Enero de 2026

Zohran Mamdani fue investido como intendente de Nueva York por la fiscal general Lettita James, en horas tempranas de la mañana. Después del mediodía repitió la ceremonia, en un espacio abierto y una temperatura de 12 grados bajo cero, pero esta vez sobre un ejemplar del Corán de su padre, ante los senadores demócratas (socialistas) Bernie Sanders y Alexandra Ocasio Cortés. Mamdani, un socialista autodeclarado, no es, ciertamente, ateo; probablemente se aparente a los líderes clericales que en las últimas décadas han abogado por la unión del universo religioso. En cualquier caso, la victoria rotunda de Mamdani contra el “establishment” demócrata y republicano ha representado un giro político sin precedentes, nada menos que en la metrópoli del imperialismo. El discurso de aceptación buscó eliminar las sospechas de que la llegada al gobierno significaría un abandono o recule en cuanto a su programa (una tendencia que fue bautizada en Argentina como el “teorema de Baglini”). Mamdani afirmó que gobernaría en forma “expansiva y audaz”, o sea que no se baja del caballo. En forma abreviada, insistió en que congelaría los alquileres regulados, que abarcan a un millón de viviendas; que construiría 200 mil viviendas asequibles antes de 2030; y establecería la gratuidad en el cuidado de la niñez y en el transporte público. El nuevo gobernante, que administrará un presupuesto de 116 mil millones de dólares, aseguró que subiría un 2 % el impuesto a las altas categoría de ingresos, para financiar el plan habitacional. La gobernadora del estado de Nueva York, de cuya legislatura depende el impuesto a los ingresos, declaró que apoyaría la cobertura de los cuidados, pero no el transporte gratuito –algo que la indispondría con los restantes municipios del estado-. Estamos ante un programa limitadamente reformista, que podría incluir en algún momento la reforma de la Constitución del distrito de la capital. Mamdani ha sostenido en forma reiterada que impedirá el ingreso de la Guardia Nacional a la Ciudad por parte de Trump para desalojar a los inmigrantes indocumentados o no. Una serie de reveses judiciales, sin embargo, han forzado a Trump a retirar la Guardia Nacional de Los Ángeles, Portland y Chicago. La ofensiva de Trump contra los derechos constitucionales podría convertir a Mamdani en un referente nacional de la resistencia en este año de elecciones intermedias; el Partido Demócrata, en cambio, ha ido a la rastra de Trump. La gestión de Mamdani no se circunscribe, en definitiva, a los asuntos municipales, incluso porque lo que ocurra en Nueva York será tomado como referencia en muchas ciudades, empezando por las aledañas. El planteo reformista no significa, sin embargo, que Mamdani tenga un plan de lucha contra los altos círculos capitalistas que dominan este epicentro internacional, en especial el sector inmobiliario, que proyecta nuevos edificios en torre para 2026. En la previa a la inauguración, ha tenido reuniones con varios líderes mayores del empresariado; ha designado en su gabinete a funcionarios de administraciones anteriores. La piedra mayor de las dificultades ha sido con Jessica Tisch, la jefa de la Policía de Nueva York, una trumpista de familia multimillonaria. El NYPD es una de las instituciones más ‘brutalistas’ del país. Tisch aceptó continuar en el cargo luego de un acuerdo con Mamdani, que supone algunos cambios en la policía “antidisturbios” y en el tratamiento de delitos relacionados con la salud mental. Es un acuerdo atado con hilos, que procura evitar una ruptura prematura para la “paz social” de la Ciudad. Tisch llegó a la jefatura de la fuerza bajo la administración anterior (intendente Eric Adams), en medio de un cuadro de escándalos y crisis. El Departamento de Justicia ha pedido que se retiren los cargos criminales contra Adams (como en el caso de Bolsonaro) por comprobados delitos de corrupción. En resumen, Mamdani asume la dirección de un distrito fundamental en medio de una enorme crisis política por arriba, no solamente una fuerte indignación desde abajo. En las circunstancias actuales de guerras y genocidios, la metrópoli del imperialismo ocupa un lugar estratégico. Las elecciones neoyorquinas se desarrollaron en medio del genocidio sionista en Palestina y desató la mayor oposición internacional de la población que se referencia en el judaísmo y que apoyó en gran parte a Mamdani. El genocidio no ha concluido cuando se avecinan nuevas guerras, en Venezuela e Irán, y un agravamiento excepcional de la guerra de la OTAN y Rusia en Europa. Los cambios políticos en Nueva York traducen una situación que, abajo de ellos, tiene otros alcances, de carácter revolucionario.

El martes 30 de diciembre, la comisión directiva del SOEAIL (sindicato de trabajadores del Ingenio Ledesma) volvió a convocar una asamblea extraordinaria por fuera del reglamento, esta vez para tratar la desafiliación de varios delegados autoconvocados como único punto. Previo a la asamblea, la comisión directiva comunicó a por lo menos 4 delegados que no se podían presentar en las elecciones previstas para el 5 de enero porque había un pedido de desafiliación de los mismos -propuesto por miembros de la propia comisión directiva- y también se comunicó a otros delegados autoconvocados que por el cambio de criterio en la distribución de sectores y por los despidos de la empresa no correspondía delegados en dichos sectores de trabajo. Asamblea vaciada y obreros reprimidos Frente a todos estos atropellos, los delegados autoconvocados realizaron una tarea de agitación previa en puerta de fábrica Esta tarea fue central para que los autoconvocados pudieran superar algunos límites propios de la situación y poder deliberar de cara a la base obrera de todo lo que está pasando con los trabajadores y poder impulsar una concurrencia importante de obreros a la asamblea. La convocatoria a movilizarse tenía varios motivos, pero uno central que hace a la organización obrera: la desafiliación de los que luchan contra los despidos busca quebrar a la vanguardia y crear condiciones propicias para una nueva tanda de despidos en el ingenio -como ya viene anunciando la empresa-. Desde las primeras horas del martes, el sindicato estuvo fuertemente custodiado por fuerzas policiales que hicieron un trabajo de filtro, impidiendo el ingreso de delegados opositores y obreros despedidos a la asamblea para rechazar esta maniobra. Cuando los delegados autoconvocados intentaron controlar que ingresen obreros de Ledesma (la comisión metió una fuerza de choque) se produjo la represión policial, de la cual fueron victima los delegados combativos, el abogado Mauro Tabak (CEPRODH) y algunos vecinos que se acercaron a solidarizarse. En este cuadro de represión policial, muchos obreros se quedaron afuera o se retiraron de la asamblea; lo mismo sucedió con obreros despedidos con derecho a participar de la asamblea La comisión directiva y un grupo minúsculo intentó consumar el fraude de las expulsiones de obreros encerrados en una oficina del sindicato, mientras en el portón la policía reprimía a los delegados La burocracia se atrincheró por más de 6 horas en las oficinas con custodia policial y se negó a entregar el acta de la asamblea, inclusive intentaron armar una provocación buscando que repriman nuevamente a los delegados autoconvocados, quienes armaron una asamblea callejera y realizaron un acta con más de 60 firmas de obreros constatando lo sucedido. La dirección del gremio ha dejado pasar más de 300 despidos en un año y ahora busca desafiliar a todos los delegados. No solo esto , la burocracia se vale de los despidos para reacomodar el esquema de delegados y dejar afuera a todos los luchadores. Como todos los gremios azucareros de Salta y Jujuy, el SOEAIL integra la CTA Los autoconvocados han logrado enfrentar dos veces las maniobras de la burocracia, que con todos los recursos del estado y la empresa no ha conseguido conformar una asamblea para expulsarlos y que cada vez tiene menos apoyo de los obreros. Aún así, las elecciones -aunque judicializadas e impugnadas por el activismo– están convocadas para el 5 de enero en un cuadro donde están literalmente proscriptos todos los delegados y luchadores del ingenio. La lucha de los autoconvocados ha logrado una repercusión en todos los medios locales. El martes, además de un núcleo sólido de obreros contra la proscripción, se movilizaron decenas de vecinos, organizaciones sociales, políticas y sindicales contra este ataque a los derechos de los obreros. Cómo elemento simbólico, en la madrugada se retiró la burocracia sindical custodiada por la policía mientras los delegados autoconvocados permanecían en las instalaciones con el estado de ánimo pleno. Los reclamos más sentidos de los obreros de Ledesma pasan por la reincorporación de todos los despedidos, el cese de la persecución a los luchadores y el respeto del convenio de trabajo, contra la reforma laboral y la precarización, apertura de los libros del gremio y de la obra social para ver que se hace con los recursos de los afiliados. LEER MÁS: Jujuy: la burocracia sindical le hace el trabajo sucio para la patronal de Ledesma ¡Defendamos a los delegados autoconvocados! Por Iñaki Aldasoro, 30/12/2025.

El gobierno liberticida de Javier Milei utiliza los escándalos de corrupción de su propio gobierno en el área de discapacidad para cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La intención del cierre de ANDIS no es combatir la corrupción, sino eliminar las políticas públicas para las personas con discapacidades. La ANDIS no es solo un tema de salud. Este organismo se encargaba de emitir los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) y actuaba como la autoridad encargada de aplicar la Ley 22.431, la cual, entre otras disposiciones, establece que el Estado Nacional debe contratar al menos un 4 % de personas con discapacidad en su planta laboral. Además, gestionaba diversos servicios, como el apoyo escolar y la mejora de la accesibilidad física en espacios públicos, incluyendo la instalación de rampas, señalización en Braille y la adaptación de edificios. También promovía talleres y centros recreativos. Cabe destacar que ANDIS no solo tenía relación con el Ministerio de Salud. Acá el problema no es la persona con discapacidades sino los trabajadores con discapacidades y las familias trabajadoras que tengan el cuidado de un miembro con discapacidades,que tienen que luchar contra el sistema. Un ejemplo claro es Esteban Bullrich, que tiene el dinero suficiente para llevar su tratamiento contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). En cambio, el 98 % de los trabajadores con discapacidades padecen la desocupación y no les queda otra, en muchos casos, que mendigar o ser económicamente dependiente de algún familiar. Un dato no menor es la reforma laboral fascista que establece el salario por productividad y además elimina la jornada de ocho horas; esto aumentará los accidentes laborales donde, si no se no se pierde la vida, es muy probable que se quede con discapacidades. Para que los trabajadores con discapacidades podamos tener una vida digna necesitamos cambiar la barbarie capitalista por el socialismo.

A través de un video publicado en Facebook, Gabriela Ance, militante del aparato del Partido Obrero de Santa Cruz, dio a conocer un proyecto de Ley a iniciativa del PO que propone cobrar un “aporte extraordinario” por un año del 15 % de regalías a las empresas mineras de oro y plata en la provincia. En el video, Ance denuncia la intención del gobierno provincial de Claudio Vidal de recurrir a un endeudamiento para afrontar el déficit financiero. Otro dirigente del PO, Miguel Del Pla, en una entrevista radial aseguró que los fondos recaudados con el proyecto debían ser usados “para cubrir el endeudamiento que tiene previsto la provincia y que quede algo más (sic) que permita pagar un seguro al desocupado y reactivar alguna obra pública” (El Caletense, 25/12). En otras palabras, se trata de un proyecto de respaldo político a la minería capitalista para pagar una deuda provincial de por lo menos $350 mil millones que sería contraída por el gobierno para beneficiar a otros sectores capitalistas. Ance señala las ganancias récord que tuvieron este año las mineras por el alza del valor del oro en el mercado mundial. Del Pla, por su parte, calificó al proyecto como “prudente”, ya que el 15 % son las regalías que pagan las compañías petroleras. La prensa local ha definido a la iniciativa parlamentaria como “una forma de afrontar la crisis financiera provincial sin ajuste sobre los trabajadores ni endeudamiento” (23/12 Diario Nuevo Día). El Proyecto en cuestión se presentó el 23 de diciembre pasado, con las firmas de Ance y de Miguel Del Plá. En su único artículo solicita “elevar las regalías que abonan las mineras metalíferas a un 15 %, durante el año calendario 2026”; las mismas deben ser abonadas por las empresas que realizan la explotación de oro y plata en la provincia. El proyecto no hace mención al destino de los fondos; es decir que el impuesto está destinado a robustecer las arcas provinciales que la gestión de Vidal gastará según su parecer. El proyecto de Ance y Del Pla, de más está decir, no establece ninguna cláusula de control obrero sobre la recaudación del 15 por ciento. Sorprendentemente, el proyecto en cuestión ni siquiera es tal, ya que el aparato del PO en Santa Cruz no tiene representación en la Legislatura. Estamos ante una operación de aparato. En abril pasado, el gobernador Vidal se había reunido con las cinco empresas metalíferas que explotan en Santa Cruz para negociar una reducción del porcentaje de regalías, que es del 3 por ciento., El propósito del ‘sindicalista-gobernador’ era incentivar las inversiones en proyectos con 3 y 4 años de "vida de mina" (Infobae junio 2025). Incentivar con dinero público inversiones con rendimiento decreciente es un delito. A través de un video publicado en redes, el MST, aliado del PO en el FIT-U, criticó la iniciativa desde un ángulo ambientalista, ya que observa que en el proyecto no se menciona ni al agua, ni a los glaciares, en pleno debate por la modificación de la ley en el Congreso. “¿De verdad, se pregunta el MST, alguien cree que un porcentaje alto vuelve progresiva una actividad estructuralmente destructiva?” De capitalismo, nada; del pago de la deuda pública, nada. Lo que se dice: ni un pelo de crítica socialista. Estamos ante un frente que no es de izquierda sino de desclasados de la izquierda. Uno presenta un proyecto patronal, sin contar con mandato ni representación; el otro lo declara ‘destructivo’ a solo cuatro años de que no quede nada, sin pedir resarcimiento. El aparato del PO encomendó a Juan García escribir una respuesta al MST, para ocultar responsabilidades políticas y cambiar de tema: la iniciativa de su propio partido en Santa Cruz la ha hecho propia. García es llamado de nuevo para una operación de encubrimiento: en 2020 había culpado a los dirigentes provinciales de su partido en Chaco por contribuir al quórum parlamentario que necesitaba el gobernador Capitanich para la venta de tierras y edificios fiscales . García ya había negociado con Capitanich el aporte del legislador de la provincia del Partido Obrero al quórum necesario para aprobar el Presupuesto 2020 . Para García, “atar el financiamiento del reclamo salarial, jubilatorio o de obras públicas a un ítem puntual de recaudación es un error, peor aún si se trata de la megaminería”. Pero el proyecto de Gabriela Ance y Miguel Del Pla no plantea nada de eso, sino pagar la deuda pública con las regalías mineras, cuya mayor parte la tienen las compañías mineras. García se refiere luego, como al pasar, a la “nacionalización de las explotaciones y la expulsión de los pulpos mineros”, cuando la prensa de Santa Cruz valoraba el proyecto (que no es tal) del aparato por la salida que ofrecía a la deuda pública. El proyecto del PO de Santa Cruz tiene una omisión grosera que, en las críticas de propios y ajenos, también pasaron por alto. Todo el debate se abstrae del brutal ajuste liberticida. Esto ocurre bajo la completa colaboración política de los gobernadores capitalistas, entre ellos Vidal en Santa Cruz, El mentiroso “déficit fiscal cero” es un gigantesco agujero negro para el pago de la deuda. El déficit fiscal en una provincia no es un problema provincial, mucho menos es una cuestión circunstancial o excepcional. Del Pla fue recientemente electo Secretario General de la CTA Autónoma en la provincia; a juzgar por los acontecimientos, la CTA Autónoma ganó a Del Pla a su política. Además del saqueo de recursos no renovables, siempre en detrimento de recursos como el agua potable, de riego, el suelo y el aire, los capitales mineros instalados en el país reclaman inversiones en logística a costas del estado, o sea mayor endeudamiento público. La gran minería, además, aplica por adelantado la “reforma laboral” que exigen todas las patronales. No basta con anular la explotación minera para acabar con la contaminación ni tampoco con la explotación capitalista; es necesario el poder político de la clase obrera para un desarrollo de las fuerzas productivas –el desarrollo personal y de la naturaleza-. Respuesta al MST La crítica del MST señala que “el porcentaje [de regalías] opera como una mentira ideológica, desplaza el debate del qué al cuánto”. García responde que “para los capitalistas, los obreros y los pueblos, el 'cuánto' es un componente fundamental de la ecuación” y que “en la historia del siglo XX, los porcentajes de las regalías (…) fueron motivo de golpes de Estado, rebeliones populares, intervenciones militares del imperialismo”. Pura falacia. Nunca hubo un golpe de estado por regalías, ellas fueron parte de una lucha por el poder y el aplastamiento de las masas. La violación de contratos y regalías son los pretextos. Nadie va a dar un golpe de estado en Santa Cruz porque Miguel del Pla quiera pagar la deuda provincial con un incremento en las regalías en inversiones en extinción. Acto seguido, García saca a relucir el resentimiento enfermizo que la crítica produjo en el aparato y en su compromiso de salvar a Del Pla y los enjuagues con la CTA Autónoma. Le recuerda al MST parte de su prontuario político. Otra falacia: el ‘pasado’ no califica para una crítica. Pero para García, la prohibición de actividades contaminantes “no es una salida en sí misma”, o sea que condena las movilizaciones en Mendoza contra los proyectos mineros de Cornejo y Milei. Desde un punto de vista capitalista, es una lucha entre mineros, de un lado, y viñateros y bodegueros del otro. Desde el punto de vista socialista, es una defensa del agua, un principio universal. Para Juan García, el objetivo histórico de un gobierno obrero es “reconvertir la producción sobre otras bases sociales” y “defender los puestos de trabajo”. Se trata indudablemente de una monumental idiotez, porque el llamado capitalismo es “un modo de organización de la producción” y de la vida, que no puede ser ‘reconvertido’ a otro “modo de producción”, porque se trata de liberar a la humanidad de toda forma de trabajo reglamentado y en primer lugar del trabajo asalariado (“los puestos de trabajo”). El desclasamiento ideológico del aparato y del FITU salta a la vista.

La Asamblea del Algarrobo, el agrupamiento de luchadores ambientales vecinales de la ciudad de Andalgalá, que viene desde hace décadas llevando una lucha en la calles (ya suman más de 830 marchas en defensa del agua, el medio ambiente, la defensa de la ley de glaciares, contra el proyecto de Agua Rica, hoy transformado en el proyecto MARA) ha denunciado que el fiscal de la justicia catamarqueña Martin Camps “requirió la elevación a juicio de una causa que tiene a 12 vecinos y vecinas de Andalgalá imputados por el incendio de oficinas de la empresa minera Agua Rica y destrozos en la sede del Partido Justicialista, en abril de 2021.” Ante esto, la defensa planteó un recurso de oposición fundado en la falta de elementos probatorios que señalen a los vecinos y vecinas acusados como autores de los hechos. En aquella oportunidad, los hechos denunciados se produjeron en el marco de una marcha multitudinaria en repudio al ilegal ascenso de maquinaria al cerro para una exploración avanzad,a una forma disimulada de inicio de las operaciones de la mina Agua Rica. Sin embargo. en la causa abierta, ningún testigo ha afirmado haber visto a ninguno de los imputados haber participado de los hechos denunciado. Es más, en los hechos represivos desatados se allanaron y detuvieron a varias decenas de vecinos solo por el antecedente de ser luchadores en defensa del agua. La mayoría fue liberada sin cargo. Quedaron imputados 12 de ellos, a quienes ahora se pretende llevar a juicio sin pruebas. Se llega al absurdo de destacar como pruebas encontradas en los allanamientos botes con alcohol, que serían los insumos para provocar los incendios, pero en el año 2021 estaba en pleno auge la pandemia y el alcohol era de uso común en aquella época. Estamos en presencia de una campaña persecutoria con causas armadas contra los luchadores, donde se han desechado sin más los elementos presentados por la defensa y en la que no hubo una investigación real de los hechos incluso acerca de la denuncia de que la zona fue liberada y de la presencia de infiltrados provocadores, indudablemente de las fuerzas represivas o de los servicios o de las propias patotas de las mineras. Toda esta renovada ofensiva represiva dirigida a criminalizar la protesta contra el saqueo, la destrucción del medio ambiente y de los glaciares, apunta a neutralizar cualquier reacción colectiva de una población con una larga tradición de lucha contra los negociados a favor de las mineras violando normas legales y constitucionales, como ocurrió con la conformación de la sociedad MARA, un artilugio para hacer avanzar el proyecto AGUA RICA, que estaba cuestionado por ordenanzas municipales (2016) y resoluciones de la justicia cuando se produjo la pueblada del 2010 (el andalgalazo). Los distintos gobiernos de la provincia, tanto del PJ como los de los radicales del Frente Cívico, de la misma manera de los sectores de la justicia, actúan como agentes de las mineras, como ocurrió con la fiscal Nieva que impulsó las causas persecutorias en el 2010, y luego frente a los hechos del 2021 pero que luego se vio obligada a renunciar cuando se demostró que precisamente actuaba a cuenta de las mineras instaladas en la zona. Por otra parte, esta iniciativa de procesar a los luchadores andalgalenses se produce en circunstancias en que la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió revocar el sobreseimiento que la jueza María Servini de Cubría había otorgado a los funcionarios Luis De Miguel, Justo Daniel Barros, Alfredo Grau, Ángel de Jesús Mercado y Domingo Mario Marchese (de la empresa estatal YMAD), Eduardo Bautto (de la Secretaría de Política Minera), Irma Miranda (de la Sindicatura General de la Nación) e Ignacio Díaz Zavala (quien era auditor interno de YMAD), por lo cual la justicia Federal está obligada a retomar la causa iniciada en 2019 a instancias de un centenar de vecinas y vecinos de Andalgalá, que denunciaron la participación delictiva de los funcionarios al suscribir el acuerdo que dio origen a MARA. Los vecinos denunciaron que ese aval fue otorgado por los imputados pese a que un informe del IANIGLIA había confirmado la existencia de glaciares y ambiente periglacial en la zona que la empresa (hoy en manos de Glencore) pretende explotar. En paralelo, está en curso la intimación de la CIDH al Estado argentino por violaciones a los derechos que deberá responder por las sistemáticas violaciones contra los derechos humanos de las vecinas y vecinos de Andalgalá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del rechazo y la movilización que genera en la comunidad el proyecto de megaminería a cielo abierto denominado MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera). El organismo internacional ya notificó al Estado nacional y le otorgó un plazo de tres meses para que presente sus observaciones en el marco de la denuncia impulsada por la Asamblea El Algarrobo La causa contra el Estado por violaciones a los derechos humanos fue presentada en abril del año 2024 por vecinos y vecinas de Andalgalá. Luego de ser estudiada por la CIDH, se les notificó de esta decisión. El Estado argentino deberá rendir cuenta por las acciones que ha adoptado la provincia de Catamarca durante todos estos años, como ser la vigilancia, judicialización, represiones, detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta social, persecución e intimidación. Según la denuncia, 248 andalgalenses han sido víctimas del accionar violento y violatorio de derechos humanos por parte del Estado Argentino y ante el accionar del Estado catamarqueño, y que se encuentra probado en 44 causas judiciales. Altos funcionarios del gobierno de Milei, pero también del gobierno de Jalil se han reunidos con Pérez de Sola, el CEO de la minera Glencore, titulares exclusivos del proyecto MARA, dando cuenta del interés de los gobiernos para hacer avanzar los proyectos en curso. En el caso de Catamarca el gobierno ya está dando pasos acelerados para readecuar la organización y el funcionamiento del YMAD, que ante la decisión de la Nación de desligarse del mismo se acordó transferirle la presidencia a un representante de Catamarca con lo que, en una dirección de 5 miembros quedarían con una mayoría de tres, decisiva para imponer las decisiones de acelerar las explotaciones en curso que estén bajo el dominio del YMAD, una de las cuales es Agua Rica y su asociación con la Alumbrera (MARA). Por el lado de la nación, el compromiso de modificar la ley de glaciares y sostener el RIGI. En este marco, Glencore ha anunciado que se reactivaría la Alumbrera y que, debido a la suba de los precios de diversos minerales, vuelve a ser rentable completar la explotación del yacimiento de cobre, oro, molibdeno por lo menos durante 4 años. Pero más importante que ello, es el hecho de que AGUA RICA, habría encontrado la forma de sortear los cuestionamientos ambientales y judiciales mediante el recurso de trasladar las rocas a ser trituradas y procesadas en las instalaciones de la Alumbrera mediante un mineraladucto, y luego el mineral se transportaría por los mismos mecanismos que se usaron en la explotación de la Alumbrera, que ya tiene los avales judiciales para operar. En Mendoza y Chubut hay también procesos en curso contra los luchadores. En contrapartida, en Mendoza se sostienen las movilizaciones contra las recientes leyes a favor de las mineras en defensa del agua y los glaciares. Ese proceso de lucha comienza a abrirse en otras provincias como es el caso de San Juan Frente a todos estos hechos, está planteado una lucha de conjunto, coordinada, provincial y nacional, por el levantamiento de la imputaciones y procesos a los luchadores ambientales, por la defensa incondicional del agua y los glaciares y periglaciares, por la defensa irrestricta del medio ambiente.

Este lunes, antes de su reunión con Benjamín Netanyahu, Trump anunció una escalada, al informar de un ataque con drones a una instalación portuaria venezolana realizado el 24 de diciembre —sin especificar el lugar—, y también aseguró que habló recientemente con Nicolás Maduro, sin dar más detalles. La CNN, por su parte, informó de un ataque portuario realizado por la CIA, pero a principios de mes, no el 24. El medio estadounidense divulgó que, según el gobierno de Trump, el objetivo fue un muelle que era utilizado por el Tren de Aragua para supuestamente almacenar drogas y trasladarlas a embarcaciones para su envío. No habría habido víctimas. El gobierno de Maduro no dio cuenta de ningún ataque terrestre. El 24, la fecha que dio Trump, hubo un incendio en un depósito portuario de una química, pero la empresa afectada informó que no hubo ningún dron implicado y que solo se trató de un accidente. Las declaraciones de Trump se dan cuando Estados Unidos se encuentra atorado en un impasse , al haber realizado la mayor concentración bélica desde la guerra del Golfo sin obtener ningún resultado hasta ahora. El operativo en aguas del Pacífico y del Caribe, que tiene cercada a Venezuela —y que, hasta ahora, se limitó a bombardear barcazas centroamericanas de civiles, causando más de 100 asesinatos—, le cuesta millones de dólares al día a Estados Unidos, por los que en algún momento Trump va a tener que rendir cuentas. Los asesinatos a sangre fría también transitan la ilegalidad. Los gusanos —que financiaron buena parte de la campaña de Trump—, junto con Exxon —que opera a través del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS)—, bregan por un aumento de las sanciones, los ataques bélicos y un cambio de régimen inmediato. Por lo tanto, Trump está embretado entre la necesidad de aumentar la presión sobre Maduro para lograr algo; la necesidad de exacerbar la performance de esta presión para conformar a los gusanos; los límites que le impone el marco legal de Estados Unidos, que todavía no ha logrado destruir; la base MAGA, que le reclama el fin de las “guerras inútiles”; y una incipiente movilización del pueblo norteamericano en contra del belicismo y la injerencia en América Latina. En la fecha en que, según CNN, se realizó el ataque al muelle, el Pentágono estaba siendo acusado de cometer “crímenes de guerra” por haber bombardeado a dos náufragos el 2 de septiembre. Ahora Trump admite un bombardeo que aparentemente no ocurrió el 24, el mismo día que anunció otro bombardeo en Nigeria. La verborragia bélica y su naturalización es el terreno que necesitan los fascistas para imponer el estado de excepción, sobre todo cuando vienen perdiendo 23 elecciones locales al hilo y se les viene un año de elecciones parlamentarias que amenaza con más derrotas. Las precisiones poco le importan, cuando de lo que se trata es de disolver las garantías de todo tipo, primero en el discurso, después en los hechos. Mientras, María Corina Machado —quien apenas logró una movilización raleada de asistentes cuando su candidato presidencial ganó las elecciones en Venezuela, y a quien le regalaron un Nobel para darle alguna legitimidad— ha prometido volver a su país para, esta vez sí, derrocar a Nicolás Maduro. Esta derecha gusana, que opera en el mismo gobierno de Trump a través de Marco Rubio y que le ha prometido a Trump tener preparado un recambio si actúa bélicamente, sigue sin dar señales de capacidad de acción real. Ha logrado influir más en Washington y en Oslo que en su propio país. La medida que realmente le ha dado un golpe a la economía venezolana es el secuestro de buques petroleros, acción que ha establecido un total bloqueo del país. Entre ellos hay un buque iraní sancionado y uno chino “legal”, libre de sanciones. El otro gran objetivo de este bloqueo a Venezuela es terminar de asfixiar a Cuba, que depende de los envíos de petróleo de Venezuela, Rusia, Irán y México. Los legisladores gusanos de Miami y de Florida están presionando al gobierno para que exija a México que ponga fin a sus envíos de petróleo subsidiados a Cuba, aprovechando la renegociación de 2026 del acuerdo comercial T-MEC. Sheinbaum, hasta ahora, a través de una filial de la petrolera estatal Pemex, ha defendido sus envíos de combustible a Cuba como ayuda humanitaria destinada a evitar apagones generalizados en la isla. Hay operaciones en el país contra el aumento de estos envíos y datos sobre la deuda que Cuba acumula con Pemex, sumados a la caída del suministro en el propio México por falta de inversión, todo destinado a que corten los envíos. Venezuela logró reunir al Consejo de Seguridad de la ONU —motorizado por China y Rusia—, que ha expresado preocupación oficial por el conflicto y ha llamado a la desescalada, pero no votó ninguna resolución vinculante. A la par de los dos buques secuestrados por Estados Unidos, Irán —que le dio su apoyo moral a Maduro— procedió al secuestro, en el Golfo Pérsico, de dos buques con supuesto petróleo de contrabando —el combustible en Irán es muy barato—, de procedencia ignota, pero que sirve para recordar el control que tiene la República Islámica sobre el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo del mundo. Este martes Trump anunció nuevas sanciones a 10 personas por el comercio de drones y misiles entre Irán y Venezuela, tres días después de que China sancionara a 20 empresas norteamericanas por vender armas a Taiwán. El mismo martes, China declaró un bloqueo naval a Taiwán —análogo al del Comando Sur en el Caribe—, no solo con pertrechería bélica, sino con ejercicios de fuego con munición real, con el objetivo explícito de disuadir cualquier apoyo externo al separatismo de la isla. En la reciente reunión con Netanyahu en Mar-a-Lago, Trump hizo un guiño ambiguo a un nuevo bombardeo sobre Irán. Trump precisa tener alineada a América Latina para enlistarla en esta guerra mundial que se prepara y para doblegar a su propia población con el mismo fin. Lo que Trump no sabe es que, junto con las garantías, disuelve todos sus instrumentos de contención y muestra nítida una opresión que hasta ahora estaba velada por las buenas formas del derecho internacional. El silencio de los nacionales y populares frente al ataque a Venezuela es complicidad con el imperialismo, que debe ser detenido y expulsado con la movilización de los trabajadores en toda América. LEER MÁS: Estados Unidos intensifica el bloqueo a Venezuela También secuestra barcos que no están en la lista de sancionados. Por Aldana González, 26/12/2025.

Los 500 choferes de la línea 148, El Nuevo Halcón, se encuentran hace más de una semana en huelga por tiempo indeterminado ante la deuda salarial que mantiene la patronal (grupo MOQSA), que incluye la mitad del salario de noviembre, los viáticos y el aguinaldo. La huelga fue declarada en asamblea el pasado 23 de diciembre, cuando la empresa comunicó formalmente que no pagaría antes de la Navidad ni el salario adeudado ni los aguinaldos. La excusa es la falta de pago de los subsidios por parte del gobierno nacional. Esta situación se repitió durante meses, al menos 7 veces en el año 2025; los trabajadores convocaron retenciones de tareas y huelgas ante atrasos salariales. Una “huelga salvaje” cultivada en el salvajismo patronal. Los trabajadores fueron agotando diversas vías en su semana de lucha. En primer lugar, parando la salida de unidades. En segundo lugar, organizaron movilizaciones a la sede central de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), para que active medidas de mediación legal con la empresa para instar al pago de haberes adeudados. Lo mismo hicieron con la Secretaría de Trabajo nacional, ubicada también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Las medidas continuaron con un corte el 29 de diciembre en el Puente Pueyrredón y, como última medida adoptada, se convocaron desde la medianoche del 30 de diciembre en los portones de la sede central de MOQSA, en Berazategui. Allí se concentran las principales líneas del grupo empresarial (159, 219, 300, 372, 584). Esto llevó a un inmediato paro general en toda la empresa, puesto que otro grupo de compañeros, ubicados en Fcio. Varela, interrumpieron la circulación de las líneas vinculadas a la firma San Juan Bautista, de la cual MOQSA es uno de sus principales accionistas. El bloqueo a los portones y la huelga en todo el grupo MOQSA se hizo sentir con fuerza en los municipios de Fcio. Varela, Berazategui y Quilmes. Prácticamente todos los accesos a la capital por vía terrestre quedaron anulados, la línea 148 comunica a importantes zonas de Varela y el oeste de Quilmes con CABA. Esta medida obligó a la patronal a sentarse con los delegados de la empresa, sin llevar adelante ninguna oferta que solucionara el atraso en el pago de haberes. El grupo MOQSA viene llevando adelante un vaciamiento de líneas que pertenecen a su grupo empresarial; la línea 148 es la más afectada por esta metodología. Los choferes manejan unidades en estado crítico; la falta de mantenimiento ha convertido a la cabecera de la 148 en un cementerio de colectivos. La empresa ha contado en todo el conflicto con el explícito apoyo del gobierno nacional, que no ha movido un dedo para abonar los salarios caídos. Lo mismo vale para el gobierno de Kicillof, que puso a disposición la Policía Bonaerense para amedrentar a los trabajadores: “si no abren los portones, los sacamos a palazos”. Una asamblea de los trabajadores presentes, después de más de 15 horas de piquete, acordó despejar uno de los portones pero desde las 17 horas del martes 30. Finalmente, cerca de las 20 horas los trabajadores dieron por concluida la actividad y se convocaron nuevas asambleas en la cabecera de la propia línea 148. Tras estos hechos, la burocracia de la UTA activó una mesa de diálogo ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, la cual hasta el momento no ha tenido lugar. La política de Walter Correa, ministro de trabajo, es la imposición de conciliaciones obligatorias para apagar la bronca de los trabajadores, mientras la patronal incumple todos los puntos de las mismas. El contraste es total: autoconvocatoria obrera de un lado, pasilleo institucional del otro. No fueron pocas las tensiones que se vivieron en las jornadas de lucha; los trabajadores mostraron una enorme predisposición de lucha ante la violencia estatal y patronal. La solidaridad de las otras líneas estuvo subordinada a la acción directa de los choferes de la 148. Ante una única patronal, la división en varias cabeceras y cuerpos de delegados obliga a una coordinación para defender al conjunto del colectivo obrero frente a los atropellos en sus condiciones de trabajo. El salario de los choferes, históricamente por encima de la media tras años de lucha y conquistas, ha sido rifado por la burocracia de Fernández. Las patronales se valen de un gobierno declaradamente antiobrero para avanzar sobre el convenio colectivo e imponer de hecho una contrarreforma laboral. La intransigencia ante los piquetes y la huelga ubica la estrategia en imponer una derrota de nivel para destruir la moral obrera.

En otro acto de bandidaje internacional, la armada norteamericana reunida por Donald Trump en el Caribe, descargó en la madrugada del sábado un ataque contra las principales instalaciones militares de la República Bolivariana de Venezuela y secuestró al presidente Nicolás Maduro y a Cilia Flores, su esposa. Los ataques alcanzaron a los estados de Miranda y Aragua y al puerto de La Guaira. Una flotilla de helicópteros cruzó la capital, Caracas, en un acto manifiesto de intimidación a la población civil. Javier Milei saludó de inmediato el bandidismo de Trump. En las horas previas al atropello había emitido un decreto que autoriza a personal encubierto y a las fuerzas armadas a ejecutar arrestos sin orden judicial. El liberticida que habita la Rosada ha declarado el pronto apresto del aparato represivo para suplementar la acción criminal del inquilino de la Casa Blanca. En la misma línea se encaminan los gobiernos de ultraderecha de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Perú, y próximamente Chile. La camarilla política, financiera y militar de Trump se ha lanzado a una cruzada colonizadora contra América Latina. Este acto de bandidismo ha contado con la complicidad de la llamada “comunidad internacional”, perfectamente advertida de sus inminencia. Es lo que ya ha ocurrido con el genocidio en Gaza y con el bombardeo norteamericano a las instalaciones nucleares de Irán y a la misma Teherán, la capital. Luego de una reunión en Washington con Netanyahu, el primer ministro de Israel y criminal de guerra declarado, Trump ha advertido que volvería a bombardear a Irán, con el pretexto de defender las protestas que se desarrollan en este país. Esta operación militar ya ha comenzado en Yemen, con los ataques de una milicia de los Emiratos Árabes Unidos, un aliado de Israel y con el acuerdo del gobierno sionista con un estado separatista de Somalía, que amplía el control de la salida del mar Rojo, por parte Israel. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, fue muy clara en su defensa de la agresión militar y el secuestro extraterritorial de Maduro y su esposa: “La UE, dijo, declaró repetidamente que Maduro carece completamente de legitimidad y defendió una transición pacífica y el respeto por el derecho internacional”. Esta farsa será repetida hasta las náuseas en los próximos días. La piratería internacional de Trump no inicia ninguna ‘transición pacífica” sino acciones aun más violentas, para imponer el cambio de régimen que reclama Trump. Lo que algunos han calificado como “una operación especial espectacularmente exitosa”, no demorará en convertirse en un pantano para el imperialismo. Es fundamental señalar la complicidad del ‘progresismo’ latinoamericano con esta piratería internacional, en especial del kirchnerismo, Boric y sus secuaces en Chile y el Frente Amplio en Uruguay. Al igual que lo que ocurre con Gaza han rechazado toda movilización en defensa de la República Bolivariana de Venezuela, su anterior aliada en el ALBA. No es la primera vez que ocurre en la historia latinoamericana. Trump ha declarado una guerra no declarada contra América Latina. Ha violado el régimen constitucional de Estados Unidos al no requerir la autorización del Congreso para emprender una guerra, bajo el disfraz de que no hay tal guerra, sino, confesadamente, bandidaje y piratería. Trump recurre a la guerra para encubrir sus violaciones y pedofilias con el criminal Jeffrey Epstein, inmundicias celebradas por Javier Milei en una cena con los senadores de LLA en Olivos. El derecho internacional que los estados imperialistas y la burocracia de la exURSS fingieron restituir y profundizar luego de los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, ha saltado por los aires en el cuadro de una tercera guerra imperialista mundial que amenaza la supervivencia humana.. Defendamos a la República Bolivariana de Venezuela contra la pirateria colonial del imperialismo, con independencia de sus instituciones y su régimen político. La derrota del imperialismo es lo primero. Emprendamos una gran movilización contra el socio político del bandidaje trumpista: el gobierno pirata de Milei. El poder de Milei se asienta en los ‘swaps’ y las bayonetas de Estados Unidos; en un régimen de decretos, arbitrariedades y espionaje; y en una violación sistemática de derechos laborales y políticos. Milei pretende convertir el 50 aniversario del 24 de Marzo en un homenaje a los genocidas criollos.

La cúpula de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, enfrenta nuevas arremetidas judiciales con varias causas ya abiertas. Se ha ordenado levantar el secreto fiscal y bursátil a Tapia y a Pablo Toviggino, quienes están imputados por “apropiación indebida de aportes previsionales”. A esto se suma la causa que investiga un supuesto lavado de dinero a través de la financiera “Sur Finanzas”, cuyo titular, Ariel Vallejo, es señalado como presunto testaferro de Tapia. Ahora se abre otro frente que investiga un desvío millonario de fondos, lo cual derivó en el allanamiento del empresario Javier Faroni, vinculado a una firma financiera contratada por la Asociación. Se trata de “TourProdEnter”, cuyo contrato se firmó luego de que la Selección obtuviera la Copa América, constituyéndose como “agente comercial exclusivo para el exterior” de la AFA. Esta empresa habría recaudado 260 millones de dólares en los últimos cuatro años, de los cuales solo una parte ingresó efectivamente a las arcas de la institución. Los ingresos bancarios declarados de TourProdEnter provienen de sponsors , derechos de transmisión y partidos amistosos. Sin embargo, según La Nación, los estados contables de la AFA no reflejan esta realidad, figurando allí la empresa solo como una deudora por montos menores. El matutino publica registros de envíos millonarios a cuatro sociedades fantasma en el exterior, a un agente de valores en Uruguay y, desde allí, a cuentas en las Islas Vírgenes, además de múltiples gastos suntuosos de la dirigencia por el mundo. Entre las sociedades receptoras figuran dos vinculadas a Toviggino (tesorero y mano derecha de Tapia), una a su hermano Darío Fabián Toviggino y pagos a María Florencia Sartirana, extesorera de la AFA y actual pareja del tesorero. Mediante un comunicado, la AFA respondió afirmando que se trata de una “campaña de difamación dirigida contra la Institución, su Presidente y su Tesorero”. Reconocen el contrato vigente con TourProdEnter, sobre el cual aseguran no se ha detectado irregularidad alguna en tribunales, situación que podría cambiar próximamente. Tapia señala como promotor de esta campaña a Guillermo Tofoni, empresario vinculado a Milei y recientemente involucrado en una investigación por lavado junto al estadounidense Foster Gillett. Tofoni pretendía ingresar como financista en Estudiantes de La Plata de la mano de Juan Sebastián Verón, promotor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), modelo de privatización impulsado por el Gobierno Nacional mediante el DNU 70/23. La Nación indica que TourProdEnter es gestionada por Erica Gillette, pareja de Javier Faroni. Faroni, empresario teatral y amigo personal de Tapia, integró el directorio de Aerolíneas Argentinas durante la gestión de Alberto Fernández y fue diputado bonaerense por el Frente Renovador de Sergio Massa. La relación entre Tapia y Massa habría sido clave para triangular divisas y sortear el cepo cambiario. Según el analista Carlos Pagni, Faroni y Gillette estarían ligados también a la reventa de entradas en los mundiales, especialmente en Qatar. Cabe recordar que Tapia llegó a la presidencia de la AFA vinculado al macrismo y a Daniel Angelici (operador judicial y ex presidente de Boca); hoy, Tapia preside el Ceamse por designación de Axel Kicillof y cuenta con el apoyo de Hugo Moyano. Una caja suculenta en disputa Tras la obtención de la Copa del Mundo, los ingresos de la AFA se incrementaron exponencialmente mientras la mayoría de los clubes atraviesan crisis terminales. Entre 2022 y 2023, los ingresos por esponsoreo treparon un 45,1 %, alcanzando los $16,4 mil millones. El superávit de la AFA llegó a los $2,7 mil millones, ocho veces más que en el periodo previo al Mundial. Otro foco de disputa son los derechos de transmisión y el streaming , donde la plataforma “AFA Play” compite directamente con medios tradicionales como TyC Sports (Grupo Clarín). Existe un filón adicional —quizás el más opaco—: las apuestas online . Este mercado ha desarrollado un vasto circuito clandestino con centenares de sitios web donde se apuesta no solo por resultados, sino por acciones específicas de juego, multiplicando los riesgos de manipulación. En este esquema, Toviggino es señalado como el encargado de definir los arbitrajes, incidiendo notablemente en el desarrollo de los partidos. Este enorme flujo financiero es el trasfondo de las arremetidas judiciales contra la gestión de Tapia y su camarilla. Su enriquecimiento patrimonial y su manejo punteril de la institución son el blanco de una corriente internacional, encabezada hoy por Milei, que busca imponer una forma empresarial explícita para explotar las ganancias del fútbol, disputando el modelo de negocios que Tapia hoy administra bajo un discurso "nacional y popular".

En la madrugada de este sábado, el comando Sur bombardeó diferentes puntos de Caracas y otras zonas del país y secuestró a Nicolás Maduro y a su esposa sin la necesidad de disparar un solo tiro. No hubo sirenas de alarmas, ni misiles interceptores; no se activaron los S-300, provistos hace más de una década por Moscú, ni los sistemas electrónicos. Trump calificó al ataque, avisado desde hace más de un mes, como “audaz y exuberante”. Una semana antes, la flota aérea norteamericana había anunciado el ataque a un puerto, sin dar mayores detalles, ni de parte de Estados Unidos ni del gobierno venezolano. Antes del cerco a Venezuela instalado en el Caribe, Richard Grenell, enviado de Trump a Caracas, había obtenido del gobierno venezolano la entrega de todos los recursos mineros del país a cambio de un diferimiento de las hostilidades. El acuerdo fue bloqueado por Marco Rubio, el secretario de Estado y de Seguridad (un gusano de origen cubano), que exigió ‘la cabeza‘ de Maduro. Esto ha sido exactamente lo que ha obtenido Trump luego del secuestro del presidente y su esposa en la madrugada del 3 de enero. En una conferencia de prensa, a las 13.30 horas del mismo sábado, Trump sacó a relucir sus cartas, que pueden ser tan reales como ficticias. Anunció que el gobierno de Estados Unidos pasaba a hacerse cargo de una ‘transición’ política bajo el gobierno oficial de Venezuela, ahora encabezado por Delcy Rodríguez, hermana del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Para eliminar toda suerte de dudas, o para sembrar toda clase de ellas, desechó la posibilidad de un gobierno de la ultraderechista María Corina Machado, o de su representante González Urrutia, supuesto ganador de las elecciones presidenciales de 2024. Aseguró que la derecha no tenía “condiciones para manejar el timón del estado”, sin atravesar antes por una “transición” orientada por Estados Unidos mediante asesores designados. Mientras Trump hacía estas declaraciones incuestionablemente extraordinarias, el canal Telesur reportaba a ciudadanos que reclamaban la devolución del matrimonio Maduro y el cese del cerco imperialista. El mismo canal, en ese mismo horario, transmitía un acto público en La Habana, en el que el presidente de Cuba, Díaz Canel, hacía los mismos reclamos que se escuchaban desde Caracas. Tarek William Saab, el Fiscal General de Venezuela, afirmó que Maduro se encuentra “secuestrado” y responsabilizó directamente a Estados Unidos de su seguridad y de su vida. Pidió un pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas. Diversos miembros del gobierno, como Diosdado Cabello o el Gobernador de Lara, han llamado a la movilización. En la conferencia de prensa, Trump declaró que Marco Rubio ya está discutiendo la “transición” con la vicepresidenta Darcy Rodríguez, quien no figura en la lista de “buscados”. Se cumpliría así la exigencia original de Marco Rubio: acaparar todas las riquezas; decapitar a Maduro; convertir a Venezuela en Protectorado. En estos escenarios contrastantes y confusiones aparentes hay, sin embargo, algo muy claro: si el alto mando militar bolivariano se apresta a resistir el ataque norteamericano, al menos por medio de una guerra irregular cuyos preparativos no se han visto, tendremos por delante una guerra abierta, un derrumbe del llamado “sistema interamericano” y una crisis en el Capitolio, en Washington, en un año electoral plagado de choques sociales. De lo contrario el mundo asistirá a la capitulación más grande de la historia: un terremoto para el pseudoprogresismo liberal. Una tercera variante, sería el estallido de una fractura en el alto mando militar de Venezuela. En la “transición” prevista por Trump, agentes o emisarios del magnate norteamericano se encargarían de mantener los abastecimientos y la ‘estabilidad’ del mercado petrolero, al convertirse en el mayor “estado” petrolero del mundo. Asegurará a China la continuación de la provisión del crudo venezolano, que representa el 8 % de sus importaciones de petróleo, con la ambición de extorsionar a China en el comercio de tierras raras. Trump, en la conferencia de prensa, fue menos condescendiente con Putin, al que adjudicó la responsabilidad compartida por las muertes en Ucrania. La guerra mundial se libra en toda una serie de tableros a costa del conjunto de la humanidad. La conversión de Venezuela en un protectorado de Estados Unidos representa, políticamente, una diferencia de grado con la ocupación militar. Esto significa que potencia la crisis política mundial sin haber resuelto la cuestión de fondo: un gobierno nacional para Venezuela. El cálculo internacional del imperialismo norteamericano tiene otras variantes rodando, como la ‘recuperación’ de los puertos de ingreso-salida del canal de Panamá, que sigue en manos de una empresa de Hong Kong, o sea de China, que ha vetado la venta a un consorcio liderado por el grupo financiero BlackRock. La otra no se encuentra mucho más lejos: Groenlandia, más importante incluso que Venezuela ahora que el calentamiento global la ha convertido en más accesible a la explotación minera. En resumen, la “transición” será muy larga, y lo será también el comienzo de ella. Trump anuncia una “transición” que tiene más visos de anarquía que de estrategia. Los politólogos denuncian que el éxito que tiene Estados Unidos con sus invasiones, lo pierde cuando tiene que gobernar al país invadido. Ahora se ha empeñado en una guerra contra los gobiernos “narcoterroristas” con el propósito de convertirlos en protectorados que permitan la confiscación de sus recursos básicos y materias primas. La Justicia de Estados Unidos podría encontrar varias dificultades para condenar a Maduro por esos cargos, con el riesgo de convertir el bandidaje internacional de Trump en un juicio político, precisamente contra Trump. Las contradicciones del constitucionalismo también existen. Estados Unidos celebra en 2026 el 250 aniversario de su existencia constitucional, en un marco de destrucción masiva del llamado ‘estado de derecho’. Javier Milei ha celebrado el secuestro de Maduro, como lo ha hecho hasta ahora con las ejecuciones extrajudiciales de los botes pesqueros en el Caribe. Milei es un hijo putativo de la reacción imperialista. Pretende reforzar el bandidaje de Trump mediante la supresión por decreto de los derechos constitucionales en Argentina. Milei ha declarado la guerra a la libertad política y pretende convertir a Argentina en un Protectorado del JP Morgan, del Tesoro norteamericano y del Comando Sur del Pentágono. El principal enemigo se encuentra en nuestro propio país. El estado de movilización debe ser total, para que el 8 de Marzo y el 24 de Marzo, en el 50 aniversario del golpe genocida, dos millones de manifestantes copemos todas las capitales y ciudades de Argentina.

El 30 de diciembre, último día antes de la feria judicial, el juez de Tucumán Augusto José Paz Almonacid resolvió el sobreseimiento de los 4 exjugadores de Vélez acusados de abuso a una joven periodista. Hace meses que José Florentín, Braian Cufré, Sebastián Sosa y Abiel Osorio han montado una campaña, con la venia del ministro público fiscal Edmundo Jiménez y los jueces actuantes, para invertir la carga y presentarse como víctimas de una falsa denuncia. Los hechos denunciados ocurrieron en marzo de 2024 cuando el equipo de Vélez arribó a la provincia de Tucumán para jugar un partido con un equipo local en el marco de la entonces Copa de la Liga. La joven periodista hizo contacto con Sosa quien la invitó al hotel donde el plantel estaba hospedado. Al ingresar a la habitación, se encontraban presentes también los otros tres acusados. Allí le ofrecieron bebidas alcohólicas y luego, aprovechándose que se sentía mal, cometieron el abuso. Cuando la joven se animó a denunciar fue acompañada por tres abogados vinculados a la Bancaria de Tucumán. Tras las pruebas presentadas en ese momento y la cámara Gesell, los 4 involucrados quedaron bajo con arresto domiciliario en country. El club los desvinculó. A los 3 meses quedaron en libertad, pero debían presentarte cada 15 días ante la justicia tucumana. A partir de allí comenzaron distintas maniobras de dilación en torno al peritaje del teléfono de la denunciante y una amiga testigo en la causa. En octubre de este año, Sosa hizo una contradenuncia señalando a la joven, a sus abogados, al diputado nacional y dirigente de la Bancaria de Tucumán Carlos Cisneros como artífices de una cama extorsiva. Les adjudicó falso testimonio, estafa procesal y adulteración de documentos, entre otros delitos. La fiscal que tomó la denuncia, de manera exprés, ordenó allanamientos en el estudio jurídico de una de las abogadas y en domicilios particulares de testigos. Abrieron causas contra testigos. Desataron una ofensiva judicial y mediática sobre la víctima filtrando información de la causa favorable a la versión de los jugadores. Se buscó primero presentarla como una operadora de Cisneros y luego como una víctima de trata de éste. De hecho, se inició una denuncia con esta última acusación. Algunos medios publicaron la identidad de la denunciante y hasta su foto. El ministro público fiscal, quien lleva dos décadas asegurando la impunidad del poder político, y tiene una manifiesta e histórica enemistad con Cisneros, presentó una denuncia penal contra uno de los medios (CCC) por difundir contenidos críticos sobre la justicia provincial en torno al caso. En un fallo que violenta la libertad de prensa se impuso un bozal legal por seis meses a todos los trabajadores de dicha empresa. Con todo este armado prepararon el terreno para el sobreseimiento de los abusadores en lugar de continuar la investigación y llegar al juicio oral. El juez Almonacid Paz usó este libreto y consideró que los hechos denunciados no configuran un delito porque hubo consentimiento. Para ello argumentó que la joven salió erguida y caminando normalmente de la habitación y con una remera de los jugadores y que luego le mandó un mensaje a Sosa con un emoji. El mismo día que se resolvió el sobreseimiento, Luli habló por primera vez en los medios y denunció a la justicia tucumana. "Nadie me va a negar las lesiones que tuve. Nadie me va a negar mi short ensangrentado. Voy a ir hasta las últimas consecuencias. No puede ser esto un precedente para que las mujeres nos quedemos calladas y no denunciemos" alcanzó a decir luego del vergonzante fallo. Desde Ni una Menos se convocó a una conferencia el 31 de diciembre para repudiar el sobreseimiento, denunciar las maniobras de impunidad y el uso del caso para disputar una interna política y expresar el apoyo a Luli. En febrero con el inicio de la actividad judicial se presentará la apelación y es clave poner en pie una campaña provincial y nacional para tirar abajo este fallo, que continúe la investigación y se llegue al juicio. Todas estas acciones deben empalmar con la preparación de la jornada por los 20 años del crimen impune de Paulina Lebbos el 26 de febrero y del 8 de marzo.

Por DNU 941/2025, rubricado por Milei y su gabinete, el 31 de diciembre el gobierno liberticida modificó la Ley de Inteligencia (25.520), que por un lado centraliza el Sistema de inteligencia Nacional (SIN) y por el otro introduce reformas en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), extendiendo la injerencia y las facultades de los espías comandados por Santiago Caputo, que ha ido cultivando estrechas relaciones con el trumpismo y la derecha continental. En la lucha de camarillas libertaria, Karina Milei se hizo de la Agencia de Ciberseguridad, que estará bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, o sea, de Manuel Adorni. Así se da de baja a la Agencia Federal de Ciberseguridad para dar paso a la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad, organismo descentralizado que dependerá de la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación. Si bien Caputo cedió la Agencia de Ciberseguridad, al frente seguirá estando un hombre de su confianza, Darío Genua, lo que presagia nuevos enfrentamientos entre el asesor presidencial y Karina Milei, que a partir de ahora tendrá bajo su égida el manejo de los troles libertarios y el ciberpatrullaje en las redes sociales. Las reformas introducidas en la SIDE surgen de la caracterización de los liberticidas de que “en los últimos años, el sistema de inteligencia acumuló funciones superpuestas, estructuras sobredimensionadas, dificultades para integrar información relevante dispersa en distintos organismos y zonas de incertidumbre normativa sobre el alcance real de las tareas de inteligencia nacional.” (Infobae 2/1) Estamos en presencia de una centralización de tareas para espiar, perseguir y coaccionar, en síntesis, un Estado policial, que los liberticidas lo presentan como “un sistema más cohesionado, en el que la producción de inteligencia estratégica se base en información integrada, oportuna y verificable.” (Infobae 2/1) El DNU publicado en el Boletín Oficial introduce cambios sustanciales en la Ley de Inteligencia Nacional, que concretamente le da más poder a la SIDE libertaria presidida por Cristian Auguadra. Los cambios introducidos ponen a la SIDE en el vértice del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), es decir que tendrá bajo su control la conducción directa de la planificación estratégica, la coordinación interinstitucional y la producción de inteligencia nacional. A su vez se le da a la SIDE mayor discrecionalidad en el manejo de los fondos reservados y los espías tendrán una mayor capacidad de acción, como por ejemplo detener a personas en flagrancia sin la necesidad de contar con una orden judicial, dando aviso a la policía, obviando la intervención de la Justicia y las operaciones en las que estén embarcados los agentes de inteligencia tendrán el carácter de encubiertas, sin dar mayores precisiones sobre estas tareas. Básicamente se convierte a los servicios de inteligencia en una especie de “policía secreta”, transformando a la SIDE en un aparato parapolicial. Para cumplir con estos objetivos, la SIDE controlará el presupuesto del SIN, dejando, de esta manera, sin autonomía a otras áreas. A partir de ahora, por poner un ejemplo, el Director General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, que coordina la inteligencia de todas las Fuerzas Armadas, se encontrará supeditado a la SIDE, es decir a Santiago Caputo. Con la SIDE en la cúspide de la inteligencia y contrainteligencia, el decreto redefine el organigrama del SIN, que ahora estará integrado por el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas La ley también establece que la SIDE esté al mando de coordinar las relaciones con la inteligencia de otros Estados, en especial con la CIA y el MOSSAD, que están metidos hasta los tuétanos en la inteligencia argentina, y centralizar sistemáticamente la información que surjan de las diferentes áreas para que sean monitoreados por el presidente de la Nación. Otra de las modificaciones sustanciales es la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que dependía del Ministerio de Defensa. Según los considerandos del DNU, su existencia generaba superposición de funciones y una estructura sobredimensionada respecto de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Desde ahora, será este último organismo el encargado de la producción de Inteligencia Estratégica Militar, con una doble responsabilidad informativa hacia el Ministro de Defensa y el Jefe del Estado Mayor Conjunto. (U24 2/1) De la lectura del DNU se desprende la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), que operarán de manera coordinada, garantizando que la información circule de forma ordenada, verificable y centralizada dentro de los márgenes del Estado. La primera estará integrada por el Sistema de Inteligencia Nacional, las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de las de seguridad federales, y se suma a este entramado a la Unidad de Información Financiera. Por su parte, la segunda integra a entes del Sector Público Nacional como Migraciones, Renaper, Aduana, Cancillería que van a aportar “información relevante para la inteligencia estratégica”, de esta manera la SIDE se hace de una base de datos impresionante, que serán utilizados de manera discrecional para coaccionar a la población. En mayo de 2025 se filtró el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) en el que los libertarios fijaron los ámbitos de acción de la SIDE, que en principio eran comunes a los elaborados por gobiernos anteriores, como la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y el resguardo de los intereses argentinos del Atlántico Sur y la Antártida. Pero, a su vez, el PIN libertario planteó nuevas directrices orientadas a monitorear la manipulación de la percepción pública y, ante esto, la posibilidad de llevar adelante un espionaje interno contra periodistas, economistas, académicos, activistas, organizaciones sociales y todo aquel que ose criticar la investidura presidencial y, sobre todo, su plan económico. El gobierno busca neutralizar las críticas sobre el delicado sendero económico por el cual transitan Milei y Caputo, su talón de Aquiles. En este sentido, la SIDE tendrá vía libre para realizar espionaje y perseguir a todos aquellos “que generen o puedan generar una ‘pérdida de confianza’ en las ‘políticas económicas’ del Gobierno, sin tampoco precisar quiénes podrían quedar bajo la lupa” (La Nación 25/5). Mientras el gobierno intenta eludir el debate parlamentario inmediato, desde la oposición, organismos de derechos humanos y abogados constitucionalistas salieron a rechazar por inconstitucional la reforma de la Ley de Inteligencia. El abogado constitucionalista Daniel Sabsay a través de su cuenta de X señalo que el DNU “Concede facultades extraordinarias al presidente, entre otras aberraciones, un funcionario podrá detener a personas en la vía pública” y que representa una “violación fragante de la división de poderes” en tanto “toda reforma de este tipo debe pasar por el Congreso.” Desde el CELS cuestionan que el DNU habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna y los consideran como “un retroceso histórico respecto de los acuerdos políticos de las últimas décadas dirigidos a fortalecer la conducción civil de las FF.AA. y a sostener la separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, para evitar que los militares vuelvan a intervenir ante hipótesis de conflicto interno”. La discusión ahora se trasladará al plano institucional. La Comisión Bicameral de Inteligencia prevé solicitar informes al Poder Ejecutivo “para conocer el alcance real de la reforma y evaluar su legalidad.” (Aire Digital 2/1) El gobierno a lo largo de dos años de ejercicio vino asfaltando el camino para instalar un Estado policial a través de diferentes iniciativas como la creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), la puesta en pie del Departamento Federal de Investigación (DFI), la reforma Ley de Seguridad Interior que habilita la inserción de las Fuerzas Armadas en la represión interna, el protocolo antipiquetes, los perfilamientos en las movilizaciones y el aval del gatillo fácil. Cuando asistimos a la agresión imperialista sobre Venezuela, a través de bombardeos, que tuvo como correlato la captura de Nicolás Maduro, la iniciativa fascistizante del gobierno nacional se enrola en la puesta en pie de un Estado policiaco que tiene como estrategia asestarle una derrota de características históricas a la clase obrera y reforzar el alineamiento geopolítico de la Argentina con la internacional fascista. Es con esta perspectiva que le dan superfacultades a la SIDE, que, a partir de ahora, está habilitada a juntar información de quienes busquen "desestabilizar" al gobierno y "socaven" la confianza de la opinión pública sobre funcionarios. Básicamente, todo aquel que realice críticas o lleve adelante acciones contra las políticas del gobierno y sus consecuencias, está sujeto a quedar bajo el espionaje y la coacción de la SIDE libertaria. La ampliación del aparato represivo y de inteligencia, la restricción de libertades democráticas y la persecución de los activistas y luchadores son el complemento de fuerza para hacer pasar un brutal plan de ajuste contra la clase trabajadora. La lucha contra el Estado policial no va a salir de la rosca de los partidos burgueses en el Parlamento o fuera de él. Es necesario plantear la apertura y desclasificación de los archivos en manos de los aparatos represivos y de inteligencia del Estado y su consecuente desmantelamiento.

El viernes 2 de enero, primer día hábil del 2026, se realizó una concentración en las puertas de la sede de la ANDIS pensiones, ubicada en la calle Yrigoyen, a metros del Congreso Nacional. La acción fue convocada por la asamblea Discas en Lucha junto a otras organizaciones del colectivo de discapacidad y participaron, además, familias del Garrahan, organizaciones de jubilados, políticas y de derechos humanos. Las organizaciones convocantes denunciaron la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad y el ajuste en el área. “No somos enfermos para que nos manden a salud, somos personas con discapacidad y queremos seguir teniendo a la ANDIS como un organismo independiente” expresaron desde el micrófono que se abrió para que todos los participantes dieran unas palabras. Desde Política Obrera participamos de la convocatoria y acercamos nuestra adhesión. En nuestra intervención denunciamos que la disolución de la ANDIS implica un avance en el ajuste a discapacidad y defendimos el método de la coordinación y la autoconvocatoria para hacerle frente a los ataques del gobierno liberticida. La disolución de la ANDIS y el traspaso de sus funciones bajo la órbita del Ministerio de Salud fue anunciada por el jefe de gabinete Manuel Adorni el martes 30 durante la conferencia de prensa. (ver artículo El cierre de la ANDIS: un golpe a los derechos de las personas con discapacidad ). Esto sucede luego del escándalo de las coimas que involucró a Karina Milei como beneficiaria y responsable directa del acto de corrupción “Las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades, se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones", detalló Adorni. Y agregó que se eliminarán 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7 % en la estructura jerárquica. "Esto no significa que se vayan a recortar pensiones ni nada por el estilo". Todo lo contrario de lo que viene sucediendo: las auditorías y el recorte de pensiones sólo se detuvieron cuando salieron a la luz los audios en los que Spagnuolo (exdirector de la Agencia) aseguraba que había sobreprecios en la compra de medicamentos y gracias a fallos favorables de la justicia federal de distintas provincias, como Catamarca, Formosa y La Rioja. Previamente, la agencia había dado de baja a un total de 128.667 beneficiarios de Pensiones No Contributivas (Infobae, 5/09/2025). El mismo 31 de diciembre, la junta interna de delegados de ATE pensiones anunció que se estaban dando de baja los contratos de varios trabajadores del área con más de una década de antigüedad. “Con despidos no hay año nuevo” expresaron en su comunicado. El presupuesto 2026 en líneas generales establece una motosierra pese a que no haya prosperado el artículo que deroga las leyes de emergencia en discapacidad y pediátrica. Desde el micrófono abierto personas con discapacidad denunciaron que hay demora en las solicitudes de las pensiones y de Certificados de discapacidad, además de los más de 300 despidos en dicho organismo durante el 2025. También manifestaron que está en peligro el predio en donde se encuentra la sede central de ANDIS y el complejo deportivo. “El predio de Bajo Belgrano es enorme, un patrimonio público construido por la Fundación Eva Perón, con espacios de libre acceso. Es un lugar muy codiciado por los especuladores financieros e inmobiliarios y el gobierno tiene mucho interés en liquidarlo o venderlo”, afirmó una de las integrantes de la asamblea Discas en Lucha. No faltaron los cánticos y discursos contra la CGT por su rol pasivo y cómplice a los cuales sumaron al Foro de Discapacidad. Un operativo policial pretendió que la acción no se realizara amenazando con reprimir y hostigando a los manifestantes, pero fracasó en su objetivo. La próxima convocatoria es este miércoles 7 de enero junto a los jubilados a las 17 horas en Plaza Congreso.

Una nación se arroga derechos y títulos de propiedad valedera de todo lo que emerge en esta azul esfera. Y así invade destituye, bombardea a vista y paciencia de la comunidad terrena. Un águila sangrienta codiciosa artera se apropia de lo ajeno y lo hace sin siquiera enunciar formalmente que les declaró la guerra. La ONU procede al saber de su experiencia dejar que el poderoso al oprimido agreda y mirar para otro lado como el imperio ordena. No es que la ONU duerma el sueño de los justos, de ninguna manera, ella adopta un gesto adusto e ignora lo que ocurre en tierras de Venezuela porque está muy ocupada en cumplir otras tareas se ocupa sin descanso, de ignorar lo que pasa en días y noches de muerte en el territorio de Gaza. Mientras tanto el mundo gira y chorrea sangre en la latitud que sea. África negra saqueada en varios siglos por imperios rivales se debate entre guerras hambrunas, pestes y mil calamidades. Europa del este también esquilmada escupe desahuciados hacinados en barcos que en el mejor de los casos arriban a puertos donde serán deportados o lograrán el ansiado status de refugiados. Alineados en serie conseguirán una carpa y si no a la intemperie. La mitad de los seres que habitan este mundo son pobres por derecho ajeno y potenciales rebeldes por derecho propio. Nada de esto impide que se anuncie cada año bienaventuranza plena de amor y de esperanza. Habrá que hacerlo pronto porque los imperios quieren promover otra guerra y cabe preguntarse ante esta tercera si será la decisiva que nos borre de la Tierra. Me olvidé al comenzar a escribir este poema ponerle nombre y eso atenta contra al sentido de la rima el texto y la cadencia. Debo remediarlo para no colocarme al borde del abismo lo voy a subsanar. El poema se llama: Estas son las credenciales reales del capitalismo.

Las especulaciones y divagaciones acerca de una concertación entre Trump y el gobierno venezolano para secuestrar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han copado los titulares y los comentarios de los medios de comunicación internacionales. La ausencia de una respuesta militar al sobrevuelo de aviones y helicópteros de la fuerza Delta sobre Caracas y el bombardeo a los asientos militares de La Carlota, en el centro de la capital de Venezuela, y el fuerte Tuna, son presentados como prueba de un arreglo convenido para ejecutar la operación de piratería. Las declaraciones ulteriores de Trump que descartan un pasaje del gobierno a la jefa de la oposición ‘escuálida’, María Corina Machado, acompañada por una declaración de confianza en la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, para gobernar una transición política sin condiciones ni plazos, han reforzado esas presunciones. Los desmentidos públicos de los principales funcionarios de gobierno, Diosdado Cabello, ministro de Interior y encargado de Seguridad; Vladimir Padrino López, jefe de las Fuerzas Armadas: o Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, no disiparon las sospechas de un pacto político. Tampoco las declaraciones de la Vicepresidenta, quien ha reclamado el retorno de Maduro al país y a la Presidencia –algo que olvidan muchas declaraciones de repudio al ataque de parte de la izquierda internacional-. El secuestro de Maduro ha sido un acto delictivo, porque no ha respondido a ningún pedido judicial de extradición u orden captura internacional. Con una mirada retrospectiva, el operativo ha repetido, con las variantes del caso, la extracción de Leopoldo López, un dirigente opositor, de la embajada de España, y de los refugiados en la embajada argentina, custodiada por el gobierno de Brasil. Si las especulaciones o divagaciones acerca del secuestro de Maduro tienen algún ancla en la realidad, la punta del ovillo no apareció recién en la madrugada del 3 de enero. Las transas de Maduro con los gobiernos de Trump y de Biden han tenido dimensiones más amplias en el tiempo. Bajo su primer gobierno, Donald Trump bloqueó una inminente “aceleración” de la deuda externa de Venezuela, por parte de los acreedores, cuando el gobierno de Maduro entró en default . El derecho de los prestamistas a pedir el pago de la totalidad de lo debido (no sólo las cuotas impagas) hubiera desatado una onda de embargos internacionales contra todos los activos de Venezuela, empezando por la distribuidora Citgo, de Pdvsa, en territorio norteamericano, algo que se negoció con posterioridad. El ataque militar del Comando Sur del Pentágono no ha producido el tan mentado “cambio de régimen” en Venezuela, ni parece ser ahora el propósito de Trump; pareciera que el propósito del imperialismo sería sólo ‘retocarlo’. Pero esto mismo tampoco es, estrictamente, una novedad, pues es lo que ha ocurrido, aunque a una escala histórica desconocida, en la ex Unión Soviética y China, donde el “tránsito” al capitalismo fue ejecutado por la burocracia dirigente de sus partidos comunistas –preexistentes-. En este aspecto, o en este sentido, la “transición” en esos países continúa, como lo prueba la intención de la OTAN de completar el tránsito impuesto hace varias décadas por medio de una guerra. En Venezuela se trataría de imponer una recolonización del imperialismo, no por parte de la ultraderecha ‘liberal’, sino por parte de las autoridades ‘antiimperialistas’. Trump pretendería evitar que un “cambio de régimen” abrupto desate una crisis internacional y/o una guerra civil. Fue lo que el imperialismo logró en la transición de la ex URSS y Europa Oriental, y en China y el Sudeste Asiático –más la gran adquisición política que ha representado el restablecimiento de un estado alemán único-. Es claro, para todo el mundo que esa transición ha encontrado sus límites históricos en la gran crisis capitalista mundial. El guardián de la transición en Venezuela no es otro que el enorme contingente militar que Trump ha impuesto en el Caribe. Es una transición con un revolver en la sien de los encargados institucionales de ejecutarla. Esto significa que Venezuela (y toda América Latina) se ha convertido en un Protectorado ‘de facto’. En palabras de Trump: a partir de ahora “vamos a gobernar Venezuela”. Delcy Rodríguez deberá transferir Pdvsa al control de Estados Unidos para proceder a la reconstrucción de la infraestructura petrolera y a la reestructuración de las relaciones comerciales (Político, Washington, 4/1). “Pdvsa no va a ser desnacionalizada de cierta manera y dividida…; es lo mejor para mantener el flujo de la producción”. Un consultor con base en Houston, Evenan Romero, está encargado de traer de vuelta a los productores petroleros norteamericanos. “Romero es parte de un comité de 400 personas, en su mayor parte exfuncionarios de Pdvsa, que se formó hace un año para diseñar la estrategia para revitalizar a la industria petrolera bajo un nuevo gobierno”. Es el equipo de “asesores” al que se ha referido Trump para gestionar la industria petrolera bajo el gobierno de Delcy Rodríguez. La misión principal es asegurar el retorno de las empresas de servicio tecnológico (Halliburton, Schlumberger) para restablecer las plataformas e infraestructuras de la extracción petrolera. La reconstrucción petrolera será financiada por los ingresos que recaudará Pdvsa por una producción que debería duplicarse en un año y cuadruplicarse alrededor de 2030. El gobierno de Venezuela quedará a cargo del control ciudadano, un gobierno ‘de facto’ hasta la convocatoria a elecciones en un tiempo por ahora indefinido. Este asalto económico afectará fuertemente a Cuba, que depende de la importación venezolana, y en menor medida a China, que trae de Venezuela el 8 % de sus importaciones. Es indudable que esta metodología artificial de gobierno está preñada desde el vamos de contradicciones explosivas. Supone, por de pronto, una crisis del sistema monetario, pues no podrían coexistir una divisa de exportación y una moneda local. La dolarización monetaria, ya muy avanzada, debería quedar completa. Venezuela chocaría con el sistema monetario que está implantando China en su esfera económica de influencia, como ocurre con la internacionalización creciente del yuan. Sería un golpe para los regímenes monetarios nacionales de América Latina, que enfrentarían presiones dolarizadoras en medio de deudas públicas impagables Las contradicciones sociales y políticas no cesarían de agravarse. Venezuela pasaría a ser una pieza del capital norteamericano en la guerra comercial desatada por Trump. Con la pretensión de evitar “un cambio de régimen”, Trump se mete en un atolladero mayor: la abolición de todo régimen, una suerte de Puerto Rico sin asociación. Un Protectorado ‘de facto’ implicaría asimismo un cambio del régimen político de Estados Unidos, que ha gestionado ocupaciones militares, pero ha rechazado gobernar sistemas coloniales. En el caso de Venezuela, Trump sigue un patrón, pues también reclama convertir a Gaza en un Protectorado bajo su dirección política personal. En este caso, la tentativa ha agravado las masacres contra el pueblo palestino y desatado una crisis regional y guerras sin precedentes – en Siria, Líbano, Palestina, Yemen, Sudán y el estratégico Cuerno de África (Etiopía, Eritrea, Somalía)-. La crisis de régimen en Estados Unidos (gobierno por decreto, violaciones del orden judicial, militarización de las ciudades), una refracción del agotamiento del régimen político de relaciones internacionales, alimenta las crisis internacionales de regímenes políticos; Venezuela ocurre en un contexto. La internacionalización de la lucha de clases, que la clase obrera no ha podido desarrollar de acuerdo a la gran crisis capitalista, la desarrolla el imperialismo mediante catástrofes económicas, políticas y militares. La rivalidad y la guerra entre los grandes estados nacionales (geopolítica) debe ser reemplazada por una acción histórica independiente contra el capitalismo y sus estados, o sea (una lucha de clases) internacional. LEER MÁS: DERROTEMOS LA PIRATERÍA YANQUI CONTRA VENEZUELA. ABAJO EL BANDIDAJE DE TRUMP Y MILEI Declaración de Política Obrera, 03/01/2026. Después del ataque militar Trump anuncia que convierte a Venezuela en un Protectorado ¿Se derrumba el bloque ‘bolivariano’? Por Jorge Altamira, 03/01/2026.

La gestación de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur ha tenido la duración récord de 25 años, y sin embargo el parto está padeciendo complicaciones, al punto que el desemboque cada vez más probable resulta ser el aborto. La firma prevista por el 20 de diciembre ha sido postergada esencialmente por voluntad de Macron, y a pesar de las presiones de Merz y Von Der Layen para que se apruebe el tratado en enero la resolución del impedimento francés resulta ardua. El acuerdo beneficiaría de un lado la burguesía industrial europea, y del otro, a los propietarios terreros y la burguesía agrícola de los países latinoamericanos miembros del Mercosur. En la medida que prevé la eliminación de los impuestos aduaneros sobre un 90 % de las mercancías comercializadas entre las dos entidades económicas, los productos industriales europeos podrían fácilmente ganar cuotas de mercado en América Latina, dado que tienen costos de producción más baratos por la mayor productividad del trabajo y las mayores economías de escalas respecto las industrias de Argentina y Brasil; al mismo tiempo, la mayor fertilidad de la tierra y la mayor presencia de recursos naturales, sumado a una mano de obra extremamente explotada y empobrecida, favorecerían al “campo” de nuestro continente en sus exportaciones extraatlánticas. Estas “ventajas comparativas” que favorecerían una caída de los precios en las dos economías y un crecimiento de la productividad media, o sea que representan un progreso económico en términos generales, sin embargo, bajo la anarquía capitalista, implican la ruina de la industria argentina y sobre todo de la pequeña burguesía agraria de Francia e Italia, y por lo tanto generan crisis políticas hijas de la defensa que estos grupos sociales perjudicados realizan de sus intereses particulares. El desarrollo de la crisis política La contradicción entre la burguesía industrial y la pequeña burguesía agraria explica las dificultades políticas que la Unión Europea está viviendo a la hora de firmar el acuerdo dado que los gobiernos de Francia, Italia, Polonia y Hungría se oponen a ello, no tanto porque implicaría un retroceso de sus economías nacionales, que serían beneficiadas por el crecimiento industrial, sino por las protestas y los cortes de ruta que los pequeños agricultores están realizando en las últimas semanas. El acuerdo puede ser firmado si el Consejo Europeo, que reúne los jefes de gobiernos nacionales, delibera por su firma con una mayoría del 55 % de los jefes de gobierno que deben representar al mismo tiempo más del 65 % de la población de la Unión. El bloque hostil al tratado por ahora tiene el porcentual de población necesaria para vetar la medida, por esto Von Der Leyen tendría que convencer a votar a favor por lo menos a un gobierno entre el francés, el italiano o el polaco dando a cambio concesiones fiscales o políticas. La crisis política francesa raja las paredes. Macron en los últimos cuatro años en calidad de Presidente de la República tuvo que nombrar seis primeros ministros bajo su actual presidencia. Las cuentas públicas sufren un déficit fiscal llamativo: 168 mil millones de dólares equivalentes al 5,8 % del PBI. Las tentativas de promover un ajuste del gasto social y en particular del gasto jubilatorio no han podido fructificar por la debilidad política de la coalición del centro macroniano: para evitar la caída del actual gobierno “Lecornu dos”, Macron ha pactado con el partido socialista la suspensión de la reforma jubilatoria, que había sido votada en 2023, en cambio de su abstención en un eventual voto de desconfianza al gobierno (que puede ser destituido por voto parlamentario). En este clima el Presidente francés percibe su falta de recursos políticos para imponer a los agricultores franceses un marco económico fuertemente más hostil. Al mismo tiempo el gobierno presentado por la prensa burguesa como entre lo más estables y con más consensos vive en un estado comatoso: en tres años, el gobierno Meloni ha sido incapaz de promover reformas y solo ha podido evitar el estallido de sus contradicciones por vía de 330 mil millones de gasto público (Recovery Fund y “Superbonus” inmobiliario), financiado con recursos y prestamos de la Unión Europea. En la medida que el Nuevo Pacto de Estabilidad establece la reducción del déficit fiscal y que al mismo tiempo habrá que aumentar el gasto militar, el ajuste al gasto social será la base de la crisis política del gobierno: por su base electoral que ha votado a Meloni en cuanto única oposición al gobierno técnico de Draghi, identificado con la década de la austeridad, y por el aliado de gobierno Salvini que busca ganar consensos al partido de Meloni promoviendo una crítica demagógica a “los tecnócratas de Bruselas” y a sus medidas de ajuste. En este marco general la pequeña burguesía agrícola fue siempre parte de la base social de la Liga (partido de Salvini) y de la derecha italiana; promover su bancarrota económica representa una crisis vertical del gobierno. Como se puede ver de este pequeño desarrollo el camino para Von Der Leyen para superar el veto será extremamente arduo. La parálisis política de la Unión Europea viene alimentada además por las crecientes fracturas con el imperialismo americano: un acuerdo de libre comercio con el Mercosur representaría una herramienta para reducir el peso de los intercambios comerciales con Estados Unidos y por ende la dependencia de los capitalistas europeos del mercado estadounidense, lo que debilitaría la capacidad de chantaje de Trump en sus tratativas comerciales y militares con la Unión. Por esta misma razón los vértigos europeos podrían ralentizar la firma del acuerdo para evitar una ruptura ulterior con el gobierno americano y por miedo de las repercusiones imprevisibles de Trump. Conclusiones La Unión Europea destina el 25 % de su balance al sostenimiento de los ingresos del sector agrícola; cerca 50 mil millones de dólares que cada año llena los bolsillos de pequeños empresarios. En Italia las empresas agrícolas son un 1.133.000 con alrededor de un millón de asalariados, mientras en Francia ha habido una mayor concentración del capital agrícola con 389.000 empresas y un millón de asalariados (también en términos de hectáreas por cada empresa mientras la primera ve 11 hectáreas por empresa, en la segunda son 69). Los empleados totales (pequeños empresarios y trabajadores asalariados) en la agricultura europea son 9,2 millones. Históricamente esa transferencia de valor monetario, desde el sector industrial a través de los impuestos sobre la plusvalía, al sector agrícola que se beneficiaba de múltiples subsidios, representaba una herramienta para mantener en pie masas de campesinos que votaban la democracia cristiana italiana y la derecha gaullista francesa, evitando así un mayor desarrollo de los partidos comunistas en la segunda posguerra. El lujo de alimentar una masa de pequeños burgueses campesinos es cada vez más puesto en cuestión por la crisis mundial y la competencia capitalista, así como no viene más percibido como un factor político fundamental para la estabilidad de la burguesía. Ahora la necesidad de la Unión Europea consiste en reactivar las inversiones de capitales en Europa y aumentar su productividad, para poder competir en la guerra de precios internacional y desarrollar una potencia militar para poder competir con el imperialismo americano y Rusia y China. El mismo rearme europeo tiene como condición necesaria una reactivación industrial; no puede haber un mayor gasto militar (o sea consumo) sin el desarrollo de las inversiones y de la productividad del trabajo (o sea de la producción) para sustentar la maquinaria bélica. De un lado la Unión Europea se plantea atraer mayores capitales – en primis los capitales europeos que migran a Estados Unidos, atraídos por una mayor rentabilidad en la Bolsa y también por menores reglas empresariales– a través de una política de unificación del mercado de capitales, de desregulación de las empresas y de menores impuestos, los cuales mal encajan con estos subsidios a pequeñas empresas improductivas; del otro, la industria europea y su “locomotora” alemana sufren cada vez más la competencia china y la suba de los costos de producción por la suba de la energía, por lo cual un acuerdo de libre comercio seria parte de una reactivación de las exportaciones y por ende de la producción europea. Por esto el fracaso del acuerdo con el Mercosur sería una señal más de la decadencia del imperialismo europeo y de la debilidad política profunda de su burguesía, sobre todo de la burguesía alemana y francesa. No es casual que la asociación de los industriales europeos haya criticado la falta de firma del tratado y que Merz y Von Der Layen –representantes del gran capital alemán– sean los más activos fautores del acuerdo. Las reformas necesarias para la burguesía europea implican choques sociales y una radicalización de la lucha de clase que tienen que ser gestionados por los gobiernos más inestables y débiles de las últimas décadas. La contradicción entre la radicalidad de las medidas de los gobiernos y la radical crisis política de los mismos abre un marco de convulsión social y política. LEER MÁS: “Acuerdo comercial”, la hoja de ruta de una re-colonización de Argentina El botín de una guerra imperialista internacional. Por Marcelo Ramal, 14/11/2025. El Mercosur y la guerra arancelaria Publicado en políticaobrera.com el 04/07/2025. Mercosur, no los separa la pelota Por Jorge Altamira, 28/03/2021.

Los trabajadores de la cadena de Farmacias del Dr. Ahorro están luchando contra los despidos y por la preservación de su fuente de trabajo. La empresa ha decidido despedir a casi un tercio de su planta de trabajadores, haciendo hincapié casi exclusivamente en los que tienen mayor antigüedad. Asimismo, se ha apropiado de los aportes previsionales y sindicales de sus empleados durante todo el 2025. Para aquellos que aún mantienen sus puestos en Farmacias del Dr. Ahorro la situación también es complicada, ya que la empresa continúa con el vaciamiento, sin reponer absolutamente ningún producto. Con las estanterías cada vez más vacías, si la situación no se revierte, nos encontraremos ante la pérdida de la totalidad de los puestos de trabajo remanentes. Los trabajadores han encarado esta lucha por sus propios medios, dado que el sindicato de empleados de farmacia, Adef, no tiene ninguna intención de organizarla. Llamamos a la unidad de los trabajadores mediante autoconvocatorias ante la complicidad sindical con la patronal. Es URGENTE que los trabajadores aún en actividad nos organicemos, participemos y apoyemos las actividades de aquellos que ya fueron despedidos. Hay que estar preparados y alertas. Desde Tribuna de Salud Farmacia, organización de trabajadores del sector en Política Obrera, nos solidarizamos con el reclamo y llamamos a todos los trabajadores farmacéuticos a apoyar la lucha de los compañeros de Farmacias del Dr. Ahorro, y a los demás sectores en lucha. Es necesario coordinar acciones para enfrentar el ataque de las patronales sobre los derechos laborales, auspiciado por el Gobierno. Contacto: 11-5662-7254 Facebook: Tribuna de Salud Farmacia LEER MÁS: Despidos en Farmacias del Dr. Ahorro A continuación reproducimos el comunicado de prensa que emitieron los trabajadores de las Farmacias de Dr. Ahorro en lucha contra los despidos. Publicado en polïticaobrera:com el 27/12/2025. Despidos y cierre de sucursales en Farmacias del Dr. Ahorro Por Tribuna de Salud Farmacia, 23/12/2025. VER LA SIGUIENTE ENTREVISTA: Más de 90 despidos en las farmacias del Dr. Ahorro | Claudia Judit Jati, trabajadora despedida. En Radio Gráfica FM 89.3 MHz, 30/12/2025. Publicada en el muro del FB Nacional de Política Obrera.

En una reciente conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se quejó de los aportes provinciales que debe realizar el gobierno de Axel Kicillof en cinco hospitales nacionales, cuyo financiamiento es compartido entre el Ministerio de Salud nacional y su par provincial. Estas unidades hospitalarias revistan como Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC). En total suman seis hospitales, de los cuales cinco se encuentran ubicados en la provincia de Buenos Aires y la restante en El Calafate, Santa Cruz. El gobierno nacional ha reclamado a la provincia una deuda de más de 500 millones de pesos. Kicillof retruca que la deuda del gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires asciende a 15 billones de pesos, por lo que se estaría cobrando una deuda del Ejecutivo nacional por este medio. Adorni y Mario Lugones, ministro de Salud, han declarado que se evalúa una privatización de los SAMIC para “reducir costos”. Los cinco hospitales ubicados en el conurbano bonaerense ocupan un rol central en la atención de millones de personas. Estos son: El Cruce, en Florencio Varela; Cuenca Alta, en Cañuelas; René Favaloro, en Rafael Castillo; Presidente Néstor Kirchner, en Gregorio de Laferrère; Hospital Bicentenario, en Esteban Echeverría. En líneas generales, el gobierno nacional no ha escondido su pretensión de provincializar el conjunto de la salud pública, como ya han hecho los sucesivos gobiernos desde el menemismo, tanto con la salud como con la educación. La excepción ha sido reservada para el Hospital Garrahan, del cual Adorni ha dicho que no pretende deshacerse “por su reconocido servicio y excelencia”, luego de haber implementado un ajuste brutal sobre el nosocomio especializado en patologías para niños, niñas y adolescentes. El Gobierno ha reclamado, mediante Manuel Adorni, que el Ejecutivo provincial ha dejado de realizar el aporte que le corresponde para el mantenimiento de las unidades hospitalarias, lo que ha obligado al gobierno nacional a afrontar el 100 % del desembolso para los recursos necesarios. En principio, estos aportes corresponden enteramente al año 2025. Los liberticidas han concluido que es imposible sostener este ´modelo compartido´, más aún si el aporte recae enteramente en el gobierno nacional. Por eso mismo, si la provincia rechaza el traspaso total de los hospitales a su órbita plantea, como alternativa, una gestión público-privada de los mismos. Este modelo es aplicado en España en numerosos nosocomios, lo que ha convertido la salud en un negociado hecho y derecho. Según reconoció un importante funcionario libertario a La Nación (04/01), ya hay “especialistas” que han viajado desde España para interiorizarse en las unidades SAMIC y “aconsejar” al gobierno nacional en la mejor manera de privatizar estas unidades. Lo que asegura el Gobierno es que el Ministerio de Salud controlaría a la gestión privada de los hospitales y realizaría un aporte a modo de cuota para cubrir la atención de la población que no cuenta con obra social o prepaga. Si uno revisa las unidades que integran el SAMIC, comprueba que se encuentran en barriadas azotadas por el desempleo y el trabajo precario; la “cuota” se convierte en una expulsión de la población de los centros de salud. El caso más flagrante es el Hospital El Cruce, que es de alta complejidad, cuyos costos de internación son millonarios e imposibles de afrontar para cualquier familia trabajadora, incluidas las que cuentan con cobertura médica privada o sindical. El gobierno nacional ha asegurado que su idea es asociarse a las gestiones privadas para “participar de las ganancias” que arroje el gerenciamiento privado. El presupuesto 2026 ha declarado que todo el dinero público está puesto en función de abonar la deuda pública, todo lo demás es un “gasto tóxico”. La dirección de la CICOP y Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) ha emitido un comunicado manifestando su “preocupación” por las declaraciones de Adorni y el Ministerio de Salud nacional, sin denunciar al mismo tiempo al gobierno provincial, en el cual se encuentran enrolados políticamente. Los gobiernos de Milei y Kicillof no actúan en el vacío, siguen el libreto internacional de los distintos gobiernos que han declarado la necesidad imperiosa de deshacerse de los servicios de salud pública. Es la gran conclusión de la burguesía y sus gobiernos tras la pandemia de COVID-19. La liquidación de la salud pública es una demostración mortal de la debacle capitalista. El conjunto de los recursos estatales es dirigido en función de sostener el pago de la deuda pública: “la bolsa o la vida”. LEER MÁS: Presupuesto 2026: aplanadora a la educación y los gastos sociales, con la venia peronista y radical Por Marcelo Ramal, 28/12/2025.

Por un lado, Argentina atraviesa un reguero de conflictos obreros ante los intentos de las patronales y el gobierno de Milei de aplicar en los hechos los proyectos de derogación de una inmensa cantidad de conquistas históricas, como lo demuestran los intentos de liquidar las paritarias, cercenar los derechos indemnizatorios, la liquidación de la jornada de ocho horas y la imposición del trabajo a destajo en las fábricas. Con la contrarreforma laboral que el Gobierno envió al Congreso, a 200 000 trabajadores de las aplicaciones no se les reconoce ni el derecho de ser considerados explotados. Hay en toda la clase obrera una gran deliberación sobre los pasos a seguir, pero la voluntad de parar y movilizarse contra los planes liberticidas encuentra un freno en la política de la CGT. Por otra parte, el asalto de Trump sobre Venezuela tendrá como correlato un salto de la crisis política en todo el continente y especialmente en nuestro país, donde el gobierno de Milei es una agencia del imperialismo. El cuadro de situación arroja una conclusión fundamental: debemos prepararnos para luchas cada vez mayores y más profundas contra los zarpazos del protofascismo internacional. Está planteado un enorme desafío de Política Obrera: una gran campaña de agitación y organización contra la contrarreforma laboral de Milei, en directa conexión con la lucha por una nueva dirección clasista y revolucionaria en los sindicatos, y contra el imperialismo en Venezuela y toda Latinoamérica. La agitación sobre las principales fábricas, reparticiones estatales y centros de estudios es el centro de nuestra atención política en esta campaña. A esto responde la buena respuesta de un amplísimo padrón de trabajadores de la industria siderúrgica (Acindar, Siderca), trabajadores de la alimentación (Unilever, Granja Tres Arroyos, Stani), también entre varios trabajadores del SUTNA -especialmente de FATE y Pirelli-; entre los molineros, en Sealy (ex Bed Time), Fernet Branca, el Subte, la UTA, en decenas de fábricas pequeñas entre los trabajadores de los ingenios, los zafreros, y los trabajadores de la salud, cruzados por grandes conflictos; por último, también entre docentes, no docentes y docentes universitarios, donde desarrollamos un intenso activismo. Hay respuestas favorables y casi no tenemos rechazos políticos, lo que es siempre un síntoma de un grado de conciencia de la necesidad de darle forma organizada a todas estas luchas. Queda para un partido revolucionario la inmensa tarea de establecer una salida a la crisis de dirección de la clase obrera -una crisis de la humanidad-. Es necesario emprender, a partir de una estrategia y un programa, una campaña para el reclutamiento socialista en las nuevas generaciones de luchadores. Eso implica un despliegue más intenso en términos de agitación, propaganda y organización en las grandes fábricas y centros de estudio. Colaborar con la Campaña Financiera significa colaborar con la salida de un periódico impreso cada 15 días de distribución nacional, para que se sumen nuevos lectores de nuestra prensa digital y para desarrollar nuevos medios, como nuestro canal de YouTube y los programas “Socialismo o Barbarie” y “La hora de los trabajadores”, que transmitimos actualmente. Este resorte económico servirá para que nuestra voz sea escuchada en todo el país por medio de actos, de una agitación y en las movilizaciones contra la reforma laboral en curso, contra el “protectorado” de Trump y Milei, por la derrota del imperialismo y el Estado sionista en Palestina y todo Medio Oriente; contra la brutal acción de bandidaje y piratería en Venezuela; por el fin de la guerra mundial en desarrollo y por la derrota del imperialismo y los regímenes opresores; en definitiva, por la unidad internacional de los trabajadores contra el imperialismo. Apelamos a todos nuestros simpatizantes y amigos a aportar a la campaña, a sumarse a las actividades especiales que programamos como parte de la misma (charlas. actividades culturales, colectas) y a que sean aportantes permanentes a Política Obrera. Comenzamos bien. Ahora a concretar los cientos de compromisos y visitar un extenso padrón de relaciones que está mostrando una comprensión política de la situación. Vamos por una gran campaña financiera. LEER MÁS: 1 de diciembre: lanzamos una gran Campaña Financiera “Abajo la reforma laboral. Abajo el Protectorado de Trump y Milei sobre Argentina.” Por Comisión de Organización, 27/11/2025.

Bajo el asedio de una formidable Armada en el Caribe y el bloqueo y secuestro de los cargueros del petróleo venezolano de exportación, los hermanos Rodríguez (Delcy y Jorge) fueron instalados, respectivamente, como presidenta encargada de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional. Diosdado Cabello, ministro del Interior, dio por restablecida la seguridad pública, en el marco del decreto de “conmoción interior”, dictado con anterioridad al secuestro de Nicolás Maduro. Tuvo inicio, de este modo, el régimen de “gobierno” de la República Bolivariana por parte de Estados Unidos por interpósitas personas, según planteó Donald Trump en la conferencia de prensa del pasado sábado 3 de enero. El pirata norteamericano no excluyó, sin embargo, que si este sistema de gobierno se revelara inviable, Estados Unidos invadiría Venezuela (“poner las botas en el terreno”) sin más reservas. Las nuevas autoridades niegan con vehemencia que se encuentren colaborando con este régimen de gobierno semicolonial; esto no demorará en aclararse en los próximos días. En una publicación de la presidenta en Instagram, bajo el título “Un mensaje para Venezuela, el mundo y los Estados Unidos” (citado en un ‘substack’ de un conocido internauta), Delcy Rodríguez señala que “Venezuela reafirma su compromiso con la paz y la coexistencia pacífica”. En esta línea dice que “priorizamos marchar hacia una relación balanceada y respetuosa entre Estados Unidos y Venezuela”, para agregar que “invitamos al gobierno de Estados Unidos a colaborar con nosotros en una agenda de cooperación orientada a un desarrollo compartido dentro del cuadro de la ley internacional para fortalecer una coexistencia comunitaria duradera”. En el contexto de asedio militar y político, amenazas de ir a una invasión y planes para tomar el control de los yacimientos de petróleo y otras materias primas, el planteo de Delcy Rodríguez y del nuevo gobierno venezolano equivale a una suerte de reglamento ‘pseudoconstitucional’ de un Protectorado de facto. Delcy Rodríguez, también ministra de Economía, ha sido señalada por la prensa internacional como la diseñadora de la dolarización generalizada de Venezuela. Una parte de la prensa internacional ya se ha puesto a analizar adónde puede conducir semejante entrevero. El fracaso del ‘doble comando’, amenaza Trump, llevaría a una invasión militar, seguida o precedida por una división de las Fuerzas Armadas bolivarianas. En ninguno de los pronunciamientos de los dirigentes de Venezuela hay un llamado a la resistencia al imperialismo por parte del conjunto de América Latina. El asalto a Venezuela, bajo el código de “Determinación Absoluta”, ha sido una muestra de la enorme cohesión del aparato de Estado del imperialismo en esta operación. Es un contraste significativo con el golpe de Estado ejecutado por Trump hace exactamente seis años, cuando tuvo que enfrentar la resistencia del alto mando militar y fue acompañado solamente por una cohorte de lúmpenes y diversas complicidades policiales. Algo de menor entidad a la asonada de Bolsonaro contra Lula, que cumplirá otro aniversario el próximo jueves. El multibillonario Jeff Bezos, dueño del Washington Post y de Amazon, calificó, en cambio, al asalto a Venezuela de “una movida audaz”, poniendo de manifiesto el apoyo de la oligarquía financiera norteamericana. Las acciones de las petroleras subieron el lunes siguiente al asalto, lo mismo que la estatal Pdvsa, potencialmente al “mando” de Trump. El oro, sin embargo, siguió su ascenso feroz, lo que pone un interrogante sobre el dólar como divisa dominante internacional. Durante el mes y medio de asedio militar en el Caribe, alrededor de cien funcionarios de la CIA participaron de ‘negociaciones’ con todos los niveles del gobierno de Nicolás Maduro y con él mismo. Incluso el Poder Judicial participó de este golpe de Estado internacional al aceptar el procedimiento de su secuestro, aunque enseguida declaró que no hay ninguna prueba de la existencia del Cartel de los Soles. El Congreso de Estados Unidos pasó a un receso virtual. La camarilla de Trump, muy restringida en número según The Economist, contó para este acto de guerra mundial con un apoyo político excepcional. Ni la invasión a Cuba, en abril de 1961, desplegó una Armada como la de Trump en Caribe, ni un ataque militar como el de la madrugada del 3 de enero. Tampoco la milicia mercenaria de Castillo Armas, armada por Estados Unidos, contra Guatemala, en 1954. La agresión contra Venezuela constituye un asalto político contra toda América Latina. Es un dato objetivo: Trump pretende dictar la política de cada país latinoamericano con el método de los protectorados ‘de facto’. Su declaración de Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre pasado reivindica la Doctrina Monroe, de la segunda década del siglo XIX (“América para los (norte) americanos”), a la cual ha añadido el “Corolario Trump”, o sea, el manejo interpósito de la economía y la política de América Latina por parte del imperialismo norteamericano, con un revólver en la cabeza. El acaparamiento de las riquezas venezolanas y la exclusión forzada de sus rivales de China, la Unión Europea y Rusia tiene un carácter internacional, aunque el ensayo pase por Venezuela. Ante la fuerte reacción verborrágica de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, en defensa de Venezuela, Trump le advirtió que “cuide su trasero”... una amenaza de secuestro ‘manu militari’. Incluso Milei, valga la ironía, deberá cuidar el trasero, porque ha promovido importaciones indiscriminadas (‘para bajar la inflación’) que han beneficiado a China. La cloaca que gobierna Argentina no ha logrado ningún apoyo del Tesoro norteamericano, como esperaba, para pagar los vencimientos de deuda externa de este enero. El “gusano’ Marco Rubio ya ha amenazado a Cuba con una acción militar. El imperialismo no ha invocado la ‘restitución de la democracia’ para justificar el asalto a Venezuela, y tiene sólidos motivos para ello; incluso ha maltratado a la ‘demócrata’ Corina Machado, por la carencia de un aparato capaz de sustituir al vigente. Es que Trump está lanzado a la liquidación de la democracia en su propio país. Secuestra inmigrantes (sin debido proceso) y envía a la Guardia Nacional a las principales ciudades con ese y otros propósitos; es lo que busca Milei con su nuevo decreto para la Side. Trump busca injertar en Venezuela no una democracia, sino una dictadura complaciente con el imperialismo. Las masas venezolanas necesitan armarse de un programa para levantarse contra el intento colonial de Trump y por una verdadera democracia política. Una lucha consecuente en esta dirección lleva a un gobierno de trabajadores. Trump no ha perdido el tiempo en valerse de su “Determinación absoluta” y su “Éxito brillante y audaz”, para reclamar la posesión de Groenlandia. La existencia de un territorio en gran parte virgen a la colonización económica y política es incompatible con el desarrollo de una guerra mundial. Geopolíticamente, para dominar los pasos del Báltico, y económicamente, su riqueza mineral, atrae como un agujero negro a las grandes potencias capitalistas y por sobre todo al imperialismo norteamericano. La tendencia a la absorción de Groenlandia no puede ser neutralizada; sólo puede ser impedida por revoluciones socialistas en los países centrales. La pérdida de Groenlandia sería un golpe fatal para los imperialismos europeos y para la Unión Europea. En el lapso de pocos días, el asalto a Venezuela y el intento de convertirla en un protectorado ha pasado a la ocupación de Groenlandia y una guerra con la Unión Europea. Estamos ante una demostración elocuente de que el asalto a Venezuela forma parte de una guerra mundial. Un condominio de Groenlandia entre dos o incluso tres grandes potencias sería apenas un episodio de la guerra en los mismos ocupantes. El desarrollo de un protectorado en Venezuela tampoco será pacífico. La deuda externa de Venezuela es de 70 000 millones de dólares; la reconstrucción de su industria petrolera exige elevadas inversiones, sin acceso a nuevos endeudamientos. Así como Trump rechaza entregar el gobierno de Venezuela a la corriente gorila de Corina Machado, se opone también a la desnacionalización de Pdvsa, pues significaría su despedazamiento y la lucha intercorporativa por sus despojos (infraestructura y yacimientos). No se ha advertido que la gestión económica de Venezuela por parte del Estado norteamericano altera su régimen político y representa una carga financiera para los propios Estados Unidos, con resultados económicos inciertos, en términos de beneficios y plazos. La guerra del imperialismo desde el Indo-Pacífico al Caribe-Atlántico envuelve a China, con activos sustanciales en América Latina y en la misma Venezuela. La infraestructura de transporte, las telecomunicaciones y los automotores eléctricos están dominados por empresas de China. Asistimos a un cambio de época concreto. Las enormes ventajas obtenidas por el capitalismo como consecuencia de las restauraciones capitalistas han concluido. La ‘globalización’ y el ’neoliberalismo’ han caducado. La internacionalización de las fuerzas productivas ha alcanzado fronteras desconocidas; en un iPhone intervienen piezas de miles de empresas. La acumulación de capital, sin embargo, sigue siendo más privada y más nacional que nunca. El estallido de estas contradicciones explica la guerra mundial, que solamente puede ser derrotada y suprimida por una acción histórica revolucionaria de las masas explotadas. LEER MÁS: Trump intima al chavismo a convertir a Venezuela en un Protectorado Por Jorge Altamira, 04/01/2026.

El bandidaje internacional perpetrada por Trump contra Venezuela se desarrolla sin pausa. Por un lado, el Departamento de Justicia yanqui ha reformulado las acusaciones judiciales contra Maduro obligado a admitir que el supuesto Cartel de los Soles no tenía “existencia real”. La acusación de “narcoterrorismo” ha sido la burda pantalla de una operación de piratería internacional. Por el otro, Trump anuncia un “acuerdo” con el gobierno interino de Venezuela para la provisión de 30 a 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, a los precios y las condiciones que determinen él y las petroleras norteamericanas, que se quedarán con la recaudación. Es la primera manifestación de que Trump ha convertido a Venezuela en un protectorado “de facto” de Estados Unidos. Anunció asimismo el cese del abastecimiento del crudo a Cuba, con el mismo propósito de convertirla en un protectorado. Trump pretende el control integral de las reservas de hidrocarburos de Venezuela, como una fuente de negocios y una herramienta de guerra internacional. Bajo el asedio militar de la Armada imperialista en el Caribe y el secuestro del transporte de petróleo, el gobierno de Venezuela ha aceptado una gestión ‘crítica’ del Protectorado. Se trata de una monumental capitulación del pseudo antiimperialismo militar ante el imperialismo yanqui. El imperialismo ha abandonado la demagogia ‘democrática’ para reclutar para su política a un gobierno que ha denunciado como una ‘dictadura’. Al amenazar a Cuba y Colombia y anunciar su propósito de ocupar Groenlandia, Trump ha dejado claro que el asalto contra Venezuela forma parte de una guerra imperialista mundial. La escalada militar de Trump puso de manifiesto, una vez más, la sutil complicidad de los “demócratas” imperialistas de la Unión Europea, que han digerido la operación ilegal de Trump con un discreto comunicado. Con la misma genuflexión atendieron a las amenazas de Trump de quedarse con Groenlandia. Milei ha celebrado la agresión militar de Trump para habilitar por decreto a la SIDE y a las FFAA a ejercer el espionaje interior, espiar y a detener personas sin autorización judicial. Como hace Trump en Estados Unidos, que aplica detenciones extrajudiciales y envía a la Guardia Nacional a las ciudades para secuestrar opositores e inmigrantes. Los “nacionales y populares” del Congreso y de la CGT deshojan la margarita, y rechazan cualquier clase de movilización contra el imperialismo. Lo mismo han hecho frente al genocidio sionista. Llamamos a la unidad del proletariado internacional a una lucha que convierta a la Guerra mundial imperialista en la tumba del imperialismo.

Las masivas protestas populares en Irán llevan 10 días. El rial, la moneda iraní, perdió más del 60% de su valor frente al dólar en 2025 y las cifras oficiales muestran que la inflación superó el 42 % solo en diciembre. La hiperinflación ha desarticulado el comercio del país, que marcha a una parálisis económica. La clase mercantial -el Baazar-que ha jugado un rol importante en el derrocamiento del Sha, en 1979, ha detonado las protestas contra el gobierno, acompañado por la juventud universitaria, en distintas ciudades de Irán. “Los mercados se tambalean desde hace meses” provocando el cierre de empresas. Los alimentos y las medicinas aumentaron más del 70% en el último año. Con su sueldo promedio de algo más de 100 dólares se llega apenas a comprar los alimentos. La economía iraní “lleva años sufriendo una presión constante, en gran parte como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos y Europa”. La agresión israelí y norteamericana, en junio pasado, “agotó aún más los recursos financieros del país”. Los problemas de infraestructura explican largos cortes de agua y de energía eléctrica (NYT, 3/1). “El 40% de los activos del sistema bancario iraní existen sobre el papel, pero no en la realidad. El crecimiento económico del país es cero", declaró el economista Saeed Laylaz. HRANA, una ONG de derechos humanos con sede en Estados Unidos, remarca que la escalada de la violencia y la proliferación de la protesta están directamente vinculadas al endurecimiento de las sanciones internacionales y a los efectos directos sobre la vida diaria de los iraníes (Infobae, 5/1). Ante una nueva devaluación, el domingo 28, los comerciantes del Bazzar, el principal mercado de Teherán, y de importantes centros comerciales de tecnología móvil cerraron sus negocios y marcharon por las calles de la capital al grito de “Estamos juntos, no tengamos miedo”. El levantamiento del bazar fue entendido por algunos analistas como una “ruptura histórica” ya que durante décadas “fue la arteria económica y un ancla de estabilidad política del sistema” (DW 2/1). Día a día, se han ido sumando capas sociales, incluyendo huelgas espontáneas en muchos centros industriales. Las manifestaciones, que ya abarcan más de un centenar de localidades en por lo menos 22 de las 31 provincias (verificación de la BBC), tienen antecedentes poderosos. Las de 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, detenida por la policía de la moral (sic) por violar las normas del hiyab, desencadenó semanas de violentas protestas. (Estos días se oyen consignas como ‘Zan, Zendegi, Azadi' -mujer, vida, libertad- en referencia al levantamiento de 2022). Y las de 2019, cuando el aumento de los combustibles provocó manifestaciones masivas, que el régimen sofocó con más de 1.500 muertos. Los observadores coinciden en que estas son más masivas. A medida que la protestas han ido tomando alcance nacional, muchos sectores reclaman el respeto a las libertades públicas y otros directamente el derrocamiento del régimen de los ayatola. En las redes sociales y las cadenas de televisión se ven manifestantes gritando «Muerte al dictador» e «Iraníes, alzad vuestra voz, reclamad vuestros derechos». En algunas ciudades, dice la BBC, los manifestantes incendiaron una estatua de Jamenei y del líder de la revolución de 1979, el ayatola Ruhollah Jomeini. En tanto, 17 firmas reconocidas en la sociedad iraní, entre los cuales se encuentran el premiado cineasta Jafar Panahi (condenado a un año de prisión por sus críticas al régimen) y la defensora de los derechos humanos Narges Mohammad, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2023, que ha estado presa prácticamente las últimas dos décadas, emitieron el viernes un comunicado conjunto llamando a una “transición pacífica” que deje atrás la “ilegítima” República Islámica. La cúpula política envía señales de apaciguamiento, mientras las fuerzas de seguridad han reprimido con mayor violencia a medida que las movilizaciones se extienden. Hasta el lunes 6 se habían registrado al menos 25 muertos, 582 personas han resultado heridas, y las detenciones se cuentan por centenares. Las Ong denuncian un elevado número de niños y adolescentes detenidos, de entre 7 y 17 años. El gobierno oficial, encabezado por un miembro del ala reformista del régimen, Masoud Pezeshkian, ha decidido un subsidio de algunos pocos dólares a la población. En 2025, Irán registró el mayor uso de la pena de muerte en 35 años: al menos 1.500 personas fueron ejecutadas. Si bien la mitad de ellas están vinculadas al tráfico de drogas muchos entienden que la masacre funciona como advertencia a la protesta social. Un consejo gremial de profesores ha interpelado a las fuerzas de seguridad para que no repriman: “Venís del corazón de esta sociedad”, reza el comunicado de los maestros. “Oponerse al pueblo es oponerse a vuestro propio futuro y al de vuestros hijos”. El ala moderada del gobierno se declaró dispuesta al diálogo. El presidente Pezeshkian ha llamado a escuchar las “legítimas demandas” de los manifestantes y prometió proteger sus derechos. Pezeshkian se reunió con dirigentes de gremios, sindicatos y cámaras de comercio, según la agencia estatal de noticias IRNA. "El sustento de la gente es mi preocupación diaria", declaró en sus redes sociales Pezeshkian, que aseguró que tiene "medidas fundamentales en la agenda" para "reformar el sistema monetario y preservar el poder adquisitivo de la población". La entrega de bolsas de alimentos y crédito no alcanzó para sofocar las movilizaciones. El ayatola Jamenei, líder supremo de Irán, en un principio también calificó de «válidas» las quejas de los manifestantes. A medida que comenzaron las amenazas de Trump y Netanhayu acusó a “fuerzas externas” de intentar aprovechar las protestas para desestabilizar el país y exigió que el gobierno frene a los “alborotadores”. A fines de diciembre, la posibilidad de un nuevo ataque a Irán estuvo en las conversaciones de Netanhayu y Trump en Florida. El norteamericano se limitó a prometer que si Irán retomaba su programa nuclear su respuesta "podría ser más potente que la última vez", en relación a los bombardeos del imperialismo contra una base nuclear en junio de 2025 en el contexto de una agresión bélica sionista que duró 12 días. Trump desarrolla en Irán la política que aplica en Venezuela, de que el gobierno en funciones se encargue de aplicar las medidas que exige el imperialismo. La semana pasada, mientras secuestraba a Maduro y avisaba que pensaba apoderarse de Groenlandia, Trump dijo que, si las fuerzas de seguridad iraníes "matan violentamente a manifestantes pacíficos", Estados Unidos intervendrá para "acudir a su rescate" y que el país está "listo y preparados para actuar". Por su parte, Netanyahu se esperanzó: “Es muy posible que estemos ante el momento en el que el pueblo iraní asuma su destino en sus manos”, o sea en la de los sionistas. Los iraníes denunciaron interferencia de Estados Unidos. Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento, publicó en X que «todas las bases y fuerzas estadounidenses en toda la región serán objetivos legítimos» si Estados Unidos interfiere en Irán. Y que el pueblo estadounidense “debe saber que es Trump el que ha empezado esta aventura”.

La patronal de la multinacional Sealed Air, cuya planta en Argentina se encuentra en Quilmes Este, ha decidido avanzar con 65 despidos sin causa sobre un plantel de 204 operarios bajo convenio. Otra cantidad de trabajadores, fuera de convenio, ya había sido despedida de la planta acusando una caída en las ventas. La planta se especializa en la producción de bolsas termocontraíbles para la conservación al vacío de diferentes productos alimenticios, por esto mismo, se encuentra inscripta en la rama química. La huelga es mantenida por el conjunto del personal de la planta en el entendimiento que los despidos son una extorsión para degradar las condiciones de trabajo del conjunto de los trabajadores. Desde noviembre del 2025, la patronal había planteado que realizaría una reducción de personal. La comisión interna planteó el rechazo a los mismos, que ascendían a 97 trabajadores. El planteo de fondo de la patronal era que el sistema actual de trabajo era insostenible y debía proceder a una reducción del plantel obrero, así como a la modificación de los ritmos de trabajo. En todo este primer proceso, el Ministerio de Trabajo provincial impuso una conciliación obligatoria, retrotrayendo los 97 despidos y obligando a una mesa de negociación. Durante todo noviembre y diciembre la comisión interna entabló una mesa de negociación sobre la cantidad de despidos, los ritmos de trabajo y el sostén de diversas conquistas de los diferentes sectores de la planta. Una de las secciones, con 25 trabajadores, había sido cerrada por completo, por eso mismo, la comisión interna planteó reabsorber a esos trabajadores en los diferentes sectores operativos señalando que en muchos casos los trabajadores debían trabajar 12 horas y hasta dejaban de lado feriados y francos, es decir, la planta operaba al 100%. El 29 de diciembre, finalmente, la patronal se presentó a la negociación desconociendo todos los acuerdos previos y extorsionando a los trabajadores con que acepten una liquidación de todas las conquistas internas (cantidad de operarios por línea, cuerpo de delegados numeroso, premios, vacaciones, rotaciones, entre otras) y atar el sostén de los puestos de trabajo a niveles de productividad inalcanzables con menos personal. En otras palabras, ejecutar la reforma laboral sin demoras parlamentarias. El resultado de la reunión arrojó una ruptura de todas las conversaciones y los 65 despidos actuales. El Ministerio de trabajo provincial ha planteado la imposibilidad de intervenir legalmente, puesto que la conciliación obligatoria fue agotada en la etapa previa. La comisión interna denuncia que entre los trabajadores existía una gran cantidad de operarios, con más de 40 años de trabajo, que habían planteado la posibilidad de acceder a retiros voluntarios por la proximidad a la jubilación. La patronal había aceptado esta propuesta y asegurado que no procedería a realizar despidos en ese caso. La negociación, denuncian los trabajadores, fue utilizada por la patronal para mantener cautivos a los trabajadores y agotar diversas medidas de lucha que podrían haber realizado en dicho período. Ante la consumación de los despidos, los trabajadores en asamblea han decidido mantener una huelga por tiempo indeterminado hasta que la patronal reincorpore al conjunto de los trabajadores. Mantienen una presencia en la puerta con corte de calle desde el martes 6 de enero. La patronal Sealed Air, a nivel internacional, ha procedido a diversos cierres y “reestructuraciones”. El conflicto en Argentina ha sido previsto por la dirección gerencial. Los trabajadores del depósito denuncian que la patronal importó de otras filiales, como la ubicada en Brasil, el aproximado a un mes completo de producción - cerca de 25 millones de bolsas. Los trabajadores se encuentran enrolados en el Sindicato del Personal Químico y Petroquímico (SPIQyP), que ha mantenido un acompañamiento de las medidas adoptadas por la asamblea de fábrica. Sin embargo, no se ha planteado una huelga nacional en apoyo a la lucha de los trabajadores de Sealed Air. Los distritos vecinos de Quilmes y Berazategui se han convertido en un reguero de despidos y, fundamentalmente, huelgas contra la prepotencia patronal. Los choferes de la MOQSA, la línea 148 y los químicos de Sealed Air han destacado con huelgas totales y piquetes. Es la primera reacción obrera contra los planteos de la contrarreforma laboral fascista de Milei, que las patronales no han demorado en llevar adelante en los distintos lugares de trabajo.

A poco de cumplirse el 50 aniversario de la dictadura militar, el viernes 26 de diciembre del 2025 culminó la llamada "Mega Causa Zona 5 Bahía Blanca", un juicio por delitos de lesa humanidad bajo la jefatura del V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca y, entre otros, del nefasto Destacamento de Inteligencia 181. El juicio comenzó en febrero de 2022, extendiéndose por 121 audiencias por las que transitaron 189 testigos. A lo largo del juicio, se probaron secuestros, torturas, homicidios, desapariciones forzadas, abusos sexuales y robos de bebés contra 333 víctimas en la ciudad, la zona y también otras provincias. Fueron acusados 32 represores, de los cuales 15 fueron condenados a prisión perpetua, 16 a otras condenas de prisión menores mientras que uno de los acusados fue absuelto, aunque ya tenía una condena previa a prisión perpetua. Otros tres represores habían sido acusados, pero fallecieron antes del dictamen. De los represores condenados, varios fueron excarcelados por haber cumplido condena bajo prisión preventiva, mientras que otros continuaran cumpliendo su condena bajo prisión domiciliaria -siguieron el juicio desde sus hogares-, a pesar del pedido hecho de la fiscalía para revocarlas. Solo tres permanecen detenidos en la cárcel de Campo de Mayo. La demora y extensión de estos juicios por delitos de lesa humanidad denunciados hace más de 50 años es responsabilidad política estatal. Las causas son en rigor motorizados por un enorme esfuerzo familiar de las víctimas y organismos de derechos humanos. Si bien los fundamentos del fallo se conocerán en los próximos días, existen otros fallos importantes de mencionar. La primera de ellos es que Tribunal Oral Federal rechazó el pedido de la fiscalía y las querellas de calificar estos delitos de lesa humanidad como un genocidio. Esta es una reivindicación histórica porque ha sido evidente desde tiempos de la dictadura que se trató de un plan sistemático de matanza a lo largo y ancho del país del gobierno cívico-militar, es decir, terrorismo estatal; sin embargo, esta imputación ha sido rechazada desde las condenas del primer juicio a las juntas militares a la fecha, salvo pocas excepciones. Otro fallo a destacar es aquel ordena al diario La Nueva Provincia a efectuar una rectificación pública sobre información divulgada durante la dictadura militar en donde se presentaba a personas secuestradas y asesinados como supuestos “abatidos en enfrentamientos” o como “delincuentes muertos en combate”. Son en total 37 víctimas cuya muerte debe ser rectificada y el fallo considera esta divulgación junto con la utilización de lenguaje y relatos específicos como una actividad funcional para encubrir los crimines de la dictadura. La medida es calificada por el Tribunal como “moralmente reparatoria” pero el propietario del diario en cuestión en aquel entonces, Vicente Massot, permanece en libertad y fue sobreseído de la causa que investigó el secuestro y asesinato de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, trabajadores gráficos de La Nueva Provincia e integrantes del Sindicato de Artes Gráficas. Ambos fueron secuestrados, torturados y permanecieron desaparecidos hasta que sus cuerpos fueron hallados en “La Cueva de los Leones”. Por otra parte, ya existe otro fallo del 2015 también por condenas de delitos de lesa humanidad durante la dictadura que ordenó una rectificación pública del diario que aún no quedó firme ni se publicó rectificación alguna. Massot vendió la propiedad del diario hace años, que se rebautizó como “LaNueva.”, cuyos nuevos propietarios –vinculados a Hugo Moyano- calificaron esta última orden como un “avasallamiento a las libertades de expresión”. Por último, el fallo incluyó disposiciones dirigidas al Estado nacional y a las Fuerzas Armadas, ordenando garantizar el mantenimiento de los sitios de memoria y corregir los legajos de ex conscriptos desaparecidos que durante años fueron registrados falsamente como desertores. En tiempos de un gobierno pro-dictadura militar, que pretende avanzar en la constitución de un gobierno cívico-militar al colocar a las Fuerzas Armadas al frente del Ministerio de Defensa, este fallo condenatorio a los represores es una bocanada de aire fresco. Su conquista es inseparable de una incansable lucha del movimiento de derechos humanos en la Argentina que a 50 años del aniversario del golpe de 1976 debe protagonizar una gigantesca movilización popular contra el intento de montar un Estado Policial de parte de Milei, el genocidio en curso en Gaza, y contra la guerra mundial imperialista que ha penetrado por Venezuela en toda América Latina.

Una resolución del Secretario de Gestión de Recursos Humanos del Gobierno de la Provincia de Salta, publicado en el día de ayer en el boletín oficial, desató la bronca de cientos de ordenanzas de escuela (auxiliares) precarizadas del interior provincial que exigen desde hace años su pase a planta permanente. Esta habilita el pase a planta transitoria pero solo de las ordenanzas de Salta Capital, rechaza el ingreso de las que prestan servicio en el interior y las coloca bajo la categoría nebulosa de “revisión”. Con la creación de la figura de “planta transitoria” el gobierno de Sáenz evita un pase a planta inmediato y lo dilata en el tiempo, aunque mejora salarios y garantiza cierta cobertura social al personal precarizado. La excusa del gobierno es que no se ha realizado un “convenio de colaboración” con el Ministerio de Educación, lo que representa un verdadero absurdo ya que estas ordenanzas fueron enviadas a los establecimientos por los diferentes intendentes municipales bajo un “convenio de cooperación mutua” entre el ministerio de educación y los municipios. Este convenio siempre se firma a principios de cada ciclo lectivo y caduca en diciembre, por lo que es obvio que no existe formalmente en el momento en que se emitió la resolución. La medida fue tomada como una provocación por parte de las ordenanzas precarizadas, quienes en diciembre pasado llevaron adelante un paro provincial, levantado bajo la promesa de ser tenidas en cuenta en este listado. Por eso, ahora rápidamente se autoconvocaron en asambleas y marcharon sobre las intendencias de varios municipios del interior. Ante sus reclamos los intendentes fingieron sorpresa y señalaron que mediante el Foro de Intendentes de Salta, presentarán un reclamo. Pero el bloqueo del pase a planta transitoria por parte del gobierno de Sáenz no se debe a un error o descuido administrativo, como lo presentan los intendentes y los burócratas del Ministerio de Educación. En el marco del armado del presupuesto 2026, el gobernador se reunió con los intendentes y acordó un ajuste conjunto mediante la no cobertura de vacantes por jubilaciones y el bloqueo del pase a planta de los precarizados municipales. El bloqueo a planta transitoria contra las ordenanzas, se corresponde completamente con esta política, avalada por los diputados y senadores del interior al votar el presupuesto provincial 2026. Es la política que el saencismo ha delineado en acuerdo con Milei, para profundizar el ajuste sobre los trabajadores en pos del pago de la deuda pública nacional y provincial. A término, plantea la amenaza de que el gobierno no llame a las ordenanzas a trabajar este año, aunque su rol es esencial en las escuelas por la falta de personal. Bajo este cuadro, la respuesta del movimiento no fue esperar las gestiones burocráticas de los jefes comunales, sino comenzar un plan de lucha para ser reconocidas como empleadas de la provincia y exigir el cumplimiento del principio constitucional “igual salario por igual trabajo”, pues por media jornada laboral cobran apenas cien mil pesos mensuales. Para ello, eligieron delegados por municipio y preparan una concentración sobre la Casa de Gobierno Provincial, el centro cívico Grand Bourg, para el próximo lunes 12 de enero. Las localidades más organizadas y activas son las de Orán, Metán, Tartagal y Güemes y ya lanzaron una colecta para financiar su viaje a la capital. El movimiento tiende a extenderse a todos los municipios. La reacción de lucha como la que tomaron las ordenanzas precarizadas es la única vía efectiva para quebrar esta política antiobrera. Es necesario preparar la huelga provincial de las ordenanzas para el inicio de clases y confluir con los reclamos salariales de la docencia y las ordenanzas de planta permanente.

El día lunes se hizo de público conocimiento que el Ministerio de Salud de la Nación decidió no renovar el contrato de tres de los profesionales especializados del equipo que conforma el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC). Esta decisión desencadenó la renuncia del resto de los profesionales que integraban el equipo e implica el desmantelamiento del programa. Quienes integraban el Programa hasta el último día de 2025 eran Willy Conejeros Parodi, Paula Campana, Carlos Fernando Rosental, Silvina Rosellot, Mariana Fernández, Tomas Schwaller y María Eugenia Olivetti. “Me siento en la obligación de informarles que el equipo médico del Centro Coordinador de Cardiopatías Congénitas ha sido separado de sus cargos” expresó Olivetti en una carta a sus colegas. El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas garantizaba la resolución quirúrgica a todos los niños y niñas del país con diagnóstico de cardiopatía congénita. Fue creado en el año 2008 y reforzado con la ley 27.713, denominada “Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas”, sancionada en 2023. Contó con los votos negativos de Javier Milei y Victoria Villarruel, en ese momento diputados nacionales. El liberticida se quejó, en ese momento, de que la ley “implicaba más gasto”. En nuestro país nacen al año unos 7 mil niños y niñas con alguna cardiopatía congénita, es decir, una malformación del corazón que se produce durante la vida fetal (Argentina.gob.ar). Alrededor del 50 por ciento de estos niños requieren cirugía en el primer año de vida y dos terceras partes son solucionables con diagnóstico oportuno y tratamiento (ídem). Este programa ha sido el encargado hasta ahora de coordinar a nivel nacional la derivación, traslado, tratamiento y seguimiento de niños sin obra social que padecen estas patologías. Funcionaba con siete expertos que garantizaban la atención constante, la coordinación de equipos y la derivación a los 15 centros especializados más cercanos para todos los casos que se dieran en cualquier punto del mapa. Dentro de sus funciones, se incluye el control prenatal para la detección precoz de cardiopatías congénitas. Desde su creación realizó alrededor de 800 procedimientos quirúrgicos por año y atendió más de 6.000 notificaciones en el mismo lapso. Desde 2008 hasta 2021 las muertes infantiles por malformaciones congénitas bajaron de 2.285 a 1.249 y las defunciones por malformaciones cardíacas disminuyeron de 847 a 513. El equipo de profesionales especializados recibía los casos desde cualquier provincia, verificaba su gravedad y buscaba el centro de salud más adecuado para su intervención. De esta forma, se logró llevar la lista de espera para cirugía a cero, aprovechando los recursos nacionales. La Federación Argentina de Cardiología expresó su preocupación y rechazó la decisión del Ministerio de Salud: “Las desvinculaciones de profesionales especializados, recientemente comunicada, atenta con la continuidad del equipo técnico del programa y con ello la pérdida de la experiencia acumulada durante estos años”. Además, instó a las autoridades nacionales a “la reconsideración de la misma y a brindar apoyo a esta iniciativa en el campo de la salud pública que ha demostrado ser eficaz en lograr preservar la vida de los niños a lo largo y ancho de nuestro país”, agregaron. También expresaron su rechazo la Red intersectorial de Desarrollo Infantil Temprano, el colectivo de familias Cardiocongénitas Bonaerenses, la Asociación Argentina de Salud Pública (AASAP), entre otros. Por su parte, el Ministerio de Salud “desmintió” en la red X el desmantelamiento del programa, pero reconoció que “resolvió reorganizar y optimizar su funcionamiento”. Afirmó que el programa “continúa operativo a través del equipo administrativo activo y con la coordinación médica del hospital”. Pero actualmente, dentro del programa, quedan seis empleados administrativos y uno de los directores del Hospital Garrahan como asesor. Los liberticidas que tanto han hablado de la caída de la tasa de natalidad, de esta forma, ponen en peligro la vida de miles de niños, fiel a la lógica del régimen capitalista. El ajuste en la salud pública avanza: la semana pasada se produjo una nueva tanda de despidos en el Hospital Bonaparte (7) y el gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad , que pasará a depender del Ministerio de Salud. con más despidos y ajustes en el área. El desmantelamiento del PNCC es un nuevo ataque a la salud de la clase obrera y se enmarca dentro de la sanción del presupuesto de ajuste del 2026 que tiene como fin máximo el pago de la deuda. LEER MÁS: El gobierno liberticida se propone privatizar los hospitales nacionales Por Joaquín Antúnez, 06/01/2026.

Este lunes se realizaron las elecciones de delegados por sector en el ingenio Ledesma - en medio de persecuciones, proscripción a los delegados autoconvocados y ataques de todo tipo al activismo por parte de la comisión directiva del sindicato (SOEAIL), en complicidad con la empresa y el gobierno. A los delegados autoconvocados no se les permitió ser candidatos y además fueron desafiliados. Con el escrutinio preliminar, la lista de la conducción del gremio obtuvo 290 votos, los candidatos de los autoconvocados 194 votos y otros candidatos opositores unos 80 votos; también hubo algunos votos nulos y en blanco. La conducción gremial es responsable política de dejar pasar despidos, ajuste en los salarios y todo tipo de ataques. Las elecciones tuvieron lugar luego de una asamblea trucha, de la represión de obreros en la puerta por parte de la policía, de aprietes y persecuciones, del cambio de fecha y en un 5 de enero, en pleno receso. Se realizaron además en un cuadro de regimentación absoluta del proceso electoral. La empresa pone a disposición sus instalaciones (una novedad y una injerencia de la patronal) con custodia policial y con la abogada de la empresa como “veedora” de la misma. El sindicato difundió un vídeo “denunciando” un intento de la izquierda de ‘usurpar’ el sindicato. Los delegados autoconvocados han hecho una experiencia muy cruda con las centrales sindicales que han dejado pasar y avalado todos estos atropellos y ataques. La CTA no ha dicho una palabra sobre todas estas irregularidades. Los delegados autoconvocados han tomado este resultado como un dato positivo de la relación con los obreros de base. Se desechó un boicot electoral, y varios candidatos de los autoconvocados fueron refrendados o votados por la mayoría de sus compañeros de sector. La dirigencia dejó pasar sin lucha los más de 300 despidos en un año – la mayor cantidad que se haya producido en décadas; no peleó por activar la cláusula de revisión de la paritaria, haciendo que Ledesma hoy pague uno de los salarios más bajos de la industria azucarera, a pesar de tratarse del principal complejo industrial del país; por último, la dirección del sindicato se dedicó perseguir a cualquier obrero opositor a su política Este 2026 estará atravesado por grandes desafíos: la reforma laboral -que en los hechos ya está aplicando en Ledesma-, nuevos ataques a los obreros y la amenaza de nuevos despidos, y una paritaria que se empezará a discutir en marzo/abril. El desafío de mantener la organización obrera independiente de cara a estos acontecimientos, que busque organizar a los trabajadores y que a través de un programa de reivindicaciones logre un confirmar un reagrupamiento para disputar la conducción de los obreros azucareros de Ledesma. LEER MÁS: Ingenio Ledesma: fraude y represión Por Iñaki Aldasoro, 02/01/2026.

El lunes 5 The New York Times confirmó que la víctimas civiles y militares del ataque militar a Venezuela ascendía a 80 personas. Inicialmente, tras los ataques, el mismo diario había reportado al menos 40 víctimas mortales y del asesinato de 32 cubanos miembros de las fuerzas armadas y del Ministerio del Interior de Cuba que se encontraban en misión a petición de Venezuela. El mismo Trump admitió que "muchos cubanos perdieron la vida, estaban protegiendo a Maduro". El secretario de Estado de los Estados Unidos, el ultramontano Marco Rubio, uno de los principales artífices del ataque terrorista contra Venezuela amenazó que "si yo viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado al menos un poco". Pero Trump en declaraciones al Washington Post sostuvo que “va a caer por su propia voluntad. A Cuba le está yendo muy mal." El 4 de enero desde La Habana confirmaron la muerte de los 32 cubanos a través de un comunicado. “Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, añadiendo que “cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones” (Cubadebate, 4/1). Tres días después de la operación “quirúrgica” estadounidense, el ejecutivo cubano reveló las identidades de los fallecidos y las funciones que cumplían en Venezuela: 21 agentes del Ministerio del Interior con rangos que oscilan entre primer suboficial y coronel, y 11 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Sus edades están comprendidas entre los 26 y los 67 años. La presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, aseguró que los uniformados cubanos "se encontraban en Venezuela como parte de los convenios de cooperación y defensa mutua suscritos entre ambas naciones. "En términos generales, la prensa internacional ha señalado que no se tenía conocimiento de la existencia de acuerdo entre las naciones y que de ambos gobiernos se negaba la presencia de militares cubanos en territorio venezolano. El 30 de octubre del 2000 fue firmado el Convenio de Cooperación Integral (CIC) entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba, que establece “la voluntad de ambas naciones de establecer, sostener, desarrollar y ampliar una cooperación de mutuo beneficio, de forma desinteresada, humanista y de intercambio recíproco a favor de sus pueblos, aprovechando las potencialidades y ventajas comparativas de uno y otro país”. El CIC establece un Convenio Energético de Cooperación de Caracas para el suministro de Petróleo e Hidrocarburos en condiciones preferenciales, otorgadas por Venezuela. Por su parte Cuba, a través del CIC se compromete a proporcionar asistencia técnica calificada en sectores como la salud, la educación, la seguridad alimentaria, el deporte, el desarrollo agrícola y agroindustrial, la cultura, la ciencia, la tecnología y otros. En las últimas horas se supo que los efectivos cubanos eran parte, desde hace años, del anillo de seguridad más próximo de Maduro y pertenecían a un grupo especial conocido como “Avispas Negras”. Según el gobierno cubano, murieron en enfrentamientos directos con las tropas estadunidenses o como resultado de los bombardeos de la operación “Determinación Absoluta” (El Destape, 6/1). Enmarcado dentro del CIC, también se encuentran prestando servicio en Venezuela la Brigada Médica Cubana que, a través del jefe de la misión, doctor Yuleyvis Martínez Carmona, confirma que todos sus colaboradores están fuera de peligro y que las infraestructuras sanitarias mantienen plena operatividad (Cubadebate, 6/1). Desde Caracas confirmaron la muerte de al menos 24 agentes de seguridad venezolanos durante el operativo militar. Por su parte el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, declaró que “decenas” de funcionarios y civiles murieron en el operativo y que investigarán las muertes de “este crimen de guerra” (Clarín, 7/1). Mientras que desde el Pentágono confirmaron que siete soldados estadounidenses resultaron heridos durante la “operación quirúrgica”. El mismo 3 de enero Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, estuvo al frente de un acto de condena a la agresión militar contra Venezuela, llevado adelante en la Tribuna Antimperialista José Martí, desde donde señaló que “es un acto de terrorismo de Estado, en tanto se ejerce de modo arbitrario y abusando de su supremacía militar, por mandato de un jefe extranjero, como una expresión inequívoca de fascismo o, mejor dicho, del neofascismo que se pretende imponer e instaurar sobre la humanidad toda en estos convulsos tiempos” (Cubadebate, 3/1). Diaz-Canel no realizó un llamado a la movilización continental contra la agresión imperialista sobre Venezuela, sino a la “comunidad internacional”, cómplice del ataque, para que “coordine la denuncia de este flagrante acto de terrorismo de Estado y del ilegal” (Ídem). La intervención militar imperialista llevó varios meses de preparación, en especial un fuerte operativo de inteligencia para recabar información del “entorno de Maduro, su comportamiento y rutinas, hasta que se dieron las mejores condiciones para su desempeño por la relativa visibilidad en medio de la noche y el elemento sorpresa” (Ecoavant.com, 4/2). Como muestra de la planificación de la operación. Fuentes españolas aseveran que los servicios de inteligencia de España se encontraban al tanto con una semana de antelación de los planes de Trump y que las empresas de capitales españoles, como Telefónica, Inditex y Repsol, esta con grandes yacimientos en Venezuela, brindaron operatividad a través de Centro Nacional de Inteligencia (CNI), El ataque contra Venezuela representa no solo un hecho de bandidaje y piratería por parte del trumpismo , sino avalado por el conjunto de la ‘comunidad internacional’, que ha asistido sin inmutarse a los ataques del “presidente de la paz” a siete países (Yemen, Somalia, Iraq, Irán, Siria, Nigeria y Venezuela) en lo que va de su segundo mandato, registrando 622 incursiones aéreas. LEER MÁS: Después del ataque militar Trump anuncia que convierte a Venezuela en un Protectorado ¿Se derrumba el bloque ‘bolivariano’? Por Jorge Altamira, 03/01/2026.

Este 5 de enero, alrededor de 500 manifestantes se dieron cita en Plaza Independencia para repudiar el asalto de Trump a Venezuela. La movilización fue coordinada por las fuerzas de izquierda, el PCR y sectores del kirchnerismo. Se sumaron organismos de derechos humanos, la UEST, ADIUNT y la CTA Autónoma. Además de ser parte de las movilizaciones a nivel nacional, la jornada se destacó por contar con una radio abierta donde se volcaron las distintas posiciones y planteos. En la vereda opuesta, el gobernador Osvaldo Jaldo, en clara sintonía con el presidente Javier Milei, salió a respaldar la agresión militar y el secuestro de Nicolás Maduro, justificando la intervención en nombre de la "caída de un dictador". En un segundo plano hizo referencia a la complicidad con el narcotráfico. Jaldo fue incluso más allá al pedir a Donald Trump que profundice la ofensiva, instando a que Estados Unidos continúe con la "limpieza" de dictadores, terroristas y narcotraficantes en la región. El rechazo a la tiranía y al narcotráfico por parte del mandatario tucumano resulta una ironía. Jaldo es el responsable político de los denominados "trencitos de la policía" -dispositivos donde se denuncian sistemáticamente abusos y detenciones ilegales- y fue el autor de un protocolo local, previo al de Patricia Bullrich, que faculta a las fuerzas de seguridad para detener a menores de 18 años por supuestos disturbios en la vía pública. El gobierno provincial además está salpicado de numerosos casos de narcotráfico que involucran a funcionarios y a la policía provincial. En junio del año pasado se intervino el municipio de Alberdi luego que se hicieron públicos audios que involucraban al intendente peronista y funcionarios locales con la venta de drogas y negociados por obras públicas. La intervención fue el cordón sanitario para que la causa no salpicara más. Por semana salen a la luz la participación de comisarios, guardiarcárceles y políticos en el narcotráfico a distinta escala. Durante la radio abierta en la movilización, las distintas organizaciones coincidieron en la denuncia a la intervención militar en Venezuela, y al papel de Milei y de Jaldo. Distintos oradores de agrupamientos kirchneristas expresaron su apoyo político al régimen de Maduro. El PTS reclamó a burocracia sindical y de los centros de estudiantes a que convoquen a un paro nacional y continental. El PTS llevó un cartel con la leyenda “Jaldo cipayo”, expresando su desencanto con la posición del gobernador peronista, pero no hizo lo mismo con Cristina Kichner, opuesta a toda acción práctica contra el bandolerismo imperialista o el genocidio sionista ADIUNT, el sindicato docente de la Universidad de Tucumán, sacó un pronunciamiento desde una orientación independiente y llamó a movilizar. Planteó enfrentar a Milei, el agente local del imperialismo, y su ofensiva contra los trabajadores. Daniel Blanco saludó la acción como parte de un proceso de movilización internacional que ya comienza a expresarse en distintos países incluido los EEU. Vinculamos la intervención militar en Venezuela como parte de la guerra imperialista internacional. Advertimos sobre la colaboración de un sector del gobierno de Venezuela y los altos mandos militares para que Trump imponga un protectorado en Venezuela. En este sentido, mostramos la impotencia de los llamados gobiernos nacionales y populares para hacerle frente al imperialismo. En su intervención, Blanco denunció la completa parálisis de llamado bloque parlamentario del Congreso, que no ha tomado ninguna iniciativa frente al apoyo de parte del gobierno a las acciones criminales en el caribe y el secuestro de Maduro y su esposa.

En medio de los anuncios que proclamaban la transformación de Venezuela en un protectorado yanqui, Trump reiteró la pretensión de apoderarse de Groenlandia, la gigantesca isla de la región del Ártico. Con acceso a rutas marítimas estratégicas y con grandes posibilidades de desarrollo de infraestructuras militares, Groenlandia es también un botín económico en disputa. El derretimiento de los hielos del Ártico, como consecuencia del cambio climático, abrió mayores posibilidades para la explotación y transporte de sus recursos -petróleo, gas y minerales provenientes de tierras raras-. De todos modos, los esbirros de Trump ponen el acento en el despliegue de “barcos rusos y chinos” en la región, y esgrimen “estrictas razones de seguridad nacional” para aspirar al control de Groenlandia. Acusan a Dinamarca, que ejerce la soberanía sobre la isla, y a los países europeos de la OTAN, de escatimar recursos para pertrechar militarmente a la región del Ártico. Para la tarea de apropiarse de Groenlandia, la camarilla de Trump no descarta una acción militar. Pero también esgrime la carta de comprar la isla. La operación tendría un antecedente histórico, pues Estados Unidos le adquirió a la misma Dinamarca una parte de las Islas Vírgenes en 1917. En el caso de Groenlandia, las autoridades danesas rechazan las pretensiones de Trump, e invocan a la Carta de las Naciones Unidas que desautoriza las “anexiones no voluntarias”. Para reforzar el escenario de extorsiones, el presidente norteamericano nombró al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como “enviado especial” a Groenlandia, descartando el procedimiento diplomático con su embajador acreditado en Dinamarca. El gobierno danés lo ha visto como una provocación. La UE Las autoridades locales y agrupamientos políticos de Groenlandia se han involucrado en esta disputa internacional por su territorio. Trump y sus enviados se vincularon a un sector político que pugna por la “autonomía” política plena de la Isla. Para la camarilla del presidente yanqui, la autodeterminación, a través de un referéndum, podría ser el paso previo a una asociación con Estados Unidos -y una vía libre para el ingreso de tropas e instalaciones militares-. En los actuales sondeos dentro de la población de la isla, la conversión en un Protectorado yanqui cosecha un 85% de rechazos. Pero los funcionarios de Trump piensan que podrían revertir esa negativa con una campaña preñada de concesiones económicas. En cuanto al presidente del Gobierno autónomo de la isla, Jens-Frederik Nielsen, ha optado por el apaciguamiento: en medio de la agitación creada por las amenazas de Trump, llamó a “evitar el "pánico (…) y estrechar la colaboración con Estados Unidos”. Es decir, frenar la escalada de Trump mediante concesiones que no ha explicitado. En la misma línea, las autoridades danesas salieron a enumerar las adquisiciones bélicas que hicieron a Estados Unidos, recientemente, para la “seguridad” de Groenlandia. Los países europeos se reunieron este lunes y emitieron una declaración conjunta por Groenlandia. Los gobiernos de España, Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido -con la adhesión posterior de Francia y Gran Bretaña- señalan que "la seguridad en el Ártico sigue siendo una prioridad clave para Europa y es fundamental para la seguridad internacional y transatlántica". Los mandatarios europeos aseguran que “han aumentado su presencia” para “mantener el Ártico seguro y disuadir a los adversarios". De esa manera, responden a las acusaciones de “descuido’ que les endilgó Trump. “En este empeño”, señalan luego los países de la UE, “Estados Unidos es un socio esencial”. Las potencias imperialistas de la UE ofrecen a Trump una anexión co-gestionada de Groenlandia. Esto significa poner sobre la mesa todas las exigencias del imperialismo norteamericano a la misma Unión Europea, desde las comerciales a la guerra en Ucrania. El planteo de la UE es hacer el papel de “Delcy Rodríguez” de la masa territorial europea, o sea un protectorado. Trump ha conquistado una preciosa concesión que no se apurará a aceptar, hasta imponer un nuevo status mundial a Rusia y China que será solamente una “transición” hasta una guerra “solitaria y final”. Stephen Miller, el subsecretario de Seguridad de Trump, les bajó el precio a las pretensiones de la UE: “Nadie va a luchar militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”, señaló. Groenlandia y el Ártico han ingresado en la disputa de posiciones que caracteriza a la guerra internacional en desarrollo. La primera ministra danesa, Mett Frederiksen, ha alertado sobre un “estallido de la OTAN” si la operación contra Venezuela y América Latina resulta ser, como lo es, un puente para una “solución final” a escala planetaria. LEER MÁS: Trump celebra el asalto a Venezuela en el aniversario de su intento de golpe de Estado en Washington Delcy Rodríguez propone a Estados Unidos “una cooperación en el cuadro de la ley internacional”. Por Jorge Altamira, 06/01/2026.

Con el loro en el hombro y un garfio en la mano, Trump usó la fuerza militar para reforzar la posición del imperialismo yanqui y amenazar a toda América Latina. No puede entenderse como un hecho aislado ni meramente ideológico. El propio Donald Trump afirmó que uno de los objetivos de su accionar fue el petróleo venezolano, nacionalizado en 1970, con compensación económica a las compañías extranjeras. Convertir a Venezuela en un protectorado y disponer de sus recursos energéticos aparece como una salida desesperada de un régimen agotado. Lejos de estabilizar el sistema, esta política tiende a agravar los conflictos, no solo con potencias competidoras como China y Rusia, sino también al interior del propio capital estadounidense. Según informó la agencia Reuters, Trump presentó un plan para permitir el retorno de compañías petroleras norteamericanas a Venezuela y asegurar el envío de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos. En paralelo, la empresa estatal PDVSA (Delcy Rodríguez) confirmó que estaba negociando con el gobierno estadounidense la venta de petróleo bajo nuevas condiciones. No se trata de una liberalización plena, sino de un esquema de control directo, donde las ganancias serían canalizadas a cuentas supervisadas por Estados Unidos, bajo el argumento de destinarlas a las poblaciones venezolana y estadounidense. Colonialismo sin eufemismos. Sin embargo, estos anuncios no provocaron un impacto significativo en el precio internacional del petróleo, que se mantiene en torno a los 60 dólares por barril. La razón es estructural: aunque Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, su producción efectiva ronda apenas el 1 % del total mundial. La falta de inversión, el deterioro de la infraestructura y las sanciones han reducido su capacidad productiva, obligando incluso a importar derivados y crudos livianos para mezclar, debido a su baja capacidad de refinación. El mercado petrolero global atraviesa, además, una situación de exceso de oferta y demanda débil. La desaceleración de la economía china, la caída de la actividad industrial global y el aumento de la producción no OPEP —especialmente de Estados Unidos, Guyana y potencialmente Vaca Muerta— apuntan a un escenario de superabundancia a partir de 2026. En este contexto, el eventual ingreso gradual de mayores volúmenes de crudo venezolano al mercado mundial contribuiría a presionar aún más los precios a la baja. Estados Unidos es hoy el primer productor de petróleo del mundo. Su producción es mayoritariamente de crudo liviano y dulce, con bajo contenido de azufre, y cerca del 67 % proviene del fracking. Venezuela, en cambio, produce crudos pesados y ácidos, con alto contenido de azufre, que requieren refinerías complejas con unidades de desulfuración y coquización. Este tipo de instalaciones se concentran principalmente en el Golfo de México, donde hoy se procesa petróleo pesado de Canadá, junto con crudos más livianos de Colombia, Brasil y el shale oil doméstico. Estas refinerías operan cerca del 90 % de su capacidad. Por lo tanto, el ingreso de crudo venezolano no reemplaza un vacío, sino que compite directamente con el petróleo de esquisto estadounidense. Aquí aparece una contradicción central: una baja del precio internacional, impulsada por mayor oferta, perjudica especialmente al fracking, que tiene costos de extracción más altos. Las compañías que no operan —o no operarán— en Venezuela, como Devon Energy, Coterra Energy, Marathon Oil y gran parte del sector de servicios de fracking, serían las principales damnificadas. China, por su parte, puede reemplazar sin grandes dificultades el crudo venezolano por petróleo ruso o iraní, lo que limita el impacto favorable para Estados Unidos. El resultado es claro: la ofensiva imperialista no resuelve las tensiones del sistema, sino que las profundiza, desplazando los conflictos hacia nuevas escalas y enfrentando capitales entre sí. En definitiva, las acciones belicistas del imperialismo estadounidense no sólo son criminales y genocidas, sino también impotentes desde el punto de vista económico. El petróleo venezolano, lejos de ser una solución, se convierte en un factor más de inestabilidad para un sistema en crisis. El “pirata” Trump no ofrece una salida viable: apenas acelera el naufragio.

La captura de dos barcos que transportaban o habían transportado petróleo venezolano, uno de ellos con bandera de Rusia y en medio del Atlántico Norte, refrenda la decisión de Trump de apoderarse de todos los resortes de la industria petrolera de Venezuela. Pero con ellos, se apropiará también del comercio exterior del país, donde los hidrocarburos representan el 90% de las exportaciones. Trump había anunciado que los ingresos que aporten las ventas de petróleo a Estados Unidos -un plan de 30 a 50 millones de barriles- quedaban “bajo control” de su gobierno. Ayer, redoblando la apuesta, señaló que los ingresos de esas exportaciones petroleras serán “gastados” exclusivamente en compras a su país. Se trata de un paso decisivo en el establecimiento del Protectorado, pues el comercio exterior venezolano ha sido “nacionalizado”... pero bajo la batuta de la nación invasora. La decisión de Trump implicará un desvío de comercio compulsivo en detrimento de China, que es, junto con Estados Unidos, el mayor proveedor de las importaciones venezolanas. Actualmente, la mayoría de esas compras externas están compuestas por artículos de consumo -alimentos y electrónica- que implicarán un gasto mayor de divisas al ser adquiridas en Estados Unidos. Con la guerra -lisa y llana- Trump se asegura los propósitos que no pudo alcanzar con la suba de aranceles y la guerra comercial. Pero el comercio exterior venezolano no llega a los 20.000 millones de dólares, sumando sus exportaciones e importaciones. Al monopolizar el negocio petrolero de Venezuela, los objetivos que se propone Trump son más vastos: en lo inmediato, redoblar el abanico de extorsiones a China, que es el principal comprador de crudo del país caribeño. Las fuentes del propio gobierno Trump han dejado trascender que el “goteo” de petróleo desde Venezuela hacia China quedará condicionado a la marcha general de la guerra comercial y tecnológica entre las dos potencias. Adicionalmente, Trump colocará la cuestión del cierre del grifo a Cuba, aunque México viene ganando importancia como proveedor de crudo a la isla. Pelea de pulpos Pero la centralización del pétroleo en manos de Trump sale al cruce de otra disputa -la que ya ha comenzado entre los propios monopolios norteamericanos de la industria de hidrocarburos por el botín venezolano. Entre 2022 y 2025, la producción petrolera de la república bolivariana se duplicó, pasando de los 500 mil al millón de barriles diarios. Junto con China, el protagonista de esa recuperación fue el pulpo Chevron y sus despachos a los Estados Unidos. Meses antes de su captura, Maduro participó de las celebraciones por los 102 años de Chevron en Venezuela, y afirmó sin vacilar: “yo quiero que tenga 100 años más, y trabajar sin problemas". La captura del país y del petróleo a manos de Trump expone a Chevron a la eventual competencia de otros pulpos. Según algunas fuentes, María Corina Machado sostiene fluidos vínculos con Exxon Mobil, la corporación que colabora y a la vez compite con Chevron en yacimientos de Guyana. En marzo pasado, Machado intervino en un simposio petrolero en Houston, Texas, donde presentó un plan de privatizaciones petroleras con incentivos fiscales para su país (Página 12, 8.1). En vistas de la pelea de buitres petroleros que abriría una privatización directa, Trump ha optado por echar el manotazo sobre PDVSA, y continuar la centralización del negocio con la petrolera estatal caribeña y a través de sus contratos con privados. Es probable que, por la misma razón, Corina Machado haya sido políticamente “congelada” por Trump. Ayer, la cúpula de PDVSA emitió un comunicado, con palabras laudatorias hacia el plan de reactivación petrolera bajo batuta norteamericana. Pero las petroleras yanquis interesadas en el ingreso a Venezuela le han colocado a Trump varias cuestiones “previas”: en primer lugar, la de las indemnizaciones que reclaman por su retiro del mercado petrolero en los primeros años del chavismo. Luego, la cuestión de “cómo se financiarán” las inversiones anunciadas por Trump. En este punto, cobra otra relevancia la cuestión de la “caja” de la producción petrolera, cuyo control se ha asegurado el presidente norteamericano. Las petroleras quieren servirse de esa caja para resarcirse de las viejas cuentas con el Estado venezolano, y renovar su infraestructura sin poner un dólar propio. En definitiva, el monopolio petrolero y comercial del imperialismo norteamericano sobre Venezuela comportará una confiscación sin precedentes sobre sus recursos y sobre su población explotada. El Protectorado impuesto con el asalto militar sobre Venezuela comienza a mostrar sus alcances. VER LOS SIGUIENTES VIDEOS: #Venezuela Entrevista a Jorge Altamira en "Gente de Derecho", 3/1/26 Entrevista realizada al dirigente nacional de Politica Obrera en el programa de Radio Belgrano AM 570, 03/01/2026. Jorge Altamira en TN: "Venezuela es un protectorado de facto de Estados Unidos" Debate sobre Venezuela en el programa "A Dos Voces" en canal TN, 07/1/2026. Publicado en el canal de YouTube de Política Obrera. Jorge Altamira: “EE UU pasó por encima de la ONU y convirtió a Venezuela en un protectorado” Entrevista al dirigente nacional de Política Obrera en Radio Realpolitik de La Plata, 08/01/2026. Publicada en el canal de YouTube de Política Obrera. LEER MÁS: Estados Unidos: Trump anuncia un protectorado “por tiempo indefinido” Por Federico Fernández, 08/01/2026.

Los casos de gripe H3N2, subclado K, están aumentando en nuestro país y crecen las alarmas acerca de una incipiente transmisión local. De acuerdo al Boletín Epidemiológico Nacional, durante el período del 18 de diciembre del 2025 al 4 de enero del 2026, se secuenciaron los genomas correspondientes a 18 casos de Influenza A (H3N2). De estos 18 casos secuenciados, nueve corresponden al subclado J.2.4.1 (K), 8 al subclado J.2.3 y uno al subclado J.2.2. Los casos correspondientes al subclado K se distribuyeron en las jurisdicciones de provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, CABA, Neuquén y Mendoza. El boletín desarrolla que hubo detecciones de subclado K en personas de distintas edades. A su vez, cinco de los casos se diagnosticaron en personas internadas y cuatro en pacientes ambulatorios y no se registraron fallecidos hasta el momento. El dato más relevante se encuentra en la cantidad de personas contagiadas con antecedentes de viajes al exterior: sólo dos de los nueve casos pertenecientes al subclado K presentan antecedentes de viaje reciente a Europa. Mientras que tres viajaron al interior del país (Uno a Córdoba y dos a Tierra del Fuego). Los cuatro restantes no refieren antecedentes de viajes, lo que enciende las alertas de una posible e incipiente transmisión local en el país. Otro dato relevante es que la mayoría (14 de los 18 casos analizados) no cuentan con antecedentes de vacunación. Estados Unidos, como botón de muestra Para poder prever el impacto de la gripe H3N2, basta con observar la situación de los Estados Unidos, que registra las cifras de contagios más altas en casi 30 años, durante esta temporada de gripe. De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sobre las infecciones del virus de la influenza A (H3N2), 48 jurisdicciones del país se encuentran con un nivel de transmisión alto o muy alto y, de entre los 389 virus de la gripe A(H3N2) recogidos desde el 28 de septiembre de 2025, el 90,5% pertenecían al subclado K. A su vez, se contabilizan nueve muertes pediátricas relacionadas con la gripe en dicho país durante la temporada 2025-2026. Sólo en Nueva York durante la semana que finalizó el 27 de diciembre pasado, el Departamento de Salud informó un récord de hospitalizaciones por gripe: 4.546, un aumento del 24 por ciento frente a las 3.666 de la semana anterior. De acuerdo a los CDC, se espera que la actividad continúe durante varias semanas. Además, varios países del continente americano ya han notificado la circulación del subclado K de influenza A(H3N2), como Brasil, Costa Rica, Perú, Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia, pudiéndose evidenciar una tendencia al adelantamiento de la temporada gripal en el hemisferio sur del continente. La Organización Panamericana de la Salud recomienda mantener los esquemas completos de vacunación antigripal como principal medida de prevención, sobre todo en los grupos de riesgo. Contradictoriamente a lo que debería esperarse ante este cuadro de situación, tanto Trump como el Secretario de Salud, el “antivacunas" Mr. Kennedy, avanzan en la reducción del calendario de vacunación obligatoria en los Estados Unidos. Como en los Estados Unidos, en nuestro país avanza el desmantelamiento del sistema de salud. El Ministerio de Salud de la Nación desarticula y cierra programas, despide profesionales de la salud especializados y con antigüedad y anuncia la privatización de los hospitales nacionales en función de cumplir con los compromisos de deuda de acuerdo a lo establecido por el presupuesto 2026. El adelantamiento de la temporada gripal y el récord de internaciones se enmarca en un contexto de proliferación de enfermedades que se consideraban erradicadas como el Sarampión o la tos convulsa. En líneas generales estamos ante la expresión de la degradación de las condiciones de vida de la clase obrera empujada por el sistema capitalista y sus representantes. Los ataques de Trump y Milei a la salud deberán ser rechazados por parte de los trabajadores junto al rechazo a la guerra imperialista, en defensa de la vida. LEER MÁS: Se detectan los primeros casos de la “súper gripe” H3N2 en Argentina Por Daniela Magoc, 30/12/2025.

La mentada “marcha blanca” impulsada por el presidente colombiano Gustavo Petro en el día de ayer, fue el escenario de presentación del restablecimiento de las negociaciones de su gobierno con el fascista Donald Trump. Esto a pesar de que la convocatoria, respaldada por su coalición política Pacto Histórico, fue presentada inicialmente como una respuesta soberana y antiimperialista contra las declaraciones del presidente norteamericano, en las que afirmaba que Colombia podría ser “la siguiente” en ser atacada, después de su invasión a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa. Desde el palco, Petro informó a los manifestantes sobre su reciente comunicación telefónica con Trump y el inicio de tratativas para una reunión en la Casa Blanca. Esto no lo llevó a precisar si reclamó la devolución de su visa por parte del gobierno norteamericano, anulada después de su participación en la última asamblea de la ONU en EEUU. Posteriormente se conoció que esta reunión estaba siendo gestionada desde hace meses por el embajador colombiano. Venezuela En su discurso Petro promovió un “diálogo tripartito” junto a Trump y Delcy Rodríguez para garantizar la paz y la estabilidad de la región, lo que es un aval completo del protectorado impuesto por el imperialismo norteamericano. Su principal preocupación, dijo, fue el evitar el desarrollo de una guerra civil en Venezuela pero también en Colombia. (Infobae Colombia 8-1-26). Petro ya se había propuesto anteriormente como mediador entre Trump y la camarilla de Maduro y fue el promotor de un “gobierno de transición compartido” entre escuálidos y maduristas, a la vez que reivindicó haber jugado ese rol bajo la presidencia de Biden (Infobae 21-11-20205). En su momento la propuesta de erigirse como mediador no prosperó por el rechazo de Maduro. El interés inmediato de Trump en Colombia es su colaboración política y hasta militar para viabilizar su política de pillaje sobre Venezuela y evitar la desestabilización del conjunto de la región. Es que no sólo los Estados fronterizos de Colombia son territorios dominados por diferentes grupos guerrilleros y paramilitares, lo mismo sucede en los Estados fronterizos venezolanos; lo que plantea un eventual colapso del aparato estatal chavista, una posible balcanización y una disputa por el control de áreas estratégicas, tanto por sus recursos mineros como hidrocarburíferos. Esto lo dejó en claro el ex embajador yanqui para Venezuela, James B. Story, cuando declaró: “Necesitamos una buena relación con Colombia o la zona fronteriza será extraordinariamente difícil de controlar, especialmente si no podemos contar con ellos" (Deutsche Welle en español 4-12-25). Estas informaciones cambian la perspectiva de análisis sobre la movilización de alrededor 30 mil soldados sobre los 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela. El telón de fondo de las elecciones Ante los manifestantes reunidos en plaza Bolívar, Petro acusó a la oposición derechista de haber “mal informado” a Trump sobre su papel en el combate contra el narcotráfico y la responsabilizó por las tensiones crecientes en el país. El presidente colombiano buscó explotar ese escenario para favorecer al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo próximo. Cepeda, encabeza las encuestas ante una diáspora de candidatos derechistas y la liquidación de los partidos históricos de Colombia, el Conservador y el Liberal. Las elecciones colombianas parecen ser también el escenario en el cual Trump busque garantizar un cambio de régimen en Colombia, lo que no excluye a la coalición de Petro. El razonamiento sería el mismo que lo ha llevado a preservar al aparato chavista en Venezuela, a falta de condiciones políticas de los escuálidos para poder hacerlo sin llevar al país a una guerra civil. Aparte de su despliegue militar en el Caribe, el imperialismo norteamericano cuenta como herramientas para llevar a cabo su extorsión el financiamiento de la asistencia económica y militar a Colombia en nombre del combate contra el narcotráfico, que no ha cesado bajo el gobierno de Petro, como tampoco el estatus de miembro extra OTAN del país sudamericano. Lo mismo sucede con los aranceles, ya que EEUU es el principal socio comercial y el mayor inversor extranjero con flujos de inversión directa que superan los 1300 millones de dólares (CNN en español 20-10-2025). De todos modos, la crisis entre Petro y Trump no se ha cerrado. Es la primera manifestación de la crisis continental que ha abierto la invasión yanqui a Venezuela y de la declaración de guerra que significa para América Latina. La posibilidad de una reunión entre ambos antes de las elecciones presidenciales en Colombia dependerá de la colaboración de Petro con el protectorado yanqui en Venezuela y con su extensión a la propia Colombia. Por su línea de conducta ante la amenaza y posterior invasión a Venezuela, la divergencia de Petro con la política de coloniaje imperialista de Trump, sólo hace a las formas de una intervención militar. La clase obrera y los explotados colombianos rebelados entre el 2019 y el 2021, deben discutir un programa propio para intervenir con una posición histórica independiente ante el imperialismo y la burguesía nacional “progresista”.

“Toto” Caputo ha recurrido por tercera vez desde que asumió Milei a un préstamo REPO para cancelar un vencimiento de deuda pública, este viernes, de USD 4.300 millones. El REPO -acrónimo de “repurchase agreement”- es un préstamo garantizado a corto plazo que otorgan los bancos e implica una tasa de interés relativamente elevada. Se lo considera un recurso de última instancia, porque refleja la incapacidad -en este caso, del Estado argentino- de recurrir al mercado financiero para fondearse. Hace apenas un mes, el mismo Caputo celebraba como un gol de tiro libre un ´regreso a los mercados´ que no fue tal. El retorno al REPO entierra definitivamente en el olvido aquel ´logro histórico´. Según los consultores, recurrir al swap con EEUU o China hubiera sido una señal todavía peor. En este caso, el gobierno argentino pagará 7,4 % de interés sobre USD 3.000 millones en un año. Como prenda, entregó bonos BONAR 2035 y 2038. Como estos bonos -emitidos durante la ´reestructuración´ de Martín Guzmán en 2020- cotizan a niveles de default -rendimientos superiores al 20 %- se les aplicó un fuerte descuento -40%-, lo que significa que el ministro de Economía debió entregar títulos por USD 5.000 millones para recibir los USD 3.000 millones. Podrían ser más en caso de que la situación financiera se agrave y bajen su cotización. En ese caso, los acreedores pueden reclamar más bonos o incluso efectivo. “Y si encima hubiera un salto devaluatorio, la combinación puede ser explosiva: caen precios de bonos, sube la exigencia de garantías y la rueda se vuelve más pesada” (La Política Online, 7/1). El BCRA había celebrado dos acuerdos similares, con vencimiento en 2027: el primero, en enero del año pasado, por USD 1.000 millones a una tasa del 8,8 % anual, y el segundo, en junio, por USD 2.000 millones, al 8,25 % anual. Como ahora pagará una tasa del 7,4 % anual, el gobierno se ha esforzado por presentar el resultado de la operación como un éxito. Oculta tres factores: recibió ofertas bastante inferiores a las que esperaba Caputo –“Toto” había fantaseado con propuestas por USD 7.000 según La Nación, pero finalmente fueron USD 4.400- el plazo es más corto (los anteriores REPO se pactaron a 22 y 28 meses, en cambio ahora a sólo 12); y, por último, la tasa de referencia SOFR (Secured Overnight Financing Rate, basada en el costo de préstamos a un día respaldados por bonos del Tesoro) bajó un punto en el último año -de 5,3 % a 4,3 %-. En cambio, el monto solicitado por Hacienda pasó de USD 1.000 millones en enero a USD 2.000 millones en junio y alcanzó ahora los USD 3.000 millones. Como el beneficiario del préstamo es el Banco Central, pero la deuda es del Tesoro, todavía es una incógnita cómo se resolverá el traspaso de dólares de una institución a otra. Una alternativa que se baraja es que el Tesoro recurra al saldo en pesos que tiene depositados en el Central para comprarle las divisas. “Según estimaciones del equipo de research del Banco Comafi, el Tesoro tiene en su cuenta corriente en el BCRA unos 4 billones de pesos. Necesitaría algo menos de $3 billones para comprar los US$ 2.000 millones que se llevará Caputo”, señala Clarín (8/1). Pero otra opción “sería la emisión de una Letra Intransferible, una alternativa que señaló Portfolio Personal Inversiones (PPI) ante la cantidad reducida de pesos ahorrados y la cercanía de una licitación de deuda en moneda local la semana próxima. El Gobierno utilizó los fondos que envió el FMI desde abril para cancelar una parte sustancial de esas letras”. Lo que se dice rascar el fondo de la olla. El Tesoro deber afrontar este año vencimientos por USD 20.000 millones. “Los mercados” recibieron la buena nueva de Caputo con una caída de la cotización de bonos y acciones argentinas y un aumento del riesgo país. Las mayores dudas planean en torno al día después: qué harán los ´inversores´ con los dólares que van a cobrar. En los últimos dos pagos, estos aprovecharon el desembolso para reducir su posición en Argentina. Esto ocurre cuando el Banco Central se encuentra comprando dólares para mostrarle al FMI que ´acumula reservas´ contables, porque “en paralelo vende contratos de dólar futuro y opera con bonos para anclar expectativas y contener presiones. Al mismo tiempo, el Tesoro aparece vendiendo dólares en el mercado oficial para evitar que el mayorista roce el techo de la banda” (LPO, 7/1). El “Messi de las finanzas” ha acentuado todos los desequilibrios financieros, a pesar de los recortes a jubilados y discapacitados y al costo de una depresión industrial sin precedentes y su secuela de despidos. Por último, un dato ´geopolítico´ llamó la atención en esta operación financiera: entre los bancos que prestaron el dinero - figuran el Banco Santander, el BBVA, el Deutsche BankGoldman Sachs y JP Morgan- se anotó un banco chino, el Bank of China Ltd., con cerca de US$ 100 millones. Un aporte modesto, pero significativo, que Milei no puede rechazar aun en medio de la cruzada trumpista por desalojar a China del continente. LEER MÁS: La cornisa del default Por Lucas Giannetti, 30/12/2025.

Mediante un DNU el gobierno de Milei acaba de modificar radicalmente la Ley N° 14.771 con la cual, en junio de 1958, se creó YMAD (Yacimiento Aguas del Dionisio) con “el objeto de realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio, ubicada en el distrito de Hualfín, Departamento de Belén, Provincia de CATAMARCA, y la comercialización e industrialización de sus productos, así como la realización de cualquier otra actividad o explotación vinculada a su objeto principal”. El directorio de YMAD estaba compuesta por cinco miembros, dos vocales representando a Catamarca, dos a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), uno al Estado nacional en condición de director de la minera. El DNU publicado en el boletín oficial el 5 de enero, establece que el gobierno se desliga de toda participación y responsabilidad en el YMAD y cede su control a la provincia de Catamarca. Con este decreto, firmado por Milei y el Gabinete, se establece que el directorio y la presidencia de la empresa ya no serán designados por el Poder Ejecutivo, sino por Catamarca, que asumirá la representación mayoritaria en la gestión operativa y estratégica del ente minero. De esta manera, la provincia de Catamarca se queda con la presidencia y dos vocales del nuevo directorio de YMAD, mientras que, la Universidad Nacional de Tucumán designará los dos vocales restantes. Durante meses, Jalil insistió ante la Casa Rosada en la necesidad de acelerar la transferencia total de YMAD, con el fin de que la provincia logre mayor autonomía sobre sus recursos y pueda impulsar proyectos de inversión y desarrollo productivo sin las restricciones que, según su gobierno, imponía la participación estatal nacional en la dirección del organismo. Por su lado el gobierno justificó la medida como un aspecto de su estrategia oficial de reducción del Estado y racionalización del gasto, y que, según su análisis, en el caso del YMAD ya no requieren intervención nacional directa. En Catamarca, el traspaso fue recibido por distintos sectores políticos y económicos locales como “un hito histórico” que restituye a la provincia la gestión de un activo considerado estratégico para el desarrollo regional en un momento en que están en curso negociaciones para reiniciar el funcionamiento de Minera la Alumbrera donde Ymad, desde 1997, conformo una sociedad con grandes mineras internacionales como son las mineras Glencore (50% del paquete accionario), Goldcorp y Yamana Gold, con las que durante 20 años explotaron unos de los yacimientos metalíferos más importante de Latinoamérica de cobre, oro y molibdeno. A partir de ahora YMAD tiene los derechos de exploración y explotación del yacimiento, sin el Estado nacional como parte de la sociedad. En paralelo, está en curso poner en marcha el proyecto MARA, en sociedad con la minera Glencore, que tiene por base el yacimiento de Agua Rica, alrededor del cual se han presentado diversos cuestionamientos ambientales y jurídicos y hay un proceso abierto que tanto el Ymad como Glencore pretenden sortear reactivando la actividad minera en la Alumbrera y en ese marco realizar en sus instalaciones el procesamiento primario del material extraído en Agua Rica. Por otro lado, están en curso otros emprendimientos dentro de la región perteneciente a YMAD y se mantendría el dominio exclusivo de la mina de Farallón Negro. En este marco el rol de la UNT (Universidad Nacional de Tucumán) quedará limitado a compartir con Catamarca las auditorías de la extracción de minerales del yacimiento. El 15 de diciembre ya se había firmado un acta cuyo contenido ahora aparece en el DNU por el cual tanto el gobierno de Catamarca y la Legislatura de la Provincia de CATAMARCA mediante Ley provincial que ya ha sido sancionada, como la Universidad de Tucumán dan su conformidad con estas transformaciones del YMAD. En este último caso, aún falta el consentimiento del Consejo Superior de la UNT, una sesión aún sin fecha, pero en la que distintas organizaciones ya han coordinado movilizarse para denunciar la asociación de la Universidad con los negociados, el saqueo de los recursos naturales y las políticas en curso de destrucción del medio ambiente. Que Milei le haya dado prioridad a la emisión de este DNU (es el segundo de este año) cediendo al reclamo del gobierno de Catamarca, no fue una obra de caridad política sino el resultado de negociaciones por las cuales dos semanas, Jalil le aseguró el voto de su bloque de tres diputados nacionales Fernanda Ávila (exsecretaria de Minería de la Nación), Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega y del senador Andrada a favor de la sanción del presupuesto 2026 y la denominada ley de inocencia fiscal en el Senado. Como si eso fuera poco, Jalil, emulando al gobernador peronista Jaldo, de Tucumán, fracturó el bloque de Unión por la Patria, o sea del peronismo, conformando un bloque "Elijo Catamarca” con los tres diputados que responden a Jalil, y que fue decisivo para que el bloque de La Libertad Avanza (LlA) se convierta en la primera minoría en Diputados y de esa manera pase a controlar la mayoría de las comisiones. Esto no termina acá. Milei ya contabiliza los votos de Catamarca para los nuevos proyectos que están agendados para las sesiones parlamentarias extraordinarias de febrero, entre ellas la reforma laboral y la nueva ley de glaciares que en ambos casos son a la vez reclamos de las grandes mineras socias del gobierno catamarqueño en el YMAD. El peronismo, en todas sus expresiones -desde los más colaboracionistas hasta los que discursivamente se muestran distanciado del gobierno- son clave para que la política reaccionaria del gobierno de Milei se sostenga y se siga profundizando.

Las declaraciones de Donald Trump y Marco Rubio no dejan lugar a dudas. Se ha establecido de facto y bajo la amenaza de nuevos ataques militares un protectorado político y económico bajo el exclusivo comando del imperialismo yanqui. Con esto Venezuela adquiere el estatus de Puerto Rico. Frente al interrogante de plazos “sólo el tiempo dirá”. Trump ha declarado que se hará cargo del conjunto de las relaciones económicas entre Venezuela y el exterior, comenzando por el destino de la industria petrolera. La ´venta´ de 50 millones de barriles en crudo venezolano se establece en términos completamente unilaterales. Según Trump “Venezuela se compromete a comprar solo productos hechos en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero”. Todavía más, “Todos los ingresos se liquidarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos” indicó el Departamento de Energía (infobae 8/1). El secretario de Estado, Marco Rubio, trazó todo un panorama de “etapas” que atravesará esta inédita relación entre un país sudamericano y los Estados Unidos. Luego del ´control´, vendría la ´recuperación´ con sus ´inversiones´ y una vez concluido todo eso se “comenzará a generar un proceso (sic) para la reconciliación nacional”. De toda esta declaración lo único que importa es la postergación, para el imperialismo yanqui, del reclamo de libertad de los presos políticos bajo el régimen de Maduro, es decir la agenda de la derecha venezolana. Ni Rubio ni Trump han resuelto “control” alguno ni pasado ninguna etapa. Las ´inversiones´ que prometen los trumpistas hoy no pasan de una especulación. Según Ambito (8/1) las petroleras norteamericanas remarcaron que sin “garantías serias” no están dispuestas a firmar compromisos. En el caso de Conocco Phillips y Exxon Mobil estas reclaman, además, compensaciones de 12 y 20 mil millones de dólares respectivamente por supuestos desplazamientos de mercado durante los gobiernos de Hugo Chávez. La reacción, si se puede llamar así, del gobierno venezolano es de aceptación completa de todas estas medidas y declaraciones de humillación nacional. La prensa oficialista ´informa´, en estos términos, el ´acuerdo´ petrolero: “PDVSA adelanta (sic) negociación para la venta de Petróleo. La operación es estrictamente comercial y se apoya en el beneficio mutuo”. (ultimasnoticias.com.ve). Delcy Rodríguez, que todavía no ha logrado nombrar un nuevo gabinete, calificó el secuestro ilegal de Nicolás Maduro en territorio venezolano como “una mancha en nuestras relaciones, pero también hay que resaltar que no es extraordinario ni irregular las relaciones con los Estados Unidos”. En ese discurso también convocó a “sanar las consecuencias del extremismo y del fascismo”. El gobierno venezolano no ha revelado todavía la cifra oficial de asesinados en el ataque estadounidense. La pretensión de transformar a Venezuela en un protectorado definitivo abre una crisis monumental y plantea en nuevos términos una crisis de poder a la cual todas las facciones conocidas de la burguesía no tienen respuesta alguna. La derecha ha sido descartada por el propio Trump y el ¿ex? chavismo ha renunciado hasta de las palabras. La iniciativa del imperialismo norteamericano se encuentra, de todas formas, condicionada a un escenario de crisis económica mundial y de agresión declarada al conjunto de los países que se encuentran, potencialmente, como candidatos a protectorados de Estados Unidos. La clase obrera en Venezuela y en toda América Latina está convocada a una lucha estratégica. LEER MÁS: Trump intima al chavismo a convertir a Venezuela en un Protectorado Por Jorge Altamira, 04/01/2026. VER EN YOUTUBE Jorge Altamira en TN: "Venezuela es un protectorado de facto de Estados Unidos"

El asesinato de Renee Nicole Good por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en Minneapolis (Minnesota), ha sido reivindicado de manera cerrada por el gobierno de Donald Trump. La versión oficial ofrecida por Trump y sus funcionarios sostiene que el agente involucrado actuó “en defensa propia”. Al día siguiente del asesinato de Good, otras dos personas -en este caso, migrantes- fueron baleadas en Portland (Oregón). Nuevamente el gobierno esgrimió la versión de la “defensa propia”. Esta impunidad para masacrar a connacionales y migrantes revela que el gobierno ultrarreaccionario de Trump le ha declarado la guerra a su propio pueblo –correlato de la guerra mundial que promueve-. El caso Good no ha dejado lugar a dudas. Su crimen fue registrado por varios celulares de manifestantes contra las redadas del ICE. Fue captado por al menos tres personas distintas, desde diversos ángulos. La versión de la “defensa propia” no tiene validez alguna. En las grabaciones, se observa cómo los agentes intentan abordar el auto de Good sin mediar palabra alguna, con la cara tapada y sin identificación. Al intentar alejarse con su vehículo es acribillada en la cabeza. El ICE se negó a permitir el ingreso de médicos hasta que llegara la policía local al lugar. Kristi Noem, secretaria de Defensa, felicitó al agente responsable de los disparos. “Actuó según su formación”, reivindicó. En una tergiversación completa del hecho, el propio presidente afirmó que el agente había sido “atacado” por Good con su vehículo. La responsabilidad del asesinato recaería en la “izquierda radical”, que “promueve el ataque a los agentes federales”. Según informes del propio departamento de Seguridad, los ataques callejeros contra agentes federales aumentaron 1.000 % el último año al calor de las redadas. Tom Homan, el zar de la frontera, definió las protestas contra el accionar extrajudicial e ilegal del ICE como “una manifestación profunda de odio”. El operativo desarrollado en Minneapolis y su zona aledaña estaba basado en denuncias, de procedencia poco confiable, contra supuestos inmigrantes somalíes. El despliegue de 2.000 agentes federales lo convirtió en uno de los operativos más numerosos hasta el momento. En solo 24 horas ya se habían producido 150 detenciones. Lo cierto es que la lista de detenidos informados por el ICE da cuenta de la captura también de ciudadanos estadounidenses legales. Minneapolis es considerada una ciudad santuario, es decir, que ‘protege’ a los inmigrantes sin papeles. Cabe recordar también que fue la cuna de la rebelión popular contra Trump en su primer mandato, cuando la policía de Minnesota asesinó a George Floyd -a apenas diez cuadras de donde fue fusilada Good- y desató el movimiento Black Lives Matter (“Las vidas negras importan”). Tanto la ciudad de Minneapolis como el estado de Minnesota cuentan con gobiernos demócratas. En el caso del gobernador Tim Walz ha mantenido una estrecha colaboración con Donald Trump, aunque dijera que “no coincidía con los métodos del ICE”. Tras el asesinato de Good, aseguró que “se ha terminado la colaboración con el gobierno federal”. Sin embargo, autorizó el ingreso de la Guardia Nacional para ´apoyar´ a las fuerzas locales. Por su parte, Jacob Frey, el alcalde de Minneapolis, quien había tolerado el despliegue de agentes federales, en sintonía con Walz, tras el asesinato de Good ofreció un discurso incendiario. Bramó que el ICE “se vaya a la mierda”, la consigna de los manifestantes antirredadas en todo el país. Apelando a un lenguaje pretendidamente ´duro´, busca ocultar su actitud permisiva ante el despliegue del trumpismo. El gobernador Walz ha prometido una investigación rápida. Por lo pronto, la gestión Trump ha bloqueado el acceso a las pericias, que se encuentran en la órbita del FBI. Según Kristi Noem, la secretaria de Seguridad (DHS), por estar involucrados agentes federales la investigación recae en la jurisdicción federal. La investigación ya tiene resultado conocido, puesto que el DHS, en su comunicado oficial, expresó que el agente actuó en defensa propia, antes de conocerse cualquier pericia o reconstrucción de los hechos. El vicepresidente Vance ha anunciado la creación de un nuevo puesto de fiscal general adjunto que responderá directamente al presidente y que será utilizado “para perseguir a los radicales de extrema izquierda”. El vicepresidente definió las protestas contra el gobierno como “terrorismo interno”, dando la pauta de que profundizarán los métodos de guerra civil. Al mismo tiempo denunció a Walz y Frei como “incitadores al odio”, por abrir una investigación local. Vance concluyó: "Lo inaudito es la idea de que un funcionario local pueda procesar a un funcionario federal con inmunidad absoluta". La “inmunidad absoluta” es sencillamente un invento de Vance. Movilizaciones Las manifestaciones no han tardado en desarrollarse en las principales ciudades del país, muchas de ellas intervenidas por el ICE y la Guardia Nacional. En Minneapolis, la policía se ha abstenido de la seguridad y los agentes federales han asumido la represión y sumado nuevas detenciones y una brutal represión sobre las manifestaciones. Los demócratas buscan apaciguar la reacción popular. El gobierno nacional desarrolla una verdadera doctrina criminal. Las detenciones se realizan al mejor estilo de los grupos de tareas. En la propia Minneapolis, se ha conformado una red de defensa de inmigrantes que organiza entrenamientos preparatorios para un choque físico con el ICE. Retoma una vieja tradición de los barrios latinos y de negros, que conformaban milicias populares contra la represión policial en la época de las Panteras Negras. En una reciente entrevista con el New York Times, Trump declaró que no dudará en invocar la Ley de Insurrección si las manifestaciones se extienden. Ésta le permite movilizar al ejército y limitar severamente las libertades civiles constitucionales. En la misma entrevista, declaró que “no necesita del derecho internacional”, en relación a la invasión a Venezuela y su conversión en un protectorado de facto. Lo que Trump ha realizado en Venezuela es lo que pretende imponer a su propia población en los Estados Unidos. Es un intento por realizar un cambio de régimen político -el establecimiento de una dictadura personal- adecuado para el desarrollo de una guerra imperialista mundial. La democracia estadounidense se ha convertido en un obstáculo para el despliegue de la política trumpista. La proto dictadura civil de Trump alimenta choques y contradicciones al interior de los Estados Unidos. Las movilizaciones contra Trump llegaron a reunir a más de 7 millones de personas, además de las numerosas rebeliones locales, como en California, contra las redadas del ICE. A ello se agregan las continuas derrotas electorales de los republicanos en las elecciones locales, incluso a manos de candidatos que se proclaman ´socialistas´, como es el caso del flamante intendente de Nueva York, Zohran Mamdani. En noviembre próximo tendrán lugar las elecciones intermedias: una derrota del oficialismo abriría las puertas a un juicio político. El propio magnate ha emitido un alerta a la cúpula del Partido Republicano. El desenlace político de esta crisis, lejos de los pasillos del Capitolio, tiene reservado su lugar en el desarrollo de la lucha de clases que se ha elevado a niveles altísimos. LEER MÁS: Trump relanza la militarización Crisis política en el Ejército. Por Rafael Fernández, 02/12/2025. Redadas, estallido social y militarización Trump recurre a la ley marcial. Por Rafael Fernández, 09/06/2025. EEUU: Trump afirma a los tumbos la dictadura de poder personal Por Rafael Fernández, 31/01/2025.

Con la acusación de homicidio agravado, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20 procesó al policía que mató a Juan Gabriel González en Villa Lugano el día de Navidad. El juez a cargo, Hugo Decaria, dictó la prisión preventiva de Darián Gastón Miño, el oficial que disparó a quemarropa contra González. Ni el uso del protocolo policial, ni las hipótesis de agresiones y violencia entre vecinos montadas por el gobierno de la Ciudad, quedaron en pie. El dictamen revela una larga cadena de mentiras y de encubrimientos que puede llevar a que caigan otros cinco policías implicados y, eventualmente, los funcionarios que los encubrieron. En el relato de los policías se incriminaba a Nelly Portillo, la pareja de Juan Gabriel, a su hijo Dante y a su amigo Néstor Chávez, quienes fueron acusados del homicidio de su propio pariente y amigo. El fiscal Edgardo Orfila, apoyado en las múltiples pruebas audiovisuales aportadas por los vecinos y en las pericias y resultados de la autopsia, desarmó las imputaciones y el juez sobreseyó a los tres incriminados falsamente. La resolución dice que “Miño disparó una escopeta -que se trataría del arma de fuego larga marca Benelli modelo M3 SUPER 90, calibre 12-70, con numeración M920436P17 en el armazón y 138837J17 en el cañón- contra el cuerpo de la víctima a una distancia de menos de cinco metros, logrando impactar municiones metálicas en el lado derecho del abdomen de la víctima, donde presentó lesiones”; esto va en el sentido de la autopsia que encontró “hemorragias interna y externa, causadas por lesión de munición múltiple en tórax y abdomen, que causaron la muerte de González”. La CORREPI, a cargo de la representación de la familia de la víctima, agregó: “El cuerpo exhibía un orificio de 14 centímetros de diámetro lado derecho. El taco de metal del cartucho fue recuperado dentro de su estómago y el detector de metales permitió ubicar 9 postas metálicas esparcidas entre sus órganos”. La cadena de encubrimientos La resolución reconstruye la llegada al lugar de la UPB (“Unidad Barrial de Pacificación”, nada menos) que montó un cordón policial alrededor de la casa de González, quien se encontraba “descalzo, sin armas y con el torso desnudo”. Los policías inmediatamente empezaron a golpearlo con bastones; Nelly y Chávez intentaron interceder y defenderlo, hasta la llegada de una camioneta de la que bajó Miño, marca el punto clave de la investigación. Miño apuntó directamente a Juan Gabriel y a una distancia de menos de cinco metros le disparó y lo asesinó. El policía Miño ya había sido apartado preventivamente. En su indagatoria, adjudicó el disparo a otra policía que se encontraba en el lugar desde antes de que él llegara. Imitando las versiones de Patricia Bullrich sobre los disparos a que casi matan al fotógrafo Pablo Grillo en la marcha de los jubilados, Miño dijo que “disparó contra una chapa para que González se asuste y cese su actitud” porque “la víctima estaba muy sacada, era imposible reducirlo”. Según el juez, la policía Valentini a la que intentó implicar Miño actuó de mayor distancia y desde la izquierda. En su dictamen, el juez recorre la carrera de Darían Gastón Miño, demostrando que es una persona “con entrenamiento en el uso de armas”, que pasó por el Ejército Argentino para luego entrar en 2018 a la Policía de la Ciudad, como ha ocurrido con muchos agentes de inteligencia, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, que constituyen desde su creación la oficialidad de la Policía de la Ciudad. El fallo concluye: “el oficial resolvió la cuestión en poco más de una decena de segundos que mediaron entre su constitución en el lugar y el disparo fatal, no fue víctima de una agresión ilegítima por parte de quien terminara muerto, que haya justificado su accionar, primera y esencial condición para que sea procedente la legítima defensa”, descartando así la figura de “exceso en la legitima defensa”. A Miño puede caerle la pena de prisión perpetua por la grave acusación de "homicidio agravado por haberse cometido en abuso de su función o cargo al revestir la calidad de miembro integrante de una fuerza de seguridad", Código Penal artículo 80 inciso 9. La resolución judicial es un duro golpe a los planteos, tanto de los operadores periodísticos del mundo policial como de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich: no hubo protocolo, ni legítima defensa, ni otro justificativo. A Juan Gabriel lo mataron de una manera brutal como parte de una escalada policial brutal en los barrios populares de CABA y en las manifestaciones que se desarrollan en suelo porteño. En este sentido, días después de lo sucedido en Villa 20, en el barrio de Constitución fue gravemente herido Víctor Vargas, quien recibió tres disparos de plomo de la policía y se encuentra al día de hoy internado de gravedad. Siguiendo esta agenda contra los trabajadores más precarios, esta semana el PRO y Jorge Macri dieron rienda suelta a una nueva ola de desalojos de viviendas donde incluyeron varios predios donde trabajaban cooperativas de cartoneros. Los responsables políticos Como parte de las malversaciones de la información y de las mentiras de Horacio Giménez alrededor del caso, una médica firmó un acta trucha que decía lo contrario a la autopsia de Juan Gabriel. Según esta “médica”, se constató que la herida de González fue “provocada por un elemento corto-punzante, no hallando lesiones por postas de goma de los efectivos”. Uno más de los atropellos y corresponsabilidades que sostienen el accionar de la Policía de la Ciudad. No fue un corte, no fueron postas de goma, fue un fusilamiento con plomo. El fiscal Edgardo Orfila pidió la detención de los oficiales Vanesa Valentini y otros cuatros policías por “afirmar falsedades y haber callado la verdad de lo que realmente sucedió en perjuicio de los tres detenidos y falsamente imputados por la muerte de González por homicidio en riña”, tomando las declaraciones que los propios policías volcaron en el sumario elaborado en la Comisaría 8A. El fiscal cierra con lo siguiente: “También les imputó haber ayudado a Darían Miño a eludir la investigación de la autoridad, haber alterado rastros y pruebas del delito -toda vez que impidieron que peritos en criminología actúen de forma inmediata en el lugar del hecho- y no haber denunciado la perpetración de un delito e individualizado a su autor”. Sobre este punto la abogada María del Carmen Verdú de CORREPI dijo: “El intento institucional de la Policía de la Ciudad de enmascarar el hecho como una riña entre vecinos quedó totalmente descartado, sus familiares y amigos fueron sobreseídos y hay policías de la ciudad imputados por el encubrimiento. Vamos por perpetua para el asesino y juicio y castigo para los encubridores”. Como en otros crímenes policiales, fue la movilización de los vecinos y la familia de Juan Gabriel por justicia junto a los videos aportados los que fueron determinantes para esta acción de la justicia. Al momento, si bien el juez elevó un pedido de investigación por encubrimiento, aún no apartó de sus funciones al resto de los policías implicados. Tampoco avanzó sobre el Comisario a cargo del operativo, la Oficina de Transparencia y Control Externo del ministerio de seguridad porteño o sobre Asuntos Internos, todos necesariamente implicados en el montaje del encubrimiento. Organismos que son parte de una cadena de mando a cargo de los responsables políticos de estos crímenes policiales que son Jorge Macri y Horacio Giménez. LEER MÁS: La movilización de los vecinos tiró abajo el encubrimiento del gatillo fácil del 25 de diciembre en Villa Lugano La autopsia de Gabriel González confirma que murió por disparos policiales. Por Leonardo Perna, 30/12/2025.

En el día de ayer, viernes 9 de enero, medio centenar de trabajadores y trabajadoras despedidos de la cadena de Farmacias del Doc. Ahorro realizaron una concentración frente a la sucursal ubicada en la Avenida Corrientes, en el barrio de Chacarita. La misma tuvo el objetivo de visibilizar la situación que están atravesando y forma parte de una serie de iniciativas que mediante la realización de asambleas autoconvocadas vienen organizando y resolviendo los trabajadores. A mediados de diciembre la patronal cerró 11 sucursales y despidió a 90 trabajadores, invocando razones de “fuerza mayor y disminución de trabajo” y ofreciendo indemnizaciones reducidas, amparándose tras un proceso económico irregular en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Los compañeros denuncian además que, durante todo el 2025, la patronal no realizó los aportes previsionales en su totalidad, ni tampoco los sindicales. Los despedidos no cobraron el aguinaldo ni el mes trabajado de diciembre y aún no percibieron ni un peso de las indemnizaciones. También denuncian que los locales están vacíos y no hay mercaderías en stock, ya que la patronal emitió cheques sin fondos, lo que llevó a que proveedores y droguerías exigieran pagos en efectivo o directamente cortaran el suministro de medicamentos, profundizando el desabastecimiento en las sucursales que aún siguen abiertas. Es decir, un vaciamiento que, de seguir así, apunta al cierre de todas las sucursales. “Hemos venido acá para pedir que nos paguen lo que nos deben, ya que hemos terminado trabajando gratis. Consideramos que esto es un robo por parte de la patronal y una estafa”, expresó Claudia Jati, una de las trabajadoras despedidas. La acción contó con la participación de trabajadores despedidos, familiares y amigos, organizaciones políticas, integrantes de comisiones internas como la de Laboratorios Craveri y del Hospital Garrahan, organizaciones de jubilados que se movilizan los miércoles al Congreso como Jubilados Clasistas, la Asamblea de Vecinos de la Paternal, entre otros. La patronal recibió la movilización en esta sucursal muy transitada y cercana a la casa central de la empresa con las persianas cerradas y un móvil policial en las puertas. Esto no impidió que se reuniera un grupo de manifestantes importante, que acompañaron con aplausos, bombos y cacerolas. También se realizó un semaforazo sobre la avenida. Antes de desconcentrar, la delegación se dirigió a la sucursal ubicada en Corrientes y Dorrego, donde también nos esperaba un móvil policial y las cortinas bajas, exponiendo el temor de la patronal a que trabajadores despedidos y los que están aún en actividad confluyan en el reclamo y la movilización los desborde. La actividad concluyó con una asamblea que votó nuevas medidas. Entre las próximas acciones están: este miércoles 14 de enero una movilización a la puerta de ADEF (sindicato de farmacia), y la participación en la movilización de los jubilados en el Congreso. Los despedidos también están impulsando un fondo de lucha. Política Obrera estuvo presente expresando su apoyo, solidaridad y poniéndose a disposición de los trabajadores en lucha, a los que invitamos a apoyar masivamente. LEER MÁS: Apoyemos la lucha de los trabajadores de farmacias de Dr. Ahorro Por Tribuna de Salud Farmacia, 06/01/2026.

En la reunión que sostuvo con una veintena de las mayores petroleras del mundo, Trump ofreció las palabras esperadas: “tratarán con nosotros (el gobierno norteamericano), no con Venezuela”. Para el manejo de los futuros negocios petroleros, les ofreció el Protectorado de facto que ha impuesto sobre el país, sin aportar ninguna precisión más allá de afirmar que tiene “muy buena” relación con el equipo de funcionarios chavistas que encabeza Delcy Rodriguez. Mientras Trump reunía a los pulpos de los hidrocarburos, el Departamento de Estado anunciaba el envío de una delegación de funcionarios y técnicos a Caracas, para discutir con las autoridades, prioritariamente, la reactivación de las operaciones petroleras. Ante los medios, Trump había anunciado inversiones por 100.000 millones de dólares, y un “torrente de negocios” para las empresas del sector que resuelvan abrir o reanudar operaciones en el país. Pero la reunión con las petroleras fue más complicada de lo esperado por la claque trumpista. Lo que dejó entrever fue una divergencia entre las corporaciones petroleras, no en torno de barriles o precios, sino del futuro del régimen político en Venezuela. Chevron: que gobierne “alguien del sistema actual” Las dos voces que destacaron los medios en la reunión fueron las de Chevron, por un lado, y la de Exxon Mobil, del otro. Los representantes de Chevron fueron laudatorios con el plan de Trump, y se mostraron “listos” para continuar y redoblar la producción. Esta petrolera es la única de origen americano que mantuvo sus operaciones en Venezuela en estos últimos años. Por eso mismo, podría elevar sin demasiadas inversiones adicionales sus actuales niveles de producción. Es lo que puso de manifiesto, en los días previos al cónclave con Trump, Ali Moshiri, el ejecutivo de Chevron a cargo de las operaciones de la empresa en Venezuela y en América Latina. En un reportaje ofrecido a la periodista argentina Silvia Naishtat, el funcionario de Chevron reveló los alcances y los límites del plan trumpista: “Venezuela puede volver a producir 1,5 millones de barriles por día en unos 18 meses -o menos- con una inversión de entre 5.000 y 7.000 millones de dólares. Pero pasar de ahí es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque hay que reparar y expandir infraestructura” (EconoJournal, 9/1). Lo que señala el ejecutivo es que una reactivación petrolera de corto alcance podría incrementar la actual producción en un 50 % desde los bajos niveles actuales, con el solo expediente de poner en funcionamiento instalaciones que se encuentran ociosas. Ese plan, según Moshiri, demandaría el 5 % de las inversiones que fantasea Trump. Chevron, que ya se encuentra instalada en el país, se ofrece a encabezarlo con una mínima inversión: unos 2.000 millones de dólares, de los cuales “nuestro objetivo es que 1.000 vengan del sector público (gobierno de los Estados Unidos) y 1.000 del sector privado” (id.). Es probable que lo que aquí se presenta como “sector público” de los Estados Unidos provenga finalmente de la venta del petróleo a extraer, y del monopolio que ejercerá la administración trumpista sobre las exportaciones a Estados Unidos. Dicho más sencillamente, de un arrebato a las arcas venezolanas. Pero enseguida, el hombre de Chevron aclaró que para elevar a cifras más importantes la producción “hace falta muchísimo dinero”. No parece ser ese el “plan de negocios” que esté en juego en lo inmediato. Lo que se debate es una activación de los pozos y refinerías semiparalizadas, con mínima inversión y bajo el fusil de la administración trumpista y colaboradores locales. En este punto, el funcionario de Chevron arriesgó una posición política significativa, al “apoyar 100 % la estrategia de Trump: que el que gobierne “sea alguien del sistema actual -te guste o no-” (id). Exxon Mobil: “país no invertible” Volviendo a la reunión con Trump, la voz discordante partió del representante de Exxon Mobil, Darren Woods, quien “expresó que cree necesarias "muchas reformas" antes de que sea viable para las empresas regresar al suelo latinoamericano” (Perfil, 10/1). “Si analizamos los marcos legales y comerciales vigentes en Venezuela, hoy es un país no invertible”. (id). Sin estar actualmente instaladas en Venezuela, Exxon Mobil -y varias otras petroleras- sólo podrían anotarse en el plan trumpista al costo de grandes inversiones. Para ese cometido, Exxon reclama que el “cambio de régimen” llegue hasta el final, y legalice un marco de concesiones a las corporaciones petroleras de largo alcance. Es lo que viene planteando sistemáticamente el bloque de María Corina Machado y González Urrutia: en marzo pasado, Machado expuso como conferencista en el Congreso Mundial de Energía, el máximo evento empresarial de la industria petrolera que tiene lugar en Houston. Allí, Machado prometió una reforma de la ley de hidrocarburos de Venezuela, para reducir a la mínima expresión la participación estatal en los consorcios petroleros mixtos, abrir el negocio a multinacionales en áreas estratégicas y ofrecer “seguridad jurídica” contra futuros litigios. El planteo fue saludado por las petroleras que esperan “un cambio de régimen y un marco legal favorable en Venezuela”, el mismo planteo que hizo ahora Exxon en la reunión con Trump. Mercado petrolero Los observadores del mercado petrolero, por otra parte, han puesto de manifiesto otras contradicciones del plan trumpista. No es un secreto que el presidente invasor aspira a aumentar la oferta petrolera sobre el mercado americano con el objetivo de abatir el precio de los combustibles, y, por esa vía, aflojar la presión inflacionaria causada por la guerra comercial y los recargos arancelarios impuestos por el propio Trump. Pero el abatimiento del precio del crudo pone en cuestionamiento a las nuevas inversiones petroleras, incluso al mismísimo plan de “relanzamiento de la oferta venezolana” prometido por el jefe de la piratería yanqui. Por eso, es previsible que las petroleras regulen el aumento de esa producción en función de sus propias apetencias de precios y beneficios. El conclave Trump-petroleras, en suma, ha exhibido el carácter explosivo de la transición iniciada con el asalto a Venezuela. Los pulpos de los hidrocarburos dividen sus intereses entre el saqueo “rápido” de las actuales disponibilidades de petróleo, de un lado, y un drástico cambio de régimen que exige la destrucción del andamiaje político y jurídico del chavismo, del otro. Por la fuerza o por la “ley”, los monopolios petroleros y Trump van por un saqueo de gran alcance sobre los recursos y los trabajadores de Venezuela. LEER MÁS: La captura del petróleo y del comercio exterior de Venezuela a manos de Trump El Protectorado en marcha. Por Marcelo Ramal, 08/01/2026.

En la fría mañana del 7 de enero de 2026, en una calle residencial del sur de Minneapolis (Minnesota), tuvo lugar un hecho que desnuda con brutalidad el carácter fascistoide de la política del Estado norteamericano. Renée Nicole Macklin-Good, ciudadana estadounidense de 37 años, poeta y madre de tres hijos, fue baleada en la cabeza por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE sus siglas en inglés) durante un operativo migratorio masivo lanzado por la administración trumpista. La herida resultó mortal. Testimonios y videos del hecho muestran a Maclin-Good intentando alejarse en su vehículo cuando los agentes la rodearon; un oficial disparó repetidas veces contra ella a corta distancia. Familias y vecinas describieron que no había amenaza armada alguna ni resistencia violenta; era una mujer desarmada, que vivía con su pareja y sus hijos (una niña de 16 años, y dos varones de 13 y 6) y había dejado a uno de ellos en la escuela. Al momento de los disparos, estaba a su lado su esposa, Rebecca, quien de hecho captó en video la peor expresión del sistema en la persona de su compañera de vida. En un segundo, vio truncada la vida de Renée y la de su familia. Renée Nicole no era militante política ni agitadora armada: era poeta, escritora, esposa y madre. Se había formado en escritura creativa y había obtenido premios universitarios por su obra. Sus redes sociales y biografías personales la retratan como una amante de la literatura, dedicada a su familia y su comunidad. “El miércoles 7 de enero, nos detuvimos a apoyar a nuestros vecinos. Teníamos silbatos. Ellos tenían armas”, declaró Rebecca Good, esposa de la víctima. El crimen de Renée Nicole Maclin-Good se produjo a cuadras de donde, en mayo de 2020, fue asesinado George Floyd a manos de un policía. La política fascista del trumpismo Lejos de asumir responsabilidad, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el propio Donald Trump lanzaron inmediatamente una narrativa de “defensa propia”, acusando a Maclin-Good de intentar atropellar a los agentes –una versión desmentida por múltiples videos y testimonios-. Trump incluso describió a la poetisa como “violenta” y una “agitadora profesional”, afirmaciones sin pruebas que solo buscan legitimar el uso letal de la fuerza por parte del Estado contra la población civil, especialmente en el contexto de las agresivas políticas migratorias. La Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, conocida como la “caza migrantes”, la más fiel representante del ala dura femenina del gobierno de Trump, acusó a la víctima de incurrir en un acto de “terrorismo doméstico” al querer “atropellar” al agente que la ejecutó. (Noem estuvo en Argentina a fines de julio del año pasado. Por supuesto fue alegremente recibida por Milei y firmó con Patricia Bullrich acuerdos en materia de seguridad y lucha contra el crimen transnacional.) Este respaldo explícito al agente que mató a la escritora es coherente con la línea represiva del Estado bajo la administración Trump, donde las fuerzas federales, particularmente el ICE, han sido reivindicadas como un bastión contra lo que el régimen denomina “enemigos internos”. La política migratoria -que trasciende fronteras y se vuelve represiva contra cualquier estorbo- despliega tropas en ciudades del interior del país para justificar incursiones masivas que terminan con vidas humanas. También es congruente con las líneas del movimiento MAGA (Make America Great Again; nombre que Milei ha prohijado como latiguillo para Argentina: “Hagamos a Argentina grande de nuevo”), que no fue inventado por Trump, pero al que este bautizó y dotó de una identidad política dura, con la que ha doblegado incluso al Partido Republicano. El MAGA instala de manera sistemática la figura del “enemigo interno”, “descubierto” en migrantes, disidentes, activistas, artistas “subversivos”. Por supuesto el asesino de Renée Nicole no sabía a quién le estaba disparando, pero la disonancia entre el operativo del ICE y el movimiento evasivo de la víctima, la ubica, en la retorcida mente del verdugo, en el lugar del “enemigo interno”. La muerte de Maclin-Good no pasó desapercibida. Miles salieron a las calles en Minneapolis y otras ciudades para exigir el retiro del ICE y poner fin a su presencia en sus comunidades, bajo consignas contra la violencia policial y federal. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, cuestionó la decisión federal de desplazar a las autoridades estatales de la investigación del tiroteo, lo que se ve como un intento de controlar la narrativa y evitar una rendición de cuentas. Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, exigió la retirada de ICE de la ciudad y denunció el uso desproporcionado de la fuerza en vecindarios residenciales. ICE y la política represiva del Estado burgués El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es la misma agencia que en junio de 2025 lanzó una serie de redadas masivas en Los Ángeles y zonas cercanas, dirigidas a indocumentados sin distinción clara de antecedentes criminales o peligrosidad, con detenciones en barrios, calles y lugares de trabajo: obras en construcción, granjas, restaurantes y zonas residenciales. Esta ofensiva formó parte de una política nacional de intensificación de la “aplicación de la ley migratoria”, ordenada desde Washington bajo la administración Trump. Estas redadas provocaron fuertes repudios de gobernadores y alcaldes, y desataron pánico comunitario y movilizaciones inmediatas, con cientos y miles de manifestantes frente a centros federales de detención y marchas en diversas ciudades, realizadas por movimientos autoconvocados, organizaciones sociales y vecinales. En Los Ángeles, por ejemplo, miles de personas marcharon por el centro de la ciudad, con pancartas contra las deportaciones y a favor de los derechos de inmigrantes. La respuesta estatal fue contundente: la administración federal desplegó miles de efectivos de la Guardia Nacional y Marines en la ciudad sin consultar al gobernador de California. Se impuso el toque de queda, y la policía usó gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y detenciones para dispersar manifestantes. En Tampa, San Antonio, St. Louis, Denver y Spokane hubo marchas frente a los ayuntamientos, donde la policía municipal actuó para contener grandes grupos de manifestantes, con detenciones y represión. El asesinato de Renée Nicole Maclin-Good muestra la lógica brutal de un Estado al servicio de la burguesía financiera y racista. ICE, concebido como brazo armado de la política migratoria y de control social, se ha convertido en una fuerza paramilitar. LEER MÁS: El régimen policial de Trump vuelve a asesinar en Minneapolis Estados Unidos, territorio de guerra. Por Joaquín Antúnez, 09/01/2026.

En la historia de la Provincia, el gremio docente ATEN siempre ha sido uno a mirar con respeto, especialmente a la hora de firmar las paritarias. Esto resulta en que, aún si los gremios ATE, UPCN o SEJUN firman acuerdos a la baja, pero ATEN logra mejor reivindicación, automáticamente el acuerdo se homologa a los demás gremios, sin importar lo firmado por los otros sindicatos. La burocracia TEP (Trabajadores por la Educación Popular), que lidera la conducción de ATEN provincial -enrolada con los Yasky-Alesso-Baradel- ha logrado aprobar en el 2025 un acuerdo salarial a la baja, que en muchos casos no alcanza a cubrir la canasta básica; por ejemplo, los docentes iniciales en ciudades donde no se paga plus salarial por zona. En el 2024, la oposición de la base docente a aceptar un acuerdo con cifras en negro desencadenó un fuerte movimiento de lucha votado y sostenido por mayoría en las asambleas de base de ATEN, contra lo propuesto por la burocracia de la TEP que llamaba a aceptar un acuerdo con el gobierno provincial de Rolando Figueroa. Ante ello, en 2025, la TEP comenzó a juntar firmas en recorridas por escuela para “sumarlas” al conteo de votos general de quienes votan en las asambleas. Esta práctica no solo es antiestatutaria (el Art. 14 del estatuto de ATEN declara que la forma de resolver los conflictos es por asamblea con voto a mano alzada y una asamblea por seccional, con algunas excepciones), sino que además atenta contra la democracia sindical al desvalorizar lo resuelto por una asamblea de base, con sus deliberaciones y resoluciones. La burocracia hizo juntar firmas a directivos y bajo amenaza de que, si se rechazaba la propuesta del Gobierno, nos íbamos a quedar sin nada. Desde este modo, este año presentaron una falsa “aceptación” del acuerdo que solo se logra al sumar las alrededor de mil firmas logradas con esta modalidad, sumando además otros de “asambleas virtuales” imposibles de comprobar. Un verdadero fraude. De los puntos del acuerdo salarial para 2026, mencionaremos los tres fundamentales por los cuales la oferta era inaceptable. Primero, se mantienen las sumas en negro, que achatan la escala salarial; desde el año pasado se paga el llamado “Adicional docente” (eufemismo de Presentismo) que se paga cada 3 meses, a aquellos docentes que no tengan más de 3 faltas injustificadas por trimestre. Segundo, se ofrecieron dos bonos por cargo de 25 horas de 350 000 pesos, uno en enero, el otro en septiembre (este último actualizado por IPC). Tercero, se mantuvo la actualización trimestral por IPC (en los meses de febrero, mayo, agosto, noviembre y febrero del 2027) que se compone con la mitad del índice medido por Nación y la otra mitad por el índice de la Provincia; en la práctica sabemos que este índice no sólo es manipulado por los gobiernos, porque no toma en cuenta el peso de los servicios, educación, vivienda, y la canasta familiar de referencia está desactualizada. En la provincia de Vaca Muerta, los alquileres pueden llegar a consumir el 60 o el 100 % del salario docente, dejando muy poco margen para los demás gastos, o llevando a los docentes a la autoexplotación por mantener jornadas dobles o triples. Los docentes neuquinos ya saben que el IPC mantiene los salarios muy por detrás de la inflación. El estimativo de la misma en diciembre fue de 38,5 %, mientras que el aumento por IPC fue de un 25 %. Si a todo esto le sumamos que desde el año 2020 aproximadamente no hay recomposición salarial al básico, llegamos a la realidad de salarios por demás devaluados. La oposición Multicolor dirige la importante sección de la Capital y varias seccionales del interior de la provincia. Ante estas maniobras fraudulentas de la TEP, algunos dirigentes de la Multicolor denunciaron por facebook las maniobras, pero no se impulsaron medidas de acción. Sólo el día 4 de enero se publicó una solicitada en el diario LM Neuquén, diciendo que el TEP hizo trampa y llamando a “organizarnos en cada escuela y lugar de trabajo para defender lo conquistado y avanzar en la recuperación del salario”. Sus dirigentes piden a CTERA –cuya dirección integra la burocracia de la TEP- un “plan de lucha para defender los derechos y el salario, buscando así nacionalizar el no inicio junto a las provincias que lo resuelvan”, como si esta burocracia tuviera en mente semejante emprendimiento. Otro cantar hubiera sido, si hubieran planteado responder a las violaciones del propio funcionamiento de ATEN y de su estatuto, con un plan de lucha que comenzara por un plenario de delegados de base de todas las seccionales de la oposición y de ahí a todas las escuelas. La tibieza de la Multicolor en algunos casos es exasperante. ¿Qué nos queda? Los docentes están descontentos con el acuerdo, con la conducción y en algunos casos con la oposición. La docencia que está dispuesta a luchar ve con preocupación a la oposición, quien no direcciona ni va a fondo con un plan de lucha, agitación y denuncias. Proponemos, entonces, impulsar una organización de bases comenzando por el desconocimiento completo de la paritaria trucha firmada por la TEP y el reclamo de un salario mínimo docente por cargo que sea equivalente al costo de la canasta familiar, con todos los ítems al básico. Defendemos el método histórico de la asamblea para decidir sobre nuestro salario y sobre nuestra lucha.

El pasado 6 de enero las Fuerzas Armadas de Israel invadieron el campus de la Universidad de Birzeit en la Cisjordania ocupada. Dejaron un saldo de al menos 11 heridos graves, entre impactos de bala, metralla e intoxicación por gases lacrimógenos, según información del Ministerio de Salud palestino. También se llevaron detenido al vicepresidente para asuntos académicos de la universidad. El asalto se produjo en horas de plena actividad (miles de personas se encontraban en el campus) y mientras se desarrollaba un acto estudiantil, según comunicó la Universidad. Los estudiantes desarrollaban una vigilia en apoyo a los presos palestinos en las cárceles israelíes ( en momentos donde el Parlamento discute un proyecto de ley para establecer la pena de muerte a los presos condenados por “terrorismo” ) y preparaban la proyección de un documental sobre Hind Rajab, la niña gazatí asesinada por Israel junto a seis de sus familiares mientras intentaban escapar de la ciudad de Gaza, y a dos paramédicos que buscaban socorrerla. Ese tipo de actividades son catalogadas como “reuniones pro-terror” por el ejército sionista. Los soldados tumbaron el portón de entrada y avanzaron tanto con tanquetas como a pie. Dispararon con plomo, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos, causando pánico y corridas entre los presentes, según se observa en distintos videos. Evitaron de esa manera el acto, la proyección de la película y la continuidad de las actividades académicas, atentando contra la vida y el derecho a educarse de los estudiantes y trabajadores universitarios. El ataque no es un hecho aislado, pero sí supone una escalada sin precedentes en la universidad, donde nunca se había producido un ataque durante la actividad académica (The New Arab, 9/1). El pasado diciembre el ejército ya había incursionado en la universidad de Al-Quds y en la de Birzeit antes de su apertura, deteniendo a trabajadores y vecinos. Otras veces los ataques se realizaron a la noche, rompiendo materiales y espacios usados por el activismo de la universidad. Este nuevo y recargado ataque se da en momentos en que Israel redobla el asedio sobre ciudades y campos de refugiados de Cisjordania, con desplazamientos forzados, demoliciones de casas, ejecuciones y arrestos masivos. Los estudiantes que sufren estos vejámenes en sus hogares son los mismos que atraviesan diariamente innumerables puestos de control y requisas que llevan horas, para poder asistir a clase en lo que hasta hace poco eran espacios relativamente seguros, al menos durante el día. Por su parte, el ejército sionista afirmó en un comunicado que continuará actuando “contra el terrorismo y no tolerará ninguna incitación al terror”, dentro de lo que caerían desde actos por la liberación de los presos palestinos hasta proyecciones de películas. Es la declaración de que buscará aniquilar hasta el más mínimo activismo y, en última instancia, el mismo funcionamiento de las universidades palestinas. El reforzamiento del boicot académico y de las acciones de solidaridad con Palestina en las universidades argentinas y de todo el mundo se tornan urgentes. LEER MÁS: Más de un millar de universidades europeas participan del boicot académico contra Israel Netanyahu alertó sobre el aislamiento y temen una fuga de cerebros. Las universidades públicas argentinas han cerrado filas con los genocidas. Por Olga Cristóbal, 29/11/2025.

El domingo pasado, seis ministros de Estado y la plana mayor de la COB y de la Federación Campesina Tupak Katari firmaron un acuerdo que abroga el decreto supremo 5503 y, mediante un nuevo decreto, establece un tarifazo del 86 % para las naftas y del 168 % para el diésel; un aumento el 20 % del salario mínimo -ante una inflación del 25 %- y la extensión de un plan social educativo (Juancito Pinto) para el período 2026, junto a la creación de un programa de protección de personas vulnerables por un año. También se mantendrá un diferimiento de pagos de créditos y moras por seis meses, que solo devengarán en intereses corrientes. Los demás capítulos fueron anulados; se creará una comisión entre el gobierno, la COB y la Tupak Katari, para elaborar en conjunto nuevos decretos sobre los puntos caídos y en controversia. El presidente Rodrigo Paz ha festejado el acuerdo y declarado que lo esencial del decreto supremo ha quedado vigente. Ni la COB ni la mayoría de las organizaciones campesinas e indígenas, salvo los denominados Ponchos Rojos, se oponían al tarifazo, sino solamente al resto de los artículos y capítulos que instauraban un régimen de gobierno por decreto por un año. La promulgación de la abrogación del 5503 no se ha producido todavía. Una “ley Bases” boliviana El mentado decreto, oficiado el 17 de diciembre pasado, era una suerte de ley ómnibus que el presidente Rodrigo Paz no podía tratar en la Asamblea Nacional boliviana por encontrarse en franca minoría y por la enorme fragmentación del resto de los bloques. En su texto se establecía la “emergencia económica, financiera, energética y social nacional” y se autorizaba al Ejecutivo a endeudarse y aprobar nuevas inversiones, sin pasar por la Asamblea Nacional y sin garantizar consultas previas con las comunidades afectadas, como establece la Constitución boliviana. Por otro lado, garantizaba subvenciones y “estabilidad jurídica por 15 años” para nuevas inversiones o ampliaciones. Se habilitaba un blanqueo de capitales sin plazos definidos. Eliminaba los requisitos de autorizaciones previas para la importación y el certificado de abastecimiento interno y precio justo, como también el cobro de aranceles a productos importados. Por último, facultaba al Banco Central Boliviano a establecer un “nuevo régimen cambiario”, insinuando una fuerte devaluación. Los capítulos y artículos que quedaron vigentes, esconden sus propios aspectos reaccionarios. El capítulo de aumento del salario mínimo consagra una pérdida del poder adquisitivo de cinco (5) puntos ante la inflación y elimina en los hechos la negociación paritaria, con la que se garantizaban los aumentos; bloquea cualquier aumento para el resto del año y, en el caso de la administración pública, prohíbe la contratación de nuevo personal; a su vez, abre la posibilidad de despidos en nombre de la “racionalización de gastos y personal” en empresas públicas. Peor aún, abre la posibilidad de negociaciones individuales y sectoriales, aunque deban mantener como piso el salario mínimo establecido. La vigencia del tarifazo a los combustibles ha permitido al Gobierno una transferencia de recursos de las masas hacia el Estado de 240 millones de dólares durante los 22 días de vigencia del decreto (El deber, 11/1). Estos recursos, estimados en 3.500 millones de dólares anuales, financiarán los subsidios y exenciones al capital, que ahora se buscará reimponer por medio de nuevos decretos. A falta de alianzas con un Parlamento atomizado, el gobierno de Paz podría posarse en el apoyo de las organizaciones sociales, con la COB a la cabeza, para ´consensuar´ las nuevas medidas. Su excompetidor, el derechista “Tuto” Quiroga, pretende un acuerdo inmediato con el FMI para un endeudamiento de 12.000 millones de dólares y la reestructuración de la deuda pública fuertemente engrosada bajo los 20 años del gobierno del MAS. Este programa fue uno de los puntos de divergencia central en las recientes elecciones, como fuera destacado por todos los observadores. Paz Pereira es partidario de pagar la deuda pública boliviana sin reestructuraciones y nuevos endeudamientos. En la última semana ha llamado a las gobernaciones a que le acerquen “proyectos productivos” que serían financiados por el BID. La lucha contra el decreto de Paz La motosierra de Paz Pereira fue resistida por los bloqueos de las masas explotadas y los transportistas se declararon en huelga. El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, declaró que desde la central “no son intransigentes” y solo pedían medidas “consensuadas”. Para Argollo, “a partir de nuestra movilización, ningún sector va a hablar, conversar, hacer tratativas, si no es a la cabeza de la Central Obrera Boliviana” (El Erbol 19/12/25). Los bloqueos, en la mayoría de los casos, fueron sostenidos por las bases de cooperativistas mineros, juntas vecinales y organizaciones campesinas e indígenas. Ante el levantamiento de la lucha, los Ponchos Rojos intentaron mantener su bloqueo en El Alto, pero fueron reprimidos por la policía. Previamente, intentaron bloquear el paso del vehículo del secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, al grito de “vendido” (El Deber, 11/1). El burócrata sindical había festejado el acuerdo con el Gobierno declarando que “aquí no han perdido los ministros ni han ganado los dirigentes, aquí ha ganado Bolivia” (ídem). El MAS, por su parte, en ninguna de sus tres fracciones, ha jugado un rol protagónico. Tampoco el influencer y vicepresidente boliviano, el derechista Edmand Lara, quien no tiene partido ni organización. De todos modos, Paz Pereira aprovechó para denunciar un pacto entre Evo Morales y su vicepresidente. Los escándalos por corruptelas por parte de funcionarios del MAS prosiguen sin pausa y, en medio de la lucha contra el decreto 5503, fueron detenidos el exgerente de la empresa estatal de producción y comercialización de oro (EPCORO), Edwin Condori, y el exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien fue alojado en la misma cárcel donde se encuentra el expresidente Arce. Evo Morales,se ausentó los últimos días del escenario público por haber contraído dengue. La movilización no parece haber generado ninguna posibilidad de recomposición política del masismo; probablemente agudice su crisis. La COB y las organizaciones indígenas y campesinas han buscado evitar una confrontación política. Perspectivas Rodrigo Paz festeja la supervivencia del “espíritu” de su decreto. Quiere tener las manos libres para gobernar sin acuerdos ni condicionamientos. El tarifazo sobre los combustibles acicatea la inflación ya acelerada por la fenomenal caída de reservas del BCRB y el desabastecimiento. El peso de la deuda pública boliviana llega al 80 % del PBI, aunque los vencimientos fuertes se acumulan recién para dentro de 10 años. La “apertura” a inversiones extranjeras debería poner fin a una fenomenal desinversión. En cuanto al litio, las comunidades que dependen del ecosistema del salar de Uyuni han bloqueado en varias oportunidades el desarrollo de proyectos y por eso Paz busca eliminar las consultas previas sobre nuevos proyectos. Los costos de explotación también son mayores por cuestiones técnicas, ya que el litio boliviano contiene hasta 10 veces más magnesio que el de Chile (El País, 03-06-25). El enorme vacío político producto del derrumbe del MAS juega a favor de Paz, como también la tendencia al compromiso y sostenimiento de la burocracia de la COB y la Tupak Katari. LEER MÁS: Bolivia: el ‘rodrigazo’ del gobierno de Paz enciende las protestas Por Joaquín Antúnez, 23/12/2025.

El cierre de la planta de Lamb Weston, ubicada en Munro, dejará en la calle a más de un centenar de trabajadores. Fue anunciado por la patronal este 8 de enero. Este hecho no es un “reordenamiento técnico” ni un problema de “vecinos y municipio”, como pretende presentarlo la empresa y repite la burocracia sindical, sino una reorganización capitalista orientada a maximizar la rentabilidad, descargando la crisis sobre los trabajadores. La multinacional estadounidense, una de las mayores productoras mundiales de papas fritas congeladas, anunció que concentrará toda su producción en su nueva planta de Mar del Plata, donde invirtió más de 320 millones de dólares, con una capacidad productiva superior a 100.000 toneladas anuales, orientada en un 80-85 % a la exportación hacia América Latina (La voz de Tandil, 9/1). La decisión responde a su estrategia global de reducción de costos, centralización productiva y aumento de la tasa de ganancia, aprovechando además la cercanía al puerto y a las zonas paperas (Balcarce, Tandil, sudeste bonaerense). Es decir: no hay crisis empresaria, hay una relocalización de capital que deja a Munro como zona de descarte. En la planta cerrada no sólo se produjeron despidos masivos. Hubo retiros voluntarios, cesantías encubiertas y de trabajadores contratados por agencia. La empresa desarma y retira maquinarias alquiladas, confirmando que el cierre es definitivo. De una dotación que había llegado a superar los 170 trabajadores, hoy quedaban poco más de 100, muchos de ellos actualmente de vacaciones, lo que facilitó el vaciamiento. La responsabilidad del STIA y de Sergio Escalante Este proceso de vaciamiento se desarrolló ante la pasividad cómplice del Sindicato de la Alimentación (STIA) y de su secretario general, Sergio Escalante, sucesor de Rodolfo Daer. Mientras la patronal avanzaba con despidos graduales y tercerización, el sindicato se limitó a saludos a la bandera, sin asambleas, sin plan de lucha y sin ninguna medida efectiva. Es particularmente grave que el propio Escalante haya declarado públicamente que “a ningún empresario le conviene un sindicato débil” (La Política Online, 10/12/25), mientras en los hechos deja pasar el cierre de una planta entera sin ofrecer resistencia, permitiendo una verdadera sangría en el gremio de la alimentación. Escalante también declaró que “no hay qué negociar”, porque hay trabajadores por debajo de la línea de pobreza (ídem). Precisamente por eso, no hay margen para aceptar despidos, sino que hay que ocupar, luchar y exigir la continuidad laboral bajo control de los trabajadores. El verso del gobierno y el verso empresario La empresa intenta justificar el cierre con un lenguaje técnico (“eficiencia”, “costos logísticos”, “rentabilidad”). El gobierno de Milei y Caputo, por su parte, ha creado el marco ideal para estas maniobras: apertura comercial, desregulación laboral y destrucción de toda protección industrial. Mientras Lamb Weston consolida una megaplanta exportadora el Conurbano pierde empleo industrial . No es un caso aislado: SKF, Whirlpool , Tres Arroyos y otras multinacionales avanzan en la misma dirección. Se trata de una reprimarización y extranjerización de la economía, con zonas enteras convertidas en desiertos industriales, muchos de ellos en la provincia de Kicillof, donde su nuevo agrupamiento político Movimiento Derecho al Futuro (MDF) no ha abierto la boca ni realizado ninguna acción frente a este atropello contra los trabajadores. La audiencia del 14 de enero no debe ser una puesta en escena para negociar indemnizaciones, sino un punto de apoyo para una movilización y un plan de lucha real.

Aunque la rebelión popular que se extiende por todo Irán tuvo su inicio hacia fines de diciembre pasado, su desarrollo político se enlaza con el asalto militar a Venezuela por parte del imperialismo norteamericano -que tuvo lugar una semana más tarde-, el secuestro de Nicolás Maduro y la transformación del Estado caribeño en un protectorado ‘de facto’ de los Estados Unidos y de Donald Trump. Trump, en efecto, ha amenazado con bombardear objetivos seleccionados en Irán como supuesta represalia a la represión (centenares de muertes y miles de detenidos) desatada por el régimen de los Ayatollahs. En una versión adelantada de lo que luego ocurriría en Venezuela, en junio de 2025 Estados Unidos había descargado un furioso bombardeo sobre las instalaciones de investigación nuclear de Irán y sobre la misma capital, Teherán, en una operación conjunta con el Estado sionista, que había desplegado sobre el terreno a miles de agentes de los servicios de seguridad. Esta salvajada (igualmente “impecable y quirúrgica”) eximió a las cabezas del régimen político, que fueron convocados a seguir gobernando, bajo el asedio de las amenazas de destrucción militar y sanciones económicas excepcionales proferidas por Trump. El asalto a Irán, hace medio año, anticipó el cerco en el Caribe, instalado por Trump a partir de noviembre. Al presidente iraní, Masoud Pezeshkian (y a su tutor, el ayatollah Khamenei), le permitían seguir en el gobierno en calidad de vicario del imperialismo yanqui, como ocurre en Venezuela con Delcy Rodríguez. En el contexto internacional, el desarrollo de la crisis de conjunto del régimen iraní guarda relación con el asalto a Venezuela y las amenazas contra Colombia, Cuba, Groenlandia e incluso México. El detonante de la rebelión popular en Irán ha sido la devaluación del rial, la moneda iraní, cuya cotización se encontraba completamente desfasada con la inflación creciente de precios. El desborde guardaba un claro parecido con los últimos meses del gobierno de Massa, en 2023, incluido un subsidio directo a los consumidores del tipo “IVA menos” que aplicó el ‘renovador’ tigrense. Pero las diferencias de contexto son sustanciales, porque Irán sufre un brutal bloqueo económico, tiene sus activos internacionales congelados por Estados Unidos y una caída del precio de su principal producto de exportación. El régimen financia asimismo a un aparato de represión parasitario y a una camarilla clerical-militar, que se ha acentuado por el gasto militar determinado por la guerra desatada por Netanyahu y Trump en todo el Medio Oriente. Irán ha sido excluido del Swift, que es el medio de compensación de los pagos internacionales. Sufre, además, un gravísimo problema de desertificación, al punto que las autoridades han considerado la evacuación de una parte del territorio de Teherán, que alberga a unos 14 millones de habitantes. El Parlamento de Irán ha aprobado, recientemente, un Presupuesto de ajuste, que desvincula los ingresos de los trabajadores de la inflación y eleva catastróficamente las tasas impositivas. Aunque destila los métodos de CFK, Kicillof, Macri y Milei, los ayatollahs no tienen la posibilidad de recurrir al abusivo endeudamiento interno de sus colegas argentinos. En definitiva, otro gobierno capitalista encara una salida capitalista a una crisis capitalista. A diferencia de rebeliones populares anteriores, esta vez el estallido partió de los bazaríes, la clase comercial de Irán. La inflación que desató la devaluación reciente desequilibró los precios de compra y venta. Los bazaríes han sido siempre una base social de los ayatollahs, para enfrentar a la competencia extranjera. El colapso monetario ha sido un golpe a este andamiaje. Desde el inicio la rebelión no ha hecho más que expandirse y levantar consignas contra el conjunto del régimen político. La competencia de los ‘reformistas’ (como el actual presidente) contra los ‘ortodoxos’ (el ala oficialista de los clericales) ha dejado de funcionar como alternativa o contenedor de lastre. Pero la crisis política no se limita a este desgaste final. Desde el inicio de la guerra genocida del Estado sionista, el bloque de fuerzas alineado con Irán ha sufrido una destrucción mayúscula. Irán no cuenta con Hizbollah ni el sirio Bashar al Assad, ni tampoco la presencia dominante de Rusia, luego de haber neutralizado la injerencia del gobierno de Barack Obama en la región. Medio Oriente ha sufrido una desorganización política sin precedentes. El régimen iraní enfrenta la mayor vulnerabilidad de su historia desde la guerra con Irak, en la década de los 80. El nuevo gobierno de Siria, de la milicia de Al Qaeda, acaba de perpetrar una masacre de kurdos en la ciudad de Aleppo, mientras las milicias kurdas siguen ocupando el territorio de frontera entre Siria y Turquía (donde reside la mayor parte de la población kurda de la región). La rebelión popular se desarrolla en un contexto de derechización y reacción política, sin atisbo de una dirección revolucionaria. Esta tendencia encuentra una manifestación en las pretensiones del hijo del difunto Sha de ocupar el poder por vía hereditaria. Varios sectores del imperialismo le han dado la bienvenida, por aquello de que “todo suma”. Pero el imperialismo norteamericano y el sionismo enfrentan el desafío de armar una salida política. Trump, hasta ahora, ha seguido la línea de organizar “encuentros” en Washington con distintos gobiernos, como es el caso de Colombia, Groenlandia, Dinamarca (incluso con Delcy Rodríguez, la vice del presidente secuestrado) para pasarles la lista de sus reclamos ‘irrevocables’. En Irán, este paso previo para imponer protectorados ‘de facto’ podría apuntar al ‘reclutamiento’ de Pezeshkian, quien tendría la doble responsabilidad de neutralizar al clero, de un lado, y a las masas indignadas, del otro. En Tel Aviv, mientras tanto, siguen las marchas nocturnas de los sábados para reclamar la expulsión de Netanyahu “por corrupción”. Retomar Irán sería un golpe espectacular de Trump contra China y Rusia, e incluso (o por sobre todo) la Unión Europea. La catástrofe económica, sin embargo, no haría más que acentuarse en todos los casos y, con ella, la emergencia de situaciones revolucionarias. Como lo demuestran las ‘razzias’ de inmigrantes y los asesinatos de activistas, el centro del huracán mundial son los Estados Unidos mismos. En la semana que acaba de trascurrir, Trump advirtió de que podría perder las elecciones de medio término en noviembre y arriesgar un juicio político el año que viene. Los socialistas revolucionarios tienen una tarea difícil en Irán, cuando la rebelión del pueblo es manipulada por el imperialismo. El propio Lenin había advertido que la revolución de febrero de 1917 en Rusia había sido, al mismo tiempo, un golpe de estado de Francia y Gran Bretaña para mantener a Rusia en la primera guerra mundial, y no, como pretendían los democratizantes, para impulsar lo que no sería más que un episodio democrático burgués bajo la batuta del imperialismo. En Irán, las reivindicaciones económicas y políticas deben estar presididas por la denuncia de que el imperialismo y el sionismo conspiran en el terreno nacional e internacional para convertir a Irán en un Protectorado al servicio de una guerra imperialista mundial. En esta perspectiva, es necesario impulsar ocupaciones de empresa y el armamento de las masas. El apoyo político al gobierno clerical, por el contrario, lleva a un callejón sin salida y a un compromiso entre el clero y el imperialismo (como ocurre ahora en Venezuela). Una agitación de esta naturaleza pondría a la orden del día la consigna del gobierno obrero. LEER MÁS: Movilizaciones en Irán: Trump reclama ‘moderación’ al gobierno ‘reformista’ Por Olga Cristóbal, 07/01/2026.

Donald Trump ha cerrado el círculo del acaparamiento de la producción y las exportaciones petroleras de Venezuela con una medida fundamental. Acaba de decretar que los ingresos por la venta de crudo de ese país quedarán “protegidos”, en cuentas del Tesoro de Estados Unidos, de “cualquier embargo, juicio, decreto, derecho de retención, ejecución, o cualquier otro proceso judicial”. La orden de la Casa Blanca declara a esos fondos “propiedad soberana de Venezuela mantenidos bajo custodia de EE. UU. para propósitos gubernamentales y diplomáticos, que no están sujetos a reclamos privados”. De este modo, cualquier pago relacionado con la deuda pública venezolana ha quedado bajo el control de Trump. La deuda del Estado de Venezuela se estima en unos 160.000 millones de dólares, el 180 % de su actual PBI. De ese total, unos 60.000 millones se encuentra en bonos impagos, un “limbo” que se prolonga desde 2017 y que no condujo a una “aceleración” (intimación al pago de toda la deuda) por el temor del propio Trump -entonces en su primer mandato- a desatar una crisis financiera global . Entre los principales acreedores de Venezuela, se encuentran el Estado y corporaciones chinas. Desde hace al menos un lustro y ante la falta de pago de los compromisos, China puso en marcha un régimen de pago de “deuda por petróleo”, para resarcirse de los vencimientos con embarques de crudo. De todos modos, la deuda pendiente con el país asiático alcanzaría a los 20.000 millones de dólares. La decisión de Trump pone en crisis estos pagos “en especie”, tanto por el acaparamiento decretado sobre la producción y las exportaciones petroleras -que será en detrimento de las ventas a China- como por la decisión posterior de bloquear cualquier embargo a los ingresos petroleros del país para pagar deudas anteriores. China contaba con otras garantías sobre esa deuda -como el control de derechos sobre reservas hidrocarburíferas venezolanas- que son ignoradas por el Protectorado trumpista. Las petroleras yanquis Pero la inembargabilidad decretada por Trump podría tener otros damnificados menos previsibles. Es el caso de las petroleras que sostienen juicios contra el Estado, por su retiro del mercado en 2007. En aquel momento, firmas como Exxon Mobil y Conoco Phillips rechazaron el planteo del gobierno chavista de conformar empresas mixtas con PDVSA para la explotación del crudo y presentaron a ese desacuerdo como una “expropiación” de activos. Los juicios entablados alcanzaron cifras que superan los 10.000 millones de dólares. Estas demandas ya obtuvieron fallos favorables en tribunales internacionales y los litigantes reclamaron activos venezolanos o “cualquier pago que el país coloque en el sistema financiero internacional” (El Observador de Uruguay, 8/1). Un botín que está en juego en ese litigio son las acciones de Citgo, la refinería y distribuidora radicada en Estados Unidos que pertenece a PDVSA. En la reunión de las petroleras con el gobierno norteamericano, el pasado viernes 9, una de estas litigantes -Exxon Mobil- presentó objeciones al plan petrolero de Trump para Venezuela. En el reclamo por un “régimen jurídico estable” para el país, Exxon incluyó al resarcimiento por los juicios pendientes. En represalia, Trump amenazó con dejarla afuera del esquema petrolero anunciado en aquella reunión. Bonapartismo global La decisión de “inembargabilidad” de Trump puede impactar en la cotización de estos títulos de deuda, la cual se recuperó después del asalto sobre Venezuela. Los observadores del mercado de deuda estiman que los bonos venezolanos se encuentran mayoritariamente en manos de “fondos buitres” (Ambito, 6/1). Pero el horizonte de estos especuladores no es el transitorio “pagadiós” de Trump. Un plan de “pago de deuda con petróleo”, ya no bajo la batuta china, sino del “Protectorado” yanqui, podría revalorizar los títulos en juego y generarles fuertes beneficios a los acreedores buitres. Naturalmente, la garantía de esa operación residirá en un régimen económico y presupuestario que privilegie a las petroleras y a los acreedores internacionales, a expensas del “pueblo venezolano” con el cual Trump se llena la boca todos los días. Trump le ha ofrecido a la burocracia chavista cogestionar este régimen confiscatorio, a cambio de su colaboración política en el armado de un “Protectorado” de facto. Las reservas, la producción y los flujos financieros originados en las riquezas venezolanas se han convertido en un arma del arbitraje trumpista, con repercusiones sobre la guerra internacional, las propias corporaciones petroleras y los fondos internacionales que manejan deudas soberanas. El propósito de este arbitraje es redoblar las extorsiones, principalmente a China. Los trabajadores de Venezuela sólo recibirán migajas de la expoliación del país asaltado. LEER MÁS: Trump organiza el remate de los activos petroleros de Venezuela Los monopolios petroleros discuten el régimen político. Por Marcelo Ramal, 10/01/2026. La captura del petróleo y del comercio exterior de Venezuela a manos de Trump El Protectorado en marcha. Por Marcelo Ramal, 08/01/2026.

Entre el 2019 y el 2024, sólo en Chubut, se han quemado más de 150.000 hectáreas de bosques, entre nativos e implantados. Recientes pericias realizadas por la Justicia han determinado que el foco inicial del actual incendio fue provocado de manera intencional. Iniciado el pasado 5 de enero en Puerto Patriada, ubicado en la reserva forestal del Lago Epuyén, ubicado a 15 kilómetros de la localidad de El Hoyo, ya se han consumido, hasta el día de hoy, más de 20.000 hectáreas de bosques nativos e implantados en la Comarca Andina de Chubut y el fuego arrasó varias viviendas, dejando como saldo cientos de miles de animales muertos. Mientras se registran lluvias que traen cierto alivio a la situación, cientos de bomberos, brigadistas y vecinos autoconvocados intentan contener el fuego. Cambio climático e incendios Un informe de Greenpeace da cuenta de que entre octubre de 2024 y marzo de 2025 el fuego consumió 31.722 hectáreas (exclusivamente bosques) en esta región, una cifra cuatro veces mayor a la del mismo período del año anterior. En la Patagonia la temporada alta de incendios suele darse entre los meses de septiembre y fines de marzo. Al día de la fecha Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes se encuentran bajo alerta máxima por riesgos de incendios, prácticamente todo el país se encuentra bajo la amenaza. Thomas Kitzberger, investigador superior del CONICET, en diálogo con Infobae señaló que “esta temporada va en línea con la ‘nueva normalidad’ que indica que anualmente en la zona Andina de Patagonia Norte ya no se queman cientos o miles de hectáreas, sino decenas de miles de hectáreas”. (Infobae 11/1) Por su parte, la ingeniera ambiental Julieta Vallejo señaló que “entre las (causas) más relevantes están la sequía del suelo y el estado de la vegetación, que actúa como combustible disponible: hojas, ramas, pastos secos, etc. Cuando hay sequía y mucho calor, el suelo y la vegetación se secan, y eso convierte el ‘combustible’ mucho más inflamable. Este es el criterio que usan los organismos técnicos para definir cuándo el riesgo de incendios es extremo, utilizando un índice como el Fire Weather Index”. (idem) Los especialistas señalan que la regla 30/30/30, es decir, temperaturas superiores a 30.°C, humedad relativa por debajo del 30 % y vientos de más de 30 km/h, se convierte en un combo que potencia las condiciones para la propagación e intensidad de los incendios. A esta situación ligada al cambio climático hay que sumar otro factor ambiental de características estructurales: la proliferación de especie invasoras, que no son autóctonas de la zona, en especial los pinos (Pinus ponderosa y Pinus radiata), que fueron introducidos décadas atrás con fines productivos, extendiéndose por vastas zonas de la Patagonia, que actúan como aceleradores de los incendios, ya que “acumulan grandes volúmenes de biomasa altamente inflamable, producen resinas combustibles y generan continuidad vertical y horizontal del combustible, lo que incrementa la intensidad de los incendios.” (La Política Ambiental 8/1) Las características de estos pinos facilitan la dispersión de brasas, creando nuevos focos de incendios y acentuando un círculo vicioso, ya que se regeneran más rápidamente que las especies nativas. La proliferación de estas especies de pinos, además de los recurrentes incendios, “pone en riesgo directo a los bosques autóctonos añejos de la Patagonia, verdaderos reservorios de biodiversidad y reguladores climáticos. Entre las especies más afectadas se encuentran la lenga y el ñire, fundamentales para los bosques andino-patagónicos; el coihue, clave para la estructura y estabilidad de estos ecosistemas; y la araucaria o pehuén, especie emblemática y en peligro de extinción.” (Idem) Con toda esta conjugación de factores, los meteorólogos vienen alertando desde hace varias semanas que la zona cordillerana sufre la escasez de humedad debido a las débiles nevadas producidas durante el invierno. La escasez hídrica obedece a un cambio en el comportamiento climático, ya estudiado por el Servicio Meteorológico Nacional en Argentina, provocado por el calentamiento global. La pérdida de cobertura vegetal agrava la situación, pues los bosques no solo retienen humedad, sino que regulan las temperaturas evitando los cambios bruscos. El cuidado de los bosques cordilleranos es fundamental a su vez para la conservación de los sistemas glaciares. Su incendio acelera su derretimiento puesto que las partículas de carbono -transportadas por los vientos hacia estos- generan una cobertura oscura que absorbe la luz y el calor del sol. La comprensión del fenómeno mundial del cambio climático y de las consecuencias que devienen de él debería llevar a una planificación adecuada del abordaje de las temporadas de incendios, algo que es responsabilidad política pura y exclusiva del Estado nacional, el cual debiera asegurar el presupuesto necesario para encarar esta planificación y la coordinación misma. Esto entra en abierto choque con la política de la cloaca libertaria, que niega el cambio climático y que viene desfinanciando desde su comienzo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Desde el desfinanciado SMN pronostican que las condiciones desfavorables persistirán durante enero y febrero, con temperaturas por encima del promedio y escasas precipitaciones. El desfinanciamiento de los gobiernos Una de las principales limitaciones para combatir los incendios en curso, al igual que en años anteriores, es el sostenido desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), organismo encargado de la prevención y lucha contra el fuego en áreas naturales, repercutiendo en los escasos recursos con los que cuentan bomberos y brigadistas, a lo que se suma la nula ayuda por parte del gobierno liberticida. Ante esta situación, organizaciones ambientalistas de la zona vienen denunciando que el gobierno de Milei introdujo un nuevo recorte para el 2026 en el SNMF y que las partidas destinadas a este organismo se han subejecutado. Dieciocho organizaciones denunciaron que "de acuerdo a la Ley de Presupuesto 2026, la partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego contará con $20.131 millones, lo que implica una caída real del 69 % con respecto a 2023 y del 78,5 % con respecto a 2025" (LPO 9/1), y agregaron que, en el 2024, año con la mayor cantidad de incendios desde 2016, el gobierno nacional ejecutó solo un 22 % del presupuesto asignados al SNMF. En 2025 se volvió a repetir la situación, dejándose “sin ejecutar el 25 % de los recursos asignados, lo que equivale a casi $20.000 millones que podrían haberse destinado a mejorar la infraestructura, el equipamiento, las capacitaciones y las condiciones laborales de las y los brigadistas", agrega el comunicado firmado por organizaciones como Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Observatorio Petrolero Sur, Abogados Ambientalistas y Greenpeace, entre otras. (Idem) Una de las instancias de prevención y detección temprana de los incendios es la de la observación aérea, a cargo del SNMF; en 2023 estaban programadas 5.100 horas de vuelo, de las cuales solo se concretaron 3.058, y para el 2026 se registra una marcada reducción, con 3.100 horas. "A esta disminución se le suma la caída en los informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios, instrumentos clave para un enfoque preventivo. En este caso, se pasa de 2.310 informes previstos en 2025 a apenas 1.850 en 2026", señalaron desde las organizaciones. Muestra del desfinanciamiento llevado adelante por el gobierno nacional y los provinciales es la situación en la que se encuentran los brigadistas, que con un salario de $610.000, por debajo de la línea de pobreza, y que se encuentran en la primera línea de la lucha contra los incendios, apuntaron directamente contra el gobierno liberticida por la precariedad laboral y exigen un salario que cubra la canasta básica familiar, condiciones laborales y pases a planta permanente. Hernán Mondino, brigadista del Parque Nacional Los Alerces y delegado de ATE, por medio de un video en el que se lo ve flanqueado por sus compañeros, advirtió que “acá hay compañeros de diferentes parques nacionales, están de la Lanín, el Huapi, la Laguna Blanca, el Alerces y queremos llevar un mensaje a la comunidad, en realidad, a las autoridades principalmente”, que la situación laboral de los brigadistas “viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo”, y finalizó planteando que “necesitamos las respuestas de manera urgente, si no podemos lograr eso, nos están obligando a entrar en un conflicto que no queremos entrar.” El Consejo de Mayo propone derogar las Leyes de Tierras y del Manejo del Fuego Entre las propuestas elaboradas y presentadas en diciembre pasado por el Consejo de Mayo, integrado por el Ejecutivo nacional y 19 gobernadores y presidido por Adorni como jefe de Gabinete, se encuentran la derogación de la ya deficiente Ley de Tierras promovida por el kirchnerismo, que establece el 15 % como "límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional" por parte de una persona física o jurídica extranjera y la Ley del Manejo del Fuego. Por un lado, los “reformistas” aconsejaron avanzar en la eliminación de las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y, por el otro, derogar las modificaciones introducidas en el régimen de manejo del fuego de 2020 que, con la idea de morigerar la especulación inmobiliaria o productiva sobre tierras devastadas por los incendios, establece una prohibición de 30 a 60 años para la modificación del uso de tierras afectadas por los incendios forestales, un guiño a los especuladores inmobiliarios y a los productores agropecuarios que en su momento pusieron el grito en el cielo. En el informe del Consejo de Mayo se puede leer sobre la Ley de Tierras que “desde el año 2011, la inversión internacional en este sector ha sido obstaculizada a través de la Ley Nº26.737. Esta ley prohíbe que los extranjeros posean más de mil hectáreas productivas en el país, lo que desalienta la inversión en el sector". Los liberticidas dan luz verde a la acentuación del proceso de extranjerización y la monopolización de la tierra en manos de los agronegocios y el capital financiero e inmobiliario. Desde el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el CONICET, en el contexto en el que los liberticidas pretenden derogar la Ley de Tierras, dieron a conocer un estudio que da cuenta que “el 5 % del territorio nacional está en manos de firmas o estados extranjeros. El porcentaje representa más de 13 millones de hectáreas, una extensión equivalente a la superficie total de Inglaterra.” (El Destape 10/2) Según el estudio los capitales estadunidenses encabezan el ranking con 2,7 millones de hectáreas, lo que equivale a la superficie de Tucumán, seguidos por capitales italianos y españoles, que “concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada”, facilitando el acaparamiento de bienes comunes no reproducibles, como es el caso de Malargüe (Mendoza), donde la extranjerización supera el 15 % y se han presentado 18 nuevos proyectos mineros. Los responsables de siempre Mientras las menguadas cuadrillas de brigadistas combaten con escasos recursos el avance del fuego, la responsabilidad política del gobierno nacional de Javier Milei y de los gobernadores Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), al desfinanciar, de manera mancomunada, las aéreas que actúan para prevenir y combatir los incendios, se encuentra a la vista de todo el mundo. Los tres gobernadores fueron de la partida del Pacto de Mayo rubricado en la ciudad de Tucumán el 9 de julio de 2024, una herramienta de consenso que Milei utilizó para hacer pasar la motosierra sobre entes estatales, como el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Teniendo en cuenta este recorrido, los incendios en la Patagonia no responden meramente a la intencionalidad o a la fatalidad natural, sino que han estado antecedidos por decisiones políticas, que tienen su centralidad en el ajuste llevado adelante por Milei y Caputo y que es replicado por cada gobernador en su propio territorio. El macrista gobernador de Chubut, Nacho Torres, se encuentra en el ojo de la tormenta, ya que en los últimos días se conoció que “más de 600 mil dólares destinados específicamente a programas de prevención de incendios forestales permanecieron bloqueados por decisión del Ejecutivo provincial, pese a haber sido asignados con ese fin desde el año pasado.” (La Política Ambiental 8/1) El destino de estos fondos tenía como objetivo el “manejo del combustible forestal, apertura y mantenimiento de cortafuegos, fortalecimiento de brigadas locales, infraestructura hídrica para el ataque inicial del fuego y planificación territorial en zonas de alto riesgo.” (Idem) Pero Torres no accionó en este sentido y en una nueva instancia desfinanció la prevención y combate contra los incendios, lo que se conjuga con el abandono del gobierno nacional. Fueron los bomberos de El Hoyo los que denunciaron a este último por no haber enviado la asistencia necesaria, como aviones hidrantes, helicópteros y brigadas especializadas en el manejo del fuego en bosques. En las últimas horas, en una entrevista realizada por La Nación +, Torres aseguró que la investigación por los incendios forestales avanza y afirmó que “por primera vez en mucho tiempo vamos a dar con los responsables”, y que los supuestos avances que se han dado para dar con los responsables es producto de la recompensa que puso el gobierno nacional de $ 50 millones. (La Nación 11/1) Concretamente Torres no tiene nada al día de hoy y, tratando de deslindarse de su responsabilidad política, ha señalado en reiteradas alocuciones a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como la iniciadora de los incendios forestales en Epuyen y otras zonas de la provincia. En su cuenta de la red social X, el contrabandista de información Torres posteó que “Desalojamos a un grupo de delincuentes que, bajo falsas banderas, decidieron usurpar tierras en el Parque Nacional ‘Los Alerces’, poniendo en riesgo el patrimonio de todos los argentinos. A las pocas horas del desalojo tuvimos tres focos de incendio simultáneos”, sin aportar ninguna prueba que sustente la acusación. En la misma sintonía, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, en un comunicado señalaron que “los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches”, y agregaron que “detendrá y llevará a la Justicia a los responsables. El que las haces, las paga”. Comunidades mapuches y organizaciones sociales salieron a desmentir y repudiar los dichos del gobernador Torres y de la cartera de Seguridad; por medio de un comunicado señalaron las responsabilidades provinciales y nacionales sobre la situación. Como en incendios anteriores y frente a al vaciamiento estatal, emergió la iniciativa desde abajo con brigadas autoconvocadas. Se organizaron grupos para alimentar a los brigadistas y articular las donaciones a los damnificados. A la organización destructora de los capitalistas y sus representantes en el Estado hay que oponerle la organización de los trabajadores y productores de la zona, únicos interesados en la conservación del bosque y del acuífero. En el plano estratégico, lo que se plantea es la expropiación y estatización completa de la región de la Comarca Andina. La propiedad privada y los megaemprendimientos turísticos son incompatibles con la conservación de los ecosistemas más sensibles. Ante la situación desde Política Obrera planteamos: Investigación, juicio y castigo a los culpables de los incendios en la Comarca Andina. Monitoreo constante del cumplimiento de las normas de conservación del bosque y de la política de prevención y ataque al fuego. Reforzamiento de planteles, presupuesto y estabilidad laboral para los trabajadores del Servicio de Lucha contra el Fuego. Estatización de las tierras apropiadas por el capital privado nacional y extranjero. Por una comisión de trabajadores y pobladores electos de la región, que siga los primeros tres puntos y con poder de veto sobre las políticas de los gobiernos que ponen en jaque a los bosques.

Una investigación judicial sobre compras de US$ 1.400 millones al Banco Central, realizadas entre enero y octubre de 2023, durante la gestión de Alberto Fernández, ha dado un salto dramático con revelaciones aportadas por un comisario que se presentó como “arrepentido” en la causa. En una serie de audios, que involucran a financistas y funcionarios del BCRA, los interlocutores se refieren a la complicidad y participación de personas del más alto nivel del personal político y de las finanzas estatales. Entre los mencionados se encuentran Sergio Massa y Javier Milei, además de otros gerentes del Banco Central, todos los cuales continúan en funciones. Tres jueces federales están detrás de la pesquisa. La principal se inició en 2024, a partir de un reporte de actividades sospechosas emitido por la Unidad de Información Financiera (UIF) y se encuentra en manos de Servini de Cubría, que ordenó 60 allanamientos. La segunda la lleva adelante María Eugenia Capuchetti. Aunque es anterior a la primera, pues su origen es una denuncia radicada en 2021, involucra a los mismos bancos y casas de cambio que aquella. La tercera, que está en poder de Sebastián Casanello, se inició a partir de un incidente curioso: el financista Elías Piccirillo, entonces marido de Jessica Cirio, le plantó a su exsocio Francisco Huauque -quien le reclamaba una deuda de 6 millones de dólares- un kilo de cocaína y un arma en su camioneta y fraguó un operativo policial para que lo detuvieran. El falso operativo fue orquestado por Piccirillo junto a un comisario de la policía porteña, Sebastián Smith, que hacía las veces de custodio de sus caudales. Apremiado por su situación procesal, Smith se presentó ante Casanello como “arrepentido” y aportó un pendrive con audios que involucran a Piccirillo y más allá. En ellos, hay diálogos reveladores entre Piccirillo y Huauque y entre el primero y una gerente del BCRA, Romina García, donde se menciona que “los de arriba” -dice García- estaban al tanto del fraude orquestado con las financieras y “están todos entongados” en la maniobra; Piccirillo le advierte a Huauque que “están todos metidos, toda la política” y Huauque le responde que Massa no los va a ayudar y “se lava las manos”. También asegura que Milei “es un tipo que tendría que estar tomando ya cartas en el asunto con funcionarios corruptos que hicieron un desastre. Del presidente hasta el último del que está ahí adentro y nadie tomó ninguna medida” (reproducidos en La Nación, 28/1). Las ramificaciones del caso involucran, entre muchos otros, a Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, la cueva financiera favorita de “Chiqui” Tapia. En cualquier caso, resulta inverosímil que una maniobra que de estas dimensiones (¡1.400 millones de dólares en pleno cepo cambiario!) no contara con la complicidad del poder político. La mecánica del fraude parece estar encriptada en la propia reglamentación oficial. “Lo que se investiga es si se habilitó a las casas de cambio comprar dólares a bancos sin límite, con el supuesto de abastecer ventas minoristas. En ese entonces, había un tope para vender US$ 100 en efectivo y US$ 200 con la cuenta bancaria por persona al mes. Pero no había restricción sobre el volumen de dólares que una casa de cambio podía conseguir para dicha finalidad” (Clarín, 27/1). De ese modo, bajo esa excusa, se abría el grifo a demanda de estas organizaciones criminales paraestatales. Además de Romina García, por entonces inspectora de Supervisión de Entidades No Financieras en el BCRA, figuran entre los investigados Diego Volcic, inspector jefe; Analía Jaime, inspectora general; Fabián Violante, gerente principal, y María Valeria Fernández, supervisora. Se desprende de los audios que todos estaban al tanto y colaboraban con estas operaciones. “Todos dependían del entonces superintendente Claudio Golonbeck, hombre cercano al expresidente del BCRA Miguel Pesce, quien fue reemplazado por Juan Curuchet el 14 de diciembre de 2023, ya bajo la gestión de Santiago Bausili” (MDZ, 27/1). Como se señaló antes, todos ellos continúan revistando en sus puestos. Las autoridades del Banco Central se escudan en que no les llegó ningún requerimiento de la Justicia. Tampoco trascendió si se puso en marcha algún mecanismo de investigación interna.

El pasado miércoles se viralizó la grabación de la ejecución pública de Reneé Good por parte del ICE, las resistidas fuerzas trumpistas que asolan el territorio. Las denuncias que acumula la fuerza hasta el momento son de una dimensión escandalosa, aún en un país que lleva décadas persiguiendo y encarcelando migrantes de forma legal e ilegal. Se trata de una deportación masiva de condiciones históricas, que pretende imponerse con una represión histórica. Reneé Good, poeta, ganadora del Academy of American Poets, madre de tres hijos, se encontraba (aunque no de una forma activa en la protesta) dentro de uno de los tantos “piquetes” que se realizaban, esta vez, en Minneapolis, ciudad donde fueron desplegados solo hace unas semanas más de 2000 agentes del ICE para cazar migrantes. Vecina, nativa, blanca, asustada, que intentaba sacar su camioneta del camino; así la presentan los medios, su madre, su esposa. A esto, Trump lo ha tildado de “terrorismo doméstico”, defendiendo el accionar de las fuerzas y generando una nueva escalada de levantamientos contra su gobierno y contra ICE. Esta fuerza especial no fue creada por Trump, sino que lleva ya casi 25 años de servicio. Creada en 2003, por George W. Bush, tuvo una expansión en el inclusivo gobierno de Obama, contra todo deseo de la centroizquierda, y su punto más alto -hasta el fusilamiento en vivo por redes sociales- había sido durante la primera gestión de Trump, al cumplir la tarea de separar a menores migrantes de sus familias para encarcelarlos. Fue esa acción, la llamada política de separación familiar, la que despertó un debate político más general del problema, en la población y en diferentes sectores. Para 2018, el debate sobre la necesidad de reformar o abolir ICE había ganado el Congreso y las calles. Durante todos estos años, un movimiento popular se mantuvo movilizado, con mayor o menor intensidad. Un salto significativo del mismo se dio en junio del 2025, donde miles de manifestantes salieron a las calles de Los Ángeles a impedir, con sus cuerpos, las redadas ICE en los lugares de trabajo; y derivó en la intervención federal del estado, con el envío de parte del gobierno nacional de 2000 efectivos de la Guardia Nacional e Infantería de Marina. Sin embargo, las manifestaciones se extendieron por más de 40 estados. The Independent (13/06/25) narra la aguerrida segunda semana de ese mes que comenzó con movilizaciones en LA, para impedir la detención de migrantes, y continuó con una protesta en las afueras del edificio federal, cuando los manifestantes constataron que allí se mantenían detenidos en los sótanos. Le continuaron las ciudades de Paramount y Compton, donde cientos de manifestantes se organizaron para impedir las redadas. Fue luego de esas movilizaciones que el presidente Trump desplegó la Guardia Nacional sin autorización del Congreso (acción que no se realizaba en EEUU desde 1965, durante el gobierno de Lyndon Johnson, luego del asesinato de Kennedy). La presencia de los marines y de la Guardia Nacional, junto a la PDI y el ICE, sólo sirvió para recrudecer los enfrentamientos y escalar en varios miles los manifestantes. En tanto un juez federal consideraba ilegal la intervención de la Guardia Nacional, y el Tribunal de Apelaciones le daba vía libre a Trump desestimando la denuncia, se declaró un toque de queda en la ciudad de LA que derivó en persecuciones y detenciones masivas. Lejos de retraerse, las manifestaciones con cortes de calle y barricadas se extendieron a California, Seattle y New York. El 14 de junio, las movilizaciones de todo el país confluyeron en la jornada “No Kings” (No reyes), con más de dos mil manifestaciones en todo el territorio y cinco millones de estadounidenses y migrantes movilizados contra las políticas de Trump. Mientras, el presidente, festejaba su cumpleaños junto al 250° aniversario del ejército con un desfile público de fuerzas de seguridad, un despliegue fascista de sus fuerzas, de costo millonario (CNN, 14/06/25). El 19 de octubre se realizó la segunda movilización bajo la consigna “No Kings”, ahora con la participación de siete millones de manifestantes aún sin un programa único, pero con consignas muy claras y colectivas, bajo la organización del movimiento llamado 50501 (50 movilizaciones, 50 estados, 1 día). Desmantelamiento del ICE, en defensa de la democracia, la libertad de expresión y por la recuperación del sistema Medic Care, lo más cercano a la salud pública que posee Norteamérica, que se encuentra bajo el furioso recorte que cuida el déficit fiscal. Ante el creciente y millonario número de manifestantes, ya no se está frente a un acto de solidaridad ante la población migrante sino frente a una rebelión contra el ajuste, atacada con el mismo discurso que el estado norteamericano lleva adelante para invadir Latinoamérica, o Asia. Hablando sobre la organización de la movilización No Kings, denunciaban que los manifestantes “Tienen una presencia en Portland afiliada a Antifa”, precisó Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional a Univisión Los Ángeles. En una declaración anterior junto a Donald Trump afirmó que “esta red es igual de sofisticada que MS-13, que TDA, que ISIS, que Hezbollah, que Hamas, como todas ellas” (El Comercio, Perú, 13/10/2025). La misma Kristi Noem que declaró un acto de “terrorismo interno” el intento de huida de Renné Good por el cual la fusilaron (CNN, 08/01) y que provocó el “exaltado” discurso del alcalde demócrata de Minneapolis mandando a ICE “a la mierda” y exigiendo al presidente el retiro de esa fuerza del estado (ídem). Ante una nueva escalada de manifestaciones, que aún no alcanza a registrarse en los medios en su total dimensión, la Secretaria de Seguridad Nacional volvió algunos pasos en sus chancletas, declarando que toda muerte es lamentable y, en este caso, la situación era evitable. (Ídem) La conclusión del portal de CNN suena a advertencia, “Todo esto plantea una pregunta inquietante: ¿la ofensiva inmigratoria que Trump insiste que hará a Estados Unidos un lugar más seguro no lo está haciendo en realidad mucho más peligroso? Dejando de lado los detalles del incidente del miércoles, es posible que cualquier estadounidense, atrapado en el lugar equivocado en el momento equivocado, esté en peligro. (…) Es demasiado pronto para evaluar el impacto político duradero, si lo hay, del tiroteo del miércoles. Pero la muerte tuvo lugar a poco más de un kilómetro de la esquina de la calle donde se filmó el video de otro transeúnte que se volvió viral y creó un movimiento de masas: el de George Floyd, quien murió con la rodilla de un oficial de policía en su cuello en 2020” (08/01). No hace mal en advertir lo evidente, desde la noche del pasado miércoles, las movilizaciones exigiendo justicia por el crimen de Reneé Good y el retiro de las fuerzas de ICE se han extendido desde Minneapolis hasta San Diego, New York, Miami, Seattle, Portland, Dallas. En tanto el gobierno de Trump intenta ir aún más lejos de lo que la lógica resiste, negando la evidencia que muestran las filmaciones, como si las imágenes resistieran reinterpretación, el pueblo norteamericano y migrante se mantiene enfrentando a su presidente fascista, donde la historia nos ha enseñado a hacerlo, cortando las carreteras, movilizados de a cientos o de a millones, en el frente mismo de una gran guerra. LEER MÁS: La poeta Renée Nicole Maclin-Good: un crimen de Estado Por Ceferino Cruz, 10/01/2026.

El gobierno de Javier Milei asumió declarándole la guerra a los y las trabajadoras del Estado. Los ataques a las condiciones laborales y salariales de los estatales sirvieron para marcar el paso de lo que serían los despidos masivos y el cierre de fábricas y empresas. Los despidos no cesaron en ningún momento y al mismo tiempo se congelaron los salarios, implementaron exámenes obligatorios para definir las recontrataciones y flexibilizaron, aún más, las condiciones de contratación. Miles de trabajadores que aprobaron los exámenes y firmaron contratos anuales fueron despedidos también – los contratos anuales en el Estado Nacional pueden rescindirse sin causa en cualquier momento. Los cerca de 60 mil estatales despedidos fueron presentados como un ´logro´ de la gestión al cuantificar como ahorro 3,4 billones de pesos. Milei asumió con 341.473 empleados. De la administración pública eran 231.305, dentro de esa cifra se encuentran los 54.791 que pertenecían a la administración centralizada. El resto, 110.168, trabajan en las empresas y sociedades del Estado. Luego de dos años de gestión el gobierno despidió el 17,5 % de los empleados lo que da que, por día, fueron echados 82 trabajadores por día. Un informe publicado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) analiza la composición de los despidos del Estado Nacional. La motosierra despidió el 18,7% de los trabajadores de las empresas mixtas y, adentro de ese ítem, llegaron a recortar un 30,8% el personal del Correo Argentino (5191 despidos), el 14,7 % de Operadora Ferroviaria unos 3.500 despidos; y en los casos del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, la cifra ronda los 2.000 despidos en cada empresa. Algunas de las bajas son despidos encubiertos tras retiros voluntarios o pases a disponibilidad. En la administración central se despidió el 28,8 % del personal, a lo que se espera que en 2026 se le sume un recorte de otro 10 % más, que “podrá ser concretado con mayor facilitad en la denominada administración centralizada, que tiene 39.011 empleados directamente” (infobae.com, 9/1). A los despidos hay que sumarles el decreto 934/2025 que limita las contrataciones al Estado Nacional, sólo se podrá tomar un nuevo puesto cuando hubiera dos bajas vigentes; este decreto da continuidad a la norma que había impuesto el 3x1 -un alta por cada tres bajas- y por la cual entran directamente bajo convenio los empleados que responden a la gestión. La modificación habla de que se proponen despedir empleados de carrera y contratar para cargos políticos a los ´fieles´. Télam, la agencia de noticias, perdió el 79% de sus trabajadores; el INCAA, el 51,3%; la Casa de la Moneda, el 44%; y la ANDIS -la Agencia Nacional de Discapacidad- pasó a la órbita del Ministerio de Salud con una reducción del 35,6% de sus empleados originales. El primer organismo en pasar a depender de otro fue el INADI, cuyas tareas iban a ser absorbidas por el Ministerio de Justicia por considerar que “estaban duplicadas” y meses más tarde desapareció con la totalidad de sus empleados. El mismo destino sufrió el Ente encargado del saneamiento de obras hídricas -ENOHSA- que pasó al Ministerio de Economía y a los dos meses desapareció junto a los 354 trabajadores que albergaba. Allí donde sucedían los despidos y los contratos se firmaban cada tres meses, hubo peleas myores o menores, según el caso, para enfrentar el vaciamiento y el cierre de organismos. El gobierno fue cambiando de estrategias, y pasó de despidos masivos a despidos por goteo, jubilaciones compulsivas y una asfixia salarial que llevó a muchos trabajadores a renunciar. Dentro de los organismos descentralizados, ARCA (ex AFIP), CONICET y ANSES suman casi 7.000 mil despidos y están entre los señalados para la tanda de despidos en 2026. El mismo decreto que anula las incorporaciones al Estado señala que todos los recortes de trabajadores se realizaron “sin afectar la prestación de servicios esenciales del Estado”, esto mientras se incendia la Patagonia y los trabajadores de Parques Nacionales denuncian atraso en el pago de los salarios, falta de personal y de insumos necesarios para combatir el fuego. El gobierno de Javier Milei y Federico Sturzenegger, al frente del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado , se encargaron de esta faena. Mientras la paritaria estatal quedó congelada y con más de un 35% de retraso respecto de la inflación interanual, el ejecutivo autorizó el aumento del 90 % para los funcionarios políticos. En medio de tarifazos en los servicios, el transporte y la comida y con la amenaza permanente de nuevos despidos el gobierno aprovecha para amedrentar a los y las trabajadoras con el armado de nuevas listas, parte de ello es que en algunos organismos se están renovando los contratos por tres meses como en 2024. Ante las amenazas permanentes de nuevos despidos, la precarización de las condiciones de trabajo y los bajos salarios necesitamos asambleas sin distinción de sindicatos para reorganizar la lucha. LEER MÁS: Concentración contra el cierre de la ANDIS El miércoles movilizan al Congreso junto a los jubilados. Por Daniela Magoc, 03/01/2026.

El Departamento de Estado norteamericano anunció en sus redes sociales que se han revocado, durante el año 2025, más de 100.000 visas a residentes y turistas. El informe destaca que ha abarcado a un número excepcional de estudiantes universitarios -cerca de 8.000- y trabajadores calificados – unos 2.500. Marco Rubio, el secretario de Estado, festejó que muchos de los estudiantes deportados “eran manifestantes anti-israelíes”. El operativo de endurecimiento en el mantenimiento de los visados tiene lugar en el marco de un operativo de caza callejera de migrantes, acusados bajo diferentes consideraciones por la administración de Donald Trump, pero sin ningún juicio de por medio, como dictan las normas legales del país. Se ha impuesto, en los hechos, un estado de excepción. Cabe aclarar que el retiro de visa, bajo la gestión de Joe Biden, ya alcanzaba el nada despreciable número de 40.000 personas. En el caso de los residentes estudiantiles, el gobierno fascistizante de Trump ha recuperado una vieja ley macartista de la década del 50, que establece que un residente puede ser expulsado “si es considerado un peligro para la seguridad nacional o si expresa disidencias con la política exterior estadounidense”. El caso más conocido fue el del activista de origen palestino Mahmoud Khalil, detenido por la policía migratoria (ICE) a principios de 2025 como represalía a su rol en las rebeliones estudiantiles en las principales universidades del país, para condenar el genocidio sobre el pueblo palestino. Tras una conmoción general ante la detención del joven estudiante, la justicia falló a favor de Khali, pero una vez finalizado sus estudios, perderá el derecho a permanecer en los Estados Unidos. En una situación similar han sido colocados más de 4.000 estudiantes universitarios, cuyos permisos de residencia son removidos “por choques directos con la policía”. Lo que califica perfectamente con haber participado en movilizaciones y ocupaciones de campus contra la política del gobierno estadounidense. El resto de los retiros de visado se apoyan en delitos menores, como manejar alcoholizado, así como una generalidad sobre una amplia gama de delitos comunes, incluyendo la extensión no autorizada de la permanencia en el país. Estos números se elevan significativamente si se contabilizan las redadas del ICE y las denominadas “deportaciones voluntarias”. En total, más de 3 millones de habitantes han dejado los Estados Unidos, cerca de 600 mil como consecuencia de las redadas criminales del ICE y un número de 2,5 millones lo ha realizado previamente a recibir un trato criminal por parte de la gestapo gubernamental. Estado de excepción En la enorme mayoría de los casos, se han violado todas las normativas legales o resucitado leyes de carácter excepcional y que violan el derecho a la libertad de expresión consagrado en la propia Constitución estadounidense. La caza de inmigrantes legales y/o irregulares al interior de los Estados Unidos indica el socavamiento de las libertades civiles, consagradas en la Constitución estadounidense que Trump desarrolla de manera sistemática. Las organizaciones de migrantes denuncian que los trámites para acceder a una residencia permanente se demoran durante un largo período de tiempo, lo que muchas veces lleva a que caduquen los permisos para estadías parciales. En cambio, Donald Trump lanzó en diciembre pasado la “gold card”, que por el pago de un millón de dólares permite acceder rápidamente a la residencia permanente sin cumplir con los requisitos legales exigidos. Este sistema para millonarios, pretende ser ampliado con el acceso a una “platinium card”, de monto mayor, que permitiría además evadir el pago de impuestos. De esta manera, se consolida un sistema de migración con doble estándar al interior de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se han convertido, por esta vía, en un territorio de guerra. El asesinato de la activista Reene Good lo expuso de manera violenta en la arena política , al tratarse de una ciudadana estadounidense. El disciplinamiento social que exige la ofensiva imperialista de Trump conlleva a una lucha al interior del país para controlar el “frente interno”. Este choque sucede cuando la lucha de clases en los Estados Unidos se ha disparado a un nivel que no se observaba hace más de 40 años, expresada en una tendencia a la huelga en la gran industria y a la sindicalización entre las capas más jóvenes de la clase trabajadora. El lugar central de los Estados Unidos en la crisis política mundial coincide con una conclusión ofrecida por León Trotsky hace 90 años: en la época de la decadencia capitalista -el imperialismo- la democracia se convierte en una traba – “el imperialismo es la reacción en toda la línea”, apuntaba Lenin. La reacción política que encarna Trump expresa el agotamiento histórico de la hegemonía estadounidense y el intento de una salida reaccionaria a esa crisis de dominación histórica. Plantea, de igual forma, la necesidad de una lucha por el socialismo internacional como única alternativa a la barbarie de la guerra. Es el desafío planteado, la construcción de una dirección política revolucionaria. LEER MÁS: Redadas, estallido social y militarización Trump recurre a la ley marcial. Por Rafael Fernández, 09/06/2025.

El 5 enero comenzó el incendio de la Patagonia, en la Comarca Andina de Chubut, que al día de hoy, sigue activo. Los focos se extienden, con distinta gravedad, a zonas de las provincias de Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, a pesar del trabajo de los 78 brigadistas que intervienen. Ha consumido casi 15.000 hectáreas, avanzando sobre zonas pobladas, áreas naturales y destinos turísticos, en un contexto de sequía prolongada, altas temperaturas y vientos persistentes. Si bien las causas no están identificadas aún, el fiscal Carlos Díaz Mayer afirmó que el fuego "se inició con un acelerante o nafta". Para enrarecer más las cosas, en la zona del Lago Epuyén se encontraron granadas de mano (con carga explosiva y sin detonador) fragmentarias (modelo FMK2) de origen argentino, provistas únicamente a las Fuerzas Armadas. Dichos artefactos resultan altamente peligrosos en contextos de alta temperatura o golpes y su radio de detonación es de cien metros. El gobierno apunta contra la comunidad mapuche, mientras que la comunidad y las organizaciones ambientales ponen el ojo en los negocios inmobiliarios y mineros que acechan la zona. En esta observación cobra relevancia que el vocero presidencial Manuel Adorni, pocos meses atrás, había anunciado modificaciones en las leyes de tierras y bosques: se liberó la compra de tierras por parte de privados extranjeros y propuso eliminar la prohibición de actividades agropecuarias tras incendios por 30 a 60 años, que rige hasta ahora. Paralelamente la AmCham (la poderosa cámara de comercio norteamericana en Argentina) impuso como necesidad y condición para la inversión en Argentina, destrabar los cambios a la Ley de Glaciares. Es también el reclamo de los gobernadores de las provincias que integran la llamada “mesa del cobre” -San Juan (Marcelo Orrego), Mendoza (Alfredo Cornejo), Catamarca (Raúl Jalil), Salta (Gustavo Sáenz) y Jujuy (Carlos Sadir)-. En consecuencia, el gobierno presentó un proyecto de ley, donde propone eliminar la prohibición de explotación minera en zonas periglaciares, dejando los estudios de impacto medioambiental en manos de las empresas mineras y acuerdos con gobiernos provinciales – antes realizados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) del CONICET). Ese proyecto ya obtuvo dictamen favorable en el plenario de comisiones del Senado, en diciembre de 2025, y será discutido en febrero en el recito. Mientras se trataba esta modificación de la ley, un estudio de la UBA y el CONICET (a cargo de Julieta Caggiano, socióloga, becaria doctoral) señalaba que las tierras en manos de pulpos extranjeros -aun con las limitaciones establecidas en la llamada Ley de Tierras- alcanza al 5% del territorio nacional, una extensión similar a la superficie de Inglaterra. En su mayoría, se trata de lotes donde hay concentrados recursos como agua dulce o tierras raras. Antes los datos de porcentajes se publicaban a nivel departamental, ahora solo se hace a nivel provincial y nacional. El propósito de esto es disimular que hay departamentos donde el 50% del territorio se encuentra en manos extranjeras (Página 12, 12/1). Entre las empresas extranjeras con mayor presencia se encuentran el grupo italiano Benetton (900.000 hectáreas en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, para producción ovina; cuenta con graves antecedentes de conflictos con comunidades); el magnate británico Joe Lewis (38.000 hectáreas en Río Negro; controla Lago Escondido y tiene su central hidroeléctrica privada y es un ´benefactor´ de jueces, funcionarios y lobistas de todo porte); capitales árabes y qataríes concentran más de 21.000 hectáreas en Río Negro y Chubut. La empresa estatal israelí Mekorot, dedicada a la “gestión hídrica”, ha firmado acuerdos con Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Santa Fe y Formosa; y en la Patagonia, en el caso de Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Neuquén. La injerencia de Mekorot fue patrocinada por “Wado” de Pedro durante el gobierno de los Fernández. Mekorot está denunciado desde 1992 en la ONU por desviar y privar del vital recurso a la población palestina. Todo esto da una idea de los fuertes intereses mineros, petroleros, inmobiliarios y turísticos que disputan el sur argentino, al que se debe agregar el interés ´geopolítico´, claramente manifestado por el imperialismo norteamericano a través de los representantes de la IV Flota. En el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2025, la jefa del comando sur de Estados Unidos, Laura Richardson, explicó la importancia de Latinoamérica por su cantidad de recursos y en el mismo discurso alertó sobre el peligro que les representa China, Rusia, Irán y Corea del Norte en cuanto a la hegemonía, expresando abiertamente que las intervenciones yanquis sobre el continente se enmarcan en una nueva guerra imperialista por nuestros recursos. Volviendo a los incendios, como ya sabemos, el gobierno se encargó de desfinanciar tanto las universidades nacionales como el CONICET, lo mismo ocurrió con el Fondo para el Manejo del Fuego. En el presupuesto para 2026 lo redujo a un 71%. Esto fue aprobado por legisladores de las provincias afectadas. Su primer impacto ha sido una baja de informes de alerta temprana. Abajo el bandidaje de Trump y Milei Los recursos de Latinoamérica deben ser para su población, no un botín en una guerra imperialista. Es por esto que debemos salir a las calles, y rechazar este rumbo privatizador. Vamos por presupuesto para ciencia, educación y manejo del fuego. Basta de megaminería, abajo la reforma de la ley de glaciares. Abajo la guerra imperialista. Fuentes: https://enfantterrible.com.ar/ambientalismo/vivir-en-el-sur-fuego-especulacion-y-brigadas-autoconvocadas/ https://aadeaa.org/ley-de-glaciares-2/ https://observatoriodetierras.blogspot.com/2025/12/blog-post.html https://www.pagina12.com.ar/2026/01/12/que-hay-detras-de-los-intentos-del-gobierno-por-derogar-la-ley-de-manejo-del-fuego-y-la-ley-de-tierras/ https://www.infobae.com/america/america-latina/2025/01/31/laura-richardson-america-latina- LEER MÁS: Las responsabilidades políticas de Milei y Torres en los incendios de la Patagonia Por Lucas Giannetti y Patricia Urones, 12/01/2026.

La presentación de un pseudo proyecto de ley por parte del aparato del PO de Santa Cruz, que carece de representación parlamentaria, ha abierto una nueva reyerta en el FITU y, significativamente, entre el aparato nacional del PO y la sucursal santacruceña. Es una polémica pública en Prensa Obrera, habilitada por los estatutos históricos del Partido Obrero, pero convenientemente desconocida en 2019, para justificar la expulsión de 1.200 militantes. Que ahora se la legitime, aunque sin reconocerlas como tal, pone en evidencia el estallido de una crisis en ese aparato. En la provincia sureña el PO ocupa la secretaría general de la CTA Autónoma (Miguel del Plá), lo cual lo convierte en parte de otro aparato, el de la burocracia sindical que lidera el ´Cachorro´ Godoy. El pseudo proyecto de ley se inscribe en la línea política de la CTA. El proyecto de ley en cuestión se hizo público como una consecuencia de la crítica que recibió del MST, un partido al que hay que reconocer otras revelaciones ignoradas, como el voto del PTS y el PO a un proyecto internacional de Trump y Netanyahu que penaliza las denuncias contra el genocidio sionista. Como cabe esperar de la CTA el pseudo proyecto de ley reclama un aumento al 15% de las regalías mineras en la provincia para destinar la recaudación al pago de los vencimientos de la deuda provincial -u$s 350 millones- y una parte al pago de aumentos salariales. El MST denunció una legitimación de la contaminación ambiental de las mineras, en una recuperación de la dicotomía entre la defensa del medio ambiente, de un lado, y la creación de empleo y mejores salarios, del otro. Para enfrentar la crítica, el aparato del PO encargó la respuesta a alguien habituado a estos menesteres, Juan García, ignorando a Del Pla . García sostiene que no se deben vincular los aumentos salariales a la recaudación de impuestos, y menos aún “si se trata de la megaminería”. El pago de la deuda de la provincia quedó relegado en los márgenes de la ´polémica´. García denuncia que el MST (y ahora el PTS) atacan al ´extractivismo´ pero no al capitalismo y “discut(en) cómo administrar el saqueo y no cómo desarmarlo”. El MST propone abrir el FITU a todos los que quieran integrarlo, sin reparar que Del Plá habla en nombre de la CTA, uno de los invitados al FITU por el MST. El PTS protesta de que el proyecto no se discutió entre los partidos del FITU. Relegado de la ´polémica´ y afectado por la crítica, Del Pla respondió con su propia pluma. La respuesta reivindica el proyecto, al que atribuye que representa una redistribución progresiva del Ingreso, o sea la estrategia de la CTA – mejorar el ingreso mediante “políticas públicas” (aunque en este caso signifique lo contrario, como pagar la deuda financiera). El representante del aparato del PO en la CTA Autónoma redobla la apuesta y ofrece como perspectiva "disputar esa ganancia para que se quede en el país y en la provincia". Un planteo capitalista más contundente ´no se consigue´. La redistribución de los ingresos de Del Pla se contrapone estratégicamente a la abolición de la explotación capitalista y a la lucha de clases propiamente dicha. El aumento de impuestos a los sectores con mayores ingresos para “redistribuirlos” entre los trabajadores es inviable, simplemente no alcanza. La lucha de clases gira en torno a la organización capitalista de la sociedad, no al reparto de ingresos en ella, que está determinado por ese modo de producción. El ‘redistribucionaismo’ ha sido el planteo fundacional de la CTA. Esa política no sacó a nadie de la pobreza, pero, sobre todo, no ganó a los trabajadores a una conciencia revolucionaria, todo lo contrario. Fue un instrumento contra la rebelión popular que eclosionó en 2001, cuando la CTA promovía un “frente contra la pobreza” en lugar de luchar por la dirección revolucionaria del Argentinazo; la CTA defendió a De la Rúa – como los sostuvo el 19 de diciembre de 2001 Luis D’ Elia en el programa de TV de Lanata. En Santa Cruz, el ex sindicalista convertido en gobernador, Claudio Vidal, es el garante de la explotación por parte de las patronales contra los trabajadores, y es el responsable del saqueo de los recursos naturales, mineros y petroleros en favor del gran capital y sus monopolios. El proyecto de Del Pla en la CTA Autónoma rescata las arcas provinciales bajo la gestión de Vidal. En un recurso absurdo, Del Pla dice que su proyecto no se contrapone con la lucha por abolir la megaminería contaminante, que propone gravar para aumentar salarios. ¿A quién le cobraría impuestos extraordinarios Del Pla y la CTA A? El Partido Obrero, como Del Pla, pasó de la lucha por la expropiación del capital y el socialismo; a la disputa por una porción de la ganancia capitalista (reformismo en la época de decadencia de las reformas). Del Pla ha sido ganado al programa de la CTA, ante la mirada complaciente de Pitrolas y Solanos. Ahora polemiza contra el aparato del PO nacional desde la trinchera de otro aparato. Del Pla reconoce que su proyecto fue criticado por "toda la izquierda", incluido el Partido Obrero. Para saldar las críticas y las deficiencias de su proyecto, Del Pla propone que se integren todas las consignas y reivindicaciones de la lucha contra la mega minería en un programa común. Sostenerla, por un lado, para que rinda impuestos y aumenten salarios, y abolirla, por el otro, como si el cambio climático pudiera ser combatido por medio de una prohibición aislada. Del Pla y sus polemistas dejan de lado a toda Vaca Muerta. La lucha contra el ´extractivismo´ justifica los subsidios del Estado a los capitalistas de la energía ´no contaminante´, el gran negocio capitalista del momento. El propósito último de la iniciativa parlamentaria de la CTA Autónoma, dice Del Plá, es “conmover”, mediante un planteo impositivo, reivindicativo, vecinal, a la población de Santa Cruz, que, dice Del Pla, no se moviliza contra la contaminación, y superar el impasse de los planteos “ambientalistas extremos” (sic, sic). El Partido Obrero de Santa Cruz se ha fusionado con el aparato de la CTA. Ha estallado una crisis por la pertenencia bigámica a dos aparatos. Hay una confrontación, no de principios, sino de intereses de aparatos, siempre ajenos al desarrollo de una conciencia socialista entre los trabajadores En el artículo firmado por Juan García, el aparato nacional del PO opta por el encubrimiento y la contemporización con su filial en Santa Cruz. García convoca a su partido a un debate público, justo cuando se cumplen siete años desde que el Partido Obrero clausuró el debate político interno como método partidario, con la expulsión sumaria de 1.200 militantes. LEER MÁS: El aparato del PO presentó en Santa Cruz un Proyecto de Ley para pagar la deuda pública Integra la dirección de la CTA Autónoma. Por Violeta Gil, 02/01/2026.

El mismo día que se conoció que la inflación de diciembre fue de 2,8%, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ofreció a Docentes un miserable 1,5% de aumento para enero, a cobrar en febrero. La oferta fue rechazada por el FUDB, que dice estar reclamando todavía por la paritaria 2025, cerrada tajantemente por Kicillof. Está situación por sí sola pone de manifiesto que el ajuste sobre la educación pública y los salarios es parte del programa de gobierno de Kicillof. Durante 2025 existieron tres aumentos paritarios. El primero de 9% en dos cuotas entre febrero-marzo, luego 10% (6% en mayo y 4% en julio), y finalmente un 5% a cobrarse en cuotas de 2,5% en Agosto y Octubre. Noviembre y diciembre pasaron sin actualización alguna. Sumado linealmente el aumento para 2025 fue de 24% contra una inflación de 31,5, es decir una pérdida del poder adquisitivo de 7,5%. Sin embargo, considerando el impacto de los aumentos en el año completo el retroceso salarial es de 18% ya que el aumento anualizado fue de 13,5%. La situación de la docencia de Buenos Aires es alarmante. La mayoría de los cargos no superan la línea de pobreza, que según el Indec actualmente se encuentra en $1.308.713. Un preceptor sin antigüedad actualmente cobra $614.690,23. Un maestro que recién se inicia percibe $713.217,16. Un profesor con 20 módulos alcanza los $927.518. Se trata de salarios de indigencia en el marco de una sobrecarga laboral generada a partir de reformas como la del régimen académico para secundaria. Para completar el cuadro debe tenerse en cuenta la crisis de infraestructura escolar, de la obra social IOMA, y una situación de ruptura de los tejidos sociales que ha generado numerosos casos de violencia en las escuelas contra los docentes, quienes son el chivo expiatorio de los gobernantes de la crisis educativa. En vista de lo anterior, resulta claro que la política de ajuste sobre los salarios docentes y la educación pública no se podría sostener sin la complicidad de las conducciones sindicales de los gremios que integran el FUDB con Suteba a la cabeza. Por caso, han permitido tres meses enteros sin aumento salarial alguno. Ahora, este rechazo refleja la agudeza de un ajuste sobre el salario que es rechazada sin atenuantes por el conjunto de la docencia; en el 2025 se tuvieron lugar enormes paros docentes provinciales por fuera de la burocracia sindical. No existe en el horizonte de este rechazo siquiera la advertencia de una medida de lucha. Como el FUDB discute sin mandato de las bases y a sus espaldas, el rechazo se hace sobre una indefinida “insuficiencia”. La burocracia posa junto con el gobierno de estar combatiendo un aumento salarial; ante una mínima mejora acordarán sin chistar como lo han hecho durante los últimos años en función de la alianza política que mantienen con Kicillof para impulsar la candidatura del gobernador a la presidencia en 2027. A la luz de todo lo anterior resulta evidente que no podemos depositar nuestras expectativas en estas conducciones gremiales. Resulta necesario preparar el no inicio y el paro por tiempo indeterminado a partir de autoconvocatorias docentes. Nuestro reclamo salarial fundamental debe ser un aumento de emergencia del 100% y un piso salarial de $2.500.000 por cargo, todo al básico.

El DNU 941/25, que introduce reformas a la Ley de Inteligencia y a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), extendiendo su injerencia y facultades al punto de permitirle realizar detenciones sin orden judicial previa, todavía no ha sido enviado por el gobierno al Congreso. Las reformas introducidas en la Ley de Inteligencia surgen de la caracterización de los liberticidas de que “en los últimos años, el sistema de inteligencia acumuló funciones superpuestas, estructuras sobredimensionadas, dificultades para integrar información relevante dispersa en distintos organismos y zonas de incertidumbre normativa sobre el alcance real de las tareas de inteligencia nacional” (Infobae, 2/1). Estamos en presencia de una centralización de tareas para espiar, perseguir y coaccionar, en síntesis, un Estado policial, que la pandilla libertaria lo presentan como “un sistema más cohesionado, en el que la producción de inteligencia estratégica se base en información integrada, oportuna y verificable” (ídem). El decreto 941, que ha despertado un amplio rechazo en organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas, al día de la fecha cuenta con cuatro amparos judiciales presentados en el fueron Contencioso Administrativo, que denuncian el carácter inconstitucional y promueven su nulidad. Morales Solá, desde su columna de La Nación, señala que “seguramente, el planteo constitucional llegará hasta la Corte Suprema de Justicia”, y que esta “considere inconstitucional ese decreto que contiene decisiones penales, una de las tres cuestiones en las que el Presidente no puede meterse por sí solo según la Constitución” (La Nación, 14/1). Pero la primera instancia de tratamiento que tendrá la reforma de la Ley de Inteligencia (25.520), será en el Congreso de la Nación. Los liberticidas tienen tiempo hasta este viernes para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envié el decreto al Congreso, y luego de esta instancia, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tendrá diez días hábiles para dictaminar sobre el mismo, dando paso a que en la cámara de Senadores o de Diputados, la oposición pueda llevar el decreto al recinto y ponerlo a votación sin dictamen, para consumar el rechazo “necesita reunir a 37 senadores y 129 diputados, un número posible con el apoyo de la UCR y Provincias Unidas” (La Nación, 13/1). En un poroteo previo, Unión por la Patria en el Senado, que cuenta con 28 bancas, juntaría 37 votos, si logra arrastrar al bloque de Convicción Federal, los senadores santiagueños que armaron un bloque propio y radicales enfrentados al gobierno, al menos, en lo que respecta al DNU 941. Un senador peronista le señaló a La Nación que “es posible llegar a 37 por una cuestión de principios, pero no está garantizado” (ídem). Tres bloques claves para que se efectúe el rechazo parlamentario son los de Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal, que al día siguiente de haberse publicado el DNU, sacaron un comunicado de rechazo, señalando que “No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado” (ídem). El peronismo se juega a la rosca hacia dentro del Congreso, apelando, sin sonrojarse, a una “cuestión de principios”, para hacer caer la reforma en inteligencia, mientras mantiene freezado a todo su aparato extraparlamentario, en una clara colaboración con el gobierno liberticida, evitando una confrontación de fondo. El peronismo hace flamear la bandera del rechazo del DNU 656/2024 que destinaba, en carácter de fondos reservados, $ 100.000 millones a la SIDE, y que en su momento contó en Senadores con 49 votos negativos, 11 positivos y 2 abstenciones, como consecuencia de una “alianza” circunstancial entre el PJ, el PRO y la UCR. Con antelación el DNU 656 había sido rechazado en Diputados, llevando a su derogación automática. Pero la correlación de fuerza hacia dentro del Congreso ha cambiado. El gobierno nacional cuenta con 95 diputados puros y con un Ritondo, jefe de bloque del PRO en Diputados, pintado de violeta libertario, y que ha manifestado su acuerdo con los cambios en la Ley de Inteligencia, prometiendo un “análisis responsable”; la oposición encabezada por el peronismo, deberá recurrir a diferentes maniobras para hacerse con los votos necesarios para derogar el decreto y asestarle un golpe al gobierno, haciéndole pagar un alto costo político en el inicio de las sesiones extraordinarias, carta con la que los “principistas” quieren contar para negociar la “modernización laboral” impulsada por los liberticidas. En el Senado los liberticidas la tienen más difícil, ya que, el bloque comandado por Bullrich, cuenta con 20 bancas. El gobierno necesita que una de las cámaras vote afirmativamente para que el DNU 941/2025 tenga carácter de ley. Cuando asistimos a la implementación de un Estado de excepción en los Estados Unidos a través de las bandas armadas del ICE, creando una situación de pre guerra civil, la iniciativa fascistizante del gobierno nacional se enrola en la puesta en pie de un Estado policíaco que tiene como estrategia asestarle una derrota de características históricas a la clase obrera y reforzar el alineamiento geopolítico de la Argentina con la internacional fascista. La ampliación del aparato represivo y de inteligencia, la restricción de libertades democráticas y la persecución de los activistas y luchadores son el complemento de fuerza para hacer pasar un brutal plan de ajuste contra la clase trabajadora. La lucha contra el Estado policial no va a salir de la rosca de los partidos burgueses en el Parlamento o fuera de él. Es necesario plantear la apertura y desclasificación de los archivos en manos de los aparatos represivos y de inteligencia del Estado y su consecuente desmantelamiento, acompañado de una movilización de carácter independiente de los partidos patronales, que ponga coto a la puesta en pie de un Estado policíaco que coacciona contra los trabajadores y activistas.

Los trabajadores de Lustra Max llevan más de 20 días desarrollando asambleas y acciones de lucha contra 45 despidos y por falta de pago del bono de fin de año, la obra social y el pago de salarios en negro. Hablamos con F, trabajador de la empresa. ¿Cómo se inició el conflicto? F: Nosotros veníamos tomando asambleas, discutiendo primero por nuestro bono de fin de año, un bono que habíamos conquistado desde la organización y lo tuvimos tres años consecutivos y la empresa no nos lo quiere pagar. Eso y el aguinaldo que teníamos, que era una proporción más. Entonces fuimos charlando con los compañeros de estas situaciones y unos días después vino el gerente de Recursos Humanos a plantearnos que tomaron una mala decisión económica que los llevó a una crisis financiera y que todos íbamos a tirar para adelante, que era un día a día que dependía mucho de la producción, que dependía mucho de los despachos y nosotros lo tomamos con responsabilidad, decidimos acompañar a la empresa en esta situación si era así; pero seguimos discutiendo nuestro reclamo -el bono de fin de año-, que no lo pagaron todavía, y empezó el conflicto de esa manera. A la semana siguiente resulta que querían despedir a alrededor de 45 personas. Ya se venía hablando. Estaban haciendo lobby con el ministerio, con el sindicato, charlando sobre ese tema. Lo que hizo el ministerio fue hacer que aplazaran la decisiómn para que no nos despidan a nosotros en la época navideña, pero ya había una decisión tomada. Nosotros sentíamos que estaban ganando tiempo para decidir, para llegar a este fin. Así que bueno, el conflicto seguía y nos encontramos el día lunes con que siete compañeros efectivos y los demás con contrato indeterminado, no nos dejaron pasar; ya estaba pactado el despido con el sindicato. Nosotros buscamos la manera de entrar porque no teníamos ninguna notificación. La empresa está en un preventivo de crisis, pero los tres balances del último año le dieron bien, más de 16.000 millones de pesos en ganancias. Nosotros, en lo cotidiano, en el día a día, vemos que es una empresa que es súper rentable, que trabaja con sus clientes a nivel internacional, ya sea McDonald's, Coto, son empresas que tienen un poder hegemónico a la hora de abarcar diferentes ámbitos, diferentes mercados, y más ahora que nosotros, en el 2025, tuvimos un crecimiento de producción bastante grande, entonces no entendemos por qué esta crisis. Nosotros en realidad sentimos que es una estrategia para que la empresa empiece a limpiar a la organización, empiece a tomar medidas y empezar a generar una estructura que no tenga antigüedad, que no tenga organización, que no tenga discusión, que no haya ninguna asamblea, y también el gerente que es de esta empresa ha tenido esa experiencia [en la empresa de transporte Vía Bariloche], y entonces, atando cabos, creemos que va por ahí todo. Ustedes estaban reuniendo en asamblea y entró la patronal señalando a dedo a quienes iban a despedir... F: La mayoría de los compañeros no son activistas, pero sí creen mucho en una organización interna por la experiencia que tuvieron. No participan en política en sí, sino en una discusión política interna, y nosotros creemos que lo perciben. Nosotros, en 2021, tomamos la decisión de buscar a nuestros representantes, de buscar a nuestros delegados, y reconocimos a Leandro, a Franco como nuestros delegados para que nos representen. Y ahora estamos en lucha, nosotros creemos que este es el camino para seguir, para conquistar, y para que no corrompan a los trabajadores, y que continuemos con nuestra organización, que nos llevó muy lejos, la verdad. Nos llevó a ganar bonos de fin de año, premios a la puntualidad. Antes nos pagaban el sueldo en cuatro veces, sufriamos maltratos, cuando ellos veían que nosotros no estábamos organizados, y se sentían teniendo el poder. No había voz ni voto desde el lado del trabajador. Si tenías una buena relación con un encargado, quizás la podías llevar mejor, pero eso nos llevó hasta el punto de no comunicar, de no poder expresarnos, de no poder organizarnos, de tener que hablar individualmente con uno o con otro para poder llevar el malestar. Se está hablando mucho en los medios de que la empresa dejó de aportar a la obra social, que dejó de aportar a la previsión, hizo recortes también en salario, está pagando en cuotas... F: Bueno, pasa que cada tres meses no pagan la obra social o pasan siempre de una forma trimestral y bueno, hoy en día lo que está repercutiendo es a las personas que más necesitan la obra social, o dichos aportes quizás, que son los que tienen tratamientos oncológicos o hijos con algunos problemas, hoy no los están atendiendo. Hace poco, a un compañero cuya mujer lamentablemente falleció, fue a tratar de que la atiendan a la hija, y no la quisieron atender. Pero el problema es que acá a nosotros nos sacan los aportes y no lo están destinando a donde verdaderamente deberían ir. Y sí, veníamos sufriendo una cuestión del tema del sueldo. Hace poco nos pagaron el sueldo en efectivo, diciendo que los aportes los habían pagado, por el tema de que los bancos no le retengan el dinero, creen que no tienen ninguna credibilidad. Nosotros sentimos que es una estrategia para llevarnos hasta acá, para llevarnos a esta lucha y para hacernos sentir que nosotros somos los culpables. ¿Cuál es el siguiente paso en la organización? F: Y ahora queda aguantar, debatiendo en la asamblea, tratar de coincidir con los compañeros en que el método de conquistar la reincorporación de los compañeros sea desde la organización, de la lucha, ya que hoy la empresa no está dando ningún diálogo. Bueno, por otro lado, como ves, quedó demostrado -porque se ve en los videos que están circulando- la policía de la provincia de Buenos Aires se acercó a tratarnos a nosotros como delincuentes. También entendemos que fue una estrategia, pero les falló. ¿De qué manera pueden ayudar a otros trabajadores, organizaciones políticas y demás a ustedes, la situación ahora que están en el acampe y tomando la fábrica? F: Nosotros creemos que, como te digo, y lo vas a escuchar en la charla que hacemos, es la organización, charlar, enlazar a la juventud con las personas que tienen la antigüedad, que tienen mucho tiempo, y le damos un valor agregado a la juventud, porque creemos que nosotros, a esta edad, podemos tomar riesgos y que si la gente que tiene más antigüedad o que es más grande que nosotros, nos acompaña, desde la organización, desde las charlas, para poder defender los derechos del trabajador, creemos que se sale adelante, porque también nos dio la experiencia, nos avala la experiencia, y eso no lo saca nadie a nosotros eso.

Los trabajadores de Lustramax vienen enfrentando desde hace más de 20 días la decisión de la patronal de llevar adelante 45 despidos. También reclaman por la falta de pago del bono de fin de año, la obra social y pago de salarios en negro. Actualmente la fábrica se encuentra ocupada por sus trabajadores. El martes 13 de enero, desde las 7 de la mañana, los trabajadores se movilizaron y cortaron la Panamericana junto a organizaciones solidarias de la zona, centros de estudiantes y partidos. Esto ocurrió un día después de que la patronal irrumpiera en una asamblea y, a dedo, le señalara a una abogada a quiénes iba a echar. Esto provocó que se decidiera tomar la fábrica e iniciar un acampe con movilización. La patronal solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para echar a la mitad de trabajadores del depósito de la empresa. En sus balances, sin embargo, declaró ganancias por 16.000 millones de pesos. Su verdadero propósito es la liquidación de la organización sindical de la fábrica . Los trabajadores denuncian que quieren imponer un modelo de trabajo basado en períodos de prueba eternos, sin organización obrera, sin derechos. La patronal en Lustramax, como el resto de patronales de la zona norte bonaerense, quiere empezar a practicar la reforma laboral sin que esta se haya aprobado aún en el Congreso, conscientes de que la reforma laboral busca eliminar a la clase obrera como organización política y social , avanzan fundamentalmente para liquidar la organización al interior de las fábricas. Prueba de esto es que, entre los trabajadores despedidos, se encuentran varios activistas. A esto se suma el pago de salarios en negro y la retención de aportes a la obra social. Por otro lado, los trabajadores denuncian que la producción se ha multiplicado, explicando que la baja productiva de este último mes tiene que ver más con una cuestión de temporada que con “las importaciones del sudeste asiático” que denuncia la patronal en el documento del preventivo de crisis. En una empresa donde los balances dan positivo, donde se sostienen relaciones comerciales con empresas como McDonald’s, Coto y demás. Con excelentes condiciones financieras y maquinaria en condición de producir, lo que práctica la patronal es una provocación enorme a los trabajadores de Lustramax. El mismo 13 de enero se reunió con el Ministerio de Trabajo y se declararon ilegales los despidos. La patronal, sin embargo, envió una carta negándose a reincorporar a los compañeros. La única salida al manoseo de las patronales la va a dar la organización obrera. Para conquistar nuestras reivindicaciones y arrancarle a la patronal nuestros derechos. Defender nuestros puestos de trabajo y nuestros sueldos, es necesario pasar a la ofensiva y llevar adelante acciones de lucha como la toma de fábrica que se está desarrollando ahora mismo para imponer nuestras condiciones.

Como todos los veranos los incendios en el sur son noticia nacional. Esta vez el noroeste de Chubut es el más afectado por los incontrolables incendios que se desataron hace casi un mes. Los lugares más afectados son Cholila, El Hoyo, Epuyen, Puerto Patriada, el cañadón del Río El Turbio y distintas localidades localidades del Parque Nacional Los Alerces. De cualquier manera, toda la Patagonia está en riesgo. Bariloche asiste diariamente a focos ígneos que, hasta ahora, vienen siendo controlados. Epuyén fue declarado ayer en estado de catástrofe ígnea hasta junio de este año. Pero el municipio no paga los salarios y no hay ayuda estatal. Los pobladores están abandonados a su suerte. Mientras tanto, el presidente truca una fotografía para aparecer junto a los brigadistas, pero les congela el salario y baja el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego para 2026. La Justicia de Chubut declaró que los incendios fueron intencionales, pero el fiscal Díaz Mayer, abocado a la causa, aclaró que no hay indicios para investigar a ningún grupo mapuche, contradiciendo abiertamente al gobernador Torres -quien finalmente se desdijo a medias- y a la ahora senadora Patricia Bullrich. Sin embargo, contradictoriamente, el fiscal ordenó allanamientos en la Comunidad Pulgas Huetuquidel de Epuyen. Zona de desastre El fuego avanza. Se pronostican lluvias para el día de hoy, miércoles, que podrían traer algún alivio. La población de Bolsón, Lago Puelo, Esquel y de muchas otras localidades de la Comarca Andina, mientras se organizan para colaborar con comida, ropa para los brigadistas y también para combatir al fuego, van convocando a masivas marchas en defensa de sus territorios. Las causas de los incendios son diversas y de larga data, pero su agravamiento es pavoroso. La sequía es generalizada. El invierno 2025 pasó sin lluvias ni nieve – literalmente se perdió la temporada. El caudal de los ríos y lagos está muy reducido. No hay volúmenes de deshielo. Las temperaturas son inusualmente altas para la región. El cambio climático no es una abstracción académica. Se vive y sufre cada día en la Patagonia. Por otro lado, la forestación es un factor decisivo en el aumento de la frecuencia de incendios en la región. La industria forestal experimentó exitosamente -para sus propósitos- y prosiguió con la plantación de pinos. Es una especie que germina en muy altas densidades y crece rápidamente, pero también es muy combustible. Asimismo, los pinos son especies exóticas que destruyen las especies nativas, que son de crecimiento más lento y por eso menos rendidoras para el capital maderero. Los científicos del Conicet que trabajan sobre este problema llaman a los pinares “desiertos verdes”, porque no crece nada más con estas densidades. Los ciclos de incendios son cada vez más frecuentes. El año pasado, se incendiaron 55.000 hectáreas patagónicas. En lo que va de este verano se quemaron12.000 hectáreas sólo en Epuyén. Motosierra En 2025, el gobierno de Milei se ejecutó sólo el 75% del presupuesto asignado al Sistema Nacional del Manejo del Fuego. Quedaron 20.000 millones de pesos sin aplicar. Y para 2026, caerá un 70% en términos reales. Tanto Torres como Milei, además, reducen la planta de brigadistas. El SPLIF -Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales- tiene a sus trabajadores con salarios de $650.000 y $850.000, por debajo de lo que ganan los administrativos del organismo, ya que el gobierno nacional los excluyó de la paritaria 2024. Dicen ellos mismos: “Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Estamos pidiendo lo esencial: un salario digno, una planta permanente, estabilidad, y una jubilación acorde. Necesitamos las respuestas de manera urgente" (Perfil, 11/1). Por otra parte, el gobierno nacional eliminó la limitación de compra de territorios por parte de extranjeros. Ya no se verán en la necesidad de apelar a intermediarios, como hizo Joe Lewis con Van Ditmar o los qataríes con el tenista Gastón Gaudio. Esto se combina con otra trama en curso para beneficiar a los grandes capitales inmobiliarios, mineros, turísticos y financieros: la derogación de la ley 27604, que prohíbe el cambio de uso del suelo tras los incendios. El propósito declarado de la norma es, precisamente, desalentar los estragos deliberados, impidiendo por periodos de 30 a 60 años, el cambio de uso del suelo tras un incendio. La minería ya está instalada sin limitaciones en Río Negro y en Neuquén. El uso de agua para esos proyectos -oro, plata, litio, uranio- es fatal para la agricultura local y la vida de la población. La empresa israelí Mekorot sigue investigando la disponibilidad de agua en Río Negro, pero ignoramos los resultados de esas supuestas investigaciones. En principio, lo que hay es vía libre para las operaciones mineras. En cambio, las localidades incendiadas se vieron privadas del suministro de agua, como Cholila, que estuvo una semana sin el vital elemento. Los incendios tienen responsables: el capitalismo en su decadencia y su destructividad. Por eso los trabajadores debemos tener una salida.: recursos y personal de inmediato para el combate al fuego; formación de cuadrillas para atender la inmediatez del evento; asambleas vecinales en los lugares afectados para debatir la situación; expropiación de los territorios con manejos predatorios del suelo y el ambiente.

Con el índice de precios anunciado por el INDEC para diciembre, llegamos a ocho meses consecutivos de inflación en alza. El dato del 2,8% representa casi el doble del valor de mayo de 2025, cuando resultó del 1,5%. Milei y Caputo quisieron disimular esta escalada celebrando “la inflación anual más baja desde 2017”. Pero lo que importa es la tendencia incuestionable al alza. La inflación núcleo -que excluye a las tarifas y a las variaciones estacionales- superó al 3%, mientras que los servicios estuvieron por encima del 4% y la carne llegó al 10% en el mes. Los economistas del gobierno buscan excusas en los “rezagos” o “reacomodamientos” de precios. Pero a lo que asistimos es a un “desacomodamiento”, no solo de los precios, sin del régimen económico libertario en su conjunto. Nadie puede atribuirle la inflación en alza a una mayor demanda agregada . La CAME viene registrando una caída de 8 meses consecutivos en las ventas minoristas , y un retroceso del 5,2% en diciembre respecto de ese mes de 2024. En ese contexto, atribuirle la inflación de diciembre al “mayor movimiento generado por las fiestas” es una impostura. La escalada de los precios pone de manifiesto el pasaje de un régimen deflacionario a otro inflacionario: es lo que anunció Caputo a comienzos de diciembre, cuando resolvió asociar la cotización del dólar a la inflación registrada con dos meses de antelación. Como consecuencia de ello, se espera un dólar de $1.600 para fines de febrero. Naturalmente, si la inflación pasada condiciona al dólar presente, ese dólar volverá a empujar para arriba a la inflación futura. La devaluación “programada” de la moneda nacional es una exigencia del FMI, para que el gobierno acumule reservas y junte los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de la deuda pública. Pero los resultados que consiguen Caputo-Milei están muy por debajo de los compromisos de deuda que tienen por delante. Y las maniobras financieras que pergeña el gobierno para hacerse de dólares implican contraer nuevas deudas, a muy corto plazo y con costos explosivos . Por caso, el gobierno está comprando dólares a privados a cambio de títulos públicos atados al dólar, los que vende a una cotización por debajo de la oficial. Esa operación le asegura a los compradores privados la friolera de un 18% anual en dólares. Como la devaluación “programada” desalienta a las colocaciones financieras y al mercado de deuda en pesos, el gobierno ha promovido una nueva suba de la tasa de interés y renueva las colocaciones de deuda a tasas del 37-38% anual, muy por encima de la tasa de inflación – y por lo tanto de la devaluación previstas. Todas estas operaciones tienen un impacto extraordinario sobre el financiamiento corriente y, en consecuencia, sobre la remarcación de precios. Milei y Caputo han fracasado en la tentativa de normalizar, con un cierto alcance en el tiempo, la carga explosiva de la deuda pública, en dólar y en pesos. Los anuncios de megapréstamos internacionales han desaparecido del escenario . Como respuesta a ello, han armado un régimen financiero de “días y meses”. Han retornado a la indexación permanente -¨a lo Massa”-, de precios, paridades cambiarias, e intereses de deuda. Naturalmente, excluyeron al salario, que en el mejor de los casos tiene ajustes de convenio del 1% frente a una inflación que se acerca al 3%. En cuanto a las jubilaciones, cuya movilidad se ajusta con la inflación pasada, no va a faltar el libertario que proponga, como lo hicieron Martín Guzmán y los Fernández en 2019, un desenganche de la inflación. El único “ancla” que pretende colocar el gobierno frente al desbande inflacionario es el de los ingresos del trabajo – salarios y jubilaciones. Está planteado un gran desafío para los trabajadores, pues los liberticidas -que ya se comieron un 20% de los salarios de privados y un 30 o 40% de los estatales- aspiran a seguir con esta confiscación, ahora, mes a mes.

La cadena de guerras imperialistas desatadas a partir del genocidio del estado sionista contra Gaza y Cisjordania, en octubre de 2023, estaría llegando a su punto de culminación. El imperialismo norteamericano y su socio sionista quieren acabar la faena con una guerra contra el régimen clerical de Irán, mientras prosigue la tarea de poner bajo su dominio a Líbano y Siria, convertir a la Franja de Gaza en un protectorado turístico, anexar los territorios ocupados a Israel y expulsar por completo a Rusia y China de la región. Los ataques militares de Israel a Irán, el año pasado, seguidos del bombardeo a las instalaciones de investigación nuclear de este país y a la capital, Teherán, por parte de la aviación norteamericana, en junio reciente, han sido una suerte de “ensayo general”. Donald Trump, el carnicero de Washington, acaba de añadir aranceles prohibitivos del 25% a los estados que comercien con Irán, como es el caso de China, India, Brasil y Rusia, encima del bloqueo a las exportaciones contra el país que es el segundo mayor productor mundial del crudo. En la secuencia, ha advertido a los ayatollahs que prepara un ataque militar con el pretexto de impedir la continuidad de la represión contra el levantamiento popular que atraviesa a Irán. Los órganos de comunicación del imperialismo se encuentran debatiendo acerca de las condiciones políticas para desatar una guerra inmediata. Trump no ha desplegado aún una flota en la boca del golfo Pérsico, como ocurre en el Caribe, mientras que la prensa israelí asegura desconocer que haya preparativos para un ataque de parte del gobierno de Netanyahu. Referido a un ejército que ha establecido un régimen de movilización militar en 24 horas, esa seguridad no pasa de un eufemismo. El régimen clerical de Irán ha desatado una represión sin igual, con la confianza de que puede ahogar a un levantamiento que carece de dirección política, mientras no deja de invitar a Trump a iniciar negociaciones. En la agenda se encuentra repetir la operación venezolana (“determinación absoluta”), mediante el asesinato selectivo (no el secuestro) del jefe del estado islámico, Khamenei, y poner el gobierno iraní bajo tutela de Estados Unidos. Esta operación apuntaría a dar a la rebelión popular una dirección política imperialista y usarla como palanca de presión al régimen. Es una incógnita si la Guardia Revolucionaria Islámica, el sostén del régimen, se avendría al mismo compromiso que el aparato estatal de Venezuela estuvo negociando durante mucho tiempo con Trump. El entrelazamiento del ‘establishment’ de Irán con la propiedad económica del estado se asemeja al de Venezuela, y aun más al de Egipto, donde el alto mando militar fingió apoyar la revolución árabe de 2011, para luego dar un golpe de estado con el apoyo de Barack Obama. La piedra de disputa de una negociación con el imperialismo es el control de la economía estatal, donde se asienta el poder real de la Guardia Revolucionaria. La otra incógnita es si una salida ‘a la venezolana’ no podría enajenar el apoyo político a una salida ‘democrática’ del imperialismo por parte de las masas en rebelión. Mientras en América Latina el asalto militar a Venezuela ha sido criticado para las tribunas, por parte de México, Colombia y Brasil, en el Medio Oriente ofrece la resistencia de Arabia Saudita y algún que otro emirato del Golfo, que se habían trazado una ‘normalización’ con el régimen iraní en función de defender la cuota del crudo en el mercado mundial frente a las embestidas de Trump. Otro éxito de la “determinación absoluta” de Trump, liquidaría el régimen de la OPEP – la coalición de estados petroleros y la asociación de Rusia. Sesenta años más tarde del boicot petrolero de los estados árabes a los monopolios petroleros internacionales, Trump podría lograr re-imponer ‘el orden’ en medio de la guerra por el control de las materias primas. Friedrich Merz, el primer ministro de Alemania, se ha pronunciado por un asalto militar inmediato contra Irán. Por encima de estas operaciones del imperialismo, de un lado, y del régimen clerical, del otro, en Irán se ha producido un verdadero rodrigazo. La moneda iraní, el rial, se ha hundido en las catacumbas de un millón y medio de riales por dólar, seguido de un ajuste social brutal y una suba descomunal de impuestos. Irán ha colapsado como economía organizada. La derecha y el imperialismo llevan la delantera en la determinación de una salida política, como en el caso argentino de junio de 1975, cuando el ala ‘liberal’ de Videla tomó la jefatura del ejército y la organización de “los grupos de tareas”. La bancarrota del nacionalismo ‘dependiente’, de entonces y de ahora (y de más tarde también) es patente. En Europa y en Estados Unidos se desarrolla un escenario complementario. Portugal ha vuelto a manifestaciones masivas contra la contrarreforma laboral (que la burocracia stalinista y socialista se oponen a convertir en huelga general) y en EEUU crece la lucha contra la brutalidad de los grupos de tareas de Trump (ICE) y prosigue la tendencia a las huelgas parciales en la industria y los servicios. En Ucrania colapsan los ‘acuerdos’ de Trump y Putin, y el acaparamiento de Groenlandia por parte de Trump ha puesto de manifiesto los crecientes puntos de quiebra del imperialismo “occidental”. La bancarrota tiene un carácter de conjunto, no se limita a este o el otro de los regímenes políticos. Como lo señaló el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el cuadro político mundial se compone de “estados fallidos”. Es decir (no lo dijo), de la organización del modo de producción capitalista como un todo.

El gobierno ha desplegado a la Gendarmería Nacional para desalojar Lustramax, la fábrica de productos de limpieza ubicada en Malvinas Argentinas que se encuentra ocupada por sus trabajadores. Los compañeros resisten el despido de 45 empleados, entre ellos los delegados sindicales. El conflicto se inició por el atraso del pago de salarios, pagos en negro, desconocimiento del bono anual y otros reclamos. La represalia, denuncian los compañeros, apunta a disolver la organización de la fábrica. La conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia se ha revelado, nuevamente en esta oportunidad, como papel mojado para las patronales, que la desconocen abiertamente. No al desalojo de Lustramax. Llamamos a rodear de solidaridad la fábrica.

En las últimas horas, se ha reproducido por diversos portales la situación crítica que está atravesando la empresa. La misma posee fábricas en las localidades de Clason, Lehmann y Suardi, al oeste de la provincia, donde trabaja la suma de 700 operarios. Sucede que sus trabajadores y el sindicato denuncian que les deben salarios desde octubre del año pasado; inclusive, no han cumplido con el pago del medio aguinaldo previsto para diciembre. Como salida al conflicto, se acordó que semana tras semana la empresa depositaría un millón de pesos a cada uno de sus trabajadores hasta saldar las deudas vigentes. No obstante, este acuerdo cayó en saco roto desde el 8 de enero, cuando la patronal anunció que es incapaz de sostenerlo dejando sin ingresos a todo el personal. La empresa argumenta problemas de financiamiento y achaca la caída de la producción a la situación general del país. Desde septiembre se encuentra funcionando solamente para la producción de leche en polvo, a raíz de contratos a fazón para terceros, cuya perspectiva de que este aumente son nulas. Mientras esto sucedía, los trabajadores denunciaron un proceso de vaciamiento: que la empresa esté en “funcionamiento” es meramente una formalidad, ya que no hay materias primas y ni siquiera los transportes que los trasladan al lugar de trabajo. Es lo que sucede en concreto con la fábrica ubicada en Clason, donde los operarios se acercan a la parada del colectivo de la empresa y denuncian que sin previo aviso este dejó de funcionar. En conocimiento de la situación, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe ha participado de una serie de audiencias para resolver el conflicto. Los funcionarios aseguran haber ofrecido nuevos socios y capitales interesados en invertir. Inclusive, el funcionario encargado de esto ha expresado que la actividad lechera atraviesa un crecimiento sostenido y que lo de Lácteos Verónica, como SanCor, son “situaciones particulares de crisis” (Rosario 3, 14/1). Esto último reviste una enorme importancia: la particularidad a la que alude es que pretenden doblegar la organización interna y sindical de los empleados, al igual que en SanCor. De ahí se explica el aprovechamiento de la crisis para liquidar planteles, incorporar nueva mano de obra con menos derechos laborales y, en definitiva, reestructurar la empresa sobre las premisas que contiene la reforma laboral de Milei y compañía. ATILRA, sindicato involucrado en este conflicto, es denunciado por haber cerrado en base a su intereses y haber desprotegido a sus representados. En ese sentido, señalan que ya arreglaron con la familia Espiñeira (que controla la firma) y cesaron con el reclamo de deudas sindicales. Sugieren que el problema se va a solucionar cuando se consume una eventual venta de todo este conglomerado. En el plano meramente sindical, que su asesoramiento legal recae simplemente en realizar constancias policiales cuando van a tomar el colectivo y nada. Al mismo tiempo, les fue solicitado a los obreros que no concurran al lugar de trabajo. Las fuentes indican (Bichos de Campo 15/1) que la dirigencia no quiere díscolos ni iniciativas individuales, que se radicalicen ante la desoladora situación que están viviendo. Esto no ha impedido que se organicen asambleas en el mismo lugar de trabajo, con la perspectiva de desenvolver una lucha a fondo. La tensión trasciende a las fábricas involucradas: la actividad lechera es el núcleo de la actividad productiva, del “tejido social” que la rodea y su entorno. La recesión y la prepotencia patronal para aniquilar el “costo laboral” son un cóctel explosivo que implica la desindustrialización del país. El movimiento obrero debe impedirlo.

La paralización total e indefinida en Tucumán de la planta textil Hilado SA (TN & Platex), la principal textil del país, ha conmocionado en la provincia y se suma a la ola de cierres, despidos y suspensiones que atraviesan la mayoría de las ramas productivas de la industria nacional. Cerró una planta en Tucumán y suspendió a 190 trabajadores, que se suman a otros 100 de la fábrica de Las Piedritas, elevando a unas 290 personas el total afectado. Esta noticia llegó pocas semanas después de que la misma firma suspendiera una línea de producción de indumentaria en otra de sus fábricas en La Rioja. La decisión incluyó la desvinculación de 50 personas y la no renovación de 12 contratos laborales. Anteriormente, en noviembre del año pasado, el mismo grupo empresario había anunciado otra reestructuración en la planta de Monte Caseros, provincia de Corrientes. En ese entonces, la empresa recortó la fabricación de prendas deportivas y ropa interior (línea Seamless). Según trascendió, ese ajuste derivó en 17 despidos directos. De acuerdo a lo informado, entre 30 y 35 empleados permanecerán en la empresa, trabajando en áreas administrativas y de logística. Otros 10 a 12 serán reubicados en distintas fábricas propias de la compañía, mientras que algunos empleados adicionales serán recomendados para integrarse a otros sectores industriales de la región. Por estos días, los obreros llevan adelante tareas de aprestamiento para dejar los equipos en condiciones. En paralelo, la patronal inició negociaciones destinadas a definir las condiciones de indemnización para cada empleado o, alternativamente, analizar la posibilidad de continuidad laboral bajo una nueva gestión, aunque sin reconocimiento de la antigüedad adquirida, de acuerdo a información oficial. Los obreros, por su parte, a la par de denunciar la borrada de los dirigentes del sindicato, denunciaron que la patronal solo está ofertando el pago del 50 % de las indemnizaciones y en cuotas. La empresa ha justificado todas estas decisiones como consecuencia de la caída en la demanda interna, así como del ingreso cada vez más predominante de ropa importada. Los panoramas de las textiles instaladas en Tucumán van por el mismo camino. En Santista (ex Grafa) ubicada en Famaillá, se viene de implementar la suspensión de personal y, en Tecotex, ubicada en la ciudad de Lules, está funcionando bajo el procedimiento de crisis. ** Patronales ** La Unión Industrial de Tucumán denuncia el escenario de derrumbe industrial en la provincia como producto de la caída del consumo interno, el tipo de cambio “artificialmente apreciado”, las altas tasas de interés y la “apertura comercial”. A esto se suma que el comercio de ropa usada, que hasta ahora era marginal, ya ocupa el 11 % de las importaciones textiles. Por su lado, la Fundación Pro Tejer, en un informe sectorial, revela un derrumbe del 40 % en la actividad frente a 2023, una utilización mínima de la capacidad instalada y el cierre acelerado de empresas, en un escenario marcado por recesión y apertura importadora. A su vez, la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), en un informe del mes de octubre de 2025, destacó que la actividad textil mostró una baja interanual del 24 %, muy superior al promedio general de la industria manufacturera, que retrocedió 2,9 % en ese lapso. Las estadísticas oficiales señalan que el nivel de producción alcanzado es comparable al de los tramos más difíciles de la pandemia, reflejando la magnitud de la crisis en el sector. Además, señalan que la utilización de la capacidad instalada en la industria textil descendió al 32,5 % en octubre, lo que representa una disminución de 4,6 puntos porcentuales frente al mes anterior y de 15,3 puntos en relación con octubre de 2024. **Desempleo y trabajo en negro ** El sector también sufrió una reducción sostenida en la cantidad de puestos formales. Para septiembre del año pasado -últimos datos disponibles- se registraron 105.000 empleos formales, lo cual representa una disminución de 2.000 puestos respecto a agosto y una caída de 8.000 frente al mismo mes del año anterior. Desde diciembre de 2023, la pérdida acumulada supera los 16.000 empleos en todo el país. El informe de la FITA destaca, contradictoriamente, que aun en este contexto de contracción las empresas textiles continuaron invirtiendo en la modernización de sus procesos productivos. Entre enero y noviembre de 2025, las compras de maquinaria importada totalizaron 164 millones de dólares, un esfuerzo que apunta a mejorar la competitividad y la eficiencia en el sector, una tendencia a la concentración y al aumento de la productividad, como vía de intentar contrarrestar la caída de los beneficios ante el escenario económico general. Tomado de conjunto, la industria manufacturera hoy agrupa unas 47.500 compañías, de las cuales más de 5.000 corresponden a los sectores textil, indumentaria y calzado. Desde 2023 cerraron 114 empresas textiles, 237 de indumentaria y 150 de cuero y calzado. El impacto laboral acompaña la crisis productiva. El sector pasó de 104.993 puestos de trabajo a perder casi 16.000 empleos desde 2023, lo que representa una caída del 13,2 % superando a la pérdida de empleos formales de las demás ramas manufactureras. ** Es hora de actuar ** Todo este proceso de derrumbe de la industria textil se ha desenvuelto sin que se precipitaran luchas para defender las fuentes de trabajo y los salarios. La burocracia de la AOT (Asociación Obrera Textil), o la del sindicato del Vestido, han dado completamente la espalda a organizar cualquier acción de resistencia. La pasividad no conduce a ninguna salida. Así lo han entendido los obreros de las fábricas textiles de Cañada de Gómez. Se trata de Macchi Textil y La Valeria, ambas compañías vinculadas al contador Abel Macchi. Los obreros denunciaron que, en la antesala de Navidad, los empleados solo recibieron un depósito parcial de 50.000 pesos y luego fueron suspendidos hasta la primera quincena de enero. En este marco, los trabajadores y sus familias se han reunido y, según los medios, han analizado tomar medidas de fuerza contundentes, que incluyen la toma de las fábricas y un corte total de la ruta 9. Así procedieron en su oportunidad las obreras textiles en Catamarca. Este es el rumbo. Ponerse de pie, autoconvocarse en asambleas y resolver medidas contundentes reclamando al Estado; si la patronal provoca una baja de la producción, imponer con la lucha el reparto de las horas de trabajo, rechazando cualquier medida de suspensión, despidos o rebaja salarial y, en los casos en que las patronales cierran las fàbricas, el camino es exigir la estatización bajo control de los trabajadores, la apertura de las cuentas de la patronal, todo esto como vía de asegurar los puestos de trabajo y los salarios.

El plan impulsado por Donald Trump para “terminar con la guerra en Gaza” avanzó hacia la segunda fase. Según afirmó el emisario estadounidense Steve Witkoff, en las negociaciones de El Cairo se alcanzó un acuerdo para formar el “comité tecnocrático palestino que administrará el territorio durante la transición”. Witkoff evitó cualquier referencia a la retirada de las fuerzas israelíes o a la reapertura del paso fronterizo de Rafah -clave para el ingreso de la ayuda humanitaria y el paso de enfermos-, un compromiso incumplido de la primera fase. El mariscal Al Sisi -un “demócrata” que mantiene 60.000 presos políticos en las cárceles egipcias- anunció que se alcanzó un "consenso" sobre los 15 miembros que integrarán el comité, encargado de administrar la Franja de Gaza. Witkoff explicó en X que la segunda fase de la propuesta de Trump, de 20 puntos, avanza de un cese el fuego “a una desmilitarización y una administración tecnócrata y de construcción". De todos modos, “Las objeciones israelíes obligaron a realizar cambios de última hora”. Finalmente, el presidente del comité sería Ali Shaath, un ingeniero que fue viceministro de planificación y presidente de la Autoridad de Zonas Industriales de la Autoridad Palestina. Shaath es experto en desarrollo económico y reconstrucción, según su biografía en el sitio web del Instituto Palestino de Investigación de Política Económica. Las Naciones Unidas han calculado que la reconstrucción de la Franja costará más de 50.000 millones de dólares, un proceso que se espera que lleve años y para el que hasta ahora se ha prometido poco dinero. Esa reconstrucción no tiene nada que ver con un restablecimiento de las condiciones de vida para la población gazatí – dos millones de personas-. El comité “tecnocrático” de transición debería gobernar Gaza bajo la supervisión de una Junta de Paz, presidida por el propio Trump. La Junta gobernará con mercenarios armados de la Fuerza Internacional de Estabilización (FIES), aliada de Israel, porque ningún país parece dispuesto a comprometer sus tropas en el terreno, sobre todo los países árabes que temen la repercusión en su propia casa por ejecutar el vaciamiento de Gaza. El celebrado cese del fuego fue desde el primer día una farsa: los ataques militares de Israel continúan y más de 440 palestinos en Gaza han sido asesinados, entre ellos un centenar de niños. Sin contar otros 25 que murieron congelados por el frío. Más de 2.500 edificios residenciales han sido destruidos, obligando a la gente a desplazarse, y persisten severas restricciones al flujo de ayuda, según denunció un informe de la coalición de ONG Oxfam. La política del sionismo es llevar adelante la “limpieza étnica”. Israel no permitió el ingreso de la ayuda humanitaria. Según la ONU, las fuertes lluvias e inundaciones han dejado miles de tiendas de campaña inhabitables y han colocado a casi 800.000 personas, casi el 40 % de la población, en zonas propensas a inundaciones, dejando a las familias expuestas al frío invernal sin mantas, colchones ni calefacción. Cientos de tiendas de campaña han sido simplemente arrastradas por el viento y los refugios improvisados ​​han sufrido graves daños. Por lo menos 25 palestinos han muerto aplastados, cuando las tormentas provocaron el derrumbe de edificios y muros dañados sobre familias que buscaban refugio en sus casas o en tiendas de campaña cercanas. Solo en Jordania esperan 10.000 camiones cargados de ayuda -incluida carpas, materiales de construcción, plantas potabilizadoras de agua- mientras Gaza sufre las feroces tormentas invernales con hambre, sin abrigo y en carpas inundadas. Los sionistas han usado la primera fase para consolidar su presencia en Gaza, corriendo los límites de la franja amarilla establecida por Trump, con lo que se garantizaron el control del 58 % del territorio gazatí; del otro lado cientos de miles a un millón y medio de personas sucumben al bloqueo, agravado por las condiciones climáticas. El estrangulamiento sionista de los gazatíes fue respaldado en noviembre por la mayor parte del Consejo de Seguridad de la ONU, con la mera abstención de China y Rusia, que hubieran podido vetarlo. Más claro: todos avalaron la partición de Gaza, entre una zona costera de playas, hoteles y yacimientos de gas, de un lado, y la anexión israelí, del otro. Respecto de la Autoridad Palestina no se ha cansado de pedir el desarme de Hamas y todas las milicias. Tras el anuncio del gobierno egipcio, la presidencia de la Autoridad Palestina y la mayoría de los movimientos palestinos declararon rápidamente su apoyo al comité. Tanto Hamás como la Yihad Islámica afirmaron en un comunicado que “se proporcionará el entorno adecuado" al Comité para que comience su labor (AP 14/1). El método ‘venezolano’ de ocupar el país tiende a transformarse en universal. Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, sostiene que no busca ningún rol en el comité y que se limitará a supervisarlo “para garantizar la estabilidad en la Franja y facilitar la reconstrucción”. Tampoco puso un límite infranqueable a la entrega de sus armas, lo mismo que las otras milicias palestinas (almanassanews 14/1); las armas pesadas, sí, las livianas, no. Las conversaciones no avanzaron ni sobre el retiro de las fuerzas israelíes de Gaza, ni sobre la reapertura del cruce fronterizo de Rafah, en el sur del territorio palestino. Esto significa, sobre el ingreso de ayuda humanitaria que espera en la frontera con Egipto. Israel afirma que no comenzará las conversaciones sobre esta segunda fase hasta que no se le entregue el cadáver del último rehén que permanece en Gaza, Ran Gvili. Un pretexto funerario. Un miembro de la delegación de la Yihad Islámica Palestina, que participa en las reuniones de El Cairo, puso en duda que Israel cumpla su compromiso de retirarse a la siguiente línea acordada en el acuerdo de alto el fuego y describió las reuniones como «intentos formales de preservar la apariencia del acuerdo sin su sustancia», mientras que las disposiciones clave seguían estancadas, encabezadas por la apertura de Rafah (AFP 15/1). En Tel Aviv, la noticia no recibió aplausos. Yoav Zitun, editorialista del diario Yedioth Ahronoth, criticó la formación del comité, describiendo al organismo como «un gobernante sin ejército, dependiente de elementos de Hamás», lo que, según él, afianzaría el control continuo de Hamás sobre la seguridad. Zitun informó que Netanyahu, en coordinación con Estados Unidos, lanzaría un ataque militar, si las milicias no entregan las armas. En cuanto a una posible retirada israelí más allá de la denominada «línea amarilla», la radio israelí Kan informó que las fuerzas de ocupación permanecerán desplegadas hasta que se produzca el desarme de Hamás. Los planes de Israel y sus socios no incluyen ninguna retirada de Gaza, sino llevar a las últimas instancias la limpieza étnica. Francesca Albanese, relatora Especial de la ONU para los territorios ocupados, afirmó que algunos académicos y científicos estiman que el número real de muertos en Gaza es de 680.000. “Si se confirma, 380.000 de ellos son bebés menores de cinco años”, dijo Albanese. Israel impide el ingreso de los periodistas, las excavadoras, los académicos. La magnitud del genocidio tal vez sea muy superior a lo que se creyó hasta ahora.

Después de dos días de cortes de ruta, los trabajadores de Lustramax permanecían en la planta en la mañana de hoy, algunos trabajadores dentro de la planta y el resto acompañando la lucha desde afuera. Distintas fuentes informaron que el Gobierno había desplegado un megaoperativo represivo a la espera de nuevos cortes de Panamericana. A primera hora de la mañana llegó a los trabajadores la novedad de que un juzgado de San Martín había dado la orden de desalojar la planta, basado exclusivamente en las denuncias de la empresa. Lustramax venía negociando el conflicto en el Ministerio de Trabajo de la Provincia mientras tramitaba una causa penal contra delegados y activistas del establecimiento. Rechazó por escrito cumplir con la Conciliación Obligatoria dictada el lunes, y se abocó a una agitación fascista contra los trabajadores reclamando el desalojo y responsabilizando a los trabajadores por poner en peligro la fuente de trabajo. El Sindicato de Comercio de Zona Norte, que detenta la representación legal de los trabajadores, interviene en este conflicto en tándem con la patronal. Luego de varios meses de ausencia, se hizo presente ayer para defender el cumplimiento de la Conciliación Obligatoria, a pesar de que la patronal la incumple. El Secretario General declaró ante los trabajadores que ellos defendían “la fuente de trabajo de todos los compañeros”, en la misma línea que la patronal, de aislar a los despedidos y al activismo. El fallo del Juzgado de San Martín fue notificado a los trabajadores a las 9 de la mañana por un oficial de Policía Bonaerense, acompañado por un despliegue de 4 camionetas y 40 miembros de la Gendarmería desplegados como fuerza de choque. Los trabajadores se dieron por notificados, aunque informaron que apelarán la Orden de Desalojo judicial, invocando el derecho de los trabajadores a recurrir a la justicia del trabajo y a sus entes administrativos para resolver los conflictos. El despliegue de la Gendarmería en territorio provincial responde al armado fascista de Milei- Bullrich y el Ministerio de Seguridad, que se propone poner toda la fuerza del Estado al servicio de la represión de los conflictos obreros. Una toma de fábrica en el corazón de la Zona Norte, por más limitada que esta fuera, significa una amenaza para todo el andamiaje político del Gobierno. El despliegue de fuerzas de esta mañana ejerció una presión enorme para forzar a los trabajadores a permitir la salida de dos camiones con pedidos que reclamaban los dueños. El conflicto de Lustramax dió lugar a una enorme agitación fascista en los medios y en las redes sociales. Empresarios, economistas, abogados y políticos vinculados a la Libertad Avanza tomaron el caso como un ejemplo de “extorsión sindical”, “un partido de izquierda que toma de rehén a los trabajadores”, etc. Esta agitación sigue la linea de un sector cada vez mayor del capital, inclinado a quitarle el velo de la conciliación de clases al Estado y desplegar una guerra contra la organización política y social de la clase obrera. En Lácteos Vidal, esta orientación llevó a una rotunda derrota a la patronal y en Vasalli (Santa Fe) una de sus voceras, María Florencia Arietto, casi fue linchada por los trabajadores cuando los acusó de tener la responsabilidad en la crisis. El ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires ha dictado una nueva Conciliación Obligatoria que la patronal se negó a cumplir, sin consecuencia alguna. Es lo mismo que ocurrió en Georgalos, en Molinos, en Praxair, en ILVA, en Bridgestone, en Fate, en Pirelli y en IBH. El Ministerio de Trabajo bonaerense para los capitalistas es papel pintado. El conflicto de Lustramax se inició por la falta de pagos de distintos ítems, entre ellos las horas extras que se pagan en negro, un bono de fin de año que la misma empresa había pagado y el pago de los aportes a las obras sociales. No es un caso único: lo mismo está ocurriendo en Granja 3 Arroyos que cortó la cadena de pagos empezando por los salarios, en Alijor, una alimenticia de Zona Norte, en Vassalli y un sinfín de fábricas que descargan la crisis sobre las espaldas de los trabajadores retrasando los pagos para forzar arreglos. La ola de cierres de fábricas en la Zona Norte, lejos de haberse superado, se ha agudizado desde las fiestas para acá. Los números de utilización de la capacidad instalada de octubre-noviembre equivalen a los de la pandemia, con el país parado. Los trabajadores de Lustramax han mostrado un camino a la clase obrera para enfrentar los despidos y la reforma laboral en los lugares de trabajo, ocupando la planta y organizando cortes de ruta. Es necesaria una agitación política por una movilización del conjunto de los trabajadores de la zona norte por el triunfo de los trabajadores de Lustramax.

En abril de 2023, el gobierno de Boric aprobó, en tiempo récord, una variante criolla de la Ley Gatillo Fácil, la ley Naín-Retamal. Boric, quien posee la carta del veto presidencial, la promulgó sin reparos. Supuestamente creada como una ley antidelictual, es en realidad una ley antiobrera. Sirve como pretexto para la absolución de carabineros, policías de investigaciones y gendarmes que cometieron, cometen y cometerán crímenes de lesa humanidad contra los manifestantes en el contexto de la represión política a la rebelión popular de 2019; de fondo, castiga el componente combativo de la actividad política y social del activismo y de la militancia de izquierda. La apariencia democrática de esta medida salta por los aires cuando se devela su contenido profundamente reaccionario, que de paso agudiza la crisis política. El caso de Gustavo Gatica es emblemático porque en noviembre de 2019 fue mutilado por el oficial de Fuerzas Especiales de Carabineros Claudio "el carnicero" Crespo -bautizado así tras sus criminales actos como esbirro de Piñera-, hoy retirado de la institución, quien lo cegó de ambos ojos disparándole perdigones con su escopeta de servicio directamente al rostro y a una corta distancia en plena manifestación. Tras seis años de investigaciones y procesos de diversa índole, los responsables de la represión gozan hoy de total impunidad. De ese modo, su agresor es encubierto, protegido y liberado por esta "Ley Maldita", porque la Justicia asume que Crespo actuó “en defensa propia”. Los precedentes de este tipo en la mafia judicial capitalista en Chile y América Latina abundan. Se trata de un claro mensaje a los activistas: si protestan y desafían el orden establecido, podrán serán cegados. Esta política le resulta satisfactoria al gobierno entrante en cuanto apuntala al aparato del Estado y a su legislación para ajustar cuentas con la rebelión popular y allana el camino para que futuros crímenes contra la clase obrera queden impunes. La situación tomada de conjunto marca la crisis mortal del oficialismo y de los partidos que lo componen, promotores y cómplices de este despotismo. Por su parte, el grueso del activismo, carente de programa, se encuentra desconcertado. A fines de 2025, Catalina Ugarte, la jefa de gabinete electoral de Kast, dijo que están preparados para hacerle frente a un nuevo estallido social. Por su parte, Rodolfo Carter, alcalde de la comuna de La Florida en la Región Metropolitana, señaló por la TV que no puede dar ningún detalle del programa de disminución de 6.000 millones de dólares en presupuesto público, caballito de batalla de Kast para "acabar con el mal gasto social", porque inmediatamente desataría protestas en el país. Es lo que ocurre en Bolivia. El fantasma de la rebelión popular los acecha. La derechización de las masas chilenas es como la derecha abandera su triunfo electoral y el grueso de la izquierda democratizante justifica su pasividad. Es necesaria una campaña para defender las libertades democráticas y para desarrollar debates, resoluciones, pronunciamientos y la preparación de la lucha. Justicia para Gustavo Gatica y todos los mutilados. Libertad a los presos políticos de la Rebelión popular. Fin a la Ley Naín-Retamal.

Donald Trump ha venido llevando a cabo un acoso sistemático contra las autoridades de la Reserva Federal -el Banco Central de Estados Unidos- con el objetivo de someterla a la autoridad del Poder Ejecutivo, algo completamente reñido con la legislación norteamericana. La dirección de la Reserva Federal está compuesta por doce representantes de bancos federales regionales, en cuyo capital están suscriptos también bancos privados. El método ‘destituyente’ de Trump no reconoce fronteras, pues promueve demandas judiciales contra quienes quiere hacer renunciar por transacciones comerciales privadas que cataloga de irregulares. Aunque el mandato del presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, vence en marzo próximo, la ofensiva contra él no ha cesado, con la probable intención de allanar el camino a un reemplazante incondicional cuando el nuevo presidente sea designado por el Congreso. Trump ya ha reunido a cerca de la mitad de los miembros del directorio del Banco Central. En las últimas horas, Powell ha salido a dar la pelea contra Trump, recibiendo el apoyo de una mayoría de los principales bancos centrales de Europa y Asia. Milei, Caputo, Quirno y Bausili, hinchas fervorosos de la ‘independencia’ del Banco Central e inclusive de su privatización, no han sido de la partida. Aunque la confrontación pareciera ser completamente ajena a eventos como la conversión de Venezuela en un protectorado de Estados Unidos, el propósito de anexar Groenlandia y Canadá o una ‘venezualización’ de Irán y Cuba, tiene todo que ver con esa política de asalto colonial. Trump exige que la Reserva Federal lleve, en un cierto plazo, la tasa de interés bancaria oficial al 1 %, un mínimo histórico, en oposición a la política vigente que regula esa tasa y los agregados monetarios en función de dos parámetros: la tasa de inflación anual, que no debe superar el 2 %, y la tasa de desempleo, que goza de mayor flexibilidad, en torno al 4 %. Como la tasa anual de crecimiento de precios supera, en la actualidad, el 3 %, la Reserva se opone a reducir la tasa de interés vigente, del 4 %, por temor a avivar la inflación. A ese temor se añade la elevación extraordinaria de los aranceles a la importación impuestos por Trump, que debería desatar una tendencia inflacionaria. La Reserva Federal guarda la reducción excepcional de las tasas de interés para los períodos de grandes crisis, como en 2008 o al comienzo de la pandemia, cuando el sistema financiero en su totalidad se vio enfrentado a una bancarrota. Gastar la pólvora por adelantado expone al régimen financiero a una vulnerabilidad sistémica. Trump maneja, claro, sus propios números. Con una deuda pública de 38 billones de dólares, requiere una tasa de interés a la baja para disminuir el déficit fiscal. El anuncio de una reducción de esas tasas atraería capitales al mercado de títulos públicos para ganar con el aumento de su cotización, que se mueve en forma inversa a la tasa de interés. El colchón financiero resultante podría ser aplicado a los subsidios estatales para las empresas de alta tecnología y la Inteligencia Artificial, frente a la cruda pelea internacional para capturar ese mercado. La inversión en la producción de semiconductores más pequeños y potentes ha aumentado en forma sideral mucho antes de que aparezcan los rendimientos de ella. El endeudamiento de las tecnológicas se ha elevado a tal extremo que han excluido las pérdidas operativas y puramente contables de sus balances, para alojarlas en “vehículos alternativos de inversión” que son financiados por los grandes bancos y fondos de inversión contra el respaldo de garantías tangibles y un mecanismo flexible de pagos de los vencimientos; el Financial Times ha identificado unos 120.000 millones de dólares en estas operaciones extrabalances. China ha salido recientemente a competir por estos financiamientos, en particular en cuanto se refiere al establecimiento de centros de datos. Trump pretende convertir a los subsidios, financiamientos y tasas de interés en armas de guerra contra sus rivales, llevándolos al límite de la quiebra. Otra forma de esta guerra es la capitalización de los intereses por parte de los fondos de inversión, en lugar de su cobro regular, tal como ocurre con la deuda pública en pesos de Argentina y, de otro modo, con la deuda en dólares por medio de préstamos bancarios “repo”. Trump y su secretario de Tesoro, Scott Bessent, son perfectamente conscientes de que esta política puede llevar el dólar al fondo del pozo, como ya está ocurriendo con la suba extraordinaria que ha registrado la cotización del oro (4.600 dólares la onza). Pero se preparan para el caso con una acentuación de todas las formas de guerra -comercial, financiera y militar- contra quienes saboteen el dólar mediante la venta de deuda pública norteamericana u otra forma de fuga de capitales. La economía política forma parte de la guerra imperialista que es producto de la bancarrota capitalista.. La oligarquía financiera, mientras tanto, no hace más que fortalecerse. Black Rock acaba de informar que tuvo inyecciones de fondos, durante 2025, de 700.000 millones de dólares. Más la valorización de sus activos, reconoció haber alcanzado un balance de 14 billones de dólares, la mayor capitalización internacional. El director de Pimco, otro fondo de inversión, se puso del lado de enfrente, asumiendo la defensa de Powell y de la ‘independencia’ de la Reserva. Los asesores de Trump aseguran que una baja de la tasa de interés sería, contra lo que se sostiene convencionalmente, “antiinflacionaria”, porque contrapesaría el aumento de costos que generan los aranceles de insumos importados. Los intereses, sin embargo, no son un costo de producción, sino una detracción del beneficio industrial para cumplir con los prestamistas de fondos. Los aranceles sí ha servido para recaudar alrededor de 250.000 millones de dólares para el fisco, cargando a la industria con un impuesto ‘de facto’ en beneficio del Estado. El ‘trumpismo’ recurre a la improvisación para encarar las contradicciones de su política de guerra, como acaba de ocurrir con la prohibición de la compra de viviendas de alquiler por parte de las grandes corporaciones, para hacer frente al agravamiento de la crisis habitacional. Trump se adelanta a las intenciones del recién electo alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, que ha prometido reducir los alquileres de las viviendas reglamentadas. La guerra financiera en la que Trump quiere involucrar a la Reserva Federal está particularmente dirigida contra Europa, que está endeudada con el Banco Central norteamericano por una serie de ‘swaps’ de monedas, que cubren el déficit monetario europeo de la divisa norteamericana. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo han puesto esta dependencia financiera en el primer lugar de la agenda. Trump los amenaza con un retiro de esta red de seguridad, si no ceden en la disputa por pago de impuestos de las tecnológicas norteamericanas que operan en Europa o por la anexión de Groenlandia; Trump ha retirado de la ayuda financiera a Ucrania , que quiere que corra a cargo de la UE , para convertirla en financiamiento a interés de la guerra. La guerra por la Reserva Federal es uno de los canales por los cuales la guerra mundial ha penetrado en Estados Unidos y dividido a la burguesía norteamericana en los más altos niveles. El temor a que se reproduzca una crisis como la del 2 de abril de 2025 , declarado por Trump como día de “la liberación’ (y no por el aniversario de la ocupación de Malvinas), cuando desató un aumento extraordinario de aranceles que hundió a la Bolsa y estuvo a punto de quebrar el mercado de deuda pública , históricamente señalado como “un refugio” del capital. El choque con la Reserva Federal se añade a los choques con el Congreso, con gran parte del Poder Judicial, con el sistema electoral y con los estados de la Unión, tal como está ocurriendo en estos momentos en Minessota, antes con California e Illinois y próximamente con el estado de Nueva York. El asalto de Trump al sistema mundial va mano a mano con el desmoronamiento de las instituciones de Estados Unidos. Y la guerra. Y la dictadura en ciernes .

La dirección del SUTNA ha vuelto a denunciar a la patronal de FATE por la negativa a aumentar los salarios durante más de un año. Dice que es “irracional”. Según la patronal, los aumentos de salario no son posibles debido a que enfrenta una crisis financiera. La empresa, sin embargo, se niega a hacer públicos los balances y el SUTNA replica que estos argumentos son falsos. A partir del trámite del "preventivo de crisis” de 2019 -que fue desaprobado-, se le otorgó beneficios económicos a FATE por parte del Estado y los balances de años posteriores, como el 2020-2021, arrojaron ganancias de decenas de millones de dólares. El plan de ‘’lucha’’ que el SUTNA llevó adelante a lo largo de estos últimos 12 meses ha consistido en paros aislados y una rutina de audiencias paritarias. Luego de 45 audiencias paritarias, no se llegó a ningún acuerdo. Esto demostraría para sus seguidores el carácter ‘combativo’ de su dirección. Confunden una política de desgaste con una de lucha. Los paros no se desarrollaron a través de asambleas. El SUTNA ha convocado a parar nuevamente el sábado 17, de 6 a 14 horas, y el lunes 19, de 14 a 22. De no obtener respuesta, "se anunciarán mayores acciones en repudio al accionar desvergonzado de la patronal’’. A lo largo de 2025, la patronal de FATE ha atacado de manera calculada a los trabajadores, amenazando con cierre de plantas de producción para dedicarse a la importación. Ha provocado una ola de despidos a lo largo del año. Es decir que no ha operado sobre la base de la “irracionalidad”, sino que lo ha hecho sobre una base capitalista perfectamente racional. La racionalidad, por otra parte, supone la colaboración de clases. La única forma de derrotar a la patronal es a través de una lucha de conjunto, de asambleas que resuelvan la toma de fábrica, movilización, corte de ruta, coordinación con otros trabajadores en lucha, como viene ocurriendo en un numeroso grupo de fábricas, incluso contra su burocracia sindical.

Al día siguiente de que el INDEC informara una inflación del 2,8 % en diciembre, una saga alcista que ya lleva siete meses consecutivos , el gobierno afrontó su primer vencimiento de deuda en pesos del año. Aunque Caputo logró renovar el 98 % ($9,37 billones) de los títulos que vencían, lo hizo al costo de un aumento sustancial de la tasa de interés. En el caso de algunos bonos alcanza el 50 % anual: la tasa fija por el plazo más corto -vencimiento al 27 de febrero- fue de 49,16 % anual (Ámbito, 14/1). Un aumento de 9 puntos respecto de la licitación anterior. “Las tasas que entregó Caputo quintuplican la inflación proyectada por el Ejecutivo en el Presupuesto 2026” (La Política Online, 14/1). Además el plazo promedio de emisión pasó de 246 días a 124. El Gobierno ha pagado el costo de mantener “tasas positivas” (superiores a la inflación) para evitar que los pesos se vayan a la compra de dólares. Como el tipo de cambio se administra entre “bandas cambiarias” móviles, que reflejan la inflación con un retraso de dos meses, la presión sobre la tasa de interés será cada vez mayor para retener los pesos invertidos en títulos públicos. La “tablita de Caputo” -y el FMI- para ´acumular reservas´, por lo tanto, augura una escala ascendente de precios y tasas. El aumento del costo del crédito acentuará el derrumbe industrial, mientras que la política económica del Gobierno ha entrado en una dinámica inflacionaria. Los aspirantes al premio Nobel de Economía habrán conjugado, finalmente, una recesión inaudita con inflación en alza y derrumbe del consumo. Caputo y sus JP Morgan boys no han encontrado otra fuente de financiamiento que los costosísimos REPO -créditos a corto plazo contratados con bancos privados a cambio de títulos públicos como garantía- y mantener estimulado el carry trade, combinando el atraso cambiario con tasas altas. “De hecho, en el mercado calculan que el tipo de cambio nominal al que cierra la Balanza de Pagos sin drenaje de reservas está en el orden de los 2.150 pesos” (ídem). En la inflación de diciembre, los servicios registraron aumentos marcadamente por encima del promedio. En el caso del transporte, se ajusta mensualmente por IPC más 2 %. A partir de febrero, el INDEC pondrá en marcha una nueva metodología de monitoreo de precios, con una mayor ponderación del costo, precisamente, de los servicios y el transporte en la canasta de consumo. Si el resultado es fidedigno, la inflación escalará a un nuevo nivel, acentuando los desequilibrios financieros. Se estima que el gobierno necesitará al menos USD 5.000 millones para completar los vencimientos de este año, que suman alrededor de USD 20.000 millones. Scott Bessent -que se jactó de haber desembolsado “millones” como resultado de sus operaciones financieras en Argentina para rescatar a Milei- no ha vuelto a ofrecer sus servicios . Es una señal política poderosa, dada la cercanía política e ideológica entre las pandillas de Milei y Trump. Bessent y Trump se habían propuesto ´desalojar´ a China de Argentina. Sin embargo, el régimen ´libertario´ ha alcanzado niveles récord de importaciones desde el gigante asiático . Es más: un banco chino se ´coló´ en el REPO, aportando USD 100 millones al préstamo contratado por el gobierno argentino. El régimen enfrenta contradicciones insolubles. LEER MÁS: La cornisa del default Por Lucas Giannetti, 30/12/2025.

El jueves 15 de enero, alrededor de las 14.30, se registró un corte de energía en Ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afectando a unos 800 mil hogares, en medio de una demanda récord del suministro en plena ola de calor –más 36°C de sensación térmica-. Las principales zonas de CABA afectadas fueron La Paternal, Colegiales, Palermo, Belgrano, Recoleta, Caballito, Once, Balvanera, Núñez, Saavedra, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza, mientras que en Gran Buenos Aires: Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne, Tigre, Haedo, Ciudadela, Caseros, Tres de Febrero, Ramos Mejía, Santos Lugares, Hurlingham y Moreno. El corte de luz afectó el funcionamiento de la línea D del subte, interrumpiendola por completo. Mientras que la línea H reportó demoras. Afectando a miles de usuarios en hora pico con temperaturas extremas. Mientras tanto, la página del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se encontraba fuera de servicio y EDENOR junto con los organismos encargados del sector energético se excusaron en un pico masivo de uso de aires acondicionados y equipos de refrigeración (Grupo La Provincia, 15/1). Estos problemas de servicio tienen lugar luego del tarifazo de diciembre , habiendo hogares que pagaron hasta un 100 % más con respecto al mes anterior sin haber variado el consumo. Este tarifazo, previo al retiro de los subsidios postergado para febrero, es el resultado de un cambio en la forma de cálculo, un ajuste “técnico-administrativo” (Resolución 730/2025), por parte del ENRE . Más allá de esta modificación, el 2025 estuvo marcado por aumentos reales sostenidos a lo largo del año: 13 % de incremento real (descontada la inflación) acumulado entre enero y octubre. Respecto al 2023, las tarifas eléctricas residenciales aumentaron 59 %, por la devaluación y la quita de subsidios, pero el sector más perjudicado fue la “clase media” (N3), cuyas tarifas domiciliarias aumentaron ¡275.3 %! en términos reales. El segmento más bajo (N2) tuvo aumentos menores pero significativos del 113 %. En cambio, los sectores de altos ingresos sufrieron un aumento real de sólo 21.9 %. El gran apagón del 15 de enero, que dejó a 800 mil hogares sin energía en plena ola de calor, es la demostración empírica del fracaso del “modelo” de las privatizadas, no es un incidente aislado sino la consecuencia directa de la preservación, del menemismo hasta ahora, de estos monopolios, que reclaman tarifas dolarizadas y han saboteado la inversión en infraestructura . Subir las tarifas por encima de la inflación y de los salarios no es un ajuste técnico, es un acto de transferencia de ingresos de los bolsillos de la clase obrera hacia los balances de Edenor y Edesur. No es solo una "mala gestión" empresaria, sino un problema estructural. Los mismos que postulan un "Estado mínimo" utilizan su poder para garantizar rentabilidad empresarial a costa del usuario, socializando pérdidas y privatizando ganancias mientras el sistema se desmorona. Fuentes: https://grupolaprovincia.com/contenido/593850/ola-de-calor-y-apagon-masivo-en-caba-y-amba https://www.politicargentina.com/notas/202601/71177-el-gobierno-postergo-el-tarifazo-a-la-luz-y-el-gas-por-cuestiones-administrativas-pero-teme-a-la-inflacion.html https://lu17.com/contenido/113973/boletas-de-luz-con-saltos-en-diciembre-que-cambio-y-por-que-muchos-pagaron-el-do https://www.energiaynegocios.com.ar/rigen-las-nuevas-tarifas-por-electricidad/

A sus 69 años murió Rubén Patagonia, quien se encontraba internado en Comodoro Rivadavia. Los familiares no detallaron cuál era su padecimiento, pero hace unas semanas se inició una rápida y exitosa colecta de donadores de sangre. Ya desde el 2021 la familia venía realizando una campaña de solidaridad para atender la salud de su padre. Rubén Patagonia, hijo de tehuelches, nació en 1954 y en la década del 70 inició su carrera como folclorista profesional con el disco “Mas acá del Colorado”, fuertemente comprometido y militante de causas ambientales, luchas obreras y, sobre todo, de los pueblos originarios patagónicos. Su principal objetivo fue rescatar o reconstruir un canto autóctono de la Patagonia. Su canto visceral y conmovedor es parido directamente en el genocidio desarrollado durante las llamadas “Conquista del desierto”. Su tema más conocido “Ahonikenk” relata e ilustra la historia pasada: Ahonikenk ahonikenk ahonikenk Todo era tuyo, el mar, el rio El lago, el cielo El resplandor del sol, fulgor Sobre la nieve Eras el rey errante soñador De los desiertos Plumaje de ñandú boleando al viento Plumaje de ñandú boleando al viento Pero llegaron otros hombres Con un regalo y otra voz Para ganarse tu confianza Te sumergieron en alcohol Después te llamaron borracho El mismo ser que te enseñó Al mismo tiempo te ofrecía Por tus orejas un patacón. Durante su carrera como folclorista supo trabajar en conjunto con grandes referentes del rock nacional, trabajos conjuntos con Ricardo Iorio, Mollo y León Gieco entre otros. El grupo Almafuerte le dedicó la canción “Rubén Patagonia” un convite para darlo a conocer: “Escucharte me golpeó Frío cual viento fueguino Barre los llanos selknam de pueblo aoni kenk Doy mi cantar Por convidar a todos Con el cantar que guardo Por pasión y por verdad Poco común de encontrar hoy Ayeres que no son hoy Pero que son igualitos Tu voz se trajo De más allá del Neuquén” Como artista utilizó su música como una herramienta política. En la canción “Cutral-Co” donde relata el clima que se vivía en los ‘90: Pero está tan frío en Cutral Có, como en el resto del país, las noticias dicen que es de norte a sur, de latitud a latitud. La música y su lírica se interrumpe a la mitad de la canción para dejar escuchar los gritos de los petroleros: “queremos trabajo, queremos trabajo”. En tiempos de la expropiación de Zanón y, más adelante, en la lucha de los mineros de Rio Turbio contra los despidos en la época del macrismo, Rubén se hizo presente con su música para avivar la solidaridad y los festivales de recaudación para las familias obreras. Cuando la gendarmería de Patricia Bullrich desapareció a Santiago Maldonado y detuvieron a Facundo Jones Hualas el artista se manifestó vigorosamente por la aparición con vida y la libertad: “son los y las mismas terratenientes de cada dolor de esta Argentina desheredada, pero con una diferencia, esta vez vienen por todo y no les interesa si sos Mapuche, Gunnun a Kuna, Aymara o descendiente de italiano… En su manual escrito con colores y olores transgénicos y nauseabundos, nunca van a poder escribir la palabra Amor, no la conocen, le temen, no rima con Odio, no pudieron secuestrarla, torturarla, encarcelarla, desmontarla, fumigarla y desde ahí venimos, regresamos, rebrotamos, caemos, nos levantamos una y mil veces convencidos que nunca nos van a poder detener”. Durante el 2025 Rubén y su familia participaron, produjeron y promocionaron festivales en contra de los desalojos a familias mapuches en Villa la Angostura, también numerosos festivales para recaudar fondos destinado a las familias que perdieron sus casas con los incendios del verano pasado en la Patagonia. Rubén también criticó la política de los Fernández en términos de cultura, señalando que “nos llegan noticias de festivales de todo el país que tristemente dan de baja su edición 2024 atravesados por el desfinanciamiento, falta de políticas culturales y la incertidumbre económica que hiere a este país”. Rubén hoy estaría defendiendo los bosques y los glaciares y aún más derribando las confabulaciones que buscan demonizar a las comunidades mapuches. La intervención de los trabajadores y pobladores contra la derogación de ley de glaciares, contra los incendios, contra la reforma laboral, mantendrán vivo su canto: “Nos toca entrar a nosotros En tropel y cabresteando Mostrando las manos limpias Y dispuestos a enfrentarnos Con las turbas cimarronas Que rondan como caranchos Y alargar más los caminos De progreso ambicionado Y gritar más fuerte Que hay una tierra Más acá del Colorado”

Hola soy Gabriela de Lustramax. Estamos con mis compas acá adentro de la empresa en asamblea permanente contra los despidos. Llevamos ya 5 dias durmiendo a la intemperie, sin volver a nuestras casas y sin ver a nuestras familias. Estamos en esta situación porque somos el único ingreso de nuestras familias y realmente necesitamos nuestra fuente de trabajo. La empresa nos quiere despedir sin causa. El día lunes no nos querían dejar ingresar sin habernos notificado del despido. Ejerciendo nuestro derecho a huelga permanecimos en asamblea junto a nuestros delegados. El día martes, el Ministerio de Trabajo dicto la conciliación obligatoria con todos adentro, pero la abogada de la empresa Cyntia Liwski dijo que no cumplirían con el fallo, por eso resolvimos la permanencia. Hoy vino la gendarmería a hostigarnos Todo lo que hacen es totalmente ilegal. Es un escándalo lo que nos hacen a los trabajadores! Nos quieren dejar sin el derecho al trabajo y a poder comer. Nosotros tendríamos que estar en nuestro puesto de trabajo, que es lo único que queremos. Necesitamos que nos ayuden, que se solidaricen con nosotros, somos todos pibes de la zona, sabemos que nos vamos a quedar en la calle y sin un peso. Por eso queremos que nuestra lucha se difunda y sabemos que la cultura siempre está del lado del pueblo.

La firma, que data desde 1949, y que en sus inicios fue considerada como exponente del desarrollo agroindustrial del país y el Litoral, se encuentra en una crisis terminal. Ubicada en la ciudad de Firmat, al sur de Santa Fe, la misma se encarga de la fabricación de cosechadoras y de insumos para la reparación. Pero desde hace cinco meses sus trabajadores no cobran sus salarios, ni cobraron el aguinaldo, a pesar de los acuerdos que se han firmado desde septiembre hasta la actualidad. La familia Marsó, hoy dueña de la empresa, argumenta toda una serie de escollos económicos que han impactado en la producción de cosechadoras. A la débil inversión, en un cuadro de recesión económica prolongada, se le suma la apertura importadora donde la competencia que ingresa desde el extranjero la desplaza en las ventas. Frente a estas circunstancias, es que ha paralizado la producción desde octubre. Los 200 trabajadores de la empresa advirtieron desde un principio que el argumento del “contexto macroeconómico” escondía la verdadera voluntad patronal. Los acuerdos para resguardar sus ingresos y los puestos de trabajo -reapertura parcial, jornada reducida y planes de pagos a su personal hasta culminar con las deudas salariales- no se cumplieron. Las deudas salariales oscilan entre 3 y 8 millones de pesos, dependiendo de categoría y antigüedad. A la fábrica ya no ingresa ningún tipo de materia prima. Atento a estas circunstancias, los trabajadores se han reunido en asambleas, decidiendo y ejecutando acciones de lucha. Movilizaciones y cortes de la ruta nacional 33 se han llevado a cabo durante todos estos meses de conflicto. Uno de los episodios más recordados fue el ataque antihuelga propinado por la diputada libertaria María Florencia Arietto, que responsabilizaba a las medidas de lucha por la situación de desguace y casi termina linchada. El sindicato y el Ministerio de Trabajo intervienen activamente en este conflicto. Han depositado una expectativa total en la venta de la firma a capitales que tengan la espalda para reiniciar la producción. Desde las primeras horas de 2026 vienen señalando que hay un comprador en ciernes, sin aportar otros datos. Es puro humo, señalan sus trabajadores, mientras se reportó que los dueños días atrás retiraron toda la documental contenida en las oficinas de la fabrica sin advertir para qué. La tensión con la patronal, aunque se presente como desentendida, existe. Ante el último corte de ruta, las redes sociales de Vasalli hicieron publicaciones donde se promocionaban máquinas disponibles y en venta. Lejos de la realidad, fue una burda maniobra buscando desprestigiar la movilización, buscando tildar de mentirosos a los luchadores. Lo único en stock son insumos y máquinas usadas que los empleados solicitaron se puedan vender para luego repartirlo, pero aseguran no haber tenido la autorización de Marsó para consumar estas ventas (Página 12, 10/1). Al igual que en el resto de la provincia, los pueblos y las pequeñas ciudades del interior santafesino literalmente se desarrollaron por el lugar que estas fábricas emblemáticas construyeron a su alrededor. El industricidio es la marca que el gobierno nacional de Milei y el provincial de Pullaro busca consumar : preparar el terreno para la reforma laboral, liquidadora del derecho del trabajo. El impacto de un cierre es inconmensurable, desde el punto de vista regional, social y hasta humano . Pero sus trabajadores y la comunidad que los apoya han repetido hasta el hartazgo que, si es necesaria su ocupación para defender todo lo que está en juego, la llevarán a cabo. Ese es el rumbo.

“Dos minutos para la medianoche / Las manos que amenazan con la fatalidad” (“Two minutes to midnightI”, Iron Maiden). La expansión acelerada de la inteligencia artificial, las criptomonedas y la electrónica avanzada suele presentarse como un fenómeno inmaterial, ligado al software y a los datos. Sin embargo, detrás de cada algoritmo, centro de datos o transacción digital existe una base física concreta: minerales críticos, consumo intensivo de energía y cadenas productivas altamente concentradas. La supuesta “revolución digital” se apoya, en realidad, en una nueva disputa imperialista por materias primas estratégicas, convertidas en botín. En el marco de la competencia capitalista, esto se traduce en destrucción de fuerzas productivas, tanto humanas como naturales. En los últimos años se hicieron visibles los conflictos por las tierras raras, primero en el marco de la negociación por Ucrania y, más recientemente, con la intención de Donald Trump de avanzar sobre Groenlandia para asegurar el acceso a estos elementos químicos. Las tierras raras son un grupo de 17 elementos de la tabla periódica, fundamentales para la fabricación de imanes permanentes, chips, servidores, motores eléctricos, antenas, equipamiento médico y, especialmente, armamento moderno. No son radioactivas en sí mismas, pero aparecen en la naturaleza asociadas a uranio y torio, que quedan como residuos radiactivos tras el proceso de separación y refinado. Su carácter estratégico no se debe a una escasez geológica absoluta, sino a la complejidad técnica del refinado, su alto costo ambiental y la concentración industrial del proceso. Actualmente, China controla cerca del 70 % de la producción mundial y una proporción aún mayor del refinado, lo que le otorga una ventaja estratégica. Existen tierras raras livianas y pesadas; estas últimas son más escasas y más valiosas. Groenlandia posee importantes reservas de tierras raras pesadas, lo que explica el interés directo de Estados Unidos por el territorio. Pero esta no es la primera vez que una materia prima clave para la industria tecnológica está asociada a conflictos, guerras y genocidios promovidos por el imperialismo. El caso más brutal es el del coltán, principal fuente del metal tantalio, indispensable para los capacitores de teléfonos celulares, computadoras y dispositivos electrónicos. La República Democrática del Congo (RDC) concentra la mayor parte de las reservas mundiales de coltán. Su extracción es mayormente artesanal y en ella participan incluso niños trabajadores. Durante la década de 1990 y comienzos del siglo XXI, las guerras entre Ruanda, Uganda y la RDC, junto con enfrentamientos étnicos y tribales fomentados, se cobraron cerca de siete millones de muertes en África central. A su vez, la digitalización masiva incrementa de forma sostenida la demanda de cobre, clave para redes eléctricas, centros de datos y telecomunicaciones. El litio, junto con el níquel y el cobalto, es esencial para las baterías utilizadas tanto en dispositivos electrónicos como en sistemas de almacenamiento energético. La inteligencia artificial no solo consume datos: consume energía y materiales a escala industrial, lo que coloca a América Latina, África y Asia en el centro de una nueva dependencia exportadora. Pese al discurso de la “sostenibilidad”, la infraestructura digital global sigue funcionando mayoritariamente con energía basada en combustibles fósiles. Los centros de datos que entrenan y operan modelos de inteligencia artificial requieren electricidad constante, refrigeración intensiva y redes estables, muchas veces alimentadas por gas y petróleo. En Estados Unidos, el fracking permitió sostener esta demanda energética, pero con una alta vulnerabilidad económica y ambiental: necesita precios del crudo relativamente elevados para ser rentable y genera impactos severos sobre el agua, el suelo y las emisiones de gases de efecto invernadero. Las criptomonedas profundizan este problema. Minar criptomonedas -verificar y asegurar transacciones- implica transformar enormes volúmenes de electricidad en activos financieros digitales. Por eso, las granjas de minería se concentran donde la energía es más barata, incluso cuando proviene de carbón o gas. Desde el punto de vista físico, las criptomonedas no son “dinero virtual”: son energía real convertida en una expresión extrema del capital ficticio, con una huella ambiental considerable. Existe un “Reloj del Fin del Mundo”, creado por el Bulletin of the Atomic Scientists, que indica simbólicamente cuán cerca está la humanidad de una catástrofe global. En los últimos años, además del riesgo nuclear, el reloj incorporó como factores centrales el cambio climático y la degradación ambiental. En enero de 2025, los científicos movieron el reloj de 90 a 89 segundos para la medianoche, el punto más cercano a la catástrofe desde su creación en 1947. ¿Significa esto que habría que abandonar las nuevas tecnologías? No. El problema no es la tecnología en sí, sino el régimen social que organiza su desarrollo y su uso. Bajo el capitalismo, la selección tecnológica está guiada por el lucro privado y la competencia, no por la satisfacción de las necesidades humanas ni por el cuidado de las condiciones de vida. Solo una economía socialista planificada puede orientar el desarrollo tecnológico para liberar a la humanidad del trabajo rutinario, pesado y peligroso, sin destruir el planeta. Esto implica una planificación integral, que evalúe de manera consciente qué tecnologías conviene desarrollar, considerando toda la cadena de producción: desde la extracción de materias primas, el consumo energético y las condiciones laborales, hasta el producto final y los residuos, sin la lógica anárquica de la competencia capitalista. La clase obrera en el poder es la única garantía para terminar con las guerras y la rapiña de recursos. Detengamos el Reloj del Fin del Mundo. LEER MÁS: Inteligencia Artificial: ¿una nueva burbuja financiera? Por Lucas Giannetti, 23/10/2025. El proyecto Stargate Argentina Una mega burbuja financiera al servicio de la guerra imperialista. Por Lucas Giannetti, 23/10/2025. El proyecto de OpenAI en la Patagonia argentina Un planteo de ‘extractivismo digital’ dentro del plan de acaparamiento de los recursos planteado por Scott Bessent. Por Lucas Giannetti, 11/10/2025.

El gobierno ha comenzado un circuito de negociaciones veraniegas con la expectativa de lograr, en febrero, la media sanción del Senado de su proyecto de reforma laboral. El oficialismo dispone de 21 senadores, y sumando los 10 radicales, queda a un puñado de alcanzar los 37 que habilitan el quórum y la mayoría simple. Las discusiones, por lo tanto, se concentran en los bloques o monobloques manejados por gobernadores peronistas. El contenido de la “reforma laboral” antiobrera , es compartido por ambas partes. Se encuentran en tratativas, sin embargo, sus aspectos tributarios, que el gobierno introdujo en el mismo paquete. Por su parte, la CGT ha reiterado su entera disposición a ´debatir´ el proyecto oficial, es decir sus posibilidades de proteger sus cajas y el monopolio sobre la organización sindical. La contrarreforma laboral busca la atomización del trabajador, impedir las asambleas, ilegalizar las huelgas y convertir los lugares de trabajo en jaulas de “actividades esenciales”. De conjunto todas las fuerzas políticas capitalistas se han declarado partidarias de una ´actualización´ laboral en estos términos. El kirchnerismo ha presentado un propio proyecto , que compatibiliza en los puntos fundamentales al de Milei. Hace rato que Cristina Kirchner reclama una “modernización laboral” . Bajo el kirchnerismo, tras la bancarrota económica de 2001, devaluación mediante, promovió “la creación de empleo al costo que fuere”, lo que se tradujo en una generalización del trabajo precario sin convenio, el monotributismo y la tercerización. En todos sus aspectos, las facciones peronistas cultivan una misma política: dejar que Milei haga el ´trabajo sucio´, impostar una pseudooposición discursiva y esperar recoger los frutos del desgaste del oficialismo en las próximas elecciones. En la actualidad esos gobernadores ´opositores´ a Milei trasladan con gran celo el ajuste ´liberal´ a sus provincias . Cuestiones en suspenso El apoyo definitivo del Senado para sancionar la ley dependerá de los resultados de las negociaciones por cuestiones accesorias. En el caso de los gobernadores, pretenden una compensación por la reducción de la recaudación de impuestos coparticipables (Ganancias). No es casual que el primero en proclamar su apoyo abierto haya sido el radical Leandro Zdero, gobernador de Chaco, uno de los mayores beneficiarios del reparto discrecional de ATN. El gobierno buscará mediante mayores discrecionalidades asegurarse los votos del Senado. En el caso de la UIA, que apoya el fondo de la ´contrarreforma´ en medio de un derrumbe industrial sin precedentes, cuestiona la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) , financiado con un aporte patronal del 3 %. Como se descuenta de la carga previsional, el gobierno sostiene que es un gasto neutro para la patronal –aunque significa un desfalco de 3.000 millones de dólares anuales contra la ANSES-. Pero las patronales reclaman un blindaje completo frente a lo que llaman “la industria del juicio”, que grava con multas y penaliza con altos intereses los diversos mecanismos de fraude laboral. Hay un acuerdo general en reducir estas cargas y ese operativo ya se encuentra en marcha. El Banco Central publicó el día de ayer un nuevo mecanismo para establecer las tasas de actualización en los fallos judiciales, en perjuicio de los trabajadores. El traslado del fuero laboral a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires -dominada por el macrismo- e incluso el anuncio del TSJ porteño de que elaborará su propio índice de actualización, apunta al mismo propósito de blindar a la patronal para ejercer los despidos. Por otro lado, en el dictamen girado al Senado el gobierno añadió un artículo, el 212, que establece que todas las disposiciones tributarias e impositivas, incluido el propio FAL entrarán en vigencia “cuando lo determine en Ministerio de Economía” (El Cronista), es decir en la medida que no afecte ´el equilibrio fiscal´. El gobierno les ofrece a los gobernadores, en todo caso, la posibilidad de seguir la “discusión impositiva” luego de la sanción de la contrarreforma antilaboral. CGT A la gira de los funcionarios del gobierno le sigue la de la propia CGT, aunque significativamente más devaluada. El propósito es buscar entre los gobernadores apoyos mutuos. Por lo pronto, “en la cúpula cegetista descartan un paro general”. “La gente lo rechaza”, dicen los popes de la central (La Nación, 13/1). La CGT viene de protagonizar una escueta convocatoria el pasado 18 de diciembre, incluido un brevísimo acto en Plaza de Mayo , para acentuar su disposición ´dialoguista´ . “No descartan incluso una negociación directa con la Casa Rosada a través de la mesa política” (ídem). Por lo pronto serán parte de la “comisión de discusión” anunciada por el gobierno para este viernes junto a “empresarios y otros sectores”. Desde ese lugar subordinado se concentrará en la defensa de sus cajas, las cuotas sindicales y el manejo de las obras sociales y buscará limar otros aspectos que cuestionan su control de los sindicatos, como la posibilidad de habilitar convenios por empresa y la cuestión de la ultraactividad. La burocracia sindical pejotista se encuentra totalmente entregada. Es parte del “Pacto de mayo” que parió esta contrarreforma laboral y ha acentuado como nunca su desprestigio entre el activismo y los trabajadores en general. A la clase obrera se le presenta el desafío de organizarse y establecer una política propia, quitando del medio a la burocracia, para realmente poder enfrentar al gobierno. La burocracia sindical es cómplice del gobierno antiobrero y pacta con las patronales los despidos. La política de seguidismo a estos aparatos sindicales que cultiva el FITU es reaccionaria, porque postula el seguidismo a estos aparatos contrarrevolucionarios. Impulsemos autoconvocatorias, asambleas en todos los lugares de trabajo y la unidad de las luchas en curso en función de preparar una respuesta obrera contra el gobierno.

La prepotencia de los dueños de la empresa contra los trabajadores llegó a un límite. Desde hace meses los trabajadores no cobran sus salarios, a pesar de los compromisos firmados para pagar semana por semana la suma de un millón de pesos a cada empleado. Se encuentran afectadas 700 familias. Los establecimientos se encuentran en las localidades de Lemahnn, Clason y Suardi. La patronal ha aprovechado este tiempo, desde principios de 2025, para comenzar el vaciamiento de la empresa, primero limitando la producción mediante contratos a façon de leche en polvo. En segundo lugar, dando de baja el servicio de transporte contratado para el traslado de los empleados a las fábricas sin previo aviso. La estocada final ha sido la decisión unilateral de frenar la producción en todos los establecimientos, luego de haber intentado conseguir, a mediados del 2025, un recurso preventivo de crisis que fue rechazado por el Ministerio de Trabajo. Fue la excusa para plantear la reducción de 700 obreros a 210, la habilitación de despidos pagando media indemnización, salarios en cuotas, una rebaja del 40 % por ciento y el desconocimiento del convenio colectivo de trabajo vigente para la actividad lechera. Asimismo, reclamaron la facultad de poder suspender de manera unilateral a sus empleados (principalmente, a los cuerpos de delegados y el activismo fabril). El Ministerio de Trabajo de Pullaro propuso “ofrecer” la empresa a nuevos compradores, libre de las deudas salariales. Las tomas de las fábricas dejan en claro la posición y predisposición de lucha de la clase obrera santafesina; se inscribe en las tomas de los obreros de Lustramax y Seafield en provincia de Buenos Aires. Es necesario desarrollar la tendencia a la ocupación de los establecimientos y generalizar las ocupaciones en un cuadro de cese y cierre masivo de lugares de trabajo. Es un camino que conduce a una huelga general. LEER MÁS: Vaciamiento en Lácteos Verónica Por Agustín Fernández, 15/01/2026.

El pasado 19 de diciembre fue asesinada en plena luz del día Juana Busto, de 39 años, a manos de su ex pareja, José Rojas, sobre quien pesaban denuncias de violencia e inclusive una orden de restricción, la cual nunca fue impedimento para prosiguiera el continuo hostigamiento hacia Juana. Hoy, el femicida cumple prisión preventiva por el crimen de Juana y también por ultimar a un familiar de Juana, Francisco Lucero. Otro caso ocurrió el 29 de diciembre, con el asesinato de Tamara Sánchez, de 29 años, en la zona del Barrio Asentamiento el Ángel, quien fue degollada por su pareja, Emir Morales. Tanto Juana como Tamara eran oriundas de la localidad de Delfín Gallo. Estos crímenes causaron conmoción en el pueblo que se tradujeron en diversas movilizaciones de los familiares y la comunidad frente a la comisaría local. En vísperas de Navidad, el 23 de diciembre, fue asesinada Ingrid Reyes, de 23 años, en la zona de Banda de Río Salí. La causa fue caratulada como muerte dudosa sin embargo su familia responsabiliza a su pareja, ya que el cuerpo de Ingrid se encontraba con signos de violencia. La familia de Íngrid y vecinos realizaron cortes de calle para exigir justicia en la zona de Villa 9 de julio de la capital tucumana. Hace una semana, se produjo el hallazgo de un cadáver envuelto en una bolsa en la zona de Manantial Sur. Se trataba de Antonela Álvarez de 25 años, cuya causa de muerte fue un traumatismo de cráneo facial producto de golpes de extrema violencia. Su familia movilizó el pasado lunes a la casa de Gobierno, aportando numerosos datos. En otro caso, la mujer ha logrado sobrevivir, cuando sin más fue arrojada de un carro de tracción a sangre en plena luz del día en el barrio San Cayetano de la capital. La mujer aún tenía signos vitales, semidesnuda y atadas sus manos. Hasta el momento se desconoce la identidad y aún no hay novedades de lo sucedido. ¿Cómo enfrentamos esta situación? Por un lado, es necesarios impulsar la organización de base. Que cada caso, cada familia sea la punta de lanza de una organización de base barrial, vecinal, de autodefensa ante los hechos o situaciones de violencia sea familiar o institucional, léase el accionar del “trencito policial”, las bandas o patotas vinculadas a los narcos, etc., y sobre esa base la coordinación para impulsar la movilización de conjunto. Como referencia ya existe la Comisión Familiares Victimas de la Impunidad y del Gatillo Fácil y el ‘Ni una menos’ (que, en este caso, en la provincia ha sabido sostener su accionar con independencia de los gobiernos de turno y los partidos patronales). Solo con organización independiente y la movilización continua arrancaremos justicia por todas nuestras víctimas.

La reunión entre los encargados de las relaciones exteriores de Dinamarca y Groenlandia con el vicepresidente y el secretario de Estado norteamericanos, J. Vance y Marco Rubio, terminó en un sonoro fracaso. Ante los reiterados reclamos del gobierno de Trump por tomar el control de Groenlandia, el representante danés, Lian Ramunsen, volvió a ofrecer una mayor presencia militar de su país en la isla del ártico. La respuesta negativa del gobierno de Trump fue adelantada por varios posteos: en uno de ellos, mostraba un precario trineo tirado por perros, con la leyenda. “así no vamos a frenar a Rusia y a China”. El magnate agregó que “la OTAN será mucho más fuerte en el Ártico con Estados Unidos a la cabeza”. Al salir de la reunión, Ramunsen, el canciller danés, señaló: “Estados Unidos quiere conquistar Dinamarca”. Poco después de la reunión, voceros de Trump reiteraron la posibilidad de una “compra” de la Isla por parte de los Estados Unidos. Trump está sembrando las “alertas” y “alternativas” que justifiquen, al ser objetadas por Europa, una escalada política y militar. Como ha ocurrido en Venezuela y pretende que ocurra en Irán, Trump pretende quebrar la resistencia de sus adversarios. Tiene a su mano sanciones económicas, una devaluación del dólar y una división de la OTAN en la guerra contra Rusia. Un conjunto de naciones de la UE anunció el envío coordinado de tropas a Groenlandia, para una “misión de reconocimiento” liderada por fuerzas militares del gobierno danés. Bautizaron a esta misión con el nombre grandilocuente de “Operación de Resistencia Artica”. Por ahora, han adherido a esta escalada improvisada Francia, Suecia, Alemania y Noruega. En el caso de España, el gobierno “socialista” de Pedro Sánchez discute si sumarse o no. La militarización apunta a demostrar que la UE puede asumir el papel de gendarme de la OTAN en el Ártico, cuando flaquea en esa función en la guerra contra Rusia. Pero en vistas de las amenazas de intervención directa de Trump, las tropas de la “Resistencia Artica” de la UE se toparían primero con una incursión militar estadounidense. Un choque entre Estados Unidos y la Unión Europea al decir de algunos observadores, haría “volar a la OTAN en pedazos”. Otra vez, un “Protectorado” Desde 1951, el Tratado de Copenhague habilitó el derecho de los Estados Unidos al envío de tropas en Groenlandia y a la instalación de base militares, una en Nuuk, la capital, y otra, en el norte. El imperialismo norteamericano pretende instalar una Cúpula Dorada, el escudo antimisiles que la administración trumpista proyecta finalizar en 2028, a un costo de 175.000 millones de dólares. A la luz del deshielo del ártico, algunos observadores militares llaman a Groenlandia el “portaaviones insumergible del Ártico”. La actual base militar de Estados Unidos en la isla tiene un gran potencial para llevar adelante operaciones de detección de misiles y, en general, de vigilancia espacial. Pero la expansión de estas actividades pasan inevitablemente por el filtro y el conocimiento del gobierno danés. China ha ofrecido al gobierno danés financiamiento y equipamientos para la infraestructura civil de la isla -aeropuertos, puertos. China ha ofrecido inversiones para la explotación de minerales críticos. Estos movimientos podrían rediseñar el mapa político internacional; una alianza China-UE-Gran Bretaña frente a Trump. Por de pronto, acaban de acordar el ingreso de autos eléctricos chinos a Europa, en una suerte de concertación con las automotrices europeas. La guerra contra Rusia en Ucrania se levanta contra estos propósitos, salvo que Trump logre cerrar con Putin un pacto para el reparto de Ucrania. Guerra mundial La crisis por Groenlandia ha puesto de manifiesto el desarrollo de una guerra mundial imperialista por el reparto del mundo, que es acompañada de guerras comerciales y financieras, y políticas. Desde el estallido de la guerra en Ucrania, nuestra corriente insistió en que se desarrollaba subterráneamente un conflicto estratégico dentro de la OTAN entre EEUU y los imperialismos europeos . La interrupción del suministro de gas ruso a Alemania, uno de los episodios nodales que inauguraron la guerra de Ucrania, fue una operación de los servicios estadounidenses que golpeó letalmente a Alemania y al conjunto de la economía europea. Macron y Meloni reclaman abrir una vía europea “independiente” de la UE. La crisis por Groenlandia tiene lugar en este escenario de conjunto, y define los botines que aspiran a arrancar cada potencia capitalista en presencia. El imperialismo norteamericano se ha lanzado a una intensa militarización de la política y de la economía para reunir las condiciones para una victoria de orden mundial.

El viernes 16 de enero, luego de una agenda semanal repleta de acciones de agitación, los trabajadores de Farmacias del Dr. Ahorro en lucha, se hicieron presentes en la puerta de la sede central de Farmacias del Dr. Ahorro, Estomba 44, Chacarita. En dicha sede funciona la droguería propia, pero, además, alberga las oficinas administrativas, donde se encuentra el personal jerárquico y los directivos. Los trabajadores autoconvocados, concurrieron el martes a la secretaría de trabajo donde pudieron corroborar que el preventivo de crisis que solicitó la empresa en el mes de julio, 2025 efectivamente había sido rechazado y desde noviembre ya se encontraba archivado. El miércoles mantuvieron una reunión con el secretario general del sindicato ADEF, Víctor Carricarte, quien nuevamente confirmó el rechazo del preventivo de crisis, aunque la postura que tomó el sindicato fue hacer hincapié en llevar la lucha a un plano exclusivamente jurídico, descartando cualquier accionar de tipo gremial. Más tarde los compañeros se acercaron a la movilización de jubilados en Congreso , donde pudieron participar de la radio abierta. El jueves, una delegación se sumó a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, donde participaron no solo de la ronda sino también del micrófono abierto. Pero el broche de oro más fuerte estaba destinado al último día hábil de la semana. Ante la negativa de acciones gremiales por parte del sindicato, los trabajadores reunidos en asamblea autoconvocada, votaron ir directamente a las puertas de las oficinas de los directivos. Independientemente de las acciones judiciales, había una gran necesidad de acciones directas de lucha. Un grupo importante de trabajadores se hicieron presentes, junto a varias organizaciones, entre las cuales estaban Política Obrera y Jubilados Clasistas, que vinieron a brindar su apoyo. Mientras los directivos, tomados de sorpresa, trataban de huir escondiéndose detrás del enrejado o bajando las persianas, incluso llamando a la policía, por el contrario, los trabajadores de base que aún continúan en sus puestos demostraron su solidaridad de clase, saludando cordialmente a los manifestantes. Tenían bien en claro cuál era el objetivo de la protesta. Mediante más asambleas irán votando los nuevos sitios estratégicos donde movilizar, pero hasta lograr los objetivos, la lucha va a continuar, incluso si implica buscar contactos en Méjico para difundir la situación allá. Saludamos la gran iniciativa de acción directa y llamamos a rodear de solidaridad la lucha de los compañeros despedidos. Más información en Facebook e Instagram: Trabajadoresdrahorroenlucha LEER MÁS: Importante concentración de trabajadores y trabajadoras despedidos de Dr Ahorro Por Daniela Magoc y Claudia Jati, 10/01/2026.

Los despedidos de Lustramax continúan dentro de la planta a pesar de la orden de desalojo dictada por la Justicia de la Provincia , a pesar del operativo represivo de Gendarmería enviado por el Gobierno de Milei y a pesar del abandono completo de parte del Sindicato de Comercio. Durante el despliegue represivo desarrollado en la mañana de ayer, la empresa logró recuperar el control total de los ingresos y egresos - algo que había perdido desde el lunes -, y sacar camiones con pedidos. La patronal denuncia a los delegados de ejercer una “extorsión sindical”. La verdadera extorsión proviene de la misma patronal , que desconoce la conciliación obligatoria y reclama por vía penal el desalojo de los trabajadores. Durante la jornada de ayer, los dueños apretaron uno por uno a los trabajadores, a retomar tareas y abandonar el reclamo por los despedidos. Durante la jornada de hoy, los trabajadores discutían en asamblea los métodos apropiados para continuar la lucha. Lo más indicado es reforzar la ocupación de la empresa y llamar a los trabajadores de la Zona Norte, también sacudidos por la ola de cierres, despidos y suspensiones a extender la lucha, ante el manifiesto sabotaje de la burocracia sindical y el gobierno peronista de la provincia.

Las conducciones sindicales de los gremios docentes que integran el FUDB han aceptado la nueva propuesta paritaria realizada por el gobierno de Axel Kicillof, que consiste en un incremento del 3 % repartido entre los meses de diciembre (1 %) y enero (2 %). Con esto han aceptado una rebaja salarial del 5 % para 2025, ya que el aumento acumulado fue de 25,9 % contra una inflación anual de 31,5. Si se contabiliza lo perdido en 2024, el salario docente retrocedió 21 % en su poder adquisitivo en dos años. Los argumentos que esbozaron Baradel y compañía para aceptar lo que para la mayoría de los docentes resulta inaceptable fueron dos. Por un lado, como vienen haciendo de larga data, ponderan la predisposición del gobernador a sostener la paritaria en oposición a la clausura de la misma que el gobierno de Milei ha realizado a nivel nacional. A esto adhieren que Nación debe a la provincia más de 12 billones de pesos, incluido el FONID (Fondo de Incentivo Docente). Por otro lado, plantean que el 1 % de incremento para el mes de diciembre al ser retroactivo genera, en adición a lo pactado para el mes de enero, un aumento de bolsillo del 4,5 % para ambos meses. Más allá de los esfuerzos argumentativos de las burocracias sindicales, se trata de un acuerdo que agudiza la política de ajuste sobre la educación pública y los salarios docentes. De esta manera un preceptor que recién se inicia va a cobrar en febrero $642.321, mientras que uno con máxima antigüedad llegará a $892.314. Una maestra que recién inicia con un cargo cobrará $750.692 y una con máxima antigüedad percibirá $1.026.020. A su vez, el salario de un profesor con 20 módulos y sin antigüedad alcanzará $969.256, mientras que con máxima antigüedad será de $1.470.579. Así la mayoría de los docentes se encuentra bajo la línea de pobreza y muchos orillan la indigencia. La aceptación de esta propuesta miserable solo es posible por la no convocatoria de las conducciones de Suteba y el resto de los gremios a las bases docentes a asambleas y consultas. Este método se ha complementado, durante los últimos años, con la no convocatoria a medidas de acción, e incluso con la amenaza de reprimendas a las seccionales opositoras y autoconvocatorias docentes que impulsaron paros y otras acciones de lucha. De esta manera, el FUDB ha circunscrito toda reivindicación de la docencia a la potencial candidatura de Kicillof en 2027. Sin embargo, a la luz de los hechos, el ajuste sobre la educación pública y los salarios docentes es una política que comparten el gobierno nacional de Milei y el gobernador. No hay salida para los docentes en ninguno de los dos campos en disputa. Como señalamos desde Tendencia Docente Clasista, no hay que depositar ninguna expectativa en las conducciones gremiales. Necesitamos tomar la lucha en nuestras manos. Es necesario convocar a un plenario provincial de delegados con mandato, a fin de resolver un plan de acción sostenido en la perspectiva del no inicio y paro por tiempo indeterminado, para lograr un salario de $2.500.000 por cargo y el resto de las reivindicaciones docentes.

El acuerdo salarial firmado entre el gobierno de Axel Kicillof y la conducción sindical encabezada por Roberto Baradel constituye una verdadera trampa para la docencia bonaerense. El otorgamiento de apenas un 1 % de incremento salarial para diciembre —luego de un noviembre sin ningún aumento— contrasta brutalmente con una inflación acumulada entre ambos meses del 5,39 %. La diferencia no es un error de cálculo: es un saqueo a cielo abierto que vuelve a empujar los salarios docentes hacia un piso que ya no resiste más. Esta situación no es nueva. En artículos anteriores ya advertimos que el salario docente perdió el 51,4 % de su valor real: hoy conserva apenas el 48,64 % de su capacidad de compra respecto de 2022 ( https://mundogremial.com/que-aumento-deberia-otorgar-axel-kicillof-para-recomponer-el-salario-de-los-estatales-bonaerenses/,05/08/25 ). En términos concretos, la docencia está viviendo con la sombra del salario que tenía hace apenas tres años, un ingreso que se achica mes a mes y se evapora mucho antes de llegar a fin de mes. Es en este escenario de derrumbe salarial que el gobierno provincial y la burocracia sindical intentan “enroscarnos la víbora” con el relato de un supuesto aumento del 4,5 %. Un número que funciona como un espejismo: se lo ve desde lejos, pero desaparece cuando se lo pisa, ya que, en los hechos, el incremento real se reduce a un 1 % en diciembre y un 2 % en enero, muy lejos de cualquier recomposición salarial, y un 0,5 % de un proporcional del aguinaldo. Más cifras en negro El carácter regresivo del acuerdo se profundiza al analizar su composición. Para diciembre, un preceptor sin antigüedad recibe un aumento al básico de apenas $2.912, mientras que $1.182 se pagan en negro (código 438). En enero, el incremento al básico asciende a $5.824, pero se agregan dos sumas no remunerativas en negro por un total de $13.263 (códigos 435 y 438). De este modo, el salario queda partido en dos: una parte mínima que cuenta y otra mayor que fluye en negro, sin dejar su huella en la antigüedad ni tampoco en la jubilación. El aumento al básico representa solo el 37,85 %, mientras que el 62,15 % corresponde a sumas que no impactan ni en el presente (no suma para la antigüedad), ni en el futuro previsional, ni en los actuales jubilados. Un salario fragmentado, un presente flaco y una jubilación hipotecada. En este punto, Kicillof no tiene nada que envidiarle al ajuste que lleva adelante Milei. Aunque lo haga con otro discurso y mejores modales, el camino es el mismo: el ajuste cambia de tono, pero no de dirección. “La música” que pretende tocar Axel podrá ser distinta, pero el golpe, idéntico. Una nueva pérdida salarial: 6,54% en 2025 La suma de los aumentos otorgados durante 2025 alcanza el 25%, frente a una inflación anual del 31,54%. Esto implica una pérdida salarial del 6,54% respecto de la inflación acumulada. El salario no cayó de golpe: fue cayendo como una gotera persistente, mes a mes y año a año, aumento tras aumento, hasta abrir un agujero profundo en el bolsillo docente. El mito del 4,5% No solo es falsa la cifra del 4,5 %, sino que este acuerdo vuelve a dejar a la docencia bajo la línea de la pobreza, una frontera cada vez más difícil y lejana de cruzar cuando la canasta familiar se aleja hoy a los $2.500.000. Como denunció la FEB, el “aumento” implica apenas $37.000 para un maestro de grado. Según publicó Infocielo (16/01/2026), un maestro de grado que recién se inicia percibirá en febrero un incremento real de bolsillo de $37.475, mientras que un preceptor sin antigüedad cobrará $27.631. Números que confirman que el relato del aumento se desarma cuando toca el piso. El mismo teatro de siempre La escena ya es conocida. En el primer acto y, tras una puesta en escena de rechazo al ofrecimiento del 1,5 %, las conducciones sindicales concluyeron aceptando cerrar la paritaria 2025 y comenzar el 2026 con un 2 % de aumento, en un contexto de inflación incierta para enero. Gestos de indignación para la tribuna, un amague de conflicto y, finalmente, el telón que cae con la aceptación del ajuste (aplausos Celestes). Los otros puntos del acuerdo El acuerdo incluye además aspectos que no son menores y que requieren la atención urgente de la docencia. La llamada “Prevención, resguardo y reparación por la violencia laboral” ha sido un fracaso sistemático del FUDB, mientras la violencia contra los docentes se profundiza en las escuelas. Frente a este escenario, resulta indispensable abrir una deliberación colectiva para poner fin a estos ataques que se repiten y se pretenden ocultar bajo un manto de silencio. Por otra parte, el 29 de enero de 2026, las conducciones sindicales volverán a discutir a puertas cerradas un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, en el marco de la Reforma Laboral impulsada por el gobierno nacional y avalada también por la provincia, disfrazada bajo el relato de la “nueva música”. Lo que corresponde es que los sindicatos informen con claridad a las escuelas qué puntos se están discutiendo, que manden un documento con sus posiciones y que cada institución educativa pueda fijar posición. Se vuelve a plantear, además, una nueva normativa sobre los docentes recalificados, completamente desconocida por la docencia, así como la discusión del artículo 9 del Estatuto Docente, vinculado a trayectorias y planificación bajo el NRA. Este artículo, que se adapta como justificación para cierres de cursos y se ha anunciado en varios distritos, abre la puerta a la reubicación forzada de docentes y pérdida de cargos Abrir la deliberación y organizar la respuesta Frente a semejante entrega, romper el silencio se vuelve una necesidad urgente. La docencia debe abrir una gran deliberación democrática y preparar las condiciones para una autoconvocatoria masiva que permita recuperar la iniciativa. Es necesario avanzar hacia una huelga por tiempo indeterminado por un salario igual a la canasta familiar, contra la violencia institucional, en defensa de la salud laboral y en rechazo de las reformas educativas en curso y por venir. Solo la organización desde abajo puede ponerle un freno a este ajuste que, gota a gota, pretende profundizar la caída del salario y quebrar la moral docente.

Tres disparos letales. Renée Nicole Macklin-Good fue ejecutada por los balazos de un tirador del ICE, Jonathan Ross, veterano de la guerra contra Irak. Ese exmilico yanki ahora forma parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), integrando el Equipo de Respuesta Especial ICE ERO, que no es otra cosa que una unidad táctica entrenada de forma especial. Renée había estacionado su auto Honda Pilot color granate en forma perpendicular al curso del tráfico en una ruta de Minneapolis, estado de Minessota. Vale decir, estaba haciendo un corte de ruta en el marco de una protesta contra la persecución a inmigrantes, en especial, somalíes, por órdenes de Donald Trump y sus secuaces fascistas. Dos agentes del ICE, encapuchados, le ordenan bajar del coche. Renée desoye la orden y, cuando intenta retirarse de allí, aparece Ross. Tres balas atraviesan la ventanilla con la puntería mortífera ensayada en Irak. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, le lavó las manos sangrientas a Ross afirmando que el corte de ruta es un acto de “terrorismo doméstico”. Y sí, era una vecina de origen estadounidense en apoyo de sus vecinos somalíes (“basura”, según el insulto racista y colonial de Trump), no un veterano de guerra como su asesino a sangre fría. ¿Quién era Renée Nicole? Era una joven poeta nacida el 2 de abril de 1988 en Colorado Springs, Colorado. Estudió Creative Writing (Escritura creativa) y se graduó con una licenciatura en Inglés de la Universidad Old Dominion en Norfolk, Virginia. En 2020, ganó el Academy of American Poets, University & College Poetry Prize (Premio de la Academia de Poetas Estadounidenses) por su poema On Learning to Dissect Fetal Pigs ("Sobre aprender a diseccionar fetos de cerdo"), publicado durante sus estudios universitarios. El Facebook de esa universidad comentó: “Cuando no escribe, lee o habla sobre escritura, organiza maratones de películas y hace arte desordenado”. También publicó en revistas como Baltimore Review o poets.org. Renée Macklin-Good tuvo una hija y un hijo de su primer matrimonio, de 15 y 12 años de edad actualmente. Su exesposo dijo que ella había sido ante todo ama de casa en los últimos años, pero que anteriormente había trabajado como asistente dental y en una cooperativa de crédito. Después, fruto de un matrimonio con Timmy Ray Macklin Jr., fallecido en 2023, era madre de un niño de seis años. Ese mismo año, volvió a casarse y adoptó el apellido de su esposa, Becca Good. Con Macklin Jr., veterano con 14 años de servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y posteriormente comediante de stand-up, condujo un pódcast en conjunto. En redes sociales, Renée se describía a sí misma como “poeta y escritora”, además de una “rasgueadora mediocre de guitarra”, y compartía contenido sobre tatuajes, peinados y decoración del hogar, acompañando su nombre con una bandera del orgullo. “¡Malditos sean todos!” Hasta aquí, casi que la descripción de Renée Nicole podría caberle (arriesgo una cifra razonable) a un 50 % de las escritoras argentinas y de muchos países: madres trabajadoras de origen proletario que, con esfuerzo y aprovechando todos los recursos que pudieren presentarse, estudian, escriben y hasta logran publicar y ganar premios. Atienden a sus hijos y se desentienden de algún esposo. Vuelven a empezar. Vuelven a escribir. La diferencia está en que René Nicole pertenecía a la vanguardia de las que se atreven a enfrentar en las calles, con manifestaciones y cortes de ruta, al poder dominante, en este caso, el del guerrero mundial Donald Trump. El prestigioso novelista estadounidense Kent Wascom ha recordado en su cuenta de X a Macklin Good, quien fue alumna suya en la carrera de Escritura Creativa: “Sostuve a su bebé. Era amable y talentosa, una madre de clase trabajadora que se financió sus estudios a pesar de circunstancias que habrían destrozado a los patéticos políticos ricos que sádicamente instigaron su asesinato. Malditos sean todos”. El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, el presidente de la universidad Old Dominion, Brian O. Hemphill, y el gobernador de Minesota, Tim Walz, también han alzado su voz. El actor Mark Ruffalo ha arengado en la recepción de los Globo de Oro, donde condenó el asesinato de René Nicole: “No hay comida. La comida es cara. La gente no puede alimentar a sus hijos. No pueden enviarlos a la escuela. No pueden enfermarse o acabarán muertos porque no pueden pagar la asistencia sanitaria (…) Tenemos que salir y detenerlos. Somos más que ellos. Tenemos que ser valientes ahora y tenemos que unirnos”. La guerra mundial instigada por Trump en cada uno de los continentes de la Tierra afecta a los propios ciudadanos de Estados Unidos. Ahora más que nunca la bandera es la unión de los proletarios del mundo para derrotar, antes que nada, a la guerra y el hambre, pestes inicuas del capitalismo internacional.

El lunes 12 de enero, casi 15.000 enfermeras de los principales hospitales de Nueva York iniciaron una huelga que lleva cinco días y que se extendería durante el fin de semana. Los principales reclamos que levantan son el aumento de cantidad de personal y la seguridad en el trabajo. El sindicato afirma que los hospitales han dado a las enfermeras cargas de trabajo inmanejables. Reclaman, a su vez, mejores medidas de seguridad en el lugar de trabajo, citando incidentes como un episodio ocurrido el 9 de enero cuando un hombre con un objeto punzante se atrincheró en una habitación del hospital de Brooklyn y fue asesinado por la policía. La huelga se lleva adelante en tres hospitales: Montefiore Bronx, New York-Presbyterian y Mount Sinai. En un comunicado emitido el día lunes 12, el sindicato de enfermería, Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA por sus siglas en inglés), expresó que “Durante meses, las enfermeras han estado negociando contratos justos, pero la dirección se ha negado a llegar a acuerdos justos que incluyan ratios de personal seguros y exigibles, beneficios sanitarios garantizados para las enfermeras de primera línea y protecciones frente a la violencia laboral.“ (Comunicado del 12/01/2026). Para garantizar la huelga se están realizando piquetes, que llaman picket lines, en las sedes de los tres hospitales y convocan a la población a acompañarlos con su participación. El viernes 16 los mismos contaron con la participación de activistas de la comunidad LGBTQIA+. El jueves 15 de enero, por la noche, las enfermeras del hospital NewYork-Presbyterian se reunieron con la dirección del hospital y un mediador, siendo esta la primera reunión de negociación desde que comenzó la huelga. La misma continuó hasta pasada la medianoche y arrojó muy pocos avances, ya que los directivos hospitalarios rechazaron las propuestas que llevaron las enfermeras sin ofrecer una contrapropuesta. El viernes 16 se realizaron reuniones con mediadores y la dirección en el Hospital Mount Sinai y en Mount Sinai Morningside / West. Por su parte, las represalias no tardaron en llegar. Mount Sinai amenazó con recortes en la cobertura sanitaria para los trabajadores en huelga, que afectarían a aproximadamente 44.000 enfermeras y sus familias en más de 50 hospitales de todo el Estado que están inscriptas en el plan de beneficios sanitarios de NYSNA. La dirección del hospital Montefiore ha intentado negar el acceso a la atención a quienes participan de la medida, impidiendo el acceso a sus medicamentos y a los de sus familias en la farmacia del hospital, mientras que Mount Sinai despidió a tres enfermeras, dos de las cuales son madres primerizas. Antes de la huelga, había sancionado injustamente a 14 enfermeras, algunas de las cuales hablaron con la prensa tras el incidente del tirador activo, y a otras que hablaron con sus compañeros sobre sus negociaciones sindicales y contractuales. Para quebrar la huelga, los hospitales han contratado personal temporario. El sindicato denunció que los tres hospitales New York-Presbyterian, Montefiore y Mount Sinai “ya han gastado más de 100 millones de dólares en enfermeras viajeras temporales, que no conocen a los pacientes ni a las comunidades de Nueva York” (Comunicado publicado por el NYSNA 16/01/2026). También, algunos hospitales cancelaron cirugías programadas y aceleraron las altas durante el fin de semana previo a la huelga para reducir el número de pacientes. Los hospitales afectados organizaron el traslado de bebés fuera de sus unidades de cuidados intensivos neonatales a otras unidades y el Departamento de Salud estatal instruyó a los hospitales no afectados por la huelga a estar preparados para aceptar pacientes de los centros médicos afectados. La gobernadora Kathy Hochul firmó el viernes 9 de enero una carta declarando que "el desastre es inminente" y que la huelga "afectaría la disponibilidad y la prestación de la atención amenazando la salud pública." (The New York Times, 17/01/2026). También se indicó que los hospitales donde las enfermeras están en huelga son libres de trasladar pacientes, incluso en contra de la voluntad de los mismos. Por su parte, el alcalde recientemente electo, Zohran Mamdani, apoyó el primer día de huelga acercándose a uno de los piquetes. “La ciudad de Nueva York apoya a las enfermeras y exige negociaciones de buena fe para lograr justicia y atención médica para todos”, escribió en sus redes sociales. La última gran huelga de enfermería en la ciudad fue en 2023. Ese paro, en Mount Sinai y Montefiore, duró tres días. Como resultado de la medida, se acordó un alza salarial de 19 % en tres años en esos hospitales. También llevó a mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras como el aumento de personal, que en la actualidad son atacadas. "Los hospitales adinerados están intentando deshacer los estándares de seguridad del personal que logramos para nuestros pacientes cuando hicimos huelga hace tres años" dijo Nancy Hagans, presidenta del sindicato de enfermeras de la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (The New York Times, 12/01/2026). La histórica huelga se produce en el marco de una fuerte temporada de gripe que alcanzó niveles récord de internación. También se produce en el marco del feroz ajuste a la salud pública que tanto Donald Trump como su secretario de salud, Mr. Kennedy, están llevando adelante. Las declaraciones del presidente de la Greater New York Hospital Association, una asociación comercial que comprende cerca de 280 hospitales miembros, sistemas de salud e instalaciones de atención continua en el área metropolitana de Nueva York, en todo el estado de Nueva York, en Nueva Jersey, Connecticut y Rhode Island, son elocuentes: "El sistema sanitario está bajo asedio financiero" (The New York Times 12/01/2026). Periodistas que siguen el tema desarrollan que esto es debido a que muchos neoyorquinos pierden seguro médico y miles de millones de dólares en financiación sanitaria federal para el estado empiezan a secarse. La histórica huelga de enfermería se suma a la ola de movilizaciones que se están desarrollando en todo Estados Unidos frente a la violencia policial desatada contra la población migrante. Fuentes: Actúa: ¡Apoya a las enfermeras de Nueva York en huelga! | Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York Enfermeras en huelga exigen contratos justos y la revocación inmediata de sanciones ilegales | Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York Las enfermeras de Nueva York llegan al quinto día de huelga preparadas y dispuestas a negociar; Hospitales dispuestos a dejar a las enfermeras en el frío | Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York https://www.nytimes.com/2026/01/12/nyregion/nurses-strike-hospitals-nyc.html Miles de enfermeras iniciaron una huelga masiva en los hospitales más importantes de Nueva York La policía dispara y mata a un hombre con objeto afilado en el hospital de Brooklyn | AP News

Durante la segunda semana de enero se ha dado a conocer el esquema de producción que la multinacional oriunda de Detroit ha trazado en el establecimiento que funciona en Argentina. Su principal fábrica en el país está ubicada en la provincia de Santa Fe, más precisamente en la localidad de Alvear. GM ha publicado que sostendrá el esquema de trabajo mantenido durante 2025. El mismo consistía en el parate de una semana al mes, rotativo por los distintos sectores en los que se divide la actividad. Como consecuencia de esta merma, la aplicación de una reducción salarial del 25 %. Desde la patronal argumentan que es la respuesta que pueden dar ante la recesión imperante en la industria y la competencia importadora. Según el INDEC, la capacidad productiva automotriz se encuentra empleada tan solo en un 46 %, cuando en noviembre de 2024 la misma ascendía hasta el 64 %. A esta caída, se le suma la avalancha importadora de insumos y repuestos por parte de China y Asia. Este tipo de política ha implicado que las automotrices se reorganicen no ya para incorporar piezas hechas en suelo argentino, sino convirtiéndose en meramente ensambladoras. Los datos suministrados reflejan que autos locales y brasileños cuentan con el 84 % de partes importadas, lo que ha generado que la burguesía autopartista haya pegado el grito en el cielo el año pasado (Letra P, 9/8/2025). Aclarado lo anterior, no existe expectativa de que se remonte la situación a corto plazo, pero para comprender bien la situación de General Motors es necesario remontarse a 2023. En dicho año es que comenzó un proceso sigiloso de reestructuración laboral. Paradójicamente, en ese entonces la queja era que el cerrojo importador imposibilitaba la producción (Letra P, 10/10/2023). Solucionado el “asunto”, no solo se mantuvo el cese mensual, sino que la fabricación pasó de dos modelos a uno (el que se mantiene actualmente). Durante 2024, un año que es caracterizado “de lo peor” para este negocio, la patronal habilitó un proceso de retiros voluntarios que alcanzó el demencial número de 800 trabajadores cuya antigüedad oscilaba entre los 10 y los 25 años de trabajo para la firma (Letra P 16/1). Mismo accionar ejecutó en noviembre del 2025, cuando 90 operarios se acogieron a la indemnización. Estamos hablando de una liquidación de más del 50 % de puestos de trabajo en una planta que supo emplear 1000 obreros. Hoy son menos de 600. Al igual que otras patronales que operan el cordón industrial santafesino, se han valido del pretexto recesivo para avanzar lisa y llanamente en una liquidación de la mano de obra con mayor antigüedad y auspiciar el ingreso de trabajadores jóvenes bajo modalidades de contratación precarias. Es la tendencia que inscribe Milei con la reforma laboral, donde el obrero cobrará por lo que produce (trabajo a destajo) y no por el tiempo a disposición que esta presta al capitalista, fuera de todo convenio colectivo y sin derechos políticos sindicales. Es lo que está sucediendo actualmente con otras empresas emblemáticas de la provincia, como lácteos Verónica, Vassalli Firmat y Acindar Villa Constitución. La importancia de esta planta es tal que sobre cada puesto de trabajo el impacto se reporta entre 3 y 5 actividades conexas (Urgente24, 01/12). Ante esta ofensiva de las patronales, coordinada con el gobierno y el Estado y la complicidad de la burocracia sindical, es necesario unir los conflictos y las luchas en una acción de conjunto, que será la plataforma de una huelga general.

En el diario La Nación (14/01) el fundador de la Red Educativa Itínere, Darío Alvarez Klar, emite su opinión sobre el formato educativo del homeschooling que se desprendería de la propuesta de ley educativa que impulsa el gobierno liberticida. Klar es un empresario de la educación cuya red integra un espacio de empresas y organizaciones denominado HUB Educación, que dice promover la innovación educativa ( https://hubeducacion.org/ ). Este espacio es sostenido por diversos grupos empresariales entre los que se encuentra el Grupo Cápita, una plataforma que brinda servicio educativo y recursos tecnológicos y que apunta a transformar el aprendizaje; lo integran Pickapply, una plataforma de ofertas laborales entre instituciones educativas y docentes, también la firma Blue cross/Blue shield que es una asociación de compañías de seguros de salud privadas, con base en EE. UU., que ofrecen planes médicos para individuos, familias y empresas. Finalmente, la empresa +Colonia también integra este espacio y promulga la innovación, el emprendimiento y la descentralización. La fundación educativa es un medio por el cual diversas firmas y empresas hacen su negocio con la educación que, con la nueva propuesta de ley, se convierte en un mercado renovado, pero para nada inexistente. Esta red educativa opera y se desarrolla en el país desde 2008 abriendo campus y colegios privados, en los marcos normativos de la ley de educación nacional kirchnerista. ¿Qué es el homeschooling? El formato educativo de homeschooling fue alterándose al calor de las dinámicas históricas, políticas y económicas; es decir, por los condicionantes sociales. En un primer momento el homeschooling nace como cuestionamiento al modelo de escuela moderna contraponiendo a la familia o a la comunidad, como un medio natural para la formación y educación del individuo. Sus bases conceptuales pueden ser rastreables durante los siglos XIX y principios del XX. El modelo de homeschooling buscaba acompañar la formación religiosa cuando la educación moderna secular no la promovía, ni la estimulaba. El capitalismo en ascenso se despojaba de la enseñanza religiosa y alentaba el desarrollo de la razón. Este modelo educativo volverá a retomarse luego de la crisis revolucionaria que se produjo en el período de la década del 1960 hasta mediados de la década de 1980. En estos marcos, emergen las críticas al sistema educativo postulando su desestructuración. Uno de los pensadores que abre el camino al homescholling fue John Holt quien, a través de sus libros “Cómo los niños fracasan” (1964) y “Cómo aprenden los niños” (1967), manifestó su oposición a la educación dirigida y a la imposición de un plan de estudios determinado por los adultos. Rechazó el objetivo de que el niño aprenda según el interés del adulto que enseña. Al comprender que el homeschooling repetía esa dinámica propuso la modalidad de “unschooling” (desescolarización) para hablar de una educación orgánica, real, dirigida por los intereses de los niños, autodidacta o autodirigida. En el mismo período, una Comisión Faure (UNESCO, 1972) elabora un informe sobre educación a nivel mundial para establecer lineamientos educativos internacionales que promueve una educación escolarizada con el objetivo de reducir costos y educar para la “autodidaxia”, que implica aprender por cuenta propia. Los marcos educativos formales, según esta comisión, deben apuntar a otros formatos educativos, sin asignaturas y con más aprendizajes basados en proyectos. Esa comisión estaba integrada por delegaciones de Francia, Chile, Siria, Congo, Irán, USA y la URSS. El ámbito educativo se convirtió, de este modo, en un escenario donde el capital y a la burocracia rusa se plantearán una reorganización de las relaciones sociales de alcance mundial (1). Con posterioridad a este informe se publica el libro “Desescolarizando a la sociedad” (1973), mediante el cual el austriaco Iván Illich cuestiona las premisas y la eficacia de la educación obligatoria desplegando una crítica a la educación escolarizada para fomentar el autoaprendizaje. Las críticas a la educación escolarizada, en estos marcos, se concentraban en los formatos educativos escindiéndolos de la cuestión social que condiciona las esferas de la vida cotidiana. Los análisis críticos de las dinámicas de la didáctica y de la pedagogía, cuando se realizan descontextualizados, quedan a merced de la orientación que le emita el sujeto social que dirige políticamente los destinos de los seres humanos. Cuando esta orientación la imprime la burguesía en decadencia y en el escenario de la guerra mundial, la propuesta estimulará la disgregación social, la reducción de costos y la descalificación de la enseñanza. La defensa del capitalismo recurre, hoy, a anular la democracia y el libre pensamiento para lo cual se apoya en las prácticas reaccionarias y en la represión. Homeschooling en Argentina El fundador de la red y empresario educativo Klar se interroga sobre si el homeschooling es una expresión de libertad educativa o, por el contrario, una “moda que implica riesgos”. [ver en: https://www.lanacion.com.ar/opinion/homeschooling-libertad-educativa-o-una-moda-que-implica-riesgos-nid14012026/ ]. Su preocupación está lejos de promover la educación pública, laica, científica y gratuita; el riesgo que él encuentra es no poder ofertar sus servicios educativos al Estado, a las escuelas y a las familias. En Argentina “el homeschooling no es una práctica regulada” (La Nación 31-12-2022) [ https://www.lanacion.com.ar/sociedad/libertad-o-problemas-de-empatia-las-familias-que-practican-homeschooling-en-la-argentina-nid31122022/ ], esto se evidencia en que no existen prohibiciones taxativas, pero tampoco una legislación o normativa que ampare esta práctica. Lo que suele suceder es que las familias que optan por esta modalidad deben ingresar a una industria de servicios educativos. Existen diversos espacios que ofrecen este formato como servicio, entre los que se encuentra la organización Homeschooling Argentina, uno de cuyos fundadores, Noel Solís, estima que desde 2020 unas 5.000 familias comenzaron a realizar esta práctica en el país (La Nación 31-12-2022) y que se incrementó luego de la pandemia. El servicio de homeschooling es una propuesta para adaptar la educación a las demandas de las familias que adquieran el servicio, por tanto, la didáctica y la pedagogía no están abocadas a desarrollar la formación, sino a realizar el interés de la familia o de la comunidad. Como se ve, no estamos ante un debate didáctico-pedagógico. Se postula una disgregación mayor en el sistema educativo, donde se podrá optar por aprender en casa, en escuelas privadas o estatales. La diversificación educativa que promueve la legislación liberticida hace realidad la frase de Macri de “caer en la educación pública”, donde este establecimiento se convierte en el último escalón de contención social. Homeschooling liberticida Luego de discursos de políticas educativas en las que coinciden kirchneristas, macristas y burocracia sindical, a saber, que existía un incremento en la inversión educativa, la extensión de la obligatoriedad educativa y el desarrollo de políticas de formación docente (2), se observa que la organización escolar no ha dado los resultados esperados. Los problemas que atraviesan los sistemas educativos son aprovechados, entonces, por los liberticidas para colocar su orientación política. Para el fundador de la red educativa se debe tomar en consideración “las habilidades sociales, la empatía, la capacidad de trabajar con otros, de expresar ideas, de tolerar la frustración” porque, según él, resultan ser aprendizajes “decisivos para la vida adulta." [ en: https://www.lanacion.com.ar/opinion/homeschooling-libertad-educativa-o-una-moda-que-implica-riesgos-nid14012026/ ] El empresario de la educación confiesa que lo relevante son las llamadas habilidades blandas y no los contenidos educativos. Dicho empresario insta a los liberticidas a reglamentar la propuesta de ley habilitando servicios, porque el homeschooling “requiere dialogo con profesionales, instituciones y equipos pedagógicos” que sean capaces de llevar adelante un proyecto educativo y no meramente asegurar la acreditación de saberes. Esta red educativa hace lobby para ofertar sus servicios, aprovechando que la propuesta liberticida contempla la educación híbrida y a distancia, pero sin definir los mecanismos para la acreditación de los saberes. El problema educativo como un problema de poder La educación no es el espacio de la resolución de los conflictos sociales, ni su superación; pero tampoco es un instrumento pasivo, toda vez que en el proceso educativo se entrelazan todas las expresiones del medio social. Una sociedad que se encamina a su disgregación o, por el contrario, ha resuelto los problemas de la vida cotidiana de los individuos, plantea desafíos estratégicos distintos a la actividad de la enseñanza y del aprendizaje. Por eso los puntos cruciales de la propuesta de libertad educativa de los liberticidas se concentran en tres: el primero afirma que la familia tiene un rol referente como agente natural y primario en la formación de sus hijos. En segundo lugar, ubican al Estado en un rol subsidiario de la familia y, finalmente, convierten la función educativa en una actividad esencial con la finalidad de cercenar el derecho a huelga. A partir de estos artículos todo lo que se estructura en la ley convoca al sometimiento de la fuerza laboral a las demandas de familias particulares, a través del homeschooling, ya sea a través de las demandas de los patrones en las escuelas de gestión privada o a partir de las demandas de las familias que integren los consejos de padres en los establecimientos de gestión estatal. Es en este sentido que la legislación tiene un carácter fascista porque apunta a disgregar a los partícipes de la relación educativa, en la perspectiva de enfrentar a las familias con la docencia con la finalidad de boicotear cualquier atisbo de alianzas entre ellos. La perspectiva que se abre es la unidad de los trabajadores de la educación en todos los niveles, de las distintas gestiones educativas y sin distinción de afiliación a sindicatos. Se trata de desafiarse para enarbolar una política que sea capaz de convocar a la masa de los trabajadores de la educación. Las propuestas educativas pretenden impartir lo que fue elaborado en la Comisión Faure y que emergió al calor del mayo francés y de una crisis revolucionaria, en tal sentido, se pretende resolver en nuestro presente la crisis iniciada en ese entonces. Estamos atravesando una etapa largamente agotada, que abre nuevas y grandes perspectivas. La vigencia del 68 está en que debemos fortalecer una organización de carácter internacional, con la perspectiva de la dirección política de las masas. Caso contrario, seguiremos siendo sacudidos por un capitalismo decadente que se estimula con el militarismo y el desarrollo de guerras crecientes de alcance genocida. Notas (1) Para ampliar ver En Defensa del Marxismo, nro. 51, “Sección: 50 aniversario de 1968”, cap. Mayo Francés: sólo el comienzo, J.A., 2018 (2) Para ampliar esto ver el documento presentado por el macrismo El estado del Estado: Diagnóstico de la Administración Pública Nacional en diciembre de 2015, ver en https://www.casarosada.gob.ar/elestadodelestado/

A una semana del fusilamiento de Renée Good a manos de las fuerzas de ICE, con movilizaciones alrededor de todo el estado de Minnesota, en la ciudad de North Side, otro agente baleó a un ciudadano venezolano, miembro de la organización MIRAC, quien aún se encuentra internado. Según el diario Star Tribune, este hecho dividió a la movilización, donde un sector decidió mantenerse concentrado en sus cortes, pero otro amplio sector se movilizó hacia el lugar del hecho para increpar a las fuerzas. El jefe de policía estatal, Brian O’Hara, declaró ilegal la asamblea que se organizaba sobre el lugar del tiroteo y comenzó una fuerte represión sobre los manifestantes. Los vecinos salieron de sus casas para sumarse a la concentración, que no solo expulsó al comando que reprimía, sino que le quitó sus chalecos, sus credenciales y destruyó sus vehículos. Hay más de una docena de detenidos. (The Minnesota Star Tribune, 16/01). El alcalde Jacob Frey condenó las acciones por “hacerle el juego a la derecha” y llamó a no “enfrentar el caos de Trump con nuestro caos”. El presidente Trump había declarado, en redes sociales, la posibilidad de aplicar la Ley de Insurrección si el estado local no intervenía sobre la movilización (CNN, 16/01). En condiciones climáticas muy duras (cero grados y vientos de 60km por hora) la ciudad lleva una semana de levantamientos y enfrentamientos con los agentes de ICE, incesantes. Cabe recordar que la Ley mencionada fue aplicada, por última vez hasta el momento, contra la rebelión que mantuvo tomada la ciudad de Los Ángeles, en 1992, luego del brutal crimen de Rodney King, a manos de la policía. El resultado fue la intervención de la Guardia Nacional en el estado y más de 60 muertos. Sin embargo, las condiciones políticas para la aplicación de esta Ley (marcial, en los hechos), sobre las masas movilizadas, no son tan sencillas para el No King (como se denuncia a Trump). “La corresponsal de CNN Alayna Treene informó que funcionarios de la Casa Blanca han estado preocupados por las implicaciones políticas de esta idea. Es el tipo de decisión para la que se necesita estar muy seguro de que la población está preparada y la percibe como legítima. Parece poco probable que los estadounidenses piensen así en este momento. La encuesta de CNN, por ejemplo, reveló que el 51 % no solo considera que el tiroteo fue incorrecto, sino que refleja problemas más amplios en la forma en que opera ICE. También mostró que los estadounidenses creen, por un margen de 51 % frente a 31 %, que las acciones de control migratorio de ICE están haciendo que las ciudades sean 'menos seguras'. Y una nueva encuesta de Yahoo-YouGov indicó de manera similar que el 54 % frente al 34 % opina que las redadas de ICE han hecho 'más daño que bien'. Estas cifras son particularmente llamativas porque los estadounidenses parecían querer de forma abrumadora que el Gobierno deportara a más personas. En general, estaban de acuerdo con los objetivos de Trump en este sentido. Sin embargo, parece que se ha ido demasiado lejos para ellos. Trump ha desperdiciado esa ventaja” (CNN, 15/01). Deportaciones, pero no tan brusco, es finalmente lo que parece decir el portal; rechazo hacia una política “desmedida” y no a un conjunto de “medidas”. Ante su alto nivel de desocupación y recesión industrial Trump se ha propuesto atacar con la misma brutalidad a los estados con una gran población migrante trabajadora. “Si Trump cumple su amenaza de enviar militares bajo la Ley de Insurrección, corre el riesgo de parecer que está agravando un problema que él mismo creó. Y existe una fuerte posibilidad de que la situación se descontrole de formas que podrían eclipsar el resto de su proyecto para un segundo mandato”. (Ídem) Aclara, por si el presidente o sus asesores hubiesen olvidado que tienen encima las elecciones de medio término y le quedan apenas dos años para las presidenciales. Más del 30 % de la población del área son latinos y ocupan un porcentaje alto dentro de la clase trabajadora. “Minnesota tiene una economía diversificada, con grandes empresas como 3M, General Mills y Best Buy radicadas en el estado. La Clínica Mayo tiene su sede en Rochester, a unos 145 kilómetros al sur de Minneapolis. El 94 % del crecimiento poblacional neto de Minnesota entre 2020 y 2024 se debió a la inmigración. La fuerza laboral del estado, nacida en el extranjero, ha crecido un 41 % desde 2010, en comparación con tan solo el 4 % de los trabajadores nacidos en Estados Unidos, según la Cámara de Comercio de Minnesota”. (CNN, 15/01). Los lugares de trabajo -desde todo tipo de comercio hasta escuelas, guarderías y hospitales- se han transformado en cotos de caza de ICE. Allí, las denuncias públicas muestran detenciones arbitrarias, secuestros en patotas, que incluyen el abandono liso y llano de los menores que pudieran estar acompañando al trabajador que se detiene. Ante esta persecución fascista, los empresarios se remiten a comunicados públicos donde se muestran “dispuestos a colaborar con la regularización en la situación de sus empleados” -aun cuando se desconoce el paradero de cientos de ellos- y de la burocracia sindical, convocante a la última movilización “No King”, no se han encontrado ni comunicados ni declaraciones recientes. Bajo el helado invierno mencionado, esta noche Minnesota mantiene sus asambleas, cortes y autodefensas. Lejos de ceder frente al ataque de las redadas fascistas o de detenerse a esperar la reacción de las burocracias sindicales, los trabajadores y la clase media están autoconvocándose y enfrentando la represión de forma activa. Los demócratas que gobiernan el estado, los que mandaron “a la mierda” a ICE, se han colocado con premura al frente de la campaña para desmovilizar, promoviendo el temor a una escalada represiva, responsabilizando de esto a la población movilizada. Ante la violencia y el terror sembrados por las fuerzas de ICE, los ciudadanos deberían permitir la represión “blanda” de las policías locales o atenerse a las consecuencias. La velocidad con la que se extiende la movilización por el estado no parece acordar con la “tibieza” demócrata. El 14 de enero pasado comenzó una campaña por un paro general el próximo 23, convocado por sindicatos y asociaciones civiles.

El diario La Nación no deja pasar un día sin publicar revelaciones sobre las corruptelas de “Chiqui” Tapia vinculadas a la caja millonaria de la AFA. La Justicia, sin embargo, sólo lo tiene imputado por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la Seguridad Social, una denuncia que efectuó el ARCA, es decir, el gobierno de Milei. Las últimas versiones señalan que Milei podría avanzar en una posible intervención de la AFA a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), aunque esta no tendría, en principio, injerencia en su administración ni funcionamiento, que seguirían en manos de Tapia. Se trataría de una auditoría sobre el patrimonio y el destino de los fondos recaudados por la AFA (se estima un piso de 300 millones de dólares desde 2021) que, según las publicaciones de La Nación, se gestionaron mediante múltiples intermediarios financieros. Entre ellos figura TyC (del Grupo Clarín), pero los últimos y principales son administrados por el círculo íntimo de Tapia con diversas sedes en el exterior. Esto no es, estrictamente, una práctica ilegal, sino más bien una modalidad extendida en los negocios del fútbol en donde estos intermediarios cobran comisiones. Tapia declara haber presentado en tiempo y forma lo solicitado por la IGJ, la cual estableció un plazo hasta el 20 de enero para definir una posible intervención. Finalmente, el Gobierno desistió, al menos por el momento, incluso de designar un veedor. En definitiva, las causas abiertas en la justicia investigan posibles delitos de Tapia y su entorno referidos a desvíos de fondos, declaraciones patrimoniales irregulares y enriquecimiento ilícito, pero sin imputaciones. Recientemente se sumó una denuncia de la cooperadora del Hospital Regional Penna de Bahía Blanca por un supuesto faltante de fondos comprometidos por la AFA tras las inundaciones, aunque esto fue desmentido por la gestión del hospital, hoy bajo la órbita del gobierno de Kicillof. Tapia y sus alianzas políticas Ante los “carpetazos”, Tapia ha movilizado a los intendentes peronistas bonaerenses. De hecho, la sede legal de la AFA fue trasladada de CABA a la Provincia de Buenos Aires. Tapia sigue presidiendo el Ceamse (un ente autárquico encargado de la deposición de la basura en la región metropolitana de Buenos Aires). Una voz discordante fue la del intendente ultracristinista Mario Secco (Ensenada), elogiado a su vez por el presidente del club Estudiantes Juan Verón, acérrimo opositor a Tapia. Pese a estas tensiones, Kicillof también ratificó a Tapia a cargo de la gestión del Estadio Único de La Plata; es decir, un respaldo político completo para el “Chiqui” por parte del ‘kicillofismo’. Las conexiones del presidente de la AFA alcanzan también a Sergio Massa (por quien Tapia hizo campaña en el balotaje del 2023), al gobernador Gerardo Zamora e incluso al macrista Daniel Angelici. Es por esto que ni el PRO ni la UCR han alzado la voz ante el “AFA-gate”. El mayor respaldo político de Tapia sigue siendo, de todos modos, el de la FIFA. Hace poco más de un mes, cuando ya habían estallado las primeras denuncias, Tapia fue ratificado en su cargo como representante de la Confederación Sudamericana de Fútbol ante el consejo de la FIFA. En vísperas del próximo Mundial de Futbol, a desarrollarse ni más ni menos que en EE. UU, el sostenimiento de Tapia insinúa un rechazo a una posible caída del dirigente y sus consecuencias inmediatas para los negocios del futbol. Tapia versus Milei: una disputa capitalista A raíz de las recientes denuncias, algunas empresas asociadas comercialmente a la AFA han solicitado eliminar a los intermediarios financieros designados por Tapia. Es el caso de la empresa “Socios.com”, que se dedica a la ‘monetización de seguidores’. En su momento, Tapia destacó la importancia de generar “ingresos digitales” a través de los Fan Tokens administrados por esta empresa para estar “cerca de los fanáticos de la selección en todo el mundo”. Como puede apreciarse, los negocios que quieren ser apuntalados por Milei y su camarilla ya están en desarrollo en manos de los Tapia. Tapia se ha convertido en el gerente máximo de los codiciados negocios del fútbol, los cuales ha desarrollado en todas sus facetas: multiplicación de torneos y competiciones, transmisiones, sponsors, apuestas y videojuegos. Lo del “Chiqui” es, incuestionablemente, una gestión capitalista del fútbol. El próximo Mundial de fútbol ha generado un incremento exponencial de los ingresos. Ante ello, las arremetidas periodísticas y judiciales contra Tapia, muchas de las cuales emanan desde EE. UU., que filtran datos a La Nación, indudablemente apuntan a una reorganización de los negocios del fútbol y a quebrar este monopolio de Tapia, quien, por el momento, está sostenido por todos los lazos políticos, comerciales y financieros que tejió a lo largo de su trayectoria. La AFA de Tapia acaba de renovar, en medio de esta crisis, el contrato de transmisión de los torneos del futbol de ascenso a Clarín. La privatización del fútbol es escenario de una colosal disputa de poder. Milei, luego de encabezar una arremetida bajo la bandera del ingreso al fútbol de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) ha bajado el tono de la disputa pública. Esta moderación sería una recomendación para que el ‘AFA-gate’ no lo afecte, políticamente, en la antesala del Mundial, y en especial a Trump, empeñado en que la sede en Estados Unidos sirva para su lucimiento.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía señala en un boletín informativo que la producción nacional, entre enero y diciembre de 2025, alcanzó 11.618 millones de litros de leche, el volumen más alto en materia productiva de la década para el sector lácteo y el segundo a nivel histórico. En estas condiciones, la industria láctea atraviesa una profunda crisis, marcada por la quiebra de empresas históricas como Sancor, a la que se ha agregado Arsa, La Suipachense y, ahora, Verónica. El salto en la producción de leche enfrenta, sin embargo, una caída drástica del consumo. Las quiebras han dado paso a una concentración de capitales internacionales que dominan ampliamente el mercado. La canadiense Saputo -considerada la principal procesadora, dueña de marcas como Paulina y Molfino, y muy fuerte en la exportación en quesos- compite por el primer puesto en volumen procesado. La Serenisima, líder en procesamiento de leche y principal exportadora de leche en polvo, muy arraigada en el mercado interno, ha pasado a manos de la multinacional francesa Danone. Otra francesa, Savencia, creció significativamente tras adquirir Milkaut e Ilolay (Yolcle), posicionándose entre los líderes. De conjunto, los capitales internacionales están dominando el mercado lácteo en desmedro de la caída brutal de las cooperativas y empresas medianas del Santa Fe y Córdoba. Estas multinacionales han instaurado una tecnología desde el origen que aumenta la producción casi sin competencia. El 30 % de los tambos de estas empresas menores en quiebra, según una reciente encuesta del INTA, trabajan sobre tierra arrendada cuyos valores de alquiler se miden por la rentabilidad comparativa con la soja. Las empresas más pequeñas no logran pagar a tamberos, transportistas y proveedores, rompiendo la cadena productiva. Las multinacionales, ya dueñas de las tierras de explotación y con una tecnología de punta, hacen imposible la competencia. En estos días se está trabajando en un acuerdo del Mercosur con el mercado europeo que tiene como trasfondo esos intereses. En el movimiento obrero, la tensión trasciende a las fábricas involucradas. Las multinacionales ya están poniendo en marcha el banco de horas y el fraccionamiento de las vacaciones. Se apoyan en lo que llaman las “dificultades del sector” para planchar paritarias con el acuerdo de un sindicato (ATILRA). Esta es la base económica de las luchas obreras en la industria.

La designación del teniente general Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa en diciembre pasado, adquirió mayor relevancia con la publicación del DNU 941, que reforma la Ley de Inteligencia (25.520), y que representa un cambio sustancial en materia de inteligencia por parte de la pandilla libertaria. Entre las modificaciones que introduce se encuentra la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que dependía del Ministerio de Defensa. Según los considerandos del DNU, su existencia generaba superposición de funciones y una estructura sobredimensionada respecto de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Desde ahora, será este último organismo el encargado de la producción de Inteligencia Estratégica Militar, con una doble responsabilidad informativa hacia el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto, dándole mayor injerencia a los militares en el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), lo que fue recibido en las Fuerzas Armadas como una reivindicación a las fuerzas, a la vez que les da un mandato para coordinar tareas. Si bien el decreto coloca al frente del sistema de inteligencia militar al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, sus agentes tendrán “una dependencia funcional” del ministro del área, es decir de Presti, que con estas reformas se ve fortalecido. Dentro de la lucha de camarillas palaciegas, Presti responde a Karina Milei, enfrentada con Santiago Caputo, quien se supone políticamente a cargo de la SIDE y con estrechos vínculos con las agencias internacionales de inteligencia (CIA y MOSSAD) y la derecha continental. De esta manera los liberticidas militarizan la inteligencia. Durante los gobiernos K, con el ascenso de César Milani, se privilegió la inteligencia militar como resultado de la crisis entre el kirchnerismo y la camarilla de “Jaime” Stiuso. Con el decreto 941 se elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que era subsidiario del Ministerio de Defensa, a la vez que se crea la dirección del Estado Mayor Conjunto, que estará bajo la dirección de los altos mandos militares, y contará con un presupuesto de $ 112.032 millones. Estos fondos se agregan a los $71.715 millones destinados anteriormente al Ministerio de Defensa, para llevar adelante tareas de inteligencia. Pero como el Decreto 941 pone a la Secretaria de Inteligencia en el vértice del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), ella tendrá bajo su control el manejo de las partidas presupuestarias y la conducción directa de la planificación estratégica, la coordinación interinstitucional y la producción de inteligencia nacional. A su vez se le da a la SIDE mayor discrecionalidad en el manejo de los fondos reservados y los espías tendrán una mayor capacidad de acción, como por ejemplo detener a personas en flagrancia sin la necesidad de contar con una orden judicial, dando aviso a la policía, obviando la intervención de la Justicia y las operaciones en las que estén embarcados los agentes de inteligencia tendrán el carácter de encubiertas, sin dar mayores precisiones sobre estas tareas. La Nación accedió a una fuente del entorno del ministro de Defensa, la cual aseveró que “todo el presupuesto de inteligencia del Estado lo manejará la SIDE”, tratando de desestimar posibles disputas internas por el manejo de las partidas presupuestarias (La Nación, 19/1). Desde el Ministerio de Defensa señalan que los cambios introducidos por el Decreto 941 por los “reformistas” libertarios, apuntan a lograr “un trabajo más coordinado y de mayor confianza entre las fuerzas militares y la SIDE, sin compartimentos estancos” (ídem). Estamos en presencia de una centralización de tareas para espiar, perseguir y coaccionar, en síntesis, un Estado policial, que los liberticidas presentan como “un sistema más cohesionado, en el que la producción de inteligencia estratégica se base en información integrada, oportuna y verificable” (Infobae, 2/1). Como señalamos antes, la revitalización de la injerencia de los militares en materia de inteligencia estuvo precedida por la designación del ex teniente general Cesar Milani, quien ejerció el cargo de jefe de Estado Mayor General del Ejército entre julio de 2013 y junio de 2015, convirtiéndose en el hombre fuerte de la inteligencia hacia dentro del Ejército durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, quien “alentó la expansión del aparato militar en momentos en que desconfiaba de la estructura de la SIDE que respondía a Antonio ‘Jaime’ Stiuso” (La Nación, 19/1). Los militares también han recibido con beneplácito la conformación de la Agencia Nacional de Contrainteligencia y la derogación de la resolución 1020, del año 2009, impulsada por la entonces ministra Nilda Garré, que impedía a las Fuerzas Armadas realizar esa actividad. Sobre este punto, y dando su aval a las reformas, el teniente general retirado Juan Martín Paleo, que condujo las Fuerzas Armadas entre 2020 y 2024, señaló: “Es sentido común. El nivel estratégico militar del Estado Mayor Conjunto producirá su propia inteligencia y el Comando de Operaciones, la inteligencia operacional. Ambas las hacía hasta ahora el Ministerio de Defensa, lo cual es absurdo. Y las tres fuerzas seguirán haciendo la inteligencia del nivel táctico. Así funciona en el 99% de los países”. Paleo puso sobre la mesa el alcance del nuevo organigrama del SIN, al señalar que las reformas “salen de la lógica ideologizada del consenso democrático que buscaba licuar el poder de los militares” y advirtió que “habrá que estar atentos a cómo se instrumentarán los cambios” (ídem). Las partidas presupuestarias destinadas a tareas de inteligencia de las Fuerzas Armadas incluidas dentro del Presupuesto 2026, votado en diciembre último, dan cuenta del encumbramiento de los sectores castrenses en el Estado policial montado por los liberticidas. Con la finalidad de sostener la inteligencia operacional táctica, el Ejército recibirá, a través de la Dirección General de Inteligencia, $40.132 millones y $727 millones para el funcionamiento de unidades de inteligencia, dentro de la Dirección General de Organización y Doctrina. Por su parte la Armada para tareas de inteligencia dispondrá de $34.206 millones y la Fuerza Aérea recibirá $32.997 millones. Mientras tanto, el Estado Mayor Conjunto será el órgano de las Fuerzas Armadas que menos partidas presupuestario reciba, a pesar de que tendrá bajo su mando todo el funcionamiento de la inteligencia militar, y en tal sentido recibirá “$3.920 millones, de los cuales $2.677 millones se envían a las delegaciones y agregadurías en el exterior; $650 millones se destinan a la capacitación en el Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, y $650 millones, a la formación de Inteligencia Conjunta en el mencionado instituto militar” (ídem). El personal de las Fuerzas Armadas destinados a tareas de inteligencia, que por obvias razones se desconoce el número y sus identidades, se compone por efectivos cooptados hacia dentro de las fuerzas y personal civil, conformando una gran estructura distribuida territorialmente. En este punto, lo liberticidas abrevan del legado dejado por Milani, quien en su momento impulsó la creación de “unidades de nivel táctico, compañías y secciones de inteligencia, incluso en lugares alejados de las grandes ciudades” (ídem), promoviendo a civiles en tareas de análisis y tareas administrativas. La injerencia militar en la esfera de la inteligencia se da en el marco mayores acercamientos con los Estados Unidos en materia de defensa y agenda hemisférica. Desde el Ministerio de Defensa se comunicó que el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Daniel Martella, sostuvo una reunión en Buenos Aires con Leandro Rizzuto, representante permanente de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde ambos equipos ratificaron la prioridad de la seguridad hemisférica, la estabilidad regional y una reforma institucional del organismo orientada a “resultados, eficiencia y transparencia” (Escenario Mundial, 14/1). A la subordinación de la SIDE por el Mossad y la CIA, se le suma el total alineamiento de las Fuerzas Armadas a la doctrina de seguridad enarbolada por el trumpismo, convirtiéndolas en subsidiarias de la estrategia militar de los Estados Unidos, dando operatividad militar y de inteligencia a la reconfiguración mundial que quiere imponer Trump mediante el garrote del Tío Sam. LEER MÁS: La reforma de la SIDE va al Congreso Por Lucas Giannetti, 14/01/2026. Presti encabeza la transición a un gobierno cívico-militar bajo supervisión norteamericana Reestructuración en la cúpula de las Fuerzas Armadas. Por Lucas Giannetti, 09/12/2025.

Fue un día de lluvia intensa. La ruta debería haber estado señalizada, asistido el tránsito, o cortada por personal de Vialidad, por la Dirección del Agua, por la policía o por la Comuna, o sea por alguien con responsabilidad políticas, pero todos estuvieron ausentes. Ya desde la noche todos sabían que el agua cubría la ruta y que el canal estaba desbordado. Desde siempre ese tramo se llena de agua cuando llueve. Las obras elementales para evitarlo no se hicieron. También se sabe que ese tramo queda más chico cuando recibe el agua que drena hacia las rutas y caminos desde los cañaverales, más aún en las grandes tormentas. El programa Pre lluvia tiene partidas en el Presupuesto de la Provincia. Y bajo la Ley 7.875 de Emergencia Hídrica (prorrogada hasta fines de 2026), el Ministerio de Economía tiene la facultad de “extraer” crédito de otras partidas del Tesoro y moverlo hacia el Plan Pre Lluvia de forma casi inmediata si hay riesgo inminente de tormentas. También el Ministerio del Interior para asistir a las 93 comunas rurales con riesgos hídricos identificados. Las Comunas que forman parte del corredor de la Ruta 303 también deberían conocer los problemas y los riesgos para los vecinos de cada pueblo. Y reclamar al gobierno provincial, en nombre de los habitantes para los que gobiernan, obras que, como en este caso, evitarían la pérdida de vidas. Este año, el gobierno de Jaldo a cambio de apoyar el presupuesto 2026, recibió en enero un ATN por 20 mil millones, bajo el título de “previsión de inundaciones”. Y más que se duplicó el presupuesto 2026 para Obras Públicas. Pero para un problema recontra conocido por todos, los Comisionados Comunales de Los Ralos, Las Cejas, Los Pérez, Mayo, Delfín Gallo, cuyos vecinos pasan por esa ruta para desarrollar su vida, nunca tuvieron atención. Los funcionarios de Vialidad Provincial, de la DPA, del Ministerio del Interior y de la Obras Públicas, y los Comisionados Comunales, tienen que rendir cuentas por negligencia criminal, por abandono de personas. Una asamblea popular vecinal debe establecer el plan de obras prioritarias bajo su control para que efectivamente se ejecuten. Las familias de los tres jóvenes fallecidos deben ser indemnizadas y asegurar los fondos para la efectiva y completa recuperación de los otros dos jóvenes internados. Plena solidaridad con las familias de las víctimas. POLÍTICA OBRERA EN LOS RALOS , 19/01/2926.

19 muertos, más de 25 mil hectáreas quemadas y 325 viviendas destruidas es el saldo hasta ahora desde que se desataron más de 20 focos de incendio en el Centro Sur de Chile el pasado 17 de enero. Las regiones del centro-sur Bio Bio y Ñuble son las más afectadas, ambas enteramente dedicadas a la industria forestal. El presidente Gabriel Boric decretó el estado de catástrofe en ambas regiones. La medida implica, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas tomarán el control. Una vez más, al igual que en los incendios del noroeste de Chubut, la sequía persistente, las altas temperaturas, la industria maderera y el Estado son los responsables. En 2021, en Chile se propuso una ley que obligaría a la industria forestal a realizar evaluaciones de impacto ambiental, pero en distintos pasos por distintas comisiones del Congreso terminó por hacer inocua esa ley y todo sigue sin evaluaciones de riesgo. La industria forestal presenta planes de manejo en promedio de 143 hectáreas que no llegan a las 250 hectáreas que determina la ley para el Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. Chile tiene 3 millones de hectáreas dedicadas al monocultivo para la producción de madera. Allí también, igual que en nuestra Patagonia, se reemplazó el bosque nativo por plantaciones de pinos y eucaliptus, dos especies exóticas. El primero proviene de América del Norte y el segundo de Australia. Los pinos y eucaliptos han sido descriptos como especies “pirofíticas”, es decir amigas del fuego : su resina es altamente inflamable y reduce la humedad relativa del ambiente. Absorben mucha agua de lluvia del suelo, extinguiendo a otras especies. Por otro lado, la tala rasa, una práctica de alto impacto ambiental que consiste en talar todos los árboles de un bosque, de cualquier edad o especie, indiscriminadamente, se usa libremente en Chile. Los caminos para transportar la “cosecha” terminan de arruinar el suelo. En algunos países -EEUU, Rusia, los escandinavos- se declaran áreas protegidas y arriendan territorios a largo plazo para mitigar el efecto de la tala rasa. En América Latina, en cambio, la tala rasa arrasa con bosques suelos y medio ambiente. Chile es el segundo productor de celulosa en América Latina y ese es el principal destino industrial para su madera, no para la construcción ni para mobiliario. La industria del papel, cabe agregar, es altamente contaminante. Chile se ufana de tener una industria forestal de avanzada, “amigable” con el medio ambiente. Esgrime al respecto certificaciones medioambientales en un 70% de los proyectos, como pocos países del mundo. Sin embargo, los incendios son frecuentes y muy destructivos. En febrero de 2024, incendios en la zona de Viña del Mar causaron la muerte de 138 personas , con gran pérdida de viviendas y un saldo de territorios diezmados. El capitalismo está en una etapa de descomposición y destrucción que no tiene fronteras.

Los trabajadores de Dr. Ahorro volveremos a movilizarnos ante la falta de respuestas por parte de la patronal, que despidió a 90 trabajadores y trabajadoras adeudando el mes trabajado, el aguinaldo y las vacaciones no gozadas. El vaciamiento por parte de la patronal continúa. Las góndolas están vacías y no se compran medicamentos para reponer. Quiénes continúan trabajando deben cubrir la falta de personal realizando horas extras que no son abonadas como tales ni pueden recuperar como franco. La concentración está convocada para este miércoles 21 de enero en la sucursal ubicada en la calle Cerrito 342, en la zona céntrica de la Ciudad, e invitan a todos a participar de la misma y a rodear de apoyo el reclamo. Ese mismo día, además, una delegación participará de la movilización de los jubilados en el Congreso. Los trabajadores y trabajadoras de Farmacias Dr. Ahorro vienen librando su lucha organizándose en asambleas autoconvocadas. El sindicato (ADEF) les manifestó en la cara que no van a hacer nada. Los 90 despidos y el cierre de 11 sucursales se enmarcan en un contexto general de despidos y cierres de fábricas, de inflación ascendentes y salarios congelados. El gobierno liberticida pretende votar una contrarreforma laboral fascista que imponga la dictadura patronal al interior de las fábricas y lugares de trabajo e impida la organización de los trabajadores y trabajadoras en defensa de sus condiciones laborales. La reforma laboral también tiene la venia de la burocracia sindical de la CGT. Invitamos a apoyar masivamente la lucha de los Trabajadores y Trabajadoras de Farmacias Dr. Ahorro sumando adhesiones, participando de las acciones y medidas que convoquen y colaborando con el fondo de lucha. Aportes al fondo de lucha de los trabajadores : Alias: FONDO.LUCHA. AHORRO Facebook e instagram: #Trabajadoresdrahorroenlucha LEER MÁS: Movilización de trabajadores a casa central de Farmacias del Dr. Ahorro Por Claudia Jati, 16/01/2026.

Después del 7 de octubre, el gobierno de Benjamín Netanyahu canceló los permisos de trabajo de unos 150.000 obreros palestinos, que llegaban diariamente a Israel desde Gaza y Cisjordania. Los hombres, empleados principalmente en la construcción o la agricultura, ganaban salarios entre cuatro y diez veces superiores en Israel. Solo en Cisjordania -donde no hay trabajo y, si se consigue alguno, el sueldo ronda apenas los 15 dólares diarios-, desde hace dos años unas 200.000 familias quedaron privadas de todo ingreso. Para muchos no hay otra alternativa que entrar clandestinamente a Israel. Cruzar a Israel es treparse a un muro de nueve metros de altura y exponerse a ser detenido o baleado por el ejército que lo patrulla. Del otro lado los esperan “intermediarios” que les cobran unos 400 dólares por llevarlos a obras de construcción en Tel Aviv, Jerusalén o Haifa según un relevamiento realizado por Shomrin, una coalición de periodistas israelíes independientes. Los patrones se aprovechan de la situación y “los salarios se han desplomado” con la excusa de que si el gobierno descubre que emplean obreros palestinos les cobran multas altas. Pero la mayoría de las obras de construcción quedaron paralizadas por falta de mano de obra. El empleo de 86.000 trabajadores migrantes, en su mayoría procedentes de la India o China, no fue suficiente para cubrir la falta de mano de obra y creó otros problemas, especialmente de vivienda. En cuanto a los trabajadores israelíes, consideran que el pago que se les ofrece “es propio de esclavos” (Haaretz, 10/25). Muchos palestinos que logran pasar desde Cisjordania terminan presos. La ONG de periodistas independientes israelí Shomrim apeló a las leyes de información pública para que la policía israelí admitiera que entre el 7 de octubre de 2023 y fines de 2024, se abrieron alrededor de 15.000 causas contra palestinos que entraron ilegalmente. Shomrim sostiene que a los encausados hay que sumarles “un número importante que fueron detenidos y deportados a Cisjordania sin ningún procedimiento policial oficial”. “Nadie puede decir qué proporción representan del número total de palestinos que se encuentran ilegalmente en Israel”, aseguran. Según las ONGs, el número de palestinos que intenta trabajar en Israel, aunque sea ilegalmente aumenta constantemente- Los trabajadores carecen de cualquier derecho. Normalmente no tienen trabajo fijo; en el mejor de los casos les dura una semana y después el intermediario los lleva a otro lado para evitar los controles policiales. Durante la jornada laboral, les dan un almuerzo ligero, como sándwiches, shawarma o falafel. Terminado el trabajo, deben buscar por su cuenta un escondite hasta el día siguiente, comprar algún alimento envasado y llenar un par de botellas de agua para beber y bañarse. Las condiciones de vida son atroces: “Si no fuera porque tengo una familia e hijos a los que mantener, preferiría suicidarme y no tener que vivir así”, le dice uno de ellos a Le Monde (10/2025). El hombre duerme tapado con cartones en una reserva natural; antes del amanecer el empleador pasa a recogerlo. Otros se esconden por la noche en obras abandonadas o espacios abiertos y se tapan con plásticos y cajas de cartón. “Somos como ratones y la policía es como gatos. Intentan atraparnos y nosotros huimos”, dice Abu Hatem, de 17 años, que así mantiene a su madre y sus hermanos. La lluvia y las bajas temperaturas hacen que las condiciones sean insoportables. Según Abu Hatem, algunos trabajadores han sufrido hipotermia. «Por la noche hace mucho frío. Hay jabalíes, puercoespines y serpientes. En una noche realmente buena, consigo dormir entre tres y cuatro horas», dice. Los intermediarios llevan el dinero a las familias y en general cada tres meses los trabajadores vuelven a su pueblo por unos días. En octubre de 2024, Le Monde, en una larga nota sobre los trabajadores clandestinos en Israel, entrevistó a varios soldados de los que vigilan que nadie pase el muro. La totalidad de los soldados que entrevistó respondieron que intentaban ingresar para cometer actos terroristas, La Asociación de Constructores Israelíes ha reclamado con insistencia que se reanuden los permisos, pero el gobierno permanece inflexible. Las ONGs israelo-palestinas, por su parte, denuncian que «los representantes de los colonos de Cisjordania votan, en el gobierno y en la Knesset, a favor de prohibir a los palestinos trabajar en Israel, ¡mientras que miles de ellos siguen empleándolos en sus granjas de la Zona C, que está bajo exclusivo control israelí. Incluso se tolera el trabajo infantil”. Haaretz afirma que un número cada vez mayor de palestinos sospechosos de entrada ilegal están detenidos bajo custodia policial en celdas superpobladas, donde incluso se les dice que «defequen unos sobre otros». Decenas de detenidos son hacinados en pequeñas celdas, otros pasan la noche tirados en el suelo o en sillas metálicas. La abogada defensora Ayelet Cohen ante el Tribunal de Distrito de Be'er Sheva dijo que todos estaban de pie y que no les permitía ir al baño. El juez denegó la excarcelación. Algunos, en pleno invierno, son encerrados en jaulas al aire libre en las colinas de Jerusalén, encadenados, sin zapatos y con mantas húmedas. Un detenido le dijo a su abogado que no lo dejaron ir al baño en cuatro días (Haaretz 14/1/26). «El demandado está recluido en una celda sin paredes, con todo lo que ello implica, dado el frío invierno de Jerusalén», declaró el juez Ofir Tishler. «Y según su denuncia, que no ha sido refutada, estuvo esposado por los tobillos y las muñecas durante toda su estancia». Según la Federación General Palestina de Sindicatos, entre octubre de 2023 y diciembre de 2024, 55 obreros fueron asesinados cuando trataban de cruzar el muro. Israel oculta a cuántos obreros tiene detenidos en condiciones de tortura. Los trabajadores, no importa donde estemos, debemos denunciar esta barbarie del capital. Alzar nuestra voz. LEER MÁS: Franja de Gaza: la “segunda fase” reafirma la disolución del Estado palestino y la ocupación del territorio por parte de Israel Por Olga Cristóbal, 15/01/2026.

Javier Milei anunció el sábado que Donald Trump lo invitó a sumarse a la Junta de Paz (Board of Peace, BoP), anunciada el jueves pasado y de la cual el propio Trump se autodesignó presidente. El genuflexo respondió en X que será “un honor” acompañar la iniciativa “para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”. En principio, la Junta de Paz “supervisará” la reconstrucción de Gaza y al comité de tecnócratas “palestinos” que la administrará marginando al pueblo palestino de cualquier decisión sobre sus territorios y su destino con el objetivo de forzarlos a abandonar la Franja por las condiciones insoportables de existencia. El convite del yanky incluiría una serie de condiciones en su estatuto preliminar, entre las que se destaca un “aporte extraordinario” que las naciones invitadas deberían abonar. Trump está invitando a los países a unirse por un período superior a tres años, si están dispuestos a desembolsar más de mil millones de dólares en efectivo durante el primer año de la junta, según un borrador de los estatutos de la junta revisado por The New York Times (18/1). El documento no indica cuál es el destino de ese dinero. La renovación de los mandatos, de todos modos, estará sujeta no solo al pago sino a la voluntad del presidente (Trump). “Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar”, había escrito Trump en redes sociales cuando anunció que había fundado su Naciones Unidas paralela, con el objetivo de “terminar con la guerra en la Franja de Gaza, además de otros conflictos globales”. En cuanto a la forma de alcanzar esos objetivos, el preámbulo del texto señala que es necesario “alejarse de enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado”, en alusión a las Naciones Unidas. La carta precisa además que la adhesión está limitada exclusivamente a Estados soberanos invitados por el presidente del organismo, es decir, Trump. “La membresía en la Junta de Paz está limitada a los Estados invitados a participar por el Presidente”, indica el artículo correspondiente. Más claro aún: la lista, de 15 miembros, está siendo conformada por Trump a su antojo. Hasta ahora, los nombrados son principalmente altos funcionarios estadounidenses, entre ellos su yerno Jared Kushner (un desarrollador inmobiliario encargado de convertir la tierra palestina en una Riviera del Medio Oriente), el jefe de la diplomacia yanky Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y el ex primer ministro británico Tony Blair -otro desarrollador inmobiliario-, fuertemente resistido por los países árabes por su papel en la invasión a Irak en 2003. Estos primeros integrarían el Consejo Ejecutivo, todos estadounidenses excepto Blair. Otros invitados para un segundo nivel son el turco Recep Tayyip Erdogan, el egipcio Abdel Fatah al-Sisi, el brasileño Lula da Silva, el paraguayo Santiago Peña, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y Milei. Las decisiones de la Junta se podrán votar en conjunto, pero Trump tendrá autoridad exclusiva para aprobarlas o no. A pesar del carácter autocrático en la conformación del organismo y la anulación de todo derecho nacional a los palestinos, la Junta de Paz fue respaldada por un mandato legal de las Naciones Unidas: el infame voto del Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre. Sin embargo, aunque se supone que la Junta se concibió como parte del plan de Trump para supervisar Gaza, en los estatutos ni siquiera se la menciona. “Esa omisión alimentó las especulaciones de que el grupo podría tener un mandato más amplio para cubrir otros conflictos e incluso podría tener como objetivo crear una alternativa al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dominada por Estados Unidos” (ídem). Según los estatutos, la misión de la Junta es «promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima y garantizar una paz duradera en las zonas afectadas o amenazadas por conflictos». Como se ve, un permiso de intromisión librado a la voluntad del yanky en todos “los conflictos” del planeta. Junto con la «Junta de Paz», la Casa Blanca también esbozó el viernes una «Junta Ejecutiva de Gaza» que ayudaría a servir de enlace con un comité de tecnócratas palestinos designados para administrar la vida cotidiana en Gaza. La junta ejecutiva de Gaza incluye, entre otros, a Ali al-Thawadi, un alto funcionario qatarí, y al canciller turco, Hakan Fidan. La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, afirmó que la Junta “no es legal": “Se trata de un intento descarado de imponer, mediante la amenaza de una fuerza continua contra una población prácticamente indefensa, los intereses de EE.UU. e Israel”, declaró. Esta segunda junta ejecutiva desempeñaría un papel de apoyo. Algunos funcionarios estadounidenses forman parte de ambas, al igual que Blair (NYT, 19/1). Y es la que debería supervisar una “Fuerza Internacional de Estabilización” que se desplegará en Gaza con el objetivo de desarmar a Hamás y a las milicias palestinas y ocuparla durante la campaña de reconstrucción, que se extenderá por varios años (NYT, 19/1). Si bien Trump ya nombró al general estadounidense que debería dirigirla, por ahora ningún país -incluido Estados Unidos- se mostró dispuesto a integrarla. El designado es el mayor general Jasper Jeffers, comandante del Mando Central de Operaciones Especiales, que opera en Oriente Medio, y tiene en su CV haber “supervisado” el alto el fuego negociado entre Israel y el Líbano el año pasado, que los sionistas han violado más de un millar de veces. No está claro cómo esa fuerza internacional garantizaría la desmilitarización de Gaza. Por las dudas, el jueves pasado, Trump amenazó a Hamás con un nuevo conflicto si no se desarmaban, escribiendo en las redes sociales: «Pueden hacerlo por las buenas o por las malas» (NYT 16/1). Trump avanzó que dará más detalles durante el Foro de Davos, que se celebra en Suiza y donde tiene previsto intervenir. A las inacabables muestras de subordinación de Milei a los mandatos de Trump se sumó la decisión del gobierno de declarar organización terrorista a la Fuerza Quds, una fracción de la Guardia Islámica. El gobierno de la República Islámica respondió que la Argentina “sin duda recibirá una respuesta adecuada por parte de Irán”. La integración de Milei a la Junta de Paz inventada por Trump involucra a la Argentina aún más profundamente en la política belicista, fascistizante y autocrática del norteamericano. LEER MÁS: Franja de Gaza: la “segunda fase” reafirma la disolución del Estado palestino y la ocupación del territorio por parte de Israel Por Olga Cristóbal, 15/01/2026.

Desde el asesinato de Renee Nicole Good, madre de 37 años, abatida a tiros al volante de su coche por el agente de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) Jonathan Ross el 7 de enero, las protestas se intensificaron diariamente en Minnesota -sobre todo entre los estudiantes. El 13 de enero fue lanzado el llamado a una huelga general para el próximo 23. A “No trabajar, No estudiar, No comprar”. Los convocantes a la huelga son sindicatos -como la Federación de Educadores y el sindicato de Transportistas Amalgamados- y organizaciones civiles, de derechos humanos y religiosas; en total son 90 organizaciones hasta ahora. Reclaman que ICE abandone Minnesota; juicio y castigo para el oficial asesino de Good; la eliminación de fondos federales adicionales para ICE en el próximo presupuesto, y la investigación de ICE por violaciones constitucionales y a los derechos humanos. Además, hacen un llamado a las empresas de Minnesota y del país para que reivindiquen la aplicación Cuarta Enmienda -en referencia a las garantías constitucionales-, cesen sus relaciones económicas con ICE y le nieguen la entrada o el uso de su propiedad como base de operaciones. La indignación siguió aumentando esta semana cuando otro funcionario federal disparó e hirió a un hombre venezolano. Además, ante el aumento de las protestas, cientos de agentes adicionales de ICE fueron desplegados en Minnesota. El ICE es una fuerza represiva brutal. Arrastran a los detenidos, apresan contra el piso a las embarazadas, irrumpen en las escuelas, realizan allanamientos sin orden judicial, secuestran y separan a los padres de los hijos y utilizan autos sin patentes. Con la excusa de perseguir migrantes, aterran a toda la población. El ICE recibió un aumento presupuestario masivo bajo la “Gran y Hermosa Ley” de Trump en 2025: 75 mil millones de dólares adicionales en cuatro años, casi triplicando su financiación anual. En 2025, su personal aumentó a más del doble gracias a un reclutamiento intensivo, seguido de una capacitación breve con doctrina de supremacismo blanco incluido. Ahora Donald Trump escala amenazando con aplicar la Ley de Insurrección, lo que equivale a una declaración de guerra contra su propia población, ya que le permite desplegar a las fuerzas armadas para la seguridad interior. En Minnesota se desarrolla una organización para resistir y derrotar al ICE. Apenas son identificados, los oficiales son increpados por los vecinos, que se convocan mediante grupos de mensajería, los hostigan con silbatos y les impiden el paso. Esta autoorganización está haciendo lo que las centrales sindicales -en su mayoría vinculadas a los demócratas- no quieren hacer. Trump está impulsando al ICE como una organización a medio camino entre un grupo de tareas y una fuerza de ocupación, pero no está logrando arriar a ninguna organización de masas a sus fines fascistas. El influencer conservador Jake Lang, que tiene casi 74.000 seguidores en Facebook y que organizó la “Marcha contra el fraude de Minnesota” frente al Ayuntamiento de Minneapolis, fue recibido por la convocatoria de la Coalición de Acción Popular Contra Trump, que lo superó ampliamente en número. El fraude en cuestión es una acusación contra el gobernador demócrata del estado, Tim Walz, que lo ha llevado a renunciar a su reelección. Los demócratas condenan las acciones del ICE y también las acciones “violentas” de los manifestantes-, pero solo atinan a llamar a la paz y a pedir medidas judiciales inocuas. Luego del asesinato de Good, un juez federal dictó restricciones al accionar represivo que no se están cumpliendo. Al mismo tiempo, otro fiscal inició una denuncia contra el gobernador de Minnesota y el alcalde de Minneapolis -ambos demócratas- por obstrucción a la justicia. El gobernador Walz ha anunciado que movilizará a la Guardia Nacional estatal para apoyar a la Policía Estatal de Minnesota y mantener el orden durante las protestas. Si éste aplica la Ley de Insurrección, la Guardia Nacional -que en tiempos normales responde al gobernador- pasa a depender de la Presidencia y a actuar como parte de las fuerzas armadas. Es decir que le podría estar ahorrando a Trump el costo fiscal de desplegar a los marines. El otro gran ausente en la convocatoria a la huelga es la CGT yanqui de Minnesota, la AFL-CIO (Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales). Su mayor audacia es convocar a los trabajadores a que den parte de enfermo si van a ir a la huelga. Estas burocracias están siendo rápidamente superadas por las autoconvocatorias contra los oficiales fascistas. Trump está llevando la guerra a su propio país y los trabajadores norteamericanos le están haciendo frente, no sólo resistiendo al ICE sino también movilizándose contra el ataque a Venezuela –como antes contra el genocidio en Gaza. La escalada bélica de Trump sólo puede ser frenada por la movilización popular que los demócratas pretenden disipar. Minnesota es el emergente de un volcán que va encontrando sus propios canales para responder a la carestía, al estado de excepción y a la política de guerra de Trump. LEER MÁS: "Bajo cero y bajo fuego: la rebelión migrante en las barbas de Trump" Se ha convocado a un paro general en el estado de Minnesota para el próximo 23. Por María Negro, 19/01/2026.

Sindicatos industriales y del transporte entre los que se encuentran la UOM y el SMATA convocaron una reunión para esta semana al margen del nuevo triunvirato que conduce la CGT. Su intención es presionar para que se realice una protesta contra la reforma laboral que se tratará en febrero. Los gremios convocantes cuestionan por lo bajo la estrategia de la cúpula de la CGT, que se limita a gestionar junto a los gobernadores una oposición en el Congreso que habilite una votación por artículos y una impugnación ante la justicia laboral. Los dirigentes de la CGT -Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros)- ni mencionan la posibilidad de un paro general. Sólo hacen referencia a un paro cuando los periodistas se lo preguntan. Triunviratos anteriores se fueron de boca prometiendo paros generales que nunca convocaron, aunque su propia base les reclamaba “que pusieran la fecha”. Desde los días previos a la renovación de autoridades de la CGT, ya se hablaba de un sector de gremios industriales que presionaba para que la central obrera tuviera un perfil “más confrontativo con el gobierno de Milei” . Pablo Moyano, Furlán, Aceiteros, SiPreBA, el SMATA, ATE, apoyaban esa orientación . En el último encuentro, los sindicatos discutieron un programa para el próximo gobierno popular , que rápidamente cajonearon ante el desplome del peronismo en las elecciones legislativas nacionales . Según Página/12, “para este grupo de gremios, entre los que están los poderosos UOM y SMATA, la inminencia del tratamiento de la reforma laboral los impulsa a no esperar al consejo directivo. Quieren una movilización entre el 10 y 11 de febrero, posibles fechas de tratamiento del proyecto en el Senado. Poco a poco se suman más gremios, muchos del transporte.”. En cada fábrica y en cada lugar de trabajo los capitalistas amoldan la contrarreforma laboral de acuerdo sus objetivos: en Lustramax , despidiendo a los delegados y a los activistas; en Granja Tres Arroyos , retrasando los pagos y reduciendo los salarios; en el SUTNA , con despidos masivos y el congelamiento salarial que lleva más de un año. Los gremios que dicen impulsar una lucha contra la contrarreforma laboral, ¿cómo enfrentaron las iniciativas patronales en los últimos años? Sin lucha, saboteando las luchas iniciadas a pesar de ellos o desgastando la capacidad de lucha. Las patronales han congelado los salarios de los trabajadores de las siderúrgicas sin acordar aumentos salariales durante más de un año. Además, impulsaron suspensiones masivas en Acindar, despidos en Siderca, y retiros voluntarios a mansalva. En el convenio metalúrgico las patronales acordaron aumentos de salarios a la baja, sobre salarios básicos que ya son de miseria, aplicando reducciones salariales a través de suspensiones masivas, especialmente en la industria de línea blanca (electrodomésticos). Whirlpool cerró su planta despidiendo a sus trescientos trabajadores. ¿Cuál fue la respuesta de Furlán y la UOM a esta avanzada antiobrera? Se bajó de los paros escalonados de 24, 48 y 72 horas, porque llevaban a una huelga general . La camarilla de Furlán saboteó la rebelión de los tercerizados de Siderar en San Nicolás . En el SMATA, la situación es peor que en la UOM. Las patronales han liquidado a los cuerpos de delegados de Toyota y Volkswagen, de la mano del SMATA. Los retiros voluntarios dieron paso luego a los despidos, convirtiendo las fábricas prácticamente en cárceles donde hay que pedir permiso para ir al baño y donde el derecho de reunión dejó de existir. El SMATA ha sido la viga maestra de esta avanzada patronal, acompañando a las empresas en el armado de las listas de despedidos y soltando la mano de sus propios cuerpos de delegados . Los otros gremios que se sumarán a esta reunión han abordado las avanzadas patronales con la misma orientación que la UOM y el SMATA, con la excepción de Aceiteros, que impulsa este bloque de rompehuelgas y que bloquea cualquier alternativa combativa; presionar por un perfil más combativo para la CGT es humo. Estas maniobras son, sin embargo, una expresión de la convicción de un sector de la burocracia de que se aproxima una etapa en que las luchas se convertirán en imparables. No hay nada nuevo que esperar de estos armados al interior de la CGT. Es necesario impulsar y generalizar huelgas, ocupaciones de fábricas, y luchas que recorren a todo el país. LEER MÁS: La contrarreforma laboral de Milei, los gobernadores y la CGT Por Federico Fernández, 16/01/2026.

La crisis de la empresa Granja Tres Arroyos viene de largo. En 2024, la empresa presentó un Preventivo de Crisis para reducir los salarios de los trabajadores, algo que el Sindicato de la Alimentación aceptó sin lucha pero que desató una rebelión entre los trabajadores de la planta de Entre Ríos . Finalmente la reducción salarial se terminó aprobando , pero los atrasos en los pagos de salarios, aguinaldos, cargas sociales, cuotas alimentarias, continuó. La empresa cerró a fin de año el Frigorífico Beccar, también localizado en Entre Ríos, a la vez que era denunciada por los trabajadores de las granjas productoras por desabastecerlas de alimentos para los animales. Hasta fines de diciembre la empresa venía pagando las quincenas en cuatro cuotas, lo que equivale a pagar el salario mensual en ocho partes. Pero ese esquema tampoco se cumplió y desató otra rebelión en la planta de Concepción del Uruguay , la única donde los obreros tienen un marco de organización independiente del sindicato. Los atrasos en los pagos desataron paros autoconvocados en las plantas de Pilar, paros en la planta de Córdoba , paros de UATRE en las plantas productoras, paros en Capitán Sarmiento y actualmente en Wade, la planta de la ex Cresta Roja que fue adquirida por el grupo GTA. La empresa y el STIA de Concepción del Uruguay comprometieron un nuevo esquema de pagos, que con la llegada del 2026 directamente no se cumplió. Los delegados de la planta convocaron, después de casi dos semanas de huelga, a una asamblea general de los trabajadores para impulsar sacar el conflicto a las calles. La asamblea masiva aprobó la propuesta, con un primer corte del acceso a la ciudad de Concepción del Uruguay y si no hay respuestas un corte de la Ruta Nacional 14. El primer piquete se desarrolló en forma contundente, cortando la rotonda principal de la ciudad, con el apoyo del pueblo. La patronal soltó lastre pagando rápido dos cuotas de la deuda -que incluye vacaciones, aguinaldo, quincenas, cargas sociales, etc.-, pero los trabajadores rechazaron volver a trabajar y decidieron continuar con el plan de lucha. La huelga y el piquete de los trabajadores de Granja Tres Arroyos Entre Ríos, en medio de una ola de conflictos que crece en todo el país, es una referencia para todos los trabajadores del grupo, que bajo la orientación del Sindicato de la Alimentación son llevados a continuar trabajando a pesar de los múltiples incumplimientos de la empresa. La decisión de la asamblea de sacar el conflicto a la calle expresa una maduración en la comprensión de los trabajadores de los intereses en juego: una clase capitalista que en su conjunto impulsa una contrarreforma laboral en los lugares de trabajo , una clase obrera que da pelea con las herramientas que tiene y una burocracia sindical que representa legalmente a los trabajadores, pero que es funcional a los intereses del capital .

La histórica huelga lleva ya nueve días e ingresa en la segunda semana. Cientos de enfermeras y enfermeros vienen participando cada día en la línea de piquete, desafiando el frío intenso y la nieve, como se puede observar en las imágenes que recorren el mundo. Las reivindicaciones que levantan son que las proporciones paciente-enfermera mejoren, protección contra la violencia laboral, aumento salarial y cobertura médica adecuada. Los piquetes (picket lines) continúan realizándose todos los días de la semana, desde las 8 am, en los nueve puntos de la ciudad donde se encuentran ubicadas las sedes y anexos de los tres hospitales en lucha. El sábado, las enfermeras desafiaron la nieve sosteniendo las líneas de piquete en las puertas de los hospitales. También se movilizaron hacia los domicilios donde viven los directores generales de los hospitales Nueva York-Presbiterian, Montefiore y Mount Sinai. El lunes 19, las enfermeras ofrecieron revisiones sanitarias comunitarias gratuitas a los inquilinos de viviendas públicas, frente al Hospital The Mount Sinai, e invitaron a familiares y miembros de la comunidad a unirse a ellos en las otras líneas de piquete en lo que llamaron un “día familiar”. El martes 20 participaron el senador Bernie Sanders y el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, desde el picket line ubicado en el West Side. Bernie Sanders declaró: "La gente de este país está harta de la codicia en la industria sanitaria". Por su parte, Mamdani afirmó que está presionando para que todas las partes vuelvan a la mesa de negociaciones para lograr una "resolución rápida y urgente". Para ambos funcionarios el conflicto representa una crisis, ya que al momento no han podido ofrecer una salida en sus términos. Los directores de los hospitales siguen calificando las demandas del sindicato como irrazonables. Desde el NewYork-Presbyterian afirman que sus enfermeras están entre las mejores pagas de la ciudad, con una compensación anual media actual de 163.000 dólares, y añade que las demandas de la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA por sus siglas en inglés), de un aumento salarial del 25 % durante tres años, son "poco realistas". Por otro lado, el CEO de Mt. Sinai Health, Brendan Carr, declaró en un comunicado que "A pesar de nuestros mejores esfuerzos para negociar, un camino a corto plazo hacia un acuerdo es muy poco probable". "Durante el fin de semana, nuestros equipos operativos ampliaron nuestros planes para gestionar el Sistema Sanitario sin el apoyo de las enfermeras que la dirección de NYSNA ha convencido para hacer huelga". Además, un portavoz de Montefiore declaró "hasta que puedan retractarse de sus demandas imprudentes y peligrosas de 3.600 millones de dólares, el progreso en general no será posible". Desde que comenzó la huelga el 12 de enero, sólo se realizó una instancia de negociación con cada uno de los hospitales en conflicto. El jueves y viernes, enfermeras de NewYork-Presbyterian, Mount Sinai y Mount Sinai Morningside and West se reunieron con la dirección y los mediadores en la primera sesión de negociación desde que comenzó la huelga. El domingo por la noche fue el turno de Montefiore. En ninguna de las reuniones realizadas se lograron avances importantes. Pese a las negativas de los directivos y de las represalias y amenazas, las enfermeras y enfermeros sostienen su plan de lucha. "Tengo dos hijos y solo estoy yo. Así que si me rindo en esta pelea, me voy y me cortan el seguro, tengo que pagar de mi bolsillo por los tres", declaró en un medio de comunicación desde una de las líneas de piquete una enfermera. La segunda semana de huelga de los enfermeros y enfermeras se enmarca en un cuadro de movilizaciones en los Estados Unidos y en las vísperas de un paro general en Minnesota . Mientras Trump escala en sus intenciones bélicas contra Groenlandia y Europa, el imperialismo se pudre dentro de su propia casa. Como trabajadores y trabajadoras de la salud sigamos la lucha de enfermería de Nueva York y tomemos su ejemplo para combatir al enemigo imperialista en nuestro país, Javier Milei, preparando una gran lucha por salarios, mejores condiciones de trabajo y en rechazo de la contrarreforma laboral. Fuentes: Por qué casi 15.000 enfermeras en Nueva York están en huelga: NPR ( https://www.npr.org/2026/01/12/nx-s1-5675189/why-nearly-15-000-nurses-in-new-york-city-are-going-on-strike ) MAÑANA: El senador Bernie Sanders y el alcalde Zohran Mamdani se unen a las enfermeras en huelga en la línea de piquete | Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York ( https://www.nysna.org/press/tomorrow-sen-bernie-sanders-mayor-zohran-mamdani-join-striking-nurses-picket-line ) HOY: Enfermeras en Huelga Honran el Legado del Dr. Martin Luther King Jr con el reverendo Al Sharpton | Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York ( https://www.nysna.org/press/today-striking-nurses-honor-legacy-dr-martin-luther-king-jr-rev-al-sharpton ) El alcalde de Nueva York Mamdani y el senador Bernie Sanders se unen a enfermeras en huelga en piquetes - CBS New York ( https://www.cbsnews.com/newyork/news/nyc-mayor-mamdani-sen-bernie-sanders-nurses-strike/ ) La huelga de enfermeras de Nueva York entra en la Semana 2, sin que se vea el final - CBS Nueva York ( https://www.cbsnews.com/newyork/news/nyc-nurses-strike-week-2-begins/ )

Las centrales obreras y confederaciones de pensionados convocaron a manifestaciones en toda Colombia para el próximo miércoles 28 de enero, con el objetivo de “defender el salario mínimo vital” decretado por el presidente Gustavo Petro para 2026. El propio presidente de Colombia había llamado a movilizarse para defender la medida decretada por él mismo en diciembre, que contempla un incremento del 22,7 % del salario mínimo para 2026, superando a la inflación y constituyendo el aumento más alto desde que el salario mínimo está contemplado en la Constitución de 1991. La convocatoria fue realizada por el Comando Nacional Unitario, integrado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) y la Confederación Democrática de Pensionados (CDP), que llamaron a movilizaciones simultáneas en varias ciudades (Infobae 20/01). Con el aumento, el salario llegará a 1.750.905 pesos. A esta cifra se suma el subsidio de transporte -liquidado junto al salario por la patronal- de 249.095 pesos, lo que hace un total de ingresos mínimos de 2.000.000 de pesos colombianos, unos 540 dólares. Lo que tampoco es gran cosa, ya que, en la región, sigue dejando al Salario Mínimo colombiano por debajo de los niveles salariales de Costa Rica, Uruguay y Chile. Sin embargo, la medida impacta de manera directa a entre dos y tres millones de personas, que verán incrementados sus ingresos a partir del 1 de enero. El decreto incorpora por primera vez el concepto de Salario Mínimo Vital, respaldado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (ídem). Muchos otros trabajadores seguirán afuera del beneficio, ya que más del 40 % del total se encuentra sin registrar. El aporte de Petro al concepto -al agregarle el “vital”- sería vincularlo a la subsistencia del trabajador, y no pensarlo solo como un piso legal, como era hasta ahora, cuando en Colombia se lo consideraba Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. Pero el aporte es tan limitado que ni siquiera incorpora el concepto de “movilidad”, a pesar de que en la Constitución de 1991 sí está establecido en el artículo 53. En Colombia, el Salario Mínimo es establecido anualmente por una negociación tripartita entre sindicatos, empresas y gobierno. Si no hay acuerdo, decide el presidente por decreto. Como en la mayoría de los países, no se concibe que el salario deba actualizarse de acuerdo con el costo de vida. De esta manera, la inflación actúa como el ataque por excelencia a los ingresos de los trabajadores, porque evita los recortes nominales que transparentan el despojo. A pesar de lo limitado de la medida de Gustavo Petro, las patronales, representadas por el uribismo, entraron en furia y anunciaron que los costos van a disparar una oleada de cierres de empresas. El 14 de enero, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) informó que impulsó una demanda ante el Consejo de Estado con el objetivo de anular el decreto, que estableció el aumento del 22,7 % en el salario mínimo para 2026, y lograr su suspensión provisional. También tienen planteado recurrir a los tribunales ordinarios para iniciar demandas. Las patronales quieren usar como criterio el porcentaje de inflación que, aplicado a un salario mínimo de miseria, sigue perpetuando la miseria, mientras que Petro dice haberse basado en el costo de la canasta familiar -que, evidentemente, está en niveles de pobreza- y en el promedio de trabajadores por hogar. Otro de los argumentos de la patronal es el remanido verso de que los salarios disparan la inflación, cuando en realidaad los precios suben por la decisión empresaria y la desvalorización del peso, empujada por el déficit comercial, el déficit fiscal y la deuda externa, que ya supera el 50 % del PBI y que aumentó aceleradamente en los últimos meses. Gustavo Petro impulsó otras reformas durante su gobierno, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. A principios de 2025 transitó una crisis política al pedirle la renuncia a todo su gabinete debido a la falta de cohesión con sus medidas de gobierno. Petro ha tenido dificultades para aprobar reformas claves (tributaria, laboral, salud) por la falta de una mayoría sólida en el Congreso. Ante la resistencia legislativa, su gobierno ha optado por decretos y declaraciones de emergencia económica en algunos casos. Pese a su política de acordar con la guerrilla, en la práctica la violencia persiste en regiones como Guaviare y Catatumbo, con enfrentamientos armados, desplazamientos y crisis humanitarias. La presidencia de Petro es el resultado del proceso de movilización popular que vivió Colombia tras la pandemia, pero sus reformas, muchas de las cuales quedaron en la impotencia, son harto limitadas , como para despertar el fervor popular que pueda enfrentar al uribismo y a las patronales. La verborragia antimperialista y contra el genocidio en Gaza en foros internacionales le ha hecho ganar a Petro un lugar en la lista Clinton de sancionados por Estados Unidos, con la excusa de estar vinculado al narcotráfico o a la corrupción. Sin embargo, la embestida de Trump contra Venezuela dejó al descubierto los límites de Petro , al terminar haciendo acuerdos de seguridad con Estados Unidos para combatir a la guerrilla del ELN y al narcotráfico, una injerencia flagrante en su propio territorio. Trump incluyó a Colombia en su lista de países proclives a un ataque, pero por el momento está esperando que las elecciones y la crisis política terminen con el mandato del presidente colombiano. El país sudamericano ha sufrido la injerencia norteamericana durante décadas a través del Plan Colombia y ya quedaron muy lejos las amenazas que Petro realizó, en octubre, de expulsar a los 800 marines que se encuentran en bases militares colombianas. El proceso de movilización popular, aunque limitado por el escaso alcance de las reformas de Petro -que ofrecen una perspectiva trunca-, traza un camino en defensa de los trabajadores, que en el fragor de la lucha deberán organizarse por nuevas metas, al tiempo que se perfila como una punta de lanza contra las intenciones de Donald Trump de adueñarse de toda América.

En los momentos previos a su discurso en Davos, algunos periodistas decían que Milei, en esta oportunidad, haría un extenso panegírico sobre la economía argentina y su gobierno. Pero no hubo nada de eso: Milei dedicó menos de un minuto a recitar los datos falaces -cuando no fraudulentos- sobre la supuesta “baja de la pobreza” o el “crecimiento económico” , que suele reiterar cada vez que puede. En el resto del tiempo, leyó una perorata pretendidamente académica, que otros le escribieron para la ocasión. Los furcios y lagunas de su “discurso” fueron propios de quien no es autor de lo que lee. La audiencia del liberticida fue un salón semivacío. En las anteriores reuniones de Davos, Milei era un presidente debutante y concitaba una audiencia en base a sus promesas de relanzamiento capitalista en Argentina. Pero han pasado dos años y “el pescado sigue sin vender”: en 2025, Argentina experimentó, no un “auge inversor”, sino la mayor salida de capitales de los últimos 22 años. El crecimiento del producto es una ficción estadística, porque pondera como “crecimiento” al de la intermediación financiera, que es una detracción sobre el valor agregado creado por otras ramas. En esas condiciones, Milei pateó la pelota afuera y largó la perorata de la secta conocida como “escuela austríaca” . Reivindicó a los filósofos y economistas del siglo XVIII porque consagraron a la propiedad privada como derecho natural, con independencia de las condiciones históricas y sociales que lo originaron. Pero con la emergencia de la gran industria y la generalización del trabajo asalariado, aquel derecho de propiedad concebido bajo las condiciones de la producción artesanal o independiente se trastocó en su contrario: el derecho a “quedarse con el fruto del trabajo propio” (sic, Milei) se convirtió en el derecho del capital a apropiarse del trabajo ajeno, y la “libertad” y la competencia, en la ficción que presenta a explotadores y explotados formalmente igualados ante el mercado. Desde entonces, el liberalismo y el “capitalismo de libre empresa” -los ejes del discurso de Milei en Davos- se han convertido en un mero caparazón ideológico, dirigido a justificar la explotación de la clase obrera por el capital. El único propósito de estos adoradores tardíos de Smith o Locke, que Milei reivindica, es revestir de adornos académicos una declaración de guerra contra el socialismo y la clase obrera. No defienden ninguna “libertad”, sino la esclavitud del trabajo asalariado. Milei defendió al “capitalismo de libre empresa” de las “regulaciones” del Estado y no perdió la oportunidad de elogiar a Federico Sturzenegger. Pero el capitalismo que reivindica Milei vive de esas regulaciones estatales. En la etapa histórica de los monopolios, el entrelazamiento entre el Estado y las corporaciones capitalistas alcanza su mayor dimensión. El estado de guerra internacional -que el foro de Davos no dejó de traducir- es un resultado de ese entrelazamiento y del choque entre las fronteras nacionales y el carácter internacional de las fuerzas productivas. Milei presentó a la “inteligencia artificial” como “la división del trabajo del siglo XXI”. Pero la división del trabajo que describió Smith tuvo lugar bajo el ascenso del capitalismo como organización social. La IA, en cambio, es un desarrollo técnico que tiene lugar bajo la declinación capitalista y, como otras innovaciones, ha potenciado todas las tendencias a la sobreproducción y la sobreinversión. El capitalismo exaltado por Milei celebra su foro con un precio récord para el oro, un síntoma inconfundible de incertidumbre e inestabilidad del conjunto del sistema monetario internacional. Para desgracia de Milei, Donald Trump, en su discurso, celebró... una regulación, la que se sancionó este año sobre el mercado de criptomonedas, para darle mayor estabilidad a su precio y colocar a los bonos de la alicaída deuda pública norteamericana como garantía de los bitcoins con valor garantido (stable coins). En cualquier caso, Milei mismo ha sido un furioso regulador, pues ha intervenido sobre el mercado de cambios para, por un lado, abaratar su paridad y reducir el peso de la deuda pública en dólares, por un lado, y, por el otro, fabricar un gigantesco negocio especulativo (carrry trade). Bajo el gobierno liberticida, las tarifas, salarios y jubilaciones han sido despóticamente reguladas, a fin de asegurar una transferencia de 40.000 millones de dólares del trabajo al capital. La única desregulación que defiende seriamente Milei -y sus padrinos austríacos- es la del mercado de trabajo; es decir, la derogación de las conquistas que la clase obrera le arrancó el capital a lo largo de décadas y siglos de lucha . El “filosófico” discurso de Milei fue una defensa sinuosa de la reforma laboral, cuya redacción está tejiendo con la complicidad de los gobernadores peronistas y la burocracia sindical . Para terminar, Milei aseguró que “América será el faro que ilumine a Occidente”, es decir, vivó a la América de Trump. Minutos después de que el mandatario norteamericano defendiera a muerte la futura ocupación de Groenlandia, el presidente argentino declaraba su apoyo incondicional al gobierno que dice ser su rescatista de última instancia, sin que aparezca, hasta ahora, un solo dólar con ese fin .

En la audiencia del 9 de enero desarrollada en el Salón Auditorio del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos en La Plata, la empresa ABSA solicitó un aumento de tarifas del 40 % para residencias y 72 % para empresas a partir de febrero. Además, solicitó una modificación al régimen bimestral de actualización. La tarifa de agua, durante 2025, tuvo aumentos significativos en agosto (8,5 %) y noviembre (10,85 %) para consumo residencial. La empresa justifica el nuevo aumento y la modificación del régimen tarifario en un aumento del 4.144 % en su estructura de costo entre septiembre de 2019 y septiembre de 2025, mientras que la tarifa en ese mismo período aumentó 1499 %. También compara el valor con AySA y Aguas Cordobesas, $1.021 y $745 por metro cúbico respectivamente, contra $196 que cobra la empresa bonaerense. ABSA opera en 95 localidades de la provincia y abastece a 2,6 millones de residencias y 131.256 no residenciales (comercios, empresas, industrias). La empresa estatal bonaerense, durante 2025, aprovechó el DNU 493/2025 para ir a una campaña de “intimación y corte” de servicios a comercios. La audiencia se desarrolló en forma casi clandestina con tan sólo ocho inscriptos. La falta de servicio de agua, la presencia de aguas servidas en las zanjas de los barrios, la falta de presentación de informes de avance en las obras y sobre el funcionamiento de las plantas de depuración, fueron algunos de los reclamos que se colocaron por parte de los concurrentes. Desde la ONG “Nuevo Ambiente” presentaron un pedido de suspensión del aumento por el incumplimiento de la empresa Resoluciones de la Autoridad del Agua de la Provincia 336/03 (efluentes de líquidos) y la Resolución del ADA 42/06 (aguas superficiales). Ambas resoluciones apuntan hacia la calidad del agua vertida luego del tratamiento cloacal a los cuerpos de agua. Un estudio del CONICET desarrollado en la planta de tratamiento en Berisso y en las costas linderas marcó que de 13.000 metros cúbicos que la planta recibe sólo procesa 5.000, lo que a lo largo de los años ocasionó que en las muestras de agua tomadas en el Rio de La Plata se encuentren 7.100.000 de bacterias coliformes por cada 100 mL, cuando el límite tolerado es de 2.000 bacterias por cada 100 mL. A esto hay que sumarle que el nuevo “mapa del arsénico” muestra que 20 municipios y 4 millones de usuarios bonaerenses son afectados por la presencia de este metaloide en el agua de red y pozo. Un fenómeno que antes afectaba sobre todo el centro y oeste de la Provincia, hoy se extiende hasta las costas y de norte a sur. ABSA y el gobierno de Kicillof cargan sobre los bonaerenses unas tarifas interminables al mismo compás que el gobierno nacional . Mientras tanto el servicio se encuentra restringido para una gran proporción de los trabajadores, se deteriora el estado de las aguas subterráneas y el Río de la Plata y su costa se transforman en una amenaza ecológica para la población.

El lunes 19, el sindicato de Comercio y la patronal se reunieron en el Ministerio de Trabajo de la provincia. La discusión central entre las partes fue la indemnización para los trabajadores despedidos. La patronal se opuso nuevamente a reincorporar a los despedidos, señalando que pasaría por las instancias legales necesarias. El sindicato, por su parte, sostuvo que los despidos no estaban tramitados porque los delegados no habían sido desaforados ni se habían enviado los telegramas al resto de los compañeros. El martes 20, la patronal accedió a reunirse con los delegados y el sindicato, reconociendo de ese modo la representación de los delegados. La patronal había cuestionado esa representación en la justicia penal. En la reunión, ofreció la indemnización correspondiente al artículo 245 (despido sin justa causa) más un 30 %, a ser pagada en cuatro cuotas. Los delegados, luego de la reunión, sostuvieron una asamblea con el resto de compañeros despedidos que estaban en el acampe, dentro de la fábrica, y se resolvió continuar con la asamblea permanente. Los delegados señalaron que se intentó llegar a un acuerdo, ya que había compañeros dentro de la fábrica que querían arreglar e irse, en lugar de los despidos. Pero la patronal se negó a ese intercambio, explicando que quiere echar a dos delegados y a los 13 compañeros cercanos a la comisión interna. La patronal confirma que el problema de la empresa no es la insolvencia, sino la organización obrera al interior de la fábrica . Esto convierte al conflicto de Lustramax en un “modelo” para la contrarreforma laboral que el Gobierno pretende hacer aprobar en febrero. Por otro lado, los compañeros del turno mañana, que habían vuelto a trabajar y estaban desarrollando tareas en el depósito, acompañaron el acampe de los compañeros despedidos. Los trabajadores de Lustramax están llevando adelante acciones por la reincorporación de los despedidos, incluidos los delegados. LEER MÁS: Lustramax: continúa la resistencia en medio de mayores desafíos Por Pablo Busch, 16/01/2026.

Las elecciones del domingo pasado, 18 de enero, en Portugal, para presidente de la república, no dieron un resultado concluyente, por lo que deberá realizarse una segunda vuelta el 8 de febrero próximo. El primer lugar le correspondió a José Seguro, del Partido Socialista, quien obtuvo el 30,6 % de los sufragios; su contrincante será André Ventura, el jefe del partido ultraderechista Chega (“Basta” en castellano), el cual se había convertido en el principal partido de la oposición en las elecciones parlamentarias de abril de 2024, el 24.7 %. El tercer lugar lo obtuvo el derechista Partido Socialdemócrata con el 14,8 % de los sufragios. La proliferación de las denominaciones ‘sociales’ en la política portuguesa constituyen un rezago del impacto histórico de la Revolución de los Claveles de abril de 1974 , que destruyó el aparato del régimen totalitario y colonialista salarazista, por Antonio de Oliveira Salazar, quien gobernó el país entre 1932 y 1968, como cabeza del Estado Novo, una suerte de régimen franquista anticipado, impuesto en 1926 como desenlace de sucesivas crisis revolucionarias. Un aspecto fundamental de las elecciones fue el derrumbe de la izquierda democratizante, el Bloco de Esquerda, una cruza de trotskistas y maoístas a la moda junto a otros grupos menos relevantes. El Bloco obtuvo un 1,98 % de los votos, un desplome en relación al 10,2 % de 2015. Otro derrumbe fue el del Partido Comunista, una de los protagonistas principales en la Revolución de 1974, que sacó menos votos aún: 1,46 %. Ambas formaciones coincidieron, aunque separadamente, en el apoyo a los gobiernos del Partido Socialista, disfrazados de la necesidad oportunista de bloquear “a la derecha”. Bregaron, en este sentido, por concesiones menores en los programas de ajuste implementados por esos gobiernos. Han apoyado, asimismo, a la burocracia de los sindicatos y a sus “diálogos sociales”. El resultado ha sido una caída impresionante del nivel de vida de los trabajadores. Frente a la contrarreforma laboral que impulsa el actual gobierno de derecha, la burocracia convocó a un paro aislado hace un par de semanas , con destino a las tribunas. La burguesía de Portugal y sus partidos son parte de la política de guerra de la UE y la OTAN contra Rusia. Como es de público conocimiento, la izquierda acompaña esta política de guerra con el alegato del pisoteo de la independencia de Ucrania por parte del régimen de Putin, pero no de Zelensky y la OTAN, cuyo propósito es anexar a Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN y preparar una guerra directa contra Rusia. Aunque el presidente no ejerce facultades ejecutivas en Portugal, en manos del gabinete y el primer ministro, tiene sí la prerrogativa de disolver el Parlamento en situaciones de crisis o de maniobras para presentarlas como tales. No es de importancia menor que el ultraderechista Ventura alcance ese lugar. El escrutinio ha puesto de manifiesto una clara fragmentación política; Portugal ha tenido un solo ballotage presidencial en 60 años. Los dos candidatos más votados reúnen, por otra parte, apenas el 55 % de los votos, en una elección en la que compitieron once listas. A Chega no le alcanza con atraer la mayor parte de los votos “socialdemócratas”, que gobiernan en este momento; la posibilidad de que llegue a la presidencia la ultraderecha podría encadenar votos hacia José Seguro. No es algo extraño en Portugal la coexistencia de una presidencia socialista y un gobierno derechista ‘neoliberal’. La crisis social, el ajuste contra los trabajadores, la militarización de Europa y, ahora, la guerra multidimensional entre Trump, de un lado, y una UE fragmentada junto al Reino Unido, del otro, diseñan hacia adelante un panorama convulsivo y potencialmente revolucionario.

En vísperas de su viaje a Davos para participar del Foro Económico Mundial -el evento anual que reúne a los popes del capitalismo mundial-, Javier Milei emitió un decreto que limita severamente la participación de empresas chinas en licitaciones estatales y contratos públicos en áreas consideradas estratégicas. “La norma, que comenzará a regir en los próximos días, excluye a un amplio universo de compañías vinculadas a China de procesos de contratación pública en sectores sensibles para la seguridad nacional y la infraestructura crítica” (El Cronista, 18/1). Es un obsequio a Donald Trump, cuyo gobierno se fijó la meta de ´expulsar´ a China de Argentina. Así lo explicitaron, a su turno, el nuevo embajador norteamericano Peter Lamelas y el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent. Tiempo atrás, Luis “Toto” Caputo rechazó incluir una inversión de US$ 273 millones de la china Gangeng Lithium en Salta en el RIGI. Y meses antes, Economía excluyó a la firma CCCC Shanghai Dredging Co. Ltd de la licitación para el dragado de la Hidrovía (El Cenital, 11/1). También se encuentra paralizada la construcción de las represas en Santa Cruz, consideradas la obra de infraestructura más importante que China financia fuera de su territorio. Por necesidad, el gobierno habría dado luz verde a que se reanuden los trabajos de la más chica de las dos represas, renombrada Jorge Cepernic. “El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal anunció el ingreso de USD 136 millones desde China para reactivar la obra. Las empresas consideran que se trata de una cifra insuficiente incluso para reiniciar los trabajos. Pero lo más curioso es que ninguna autoridad del gobierno nacional ratificó el anuncio del gobernador”, señala La Política Online (20/1). Por ahora, el gobierno argentino no se animó a expulsar a China de la base instalada en Bajada del Agrio, en Neuquén, reiteradamente denunciada por Estados Unidos como una central de espionaje satelital. Bajo la gestión Milei, sin embargo, el intercambio comercial con China alcanzó su punto más alto hasta ahora . Según datos oficiales, en 2025, las exportaciones argentinas sumaron US$ 87.077 millones, “cerca del récord de 2022 y un 9,3% más respecto de 2024” (La Nación, 2/1). Y aunque las exportaciones a Estados Unidos fueron un 28,7% más altas que las de 2024 y los envíos a la India aumentaron 35%, las exportaciones a China crecieron 61 %. Con Milei, China se convirtió en el primer ´socio comercial´ de Argentina, a la par de Brasil, y creciendo. “Las semillas oleaginosas, principalmente la soja, tuvieron un muy buen desempeño en el contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El gigante asiático buscó proveedores alternativos, entre ellos la Argentina”, apunta LN (ídem). Argentina envía a China el 85% de sus exportaciones de carne y el 70% de sus granos. “Las importaciones totalizaron US$ 75.791 millones, cifra 24,7% superior a la del año anterior. Este crecimiento dispar hizo que el saldo del comercio exterior, de US$ 11.286 millones, se redujera un 40% interanual, lo que implica que ingresaron menos dólares al país. La recuperación de la actividad y la liberalización del comercio exterior fueron claves en el aumento de las operaciones, según analistas” (LN, ibidem). ¿Cómo se dirá “viva la libertad, carajo” en chino? La cada vez mayor penetración comercial china ha agudizado contradicciones no sólo ´geopolíticas´. La industria metalúrgica cerró 2025 en su peor nivel desde la pandemia, según ADIMRA. La cámara patronal acusa que la actividad retrocedió 0,9% respecto de 2024 y quedó casi 20% por debajo de sus máximos recientes, mientras que la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas 44%, uno de sus registros más bajos. En cambio, las importaciones metalúrgicas se ubicaron en niveles históricamente elevados, con un crecimiento interanual del 18,9% y China se consolidó como el principal país de origen de esos bienes. También hubo un significativo aumento de las importaciones de vehículos automotores, mientras que la producción local de vehículos cerró con una caída del 3,1% respecto de 2024. En la vereda de enfrente, los capitalistas del “campo”, unidos por un cordón umbilical a la demanda asiática, demandan obras de infraestructura -fundamentalmente, la reconstrucción del Belgrano Cargas, que será privatizado, y el dragado de la Hidrovía a 40 pies- para mejorar la logística del flujo de mercancías a China. En medio de estos tironeos el gobierno argentino debe renovar el swap con China. Si China decide no renovar ese acuerdo, “la Argentina debería pagar a mitad de año entre USD 2.750 millones y USD 5.000 millones, de un tramo que se activó” (La Política Online, 20/1). En cambio, el swap por USD 20.00O con Estados Unidos que se anunció en la campaña , nunca se concretó (ídem). Tampoco apareció la billetera norteamericana para auxiliar a Milei ante el primer vencimiento del año, por el cual Caputo tuvo que contratar un REPO -préstamo de bancos privados contra garantías- para reunir los US$ 4.300 millones necesarios para cubrirlo. Entre los bancos prestamistas se anotó, humildemente, un banco chino. Este año, el Estado argentino debe afrontar vencimientos de deuda por US$ 20.000 millones .

Después de una gran lucha de los explotados bolivianos contra el decreto supremo 5503, que se extendió durante varias semanas con grandes movilizaciones y más de 65 bloqueos permanentes de las principales rutas del país, el presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira ha considerado oportuno que la asamblea nacional boliviana de a luz una ley antibloqueos. En este momento existen alrededor de cinco proyectos con ese fin en el fragmentado congreso boliviano, por lo que el Senado ha creado una comisión “integral” para unificarlos y darle un tratamiento exprés. Si bien el Código Penal ya establece penas contra los piquetes y la presencia de dinamita en los mismos, no establece al bloqueo como delito, uno de los objetivos centrales del gobierno. Además, se busca subir las penas que ahora podrán ir desde tres a 20 años de prisión, imponer resarcimientos económicos a quienes se consideren afectados; y liberar de responsabilidades penales a las fuerzas represivas que actúen en los despejes. Maniobras La intentona fue rechazada por la COB y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari (CSUTCB) junto a otras organizaciones sindicales y campesinas, pero hasta el momento ninguna ha decretado una medida de fuerza o paro de advertencia sino apenas un estado de alerta, sin abandonar su predisposición al “diálogo” con el gobierno. Paz Pereira no descarta poder tener su aval, como ya sucedió con los decretos que han impuesto el gasolinazo y otras medidas reaccionarias. El viceministro de Cooperativas, Pánfilo Marca, proveniente del sector de las cooperativas mineras, ha declarado “injusta” una ley antibloqueos (Visión 360, 20/1). El vicepresidente Edmand Lara, a través de sus redes sociales, denunció la iniciativa como una “trampa” que busca perseguir a opositores y reforzar la tendencia al gobierno por decreto por parte de Paz Pereira. Las relaciones entre uno y otro se encuentran totalmente rotas después de la exclusión del vicepresidente en el armado del gabinete y de la salida del decreto 5515, que habilita al presidente a seguir gobernando estando fuera del país, mediante vías tecnológicas. Se han presentado distintas maniobras para hacer pasar la ley. El autor de uno de los proyectos, Carlos Alarcón, diputado de la alianza Unidad (un conglomerado derechista), ha propuesto la realización de un referéndum o consulta popular antes de su promulgación por el Ejecutivo (El Deber, 21/1). Paz ha instruido al presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, del partido Demócrata Cristiano, a convocar “a todas las organizaciones sociales para socializar el proyecto, una vez que surja un dictamen único” (Ídem). El MAS, ausente Ante este debate, nuevamente los restos del MAS no tienen protagonismo alguno. Evo Morales, que se encontraba desaparecido de la escena pública en las últimas tres semanas por encontrarse con dengue, dio un reportaje a TeleSUR denunciando la imposición de un “régimen autoritario” por parte de Paz Pereira por haber eliminado de la grilla estatal los canales RT y TeleSUR, pero sin decir una palabra sobre la ley antibloqueo u otros temas de choque entre las masas y el gobierno (TeleSURtv.net, 21/1). La ausencia de Evo Morales del escenario público alimentó los rumores de una posible fuga del país, como ya pasó con el ex presidente Arce y otros funcionarios del gobierno del MAS. Esto fue desmentido por sus allegados, quienes mantienen en el trópico de Cochabamba una guardia para evitar un intento de arresto, que habría sido exigido por el departamento de Estado norteamericano después de la invasión a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa. Los lazos entre la Justicia boliviana y el imperialismo yanqui crecen día a día. El martes pasado, la sala plena del Consejo de la Magistratura sostuvo una reunión con la asesora de Justicia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, para establecer “mecanismos de cooperación” entre ambos (La Razón, 21/1). Guerra contra los trabajadores bolivianos Rodrigo Paz Pereira ha tomado nota de la necesidad de liquidar las respuestas de lucha de la clase obrera y los explotados bolivianos, después de que éstas le impusieron la abrogación de su decreto 5503 y por eso intenta ilegalizar los bloqueos, encarcelar manifestantes y dar la impunidad necesaria para ello a las fuerzas represivas. El quiebre de las luchas sociales es exigido por el gran capital extranjero en nombre de la seguridad jurídica para invertir y por los organismos multilaterales como el BID y el BM, que ya han aprobado una línea de créditos de hasta 8 mil millones de dólares con el condicionamiento de que no se destinen ni a gastos corrientes ni a la importación de hidrocarburos. Paz Pereira tiene en vistas un ajustazo del 30% sobre el gasto en salarios estatales para reducir el “déficit fiscal”, en nombre de “planillas” e “ítems” “irregulares” (Opinión, 20/1), justo en el momento en que trabajadores de la salud se encuentran en un plan de paros intermitentes y la federación de Maestros Urbanos de La PAZ inicia una lucha por un salario equivalente al salario mínimo recientemente establecido en 3.300 pesos bolivianos. Por otro lado, insistirá, ahora por medio de proyectos parlamentarios, en su intento de avanzar en la explotación litera e hidrocarburífera por parte de capitalistas internacionales, mediante la eliminación de las consultas previas y la aprobación de la asamblea boliviana. Paz Pereira asumió hace menos de dos meses prometiendo un rápido crecimiento económico, el fin del desabastecimiento de divisas e hidrocarburos y la drástica reducción del déficit fiscal y la inflación en tan solo tres meses. Por lo pronto, su gasolinazo ha oficiado como un acicate de la inflación y el desabastecimiento, que sólo en el 2025 ha reducido en un 50 % el valor adquisitivo de los ingresos de los trabajadores bolivianos, lo que ha llevado la pobreza por arriba del 40%, y la indigencia por arriba del 11%. Los grandes especuladores con la escasez de combustible y divisas -que incluyen a empresarios expendedores, bancos y sojeros- han encontrado nuevas formas de enriquecimiento con la medida del gobierno, mientras las masas sufren la carestía desatada. LEER MÁS: Bolivia: Rodrigo Paz mantiene el gasolinazo Por Julio Quintana, 12/01/2026.

El miércoles 21 de enero, cientos de trabajadores del Astillero Río Santiago se movilizaron a la gobernación bonaerense, en la ciudad de La Plata, contra la paritaria ofertada por Kicillof (1% retroactivo para diciembre más 2% retroactivo para el mes de enero), que fue aceptada por los sindicatos estatales UPCN, ATE y FEGEPPBA . Es la segunda rebelión que protagonizan los trabajadores del Astillero en los últimos meses. La movilización se acordó en una asamblea general del ARS el día previo, martes 20, donde se votó el rechazo a la oferta paritaria pero también surgieron debates sobre otros problemas que atraviesan los trabajadores. Hace meses que en el ARS se viene masticando una fuerte bronca por la caída del salario, los ascensos irregulares arreglados entre el sindicato y la gerencia, y el no cumplimiento del derecho conquistado por sus trabajadores para el ingreso de sus hijos al momento de jubilarse. En octubre de 2025, una serie de ascensos, conquistados a través de asambleas y acciones de lucha durante julio, fueron utilizados discrecionalmente por parte de la cúpula sindical para acomodarse entre ellos mismos en puestos gerenciales. La malversación de fondos del comedor, el descuento por llegadas tarde con la contracara de “ñoquis” de la burocracia del sindicato, que desde hace años no asiste al trabajo, colmó la paciencia de los laburantes. Por otro lado, la falta de producción y más de tres meses de acefalía en el Astillero, han dejado prácticamente paralizada a la industria. Este cóctel es el que promovió que, durante el mes de noviembre, las bases obreras se abran paso contra la burocracia sindical, al punto tal que, en las asambleas por sector, se coreó el famoso cántico “que se vayan todos”. Producto de la movilización, funcionarios del Ejecutivo provincial recibieron a los representantes de la ATE, pero no dieron respuesta a los reclamos de los trabajadores. La movilización terminó con el anuncio por parte del Secretario General de ATE Ensenada, Francisco “Pancho” Banegas, del compromiso del gobierno de recomponer los salarios. El malestar no tardó en brotar y grupos de trabajadores se abalanzaron sobre el sindicalista ocasionando su huida del lugar. Los astilleros tienen claro que el sindicato está fuertemente comprometido con el armado de Fuerza Patria y con Kicillof. Los trabajadores acordaron una nueva movilización a la gobernación para el día 9 de febrero, fecha en la que se reunirá nuevamente la mesa técnica salarial. La irrupción del ARS se da en el marco del derrumbe del salario en un sector que fue de los mejores remunerados de la región y el mejor pago entre los estatales. Además, el Astillero siempre fue un factor aglutinante del activismo y las luchas obreras de La Plata, Berisso y Ensenada. El activismo y las bases de los estatales de la región está procesando un esfuerzo de organización y reagrupamiento. Una expresión de eso fue la convocatoria a movilizar a la paritaria estatal por parte de la junta interna de la ATE-Niñez y la de la Legislatura, junto a un conjunto de activistas y delegados de distintos ministerios. Es necesario impulsar asambleas en todas las dependencias estatales, coordinar las peleas en cada ministerio y coordinar una lucha general contra los salarios congelados de Kicillof.

Mientras Javier Milei derrochaba frases elogiosas de su gestión en el Foro Económico Internacional en Davos , en Congreso los jubilados éramos apaleados, gaseados, y golpeados brutalmente por las fuerzas policiales. Con un saldo de heridos, contusos, intoxicados por el gas, transcurrió una nueva movilización de jubilados de los miércoles en Congreso. A pesar de los medios periodísticos afines al poder, que engañan y mienten a la población sobre “incidentes” o “enfrentamientos” en las marchas de jubilados, los videos y fotos que circulan por las redes muestran claramente el accionar represivo en el Congreso. Todo empezó con un brutal empujón de un policía a un jubilado con muletas. Los jubilados respondieron indignados y ahí aparecieron golpes con escudos, palos, gas pimienta dejando un total de heridos y contusos que protestaban pacíficamente, jubilados armados solo de pancartas y botellas de agua para protegerse del calor. Desde temprano un grupo de jubilados participamos de una protesta frente al Obelisco en un local de Dr. Ahorro, donde los trabajadores denunciaron a la patronal por el vaciamiento, estafa, incumplimiento del pago de salarios y aportes jubilatorios y el despido de 90 empleados. Desde ahí marchamos a un semaforazo en Callao y Corrientes, previo a concurrir a la marcha de Congreso como todos los miércoles, donde a pesar de la represión desatada realizamos nuestra radio abierta y la ronda alrededor de la Plaza Congreso. Los sindicatos, organizaciones civiles y de derechos humanos del pueblo de Minnesota en EEUU preparan una huelga general contra la brutalidad policial y los grupos de tareas del ICE. Ese es el camino. Acá y allá y en todos los rincones del mundo, los gobiernos capitalistas se valen de la represión a los trabajadores, estudiantes y jubilados para imponer programas antiobreros -como las reformas laborales y previsionales y otras históricas conquistas logradas con la lucha durante años. Nuestra mayor solidaridad con los compañeros heridos y golpeados. Nuestro repudio a la brutal represión. Sigamos el ejemplo de Minnesota, unifiquemos las luchas, huelga general para frenar esta barbarie. Abajo la reforma laboral y previsional. Todos los miércoles a las 17 hs. te esperamos en Congreso. La lucha continúa.

La investigación judicial de la muerte de Víctor Javier Vargas, baleado por la Policía de la Ciudad en el barrio de Constitución el 28 de diciembre pasado, pasó a manos de la Justicia nacional tras un cambio de carátula. El policía acusado sostenía haber actuado en defensa propia, pero las pericias y testimonios dieron por tierra la versión. El caso será investigado bajo la carátula de homicidio agravado. La justicia de la Ciudad se declaró incompetente en la causa. El policía Santiago Emmanuel Barrientos disparó tres veces contra Víctor, de 41 años, en la intersección de las calles Salta y Constitución, cuando la víctima se encontraba de espaldas. El disparo mortal fue en la cabeza. Agonizó durante cuatro días en el Hospital Ramos Mejía. El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°12 de la Ciudad caratuló el hecho en primera instancia como “atentado contra la autoridad por el uso de armas”. Sin embargo, la autopsia fue clara y determinante. El disparo se hizo a una distancia que no cuadra con un “riesgo de proximidad” para el agente. La autopsia también probó que el proyectil salió de manera directa por el lado frontal del cráneo, dando testimonio que la víctima se encontraba de espaldas. Como pasó con Juan Gabriel González, el vecino de Villa 20 asesinado por la Policía de la Ciudad en Navidad , los videos de vecinos y cámaras de seguridad de comercios y domicilios fueron clave en el giro de la causa. En ellos se muestra cómo el policía Barrientos dispara cuando Víctor intenta alejarse, sin dar la voz de alto, ni tampoco intenta calmar los ánimos al conflicto previo entre dos vecinos. Crimen e impunidad policial en Constitución El policía Barrientos declaró que Vargas lo estaba por atacar con un cuchillo. Como parte de un esquema de encubrimiento policial, la policía Carolina Vázquez, presente en el lugar, respaldó la versión y lo mismo hicieron los policías de la seccional que llegaron luego al lugar. La red contra la violencia policial “Mapa de la Policía” realizó una reconstrucción con todos los videos aportados. Estos videos dan por tierra con el encuadre dado por los policías y el Ministerio de Seguridad porteño a cargo de Horacio Giménez. Tras este nuevo escándalo, el propio juzgado se declaró incompetente dictando que “fueron los disparos efectuados por el agente policial los que produjeron el deceso del Sr. Vargas y que dicha conducta debe ser inicialmente subsumida dentro del art. 79, agravado en función del art. 80, inc. 9°, del Código Penal”. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional N°15 con la caratula “Barrientos, Santiago y otros sobre 80 inc. 9- homicidio cometido en abuso de función o cargo por un miembro de las fuerzas de seguridad pública”. La CORREPI anunció que la familia de Víctor se presentará como querellante contra el policía. Así, a casi un mes del homicidio, se confirma lo que desde las primeras horas del caso vecinos y organizaciones del barrio de Constitución denunciaron: un acto de brutalidad policial que terminó en la muerte de un vecino seguido de un burdo intento de encubrimiento. Esto en un barrio cruzado por situaciones de impunidad tanto para los policías como para las mafias de todo tipo. El abuso policial en los barrios populares del sur de la Ciudad de Buenos Aires se combina con los desalojos en cadena, política impulsada por el jefe de gobierno Jorge Macri .

El lunes pasado, una asamblea de trabajadores en el Hospital Mercante de José C Paz, en la que estuvieron presentes representantes de la comisión interna de ATE (lista Verde), delegados de la oposición (lista Negra) y miembros de CICOP, debatió los recortes arbitrarios a las licencias y permisos por parte de la dirección del hospital. Este ataque fue caracterizado por los trabajadores como la aplicación adelantada de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei, que plantea, en el artículo 63, reducir las licencias de seis a cuatro por año, eliminar la licencia por día de cumpleaños y la reducción de las guardias pagas. El director del hospital, Juan Canela, que intentó clausurar la asamblea y se tuvo que retirar repudiado, es afín al gobierno provincial de Kicillof. En el Hospital Mercante se plantea una situación que se expresa en el conjunto de la provincia. Mientras Kicillof cuestiona públicamente la reforma laboral del Gobierno Nacional, adelanta su aplicación en instituciones estatales provinciales. Esto se complementa con la utilización de becarios que cobran 680.000 pesos para sostener el funcionamiento de los hospitales públicos provinciales, que además se encuentran vaciados de insumos, profesionales y trabajadores, lo que genera una sobrecarga laboral. Se trata de una política que se basa en el ajuste y la precarización, en línea con lo que impulsa el gobierno liberticida de Milei. Frente a todo este cuadro, la asamblea resolvió la oposición a los recortes en las licencias y el pago de guardias extras, y realizar una nueva asamblea el 5 de febrero, en los días previos al tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, para impulsar acciones de lucha por su rechazo.

En el día de ayer, jueves 22, los trabajadores de la conocida fábrica textil COCOT, ubicada en el barrio de La Paternal, se enteraron de que la patronal decidió no pagarles las vacaciones a dos días de iniciarse. Hoy, viernes 23, salen de vacaciones los trabajadores más antiguos y se van cortando actividades sucesivamente para que vaya saliendo el resto, hasta retomar plenamente la actividad en marzo. La patronal, en cambio, plantea hacer pagos en cuotas recién a partir de marzo, abril y mayo, dejando a los trabajadores sin un mango con el que contaban para poderse tomar su merecido descanso. Entre los argumentos de la patronal figuran la caída de las ventas y las importaciones chinas. Circula como rumor entre los trabajadores la amenaza de cierres, retiros voluntarios y la reconversión de sus dueños a importadores. Ante la noticia, los trabajadores, decidieron autoconvocarse, paralizar las tareas en la fábrica y salir a la calle a armar un piquete para reclamar el pago de sus vacaciones. Muchas familias contaban con este dinero para poder realizar viajes que ya tenían reservados. Este viernes 23 los trabajadores tenían previsto continuar con medidas de lucha. Desde Política Obrera y Jubilados Clasistas nos hicimos presentes, siendo bien recibida la solidaridad. Llamamos a difundir, solidarizarse y sumarse a las medidas de lucha que resuelvan los trabajadores.

Durante la mañana de ayer los trabajadores de ILVA convocaron a un “panazo” frente a la puerta de la fábrica. La actividad consistió en vender pan casero a los trabajadores del Parque Industrial de Pilar para reunir fondos para sostener su lucha. El acampe de los trabajadores de ILVA se sostiene desde hace cuatro meses, sin que los trabajadores cobren sus salarios ni las indemnizaciones. La empresa está tramitando su quiebra en el fuero judicial, pero el destino de los trabajadores sigue siendo incierto. Desde Política Obrera Pilar nos hicimos presentes desde temprano en el acampe, mientras se organizaba el panazo, debatiendo con los trabajadores. Acerca de la visita de la conducción de la CGT, donde se comprometieron a luchar por una salida para ILVA, los trabajadores nos comentaron que nunca más supieron de ellos, que fueron esa vez y no volvieron más. La novedad es que la empresa estaría por cambiar la guardia de seguridad de la planta, con la que los trabajadores llevan un largo tiempo confraternizando. No sé sabe si es que pondrán una empresa nueva o si directamente la patronal abandonaría el cuidado del predio. La expectativa de los trabajadores es mayoritariamente que desde la Justicia se le imponga a la empresa una salida favorable a ellos, ya sea el retorno a los puestos de trabajo o el pago de las indemnizaciones. En Lustramax, mientras el Gobierno Nacional enviaba a Gendarmería a reprimir la huelga, la Justicia provincial fallaba a favor del desalojo de los trabajadores. La lucha de los trabajadores de ILVA continúa, en durísimas condiciones, pero con la convicción del primer día. Es un deber de los trabajadores de Pilar apoyar a los trabajadores de ILVA.

El pasado miércoles 21 se llevó a cabo una concentración en la fábrica ubicada en la ruta 34, a la altura de las localidades de Clason y Totoras, de la provincia de Santa Fe. Convocada por el sindicato ATILRA, tomaron la palabra sus dirigentes, quienes hicieron una serie de apreciaciones muy concretas. En primer lugar, dejaron en claro que no hubo ninguna toma de ninguna de las tres fábricas que tiene la empresa Lácteos Verónica, a pesar de lo vertido en todos los portales y sitios de noticias que reportaron la crisis. Solamente en el caso del establecimiento en Clason es que hay una guardia de dos trabajadores por turno, atentos ante cualquier intento de vaciamiento patronal. Se sigue sosteniendo una expectativa en la venta de la firma, para que otro capitalista con mayor respaldo pueda hacerse cargo con la operación y las deudas inclusive. No señalaron ningún tipo de precisión sobre acciones de lucha con el objetivo de que se paguen los salarios adeudados. La situación de las familias es desesperante: son cientos de obreros que no cobran un sueldo íntegro desde octubre. Oportunamente se acordó el pago semanal de montos que alcanzaban el millón de pesos por cada uno, pero se incumplió desde la primera semana de enero. Mientras tanto, los dueños frenaron unilateralmente la producción en un 90 % de su capacidad instalada. Solamente se está elaborando leche en polvo en la localidad de Lehmann y suero de leche en Suardi, todo esto en razón de contratos a façon para terceros. En Clason la actividad es nula, debido a que no tienen la maquinaria ni la infraestructura para ese tipo de trabajos. Lácteos Verónica ha dejado de lado la llamada elaboración fresca (quesería, por ejemplo) y no por falta de insumos. La empresa tiene tambos a su nombre cuyo producto no es destinado a estas fábricas sino derivado a terceros. Lo redituable es el negocio de los polvos en seco, con destino directo a la exportación. Brasil es el principal importador de leche en polvo de Argentina. La veta capitalista se sitúa en esa elaboración determinada, que representa el 69 % del producto exportado (Ámbito, 5/11/25). Las ventajas “espaciales” para su logística, que reportan firmas con Lácteos Verónica, en el Litoral argentino son fundamentales. Además de su anclaje en el mercado, contiene una infraestructura de base que cualquier multinacional puede explotar para desarrollar el negocio. Bajo ese rótulo se han presentado los intereses de la francesa Savencia, quien en el último lustro ha comprado Milkaut e Ilolay, haciéndose de una porción significativa del mercado que comparte con Danone (propietaria de La Serenísima, entre otras). El lockout patronal no declarado puede entenderse como un giro en esa dirección. El cúmulo de deudas y de cheques millonarios rechazados es una manera de inducirse voluntariamente en una situación de cesación de pagos que permita una liquidación del remanente, que sus acreedores cobren lo que se pueda con lo que hay y cerrar el asunto. LEER MÁS: Vaciamiento en Lácteos Verónica Por Agustín Fernández, 15/01/2026.

De la reunión de gremios que impulsó la UOM participaron 25 sindicatos (aeronáuticos, fluvial, ferroviarios, viales, aceiteros, mineros, molineros, remiseros, personal superior de energía, industria del hielo, gráficos, capitanes de ultramar y pilotos). Pero el peso de la reunión no lo definen los presentes sino los ausentes: los principales gremios de peso no participaron, entre ellos, el SMATA, la UTA y Camioneros. La única resolución de la reunión fue convocar a una nueva reunión el próximo 28 de enero. No fijó fecha a ninguna movilización. La convocatoria había sido anunciada por Furlán “para presionar a la CGT para convocar un paro general para los primeros días de febrero, previo al debate del proyecto en el Senado, previsto para el 10 del mes próximo”. Los dirigentes reunidos, sin embargo, expresaron un respaldo absoluto a las gestiones realizadas por los cosecretarios generales de la CGT con los gobernadores, a los cuales pretenden asociarse en la defensa de intereses mutuos, en el marco de la contrarreforma laboral impulsada por el gobierno. La facción de Furlán se limitó a declararse “en estado de alerta y unidad”. El desinfle del “ala combativa” de la CGT se produce en paralelo a un creciente proceso de luchas, acicateadas por cierres de fábricas, despidos y atrasos en el pago de salarios (Algodonera Avellaneda, Cocot, Lamb Weston, Laboratorio Rivero, las líneas de transporte, Granja Tres Arroyos, Lustramax, Ilva, Whirlpool, KTM, Verónica y la lista sigue). Los gremios que participaron de la reunión, excepto Aceiteros, no tuvieron ninguna intervención diferenciada de la CGT. Los dirigentes reunidos cuestionaron la posición de los gobernadores porque negocian partidas y obras con el gobierno a cambio de votos en el Congreso. Exigieron que los sindicatos estén presentes en cualquier mesa de discusión que se establezca con el oficialismo. LEER MÁS: La convocatoria de un sector de la burocracia contra la contrarreforma laboral Por Pablo Busch, 20/01/2026.

El discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Foro Económico Mundial de 2026, en Davos, Suiza, se viralizó rápidamente entre los progresistas luego de haber sido saludado con “una ovación” en la platea de los ricachones y sus gobiernos. Fue interpretado como una gran diatriba contestataria contra Donald Trump y sus pretensiones imperialistas. Trump había hecho alusión varias veces a su pretensión sobre “un pedazo de hielo y mal ubicado” -en referencia a Groenlandia- y sobre Canadá, al que llamó el “Estado nº 51”. Carney planteó que el “orden internacional basado en reglas” -que prevaleció después de la Segunda Guerra Mundial- está llegando a su fin y que el mundo enfrenta una “ruptura”. Dijo que se trata de una “ruptura” y no de una transición, o sea que no ofreció una perspectiva. Dio a entender que entre las dos grandes potencias que compiten fuertemente -Estados Unidos y China- están “las potencias medias”. Si estas “no están en la mesa, están en el menú”, dijo. Carney propuso una tercera posición, sin utilizar el término. En estos términos se alineó con uno de los bandos imperialistas. La reflexión de Carney llega tarde a Canadá –en el cuarto año de guerra en Ucrania-. Esta guerra fue promovida por un presidente que “se basa en reglas”, Joe Biden, y el conjunto de sus correligionarios europeos. Carney no incorporó a esta guerra en los errores e incongruencias que denunció, al principio de la palestra, de parte del bloque de la globalización. La UE y la misma Canadá dependen en materia de defensa del Pentágono, que posee decenas de bases militares en toda Europa, fuera de Francia. Perspectiva trunca Mark Carney es primer ministro desde marzo último, por el “centroizquierdista” Partido Liberal. Trabajó más de diez años en Goldman Sachs y luego fue gobernador del Banco Central de Canadá, donde se destacó durante la crisis financiera de 2008. Esta gestión le valió la silla de la gobernación del Banco de Inglaterra -el primer extranjero en ocupar el lugar-, donde tuvo que surfear la crisis ocasionada por el ‘Brexit’. Esto hace más estrecha la relación de Canadá con Reino Unido, con el que está vinculado a través de la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth). Después de dejar el Banco de Inglaterra, trabajó como Enviado Especial de la ONU para la Acción Climática y Finanzas, lo que lo convirtió en un globalista de primera línea. Socios comerciales Canadá entra en la guerra comercial en una situación complicada, ya que exporta cerca del 75 % de sus bienes y servicios a Estados Unidos; su segundo socio, China, recibe menos del 5 %. Las relaciones con Estados Unidos están congeladas y el destino del T-MEC -tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México- es incierto. Por eso, siguiendo su misma orientación de “estar sentado en la mesa de negociación para no ser parte del menú”, Carney pasó casi sesenta días viajando al exterior, buscando cerrar nuevos acuerdos comerciales, y se reunió con Xi Jinping para retomar una relación que estaba rota. Ambos mandatarios tildaron el acuerdo de “estratégico”, pero, dado el corto alcance, parece más bien el inicio de un camino que Canadá empieza tarde, cuando más de 120 países tienen a China como principal socio comercial y la mayoría busca alternativas a Estados Unidos y a los aranceles de Trump. En virtud del acuerdo, Canadá permitirá la entrada de 49.000 vehículos eléctricos fabricados en China -que representan un tres por ciento de los rodados que circulan en el país- con tarifas preferenciales del 6,1 %. China deberá reducir los aranceles a los derivados de canola del 84 % a alrededor del 15 % a partir del 1 de marzo, además de permitir el ingreso de visitantes canadienses sin visado. Militarismo para enemigos múltiples Históricamente, las fuerzas armadas de Canadá y Estados Unidos actuaron como una fuerza militar conjunta. Sin embargo, el “corolario Trump” de la doctrina Monroe obliga a repensar los escenarios posibles. Al mismo tiempo que está realizando ejercicios conjuntos con los yanquis en Groenlandia -con “permiso” de Dinamarca y por miedo a la “amenaza rusa”-, el Ejército de Canadá ha puesto sobre la mesa un “modelo militar teórico” para responder a una hipotética invasión estadounidense, en respuesta a las amenazas vertidas por el presidente fascista. La jefa del Estado Mayor de la Defensa de Canadá, Jennie Carignan, anunció hace unos meses que su objetivo es crear una nueva fuerza de reserva formada por más de cuatrocientos mil voluntarios para reforzar el Ejército (Infobae, 21/01). El corolario Trump está despertando el nacionalismo canadiense. Según las encuestas, pocos canadienses están abiertos a los repetidos intentos del presidente Donald Trump de que Canadá se convierta en un estado de Estados Unidos, aunque el interés en el tema aumenta entre los partidarios conservadores. La única perspectiva para los trabajadores es luchar contra la guerra y sus gobiernos. LEER MÁS: Una fuerte disputa imperialista en el escenario de Davos El derrumbe de la Montaña Mágica. Por Jorge Altamira, 22/01/2026.

La comisión directiva de la junta de delegados de las empresas contratistas (tercerizadas) había anunciado para el lunes 19, desde las 6 de la mañana, el inicio de un paro por tiempo indeterminado contra el despido de 10 trabajadores de la empresa Ecomat, cuyos patrones literalmente se borraron. El paro -acotado a los trabajadores tercerizados, sin incluir a los trabajadores de planta- finalmente no se concretó. La medida apuntaba a que los trabajadores despedidos fueran absorbidos por otras tercerizadas. Hubo promesas de la patronal de que el jueves habría una solución lo cual, finalmente, tampoco ocurrió. La reducción de contratistas es el resultado de las políticas de ajuste que viene implementando Acindar desde el desplome de la producción, en gran medida por la ausencia de obra pública y el ingreso de productos importados. En la misma junta de delegados, varios denunciaron achique de planteles o modificación de las tareas o incremento en los ritmos habituales de trabajo. Los delegados de Abans denunciaron que el lunes 12 de enero, cuando se retomó la producción en Acindar, no todos los compañeros volvieron a sus puestos: 13 de los compañeros de Abans que realizaban la limpieza industrial en los trenes laminadores fueron suspendidos o pasados a otro sector para luego rotar suspensiones con el resto de los trabajadores de la empresa. Mientras tanto, las tareas de limpieza pasan a ser realizadas por compañeros de Acindar que pertenecían al tren 2 (parado desde mayo del 2025). Situación similar comentaron los delegados de Sijam, que vienen con suspensiones rotativas en muchos casos aplicadas arbitrariamente por la patronal, que con ello busca no sólo cansar a los compañeros para avanzar con planes de retiro sino también modificar el sistema de trabajo y rotación de los compañeros. Durante los últimos dos años, las bajas de compañeros en las empresas contratistas se cuentan por cientos. La empresa, con estos métodos, pretende imponer un choque entre trabajadores, a lo que debemos oponer no solo resistencia sino también una política de clase. Entendemos que la defensa de los puestos de trabajo es lo primero; por eso, si las tareas de limpieza industrial o las reparaciones en grúas y cintas, pasan nuevamente a ser parte de los trabajos del personal de Acindar, también deberían pasar a planta los actuales trabajadores de Abans y Sijam de todos los sectores. De hecho, esos servicios nunca debieron de dejar de ser de Acindar, pero los negociados de algunos gerentes y la falta de pelea a tiempo nos llevaron a esta situación. Desde que el sábado pasado la comisión directiva comunicó que no se realizaría el paro del lunes, ya que hubo “avances en la negociación” con Acindar, poco se sabe respecto de esos “avances”. Nuevamente levantan una medida de fuerza sin información y sin asamblea. La semana transcurrió con perspectivas de solución hasta que ayer, jueves, se convocó a una nueva junta de delegados donde informaron que, en el Ministerio de Trabajo, Acindar pretende no cumplir con lo acordado y avanzar con más salidas de personal tercerizado. Hasta el momento no se aplicó ninguna medida de fuerza respecto a la respuesta dada por la empresa. Se rumorea un paro a partir del lunes próximo. Algunos delegados están planteando asambleas por empresa, y confluir en una asamblea general de todos los tercerizados, situación que debería confluir con una asamblea general de todos los trabajadores dentro de Acindar para poner un freno a estos atropellos patronales y establecer un punto de organización también para enfrentar y rechazar hasta que pierda estado parlamentario la contrarreforma laboral del gobierno nacional y las alternativas que propone la oposición o la CGT. La defensa de los puestos de trabajo y derrotar el proyecto de contrarreforma laboral es posible si hay voluntad política para confrontar. El apoyo de los trabajadores está para poder imponerlo. Por eso es urgente la organización desde abajo, autoconvocada y resolviendo en asambleas cada paso, para que nuestra intervención sea decidida por los trabajadores y no por ´mesas chicas´.

Una seguidilla de choques y descarrilamientos de trenes ha conmocionado a España y el mundo entero. El primer incidente y el de mayor magnitud fue un choque frontal de trenes de alta velocidad en Adamuz, causando 42 muertes, 40 personas que siguen desaparecidas y más de 150 heridos. A los dos días, en Gélida, un tren de corta y media distancia chocó contra un talud originado la muerte del maquinista y 37 heridos. Otro accidente sucedió también dos días después de éste, en Cartagena, cuando un tren de vía chocó contra un camión grúa, resultando en al menos seis heridos. Finalmente, en Catalunya descarriló un tren de cercanías tras impactar contra una roca en la vía. El gobierno de Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha dicho que las causas de estos terribles accidentes se están investigando y que se "llegará a la verdad". Ya se ha descartado un ‘error humano’. En el choque de Adamuz, se presume que hubo una rotura de las vías y fallas en los sistemas de seguridad que no detectaron a tiempo la anomalía. Las primeras pesquisas de los expertos hallaron una junta rota en la vía cuyo desgaste indicaría que la falla llevaba tiempo presente y que se fue agravando con el paso continuo de los trenes por ese tramo de la vía. En el caso de Gelida, se desmoronó un muro de contención en un cuadro de fuertes lluvias, cuyos escombros fueron colisionados por el tren. En Cartagena, fue una grúa la que se encontraba en medio de la vía pero aun así se investiga posibles fallos en la señalización. La oposición del Partido Popular (PP) denuncia a Sanchez por una supuesta “falta de transparencia” en la gestión del sistema ferroviario y señalan un "deterioro constante" del servicio. El derechista VOX ha responsabilizado directamente a Sanchez por los accidentes. En el sistema ferroviario del Estado español, el tráfico de mercancías y la alta velocidad se encuentra bajo gestión de grupos privados que concentran el grueso de las inversiones de infraestructura a cargo del Estado. Esta modalidad es defendida por supuesto tanto por el PSOE como por el PP y VOX. Los servicios denominados de ‘cercanías’, por el contrario, llevan años de retraso en inversiones, mantenimiento y reparaciones, lo que ha llevado a una situación crónica de mal funcionamiento, retrasos y accidentes que afectan cotidianamente a millones de personas, en especial a los trabajadores. Advertencias previas Ante lo sucedido, y por la muerte de tres maquinistas en total, el principal sindicato de maquinistas, el SEMAF (Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios), ha decidido convocar a un paro los días 9, 10 y 11 de febrero. No es, como puede apreciarse, una acción inmediata ni una huelga general hasta que se garantice la seguridad completa del sistema. Responsabilizan al Estado por permitir un "deterioro constante" de la red y que cientos de reportes previos sobre el mal estado de las vías fueron ignorados "durante meses o incluso años". Un documento elaborado con anterioridad por el SEMAF detallaba que baches, desperfectos y desequilibrios en las líneas eléctricas aéreas provocaban averías frecuentes y daños en los trenes. También se señalaba que los conductores habían comunicado reiteradamente estas irregularidades sin que se adoptaran medidas correctivas. Estas advertencias se habrían limitado a reclamos formales que, como en todo el mundo, caen en saco roto. El SAMEF ya ha definido la culminación de esta huelga, señalado que luego se tomarían la atribución de disminuir la velocidad en los tramos que consideren inseguros. En las últimas horas, el gobierno español anunció ‘mayores controles de la infraestructura ferroviaria’ y se ha reducido la velocidad en algunos trayectos, como los de alta velocidad entre Madrid y Barcelona y entre la capital y Valencia. Esta incidencia ha provocado graves problemas de movilidad, pues cerca de 200.000 personas utilizan cada día este servicio, la mayoría trabajadores. La compañía ferroviaria Renfe puso en marcha un sistema alternativo de colectivos, pero es incapaz de absorber tal volumen de pasajeros. Desde el ministerio de transporte español defendieron la “infalibilidad” general del sistema de alta velocidad y afirmaron que “asumirán las responsabilidades necesarias si se demuestra una omisión en el mantenimiento de las vías”. La realidad es que luego de los accidentes, están presionando junto con las empresas para que se levante la huelga ferroviaria y se vuelva a la “normalidad” en el sistema de transporte que amenaza con caer en el colapso. El sistema de alta velocidad de trenes Español es uno de los más modernos y utilizados en el mundo, luego de China. Sin embargo, todo el asunto se reduce a que el sistema otorgue mayor rentabilidad a costa de la falta de inversiones en infraestructura y seguridad necesarias. Es decir, a costa de la vida de los trabajadores ferroviarios y de los millones de usuarios. Bajo estas mismas condiciones sociales, aunque con trenes de última generación, España ha tenido su Once argentino. Solo una gestión del transporte, y de la economía en su conjunto, bajo el control directo de clase obrera puede garantizar un servicio de transporte seguro para la población.

Los trabajadores de Lustramax, una empresa ubicada en el parque industrial de Tortuguitas, cumplen dos semanas de lucha contra el despido de 15 trabajadores, entre ellos, los dos delegados sindicales. La patronal cuenta con dos fábricas (una de ellas bajo otra razón social) y un depósito. Viene llevando un ajuste sobre los trabajadores, negando el pago del bono de fin de año y liquidando salarios en negro. No ha pagado el aguinaldo. A fines de diciembre, los trabajadores se declararon en estado de alerta: la patronal no estaba pagando la obra social y había despedido a 29 compañeros. Este estado de alerta de los trabajadores se convirtió en una asamblea permanente cuando, mientras sostenían una asamblea, la patronal entró con una escribana a señalar a dedo a los trabajadores que iban a ser despedidos, 13 compañeros cercanos a la comisión interna y a los dos delegados. Esto generó que los trabajadores resolvieran sostener un acampe al interior de la fábrica que, inicialmente, fue una ocupación. Desde el lunes 12 de enero al miércoles 14, los trabajadores sostuvieron una ocupación durante la cual frenaron el egreso de los camiones con mercadería. Por otro lado, desarrollaron un corte de ruta el martes 14 de enero, para visibilizar la situación de los compañeros. Ese día se reunieron en el Ministerio de Trabajo de San Martín y se dictó la conciliación obligatoria, intimando a la patronal a reincorporar a los despedidos. Sin embargo, la patronal respondió por escrito que no reincorporará a ninguno de los trabajadores. Los trabajadores cortaron nuevamente la ruta el día miércoles. Simultáneamente, en el transcurso de esos tres días, la patronal se paseó por los medios bramando que “los delegados son extorsivos y no representan a los trabajadores”. El día miércoles la patronal impuso un lockout , cerrando totalmente la empresa y, al día siguiente, el jueves 15, a instancias de la patronal, se montó un operativo represivo que movilizó a la Gendarmería -aunque se encuentra fuera de su jurisdicción-, como si fuese un verdadero ejército privado, en conjunto con la policía. El objetivo que se había fijado la patronal fue, básicamente, romper la huelga metiendo miedo a los trabajadores que se encontraban acompañando la ocupación de la fábrica, de modo que volvieran a trabajar, y lograr que salieran los camiones con la mercadería para ser distribuida. El abogado del Sindicato de Comercio intervino para que dejen salir los camiones del depósito y negociar con los trabajadores. Ese mismo día les llegó a los delegados una orden de desalojo por la que se los intimaba a abandonar la fábrica antes del sábado 17. La conclusión de esta primera semana en Lustramax reveló, en resumen, que la patronal estaba buscando eliminar la organización obrera al interior de la fábrica. A través del operativo represivo montado en total complicidad con el estado nacional, la patronal había logrado que un gran sector de depósito que se encontraba sosteniendo la ocupación con los despedidos, retomara tareas. La segunda semana, que comenzó el lunes 19, los delegados lograron, mediante discusión y asamblea, que los compañeros que habían retomado tareas en depósito se volvieran a sumar al acampe junto a los despedidos. En principio, con paros parciales de producción. El martes 20, la patronal se reunió con los delegados y el abogado del Sindicato de Comercio. En esta instancia de negociación quedó en claro que los delegados eran reconocidos como representación de los trabajadores, en contradicción con la línea que había sostenido la patronal de que estos no representaban a los trabajadores. Por otro lado, los delegados llevaron adelante la discusión por la reincorporación de los trabajadores despedidos y señalaron que se podían ´intercambiar´ por otros trabajadores dispuestos a negociar su salida de la empresa. La patronal se negó rotundamente explicando que los únicos que quería despedir eran a los 13 cercanos a la comisión interna y a los dos delegados, incluso a pesar de que no había tramitado aún los desafueros de los delegados ni enviado los telegramas correspondientes a los trabajadores. Ya finalizada la reunión, los trabajadores se reunieron en asamblea para que los delegados explicaran lo que se discutió en la reunión. La patronal ofreció la indemnización correspondiente al artículo 245 (despido sin justa causa) más un 30 %, a pagar en cuatro cuotas. Los despedidos resolvieron por unanimidad sostener el acampe y continuar dentro de la fábrica. El jueves 22, la patronal en el marco de la conciliación obligatoria aún vigente, despidió a 6 trabajadores. Durante la tarde de ese mismo día se resolvió en asamblea que uno de los delegados se fuera a reunir junto al abogado del Sindicato con la patronal en el Ministerio de Trabajo. Allí se resolvió la reincorporación de los 6 trabajadores despedidos a la mañana. La patronal, además, ofreció a los trabajadores reincorporar a dos de los despedidos, dejando fuera a los once restantes. Esto fue rechazado por parte del delegado. Luego de la reunión, se volvió a llevar adelante una asamblea entre los despedidos y los trabajadores, donde se resolvió que, aquellos que se encontraban en depósito, trabajarán a reglamento con quite de colaboración. El lunes 26 tendrá lugar otra asamblea, donde se resolverá cuál será el siguiente paso en la organización de los trabajadores. En principio esperan que el trabajo a reglamento con quite de colaboración signifique una presión para la patronal puesto que, señalan los despedidos, la patronal despidió a trabajadores especializados con lo cuál le es difícil cumplir con los plazos de los pedidos. Sin embargo, en los hechos, la patronal seguirá sosteniendo que la única forma de que se solucione el conflicto es con los despedidos afuera. Es necesario que se discuta un paro total al interior de Lustramax y volver a la vía de la ocupación. Si la patronal pierde el control total de la fábrica, fracasará rotundamente en sus intentos por eliminar a la organización obrera. La única resolución posible a este conflicto es que los despedidos sean reincorporados y los trabajadores le impongan sus condiciones a la patronal. A su vez, una victoria de los despedidos de Lustramax será una demostración para el resto de trabajadores del país que a la contrarreforma laboral se la derrota mediante la organización independiente de los trabajadores.

Un nuevo vaciamiento patronal, en este caso en el Frigorífico Pico, ubicado en Trenel, localidad de La Pampa. La empresa decidió suspender durante todo el mes de enero a la totalidad de sus trabajadores, luego de fraccionar el medio aguinaldo y decretar vacaciones obligatorias desde el 23 de diciembre para todo el plantel laboral. El cierre provisorio del Frigorífico implica un golpe letal a la economía de Trenel, además de afectar a localidades cercanas. A los trabajadores se les comunicó que durante este mes recibirán $500.000 y carne. El frigorífico provee al mercado local y de exportación, sus dueños son una compañía de larga trayectoria, “séptima generación en la industria de la carne” y con “una capacidad productiva de 14.000 cabezas al mes” (enbocadetodoshd.com). La patronal arguye que la faena diaria pasó abruptamente de esos 600 vacunos a sólo 50. No ha explicado los motivos de esa reducción, al margen de que el consumo de carne en Argentina sigue en sus mínimos históricos. El precio de la carne ha aumentado el doble que la inflación registrada. Luego de los alquileres, es el ítem de la canasta básica que mayor alza de precios tuvo. La crisis del sector es fundamentalmente financiera. “Según datos del Banco Central, la empresa cuenta con más de mil cheques rebotados y una deuda total cercana a los $30.000 millones con distintas entidades” (agenciacomunas.com.ar). Entre ellos está el propio Banco de La Pampa, que es acreedor por 9.000 millones. La amenaza del cierre es parte de una ola de quiebras financieras del sector. Otro frigorífico de La Pampa, en Bernasconi también aplicó despidos y “aguarda por el desembarco de nuevos capitales” para una reestructuración. En Villa Gobernador Gálvez, en la provincia de Santa Fe, la patronal de Euro produjo un cierre de hecho del establecimiento y los trabajadores no cobran desde entonces su sueldo y muchos de ellos se mudaron con sus familias a las instalaciones abandonadas por la patronal. La patronal argentina ataca a los trabajadores responsabilizandolos de su crisis. Pero es el “costo capitalista” el que lleva a la quiebra y cierra los lugares de trabajo, como se observa en estos tipos de operaciones de deuda y reestructuraciones financieras. En el caso del Frigorifico Pinto, el Estado de La Pampa -que es acreedor- es cómplice de ese vaciamiento porque ha permitido todas las decisiones unilaterales de la patronal. Ningún despido ni suspensión, estatización sin indemnización bajo control de los propios trabajadores.

El pasado viernes 24, el gobierno liberticida llevó a cabo la prueba piloto de lo que serán sus propias ´redadas antimigrantes´, a cargo de la versión criolla del ICE, en la localidad de Villa Celina, La Matanza. El operativo fue protagonizado por la Policía Federal en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones. Se utilizaron equipamientos biométricos portátiles (MorphoRapID) para la identificación rápida de personas. Los controles se realizaron en la vía pública. Según informaron el operativo fue para reforzar los “controles de permanencia en el conurbano bonaerense”. A pesar del despliegue, los números que arrojó el operativo fueron paupérrimos. De casi 400 personas controladas, solamente 16 presentaron situaciones irregulares, algunos de ellos simplemente debían terminar algún trámite con su DNI. La policía intimó a que realicen los trámites correspondientes, bajo amenaza de ser expulsados del país. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el PJ bonaerenses no han abierto la boca frente a esta incursión. El ICE es la policía antiinmigratoria de Donald Trump que viene sembrando el terror en Estados Unidos. Es una fuerza estatal encargada de arrestar, detener y expulsar personas supuestamente sin papeles en regla para habitar ese país. En los últimos días ha ejecutado a sangre fría a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis, lo que ha despertado una rebelión popular. Las tropas del ICE actúan como verdaderos grupos de tareas que salen a la caza y amedrentan por portación de rostro a quien se cruce y lo juzguen posible extranjero. El pupilo de Trump, Javier Milei, ha creado por decreto la Agencia de Seguridad Migratoria, para replicar la política fascistoide del gobierno del magnate contra los migrantes. Al frente estará Diego Valenzuela, actualmente intendente de Tres de Febrero y senador bonaerense en uso de licencia. Dentro del oficialismo existen tensiones vinculadas con el diseño del organismo y la distribución de competencias. En esas discusiones intervinieron los ministerios de Seguridad y de Transformación del Estado, además de la Secretaría Legal y Técnica. La principal controversia es si la Agencia contará o no con una fuerza propia. De avanzar en esa dirección, podría superponerse con funciones que hoy cumplen Gendarmería Nacional o Prefectura Naval. Actualmente, la Dirección Nacional de Migraciones tiene unos 2.000 agentes civiles no armados desplegados en fronteras, aeropuertos, puertos y delegaciones en todo el país (Info Platense, 25/1). Esta orientación política está enmarcada en un reforzamiento del aparato represivo contra los trabajadores, en un contexto de despidos y crisis económica. En las últimas semanas, Milei le ha dado un mayor poder a la SIDE (incluyendo la posibilidad de detener sin orden previa) y se ha nombrado a un militar al frente del Ministerio de Defensa, estableciendo en los hechos un régimen de gobierno cívico-militar. El gobierno liberticida apoya la masacre contra el pueblo palestino y el reciente asalto del imperialismo sobre Venezuela. Su 'política exterior' consiste en apoyar todos los crímenes del imperialismo, en su guerra internacional, y en replicar sus métodos represivos, fronteras adentro.

La nueva conducción Naranja del Sindicato está sufriendo gravísimos ataques. La vieja burocracia de Aybar ( derrotada en las recientes elecciones por la lista Naranja ) junto con la patronal portuaria (TPR) y la Secretaría de Trabajo de la Nación, están hostigando a la dirección del Sindicato SUPA. El pasado jueves 22 se encontró en la sede del Sindicato un sobre con dos balas y los nombres de los actuales dirigentes. Esta amenaza de muerte (enviada por los matones) se suma a otros hechos igualmente gravísimos. Marcelo Leiva (actual secretario general) y Hugo Gamboa (secretario gremial) denunciaron en los medios de prensa que el burócrata Aybar ha vaciado las cuentas bancarias del Sindicato. La desaparición de $30 millones ha creado una situación crítica para hacer los depósitos para la obra social. Aybar se llevó todo el mobiliario, hasta las cajas navideñas de los afiliados, e hizo desaparecer los papeles de la camioneta. De otro lado, la patronal portuaria (TPR), de la chilena Ultramar, impide el ingreso de los representantes del Sindicato al puerto, que además se encuentra sin delegados en los sectores. Por su parte, la Secretaría de Trabajo de la Nación no ha efectuado el reconocimiento legal a la nueva conducción. En una concentración para reclamarlo, no fueron recibidos por los funcionarios, que cerraron puertas y ventanas. La patronal quiere imponer su domino absoluto dentro del puerto de Rosario, flexibilizando y precarizando el trabajo. Para lograr eso es clave que el Sindicato no ingrese y que no haya delegados. La patronal espera a que se apruebe la contrarreforma laboral. El puerto de Rosario está en un proceso de reactivación muy fuerte. Creció más del 63 % el movimiento de cargas en 2025, especialmente en exportaciones agroindustriales y tráfico de contenedores (Rosario 3). La defensa del SUPA naranja es una lucha político-sindical estratégica Los nuevos dirigentes del SUPA anunciaron “que van a iniciar acciones judiciales y que van a seguir porque tienen el apoyo de la gente”. La Naranja organizó en el verano del 2022/23 una huelga histórica de 40 días con el apoyo de los trabajadores, la familia portuaria y las organizaciones solidarias. Esta tremenda lucha no contó con el apoyo de la CGT ni la CTA, como tampoco con la Federación Portuaria Nacional que amenazó con un paro nacional que no concretó. Llamamos a derrotar la contraofensiva de la patronal y el gobierno, precarizadores natos, por medio de la movilización y la huelga. El puerto de Rosario ocupa un lugar estratégico para los intereses de los monopolios exportadores.

El gobierno de Milei acaba de intervenir por un año el puerto de Ushuaia, donde alega “irregularidades administrativas y falta de mantenimiento del mismo”. Desde 1992, la gestión del puerto está en manos de la Provincia. Juan Avellaneda, jefe del sindicato de personal superior ferroviario (UPSF), ha denunciado un presunto desvío de fondos y el mal estado del puerto. La legislatura fueguina había aprobado una ley que habilita utilizar, “por única vez”, el excedente de recaudación del puerto para sanear la obra social provincial. El convenio de transferencia de Nación a la Provincia sólo permite gastarlo en el mismo puerto. Como premio por la denuncia, Avellaneda quedó a cargo de la operatoria portuaria. Tierra del Fuego es gobernada por Gustavo Melella, un radical enrolado en el kirchnerismo. Es uno de los gobernadores excluidos por el Gobierno de la ´mesa de diálogo´, como Axel Kicillof. El desembarco de Milei tiene varios objetivos. El. presupuesto anual del puerto es de $20.000 millones. Según una auditoria del Gobierno, en 2024 tuvo unos $4.000 millones de superávit. Los dólares que genera el turismo de cruceros con la intervención pasarían al Tesoro Nacional. Existen varios interesados ​​en la privatización del puerto, entre ellos, oferentes como la Global Ports Holding (GPH). El gigante británico-turco es el mayor operador de terminales de cruceros del mundo. También le interesa a la Royal Caribbean & Carnival. Pero quienes llevan ventajas políticas y económicas en esta intervención son los holdings de Estados Unidos, detrás de los cuales se guarecen motivaciones ´geopolíticas´, como lo ha manifestado reiteradamente la Armada estadounidense, que pretende instalar una base militar en la isla . Existe, además, un fuerte interés estratégico en desplazar a capitales chinos en la región.

A finales del 2025, en las adyacencias de un galpón ubicado en las cercanías del Club Atlético Colon de Santa Fe, sucedía un crimen donde todos los involucrados son menores de edad. En el mismo se identifica la muerte de un joven de nombre Jeremías Monzón, quien tenía apenas 15 años. No obstante, lo que realmente llamó la atención del caso no fue la corta edad de estos, sino el ensañamiento con el que se habría ejecutado. En concreto: se imputaron e investigan al menos a dos menores de 14 años, quienes ya fueron identificados. Asimismo, a una adolescente de 16, sobre la cual no queda claro si supo tener una relación sentimental con la víctima. En las últimas horas se detuvo a la madre de esta niña, sugiriendo una aparente participación en el hecho que hasta hoy era desconocida. Lo grotesco del hecho, según las fuentes, es que lo asocian a una supuesta “venganza” a raíz de unos videos íntimos de esta última que Monzón tenía en su poder, quien los habría difundido o se prestaba a hacerlo. Al igual que otros crímenes que se han mediatizado en el último tiempo, este quedó grabado en un teléfono celular que se ha comenzado a viralizar en los últimos días. La familia de Jeremías desde el primer minuto reclama justicia por su hijo. Suceden varias cuestiones sobre este punto: al ser niños de 14 años, quedan por debajo de la edad de imputabilidad que comienza desde los 16. En la provincia de Santa Fe, jóvenes en conflicto con la ley penal quedan a disposición de la Secretaría de Niñez de la provincia de Santa Fe y bajo su resguardo transitorio. Dicho de otra manera, solo puede disponer medidas administrativas el Estado, a quien está vedado de cualquier sanción penal. En cambio, cuando el sindicado oscila entre los 16 y los 18 años, se incorpora a un régimen llamado Penal Juvenil. Este es distinto al de adultos, por la simple razón de que por su corta edad se encuentran en una etapa de desarrollo como persona y, en ese sentido, la ley lo protege contra esa vulnerabilidad. Es al mismo tiempo la admisión de que cualquier privación de libertad profundizará su delicada situación. Con el dolor reciente sus familiares han acudido a los medios señalando que el hecho no quede impune. Se han congregado movilizaciones, siendo la del pasado 23/1 la más convocante, coincidente con la viralización de las escabrosas filmaciones. De esto no hay responsables individualizados, a sabiendas de que los teléfonos celulares de los menores están secuestrados y en manos de la fiscalía. Otra vez la baja de la edad de imputabilidad… El tema ha dejado de ser un crimen común y se ha instalado en la agenda nacional, porque tanto Maximiliano Pullaro como Patricia Bullrich han recogido el guante. Volvió a desempolvarse la crítica del régimen juvenil, señalando que la edad de imputabilidad debe ser desde los 13 años . El argumento es que el menor que lleva a cabo un delito conoce perfectamente lo que está haciendo -plenamente consciente de la criminalidad de su acto-, por lo que comprende la sanción que lo espera. Según fuentes del gobierno libertario, este tema estaba previsto para las sesiones extraordinarias en conjunto con la modificación de todo el Código Penal . Sin embargo, este fue aplazado por la crisis que suscita la reforma laboral y el riesgo de que ni una ni la otra sean sancionadas. Otras fuentes del gobierno indican que, dado el caso Monzón, van a incorporarlo en la agenda que arranca en febrero. No hay ninguna certeza. Populismo punitivo (contra la clase obrera) Todo este oportunismo punitivo debe ser puesto en un contexto. Ambos gobiernos, el provincial de Santa Fe y el nacional, se jactan de llevar a cabo mano dura a diestra y siniestra. Han declarado su “tolerancia 0” en los hechos, bajo el falso eufemismo de "quien las hace, las paga”. La resultante de esto no ha sido ni más ni menos que una liquidación de garantías constitucionales básicas y una agudización de la selectividad punitiva contra trabajadores, explotados y el activismo que se enfrenta a este régimen decadente. Sucede todos los miércoles con la represión y posterior detención de manifestantes en las inmediaciones del Congreso, gracias al protocolo antipiquetes. Ni hablar de quienes son perseguidos por expresiones críticas a la política genocida del estado de Israel en Palestina. Como contracara de esto, a los autores de la estafa Libra$ y el desfalco del ANDIS no se les ha recortado ningún tipo de derecho, existiendo investigaciones contundentes. Es la típica cobertura del Estado capitalista sobre sus personeros. Mientras tanto, Pullaro, quien en todo este tiempo reformó la constitución incorporando los institutos del estado de excepción y “resignificando” la seguridad pública , ha limpiado de un plumazo el afán resocializador de la prisión. Por si no fuese suficiente, construye cárceles al estilo Bukele con la etiqueta de “El Infierno” (que no va a respetar ni los 3 metros cuadrados por celda, configurando un trato inhumano y degradante a quien se lo aísle). El delito juvenil es empuñado como chivo expiatorio de una crisis social sin precedentes. Si nos atenemos a las estadísticas de estos delitos, por ejemplo, en CABA en 2024 se iniciaron 1.788 causas a menores de entre 6 y 18 años, de los cuales el 81 % representaron robos y delitos contra la propiedad. Solo el 1,5 % reportó alguna participación en homicidios. Contrastado con años anteriores, se manifiesta una tendencia a la baja (Informe Anual 2024 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 17/03/2025). En el caso de Provincia de Buenos Aires, la información señala una participación de niños o adolescentes del 2,25 %, tomando en cuenta todas las causas iniciadas (Fuero de responsabilidad Penal Juvenil IPP Iniciadas por Departamento Judicial Año 2023). Si es necesario algún otro argumento más, el propio UNICEF señala que la baja de la edad no tiene ninguna relación que aporte a la mejora de la seguridad pública. Es la decadencia social capitalista. Derechistas y libertarios, con el concurso de más de un peronista, se aprestan a sancionar de conjunto toda una legislación que reduce al mínimo la ciudadanía política. Es el contenido del órgano parapolicial que se constituyó en la SIDE, con facultades privativas de libertad. Es el espíritu que tiene la reforma laboral, al liquidar el derecho a la libre asociación en base a fines comunes y políticos de los trabajadores en su lugar de trabajo y en el plano sindical, junto al derecho de huelga. Al igual que Trump, Milei, los Pullaro de las provincias y compañía exponen un programa fascistoide que socava el estado de derecho ante la monumental crisis social del capitalismo decadente: convertir la sociedad en una cárcel a cielo abierto. Por todo lo expuesto, ninguna expectativa en la baja de la edad de imputabilidad. Cortar el hilo en lo más delgado solo potenciará el estigma contra la juventud inmersa en el mundo de las adicciones y la violencia diaria, en la que no tiene ninguna responsabilidad. El Estado, que no es capaz de garantizar sus derechos inalienables, pretende su propia absolución encarcelándolos. Debido a la barbarie a la que nos empuja la crisis, es necesario redireccionar los esfuerzos y organizar la lucha contra el Estado, los gobiernos y sus instituciones.

Este sábado se produjo un nuevo crimen a manos del ICE en Minneápolis: la impactante ejecución de Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años, abatido a tiros por agentes federales durante una intervención policial en Minneapolis. Ciudadano norteamericano, Pretti trabajaba en cuidados intensivos para Veteranos y participaba en protestas contra la violencia migratoria. Fue baleado cuando filmaba y ayudaba a otra persona afectada por gases lacrimógenos durante una manifestación. Testimonios y videos contradicen la versión oficial que intenta justificar el uso de fuerza letal alegando una amenaza activa. Fue asesinado de varios disparos. Esta es la segunda muerte por acción de agentes federales en la ciudad en menos de un mes, tras el homicidio de Renée Nicole Macklin Good el 7 de enero de 2026, también por parte de un oficial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Ese hecho provocó una ola de protestas y movilizaciones populares en Minneapolis, que alcanzó su punto culminante el viernes 23 de enero , cuando miles de trabajadores, estudiantes y residentes llevaron adelante una huelga general bajo el lema “No work, no school, no shopping” -“No trabajar, no ir escuela, boicotear el comercio”-, exigiendo el fin de las redadas y la retirada de las fuerzas federales del Estado de Minnesota. La huelga, inédita por su naturaleza política , implicó el cierre solidario de negocios y marchas multitudinarias pese al intenso frío invernal. La muerte de Pretti se inscribe en un contexto más amplio de muertes, detenciones y deportaciones intensificadas en los últimos años. Las cifras oficiales y documentadas muestran que el número de muertes en centros de detención migratoria ha alcanzado niveles alarmantes. En 2025, hubo al menos 30 muertes en custodia, el nivel más alto en dos décadas, según datos de ICE, que incluyen fallecimientos por diversas causas, a menudo en condiciones sospechosas respecto del trato recibido por las personas detenidas. En los primeros días de enero de 2026, al menos cuatro inmigrantes murieron en custodia de ICE entre el 3 y el 9 de enero, incluyendo ciudadanos de Honduras, Cuba y Cambodia, mientras las redadas crecían y la agencia ampliaba su población detenida a cifras récord. Uno de estos casos fue el de Geraldo Lunas Campos, un hombre de origen cubano de 55 años que falleció en el centro de detención Camp East Montana en Texas. Aunque las primeras versiones oficiales hablaron de un supuesto “suicidio” o problema médico, un examen forense determinó que su muerte fue causada por asfixia tras la inmovilización por parte de guardias, lo que configura un homicidio bajo custodia estatal. Las detenciones migratorias han alcanzado cifras sin precedentes. El servicio ICE sostiene que la población de detenidos bajo su custodia pasó de un promedio diario de unas 39.000 personas antes de la asunción de Trump, a cerca de 69.000 detenidos a principios de enero de 2026, impulsada por una inyección presupuestaria masiva y un aumento de operativos. En términos de deportaciones, un análisis reciente del New York Times con datos federales revela que, entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de enero de 2026, el gobierno de Trump deportó aproximadamente 230.000 personas arrestadas dentro del país y otros 270.000 en la frontera, cifras que ya superan el total de deportaciones internas que se registraron durante toda la administración anterior. Esto suma alrededor de 540.000 deportaciones en un año completo, incluyendo personas que regresaron de manera voluntaria a través de programas de “auto-deportación” incentivados por la administración. Esa cifra de deportaciones por interior y frontera no solo demuestra la intensidad de la política migratoria; también implica que una parte significativa de personas deportadas no tenía antecedentes penales, reflejando una agenda que criminaliza a las personas migrantes más allá de cualquier justificación de seguridad pública. Además, estas cifras de deportaciones y detenciones bajo Trump se producen en un contexto donde aún no se han publicado detalladamente informes estadísticos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, ya que el ritmo de publicación de datos ha sido discontinuado. El impacto social y político La combinación de deportaciones masivas, detenciones sin precedentes y muertes en custodia constituye una forma concreta de violencia de Estado contra su propia población, un conato de guerra civil. El asesinato de Pretti -que tuvo lugar apenas un día después de la huelga en Minnesota contra el ICE- fue el resultado de una política de represión, expulsión y militarización interna, que se proyecta en las guerras internacionales promovidas por Trump.

El diario La Nación ha iniciado una sinuosa campaña dirigida a justificar, con argumentos “estadísticos”, un ataque de gran envergadura contra las conquistas jubilatorias y el conjunto del sistema previsional. Detrás de lo que presentan como un “fatalismo demográfico”, asoma la intención de prestarle letra a la masacre jubilatoria que preparan, sin disimulos, los Milei y Sturzenegger con el concurso de los gobernadores provinciales. Serruchemos a los jubilados (Procusto) para que puedan entrar en el cajón que les preparan los libertarios En una nota publicada el pasado 18 de enero, con la firma de su secretario de redacción Jorge Liotti, este diario alude a la “transformación más trascendental y silenciosa de la Argentina”. Alude, por un lado, al progresivo envejecimiento poblacional, a causa de “la evolución de la medicina y los mejores hábitos en la alimentación y el cuidado físico” y, por el otro, a “una drástica caída en la tasa de natalidad, que se ha producido de un modo tan abrupto que no reconoce comparación a nivel global”. El periodista cita una caída de los nacimientos del 40 % en la última década, y del 50 % en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Buscando las razones del fenómeno, se menciona a “la mayor disponibilidad de métodos anticonceptivos”. Pero el director del Observatorio Social de la UCA, en la misma entrevista, aporta que la brusca caída de la tasa de natalidad “tiene como gran protagonista a los jóvenes de barrios populares”. La juventud y la mujer trabajadora, que le arrancaron al Estado el derecho a la salud reproductiva, hacen uso de esa conquista para declararle un boicot estratégico al régimen social que los condena al hacinamiento y a la miseria social general. A la luz de este escenario, no hay nada de “fatal” o “demográfico” en toda esta cuestión: la crisis poblacional tiene lugar bajo determinadas relaciones sociales: las del capitalismo en descomposición y sus contradicciones. El mismo régimen social que ha hecho de la tercera edad un mercado lucrativo -para la industria farmacéutica en primer lugar-, es el que le ha confiscado los ahorros previsionales a esa población trabajadora, en favor del capital financiero. En la base de la “pirámide”, los Milei y otros fascistas quieren eliminar las conquistas de la salud reproductiva, para empujar a la joven clase obrera a reproducirse, aunque no cuenta siquiera con el derecho a ser explotada con salario y estabilidad. Lecho de Procusto De cara a este escenario, el periódico de los Mitre se desliza rápidamente a “aportar” una solución a esta (mal) llamada crisis poblacional. La “salida” es la del lecho de Procusto, el siniestro personaje de la mitología griega que ajustaba el cuerpo de sus huéspedes a la longitud de la cama, pero por la vía de rebanarles las extremidades. Este es el camino nefasto que quiere seguirse con las conquistas educativas, sanitarias o previsionales de las masas. En una primera instancia, la nota de La Nación se detiene en el sistema educativo, a quien la “transformación poblacional” lo deja con “aulas semivacías”. “Al 30% de las escuelas le sobra espacio y docentes”, dice LN citando un estudio del gobierno. La respuesta a esta cuestión ya se está poniendo en marcha en diferentes provincias, con el recorte de cargos y horas docentes por doquier. Pero el blanco decisivo adonde apunta la supuesta “preocupación demográfica” es el sistema previsional. La nota alude al “stress presupuestario” (sic) creado en el PAMI, no solo por el crecimiento del número de usuarios, sino por “la ampliación de la demanda acorde a una mayor expectativa de vida y a tratamientos más evolucionados”. Naturalmente, no se menciona al “stress” humanitario de los que acuden a atenderse en un sistema sin recursos. Los voceros del sistema presentan como una desgracia a todo lo que debería implicar un peldaño para aliviar a la humanidad de las dolencias asociadas al paso del tiempo -por caso, los tratamientos más avanzados-. Con la misma “alarma”, el periódico menciona la existencia de 1,1 millón de afiliados mayor a los 80 años, e “incluso (¡incluso!) 5323 personas con más de 100 años”. Milei, naturalmente, se ha adelantado a La Nación en aportar “soluciones”, disponiendo un recorte drástico de los medicamentos gratuitos que entregaba el PAMI , en el marco de una reducción general de las prestaciones. En un nuevo artículo, publicado este domingo 19, La Nación arremete ahora contra otra “industria del juicio” y es la que llevan adelante los jubilados por haberes mal liquidados . Siempre en el afán de echarle la culpa al progreso humano, el periodista, en esta ocasión, responsabiliza del aluvión de juicios no a los afanos del Estado, sino a la “cada vez más afianzada digitalización, que permite realizar las presentaciones en cualquier momento”. Si volviéramos a los expedientes mecanografiados o manuales, los jubilados podrían ser engañados más eficazmente. El diario recoge también la “alarma” judicial porque los “jubilados se han convertido en litigantes cada vez más atentos y comprometidos”. "Es notable la mejora cognitiva de los jubilados en los últimos años´, celebra una fuente del fuero; sin embargo, no esconde sus dudas respecto a la sostenibilidad del sistema”. Seguramente, un recorte de fármacos suficientemente intenso -como el que se encuentra en marcha- ayudará a que muchos de estos “jubilados atentos” se topen con la muerte antes que con una sentencia judicial favorable. Es esa la apuesta mancomunada de la Corte con el ANSES, que bicicletean a perpetuidad las demandas que reciben . Yendo al hueso, Liotti señala que la situación del sistema jubilatorio es “acuciante”, no para los jubilados, sino para el presupuesto nacional. El editorialista se alarma por el crecimiento del gasto previsional “por la movilidad jubilatoria, por los haberes nuevos y porque hay más adultos mayores”. ¡Pero la “movilidad jubilatoria” no es más que la actualización de los haberes miserables de acuerdo a la inflación pasada! El sistema impositivo también indexa sus ingresos fiscales con el aumento de los precios. Pero la mención a la “movilidad” no es gratuita: si la inflación de Milei y Caputo se mantiene en torno del 2.5-3 %, el Gobierno hará como Martin Guzmán en 2019: declarará “inflacionaria” a la movilidad, para derogarla de plano. La Nación agrega enseguida que “un 40 % de los que se jubilan lo hacen a través de alguno de los llamados regímenes especiales ”, y “denuncia” a “un país donde la excepción es la regla”. Liotti tilda como “excepcionales” a los regímenes jubilatorios de docentes, profesores universitarios y algunos pocos gremios más, que todavía sostienen la conquista histórica de la movilidad y un porcentual del 82% del salario. El señalamiento “crítico” delata la voluntad de voltear a estos regímenes. Ya existe un antecedente de ello en la provincia de Santa Fe, con la reforma reaccionaria que el gobernador Pullaro le impuso a los docentes . Como el rescate de las cajas jubilatorias previsionales de las provincias se liga al debate sobre la coparticipación de fondos, el cual entró en el toma y daca de la reforma laboral, no es de extrañar que Milei y Caputo condicionen rescates a los distritos a la sanción de nuevas reformas previsionales. En relación a las jubilaciones generales, el Gobierno prepara el régimen de retiro “proporcional” (a los años aportados), o sea, la pulverización final de los haberes, para adaptarlos a vidas laborales diezmadas por la precarización y el trabajo en negro. Este seudohaber pretende ser acompañado por el aumento en la edad para jubilarse. La lucha por delante A nivel mundial, se ha construido un gigantesco macaneo para justificar la liquidación de los derechos laborales en nombre de las “tendencias demográficas”. Los “sociólogos” o “especialistas” que trabajan para los fondos financieros afirman que la reducción relativa de la población activa en relación a los pasivos impide financiar a estos últimos. Lo que ellos no dicen es que el rendimiento del trabajo ha crecido exponencialmente y, por lo tanto, ha creado las condiciones para sustentar holgadamente a su futuro “salario diferido”. El vaciamiento del sistema previsional no es una cuestión “demográfica”, sino que obedece a la confiscación de los ahorros jubilatorios por parte de los Estados, a cuenta de los fondos internacionales que lucran con la deuda pública . Las conquistas jubilatorias están siendo inmoladas en el altar de la crisis capitalista. El derecho al salario diferido, por lo tanto, plantea la lucha por la expropiación de los expropiadores. En definitiva, lo que nos dicen las “preocupaciones” de la “gran prensa” es que tenemos por delante una gran lucha contra la definitiva liquidación de los derechos previsionales. Uno de los primeros episodios de esa lucha se librará con la docencia de todos los niveles.

El proyecto de ley para aumentar las regalías de las empresas mineras en Santa Cruz, presentado por el aparato del PO -la CTA Autónoma de la Provincia, sigue dando tela para cortar. Miguel del Plá, en tanto secretario de la CTA, presentó un proyecto de ley, aun sin ocupar un cargo legislativo, para aumentar las regalías mineras al 15 %, en el marco del alza experimentada por el oro en el mercado mundial. El proyecto no establece ninguna asignación explícita de esos fondos eventuales. Santa Cruz carga con una deuda pública impagable de US$ 350 millones, que sería el primer destino de la recaudación. La semejanza con la 125, el proyecto que redactó Martín Lousteau, ministro de CFK en 2008, es patente: subía las retenciones a las exportaciones de soja en consonancia con el aumento eventual del precio internacional del poroto. En aquella ocasión, el Partido Obrero se distinguió por denunciar que el propósito de la cláusula era hacer frente al pago de la deuda pública. El MST e Izquierda Socialista apoyaron con entusiasmo la rebelión de las Sociedades Rurales contra la suba, alegando que estaban defendiendo a los pequeños productores. El PTS asumió de entrada esa misma posición –“retenciones diferenciadas”-, para hacer luego un cambio de ruta inconsistente. El lugar de Martín Lousteau lo ocupa ahora la CTA, lo que no sorprende porque esa misma entidad hizo seguidismo explícito al kirchnerismo en aquel año, pero ahora con la asistencia de un PO de renegados. El MST, esta vez, y asimismo el PTS, denunciaron el carácter “extractivista” del proyecto, algo así como dejar el oro en las entrañas del subsuelo. Pero el mismo aparato del PO salió a contradecir al primero en la pluma de Juan García , un conocido de los lectores de Política Obrera por los graves episodios que protagonizó en Chaco . García denunciaba a Del Plá por condicionar los salarios a las apropiaciones del Presupuesto. Miguel del Plá ratificó su iniciativa, en lo que se transformó en una disputa entre tres aparatos: el de la CTA-A, el PO y el FITU . Para alimentar el culebrón, el aparato del PO hizo un cambio de jugadores. Es probable que el aparato quiere exhibir que es capaz de dar un carácter público a una pelea interna, luego de haber expulsado a 1.300 militantes por no haber reservado al Boletín Interno una caracterización del Estado cubano, que Jorge Altamira había expuesto en un campamento de verano de la Juventud el cual había sido objeto de una preparación colectiva durante tres meses. Ante el ataque del MST (“aceptar la continuidad del modelo minero al discutir el aumento de sus regalías”), el nuevo ‘player’, Iván Hirsch, sostiene que "también los reclamos salariales aceptan como punto de partida la continuidad de la explotación laboral en el sistema asalariado, sin por ello dejar de ser una lucha contra el capital". O sea, un aumento de regalías a la extracción de minerales no deja de ser una forma de lucha contra el “extractivismo”. También hubiera podido presentar la cosa de otra manera, o sea, al revés: los que despotrican contra el “extractivismo’ son enemigos de los aumentos salariales en la industria minera. La magnitud de la impostura de Hirsch y del conjunto del aparato que autorizó ese artículo es mayúscula. Ni “toda lucha salarial” es una lucha contra el capital ni un aumento de regalías mineras es una lucha por la protección del medio ambiente. La pasión de los polemistas por la ‘chicana’ es triplemente proporcional a su ignorancia del modo de desarrollo del capitalismo y de su abandono del programa marxista, si es que alguna vez lo hicieron propio. La intención de Hirsch y de sus promotores es alejar la atención de que la iniciativa de Del Plá es de la CTA, Autónoma o no. En el afán de ‘pasar factura’, Hirsch recuerda al MST que “en 2008 se plegó a los cortes de ruta del capital agrario contra la resolución 125 del entonces gobierno de Cristina Kirchner, que buscaba gravar a los sojeros favorecidos por el boom de los precios internacionales”, sin agregar que el propósito era cumplir con el pago serial de la deuda externa, el famoso desendeudamiento. Esto fue lo que el Partido Obrero había señalado una y mil veces. Dieciocho años después, el aparato del PO revisa aquella posición (o quizás ya entonces estaba en contra de la posición “altamirista”) y se desbarranca en un kirchnerismo tardío, bajo el paraguas, precisamente, de una organización también kirchnerista, como la CTA Autónoma. El impuesto extraordinario de Del Plá a las mineras tiene el mismo propósito que las retenciones de Cristina, vale decir, pagar la deuda pública usuraria. Hirsch expone a un “Milei que reduce impuestos a los exportadores, generando mayor presión sobre los precios de los alimentos y cubriendo el costo fiscal con más ajuste”, pero omite que hace lo mismo “con los importadores” para “bajar los precios”, en detrimento del capital local (¡Whirlpool!) y desatar el despido masivo. La defensa de las retenciones por parte del aparato del PO viene de lejos: en 2021, a propósito de un proyecto del kirchnerismo de nacionalización de Vicentín para rescatar del vaciamiento y la quiebra al pulpo de alimentación, el aparato del PO se comió la cortina de humo de la “soberanía alimentaria” , reivindicando una política de alimentos baratos para poder pagar salarios que hicieran “viable” a la “industria”. Recalentaron, en definitiva, el plato frío del desarrollismo . Para el aparato del PO, el propósito de la “nacionalización del comercio exterior” constituía un recurso para alterar los precios relativos, y no un punto de apoyo para poner fin a la dominación capitalista en su conjunto. Hirsch afirma que "denunciar que las mineras no pagan impuestos importa mucho. Es un argumento central para combatir la propaganda pro minera allí donde la actividad cuenta con aceptación y es parte troncal de la economía”. Hirsch tiene un programa para todos los gustos: donde la minería “cuenta con aceptación” vamos por las regalías; donde no, vamos por el cierre de las mineras y por el desempleo. El enorme enredo que se ha instalado en la cabeza de estos oportunistas sin límite tiene una explicación sencilla: la conexión entre las industrias extractivas y el medio ambiente, de un lado, y la universalidad humana potencial de la clase obrera, del otro, sólo puede ser resuelta por medio de una revolución socialista internacional. Con independencia de la mayor o menor atención con que cuente la minería, una ‘preocupación’ típicamente oportunista, los socialistas luchamos por las mejoras salariales y contra el saqueo capitalista de la naturaleza, por medio de una propaganda y una agitación socialista revolucionaria. ¡Esta es la cuestión! Desde la publicación del Manifiesto del Partido Comunista, los impuestos progresivos y confiscatorios al capital forman parte del programa de la dictadura del proletariado, no como método de reasignación de recursos en el interior del Estado capitalista. Kautsky lo defendió para “el día siguiente de la Revolución Social” (¡!), en un texto de 1.909, o sea, como parte de las tareas de “un proletariado victorioso”. Una cosa es denunciar el parasitismo de las empresas mineras y al Estado burgués como garante del parasitismo y otra, absolutamente diferente, es adoptar una política nacionalista impositiva para salvar la deuda pública del gobernador Vidal y del presidente Milei. La nota de Hirsch llega, fatalmente, hasta el último y previsible desenlace: la defensa de los monopolios mineros. “Si la izquierda adoptara enteramente la posición del MST y postulara que la única alternativa es la prohibición de la megaminería, la extracción petrolera y los agronegocios, se entregaría a la marginalidad política”. El argumento típico del oportunismo más descarado, reivindicado por un aparato cada vez más marginal. Para Hirsch, “una enorme transformación productiva como la que requiere el abandono de la megaminería solo puede llevarse a cabo con una amplísima movilización económica, incluida la utilización de minerales en amplia escala”; como “la energía eólica y solar que requiere acero, cobre, litio, energía y un largo etcétera”. No se trata, sin embargo, de la transformación productiva que requiere “el abandono de la megaminería”, sino la que requiere la humanidad socializada. Hirsch no toma el cuidado siquiera de defender a los glaciares de la minería abierta, de modo que ha elegido la “barbarie” en lugar del “socialismo”. El articulista designado sustituye la ley de la acumulación capitalista por la de la “transformación productiva”, como lo hace cualquier funcionario de los monopolios y Caputo y Milei. En otras palabras, el “abandono de la megaminería” (…) “mediante la utilización de minerales” exige continuar con la megaminería. Luego de apoyar al gran capital (minero) ‘realmente existente’ y defender regalías para el pago de la deuda pública, Hirsch invoca el “control obrero y un gobierno de trabajadores” y “una planificación económica e investigación científica (cuyo) objetivo no sea la ganancia sino la satisfacción de necesidades sociales”. Pero aun con estos recaudos Hirsch no sale del capitalismo, esto porque todo modo de producción está obligado a “satisfacer necesidades sociales" como condición de existencia; el socialismo, un modo de producción que deja de serlo a medida que se desarrolla, es el que abole el trabajo asalariado y, con ello, la naturaleza misma de las llamadas “necesidades sociales”. Estas necesidades, conscientemente establecidas, dejan de ser un aspecto exterior o alienado de un sistema de explotación, para convertirse en un medio de libertad de los individuos sociales. El PO oficial ha abandonado la crítica de la gran minería capitalista y descalifica las luchas ambientales en curso, las cuales ponen de manifiesto, consciente o inconscientemente, el antagonismo entre la actual actividad predatoria y la defensa del agua o del medio ambiente ¿Y la lucha contra la contrarreforma de la Ley de Glaciares? ¿Y las movilizaciones masivas en Mendoza en defensa del agua? En nuestra plataforma de 2023 , Política Obrera colocó la formación de “comisiones obreras de control” de los proyectos mineros “con derecho a veto”, o sea, a la suspensión de las inversiones y actividades impugnadas. Hirsch, luego de defender con ahínco la minería capitalista, termina con una perorata sobre el “hombre y la naturaleza”. Una estafa. El propósito es pagar la deuda de Santa Cruz con el palabrerío de mayores regalías y defender las retenciones kirchneristas. Bancarrota mayor no se consigue. La ‘polémica’ que desarrolla el aparato del PO tiene el único propósito de cerrar la brecha con el aparato ligado a la CTA-A, en Santa Cruz. Ha demostrado, en el camino, la penetración sin retorno de un oportunismo del más vulgar. Con colaboración de la Redacción.

La localidad chubutense de Cholila es, en este momento, la más afectada por los incendios patagónicos de este verano. Se encuentra encerrada entre dos focos gigantes, el de Epuyen -que se inició el 5 de enero de 2026- y el del Parque Nacional Los Alerces, que empezó el 8 de diciembre de 2025. El primero se había extendido y destruido más de 15.000 hectáreas. Lo dieron por controlado en un 85%, pero se reactivó y ahora está fuera de control. El segundo, muy activo, se acerca peligrosamente a Esquel. La sequía, ya histórica, y los fuertes y erráticos vientos siguen consumiendo miles de hectáreas de bosque nativo y pinares. Cuando alcanzan los pinares la catástrofe es total porque la propagación es muy rápida. Los pobladores que se autoevacuan describen un panorama dantesco donde el fuego devora todo a su paso... Denuncian la falta de información oficial clara, lo que ha generado un clima de terror y desconcierto. La lucha contra el fuego se sostiene en gran medida gracias a la autogestión comunitaria, con vecinos preparando viandas y solicitando insumos médicos básicos ante el desfinanciamiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego. 500 brigadistas de Córdoba, Santa Cruz y San Luis están combatiendo día y noche lo que se vislumbra como el peor incendio que se recuerde. Villa Lago Rivadavia, cerca de Esquel, sufrió el avance del fuego hace tres días. Siete helicópteros y cuatro aviones hidrantes asignados a la zona no pudieron operar inmediatamente por las condiciones de viento. Un helicóptero aportado por Río Negro colaboró y controló el fuego, pero aún sigue activo. Ni Dante hubiera descripto estos escenarios. Dice un poblador de Lago Rivadavia: “Se veía cómo volaban las pavesas (pequeños fragmentos incandescentes). Era una lluvia de estrellas rojas que caían en el piso. A la noche, por suerte, no sopló viento”. Caen piedras y troncos incandescentes sobre la ruta 71. La Administración de Parques Nacionales intervino el Parque Nacional Los Alerces aduciendo “negligencia, falta de previsión, errores estratégicos y una comunicación institucional inadecuada”. Según indicaron, diversos “reclamos formales de pobladores del área protegida y de entidades representativas del sector productivo y turístico regional coinciden en señalar la inexistencia de políticas eficaces de prevención y una respuesta tardía e insuficiente ante emergencias de esta magnitud”. Más de 10.000 hectáreas ya se quemaron y el fuego está descontrolado en el Parque. Se habla de ´ecocidio anunciado´. Todo se veía venir. La desfinanciación de Parques Nacionales y de los organismos de combate de incendios es patente. El presupuesto de 2026 es un 70% inferior al de 2025. Se despidieron cientos de brigadistas. Los salarios son de miseria. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, tiene el tupé de mandar al Congreso un proyecto para que se cree la figura de ecocidio ambiental en el Código Penal y se castigue severamente el delito. Pero él mismo es el mayor ecocida cuando subejecutó las partidas presupuestarias de 2025 y es un ferviente apoyo del liberticida presidente que logró hacer votar un presupuesto ecocida. Un informe de la Dirección Provincial de Aguas de Río Negro indicó que, en 2025, en la Cordillera, las lluvias disminuyeron un 43% y la nieve estuvo 37% por debajo de la media anual. El Servicio Meteorológico Nacional estimó que, en la zona cordillerana de Chubut, Río Negro y Neuquén, durante las primeras semanas de enero las temperaturas estuvieron 7°C por encima del promedio histórico. Por otro lado, trabajadores de la Administración de Parques Nacionales denunciaron que tiene solo 400 brigadistas, cuando el mínimo necesario sería de 700, para cubrir las 5.000.000 de hectáreas bajo su jurisdicción y asistir a las provincias cuando son convocados a través del SNMF. Mientras tanto la población se autoorganiza formando brigadas tanto para combatir el fuego como para colaborar con los brigadistas, con las familias autoevacuadas, proveyendo insumos como mangueras, herramientas, ropa adecuada para la situación, alimentos. Exigimos la inmediata reincorporación de todos los brigadistas que fueron despedidos en los últimos dos años. Inmediata triplicación del presupuesto para el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Control y extinción por parte de la población de pinares y especies exóticas. Expropiación de territorios con manejo predatorio del suelo Asambleas vecinales para debatir la situación. LEER MÁS: Incendios en la Patagonia: la responsabilidad inapelable del Estado y los capitalistas Por Elena Florín, 14/01/2026.

En plena intervención del gobierno nacional al puerto de Ushuaia, un avión militar estadounidense aterrizó este fin de semana en el aeropuerto internacional de esa ciudad, transportando a una delegación de congresistas que estaría encabezada por el republicano Morgan Griffith. Luego de sus actividades en Tierra del Fuego, la delegación se trasladaría a Neuquén, donde se encuentran Vaca Muerta y también la base china de exploración espacial Bajada del Agrio , cuestionada por el Departamento de Estado. El arribo de la nave no había sido anunciado oficialmente por el gobierno argentino ni por la embajada norteamericana. Más tarde, fuentes de la embajada de Estados Unidos confirmaron que la delegación se encuentra realizando una visita oficial que incluye “reuniones con funcionarios gubernamentales y actores clave para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica” (La Nación, 27/1), sin aportar mayores detalles, entre ellos, la identidad de los pasajeros. La aeronave Boeing C-40 Clipper que los transportó es definida como una “oficina en el cielo”, equipada para trasladar a altos mandos militares y funcionarios gubernamentales, incluyendo equipos de comunicación encriptada. El propósito de la misión sería ´monitorear´ la actividad china en la región austral, con foco en las llamadas tierras raras. Ushuaia se ha convertido en un destino frecuente de delegaciones norteamericanas de primer nivel: dos generales del Comando Sur visitaron la base durante el gobierno de Javier Milei – en 2024 fue Laura Richardson durante la gestión de Joe Biden y septiembre de 2025, Alvin Holsey, ya durante el gobierno Trump. Las gestiones estuvieron focalizadas en la construcción de una base militar conjunta en la isla. Según Milei, su propósito sería “defender la soberanía sobre Malvinas”, a pesar de que los norteamericanos desarrollan regularmente ejercicios militares conjuntos con las tropas inglesas. Ushuaia es un enclave estratégico en el extremo sur del continente y una de las principales bases de abastecimiento para las expediciones a la Antártida. China mantiene inversiones en Rio Grande, donde se proponía construir un puerto multipropósito en aguas profundas, finalmente vetado por el lobby norteamericano. En 2024, la generala Richardson lo denunció ante un comité de la Cámara de Representantes, porque “podría mejorar dramáticamente la capacidad de acceso de China a la región antártica". Actualmente, sin embargo, China está detrás de dos proyectos que el gobernador Gustavo Melella -un radical K- reactivó: la construcción de la Nueva Usina Termoeléctrica de Ushuaia, considerada “una obra clave para resolver la crisis energética de la ciudad” (La Nación, 27/1); y la instalación la Planta de Urea, para transformar el gas natural en urea y metanol. Casi simultáneamente con el arribo del avión militar norteamericano, el gobierno tomó control administrativo del puerto de Ushuaia , que fue transferido a la provincia de Tierra del Fuego desde 1992. El gobierno nacional se valió de denuncias sobre el deterioro de la infraestructura portuaria, desvío de fondos y otras excusas para desplazar a los representantes provinciales y hacerse cargo de la gestión del puerto por al menos un año. Circulan versiones sobre un eventual acuerdo entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump para ceder su control a Estados Unidos, que tiene un fuerte interés en instalar en la capital fueguina una Base Naval Integrada que le sirva como ingreso a la Antártida. El Tratado Antártico, todavía vigente, prohíbe la presencia militar en la zona, pero hoy, bajo el “nuevo orden mundial” impulsado por Trump, eventualmente no significa nada.

Desde el informe presentado el 26 de diciembre por el gerente de planta de las centrales Atucha I-II, Juan Pablo Nolasco Sáenz, en el que muestra sobreprecios de más del 130% e irregularidades en la licitación por el Servicio de Limpieza Lote 5-CNA, una catarata de denuncias similares asedia al presidente de NASA, Demian Reidel. El 26 de diciembre un informe técnico desarrollado por Nolasco daba cuenta de un sobreprecio para la licitación del servicio de limpieza. En el detalle se muestra que las tres empresas que ofertaron estaban excedidas en más del doble el precio de referencia y el costo histórico. LX Argentina S.A. 136% por encima, La Mantovana Servicios Generales S.A. 149% y Limpiolux S.A. 150%. El 5 de enero un nuevo informe, del mismo gerente, detalla las irregularidades en el proceso de licitación. “Por medio de la presente me permito expresar mi profunda preocupación respecto al proceso licitatorio referenciado, el cual, a mi juicio, se encuentra gravemente viciado”. El 12 de noviembre de 2025 con la apertura de ofertas para la licitación sólo 2 de las 9 empresas que se presentaron fueron aceptadas (La Mantovana Servicios Generales y LX Argentina), días después y sin pasar por la mesa Técnica se incorporó a Limpiolux S.A. Nolasco elevó una presentación ante el Comité de Integridad en la que denunció presiones internas para reformular informes técnicos y justificar propuestas con mayores costos. La interna libertaria a cielo abierto. A raíz del informe, la licitación quedó suspendida, pero el caso fue escalando. El 21 de enero se reunió el directorio de NASA y decidió desplazar a dos directivos allegados a Reidel en una votacion de dos en contra, entre ellos Reidel, y tres a favor, entre ellos Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo. Cuando Reidel llegó a la presidencia de NASA nombró una serie de directivos allegados a él, entre ellos los desplazados Marcelo Famá, Gerente General, quien fue reemplazado por su antecesor en el cargo, Fernando Monserrat, Hernán Pantuso, de Coordinación Administrativa, quien en el pasado había sido coordinador ejecutivo para el Desarrollo Sostenible de la Planificación Económica Ambiental y el Desarrollo de Energías Alternativas en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Daniel Scioli, además en socio desde 2017 Nicolas Scioli, hermano del motonauta. Otros exfuncionarios de Scioli de la órbita de Pantuso y Reidel se encuentran en la mira y han llegado a la NASA. Bruno Alfredo Gabriel Tomaselli (exsubsecretario de Relaciones Económicas Internacionales), Sabrina Andrea Lafranconi (exintegrante del gabinete provincial) y Juan Fermín Larrarte (exabogado del gobierno bonaerense), los cuatro se desempeñan como asesores. La cabeza de Reidel A raíz del informe técnico de Nolasco, han tomado relevancia nuevas denuncias de corrupción en la NASA. Por un lado, se supo que el tribunal de campana está a la espera del término de la feria judicial para el avance de denuncias por irregularidades en la licitación en otra área de limpieza con altos requerimientos técnicos por la exposición a radiación. La presentación sostiene que NASA incorporó requisitos arbitrarios en la licitación, como exigencias de dotación mínima de personal (500 trabajadores en planta permanente), antigüedad de las empresas y certificaciones técnicas que no guardaban relación directa con el objeto de la contratación, sumado a un plazo de sóo 15 días para ofertar. Por otro lado, el sindicato ATE presentó una denuncia por sobreprecios que superan el 1.000%, en la compra del programa SAP S/4HANA, un sistema de gestión administrativo. Según detalla el documento del sindicato, se pagaron 7 mil millones de dólares por un programa que no supera los 600 mil dólares (precio del software que se utiliza actualmente). Además, desde el sindicato señalan que la compra se hizo por contratación directa y no se licitó ya que no existe otro proveedor. Todo este escándalo dentro de Nucleoeléctrica pone a Reidel en tela de juicio sobre su continuidad al frente de la empresa estatal. Reidel hombre de Karina y Javier Milei fue designado para realizar un esquema de reestructuración y privatización dentro de NASA la cual viene retrasada y el sueño libertario del Stargate argentino parecería esfumarse. “La Patria contratista”, ayer y hoy Los liberticidas viven una interna por los despojos que puedan realizar a las empresas estatales antes de su privatización y el negocio que representa la reproducción de “la patria contratista”. Este pequeño caso de la NASA es un botón que basta para una muestra: LX Argentina, la empresa que iba a ganar la licitación con sobreprecios, tiene múltiples contratos con el gobierno porteño y estuvo involucrada en los “aportantes truchos” de Cambiemos en 2019. Por otra parte, la empresa Limpiolux (perteneciente a la familia Peluso), que entró a la licitación por la ventana, aumento en un 100%, duplicó, sus contratos con el gobierno nacional durante la era mileísta, y es una empresa con recorrido en las licitaciones con sobreprecios y vínculos carnales con el Estado. Su ex presidenta Cecilia Peluso está a la espera de un juicio oral por supuesto sobreprecio en un contrato celebrado con la AFIP en tiempos de Ricardo Echegaray (primer gobierno de CFK) y su hermano, Luis Alberto, fue el titular del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires durante el sciolismo. LEER MÁS: Milei-Caputo rematan Nucleoeléctrica Argentina Por Sergio Yeti, 22/09/2025. Privatizar Nucleoeléctrica es un crimen contra la soberanía y el pueblo trabajador Reproducimos a continuación el comunicado emitido por los trabajadores de Nucleoeléctrica S. A. luego de que el Poder Ejecutivo autorizara el martes pasado, a través del Boletín Oficial, el procedimiento para su privatización. Por Trabajadores de Nucleoeléctrica, 04/10/2025.

Las reformas laboral y jubilatoria son dos caras de una misma moneda. El proyecto de reforma laboral desfinancia a la ANSES en el equivalente a 3.500 millones de dólares, a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se conformará con los 3 puntos del salario de contribución patronal que hoy van al ANSES y que tendrá un costo fiscal de 0,05 % del PBI. El proyecto de ley específica de dicho Fondo será destinado a cubrir las “contingencias laborales”, por ejemplo, indemnizaciones por despido. Pero si el saldo acumulado cubre esas contingencias, el empleador “podrá solicitar la interrupción o suspensión de la obligación mensual” y quedarse con el aporte, que no es otra cosa que salario diferido. Este es robado al trabajador de todas las maneras posibles: primero se lo sacan del fondo destinado a su haber jubilatorio para financiar su propio despido y luego, si la “indemnización” queda garantizada por los aportes pasados, el patrón deja de pagar el aporte y se lo queda. Es la misma perversión de hacerle cavar a alguien su propia fosa antes de asesinarlo. Pero ese no es el único arrebato que sufre la ANSES con la reforma laboral. La reforma también establece una nueva rebaja de los aportes patronales y del impuesto a las ganancias corporativas. Toda esta benevolencia fiscal con las patronales precisa de un correlato de ajuste para equilibrar las cuentas. Es este un hilo fundamental que une ambas reformas. Para esto, la reforma previsional establece el aumento de la edad, limita o directamente elimina las pensiones por viudez y los regímenes especiales. Aumento gradual de la edad mínima para acceder a la jubilación Actualmente, con 30 años de aportes, las mujeres pueden jubilarse a los 60 años y los varones a los 65. Desde 2018, si se jubilan a esa edad, reciben un porcentaje menor que si deciden trabajar hasta los 70, debido a la reforma de Macri del 2017. La idea del gobierno es aumentar la edad jubilatoria de manera obligatoria a 70 años, tanto para hombres como para mujeres, de manera gradual a partir de 2027, con implementación plena hacia 2030. Derogación de los regímenes especiales Entre otros, están los regímenes de insalubridad o de envejecimiento prematuro (por ejemplo, mineros o estibadores que se jubilan antes de los 65 años, según los casos) y los regímenes especiales, como el de docentes nacionales, docentes universitarios nacionales, investigadores científicos (se jubilan con el 82 % del sueldo del cargo, con un aporte del 13 %, en lugar del 11 %), Servicio Exterior, Luz y Fuerza y Poder Judicial. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad tienen regímenes propios que el Gobierno quiere reformar; también hay 13 cajas provinciales que no fueron transferidas a la ANSES que se busca que se integren al régimen general. Los regímenes de los docentes y de los trabajadores de Luz y Fuerza abarcan al 90 % del total de los beneficiarios de los regímenes especiales. Todos esos regímenes fueron objetados por el FMI. La propuesta sería que en adelante se jubilen, al igual que el resto de las jubilaciones y pensiones, en torno del 60/65 % del sueldo actualizado de los últimos 10 años, lo que implica una reducción muy fuerte de los haberes para las nuevas jubilaciones. Pensión por viudez También figura revisar las pensiones, en especial por discapacidad y por viudez. En el esquema actual, una viuda o viudo que cumple con los requisitos (como convivencia o matrimonio y cuyo titular fallecido haya tenido aportes suficientes) puede cobrar la pensión de manera permanente. Con la reforma, ese beneficio podría tener una duración limitada según la edad del sobreviviente. Un ejemplo que circula en los borradores es que si quien queda viudo tiene menos de determinada edad, la pensión duraría sólo un plazo restringido. Otro punto que aparece en las propuestas es la manera de calcular el monto de la pensión cuando el beneficiario ya es jubilado o pensionado por su cuenta. Actualmente, viudas o viudos que ya eran jubilados pueden seguir percibiendo la pensión por viudez completa, sumada a su jubilación. En la reforma se propone que solo la parte proporcional del haber (derivada de aportes del fallecido) genere pensión, y que el sobreviviente reciba una sola Prestación Básica si ya tenía derecho a una. En los casos de los trabajadores activos, la pensión se mantendría solo por los años del matrimonio o convivencia. La exclusión de la pensión por viudez ya rige para la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor), vigente desde 2018. Jubilación privada Esto se piensa establecer con aportes voluntarios que podrían ser estimulados con alguna deducción sobre el Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, el gobierno liberticida ya desfalca a los jubilados con una fórmula de actualización que deja a los haberes en niveles de indigencia y también a través de otros medios. La garantía del 82 % del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) para los que se jubilaron con el haber mínimo sin acudir a las moratorias, en la práctica, dejó de tener vigencia. Esto perjudica a 1,5 millones de jubilados y pensionados (Clarín 26/01). Esa garantía, establecida con la reforma previsional de fines de 2017, no se aplica porque bajo la actual gestión el SMVM se ubicó por debajo del haber mínimo. Actualmente, el haber mínimo previsional es de $349.299 y el SMVM de $ 341.000. Solo el SMVM le gana a los haberes jubilatorios en materia de miseria (Idem). Esta realidad, que contradice al 82 % móvil establecido por la Constitución, intensifica la andanada de litigios reclamando los montos. Juicios Los reclamos ante la Corte Suprema por temas previsionales crecieron un 470 % en los últimos seis años y, durante el primer semestre de 2025 -la última estadística pública disponible-, constituyeron casi el 70 % de todas las presentaciones que golpearon las puertas de la más alta instancia en la Justicia. La ANSES aspira a que el ciclo vital de los jubilados resuelva el tema de liquidar las sentencias y por eso apela hasta el infinito. Así, la ANSES demora los pagos y convierte a los reclamos de los jubilados que ya han sido validados por la Justicia en primera y segunda instancia. La Nación hace referencia a la “industria del juicio” y nunca menciona, entre las causales del aumento de la litigiosidad, el incumplimiento que hacen los gobiernos de las normas establecidas, sino que el problema es la “benevolencia” de las leyes que es imposible de cumplir. Las centrales sindicales ya acordaron; ambas reformas deben ser rechazadas por la movilización popular forjada por autoconvocatorias y la unidad de las luchas.

Milei está de gira. Luego de su paso por Davos , el presidente retomó su “tour de la gratitud” por distintas ciudades del país. El ministro de Interior, Diego Santilli, acompañando el tour, dijo que Milei “tiene que tener cuatro años más para hacer grande a la Argentina otra vez”. El “tour” no tiene previsto en su itinerario acercarse a las llamas que devoran parte de la Patagonia. Con un enorme operativo de Gendarmería Nacional y del aparato del intendente del PRO, Guillermo Montenegro, Milei se instaló por dos días en Mar del Plata. Participó de algunos actos callejeros, recorrió la fábrica de helados Lucciano´s, se subió a un escenario teatral para compartir un show musical con su exnovia Fátima Flórez y cerró con su participación en el denominado La Derecha Fest. Las manifestaciones de repudio alcanzaron a superar en número a sus seguidores. Mientras Milei y Flórez arruinaban “El rock del gato” -hit de Los Ratones Paranoicos-, miles de hectáreas ardían en Chubut, a pesar del esfuerzo sobrehumano de brigadistas y pobladores por sofocar el fuego, sin recibir ningún apoyo del gobierno nacional. Los organizadores de La Derecha Fest, el evento realizado por el sitio “La Derecha Diario”, esperaban, dijeron, cerca de 8.000 personas, pero llegaron menos de 2.000. A diferencia de otras ediciones , esta vez fue con entrada libre y gratuita, salvo para el periodismo que quiso cubrir el evento, al cual se lo confinó, nuevamente, a un “corralito”. El evento, como es usual, no careció de grosería y momentos bizarros, como cuando la diputada libertaria Lilia Lemoine aseguró que “el fuego en la Patagonia lo empezaron los zurdos”. Sin embargo, el principal blanco de ataque del discurso presidencial en La Derecha Fest fue Paolo Rocca. Rocca, CEO de Techint, fue un entusiasta sostén de Milei desde el inicio de su mandato, pero la política “aperturista” del gobierno ha plantado contradicciones insalvables. El empresario fue mencionado por Milei como “Don Chatarrín de los Tubitos Caros”. “La escalada contra Rocca sorprende porque al principio del mandato de Milei el vínculo era muy aceitado y permitió la llegada a la presidencia de YPF de Marín, que trabajó durante 35 años para el Grupo Techint” (LPO, 27/1). Este portal agrega que “la buena relación fue tal que el gobierno de Milei miró para el otro lado cuando, a finales de 2024, Marín le adjudicó al grupo de Rocca la obra del oleoducto Vaca Muerta Sur, un negocio de USD 2.500 millones, en el marco de una licitación pública cargada de polémica”. La influencia del think tank de Techint también fue decisiva en el diseño de la contrarreforma laboral. Ahora, en cambio, Milei habló de los “empresarios prebendarios” que quieren “perjudicar a millones para llevarse sus coimas junto a los políticos y pedir precios más altos”, en referencia a la licitación del gasoducto de GNL, que Techint perdió a manos de una empresa india. Milei sostuvo que "aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra". El discurso de Milei complementó los posteos de Federico Sturzenegger contra el empresario. En lo que se refiere al ´costo laboral´, Siat Tenaris, del grupo Techint, impuso un régimen de turnos americanos para producir en el menor tiempo posible los caños sin costura para el Gasoducto Néstor Kirchner, todavía bajo el gobierno de los Fernández y Massa. Ahora, con la excusa de la competencia china, a la cual acusa de dúmping, viene llevando adelante una importante reducción de trabajadores precarizados y contratistas. Milei y Rocca habían sellado al parecer una alianza estratégica en la campaña electoral presidencial, cuando el actual presidente prometió en campaña que no iba a comerciar con “comunistas” -una referencia fantasiosa a China-. Del otro lado, Techint ha sufrido el impacto del ´arancelazo´ de Trump. En el escenario de La Derecha Fest, los choques con Rocca no fueron la única expresión de las contradicciones que atraviesa el gobierno. Además de Milei, Santilli y Montenegro, hablaron Patricia Soprano, empresaria “antiaborto”; Gabriel Ballerini, pastor evangélico de la Iglesia Evangélica Bautista Vida y Esperanza; Agustín Laje y Nicolás Márquez, de la Fundación Faro, vinculados a la derecha norteamericana. Cuando tocó el turno al armador bonaerense Sebastián Pareja, fue recibido con chiflidos e insultos por parte de un sector del público. “Si bien los insultos fueron adjudicados a 'Las Fuerzas del Cielo', espacio que comandan Daniel Parisini, conocido en redes como 'Gordo Dan', y el diputado bonaerense Agustín Romo, desde ese sector le aseguraron a Clarín que no estuvieron vinculados con lo sucedido” (Clarín, 27/1). Pareja respondió a los cánticos en su contra, diciendo: "No se confundan muchachos. El enemigo no está adentro, el enemigo lo tenemos afuera”. La “tropa digital” de Milei le respondió por las redes: donde continuaron los ataques (“El enemigo también sos vos, Pareja. No nos confundimos. Lo tenemos bien claro”. Entre orador y orador, además de las imágenes de carros hidrantes reprimiendo manifestantes en el Congreso, se reprodujeron imágenes de los aviones F16 que compró el ministerio de Defensa, fotos de Nicolás Maduro que decían “vivo o muerto” y otras referencias a Venezuela. La pobre concurrencia para el show de Milei en Mar del Plata refleja el escaso ascendiente actual del gobierno en la población.

La relación entre Paolo Rocca y el gobierno de Milei ha registrado un nuevo enfrentamiento, esta vez, por la concesión para proveer de caños al proyecto encabezado por SESA (Sourthem Energy S.A.), conglomerado energético integrado por las empresas Pan American Energy (30 %), dirigida por la familia Bulgheroni, Pampa Energía (20 %), YPF (25 %), la británica Harbour Energy (15 %) y la noruega Golar LNG (10 %), que operan en Vaca Muerta. Se trata de una inversión por el monto de US$ 15.000 mil millones, para exportar gas natural licuado (GNL) desde Vaca Muerta a la costa del golfo de San Matías (Río Negro), donde se lo licuará en dos buques para que sea exportado. La licitación terminó siendo adjudicada a la empresa Welspun, integrada por capitales originarios de la India. El gasoducto se extenderá por casi 500 kilómetros. En diciembre pasado, SESA y Welspun rubricaron un contrato por la compra de tubos de 36 pulgadas por US$ 203 millones. La oferta de Welspun fue 40 % más barata que la del grupo Techint. Rocca, en un intento postrero por hacerse de la licitación del gasoducto, mandató a Horacio Marín, CEO de YPF y exempleado del empresario ítalo-argentino, a llevar adelante un fuerte lobby para que la licitación sea adjudicada a Tenaris-Siat, del Grupo Techint, pero terminó chocando con sus socios del consorcio SESA. Rocca también ejerció presión a través de la Unión Industrial Argentina (UIA) y recurrió a medios amigos con los que comparte directorio en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), por lo que se desprende que el tema seguirá escalando (LPO, 26/1). La licitación del futuro gasoducto a construirse en Rio Negro “abre interrogantes sobre los costos de proyectos previos en los que se impuso la oferta del grupo de Rocca, como el gasoducto Néstor Kirchner, que no tuvo una licitación tradicional porque el gobierno de Alberto Fernández argumentó que la obra debía hacerse de urgencia (ídem)”. En la pelea abierta entre Rocca y el gobierno libertario, subió al ring al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien a través de su cuenta de la red social X celebró la adjudicación de la empresa india y sacó a la luz que Rocca exigió tener acceso a todas las ofertas para poder igualarlas. Sturzenegger salió a ventilar que, desde el Grupo Techint, ofrecieron “bajar un 40 % su precio inicial -dando a entender el sobrecosto habitual que tienen sus ofertas- (ídem)”. Paolo Rocca, hoy señalado por el gobierno liberticida, fue adjudicatario en noviembre de 2024 de la provisión de tubos de 30 pulgadas para el oleoducto de 437 kilómetros que conectará otro proyecto en Vaca Muerta, en este caso, con el puerto de Punta Colorada en Rio Negro. El Grupo Techint, en su momento, ofertó por US$ 180 millones y fue validado por el consorcio del proyecto VMOS, conformado por PAE, Vista, Pluspetrol, Pampa Energía, Chevron, Shell y Tecpetrol. Sturzenegger entonces guardó silencio. En su posteo en X Sturzenegger señaló que "Techint habría ofrecido los caños 40 % más caros" y que "aunque alguien quizás pensara que aun así debería habérseles adjudicado (de hecho, esa es la lógica del compre nacional felizmente derogado), creo que eso es indefendible. Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones". Sturzenegger alegó que el sobrecosto que se desprendía de la oferta del Grupo Techint se habría traducido en un aumento del precio del consumo de gas. Agrega que "aparentemente Techint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40 % menos (¡epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara." Ante este desaire del gobierno libertario, Paolo Rocca pretende denunciar a la empresa Welspun por un presunto caso de dumping, ya que los tubos utilizan como materia prima chapa de origen chino. Su argumento sería “evitar el daño a la producción local y al empleo asociado” (La Nación, 27/1). Tenaris-Siat, ubicada en la localidad de Valentín Alsina, partido de Lanús, emplea a 420 operarios. Produce tubos con costura y utiliza chapa importada de Brasil. Paolo Rocca, en los últimos años, está llevando a cabo una cruzada “proteccionista” contra el acero proveniente de China. El CEO de Techint considera que la entrada del acero chino es parte de una competencia “predatoria y desleal”, que golpea de lleno a la industria siderúrgica argentina, acentuada por la política económica del gobierno nacional y el mantenimiento de un tipo de cambio retrasado. Milei también disparó contra Rocca desde la red social X, calificando al CEO de Techint como “Don Chatarrín de los Tubitos CAROS”. La expresión de Milei hace alusión a otro negocio que Sturzenegger le birló a Rocca, cuando el ministro desreguló a principios de 2025 la exportación de chatarrea férrea y metales no peligrosos, mediante el decreto 1/2025. Esta medida chocó con los intereses de Rocca, que utilizaba en sus plantas la chatarra local a bajo costo para producir acero. En su posteo de X, Sturzenegger señaló que “no proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos no podemos imponer ineficiencias laborales (¡hola modernización laboral!), ni sobrecostos en los insumos. Si lo permitimos nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento”. Por su parte, Rocca preanuncia un lock out patronal a partir de la pérdida de la licitación malograda. Estamos en presencia de un golpe gubernamental-empresarial para asfaltar el camino de la contrarreforma laboral liberticida, un crimen político y social contra la clase obrera. Como hemos señalado en estas páginas, “las patronales pueden privar a la sociedad de los servicios ‘esenciales’ mediante el acaparamiento, los altos precios y el cierre de empresas. El pulpo Techint tiene ‘derecho’ de levantar su planta SIAT de Valentín Alsina en protesta porque sus competidores nacionales (...) quieren comprar más barato los caños a China, pero los obreros de SIAT no lo tienen para impedirlo y reemplazar la gestión parasitaria de Paolo Rocca por una gestión obrera electa y revocable” (Una contrarreforma laboral fascista - Política Obrera). Sturzenegger y Rocca ocultan a los trabajadores el “costo capitalista”, que representa un freno al desarrollo de las fuerzas productivas, manteniendo una deuda pública de 500.000 millones de dólares.

El gobierno liberticida le sigue ampliando el protagonismo político a las Fuerzas Armadas. A través del DNU 34/2026, el gobierno liberticida introdujo una modificación en la organización del personal militar, al habilitar que miembros de las FF. AA. que se encuentren aún en actividad puedan ocupar cargos políticos. El DNU 34, publicado en Boletín Oficial el 23 pasado, introduce cambios a la Ley para el Personal Militar (Nº 19,101), modificando reglas de carácter históricas en la carrera castrense. Desde el Ministerio de Defensa señalaron que el decreto habilitó al personal militar que sea nombrado en cargos políticos, a continúuar prestando servicio efectivo, computando ese período dentro de la carrera profesional. Hasta el momento, cuando un militar pasaba a cumplir funciones civiles, inmediatamente era puesto en disponibilidad de sus funciones dentro de las FF. AA. La consecuente pérdida de antigüedad de los años de servicio, es un punto que el Gobierno considera que desalentaba el pasaje de oficiales y suboficiales a áreas civiles. En el DNU se puede leer que “resulta incongruente que el personal militar vea afectada sus expectativas de desarrollo de la carrera profesional cuando es designado por el PEN en cargos dentro del Ministerio de Defensa. (...) por consiguiente, resulta necesario adecuar el régimen legal vigente con el fin de reconocer expresamente que el personal militar designado por el PEN para prestar servicios o ejercer cargos dentro del Ministerio de Defensa permanezca en servicio efectivo sin que se vea afectado el desarrollo de su carrera profesional militar”. El argumento enarbolado desde el Ministerio de Defensa es que las modificaciones introducidas están al servicio de una “urgente necesidad operativa” para “cubrir áreas estratégicas con personal idóneo y con conocimiento técnico acumulado, al tiempo que busca fortalecer la conducción del sistema de defensa mediante una mayor integración entre personal civil y militar” (Grupo La Provincia 26/1). A su vez, el DNU especifica que “la presente medida no implica que el personal militar pueda ejercer cargos en simultáneo tanto en las Fuerzas Armadas como en el Ministerio de Defensa”, argumentando que todo funcionario público debe tener permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones. Desde los pasillos de la Casa Rosada ratificaron que la línea del gobierno liberticida “se inscribe en una política de integración entre personal civil y personal militar en actividad dentro del Ministerio, fortaleciendo la conducción del sistema de defensa", al tiempo que “corrige una restricción que afectaba el principio de igualdad ante la ley, al limitar el acceso del personal militar a funciones para las que resulta plenamente idóneo” (Página 12, 26/1). La medida por un lado refuerza la injerencia de los militares en la política nacional; por el otro, lo provee a Presti de las herramientas necesarias para rodearse de personal que responda directamente a él y a Karina Milei. Según el decreto el personal de las FF. AA. que puede pasar a cumplir funciones civiles son los “oficiales que aún pueden progresar en su carrera, ya que para los grados superiores el tiempo adicional no modifica ni el retiro ni los haberes” (Grupo La Provincia 26/1). Los que quedan limitados para acceder a funciones civiles son aquellos miembros de las FF. AA. que hayan alcanzado los rangos de Teniente General, Almirante o Brigadier Mayor Conjunto o de los Estados Mayores Generales, en el sentido de que “dichos grados representan la culminación de la carrera militar”. El DNU también realiza cambios en lo que respecta a los haberes de los militares que pasen a la esfera civil; en este sentido, la reforma del artículo 60 de la Ley para el Personal Militar “establece que el militar designado percibirá el sueldo correspondiente a su grado, al que se sumará un complemento para alcanzar la remuneración prevista en la ley de presupuesto del cargo asignado” (ídem). Los liberticidas les aseguran a los militares que pasen a funciones civiles no tener una pérdida en los haberes.

El lunes 26 de enero, por la mañana, estibadores del Puerto de Concepción del Uruguay (CdU) nucleados en el SUPA (Sindicato Unidos Portuarios Argentinos) y la FEPA (Federación de Estibadores Portuarios Argentinos) bloquearon el acceso al puerto por reclamos gremiales relacionados con el salario, las condiciones de trabajo y el reconocimiento sindical. El gobierno de Entre Ríos respondió con una brutal represión que dejó decenas de heridos y seis detenidos. Los estibadores de Concepción denuncian a la única operadora del puerto, Urcel Argentina, por incumplimiento en el convenio colectivo de trabajo, el no reconocimiento del sindicato SUPA Concepción del Uruguay y condiciones de trabajo deplorables. En comunicación radial el secretario gremial de la regional, Héctor Ramón Aguirre, señaló que un estibador en Concepción gana 43.000 pesos por jornal, cuando por convenio el piso se encuentra en los 98.000 pesos, y tiene atrasos de hasta una semana en los pagos. El puerto de Concepción no ofrece a sus jornaleros instalaciones apropiadas, sin baños ni vestuarios, así que los trabajadores y trabajadoras utilizan baños químicos a la intemperie. Aguirre y la seccional que dirige no es reconocido por la empresa como entidad sindical y negocia directamente con la seccional de Zárate (Bajo Paraná). El incumplimiento del convenio colectivo de trabajo, los arreglos por sector y el desconocimiento de los gremios muestra un escenario con la reforma laboral aplicada de hecho en el puerto de Concepción. URCEL Forectry & Logistics La empresa cuenta con un fuerte apoyo tanto del gobierno provincial, como de la justicia. La Policía de Entre Ríos junto con la Prefectura pudieron montar la represión gracias a la rápida orden de la fiscal Marina Albertina Chichi. Desde el SUPA denuncian que también cuenta con el apoyo de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (Fempinra). Inmediatamente desarrollada la represión, la secretaria de Trabajo de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria por 15 días, lo que conlleva que los trabajadores no puedan realizar acciones de protesta y que la empresa no pueda tomar represalias. La empresa URCEL de capitales uruguayos se dedica a la explotación forestal y posee, según su página de internet, 960.000 hectáreas cosechables en el litoral argentino de donde extrae 600.000 toneladas de madera al año. Operan desde los puertos de Ibicuy y Concepción del Uruguay (donde tiene también su oficina central). Interna sindical A finales de diciembre de 2025 se realizaron las elecciones de SUPE CdU con el apoyo de la FEPA conducida por Marcelo Osores. Las elecciones no sólo dieron como ganador a Héctor Ramon Aguirre, sino que reactivaron una seccional que se encontraba sin dirigencia hace años. Previo a esto, los arreglos de los estibadores de esa región se llevaban a cabo directamente con la seccional SUPE Bajo Paraná (conocida como seccional Zárate), en manos de Héctor “Piru” Rojas, quien figura en la nómina de empleados de Urcel. El martes 27 de enero por la tarde se filtró un audio de Rojas en el que anuncia a los carneros sobre su participación activa en gestionar y acelerar el desarrollo de la represión: “Prefectura está esperando la orden del juez o de la gobernación para poder liberar el ingreso, yo estoy apurando ese tema para que se pueda ingresar”. Las diferencias entre Rojas (SUPA Zarate) y Osores (FEPA) llevaron a que la seccional Zárate se retire de la FEPA y pase a nuclearse en la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (Fempinra), donde es secretario gremial. Rojas intentó colocarse como secretario general de la CGT Zárate-Campana perdiendo con Carlos Gutiérrez, de ASIMRA, alineado con Furlán. La FEMPINRA es conducida por el secretario general de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmidt, actual secretario de Política de Empleo de la CGT y extriunviro a cargo de la conducción en tiempos de Mauricio Macri. La seccional de Concepción del Uruguay sigue sin ser reconocida por la empresa URCEL y denuncian que los arreglos salariales se realizan aún con la seccional Zárate, la cual facilita el envío de trabajadores precarizados desde el otro lado del puente Brazo Largo para reemplazar a trabajadores locales. La FEPA sacó un comunicado en el que anuncia un estado de alerta y movilización y amenaza con un posible paro nacional. La represión desatada en Concepción del Uruguay es una muestra ejemplificadora de la disposición de los gobiernos a garantizar las ganancias de los grandes grupos económicos, a base de asegurar y profundizar la pauperización de la clase obrera.

“El dólar quieto” y un riesgo país abajo de los 500 puntos han devuelto a Milei a su oficio de bufón en los vodeviles y en las fiestas con sus secuaces fascistas. Pero los propios banqueros y capitalistas lo miran de reojo. Un antiguo protagonista de crisis bancarias y financieras, Martín Redrado, acaba de advertir que la famosa “acumulación de reservas” es una gran ficción. Esos dólares, explica Redrado, se originan en la nunca abandonada “bicicleta financiera”. El Estado libertario, que según Milei “no subsidia a nadie”, ofrece a cambio títulos en pesos que rinden hasta el 40 % anual. Redrado advierte que “una crisis en cualquier lugar del mundo” precipitará el fin de esa bicicleta y la salida de esos “capitales transitorios”. Se refiere a los cimbronazos financieros y cambiarios que involucran en estas horas a los Estados Unidos, a la Unión Europea y a Japón. Si la trepada del oro a valores históricos excepcionales es una manifestación de la salida de fondos de la deuda pública norteamericana, ¿qué cabe esperar para Argentina, con una deuda (nacional, provincial, entidades públicas, capital privado) de 600.000 millones de dólares? Descomposición económica La operación de “acumular reservas” de Milei y Caputo tiene como contrapartida un agravamiento de la crisis industrial y la ruptura de la cadena de pagos. Las altas tasas de interés colocan en crisis al sistema de crédito, y no solamente por la caída del consumo. Numerosas patronales optan por bicicletear los salarios, un crédito forzado contra sus trabajadores a tasa cero. Por eso, los conflictos por salarios o aguinaldos atrasados e impagos, como ha ocurrido en Granja Tres Arroyos y en la textil Cocot, son moneda corriente. Mientras tanto, la recesión industrial ha desatado suspensiones masivas en la industria textil de Tucumán y también en las terminales automotrices -General Motors-. La inflación, sin embargo, prosigue, pues se prevé un 2,3 % para enero. La recesión económica convive con una carestía intolerable. Lo pusieron de manifiesto los choferes de colectivos, que han votado ir a la huelga contra la pauta salarial del 1 % mensual, una lucha saboteada por la UTA. En la siderurgia, la “temperatura” se acerca a la de los altos hornos. En Acindar, la amenaza de una huelga general de los trabajadores de las contratistas frenó, otra vez, el intento de despidos. Techint ha amenazado con el cierre de SIAT (Valentín Alsina ) y suspensiones en Campana (Siderar), como consecuencia de una licitación de caños que ha perdido frente a un pulpo de India. Sturzenegger ataca a los trabajadores, justificando el fracaso de Techint por el menor “costo laboral” que tendría, según él, la ganadora. ‘Reforma’ laboral Este estado de conmoción en las fábricas tiene lugar cuando el tratamiento de la contrarreforma laboral ya tiene fecha en el Congreso. El derecho laboral, cuyo propósito es poner algunos límites a la tendencia ilimitada de la superexplotación capitalista, quiere ser convertido en un derecho patronal, pues obliga al trabajador a acatar las obligaciones que impone la ley. El propósito de llegar a los convenios laborales individuales pone fin a cualquier restricción en cuanto a la jornada de trabajo y a la extensión del contrato de trabajo. El “seguro por despido” será extraído de los aportes previsionales del trabajador. La reducción o eliminación de los delegados de fábrica y la restricción a sus movimientos delata el propósito de convertir al lugar de trabajo en una cárcel. La escalada contra la clase obrera tiene uno de sus puntos más altos en la salud y la educación. La docencia bonaerense arranca el año con la perspectiva de una mayor carga laboral -recorte de cargos, cierre de cursos- y mayor miseria salarial; Kicillof oficia como un lugarteniente de Milei. Una respuesta de conjunto En Argentina y en el mundo entero asistimos a una guerra declarada contra la clase obrera, en un escenario de fractura de los grandes bloques imperialistas. La caza al inmigrante, un planteo fascista, apunta a fragmentar al proletariado con una agitación chovinista. El genocidio en Gaza y los asaltos militares de Trump persiguen ese mismo objetivo. Pero también están desatando rebeliones populares y huelgas parciales, como la que tuvo lugar en Minnesota. Milei es, nada menos, un peón de esta guerra mundial imperialista en desarrollo. La semana pasada ha intervenido el puerto de Tierra del Fuego con la intención de habilitar una base del Comando Sur del Pentágono. En este enero caliente, en Lustramax se desarrolla una huelga con ocupación de fábrica para rechazar el despido de delegados y activistas y una eventual operación de vaciamiento. Lo mismo ocurre en Granja Tres Arroyos, la principal proveedora avícola de Argentina; las huelgas y los piquetes están rodeados del apoyo popular. La burocracia sindical justifica su boicot a estas luchas con la promesa de una manifestación ante el Congreso el 11 de febrero, cuando supuestamente se trataría la contrarreforma laboral. Pero sólo el desarrollo, extensión y profundización de estas luchas pueden derrotar a la contrarreforma fascista y poner a la orden del día la huelga general.

En un mes de incendios devastadores Milei no puso un pie en la Patagonia, pero encontró tiempo para correr como un loco en el escenario de un teatro en Mar del Plata y enseguida salir de farra con sus compinches fascistas. Milei no pisa la Patagonia porque tiene toda la intención de reforzar su política de ajuste y sabotaje a la lucha contra los incendios, como lo viene haciendo contra el conjunto de los trabajadores. La inversión pública ha caído un 27 % en 2025. Imitando a su tutor, Donald Trump, rechaza sumar a Argentina a la lucha contra “el cambio climático”. Los incendios en la Patagonia tampoco afectan a los ricachones nacionales e internacionales que han acaparado propiedades fabulosas en el sur del país; al contrario, la quema de bosques favorece la instalación de nuevos depredadores y usurpadores. La Patagonia representa, para Milei y sus secuaces, la posibilidad de lanzar la minería a cielo abierto y la destrucción de los glaciares. ¿Y qué celebra? Celebra el éxito de la operación del secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, que le permitió esquivar el derrumbe financiero de Argentina en octubre pasado, y el pasaje a mejor vida de su gobierno antiobrero. Celebra también el reinicio de la bicicleta financiera que le permite a él y sus socios acumular ganancias enormes en un espacio corto de tiempo; esto significa, al mismo tiempo, el endeudamiento mayor de un Estado en default virtual. El problema es que ahora es Scott Bessent quien necesita un rescate, como consecuencia de la fuga de acreedores de la deuda pública norteamericana. El dólar va barranca abajo, el oro se ha ido por encima de los 5.000 dólares la onza y Trump se ve obligado a imponer un control estatal de las operaciones en Wall Street. Cuando la bicicleta financiera se termine, hacia fines de marzo, Milei no encontrará bomberos que lo rescaten. Mientras tanto, los despidos, suspensiones, parates y ajustes de salarios van englobando a un número enorme de los obreros de la gran industria y de la mediana. Como consecuencia, crecen las luchas, los bloqueos de fábrica, las ocupaciones de los lugares de trabajo. La tensión en los lugares de trabajo crece. Milei y Luis Caputo impulsan un ‘industricidio’ que favorezca la concentración de la industria en menos manos y, por sobre todo, el control de ella por el capital financiero. Este es el propósito estratégico del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea y del acuerdo que está a la firma con Estados Unidos. En estas condiciones, el gobierno liberticida está preparando la madre de todos los asaltos: la contrarreforma laboral y la liquidación del sistema de jubilaciones; el aumento de la edad para jubilarse, la eliminación de la pensión por viudez y haberes de acuerdo a los años aportados ¡en un país con la mitad de la fuerza de trabajo en negro! Milei ha puesto en marcha la liquidación del régimen previsional de los docentes de todos los niveles. La guerra de clase que Milei se apresta a llevar hasta sus últimas consecuencias sólo puede ser combatida (y abatida) por una lucha de conjunto. Este es el punto de partida para la comprensión de la situación política. Una lucha contra el Gobierno y el Estado. Una lucha política. Estamos dando una batalla para alcanzar una comprensión común de esta situación, para preparar la huelga general contra el incendiario de la Patagonia.

Los trabajadores de Dr. Ahorro volvieron a movilizarse el miércoles 28, esta vez a las puertas de la sucursal Alberti, ubicada en Av. Rivadavia 2502, una zona de gran circulación. De la acción participaron organizaciones políticas y de jubilados y medios de comunicación. La patronal ordenó bajar la persiana del local, para evitar la confraternización entre los despedidos y sus compañeros. La delegación luego se dirigió al Congreso para acompañar a la movilización de los miércoles que convocan los jubilados. La semana pasada realizaron una acción similar en la sucursal de Cerrito y previamente realizaron una recorrida con el fondo de lucha en el Hospital de Salud Mental Braulio Moyano. A mediados de diciembre la empresa cerró 11 sucursales y despidió a 90 trabajadores de las sucursales de CABA, Salta, Mendoza, Córdoba y de la casa central, deshaciéndose así de un tercio del personal. Los despedidos aún no cobraron el mes de diciembre trabajado, tampoco el aguinaldo, ni las vacaciones. La patronal además adeuda los aportes previsionales de todo el 2025 y tampoco abonó las indemnizaciones. Éstas pretenden abonarlas al 50% invocando un “procedimiento preventivo de crisis” que fue rechazado por la Secretaría de Trabajo. Las sucursales que continúan trabajando se encuentran desabastecidas. Los trabajadores denuncian que no hay reposición de productos de alta demanda. En cambio, se reponen productos que estaban descontinuados y de bajo consumo. Los trabajadores se vienen organizando de forma autoconvocada, ante la inacción de ADEF (sindicato de Farmacia). Esta situación se denunció desde el megáfono y en una declaración que se repartió durante la actividad. También se realizó un semaforazo. En el transcurso de la actividad muchos transeúntes y clientes se acercaron a preguntar. Adelantándose a la posibilidad de que la patronal ordenara el cierre de la sucursal durante la actividad, una delegación se acercó previamente para hablar con los compañeros que aún continúan trabajando. Una de las particularidades fue que se encontraba presente uno de los delegados de ADEF, que no salió de la sucursal. Es por esto que los cánticos, además de dirigirse hacia la patronal, se dirigieron al sindicato y al delegado cómplice. La lucha de los trabajadores de Dr. Ahorro se enmarca en un cuadro de luchas de la clase obrera, como Lutramax, Cocot, Granja Tres Arroyos, en las cuales la característica principal es su carácter autoconvocado , ya que las burocracias sólo intervienen para desactivar los conflictos y bloquear la victoria. Las patronales, con los despidos, el vaciamiento, las deudas salariales y el ataque al activismo, adelantan la aplicación de la reforma laboral. El camino para derrotar a la contrarreforma laboral la marcan estas luchas en curso. La agenda continúa con recorridas con el fondo de lucha y la realización de una nueva asamblea para definir nuevas acciones. Llamamos a todos los trabajadores a apoyar la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Dr. Ahorro. Fondo de lucha: Alias: FONDO.LUCHA.AHORRO Facebook e Instagram – #TrabajadoresDrAhorroEnLucha

Luego del escándalo de los sobreprecios en las licitaciones del servicio de limpieza, denunciada por el gerente general de Atucha I-II, el Directorio de NASA resolvió remover al gerente de Coordinación Administrativa, Pantuso y al Gerente General, Fama. El Directorio, si bien designado por el propio Reidel cuando fue nombrado presidente, expresó en la votación la interna del gobierno, con tres votos a favor y dos en contra. Los votos del vicepresidente Guido Lavalle y el director Diego Chager, hombres de Santiago Caputo, dejaron en minoría a Reidel, hombre de Karina y Javier Milei. Previo al avance de la denuncia en los medios, al interior de la empresa, en el sector técnico la noticia se vivió con mucha bronca, más aún con el intento de Pantuso de tapar el escándalo sumariando a dos empleados con importante trayectoria en la empresa. Atrapado en el fuego A través de la resolución 2/2026 firmada este lunes, Reidel tuvo que levantar los sumarios contra los empleados Martin Reina (Subgerente de Producción de Atucha I-II) y Gabriel Brejer (jefe del Departamento de Producción). Ambos formaron parte de la revisión corporativa 2025 a pedido del Área de Supervisión Independiente. La revisión corporativa se trata de un procedimiento que está en línea con las mejores prácticas promovidas por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) y consiste en entrevistas a personal de la empresa. Reina y Brejer participaron en la realización de entrevistas al personal que desnudó, en parte, las licitaciones con sobreprecios. Según distintas fuentes hay una interna entre el área profesional (trabajadores y empleados de planta con carrera en la NASA) y la mesa política (el directorio de turno y sus segundos mandos desplegados en la empresa), Reidel tendría que estar cediendo, no sólo en la interna con Caputo sino con la propia presión interna de la NASA. La resolución 3/2026 designa a Daniel Monserrat al frente de la Gerencia General (en reemplazo de Marcelo Fama), y a Ricardo Matuk Herrera al frente de la Gerencia de Coordinación Administrativa. Ambos con trayectoria profesional dentro de Nucleoeléctrica. El área de la Gerencia General es considerada la segunda más importante dentro de la empresa, por detrás de la Presidencia. Hay preocupación por las medidas que pueda tomar Monserrat. Trabajadores entrevistados por Infobae señalan: “No tengo dudas de que algunos gerentes o subgerentes que pusieron Fama y Pantuso estarán en la mira. También se podrían iniciar auditorías complementarias y correspondientes, según el caso; y frenar las compras que suenan a negociados propios”. El fuego iniciado por los sobreprecios tiene en frente amplias hectáreas para desarrollarse. Están pendiente la denuncia de ATE-Zarate del sobreprecio en 1066,7% por la compra de un software. La misma está siendo tratada por el Comité de Integridad dirigido por Axel Larreteguy, quién responde al vicepresidente Lavalle. Ambos impulsaron la investigación y la remisión de Pantuso y Fama. Reidel, postulado por Javier Milei para el premio Nobel de Economía, tiene por delante el desarrollo de tareas fundamentales en dos centrales: la extensión de vida de Atucha I y la construcción del Almacenamiento en Seco de Combustibles Gastados de Atucha II (ASECG II), dos proyectos que implican una inversión global de US$ 700 millones. La suspensión de licitaciones por corrupción y la deuda a más de 200 proveedores en 2025 podría retrasar estos trabajos de máxima prioridad. La interna desarrollada entre los buitres del gobierno pareciera no conmover a los profesionales de la NASA. Uno de ellos expresó a Infobae: “Esto solo pone justicia con quienes los quisieron despedir como perejiles sin tener ninguna culpa. Eso fue el detonante. Fue la nafta en el fuego. Desde nuestro lugar no pararemos hasta que se vaya toda esa junta”. LEER MÁS: La Corrupción Avanza: en Nucleoeléctrica Argentina se destapa la olla Por Sergio Yeti, 27/01/2026.

La crisis de pagos de Granja Tres Arroyos, la principal empresa avícola del país, sigue sin resolución. La novedad es que, en las plantas de Pilar y Capitán Sarmiento, que sostenían la producción de la empresa mientras las plantas de Córdoba y Entre Ríos estaban en huelga, los trabajadores dijeron basta y pararon la producción. En las granjas productoras, el sindicato de los trabajadores rurales, UATRE, se bajó de la huelga general que había convocado contra los atrasos. Los trabajadores seguían manteniendo medidas de trabajo al 50% en algunas de las granjas, mientras la empresa divide a través de pagos selectivos de las cuotas adeudadas. Capitán Sarmiento La planta ubicada en la localidad del interior de la Provincia de Buenos Aires es una de las más grandes del grupo GTA. A pesar de los atrasos sistemáticos en los pagos y de las huelgas de las otras plantas, los trabajadores de esta planta venían sosteniendo la producción. Sin embargo, desde el lunes, un sector de los trabajadores tomó la decisión de emprender la lucha. Aunque algunos pequeños sectores siguieron trabajando, especialmente los de menor antigüedad, la mayoría de la planta se volcó a la lucha, confirmando asambleas masivas. La empresa respondió ofreciendo un cronograma de pagos, en el que se compromete a pagar las deudas que tiene con los trabajadores (aguinaldo, vacaciones, cuota alimentaria, aportes, etc.) también en cuotas. Los trabajadores rechazaron la propuesta y se inclinaron por seguir la huelga. Un sector que venía trabajando discutió sumarse a la lucha, pero la empresa les ofreció pagarles dos cuotas juntas de la deuda el día de ayer, lo que los forzó a seguir trabajando. Pero tampoco les pagaron. El día de hoy, la Policía Bonaerense desplegó un operativo intimidatorio sobre los trabajadores que dejó en forma permanente frente a la planta. A la vez, la empresa comunicó que iniciaría una causa de desafuero a tres de los delegados de la planta, por lo que les prohibiría el ingreso a partir de hoy. La empresa recurre a cada una de las herramientas antihuelgas de la Ley Bases, del decreto 70/2023 y de la futura reforma laboral, que están al servicio de que la clase obrera no levante cabeza, en medio de una ola de despidos, suspensiones y conflictos que crece sin parar. Pilar Los trabajadores de Pilar están en una situación similar a la de Capitán Sarmiento. Entraron varias veces en huelga aún sin el acompañamiento del STIA. Esta semana la situación detonó: los atrasos en los pagos se vuelven insostenibles en el tiempo. Trabajadores que salen de vacaciones sin cobrar, familias que no cobran las cuotas alimentarias (¡que se descuentan del salario!) hicieron explotar la situación. Solo continúa trabajando un pequeño sector del depósito que trabaja en cámara de frío, bajo la amenaza de perder el plus de frigorías y las horas extras del fin de semana. Por ahora, los trabajadores prefieren mantener el conflicto dentro de la planta, realizando un piquete en el portón, aunque la situación es de carácter general. Concepción del Uruguay La asamblea general de planta de la semana pasada había resuelto cortar los accesos a la ciudad y al siguiente día cortar la Ruta Nacional 14. El solo anuncio del piquete sobre la ruta nacional generó un megaoperativo de Prefectura para evitarlo, la intervención directa del Gobernador Frigerio para que se levante la medida, y el adelanto de dos cuotas de pago de la deuda de parte de la empresa. A partir de la intervención de la provincia, los trabajadores lograron que la empresa se comprometa a pagar los días de huelga que fueron dos semanas completas, lo que sienta un precedente favorable para todos los trabajadores del grupo. La planta está faenando con un límite establecido, aunque el compromiso de continuidad es precario. La planta entrerriana es un volcán a punto de estallar. Las granjas productoras En las granjas productoras de pollo los trabajadores también cobran atrasado, en cuotas y les adeudan un montón de ítems. UATRE había anunciado una huelga general hasta que se regularicen los pagos, pero se bajó de la misma después del compromiso de pagos en cuotas de parte de la empresa ante el Ministerio de Trabajo. (El compromiso de pagos en cuotas es igual para todos). Los trabajadores siguieron en su mayoría de paro. En los últimos días la empresa volvió a incumplir el cronograma de pagos y las granjas comenzaron a trabajar solo al 50%. UATRE esperaba hasta el momento de escribir esta nota la notificación de un nuevo cronograma de pagos que la empresa ya incumplió. Una lucha de conjunto En medio de un crecimiento récord de las ventas de pollo, en detrimento del consumo de carne vacuna, y con exportaciones a todo el mundo, la crisis de Granja Tres Arroyos no tiene una relación directa con la recesión y la apertura de importaciones del Gobierno de Milei. Es un quebranto que habrá que verificar pero que responde a las fallas en la administración de la empresa. Una lucha de conjunto debe partir por rechazar cualquier medida que descargue la crisis sobre los trabajadores, la formación de un comité de lucha nacional conformado por delegados electos de todas las plantas y la formación de una comisión obrera de control de los libros contables de la empresa, que de prioridad absoluta al pago de los salarios y las deudas con los trabajadores. LEER MÁS: Granja Tres Arroyos: piquetazo de los trabajadores en Concepción del Uruguay La crisis de agudiza y los trabajadores sacan la lucha a las calles. Por Pablo Busch, 21/01/2026.

En la última semana, la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) desarrolló ejercicios militares en las Islas Malvinas de alerta rápida con sus cazas Eurofighter Typhoon. Estos entrenamientos ponen a prueba el sistema de vigilancia QRA (Quick Reaction Alert), montados en la base aérea de Monte Agradable, que los británicos mantienen activa en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur los 365 días del año. A través de un comunicado, la fuerza británica indicó que esta presencia busca “salvaguardar la soberanía del Reino Unido, con aeronaves en alerta de reacción rápida, listas las 24 horas, los siete días de la semana” (Zona Militar, 21/1). Desde la RAF han dado a conocer que las fuerzas de ocupación en las Malvinas, mantiene un sistema de alerta permanente, que en cuestión de minutos los cazas Eurofighter Typhoon pueden disuadir potenciales amenazas aéreas. Estos movimientos se realizaron en consonancia con el despliegue de personal de la Fuerza de Defensa de las Islas Malvinas (FIDF) en Puerto Argentino, junto a efectivos militares de la Base Monte Agradable, que realizaron tareas de patrullaje en la zona. Los recientes movimientos militares en el Atlántico Sur, buscan reafirmar la presencia británica en la región, y a su vez, también sirvieron como una proyección a la Antártida, realizada a través de vuelos de aeronaves de la RAF, confirmando el interés del imperialismo británico en tener presencia en áreas no reclamadas del continente blanco. Si bien la Antártida no está dividida de manera formal, los distintos países presentes en la zona (Argentina entre ellos) esperan con ansiedad el año 2048 para poder avanzar en reformular los tratados vigentes y permitir mayores avances de explotación. Algo en lo que Gran Bretaña estaría especialmente interesada, sobre todo teniendo en cuenta la presencia de recursos petroleros. A las operaciones militares se le sumaron acciones logísticas, que se llevaron adelante con el avión de transporte Airbus A400M Atlas de la RAF, con capacidad para transportar cargas de gran porte y personal, y que garantiza la operatividad de las fuerzas de ocupación, que luego de despegar de la base de Monte Agradable recaló en la base aérea Pudahuel, perteneciente a la Fuerza Aérea de Chile, para luego dirigirse a Punta Arenas, escala previa al aterrizaje realizado en la estación científica Rothera del British Antartic Survey (BAS), ruta en la que sobrevoló la base conjunta argentina San Martín, en la Isla Adelaide. Las escalas aéreas por parte de la RAF en la región son frecuentes, ya las han realizado en Brasilia, Santiago de Chile y Montevideo, dándole logística, lo que facilita conectar a las Islas Malvinas con el Reino Unido. Por si era necesario, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klareve, ha señalado que no le llegó ninguna nota de carácter diplomático desde la Argentina, poniendo objeciones al vuelo realizado por el Airbus A400M Atlas, dejando en evidencia el carácter entreguista del gobierno liberticida. Estos movimientos militares se dan en el marco de una “estrategia británica más amplia que incluye la operación Southern Sovereignty, maniobras conjuntas de la Real Armada, el Ejército Británico y la RAF desarrolladas a fines de 2025 en Malvinas, Georgias del Sur e Isla Ascensión” (ídem). El brigadier Charlie Harmer, comandante de las fuerzas británicas en el Atlántico Sur, afirmó que estas operaciones permiten proyectar poder y disuadir agresiones, demostrando la “soberanía” británica en acción. Al presente, el Reino Unido sostiene en las Islas Malvinas el despliegue de miembros de la RAF, ingenieros y unidades del Ejército, con más de 1200 efectivos de manera permanente. El punto neurálgico que concentra la mayor cantidad de efectivos es Monte Agradable, desde donde se realizan las maniobras aéreas y terrestres, que son flanqueados por el patrullero HMS Forth y que opera desde el puerto de East Cove. Si bien estos movimientos militares son frecuentes en las Malvinas y el Atlantico Sur, el contexto internacional ha cambiado con la avanzada trumpista sobre América Latina, sobre la cual se está replegando, y que busca controlar desde Canadá hasta Tierra del Fuego y su escalada sobre Groenlandia, ha resquebrajado las relaciones hacia dentro de la OTAN, por lo que desde el Reino Unido buscan fortalecer su presencia en la región y su operatividad militar en todo el Atlantico Sur. En este marco de situación, el gobierno liberticida ha intervenido el puerto de Ushuaia , y versiones que han trascendido, plantean “un eventual acuerdo entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump para ceder su control a los Estados Unidos, que tiene un fuerte interés en instalar en la capital fueguina una Base Naval Integrada que le sirva como ingreso a la Antartida” , iniciativa expuesta a funcionarios del Ministerio de Defensa por el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, en su primera visita en el 2025 .

En pleno ascenso de la Inteligencia Artificial y la robótica en el mundo; del avance de la genética y de todo lo que todavía la humanidad puede apreciar, los incendios en la Patagonia siguen su curso destructivo e imparable y sólo la lluvia podrá apagarlos, expresan los brigadistas que siguen firmes combatiendo al fuego con sus escasos recursos. Pero la lluvia no llega. Hoy en Bariloche el cielo aparecía colmado de nubarrones, pero a pesar de las expectativas no llovió. Luego de meses de sequía e imprevisión, los incendios avanzan y la lluvia no llega. El fuego consumió 230.000 hectáreas patagónicas en los últimos meses. Sólo en Chubut, se quemaron 45.000 hectáreas desde diciembre del 2025. Para dimensionar la extensión de estos incendios, el área afectada equivale a veinte veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. En comparación con años anteriores, el incendio actual casi triplica la cantidad de hectáreas arrasadas respecto de la marca más alta anterior. Cholila , una población de 3.000 habitantes del departamento de Cushamen, se encuentra cercada por dos focos ígneos. Al norte por el que se inició en enero en Epuyén; por el sur, el que comenzó en diciembre en el Parque Los Alerces. Cholila estuvo sin provisión de agua potable por una semana entera a causa de la crisis hídrica que vive la zona, pocos días antes de que llegara el fuego. Hoy el pueblo se encuentra en alerta máxima, con caminos cerrados y organizando brigadas autoconvocadas para combatir el fuego ya que el auxilio estatal no existe. La gente no come, no duerme, está agotada, enfrentando a las llamas desde la madrugada hasta la medianoche. Otra localidad cercana, Esquel está próxima a ser afectada y se prepara para defenderse. Los gobernadores y un “reclamo” tardío Los gobernadores de las provincias afectadas -Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego)-, realizaron una conferencia de prensa, a más de un mes de iniciados los incendios. Reclaman a la Nación la declaración de la “emergencia ígnea”, que habilita al Ejecutivo a la asignación de recursos extraordinarios para combatir los incendios. Los gobernadores “esperan recibir fondos urgentes de Nación no solo para prevenir sino para combatir los incendios”, según expresó Melella, de Tierra del Fuego. Esperan que el presidente, que trucó una foto fingiendo que saludaba a los brigadistas, pero nunca pisó la Patagonia incendiada, sino que, en plena catástrofe, cantó y bailó con su ex novia en Mar del Plata, les envíe recursos que todavía les retacea. El gobierno liberticida y ecocida favorece la extranjerización de las tierras, la habilitación a comprar por monedas los territorios incendiados y toda clase de negocios capitalistas -madereros, mineros, inmobiliarios- que se beneficiarán con esta catástrofe. La modificación de leyes protectoras como la ley de glaciares, la prohibición del cambio de uso de las tierras quemadas y la que limita la compra de territorios a capitales extranjeros, es el programa de Milei. No va a disponer de recursos para combatir incendios porque los requiere para cumplir con el pago a los acreedores de la deuda pública. Los gobernadores completaron el planteo pidiendo mano dura... ¡contra los turistas! Desde el 2021 se declararon varias veces emergencias ígneas. La primera durante el gobierno de los Fernández. En Rio Negro se declaró dos veces durante 2025. La mesa política del gobierno nacional ´evaluará´ el reclamo de los gobernadores y podrían incluirlo en el temario de las sesiones extraordinarias. En el proyecto que estarían preparando autorizarían a “disponer de los recursos presupuestarios disponibles” y a que “el Poder Ejecutivo afecte partidas previstas en la ley de presupuesto con otro destino”; no sea cosa de afectar el “equilibrio fiscal”. Se supone que la declaración de emergencia facilita la movilización de fondos y personal para combatir el fuego. También establece la prohibición de hacer fuego y endurece las acciones legales (penales y patrimoniales) contra responsables, para disuadir conductas negligentes. Pero la responsabilidad del gobierno nacional en esta catástrofe es absoluta . Primero, desfinanció Parques Nacionales y con ello, el combate al fuego. Hizo recortes del 68% de recursos en 2025 y alcanzarán el 70% para 2026. En segundo lugar, al asumir en diciembre de 2024, nombró a Cristian Larsen al frente de Parques Nacionales que no tenía ningún conocimientosen el manejo de Parques, pero persiguió y encarceló a varios miembros de las comunidades mapuche. Fue reemplazado a mediados de 2025 por Sergio Martín Álvarez, un arquitecto experto en administración de trenes. El presidente disolvió el "Fideicomiso Financiero y de Administración para la administración del ‘Fondo Nacional del Manejo del Fuego'", que dejó sin recursos al Plan Nacional de Manejo del Fuego. Ese dinero pasó a manos del Ministerio de Seguridad que entonces conducía Patricia Bullrich. Milei también desactivó el proyecto Comando Unificado, una base bautizada Las Golondrinas, planificada para combatir incendios forestales en la Patagonia que incluye a Río Negro, Neuquén y Chubut. Se trata de otra cuestión clave a la hora de controlar el fuego. El plan preveía cámaras de detección de incendios desarrolladas por INVAP, un avión observador equipado con tecnología infrarroja que podía ser utilizado por las provincias miembro, camiones cisterna, maquinaria vial y también drones policiales para el monitoreo aéreo. La responsabilidad del gobierno nacional se manifiesta en el negacionismo del cambio climático. La Patagonia está particularmente afectada por el cambio climático que empeora año tras año. Altas temperaturas, falta de lluvias, fuertes vientos que secan aún más la vegetación, producen extremos riesgos de incendios. El paisaje maravilloso se convierte en penosos páramos. La biodiversidad se extingue, los glaciares se deshielan. Los pueblos que están abocados al combate directo o a la colaboración con los brigadistas y los evacuados se movilizan contra las autoridades responsables. La salida es organizarnos para derribar este régimen criminal que nos lleva a la barbarie. VER LA SIGUIENTE ENTREVISTA Incendios en la Patagonia: “Es un desastre pocas veces visto” | Elena Florin en Radio Metrópoli Publicada en el canal de YouTube de Politica Obrera.

Milei y Bullrich incorporan al temario de las sesiones extraordinarias la baja de la edad de imputabilidad, a raíz de acontecimientos de público conocimiento que involucran a menores en crímenes graves . Bajo el rótulo de una “nueva ley penal juvenil” , se pretende disminuir la misma de 16 años a 13, a propuesta del gobierno liberticida. Ya lo habían lanzado durante la campaña electoral de octubre pasado, junto con una promesa de reforma integral del Código Penal en el cual se establecía un aumento generalizado de las penas . En ese sentido, plantea la reforma de la ley 22.278 que data de 1980. No es el primer intento: existen diversos proyectos con estado parlamentario que no fueron tratados. Actualmente habría cinco de ellos vigentes, similares entre si. El oficialismo se apresta a imponer su impronta dando por el hecho del acompañamiento de la derecha (desde el PRO, el radicalismo y expresiones provinciales) y una porción importante del peronismo. El secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires le dio un apoyo entusiasta. Lo mismo hizo la fracción del massismo. Recordemos que Massa hizo campaña con la política de “tolerancia cero” de Rudolph Giuliani, el exalcale de Nueva York que se caracterizó por su apoyo a la brutalidad policial. Se aprestan a votar una norma que habilita el procesamiento de menores, en el marco del sistema acusatorio, donde la carga de perseguir penalmente recae sobre la cabeza del fiscal y no del juez. En ese sentido, la baja de la edad vendrá acompañada de toda una serie de medidas privativas de la libertad del menor. Bajo el ropaje benevolente de que se privilegiarán las medidas de reparación y socioeducativas, se introducirá una disminución de las garantías constitucionales, que en el caso de menores de edad están reforzadas justamente por su minoridad. La línea la dio Milei durante su paso por Mar del Plata, donde bramó “delito de adulto, pena de adulto”. El actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fundamenta el cambio de la edad de imputabilidad aseverando que “los chicos de ahora no son los de antes”. Que la juventud actual está atravesada por la violencia y las drogas, no por eso es menester privarlas de su libertad para luego resocializarla. Justamente estos factores son los que inciden en la capacidad del joven de discernir y comprender la gravedad y la extensión de un hecho. Negar que el consumo impide una reflexión de su conducta es tapar el sol con la mano. La realidad penitenciaria refleja y profundiza que el denominador común de todos los condenados son las adicciones. Defendamos las libertades democráticas frente a un régimen decadente que vuelca todo su aparato sobre los más vulnerables.

Bajo un calor agobiante, este miércoles Jubilados Clasistas-Política Obrera y otras agrupaciones de jubilados de Congreso, desarrollamos varias actividades previo a nuestra radio abierta y ronda habitual de todas las semanas. En la sucursal de Rivadavia 2502 acompañamos a los 90 trabajadores que fueron despedidos de la Farmacia Dr. Ahorro , sin previo aviso, en la Navidad pasada. La empresa de capitales mexicanos no sólo los dejó en la calle, sino que les negó salario, aguinaldo, vacaciones y mantiene una deuda millonaria en aportes previsionales y sindicales. En tanto, el gremio que debería representarlos se esconde tras la vía judicial, sin mover un dedo. Frente a este atropello, participamos de un escrache con carteles y denuncias, mientras la sucursal bajaba la cortina para tratar de impedir el contacto de los despedidos con los empleados activos que se encontraban en el interior. El delegado de ADEF (Asociación de Empleados de Farmacia), en lugar de tomar contacto y solidarizarse con los compañeros, permaneció oculto en el interior del local. Nos trasladamos luego a la Casa de Chubut para exigir recursos contra los incendios que devastan la Patagonia . Mientras este gobierno criminal y represor compra 24 aviones de guerra, se recortan fondos para combatir el fuego. El desastre favorece el negocio inmobiliario, la megaminería y la apropiación del agua. Otra vez, la respuesta de los responsables de la casa de la provincia fue bajar la cortina. En ambos casos quedó claro quiénes se ocultan, no acompañan, no dan la cara sino la espalda a una realidad que se impone con despidos, pérdida de puestos de trabajo, cierre de empresas, desastres medioambientales provocados por la voracidad capitalista. Mientras el mayor liberticida hace su espectáculo vergonzoso en Mar del Plata y recibe el repudio de la gran mayoría de la población. Entretanto en el Congreso, como es habitual, un desproporcionado despliegue de Policía Federal y Gendarmería intentó provocar y reprimir a las agrupaciones de jubilados que aguardábamos el inicio de nuestra radio abierta y ronda. Palos, gases y empujones precedieron a una jornada que, pese a todo, se sostuvo con consignas contra este gobierno criminal y con la presencia de organizaciones sociales, de derechos humanos y colectivos en lucha. Cerramos con el repudio absoluto a la “contrarreforma” laboral que el gobierno pretende imponer, con la colaboración de los gobernadores y la CGT . Lo decimos claro: esa ley es un ataque brutal a los derechos jubilatorios y laborales. El miércoles 4 de febrero a las 17 hs, nuevamente nos daremos cita en el Congreso. No se pueden tapar la injusticia, la represión, ni la entrega con palos, gases y policías.

Este mediodía se conoció la noticia del fallecimiento de “Beto” Pianelli, secretario general de AGTSyP, el sindicato que los trabajadores del subte fundaron en 2008. Tenía 59 años y ejercía el cargo de secretario general desde 2011. Se inició en la militancia política en el MAS durante los años 80. Continuó desarrollando su actividad política y gremial en el Subte, donde había ingresado como boletero en 1994. Se convertiría en protagonista de las movilizaciones por la jornada laboral de 6 horas. Con el cuerpo de delegados formaria la AGTSyP. En 2009, el Ministerio de Trabajo -a cargo de Carlos Tomada- le otorgaría la personería provisoria bajo la categoría de “sindicato simplemente inscripto” , sin reconocimiento para discutir convenios laborales. En su condición de secretario general de los Metrodelegados, militó en el kirchnerismo, en la corriente político-sindical encabezada por Hugo Yasky .

La fábrica textil Cocot inicia los períodos de vacaciones de forma escalonada hasta la última quincena de febrero, cuando se produce una parada de planta al salir de vacaciones los trabajadores que cuentan con 15 días de receso. A tan solo dos días del inicio de las vacaciones de los trabajadores con mayor antigüedad, la patronal decidió no pagárselas, a pesar de que se trata del salario que debían percibir durante ese período. El trastorno no puede ser mayor, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de salarios de alrededor de 600.000 pesos, cobrados en mitades por quincena y compuestos en gran parte por ítems no remunerativos para la mayoría del personal encuadrado en el convenio de la Asociación Obrera Textil (AOT). Los trabajadores encuadrados en el gremio del Vestido -aproximadamente el 30 % del plantel- cobran de forma mensual y perciben salarios algo superiores, aunque todavía lejos de alcanzar la canasta familiar. Las acciones de lucha desarrolladas por los trabajadores durante jueves y viernes de la semana pasada forzaron el desembolso de un bono annual de 200.000 pesos y la intervención del sindicato AOT, que se reunió con la patronal para acordar el cobro en cuotas de las vacaciones -a comenzar en febrero y según la antigüedad-. La llegada del sindicato no fue bien recibida por los trabajadores, que conocen de las entregas sistemáticas de la burocracia sindical. La patronal argumenta una supuesta caída de las ventas y el impacto de las importaciones chinas. Sin embargo, entre los trabajadores circula la sospecha de que la empresa estaría utilizando fondos salariales para la especulación financiera. A esto se suma el antecedente del año pasado, cuando se incorporó personal “a prueba” que, al cumplir los seis meses, fue despedido en su totalidad. En todo el país, la política recesiva del gobierno es utilizada como excusa por las patronales para descargar la crisis sobre los trabajadores, y la industria textil no es la excepción . Este es el caballito de batalla con el que se encubre la aplicación de hecho de la contrarreforma laboral. Sin ir más lejos, en Cocot ya se registran prácticas como el pago de horas extra en negro y al valor de una hora normal. El cuadro de toma de personal a prueba y apertura de horas extras no indica, en principio, una quiebra, algo que los propios trabajadores ya advierten. Por eso, la maniobra patronal de golpear justo en la antesala de las vacaciones plantea el desafío de sostener la comunicación y el estado de alerta frente a nuevos movimientos de la empresa, así como el reclamo por el pago íntegro de las vacaciones. Ante los argumentos patronales se abre la necesidad del debate de la apertura de libros y la transformación de la lucha que ya ha surgido en organización por la elevación del salario que hoy está en niveles de indigencia.

El diario Clarín reveló el texto del acuerdo confidencial que firmaron el presidente argentino Javier Milei con el “empresario” estadounidense Hayden Davis apenas 15 días antes del lanzamiento de la criptomoneda $Libra. La noticia ya había sido informada por el mismo diario, hace un mes atrás, pero recién ahora sale a la superficie ese documento. El texto en cuestión se firmó en la Casa Rosada hace exactamente hoy un año, el 30 de enero de 2025. Allí concurrió Davis acompañado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los dos lobistas que organizaron el Forum Tech, en octubre de 2024, donde Milei -orador de fondo del evento- y Davis mantuvieron una reunión apartada en un salón VIP. Junto a Davis, Novelli y Godoy, llegaba con ellos el entonces diputado José Luis Espert. Pesquisas en la causa abierta por los pagos recibidos del contador narco “Fred” Machado revelaron facturas de una empresa de Espert a nombre de la hermana de Novelli, ahora involucrada en el “caso $Libra”, en 2021 y 2022. El acuerdo por “asesoramiento sobre tecnología blockchain e inteligencia artificial” suscripto entre el empresario de 28 años y Milei establece que Davis renuncia expresamente “a cualquier tipo de contraprestación, ya sea en dinero, especie o cualquier otra forma de remuneración”. “A su vez, agrega, me comprometo a mantener en secreto la información expuesta en este documento, guardarla bajo la más estricta confidencialidad, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente”. Inmediatamente después de la firma, ese mismo 30 de enero, dos billeteras cripto atribuidas al ´desinteresado´ Davis enviaron, cada una, 507.000 USDC (dólar cripto) a otra identificada como perteneciente a Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado argentino de 75 años que, menos de tres horas después, envió todo ese dinero a otra billetera señalada como perteneciente a una presunta cueva cripto de acuerdo a la fiscalía que investiga el escándalo. Esos serían los ´peajes´ gatillados por el joven norteamericano para llegar a Milei. Davis viene de una familia de aventureros con un largo historial de maniobras turbias y estafas. En Estados Unidos, la misma empresa con la que operó en Argentina estuvo detrás del lanzamiento de la meme coin de Melania Trump. Hayden Davis entró en contacto con el círculo íntimo de Milei en julio de 2024 por intermedio de Novelli y Godoy. Entre fines de 2024 y principios de 2025, en un mensaje que reveló The New York Times, Davis se jactaba de que “Podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción. Yo controlo a ese nigga. Le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Es loquísimo”. El 30 de enero de 2025, Davis se reunió en Casa Rosada con Milei y firmaron este “acuerdo confidencial” de “asesoramiento” y luego emitió pagos cripto a billeteras locales. El 14 de febrero fue el lanzamiento de $LIBRA. Veintitrés minutos después del lanzamiento, Milei promocionó la criptomoneda en su cuenta de X como una iniciativa para fondear pymes argentinas. Con su apoyo, el precio se disparó de US$ 0,3 a US$ 2, pero menos de dos horas después se desplomó a casi cero. La oferta estaba concentrada en unas pocas manos, que embolsaron millones. Al día siguiente, cuando la estafa era evidente, Milei borró el tuit y afirmó que no estaba al tanto de los detalles; finalmente, negó haber fomentado la compra de $Libra, a pesar de haber publicado en su tuit el código alfanumérico de 44 caracteres del contrato, hasta entonces no disponible en la web. Al día de hoy, Milei no ha revelado quién se lo proporcionó. Días más tarde, Davis afirmó en una entrevista que le habían quedado US$ 110 millones que pertenecían a la Argentina y esperaba “instrucciones”. Hay dos causas judiciales abiertas. Además de la argentina, que entre otras cosas investiga el rol de Milei, hay otra radicada en los tribunales de Nueva York. Toda la operatoria de esta estafa resulta palmaria, pero la investigación judicial marcha a paso lento. No hay reproches por parte de la burguesía ni mucho menos del imperialismo. El liberticida es considerado un activo político propio por Trump y su camarilla y la clase capitalista apoya su “contrarreforma laboral” que se apresta a arrasar con todos los derechos conquistados por los trabajadores. En definitiva, razonan, un desliz lo tiene cualquiera.

La patronal de Mondelez Pacheco, ex Terrabusi, ha cobrado de nuevo notoriedad nacional cuando inició, en diciembre pasado, una catarata de suspensiones en el marco de una parada prolongada de planta por una alegada falta de demanda. Las suspensiones fueron pagadas a medias con una semana de vacaciones de los trabajadores y otra semana con el pago completo del salario. Luego de las vacaciones, la patronal presentó ante el Ministerio de Trabajo un reclamo para modificar el esquema organizativo de la producción, conocido como esquema de relevos, que reemplaza los equipos de cuatro trabajadores, por otro de “3x1” (mientras tres obreros trabajan, uno descansa). Esta conquista de los trabajadores de Mondelez, permite un descanso mayor de los trabajadores durante la jornada de trabajo, que supera lo establecido por el convenio de trabajo de la Alimentación, que establece un único descanso de 30 minutos para la jornada de 8 horas de trabajo. La patronal norteamericana plantea pasar a un esquema de 5x1, es decir que mientras un trabajador descansa, cinco están trabajando. Esta modificación representa un aumento del 50 % de la explotación de la fuerza de trabajo y una reducción sustancial del descanso de los trabajadores. Como consecuencia del avance tecnológico (máquinas más rápidas, robotización, etc.) la tasa de explotación relativa ha crecido en los últimos 20 años en forma exponencial. En las líneas de Mondelez donde trabajaban veinte trabajadores hoy lo hacen seis. El sistema del 5x1 implica un aumento de la tasa absoluta de explotación, que se añade a la que resulta de la aplicación de tecnologías más avanzadas. Ese desgaste adicional de la fuerza de trabajo acentúa la miseria social en su conjunto; el capitalismo aniquila la vida social de los trabajadores. La Comisión Interna -dirigida por un frente entre el PCR y la lista oficial Verde del STIA- denuncia esta ofensiva patronal en “habladas en el comedor”, en lugar de convocar a asambleas. O sea que recorta aún más el tiempo libre del trabajador y no utiliza el tiempo de trabajo para realizar asambleas con interrupción de la producción. "Olvida” que la asamblea es, ella misma, una medida de lucha y una primera advertencia a la patronal del inicio de un plan de lucha. Las “habladas en el comedor”, en cambio, refuerzan la dominación de clase y no constituyen un estadio preparatorio de acciones profundas. Política Obrera destaca estas cuestiones fundamentales para torcer el rumbo derrotista del momento y para desarrollar una comprensión clasista del camino que es necesario emprender.

El New York Times acaba de revelar las tratativas en curso -y próximas a concretarse- entre los gobiernos de Milei y Trump para que Estados Unidos “pueda deportar migrantes de otros países” a la Argentina. El diario agrega que “las conversaciones ponen de relieve el afán de Milei por reforzar su alianza con Estados Unidos y apoyar las medidas de represión del presidente Trump”. El NYT advierte que el acuerdo implica para Milei el “riesgo de chocar con su propia campaña antiinmigración en su país” -esto, porque traería migrantes a la Argentina-. Pero según el acuerdo en discusión, Argentina recibiría a los deportados con el propósito posterior de “ofrecerle vuelos para regresar a sus países de origen”. Lo que está en discusión, por lo tanto, es el montaje de un sórdido campamento de deportados en Argentina, como estación intermedia para la remisión a sus países. Naturalmente, ello no sería contradictorio con la política de persecución a migrantes del propio Milei, sino que la potenciaría. En las últimas semanas, se han multiplicado las operaciones de persecución a migrantes en diferentes puntos de Argentina. Ese reforzamiento represivo no es ajeno al plan que se discute con Trump y Rubio. El diario neoyorquino señala que el subsecretario argentino de Política Exterior, Juan Navarro, ha presentado un plan concreto de recepción de deportados a la administración de Trump. Pero el “factótum” del plan sería el canciller y antes secretario de Finanzas Pablo Quirno, quien encabezó las negociaciones para el rescate financiero de Argentina semanas antes de las elecciones de octubre. Las condiciones políticas del “swap” de Scott Bessent comienzan a tomar estado público. El viernes 30, en algunas avenidas de la Ciudad, se ha visto a la policía de Jorge Macri abordando ómnibus de pasajeros para pedir el DNI a los viajantes y recabar información digital acerca de ellos. Nunca visto con anterioridad, salvo bajo las dictaduras, se emparentan a las medidas en las ciudades santuarios de Estados Unidos para detectar inmigrantes y expulsarlos. El acuerdo por los deportados integra al Estado argentino a la cadena de acciones criminales que protagoniza el fascista Trump en su propio país -por caso, las razzias que la Gestapo trumpista, el ICE, perpetra en Minneápolis y otros Estados-. La integración de Argentina a ese dispositivo de represión masiva es un principio de cambio de régimen, en dos sentidos: por un lado, hacia un estado policial; por el otro, a la conversión de Argentina en otro Protectorado “de facto” del imperialismo norteamericano en el continente. El DNU que habilita a detenciones sin intervención judicial a los servicios de inteligencia, y la reciente intervención del puerto fueguino, un punto codiciado por la IV Flota del Pentágono, son inseparables del acuerdo que toma estado público en el mismo día en que se destaparon los arreglos económicos entre Milei y el creador de la criptoestafa Libra. Preparemos una huelga general para derrotar la tentativa de convertir a la Argentina en un brazo de la Gestapo antimigrantes de Trump y poner fin al gobierno de la contrarreforma laboral.

El litigio entre el monopolio Techint y el consorcio petrolero Southern Energy, en torno de la provisión de caños para exportar gas desde Vaca Muerta, se ha convertido en un choque de carácter político. El conflicto se originó cuando el primero -integrado por YPF, PAE (Bulgheroni) y dos firmas extranjeras- adjudicó la provisión de los caños de gas a la empresa india Welspun. La oferta de Wellspun superó en ventajas a sus competidores, entre ellos Techint, que demandaba por los caños un 40% más que el ganador. Sturzenegger y Milei se encargaron de levantarle voltaje al anuncio, al denunciar al mandamás de Techint, Paolo Rocca, como “prebendario” y al señalar que el propósito de la “modernización laboral” -así le llaman a la contrarreforma antiobrera – es reducir los costos locales. ¿Cuál es el alcance de este choque entre el gran capital y el gobierno liberticida? Crisis industrial El topetazo entre Techint y Milei tiene lugar en medio de una gran crisis industrial. En la industria textil, ha alcanzado nada menos que al grupo Platex, con modernas plantas en Tucumán. Antes de la asunción de Milei, su propietario, Teddy Karagosian, ya convertido al libertarianismo, le acercaba al gobierno una propuesta para reemplazar por seguros de despido a la actual indemnización, en nombre de “facilitar la creación de empleo”. Ahora, Karagosian espera la reforma laboral para transformar en despidos a las suspensiones que está aplicando en Tucumán. Pero la crisis también es aguda en la “competitiva” agroindustria de Argentina. Los cierres de frigoríficos se extienden, y la caída del consumo interno de carne no logra ser compensada por las exportaciones. La industria láctea, que ha vivido una “explosión” de capacidad y tecnología en los últimos años, chapotea entre la sobrecapacidad, la caída de las ventas externas y del mercado interno. En los últimos días, la cámara aceitera CIARA advirtió sobre el cierre del mercado europeo de biodiesel de soja. Según CIARA, la UE coloca “excusas para proteger a sus propias plantas de biodiesel”, que trabajan a media máquina. La crisis tiene otro flanco en los grupos del agronegocio que apostaron a una recuperación de la actividad interna y exportadora que no tuvo lugar en los últimos dos años -y que, en función de esa perspectiva, se endeudaron fuertemente. Es lo que ocurrió con Albanese, Grobo o Bioceres. Las patronales que van al concurso preventivo denuncian el crecimiento explosivo de las importaciones de China. La Asociación de Industriales Metalúrgicos dice que el ingreso de estructuras metálicas -unas 30.000 toneladas en 2025- equivale a toda la capacidad de procesamiento de las plantas locales en ese rubro. En el caso de la minería, el yacimiento salteño de litio de El Salar ha importado el 50% de sus equipamientos, equivalentes a unas 6000 toneladas de acero, desde China. Las importaciones de la gran minería y, ahora, de caños de acero por parte de las petroleras de Vaca Muerta, derrumban la pretensión de que esas actividades actúen como un “derrame” o disparador de otras. Una fracción creciente de la gran patronal argentina sucumbe bajo el peso de la crisis mundial y la guerra comercial. A esta legión, se suma ahora el más mileísta de los capitalistas, Marcos Galperin, quien acaba de denunciar al portal chino Temu por “competencia desleal” contra Mercado Libre. La gran burguesía ha salido a advertir que Milei usa el rescate del Tesoro yanqui “para financiar las importaciones de China”. El gobierno trumpista lo sabe mejor que nadie: el superávit comercial de la potencia asiática con Estados Unidos ha alcanzado un máximo histórico”: exporta dos e importa uno. Pero este resultado desnuda una sobrecapacidad en China de entre el 30 y 40% en sus principales industrias. La crisis industrial de Argentina es inseparable de este cuadro de la economía mundial. Sobre unos 2500 millones de dólares de capacidad instalada mundial de acero, el excedente es del 40% promedio. “Costo argentino” Aun con el conocimiento de esta crisis internacional, los “expertos” han salido a perorar sobre el “costo argentino”. La sobreproducción, sin embargo, quiere decir que el precio de mercado es inferior al precio de producción; la crisis de ‘costos’ es internacional. El ‘costo’ internacional de Argentina se ve afectada por la revalorización del peso, con la que Milei y Caputo quieren conseguir el pago de los vencimientos de la deuda externa con un mayor endeudamiento, y la “desinflación”. El “país caro” es fuente de mayores beneficios en moneda dura; mayores tarifas, mayores precios de los inmuebles, mayores réditos financieros, todo medido en dólares. La “desinflación” es un eufemismo para designar al “desendeudamiento’ de las empresas o el ‘ajuste’ de sus balances, y el recurso último al pedido de un preventivo de crisis o la declaración de quiebra. La financiación de la deuda pública establece un piso extraordinariamente alto para la tasa de interés, una medida clave de la “desinflación” y a su objetivo de ‘depurar’ las cuentas industriales, y es un poderoso factor de “encarecimiento” de la economía nacional. Las empresas trasladan esos intereses usurarios a los precios, cuando recurren a la venta en cuotas, lo cual traslada la deuda a los consumidores en gran parte. En el caso de la financiación de los gastos de circulación (capital de trabajo), cada vez son más las empresas que bicicletean el pago de salarios, y se financian (a tasa cero) a costa de los trabajadores que no cobran. En consecuencia, existe una elevada capacidad ociosa, del 40% en promedio para toda la industria, un costo que las patronales también trasladan a los precios. El entrelazamiento de la patronal industrial y la “patria financiera” se manifiesta en la deuda pública en dólares y pesos, que en un 65% se encuentra en manos ‘locales’. En función de ello, la burguesía industrial se banca el Industricidio de Milei, a la espera de que se impongan las contrarreformas laborales, previsionales, impositivas y educativas, y a que se manifieste una reacción de la demanda internacional. Contrarreforma Milei y Sturzenegger se han servido de esta licitación privada, y del conflicto entre Techint y las “otras” petroleras, como factor de agitación en favor de la contrarreforma en curso. Para bajar el “costo argentino”, los liberticidas ofrecen al gran capital un jubileo impositivo -reducción del impuesto a las ganancias-y la liquidación del derecho laboral. Los gobernadores colaboracionistas aplauden con las dos manos el despojo de las conquistas del trabajo, pero reclaman garantías o “compensaciones” por la reducción de los impuestos que se coparticipan. Pero en este punto, el gobierno no tiene nada para ofrecerles. La “competitividad” que pregona Sturzenegger es la excusa para una masacre laboral y social. Nada de esto va a revertir un impasse económico en cuanto tendencia, visto el agravamiento de la guerra económica internacional. Ricardo Arriazu, uno de los economistas más afines a Milei, imagina que el actual proceso de quiebras empresarias es una “destrucción creativa”, o sea, el preámbulo de un mayor crecimiento, a partir de un copamiento del mercado argentino por firmas internacionales. Pero olvida el marco de la guerra comercial y la sobreproducción extendida. Una política obrera El patrón Rocca ha pedido a la UIA “bajar los decibeles” de la confrontación, que los llevaría a un choque con Trump. Por lo pronto, se informa que SIAT, la fábrica de tubos de Techint en Valentín Alsina, bajará “sustancialmente” su producción a partir de marzo. La misma amenaza planea sobre Siderca, en Campana. Arcelor-Mittal, la principal accionista de Acindar, que cruza a una patronal francesa (Arcelor) con una de la India (Mittal), estaba a la expectativa de una ofensiva económica, de la mano del acuerdo Mercosur-UE, que ha sido puesto a invernar. Rocca y Milei se pasarán “facturas”, pero coincidirán en redoblar la extorsión contra los trabajadores. La patronal está aferrada a imponer un programa político por medio del gobierno y los instrumentos del estado. El método de lucha de la clase obrera debe ser político; la huelga general es una lucha contra el Estado, porque reúne a los trabajadores por encima de sus diferencias profesionales en un objetivo común, o sea de clase. Esa unificación la ha impuesto el capital y su estado con su ataque de conjunto – ajuste, precariedad laboral, abolición del derecho del trabajo, instalación de un estatuto compulsivo en todos los lugares de trabajo en cuanto a condiciones laborales y de vida.

El gobierno nacional publicó a última hora de ayer un DNU realmente curioso, porque no corresponde a la intencionada falta de “necesidad” y “urgencia que reclaman desde hace más de un mes los pavorosos incendios en Chubut, La Pampa, Río Negro y Neuquén. Los gobernadores patagónicos, con la misma falta de urgencia habían pedido que se dictara una declaración en las sesiones extraordinarias del Congreso. Los mandatarios provinciales se reunieron después de casi dos meses de estragos. Los incendios han alcanzado las 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6.000 en Neuquén, además de 10.000 en Río Negro y 700 hectáreas en Santa Cruz. Un total de 230.000 en toda la Patagonia. En esa Conferencia de Prensa pidieron la declaración de “emergencia ígnea”. Dejaron correr el fuego hasta que llueva y los vientos se calmen. Un incendio forestal es una catástrofe natural que altera y destruye el ecosistema y que la mayoría de las veces se produce directa o indirectamente por la acción e inacción humanas. Aunque ciertas condiciones climáticas o la geografía dificultan su control, existen medios de prevención, de control y de gestión para que el efecto sea menor o incluso nulo. “Los incendios forestales se apagan en invierno” es un principio de los expertos forestales para advertir de la importancia estratégica de las tareas de prevención. La inversión en la prevención de incendios es fundamental. Pero tanto los gobiernos provinciales como el gobierno nacional lo desconsideran. Por eso rebajan presupuestos destinados a prevenir catástrofes que pueden evitarse. Abordan los incendios de manera reactiva, con financiamiento insuficiente. Aparecen partidas cuando el fuego ya está desatado, entonces se declara la emergencia. Pero la prevención estructural, la planificación territorial, la mejora de los sistemas de manejo del fuego y la inversión en ciencia y gestión ambiental se niegan. Un caso palmario de esa conducta criminal es el del gobernador de Chubut Ignacio Torres quien subejecutó partidas presupuestarias en 2025. Recibió y congeló 540 millones de pesos por la Ley de Bosques destinados a la prevención de incendios y la protección de bosques nativos. Al mismo tiempo recibió 600.000 dólares en marzo de 2024 de Organismos Internacionales (FAO, Fondo Verde para el Clima) por los incendios que nunca aplicó a su objetivo original. También recibió 7.000 millones de pesos para las víctimas del incendio de 2025 en Epuyén que nunca distribuyó. El gobierno nacional también rebaja presupuestos de prevención y también de combate de incendios. Los despidos de brigadistas, sus salarios de miseria que los obliga a un segundo trabajo, la falta de caminos, de combustible, de personal suficiente es un ataque a toda la población. Ahora Milei le entregó a Chubut 4.000 millones de pesos como ATN (aportes del tesoro nacional que se forman con el 1% de la recaudación impositiva total coparticipable) cuyo alcance y destino es desconocido. También recién a partir de los incendios el Ministerio de Seguridad que tiene a su cargo el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, entregó 100.000 millones de pesos a Bomberos Voluntarios de todo el país para 1062 Asociaciones de Bomberos Voluntarios con destino a la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población. Pero los ecosistemas destruidos, la biodiversidad aniquilada, las viviendas, cultivos y animales no se reponen con esas migajas. Las funciones ambientales esenciales de los bosques como la retención del suelo, la regulación hídrica, la depuración y reserva del agua están gravemente afectadas. Miles de animales silvestres, fundamentales en todo ecosistema mueren calcinados o quedan sin hábitat. Árboles milenarios como los alerces del Parque Nacional corren riesgo de extinción por el fuego. Las especies que se queman pueden tardar años en reponerse o directamente desaparecer. Este DNU tardío es un parche que por ahora no sabemos de qué aportará a esta histórica destrucción.

Tras haber amagado con presentar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y pagar solo la mitad de las indemnizaciones, la patronal de Lamb Weston terminó acordando (en la audiencia final) el pago del 100 % de la indemnización legal, más un bono del 30 %, el aguinaldo proporcional y la garantía del seguro de desempleo. Con este acuerdo formalizó el despido de más de un centenar de trabajadores y el cierre definitivo de la planta (Infogremiales (29/10/25) Línea Sindical (30/01/26) . “Si no acordaban en la audiencia del jueves, la siguiente indefectiblemente iba a caer en febrero y la empresa se hubiera visto obligada a abonar una nueva masa salarial”. La dirección del STIA (sindicato de la alimentación), encabezada por Sergio Escalante, condujo toda la negociación sin asambleas resolutivas de trabajadores. Aunque Escalante declaró públicamente su rechazo al cierre, sostuvo que “acompañaba la decisión individual (??) de cada obrero”. De acuerdo con Infogremiales (29/10/25), el sindicato afirmó: “….acompañamos a los compañeros en su decisión, entendiendo que cada trabajador decide en función de su situación individual y familiar”. Línea Sindical (30/01/26) destacó “el apoyo de todas las vertientes del Partido Justicialista de Vicente López” a la intervención del STIA durante el conflicto. Este respaldo no estuvo orientado a impedir el cierre sino a una reestructuración de la patronal. El cierre de Munro contrasta con la reciente inauguración de la planta de Mar del Plata, equipada con tecnología de punta y una inversión superior a los 300 millones de dólares (Infogremiales (29/10/25). El desembarco de la inversión fue gestionado en 2022 por Sergio Massa. La inauguración fue celebrada tanto por Axel Kicillof como por Javier Milei con pocos días de diferencia. Según El Cronista (7/10/25), “el desembarco de la inversión empezó en 2022 cuando el por entonces ministro de Economía, Sergio Massa, viajara a Washington para cerrar el trato con los directivos de la firma”. El mismo medio recogió las declaraciones de Kicillof en la inauguración: “El Estado y el sector privado no van por carriles separados (…) no hay que elegir entre uno u otro, sino trabajar de manera conjunta” (El Cronista, 7/10/25), y las de Milei días después: “Este es el camino: la inversión privada en negocios rentables (…) liberar la economía de los grilletes que le puso el Estado” (El Cronista, 7/10/25). Tres discursos distintos, una misma señal de fondo: luz verde para el gran capital, incluso cuando la consecuencia es el cierre de plantas y despidos. El punto de fondo de la reestructuración es el abaratamiento de la mano de obra. Infogremiales (29/10/25) y Línea Sindical (30/01/26) coinciden en que la producción se concentrará en Mar del Plata, “donde los salarios que paga son un cuarenta por ciento más bajos”. La indemnización incrementada opera como precio de salida para un negocio superior. La empresa ofrece un plus para cambiar trabajadores con derechos por trabajadores más baratos y sin derechos. Es una tijera que corta dos veces: primero el empleo, después el salario del que entra. El caso Lamb Weston muestra el frente único entre patronales, gobiernos y burocracias sindicales para hacer pasar despidos y rebajas salariales bajo la forma de “acuerdos”. Frente a esto, comienza a abrirse paso —en distintos gremios— una tendencia a la organización autoconvocada y a la lucha por fuera de las direcciones entregadoras. La defensa de los puestos de trabajo y de los convenios exige una organización independiente de los trabajadores. Plantea la necesidad de asambleas soberanas, comités de lucha y una coordinación obrera independiente para enfrentara reforma en curso y su plan de reestructuración patronal, frente a quienes ya han negociado el cierre y de quienes operan políticamente en el marco de la Reforma Laboral. LEER MÁS: Lam Weston: cierre, despidos y complicidad de la burocracia sindical de la Alimentación Por Carlos Suárez, 12/01/2026.

Luego de haber modificado la Ley para el Personal Militar (Nº 19.101) por medio del DNU 34/2026, Milei firmó el DNU 60/2026 que nombra a cuatro militares como colaboradores inmediatos del ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, tres en actividad y uno retirado. El primer DNU había habilitado a miembros activos de las Fuerzas Armadas a ocupar cargos políticos en el ministerio de Defensa. Desde el 10 de diciembre pasado, transitan los pasillos ministeriales militares en uniforme Desde el ministerio de Defensa señalaron que las modificaciones introducidas están al servicio de una “urgente necesidad operativa” para “cubrir áreas estratégicas con el personal idóneo y con conocimientos técnicos acumulados, al tiempo que busca fortalecer la conducción del sistema de defensa mediante una mayor integración entre personal civil y militar” (Grupo La Provincia 26/1). A su vez el DNU 34 alega que todo funcionario público debe tener permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones. Milei llegó, antes de la designación de Presti, a “dar por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”, en el marco de los 50 años del último golpe de Estado. Uno de los que va a flanquear a Presti en el gabinete es el general de división Jorge Alberto Puebla, quien ocupará el cargo de secretario de Estrategia y Asuntos Militares. Puebla, compañero de promoción de Presti, se formó dentro del arma como Ingeniero y a partir del 2024 tenía bajo su égida la formación de las fuerzas. El general de brigada Carlos Horacio Martín se desempeñará como subsecretario de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa, Tiene como objetivo estratégico la provisión de suministros para las operaciones militares (armas, combustibles y alimentos) y, a su vez, debe garantizar el mantenimiento y el transporte de equipos y materiales. Daniel Enrique Martella, teniente coronel retirado, será parte del gabinete al frente de un cargo clave como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa. Martella tendrá el cometido de reforzar la alianza estratégica con el gobierno de los Estados Unidos; “la Argentina participará el 11 de febrero de una cumbre de altos mandos militares del hemisferio convocada por el presidente Donald Trump. Será enviado a ese encuentro el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare” (La Nación, 29/1). Martella, quien egresó del Colegio Militar en 1984, fue parte de la intervención militar en Timor Oriental liderada por las Naciones Unidas, luego de que el país insular declarara su independencia. En 2013 Agustín Rossi, ministro de Defensa del gobierno de CFK, lo había pasado a retiro. También fueron incluidos en el DNU 60 el coronel Ariel Andrés Mira Peña, que se desempeñará como subsecretario de Gestión Administrativa y el licenciado Guillermo Madero, quien fue oficializado como jefe de la Unidad Gabinete de Asesores del ministro de Defensa. El fin de estos movimientos es el de profundizar la sumisión estratégica en materia de defensa a los EE. UU. La gestión trumpista acaba de dar a conocer su Estrategia de Defensa Nacional , en la que se redefine el concepto de America First (Primero América), para fortalecer un cercamiento hemisférico en América Latina, Canadá y Groenlandia. LEER MÁS: Presti encabeza la transición a un gobierno cívico-militar bajo supervisión norteamericana Reestructuración en la cúpula de las Fuerzas Armadas. Por Lucas Giannetti, 09/12/2025.

Las muertes por una seguillida de choques de trenes en España treparon a 46 personas. El gobierno liderado por Pedro Sánchez ha anunciado que se siguen investigando las causas de los accidentes, en especial el que tuvo lugar entre dos trenes de alta velocidad en Andamuz. El informe preliminar presentado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sugiere que la vía presentaba grietas antes de la catástrofe. Se ha puesto en el centro de la discusión las responsabilidades del gobierno en el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. La oposición en su conjunto (el Partido Popular y el ultraderechista VOX) está pidiendo la renuncia del ministro de Transporte, Óscar Puente. Puente desembarcó en el gobierno en reemplazo del ministro José Luis Ábalos, uno de los grandes protagonistas de la trama de corrupción conocida como “el caso Koldo”. Puente ha afirmado ante el Senado que el sistema ferroviario es “extremadamente seguro, uno de los más seguros de Europa” y que “vamos a intentar mejorarlo”. La oposición ha solicitado una auditoría integral del tejido ferroviario, que el ministro Puente ha rechazado. Afirma que las vías afectadas habían sido remodeladas a nuevas, recientemente; la oposición en cambio denuncia que fueron construidas en 1992 y luego soldadas -una eventual causa del accidente, que Sanchez buscaría esconder-. El ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en España) admitió que el carril afectado no fue inspeccionado en los 58 días previos a la tragedia. Parte de los accidentados denuncian una asistencia tardía. Por el momento, el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios mantiene la convocatoria a un paro los días 9, 10 y 11 de febrero; considera “inadmisible el empeoramiento constante del ferrocarril y la seguridad y fiabilidad de la red". La demora de esta huelga le está dando un tiempo político muy valioso al PSOE. La cabeza de Puente es pedida tambien por aliados de Pedro Sanchez, como el caso de Esquerra Republicana. A pocos días del choque en Adamuz, en Cataluña descarrilaron dos trenes de Rodalies, uno de los cuales chocó frontalmente con una pared derrumbada sobre la vía generando la muerte de uno de los maquinistas y 36 heridos. La red ferroviaria ha quedado prácticamente paralizada desde ese entonces. Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña pidió la renuncia del ministro Puente por “incapacidad manifiesta”. Si bien el ejecutivo español está conformado por la alianza del PSOE y el partido ‘Sumar’, Sanchez debe pactar ley por ley con sus otros aliados en el Congreso. De hecho, Sanchez hace tres años que no posee un Presupuesto general del Estado por falta de acuerdos parlamentarios. Antes de esta tragedia, el PSOE venia de ser acosado por una serie de denuncias por corrupción. El mencionado caso ‘Koldo’ investiga una presunta red de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos y obras públicas. El PSOE mismo está bajo investigación por una posible financiación irregular del partido. La esposa de Sanchez, Begoña Gómez, es investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en la Universidad Complutense de Madrid. Otra investigación apunta al empresario Víctor de Aldama, quien tendría fuertes vínculos con altos cargos del PSOE y del gobierno, por un millonario fraude en el IVA de combustibles, En 2021, se había abierto un mercado para la red ferroviaria de alta velocidad, antes únicamente administrada por la empresa estatal Renfe. Así ingresaron nuevos operadores, incluyendo las “low-cost”, como la empresa francesa Ouigo y la italiana Iryo (uno de los trenes que chocó en Adamuz). Las empresas pagan un canon a la ADIF por el uso de la infraestructura ferroviaria. La competencia originó una reducción promedio de las tarifas de los servicios, lo cual fue celebrado como un ‘éxito del mercado’. Pero impulsó también un mayor uso de las frecuencias de trenes y por lo tanto de la red ferroviaria. Un informe de 2025 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia destacó que la competencia de tres operadores intensificó el uso de la red un 42 % entre 2019 y 2024. Al mismo tiempo, España destinó, en 2024, el 15,8 % de su inversión ferroviaria al mantenimiento de la red, el nivel más bajo desde 2016, según datos de la publicación especializada ‘El periódico de la ingeniería’. Este ‘modelo’ ferroviario español es una expresión brutal de las contradicciones del capitalismo para organizar las funciones sociales más básicas; el conjunto del sistema es ahora cuestionado y se encuentra al borde del colapso. El ‘socialista’ PSOE ha sido su promotor y esto lo coloca en el centro de las responsabilidades de esta tragedia. El carancheo de los derechistas PP y VOX no puede ocultar que el conjunto del arco político español es defensor de la privatización de los trenes y de desviar los fondos para su mantenimiento hacia el capital y la guerra imperialista. LEER MÁS: Choque de trenes y tragedia en España: la desidia capitalista a “máxima velocidad” Por Emiliano Fabris, 24/01/2026.

El año escolar de 2026 se inicia cuando el gobierno liberticida de Javier Milei y el conjunto del régimen político desarrollan una ofensiva política estratégica contra la educación pública y los trabajadores de la educación. El proyecto de ley de “libertad educativa” tiene el propósito explícito de relegar la educación pública a un rol “subsidiario”. Que deroga la obligatoriedad de la educación preprimaria, primaria y secundaria. El estado es eximido de una de sus responsabilidades fundamentales y la ciudadanía de su principal compromiso social. La derogación del derecho del trabajo por la contrarreforma laboral, será acompañada por la liquidación de la educación en cuanto un derecho. La ‘oferta’ educativa pasaría a ser el monopolio de las empresas privadas y de las confesiones clericales. El pase de la escuela pública a las ‘familias’, según lo establecido por el proyecto de “libertad educativa” y la formación de los “Consejos de Padres”, introducen un régimen corporativo y confesional en el sistema constitucional de Argentina. Para Milei y su camarilla la educación pública sería sinónimo de socialismo, cuando ha sido una de las mayores realizaciones del capitalismo liberal en su época de ascenso. Con el mismo criterio, la cloaca social que gobierna en Argentina debería suprimir el matrimonio civil, el laicismo y los derechos ciudadanos. Un gobierno socialista, en realidad, pondría fin a la tutela ideológica de la burocracia civil y militar del estado capitalista, para transferir la educación ciudadana a la gestión democrática de docentes y educadores en general, responsables ante congresos periódicos de trabajadores. Milei, por el contrario, ha anunciado el propósito de restablecer el servicio militar obligatorio, en función de la guerra mundial en desarrollo, y para ello ha designado en funciones de gobierno a militares en actividad . La contrarreforma de la educación forma parte de una militarización del estado . La campaña oficial contra el “adoctrinamiento escolar” disimula el propósito real de someter a la ciudadanía a los preceptos liberticidas . El propósito de “ganar la batalla cultural”, como emprendimiento político desde el estado, demuestra una intención totalitaria. El gobierno liberticida de Milei ha recortado y eliminado las pocas partidas presupuestarias educativas nacionales existentes, como el Incentivo Docente . También ha hecho desaparecer la Paritaria Nacional Docente . El último piso salarial establecido por decreto del ministerio de ‘Capital humano’ ha sido de $500.000 en febrero del 2025 . El presupuesto 2026, aprobado en el Congreso Nacional, elimina la inversión mínima del 6 % del PBI en educación general, la Educación Técnico Profesional y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación . La desaparición de un sistema educativo nacional significa desmantelar las currículas escolares. La educación argentina asiste al mayor proyecto político de desmantelamiento de toda la historia. El inicio del año escolar no enfrenta a la docencia solamente a una cuestión paritaria sino a un desafío de alcance y naturaleza político. El paquete liberticida viene acompañado por el reclamo del FMI de eliminar el régimen previsional docente . Todos los gobernadores y en especial Axel Kicillof apoyan o ‘acompañan’ esta bomba de destrucción masiva. Tenemos el desafío de una lucha política de alcance nacional. Ha sido este gobernador ‘progre’ el primero en plantear los cierres de grados y de cursos y la cesantía de docentes, en el marco de la caída de la escolaridad debido a la pobreza y a la reducción de los índices de natalidad. La liquidación de la educación y de la docencia es un proyecto que une a todos los partidos patronales y a la burocracia sindical. Los docentes hemos respondido en numerosas ocasiones con huelgas autoconvocadas –en provincia de Buenos Aires, en Jujuy, en Tucumán, en Catamarca y en Salta-. El inicio de las clases de 2026 se caracteriza por una confrontación política y estratégica desatada por el gobierno trumpista liberticida. De esta caracterización se concluye que debemos encarar nuestra lucha en términos políticos de conjunto, no parciales y aislados. Esto significa deliberar y preparar una huelga general para derrotar a un gobierno empeñado en la derrota definitiva de la docencia y de la democracia política. Para eso debemos confrontar esta conclusión (la necesidad de una lucha política de conjunto) con los planteos derrotistas de las direcciones sindicales, y derrotarlas en cuanto al método de lucha y el programa. Es necesario preparar, por medio del esclarecimiento y la organización de autoconvocatorias, una huelga general en defensa del conjunto de la educación pública y del trabajo de la docencia. La huelga general esta presente en el país como una tendencia desde abajo. Es lo que mostraron los trabajadores del Hospital Garraham, los obreros metalúrgicos de Siderar, los del puerto de Rosario, de Granja Tres Arroyos, los obreros del aceite y de las fábricas textiles de Catamarca (incluso con ocupación del lugar de trabajo). El balance de los resultados de los paros aislados y discontinuados es, por el contrario, negativo. Como socialistas, luchamos por una educación que atienda a la universalidad del desarrollo del conocimiento humano y a la emancipación del trabajo explotado, en oposición a la tendencia capitalista a convertirlo en herramienta de superexplotación y de guerras imperialistas. Los socialistas no impulsamos ninguna ‘cultura’ especial, porque una cultura no se impone, sino aquella que emerge de la actividad práctica emancipadoras de las masas explotadas. Nuestras reivindicaciones Aumento de emergencia del salario del 100 %. Pasaje del no remunerativo al básico. Por un salario mínimo por cargo de $2.500.000, el valor de una canasta familiar y el 82 % móvil. Por una paritaria nacional única con un pliego de reivindicaciones decidido por la base. Paritarios electos. Por una dirección revolucionaria de los sindicatos. Por un sindicato único nacional del conjunto de la docencia de escuelas y colegios sin excepción. La huelga es una atribución de la clase obrera en lucha. No al vaciamiento de las obras sociales docentes. Que el Estado disponga un fondo de emergencia para reponer integralmente las prestaciones, bajo control de trabajadores y jubilados docentes electos. Plan de obras de infraestructura escolar. Otorgamiento masivo de becas educativas en base a padrones elaborados por los sindicatos. Eliminación completa de los subsidios a las escuelas privadas, estatización de las escuelas cuyos salarios sean pagados por el Estado. Por una escuela única, laica, gratuita y políticamente democrática. Por una guerra internacional de la clase obrera contra la guerra y los gobiernos imperialistas. Por un gobierno de trabajadores. Mesa Nacional de la Tendencia Docente Clasista