El “endeudamiento de las familias” es presentado como una anomalía o el efecto “no deseado” del presente régimen económico. Con esa tesitura, se le reclama al gobierno una “empatía” o “comprensión”, que Milei desecha cada vez que declara en vivo. Los mentideros políticos conjeturan ahora sobre una pelea entre el presidente, de un lado, y funcionarios como Luis Caputo o Patricia Bullrich, del otro, que le reclamarían sin éxito a Milei “medidas” para paliar la deuda, reactivar la economía y por, lo tanto, levantar las chances electorales para 2027. Entre los que hablan, los que “no escuchan” y las “familias endeudadas”, el gran malentendido esconde una gran crisis política.

El “endeudamiento” es sólo la punta del iceberg. La legión de endeudados que ha ingresado en default tomó créditos personales o financió consumos, principalmente en 2024, cuando se abrió una ola de préstamos baratos y tasas de interés en baja, fundada en la abundancia de capitales especulativos que afluyeron al “paraíso” liberticida (‘carry trade’). La relativa recuperación de la demanda sólo se sustentaba en el endeudamiento de consumo. Esto ocurre en todos los países capitalistas, donde el poder adquisitivo de la fuerza de trabajo se encuentra estancado o en franco retroceso desde hace más de cincuenta años. Es lo que anima la demanda personal en EE.UU. y en Brasil, incentivada por el “efecto riqueza” de las ganancias bursátiles para una minoría de consumidores; fue lo que empujó la demanda inmobiliaria en China, hasta su precipitado derrumbe y grandes insolvencias de deudores bancarios. Como en tantas oportunidades, el capitalismo echaba mano del crédito para sostener su marcha más allá de las posibilidades de expansión que debían llegar de la mano del consumo y la inversión. Las inversiones directas recibidas por Argentina en 2025 han sido las más bajas de la región. El crédito al capital ha provocado varios derrumbes, como en las lácteas, Grobo, Vicentin e incluso acopiadores agropecuarios y una gran parte de la industria mediana: pero el capital puede reconvertirse, la fuerza de trabajo no, en especial cuando el mecanismo es usurario, como ocurre con tarjetas y billeteras.

Ello fue lo que ocurrió con aquellos préstamos de 2024, pero con un serio agravante: en 2025, los especuladores que habían ingresado un año antes al mercado de capitales local, intuyeron el agotamiento del “modelo” libertario y comenzaron a retirarse. Caputo-Bausili intentaron frenar esa ola recompensándolos con una brusca suba de la tasa de interés. Los endeudados con saldos e intereses ajustables -como ocurre con las tarjetas- comenzaron a sentir la soga al cuello. La suba de la tasa de interés, que no ha cesado, desvaloriza los capitales que operan en el mercado secundario (donde se compra-vende títulos públicos entre privados). Es lo que sucedió, principalmente, con la deuda pública, que el gobierno tiene dificultades crecientes para afrontar o refinanciar, si no ofrece plazos de vencimiento menores y tasas mayores En los ciclos capitalistas, la elevación brusca de la tasa de interés constituye una señal de que se quiere evitar un colapso, incurriendo en costos mayores a futuro. Los “morosos”, por lo tanto, están siendo el pato de la boda de una crisis capitalista.

“Soluciones”

Esta realidad de conjunto explica la esterilidad de los “soluciones” que prodigan los partidos capitalistas y hasta la “izquierda” que tanto y cada vez más se les parece. No se ha advertido el carácter ficticio de las “estadísticas” que circunscriben la crisis a los morosos “judiciales”, o sea, a los que acumulan más de 90 días de deuda. Más allá de todos los que tienen atrasos menores, el pago “puntual” de préstamos y tarjetas se sustenta en el descuento compulsivo sobre las cuentas sueldo -es decir, en un acto de coacción económica. Esas personas o familias deben reducir su consumo a la mínima expresión para seguir pagando, lo que explica la sostenida caída en la demanda de consumos elementales -alimentos, productos de limpieza o tocador. Las refinanciaciones promovidas desde el Estado o las bancas suelen ser una legalización de la usura, pues toman como referencia a las actuales tasas usurarias. El “caritativo” Banco Central acaba de resolver un tope del 66% anual para los saldos de tarjetas, es decir, dos veces la inflación esperada y cuatro veces el ajuste que han experimentado en paritarias los salarios registrados. Las “refinanciaciones” consolidan un régimen de esclavización vitalicia: apuntan a rescatar al balance de los bancos, que serán afectados por la ola de insolvencia. La decisión de desenganchar a las deudas de los débitos automáticos, una medida administrativa, no financiera -como dispuso el gobernador de Chubut para los estatales- no cambia nada, pues el impago aumenta la deuda total: los acreedores acentuarán los métodos compulsivos de cobranza, como ya ocurre con Mercado Pago o con los usureros informales de los barrios.

Quién paga

La crisis terminal de un régimen económico significa que la creación de riqueza en la forma de valor y la acumulación de valor en la forma de capital ha dejado relativamente de funcionar, según la envergadura de la crisis misma. Las clases sociales recurren al arbitraje del Estado: el capital para rescatar sus medios de explotación, la fuerza de trabajo, sus medios de vida. Pero el mismo falso Estado-árbitro entra en el mismo circuito al dejar de cobrar, relativamente, los ingresos públicos, con el desarrollo de la crisis en general. Las clases explotadas, de todos modos, reclaman que el Estado fuerce al capital a hacerse cargo de los mayores costos de la crisis. Nuestra corriente política apoya este reclamo, pero advierte que ese mismo Estado tiene los medios políticos para que el costo de esta operación sea redistribuido sobre el conjunto de los trabajadores. Por eso planteamos que la eliminación de deudas a todos los trabajadores en estado de insolvencia, a los que se encuentran en estado inminente de insolvencia y a todos los que viven de su trabajo, sea acompañado con la apertura de las cuentas de los bancos, billeteras y vehículos especiales de financiamiento, y con el control de los trabajadores organizados, para tomar medidas de ataque parcial al capital como la nacionalización de los bancos y la creación de una billetera estatal –medidas de transición hacia otro régimen político o estatal y otro régimen económico contrario a este régimen de confiscación, bajo el comando del conjunto de la clase obrera de todas las actividades.

El primer paso en esta dirección es siempre la movilización, no la patraña escénica como la que protagonizaron la burocracia de la CGT y la CTA, frente al Ministerio de Economía, la semana pasada. A diferencia de un sismo o una guerra, el derrumbe capitalista destruye valor, sobre el que reposan, en el actual régimen social, los recursos de trabajo, de ciencia o investigación, pero no a estos recursos mismos como instrumentos de trabajo y de progreso. Destruye una relación de mercado, pero habilita a una relación social superior, que es la cooperación humana en la transformación de la sociedad y la recuperación del medio ambiente.

Cancelación de las deudas usurarias a todos los trabajadores. Juicio y condena a todos los responsables económicos y políticos de este desfalco. Apertura de los libros de las instituciones financieras y control obrero colectivo. Por un gobierno de trabajadores.

26 de agosto de 2026
Horacio Catena, secretario general de SUTEF: “Están dadas las condiciones para una rebelión nacional docente”

El paro docente por tiempo indeterminado en Tierra del Fuego ingresó en su cuarta semana con nuevas movilizaciones y una reunión paritaria clave convocada por el gobierno provincial. En “La Hora de los Trabajadores” entrevistamos a Horacio Catena, Secretario General de SUTEF (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina).

LHT: Contanos un poco cómo se gestó la huelga indefinida…

Horacio Catena: Hoy cumplimos 16 días de huelga y 18 días de la huelga de la provincia. Y con el gobierno de Javier Milei y todos los recortes que se hicieron a las provincias, y en la educación en particular. El problema que nosotros estamos reclamando, que tiene que ver con los salarios, tiene 11 años de atraso. La docencia es pobre de punta a punta de la Argentina, no es de ahora. Debatimos con los gobiernos que se dicen del campo nacional y popular para que tengan una política mucho más agresiva sobre los dueños de todo. En el mes de junio hubo un rechazo a una propuesta del gobierno y lo que hicimos fue consultarnos.

Tenemos delegados en todos los niveles y modalidades y en todos los turnos de la provincia, en todo el sistema público, con mandatos escritos de todas las escuelas. Resolvimos que no íbamos a iniciar las clases el 3 de agosto. Iniciamos la huelga por tiempo indeterminado hasta que no se atiendan las demandas del salario. La adhesión es muy buena. Como son las huelgas largas, nosotros tuvimos muchas en nuestra historia. Estamos pidiendo el salario mínimo vital y móvil. Estamos pidiendo 3 millones por cada uno de los cargos.

LHT: ¿Por qué en Tierra del Fuego sí, y por qué no en el resto del país?

HC: Creo que CTERA ha dejado de representar lo que representaba hace mucho tiempo. Si ustedes ven el último paro que llamó, hay provincias donde ellos dirigen que no pudieron parar a la docencia, porque están integradas directamente a los gobiernos. CTERA ha abandonado la disputa del salario, la disputa del sentido común, la disputa por la escuela pública, la disputa por los contenidos y la currícula. Nosotros no participamos en la elección de CTERA, estamos organizando un Frente Nacional Democrático en defensa de la educación pública. Yo creo que estamos en condiciones para una rebelión nacional docente, no tengo ninguna duda. La docencia es desobediente en el resto del país; fíjense lo que pasa en Chubut, donde la docencia se inventó un paro que nadie convocaba: metió faltazo y listo. Hoy lo prioritario es luchar. Si en ese derrotero los gobiernos del campo nacional y popular son un obstáculo, bueno, no es que son un obstáculo ahora y después no van a ser obstáculos, después también van a ser obstáculos para tus reivindicaciones. Y en ese sentido la independencia de clase no se declama, se ejerce. El problema del endeudamiento nosotros lo venimos planteando desde el 2018, 2019. Hemos presentado proyectos, hemos luchado mucho por un plan de desendeudamiento. Nosotros hemos dicho que es necesaria una huelga general en Tierra del Fuego, pero nosotros no vamos a esperar la huelga general en Tierra del Fuego para salir a pedir salario.

LHT: ¿Cómo se posiciona el gobierno provincial?

HC: Bueno, el gobierno provincial tiene que definir su política, porque del Estrecho de Magallanes para arriba es opositor al gobierno nacional y hacia adentro no enfrenta los intereses del gobierno nacional que están en el enclave provincial. Intentó en el primer semestre disciplinarnos con los descuentos y nosotros por eso fuimos a la huelga por tiempo indeterminado, con dos condiciones: resolver el problema de los salarios y que nos devuelvan hasta el último peso que nos descontaron.

Las condiciones están dadas para para una rebelión docente en defensa del salario, las condiciones laborales, y por el desendeudamiento. Las condiciones objetivas de vida de todos nosotros están destrozadas. Si esperamos como algunas organizaciones recuperar CTERA o denunciar a la burocracia, no va a pasar. No le podés exigir a CTERA que haga lo que no va a hacer. Nosotros le hemos planteado a todas las corrientes del FITU: no coincidimos porque ellos piensan que primero hay que recuperar CTERA. El semestre pasado llamamos a paros nacionales, entonces nos criticaban, decían “pero ustedes no están en todas las provincias”. Hay que llamar a paro nacional para construirlo, porque ahí es donde cambian las relaciones de fuerza.

26 de agosto de 2026
Bahía Blanca: funcionarios y exfuncionarios fomentan delaciones contra docentes de las escuelas preuniversitarias de la Universidad Nacional del Sur
Manuel Martín Rodríguez · Agustina Vaccaroni

En el marco del conflicto universitario, en Bahía Blanca, un grupo reducido de padres de estudiantes de las escuelas preuniversitarias de la Universidad Nacional del Sur efectuó una exigencia escrita para obtener información sobre las asistencias e inasistencias docentes. Reclamaron a la dirección del Consejo de Enseñanza Media y Superior, que reúne a las autoridades de las escuelas, para que informe el registro de la inasistencia, el procedimiento administrativo que se siguió ante dicha inasistencia y las consecuencias para el docente que faltó, fuera ejerciendo su derecho a huelga o por licencias reglamentarias contenidas en el Convenio Colectivo de los docentes universitarios y preuniversitarios de la UNS. Exigen esta información bajo la Ley de Acceso a la Información Pública. El impulsor de la nota de reclamo es Leonardo Valente, docente del Departamento de Economía de la UNS, empresario y exfuncionario del anterior intendente, Héctor Gay, del PRO. Las firmas que acompañan son cerca de cuarenta nombres, un número irrisorio si consideramos que las cinco escuelas preuniversitarias contaron con más de 2.400 alumnos en 2025.

Este grupo ha accedido a información sensible de los docentes mediante la creación de una App. Allí, cualquier persona puede acceder e “informar”, más bien delatar, la actividad de los profesores. Esta actividad de espionaje llega luego de que las autoridades del rectorado dejaran pasar varias afrentas en lo que va del año. La situación de mayor gravedad se desenvolvió en el marco de la discusión por el paro por tiempo indeterminado. En ese contexto, se realizó una denuncia penal a la directora del Consejo de Escuelas por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esa denuncia se hizo pública en los medios de comunicación, divulgándose nombres y DNI de muchos docentes provistos por el propio rectorado. El rectorado hizo un guiño a estos padres descontentos con los paros cuando, a fines del cuatrimestre, anunció que extendería el ciclo lectivo hasta fines de diciembre en las escuelas preuniversitarias.

El martes posterior al conocimiento de la nota de reclamo de este grupo de padres, una muy nutrida asamblea de ADUNS rechazó el ataque. Las autoridades de las diferentes escuelas preuniversitarias han acordado, a diferencia del rectorado, en no proveer ninguna información a particulares que no tienen incumbencia en la regulación de la tarea docente. Posteriormente a la asamblea, se concentró en la sede del rectorado demandando una reunión y se hizo un semaforazo. En la asamblea la decepción de los docentes fue manifiesta, al indicar que se sentían desamparados y que se preguntaban qué haría el rectorado al respecto. La respuesta de las autoridades ha sido nula: la vicerrectora mantuvo una reunión con los docentes presentes en la concentración de rectorado y no emitió ningún repudio ante la situación. No es nada sorprendente, luego de que fuera ella misma quien solicitó instrucciones a la delegación local del Ministerio de Trabajo para mejor aplicar la Ley de Modernización en la UNS. Luego de una campaña contra el paro y la necesidad de volver a las aulas, el rectorado de la UNS suscribió el acta acuerdo del 10 de junio entregando, junto a las burocracias sindicales, el reclamo por los salarios y el presupuesto, según la Ley de Financiamiento Universitario.

El desenvolvimiento de este mecanismo de vigilancia y delación se produce cuando el propio Milei ha tildado de terroristas a docentes y estudiantes que ejercen su derecho a huelga en una situación económica desesperante. La injerencia de las familias en la contratación, la permanencia y el despido de docentes, así como sobre el diseño curricular dictado en las aulas, está inserta en la Ley de Libertad Educativa que aún no logró tratamiento parlamentario, pero que no fue retirada del recinto y por la cual se desliga al Estado de su rol como garante de la educación.

Es más urgente que nunca una respuesta contundente al ataque a la docencia y la educación pública de todos los niveles. A poco de terminar la semana de paro votado por la CONADU Histórica, no hay noticias de la continuidad de la medida ni de instancias que puedan discutirla. El camino es el de la docencia de Tierra del Fuego, no el de las burocracias que acuerdan con el Gobierno y la patronal.

26 de agosto de 2026
Tierra del Fuego: cuarta semana de huelga docente

La huelga docente indefinida lanzada desde el 3 de agosto por el sindicato docente SUTEF continúa firme, con el desarrollo de una nueva marcha provincial en Ushuaia el martes 25 de agosto hacia la Legislatura Provincial y luego a Casa de Gobierno, en donde tendrá lugar una nueva mesa paritaria salarial.

La lucha de la docencia fueguina se inscribe en otras tantas de la docencia que ha desarrollado durante todo el año, como las rebeliones autoconvocadas en Catamarca y Santa Fe, las huelgas en Santa Cruz y las huelgas provinciales parciales en Buenos Aires. El epicentro es la cuestión salarial, pero en esta lucha también está en debate el conjunto del presupuesto educativo, su financiamiento, el cuadro de endeudamiento asfixiante de los docentes con los bancos, billeteras digitales y hasta el derecho mismo a la huelga. La huelga tiene lugar en desacato completo a la llamada “esencialidad educativa” contenida en la contrarreforma laboral de Milei y votada por el Congreso Nacional, que ya había fracasado nacionalmente el pasado 3 de agosto cuando la CTERA convocó a un paro nacional.

Lo que caracteriza a esta lucha indudablemente es el carácter indefinido del paro, convocado por el sindicato docente SUTEF, luego de un primer semestre en el cual el gobernador provincial Gustavo Melella otorgara “aumentos” salariales exclusivamente por decreto, a pesar de la oposición del SUTEF, y aplicara importantes descuentos como represalia ante paros docentes. La huelga hasta el momento ha arrancado respuestas y nuevas ofertas, antes evitadas por el Gobierno.

Horacio Catena, secretario general del SUTEF, afirmó en un reciente diálogo en el programa “La Hora de los Trabajadores” que la huelga había tenido una larga preparación, precedida de discusiones con otros sindicatos en la provincia -como la UOM de Rio Grande-, sobre la necesidad de lanzar una huelga general provincial ante los despidos y la crisis salarial. Durante la huelga indefinida se vienen convocando congresos de delegados, asambleas y se ha instalado un acampe permanente en la Casa de Gobierno, en Ushuaia, donde se llevan adelante debates, ollas populares, recitales, peñas, proyección de películas, talleres culturales, entre otras actividades. Han fracasado todos los intentos de La Libertad Avanza para promover movilizaciones contra la docencia. En este punto, los mileístas de Tierra del Fuego actúan de sostén de apoyo a gobiernos autopretendidos “populares”, como el de Melella, contra la docencia y sus reivindicaciones.

SUTEF ha decidido no participar de las próximas elecciones de la CTERA, una central que ha abandonado por completo la huelga docente fueguina. SUTEF impulsa un “Frente Nacional Democrático por la Educación Pública” (Frendep) con otros sindicatos docentes y movimientos autoconvocados, que han convocado a huelgas con el objetivo de nacionalizar el reclamo en defensa de la educación pública y exigir un salario mínimo, vital y móvil, hoy establecido en $3.000.352.

Las respuestas del gobierno y perspectivas

En una de las últimas reuniones paritarias, el gobierno provincial ofreció aumentos salariales a partir de agosto hasta noviembre que llevarían el salario del tiempo simple de una maestra a $1.294.000 en ese mes, más un aumento de $44.000 en el FOID (Fondo Provincial de Compensación Salarial), que no alcanza a los jubilados. El total de aumento acumulado sería entonces de $59.000. Esto, junto con un cronograma de devolución por los descuentos con motivo de los paros realizados. La oferta ha sido rechazada por SUTEF, calificada como una “falta de respeto”. El SUTEF reclama que los aumentos se incorporen directamente al salario básico y que la paritaria salarial alcance hasta febrero de 2027.

A pesar del fenomenal aislamiento de esta huelga que ha hecho el conjunto de la burocracia sindical docente, con CTERA a la cabeza, la huelga de la docencia fueguina se abre paso y continúa. Promovemos manifestaciones activas en apoyo a esta huelga en la perspectiva de construir una rebelión nacional docente, organizada en forma independiente de todos los gobiernos y la burocracia sindical, para conquistar un salario mínimo docente igual al costo de la canasta familiar, todo al básico, la defensa del régimen previsional docente y un aumento inmediato del conjunto del presupuesto educativo.

26 de agosto de 2026
Catamarca: imputan a Bruno Corzo, referente del movimiento autoconvocado docente, por participar de una protesta

El Juzgado Federal N° 1 de Catamarca, a través de la Policía Federal, notificó al docente Bruno Corzo, uno de los principales referentes del movimiento de docentes autoconvocados, para presentarse el próximo miércoles 26 de agosto en sede judicial, en carácter de imputado en una causa caratulada “s/ entorpecimiento de servicios públicos (art. 194)”. La causa se habría iniciado a partir de actuaciones de oficio de la Fiscalía y estaría vinculada con una jornada de protesta de alcance provincial realizada por docentes autoconvocados durante el mes de marzo, en el marco de una lucha por aumento salarial, estabilidad laboral y mayor presupuesto para la educación pública. La cédula de notificación no precisa con claridad los términos de la imputación ni los hechos que se le atribuyen a Bruno, pero todo indica que se pretende individualizar y judicializar su participación en las movilizaciones de aquel período. Además de docente, Bruno Corzo es dirigente de Política Obrera en la provincia y fue candidato a diputado provincial en las últimas elecciones.

El expediente estaría relacionado con una actividad desarrollada el sábado 7 de marzo por la tarde, cuando la docencia autoconvocada realizó una jornada de visibilización sobre la Ruta Nacional 38. Con carteles, redoblantes y altavoces, los trabajadores hicieron visible ante vecinos y automovilistas el conflicto salarial y la situación de la educación pública. La protesta fue presenciada por efectivos de Gendarmería y personal policial de la Provincia, quienes se limitaron a consultar sobre la modalidad de la actividad y hasta colaboraron con el ordenamiento del tránsito. No hubo, durante la jornada, advertencias o intimación vinculadas con la comisión de un eventual delito ni tampoco órdenes de desalojo.

La utilización posterior de una jornada pública de protesta como fundamento para una imputación federal constituye, por lo tanto, un acto de persecución política de un alcance mayor, pues detrás de esta acción judicial se apunta a intimidar a todo el movimiento autoconvocado que, en las diversas localidades donde está constituido, realiza movilizaciones y concentraciones callejeras.

Durante marzo, la docencia autoconvocada protagonizó una intensa movilización en toda la provincia, en medio de las negociaciones paritarias entre el gobierno de Raúl Jalil y la burocracia sindical de ATECA y la Intersindical. Las movilizaciones en plazas y rutas expresaron el rechazo de los trabajadores a un esquema salarial que terminó adaptándose a la política de ajuste y recorte presupuestario oficial. En paralelo, el gobierno provincial amenazó con descuentos, que luego efectivamente aplicó, y con la apertura de sumarios contra docentes que participaron del paro nacional del 2 de marzo, en ejercicio del derecho a huelga frente a la conciliación obligatoria, donde el Estado provincial pretende erigirse en juez y parte. La judicialización de una protesta de esas características aparece como una extensión de la política de disciplinamiento desplegada contra los trabajadores de la educación, la salud y estatales que se movilizaron en esas jornadas.

La imputación contra Bruno Corzo adquiere, además, una dimensión política particular porque se produce después de otras medidas de regimentación contra docentes que participaron de la organización de una oposición a la burocracia sindical de ATECa, sindicato de base de CTERA. Junto a otros trabajadores, Bruno Corzo integró la lista Magenta-Verde en calidad de candidato a Secretario General de la misma, para disputar la conducción del sindicato. Finalmente fue proscripta por la burocracia. La expulsión ilegal del sindicato y ahora la intervención del aparato judicial configuran, en conjunto, un cuadro de persecución que busca individualizar en un trabajador un ataque dirigido contra el conjunto de la docencia y los trabajadores.

La pretensión de perseguir mediante la Justicia Federal un conflicto que nació de una lucha gremial y salarial constituye un agravamiento de la represión y de la regimentación estatal sobre el derecho a huelga y a la protesta. Frente a este avance, corresponde impulsar una campaña con el reclamo de sobreseimiento del docente Bruno Corzo y el inmediato archivo de la causa, junto con el pleno respeto al derecho de los trabajadores a organizarse, protestar y movilizarse por sus reclamaciones.

26 de agosto de 2026
La FIFA, el arma futbolística del imperialismo

Los tribunales de disciplina de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) han emitido las sanciones correspondientes por diversos eventos y circunstancias desarrolladas a lo largo del último campeonato mundial. En dicha lista han resaltado las sanciones aplicadas contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y los integrantes del equipo argentino Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y el asistente del cuerpo técnico, Roberto Ayala. La prensa internacional, fundamentalmente la europea, saludó la medida contra los jugadores de Argentina.

Las sanciones han tenido un fuerte objetivo disciplinario. Paredes recibió la histórica sanción de 10 partidos de suspensión, seguido por Molina con 7 encuentros. Por su parte, Ayala fue suspendido por 3 partidos y Almada, por un encuentro. Sancionan la pelea al finalizar el partido de la final del Mundial ante España. En el conjunto europeo, sólo Gavi recibió una sanción -un partido de suspensión y una multa de 30.000 dólares-. En el conjunto nacional, los jugadores recibieron, además de estas duras sanciones deportivas, multas económicas de 30.000 y 90.000 dólares. Los motivos de las sanciones contra la AFA incluyeron la famosa bandera por Malvinas y distintos “actos de discriminación, retrasos y/o lanzamientos de proyectiles” por parte de la hinchada en todos los partidos de la fase final. En total, la AFA deberá destinar 260.000 dólares en programas concretos de lucha contra la discriminación, así como cumplir con un partido de disminución del aforo al 50 % del estadio y mostrar carteles y publicidad contra la discriminación en los próximos encuentros.

La AFA ha determinado una línea de acción judicial para morigerar las sanciones contra Ayala y todos los jugadores, con excepción de Almada, por deber cumplir un único partido. La estrategia apunta a dejar limpio el historial de los jugadores antes de la Copa América 2028.

Las duras sanciones contra los jugadores de Argentina contrastan con la actitud de la FIFA en otros eventos desarrollados durante el Mundial. Por comenzar, el trato recibido por la selección de Irán, que fue impugnada para alojarse en territorio estadounidense, pero obligada a disputar sus tres partidos de fase de grupos en dicho país, haciendo base en Tijuana (México), y obligada a retornar a dicha ciudad apenas finalizado los encuentros, llegando a recorrer miles de kilómetros en horas de la madrugada.

Otro caso resonante fue la intervención directa de Donald Trump para retirar la expulsión al delantero estadounidense Florian Balogun (expulsado en 16-avos de final contra Bosnia), tras comunicarse directamente por teléfono con Gianni Infantino, presidente de la FIFA. El caso fue aberrante, al punto de que el propio Trump reconoció desconocer qué significa una tarjeta roja y las reglas del fútbol en general.

La celebración de la prensa internacional por las sanciones contra los “patoteros argentinos” mostró el contenido político de las sanciones aplicadas por la FIFA. Leandro Paredes fue uno de los jugadores que defendió con mayor ahínco el despliegue de la bandera de reclamo de soberanía de las Islas Malvinas, tanto dentro como fuera de la cancha. Tras la victoria contra Inglaterra, sujetó la bandera en conjunto con Giovanni Lo Celso y tras el partido, al ser consultado por la prensa por aquel gesto, declaró: “y serán siempre argentinas”.

Dos periódicos británicos -The Sun, Daily Mirror- hicieron hincapié en los “mensajes de odio y racismo” contra Inglaterra al desplegar la “repugnante bandera”. Al mismo tiempo, señalan a Paredes como “el más salvaje” de los jugadores argentinos. La pelea entre algunos jugadores del equipo local y el seleccionado español no tuvo gran consideración por fuera de la prensa española, siendo los únicos hechos verdaderamente reprochables a los argentinos.

La FIFA ha demostrado un accionar sumamente arbitrario en esta instancia, puesto que ha elegido sancionar duramente al equipo derrotado en la final. La federación española se ha visto libre de toda culpa o cargo, mientras que los sancionados se redujeron al único jugador que fue captado en las cámaras de la transmisión a trompazo limpio con los jugadores argentinos. Como la prensa europea a la hora de la derrota, la FIFA elige hacer leña del árbol caído.

26 de agosto de 2026
Una ‘bronca’ sin contenido, ‘convocada’ por Myriam Bregman

El pasado sábado 22, un plenario virtual ratificó la convocatoria para dentro de un mes -el 19 de septiembre-, a una marcha que un plenario anterior (coordinado por Guillermo Pacagnini, del MST, y Raúl Godoy, del PTS) denominó “de la bronca”. El aparato del PO e Izquierda Socialista, ambos del FIT-U, participaron en calidad de asistentes. En Bariloche, ambos bloques participarán enfrentados en una elección constituyente municipal. La asistencia cobijó a todas las organizaciones “morenistas” (por Nahuel Moreno) presentes o laterales, que hacen rancho aparte del FIT-U, en una suerte de exalumnos de una misma escuela. Según afirmaron los convocantes, naturalmente, “el espacio demostró una gran amplitud”, lo cual no significa que haya estado presente la dirección del SUTNA.

La convocatoria de “la bronca” sigue un hilo de continuidad con la campaña de “la patria no se vende”, desatada a partir de la victoria de la Selección contra Inglaterra. El programa del PTS, para respaldar la candidatura de Myriam Bregman, tiene como eje “la superación de la decadencia nacional”. Para un partido que no saluda la bandera ni canta el himno, este giro es toda una ‘proeza’. En los estatutos presentados ante la Junta Electoral, en 1972, por parte del PST, la infracción a los símbolos nacionales se castigaba con la expulsión. Estas puntualizaciones obedecen a mantener medianamente informada a la nueva generación de militantes.

“La bronca” que preside la marcha es todo lo que se aprobó en el plenario en cuanto a un programa, cuya presentación ha quedado para más adelante. Es clara la intención de evitar que la manifestación no exprese una delimitación clasista ni socialista, o sea, que es policlasista. Centrada en la persona de Myriam Bregman la marcha no tiene contornos de clase, de modo que opera como una acción electoral o preelectoral. Se trata entonces de una “bronca” atemperada o domesticada, y una operación indiscriminada de ‘atrapavotos’. Sobre esto sólo se podrá avanzar más cuando se conozcan las reivindicaciones de la marcha. Los asistentes al plenario que ha convocado a la marcha han firmado un cheque en blanco.

El comunicado de la convocatoria plantea “ir por más” después de la movilización “que obligó al gobierno de Milei a retroceder en la entrega de tierras a capitales extranjeros y en la derogación de la Ley de Fuego”. Pero hasta el día de la marcha están previstos varios proyectos de leyes que superan a la de “la inviolabilidad de la propiedad privada”. La marcha no acompaña el ritmo de la crisis ni de las ofensivas liberticidas. Tenemos el caso del Banco Central, donde se plantea que el directorio actual continúe en forma vitalicia, más allá de las elecciones del año que viene. O la ley de sociedades. O, por supuesto, la venta de la cartera de deudores insolventes para que la cobren operadores mafiosos. La entrega de tierras ha fracasado como negocio inmobiliario, pero no como negocio capitalista –por medio de la compra, por ejemplo, de las acciones de una empresa establecida, que se convierte en usufructuaria de una concesión estatal por cincuenta años-. La conversión del FIT-U al nacionalismo es una patraña atrapavotos (kirchneristas o directamente patronales). Los lazos del capital nacional con el extranjero y dueño mayoritario de la deuda pública convierten a cualquier compra inmobiliaria ‘nacional y popular’ en un negociado capitalista contra los trabajadores.

La convocatoria de la marcha de la bronca propone “juntar todas las demandas y toda la bronca en una gran jornada de lucha en el camino (sic) de derrotar a Milei y todo su plan”. Pero las demandas de la burguesía afectada por la crisis no son las de los trabajadores: son opuestas a la fuerza de trabajo. En palabras del MST, se plantea “un programa de reivindicaciones multisectorial” (MULTISECTORIAL). En ese camino, el PTS destaca el importante lugar que tuvo el planteo de “la defensa de los bienes comunes” en los plenarios preparatorios; es decir, la orientación pseudoambientalista con que se embandera la corriente de Bregman por conciliar la protección de la naturaleza con el capital. Es una campaña publicitaria a favor de los monopolios de las ‘tecnologías limpias’.

Las reuniones de convocatoria constituyeron, por otro lado, nuevos episodios de la crisis que atraviesa el FIT-U. La política derrotista de todo el FIT-U en FATE ha sido reducida a un episodio de provocación de miembros de la seccional San Fernando (que POLÍTICA OBRERA REPUDIÓ ANTES QUE NADIE). El comunicado de convocatoria lleva la sola firma de Myriam Bregman. El aparato del PO ha reclamado que la convocatoria se realice en nombre del FIT-U “como tal”, lo que no ha ocurrido.

26 de agosto de 2026
Santa Fe: media sanción a una reforma antidemocrática de la ley electoral

El pasado jueves, la Legislatura de la provincia de Santa Fe otorgó media sanción a una reforma electoral que deroga la normativa previa sobre campañas y funcionamiento y organización de los partidos políticos y de la propia Secretaria Electoral. Era una obligación contraída durante la asamblea constituyente de 2025, que reformó la carta magna provincial bajo la impronta de “actualizar y modernizar” al Estado santafesino, según su impulsor, el gobernador Maximiliano Pullaro. Los cambios aprobados implicaron la incorporación de institutos del estado de excepción, entre otras posturas reaccionarias y represivas.

Con el aval de radicales, socialistas, sectores ´provida´ libertarios y del justicialismo, la norma procede a una reconfiguración del sistema electoral provincial. Inclusive, deja sin efecto al Tribunal Electoral y delega la toma de decisiones jurisdiccionales en cabeza de un juez competente del fuero Contencioso Administrativo. Esto ha sido una manera de evitar que la Corte Suprema asuma este tipo de responsabilidades.

En concreto, la reforma habilitaría que el candidato a gobernador pueda estar en más de una lista interna con distinto vicegobernador. Pullaro podría encabezar hasta tres veces la boleta con fórmulas distintas. Fuentes entienden que esto obedece a una disputa interna en el frente oficialista del Partido Socialista, el PRO y referentes del evangelismo. La lucha “por el segundo lugar” detrás de Pullaro se dirime de esta manera. Según el texto, los votos de las colectoras no se sumarían entre sí, que de lo contrario remontaría a la ley de lemas derogada hace un par de décadas. Sobre este punto, se han difundido críticas a su inconstitucionalidad porque la constitución reformada impide este esquema.

Estos cambios abarcan hasta el diseño de la boleta. En Santa Fe, desde 2011, rige el sistema de boleta única, con los candidatos separados por cada categoría a elegir. Con la nueva ley, habría una distinta para las PASO y para las elecciones generales. En esta última se permitiría lo que se buscaba evitar con este modelo, que es justamente el efecto arrastre, volviendo a permitir el voto por la lista completa o lista “sábana”. En los hechos, todo conduce a una nueva concentración en cabeza de una figura: el gobernador.

Si lo mencionado fuese poco, se pretende elevar el piso para acceder a escaños al umbral del 3 % al 4 % del padrón. Hoy en día serían más de 150.000 votos los necesarios para entrar en el reparto. Es decir, en la elección general, el partido debe haber alcanzado dicho número tanto para consagrar diputados como concejales. Hasta el día de hoy, el piso rige todavía por un decreto ley de la dictadura que ninguno de los gobiernos (y las legislaturas que fueron sucediéndose mandato tras mandato) derogó, aun con la plena consciencia de que es legislación de un gobierno de facto.

Pero esto aplica siempre y cuando se supere la elección primaria y obligatoria, donde sugerentemente el piso proscriptivo se redujo de 1,5 % del padrón de la categoría al 1 %. Todos los partidos patronales son conscientes de que la vaca no está atada. En las últimas elecciones, en Santa Fe votó solamente el 49 % del padrón habilitado. El abstencionismo es una expresión política que se mira con mucha atención. Otro artículo expresa que, si el candidato a gobernador o intendente supera este porcentaje, automáticamente las listas de diputados y concejales pasan al comicio general, aunque estén por debajo del mínimo.

Siguiendo la cuestión prescriptiva, aparece solapadamente la "ficha limpia" cuando trata las inhabilidades para ser candidato. Aquel que fuese condenado por delitos dolosos no podrá ser candidato hasta luego de 10 años de que la sentencia haya sido revisada. Además del larguísimo plazo mencionado, lo cierto es que quedan instancias pendientes que impiden la firmeza de una condena.

En definitiva, nuevamente estamos frente a otra afrenta reaccionaria del régimen político. Rechazamos toda esta iniciativa antidemocrática, los ´pisos electorales´ y toda manipulación antidemocrática y proscriptiva.

26 de agosto de 2026
Enfrentemos un ajuste histórico contra las Universidades

El viernes 21, el juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, convocó a una reunión de conciliación entre el Gobierno y los rectores. La instancia de «diálogo» fue solicitada unilateralmente por la UBA, con el argumento de ampliar la discusión hacia aspectos que no quedaron comprendidos en la cautelar que dejó firme el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, relacionados con los hospitales universitarios, los gastos de funcionamiento y las partidas destinadas a Ciencia y Técnica.

La UBA, con Emiliano Yacobitti a la cabeza, ya había avanzado en conversaciones con el Gobierno durante el receso, con el propósito de alcanzar algún acuerdo que le permitiera mejorar sus recursos internos. Sin embargo, pese a las especulaciones de los rectores, el Gobierno no ofreció nada.

Milei no se moverá un milímetro de su política, y pretende incorporar cambios mediante el proyecto de ley de Financiamiento Universitario en el Presupuesto 2027, el 15 de septiembre próximo. Busca, demás, modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Todo el arco sindical se encuentra comprometido con el Gobierno tras el acta del 10 de junio por el 21 por ciento. Por eso, defiende el esquema de paros aislados, incluso de menor duración que los realizados durante la primera parte del año. CONADU Histórica llevó adelante una semana completa de paro, pero hasta ahora no hay ni un balance ni perspectiva de continuidad. Todas las federaciones esperan hasta la paritaria del 1º de septiembre, que consolidará la pérdida salarial no sólo del 2024, sino también de los meses desde junio a septiembre.

Organicemos la lucha

La oferta del 21 % entregada a fines del cuatrimestre pasado ha dada paso a un pacto entre Gobierno, rectores y sindicatos para contener y detener una presión huelguística. Los paros semanales con alto acatamiento y, especialmente, la huelga indefinida de la Facultad de Exactas de la UBA, ofrecieron una perspectiva opuesta a la política de las burocracias que apuestan a mesas de diálogo.

El gobierno de Milei ha confiscado un tercio del salario de los docentes universitarios; el reclamo mínimo de un aumento del 30 % en el marco de la LFU es la pelea inmediata. Estamos a las puertas de la consolidación de un recorte histórico a la universidad, que sentará las bases para la privatización de las carreras de grado, ya sea por el emergente de las universidades privadas con mejores salarios, o por el arancelamiento a una porción del estudiantado, en principio.

En esta nueva etapa del conflicto universitario, el curso de la lucha estará determinado, en gran medida, por la capacidad de las bases para superar las trabas burocráticas y avanzar hacia un proceso de movilización más firme y decidido. En este sentido, será fundamental impulsar asambleas en todas las universidades, que permitan debatir colectivamente cómo profundizar las medidas de fuerza y realizar una caracterización del escenario actual, sus desafíos y las perspectivas para el movimiento universitario.

26 de agosto de 2026
Drones que designan su objetivo sin control humano

El enfrentamiento con drones en Ucrania se ha transformado en una carrera armamentística centrada en la inteligencia artificial. Ambos bandos se afanan por desplegar sistemas dotados de IA capaces de resistir las interferencias de radio -lo que anula la eficacia de los inhibidores de protección- y de localizar y atacar objetivos de forma autónoma. Esta carrera está impulsada por el hardware de NVIDIA, la mayor empresa de producción de semiconductores. Aunque las sanciones deberían bloquear el acceso de Rusia a estos componentes, chips de la compañía estadounidense han aparecido como piezas clave en los drones rusos más recientes. Varios modelos distintos que incorporan tecnología de NVIDIA ya han entrado en servicio.

El descubrimiento de módulos NVIDIA Jetson Orin en drones rusos autónomos, que atacaron la ciudad de Zaporiyia, marca un salto cualitativo en el uso de inteligencia artificial en el campo de batalla: por primera vez se documenta un sistema que decide el ataque final sin intervención humana y que causa muertes civiles.

¿Qué se encontró exactamente?

En julio de 2026, un dron de ataque ruso tipo Molniya, un proyectil de ala fija, de producción masiva y relativamente barato, impactó cerca de una gasolinera en Zaporiyia, matando a tres civiles. Al analizar los restos los investigadores ucranianos hallaron minicomputadoras NVIDIA Jetson Orin. Lo principal es que no había antenas de radio de control. El módulo no estaba cifrado, por lo que pudieron leer el código: imágenes de terreno para navegación y un clasificador entrenado para reconocer objetivos, como tanques de propano. El Jetson Orin es un módulo comercial de “edge computing” (computación en el borde), pensado para robótica civil y visión artificial. Cuesta unos cientos de dólares, incluye núcleos capaces de ejecutar “redes neuronales” en tiempo real, que analizan cada fotograma capturado por la cámara del dron y no requiere conexión a la nube. NVIDIA afirma que es un producto de consumo, no diseñado para uso militar, y que no lo vende oficialmente en Rusia desde 2022. Llega a través de revendedores y cadenas grises. Según oficiales ucranianos y el reporte del New York Times, Rusia probó estos sistemas entre mayo y julio. El dron se dirigía hacia la zona y, una vez cerca, el software elegía el blanco final sin confirmación de un piloto humano.

Implicancias

Anteriormente la IA se usaba sobre todo en la “última milla”, cientos de metros finales, para seguir un objetivo ya designado por un operador y resistir la interferencia electrónica. En este caso la decisión de atacar quedó integralmente en manos del algoritmo.

Se trata de un ejemplo clásico de tecnología de doble uso: lo mismo que mueve un robot de entrega o un dron de inspección industrial se adapta a un arma. Este artificio pronostica una escalada sin precedentes ya que permite operaciones en entornos con fuerte guerra electrónica, reduce la carga de operadores y facilita ataques de enjambre.

Ucrania también experimenta con autonomía. Mykhailo Fedorov, destituido como ministro de Defensa de Ucrania, declaró al Times a finales de julio que Ucrania utilizó un sistema de inteligencia artificial totalmente autónomo contra depósitos de combustible y equipos militares en Crimea durante varios meses.

Lo que diferencia este caso, en primer lugar, es el nivel de autonomía alcanzado, con decisión de ataque completamente delegada al software, y las primeras muertes civiles documentadas atribuibles a este tipo de sistema. Si tenemos en cuenta que esto se llevó a cabo por medio de un dron barato y de alto volumen, en vez de un misil sofisticado, el círculo se cierra.

Pone de relieve tanto el fracaso parcial de las sanciones sobre componentes de doble uso como el avance acelerado de la guerra autónoma.

En la agresión iniciada por EE. UU. e Israel contra Irán se emplearon herramientas de IA para generar y priorizar miles de objetivos a gran velocidad, reduciendo tiempos de revisión humana. A esta circunstancia se atribuye el bombardeo del 28 de febrero contra una escuela primaria en el sur del país, que dejó como saldo 165 personas muertas, la mayoría niñas y niños.

Investigaciones periodísticas basadas en testimonios de oficiales de inteligencia israelíes y coberturas posteriores de medios como The New York Times, The Guardian, Washington Post y Human Rights Watch, confirman que Israel utiliza ampliamente sistemas de IA para procesar datos de vigilancia, identificar y recomendar “objetivos estructurales”: edificios, posibles puestos de mando, depósitos o residencias asociadas a miembros de Hamas o Yihad Islámica Palestina, lo que le permitió generar cientos de objetivos potenciales por día (frente a decenas al año con métodos tradicionales). Las FDI han reconocido públicamente el uso de herramientas de este tipo para acelerar la generación de “bancos de objetivos”.

Organizaciones de derechos humanos, expertos en derecho internacional y medios argumentan que la velocidad de generación de objetivos, combinada con umbrales de “daño colateral” más permisivos, contribuyó a un alto número de víctimas civiles y diluye la responsabilidad humana. Se habla de “fábrica de asesinatos masivos” o de automatización del daño civil.

Guerra europea

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que el Reino Unido participa de forma directa en el conflicto ucraniano, que busca prolongar. La declaración llegó tras el anuncio de Londres de compartir información técnica clasificada con Kiev para fabricar misiles de crucero de largo alcance en territorio ucraniano. El gobierno británico autorizó al fabricante MBDA a revelar datos sobre componentes británicos del misil SCALP, versión francesa del Storm Shadow. Estos proyectiles lanzados desde el aire, de tecnología compartida franco-británica, superan los 250 kilómetros de alcance. Downing Street y el novel primer ministro Andy Burnham confirmaron la medida el lunes, durante la visita de este último a Kiev. Según Londres, la decisión permitirá a franceses y ucranianos avanzar en el ensamblaje local del misil.

Peskov respondió que Gran Bretaña “participa en esta guerra del lado del régimen de Kiev” y “echa leña al fuego de manera metódica”. Moscú responsabiliza a Londres y a otros proveedores de los ataques de largo alcance que, asegura, han afectado a civiles.

“Según el Sunday Times, drones fabricados por BAE Systems y otra empresa británica no identificada se han utilizado para atacar objetivos en Rusia durante los últimos seis meses, incluyendo dos refinerías de petróleo” cita RT (24/8).

La embajada rusa en Londres calificó al Reino Unido de “cómplice” de crímenes y advirtió de un “precio” creciente por su apoyo. El ministro Serguéi Lavrov reiteró que la participación británica en ataques con misiles se considerará entrada en la guerra, con todas sus consecuencias.

El perfeccionamiento de la tecnología para delegar en algoritmos la decisión de matar civiles reúne a todos los bandos beligerantes. Hay una escalada armamentista al servicio de un nuevo reparto del mundo entre potencias decadentes, pagada con la sangre de trabajadores ucranianos, iraníes, palestinos y rusos. La única respuesta consecuente es la de oponerse a la guerra imperialista, y combatir al sistema capitalista que, para preservar su dominio, convierte todo progreso técnico en una fábrica de cadáveres.

26 de agosto de 2026
Cómo Milei construye un Estado terrorista

En días recientes, el procurador Eduardo Casal, jefe de fiscales interino ¡desde hace 9 años!, envió una guía a los fiscales para “investigar” supuestos “incidentes terroristas previos a un ataque”. La superchería, ‘investigar’ un ataque inminente, convierte a los fiscales en espías y en policías, cuando su tarea es ejercer la acusación en casos de delitos cometidos.

De este modo, la “inteligencia” contra las organizaciones obreras o de luchadores pasaría a ser ejercida desde el corazón mismo del aparato de justicia.

Casal no habría podido proceder a semejante atropello sin la orden o el acuerdo del Ministerio de Justicia y la presidencia de la Nación. Milei se ha dado a si mismo facultades para autorizar el ingreso de tropas extranjeras destinadas a enfrentar al ‘terrorismo’, al poner en vigencia el Estatuto de las Américas sin acuerdo del Congreso nacional.

La construcción de un Estado terrorista y fascista queda ilustrada en el caso Fernando Cerimedo, un asesor de Milei, partícipe del golpe de Estado de Bolsonaro y ahora también asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz, que acaba de perpetrar una tentativa de homicidio con sicarios en el país del altiplano, contra su propia pareja. The Economist ha caratulado a Cerimedo como “El hombre de MAGA (o sea, de Trump) en Latinoamérica”.

Milei posteó en defensa de Cerimedo, atribuyendo el acto criminal de su asesor a un “autoatentado”.

Poco después, el propio Milei dedicó ocho horas de su jornada a postear insultos contra periodistas y opositores. La violencia política verbal ha sido siempre la antesala de la violencia estatal y paraestatal, y una señal inconfundible de fascismo. Ha sido una ‘tipología’ propia de Hitler y Mussolini.

Milei apoya el genocidio en Gaza y habla de “exterminar” a la izquierda.

Con la “guía’ emitida por Casal, la población políticamente activa ha quedado encuadrada en presunto sujeto de delito.

El Estado, a través de los fiscales federales, se habilita a sí mismo a conspirar contra la ciudadanía: investigar, vigilar y clasificar por riesgo a personas y organizaciones por motivo de lo que dicen, publican o creen.

El manual de Casal se inscribe a sí mismo en la Estrategia Global de Naciones Unidas contra el Terrorismo y en la batería de resoluciones del Consejo de Seguridad posteriores al 11 de septiembre de 2001. Fue la justificación para tres guerras inmotivadas – Irak, Afganistán y la Franja de Gaza-. Pero ahora la ONU se desdice, y la Corte Penal Internacional acusa a Netanyahu y a Putin como autores de crímenes de lesa humanidad.

En ese contexto, una "guía" que habilita a fiscales a investigar publicaciones, "amenazas difundidas en entornos digitales" y procesos de "polarización social", no es un instrumento neutral contra el "yihadismo internacional": es una pieza estratégica del Estado policial, porque da vuelta todo el sistema penal derivado de la Constitución nacional.

Cuando todos los demócratas "que supimos conseguir" callan y encubren la construcción de un Estado totalitario, la clase obrera debe tomar en sus manos la lucha por las libertades públicas y de su propia organización (Milei ha prohibido la organización sindical de los trabajadores de las app), y el desmantelamiento del Estado policial. O sea, la lucha contra el fascismo.

26 de agosto de 2026
Caputo parió un ratón (el queso lo ponen los jubilados)

Después de las “expectativas” creadas por el propio Luis Caputo en relación a medidas reactivadoras, el ministro sólo anunció un incierto plan de créditos hipotecarios, financiado con el dinero que el Fondo de Garantia del Anses tiene actualmente colocado en los bancos a Plazo Fijo. El “plan” consiste en obligar al Fondo de los jubilados a alargar el plazo de esas colocaciones, para que se “calcen” con los plazos de los préstamos hipotecarios de los bancos.

Para esa operación el Fondo del Anses recibirá una tasa del 4,5 % real, pero los bancos podrán prestar a los deudores hipotecarios a casi el doble (7,5 %). Caputo, de este modo, le ha regalado a los bancos un negocio jugoso, por la mera intermediación entre el Anses y los futuros deudores.

En cualquier caso, esta operación parasitaria representará unos 1.300 millones de dólares, el 0,3 % del producto bruto y el 3 % de los compromisos de deuda pública que pagará el Gobierno durante el próximo año y medio. Las familias supuestamente beneficiarias -unas 17.000- representan el 0,5 % del actual déficit habitacional de la Argentina. Para acceder a los créditos, será necesario un ingreso familiar superior a los 3,6 millones de pesos. Sólo una minoría de hogares accede a ese monto, y mucho menos entre los que no tienen vivienda propia.

Caputo, en definitiva, pario un ratón, pero encima, envenenado: ocurre que el capital y las cuotas de los préstamos se ajustarán de acuerdo al sistema UVA -un índice que toma en cuenta a la evolución inflacionaria y que, en el pasado reciente, ha dejado en la ruina a miles de deudores hipotecarios-. Caputo le ha asegurado a los bancos el “calce” de sus recursos con la plata del Anses, pero las familias deudoras no tendrán ninguna garantía si sufren el “descalce” entre una devaluación y una hiperinflación, por un lado, y sus salarios devaluados, del otro. Para esa variante devaluatoria, los amigos de Caputo se están cubriendo con la compra de dólares a futuro.

Más allá de este anuncio confiscatorio, Caputo no ha dicho una palabra en relación a los millones de endeudados; tampoco sobre la miseria salarial, los despidos en masa y el derrumbe social general de la Argentina. De la boca del ministro, sólo ha salido otro negociado en favor de la banca. Las reivindicaciones obreras y sociales, más que nunca, dependen de la iniciativa de los trabajadores y de una lucha de conjunto.

27 de agosto de 2026
Exactas-UBA: el rompehuelgas Durán destruye la carrera de docente-investigador

Recientemente se ha dado un ejemplo que ayuda a entender el rumbo sin timón por el cual nos conduce el decano “Willy” Durán y toda la estructura de camarilla y de agrupaciones que lo siguen. El Consejo Departamental (CoDep) de Computación quiere destruir definitivamente seis cargos de investigación, para transformarlos en 24 cargos de do centes simples. Es una práctica que se venía consolidando en forma provisoria por años para tapar los agujeros frente a la masa creciente de estudiantes y la falta de nuevos cargos docentes. Hay más de 10 cargos de dedicación exclusiva sin convocatoria a concurso que se vienen usando discrecionalmente de este modo durante años por la gestión. En el último llamado se puso un solo cargo de ayudante exclusiva a concurso, dejando más de 10 candidatos en la calle, muchos de los cuales venían investigando en el Departamento (ver resolución https://gestion.dc.uba.ar/media/publico/dictamenes/2026_-_Concurso_Regular_de_Ayudante_de_Primera_DE_-_Dictamen.pdf ). El día 20 de agosto se dio un paso en destruir estos cargos en forma definitiva con los votos de todo el Consejo Departamental de Computación. La liquidación definitiva la dará el Consejo Directivo de la Facultad con el decano a la cabeza.

Es la confesión de varias cosas. Primero, que realmente faltan cargos -y muchos- en Computación desde hace tiempo. Segundo, que la gestión no está dispuesta a luchar por esos cargos hacia afuera de Exactas. Tercero, que la promesa de Durán de obtener cargos de otros departamentos que tienen menos alumnos fue una mentira para salir del paso. Cuarto, que por más que Computación se fagocite a sí misma, va camino a un colapso que ya se evidenció en años anteriores, por ejemplo, en la materia Algoritmos 3. Cinco, que si ahora no estamos en situación de colapso es porque sostuvimos una huelga todo el cuatrimestre, lo que detuvo las renuncias docentes. Seis, que efectivamente hay personas para ocupar los cargos tanto “simples” como “exclusivas”. Siete, que una decena de aspirantes a investigadores quedaron en la calle con esta decisión, personas de carne y hueso que venían investigando que figuran en el orden de mérito del último concurso. Ocho, no solamente en CONICET se despiden investigadores de la mano de Salamone, también en Exactas de la mano de Durán.

Concretamente, la resolución del CoDep dice que “se informa que seis cargos de ayudante de primera con dedicación exclusiva han sido utilizados históricamente (sic) para financiar 24 designaciones interinas de ayudante de primera con dedicación simple. Con el propósito de avanzar en la regularización (sic) de estas designaciones, se propone convertir los seis cargos de dedicación exclusiva en 24 cargos regulares de ayudante de primera con dedicación simple. La propuesta se aprueba por unanimidad” (Fuente: https://www.dc.uba.ar/minuta-codep-20-08-2026/ ). Es que sostener un número tan grande de cargos interinos no solo es una sobrecarga administrativa sino un desaliento a permanecer como docente en un departamento que tiende a expulsar por sobrecarga laboral. “El camino al infierno está lleno de buenas intenciones” y el CoDep, queriendo “regularizar”, no hace más que dar un paso en la liquidación de la investigación en un Departamento de oficinas ya de por sí vacías.

Mientras el decano hace alarde de que la excelencia de Exactas se basa en que los docentes no sólo enseñan sino también hacen ciencia, destruye los cargos de investigación. Este “populismo de cargos simples” no se lo pueden adjudicar a Milei porque viene desde gobiernos anteriores, como confiesa el CoDep con sus eufemismos de “históricamente” y “regularización”. Cada vez que Durán hace propaganda de que abre una carrera nueva con bombos y platillos, pone al conjunto de la docencia y la investigación a merced de su carrerismo político. Así se creó la carrera de Datos, sin espacio físico, sin aulas, sin laboratorios y sin plantel docente para el número de alumnos que se anotan. “Son más de los que se creía” dice Durán, confesando que no se molestó en proyectar nada en forma seria cuando abrió la carrera. Lo mismo hizo recientemente cuando dio “pelea” para que la carrera de Biotecnología tenga lugar en nuestra Facultad, sin garantía alguna de tener los recursos para sostenerla. O, dicho de otro modo, a sabiendas de que caería sobre las espaldas de la ya sobreexplotada masa de docentes e investigadores.

Advertimos al conjunto de trabajadores de Exactas que con esta orientación vamos a la ruina. Los mismos que administran la miseria de este modo autodestructivo, atacan a las bases docentes por impulsar un paro de todo un cuatrimestre, es decir por buscar una salida positiva por más salario, más infraestructura y mejores condiciones. La colaboración del conjunto de fuerzas políticas, Patria Grande (FEM) y La Cámpora en primer lugar, que eluden toda crítica a esta política muestra que no están a la altura de los desafíos que enfrentamos. La prueba de la colaboración en el caso citado, está en el voto por unanimidad del CoDep que asiste impávido, pasivo e impotente de toda solución al desguace de su propio Departamento. Cualquiera que camina por el Edificio "0 + infinito" y ve los laboratorios y aulas colmadas con estudiantes sentados en el piso y las oficinas de investigación deshabitadas, ya sabe quién es el responsable: “Willy” Durán y la camarilla “progresista” que gobierna la Facultad improvisando el día a día sin ningún tipo de planificación.

La salida queda clara después de la huelga del cuatrimestre pasado en Exactas: avanzar en una lucha profunda contra el gobierno de Milei y contra sus colaboradores que atacaron la huelga o que firmaron el acuerdo entregador del 21% que consolida la destrucción del salario. Rechacemos el desmantelamiento de los cargos de docente-investigador por parte del Consejo Directivo. Por la democratización del gobierno universitario, reivindicación fundamental frente al rol de decanos y recortes.

27 de agosto de 2026
Cerimedo: un lumpen con llegada directa al trumpismo y la CIA

El intento de asesinato de la abogada Nadia Beller, por sicarios contratados, según denuncia, por su ex pareja Fernando Cerimedo, ha destapado una olla "geopolítica".

Beller no solo denunció una trama de corrupción y vínculos con el narcotráfico que compromete al gobierno de Rodrigo Paz Pereira. Además, señaló a Cerimedo, a su ex esposa, Nadia Basil, y su socio y ex jefe de campaña, Brad Parscale, como agentes de la CIA. Por el momento, Cerimedo se encuentra cumpliendo prisión preventiva, que podría extenderse por 180 días, en una cárcel boliviana. Niega ser el autor intelectual del intento de asesinato de Beller y afirma que ella misma habría montado un autoatentado para perjudicar al gobierno de Rodrigo Paz Pereira, del cual, hasta su detención, Cerimedo era asesor externo. Simultáneamente, la Justicia de Bolivia abrió una causa contra Cerimedo por enriquecimiento ilícito.

Detrás del atentado

El abogado de Beller ha calificado el intento de asesinato como un "delito de Estado", a partir de las vinculaciones con las altas esferas estatales y policiales que surgen de la extracción de datos que la Fiscalía realizó al teléfono de Cerimedo. En uno de los mensajes recuperados se lee: "No se lo digas a nadie. Pero el amigo de Enrique nos traicionó, ¿recuerdas? Nadia. O la eliminamos ahora o estamos [perdidos]. ¿Conoces a alguien que pueda hacer el trabajo?". El celular de Cerimedo registra una fluida comunicación, el día del ataque, con una persona identificada como E.C.G. En uno de esos mensajes se lee: "Hermano, acaban de dispararle". Según se informa, los investigadores encontraron 11 llamadas eliminadas entre ambos hombres ese día. E.C.G. fue identificado como Erik Correa González, jefe de inteligencia bajo la presidencia de Rodrigo Paz.

En su testimonio, Beller afirma que fue convocada mediante un mensaje anónimo a la puerta del hotel donde fue atacada, con la promesa de recibir información que incriminaba al expresidente Evo Morales. Beller, pese a temer por su seguridad, fue instada por el propio Cerimedo a concurrir a la cita.

El ataque contra Beller abrió una crisis política en Bolivia con proyección continental. El vicepresidente boliviano Edman Lara, ex policía, en conflicto con Paz, recordó que Cerimedo hizo su aparición en el círculo de Paz durante la segunda vuelta electoral del año pasado. Fue presentado entonces por el actual presidente como "el profesor de mi hija". Rápidamente Cerimedo obtuvo una oficina dentro del Palacio Quemado -la Casa de Gobierno- y comenzó a participar de las reuniones de gabinete, redactar los discursos de Paz y a indicarles a los ministros qué debían hacer y decir. "Los ministros tenían que hablar con Cerimedo antes de hablar con el presidente. Cerimedo era el puente", afirma Lara.

Beller, aún internada, declaró desde el hospital que cree haber sido blanco del ataque por su oposición al paquete de medidas que traerá el Decreto 5503 -que elimina las subvenciones al combustible e introduce una serie de reformas económicas que desmantelan el gasto social- y por el conocimiento de primera mano que tendría sobre casos de corrupción de alto nivel.

A pocas semanas de la huelga general y las protestas populares contra el ajuste en el precio de los combustibles, Paz debe enfrentar ahora el "caso Cerimedo", que lo coloca nuevamente en entredicho.

De Mar del Plata a Miami

Fernando Cerimedo, nacido en Mar del Plata en 1981, se convirtió en un engranaje clave del "fascismo digital" en América Latina, pero dio sus primeros pasos en el peronismo.

En 2019 realizó un trabajo de "posicionamiento en redes sociales" para que el intendente peronista Leonardo Nardini lograra su reelección. Sus "éxitos" lo llevaron a La Matanza, donde durante ese mismo año asesoró a la militancia digital de la Juventud Peronista en la campaña que terminaría con la reelección de Fernando Espinoza (Chequeado, 14/2/2024). Según Cerimedo, su giro hacia la derecha se debió a que su ex mujer era "fanática de Javier Milei".

En su Mar del Plata natal, Cerimedo trabajó en una empresa de taxis en 2014. Luego, en Buenos Aires, se desempeñó en una compañía de seguros (Europ Assistance Argentina SA), en una empresa de productos de computación (Sentey SA) y en una fábrica de plásticos (Alfavinil SA), hasta 2015. Fue director creativo de la agencia publicitaria McCann Argentina hasta 2018 y trabajó unos meses como docente de secundaria en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Si algo caracteriza a Cerimedo es la opacidad de su trayectoria como operador. Él mismo se define como un trotamundos que, tras un paso efímero por la carrera de Derecho en la Universidad de Mar del Plata, emigró a Estados Unidos, donde habría sido becado por Harvard por sus habilidades en triatlón, aunque -según su propio relato- no pudo cursar ni una sola materia por no hablar inglés. Su relato zigzagueante lo lleva a afirmar: "Hice un posgrado de Comunicación Política en la Universidad de Harvard en 2010 y ahí conocí a Eduardo Bolsonaro. Éramos los dos latinos que hablábamos en portuñol y nos llevamos bien". Sin embargo, en la base de datos de Harvard no figura registro alguno de ese curso, y la Universidad negó que tanto Eduardo Nantes Bolsonaro como Fernando Cerimedo hayan sido alumnos de la institución (Chequeado, 14/2/2024). Con la convicción propia de un mitómano, Cerimedo sostuvo que hizo "cuatro cursos sueltos" en esa Universidad y que por eso no figura como alumno.

Durante su estadía en Estados Unidos, Cerimedo relata haber realizado entrenamiento militar con los Navy SEALs (fuerza de operaciones especiales del ejército estadounidense) y haber cursado luego un doctorado en Marketing en la Universidad de Phoenix, lo que lo habría llevado a trabajar en la campaña de Barack Obama. "Un día mi tutor de tesis me dijo que le encantaba lo que había presentado y me llevó a trabajar para la campaña de Obama en las primarias del Partido Demócrata. Como ganamos, después dirigí equipos en la presidencial y entré a trabajar en la Casa Blanca. Estuve unos meses en la oficina de International Affairs. Después pasé a una agencia de seguridad gubernamental que me enviaba a distintos países de América Latina para asesorar a políticos que despertaban interés en Estados Unidos". Pero fuentes que trabajaron en el gobierno de Obama aseguraron al portal Chequeado no conocer ni el nombre de Cerimedo ni el de su supuesto mentor. Además, en la Casa Blanca no existe una oficina llamada "International Affairs" (Chequeado, 14/2/2024).

Su supuesta amistad con Eduardo Bolsonaro lo habría llevado a asesorar la campaña presidencial de Jair Bolsonaro en 2018, a la que, según Cerimedo, se sumó "en los últimos 40 días, cuando todo se había puesto muy áspero". "Hicimos un trabajo en paralelo a la campaña oficial para convencer a los detractores de Bolsonaro, como los homosexuales. También hicimos campaña de contraste, que consiste en mostrar todo lo que el candidato rival no quiere que se sepa".

Inmediatamente después, Cerimedo también participó de la fallida campaña de reelección de Mauricio Macri frente a Alberto Fernández, resultado que reforzó su giro hacia las nuevas derechas radicales y libertarias.

La figura de Cerimedo permaneció debajo del radar hasta la fundación de la Academia Numen, en noviembre de 2020, donde dictaba cursos de marketing digital y comunicación política. Desde Numen ofreció asesorías en gestión de redes sociales, campañas publicitarias, imagen y "modernización de gobierno".

Durante la pandemia, tras un breve asesoramiento a Patricia Bullrich, desde La Derecha Diario -lanzado oficialmente en septiembre de 2019- cuestionó cualquier medida de aislamiento y promovió la ´apertura´ bolsonarista frente al COVID-19, que en Brasil costó centenares de miles de vidas.

En 2022, tras la victoria de Lula en la segunda vuelta, Cerimedo convocó a un directo en YouTube el 4 de noviembre para difundir un estudio, compartido por entidades privadas, sobre un supuesto fraude en Brasil. La transmisión, titulada "Brasil fue robado", fue replicada por políticos bolsonaristas e influencers en medio de un clima poselectoral muy tenso que desembocó en los ataques golpistas del 8 de enero, con el intento de toma del Palacio de Planalto.

El salto a la fama de Cerimedo se produjo en Chile, con su primera gran campaña de desinformación. En septiembre de 2020, el diario El Mercurio republicó una encuesta de Numen que aseguraba que se estrechaban las diferencias entre el "Apruebo" y el "Rechazo" en el Plebiscito de Entrada para decidir si se redactaba una nueva Constitución. Hasta ese momento, todos los sondeos pronosticaban un cómodo triunfo de la nueva Carta Magna. Desde Numen se afirmaba haber realizado más de 18.000 encuestas online -una cifra inusualmente alta para este tipo de estudios, que rara vez superan los 3.000 entrevistados. Pese a la manipulación de datos de la consultora de Cerimedo, el "Apruebo" se impuso con el 78% de los votos. Aun así, su accionar instaló la idea de que una victoria de la extrema derecha era posible si se aceitaban los mecanismos de manipulación informativa.

En 2023, ya con Gabriel Boric en el poder, Cerimedo volvió a intervenir, esta vez en el Plebiscito de Salida que debía aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional. En esa ocasión, el "Rechazo" se impuso con el 55% de los votos. Cerimedo señaló entonces: "Hice toda la parte de la estrategia comunicacional y las agencias tradicionales me siguieron".

Su recorrido lo llevó a convertirse en coordinador de los equipos de redes sociales de la campaña de Javier Milei en 2023 y luego en jefe de comunicación de su campaña presidencial. Su ascendencia sobre Milei lo colocó en el estratégico lugar de responsable de toda la fiscalización de su partido, encargado de cuidar los votos tanto en las urnas como en el terreno digital.

En mayo de 2023, Cerimedo registró Numen Advisors LLC en North Miami. Tres meses después, un memorando presentado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), documenta un contrato entre Numen y el Grupo Asesor de América Latina del lobista argentino-estadounidense Damián Merlo para trabajar en la campaña de Milei, incluyendo gestiones ante miembros del Congreso -con énfasis en el sur de Florida- y ante la Heritage Foundation, el CSIS, el Council on Foreign Relations y el Atlantic Council. Este entramado le permitió a Cerimedo tejer vínculos privilegiados con las principales estructuras de poder del gobierno de Trump, en particular con Marco Rubio.

Damián Merlo, consultor político y estratega de la derecha continental, es señalado como el puente entre Milei y el ecosistema ultraconservador que rodea al trumpismo. Su expediente ante el FARA muestra que trabajó para la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana entre 1996 y 1997, bajo contrato con el Departamento de Estado, evaluando solicitudes de emigración de ciudadanos cubanos. Entre 2002 y 2007 fue responsable de programas en el Instituto Republicano Internacional, a cargo de los programas de Cuba, México y Brasil, incluida una subvención para la Directiva Democrática Revolucionaria Cubana en Miami.

Según una investigación del diario mexicano La Jornada, Merlo mantuvo reuniones frecuentes con altos funcionarios del gobierno trumpista, como Viviana Bovo, asesora directa de Marco Rubio; Ricardo Pita, ex asistente de Ted Cruz y actual asesor principal para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado; y los representantes republicanos de Florida Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar. Diez días antes del operativo contra Venezuela, Merlo se reunió con Joseph Humire, a cargo de los asuntos de seguridad de América en el Departamento de Defensa, oficina que supervisa la cooperación regional en materia de seguridad y las ventas militares (La Jornada, 26/8).

La sociedad con Merlo le permitió a Cerimedo integrarse de manera orgánica a los círculos de derecha que operan en Florida, que tienen como próximo objetivo declarado un avance sobre Cuba, en el marco del prolongado asedio que Trump -y las administraciones anteriores- mantienen sobre la isla.

En 2025, el "trotamundos" Cerimedo recaló en Bolivia, donde comenzó apoyando al libertario Jaime Dunn, pero terminó vinculado al entorno de Paz a través de su hija Catalina, egresada de la Academia Numen. Durante el balotaje se adjudicó el triunfo frente a la estrategia del veterano operador Jaime Durán Barba, asesor de Jorge "Tuto" Quiroga, y se posicionó como principal asesor de Paz. Según la denuncia de Nadia Beller, el "salario" de Cerimedo en Bolivia se financiaría directamente a través de una red de negociados que involucra a la familia Paz en la comercialización de combustible y otros recursos estratégicos.

También en 2025 operó abiertamente en Honduras en favor del derechista Nasry Asfura, dejando en evidencia la proyección continental de su estructura. Allí aplicó lo que él mismo denomina "campaña negativa": generar ruido sobre el adversario para incidir en los pequeños grupos de indecisos capaces de definir una elección, utilizando inteligencia artificial y estructuras de trolls que simulan interacción orgánica (Diario Red, 20/8).

Vinculaciones con el trumpismo

Cerimedo se define abiertamente como representante de "la derecha latinoamericana". Participó en instancias del circuito conservador internacional, como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) realizada en Buenos Aires en diciembre de 2024, y fue distinguido como "consultor político del año" en una gala celebrada en Mar-a-Lago. Su portal - La Derecha Diario, hoy en manos del español Javier Negre- funciona como un nodo de difusión de contenidos afines a distintos liderazgos de derecha de la región, lo que llevó a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a señalarlo públicamente como parte de una red financiada para impulsar desinformación contra gobiernos progresistas en América Latina.

Cerimedo forma parte de una larga lista de operadores políticos de la derecha continental que, disfrazados de asesores de imagen, mantienen vínculos estrechos con el trumpismo y con los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Sus actividades van más allá de "seducir" al electorado. Cerimedo, junto a Javier Negre o Agustín Laje, por citar sólo algunos, son promotores de la "guerra híbrida" que se libra en las redes sociales a través de portales como el mencionado La Derecha Diario, donde se difunden noticias falsas con el objetivo de polarizar y, en última instancia, desmovilizar a las masas. Para ello cuentan con granjas de bots y recurren a la inteligencia artificial para producir contenido viral. El caso Cerimedo puso sobre la mesa que, una vez instalados en los gobiernos, estos operadores facilitan negocios millonarios -como los denunciados por Beller en torno al tráfico de gasolina, diésel y otros recursos en Bolivia que terminan financiando sus propias estructuras (Diario Red, 20/8).

Estos operadores actúan como articuladores entre los gobiernos derechistas de América Latina y la Doctrina Donroe, promovida por el trumpismo para el hemisferio, que introdujo una nueva agenda de seguridad para el continente con el objetivo de recomponer el dominio estratégico en la región.

La influencia de Cerimedo se explica por sus vínculos con operadores republicanos ultraconservadores con acceso directo a Donald Trump. Uno de sus nexos es Dick Morris, quien fuera asesor de Bill Clinton antes de pasarse a las filas del Partido Republicano. En 2019, Morris se sumó al equipo de campaña de Trump. Es comentarista habitual en medios conservadores y ha asesorado campañas en más de una docena de países. Su vínculo con Cerimedo es de socio y mentor: lanzó la "Academia Dick Morris" para formar consultores en América Latina, y Cerimedo figura entre sus profesores confirmados. Fue Morris quien le permitió a Cerimedo coordinar directamente con Trump el respaldo público al candidato hondureño Nasry Asfura en Truth Social (ídem).

Otro de los vínculos de Cerimedo es Roger Stone, quien se autodenomina "hombre de golpe político" ("political hit man") y es amigo y confidente de Trump desde hace décadas. Junto a Cerimedo formó "dupla" para operar en elecciones de la región, siendo Honduras 2025 el ejemplo más visible. Pero su colaboración más concreta y controvertida fue el lobby para conseguir el indulto del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, gestión que -según Cerimedo- estuvo a cargo de Stone. Gracias a esta alianza, Cerimedo ha sido señalado como parte del grupo de "republicanos MAGA" con acceso a los círculos de poder en Washington.

El triángulo de influencia de Cerimedo se completa con Brad Parscale, asesor digital de las campañas de Trump y fundador de la plataforma de inteligencia política Campaign Nucleus. Parscale es quizás el socio más estratégico de Cerimedo por la tecnología que maneja: su herramienta utiliza inteligencia artificial para analizar el sentimiento de los votantes, identificar indecisos persuadibles y generar mensajes personalizados. Fue clave en la victoria de Trump, en 2024. En enero de 2025 fue nombrado director de Estrategia del conglomerado mediático conservador Salem Media Group, y en septiembre de 2025 se registró como agente extranjero para trabajar con el gobierno de Israel, gestionando una campaña digital de 1,5 millones de dólares mensuales destinada a promover una imagen positiva del Estado israelí. Según las denuncias de Beller, Parscale también sería agente de la CIA, lo que explicaría el nivel de coordinación y los recursos desplegados por la consultora Numen para llevar la microsegmentación a Bolivia, Honduras y Argentina. En marzo de 2025, Cerimedo fue presentado como representante en América Latina de Campaign Nucleus y de EyesOver, proyecto liderado por Parscale en colaboración directa con la familia Trump. Esta representación lo consolidó como el operador clave del trumpismo en la región, al punto de que la revista The Economist lo calificó como "el hombre de MAGA en América Latina".

Mientras Milei ataca a periodistas y opositores que difieren en matices con su discurso, ha cerrado filas con Cerimedo y respaldado la versión de que Beller montó un autoatentado, a la vez que se distanció del operador al señalar que es "alguien que no forma parte de nuestro espacio y que no tiene ninguna relación con nosotros de ningún tipo", pese a que los registros oficiales muestran 13 visitas de Cerimedo a la Casa Rosada desde que Milei asumió la presidencia.

Milei redobló la apuesta y atribuyó el atentado contra Beller a una conspiración del "castrochavismo", en la que estarían involucrados Evo Morales y Lula. Por su parte, en Chile, el principal asesor de la campaña electoral del presidente José Antonio Kast ha sido formalmente cuestionado en el Congreso por sus vínculos con Cerimedo. Paz, en Bolivia, no ha vuelto a aparecer en público desde la detención de Cerimedo.

El atentado contra Beller dejó expuesto un entramado continental, financiado por el trumpismo, que da operatividad a campañas de desinformación con terminales en la CIA, con el objetivo último de imponer un estado de excepción en América Latina a través de la Doctrina Donroe. Las denuncias de los gobiernos progresistas de México y Brasil son respuestas limitadas frente a los "tecnofascistas", que solo podrán ser desarticulados mediante una intervención independiente de la clase obrera continental.

27 de agosto de 2026
Energía eléctrica: piquetes y protestas contra el tarifazo invernal

El tarifazo invernal es insostenible y ya comenzó a provocar movilizaciones en distintos puntos del país.

En el Partido de La Costa, vecinos de Mar del Tuyú, Santa Teresita y San Clemente del Tuyú se movilizaron contra las facturas de electricidad, denunciando aumentos que llevaron boletas a $500.000, $800.000 y casos de hasta $1,5 millones. En Mar del Tuyú, vecinos autoconvocados cortaron la Ruta 11 y reclamaron respuestas frente al aumento de las tarifas.

Durante agosto, vecinos de la Costa Norte del partido de Mar Chiquita también realizaron protestas y cortes de ruta contra los aumentos de la electricidad. En La Caleta, más de 50 vecinos se manifestaron denunciando facturas de entre $400.000 y $1 millón y, el 23 de agosto, volvieron a protestar en el acceso a Mar de Cobo, por segundo fin de semana consecutivo. Son vecinos autoconvocados que han decidido continuar con los cortes y las movilizaciones.

Es que una parte importante de los hogares de residentes de las localidades costeras de la provincia de Buenos Aires carece de gas natural, entonces consume electricidad, garrafas o leña. El problema de los aumentos en las facturas de hogares ya endeudados por los alimentos y el alquiler adquiere características explosivas.

Pero no se trata de un fenómeno exclusivamente bonaerense. En Santa Fe, las tarifas eléctricas del sector comercial e industrial aumentaron 38,3% en el primer semestre de 2026, más del doble de la inflación del período; una factura de 1.200 kWh bimestrales pasó de $287.228 a $401.102.

En Jujuy, vecinos de San Pedrito 2 denunciaron facturas comunitarias superiores a $2 millones y reclamaron por los cobros y la falta de medidores individuales. En Belén, Catamarca, vecinos se movilizaron el 23 de agosto contra los aumentos de las facturas de electricidad.

Los responsables del tarifazo

La responsabilidad está distribuida entre los distintos niveles del Estado. Milei está trasladando una proporción cada vez mayor del costo energético a los hogares mediante aumentos de tarifas y quita de subsidios, garantizando de esta manera los ingresos a las empresas de generación, transporte y distribución de energía.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, también aprueba los cuadros tarifarios y los componentes provinciales que aplican las distribuidoras EDEA, EDEN, EDES y EDELAP, mientras el Gobierno nacional determina otros componentes centrales del precio de la energía.

Kicillof cuestionó los fuertes aumentos tarifarios autorizados durante el gobierno de María Eugenia Vidal y las ganancias de las distribuidoras. Sin embargo, las mismas empresas continuaron operando bajo concesión y cobrando tarifas aprobadas por la Provincia.

En el caso de Juan de Jesús, intendente del Partido de La Costa, se negocian soluciones que solo patean la deuda para adelante con familias ya endeudadas para comprar alimentos.

La generación térmica es actualmente la principal fuente de electricidad del país: en 2025 aportó el 52,7% de la generación y el gas natural representó el 96% del combustible utilizado en esa generación. En 2026, Milei redujo el sistema tarifario eléctrico para los hogares mediante el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con bonificaciones limitadas por ingresos y niveles de consumo. En los meses de invierno, el bloque de consumo subsidiado es de 300 kWh mensuales; lo que excede ese límite no recibe bonificación.

Para una familia que no tiene gas natural, el consumo eléctrico es indispensable -calefacción, agua caliente y, muchas veces, cocina-, pero un caloventor de 2.000 watts utilizado cinco horas diarias consume unos 300 kWh mensuales, prácticamente todo el bloque de consumo subsidiado.

Mientras tanto, el precio de las garrafas se disparó. La de 10 kilos llegó a multiplicar varias veces su precio en los últimos años y en distintas provincias supera actualmente los $30.000.

Milei impulsa además un recorte de la Zona Fría que eliminaría el beneficio general en buena parte de las zonas y lo limitaría allí a los hogares que acrediten ´vulnerabilidad´.

El negocio energético capitalista trae beneficios para los pulpos petroleros y los empresarios de la energía -nacionales y extranjeros- y penurias para las familias trabajadoras.

La discusión sobre el tarifazo tiene que llegar hasta quién produce, quién transporta, quién distribuye, quién fija cada componente de la tarifa que paga el trabajador. Hoy las tarifas se actualizan por encima de la inflación, con el propósito de ´recuperar´ el valor internacional que desean embolsar los pulpos nacionales e internacionales.

27 de agosto de 2026
Wado de Pedro, el lobbista de Mekorot, al sionismo –el nacionalismo de Israel

En una entrevista en el programa FutuRock, el senador Wado de Pedro respondió acerca de su rol de enlace con la empresa estatal israelí Mekorot. Durante sus funciones como ministro del Interior, De Pedro se encargó de ´acercar´ a gobernadores de todo el país a la empresa, especializada en ´gestión de recursos acuíferos´.

Wado de Pedro afirmó que cuando se realizó el acuerdo con Israel “era otra época”, refiriéndose a que quien estaba al mando durante su visita (abril de 2022) era Naftalí Bennet, el predecesor en el cargo de Benjamín Netanyahu. Sin embargo, las negociaciones con Mekorot ni comenzaron durante ese ministerio, ni era “otra época”. Bennet fue presidente del Consejo Yesha, que agrupa a los colonos que ocupan ilegalmente las tierras de la media luna de Cisjordania, partidario de extender el territorio de Israel sobre la base de la ocupación militar, la limpieza étnica y la anexión de los territorios palestinos y de otras naciones vecinas.

En 2022, cuando se aceleraron las tratativas entre Wado de Pedro y Mekorot, y casi dos años antes del inicio de la guerra genocida contra Gaza, Israel enfrentaba una nueva ola de denuncias internacionales por el avance sobre las tierras productivas de Cisjordania. El gobierno discutía el levantamiento de un muro en la media luna y ya se encontraban bien aceitadas las bandas paramilitares de los colonos fascistas, organizadas para desplazar a los residentes palestinos Con el “otro ministro”, el gobierno Bennet-Lapid profundizó la ocupación y expropiación de palestinos a manos de colonos sionistas.

Cuando Wado de Pedro visitó Israel en 2022 para firmar acuerdos con Mekorot, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunció en una carta al ministro que el Estado de Israel restringe el acceso al agua de la población palestina y que "la empresa estatal israelí de agua Mekorot, ha sido señalada por las Naciones Unidas como una de las empresas que es cómplice de violaciones a los derechos humanos y que se beneficia directamente de la ocupación israelí en Palestina". Los vínculos de los ´nac & pop´ con la empresa Mekorot no son recientes: para 2011, había suscripto un contrato con la provincia de Buenos Aires, en ese entonces gobernada por Daniel Scioli, que luego fue suspendido a raíz de las protestas de las organizaciones palestinas en el exilio. Es difícil de creer que De Pedro desconociera el rol de Mekorot en la expropiación de tierras y recursos del pueblo palestino y de los precedentes que el Estado había dejado asentados respecto de las relaciones con esta empresa.

Wado de Pedro dijo también que había viajado a Israel a buscar “las últimas tecnologías”, en una especie de neutralismo político. Mekorot, en realidad, priva de agua a los palestinos, drenando los manantiales, tapando sus pozos de agua y prohibiendo la construcción de pozos nuevos y de infraestructuras de agua por parte de las autoridades palestinas. ¡El desarrollo de tecnologías de eficiencia están complementadas con políticas de privación del recurso a los palestinos! En ese viaje lo acompañó el ex ministro de Ciencia y Técnica, el ´progre´ Daniel Filmus.

El ex ministro de Interior De Pedro refirió en la entrevista que “priorizó el interés nacional”. Justificó su decisión de entablar negociaciones con la estatal israelí en el hecho de que las provincias mostraban grandes necesidades en infraestructura de agua para potenciar el desarrollo productivo, refiriéndose a las necesidades de agua de las “economías regionales”. Sin embargo, dentro de las economías regionales, los rubros más privilegiados por las políticas del kirchnerismo han sido la minería y los hidrocarburos. Los gobernadores que impulsaron este proyecto fueron Raúl Jalil (PJ) de Catamarca y Alfredo Cornejo (UCR) de Mendoza, dos grandes representantes de la minería del cobre. En realidad, el "plan hídrico" tenía el objetivo primordial de resolver el abastecimiento de agua a los emprendimientos mineros, que ya llevaban dos décadas de maduración, y a los que vendrían a sumarse Vaca Muerta, la fiebre del Litio y del Cobre. Ya en 2022, el principal capital beneficiado por la minería y los hidrocarburos en la “torta cordillerana” era el británico, canadiense, australiano, norteamericano y chino.

Pero la alusión al nacionalismo, de Wado de Pedro, bien leída, significa otra cosa. En 2022, De Pedro viajó a Israel con el objetivo de recomponer las relaciones del kirchnerismo con el sionismo, que venía golpeando a Cristina Kirchner por el memorándum de entendimiento con Irán. El ministro buscaba en ese entonces “capital político” para su propia candidatura a suceder a Alberto Fernández. Hoy, el candidato de Cristina se lanza a la carrera retomando la campaña donde la dejó en 2022. Al afirmar que “eran otras épocas”, insinúa que una eventual victoria de Bennet-Lapid sobre Netanyahu podría darle aire a un ´relanzamiento´ de los vínculos del kirchnerismo con el Estado israelí.

Los dichos de Wado de Pedro demuestran una vez más que los aspirantes a relevar a Milei se han envuelto en los ropajes del colonialismo genocida.

27 de agosto de 2026
El peronismo, jugando a dos puntas entre Zárate e Israel

El acto realizado en denuncia del genocidio del pueblo palestino, el miércoles 19 de agosto, en el Concejo Deliberante de Zárate, con la presencia del embajador del Estado de Palestina, Riyad Alhalabi, provocó una inmediata reacción del PRO, de La Libertad Avanza y de una sentina de atildados periodistas: Eduardo Feinmann profirió “¡Esto es un escándalo!” La actividad se realizó bajo la consigna “Alto al genocidio en la Palestina ocupada por el sionismo israelí”.

Los comunicadores de la derecha buscaron convertir el evento en una demostración de anti-peronismo. Pero la convocatoria no surgió del Partido Justicialista sino de una multisectorial integrada por organizaciones políticas, sindicales, sociales y culturales que se organiza contra la masacre e impulsó una actividad de solidaridad con el pueblo palestino. El encuentro contó con el respaldo del presidente del Concejo Deliberante de Zárate, Leandro Matilla, dirigente del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político armado para militar la candidatura de Axel Kicillof. Fue Matilla quien habilitó el recinto para la realización del acto luego de que, según los organizadores, el Ejecutivo municipal no facilitara otros espacios públicos.

Mientras un dirigente identificado con el espacio del gobernador habilita un acto cuya consigna central denuncia un genocidio contra el pueblo palestino, Axel Kicillof, consultado públicamente sobre Gaza en los últimos días, se excusó apelando a la “prudencia” y a formulaciones diplomáticas, sin condenar la actuación del Estado de Israel ni el genocidio.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, la Cancillería había emitido un comunicado condenando un bombardeo israelí sobre un campo de refugiados en la Franja. Poco después, Sergio Massa tomó distancia públicamente de ese pronunciamiento, cuando ya era Ministro de Economía y candidato de los Fernández. En el debate presidencial pidió un minuto de silencio por las ´víctimas´ de la insurrección encabezada por Hamas del 7 de octubre de 2023.

El bloque justicialista en el Congreso nunca presentó un proyecto de declaración contra el genocidio del pueblo palestino. Sólo lo hicieron algunas voces aisladas, y de manera tardía. Predominaron, en cambio, las apelaciones al “diálogo”, a “la paz”, al “derecho a la autodefensa” y "la prudencia". Las organizaciones K y filo K se han borrado completamente de las acciones callejeras de los últimos cuatro o cinco años.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, el entonces ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, encabezó la misión oficial que profundizó los vínculos institucionales con Israel en materia de "gestión del agua" y promovió acuerdos con la empresa estatal israelí Mekorot, dedicada a privar de agua a los palestinos en los territorios ocupados. Recientemente, "Wado" de Pedro reivindicó esos acuerdos.

27 de agosto de 2026
Un golpe de Estado en los salones de la democracia

La media sanción de Diputados a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, no tiene nada que ver con los objetivos que se atribuyen a la entidad; la banca central es la rescatista de última instancia del sistema financiero capitalista. Lo que importa en el proyecto, por sobre todo, es la cláusula que habilita al actual Directorio a permanecer en su cargo luego de las elecciones del año próximo. Bien mirado, este directorio es manifiestamente ilegal porque su designación no deriva de un acuerdo en el Senado, sino que sido puesto a dedo por Milei, que se ha valido de la cláusula que permite nombrarlo “en comisión” por mucho más allá del tiempo de emergencia que autoriza este proceder. Este directorio provisorio ha presidido el mayor ‘ajuste’ de la cuenta bancaria en su historia. Por orden del Ejecutivo, ‘limpió’ la hoja de balance del Central por arriba de los cien mil millones de dólares con dinero del Tesoro recaudado entre los contribuyentes. Es la suma que reveló Milei cuando aseguró haber eliminado el llamado déficit cuasi fiscal por el equivalente al 15% del PBI. Diputados ha votado ayer que la remoción de este Directorio fantoche sólo será posible si se obtienen los dos tercios de los votos de ambas cámaras del Congreso –lo mismo que para convocar a una Convención Constitucional. Es probable que Milei intente obtener el acuerdo del Senado en algún momento en el futuro próximo, pero en cualquier caso se ha asegurado que sus agentes financieros continúen cuatro años o muchos más, si no se obtienen los números para su remoción. Estamos ante un golpe de Estado tramado en los salones del Congreso, no en los sótanos de la democracia. En Perú, el presidente del Banco Central ocupa el puesto desde hace treinta años, tiempo por el cual pasaron seis presidentes de la República. El alcance político e institucional de esta votación de media sanción supera, en cuanto atropello soberano, a la anulación de los dos capítulos de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Otras modificaciones introducidas al Banco Central rivalizan en importancia con la del directorio, como la posibilidad de que los bancos constituyan sus reservas mínimas con bonos del Tesoro –al precio de mercado. Los requisitos de endeudamiento del Tesoro serían cubiertos por el Banco Central por medio de una elevación del monto exigible de esas reservas, como viene ocurriendo desde hace un tiempo. Los bancos podrán comprar esos títulos al valor del mercado secundario, cuando sea inferior a la cotización en el momento de su emisión. O, por el contrario, adquirirlo en ocasión de su emisión primaria previendo su valorización posterior. Es, a lo Betsson, un sistema de beneficios mediante apuestas. De otro modo, el Central podrá comprar títulos públicos directamente en el mercado secundario, convirtiendose en acreedor, incluso principal, del Tesoro. La emisión monetaria para financiar el déficit fiscal aparece en este circuito, como ocurre con la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra, que tienen en sus arcas billones de dólares o libras en títulos del Estado. Esta relación tóxica entre el Banco Central y el Tesoro se ha manifestado en forma brutal en Estados Unidos, recientemente, cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se lanzó a operar sobre los títulos públicos con el propósito de bajar el nivel de la tasa de interés, mientras Kevin Warsh, el presidente de la Reserva busca hacer lo contrario, o sea subir la tasa para contener la inflación. La media sanción votada ayer es un corralito impuesto al próximo gobierno para que se vea forzado a continuar con el ‘ajuste’ libertario., incluso a sabiendas de que lo lleva a un estallido financiero

Los diarios destacan un artículo de la media sanción que permite al Tesoro (Luis Caputo) empeñar los activos y reservas del Banco Central como garantía para obtener nuevos préstamos. Luego del veloz crecimiento de la deuda pública en el mercado local en los primeros seis meses del año, Caputo no encuentra billeteras abiertas. Tiene el oro en bancos extranjeros y se apresta a hacerlo con las restantes reservas. Con préstamos de corto plazo pretende pagar los vencimientos no cubiertos hasta el final de 2027. El proyecto bancario se llevó el voto de numerosos gobernadores ‘opositores’, que temen que un default se lleve puestas a las provincias y grandes compañías, o sea a una sonora bancarrota. Myriam Bregman se congratuló de que entre quienes votaron esa media sanción se encuentren diputados dispuestos a votar una sesión especial para tratar las deudas a los sectores más pauperizados; no se dio cuenta que lo acaban de hacer con la media sanción al desfalco. Cualquier medidor político que se tome demuestra la decrepitud de la casta política de derecha a izquierda.

Caputo ha aprovechado este ‘clima’ para iniciar el desvalijamiento del FGS de ANSES, que deberá convertir su cartera de depósitos a corto plazo en préstamos hipotecarios a largo plazo de incierto cumplimiento. El propósito de esta maniobra es también dolarizar como un chaleco de fuerza a la economía, cuando se desarrolla una furiosa corrida contra el dólar en el mercado internacional. Carlos Marx ya había advertido hace muchísimo tiempo que ninguna reforma bancaria puede domesticar la tendencia del capitalismo hacia crisis cada vez más violentas.

27 de agosto de 2026
Catamarca: comenzó la campaña por el sobreseimiento y archivo la causa contra Bruno Corzo

El miércoles 25 se concretó la citación de Bruno Corzo a indagatoria en la sede de la fiscalía de la justicia federal de Catamarca. Nuestro compañero, dirigente de la rebelión docente de principio de año, es acusado de haber "entorpecido el tránsito" durante una protesta. Realizada en la ruta 38, fue una de las numerosas acciones desarrolladas durante los meses de marzo, abril y mayo a lo largo y ancho de la provincia, por el movimiento docente autoconvocado.

En la cita judicial se dio lectura a la imputación. La fiscalía tergiversó los hechos, pues la gendarmería y la policía provincial, presentes en la protesta, no realizaron ninguna advertencia o intimación contra los manifestantes. Por el contrario, se mostraron “colaborativos” en organizar el tránsito vehicular. En la causa el único imputado es Bruno Corzo, pero también se alude a “otros” que deben ser identificados.

Por medio de un escrito presentado por su abogado, Humberto Galindez, Bruno refutó uno por uno todos los cargos y reivindicó el derecho de organización y de protesta. Como corolario, se reclamó el sobreseimiento del compañero y el archivo de la causa.

La citación y judicialización de Bruno trascendió a los principales medios de la provincia, lo que desató una campaña de denuncia y movilización, especialmente entre los docentes.

Quienes hicieron punta fueron los docentes autoconvocados de la ciudad de Santa María, uno de los sectores más combativos del movimiento autoconvocado, quienes convocaron a una movilización para este jueves en la plaza Belgrano.

Luego, referentes de la capital y localidades vecinas tomaron la posta y convocaron a concentrar el próximo viernes 28 en la plaza central de la capital, a las 19 horas.

Las consignas son: "Basta de perseguir y criminalizar la protesta social. Sueldos dignos que sostengan nuestras familias. Estabilidad laboral y acondicionamiento edilicio en las escuelas. SI TOCAN A UNO TOCAN A TODOS".

En paralelo con estas convocatorias, Bruno participó de la movilización contra el gatillo fácil que tuvo lugar en la capital provincial para denunciar el atropello judicial y represivo del que está siendo víctima y llamó a participar de la jornada de movilización del viernes junto a los docentes.

Las redes también se están haciendo eco de esta situación.

La situación ya trascendió fuera de la provincia. En Tucumán el tema va a ser tomado por la dirección de ADIUNT, quien aparte de un pronunciamiento va a impulsar petitorios docentes estudiantiles masivos.

La campaña de movilizaciones, pronunciamientos y firmas masivas, recién comienza.

27 de agosto de 2026
Nuevas muertes de obreros en Vaca Muerta

El martes por la tarde, en la Unidad Separadora Primaria 2 del yacimiento Rincón del Mangrullo, en cercanías de Añelo, Neuquén, se produjo una falla en una línea de gas de alta presión. El estallido terminó con las vidas de dos obreros - Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre.

YPF emitió un comunicado unas horas más tarde, confirmando la muerte de uno de los trabajadores, Meliqueo, y la explosión en el bloque mencionado. Más tarde, la empresa confirmó el fallecimiento de Latorre, en el hospital. Finalmente, cerró el comunicado diciendo que "el incidente ya se encuentra controlado", aunque respecto al segundo trabajador, YPF señaló que falleció "en circunstancias que se están investigando".

Marcelo Rucci, del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, se deslindó con que "no eran trabajadores bajo convenio" y que habían realizado "una maniobra demás”. Las muertes obreras en Vaca Muerta son frecuentes. En mayo, en otro de los campos operados por YPF, cerca de Centenario, en el área de Sierra Barrosa -a pocos kilómetros de Rincón del Mangrullo- murió atrapado entre caños de gas Darío Gastón Ruíz. Más al norte, en El Trapial -campo que opera Chevron-, se registró el 10 de agosto otra explosión que dejó heridos a tres trabajadores. A mediados de 2025, un operario falleció durante la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, de Techint y Sacde. En 2024, falleció Miguel Fernández luego de que se cortara una linga en el momento en que llevaba adelante tareas de entubado, provocándole múltiples fracturas.

El acuerdo "a la nigeriana" que cerraron el Sindicato Petrolero y las patronales involucradas en el ecosistema de Vaca Muerta -a través de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE)- abrió un marco legal para sostener la extrema inseguridad laboral, incluyendo turnos rotativos insalubres. En medio de una creciente tercerización en el sector, todas las muertes que allí ocurren son responsabilidad directa de las patronales y la burocracia sindical.

El bloque de Rincón del Mangrullo es operado por YPF y Pampa Energía. Es de los más importantes, con una producción diaria de 6.149 millones de metros cúbicos de gas -casi el 20 % de la producción total de YPF (Clarín 25/08). El costo de las operaciones asociadas a la extracción de gas en Vaca Muerta recae sobre la vida de los trabajadores a través del abaratamiento de los costos y la deficiente inversión en infraestructura.

Las patronales acumulan ganancias arremetiendo contra la clase trabajadora, derrumbando sus condiciones laborales, su salario y, en ocasiones, terminando con sus vidas. Estas muertes no son casualidades. Tampoco son producto de responsabilidades individuales, atribuibles a los trabajadores, como quiere hacer creer la burocracia del Sindicato, sino de las patronales que someten a los trabajadores a jornadas extenuantes bajo un clima implacable. La burocracia negocia esquemas de producción insostenibles para la vida humana. El gobierno nacional y provincial prepararon el escenario con la contrarreforma laboral.

La muerte de Latorre y Meliqueo no es un hecho aislado; como ya hemos mencionado, las patronales se han cargado la vida de por lo menos cinco trabajadores en los últimos dos años. Esto es un síntoma de un modelo de producción donde la maximización de la rentabilidad y la externalización de costos laborales derivan en la vulneración de la seguridad y la vida de los trabajadores, agravada por una burocracia que actúa como cómplice al desviar la culpa hacia los trabajadores.

27 de agosto de 2026
Conferencia de prensa de la “unidad opositora”

Con bombos y platillos, diferentes medios y partidos opositores celebraron la reunión de 133 votos (mayoría simple), en la sesión sobre la reforma del Banco Central, para convocar a una sesión especial el próximo 9 de setiembre. Los temas a tratar serían el “endeudamiento de las familias” y la prórroga de la “emergencia en discapacidad”. En este conjunto, se encontraba la totalidad de Unión Por la Patria, el FITU, la Coalición Cívica y varios o parte de los bloques provinciales, como Argentina Federal, los diputados del gobernador de Misiones o los del tucumano Jaldo. También Marcela Pagano, quien ingresó al Congreso como diputada de Milei. La votación común dio paso a una conferencia de prensa común. Flanqueada por el radical Pablo Juliano, Pagano y varios kirchneristas, Myriam Bregman, en la conferencia de prensa subsecuente, llamó a “discutir los temas que importan al pueblo trabajador”. Micrófono por delante, Bregman pidió “que se paren las ejecuciones” de endeudados sin repudiar la deuda usuraria. Una periodista de un medio K que cubría el evento, celebraba la creación de “una nueva mayoría”, algo que “no hubiéramos soñado hace 10 años atrás”.

Aunque la alharaca continuó, quién sonrió último en la sesión del miércoles fue Javier Milei, al conseguir la media sanción para el alevoso reforzamiento del blanqueo –“inocencia fiscal”- y la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Como se denunció en la propia sesión, la Reforma contrabandea la posibilidad de empeñar las reservas del Banco como garantía en operaciones de deuda, además de instituir como virtual directorio vitalicio a las autoridades que Milei puso a dedo. La “Inocencia Fiscal” obtuvo 139 votos a favor, 110 rechazos y dos abstenciones. En el caso del BCRA, los votos a favor subieron a 144. Si volvemos por un momento a la votación “opositora” del comienzo -la de la sesión especial- una cuestión de aritmética simple nos indica la siguiente: si los que votaron en contra de las leyes de Milei fueron 110 o 112, esos mismos no podrían haber alcanzado la mayoría de 133 para la sesión especial sin el concurso de una veintena de diputados que, horas después... votaron con Milei. La “oposición unida”, por lo tanto, estaba llena de topos libertarios. Algunos de los que pusieron los huevos en las dos canastas están identificados: son los diputados del oficialismo misionero, salteño y tucumano.

Bien mirados, sin embargo, los topos son muchos más. Con Passalacqua, Jaldo o Sáenz, el kirchnerismo viene sosteniendo febriles negociaciones para integrarlos a un frente electoral panperonista en 2027. Los antecedentes de ese enjuague son recientes, porque las listas de Jaldo o Jalil en las elecciones intermedias de 2025 fueron de “Unión por la Patria”, y recibieron la bendición de Cristina Kirchner. Los colaboracionistas provinciales escuchan ofertas y están atentos al curso de la crisis política. Oscilarán entre apoyar la reelección de Milei, o darse vuelta. Las volteretas en el Congreso -votar con Milei y pedir “sesiones especiales” con los opositores- forman parte de esas maniobras. Con el kirchnerismo en su totalidad ocurre algo parecido, pero en otra dimensión -la judicial. En medio de las causas en curso y de las negociaciones por el nombramiento de jueces, tramitan su propia impunidad en un juego donde, del otro lado, entran otros prontuarios -los de $Libra Milei, Adorni, Espert y Spagnuolo.

El FITU, con su activa participación en la conferencia de prensa común, ha actuado como masa de maniobra de todos estos enjuagues. La coincidencia en el voto por una sesión especial es una contingencia de la vida parlamentaria y de la crisis política. Otra cosa es celebrarla como un acto de la “oposición unida”, en medio de un verdadero nido de víboras. La “unidad” por la sesión ni siquiera tiene como base a un proyecto o a una reivindicación común, sino que se inscribe detrás del difuso objetivo de “tratar el endeudamiento de las familias”. El radical Jiuliano, uno de los que lideró la conferencia de “Unidad”, tiene un proyecto que traslada los casos de mora…a la Justicia, o sea, que se lava las manos y se abstiene de imponer una salida en favor de los deudores confiscados. Otros proyectos habilitan a “refinanciaciones” que implicarán la esclavización vitalicia de los que están en mora.

Frente a la votación de la sesión especial, una izquierda independiente y socialista hubiera adoptado un camino antagónico al de Bregman, Del Caño, Giordano y Del Plá: advertirle al pueblo endeudado sobre los límites insuperables de las maniobras parlamentarias en curso, y llamar a imponer una salida mediante la movilización política contra el gobierno y sus cómplices. El FITU, en cambio, ha llamado a confiar en el parlamentarismo y en los cómplices de Milei.

El episodio de este miércoles es muy instructivo sobre el rol del FITU en la presente crisis política. En numerosos textos, hemos alertado sobre la tendencia a la constitución de un frente de colaboración de clases. Pero lo que ha quedado de manifiesto es que ese frente de colaboración de clases ya opera en el presente, no es necesario conjeturar sobre eventuales alianzas. El FITU actúa como avalista de estas operaciones políticas.

27 de agosto de 2026
Estados Unidos: dos muertes a causa de sarampión

Este martes 25, las autoridades sanitarias de Pensilvania reportaron la muerte de dos personas a causa de sarampión, siendo estas las dos primeras durante este año en los Estados Unidos. Las dos personas que fallecieron eran residentes del condado de Lancaster y no estaban vacunadas. Pensilvania es uno de los estados más afectados este año con 393 casos distribuidos en 28 condados. La lista de estados de los EE.UU. con más casos la encabezan Carolina del Sur (670 casos) y Utah (526 casos). El condado de Lancaster, situado en el sureste del estado de Pensilvania ha registrado 185 casos y las dos muertes a causa de sarampión son las primeras registradas en el estado en 35 años. Algunos medios de comunicación encuentran como agravante el hecho de que en dicho estado se encuentra una comunidad amish, un grupo religioso reacio a la vacunación y otras prácticas médicas modernas. Pero la caída de la tasa de vacunación es una tendencia general, agravada por la política de ajustes y de cuestionamientos sobre la efectividad de la misma por parte del gobierno “antivacunas” de los Estados Unidos.

Los Estados Unidos, camino a dejar de ser considerado país libre de sarampión

En lo que va de este año, Estados Unidos ha registrado 2.777 casos confirmados de sarampión (al 21/8 según los Centros para el Control y Prevención de enfermedades -CDC por sus siglas en inglés) superando los 2.289 reportados durante el 2025. El año pasado murieron tres personas.

La enfermedad de sarampión había sido declarada erradicada en el país en 2000, al mantener altas tasas de vacunación. Esto se encuentra en riesgo debido a que en los últimos años la vacunación cayó por debajo de la cobertura del 95% necesaria para prevenir brotes. Según los CDC, la cobertura de vacunación entre los niños y niñas que concurren a los jardines de infantes en los EE..UU.. disminuyó del 95.2 % durante el año escolar 2019–2020 al 92.5 % en el año escolar 2024-2025, lo que dejó a aproximadamente 286.000 niños en riesgo durante el año escolar. Durante el curso escolar 2025-2026, la cobertura de vacunación entre niños y niñas en Estados Unidos disminuyó para todas las vacunas notificadas respecto al año anterior, oscilando desde un 92,0% para la vacuna contra difteria, tétanos y tos ferinas acelulares; hasta un 92,4% para la vacuna triple viral (sarampión, paperas, rubéola) y la vacuna contra la polio. Hay estados en donde el porcentaje de niños y niñas vacunados se encuentra por debajo del 90%. Son los casos de Idaho (78,5%), Utah (88,6%), Colorado (88%), Georgia (86,8%), Florida (88,8%). El estado de Pensilvania tiene una tasa de vacunación del 92,4%. Desde los CDC advierten que cuando el sarampión llega a una comunidad de personas sin vacunar puede ocurrir un brote. En noviembre de este año, funcionarios de la salud se reunirán para determinar si Estados Unidos y México han perdido su estatus de países libres de sarampión, por los brotes sostenidos desde el año pasado.

La política sanitaria de Trump y Kennedy, un golpe brutal a la salud de los trabajadores

La política sanitaria adoptada por el secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, el “antivacunas” de Kennedy y Trump, agrava la situación. Este mes, Trump firmó un decreto en el que se pedía una reducción de las vacunas infantiles recomendadas y espaciar las dosis. A partir de este decreto, se pretende que la vacuna triple viral (MMR), justamente la que previene el sarampión, deje de aplicarse en una sola inyección combinada y se inocule en tres inyecciones distintas. Profesionales de la salud sostuvieron que espaciar las inyecciones puede aumentar el riesgo de que los niños se infecten con una enfermedad evitable por vacunación antes de regresar para otra visita (La Nación, 10/8). En diciembre pasado, Trump había ordenado al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) que revise cómo abordan las naciones pares las recomendaciones de vacunación y que considere la posibilidad de revisar las directrices de Estados Unidos, aplicando un recorte en el número de vacunas que recomienda para cada niño. Esta medida, desde entonces se encuentra bloqueada en los tribunales. Desde el gobierno, con Kennedy a la cabeza, es manifiesto el cuestionamiento a la eficacia de las vacunas en la prevención de enfermedades. Como venimos desarrollando en estas páginas, bajo este discurso se justifican los recortes en el sistema de salud estadounidense, mientras se infla el presupuesto destinado para la guerra. Las consecuencias son un verdadero golpe a la clase obrera de los Estados Unidos y del mundo. La lucha en defensa de la salud es internacional.

Fuentes:

-Página de CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Estados Unidos): https://www.cdc.gov/measles/es/data-research/index.html

-https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos/eeuu-registro-dos-muertes-de-sarampion-en-medio-de-una-estampida-de-casos-por-la-caida-de-la-nid25082026/

-https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos/donald-trump-firmo-una-orden-para-reducir-y-espaciar-las-vacunas-en-ninos-nid10082026/

28 de agosto de 2026
Rubén Rada (1943-2026)

La palabra negro es maravillosa. En las sociedades occidentales, el color negro es utilizado frecuentemente con connotaciones negativas. Son varios los motivos, entre ellos que la noche a lo largo de la historia fue una experiencia humana negativa y peligrosa. Lo oscuro, el luto, lo tenebroso, la mala suerte, el mercado negro, el humor negro y la lista ocuparía cientos de páginas. Sin embargo, en varios contextos y culturas el negro puede simbolizar también cuestiones positivas. Es así entre las tribus Masái, en el cinturón que representa el rango máximo en distintas artes marciales y también lo fue para Rubén Rada referencia ineludible de la cultura popular y la música rioplatense, que acaba de fallecer a los 83 años y para quien la palabra “negro” era maravillosa.

Desde las comparsas de Montevideo hasta los escenarios de América Latina, Ruben Rada elaboró una de las trayectorias más extensas y reconocibles de la música uruguaya. Cantante, percusionista, compositor, actor y conductor, el artista nacido el 16 de julio de 1943 quedó asociado a la expansión del candombe en diálogo con el rock, el jazz, la música brasileña y el pop. “¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? (…) ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor?”, expresaba justamente en su clásico “Quién va a cantar”.

Más allá de las cuestiones de salud, Rada era un músico que se hallaba en plena vigencia y actividad. De hecho, se estaba armando un show en torno a la reunión de la histórica banda de candombe-beat Tótem, además de girar con el espectáculo Terapia de Murga junto a Agarrate Catalina, entre otros proyectos. El Negro (que tiene infinidad de apodos: Zapatito, Richie Silver, RubenRá), llegó a ver un documental sobre su propia vida, estrenado en 2024, que no es solo sobre su música, sino también sobre su familia.

Los primeros pasos de Rada transcurrieron en el candombe y participó tempranamente de la popular comparsa Morenada. Luego fue cantante del grupo de jazz Los Hot Blowers, y a mediados de la década del setenta formó El Kinto junto a Eduardo Mateo, una de las experiencias musicales y culturales más recordadas en la historia de la música uruguaya. Más tarde, también en los ’70, formó parte de los mencionados Tótem y, en 1977, participó de Opa junto a Hugo y Osvaldo Fattoruso y Ringo Thielmann, con quienes grabó el disco “Magic Time”. Luego se instaló en Buenos Aires y formó el proyecto La Banda.

En Argentina vivió durante doce años, en la década del 80, y desarrolló aquí una parte importante de su trayectoria artística. Entre los trabajos publicados más significativos se encuentran “La Rada”, “En familia”, “La Banda”, “Adar Nebur”, “Montevideo” y “La cosa se pone negra”. En nuestro país también hizo incursiones en televisión como actor y conductor. Actuó en la tira costumbrista “Gasoleros” (1998) por El Trece y, en 2007, condujo su propio ciclo titulado “Lo de Rada” por la TV Pública.

Empezó cantando “Las manzanas” en su primer trabajo solista de 1969. Su producción discográfica persistió en vincular el candombe con el rock, el jazz, el funk y otros lenguajes de la música popular. Entre sus canciones más destacadas se encuentran “Candombe para Figari”, “Biafra”, “Las manzanas”, “Botija de mi país”, “Quién va a cantar”, “Candombe para Gardel”, “Mi país”, “Dedos” y “Cha Cha, Muchacha”, que fue un éxito total y llegó a vender 50.000 copias en la Argentina y otro tanto en Uruguay, a pesar de ser un mercado mucho más chico. Rada fue un músico popular (en el amplio sentido de la palabra) en ambas orillas del Río de la Plata, pero eso no quiere decir que haya sido masivo o “exitoso” en el sentido que le asigna la industria cultural.

A partir de fines de los 90, Rada también impulsó un trabajo orientado al público infantil, del que emergió el personaje Rubenrá. En paralelo mantuvo giras, grabaciones en vivo y proyectos donde regresó sobre distintas zonas de su carrera. Entre ellos aparecen “Candombe Jazz Tour”, “Richie Silver”, “Solo Candombe”, los discos instrumentales “Confidence” y una serie de espectáculos centrados en la revisión de su propio catálogo.

Fue también un artista que reivindicó y puso en valor las raíces afro en la música. Si bien su terreno más transitado fue el candombe, también incursionó en otros ritmos con origen afro, como el tango y la milonga. Como referente y difusor de la cultura afro, se ocupaba en develar el origen, a la historia, los cruces y mixturas culturales, porque consideraba que no sabemos de dónde venimos. Y, sin embargo, no se limitó a un solo estilo, ya que se consideraba un músico de fusión, que constantemente cambió; del pop pasó al tango y de eso, a otras expresiones. A su vez, siempre le hizo frente al racismo y de manera consciente, ya que consideraba que en Uruguay no se mató gente como en los Estados Unidos, pero también se puede aniquilar de otra manera: no dando trabajo.

Rada también atravesó la dictadura. En el ´78 era moneda corriente que la policía se llevara a la mayoría del público de sus conciertos y también estuvo preso brevemente. La fama le salvó la vida. En Uruguay, en la época de los Tupamaros, iba en un taxi con cinco personas y los pararon policías y militares. Uno de ellos miró el interior y lo reconoció. “No, es el Negrito Rada”, y dijo: “Negrito, tocate ‘Las manzanas’ ”. La cantó y los dejaron ir. Ellos no entendieron que había grabado en ese momento “Días son días/ Madres son madres/ Hijos son crías/ Los pensamientos son todos míos/ Pero mi lengua ya no es tan mía”, porque estaban los militares y no se podía hablar. En sus últimos años, se identificaba con el Frente Amplio.

Además de una carrera musical, de la Argentina se llevó a su compañera y a sus tres hijos: Lucía, Julieta y Matías. Fueron sus compañeros arriba del escenario y en la vida. Rada fue también un apasionado por el deporte y el fútbol. “Toca che negro Rada/ Toca grita la hinchada”, dice su hit “Blumana”. Hincha fanático de Peñarol, su plan A no fue la música, sino ser futbolista. No lo logró, porque a los cuatro años tuvo tuberculosis. Tiempo después se fue a probar en un club y, cuando hizo la ficha médica, salió la mancha en el pulmón, entonces abandonó. En un concierto de Julia Zenko, cantaba “Dale alegría a mi corazón”, apareció Maradona cantando y ahí se conocieron. Vio salir campeón a Peñarol cinco años con Máspoli, Obdulio Varela y Ghiggia, relataba con orgullo.

En las últimas horas, artistas de distintas generaciones compartieron mensajes, fotos y recuerdos para homenajearlo. Así lo hicieron Fito Páez, Charly García, Trueno, David Lebón, Natalia Oreiro, Daniel Drexler, Nicki Nicole y el joven músico afrouruguayo Balta, entre otros tantos. En una de sus canciones más populares, “Muriendo de plena”, canta (o imagina): “Cuando yo me muera/ No quiero canto mi pena/ Prefiero que se me velen/ Bailando una rica plena”. Eso mismo estuvieron haciendo por las calles de Montevideo, tal vez por Barrio Sur o Palermo, todos los que alguna vez se conmovieron con su música y el ritmo alegre de su tambor.

28 de agosto de 2026
La CIA en Moscú

La visita relámpago de John Ratcliffe a Moscú ha desatado no pocas especulaciones. El Wall Street Journal ha señalado que la administración Trump filtró a la prensa que el objetivo del viaje fue disuadir a Moscú de emprender un ataque contra los países miembros de la OTAN, como Putin ha reiterado en varias ocasiones. Donald Trump aseguró personalmente más tarde que el Kremlin no tenía la menor intención en este sentido, con el estilo de bufón que lo caracteriza.

El tema, claramente, ha sido puesto cabeza abajo, pues la guerra en Ucrania, tomada en su conjunto, ha sido una iniciativa de la OTAN, no de Rusia. Como lo han reconocido varios especialistas ‘occidentales’ en energía, la orden impartida por Biden y por Trump a Alemania para que cancele los acuerdos de suministro de gas de Rusia a Europa, que sería reemplazado por gas licuado proveniente de Estados Unidos, varias veces más caro, organizaría la retaguardia de la instalación en Kiev de un gobierno favorable a la anexión por la Unión Europea y el ingreso a la OTAN. La anexión de Crimea a Rusia y la posterior invasión de Ucrania, el 24 de febrero de 2022. fue advertida por Putin a Washington, París y Berlín, sin que la CIA intentara persuadirlo, como parece que ocurre ahora.

Rusia se encuentra rodeada por la OTAN desde el Báltico, Polonia y el Mar Negro. Ha armado a Ucrania y provisto recursos para su industria militar, que alcanzan en profundidad el territorio de su vecina. La guerra circunscripta al Donbas hacia Kherson y Odessa, en el sur, y Kharkov, en el norte, no tiene ahora límites. El pseudoacuerdo de paz que ofrece Moscú se limita a un reconocimiento internacional de las regiones señaladas; en cuanto al apartamiento de Zelensky del gobierno, ya es un reclamo de todos sus acólitos neonazis. La red financiera de la OTAN aplica sanciones estratégicas a Moscú, como la expulsión de la mensajería bancaria internacional Swift y el seguimiento a la flota petrolera rusa en las sombras. Las que se aplican al comercio de petróleo y gas han creado una crisis energética internacional, que es anterior a la guerra en curso contra Irán. Los imperialismos europeos han desatado un enorme rearme que tiene por blanco a Rusia. En Lituania opera una base militar de la OTAN que practica ejercicios regulares de entrenamiento con la vista puesta en una invasión de territorio ruso. Polonia posee el ejército más numeroso de Europa. Gran Bretaña acaba de anunciar que multiplicaría la asistencia militar a Ucrania, incluyendo armamento guiado por Inteligencia Artificial. Las potencias de la OTAN han incluido en sus planes la posibilidad de una guerra con artefactos atómicos. Los imperialismos europeos acentúan la agitación bélica para hacer frente a la resistencia al alistamiento militar de nuevos reclutas en Ucrania y para avanzar en la represión interna y el retorno al reclutamiento obligatorio en un afán de impedir que la ultraderecha de sus países, que reclama un acuerdo con Putin, gane las elecciones en vista.

Ratcliffe no se ha llevado de Putin una promesa de no atacar, incluso preventivamente, a los responsables de la ampliación de esta guerra criminal; Putin debe haber advertido, más bien, que sus enemigos no echen más leña al fuego. Trump, por su lado, no confunde los intereses del imperialismo norteamericano en esta guerra con los de sus rivales europeos. Estados Unidos no asiste militarmente a Ucrania sino a través de la UE, a la cual vende armamento al contado efectivo. El plan de Trump es llegar a un acuerdo con Putin a costa de la UE y del gobierno de Ucrania, cediendo territorio ucraniano a Rusia en el marco de un acuerdo de explotación conjunto de minerales y tierras raras, que aparte además a Putin del acuerdo “estratégico” con China. Trump ya ha puesto del lado de Estados Unidos a las tres naciones del Cáucaso sur y se propone lograr lo mismo con Turquía. Ratcliffe se asomó por el Kremlin en el marco de una agudización del enfrentamiento interimperialista con Canadá, México y la Unión Europea.

Las filtraciones acerca del viaje del director de la CIA no han dejado ver nada, al menos por ahora, sobre Irán, donde Trump ha sufrido una derrota estratégica, si se tiene en cuenta el apoyo de China a Irán. Scott Bessent, interrogado por las sanciones totales contra Irán, admitió que no podían involucrar a bancos de China, para evitar “una explosión” del sistema financiero internacional. La guerra mundial ha dejado al desnudo que el imperialismo estadounidense se ve enfrentado a la necesidad de un cambio de régimen político (fascismo) en su propio patio: los Estados Unidos. La purga de jefes militares, por parte del Pentágono, que acaba de develar The New York Times, al igual que lo que viene ocurriendo con sus portaviones en mares alejados de sus costas, muestra una crisis que hunde el cuchillo en los órganos más sensibles del Estado.

28 de agosto de 2026
Del Caño y Giordano: el papel confusionista FIT-U en el Congreso

El pasado miércoles 26, el dirigente de Izquierda Socialista, Juan Carlos Giordano, asumió como diputado nacional en reemplazo de Néstor Pitrola, bajo el esquema de rotación que mantienen -o mantenían hasta ahora- los partidos del FIT-U en sus acuerdos electorales. En la misma sesión, en el orden del día figuraba la reforma del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal. Giordano hizo su debut como diputado participando de la conferencia de prensa de la “unidad opositora” junto con peronistas y exmileístas.

Minutos antes, en su juramento de asunción de la banca, Giordano se presentó con una bandera con el lema “las Malvinas son argentinas” -un planteo nacionalista sin distinción de clases-; comenzó jurando “en defensa de la tierra y el agua”, entre interrupciones de Martín Menem. El mismo día, otro de los diputados del FIT-U de la flamante “unidad opositora”, Nicolás Del Caño, siguió la polémica en X, donde sostuvo que “las Malvinas son argentinas. Y nuestras tierras también”. Políticamente, el FIT-U atraviesa su momento de mayor homogeneidad.

El patrioterismo rabioso sirve a un planteo de unidad con el nacionalismo burgués. El FIT-U nunca se presenta frente a las masas obreras delimitándose del papel de la clase explotadora y sus representantes, sino que busca hacer causa común con un ala de los explotadores. La ´unidad opositora´ ya había tomado forma parlamentaria con la constitución del bloque "nacional y popular de izquierda", bajo la excusa de integrar un diputado más del FIT-U -y otro del kirchnerismo- a la comisión investigadora -mejor dicho, encubridora- del caso $Libra. La cuestión Malvinas ha sido manipulada sistemáticamente por el peronismo mientras pagaba la deuda usuraria por medio de la confiscación del patrimonio público y la participación en guerras coloniales de Estados Unidos. El patrioterismo busca esconder la lucha de clases interna y disimular que Argentina forma parte de la guerra imperialista internacional del lado de la OTAN. La conversión del FIT-U al nacionalismo es una maniobra para captar votos, pero no por eso menos dañina.

El planteo de Giordano en su juramento fue una acumulación de reivindicaciones nacionalistas. Su remate -“por un gobierno de la clase trabajadora y de la izquierda, por una Argentina y un mundo socialistas”- fue un injerto extraño en un discurso reñido con el gobierno de los trabajadores y el socialismo.

Política Obrera y el morenismo frente al nacionalismo

Política Obrera ha procedido a lo largo de toda su historia al revés de cómo la hace el FIT-U. Ha hecho un esfuerzo sistemático por enlazar la lucha antiimperialista y el reclamo de Malvinas con la lucha por el socialismo y el desenmascaramiento de la burguesía nacional y los partidos “nacionales y populares”. Esta historia tuvo su hito el 2 de abril de 1982, cuando la flota argentina se lanzó a la ocupación de las islas, pero se remonta a mucho antes.

Un episodio menos recordado, pero igual de relevante, fue el llamado Operativo Cóndor llevado a cabo a fines de septiembre de 1966 por un grupo de peronistas comandados por Dardo Cabo, que se apoderaron de un avión de Aerolíneas Argentinas y lo llevaron a las Islas Malvinas, donde izaron una bandera argentina y reclamaron la soberanía de las islas. El gobierno del “nacionalista” Onganía reveló toda su esencia al declarar la operación como un acto de “piratería”.

Frente a este hecho, Política Obrera señaló que el accionar de aquellos jóvenes peronistas “ha tenido un mérito no buscado por éstos”, que fue el de revelar el carácter profundamente proimperialista de la dictadura nacional. Pero PO destaca que éste mérito “no hay que adjudicárselo al Operativo Cóndor sino a la dictadura misma”. El Operativo Cóndor, en cambio, “ha intentado enturbiar y confundir la conciencia clasista del proletariado” y “ha jugado un rol reaccionario al intentar reforzar el veneno nacionalista entre las masas políticamente más atrasadas de la población” (Política Obrera, “La Operación Cóndor”, 12/10/66).

“Si la clase obrera -continúa PO- es la más firme defensora de la nación oprimida y no de la nación toda -la cual incluye a sus más acérrimos explotadores- es porque se apoya en la unión solidaria internacional de todos los obreros contra el imperialismo. La unidad de clase de los obreros argentinos, chilenos y uruguayos es la que hay que promover, y no la unión de clases antagónicas que se engloba en la palabra patria. (…) No hay peor obstáculo en la lucha contra el imperialismo que la ideología nacionalista porque conduce a someter a los obreros a los vaivenes patrióticos de la burguesía”.

El Operativo Cóndor no fue más que una acción desesperada, impotente, de un grupo nacionalista que reflejaba la bancarrota ideológica, ya entonces, de la juventud peronista. Se trataba de una maniobra para intentar fortalecer a un sector del gobierno más “nacionalista” que la fracción de Onganía (una utopía reaccionaria, calificó PO entonces).

En ese entonces, el Partido Comunista sentenció que sólo “un régimen democrático” podía materializar la aspiración de soberanía nacional sobre Malvinas. El PC buscaba un recambio democrático burgués en el gobierno, al igual que un ala del imperialismo norteamericano.

Pero los padres ideológicos del FIT-U tuvieron una posición similar a la que ahora tienen los diputados electos. En esto hay que reconocer una continuidad histórica, desde hace más de 60 años atrás, con los partidarios de Nahuel Moreno. El periódico “La Verdad”, del PRT de Moreno y Santucho, señaló en ese entonces que el accionar del grupo Cóndor “fue un gesto de indudable reafirmación de la soberanía de nuestro país y en ese sentido merece nuestro apoyo”. Un planteo tan antisocialista como el que actualmente levantan sus sucesores.

28 de agosto de 2026
Mirgor: un conflicto que exige huelga general

Han transcurrido dos semanas desde que Mirgor, la empresa de "Nicky" Caputo, llevara adelante el despido de 300 trabajadores y le bloqueara el acceso a los delegados. La justificación que utilizó la patronal para los despidos fue una medida gremial, relacionada al pago de un premio de 3.000.000 que la patronal quería pagar en cuotas. La patronal ha sido obligada a reincorporar, conciliación mediante, a los trabajadores. Sin embargo, continúan fuera los delegados gremiales.

Los despidos no se dieron en el marco de una recesión, la excusa favorita de las patronales para justificar la expulsión de los trabajadores de las fábricas, sino que se dan en el marco de una pelea entre el sindicato y la empresa. La patronal ha señalado a numerosos medios que estos despidos no responden a problemas económicos. De hecho, Mirgor no ha alegado ninguna pérdida como consecuencia de la crisis general de la industria. Inclusive si lo hiciese, los registros e investigaciones del sector productivo fueguino, de los estados contables auditados de Mirgor y demás, en distintas publicaciones como Moody's Local y los centros de investigación como FUNDAR, han colocado a Newsan junto con Mirgor como las mayores beneficiarias del lobby regulatorio fueguino.

Ante todo, los despidos se dan en el medio de una agudización de la guerra declarada por las patronales contra la organización obrera en las fábricas, para controlar la totalidad de la vida del obrero y atomizarlos para continuar desenvolviendo la contrarreforma laboral al interior de los lugares de trabajo. Esa es la lógica con la que ha operado Mirgor, una empresa ligada directamente al gobierno liberticida.

En los últimos días, los medios locales han estado hablando de Mirgor casi a diario. La empresa y el sindicato se han reunido en el Ministerio de Trabajo de la provincia sin acercar posiciones. El impasse de las negociaciones se debe, fundamentalmente, a la negativa de la patronal para reincorporar a los delegados. Mientras esto ocurría, Mirgor reforzó sus planteles de producción con 50 trabajadores en régimen de Prestación Permanente Discontinua -PPD- (un diputado fueguino de La Libertad Avanza, Miguel Rodríguez, confirmó que estos 50 son trabajadores reincorporados), una modalidad de trabajo típicamente utilizada en el sector agrario para tener estacionados a los trabajadores entre períodos de cosecha.

Lo que trascendió a través de una entrevista al diputado Rodríguez es que Mirgor pretende no reincorporar a los delegados. Según su relato, la patronal quiere que los 300 trabajadores continúen trabajando ya que, según le dijeron, "[Mirgor] de acá a fin de año no tiene ningún tipo de reducción de personal prevista". Es decir que la patronal ha echado a 300 trabajadores para presionar al sindicato a aceptar el pago del premio en dos cuotas. Esto ha sido una maniobra para dejar en la calle a los trabajadores, voltear la organización al interior de la fábrica y ejercer presión sobre la UOM, que se encuentra intervenida a nivel nacional.

Todo este toma y daca que pone en cuestionamiento la continuidad de los trabajadores en la planta -a pesar de los dichos de la patronal o sus voceros, como el diputado Rodríguez- ha llevado a que el día miércoles la UOM convocara a un paro con movilización en Río Grande, donde los conflictos obreros han ido creciendo durante todo el año. Tal es el caso de Aires del Sur y BGH, entre otros. Según informó Marcos Linares, el paro fue convocado para llevarles la solidaridad a los 25 delegados que continúan despedidos y porque Mirgor ha definido que no pagará el bono anual de tres millones. Oscar Martínez, secretario general de la UOM Tierra del Fuego, señaló en distintas entrevistas previas a la movilización que la patronal ha amenazado con nuevos despidos a partir del 1 de septiembre, cuando vence la conciliación obligatoria, y no tiene la intención de reincorporar a ninguno de los delegados. Lejos de plantear un escenario de huelga general, Martínez mencionó que, si no hay prórroga de la conciliación el 31 de agosto, y sólo bajo esa condición, convocará a una nueva movilización.

En estos momentos la provincia de Tierra del Fuego está siendo sacudida por un ascenso de la lucha de clases, protagonizado por la docencia, que lleva cuatro semanas en huelga general y ha planteado seguir hasta conquistar el aumento salarial. El objetivo no tiene que ser la prórroga o la conciliación obligatoria, sino la unidad de los trabajadores en la huelga general. Esa salida solamente la darán los trabajadores organizados de manera independiente a las burocracias y las patronales.

28 de agosto de 2026
El PSOE busca hacer ley su accionar criminal en Ceuta

El gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE acaban de presentar una reforma de la Ley de Extranjería y de la Ley de Asilo para adaptar la legislación española migratoria al Pacto Europeo de Migración y Asilo, en línea con la lógica de militarización de la OTAN y la Unión Europea.

Esta presentación ocurre después de que el Ejecutivo español ordenara el envío del Ejército a Ceuta y Melilla para reforzar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y detener la entrada de más de 70.000 personas que llegaron desde Marruecos. También instaló una barrera neumática de contención en el mar para frenar el avance de los nadadores y redirigirlos de vuelta. Este accionar dejó más de un centenar de personas fallecidas, entre ellas niños y adolescentes. El Gobierno de Sánchez carga así con la responsabilidad por estas muertes.

La legalización de esta política a través de la reforma propuesta establece procedimientos acelerados en frontera, limita recursos administrativos frente a las denegaciones de asilo, habilita confinamientos geográficos y refuerza los mecanismos de internamiento y expulsión. Las reformas deberán pasar por el Parlamento.

Adquieren una gravedad particular en el caso de los niños, que la derecha española llama despectivamente MENA (Menores Extranjeros No Acompañados). La ley española reconoce a los menores extranjeros los mismos derechos fundamentales que a los españoles y establece que su eventual repatriación debe analizarse individualmente, atendiendo al interés superior del niño. El Tribunal Supremo ya determinó que las devoluciones colectivas de menores desde Ceuta no podían realizarse sin respetar esos procedimientos. La crisis actual vuelve a colocar esta cuestión en el centro: niños y adolescentes que llegan huyendo de situaciones de pobreza y violencia son tratados dentro de un dispositivo concebido en términos de seguridad y control fronterizo.

Así, el derecho de asilo queda sometido a procedimientos más rápidos y restrictivos, mientras se amplían las posibilidades de confinamiento y expulsión. La frontera se convierte en un espacio de excepción. Aún permanecen miles de migrantes en Ceuta, incluso alrededor de 2.900 menores, y se han habilitado instalaciones militares para ellos. El Gobierno de Sánchez y sus aliados adoptan políticas alineadas con la extrema derecha y las exigencias europeas, es decir, medidas de orientación represiva y de corte fascista, en medio del desarrollo de una guerra imperialista mundial.

¿Y el “Proceso de Regularización Administrativa Extraordinaria de Personas Migrantes”?

El Gobierno del PSOE ha impulsado una regularización extraordinaria de inmigrantes que residieran en España antes del 1 de enero de 2026 y que acreditaran, entre otros requisitos, cinco meses de permanencia continua.

Es la otra cara de la moneda de la política “progresista” en esta etapa de feroz decadencia.

Obedece a las necesidades del “mercado laboral”. Transcribimos del Instituto Nacional de Estadística de España: “El progresivo aumento de las defunciones, superior al número de nacimientos daría lugar a un saldo vegetativo negativo. El saldo migratorio sería positivo, lo que provocaría, en balance, un aumento de población. En consecuencia, el aumento poblacional se debería, exclusivamente, a la migración internacional”.

Los trabajadores inmigrantes reciben los salarios más bajos y ocupan empleos precarios en sectores como agricultura, hostelería, cuidados, servicio doméstico, etc.

El capital utiliza esta fuerza de trabajo vulnerable para aumentar la oferta y mantener salarios bajos y condiciones precarias. Luego se presenta al trabajador inmigrante como responsable de esa situación.

Hasta julio, los salarios pactados en convenios aumentaban alrededor del 3 %, mientras la inflación alcanzaba el 3,6 %, acumulándose cinco meses de pérdida de poder adquisitivo. La división entre trabajadores nativos e inmigrantes sirve entonces para ocultar la responsabilidad estatal patronal.

La acción en Ceuta también ejerce sobre todos los inmigrantes la amenaza de represión. El PSOE, en su carácter antiobrero, además mantiene en pie la ley Mordaza puesta en pie por derechista Partido Popular, instrumento de criminalización y sanción de la movilización popular.

Ceuta y la militarización

La política migratoria tampoco puede separarse del rearme. España ya alcanzó el 2 % del PIB destinado a defensa y continúa bajo presión para aumentar el gasto militar en el marco de la OTAN. La utilización del Ejército para responder a la crisis de Ceuta es una expresión concreta de esta creciente militarización.

Ceuta adquiere entonces una importancia que no se limita a la cuestión migratoria. Es territorio español y frontera exterior de la Unión Europea. Está situada frente a Marruecos y junto al estrecho de Gibraltar, y es reivindicada por Marruecos. La disputa territorial y la crisis migratoria se desarrollan en un momento de fuerte reordenamiento de las relaciones en el norte de África -el Magreb- entre España, Marruecos, Argelia y Estados Unidos, atravesadas por intereses en materia migratoria, energética y estratégica, así como por la disputa por el territorio del Sahara Occidental.

La guerra de Ucrania junto con la guerra en Medio Oriente y la crisis del Mar Rojo profundizan esta disputa por rutas, energía, recursos y posiciones militares.

El recrudecimiento de la guerra en Ucrania agrava el escenario. La escalada de los ataques y el creciente involucramiento militar de Estados Unidos y los países europeos elevan el riesgo de una confrontación más directa entre Rusia y la OTAN.

La crisis de Ceuta y la reforma de la Ley de Extranjería y de la Ley de Asilo de Sánchez forman parte del mismo contexto internacional de rearme, endurecimiento de las fronteras y preparación militar.

28 de agosto de 2026
Docentes Buenos Aires: balance de la jornada de lucha provincial

El martes 25 y miércoles 26 de agosto se llevó adelante una Jornada de Lucha provincial docente de 48 horas en Buenos Aires, convocada por las seccionales del SUTEBA de La Matanza, Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz. En este último distrito, la jornada consistió en 48 horas de paro, mientras que, en el resto de las seccionales, el paro fue de 24 horas, el miércoles 26. Estas medidas fueron resueltas en un plenario provincial virtual en el que, según los convocantes, se reunió el mandato de 7.800 docentes de 30 distritos de la provincia.

En el primer día de la jornada se realizó una movilización a La Plata, que incluyó una concentración frente a la Gobernación y luego, en la sede de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE), se presentó un relevamiento de los descuentos impuestos a docentes en represalia por ejercer el derecho a huelga y se realizó una radio abierta. Respecto de los descuentos por los paros, Kicillof se ha hermanado con Milei y su “esencialidad educativa”, en una búsqueda infructuosa por disciplinar a la docencia. Participaron en total alrededor de 800 docentes, la mayor parte de ellos provenientes de La Matanza, que puso 7 micros. En Bahía Blanca, se llevó adelante una movilización docente significativa, con 1.000 docentes, frente a la sede de IOMA, cuyas prestaciones se recortan día a día. También se realizaron movilizaciones docentes en Mar del Plata y Villa Gesell.

La burocracia Celeste del SUTEBA buscó boicotear estas medidas convocando a reunión de delegados en ambos días. No obstante, fueron reuniones minoritarias y fragmentadas. Allí los burócratas celestes presentaron los “avances” logrados en las paritarias, como la modificación de los protocolos de resguardo y reparación, que han demostrado en la realidad ser un saludo a la bandera. Aun así, debieron reconocer que siguen las situaciones de violencia en las escuelas, que se suman los problemas para cargar las licencias médicas y los vinculados a las reformas curriculares y el nuevo régimen académico en secundaria, ampliamente repudiado por la docencia por la sobrecarga laboral que conlleva, sin mejoras pedagógicas de ningún tipo. El salario fue de nuevo el gran ausente de estas reuniones, demostrando que lo único que se quiere es blindar al peronismo y eventualmente a Kicillof para las elecciones del 2027. La Celeste criticó el proyecto de “libertad educativa” de Milei, pero sin proponer medida de acción alguna. Su oposición es formal, como lo son también las ´protestas´ de la CGT y la CTA ante la crisis de endeudamiento personal de los trabajadores.

El paro del miércoles 26 fue importante en la provincia, derrotando nuevamente las maniobras de la Celeste, aunque con una adhesión menor respecto de las huelgas del 3 y 4 de agosto pasados. En muchas escuelas los docentes han expresado su descontento por la ausencia de una profundización de las medidas y esto se ha plasmado en numerosos mandatos de escuela que se inclinaban por el paro por tiempo indeterminado

La Tendencia Docente Clasista participó de la movilización de La Plata. Hicimos uso de la palabra para apoyar a la docencia de Tierra del Fuego, que transita su cuarta semana de una huelga indefinida. Llamamos a organizar la lucha docente en Buenos Aires para replicar lo resuelto por la docencia fueguina. En este mismo sentido fueron los mandatos que estuvimos trabajando en las escuelas y en las reuniones de delegados.

28 de agosto de 2026
El “Negro” Rada

Nadie en estos tiempos tan particulares sobre las ideas de la discriminación osó llamarlo de otra manera. Así se hizo famoso en Uruguay y en buena parte del mundo y él mismo hizo honor a su sobrenombre. Y pasó lo que pasa siempre cuando un mote peyorativo se transforma en una reivindicación, como pasó en la política con los “descamisados” y pasa todo el tiempo en el fútbol, donde ser “leproso”, “canalla”, “quemero”, “bostero”, “carbonero” o bolsilludo” termina siendo un honor.

Nacido en el barrio de Palermo, un barrio pobre de Montevideo con una enorme colectividad de ascendencia afroportuguesa; una zona poblada de conventillos de “piezas de cuatro por cuatro donde se amontonan hijos con sueños casi castrados”, como decía una canción que inmortalizó "el sabalero", otro gran cantor que hace años se fue, para describir el barrio donde nació Rada.

El “Negro” tuvo cuatro hermanos. A los dos años de edad contrajo una tuberculosis que lo mantuvo dos años internado en un hospital debido a la falta de tratamientos con antibióticos, los cuales, en aquella época, eran un recurso para muy pocos.

Con un padre que se fue del hogar cuando apenas era un niño, sus estudios sólo llegaron hasta el 4° año escolar. Fue amante de la música desde los 10 años, cuando comenzó a participar de las comparsas de negros y lubolos en las “llamadas” del carnaval uruguayo. A los 15 salió en una murga, y de ahí en más comenzó una enorme carrera artística que tiene sus particularidades.

A pesar del masivo velatorio que lo despidió, las propuestas de vanguardia del “Negro” no siempre fueron bien recibidas en Uruguay. Es más, se puede decir incluso que fracasaron en su primera etapa, porque a pesar de su excelencia como creador y cantante, el público blanco no terminaba de aceptarlo. Si bien la comunidad negra incorpora algunas de sus propuestas, "el sutil racismo uruguayo” y el establishment “cultural” lo consideraban sólo un personaje simpático y gracioso. Esto lo confinó a ser una figura admirada por un reducido círculo de admiradores y recién logró alcanzar un público masivo en la década de 1990.

Rada nunca fue un músico de los llamados “de protesta”, pero en la década del 70, bajo la dictadura uruguaya, nadie se escapaba de la censura y la persecución. El Kinto y Tótem, agrupaciones ya medio famosas que integraba en aquellos tiempos, sufrieron restricciones, vigilancia y censura sobre sus letras y presentaciones. Rada se exilió en Argentina. De ahí en más, las idas y venidas entre ambos países signarían gran parte de su carrera. Paradójicamente, en 1980, inició un período de popularidad en Argentina. La profunda penetración de la música argentina en Uruguay, finalmente, acabó reflotando la fama de Rada,

Aun así, a principios de los noventa, apremios económicos lo llevaron a radicarse en México para sobrevivir. La industria artística estaba interesada en otro tipo de artistas. Los cinco años de México lo enriquecieron musicalmente, pero recién llego al gran público en el 2000, con éxitos como "Cha-cha, muchacha" y "Muriendo de plena", canciones que le valieron un cuádruple Disco de Platino en Uruguay y Disco de Oro en Argentina. Rada alcanzó, entonces sí, una considerable fama.

Desde 2010, su trabajo fue para la “historia”: recopilación de su obra, participaciones instrumentales con grandes músicos, recorridos y presentaciones en eventos culturales y musicales, reconocimientos nacionales. Fue declarado Ciudadano Ilustre de Montevideo. Recién entonces el “estatus cultural uruguayo” lo adoptó como propio.

Con un enorme oído y gusto musical, amaba la combinación de su tamboril con todo tipo de instrumentos musicales y a Gardel. Sus letras son tan simples que parece mentira que hayan alcanzado la fama. Se fue acompañado de los tamborileros uruguayos y argentinos y con él se fue una parte importante de la historia de la música uruguaya.

29 de agosto de 2026
El "piso salarial" de 1 millón de pesos

La nueva reunión del Consejo del Salario de este viernes tuvo un final teatral. La CGT y las dos CTA se retiraron de la reunión virtual luego de que la Secretaría de Trabajo ratificara su decisión de que los ´consejeros´ ya no deliberarían en forma presencial, para evitar las movilizaciones, módicas, que se venían sucediendo en cada cita. La salida de la burocracia sindical de la reunión no tiene, de todos modos, otra consecuencia que dejar el camino libre para que el Gobierno fije por decreto el aumento del salario mínimo, como viene ocurriendo desde hace años. Actualmente se ubica en $376.600. El reclamo de un salario mínimo equivalente al costo de vida de una familia -aproximadamente 3 millones de pesos actualmente- está fuera de su agenda.

En víspera de la reunión del consejo del salario ´ínfimo´, el diario La Nación (28/8) daba cuenta de la supuesta pretensión del gobierno de Milei de establecer un "piso salarial" en el sector privado de $1.070.000, lo que representaría en mano $860.000. Aunque muy por debajo del nivel de subsistencia, representaría un aumento del 284 % del actual salario mínimo oficial. No es, por supuesto, lo que el gobierno pretende. El salario mínimo oficial está desvinculado de los convenios, cuyas escalas más bajas lo duplican o triplican. Sólo se toma como referencia, en la práctica, para los trabajadores en negro, aunque esto por supuesto no está normalizado tampoco.

Las asignaciones familiares y los planes sociales -prácticamente extintos, con excepción de la AUH- dejaron de estar anclados al salario mínimo oficial desde marzo de 2024. Sin embargo, éste todavía mantiene una correlación formal con la Prestación por Desempleo y las jubilaciones mínimas, aunque en este caso la norma del 82 % del salario mínimo para jubilados con 30 años de aportes efectivos está formalmente en la ley, pero en la práctica no se traduce en un extra porque el haber mínimo general la supera. El "piso salarial", por lo tanto, no debe confundirse con el salario mínimo.

"Piso salarial"

¿Por qué el Gobierno lanza este globo de ensayo de establecer un piso salarial de un millón de pesos en este momento?

La trituradora de convenios colectivos que puso en marcha el fin de la ultraactividad no ha logrado avanzar ni con una sola renegociación de 600 convenios que todavía rigen. Ni las cámaras empresarias ni la burocracia de los sindicatos se han sentado a negociar nada, en parte, por las divergencias acerca de los límites en la financiación de las obras sociales y por las trabas para la recaudación compulsiva de las Cámaras Empresarias volcadas en la nueva ley laboral.

Con este anuncio, sin embargo, el gobierno podría apuntar a ´facilitar´ las negociaciones en gremios que tienen salarios por debajo del piso que dice querer imponer. Es el caso de UATRE, UOCRA y Textiles. Sólo algunos convenios más están debajo de los $ 860.000 en mano que promete Julio Cordero. (El personal doméstico, sobre el cual sí impactaría sustancialmente el aumento, quedaría afuera del beneficio)

La responsabilidad de la burocracia sindical

La situación de los salarios es que han retrocedido agudamente en términos reales desde la última presidencia de Cristina Kirchner hasta hoy. El poder adquisitivo de los salarios no alcanza para pagar el costo de vida. El endeudamiento masivo de las familias, el pluriempleo y el derrumbe del consumo, se explican por este factor. La baja del valor de los salarios privados frente a la inflación en lo que va del año se calcula oficialmente en 3,2 %, sin tener en cuenta que la inflación que mide el Gobierno está retocada para reducir el impacto de los servicios. La caída del salario de los estatales es todavía mayor, un 7,5 %.

La responsabilidad central de esta situación le cabe por entero a la burocracia de la CGT y de la CTA, que han negociado con el Gobierno la contrarreforma laboral y que vienen firmando los salarios a la baja, adaptada a la pauta ´deflacionaria´ que estableció el gobierno. La burocracia sindical ha dejado correr suspensiones y despidos sin lucha. La CGT se ha integrado al campo de la colaboración con el gobierno para poner a resguardo sus prebendas. Integró el Consejo de Mayo que parió el texto de la contrarreforma laboral.

El reclamo de un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar ha recorrido las últimas luchas, incluida la actual huelga docente de Tierra del Fuego. Ese es el rumbo.

29 de agosto de 2026
Jornadas educativas en tiempos de Jornadas de luchas

Durante la última semana de agosto, en provincia de Buenos Aires, por indicación de la DGCyE se impartieron las jornadas institucionales (Comunicado 368). La jornada contenía 4 documentos que servían como materiales que establecían los lineamientos para trabajar en las escuelas. Los mismos fueron elaborados por las Direcciones de "Políticas Socioeducativas" y de "Cooperación y Participación Comunitaria". Es decir, que la política educativa se declaró en bancarrota.

La jornada estaba convocada para indagar en las prácticas institucionales que construyen experiencias y vivencias en los estudiantes, la convivencia y el fortalecimiento de la asistencia escolar. La propuesta de la PBA convocó a la docencia y los establecimientos educativos bajo la consideración de que “las políticas socioeducativas son parte del sistema educativo provincial, y representan una manera particular de entender la educación, la escuela y su territorialidad” porque “las prácticas educativas no ocurren en un vacío social” y esta situación provoca que “las escuelas enfrentan actualmente desafíos que exceden ampliamente el campo pedagógico” donde “las transformaciones económicas, sociales, culturales, comunicacionales y tecnológicas modificaron las formas de vivir, de vincularse, de construir identidad y de participar en la vida colectiva”. Como se puede observar, el gobierno de la provincia de Buenos Aires brilla por su ausencia en cuanto a asumir una responsabilidad política frente a las transformaciones que menciona, parece que esto de abandonar la conducción de gobierno no es exclusivo de los Fernández (Alberto y Cristina) sino que ahora sería Kicillof, quien estaría condicionado por un contexto sociológico de “transformaciones”, que pauperizan el salario y las condiciones de vida de los trabajadores.

La jornada se orientó manifestando que vivimos “un tiempo caracterizado por el debilitamiento de muchos de los espacios que históricamente organizaron la vida social” y se afirmó, en tal sentido, que “la escuela no solo enseña contenidos, sino que también produce lazos sociales” toda vez que la escuela debe asumir que su función “consiste en crear condiciones para que personas con historias, trayectorias, culturas y experiencias diversas puedan convivir, aprender juntas y construir un proyecto común”. Este relato apunta a que “las familias y la comunidad” sean “reconocidas como parte de una responsabilidad compartida en la construcción de una educación democrática.” (1)

Es uno de los primeros documentos donde la cuestión educativa es orientada por una Dirección de Políticas Educativas y Cooperación, evidencia que el Estado apunta a imprimirle a las escuelas un rol de contenedores sociales toda vez que aparece como medio social inespecífico, que sea capaz de hacer todo aquello en nombre de generar un “lazo social”. La escuela queda, así, como núcleo del desgarramiento social que genera la pauperización, la flexibilidad y el desempleo como resultado de una organización social capitalista que, por estar en un proceso de bancarrota, recurre a la guerra para resolver sus límites. De manera que en la escuela se incrementarán las expresiones de conflictos vinculares y violencias entre estudiantes, pero también entre las distintas generaciones que habitan el medio social educativo.

En la agenda derechista

El gobierno de Kicillof da un paso en incorporar a las familias a las escuelas en medio del debate sobre la propuesta de ley fascistizante de la Libertad Avanza que propone la presencia de las familias para coercionar a la docencia. La experiencia del gobierno de los “woke 2001” termina con el llamado a involucrar a las familias en las escuelas para que todos asuman la degradación social que sus políticas generaron. Estas jornadas se realizaron en la semana en que también se desplegaban huelgas por el incremento del salario docente, contra el gobierno de Milei y del gobernador provincial. Una lucha decidida contra el liberticida, debería promover que el peronismo luche por esa reivindicación, pero no lo hacen porque son regentes del capital.

Las jornadas, en esta ocasión, vinieron a promover la presencia de las familias en las escuela, algo que expresó el exministro de educación Sileoni, en diciembre de 2025 donde, además de defender la modificación del régimen académico que sobrecarga de tareas y flexibiliza la labor docente manifestó que “no me enamoraría nada del pasado, escucharía con mucha atención lo que la sociedad nos pide y no le dimos” y afirmó que en su recorrido por la provincia nació una agenda "casi silvestre” que le construyeron las madres, los padres, las personas; donde le dicen “que haya clases todos los días y que sus hijos aprendan más” (2). En ese conversatorio apuntó a fortalecer la “corresponsabilidad”, una categoría polisémica que habilita desligar al poder político de sus obligaciones y concentra el cuestionamiento en la comunidad educativa, confrontando a las familias con los docentes, arando un terreno de conflicto.

Sileoni, que dejó su cargo de ministro de Educación de la provincia para asumir como la persona que le presentará una propuesta educativa nacional al presidenciable Kicillof, expreso en una entrevista en el mes de abril que la función de la familia no es solamente la de llevar a sus hijos a la escuela, sino que tanto el Estado como las familias deben involucrarse “en torno a los aprendizajes, en torno a la convivencia escolar; en torno a que haya clases todos los días...es una deuda que tenemos con la sociedad." (3)

En tal sentido, el “Movimiento Derecho al Futuro” que quiere candidatear a Kicillof para presidente busca, en semejanza con la avanzada liberticida, colocar a las familias como agentes de confrontación e intimidación para los trabajadores de la educación. El peronismo se ha vuelto una fuerza de acompañamiento de la avanzada de los liberticidas y el wokeismo gira a la derecha.

En la CABA, hace apenas unas horas, el ministerio de educación presentó un nuevo protocolo de cuidado que propone que alumnos y maestros dejen las escuelas “en perfectas condiciones". A través de un marco general establecen que “estudiantes, docentes y el resto del personal escolar deberán dejar aulas, patios, comedores y el resto de los espacios comunes limpios, ordenados y en condiciones adecuadas al finalizar cada jornada escolar”, el patrón Jorge Macri expresó que apuntan a "una educación con cultura del orden y respeto por las reglas". Esta propuesta apunta a desenvolverse en todos los niveles educativos y se han ofrecido, incluso, propuestas de estrategias pedagógicas concretas. Como se aprecia, el capitalismo es capaz de desenvolver una pedagogía de la opresión.

Entusiasmo hacia la izquierda y una izquierda hacia la derecha

Las distintas variantes de este régimen social capitalista, en su decadencia, expresan diversos modos de hacer pagar la crisis a los trabajadores. En esta ocasión, el uso de las familias, como un ente abstracto, se concibe como una fuerza de presión para que actúen como brazo del capital para doblegar a la docencia que, mientras atraviesa esta dolorosa experiencia con las conducciones burocráticas del pejotakirchenrismo, va sacando conclusiones de la imperiosa necesidad de autoconvocarse y superar este peso político que encorseta las fuerzas de los trabajadores. De conjunto, el capitalismo expresa su incapacidad de garantizar educación.

Mientras las direcciones sindicales de SUTEBA, CTERA, UTE se encuentran enroladas en las orientaciones políticas que apuntan a usar a las familias para presionar a la docencia, desde el FIT-U y desde sus gremios se desarrollan campañas que le piden a esas conducciones que “hagan algo”. El movimiento a la derecha de las fuerzas del orden capitalista, arrastra a la izquierda democratizante a girar hacía ese lado para gestionar una crisis que plantea, sin embargo, la necesidad de reorganizar el conjunto de las relaciones sociales y por lo tanto, construir una fuerza capaz de llevar la tarea adelante.

La docencia está dando una muestra de sus posibilidades y potencia como lo pone de relieve la huelga de más de 3 semanas en Tierra de Fuego, que ha recibido un encorsetamiento por parte de los medios pero también desde la izquierda, que está ausente de la promoción de una campaña para fortalecer estas medidas de lucha. Fue en el plenario convocado por el SUTEBA de La Matanza, conducido por el FITU-Azul y Blanca (Peronismo) donde se expresó que un paro por tiempo indefinido era un planteo “irresponsable” porque las escuelas debían estar abierta ya que “los docentes tenemos mejores sueldos que las familias de nuestros alumnos”. Nuestra corriente se apoyará en esta tendencia de lucha para preparar la huelga indefinida en la docencia.

Mientras la docencia sigue mostrando su disposición a luchar y busca los canales más efectivos para hacerlo, sorteando los descuentos por paro que imparte el gobierno de Kiciloff y también enfrentando la política liberticida-fascistizante de la esencialidad educativa, el FIT-U hace en los sindicatos lo mismo que en el parlamento: busca aunar fuerzas con la oposición patronal; en vez de posicionarse como una fuerza propia, independiente, que muestre los limites insuperables del parlamento y de las conducciones sindicales organizando el camino para una huelga general, como movilización política. Por el contrario, convoca la gran marcha de las marchas, la marcha de la bronca, para que la misma actúe como cierre. El FITU actúa como gerenciador humanista toda vez que propone en el parlamento que se debata “seriamente” sus proyectos de ley. (4)

Vamos por fortalecer a la clase, por una campaña política, sin distinción de niveles educativos, ni federaciones sindicales; que apunte a fortalecer el camino de una rebelión educativa mediante una lucha decidida del movimiento obrero contra Milei que, al avanzar, promueva nuevas conducciones gremiales para tirar abajo la agenda antiobrera y reaccionaria del capital.

Notas:

(Todo lo entrecomillado, son citadas de los documentos oficiales emitidos por la DGCyE para la jornada Nro. 368)

Ver charla complete en: https://www.youtube.com/watch?v=qWWA2kEqtgk (para ver el fragmento especifico, dirigirse a las 2hs. de la charla)

Ver en https://youtube.com/shorts/iuHdvXsxi90?si=MTC0_3icd1uaPMCx

Esto se observa en las intervenciones en la legislatura por parte del PO, cuando hablan sobre los proyectos de aumento salarial e incluso del uso de la I.A. en educación.

29 de agosto de 2026
"Capitalismo dopamínico": el juicio a Meta y las plataformas digitales diseñadas para generar adicción

Meta llegó a un acuerdo para cerrar el juicio federal que 29 estados de Estados Unidos le habían iniciado por diseñar deliberadamente Facebook e Instagram para generar adicción en niños y adolescentes. La empresa se comprometió a pagar hasta 17.100 millones de dólares e instalar límites diarios de uso y bloqueos nocturnos automáticos para usuarios adolescentes, aunque el desembolso está escalonado: los primeros 12.000 millones son seguros, y el resto solo se activa si Snap, TikTok y YouTube también aceptan sanciones y cambios similares. El acuerdo, que todavía debe ser aprobado por la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, pondría fin a un litigio que llegó a reclamar hasta 1,4 billones de dólares en sanciones y que reunió a 47 estados en total. Meta, por supuesto, no admitió responsabilidad alguna: argumentó que no pudo haber engañado a los consumidores sobre la adictividad de sus productos porque la "adicción a las redes sociales" ni siquiera es un trastorno psiquiátrico reconocido, y su director legal prefirió hablar de un nuevo "estándar en la industria" antes que de una condena (La Nación, 26/08).

Por primera vez, uno de los gigantes tecnológicos se ve obligado -bajo presión judicial y numerosas y fuertes denuncias- a reconocer en los hechos, aunque no en las palabras, que sus plataformas fueron construidas para atrapar la atención de los más jóvenes.

Dopamina, adicción y pérdida de concentración

Diversos estudios muestran que el formato de videos cortos, combinado con la lógica del scrolling infinito y el algoritmo de las redes sociales, favorece picos constantes de dopamina debido a la sucesión ininterrumpida de estímulos. Este mecanismo puede generar adicción: cada vez se necesitan más videos para alcanzar el mismo nivel de satisfacción. Esto explica por qué, una vez que entramos en ese circuito, podemos pasar horas "enchufados" casi sin advertirlo. "Entre los efectos adversos encontramos: incapacidad de concentración y una dificultad para actividades que requieran de un esfuerzo cognitivo mayor como la lectura, el cine, el estudio o incluso el trabajo. Si esto se prolonga en el tiempo, puede ser muy perjudicial para la salud humana, disminuyendo considerablemente las capacidades cognitivas" (Infobae, 21/08/25). Los contenidos efímeros y fácilmente digeribles, junto con el bombardeo informativo constante, acostumbran al cerebro a rechazar aquello que requiere profundidad o reflexión. Se consolida así una dependencia inconsciente a la dopamina inmediata.

A esto se suma la posibilidad -ofrecida por las propias plataformas- de aumentar la velocidad de reproducción. "Una encuesta realizada a estudiantes de California reveló que el 89 % cambiaba la velocidad de reproducción de las clases online" (BBC, 11/07/25). La idea de "optimizar el tiempo" y hacer múltiples tareas simultáneamente (ver una serie mientras se revisa el celular, escuchar clases aceleradas, consumir contenido en paralelo) termina afectando la memoria y la comprensión. "Nuestra memoria de trabajo tiene una capacidad limitada; si llega demasiada información demasiado rápido, esta puede desbordarse. Esto provoca una sobrecarga cognitiva y la pérdida de información" (ídem). El cerebro no alcanza a procesar lo que recibe. Se consume más, pero se comprende menos.

El algoritmo busca retenerte para venderte

Los algoritmos de las redes sociales se han perfeccionado en función del mercado. Hoy persiguen un objetivo central: la retención del usuario. Cuanto más tiempo se permanece en la plataforma, más publicidad se consume y más se enriquecen las empresas (TikTok, Meta, Google). Por eso se premia el contenido adictivo, polémico o emocionalmente extremo, independientemente de su veracidad o calidad. "Ya no basta con alcanzar a muchas personas: lo que importa es mantenerlas enganchadas, generar interacción constante y construir relaciones estables con la marca. [...] las plataformas compiten por captar segundos de atención, la retención de la audiencia" (ID Digital School, 17/11/2025). El scrolling infinito refuerza este circuito: si un video aburre, se salta; si atrapa, se mira completo y se consume otro más. La expectativa permanente de un nuevo estímulo mantiene activo el sistema de recompensa. En palabras de los propios magnates de Silicon Valley, "el modelo de negocio es otro: el producto es gratis, pero se recogen datos y se ponen anuncios. Por eso, el objetivo hoy es que el usuario pase más tiempo en la aplicación, para poder recoger más datos o poner más anuncios. Es decir, la razón de ser de la aplicación es que el usuario pase el mayor tiempo posible ante la pantalla. Están diseñadas para eso" (El País, 24/03/19). Es el diseño central de estas plataformas.

Precisamente eso fue lo que los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey lograron poner por escrito en un tribunal: que Meta recopiló datos de menores sin consentimiento parental y utilizó esa información para entrenar sus propios modelos de inteligencia artificial (El Nacional.cat, 26/08). El "diseño central" que describían los propios magnates en 2019 dejó de ser una hipótesis periodística para convertirse en el objeto de una demanda judicial de cientos de miles de millones de dólares.

Los hijos de Silicon Valley no usan pantallas

La burguesía tecnológica conoce perfectamente los efectos de las herramientas que produce. Y, por eso mismo, mantiene a sus propios hijos alejados de ellas. "En el Waldorf of Peninsula, colegio privado donde se educan los hijos de directivos de Apple, Google y otros gigantes tecnológicos que rodean a esta antigua granja en la bahía de San Francisco, no entra una pantalla hasta que llegan a la secundaria". El propio Steve Jobs declaró que su creación, el iPad, estaba "en la escala entre los caramelos y el crack, más cerca del crack" (El País, 24/03/19).

Mientras tanto, la industria cultural se adapta a esta lógica. Matt Damon declaró que Netflix exige reiterar la trama en los guiones porque sabe que los usuarios miran películas mientras usan el celular. En TikTok se popularizaron series verticales de un minuto por capítulo. Disney+ anunció que incorporará un feed personalizado de videos verticales: "Al igual que ocurre en redes sociales como TikTok, el nuevo formato de vídeos verticales de Disney+ funcionará como un feed personalizado, adaptado a los intereses y preferencias de cada usuario" (Infobae, 8/01). La fragmentación y estupidización se vuelven norma.

Deepfakes, desinformación y la disolución de la realidad

Mark Zuckerberg anunció que Meta profundizará la integración de inteligencia artificial para producir y remezclar contenido masivamente. "La primera fue cuando todo el contenido provenía de amigos, familiares y cuentas que seguías directamente. La segunda fue cuando añadimos todo el contenido de los creadores. Ahora que la IA facilita la creación y remezcla de contenido, vamos a añadir otro enorme corpus de contenido" (BBC, 25/02).

El problema ya no son los videos humorísticos falsos. La desinformación política se potencia exponencialmente. "En 2025, la tecnología se empleó estratégicamente como arma política: casi el 45 % del contenido generado por IA tenía un sesgo ideológico, en comparación con el 33 % del año anterior" (Agencia Brasil, 6/02). Un estudio en India señala que "incluso cuando los usuarios saben que se trata de un video falso, prefieren no realizar ninguna acción y, a veces, comparten voluntariamente vídeos no veraces pero que favorecen su visión del mundo" (Revista de Ciencias de la Comunicación e Información. 2024. Vol. 29, 1-14). Si todo puede ser falso y todo puede ser verdadero, la verdad pierde peso. La realidad se diluye en la posverdad.

Una investigación de The Guardian reveló que un supuesto centro de estudios estadounidense, el Hanover Institute for Public Policy, publicó 124 informes y más de 560.000 palabras en apenas nueve días, presentados como investigación académica neutral sobre el genocidio en Gaza, los crímenes de guerra israelíes y el hambre en Gaza (The Guardian, 26/08). El "instituto" no existe como entidad legal en ninguna jurisdicción, no tiene sede física ni personal identificable: es la fachada de una campaña financiada con decenas de millones de dólares por el gobierno israelí y canalizada a través de la agencia Havas Media hacia contratistas estadounidenses como Piro Inc. y Clock Tower X, la firma del exjefe de campaña digital de Trump, Brad Parscale.

Lo decisivo es el destinatario del operativo: casi todos los títulos estaban formateados como preguntas -al estilo de lo que un usuario tipearía en un chatbot- y el sitio llegó a incluir un archivo técnico pensado específicamente para que sistemas como ChatGPT, Perplexity, Claude y Gemini citaran ese contenido como fuente. El objetivo de fondo, según explicó a The Guardian el investigador Nick Cleveland-Stout, no era tanto el lector ocasional sino los datos de entrenamiento: los sitios de la misma red ya habían sido rastreados centenas de veces por Common Crawl, el repositorio que alimenta a buena parte de los modelos comerciales de IA. No se trata ya de manipular a un lector humano, sino de contaminar la fuente misma de la que beben las máquinas que cada vez más personas usan para informarse. Y lo más revelador es que, según trascendió, funcionarios israelíes admitieron que la campaña fracasó en su objetivo declarado de mejorar la imagen del país: "Hasbara siempre es el refugio de todos los fracasos" (The Guardian, 26/08), ironizó ya en 2015 el político israelí Yossi Sarid, citado en la nota. La propaganda puede ganar la carrera técnica de colonizar a las máquinas y perder, al mismo tiempo, la batalla por la opinión pública: dos derrotas que conviven porque responden a lógicas distintas, la del control informacional y la de la legitimidad política. Cuando la frontera entre realidad y ficción desaparece, la manipulación política se vuelve estructural.

Capitalismo digital: control, lucro y degradación cognitiva

Nada de esto es accidental. El deterioro de la atención, la fragmentación del pensamiento y la saturación informativa son consecuencias lógicas de un modelo de negocios basado en la monetización del tiempo y los datos. Meta sigue negando haber actuado mal, mientras separa apenas una fracción de sus ingresos anuales -201.000 millones de dólares en 2025- para pagar una multa que le permite seguir operando exactamente el mismo modelo de negocio (Infobae, 26/08). La economía digital transforma la atención humana en mercancía. Cada segundo retenido es dinero. Cada reacción emocional es un dato explotable. La lógica del capital busca maximizar la permanencia frente a la pantalla y la manipulación de las masas. Mientras la burguesía tecnológica protege a sus propios hijos de los efectos de estas herramientas, la clase obrera es empujada a un consumo masivo que deteriora concentración, memoria y capacidad crítica. Es una veta más del control social en una etapa de crisis histórica del capitalismo.

En un mundo atravesado por la tercera guerra mundial, ajustes y reformas regresivas, la degradación cognitiva facilita la manipulación y dificulta la organización consciente. Un cerebro saturado y fragmentado es más dócil que uno reflexivo y concentrado. La disputa por el tiempo, la atención y la capacidad de pensar se convierte así en parte de la lucha de clases contemporánea. La tecnología, bajo el dominio del capital, se orienta a la rentabilidad y al disciplinamiento social. Liberada de esa lógica, podría servir al desarrollo integral de la humanidad. Pero eso exige cuestionar el poder de quienes hoy diseñan las pantallas que nos diseñan a nosotros — y que ahora, además, entrenan a las máquinas que nos dicen qué es verdad.

Fuentes:

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/adiccion-a-las-redes-meta-llego-a-un-acuerdo-para-resolver-las-demandas-millonarias-de-29-estados-nid26082026/ https://www.infobae.com/tecno/2026/08/26/meta-pagara-mas-de-17-mil-millones-de-dolares-para-resolver-demanda-por-adiccion-de-ninos-a-sus-redes-sociales/ https://www.elnacional.cat/es/internacional/meta-acuerda-cerrar-demandas-por-adiccion-adolescentes-instagram-por-17000-millones-dolares_1686442_102.html https://www.theguardian.com/world/2026/aug/26/fake-thinktank-israel-ai-propaganda https://www.infobae.com/espana/2025/08/21/los-videos-cortos-pueden-hacerte-mas-dano-al-cerebro-que-el-alcohol-segun-un-estudio/ https://www.bbc.com/mundo/articles/c3vd7nnwlzvo https://iddigitalschool.com/retencion-de-la-audiencia-y-algoritmos-claves-para-dominar-el-marketing-digital-en-2025/ https://elpais.com/especiales/2019/crecer-conectados/gurus-digitales/ https://agenciabrasil.ebc.com.br/es/geral/noticia/2026-02/contenidos-falsos-creados-con-ia-se-triplican-entre-2024-y-2025 https://www.infobae.com/tecno/2026/01/08/disney-en-modo-instagram-y-tiktok-tendra-videos-verticales-en-la-aplicacion/ https://www.bbc.com/mundo/articles/cgl8wed51p2o https://www.revistaccinformacion.net/index.php/rcci/article/view/294/693

29 de agosto de 2026
Por el triunfo de la huelga indefinida de la docencia fueguina

La huelga de la docencia de Tierra del Fuego convocada por el sindicato docente SUTEF ha entrado en su cuarta semana conmoviendo y recogiendo la simpatía de la docencia de todo el país. Es desarrollada por acampes, piquetes y movilizaciones masivas.

Este proceso se inscribe en una etapa más amplia, en dónde se han desarrollado rebeliones autoconvocadas en Catamarca y Santa Fe, las huelgas en Santa Cruz y huelgas provinciales parciales en Buenos Aires. La docencia de Tierra del Fuego es solo la punta del iceberg de un movimiento y una tendencia nacional que busca abrirse camino a todas sus reivindicaciones.

El epicentro de la huelga docente en Tierra del Fuego es la cuestión salarial, luego de un primer semestre en el cual el gobernador provincial Gustavo Melella otorgara “aumentos” salariales exclusivamente por decreto, que fueron rechazados por el SUTEF con paros que obraron como una advertencia a esta huelga indefinida. El sindicato exige apropiadamente un salario mínimo, vital y móvil, hoy establecido en $3.000.352 y la devolución de todos los descuentos por paro. Los descuentos a la huelga, aplicadas por gobernadores “nacionales y populares” como Melella y Kicillof, son el complemento de la llamada “esencialidad educativa”, contenida en la contrarreforma laboral de Milei y votada por el Congreso Nacional para regimentar las huelgas docentes. El paro nacional del 3 de agosto y esta huelga indefinida están derrotando sin miramientos estas tentativas de regimentación.

Esta lucha también está poniendo en la agenda la necesidad de incrementar en forma urgente el presupuesto educativo, sus vías de financiamiento mediante impuestos progresivos al capital, y el cuadro de endeudamiento asfixiante de los docentes con los bancos y billeteras digitales.

Lo que caracteriza a esta lucha indudablemente es el carácter indefinido del paro, que no surgió de la noche a la mañana, sino que fue preparada y lanzada antes de comenzar el receso invernal. Esta es la tarea preparatoria que debe emprender una dirección clasista y revolucionaria en la docencia, mediante una sistemática agitación y propaganda en la docencia, porque es el único camino para enfrentar un ataque histórico al salario y la educación pública. Su reemplazo por ‘planes de lucha’ con paros aislados no han dado resultado alguno.

A pesar del fenomenal aislamiento de esta huelga que ha hecho el conjunto de la burocracia sindical docente, con CTERA a la cabeza, la huelga de la docencia fueguina se abre paso y continua. Promovemos manifestaciones activas en apoyo a esta huelga, la exigencia de un paro nacional inmediato en apoyo a la docencia fueguina, en la perspectiva de construir una rebelión nacional docente, organizada en forma independiente de todos los gobiernos y la burocracia sindical, para conquistar un salario mínimo docente igual al costo de la canasta familiar, todo al básico, la defensa del régimen previsional docente y un aumento inmediato del conjunto del presupuesto educativo.

Un triunfo de la huelga fueguina sería un paso adelante para la lucha de la docencia de todo el país.

Viva la huelga indefinida de la docencia fueguina

Tendencia Docente Clasista Nacional, 27/8/26.

29 de agosto de 2026
Catamarca: avanza la campaña por el sobreseimiento y archivo de la causa contra Bruno Corzo

La causa federal contra el docente Bruno Corzo da un nuevo paso, luego de la indagatoria y de la confirmación de la imputación por los hechos vinculados con la protesta docente del 7 de marzo sobre la Ruta Nacional 38. La resolución del juez, lejos de limitarse a encuadrar jurídicamente los hechos, ya adelantó opinión sobre lo ocurrido, tergiversando el carácter de la manifestación y deja planteada la posibilidad de extender la imputación a otros trabajadores que participaron de la jornada de protesta. De este modo, la causa deja de ser solamente un ataque individual: se transforma en una amenaza contra el conjunto de la docencia que salió a las calles y rutas a reclamar por salario, estabilidad y presupuesto educativo.

En reacción a este atropello represivo se han desarrollado diversas acciones. Hubo iniciativas en Santa María, donde se han echado las bases para conformar un comité docente por el sobreseimiento y el archivo de la causa. Otra iniciativa se dio en la Capital, donde a partir de una convocatoria a la que se hicieron presentes compañeros docentes autoconvocados, compañeros del movimiento contra el gatillo fácil, del movimiento de jubilados autoconvocados, de un comité por Bregman, y delegaciones de Política Obrera, dieron los primeros pasos para formar una comisión coordinadora para desenvolver diversas iniciativas: petitorios en las escuelas y centros de salud y reparticiones estatales, colectas para sostener la acción judicial, preparar de conjunto nuevas convocatoria y articular las acciones en las redes.

En las redes la campaña ha cobrado mayor difusión, con declaraciones solidarias de referentes y trabajadores de distintos sectores, particularmente de la salud y de los trabajadores estatales. Pero, sobre todo, la solidaridad comienza a extenderse entre la propia docencia a lo largo del territorio provincial. También han comenzado a llegar pronunciamientos solidarios desde otras provincias, como ocurrió con el de ADIUNT (el sindicato de la docencia universitaria de Tucumán).

En contraste con esta acciones y pronunciamientos contra el accionar de la justicia y a favor de los derechos democráticos más elementales, la burocracia de ATECa ha guardado silencio cómplice. Es más, hace dos semanas se produjo la visita de Baradel, secretario adjunto de CTERA, que hasta hace poco dirigía el SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, y no tuvo empacho en rescatar y ensalzar a la dirigencia burocrática de ATECa y al propio gobierno de Jalil, destacando que se han dado pasos adelante a favor de la educación provincial. Como si esto fuera poco, para llevar adelante el rescate de esta dirigencia que fue y sigue siendo cuestionada por la docencia catamarqueña, Baradel anunció que la secretaria general de ATECa, Alejandra Reales, será incluida en la nueva comisión ejecutiva de CTERA.

En este escenario, la respuesta de la docencia en defensa de Bruno Corzo es una cuestión prioritaria y debe encabezar integrada al conjunto de reclamos que aún siguen vigentes y que dieron origen a la lucha docente. El Gobierno provincial incumple el monitoreo sobre el salario y mantiene demorada la aplicación efectiva de las titularizaciones, reivindicaciones que fueron incorporadas por el propio gobierno y la burocracia sindical al acta paritaria que acordaron a espaldas de la docencia movilizada. El contraste es evidente: mientras los compromisos asumidos con los trabajadores permanecen incumplidos, el aparato estatal avanza con una causa penal contra quienes participaron de la lucha.

Por eso, el reclamo por el sobreseimiento de Bruno Corzo y el archivo de la causa se incorpora al pliego de reivindicaciones de la docencia, junto con la defensa irrestricta del derecho de huelga y de protesta. No se trata de dos cuestiones separadas. El derecho a reclamar por el salario, a organizarse, movilizarse y hacer visible un conflicto laboral es inseparable de la defensa de las condiciones de trabajo. Aceptar la judicialización de una protesta significaría abrir la puerta para que cualquier movilización futura pueda terminar en una causa penal contra sus participantes.

Se están dando los primeros pasos de una campaña que debe extenderse por toda la provincia y trascender el ámbito estrictamente docente: petitorios, pronunciamientos sindicales, adhesiones de delegados y trabajadores, acciones de solidaridad y jornadas de lucha conjunta. La respuesta a la persecución no puede ser el aislamiento ni el silencio. Si el objetivo de la causa es disciplinar a quienes luchan, la respuesta debe ser exactamente la contraria: ampliar la solidaridad y avanzar en la defensa del derecho a huelga.

El conflicto docente sigue abierto. Los reclamos siguen vigentes. Y ahora se suma una nueva reivindicación: sobreseimiento y archivo de la causa contra Bruno Corzo. Defenderlo es defender el derecho de toda la docencia a luchar.

29 de agosto de 2026
Avalancha de hielo en Nepal: el calentamiento global y el colapso de los glaciares

Una inmensa avalancha de lodo y hielo proveniente del pico Langtang Lirung, en la cordillera del Himalaya, provocó centenares de muertes, miles de desaparecidos y destrucción de viviendas e infraestructura en la región fronteriza entre Nepal y Tíbet. A pesar de que inicialmente se pensó que se trataba de un terremoto, los científicos finalmente confirmaron que se trató del deslizamiento de una enorme masa de hielo de 600 metros de ancho que obturó al río Lehnde Khola. El bloque habría actuado a modo de represa acumulando agua hasta un nivel que la hizo estallar, generando inundaciones repentinas y desplazamiento de lodo y escombros río abajo.

Según lo revelado por los científicos, lo que aquí ocurrió fue el deslizamiento de enormes masas de hielo, lodo y roca como consecuencia de la fractura del “permafrost” de las laderas de las altas cumbres. El permafrost es una capa de hielo que cubre las laderas de las cumbres uniendo bloques de roca y suelo haciendo las veces de un cemento. Estas avalanchas por derretimiento del permafrost ocurren cuando el calor penetra profundamente en las paredes de roca y suelo sólido que sostienen los flancos de la montaña. Es decir, se producen por aumentos de temperatura

La región del Hindu Kush-Himalaya (HKH), a la que pertenece el área afectada, es un sistema montañoso de unos 3.500 km de longitud, que se extiende desde el Hindu Kush en Afganistán y Pakistán en el oeste, pasa por toda la espina dorsal de la cordillera del Himalaya (atravesando India, Nepal, Bután y Tíbet/China) hasta llegar a las montañas de Myanmar en el este. A menudo se le llama el "tercer polo" de la Tierra porque, después de los dos polos (Ártico y Antártico), es la zona que concentra la mayor cantidad de hielo y nieve del planeta y es una región donde el calentamiento global está teniendo un gran impacto en su permafrost.

Consultado por BBC, el glaciólogo Simon Cook —de la Universidad de Dundee (Reino Unido)— afirmó que "el cambio climático podría tener un impacto" y que “este permafrost se está calentando, descongelando y degradando, por lo que se producirán más deslizamientos de tierra" (BBC, 27/08).

Visto a gran escala, los glaciares y la nieve de esta región son la fuente de 10 de los sistemas fluviales más grandes del mundo (incluyendo los ríos Indo, Ganges, Brahmaputra, Mekong y Yangtsé) y numerosas poblaciones se asientan en las laderas y valles de esta región. Son el sustento alimentario, hídrico y de energía hidráulica de 2.000 millones de personas.

Los científicos afirman que unos sistemas de alerta temprana y de vigilancia transfronteriza serán cada vez más necesarios. Pero la vigilancia de los más de 63.000 glaciares de la región, sus pendientes pronunciadas y sus valles fluviales es extremadamente difícil a lo largo del cordón del Himalaya.

Calentamiento global, colapso de glaciares y del permafrost

La región del HKH sufre el calentamiento global a un ritmo diferencialmente acelerado. Esto se debe a que las zonas de alta montaña se calientan a una velocidad mucho mayor que las tierras bajas. Las causas de esto son varias.

Por un lado, la superficie blanca de la nieve y del hielo refleja la mayor parte de la radiación solar. Sin embargo, a medida que el planeta se calienta y parte de esa nieve se derrite, deja al descubierto roca y tierra oscura, que absorbe la mayor parte de la radiación solar. Así, las superficies desprovistas de hielo pasan de reflejar radiación solar a absorberla y, entonces, los glaciares se retraen a mayor velocidad. Por otro lado, la atmósfera de las altas cumbres es menos densa y por lo tanto es más sensible a los aumentos en los gases de efecto invernadero provocados por el cambio climático global. Por último, el calentamiento aumenta la vaporización del hielo y la formación de nubes en las altas cumbres que atrapan más radiación térmica (efecto invernadero local) acelerando el proceso de reducción glaciar, el calentamiento del suelo y los fenómenos de fractura del permafrost y de avalanchas.

Según Jakob Steiner, geocientífico de la Universidad de Graz en Austria, radicado en Bangladesh, “Lo que sucedió anteayer es, lamentablemente, la nueva ‘normalidad.’ La situación va a empeorar a partir de ahora” (La Nación, 28/08).

Según evaluaciones científicas globales, entre 2000 y 2019 los glaciares perdieron un promedio de 267 mil millones de toneladas de hielo por año (¡equivalente a decenas de miles de pirámides de Giza!).

Los informes proyectan una reducción de una pérdida del 50 % de glaciares (excluyendo los de Groenlandia y Antártida) si el calentamiento logra limitarse a los 1,5 °C respecto a sus niveles preindustriales. ¡Pero, de mantenerse el actual nivel de emisión de gases de efecto invernadero, las estimaciones proyectan un incremento de 2,8 °C para fines de siglo!

Según el ICIMOD (International Centre for Integrated Mountain Development, 28/08) afirman que en la región del HKH, la tasa de pérdida de glaciares se ha duplicado desde el año 2000 en relación con las décadas anteriores. Entre 1990 y 2020, los glaciares de la región perdieron aproximadamente el 12 % de su superficie total y el 9 % de sus reservas de hielo. En términos de espesor acumulado, se calcula que la región ha perdido hasta 27 metros de grosor de hielo desde 1975. Además, los glaciares más pequeños (aquellos de menos de 0,5 km²), que representan tres cuartas partes del total en el Himalaya, son los que se están contrayendo con mayor rapidez, lo que dispara los riesgos locales de inundaciones y colapsos como la avalancha de hielo observada en Nepal recientemente.

Los científicos vinculan directamente la degradación del permafrost en el HKH con desastres masivos recientes en la región (como colapsos repentinos de laderas en Uttarakhand, India, o eventos críticos en Nepal). Las avalanchas impulsadas por la degradación del permafrost no se limitan al HKH; están aumentando de forma notable en las grandes cordilleras del mundo debido a un calentamiento acelerado en alta montaña. Aunque no existe un porcentaje global único, los registros muestran que más del 90 % de los sitios de alta montaña monitoreados sufren un engrosamiento de su capa de deshielo, reduciendo la estabilidad de las laderas y duplicando la frecuencia de eventos masivos en regiones como los Alpes en las últimas décadas.

Los fenómenos de colapso del permafrost tienen, además, un impacto epidemiológico, ya que liberan bacterias que viven normalmente en el hielo o virus que permanecen en animales muertos congelados por años. Asimismo, la descomposición de la materia orgánica liberada por su colapso emite dióxido de carbono y metano (gases de efecto invernadero) contribuyendo al calentamiento global y acelerando los fenómenos de retracción glaciar y colapso del permafrost de las altas cumbres y zonas árticas.

Los megaincendios de este verano boreal, las sequías que secaron los ríos navegables de Europa y la avalancha de lodo y hielo con cientos de muertos y miles de desaparecidos en Nepal responden al mismo fenómeno de calentamiento global. La última década fue la más calurosa según su promedio plurianual y 2024 fue el año más caluroso hasta ahora registrado.

Sin embargo, el abandono de los combustibles fósiles choca frontalmente contra la guerra imperialista y las guerras comerciales. Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París, que afirma el propósito de limitar el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2°C respecto a los niveles preindustriales. Si Washington impulsara subsidios masivos hacia la transición verde, quedaría atado a la cadena de insumos de China, que produce el 80 % de paneles solares del mundo y domina la fabricación de baterías de litio y de autos eléctricos. Por el contrario, bajo la consigna de maximizar la extracción petrolera e imponer compras de gas natural licuado (GNL), Trump intenta bloquear la industria renovable china y colocar sus propios excedentes de hidrocarburos. Este giro convirtió velozmente al país norteamericano en exportador neto de energía fósil, un objetivo que se vio complementado por la guerra de la OTAN en Ucrania y el sabotaje a los gasoductos Nord Stream, medidas que asfixiaron a la Unión Europea de su suministro barato y la subordinaron por completo a la dependencia del GNL estadounidense.

La reversión del cambio climático es imposible en el marco de la competencia capitalista y la guerra imperialista. El desarrollo científico y tecnológico necesario para reducir realmente las emisiones responsables del calentamiento global reclama un dominio racional sobre la naturaleza basado en la propiedad social de los principales medios de producción en una planificación socialista de la economía mundial.

29 de agosto de 2026
El caso Cerimedo acentúa la crisis política en Bolivia

El caso Cerimedo que empezó como la investigación de un intento de feminicidio contra su expareja, la abogada boliviana Nadia Beller, dio paso a la revelación de un entramado de negocios, servicios de inteligencia, dinero de origen dudoso y crisis política que atraviesa, en principio, al gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia y que salpica del otro lado de la frontera a Javier Milei y su pandilla.

Uno de los datos que ha aflorado en las últimas horas es la aparición de una billetera digital -una "cold wallet"- vinculada al teléfono de Cerimedo. Según reveló el senador boliviano Leonardo Roca, que pertenece a la derechista Alianza Libre, el conocimiento de la existencia de esa billetera surge de un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) sobre las pesquisas forenses del celular del operador. Cerimedo habría acopiado criptomonedas que luego se traspasaron a otras diez cuentas, una de las cuales concentró sumas millonarias que alcanzarían los U$D 130 millones en una sola dirección (Urgente.bo, 25/8).

Dando cuenta de la crisis política que ha abierto el caso Cerimedo, Roca anunció que impulsará una comisión investigadora en el Senado y que se sumará como querellante a la causa por enriquecimiento ilícito, además de reclamar que se identifique a los titulares reales de esas cuentas y que se activen los tratados de lavado de activos que tiene suscriptos Bolivia.

A esto se suma lo hallado en los allanamientos realizados en un inmueble de la zona de Aranjuez, en La Paz, vinculado a Cerimedo, en el que la Fiscalía secuestró más de 500 mil bolivianos en efectivo, además de dólares, euros y equipos que incluían una presunta "mini granja de bots", según confirmó el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez.

Los vínculos con el narcotráfico

Las denuncias de Beller contra Cerimedo también apuntan a vinculaciones con el narcotráfico. La abogada aseguró tener pruebas de conversaciones de Cerimedo con operadores del tráfico de drogas y lo vinculó con el otorgamiento de permisos para el despegue de avionetas ligadas al narcotráfico en el oriente boliviano, “negocio” que el operador político habría intentado disimular como un supuesto sistema de seguimiento por radares (La Nación, 18/8). Por su parte la Fiscalía boliviana abrió una investigación relacionada a una causa conocida como "narcoencomiendas", en la que se detectó el envío irregular de 350.000 bolivianos desde Santa Ana de Yacuma con la participación de un piloto de aviación y tres policías. Beller fue todavía más lejos al sostener que en Bolivia "no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Fernando Cerimedo", y que existía un grupo de élite de la policía boliviana que operaba bajo las órdenes del consultor.

Los negociados en el oriente petrolero: combustible, YPFB y la Hidrovía

Sobre la mesa han quedado también expuestos los negociados de Cerimedo en torno al combustible y el petróleo. Luego del atentado comenzaron a circular audios que expondrían presuntos negociados con el tráfico de combustibles, seguros y oro, en los que aparecerían mencionadas la primera dama boliviana, Bibi Urquidi, el propio Cerimedo y autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En esas conversaciones se habrían cerrado acuerdos con traders de combustible con el cobro de un porcentaje sobre cada operación de compra. (LPO, 20/8) El dato adquiere una dimensión mayor en el marco de una severa crisis de abastecimiento de combustible por la cual atraviesa Bolivia, que se ha traducido en la suba del precio del diésel para la industria y los grandes consumidores, en momentos en que la escasez de dólares impide al Estado boliviano importar combustible, despertando el malestar de la Cámara Agropecuaria del Oriente por la demora en la cosecha y el impacto en los costos de producción (Cubadebate, 24/8).

Cerimedo ha ramificado sus negocios a partir de las vinculaciones que ha tejido con la derecha continental de la que se proclama representante. En este sentido, el operador aparece ligado a una firma vinculada a la Hidrovía a través de su socio Vicente Quintanal, quien, según las acusaciones de Beller, sería el socio con el que Cerimedo lavaría dinero de sus negocios en Bolivia. La propia Natalia Basil, esposa de Cerimedo y exfuncionaria de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), estaría a cargo, según la denuncia de Beller, del manejo del combustible que entra por la Argentina hacia Bolivia a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

El vínculo con Rodrigo Paz: de "asesor informal" a la crisis de poder

Cerimedo no era un desconocido para el poder boliviano. Había llegado en 2024 como consultor de la campaña de Rodrigo Paz y terminó con un despacho junto al del propio presidente, participando de las reuniones de gabinete y decidiendo, según se denuncia, la designación de funcionarios y la línea editorial de medios oficialistas. El año pasado el propio Cerimedo se atribuyó públicamente la victoria electoral de Paz.

Rodrigo Paz, apenas estalló el escándalo, intentó despegarse rápidamente, sosteniendo que Cerimedo no tenía cargo oficial ni vínculo contractual formal –un Santiago Caputo del altiplano-. La versión de Paz choca de frente con las declaraciones del propio vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, ya distanciado de su compañero de fórmula desde antes de asumir, quien confirmó públicamente que Cerimedo se desempeñaba como "asesor personal" del presidente y ratificó que participaba de las reuniones de gabinete, incidía en la designación de ministros, manejaba la línea editorial de medios afines y daba órdenes e instrucciones a los ministros. Lara también afirmó que los peritajes tecnológicos sobre los dispositivos de Cerimedo mostraban un contacto sistemático con los autores materiales del ataque contra Beller. Calificó el episodio como "un atentado a la democracia" y exigió que Paz explique al pueblo boliviano cómo llegó Cerimedo a acumular semejante cuota de poder sin ocupar ningún cargo formal (Perfil, 20/8). El desarrollo de la crisis política llevó a Lara a desafiar al presidente a un careo público y advirtió que impulsará mecanismos de fiscalización parlamentaria si el Ejecutivo no da explicaciones (La Patria, 21/8).

Los negocios de Cerimedo en la Argentina y sus vinculaciones con la SIDE

En la Argentina se conoció el entramado de empresas y contratos que Cerimedo construyó al calor del gobierno de Milei. Además de La Derecha Diario y de Numen Publicidad -su agencia de marketing político, con una filial en Miami-, sus firmas locales acumulan deudas millonarias y cheques rechazados según registros del Banco Central. Cerimedo también figuró en sociedades vinculadas a la gestión empresarial y la informática, como Compañía Inversora Sudamericana, Surlibre Inversiones y Bona Deportes, junto al mismo Vicente Quintanal, quien a su vez es socio de Roque Cambareri, empresario ligado a los sectores petrolero, minero y energético, y de emprendimientos de energía y combustibles que, según las acusaciones de Beller, operan en el cruce fronterizo entre la Argentina y Bolivia.

Cerimedo también está conectado con personajes ligados a la SIDE durante los gobiernos Macri y De La Rúa. Se supo, además, que sus últimos ingresos a los despachos de los “sótanos de la democracia” habrían sido autorizados por quien maneja a la inteligencia desde las sombras, Santiago Caputo. A esto se agrega la propia versión de Beller de que Cerimedo habría sido quien filtró los audios del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, que dejaron pegada a Karina Milei con el cobro del 3 % de comisión. Según Beller, este hecho habría sido el motivo del progresivo alejamiento de Cerimedo del oficialismo argentino.

El caso Cerimedo no es un simple affaire de corrupción individual, sino la manifestación concentrada de cómo operan los gobiernos derechistas de la región, que están montando gobiernos de excepción utilizando los aparatos de inteligencia para espiar, reprimir y coaccionar sobre las masas, a la vez que mantienen alianzas con el trumpismo, que con su accionar promueve la guerra civil en el continente.

29 de agosto de 2026
La guerra económica de Trump en todas las direcciones

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció una escalada en la guerra económica, a través de la Operación “Paria”, que consiste en ampliar e intensificar las sanciones económicas a Irán con el objetivo de ahogarlo financieramente.

A Estados Unidos no le quedan muchas sanciones por ensayar contra el país persa. Sus activos en el extranjero fueron confiscados en tandas, por primera vez hace cuarenta años y, más recientemente, en 2018. La compra de sus hidrocarburos está vetada en el mundo. Irán subsiste por la venta de petróleo y gas a través de buques fantasma con banderas de otros países. Hace las transacciones por fuera del sistema SWIFT de intercambio internacional. El 80 % de sus ventas tienen por destino China, a quien Estados Unidos no tiene manera de obligar a desistir de esas compras. Beijing las paga en yuanes y a un precio por debajo de la referencia de mercado. Antes, Trump había tenido que desistir de imponerle aranceles exorbitantes a China debido a la dependencia que tiene de las tierras raras que monopoliza el país de Xi Jinping. Por esta dependencia, no está en condiciones de exigirle qué petróleo comprar. Además, Xi es muy consciente de que la guerra contra Irán es, para Estados Unidos, un eslabón en la guerra final contra su país.

Las sanciones sí hicieron mella en otros países como Turquía, India, Pakistán y Emiratos Árabes, los cuales no tienen espaldas o ganas para enfrentar a Trump. En general, han reemplazado los hidrocarburos iraníes por rusos, que también están sancionados, pero sin tanto seguimiento. India importa más del 80 % de los combustibles fósiles que utiliza. Trump pretendió que la India reemplazara esta provisión con barriles venezolanos hace unos meses, pero los costos de traslado de atravesar medio planeta no son competitivos con el crudo de Medio Oriente. Además, las refinerías indias están adaptadas al petróleo iraní. El fracking en Estados Unidos tampoco permite una provisión de la magnitud que necesita Asia. Las sanciones de Trump están condicionadas objetivamente por las necesidades energéticas del planeta.

Donde las sanciones de Trump están desatando una crisis es en el campo de sus aliados. Emiratos Árabes Unidos tiene dos centros principales que hoy están en conflicto. Abu Dabi domina políticamente la Federación y explota los hidrocarburos de la estatal ADNOC. Está atada a Estados Unidos y prioriza su alianza con Washington. En cambio, Dubai es un centro financiero que creció siendo puerta de entrada y salida de las finanzas y el comercio iraní. Es el socio comercial más importante para Irán después de China. Por Dubai pasan productos de importación, pagos, divisas, seguros, logística y empresas intermediarias. Los activos iraníes se lavan allí a través de criptomonedas.

Al mismo tiempo, Emiratos ha sido el aliado más obsecuente del imperialismo en la región. Uno de los pocos países que firmó los Acuerdos de Abraham, que lo colocan como aliado incondicional de Israel. Sin embargo, la decisión de Abu Dabi de suspender todo comercio y transacciones financieras con Irán golpea al centro financiero de Emiratos, que es Dubai. Por eso Trump tuvo que habilitarle un swap de monedas a Emiratos hace unos meses para evitar que sacaran a la venta los bonos de la deuda estadounidense, lo que hubiera creado una crisis de la deuda soberana en el corazón del imperialismo.

Reuters pone en duda los alcances de las medidas de Scott Bessent. Plantea que el secretario del Tesoro solo emitió advertencias vagas, sin establecer plazos para las sanciones y sin mencionar a los países en cuestión. Para Reuters, el alcance real del anuncio va a estar dado por una fáctica presión a los reguladores del Golfo sobre la titularidad real y las redes de empresas fantasma en terceros países. O, si por el contrario, Estados Unidos considerará suficientes los embargos generales como el que hizo Emiratos, sin ir más allá, dejando así el pulmón financiero de Irán abierto. Sin Dubai, a Irán solo le queda China. La continuación de la relación comercial con los países mencionados más arriba depende de que Dubai continúe habilitando las redes financieras para triangular las operaciones con empresas fantasma.

Trump está haciendo tiempo con este anuncio debido a sus imposibilidades, de momento, de escalar con munición pesada. Las filtraciones del Pentágono sobre la escasez de misiles son continuas. Las crisis en los portaaviones por las deficiencias en el mantenimiento de la infraestructura, la falta de provisiones y la salud mental de la tripulación son la expresión de los problemas del imperialismo para sostener un conflicto de larga duración. Se ha quedado sin radares ni bases militares operativas en la región.

Trump creyó que asesinar al ayatolá y provocar un cambio de régimen en Irán eran una misma cosa y, en cambio, la República Islámica le provocó una crisis energética de alcance mundial con el cierre del estrecho de Ormuz. Acorralado por el derrumbe de su imagen en las encuestas, a menos de tres meses de las elecciones de medio término, Trump no tiene salida. Está incapacitado, de momento, para escalar, y no puede retirarse y admitir una derrota. Hace tiempo con anuncios mientras prepara el escenario para futuros ataques.

El Pentágono mantiene un bloqueo naval a Irán que redujo las exportaciones persas, más allá de las sanciones. Reuters informa que las exportaciones iraníes hacia China bajaron fuertemente, hasta unos 534.000 barriles diarios en agosto, frente a alrededor de 1,4 millones diarios de promedio en 2025. La falta de divisas desploma al rial a niveles récord y encarece el costo de vida. La inflación, según la estimación del FMI para 2026, ronda el 69 %. Irán sigue comprando alimentos, medicamentos, maquinaria, tecnología, etc., pero lo hace con mayores costos y a través de intermediarios. La ruptura con Dubai acorta estos circuitos.

Frente a las amenazas de Trump, el gobierno iraní declaró que considerará el apoyo de cualquier país a las sanciones como un “acto de guerra”. Esto ya lo demostró en el pasado inmediato, bombardeando las bases militares estadounidenses ubicadas en sus países vecinos y sus infraestructuras energéticas. Además, hizo una lista de 45 buques plausibles de decomiso y avanzó en la regulación de los papeles del paso por el estrecho de Ormuz en conjunto con Omán. El acuerdo habla sobre el cobro de aranceles, pero no puede ser puesto en marcha debido al bloqueo naval del Pentágono.

Irán exporta sus hidrocarburos a través de un oleoducto que evita el Golfo Pérsico y por tierra, lo cual esquiva sanciones, pero hace al transporte muy engorroso. A la par, el renovado conflicto entre los hutíes y Arabia Saudita bloquea la salida de hidrocarburos por el mar Rojo, cerrando la otra compuerta que les quedaba a los combustibles saudíes. Esto agrava la crisis energética en el mundo.

Además de amenazar con ataques asimétricos, Irán está amenazando con militarizar su desarrollo nuclear y con bloquear por completo el paso de los combustibles.

Con el ataque a Irán, Trump espiralizó la crisis. Con cada movimiento, acrecienta el desabastecimiento de combustible y la carestía mundial. Acrecienta también la escasez de misiles para sus aliados, en especial para Ucrania. La crisis financiera de Dubai es una amenaza para los bonos del Tesoro de Estados Unidos. La política de sanciones coloca a parte de la economía al margen del dominio del dólar y pone a prueba a un mundo que no necesita a Estados Unidos sino energía. El socio comercial predominante para la mayoría de los países es China.

Trump pretende resolver la crisis de dominación del imperialismo con escaladas improvisadas.

30 de agosto de 2026
El “Plan platita” no es un plan, y la “platita” es un rescate a los bancos

Algunos han querido ver un “Plan Platita” en las recientes medidas que anunció el gobierno. El desmoronamiento de su gestión económica se manifiesta, entre tantos otros indicadores, por la caída persistente en el consumo de alimentos y artículos de primera necesidad; el retroceso de un 20 % de la producción automotriz previsto para 2026; la insolvencia crediticia de seis millones de familias y un desempleo que no baja del 7,5 %, sin contar al creciente número de subocupados. Todo este retroceso ha dinamitado a un superávit fiscal que nunca fue tal, sólo de ‘caja’, que se ha cubierto con deudas de todo tipo y lo que ahora ha empezado a llamarse “préstamos oficiales” de bancos internacionales, el bicicleteo a los proveedores y la incautación de fondos fiduciarios.

De cara a este declive sin pausa, Luis Caputo ha salido a improvisar algunos manotazos que, en el mejor de los casos, serán irrelevantes; y en otros, podrían terminar echando leña al fuego de la crisis. En una pomposa conferencia de prensa anunció una línea de créditos hipotecarios de bancos privados, pero con fondos del ANSES. La medida oficial dispone que el ANSES coloque el dinero que actualmente tiene en los bancos a plazos mayores y a una tasa de interés máxima del 4,5 % anual. Los bancos, con ese dinero, podrán adjudicar préstamos hipotecarios a una tasa del 7,5 %, casi el doble, más el índice UVA. Un negocio redondo, con plata ajena: la de los jubilados. Por el nivel de ingresos requeridos, la “justicia social” de Caputo sólo llegaría al 7-8 % de las familias del país, las mismas que hoy, o tienen vivienda propia, o podrían acceder a los planes que los bancos comerciales vienen ofreciendo. (El BBVA promociona por televisión “7,5% más UVA”, la misma tasa que anunció Caputo).

Al subsidiar a la banca, Caputo ha seguido una tradición “nac y pop”: servirse del Fondo de los jubilados para rescatar a los capitalistas. Es lo que hizo el kirchnerismo cuando disponía del Fondo de Garantía para implementar salvatajes empresarios (General Motors). En cuanto a Milei-Caputo, el plan hipotecario no moverá el amperímetro: representaría, en el mejor de los casos, un aumento del 3,8 % del actual stock de hipotecas vigentes (dato de Roberto Cachanovsky). El Fondo del ANSES es, más que nunca, un rescatista de la deuda pública argentina, donde están colocados la abrumadora mayoría de sus recursos.

La segunda botella al mar del pseudo “Plan” fue el anuncio de un piso salarial para los trabajadores privados de 860.000 pesos, o sea, la cuarta parte de una canasta familiar y la mitad de la llamada “línea de pobreza”. Sólo cuatro gremios se encuentran por debajo de ese piso en sus categorías iniciales. Pero el gobierno no pretende levantar los básicos de esos rezagados -como son la UOCRA, los textiles o los rurales-. La propuesta oficial es completar la diferencia entre el salario actual y el “piso” con “bonos y sumas no remunerativas”. Sibilinamente, ofrece “platita” pero “negra”, o sea, avanzar aún más en la precarización de los salarios a costa de las jubilaciones futuras y de la salud presente.

Finalmente, los “platudos” han enfrentado la última licitación para la renovación de deuda en pesos permitiendo que se liberara al mercado una liquidez adicional, con el propósito de bajar las tasas de interés y, supuestamente, activar el movimiento económico por la vía del crédito. Lo que no se toma en cuenta es que los insolventes de préstamos personales están “clavados” con préstamos pactados a tasa fija (al igual que los “no insolventes”, pero que ocupan una porción cada vez mayor de sus ingresos para tener sus cuentas al día). Las tentativas de bajar la tasa de interés han sido ensayadas varias veces bajo la gestión Milei-Caputo en el último año y medio. Invariablemente, terminaron en fuertes recules, porque los pesos circulantes terminaron en la compra de dólares. El escenario actual no es diferente, porque en el mes de julio se batió un récord en la compra y atesoramiento de divisas. Los economistas vulgares -así como Caputo- creen que el régimen económico está colapsado porque “la tasa de interés es alta”. Pero la crisis económica envuelve a la producción (40 % de capacidad ociosa en la industria), al consumo privado y a la inversión, que está en un piso histórico -13 % del PBI- a pesar de los publicitados RIGIs.

El “plan platita”, en resumidas cuentas, es un embuste. Las alusiones a “reactivar” apuntan a brindarle a la oposición colaboracionista las excusas para blindar parlamentariamente al gobierno. El perokirchnerismo finge una “mejora” económica que justifique el inmovilismo político y sindical. Pero el colapso asoma.

31 de agosto de 2026
La Comisión Bicameral “auditó” a la SIDE

El “Señor 5”, Cristian Auguadra, se presentó el martes pasado por primera vez ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, para contestar preguntas sobre el funcionamiento de la SIDE. Auguadra encabeza ese organismo desde diciembre de 2025 y responde políticamente a Santiago Caputo. Auguadra llegó acompañado por su segundo, Diego Kravetz, subsecretario de Inteligencia de Estado; José Lago Rodríguez; el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Alejandro Cecati; y el titular del Servicio de Inteligencia Argentino, Alejandro Colombo. (Perfil, 27/8)

La Comisión Bicameral, creada por la Ley de Inteligencia Nacional, promulgada en 2001, tiene como objetivo controlar a la SIDE y a los organismos que la integran. Entre las funciones que le han sido asignadas se encuentran estudiar la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), considerar el informe anual de actividades que debe presentar la SIDE y posee facultades para requerir información a los organismos, recibir denuncias sobre abusos o ilícitos, producir informes sobre el funcionamiento del sistema y controlar e investigar de oficio. Pero el punto central en el que tiene injerencia la Comisión es el de controlar el destino de los fondos reservados. El presupuesto estatal destinado a funciones de inteligencia creció un 409 % desde el inicio de la gestión Milei -un 80 % más que la inflación del mismo periodo-: pasó de los $66.000 millones a los $338.000 millones, de los cuales ya se ejecutaron $177.000 millones. Según Auguadra la mayor parte de los recursos asignados serán destinados al operativo de seguridad previsto para la visita del papa León XIV, en noviembre próximo.

La Comisión es presidida por el “karinista” Sebastián Pareja y cuenta con 13 integrantes -7 diputados y 6 senadores- repartidos entre los bloques de LLA (5), Unión por la Patria (3), PRO (2), la UCR, Convicción Federal y Despierta Chubut, con 1 cada uno. Deberían ser 14, pero aún hay cargo vacante que corresponde al Senado.

A pesar de que buena parte de la información a la que accede la Comisión es secreta y los legisladores que la integran tienen obligación de mantener la confidencialidad, se conocieron los temas sobre los que tuvo que dar explicaciones. Según trascendió, gran parte de las preguntas de la oposición apuntaron al PIN y a las facultades introducidas en enero pasado con DNU 941/2025, que incorporó la posibilidad de que agentes de inteligencia puedan aprehender a personas ante situaciones de flagrancia o por requerimiento judicial, convirtiendo a los agentes en grupos de tareas del régimen. En su momento, la oposición objetó la posibilidad del primer PIN elaborado durante la gestión de Neiffert, donde se contemplaba que la SIDE pudiera “producir información” sobre “actores estratégicos” que buscaran “erosionar el sistema financiero” o provocar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas del Gobierno, entre otros puntos controversiales. Ante los cuestionamientos, Neiffert introdujo reformas, pero no se saldó la discusión y desde la oposición quisieron saber cuál es la versión del PIN que se encuentra efectivamente en ejecución, cómo fueron traducidos sus objetivos generales en directivas operativas y qué ocurrió con las observaciones formuladas por la anterior Bicameral (elDiarioAR, 25/8). En su respuesta, los funcionarios de inteligencia negaron que existiera espionaje sobre dirigentes opositores o periodistas, y señalaron que hasta el momento no hubo intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia ni uso de las nuevas facultades de aprehensión o detención de personas. Se comprometieron a responder por escrito aquellas preguntas que quedaron pendientes.

Pero uno de los datos más relevantes que dejó la reunión de la Bicameral fue “la negativa categórica de la plana mayor de la SIDE a reconocer la existencia de una amenaza terrorista en el país, ni de extrema izquierda ni de organizaciones islámicas” (Perfil, 26/8). En su respuesta "institucional", Auguadra niega lo que su gobierno afirma cuando se alinea detrás de la política continental del trumpismo, que sostiene que existe “resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda” y para combatirlo promueve la cooperación entre las agencias de inteligencia de los diferentes países, bajo el paraguas del "Escudo de las Américas". Milei, en sus últimas apariciones, se ha referido a la necesidad de combatir al “enemigo interno”.

Las preguntas también apuntaron a los acuerdos que el Ministerio de Seguridad firmó con la SIDE y con el FBI durante la presentación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), creado en octubre de 2025 bajo la égida de la SIDE, para coordinar "operatividad" con los ministerios de Defensa, Seguridad, Justicia, Cancillería y con la Dirección Nacional de Migraciones. En ese acto participó el cosubdirector del FBI, Andrew Bailey, quien luego mantuvo una reunión con Auguadra y Lago Rodríguez para coordinar tareas de "prevención y detección de amenazas".

Luego de la reunión, en un comunicado, Auguadra afirmó: "Celebramos el control de la Comisión Bicameral de Inteligencia para garantizar la transparencia de la SIDE" y calificó la reunión como "muy positiva", en la que "primó la defensa de los intereses de la Argentina", e invitó a los parlamentarios a visitar el nuevo Centro Nacional Antiterrorismo.

La SIDE libertaria es un engranaje clave en la construcción del Estado policial que desarrolla Milei. Los resultados de la interpelación son secretos por razones de "seguridad del Estado", aunque se hayan tocado aspectos que afectan a libertades públicas. El norte político del gobierno es promover una mayor integración con el aparato de inteligencia del imperialismo, en el marco de una guerra mundial. Los personeros de la CIA se desempeñan como ´asesores´ detrás de varios de los gobiernos derechistas de la región. Las andanzas de Auguadra y compañía no puede ser “auditada” por los mismos personeros que utilizan los “sótanos de la democracia” a discreción para vigilar y coaccionar a los trabajadores, ni por la oposición que ha sido cómplice de sus atropellos. El desmantelamiento del estado de excepción impuesto por el régimen liberticida no vendrá de los enjuagues parlamentarios. Es la clase obrera, a través de su intervención independiente, la que puede llevar adelante una lucha contra el fascismo.

31 de agosto de 2026
Catamarca: reunamos miles de firmas por el sobreseimiento y archivo de la causa contra Bruno Corzo, referente de la docencia autoconvocada

A Bruno Corzo se le imputa “entorpecimiento del tránsito” -un delito federal- en el marco de una protesta realizada el 7 de marzo por docentes autoconvocados en la zona urbana de Valle Viejo, sobre la ruta 38. Formaban parte de un movimiento por aumento de salarios, mejoramiento de las condiciones de trabajo y aumento del presupuesto destinado a la educación provincial, que sacudió a toda Catamarca. Estamos ante un claro intento de criminalización del derecho a la protesta.

La defensa del derecho de organización y de lucha, por medio de movilizaciones, huelgas e incluso la ocupación de los lugares de trabajo, es vital para el conjunto de los trabajadores. Una eventual condena por parte de la justicia federal a Bruno Corzo sería un ataque contra todos los luchadores.

La campaña por el sobreseimiento de Bruno está en marcha. Este domingo, en una reunión de referentes de los docentes autoconvocados de la Capital, se planificó una agenda con diversas iniciativas para la difusión del caso; se impulsará un petitorio provincial y un fondo solidario para para sostener la campaña. El jueves se presentará una moción en la Asamblea de Cabecera 0 de Nivel Secundario para difundir la campaña y habrá una asamblea abierta el próximo sábado, para discutir la continuidad de la campaña junto con los reclamos docentes. También se realizará un almuerzo el 12 de septiembre por el Día del Maestro, con actividades culturales y recreativas, destinado a fortalecer vínculos, reunir recursos y definir nuevas acciones.

En paralelo a ello, Política Obrera además va a instalar una mesa para difundir el caso y obtener firma en la UNCA (Universidad Nacional de Catamarca) y en los colegios terciarios.

Es clave entonces, porque le daría mayor alcance y fortaleza a la campaña, que la misma se extienda entre la docencia, los luchadores, personalidades y organizaciones de DDHH de todo el país.

Para firmar el petitorio online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWwrrxNE-eV_-T3fvN13-j3UvUas9yBGylN7f0EvTsRG1H3Q/viewform

31 de agosto de 2026
Milei en la ORT: repudio y crisis en la DAIA

El jueves 27 de agosto, Javier Milei dio un discurso de 40 minutos ante alumnos de cuarto y quinto año de la Escuela ORT, en el marco del 90 ° aniversario de la institución. La convocatoria anunciaba una charla sobre "Ética e inteligencia artificial". En los hechos, apenas mencionó la IA: leyó pasajes de su próximo libro, "La moral como política de Estado", calificó a Karl Marx de "satanista", afirmó que "el capitalismo es el sistema que Dios preparó" y arengó a los estudiantes a abuchear a los periodistas. No es la primera vez que convierte un acto escolar en una agitación fascista: ya lo había hecho en marzo de 2024, en el Instituto Cardenal Copello, donde él mismo había cursado el secundario.

La ORT es una de las escuelas más grandes y prestigiosas de la colectividad judía argentina. A pesar del rechazo manifestado con antelación por parte de sus autoridades académicas, el presidente de la DAIA, el ´libertario´ Mauro Berenstein, gestionó la visita de Milei.

Cuatro días antes de la visita, Adrián Moscovich -director ejecutivo de ORT Argentina durante veinte años- publicó una columna en Infobae donde, sin nombrarlo, advertía a Milei: "Le suplicamos respeto al que piensa distinto, sea periodista, economista, gobernador o Presidente de otro país" (Infobae, 23/08). Moscovich, que dijo haber votado a Milei, remarcó que los hijos de la comunidad "no son parte de un stock".

Milei viajó tres veces a Israel desde que asumió. Se autodefine como el "presidente más sionista del mundo". Firmó con Netanyahu un pacto que busca emular a los Acuerdos de Abraham, establecidos con Trump, y profundizar la subordinación de gobiernos latinoamericanos al Estado israelí. Ha dado un apoyo incondicional al genocidio en Gaza. El mandatario hizo caso omiso a la advertencia, probablemente porque considera galvanizado el apoyo de la colectividad judía a su postura. A modo de ´recaudo´ se dispuso un operativo extraordinario: calles cortadas, perros antibombas, francotiradores en los techos, sin prensa acreditada y con aviso a las familias apenas 24 horas antes. Todo diseñado para que no hubiera fisuras. Aun así, hubo abucheos de vecinos y, dentro de la escuela, una porción importante de alumnos y alumnas apelaron a distintos símbolos y manifestaciones para protestar. Exalumnos, docentes, trabajadores y familias hicieron circular una carta de rechazo: "Una persona que difunde y defiende discursos de odio no puede de ninguna manera utilizar un espacio educativo para hacerlo" (La Política Online, 27/08).

En la ORT Milei buscó una audiencia cautiva. pero lo recibieron con pañuelos verdes y cartas de rechazo. La incursión puso de manifiesto no sólo la opinión dividida que recorre a la colectividad judía, sino también una crisis en la propia DAIA. Su vicepresidente, Gabriel Salem, intentó blindar a la organización sionista: "Ni la comunidad, ni la DAIA, ni la ORT toman posicionamiento político", repitió tras el escándalo (La Nación, 28/08). Puertas adentro, sin embargo, la propia conducción de la DAIA discute el "papelón" y le pasa factura a Berenstein, a quien acusan de buscar un cargo en el Gobierno. No existe tal "apoyo sin fisuras" en la retaguardia de los carniceros de los pueblos de Medio Oriente.

31 de agosto de 2026
Elecciones en CTERA: de espaldas a la huelga indefinida de Tierra del Fuego y a todas las luchas docentes

El miércoles 2 de septiembre se realizarán las elecciones de CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina). A pesar de que se trata del principal sindicato nacional de la docencia, será un evento intrascendente para el conjunto de los docentes. Esto se verá reflejado en una previsible escasa participación de sus afiliados, como viene sucediendo en otras elecciones de sus sindicatos de base, como el SUTEBA.

El marco de estas elecciones es la huelga docente por tiempo indeterminado en Tierra del Fuego, convocada por el SUTEF, integrante de CTERA. La dirección fueguina ha decidido directamente no participar de estas elecciones. Llevadas ya cuatro semanas de huelga, la CTERA y su conducción kirchnero-peronista encabezada por Sonia Alesso -quien se presenta a la reelección como secretaria general, esta vez con Roberto Baradel como secretario adjunto- ha sido un completo cero a la izquierda ante una de las mayores luchas docentes del año. Es lo mismo que ha sucedido con las huelgas recientes de los docentes de Santa Cruz, Catamarca y Santa Fe. En estas últimas se han desarrollado en forma autoconvocada. Se desarrolla desde hace tiempo una tendencia de lucha en la docencia que no espera los designios de las burocracias y aparatos sindicales establecidos y petrificados.

Las elecciones de CTERA no han sido el escenario para debatir y preparar una respuesta de conjunto al ataque de Milei a la educación pública. Milei ha cerrado y suspendido los 17 programas nacionales educativos (correspondientes por ejemplo a infraestructura escolar, becas, conectividad, formación docente y políticas socioeducativas); ha recortado brutalmente el presupuesto nacional para Educación, Ciencia y Tecnología, incluyendo partidas del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional; eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que se utilizaba para el pago complementario de los sueldos docentes. Como remate a este desguace, tiene presentado un proyecto de reforma educativa llamado “libertad educativa” que retrotrae la obligación del Estado de garantizar la educación pública, relegándolo a un rol “subsidiario”. Ante este cuadro, CTERA lleva ya tres años completos de mandato del gobierno de Milei sin convocar a un solo Congreso de bases. Ha realizado apenas un par de paros nacionales completamente aislados. Se abanderó con el lema “la Patria no se vende”, como si un pueblo pudiera desarrollarse culturalmente bajo el desmantelamiento del sistema educativo estatal y su reemplazo por los negocios privados educativos.

Este vaciamiento de CTERA -que incluye la imposición de numerosos fraudes sindicales, como el sucedido en Jujuy con el sindicato ADEP y, en Tucumán, con ATEP- tiene lugar a contramano de estas importantes luchas docentes provinciales, donde las reivindicaciones salariales, jubilatorias, de presupuestos educativos y condiciones laborales están universalmente presentes. Milei se ha solidarizado con cada uno de los gobernadores de las provincias en donde estallaron conflictos docentes, comenzado por la gran rebelión que ocurrió en Misiones, donde los docentes fueron violentamente reprimidos por fuerzas federales. La “esencialidad educativa”, un ataque artero a la docencia que se organiza y lucha, es sostenida en común por el conjunto del aparato Estatal y sus partidos, sean “libertarios” o “nacionales y populares”.

El cuadro de la elección

Además de la actual conducción Celeste-Violeta, se presentan la lista Azul y Blanca (integrante de la actual conducción del SUTEBA La Matanza en alianza con la Multicolor) y la lista Multicolor. Esta última es encabezada por los secretarios generales opositores de ADOSAC (Santa Cruz), UNTER (Rio Negro), SUTEBA (La Matanza, Tigre, Marcos Paz y Bahía Blanca), ATEN Capital (Neuquén), UEPC Capital (Córdoba). Este conjunto de sindicatos y seccionales, sin embargo, no han desenvuelto en la práctica una coordinación ni han establecido un programa electoral común. La conducción del SUTEF ha expresado públicamente la diferencia que sostiene con este agrupamiento en cuanto a las “exigencias” que permanentemente se hacen a la conducción Celeste en reemplazo de un plan de acción propio. Asimismo, la Multicolor rechaza una campaña de propaganda y agitación por una huelga indefinida y no pone el eje de la campaña en la huelga indefinida que protagonizan los compañeros de Tierra del Fuego.

La campaña de la Multicolor está siendo un nuevo terreno de disputas entre las corrientes del FITU. Cada grupo fomenta exclusivamente a sus candidatos regionales.

31 de agosto de 2026
Sequías en Europa: de la crisis climática provocada por el capital a la crisis del capital, provocada por la destrucción del clima

La Europa seca

El verano de 2026 es el más caluroso jamás registrado en Europa occidental, con un promedio de 21,62 °C para junio y julio, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la UE, un registro muy alto teniendo en cuenta que incluye las noches y países fríos como Inglaterra y Alemania. Es nuevo récord desde 1979, año en que los centros meteorológicos europeos comenzaron a llevar registros climáticos sistemáticos.

Los incendios generados por la acumulación de las cinco olas de calor del verano europeo ya arrasaron un total de 576.027 hectáreas (5.760 km²), ¡el equivalente a casi 29 veces la Ciudad de Buenos Aires! (RTVE, 18/08), y las olas de calor produjeron 20.000 víctimas fatales.

La elevada tasa de evaporación de los suelos favoreció la sequía y los incendios, mientras las altas temperaturas de la primavera achicaron los glaciares en las altas cumbres, como los Alpes suizos que alimentan el río Rin, causando reducciones en su caudal y obstaculizando el comercio y la generación de energía.

El Rin nace en los Alpes suizos y desemboca en el mar del Norte en Países Bajos. Es el río europeo de mayor volumen comercial. El 10/08, en Lobith, frontera con Países Bajos, marcó un nuevo mínimo histórico: 614 m³/s y 67 cm de altura. Fuera de situaciones atípicas, como el bloqueo por hielo en invierno, este es el peor año para el Rin (Reuters, 10/08).

Caídas históricas se registran en todos los ríos europeos navegables de importancia comercial. El Danubio, que nace en la Selva Negra alemana y desemboca en el mar Negro entre Rumania y Ucrania, registró el 10/08 su caudal más bajo en 30 años (DW, 10/08).

El descenso del Po (Italia), obligó a declarar una severidad hidrológica de nivel 6 sobre 7, con intrusión salina del Adriático en su delta y en los canales de riego comprometiendo cultivos (AFP, 18/08).

Caídas históricas también se registraron en el Vístula (Polonia), el Loira (Francia), Elba (Alemania, República Checa) y Oder (Alemania Polonia) (swissinfo.ch 4/08, Telefe Noticias, 17/08). Todos ellos, ríos navegables.

Al menos en el siglo XX, estas sequías fluviales paneuropeas eran eventos raros. Hasta el año 2000 solo se habían registrado dos eventos de esa magnitud: 1947 y 1976. ¡Pero entre 2003 y 2026 ya se produjeron cinco! Es decir, pasamos de un patrón de 2 en 100 años a 5 en un poco más de dos décadas, con cuatro de ellas concentradas solo entre 2018 y 2026 (Deusch Welle, 08/26, Copernicus Climate Change Service C3S, European Drought Observatory).

Otra consecuencia de los calores extremos fueron las restricciones en el consumo de agua. En Inglaterra, país lluvioso si los hay, tres cuartas partes de su territorio se encuentran oficialmente en situación de sequía (julio fue el mes más seco registrado, al menos, desde 1836) con restricciones al consumo de agua, afectando a unos 27 millones de personas. Una situación similar se dio en Francia, y en Países Bajos se debieron cerrar las esclusas de Róterdam para evitar la entrada de agua salada y arruinar los cultivos (AFP, 10/08).

Calentamiento global e impasse en la Unión Europea

Estas sequías extremas y extendidas se producen ya con un calentamiento global de 1,4 °C respecto a los niveles promedio “preindustriales” (de 1850 a 1900, cuando comienza a consumirse carbón masivamente). Según Mariam Zachariah, del Imperial College de Londres, “si las emisiones globales continúan en los mismos niveles y las temperaturas llegan a 2,8 °C hacia 2100, como se prevé, la tendencia creciente de estas condiciones de evaporación podría duplicarse” (Infobae, 23/07).

Aunque la duplicación se proyecta para fin de siglo, claramente la tendencia ya viene acelerándose y la llamada “neutralidad climática” (balance cero entre emisión y absorción de gases de efecto invernadero) prometida para 2050 en el Pacto Verde Europeo es papel mojado. Según Green European Foundation (mayo, 2025) la transición energética de la UE alcanza un déficit de 800.000 millones de euros. La contrapartida es el aumento del gasto militar del 75,3 % respecto a 2021, alcanzando los 454.000 millones de euros en 2026 (Green European Fouindation, mayo 2025, European Defence Agency, 16/07).

La interrupción de la provisión de gas ruso por la guerra en Ucrania no impulsó la transición a renovables. Los 300.000 millones de euros que la Comisión Europea debería destinar a dicho fin fueron canalizados a la reactivación de plantas de carbón (Polonia, Países Bajos), para cubrir la emergencia energética, y a la importación de gas licuado estadounidense.

Esta dependencia del GNL norteamericano no es un simple intercambio comercial. A fin de recibir el gas licuado, las corporaciones energéticas europeas realizan multimillonarias inversiones en capital fijo para construir terminales de regasificación. Para amortizarlas, las empresas firman contratos de importación a largo plazo (de 20 a 30 años) con los productores de EE.UU. bajo el mecanismo Take-or-Pay, comprometiéndose a comprar volúmenes fijos por décadas, bloqueando de este modo cualquier salida real hacia las energías renovables. Un negocio asegurado para las petroleras estadounidenses.

La misma guerra en Ucrania opera como un factor de destrucción climática. Según mediciones de la Initiative on GHG Accounting of War, el conflicto ha generado más de 311 millones de toneladas de CO₂, una cifra que iguala o supera las emisiones anuales de economías enteras. Sumado a esto, los incendios disparados por la acción bélica han arrasado más de un millón y medio de hectáreas, destruyendo sumideros naturales de carbono esenciales.

En Alemania, uno de los países que más se ha echado atrás en la transición energética, dos son las cuestiones de fondo: 1) el costo que le implica a la burguesía alemana la transición de la fabricación de motores de combustión a los eléctricos y 2) la orientación estratégica del gobierno alemán de subordinar su política fiscal a la guerra imperialista.

Respecto a la primera cuestión, el canciller Merz es claro cuando califica de inaceptable una política climática que comprometa a la industria automotriz alemana ante la exigencia de la UE de acelerar su transición (El País, 19/11/25). Con esa orientación, Berlín logró forzar una moratoria para los e-fuels (combustibles sintéticos), que les permite a sus industriales sortear la prohibición europea de vender motores de combustión más allá de 2035.

Con relación a la segunda cuestión, el desfinanciamiento del Fondo para el Clima (KTF, por sus siglas en alemán) a expensas del gasto militar es ostensible. El presupuesto militar 2027 del gobierno de Merz asciende a 109.700 millones de euros -un 32,6 % superior al del año previo (swissinfo.ch, 6/07)-. Para blindar esta expansión sin chocar con la ley de “freno de deuda”, que fija un límite constitucional al endeudamiento fiscal, el Estado ha transformado el KTF en una caja para tapar agujeros presupuestarios, utilizando la recaudación de los impuestos al carbono.

A esto se añade el recorte a los subsidios estatales destinados a la instalación de bombas de calor en edificios públicos y residenciales -una tecnología clave exigida por las normativas de transición energética-, más el endoso al Estado central de las multas millonarias exigidas por la UE a causa de los recurrentes incumplimientos climáticos de Alemania. ¡El incumplimiento climático alemán se castiga con un mayor desfinanciamiento de los programas contra el cambio climático!

Del colapso climático a la crisis del capital

La crisis climática generada por la economía capitalista y el impasse de la UE para revertirla vuelve como un búmeran sobre ella, acentuando la crisis.

La sequía resultante del calor extremo ha mermado 9 millones de toneladas de cereales -2.000 millones de euros- (wsws.org, 11/06), siendo los países más afectados Francia, Hungría y España. En Francia, justamente, el capital agrario había logrado que la Comisión Europea excluyera a la agricultura de las metas climáticas para 2040.

El corredor del Rin, la principal vía fluvial en volumen comercial de Europa occidental, que nace en los Alpes suizos y desemboca en el mar del Norte, conectando el puerto Róterdam (el más importante de Europa) en Países Bajos con las principales regiones industriales de Alemania, atraviesa uno de sus episodios más extremos desde que existen mediciones. La sequía obliga a las barcazas que transportan acero, entre otros insumos industriales, a reducir sus cargas hasta en un 80 % (La Nación, 5/08).

Thyssenkrupp Steel, la principal acería europea, recibe las materias primas desde Róterdam y Amberes para la producción de acero (hierro y carbón) que abastece a la industria automotriz, la de electrodomésticos y la de construcción de Alemania, pero ha debido recortar su producción por las sequías del Rin que representa el 80 % de provisión de insumos para la fabricación de acero de Thyssenkrupp, frente a otras vías como el ferrocarril o el camión.

El fenómeno de las caídas históricas en el caudal de los grandes ríos no se restringe al Rin. Las aguas del Danubio descendieron a sus niveles más bajos en 30 años en países como Serbia y Rumania (DW, 10/08). El Danubio, que nace en Alemania y desemboca en el mar Negro recorriendo diez países, es la principal vía de exportación de granos de Europa del Este. Sus niveles están en su punto más bajo desde que comenzaron los registros hace cerca de un siglo (!) (Reuters, 11/08), por lo que las barcazas debieron reducir su carga a menos del 40 %.

La caída de caudal, además, afectó la generación de energía eléctrica en las centrales térmicas que requieren de un importante caudal de agua para su sistema de refrigeración. Esto obligó a Serbia a reducir su producción de energía eléctrica. La bajante es tan severa que el Cernavoda, la única central nuclear de Rumania (responsable de alrededor del 20 % de la electricidad del país), debió detenerse (El País, 13/08). Las centrales eléctricas a carbón de Kozienice y Połaniec, en Polonia, han tenido que cerrar debido a los niveles críticamente bajos del río Vístula.

A este colapso logístico y energético se suma el impacto sobre la fuerza de trabajo y su productividad, esto debido al agotamiento físico, la ralentización de las cadenas de montaje y el sobrecalentamiento de las máquinas. Esta pulverización de la productividad laboral redujo por sí sola cerca del 0,6 % del PBI de la UE. El costo económico de los extremos climáticos en las últimas décadas ha crecido de 8.600 a 45.000. Pero para 2026 se calcula que podría trepar a 180.000 (1 % del PBI europeo), neutralizando el magro crecimiento de una economía ya empantanada en la recesión (ua.news, 10/08).

Según la consultora alemana Prognos, sólo en las dos últimas semanas de julio, la economía del país perdió 6,32 millones de euros por caída en su productividad laboral (wsws.org, 11/08).

La incidencia del cambio climático sobre la economía europea es un fenómeno que se ha acelerado dramáticamente en los últimos años. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, de los 822.000 millones de euros de pérdidas económicas directas en la UE debido a fenómenos climáticos, la cuarta parte se produjo sólo de 2021 a 2024 (Euronext, 18/08).

Además de esta destrucción masiva de fuerzas productivas, el impacto del cambio climático en las deudas soberanas es enorme.

Para Bruegel (Brussels European and Global Economic Laboratory), la economía global se encamina hacia un “círculo vicioso climático-soberano”: los crecientes costos de la crisis erosionan los ingresos tributarios de los Estados. El consiguiente deterioro de las calificaciones crediticias encarece el endeudamiento y limita la capacidad de inversión en adaptación, dejando a las naciones más expuestas al siguiente desastre (Euractiv, 29/07). Para cubrir esta brecha, los gobiernos emiten títulos de deuda que operan como capital ficticio: promesas de pago despegadas de su base material. Mientras el capital financiero exige intereses y primas de riesgo cada vez más altos, la base material sobre la cual descansa esa riqueza (infraestructura, cultivos, producción de bienes y ecosistemas) se desintegra bajo el impacto climático. El capital financiero, al obligar a los Estados a drenar sus presupuestos para “honrar” sus deudas, desfinancia cualquier salida tentativa al colapso. Como ejemplo de esto, el primer estudio para cuantificar el riesgo climático de las finanzas públicas en Italia (CMCC Foundation, 7/07) afirma que el calentamiento podría duplicar los riesgos de refinanciación de la deuda italiana. "Encontramos que el riesgo climático también es un riesgo soberano", dijo Massimo Tavoni del CMCC.

Las sequías paneuropeas que obstruyen el comercio fluvial, las olas de calor que bajan la productividad laboral y los PBI de las naciones, los megaincendios que arrasan cultivos, la financierización del propio clima y una guerra imperialista que devora recursos retornan sobre su misma base económica como un búmeran, reviviendo la famosa frase de Marx de que al llegar a una determinada fase de su desarrollo, “las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, abriendo una época de revolución social”.

La realización de esa transición histórica requiere de un programa que subordine la producción a la preservación del metabolismo entre la humanidad y la naturaleza, mediante una planificación socialista de la vida económica y de una intervención de las masas contra los gobiernos de la guerra imperialista.

31 de agosto de 2026
A 64 años de su desaparición, una nueva pista reabre la búsqueda del paradero del delegado metalúrgico Felipe Vallese

“Yo soy la hija del policía que secuestró y mató a tu papá y lo enterró en mi casa”, dijo una voz al otro lado del teléfono de Felipe Vallese hijo, cuyo padre fue desaparecido por las fuerzas policiales bajo el gobierno de José María Guido hace 64 años. La pista podría dar con el paradero del cuerpo del militante peronista considerado el primer desaparecido de esa corriente. El hijo de Vallese se presentó a la Justicia para reabrir el caso, dado que al tratarse de un delito de lesa humanidad no prescribe. Según informó el propio Vallese, ya realizó la observación a vista de la casa donde se encontraría el cadáver, con la intervención de un equipo de antropología forense, e informó que el municipio de Tres de Febrero le hizo entrega de los planos de la casa y la ubicación del pozo ciego.

La nueva pista apareció pocos días después del 64 aniversario de su desaparición, acontecida el 23 de agosto de 1962 bajo el gobierno de Guido, tras el derrocamiento del radical intransigente Arturo Frondizi. Vallese era obrero metalúrgico, delegado gremial de la fábrica TEA -Trafilación y Esmaltación de Alambres- y militante de la Juventud Peronista. El secuestro de Vallese se produjo en medio de un reflujo de las luchas obreras, luego de la derrota de la huelga general del frigorífico Lisandro de la Torre en 1959, culminando así un período de ascenso de luchas que conoció una oleada huelguística de un nivel jamás alcanzado en la década anterior. La burocracia sindical era partícipe necesaria en este retroceso, apoyando al ala nacionalista de los militares (“azules”), al igual que la dirigencia peronista y el propio Perón, que había llamado a votar por Frondizi en 1958. Un sector de la Juventud Peronista encabezó la llamada “Resistencia”, cuya “táctica insurreccional” poco podía hacer para disimular la política de entrega total del peronismo. El secuestro de Vallese, en medio de este reflujo, se produjo en paralelo a otros operativos. La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a media docena de militantes peronistas y sus familias. A diferencia de Vallese, todos los demás secuestrados, luego de ser interrogados y torturados, aparecieron con vida.

La investigación que realizó el periodista Pedro Leopoldo Barraza, en su serie de ocho notas tituladas “El infierno de Felipe Vallese” publicadas en el periódico “18 de Marzo” y después en el semanario peronista “Compañero”, rompió el cerco de encubrimientos policiales y judiciales que se había construido alrededor de la desaparición. Según pudo reconstruir Barraza, Vallese fue llevado a diferentes dependencias policiales; distintos testimonios permitieron establecer que fue torturado y que llegó a encontrarse en un estado físico extremadamente grave. Su mismo hermano Ítalo declaró que llegó a verlo durante su cautiverio, pero después su rastro se perdió definitivamente.

El episodio más conocido por la investigación de Barraza fue la revelación de que Vallese había logrado transmitir su nombre y su paradero a la dirigencia peronista de la UOM. La audacia de Vallese en este acto fue enorme, porque el conocimiento preciso del paradero de un secuestrado es un arma poderosísima en la lucha por su aparición y liberación. Según reconstruyó Barraza, desde la comisaría de San Martín, Vallese fue llevado a la comisaría de Villa Lynch donde, en un descuido de sus torturadores que lo arrojaron en una celda, Vallese alcanzó a darle su nombre a un preso común, que lo anotó en un papel de cigarrillos, igual que el teléfono de la UOM y de la fábrica TEA -donde él trabajaba y era delegado-. Este ese preso común, cuyo nombre Barraza nunca reveló, al ser liberado la mañana siguiente llamó a la UOM y avisó dónde estaba Vallese. El accionar de la burocracia de la UOM, sin embargo, se limitó a realizar una denuncia judicial, que no sirvió para nada. El juez federal de San Martín, cómplice de las fuerzas represivas, se negó a realizar ningún allanamiento a la subcomisaría de Villa Lynch y allí terminó la intervención de la UOM en el caso Vallese. El relato que hizo Barraza de este hecho fue revelador: “Felipe le manda un mensaje al dirigente gremial Augusto Vandor, secretario general de la UOM, donde le dice dónde está y que movilice al gremio para sacarlo. Un SOS a la vida. Este mensaje fue entregado en propias manos por el compañero de cárcel de Felipe. Pero el papelito, muy chico, se perdió por algún resquicio del traje: el que usaba el señor Augusto Vandor en ese momento”. La burocracia sindical dialoguista con un ala del gobierno repudiaba el accionar de la “Resistencia” peronista.

El trabajo de Barraza reconoció al secuestrador y torturador de Vallese, el comisario Juan Fiorillo. Gracias a esa investigación, en 1971, casi diez años después de su secuestro y desaparición, 39 policías fueron a juicio, pero finalmente sólo fueron condenados a tres años de cárcel, la pena mínima, por privación ilegítima de la libertad. Según el juez, no se podía condenar por asesinato porque no había cuerpo. Todo este entramado represivo y de encubrimiento determinó el destino de Barraza: tres años después, sería asesinado junto a Carlos Laham por la Triple A, organización de la que Fiorillo formó parte antes de convertirse en uno de los colaboradores más cercanos del genocida Ramón Camps en la Policía Bonaerense tras el golpe de 1976. Recién el 30 de mayo de 2006, Juan Fiorillo volvió a ser detenido por sus crímenes bajo la dictadura. Se negó a declarar ante el juez y solicitó el beneficio de la detención domiciliaria, que le fue concedido. A los 75 años, con la movilidad limitada, obtuvo de hecho la libertad. Murió un año después sin revelar el destino ni el paradero de los restos de Felipe Vallese.

El final de esta historia es el intento del peronismo y la burocracia sindical por encubrir sus propias huellas en el caso. Con el retorno de Perón y su llegada a la presidencia en 1973, de la mano de la Triple A, la calle de Flores sobre la que fue secuestrado Felipe Vallese pasó a tener su nombre. Un salón de la sede de la CGT sobre la calle Azopardo, donde la burocracia sindical se reúne para entregar las condiciones laborales ante el gobierno de Milei, lleva el nombre de Felipe Vallese. La historiografía peronista bautizó a Vallese como el primer desaparecido de la historia argentina, ocultando las desapariciones de los anarquistas en la década del 30 y de Juan Ingalinella, militante comunista, bajo el gobierno de Perón en 1955. En 2002, quien luego fuera secretario de Derechos Humanos en los gobiernos del matrimonio Kirchner, Eduardo Luis Duhalde, lanzó una segunda edición del libro que había escrito con Rodolfo Ortega Peña en 1967 sobre el caso Vallese, pero esta vez negando todas las conclusiones escritas cinco años después de su primera edición, asegurando estar “convencido” de que la UOM actuó bien y denunciando que fue Barraza quien “construyó la teoría de la responsabilidad de la UOM”.

El hijo de Eduardo Luis Duhalde y vicepresidente de su fundación, Mariano Duhalde, lleva junto a Raúl Zaffaroni el patrocinio legal del hijo de Felipe Vallese.

31 de agosto de 2026
El chavismo residual entrega el petróleo venezolano a Trump

Donald Trump y Delcy Rodríguez pactaron esta semana la entrega del petróleo venezolano a los Estados Unidos. Ambos mandatarios anunciaron la creación de una empresa binacional en la que el país del norte se queda con el 55 % del paquete accionario y el control operativo. El acuerdo marco establece una vigencia formal de 25 años. Sin embargo, los contratos específicos para los operadores privados contemplan extensiones de hasta 100 años. De ahí que Trump se jactara de haber conseguido 100 años de entrega. Los 17 yacimientos petrolíferos en cuestión representan más de una quinta parte de las reservas comprobadas de Venezuela, que posee las mayores reservas de petróleo (pesado) del mundo. Además de estos yacimientos, se acordó la explotación de ocho bloques verdes de la Faja Petrolífera del Orinoco -una región de más de 55.000 kilómetros cuadrados rica en crudo pesado y extrapesado-. Los bloques verdes son yacimientos vírgenes que no tienen perforaciones previas.

El acuerdo cambia potencialmente el tablero energético global, ya que la empresa binacional pasaría a ser la segunda más grande del mundo, antecedida solo por la saudí Aramco, en virtud de la magnitud de las reservas en juego. Trump declaró en sus redes que “esta transacción histórica duplica con creces las reservas de petróleo estadounidenses, aumenta enormemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses durante mucho tiempo”. Con independencia de esto, la existencia de nuevas reservas no aumentará el suministro ni hará bajar el precio del combustible automáticamente, que es lo que el fascista necesita cuando faltan menos de tres meses para las elecciones de medio término. Pero se ha apropiado de un activo estratégico en el escenario de una guerra mundial, porque Estados Unidos pasa a ser copropietario de una petrolera. A pesar de que Trump se refiere al proyecto como una iniciativa privada, el Wall Street Journal reveló que el Pentágono, a través de su Oficina de Capital Estratégico, tomó una participación del 35 % de la empresa. Sumando derechos de adquisición sobre la producción de crudo a precio de costo, según funcionarios de la Casa Blanca, Estados Unidos retendrá el control del 55 % de la empresa. El segundo gran operador es NABEP, una empresa controlada por un magnate venezolano que vive en Reino Unido. NABEP ya explota 200.000 barriles diarios en Lago de Maracaibo, pero no es un operador convencional, sino un consorcio financiero que necesita convocar a inversores. El tercer dueño de la empresa, en una porción minoritaria, es el Estado venezolano.

Con este convenio, Estados Unidos se asegura el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de crudo en reservas probadas de la Faja Petrolífera del Orinoco, cuando sus reservas estratégicas han caído a mínimos históricos. El plan de la flamante compañía ´binacional´ es elevar la producción a más de 1,5 millones de barriles diarios. El esquema fiscal fija regalías mínimas del 16 % y un impuesto sobre la renta del 34 % para el Estado venezolano. En el anuncio del sábado, Delcy ponderó el 16 % de las regalías al compararlo con el 1 % que Venezuela recibía en los años 90. Pero la Ley Orgánica de Hidrocarburos de Chávez -que su gestión del protectorado modificó este año según los deseos de Trump- establecía que Venezuela debía recibir 30 % en concepto de regalías como base. Delcy Rodríguez aduce que el petróleo sigue siendo de Venezuela. Sin embargo, el control operativo de la empresa queda en manos de Estados Unidos, así como el grueso de las ganancias por la explotación y el crudo mismo. El chavismo residual ha ido preparando el terreno para esta entrega, destruyendo toda la estructura legal heredada del chavismo, a instancias de Trump. La modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos les permitió este año a las empresas operar directamente, sin intermediación de PDVSA.

Trump está urgido por asegurar el petróleo venezolano para Estados Unidos tras su empantanamiento en Ormuz. La crisis energética global que generó con el ataque a Irán ha acelerado la carestía y el desplome de los republicanos en las encuestas. Pero más allá de esto, para el imperialismo, Venezuela -como Irán- es una ficha en la guerra contra China. Las negociaciones fueron coordinadas por el secretario de Energía, Chris Wright, pero también intervinieron directamente el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth. El acuerdo llega pocos meses después de la intervención militar estadounidense que secuestró al presidente Nicolás Maduro en enero. Venezuela fue una de las fichas que se movió entre la guerra de los 12 días contra Irán en 2025 y el ataque que comenzó ocho meses después y se prolonga hasta hoy. Estados Unidos intenta cortarle las rutas comerciales y el suministro de energía fósil a China. Una evidencia del apremio de Trump es que decidieron no esperar a que se cumplan las formalidades del caso y el acuerdo fuese tratado en la Asamblea Nacional de Venezuela, un órgano que Delcy controla a través de su hermano, Jorge Rodríguez, y donde tenía aprobación asegurada, lo cual viola la Constitución venezolana.

Sin embargo, no queda claro de dónde provendrían las nuevas inversiones que serían canalizadas a través de NABEP. Una posibilidad es la venta de bonos de deuda y paquetes accionarios para atraer fondos de inversión institucionales. Tampoco se sabe dónde queda PDVSA en todo esto. Hay empresas como Exxon Mobil y ConocoPhillips que hasta ahora se han negado a volver a operar en Venezuela, a pesar de las condiciones favorablemente leoninas que les ofrece el chavismo residual. Estas empresas todavía reclaman indemnizaciones por las nacionalizaciones llevadas adelante por Chávez en 2007, a pesar de que Venezuela pagó cientos de millones de dólares por la nacionalización de los activos de Exxon en su territorio. Conoco sigue yendo por todo, a pesar de que también cobró 745 millones de dólares como compensación.

Sin embargo, además de las empresas que continuaron operando durante el gobierno de Maduro, como Chevron o la italiana ENI, este año se sumaron otras, como Shell, a partir de la modificación de la ley de hidrocarburos.

La cuestión de fondo para las empresas es la legalidad jurídica de este acuerdo. Delcy Rodríguez es la presidenta interina de un gobierno cuestionado por las denuncias de fraude. Para traer ´tranquilidad´ a los operadores, la oposición venezolana representada por María Corina Machado -desechada como alternativa por Trump hasta ahora- ha manifestado su acuerdo con el convenio. Lo mismo ha dicho la oposición cortesana, que varias veces ha pactado con Maduro.

Fractura en el chavismo

Las movilizaciones en rechazo al acuerdo ocurrieron principalmente el sábado y fueron nutridas por la base del chavismo. Incluso voceros comunales y figuras mediáticas afines al Gobierno criticaron la medida. Por eso Delcy Rodríguez tuvo que defender en televisión el acuerdo el sábado a la tarde, confirmando el despojo como una línea de fondo. Ella misma dijo que el acuerdo iba por más, con más empresas, y sumó la explotación de gas y de la industria petroquímica, lo que fue entendido como una mayor entrega. En respuesta, la Coalición Nacional Sindical anunció una agenda de huelgas y movilizaciones masivas durante septiembre y octubre.

Un apagón masivo en cinco estados ocurrió el sábado a la noche y duró hasta la madrugada del domingo. Maracaibo, capital petrolera de Venezuela, estuvo completamente a oscuras. Hubo cacerolazos y protestas durante la noche contra un gobierno que no puede garantizar ni siquiera el suministro eléctrico.

La camarilla gobernante del chavismo residual recorre un camino que no comenzó con el ascenso político de Trump, ni solo ocurre en Venezuela. El nacionalismo militar del siglo XXI, devenido en camarilla chavista, nunca rompió con el imperialismo, como lo demostraron las jugosas indemnizaciones que se han pagado por nacionalizaciones que tampoco eran tales, sino una piñata para la boliburguesía. La experiencia iniciada en febrero de 1992, con el levantamiento de Chávez, seguido de una movilización popular, y que se manifestó de nuevo en la acción de masas contra el golpe gorila de abril de 2002 y en el lock out patronal de ese mismo año, revela simplemente que la victoria contra el imperialismo no puede ser conseguida por direcciones ajenas a la clase obrera y a la lucha de clases que desarrolla.