Febrero de 2026

El 31 de enero se realizó una radio abierta en el espacio de memoria social y cultural Luciano Arruga (exdestacamento policial de Lomas del Mirador), bajo la consigna “Los pibes no son peligrosos, están en peligro” en Lomas del Mirador, La Matanza. Se cumplen 17 años de la desaparición forzada de Luciano, tras haberse negado a robar para la policía bonaerense. Luciano era un joven de 16 años aquel 31 de enero de 2009 cuando miembros de la policía bonaerense lo secuestraron y lo desaparecieron. Un tiempo antes intentaron captarlo para una red de jóvenes que mandaban a robar para ellos liberando la zona. Cuatro meses antes de su desaparición forzada fue detenido arbitraria e ilegalmente, haciéndolo víctima de torturas físicas y psicológicas. Por esas torturas fue condenado a 10 años de prisión el policía Julio Diego Torales. La impunidad de los responsables materiales y políticos continúa intacta. Fernando Espinoza ya era en ese momento intendente de la Matanza por el PJ; Daniel Scioli, en ese momento gobernador de la provincia de Buenos Aires por el PJ, hoy es ministro de Deportes y Ambiente del gobierno liberticida de Milei. La causa judicial continúa en etapa de instrucción ¡desde hace 17 años!, caratulada como “desaparición forzada”. Mientras el régimen decadente agoniza, el gobierno cívico-militar refuerza su aparato represivo modificando la Ley de Inteligencia , habilitando a la SIDE a detener personas sin orden judicial, nombrando a un militar en el Ministerio de Defensa y otros militares en cargos políticos también en el Ministerio de Defensa . En la radio abierta se conversó sobre el proyecto de baja de edad de imputabilidad y la necesidad de estar organizados, en la calles, de marchar y de movilizar en principio a la próxima marcha antifascista el 7 de febrero. Finalizó la jornada marchando y cantando desde el espacio Luciano Arruga a la plaza que también lleva su nombre, donde se realizó la tradicional "quema del patrullero". Política Obrera participó de la actividad con una delegación. Luciano Nahuel Arruga ¡presente!

Por tercera vez en los últimos meses, el Tesoro norteamericano ha salido al rescate de Milei y Caputo. El pago de 870 millones de dólares al FMI, por intereses de deuda, será cubierto a través de otro préstamo. Scott Bessent acaba de otorgarle a Argentina “derechos especiales de giro” (DEG) por esa suma a cambio de pesos. Los DEG son la unidad de cuenta que ha repartido el FMI entre las Tesorerías de sus socios. Si el gobierno argentino hubiera pagado con dólares de las reservas, habría perdido todo lo acumulado en meses recientes e infringido un acuerdo con el FMI. Caputo tiene el propósito de devolver el ‘swap’ (canje de monedas) con Bessent (más los intereses correspondientes) con los dólares que espera recibir del FMI como parte de un nuevo acuerdo de ajuste fiscal y financiero. Esta ruta del dinero, diseñada para evitar un default, no cubre los vencimientos de 2026 , por algo menos de 20.000 millones de dólares. El Tesoro de Argentina sigue en terapia intensiva con la asistencia de un respirador . En un reportaje de hace unas horas, Luis Caputo intentó desmentir que contrajo nueva deuda para pagar deuda. Según Caputo, los fondos para “comprar” los DEG salieron de la cuenta del Tesoro en el Banco Central, pero la cancelación del “swap” se hará con dólares que se obtendrán a préstamo. Lo importante es que el ‘caputísimo’ no tenía la plata para pagar los intereses con el FMI, y se ha visto forzado a armar un 'puente’ caro con Estados Unidos , aunque el ministro se niega a informar acerca de la tasa de interés que le cobra Besssent por ese ‘puente’. El Tesoro estadounidense se ha convertido en el prestamista de última instancia de Argentina. Así ocurrió con el ficticio “intercambio” de 2500 millones que tuvo lugar antes de las elecciones de octubre pasado y que Caputo tuvo que devolver dos meses después, en dólares contantes y sonantes, por medio de otro préstamo con bancos internacionales, a altas tasas de interés. Caputo cancelará estos 800 millones en DEG cuando reciba los 1000 millones de dólares… del FMI, que están asociados a la segunda “revisión” del acuerdo de abril del año pasado. O sea que el Fondo le prestará a la Argentina los DEG necesarios para que Argentina le pague a Estados Unidos en dólares los DEG que le prestó… para pagarle al Fondo. Esta “puerta giratoria” cobra un elevado peaje. El Gobierno, además, enfrenta en febrero otro compromiso, la cancelación de casi 1000 millones de dólares a privados por el vencimiento del Bono Bopreal (con importadores). Una noria sin salida de la que vive una oligarquía de parásitos.

Sin que las universidades hayan abierto por las vacaciones, el 2026 ya se perfila como un nuevo año de destrucción de la educación pública. Con esta finalidad, el Gobierno ha dispuesto ajustar al máximo el presupuesto 2026 para recaudar y cumplir con los compromisos adquiridos con el FMI. La aprobación del mismo no se hubiera podido lograr sin el apoyo de la “coalición del ajuste”, o sea, con todo el abanico opositor de peronistas y radicales, persiguiendo el único objetivo de normalizar las relaciones con el capital financiero. En este plano, el presupuesto presenta una caída de 47,3 % en educación y cultura, una reducción del 48,8 % en Ciencia y Técnica, un descenso del 33,8 % en las universidades y un recorte real del 76,6 % en becas y programas de ayudas para estudiantes. Con la derogación del artículo 9 de la Ley 26.206, que establece que “el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional y no puede ser inferior al 6 % del PBI”, por más que ningún gobierno la cumplía, consagra la aniquilación educativa. Las escuelas técnicas serán otras de las grandes perjudicadas con el Presupuesto aprobado en el Congreso. La norma deroga el artículo 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional y, por lo tanto, elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional. Tampoco contempla la Ley de Financiamiento Universitario, pese a la cautelar de la Justicia que ordenó al Poder Ejecutivo el aplicarla. Caída histórica del salario En términos reales, el salario de los docentes universitarios hoy representa menos de la mitad que en noviembre de 2015 y el más bajo de las últimas dos décadas. Bajo este gobierno, los salarios de los docentes universitarios acumularon una pérdida del 33,4 por ciento de su poder de compra si se toma como referencia la inflación nacional que mide el INDEC , (Página 12). La pérdida acumulada equivale, en la práctica, a siete meses de trabajo sin remuneración. El Gobierno dio a conocer el nuevo porcentaje de aumento para los trabajadores universitarios (aunque esos fondos todavía no fueron transferidos a las universidades): un miserable 2 % para el mes de diciembre 2025 y un bono de $50.000 para todas las categorías no docentes y de manera proporcional para las dedicaciones docentes, es decir, un docente simple solo recibirá $12.500 en negro. Para el mes de enero el incremento salarial es de 0 %. Teniendo en cuenta la inflación que viene creciendo en los últimos siete meses y amenaza con no detenerse, sumado al plan de aumento de tarifas que se reflejan de manera distorsionada en los índices de costo de vida, las condiciones de vida se van a agravar en muchos casos a niveles insoportables, lo que está obligando al doble trabajo, a la emigración a otros ámbitos laborales o directamente a la emigración fuera del país. Ni hablar de la deserción estudiantil, donde muchas carreras terminan el año académico con las aulas semivacías. Si bien el 85 % del presupuesto es para salarios, el porcentaje restante son fondos destinados a asegurar el funcionamiento elemental de las casas de estudio. Ya muchos rectores han señalado que no existen condiciones para que se pueda dar inicio al ciclo académico. Como si todo esto fuera poco, se suma, afectando al conjunto de la clase obrera y los trabajadores, la contrarreforma laboral fascista que va a ser tratada en febrero en el Congreso y que apunta a arrasar con numerosas conquistas, a privar a los trabajadores de la posibilidad de organización en los lugares de trabajo y desde ya de lucha, en nombre de la esencialidad generalizada para todas las actividades que realizan los trabajadores. Ya en las universidades se implementan muchas medidas hacia donde apunta la contrarreforma laboral de Milei, como lo demuestran los docentes ad honoren, el desconocimiento en los hechos de las conquistas contempladas en los convenios, el desconocimiento de la ciudadanía universitaria a los docentes preuniversitarios y el anuncio de suprimir derechos jubilatorios de la docencia universitaria por considerarlos “privilegios”. Un ataque como el que estamos viviendo requiere una respuesta de lucha de conjunto, a fondo. No se puede esperar que las soluciones vengan del Congreso que ha funcionado arrastrado, convalidando el conjunto de la política del gobierno liberticida. Tampoco de la Justicia que se ha mostrado impotente y cómplice a la vez, mientras el Gobierno viola la Constitución y las leyes vigentes en cada iniciativa que emprende en cualquier esfera de la acción de gobierno. Es necesaria una lucha directa, una rebelión educativa de docentes, no docentes y estudiantes que supere el plano estrictamente gremial para dar paso a una pelea política. Un plan de lucha encarado con esta perspectiva tendría un impacto decisivo sobre los sectores vinculados con las ciencias, la cultura y los demás sectores educativos provinciales, que en muchos casos también están sufriendo los mismos ajustes antieducativos que las universidades. El CIN y el Frente Sindical El CIN (Consejo de Rectores), el Frente Sindical de universitarios que agrupa a las distintas federaciones docentes y no docentes universitarias, y la FUA, publicaron una carta a fines del año pasado llamando a los legisladores a no apoyar el artículo que elimina la ley de financiamiento universitario y señalando que corre peligro el funcionamiento de las universidades durante 2026. Luego de aprobado el Presupuesto se tomaron vacaciones. El Frente Sindical está en un completo impasse y por distintas vías atado a los intereses de colaboración con los Rectores y, de esa manera, a la política del gobierno o los partidos patronales que, por todos los medios, van a intentar subordinar cualquier perspectiva de lucha independiente a la agenda parlamentaria. El ala de la CGT Universitaria (FEDUN -FATUN) reclama que el gobierno de la motosierra convoque a discutir. CONADU y CONADU H han convocado a plenarios de Secretarios Generales, cada una en su federación para la primera semana de febrero a fin de discutir el paro frente al tratamiento de la reforma laboral y el plan de acción por los salarios. Es importante clarificar que ambas CONADU hablan de no inicio, pero no de huelga general, y ya en el pasado el “no inicio” se transformó en una acción inocua. Una fecha votada al azar, ya que en todas las unidades académicas las clases comienzan en diferentes fechas, con un paro de 24 o 48h que solo dieron lugar a los tan fracasados y desgastados planes de lucha de acciones aisladas, de acciones decrecientes, de paros sin movilización y de movilizaciones sin paro, todas acciones que solo han terminado provocando desmoralización en la docencia. Un no inicio, entendido como el inicio de una huelga general, requiere una preparación, un programa y una dirección, algo que no lo van a hacer las actuales conducciones sindicales. Preparación de la huelga En febrero reabren las universidades luego de las vacaciones. Febrero debe ser el mes de debate y preparación de una lucha a fondo. Es tarea del activismo, de las agrupaciones de luchadores y de los sindicatos combativos impulsar asambleas autoconvocadas, votar pronunciamientos e iniciativas de coordinación de plenarios y un congreso de bases nacional con mandatos, para votar el retiro del proyecto de contrarreforma laboral del Congreso, el rechazo a la ley de Glaciares, los reclamos salariales y becas para los trabajadores universitarios y estudiantes y, en función de ello, las acciones que abran paso a la huelga general indefinida educativa. VER LASIGUIENTE ENTREVISTA: ENTREVISTA A ANAHÍ RODRIGUEZ, SECRETARIA GENERAL DE LA ADIUNT, MILITANTE DE TENDENCIA UNIVERISTARIA CLASISTA Y DE POLÍTICA OBRERA TUCUMÁN, EN ENTERATE PLAY 90.5, 26/01/2026

Durante el mes de enero se desarrolló en Catamarca un proceso de movilización de trabajadores de la educación y la salud pública que puso en escena el rechazo al ajuste salarial, la precarización laboral y el desmantelamiento de los servicios públicos provinciales. Asambleas, acciones directas y pronunciamientos públicos de sectores autoconvocados expresan una respuesta independiente frente a la política del gobierno de Raúl Jalil, la colaboración de la burocracia sindical y la profundización de una agenda de recortes en sintonía con el programa nacional impulsado por Milei. A mediados de enero, una reunión pública de docentes autoconvocados, cuyas resoluciones trascendieron en los medios, colocó tempranamente en el centro de la escena los principales reclamos del sector: recomposición salarial conforme al costo de vida real, realización de asambleas de cobertura de cargos, titularizaciones y la defensa del sistema educativo frente a su progresivo vaciamiento. En ese marco, la docencia autoconvocada rechazó la paritaria 2025 entre el Gobierno y la burocracia docente, denunciando que no fue producto de un mandato genuino de las bases, sino de mecanismos de consulta restringidos y fragmentarios, limitados a grupos minoritarios en redes sociales. El aumento del 5,35 % responde a los meses de noviembre y diciembre a cobrarse en febrero y sueldo básico de 700.000 pesos para los docentes, que fueron cuestionados por no constituir una recuperación de las pérdidas salariales de los últimos años, sino simple y tardíamente un aumento que acompaña el índice de inflación de esos dos meses. La docencia con justa razón protesta porque siente que el aumento no compensa nada y tiene razón, debido a que el índice de inflación está distorsionado, pues los aumentos tarifarios en servicios, combustibles y transporte, junto con el aumento de alquileres, no están debidamente reflejados en esos índices. Los trabajadores de la administración y la obra pública provincial fueron condenados con el mismo porcentaje. Como principal resolución, la docencia reunida aprobó entre otras cuestiones impulsar un Encuentro Provincial de Docentes Autoconvocados, el cual está previsto para el jueves 5 de febrero, con el objetivo de reagrupar fuerzas, deliberar y resolver acciones de lucha, de cara al regreso a las escuelas y a un mes del inicio del ciclo lectivo. En la segunda quincena del mes de enero irrumpió con fuerza la lucha de los trabajadores de la salud a partir de asambleas en el Hospital San Juan Bautista, el más importante de la provincia , con diversas acciones de protestas coordinadas, que fueron replicadas en el Hospital de Belén. A este proceso también se fueron sumando trabajadores del Hospital de Niños de la capital. El reclamo central fue la denuncia de la retención ilegal de haberes y el atraso en el pago del aguinaldo. Los trabajadores denunciaron que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía de la provincia retuvieron salarios correspondientes al mes de diciembre por tareas ya realizadas, particularmente horas de guardia. La medida afecta a más de 160 trabajadores, entre médicos, personal paramédico y técnicos, de hospitales y centros de salud de toda la provincia, comprometiendo más de 6.000 horas de guardia. Según los voceros del sector, el Gobierno pretende avanzar con un recorte de alrededor de 10.000 horas sobre un total de 70.000 horas de guardia, lo que equivale a más de 416 guardias de 24 horas, con consecuencias directas en la pérdida de puestos de trabajo y en la disminución de la atención sanitaria. El ajuste representa un recorte cercano a los 100 millones de pesos mensuales (El Ancasti, 29/01). Las manifestaciones ante el Ministerio de Salud y el gobierno provincial se hicieron presentes con un petitorio, en el que exigen recomposición salarial para personal de planta y de guardia y pase a planta permanente de cientos de trabajadores precarizados, que subsisten bajo contratos de guardia. Los valores horarios, que oscilan entre 3.000 y 7.500 pesos, fueron señalados como salarios de indigencia, muy por debajo de la línea de la pobreza. Los trabajadores denunciaron además un operativo oficial orientado a negar el conflicto y a darlo por resuelto de manera ficticia, al tiempo que el Gobierno reduce el presupuesto de salud y desvía fondos de manera arbitraria. En este contexto, no tardó en establecerse una línea de apoyo recíproco entre los trabajadores de la salud en lucha y la docencia autoconvocada, mediante comunicados y participación cruzada en las manifestaciones. Este acercamiento abre la perspectiva de una lucha coordinada. En contraste, la oposición parlamentaria de La Libertad Avanza y el sector liberticida de la UCR están intentando canalizar el conflicto mediante proyectos estériles de investigación o auditorías, que conducen a un callejón sin salida. La experiencia demuestra que la vía parlamentaria, con una legislatura que responde en forma mayoritaria y abrumadora a Jalil, es pedirle peras al olmo y funcional a la política del gobierno, principal ejecutor en la provincia del programa de ajuste del gobierno nacional. La respuesta efectiva a todos estos atropellos emerge de la movilización y la lucha huelguística. Frente a este escenario, la burocracia sindical no tardó en operar en sentido desmovilizador. En el caso docente, se apresuró a legitimar la política salarial del gobierno y a comprometer el inicio de clases, en abierta contradicción con el reclamo de las bases. En salud, ATSA y ATE actuaron mediante el silencio y la parálisis, con la tácita intención de aislar el conflicto que se desarrolla en el Hospital San Juan Bautista. Este cuadro se completa con la lucha en la fábrica NEBA donde se han producido el despido de más treinta obreros, que enfrentan un cierre progresivo de la fábrica bajo el pretexto de la apertura de importaciones. Asistimos a una escalada de conjunto de los gobiernos y las patronales contra los derechos más elementales de los trabajadores, salarios, condiciones laborales, estabilidad laboral, etc. Las razones que impulsan a los trabajadores a reagruparse y movilizarse coordinadamente, aunque son motorizados por estos reclamos inmediatos, trascienden el marco puramente reivindicativo pues para conquistar esos reclamos se plantea una lucha de mayor alcance, una lucha contra los gobiernos que en forma abierta impulsan estas políticas de hambre, precarización y superexplotación y reacción en toda la línea, como los demuestran los proyectos de contrarreforma laboral y contrarreforma educativa y de salud que están en curso. Las experiencias en curso demuestran que las autoconvocatorias y la acción independiente y coordinada se perfilan como la principal alternativa frente a los límites y bloqueos impuestos por la burocracia sindical, abriendo un camino de desarrollo del movimiento de los trabajadores hacia medidas de conjunto de mayor alcance: la huelga general.

El anuncio de una Ley de Amnistía, que el Parlamento de Venezuela tratará perentoriamente, ha despertado expectativa. Desde el asalto de las fuerzas especiales norteamericanas, el pasado 3 de enero, Delcy Rodríguez excarceló a unos 200 detenidos. Los “Foros” que en Venezuela siguen esta cuestión calculan que las cárceles bolivarianas albergan todavía a unos 1200 presos. Aunque los casos más resonantes se relacionan con personeros ligados a la oposición derechista, en los últimos años el número de presos se ha engrosado fuertemente con militantes y organizadores sindicales. Después de las protestas de 2024, fueron encarcelados dirigentes del sindicato de maestros en varios puntos del país y también delegados de la siderúrgica SIDOR, que encabezaron luchas por el cumplimiento del convenio colectivo, entre muchos otros casos. La decisión de cerrar “El Helicoide”, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), confirma las múltiples denuncias que lo identificaron como un centro de vejámenes y torturas. Entre varios otros, en el Helicoide encontró la muerte el exgeneral Baduel, quien encabezó a los cuerpos de paracaidistas que defendieron a Chávez en el golpe militar de 2002 y años después cayó “en desgracia” cuando se opuso a una reforma constitucional, que Chávez de todos modos perdió. Aunque los voceros del SEBIN informaron que Baduel falleció de Covid 19, sus familiares atribuyeron su muerte a torturas. Delcy Rodríguez señaló que la amnistía debía cubrir a “todo el período de violencia política desde 1999 al presente”, o sea, desde la asunción de Chávez a su primera presidencia; el perdón incluiría, entonces, a los opositores exiliados que participaron del golpe de Estado de abril de 2002 y del ‘lock out’ nacional de diciembre de ese mismo año. Pero este período de más de 26 años podría cubrir también a los miembros del SEBIN y a los funcionarios del Helicoide. En este caso, estaríamos ante una autoamnistía. En las negociaciones previas entre el todavía presidente Nicolás Maduro, de un lado, y los emisarios de Trump, del otro, el resguardo jurídico del personal oficialista fue un punto sustancial . María Corina Machado ha celebrado el anuncio de la amnistía, que atribuyó a la “presión real de los Estados Unidos”; Trump dio su acuerdo, sin ponerlo en su red social. La transición que diseña Trump contempla la privatización petrolera , que el Parlamento venezolano acaba de votar en segunda instancia. La reforma de la ley de hidrocarburos habilita a las empresas privadas a producir y exportar petróleo por su cuenta, sin restricciones para remesar utilidades y pagar dividendos sin previa liquidación de divisas. El otro pilar, político, de la “transición”, es el inicio de una articulación entre el ejército y los servicios venezolanos con la CIA. El “Protectorado de facto” , impuesto por Trump, cuenta con la colaboración estratégica del gobierno “bolivariano” . En un cuarto de siglo, el nacionalismo venezolano y sus aliados internacionales han dado un giro de 180º por unanimidad .

El sábado 31 de enero, mediante un comunicado de la CICOP, se anunció una nueva ola de despidos en el Hospital Posadas. Esta nueva tanda alcanza a 84 trabajadoras y trabajadores de distintos sectores —enfermería, seguridad, técnicos y personal administrativo— y eleva a 250 el total de despedidos en el último período. Frente a esta situación, se realizó una asamblea en defensa de los puestos de trabajo, donde se denunció el carácter sistemático de la ofensiva del Estado contra la salud pública y sus trabajadoras y trabajadores . Los despidos no aparecen como hechos aislados, sino como parte de una política general de precarización laboral y vaciamiento , en línea con la contrarreforma laboral impulsada por el gobierno liberticida de Javier Milei, los gobernadores y avalada por la pasividad de la CGT . En la asamblea se señaló también el rol de la burocracia sindical. Se denunció que las direcciones de UPCN y ATE retiraron compañeras y compañeros del lugar con el objetivo de impedir su participación en la asamblea, actuando como un factor de división y contención frente al avance de esta ofensiva. Asimismo, se remarcó que el ataque al Posadas se inscribe en un cuadro más general que atraviesa a distintos sectores en lucha. Se hizo referencia a conflictos recientes donde los despidos, la flexibilización laboral y el desconocimiento de convenios avanzan como método, evidenciando que la ofensiva contra los puestos de trabajo forma parte de un plan de conjunto . En ese marco, en la asamblea se señaló la situación abierta por la reforma laboral y la necesidad de confluir con las luchas en curso para enfrentarla. Como parte de esta orientación, las y los trabajadores del Posadas participarán el martes 4 de febrero del Cabildo Abierto convocado en el Hospital Garrahan y el jueves 5 se sumarán, a las 11:30 horas, a la actividad convocada en el Hospital Paroissien. La asamblea dejó planteada la necesidad de una respuesta unificada frente a la ofensiva en curso del gobierno liberticida, que supere el aislamiento de cada conflicto y permita organizar una salida colectiva en defensa del trabajo, la salud pública y las condiciones laborales, frente a un ataque que avanza de manera coordinada contra el conjunto de la clase trabajadora.

En noviembre de 2024 el proyecto de privatización del Cerro Catedral fue repudiado por la población de Bariloche y fue a cuarteles de inviernos . Ahora el gobernador Weretilneck lo reflota junto con el intendente de Bariloche, Walter Cortés. Ya en el tramo final de su mandato aspira a que sea aprobado este megaproyecto que sigue siendo repudiado por el pueblo de Bariloche. El apuro estaría vinculado a las dificultades políticas crecientes que enfrenta el oficialismo provincial. El rechazo tiene como activos protagonistas a los comerciantes locales, que vislumbran grandes pérdidas si se desarrolla el proyecto porque los visitantes ya no tendrían necesidad de pasar por la ciudad. Pero también la población que ve con preocupación varios puntos del proyecto, el impacto ambiental en primer lugar. El proyecto sale de CAPSA (Catedral Alta Patagonia-Sociedad Anónima) bajo control de la familia Trappa, dueña a su vez de la empresa de transporte Vía Bariloche y múltiples empresas de turismo y comunicación. Fue un escándalo cuando el intendente anterior, Gustavo Gennuso, en ese entonces del oficialismo provincial, Juntos Somos Rio Negro, le extendió la concesión sin licitación de los medios de elevación hasta el 2056. No solo tiene la concesión de los medios de elevación, estacionamiento y centro comercial, sino la llave para este proyecto de 70 hectáreas de tierras fiscales para desarrollar un emprendimiento inmobiliario que ahora vuelve a la luz. El proyecto en cuestión se desarrollaría en un área de 70 hectáreas de la base y la montaña: un hotel de 6 estrellas, con 10.000 camas, con salida a la pista a 1200 metros sobre el nivel del mar, barrios residenciales y turísticos en una de las laderas del cerro, además de otros servicios necesarios para que puedan alojarse allí más de 10.000 visitantes. La entrega de esa superficie a una empresa es uno de los puntos más resistidos por los vecinos. La Carta Orgánica Municipal precisa que el pueblo de Bariloche "reivindica el derecho excluyente sobre el Cerro Catedral y las tierras circundantes como porción inalienable de su patrimonio". Pero más resistido lo es por advertir los efectos deletéreos ambientales que tendrá ese emprendimiento. El Segemar -Servicio Geológico Minero Argentino- hizo estudios geomorfológicos en el cerro y evaluó las posibilidades de uso del suelo. Determinó que, por la erosión de las pircas y el desmonte ya hecho, existe peligro de avalanchas y desmoronamientos como ya hubo en dos ocasiones y esto requiere de importantes tareas de contención. Es decir, definitivamente, se trata de un suelo no apto para el emprendimiento turístico. CAPSA construyó el año pasado una laguna artificial a 1.200 metros de altura, que representa un gran peligro porque es zona de sismos y lluvias intensas, lo que podría provocar enormes desbordes, deslaves y destrucción. Vertientes de agua desviadas, hábitat de plantas y animales arrasado: la afectación del ecosistema es inevitable. Por otro lado, un hotel de diez mil camas y dos barrios privados produciría una sobredemanda de servicios de agua, energía y cloacas, cuando Bariloche ya tiene grandes déficits en servicios. Barrios enteros carecen de servicios por el crecimiento caótico que ha tenido la ciudad. El pueblo de Bariloche, por lo tanto, rechaza el emprendimiento porque sabe bien que se privilegiarían los servicios para el turismo de lujo de unos pocos a las necesidades de los barrios populares. La decisión pasa por el Concejo Deliberante Se necesitan ocho votos para aprobar el proyecto. El oficialismo del intendente Walter Cortés, con tres concejales, impulsa la iniciativa y sumaría los dos votos de Gerardo Del Río y Mari Coronado. El tercero, Tomás Hercigonja, conocido por haber renunciado a su banca por razones de salud y haber vuelto para que no asumiera una joven libertaria que integró el Ejecutivo por algunos meses, está en duda. El oficialismo provincial llevó a una de sus concejales a cumplir funciones en provincia, siendo que se oponía al proyecto. Así es que tiene dos votos, los de Juan Pablo Ferrari y Laura Totonelli. Es incierto que quien ocupe la banca de la flamante funcionaria provincial vote a favor del proyecto. La primera suplente ya renunció, el segundo pasó a las filas de Tortoriello, ex PRO y actual libertario. El oficialismo pretende que no asuma por razones ideológicas, pero por las dudas tiene un carpetazo preparado, denuncias por la venta de licencias de conducir truchas. ¡Este es el plantel que decidirá el destino ambiental de nuestro lugar! El Consejo de Planeamiento Estratégico se reúne el 9 de febrero. En la convocatoria anterior, en 2024, no se pudo avanzar por la resistencia ciudadana: cientos de vecinos se acercaron a la reunión del Consejo con la intención de tomar el micrófono para manifestar su rechazo. El Ejecutivo decidió congelar el debate, hasta ahora. La convocatoria para escuchar y sumar aportes llegó a funcionarios del Ejecutivo, a los once representantes del Concejo Municipal, cámaras empresariales, colegios profesionales, instituciones, y empresas como el Departamento de Aguas Provincial, la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), la distribuidora de gas Camuzzi y otras entidades que forman parte de la consulta estatal. La población de Bariloche tiene una historia de grandes gestas en defensa del medio ambiente y la vida de sus trabajadores. En medio de los incendios más destructivos que se recuerden, con la conciencia de vivir bajo riesgo de catástrofe, no permitiremos que este proyecto se concrete. Lo rechazamos una vez, lo lograremos otra vez.

El pasado sábado se realizó el “Encuentro contra la Reforma Laboral y en apoyo a la lucha de Lustramax”, en las puertas de esa misma planta. Fue convocado por una mesa de coordinación de la Zona Norte integrada por el SUTEBA Tigre, los delegados del Frigorífico Rioplatense y delegados y activistas de distintos sectores obreros de la zona. Los delegados de Lustramax abrieron las intervenciones del plenario, destacando la solidaridad externa en apoyo al acampe y al Fondo de Lucha. Los trabajadores de ILVA relataron la situación de su lucha después de 155 días del cierre y los despidos. Hablaron trabajadores de Secco, reincorporados a través de sentencias judiciales, de la cadena de farmacias Doctor Ahorro en lucha contra los despidos y los cierres de sucursales, de la lucha de Cocot contra los atrasos en los pagos. Envió un saludo desde Reconquista, Santa Fe, la delegada de Algodonera Avellaneda, en lucha contra el cierre de la planta vinculada a la quiebra de Vicentín. Tomaron la palabra delegados y trabajadores estatales del Garrahan, INTA, Hospital Posadas , del INTI y del Hospital Mercante , entre otras delegaciones. De conjunto, las intervenciones de trabajadores reflejaron un cuadro de situación signado por agresiones patronales a los convenios y salarios, cierres de fábricas, suspensiones, despidos y atrasos en los pagos . Más allá de lo que el encuentro de Lustramax pudo congregar, ese escenario se extiende a conflictos prolongados como los de Granja 3 Arroyos , el parate de la industria automotriz , las suspensiones y el impasse de las paritarias entre los siderúrgicos , el conflicto en la zona sur de trabajadores de la UTA y los cierres de Lamb Weston y Whirpool , entre tantos otros. El encuentro estuvo cruzado por las convocatorias “alternativas” relacionadas con el tratamiento parlamentario de la reforma laboral, impulsadas por las distintas corrientes sindicales del FITU. El texto colocado a la votación le señala a la CGT que “urge (a la CGT) a llamar al paro nacional activo el día 11 de febrero” y un “plan de lucha hasta derrotar el plan de Milei, las patronales y gobernadores”. La alternativa de “tomar en nuestras manos la lucha” queda relegada “(al) caso que las cúpulas sindicales no llamen al paro”. Una representante del INTI, integrante de la mesa de convocantes, propuso “una carta” al bloque de UOM y aceiteros, para que persuada a toda la CGT de la necesidad de un paro general . Un par de voceros sindicales del PO oficial intentaron diferenciarse con ataques al “bloque de la UOM y Aceiteros”, sin mayores alternativas Política Obrera concurrió al encuentro con militantes de la Zona Norte y varios delegados sindicales. La juventud de la zona entregó a los obreros de Lustramax víveres y otros recursos colectados para el fondo de huelga. En el plenario, intervino Pablo Busch , quien señaló que Lustramax era parte de una ola de conflictos que sacuden a los trabajadores y que expresan un ataque general y de carácter político de la patronal, el Gobierno y el Estado contra la clase obrera. Un ataque de esta envergadura exige una respuesta de conjunto, que debe partir de abajo, de la unidad y extensión de las luchas en curso en una huelga general, hasta derrotar al gobierno y su contrarreforma. Esa perspectiva nunca emergerá de la burocracia -señaló Busch-, la cual, si convoca a un paro, sólo lo hará para disuadir y desviar a los trabajadores de una verdadera acción contra el gobierno y las patronales”.

Marco Lavagna renunció al INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) a días de la publicación del índice de inflación para el mes de enero de 2026. Luis “Toto” Caputo en entrevista radial anunció que será del 2,5 %, una nueva alza. Lavagna fue nombrado director en 2019 al comienzo de la gestión de Alberto Fernández, estuvo en el cargo durante toda la administración peronista y Javier Milei lo renovó al comienzo de su mandato en diciembre de 2023. Tras seis años hoy les anunció su salida a los técnicos del organismo. El gobierno liberticida tomó la noticia con sorpresa, en días donde el índice de enero dará una continuidad en el alza confirmando una escalada de subas del IPC (índice de precios al consumidor). Al mediodía en Casa Rosada y en el Ministerio de Economía dijeron no estar al tanto de la renuncia del director del INDEC. Los números de enero estarían marcados por la implementación de los nuevos parámetros para el IPC con la encuesta de hogares ENGHo 2017-2018, reemplazando la ENGHo 2003-2004, que ajustan mejor el consumo de las familias, una medida largamente dilatada que incluso de hacerse arrastrara también una rémora . Se dejó trascender que los datos están listos hace un año, pero el Gobierno no quería interferir los meses de elecciones con números de inflación incómodos para el relato mileista. El periodista afín al gobierno Luis Majul explicó: “Lavagna quería actualizar la medición, como habían dicho, el gobierno al final no quiere porque se viene la quita de subsidios de tarifas que van a tener mucho impacto en el dato de inflación”. El INDEC tuvo a mediados del año pasado una fuerte interna tras la publicación de índices que no reflejaban la evolución de la canasta de gastos, esto derivó en la salida de dos funcionarios de importante carrera en la institución , como lo eran Georgina Giglio, directora de índices de precios de consumo, y Guillermo Manzano, director de estadísticas de condiciones de vida. Ambos en un contexto de renuncias por el congelamiento salarial sumaron la cuestión de las “diferencias de criterios” y de “formas sobre la gestión de equipos”. Sin embargo, mientras se escribía esta nota, Caputo afirmó en una entrevista televisiva que se suspende la aplicación de la Encuesta de Hogares 2017/18, dando continuidad a la manipulación de la inflación a favor del gobierno. El “legado” de Marco Lavagna La manipulación de los índices fue denunciada por especialistas de diferente extracción política, como una vuelta a los métodos de Guillermo Moreno que en 2007 bajo el gobierno kirchnerista intervino el INDEC. En medios sostienen que el “legado” de Marco Lavagna será mirado bajo la lupa de los datos oficiales de enero 2026, que se publicarán este 10 de febrero. De no haber un cambio de rumbo, allí por primera vez aparecerían gastos como servicios de conectividad, plataformas digitales y cambios en el consumo de alimentos que sucedieron entre el 2003 y el 2018. Este tipo de cambios, obviamente, no son retroactivos, con lo que los índices arrastrarán por un periodo un desfasaje del lado de los ingresos de las familias. Producto de la devaluación del 100% de diciembre del 2025 al poco de asumir Milei como presidente y Caputo como ministro de economía . Con respecto a este cambio, que es reclamado hasta por el FMI, el Gobierno arguye que el proceso de estabilidad de precios en particular por el volumen de los subsidios volcados al sistema tarifario requiere más tiempo antes de pasar a un esquema de sinceridad en los índices. En contraste con lo dicho, la cuestión central es que el índice de inflación se tomó como patrón para planchar o liquidar las paritarias que los sindicatos pactaron al 1 % mensual o menos, política a la que la inflación de 2,8 % de diciembre le cortó toda expectativa de sostenibilidad. Al salir la noticia, la Junta Interna de ATE-INDEC convocó a conferencia de prensa en reclamo por la independencia del organismo respecto a los gobiernos: “Nos llama poderosamente la atención, nos pone en alerta, la renuncia de ML a 8 días de la salida del IPC con la nueva ponderaciones -o actualización- de la ENGHo 2017/18. Es un escenario en el que nuestro organismo va estar en el centro de la opinión pública. Exigimos, históricamente, un INDEC independiente del poder político” y cerraron: “nos parece un ‘deja vu’ porque en una fecha parecida del 2007 se intervino políticamente nuestro organismo porque no gustaba el dato del IPC de enero 2007. Esperamos que el próximo 10 de febrero salga el IPC con las nuevas ponderaciones de la ENGHo 2018/18”. En estos días Marco Lavagna tenía una disputa con otro funcionario de filiación peronista en las filas de los liberticidas, Daniel Scioli, que había criticado las estadísticas que reflejaban una floja temporada veraniega. La pelea llevó a que la Secretaría de Turismo y Deportes diera por finalizado un convenio con el instituto que tenía más de 20 años de implementación. Según el diario Ámbito Financiero el próximo titular será alguien cercano a “Toto” Caputo. En ese caso la duda estará en si el Ministro de Economía interviene o no los datos del IPC a publicarse el 10 de febrero y nuevamente discutirá si se implementa la Encuesta de Hogares de 2017. Los liberticidas y mesa-dineristas de la Rosada con el pretexto de que los servicios seguirán calentando la inflación y que un sinceramiento profundizará el problema, continuarán esta manipulación de facto de las estadísticas, pateando hacia adelante el uso de una encuesta que tiene ocho años de realizada. Marco Lavagna en su mensaje de despedida dijo: “quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso que estoy seguro podrán completarse y ser implementados próximamente" y agregó que “los trabajadores son el principal activo que sostiene el organismo”; así lo indicó sin referencia a la salida de una importante cantidad de trabajadores por la caída de salarios. El exfuncionario mileista, albertista y kirchnerista deja un INDEC en crisis, con renuncias de directores en áreas clave y con sus principales índices manipulados en favor de los tiempos políticos del Ejecutivo nacional.

La renuncia del director del INDEC, Marco Lavagna, ha puesto de manifiesto el carácter fraudulento del “equilibrio fiscal” que Milei y Caputo exhiben como la “gran” conquista de su programa económico. Ese mentiroso equilibrio se ha sostenido en base a un fraude, principalmente, contra los cinco millones y medio de jubilados. Marco Lavagna había anunciado días atrás la aplicación de un nuevo índice de precios al consumidor a partir del dato de enero. Esa actualización aumenta el peso de los servicios públicos en el índice, de acuerdo a los consumos actuales en ese rubro. El anterior índice subestimaba su verdadera gravitación en la canasta de gastos. El índice nuevo se encontraba elaborado y chequeado desde hace tiempo por los técnicos del INDEC. Pero Milei y Caputo postergaron su aplicación, para encubrir el verdadero alcance de la inflación. Finalmente, en enero de este año debía ponerse en marcha el nuevo índice. Según las fuentes del propio INDEC, el indicador treparía por arriba del 3%. Más allá de superar el valor de los meses pasados, el índice iba a desnudar el desbarranque inflacionario de la política oficial y la dolarización de las tarifas de servicios públicos. Enfrentados a esta perspectiva, la orden de Caputo de “no innovar” y seguir aplicando el índice ficticio, precipitó la renuncia de Lavagna. La crisis del INDEC puso de manifiesto la confiscación social ya perpetrada en los dos años de liberticidio, a través de una estafa estadística. Entre 2024 y 2025, la diferencia acumulada entre los dos índices -el viejo y el actualizado- se estima en un 18%. Si se considera que los haberes jubilatorios se ajustan de acuerdo al IPC, ese porcentaje indica el despojo perpetrado a los trabajadores pasivos, sólo por la aplicación de un índice inadecuado. Este robo se extiende al conjunto de los trabajadores, allí donde se adoptaron pautas salariales que tomaran en cuenta, en alguna medida, a la inflación pasada. La estafa estadística echa luz también sobre el fraude que hubo que cometer para alcanzar el superávit fiscal declarado, pues ese “resultado” se alcanzó con un gasto deliberadamente subestimado -las jubilaciones representan un 45% del gasto público-, frente a unos ingresos impositivos que se ajustan con los precios “de verdad”, como el IVA. Los “pulcros” y “rigurosos” técnicos del FMI han avalado este fraude, porque servía para asegurar el objetivo número uno, de ellos y de los liberticidas -recaudar el dinero para pagar la deuda pública. La decisión de Caputo muestra la firme determinación de continuar con este fraude. Los trabajadores del INDEC alertan sobre ello. La escalada inflacionaria acicatea a los liberticidas a reforzar ese rumbo, y practicar una “desindexación “de facto” de los gastos sociales y, principalmente, previsionales. En estos días, las consultoras económicas abundan en alertas acerca del “crecimiento del gasto previsional” en el gasto total; ello porque, mientras otros rubros del gasto -salud, universidades- se congelan arbitrariamente, existe una norma legal que ajusta a las jubilaciones con el índice de precios oficial. El fraude sobre el índice de precios es una derogación encubierta de la movilidad jubilatoria. Los campeones del gobierno por decreto y de los superpoderes a la SIDE decretan ahora el “estado de excepción estadístico”. LEER MÁS: Marco Lavagna renuncia a la dirección del INDEC El alza de la inflación de enero pone en crisis la actualización de los índices. Por Leonardo Perna, 02/02/2026.

La campaña de terror llevada adelante por el gobierno trumpista en Minneapolis (Minnesota) ha entrado en un impasse. Pese al envío de miles de policías militarizados, la detención de activistas y el asesinato de dos personas que protestaban contra la persecución de inmigrantes, la brutal represión no ha logrado sacar a las masas de las calles. Por el contrario, las protestas crecen en todo el país y en la propia Minneapolis. El viernes 30 de enero se desarrollaron marchas masivas y huelgas -incluyendo movilizaciones estudiantiles en las Universidades- en contra de la represión y exigiendo justicia para Renée Good y Alex Pretti, dos ciudadanos tiroteados por el ICE (policía migratoria). El repudio a la campaña antiinmigrantes condujo a la organización de cada vez mayores grupos de activistas que hostilizan a los represores y advierten a los indocumentados tocando silbatos y avisando a través de aplicaciones telefónicas sobre la presencia del ICE. El activismo es el que ha filmado la represión y en particular los asesinatos de Good y Pretti, lo cual ha permitido desmontar las mentiras del gobierno respecto a las víctimas, que habían sido acusadas de ser “terroristas domésticos” por Kristi Noem (secretaria de Seguridad Nacional) y Stephen Miller (asesor de Seguridad Nacional y subdirector del gabinete de la Casa Blanca). La política migratoria de Trump está en la picota de la opinión pública: según algunas encuestas, un 46% de la población es partidaria de la disolución del ICE, contra un 43% que rechaza esta medida. Se trata de un viraje impactante, que contrasta con la votación de la bancada Demócrata en el Senado, que otorgó nuevo financiamiento al DHS (Departamento de Defensa Nacional) con la excusa de que impondría “condiciones” al funcionamiento del ICE, es decir, perpetuaría a la Gestapo antiinmigrantes, pero “con rostro humano”. En las cadenas de televisión y en la cultura popular el repudio al ICE y a Trump es creciente. Grandes estrellas como Bruce Springsteen, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Lady Gaga, han alzado la voz para rechazar la represión y los asesinatos policiales en Minnesota. En la reciente entrega de los Grammys, el cantante boricua Bad Bunny fue el gran ganador de los premios, y comenzó su ovacionado discurso diciendo: “antes de dar gracias a Dios, debo decir: fuera ICE”. Por su parte, Billie Eilish ganó el premio a la mejor canción y afirmó “Nadie es ilegal en tierra robada”. Bruce Springsteen compuso una canción protesta (“Streets of Minneapolis”), bajo la impresión de la muerte de Renée Good y Alex Pretty, y de las protestas y huelgas del 23 de enero en Minnesota. En ella describe cómo “una ciudad en llamas lucha contra el fuego y el hielo / bajo las botas de un invasor”, y denuncia la represión fascista de Trump: “Pues dicen que están aquí para mantener la ley / Pero pisan nuestros derechos / Si tienes la piel negra o morena, mi amigo / Puedes ser interrogado o deportado a primera vista / En nuestros coros de ‘ICE fuera ahora’ / Persisten el corazón y el alma de nuestra ciudad”. La canción homenajea a quienes cayeron en esa lucha: “Había huellas ensangrentadas / Donde debía de haber habido misericordia / Y dos muertos, abandonados para morir en las calles cubiertas de nieve”. Springsteen llama a seguir la lucha: “Vamos a luchar para esta tierra / Y [por] el extranjero entre nosotros”, “Recordaremos los nombres de los que murieron / En las calles de Minneapolis”. El eslogan “fuera ICE” cierra esta canción protesta, que seguramente se convertirá en un himno de la ciudad, y que expresa la voluntad de continuar la lucha pese al temor que busca imponer la barbarie represiva. El tema fue presentado públicamente por Springsteen el viernes 30 en la propia ciudad asediada por el ICE, siendo sintomáticas las palabras del presentador del espectáculo: “lo que vemos en este país no será decidido en las cortes de justicia, no será decidido en el Congreso, no será decidido en las redes sociales. El futuro será decidido aquí en las calles de Minneapolis”. En medio de esta rebelión popular contra los matones fascistas del ICE, la bancada demócrata busca un acuerdo con Trump, poniendo condiciones a sus redadas contra los inmigrantes: que los represores deberán utilizar cámaras para grabar los operativos y no podrán tapar sus rostros con máscaras, y deberán contar con una orden judicial antes de irrumpir en un hogar. Es decir, deberían actuar con la brutalidad “normal” de los policías que asesinaron por ejemplo a George Floyd en la propia Minneapolis en 2020, un crimen que desató la masiva protesta conocida como “Black Lives matters”. No se puede olvidar que los Demócratas Tim Walz (gobernador) y Jacob Frey (alcalde de Minneapolis) eran los que gobernaban en aquella oportunidad. Walz sacó a las calles de Minnesota a la Guardia Nacional ante el levantamiento provocado por el asesinato de Floyd, cuyos responsables fueron expuestos no por las cámaras policiales sino por los testigos que filmaron con sus celulares, exactamente lo que sucede actualmente con el ICE. Deportaciones y militarización Trump prometió que expulsaría al menos a diez millones de indocumentados en su mandato, asegurando que crearía empleos para los ciudadanos estadounidenses a través de esta depuración racista de la población y de los aranceles contra otros países. El primer año ha culminado sin embargo con un aumento del desempleo que está en 4,6%, el más alto desde 2021. La caza de los inmigrantes ha provocado terror en los indocumentados, pero se discute cuál ha sido su resultado. El DHS (Departamento de Seguridad Nacional) se “jacta” de haber realizado unas 675 mil deportaciones formales más un estimado de 2.2 millones de “autodeportaciones” (“voluntarias”, bajo el riesgo de ser detenidos). En total, según el gobierno trumpista el total estaría cerca de 3 millones de personas, aunque estas cifras son cuestionadas por diversos analistas que afirman que el gobierno infla las cifras sin mostrar evidencias, y que aún no ha llegado al nivel de deportaciones de Obama en los años 2013 y 2014. Obama era llamado “Deportador en Jefe” por las organizaciones defensoras de los inmigrantes. El presidente “progresista” mantiene el récord de “deportaciones formales”, superando las 432 mil en 2013 (y 434 mil el año siguiente), un 69% de las cuales eran detenciones en la frontera y un 31% en el interior del país. Trump 2.0 tiene “apenas” 350.000 expulsiones “formales” (con orden de deportación) en su primer año de gobierno. Lo que ha cambiado drásticamente es que ahora el porcentaje de deportados en la frontera son menos de la mitad del total, en gran medida porque hay menos intentos de ingresar por parte de indocumentados, y también porque Trump ha utilizado sistemáticamente las deportaciones sin orden (“rechazos en la frontera” y “expulsiones rápidas”). Las deportaciones del “interior” no solamente han crecido en porcentaje sino en números absolutos. Según fuentes independientes del gobierno (como el NYT y el Migration Policy Institute) las deportaciones de personas detenidas en el interior rondan los 230.000 contra los 133.551 expulsados bajo Obama en 2013. Con independencia de los resultados numéricos de su campaña antiinmigrantes, Trump persigue principalmente producir un cambio en el régimen político, a través de la represión militarizada de sus opositores -en particular en las grandes ciudades, donde el Republicano es ampliamente rechazado por la población. El presidente Republicano inició su mandato reforzando la militarización de la frontera y pasó luego a enviar tropas a las ciudades que protestaban contra las redadas, comenzando por Los Ángeles y continuando con Chicago, Portland, Washington y por supuesto Minneapolis. El Estado de Minnesota fue elegido para la represión del ICE pese a que no es ni por lejos el que tiene más cantidad de inmigrantes ni de indocumentados. En Minneapolis la proporción de inmigrantes ronda el 10%, una cifra pequeña comparada con Los Ángeles, Nueva York, y especialmente con estados republicanos como Texas y Florida. Estos últimos no son el epicentro de la campaña de militarización y deportaciones pese a que allí Trump cuenta con el apoyo de los gobernadores Republicanos y podría utilizar la Guardia Nacional en forma más sencilla. Stephen Miller y Trump decidieron convertir a Minneapolis en un ejemplo contra las “ciudades santuario”, es decir, aquellas que han resuelto formalmente no colaborar con el ICE y sus redadas, y porque se trata de una ciudad más pequeña y con un gran activismo de izquierda. El gobierno aprovechó un escándalo (amplificado por influencers de extrema derecha) en torno a un caso de fraude en fondos alimentarios (“Feeding Our Future”) y otras ayudas estatales, donde se culpabiliza especialmente a inmigrantes somalíes (la mayoría ya naturalizados como ciudadanos legales). La administración Trump ha lanzado acusaciones genéricas contra la inmigración somalí, y el Departamento del Tesoro y el FBI iniciaron investigaciones -como parte de esta agitación política- para verificar si estos fondos fueron desviados a “grupos terroristas en Somalia” o si hubo aportaciones a campañas de políticos Demócratas locales “a cambio de protección”. Con este discurso alimentaron la campaña racista y ejemplarizante que dio pie a la represión del ICE en la principal ciudad de Minnesota. Trump ha recibido varios reveses judiciales respecto a varias de sus medidas contra la inmigración. Por ejemplo, el gobierno decretó la caída del TPS (un estatus migratorio que amparaba a millones de indocumentados de diversos orígenes) para permitir la deportación rápida de cientos de miles de personas fácilmente ubicables, lo cual fue anulado en varios tribunales. Más importantes aún son las decisiones judiciales en cuanto al envío de militares a realizar tareas de represión interior. Un fallo de la Corte Suprema (que tiene mayoría trumpista) le quitó fundamento al envío de la Guardia Nacional cuando el gobierno entiende que la policía está superada (en base al supuesto aumento de los delitos), sentenciando que la interpretación que hacía el gobierno de la legislación estaba equivocada. Trump puede invocar la “Ley de Insurrección” -que le permitiría legalizar el envío masivo de tropas- pero hasta ahora ha evitado ese recurso extremo, que generaría mayores resistencias. Recule parcial Es posible que en el plan de Miller y Noem estuviera previsto utilizar este mecanismo en caso de un levantamiento popular en Minneapolis. La utilización recurrente de la acusación de “terrorismo doméstico” y de “agitadores” o “amotinados” alimentan esta hipótesis. Sin embargo, el repudio mayoritario tras los asesinatos de Good y Pretti no ambientan por ahora este recurso a la Ley de Insurrección. Por el contrario, el gobierno ha debido recular parcialmente, retrocediendo en estas acusaciones contra las víctimas de la represión. Los Demócratas y algunos Republicanos han apuntado las críticas (y la exigencia de renuncia) contra Kristi Noem, la que se defendió afirmando que había cumplido las órdenes de Miller y del propio Trump. Stephen Miller, un elemento abiertamente fascista, también tuvo que echar lastre, justificando que sus afirmaciones calumniosas contra las víctimas de la represión se habían basado en la información que le había enviado el jefe de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino. Este último se ha convertido en el chivo expiatorio y fue enviado nuevamente a California, donde “se espera que se jubile próximamente” (The Atlantic, 26/1). En sustitución de Bovino fue enviado Tom Homan, conocido como “el Zar de la Frontera”, supuestamente para “desescalar” los enfrentamientos con los manifestantes. Homan ha declarado que focalizaría la persecución en los indocumentados que hayan cometido delitos, buscando hacer más aceptable la caza de los inmigrantes. Homan, digamos de pasada, es un “funcionario de carrera” del ICE, que recibió un “Premio de Rango Presidencial” de manos de Barack Obama en 2015 por su “eficacia” en la expulsión de indocumentados (920.000 deportaciones). Los jerarcas demócratas (y la bancada del Senado) presentan la remoción de Bovino como una victoria y alientan la posibilidad de una negociación con Trump para “desescalar” su ofensiva. Esa postura es recibida con escepticismo por la población, según recogen los medios. La maniobra política trumpista no detendrá la lucha en las calles de Minneapolis, donde se levanta con fuerza la demanda “que se vaya el ICE” y que se juzgue a los culpables de la represión y los asesinatos. Más ampliamente, viene creciendo la demanda de desmantelar el ICE. Retroceso electoral trumpista El reciente triunfo de un candidato Demócrata en las elecciones a senador en un distrito del estado de Texas por un amplio margen (más del 57%) es sintomático. En ese mismo distrito Trump había triunfado cómodamente con un 58% de los votos en 2024. El viraje del electorado llega a un desplazamiento de 31 puntos a favor de los Demócratas en apenas un año, lo cual es un indicador muy claro de retroceso del trumpismo e incluso de distanciamiento de parte de su base respecto a la campaña antiinmigrantes. Muchos votantes Republicanos afirman que apoyan el objetivo de Trump, pero no sus métodos, o que habían interpretado que se perseguiría únicamente a los delincuentes y no a indocumentados que son trabajadores y no tienen antecedentes criminales, pese a que el discurso trumpista fue claro en cuanto a la persecución de millones de inmigrantes. Ya en diciembre una elección a la alcaldía de la Ciudad de Miami (Florida) había indicado algo similar. Allí triunfó en un balotaje la candidata Demócrata Eileen Higgins con el 59,3% de los votos, quebrando tres décadas de dominio republicano en la ciudad. Frente a los retrocesos Republicanos en los últimos ciclos electorales, Trump declara que “su nombre no estaba en la boleta”. El presidente afirma que las próximas elecciones de medio término (en noviembre) deben ser “nacionalizadas”, es decir, convertidas en un plebiscito sobre Trump y su política, en un contexto en que los candidatos de su partido intentan por el contrario tomar distancia de la Casa Blanca. La crisis en MAGA Por el contrario, otros sectores trumpistas se enojaron con el recule parcial del presidente, como por ejemplo el ultrareaccionario Steve Bannon (ex asesor de Trump durante su primer mandato). Bannon declaró en su podcast que el envío de Tom Homan (“el zar de la frontera”) en sustitución de Gregory Bovino era una señal de debilidad, y que el gobierno debió enviar a Homan junto a más tropas para reforzar la represión y a Bovino, no para “desescalar”. También rechazó declaraciones de Homan en cuanto a focalizar en inmigrantes indocumentados que hubieran cometido delitos. Bannon subrayó que eso iba en contra de las declaraciones de Trump de expulsar “10 o 20 millones” de personas, afirmando que todo inmigrante sin papeles era un criminal. Estas críticas derechistas son aún más frecuentes entre los denominados “groypers”, elementos fascistas (“nacionalistas blancos”) que apoyaron al trumpismo y participaron del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Los groypers afirman que la inmigración obedece a un plan (“marxista”, “woke” o incluso “judío”) para reemplazar a los blancos por “marrones” (cualquier etnia que no sea blanca). Uno de sus principales referentes, el streamer Nick Fuentes -quien declaró que “Hitler era cool”- ha criticado a Trump muchas veces, despreciando que “apenas expulsó 300.000 al año” en lugar de millones como había prometido. La base del movimiento “MAGA” está dividida también respecto a la política exterior, en particular el bombardeo contra Irán en junio pasado y la acción militar en Venezuela y Latinoamérica. Un sector defiende una política más aislacionista en base al eslogan trumpista de “America First” (“Estados Unidos primero”), como lo sostienen la ex congresista Marjorie Taylor Greene (que rompió públicamente con Trump) o el influyente periodista de derecha Tucker Carlson (que aún sostiene a Trump y defiende su agenda migratoria) o incluso hasta cierto punto el propio Steve Bannon. El asesinato de Charlie Kirk quitó a Trump un activo político que era capaz de organizar a la juventud de derecha y colaborar en mantener unida a esa base heterogénea. Una parte de la base MAGA cree que Kirk fue asesinado por el Mossad. Una virtual guerra civil se ha instalado en ese movimiento en torno a la política respecto a Israel, al punto que algunos referentes sionistas del trumpismo han acusado a Carlson y Bannon de antisemitas, y estos devuelven el ataque diciendo que sus acusadores (y buena parte de los Republicanos y del gobierno) han sustituido el eslogan trumpista por el de “Israel First”. El trasfondo no es solamente la resistencia a intervenir en guerras en el exterior, sino también la caída en picada de la imagen del sionismo a partir del genocidio en Palestina. Huelga general Trump enfrenta una contradicción en su base electoral, y parece estar perdiendo cada vez más apoyo entre los sectores latinos y juveniles. Una política de recule lo llevaría a un empantanamiento total y lo convertiría tempranamente en un “pato cojo”, tres años antes del fin de su mandato. El presidente ya ha declarado que el nombramiento de Homan no significa que el ICE se retirará de Minnesota. Trump está obligado a redoblar la apuesta en la ofensiva migratoria y la represión de la izquierda y el movimiento obrero. Mientras tanto, la movilización popular viene creciendo incluso en el gélido invierno, así como se va popularizando la consigna de la “huelga general” entre los manifestantes, pese a los burócratas sindicales y al Partido Demócrata. Esta consigna fue coreada por activistas en Minnesota, pero también en demostraciones en decenas de manifestaciones en otros estados. Lo que ocurre en Minnesota expresa en forma concentrada lo que espera a todo el país. En las “Calles de Minneapolis” se desenvuelve una tendencia a la guerra civil, que muestra las perspectivas de la lucha de clases en todo el país. LEER MÁS: Estados Unidos: Violencia en las manifestaciones, centros de detención y deportaciones en masa Por Ceferino Cruz, 26/01/2026. Con clima sub-cero, decenas de miles desfilaron en Minneapolis acompañados de huelgas parciales El acoso y la represión anti-inmigratoria de Trump “tambalea”, advierte la prensa imperialista. Por Redacción, 24/01/2026.

La histórica huelga de las enfermeras de Nueva York ingresa en la cuarta semana y se pronuncia en contra de los ataques fascistas perpetrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), solidarizándose de esta forma con las masivas movilizaciones que se están llevando adelante en Minneapolis . Este lunes 2 de febrero es un día clave de negociaciones en el que pretenden llegar a un acuerdo. La jornada de la semana pasada estuvo marcada por el repudio a los crímenes perpetrados contra la población migrante en Minneapolis. El martes 27 de enero, las enfermeras de Mount Sinai protestaron contra ICE y en solidaridad con las comunidades inmigrantes y, el jueves 29 bajo la consigna “fuera ICE de los hospitales” se realizaron vigilias en varias de las líneas de huelga (Picket lines). Además, junto a otros sindicatos, participaron de una vigilia por Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos para veteranos asesinado en Minneapolis por la policía antimigratoria y fascista de Trump . Mientras tanto, se llevan adelante mesas de negociación. Durante el fin de semana del 24 de enero hubo algunos avances en cuanto a la atención sanitaria, un punto clave en las negociaciones en los hospitales Mount Sinai y New York-Presbyterian, donde amenazaron con recortes de prestaciones y con dejar sin cobertura de salud a las enfermeras en huelga. En el marco de dichas negociaciones, las direcciones de ambos hospitales firmaron un acuerdo con la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA por sus siglas en inglés, el sindicato que las nuclea) manteniendo los beneficios de salud sin recortes. En otra instancia de negociación, realizada el sábado 31 de enero por la noche, no se lograron avances en cuanto a los salarios y los niveles de personal. Según lo revelado por el New York Times (2/02/2026), el pedido inicial del sindicato fue de un aumento de 10 por ciento anual durante tres años. Luego redujo la solicitud, proponiendo, siete por ciento el primer año, seis por ciento el año siguiente y cinco por ciento en el tercero. Las direcciones de los hospitales ofrecen mucho menos. Otra reivindicación importante está relacionada con la carga de trabajo. Las enfermeras denuncian falta de personal, lo que conduce a una atención de menor calidad. En Montefiore, por ejemplo, una enfermera del Servicio de Urgencias puede llegar a atender hasta 20 pacientes. Por su parte, una enfermera de UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales) en Mt. Sinai suele ser responsable de tres o cuatro bebés muy enfermos a la vez (NYSNA, 11/01/2023). Durante un tiempo lograron revertir esta situación, tras una huelga en 2023 en la cual conquistaron proporciones de personal seguro para todas las unidades de hospitalización con una aplicación estricta y un acuerdo por el cual los hospitales pagarían salarios extra a las enfermeras si los hospitales dejaban las unidades insuficientemente dotadas de personal. Pero, durante las negociaciones, los hospitales han intentado desmantelar el sistema actual conquistado con la huelga del 2023. Por último, las enfermeras y enfermeros exigen condiciones laborales más seguras. Reclaman medidas para combatir la violencia laboral y reducir los tiroteos masivos. El reclamo se fundamenta a partir de un hecho ocurrido en noviembre del 2025, donde un hombre armado amenazó con disparar en el Mount Sinaí. Por último, en Montefiore, exigen el fin de los pacientes excedentes que se colocan en camas en los pasillos. En un comunicado emitido el 31/01/2026 la NYSNA manifestó “ahora los hospitales deben ponerse serios en la mesa de negociaciones, para poner fin a esta huelga, llegar a un acuerdo justo que recupere de inmediato e incondicionalmente a las enfermeras comprometidas con cuidar de nuestras comunidades, y finalmente demostrar que respetan a los heroicos enfermeros de primera línea de Nueva York y a nuestros pacientes”. Expresando sus intenciones de llegar a un acuerdo. La huelga de enfermería de cuatro semanas es histórica y forma parte de un contexto más general de irrupción de las masas en los Estados Unidos. A las masivas movilizaciones contra el ICE en Minneapolis, se suma una huelga indefinida de 31.000 trabajadores sanitarios de Kaiser Permanente (una cobertura de salud) en California y Hawai y miles de técnicos de farmacia, científicos de laboratorio clínico y técnicos de laboratorio médico de todo el sur de California que tienen previsto ir a la huelga el 9 de febrero. La huelga además se produce en el marco de un brutal ajuste a la salud. Los trabajadores y trabajadoras de la salud de los Estados Unidos marcan el camino. Como en los Estados Unidos, desarrollemos huelgas y movilizaciones contra el fascista de Milei, lacayo de Trump y el imperialismo y preparemos una huelga general para derrotarlos.

El pasado viernes 30/01, la dirección de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) firmó una paritaria en su reunión con el Ministerio de Transporte y Economía. El debate estuvo por fuera de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de ´Capital Humano´, debido a que el aumento salarial estaba ligado directamente al aumento del boleto y el otorgamiento de mayores subsidios a las empresas. Las patronales del transporte hace tiempo que se niegan a abonar aumentos que no sean compensados por aumentos de boleto o la cobertura de los mismos por el Estado. El debate paritario comenzó con una oferta de una única cuota de 1% de aumento para los choferes, que fue denunciada como una “burla” por la burocracia. Sin embargo, el acuerdo alcanzado incluye un 4% de aumento en tres cuotas: 1,4 % en enero,1,3 % en febrero y 1,3 % en marzo más una suma no remunerativa que sería de $100.000 enero y febrero y $120.000 en marzo. Al mismo tiempo, el pago de viáticos aumentará $1000 pesos en febrero y otros $1000 en marzo, llegando a $17.000 por día trabajado. De conjunto, recién en el mes de abril, un chofer superará los $2 millones de pesos de bolsillo. A las pérdidas acumuladas desde la megadevaluación de diciembre del 2023, se suma que las paritarias aceptadas por la UTA se encuentran muy por debajo de la inflación reconocida por el gobierno (2,5% solo en enero) y que presenta una curva ascendente desde hace siete meses. El manejo de las paritarias sigue el accionar de toda la burocracia. Ningún trabajador fue consultado en asamblea ni por ningún otro medio sobre los términos del acuerdo. Las seccionales se limitan a comunicar a los cuerpos de delegados, por teléfono, lo aceptado por el sindicato. La UTA había anunciado, en la previa a la reunión, que evaluaba medidas de fuerza si no se alcanzaba un acuerdo. Pero estas medidas de fuerza no estaban destinadas a quebrar la miseria salarial ofrecida por las patronales, sino a obligar al Estado a aceptar aumentos de tarifa y más subsidios. La dirección del sindicato, por esta vía, elegí ser una vocera y ejecutora en los hechos de los reclamos patronales . El aumento de los boletos en un 4% se había acordado al margen del aumento salarial para los choferes y sin reclamos de parte del sindicato sobre los cobros atrasados de salarios, viáticos y aguinaldos. Conflicto La reunión sucedió con una movilización de los choferes de la línea 148 “El Halcón”, que pertenece al pulpo Micro Ómnibus Quilmes SA (MOQSA). Los choferes de la 148 vienen de protagonizar una seguidilla de huelgas por el retraso en el pago de salarios y una huelga muy combativa de más de 14 días por el rechazo de la patronal a pagar el aguinaldo y el salario de diciembre. Dicha huelga culminó con un compromiso, prontamente incumplido por la patronal, que derivó en la convocatoria al Ministerio de Transporte y una posterior “retención de tareas” (huelga) con permanencia en las cabeceras de la empresa. Los choferes sufren, además, una desidia completa por parte de la patronal que pone en peligro a los trabajadores y los usuarios al no renovar las flotas de coches. En varias oportunidades unidades se han incendiado en pleno viaje así como recurrentes desperfectos mecánicos. En otros casos, la patronal no renueva el stock de combustible obligando a los choferes a no poder cumplir con su trabajo cotidiano. Estos hechos, que se repiten de manera cotidiana en un grueso de líneas en todas las zonas, no han sido parte de las consideraciones de la UTA. Mientras avanza la precarización del trabajo y se consolida la miseria salarial, que obliga a los choferes al doble turno -criminal por donde se lo mire para la salud. El salario de los choferes, históricamente por encima de la media tras años de lucha y conquistas, ha sido rifado por la burocracia de Fernández. Las patronales se valen de un gobierno declaradamente antiobrero para avanzar sobre el convenio colectivo e imponer de hecho una contrarreforma laboral. Es necesaria una autoconvocatoria para unificar los reclamos de las líneas, que la burocracia busca dividir y aislar. Es la base práctica para una huelga general del transporte.

Reproducimos a continuación el comunicado emitido por los trabajadores de Bagley-Córdoba sobre el avance patronal sobre las condiciones de explotación de los trabajadores que está afectando la salud de los mismos. Desde la Comisión Interna Bagley Córdoba–Lista Blanca queremos poner en conocimiento de todos los trabajadores y de la comunidad una situación grave que se está desarrollando en el seno de nuestra institución fabril y que afecta de manera directa la salud, la integridad y la dignidad de quienes sostenemos la producción día a día. La gerencia de Bagley Córdoba viene llevando adelante un programa mezquino y antipático de reducción de tiempos de limpieza en la Línea 1, una línea que fue automatizada hace poco más de tres años con la incorporación de una nueva máquina envasadora. Dicha automatización implicó la rescisión de 15 puestos de trabajo, y además la quita de dotación en sectores como la nave productiva de producto semielaborado, sin que existieran mejoras reales en los procesos que justificaran semejante reducción de mano de obra. Este proceso no sólo significó pérdida de puestos laborales, sino que generó —y sigue generando— una sobrecarga de trabajo constante. Durante la puesta a punto de la llamada “nueva” línea, los trabajadores atravesaron jornadas caóticas, con condiciones laborales que distaron mucho de ser óptimas. Compañeros y compañeras terminaban sus turnos con cansancio extremo, dolencias físicas y una carga psicológica enorme, producto de la presión permanente ejercida por los supervisores de producción. Lejos de corregirse, esta situación no ha cambiado sustancialmente con el paso del tiempo. Línea 1 continúa siendo una línea agotadora, donde semana tras semana se viven jornadas explosivas. Los trabajadores realizan un esfuerzo descomunal para sacar adelante la producción, lidiando con lineamientos cada vez más duros, sin que se interrumpa la continuidad productiva aun cuando existen desbordes claros, especialmente en el sector de envasado. A todo este escenario se suma una decisión aún más grave: la reducción de los tiempos de limpieza. Antes, las limpiezas totales o parciales de fin de producción se realizaban en ocho horas. Desde hace un tiempo, ese margen se redujo a seis horas, lo que en sectores puntuales provoca que los trabajadores no puedan tomar los descansos ergonómicos necesarios, ni siquiera disponer del tiempo mínimo para ir al baño, llegando al extremo de resignar el refrigerio en el comedor. Lejos de revisar estas prácticas, la gerencia redobla la apuesta y continúa estrujando a sus trabajadores. En las últimas semanas se conoció además un nuevo recorte: una reducción del 20% en el tiempo destinado a las limpiezas por cambio de variedad, profundizando aún más el ajuste sobre los cuerpos y la salud de quienes trabajan en la línea. Desde la Comisión Interna Bagley-Córdoba exigimos a la empresa que detenga esta embestida contra sus trabajadores, que abandone esta actitud mezquina, avarienta y deshumanizada, que frene su voracidad productiva y comience a actuar con la empatía y la responsabilidad que merece la fuerza laboral que sostiene la producción todos los días. Queremos trabajadores sin dolencias. No queremos accidentes laborales. Queremos volver a nuestras casas con nuestras familias con la misma integridad con la que entramos a trabajar cada día. La salud no se negocia. La dignidad tampoco. Comisión Interna de Bagley-Córdoba

La fábrica NEBA, perteneciente a la firma Libson S.A., dedicada a la producción de heladeras, freezers y exhibidores, se suma a la ola de despidos que atraviesa a la clase trabajadora. En este caso, 34 operarios quedaron sin empleo, lo que representa cerca del 37 % de la planta funcional. El pasado viernes 30 de enero, los trabajadores fueron impedidos de ingresar a su turno a las 6 de la mañana y quedaron en la calle sin previo aviso ni notificación formal. Los despedidos denuncian que la empresa no envió los telegramas correspondientes en el momento del cese y que, en una primera instancia, la patronal ofreció pagar apenas el 50 % de la indemnización, en cuotas, una propuesta que fue rechazada de plano. Los hechos desmienten el argumento empresarial de una supuesta “crisis”: hasta horas antes de los despidos se realizaban horas extras y la producción alcanzaba entre 150 y 200 equipos diarios (El Esquiú, 30/01). En julio pasado, la empresa había anunciado una ampliación de la producción con apoyo del gobierno provincial y del Consejo Federal de Inversiones (CFI), para sumar una nueva línea de cocinas, comprometiéndose a frenar los despidos que ya venían generando conflicto desde 2024 (Catamarca es noticias, 31/01). Sin embargo, en octubre de 2025 se produjeron 15 cesantías sin causa y ahora el ataque se profundiza. La patronal utiliza como pretexto el enfriamiento económico y la apertura de importaciones para avanzar en un nuevo ajuste sobre los trabajadores. La burocracia sindical de la UOM se hizo presente en la puerta de la fábrica mientras los trabajadores realizaban una concentración, pero lejos de defenderlos, actuó como garante de los despidos. En sintonía con la patronal y el gobierno catamarqueño, la burocracia sindical ha operado para desactivar el reclamo, alentando a aceptar las condiciones impuestas y levantar la protesta. Los trabajadores denunciaron además amenazas por parte de la empresa, que advirtió sobre el no pago de la quincena a cobrar el próximo 5 de febrero si no aceptaban una nueva oferta del 80 % de la indemnización, también en cuotas. A su vez, trascendió que a los operarios que continúan en la planta se les advirtió que, si los costos no se reducen en uno o dos meses, se avanzará hacia el cierre total de la fábrica. En este marco, los despedidos relataron prácticas sistemáticas de hostigamiento, maltratos y represalias internas frente a cualquier reclamo por las condiciones laborales. También señalaron que se está produciendo y ensamblando con lo que hay, vaciando la planta, y advierten del retiro de maquinarias por parte de la patronal. Otro punto denunciado es la irregularidad de los telegramas de despido, en los que la empresa invoca el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, intentando encuadrar los ceses como producto de fuerza mayor o crisis económica. Sin embargo, la firma no presentó ningún procedimiento preventivo de crisis, lo que invalida ese encuadre legal y busca privar a los trabajadores de derechos como el acceso al fondo de desempleo. Finalmente, bajo presión conjunta de la patronal, el gobierno y la burocracia, se impuso un esquema de pago del 100 % de la indemnización en tres cuotas para los que no superen los diez millones de pesos, o cuatro para los trabajadores con mayor antigüedad o montos más elevados. Según lo informado, el 80 % sería abonado por la empresa y el 20 % restante por el gobierno provincial, trasladando recursos públicos para cubrir un ajuste patronal. NEBA había sido recuperada en 2020 tras su primer cierre, mediante aportes del Estado nacional y provincial, y fue reinaugurada en febrero de ese año como “Nueva NEBA”, retomando la producción en marzo. Aquella reapertura estuvo condicionada por Libson S.A., que exigió a los trabajadores resignar derechos adquiridos, como la antigüedad, e impuso un régimen de flexibilización laboral y fragmentación de la planta. La situación actual replica lo ocurrido a comienzos de 2024, cuando la empresa avanzó con despidos masivos: en menos de diez días fueron cesanteados 42 trabajadores, consolidando un patrón reiterado de ajuste y vaciamiento. La industria catamarqueña, una de las más frágiles de la región , vuelve a mostrar este rumbo, como ya ocurrió con la textil Textilcom - Mom Sport , y actualmente con la alimenticia Camino S.A. . En todos los casos, patronales y gobierno avanzan con cierres y despidos que golpean directamente al empleo. La lucha de los trabajadores despedidos de NEBA vuelve a poner en evidencia el rol de la burocracia sindical, en este caso la UOM, que actúa como representante de los intereses patronales dentro de los sindicatos, desarmando la resistencia obrera. Otros conflictos están en puerta. La defensa de los puestos de trabajo no puede quedar en manos de las burocracias cómplices de las patronales. Mediante asambleas autoconvocadas se deben resolver acciones contundentes, incluso la ocupación de fábrica y el llamado a los trabajadores del parque industrial o a los trabajadores de los diversos sectores, como actualmente es el caso de los docentes y los trabajadores de la salud, que se encuentren en lucha, para unificar los reclamos y coordinar acciones de conjunto de movilización y huelga. Es la vía para imponer los reclamos.

En un claro ataque al conjunto de los trabajadores y a su lucha, la dirección del Hospital Garrahan con su interventor Mariano Pirozzo a la cabeza anunció en el día de ayer que “11 personas serán expulsadas”. El vocero del gobierno liberticida, Adorni, festejó la noticia en la red X antes de que sean anoticiados los afectados expresando “el que las hace las paga”. Demostrando que la decisión salió desde el propio gobierno nacional. Las sanciones forman parte de los sumarios iniciados en el mes de noviembre . Según denuncian los trabajadores, la instrucción sumariante les anunció que solicita la cesantía (despido) de once trabajadores y suspensiones que van de diez a veinte días para otros treinta. Dentro de los trabajadores cesanteados, diez tienen fueros gremiales y forman parte de la junta interna de ATE Garrahan, Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y activistas independientes. Las sanciones aún no son efectivas, ya que los trabajadores deberán ejercer el derecho a la defensa dentro del sumario. Además, los directivos deberán proceder al desafuero de los representantes gremiales, aunque “Los sumarios son un fraude: las autoridades son parte y jueces, o sea que la sanción ya está escrita”, expresaron desde la junta interna de ATE Garrahan. Luego de meses de lucha que incluyeron asambleas movilizaciones y la ocupación de la oficina de la dirección del hospital . Los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan conquistaron un significativo aumento salarial . La ocupación que denuncian como “ilegal” tanto desde el gobierno liberticida como desde la dirección del hospital fue en respuesta a descuentos salariales de hasta $600.000. Tanto directivos como el Gobierno acusan a los trabajadores de “poner en riesgo el funcionamiento del hospital”, sin mencionar que el vaciamiento que vienen llevando adelante es lo que realmente resiente la estructura del hospital y perjudica la atención de los usuarios. Sin ir más lejos, la semana pasada se cerraron 71 contratos de profesionales que cubren guardias rotativas, imponiéndoles continuar como monotributistas, perdiendo aportes, ART, vacaciones y aguinaldos. Es decir, el vaciamiento continúa. Frente a esta situación los trabajadores convocaron para el día de hoy una conferencia de prensa a las 12hs en las puertas del hospital y a un Cabildo Abierto a las 16hs, donde invitaron a organizaciones y a toda la comunidad a participar. Esta medida se adelanta a la reforma laboral que el gobierno pretende votar en el Senado la semana que viene y que ya están empezando a aplicar las patronales como en Lustramax o Dr. Ahorro. Es un ataque al activismo del hospital y un intento de disciplinamiento al conjunto de los trabajadores para evitar que se realicen medidas de lucha en otros lugares de trabajo, donde los despidos y los bajos salarios son moneda corriente. Este ataque necesita una respuesta de conjunto apoyándonos en las luchas en curso. Llamamos a los trabajadores de la salud y a toda la comunidad a defender al Garrahan, una vez más, participando de las acciones en apoyo, impulsando asambleas y reuniones y organizando la huelga general para derrotar la contrarreforma laboral.

La liberación parcial de los llamados archivos Epstein , en los últimos meses de 2025 y comienzos de 2026, volvió a poner en escena un dato que no es nuevo, pero que adquiere una densidad explosiva en el actual contexto histórico: la podredumbre estructural de la clase dominante norteamericana y el carácter mafioso de sus vínculos políticos, financieros y estatales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha culminado la divulgación de millones de documentos, correos electrónicos, fotografías y materiales de investigación acumulados durante décadas alrededor del financista convicto Jeffrey Epstein y su red, que operó traficando y explotando sexualmente a menores. No estamos ante un “escándalo moral” ni ante una anomalía del sistema. El caso Epstein no revela una desviación del capitalismo imperialista, sino su funcionamiento normal en una etapa de descomposición histórica. Los archivos son un registro de las conexiones sociales, profesionales y financieras que Epstein cultivó durante años con figuras prominentes en distintas esferas: exjefes de Estado, empresarios, diplomáticos, políticos y miembros de familias reales aparecen en correos, fotografías o registros de contacto relacionados con Epstein o su entorno. La divulgación ha forzado renuncias de funcionarios de alto nivel fuera de Estados Unidos, como el asesor de seguridad de Eslovaquia, Miroslav Lajčák, cuyas comunicaciones con Epstein incluyen conversaciones sobre proyectos geopolíticos. En Estados Unidos, la existencia de correos que mencionan a expresidentes o a figuras como Donald Trump ha reavivado debates sobre su relación con Epstein, aunque no implican cargos formales hasta ahora. La persistente negativa del Estado norteamericano a avanzar seriamente sobre las redes —más allá de filtraciones controladas y publicaciones dosificadas— confirma que no hay voluntad de depuración, porque lo que está comprometido no es un individuo, sino una fracción entera de la clase dominante. Los abusos están comprobados judicialmente. Epstein fue condenado en 2008 en Florida por delitos sexuales contra menores, en un proceso amañado que le garantizó una pena irrisoria y condiciones de detención privilegiadas. Años más tarde, frente a nuevas investigaciones federales y a la acumulación de testimonios de víctimas, fue detenido nuevamente en 2019. Murió en prisión antes de enfrentar un juicio que amenazaba con exponer no solo su responsabilidad individual, sino la trama de protección política, judicial y mediática que lo sostuvo. Su muerte —presentada oficialmente como suicidio— cerró de hecho la posibilidad de avanzar sobre los beneficiarios reales del entramado. Lo decisivo, sin embargo, no es solo la secuencia judicial, sino el contenido social del caso. Las víctimas de Epstein provenían mayoritariamente de la clase trabajadora y de sectores populares: adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad económica, familiar o social, captadas mediante promesas de dinero, trabajo o ayuda. No hay registros significativos de víctimas provenientes de la burguesía o de capas acomodadas. Esta asimetría no es un detalle: es la clave política, invisibilizada, de los procesos. Si bien es cierto que el caso muestra la decadencia propia de los imperios que se derrumban en sus crisis históricas, sería superficial plantear el problema solo en estos términos. Si se pone la lupa, justamente, en el origen social de las víctimas, vemos que el abuso sexual operó aquí como una forma extrema de ejercicio del poder de clase. Los cuerpos de jóvenes provenientes de familias trabajadoras aparecen como territorio disponible, como mercancía desechable, protegida por la desigualdad social y por la impunidad estatal. Epstein no “rompió” el sistema: funcionó dentro de él, cumpliendo un rol preciso. Su red no era un espacio marginal, sino un dispositivo de dominación, donde el acceso impune a cuerpos vulnerables formaba parte de los privilegios de una élite que concentra poder económico, político y militar a escala global. En este sentido, el caso remite a formas históricas de violencia propias de sociedades preburguesas, donde el poder se ejercía de manera directa y brutal sobre los cuerpos subordinados: prácticas señoriales, medievales, en las que la jerarquía social habilitaba el abuso como derecho implícito del dominante. La “decadencia” que expresa el caso Epstein no es solo moral: es una involución histórica, en la que el capitalismo en crisis deja caer incluso las mediaciones formales que él mismo construyó y expone sin velos relaciones de dominación cruda, arcaica, violenta. Por eso el encubrimiento fue sistemático. No se protegió a Epstein como individuo, sino a la clase social que se beneficiaba de ese tipo de prácticas. El silencio judicial, la inacción de los fiscales, la complicidad de los servicios de inteligencia y la cautela extrema de los grandes medios no fueron errores: fueron mecanismos conscientes de defensa de intereses del grupo social involucrado. El caso Epstein aparece como una ventana brutal a la podredumbre estructural del poder imperialista, donde la violencia sobre los cuerpos más vulnerables no es un exceso, sino un subproducto del sistema. La justicia burguesa actúa acá como lo que es: un instrumento de clase. Castiga cuando conviene al equilibrio del régimen y encubre cuando el castigo pondría en cuestión la arquitectura del poder. El imperialismo norteamericano pretende presentarse como garante de los derechos humanos, de la legalidad internacional y de la moral democrática. Los archivos Epstein muestran el reverso exacto: una oligarquía parasitaria, blindada por el Estado, que vive por encima de la ley mientras predica sacrificios, orden y disciplina para las masas. La descomposición interna que el caso Epstein deja al descubierto no es independiente de la agresividad externa del imperialismo norteamericano. El mismo Estado que protege redes de abuso y corrupción en su cúpula sostiene y financia genocidios y guerras, mata gente en el Mar Caribe so pretexto de que se trata de narcoterroristas (como si fuera lícito ejecutarlos sumariamente, aunque lo fueran); intervienen en América Latina secuestrando presidentes, con desestabilización y violencia estatal; escala la guerra comercial y tecnológica con China, en un avance objetivo hacia la confrontación militar. No se trata de fenómenos separados. Así como no puede articular la violencia en el mundo sin practicarla con su propio pueblo (por ejemplo, vía ICE), la brutalidad de su política externa es el correlato necesario de la descomposición interna. La utilización facciosa del caso Epstein dentro de Estados Unidos expresa algo más profundo que una disputa electoral, a la vista de las elecciones de medio término a fines de este año que acaba de comenzar. Refleja una lucha entre facciones de la burguesía imperialista, cada una tratando de usar el escándalo para debilitar a la otra, incluso a riesgo de poner en cuestión al régimen en su conjunto. LEER MÁS: Caso Epstein: Trump hasta las manos en su vínculo con el proxeneta Operación de bloqueo para salvar al gobierno. Por Olga Cristóbal, 26/12/2025.

Con el correr de los días, a partir de la incorporación del debate de laa denominada “ley penal juvenil” o “régimen penal juvenil”, se han deslizado una cantidad de planteos políticos, jurídicos y hasta psicológicos sobre el punto neurálgico de esta iniciativa: la edad en virtud de la cual puede el Estado endilgarle a una persona la comisión de un delito y, por lo tanto, sancionarla. El oficialismo, quien busca hacerse vocero de las familias de las víctimas de los últimos hechos que involucran a menores, no ha titubeado en señalar que, ante delitos de adultos, pena de adultos. La baja de edad es un tema discutido desde hace decenios, cuyas propuestas han flaqueado y nunca llegaron a sancionarse. Que no se haya concretado no quiere decir que la legislación argentina no se haya endurecido, ya que en el medio fueron aprobadas las leyes Bloomberg (que dispone el agravamiento de penas ante la utilización de armas de fuego) y la ley Petri en 2017 (que establece limitaciones enormes al momento de acogerse a los beneficios de libertad condicional y salidas transitorias). Desde ese oportunismo, el gobierno libertario se apresta a dar un golpe de timón, tratando de consagrar una norma que aggiornaría al país a la tendencia mundial. En efecto, en América Latina tan solo Cuba comparte el podio con Argentina al sostener los 16 años. La media se promedia en los 14 años, mientras que en países como Brasil la han bajado hasta los 12. El segundo argumento político-criminal es que, de esta manera, los adolescentes en edad de ser imputados pensarán dos veces antes de cometer un delito. Esto se conoce como prevención general, lo cual significa que la existencia de la prohibición genera efectos disuasivos en quienes está destinada. Para Patricia Bullrich esto repercute en que un joven que se apresta a robar no robará y así sucesivamente. En forma indirecta sostiene que este factor incidirá en la reincidencia: el que cometió y fue castigado, no lo hará de nuevo. Esa adaptación también la referencian con lo que plantea la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. El cambio de que este deje de ser un objeto, para convertirse en un sujeto de derechos, con voz propia y a recibir un trato digno, forma parte del cóctel jurídico con el que fundamentan la ley a discutir. Y que este tratado recepta que el régimen debe ser diferente al de adultos, dejando como el último recurso el envío a prisión. Desde el punto de vista psicológico y social, argumentan que los chicos de hoy no son los del pasado. Que las actuales infancias están inundadas de violencia y acorraladas por las adicciones, la deserción escolar y una perspectiva que dista años luz de la vida de sus progenitores, más aún, de sus abuelos. No estamos imputando al hijo de un obrero especializado de la Ford o General Motors, sino al de uno dedicado al narcomenudeo en algún barrio periférico de Rosario o del conurbano bonaerense. Cualquier niño, señalan, es capaz de discernir qué es “bueno” o “malo”, o cuál conducta genera un daño y cuál no. Por lo tanto, son plenamente conscientes del menoscabo que pueden llegar a propinar. Esbozan que estas “conductas concretas” se diferencian de las abstractas, para las cuales se requiere de un mayor desarrollo cognitivo-cerebral (algo que se adquiere a medida que la experiencia de la vida va forjando la personalidad del individuo). Evidencia en contra La fundamentación de los libertarios, sin embargo, es arbitraria. Recolectan lo que les conviene de las fuentes que ellos mismos citan. En primer lugar, porque el Comité de los Derechos del Niño señalan que bajar la edad de imputabilidad es regresiva de derechos y, en consecuencia, atenta contra el principio de progresividad; entonces, es inconstitucional. Al mismo tiempo junto a UNICEF desmienten que estas modificaciones tengan algún correlato en la seguridad pública. Están los ejemplos de Dinamarca que bajó la edad a 14 para luego volver a subirla, ya que no se reportó una disminución en los jóvenes acusados de infractores ni tampoco bajó la tasa de reincidencia, como enuncian que sucederá. Sigue siendo ínfima la participación de niños en delitos graves, cuya media nacional según el Comité contra la Tortura es de 1,8 %. Casi el 60 % son por delitos contra la propiedad, y tan solo el 5 % cuenta con alguna intervención que tenga que ver con el tráfico de estupefacientes. También si comparamos Argentina con Brasil, la diferencia entre uno y otro país es abismal: la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes del primero es del 4,2 %, mientras que la el país vecino es del 23,1 %. Igual de deshonesto es el planteo de modernizar el proceso juvenil. El mismo ya tiene vigencia en varias provincias (Salta, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba), que de alguna manera replica lo que exige la Convención de los Derechos del Niño. Ninguna novedad hay en todo esto. Ni siquiera el Congreso Nacional tiene competencia para legislar: es propia de las provincias. Por lo tanto, se aprestan a legislar una norma ya existente con un órgano que no puede hacerlo. Sobre esto es que la oposición patronal se apresta a votar a favor: desde el massismo hasta Esteban Paulón del Partido Socialista, se diferencian de Bullrich afirmando que bajarán la edad, pero incorporarán el régimen especial. Todos los caminos llegan a Roma. Significado político La reforma no cae en un vacío. Se da en un marco donde la iniciativa política del gobierno es a reducir la ciudadanía política a la mínima expresión. Todas las “modernizaciones” en danza son un aniquilamiento fenomenal de derechos conquistados con décadas de lucha. A la persecución ilegal para la cual ahora la SIDE está facultada, se le suma la incorporación lisa y llana del Estado argentino en el dispositivo fascista que desarrolla Trump en EE. UU. y en el mundo. No solo de encomendar a Argentina como un depósito de extraditados, sino que el propio gobierno lo está ejecutando. Sucedió en La Matanza días atrás. A la represión de las movilizaciones, la persecución de los activistas que se rebelan ante el gobierno de turno y su política, se le suma limpiar de un plumazo lo escrito en cualquier Constitución. La tendencia del estado de excepción se desarrolla interna y externamente: prueba cabal de esto es haber secuestrado un presidente en funciones, junto a las agresiones imperialistas al resto del mundo. Ningún atisbo de progresividad vendrá con la ley que quieren votar. No hay infancia que le valga a uno de los principales socios del sionismo que masacra niños palestinos con total impunidad. Concentrar los esfuerzos en defender las libertades democráticas se ha vuelto un punto en la agenda que la clase obrera debe tomar. LEER MÁS: La baja de edad de imputabilidad, en la agenda del Congreso Por Agustín Fernández, 29/01/2026.

La pasada semana, por el DNU 60, Milei designó a tres militares para que cumplan funciones políticas dentro del Ministerio de Defensa y a Guillermo Madero como Titular de la Unidad Gabinete de Asesores. Madero tiene en su haber una serie de antecedentes en bloquear las investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Negacionista de los crímenes de la última dictadura militar, el lunes pasado señaló desde la red social X que “los juzgados federales argentinos, encargados de combatir el narcotráfico y la corrupción, están colmados de juicios de lesa humanidad por crímenes ocurridos hace 50 años que violan el derecho de toda persona a ser juzgada y a que se determinen sus derechos en un plazo razonable”. Para Madero, las causas de lesa humanidad se han convertido en un obstáculo para que los tribunales federales lleven adelante investigaciones sobre “narcotráfico” y “corrupción”. El posteo de Maderos es una extracción de un editorial del diario La Nación en la que se afirmaba que “no hubo para ancianos enfermos, ni detención domiciliaria ni salidas autorizadas, ni libertad condicional, ni otros institutos que rigen para todo ciudadano”, en referencia a quienes cumplen condena por crímenes cometidos durante la dictadura. Los datos vertidos por La Nación y reproducidos por Madero son refutados por la información dada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), que dan cuenta de que “el 84 por ciento de los detenidos por delitos vinculados al terrorismo de Estado están en sus casas. En diciembre último, sin ir más lejos, el represor Eduardo Kalinec, condenado a prisión perpetua, obtuvo la libertad condicional” (Página 12 3/2). Durante la gestión de Luis Petri fue el mismo Madero quien rechazó el pedido de información solicitado por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que trabaja mancomunadamente con Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de bebes apropiados por los militares durante la última dictadura militar. Antes de que los diputados liberticidas visitaran en agosto de 2024 a Alfredo Astiz y a otros represores en la Unidad 34 de Campo de Mayo, Madero, en marzo del mismo año, fue uno de los dos funcionarios que se hicieron presentes en el penal. Según un pedido de informe, fue en una recorrida que tenía como finalidad examinar cuestiones en materia edilicia, pero en realidad se reunió con represores, que quedaron “muy entusiasmados después de esa entrevista” (ídem), con el hoy ‘mano derecha’ de Presti. Al día de hoy en la cárcel VIP de Campo de Mayo se encuentran alojados 62 represores. Posteriormente a la visita de Madero a la Unidad 34, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, desmanteló el Equipo de Relevamiento y Análisis (ERyA), encargado del estudio de documentos que eran aportados a la Justicia para que sirvan de soporte en los juicios de lesa humanidad. Una clara maniobra en el encubrimiento de los genocidas. El ERyA funcionaba de manera permanente desde el 2010 dentro del Ministerio de Defensa. Tenían razón los represores con “entusiarmarse” luego de la reunión con Madero. Madero, al igual que Villarruel, es un militante por la “memoria completa”. En julio de 2025 publicó una columna de opinión en Infobae titulada “Una nueva orientación para la Defensa Nacional”, en la que señalaba que “a través de una visión ideológica restrictiva y una interpretación parcial de la memoria histórica -enfocada únicamente en la vertiente terrorista de los 70- se relegó a las Fuerzas Armadas a un papel meramente testimonial. Su subordinación se acentuó hacia políticas centradas exclusivamente en derechos humanos, perspectivas de género y actos de memoria, sin considerar la integralidad histórica a la que llamamos memoria completa” (Infobae 16/5/2025). En la misma columna, Madero realizaba una ponderación de la “doctrina Petri” que “propone un reencuentro entre las fuerzas armadas y la ciudadanía mediante una presencia visible, profesional y comprometida con la defensa de los intereses nacionales” y que “este enfoque se alinea con experiencias internacionales contemporáneas, incluyendo las adoptadas por Estados Unidos, país considerado aliado estratégico de la Argentina, conforme a los lineamientos de política exterior establecidos por el presidente Javier Milei” (ídem). El ministro Presti, encumbrado miembro de la “familia militar”, tiene intereses creados en tanto y en cuanto su padre, Roque Presti, fue uno de los genocidas que operó en la represión de la zona de La Plata. Durante la dictadura Roque Carlos Presti estuvo al frente del Regimiento de Infantería 7 en La Plata, a cargo la represión en el área 113. Bajo esa órbita funcionaron los Centros Clandestinos La Cacha, Pozo de Arana y la Comisaría 5ª, entre otros. Murió impune, acusado de secuestros, desapariciones y torturas a 44 víctimas de delitos de lesa humanidad. Entre los casos, está el ataque a la casa de Teruggi-Mariani, tras el cual sigue desaparecida "Clara Anahí Mariani-Teruggi, quien tenía tres meses de edad cuando cometieron el operativo represivo del que Presti está acusado de haber sido parte", confirmaron desde Hijos Capital. Uno de los subordinados de Presti en Defensa, designado la semana pasada por el DNU 60, Daniel Martella, también es hijo de un exrepresor, Santiago Martella, quien fue secretario general de la Presidencia durante la dictadura de Roberto Viola y jefe de la Policía Federal Argentina (PFA) en 1982; también supo estar al frente de la Brigada Aerotransportada IV y fue condenado a prisión perpetua en la megacausa de La Perla. La embestida contra los juicios de la mano derecha de Presti dentro de Defensa se da en el marco del próximo 50 aniversario del último golpe de Estado y en la puesta en pie de un gobierno cívico-militar , devolviéndole el protagonismo político a los militares para que, en contrapartida, estos se inmiscuyan en la represión interna y, por ende, sirvan como blindaje del régimen liberticida, con la excusa de la lucha contra el “terrorismo” y el “narcotráfico”. Estamos en presencia de una nueva operación política de cara a un nuevo 24 de Marzo, esta vez encabezado por los propios militares y sus personeros políticos que operan desde las usinas del Ministerio de Defensa. LEER MÁS: Los liberticidas designan a militares en cargos políticos en el ministerio de Defensa Por Lucas Giannetti, 31/01/2026.

En diciembre de 2025, el Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó el presupuesto Municipal para el 2026 pero rechazó, al mismo tiempo, el presupuesto específico para el Hospital Municipal. Antes de ello, en noviembre, el gremio de la CICOP convocaba a un paro de 24 y luego de 48h en reclamo al gobierno municipal de Federico Susbielles (UxP), por condiciones laborales y salariales. De conjunto, asistimos a una grave crisis del sistema de salud pública de la ciudad cuyo epicentro es el nosocomio local. Los ediles que votaron en contra del presupuesto del hospital pertenecen a La Libertad Avanza, Avanza Bahía (un desprendimiento de los libertarios), Somos Bahía (fusión de la Coalición Cívica, GEN y el radicalismo) y Unión y Libertad. El voto negativo se hizo en nombre de una ‘austeridad de los recursos’, en rechazo a la cantidad de nuevos cargos jerárquicos creados durante los últimos años. La defensa del oficialismo del presupuesto del Hospital ha evidenciado que se trata de un presupuesto de ajuste, porque según su propio director, Gustavo Carestía, posee un incremento del 24 % interanual, por detrás de la inflación real de más de 31 %, es decir, un 7 % menos. De todo el presupuesto de 344.000 millones de pesos presentado por Susbielles y aprobado por mayoría en el Concejo Deliberante, lo que corresponde al municipal supera por poco el 15 % del total. Este presupuesto está muy lejos de las necesidades del Hospital Municipal. En efecto, durante 2025 se atendieron más de 300.000 pacientes, esto es una Bahía Blanca entera. La demanda de atención ha crecido en el municipal desde la pandemia, cuestión a la que se suma el hecho de ser la única guardia pediátrica de la ciudad. Entre 2021 y 2025 se registraron un 43,6 % más de consultas externas, un 16,8 % más de atenciones en la guardia y un 28 % más de intervenciones en los quirófanos. Conclusión: el Hospital se encuentra colapsado. En la ciudad existe solamente otro hospital público, el regional Penna , mientras que los restantes seis son privados, algunos de ellos en manifiesta crisis como el Hospital Italiano. Es en el marco de esta situación que los médicos y trabajadores de la salud nucleados en CICOP realizaron asambleas y una huelga con varios días de paro a fines del 2025, reclamando por la jornada laboral del personal profesional de enfermería, el descuento de la contribución solidaria arbitraria a trabajadores sindicalizados y el problema salarial, en especial la falta de resolución sobre bonificaciones a trabajadores profesionales. La respuesta del gobierno municipal fue descontarles los días de huelga a los trabajadores, con la arenga del sindicato de municipales. Los concejales ‘libertarios’ que rechazan ahora el presupuesto del Hospital bajo un pretexto político (el plantel jerárquico) no cuestionan en absoluto esta realidad; son sus promotores en todo el país empezando por el propio Milei. Hace unos días, Susbielles convocó a un acto oficial en el Municipio envuelto como “Presentación de Informe de Gestión del Hospital”. Allí, dijo que “el Hospital Municipal no va a ser la variable de ajuste”, una falsedad por lo mencionado anteriormente. Luego del acto, dijo que volverá a enviar un nuevo presupuesto para que discuta el Concejo, es decir que va a recular y hacer los ajustes solicitados por la oposición. No habló del retraso salarial, la sobrecarga de trabajo y la permanencia de contratos precarios en el Hospital. Los trabajadores del Hospital fueron ‘invitados’ y con la obligación de ‘confirmar asistencia’. No fueron de la partida ya que el Hospital cuenta con unos 1100 trabajadores y el acto reunió apenas unas 200 personas. Susbielles sí abrió una grieta en la oposición, porque estuvo presente el exintendente del PRO, Héctor Gay, actual diputado provincial por la LLA, junto a otro exintendente histórico de la UCR, Jaime Linares, asociados políticamente con la gestión del Hospital. La rencilla sobre el presupuesto del hospital se inscribe en el contexto más amplio de devastación de la ciudad, con una población que, como a nivel nacional, se encuentra cada vez más precarizada, es decir, sin acceso a obras sociales. Ante la inundación del 7 de marzo de 2025, miles de casas se destruyeron y su reconstrucción solo contó con un aporte de entre 2 o 3 millones por parte del gobierno nacional y de $800.000 por parte de la gobernación provincial para cada familia damnificada. La defensa del hospital y la salud pública debe tener a sus trabajadores como primer organizador de la batalla, para establecer el conjunto de las necesidades financieras, de infraestructura y laborales no solo del Hospital, sino del conjunto de las unidades sanitarias, que consagre un salario igual a la canasta familiar en primer término. Esto no se resolverá con una disputa entre sus ajustadores , sino con la organización y lucha de sus trabajadores, por ello es necesaria una asamblea general de los trabajadores del Hospital Municipal de Bahía Blanca.

Hace dos años, un pozo de petróleo al norte de Salta explotó y, desde entonces, no deja de brotar gas y líquidos hidrocarburantes; las sustancias en forma de barro emanan desde las profundidades de la tierra. El pozo ubicado en Lomas de Olmedo, en la localidad de Pichanal, fue perforado en 1983 por la empresa YPF que explotaba hidrocarburos en el norte salteño. Luego, su explotación pasó a manos de la empresa Presidente Petroleum S.A. que lo abandonó cuando el pozo dejó de ser rentable. No hubo controles ni mantenimiento de las instalaciones durante su vida útil y mucho menos cuando la empresa lo abandonó, pero la instalación quedó activa. En 2024 la válvula del pozo colapsó y se produjo primero una explosión, después erupciones continuas, como si fuera un géiser. El lugar era denominado Lomas de Olmedo, por su característica geográfica; el pozo estaba ubicado sobre una lomada de la que ya no queda nada, en su lugar hay una laguna tóxica porque la tierra se hundió. De aquella vieja perforación brotan fluidos y gases contaminantes, desechos que para las empresas y el gobierno ya no representan un negocio. El saldo es una catástrofe ambiental. Los pobladores ya denunciaron la muerte de 350 cabezas de ganado vacuno, además de la destrucción de la flora y la fauna nativa de por lo menos 20 hectáreas cercanas al pozo. La contaminación afecta el aire, el agua y la tierra, toda la vegetación alrededor está seca y los animales que tuvieron algún contacto murieron intoxicados. El riesgo está latente para las personas de la zona, son por lo menos 48 familias las que viven en las cercanías. Por temor a las consecuencias de la contaminación evitan acercarse al perímetro y son quienes ahora llaman a la zona el "Chernobyl argentino". Un productor rural es quien denunció a través de redes sociales que la válvula del pozo está cada vez más suelta, lo que genera que las erupciones constantes expulsen mayor cantidad de sustancias. En sus videos y entrevistas en medios locales, denunció que el pozo emite un ruido ensordecedor, como de un motor en funcionamiento, que es imposible respirar sin una máscara, que por las tardes la temperatura es más alta de lo habitual y que, a pesar de todas las denuncias, ningún funcionario del gobierno se acercó al lugar. La situación está fuera de control. Cerrar el pozo y sanear la región contaminada requiere una suma millonaria que el gobierno de Gustavo Sáenz no está dispuesto a destinar. Por el contrario, el gobernador conformó un “comité de emergencia” durante 2025 sólo cuando la crisis tomó estado público. Sus funcionarios ya conocían las denuncias. En junio ordenaron a un equipo de peritos del Cuerpo de Investigadores Fiscales un relevamiento en la zona junto a la fiscal penal María Sofía Fuentes, de la localidad Pichanal. La provincia inició una demanda civil y ambiental contra seis empresas que habrían intervenido en las operaciones de explotación en el pozo, entre ellas la última, President Petroleum S.A., que operaba en la zona desde 2014. President inició un recurso preventivo de crisis en 2023 y en agosto de 2025 se declaró la quiebra definitiva. Lomas de Olmedo no era el único pozo petrolero que operaba, tampoco fue el único en dejar abandonado, en la zona de Puesto Guardián existen pozos menores abandonados que permanecen activos. El proceso judicial aparece como una vía muerta y, sin embargo, es el único rumbo que ha tomado el gobierno provincial. Sáenz se camufla detrás de la justicia para encubrir sus responsabilidades y las del Ministerio de Producción y Ambiente, ahora convertido en Ministerio de Producción y Minería. En sintonía con la política del liberticida Milei, defienden la libertad de las empresas para explotar recursos naturales sin restricción en nombre de la “seguridad jurídica”; el pasivo ambiental y las consecuencias de la destrucción de cuencas hídricas, del bosque nativo, del suelo y el aire son un saldo que pagan los trabajadores. En el chaco salteño y el norte provincial, los pools de siembra, la Seaboard Co. (ex Tabacal) y Frigorífico Bermejo son sistemáticamente denunciados por campesinos, a causa de los daños ambientales que producen con incendios intencionales y el descarte de desechos tóxicos en los ríos. Los peones rurales denuncian incluso que las empresas cuentan con una guardia civil armada que vigila las cercas perimetrales y los amenaza cuando circulan cerca. Un territorio bajo las reglas de las patronales y los grandes grupos económicos de la provincia. La política de Sáenz es incompatible con la defensa y preservación del ambiente, el agua, el suelo y los bosques, como espacios necesarios para la vida de las personas. Su destrucción, en una región tropical como es ésta, ya tiene como consecuencias el desequilibrio climático que produjo inundaciones, sequías y propagación de enfermedades históricamente superadas como la leishmaniasis y el hantavirus que se cobró la vida de 5 personas en 2025. Mientras Gustavo Sáenz negocia con el gobierno liberticida el voto de sus legisladores en el Congreso Nacional para imponer una contrarreforma laboral contra la clase obrera y además la destrucción de los glaciares como reservas de agua dulce fundamentales para la vida humana y los cultivos, en el subsuelo de la provincia de Salta se siguen acumulando contradicciones explosivas, entre gases y líquidos hidrocarburantes, y un derrumbe sistemático de las condiciones de vida de la población.

El anunciado cese del fuego temporal en Ucrania ha durado un suspiro . Rusia lanzó más de 70 proyectiles incluyendo una cantidad récord de misiles balísticos en una sola salva, en conjunto con otros tipos que se aproximan a sus objetivos en una trayectoria balística, así como 450 vehículos aéreos no tripulados (UAV). Los golpes a la infraestructura crítica con temperaturas que descienden a los menos veinte grados no busca desalentar a las tropas en la línea de guerra militar, sino desmoralizar a la población civil. En las negociaciones tripartitas en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes, Kiev no está haciendo la concesión que más importa a Rusia: la retirada del ejército de Ucrania del Donbás. Los ataques rusos son funcionales a Washington como medio de coerción para que Kiev y sus patrocinadores de la Unión Europea cedan en la cuestión territorial , aunque esto no es lo único en disputa ni suficiente para cesar hostilidades. Un aspecto fundamental de la negociación son las denominadas garantías de seguridad para Ucrania. El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, se dirigió a la Rada (el parlamento ucraniano) y declaró que “tan pronto como se alcance un acuerdo de paz, las fuerzas armadas, la aviación y el apoyo naval estarán disponibles para los países que lo hayan acordado”. La prensa británica detalla una colaboración a varios niveles y especifica una serie de respuestas estratificadas si Rusia reanuda la guerra. El primer paso será una advertencia diplomática. En una segunda fase se prevé la participación de la “coalición de los dispuestos” que comprende a muchos países de la UE, el Reino Unido y Turquía. Un último pasó sería la respuesta coordinada con fuerzas militares de EE.UU., a más tardar 72 horas después de la primera violación del cese del fuego. Washington, sin embargo, no ha confirmado nada de esto. Los medios de comunicación estadounidense señalan que la Casa Blanca no está dispuesta a prometer apoyo a las tropas europeas en Ucrania en caso de un enfrentamiento con Rusia . El acuerdo de paz que plantea Trump significa otras cuestiones además del reparto de Ucrania entre EE.UU. y Rusia, y el traspaso de las riquezas minerales de los territorios respectivos . “Hay una vía en las negociaciones que podría avanzar con mayor rapidez que las demás. En Abu Dabi, se están discutiendo los cruces fronterizos para civiles y la demarcación de dicha línea. Así lo declaró Serhiy Khlan, miembro del Consejo Regional de Jersón” (Strana Today). Según esta versión el proceso de negociación va mucho más allá de las discusiones públicas sobre los territorios o la central nuclear de Zaporizhia.: “Además de la línea de demarcación y los puestos de control, también se están discutiendo cuestiones relacionadas con la operación de los puentes y el servicio de pasajeros entre los territorios, el movimiento de personas y el pago de pensiones" (ídem). Esto podría explicar la presencia de numerosos militares con un conocimiento detallado de la situación en el frente que están presentes en las negociaciones. Según el medio Político que cita fuentes ucranianas y estadounidenses, hay indicios de que las conversaciones actuales podrían ser prometedoras: “«Antes, estas negociaciones eran como sacarse una muela sin anestesia», dijo un experto republicano en política exterior que ha asesorado a Kiev” (Político 4/2). La misma fuente describe a los cabecillas de la delegación rusa, el almirante Ígor Kostyukov, (jefe del GRU, el principal servicio de inteligencia militar) y al oficial de Inteligencia, Alexander Zorin, como “hombres prácticos”. Los oficiales de inteligencia rusos actúan con profesionalidad, profundizando en los detalles prácticos" (ídem). Rusia ha reiterado innumerables veces que no quiere un alto del fuego que permita a Ucrania recuperarse y preparar la siguiente ronda de guerra; quiere un acuerdo estratégico final. Un acuerdo que no solo abarque a Ucrania, sino que defina la nueva “arquitectura de seguridad” para toda Europa. Reclama el control físico de las cuatro provincias, además de Crimea. Se conjugan así dos paradojas, la primera es que Estados Unidos siendo parte del conflicto, ha iniciado la guerra contra Rusia, continúa apoyando al ejército ucraniano en las áreas de inteligencia y comunicaciones y a la vez oficia como supervisor y mediador. La segunda se configura cuando se pretende que Rusia tolere la integración de Ucrania a la OTAN bajo la apariencia de un compromiso multilateral jurídicamente vinculante (artículo 5), cuando es esta precisamente una de las razones fundamentales por que la que Rusia gatilló la “operación militar especial” como denomina el Kremlin a la ocupación comenzada en febrero de 2022. Está en discusión incluso la integración a la propia Unión Europea, esta vez por la resistencia de miembros del propio bloque, en especial Polonia, cuyo sector agrícola es actualmente el mayor beneficiario neto del fondo de Política Agrícola Común (PAC). Las inconsistencias abruman. El rearme europeo se proyecta sobre esta negociación, en la que ha quedado afuera una vez más la triada de “los dispuestos” (Francia, Alemania, Reino Unido). El hastío por la guerra en la población también es una amenaza. El New York Times titula “En aras de la paz, los ucranianos consideran lo impensable: ceder territorio”. Las encuestas reflejan una apertura cada vez mayor a las concesiones territoriales. En mayo de 2022, una encuesta reveló que el 82% de los ucranianos creía que el país no debía ceder territorio bajo ninguna circunstancia (…) En la encuesta más reciente publicada el lunes, el 40 por ciento de los encuestados dijeron que apoyarían la cesión del Donbás a cambio de garantías de seguridad.” “Esto representa un cambio notable para una población ucraniana que está cansada de la guerra.” (NYT 4/2). En Rusia la campaña militar ha disparado el gasto de guerra al máximo: “El déficit presupuestario oficial se disparó el año pasado, al igual que el gasto militar fuera de balance a través del sistema bancario y las facturas impagadas. Esto podría ser difícil de mantener, especialmente con la disminución de los ingresos petroleros” (The Over Shoot). La dimensión petrolera ocupa un andarivel propio. Tras todas las maniobras diplomáticas lo que asoma es el despedazamiento de Ucrania, para servirse de sus remanentes como un activo de seguridad de primera línea, en usufructo de unos y otros. La camarilla de Zelensky se ha abroquelado en la defensa en un programa inviable que propugna unas fuerzas armadas de ochocientos mil efectivos, el denominado “puercoespín de acero”, así definido por Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. La guerra se desarrolla en un contexto mundial, no hay salidas parciales para una confrontación imperialista estratégica .

Las recientes elecciones presidenciales de Costa Rica, consagraron como ganadora a Laura Fernández, de Pueblo Soberano (PS), con un 48,33% de los votos. Andrés Robles Barrantes, del histórico Partido Liberación Nacional (PLN), quedó 15 puntos abajo con un 33%. Con 4,56%, Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana, quedó tercera. La abstención, del 30,9%, fue importante, pero seis puntos menor que en 2022. Al superar el 40% de los votos emitidos, Fernández se impone en primera vuelta. Continuismo proimperialista La nueva presidenta fue la ministra de Planificación y de Presidencia del actual presidente Rodrigo Chaves, una suerte de Trump local y admirador de Bukele, que no pudo imponer una reforma constitucional que posibilite su reelección, por encontrarse en minoría en una asamblea nacional fuertemente disgregada. Siguiendo la línea del fascista yanqui, Chaves prohibió la participación de la china Huawei, en la licitación del servicio de 5G en su país , mientras que tomó del fascista salvadoreño su demagogia de combate contra el crimen organizado y las pandillas bajo el mote del “terrorismo”. Para garantizar la continuidad de su política reaccionaria, el presidente saliente apeló a la candidatura de Fernández, convirtió la compulsa electoral en una suerte de plebiscito de su presidencia y se puso al frente de la campaña de su candidata lanzando acusaciones contra los candidatos opositores, los medios de comunicación y hasta contra el Tribunal Superior de Elecciones sobre un posible fraude. Ahora, Chaves podría ser nombrado como ministro de la Presidencia, según la propia Fernández; a la vez que enfrentará causas penales en curso por corrupción. La victoria de Pueblo Soberano le garantizó la consecución de 30 escaños, sobre los 57 que conforman la Asamblea Nacional. El Partido Liberación Nacional mantuvo sus 18 legisladores, pero pierde la presidencia del cuerpo; el Frente Amplio obtuvo siete escaños –uno más que en el periodo actual- y los dos restantes fueron para el Partido Unidad Social Cristiana y la Coalición Agenda Ciudadana. Si bien ahora el oficialismo detentará una mayoría simple propia, que triplica su base parlamentaria actual, ha quedado diez escaños debajo de la mayoría agravada que Fernández y Chaves se propusieron conquistar en la elección para poder imponer sus “reformas estructurales”, todas de corte reaccionario. Verano económico y vacancia opositora Fernández obtuvo su victoria apoyada por una bonanza capitalista circunstancial acicateada por un fuerte ingreso de capitales norteamericanos bajo el gobierno de Chaves, que migraron desde China hacia las zonas francas tecas, proceso que se amplió en 2025 bajo la guerra comercial y arancelaria de Trump. En el mismo período EE.UU. acrecentó la importación de productos costarricenses, principalmente dispositivos médicos producidos por empresas yanquis o intermediarias en estas zonas francas. Este proceso ha beneficiado a un puñado de capitalistas intermediarios y profundizado la polarización social. Las actividades económicas que sostienen el consumo interno, que concentran el 85% de la producción nacional, crecen a un ritmo “considerablemente menor” (Diario Extra, 02-01-26). La baja “histórica” de la desocupación, la reducción de la pobreza y la inflación “negativa” bajo el gobierno de Chaves, de la que hizo gala el oficialismo durante las elecciones, se posa en un achicamiento de la población en condiciones de trabajar (La Nación de Costa Rica, 14-10-25) en la sobrevaloración artificial del colón costarricense y en la manipulación estadística de la caída del consumo en toda una serie de ramas de la economía. Por otro lado, Chaves ha llevado un fuerte ajuste del gasto social que desfinanció la Caja Costarricense de Seguro Social y con ello las ayudas a las capas más empobrecidas de la población, las becas estudiantiles y los programas de alimentación escolar; siempre en nombre del “equilibrio fiscal”. El crecimiento exponencial de los asesinatos bajo el gobierno de Chaves, fue explotado por éste para inculpar a la oposición política y al Poder Judicial sobre la situación y llevar adelante medidas de mano dura. El Poder Judicial teco ha informado que “los últimos tres años han sido los más violentos de la historia nacional, con 905 homicidios en 2023, un récord histórico” (CNN, 01-02-26). La disgregada oposición burguesa no tuvo interés alguno en organizar y movilizar a las capas obreras y explotadas contra esta política confiscatoria y fascistizante, ni denunció el reforzamiento de la histórica dependencia política, financiera y comercial del país con el imperialismo yanqui . En las elecciones tampoco levantó un programa alternativo, reduciéndose a denuncias aisladas y a reclamar un voto para frenar el totalitarismo de Chaves, emulando al derrotado peronismo argentino. Sin embargo, en el tramo final de la campaña, estos planteos impulsaron la realización de una serie de pronunciamientos de artistas y personalidades que beneficiaron al centroizquierdista Frente Amplio para la categoría de legisladores, en donde triplica los votos obtenidos para la presidencia. Lo contrario sucedió con el PLN, quien obtuvo un 30% menos de votos para legisladores que su candidato presidencial (La Nación de Costa Rica, 02-02-26). Tercera República: la cobertura de un Estado policial Una vez conocidos los resultados, Fernández aprovechó su discurso de victoria para atacar a la oposición parlamentaria después de haber sido saludada por Robles Barrantes, quien se comprometió a colaborar con su gobierno. También atacó a los medios de comunicación y bajo los eufemismos de la democracia y la concordia, sentenció el fin de la segunda república y la inauguración de una tercera. Retomó de este modo el discurso de Chaves contra el régimen político vigente, francamente en ruinas desde hace al menos una década. Laura Fernández, quien asumirá como presidente el 8 de mayo próximo, ha dejado en claro de entrada que, el no haber obtenido la mayoría agravada necesaria en la Asamblea Nacional teca para llevar adelante una reforma constitucional que habilite la reelección consecutiva indefinida de la presidencia, imponer reformas reaccionarias del sistema judicial y del código penal, y, sobre todo, la eventual imposición de un Estado de excepción que permita arrestos y detenciones sin orden judicial previa, no la desviará ni un milímetro de esta agenda reaccionaria levantada abiertamente en su campaña electoral. A esto se le suma que, durante la campaña, Fernández prometió consumar la promesa del actual presidente sobre la construcción de una megacárcel con capacidad para 5.000 detenidos, en un acto que contó con la presencia del salvadoreño Bukele hace dos semanas; y defendió la privatización de activos estatales, comenzando por el Banco de Costa Rica. Muchos observadores caracterizaron estas elecciones como un “punto de inflexión” de la democracia más estable de Latinoamérica –con elecciones ininterrumpidas desde 1948 a la fecha- hacia un “régimen autoritario”, a lo que habría que agregar que, a diferencia del chavismo venezolano, este autoritarismo es apoyado abiertamente por Donald Trump y el conjunto del capital. Omiten hacer un balance sobre como la declinación de la democracia, tanto en Costa Rica, considerada la suiza latinoamericana, como a nivel internacional, es la que ha dado paso a la reacción política capitalista, también de alcance mundial. En esta línea, la presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, aprovechó el anuncio de los resultados electorales para llamar a dar marcha atrás en la confrontación política y sobre todo contra las instituciones del país. Por el contrario, ante un escenario de desaceleración económica (Diario Extra, 02-01-2026) y de una fuerte precariedad económica y financiera, producto de la dependencia de Costa Rica del mercado mundial y del imperialismo yanqui, la presidencia de Laura Fernández inaugura un periodo de choques políticos y sociales aún mayores.

Desde el día de ayer, miércoles 4 de febrero, se decidió un paro y permanencia de parte de los obreros de la empresa metalúrgica de Jujuy ex Aceros Zapla, recientemente adquirida por la empresa salteña Metalnor SRL. La medida de fuerza de los trabajadores busca respuesta al reclamo por paritarias y aumento salarial, ya que hace 18 meses que tienen el salario planchado, además de reclamos que tienen que ver con el no pago de horas extras, polifuncionalidad y no reconocimiento de las categorías, entre otros. El papel de la UOM La medida de fuerza de los obreros de la ex Zapla ha contado con el aval de la UOM seccional Salta-Jujuy y contará con la presencia de Abel Furlán, secretario general de UOM y secretario gremial de la CGT, que anunció que viajará a la provincia para 'apoyar' el reclamo. Sin embargo, el reclamo de los obreros jujeños es el reclamo de todos los trabajadores metalúrgicos del país, donde las patronales mantienen congelados los salarios hace más de un año, y en algunos lugares con suspensiones y despidos. Frente a esta avanzada patronal, la respuesta de la UOM ha sido levantar los paros escalonados y desinflar el gran conflicto de los tercerizados en Siderar San Nicolás . La UOM viene a la provincia como parte del ‘ala dura’ sindical junto a otros gremios industriales y ATE en función de una interna con el nuevo triunvirato de la CGT, pero ajeno a los reclamos de fondo de los trabajadores. Para el triunfo de los obreros de la ex Zapla es necesario desenvolver a fondo las medidas de fuerza, impulsar y generalizar las huelgas y ocupaciones de fábrica, por la coordinación de todas las luchas y por la huelga general. El ajuste en la provincia Metalnor es una empresa salteña vinculada a la comercialización, transporte y fundición de chatarra que adquirió Aceros Zapla a principios de 2025 al borde del desguace y cierre por su antiguo dueño, Taselli . La empresa pertenece a los hermanos Yobi, de tradición en el rubro pero que en el último tiempo han ampliado sus vínculos y redes con el Estado y hoy forman un conglomerado de empresas y firmas que parten del trabajo con el metal usado (chatarra) a obra pública y hasta turismo. También tienen denuncias de maniobras por traspaso de capitales entre empresas siempre de los mismos dueños: los Yobi (Cuarto Poder Salta, 16/11/25). Metalnor adquirió Aceros Zapla y comenzó un proceso de desguace de la filial salteña, con el despido de 50 obreros y un incendio "accidental" que quemó los libros de la empresa. La adquisición de aceros Zapla fue publicada en el boletín oficial de Jujuy el 9 de abril de 2025 y como socio de los hermanos Yobi figura Fernando Yarade, exjefe de gabinete de Juan Manuel Urtubey. Como vemos los negocios entre capitalistas y políticos de Salta y Jujuy sobre Zapla tienen un vínculo de décadas, otrora con Juan Carlos Romero y el peronismo de Jujuy. Apenas adquirida Zapla, los Yobi gozaron de beneficios impositivos y exenciones en Jujuy en función de, supuestamente, incentivar la producción, sostener los puestos de trabajo y que Metalnor pueda realizar inversiones en la planta (BO N107 12/09/2025). Sin embargo, ¡ninguna de estas pautas se ha cumplido y los trabajadores cobran el mismo sueldo miserable de 2024! Al igual que otras grandes empresas de la región, la metalúrgica usa el argumento de la crisis para avanzar en una restructuración general, y de paso ajustar salarios, desconocer convenios y acuerdos. Algo similar ha ocurrido en la empresa Ledesma, que mientras despidió más de 300 obreros este año del ingenio, ha adquirido el ingenio Concepción de Tucumán a través de una empresa de Santiago Blaquier, sobrino del patriarca, convirtiendo a los Blaquier en los principales productores de azúcar y bioetanol del país. También han avanzado en una megafábrica porcina para exportar a China. Algo similar también ha ocurrido con la tabacalera Alliance One que cerró este año su planta en Perico (Jujuy) dejando 115 obreros en la calle y concentrando su base en Salta y usando intermediarios en Jujuy.

La divergencia entre los gobernadores de la oposición y el gobierno nacional en torno del capítulo impositivo de la reforma laboral había disparado versiones acerca de una posible postergación en el tratamiento parlamentario del proyecto . Los gobernadores denunciaban el impacto negativo de la baja en el impuesto a las ganancias, que es coparticipable, en la reforma enviada al Senado. Mientras tanto, no le hacían objeciones al corazón de la ley, es decir, a la liquidación de los derechos laborales -jornada de ocho horas, indemnización, derecho de huelga y a la realización de asambleas. Para discutir un “frente común” contra los cambios impositivos, los gobernadores se habían autoconvocado el martes pasado, en la Capital. Pero la “cumbre” se quedó con las sillas vacías, después de las reuniones que sostuvo el ministro Santilli con los principales popes de las provincias. Aunque el resultado de esos encuentros no trascendió, los gobernadores le reclamaron a Santilli fondos nacionales para asegurar algunas obras vinculadas al movimiento empresarial de los distritos -minería, agroindustria. A cambio de ello, podrían resignar una parte de la recaudación coparticipable y, en consecuencia, profundizar el ajuste en los gastos sociales de sus distritos. Refrendando esas tratativas, Llaryora y Pullaro, los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, pegaron otro faltazo. Pero en este caso a la cúpula de la CGT, con quien habían pactado reuniones para “discutir la reforma”. El ala de la CGT que encabezan Furlán de la UOM y Aceiteros , que resolvió una movilización a la gobernación cordobesa para este jueves, encontrará ese mismo panorama. Mientras tanto, el Senado confirmaba la concreción de la sesión del próximo 11 de febrero, con 44 voluntades convocantes sobre un cuerpo de 72 bancas. En esa cámara, arreciaban las versiones de que los senadores de Sáenz, Jalil y Jaldo podrían abandonar al interbloque justicialista para conformar un bloque propio, con libertad de maniobra para pactar con el gobierno . La pretensión de que los gobernadores actúen como barrera de la reforma antiobrera se ha derrumbado bastante antes de que comience su tratamiento. “Menos gorila” En cualquier caso, es importante tener en cuenta qué es lo que impulsa el pasilleo de la burocracia sindical por los despachos del Congreso . Recogiendo declaraciones de la cúpula de la CGT, el cronista sindical de “Clarín” señala que la meta de los pasilleantes es conseguir una ley “menos gorila”. Aunque los burócratas se pronuncian por sostener la ultraactividad, el derecho a huelga o los convenios por rama, a lo que apuntan principalmente es a la eliminación de la obligatoriedad en la retención de la cuota sindical y el sostenimiento del porcentual del 6% en los aportes a las obras sociales. El fracaso del pasilleo parlamentario ha dado lugar a una reunión “de emergencia” del Consejo Directivo de la CGT para este viernes. No hay anunciadas medidas de lucha, pero sí existe la decisión de trasladar el “pasilleo” al ámbito de Diputados, donde la reforma deberá ser tratada después de pasar por el Senado. El bloque peronista de la cámara baja emitió un rimbombante comunicado jurando “unidad férrea” para cuando llegue la contrarreforma. Es el mismo lenguaje que circulaba en el Senado hace un mes atrás, cuando se anunció el contenido del proyecto. La licuación de la “resistencia peronista” en el Senado es una demostración de la completa inocuidad de un kirchnerismo en estado de liquidación. La razón de fondo es el acuerdo estratégico con la contrarreforma , que es lo que Cristina Kirchner pone de manifiesto cuando dice que “una modernización laboral tiene que haber” . Entre los gobernadores que encabezan la genuflexión hacia Milei y Caputo, están los que fueron ungidos por Cristina para encabezar las listas electorales de octubre pasado, como el tucumano Jaldo o el catarmarqueño Jalil . El pejotakirchnerismo se divide entre los que van a apoyar sin vacilaciones a la contrarreforma y aquellos que defienden su contenido, pero le dejarán al gobierno y a sus aliados el “trabajo sucio” de su aprobación en el Congreso. Los ideólogos de la gran patronal celebran que, en caso de aprobarse, la ansiada reforma antiobrera estará bendecida por una ley del Congreso. Lo que ocultan estos “legalistas” es que la norma por aprobar es otro capítulo del régimen de excepción en curso. La liquidación del derecho del trabajo está fuera del marco constitucional -incluso carece de legalidad la inclusión de normas impositivas, cuyo tratamiento debería haber comenzado en Diputados. La burocracia, por sobre todas las cosas, se ha juramentado no mover la estantería de la ley a través de una verdadera lucha, la cual terminaría por desbancarla de los propios sindicatos. El tratamiento de la contrarreforma tendrá lugar en medio de una enorme tensión en los lugares de trabajo: por los salarios a la baja, mes a mes, como consecuencia de paritarias regimentadas y de una pauta de inflación fraudulenta ; por la crisis industrial, las suspensiones y los despidos; por los tarifazos redoblados en todos los servicios públicos. En ese escenario, es necesario encarar una movilización política en favor de la huelga general, hasta derrotar la contrarreforma y toda la política de ajuste de Milei y los gobernadores. VER LOS VIDEOS: Socialismo o Barbarie Ep 54 Emitido por el canal de YouTube de Política Obrera el martes 03/02/2026. La Hora de los Trabajadores EP 7: La contrarreforma laboral llega al congreso Emitido por el canal de YouTube de Política Obrera el jueves 05/02/2026.

El día miércoles 4 se realizó un Cabildo abierto en la puerta del hospital Garrahan. El anuncio del pedido de desafueros y despidos de los delegados sindicales y las sanciones a otros 30 activistas, lo transformó en una concentración muy concurrida. El Encuentro finalizó sin votar ninguna de las mociones expresadas. Se tomó el compromiso de movilizar el 11 o el día en el que el Senado trate la reforma laboral y acompañar todas las medidas e iniciativas que resuelvan los trabajadores del Garrahan. Desde la mesa convocante (Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan -APyT- y la junta interna de ATE, entre otros), se anunció un amparo contra los desafueros y despidos, las sanciones, y una nueva asamblea el lunes 9. Los trabajadores del Hospital Posadas denunciaron una nueva tanda de 84 despidos, sumando un total de 250. Una delegación de familias del Garrahan propuso una acción por el día de las cardiopatías congénitas y el cáncer infantil para visibilizar y denunciar el desmantelamiento de ese departamento . También se propuso participar este 7 de febrero de la marcha antifascista. Una trabajadora despedida de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) manifestó que tanto UPCN como ATE no hicieron nada frente a los despidos y la disolución de la agencia . Los trabajadores de Farmacias del Dr. Ahorro, por su parte, relataron que están librando la lucha contra los despidos y el cierre de sucursales de forma autoconvocada. El mismo secretario general del sindicato de Farmacia, tercer vocal de la CGT, les dijo que no servían para nada las acciones gremiales ni las movilizaciones. Las intervenciones de las delegaciones del FIT-U apelaron a que “la CGT convoque a un paro”. Guillermo Pacagnini, del MST y directivo de CICOP, propuso visitar a sindicatos enrolados en la CGT y convocarlos a parar y movilizar. Otras intervenciones apelaron a organizar una columna independiente para el 11. Claudia Jati, de Política Obrera y trabajadora despedida de Dr. Ahorro , denunció que “la CGT es parte del gobierno, es la pata que necesita para dejar pasar los ajustes. Tenemos que derrotar a los dirigentes de la burocracia sindical” y exclamó: “dejemos de pedirle a la CGT que convoque a un paro, la huelga general la van a convocar las bases, los delegados, los sindicatos combativos”. Un momento destacado de la convocatoria fue la llegada de la delegación de jubilados y jubiladas que venían de ser reprimidos en el Congreso. Llamamos a organizar el rechazo a la contrarreforma laboral y a derrotar al gobierno de Milei, mediante una huelga general. LEER MÁS: Hospital Garrahan: desafueros y despidos de delegados Un ataque a los que luchan. Por Daniela Magoc, 04/02/2026.

Los recientes archivos liberados por el Departamento de Justicia de Trump pusieron de manifiesto un encubrimiento estructural. La publicación de un aluvión de 3 millones de páginas en febrero de 2026 puso de manifiesto una “negligencia” criminal: mientras se revelaban "al menos 40 fotos que mostraban los cuerpos desnudos de mujeres jóvenes, incluidas sus caras" ( The New York Times, 1/2/26 ), con precisión quirúrgica y deliberada protegieron a los poderosos. El mensaje del Estado es claro: la dignidad de las víctimas de clase trabajadora es sacrificable; la de la élite, sagrada. Jeffrey Epstein no fue un depravado aislado, sino un nodo funcional en los circuitos de poder del capital financiero. Su red de tráfico sexual tenía un propósito de clase claro: "proporcionar mujeres y niñas jóvenes a otros individuos ricos y poderosos" ( The Guardian, 1/2/26 ). Esta práctica, como señalaron los abogados de las víctimas, era un sistema de "favores" para acumular "control y poder sobre las personas que estaban implicadas" ( The Guardian, 1/2/26 ). Las listas de contactos —desde Trump, Clinton y el príncipe Andrés, hasta magnates como Les Wexner, Leon Black, Elon Musk y el secretario de Comercio Howard Lutnick— no son una colección de "manzanas podridas". Son la evidencia de la descomposición del sistema capitalista a través de sus principales cabezas. La "muerte por suicidio" de Epstein en una celda con cámaras saboteadas fue el primer acto de un encubrimiento de clase que hoy continúa. Los documentos desclasificados, específicamente el archivo EFTA00147661 reportado por RT, contienen testimonios que, de ser ciertos, expondrían no solo una red de depravación sexual, sino lo que podría interpretarse como prácticas de terrorismo de clase y ritualización sádica del poder absoluto. La presunta víctima describe en un yate de Epstein escenas de "sacrificio ritual", mutilaciones con cimitarra que no dejaban cicatriz, actos de canibalismo y coprofagia directo de intestinos de bebés, e implican al expresidente George H.W. Bush en una violación (MVS noticias, 2/2/26). La podredumbre sigue escalando. No se limita a las redes de tráfico sexual físico, sino que se extiende a los dominios digitales. Elon Musk, magnate tecnológico y figura central del capitalismo de Silicon Valley, permite que Grok, la inteligencia artificial de su plataforma X (exTwitter), produzca imágenes de pornografía infantil para usuarios verificados, es decir, aquellos que pagan por el privilegio de la tilde azul. Este hecho no es un “descontrol de la IA”, sino la expresión lógica de la moral del capital en su fase más cínica y desregulada. Este escándalo estalla en el corazón de la crisis del imperialismo norteamericano. La administración Trump es la expresión política de una burguesía en decadencia histórica que, para recomponer su hegemonía, impulsa una guerra internacional e impone una reconfiguración fascistizante interna (como es visible con los conflictos de la Gestapo norteamericana, el ICE) . En este marco, el caso Epstein es un punto de implosión. Trump usó el caso como ariete propagandístico contra el 'Estado profundo' 'democrático'. Una vez en el poder, hizo todo lo posible para impedir la publicación de archivos , hasta que la rebelión de su base fascistoide lo forzó a un giro cínico. El caso de Grok y la red de Epstein operan bajo la misma lógica descompuesta: la conversión de todo, incluso de los crímenes más impensables, en una mercancía del poder dominante. La derrota de estas elites sólo será impuesta en las calles por la clase obrera bajo un horizonte donde la tecnología y la riqueza social esté en manos de los explotados. LEER MÁS: Los archivos Epstein y la crisis del poder imperial norteamericano Por Ceferino Cruz, 04/02/2026.

El antagonismo entre los intereses de la clase obrera y el gobierno de guerra de Milei es irreconciliable. La “contrarreforma laboral” ya tiene fecha y hora en el Senado. Es una señal de que Milei ha reunido las ‘voluntades’ para liquidar el derecho del trabajo en Argentina. Es el gran objetivo de toda la clase capitalista desde hace décadas. A la liquidación de la jornada de ocho horas; el fin del contrato indefinido y de la indemnización por despido; la imposición de vacaciones fragmentadas; la prohibición de las huelgas y de las asambleas - a este estatuto carcelario e inconstitucional -, los voceros del capital lo llaman “modernización laboral”. No es reforma sino contrarreforma : convierte el derecho del trabajador a una defensa legal contra los atropellos patronales, en una prerrogativa jurídica a disponer de la fuerza laboral sin límites ni condiciones. Esta declaración de guerra contra la clase obrera no se circunscribe a la Argentina: en todo el mundo, la tendencia de los gobiernos capitalistas es a liquidar y degradar las conquistas obreras, y las libertades democráticas en su conjunto. Lo muestra el genocidio palestino en Gaza; la guerra de la OTAN y Rusia para repartirse Ucrania y y Asia Central; el asalto a Venezuela; la amenaza de guerra contra Irán; y la cuarentena en torno a Cuba. Y, por aquello de que ningún pueblo de una nación opresora es libre, la salvaje represión contra migrantes y ciudadanos en Estados Unidos. La liquidación de los derechos laborales es una ofrenda del gobierno de Milei al conjunto de la clase capitalista nacional y extranjera. Mientras tanto, se han perdido centenares de miles de empleos en dos años, se hunden los salarios y crece la inflación, y la deuda pública usuraria no deja de crecer. El endeudamiento personal ha llegado a límites de quiebra, amenazando a grandes contingentes del pueblo argentino. La respuesta del gobierno es falsificar al INDEC. Frente a la contrarreforma laboral, el peronismo se divide entre los que la apoyan abiertamente y aquellos que, como Cristina Kirchner , la apoyan en forma indirecta, reclamando una pseudo “actualización laboral”. Acarician el trabajo sucio social de Milei, como Néstor Kirchner el de Duhalde, para luego poder gobernar como un Papa Noel. Pero esta política ya fracasó con Macri, cuando el dúo de los dos Fernández se hundió por completo en la mitad de su mandato. La clase obrera vive una conmoción en las fábricas, reparticiones, hospitales y escuelas . Medio país se encuentra movilizado, pero en forma parcial e intermitente. La burocracia de los sindicatos, incluso de los que se reivindican de ‘izquierda’, bloquean la generalización de las luchas y una huelga general. Se han hecho fanáticos de las ‘conciliaciones obligatorias’; los choferes de numerosas líneas, en cambio, se han lanzado a una huelga general . Es la hora de la autoconvocatoria y de las coordinadoras, para poner en pie a la clase obrera y abrir una perspectiva independiente de todos los partidos patronales. Las burocracias (oficialistas o disidentes) han esperado a las sesiones del Congreso para lanzar alguna forma de ‘protesta’ contra el hecho consumado. La lucha contra la contrarreforma laboral, los despidos y suspensiones, y los cortes y atrasos en los salarios no pueden ajustarse al ritmo del parlamentarismo patronal . Debe determinar su ritmo propio: una huelga general contra la contrarreforma antes, durante y después del trámite parlamentario. -Abajo la contrarreforma laboral, defensa incondicional de los derechos de lucha de la clase obrera. -Salario mínimo igual a la canasta familiar por 8 horas de trabajo. Aumento de emergencia del 50 % sobre salarios y jubilaciones. -Ningún despido ni suspensión. Apertura de los libros de las empresas. -Fuera Trump y el imperialismo de Venezuela, de Cuba y de América Latina. Por gobiernos de trabajadores y por la Unidad Socialista de América Latina. Política Obrera, 6.2.2026

En la tarde noche del jueves 5, en las cabeceras de las líneas empezaron a confirmarse los retrasos en el abono de los salarios. Esta práctica es recurrente en diversas líneas, como la 148 , que hace más de 8 meses no cobra su salario en tiempo y forma. Las patronales del transporte venían de asegurarse en la propia paritaria que el aumento salarial sería cubierto con aumento de boletos y mayores subsidios. Según han dejado trascender las propias patronales, esos giros por parte del gobierno no se han ejecutado lo que imposibilita abonar los salarios. Las patronales del transporte, que acusan casi a diario un retraso en los precios del boleto, hace tiempo que han dejado de “arriesgar” sus ganancias en la industria que manejan. Los subsidios han crecido de manera espiralada, mientras los salarios de los choferes han sido rifados por su dirección sindical tras haber alcanzado un nivel de referencia para el movimiento obrero en su conjunto. En varías líneas de la zona sur, los choferes más jóvenes se retiran asegurando que hay salarios equivalentes en trabajos menos riesgosos o demandantes con la salud del trabajador. La ruinosa paritaria , un 4% en 3 cuotas más pagos “por única vez” de 3 bonos de $100.000 pesos y $2.000 de aumento (!!) en viáticos, había sido firmada por la dirección de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) sin mediar el menor debate entre las bases del gremio. Esta práctica habitual de la burocracia sindical fue acompañada de un compromiso a “descartar medidas de fuerza en aras de una paz social”. La burocracia de Fernández no solo ha rifado el salario de los trabajadores sino que convoca a entenderse amistosamente con las patronales y el gobierno de la contrarreforma laboral fascista. El cuadro de situación en las líneas es harto conocido por el público en general, que suelen sufrir su desmoronamiento como usuarios. Las unidades que circulan, fundamentalmente en el conurbano bonaerense, lo hacen sobreexigidas. Los choferes se han visto obligados a efectuar dos turnos para conformar un salario que permita arañar el fin de mes. Por lo tanto, la paritaria es una convalidación de esta situación de trabajo riesgoso y sobreexplotación laboral por parte del gremio. Los cuerpos de delegados y los choferes que emprenden estas acciones de retención de tareas, la manera legal de paralizar una línea en solitario, es una demostración del nivel de abuso patronal que se vive en todas las cabeceras del transporte. El hartazgo con Fernández es generalizado en todo el gremio. Diversas variantes se disputan el armado de una conducción alternativa. Es necesaria una actividad de agitación en todo el gremio, que permita unificar los reclamos y reivindicaciones ante las patronales. Las patronales han avanzado lentamente en la implementación de una reforma de las condiciones laborales , que pretende consagrar con una dictadura patronal sobre los trabajadores con la contrarreforma laboral que se apresta a votar el Congreso. La conformación de comités de lucha y la agitación por una huelga general en el transporte es una necesidad ante la acción desorganizadora de la burocracia y sus arreglos con la patronal y el gobierno liberticida.

El miércoles pasado, medios internacionales dieron a conocer la detención de los presuntos testaferros de Nicolás Maduro —los empresarios Alex Saab y Raúl Gorrín— en Venezuela. Según la información, obtenida por declaraciones de agentes estadounidenses, la operación fue una tarea conjunta del FBI junto con fuerzas venezolanas. Habrían sido llevados a la cárcel de El Helicoide —la misma cuyo cierre anunció la presidenta Delcy Rodríguez por denuncias de torturas— para ser después extraditados a los Estados Unidos (Saab habia sido liberado, en Estados Unidos, en un canje por presos norteamericano en Venezuela, y nombrado ministro de Industrias por Maduro y recientemente destituido por Delcy Rodríguez. Las autoridades venezolanas niegan las detenciones y el abogado de Saab también. Este dice que, por el momento, Saab no quiere dar declaraciones. Lo cierto es que los dos empresarios no dan muestras de vida. Muchos detenidos por el régimen de Nicolás Maduro han estado semanas y meses desaparecidos hasta que el gobierno dio noticias de su paradero en El Helicoide. La CIA está trabajando en establecer un departamento permanente en Caracas para operar en forma conjunta con las fuerzas de seguridad locales. En 2016, con la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Saab se había convertido en uno de los principales proveedores del plan de alimentos subsidiados y fue denunciado por vender con sobreprecios al Estado venezolano. En 2018, asumió tareas oficiales para gestionar compras de alimentos, medicinas y repuestos en Rusia e Irán. También se lo acusa de asociación ilícita para desviar 350 millones de dólares de programas estatales de vivienda y de obtener dólares subsidiarios mediante documentación de importación falsa, con artículos que nunca ingresaron al país. El empresario, nacionalizado en Venezuela pero nacido en Colombia, estuvo preso en Estados Unidos por lavado de dinero y había sido liberado en 2023, en el marco de un canje por ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Había sido detenido en una escala en Cabo Verde en 2020. En Miami enfrentó ocho cargos de lavado por cientos de millones de dólares. Raúl Gorrín —empresario y propietario de Globovisión— está acusado de usar bancos de inversión para lavar dinero y obtener dólares subsidiados, y sería otro testaferro de Maduro. La corrupción durante el gobierno de Maduro tenía lugar a través de empresas registradas en paraísos fiscales La justicia yanqui necesita una carpeta más consistente que la de “narcotráfico” para procesar a Maduro — sobre todo después de haber admitido la inexistencia del “Cartel de los Soles” — y el legajo de “corrupción” le calza justo. Es por esto que la “amnistía” que declaró Delcy Rodríguez por orden de Trump excluye a la corrupción, y no alcanzaría a estos dos empresarios. LEER MÁS: La colaboración del chavismo residual con Donald Trump El Protectorado ‘de facto’ instalado en Venezuela se ha convertido en un producto de exportación. Por Marcelo Ramal, 23/01/2026.

El gobierno de Kicillof ofreció el 0,5 % a cobrarse en Marzo para la docencia de la Provincia de Buenos Aires. Nada que envidiarle al ajuste que ejecuta Javier Milei a nivel nacional. Los sindicatos provinciales (Frente de Unidad Docente Bonaerense) concurrieron a la reunión sin el mandato de sus afiliados. Dieron a conocer un comunicado posterior a la reunión anunciando su rechazo a la propuesta gubernamental por “insuficiente” -sin informar ni un número de la oferta- y que la paritaria pasó a un cuarto intermedio. En algunos medios trascendió, según lo hablado con dirigentes del FUDB, que el número ofrecido fue del 2 % para febrero, a cobrar en marzo. En el último acuerdo firmado en enero se estableció un aumento del 4,5 % para el salario de bolsillo, dentro del cual se contabiliza un 1 % de aumento en diciembre, un 2% en enero y un 1,5% por el pago del retroactivo del sueldo y aguinaldo de diciembre, ya cobrado con el sueldo de enero. Como el último aumento se había cobrado en octubre del 2025, esa paritaria significó en concreto un 1 % de aumento salarial por mes. Con el 2 % ofrecido ahora y considerando que ese 1,5 % ya deja de incidir en el próximo cobro, el aumento propuesto en concreto se trató de un 0,5 %. Estas propuestas miserables que se realizan en el contexto de la [crisis del INDEC] ( https://politicaobrera.com/15661-detras-de-la-crisis-del-indec ) dónde quedó demostrado la falsificación de los datos oficiales para sub-contabilizar el costo real de vida de los trabajadores, que ahora deberemos enfrentar nuevos aumentos en los servicios. La pérdida salarial de la docencia, como la del conjunto de los trabajadores, es inmensa. El rechazo de la paritaria del FUDB por “insuficiente” además de completamente vacía de contenido, es una maniobra ya conocida por todos los docentes. La dirección de SUTEBA (Baradel) primero rechaza y luego acepta la segunda oferta, simulando un combate. En la paritaria del mes anterior, el FUDB sufrió una crisis porque la FEB rechazó la última oferta dividiendo al frente gremial. La prueba de que los sindicatos se aprestan a un acuerdo con el gobierno provincial es que no han convocado a ninguna reunión para que las bases del gremio se pronuncien. No está en sus planes organizar ningún plan de lucha contra el gobierno. Una dirección sindical medianamente seria debería estar convocando a la docencia a deliberar para impulsar un paro de advertencia de no inicio de clases y preparando las condiciones para un paro por tiempo indefinido si el gobierno sostiene su política de ajuste salarial. En este contexto, el FUDB ha convocado a un paro para el 11 de febrero para rechazar la reforma laboral, ‘repudiar el ajuste en educación’ y exigir la devolución del FONID. De nuevo, un paro de aparato que no fue preparado por las bases. Omiten olímpicamente la paritaria provincial que acaba de ser rechazada. Nuestra agrupación, Tendencia Docente Clasista, realizará el viernes 6/2 a partir de las 18 hs, un plenario (pedir link al 1131919427) para impulsar una campaña para poner en pie un movimiento por la huelga general mediante autoconvocatorias docentes .

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue el primero en anunciar mediante su red social Truth Social que había alcanzado un acuerdo comercial con el primer ministro de la India, Narendra Modi. El mismo fue alcanzado, según palabras de Trump, “por amistad y respeto” entre los ambos mandatarios. El acuerdo incluye una reducción de los aranceles a los productos indios del 25 % al 18 % y una quita adicional de 25 % ante la aceptación de Modi para reducir hasta cero la adquisición de petróleo ruso, para reemplazarlo por crudo norteamericano y venezolano. Por su parte, la India se compromete a reducir y eliminar todas las barreras arancelarias y no arancelarias a una importante cantidad de productos norteamericanos, con excepción parcial del sector agrícola. El premier indio celebró en sus redes personales el acuerdo alcanzado como positivo para ambos países. El acuerdo fue celebrado por otros funcionarios en redes sociales o declaraciones a la prensa, así como por alzas en la bolsa de Nueva Delhi, aunque no cuenta aún con un texto oficial. Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de la India, con una balanza comercial positiva cercana a los 20.000 millones de dólares anuales. En las declaraciones del magnate norteamericano, la India se compromete a adquirir energía, tecnología, productos agrícolas, carbón y otros productos estadounidenses por 500.000 millones de dólares. Esto representaría un salto extraordinario en la penetración estadounidense en el país asiático. El asunto central del acuerdo es el punto sobre la restricción de petróleo ruso. La India importa el 90 % de sus combustibles; Rusia es su principal proveedor. En 2025, alcanzó la cifra de 1,5 millones de barriles diarios. Al inicio del 2026, esa cifra se ha ido moderando. En noviembre pasado se activaron nuevas sanciones internacionales contra las dos principales empresas proveedoras de petróleo ruso en la India, Rosneft y LuKoil. (FT, 03/02) La prensa internacional reconoce el acuerdo comercial como un alivio económico para la India, incluso como una victoria del país asiático. Muchos exfuncionarios consultados señalan que la India no podría subsistir sin la provisión de petróleo ruso, por dos razones: el acceso a un precio preferencial y que el petróleo ruso es “pesado” mientras que el norteamericano es “liviano”, en relación a su octanaje, lo que implica distintos procesos de refinamiento en la cadena industrial. El petróleo venezolano ingresa en esta categoría (“pesada”), un grupo de refinerías ya han tenido subas importantes en la bolsa con el simple anuncio de volver a operar petróleo del país latinoamericano en el mercado local. La quinta economía del mundo cerró el año 2025 con una caída sostenida en la bolsa así como una devaluación de la moneda. Fue duramente castigada con una fuga de capitales e inversiones. Al mismo tiempo, un aumento en la producción de dispositivos electrónicos, fundamentalmente de la empresa norteamericana Apple, le había permitido reforzar la exportación de celulares al mercado norteamericano por 5000 millones de dólares. Las nuevas tasas arancelarias del 18 % dejan un clima favorable ante otros países productores de la zona como Indonesia (19 %), Vietnam y Bangladesh (20 %). Por esta vía, Donald Trump emprende un ataque contra los BRICS. Una llamada telefónica entre Modi y la vicepresidenta encargada, Delcy Rodriguez, sirvió para dar la bendición a la utilización del petróleo venezolano como moneda de cambio para el acuerdo Trump - Modi. Las transacciones internacionales entre Rusia e India se efectuaban utilizando sus monedas nacionales, por la exclusión de Rusia del sistema de intercambio internacional (SWIFT) que se referencia con la moneda norteamericana. Por la masa de intercambios entre ambos países, esto representa un golpe al “mercado alternativo” del CIPS “transfronterizo” de China. La India había alcanzado, por cuerda separada, otro acuerdo comercial con la Unión Europea (UE). La prensa internacional asocia el acuerdo Trump - Modi como una respuesta a este último. A diferencia del norteamericano, el acuerdo con Europa incluía una rebaja general de aranceles recíproca. El nuevo acuerdo coloca en un impasse todo lo acordado con Europa. En un cuadro más general, es un golpe contra Europa y Rusia. Los acuerdos comerciales de Trump son una herramienta de guerra LEER MÁS: Los BRICS no ofrecieron ninguna alternativa real ni autónoma El dólar y la implosión del imperialismo norteamericano. Por Jorge Altamira, 29/10/2024. El Brics, la crisis capitalista y la guerra Quién rescata a los rescatistas. Por Jorge Altamira, 29/08/2023.

Los estibadores de por lo menos 21 puertos del Mediterráneo votaron llevar a cabo una medida de lucha coordinada este 6 de febrero, tras el anuncio hecho esta semana por los sindicatos de trabajadores portuarios, incluida la Unione Sindacale di Base (USB) de Italia, que denuncia la complicidad de las autoridades portuarias y los gobiernos con el genocidio de los palestinos en Gaza. La acción prevista se desarrollará simultáneamente en puertos de Italia, Grecia, País Vasco, Marruecos y Turquía (La Haine, 6/2). Sindicatos y trabajadores portuarios de Italia, Grecia, Turquía, Marruecos y el País Vasco se niegan a cargar, descargar o permitir el tránsito de carga militar con destino a puertos israelíes, incluidos Ashdod y Haifa. La lista de puertos puede encontrarse aquí . El objetivo es interrumpir los envíos de armas y desafiar el uso de la infraestructura de transporte civil para la logística de guerra, anunciaron los organizadores. Otros sindicatos de estibadores se han manifestado en solidaridad con la medida: los trabajadores del puerto de Bremen y de Hamburgo, y los de Marsella, que organizaron movilizaciones en los puertos. Fuera de Europa, declararon su apoyo el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de Minneapolis y St. Paul, el sindicato petrolero de Brasil y organizaciones de Colombia y Venezuela. USB dijo que la movilización es una respuesta a la acelerada militarización de la infraestructura portuaria y a la economía de guerra más amplia, que según los sindicatos está erosionando los derechos de los trabajadores y socavando los sistemas de protección social. El sindicato destacó que la huelga tiene como objetivo “garantizar que los puertos europeos y mediterráneos sean lugares de paz, libres de cualquier implicación en la guerra”. Francesco Staccioli, de la USB, vinculó la guerra con la situación de los trabajadores a nivel internacional. “Si no tomamos esta medida, todas nuestras otras demandas serán aplastadas por la guerra”, advirtió. Al menos 10 puertos italianos confirmaron su participación, sumándose a las acciones de los estibadores que comenzaron en 2023 contra los envíos de armas a los israelíes. Entre esas iniciativas anteriores se incluyeron importantes huelgas en Italia en oposición al genocidio de Israel en Gaza y al presupuesto bélico de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni . Los representantes sindicales dijeron que la campaña vincula la oposición al genocidio, la militarización y el imperialismo estadounidense con las luchas laborales locales, citando lo que describieron como medidas cada vez más represivas contra los trabajadores que participan en acciones de solidaridad. Los trabajadores portuarios de El Pireo y Mersin argumentaron que las condiciones se están deteriorando rápidamente y que solo se pueden afrontar mediante la coordinación internacional. Los sindicalistas en Grecia dijeron que si los trabajadores actúan colectivamente, “los puertos pueden convertirse en una barrera para la guerra, no en corredores para el suministro de armas”. La Federación Sindical Mundial (FSM) emitió un mensaje de solidaridad apoyando la movilización del 6 de febrero y adoptó la bandera oficial “Los estibadores no trabajan para la guerra”. Esta acción coordinada es la primera movilización de trabajadores portuarios del año, que durante 2025 bloquearon en varias oportunidades barcos que llevaban armamento para sostener el genocidio palestino por parte de Israel. Los bloqueos culminaron en una huelga general en Italia , que fue acompañada por otros puertos de Bélgica, Grecia y Alemania. La solidaridad obrera denuncia que Israel continúa masacrando a la población Palestina a ambos lado de la línea amarilla que dividió en dos la Franja de Gaza. ¡La solidaridad internacional es una parte esencial de nuestro futuro!, concluye el llamamiento.

Vencido el quinto día hábil del mes, en más de 27 líneas no se abonaron los sueldos ni los viáticos acordados en la paritaria que cerró a comienzos de esta semana. En consecuencia, los choferes decidieron en asambleas de línea parar hasta el cobro de salarios y viáticos. La medida afecta por ahora a las líneas 333, 407, 437 y 707; 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619 148, 22. 216 236, 166, 634 y 504. Es un paro de enormes dimensiones que abarca la CABA y las tres zonas del conurbano. El paro no fue resolución de la dirección de la UTA sino de la autoconvocatoria de los choferes. La influencia del largo conflicto de los choferes de la zona sur, con sus paros autoconvocados, actuó como revulsivo de esta medida de fuerza que hoy se expande a decenas de líneas. El paro tiene lugar cuando aún no se había secado la tinta de la firma de la ruinosa paritaria de tres cuotas del 1,4 por ciento del básico, tres sumas no remunerativas y un aumento de los viáticos que firmó el secretario general de la UTA. El salario de los choferes ha sufrido una brutal licuación. Las patronales se valen del gobierno antiobrero de Milei para desconocer las ocho horas, no cumplir con las cláusulas de descanso por vuelta en los colectivos, no invertir en vestuarios ni baños para el personal y, en los casos más graves, sin siquiera proveer del vestuario en tiempo y forma a los colectiveros. Avanzando sobre sobre el convenio colectivo, están imponiendo una brutal flexibilización laboral de hecho. El chantaje patronal al gobierno, en reclamo de mayores subsidios, lo pagan los trabajadores, y no sólo en sus sueldos . Al negarse a renovar unidades y no realizar el mantenimiento adecuado del material rodante, están jugando con la vida de choferes y pasajeros. Es más necesaria que nunca una autoconvocatoria general de la UTA para unificar e imponerle a las patronales y al gobierno la defensa del salario y los convenios. Viva la lucha de los choferes. LEER MÁS: Una huelga autoconvocada en las cabeceras de 29 líneas impugna la paritaria firmada por la UTA Por comités de lucha para impulsar una huelga general del transporte. Por Joaquín Antúnez, 06/02/2026.

La gran prensa argentina se ha zambullido en la cuestión de la reforma laboral, y no solamente para relatar las incidencias de su tratamiento en el Congreso. Columnistas de “Clarin” y “La Nación” se han sumado a la “batalla cultural” en defensa de la contrarreforma. Los columnistas en cuestión, pero no sólo ellos, se embarcan en dos grandes imposturas: en primer lugar, presentar a la incertidumbre en el empleo, la pérdida del derecho a una jornada laboral acotada y fija o a las vacaciones en cierto período establecido del año, como un resultado “inevitable” del progreso técnico. Pero a renglón siguiente, llegan más lejos: las condiciones laborales resultantes de esta contrarreforma no serían una imposición de los patrones o el Estado…sino la voluntad de las nuevas generaciones de trabajadores. Tenemos una contrarreforma laboral “a pedido” de los jóvenes. En su columna de Clarín, Diana Baccaro opone la fábrica que retrata Chaplin en “Tiempos Modernos -“una organización del trabajo que deshumanizaba”- a “un mundo presente del trabajo donde “muchos trabajadores priorizan el home office , los esquemas híbridos y una mayor autonomía sobre su tiempo”.(5.2.2026) Pero al igual que en la fábrica de Ford, los trabajadores actuales no priorizan ni eligen nada: las condiciones y modalidades del trabajo, en todos los aspectos, son impuestas por la clase capitalista, con los límites que pueda imponerle la acción colectiva de los trabajadores. Otro columnista, en este caso del diario “La Nación” (Luciano Román), presenta a las condiciones laborales actuales como una elección individual del trabajador: “A la hora de buscar empleo, las generaciones anteriores se fijaban, fundamentalmente, en el sueldo, las posibilidades de ascenso, la jubilación y la cobertura médica”. Hoy, “se fijan en el balance entre trabajo presencial y remoto, en las posibilidades de viajar, en el margen para articular más de una actividad laboral y en un esquema de horizontalidad que, en la medida de lo posible, los exima de tener un jefe” (LN, 5.2.2025). De acuerdo a este columnista, la decisión de tener dos o más empleos no sería una imposición de la miseria salarial -como ocurre con los asalariados que trabajan los fines de semana como choferes digitales- sino una inclinación vocacional. Los actuales trabajadores también habrían optado “libremente” por perder los derechos previsionales. Entre las “nuevas” actividades que reseña el cronista de “La Nación”, se agrega también el alquiler temporario de un cuarto en la propia casa, para sumar unos pesos, o, peor todavía, la especulación con criptomonedas. La degradación social e incertidumbre a la que nos somete el capitalismo -jornada laboral extendida, varios empleos, penuria habitacional- todo esto pasa a ser glorificado por estos defensores a sueldo -si es que lo tienen- de la reforma laboral. Tecnología y relaciones laborales Una de las mayores falacias que se exhiben en estas horas es la que considera inviable el derecho a una jornada acotada, a un salario o a la estabilidad laboral bajo el llamado “capitalismo de plataformas”. Se afirma que, bajo estas modalidades el empleador no puede ejercer un control del proceso de trabajo y, por lo tanto, no puede establecer alguna forma de retribución salarial. Al trabajador por aplicación, en ese caso, no le quedaría otra salida que actuar como “emprendedor”, la forma mentirosa con la que se disfraza el trabajo a destajo en estas modalidades. Por esa vía, el patrón evita el contrato laboral y se sanciona un supuesto contrato de “iguales”, entre un “transportista”(en moto) y un “organizador”. Eso es lo que consagra la contrarreforma que discutirá el Congreso. Lo cierto es que los procesos de trabajo bajo el capitalismo “digital” no tienen nada de “libres” ni de “desarticulados”. La coerción patronal se ejerce con toda su fuerza, echando mano, precisamente, de los recursos de la tecnología digital. Una aplicación de viajes a domicilio conoce perfectamente cuándo y a dónde es transportado cada pasajero y, por lo tanto, el movimiento laboral diario de cada chofer. Un banco que tiene a parte de su personal trabajando total o parcialmente en home office , organiza rutinas y contactos remotos que le permiten el seguimiento de tiempos y tareas de cada uno de sus empleados. Por lo tanto, el control capitalista del proceso de trabajo es tanto o más intenso que el del trabajo presencial. Más aún: la inexistencia de un horario fijo habilita a todo tipo de abusos, obligando al trabajador a estar permanentemente disponible, a través de su computadora o del celular. De allí que haya aparecido la reivindicación laboral del “derecho a la desconexión”. La conversión de un trabajador digital en “emprendedor”, sin derechos laborales”, combina todos los flagelos del control patronal del proceso de trabajo sin una sola de las conquistas arrancadas por la clase obrera en su lucha contra el capital. Es un apéndice del capital digital que lo controla, pero carece de derechos frente a él. Historia y derecho laboral La tentativa de liquidar el derecho laboral como resultado “inevitable” de los cambios en la organización industrial y la tecnología no es, por cierto, una novedad. Desde los años 70 del siglo pasado, las grandes concentraciones obreras con fábricas integradas han sido sucesivamente reemplazadas por sistemas de encargo y de subcontratación. Por esa vía, la industria automotriz terminal terminó siendo una mera armadora y contratista de empresas de menor porte, a cargo de las partes y piezas del vehículo. En esas empresas “pequeñas y medianas” abundaban la precarización laboral, el trabajo no registrado y la sobreexplotación. La integración “remota” fue ampliamente empleada en el proceso de restauración capitalista en China. En las décadas siguientes, los ideólogos de la “flexibilidad laboral” peroraron sobre la “imposibilidad” de defender los convenios únicos por rama, dada la “gran fragmentación industrial”. A despecho de ello, emergió la lucha contra la tercerización, y por conquistar la vigencia del mejor convenio en cada rama. Ahora, la existencia del trabajo digital pretende vendernos la ficción del “fin del trabajo” (asalariado), con el único objetivo de degradar hasta un extremo al joven trabajador de las aplicaciones. Lo cierto es que no existe trabajo más socializado que el trabajo digital: las Apps son gigantescas articulaciones de trabajo vivo, conectadas a través de un programa y una red. El rechazo a su reconocimiento como trabajadores y su precarización extrema no responde a ninguna ley natural o tecnológica: es solamente el resultado de una ofensiva del capital sobre el trabajo; de la apropiación despótica de la tecnología por parte del capital, y de la extorsión que se ejerce sobre el joven sin trabajo; pero principalmente, de la complicidad de las direcciones políticas y sindicales de la clase obrera, que miran para otro lado frente a la degradación laboral a la que son sometidos los trabajadores de las aplicaciones. Lo que “va” y lo que “no va” Los apologistas de la reforma laboral se aferran a los cambios tecnológicos para reclamar un “cambio” o una “alteración” en relaciones laborales que “ya no pueden ser las del pasado”. Pero si el progreso tecnológico bajo el capitalismo debe tener como contrapartida necesaria la degradación del trabajo, entonces lo que “no va” es el propio capitalismo y su evidente senilidad. Que las formas más avanzadas de la industria del conocimiento tengan como contrapartida a las formas más sórdidas de explotación laboral -una App de “Pedidos” articulando a jóvenes en bicicleta o moto- no es una paradoja. Es algo que fue anticipado por el autor de “El Capital” cuando no existían Apps, ni celulares, y ni siquiera motos. Lo que señaló Marx es que el capitalismo, en su desarrollo, acrecentaba la parte del capital –“trabajo muerto”, invertido en máquinas, en tecnología- que sólo transfiere valor, respecto del trabajo “vivo”, único capaz de crear nueva riqueza social. En consecuencia, el capitalista estaba obligado a acentuar el grado de explotación absoluta de esa fuerza laboral, incluso con mayor intensidad a medida que el proceso de trabajo se “tecnificaba”. La misma sociedad que multiplica exponencialmente el rendimiento del trabajo, ahora con la tecnología digital, es la que convierte a ese potencial progreso en un calvario para la humanidad trabajadora. Cuando nos preguntan “qué proponemos” en lugar de la contrarreforma laboral reaccionaria, lo que “proponemos” es el fin del trabajo asalariado, y la asunción colectiva y conciente de la riqueza social creada por los trabajadores. La defensa incondicional de los derechos conquistados en dos siglos de lucha -jornada de ocho horas, estabilidad laboral, convenios- es sólo la plataforma elemental para proyectarnos a esa tarea estratégica.

El gobierno liberticida, luego de fundir al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), lo disolvió y, en contrapartida, creó dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), arrebatándole a Presti una jugosa caja. Esta maniobra había sido anticipada el año pasado por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el exministro de Defensa y actual diputado, Luis Petri. La iniciativa del gobierno apunta a enfrentar la crisis financiera y desde el mismo Ministerio de Defensa señalaron que “el esquema anterior era inviable debido a irregularidades de administraciones previas” (El Destape 6/2), mientras que desde la Casa Rosada objetaron que el “movimiento estratégico está orientado a mitigar el colapso operativo y financiero de la sanidad en las instituciones armadas”, que ellos mismo crearon. Bajo la gestión de Petri, la IOSFA pasó de tener un superávit de $2.960 millones a fines de 2023 a una deuda que, según distintas estimaciones, oscila entre los $126.000 y los $250.000 millones, afectando prestaciones básicas como cirugías programadas en todo el país, despertando el malestar dentro de la “familia militar”. Solo en Mar del Plata se cortaron las prestaciones para los afiliados por una deuda de $ 800 millones con el Hospital Privado de la Comunidad. A este pasivo financiero hay que sumarle que, en enero de 2025, IOSFA tomó una deuda por $40.000 millones con el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), presidido por el “karinista” Franco Adorni, que entre sus funciones se encuentran el pago de 300.000 retiros y pensiones a personal de las Fuerzas Armadas. Las proyecciones indican que el costo financiero será de $48.000 millones, por lo que el Estado terminará pagando $88.000 millones en 36 cuotas. El desguace de IOSFA por parte del gobierno liberticida no se limitó a la cuestión financiera. En enero del 2025 desde el Ministerio de Defensa se aplicaron 150 despidos en todo el país, incluidos quienes habían aprobado los exámenes de idoneidad impuesta por los liberatrios. El desfinanciamiento de las FFAA no se limita al vaciamiento y desguace del IOSFA. Al día de la fecha “el 60 % de los miembros del Ejército están por debajo de la línea de pobreza y el recorte del presupuesto impide realizar entrenamientos normales por ejemplo, con un tanque” (Página 12, 7,2). La motosierra libertaria pega de lleno en el presupuesto en defensa, lo que ha llevado al registro de casi 20.000 bajas en lo que va de gobierno de Milei. La mayoría de las bajas se ha registrado entre los soldados voluntarios, por las bajas remuneraciones . Por medio del DNU 88/2026, el Poder Ejecutivo oficializó la creación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que se encontrará bajo la órbita del Ministerio de Defensa y que tendrá personería jurídica propia para administrar la cobertura sanitaria del personal militar en actividad, civiles de las Fuerzas Armadas, retirados y sus familias. Por su parte la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), dependiente del Ministerio de Seguridad, es decir de Alejandra Monteoliva, que distanciandose progresivamente de su mentora, Patricia Bullrich, se hace del manejo de una gran caja de recaudación. Monteoliva tendrá a su cargo la atención de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina. Desde el gobierno nacional justificaron la medida señalando que “en los últimos años se ha observado una situación de desequilibrio financiero de carácter persistente en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) vinculada, entre otros factores, al incremento sostenido de los costos de las prestaciones médico-asistenciales y de los medicamentos, así como a la heterogeneidad de su padrón de afiliados y a la dispersión territorial de los mismos”. Pasandolo en limpio, el gobierno reconoce haber pagado sobreprecios en medicamentos y prestaciones. Fue el mismo Luis Petri el que firmó un contrato por $50.000 millones con la droguería Suizo Argentina SA, empresa implicada en las coimas de la ANDIS. La gestión de Petri al frente del Ministerio de Defensa dejó un déficit hacia dentro de IOSFA y un incremento de la deuda de la obra social que nucleaba a más de 550.000 afiliados. Según Ámbito, que pudo acceder a la auditoria interna “la propia obra social expone lo que Petri negó en sucesivas ocasiones: el crecimiento de la deuda de IOSFA fue exponencial tanto en forma nominal como ajustada por inflación” (Ámbito 6/2) y deberá ser afrontada por el actual ministro de Defensa Carlos Presti. Por su parte Presti, en un intento de defender la gestión de su antecesor y de encubrir las responsabilidades del gobierno liberticida, señaló que IOSFA, creada en 2013 por la entonces ministra de Defensa Nilda Garré, “no cumplía con las necesidades de la familia militar” y acusó a la gestión kirchnerista de quitarle al sector el gerenciamiento de la sanidad para “ningunearlas” y hacer “revanchismo de los 70″ (La Nación, 7/2). El DNU 88/2026 también establece, ante el desmanejo de la gestión anterior, la protección de los fondos y se fija un esquema de distribución obligatorio para ambas obras sociales. En este sentido, el 80 % de los ingresos serán destinados solamente a prestaciones médico asistenciales, hasta el 8 % será usado para gastos administrativos y operativos, y el 12 % restante podrá destinarse en otras prestaciones sociales, siempre que este asegurada la cobertura de salud. La gravedad financiera, llevó al gobierno liberticida a poner a las dos obras sociales bajo la auditoría permanente de la Sindicatura General de la Nación, órgano de control interno que depende directamente del Poder Ejecutivo. El gobierno nacional pone al zorro al cuidado del gallinero. Un militar en actividad le señaló a LPO sobre la creación de OSFA que "hay expectativa y cautela con la decisión. Los jefes militares habían hablado con Presti y estaban presionando para que el decreto saliera publicado esta semana, tras haberlo estado puliendo", y agregó que "El impacto en los afiliados será el verdadero desafío, ya que en papel todo parece muy bien pero hay que ponerlo en funcionamiento", bajandole la espuma al entusiasmo de Presti y sus camaradas en funiones en Defensa, ya que el grueso de la “familia militar” entiende que la puesta en pie de una nueva obra social se inscribe en un proceso complicado y delicado. El militarismo enarbolado por el gobierno liberticida, reforzado con el nombramiento de Presti al frente de Defensa y por la puesta en funciones civiles a militares en actividad , tiene fisuras que abonan el malestar hacia dentro de las FFAA., augurando choques entre los militares y la camarilla gobernante. La creación de las dos obras sociales abre un proceso de transición que tiene como punto neurálgico quién se hará cargo de la deuda contraída por la pandilla libertaria. Llegado el momento, Milei, el topo que vino a destruir al Estado desde adentro, habilitará fondos públicos para cubrir las tropelías de sus subordinados.

El Gobierno Nacional no se tomó vacaciones. Durante enero y febrero, mientras los trabajadores intentábamos sostener el día a día, el Ejecutivo se dedicó a "juntar voluntades" entre los senadores de la oposición y a mantener reuniones con una CGT que ya aceptó el rol de espectadora: movilizar sin molestar, marchar sin parar. Lo que se negocia en el Senado no es una reforma técnica; es un retroceso histórico de cien años. Bajo el eufemismo de "Modernización Laboral", el proyecto busca arrebatarnos el derecho a la asamblea, la protesta y la huelga. Pretenden instaurar un régimen de flexibilidad absoluta donde la patronal disponga de nuestras vacaciones, desaparezcan las horas extras y la indemnización sea un recuerdo del pasado. Desde nuestra Junta Interna lo venimos denunciando en cada comunicado, en cada charla debate y en cada jornada de lucha. No les alcanza con el ajuste salarial que, en los últimos diez años, nos ha robado el 60 % de nuestro poder adquisitivo. Ahora, el Gobierno y el sector empresario buscan asestar el golpe final a la clase trabajadora antes de que esta pueda reorganizarse. El pedido de desafuero y despido de la Junta Interna del Garrahan no es un hecho aislado: es el laboratorio del nuevo modelo, donde perseguir a las direcciones sindicales combativas será la norma legal. Mientras tanto, gran parte de la dirigencia sindical duerme tranquila. Algunos son firmantes directos del proyecto; otros, desde una supuesta oposición, repiten el mantra del "todavía hay 2027". Usan la agenda electoral como las anteojeras de los caballos, forzando una visión estrecha que les permite ignorar la realidad que tenemos frente a nuestros ojos. En la Provincia de Buenos Aires, nuestro propio gremio enrolado en la CTA no ha movido un dedo para preparar esta lucha. Por el contrario, han convalidado paritarias a la baja, ajustándose a una estrategia electoralista mientras se cocina una traición histórica al movimiento obrero. ¿Qué hacemos ante este escenario? El desprestigio de las direcciones actuales es evidente, pero no podemos permitir que su inacción sea nuestra derrota. Desde ATE LEGISLATURA DIPUTADOS nos pronunciamos por el PARO Y MOVILIZACIÓN ESTE MIÉRCOLES 11 . Pero sabemos que con un día no alcanza. Urge recuperar la democracia sindical desde las bases: organizar plenarios, asambleas y coordinadoras que nos permitan tener una voz propia, independiente y que luche hasta triunfar. Sin ninguna expectativa en el parlamento ni en la burocracia vendida, preparemos una huelga general, en unidad con todos los sectores en lucha, para frenar esta reforma antiobrera, para ir por todas nuestras reivindicaciones y superar el freno de la burocracia sindical. El 11 de febrero, todos al Congreso!* JUNTA INTERNA ATE LEGISLATURA DIPUTADOS

El Washington Post, tal vez uno de los diarios más prestigioso del mundo, en medio de un apoyo cada vez más descarado a Donald Trump, despidió la semana pasada al 30% de su personal, trabajadores del área comercial y más de 300 periodistas de los 800 que componían la redacción. Jeff Bezos, el creador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, compró el Post hace 8 años. Con estos despidos diezma las secciones de deportes, noticias locales y cobertura internacional. Dice el New York Times, “las secciones emblemáticas del diario”. The Post Guild, la plataforma sindical de los trabajadores del Post, aseguró en redes sociales: “Solo en los últimos tres años, la plantilla de The Post se redujo aproximadamente en 400 personas (se incluyen los cerca de 300 de esta semana). Continuar eliminando puestos de trabajo solo debilita al periódico, ahuyenta a los lectores y socava la misión de The Post: exigir responsabilidades al poder sin miedo ni favoritismos y proporcionar información crítica a comunidades de toda la región, del país y del mundo". Pero si hay algo que Bezos no pretende en absoluto es “exigir responsabilidades al poder sin miedo ni favoritismo”. “El Post”, que se publicó por primera vez en 1877, es una institución nacional y en Estados Unidos se considera un símbolo de la libertad de expresión, sobre todo a partir del caso Watergate, la investigación de los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein que acabó con la presidencia de Richard Nixon en 1974. El director ejecutivo Matt Murray confirmó el despido de un tercio del personal en una videoconferencia de apenas 12 minutos el 4 de febrero. Explicó que Bezos “había perdido demasiado dinero” y que el tráfico de noticias on line –“en parte por el auge de la IA generativa”- se había reducido a casi la mitad en los últimos tres años. “La gente no lee sus artículos”, espetó a los despedidos, alguna de las plumas más reconocidas del periodismo occidental. Todos los comentaristas, sin embargo, coinciden en que “el giro ideológico de la publicación desde hace un par de años le ha supuesto una gran pérdida de suscriptores” (El País 5/2). Con el ajuste en curso desaparecen las secciones de deportes, de libros y el pódcast diario “Post Reports”. Redujeron drásticamente la información local y la internacional, emblemas del diario. También despidieron a los corresponsales extranjeros y enviados especiales, lo que supone la desaparición de todo los equipos de Oriente Medio, India, Australia y Ucrania. El editor del área internacional, Peter Finn, renunció. También echaron a la totalidad de los fotógrafos. En lo sucesivo el diario se centraría más en las noticias y la política nacionales, así como en los negocios y la salud, dijo Murray. En una demoledora nota en The Atlantic, la varias veces Premio Pulitzer Ashley Parker, que supo editar 8 años el Post hasta que se fue dando un portazo, señala que el desguace de la redacción vuelve imposibles las coberturas de fondo tradicionales del diario y promueven un medio más trivial, de lectura rápida. La debacle del Post tiene muchas explicaciones. Aunque es irrefutable la crisis de la prensa escrita en el contexto de explosión de las redes sociales, a fines de 2003, Bezos reorganizó a toda la mesa de editores y contrató a Will Lewis, un editor británico involucrado en varios escándalos. Lewis apeló a la inteligencia artificial para potenciar los comentarios, los podcasts y sumar noticias breves y “livianas”. Simultáneamente, Bezos ordenó cancelar el apoyo a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris. En respuesta, en un par de días cientos de miles de suscriptores cancelaron sus suscripciones. Los despidos están generando un terremoto político, que precipitaron la renuncia de Lewis. En las redes, los trabajadores exigen que Jeff Bezos cancele de inmediato los despidos o venda el periódico “a alguien dispuesto a invertir en su futuro”. “Este es un día trágico para el periodismo estadounidense, la ciudad de Washington y el país en su conjunto”, dijo Jeff Stein, corresponsal jefe de economía. El exdirector ejecutivo Martin Baron - el diario obtuvo once premios Pulitzer durante sus ocho años de mandato- afirmó que el miércoles “figura entre los días más oscuros de la historia de una de las organizaciones de noticias más importantes del mundo (…) al público se le negará la información de base, basada en hechos, sobre nuestras comunidades y sobre el mundo, que es más necesaria que nunca”, escribió. Baron sabe de lo que habla. Durante el primer gobierno de Trump, Baron dio luz verde a una versión gráfica del informe Mueller, que investigó las maniobras de republicano en 2016 para torcer el resultado electoral en su favor, en alianza con Rusia. Trump intentó infructuosamente echar al fiscal Mueller y prohibió la difusión de las conclusiones de la investigación, que el Post publicó sin pestañear. Otro choque con Trump se produjo cuando el Congreso se negó a crear una comisión (al estilo del 11 de septiembre) para investigar el asalto al Capitolio y el intento de autogolpe del republicano el 6 de enero de 2021, para impedir que Biden asumiera. El Post, dirigido por Baron, decidió entonces hacer lo que el Congreso no haría: formó un equipo de un centenar de periodistas de toda la redacción que produjo una exhaustiva investigación, «The Attack», considerada la historia definitiva del ataque fascista promovido por Trump al Capitolio. Es esa tradición la que Bezos quiere borrar. “Los repugnantes esfuerzos de Bezos por ganarse el favor del presidente Trump han dejado una mancha especialmente fea. Se trata de un caso de estudio de destrucción de marca casi instantánea y autoinfligida”, concluyó Baron. El pasado jueves, a pesar de las temperatura bajo 0, hubo una protesta ante la sede en Washington del periódico. Centenares de personas, periodistas y lectores, corearon consignas y mostraban pancartas, algunas con lemas como “Don´t murder The Post” (“No asesinen al Post”). “Este periódico es una defensa esencial contra cambios aterradores en nuestra política y cultura. Creo que estamos al borde de dejar de ser una democracia libre y, en algunos casos, ya hemos pasado a un modelo autoritario”, dijo un periodista que suma varias décadas en la jefatura de redacción. Claire Tran, que trabajó como editora de redes sociales en el Post durante dos años, opinó que “la frase la democracia muere en la oscuridad es cierta y Bezos está apagando las luces. La democracia estadounidense sufre otro golpe bajo Trump”. Muchos afirman que detrás de los recortes hay algo más que una cuestión financiera. La revista The Atlantic publicó una columna demoledora de la multipremiada periodista Ashley Parker contra Bezos y Lewis. "Estamos presenciando un asesinato", dice la nota que afirma que “la destrucción del Post es parte de un plan”. Desde hace varios años, hay un éxodo de redactores que se alejan asqueados por el viraje derechista del diario y el deterioro de las condiciones de trabajo y su impacto en la calidad de la información. Entre 2023 y 2025, más de 200 se acogieron a algo parecido a un retiro voluntario. En marzo pasado, Bezos anunció que la sección Opiniones se concentraría en adelante en los dos pilares de «las libertades personales y el libre mercado». Más alarmante aún, Bezos advirtió: “Los puntos de vista contrarios a esos pilares se dejarán para que los publiquen otros”. La editora Ruth Marcus renunció en el acto. En este momento no hay una sola columna que se pudiera considerar progresista o liberal en el sentido norteamericano del término, dice Marcus en un largo texto del New Yorker. “La inclinación a los elogios aduladores es inconfundible”, señala. La libertad de prensa es incompatible con la regimentación de las relaciones sociales, el control policial de las calles, el secuestro y el asesinato de personas, la vulneración más brutal de las libertades públicas.

Mientras la extensión de la Conciliación Obligatoria vence en las próximas horas, la novedad es que las dos plantas restantes del grupo Lustramax, Vymat y Barman, están en huelga contra el atraso en el pago de los salarios (debían cobrar el mes de enero el jueves pasado y siguen sin cobrar). En la audiencia en el Ministerio de Trabajo de Grandbourt, el pasado 3 de febrero, la patronal de Lustramax había comunicado que cumpliría la Conciliación Obligatoria, que se extendió como siempre por 5 días hábiles, hasta este martes. Los 13 despedidos ingresaron a trabajar, incluidos los dos delegados. La empresa anunció que iniciaría el juicio de desafuero contra uno de los dos delegados y amenaza abiertamente con iniciar el del otro. La empresa habría pedido que el delegado curse el juicio fuera del lugar de trabajo. Ni la presión de la Gendarmería, ni la agitación mediática, ni las amenazas pudieron quebrar a una mayoría de trabajadores que sostuvo su posición junto a los delegados y los despedidos. La Conciliación Obligatoria, aún con los trabajadores adentro, no significa la reincorporación definitiva de los trabajadores. La lucha por la reincorporación de los despedidos y por la defensa de los puestos de trabajo continúa abierta. ¡Por la unidad de la lucha con Vymat y Barmant!

Los desafueros, sanciones y despidos a trabajadores y delegados del hospital Garrahan son un claro ataque fascista, con el propósito de aleccionar al conjunto de la clase obrera. Con las medidas disciplinarias, directivos del hospital y el Gobierno atacan la filiación ideológica de los representantes gremiales sancionados y apuntan a dividir a la clase obrera. Así lo reconoció el jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien publicó en la red X: “La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin". En una nota publicada en La Nación el 4 de febrero titulada "Cómo se gestó la decisión del gobierno de despedir a 10 dirigentes sindicales del Hospital Garrahan", directivos del hospital sostienen que el principal argumento por el que proceden a aplicar las investigaciones sumarias es que la ocupación de las oficinas de la dirección realizada en octubre de 2025 tuvo fines políticos y de campaña electoral. “Durante 2025, que fue un año electoral, hubo 40 paros y la frecuencia fue aumentando hacia las elecciones. Solo los primeros días de septiembre, tuvimos nueve paros.” afirmaron en dicho medio (La Nación, 4/02/2026) y acusan: “De los 44 delegados que participaron, diez eran candidatos a diputados por partidos de Izquierda. El Garrahan es su plataforma de campaña, no su lugar de trabajo. Son vividores del hospital porque lo utilizan para eso.” Los directivos y el Gobierno, de esta manera, convierten a un profundo conflicto salarial apoyado por la totalidad de trabajadores, profesionales y pacientes, en una conspiración política. Por su parte, Mario Lugones, el ministro de salud que más ha favorecido a las prepagas, expresó en la red X: “no vamos a permitir que unos pocos usen el hospital como escenario político” y fue más a fondo, defendiendo la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina al manifestar que “desde el Ministerio de Salud vivimos en primera persona las operaciones y las mentiras”. La movilización a la dirección del hospital, que los mismos trabajadores del hospital definieron como permanencia pacífica, fue originada por descuentos de hasta $600.000 en salarios de alrededor de $800.000. Para las autoridades del hospital la ocupación de la dirección “fue un punto de quiebre”. Están en lo cierto, pues luego de meses de lucha y de esta medida es que se conquista un aumento salarial que rompe el cepo que pretendía imponer el Gobierno. Esta conquista favoreció al conjunto de los trabajadores del hospital. En el mismo artículo las autoridades del Garrahan además expresan que las sanciones no sólo respondieron a una “necesidad estratégica” para garantizar el normal funcionamiento de los servicios, sino también a un supuesto “reclamo del personal” que no adhería a las protestas (ídem, 4/02/2026). De esta forma, pretenden introducir una cuña de división en una lucha que agrupó desde enfermeras y técnicos hasta jefes de servicio. En el mismo artículo sentencian: “No es cierto que no hablamos con los gremios. No hablamos con los políticos”. Y agregan que en el hospital intervienen otros sindicatos, como la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), con quienes tanto el Consejo de Administración como Pirozzo mantienen los canales de diálogo abiertos. Estos dos sindicatos son los más “políticos” de todos. Defienden la “política” del gobierno, como burócratas peronistas que son, y estuvieron completamente ausentes de los reclamos de los trabajadores y residentes. Son los que firmaron las paritarias de miseria que fueron cuestionadas y derrotadas. El ataque al activismo del hospital sucede en las vísperas del tratamiento de la ley de contrarreforma laboral en el Senado, la cual pretende eliminar el derecho laboral y transformar a los lugares de trabajo en una dictadura patronal. La persecución invocando posiciones políticas delata la impronta fascista del gobierno. Al momento las sanciones no son efectivas. Ahora se inicia el proceso administrativo por el cual el personal sumariado debe presentar pruebas y hacer sus descargos. Luego de esta etapa, ya con esas presentaciones, el área a cargo de la investigación administrativa puede cambiar o mantener las sanciones consideradas en cada caso y, una vez notificados los involucrados, se harían efectivas. En el caso de los delegados y representantes sindicales, la justicia laboral es la que puede levantar los fueros gremiales para imponer la sanción. Para responder a estas medidas, los trabajadores presentaron un recurso de amparo; además, el miércoles 3 de febrero realizaron una conferencia de prensa y luego un cabildo abierto en la puerta del hospital. Este lunes 9 de febrero realizarán una asamblea general en la cual definirán cómo seguir y tienen pensado movilizar este 11 de febrero. Es necesario impulsar la más amplia solidaridad organizando en todos los lugares de trabajo el rechazo a la contrarreforma laboral y la persecución al activismo. El ataque a los delegados y activistas del hospital Garrahan es una prueba de fuerza respecto de la capacidad de la clase obrera que lucha para responder al facismo. LEER MÁS: Cabildo abierto en el hospital Garrahan Decenas de desafueros y despidos. Por Daniela Magoc, 05/02/2026.

El 6 de febrero se llevaron adelante plenarios de secretarios generales de las dos CONADU (sindicatos de la docencia universitaria). Ambas votaron como primera instancia llamar a parar y marchar el 11 de febrero, día del tratamiento de la reforma. En ambas reuniones se fijó una fecha de congreso de delegados para la primera semana de marzo, a fin de evaluar las acciones de lucha e impulsar asambleas en este periodo para recoger los mandatos. En el caso de CONADU planteó como propuesta, de cara a las asambleas, que cada universidad deberá impulsar jornadas de paro durante la semana del 16 de marzo y evaluar la continuidad de medidas a lo largo del cuatrimestre. Organizar la instalación de una carpa educativa y la construcción de una nueva marcha federal por la Universidad pública. El plenario de CONADU H En el caso de CONADU Histórica, superando los planteos de la conducción de la federación, que se limitó a llamar a parar el miércoles 11 y sumarse a la marcha que se concretará ese día, se expresaron planteos de una lucha a fondo como ocurrió con la intervención de los secretarios generales de ADIUNJU (Jujuy), AGD UBA, CÓRDOBA, SITRADU (Entre Ríos), ADU (San Luis), quienes señalaron la necesidad de ir a un paro por tiempo indefinido. ADIUNT (Tucumán) fue la única asociación que desarrolló la necesidad de preparar el debate y empezar a organizar la huelga general, que supere la lucha meramente gremial y prepare una pelea política frente a los ataques al conjunto del pueblo trabajador que viene impulsando el Gobierno. Otros sectores no tenían propuestas de cómo iniciar el año académico, pero sí hicieron una crítica a los paros desgranados que se llevaron adelante el año pasado. No surgió ninguna posición de las que suelen expresar pidiendo paros progresivos de 24 o 48h. Reflejando el ambiente más radicalizado, un sector de la Lista Verde (vinculada a ATE) y el PCR, agrupamientos que conducen en un frente la federación, no hicieron un balance del papel que la conducción de CONADU H y el Frente Sindical han jugado el año pasado llevando al desgaste y la frustración la lucha universitaria, pero si expresaron en sus intervenciones que es preciso ir a un paro de no menos de una semana, luego evaluar cómo continuar y que el paro tenía que ser de manera conjunta por lo menos con la otra CONADU, si es que no se podía impulsar con todo el Frente Sindical. El Secretario general de ADUS (Bahía Blanca) señaló que tuvieron que convocar a asamblea la última semana de enero, aún en vacaciones, por la presión de la propia docencia frente a un escenario de hundimiento general de los salarios y las condiciones de vida. El Gobierno y el CIN En el plenario de CONADU H se informó que el CIN inició negociaciones con el Gobierno. Como resultado de esta primera reunión del gobierno con los rectores, estos salieron a reivindicar la postura del gobierno. “Fue una reunión de acercamiento en la dirección correcta”, planteó Carlos Greco, rector de la Universidad de San Martín y ejecutivo del CIN, saludando el encuentro. El Gobierno convocó al CIN con la idea de discutir “la ley de financiamiento universitario”, que tuvo su recorrido parlamentario, contó con un fallo de la Justicia para que se procediera a su aplicación, pero para el Gobierno con el silencio cómplice de todo el arco “opositor” no forma parte del presupuesto 2026. Nuevamente los rectores se han colocado de garantes, como ocurrió en abril del 2024 luego de la primera marcha federal educativa, para frenar el inicio de cualquier tipo de lucha universitaria a cambio de migajas, en medio de un proceso de deliberación y movilización que se llevará adelante contra la reforma laboral, la reforma de libertad educativa, la ley de glaciares, la baja a la edad de imputabilidad. Este encuentro se llevó adelante el 4 de febrero, a días de que las universidades abran sus puertas, luego de las vacaciones. El Gobierno busca la manera de evitar que estalle el conflicto nuevamente. La contrarreforma laboral y el paro y movilización del 11 Las dirigencias tanto de CONADU como de CONADU H han planteado la posibilidad de un llamado de los rectores para informar de las reuniones con el Gobierno. Nada hay que esperar del gobierno y tampoco del CIN y colaboradores. Esta semana la docencia universitaria tiene el desafío de parar y ganar las calles contra la contrarreforma fascista de Milei y el FMI. Luego, la tarea es poner en pie asambleas y autoconvocatorias que se vayan pronunciando por el paro por tiempo indefinido que prepare las condiciones para abrir paso a un proceso huelguístico, por el salario, por la educación pública, contra las políticas privatistas y de destrucción del gobierno de Milei. La deliberación en CONADU H da una señal, pues rompiendo los plenarios rutinarios emergieron planteos de ir una lucha a fondo. LEER MÁS: Frente a la política de destrucción educativa, organicemos la huelga general Por Anahí Rodríguez, 02/02/2026. VER LA SIGUIENTE ENTREVISTA: ENTREVISTA A ANAHÍ RODRIGUEZ, SECRETARIA GENERAL DE LA ADIUNT, MILITANTE DE TENDENCIA UNIVERISTARIA CLASISTA Y DE POLÍTICA OBRERA TUCUMÁN, EN ENTERATE PLAY 90.5, 26/01/2026 Publicada en la página de FB Nacional de Política Obrera.

A comienzos de enero, trabajadores municipales bajo el plan Sipem, con una contratación de locación precarizada, fueron despedidos por no renovación de contrato. Esto fue anunciado con anticipación por parte del intendente kirchnerista Pablo Grasso, sin que implicara ninguna acción de organización y resistencia por parte de la conducción del SOEM. Ante la notificación de los despidos, los trabajadores junto a los delegados de Espacios Verdes iniciaron un reclamo en el ingreso al sector, con quema de cubiertas, exigiendo la renovación, el pase a planta y reclamos laborales específicos. El plan Sipem funciona desde hace años. Se mantienen con contratos de locación, renovados arbitrariamente por el ejecutivo, y representa una forma precarizadora de trabajo. Una metodología usada frecuentemente y expandida a todos los sectores laborales por parte del kirchnerismo. Estas formas de desconocimiento de los derechos laborales siempre sirvieron para el punteraje y el control de las burocracias sindicales, ya sea en los ferrocarriles, en las pesqueras, petróleo, salud, escuelas o municipios. Los delegados junto a los trabajadores de Espacios Verdes reaccionaron en forma determinante frente a los despidos, logrando la reincorporación y la renovación para el resto de trabajadores que prestaban servicios en otros sectores. Una enorme victoria. El intendente Grasso, además de los contratos precarizados, la desinversión en los sectores y el pago fuera de término, mantiene un salario inicial de $600.000 (categoría 10) hasta $1.500.000, el escalafón más alto, con 25 años de antigüedad. Es decir, desde el comienzo hasta la jubilación, los municipales no alcanzan al costo de la canasta familiar, en $2.090.000 según ATE Indec, en su mayoría no llegando siquiera a cubrir la mitad. Entrevistamos a uno de los delegados de Espacios Verdes, Abel Mariman, referente además de la oposición antiburocrática en el Soem Río Gallegos. -Entrevistadora: Hola, Abel. Esta entrevista es para nuestro periódico digital de Política Obrera. En principio nos interesa que nos comentes sobre la última lucha que se inició en tu sector y cuál fue el resultado. -Abel Mariman: La última lucha se originó por dos despidos arbitrarios a compañeros de contrato Sipem, que funciona como un preingreso a contrato categoría 10 de la Municipalidad de Río Gallegos. Se inició con un proceso de asamblea permanente y medidas de fuerza, que consistieron en retención de tareas con acciones gremiales en el acceso al predio en el cual trabajamos. Tuvo como resultado el acuerdo entre el Soem y el ejecutivo para la renovación de contrato hasta diciembre del corriente año. -Hay una puja mediática entre municipio y provincia por los fondos. ¿Que opinión tenés sobre esto? -La disputa se da en el contexto de crisis que se agudiza día a día. El municipio sufre una asfixia financiera al igual que la provincia, por ingreso de coparticipacion. En este sentido, tanto los vecinos como los empleados municipales se ven en una situación de ahogo económico. También los salarios están estancados y existe una recesión económica, lo cual dificulta la recaudación. Tanto trabajadores como vecinos ya no podemos soportar más ajuste ni impuestazos. Mi opinión es que en este proceso debemos unificar las luchasde trabajadores y vecinos, para exigir que se optimicen los recursos a fin de que los compañeros municipales podamos brindar un mejor servicio y para que los vecinos no se vean afectados por los impuestazos. -¿Qué rol ha tomado la conducción del SOEM en el reclamo de los trabajadores? ¿Es independiente del gobierno municipal? -En el último reclamo nos acompañaron, entendiendo la situación, y respetaron las decisiones de asamblea. Las asambleas de base son muy importantes en nuestra vida como sector. Pasamos por muchas situaciones complejas, pero continuamos organizados y creo que la conducción entendió el mensaje que están dando los compañeros porque este reclamo es parte de la lucha contra la reforma laboral, que no sólo va a dar en el sector privado sino también en el Estado, con despidos y un cambio de las relaciones laborales que perjudica a los asalariados. En cuanto a la independencia del ejecutivo, la conducción fijó una clara posición de acompañamiento a la gestión de Grasso, por eso también la arbitrariedad con la que se maneja el intendente. -Has participado de la marcha de los pacientes de la obra social provincial (CSS). ¿Cuál es el reclamo y cómo surgió? -Los reclamos de la CSS son parte de afiliados autoconvocados, que se organizan exigiendo respuestas inmediatas. No hubo un impulso de los sindicatos, pero si el acompañamiento. A fines del año pasado fue por los pacientes con TEA y ahora fue convocada por los pacientes trasplantados, oncológicos y enfermedades poco frecuentes. Son reclamos urgentes donde muchas vidas están en peligro y a Sorucco ni a Vidal les preocupa. Solo buscan evadir la realidad responsabilizando a la deuda de los municipios, pero ignorando que es el Estado provincial el que se hizo cargo de la caja de servicios sociales. -¿Que opinión tenés sobre la cuestión de la huelga general? -La huelga general es el único camino para impedir la reforma laboral y también este plan de ajuste macabro, la única manera de afectar a los capitalistas es paralizando la producción. Lamentablemente las conducciones como la CGT cumplen con su rol de contención y de entrega del movimiento obrero, pero hoy podemos ver cómo se están dando procesos de lucha en fábricas que marcan la hoja de ruta de nuestra clase. -Hay un debate sobre autoconvocatorias, asambleas, etc. y la exigencia a las conducciones sindicales burócratas. ¿Qué opinás? -Pienso que a los sindicatos los hicieron los trabajadores y cualquier movimiento, ya sea espontáneo o de autoconvocatoria, es una forma de hacer visible un reclamo, porque las cúpulas sindicales están incumpliendo los mandatos de las bases. Estamos en un contexto social donde no podemos "pedirle peras al olmo", necesitamos solidaridad y acompañamiento en todas las luchas para enfrentar el terrible ajuste del FMI.

La docencia santafesina no aguanta más. Mientras nuestros salarios se hunden en la indigencia y nos revientan la salud persiguiendo un "premio" -ruinoso y en negro- que sólo sirve para estirar la miseria y que excluye a jubilados, el gobierno de Pullaro y Goity lleva a fondo su ofensiva antieducativa. Es inadmisible que las conducciones gremiales en lugar de preparar la lucha contra la reforma laboral de Milei y los gobernadores, sigan alimentando expectativas en una paritaria que el Gobierno ya clausuró de facto. Pullaro ha gobernado por decreto, imponiendo rebajas salariales que nos hundieron en un piso histórico. Los docentes y jubilados perdimos entre 7,5 y 9 millones de pesos debido a esta política de ajuste, según relevaron los gremios docentes. Esto, sin tener en cuenta la falsedad en la medición del índice de precios al consumidor que se sostuvo todos estos años, como ha revelado el reciente escándalo en el INDEC . La extorsión de Pullaro Ahora anuncian un endurecimiento criminal del presentismo. Pullaro y Goity obligan a los trabajadores a elegir entre su bienestar físico y mental o garantizar el alimento de sus familias. Buscan aniquilar el derecho constitucional a la licencia por enfermedad para seguir confiscando salarios. Este ensañamiento contra la educación explica los recurrentes escraches que sufre el gobernador allí donde se presenta y el rechazo masivo que tuvo en las urnas . Su gestión será recordada por la mayor violencia laboral en la historia de la provincia. Hay que ir a la huelga con todo por los reclamos urgentes Al igual que Milei, Pullaro y su ministro de Educación repiten el lema "no hay plata", mientras el equilibrio fiscal se asienta sobre el desmantelamiento de la salud y la educación pública. Pullaro se jacta de aplicar una "motosierra" más profunda que la nacional, anticipando su apoyo a una reforma laboral redactada por las patronales para abolir los derechos de los trabajadores. Como un patrón de estancia, Pullaro declaró a los medios que “el inicio de clases está garantizado”. Sin embargo, se desarrolla una revuelta policial que ya lleva una semana y que tomó la provincia con movilizaciones, cortes, marchas de antorchas y quema de cubiertas, por parte del personal de las fuerzas de seguridad y sus familiares. El otorgamiento de un plus y adicionales salariales de $500.000 y bonos de $250.000, entre otras prendas, fue rechazado de plano por las fuerzas policiales que han resuelto continuar y escalar las medidas. El tembladeral en las fuerzas represivas de Pullaro se da en el marco de una ola creciente de quiebras y cierres de fábrica , despidos y suspensiones que asola la provincia, mientras que en simultáneo se multiplican las luchas obreras en defensa de la fuente laboral . En este cuadro, el camino que debemos emprender es el opuesto al que plantea la CDP de AMSAFE: frente a una paritaria trucha, no puede sentarse a discutir nada, si antes no tiene un mandato de una asamblea provincial, con un programa y un plan de lucha votado por toda la docencia. Si la conducción no convoca a una Asamblea Provincial de manera perentoria, las bases debemos impulsar asambleas y plenarios de delegados autoconvocados para resolver el plan de lucha. Por aumento de emergencia del 100 %, por salario inicial por cargo equivalente a la canasta familiar, hoy sobre los $2.500.000 y por el 82 % móvil para jubilaciones. Abajo la reforma previsional y el presentismo, Cobertura total de prestaciones del IAPOS. Por titularizaciones y traslados, por la urgente creación de horas y cargos. Por una huelga general contra la reforma laboral antiobrera y por todos los reclamos. TENDENCIA DOCENTE CLASISTA 7/2/2026

La docencia autoconvocada de Catamarca se reunió el jueves 5 de febrero, en una jornada donde se concretó una importante deliberación e iniciativas de organización y lucha. Se abordaron los problemas urgentes e inmediatos que atraviesan los trabajadores de la educación, partiendo desde el salario, la cobertura de cargos y la estabilidad laboral. A partir de esto, se planteó la necesidad de avanzar en una agenda que combine la lucha por estas reivindicaciones concretas con una posición clara frente a la política educativa del gobierno nacional y provincial, repudiando la contrarreforma laboral y educativa y pronunciándose en defensa del medioambiente y el agua. Entre las principales iniciativas surgidas del encuentro se resolvió promover acciones de lucha, llevar las resoluciones a las localidades del interior para fortalecer la organización desde las escuelas y coordinar con otros sectores en conflicto, como los trabajadores de la salud. La convocatoria fue ampliamente difundida y contó con la participación de docentes de cinco departamentos, del valle central y el oeste provincial, pertenecientes a todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Desde distintas localidades del interior llegaron aportes, posicionamientos y mensajes de apoyo que enriquecieron la deliberación y reforzaron el carácter representativo del encuentro. La jornada se extendió desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas. En el informe de apertura se caracterizó la situación educativa provincial y nacional, concluyendo que la crisis no es aislada ni coyuntural, sino parte de una política general de vaciamiento y desmantelamiento del sistema educativo. El debate permitió articular la realidad catamarqueña con las definiciones del gobierno nacional, señalando la regresión histórica que implica el ataque a la educación pública como derecho social. En ese marco, el encuentro aprobó resoluciones centrales. En primer lugar, la exigencia de un aumento salarial inmediato, con recomposición real conforme al costo de vida y la duplicación del sueldo básico docente, aplicable de manera proporcional a todos los cargos. En segundo lugar, la cobertura inmediata de cargos mediante la publicación de listados oficiales, la convocatoria a asambleas y concursos en todos los niveles. En tercer lugar, la estabilidad laboral, reclamando la titularización inmediata y el respeto de los mecanismos democráticos establecidos en el Estatuto del Docente. Asimismo, se defendieron los puestos de trabajo frente a la política oficial que pretende justificar el cierre de cursos y la reducción de cargos apelando a la caída de la tasa de natalidad y de la matrícula. El encuentro rechazó estos argumentos, señalando que los cambios demográficos no pueden utilizarse como excusa para destruir el sistema educativo ni para precarizar a la docencia. Durante el debate estuvo muy presente el análisis de las consecuencias de la contrarreforma laboral y educativa y de la llamada “ley de libertad educativa”. Se advirtió sobre la amenaza directa al Estatuto del Docente, la relativización de la estabilidad laboral, regimentar la vida interna de las escuelas y sobre el intento de desarticular el sistema educativo nacional, profundizando la disgregación existente y expulsando a amplios sectores sociales del acceso a la educación. En este sentido, se afirmó que la lucha en Catamarca forma parte de una lucha más amplia y de conjunto de la docencia y de los trabajadores del país. En los mismos términos, el encuentro se pronunció en defensa del medioambiente y el agua, rechazando la reforma de la Ley de Glaciares y alertando sobre sus efectos nocivos para las comunidades del interior, especialmente en el oeste catamarqueño. La defensa del territorio, del agua y de la vida fue asumida como una causa inseparable de la defensa de la educación pública. Durante la jornada, el encuentro recibió el saludo y el acompañamiento de trabajadores de la salud que se encuentran movilizados en defensa de su salario y de sus condiciones laborales, en la asamblea permanente del Hospital San Juan Bautista, de la Capital. Se expresó el apoyo mutuo y se destacó la necesidad de avanzar en la coordinación de las luchas en un contexto adverso para el conjunto de la clase trabajadora. El encuentro también expresó su solidaridad con todos los sectores de trabajadores de la provincia que hoy luchan por su sustento frente a despidos, precarización y cierre de fuentes laborales. Finalmente, se señaló el rol del conjunto de la burocracia sindical, denunciando su complicidad con el Gobierno y su función como freno a la organización y la lucha. El encuentro dio un paso importante en el fortalecimiento de la docencia autoconvocada como herramienta para superar estos límites, apostando a la movilización, la acción conjunta y la organización desde las bases. Como parte de las resoluciones, el encuentro decidió promover una manifestación el próximo miércoles 11 en rechazo al proyecto de contrarreforma laboral y, asociado a ello, los reclamos inmediatos por recomposición salarial, estabilidad y condiciones laborales. Se va a llamar a otros sectores en lucha, en especial los trabajadores de la salud, a concretar la movilización de manera coordinada. Se ha dado un importante paso adelante imprimiendo continuidad a todo el proceso de lucha y organización autoconvocada que se desenvolvió el año pasado.

La prensa de Estados Unidos ha aportado cierta claridad acerca de las intenciones de la camarilla de Trump para Cuba. Mientras Trump reitera que su gobierno se encuentra en conversaciones con las autoridades políticas de la Isla con el propósito de imponer el remate del territorio al capital financiero norteamericano y en especial a sus grupos inmobiliarios, nada de esto está ocurriendo efectivamente. Díaz Canel, el presidente de Cuba, ha manifestado en forma pública la disposición de su gobierno para atender a los planteos de Trump, aunque sin precondiciones ni violaciones de su soberanía. Todo este dimes y tiretes es, sin embargo, insustancial, porque el gobierno norteamericano ha puesto en cuarentena a toda la Isla: el ‘resto del mundo’ ha aceptado integralmente interrumpir la provisión de petróleo a Cuba para evitar las sanciones económicas que Trump estableció mediante una orden ejecutiva. Cuba ha adoptado cortes de energía para evitar un colapso inminente o al menos dilatarlo. Cuba se encuentra sometida en la actualidad a un bloqueo económico mundial, respaldado la armada norteamericana en el Caribe que fuera desplegada contra Venezuela e indirectamente contra Colombia. De acuerdo a algunos medios estadounidenses, Marco Rubio, descendiente de exiliados cubanos, habría bloqueado toda negociación con el gobierno de Cuba, operando incluso a espaldas de Trump. Este boicot sólo deja como alternativa la promoción de un golpe de Estado desde el interior de Cuba o la invasión del territorio bajo la dirección del Pentágono. Para llevar la agresión a esos extremos, Rubio cuenta con el cese completo de la producción de energía, el colapso económico y la inanición. Cuba se ha visto obligada a interrumpir la vinculación aérea con el exterior debido a la carencia de fuel oil. Ha reducido, por los mismos motivos, los días laborables y el transporte de personas. El progreso que habría logrado en el desarrollo de energías renovables es cuestionado por algunas fuentes que aseguran que es inferior a Corea del Norte y hasta Haití y Afganistán. De cualquier modo, no podría lograr un autoabastecimiento por esas vías hasta dentro de cuatro años. Rubio estaría repitiendo contra Cuba lo que logró en Venezuela, cuando el emisario de Trump (Richard Gillespie) obtuvo de parte de Nicolás Maduro la aceptación de todas las condiciones exigidas de Trump, que Rubio objetó porque no incluían el apartamiento del gobierno y del país de Maduro mismo. En el caso de Cuba, sería algo similar: excluir, por caso a Díaz Canel o a altos dirigentes de las empresas industriales y turismo, para diseñar un gobierno a dedo. No estaría en discusión la cesión del turismo y las actividades conexas (hoteles, playas, desarrollos inmobiliarios), sino la conversión de Cuba en un protectorado de facto o directamente en una colonia. Como una mayoría de observadores, excluye la posibilidad de fragmentar al aparato castrista por medio de infiltraciones, lo que queda sería una invasión justificada en el estallido de una catástrofe humanitaria. Trump se autoconvence de su omnipotencia internacional al ver la facilidad con que México o Rusia han cedido a sus atropellos. En el caso de Rusia, por el interés de mantener a Trump de su lado en el descuartizamiento de Ucrania. La guerra contra la OTAN en Ucrania ha desangrado políticamente a Rusia en el plano mundial. En el caso de China, que ha provisto a Cuba de activos de energía alternativa a la fósil, carece de la posibilidad de un despliegue militar a tanta distancia, cuando enfrenta, simultáneamente, una crisis severa en la cúpula de sus Fuerzas Armadas. No se puede excluir en forma absoluta que Trump no se acomode esta vez a los propósitos de la gusanería de Miami, para evitar precisamente un envío de tropas al suelo cubano. Al final, un cántaro que es llevado numerosas veces a la fuente acaba por romperse. Pero sólo sería un acomodamiento temporal. Es necesaria una movilización internacional de masas en defensa de Cuba y de la independencia política de Venezuela y de América Latina. En cierto estadio de su desarrollo, cuando la presente ofensiva imperialista enfrente una crisis sin salida, esta movilización habrá contribuido para liquidarla en forma revolucionaria. Ahora mismo, un escenario similar al cubano tiene lugar en Irán, donde Trump ha advertido de la inminencia de un ataque militar ante el impasse de las negociaciones para imponer un protectorado al régimen de los ayatollahs. El Estado sionista, por su lado, ha exigido que se lo mantenga fuera de una represalia iraní, lo cual ha sido rechazado. No es claro aún si Trump quiere mantener separados los escenarios de Irán y Cuba o, si por el contrario, ha decidido activar el primero para que opere como una cortina de humo para el segundo. Trump se vale de esta política de guerra para proceder a una extorsión chovinista al electorado norteamericano y para desmantelar la resistencia hacia las redadas militares contra los inmigrantes y los trabajadores de Estados Unidos. LEER MÁS: El asedio de Trump-Rubio contra Cuba Por Redacción, 05/02/2026.

El 26 de enero pasado, la ex defensora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, afirmó a Chequeado que “En Argentina hay aproximadamente 12.200.000 niños. Sólo el 0,55% está vinculado a alguna denuncia penal. Eso significa que el 99,45% de los chicos no comete ningún delito”. Sin tener en cuenta esos datos de la realidad, burdamente se afirma que reduciendo la edad de punibilidad se terminará con la falazmente llamada “puerta giratoria” y que de esa forma se podrá castigar como corresponde a las personas menores de edad que despliegan conductas delictivas. También se dice que bajando la edad de punibilidad se hará efectiva la vociferada frase que señala que “quien las hace las paga”. Para respetar como humanamente corresponde el inmenso e incomparable dolor de las víctimas de los crímenes (y de sus afectos) es imprescindible determinar quién realmente “las hace” y quién realmente “las paga”. Esa es la única intención de estas líneas. Para cumplir con ella, necesariamente debo efectuar algunas precisiones: Durante casi 40 años de función judicial en muchísimas ocasiones he tomado contacto con las tragedias que imprevistamente se hacen presente en las vidas de las víctimas y sus entornos afectivos. Claramente son esas personas quienes “las pagan” por conductas ilícitas que las afectan, incluso a niveles trágicos. Es precisamente por eso que merecen que sus padecimientos sean considerados con seriedad, respeto y sin los burdos engaños y la consecuente utilización demagógica de esos sufrimientos. En lo vinculado con los delitos que cometen las personas menores de 18 años siempre se oculta que el germen de los mismos es la crueldad y el desamparo sin límites y de todo orden que padecen. Se trata de situaciones de abandono y exclusión creciente, que nadie puede razonablemente poner en duda, y que resultan inherentes al modelo de relaciones sociales imperante. Es en esos catastróficos márgenes que, junto con otras iniciativas de ataque y cruel desamparo, se impulsa el tratamiento de la nueva ley de punibilidad para las personas menores de edad. Con el profundo cinismo de siempre, en la fundamentación del proyecto de Ley, los legisladores que promueven su sanción invocan la necesidad de cumplir con los estándares básicos de protección y defensa de los Derechos Humanos a los que adhiere nuestro país. Citan, entre otras, a las normas de la Convención de los Derechos del Niño. Veamos qué dice la Convención: En su artículo 1° ese Tratado que integra el texto Constitucional prescribe que niño es: “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. Sobre esa base obliga a los Estados que, como la Argentina, adhieren a la misma a abastecer íntegramente en favor de la niñez todo lo atinente a sus derechos, civiles, políticos, económicos, sociales, educativos, sanitarios, culturales etc… Es por eso que en el inciso 1° del artículo 3°se establece que es una obligación primaria del Estado resguardar el interés superior del niño “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas, de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos”. Ese es el contexto normativo que debe guiar la sanción de una nueva la ley de punibilidad para las personas menores de 18 años. Lo dicho no es una opinión, es sencillamente el texto de un tratado con rango constitucional. Por eso, volviendo al inicio, para visualizar “quién las hace” cabe preguntarse si el Estado Argentino cumple con las obligaciones que, como es incuestionable, legalmente ha asumido. Absolutamente nadie puede razonablemente sostener que las obligaciones estatales aludidas se cumplen siquiera parcialmente. El Estado omite hacer lo que debe y se limita a sancionar aún más severamente a quienes abandona con una ilimitada crueldad. Sin pretensiones de exhaustividad, simplemente señalo que debe tenerse presente que, a nivel penal, la comisión de una ilícita conducta por omisión consiste en no evitar un resultado dañoso teniendo la obligación de impedirlo (omisión impropia). Allí tenemos al menos un indicio vehemente respecto de que, al no cumplir con lo que debe, es el Estado “el que las hace”. Más allá de eso, toda vez que las leyes no operan en el vacío, si se quiere demostrar que lo que se declama no constituye una repugnante y demagógica burla, necesariamente debe analizarse el marco social en que se insertará la ley. Según el informe del mes de marzo de 2024 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), sea por razones monetarias, o por no tener acceso a Derechos Fundamentales (agua, vivienda, educación o salud) aproximadamente el 70% de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina viven en la pobreza (8. 600.000 aproximadamente) Además, cerca del 20% padecen una situación de indigencia (600.000 aproximadamente). Basta cotejar esas cifras de exclusión social con el número total, ya citado, de personas menores de edad para dimensionar el escándalo humanitario que implica limitarse a abordar la cuestión de la niñez exclusivamente desde una óptica de represión penal. Es que la catastrófica realidad que se vive es el fruto de una sociedad en la que, aproximadamente, ya son tres las generaciones de argentinos que desconocen qué significa poseer un trabajo formal. Peor aún, la realidad de las escalas salariales vigentes muestra, desde hace mucho tiempo, que el hecho de poseer un empleo formal no implica eludir a la pobreza. Ese es el desolador panorama social existente. Nuevamente no es una opinión. Son datos incuestionables que acreditan una indiscutible crisis humanitaria. Por lo tanto, en el cuadro social existente, la única acción concreta del Estado Argentino es la sanción de una ley disminuyendo la edad de punibilidad de las personas menores de edad. Indudablemente aquí encontramos otra respuesta categórica al interrogante de quién es “el que las hace”. Todo lo anterior torna innecesario subrayar que, junto a las víctimas de los delitos, es la niñez brutalmente desamparada “la que las paga” … LEER MÁS: Desentrañando el debate sobre la ley penal juvenil (o la baja de edad de imputabilidad) Por Agustín Fernández, 04/02/2026.

El viernes 6 de febrero en MEGA, la principal planta de distribución de Coca-Cola en el país, que reúne alrededor de 2000 trabajadores, se llevó adelante un paro sectorial. Los involucrados son el sindicato de Aguas, Gaseosas y Afines (SUTIAGA) y Camioneros. Cómo ocurre de manera frecuente en distintos lugares de trabajo, las patronales contratan o subcontratan a través de agencias o tercerizadas. Imponiendo a estos trabajadores la informalidad y/o periodos de prueba eternos. Esto las exime de pagar el costo laboral ligado a un puesto de trabajo. En MEGA, uno de los principales reclamos tiene que ver con el pase a planta permanente de los trabajadores contratados. Por otro lado, también se reclamó por mayor personal en el turno nocturno para evitar la sobrecarga laboral. Al igual que en la mayoría de las ramas industriales, durante el 2025 los aumentos salariales en Camioneros han sido, en promedio, de 1.5%, con algunos ajustes y variaciones. Esto lleva a que el salario de un trabajador camionero oscile entre los 800.000 y los 1.5 millones de pesos. En el caso de MEGA, los trabajadores adheridos a SUTIAGA cuentan con un ítem en el convenio colectivo que eleva la cifra del presentismo a los 400.000 pesos. Otro de los reclamos, de los trabajadores afiliados a Camioneros, tiene que ver con la incorporación de ese plus. Moyano montó un acto frente a 1500 trabajadores y anunció un “paro indefinido”. Este paro indefinido, de todos modos, llegó a su fin el mismo día que comenzó, cuando la Secretaria de Trabajo de Nación dictó la conciliación obligatoria. La paralización de la principal planta de distribución de Coca-Cola implica el cese del abastecimiento en distintos supermercados, hipermercados, etcétera. El anuncio de este paro fue seguido de un acto encabezado por Pablo Moyano, quien criticó el accionar de la CGT y a los gobernadores del peronismo de cara a la reforma laboral, llamando a movilizarse el 11 de febrero, para “defender los derechos conquistados”. Pablo Moyano reapareció luego de estar más de un año afuera de la discusión político-sindical. Moyano adhiere al frente “combativo” conformado por Abel Furlán, Aceiteros, ATE y las dos CTA . Caracterizan a la reforma laboral como “regresiva” y “esclavista”. Denuncian que no fueron invitados a discutir la reforma.

La reciente actuación del cantante de origen puertorriqueño Benito Martínez Ocasio, conocido popularmente como “Bad Bunny”, ha generado un revuelo internacional. De origen obrero, Martínez Ocasio trabajaba a tiempo completo empaquetando comida en un supermercado, hasta que logró su inserción al gran circuito musical. Los ambientes que transita el cantante durante los casi 14 minutos de espectáculo muestran las zonas de cultivo de azúcar en el norte de Puerto Rico; los comercios callejeros de las zonas urbanas de la isla y la ya famosa “Casita” que imita a un típico hogar de trabajadores. Es muy conocida por ser una parte esencial de las escenografías de sus conciertos. Las canciones del autor fueron acompañadas por una amplia gama de otras estrellas destacadas en Estados Unidos y del mundo, de origen latino. Desde dos púgiles, Xander Zayas, puertorriqueño de 23 años, campeón unificado del peso superwelter y considerado la mayor figura actual del boxeo en la isla, y el pugilista mexicano estadounidense Emiliano Vargas, hasta destacados cantantes y estrellas de Hollywood como el actor chileno Pedro Pascal, la actriz Jessica Alba, la cantante colombiana Karol G, la rapera estadounidense Cardi B, la rapera puertorriqueña Young Miko y la personalidad televisiva estadounidense Alix Earle. Otras apariciones de alto nivel incluyeron a Lady Gaga, de amistad muy reconocida con el cantante, que interpretó la canción “Die with a smile”, para luego compartir un baile sobre el escenario con Bad Bunny. Otro destacado cantante puertorriqueño, Ricky Martin, interpretó partes de la canción “Lo que le pasó a Hawái”, que denuncia el proceso de gentrificación de la isla, así como el desplazamiento del poder de la población nativa de origen polinesio hacia fines del siglo XIX, cuando fue anexada por los Estados Unidos. Hawái ocupa un lugar especial en la historia estadounidense puesto que en 1993 el Congreso norteamericano dictaminó a la anexión de la isla como ilegal y “reconoció que antes de ser incorporado a Estados Unidos, "el pueblo nativo hawaiano vivía en un sistema social altamente organizado y autosuficiente basado en la tenencia comunal de la tierra" (BBC, 15/03/2025). En otros pasajes del show, Benito Martínez Ocasio repasó varios sitios típicos de la comunidad puertorriqueña en Nueva York a la cual ha dedicado la canción “Nuevayol”. Una de las escenas más vibrantes estuvo marcada por el gesto de Bunny de entregar su Grammy, ganado hace una semana, a un pequeño niño de cinco años, acompañado por sus padres migrantes. El público, que se deshizo en aplausos y ovaciones en el estadio, inicialmente creyó que sobre el escenario estaba el pequeño Liam Ramos, detenido por el ICE (agentes migratorios) en Minnesota junto a su familia. Más tarde, la prensa confirmó que se trataba de un pequeño actor con madre argentina-estadounidense y padre inmigrante egipcio. El gesto se ha interpretado como una continuidad del mensaje en la gala de premiación en los propios Grammy, cuando el cantante denunció el accionar del ICE y del presidente Donald Trump. Para el cierre del show incluyó una de las canciones de su último disco “Debí tirar más fotos” -que reivindica de principio a fin la independencia de Puerto Rico, así como sus raíces proletarias. “El apagón”, por ejemplo, denuncia el corte de suministro eléctrico que sufrió la isla tras el huracán María, golpeando fuertemente a la población trabajadora en 2017. Los bailarines escenificaron la situación bailando sobre postes chispeantes y Bunny levantando una bandera del movimiento independentista de Puerto Rico. El cierre culminante fue una manifestación de los artistas, bordeando el estadio, portando banderas de los diferentes países del continente, con Bad Bunny nombrando a todas las naciones sin excepción y un “touchdown” que reivindicaba la unidad continental. Resonancia Mundialmente, pero con mayor fuerza aún en Estados Unidos, la actuación de Bunny ha sido considerada como una “bofetada” a Donald Trump y su política fascista contra los migrantes. El propio magnate reaccionó en vivo contra el espectáculo, señalando que era una ofensa a la cultura norteamericana. Señaló que el show en español era una ofensa al pueblo estadounidense “que no entiende ni una palabra”. Incluso, llegó a definir a los bailes sobre el escenario como una “acción indecente” para las familias y niños que miraban el show. En su ataque a Bunny, Trump no dejó de filtrar su defensa de la “pureza racial y cultural” yanqui, con la que alimenta su persecución a los trabajadores migrantes. Antes de que tuviera lugar, el presidente ya se había manifestado en oposición rotunda al show de Bunny. Sus seguidores del “MAGA” organizaron un “contra medio tiempo” (All American Halftime Show) a miles de kilómetros de California. Allí se observaron bandas folk y seguidores del movimiento iniciado por el asesinado Charlie Kirk, Turning Point USA, que se transmitió de manera paralela al show oficial de la NFL (la organizadora del Super Bowl). El mismo no reunió la cantidad de espectadores presenciales que había prometido y sus visualizaciones fueron 100 veces inferiores al de Bad Bunny. El arte y los artistas suelen ser un reflejo de los procesos políticos latentes en las masas o del desarrollo de los mismos. Sin decirlo, la presentación de Bad Bunny ha sido una celebración de las movilizaciones, huelgas y rebeliones que tienen lugar en Estados Unidos contra Trump y sus persecuciones fascistas. Bunny fue acompañado por un número elevado de cantantes y bailarines de origen latino, que se jugaron por esa misma perspectiva. Patio trasero El combativo show del latino Bunny contrasta con la genuflexión de los imperialistas o nacionales y populares que, a escala mundial, se acomodan a las exigencias de Trump. El show del superbowl trasmitió la temperatura política interior de los Estados Unidos. En el terreno electoral, el Partido Republicano ha mordido el polvo en más de 14 elecciones locales de vital importancia, incluida la aplastante victoria de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York . Trump se ha embarcado en el desarrollo de métodos de guerra civil contra su propia población . Estados Unidos es un epicentro de la crisis mundial en desarrollo.

Tras las denuncias de corrupción y una investigación abierta por sobreprecios en licitaciones y en la compra de un software por 140% y más de 1000% respectivamente, el gobierno resolvió la salida de Reidel. Como anunciamos en esta página, a la interna del gobierno con los Milei de un lado y los Caputo del otro, hay que sumarle el malestar interno en la empresa con la rama de técnicos y profesionales subordinadas a los cargos políticos de turno. Según La Política Online , la propia Karina Milei estuvo presionando para apresurar la salida de Reidel, la que se habría retrasado por la fuerte amistad que mantiene Reidel con el presidente Milei. El caso de corrupción, si bien se encuentra en todos los grandes portales de noticias, no llegó a la escala del escándalo de las coimas en discapacidad. Sin duda, la salida de Reidel es un intento de cortafuegos para un Estado que reproduce el modelo de la patria contratista y las licitaciones truchas, por un lado, y promueve los recortes de salarios, jubilaciones y presupuestos en salud y educación por el otro. El fracaso de Reidel Reidel llegó a la presidencia de Nucleoeléctricas en abril de 2025. La empresa estatal es la encargada de gestionar las tres centrales eléctricas que tiene la Argentina. Atucha I, Atucha II y Embalse. La llegada de Reidel es estrictamente política, es un amigo cercano a Milei, autores ambos en conjunto del documento publicado sólo X, el cual según Milei les valdría el premio Nobel de Economía. Mas rimbombante aún fueron los supuestos logros que anunció Reidel, desde el Plan Nuclear Argentino hasta el Stargate argentino. Demian Reidel, ideador del Plan Nacional Argentino, había anunciado para fines de 2024 que postulaba el desarrollo nuclear a gran escala del país, desde la creación de YPF uranio, la generación masiva de reactores nucleares modulares hasta la inversión de más de 20 mil millones de dólares por OpenAi en la Patagonia. El físico y especulador financiero Reidel anuncio la inversión de OpenAi en un megacentro de datos en la Patagonia. La misma quedó desvanecida en el aire. La empresa habría anunciado la participación de una empresa local, SurEnergy, completamente desconocida en el sector energético y señalan especialistas que se trata de una compañía armada para la supuesta inversión. Por otro lado, luego de que INVAP patentara el primer Reactor Nuclear Modular del país, las promesas de inversiones que permitieran un desarrollo local de la industria nunca sucedieron. Peor aún están destinadas las obras de fabricación del reactor CAREM en el predio de Atucha I. Más aún luego de las denuncias de corrupción se esperan retrasos para las obras estratégicas y de primer orden que tiene delante la empresa en Atucha I y Embalse. El expresidente de la NASA deja a la empresa con una extensa lista de deudas con proveedores durante el 2025. Lo que ha saltado a escena en la última semana es que Reidel, antes de salir de la empresa estatal, ha logrado cancelar una deuda personal con el Banco Macro por 830 millones de dólares. Esa deuda figuraba al 12 enero en la página del Banco Central como de alto riesgo de insolvencia (nivel 4). EL 30 de enero la deuda fue saldada. Reidel tuvo que dar explicaciones en Twitter sobre la forma en que pagó esa deuda, a través de una serie de posteos que luego eliminó. El patrimonio declarado por Reidel a fines de 2024 alcanzaba los 700 millones de pesos entre bienes, depósitos y dinero y deudas por 600 millones de pesos. El sueldo como presidente alcanza los 14 millones de pesos. Es decir que el ex-presidente de NASA canceló de la noche a la mañana una deuda que excedía sus bienes declarados y que equivaldría a 59 meses de sueldo. Las denuncias por sobreprecios no son un caso desafortunado. Al llegar a la presidencia, Reidel removió cargos de personal de carrera en la empresa en las áreas de compras, contrataciones y control jurídico. El agente liberticida utilizó la empresa de producción nuclear para generar una caja de ingresos para fines propios. Ninguno de sus anuncios fue cumplido y se especula que en el proceso de privatización que se encuentra la NASA, la gestión de Reidel sólo puede valorarse por la desvalorización de la propia empresa y su consiguiente remate a un precio menor. Una combinación de vaciamiento y enriquecimiento del personal político. La casta sigue gobernando. LEER MÁS: Sobreprecios en Nucleoeléctrica: Reidel recula e intenta contener su salida de la empresa Por Sergio Yeti, 29/01/2026.

Para despejar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado, el gobierno decidió apartar del camino a lo “accesorio”. Para ello, habría aceptado retirar del proyecto original las rebajas en el impuesto a las Ganancias para las patronales que tomen trabajadores. Los gobernadores impugnaban este punto porque afectaba el reparto de la recaudación del impuesto nacional a las provincias (coparticipación). El gobierno dice que va a dejar esta cuestión para más adelante. Aunque lo presenta como una concesión a los gobernadores, Milei y Caputo tienen sus propias razones: la recaudación impositiva se está viniendo abajo, por la extendida crisis industrial y comercial. O sea que el gobierno que prometió bajarle los impuestos a los capitalistas no tiene condiciones para hacerlo. En los cambios de último momento a la ley, los bancos se asegurarían el monopolio de las cuentas-sueldo, en detrimento de las billeteras virtuales. Galperín, el mileísta ‘number one’, ya tiró la bronca. Pero tiene razones de peso para que la sangre no llegue al río: la esencia de la ley oficial, que es la liquidación lisa y llana del derecho laboral, permanece inalterada. Los diarios informan también de las negociaciones en curso con la burocracia de la CGT, en este caso, por los aportes obligatorios de los afiliados y el rescate financiero de las obras sociales. A cambio de estas tratativas, que afectan al aparato burocrático y su caja, la CGT confinó la jornada del 11 de febrero a una movilización de un par de horas al Congreso, con corralito antipiquetes incluido, convenientemente pactado con el gobierno. Mentiras Para tapar con humo a la componenda entre gobierno, gobernadores y burocracia sindical, el gobierno y sus aliados se han lanzado a una campaña mediática dirigida a confundir a la opinión popular sobre el contenido de la contrarreforma. El jefe de esta usina de mentiras es el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que maneja varios slogans con perfidia inusitada. El primero de ellos es el que dice que “las indemnizaciones no se tocan, se ordenan”. Aunque se mantiene el principio formal de “un mes por año trabajado”, Cordero oculta que: 1º) del cómputo de la indemnización se ha eliminado el aguinaldo, las vacaciones y los premios no mensuales. 2º.-La indemnización resultante es considerada como la “única reparación procedente” por el despido, para bloquear cualquier reclamo judicial que podría tener lugar en un despido sin causa. Un día antes de la sesión del Senado, se acaba de confirmar el pasaje de la Justicia del Trabajo al ámbito de la Ciudad, o sea, a los tribunales digitados por los primos Macri. 3º) Que los recursos para la indemnización provendrán de un fondo costeado por los propios trabajadores, al cual será destinado el 3% de sus aportes previsionales. De esta manera, y a la hora de despedir a un trabajador, el capitalista tendrá en cuenta que no necesita hacer ningún desembolso especial. Ya tiene en su haber los fondos necesarios para indemnizar, y tampoco los aportó él. Es un incentivo extraordinario en favor del “despido fácil”. Es una alteración estratégica en la relación de fuerzas entre la clase obrera y la patronal. Los aliados de Milei en esta contrarreforma, como el radical Tetaz, han tenido el atrevimiento de justificar el despojo del Anses para financiar el fondo de despidos, con el argumento de que “el sistema jubilatorio, de todos modos, ya es insolvente”. La ‘insolvencia’ la paga el obrero, no el patrón ni Tetaz. La reforma laboral será seguida por una reforma previsional, donde la insolvencia será cubierta por el aumento de la edad de jubilación, el cese de la pensión por viudez y la abolición de los regímenes especiales –como el docente y docente universitario. Con mayor cinismo aún, Cordero presenta al régimen de vacaciones “móviles” como una medida a pedido… de los trabajadores jóvenes, a quienes, según le consta sólo a él, “les gusta” disponer de sus licencias en forma fraccionada o en cualquier momento del año. El mismo argumento lo presenta para justificar al banco de horas, que le permitirá a la patronal disponer de jornadas de hasta 12 horas sin pagar horas extras, con la mera compensación en el día u horario que el patrón disponga. Las invocaciones de la ley acerca de cambiar horas o licencias “por mutuo acuerdo”, son la peor impostura de todas: en condiciones donde se facilita el despido, se prohíben las asambleas y las huelgas, el “mutuo acuerdo” no existe: el trabajador es compelido a aceptar la flexibilidad laboral so pena de perder el trabajo. Mar de fondo Milei y Caputo han ingresado en tratativas con el peronismo y otros para que la contrarreforma salga, “a como sea”. Necesita esta ley antiobrera para ‘compensar’ a las patronales por una crisis industrial galopante, que simplemente se agravará por la mayor caída del consumo personal. Es un aliciente también para seguir recibiendo los salvatajes de último momento de Trump y de Bessent. Pero con reforma incluida, la inflación enmascarada de enero es del 3% - la real sería un 4 por ciento. Los cierres de fábricas y las rupturas en las cadenas de pago están golpeando a miles de trabajadores, como ocurrió en Granja Tres Arroyos y antes en Whirpool, Dr. Ahorro, numerosos frigoríficos y la mayoría de las líneas de colectivos del AMBA. La docencia de todos los niveles, incluyendo a la universitaria, llega al inicio del curso lectivo con la comprensión de que necesita una lucha decisiva y de conjunto para recuperar un despojo del 40 o 50% de sus salarios. La gran burguesía celebra la liquidación del derecho laboral, pero sabe muy bien que ello no le aportará nada para salir del pantano industrial y la crisis de financiamiento. Una parte de la contrarreforma ya estaba vigente con la ley Bases -las consecuencias fueron un crecimiento formidable del empleo no registrado, por un lado, y la caída del registrado, por el otro. La lucha contra la contrarreforma es una lucha política contra el capital y el Estado. Esta es la comprensión que llevamos a las múltiples luchas en desarrollo, para unificarlas y coordinarlas en la perspectiva de una huelga general, hasta derrotar la ley antiobrera y al gobierno trumpista de Milei-Caputo. LEER MÁS: Derrotemos la contrarreforma laboral mediante movilizaciones, huelgas y una huelga general Declaración Nacional de Política Obrera. 06/02/2026. Reforma laboral: el fracaso del "pasilleo" burocrático Por Marcelo Ramal, 05/02/2026.

En una clara maniobra de manipulación histórica, y política, el gobierno nacional dispuso el traslado del sable corvo que San Martín utilizara en su cruzada emancipadora. Por medio del DNU 81/2026 fechado el 2 de febrero y firmado por Javier Milei y el ministro de Defensa Carlos Presti, la custodia oficial, desde el 7 de febrero, regresó a la sede principal del Regimiento de Granaderos a Caballo, en el barrio porteño de Palermo, tras más de una década de integrar la colección del Museo Histórico Nacional (MHN), ubicado en el barrio de San Telmo. El acto de traspaso se realizó en la ciudad santafesina de San Lorenzo, a 213 años del Combate de San Lorenzo, donde Javier Milei fue el responsable de entregar la pieza a sus nuevos custodios. Uno de los argumentos blandidos por los libertarios para justificar el traslado es que el sable fue donado en 1897 al Estado Nacional, pasando a ser parte del patrimonio público argentino. Partiendo de esta caracterización, el hilo conductor del DNU 81 es que es una obligación estatal el resguardo de los símbolos patrios y que “la presente medida se inscribe en una decisión del Estado nacional orientada a honrar la historia nacional, asegurar una administración responsable del patrimonio público y reafirmar, a través de sus símbolos fundacionales, la soberanía, la independencia y la libertad como principios rectores del orden republicano”. Un poco de historia En septiembre de 1811, y luego de haber servido al ejército español durante 20 años, el teniente coronel José de San Martín se traslada a Londres y antes de emprender la vuelta, a las ahora denominadas Provincias Unidas del Río de la Plata, decide hacerse de un arma blanca, adquiriendo un sable shamshir usado, de origen árabe y de hoja alfanjada que lo acompañaría en toda la guerra de la independencia. El 3 de febrero de 1813, San Martín lo usaría por primera vez en la Batalla de San Lorenzo, en la que fuerzas independentistas vencieron a las tropas realistas. Fue el único combate librado por San Martín y los Granaderos a Caballo en territorio argentino. Luego de su periplo, el 10 de febrero de 1824, San Martín se embarca rumbo a Europa, pero sin el sable corvo, que, según historiadores especializados en el tema, quedó en la ciudad de Mendoza en poder de Josefa Ruiz Huidobro, a quien le confió su equipaje y papeles. En una carta fechada en París el 5 de diciembre de 1835, San Martín le encarga a su yerno, Mariano Balcarce y a su hija Merceditas, quienes se encontraban de viaje en estas tierras, que “(...) se traigan (...) mi sable corvo, que me ha servido en todas mis campañas de América, y servirá para algún nietecito, si es que lo tengo". Dos años más tarde será entregado por el mismo Balcarce en Francia. Casi diez años después, San Martín redacta su testamento en Paris, el 23 de enero de 1844, en el que se puede leer que el sable corvo "le será entregado al General de la República Argentina, Don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla". La relación epistolar entre Rosas y San Martín se inició a instancias del bloqueo francés en 1838 realizado en el Río de la Plata contra la entonces Confederación Argentina, y a través de una misiva, San Martín ofrecía sus servicios de combate ante la agresión externa. Luego de la muerte de San Martín el 17 de agosto de 1850, el 30 del mismo mes, Balcarce, en su carácter de albacea, se dirige a través de una carta a Rosas, dando cuenta de las disposiciones del testamento y al poco tiempo le envía el sable. Luego de la derrota de Caseros, Rosas se embarca hacia Inglaterra el 10 de febrero de 1852, llevando consigo el sable corvo. Tras la muerte de Rosas el sable queda en manos de su hija Manuelita y de su yerno, Máximo Terrero. En 1896 al inaugurarse el Museo Histórico, la familia de Rosas lo dona con la condición de que permanezca exhibido en ese museo. El 12 de agosto de 1963 el sable fue sustraído del Museo por cuatro militantes de la Resistencia Peronista que querían utilizarlo como prenda de cambio por el cadáver de Eva Perón. Doce días después del robo, el sable fue restablecido por el ex capitán Adolfo César Philippeaux (de origen peronista y participante del levantamiento de Valle en 1956) que al enterarse que el arma estaba en posesión de la Resistencia, les exigió su devolución. El destino final que planeaban los miembros de la Resistencia era hacérselo llegar a Perón, trazando, según la organización, una continuidad histórica entre San Martín, Rosas y Perón. Dos años después, el 19 de agosto de 1965, el sable fue nuevamente robado, esta vez por una pequeña organización armada peronista y once meses después fue recuperado por los servicios de inteligencia del Ejército. Onganía, dándole una envestidura militar, lo puso bajo custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo hasta el 2015, cuando por el DNU 843/2015 del gobierno de CFK, volvió al Museo Histórico Nacional, en donde permanecía un destacamento de granaderos. Cuestionamientos Por su importancia simbólica y por el intento de apropiación histórico por parte de los liberticidas, el traslado despertó cuestionamientos desde diferentes sectores. En principio María Inés Rodriguez renunció a su cargo como directora del MHN. Su antecesor en el cargo, Gabriel Di Meglio, también renunció al cargo debido a los recortes presupuestarios y a la controversia instalada por los libertarios sobre el traslado del sable. Desde la Asociación Argentina de Investigadores en Historia señalaron que la “medida representa un grave antecedente en materia de protección de patrimonio histórico, al subordinar criterios museológicos a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo”. Por su parte herederos de la familia Terrero, presentaron una acción judicial para impedir el traslado. Los descendientes de Rosas argumentan que el sable debe permanecer en el MHN. En el escrito judicial alegan que “(...) el cargo oportunamente asignado como condición en la donación, que fuera aceptada por el Estado Nacional”. En este sentido, la acción de Milei no solo viola la voluntad del donante, sino que habilita jurídicamente la revocación de la donación. El Código Civil y Comercial es claro: cuando se incumple el cargo, la donación cae, lo cual plantearía una grave incertidumbre. En su alocución en el acto realizado en San Lorenzo, Milei, en una clara alusión al peronismo, señaló que “no es de extrañar que hoy este mismo sector pone el grito en el cielo por lo que en realidad es un acto de justicia histórica. Pero los argentinos no nos vamos a dejar manipular”. Lo cierto es que Milei, al igual que Onganía en 1967, dispuso el traslado del sable de un espacio civil y educativo, como lo es el MHN, a un cuartel militar de acceso restringido. Pero la apropiación histórica no es patrimonio de los liberticidas. CFK en 2015, cuando decide pasar el sable al MHN, lo hizo enrolada en su política de cooptación de los organismos de derechos humanos, separando a San Martín de su dimensión militar. Milei de una manera desembozada “viene utilizando la figura de San Martín, los Granaderos (...) como elementos de legitimación política, vaciándolos de su complejidad histórica y resignificándolos al servicio de su propio proyecto ideológico” (La Insuperable 3/2). El traspaso del sable implica una señal a las cúpulas de las Fuerzas Armadas y a la militarización llevada adelante por el gobierno, que incluye la reincorporación de los militares en la esfera política, a través de diferentes iniciativas, como el nombramiento de Presti al frente del Ministerio del Interior, lo que se combina con la obstaculización de los juicios de lesa humanidad de la última dictadura militar. Otra instancia del militarismo empujado por el gobierno se asocia a la ruptura con una hija dilecta de la “familia militar”: la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en sus redes sociales se ha encargado de admitir, que, en términos políticos, ya no forma parte del gobierno, y éste se quiere hacer de su activo político. Los envalentonados libertarios, pensando en las presidenciales del 2027, hablan de una nueva compañera de fórmula de Milei con ascendencia en el sector militar. A 50 años del golpe de Estado, ante el militarismo del gobierno, el próximo 24 de marzo debe convertirse en una demostración única de conciencia política, ante las aberraciones de la camarilla gobernante de corte fascista y sus socios que atraviesa a todo el arco político burgués.

Durante la madrugada del 10 de febrero se llevaron a cabo acuartelamientos de personal policial en las dependencias de la Unidad Regional I, ubicada en la ciudad de Santa Fe, como en la URI 2, que tiene su lugar en Rosario. La medida, acompañada por familiares y allegados, se da en un marco de creciente crisis y malestar al interior de la fuerza por varias cuestiones. La gota que rebalsó el vaso fue el suicidio de un suboficial en Rosario hace unos días, quien se encontraba de licencia psiquiátrica. No es el primer caso. Las fuentes plantean que la situación es dramática. Desde la vigencia de la emergencia en seguridad bajo el inicio de la gestión de Pullaro se dejaron sin efectos licencias y vacaciones para adentrarse a las tareas de prevención. Esto se precipitó por las largas jornadas a disposición, los traslados de un punto de la provincia a otro, entre otros aspectos materiales, que suman una cantidad de factores que, según argumentan, tiene directa incidencia en la salud mental de los involucrados. Hace 72 horas comenzaron las protestas en los centros del poder político. Allí se plegaron también familiares de empleados del servicio penitenciario, con los mismos argumentos. Exigen mejoras en las condiciones de trabajo y salariales. El gobierno provincial acusó recibo, por lo que unilateralmente lanzó una batería de compensaciones. Entre ellas, aumentos con plus salariales de hasta $500.000 mil pesos, gratuidad en el transporte interurbano, alojamientos en caso de desarraigo, también gratuitos. Asimismo, un aumento en los “adicionales” -como le llaman a las horas extras dentro de la institución. Sin embargo, lejos de apaciguar las aguas, la crítica a esto se comenzó a viralizar. Señalan que se trata de bonos no remunerativos, donde el básico tiene un mínimo histórico de entre $250.000-$300.000. Dichos aumentos se destinan sólo al 40% del total, por lo que más de la mitad se encuentra por fuera de los emolumentos. Por último, denuncian un silencio de los medios de comunicación ante el conflicto. Así las cosas, explotó la situación. Durante la madrugada del martes, efectivos policiales reprimieron y desalojaron a las familias de otros efectivos apostadas en Rosario. Durante la mañana, el gobierno anunció el pase a disposición de 20 agentes, quienes serían los vinculados con el reclamo, aduciendo de que son uniformados que han perdido posiciones de poder y privilegios y por lo tanto pretenden voltear la exitosa política de seguridad del gobierno. Lejos de bajar la efervescencia, se ha redoblado la apuesta policial con el envío de hasta 100 patrulleros en las adyacencias de la unidad rosarina. El gobierno ha incorporado a la seguridad pública como derecho inalienable en la constitución provincial recientemente reformada. Y se ha cansado de hacer campaña reivindicando la labor policial -quienes son los mismos que ahora lo enfrentan. La profundidad de la crisis aún no es clara.

Nadie puede afirmar con seriedad que la monumental crisis policial desatada en Santa Fe pueda entenderse como un “problema provincial” . En Santa Fe se produce y se transporta la mayor riqueza exportadora del país, desde el agronegocio, las plantas aceiteras y los puertos privados hasta el negocio inmobiliario. Esa acumulación de capital y riqueza privada tiene como contrapartida al crecimiento inusitado de la miseria social, la precariedad laboral y el hacinamiento. Entre uno y otro polo, ha florecido otro extraordinario filón de negocios: el narcotráfico, que lava su dinero en los entresijos de los puertos y los edificios de lujo, mientras intoxica y corrompe a la juventud de los barrios empobrecidos. Para “manejar” estas contradicciones, Pullaro, el Milei rosarino, se ha aliado con la liberticida Bullrich en la faena de militarizar la provincia, con la incorporación de miles de agentes policiales y la concurrencia de efectivos nacionales. Subsidiariamente, este aparato represivo ha asegurado el ajuste contra los trabajadores de la provincia. Por ejemplo, cuando reprimió en 2024 a los docentes que reclamaban contra la modificación reaccionaria de su régimen jubilatorio. El conflicto en el aparato policial, en este cuadro, no es solamente un estallido corporativo. Lo que ha entrado en crisis es todo el andamiaje de explotación social, corrupción capitalista y represión montado por Pullaro, Patricia Bullrich y Milei en Santa Fe. En los piquetes policiales, los agentes mostraban recibos de sueldo con innumerables ítems ajenos al salario básico, todos ellos atados al rendimiento. Por encima de ese sueldo, que en ningún caso llega a los 900.000, los agentes denuncian un régimen de adicionales en negro, naturalmente, bajo el arbitrio de los propios jefes policiales. No sorprende, en ese cuadro, que el conflicto haya fracturado la cadena de mandos: los subalternos repudian a los jefes, a los que acusan de expoliarlos a igual titulo que lo hace el Gobierno. Los agentes rasos denuncian en particular al jefe policial Maldonado, al que señalan, paradójicamente, por “buchonearlos”, al haber entregado al Gobierno y a la Justicia un listado de los amotinados. En la noche del lunes pasado, un escuadrón de fuerzas especiales reprimió a un piquete de los policías en huelga junto a sus familias, lo que agravó la crisis en el interior de la fuerza. El reclamo, en ese cuadro, es de un salario básico y remunerativo, que cubra el costo de la canasta básica, y el levantamiento de las sanciones contra varias decenas de los policías rebelados. El gobierno provincial ha tomado un compromiso “de palabra” en favor de un aumento, pero ninguno de los amotinados lo cree, y exige un acuerdo por escrito. En estas horas, crecía la incorporación de efectivos al piquete dispuesto frente al departamento de Policía de Rosario. Pero el régimen laboral y salarial que denuncian los policías no es para nada una excepción en la provincia o en el país. Los docentes santafecinos están sometidos a una cláusula de “presentismo” que, en caso de perderse, reduce sustancialmente sus salarios. Es, claramente, un adicional “antihuelgas”. Pullaro es un Milei “adelantado”, aplicando la reforma laboral en su provincia después de haberle impuesto una reforma previsional a los docentes. Este régimen mileista ha sido desenmascarado por la huelga policial. En la conferencia de prensa brindada en la mañana del miércoles por el jefe de Seguridad y el ministro de Economía santafecinos, los funcionarios dijeron contemplar un aumento al personal policial, pero “diferenciado por su rol” respecto del resto de los trabajadores de la provincia. Abren el paraguas ante lo que ya ha comenzado, es decir, la inquietud salarial del resto de los estatales santafecinos, comenzando por las enfermeras de los hospitales. Por esa misma razón, Pullaro maniobrará hasta último momento para derrotar la rebelión policial, con la complicidad de los hermanos Milei que le reclaman “no aflojar”. Temen una generalización del reclamo, en primer lugar, entre todos los estatales, justamente cuando la inflación se dispara en cualquiera de los “índices” que se considere. El estallido policial ha alterado el escenario político bajo el cual tendrá lugar la discusión de la contrarreforma laboral en el Senado. El gobierno sólo esperaba “digerir” la movilización administrativa que la burocracia sindical convocó para este miércoles, con el propósito de disimular su compromiso de fondo con la ley antiobrera. Pero ahora se enfrenta con una rebelión impensada: el régimen de ajuste y sobreexplotación es intolerable, incluso para aquellos llamados a asegurar su cumplimiento por la fuerza. En el motín de Rosario, algunos efectivos exponían pancartas reclamando “salud y derechos laborales”. La reforma laboral ha sido desautorizada de antemano y por la vía de una fractura interna del propio Estado. Aprovechemos esa fractura para extender el reclamo salarial y las autoconvocatorias en favor de una lucha de conjunto, es decir, una huelga general. Llamamos también a desarrollar una movilización internacional de masas en defensa de Cuba y de la independencia política de Venezuela y de América Latina.

Por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, amigo íntimo y abogado de Milei, se convirtió en el primer procesado del gobierno libertario. Fue acusado por el juez Sebastián Casanello de ser la cabeza de una asociación ilícita de cobro de sobornos y los embargó por 200 millones de pesos. También se encuentran procesados en la causa Daniel Garbellini, número dos en el ANDIS, y los operadores Miguel Calvete y Pablo Atchabahian. En el fallo de Casanello se puede leer que la ANDIS “se convirtió en una oportunidad de rápido enriquecimiento ilícito” para “una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales (…) como por actores particulares”. Su objetivo era “generar recíprocamente millonarias ganancias”, a expensas de los fondos públicos que debían garantizar el derecho a la salud y el bienestar a personas con discapacidades. Las maniobras consistían en “la adjudicación indebida de contrataciones públicas” para la compra de medicamentos e insumos, el pago de sobreprecios y, como contraparte, de sobornos. Los procesados ascienden a 19 personas. La imputación a seis exfuncionarios (más 13 directivos y empresarios farmacéuticos) se asienta en los delitos de asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles, entre otros. En agosto del año pasado salieron a la luz los audios en los que Spagnuolo, en conversaciones con diferentes personas, reconocía el cobro de coimas, que, según el ex irector de ANDIS, tenía en la punta de la pirámide de corruptela a Karina Milei, seguida por Martín Menen y Lule Menem, que aún no fueron citados a declarar. Por el momento Jonathan y Emanuel Kovalivker, empresarios de la droguería Suizo Argentina, no se encuentran procesados. La defensa de ambos pidió la nulidad de toda la causa, aduciendo que los audios filtrados son apócrifos. Casanello rechazó dicho pedido y la Cámara Federal de Casación declaró inaceptable un recurso de queja presentado con el mismo propósito. Aún así, ni Casanello, ni el fiscal de la causa Franco Picardi tomaron los audios para elaborar las acusaciones. El resto de los procesados como integrantes de esa asociación ilícita son el exdirector de Prestaciones Médicas, Diego Martín D’Giano, el excoordinador de Gestión de Urgencias, Roger Edgar Grant, y Eduardo Nelio González, exdirector de Apoyos y Asignaciones Económicas. Los procesados vinculados a Calvete son su hija Ornella, Lorena Vanesa Di Giorno y la exfuncionaria Luciana Ferrari. Los implicados relacionados a las droguerías son Silvana Escudero, vinculada a New Farma, Andrés Arnaudo, a Génesis, y Alejandro Fuentes Acosta, vinculado a Droguería Floresta (Página 12, 9/2). En el expediente firmado por Casanello se puede leer que se realizaron órdenes de compra por $30.337.220.919,77, concentradas principalmente en cuatro empresas: Droguería Profarma SA, Droguería Génesis SA, Droguería New Farma SA y Droguería Floresta SA. En relación a los sobreprecios, el fallo “recoge comparaciones concretas entre procesos ‘grandes’ y compras ‘acotadas’ para medicamentos específicos, con diferencias porcentuales muy significativas. Por ejemplo, se describen contrastes sobre Pembrolizumab (Pembrox) con incrementos que, en ciertos casos, superan el 100% entre una compra y otra, y se detallan montos de presunto sobreprecio asociados a adjudicaciones a distintas firmas” (Palabras del Derecho, 10/2). Mientras la causa avanza, el Gobierno, tratando de borrar las pruebas de asociación ilícita de cobro de sobornos que involucran a la propia camarilla gobernante, en diciembre pasado decidió cerrar la ANDIS y pasarla a la órbita del también cuestionado Ministerio de Salud. La medida fue argumentada en la necesidad de eliminar “capas burocráticas” y mejorar la transparencia en la administración de políticas de discapacidad, según informó en su momento el inefable vocero presidencial, Manuel Adorni. Las coimas de la ANDIS no son la excepción, sino que es parte del entramado de corruptela más generalizada del gobierno liberticida, a las que hay que sumar la criptoestafa $LIBRA, la retención de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano, los contratos de seguridad con Tech Security (vinculada con el clan Menem) del Banco Nación, el caso de fentanilo adulterado -que dejó un centenar de muertes- y el ingreso de valijas por parte de Laura Belén Arrieta, “empleada” de Scatturice, quien acumula al menos 260 contratos con el Estado. Como el pescado, el Gobierno se pudre por la cabeza. Milei y su pandilla son parte de una asociación ilícita más grande que tiene como objetivo final derrotar a la clase trabajadora con métodos fascistas.

En la búsqueda de los hijos de desaparecidos apropiados por la última dictadura militar había una pieza clave que contaba con información privilegiada. Comisario y torturador, Jorge Antonio Bergés era médico obstetra que "asistió" los partos de las detenidas-desaparecidas de la dictadura, cuyos hijos tuvieron un destino incierto, aunque se sabe que muchos fueron entregados a los propios militares. Incluso allí donde no se ocupó del parto mismo, Bergés igualmente se involucraba luego en el robo de los recién nacidos, porque tenía montada toda la estructura para el tráfico de niños. Se trató, en definitiva, de un torturador y apropiador de bebés que, a los 83 años, acaba de fallecer, manteniendo hasta el final el silencio sobre el destino de los bebés apropiados. Conocido también por su afición a la picana eléctrica, vivió sus últimos tiempos con el beneficio de la prisión domiciliaria. En su testimonio en el Juicio a las Juntas, Adriana Calvo señaló a Bergés como el médico encargado de los partos de las secuestradas por la última dictadura (1976-1983). Adriana contó con detalles que el día 15 de abril de 1977 comenzó su trabajo de parto en la comisaría 5.ª de La Plata. Era su tercer hijo, Teresa. El testimonio que brindó fue estremecedor y tuvo el coraje de revelar los detalles más escalofriantes del accionar de Bergés. Luego de dar a luz en el asiento trasero de un auto policial y trasladada al Pozo de Banfield, contó que “el doctor Bergés me acostó en la camilla y de un solo apretón me sacó la placenta y la tiró al piso mientras me insultaba”. Luego, le llevó unos baldes y unos trapos para que, recién parida, limpiara, completamente desnuda y frente a los guardias, la sangre de su propio parto. También Pablo Díaz, secuestrado el 21 de septiembre de 1976, identificó a Bergés en el Pozo de Banfield y calificó a ese centro de detención como una “maternidad clandestina”, donde iban a parar muchas detenidas-desaparecidas embarazadas. Bergés atendía los partos en los centros clandestinos que funcionaban en lo que se conoció como el Circuito Camps, de la provincia de Buenos Aires, dirigido por el genocida Ramón Camps, entre los que se encontraban el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, y otros en La Plata y otros distritos bonaerenses. Para la época del golpe de Estado, Bergés estaba destinado a la Dirección General de Investigaciones (DGI), que estaba al mando del torturador Miguel Etchecolatz. Las atrocidades de Bergés no terminaron con la dictadura militar, de la cual salió con total impunidad, luego de una breve detención, beneficiado inmediatamente por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida del gobierno de Alfonsín. Su práctica de apropiación y tráfico de bebés se extendió durante la democracia, para lo cual contó con los mismos contactos y la misma estructura que se mantuvo incólumne en la posdictadura. Para ello montó incluso una clínica propia en Quilmes y formó parte de las fuerzas de la policía bonaerense hasta 1997, donde recibió numerosas distinciones por parte de las autoridades. “Bergés tuvo una estructura que le permitió apropiarse de los hijos y las hijas de las personas que están desaparecidas, pero, además, continuó utilizando esa misma estructura para el tráfico de niños y de niñas. Eso también marca que estamos hablando de continuidades que exceden los años del terrorismo de Estado. En este caso se ve un punto que es fundamental, que tiene que ver con la violencia hacia niños y niñas a través de privarles de su identidad durante la dictadura, pero también durante la democracia”, aseguró a Página/12 la auxiliar fiscal Ana Oberlin. Se sabe que esta práctica inefable de Bergés venía incluso desde antes de la dictadura del 76. “A finales de 1969, en una maternidad conocida como la clínica de Doña Elena, Bergés participó de al menos un parto en el que a la madre le dijeron que el bebé había nacido muerto, pero nunca se lo mostraron ni le dieron un certificado de defunción. Otros casos similares hicieron que se abriera una causa que terminó por archivarse por falta de elementos” (El País, 11/02). La lucha de las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos llevó nuevamente a Bergés al banquillo de los acusados en 2004, luego de décadas de impunidad. Ese año Bergés fue condenado, junto al excomisario Miguel Etchecolatz, por la apropiación y supresión de identidad de Carmen Gallo Sanz, una hija de desaparecidos nacida en cautiverio, a la pena irrisoria de siete años de prisión. Ese mismo año salió en libertad, ya que permanecía detenido desde el 2001, no sin que antes la Sala II de la Cámara Federal de La Plata lo premiara con prisión domiciliaria. Volvió a prisión por sus delitos en la Brigada de San Justo, pero en 2010 recibió nuevamente el beneficio de la prisión domiciliaria. Sólo la movilización popular lo devolvió a la cárcel en 2011. En el 2012 fue condenado en el juicio “circuito Camps”, cuya condena fue confirmada por la Cámara de Casación recién ocho años más tarde. Desde su primera condena en 1986, cayeron sobre Bergés numerosas condenas, sin que ninguna haga justicia a las atrocidades por él llevadas a cabo, ni tocara toda la estructura delictiva sobre la que se montó, ni la que lo mantuvo impune. La condena a prisión perpetua finalmente le llegó... en marzo del año pasado. La perpetua duró los 11 meses que le quedaban de vida. Recibió esa condena en el juicio de las brigadas de Lanús, Quilmes y Banfield. Su muerte dejaría pendiente otra condena que todavía debía caer sobre él, ya que estaba siendo juzgado por el secuestro y tortura de Jorge Julio López en la Comisaría 5.ª de La Plata. Desde el día uno, Bergés se negó a colaborar con la Justicia para dar a conocer el paradero de los bebés apropiados. Abuelas de Plaza de Mayo cuenta con 140 nietos restituidos, pero estima que hay unos 300 más de quienes todavía no se ha dado con el paradero. Bergés se llevó esa información a la tumba. A casi 50 años del golpe del 76, muere uno de sus especímenes más nefastos luego de una larga trayectoria de impunidad. Actualmente, el gobierno de Milei se encuentra designando militares en funciones, algunos de ellos con antecedentes familiares vinculados a crímenes de lesa humanidad, para ejercer cargos políticos en el Estado. El Ministro de Defensa Luis Petri mantiene un rol activo en obstaculizar los juicios de lesa humanidad. Teresa Laborde Calvo, hija de Adriana y que nació en cautiverio, escribió al enterarse de la muerte de Bergés: “Murió el ‘obstetra del mal’ sin decirnos dónde están los bebés que se robó. Ojalá se pudra en los anales de la historia como la escoria humana que fue”.

Mientras el Senado continúa con la sesión que pretende dar media sanción a la contrarreforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, frente al Congreso se realizó una concentración en rechazo al proyecto. Antes de que llegaran las columnas, se dispuso el vallado completo de la zona y un fuerte despliegue policial. La CGT tolera desde la asunción del gobierno el inconstitucional “protocolo antipiquetes” de Milei-Bullrich. La Confederación General del Trabajo (CGT) montó una movilización rutinaria y limitada al aparato sindical, en ausencia de la convocatoria a una huelga nacional. La columna de ambas CTA, UOM (metalúrgicos), Aceiteros y Camioneros buscaron agruparse por separado, pero no superaron el marco de los aparatos. Además de la izquierda, se movilizaron las agrupaciones de jubilados y estuvieron presentes varias fábricas en conflicto. Como ocurriera en marchas anteriores, la CGT se retiró rápidamente de la Plaza de los Dos Congresos, apenas pasadas las 16h. Casi de inmediato, comenzaron las provocaciones policiales contra las columnas y manifestantes que permanecían en la concentración. Lo que comenzó con algunas corridas y gases fue dando lugar a una avanzada policial en regla, con el propósito de despejar la zona y ponerle fin a la manifestación. El choque entre las columnas y la policía se desarrolló durante varios minutos hasta que finalmente la plaza fue desalojada. El saldo ha sido más de 30 detenidos, 15 de ellos convalidados que se encuentran en CAD SUR (Suárez 2050). La policía, ya como metodología habitual, prosiguió el hostigamiento y el amedrentamiento a los manifestantes y las columnas que se desconcentraban, con nuevas provocaciones y detenciones que se prolongaron hasta las inmediaciones de la estación Constitución. En Córdoba, la movilización fue reprimida en circunstancias similares. Milei y Bullrich no perdieron la oportunidad de sacar a relucir toda su saña represiva, haciéndole el coro al proyecto, también antiobrero y represor, que se trataba en el Senado. Política Obrera constituyó su columna y marchó por avenida Rivadavia, cantando: “Al gobierno y a la patronal, lo derrotamos con una huelga general”.

Patricia Bullrich señaló que el proyecto de ley que obtuvo media sanción esta madrugada en el Senado “es la que queda, sin cambios”, o sea que el paso por Diputados sería sólo un trámite. El pacto de hierro entre los bloques y partidos que votaron la contrarreforma (libertarios, el PRO y la UCR) fue suscripto por otras bancadas provinciales, como Flavia Royón, la senadora del gobernador Sáenz y del capital minero, o las representantes del “Neuquinismo”, que levantaron la mano por el “futuro de Vaca Muerta”. En la trastienda de esta coalición antiobrera, está la burocracia de la CGT, que consiguió dos cuestiones vitales para su caja: mantener los “aportes voluntarios” a los sindicatos, al menos durante dos años, y el porcentaje del 6% para las obras sociales. Pero es falso que el gobierno les hiciera “concesiones”: la última versión del proyecto fue un ‘toma y daca’, donde Milei y Bullrich se embolsaron nuevas cláusulas antiobreras, como la aplicación de descuentos a los trabajadores que deban tomar licencias por accidentes o incapacidades sufridas en actividades de “riesgo” fuera del horario del trabajo -por ejemplo, cualquier deporte-, y también por enfermedades. Las licencias, en estos casos, sólo representarán el 50 y 75% del salario, respectivamente. La salud del trabajador, que siempre es afectada por el desgaste físico de los años en el puesto laboral, pasa a ser un “asunto privado”. La media sanción dispone, además, la digitación, en favor de la patronal, del médico y las juntas médicas que deberán intervenir en estos casos. Naturalmente, la CGT -que negoció la cuestión de los aportes a su caja- no podía desconocer este agregado de último momento. Este es el “paquete” que debe ser votado a libro cerrado en Diputados. Peronismo En el coro de complicidades con la contrarreforma está, asimismo, el elenco de senadores del pejotakirchnerismo. Durante dos años, Cristina Kirchner reclamó en sus cartas y pronunciamientos una “actualización laboral”, la misma muletilla utilizada por el gobierno para fundamentar su proyecto de ley. Los senadores peronistas abusaron de la afirmación de que “la reforma no va a crear empleo”, cuando la intención del proyecto no es ese, sino aumentar la tasa de explotación de la fuerza de trabajo. Los Gerardo Zamora y varios otros no cuestionaron este único punto vital –el derecho laboral ha sido conquistado por los trabajadores como un medio para atenuar relativamente esa tasa de explotación. Ninguno de ellos defendió al derecho del trabajo, como no podía ser de otro modo. En el mundo entero, el derecho del trabajo fue aceptado por las patronales en períodos de ascenso revolucionarios y revoluciones. En esos períodos, socialistas, comunistas y peronistas sirvieron de puente para esa transacción, en nombre de las llamadas “reformas universales”. La contrarreforma fue saludada por una suba en la cotización de la deuda pública y de las acciones argentinas en el exterior, porque el proyecto establece, además de lo antedicho, un “Fondo de Asistencia Laboral”, que recaudará una cifra cercana a los 4000 millones de dólares por aportes previsionales desviados del ANSES al fondo de despidos. Como ocurriera con las AFJP, este fondo será generosamente usado para comprar títulos de la deuda pública. Este vaciamiento del Anses será seguido por la reforma jubilatoria, o sea el aumento de la edad de retiro, el cese de la indexación y la liquidación de los regímenes especiales de docentes y profesores. A la vuelta de ese ataque, vendrá otro filón para el capital financiero: la reapertura de la jubilación privada. En la jornada de ayer se produjo una paradoja: mientras el Senado votaba la condición de “esencialidad” para las fuerzas de seguridad –que obligan a una prestación de tarea al ciento por ciento en cualquier conflicto– los efectivos de Rosario completaban su tercer día de insubordinación para reivindicar un aumento de salarios y la inclusión de los ‘adicionales’ al básico. La necesidad tiene cara de hereje; las fuerzas encargadas de asegurar la vigencia de la contrarreforma laboral se levantan contra sus disposiciones. Cuando se trata de abrir la billetera, las fuerzas de seguridad son consideradas una fuerza de trabajo y no un arma del Estado para preservar el orden patronal. La legislación antiobrera vale el tiempo que los obreros se vean forzados a aceptarla. Cuando las reivindicaciones elementales de la clase unan al conjunto de la masa en una lucha común, esta ‘legislación’ caerá como un castillo de naipes. LEER MÁS: Movilización en Congreso: un fuerte operativo represivo, con detenciones y redadas Por Redacción, 11/02/2026. La contrarreforma laboral llega al Congreso Las complicidades de hierro entre Milei-Caputo y gobernadores peronistas. Por Marcelo Ramal, 10/02/2026.

Este miércoles por la tarde, el gobernador Pullaro llevó a cabo una conferencia de prensa junto al Ministro de Seguridad y al jefe de la Policía provincial. En su primera y única intervención pública, Pullaro anunció un acuerdo con los interlocutores de la fuerza que luego fue materializado mediante un decreto. El mismo auspicia que ningún policía cobrará por debajo de los $1.350.000, que es lo que el gobernador entiende como “canasta básica”. Asimismo, anuncia la formalización de bonos para aquellos que desempeñen tareas operativas (vigilancia en las calles) en determinadas ciudades reportadas como importantes. En este punto, también se hace una discriminación por zonas caracterizadas como “peligrosas”. Se adiciona un aumento de la tarjeta alimentaria, todo lo cual, según el gobernador, representaría un sueldo de bolsillo de casi $1.500.000 pesos. Con el anuncio y la firma del decreto, los interlocutores apostados en las adyacencias de la unidad regional de Rosario se retiraron del piquete; en las redes sociales denuncian, sin embargo, que el arreglo es “pan para hoy y hambre para mañana”. El millón y medio en cuestión es miseria social sin atenuantes. Estrictamente, el reclamo de fondo, relacionado con el salario básico, no ha sido resuelto. Las sumas son “no remunerativas”, por lo que no integran el básico. Esto afecta directamente a las jubilaciones y pensiones, que se calculan de acuerdo al “básico”. La mitad de los efectivos no cobrará esos adicionales “no remunerativos”. Otros anuncios, como el pago de gastos de traslado de una ciudad a otra están vigentes desde antes de la crisis. Con respecto a los oficiales que han sido pasados a disponibilidad, se comunicó que solamente una veintena fueron reintegrados en sus puestos. Pullaro encaró el conflicto con el viejo eslogan de “apoyo el reclamo, pero no los medios”. Que reconoce los problemas laborales, pero que las carencias se repiten en todo el país. O sea, habrá nuevas revueltas. La policía santafesina registra un suicidio mensual por razones sociales o laborales. Pullaro teme que estos conflictos se generalicen. LEER MÁS: Rosario y la rebelión policial: Argentina en “estado puro” Por Marcelo Ramal, 11/02/2026.

El 11 de febrero se realizó en Washington una cumbre militar presidida por los Estados Unidos. Por la Argentina asistió el vicealmirante Dalle Nogare, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, su primera misión internacional. De los países europeos participaron los altos mandos militares de Dinamarca, Gran Bretaña, Países Bajos y Francia. Estos países poseen territorios coloniales en América. Los encargados de dirigir la cumbre fueron el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, oficial de la Guardia Nacional del Ejército. La cumbre se enrola en los propósitos de la “Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos” (NDS 2026). También fueron de la partida el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, que supervisa América Latina y recientemente confirmado por el Senado, en reemplazo del Almirante Alvin Holsey, y el general Gregory Guillot, jefe del Comando Norte, que supervisa la defensa del territorio nacional y Groenlandia. En la NDS se puede leer, blanco sobre negro que “tras años de abandono, el Departamento de Guerra restaurará el dominio militar estadounidense en el hemisferio occidental. Lo utilizaremos para proteger nuestra patria y nuestro acceso a territorios estratégicos en toda la región”. Para reforzar su estrategia en la región, desde el Pentágono aseveraron que se realizarán dos o tres reuniones de estas características en el año. Al finalizar la reunión Dalle Nogare señaló a La Nación que “Ellos (por los EE. UU.) dicen: ‘Nosotros estamos para resguardarlos, pero ustedes son los primeros que tienen que estar preparados para combatir todo este tipo de amenazas’”, y agregó que la Argentina busca consolidarse como un “actor de importancia por su profesionalismo y doctrina en temas de seguridad y defensa”. Dalle Nogare también se encargó de adelantar que los EE. UU. convocarán prontamente a una cumbre de ministros de Defensa de la región (La Nación 11/2). Trump exhortó a los países asistentes a aumentar al 5% de su PBI el gasto en defensa. El promedio regional de gastos en defensa es del 1,1%, según el Banco Mundial, mientras que la Argentina se encuentra por debajo de este promedio, destinando el 0,7% de su PBI a la esfera de defensa, a pesar del militarismo blandido por el gobierno nacional. Si los liberticidas se comprometen a esta línea de acción deberán romper su tan mentado “déficit cero” o descargarán nuevos ajustes sobre otras áreas. Dalle Nogare en su alocución a sus pares se encargó de señalar que “nuestra participación reafirma el compromiso con la seguridad hemisférica y la búsqueda de soluciones conjuntas a desafíos que hoy no conocen fronteras. Este encuentro es el espacio principal para fortalecer la confianza mutua y la cooperación profesional. Nuestro objetivo es claro: trabajar en una agenda común que priorice la estabilidad regional" (ídem). Muestra de esto es el ejercicio militar conjunto entre las armas argentinas y grupos especiales norteamericanos a llevarse adelante en abril próximo y que lleva como nombre “Daga Atlántica” . Partiendo de la caracterización que la NDS realiza sobre China, como el principal competidor estratégico de EE. UU y el único con capacidad real para disputar el equilibrio de poder a escala global, la influencia del país asiático fue uno de los puntos claves de la cumbre. Por ejemplo, el megapuerto en Chancay, Perú, o el proyecto de cable submarino para unir a Chile con el sudeste asiático. Según La Nación no estuvo en agenda la presunta base militar china en Neuquén: tampoco la sentencia de la Corte Suprema de Panamá que anula la adjudicación de los puertos del canal a una multinacional con sede en Hong Kong. Tampoco se realizaron menciones sobre la intervención federal del puerto de Ushuaia. Hegseth y Caine se refirieron a las dificultades de lograr un “equilibrio entre los beneficios” de las inversiones en infraestructura (como las que ofrece China) y los “objetivos de defensa”, sin afectar los intereses económicos de cada país (ídem). El propósito estratégico de Trump es reconstruir las cadenas de producción internacionales, para desalojar a China y capturar las materias primas estratégicas de América Latina. La cumbre trumpista se da en el marco del asedio imperialista a Cuba y el protectorado que ha instalado en Venezuela con la colaboración del chavismo residual. En el caso de la Argentina, a la militarización que promueve la “Doctrina Monroe” para América Latina y el Caribe, se le suma, en un movimiento de pinzas, como el acuerdo comercial rubricado recientemente entre ambos países, que tiene como eje el aislamiento económico de China y la conversión de Argentina en una semicolonia del imperialismo estadounidense.

Leer cualquier cosa sobre los caóticos archivos de Jeffrey Epstein —publicados de manera deliberadamente desordenada por la Justicia estadounidense— obliga a sumergirse en una cloaca inagotable de violencia sexual, sadismo, perversiones y en la confirmación de la impunidad de la que gozan los dueños del mundo. La semana pasada, un legislador demócrata, Ro Khanna, difundió algunos nombres de personajes que la Justicia norteamericana protegió durante años. Aunque están tachados en los documentos públicos, algunos legisladores tienen acceso a versiones no censuradas. Los hallazgos comprometen claramente a Leon Black y Lex Wexner, dos megamillonarios para quienes Epstein trabajó durante décadas como asesor financiero y “filantrópico” (sic). Ambos son considerados la columna vertebral de la fortuna del proxeneta. Uno está acusado de violación de varias menores en las residencias de su asesor. El otro, figura en documentos del FBI como copartícipe de la red de captación de niñas y adolescentes. Jane Doe tiene autismo y una forma rara de síndrome de Down que la dejó “en un nivel de desarrollo de unos 12 años”. Cuando tenía 16, Epstein se la entregó a León Black, el cofundador de Apollo Global Management, uno de los fondos de inversión más poderosos del mundo. La descripción de la violación, perpetrada en una de las mansiones de Epstein, da náuseas. Black mide alrededor de 1,93 metros y pesa 136 kilos. Jane es la tercera víctima de Epstein que demanda a Black, que nunca fue citado por la Justicia. Todas las mujeres -hoy rondan la treintena- dicen que fueron inmovilizadas por terceros, y terminaron heridas y ensangrentadas. Black lo niega y calificó su vínculo con Epstein como una relación profesional que incluía «planificación patrimonial, impuestos y actividades filantrópicas». Los mismos documentos muestran no solo que Black pagó a Jeffrey Epstein decenas de millones de dólares por asesoría fiscal. En los archivos se encontró “un registro extremadamente detallado del patrimonio total de los Block”, una fortuna de 5.000 millones de dólares (WSJ, 11/2). Epstein no era un “asesor” sino alguien “con acceso profundo a la intimidad financiera” de la familia. Epstein envió decenas de mails y mensajes a Leon Black, en los que lo presionaba para que le entregara millones de dólares. Por lo menos en una ocasión, le recordó el trabajo que había realizado en la estructuración de los pagos que Black hizo a una mujer que lo acusó de agresión sexual. “Documentos recientemente publicados muestran que Epstein recomendó a Black que contratara a un investigador para seguir los movimientos de la mujer y que recibía información actualizada sobre otras mujeres a las que Black había hecho pagos” (NYT 6/11). Otro que afirma que solo tuvo una relación “profesional” con Epstein fue Lex Wexner, el dueño de Victoria's Secret, L Brands y un gigantesco emporio de productos de cuidado personal. Epstein fue su mano derecha durante 20 años. Wexner concedió a Epstein una autoridad prácticamente ilimitada sobre su fortuna. Durante la década siguiente, Epstein acumuló cientos de millones de dólares, así como un avión privado, una casa palaciega y una finca de lujo en Ohio, todo ello propiedad de Wexner o de sus empresas. “La generosidad de Wexner hacia Epstein fue inaudita”: le cedió la mansión Straus en Manhattan, la residencia privada más grande de la ciudad, y le permitió vivir y operar sus negocios en sus propiedades de Ohio (publico.es 10/2, NYT 6/2). Varias mujeres denunciaron que Epstein se presentó como "reclutador de modelos" para Victoria's Secret y así las captaba. “A pesar de que ejecutivos de L Brands informaron a Wexner sobre este comportamiento a mediados de los 90, el magnate no tomó medidas”, dice Clarín (10/2). La relación entre ambos se mantuvo incluso después de la primera condena de Epstein en Florida, en 2008. Hasta que las presiones públicas forzaron una ruptura oficial, Wexner explicó que se debía a una importante malversación de fondos del asesor. Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein que más habló públicamente, dijo en una declaración que había sido víctima de la trata de personas para Wexner, entre otros. La identidad de Wexner fue rigurosamente “cuidada” por la Justicia norteamericana, que nunca lo llamó a declarar, hasta la publicación de la última tanda, donde documentos del FBI lo califican como uno de los cómplices -"co-conspiradores"- de la red de trata de esclavas sexuales. “Esta revelación, sumada a su reciente citación por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, pone al magnate de 88 años en el centro de un escrutinio judicial sin precedentes” (Clarín 10/2). “Co- conspiradora” es uno de los cargos por los que Ghislaine Maxwell, la socia y ex novia de Epstein, cumple una condena de 20 años. “Wexner, fuente de cientos de millones de dólares de la fortuna de Epstein, no ha sido acusado de ningún delito” (NYT 6/2). Otro identificado es el sultán emiratí Ahmed bin Sulayem, destinatario de un e mail en el que Epstein le dice: “Me encantó el video de torturas” (sic). Los documentos del Departamento de Justicia muestran que ambos se comunicaban frecuentemente sobre experiencias sexuales durante más de una década. Bin Sulayem es el presidente de DP World, una empresa que gestiona el 10% de comercio global y desarrolladoras inmobiliarias (elperiódico.com 10/2). El Fondo de Pensiones de Quebec, el segundo en importancia en Canadá, esta semana suspendió acuerdos de inversión con DP World por estas noticias. ‘Last but not least’, otro que está en problemas es el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, que visitó a Epstein en su isla privada en 2012, cuatro años después de que el proxeneta fuera sentenciado a 13 meses de prisión por prostituir a una niña. Lutnick había jurado que se había distanciado de Epstein en 2005 pero la última entrega de los archivos lo muestra intercambiando invitaciones y concretando un almuerzo en compañía de su mujer e hijos, a los que esgrime como escudo. Al momento de su muerte, en 2019, Epstein era un hombre inmensamente rico. Su patrimonio sumaba US$ 578 millones, según sus herederos. Esa fortuna incluía una colección de lujosas residencias, dos islas privadas en el Caribe y casi US$ 380 millones en efectivo e inversiones. “El origen de esa riqueza es el núcleo del escándalo que todavía sigue abierto… y sigue siendo un misterio” (Forbes). La hipótesis de que Epstein filmaba a sus amigos mientras violaban a las menores, en sus casas y en sus islas, y después los habría chantajeado, usando su actividad financiera como fachada, va quedando corta. Los nexos entre las redes de prostitución, las redes de trata y el capital financiero internacional han sido denunciados muchas veces. Los archivos de Epstein comienzan a aportarles nombre y apellido. LEER MÁS: La podredumbre moral de la elite capitalista sale a flote Epstein, Musk y el gobierno de la pedofilia. Por Iara Bogado, 05/02/2026. Los archivos Epstein y la crisis del poder imperial norteamericano Por Ceferino Cruz, 04/02/2026. Caso Epstein: Trump hasta las manos en su vínculo con el proxeneta Operación de bloqueo para salvar al gobierno. Por Olga Cristóbal, 26/12/2025.

“NO A LA REFORMA LABORAL. HUELGA GENERAL” . Con estas consignas como cartel de cabecera se concretó una movilización de más de 1000 compañeros y acto en la Plaza Independencia contra la reforma laboral y demás proyectos (glaciares, baja de la imputabilidad, etc.) que están en tratamiento en el Congreso Nacional. La jornada fue impulsada por la ADIUNT (el sindicato combativo de la docencia universitaria). A esta convocatoria confluyeron SADOP (docentes de la educación privada), SITAS (unos de los sindicatos de la salud de la provincia que integra a nivel nacional el FESPROSA), ATE, los jubilados autoconvocados, Proeco (el sector ambientalista más importante y reconocido de la provincia), Tucumán por Palestina (el agrupamiento que motorizó numerosas acciones de denuncias y movilización contra el genocidio sionista al pueblo palestino), el PCR, MST, PTS y Política Obrera. La preparación de la jornada: las posiciones y debate La convocatoria de ADIUNT se materializó en dos reuniones, el jueves 5 y viernes 6, donde se desenvolvió una intensa lucha política en la que quedaron planteadas sin medias tintas las divergencias, pero también la voluntad práctica de concretar una jornada de lucha contra el gobierno nacional y provincial separada de cualquier acción de la burocracia. A partir de ello, se acordó concretar una movilización con una cita de partida unificada y un acto donde iban a poder expresarse todas las fuerzas que impulsaban la iniciativa. El jueves fue la reunión de exposición de posiciones y el viernes fue de definición. SADOP (que integra la directiva de la CGT provincial) decidió en plenario de delegados que, al margen de lo que pudiera decidir la CGT e inclusive la organización nacional que los representa, iban a parar y movilizarse junto a ADIUNT. El SITAS venía de concretar un plenario de más de 80 delegados donde clarificaron el contenido del proyecto de ley del gobierno de Milei. En ese plenario, algunos delegados llamaron a participar de la convocatoria que realizaba ADIUNT. Eso ocurrió días después, cuando se hicieron presentes e informaron de la decisión de convocar a parar y movilizarse junto a ADIUNT. Las mismas actitudes fueron adoptando otros sectores, como fue el caso de los jubilados autoconvocados o los sectores ambientalistas. El FITU pretendió conformarse como coordinadora contra la reforma laboral, con un planteo de aparato y llamando a la CGT y a la CTA, o sea a la burocracia, a romper la tregua, postura que sostuvieron incluso cuando la CGT nacional declaró que no iba a convocar a ningún paro, solo a una movilización y la CGT de Tucumán alineada con Jaldo que no llegó siquiera a reunirse. El FITU estaba jugado a conformar una coordinadora contra la reforma laboral e incluso ya habían decidido convocar la jornada el miércoles 11 a la tarde. Era evidente la pretensión de poner bajo su control la jornada e incluso anunciando con mucha antelación que ya tenían contratado el sonido. El único partido que en ningún momento se hizo presente en la organización de la jornada de lucha fue el Partido Obrero, jugado a que la iniciativa de ADIUNT iba a fracasar o iba a ser copada por la burocracia. En el caso del FITU, tanto el PTS como el PO revirtieron su posición sumándose a la jornada, pero mantuvieron hasta último momento su postura de llevar sonido propio para hacer un “acto independiente de la burocracia” llamando a la burocracia a que rompa la tregua (??). Porque desconfiaban que la burocracia terminara copando la jornada. La jornada en la plaza Ante un despliegue inusitado de las fuerzas represivas, se desenvolvió la jornada. Por un lado, frente a la Casa de Gobierno, sectores vinculados a la UATRE y ATSA intentaron primerear la jornada alentados por ATE y el PCR (que desertaron de la convocatoria de ADIUNT) y de manera improvisada (con megáfonos) terminaron haciendo una suerte de acto con discursos vacíos de contenidos. En nombre de la unidad hubo intentos de unificar esa movilización de la burocracia con la movilización impulsada por la ADIUNT, que fue rechazada. La concentración de la burocracia se fue desarmando “sin penas ni gloria” y muchos de los concurrentes se quedaron a escuchar a los oradores del acto independiente impulsado por la ADIUNT. En el acto de los sectores combativos se expresaron diversos oradores que denunciaron al proyecto del gobierno y dieron cuenta de la situación. En todo este proceso, Política Obrera fue un activo impulsor de la jornada y en cada reunión y en el discurso en el acto explicó el carácter político del ataque del gobierno, la necesidad de dar una respuesta política, que no iba a venir del lado de la CGT, y que era necesario por medio de autoconvocatoria y coordinaciones, como se estaba concretando en esa jornada en Tucumán, abrir paso a una lucha a fondo, en serio y política, la huelga general. En el desarrollo de la jornada se concretó la venta de 50 periódicos y se repartieron miles de declaraciones.

El martes 10, alrededor de las 15:30hs, en la casa de María Ducolms, una vecina de Villa Inflamable, se hicieron presentes funcionarios del Polo Judicial Avellaneda-Lanús, en la provincia de Buenos Aires. El objetivo era desalojar a la conocida luchadora ambientalista y a sus familiares. Allí vive María con sus hijos, sus nietos -uno de ellos, discapacitado-, y su esposo, Mario, quien hace poco tiempo fue despedido de una de las plantas procesadoras de desechos peligrosos. La familia viene realizando numerosas denuncias ante el ACUMAR, sin respuesta alguna. En el caso de María específicamente, se encuentra transitando un cáncer producto de la contaminación ambiental. La policía, que se hizo presente en la casa de María con una orden de desalojo, se movilizaba en dos autos de la Delegación Departamental de Investigaciones de Avellaneda (DDI) como si fueran a detener una peligrosa delincuente y no a una conocida luchadora del barrio, en una de las zonas más contaminadas de la provincia y del país. El operativo, orquestado con la anuencia de las autoridades municipales, se caracterizó por la violencia y el intento de intimidar a la familia y a los vecinos. El abogado que acompañaba a María mostró que la orden que traían ni siquiera tenía la dirección correcta, sino que ordenaba el desalojo de la “unidad habitacional” situada en Sargento Ponce 3000, un número inexistente. El argumento para proceder al desalojo era insólito: que "la vivienda es lindera a una planta procesadora". En ningún momento se respetó protocolo alguno respecto de los menores que ocupan la vivienda. Las autoridades judiciales no tuvieron en cuenta los tratados internacionales sobre el interés superior del niño. Tampoco se respetó a la víctima quien, producto de la situación violenta y de su estado delicado de salud, se descompensó. No fue asistida, a pesar de que los vecinos llamaron a la ambulancia municipal. El miércoles 11 se concretó el desalojo cuando topadoras de la empresa Dapsa, en un acto plagado de irregularidades, avanzaron sobre la vivienda de la familia trabajadora. El predio fue inmediatamente ocupado por la empresa Trieco S.A., una de las cuatro empresas autorizadas por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires para el tratamiento final de los residuos peligrosos: especialmente los denominados patógenos, provenientes de los centros de salud de la zona. Hace años que vecinos y trabajadores de Dock Sud, Sarandí, Villa Inflamable e Isla Maciel han denunciado a Trieco porque no cumple con los parámetros y protocolos establecidos para la tarea por la ley 11.347 de “Tratamiento, Manipuleo y Disposición de Residuos Patógenos”. Las denuncias informan acerca de olores nauseabundos, humo espeso, muy oscuro e irrespirable, contaminación en tierra, aire y agua, malestares físicos en boca, ojos, piel, garganta y estómago. Investigaciones concluyen que Trieco S.A. no cumple con los parámetros y protocolos necesarios para la tarea. Sin embargo, la empresa sigue funcionando con la anuencia del gobernador Axel Kicillof y el intendente Jorge Ferraresi. María explicó que “supuestamente acá hay una orden de Laborde, del Polo Judicial de Avellaneda, que manda a desalojar todo esto (…) Luego del desalojo, los dueños de Trieco se metieron en nuestra casa. Hicieron lo que quisieron (…) Los peores contaminadores de Avellaneda en mi casa” (En la Mira, 11/02). Hoy una familia trabajadora, la de María, se encuentra en la calle sin poder regresar a lo que les queda ya que el terreno está usurpado por la empresa denunciada. Mientras tanto, el gobierno municipal mira para otro lado. Desde Política Obrera exigimos planes de viviendas populares bajo control de trabajadores y vecinos. Por la inmediata devolución y reconstrucción de la vivienda a María y su familia.

En la sesión de este jueves, los diputados del FITU votaron en contra del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, tal como lo hizo una parte de los diputados del kirchnerismo. Pero la coincidencia no se limitó a la circunstancia puntual del voto negativo. Lo que se destacó en la sesión fue la identidad de los argumentos. El FITU votó contra el acuerdo con los planteos del nacionalismo capitalista. En su intervención, Néstor Pitrola señaló que el acuerdo será “el reino del saqueo de los recursos estratégicos y una esponja que absorba la sobreproducción industrial europea, favoreciendo exportaciones primarias —carne, granos, minerales y energía— mientras se profundiza la dependencia” (Prensa Obrera, 13.2)”. La denuncia de la “primarización” económica, mientras “absorbemos” a la producción europea, es la misma queja que formula el capital local afectado por el acuerdo. Para completarla, Pitrola señala que “somos uno de los 22 países con industria automotriz y la van a destruir. En 15 años habrá arancel cero frente a potencias como Alemania o Italia, cuando ya nos están inundando de autos importados”. “En la misma línea -agrega Prensa Obrera- señaló que sectores como el neumático y el textil ya muestran niveles críticos de importación y capacidad ociosa, como anticipo de un desmantelamiento mayor del tejido productivo”. (Prensa Obrera, 13.2). Lo que Pitrola no menciona es que parte de esas terminales automotrices son empresas de capital europeo. Según su versión, los gobiernos que defienden a FIAT, VW o Mercedes habrían entrado en una conspiración para competir… con sus propias terminales en el Mercosur, hasta llevarlas eventualmente a su cierre. Lejos de esta vulgaridad, lo que promueve el acuerdo de reducciones arancelarias recíprocas es, por un lado, un cupo de importación de autos europeos al Mercosur y, por el otro, el ingreso de autos y partes a la UE por parte de las terminales europeas o autopartistas del Mercosur. La reducción de aranceles redobla la competencia entre países y bloques; refuerza, por lo tanto, la presión patronal sobre la clase obrera, del Mercosur y de la UE, en favor de la reducción del “costo laboral”. Esa presión, por otra parte, viene acicateada por otra competencia -la de los otros acuerdos comerciales, por ejemplo, el de Argentina con Estados Unidos, firmado después que el acuerdo entre el Mercosur y la UE . En manos de los gobiernos y bloques capitalistas, y en el marco de una guerra internacional, los acuerdos comerciales son, antes que nada, un arma de extorsión de las burguesías de cada país contra su propia clase obrera. Ni una palabra de Pitrola fue dedicada a esta cuestión crucial. El argumento de Pitrola, en defensa de “nuestra” industria, reviste una particularidad: en el Parlamento de uno de los países del Mercosur, el representante de una fuerza que se proclama socialista e “internacionalista” colocó los intereses de la clase obrera argentina en colisión con los de la clase obrera europea: o sobrevive nuestra industria, o la de ellos. Es lo mismo que hacen “en espejo” los agricultores franceses o españoles, cuando rechazan este mismo acuerdo en nombre de “nuestro” (el de ellos) campo”. Se dirá que, al menos, lo hace para defender a los trabajadores de Argentina -pero es falso. El ángulo de la “defensa de la producción local” es el que esgrimen y esgrimirán todas las burocracias sindicales para resignar derechos y salarios, en nombre de enfrentar a “lo que viene de afuera”. El nacionalismo capitalista, como ángulo de defensa contra los “globalizadores”, es un llamado a estrechar filas con el explotador local contra el explotador extranjero. En su discurso, Pitrola alertó sobre las importaciones de neumáticos y otros productos, en defensa del “tejido productivo”. Pero los grandes importadores de neumáticos son las propias industrias locales de cubiertas . Cuando en 2016, todavía en el PO, denunciábamos las importaciones de neumáticos de FATE, o, antes, las de cables de Lear, lo hicimos siempre para denunciarlas como un ariete de Madanes y las otras patronales contra las huelgas, los salarios y condiciones laborales de los trabajadores. El lenguaje del “tejido productivo” une a las víctimas del “industricidio” con sus victimarios. En la intervención de Pitrola -y vale para el resto del FITU- estuvo ausente la caracterización del acuerdo UE-Mercosur como un episodio de la guerra internacional, que es una guerra del capital y de sus diferentes bloques contra la clase obrera . En este sentido, los acuerdos son inseparables de la contrarreforma laboral -todo esto estuvo ausente en la “denuncia” parlamentaria del FITU. La crítica al acuerdo UE Mercosur en nombre del nacionalismo capitalista es reaccionaria. En oposición a esa perspectiva, denunciamos al acuerdo como parte de la guerra contra la clase obrera y llamamos al proletariado europeo a una acción común en defensa de las conquistas obreras amenazadas. Al “libre comercio” de las potencias imperialistas, que no es “libre” sino solamente la antesala de la guerra, le oponemos la unidad internacional de los trabajadores contra la guerra y por gobiernos de trabajadores en todo el mundo.

Cuando el Senado se apresta a dar media sanción a la contrarreforma laboral, el desafío contra este atropello histórico contra la clase obrera no parte de la CGT ni de la burocracia peronista de los sindicatos, sino de los agentes policiales de Rosario, aunque no hagan mayor referencia a ella y aunque sus colegas de la Federal y de Caba, junto a la Gendarmería, se apresten a reprimir las protestas contra esa media sanción. En la provincia de Santa Fe, los encargados de proteger la seguridad pública y defender el “orden” (capitalista ajustador), dicen que no pueden vivir con 900.000 pesos de salario, compuesto de un básico de 160.000 pesos y toda clase de ‘adicionales’ precarios. Santa Fe es la provincia más rica de Argentina, donde circulan los millones de dólares de la “patria” sojera, de los monopolios exportadores y de la gran industria. Milei y Pullaro, con Bullrich y Caputo, no garantizan la comida de sus propios guardianes. En esa provincia, se armó el mayor dispositivo represivo del país, para custodiar los puertos privados, el negocio inmobiliario y el narcotráfico. En sus piquetes improvisados, los policías denuncian que se ven obligados a changuear como choferes o motoqueros de aplicaciones de reparto. La mitad de la clase obrera de la industria y servicios hace lo mismo con Uber. Esta es ‘la libertad carajo’ de Milei y la clase capitalista de delincuentes sociales que lo apoya. El recibo de sueldo de los policías amotinados es un retrato, hecho y derecho, de la contrarreforma laboral que el gobierno ha enviado al Congreso, para que la voten los mismos Pullaros y los gobernadores que deberán enfrentar en poco tiempo más rebeliones similares. Karina Milei y sus secuaces santafecinos han salido a “caranchear” con la huelga policial, a la que presentan con el repetido verso de los “infiltrados”. Milei y sus funcionarios enfrentan cargos judiciales por corrupción con los fondos de los discapacitados, negociados con las redes sociales y contratos adulterados de compras públicas. Mientras tanto, el INDEC anuncia una inflación trucha del 3%, cuando la real se acerca al 4 o 5%. A este ritmo, los trabajadores, que han sufrido una caída de entre el 20 y 40% de sus salarios en los últimos dos años, van a perder otro 25% del salario en 2026; los despedidos ni eso. La cloaca oficial teme que, si ‘cede’ ante el personal policial, las luchas reivindicativas de los trabajadores se multipliquen y pasen por encima de la burocracia antiobrera. En esta feroz lucha de clases desencadenada por el capital y su gobierno fascistoide, tenemos la obligación de explotar las quiebras y fracturas de un sistema condenado, para lanzar una lucha de conjunto. O sea, una huelga general apoyada en autoconvocatorias y coordinadoras.

Esta semana se dio a conocer la condena a perpetua al clan Sena por el brutal femicidio de Cecilia Strzyzowski. En noviembre del año pasado, un jurado popular había encontrado culpables a César Sena -en calidad de autor del homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género- y a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, como partícipes primarios del crimen. La condena se extendió también a sus colaboradores, Gustavo Obregón y Fabiana Cecilia González, por encubrimiento agravado, con penas de hasta cinco años y diez meses de prisión efectiva, y al casero del campo al que fueron trasladados los restos de la joven, por encubrimiento simple, con una pena de dos años más diez meses de prisión en suspenso. El femicidio de Cecilia conmovió a la provincia de Chaco y a todo el país. El 2 de junio de 2023 fue vista por última vez entrando a la casa de los Sena. Luego de asesinarla, intentaron desaparecer el cuerpo quemándolo en uno de los campos que tenía la familia. La rápida denuncia y actuación de la mamá y familiares de Cecilia permitió desarticular las maniobras de impunidad del clan Sena. Enfrentaron amenazas y distintas acciones de amedrentamiento. El matrimonio Sena tenía estrechos lazos con el exgobierno de Capitanich y se valieron de sus recursos económicos y políticos para intentar borrar todo rastro de Cecilia. Tuvieron lugar masivas marchas reclamando la aparición de Cecilia y el juicio y castigo cuando se conoció su trágico destino. El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, resaltó el fallo judicial tras conocerse la condena a perpetua del clan Sena, calificándolo como un paso clave contra la violencia de género y la impunidad. Sin embargo, esto resulta una impostura total al tratarse de un aliado del gobierno libertario, que lleva adelante una cruzada contra los derechos de las mujeres y niega la existencia de la violencia de género y los femicidios en nombre de la "igualdad ante la ley". Lo mismo cabe para Patricia Bullrich, impulsora de la reforma del Código Penal, quien celebró la condena afirmando: "Quedan presos de por vida, donde tienen que estar". En memoria de Cecilia tenemos que seguir la lucha contra los femicidios y la violencia contra las mujeres enfrentando a sus responsables, el Estado y los gobiernos y denunciando a este régimen social feminicida.

La paritaria docente de la Provincia de Buenos Aires ha ingresado en un pantano. La última oferta del gobierno provincial de un 3 % no fue aceptada por ningún sindicato integrante del Frente de Unidad Docente Bonaerense (SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP, AMET). Según trascendió en los medios, los representantes de los gremios habían pedido el 7 %, una cifra absolutamente miserable. Ya en el mes de enero, la FEB había rechazado el último acuerdo paritario, poniendo en crisis al FUDB. La novedad de esta ocasión -primera vez desde la gobernación de Kicillof- es que han sido los sindicatos de su propio palo político (SUTEBA) los que han calificado de “insuficiente” la oferta en la previa del inicio de clases. Enfrentará un paro de 24 horas en el comienzo de las clases. El debate en las asambleas de SUTEBA La conducción de SUTEBA llamó a asambleas el mismo jueves 12, día de la propuesta salarial, para votar un mandato hacia el plenario de Secretarios Generales de SUTEBA del viernes 13 y el Congreso de CTERA del 19/2. La convocatoria se hizo con pocas horas de anticipación, sin informar la propuesta que se iba a considerar. Un modus operandi habitual para evitar que participe la mayor cantidad de docentes. Las reuniones resultaron raquíticas. En los informes de las seccionales, los Secretarios Generales de la lista Celeste (conducción), se hicieron los sorprendidos al aclarar que los salarios “vienen perdiendo contra la inflación”, omitiendo que ellos han firmado cada una de las paritarias hasta la fecha. Reivindicaron el paro y movilización de la CTA contra la reforma laboral, que terminó con una cómoda votación en el Senado, incluyendo senadores peronistas. Denunciaron el ajuste de Milei a nivel nacional, pero propusieron solamente llevar como mandato a CTERA realizar un paro de 24 horas el 2 de marzo, cuando inician las clases. Anunciaron además la pretensión de parar el 9 de marzo (8M) confinado a las mujeres y las diversidades. Lo que fue presentado como un “plan de lucha” fue en realidad todo lo contrario. Un paro aislado sin ningún tipo de horizonte ni perspectiva. Tampoco se informó cita de una posible movilización. En algunos distritos (Mar del Plata, Ezeiza) la dirección no aceptó siquiera presentar mociones alternativas a las de la conducción. Sobre la cuestión provincial, se caracterizó a la paritaria -a pesar de rechazar la propuesta de Kicillof del 3 %- como un ámbito que hay que valorar por “la dinámica y la periodicidad de la paritaria provincial”. Con relación a medidas de lucha, se votó: “Mandatar al Comité Ejecutivo Provincial a acordar acciones que se puedan garantizar en el marco de la más amplia unidad y consenso con el FUDB para lograr la continuidad de las negociaciones paritarias” (ídem). Un cheque en blanco para que la dirección haga lo que se le cante. El rechazo a la oferta paritaria, por lo tanto, no implica ninguna ruptura política con integración de la dirección K al gobierno provincial. Sencillamente la miseria salarial docente ha progresado tanto que la dirección del sindicato debe disimular un “rechazo” para enmascarar su responsabilidad. Sobre todo, luego de que haya quedado claro con la crisis del INDEC que los números de la inflación estuvieron (y están) completamente dibujados. Las intervenciones de las agrupaciones sindicales del FIT-U se limitaron a pedirle a la conducción que llamen a un “paro y plan de lucha”. Algo que a su modo ya hicieron. En distritos como Tigre, Gral. Rodríguez y San Isidro hubo votaciones “unánimes” entre multicolores y celestes. Los compañeros y compañeras de nuestra agrupación, Tendencia Docente Clasista, participamos en las asambleas desnudando que la dirección no está interesada en llevar adelante ningún plan de lucha por los reclamos docentes. El botón de muestra fue lo que ocurrió en el Congreso, cuando los sindicatos de la CTA pararon y movilizaron a un pequeño aparato para disimular su colaboración con la contrarreforma laboral de Milei y el conjunto del régimen político. Propusimos la moción de una campaña por el no inicio de clases hasta conquistar un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar por un cargo ($2.500.000). En esa perspectiva, planteamos parar el 2 de marzo realizar asambleas el mismo día, para poner en pie un paro por tiempo indeterminado. Denunciamos que la burocracia del sindicato combate esta orientación y convocamos a los compañeros a autoconvocarse a fin de impulsar esta política desde abajo, mediante autoconvocatorias, coordinadoras y plenarios de delegados con mandato de escuelas. Este planteo ya se está abriendo paso en las provincias de Santa Fe y Catamarca.

Este último domingo finalizaron los tres días de debates de la 62ª Conferencia de Seguridad, con la presencia de unos 60 dirigentes de Estado. No fueron invitados, sin embargo, dos países relevantes sobre la llamada “seguridad internacional”, como Rusia y China. Ninguna de las mesas o entrevistas abordó la situación en el golfo Pérsico, adonde Trump ha enviado una Armada con dos poderosísimos portaaviones (el Abraham Lincoln y el Gerald Ford), ni la catástrofe humanitaria que amenaza a Cuba debido al bloqueo de sus importaciones de petróleo, ni tampoco el sistema internacional de sanciones y piratería en aguas internacionales establecido por Donald Trump. Los disertantes dieron indigna sepultura al ‘viejo orden internacional basado en reglas’, mientras que el canciller alemán Friedrich Merz sentenció que el mundo ha ingresado en una “época de poder y de política de grandes potencias”. En definitiva, no se habló de “seguridad”, sino de guerra. Para uno de los editorialistas principales del Financial Times, la Conferencia “no calmó el choque transatlántico, sino que lo amplió y profundizó”. Sin una alusión concreta, no se refirió sólo a la guerra comercial, sino al reclamo de Tump para que la Unión Europea capitule en la guerra contra Rusia en Ucrania y se avenga a concesiones territoriales a Moscú, que podría incluir un cambio de régimen en Kiev. En Múnich, aunque en sesiones al margen de la Conferencia, se habilitó la presencia activa del hijo del fallecido exmonarca de Irán, Reza Pahlevi, quien exhortó a un bombardeo masivo de su propio país. En ausencia de un liderazgo opositor al régimen clerical de los ayatolás, el imperialismo mundial ha sacado del cloroformo, como un globo de ensayo, a una dinastía sin raíces en las masas iraníes. Marco Rubio, el secretario de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional de Trump, pronunció un discurso de características imperiales. Como si el mandato de su gobierno no estuviera limitado a cuatro años, puso como condición para una ‘normalización’ de las relaciones entre Estados Unidos y Europa una ‘limpieza étnica’ de la población inmigrante, incluidos los descendientes con ciudadanía. Descendiente de cubanos emigrados, Rubio convocó a un retorno al “cristianismo”, con un colosal desprecio por las raíces indígenas y africanas de los pueblos del Caribe y América del Sur y, por supuesto, de América del Norte. El discurso de Rubio es un puente tendido a Putin, quien se destaca por la reivindicación de esos mismos “valores civilizatorios’. La diatriba recibió réplicas menores, pero no la denuncia de un imperialismo genocida. El abismo abierto entre los imperialismos europeos y el norteamericano ofreció espacio para que los jefes de gobierno europeos ventilaran la necesidad de una “disuasión nuclear común”, independiente de Estados Unidos. El planteo abriría el ingreso de Alemania al “club nuclear” (lo mismo que Japón), dando entierro completo a la prohibición de un rearme de dos de las tres expotencias del Eje nazi-fascista. Como quiera que el inglés Starmer y el francés Macrón son virtuales ‘patos rengos’ en sus países, el “club nuclear’ podría quedar presidido por el Reencuentro Nacional y el partido Reforma, ambos fascistas, si una movilización de masas no los destruye, e incluso en Alemania por la ‘neonazi’ AFD, vista la crisis del gobierno de coalición que encabeza el democristiano Friedrich Merz. Rubio, llamado ahora ‘el pequeño Marcos’, lanzó un llamado abierto a favor del voto por el ultraderechista húngaro, Orban, que ha perdido el primer lugar para las elecciones que tendrán lugar en abril próximo. La Conferencia de Seguridad de Múnich ha formalizado la prevalencia de la guerra en la política mundial. El discurso imperial, sin embargo, es incompatible con la democracia política; los “cambios de civilización” no pueden ponerse a votación cada cuatro años y las elecciones intermedias. Más allá de los discursos, no obstante, la Conferencia aprobó de facto una guerra de larga duración en el Medio Oriente, para barrer con Irán, Yemen y lo que queda de Palestina. Esta guerra hará ingresar a otras fuerzas al escenario, como Turquía y Arabia Saudita; la geografía de la guerra mundial se acrecienta a grandes pasos. Lo mismo ocurre con las amenazas a Cuba en América Latina. Esta guerra ya conmociona políticamente a la mayor parte del mundo; es necesario que la clase obrera internacional la convierta, por medio de la lucha, en la tumba del imperialismo.

Dos días después de que Casanello dictara el procesamiento de Spagnuolo y 18 implicados más, Ariel Lijo, juez propuesto por Milei a instancia del cortesano Lorenzetti para que integre la Corte Suprema, quedó al frente de la causa de las coimas en la ANDIS. Lijo fue designado como subrogante del juzgado 11 que tiene esa causa por la Cámara Federal, tras un sorteo del que solo participaron él y la jueza María Eugenia Capuchetti. También iban a ser parte del sorteo María Servini y Marcelo de Giorgi, pero pidieron ser excluidos del mismo. Un juez federal le señaló a LPO que "Lijo aceptó una designación ilegal a la Corte por decreto de este gobierno, debe ser apartado de todas las causas que vinculen a esta administración" (LPO, 11/2). Casanello, titular del juzgado federal 7, estaba subrogando desde el año pasado en el juzgado federal 11, que se encontraba vacante desde el fallecimiento de Claudio Bonadio y no solicitó a la Cámara Federal una prórroga de la subrogancia. Por este motivo se designó por sorteo a Lijo, que deberá continuar con las causas del juzgado 11. Franco Picardi seguirá como fiscal de la causa, que ha avanzado con gran cantidad de elementos probatorios. Según informa LPO, Casanello tenía allanado el camino para avanzar contra la droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker. Pero al día siguiente de que el juez procesara al extitular de la ANDIS, los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico ordenaron revisar el origen de la causa, por pedido de la defensa de Spagnuolo (LPO, 11/2). Los camaristas le demandaron a Casanello que "sustancie" su rechazo al pedido de la defensa para anular la causa, ya que los abogados del exfuncionario libertario cuestionan desde un principio la legalidad de los audios. La jugada de los abogados defensores de Spagnulo está dirigida a que la prueba inicial se declare de carácter ilegal. De esta manera, el proceso en su conjunto sería anulado. La respuesta de Casanello, como lo había hecho con anterioridad ante los mismos requerimientos, fue que los audios no servirían como prueba, en tanto y en cuanto la causa avanzó por otros carriles. El fallo de los camaristas Iruzun y Boico fue presentado apenas unas horas antes de que Casanello finalizara la subrogancia en el juzgado federal 11 y todo indica que fue un pedido de los laboratorios que están observados en la causa, con la perspectiva de frenar la causa ANDIS. Un día antes los Kovalivker, que aún no fueron llamados a indagatoria, realizaron un reclamo para frenar la causa a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que fue rechazado por esta última. En principio, Lijo debería seguir con la línea trazada por Casanello en su dictamen de llevar adelante nuevas indagatorias y tendría que continuar con lo planteado por la Cámara Federal, que insta a que se investigue el origen de los audios atribuidos a Spagnuolo, que hasta la fecha no fueron utilizados como prueba por los investigadores. Así las cosas, está en manos de Lijo si valida la investigación que avanzó con procesamientos o si hace lugar a la nulidad que podría comprometer el expediente. La designación del juez Ariel Lijo levantó suspicacias en Tribunales, por ser un aliado estratégico del gobierno nacional, que en su momento fue nominado para la Corte Suprema de Justicia en 2024 y, tras no conseguir el aval del Senado , lo designó “en comisión” por decreto en febrero de 2025, que fue rechazado nuevamente por la Cámara Alta. Ahora queda a cargo de un expediente que preocupa a la camarilla gobernante, sobre todo a Karina Milei, señalada como la se quedaba con el 3 % de las coimas producto de los sobreprecios en los medicamentos suministrados por la ANDIS. Lijo, además de la causa ANDIS, tendrá bajo su égida otros expedientes que revisten una importancia política, como la “Causa Seguros”, donde se investiga al expresidente Alberto Fernández por presunta defraudación al Estado mediante la contratación direccionada de pólizas en el Banco Nación, y la “Causa Cuadernos”, en la que deberá resolver el pedido fiscal para elevar a juicio oral el tramo vinculado al presunto lavado de dinero del exsecretario presidencial Daniel Muñoz. La camarilla gobernante, los imputados al día de hoy, laboratorios y droguerías, señalados como parte de los sobreprecios en la ANDIS, ven en Lijo un aliado para que la causa avance muy lentamente o que directamente anule la causa, como lo vienen pidiendo los abogados de Spagnuolo. LEER MÁS: Spagnuolo: el primer procesado de la pandilla libertaria Por Lucas Giannetti, 11/02/2026.

Haití entró en una nueva crisis de poder cuando venció oficialmente el mandato del Consejo Presidencial de Transición. Este órgano colegiado había asumido el poder en 2024 con la misión de estabilizar el país, reorganizar el Estado y convocar elecciones tras años de crisis agravada por el asesinato del presidente del país, Jovenel Moïse, en 2021. Antes de disolverse, el Consejo intentó destituir al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, pero Donald Trump lo “persuadió” con el arribo de tres buques de su armada que se encuentran desplegados en el Caribe. Fue una clara declaración de respaldo a Alix Didier Fils-Aimé y a su continuación en el poder. Así, el Consejo se disolvió sin haber logrado elecciones ni un acuerdo político para reemplazarse a sí mismo. El Poder Ejecutivo quedó concentrado de facto en el primer ministro, quien continúa ejerciendo funciones sin que exista presidente ni Parlamento activo; su capacidad real de control es muy limitada. Las pandillas dominan el 90 % de Puerto Príncipe y de otras grandes zonas, ya que en los últimos seis meses se han expandido con una velocidad inusitada hacia el centro y el norte del país. Alix Didier Fils-Aimé sigue ahí por la sola voluntad de Trump. Las pandillas se dividen los territorios y conviven organizadas bajo una coalición. La cara visible de esta asociación de pandillas es Jimmy Chérizier, conocido como Barbecue. Todas compran en forma unificada las armas que vienen desde Estados Unidos. La crisis humanitaria en Haití ha alcanzado niveles extremadamente graves, con implicaciones en seguridad alimentaria, desplazamientos, educación, salud y protección. 5,7 millones de personas —más de la mitad de la población— enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. La violencia armada y la inseguridad han causado desplazamientos internos masivos: aproximadamente 1,4 millones de personas han huido de sus hogares, lo que representa cerca del 12 % de la población total. Más de la mitad de estos desplazados son niños. En muchos casos viven en condiciones precarias en escuelas, edificios públicos o albergues improvisados, con acceso limitado a alimentos, agua potable y servicios sanitarios. La venta de los niños, por parte de familias que están en estado de inanición, es alarmante. La mitad de los miembros de las pandillas son menores de edad. Más de 1.600 escuelas cerraron durante el ciclo escolar 2024-2025, dejando sin acceso a la escuela a más de 240.000 estudiantes. Solo el 11 % de las instalaciones hospitalarias con capacidad de internación está funcionando plenamente y ha habido reaparición de brotes de cólera. La situación caótica de Haití es responsabilidad de la intervención internacional permanente bajo la batuta de Estados Unidos. Junto con los gobiernos de Canadá y Francia, George W. Bush organizó en 2004 el golpe de Estado contra el primer presidente electo democráticamente en Haití, Jean-Bertrand Aristide. El Consejo de Seguridad de la ONU fue cómplice de la operación al hacerse cargo del país a través de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Fue la operación internacional más prolongada del siglo XXI en el país. Muchos países enviaron efectivos —que cometieron vejámenes y oprimieron a los haitianos— para relevar al ejército yanqui ocupado en otras invasiones. En 2017, la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH) —formada solo por civiles y policías— reemplazó a MINUSTAH debido al desastre que habían hecho todos los efectivos militares. Después de eso, hubo diversas “misiones de seguridad”, todas con intervención extranjera, que fracasaron una tras otra. El año pasado, las autoridades de Haití contrataron a una empresa paramilitar de Erik Prince —cofundador de Blackwater— para hacerse cargo de la seguridad del país. Prince está acusado de crímenes de guerra y su trayectoria ha demostrado que solo sabe atacar a población civil desarmada. El contrato con estos mercenarios se ha mantenido en secreto, sin publicarse ni el monto de la paga, ni el reglamento, ni la cantidad de efectivos, ni el prontuario de cada uno. Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los operativos de la empresa privada mataron a más de 970 personas de marzo a diciembre del año pasado, incluidos 39 civiles, 16 de ellos niños. Luego de eso, Estados Unidos, con el apoyo de Panamá, impuso una resolución para autorizar una fuerza internacional mucho más grande, de 5.550 miembros, conocida como la “Fuerza de Supresión de Pandillas”, con derecho a detener y encarcelar a haitianos. En todos los casos, lo que Estados Unidos busca es mantener una intervención en la cual los costos estén socializados entre varios países. La importancia de Haití no radica en la relevancia de sus recursos -como sería el caso de Venezuela-, sino en su ubicación en el Caribe, tan próxima a Estados Unidos, y en la necesidad de mantener un castigo histórico que, por carácter transitivo, el imperialismo yanqui le asesta a Haití en nombre del imperialismo francés. El castigo no solo por haber declarado la primera independencia de América, sino por haber realizado la primera revolución de esclavos del continente. El crimen de Aristide —que le valió el golpe en 2004— había sido reclamarle a Francia que devolviera la “indemnización” que Haití había sido obligada a pagar en 1825 por haber declarado su independencia, cuyo monto actualizado calculó en 20 000 millones de dólares. El otro problema que representa Haití para la gestión Trump es la inmigración. Estados Unidos requiere el control del país para frenar el flujo migratorio, al tiempo que busca repatriar a todos los exiliados haitianos que en Estados Unidos viven en carácter de refugiados. Trump ha revocado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Haití, pero esto fue revertido por un fallo judicial de una magistrada de origen latino. Ana Reyes rechazó por segunda vez el recurso del Gobierno para forzar la eliminación de las protecciones migratorias de más de 300.000 haitianos y denunció montones de amenazas de muerte que le llegaron a través de las redes sociales.

A pocos días de su ingreso a la cámara de Diputados para su sanción definitiva, la cláusula de la contrarreforma laboral referida a los trabajadores que se accidenten o se enfermen “fuera del trabajo” ha suscitado una gran indignación. Lo mismo ocurre con la que liquida el Fuero Nacional del Trabajo. El paso al Tribunal Superior de CABA desplazaría el recurso de apelación a la Corte Suprema. Bajo el estado de derecho, la clase obrera se convertiría en paria, es decir, quedaría privada de todo derecho. La destrucción del fuero del trabajo dinamita el único recurso que tiene un trabajador para hacer valer sus derechos laborales. Esta cláusula conduce al despido de magistrados y, naturalmente, de trabajadores judiciales. Con juntas médicas y tribunales digitados -con nombre y apellido- por las propias patronales, el “VAR” de las relaciones laborales ha quedado en manos exclusivas de la clase patronal. Es un régimen de excepción armado, paso por paso, contra la clase obrera. Patricia Bullrich ha anunciado que el Gobierno está dispuesto a “corregir” el alcance del punto enfermedades con una ley posterior o con un decreto reglamentario. Mentiras. Es probable que la “reglamentación” empeore las cosas, pues intentará salvar el principio negrero (sancionar al trabajador enfermo) multiplicando los controles burocráticos y exponiendo la norma a su judicialización. Los liberticidas quieren evitar que la ley vuelva al Senado y así su aprobación se dilate. La CGT, en este cuadro, ha convocado a un paro de 24 horas, sin movilización, “para el día en que se trate la ley”. No es una medida dirigida a voltear la reforma, sino a “cerrar”, junto con el gobierno, la sanción de la reforma antiobrera. Para derrotar la contrarreforma necesitamos un paro inmediato, antes del tratamiento en Diputados, que se extienda al día de su tratamiento; un paro de 48 horas, de carácter activo. Este paro activo será secundado por numerosos cuerpos de delegados del transporte urbano y ferroviario, asegurando la participación de todo el transporte, con marchas, movilizaciones y piquetes en todo el país. Ese paro debe servir como preparación de una huelga general indefinida, para que la reforma no pase -si de Diputados volviera al Senado- o para su anulación, en caso de que resulte votada. Discutamos parar y movilizarnos, en las fábricas, líneas de transporte, reparticiones, hospitales y escuelas, hasta derrotar la ley antiobrera de Milei.

En las últimas semanas, la provincia estuvo atravesada por diferentes conflictos. Quienes ganaron mayor protagonismo fueron los trabajadores de la salud que denunciaron retención de haberes, retrasos en el cobro del aguinaldo, precarización y falta de recursos en hospitales públicos. Por su lado, los Docentes autoconvocados , retomaron sus reclamos por una recomposición salarial y contra el deterioro de las condiciones laborales. A esto se sumaron diversas luchas frente a los despidos en la industria: el conflicto en la metalúrgica NEBA y en la alimenticia CAMINO S.A. Recientemente fueron los trabajadores agrupados en la UTA quienes concretaron un paro del transporte reclamando el pago de los salarios y el aguinaldo. Raúl Jalil es uno de los gobernadores con mayor sintonía con el gobierno de Milei. Su estrategia de negociación particular se combinó con maniobras parlamentarias que facilitaron la fragmentación del bloque peronista en el Congreso, aportando gobernabilidad y mayor fuerza a las iniciativas oficiales. Frente a esto, la actual senadora nacional y ex gobernadora Lucía Corpacci, quien se presenta como una peronista alineada con el kirchnerismo, se remite a un discurso opositor demagógico, que en la práctica no se traduce en una ruptura efectiva con la política de ajuste en curso a nivel nacional y provincial. La burocracia sindical está completamente alineada con esta política. Atacan a los que luchan, aíslan las luchas. Justifican los atropellos del gobierno y las patronales. En relación a la jornada del miércoles 11, la CGT Catamarca asomó fragmentada. El sector encabezado por Leonardo Burgos (ATSA) se limitó a una conferencia de prensa en su sede, mientras que, el espacio que responde a Gladys Moro —dirigente no docente y legisladora provincial del PJ— realizó una reducida concentración en la plaza principal, con la presencia de las conducciones burocráticas de varios sindicatos. Por la tarde, docentes y trabajadores de la salud autoconvocados realizaron una radio abierta en la plaza, junto a jubilados y estudiantes. Motivados por reclamos inmediatos y urgentes, como el salario y la estabilidad laboral. Allí se planteó la defensa de las conquistas laborales y sociales frente a la contrarreforma laboral, la avanzada sobre la educación y otros proyectos regresivos. Con una acción modesta, la acción expresó, no obstante, la voluntad de sostener un camino de coordinación independiente y de vinculación con los conflictos fabriles y estatales en curso. Política Obrera tomó posición apoyando las autoconvocatorias y las coordinaciones, llamando a intervenir en la acción independiente de la tarde, delimitándose de los reagrupamientos burocráticos. El FITU saboteó esta convocatoria. Su estrategia está orientada a reclamarle a la burocracia que organice la respuesta de lucha de los trabajadores. La disyuntiva se presenta con claridad: o el camino de la organización desde las bases, la lucha y la huelga para enfrentar el ajuste, o la capitulación ante la burocracia sindical y el régimen político que administra la ofensiva contra los trabajadores en la provincia.

Desde la Tendencia Docente Clasista denunciamos la propuesta salarial irrisoria presentada por el gobierno de Axel Kicillof , que profundiza un recorte sistemático sobre la educación pública en la Provincia de Buenos Aires. Ante esta situación, llamamos a parar el próximo 2 de marzo y a profundizar las medidas de lucha mediante la realización de asambleas en cada escuela y la coordinación entre ellas, con el objetivo de poner en pie una gran deliberación que permita a la docencia tomar la lucha en sus propias manos. Análisis del aumento salarial propuesto por el gobierno provincial Los aumentos salariales percibidos por la docencia han sido los siguientes: 0 % en noviembre, 1 % en diciembre, 2 % en enero, y el gobierno propone un 2 % para febrero. Esto implica que la oferta acumulada para los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero es del 5 %, es decir, un promedio mensual del 1,25 %, muy por debajo de la inflación registrada incluso en el mes más bajo, que fue del 2,5 % en noviembre. Los índices de inflación de los últimos meses reflejan con claridad la magnitud del deterioro salarial: noviembre 2,5 %, diciembre 2,8 %, enero 2,9 % y febrero rondaría el 3 %, sin considerar los aumentos de tarifas y servicios, que elevarán aún más ese porcentaje. A esto se suma que el 63 % de los incrementos salariales se otorgan en sumas no remunerativas, lo que implica que no impactan ni en la antigüedad ni en los haberes jubilatorios. De este modo, la inflación acumulada de los últimos cuatro meses alcanza el 11,2 %, licuando el salario docente. A ello debe sumarse un 1 % mensual adicional producto de la distorsión inflacionaria que derivó en la renuncia de Lavagna, lo que representa un 4 % extra en el mismo período. En consecuencia, la inflación real de los últimos cuatro meses asciende al 15,2 %, frente a una oferta salarial del 5 %. Todo esto sin considerar que el aumento de la canasta alimentaria, solo en enero, fue del 3,6 %, impactando de lleno sobre los sectores más castigados de la docencia. El rol del FUDB Si bien el FUDB ha rechazado formalmente la propuesta , se niega a explicitar cuál es el reclamo que sostiene en la negociación. Resulta alarmante que haya calificado como “superadora” la última oferta del 5 %, lo que deja abierta la puerta a un acuerdo con algún punto adicional, convalidando de hecho una pérdida salarial cercana al 10 % en apenas cuatro meses. Esta pérdida se suma a la sufrida entre 2022 y octubre de 2025, período en el cual el salario docente perdió un 52 % de su poder adquisitivo. En términos acumulados, estamos frente a una pérdida aproximada del 62,2 % del salario real en tres años y medio. Hoy la docencia vive con apenas el 40 % del salario real que percibía en 2022, razón por la cual la mayoría se ve obligada a tomar más cargos, sumar horas o recurrir a otros trabajos para llegar a fin de mes. Llamado a la acción Por todo lo expuesto, desde la Tendencia Docente Clasista de Campana llamamos a la docencia a organizarse desde las bases, realizar asambleas en cada escuela y coordinar acciones comunes para impulsar una huelga general por tiempo indeterminado, que permita enfrentar este nuevo ajuste y defender: Un salario igual a la canasta familiar Las condiciones de trabajo El rechazo a las reformas educativas en curso y al NRA La defensa de los edificios escolares frente a su grave degradación ¡Pongamos de pie cada escuela! ¡La lucha salarial debe estar en nuestras manos! LEER MÁS: Inicio de clases 2026: Organicemos la huelga general ante la ofensiva política de conjunto del liberticida Milei contra la educación nacional y la docencia Declaración de la Tendencia Docente Clasista, 31/01/2026.

De acuerdo a las últimas informaciones, el gobierno accedería a modificar la cláusula que impone descuentos salariales a los trabajadores que pidan licencia por enfermedades o accidentes fuera del trabajo. Según anunció Bullrich, la cláusula cuestionada sólo será ´retocada´ para exceptuar del descuento a las licencias por enfermedades graves o degenerativas. Naturalmente, se trata de casos excepcionales: la enorme mayoría de las dolencias que puede sufrir un trabajador quedarán incluidos en la contrarreforma. Pero existe una trampa: porque los descuentos salariales -según se trate de un percance o una enfermedad- serán mucho mayores. “La reforma propone … aplicar es(os) porcentaje(s) únicamente sobre el Salario Básico de Convenio , excluyendo variables, horas extras, viáticos y premios”. (Ámbito Financiero, 17.2) De ese modo, lo que se presenta como el pago de un 75% del salario puede transformarse en un 40%, según resulte la diferencia entre el salario básico y el de bolsillo. Presentar a la enfermedad de un trabajador como un hecho “privado” o “ajeno a la empresa” es una tropelía. Para quien trabaja en una fábrica o en un hospital entre la tercera parte y la mitad del día, y despliega allí el 80% de sus energías físicas y mentales, ninguna enfermedad es ajena al trabajo. Convertir al deterioro físico de un trabajador en un “asunto privado” desconoce el carácter social de la explotación de la clase obrera. La clase capitalista deja de hacerse cargo del pago de una parte del valor de la fuerza de trabajo, que no puede escindirse entre el tiempo de desgaste activo y el que no lo es. El descuento del salario, por motivos de enfermedades y accidentes, empujará a los trabajadores al regreso prematuro al trabajo. Por lo tanto, el régimen negrero que se quiere aprobar convertirá a los lugares de trabajo en potenciales focos infecciosos y, naturalmente, expondrá al trabajador lesionado -y todavía no recuperado- a mayores accidentes laborales. Bullrich y Milei, insistimos, no han “resignado” esta disposición brutal. Están maniobrando para salvarla. La CGT ha convocado a un paro de 24 horas para la fecha del tratamiento del proyecto en Diputados, o sea para el hecho consumado, como ya ha ocurrido con la negligencia a enfrentar el tratamiento en el Senado . La burocracia de la UTA ha anunciado una adhesión condicionada, para extorsionar la carta de los subsidios en favor de sus patronales. Impulsemos un paro de 48 horas, que arranque antes del tratamiento en Diputados, que sea activo y preparatorio de una huelga general indefinida hasta la derrota de la ley. LEER MÁS: Podemos derrotar la contrarreforma laboral Con un paro de 48 horas; con el paro de los delegados del transporte y marchas y movilizaciones en todo el país. Declaración de Política Obrera, 16/02/2026.

La adquisición de los cazas F-16 a Dinamarca, país miembro de la OTAN, de fabricación norteamericana y autorizado por el gobierno de Biden, es reflejo del alineamiento militar que emprendió el gobierno de Javier Milei y con ello la inserción del país en la agenda de compromisos de “seguridad global” y el alejamiento de la Argentina de la agenda china en materia de defensa. En los últimos días el medio israelí “Noticias de Israel” dio a conocer las objeciones de Estados Unidos a la posible compra de aeronaves de combate a China, que terminó sellando la adquisición de los F-16 (Noticias de Israel, 10/2). En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, que representó una reversión en relación a la “alianza estratégica” con China urdida por el kirchnerismo durante sus gobiernos, a través de múltiples acuerdos bilaterales, por medio del entonces jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier general Mario Callejo, se descartó la compra de aviones de combate chinos para reemplazar los Mirage, que se desprogramaron a finales de ese año. Desde la aeronáutica precisaron que el problema era la “cadena logística” para el posterior mantenimiento de los aviones y el alto costo de las unidades. Por estos motivos, las opciones más viables por aquellos años era la adquisición de cazas Kfir a Israel o los Mirage F-1 a Francia. Durante el 2014, el gobierno de CFK tenía en los Kfir israelíes, la principal alternativa de compra, y se daba como un hecho la operación por la compra de 18 unidades usadas, pero con motores cero kilómetro y “aviónica de última generación”. La Argentina “Nac & pop” ofreció pagar una parte en soja. Lo cierto es que, por falta de divisas, o por las negociaciones en la que se encontraba el gobierno nacional con los fondos buitre, la operación no se realizó nunca. En abril del 2022, una misión de pilotos y técnicos de las Fuerzas Armadas, acompañado por el sinólogo y entonces embajador Sabino Vaca Narvaja, visitó China para hacer pruebas de los jets JF-17 Thunder, aviones de combate modernos y ligeros con capacidad supersónica, que el gobierno de Xi Jinping buscaba venderle a la Argentina. Para esa fecha eran cinco los modelos que el Ministerio de Defensa tenía en carpeta para adquirir: el Kfir israelí, el F-16 de Estados Unidos, el MiG-35 de Rusia, el Tejas de la India y el JF-17 Thunder de origen chino-paquistaní. Las opciones más viables en ese momento eran la compra de los F-16 estadounidenses y los JF-17, construidos en cooperación entre China y Paquistán. Además de los JF-17, China le ofertaba al gobierno de los Fernández vehículos para el Ejército, el entrenamiento en escuelas chinas para militares y la batería de obras en infraestructura ligadas a la cadena productiva de la Ruta de la Seda a la que el gobierno nacional de ese momento había adherido en febrero del 2022. Para finales del 2021 el gasto de los aviones ya estaba contemplado en el presupuesto de Defensa, donde se hablaba de un favoritismo político de las aeronaves chinas. Por su parte desde el equipo del brigadier general Xavier Isaac, que oficiaba como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, se encargaron de señalar su preferencia por las aeronaves estadounidenses, argumentando que estaban acostumbrados a aeronaves de ese origen, pero que se inclinarían por el “mejor por capacidad y precio”. En agosto del 2023, en medio de las tratativas de Massa por un desembolso de divisas por parte del FMI, la entonces vicesecretaria de Seguridad Regional de Estados Unidos, Mira Resnick, daba como un hecho la venta de 24 F-16, y señalaba que era “una decisión inminente” y que “hemos trabajado para asegurarnos que no haya nada que se interponga en el camino de esta venta en el futuro (...) lo que estamos diciendo es que hay ciertas categorías de cooperación en materia de seguridad que Estados Unidos no pueda digerir”. El memorándum rubricado entre Massa y el equipo técnico del FMI, sirvió como antecedente para el gobierno de Milei . Por las gestiones del gobierno liberticida, el 5 de diciembre del 2025, la Argentina recibió el primer lote de 6 F-16 de los 24 aviones comprados a Dinamarca, lo que dictaminó el descarte de la compra de los chino-paquistaníes JF-17 y la infraestructura montada para dichos aviones quedaron abandonados. El gobierno de Milei, a través de las tratativas del entonces ministro de Defensa Luis Petri, aprobó la adjudicación de los F-16 por U$S 301,2 millones, efectuándose en cinco cuotas anuales. El paquete de compra incluye entrenamiento, repuestos, simulación y sostenimiento de las aeronaves. Luego de que EE.UU. objetara la compra de aeronaves a China, el 26 de marzo de 2024 los gobiernos de Argentina y Dinamarca firmaron una carta de intención en Buenos Aires, y el 26 de abril del mismo año se firmó el contrato por 24 F-16. En octubre llegó la aprobación por parte de EE. UU. para el conjunto del programa por U$D 941 millones. Dinamarca dejó constancia de que negoció el entendimiento con colaboración de Estados Unidos y que desde Washington aprobaron la venta de aeronaves producidas en su país. Pero el acuerdo aprobado por EE. UU. tiene como objetivo principal el de sumir a la Argentina en una dependencia técnico - militar , poniendo al programa dentro de una cadena logística occidental a largo plazo, y a su vez vuelve incompatible el sostenimiento, por lo elevado del costo, otra línea de cazas de origen chino. Como señalan fuentes especializadas, una fuerza aérea mediana, como la argentina, rara vez sostiene dos cadenas de entrenamiento, mantenimiento y armamento al mismo tiempo. El programa, al que accedieron los liberticidas, incluyó 36 misiles AIM-120C-8, bombas Mk-82 de 500 libras, conjuntos aerodinámicos Paveway II, radios, sistemas de planificación de misión, soporte de Link 16 y dispositivos criptográficos. También capacitación, soporte técnico y logístico, modificaciones y mantenimiento. La integración político-militar de la Argentina a la cadena logística del imperialismo norteamericano supone, por un lado, una mayor sumisión en materia de defensa y por el otro, revela que China no tiene la capacidad para revertir este proceso ni políticamente, ni militarmente. Muestra de esto son la pérdida de sus concesiones en el Canal de Panamá, por presión del trumpismo, que utiliza el concepto de “America First” (América Primero) en clave estrictamente militar. LEER MÁS: Milei y las Fuerzas Armadas cierran fila con la “Declaración de Seguridad Nacional” de Donald Trump Argentina se ha convertido en colonia. Por Lucas Giannetti, 12/02/2026.

Crece la rebelión de las bases en Santa Fe. Trabajadores autoconvocados de la salud y docentes se movilizaron el domingo 15 de febrero al acto de apertura de sesiones en la Legislatura santafesina. La manifestación, a pesar de realizarse un domingo por la mañana, congregó a un numeroso contingente de trabajadores que marcharon desde Plaza 25 de Mayo hacia el recinto donde el gobernador daría su discurso. La decidida y ruidosa columna pudo abrirse paso pese al vallado dispuesto una cuadra antes del evento, logrando colocar en el centro de la plaza legislativa las reivindicaciones votadas en la asamblea abierta del viernes 13 en la Plaza del Soldado. Entre los reclamos principales se destacan: un salario inicial por cargo que cubra el costo real de la canasta familiar (hoy situado en $2.600.000); que todo aumento sea al básico; el fin del presentismo; pase a planta permanente; aumento del presupuesto para educación y salud; el rechazo a la reforma previsional; el cese de la persecución por licencias médicas y el control de los trabajadores sobre el IAPOS. Estas consignas fueron voceadas en cánticos que no cesaron durante todo el discurso del gobernador y se replicaron en los carteles de la movilización. A pesar del amordazamiento mediático impuesto por la pauta oficial, fue imposible para los medios eludir el acontecimiento, por lo que la noticia de la manifestación autoconvocada tuvo que ser recogida por una gran cantidad de portales y emisoras. Ese mismo domingo, en la ciudad de Reconquista, se produjo una nueva marcha autoconvocada de docentes y empleados provinciales hacia la Plaza 25 de Mayo de dicha localidad. En los últimos días, las autoconvocatorias también se han extendido a todos los rincones de la provincia: La Gallareta, Las Toscas, Malabrigo, Margarita, Villa Ocampo, Villa Gobernador Gálvez, Rafaela, San Lorenzo, Rosario, Calchaquí, Vera y Venado Tuerto, entre otras. Tras el estallido policial en Santa Fe, los trabajadores han tomado nota de que la provincia cuenta con los recursos suficientes, pero que el gobierno los acapara mientras somete a las familias trabajadoras a las mayores penurias y ajustes. Este factor ha sido crucial para que la lucha se extienda ahora a todos los sectores mediante el método de la autoconvocatoria, el cual expone, a su vez, la capitulación de las conducciones sindicales entreguistas de UPCN, ATE y AMSAFE. Es también el temor del gobierno nacional de Milei y su política de ajuste y sangría social al que Pullaro es adicto. En medio de este tembladeral, el gobernador anunció en las últimas horas que no prorrogará el aporte solidario (compulsivo) que se sustraía a los jubilados provinciales tras la reforma previsional, lo que ocurrirá recién en septiembre y que estos pasarán a cobrar los aumentos con 30 días de diferencia en lugar de 60. Pullaro "echa lastre" porque avizora aterrado el escenario de una rebelión de las bases; un terror que comparte con las cúpulas de los gremios, quienes temen que el fenómeno sobrepase la contención que han operado hasta ahora contra los trabajadores y sus luchas. Para este miércoles 18, ocasión en que vuelve a reunirse la paritaria provincial, se esperan manifestaciones autoconvocadas en todas las localidades. El objetivo es profundizar la coordinación y las autoconvocatorias para desenvolver la lucha hasta ganar. LEER MÁS: Declaración de Tendencia Docente Clasista Santa Fe 09/02/2026.

El salario de los trabajadores del subte viene golpeado por varios factores, entre ellos, la imposición del presentismo y el “rodrigazo” inflacionario y devaluatorio de diciembre de 2023. Además, como los datos de inflación se manipulan, los acuerdos “paritarios” se alejan poco a poco de la realidad del bolsillo. De conjunto en los últimos tres años, el salario de los trabajadores del subte ha perdido entre 200.000 y 400.000 pesos de poder adquisitivo del salario básico, según la categoría. La suma no remunerativa (SNR) que otorga la empresa y propagandiza la UTA en el último mes, cierra la paritaria sin modificar favorablemente los efectos de estos golpes al salario. Mientras tanto, el viaje en subte, que en marzo del 2023 costaba 80 pesos, hoy llega a los 1.336 pesos. El boleto ha subido 16,7 veces su valor. El presentismo es una herramienta de extorsión contra las carpetas médicas y las medidas de fuerza. Le sirve a la empresa para reforzar los atropellos constantes de las malas liquidaciones y los desconocimientos de los certificados médicos. Por el lado de las tarifas, todos los aumentos de servicios golpean al bolsillo de los compañeros, pero los aumentos de boleto del transporte no tienen efecto directo en el salario. Pero la cuestión más importante sobre el salario es que los trabajadores ya no deciden sobre su paritaria. Nadie les consulta. AGTSyP dice que lo resuelve en una oficina con la empresa. La UTA rara vez publica actas de las reuniones paritarias. Todo el mecanismo se parece más a un encubrimiento, porque la decisión salarial es unilateral por parte de la empresa. Las asambleas sobre el salario están pintadas. De proponer mociones para unificar en el cuerpo de delegados, pasamos a los acuerdos ad referéndum, y ahora ni eso. Una recomposición salarial necesita de tres factores importantes: incorporar el presentismo al básico; volver a reclamar el 2% por año de antigüedad y obtener una compensación por el descuento de “ganancias”. Pero por sobre todas las cosas, recuperar un salario mínimo igual a la canasta familiar. Un concepto que se aplicó en la paritaria 2005, la única en nuestra historia que podemos catalogar como recomposición. La estrategia de “esperar a mejores condiciones” nos fue arrastrando cada vez a una situación más difícil. Las oportunidades requieren de acción. La espera por sí sola es un deshoje de la margarita. Dentro de los trabajadores del subte, los que peor están son los jubilados. Con un tope de 1.500.000 pesos para los recién jubilados como máximo y una mínima de 360.000 pesos. El 90% de los jubilados del subte son pobres. No tienen una caja aparte o especial por insalubridad. Están sujetos a las mismas leyes jubilatorias que la mayoría de los trabajadores del país. Una “reforma” para quedarnos sin derechos La empresa avanzó en su agenda de flexibilidad laboral. Como táctica no busca la confrontación frontal, sino que apunta a condicionar el salario al rendimiento. Pone el dulce de un lado y el guachazo del otro. La falta de discusión salarial se vuelve una presión sobre las recategorizaciones y las horas extra. Como los ascensos a las categorías vigentes del convenio colectivo son a cuentagotas, las ofertas de ascensos a nuevas categorías, creadas para imponer una flexibilización, ganan terreno. Esto pasó con el “principal de estación” y ahora viene con el “punta y punta” en tráfico. Lo mismo pasa con los francos. El levantamiento del último plan de lucha hacia finales del 2023, dejó pendiente la reivindicación del doble franco, que hubiera significado bajar de 36 a 30 las horas semanales para reducir la exposición al asbesto y a factores insalubres. Pero la empresa utilizó esa reivindicación para ofrecer, como contrapartida, la jornada de siete horas y 12 minutos por cinco días a la semana. Un gancho directo a la quijada de la conquista por las seis horas diarias que supimos conseguir. Esto solo se aplicó parcialmente en el taller Polvorines, pero la empresa realiza un trabajo de zapa para poder instalarlo a nivel general. Destruir la jornada laboral es una lucha estratégica para la empresa. Los trabajadores del subte ostentan un importante grado de sindicalización. Esta condición limita la dictadura en los hechos de la empresa en el lugar de trabajo. Pero la reforma laboral viene a desconocer nuestras conquistas y organización. Un ensayo patronal reciente ha sido el despido de una compañera que ingresó al subte por la bolsa de trabajo, y resultó despedida bajo los “nuevos” plazos de período de prueba impuestos por la ley Bases. En votación dividida, y en oposición a la moción de la directiva, una mayoría del cuerpo de delegados votó un plan de lucha por su reincorporación. Sindicato, asamblea y fuerza de los trabajadores La organización gremial ha tenido cambios profundos, que son notorios en contraste de décadas. Una fracción importante de los delegados que en los 90 habían enfrentado a la conducción de la UTA, han terminado encuadrados en el kirchnerismo y en los agrupamientos de la burocracia sindical. El resultado es la adhesión a la “paz social”. El mismo Estado que trabajó incansablemente por esta cooptación, es el que se encargó de mantener en la ilegalidad a nuestro sindicato. Por un lado, desde el Ministerio de Trabajo bloquearon el definitivo reconocimiento de la organización gremial creada por los trabajadores. Y por el otro, sobrevino la cooptación política de la CTA Yasky primero y del moyanismo después. La invocación permanente a la “memoria” parece olvidar que el carnet de luchador se renueva todos los días, y se vuelve una pesada mochila cuando el inmovilismo y la adscripción al Estado se tornan moneda corriente. Para salir de esta situación, lo primero que hay que poner de relieve es que la “paz social” no existe para la empresa y para el Estado. Su programa conjunto es la guerra contra los trabajadores. Por eso tenemos la necesidad de organizar nuestras filas para los choques que se vienen. En este sentido es clave el rol del cuerpo de delegados, su autonomía e iniciativa, con las asambleas y su impulso. La situación fuerza a madurar, a dar un paso al frente. Es urgente que los delegados pasen revista de toda la situación -salarios, amenazas de flexibilidad, jornada laboral, jubilaciones- y tracen un plan de acción. Sólo sobre esta base podrá construirse una alternativa de clase en AGTSyP, para recuperar la verdadera tradición de independencia y lucha que marcó el nacimiento de los “Metrodelegados”.

El gobierno de Milei está decidido ir a fondo en su política de destrucción educativa profundizando el vaciamiento presupuestario y hundiendo los salarios de docentes y no-docentes consagrando las pérdidas acumuladas desde diciembre del 2023. El gobierno consagró en el Presupuesto 2026 “una reducción aún más significativa en el gasto público en universidades: las instituciones de educación superior recibirán partidas apenas por un 0,4% del PBI, la más baja en varias décadas y una caída del 47% respecto al año 2023, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que también alertó por una reducción del 76% en las becas y transferencias para estudiantes”. (Clarín 13-2) En este sentido, el gobierno envió un decreto para prorrogar por un día más, hasta el 28 de febrero, las sesiones extraordinarias del congreso y en simultaneo amplio el temario, con un proyecto de reforma de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795. La ley 27.795 fue aprobada el año pasado, vetada por el gobierno, e insistida con más de dos tercios en ambas cámaras, a pesar de lo cual el gobierno decidió no aplicarla, lo que dio lugar a la intervención de la Justicia. En esa instancia el juez Martín Cormick, hizo lugar a una medida cautelar ordenando al Ejecutivo a actualizar las partidas previstas en la ley que había sancionado el Congreso el año pasado, decisión que fue apelada por el gobierno a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que aún no se pronunció. Para sortear el conflicto con la Justicia, y apostando a disipar cualquier situación conflictiva con los trabajadores de la Universidad, el gobierno entabló negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y como resultado de ello concretó un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario que desconoce todas aquellas medidas que apuntaban a recuperar las perdidas salariales ocurridas durante 2024 y 2025 y otras partidas destinadas a atender al sistema universitario. Esto queda claro cuando en el nuevo proyecto solo se reconoce la pérdida salarial estimada de 2025, planteando una recomposición salarial de tan solo 12,3% en tres tramos de aumentos del 4,10%, no acumulativos, en marzo, julio y septiembre. Es un proyecto confiscatorio, si se tiene en cuenta que la deuda salarial acumulada desde diciembre de 2023 con la docencia supera el 51%. El nuevo proyecto elimina también el artículo de la ley 27.795 que planteaba la actualización bimestral, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, para gastos de funcionamiento de las universidades públicas correspondientes a: “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios”, “Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en las Universidades” y “Fortalecimiento de la Actividad de Extensión Universitaria” por una suma fija de $80.072.460.000 como asistencia financiera a hospitales universitarios. Frente a este nuevo escenario, la federación de sindicales universitarias agrupadas en el FRESU (frente sindical universitario) denunciaron al nuevo proyecto, acordaron parar y movilizarse el próximo jueves cuando se trate en la Cámara de Diputados la media sanción de reforma laboral aprobada en el Senado, pero no resolvieron ninguna acción frente al nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario, con el agravante de reclamarle al CIN, coautor del nuevo proyecto, que se pronuncie a favor de la anterior ley de financiamiento. Con este cuadro, la CONADU H ha convocado de emergencia para el martes 17 a un plenario de secretario generales de las asociaciones de base para discutir lo acordado por el FRESU y el nuevo proyecto de ley de financiamiento. En un plenario de secretario generales anterior, varios secretarios se pronunciaron a favor de un paro por tiempo indefinido. En el caso de ADIUNT, el miércoles 11 fue paro e impulsó una movilización junto a SADOP y el SITAS que pararon y se movilizaron con un cartel de cabecera planteando el rechazo a la reforma laboral y a favor de la Huelga General. En el caso de CONADU al momento de escribirse esta nota se desconocía alguna convocatoria de conjunto. Sí se conocieron pronunciamientos y resoluciones de asambleas de asociaciones de base como en el caso del COAD (Rosario) que votó el rechazo al proyecto del gobierno y dio mociones para llevar al Congreso de delegados de CONADU (cuando el mismo se concrete): una de ellas es paro por una semana a partir de marzo, dos semanas a partir de abril y la huelga por tiempo indefinido, y la segunda moción la de preparar ahora en marzo la huelga por tiempo indefinido. La asamblea de AGD Rio Cuarto ya votó impulsar un paro del 3 al 13 de marzo con evaluación para la continuidad. Por su lado, SITRADU (Entre Ríos) también se pronunció por el paro por tiempo indefinido. Los tiempos se van adelantando. El gobierno quiere aprovechar el derrumbe de los bloques opositores para imponer en febrero no solo la contrarreforma laboral, la nueva ley de destrucción de los glaciares, la nueva ley penal juvenil bajando la edad de imputabilidad, el acuerdo comercial con la UE y ahora el nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario. Todos proyectos a favor de los grandes intereses, en contra de los salarios, el derecho laboral, la destrucción del medio ambiente, el reforzamiento del aparato represivo y la destrucción educativa. Es un ataque político de conjunto, que requiere respuestas políticas de conjunto. Las dirigencias de las federaciones siguen deshojando la margarita y pidiendo peras al olmo al CIN , que ha demostrado ahora a cara descubierta su abierta postración y colaboración con la política de destrucción educativa y contra los derechos de los trabajadores universitarios. Los paros aislados no pasan de ser una queja frente a la política en curso. Desde abajo están reclamando una lucha en serio. Como ya está ocurriendo y es necesario generalizar, está planteada convocar o autoconvocar asambleas en todas las universidades para pronunciarse contra el nuevo proyecto de destrucción salarial y presupuestaria de la universidad, coordinar las acciones y lanzar la huelga general o el paro por tiempo indefinido, que incluya la convocatoria a movilizaciones masivas y la ocupación de las casas de estudio. LEER MÁS: Frente a la política de destrucción educativa, organicemos la huelga general Por Anahí Rodríguez, 02/02/2026.

En la madrugada de hoy, al ingreso del primer turno luego de la parada técnica, los trabajadores de FATE se encontraron con cadenas y candados en los portones de ingreso y con un fuerte operativo policial. Por medio de un afiche FATE anunciaba el cierre de la planta y el despido de todos sus trabajadores. El directorio de la empresa alega que "los cambios en las condiciones del mercado" son el motivo del cierre, sin entrar en mayores consideraciones, como las importaciones, el dólar subvaluado o los precios de las distintas variantes de neumáticos. Madanes Quintanilla, el socio principal de FATE, ha impuesto un congelamiento salarial desde hace 14 meses, aunque ha obtenido concesiones en cuanto al régimen de trabajo. El lock out de la familia Madanes Quintanilla se produce cuando el Congreso trata una contrarreforma laboral que es apoyada por el conjunto de la patronal, incluida la del Neumático. El cierre de la fábrica es funcional a la contratación masiva de nuevo personal bajo las condiciones draconianas del nuevo estatuto patronal. “Las condiciones del mercado” no son responsabilidad de los trabajadores, sino de los capitalistas. El Congreso ha aprobado el acuerdo de “libre comercio” entre la Unión Europea y el Mercosur y se apresta a hacerlo con Estados Unidos, cuyo propósito de conjunto es reducir el valor de la fuerza de trabajo en Argentina, Europa y Norteamérica. La clase capitalista de los Madanes tiene en su poder la mayor parte de la deuda pública, cuya valorización sistemática ha beneficiado a las patronales, sean financieras o industriales. Una apertura de las cuentas de las grandes compañías probaría los enormes beneficios que obtiene el capital como consecuencia de la política de Milei, Caputo y Bessent (el secretario del Tesoro estadounidense). Los compañeros de FATE han iniciado una ocupación de la fábrica, que llamamos a que sea acompañada por el resto de la industria del Neumático y por la ocupación de todas las empresas que suspendan, despidan o cierren. Que abran sus cuentas, que no oculten sus beneficios fabulosos bajo el cómplice “secreto comercial”. Inscribamos estos reclamos en las columnas obreras que se movilizarán en el paro que convoca la CGT. Para parar el “industricidio” impulsemos una huelga general. La fuerza de trabajo tiene que poner manos a la obra.

En Japón se celebraron elecciones generales anticipadas el 8 de febrero, convocadas por la primera ministra Sanae Takaichi, líder del Partido Liberal Democrático (LDP), quien había asumido hacía apenas unos meses. El resultado fue una victoria aplastante; obtuvo una supermayoría en la Cámara de Representantes, con 316 de los 465 escaños en disputa. Con el apoyo de su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón (JIP), el bloque gobernante alcanza cerca de 350 escaños. Conocidos los resultados, los mercados financieros saludaron la victoria con subas importantes en la Bolsa de Tokio y el yen cerró la semana cerca de máximos en 15 meses. Sanae Takaichi, una sucesora política del asesinado primer ministro Shinto Abe, se propone retomar su política: cortar a fondo el gasto social y reducir impuestos a los grandes capitales; impulsar un gran gasto en infraestructura (350.000 millones de dólares) y en Defensa. Los números solamente cierran aumentado la deuda pública de Japón, la más alta del planeta en cuanto a relación con el PBI. Muchos advierten que podría provocar un colapso de la Bolsa y de los fondos de pensiones, como el que sufrió Gran Bretaña hace dos años con una política similar. Lo sustancial, sin embargo, es que Takachi quiere preparar a Japón para una guerra contra China, conjuntamente con Trump . Lo ha advertido expresamente en referencia a una eventual ocupación de Taiwán por parte de China. Como ocurre con las potencias vencidas en la segunda guerra mundial, Takaichi se propone el rearme de Japón, algo aún prohibido por la Constitución impuesta por EE. UU. al finalizar aquella guerra. La política de gasto para revivir una economía largamente estancada y una reducción transitoria de los impuestos a los alimentos habrían sido factores que determinaron su amplia victoria electoral. Takaichi iniciará una guerra comercial con China; lo que ha logrado es un colapso del turismo proveniente de China. Mientras Trump acentúa su guerra comercial y política contra los Estados europeos, fortalece la alianza con los asiáticos, Japón en primer lugar. La política mundial gira en torno a la guerra imperialista, cuyo destinatario estratégico es China.

Las sanciones de Trump contra cualquier estado que provea de petróleo a Cuba es un acto de bandidaje internacional . El atropello ha venido acompañado con el abordaje a cualquier navío sospechoso de ejercer un tráfico clandestino con ese propósito. La llamada “comunidad internacional”, encargada por nadie para vigilar el cumplimiento de las normas de derecho, ha mirado para otro lado. Los proveedores internacionales de petróleo (Venezuela, México, Rusia e Irán) han acatado, no obstante, las órdenes de Trump. Han rendido su soberanía al déspota de Washington sin levantar la voz. Cuba ya no sufre el bloqueo de Estados Unidos, sino del mundo entero. Los gobiernos más sensibles o más hipócritas se han reservado la posibilidad de asistir a Cuba por medio de la “ayuda humanitaria”. Sin combustible, las centrales eléctricas no tienen cómo funcionar. Pero el bloqueo de Trump, lejos de descabellado, sigue un método. El bloqueo ha acentuado la diferenciación de clases en Cuba , ofreciendo al imperialismo norteamericano una vía interior para imponer la reprivatización de la Isla; es la agenda de discusión que Trump y Rubio quieren imponer al gobierno castrista. La situación social de Cuba está lejos de ser uniforme. Los que tienen recursos, relata el Financial Times, “disfrutan de alimentos importados de Estados Unidos y manejan vehículos eléctricos cargados por paneles solares; quienes carecen de todo subsisten con raciones escasas de los almacenes estatales y se acurrucan en la oscuridad de sus hogares”. El bloqueo no es ecuménico, tiene un método: sigue la línea de la división de clases. En Cuba operan once mil compañías privadas, con derecho a contratar hasta cien trabajadores. Importan los alimentos que comprarán aquellos con acceso a transferencias de dinero de familiares en el exterior, quienes conservan un empleo mejor remunerado, así como la burocracia estatal y aquellos que trabajan en el sector privado. “Estados Unidos ha exportado 444 millones de dólares de mercancías a Cuba en los once primeros meses de 2025, un 13 % superior al del año precedente; los productos agrícolas, los alimentos y las medicinas están exceptuadas del embargo”. FT señala que “Almacenes del exterior, como Supermarket23, permiten ordenar compras en el exterior con entrega en La Habana en un tiempo tan breve como cuatro horas”. Estas conexiones no están ausentes para los conglomerados paraestatales, como GAESA (Grupo de Administración Empresarial Sociedad Anónima), que manejan las Fuerzas Armadas como una entidad privada. El bloqueo petrolero de Trump contra Cuba apunta a forzar al gobierno castrista a acelerar el tránsito hacia una economía privada de mercado. La carestía de la vida, en esta transición, sería sencillamente explosiva. Quienes aún pueden comprar nafta en los surtidores pagan 1,30 dólares el litro, cuando el salario mensual, a valor de mercado negro, es casi del mismo valor. Aun en estas condiciones se pueden encontrar “comensales sentados en mesas iluminadas por velas en la terraza del renombrado restaurant La Guarida en La Habana”. No hay nada original en esta fotografía, se repite en todas las catástrofes capitalistas, en este caso impuesta por el bloqueo y la guerra. Marco Rubio, en una entrevista concedida a la agencia Bloomberg, en los márgenes de la reciente Conferencia de Seguridad en Múnich , declaró que “los líderes comunistas de Cuba deberían dar al sector privado más espacio para operar como parte de un acuerdo más amplio con Washington”. La famosa “vía china” al capitalismo vendría de la mano, no de una asistencia de China, sino del imperialismo norteamericano. Ese “acuerdo más amplio” no podría tener la forma de un tratado comercial o de inversiones, como ocurre entre Estados soberanos, sino mediante una injerencia directa de Trump – a la venezolana . El propósito del jefe del ICE norteamericano es anexar el mercado inmobiliario de Cuba en función del desarrollo del turismo. Las transferencias inmobiliarias podrían tener lugar incluso en Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de La Florida. Una reciente ley, difundida por el portal “Comunistas de Cuba”, una oposición de izquierda al castrismo, que establece que las propiedades de la emigración cubana siguen bajo la titularidad de sus dueños, podría permitir un mercado hipotecario fuera de Cuba. Semejante salida, que también figura en la agenda de Trump-Rubio, no atendería al déficit de 900.000 viviendas que registra la Isla. Trump opera en el terreno restauracionista que ha desarrollado la burocracia castrista en la última década por lo menos ; por eso podría servir para un ‘entendimiento’, naturalmente colonial. Pone de manifiesto también que, para el imperialismo norteamericano que domina por entero el escenario mundial, la restauración del capitalismo en China o Rusia sería incompleta, porque ha dado paso a Estados independientes, no coloniales ni semicoloniales. La distinción es fundamental para un capitalismo en estado de desmoronamiento, por una sobreproducción insoluble, un retroceso de la tasa de beneficio y una clase obrera que no renuncia a entregar las conquistas que ha arrancado en una dura lucha histórica. El rol dominante y hegemónico del imperialismo norteamericano se proyecta como una pesadilla para el resto de los imperialismos menores, porque este diseño los pone en la condición de Estados cautivos del imperialismo mayor. Esta contradicción histórica no puede ser resuelta por el capitalismo en forma pacífica.

El ministro de Defensa Carlos Presti se encuentra cuestionado por haber contratado a una empresa proveedora de alimentos para la Armada que el anterior ministro, Luis Petri, había dado de baja por sospechas de corrupción , luego de una auditoria interna. Presti, como si nada hubiera pasado, volvió a contratar a la misma empresa, State Grid, para encargarle la provisión de alimentos para la Armada. En el sitio web de la empresa se puede leer que su objeto social es “la fabricación de productos esenciales como leche, yerba mate y aceites con procesos de alta calidad para el mercado mayorista"; asimismo afirma que se encarga de "la distribución de alimentos a lo largo de todo el país, garantizando entregas confiables a escuelas, Fuerzas Armadas, municipios y más". Un alto funcionario de Defensa informó que “Petri la había sacado del Ministerio esgrimiendo el resultado de una auditoría que encargó y arrojó que la firma entregaba un 25 % menos de los alimentos que se habían comprado” (LPO,15/2). La misma empresa estuvo involucrada en otro escándalo, esta vez en el Ejército, por el gasto de U$D 200 millones por la provisión de postres. Presti, siendo jefe del Estado Mayor General del Ejército, no podía ser ajeno a esta situación, sino, más bien, parte necesaria de esa operación de sobreprecios. Un dato no menor, en el marco de la injerencia de Estados Unidos en las relaciones comerciales de la Argentina, es que State Grid Argentina S.A. es subsidiaria de State Grid Corporation of China, la empresa de transmisión eléctrica más grande del mundo. Como hemos señalado en estas páginas . El ascenso de Presti al Ministerio de Defensa tiene como objetivo final profundizar la sumisión en materia de defensa a los criterios de EE. UU., en la línea desarrollada por su predecesor, el ahora diputado Luis Petri. Este escándalo se da cuando Presti es observado por miembros de las FF. AA. por diversos temas que atraviesan a la “familia militar”, por ejemplo, la caída de los salarios y la crisis de la obra social. Una de las cuestiones por la que es objetado por sectores castrenses es que, por medio del DNU firmado por Javier Milei, Presti no fue pasado a retiro -al igual que otros militares que cumplen funciones civiles en el Ministerio de Defensa- para asumir el cargo ministerial. Desde la Armada sostienen que cobra el doble que un almirante gracias a ese "decreto a su medida", algo que irrita al extremo a sus compañeros de armas, más cuando una parte importante de los miembros de las FF. AA. cobran salarios por debajo de la línea de pobreza. Hacia dentro de las fuerzas, la bronca hacia el Gobierno crece dado que los militares “quedaron desfasados en relación a las fuerzas de seguridad porque para ahorrar, Milei abandonó el plan de jerarquización salarial que empezó a implementar el anterior gobierno [de los Fernández]” (ídem). El arma más enconada con Presti es la Armada. En esa fuerza "Presti se volvió una mala palabra" por haber asumido el cargo de ministro de Defensa sin aviso previo a las cúpulas castrenses. En la asunción de Presti, dando cuenta del malestar, el entonces jefe del Estado Mayor General de la Armada, el Vicealmirante (R) Carlos María Allievi, no concurrió a la ceremonia. Pero el punto de inflexión definitivo fue la reforma de la Ley de Personal Militar que le permite a Presti y a otros militares ocupar cargos políticos sin ser pasados a disponibilidad . El mismo militar en funciones señaló que "esta fue la gota que derramó el vaso porque es demasiado evidente que está laburando para él y su grupo de amigos". Desde la Armada y desde la Aeronáutica se opusieron a esta normativa por entender que daba paso a una subordinación a la “política”, evidenciando los contrapuntos hacia dentro de las FF. AA. El gobierno liberticida las quiere tener alistadas para llevar adelante la represión interna y que cumplan con tareas de inteligencia . En este sentido, los miembros de la “familia militar” le demandan al Gobierno un reaseguro para no quedar expuestos ante la Justicia. El Gobierno, hasta el día de hoy y a pesar del militarismo blandido, no le ha dado respuestas al respecto. Otro punto que le señalan desde dentro de las Fuerzas es que no realizó la “limpieza” que los uniformados esperaban y hablan de una “purga quirúrgica”, que no respondería a las necesidades castrenses, sino que se trataría de una estrategia de Presti y su camarilla, para contener intereses particulares y frenar la bronca por la decisión de no retirarse para asumir el cargo político. Presti también debe afrontar la quiebra de la disuelta IOSFA , que dejó a los miembros de las FF. AA. sin cobertura en medicamentos y otras prestaciones sociales. La obra social, más allá de su reestructuración, mantiene una deuda de $ 200.000 millones con hospitales y clínicas de todo el país, que dejaron sin cobertura a los militares, y en el corto plazo no se avizora quién se hará cargo de la deuda. El gobierno liberticida, en el que Presti se ha enrolado, llevó adelante la motosierra hacia dentro de las FF. AA. , que tiene su correlato en las deserciones masivas y la precarización de sus miembros. En lo que va del gobierno de Milei se registraron más de 19.000 bajas -la mayoría de ellas, entre soldados voluntarios- debido a las bajas remuneraciones.

Desde el fin de semana del Carnaval se había instalado el rumor de un posible cierre de FATE, al tomar estado público un aviso que la empresa hizo a los administrativos de que no se presenten a trabajar. En la madrugada de hoy, un sector que debería haber ingresado en el día de la fecha, luego de las vacaciones, la parada técnica de la fábrica y la puesta a punto de las líneas, se encontró con cadenas y candados en los portones de ingreso y con un fuerte operativo policial. Por medio de un afiche, la patronal anunciaba el cierre de la planta y el despido de todos sus trabajadores . Otro sector de los trabajadores se anotició de su despido en vacaciones. Poco después, los trabajadores presentes iniciaron una ocupación de la fábrica , luego de un choque con la policía bonaerense, que incluyó una tentativa de detener a Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA. En horas del mediodía, la Secretaría de Trabajo de la Nación convocó a una ´mediación´. Durante la jornada, mientras contingentes de trabajadores de la zona norte iban llegando a la planta a traer su solidaridad, el Ministerio de Trabajo de la Provincia primero y luego la Secretaría de Capital Humano dictaron sendas conciliaciones obligatorias sin que mediaran audiencias. Plantea “retrotraer la situación al estado previo al conflicto y abstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales". Es una maniobra de enfriamiento en vísperas de un paro general, y con una crisis en la sanción de la reforma laboral como consecuencia del fraude del artículo acerca de enfermedades laborales . Los trabajadores anunciaron que sostendrán la permanencia dentro de la planta hasta su efectivo cumplimiento. El directorio de la empresa alega que "los cambios en las condiciones del mercado" son el motivo del cierre. La UIA salió a respaldarlo en un texto donde ´lamenta´ la pérdida de 65.000 puestos de trabajo; “FATE no es un caso aislado”, dice. La UIA apunta que “la experiencia internacional demuestra que las principales economías del mundo han adoptado medidas para defender sus cadenas de valor estratégicas frente a situaciones de dumping, subsidios encubiertos o distorsiones sistémicas”. La central patronal se sube al carro de las guerras arancelarias atrapada por sus contradicciones. El Gobierno, en cambio, observa razonablemente con suspicacia el anuncio del cierre de FATE. FATE ha logrado obtener en los últimos dos años una considerable rebaja de los impuestos. Asimismo, impuso centenares de despidos y un congelamiento salarial que se prolonga desde hace 14 meses , incluso con acuerdos con el SUTNA . El cierre se produce a pesar de que la empresa forzó un cambio de régimen de trabajo que representó una verdadera reforma laboral. En la lista de próximos cierres de industrias hay anotados varios pesos pesados más. El cierre de la fábrica es funcional a la contratación masiva de nuevo personal bajo las condiciones draconianas del nuevo estatuto patronal. Mientras otras empresas posponen los despidos para valerse de la nueva ley, FATE precipitó el cierre en medio de una semana convulsionada. Ha anunciado la compra de una parte del predio que ocupa FATE por 27 millones de dólares por parte de Aluar, del mismo grupo. “Según detalló Aluar, el sector comprado está vinculado a instalaciones que la compañía ya ocupaba hasta ahora como locataria y no afecta el área productiva de la planta” (El Cronista, 18/2). “Las condiciones del mercado” que alega la patronal no son responsabilidad de los trabajadores, sino de los capitalistas. Su propósito estratégico es desvalorizar la fuerza de trabajo. La ´burguesía nacional´ de los Madanes, en medio del ´industricidio´, mantiene en su poder la mayor parte de la deuda pública, revalorizada por las manipulaciones financieras del gobierno. Llamamos a acompañar la ocupación de FATE y al resto de los trabajadores de la industria del Neumático y a toda la clase obrera. A seguir el camino de la ocupación de todas las empresas que suspendan, despidan o cierren. Que los capitalistas abran sus cuentas. Con estos reclamos llamamos a intervenir en el paro que convoca la CGT. Impulsemos una huelga general en defensa del trabajo y de las conquistas de la clase obrera.

La conferencia de prensa donde la CGT convocó al paro de este jueves fue más que un anuncio. El nuevo triunvirato cegetista dijo que era favorable a una “modernización laboral” y que viene trabajando en cada gremio para la “actualización” de los convenios, en los términos de la contrarreforma. La burocracia, en definitiva, explicó que lleva tiempo colaborando con la derogación del derecho laboral. Con esta posición, reiteró la convocatoria a un paro aislado sin fecha “para el día en que se trate la ley”, es decir, como cierre a toda lucha. Pero a pesar de unos y otros, el escenario político que precede a la reforma laboral ha sido sacudido por la crisis capitalista y por la respuesta de los obreros de FATE . En la mañana de hoy, los obreros de FATE se enfrentaron con el cierre de la planta de Victoria, en el partido de San Fernando, y el anuncio patronal de 920 despidos. La decisión patronal desató la ocupación del predio por parte de los trabajadores que se encuentran allí y de los que fueron llegando. Ante el conjunto del país, los verdaderos propósitos de la reforma laboral comenzaban a tomar cuerpo: en vez de “creación de empleo”, despidos masivos, para reemplazar a trabajadores con antigüedad y derechos por otros precarizados, ya bajo el estatuto negrero de Milei y Sturzenegger. La crisis obligó a los liberticidas a actuar sobre la marcha, para dictar una conciliación obligatoria cuyo objetivo es desmontar la resistencia de los trabajadores y despejar el camino para aprobar la contrarreforma sin sobresaltos. Las patronales del neumático se han especializado, en estos años, en desconocer conciliaciones obligatorias dictadas por la provincia y por la Nación. En cualquier caso, la conmoción por FATE fue precedida por la indignación que generó la cláusula que imponía descuentos salariales a los trabajadores por accidentes o enfermedad . Aunque el punto ha sido retirado de la ley , la polémica por estos descuentos ha dejado en la picota al cesanteador Sturzenegger. El resto del gabinete liberticida le reprocha que, “por culpa de esta cláusula, todo el mundo está debatiendo ahora la reforma”. La cloaca mileísta ha tomado como chivo emisario al exministro de De La Rúa. Pero las razones de esta deliberación popular echan raíces en la crisis industrial, que dispara despidos masivos -y no sólo en FATE, como se demostró días atrás en Platex Tucumán ; en el derrumbe del salario, corroído por una inflación en alza; en el clima explosivo de los claustros universitarios , frente a la pretensión del gobierno de desconocer la ley de financiamiento. El debate parlamentario de mañana estará cruzado por esta crisis, que pasará por el cedazo de bloques políticos que guardan un compromiso estratégico con el ataque a la clase obrera. El recinto será cruzado, en cambio, por disputas de intereses capitalistas. Varios bloques provinciales volverán a poner sobre la lupa al fondo de despidos (FAL), que se nutrirá de desfinanciar no sólo al ANSES, sino también a las cajas jubilatorias de los distritos. El macrismo insistirá en darle el negocio de las cuentas sueldo a Marcos Galperin, a expensas de los bancos tradicionales. La burguesía y sus representantes tiene todos los dedos puestos en apoyar este ataque estratégico a la clase obrera . Pero al mismo tiempo sabe muy bien que la contrarreforma no salva al régimen de Milei-Caputo de la bancarrota industrial y de la crisis financiera, que el Gobierno gambetea porque Bessent-Trump, por ahora, siguen siendo garantes de última instancia para evitar una cesación de pagos. En medio de las disputas de última hora por la contrarreforma, Milei ha salido a alardear de autoridad a través de la sucesora de Bullrich: Monteoliva, con amenazas represivas para los que se manifiesten mañana. Esas intimaciones llegan a los fotógrafos y periodistas. El centro de la situación política se desplaza desde los devaneos del Congreso a las grandes fábricas. Apoyemos la ocupación de FATE y de toda fábrica que cierre o despida; coordinadoras y autoconvocatorias, para impulsar la huelga general contra la contrarreforma y todo el paquete ajustador del gobierno.

El paro general convocado por la CGT para el día de hoy, jueves 19, no tuvo nunca el propósito de quebrar el proyecto de contrarreforma laboral de la administración liberticida de Milei . Convocado a destiempo, cuando el Senado le había dado ya media sanción al engendro , además de un carácter aislado fue privado de toda forma de movilización . Lo que le otorgó un lugar especial fue la irrupción del cierre de FATE, una fábrica de la gran industria, que fue ocupada por los trabajadores que no se encontraban de vacaciones. Asomó entonces todo el rostro de la crisis capitalista de la industria y del comercio de escala: los centenares de miles de suspensiones y despidos que arrojó esta situación y la ofensiva capitalista para flexibilizar y precarizar las condiciones de trabajo. La decisión de una vanguardia de la clase obrera de ocupar la empresa , agregó una fuerte connotación subjetiva, como la decisión de romper el absolutismo de la propiedad privada de los medios de producción, mediante la ocupación de las instalaciones de la empresa. En los días precedentes, la sublevación de personal policial en Santa Fe y en Mar del Plata, por bajos salarios y adicionales arbitrarios, ponía a luz un principio de quiebra del aparato estatal causado por la política de ajuste de la camarilla financiera. Es indudable que estas condiciones se pusieron de manifiesto en la amplitud que adquirió el paro en la industria y el gran comercio. El paro de la burocracia de UTA ha sido un intento preventivo para evitar una ola de paros independientes en las líneas y empresas del transporte. En ausencia de una dirección política clasista consecuente, sin embargo, la jornada no se convirtió en un punto de inflexión de la etapa política actual. FATE, el punto estratégico de toda la crisis , no fue objeto de un apoyo de masas durante el paro y la ocupación, e incluso no hubo paro en Bridgestone y sólo parcialmente en Pirelli. La crisis de dirección del SUTNA, que tiene un largo desarrollo , ha quedado patente para el conjunto de la clase obrera. Aunque al momento de escribir esta nota no se conocía la votación del proyecto reaccionario en Diputados, el gobierno habría zafado, con la complicidad de la oposición patronal de turno, de un grave delito político, como ha sido la introducción clandestina de un artículo en el proyecto de ley que reduce los salarios de los trabajadores que atraviesan emergencias de salud . La conclusión que se desprende de esta caracterización de conjunto es que la clase obrera tiene por delante, en un escenario de crisis financieras e industriales cada vez más intensas, un camino a recorrer para reunir la capacidad política y de acción para imponer derrotas a la cloaca liberticida y poner fin a su gobierno. El gobierno saca poco consuelo de esto, cuando las crisis que atraviesa crecen y tiene como último recurso los ‘swaps’ del Tesoro norteamericano . La ausencia de una dirección dispuesta a luchar por la victoria ha neutralizado, al menos en gran parte, el alcance político de una huelga seguida por el 80/90% de la clase obrera. Para la izquierda trucha que anduvo reclamando un plan de lucha dirigido por la burocracia sindical, los resultados contrarrevolucionarios están a la vista. El Frente de Unidad Sindical, compuesto, entre otros, por la UOM, Aceiteros, SiPreBA, que ahora reclama un paro de 36 horas para cuando el proyecto retorne al Senado, se refugió en la lejanía de la 9 de Julio, y demoró su aproximación al Congreso para no confundirse con la izquierda ‘violenta’. Es lo que han venido haciendo en las ocasiones en que acompañó las marchas de los miércoles de los jubilados, o las movilizaciones de los compañeros del Garrahan. El centro de la convocatoria a manifestar en el día de hoy debió ser FATE, no el Congreso –la vigencia de la contrarreforma laboral depende de una derrota o un triunfo de los trabajadores de FATE. La burocracia de la CGT ha tomado la ocupación como una ‘molestia’; lo mismo la burocracia ‘disidente’. El cierre de FATE no es como el que sufrió Vicentín. Madanes no pidió un concurso de acreedores, de modo que las pérdidas que dice haber sufrido no lo han dejado en default o en bancarrota. Se trata de un despido en masa de los obreros más clasistas y combativos de Argentina, para reabrir la producción con nuevo personal y bajo la nueva ley laboral. La burguesía ‘nacional y popular’ ha decidido eliminar del lugar de trabajo a la vanguardia del proletariado. La “conciliación obligatoria” decretada por Capital Humano tiene por objetivo el cese de la ocupación de la empresa y es el pretexto para usar a “las fuerzas de seguridad”. La defensa de la ocupación de FATE es el punto central para toda la clase. Es necesario alistar piquetes voluntarios y rotativos para sostener la ocupación. Incluso en el caso eventual de reanudación del trabajo, una guardia obrera debería asegurar el control de las instalaciones. Perspectiva La jornada puso de manifiesto todas las contradicciones políticas en presencia. El gobierno celebró haber conseguido un quórum angustioso para comenzar a sesionar. Incluso si consigue su propósito en el Congreso, ello no le aportará un céntimo al escenario de declinación industrial y comercial, crisis de deuda e inflación en alza. Bien mirada, la jornada del jueves ha dejado expuesto al principal “activo” de los liberticidas y sus aliados, que es la crisis de dirección de la clase obrera . Esa crisis deberá ser superada a través de todo un trabajo de preparación y organización, que tendrá lugar en medio de convulsiones sociales inmensas. FATE es sólo una muestra, pero tiene todo un significado, porque los obreros de esta fábrica han demostrado ser una avanzada de lucha de la clase obrera, algo que se puso de manifiesto también en estas horas. El camino no es corto ni sencillo, pero es ineluctable.

La expectativa de que se profundice la baja del dólar y una suba en la cotización de la deuda pública es atribuida por algunos al “favorable clima de negocios” que crearía la sanción de la reforma laboral. Ese “clima”, en verdad, sólo existe en algunos titulares de los diarios, pues la agenda económica se encuentra dominada por los cierres de empresas y la venta de grandes cadenas comerciales o de yacimientos, principalmente por parte de accionistas externos. En cuanto a la reforma laboral, el optimismo financiero sólo obedece a una razón contante y sonante, y nada tiene que ver con los boatos acerca de la “creación de empleo” o la “atracción de inversiones”. La razón que lleva al festejo de los especuladores es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se alimentará con una deducción de los aportes previsionales de todos los trabajadores: 1 % en caso de las grandes empresas y 3 % para las pequeñas y medianas. Según algunas estimaciones, el Fondo aportará unos 4000 millones de dólares anuales, y será administrado por la Comisión Nacional de Valores. Analistas financieros estiman la formación de un “stock institucional” que podría llegar en unos años a representar unos 15.000 millones de dólares. El destino principal del FAL es el mercado de deuda pública, al punto que el propio Caputo le atribuyó trascendencia para “no depender de Wall Street”. Naturalmente, la proporción en que el Fondo podrá volcarse a rescatar al Tesoro y los acreedores depende de la llamada “tasa de cobertura”, es decir, la relación entre el fondo acumulado y las indemnizaciones a cubrir. Pero el régimen laboral instituido en la contrarreforma apunta, precisamente, a facilitar los despidos del personal con mayor antigüedad, reducir el valor de las indemnizaciones -al no computar pagos extras- y, en general, aumentar la rotación laboral. Por lo tanto, es un horizonte de indemnizaciones cada vez más “baratas”. Si se mantienen los actuales porcentajes de aportes al FAL, cada vez será menor la necesidad de previsionar recursos para las indemnizaciones y mayor el stock de dinero que quedará disponible para la deuda pública y otras colocaciones financieras. Se ha montado una confiscación colosal de los recursos previsionales para salir en rescate de una deuda pública argentina que, con excepción de Trump y Scott Bessent, nadie quiere bancar. Toda la “modernización laboral” se circunscribe a este delito común.

Javier Milei viajó a Washington para asistir el jueves a la primera reunión de la llamada “Junta por la Paz para el gobierno y la reconstrucción de Gaza”, un organismo creado por Donald Trump con el objetivo declarado de apropiarse de la Franja de Gaza e intervenir -a modo de unas Naciones Unidas de uso personal- en cualquier conflicto del planeta. Este decimocuarto viaje es una nueva muestra de la subordinación incondicional de Milei a Trump y al criminal de guerra Benjamín Netanyahu. El mandatario argentino busca alinear a la Argentina con la política belicista y crecientemente fascistizante del presidente yanqui, pidiendo pista para integrarse activamente a su agenda internacional. La reunión de la Junta por la “Paz”, que supuestamente trazará la hoja de ruta para la reconstrucción de Gaza, coincide con un despliegue militar estadounidense descomunal en Medio Oriente y con promesas de un ataque inminente contra Irán, una exigencia persistente del sionismo. El formato del encuentro fue, en sí mismo, una demostración de vasallaje: Trump y sus socios se dirigieron largamente a los presentes, quienes contaron con apenas dos minutos “estrictos” (sic) para saludar y detallar cómo colaborarían con la Junta. Ni los feroces jeques árabes —expertos en eliminar opositores— ni el presidente turco Erdoğan, con miles de presos políticos en sus cárceles, se apartaron del libreto. Sin límite de tiempo hubo presentaciones de Marco Rubio -secretario de Estado- Jared Kushner - yerno de Trump-, Steve Witkoff -enviado especial de la Casa Blanca a Medio Oriente-; del embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz; del ex primer ministro británico, Tony Blair; y del Alto Representante de la Junta para la Paz en Gaza, Nickolay Miadenov. “La costa de Gaza tiene 42 kilómetros de longitud y podemos convertirla en una nueva Riviera mediterránea con 200 hoteles turísticos”, se ufanó el multimillonario sionista Yakir Gabay, uno de los integrantes del gobierno colonial que Trump proyecta para Gaza. La propuesta es hacer negocios con el genocidio: construir hoteles sobre los cadáveres palestinos y convertir a los sobrevivientes en mano de obra esclava. Durante el discurso de apertura, Trump elogió reiteradamente a Milei y lo buscó entre los presentes. “¿Dónde está el presidente Milei?”, preguntó con una sonrisa antes de destacar su desempeño electoral. Y se felicitó a sí mismo por el apoyo brindado a Milei en las elecciones legislativas de octubre. “No se supone que deba apoyar a nadie, pero lo hago cuando me gusta…”, se explayó Trump, y agregó: “Tengo muy buenos antecedentes apoyando candidatos en Estados Unidos, pero ahora respaldo líderes extranjeros. Apoyé a Orban y a este caballero, Milei, que estaba un poco atrás en las encuestas y terminó ganando de manera aplastante”. (El fascista Viktor Orbán busca su reelección en abril). Cuando volvió a dirigirse a Orbán, Trump reiteró los elogios a Milei y destaco que Estados Unidos desembolsó unos 20.000 millones de dólares del Tesoro para “contener las turbulencias financieras” en Argentina y rescatar al gobierno de una posible derrota electoral. Milei viajó acompañado por el canciller Pablo Quirno, mientras su hermana Karina Milei permaneció en Buenos Aires siguiendo de cerca el debate por la contrarreforma laboral en la Cámara de Diputados. Ausencias elocuentes A pesar de la música de los Village Voice y de Elvis, y el repugnante aire festivo de los genocidas y sus cómplices, a la fiesta de Trump faltaron muchos invitados. Washington esperaba por lo menos que acudieran 45 jefes de estado de los 60 países invitados. Fueron 27. Se ausentaron los aliados atlánticos de Estados Unidos en la OTAN y también Japón. De Europa, solo participaron Hungría y Bulgaria, mientras que Italia se limitó a enviar un observador. Netanyahu, que se encontraba en el congreso del AIPAC, prefirió regresar a Israel y envió a su canciller en señal de protesta por la presencia de Turquía y Marruecos, países que considera aliados de Hamas. Por América, solo asistieron Paraguay, El Salvador y Argentina. México envió un observador. China y Rusia no fueron invitadas, una señal inequívoca de que la Junta por la Paz funciona como un ensayo general de un nuevo bloque bélico. Trump debió conformarse con aliados asiáticos como Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán y Qatar, pero minimizó el desaire: “En términos de poder y prestigio, nunca hubo nada igual, porque estos son los líderes más destacados”, afirmó. Una alianza imperial La Junta de Paz fue creada por Trump, quien se autonombró presidente vitalicio. Es el único con potestad para designar miembros y ejercer poder de veto. Aunque al principio la presentó como creada para supervisar su plan de paz en Gaza, luego amplió su alcance a otros conflictos internacionales, en un intento explícito de reemplazar a las Naciones Unidas. Ahora dio un paso más: anunció que la Junta “va a supervisar a las Naciones Unidas y asegurarse de que funcionen correctamente” y prometió un aporte estadounidense de 10.000 millones de dólares, sin precisar su origen. También afirmó haber reunido otros 7.000 millones de dólares de países árabes y asiáticos. Argentina fue eximida de pagar el aporte obligatorio de 1.000 millones de dólares para integrar el organismo. Al tomar la palabra, Milei se declaró “listo” para contribuir en la etapa inicial de “estabilización” en Medio Oriente. Destacó la experiencia argentina en misiones de paz y destacó el liderazgo internacional de Trump. Afirmó que la paz solo puede construirse sobre “derechos innegociables” como la vida, la libertad, la propiedad privada y la libertad de expresión, principios que definió como “base de la nueva política exterior argentina”. Aunque no ofreció aportes económicos, Milei anunció el envío de Cascos Blancos -una fuerza civil humanitaria dependiente de Cancillería- y dejó abierta la posibilidad de una participación con Cascos Azules, aunque eso requeriría autorización del Congreso Nacional. El gobierno dio un paso más de integración a la política genocida de Trump y el sionismo.

Ante la inminente sanción definitiva de la contrarreforma laboral, se ha encendido el debate sobre el alcance de su aplicación. Entre otros, se discute si su efecto será retroactivo o sólo aplicará a los nuevos empleos. Voceros calificados del gobierno, como Federico Sturzenegger, aseguran que se aplicará a todos los empleos, y no sólo a aquellos que se generen luego de la entrada en vigencia de la nueva legislación. Entre los abogados laboralistas, en cambio, se señala que, si bien el Código Civil y Comercial vigente establece el principio general de que toda ley se aplica a partir de su entrada en vigencia, sin efecto retroactivo, pero admiten que existe una diferencia entre derechos adquiridos y derechos en expectativa. Este último sería el caso de las indemnizaciones por despido, que se calculan de acuerdo a las disposiciones de la ley vigente al momento de la desvinculación, no del inicio del contrato, por no constituir derechos hasta su cumplimiento efectivo. Éste y otros aspectos de la contrarreforma laboral, admiten, serán materia de debate en los tribunales y, en última instancia, la decisión reposará en la Corte Suprema. Para que ello ocurra, primero deberá aplicarse la nueva norma a un caso concreto. El desenlace jurídico demorará varios años en arribar. Sin embargo, el gobierno tiene la determinación de hacer tabla rasa con los derechos laborales. Lo prueba el hecho de que ha logrado liquidar la ultraactividad de los convenios, vigente desde 1975, en la expectativa de propiciar nuevas negociaciones a la baja. La ultraactividad fue un hito de las grandes movilizaciones que acompañaron la huelga general de junio y julio de aquel año. Por otro lado, la nueva ley prioriza los convenios por empresa, no por rama, también con el propósito de propiciar acuerdos a la baja; la ley vigente hasta ahora solamente los habilitaba cuando incorporaban mejoras respecto al convenio colectivo de la industria. La expectativa del gobierno es liquidar, en todos los casos, los “derechos adquiridos”. En el derecho laboral, al menos hasta ahora, estos eran considerados irrenunciables, por el carácter asimétrico de la relación entre el trabajador y la patronal. Todo el dispositivo de la contrarreforma laboral apunta a forzar a los trabajadores actuales a renunciar a sus condiciones vigentes y aceptar las condiciones establecidas en la nueva legislación, en un cuadro de depresión industrial y despidos y de abaratamiento de las indemnizaciones. En la lista de acuerdos ´voluntarios´ ingresan el fraccionamiento de las vacaciones y los cambios en la jornada laboral (banco de horas), entre otros. En cuanto a las indemnizaciones, el director del BICE, Fabián Núñez, considerado un vocero de “Toto” Caputo, apunta más allá de las ´expectativas´ y sostiene que el propósito del llamado “Fondo de Asistencia Laboral” (FAL) es “aliviar la carga de la industria del juicio pasado". Simultáneamente, el gobierno avanzó con el traspaso del fuero laboral de la Justicia Nacional al poder Judicial de CABA, dominado por el macrismo. Tanto la Corte como la Justicia porteña han coincidido en establecer índices de actualización acotados para las indemnizaciones. El propósito de la contrarreforma laboral es barrer con las condiciones laborales actuales, con la complicidad de la CGT y de los gobernadores peronistas.

El bandido Donald Trump ha reunido una fuerza militar colosal en el Asia oriental para desatar una guerra largamente preparada contra Irán junto a su compinche, el genocida Benjamín Netanyahu. En el mar Arábigo operan dos de los mayores portaviones del mundo, una flota enorme de destructores, un vasto sistema de radares y espionaje electrónico y renovado el personal y el armamento de las decenas de bases que Estados Unidos tiene instaladas en la región. Para un número considerable de medios informativos, que exhiben consultas a funcionarios de Washington, el asalto contra Irán no pasará de este fin de semana. La reanudación de la guerra contra Irán a una escala no vista en el pasado reciente está inscripta en los términos mismos de las llamadas ‘negociaciones’ con el gobierno iraní, que son desde cualquier punto de vista un ultimátum. Irán debería abandonar por completo su programa de enriquecimiento de uranio, desmantelar su sistema de misiles balísticos, destruir su fuerza antiaérea, sin recibir a cambio ni siquiera el fin de las sanciones contra su comercio internacional ni el abandono, por parte de Estados Unidos, del cerco militar que ha establecido. Irán es invitada a abrir las puertas a una ocupación militar de su territorio. El gobierno de Irán había ofrecido negociar el grado de enriquecimiento de uranio dentro de las posibilidades para su uso civil y hasta, como último recurso, proceder a ese enriquecimiento en un tercer país para su reingreso controlado a su territorio. El régimen clerical de los Ayatollahs ha advertido todo el tiempo adónde llevaban las concesiones draconianas que se le pretendían imponer, y se prepara para una resistencia militar. En la agenda de guerra de Trump se encuentra también la liquidación física de las mayores autoridades civiles y militares del gobierno. La agenda de Trump contra el enriquecimiento nuclear y la eliminación de los misiles balísticos constituyen un reconocimiento de que los bombardeos norteamericanos contra los centros atómicos de Irán y contra su fuerza antiaérea, en junio pasado, han fracasado. El fascista Trump va por la imposición de la dominación política del imperialismo norteamericano en el Medio Oriente y la apropiación de los recursos petroleros y energéticos de la región. Establecería un cerco político y económico contra todos sus rivales internacionales, en primer lugar, China y Rusia, pero también contra sus ‘aliados’ de la Unión Europea. Las capacidades defensivas de Irán, infinitamente menores a las de sus enemigos, no son sin embargo despreciables. Ya demostró, en 2024, en la guerra de “doce días”, que podía penetrar la “cúpula de hierro” del régimen sionista en Israel. Lo mismo vale para las bases norteamericanas en Irak, por ejemplo. Los propósitos ‘secundarios’ de la guerra, el debilitamiento de Turquía frente a Israel o el avenimiento de Putin a “un cese del fuego” en Ucrania, sólo sumarían a una convulsión política que podría incendiar a toda la región. El genocidio contra la población de Gaza y la expulsión de palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania, siempre estuvieron inscriptos en esta perspectiva de demoler políticamente a Irán. El asesinato selectivo de sus mayores líderes políticos y de la comunidad científica, por parte Estados Unidos e Israel, se han venido desarrollando durante años. Trump encara este nuevo crimen de guerra cuando la ‘comunidad internacional’ ha avalado la escalada de agresiones contra Venezuela y contra Cuba, e impuesto esta política al resto de las grandes y medianas potencias. En la reciente Conferencia de Seguridad que tuvo lugar en Munich, con una platea de 63 dirigentes de Estado, se escucharon sesudas admoniciones sobre el “desorden del mundo”, pero ninguna advertencia contra el asalto contra Irán. Trump pretende comparecer a la reunión programada con Xi Jinping, en abril próximo, como Hitler lo hizo en Munich, con Francia y Gran Bretaña en 1938. La decisión de la Corte de Panamá que anuló el contrato con una empresa china a cargo del manejo de los dos puertos del Canal, naturalmente por órdenes de Trump, apenas ha sido respondida por China con la amenaza de una apelación judicial internacional. Entre el 60 y el 70 % de la población de Estados Unidos se ha manifestado en contra del asalto militar a Irán, en los sondeos de opinión. Trump y su camarilla quieren salirse con ‘una victoria’ para doblegar a la oposición popular que se desarrolla en Estados Unidos contra su gobierno. Trump no ha requerido el aval del Congreso para esta guerra y, de un modo, general, choca con todas las instituciones del país en una manifiesta intención de instaurar un régimen de excepción y una dictadura en Estados Unidos. Trump, sin embargo, podría sufrir una derrota político militar en Medio Oriente, si el asalto a Irán desata movilizaciones de masas y rebeliones e insurrecciones en la región y en el resto del mundo. Javier Milei es un protagonista activo en esta guerra. Se ha hecho inscribir en la Junta de Paz encargada de convertir a Gaza en un paraíso turístico inmobiliario internacional y respaldar la expansión imperialista en el Medio Oriente y Asia. Argentina es, extraoficialmente, un país en guerra, una aberración jurídica y política que cuenta con la complicidad del ‘honorable Congreso’. La camarilla de Milei y el conjunto de la burguesía local está agarrados al “swap” de Scott Bessent para evitar el default y la caída del gobierno. Pero toda la guerra mundial en desarrollo obedece a razones semejantes, porque su propósito es contener un derrumbe financiero internacional o descargarlo sobre los trabajadores del mundo entero. La humanidad no atraviesa una crisis ‘geopolítica’ sino el estallido histórico de todas las contradicciones capitalistas.

El paso de la contrarreforma laboral por el Congreso fue fiel a su contenido. Si el estatuto negrero de Milei y Sturzenegger consagra un régimen de excepción contra la clase obrera, no es de extrañar que la aprobación de la ley se llevara adelante con los métodos de un golpe de Estado. En el Senado y en Diputados, el voto fue el resultado de un contubernio político puertas afuera del Congreso, entre Milei y Caputo, de un lado, y un elenco de gobernadores vinculados al peronismo y al radicalismo, del otro. En el caso de los gobernadores peronistas que sumaron votos y quórum, varios de sus diputados fueron electos en las listas que promovió Cristina Kirchner para las elecciones de octubre pasado. Otra de los integrantes de esta coalición, una diputada de la “neuquinidad”, reconoció que votaba la reforma porque habilitaba a un cambio drástico de las relaciones laborales en Vaca Muerta. En medio de las fluctuaciones de la producción y los cambios permanentes de titularidad en las concesiones, la patronal petrolera celebra la facilidad para rotar trabajadores y un régimen de indemnizaciones sin costo para las empresas. El apoyo explícito de los diputados de los lobbys mineros y petroleros vino acompañado por el financiamiento público de obras de infraestructura que reclaman los mismos pulpos petroleros. Esa coalición no escrita de libertarios y “opositores” se puso de acuerdo para sacar la reforma a través de un golpe parlamentario. El periodista Fernández Díaz se ganó un insulto de Milei por describir, en La Nación, la consigna que le bajó Karina Milei a sus senadores: “primero se firma (el dictamen), después se lee”. El golpe parlamentario tuvo un traspié cuando trascendieron los términos del artículo 44, que pretendía transferirle a los trabajadores el costo del desgaste físico y mental producido por la explotación capitalista. Los autores de la tropelía se apresuraron a retirarlo del proyecto, con el único propósito de evitar una mayor deliberación sobre el contenido de la reforma. En cuanto a los descuentos sobre las licencias, el régimen de coacción laboral impuesto por la reforma es tan brutal que los empleadores se las arreglarán para aplicárselos a sus trabajadores incluso sin que se lo habilite la ley. Una vez consumada esta cirugía menor (retirar el artículo 44), el operativo político se trasladó a la cámara de Diputados. El “debate” de las comisiones se realizó en un solo día, con expositores a los que se les impuso cinco minutos para intervenir. El sistema de acuerdos se desarrolló en tres niveles: los “opositores” que prestaban el quórum y se retiraban; los que votaban en bloque la reforma; los que la votaban en general y se reservaban un filón “crítico” para votar en contra cuestiones en particular, con el cuidado de “rotar” en sus disidencias para que no se cayera ningún aspecto de la ley negrera. En efecto: con excepción de las licencias médicas, el resto del proyecto regresó ileso al Senado. En particular, la formación del fondo de despidos (FAL) constituido con los aportes previsionales de los trabajadores. Esta confiscación le aportará unos 3.000 millones de dólares anuales al mercado de deuda pública que Caputo engrosa por días y horas. La sesión de Diputados fue un desfile de discursos de opositores, porque el bloque de libertarios, macristas y gobernadores evitó intervenir, con excepción del “miembro informante”. Fue una manera de subrayar que el Congreso había sido reducido a poco más que un adorno. En la mañana del viernes, las comisiones del Senado aprobaron a libro cerrado lo que recibieron de diputados, para asegurar que la semana que viene se vote la contrarreforma en términos definitivos. La ley que establece una dictadura del capital sobre la clase obrera se votó con los métodos de un estado de excepción. Los abogados laboralistas han advertido que la contrarreforma será una fuente de multiplicación de las demandas judiciales, por las diferentes cláusulas inconstitucionales de su contenido: reducción de los salarios, destrucción del derecho de huelga, cómputo amañado de las indemnizaciones, y la vigencia o no de sus cláusulas para los trabajadores con derechos adquiridos. Este aluvión de juicios irá a parar en última instancia a la Corte, donde ya juntan el polvo miles de demandas de los jubilados. Por la vía del ninguneo o de la convalidación de la contrarreforma, la Corte terminará convirtiéndose en el cómplice de este régimen de emergencia. Pero la “litigiosidad” que adelantan los juristas tiene otro escenario, mucho más importante que el de los tribunales: la liquidación del derecho del trabajo llevará a dirimir todos y cada uno de los atropellos en un choque directo de la clase obrera con el capital y el Estado. Es el escenario que han buscado los liberticidas y toda la clase capitalista. La célebre “Banelco”, que en los 90 condujo a una crisis política terminal, ahora funcionó a la luz del día y con el beneplácito de toda la derecha “republicana”. Cuando los intereses capitalistas que sostienen a Milei empiecen a desbarrancarse, la trama putrefacta de esta contrarreforma se llevará puestos a sus autores, varios de los cuales también gobernaban entonces.

La presidencia de José Jerí concluyó en tan solo cuatro meses. Ninguno de los escándalos previos a su asunción como presidente interino -corrupción, abusos sexuales- generó el menor revuelo político dentro del Congreso. Fue un evento casi menor el que disparó su rápida destitución. El término “Chifagate” hace referencia a sus reuniones clandestinas con empresarios chinos ligados a los contratos estatales. Las relaciones sino peruanas han crecido exponencialmente desde el año 2010, en detrimento de las relaciones comerciales con los Estados Unidos. El presidente, cruzado por diversas causas judiciales desde su asunción como diputado, sólo aceleró la censura en su contra “por inhabilitación moral”. Será reemplazado por un diputado del partido Perú Libre, José María Balcázar, exjuez de 83 años, que ha prometido una “transición pacífica”. Perú elige presidente y renueva sus cámaras legislativas el próximo 12 de abril. Renovación Popular, partido de la derecha católica, ha estado al frente del pedido de censura a Jerí. Su candidato presidencial, Rafael López Aliaga, buscó centrar los motivos de la destitución en el alineamiento con China del presidente interino: “Jerí es operador de decenas de grupos chinos que entran a palacio en masa” (LN, 18/02). En las jornadas previas, la Subsecretaría para América Latina de Trump, había condenado el fallo de la Justicia peruana para que la empresa naviera estatal china COSCO Shipping Lines pueda operar sin supervisión del Estado. Dicho fallo fue acompañado por la Presidencia del Consejo de Ministros el pasado viernes 13 de febrero. Las empresas chinas están íntimamente ligadas a los contratos estatales, incluyendo la distribución eléctrica en Lima. Lo mismo ocurre con el control de las empresas chinas sobre la extracción y comercialización del cobre. El 70 % del cobre peruano se exporta directamente a China a través del puerto de Chancay, en manos de COSCO. El gobierno de China ha denunciado la injerencia de Estados Unidos en las decisiones soberanas del Perú. El embajador estadounidense, Bernie Navarro, nombrado hace solo semanas en el puesto, un íntimo colaborador de Marco Rubio, fue visto con el destituido Jerí para discutir sobre la influencia de las empresas chinas. En los medios peruanos se informa que Estados Unidos está dispuesto a invertir cerca de 1.500 millones de dólares en la modernización y ampliación de la Base Naval del Callao en Perú. Al mismo tiempo, propicia la firma de un acuerdo para la venta de aviones F16 a la Fuerza Aérea peruana. El gobierno de Donald Trump ha renovado a Perú como un aliado extra OTAN en la conferencia guerrerista de Múnich, . Los Estados Unidos no esconden su pretensión por desplazar a China del lugar que ocupa en Perú y el conjunto de América Latina. La diferencia es que mientras China se centra en las inversiones productivas o de servicios, Estados Unidos prefiere el despliegue militar y una asociación con las Fuerzas Armadas. Las presiones para tutelar el puerto de Chancay son crecientes. En este cuadro político general, el país se encamina a unas elecciones generales marcadas por la fragmentación política más grande de su historia moderna. Se han oficializado 36 candidatos presidenciales y 38 listas parlamentarias. El punto central está colocado en la restauración del Senado, que había sido abolido por el dictador Alberto Fujimori en 1993. El principal candidato, según las encuestas, es el derechista Rafael Lopez Aliaga, que ha buscado obtener, sin éxito por el momento, el apoyo del gobierno norteamericano. Sus denuncias sobre los contratos estatales con empresas chinas ha sido un eje de la campaña. La guerra comercial de Estados Unidos contra China se ha colocado como un primer punto en la campaña electoral peruana.

Durante la tarde del jueves la patronal de FATE emitió un comunicado en el cual se comprometía a cumplir con la Conciliación Obligatoria “una vez estén verificadas las condiciones operativas imprescindibles en la planta industrial”. Se trata de una extorsión para que los trabajadores desalojen la toma. La asamblea de la tarde noche de ayer así lo entendió y resolvió sostener la lucha hasta que quede garantizado el reingreso de los compañeros. Lo mismo el turno de esta mañana. La planta está a punto, dicen los trabajadores, para arrancar inmediatamente, incluso con materia prima disponible. Esto desmiente la versión patronal de que no puede comprometer una fecha de arranque por falta de materia prima y por la necesidad de una puesta a punto, que los propios trabajadores del sector de Ingeniería hicieron hace días. Las maniobras de la patronal de FATE fueron advertidas hace tiempo. Según la periodista Silvia Naishtat, de Clarín, “el Gobierno Nacional había sido informado un día antes a través del Secretario de Industria, Pablo Lavigne, a quien ya en diciembre le habían comentado los problemas de FATE. Tambien lo hablaron con Axel Kicillof en la Provincia y con Martin Rapallini en la UIA” (Clarín, 20/2). La orden de desalojo de la ocupación salió el mismo día de la toma, lo mismo que las conciliaciones obligatorias del gobierno nacional y provincial. Asistimos a una conspiración antiobrera montada entre la patronal de FATE y los estados nacional y provincial. “El momento del cierre había sido estudiado, según afirman una y otra vez, en función del feriado largo del carnaval y de las vacaciones del personal en las que coincidían casi todos por las supuestas tareas de mantenimiento de la planta (…) Antes del Feriado de Carnaval ya habían anticipado el cierre a la empresa que transporta los operarios a la planta. Esa pyme bajó las persianas e indemnizó a sus choferes antes del Carnaval”. El panorama de las otras fábricas del Neumático del país luce sombrío. En diciembre cerró IBF en Córdoba. El dueño de Neumen, empresa de venta al público, planteó que “con este esquema de importaciones las otras plantas de producción nacional (por Pirelli y Bridgestone) también van a cerrar, a no ser que se dediquen a las importaciones”. Es necesaria una campaña para defender la ocupación de FATE por medio de piquetes masivos rotativos de los trabajadores de la zona, de los trabajadores de la provincia y CABA, y por la juventud trabajadora y estudiantil.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, por unanimidad, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática , que permite la liberación de una parte de los presos políticos que permanecen detenidos o condenados. La presidenta Delcy Rodríguez promulgó la ley dos horas después y pidió revisar los casos no contemplados en el texto para beneficiar a más personas, en un intento de lograr una absolución para los propios. “Hay que saber pedir perdón y hay que también recibir el perdón”, dijo en una alusión a un borrón y cuenta nueva para todas y todos, chavismo incluido. “Amnistía no solo para ellos, para nosotros también”, reclamó Nicolás Maduro desde la cárcel en Nueva York, según relató su hijo, Nicolás Maduro Guerra, ante manifestantes chavistas reunidos la semana pasada. La oposición remarcó que no se trata de una amnistía verdadera. María Corina Machado declaró que no puede haber perdón sin memoria, en clara alusión a la falta de juicios y condenas de la represión por parte del gobierno. La ley fue aprobada después de semanas de discusión. Una de las disputas fue provocada por la inclusión, entre los amnistiados, de los acusados por violaciones a los derechos humanos. Esta inclusión explícita finalmente fue abortada debido a la presión internacional. La Corte Penal Internacional tiene procesos iniciados contra el gobierno venezolano. Es el mismo argumento que utilizan los genocidas de Argentina para evitar las extradiciones a Europa. En el caso de Venezuela, el gobierno español no se dio tiempo ni a respirar antes de reclamar que se le quiten las sanciones a Venezuela no bien fue sancionada la ley. El consenso internacional ya no le reclama elecciones libres al chavismo residual. Basta con que haya entregado el manejo de los hidrocarburos y esta “amnistía” que no autoriza la oposición política activa. El otro gran cuestionamiento es el alcance para los exiliados. Esto fue salvado permitiéndoles ser representados por un abogado pero, como la ley contempla que tienen que comparecer en el país, hay duda sobre las garantías de no ser apresados cuando retornen. Además, quedan fuera de la ley los acusados que promuevan una invasión extranjera en Venezuela, en clara alusión a María Corina Machado y Leopoldo López, y el texto exige que los beneficiados “hayan cesado en la ejecución de los hechos constitutivos de delito”, una condición que deja afuera a quienes continúan su activismo desde el extranjero. En una sincronía que parece pautada, Donald Trump le revocó el Estatus de Protección Temporal a 600.000 venezolanos exiliados y se ha apresurado a expulsarlos. Es el caso de Carlos Roberto García, exalcalde de Mérida, quien fue acusado por el gobierno de Maduro por no reprimir las movilizaciones opositoras en 2017. Delcy Rodríguez ordenó la liberación de presos políticos desde los primeros días de ejercer el protectorado . No obstante, la mayoría recibió medidas de libertad condicionada. Hubo familiares de presos políticos en huelga de hambre hasta que se promulgó la ley. Juan Pablo Guanipa, uno de los primeros liberados, fue nuevamente encarcelado por iniciar una manifestación reclamando la liberación de la totalidad de los opositores. Por presión internacional fue nuevamente liberado y cuestionó con dureza la ley aprobada por la Asamblea Nacional, y sostuvo que no constituye una amnistía real. “Lo aprobado hoy en el Palacio Legislativo no es ninguna amnistía. Es un documento chucuto que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas”, afirmó. El opositor aseguró que la liberación de los presos políticos no constituye un acto de clemencia. “Ninguno de ellos debió estar preso”, indicó y denunció que persisten violaciones a los derechos humanos en el país. “Los centros de tortura en Venezuela siguen abiertos, cientos de venezolanos siguen en el exilio, las leyes que usan para reprimir siguen vigentes y hay decenas de oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional que siguen presos por alzar la voz frente al saqueo de nuestra patria”, afirmó. La ley, compuesta por 16 artículos, no especifica de manera detallada los delitos alcanzados por la amnistía ni prevé la restitución de bienes incautados, la revocación de inhabilitaciones políticas ni el levantamiento de sanciones impuestas a medios de comunicación, aspectos que habían sido considerados en versiones anteriores. Mientras funcionarios oficiales aseguran que cerca de 900 personas fueron liberadas en el último año, la organización Foro Penal contabiliza 450 excarcelaciones de los considerados presos políticos desde el 8 de enero. Resta todavía liberar a 644, según estos datos. El protectorado de facto que inauguró Donald Trump el 3 de enero , lejos de abrir un período de primavera política, precisa de un reforzamiento del aparato represivo del chavismo residual , al cual tiene pensado mantener regimentado, articulándolo con la CIA. Mantener encorsetada cualquier oposición popular al protectorado de Trump es necesario cuando, según datos de las mismas autoridades venezolanas, se espera para 2026 una inflación superior al 800 %, la deuda pública supera el 180 % del PBI y la pobreza sigue en aumento.

Desde el inicio de su segundo gobierno, Donald Trump ha convertido a los aranceles de importación en un arma de la guerra imperialista mundial. Estados Unidos no es solamente el mayor mercado internacional para las mercancías extranjeras, sino que registra también el mayor déficit de comercio exterior. La absorción de los excedentes de la producción extranjera lo ha convertido en un pulmotor de la economía mundial. El balance de estas cuentas contradictorias ha sido establecido por el incremento de la deuda pública norteamericana, que supera los 38 billones de dólares y paga intereses anuales de 1 billón. Los países con superávit comercial con Estados Unidos han financiado la salida de sus excedentes mediante la compra de la deuda estadounidense. El mecanismo de la deuda pública ha inundado a los mercados internacionales de un creciente capital ficticio, que está compuesto por las deudas públicas, por las deudas privadas que se pueden obtener ofreciendo un bono del estado, por la capitalización de los intereses de esas deudas y por las deudas generadas en cada uno de los mercados nacionales. El capital ficticio, a ojos de buen cubero, es veinte veces superior al PBI internacional, que supera los 120 billones de dólares. Dicho esto, el viernes pasado la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucionales los decretos de Trump que han impuesto aranceles extraordinarios al resto del mundo en los últimos casi diez meses. A la Bolsa de Nueva York le llevó solamente un día hacer algo parecido el 4 de abril del año pasado, al derribar una suba de aranceles fuera de toda proporción, con un derrumbe de acciones y títulos públicos, conjuntamente. Trump se vio forzado a rebobinar y bajar considerablemente las tarifas, con algunas excepciones relevantes (China, Vietnam, Brasil). El propósito de esa suba estrafalaria aranceles era reequilibrar el comercio exterior de EEUU (en especial en cuanto a manufacturas) y recaudar un dinero suficiente para reducir la deuda pública mediante el pago en efectivo de los intereses. De acuerdo a cálculos oficiales, habría obtenido un adicional de 180 mil millones de dólares en estos meses –un 80 % del aumento de la recaudación en el período-. El financiamiento del estado mediante derechos de exportación era una práctica corriente en el siglo XIX, cuando los sistema financieros e impositivos internos aun tenían escaso desarrollo. Como lo acaba de hacer valer la Corte norteamericana, sólo el Congreso tiene la facultad de legislar sobre esos derechos. Lo singular del caso no es esto, sino que esta misma Corte, con amplia mayoría de derecha y ultraderecha, no ha hecho respetar el mismo precepto constitucional cuando se trata de la guerra o de la deportación sin proceso de personas, y es responsable de la derogación del derecho al aborto, que en Estados Unidos es de jurisdicción de los estados federales. Tampoco ha intervenido para juzgar a Trump por el intento de golpe del 6 de enero de 2021, como lo ha hecho la Corte brasileña con Bolsonaro o lo acaba de hacer, a cadena perpetua, la Corte de Corea del Sur con el destituido presidente, culpable de organizar un golpe militar. En cualquier caso, la declaración de inconstitucionalidad de los aranceles de Trump habría sorprendido a la camarilla de gobierno, porque las audiencias judiciales del caso parecían indicar una tendencia a reconocer esa facultad al poder ejecutivo. La sentencia de la Corte, obviamente, ha sido saludada por aquellos que quieren creer que Trump es una pesadilla nocturna, que se disiparía en las elecciones parlamentarias de fin de año y en las presidenciales de 2028. Frente al ‘autoritarismo’ y el estado de excepción, incluso con jueces de derecha, triunfa el estado de derecho y la división de poderes; los moros fascistas por la costa son un espejismo de políticos catastrofistas. Pero dimes y diretes aparte, la cuestión es si el imperialismo norteamericano se encuentra en declinación o no, en el marco de una decadencia histórica del capitalismo y en un período de guerra mundial. La conversión de Estados Unidos en una nación en guerra no se va a transitar en línea recta; los tropiezos, reversiones y rebeliones están claramente inscriptos en una crisis de naturaleza histórica. Trump ha sufrido un duro revés en Minnesota, y se ha visto obligado a reacomodar el juego. Es muy probable que el fallo de la Corte constituya una respuesta preventiva al intento declarado de Trump de copar la Reserva Federal. Que la oligarquía financiera norteamericana apoye el ajuste fiscal, el despido masivo de funcionarios estatales y los subsidios a las compañías de Inteligencia Artificial (algo que había empezado Biden), no significa que esté dispuesta a entregarle las llaves del Banco Central, el sistema cardíaco del capitalismo. Ni Hitler pudo lo que quiere Trump; Hjalmar Schacht, un ‘liberal’, mantuvo el control de Banco Central de Alemania (1934-39) para financiar el veloz rearme alemán con una política monetaria ‘creativa’ pero ‘ordenada”. Las contradicciones del trumpismo norteamericano son tan explosivas como infinitas. El fallo de la Corte ha creado contradicciones insolubles en la práctica. Habilita el reclamo de la devolución de los aranceles pagados por los importadores, lo que lleva a cuestionamientos judiciales sin términos. Por otro lado, los importadores trasladaron el impuesto a sus clientes, que se cuentan por millones. La legislación arancelaria norteamericana es tan diversificada que autoriza el establecimiento de tarifas por parte del Poder Ejecutivo, por distintas razones y emergencias; los altísimos gravámenes al acero, aluminio, medicinas y otros rubros siguen en pie. Mediante la invocación a una ley de 1974, Trump ha respondido con la imposición de una tarifa generalizada del 15 %, por al menos cinco meses. Esta decisión ha desatado una crisis político comercial internacional verdaderamente inusitada y por demás explosiva. Ocurre que esta tarifa del 15 % altera acuerdos ya firmados con una gran mayoría de países. Trump ha advertido que cualquier revisión de esos acuerdos sería declarada hostil por parte de Estados Unidos. Argentina, por caso, ha firmado un acuerdo leonino a favor de EEUU, pero que incluye el nuevo arancel general del 15 por ciento, que ahora deberá pagar. China y Brasil, dos adversarios comerciales de Trump, salen beneficiados, porque los aranceles que ahora se derogan son más costosos para ellos que ese 15 por ciento. Lo contrario ocurre con los ‘aliados’ europeos; Gran Bretaña acordó con Trump tarifas bajas, que integran el paquete derogado por la Corte, y pasará a tener que pagar el nuevo arancel general. La encrucijada política del resto del mundo es sencillamente brutal: o reclaman la vigencia de lo establecido por la Corte, que beneficia a una mayoría de otros países, o se someten a una orden inconstitucional de Trump, lo cual los convierte en semicolonias. Peor aún, debería desatar una crisis constitucional en cada país entre los poderes legislativos y ejecutivos. El Congreso de Argentina no podría aprobar el acuerdo que Milei firmó con Trump, porque sencillamente ha dejado de estar vigente. Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Trump, ha declarado que el nuevo 15 % recaudaría la misma suma que lo que aportaron los aranceles derogados. De las numerosas enseñanzas que se desprenden de esta crisis, hay una que prevalece: la crisis irreversible de la dominación imperialista internacional pone en crisis a los regímenes políticos de cada uno de los estados y representa un obituario para el estado de derecho que reivindica el orden capitalista. El antagonismo entre el desarrollo de las fuerzas productivas, por un lado, que solamente puede ser internacional, y los estados nacionales y las relaciones de producción capitalistas, del otro lado, ha llegado a un paroxismo histórico. Acorralado por la crisis política norteamericana, Trump se apresta a lanzar una guerra contra Irán y el Medio Oriente.

La aseguradora de riesgo de trabajo Galeno ART, el mismo día en el que FATE despedía a 920 trabajadores, entró en liquidación forzosa, dejando como saldo 600 trabajadores sin empleo. Luego de que Galeno no presentara el plan de regularización exigido para revertir un déficit de capital mínimo de $ 12.954 millones, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) sentenció la disolución de la empresa aseguradora. Mediante la Resolución Sintetizada 56/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se resolvió la disolución automática y la liquidación forzosa de los bienes de la aseguradora de riesgos del trabajo, que había comenzado a operar en el año 1996. El grupo liderado por Julio Fraomeni inició a finales del 2025 un proceso de liquidación que terminó de efectivizarse con la revocatoria de su autorización para operar por la SSN. La caída en desgracia de Galeno se da en un marco de record de juicio laborales, que en 2025 superó holgadamente los 130.000, dando cuenta de las condiciones de higiene y seguridad de las fábricas y lugares de trabajo. En 2017, cuando también se registraron más de 130.000 juicios, el gobierno de Mauricio Macri, con el aval de la UIA y de la burocracia sindical, reformó la Ley de Riesgo del Trabajo fijando parámetros para las indemnizaciones y dispuso la creación de un Cuerpo Médico Forense en cada provincia, pero en la práctica no han sido puestos en funciones, una de las demandas de las ART, y denuncian, en términos de sus intereses, un “abuso” de los peritos judiciales que establecen los porcentajes de incapacidad en los juzgados laborales. Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), Mara Bettiol, presidente de la cámara empresarial señala que "el Sistema de Riesgo del Trabajo tiene una ley que acaba de cumplir nueve años de vigencia y el Poder Judicial no la cumple. La ley obliga a que el Poder Judicial conforme los cuerpos médico forenses". Al día de hoy las ART le dan cobertura a más de 10 millones de trabajadores en todo el país. En este cuadro de situación, las ART miran de reojo la contrareforma laboral, ya que, especialistas en la materia señalan que de la ley se desprenden “ambigüedades” en algunos artículos, como los relacionados con la eliminación de incentivos para la registración y la precarización de cálculos indemnizatorios que generarán un gris que terminará resolviéndose en los tribunales, incrementándose la litigiosidad. Desde las ART claman para que la reforma laboral incluya medidas que terminen con “el flagelo de juicios por riesgos del trabajo". Desde LPO señalan que “una de las ART líderes se contactó con Federico Sturzenegger y decidieron abortar las negociaciones cuando advirtieron que le habían dado la idea al ministro para desregular también a las ART y quitar su obligatoriedad. ‘Las ART ya fueron’, fue el mensaje que se escuchó en el Ministerio de Modernización” (LPO, 19/2). Ante la avanzada “modernizante” de los liberticidas contra las condiciones de trabajo, para terminar con la mercantilización de la salud de los trabajadores es imprescindible un seguro del Estado bajo control de los trabajadores, por medio de comisiones obreras electas y con derecho a veto sobre condiciones laborales. A su vez, la cuestión seguridad e higiene debería formar parte de las paritarias, por medio de representantes electos por los trabajadores. La mejor “ley” sobre enfermedades y accidentes laborales en la historia argentina fue la paritaria y la huelga general de 1975. Allí, se impusieron en los convenios de ese año, las mejores condiciones laborales de la historia de la clase obrera argentina: la protección a la salud de la mujer, el reconocimiento de los certificados médicos de los trabajadores y las cláusulas gatillo frente a la inflación; además, se le impusieron a las patronales normas de seguridad que reducían accidentes. Desde la dictadura militar, pasando por los sucesivos gobiernos sólo se actuó destruyendo los convenios del ’75.

Prácticamente han pasado inadvertidos en los debates sobre la contrarreforma laboral fascista unos artículos importantísimos que derogan parte de la ley de ejecución de la pena 24.660. A raíz de una denuncia pública de la Asociación de Pensamiento Penal (17/2), se advierte que con la sanción y promulgación de ésta quedarán sin efectos los incisos F) y G) del artículo 107 y el 117. ¿A que se refieren los mismos? A que el trabajo de las personas que se encuentran privadas de libertad debe ser remunerado y que debe respetar la legislación laboral y de seguridad social vigente. Es decir, plantea una igualdad jurídica y normativa independientemente si el que presta su fuerza de trabajo se encuentra en libertad o privado de la misma. Hasta hoy en día, la ley de contrato de trabajo se aplica en los ámbitos de encierro. Al mismo tiempo, cuando el implicado se encuentra cumplimentando el curso de su pena, el ideal resocializador apunta justamente a que mediante estas tareas el mismo se encuentre preparado frente al mercado laboral al momento de readquirir su libertad. Mediante esta norma se abre un abanico de precarización generalizada entre los condenados. De esta manera, no hay siquiera un umbral mínimo que cumplir en materia de salario y condiciones de trabajo. Y no es un despotismo llevado a cabo por una patronal privada, sino que el Estado (nacional y provinciales) se permitirá a gusto y piacere el negreo de las 140 mil personas que se encuentra intramuros. Si eventualmente un recluido podría acogerse al beneficio de la jubilación mínima mediante esto, hoy quedará totalmente excluido del sistema en la perspectiva privatista que Milei tiene de volver al esquema de las pensiones privadas. Ni hablar si este si incapacita por algún motivo, quedará relegado de cualquier prestación por incapacidad, por reducida que sea. Mientras tanto, el art. 117 recepta: “La organización del trabajo penitenciario, sus métodos, modalidades, jornadas de labor, horarios, medidas preventivas de higiene y seguridad, atenderán a las exigencias técnicas y a las normas establecidas en la legislación inherente al trabajo libre.” Si con la jornada de 12 horas no es suficiente, el Estado tendrá vía libre para profundizar la explotación del trabajo ajeno sin problemas. Nada que envidiarle al trabajo forzado del Führer . Estamos frente a una enorme inconstitucionalidad que sólo profundiza la tendencia al estado de excepción y la apertura de tratos inhumanos y degradantes de todos los colores. El gobierno actual, en estas sesiones extraordinarias del congreso, ha hecho un esfuerzo significativo para liquidar garantías democráticas con el nuevo régimen penal juvenil y la reforma laboral que convierte al lugar de trabajo en una cárcel, mientras involucra sistemáticamente a las FFAA como personal del gabinete. Absolutamente ninguno de los detractores de la ley han hecho referencia alguna a estos artículos. A fin y al cabo, son mayores los vasos comunicantes que las diferencias circunstanciales de la oposición con el gobierno libertario. La estrategia es la misma: imponer una regresión histórica sobre el conjunto de la población.

Solo unas horas después de que el bloque de diputados salteños en su totalidad, los oficialistas de Sáenz y los oficialistas de Milei, votaran a favor de la contrarreforma laboral en el Congreso, el gobernador de Salta aprovechó los festejos oficiales por los 213 años de la Batalla de Salta, para reconocer que "el gobierno nacional se anima a tratar temas que nunca se trataron". Oculto detrás del poncho, Sáenz se confiesa más papista que el papa, aunque de todos modos resulta por lo menos confuso, para una parte de los trabajadores, porqué los legisladores salteños que responden al saencismo critican la ley, pero de todos modos la aprueban. Ya en la sesión de senadores de la semana pasada, la representante de Sáenz y de los capitales mineros, Flavia Royón, había votado a favor del proyecto de ley criticando la ley. Dijo en su alocución que: "con esta reforma no se solucionan los problemas y tampoco se genera empleo". Votó a favor pero también cuestionó el Fondo de Asistencia Laboral, que representa un vaciamiento a los recursos previsionales, un punto de apoyo para una nueva privatización de las jubilaciones. En sus términos, representa un golpe a la recaudación del estado y en particular de las provincias. El mandato del gran capital es superior, ya que, "las reglas claras" que le atribuye a la contrarreforma laboral son la luz verde para que las patronales impongan condiciones de mayor precariedad contra la clase obrera para abaratar sus costos, sobre todo las empresas mineras, que en Salta gozan de un régimen de tercerización que las exime de responsabilidades patronales. Cuando se produjo la crisis del artículo 44, que ingresó por la ventana al proyecto de contrarreforma laboral, Sáenz, y después Royón, esperaron a que el gobierno nacional aceptara quitarlo del articulado para recordar que descontarles el salario a los trabajadores que solicitan licencias por enfermedad y accidentes no sería "saludable". Públicamente el gobernador de Salta salió al rescate de la Ley, justificó el conjunto del articulado reaccionario y antiobrero en nombre de retirar el artículo 44. La abolición de la jornada de 8 horas y la eliminación de las indemnizaciones no serían un problema para Sáenz y sus legisladores. Ya no es un secreto que el salteño se haya convertido en un pilote de la política liberticida de Javier Milei en el Congreso, como un representante de los intereses capitalistas del norte del país, una especie de caudillo federal de la burguesía. Durante la última sesión de diputados que terminó por aprobar la contrarreforma laboral, el salteño hizo gala de la arquitectura legislativa que ha conformado con el bloque Innovación Federal, que integran diputados de Misiones, San Luis, Formosa y Salta, para facilitar el quórum y luego sumar votos positivos. En el caso de Diputados, fue Pablo Outes, exfuncionario del riñón del saensismo, quien tomó la palabra, con dificultades para hablar de hecho, para defender la contrarreforma laboral en nombre de la abrumadora precariedad laboral que reconoció existe en Salta. En su alocución dijo que el modelo de reforma que estaban votando sirve para las provincias del interior en donde el 50 % de los trabajadores está en la informalidad. Outes se equivoca, según los últimos relevamientos oficiales, en Salta, el 60 % de los trabajadores se encuentra en la informalidad: tres mil de ellos por lo menos, son ordenanzas de escuela bajo los programas "volver al trabajo", contratos firmados con municipios, para tareas de limpieza y mantenimiento de las escuelas por $100,000; trabajadores de la salud, agentes sanitarios, enfermeros y médicos que el gobierno de Sáenz contrata como monotributistas; ocurre lo mismo con la totalidad de la planta de docentes de la UPATECO, solo por mencionar algunos en el estado. El gobierno de Salta se valió, al igual que las patronales, de todos los mecanismos que habilitaron los gobiernos capitalistas, para precarizar a los trabajadores. Las estadísticas que usan Sáenz y Outes para justificar sus votos en el Congreso, son su propia responsabilidad. Su defensa común con el bloque de LLA de la contrarreforma laboral tiene el propósito de legalizar la situación de informalidad que antes los condenaba. En los últimos años han crecido en Salta los accidentes laborales, sobre todo en sectores de construcción e industria; sin embargo el gobierno se jacta de haber reducido la litigiosidad. A propósito del debate de la contrarreforma laboral en el senado en diciembre pasado, Flavia Royón reivindicó que en Salta se haya incorporado a un cuerpo de médicos forenses para los juicios por accidentes de trabajo. A la senadora saencista no la entusiasma que hayan bajado los accidentes sino lo contrario, que en una tendencia al alza de los accidentes laborales, las denuncias se desmantelen antes de llegar al juicio. Entre patrones se cubren las espaldas. Anoche en la sesión, otro peronista como Outes, le revoleó el carpetazo de un juicio laboral que el saencista perdió contra un obrero, que sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba en su empresa de adoquines; el hombre perdió la movilidad en el 84 % de su cuerpo, Outes jamás cumplió con el pago de la indemnización. Sáenz y sus legisladores defienden la contrarreforma laboral porque representa una defensa de los intereses de su propia clase social, contra los trabajadores. La preocupación mayor del gobernador salteño es en lo inmediato, su reelección como gobernador en dos años o eventualmente su incursión en algún cargo nacional. Con el libreto liberticida, Sáenz viaja a Nueva York la próxima semana para no perder terreno en la disputa por el protectorado de Estados Unidos sobre Argentina, sus recursos naturales y particularmente el litio. La masa de trabajadores en Salta, los más y menos precarizados, tienen algo en común: un empobrecimiento galopante que los fuerza a recorrer una experiencia acelerada contra los gobiernos patronales. En la tierra de los autoconvocados docentes, esa profunda tendencia de lucha, tiene que discutir con qué dirección política enfrentará la próxima etapa, marcada por giros, contragiros, crisis y revoluciones.

En el marco del paro convocado por la CGT, los docentes de la EES 27 realizamos una jornada de deliberación y organización para debatir la situación salarial y las condiciones de trabajo que atraviesa la docencia. Esta instancia marcó el inicio de una experiencia de intercambio y puesta en común desde las bases, frente al agravamiento de la crisis educativa. La propuesta salarial irrisoria presentada por el gobierno de Axel Kicillof profundiza un recorte sistemático sobre la educación pública en la Provincia de Buenos Aires: ajuste en el presupuesto educativo, golpe particular a las escuelas técnicas y salarios de hambre para la docencia. Por su parte, las direcciones sindicales “simulan” un rechazo a las ofertas salariales mientras los docentes continuamos en una situación de asfixia económica. Frente a esta política de contención, los docentes de la EES 27 hemos comenzado a recorrer una experiencia de deliberación y organización independiente sobre el salario y las condiciones laborales. En este camino impulsamos la asamblea docente realizada en la plaza Eduardo Costa (plaza principal) el día 19 de febrero a las 18h, en el contexto de un paro activo contra la reforma laboral antiobrera mientras la ley se discutía en el Congreso. En la primera asamblea participaron más de 30 docentes de seis instituciones educativas. Con el mandato de llevar la deliberación a cada escuela y volver a reunirnos el próximo 2 de marzo, en el marco del paro convocado por el frente sindical (FUDB),conformamos un grupo de WhatsApp que hoy nuclea a más de 100 docentes de diferentes escuelas de la ciudad. Con el objetivo de poner en pie una gran deliberación que permita a la docencia tomar la lucha en sus propias manos, impulsamos la coordinación de acciones comunes y la preparación de una huelga general por tiempo indeterminado, para enfrentar este nuevo ajuste y por un salario igual a la canasta familiar, la defensa de las condiciones de trabajo, el rechazo a las reformas educativas en curso, la defensa de los edificios escolares frente a su grave degradación. ¡Pongamos de pie cada escuela! ¡La lucha salarial debe estar en nuestras manos!

Ya transcurrieron cinco días del cierre de la planta de FATE, por parte de su patronal, y de la determinación de una vanguardia de la fábrica de ocupar su predio en rechazo al cierre y a los despidos. Desde entonces, la patronal y el Gobierno han desplegado una escalada de maniobras contra los trabajadores. El propósito es desmontar la ocupación de la planta, consumar el cierre y asestarle una derrota al conjunto de la clase obrera del Neumático. El Gobierno ha dictado una conciliación obligatoria que sigue la ruta de otras “conciliaciones” recientes, en el Neumático y en otras industrias: apunta a desmovilizar a los trabajadores, mientras la patronal desconoce sus términos aparentes y prosigue con su ofensiva. En FATE, la empresa no ha tomado la menor iniciativa para reabrir la planta: adujo, primero, falta de “materias primas”, lo que los trabajadores desmintieron; la planta se encuentra en perfectas condiciones de producir de inmediato. La verdad es otra: en estas horas, la gerencia patronal está lanzada a una ofensiva de ofrecimientos económicos a los trabajadores -muchos todavía se encuentran dentro de su periodo de vacaciones- para que se desvinculen. La patronal y el Gobierno La patronal de FATE ha protagonizado diferentes choques con los gobiernos de turno, en torno al comercio exterior (exportación-importación). Esas divergencias existen también con el gobierno de Milei. Pero a Madanes y a Milei los une un objetivo estratégico: destruir a la vanguardia de trabajadores que se ha desarrollado en FATE. La escalada de “retiros” o arreglos no tiene el propósito de reanudar la fábrica con un efectivo de trabajadores menor: el “núcleo duro” rechaza los resarcimientos. Madanes quiere consumar el cierre de FATE; el Gobierno también. Por un lado, para reemplazar al personal actual por otro encuadrado en la contrarreforma laboral y sin la misma tradición de lucha. Por otro, para llevar la presión política al límite; el activo industrial de la planta no se encuentra en venta, ni hay acreedores defaulteados. Las patronales de Pirelli y Bridgestone miran con expectativa a FATE: esperan su desenlace para avanzar en su propio “industricidio”. La propaganda oficial y patronal envenena las pantallas de la tele y las páginas de los diarios culpando a los trabajadores de la crisis industrial. Esa crisis, por donde se la mire, es resultado del parasitismo capitalista: Madanes, como toda la gran patronal nacional, ha lucrado con los intereses de la deuda pública y se propone poner a la planta a producir bienes relacionados con la “energía” (paneles solares, baterías), o sea, llegar a un acuerdo con los productores de China. Los trabajadores El “desacato” de la patronal a la conciliación es completo. La vanguardia de la lucha que el miércoles pasado se subió a los techos de la fábrica no se ha movido de allí y lo mismo ocurre con la presencia de compañeros en el predio exterior a la planta. La directiva del SUTNA se encuentra a la retaguardia, entre festivales y audiencias. Reúne asambleas erráticas e informativas, o sea, sin debate ni resoluciones, ni tampoco del conjunto de las fábricas del gremio, o coordinadoras de la zona norte del conurbano. Una parte sustancial de los trabajadores de FATE permanece a la expectativa de los acontecimientos. La gran mayoría no se ha acogido a los arreglos. Muchos compañeros se acercan a la planta ocupada. Está ausente un camino de lucha que envuelva al conjunto del sindicato del Neumático. O los trabajadores quiebran la voluntad de cierre de la patronal por la vía de la ocupación y de la lucha, o la patronal cierra y despide a los 920 efectivos y al conjunto de los tercerizados. El reclamo por la reapertura de FATE no puede quedar en la denuncia del “no acatamiento de la conciliación” por parte de la patronal, cuyo plazo, por otra parte, es de diez días. En momentos en que la patronal está empeñada en dividir con maniobras a la base de trabajadores, se impone la convocatoria a una asamblea general de trabajadores del Neumático en las puertas de FATE, acompañada por un paro general del Neumático garantizado con piquetes en las tres plantas. La decisión de la base de volcarse a la ocupación no ha sido una suma de actitudes individuales: es una conciencia colectiva y responsabilidad de la dirección. Un plan de lucha del Neumático, resuelto en asamblea general, puede convocar y conquistar el apoyo y piquetes de las fábricas de la zona, de las otras fábricas del grupo, como Aluar, y de toda la clase obrera. La primera gran batalla contra la reforma laboral se libra en San Fernando. LEER MÁS: FATE: organicemos piquetes masivos para defender la ocupación de la fábrica La patronal y el gobierno maniobran para imponer despidos en masa. Por Pablo Busch, 20/02/2026.

Esta semana, una ola de movilizaciones autoconvocadas recorrerá la provincia de Santa Fe contra la miseria salarial de Pullaro y las conducciones entreguistas. Las autoconvocatorias se han consolidado como la instancia más dinámica de la rebelión docente y estatal frente a la ofensiva del gobierno de Maximiliano Pullaro. El rechazo a la pulverización salarial y al deterioro de las condiciones laborales en las escuelas se extiende por todo el territorio santafesino, unificando el reclamo de docentes, estatales y trabajadores de la salud. El mapa de la provincia habla por sí solo: el jueves pasado, la ciudad de Esperanza fue escenario de una movilización autoconvocada sin precedentes; el domingo, en Reconquista, una marcha histórica de trabajadores de la educación y la salud colmó la plaza central. Esta demostración de fuerza se replicó en decenas de localidades, evidenciando un quiebre: mientras las cúpulas de UPCN y ATE pactan salarios de miseria, las bases hacen oír su bronca en las calles. La agenda de lucha arranca con fuerza este lunes 23: desde temprano, el Hospital Cullen de la capital provincial será el epicentro de una concentración de salud. Allí convergerán trabajadores del Iturraspe, el Hospital de Niños, el 107, Cemafe y otros efectores, unificando el reclamo del sector. Por la tarde, la protesta se trasladará a la autopista Rosario-Santa Fe: mientras el gobernador intenta realizar un acto oficial, docentes de Rosario y San Lorenzo llevarán el conflicto directamente a la ruta. La jornada del martes 24 promete ser masiva en toda la provincia. El foco principal estará en la Marcha de Antorchas y Ruidazo en la ciudad de Santa Fe, que partirá desde la Plaza del Soldado hacia la Casa de Gobierno. Estas son apenas las primeras acciones de una semana marcada por la movilización permanente. Este escenario no es casual; se venía gestando en los recientes escraches al gobernador y a un ministro de Educación que actúa con modales de patotero. El Gobierno intentó utilizar a sus aliados incondicionales en las direcciones sindicales de ATE y UPCN para imponer un acuerdo que es una verdadera provocación, pero el plan fracasó rotundamente: la "propuesta" fue rechazada por casi el 100 % de los votos en la asamblea de AMSAFE del pasado viernes 20. Incluso antes de la "paritaria" -convertida hoy en un mero conversatorio entre el Gobierno y la conducción de AMSAFE para terminar decidiendo por decreto- las autoconvocatorias ya habían fijado un reclamo claro: salario igual a la canasta familiar (estimada en $2.600.000). Ante esto, la dirección provincial "Celeste" y sus seccionales aliadas han respondido con ataques furibundos hacia las bases autoconvocadas, intentando ocultar su propia parálisis y su connivencia con el Ejecutivo. Lo más significativo de este proceso es el surgimiento de una coordinación de las bases, que sienta los fundamentos para un plan de lucha común. Las masivas convocatorias previstas para esta semana anticipan una profundización del conflicto que, lejos de agotarse, cobrará nuevo impulso tras el paro del 2 de marzo. El método de las autoconvocatorias contrasta con CTERA, que ha llamado a un paro aislado el 2 de marzo, sin ningún tipo de preparación de la docencia. Sigamos profundizando la coordinación de las bases. Vamos por un salario equivalente a la canasta familiar y por la victoria de todos nuestros reclamos. ¡A las calles! Santa Fe 23/2/26

Este 26 de febrero se cumplen 20 años del crimen impune de Paulina Lebbos, la joven tucumana estudiante de Comunicación que fue brutalmente asesinada. El caso conmovió a la provincia no solo por la crueldad del hecho, sino por el accionar encubridor de la Justicia y el poder político. El entonces gobierno de José Alperovich, junto a altos funcionarios y la cúpula policial, orquestó un plan de impunidad para proteger a los autores materiales. Paulina estuvo desaparecida casi dos semanas. La policía mintió al afirmar haber hallado el cuerpo, cuando en realidad fueron lugareños quienes lo encontraron. En la escena del hallazgo se adulteraron actas y pruebas de forma planificada. El primer fiscal de la causa fue removido tras ser fotografiado saliendo de la casa del gobernador Alperovich; su sucesor, Carlos Albaca, mantuvo el expediente en secreto durante ¡siete años! , permitiendo deliberadamente la degradación de pruebas clave. La lucha inclaudicable del movimiento de familiares de víctimas de la impunidad permitió que se sustanciaran tres juicios, logrando condenas para la plana mayor de la Policía y del Ministerio de Seguridad de aquel entonces, así como para el exfiscal Albaca . En marzo de este año comenzaría el juicio -demorado también durante siete años- contra César Soto (expareja de Paulina) y Sergio Kaleñuk (hijo de un exsecretario de Alperovich), señalados como presuntos autores materiales. No obstante, un planteo de prescripción del delito por parte de sus defensas amenaza con demorar el inicio, ya que exigirá que se expida la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. También está en curso la causa judicial por encubrimiento contra Virginia Mercado, amiga de Paulina y última persona en verla con vida. La acusación sobre ella se desprendió luego del juicio a los altos funcionarios de seguridad y de la policía (hace siete años) por diversas inconsistencias. A casi 20 años, en una audiencia de juicio abreviado, confesó que mintió a cambio de quedar en libertad, pero nadie le preguntó cuál es el nombre del asesino ni qué ocurrió esa noche de 2006, en una nueva demostración de la impunidad que rodea el caso. A 20 años del crimen de Paulina queda claro que el andamiaje montado para encubrir a los asesinos, durante el entonces gobierno de Alperovich, sigue intacto. El ministro público fiscal, Pirincho Jiménez, es una pieza clave y su continuidad durante todos estos años expresa que los posteriores gobiernos, incluido el actual, con Osvaldo Jaldo a la cabeza, se manejan de la misma forma. Todas las denuncias que involucran al poder político, empresarios amigos y policías tienen un manejo discrecional, buscan dilatarse y garantizar impunidad. El camino para enfrentar este régimen es la lucha: sin la movilización independiente, la coordinación de familiares y la denuncia permanente, no se habría avanzado un solo paso. Este 26 de febrero, en la 20.ª jornada de lucha contra la impunidad, preparemos una fuerte movilización que reclame justicia por Paulina y por todas las víctimas, pero que también sea una caja de resonancia de los atropellos del Estado y el Gobierno: la reforma laboral, el reforzamiento represivo con la baja de la edad de punibilidad y las facultades de espionaje y represión a los servicios de inteligencia, la modificación de la ley de glaciares, el desconocimiento de la ley de financiamiento universitario. Es fundamental sentar las bases de una lucha de conjunto para tirar abajo el régimen de impunidad.

El asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a manos del ejército mexicano durante el último domingo, ha generado una oleada de violencia en las calles de más de una decena de estados. Según los reportes oficiales del gobierno mexicano, cerca de 13 estados sufrieron actividades de sabotaje, interrupción del tránsito, incendio de coches y tiendas, así como intercambios de fuego entre las células narcos y las fuerzas federales. Se han reconocido cerca de 14 muertes -7 de agentes federales-, así como más de 65 heridos. Las detenciones son mínimas por el momento. Los narcos identificados culminan asesinados en circunstancias no supervisadas por los organismos civiles del gobierno. Los disturbios han ocasionado la suspensión de clases, el cierre de edificios públicos en varias ciudades y han dejado varados a turistas en centros turísticos, especialmente en el estado de Jalisco. El asesinato de “El Mencho” estuvo acompañado de una campaña militar que excede al propio México. El Cartel Jalisco Nueva Generación figuraba como uno de los cárteles declarados “organización terrorista” por el gobierno de Donald Trump. Al mismo tiempo, la información de inteligencia para lograr dar con el paradero del jefe narco fue provisto por un grupo de tareas interagencias creado por el mismísimo Trump. El principal responsable de estas acciones es el propio director de la CIA, John Ratcliffe, junto al subsecretario del Departamento de Estado norteamericano, Christopher Landau, aunque la dirección práctica recae en el general de brigada estadounidense Maurizio Calabrese. Si bien la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, expresó sus felicitaciones por el operativo desarrollado contra Oseguera Cervantes, reconoció que la acción en el terreno correspondía por entero al ejército mexicano. En cambio, excluyó de ese reconocimiento al gobierno de Sheinbaum. Del mismo modo se expresó Landau desde su cuenta en X (ex Twitter). La “guerra contra las drogas” que ha emprendido Trump a escala internacional, con foco especial en América Latina, ha logrado penetrar profundamente las Fuerzas Armadas y policiales de México. El magnate norteamericano había declarado que, si Sheinbaum no tomaba una postura contra el narcotráfico, comenzaría a bombardear territorio mexicano con drones y aviones militares. Este accionar es supervisado por la Fuerza de Acción Conjunta Interagencias y anticarteles, que colabora habitualmente con el ejército mexicano a través del Comando Norte de EE.UU. . El desarrollo de una violencia interna contra el "narcoterrorismo" es complementada con la aceptación del bloqueo criminal a Cuba por parte del gobierno mexicano , bajo la premisa de “colaboración sin subordinación”. El operativo letal orquestado en las cercanías de Guadalajara, capital de Jalisco, ha encendido todas las alarmas. En primer lugar, porque en 120 días tendrá lugar el Mundial de Fútbol y Guadalajara es una de las principales sedes mundialistas. En segundo lugar, la propia Sheinbaum ha llevado adelante una acción que ella definió como la apertura de una Caja de Pandora. En parte, porque abre la puerta a una fuerte disputa interna entre facciones por hacerse del control del negocio y el territorio de influencia. El propio Oseguera Cervantes surgió como resultado del descabezamiento de otro cartel -los temibles Zetas- y en disputa directa con facciones rivales. El pasaje a una intervención militar directa de EE.UU. también ha quedado abierta. México no ha cesado, incluso bajo los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum, de aumentar la militarización de las fuerzas policiales y de la vida cotidiana en México. Las solidificadas relaciones carnales entre el aparato estatal y el narcotráfico no han sido vencidas. Se calcula que, en 20 años, los asesinatos se aproximan a las 500.000 víctimas, la abrumadora mayoría de ellas, de civiles. Este combate excluye esencialmente a las rutas que sigue el dinero del narco en su camino al “blanqueo” de las ganancias obtenidas. Un extenso texto del diario La Nación (23/02) expone cómo las redes de Oseguera Cervantes llegaban hasta el barrio porteño de Puerto Madero, para mantener operaciones cercanas a los 7 millones de dólares entre 2009 y 2016. Los 32 Gobernadores de México han emitido una solicitada en apoyo a la presidenta. El socavamiento de las garantías democráticas más elementales se refuerza con la guerra al narco y sirve para justificar el establecimiento de un régimen político de excepción. El trumpismo busca imponer la destrucción del llamado estado de derecho.

Cuatro años se cumplen de la mayor guerra en Europa desde 1945. El conflicto que el Kremlin presentó como una “operación especial” se ha convertido en una contienda que supera los 1.8 millones de bajas militares combinadas y que ha reconfigurado la guerra moderna completamente. Las amenazas nucleares se han vuelto cotidianas, Europa se ha rearmado, la energía vuelve a ser un botín de guerra. La inteligencia artificial ha pasado de ser un complemento a un elemento central, volviendo el campo de batalla en un laboratorio vivo, integrando masivamente los sistemas no tripulados en operaciones de combate a gran escala. La investidura de Donald Trump por segunda vez, quien prometió ponerle fin “en 24 horas”, lejos de esto, significó un revulsivo por momentos impredecible. El frente Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia el 24 de febrero de 2022, las cifras exactas son difíciles de verificar. Según una estimación con cierto consenso, las bajas militares, esto es, los muertos, heridos y desaparecidos del lado ruso, se estiman en 1.2 millones y, entre una quinta y una cuarta parte de esa cifra, serían muertos. Del lado ucraniano el total de bajas suma unas 600.000, con unos 140.000 muertos. Las proyecciones podrían llegar a 2 millones para la primavera de este año. Del lado civil las bajas verificadas hasta enero/febrero 2026 en Ucrania son de 16.000 muertos y más de 40.000 heridos desde 2022. 2025 fue el año más letal para civiles (2.500 muertos). En Rusia, por ataques ucranianos con drones y misiles se calcula unos 7.300 civiles muertos. Negociaciones En noviembre, se conoció el "plan de paz" ruso-estadounidense de 28 puntos. Ucrania debería ceder la parte del Donbás que controla, reducir el tamaño de su ejército y comprometerse a no unirse a la OTAN. Ucrania y sus aliados europeos han replicado con un plan propio de 20 puntos. Se han celebrado tres rondas de conversaciones trilaterales. Hasta el momento no han llegado a ningún acuerdo ni siquiera sobre un alto el fuego. Los negociadores de Moscú deslizan que existe una “fórmula Anchorage”, acordada entre Trump y Putin en su cumbre en Alaska en agosto pasado, que incorpora las demandas de Rusia. Las famosas garantías de seguridad prometidas por los aliados occidentales no contemplan el ingreso de Ucrania a la OTAN, una de las líneas rojas establecidas por Moscú, pero sí un resguardo “similar al Artículo 5”, en referencia a la cláusula de la organización, que considera cualquier ataque a un miembro como una agresión a todos, la denominada defensa colectiva. Pero el artículo 5 constituye la espina dorsal de la OTAN. A todos los efectos prácticos sería una incorporación de facto de Ucrania en esa alianza. Muchos observadores consideran que las garantías propuestas carecen de una operatividad creíble. Ningún país europeo ha expresado su disposición a participar en un conflicto cinético a gran escala con Rusia en territorio ucraniano en caso de una nueva agresión. Territorio Rusia controla aproximadamente el 20 % del territorio ucraniano, incluyendo la Península de Crimea anexada desde 2014. En todo 2025, Rusia capturó unos cinco mil kilómetros cuadrados a un costo altísimo (83 bajas por kilómetro ganado en promedio). El frente de esta guerra se mueve muy lento: avances rusos de 15–70 metros por día en las zonas más activas, según las fuentes especializadas en el mapeo diario. El conflicto tiene un costo en vidas que ya supera con creces muchas guerras modernas. Ucrania responde con contraataques tácticos locales, drones y misiles de largo alcance, pero depende fuertemente de la ayuda de sus aliados. Quienes se sorprenden de que Ucrania resista a pesar de ser significativamente inferior en número y recursos a su adversario, pasan por alto que la Unión Europea y EE. UU. han sumado la friolera de 400.000 millones de dólares en apoyo militar y económico desde el inicio del conflicto. En cuatro años el respaldo occidental para alimentar la máquina de guerra es equivalente a reconstruir una economía mediana desde cero varias veces. La OTAN no ha desplegado tropas en la línea del frente (por ahora), en cambio suministra entrenamiento, inteligencia y armas en proporciones industriales, incluido ATACMS, Storm Shadow, F-16, Patriot, es decir, armamento de ensueño de las principales potencias. Al mismo tiempo ha fortalecido su flanco este con más tropas en el Báltico y sobre todo Polonia. Kiev recuperó terreno en 2022 y 2023 (Kharkiv, Kherson), pero hace mucho que se encuentra en defensiva estática con drones y misiles de largo alcance por toda respuesta. La prensa, sobre todo británica y estadounidense, destaca que la guerra ya dura más que la lucha que libró la Unión Soviética contra la Alemania nazi: una muestra del fracaso de Putin para alcanzar sus “objetivos estratégicos”. Con las diferencias que acarrean ochenta años de distancia entre ambas, el Ejército Rojo, luego de purgas y golpes autoinfligidos llegó a sumar entre 11 y 12 millones de soldados activos, con movilización total, en una población de 170 millones de almas. La Federación Rusa tiene en comparación un ejército permanente de 1,3 millones, la mitad destinado a Ucrania, sin movilización total, sólo parcial. El ejército ruso depende de voluntarios y contratados. Por su parte, Ucrania compensa su inferioridad relativa en cuanto a números de soldados disponibles con tecnología de sus aliados. En el campo de batalla se ha establecido un punto muerto. El frente de 1.200 kilómetros está ahora tan saturado de drones que el movimiento es mortal. Los ataques rusos contra la infraestructura y ciudades ucranianas se han intensificado desde finales de 2025; forma parte de la campaña para diezmar el sistema eléctrico y algo más: Putin se empeña en la demolición del Estado ucraniano. La centralidad de la disputa territorial ha llevado a algunos observadores a proponer la creación de un nuevo país, una Ucrania oriental. Economía Un foco de discordia con dimensión propia son los activos rusos congelados en el exterior por 210.000 millones de euros, que Alemania, Polonia, los países bálticos y Finlandia pretenden usar para financiar la guerra y la reconstrucción. Bart de Wever, primer ministro de Bélgica -país donde se encuentra la mayor parte de los activos-, exigió que sus aliados proporcionaran garantías financieras contra demandas, sanciones y otras represalias por parte de Rusia. EE. UU. se opone a utilizar los activos para financiar un préstamo a Ucrania; el imperialismo yanqui reclama exclusividad en el pillaje internacional. Hungría, Eslovaquia y Chequia también se oponen a una confiscación de esos activos. El punto ha fracturado el eje franco-alemán: “El canciller alemán, Friedrich Merz, estaba haciendo un último esfuerzo para persuadir a los líderes de la UE de utilizar 210.000 millones de euros en activos soberanos rusos congelados para ayudar a Ucrania cuando se dio cuenta de que le faltaba un aliado crítico: Emmanuel Macron” (Financial Times, 21/12/25). Los intereses de esos activos han sido utilizados para el reembolso de préstamos otorgados a Ucrania. En una larga investigación publicada en noviembre, el Wall Street Journal consigna que Kirill Dmitriev, el titular del Fondo Ruso de Inversión Directa, impulsa un plan para que las empresas estadounidenses utilicen los aproximadamente 300.000 millones de dólares en activos del Banco Central ruso, congelados en Europa, para proyectos de inversión ruso-estadounidense y una reconstrucción de Ucrania liderada por Estados Unidos. Paralelamente, “empresas estadounidenses y rusas podrían unirse para explotar la vasta riqueza mineral del Ártico. Dmitriev había argumentado durante meses que no había límites a lo que dos antiguos adversarios podían lograr: sus industrias espaciales rivales, que compitieron entre sí durante la Guerra Fría, podrían incluso emprender una misión conjunta a Marte con SpaceX, de Elon Musk” (WSJ, 28/11). Este plan quedó parcialmente sepultado cuando la UE aprobó aplicar el Artículo 122, una disposición de "crisis" que le permite al bloque respuestas rápidas en situaciones excepcionales sin la necesidad de pasar por el proceso legislativo ordinario, para condicionar la entrega a Moscú de los activos rusos inmovilizados a un plan de paz y al pago de reparaciones por parte de Rusia. Da muestra de otra fractura, esta vez entre EE. UU. y la UE. La economía rusa, según una columnista del británico The Economist, ha alcanzado lo que los montañistas denominan la “zona de muerte”, por encima de los 8.000 metros, “donde el cuerpo humano se consume a sí mismo más rápido de lo que puede repararse” (The Economist, 16/2). Describe cómo la economía se ha bifurcado en dos sistemas metabólicos distintos: uno que comprende la industria militar y afines, “los órganos vitales que reciben un flujo sanguíneo prioritario. Estos sectores contratan e invierten. Tienen acceso prioritario a la mano de obra, el capital y las importaciones”. El segundo sistema abarca todo lo demás: la empresa privada y las industrias de consumo, que se han quedado al margen. Actualmente el sector de defensa ruso representa el 8 % del PIB. La pregunta entonces es qué pasaría si Rusia intentara desmovilizar (reducir drásticamente) su sector militar. La oligarquía financiera rusa está atrapada: si sigue en modo guerra, se agota lentamente (inflación, déficit, dependencia de petróleo); si intenta salir, riesgo de crisis inmediata (desempleo, caída del PIB, inestabilidad social). Ucrania y sus aliados no están lejos de esta condición. Aunque el Complejo Militar Europeo es una entelequia (no existe como tal, sino industrias nacionales de cada Estado desconectadas), el rearme europeo estimula la “renta militar”, una redistribución interna hacia activos diseñados para la destrucción. Como sentencia The Economist, “El cuerpo metaboliza su propio tejido muscular para obtener energía”. Rusia Fuentes de inteligencia estadounidense citadas por los medios han indicado que Putin mantiene la ambición de capturar toda Ucrania, algo muy discutible, aunque Putin ha impugnado a la Ucrania actual como “una creación de Lenin”, quien habría cedido algunas de las "tierras históricas" de Rusia: “Soviet Ukraine es el resultado de la política bolchevique y puede llamarse con razón «Ucrania de Vladimir Lenin»" (21/2/2022). Reclama para la oligarquía financiera el derecho a “corregir” el error histórico de los bolcheviques. Queda patente el carácter reaccionario y contrarrevolucionario de la ocupación militar de Ucrania por parte de Rusia. Ucrania Zelensky, un intérprete de los designios de la OTAN, subió al poder como el representante de una de las camarillas en que se divide la oligarquía con asiento en Ucrania. Golpeado por casos de corrupción se ha visto obligado a remover a su colaborador más cercano, Andriy Yermak, un personaje oscuro señalado insistentemente como un advenedizo: “También están surgiendo divisiones dentro de la delegación ucraniana. Un sector, centrado en Budanov, cree que los intereses de Ucrania se benefician más de un acuerdo rápido liderado por Estados Unidos (...) otro sector, aparentemente aún influenciado por el controvertido exjefe de gabinete Andriy Yermak, quien dejó el cargo en medio de un escándalo de corrupción, se muestra mucho menos entusiasta. El Sr. Zelenski parece estar equilibrándose entre ambos” (The Economist 17/2). Kyrylo Budanob. de la facción que controla los servicios de inteligencia, enfrentada a Zelensky, ha ganado peso en el último periodo. Según informa el New York Times, “En las negociaciones de las últimas semanas, los funcionarios han discutido la idea de formar una zona desmilitarizada que no esté controlada por ningún ejército, según tres personas familiarizadas con las conversaciones que solo quisieron hablar anónimamente para discutir negociaciones delicadas” (18/2). Esto sugiere que la facción de Budanov, muy cercana a Washington, está impulsando su agenda a expensas de la facción alineada con Yermak-Zelensky. Existe una tercera tendencia, vinculada al aparato militar que encabeza Valeri Zaluzhny, un general de cuatro estrellas que fue comandante en jefe durante el primer tramo de la guerra hasta su destitución en 2024. Normalmente aparece como el principal rival de Zelensky en las encuestas, a quien supera en todos los sondeos de popularidad. Un acuerdo entre las facciones de inteligencia y militar seguramente podría desplazar a Zelensky, algo que resuena con más fuerza cada vez. Conclusión Los exámenes de la situación mundial, en un 95 % de los casos, están regidos por la geopolítica, entendida como la visión que explica los conflictos principalmente por rivalidades entre Estados, control de territorios, recursos, esferas de influencia, equilibrios de poder, ocultando las causas profundas. Este marco distorsiona la realidad al presentar los hechos como si fueran "juegos de ajedrez" entre potencias. Ignora que la raíz de las crisis, guerras y, en última instancia, la barbarie no está en las "ambiciones" de Putin, Trump o Xi Jinping, sino en el régimen social subyacente. Pese a las apariencias, el motor real de la historia no ha cambiado, sigue siendo el conflicto entre clases sociales: explotadores versus explotados, capital contra trabajo, no entre naciones o "civilizaciones". La geopolítica sirve de ideología encubridora: presenta la crisis terminal del capitalismo como si fuera una cuestión de malos líderes o ambiciones imperiales.

Las condiciones objetivas para una huelga universitaria son totales: una ley votada que no se cumple, insumos para investigación agotados y salarios de pobreza que perdieron más de la mitad de su poder adquisitivo en la última década, mayormente en los últimos dos años. Exactas-UBA lo expresa estas semanas en contundentes comunicados de departamentos (Química Inorgánica, Computación), de agrupaciones y del sindicato AGD-Exactas (donde las bases de la Comisión Interna presionan por el paro por tiempo indeterminado). Los desafíos para la huelga que se viene los aprendimos en los procesos de los últimos dos años donde Exactas intentó transformar el “no-inicio” de cada cuatrimestre en un paro por tiempo indeterminado. Es un camino que transitan también otras dependencias y universidades, y se expresa en recientes tomas estudiantiles en facultades de la Universidad de Córdoba, los paros continuos en la Universidad de Rosario que interrumpen las mesas de examen de febrero, la votación del 23 de febrero del sindicato de base ADIUNQ en Quilmes a favor del paro por tiempo indeterminado. Los desafíos de la huelga que se viene son fundamentalmente dos. Por un lado, superar el aislamiento de aquellas unidades y sectores que de por sí solas impulsen la iniciativa de la huelga universitaria. Por otro lado, que la huelga tenga un carácter activo. Contagiar a otras facultades y universidades Es imprescindible transmitir a los sectores pasivos, las experiencias y el empuje de los sectores más avanzados en el proceso de huelga. En la UBA, la Facultad de Exactas viene a la delantera en su experiencia y sus intentos de organizar la huelga. Un claro ejemplo fue el paro renovable por asamblea que duró varias semanas al inicio del segundo cuatrimestre de 2025. Este paro se encontró con el desafío de superar el aislamiento, es decir dar a conocer el paro ininterrumpido y sus posiciones a otras partes de la universidad. Para contagiar hay que ir a las otras unidades académicas, organizar charlas allí, explicando la naturaleza de la huelga. Hay muchos lugares donde el sentimiento es el mismo, pero no han logrado un proceso de autoorganización. Podemos ayudar yendo a esos lugares con actividades que presenten nuestras posiciones votadas en asamblea. Las asambleas, las agrupaciones y los sindicatos comprometidos con la huelga tenemos que priorizar esta tarea. Carácter activo de la huelga Es importante abrazar los métodos de lucha de nuestra clase social. Son métodos que han pasado el examen de la historia dando resultado a los trabajadores. La huelga es uno de ellos, pero es necesario acompañarla de piquetes y tomas. El corte de autopista y la toma del lugar de trabajo son herramientas clave para darle un carácter activo a nuestra huelga. No es posible sostener en el tiempo un paro a largo plazo y quedarnos en nuestra casa o en nuestra oficina investigando. Ya hemos sido presas de esa ilusión y los resultados estuvieron a la vista el cuatrimestre pasado. Los cortes de avenidas y autopistas son clave para “visibilizar” nuestra lucha, es decir para que los otros trabajadores de otras ramas se sientan identificados por medio de los métodos que utilizamos. La conexión entre trabajadores radica en sus métodos de lucha, no en entender lo mal que está el otro sector. No necesitamos contarle a nadie lo mal que está la ciencia o lo importante que es porque todo el mundo, incluso el gobierno, ya lo sabe. Lo que hay que mostrar es el método clasista que le vamos a dar a esta lucha. La ventaja que tenemos este año es que ya no hay una zanahoria institucional que nos distraiga. No hay un proyecto de ley o una expectativa judicial que prometa ayudarnos. Todo lo contrario, la ley actual de financiamiento universitario no se cumple, y el Congreso, de la mano de los rectores del CIN, se apresta a reemplazarla por otra que la anule como un medio para deslegitimar nuestro reclamo. Qué tipo de organización necesitamos Las fuerzas políticas dentro del Congreso, a las cuales responden rectores, decanos y varios sindicatos, se van a jugar el todo por el todo para anular esta huelga. Saben que solo hace falta un sector de los trabajadores que se plante contra Milei, para que todos los explotados de Argentina se agiten. Todas esas fuerzas tienen terror a un levantamiento popular, que es justamente lo que necesitamos para ganarle a Milei. La representación de nuestra lucha no puede quedar en manos de estas fuerzas políticas. Necesitamos elegir a las personas idóneas para representar nuestras posiciones por medio de elección de delegados. Para ello debemos votar al calor de asambleas quienes van a tener la responsabilidad de representar. A modo de ejemplo, Willy Durán, no puede ser la voz de Exactas en este proceso cuando siempre apoyó al rector, incluso cuando Yacobitti entregó votos radicales a la ley Bases a cambio del presupuesto de funcionamiento (gas y luz) de la UBA. Y lo mismo vale para los representantes de sindicatos que pendulan: que plantean la huelga en Exactas, pero dicen otra cosa en otras sucursales de la UBA. La garantía de representación solo la pueden dar mandatos de asamblea renovables y revocables para aquellas personas que impulsan la huelga hacia adelante. Hoy los trabajadores de FATE luchan por poder ir a trabajar, se vieron obligados a encarar una lucha de fondo con los métodos de la toma y los cortes por su supervivencia. Demos la lucha de fondo ahora mismo cuando todavía las universidades públicas son las mejores y más excelentes de todo el país.

La AFA anunció la suspensión de la novena fecha de la Liga Profesional del Futbol y otras categorías inferiores, entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo “en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Futbol Argentino”. Durante estos días está previsto que el “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino se presenten a declarar ante la Justicia por la causa abierta por presunta retención de aportes previsionales y evasión impositiva. Esta es la única causa abierta en la que han sido imputados los máximos dirigentes de la AFA, mientras existen otras investigaciones en curso por desvío de fondos y sospechosos enriquecimientos patrimoniales generados de la caja financiera de la AFA. La medida fue resuelta por los dirigentes de los clubes que integran la primera categoría del futbol, a quienes Tapia les dijo “Hoy vienen por nosotros; mañana pueden venir por cualquiera de ustedes”. La medida fue unánime y alcanza a otras divisiones cuyos clubes no fueron convocados. Aquellos clubes que no pudieron estar presentes en la reunión con representantes, como Estudiantes de La Plata, no han comunicado su desacuerdo con la medida. El carácter corporativo de este “paro del futbol” es evidente. El presidente de Vélez, Fabián Berlanga, anunció luego de esta decisión que “Se está declarando una guerra contra el fútbol. Quieren imponer las SAD y los clubes ya dejaron en claro que no quieren”; no descartó la “suspensión completa del fútbol”. Milei, en efecto, abrió la posibilidad de que los clubes adopten la forma societaria de sociedades anónimas (DNU70/2023). El tema, sin embargo, fue relegado para promover causas judiciales. En Estados Unidos, Tapia y compañía tendrían múltiples contratos de “intermediación” financiera y comercial. Milei amagó con una intervención de la AFA, mientras que por el momento no ha salido al cruce de la medida anunciada por la AFA. En concreto, la Justicia estaría analizando una pena contra Tapia y a su dirigencia por no haber pagado impuestos en tiempo y en forma, aunque al día de la fecha no existe una deuda fiscal entre la AFA y ARCA. El gobierno, sin embargo, ha eliminado las multas a las patronales que evaden el pago de los aportes previsionales o promueve “blanqueos” condonando a quienes eyectaron del país ingentes sumas de dinero no declaradas. Incluso, recientemente, ha promovido una ley de “inocencia fiscal” que eleva los montos mínimos a partir de los cuales se configuran los delitos tributarios. La AFA, a su vez, ha vuelto a mencionar que posee el respaldo completo de la CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol) –de la cual Tapia es dirigente- y de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación), cuando se acerca la realización de Copa Mundial de Futbol, con sede principal en EEUU. Varios dirigentes patronales del peronismo, del massismo y del macrismo, son dirigentes de numerosos clubes de futbol. Más que una “guerra al futbol” se asiste a una guerra por la “caja del futbol”. Tapia se ufanó, por ejemplo, de estar disputando espectadores con el servicio de transmisión de los partidos de la Primera Nacional (ascenso) por la señal “LPF Play”, que es arancelado, rescindiendo los derechos de transmisión a TyC Sports, de Clarín. Tapia ha promovido la ampliación de los negocios del fútbol con torneos con más equipos, más campeonatos, sponsors, televisación y apuestas deportivas. Este codiciado filón de negocios es el que está en disputa para quebrar el “peaje” que Tapia impone desde la AFA.

El 26 de diciembre, la planta de Aires del Sur, ubicada en Río Grande, Tierra del Fuego, cerró para dar inicio al período vacacional. El lunes 23 de febrero, los trabajadores iniciaron una ocupación pacífica en la planta junto a la UOM en reclamo de deudas salariales. La patronal adeuda por lo menos dos quincenas. Esto afecta a 140 trabajadores cuyos puestos de trabajo, además, se encuentran en ‘’veremos’’. Según informó Oscar Martínez, secretario general de la UOM Río Grande, desde el receso vacacional la patronal no retomó la continuidad de las operaciones ni entabló diálogo con el sindicato. Tras haber iniciado conversaciones con el Ministerio de Trabajo, la UOM no obtuvo respuestas por parte de la patronal. En la mañana del 23 de febrero, ingresó la comisión directiva junto al cuerpo de delegados a la planta para garantizar el ingreso de los trabajadores que están representados por la UOM; en total, 113 trabajadores que están bajo convenio metalúrgico. La toma responde a la convicción de los trabajadores de defender los puestos de trabajo. Sin embargo, la actual dirección de la UOM es la misma que acordó con la cámara de fabricantes, en mayo del año pasado, el fin del paro general que se había desarrollado por la derogación de la ley de ‘’promoción industrial’. Esta lucha estará marcada por la determinación de los trabajadores de Aires del Sur, no de su dirección.

Los anuncios de calma tras el asesinato del líder narco Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, se han derrumbado rápidamente. Los propios informes presentados por las Fuerzas Armadas reportan 35 bajas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), 25 de integrantes de las Fuerzas Federales y al menos un civil, víctima del fuego cruzado. La reacción del CJNG tuvo impacto en 21 de los 32 estados mexicanos y la situación no ha logrado ser contenida totalmente hasta ahora en las afueras de Guadalajara, capital de Jalisco y principal sede del grupo. La primera versión de los hechos, por parte del secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, indicaba una cantidad mucho menor -habló de siete bajas durante el operativo para cercar a “El Mencho”. Sólo 24 horas después los muertos eran 14. A su vez, los disturbios, para la presidenta Sheinbaum "menores", sumaron 250 acciones simultáneas. La mayor cantidad de fallecidos tuvo lugar en el choque con el Ejército. El CJNG ha demostrado una capacidad militar para nada despreciable, incluido el uso de armamento de última tecnología de origen estadounidense. La prensa evalúa que el giro del gobierno hacia una confrontación con los cabecillas de las bandas narco se desmarca de una política de su antecesor, López Obrador, bajo el título “abrazos, no balazos”. La iniciativa se proponía el descabezamiento de los mandos locales. y una inserción social de los combatientes de base. El poder de las bandas se habría incrementado territorialmente durante este período, según la prensa. La población civil se encuentra en una parálisis total. En Guadalajara, se encerró en sus casas sin esperar la menor alerta gubernamental. En otros estados, el servicio público se vio interrumpido y los vuelos reprogramados, desviados o cancelados. Durante la mañana del lunes, muchas personas optaron por el trabajo remoto. El gobierno estadounidense canceló la presencialidad por una semana en embajadas y consulados. Una gran cantidad de especialistas consultados por la BBC, la CNN y el NYT dan cuenta de la profunda implicancia política del operativo ordenado por la presidenta. Una columna publicada en el NYT (reproducida en LN, 24/02) muestra a la propia Sheinbaum en un giro hacia la militarización y represión contra los dos principales cárteles del país, Sinaloa y Jalisco. Mientras en Sinaloa el despliegue es policial y cuenta con supervisión civil del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el operativo sobre Jalisco se ha concentrado en Fuerzas Militares bajo control militar directo. Es, justamente, el ejército mexicano el que tiene línea de comunicación directa con el Comando Norte de las Fuerzas Armadas estadounidenses y el nuevo grupo de tareas, creado específicamente para avanzar en una intervención directa sobre el territorio mexicano, Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial contra los Cárteles (Joint Interagency Task Force-Counter Cartel). El peligro principal, observado por la prensa internacional, es que Sheinbaum ha abierto dos frentes de conflicto simultáneos con los dos grupos narcos más poderosos, con un final incierto, a sólo cuatro meses del Mundial de Fútbol, que tendrá su partido inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Donald Trump llamó a México, en su red social Truth Social, a profundizar este camino. El gobierno mexicano ha dispuesto la movilización de más de 10.000 soldados. Un cálculo conservador indica que solo el CJNG posee cerca de 20.000 militantes, el Cartel de Sinaloa rondaría números similares. La perspectiva de una militarización del territorio abre paso a la violencia callejera, que el gobierno de Sheinbaum había prometido erradicar en su campaña electoral. La declaración de los Cárteles mexicanos como organizaciones terroristas transnacionales ha habilitado un terreno de intervención desconocido. Jack Riley, ex alto funcionario de la Administración para el Control de Drogas (DEA), dijo a Reuters: “nuestras capacidades de vigilancia probablemente serán ilimitadas, y eso realmente ayudará con información en tiempo real” (LN, 24/02). En esta sintonía, la página web de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencias contra los Cárteles (JITF-CC) de Estados Unidos, indica que su objetivo es “identificar, interrumpir y desmantelar operaciones de cárteles que representen una amenaza para Estados Unidos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México” (Ídem). La relación bilateral, que fue señalada como sólida, desnudó los lazos directos entre las Fuerzas Armadas mexicanas y los Estados Unidos. LEER MÁS: La eliminación de “El Mencho” es saludado por Trump, que ha infiltrado al Estado mexicano Por Joaquín Antúnez, 23/02/2026.

La lucha de los trabajadores de FATE es seguida con toda atención por el conjunto de la clase obrera. En la fábrica de neumáticos de San Fernando el propósito de la patronal es reducir a la impotencia política y organizativa a la clase obrera. Los despidos masivos y los cierres de plantas, como el que anunció la patronal de Madanes , no han encontrado una respuesta colectiva y de conjunto de la clase obrera. Los obreros de FATE han llegado a la ocupación de la planta, luego de un retroceso sistemático en cuanto a salarios y condiciones de trabajo, apadrinado por la directiva del Sindicato . La paritaria, al igual de lo que ocurre en otros sindicatos (como la UOM), está congelada desde hace más de un año; Madanes ha impuesto cambios en las condiciones laborales que los directivos del SUTNA aceptaron y promovieron contra la voluntad expresada por los trabajadores en varias ocasiones. Se perdieron un millar de puestos de trabajo, entre despidos y retiros voluntarios. Lo mismo, o peor, ha ocurrido en las otras plantas del Neumático, sin recibir una respuesta de conjunto. El trajín de los directivos del SUTNA ha pasado por las audiencias y conciliaciones convocadas por el Ministerio de Trabajo de Provincia y la Secretaría de Trabajo de la Nación, sin que nada los sacara de ese rumbo estéril . Ahora la patronal cierra la planta, vende parte de sus instalaciones a otra empresa del grupo, y un amplio sector de obreros combativos ocupa el lugar de trabajo, no solamente en protesta por el cierre sino para evitar un vaciamiento de materias primas y maquinaria. Cuando ya se está jugando tiempo adicional, la patronal, los ministerios de Trabajo y el propio sindicato siguen pateando la pelota afuera. Los obreros de la planta reclaman una acción de conjunto del Neumático y de las fábricas y sindicatos que atraviesan una situación similar. Los cierres y despidos que asolan a todo el país no se corresponden, ni de lejos, a un número mínimamente igual de quiebras; las patronales se ‘reconvierten’, a la espera de la entrada en vigencia de la contrarreforma laboral, a nuevos modelos de negocios y, por último, a un cambio del viento económico. La clase obrera cesanteada no tiene posibilidad de hacer lo mismo. Mientras ocurre lo señalado, el gobierno subsidia a las patronales por medio del “carry trade”, como se llama a la inversión de dólares en pesos a altísimas tasas de interés. Ese negocio parasitario rinde más que el giro comercial de una empresa corriente. Los chinos pondrían un pie en la fabricación de ciertas variedades de neumáticos con vista a un ‘mix’ de mercado interno y exportación. El ‘peligro amarillo’ se convertiría en un salvataje –claro que sin los obreros de FATE, porque China no acepta invertir donde hay una clase obrera independiente (menos aún que el conjunto de la patronal internacional). La crisis de FATE, o “la cuestión FATE”, se reduce a una sola cosa: deshacerse de los obreros de FATE. En la misma línea operan Techint y Acindar, incluso las textiles. El capital “se reconvierte” a costa del hambre y la precariedad de la fuerza de trabajo. En un mundo que marcha a la mayor guerra imperialista mundial de la historia, alegar flojera de la demanda de neumáticos es de necios –es lo que más necesitan los carros de combate, ciertas clases de tanques, naturalmente la aviación y otros tantos etcéteras. Es cierto que hay una crisis capitalista mundial y una sobreproducción fenomenal en todas las ramas, pero la reconversión de ese capital exige el mayor ajuste social de la historia. El asunto se decide por medio de la lucha y no renunciando a ella con pretextos fabricados. La factura de la “reconversión” de Madanes son 900 trabajadores arrojados a la calle, luego de los otros 1.000 en 2024/5. La venta de una parte del predio de FATE a la propia Aluar, para montar un centro de almacenamiento eléctrico con equipos de China, ocupará, sin embargo, una parte ínfima del predio, pero cumple la función política de convertir al cierre y los despidos en un hecho consumado. “Nadie” ignora, o sea el Sindicato, que FATE está a la búsqueda de un socio “tecnológico” global, como lo tienen, naturalmente, Bridgestone o Pirelli; los obreros quedarán afuera pero el SUTNA podría convertirse en un sindicato industrial de mayor envergadura. El ingreso de autos eléctricos de China plantea la provisión y reposición de neumáticos en el mercado local, y FATE no va a convertir en chatarra su parque de maquinarias de producción. Las grandes patronales de Argentina están a la expectativa de los despidos en masa de Madanes, para hacer lo mismo en sus plantas. Milei busca producir un genocidio civil y político del activismo organizado, como lo hizo la dictadura con métodos militares de guerra civil. La lucha de FATE es muy instructiva acerca del “industricidio”. El cierre de fábricas es, por sobre todas las cosas, un ataque estratégico contra la clase obrera. El tendal de desocupados facilita las condiciones para la contrarreforma laboral. El industricidio no es, fundamentalmente, una cuestión de “política económica”, que beneficiaría a bancos y fondos internacionales a costa de la industria, porque esos fondos y bancos son los principales accionistas de la misma gran industria. El capital financiero representa una tendencia del capital en general a concentrar y centralizar en menos manos el proceso productivo. Es, fundamentalmente, un método de combate contra la clase obrera de parte del capital y su Estado. La lucha de FATE es la proa de esta confrontación estratégica. El columnista de un diario nacional escribe hoy (24/2) que el gobierno tiene el desafío de traducir el texto de la ley antilaboral en la práctica; esto es, precisamente, lo que se juega en San Fernando, y la razón fundamental que explica el boicot de la burocracia de la CGT y del FreSU. En San Fernando, sin embargo, no hay ninguna situación irrevocable o “fatal” de derrota, como se miente en la expresión “la cosa no da”. La realidad ‘objetiva’ (“la cosa”) está puesta en la balanza de una lucha de clases. Que la “reconversión” la afronte la patronal, con todos los trabajadores adentro, con su salario y su convenio. De lo que se trata es de encarar un plan de lucha colectivo y votar los métodos de acción y de dirección. El SUTNA se encuentra hoy dividido en forma faccional entre casi una decena de corrientes, esto como consecuencia de su fracaso político-sindical. Un plan de lucha votado en asamblea pondrá a estas corrientes ante el desafío de dejar el faccionalismo atrás o, en caso contrario, seleccionar a los activistas encargados de ponerse al frente de esta lucha. El tiempo no corre a favor. Hablamos de un plan lucha que involucre a todos los obreros del Neumático y a los obreros y luchadores de la Zona Norte, por ejemplo, a los docentes, que ya han votado el No Inicio del año escolar. Para imponer esta salida, es necesario defender con todas las energías la actual ocupación de la planta y convocar a la juventud trabajadora y estudiantil a rodear a la planta de piquetes masivos . La dirección del SUTNA se ha adaptado a las maniobras “legales” de la patronal y el gobierno y al ‘método’ de las asambleas “informativas”, una virtual censura contra la base de los trabajadores. La ocupación de FATE es el centro de la lucha contra la contrarreforma laboral – no al revés. La ciudadela obrera es San Fernando, no la Plaza de los Dos Congresos –solamente un parlamentarista obcecado o un burócrata del FreSU, o un kirchnerista residual puede opinar lo contrario. Organicemos piquetes, en todo el movimiento obrero, para defender a los obreros de FATE, rechazar cualquier tentativa de desalojo e imponer la reincorporación de todos los compañeros. Decididos y adelante. VER EL EPISODIO 57 DE "SOCIALISMO Ó BARBARIE": Socialismo o Barbarie Ep 57: Fate, una lucha estratégica Emitido por el canal de YouTube de Política Obrera el martes 24/02/2026.

En 2014, Jeffrey Epstein -vinculado con Ghislaine Maxwell, hija del magnate Robert Maxwell, señalado históricamente por sus lazos con la inteligencia israelí- se convirtió en uno de los principales inversionistas de Reporty Homeland Security, empresa que promovía una aplicación de “alarmas de seguridad” fundada por exmiembros de las Fuerzas de Defensa de Israel. Dicha app tenía acceso a la ubicación del usuario aun cuando estaba desactivada y generaba mapas con una precisión escalofriante. En documentos internos informaba: “Con Reporty, las autoridades tienen el poder de controlar a la masa en la red social” (Infonews, 21/02). Paralelamente en la Ciudad de Buenos Aires se comenzaba a diagramar el proyecto “Ciudad Segura” ejecutado por la policía federal -que dependía del Ministerio de Seguridad de la Nación-, sin licitaciones digitalizadas y con cada pedido de acceso a la información demorados. El plan incluía cámaras, patrulleros con reconocimiento de patentes, centros de monitoreo y fibra óptica financiada por Mer Group, otra empresa israelí. Esta firma enviaba reportes técnicos a Epstein sobre la instalación del sistema en Argentina y habría sugerido contratar a los mejores abogados para esquivar posibles conflictos legales por invasión a la privacidad (Politicar, 22/02). Los documentos revelan así un entramado donde capitales privados ligados al complejo de seguridad israelí, empresarios locales y funcionarios argentinos confluyen en la implementación de dispositivos de vigilancia masiva, bajo el paraguas del combate al delito. Dentro de los archivos también aparecen nombres de modelos argentinas, envíos de dinero a Roberto Giordano, quien organizaba desfiles de moda y la venta de un avión Gulfstream por US$ 10 millones al magnate por parte de “Fred” Machado, vinculado a José Luis Espert con el escándalo del narco que lo dejó fuera de las elecciones. Además, los mails mencionan vínculos con Joe Lewis, magnate dueño de parte de La Patagonia. Existe la posibilidad de que el pederasta que manejaba la red de trata haya visitado la Argentina y se descubrió una invitación a la que él habría aceptado justo antes de haber sido capturado (Página 12, 7/02). Lejos de ser episodios aislados o simples “amistades peligrosas”, el caso expone cómo el capital opera por encima de cualquier límite legal: Epstein no era solo un delincuente con contactos en las altas esferas, sino parte de una red internacional donde confluyen finanzas, inteligencia, negocios de seguridad y poder político. Su injerencia en proyectos de vigilancia masiva en Argentina revela que el Estado no actúa como árbitro neutral, sino como instrumento que garantiza la acumulación y habilita mecanismos de control social sobre la población trabajadora. Las tecnologías de “seguridad”, financiadas por capitales ligados al complejo militar y de inteligencia, subordinan derechos y garantías a la rentabilidad y a intereses políticos extranjeros, convirtiendo la seguridad en un negocio multimillonario y en una herramienta de disciplinamiento. Frente a esto, la salida no pasa por reformas cosméticas, sino por cuestionar de raíz el dominio del capital sobre el poder político y la clase obrera. Fuentes: https://infonews.com/escandaloso-plan-de-ultra-vigilancia-que-envuelve-a-macri-con-epstein-e-israel.html https://politicar.com.ar/contenido/1543/el-socio-oculto-de-macri-como-el-pedofilo-epstein-financio-la-vigilancia-masiva-

En enero para la Ciudad de Buenos Aires la canasta básica alimentaria tuvo un incremento del 5,6 % y la canasta de pobreza un 3,7 %, muy superiores a la inflación general de 2,9 % marcada por el INDEC nacional, tras la renuncia de su director Marco Lavagna y la intervención del ministro Caputo. Con estos números la línea de indigencia es de $767.400 y la línea de pobreza es de $1.396.600 para una familia tipo, según el Instituto de Estadísticas y Censos de Ciudad de Buenos Aires (IDECBA). Estos valores solamente representan las cuestiones alimentarias mínimas de una familia para poder subsistir. El aumento de su costo indica que una parte considerable de la población desciende a lo que los estadistas llaman una situación de “emergencia social”. Para el caso de una familia tipo considerada de "clase media" se establece una línea de corte de $2.200.000 para vivir sin alquiler. Con alquiler, esa cifra pasa a ser de $3.300.000 al mes. Este enero el motor de la suba fueron los alimentos con centro en la carne, verduras y frutas. Por ejemplo, las verduras y tubérculos subieron 17,8 %; pescados, 6,4 %; frutas, 5,1 % y carnes, 3,6 %; todos productos de impacto directo en las canastas. Cuando se toma el cambio interanual, los alimentos tuvieron una suba del 50,7 % cuando la inflación interanual, según el instituto porteño, fue de 31,8 %. Los departamentos en la ciudad sumaron otro cuatrimestre de subas por encima de la inflación, quedando en $484.000 el valor para un monoambiente y $ 1.008.000 para una casa de tres ambientes. Los aumentos acumulados en el rubro alquiler suman el 37,6 %. Estos valores no son incluidos en la canasta de pobreza y de indigencia. Para el caso de los servicios los aumentos fueron del 35 %. En el mes, los bienes subieron en promedio 2,3 % y llevan un acumulado interanual de 26,2 %. La novedad es que, en enero de 2026, el golpe se da por los incrementos de los alimentos, algo que en los papeles debería tener un impacto menor para el índice de la Ciudad y mayor en el índice de Nación que aún no se publicó. El índice porteño viene arrojando números por encima de los medidos por el INDEC por tomar como referencia una encuesta más actualizada del consumo de los hogares, en particular en el ítem de servicios. Esta cuestión llevó a la salida a mitad de año de técnicos y secretarios clave de la gestión del INDEC nacional y finalmente, a comienzos de febrero, a la renuncia de Lavagna como director del organismo por diferencias con la metodología para las estadísticas que impulsa el gobierno de Javier Milei. El abismo entre las estadísticas, manipuladas o no, con los salarios no tiene parangón desde que existen las estadísticas nacionales en el país. El salario mínimo vital y móvil -oficial- quedó plantado en $346.800. No hay otra forma de presentar este número sino como una violenta maniobra de saqueo y transferencia por parte de los capitalistas al conjunto de los trabajadores. El consenso entre especialistas y medios de comunicación es de una manipulación de los índices de gastos e ingresos de las familias argentinas desde hace dos años. La salida de Lavagna es un escalón mayor en los infundios liberticidas contra la población en un contexto de aceleración de la inflación, de estancamiento de la economía y de parálisis industrial.

Tras casi ocho años de movilización popular en reclamo de justicia, la Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil inició el martes 24 el juicio contra los cinco autores intelectuales del asesinato de la concejala socialista Marielle Franco, ocurrido el 14 de marzo de 2018. Ese día, dos exagentes de la Policía Militar de Río de Janeiro, un cuerpo de élite que actúa en las barriadas pobres de Río de Janeiro, acribillaron a balazos a Marielle y a su chofer, Anderson Gomes. Concejala socialista, madre soltera, socióloga, militante por los derechos de la juventud y de las mujeres negras de las favelas, lesbiana, defensora de los derechos de la diversidad sexual, Franco tenía 38 años y se dirigía a una actividad en “La casa das pretas”. Dirigente del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Marielle se había criado en el complejo de favelas de Maré, en la zona norte de Río, un lugar popularizado por la canción "Alagados" ("Inundados"), del grupo brasilero Os Paralamas do Sucesso. Había sido la quinta concejala más votada en las elecciones municipales de 2016 de Río de Janeiro. En el proceso judicial que comenzó esta semana y tiene lugar en Brasilia, bien lejos de Río de Janeiro, tienen un rol protagónico dirigentes políticos, exjefes policiales y la “hipótesis de una organización criminal que habría convertido el control territorial en plataforma de poder” (Instituto Marielle Franco, Página/12, 24/2). Dos de los acusados son políticos poderosos: Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río, y su hermano João “Chiquinho” Brazão, exdiputado federal. La Fiscalía también denunció a Rivaldo Barbosa, comisario de la Policía Civil de Río, que estaba a sueldo de los hermanos; a Ronald Paulo Alves, expolicía militar; y a Robson Calixto Fonseca, conocido como “Peixe”, antiguo asesor del Tribunal de Cuentas fluminense. Que Barbosa fuera uno de los cerebros del crimen fue un shock para la familia Franco. El jefe de la Policía Civil de Río “era la persona que nos recibía, que abrazaba a mi madre y a mi padre, el que nos decía que para él resolver el caso Marielle era una cuestión de honor”, explica Anielle Franco, hermana de Marielle y ministra de Igualdad Racial en el gobierno de Lula. La pesquisa de la Procuraduría demostró el nexo entre el poder político, la policía militar y las bandas paramilitares, llamadas “milicias” en Brasil. El exjefe de Policía Rivaldo Barbosa asumió la conducción de la Policía Civil un día antes del crimen y habría colaborado en la planificación y en la garantía de impunidad de los autores intelectuales. A su vez, Robson Calixto Fonseca fue el intermediario entre los hermanos Brazão y paramilitares en distintos municipios, además de haber obstruido la investigación y ocultado pruebas. Marielle fue asesinada por defender el derecho a la vivienda de los favelados, de las comunidades afrodescendientes (quilombolas) y de los campesinos. Y por denunciar las trapisondas para apropiarse de sus tierras por parte de los paramilitares en Río de Janeiro, grupos criminales que controlan zonas enteras. Franco enfrentó en el Concejo Municipal un proyecto impulsado por los hermanos Brazão que proponía legalizar las tierras usurpadas por las milicias. Según la investigación, los hermanos habrían utilizado sus cargos públicos para viabilizar loteos irregulares, transformando el control territorial en una base de poder político. El propósito del asesinato fue eliminar “a una dirigente considerada estratégica, intimidar a otros activistas sociales y garantizar la continuidad del dominio territorial”. La acusación presentó como pruebas las escrituras de al menos 89 terrenos en el área dominada por la milicia a nombre de los hermanos Brazão y que se refieren a lotes públicos ocupados ilegalmente y regularizados mediante fraudes. Como pago, al sicario Lessa le habían ofrecido algunos de esos terrenos “recalificados”. Según la Fiscalía, los terrenos eran supuestamente ocupados por personas pobres que pedían la usucapión y después los vendían a precios irrisorios a los hermanos Brazão. "Cualquiera que se opusiera a la legislación usada para regularizar esos terrenos representaba una amenaza y eso ocurrió con Marielle Franco, que pasó a reunirse con habitantes de esas regiones y a defender la expropiación de esos terrenos para su uso en la construcción de conjuntos de viviendas de interés social", dice la presentación. Las favelas despidieron a Marielle con un funeral multitudinario. Joelma de Souza, amiga de la víctima y educadora social, dijo entonces: “Es un intento de acallar no solo a la mujer, sino a la representación política de la mujer negra y de las favelas. Hasta los que no la conocían se paraban en la calle y se abrazaban. La favela está de duelo”. En ese momento, Río de Janeiro se encontraba bajo la intervención militar del general de brigada Walter Braga Netto, luego ministro de Defensa de Jair Bolsonaro y más tarde su compañero de fórmula en las elecciones de 2022, que perdieron frente a Lula. Marielle se había convertido en una enemiga frontal de la intervención y de las bandas policiales y parapoliciales que asolaban las favelas. “Yo viví en Maré la intervención militar durante 14 meses. Los habitantes de las favelas sabemos exactamente lo que es el ruido del tanque en sus puertas. ¿Dónde va a atacar? ¿A dónde va a apuntar el fusil? La Oficina del Defensor del Pueblo está en contra, el Ministerio Público también. En Maré duró más de 14 meses y costó más de 600 millones de reales”, había gritado Marielle pocos días antes de su asesinato ante la Cámara de Concejales, al recordar la ocupación militar del conjunto de favelas entre 2016 y 2017 y compararla con la intervención de Braga Netto. El sábado anterior, después de que el 41.º Batallón de la Policía Militar matara a tres jóvenes de la favela de Acari, Franco lo denunció como un “batallón de la muerte”. Los autores materiales del crimen, el expolicía y sicario Ronnie Lessa y el paramilitar Élcio de Queiroz, fueron condenados a decenas de años de prisión en 2024. “Más importante que arrestar a esas ratas mercenarias es responder la pregunta: ¿quién mandó a matar a Marielle?”, reclamó entonces la viuda de Franco, Mónica Benicio. Está probado que los asesinos salieron a perpetrar el crimen desde el barrio cerrado de Barra de Tijuca, donde vivía Jair Bolsonaro, entonces diputado federal que preparaba su campaña presidencial de 2018. “Hoy no se juzga solamente este crimen horrendo, sino esa estructura de poder del crimen organizado, en relación con las milicias y la apropiación ilegal de tierras en Río de Janeiro”, alegó la abogada María Victoria Hernández Lerner, representante de la única sobreviviente del atentado, Fernanda Chaves, jefa de prensa de Marielle. “El caso Marielle abrió la tapa de las alcantarillas, y por ahí sale lo peor que puedas imaginar”, declaró Anielle Franco, hermana de Marielle y ministra de Lula. En las últimas dos décadas, las “milicias” paramilitares han dejado un reguero de 700 muertos en Brasil, según un estudio reciente de la Universidad de São Paulo y el Centro Brasileño de Análisis y Planificación (Cebrap). A fines de octubre de 2025, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, del Partido Liberal liderado por Bolsonaro, ordenó una masacre de por lo menos 130 jóvenes en los complejos de Penha y Alemão, dos bolsones de pobreza compuestos por numerosas favelas. Muchas de esas muertes siguen impunes y olvidadas. Se espera que el veredicto por el asesinato de Marielle Franco se conozca este miércoles.

El lunes 23 falleció Gustavo Middelhoff a consecuencia de un infarto. Gusti, para quienes lo conocieron, comenzó su vida militante en el MAS, siendo estudiante secundario. Luego de las múltiples rupturas del partido fundado por Nahuel Moreno, a mediados de la década del 90 comenzó su acercamiento al Partido Obrero y su posterior incorporación. El Argentinazo lo encontró ya organizado e interviniendo en el PO. Su actividad militante, con intermitencias, pero sostenida en el tiempo, se desarrolló en la Universidad Nacional de General Sarmiento durante la primera década del milenio. Participó activamente en la construcción del frente de estudiantes y agrupaciones de izquierda que recuperó el CEUNGS de manos del Puente (agrupación del PJ ligada a Jesús Cariglino) en el año 2006 y lo mantuvo hasta 2008, año en el que el Yunque (PO + independientes) triunfó en las elecciones, con Gustavo como un factor importante en ese triunfo. Desde 2009 fue parte de la oposición al CEUNGS dirigido por la agrupación independiente “La Mecha” primero y el FUNYP Kirchnerista después. La segunda década del 2000 lo tuvo interviniendo activamente para desarrollar el PO en el distrito de Malvinas Argentinas. Una de sus preocupaciones centrales fue la intervención en el movimiento obrero de la zona, lo que lo llevó a desarrollar una actividad sistemática sobre el Parque Industrial de Tortuguitas, siendo responsable político del distrito y parte de la dirección regional. En los albores de 2020 participó de los congresos partidarios en los que se fue configurando la política que culminó en la expulsión de los 1.200 militantes del PO. Gustavo se pronunció contra la misma y fue parte fundacional del Partido Obrero Tendencia, hoy Política Obrera. Posteriormente se fue alejando de la construcción partidaria manifestando diferencias que no se llegaron a profundizar. Los últimos años de su vida los dedicó a la intervención en la UNGS nuevamente, pero desde el claustro de graduados, siendo fundador de Graduados por la Democratización, agrupación a través de la que se transformó en Consejero de Instituto. También, en estos últimos años se había acercado a grupos de estudio de El Capital, lo que planteaba que era una actividad de intervención política. Gusti siempre fue un compañero valorado por propios y adversarios por su honestidad intelectual, capacidad analítica y valentía. El uso de la ironía, los comentarios incisivos y su carácter temperamental fueron parte de su ser, como también la convicción de que la revolución socialista es necesaria para la superación de los grandes problemas de la humanidad. Duele decirte tan pronto “Hasta la victoria siempre”.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia n.° 32 dio lugar al amparo presentado por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la Junta Interna de ATE y ordenó a la dirección del Hospital Garrahan suspender los sumarios iniciados a trabajadores que protagonizaron las huelgas y movilizaciones del último periodo. Las autoridades del hospital pretenden despedir a 11 trabajadores e imponer otras 29 suspensiones . La decisión judicial implica que “se reconoce que existe ‘persecución y hostigamiento’ a los delegados y activistas en el marco de una medida sindical, que se coarta el derecho a la libertad sindical y se busca disciplinar”. Al mismo tiempo, manifiesta que “tanto Adorni como Lugones anticipan las sanciones en medio del sumario administrativo, vulnerando así el principio de inocencia y demostrando que estos despidos y suspensiones fueron dictados por el propio gobierno”. Es muy probable que el gobierno y las autoridades del Garrahan apelen el fallo, pero no deja de ser un espaldarazo a la lucha por la anulación definitiva de las causas. Con las medidas disciplinarias, tanto las autoridades del Garrahan como el gobierno liberticida pretenden lanzar un ataque fascista a los luchadores del hospital y amedrentar al conjunto de la clase obrera. De forma similar, en FATE, Madanes Quintanilla pretende liquidar una vanguardia obrera con el cierre de la fábrica y el despido de 920 trabajadores. Ambas luchas deben ocupar un lugar central en el conjunto de la clase obrera contra el Gobierno y la contrarreforma laboral . Se impone como necesidad una lucha decidida por la caída definitiva de todas las medidas disciplinarias y persecutorias, así como también de los despidos y suspensiones. Las organizaciones que intervienen en el Garrahan están convocando para este miércoles a una conferencia de prensa y para el jueves 26, a las 13, a un abrazo en las puertas del hospital. Política Obrera se hará presente con una delegación de compañeros para acompañar y reforzar la lucha. LEER MÁS: Hospital Garrahan: cómo se armó el ataque fascista a los delegados Por Daniela Magoc, 09/02/2026.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la suspensión de la novena fecha del torneo Apertura. Por lo tanto, no habrá futbol entre el 5 y el 8 de marzo. La medida impulsada por Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, es una represalia por haber sido citados ambos a declarar por una acusación de evasión fiscal y retención de aportes millonarios. Aunque para la dirección de la AFA la asociación “no tiene deuda alguna exigible”, es evidente que la indagatoria profundiza la ofensiva política del gobierno sobre el futuro de los negocios del futbol. Casi en las puertas del próximo mundial la gestión de Tapia está en el peor momento de sus 8 años de gestión. "Chiqui" Tapia intenta combinar iniciativas rabiosamente capitalistas siguiendo el modelo de la COMEBOL y la FIFA, ampliando los negocios del fútbol sumando más equipos, más campeonatos, más sponsoreo, más televisación y apuestas deportivas. Este modelo ´internacional´, Tapia lo aplica con sus propios “métodos” mafiosos. El futbol argentino atraviesa una importante crisis. La inmensa mayoría de los clubes está quebrada; muchos de ellos, con inhibiciones por deudas impagas que ni siquiera les permite renovar sus planteles. La ampliación masiva de clubes y campeonatos en el mundo ha abierto además un importante mercado en otros continentes. Actualmente África, por ejemplo, es un importante proveedor de futbolistas. De algún modo, Argentina está cerrando la etapa de oro de exportación de futbolistas, lo que conspira con la economía de los clubes que solían “salvarse” con una venta extraordinaria que saneaba transitoriamente sus finanzas. Así las cosas, los clubes apelan a las finanzas de la AFA. La inmensa mayoría de los dirigentes de los clubes tiene deudas con Tapia. Algunos ya tienen hipotecado el ingreso de las televisaciones por “adelantos” de la AFA. Ser opositor a Tapia equivale a quedar “sin red” y a verse perjudicado en los certámenes y en sus propias finanzas. Ser amigo de Tapia, por el contrario, trae beneficios. Tapia gobierna la AFA con los métodos de una republiqueta, pero no se ha adaptado al esquema mundial de entrada de capitales a los clubes de fútbol, que no está referida solamente a la creación de Sociedades Anónimas, sino a variables de composición mixta entre la asociación de capitales con el “club social y deportivo”. Los dirigentes de los clubes, hoy presionados y chantajeados por Tapia, han rechazado los ingresos de capitales y, por lo pronto, sólo pueden recurrir los “auxilios” que llegan desde la AFA. Estas “ayudas” son una especie de “deuda externa”, que para los clubes se ha transformado en algo impagable. La “ayuda” de la AFA a través de financieras “flojas de papeles” ha llevado a los clubes a seguir con el esquema de dependencia de Tapia y por eso “acompañan” el paro patronal decretado por la dirección de la AFA. Los clubes “tapistas" se ha apresurado a emitir comunicados de apoyo para dejar en evidencia a aquellos dirigentes remisos al apoyo y que tantean como posible salida de su actual asfixia económica una inyección capitalista. Tapia no parece tener la cintura de Julio Grondona, que sorteó a los tiempos políticos que atravesó el país -ya fueran milicos, peronistas o radicales- y parece haber elegido el camino de la confrontación y presentarse como una suerte de “perseguido político”. Pero se agotan sus tiempos. Los logros de la Selección Argentina le están quedando lejos. Tapia no tendrá el apoyo de los campeones mundiales, quienes todos juegan en equipos que son sociedades anónimas o clubes con ingreso mixto de capitales – o peor aún, franquicias como la de la MLS norteamericana. Las tendencias capitalistas mundiales a las sociedades anónimas están presentes, con o sin Tapia. Son tendencias más fuertes que las de un puntero político del fútbol. Después de las indagatorias posiblemente asistamos a una intervención de la AFA. Emulando a Donald Trump, se “normalizará” la asociación para abrir el camino a un “presidente" que se adapte mejor a los negocios capitalistas mundiales. El parate del futbol del 5 al 8, a diferencia de otros paros del futbol donde estaban pendientes reivindicaciones de los futbolistas, será esta vez un paro patronal sin perspectiva alguna y profundizará aún más la crisis del fútbol argentino. LEER MÁS: La AFA suspende el futbol en defensa de Tapia Por Emiliano Fabris, 24/02/2026.

Durante cerca de dos horas, en el discurso del Estado de la Unión “más largo de la historia”, el presidente estadounidense buscó retomar la iniciativa política. Difícilmente lo haya conseguido, de acuerdo a los comentarios de los principales órganos de opinión que lo calificaron como una sarta de mentiras. Un columnista manifestó la preocupación de que Trump crea en la verosimilitud de lo que dice. El largo discurso estuvo acompañado de una coreografía fascista para que, desde la presidencia de la Asamblea Legislativa, la platea de senadores y diputados y las galerías pobladas por complacientes se saludara las diatribas y provocaciones del mandatario con el grito repetido de "U.S.A.", en varias ocasiones acompañado por los representantes ‘progresistas’, como la senadora Elizabeth Warren. Trump premió a los invitados que seleccionó para el caso, siempre relacionado con el apoyo a los asaltos militares en el extranjero y a la represión interna, con elogios, galardones y medallas, en una escenificación de tipo fascista -el homenaje a un exdetenido venezolano, la presentación de familiares de víctimas de “inmigrantes ilegales” o la presencia de Erika Kirk, viuda del referente derechista Charly Kirk . “Asequibilidad” Aunque habló en términos relativamente despreciativos respecto a esta palabra de moda, Trump debió dedicar parte de su discurso al tema, afirmando una mentira atrás de la otra respecto a la caída de los precios (aumentaron) y planteando algunas medidas que supuestamente mejorarían la situación. Un ejemplo fue el anuncio de acuerdos con las empresas de Centros de Datos, para evitar el aumento de los precios de la electricidad a los consumidores. La promesa va atada a mayores beneficios fiscales y eliminación de regulaciones ambientales para estas empresas, sin que esto garantice el cumplimiento de lo prometido. Trump dedicó unas palabras al “alcalde comunista de Nueva York”, Zohran Mamdani, al que sin embargo calificó como “un gran tipo”. El que no fue recordado fue el DOGE, el llamado “Departamento de Eficiencia Gubernamental”, encargado del despido masivo de empleados del Estado. Inmigración Trump reiteró todos los tópicos respecto a los “crímenes” de los inmigrantes, pero notablemente no hizo mención al ICE (policía migratoria militarizada) ni a las marchas y huelgas en Minnesota . También llamó la atención que no reivindicara a Stephen Miller ni a Kristi Noem -los principales impulsores y ejecutantes de la guerra a los indocumentados y los asesinatos en Minneapolis-. Una representante demócrata, Ilhan Omar (inmigrante somalí electa precisamente por Minnesota), reaccionó cuando Trump acusó a la comunidad somalí de “piratas”, gritando que Trump era el responsable del asesinato de ciudadanos estadounidenses . El choque verbal se intensificó cuando el presidente señaló a los demócratas por no ponerse de pie ni aplaudir, como hizo rabiosamente la claque de Trump, cuando afirmó que el principal deber del gobierno “es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales”. Ante las protestas de algunos demócratas, Trump les pidió que eliminen las “ciudades santuario” que cobijan a los inmigrantes contra la persecución del ICE a los indocumentados. Ilhan Omar le replicó “has matado estadounidenses”, “deberías estar avergonzado”. El gobierno ha venido reorganizando la campaña contra los inmigrantes, lanzando redadas en otros estados , por ejemplo, en la ciudad de Detroit. Aranceles El fallo de la Corte Suprema que echó por tierra los aranceles decretados por Trump en base a la ley de Emergencia Económica (IEEPA) reflejó una división en la clase dominante. La mayoría trumpista de la Corte se fracturó ante el reclamo de diversos sectores capitalistas contra los aranceles de guerra decretados por el presidente. La demanda contra los aranceles fue interpuesta inicialmente por algunas empresas pequeñas, y por 12 estados gobernados por los demócratas. Hay que subrayar que las “7 magníficas” tecnológicas no demandaron al gobierno, pese a que sus negocios sobre todo con China se vieron afectados (Nvidia, Tesla, Apple, Amazon, se vieron perjudicadas, pero prefirieron hacer “lobby” y negociar para atemperar las medidas). El fallo de la Corte tiene un impacto político evidente, además de afectar los ingresos fiscales del Estado y pronosticar una larga batalla legal por la devolución de los aranceles aplicados en los últimos diez meses. Trump anunció un impuesto global del 10 % (luego lo elevó al 15 %, aunque la Aduana anunció la aplicación por ahora del 10 %). Según un editorial del Washington Post (propiedad de Jeff Bezos), “El primer intento del presidente Donald Trump por reemplazar los aranceles derogados por la Corte Suprema se basa en una interpretación errónea de una ley de 1974 que permite restricciones comerciales temporales debido a los grandes y graves déficits de la balanza de pagos de Estados Unidos. Esto no es lo mismo que la balanza comercial, por lo que lo ideal sería que los tribunales anularan la proclamación del presidente”. El artículo afirma que la ley invocada “establece que las restricciones a las importaciones deben ser ‘amplias y uniformes’, pero la proclamación de Trump incluye 76 páginas de excepciones. La Tax Foundation estima que cubriría solo el 34 % de las importaciones”. Es decir que la aplicación de la ley sería doblemente errónea y, por tanto, debería caer. Trump afirmó en el discurso, frente al Congreso y los jueces, que seguiría adelante con tarifazos y que no necesitaba que el Congreso interviniera porque él lo resolvería, precisamente lo que era el núcleo del fallo judicial. Guerra contra Irán Las amenazas de Trump contra el país persa fueron aplaudidas -también por varios legisladores demócratas-. En los días previos, el presidente estadounidense debió salir a “desmentir” que sus altos mandos sean contrarios a una ofensiva contra Irán. Según el Washington Post , Axios , Wall Street Journal y otros, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Daniel Caine, y varios oficiales del alto mando temen que una operación a gran escala contra Irán enfrente serios riesgos. Trump se vio obligado a afirmar en su red social que “El general Caine, como todos nosotros, no querría ver una guerra, pero si se decide ir contra Irán a nivel militar, opina que será una victoria fácil” y que Caine “lideraría el ataque” sin dudarlo. Muchos han acomodado el cuerpo, afirmando que rechazan guerras prolongadas, pero no operaciones breves y “exitosas” como el secuestro de Maduro . El estado de opinión de la base de M.A.G.A. sigue reticente a embarcarse en una guerra, sobre todo con despliegue de tropas estadounidenses, pero se mantiene en el marco del trumpismo. En el discurso del Estado de la Unión, el presidente reiteró su amenaza de guerra y el Congreso le dio una ovación. El propio establishment demócrata sostiene que “no se debe atar las manos” a Trump, es decir, apoyan la inminente guerra, aunque mayoritariamente en forma vergonzante. “Oposición cobarde” Un reciente artículo del NY Times muestra el estado de opinión de la base electoral demócrata, a partir de un ‘focus group’ organizado por el periódico. Los participantes, todos ellos votantes del PD, rechazaron unánimemente a la cúpula demócrata, acusándola de “cobarde” o “sin agallas” (“spineless") y de servir a las grandes corporaciones y los megamillonarios. Los líderes demócratas del Senado y la Cámara de Representantes se habían puesto de acuerdo en permanecer callados, sentados, sin aplaudir el discurso presidencial, habilitando también a que algunos legisladores boicotearan al presidente. Unos 80 anunciaron el boicot y una treintena hizo un acto paralelo. El resto permaneció en sala, mayormente callados, más allá de algunas reacciones minoritarias. En algún momento, buena parte de los legisladores “opositores” se unieron a los aplausos y hasta se pusieron de pie. Por ejemplo, la senadora Elizabeth Warren y otros demócratas se pusieron de pie para aplaudir la postura de Trump sobre una posible guerra debido a la falsa afirmación de que Irán no ceja en su intento de construir una bomba nuclear. La actuación del establishment demócrata no obedece exclusiva ni principalmente a cobardía, simplemente responden a los mismos intereses de Wall Street y los megamillonarios, que son además los que los financian. Los principales beneficiarios de los aportes del lobby sionista son justamente los legisladores demócratas. El impulso a las guerras, los beneficios a los capitalistas, la caída de las condiciones de vida populares, la persecución contra los indocumentados, son en lo sustancial políticas bipartidistas.

El gobierno liberticida impulsa una nueva ley de Inteligencia que sirva para revalidar el decreto 941/25 , que amplió las facultades de la SIDE. El decreto centralizó el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) e introdujo reformas en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Habilita a la SIDE a reunir información sobre quienes presuntamente buscarían "desestabilizar" al Gobierno y "socavar" la confianza de la opinión pública sobre sus funcionarios. Al día de la fecha el DNU 941 no ha tenido ninguna discusión parlamentaria, ya que la Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades de Inteligencia se encuentra acéfala desde finales del año pasado. Las reformas que los liberticidas han llevado adelante en el sistema de Inteligencia comenzaron a principios de 2024, cuando se disolvió la Agencia Federal de Inteligencia y se puso en pie nuevamente a la SIDE. Milei autorizó a que los espías se convirtieran en auxiliares de la Justicia y eliminó la obligatoriedad del acuerdo del Senado para nombrar al titular del ente. Con Santiago Caputo a la cabeza, el Gobierno comienza una tercera fase de reformas de los “sótanos de la democracia”, ahora a través del Congreso. Fuentes oficiales confirmaron que se avanzará “en una nueva ley de Inteligencia que prevé incluir ítems del polémico decreto y sumar otros en la nueva legislación. La iniciativa, que no tiene una fecha de presentación prevista” ... “se intentará plasmar estos cambios de aquel decreto y alguna cosa nueva” ... “más abarcativa” (La Nación, 23/2). Los voceros aseguran que objetivo final es “jerarquizar la SIDE, profesionalizarla y despolitizarla”, y darle “estabilidad al personal, y que éstos sepan que, si viene el kirchnerismo, no los van a revolear por el aire como hizo Alberto Fernández” (Clarín, 22/2). O sea, una inamovilidad que no tienen los legisladores, pero sí el Poder Judicial. Este tipo de cambios es típico de un régimen de excepción. Para los liberticidas, “el sistema de Inteligencia acumuló funciones superpuestas, estructuras sobredimensionadas, dificultades para integrar información relevante dispersa en distintos organismos y zonas de incertidumbre normativa sobre el alcance real de las tareas de inteligencia nacional” (Infobae, 2/1). Se trata de que los “servicios" operen como una institución paraestatal , que no se vea perjudicada por “filtraciones” a la Epstein. La agencia es puesta en el vértice del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Se le da mayor discrecionalidad en el manejo de los fondos reservados y a los espías una mayor capacidad de acción, como por ejemplo detener a personas en flagrancia, o sea, sin orden judicial. Se legalizan las operaciones encubiertas. Básicamente los liberticidas convirtieron a los servicios de Inteligencia en una especie de “policía secreta”. La SIDE pasa a controlar el presupuesto del SIN. La iniciativa se enrola en la puesta en pie de un Estado policíaco: en una ampliación del aparato represivo y de Inteligencia, en la restricción de libertades democráticas y en la persecución a los activistas y luchadores.

Este lunes pasado se produjo la ruptura del interbloque peronista del Senado. El senador catamarqueño Guillermo Andrada, la tucumana Sandra Mendoza y la jujeña Carolina Moisés han conformado un bloque separado denominado Convicción Federal. Los tres senadores se han destacado por su colaboración con prácticamente todas las iniciativas parlamentarias del gobierno liberticida. Hasta ahora, el interbloque alineado del kirchnerismo -llamado “Popular”- que conduce el formoseño José Mayans, tenía una nómina de 28 parlamentarios. De ellos, 21 provenían del bloque justicialista, a los que se les sumaban los dos santiagueños del Frente Cívico -Gerardo Zamora y Elisa Del Carmen Moreno. De los cinco que integraban el bloque de Convicción Federal, tras la fractura, sólo dos seguirán en el espacio: el puntano Fernando Salino y el riojano Jesús Rejal. Por otro lado, trascendió que el nuevo bloque Convicción Federal podría terminar formando un nuevo interbloque con la salteña Flavia Royón y con los senadores de Misiones que responden a Carlos Rovira y también a la senadora tucumana Beatriz Ávila, que integra el monobloque Independencia y se referencia con Jaldo. Se ha formado un polo "minero". Como consecuencia de estos desplazamientos, La Libertad Avanza impuso a la disidente Carolina Moisés como vicepresidenta de la Cámara, desplazando de ese lugar al kirchnerismo. Para viabilizar esta operación, el peronista Juan Manzur y el radical Maximiliano Abad se retiraron a la hora de votar a Moisés. Esta maniobra fue impulsada por Patricia Bullrich. Entre senadores propios y bloques aliados, el gobierno ya reúne un total de 47 senadores, a sólo uno de reunir la mayoría especial de dos tercios, decisiva, por ejemplo, para nombrar jueces en la Corte Suprema. En otra interna, que envuelve a distintas camarillas del gobierno nacional, Karina Milei y los Menem se quedaron con las manos vacías. Un acuerdo que reunió a Bullrich con Victoria Villarruel, los radicales, los senadores de Provincias Unidas y los bloques de los gobernadores del peronismo dialoguista, se repartieron todos los cargos del Senado. Así fue rechazada la promoción de la senadora Nadia Márquez para relevar a Bartolomé Abdala en la presidencia provisional, un puesto clave en la línea de sucesión presidencial. Las vicepresidencias, además de Moisés (Convicción Federal), se repartieron entre Carolina Losada (UCR) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas). Por debajo de esos cargos, tanto en los puestos de secretario parlamentario, secretario administrativo, prosecretario parlamentario, prosecretario administrativo, fueron designados integrantes de los diferentes bloques digitados por Villarruel y Bullrich. Sólo un cargo menor, el de prosecretario de coordinación operativa, quedó en manos de un senador que responde directamente a la Casa Rosada. La crisis en el Senado hoy pone de manifiesto la fragmentación del peronismo, pero también las divisiones en el seno del oficialismo.

El gobierno porteño despidió a 50 docentes del programa Maestro+Maestro (M+M), el 20% del personal. El programa M+M está destinado a fortalecer la enseñanza de la lectura y escritura en el primer ciclo del nivel primario (1ro, 2do y 3er grados) en infancias socialmente vulnerables. Se desarrolla dentro del Área Socioeducativa, que comprende programas de acompañamiento de trayectorias educativas para promover la permanencia en el sistema en paralelo a los diseños curriculares formales de las escuelas porteñas. El proyecto había surgido en 1998 a partir de directivos y supervisores de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, que plantearon la necesidad de desarrollar nuevas estrategias para abordar la alfabetización en infancias en situación de vulnerabilidad social, considerando que la repitencia observada en los siguientes grados se debe en gran parte al hecho de no haber aprendido a leer y a escribir en los tiempos esperables. La capacitación docente en la problemática propia de estas infancias es un punto central del programa. Involucra una pareja pedagógica (un docente ya capacitado en estas tareas y uno presente en el aula cuando el docente se ausenta durante su capacitación). De ahí la denominación M+M. Desde sus orígenes, el Estado mezquinó todo apoyo en el desarrollo del programa. Los docentes carecían de derechos laborales, se les daba de baja con el fin del ciclo lectivo y el alta con el inicio del siguiente, pudiendo perder el cargo dependiendo de las circunstancias y sin cobrar vacaciones. Recién en 2010, la lucha gremial logró que la Legislatura porteña sancione la incorporación al Estatuto Docente del “Área de Programas Socioeducativos”, en la que se encuentra el programa M+M, permitiendo el acceso al cargo por concurso establecido por la Junta de Clasificación Docente y la continuidad en el cargo entre los ciclos lectivos. No obstante, las conquistas, la precariedad laboral se mantuvo: gran parte de estos cargos mantienen el carácter interino por más de 15 años. En 2015 la docencia del sector logró que el gobierno porteño inicie un proceso de titularización. El Ministerio de Educación exigió como requisito la realización de un curso de capacitación para poder titularizar. Sin embargo, los docentes despedidos denuncian que el mismo fue anunciado a último momento y que muchos no pudieron realizarlo, estando muchos compañeros de licencia médica o por maternidad, en el caso de algunas compañeras (Tiempo Argentino 23/02). El lunes 23 los docentes de M+M, junto a los sindicatos docentes UTE y ADEMyS, pararon y se movilizaron desde la estación Retiro al Ministerio de Educación porteño, exigiendo la reincorporación inmediata de los despedidos y denunciando el vaciamiento de los programas socioeducativos. Las maestras y maestros de M+M señalan que los despidos se dan en el marco de lo reglamentado a principios de este mes por la Resolución 153/26 (“lineamientos para la implementación de la política socioeducativa”) del Ministerio que conduce Mercedes Miguel (P12, 23/02). La resolución autoriza la realización de reorganizaciones de las plantas docentes de cada programa, incluyendo la supresión de cargos “sobre la base de los informes técnicos y evaluaciones elaborados por las áreas responsables de su implementación”. El plantel docente, continúa, “se actualizará periódicamente conforme a los requisitos de funcionamiento, (...) y a los informes técnicos en relación al desempeño y alcance del programa”. Es decir, los derechos laborales conquistados por la docencia son borrados de un plumazo. Por último, los cambios señalados, dice la resolución, se ajustan al “principio de eficiencia” optimizando “los recursos disponibles para garantizar su uso eficaz y maximizar el impacto de las políticas”. A la luz de la política de destrucción de la educación pública del gobierno porteño, con más de cien grados cerrados en un año, el “principio de eficacia” indica la continuidad de la política de vaciamiento y despidos en el programa.

El próximo 24 de marzo se cumple el 50 aniversario del golpe que instaló la última dictadura militar. El golpe fue reclamado con feroz determinación por todas las entidades patronales, sean de las grandes empresas como de las pymes y las pseudocooperativas; el 5 de febrero de 1976 se juntaron en un ‘lock-out’ patronal que paralizó al país , para urgir a los militares a actuar. Lo mismo ocurrió con los principales partidos ‘democráticos’; Ricardo Balbín estampó la ‘famosa’ frase que exigía la liquidación de “la guerrilla fabril”. El gobierno en funciones, peronista, había emitido un decreto, en septiembre de 1975, que ordenaba al ejército a “aniquilar la subversión”. El Partido Comunista planteaba la formación de “un gobierno cívico-militar”. De este modo, la cúpula militar, que había sido expulsada en mayo de 1973, al grito de “se van, se van, y nunca volverán”, volvió en menos de lo que canta un gallo, para liquidar los derechos democráticos a sangre y fuego y asesinar a 30 mil desaparecidos. Los responsables políticos de esta tragedia se encargaron luego de encabezar la “transición democrática” que hoy tiene a un declarado partidario de esa dictadura en el gobierno. Desde el golpe de Estado contra el gobierno electo de Cámpora-Solano Lima y la designación de Lastiri -un títere de la Logia fascista P2- López Rega y por supuesto Perón, comenzó la actuación de la Triple A, que asesinó a innumerables delegados de fábrica surgidos de una experiencia histórica de lucha sin precedentes. El golpe de Estado policial apoyado por Juan Domingo Perón contra el gobierno electo de Córdoba, que integraban Obregón Cano-Atilio López, consolidó un régimen político de excepción, a cuya sombra se fue gestando el golpe militar. Con la muletilla de que “el pueblo es peronista”, numerosos dirigentes sindicales frenaron y paralizaron a la clase obrera, que se levantó sucesivamente contra el gobierno de las Isabelitas, López Rega, Ruckauf (vice de Menem) y Antonio Cafiero. El golpe de 1976 tuvo por objetivo defender los intereses de clase del capital, al igual que todos los gobiernos que lo sucedieron ante el manifiesto derrumbe político y militar de la dictadura. No ha sido necesario que llegara Donald Trump para que el imperialismo norteamericano promoviera la ‘doctrina Monroe’. El golpe de 1976, con la instalación de la dictadura en la Argentina, implicó que todo el Cono Sur pasó a ser gobernado por criaturas del imperialismo internacional. Nixon y Kissinger las unieron en un operativo represivo trasnacional -el "plan Cóndor". Los servicios de inteligencia y represión no fueron, sin embargo, ‘depurados’ por sus sucesores, sino, por el contrario, convertidos en “sótanos de la democracia”. En los archivos de estos “sótanos” se esconde el prontuario político de los ‘demócratas’ que promovieron la dictadura militar. El resultado está a la vista: Argentina se encuentra gobernada por una camarilla de estafadores que reclama “el exterminio” de la izquierda; reprime a balazos las manifestaciones de protesta; y establece, por ley, una dictadura patronal en las empresas , con la colaboración de los ‘opositores’ del “campo popular” y de la burocracia sindical . Es una camarilla que está amparada por todo un régimen pseudoconstitucional –algo mucho más ventajoso que una dictadura de jefes militares. La gran burguesía ha logrado imponer una versión civil del gobierno militar . No por nada, Javier Milei ha poblado el ministerio de Defensa con militares en actividad ; prometido bases militares a Trump; o integrar la "Junta de Paz” que tiene por misión liquidar los derechos palestinos. El gobierno liberticida se pertrecha para utilizar todos los recursos violentos del Estado contra un desplome ocasionado por una crisis económica y/o un crecimiento de las luchas populares. Este 24 de Marzo debe convertirse en tribunal político popular que desenmascare la responsabilidad de la democracia patronal y de los demócratas patronales por el retroceso político de Argentina medio siglo después. Han incubado el “huevo de la serpiente”. Solamente esta clarificación podrá llevar a la victoria a FATE, a los trabajadores despedidos, a los docentes, a los jubilados y discapacitados. Milei se ha enrolado en una guerra imperialista internacional que, si no se para a tiempo poniendo fin a los gobiernos imperialistas, amenaza a la humanidad entera. Como organización política que reúne a las generaciones sucesivas con la que luchó contra la trampa mortal del retorno de Perón , de las tres A y de la dictadura, llamamos a construir un partido obrero, revolucionario y socialista.

A 50 años del golpe, enfrentamos a un gobierno rabiosamente represor, empeñado en el apoyo a un nuevo genocidio -la ´limpieza étnica´ del pueblo palestino en Gaza y Cisjordania- y comprometido hasta el tuétano en la guerra internacional lanzada por el imperialismo norteamericano contra los pueblos de todo el mundo. Enfrentamos a un gobierno que pretende desbaratar el derecho laboral, las jubilaciones, la educación y la salud públicas y todas las prestaciones y conquistas que los trabajadores arrancamos con décadas de lucha. Donald Trump ha tomado a Javier Milei bajo su ala. Están unidos en una ´internacional´ fascistizante, eso es la ´Junta de Paz´ , cuyo programa es la doctrina de seguridad nacional de Trump, o sea la guerra mundial. Argentina se encuentra de facto bajo el protectorado del imperialismo , como lo demostró el rescate financiero de Scott Bessent y el Tesoro norteamericano, en septiembre y enero pasados, respectivamente. La ultraderecha ´libertaria´ se ha postulado para ejecutar una reestructuración social y política contra la clase obrera y los derechos democráticos. El 50 aniversario del golpe militar que inauguró la dictadura genocida de Videla, Massera, Bignone y Agosti se conmemorará bajo un gobierno que quiere borrar el 24 de marzo como fecha aglutinante de los reclamos democráticos, políticos y sociales del pueblo argentino. Los ´nacionales y populares´ quisieron estatizar el aniversario del golpe. Milei y su camarilla de fascistas pretenden erradicarlo. El gobierno liberticida de Milei, Bullrich y Villarruel está empeñado en forjar un Estado policial, devolverle protagonismo político a las Fuerzas Armadas y extender la potestad de los servicios de inteligencia al espionaje doméstico. Por medio de un decreto que quiere transformar en ley, habilita a la SIDE a detener personas y le otorga a los ´servicios´ acceso irrestricto a toda la información personal de cada ciudadano, sin necesidad de orden judicial. Milei cuenta con la complicidad de los pseudorepublicanos y de buena parte del peronismo, para asegurarse el voto del Parlamento como ya lo logró en oportunidad de la ley Bases y de la contrarreforma laboral. El nombramiento de Carlos Presti en el Ministerio de Defensa y el ingreso en la cartera, junto a él, de numerosos militares activos, constituye una militarización del gabinete . Un bloque similar llevó a Bolsonaro al gobierno, en Brasil, y luego a la tentativa de derrocar a Lula. Es el mayor cambio introducido en el régimen político argentino desde 1983. Ningún gobierno había llegado tan lejos en el propósito de comprometer políticamente a las Fuerzas Armadas -no lo lograron Alfonsín a pesar de las leyes de impunidad y de la masacre de La Tablada; no lo consiguió Menem con los indultos ni los K con la entronización de Milani. El rearme de las Fuerzas Armadas , la participación en amplios ejercicios militares , tanto en el Caribe como en el Atlántico Sur, junto a la IV flota; la incorporación de los generales argentinos a las "conferencias de seguridad" que dicta el Pentágono , están alineados con los propósitos de guerra del imperialismo, que comprometen, no ya la suerte de tal o cual gobierno, sino al conjunto de la humanidad. El poder destructivo acumulado por el capital -bombas nucleares, misiles balísticos, drones, inteligencia artificial- no tiene comparación con el pasado. El kirchnerismo es incapaz de ofrecer un programa alternativo al de Milei . Ha prohijado a los gobernadores que le han votado todas las leyes. Pero el gobierno de los hermanos Milei no tiene intenciones de someterse mansamente al ´juego democrático´. De hecho, están urdiendo una reforma políticoelectoral con el inequívoco propósito de perpetuarse . El colaboracionismo y el inmovilismo de la oposición patronal contrasta con las movilizaciones de trabajadores y jóvenes, con las numerosas huelgas y luchas parciales que se han desenvuelto en numerosas empresas -FATE, Lustramax, Granja Tres Arroyos y muchos otros- con las grandes concentraciones antifascistas convocadas por los movimientos de las disidencias sexuales y de la Mujer, con la persistente movilización de los jubilados. Contra la impunidad de los genocidas, abajo el gobierno militar y policial. Abajo la contrarreforma laboral. Aumento de emergencia de salarios y jubilaciones del 100%. Preparemos la huelga general. Reunamos un millón de personas el próximo 24 de marzo.

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, presidido por Pete Hegseth, le dio plazo hasta este viernes a Dario Amodei, CEO de Anthropic, empresa desarrolladora de IA, de origen californiano, para llegar a un acuerdo sobre el uso militar y sin restricciones de sus desarrollos por parte del Pentágono. Anthropic fue la primera de las tech en aportar e integrar su tecnología en las redes clasificadas del Pentágono, pero se niega a dar capacidad operativa sin límites a la defensa norteamericana a través de Claude, chatbot de lenguaje a gran escala, para que sea utilizado en la vigilancia de ciudadanos o en sistemas armamentisticos autónomos. Tras una reunión "tensa pero amable" que mantuvieron funcionarios del gobierno y representantes de la compañía, desde Anthropic comunicaron "su agradecimiento por el trabajo del Departamento y agradeció al secretario por su servicio", y agregaron que "continuamos las conversaciones de buena fe sobre nuestra política de uso para garantizar que Anthropic pueda seguir apoyando la misión de seguridad nacional del gobierno en línea con lo que nuestros modelos pueden hacer de forma fiable y responsable". Pero desde el Pentágono no quedaron satisfechos y exhortaron a Antrhopic a aceptar el uso militar de su tecnología sin restricción alguna, y le pusieron tiempo hasta este viernes para que acepte la “oferta” o se le impondrá la Ley de Producción de Defensa, que le concede al gobierno federal facultades excepcionales para obligar a los privados a que “colaboren” con las necesidades de seguridad nacional. La última vez que el gobierno utilizó este recurso fue durante la pandemia. También advirtieron a las autoridades de Antrhopic a calificarla “como un riesgo para la cadena de suministro, una designación normalmente reservada para empresas de países adversarios que podría perjudicar seriamente la reputación de la compañía y su capacidad para trabajar con el gobierno estadounidense” (La Nación, 25/2). Desde Anthropic advirtieron que podrían abandonar las negociaciones e incluso se declararon dispuestos a resignar su contrato de U$D 200 millones con el Pentágono, si no se abordan las preocupaciones de la empresa sobre el uso de su tecnología para armas autónomas o vigilancia masiva. El conflicto entre Antrhopic y el Pentágono llegó a su punto ebullición por la utilización de la IA de la empresa en la operación que terminó en el secuestro de Nicolas Maduro el pasado 3 de enero. Los cuestionamientos de los directivos de Antrhopic al uso de manera discrecional de la IA en materia de defensa por el gobierno de EE. UU. se entrelazan con lo acaecido en 2021, cuando Amodei decidió romper su sociedad con Sam Altman, CEO de OpenAI, por divergencias sobre el enfoque de la seguridad de la IA y la gobernanza empresarial. Concretamente lo que plantea el gobierno estadunidense a través de Hegseth es que los limitantes al uso de la IA de Antrhopic, y de las demas empresas tech, solo puede venir del lado de la ley y no del cercenamiento que pueda realizar la empresa al uso de la IA. Desde el Pentágono salieron a ventilar que otras empresas lideres en el rubro accedieron a las imposiciones del gobierno federal, marcando un contrapunto con la posición adoptada por Antrhopic. Desde la empresa argumentan que las limitaciones no afectarían el trabajo del Departamento. En un ensayo recientemente publicado por Amodei, titulado “La adolescencia de la tecnología”, el CEO de Antrhopic adopta una posición pendular entre el optimismo y el catastrofismo. Por un lado rechaza el “doomerismo”, subcultura desarrollada en Internet que se caracteriza por un pesimismo extremo y fatalismo respecto al futuro, que centra su mirada en el colapsismo del medio ambiente, el derrotero de la crisis económica y el desarrollo ilimitado de la IA; y por el otro, ensaya una critica a la actual tendencia política y empresarial a minimizar los riesgos y centrarse exclusivamente en las beneficios económicos. (Dario Amodei —La adolescencia de la tecnología) A pesar de los devaneos filosóficos o existenciales de Amodei, Antrhopic viene colaborando a paso firme con el sistema de defensa norteamericano, el cual destina millonarios recursos para poder llevar adelante una integración de la IA con su sitema de defensa, en una carrera a contrarreloj con China y para poder hacer frente a misiles hipersónicos, que se encuentran por fuera de la capacidad humana de reacción. Entre los países que poseen esta tecnología se encuentran rivales directo de los EE. UU., China, Rusia y Corea del Norte. Al día de hoy EE. UU. solo tiene programas en desarrollo o investigación de este tipo de misiles. Los recientes conflictos bélicos, como la guerra ruso-ucraniana o el genocidio perpetrado por Israel sobre Gaza, han dado cuenta del lugar estratégico que ocupa el uso de la IA en las conflagraciónes armadas en curso y en las venideras. Un alto oficial del Cuerpo de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declaró, al inicio del genocidio del pueblo de Gaza, que "por primera vez, la inteligencia artificial fue un componente clave y un multiplicador de poder en la lucha contra el enemigo".

Esta mañana, doce activistas de Greenpeace saltaron las rejas de la escalinata del Congreso para montar una protesta contra los cambios en la Ley de Glaciares . La acción duró 20 minutos aproximadamente, hasta que la Policía y personal de seguridad los desalojaron violentamente a los empujones. Fueron detenidos y llevados a un estacionamiento ubicado a pocos metros del edificio, donde fueron separados entre hombres y mujeres para su traslado a distintas comisarías de la Ciudad. Mientras esto ocurría, Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24 que se encontraba tomando imágenes fue brutalmente agredido por la Policía, primero con gas pimienta y luego con golpes y patadas en el piso. Colegas de otros canales registraron toda la secuencia. Fue detenido también y subido por la fuerza, con su rostro ensangrentado, a un vehículo de la policía. Finalmente fue liberado en el hospital Ramos Mejía, donde lo atendieron en la guardia. El equipo de A24 estaba cubriendo en vivo la actividad en el Congreso -hoy el Senado daría sanción definitiva a los cambios en la Ley de Glaciares - para el programa del ultraoficialista Antonio Laje. La violencia contra los periodistas que cubren la acción represiva de la policía es creciente. El caso más grave, hasta ahora, fue el de Pablo Grillo , víctima de un intento de homicidio a manos de Gendarmería durante una de las marchas de los jubilados. Se trata de una política orquestada desde el Ministerio de Seguridad , al punto que son frecuentes las represalias contra los equipos periodísticos que recogen denuncias y testimonios durante las marchas. Desde que se aplica el "protocolo antipiquetes" , se estima que resultaron heridas por la represión unas 2.600 personas (datos compilados por la CTA Autónoma) y agredidos al menos otros 50 periodistas mientras realizaban labores de cobertura, de acuerdo a denuncias de Amnesty International. La agresión a periodistas y medios, a través de la policía, de la diatriba pública de funcionarios o por medio de las patotas digitales del gobierno, son un rasgo característico del gobierno liberticida. En ocasión del tratamiento de la "reforma laboral", el jueves pasado, el Ministerio de Seguridad que ahora conduce Alejandra Monteoliva emitió una circular ´informando´ a los periodistas que se establecería una "zona asignada" para su trabajo, suerte de corralito, bajo la advertencia de que, en caso de no acatar sus recomendaciones, será "una autopuesta en peligro".

El miércoles 25, los trabajadores de Aires del Sur definieron que la toma de fábrica que están llevando adelante será por tiempo indeterminado, luego de dos días de ocupación sin obtener respuesta por parte de la patronal. Luego de que la patronal no respondiera a los reclamos de los trabajadores ni las autoridades provinciales, debido a que no se presentaba al Ministerio de Trabajo, no respondía a las intimaciones provinciales ni se avino a las audiencias con el sindicato. Finalmente, la patronal presentó la quiebra. Roberto Ángel Ceretti tomó control de la compañía en noviembre de 2025. Declaró que la empresa se encuentra en ‘’estado de cesación de pagos actual, generalizado e irreversible’’, que su crisis es de carácter estructural y que el plan de continuidad productiva fue un fracaso. Según mencionó Esteban Lewin, delegado de la fábrica, la patronal había intentado encontrar un socio internacional que le permitiera continuar con la producción. Habían estado en contacto con una empresa China para comenzar a importar kits de aires acondicionados, terminarlos en el país y comercializarlos, pero se cayó la negociación. El caso de Aires del Sur se suma a un contexto provincial con alrededor de 10.000 puestos de trabajos perdidos desde 2023 y un cierre de 256 empresas según el CEPA. En general, los cierres se atribuyen a las importaciones y a la recesión industrial, sin embargo, la tendencia general es a la reapertura con una plantilla menor y trabajadores precarizados. Aún si el caso de Aires del Sur y el resto de las 256 empresas de Tierra del Fuego fuese de cierre definitivo, las patronales, a diferencia de los trabajadores, pueden decidir libremente volcarse a otra industria o invertir en otro lado. La huelga general de los metalúrgicos está inscripta en esta situación. Los trabajadores de Aires del Sur están dando la lucha por la recuperación total de los puestos de trabajo. Desde la terraza de FATE, activistas del neumático enviaron su apoyo a los compañeros de Aires del Sur, unidos en una misma causa. LEER MÁS: Tierra del Fuego: ocupan Aires del Sur en defensa de los puestos de trabajo Por Gabriel Meggiotto, 24/02/2026.

En medio del cierre y los despidos en FATE, los mismos gobiernos que han conspirado contra sus trabajadores no pierden la oportunidad de explotar la crisis para maniobrar contra ellos. Javier Milei ha posteado con insultos contra Madanes y Rocca -"don Gomín" y "don Chatarrín"- y hasta tratarlos de “delincuentes”. El gobierno quiere posar como “enemigo” del dueño de FATE. Lo que Milei no dice es que Gomín, Chatarrín y toda la burguesía argentina son resarcidos con el extraordinario negociado de la deuda pública, en dólares y pesos, que ayer volvió a renovar vencimientos a tasas de interés usurarias. Madanes, Rocca y varios otros son compensados por la crisis industrial a través de la “bicicleta financiera”. Naturalmente, no ocurre lo mismo con los obreros despedidos. Al “insultar” a Madanes, Milei pretende mostrarse ajeno a la crisis de FATE: pero el lock-out de Madanes apunta a aprovechar la contrarreforma laboral de Milei. A través de ella, Madanes quiere reestructurar su negocio con trabajadores precarios, si consigue desprenderse de los combativos obreros de San Fernando. Madanes y Milei son antagonistas, pero al mismo tiempo las dos caras de un ataque estratégico a la clase obrera. Por el lado de la provincia, un grupo de trabajadores de FATE encaró a Kicillof, en una visita del gobernador a la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Kicillof mencionó las palabras “favorables” de sus emisarios en las audiencias en el Ministerio de Trabajo, que él sabe mejor que nadie que son sólo dilatorias y que buscan desgastar la lucha de los trabajadores. Kicillof prometió guardar la carta que le entregaron los obreros de FATE en un “expediente”. Como los diputados de su “espacio”, se sirvió del conflicto para atacar la “política económica oficial”, es decir, para reclamar prebendas y concesiones en favor de las patronales que despiden. Es lo mismo que hacen los diputados o concejales peronistas que buscan la “foto con FATE”. En el pasado reciente, las conciliaciones obligatorias del gobierno de Kicillof en todas las fábricas del Neumático han servido para frenar una acción obrera de conjunto, pero nunca para detener las escaladas patronales. La defensa incondicional de los puestos de trabajo, o el compromiso del Estado provincial para asegurar la puesta en marcha de la planta, están ausentes de la agenda pejotakirchnerista. Lo mismo ocurre con el sindicalismo autodenominado “combativo”, que mañana repetirá el ritual de merodear el Congreso -sólo hasta la calle Paraná- por un par de horas, hasta que los Senadores completen la anunciada ratificación de la reforma antiobrera. FATE se encuentra ocupada, con la espada de Damocles de un desalojo dictado por la Justicia. Pero para el FreSu, la fábrica se mira de lejos. Mientras esto ocurre, los trabajadores que llevan la delantera en la lucha de FATE están llevando adelante un esfuerzo denodado por convertir a la ocupación en un factor de movilización masiva. Hoy, jueves, está prevista una recorrida por el barrio aledaño a la fábrica, para comprometer el apoyo de las familias trabajadoras que viven allí. Durante la semana ha crecido el número de compañeros que se acercan a la fábrica para participar de la lucha. La audiencia de “conciliación” realizada el lunes pasado terminó con una verdadera provocación política: convocar a una nueva audiencia... en una semana, un tiempo enorme para los trabajadores que pelean por el derecho al trabajo. Pero que será valorado por una patronal que está abocada a apretar trabajadores para que acepten la indemnización ahora. La perspectiva de marcar el paso, entre audiencia y audiencia, que es la política de la dirección del SUTNA, es mortal para la lucha planteada. Para rechazar las maniobras patronales, es necesaria una asamblea general, de los obreros de FATE y de todo el Neumático. La salida provendrá de una acción obrera independiente, nunca de los Milei o Kicillof. La crisis de FATE es un caso piloto de la reforma laboral, pues se quiere ensayar una “reconversión” de la planta y el negocio cuyo punto crucial es este: expulsar de la industria a una vanguardia de luchadores, y tomar trabajadores bajo las condiciones negreras de la contrarreforma -sin convenio, sin derechos y eventualmente sin estabilidad, porque la reforma habilita al trabajo “con factura” por tiempo indeterminado. En estas condiciones, la lucha contra la reforma laboral pasa por FATE, por redoblar los esfuerzos para que sus trabajadores arranquen una victoria. Mañana, el sindicalismo pretendidamente “combativo” va a rezarle un breve responso a los derechos laborales en el Congreso, sólo para cumplir. La izquierda del FITU, una vez más, va a ser seguidismo de esta política sin futuro. Nosotros, Política Obrera, protestaremos mañana contra la reforma laboral allí donde se dirime esta lucha: en la fábrica y con los obreros de FATE. Allí estaremos, a las 16 horas. Allí convocamos a todas las corrientes y luchadores que quieren empeñarse realmente en derrotar al gobierno y a los Madanes. LEER MÁS: Defendamos la ocupación de FATE con piquetes masivos Basta de ‘pasillear’ ministerios: asamblea general y plan de lucha. Por Comité Editorial, 24/02/2026. VER EL EPISODIO 57 DE "SOCIALISMO Ó BARBARIE": Socialismo o Barbarie Ep 57: Fate, una lucha estratégica Emitido por el canal de YouTube de Política Obrera el martes 24/02/2026.

El ex director de BAE Systems, segundo mayor contratista militar del mundo y constructora de aeronáutica comercial, Mike Turner, recientemente declaró en medios británicos que el Reino Unido mantiene una dependencia operativa en términos de defensa con los Estados Unidos. Turner señaló que en un conflicto de alta intensidad como el de las Islas Malvinas, en 1982, el Reino Unido se encontraría en una “total dependencia” de EE. UU., en “relación a componentes críticos y marcos regulatorios que condicionan el uso, modificación y sostenimiento de parte de su material aéreo” (Escenario Mundial, 18/2). Turner, que no es un improvisado en la materia, señaló que la defensa británica mantiene una problemática de base, ya que gran parte de las aeronaves de la Real Fuerza Aérea funcionan con componentes, software, armamento o certificaciones que dependen de las normas de control que se encuentran bajo la égida estadounidense, y que en un cuadro de conflicto “podría traducirse en restricciones operativas si Washington decide no acompañar" (ídem). El telón de fondo de la dependencia tecnológica del Reino Unido son los controles de exportación de armamentos digitado por los EE. UU. desde 1976, a través del Reglamento sobre el Tráfico Internacional de Armas (ITAR, por sus siglas en ingles), ente encargado de suministrar licencias o imponer restricciones para la comercialización y el uso de materiales destinados a defensa. El cumplimiento del ITAR consiste en salvaguardar la tecnología de defensa y la propiedad intelectual de Estados Unidos. Según la Lista de Municiones de los Estados Unidos (USML), los artículos de defensa y los datos militares restringidos incluyen algunos de los siguientes: vehículos de lanzamiento, misiles balísticos, torpedos, armamento en general, aviones y naves espaciales. Para proteger esta información, cualquier empresa o gobierno que quiera hacer negocios con los EE. UU., o con contratistas del gobierno, debe adherirse al ITAR, y su incumplimiento puede dar lugar a fuertes multas, pérdida de privilegios de exportación e incluso a cargos penales. El ITAR, a través de las décadas, se ha convertido en una poderosa herramienta que cercena la autonomía industrial y la operatividad en materia de defensa a “socios o enemigos” de los EE. UU. La gestión Biden, durante 2021, comenzó a flexibilizar las reglas impuesta por el ITAR para alguno de sus socios, y en esta línea de acción rubricó un acuerdo con el Reino Unido y Australia -conocido como AUKUS- una nueva alianza estratégica militar, autónoma de la OTAN, que tiene como objetivo final por un lado contrarestar el avance chino en el área geográfica del Indopacífico, y por el otro, el control de las rutas marítimas árticas, el control del Atlántico Sur, que sirvan como puente para el ingreso a la Antártida. Siguiendo los pasos de Biden, Trump introdujo en la Declaración de Seguridad Nacional, aprobada a finales del 2025, la lógica de “disuación por negación” en el Indopacífico para coartar el despliegue chino en la zona, mediante la combinación de superioridad militar, alianzas regionales y el control del entorno operativo. Así las cosas, la AUKUS se presenta como una alianza militar a medida de los intereses geoestratégicos de los EE. UU. y mantiene bajo su órbita la operatividad y dependencia en materia de defensa a sus socios. En lo que concierne al Atlántico Sur, el Reino Unido mantiene con base en el archipiélago de las lslas Malvinas, una presencia militar permamente con un despliegue de 1.200 efectivos constantes, que realizan permanentes ejercicios aéreos, marítimos y terrestres, reforzando su presencia y su capacidad de respuesta en la zona, con una lógica de “dispositivo sostenido” más que de despliegue ocasional (ïdem). Dando cuenta del lugar estratégico que tiene la zona para el Reino Unido, a comienzos de febrero, las Fuerzas Británicas de las Islas del Atlántico Sur (BFSAI) recibieron la visita de la contralmirante Jude Terry, Secretaria Naval y Directora de Personal y Entrenamiento de la Real Armada Británica, en las Islas Malvinas. La funcionaria mantuvo reuniones con personal desplegado y recorrió instalaciones militares, incluido el complejo de Mount Pleasant, principal base operativa en el archipiélago (Escenario Mundial, 10/2). En su dependencia tecnológica y operativa, el Reino Unido se ha convertido en un peón norteamericano en el Atlántico Sur en su tablero guerrerista, ya que su capacidad militar se encuentra atada a los devaneos de Trump. Pero como los movimientos y reacomodamientos en una época de guerras no son lineales, en los últimos días se conoció que el primer ministro británico Keir Stamer no autorizó a los EE. UU. para que utilice bases militares de Fairford, en Gloucestershire -que alberga bombarderos pesados estadounidenses- y la base conjunta en Diego García, en el océano Índico, para que sean utilizados en una posible embestida norteamericana sobre Teherán. Por los acuerdos bilaterales entre ambos países, cualquier operación militar lanzada desde estas bases militares necesita el permiso previo del Reino Unido. Ante el revés británico, “Trump anunció la retirada del respaldo estadounidense al acuerdo impulsado por Starmer para transferir la soberanía del archipiélago de Chagos a Mauricio. El mandatario calificó la cesión como un “gran error” y sostuvo que Diego García constituye un activo estratégico irremplazable para la proyección militar estadounidense” (Escenario Mundial, 19/2), lo que traducirá en un resquebrajamiento de las relaciones diplomáticas entre los “aliados”, con implicancias sobre la Islas Malvinas. El largo brazo guerrerista del trumpismo no solo busca un cambio de régimen en Medio Oriente que le permita hacerse de los recursos petroleros y energéticos de la región, sino que, a su vez, busca establecer “un cerco político y económico contra todos sus rivales internacionales, en primer lugar, China y Rusia, pero también contra sus ‘aliados’ de la Unión Europea”. Si bien los esfuerzos militares de los EE. UU. se encuentran concentrados en una avanzada sobre Irán, en la trumpista Declaración de Seguridad Nacional, en lo que concierne a América Latina, redefine el concepto de “America First” (América Primero) y, en este sentido, legitima el uso de instrumentos militares, económicos y coercitivos para impedir la presencia o influencia de potencias rivales, en especial China y Rusia, en zonas consideradas vitales para la seguridad estadounidense, como Groenlandia, el Canal de Panamá o las principales rutas marítimas del continente americano, como el paso bioceánico del Estrecho de Magallanes, sin descartar enfrentamientos con naciones “aliadas”. Desde esta perspectiva se plantea una militarización en regla de la seguridad hemisférica, y tiene en el gobierno de Milei un activo político estratégico, para convertir a la Argentina no solo en un protectorado económico-financiero de facto, sino en una base militar que le permita avanzar sobre el Atlánco Sur y la Antártida.

En las vísperas del inicio de clases en la mayor parte del país, la ruina del salario docente ha quedado en el centro del conflicto desencadenando una serie de luchas significativas. En Santa Fe, luego de un estallido policial, la docencia se ha autoconvocado con movilizaciones en cada rincón de la provincia. El sindicato provincial AMSAFE ha tenido que reclamar un aumento de salario del 33 %. Esta suba exigida no alcanza de ningún modo a un salario que sea igual a la canasta familiar, pero pone en evidencia el alance del despojo salarial que se ha consumado en al menos los dos últimos años con una híperdevaluación y una valuación trucha del INDEC del verdadero costo de vida. Contrasta, por otra parte, con las miserias salariales que esa misma burocracia sindical está negociando en otras provincias para sostener una inviable pauta del 1 o 2 % de aumento por mes. La inminencia de la votación de la contrarreforma laboral promovida por el gobierno de Milei con los votos de legisladores que responden al radicalismo, el pro y el peronismo, establece declarar a la educación como “servicio esencial” para quitarle a la docencia su derecho a huelga. Su objetivo es desmantelar la organización de la clase obrera en todos los lugares de trabajo, como está poniendo en evidencia el cierre de FATE, que ha sido ocupada por sus trabajadores para resistir. En este camino, se ha presentado el reaccionario proyecto de ley de “Libertad Educativa” que, de aprobarse, representaría el desmantelamiento definitivo de la educación pública. En este cuadro, CTERA, el principal sindicato docente del país convoca a un paro nacional de 24 horas para el 2 de marzo, día del comienzo de clases en la mayoría de las provincias del país. Lo presenta como un paro de “No inicio del ciclo lectivo” pero que será solo de 24 horas sin continuidad definida. Con este plato recalentado, los reclamos de la CTERA contra el gobierno de Milei quedan así convertidos en un mero saludo a la bandera. La quita del FONID y toda la motosierra contra el salario y el presupuesto educativo ha sido tolerada por la CTERA en los hechos. Por otra parte, la CTERA excluye a los gobernadores -sin excepción- de sus responsabilidades ante los ajustes que realizan en cada una de sus provincias. Conflictos provinciales Las paritarias que transcurren en las provincias están sacudidas por distintos procesos de conflictividad. En Santa Fe se extienden movilizaciones autoconvocadas, un proceso novedoso en la provincia, que exigen un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. En Chaco se realizó una movilización de más de 5000 docentes en rechazo a la propuesta salarial del 5 % en cuotas del gobernador, a la que se han sumado trabajadores de la salud. En Santa Cruz, la docencia tenía votado un paro de 48 horas, pero la conducción de ADOSAC decidió suspenderlo por una promesa de "mesa de negociación" con el gobierno. La docencia en Rió Negro ya tiene votado un paro de 48 horas (2 y 3 de marzo) en reclamo de aumento salarial. En Tierra del Fuego, se realizó un paro de 48 horas contra el ofrecimiento del 2 % de aumento salarial. En Catamarca, la lucha docente se ha reimpulsado a partir del Encuentro Docente Autoconvocado, que resolvió exigir una recomposición salarial acorde al costo de vida real, la inmediata cobertura de cargos y la titularización pendiente. Como expresión de esta nueva etapa, en Saujil (Pomán) y Santa María los autoconvocados se preparan para cortar la ruta y concentrar en las plazas en defensa del salario y de la educación pública. En Buenos Aires, Kicillof no ha podido cerrar la paritaria y, por primera vez en su gestión, enfrentará un paro de 24 horas al cual se han sumado también los judiciales. Todos los sindicatos del FUDB (incluso el oficialista SUTEBA) rechazaron la paritaria por “insuficiente”. Un plenario de los sectores de oposición convoca a parar 48 horas (2 y 3 de marzo). El debate sobre el paro por tiempo indefinido está presente en las escuelas. Teniendo en cuenta este panorama, es evidente que están dadas las condiciones para llevar a cabo un paro por tiempo indeterminado de toda la docencia del país, convocado mediante asambleas y plenarios de delegados de base, hasta ganar. El paro de CTERA, sin embargo, es contrario a esta tendencia. Fue decidido entre cuatro paredes por los dirigentes del sindicato y no se alimenta de la lucha de la docencia en curso, que no existe en el pliego de CTERA para el paro del 2, sino que busca aislarla y desgastarla. Desde la Tendencia Docente Clasista, convocamos a parar el 2 de marzo, en función de preparar un paro por tiempo indefinido, que no será convocado por una dirección sindical obsoleta, sino por autoconvocatorias, plenarios de delegados con mandatos y la intervención de la base docente. Este proceso es una tendencia que anida en la docencia desde hace muchos años, como lo prueban las autoconvocatorias y las luchas que se desarrollan por fuera del corset de la burocracia sindical. Una huelga general de la docencia entroncará de inmediato con la lucha que hoy llevan a cabo los obreros de FATE contra los despidos y la docencia universitaria que también prepara un no inicio de clases. Exigimos un aumento de emergencia del 100 %, un salario mínimo nacional docente que cubra el costo de la canasta familiar por un cargo ($2.600.000), el retiro del proyecto de “Libertad Educativa”, un plan de obras de infraestructura escolar bajo control de la docencia y la comunidad, y el fin de la persecución a la docencia que impulsa el debate político en las aulas. Para votar una campaña y un plan de acción por esta perspectiva, este sábado 28 sumate a la Conferencia Nacional de la Tendencia Docente Clasista.

La planta automotriz Stellantis Peugeot de El Palomar se encuentra, una vez más, paralizada: la producción fue frenada por completo. En un acuerdo con el sindicato de la UOM de Caseros, la empresa adelantó las vacaciones adeudadas a una parte del personal y al resto lo suspendió, abonando el 70 % de los haberes, como indica el convenio. Cabe destacar que la automotriz dejó un pequeño remanente del plantel para realizar tareas de limpieza y mantenimiento de las instalaciones. Stellantis justificó el parate productivo en la necesidad de reacondicionar las instalaciones para el armado de autos eléctricos. Sin embargo, la realidad muestra una caída fenomenal en la venta de vehículos a nivel general, del orden del 20 al 25 %. Además: “En el caso de Stellantis, y de Peugeot en particular, a esta situación se suma la baja de las exportaciones a Brasil, que en 2025 fue del 38 % para el Peugeot 208 y del 44 % en el Peugeot 2008, lo que los obligó a generar un cambio de ritmo de producción en la fábrica de Caseros, para adecuar el stock de unidades a la demanda” (Infobae, 18/02). Es decir, la crisis de fondo es de sobreproducción. Mientras los sindicatos permiten que las patronales avancen, empresas que no muestran pérdidas en sus balances, suspenden, despiden y cierran. Las consecuencias son desempleo y miseria para la clase trabajadora. En este contexto, la aprobación de la contrarreforma laboral da cobertura legal a prácticas que las patronales ya han comenzado a aplicar. Si bien el gobierno acusa a las patronales por los cierres, por otro lado les permite ganar fortunas con los intereses de la deuda pública. Son las caras de la misma moneda y cuando se trata de atacar a la clase trabajadora cierran filas como se puede ver en el congreso. Por eso es que en este momento es crucial que los trabajadores y trabajadoras de Stellantis, así como los de Fate y los de todo el país, organicemos ocupaciones para enfrentar este atropello. En este sentido la organización de la huelga general nos permitirá superar las barreras con las que la burocracia sindical nos quieren frenar.

Lo que inició como una ola de indignación se transformó en un tsunami de movilizaciones que desbordó plazas, calles y rutas provinciales. Esta semana de lucha autoconvocada sorprendió por su extensión y masividad, se convirtió en una verdadera encerrona para el gobierno de Pullaro. Sin pedir permiso, los trabajadores de la educación, la salud y la administración pública han puesto en marcha un plan de lucha y lograron colocar los reclamos en el centro de la agenda política. Plazas colmadas y un mensaje claro Tras las inéditas movilizaciones en Esperanza y Reconquista, la protesta se extendió a toda la provincia con nuevas acciones autoconvocadas desde el mismo domingo 22, con acciones que se llevaron adelante en decenas de localidades. El lunes 23, Pullaro fue rodeado por manifestantes en un acto oficial en la autopista a Rosario, donde los reclamos taparon su discurso. El martes 24 marcó un punto de inflexión; en la ciudad de Esperanza los autoconvocados se movilizaron a la escuela Gregoria Matorras, donde Pullaro realizó un acto sin que se lo escuchara ya que los cantos de repudio de los manifestantes volvieron a taparlo completamente. La misma noche en Capital provincial una multitudinaria Marcha de Antorchas colmó la Plaza 25 de Mayo, que rechazó la paritaria de miseria y se ratificó el reclamo de salario igual a la canasta familiar, resolviendo la participación al paro del 2/3 con independencia de las cúpulas y la continuidad del plan de lucha provincial. Finalmente, el jueves 26 en Rosario, una nueva movilización obligó a Pullaro a retirarse de un acto, evitando a los manifestantes. El quiebre con las conducciones entreguistas La movilización ha dejado al descubierto la fractura entre las bases y las cúpulas sindicales. Mientras las direcciones de los gremios estatales UPCN y ATE pactaron con el gobierno la oferta oficial de miseria, el rechazo en la docencia pública y privada ha sido total. En la asamblea de AMSAFE, el 99,5 % de las escuelas votaron por el rechazo. Sin embargo, de ese mandato no surgió un plan de lucha propio, sino la adhesión al paro nacional convocado por CTERA para el 2/3 —una medida aislada— y la instalación de una carpa itinerante. Frente a las masivas movilizaciones autoconvocadas, estas definiciones aparecen como un intento de desmovilización por parte de la conducción burocrática, orientada a eludir una confrontación de fondo contra el ajuste. El gobierno ha respondido clausurando nuevamente por decreto la paritaria (27/2) y anunciando el descuento del día de paro. Este operativo desnuda el temor del gobierno buscando quebrar el ascenso de las bases movilizadas. De cara al paro del 2 de marzo, es fundamental ganar las calles, por un salario equivalente a la canasta familiar (estimada en $2.600.000), afirmando la independencia frente a las cúpulas responsables de la situación actual. Por la coordinación con asambleas abiertas autoconvocadas para definir la continuidad de la lucha hasta ganar ¡La rebelión recién comienza! Salario por cargo igual a la canasta familiar (hoy calculada en $2.600.000). Todo aumento al básico. Pase a planta permanente. Abajo el presentismo y la reforma previsional. Basta de persecución por licencias médicas.

Esta mañana, un conjunto de organizaciones vinculadas al FITU protagonizaron un corte en la avenida 9 de Julio, a la altura del Obelisco, contra la ´reforma laboral´ que apresta a dar sanción definitiva el Senado y en solidaridad con los trabajadores de FATE. La Policía de la Ciudad volvió a reprimir con dureza, utilizando gas pimienta y sus escudos para desalojar el piquete. En ese marco, fue detenido el compañero Víctor Ottoboni, trabajador de FATE y militante del PTS. Exigimos su inmediata liberación.

El Senado dio media sanción a la modificación de la ley 26639, que establece un régimen de presupuestos mínimo de protección de los glaciares y ambiente glaciar. El texto sustituto da piedra libre a la destrucción de los glaciares y ambientes glaciales, en función de los intereses de las grandes mineras y de los propósitos militares del imperialismo norteamericano. El proyecto presentado como una "ley aclaratoria" es, en realidad, una nueva ley contraria a los principios esenciales de la ley 26639. El presupuesto mínimo es delegado a cada provincia. Permite la explotación de recursos naturales en glaciares que no sean considerados hídricamente relevantes o que no cumplan función hídrica, de acuerdo al capricho de los gobernadores y fuera de todo principio científico. La votación La votación: 41 votos a favor y 31 en contra, fue obtenida luego de algunos cambios cosméticos al proyecto original, para evitar cuestionamientos judiciales. Por ejemplo, se establece que, en parques nacionales, la autoridad de aplicación serán sus autoridades bajo supervisión de autoridades nacionales. El oficialismo volvió a sumar a los tres peronistas que acaban de rompen con el interbloque del PJ, y además otros dos votos peronistas de ese interbloque, nada menos que el de la exgobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, declaradamente cristinista, y del ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien aclaró que actuó "por mandato del partido justicialista sanjuanino". Los intereses detrás de la ley La CAEM (la cámara argentina minera), la Cámara de proveedores mineros hicieron un lobby sistemático, Lo mismo, el polo político minero conformado por la mesa del Litio y la mesa del Cobre (que agrupan al gobierno de Jujuy, Catamarca, Salta, Mendoza, San Juan, y el resto de gobernadores cordilleranos, es especial el de Chubut y Rio Negro). De la misma manera festejaron la AMCham (la cámara de comercio de EEUU), el propio gobierno de Trump, y las grandes mineras instaladas en Mendoza, San Juan y Catamarca. Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, señaló que "hay cuatro o cinco proyectos concretos que están detrás de esta norma. Es una norma hecha a medida”, afirmó. “Uno es el proyecto Vicuña, en la provincia de San Juan, de la empresa BHP, que fue responsable del desastre de Brumadinho en Brasil. Más de treinta muertos, cedió una represa y arrasó un pueblo entero. Esa es la empresa, con ese prontuario, la que está detrás de esto”. Además, están: “Barrick Gold con el proyecto Veladero, Rio Tinto con BlackRock en Los Azules, Glencore con Pachón en San Juan y el proyecto Mara en Catamarca”. Cuestionamientos Días antes de la sesión del Senado, más de 85 constitucionalistas y académicos enviaron una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel, presidenta del Senado, para advertirle que los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo afectarían “de manera directa los fundamentos constitucionales del sistema argentino de protección ambiental, poniendo en riesgo derechos colectivos de jerarquía constitucional y el andamiaje jurídico construido desde la reforma constitucional de 1994”. Otro de los firmantes de la misiva fue el doctor en Derecho Ambiental y docente universitario Aldo Rodríguez Salas, precisamente de Mendoza, quien señaló que el “argumento federalista” de que cada provincia disponga de sus recursos fue el mismo utilizado en 2008 por la entonces presidenta Cristina Kirchner para vetar la primera ley que sancionó el Congreso al respecto, y destacó que en 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que la Ley de Glaciares es constitucional y que el dominio provincial sobre los recursos naturales debe ejercerse en armonía con el artículo 41, que obliga a la Nación a fijar presupuestos mínimos de protección ambiental”. Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), su director Andrés Napoli, denunció que el cambio permitirá que “las provincias le digan al Instituto Nacional de Glaciología (IANIGLA) qué es lo que tienen que poner dentro del inventario y qué no”. Desde el campo científico y de los movimientos ambientales han destacado que “Solo el 3% del agua superficial en el planeta es dulce, y el 70% de esa agua está en los glaciares”. Por otro lado, han destacado que “los glaciares en Argentina se encuentran en doce provincias y alimentan alrededor de cuarenta cuencas hídricas. Son esenciales para el abastecimiento de agua dulce, no solo para consumo humano sino también para la producción agrícola y ganadera”. Los glaciares constituyen una de las reservas de agua dulce -apta para el consumo humano- más importante de nuestro país, ya que alimentan las cuencas hidrográficas del territorio. Tanto los glaciares y el ambiente periglaciar cumplen un rol estratégico para la conservación de la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas en todo el país. Hay que destacar que del agua proveniente de los glaciares (descongelamiento) para consumo humano y para recarga de las 39 cuencas hidrográficas dependen unas 1800 localidades, con más de siete millones de personas. Trump y la guerra internacional La norma reclamada por los grandes intereses mineros se ha ido transformando en un objetivo de los EEUU para acaparar los recursos de la denominada transición energética pero también los insumos que hoy alimentan la industria militar. En este sentido el proyecto forma parte de los acuerdos firmados por Milei con Estados Unidos en el marco de la Alianza para la Seguridad de los Minerales Críticos. El Poder Ejecutivo manejó los tiempos para que la norma coincidiese con la firma del “Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos” firmado con los Estados Unidos el pasado 4 de febrero. Milei pretende ofrecerle a Trump uno de los compromisos asumidos en el acuerdo subscripto por el canciller Pablo Quirno. El texto del acuerdo facilita la aprobación de proyectos mineros vinculados a los intereses bélicos y tecnológicos de Estados Unidos. El otro punto clave del acuerdo es que la administración Milei blanqueó que los beneficios establecidos en el programa de incentivos de entrega colonial de los recursos naturales – entiéndase RIGI- también se encuentran al servicio de las demandas de las corporaciones de Estados Unidos y las naciones integrantes del Foro sobre Compromiso Geoestratégico en Materia de Recursos (FORGE, por sus siglas en inglés). Como si todo esto fuera poco, el gobierno acordó entregarle a los Estados Unidos un mapeo cartográfico de todos los recursos naturales. Bajo el título “Cartografía geológica”, la Argentina se comprometió a profundizar la entrega de información sensible a los Estados Unidos. “Los Participantes tienen la intención de cooperar para contribuir al mapeo de los recursos minerales en la Argentina y en los Estados Unidos, con el fin de respaldar cadenas de suministro de minerales críticos diversificadas”.

Una lancha con placa de Florida (Estados Unidos) fue interceptada por la guardia costera de Cuba en el espacio territorial de la Isla. La lancha transportaba a diez cubanos con residencia en los Estados Unidos. Varios de ellos figuran en listas del terrorismo que publica el gobierno cubano cada año. El incidente dejó un saldo de cuatro muertos y siete heridos - entre estos, un oficial cubano. En el comunicado oficial de Cuba, se detalla que el tiroteo se inició cuando la guardia costera se acercó a la embarcación proveniente de Miami y les indicó detenerse. En ese primer fuego, el oficial cubano habría caído herido motivando a sus compañeros a abrir fuego. El tiroteo se extendió durante varios minutos hasta que todos los incursores cayeron muertos o heridos. En la lancha secuestrada "se ocuparon fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje" (BBC, 26/02). La Nación (27/2) recoge que Michel Ortega Casanova, uno de los cuatro tripulantes de la lancha, quería “ir a combatir” a Cuba y ver “si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba”, corroboró Wilfredo Beyra, responsable en Tampa del Partido Republicano de Cuba, una organización política con sede en Florida. Los propósitos terroristas de la incursión habrían sido confesados por los detenidos. Duniel Hernández Santos es otro cubano residente en Estados Unidos se encontraba en suelo cubano “para garantizar el operativo”. Muchos de los implicados tienen antecedentes de actividades contra el régimen cubano. Según fuentes de la BBC y Associated Press, “Misael Ortega Casanova, hermano del único fallecido que ha sido identificado por el momento, aseguró que Michel había caído en lo que calificó como una búsqueda "obsesiva y diabólica" de la libertad de Cuba”. Otro de los detenidos, Conrado Galindo Sariol, presentado como “antiguo preso político”, aboga por el derrocamiento del gobierno de Cuba, en una entrevista en un sitio de noticias de Miami “Martí Noticias”. El vicepresidente JD Vance ha dicho que espera realizar una investigación propia antes de emitir una opinión formal desde el gobierno. Marco Rubio, secretario de Estado, señaló en la cumbre anual de líderes del Caribe celebrada en San Cristóbal y Nieves, que no confía en la información dada por el gobierno cubano. Desde Florida, el fiscal general James Uthmeier, ha pedido a sus fiscales que abran una investigación. “No se puede confiar en el gobierno cubano, y haremos todo lo posible para que estos comunistas rindan cuentas”, apuntó en un posteo de X. “Los comunistas pagarán”, dando por anticipado el resultado de su investigación. El diputado cubano estadounidense, ex alcalde de Miami, Carlos Giménez, definió al hecho como una “masacre”. Donald Trump ha dejado el asunto en manos de Rubio, quien promueve el “cambio de régimen” en Cuba. El Miami Herald reporta que personal de máxima confianza del Secretario de Estado ha mantenido una reunión privada con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, para que opere una salida bajo el formato venezolano. En las últimas horas, Estados Unidos ha autorizado la venta de combustible y petróleo a la Isla, pero solo para empresas privadas o personas físicas no asociadas al gobierno cubano. La disidencia cubana ha aplaudido la medida. El operativo es funcional, alternativa y concurrentemente, a meter una cuña política al interior del aparato cubano, o a proceder a un ataque militar. La opción será dirimida cuando se conozca el desenlace del asedio militar del imperialismo norteamericano contra Irán. La lancha de infiltración abatida por la Guardia Costera de la Isla apunta a una agresión militar.

Dos enemigos declarados del género humano han desatado un ataque militar no provocado contra la República de Irán y contra un número indeterminado de países en el Medio Oriente (Líbano, Yemen, Palestina). Donald Trump, un delincuente fiscal y sexual , y Benjamín Netanyahu, un reconocido criminal de guerra y reo por corrupción en su país , han declarado el propósito de imponer un “cambio de régimen” político en la nación persa y restaurar a un descendiente de la dinastía de los Pahlaví en el poder. Donald Trump posteó que “el régimen va a aprender pronto que nadie debería desafiar la fuerza y el poderío de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”. Rara vez el imperialismo norteamericano ha declarado en forma tan descarada el propósito de establecer un imperio mundial por medio de la mayor violencia. El asalto militar contra Irán culmina una etapa de guerra genocida contra el pueblo palestino y tiene el objetivo adicional de anexar todo el territorio de la Cisjordania ocupada . Dentro de la guerra contra Irán se ocultan otras guerras, que tienen el objetivo de convertir al estado sionista en un gendarme del Medio Oriente. Pero este propósito alimenta otras guerras, porque choca con las ambiciones de rapiña de otros estados de la región, como Turquía o Arabia Saudita. La barbarie desatada contra Irán no tiene, entonces, un carácter local ni un objetivo limitado. Esta clara intención de profundizar sin límites una guerra imperialista mundial no debe ser despreciada por los trabajadores y los demócratas del mundo entero. Como lo ha demostrado en Venezuela y lo hace en Cuba, el imperialismo norteamericano buscar dominar todas las fuentes de energía, y en primer lugar el petróleo . El descabezamiento político de Irán privaría a China de un abastecimiento del combustible independiente de los Estados Unidos. La captura de Irán por medio de la guerra es parte del desarrollo de una guerra que afecta a la humanidad entera. En estas circunstancias cruciales, la derrota de la agresión de Trump y Netanyahu tendría un alcance emancipador para todos los pueblos del mundo, más allá del régimen capitalista, represor y clerical de los ayatollahs. Después de todo, el repliegue de una parte de la humanidad en el islamismo es, fundamentalmente, una respuesta a la opresión del imperialismo occidental y cristiano . Una derrota de Trump y Netanyahu beneficiaría, en primer lugar, a los trabajadores y a los demócratas de Estados Unidos, que se encuentran amenazados por los propósitos totalitarios de Trump y de los fascistas estadounidenses. El aliado más servil de la cloaca política que es el trumpismo se encuentra sabidamente en Argentina. Javier Milei ha apoyado el genocidio en Gaza y ahora integra una “Junta de Paz” que oficia de coro de Donald Trump y sus negocios inmobiliarios. Una derrota de los criminales de guerra en Irán sería de gran beneficio para los trabajadores de FATE, los suspendidos y despedidos, los docentes de todos los niveles, las familias de las personas discapacitadas, el Garrahan, los jubilados, la juventud trabajadora y la democracia política en su conjunto. Esa derrota quebraría el intento de convertir a América Latina y el Caribe en una “América para los americanos" . Por todo esto, llamamos a pronunciarse contra la guerra yanqui-sionista contra Irán, que apoya sin vacilar la democrática Unión Europea. Llamamos a romper el acuerdo comercial imperial firmado por Milei con Trump. Frente a la guerra mundial imperialista, deseamos y promovemos el derrocamiento de todos los gobiernos de la guerra imperialista. Llamamos a la movilización. Fuera el imperialismo norteamericano de Medio Oriente. Fuera los genocidas sionistas de Gaza y Palestina.

En la tarde de este viernes se llevó adelante una actividad allí donde se juega y se concentra el corazón de la lucha contra la reforma laboral: en la fábrica Fate . Concentrados en Casares y Acceso Tigre de la Panamericana, marchamos varias cuadras hasta las puertas de la planta del neumático, donde fuimos recibidos con gran simpatía por los trabajadores que estaban presentes, mientras la columna de Política Obrera llegaba cantando “Fate no se cierra” junto con otras consignas. El acto fue abierto con la intervención de Pablo Busch, quien destacó que la lucha contra la reforma laboral se jugaba en esta batalla estratégica de Fate y no en el ámbito estéril y ya cocinado de un Congreso y burocracias que habían entregado la lucha contra la reforma laboral. Hizo un trazo de las luchas fabriles en la Zona Norte del Gran Buenos Aires y llamó a preparar acciones, autoconvocatorias y piquetes para defender a Fate. Luego se expresaron trabajadores de la propia fábrica de Fate, que agradecieron la movilización de Política Obrera y reafirmaron la voluntad de los trabajadores de jugar todas sus fuerzas por ingresar y defender los puestos de trabajo. También hablaron representantes de la interna de ATE INTA Castelar, ATE Legislatura de La Plata, del Conicet, no docentes de la Universidad de Luján, Silvia Allocati del Hospital Moyano y Charly Petrillo de Jubilados Clasistas. Cerró el acto Marcelo Ramal, que destacó que hacíamos este acto en un día muy especial, pero teniendo en claro dónde se concentraba la lucha contra la reforma laboral. Denunció las maniobras de Madanes y que lo que se llama 'industricidio' y que parece afectar a las fábricas como un todo, es en realidad una agresión a gran escala contra la clase obrera. Cuando se produce en 'industricidio' las patronales salvan sus capitales especulando con la deuda pública y la especulación financiera mientras arrojan a los trabajadores a la calle. El gran objetivo de estos cierres y despidos es una reconversión pagada por los trabajadores, donde la fábrica volverá a ser activada con trabajadores que ingresen en condiciones laborales y salariales muy inferiores a las actuales . Ramal señaló que en el despido masivo de Fate se juega la intención de liquidar a una vanguardia obrera que ha protagonizado luchas y conquistas a lo largo de años. Destacó los métodos de lucha que deben regir esta batalla y marcó como ejemplo a los compañeros de distintas representaciones que habían votado en asamblea general la determinación de apoyar a Fate. Finalmente, convocó a preparar y organizar piquetes masivos desde las fábricas, escuelas, hospitales y reparticiones para defender a Fate de cualquier intento de desalojo y asegurar la victoria de esta lucha .

Marzo comenzará para los millones de jubilados con haberes de indigencia, un haber mínimo de $369.000, la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) de $ 295.000 y las PNC (Pensiones No Contributivas) de $ 258.000. Esto cuando la canasta familiar ya supera los $2.500.000. El bono “basura” está de cumpleaños, desde el 2024: 2 años congelado con el mismo valor, $ 70.000. Otorgado para paliar las diferencias de los haberes con el aumento inflacionario, su misión fue un rotundo fracaso. La “torta” de este cumpleaños no fue para jubilados sino para las suculentas ganancias de los capitalistas. La pérdida del valor adquisitivo de los haberes es considerada de por vida. Un bono que hoy, actualizado por inflación, debería ser de $ 192.400. Esta diferencia multiplicada por los cinco millones de beneficiarios son millones de dólares confiscados para sostener el valor de una deuda que no contrajimos los jubilados y trabajadores. Un bono que no forma parte del haber y que no es considerado en el aguinaldo y que el gobierno de Milei-Caputo tiene pensado continuar licuando. Así jubilados y pensionados, tenemos en marzo una pérdida de $ 122.400 y durante los 12 meses a plata de hoy un deterioro del haber de un bono completo, $192.400 menos, mitad en junio y mitad en diciembre. La demolición del régimen previsional es una constante de los gobiernos de los últimos años de los Macri, los Fernández-Massa y ahora de los Milei-Caputo. Ya con la reforma laboral a punto de ser votada por el Congreso, las cajas jubilatorias serán las garantes del pago de las indemnizaciones de los despidos de miles de trabajadores. El FAL (Fondo de Asistencia Laboral) permitirá a las patronales ser eximidas de un 3 % de aportes a la previsión social, con su consecuente desfinanciamiento. Ya con las diferencias de los cálculos del INDEC en relación a la inflación, del 1,5 al 2 % mensual, la confiscación de los haberes jubilatorios en los años 2024-2025 fue de siete mil millones de dólares. Y como si esto fuera poco ahora se viene la reforma previsional, con el aumento de la edad jubilatoria, la derogación de los regímenes mal llamados “especiales” de docentes y docentes universitarios y al recorte en las pensiones por viudez entre tantas otras. Sumado a este panorama la derogación de la moratoria impide el acceso a la jubilación de millones que no lograron aportar como consecuencia del trabajo precario, de los aumentos no remunerativos y de los despidos y suspensiones. Por un haber mínimo de $ 2.000.000, medicamentos y prestaciones al 100 %, jubilación automática a todos en edad jubilatoria. Restitución de los millones de dólares confiscados. Basta de represión. Todos los miércoles a las 17 horas en Congreso, la lucha continúa.

En el día de ayer se conocieron los números de la votación docente de los docentes universitarios de Rosario agremiados en COAD, en la cual se definió como encarar el plan de lucha contra la miseria salarial a la cual somete a los docentes el gobierno nacional en complicidad con los rectores nucleados en el CIN. Además de la situación salarial, se resolvió convocar a un paro el día viernes 27 contra la reforma laboral antiobrera. La situación de los docentes de la universidad es alarmante. A la política de miseria salarial planificada y a los ataques a la investigación que promueve el gobierno de Milei, se sumó el intento de modificar la Ley de Financiamiento universitario. En conjunto con los rectores, cómplices del ajuste y el desfinanciamiento de la universidad, pretenden modificar las partidas presupuestarias que la ley estipulaba para salarios y colocarlas en aumentar los “gastos de funcionamiento”. Esta estipulaba más de un 51 % aumento salarial, reconociendo lo perdido en 2024. Con los cambios acordados entre el gobierno y los rectores, el aumento salarial quedaría en un magro 12, 3 % en cuotas. Como se puede observar, e gobierno nacional está decidido a llevar adelante una política de guerra contra la universidad pública, en la cual se combinan el ahogo presupuestario, salarios de miseria y el desfinanciamiento en ciencia y técnica. Los rectores han sido participes necesarios en este ataque, a pesar de acciones declamativas que solo conducen a la derrota del movimiento. El rector de la UNR, Franco Bartolacci, junto a su agrupación estudiantil, la Franja Morada, salió a atacar un posible paro por tiempo indeterminado por los medios rosarinos, al cual considera una medida ‘’funcional a los que quieren ver las aulas vacías y sin contenido’’ (Conclusión, 25-02) La votación docente estuvo precedida por una asamblea la semana anterior, en la cual se plantearon dos mociones para llevar como mandato al plenario de secretarios generales de CONADU: la primera moción consistía en realizar una semana de paro en marzo (a partir del 16/03), dos semanas en abril, tres semanas en mayo y paro por tiempo indeterminado a partir de junio, recogiendo 1159 votos (54,9 %). En segundo lugar, y como parte de una tendencia que se desarrolla al interior de varios gremios, como ADIUC en Córdoba, ADIUNT en Tucumán, entre otros, varios docentes planteamos la necesidad de que, frente al ataque frontal y tenaz del gobierno contra nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo, debíamos ir al paro por tiempo indeterminado, recogiendo esta moción 884 votos (41,9 %). Por último, hubo 68 votos por la abstención (3,2 %). Sobre un total de 2111 docentes que votaron, los resultados marcan un rechazo contundente a la política del gobierno y describe un escenario de fuerte descontento entre el claustro. Más allá de que la primera moción ganadora, propuesta por la dirección del gremio nucleada en el “Frente 20 de diciembre”, manifiesta una serie de paros “progresivos” de una semana hasta llegar a la huelga indeterminada en junio, es necesario advertir que esta política ha tenido consecuencias negativas el año pasado. Los paros intermitentes de 24, 48 horas y una semana que se promovieron desde las federaciones no dieron lugar a una continuidad huelguística, situación que se agravó en la medida de la política de acuerdos que estas trazaron con el CIN, que no vaciló un momento en tomar la dirección del movimiento para quitarle combatividad y quebrarlo. La posibilidad de ir a una huelga por tiempo indeterminado parte de la necesidad de una lucha frontal y decidida contra el gobierno nacional. La cantidad significativa de votos a la moción de paro por tiempo indeterminado, además de los ejemplos de otros gremios que han votado mociones en este sentido, demuestra una disposición de la docencia a ir a una medida a fondo.

La inmensa red de tráfico de niñas y mujeres para las élites del poder político, económico y mediático organizada por Jeffrey Epstein en concurso con el Mossad y otros servicios de inteligencia es un imparable terremoto político que se expande a medida que nuevos antecedentes salen a la luz. Borge Brend, presidente del Foro de Davos que convoca a jefes de Estado y los empresarios más importantes del planeta -y excanciller de Noruega- acaba de renunciar cuando una comisión investigadora comprobó que había mentido sobre el carácter de sus vínculos con Epstein. Es la quinta personalidad del país. La Policía investiga por "corrupción grave", al exprimer ministro Thorbjørn Jagland, laborista, y al matrimonio de los "superdiplomáticos" Mona Juul y Terje Rød-Larsen, artífices de los Acuerdos de Oslo para Oriente Próximo de 1993 (y dale con el Mossad). Juul fue embajadora de Noruega ante la ONU y ante Israel, mientras que Rød-Larsen fue vicesecretario general de la ONU. Aparte de los cuatro políticos, la princesa heredera Mette-Marit también corre riesgo de quedar cesante. Los archivos señalan que solía pernoctar en las mansiones del pederasta mientras argüía problemas de salud para no cumplir con sus obligaciones dinásticas. Los noruegos ya discuten abiertamente si hay que saltear un casillero y darle la corona a su hija o simplemente abolir la monarquía (NYT, El País). Los archivos son una fuente inagotable de sorpresas: Epstein fue el nexo de Bill Gates con los talibanes y recibió informes confidenciales sobre operaciones militares pakistaníes entre 2013 y 2018, y sobre operaciones de la OTAN, so capa de una campaña filantrópica contra la poliomelitis motorizada por la fundación de Gates. La amistad con el proxeneta está convirtiendo al cofundador de Microsoft en un indeseable: acaba de ser excluido de la cumbre de inteligencia artificial de la India. El impacto es global, pero el epicentro sigue estando en Estados Unidos. El viernes Bill Clinton se convirtió en el primer expresidente norteamericano en la historia que acude a declarar ante el Congreso contra su voluntad. Clinton y su esposa Hillary, exsecretaria de Estado, se habían resistido largamente a testificar ante la comisión del Congreso, desestimando lo que consideraban un complot republicano. Los Clinton decidieron presentarse cuando trascendió que nueve demócratas acompañarían a los republicanos para que se los acusara de desacato penal, un primer paso para que fueran procesados. La comisión hasta rechazó que declarara en forma pública y mantuvo las comparecencias a puertas cerradas. Los medios lo consideraron “una rendición total” de la pareja demócrata. Bill Clinton está hasta las manos: durante su gestión, Epstein tenía entrada libre a la Casa Blanca y él viajó en el avión privado del paidófilo al menos 26 veces entre 2002 y 2003, cuando ya no era presidente. Hay fotos suyas compartiendo jacuzzi con chicas, haciéndoles upa; un cuadro donde posa vestido de mujer cuelga de una de las salas de la mansión del proxeneta. En su larga declaración, Clinton dijo que no había visto ni hecho “nada malo”, que no había tenido sexo con las chicas y que frecuentaba a Epstein por asuntos de la asociación filantrópica que creó para cuando concluyera su mandato. Según los republicanos, le dejó un regalito a Trump declarando que “nunca había visto nada que le hiciera pensar que estuviera involucrado con Epstein”, versión que los demócratas desmintieron airadamente. Hillary había testimoniado 6 horas el día anterior y, según los republicanos, derivó a su marido la respuesta a muchas de las preguntas que le formularon. Su declaración ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ratifica que nunca vio a Epstein ni tuvo relación con él. Sin embargo, Hillary confirmó que conocía a Ghislaine Maxwell, exnovia y conseguidora de menores para Epstein, en conferencias organizadas por la entidad benéfica de su marido. La exsecretaria de Estado denunció tajantemente la protección de la Justicia a Trump. “Me han obligado a testificar, plenamente conscientes de que no tengo conocimiento alguno que pueda contribuir a su investigación, para distraer la atención de las acciones del presidente Trump y encubrirlas a pesar de las legítimas peticiones de respuestas”. Los demócratas dicen que utilizarán la citación a los Clinton como precedente para que Trump declare. El californiano Robert García, máximo dirigente demócrata del Comité de Supervisión, dijo que «ahora podemos exigir a los presidentes y expresidentes que testifiquen... Exigimos una vez más que el presidente Trump, que es mencionado en los archivos de Epstein casi más que ninguna otra persona excepto Ghislaine Maxwell, responda a nuestras preguntas» El jefe del bloque demócrata en el Congreso, el senador Schumer, también “elevó la presión política”: “Hay un encubrimiento masivo en el Departamento de Justicia para proteger a Donald Trump y a las personas asociadas con Jeffrey Epstein”. Los demócratas afirman que 50 fojas de documentos que involucran a Trump fueron excluidas de los archivos publicados o han desaparecido. Incluyen documentos que registran los testimonios de una mujer que en 1980 acusó a Trump ante el FBI de haberla violado varias veces cuando tenía 13 años y estaba en poder de Epstein. La fiscal general, Pam Bondi, las despachó como “infundadas y falsas”. Muchos medios consideran que los republicanos “han desplazado el foco de su investigación del presidente Trump y los prominentes republicanos que se relacionaban con el proxeneta hacia los demócratas” (NYT 27/2). El gobierno, dicen, ha logrado desviar la atención pública sobre los vínculos del tratante con Trump y sus socios como Howard Lutnick, el secretario de Comercio, y Steve Bannon, exasesor presidencial y figura relevante de la ultraderecha. Sin embargo, los demócratas tienen los votos necesarios para obligar a Lutnick a testificar porque la republicana Nancy Mace, de Carolina del Sur, se unió hoy a la petición de que comparezca ante el comité. Donald Trump ha calificado a su secretario de Comercio como «un tipo muy inocente» que está «haciendo un gran trabajo». A la fecha, la única persona presa por una causa que investiga una red de trata que habría esclavizado 1200 niñas y adolescentes es Ghislaine Maxwell. Amiga, novia, socia y reclutadora de la red, Maxwell compareció a principios de febrero ante el Congreso de Estados Unidos. Aunque recurrió una y otra vez al derecho de no testificar que garantiza la Quinta Enmienda, su abogado dijo que su clienta estaba dispuesta a contar todo lo que sabe, y a exculpar a Trump y a Clinton, “si se le concede una inmunidad que nadie está en condiciones de descartar estos días en Washington”. Las bombas que caen en Teherán no parecen alcanzar para tapar el escándalo de los abusadores de niñas que gobiernan el mundo.

Las seccionales de SUTEBA de Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz, conducidas por la lista Multicolor, convocan a un paro de 48 hs. los días 2 y 3 de marzo. El 2 de marzo tendrá lugar el paro nacional de CTERA mientras que el 3 será una medida exclusiva de estas seccionales, para ser llevada adelante en toda la provincia. Fue definida en un plenario de coordinación provincial virtual. El gobernador Kicillof sufrirá un paro docente ante el inicio escolar de la provincia por primera vez en un largo tiempo, y también lo harán los judiciales de la AJB. La cuestión salarial está en el centro del conflicto, con ofertas que en promedio rondan el 1 y 2 % de aumento por mes y se han vuelto inaceptables hasta para la propia burocracia sindical. Estos miserables guarismos quedan brutalmente al desnudo ante el 40 % de aumento salarial otorgado a la policía amotinada en Santa Fe. El salario inicial de bolsillo de una maestra de grado por cargo se encuentra en los $740 000 y con una antigüedad máxima alcanza los $1 011 370, por debajo de la canasta de pobreza. Entre 2014 y 2025 los salarios docentes en la Provincia cayeron al menos un 18 % de su poder adquisitivo según informes del organismo estatal CGECSE (Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo). Ante este cuadro, Baradel y todo el Frente Gremial Docente Bonaerense pararán el 2 de marzo, pero han evitado que el reclamo del paro se vincule con una exigencia salarial a Kicillof. La adhesión masiva que se perfila en las escuelas chocará entonces con los intentos de esta burocracia por descomprimir la lucha y ofrecer un salvavidas político a Kicillof frente a un ajuste brutal al salario docente. La propuesta de extender el paro por 48 horas fue impulsada principalmente por la seccional de Tigre, que propuso recoger un mandato en este sentido. La conducción de la seccional de Bahía Blanca, en cambio, no presentó ninguna propuesta, resolviendo el cuerpo de delegados a favor de parar por 48 horas y realizar una asamblea para establecer continuidad. La seccional de Marcos Paz directamente no voto un mandato concreto, sino sumarse a la medida que resolviera el plenario de coordinación provincial. No es la primera vez que las seccionales de conducción Multicolor actúan divididas. Diversas intervenciones en el plenario reflejaron que en las escuelas crece una tendencia a la lucha e incluso hacia desarrollar el paro por tiempo indeterminado. Esto último, sin embargo, fue inscripto como una tendencia exclusiva de las bases ya que ninguna de las agrupaciones reivindicó esta perspectiva ni llamó a construirla. En todo caso, fue presentado como el posible resultado de un largo número de condiciones no desarrolladas mientras es excluida de los mandatos y de la agitación general. El paro de 48 horas fue inscripto por varias corrientes como una forma de “profundizar” el paro de la CTERA cuando éste es un paro aislado y de aparato. En este sentido, se votaron los trillados reclamos para que esta burocracia “convoque a un plan de lucha” que ya difundió: el paro aislado y otras medidas posteriores sin huelga. El plenario resolvió una nueva instancia de coordinación provincial el viernes 6 de marzo para allí establecer una continuidad de las medidas, pero sin establecer de antemano una propuesta concreta. Todo esto evidencia los límites insalvables de un plan de lucha que no propone una lucha independiente de la burocracia sindical, incluyendo las autoconvocatorias docentes como las que se desarrollan en estos momentos en Santa Fe. En Ensenada, se acaba de realizar una asamblea autoconvocada con 200 docentes. Los últimos paros docentes provinciales y manifestaciones (especialmente ante hechos de violencia contra los docentes en las escuelas) se han desarrollado por fuera de la burocracia sindical docente. La Tendencia Docente Clasista se encuentra realizando una agitación desde principios de febrero por una huelga nacional de toda la docencia contra la ofensiva de conjunto contra la educación pública y la docencia. Llamamos en el plenario a movilizarnos el viernes 27 a FATE que hoy es el epicentro de la lucha contra la reforma laboral. En esta perspectiva llamamos a parar las 48 horas en forma activa, con piquetes y manifestaciones. Por un aumento salarial de emergencia del 100 % y un salario que cubra el costo de la canasta familiar por cargo, todo al básico. Debatamos una continuidad en base a llamar a una huelga indefinida en toda la provincia y paritarios electos por la base.