Diciembre de 2025

Las elecciones del 28 de noviembre en ATECa se desarrollaron bajo un manto de irregularidades, proscripción y maniobras destinadas a impedir la participación democrática de cientos de docentes afiliados. Con un padrón aproximado de 4.100 trabajadores, la Junta Electoral declaró oficialmente una participación de apenas 1.536 votantes, lo que confirma que más del 60% de la docencia decidió no convalidar un proceso completamente viciado. Aun así, el aparato sindical declaró que el 93% de esos votos fueron para la lista oficialista y apenas un 7% votos en blanco. Este resultado revela la profundidad del repudio contra una conducción que se reelige sola y no representa a nadie más que a sí misma y a los intereses del gobierno provincial. Las condiciones que llevaron a este escenario no son un accidente ni un episodio aislado, sino el resultado de una política deliberada de la conducción Celeste-Violeta y del gobierno por desactivar el proceso de organización independiente que la docencia construyó durante este año. Un punto central de este operativo fue la adulteración del Estatuto de ATECa, modificada “entre gallos y medianoche”, endureciendo los requisitos para la presentación de listas opositoras, pero flexibilizando la inclusión de trabajadores retirados en la Comisión Directiva para asegurar la continuidad de sus principales dirigentes. Esto no solo revela que buena parte de la burocracia ya pertenece al sector pasivo, sino que busca perpetuarse más allá de su ciclo laboral, cerrando filas y clausurar cualquier posibilidad de recambio. La proscripción de la Lista Magenta Verde se inscribe en ese cuadro. Pese a cumplir con todos los requisitos, la Junta Electoral actuó con mala fe y aplicó criterios discrecionales para rechazar la participación de más de 300 docentes que conformaron la única lista opositora provincial. Ante ese atropello, la Lista interpuso un amparo sindical, hoy contenido en la Cámara Federal de Tucumán. Sin embargo, la dilación en el seno del Poder Judicial provocó que, llegada la fecha del acto electoral, la medida cautelar aún no había sido resuelta. Este proceso electoral debe leerse a la luz de un año excepcional en la movilización docente. La irrupción masiva del 24 de mayo, que paralizó la provincia y obligó al gobierno a retroceder, expresó la indignación y el hartazgo frente al deterioro de las condiciones laborales, del salario de pobreza, y la voluntad de un sector creciente de trabajadores de actuar por fuera de las estructuras burocráticas. Esa jornada abrió un ciclo de autoconvocatorias, coordinaciones y movilización genuina que puso en jaque al gobierno y a la dirigencia sindical. Por eso, las elecciones de ATECa no pueden analizarse como un hecho aislado, sino como parte del intento sistemático de desactivar esa fuerza docente y de las autoconvocatorias en general. En ese marco, la sola conformación de la Lista Magenta Verde fue un paso estratégico para la estructuración de una vanguardia docente organizada a escala provincial. La tarea de reunir más de 300 afiliados en todo el territorio, coordinar escuelas y departamentos, y presentar una alternativa real a la conducción burocrática del sindicato representó, ya en sí misma, una conquista política. La formación de la lista Magenta Verde consistió en una labor fundamental que incluyó el debate por un programa de recuperación sindical, reorganización democrática y lucha por salario y defensa de conquistas históricas. Que esa alternativa haya sido proscripta es una derrota circunstancial, pero confirma que la burocracia percibe como una amenaza el avance de la docencia movilizada. Por esa razón recurrió a todo tipo de maniobras. El resultado del comicio, presentado como un triunfo del oficialismo, se sostiene únicamente sobre la base de la manipulación estructural del proceso. El 60% de abstención expresa un repudio directo a la conducción y a su complicidad con las políticas del gobierno: salarios miserables, falta de paritarias reales, jornadas laborales extendidas, reformas educativas regresivas y un ajuste que golpea a cada escuela de la provincia. Todo esto ocurre mientras el gobierno impone la implementación de la jornada completa sin infraestructura y sin salario, una medida que solo se explica por la política de desmantelamiento y la precarización del trabajo docente. El fraude consumado en estas elecciones muestra el vínculo estratégico entre el gobierno y la burocracia sindical para disciplinar a la docencia y avanzar en la aplicación de sus planes de ajuste educativo y laboral. Pero también deja una conclusión política fundamental: la docencia autoconvocada y movilizada tiene la fuerza y la capacidad de avanzar en la defensa de sus interesas y la recuperación de sus herramientas históricas. La abstención masiva y el voto en blanco, aunque no hayan podido ser fiscalizados, son un mensaje claro: la conducción no tiene legitimidad y el proceso electoral careció de todo sustento democrático. Asimismo, el desarrollo del acto electoral estuvo marcado por amenazas y hostigamientos de la conducción Celeste Violeta contra afiliados que exigían transparencia, particularmente contra docentes de la Lista Magenta Verde, quienes fueron blanco directo del aparato burocrático. A ello se suma una irregularidad flagrante: en numerosas mesas, los propios referentes de la lista oficialista actuaron como autoridades de mesa, una incompatibilidad absoluta que viola cualquier estándar democrático y constituye motivo suficiente de impugnación. Diversos docentes que pudieron observar parcialmente el proceso constataron que en seccionales con alrededor de 400 afiliados apenas votaron unas 30 personas, mientras los registros eran manipulados y ocultados deliberadamente a quienes reclamaban verlos, reforzando la sospecha generalizada de fraude y manipulación de la voluntad de la docencia La batalla judicial continuará, pero la lucha principal seguirá estando en las escuelas, en las asambleas y en la organización autoconvocada. Frente a un gobierno que profundiza el ajuste y a una burocracia que actúa como su garante, la única salida es fortalecer la organización independiente, la coordinación y la lucha unificada en toda la provincia. Lo que aconteció este año no se ha clausurado. La docencia catamarqueña ya demostró que puede irrumpir y torcer el brazo del poder. Lo volverá a hacer. LEER MÁS: Catamarca: la lucha de la Lista Magenta-Verde contra la proscripción en ATECa Por Bruno Corzo, 14/09/2025.

El viernes 28 varios docentes de la EP 32 de José C Paz fueron salvajemente golpeados y agredidos mientras realizaban una jornada recreativa con los estudiantes de la escuela en el predio Natalio Salvatori. Ante está situación, las conducciones distritales de los gremios del FUDB han convocado a un paro distrital y a concentrarse en la plaza Manuel Belgrano a las 10hs. el martes 2. No se trata de un hecho aislado sino la consolidación de una situación que se viene replicando en el distrito. Entre otros, han ocurrido graves hechos de violencia en la EP 21, EES 13, EES28, EEES14. Incluso en el mes de agosto ya se realizó un paro distrital. Además, esto se replica en el conjunto de la provincia, dado que en las últimas semanas han sucedido episodios de violencia contra la docencia también en Mar del Plata, San Martín y otros distritos. Pero también entre las propias comunidades escolares, entre alumnos y familiares entre sí. Se han producido movilizaciones masivas de la docencia en repudio a estos hechos. Las situaciones de violencia responden al avance de la crisis social, que va descomponiendo el tejido social, empezando por la propia familia y terminan de explotar en las escuelas de la provincia de Buenos Aires y en todo el país. El avance del narcotráfico en los barrios, la falta de trabajo y la falta de una perspectiva para la juventud son el contexto de todos estos episodios. La situación laboral de la docencia es absolutamente precaria. Sueldos miserables que obligan al pluriempleo, aulas sin la infraestructura adecuada, falta de personal y equipos de orientación escolar, falta de recursos didácticos, y un servicio local que debe atender situaciones de urgencia que no existe en los distritos, es evidente que la docencia queda desprotegida ante semejantes situaciones de conflicto. Cuando se producen estos hechos, las inspectoras inmediatamente ponen en el banquillo de los acusados al mismo docente agredido. El Estado, nacional y provincial, lejos de atender esta situación inyectando el presupuesto necesario, priorizan el pago de la deuda a los especuladores financieros. Kicillof viene de aprobar un presupuesto que recorta el gasto en educación, salud y gastos sociales. Los sindicatos empezando por el FUDB (Frente de Unidad Docente Bonaerense) son corresponsables de toda esta situación que arrastramos hace décadas. Han permitido el retroceso de las condiciones laborales y salariales de la docencia. Los paros aislados que se han convocado en los distritos donde ocurren los episodios se realizan para “descomprimir” la bronca de la docencia y para evitar extender el movimiento a toda la provincia de Buenos Aires. El famoso “protocolo” que se aprobó hace algunos años nunca se aplica. Nuestra corriente propone impulsar un movimiento autoconvocado en toda la provincia de Buenos Aires para organizar una huelga provincial de 24 hs. de advertencia, y de no obtener respuestas iniciar un paro por tiempo indeterminado, por el siguiente programa de reivindicaciones inmediatas: Medidas de resguardo y protección para la docencia. Cobertura integral de la ART. Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar por un cargo. Por un tope máximo de 20 alumnos por curso. Nombramiento de todos los cargos faltantes (equipos directivos, preceptores, docentes, EOE, etc). Presupuesto bajo control de la docencia para infraestructura escolar. Conformación de equipos de especialistas por distrito para atender situaciones de vulnerabilidad. LEER MÁS: Contribución para la crítica de la violencia escolar Por Andrés Soko, 14/11/2025. La violencia del capital en el espacio escolar Por Andrés Soko, 12/04/2025. La violencia escolar y la violencia política Por Ceferino Cruz, 08/04/2025.

Hace dos semanas, en estas páginas, dimos cuenta de la realización de una asamblea de unos 50 vecinos en la puerta del Hospital Ezeiza . A las quejas de los pacientes por deficiencias en la atención (turnos largos, largas esperas en la guardia, falta de medicamentos, falta y/o rotura de equipamiento, especialidades no cubiertas, etc.) se sumaron los problemas internos de quienes trabajan en el hospital (pocos recursos humanos, salarios que han perdido valor respecto a la inflación, falta de nombramientos, atraso en los pagos a “becados”, malos tratos de parte de la Dirección que han llevado a renuncias de profesionales, etc.). Se había resuelto darle una continuidad con relevamiento a los pacientes, petitorio, difusión y nuevas asambleas. La respuesta fue inmediata de parte de la Dirección del Hospital presidida por la Dra. María Junes, puesta en ese lugar por la Fundación Eurnekian en acuerdo con el Ejecutivo municipal (no participaron de la elección de la misma los médicos del Hospital): se sancionó a dos médicos -al Dr. Murias no se le dejó cubrir la guardia de pediatría del día asignado, y al Dr. Pirolo se le allanó, con la policía y sin previo aviso, la oficina de la jefatura de Neurocirugía, para retirar un aparato de la especialidad que estaba bajo su resguardo. Inmediatamente se llamó a una conferencia de prensa, a la cual se acercaron decenas de vecinos; la Dirección del Hospital nos recibió con un nutrido grupo de policías, incluso de fuerzas especiales. Otro hecho relevante ha sido la realización de jornadas científicas, con la presencia de la presidenta del Concejo Deliberante Dulce Granados, el secretario de Salud municipal, un médico enviado por el Ministro de Salud provincial Nicolás Kreplak, la presidenta de la cooperadora del Hospital y de la Fundación Eurnekian, Patricia Eurnekian. Puede decirse que los concurrentes se congregaron en apoyo a la gestión de la Dra. Junes. La difusión no mencionó que se haya tratado el tema del tomógrafo y el resonador rotos, por los cuales los pacientes son derivados a instituciones privadas donde deben abonar $300.000 una tomografía. Así y todo, el viernes 28 se realizó la tercera asamblea de vecinos, siempre con un contingente policial en el ingreso. Esta vez sin la presencia de médicos (por las represalias mencionadas), pero sí de algunos medios de prensa. Después de un intercambio de posturas se resolvió completar el petitorio y trabajarlo en los barrios y en la puerta del hospital, continuar el relevamiento sobre la atención del hospital, charlas en los barrios para que se difunda lo que está pasando, apoyar la lucha del Garrahan y en lo posible sumarse a sus acciones, brindar todo el apoyo a los médicos y personal del Hospital Eurnekian, y, por último, se llama a una nueva asamblea para el viernes 12 de diciembre.

La provincia de Buenos Aires atraviesa un cuadro de quiebra financiera que se ha puesto de manifiesto a partir de la sanción del presupuesto provincial de 2026 y, por, sobre todo, de las frenéticas negociaciones para aprobar una Ley de Financiamiento y habilitar un nuevo endeudamiento financiero. El presupuesto aprobado supone gastos totales por unos $43 billones, mientras que los recursos totales alcanzan los $41,5 billones –de ahí la necesidad perentoria de poder acceder a financiamiento externo. Se establece la declaración de la emergencia económica en toda la provincia hasta el 31 de diciembre de 2026 y prorrogable por un año. Los fundamentos de la ley plantean que la situación deficitaria “es causada por la profunda recesión y el incumplimiento, mora y/o detracción por parte del Estado Nacional de las transferencias automáticas y no automáticas que corresponden a la provincia”. No señala, sin embargo, los subsidios y exenciones impositivas al gran capital, ni el congelamiento de los valores del impuesto inmobiliario al capital agrario. El establecimiento de una alícuota del 9% a la renta que las entidades financieras obtengan por la compra de títulos públicos emitidos por la Nación, significa un aumento de recursos del 20,2% y del 17,7% de los gastos totales. Se empeorará la ruinosa infraestructura urbana, los salarios y la educación y salud pública. No está previsto gasto alguno para la reactivación del Astillero Rio Santiago . Kicillof se apresta a gobernar mediante un fuerte ajuste de los gastos sociales, reforzando la subvención impositiva a las grandes riquezas. Los legisladores ‘libertarios’ y los resabios del PRO han votado en contra del proyecto y denunciado los ‘impuestos que asfixian a los bonaerenses’. El FITU denunció que se trata de un ‘presupuesto de ajuste’. El acuerdo mayoritario para aprobar el presupuesto reunió a todas las facciones del peronismo; Kicillof tuvo que condonar deudas de los municipios provenientes de la pandemia. Sin embargo, no sucedió lo mismo con la solicitud de endeudamiento - US$ 3.035 millones que exige los dos tercios de los votos . El punto fundamental de discordia es cómo se repartirán los ingresos del endeudamiento. Mayra Mendoza, la intendenta camporista de Quilmes, encabeza una campaña que denuncia a Kicillof por asfixia presupuestaria del municipio. En cualquier caso, los US$ 3.035 millones estarán destinados mayoritariamente a pagar intereses y representan solo el 30% del total de la deuda externa actual de la provincia que pegó un salto enorme durante el gobierno de Vidal y continuó siendo ‘honrada’ luego por Kicillof . El otro punto del ‘toma y daca’ establecido para conseguir la autorización para contraer deuda, son las bancas en el directorio del Banco Provincia ($ 80 millones de sueldo por mes). Según Clarín, solo luego de aprobarse estos pliegos que requiere la modificación de la Carta Orgánica del Banco, vendrían los votos para el endeudamiento. Antes de esto, Kicillof ya había tenido que ceder asientos en organismos de control, en el Consejo de Educación y en el Tribunal Fiscal de la Provincia. En medio de estas negociaciones, voceros de Kicillof deslizaron que “podría tener dificultades para pagar aguinaldos de los 550.000 empleados públicos que tiene la provincia”. Esta extorsión fue recibida por parte de los Baradel con una campaña en apoyo al gobernador . Cuando se votó el presupuesto provincial, una nutrida columna de docentes principalmente de La Plata, Ensenada y Berisso convocados por la Multicolor, se movilizó para rechazar los ajustes salariales y educativos.

Donald Trump ha advertido que el espacio aéreo sobre y cerca de Venezuela debe considerarse “completamente cerrado”, aumentando la amenaza sobre el país sudamericano. Esto se suma al fuerte despliegue militar del Comando Sur, al ataque a las barcazas —con un saldo de más de 80 víctimas fatales en el Caribe— y al anuncio de una inminente intervención terrestre, que Trump reiteró el pasado jueves al afirmar que comenzaría a perseguir a los narcotraficantes por tierra, utilizando un lenguaje calcado del que empleó Bush padre previo a la invasión a Panamá en 1989. A la vez, el Comando Sur lleva a cabo maniobras militares con Trinidad y Tobago y Panamá, reactiva la base en Puerto Rico, y República Dominicana cede al Pentágono el uso del aeropuerto internacional de Santo Domingo. El anuncio del “cierre” del espacio aéreo, además de escalar la amenaza, provoca un grave perjuicio al país. Seis aerolíneas -entre ellas Iberia, TAP y Turkish Airlines- ya habían suspendido sus vuelos a Venezuela durante esta semana por la amenaza estadounidense, que primero se presentó de manera solapada como una advertencia de seguridad y ahora es una amenaza explícita de Trump. El gobierno de Nicolás Maduro respondió con la revocación de sus licencias para operar en Venezuela. El argumento de Maduro es que las compañías no han suspendido los vuelos hacia los países limítrofes que comparten el espacio aéreo con Venezuela. Los aeropuertos, este fin de semana, continuaron operando, principalmente con líneas locales. Incluso siguieron llegando vuelos desde los “aliados” de Estados Unidos, como Trinidad y Tobago y Panamá, aunque con retrasos. Maduro ha declarado el estado de alerta para la Fuerza Aérea del país y denunció que tales afirmaciones “representan una amenaza explícita de uso de fuerza, prohibida de forma clara e inequívoca” por la Carta de las Naciones Unidas. Estas amenazas de Trump se dan al mismo tiempo que el New York Times revelara una conversación telefónica que el fascista tuvo con Maduro la semana previa, acompañado por Marco Rubio —el principal promotor de una invasión a Venezuela. El NYT ya había publicado los generosos ofrecimientos de riquezas minerales de Maduro, que fueron rechazados por Trump porque ninguno incluía su dimisión como presidente. En el Miami Herald se revelaron las propuestas de Delcy Rodríguez —vicepresidenta de Venezuela— a Estados Unidos a través de la mediación de Qatar, en las que ofrecía la dimisión de Maduro y un gobierno de transición encabezado por la vicepresidenta. Estas propuestas habían sido rechazadas por Trump en abril. Trump busca un cambio de régimen, La verborragia belicosa también le sirve para sus planes fascistas hacia dentro de Estados Unidos, a pesar de que esto genera tensiones con su base MAGA, a la que le había prometido dejar de gastar el presupuesto en guerras “inútiles”. Las presiones para impulsar un ataque militar a Venezuela se multiplican. A tono con María Corina Machado, la jefa de la oposición ‘mileísta’ en Venezuela, el diputado Armando Armas, desde el exilio, planteó que la única salida es una invasión estadounidense, para impulsar cambios de régimen también en Cuba y Nicaragua. Para Elliott Abrams, quien se desempeñó como representante especial para Venezuela durante la primera administración de Trump, “ya pasó el punto de no retorno: el juego está en marcha, y o gana él o gana Maduro”. Abrams escribió que “no sería prudente ni necesario desplegar fuerzas terrestres en Venezuela”, pero derribar a Maduro “requerirá atacar algo más que lanchas narcotraficantes en aguas internacionales”. Por ello propone que el Pentágono amplíe su “lista de objetivos” y destruya “los sistemas de defensa aérea de Venezuela, los aviones F-16 en la base aérea de Palo Negro y los jets Sukhoi en la base aérea ubicada en La Orchila, una isla a unos 160 kilómetros de la costa”. También deberían atacar “las bases en el occidente venezolano usadas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, la guerrilla colombiana a la que se adjudica la condición de aliada de Maduro. Según análisis publicados por la revista Estrategia, el Pentágono evalúa reclutar migrantes —particularmente venezolanos— bajo la promesa de regularizar su estatus migratorio a cambio de servir en operaciones de “seguridad hemisférica”. Hay antecedentes: la CIA armó ejércitos irregulares con migrantes y refugiados en Afganistán, Irak y Siria. La diáspora venezolana, según la ONU, es de más de siete millones de personas desde 2014. La región Sin embargo, la ofensiva no se limita a Venezuela . En México, la presidenta Claudia Sheinbaum denuncia la intromisión directa de Estados Unidos en la política interna, mediante financiamiento a sectores opositores, operaciones mediáticas masivas —las convocatorias a las movilizaciones contra el gobierno fueron impulsadas por ocho millones de bots— y el uso del narcotráfico como herramienta para justificar intervenciones en materia de seguridad, mientras su policía y su ejército realizan tareas conjuntas con las fuerzas estadounidenses en territorio mexicano. En Honduras, Trump ha amenazado con cortar el financiamiento si gana la oficialista Rixi Moncada y no el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, como finalmente ha ocurrido, en las elecciones presidenciales del pasado fin de semana. Sin miedo a la alevosía, Trump anunció un inminente indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado el año pasado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico. Hernández está acusado de usar el aparato del Estado para traficar cocaína hacia Estados Unidos y de recibir un millón de dólares del Chapo Guzmán. Lo mismo ha intentado con Bolsonaro en Brasil y ahora con Netanyahu en Israel, incluso antes de que le dicten la condena. Trump es un amnistiador de criminales Colombia es uno de los países blanco de los ataques de Trump, donde hay una presencia activa de más de 20 grupos armados ilegales, según la ONU. La advertencia del presidente Gustavo Petro de que Colombia no será plataforma de ataques contra Venezuela, ha provocado la cancelación de visas a todo su gabinete por parte de Washington y la suspensión de ayuda militar. Mientras tanto, la Armada argentina avanza en un nuevo proceso de modernización tecnológica para sus destructores y corbetas clase MEKO 360 y MEKO 140; los pilotos argentinos ya están recibiendo entrenamiento en Estados Unidos y en Dinamarca; y la Casa Rosada continúa evaluando el momento oportuno para sumarse al operativo de Estados Unidos en el Caribe, ponderando la necesidad de una capacitación previa. La Argentina inmersa en la guerra mundial: la letra chica del acuerdo Milei–Trump . LEER MÁS: La aviación de Trump sobrevuela Venezuela La fase 2 del operativo “Lanza del Sur”. Por Aldana González, 25/11/2025.

Las elecciones presidenciales en Honduras han configurado un escenario de disputa internacional y una crisis política en uno de los países más pobres de América Central. El país, con un padrón de 6,5 millones de personas, fue convocado a las urnas el domingo 30 de noviembre para elegir al futuro presidente, 128 legisladores nacionales y 298 alcaldes (intendentes) por los próximos cuatro años. La elección a vuelta única -sin balotaje- enfrentaba a tres candidatos principales: Nasry Asfura, del derechista Partido Nacional (PN); el saltimbanqui Salvador Nasralla, que asistió como candidato del Partido Liberal (PL); y la candidata del oficialista Partido Libre, Rixi Moncada. En las elecciones presidenciales del 2021, la actual presidenta Xiomara Castro, esposa del derrocado Manuel Zelaya en 2009, había derrotado a Asfura con el apoyo y la integración de Nasralla en su lista como primer designado presidencial –suerte de vicepresidente y sucesor presidencial directo. En los medios de comunicación se habla de una asistencia electoral histórica, cercana a los 2,8 millones de votantes. El escrutinio se encuentra demorado, aunque todavía dentro de los plazos legales otorgados al Consejo Nacional Electoral (CNE) para emitir los resultados. En la última actualización disponible, con el 56% de las actas escrutadas, el candidato Asfura alcanzaba el 40% de los votos, seguido de cerca por Nasralla con el 39,8% –una diferencia de 5.000 votos. Todas las encuestas anunciaron un resultado cerrado y peleado entre los tres principales candidatos, pero finalmente Moncada aparecía relegada al tercer puesto con un 19,5%, muy lejos. A pesar de esto, los tres candidatos aprovecharon la noche del domingo para declararse vencedores. Nasralla, por su parte, se ha declarado “ganador proyectado” a través de su cuenta de X. Asegura que falta contabilizar el departamento de Cortés, el más poblado del país, donde habría obtenido un buen resultado según él mismo. La campaña electoral estuvo plagada de ataques a Castro y Zelaya, en la línea trumpista, por parte de Asfura y Nasralla. La “lucha contra el narcocomunismo” fue una constante en la agitación política, secundada por Donald Trump, así como por sus lamebotas latinoamericanos, encabezados por Javier Milei. Nasralla, quién se declaró seguidor de Trump, fue acusado por el magnate de ser “un casi comunista” al que jamás daría su apoyo electoral y optó por el activo tradicional de la derecha hondureña: el Partido Nacional. El historial del PN está plagado de seguidismo al imperialismo yanqui y sumisión a toda su política de control de fronteras, es decir, la represión a las caravanas humanitarias que atravesaban a pie las fronteras de todo el América Central hasta Estados Unidos. El PN fue el partido que garantizó el golpe de Estado contra Zelaya en 2009 junto con una fracción de las Fuerzas Armadas y, desde entonces, había gobernado el país bajo el auspicio de todos los presidentes norteamericanos: dos mandatos de Barack Obama, el primer mandato Trump y el del demócrata Joe Biden. El presidente hondureño entre 2013 y 2021, Juan Orlando Hernández (JOH), fue definido como un “aliado” y “socio central” por todos estos presidentes, haciendo hincapié en su lucha contra el narcotráfico. El gobierno de JOH fue odiado por las masas hondureñas, que enarbolaron desde el fraude electoral de 2017 permanentemente la consigna “Fuera JOH”. Esta consigna era coreada en las caravanas de migrantes que buscaban escapar de un país sumido en la pobreza y la violencia callejera. La derrota del PN ante Castro en 2021 fue la sentencia personal y política de JOH, extraditado en 2022 y juzgado en Manhattan por múltiples casos de corrupción e integración al narcotráfico en una investigación que comenzó en 2018 ante la detención en Miami de su hermano “Tony” Hernández. La misma se extiende hasta 2024 y fue promovida por diversos agentes federales y judiciales ligados a Donald Trump que concluyeron que la pena debía ser ejemplar y le otorgaron 45 años de prisión efectiva, sin derecho a fianza. A contramano de esta investigación, Trump aseguró en una entrevista al New York Times que JOH había sufrido “persecución política” y que “le dieron 45 años porque era el presidente del país; esto se le podría hacer a cualquier presidente” como justificativo del indulto que todavía no se ha hecho oficial. Esto fue visto como un espaldarazo al candidato del PN, que ya contaba con el abierto apoyo norteamericano. Los medios norteamericanos han señalado que esta decisión de Trump es incompatible con su discurso antinarco y han destacado la intensa colaboración de Castro con los Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas, además de contraponer este indulto a la militarización del Caribe y el cierre del espacio marítimo y aéreo de Venezuela . En definitiva, el apoyo a Asfura está enteramente ligado al aislamiento político en el continente de Venezuela, Colombia y Cuba – en su declarada tentativa de un cambio de régimen en todos esos países . El gobierno de Castro no se encuentra muy abierto a una derrota electoral, según trascendidos de la prensa. En una filtración publicada por el diario El Heraldo, el general Roosvelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, aconsejó a sus hombres que no intervinieran en el caso de que los colectivos de Libre (militantes del oficialismo) atacaran los centros electorales. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha declarado su temor por la independencia del proceso electoral. El historial de la OEA en estos casos siempre está sesgado en favor de los intereses del imperialismo en el continente, pero deja una advertencia sobre la creciente polarización social que se vive en el país y la preocupación por una escalada de las tensiones internas, es decir, un escenario de guerra civil. En las colas de votación, que han reflejado de manera más o menos interesada los medios internacionales, se manifestaba una necesidad de cambio político profundo. El 60% de la población vive en la pobreza, mientras que la inflación anual del 5% sigue generando problemas crecientes a las familias trabajadoras para alimentarse. El mayor ingreso fiscal del país (27% del PBI) son las remesas que envían desde Estados Unidos entre 1,5 y 2 millones de hondureños a sus familias. El aluvión electoral, muy superior a las primarias, demuestra una insatisfacción popular, además de una preocupación real ante los dichos del presidente norteamericano sobre el recorte de toda ayuda humanitaria si el candidato Asfura no es electo presidente. El desenlace electoral será un peldaño más en el desarrollo de una crisis política que anticipa fuertes choques políticos y sociales.

A pocas horas de la jura de los nuevos diputados y de la conformación de las autoridades de la Cámara, el gobierno de Milei se encuentra cerca de arrebatarle la primera minoría al kirchnerismo. En el actual conteo en Diputados, los liberticidas han sumado 92 bancas frente a las 94 que todavía detentan quienes siguen “Unidos por la Patria”. Ese número del gobierno supera a los que cosechó como resultado de las elecciones de octubre. La diferencia se conforma principalmente con los emigrados del radicalismo y del PRO, que han quedado reducidos a la mínima expresión. Ahora, las expectativas de LLA pasa por recortar bancas al peronismo. Cuatro diputados del gobernador catamarqueño Jalil podrían abandonar la UP y pasarse, si no al gobierno, sí a un interbloque “intermedio” que constituyó el gobernador salteño Sáenz. Aquí revistan los tucumanos y misioneros de Jaldo y Passalaqua, junto a los mileistas emigrados del MID y los de Marcela Pagano. De este modo, Sáenz le presta un servicio invalorable a Milei al sustraerle diputados a los K. Detrás de este apoyo a Milei, están los intereses mineros. La moneda de cambio para que Jalil y sus diputados abandonen a la UP es devolverle al gobernador el control del YMAD, la empresa que lucra con las concesiones mineras privadas a cuenta del Estado catamarqueño y de la Universidad de Tucumán. Las autoridades de la UNT soportan un juicio por malversación de los fondos del YMAD – es probable que el pacto del Congreso contemple también garantías de impunidad en este plano. Naturalmente, los acuerdos de Diputados tendrán su repercusión en el Senado: Milei se ha asegurado 20 bancas propias, incluyendo a la sospechada narcotraficante Lorena Villaverde. Pero el peronismo se ha desangrado: un “bloque de gobernadores” está negociando el apoyo a las iniciativas libertarias a cambio de prebendas presupuestarias y del aval para endeudarse. Flojo de papeles El gobierno conseguiría un dominio del Congreso que supera significativamente al que hubiera resultado de los cómputos electorales. “Se está violando la soberanía popular”, brama un diputado kirchnerista, como si los contubernios y cooptaciones no se hubieran repetido bajo todos los regímenes y partidos en presencia, y en especial bajo los K. Los cooptados, sin embargo, se han subido al carro de un gobierno ultrahipotecado . Milei y Caputo llegan a fin de año sin haber firmado los papeles de nuevos préstamos con los bancos internacionales para pagar los vencimientos de deuda del año que viene, mientras vacía al Banco Central de sus escasas reservas. El “megapréstamo” de bancos privados anunciado durante la campaña electoral ha desaparecido en apariencia . El “swap” de Bessent y Trump todavía tiene que pasar la prueba, pues el propio Bessent le negó al gobierno argentino los avales que reclamaba la banca privada para refinanciar los vencimientos de deuda. En esas condiciones, Caputo y Milei dependen de créditos de monto menor y alto costo (REPO), que levantan una hipoteca explosiva . Los cierres de grandes empresas han agudizado la crisis industrial y movido el tablero de sus capitanes. Domingo Cavallo ha vuelto a la calle para urgir una liberación del mercado cambios (la devaluación) . Los gobernadores apuestan a resolver sus crisis presupuestarias sobre la base de un mayor endeudamiento. En este club que aboga por la “baja del riesgo país”, ocupa un lugar privilegiado el ´renovado´ Axel Kicillof , que está enredado en una pelea con La Cámpora y CFK, para conseguir que voten un endeudamiento de 3.000 millones de dólares para la Provincia. Esto ha dado lugar a una siniestra repartija de puestos en el poderoso Bapro, a cambio de los votos. Milei está trabajando en la composición de una nueva Corte –algo que también se dirimirá en negociaciones. Un alfil del sionismo, el abogado Miguel Licht, se ha anotado en la partida. Milei termina su segundo año del mismo modo que Macri lo hizo en 2017: celebrando una elección victoriosa y anunciando que redoblará su plan de guerra contra los trabajadores . A Macri, un soplo del mercado financiero internacional bastó para patearle el rancho e iniciar una declinación imparable. Las condiciones que Milei enfrenta hoy son significativamente más precarias: los observadores advierten del estallido de una nueva burbuja global, que anticipa en estas horas el derrumbe del criptomercado. En el plano interno, el impasse del régimen financiero de Milei-Caputo es evidente . Con ese telón de fondo, el súbito reforzamiento del gobierno libertario no hará sino potenciar el estallido de sus contradicciones.

El atentado contra dos soldados de la Guardia Nacional a escasos metros de la Casa Blanca, en Washington DC, el pasado 26 de noviembre -presuntamente a manos de un refugiado afgano- ha sido tomado por Donald Trump como excusa para relanzar la militarización en la capital estadounidense. El ataque contra los soldados provocó la muerte de Sarah Beckstrom e hirió de gravedad a Andrew Wolfe, ambos miembros de la Guardia Nacional de West Virginia. El despliegue de la Guardia Nacional, en DC y en diferentes ciudades dominadas por los Demócratas, ha sido cuestionada por distintos fallos judiciales y fue motivo de grandes protestas. En el caso de Washington DC, una jueza ya había ordenado retirar las tropas, aunque había dado un plazo hasta el 11 de diciembre para apelar. Tras la muerte de Beckstrom, Trump reforzó, sin embargo, su retórica “antiterrorista” y desplegó 500 soldados más en la Capital. El atacante presunto es un afgano refugiado desde 2021, que colaboró con la CIA en la guerra contra los talibanes en una unidad que es conocida por las violaciones a los derechos humanos, considerada un “escuadrón de la muerte”. Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, fue reclutado por la CIA cuando tenía 15, a pesar de sus antecedentes de estrés postraumático y otros problemas mentales. Lakanwal recorrió más de 4.000 kilómetros en automóvil, durante 40 horas, para llegar a la Capital. Había obtenido el asilo hace unos meses, bajo el gobierno del propio Trump, que sin embargo responsabiliza al gobierno anterior de Biden por su ingreso al país. El presidente ha redoblado la retórica fascista contra los inmigrantes, afirmando que revisaría la situación de todos los afganos ingresados desde 2021, para luego asegurar que no ingresaría ningún inmigrante más proveniente del “tercer mundo”. El “Proyecto 2025” de la “Fundación Heritage” (ultra derecha) -que sirve de inspiración al gobierno trumpista- preveía ya el despliegue de la Guardia Nacional, sobre todo en la frontera sur, como parte de la guerra contra los inmigrantes y en apoyo al ICE (policía migratoria). El uso de la Guardia Nacional proveniente de los estados republicanos en las ciudades y estados demócratas había sido ya planteado en 2023 por el actual subjefe del gabinete, el fascista Stephen Miller, para quebrar a las ciudades y estados “santuarios” (que no colaboran con la persecución de los inmigrantes sin papeles). El cierre de la frontera a los inmigrantes no-blancos (mientras se pretende acoger masivamente por ejemplo a los blancos de Sudáfrica) se inscribe en la teoría racista del “gran reemplazo”, que asegura que los blancos están siendo sustituidos por otras razas para diluir su peso y poder. Trump ya había limitado en una orden ejecutiva el ingreso de personas provenientes de 19 países. “Pausaré permanentemente la migración desde todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”, escribió el 27 de noviembre. Crisis política en el ejército El atentado en la Capital se produce cuando estalla una crisis al interior del ejército y los servicios de seguridad. Obedece tanto al uso del ejército para la represión interior como en cuanto a las ejecuciones sumarias realizadas en el mar Caribe, contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico. El 18 de noviembre, seis congresistas demócratas (dos senadores y cuatro representantes) -todos ellos veteranos del ejército o de los servicios de inteligencia- emitieron un video exhortando a los integrantes del ejército estadounidense a rechazar cualquier orden ilegal del gobierno de Trump. Denuncian que “está enfrentando a nuestros militares uniformados y profesionales de la comunidad de inteligencia contra los ciudadanos estadounidenses”; “las amenazas a nuestra Constitución no solo provienen del extranjero, sino también de aquí mismo”, afirman. El video convoca a la “desobediencia debida”, como la ha calificado el general Balza en el diario Perfil: “Nuestras leyes son claras. (…) Debes rechazar órdenes ilegales. Nadie tiene la obligación de cumplir órdenes que violen la ley o nuestra Constitución”. El despliegue del ejército en varias de las principales ciudades -que Trump ha prometido continuar hacia prácticamente todas las grandes metrópolis estadounidenses- apunta a reforzar las redadas fascistas del ICE (migración) y también a reprimir cualquier protesta, como ya se demostró frente a las revueltas en Los Ángeles. Los seis legisladores se valieron de sus fueros para actuar de virtuales voceros de fracciones militares reacias a la utilización de las tropas para producir un cambio de régimen. La senadora Elissa Slotkin (una de las que aparece en el video, fue oficial de la CIA y ocupó cargos en el Pentágono y el Departamento de Estado) defendió el derecho a la desobediencia en una entrevista en la cadena ABC: “Nos remontamos a Núremberg, ¿no?”. Slotkin, añadió: “Me pone increíblemente nerviosa que estemos a punto de ver a las personas de las fuerzas del orden, a las personas en el ejército uniformado ponerse nerviosas, estresarse, disparar a civiles estadounidenses”. La senadora relacionó esta posibilidad con la “gimnasia legal que se está llevando a cabo con estos ataques en el Caribe y todo lo relacionado con Venezuela”. La secretaria de Prensa del gobierno, Karoline Leavitt, replicó: “Toda orden dada al ejército estadounidense por este comandante en jefe, y a través de esta cadena de mando a través del Secretario de Guerra, es legal”. Es la implantación de un estado de excepción. Trump acusó a los legisladores demócratas de “conducta sediciosa al más alto nivel” que los hacía merecedores de la pena de muerte (sic). En su red social llegó a compartir una publicación que llamaba a “colgarlos”. El Pentágono anunció que está revisando "serias acusaciones de mala conducta" contra el senador Mark Kelly, otro de los que aparecen en el video. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, amenazó con una corte marcial contra Kelly. Venezuela La crisis en las Fuerzas Armadas ha tenido otra expresión con la renuncia del almirante Alvin Holsey -jefe del Comando Sur de los EE.UU.- debido a diferencias con la política de Trump hacia Venezuela. “Según reportó Reuters, existían tensiones entre el almirante y el secretario Hegseth respecto a las operaciones en el Caribe” (hundimiento de lanchas sin ninguna base legal, asesinando a más de 80 personas). “Una fuente militar bajo anonimato declaró que ‘Holsey no compartía plenamente el enfoque agresivo de la administración respecto a Venezuela y había manifestado inquietud sobre la legalidad y la justificación estratégica de algunos operativos recientes’” (France24, 18/10). Otra expresión de estas divisiones fue la “insólita” decisión “de transferir el liderazgo de las operaciones antinarcóticos en el Caribe desde el Comando Sur hacia la Segunda Fuerza Expedicionaria de Marines, una unidad con base en Carolina del Norte especializada en intervenciones rápidas”. “Este cambio es una señal de desconfianza o insatisfacción con la gestión del actual liderazgo”, comentó un ex oficial del Departamento de Defensa a The New York Times (ídem). La crisis se ha profundizado como consecuencia de la orden impartida por Hegseth de asesinar a dos sobrevivientes de una de las lanchas atacadas el 2 de septiembre pasado. Ambas cámaras del Congreso, a partir de la iniciativa de legisladores de ambos partidos, están iniciando investigaciones al respecto y citarían a jerarcas militares y a Hegseth para dar explicaciones. El reclamo de la renuncia o la destitución de Hegseth aparece cada vez con mayor frecuencia. El secretario de Defensa fue designado con el voto decisivo del vicepresidente JD Vance, tras un empate 50-50 en el senado (incuso tres Republicanos votaron en contra). Hegseth ha defendido la orden aunque al mismo tiempo niega haber estado presente en el momento de su ejecución, y el propio Trump pareció tomar distancia al respecto. El oficial que dio la orden expresa -el vicealmirante Frank Bradley, precisamente desde el comando en Carolina del Norte- se habría basado en una orden verbal de Hegseth, y según la portavoz de la Casa Blanca “actuó dentro de su autoridad y de la ley”. Guardia Nacional La disciplina del ejército está amenazada, especialmente desde que los legisladores demócratas llamaron abiertamente a la desobediencia. El gobierno ha depurado los mandos militares y realizado una agitación en el seno de la oficialidad y de la tropa para preparar su utilización en las ciudades Demócratas. El momento culminante de esta preparación fue el acto en setiembre donde ante más de 800 generales y almirantes -convocados desde todo el mundo- Hegseth agitó contra la “agenda woke” y los oficiales “gordos”, y pidió la renuncia a los que no apoyen su agenda. Trump fue más lejos, refiriéndose a la guerra interior y advertir contra esas “ciudades peligrosas” como “campos de entrenamiento” para la guerra exterior. Según algunos medios de prensa, en la oficialidad y la tropa de la Guardia Nacional existe una deliberación respecto a su despliegue para tareas “ajenas” a los fines de esa fuerza (tareas policiales o incluso de limpieza). La discusión se realiza muchas veces a través de chats en la aplicación Signal, supuestamente más segura y cifrada, en la cual los soldados cuestionan su utilización para llevar adelante la ofensiva trumpista, y también resienten el rechazo que perciben en la población. “¿Por qué nos envían a hacer de policía en ciudades que no quieren vernos?”, dijo un soldado. “El ejército debe ser apolítico, pero estas órdenes lo convierten en un peón... No firmé para esto”, es otra frase que se encuentra en los chats. Según organizaciones de veteranos que dan asistencia a quienes consultan por esta cuestión, se ha producido un incremento en los contactos de miembros activos dudando de su lealtad, reportando más de 100 contactos semanales de parte de soldados. “'Realmente me sentí fatal cuando enviaron las tropas a [Los Ángeles], y luego a [Washington, D.C.], y ahora a Chicago. Esto no es para lo que ninguno de nosotros se había apuntado, y está totalmente fuera del alcance de las operaciones normales', dice J, miembro de la Guardia Nacional de Ohio, quien habló con NPR bajo condición de anonimato” (NPR, 10/11). Otras expresiones de descontento mencionados por el portal NPR: “Y luego quieren que recoja basura y disuada a las personas sin hogar en Washington D. C. a punta de pistola. ¡Ni hablar! Es tan desalentador cada vez que veo otra ciudad, y me pregunto: ‘¿Quién va a plantar cara a esto?’. Hice juramento a la Constitución, no a una persona”. De hecho, la propia Sarah Beckstrom -la soldado fallecida en Washington DC- había manifestado sus dudas respecto a su presencia “inútil” o “sin sentido” en la capital, a su ex novio, según se ha difundido en periódicos y redes sociales. En este ambiente de desmoralización y malestar se desarrolla el intento de militarización del pretendido dictador de la Casa Blanca.

El salteño fue el anfitrión de la primera reunión con gobernadores en la Casa de Salta, en la Ciudad de Buenos Aires, convocada a efectos de conformar un nuevo bloque en el Senado y en Diputados en el Congreso de la Nación. Los gobernadores hicieron gala de los habituales discursos exaltando el federalismo, pero en lo inmediato un bloque bajo la batuta de los gobernadores del PJ sirve para dividir al actual bloque peronista. La maniobra podría dejar al bloque de LLA en Diputados más cerca de ser primera minoría. La reunión contó con la presencia de los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Raúl Jalil, de Catamarca. También participaron dos diputados del bloque Coherencia, legisladores de Jujuy y de San Luis. Rolando Figueroa, el gobernador de Neuquén, pasó a saludar, pero se retiró antes de que empiece la reunión. Más tarde, dijo públicamente que no integrarán un bloque con otras provincias. "Vamos a sostener el bloque independiente, se va a llamar Neuquinidad, no vamos a integrar ningún interbloque, que quede claro" (Clarín, 28/11). Por ahora las pretensiones del salteño se estrechan a un bloque del norte. Estuvieron también invitados, además del neuquino, los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, Alberto Weretilneck, de Rio Negro, y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero. Todos ellos pegaron el faltazo. En la suma, Sáenz se juega a reunir 20 diputados y 6 senadores, lo que, en el caso de las incorporaciones efectivas de tucumanos y santiagueños, implicaría un golpe al bloque peronista. En el caso de Salta y Misiones, la ruptura se produjo hace dos años atrás, cuando fundaron el bloque de Innovación Federal. Después de las elecciones nacionales, Sáenz y los gobernadores peronistas, candidatos de Fuerza Patria que se postulaban para "frenar a Milei", negocian la prosperidad del gobierno y de su agenda reaccionaria contra la clase obrera, siempre y cuando en esa agenda se incluyan las exigencias de los capitalistas instalados en las provincias. En el caso del norte, el reclamo de grupos mineros de Jujuy, Salta y Catamarca es por el desarrollo de la infraestructura y obras necesarias para exportar sus productos. Lo mismo ocurre con los pool de siembra e ingenios azucareros del NOA. La gran burguesía y el capital industrial instalado exige además de una megadevaluación, el derecho a girar al exterior todas sus divisas y la eliminación de impuestos para abaratar costos de producción. El presidente de la Cámara pyme de Salta acaba de declarar que la reforma impositiva incluso es más urgente que la reforma laboral, ya que la verdadera crisis del sector es la caída brutal del consumo. La política de Milei-Caputo es incompatible con el desarrollo industrial del país o su reactivación económica. Por el contrario, la recesión arrecia en la industria y la parálisis de la obra pública, arrojando a miles de trabajadores a la desocupación. Los fondos que el Gobierno anuló de la obra pública son transferidos directamente al pago de la deuda. Como alternativa, los gobernadores estarían dispuestos a aceptar un acuerdo para tomar deudas provinciales y desarrollar las obras que Nación abandonó. Lo que significa en lo inmediato una mayor confiscación para los trabajadores en las provincias. La provincia de Buenos Aires, del “nac and pop” Axel Kicillof, le reclama a la legislatura que apruebe un endeudamiento de u$d 3.685 millones para pagar vencimientos de deuda, mientras docentes y trabajadores de salud son cada vez más empobrecidos. Chubut subsistió durante 2025 bajo el esquema de endeudamiento. Sáenz y compañía alinean los porotos en el Congreso bajo un propósito reaccionario, su apoyo al gobierno de Milei se negocia a sabiendas de que los planes del liberticida pueden volar por los aires debido a las inmensas contradicciones que alberga el esquema económico del superávit a base de mayor ajuste, recesión y despidos. Sin embargo, buscan conformar una coalición de recambio político bajo la subordinación del FMI y del Tesoro norteamericano. La próxima reunión de los gobernadores se desarrollará, seguramente, con la agenda de Peter Lamelas, el embajador yanki en Argentina. Los gobernadores con Sáenz a la cabeza disputan su lugar en el protectorado de Trump sobre Argentina, el control y la explotación de los recursos naturales y minerales en el marco de la guerra imperialista. El silencio de Cristina Kirchner y el peronismo, ante semejante ataque contra la población y particularmente los trabajadores, muestra que no tienen ninguna política para contraponer a la debacle de Milei y el imperialismo. Es la caducidad histórica del peronismo como fuerza política y social, su fracaso les da aire a los gobernadores que ahora olfatean los restos de un aparato completo en estado de putrefacción. LEER MÁS: Milei coopta tránsfugas para conseguir una primera minoría en el Congreso Una corruptela indigesta que ha reducido a la nada a la ‘oposición’. Por Marcelo Ramal, 02/12/2025. Milei y los gobernadores discuten el Presupuesto 2026 Impulsan la reforma fiscal y laboral en perjuicio de los trabajadores. Por Daniel Blanco, 21/11/2025. Gustavo Sáenz se sacó la máscara del federalismo y de la "salteñidad" para alinearse con los intereses de Milei y de su tutor, Donald Trump Por Violeta Gil, candidata a senadora nacional por el partido Politica Obrera, 09/10/2025.

El anuncio de la reforma laboral y la discusión impulsada por el Gobierno ha generado una gran inquietud en la clase obrera. Los trabajadores que se acercan a los dirigentes sindicales reclamando que se rechace el proyecto antiobrero reciben una respuesta unánime: “Que los trabajadores paguen las consecuencias por haber votado a Milei”. Una cena realizada en la sede del sindicato de Sanidad (ATSA), que contó con la presencia de los principales popes de la CGT y Sergio Massa, resultó muy clarificadora: el tigrense les dijo a los sindicalistas que él también hubiera decidido impulsar la Reforma Laboral si ganaba las elecciones presidenciales en 2023. “Es ineludible encararla”, soltó. Además del nuevo triunvirato integrado por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), del convite fueron parte Hugo Moyano, Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez y José Luis Lingieri. Massa les planteó la necesidad de discutir la reforma que enviará el Gobierno al Congreso para las sesiones extraordinarias. Y lo hizo con un pedido especial: que no la rechacen a libro cerrado. Haciendo propios todos los argumentos del gobierno de Milei, Massa habría planteado: “Hay que discutir la reforma laboral porque tenemos la mitad de la población económicamente activa fuera de la ley de contrato de trabajo”. Para el exministro de Economía, la clave pasa por negociar qué reforma alumbrará el Congreso, pero “no rechazarla de por sí. El debate es ineludible. El mundo vive el fin de la revolucion industrial, la robótica y la IA están cambiando el empleo. Los sindicatos tienen que asumir el debate”. La recomendación de Massa llega tarde. La CGT ya es parte de la discusión de la Reforma Laboral. Gerardo Martínez (UOCRA) participa desde la fundación del Consejo de Mayo “reformista”. Las negociaciones entre el Gobierno y la CGT ya están en marcha: un equipo cegetista se reunió de manera informal hoy con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. El único reclamo de los líderes de la CGT es ser convocados a un diálogo por el Gobierno, donde defender que se eliminen los puntos que afectan la caja de los sindicatos. Los líderes de la CGT incluso anticiparon que presentarán un proyecto propio de “modernización laboral", con “reforma impositiva incluida”. Según La Nación, “lo que preocupa al exministro de Economía es la necesidad de ´reconstruir la relación del peronismo con los laburantes´.". En el fondo, expresó su inquietud por el creciente antiperonismo que se verifica en sectores de la clase trabajadora. Massa incurrió en otro anacronismo: “Actualmente los trabajadores no se sienten representados ni por el peronismo ni por el sindicalismo”, por lo que resulta clave para el partido que fundó Juan Perón practicar lo que definió como “basismo”. Esto es, escuchar, analizar y transformar en propuestas “lo que está pasando en las asambleas”. Massa sabe muy bien que las asambleas que existen en la clase obrera se hacen a contramano de la burocracia sindical, que las rehuye como a la peste. La propuesta de Massa de ‘escuchar a las bases’ no tiene nada que ver con las asambleas, es un llamado a interpretar el voto al gobierno como un aval a la reforma laboral: exactamente el argumento de los trolls de Milei. La línea política de la CGT hay que seguirla por los gobernadores del Norte, que han apoyado a rajatabla las iniciativas liberticidas. Y que acaban de romper el bloque nonato de Fuerza Patria para cederle la primera minoría de Diputados a La Libertad Avanza. En efecto, más que reunirse con Massa, los capitostes de la CGT están interesados en reunirse con el bloque del NOA, impulsado por el salteño Sáenz. El debate de la reforma laboral lleva a conclusiones estratégicas. La grieta no es entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, sino entre la clase obrera que rechaza la reforma laboral antiobrera y el establishment político del país que la apoya -en el que revisten Grabois, Massa, Hagman, el Congreso, los Gobernadores y la CGT-. Esa es la delimitación de campos de las próximas grandes luchas. LEER MÁS: La CTA Autónoma se suma a ´la discusión de´ la Reforma Laboral “Esperando a Godoy” Por Pablo Busch, 19/11/2025. La Reforma Laboral sobre ruedas: “el capital y el trabajo juntos. Siempre” El Congreso de la CGT designó un triunvirato de rompehuelgas. Por Pablo Busch, 10/11/2025. El nuevo elenco de la CGT para la reforma laboral Por Jacyn, 09/11/2025.

Al final de varias “semanas catastróficas en los tribunales, y después de que sus abogados le explicaran la gravedad de su situación”, Benjamín Netanyahu “se vio empujado al rincón que siempre temió: solicitar el indulto al presidente, Isaac Herzog” (Haaretz 3/12). Netanyahu, que niega las acusaciones en su contra, enfrenta tres procesos judiciales en curso: corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno. Una sentencia por depravación moral significaría abandonar la vida pública por lo menos durante los próximos siete años. Según los analistas de Haaretz, Netanyahu “solo entiende una cosa: no debe entrar en campaña sin que se resuelva su problema legal y finalice su juicio”. Y coinciden en que más que un pedido de indulto el genocida “está extorsionando a Israel y a su presidente mediante amenazas”. La carta -que muchos entendieron más dirigida a sus bases que a lograr un indulto que no reúne las condiciones legales para ser otorgado- “reprodujo las difamaciones contra el sistema judicial que se atrevió a juzgarlo”." Atacó a los investigadores policiales y a la fiscalía, y reiteró que era víctima de una caza de brujas y de casos fabricados que se están «derrumbando» en los tribunales día a día”. El juicio, enfatizó, ponía en riesgo la seguridad del Estado de Israel y minaba sus nuevos vínculos amicales con algunos países islámicos. El destino judicial del sionista también inquieta a Donald Trump, que en octubre le pidió a Herzog intempestivamente, en plena sesión en el Parlamento israelí, que indultara a Netanyahu. Poco después, le envió una carta oficial en la que calificó los cargos como una «guerra legal política» y le exigió lo mismo. “Me impactó saber que el Estado de Israel, que acaba de vivir uno de sus momentos más memorables, liderado firmemente por Bibi Netanyahu, continúa su ridícula cacería de brujas contra su primer ministro de la Gran Guerra”, escribió Trump. “El juicio de Bibi Netanyahu debería ser cancelado de inmediato, o se debería conceder un indulto a un gran héroe que tanto ha hecho por el Estado”, agregó. No es sorprendente: el yanqui es el primer mandatario norteamericano condenado en un juicio penal y tiene en proceso varias causas del mismo tipo -sobornos, falsificaciones, extorsión, latrocinios-. Sin embargo, logró que la Corte Suprema las suspenda mientras dure su mandato. Trump también tuvo que pedir por la libertad de Bolsonaro, desmerecer la estafa cripto de Milei y acaba de amnistiar a otro cómplice, el expresidente hondureño Juan Hernández, que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE. UU. por narcotráfico. Su amigo Netanyahu, en el ‘caso 1.000’ está acusado de haber recibido regalos por parte del magnate de Hollywood Arnon Milchan, a cambio de favores políticos, y por el ‘caso 2.000’, en el que supuestamente benefició al editor jefe y copropietario del medio Yedioth Ahronoth, Arnon Mozes, en un escándalo de fraude y abuso de confianza para perjudicar al periódico de la competencia Israel Hayom. Además, se lo juzga porque en su segunda etapa como ministro de Comunicación (2015-2017) habría sobornado al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, para granjearse una cobertura mediática favorable. La carta personal de Netanyahu a Herzog ni admite que es culpable -una condición sine qua non para ser indultado- ni pide explícitamente el indulto. Solicita simplemente la terminación de su juicio penal. La ley otorga al presidente la facultad de “indultar a los delincuentes”. Pero Netanyahu no ha sido condenado y por lo tanto no se le considera legalmente un delincuente. Otorgar un perdón presidencial antes de que se emita una condena es totalmente irregular para las leyes israelíes. El único indulto en la historia otorgado antes de una condena benefició a dos asesinos de palestinos y fue firmado por el padre de Herzog, en 1984. Netanyahu tiene pedida la captura internacional por genocidio de la Corte Penal International. Sus abogados escribieron el domingo que un indulto permitiría al primer ministro permanecer en el cargo y “dedicar toda su energía, tiempo y capacidades a fortalecer el Estado de Israel”. Esta semana, el carnicero de Tel Aviv pidió a su cómplice Donald Trump más apoyo para su proceso de indulto. La ministra Idit Silman ha ido más allá: "Si el presidente Herzog no sabe cómo favorecer la seguridad de Israel y del pueblo israelí, a favor de la unidad, creo que el presidente Trump podría tomar medidas adicionales y verse obligado a intervenir. Medidas que quizá podrían incluir la imposición de sanciones a altos funcionarios del sistema judicial". La solicitud de indulto generó indignación en gran parte de la sociedad. Herzog admitió que la posibilidad de que se cierren las causas “inquieta profundamente” y dijo que resolverá el asunto únicamente en función del “bien del Estado y de la sociedad israelí”. Añadió que no se dejaría influir por la “retórica violenta” que rodea la solicitud e invitó “al público israelí a la residencia presidencial para expresar su opinión”. La prensa especula que Herzog podría intentar obtener un «paquete» de compromisos como hacer más digerible el indulto. Por ejemplo, la creación de una comisión estatal de investigación sobre qué falló el 7 de octubre, la suspensión de la legislación que propone una sumisión radical del Poder Judicial al Ejecutivo, o el bloqueo del proyecto de ley de reforma de la radiodifusión del ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi. El pedido enerva aún más la tensa relación del Ejecutivo con la Justicia. El primer ministro y su gabinete piden la remoción de la fiscal general del país, Gali Baharav-Miara, a quien acusan de abuso de poder y pretender derrocarlo (la misma línea argumental de Trump y Milei en sus choques con el Poder Judicial). La propia fiscal, sin embargo, acusó a Netanyahu de utilizar la ofensiva desatada contra la Franja de Gaza y que causó ya más de 70.000 palestinos muertos para impulsar una legislación que “ponga en jaque la democracia” israelí y la independencia judicial, un conflicto anterior a octubre que echó a millones de israelíes a las calles. La fiscal no acudió a las sesiones convocadas por una comisión ministerial para tratar su posible despido, dice que son una “farsa”. En agosto, la comisión votó destituirla, pero el Tribunal Supremo desestimó esa decisión. Hasta Herzog reconoció que la investigación ministerial contra la fiscal es un caos absoluto. El líder de la oposición, Yair Lapid, pidió a Herzog que le niegue el indulto a Netanyahu, si este no reconoce su culpabilidad, expresa arrepentimiento y se retira inmediatamente de la vida política. Yair Golan, jefe del partido de izquierda Demócratas, afirmó: “Sólo los culpables buscan perdón”. Cientos de personas protestaron delante de la residencia de Herzog, en Tel Aviv, para exigir que rechace el indulto. Herzog no desmintió que promueve una negociación tripartita con los abogados del carnicero y la fiscalía, pero insiste en que no ha puesto condiciones. Fuentes políticas afirman que se espera que solicite compromisos significativos si se aprueba el indulto, entre ellos una comisión de investigación estatal del 7 de octubre, la suspensión de la reforma judicial y el bloqueo del proyecto de ley sobre medios de comunicación propuesto por el Gobierno.

Esta lista está conformada por agrupaciones y compañeros independientes que son o han sido comisiones internas o delegados de Acindar, tercerizadas y talleres, varios de ellos con una vasta experiencia, coherencia, solidez y reconocimiento de los compañeros. También por compañeros jóvenes que comienzan a hacer sus primeras experiencias en lo gremial, con un empuje superlativo que contagia. Coincidimos en el hecho de que no compartimos la política que viene desarrollando la actual dirección de la seccional. La actual conducción dirige el sindicato desde octubre de 2016, tras casi diez años donde en la etapa de prosperidad se consiguieron reivindicaciones, algunas sólidas y otras no tanto. La mayoría fueron en línea con mejorar lo económico, pero habilitando profundizar la flexibilización o directamente ligadas a la producción, manteniendo y hasta profundizando en algunos casos la tercerización de tareas, condiciones que, evidentemente, en el actual contexto productivo juegan en contra. Las empresas aplican a fondo la flexibilización, la diferencia económica por producción dejo de existir y vemos que se siguen perdiendo puestos de trabajo mediante los retiros voluntarios. En esta elección, la actual comisión directiva hizo un acuerdo con compañeros de la comisión interna de Acindar, integrantes de otra de las agrupaciones que coexisten en Villa Constitución y que hasta hace un tiempo atrás se plantaba como opositora, para hacer una campaña por una nueva dirección de la UOM Nacional. Esto ya pasó hace cuatro años, cuando Antonio Caló perdió la dirección a manos de Abel Furlán. El secretario general de Villa Constitución es primer vocal de su lista. Estas unidades de aparatos solo buscan el mantener o conseguir más poder y recambio de caras, a fin de generar expectativas y evitar que los trabajadores delegados y comisiones internas clasistas y combativas les cueste aún más el poder organizar a los compañeros para enfrentar a las empresas o las políticas de gobierno. Las trabas para que la lista Negra se presentara se fueron dando desde el primer día ya con la revisión del padrón provisorio, que solo se podía ver con la junta electoral seccional y no se podía pedir copias o fotografías. Asimismo, detectamos en un padrón de 3.317 trabajadores que casi 400 que figuraban ya no estaban activos. En la era Milei, se perdieron más de 500 puestos de trabajo en Villa. Presentamos la lista el 17 de noviembre. De acuerdo al estatuto, al ser menos de 5.000 afiliados en la seccional, corresponden 7 directivos titulares, 7 suplentes y 3 electores titulares y 3 suplentes. En ese momento nos enteramos de que, por resolución de la junta electoral nacional, debían presentarse 9 directivos titulares y 9 suplentes y, entre ellos, al menos uno debía ser mujer. Se nos otorgó un plazo para normalizar de 72 horas, hasta el 20 de noviembre. Respecto al cupo femenino, reclamamos la imposibilidad de cumplimiento debido a que en el padrón hay sólo 3 compañeras que podían cumplir las condiciones estatutarias para participar y las 3 son parte o militantes de la lista oficialista. Propusimos alternativas y una propuesta programática para que se avance dentro de la seccional con una comisión de género. Ante nuestro contundente argumento, se habilitó a participar sin necesidad del cupo femenino. Pero luego aparece que el noveno suplente aparentemente no estaría afiliado en nuestra seccional y por eso la junta electoral seccional impugna al candidato; por ende, da de baja toda la lista, a pesar de que uno de los apoderados se acercó a la junta electoral con todos los papeles necesarios para reemplazar al compañero y fue rechazado por la misma junta electoral. Toda esta situación fue denunciada en tiempo y forma a la junta electoral nacional, la cual en el día de ayer respondió que no toma el reclamo porque la carta documento llegó después de las 48 horas establecidas de plazo, siendo que la misma junta electoral recibió vía mail 24 horas antes del vencimiento de los plazos el contenido de las cartas documento y fotos de las mismas ya enviadas. Claro está que la composición y el perfil de la lista Negra genera malestar, ya que pudimos ir superando uno a uno los obstáculos estatutarios y arbitrarios de resoluciones de las juntas electorales, que continúan buscando impedir nuestra oficialización. Mientras tanto, además de mantener el reclamo por las vías ordinarias, estamos generando actividades y debates con los trabajadores en busca de la oficialización de la lista y que sean los metalúrgicos y no un escritorio quien decida cuál lista estará al frente del sindicato a partir de marzo de 2026. Villa Constitución tiene una gran historia de lucha y en defensa de la democracia sindical. Trabajamos para que ese legado se siga sosteniendo. LEER MÁS: Elecciones en la UOM: una rosca interburocrática alejada de las necesidades de los metalúrgicos Por Juan Ferro, 25/11/2025.

El martes por la noche el gobierno nacional comunicó por medio de la Vocería Presidencial el apartamiento de Sergio Neiffert al frente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la designación de Cristian Auguadra como su sucesor en el cargo, quien fue oficializado a través de Boletín Oficial en la madrugada del miércoles. Al recambio operado dentro de la SIDE se le sumarán cambios en áreas como Seguridad, Justicia y en la composición de la cúpula de las Fuerzas Armadas. En un comunicado oficial el Gobierno justificó la salida de Neiffert señalando que tras la “aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación, ha concluido la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional” (La Nación, 3/12). La etapa de Neiffert al frente de la agencia de inteligencia, según el Gobierno, permitió ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura, además de optimizar recursos y actualizar los estándares operativos, lo que “sentó las bases de un organismo más eficiente y profesional” (ídem). La reestructuración de la SIDE “libertaria” se da en el marco en el que el Ejecutivo amplió por DNU las ya abultadas partidas presupuestarias para la agencia, por un monto de $26.117.900.000, ya que las estimaciones iniciales habían quedado atrasadas, según dejaron trascender desde el seno del Gobierno. Detrás de la comunicación oficial del Gobierno se esconde una trama de rencillas entre las camarillas que pululan en el gobierno liberticida. Fue Santiago Caputo, quien dirige de facto la SIDE, el que echó a Neiffert y es también quien eligió a Auguarda como su reemplazante. La decisión de Caputo se da luego de que Neiffert se reuniera, pasadas las elecciones, con Karina Milei, los Menem y Adorni, una de las camarillas enquistadas dentro de la Casa Rosada, una asociación ilícita, que con el triunfo electoral se ha visto robustecida. Según LPO a la pérdida de confianza de Caputo para con Neiffert se le suma el cuestionamiento de las agencias de inteligencia del exterior, a las que la SIDE se ha subordinado de una manera total, luego de que trascendiera que el segundo de la agencia, José Lago Rodríguez, y Nicolas Viñuesa, director del área jurídica de la misma, ambos muy cercanos a Caputo, fueran recibido por el extitular en su casa en calzoncillos y que devino en una discusión, una escena propia de La armada Brancaleone. La Nación informa que los funcionarios fueron mandatados por Caputo para pedirle al “Señor 5” “la quita y delegación de la firma, lo que en los hechos significaba hacerlo renunciar porque implicaba quedarse sin poder de decisión” (La Nación, 3/12). Ante esta situación desde las agencias externas (CIA, MOSSAD) “empezaron a preguntarse qué tan seria era la persona con la que compartían información sensible” (LPO, 2/12), sentenciando el futuro de Neiffert, “que como último acto como funcionario participó este martes de la jura de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad, en donde intercambió gestos amistosos con Lule Menem” (ídem), dando cuenta de las sospechas del asesor presidencial. La salida de Neiffert tuvo otra instancia caricaturesca cuando, a comienzos de esta semana, le comunicaron que debía renunciar al cargo y le “ofrecieron volver a su antiguo cargo en la Acumar. Neiffert se atrincheró en la SIDE y se negó a correrse, aduciendo que él era un secretario de Estado y no podía descender de rango” (La Nación, 3/12). El “atrincheramiento” del “Señor 5” selló su suerte y fue eyectado del cargo, por el accionar del caputismo. El sucesor “natural” de Neiffert era Lago Rodríguez, pero quedó inhabilitado en ascender en el escalafón de los “sótanos de la democracia”, luego de que se conociera que en septiembre pasado viajó a Azerbaiyán, acompañado por Alejandro Colombo, director del Servicio de Inteligencia Argentino. Lo que era un viaje oficial de los espías, se transformó en un tour turístico que incluyó al Gran Premio de Fórmula 1 en Bakú. Con el objetivo de que los choques de camarilla no se espiralicen, desde el Gobierno le dieron luz verde a Caputo para que elija como reemplazante a Auguadra, que hasta el momento se desempeñaba como Inspector General de la División de Asuntos Internos (DAI) de la SIDE, es decir, estaba a cargo de controlar el destino de los cuantiosos fondos reservados. De esta manera el karinismo, que ha sumado a Neiffert como peón en las pujas de poder hacia dentro del gobierno, relega su posición en la agencia de inteligencia para apuntar todos los cañones al Ministerio de Justicia y, en principio, comenzarían por efectivizar la renuncia de Cuneo Libarona al frente de una de las carteras claves, a fin de poder operar en la justicia para que las denuncias por corrupción no avancen. El contador público y exmacrista Cristian Auguadra, el nuevo “Señor 5”, es un hombre de suma confianza de la familia Caputo, sobre todo de Claudio, padre de Santiago. Auguadra, quien se reunió el lunes con Karina Milei en Casa Rosada para limar asperezas, fue presentado por el Gobierno como un “funcionario con experiencia en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública.” Fue nombrado al frente de la DAI en noviembre de 2024 y mandatado por Caputo para llevar adelante las investigaciones y auditorías internas de la SIDE y realizar un seguimiento del desempeño del personal. A su vez, tenía bajo su égida el control de la cuantiosa caja de la agencia. Para el Gobierno la designación de Auguadra representa el comienzo de la segunda etapa de la reorganización de la SIDE, que busca “profundizar la modernización técnica y operativa, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno.” La reconfiguración de la SIDE “libertaria” no solo se circunscribe a un cambio de personal jerárquico, sino que desde la Casa Rosada quieren avanzar en cambios en la estructura de la agencia que incluyen disolución de áreas y una nueva reforma de la Ley de Inteligencia que se centre en el desarrollo de la seguridad interna, lo que fue esbozado en Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que habilitaría tareas de espionaje interno (prohibido por ley) sobre ciudadanos que puedan “erosionar la confianza” en los funcionarios del oficialismo o “generar pérdida de confianza” en el plan económico. Toda una confesión de parte de los liberticidas. Del DNU que ratifica la expulsión de Neiffert y la designación de Auguadra se desprende la sumisión de la SIDE ante los servicios de inteligencia exteriores y alineamiento total con el imperialismo, al afirmar que “la Secretaría reafirma (…) la cooperación internacional, la profesionalización del personal y la defensa de los intereses esenciales de la República, avanzando con firmeza en la consolidación de un organismo líder en la región y acorde a los estándares internacionales más exigentes”, precisamente cuando Trump busca una reconfiguración política de América Latina por medio de las agresiones militares contra Venezuela y una regimentación en regla de la región a los intereses de Estados Unidos en su pugna comercial con China y la injerencia rusa en la zona.

Protestas multitudinarias en Sofía y otras ciudades búlgaras, contra los planes presupuestarios de la coalición gobernante, forzaron al Gobierno a dar marcha atrás con el proyecto de ley que aumentaba las contribuciones individuales a las pensiones y a los programas de seguridad social. Las manifestaciones fueron convocadas por partidos de oposición que no gozan de un amplio apoyo público: “El proyecto presupuestario incluía subidas de impuestos y pensiones y un mayor endeudamiento para financiar el gasto público” (La Nación, 2/12). Preveía un déficit del 3 % y un salario mínimo de 620 euros mensuales. El presidente Rumen Radev ocupa el cargo desde 2017 con poderes limitados en política exterior y defensa. El mando real recae en el jefe de gobierno, el primer ministro Rosen Zhelyazkov, miembro del partido Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB por sus siglas en búlgaro), quien asumió el puesto el 16 de enero de 2025. El gobierno descansa en una alianza frágil y extremadamente divergente que reúne a la centro-derecha pro Unión Europea, al Partido Socialista Búlgaro prorruso y otra formación de tendencia nacionalista. Esta coalición frankenstein es el último experimento con el objetivo de encarrilar el país después de un período de inestabilidad política prolongado. Los búlgaros han acudido a las urnas siete veces desde 2021, para elegir un Parlamento que ha estado paralizado por una seguidilla de coaliciones lideradas por distintos partidos de centroderecha y derecha. “La magnitud de las manifestaciones del 1 de diciembre sorprendió a todos. Inusualmente, no se limitaron a Sofía. Multitudes se congregaron en numerosos pueblos y ciudades de Bulgaria.” (Reporteri 2/12). Varios factores parecen haber contribuido, muchos expresaron su enojo por la decisión de Bulgaria de adoptar el euro el 1 de enero, aunque esto aún está por verse: “Los próximos meses son extremadamente importantes para la orientación política de Bulgaria”, ha afirmado el primer ministro, quien ha advertido de que "la adopción del euro no está garantizada", informa el diario búlgaro Telegraph. La eventual entrada en la zona común ha causado, entre la población del país balcánico, temores a una fuerte subida de precios. Se trata del país más pobre de la Unión Europea y es el segundo en nivel de corrupción, solo por debajo de Hungría. Bulgaria se integró este año al espacio Schengen, una zona de libre circulación de personas europeo sin controles fronterizos internos entre los países miembros, que con el rearme europeo tiene su complemento bélico: un «Schengen militar», cuyo objetivo es facilitar la libre circulación de tropas y equipos en todo el bloque con dirección al este, como planificación de contingencia frente a Rusia. En el subsuelo de esta integración se libra una batalla feroz por los despojos de Ucrania entre Francia, Alemania y Polonia. Esta última motoriza la denominada “Iniciativa de los tres mares” que conecta los territorios entre el Báltico, el Adriático y el mar Negro, donde Bulgaria desempeña un papel clave. El propósito de Varsovia es facilitar por medio de esta palanca la extracción de la riqueza ucraniana a través de ese enorme territorio y, al mismo tiempo, liderar el costoso plan de “contención” de Rusia, prescindiendo y en oposición a Francia y Alemania. Moscú ya ha calificado esta “iniciativa” pretendidamente económica como una serie de proyectos logísticos militares hostiles a sus intereses. El presidente del país, el prorruso Rumen Radev, abogó durante las protestas por la dimisión del gobierno y la celebración de nuevas elecciones. El Gobierno debió desechar el proyecto de presupuesto a la mañana siguiente a las protestas. Toda Europa oriental se encuentra en la primera línea de guerra.

A despecho de la crisis económica, la ola de despidos y la inminente invasión norteamericana a Venezuela, la “crisis de la AFA” continúa ocupando las principales planas de los diarios argentinos. La serie de allanamientos y denuncias contra Sur Finanzas -la financiera con presuntos vínculos con el mandamás del fútbol argentino- fue complementada con la “revelación” de la declaración patrimonial de Claudio Tapia, ocurrida en julio de este año, donde, para sorpresa de nadie, se exhibe una cantidad millonaria de bienes. La crisis del fútbol argentino, con la legitimidad de sus dirigentes por el suelo, acelera la disputa por su control entre diversas camarillas financieras. Los derechos de transmisión, las ventas millonarias de jugadores y todos los negocios derivados del manejo de gigantescas partidas presupuestarias se encuentran en el centro del conflicto. La ruta del dinero Aún con un cargo ad honorem como presidente de AFA, Tapia declara ingresos por más de 800 millones de pesos anuales. Ocurre que, además, se desempeña como vicepresidente segundo de la Conmebol y es el presidente del Ceamse -la empresa estatal de la basura en el AMBA-, un cargo impulsado originalmente por Mauricio Macri y sostenido actualmente por Axel Kicillof. Lo llamativo es que Tapia figura también como empleado de Solbayres, una empresa privada dedicada a la recolección de residuos, en una clara incompatibilidad de funciones. El vínculo entre este enriquecimiento y las denuncias contra Sur Finanzas y Ariel Vallejo, señalado como posible testaferro de Tapia, continúa por el momento en el plano de la especulación. Los indicios, de todas formas, son fuertes si se tiene en cuenta la revelación de La Nación (1/12) sobre una multimillonaria asistencia de la financiera a varios clubes. San Lorenzo encabeza la lista con más de $1.900 millones recibidos: una parte minoritaria correspondería a “adelantos” de dinero de AFA y una gran parte ingresó directamente como “préstamos con intereses millonarios”. La lista continúa con Argentinos Juniors ($200 millones) y Racing ($100 millones), junto a otros clubes. El caso de San Lorenzo es significativo porque la gestión de la AFA se constituye como el único sostén del presidente Marcelo Moretti, tras la difusión del video donde se lo ve guardándose 25.000 dólares en el bolsillo de su saco. Sin que corresponda a sus atribuciones, el Tribunal de Ética de la AFA, presidido por Gustavo Barroetaveña -también juez de la Cámara de Casación Penal-, declaró inválida la resolución del Tribunal de Ética del club que ponía a consideración de la asamblea la expulsión de Moretti. A Sur Finanzas se la investiga por un crecimiento meteórico que no parece consistente. En estos días fueron 19 los operativos de allanamiento relacionados con un posible lavado de dinero en el Club Atlético Banfield. Se denuncia que cuatro monotributistas de categorías bajas movieron 120.000 millones de pesos. La financiera, que se inició cobijada por el vínculo entre intendentes del sur del conurbano y dirigentes de esos clubes, se catapultó cuando de la mano de Tapia se convirtió en 2024 en el sponsor principal del torneo y de la selección. Hace una semana, la sede de la financiera fue allanada también por sus menciones en la causa Andis. Milei “El Gobierno advirtió sobre las irregularidades que acumula la AFA, pero aclaró que no piensa en una intervención”, titula hoy Infobae. Se refieren a las declaraciones del titular de la IGJ, Daniel Vitolo, quien impugna la mudanza de la sede de la AFA a la provincia de Buenos Aires por “carecer de validez”, señalando además que existen “ocho años de estados contables sin aprobar”. A pesar de que descartan la intervención directa por ahora, el Gobierno ya diagrama una posible ruta si la crisis se acentúa. Milei, en su kilométrica Ley Bases, ya se había pronunciado por la transformación directa de las asociaciones civiles en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Fue finalmente el Decreto 70/2023 el que reglamentó la posibilidad de las SAD, aunque ningún club recurrió a ella. La AFA prometió la desafiliación a todo club que lo formalice, mientras que promovió en exceso la conversión de hecho a SAD de toda una serie de clubes del ascenso, a los que benefició con modificaciones de torneos y fallos arbitrales. La batalla entre Milei y Tapia no es por el fútbol, mucho menos por principios: es por el acaparamiento de la privatización que ambos defienden. “Blindado” por la justicia federal y provincial, la amenaza real para Tapia podría venir de Estados Unidos, allí se dirigieron al menos los últimos negocios promovidos por Sur Finanzas. No sería la primera vez que Estados Unidos patea el tablero en el negocio del futbol: ya fue el promotor del “FIFA Gate”. No parece ser la situación actual. Por el momento y con el Mundial 2026 a la vista, la FIFA respalda a Tapia, mientras Milei ha declinado su participación en el sorteo de la Copa del Mundo. AFA Play Con todos los ojos puestos en la fecha del fin de semana, la actuación de los árbitros fue considerada “normal”. Los “equipos de la AFA” perdieron sus partidos y el extraño torneo argentino se encamina hacia su definición. La AFA, luego de no renovar la transmisión de la segunda división a TyC Sports (Clarín), propone la conformación de su propia plataforma de producción y distribución: “AFA Play”. El objetivo está al servicio de la apertura de nuevos jugadores, incluidos gigantes tecnológicos y plataformas de streaming. Son estas disputas de rapiña lo que mueve las pasiones.

El viernes 28, en horas de la madrugada, la Legislatura porteña votó sobre tablas la modificación de la Ley 2622/07 que aseguraba la permanencia de la escuela secundaria EEM Nº 2 bajo las tribunas del estadio de Argentinos Jrs. De esta manera el Ministerio de Educación tiene las manos libres para mudar la escuela a las instalaciones donde hasta ahora funcionó la escuela primaria Nº 16 Fray Justo. Manipulando los recursos de la inscripción online, ya se la había excluido de las inscripciones compulsivamente para justificar su cierre avivando aún más la lucha de sus docentes y familias perjudicadas. Ahora el GCBA usa el recurso legislativo: para ello, el bloque de cogobierno de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza contó con el apoyo íntegro del peronismo (UP). El total de 40 votos afirmativos, incluyen los votos positivos de 15 legisladores de Unión por la Patria sellando en los hechos el acuerdo político-comercial para cerrar la Escuela Nº 16 Fray Justo entre Jorge Macri, Argentinos Jrs. y UTE. Maniobras para sortear la lucha La votación exprés, sin debate ni tratamiento en comisión, se produjo a sólo 17 días de la presentación del proyecto de modificación. El proyecto fue presentado a último momento, antes de una audiencia pública a la que fue llevado el Ministerio de Educación por el amparo presentado por la docencia y familias de la Fray Justo. En esa audiencia, donde fueron citados los funcionarios del gobierno, la persistente lucha y resistencia de docentes y familias puso en total evidencia que el cierre era ilegal. La Ley 2622/07 obligaba al Club Argentinos Juniors a brindar el espacio para la escuela nro. 2 como penalidad por el incumplimiento de pago del impuesto ABL al Estado que suma una cuenta millonaria. Los docentes y familias de la Fray Justo no solo han tenido que enfrentar al gobierno y sus maniobras. También han tenido que soportar campañas hostiles de cercanos al club para abandonar la lucha y cesar con los reclamos y denuncias. Todos estos ataques han sido posibles por el aislamiento y abandono de la comunidad educativa de la Fray Justo por parte de la burocracia sindical docente del sindicato UTE que lejos de colocarse a la cabeza de la defensa de las escuelas 2 y 16, participaron de las maniobras recomendando la renuncia a los docentes con el favor de reubicarlos en otra escuela. La burocracia de UTE de los dos lados del mostrador. UTE, funcionales al ajuste en educación Pero el cierre de esta escuela no es un hecho aislado ni un descuido político sindical. Se trata de un golpe más a la educación de los trabajadores. Se da en un cuadro de cierre de 200 grados en escuelas primarias, salas de Inicial, ajustes en profesorados. Ante este cuadro arrasador UTE en su propio sitio web justifica el cierre de grados con el argumento de “la baja natalidad” ( https://ute.org.ar/menos-nacimientos-menos-matricula-la-baja-natalidad-reconfigura-el-mapa-escolar-porteno/ ). El mismo que luego usa Jorge Macri. Pero Vacantes para Todxs denuncia desde hace años la recurrente falta de entre 25.000 a 56.000 vacantes ( https://www.radionacional.com.ar/mas-de-25-mil-alumnos-sin-vacantes-en-las-escuelas-publicas-portenas/ ). Siguiendo los datos de la nota citada por UTE la baja de natalidad sería de 23.000 nacimientos en 2022 hace tres años, algo que no impacta en la inscripción en primaria con niños de 6 y 7 años de edad. No se estarían reduciendo las inscripciones como alegan UTE y el ministerio de Macri. Quieren cerrar escuelas y grados con números que no les cierran. En estos días toda la comunidad del Profesorado Pueblos de América está resistiendo el intento de su cierre en la Villa 21/24. Tanto este profesorado como el Mariano Acosta denuncian su eliminación en la oferta para la inscripción online para el 2026. De aquí la importancia de colocar las inscripciones de todos los niveles con datos públicos y bajo control de la propia comunidad educativa. Se trata de una política de ajuste y cierre con fines comerciales, especulativos e inmobiliarios mientras la educación privada es favorecida con subsidios y exenciones. Este golpe mortal al conjunto del sistema educativo de la Ciudad ha sido enfrentado en las calles con manifestaciones multitudinarias. Para oponerse a esta política de cierres y achique educativo las comunidades tendrán que trazar un nuevo camino de autoconvocatorias, asambleas autoconvocadas y discutir democráticamente como defender a las escuelas y profesorados. Organizar coordinadoras de familias con docentes, estudiantes y reunir la más amplia solidaridad de la población trabajadora. La lucha en defensa de los derechos de la clase obrera no se toma vacaciones. LEER MÁS: Cierre de escuelas en CABA y especulación inmobiliaria: familias y docentes de la escuela N°16 se movilizan Por Diego Santillán, 20/11/2025.

El gobierno tendría previsto presentar el proyecto del nuevo Código Penal en sesiones extraordinarias. El texto fue redactado por una comisión de juristas y magistrados coordinada por el juez Mariano Borinsky. También intervinieron en el texto el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el viceministro Sebastián Amerio, suerte de comisario político designado por Santiago Caputo. Por estas horas se encontraría en el despacho de la -todavía- ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Uno de los agregados que incorporaría la ministra saliente, es declarar imprescriptibles los casos de corrupción contra el Estado (La Nación, 1/12). En los dos años de gobierno libertario, sin embargo, proyectos presentados por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, con el mismo propósito, no avanzaron y perdieron estado parlamentario. También se frustró en el Senado el proyecto de Ficha Limpia , impulsado por Silvia Lospennato, por el voto contrario de los aliados misioneros del gobierno. En el caso de que se hubiera aprobado, el oficialismo hubiera encontrado dificultades para completar sus propias listas electorales. La Cámara Alta todavía discute si acepta el ingreso de la libertaria rionegrina Lorena Villaverde , acusada de vínculos con el narcotráfico La senadora electa no puede ingresar a Estados Unidos, donde se encuentra acusada de querer comprar una importante cantidad de cocaína para su reventa. El proyecto de imprescriptibilidad en los casos de corrupción amplia la lista de delitos imprescriptibles que ya fueron incorporados al nuevo Código, como los homicidios agravados, los delitos sexuales, el narcotráfico, la corrupción de menores, la trata y el terrorismo (ídem anterior). El proyecto de nuevo Código Penal se caracteriza por su reforzamiento represivo . Además de la imprescriptibilidad en estos casos, incluye el agravamiento de las penas en general, el cumplimiento efectivo de las penas y reducir las chances de liberación anticipada del condenado. Se reducen las penas de ejecución condicional y se eleva la pena mínima a tres años de modo que el 82 % de los delitos tipificados sea de cumplimiento efectivo. Entre las penas agravadas se encuentran las agresiones cometidas en manifestaciones (dos a cinco años de prisión, pero si estuviere dirigida a un policía u otro funcionario público se eleva al monto de tres a nueve años). La prescriptibilidad de los delitos se relaciona con el derecho de los ciudadanos a ser juzgados en un plazo razonable. La reforma del Código reforzará la capacidad despótica del Estado sobre los ciudadanos, sin por ello mitigar un ápice la inseguridad cotidiana ni el parasitismo del personal político y su promiscua relación con los negocios capitalistas. El último caso que tomó la Corte para pronunciarse fue el de IBM-Banco Nación, por hechos ocurridos entre 1993 y 1995. Allí revocó un fallo de la Cámara de Casación por entender que el voto favorable de dos de los tres jueces que integraban el tribunal no eran convergentes y, por lo tanto, no constituían una mayoría homogénea, debido a los matices entre ellos. La corrupción es endémica en el Estado capitalista. La ´cartelización´ abarca a todas sus esferas de su actividad. Lo pusieron de manifiesto los 'cuadernos de Centeno' en el caso de la obra pública y ´los cuadernos de Calvete´ en el de los remedios. Lo mismo ocurre en las concesiones ferroviarias y en el subte, por citar otros dos casos. Las obras que paga el presupuesto público se reparten entre contratistas de modo discrecional. En todo caso, la ´lucha contra la corrupción´ ha sido un instrumento de lucha política. La clase capitalista manipula el eco de las denuncias e instrumenta su persecución de acuerdo a los vaivenees políticos. El resorte fundamental son los tribunales federales de Comodoro Py, alrededor de los cuales se concentra un enjambre de operadores de intereses locales y extranjeros. Cuando De Vido fue absuelto por el caso Skanska y el matrimonio K fue beneficiado por el juez Oyarbide con la falta de mérito en una denuncia por enriquecimiento ilícito, Clarín apenas les dedicó un recuadro informativo en las páginas interiores del diario. Eran los tiempos en los que Néstor Kirchner favorecía el monopolio de Clarín, acordaba con Magnetto la tapa del día siguiente y había aprobado la fusión de Cablevisión con Multicanal. A partir del choque entre los K y el CEO de Clarín, en 2008, el enfrentamiento escaló a la primera plana del diario y sus canales de noticias en forma cotidiana. CFK, en el juicio de Vialidad, además de ser condenada a seis años de prisión efectiva -que se convirtieron en domiciliaria- fue inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos. La 'corrupción' se ha convertido en un instrumento de muerte política contra el adversario . Además de la imprescriptibilidad, también hubo iniciativas parlamentarias que apuntaron a impedir que los delitos de corrupción puedan ser alcanzados por amnistías, indultos o conmutaciones. La Cámpora le reclama a Kicillof el compromiso del indulto para su jefa política, como condición para apoyar su proyecto presidencial. Los mentores de la imprescriptibilidad coinciden en equiparar la corrupción de los funcionarios públicos con un atentado contra la democracia, Asimismo, la inhabilitación para ejercer cargos públicos sustrae cualquier consideración política sobre los presuntos ´corruptos´ a la soberanía popular, cuando debería ser el electorado quien juzgue la idoneidad política, más allá de las pruebas que se ventilen en los tribunales e incluso de una eventual condena. Invariablemente, los corruptos de hoy aplican la vara alta a la corrupción de sus predecesores. Con la carga de la ´causa de los cuadernos´ cayendo como lluvia ácida sobre CFK, los liberticidas se están ocupando de dinamitar a la oposición política patronal a su gobierno. Bajo la apariencia honorable de pretender resguardar la idoneidad del personal político y del funcionariado estatales, se está erigiendo un régimen más represivo contra los trabajadores.

Luego de ganar las elecciones generales de comisión directiva, en mayo pasado, con el 70% de los votos, la oficialista Azul y Blanca ha convocado elecciones de delegados de base en algunos edificios. En muchos casos, los mandatos se encuentran vencidos desde hace años. La conducción de FOETRA ´administra´ la convocatoria a elecciones de acuerdo a su conveniencia, pasando por encima del derecho de los trabajadores a postularse y elegir a sus representantes. Este caso no es la excepción, ya que además de la fecha, ha dispuesto la convocatoria por sector -no por edificio- cuando es la patronal quien tiene la potestad de cambiar de sector a los trabajadores; también han escindido la elección de delegados de telefonía fija y telefonía móvil. El plenario de delegados está compuesto por unos 250 miembros. El 80% corresponde a Telefónica y Telecom, y el resto a Claro, que encuadró solamente las comerciales; Arsat y tercerizadas menores. La oposición a Marín representó, hasta ahora, un 10% del cuerpo de delegados, aunque su influencia en muchos casos fue mayor, incluso ganando algunas votaciones salariales. Desde los años 2000, estuvo orientada fundamentalmente por la izquierda actualmente agrupada en el FIT U, en alianza con un sector de la CTA. La Azul y Blanca mantiene el dominio absoluto del sector plantel, a pesar del incremento de la presión laboral. Las elecciones de delegados desarrolladas hasta ahora -edificios Vernet y Piedras, entre los más importantes- han puesto de manifiesto un impasse de la oposición ´multicolor´. De conjunto, aquella oposición tiene hoy menos de 10 delegados y registra una menor influencia. En las elecciones generales de comisión directiva, este bloque pasó paulatinamente del 40 % obtenido en 2013 hasta el 24,5% de la última elección. Este año, nuestra lista Naranja, en su primera presentación independiente, obtuvo el 5,5% de los votos. En cuanto a la elección de delegados de base, retrocedimos un delegado debido al cierre de la oficina donde nuestro compañero siempre fue reelegido. Adrede, fue trasladado a otra oficina donde la burocracia realizó la elección anticipándose a su llegada. En el edificio República, tal vez el más importante del gremio, las elecciones se realizarán los próximos 10 y 11 de diciembre. Allí apuntamos a revalidar mandatos. Se eligen 10 delegados por telefonía fija y cinco por telefonía móvil. En el edificio Barracas la convocatoria todavía está pendiente porque la burocracia no encuentra candidato propio. La situación de los telefónicos: liquidación de conquistas, flexibilidad laboral La burocracia Azul y Blanca está completamente adaptada a la llamada “modernización laboral” que lleva las condiciones laborales y el salario de vuelta al siglo XIX. Este proceso comenzó con la entrega de la lucha por el call center Atento, tercerizada de Telefónica, y la huelga autoconvocada de tercerizados de 2006. Continuó con la firma de la jornada de nueve horas en 2009, que llevó a la casi desaparición de la jornada de siete horas. Asistió impasible al vaciamiento laboral motorizado por las fusiones de Personal y Telecom, y Telefónica con Movistar, que impulsaron un fuerte proceso de retiros voluntarios –“despidos premiados”. La patronal apunta a liquidar definitivamente la jornada de siete horas y ha establecido diferenciaciones muy importantes con quienes tienen jornada de nueve. Estos, por ejemplo, reciben sin cargo la cobertura de “Galeno Oro”, pero quienes mantienen las siete horas de trabajo, deben pagar $42.000 mensuales por integrante del grupo familiar para mantener “Galeno Azul”, de menor jerarquía. Cambios tecnológicos Los nuevos sistemas que asignan el trabajo directamente al celular, sin necesidad de pasar por la oficina, permiten controlar el tiempo para reparar cada avería, ir de un cliente a otro, y el trayecto utilizado, incrementaron el control patronal del “lugar de trabajo”. El gradual reemplazo del histórico cableado de cobre de telefonía por la fibra óptica, con menores fallos, reduce la dotación necesaria. Por otro lado, los call center y back office fueron diezmados mediante tercerizaciones en distintas provincias, donde las empresas aprovechan exenciones impositivas por “generar puestos de trabajo”, cuando los están destruyendo. Sumado al teletrabajo, que desorganiza y atomiza la organización laboral, permite mayor concentración y viabiliza el negocio inmobiliario cerrando edificios. Pero el trabajo no “desaparece” producto del avance tecnológico, y las tareas que se pierden son compensadas por nuevos servicios y tareas. Lo que sucede es que el trabajo es tercerizado y precarizado sin respuesta gremial, reforzando el poder de la patronal y dejando como alternativa el retiro “voluntario”. Hoy la dinámica del gremio está marcada por la fusión de Telecom con Telefónica: un nuevo monopolio privado nacerá bajo la batuta del grupo Clarín, que disparó un tsunami de retiros voluntarios generada por la concentración y la amenaza de que “mañana será menos plata”. Desde el 2024 Telefónica pasó de 10.000 trabajadores a 8.000. En Telecom la tendencia es la misma. Este proceso de reducción de personal, flexibilización, relocalización y tercerización se acentuará con la absorción de Telefónica por parte de Telecom. Nuestro planteo Desde la Lista Naranja estamos impulsando la formación de un bloque de delegados que, frente a la fusión de Telecom y Telefónica, defienda los puestos laborales, denuncie y pelee contra los aprietes de la patronal. La política de derrotismo de la Azul y Blanca es funcional a la patronal. Les reprochan a los trabajadores la derrota del peronismo en las elecciones de medio término, en lugar de indagar en las causas, de las cuales la propia burocracia sindical es parte integrante. Nuestra intervención en el cuerpo de delegados será un puntal para reorganizar a los trabajadores con el objetivo de recuperar el salario y las condiciones laborales. Especialmente la jornada de siete horas, que los telefónicos ya recuperamos en dos ocasiones: luego de la dictadura y de las privatizaciones menemistas. Debemos volver a la recorrida de los pisos, las asambleas convocadas por el cuerpo de delegados y la unidad de todos los trabajadores. En esto va nuestro empeño.

En abril del 2000 un grupo de tres investigadores publicaron en la revista científica “Regulatory Toxicology and Pharmacology” un manifiesto de 49 páginas donde demostrarían empíricamente que el glifosato y su forma comercial Roundup sería completamente inocuo para la salud humana. El artículo ha tenido un impacto excepcionalmente alto. En el ámbito académico fue citado en otras publicaciones al menos 713 veces. Un artículo de toxicología que recibe más de 100 citas ya se considera que tiene un impacto muy alto. Superar las 700 es excepcional. Por otro lado, el artículo ha sido citado en resoluciones de organismos gubernamentales y regulaciones legales, al menos 66 veces, cuando artículos muy importantes suelen aparecer entre tres a 10 en caso de citas políticas, resoluciones o fundamentos legislativos. La editorial Elsilver, una de las más grandes del mundo, ha publicado el pasado 2 de diciembre, que el articulo ha sido retractado. El coeditor se comunicó con el único autor vivo de la publicación “Evaluación de la seguridad y valoración del riesgo del herbicida Roundup y de su ingrediente activo, el glifosato, para los seres humanos” para acercarle una serie de cuestiones que debían ser atendidas para evitar la retracción del artículo. A falta de respuesta la editorial decidió retractar la publicación teniendo en cuenta los siguientes puntos: “las evaluaciones de carcinogenicidad y genotoxicidad se basan en estudios inéditos (no-publicados) realizados por la compañía Monsanto y evitan abordar otros estudios contemporáneos”, entonces ya disponibles, sobre la misma temática. El coeditor adjunta al menos cinco de esas publicaciones que fueron evitadas sin ninguna justificación. Por otro lado, litigios en Estados Unidos revelaron que los autores recibieron contribuciones en la redacción del trabajo por parte de empleados de Monsanto, ocultados en los agradecimientos y créditos del artículo. Otra correspondencia producto del mismo litigio indica que los autores habrían recibido dinero de Monsanto por desarrollar el artículo, lo que tampoco fue declarado, “el artículo sostiene la ausencia de carcinogenicidad asociada al glifosato o a su formulación técnica, Roundup. No está claro hasta qué punto las conclusiones de los autores pudieron haber estado influidas por contribuciones externas de Monsanto”. El coeditor concluye: “A la luz de los problemas mencionados, el (co)editor en jefe responsable perdió la confianza en los resultados y las conclusiones del artículo, y considera que la retractación es necesaria para mantener la integridad de la revista. Las preocupaciones científicas relacionadas con la falta de evidencia de carcinogenicidad derivada exclusivamente de estudios de Monsanto, los problemas de (co)autoría fantasma y los posibles conflictos de interés “. Este escándalo dentro del ámbito académico puede sumarse a los muchos casos revelados en los que Monsanto compró resultados favorables para permitir su desarrollo. En 2011, Pagina/12 publicaba: “Según un cable diplomático de julio del 2009 filtrado por WikiLeaks, al que tuvo acceso Página/12, la embajada (norteamericana) tomó la decisión de presentar estudios propios ante el ente regulador (SENASA) que había autorizado el uso del pesticida”. La retracción de Elsilver toma importancia particularmente en la Argentina, siendo el país que más litros de glifosato utiliza por año con respecto a cantidad de habitantes (10 litros). Toma valor también a sólo dos meses de que un grupo de 30 diputados de todas las fuerzas (desde el Pro-LLA-Radicales y Fuerza Patria) presentara un proyecto de Ley para eliminar los limites en las distancias a las fumigaciones aéreas y terrestres con la población lindante.

El 10 de diciembre se van a elegir nueve delegados que integrarán la Junta Interna del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, Santa Fe. Se presentan dos listas: la Naranja, una lista clasista, de lucha, que defiende la independencia política del Estado, de las autoridades y los partidos patronales, y que conduce actualmente la Junta Interna; y la lista N°2, un rejunte PJ, apadrinado por el aparato de la conducción provincial de ATE, la kirchnerista Verde Blanca. El contexto es de una situación cada vez más explosiva en la Salud Pública. Por un lado, la enorme crisis social, el aumento de la desocupación y pobreza, están provocando un desborde en la capacidad del hospital. Por otro lado, la política de Pullaro de vaciamiento del hospital público que se expresa especialmente en la falta de personal; de enfermeras/os, mucamas, médicos y del resto de los agrupamientos y en los salarios de hambre que empuja a muchos a irse a los sanatorios y clínicas. Este desastre está ocurriendo con la complicidad decisiva de la burocracia de ATE, UPCN y la AMRA (médicos). La enorme regimentación de la burocracia sindical en los lugares de trabajo permitió, hasta ahora, que se imponga el ajuste de Pullaro: paritarias a la baja, con salarios debajo del nivel de pobreza. Una reforma previsional contra trabajadores y jubilados. Presentismo para los asistentes escolares con un fin represivo ante la realización de paros. La situación se torna crítica en las salas cuando están llenas de pacientes y las enfermeras/os son escasas. Es decir, cuando deja de respetarse la relación estipulada de cantidad de enfermeras/cantidad de pacientes. Las consecuencias son la sobrecarga laboral de las enfermeras/os y del personal de salud y el deterioro en la calidad de atención al paciente. La defensa de este estado de cosas por parte de la dirección del Hospital y de los distintos departamentos, especialmente de Enfermería, dan lugar a mayores presiones y choques con los trabajadores. Aquí se ponen al rojo vivo las condiciones laborales y los permanentes intentos de imponer una reforma laboral de hecho. Con la excusa de “falta de personal”, se desconocen o restringen derechos conquistados y contenidos en el Régimen de Licencias (Decreto 1919) del personal. Niegan el usufructo de artículos, fraccionan al máximo las vacaciones anuales, presionan para la extensión de la jornada laboral usando un “banco de horas extras que no se pagan” pero que luego tampoco pueden tomarse como compensatorio por “falta de gente”. Imponen una flexibilidad laboral con el permanente movimiento de los lugares de trabajo. En Enfermería, la situación es extrema, pero también, con diferente alcance, se manifiesta en Servicios Generales, en algunas especialidades médicas y otros sectores. La Junta Interna-Lista Naranja viene desarrollando una campaña de denuncias sobre la Reforma Laboral antiobrera que están armando Milei, las patronales, los gobernadores y la CGT y sobre las condiciones laborales que hoy se está viviendo en el hospital. Se plantea la defensa del Régimen de Licencias (Decreto 1919) y el ingreso del personal necesario. Se están recorriendo las diferentes salas controlando y exigiendo que se respete la cantidad de enfermeras/os de acuerdo a la cantidad de pacientes. (Cuestión que van resolviendo, “a los ponchazos”, con guardias pagas y el ingreso de reemplazos). Estos mismos ejes fueron desarrollados por Natalia (integrante de la Junta Interna) como candidata a diputada en la Lista de Política Obrera en las recientes elecciones. Son también los ejes centrales de la actual campaña de la Naranja. Una campaña donde se fueron involucrando compañeras/os de las salas y de otros sectores que sirve al fortalecimiento de la organización de los trabajadores. La oposición presentó la Lista 2. Un rejunte donde convergen la kirchnerista Verde-Blanca, la Bordó y Ciudad Futura. Cuentan con los recursos del aparato de ATE Provincial y el apoyo de algunas jefaturas. Es una lista ajena a los reclamos y lucha de los trabajadores. Por su parte, ATE-Rosario (Verde) -que no tiene una actuación dentro del Hospital, pero son Junta Electoral- colaboró con este engendro mediante maniobras en la convocatoria de las elecciones (realizaron la convocatoria sin avisarle a la Junta Interna y pegaron los papeles con el cronograma el mismo día que vencía la presentación de candidatos, con el fin de que no se pudiera cumplir con los plazos) y en aspectos que hacen a los padrones manteniendo personas que están de baja en el Hospital. Esta conducta de la Verde de ATE Rosario, además de ser oportunista tiene una razón de fondo. Más allá de la pirotecnia verbal, tiene con la Verde Blanca de ATE Santa Fe un propósito común, un planteo estratégico común en el apoyo a la burguesía nacional y “popular” ante Milei. Están en un proceso (superestructural) de unificación entre las dos CTAs donde militan; ATE Santa Fe en la CTA-T (Yasky) y ATE-Rosario en la CTA-A (Cachorro Godoy). En estas elecciones se ponen en disputa dos políticas y dos agrupamientos. La Naranja es quien está comprometida con los reclamos, la lucha y los intereses de los trabajadores.

Entrevistamos al Chino Olivera, miembro del cuerpo de delegados del Casino Club Misiones, que el pasado 10 de noviembre recuperó su libertad luego de estar 58 días preso como represalia de la patronal por pelear, junto al cuerpo de delegados, por mejoras salariales y condiciones de trabajo. Durante todo el período en que estuvo preso, la dirección del sindicato del Juego de Azar (ALEARA), Mariano Zeiss Prietto y Ariel Fassione, no hicieron nada para reclamar la libertad de un delegado de su organización. ¿Por qué estuviste 58 días preso? Buenos días. Yo estuve 58 días privado de mi libertad por una causa armada prácticamente por la empresa Casino Club y la complicidad del sindicato ALEARA con la patronal. Casino Club Misiones me inventó una causa penal en la cual me acusan de ser parte de los delitos de “asociación ilícita”, “falsificación de documentos” y “estafas reiteradas” porque a los compañeros que tenían una dolencia psíquica, consecuencia de las estresantes condiciones de trabajo a las que estamos sometidos, les sugería que se atiendan con un profesional de la salud. En base a esto, y con algunos “testimonios” obtenidos con pagos en dinero y aprietes, Casino Club me acusa de ser parte de una “banda” que falsificaría certificados médicos. ¿Por qué Casino Club te inventa una causa penal tan alevosa? Yo creo que armaron todo esto a raíz del trabajo gremial que veníamos realizando con el cuerpo de delegados para defender los derechos laborales de los compañeros, en sí de todos los trabajadores, ¿no?. Desde que fuimos elegidos delegados por los trabajadores empezamos a reclamar aumento de salarios, condiciones de trabajo dignas y el cumplimiento de la Ley 26.687 (la Ley Nacional de Ambientes Libres de Humo). ¿Sabes cómo te jode la salud física y psíquica estar trabajando ocho horas en un lugar cerrado donde la mayoría de los clientes fuman? Bueno. Eso no lo aceptamos y dimos una ardua pelea con los trabajadores para que se cumpla la Ley. La empresa decidió frenar esta lucha con una denuncia sin fundamentos y basada solo en una supuesta sospecha presentada por su abogado Matías Lupiano, apoderado de la empresa, que hasta el día de hoy no fue probada en lo más mínimo. En realidad, nunca existió ninguna “banda” ni nada. Todo fue un invento de la patronal para golpear a la organización sindical de base con la cual cuentan los trabajadores para hacer cumplir el convenio de trabajo y la ley. ¿Qué posición tomo ALEARA ante el ataque de la patronal al cuerpo de delegados? Mientras permanecía detenido, ALEARA y la empresa aprovecharon la situación para realizar las elecciones internas con fraude, sin fiscalización ni firma de los votantes con el único objetivo de desplazarme junto a mis compañeros delegados Galarza y Benítez que siempre estuvieron al pie de cañón conmigo y separarnos de la función de representante de los trabajadores y de esa manera se aseguran seguir actuando a favor de los intereses de las patronales. Recientemente, el gobernador de Misiones, Passalacqua, arremetió con un juicio penal contra los docentes Gurina y Sánchez que encabezaron la rebelión docente de 2024 en la provincia ¿Qué relación haces entre el ataque de Passalacqua y el de la patronal del Casino Misiones? Lo que me pasó a mí no es un caso aislado. Yo creo que forma parte de un ataque directo al derecho de la organización sindical y a quienes decidimos defender a nuestros compañeros frente a los abusos del poder económico y político, ya que por estos días también condenaron a compañeros docentes a Mónica Burina y Leandro Sánchez por reclamar sus derechos. Ellos reclamaron mejores salarios allá por el 2024 junto a los trabajadores de la salud y de los agentes policiales. ¿Pensas que es relevante la coordinación de las luchas obreras en curso en la provincia para qué triunfen? Yo creo que sería bueno que podamos coordinar entre los trabajadores de la provincia y luchar todos juntos por nuestros derechos, ¿no?. Pelear todos juntos y que se termine con la persecución hacia los trabajadores de todos los sectores. Poder trabajar todos juntos para mejorar las condiciones laborales y salariales. LEER MÁS: Libertad a Héctor Olivera La “asociación ilícita” está conformada por la patronal y el juez Monte. Por Julio Gudiño, 23/09/2025. Misiones: inmediata libertad a Héctor Olivera Abajo la causa trucha armada por la patronal de Casino Club S.A. Por Julio Gudiño, 17/09/2025.

Al momento de escribir estas líneas Donald Trump ha declarado un bloqueo total del espacio aéreo venezolano a todas las aeronaves que no pertenezcan a las fuerzas armadas norteamericanas. Este paso es un preludio al comienzo de una operación militar de mayor envergadura contra el país caribeño. Estados Unidos ni ha intentado ensayar una justificación legítima para lo que será, fuera de toda duda, una guerra de agresión no provocada. La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar (puramente gusana) ha aventurado que “Venezuela está transfiriendo uranio(!!) a Hamás (!!!)” para luego agregar que sería “un ´golazo´ (N.d.T “field day”) para las empresas petroleras estadounidenses” (Raw Story 25/11). Todo lo que queda es la designación del gobierno venezolano como ´narcoterrorista´, lo cual habilita legalmente a la Casa Blanca a llevar a cabo acciones militares contra el mismo. Por otro lado, Trump ha anunciado un indulto a Juan Orlando Hernández -expresidente hondureño- que se encuentra preso en EE.UU. con una condena de 45 años por haber traficado unas módicas 400 toneladas de cocaína al país del norte mientras ejercía el poder (BBC 3/12). Al mismo tiempo, Trump ha intervenido de manera directa en las elecciones presidenciales de Honduras para apoyar a Nasri Asfura, del mismo partido que el mencionado Hernández. Las preparaciones estadounidenses para iniciar ´operaciones cinéticas´ ya están en un estado ultramaduro. Todas las informaciones que llegan por canales abiertos indican que podría comenzar en cualquier momento. Precisamente un ultimátum dado por Trump en persona a Maduro para que abandone el poder (The Guardian 1/12). Hace por lo menos meses que la CIA recibió la orden de realizar operaciones directas en suelo venezolano. La semana pasada numerosos aviones de reconocimiento e inteligencia electrónica estadounidenses pasaron por las costas venezolanas, recabando todo tipo de información necesaria para planificar ataques aéreos. Son los mismos aviones que usan para hacer reconocimiento de las posiciones rusas desde el Mar Negro. Las imágenes que llegan de las pistas de aterrizaje en Puerto Rico muestran que a los cazas F-35B se los está equipando con el tipo y cantidad de armamento que sólo usan en misiones de combate. La acumulación militar estadounidense -realizada con la cobertura de ´luchar contra el narcotráfico´- de los últimos meses es muy significativa. Es una fuerza muy robusta en términos de activos navales y aéreos, con mucha capacidad de hacer ataques masivos con armas de larga distancia. El núcleo duro de esta acumulación es el Grupo de Ataque desplazado desde el Mar Mediterráneo que integra el portaaviones de última generación USS Gerald Ford -un coloso de 100 mil toneladas que es base de su propia fuerza aérea- acompañado por una flotilla de destructores Arleigh Burke (USS Mahan, Winston S. Churchill, y Bainbridge), capaces tanto de defender al portaaviones de misiles enemigos como de portar misiles crucero para ataque a blancos terrestres y otros navíos de apoyo. A éste Grupo de Ataque de Portaaviones se deben añadir navíos de guerra que están bajo el mando de SOUTHCOM y ya desplegados en la zona: los destructores Gravely y Stockdale y los cruceros Gettysburg y Lake Erie. Además, se encuentra en la región un submarino de clase Virginia no identificado, que también puede cargar con un arsenal de ataque a tierra. En conjunto, la flota tiene una capacidad potencial de lanzar voleas de unos 250 misiles crucero Tomahawk, cada uno con un alcance de hasta 2.500 km. Esto sin incluir la enorme cantidad de municiones que el ala aérea del portaaviones es capaz de lanzar. El componente aéreo del Ford, que por el momento consiste en unas 64 aeronaves, se puede reforzar con seis bombarderos estratégicos (B-52 y B-1) ya asignados a la estructura del SOUTHCOM. Además de poder portar armamento nuclear, cada uno de estos puede cargar con hasta 24 misiles crucero para ataque terrestre. Finalmente, también hay que incluir un escuadrón de 10 cazas F-25B ´invisibles al radar´ y unos pocos obsoletos Harriers (usados por los ingleses en Malvinas) -ambos de despegue y aterrizaje vertical- aportado por Marines. Todo esto además apoyado por docenas de aviones de apoyo, reconocimiento, cisterna, etc. El componente terrestre parece escuálido en comparación y se compone de una cantidad desconocida de equipos de operaciones especiales y la totalidad de la Vigésimo Segunda Unidad Expedicionaria de Marines (22nd MEU), que cuenta con tres pequeños ´portaaviones´, navíos de asalto anfibio que despliegan helicópteros, aviones de despegue y aterrizaje vertical y además pequeñas embarcaciones para tomar playas. Pasado en limpio (es decir, descontando todo el personal de apoyo y transporte), el 22nd MEU es capaz de producir una fuerza de combate terrestre de Marines de un batallón (1er. Batallón, 6to. Regimiento), hasta unos 1200 hombres. Es una fuerza que puede tomar algún sitio particular de alto valor -sea una localidad costera, una instalación petrolera o un aeropuerto en Caracas- pero de ninguna manera tomar grandes urbes y menos aún ocupar un país como Venezuela. La composición dice mucho acerca del posible concepto operacional que probablemente llevarán adelante: La Casa Blanca estima que el gobierno venezolano tiene una fragilidad extrema y es fácil de desestabilizar. Una campaña aérea que dure unos pocos días puede dejar inoperativa tanto a la infraestructura crítica del país, fundamentalmente la energética y comunicacional y, sobre todo secciones enteras del aparato estatal. El shock de ingobernabilidad podría ser aprovechado por grupos opositores para tomar el control de las calles en las ciudades más importantes y también es previsible una apuesta a la ruptura del aparato militar y policial venezolano, con una masa crítica de éste pasándose al bando golpista. La frutilla arriba del postre sería la toma por parte de las fuerzas terrestres estadounidenses de algún sitio con impacto político. En cierto modo puede pensarse en una inspiración ´a la Siria´: cuando Assad aún contaba con el apoyo de un ejército numeroso pero que se evaporó en el aire súbita y sorpresivamente. La capacidad de las Fuerzas Armadas Bolivarianas para rechazar esta operación es mínima. Si bien a lo largo de los años han hecho algunas compras de material ruso o chino, en general son cantidades pequeñas y no sistemas de punta. Así como con el resto de la economía, los cuantiosos ingresos provenientes de las reservas petroleras más grandes del mundo tampoco han sido aprovechados para preparar al país para el escenario actual. El nacionalismo caribeño devaluado a lo largo de dos décadas ni ha modernizado la economía ni expandido sus fuerzas armadas ni ha mejorado de manera sustancial o permanente el estado material de las masas. Ni China ni Rusia, ni Irán, ni Corea del Norte han movido ni moverán el amperímetro para prevenir el sometimiento colonial de la nación caribeña. El único potencial de resistencia real anida en las masas venezolanas y la clase obrera mundial. Trump está apostando a lograr un rápido cambio de régimen y que la operación, en términos políticos, sea una reedición de la invasión de Panamá llevada adelante por en la década de 1980. La caída estrepitosa de su imagen en todas las encuestas da cuenta tanto de la fragilidad de su gobierno como su necesidad de fabricar nuevo capital político y éste presidente en cuestión ha demostrado en varias oportunidades una tendencia al aventurerismo. La decadencia del imperialismo yanqui lo hace más agresivo y más peligroso...pero también más proclive a cometer errores.

El intento de los trabajadores del INTI de cortar la General Paz para frenar la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC) expuso dos hechos decisivos: el avance del Gobierno sobre el instituto estatal y la impotencia -cuando no complicidad- de la burocracia sindical, incapaz de encarar una lucha a la altura del ataque. Desmantelamiento estratégico disfrazado de “modernización” A través de la Resolución 198/2025, el Gobierno decretó la disolución del SAC, un área que funcionó durante más de cuarenta años y posicionó a la Argentina entre los países con mejores estándares de medición de la región. Lo que presentan como “modernización administrativa” es, en realidad, un retroceso profundo: el Estado abandona funciones de control esenciales, que pasan a manos del Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y laboratorios privados. Esta decisión se da en el marco de un ajuste feroz, con entre 700 y 800 trabajadores despedidos y una militarización inédita de la planta del INTI: presencia permanente de gendarmes, un micro policial en la entrada, cámaras de reconocimiento facial y micrófonos direccionales capaces de captar conversaciones a distancia considerables. Un clima de hostigamiento y espionaje que busca disciplinar a quienes se organizan. Achicamiento de la planta y privatización encubierta Hasta ahora, el INTI coordinaba la red de laboratorios públicos y privados, garantizaba protocolos unificados y aseguraba la calidad de las mediciones utilizadas en energía, alimentos, salud, transporte, seguridad vial y procesos industriales sensibles. Con la eliminación del SAC, esa estructura se desarma: cada laboratorio deberá reorganizarse, acreditarse y afrontar costos adicionales en un sistema fragmentado, más caro y con menor control estatal. El impacto va más allá del costo económico. La falta de un organismo público que centralice las verificaciones deja la seguridad técnica del país en manos privadas e incluso de intereses extranjeros, que buscan colocar sus productos en Argentina con controles reducidos o inexistentes. Desde la precisión de un surtidor de nafta hasta la toxicidad de un juguete infantil, hoy todo queda sujeto a criterios privados. La protesta y el límite de la burocracia sindical La reacción de los trabajadores -movilización y corte de la colectora de la General Paz- mostró la disposición a defender el INTI. Aun así, la Policía de la Ciudad impidió el corte total de la autopista. Mientras tanto, la conducción de ATE se limita a declaraciones tibias, e incluso su secretario general, Rodolfo Aguiar, se mostró dispuesto a “discutir una reforma laboral”, una señal de capitulación frente a un gobierno que busca avanzar sobre derechos básicos. Los trabajadores del INTI no pueden esperar una respuesta firme de una burocracia que evita el conflicto, vacía las asambleas y habilita retrocesos históricos. La defensa del SAC y de la planta laboral exige una organización desde abajo, con asambleas, coordinación interna y unidad con el resto del sistema científico y técnico, así como con el sector afectado. Defender el INTI es defender la soberanía y la seguridad del país La eliminación del servicio de calibración no es un paso administrativo: destruye la capacidad estatal de décadas para determinar si un instrumento mide bien, si un producto es seguro o si un radar funciona correctamente. Frente a este retroceso, sólo una intervención decidida de los trabajadores (pasando por encima de la burocracia sindical que frena la lucha) podrá revertir el desmantelamiento del INTI.

Finalizando el año en nuestros barrios y comedores se puede sentir el agravamiento de la situación social y económica. La carestía no se ve en las cifras de inflación de “2,4%” que presenta el gobierno sino al momento de tener que pagar las cuentas. Lo vemos con la carne que tuvo un nuevo aumento de arriba del 10 %, en las frutas y verduras que se incrementaron en un 6% y en el transporte que a dos semanas de haber aumentado tuvo un nuevo aumento del 10% este 1 de diciembre. Los servicios de luz, gas, agua y teléfono aumentan de forma mensual y se anunció la eliminación de los subsidios en 2026 . En medio de este panorama de deterioro se conoce a través de una encuesta de hogares que realizó el IETSE que el 58,3% de los hogares no logra cubrir la canasta básica alimentaria (CBA). Entre los que sí consiguieron alcanzarla, el 72% de ellos dependieron de asistencia estatal como la asignación universal por hijo (AUH), la tarjeta Alimentar y los programas provinciales. Se agrava el deterioro social. Por ejemplo, el 51,7% de los hogares eliminó al menos alguna comida diaria y el 89,2% debió financiar alimentos endeudándose con los bancos y tarjetas de crédito, con préstamos personales o pidiendo fiado. En este cuadro de miseria el gobierno presenta, a pedido de Donald Trump y el FMI, un proyecto de ley para el Presupuesto 2026 con más ajuste , que deroga los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160 -una normativa que vincula las actualizaciones de las asignaciones familiares y la AUH a la fórmula de movilidad previsional de ANSES, basada en la inflación- dejando los aumentos futuros en manos de un decreto de Javier Milei y Sandra Pettovello. Con la colaboración de la burocracia en los sindicatos el gobierno liberticida aplicó ajustes brutales sobre salarios, jubilaciones, pensiones de discapacitados, la salud y la educación. Eliminó la obra pública, congeló los programas sociales cerrando su inscripción, retiró los alimentos a los comedores y merenderos. Ahora también pretende dar un hachazo a la asignación universal y al salario familiar. Por todo esto, el martes 9 de diciembre participaremos de la convocatoria en Congreso convocada por Territorios en Lucha y otras organizaciones. La Tendencia del Polo Obrero convoca a participar contra al recorte de la AUH y de la asignación familiar. Por trabajo bajo convenio con todos los derechos históricos de los trabajadores. Actualización de los montos programas sociales. Bono de fin de año. Martes 9 de diciembre, a las 11 horas, nos concentramos en la Plaza Congreso. LEER MÁS: La liquidación del “Volver al Trabajo” Por Leonardo Perna, 29/11/2025. El sistema de vouchers que acordaron Pettovello y McDonald’s Por Leonardo Perna, 12/11/2025.

El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta fecha fue elegida para realizar una conferencia de prensa conjunta de trabajadores del Garrahan y representantes del sector en las puertas del hospital pediátrico. Bajo el lema "discapacidad y Garrahan unidos por la emergencia", la conferencia de prensa, contó con la participación de los convocantes: la AGIHM Hospital Moyano y trabajadores de ATE INCAA. El objetivo trasciende el mero hecho conmemorativo, sino que pone tambien sobre la mesa la crítica situación que atraviesan las personas con discapacidad, las infancias, adolescencias y trabajadores del sistema de salud, prestadores e instituciones de todo el país, que vienen sufriendo un ataque sistemático desde hace tiempo consistente en quitas de subsidios, falta de actualización de los nomencladores, revisiones de sus discapacidades debiendo ser las mismas totales y absolutas. De esta manera, el gobierno abandona y castiga a personas que por cuestiones de salud, no tienen acceso a un trabajo. Ardua fue la lucha de las organizaciones para lograr la sanción y tirar por tierra el veto de las leyes de discapacidad y de emergencia pediátrica, las cuales fueron promulgadas, pero aún no pueden ser aplicadas porque no fueron reglamentadas. El gobierno tampoco ha incluido las mejoras que estas leyes preveían en el presupuesto del año próximo. Es un claro mensaje del gobierno liberticida que tiene como objetivo dejar librado a su suerte a los sectores más vulnerables, incumpliendo así con su responsabilidad de brindar apoyo a las personas con discapacidad, conforme lo establecen los protocolos internacionales que tienen jerarquía constitucional. Organizaciones y familiares pusieron en palabras el derrotero que deben atravesar para obtener el más mínimo recurso. Denunciaron la humillación que sufren por parte de los funcionarios y la falta de políticas públicas. Denuncian también que fueron informados de que, durante el 2026, serán dados de baja alrededor de 150.000 pensiones por discapacidad. Esto los lleva a convocar una concentración en Plaza de Mayo el día 10 de diciembre a las 18,30 horas. Frente a este catastrófico cuadro de situación, los trabajadores no debemos mantenernos al margen, ya que este contexto nos atraviesa como clase. Desde Salud Política Obrera, llamamos a combatir esta política criminal con el más amplio debate en todos los sectores de salud, dependencias asistenciales y en el colectivo de personas con discapacidad con el objetivo de poner en marcha acción directa y lucha.

Este martes circularon trascendidos sobre la conversación que Donald Trump mantuvo con Nicolás Maduro el 21 de noviembre pasado. Hasta ahora, ni desde Washington ni desde Caracas se había brindado información sobre el contenido de la charla; solo había especulaciones. En la conversación, que duró 15 minutos, se habría discutido un encuentro entre ambos mandatarios que finalmente no se concretó, lo cual -según medios como El País- habilita a pensar que “puede ser un primer paso para continuar con el diálogo”. Sin embargo, en esa misma comunicación también existió un ultimátum que Trump habría dado a Maduro para que dejara el país. El venezolano habría puesto tres condiciones que Trump rechazó para su salida del poder, según una persona presente en la reunión citada por el Miami Herald. En primer lugar, Maduro pidió garantías absolutas de vida e inmunidad legal para él, su círculo cercano y todos los funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos. El mandatario venezolano también solicitó conservar el mando militar, en un esquema similar al ocurrido en Nicaragua en 1990 con Violeta Chamorro, quien asumió la presidencia sin controlar directamente las Fuerzas Armadas, que continuaron bajo liderazgo sandinista -quienes habían derrotado a la dictadura de los Somoza- hasta 1995, a pesar de que la coalición opositora que ella encabezaba había ganado las elecciones y gobernó Nicaragua durante siete años. A cambio de seguir controlando a las fuerzas, Maduro propuso convocar elecciones libres. Por último, propuso un cronograma de salida paulatina del poder, que fue rechazado por Trump, quien pretende una renuncia inmediata. Tras conocerse el contenido de la llamada, Nicolás Maduro redobló la verborragia antiimperialista y anunció que continuará con la construcción de una “Venezuela potencia, soberana, libre y socialista”, pese a que se supo que anteriormente había hecho numerosas ofertas a Trump que atentaban contra la soberanía de su país, como ofrecerle participación mayoritaria en PDVSA. El ultimátum de Trump Según Reuters, Donald Trump estableció un ultimátum para que Maduro abandonara Venezuela antes del viernes pasado. Cumplido el plazo, el fascista anunció el sábado el cierre total del espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores, lo que redujo notablemente los vuelos, aunque sin restringirlos por completo. El lunes, Trump convocó a su Consejo de Seguridad para discutir los pasos a seguir. Karoline Leavitt, portavoz oficial, aseguró que no podía revelar más detalles, pero indicó que “hay opciones disponibles para el presidente”. Sin embargo, este miércoles, violando sus propias declaraciones sobre el cierre del espacio aéreo venezolano, el gobierno de Trump solicitó reanudar los vuelos de repatriación de migrantes hacia el país sudamericano. A la ilegalidad que atraviesa toda la operatoria del Comando Sur en el Caribe se suma otro cuestionamiento que le llega a Trump desde el Senado y desde el propio Ejército estadounidense . La semana pasada, el Washington Post informó que, tras el primer ataque norteamericano contra un supuesto barco narcotraficante en el Caribe -un acto ilegal en sí mismo- el secretario de Guerra, Hegseth, dio personalmente la orden verbal de matar a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos del naufragio en llamas (La Nación, 3/12). La orden de matar a sobrevivientes de un ataque naval viola todo código militar, y cualquiera que emita o cumpla dichas órdenes debería ser procesado por crímenes de guerra. Cinco congresistas -todos ellos veteranos de guerra- llamaron a desobedecer órdenes ilegales, lo que puso en cuestión la autoridad de Trump, ya que dicha acción no solo impugna sus órdenes, sino que además pone en riesgo su cumplimiento. En el Ejército norteamericano existe un debate abierto sobre el resguardo legal que puedan tener los efectivos de cualquier jerarquía al violar el derecho internacional y el propio derecho estadounidense al seguir las órdenes de Trump, sobre todo cuando este no cuenta con garantías para un mandato eterno. Sin embargo, la historia estadounidense muestra que los únicos castigados siempre fueron los militares que se negaron a cumplir dichas órdenes y no quienes violaron los códigos de guerra. Trump aprovechó la amenaza de una incursión terrestre para ampliar su campo de acción y aclaró que los ataques podrían dirigirse contra cualquier país que trafique droga hacia Estados Unidos, en una clara alusión a Colombia. Ya había calificado a Gustavo Petro de narcotraficante, retirado su visa y sancionado a él y a dos familiares por las declaraciones del presidente colombiano contra el ataque a Venezuela y el genocidio en Gaza. Como desafío, Petro confirmó que Colombia volvió a operar vuelos desde y hacia Venezuela, rechazando la advertencia de Trump de no volar sobre cielo venezolano. También invitó al fascista a ver cómo Colombia destruye nueve laboratorios de cocaína por día sin usar misiles. Sin embargo, como Colombia tiene elecciones presidenciales el año próximo, Trump tiene preparado para ese país el mismo plan de amenazas que utilizó para extorsionar al electorado argentino, aunque sin hundir barcazas en mar abierto. En cambio, el despliegue militar en el Caribe y la actividad bélica en la región constituyen una amenaza concreta para Cuba, la espina que el imperialismo norteamericano tiene clavada desde hace más de 60 años. Milei En La Haya, el encargado de negocios de la Argentina, Diego Sadofschi, tomó la palabra ante la Asamblea de la Corte Penal Internacional el lunes pasado para exigir que se activen “de manera inmediata” las órdenes de captura contra Nicolás Maduro y otros funcionarios, retomando una presentación iniciada por Mauricio Macri, retirada por Alberto Fernández y reactivada ahora por Javier Milei. La exigencia es ridícula, primero porque supone que la CPI cuenta con una fuerza propia para ejecutar sus decisiones y, segundo, porque Argentina argumenta “violaciones de derechos humanos” cometidas por Maduro como fundamento, cuando acaba de votar en contra de una resolución internacional contra la tortura en las Naciones Unidas . Ni hablar de su apoyo explícito al genocida Netanyahu, condenado por la misma CPI . En realidad, el enojo teatralizado en la CPI es la vía que encontró Milei para apoyar un ataque de Estados Unidos a Venezuela y lograr el tan deseado cambio de régimen, cuando por los propios límites materiales de los destructores argentinos no pudo enviar efectivos al Caribe . El antecedente más reciente es la invasión a Panamá en 1989 para derrocar y detener a Noriega. Carlos Menem, recién asumido, tuvo una posición ambigua: respaldó a Estados Unidos, pero evitó avalar explícitamente la invasión militar. Así, apoyó a Estados Unidos sin romper con el principio histórico argentino de la no intervención, algo que a Milei no le quita el sueño. Milei necesita sobreactuar su alineamiento total con Trump, sobre todo porque hay parte del reciente acuerdo con Bessent que no puede cumplir , como el rompimiento total de relaciones con China. Los diarios del martes expusieron la cancelación de la visita de Bessent a la Argentina como consecuencia del enojo del gobierno de Trump por este incumplimiento. En los primeros nueve meses de 2025, Argentina registró importaciones desde China que superaron los USD 13.091 millones, un salto del 66% respecto del mismo período del año anterior (LPO, 3/12). Milei -que redujo la representación diplomática en Caracas y dejó la embajada en manos de Brasil- está plenamente alineado con la política belicista de Trump en América Latina, a la cual se ha sometido permitiendo el ingreso de marines al territorio nacional para realizar ejercicios conjuntos en agosto y noviembre de este año sin el aval del Congreso, es decir, violando la Constitución Nacional, y más aún al declarar que enviará efectivos y destructores al Caribe. El despliegue del Comando Sur en el Caribe no es contra Nicolás Maduro, sino para afianzar el control del imperialismo sobre América Latina y sus recursos naturales . El silencio de los sectores nacionales y populares es una ofrenda al trumpismo. Solo la movilización independiente contra la injerencia yanqui y contra los gobiernos que la apoyan puede detener a los marines. LEER MÁS: El operativo ‘Lanza del Sur’ cierra el espacio aéreo de Venezuela Las Fuerzas Armadas de Milei se aprestan a intervenir en la guerra de Donald Trump y Marcos Rubio. Por Aldana González, 02/12/2025.

El 2 de diciembre los trabajadores de Ascensores Cóndor comenzaron a denunciar públicamente la problemática del pago de salarios y los despidos en la fábrica. Según informa Diarios Bonaerenses (2/12) Ascensores Cóndor tendría las cuentas embargadas ya que indicarían que la empresa tiene deudas por 200 ascensores cobrados sin fabricar. Algo que también señaló un delegado de la UOM en la fábrica y que indicó además que la empresa estaría teniendo juicios con múltiples entidades bancarias y clientes. La patronal, desde 2024 y durante 2025 habría echado a alrededor de 100 trabajadores. Esto sobre la base de la baja en la productividad. La fábrica pasó de una producción promedio de 30 ascensores diarios a tener meses sin producir. La empresa habría llegado a emplear 180 trabajadores de los cuales hoy en día solamente quedan 40. Se han registrado, además de falta de pago de salarios a los trabajadores, falta y atrasos en los pagos de las indemnizaciones y también pagos parciales de las mismas. Los despidos llevados adelante por la patronal, como ocurre en otras fábricas, han sido mediante el retiro voluntario. La UOM ha señalado que la patronal habría estado incumpliendo estos acuerdos y dejado de pagar las indemnizaciones. Por otro lado, se registran suspendidos los aportes patronales (obra social, jubilación) desde hace por lo menos un año. Rubén Andrada, secretario de la UOM seccional Morón, indica que está situación se debe al “abandono empresarial”, debido a la falta de asistencia de la patronal a las audiencias oficiales, mientras que, además, el sindicato caracteriza la situación de la empresa como “terminal”. ‘’En este contexto, se evidencia también la falta de un plan de acción por parte de la Unión Obrera Metalúrgica. A pesar del deterioro productivo y del prolongado incumplimiento salarial, no se registraron medidas de fuerza o iniciativas destinadas a resguardar los puestos de trabajo.’’ (Infocielo 02/12). La excusa de que la fábrica está virtualmente sepultada ha sido operativa para la UOM, quién ha actuado sobre los hechos simplemente para narrar lo terrible de la situación. Por otro lado, las audiencias oficiales convocadas por el ministerio de trabajo no han ejercido ningún tipo de presión frente a la situación atravesada por los trabajadores de Ascensores Cóndor. En todo caso, este trámite lo único que ha hecho es dilatar la situación, dejando a los trabajadores con la incertidumbre respecto al futuro de sus puestos de trabajo. La única salida a la destrucción laboral y la incertidumbre es la organización de los trabajadores independientemente de la burocracia sindical, para recuperar su salario, que se cumplan los aportes patronales y, además, apropiarse de la fábrica para que pase a manos obreras y se decida la producción de la misma sobre la base de las necesidades de los trabajadores y no sobre el beneficio patronal.

“Desígnase en el cargo de secretario de Inteligencia de Estado de la Presidencia de la Nación al contador público Cristian Ezequiel Auguadra”, de esta manera y por medio del Decreto 852/2025 fue designado el nuevo “Señor 5”, como se conoce en la jerga de los servicios a quien preside la SIDE. Auguadra se venía desempeñando dentro de la agencia desde 2024 cuando fue nombrado como Inspector General de la División de Asuntos Internos (DAI). Auguadra tiene dos cualidades que lo califican para presidir la SIDE: su bajo perfil y la más importante y que selló su suerte, es cercano a Santiago Caputo y del círculo familiar del asesor presidencial, del que ha sabido ser contador. Hasta el momento era conocido dentro de las esferas técnicas de la SIDE y por los personeros políticos que transitan los pasillos de los “sótanos de la democracia”, pero Auguadra cuenta con su trayectoria cercana a los círculos de poder. A mediados del año 2004 Mauricio Macri, lo propuso para que ocupara una silla en el Directorio del Banco Ciudad. Su nominación fue ratificada por la Legislatura porteña, pero por rencillas internas dejó su puesto en 2005. Ni bien asumió “lanzó una ofensiva pública: envió una carta a legisladores, directores del banco y al titular del Banco Central denunciando supuestas irregularidades en la administración de títulos públicos.” (Noticias La insuperable 3/12) Con este accionar Auguadra dejó en claro que no era un simple cuadro técnico, sino un operador del macrismo, que en ese momento se encontraba en un forcejeo con Yabrán por la conducción del banco. En su raid “reformista” el gobierno libertario llevó adelante una reestructuración de la AFI. Como primer paso le devolvió la designación con la que la agencia operó bajo la dictadura hasta el menemismo: SIDE. A su vez creó cuatro organismos centralizados con sus respectivos directores: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) presidida por Alejandro Walter Colombo, la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), cuyo director es Alejandro Pablo Cecati, la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) comandada por Ariel Waissbein y la División de Asuntos Internos (DAI) en la que fue nombrado Auguadra, dependencia transcendental dentro de la SIDE ya que está “encargada de auditar movimientos internos, intervenir en sumarios y supervisar el uso de fondos reservados. La llamada "cuarta agencia" del sistema tiene un rol estratégico: vigilar la conducta y las operaciones dentro del propio organismo. Ese lugar lo posicionó, incluso antes de asumir la jefatura, en el corazón de las disputas internas por el control del espionaje estatal.” (Clarín 3/12) Desde su lugar de control interno Auguadra fue forjando un poder hacia dentro de la SIDE y en este sentido promovió investigaciones que lo pusieron en lugares centrales del aparato y su “formación contable y experiencia en auditorías resultaron funcionales en un organismo atravesado por internas, reacomodamientos y disputas por poder.” (Idem) Su carácter de funcionario técnico también fue central para su elección el cargo, ya que dentro de los objetivos del gobierno para con la SIDE se encuentra la de “profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno", como se puede leer en el comunicado de la Vocería presidencial en la que anunciaron su designación. Auguadra también es un “emprendedor” privado. En el año 2000 creó INTERPESOS S.A., empresa que tenía como razón social brindar servicios de intermediación crediticia mediante plataformas digitales, bases de datos, portales web y licencias comerciales. (Noticias La insuperable 3/12) Siguiendo con sus emprendimientos privados, en 2012 se asoció con Angel Stafforini en la empresa de transporte escolar, turístico y corporativo WEST TRANSFER SRL, hoy asentada en la localidad de Haedo, desde donde operan con chárteres en la zona oeste del conurbano. Stafforini supo ser vicepresidente del Belgrano Cargas y contador personal del burócrata de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. En la actualidad esta siendo juzgado por el Tribunal Oral Federal 8 por el intento de manipulación de la investigación judicial sobre el asesinato de Mariano Ferreyra. Stafforini está acusado de haber sido uno de los que reunió la suma de 50.000 dólares para manipular el sorteo en la Cámara de Casación y asegurarse de ese modo que el caso quedara en manos de una sala que revocaría el procesamiento de Pedraza y del resto de los acusados, en búsqueda de la impunidad de los autores materiales e intelectuales del asesinato de nuestro compañero el 20 de octubre de 2010. En junio del 2011 el juez de instrucción Luis Rodríguez secuestró de una sucursal del Banco Galicia la caja de seguridad de Stafforini en la que se encontraban 50.000 dólares, un arma y documentación, en el marco de una investigación por el pago de coimas a jueces de la Cámara de Casación Penal para favorecer la situación procesal de los detenidos por el crimen de Mariano. Por este motivo Stafforini quedó imputado, junto a Pedraza, el exjuez Octavio Aráoz de Lamadrid, el funcionario judicial Luis Ameghino Escobar (hijo de un excamarista) y el agente de inteligencia Juan José Riquelme. En su momento la causa se disparó por una escucha telefónica interceptada por orden de la jueza Wilma López, quien instruyó el expediente principal por el crimen de Mariano, en la que el agente de inteligencia Riquelme, Pedraza, el exjuez Aráoz de Lamadrid y el propio Stafforini aparecían intercambiando comunicaciones en tono críptico. En las escuchas ordenadas por la justicia eran mencionados con insistencia los camaristas de casación Eduardo Riggi, Gustavo Wagner Mitchell y Mariano González Palazzo en tres etapas diferentes de la apelación que debían presentar los abogados de los detenidos, mucho antes de que cayera preso Pedraza, quien parecía ser el principal factótum de toda la negociación. Este es el prontuario del “Señor 5”.

Los casos de tos convulsa (o coqueluche) en nuestro país van en aumento. A la fecha se reportan 7 fallecidos a causa de la enfermedad. Cuatro de ellos tenían menos de 6 meses, uno tenía menos de 11 meses y dos no llegaban a los 2 años. “Ninguno de los cuatro casos en edad de vacunación posee dosis en el Registro Federal de Inmunización Nominalizado (Nomivac), mientras que los otros tres casos son menores de dos meses y tampoco se registra la vacunación materna”, indicaron desde el Ministerio de Salud Nacional. De acuerdo al último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) el número de casos asciende a 688 sobre 5.110 notificaciones de casos sospechosos. Los distritos que están informando más consultas de personas con signos de alerta son Tierra del Fuego, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Mendoza, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires. El grupo de 0 a 5 años registra la mayor cantidad de contagios, con predominio en los menores de 1 año, concentrando el 36,7 % de los casos confirmados en 2025 (252 en total), especialmente en el subgrupo de menores de 6 meses (173 casos). La tos convulsa, tos ferina o coqueluche es una enfermedad respiratoria aguda, que se puede prevenir por medio de la vacunación. Esta enfermedad puede afectar a personas de todas las edades, aunque presenta mayores tasas de morbilidad y mortalidad en lactantes y niños pequeños. Actualmente existen vacunas seguras y efectivas. En Argentina, además de la vacunación a los 2, 4, 6, 15-18 meses y a los 5 años, desde 2009 se inició la vacunación a los 11 años con el objeto de disminuir los reservorios en adolescentes. En el año 2012 se recomendó la vacunación contra tos convulsa para todas las personas gestantes a partir de la semana 20 de gestación y se incorporó esta indicación al Calendario Nacional de Vacunación (CNV) en el año 2013. Una enfermedad que se propaga a nivel mundial El aumento de casos de Coqueluche representa una tendencia a nivel mundial. Durante la década del 2010 a 2019, a nivel mundial, se notificaron en promedio 170.000 casos anuales de tos convulsa (coqueluche). Sin embargo, durante la pandemia de COVID-19 se observó un descenso importante, con un promedio de 80.227 casos anuales entre 2020 y 2023, lo que representa una reducción de aproximadamente dos veces con respecto al periodo anterior. El año 2021 marcó el mínimo histórico reciente, con solo 29.623 casos notificados a nivel mundial, para luego aumentar el 2022 y 2023 con 63.024 y 158.910 casos respectivamente. En la Región de las Américas, el año 2012 registró el mayor número de casos de la década, con 72.328 casos notificados de tos ferina. Desde 2013, se evidenció una disminución progresiva en el número de casos notificados anualmente en la Región hasta el 2022, cuando se alcanzó su punto más bajo con 3.283 casos y luego en 2023 aumentó a 4.139 casos. Durante el año 2024 se registra de manera provisional un aumento en el número de casos respecto a los años previos, con un total de 43.751 casos en la región. Además, en 2025 los sistemas de vigilancia de varios países de América (Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú) han reportado un aumento de casos. El 10 de junio de este año, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica ante el aumento de casos de coqueluche en varios países de la región de las Américas. Como sucede con la propagación del Sarampión, el aumento de casos de Coqueluche se conjuga con el descenso de la cantidad de personas vacunadas. En octubre del presente año, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió sobre el aumento de esta enfermedad en el país e insistió, una vez más, en la necesidad de aumentar la vacunación de calendario para esta enfermedad, que está aún por debajo del 95 % recomendado para salir de la cobertura subóptima con el esquema inicial de tres dosis (a los 2, 4 y 6 meses de edad) y un primer refuerzo a los 15-18 meses con la vacuna quíntuple/pentavalente, el segundo refuerzo a los 5 años con la triple bacteriana celular y el tercer refuerzo a los 11 con una dosis de la triple bacteriana acelular. A nivel mundial, regional y nacional, se registra un descenso progresivo de las coberturas que redunda en una acumulación de personas susceptibles a contraer la enfermedad. El análisis del esquema completo de vacunación contra coqueluche muestra diferencias marcadas entre jurisdicciones. Provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan mantienen altas coberturas en la mayoría de las etapas del calendario, con buen inicio del esquema y refuerzos sostenidos, lo que indica menor acumulación de susceptibles. Por su parte, la provincia de Buenos Aires, CABA, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones presentan coberturas intermedias a bajas en varios puntos del calendario, especialmente en los refuerzos de 5 y 11 años, donde se observan los valores más críticos. En embarazadas, la variabilidad también es amplia, con coberturas óptimas en algunas provincias y subóptimas en otras. El aumento de casos, además, sucede en el marco del desmantelamiento del sistema de salud pública y en el marco de una tendencia mundial, impulsada principalmente por los Estados Unidos, de cuestionamiento de la efectividad de las vacunas con el objetivo de privatizar la salud y reducir al máximo los costos que debe afrontar el estado. Estamos ante la expresión más cruda del régimen capitalista en descomposición, junto a la guerra mundial. Fuentes: https://www.sap.org.ar/storage/app/uploads/public/68f/a2d/c81/68fa2dc8113af602880171.pdf https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2025/01/ben-784-se-47.pdf https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bancos/2018- 10/0000000473cnt-2013-10 coqueluche-recomendaciones-definiciones 0.pdf https://www.paho.org/sites/default/files/2025-05/2025-05-31-alerta-

Reforma laboral: una “ley negociada” Por Pablo Busch Faltando pocas horas para que el Gobierno presente el texto oficial de la reforma laboral, los medios han filtrado varias modificaciones que se introducirían en el texto original. En el proyecto no figuraría la limitación de las cuotas solidarias. El aporte compulsivo por “uso de convenio” es hijo de La ley de Desregulación de las Obras Sociales. Antes, los trabajadores estaban obligados a afiliarse para tener acceso a las obras sociales. El aporte compulsivo fue acordado con las Cámaras Empresarias, que actúan como agentes de retención de los salarios de los trabajadores. La quita del aporte de los no afiliados afectaría también la capacidad de decisión de las direcciones sindicales, que hoy actúan con sindicatos vaciados de afiliados pero que recaudan compulsivamente. A diferencia de la versión anterior, la iniciativa establece que los convenios por empresa o por región están por arriba de la ley, pero deja en pie “la representación sindical (…) del o los sindicatos de primer grado con personería gremial en el ámbito territorial y del personal que se pretenda negociar”. También desapareció un artículo que reducía la cantidad de delegados en las empresas. El texto liquida el derecho de huelga, a través de su reglamentación. La mayoría de las ramas del trabajo (transporte, salud, educación) serán consideradas esenciales y están obligadas a mantener un 75 % de los servicios. El resto será considerado trascendental, y será obligado a mantener servicios por lo menos al 50 %. La reforma incluye la regulación de las asambleas de trabajadores en los establecimientos al obligar a que tengan “autorización previa” del empleador con respecto al horario y el tiempo de su duración y si se realiza dentro de la empresa deberá requerirse autorización respecto del lugar. En la reforma laboral se mantiene, además, la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, o sea la continuidad de su vigencia hasta tanto no sea reemplazado por otro. El atenuante que ofrece el Gobierno es que se mantendrían vigentes las condiciones de trabajo, pero no las obligaciones de aportes. El proyecto oficial respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas”, que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (como aportes y compromisos de empleadores ante los sindicatos) se caerían al vencimiento del convenio. Otro punto que sigue vigente es la creación del salario dinámico, que apunta a crear un ítem variable de carácter individual sujeto a objetivos. Los trabajadores que pretendan recuperar lo que pierden en su salario contra la inflación deberán discutir con su empresa cláusulas de flexibilidad laboral en vez de reclamar paritarias. La ley incluye la derogación de varios estatutos profesionales. Se incluyó la anulación de la Ley 12.908 del Estatuto del Periodista y se mantienen la abolición de la Ley de Teletrabajo, los estatutos del viajante de comercio y del peluquero y las normas que regulan el horario de los supermercados, entre otras. La CGT rechazó formalmente la reforma laboral que se había elaborado en el Consejo de Mayo, pero se manifestó abierta a negociar. Portugal: Paro general contra otra reforma laboral Por Ceferino Cruz La movilización que desembocará en la huelga general convocada para el 11 de diciembre de 2025 fue gestada a partir de una oleada de protestas en noviembre, cuando miles de trabajadores salieron a las calles de Lisboa contra el “paquete laboral” del gobierno. La huelga fue convocada formalmente por las dos principales centrales sindicales del país: la CGTP Intersindical (CGTP), la central históricamente ´combativa´ y de fuerte arraigo obrero; y la UGT (Unión General de Trabajadores), más moderada, que decidió sumarse a la huelga tras deliberaciones internas. Se trata de la primera huelga general conjunta desde 2013, año en que la respuesta obrera masiva apuntaba contra las políticas de austeridad de la “troika”. La “troika europea” fue el nombre que se le dio al órgano –compuesto por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)– que dirigió los programas de ajuste, rescate financiero y supervisión económica durante y después de la crisis de 2008 – 2012 en países como Portugal, Grecia, Irlanda, entre otros. En octubre ya hubo en Portugal una huelga significativa del sector público: según el sindicato Frente Comum, la adhesión promedio fue del 80 %, alcanzando 90 % en sanidad, educación y justicia. Esa huelga exigía aumentos salariales y rechazaba la nueva ley laboral impulsada por el gobierno. Por lo tanto, la huelga general no surge de un conflicto aislado o puntual: es parte de una escalada en la movilización obrera, que ha venido madurando desde comienzos del otoño portugués. Un fantasma recorre el mundo: la Reforma Laboral El gobierno –dirigido por Luís Montenegro, tras la victoria de la coalición de centroderecha (PSD-CDS) en 2025, ha puesto en marcha un proyecto conocido como Trabajo XXI. Entre las modificaciones más preocupantes figuran: Facilitación de los despidos en pequeñas y medianas empresas: permitir despidos sin causa justificada, eliminando trabas probatorias. Mayor flexibilidad para la subcontratación, precarización del empleo y expansión de contratos temporales. Introducción de “bancos de horas individuales”, que posibilitan acumular horas extra sin compensación inmediata. Restricciones al derecho de huelga: la reforma ampliaría los sectores sujetos a servicios mínimos, debilitando la capacidad real de protesta. Recortes en derechos sociales: reducción de permisos (por maternidad/paternidad, lactancia), alivio de cargas para los empleadores; un retroceso en materia de protección social. El cuadro europeo: ofensiva general del capital La situación portuguesa no es un caso aislado, sino parte de una ofensiva más amplia que recorre Europa. Ante eso, la reacción obrera encuentra obstáculos: burocracias sindicales cómplices, fragmentación sectorial, limitaciones legales a huelgas, servicios mínimos extensos. La reforma “Trabajo XXI” busca hacer pasar al mercado laboral portugués a un estado de precariedad estructural. La huelga general en Portugal del 11 de diciembre es la expresión de un conflicto de clase profundo: el intento del capital europeo de “reordenar el trabajo”, y una clase obrera que recupera el protagonismo. El gobierno elimina el financiamiento de los proyectos de investigación Propone a los científicos asociarse con el sector privado o endeudarse para conseguir financiamiento. Por Sergio Yeti En el día de ayer, 5 de diciembre, una circular de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) perteneciente a la Jefatura de Gabinete, dio a conocer que se cancelará el financiamiento de los proyectos PICT (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica) 2022 ya concursados y los PICT 2023 a concursar. El dinero para este financiamiento, particularmente el de la convocatoria 2022, viene siendo retenido por el gobierno desde que asumió. La Agencia I+D+i es la encargada de captar, centralizar, concursar y otorgar el financiamiento para ciencia, tecnología e innovación procedente de fondos como el Banco Interamericano de Desarrollo(BID) o el Banco Mundial(BM). La misma Agencia viene paralizada desde la asunción del gobierno, con salario congelados hace más de un año y rotaciones en su presidencia. Los PICT estaban orientados a “propuestas de generación de conocimiento original y/o innovador, científico y/o tecnológico, con objetivos definidos que incluyan una explícita metodología de trabajo y conduzcan a productos y resultados verificables y evaluables y en principio, destinados al dominio público”. Y los tipos de proyectos apuntaban a la formación de equipos de trabajo, con escalafones de financiamiento desde investigadores que se inician en la investigación, hasta grupos de trabajo formados. La circular de la Jefatura de Gabinete que elimina los PICT, anuncia que se crearán cuatro convocatorias públicas para concursar por el mismo financiamiento, pero ahora reperfilando la producción al lucro del sector privado. Por un lado, lanzó el Apoyo a la Investigación Científica (AIC) el cual otorga hasta 200 mil dólares. Los proyectos que se presenten tienen que “ser instituciones de investigación públicas y privadas sin fines de lucro -incluyendo universidades, centros de investigación y fundaciones- que desarrollen proyectos de investigación aplicada en asociación obligatoria con empresas del sector privado”. La financiación puede alcanzar hasta el 80 % de la inversión necesaria y el otro 20 % debe ser solventada por el investigador o el sector privado. El monto total destinado a los AIC es de 10 millones de dólares. Por otro lado, lanzó 3 líneas de financiamiento al desarrollo de Startups (“emprendimiento emergente con capacidad de escalamiento, fuerte componente innovador y potencial de impacto en cadenas de valor”) que se encuentren ya en niveles de madurez tecnológica media a avanzado (TRL 3 a 9) esto significa que las fases de investigación básica ya están avanzadas o terminadas (nivel 3) y empiezan las etapas de desarrollo tecnológico (correspondiente al nivel 4 al 6). Para estos concursos el préstamo es reembolsable a 10 años a un 120 % del monto original y con 3 años de gracia. El monto total destinado a estas tres convocatorias es de 11 millones de dólares (2,5 millones para los niveles de maduración 3-4; 3,5 para niveles 5-6; y 5 millones para los niveles 7 a 9) En medio de una recesión industrial y de un vuelco del capital productivo hacia el capital financiero, el gobierno busca que los científicos salgan a buscar a las empresas para poder concursar a subsidios para investigaciones que vuelven a las empresas, o sea un subsidio directo al capital productivo que hoy se retrae sobre los bonos de deuda que ofrecen los estados. La otra salida que ofrece al gobierno es ofrecer esquemas de endeudamiento laxos a través de startups . En su comunicado el gobierno no aclara que se hizo con el dinero de los PICT 2022 y 2023, deja en claro que el Estado va a poner todo su andamiaje para salvaguardar el desarrollo del capital.

La Corte Suprema de Justicia ha otorgado un aval sin precedentes al latrocinio perpetrado por el Estado contra las jubilaciones a raíz de la reforma previsional realizada en 2017. Luego de que distintos fallos aseguraran la inconstitucionalidad de la ley que redujo el ajuste de las jubilaciones en marzo de 2018 (un 14,5 % contra el 5,7 % que se aplicó), la Corte Suprema (con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) acaba de fallar a favor de la apelación de los fallos que realizó Anses. La Corte niega que afecte los derechos adquiridos por los trabajadores, sin mayores explicaciones y sostiene que el Congreso tiene la facultad de dictar leyes retroactivas. Sin mayores pelos, afirman que se encuentra en juego el equilibrio fiscal del Estado. Milei y Caputo tienen piedra libre para liquidar el derecho previsional; el “equilibrio’ económico de la tercera edad ha quedado reducido a la nada. Hasta 2017, los aumentos periódicos de jubilaciones y pensiones se regían por un mecanismo semestral de movilidad, que se aplicaban en marzo y septiembre de cada año. La Ley sancionada en diciembre de 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri, reemplazó ese mecanismo por uno de ajuste trimestral (bajo un nuevo cálculo que incluía un 70 % de la variación del índice de precios al consumidor y 30 % de la variación del salario promedio). La confiscación de Anses consistió en pagar en el mes de marzo de 2018 un aumento basado en el cálculo del trimestre anterior (un 5,71 %) y no en el de los seis meses que transcurrieron luego de que los jubilados recibieran el último aumento. De los seis meses de inflación que horadaron las jubilaciones, el gobierno sólo compensó tres (incluso por debajo de la inflación). Milei repitió el operativo en diciembre de 2023, cuando devaluó el peso en un 63 %, desató una inflación mensual del 25 % y simultáneamente congeló las jubilaciones. Medio siglo después del Rodrigazo peronista de junio de 1975. Luego de iniciada la causa promovida por el jubilado Miguel Fernández Pastor, exdirectivo de ANSeS, la Sala 3 sostuvo en 2018 que el ajuste que se aplicaba en marzo de 2018 debía corresponder a los seis meses que transcurrieron a partir del último aumento. El fallo sostenía que dentro de los treinta días, la Anses debía liquidar los haberes correspondiente al período. El pago no se realizó. En ese entonces se informó que “a pesar de la promesa inicial de no hacerlo, la ANSeS está apelando a la Corte Suprema entre 1.000 y 1.500 sentencias por semana de juicios favorables de los jubilados. Son fallos de las tres Salas de la Cámara de la Seguridad Social, que rechaza esas apelaciones, pero la ANSeS interpone 'recursos de queja' para que la Corte revea las decisiones de la Cámara” (El Diario, junio de 2018). La Corte dice que “constituye una facultad del Congreso de la Nación efectuar modificaciones al régimen de movilidad que no hieran de modo sustancial su contenido económico", lo cual fue exactamente lo que sucedió. También aseguró la inexistencia de un derecho adquirido a mantener determinado régimen de movilidad; pero la demanda no era contra el régimen de movilidad sino contra su aplicación de manera retroactiva, es decir, aplicando un aumento trimestral luego de seis meses sin aumento. El fallo de la Corte constituye un alineamiento explícito con la política de ajuste, cuando asegura que el cambio de régimen de movilidad jubilatorio fue realizado “a fin de lograr una mejor administración o dar mayor previsibilidad financiera al sistema de seguridad social”. El aval de la Corte al ajuste a los jubilados con el argumento de la “previsibilidad financiera” ha sido dictado desde las oficinas del FMI. El monto total de confiscación a los jubilados es equivalente a un punto del PBI, 5 mil millones de dólares, contra siete millones de jubilados. La contracara fue el anuncio de ampliación presupuestaria para el pago de comisiones e intereses de la deuda pública. Al igual que sucediera durante el kirchnerismo, los fondos del Anses fueron destinados al pago de la deuda. LEER MÁS: La Corte Suprema de la Nación y los jubilados, una ´transparencia´ no tan transparente Por Charly Petrillo – Jubilados Clasistas, 21/07/2025. 90.000 sentencias firmes de reclamos jubilatorios que no se pagan Los jubilados morimos recorriendo los pasillos de Tribunales. Por Charly Petrillo – Jubilados Clasistas, 05/09/2024. Jubilados: el pago (no tan) “inmediato” de los juicios por reajuste encubre una nueva confiscación Por Jacyn, 09/07/2024.

Este viernes 5 de diciembre se realizó una movilización desde la plaza central de Libertador General San Martín (Ledesma) hasta las puertas de la empresa Ledesma, reclamando por la reincorporación de los despedidos, por una Navidad sin despidos y por aumento salarial. La movilización fue una acción muy importante de parte del activismo para enfrentar la avanzada conjunta de la patronal, la burocracia sindical y el Estado. Continúan los ataques Luego de más de 300 despidos, la patronal continúa su ofensiva. Han circulado en los últimos días videos sobre una campaña de persecución a delegados y obreros, quienes sufren un ‘apriete’ cotidiano por parte de personal de seguridad de la empresa con amenazas y también a través de cámaras de seguridad que los siguen todo el tiempo buscando cualquier excusa para sancionarlos, inclusive si se demoran en las inmediaciones del baño. Está campaña busca amedrentar al activismo de cara a las elecciones de delegados que se deberían realizar a la brevedad. Esto sucede frente a pasividad y hasta complicidad de la comisión directiva del SOEAIL (sindicato de trabajadores del Ingenio Ledesma), que no sólo ha dejado pasar los despidos sin tomar ninguna medida de fuerza ni convocar a la base para deliberar qué medidas tomar, sino que además hace la vista gorda frente a nuevos ataques de la patronal contra activistas y delegados. Los que sostienen la campaña contra los despidos y por la reincorporación de los compañeros son una fracción del cuerpo de delegados, algunos activistas y obreros que fueron echados por la empresa en el pasado. La comisión directiva del gremio todavía no ha anunciado la fecha para la elección de delegados, busca armar una maniobra para quedarse con los delegados que le respondan y quebrar así un espacio del activismo que se organiza contra la avanzada patronal. 6 de diciembre, Día del azucarero De cara al día del azucarero, la burocracia volcó todos sus recursos económicos en hacer un festejo para la “familia azucarera” tanto en las instalaciones del gremio como en los lotes del interior. Asado, bolsones navideños y fardos de azúcar para cada afiliado. Sin embargo, no movidó un dedo para la movilización del 5 de diciembre contra los despidos. ¿Qué puede festejar una comisión directiva que ha dejado pasar más de 300 despidos sin tomar una medida? En este cuadro de amedrentamiento a los obreros, la marcha fue garantizada principalmente por los delegados que sostienen la carpa y la lucha por la reincorporación. Hasta una tormenta torrencial atentó contra la marcha pero ni eso pudo detenerla. La movilización contó con el apoyo y solidaridad del pueblo que vitoreaba mientras la marcha se dirigía hasta el ingenio. Por un cuerpo de delegados combativos En un escenario muy adverso, con una comisión directiva que da la espalda a la lucha contra los despidos, una patronal que sigue esgrimiendo la amenaza de una nueva tanda de despidos en el horizonte, un gobierno que no ha movido un dedo para tratar de mediar y evitar un tendal de despidos sino que los promueve, la movilización ha marcado todo un hecho en el pueblo. Frente al cierre y despidos en varias industrias a lo largo y a lo ancho del país, la lucha del ingenio Ledesma destaca porque ha logrado desenvolver, aún de manera incipiente, una autoconvocatoria obrera que enfrenta a la patronal y a la burocracia sindical entreguista y los planes de destrucción laboral del gobierno liberticida. De cara a la elección de delegados por sector, la tarea del momento es preparar y ayudar a desenvolver una gran elección de delegados activistas que ayuden a organizar a los obreros para profundizar esta lucha de cara a los nuevos desafíos y enfrentamientos que tienen por delante. En el dia del azucarero, un saludo a todos los obreros y renovar las energías por la defensa de todos los puestos de trabajo. LEER MÁS: Jujuy: Ledesma no espera la reforma laboral liberticida y continúa despidiendo Por Iñaki Aldasoro, 10/11/2025. Despidos en Ingenio Ledesma: “La autoconvocatoria surge de un grupo de delegados porque el sindicato no nos representa” Entrevistamos a Daniel, uno de los compañeros que está encadenado en las puertas del ingenio contra los despidos en Ledesma, junto a algunos delegados y algunos despedidos que sostienen la medida, 10/11/2025.

Como contamos anteriormente, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, desde que asumió en diciembre de 2023 ha atacado sistemáticamente las condiciones salariales y laborales de los trabajadores municipales . Estos últimos actualmente se encuentran haciendo diferentes acciones , denunciando el salario de indigencia que cobran, por despidos arbitrarios que hubo, por el histórico pedido de pase a planta permanente y por un bono cuyo pago no se efectiviza hace meses. Por su parte, el sindicato de municipales convoca a un paro de 72 horas con cese total de actividades, pero para el ¡¡26, 27 y 28 DE DICIEMBRE!!. Vuelve a repetir su estrategia de dilatar el conflicto y desgastar a la base en acciones aisladas, como en el 2024 , que llevaron a los trabajadores a perder poder adquisitivo. Desde estas páginas hemos denunciado que llamar a paros aislados, convocar asambleas por sectores, llevaba a una derrota asegurada. Los trabajadores reclaman además por un bono impago hace más de 4 meses y por la devolución de los días descontados por luchar. Ramón Lanús se comporta como patrón de estancia: no cumple con los acuerdos firmados por él mismo y después descuenta los días de lucha. Desde Política Obrera sostenemos que los trabajadores municipales deben unirse (trabajadores de salud, de tránsito, espacio público, administrativos, etc.) en UNA SOLA ASAMBLEA y votar un plan de lucha qué supere el inmovilismo del sindicato y así torcerle el brazo a Ramón Lanús.

La discusión paritaria en el SUTNA Convenios por Empresa Por Gabriel Meggiotto y Julio Gudiño El día 5 de diciembre la Secretaría de Trabajo de la Nación reanudó las discusiones paritarias en el neumático que había “archivado”, el pasado 20 de octubre, el Secretario de Trabajo, Julio Cordero. Las actas de la audiencia publicadas por el SUTNA muestran, en primer lugar, la voluntad de las patronales en imponer una rebaja salarial y avanzar en la flexibilización laboral en todas las fábricas y, por otro lado, la colaboración total de la Secretaría de Trabajo para imponer el “salario dinámico” - que se calcula por productividad y ya no por jornada u horas trabajadas-. En la cuadragésima primera audiencia paritaria del año, las patronales de Bridgestone y Pirelli ofrecieron “una nueva propuesta” de adelantos a “cuenta de futuros aumentos” -un 23.8 % y un 19,2% respectivamente, muy lejos de la inflación anual 2025 de más del 30 %-. En cambio, FATE, que mantiene los salarios congelados desde enero de 2025, planteó que “se encuentra atravesando una muy delicada situación en términos económicos y productivos que hace tiempo aqueja a la compañía (...) la cual se ha visto ostensiblemente profundizada en los últimos meses (...) Sin perjuicio de todo lo expuesto, FATE manifiesta que, en el caso de que el Sindicato acepte la propuesta efectuada por la representación empresaria de Pirelli, fijará su posición en el plazo de 72 hs.” (Acta Paritaria, 05/12); un trabajador calificado cobra por quincena 598.000 pesos aproximadamente. Para el SUTNA, las patronales “ (...) han tomado nota y presentado propuestas más cuidadas con respecto a la manifestación de la audiencia anterior”, pero por debajo de los adelantos a ´Cuenta de Futuros Aumentos´ que “fueron 24 % y 20 % respectivamente mientras que las propuestas volcadas por ellas (Bridgestone y Pirelli) en esta acta son de 23,8 % y 19,2 %).’’. “La tercer patronal, FATE, si bien insinúa poder acompañar la propuesta del 19,2 % expresada por Pirelli, sigue eludiendo colocar una propuesta concreta mientras mantiene desde enero los salarios sin modificación salarial alguna.’’. La dirección del SUTNA no colocó en la negociación paritaria el pago del ´bono de fin año´ de 2024, ni tampoco el reclamo por el pago y actualización del ´bono fin de año´ 2025. Sin dudas, la novedad de esta cuadragésima primera audiencia es que las patronales, en forma concertada, llevaron tres propuestas salariales diferentes a la mesa de negociación, con la intención de dejar establecidos los convenios por empresa -el corazón de la reforma laboral que los ´libertarios´ (LLA) y el peronismo (FP) promueven en el Congreso Nacional-. Al respecto, el SUTNA reclama una propuesta paritaria única y denuncia ésta política de las patronales como “un artilugio que denota la mala fe negocial de la patronal como una maniobra concertada y artera para evitar la negociación colectiva (...) Queda claro que el hecho de fragmentar la propuesta del sector empresario ha sido orquestada al solo efecto de dilatar las negociaciones salariales (...)”. Con todo esto, el inmovilismo de la Negra es total, porque simplemente señala que “vamos a hacer acciones gremiales y vamos a seguir el plan de lucha” sin que haya ninguna medida concreta deliberada y votada en asamblea. Urge la convocatoria a una Asamblea General para comprometer una estrategia política única y con una plataforma de reivindicaciones, por la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, en un régimen laboral de 8 horas diarias, y 6 horas en las secciones insalubres, la defensa de un Convenio de Trabajo Único y en una campaña para unificar las luchas y plantear un plan de lucha que abarque a grandes contingentes fabriles. LEER MÁS: Neumático: la lucha por un convenio único es estratégica Por Julio Gudiño, 26/10/2023.

Los voceros de Maduro ahora desmienten las filtraciones realizadas el lunes de la semana pasada por Reuters, sobre el supuesto contenido de la llamada que tanto Trump como Maduro confirmaron haber mantenido el 21 de noviembre durante 15 minutos. Según Reuters, en esa conversación Trump le había impuesto un ultimátum a Maduro hasta el viernes siguiente para que dejara el poder. Sin embargo, los comentarios públicos de Trump sobre esa charla se limitaron a decir que “no fue ni buena ni mala, solo una llamada”. Los voceros del presidente venezolano recién este sábado comenzaron a desmentir la versión de Reuters, al afirmar que la conversación transcurrió con cierta cortesía y que incluso se habló de la posibilidad de realizar un encuentro presencial entre ambos mandatarios. Según esta versión, los trascendidos falsos de Reuters tuvieron por finalidad calmar a los gusanos encabezados por Marco Rubio, furiosos por la llamada. El gobierno de Trump también quedó en ridículo el miércoles pasado al pedirle al gobierno venezolano autorización para retomar los vuelos de extradición de migrantes venezolanos, apenas tres días después de haber declarado —unilateralmente y fuera de todo derecho— cerrado el espacio aéreo venezolano. Al respecto, Maduro también tuvo una conversación con Erdogan, el presidente de Turquía, en la que acordaron que retomaría los vuelos, en lo inmediato, la línea aérea de ese país. Las autoridades venezolanas no ordenaron en ningún momento detener los vuelos y declararon que incluso los bombardeos a las barcazas que ha efectuado el Comando Sur en el Caribe nunca fueron en el mar venezolano, sino en aguas internacionales. Según voceros del gobierno venezolano, las filtraciones de Reuters también podrían ser una gran cortina de humo para tapar la expropiación y el robo flagrante que, tanto los gobiernos norteamericanos como el exgobierno paralelo de Juan Guaidó, cometieron sobre CITGO y que se terminó de consumar esta semana. El saqueo de los activos venezolanos CITGO Petroleum Corporation, el principal activo de la República Bolivariana de Venezuela en el extranjero, era la filial norteamericana de Petróleos de Venezuela (PDVSA), una empresa de refinación, transporte y comercialización que en Estados Unidos gestiona tres grandes refinerías y una red de 14.885 estaciones de servicio, con tiene capacidad para refinar 800.000 barriles diarios. Esta semana, la corte de Delaware —paraíso fiscal sin controles ni impuestos— aprobó la venta forzosa de las acciones de la empresa para repartir el producto de la subasta —con un oferente elegido a dedo— entre múltiples acreedores. El robo fue alevoso, ya que se otorgó al oferente por 5.900 millones de dólares un activo valuado entre 30.000 y 40.000 millones. El proceso judicial en Estados Unidos se originó por demandas de acreedores, encabezados por la minera canadiense Crystallex, que reclamaron indemnizaciones por expropiaciones realizadas por el gobierno de Chávez. Esta fue la culminación de un proceso de despojo que comenzó con el reconocimiento internacional del gobierno de Juan Guaidó en 2019 por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA. Hay 1.600 personas comandadas por Guaidó y Machado que cobraban hasta ahora sueldos —con el dinero confiscado a CITGO— en carácter de miembros del gobierno de Venezuela en el exilio. Recibían un sueldo directamente desde Washington. CITGO es el origen de la fuga de millones de dólares que han desaparecido. No lo dicen los bolivarianos, sino sus propios socios en el negocio. Lo dijo Julio Borges, un exsocialdemócrata de Acción Democrática que, tras saltar por múltiples partidos, finalmente recaló como canciller infiel de Guaidó: “Debemos pasar los bienes a un fideicomiso para evitar que la plata de los venezolanos vaya a las cuentas bancarias de Guaidó” (Tiempo Argentino, 6/12). La venta forzada de CITGO ocurre cuando ya —pasadas las elecciones— Guaidó y sus funcionarios no tienen argumentos para seguir manejando sus finanzas. A CITGO se le suma la expropiación de las 31 toneladas de oro venezolano confiscadas en Londres por el Banco de Inglaterra, el avión carguero de Conviasa confiscado en Argentina por el gobierno de Alberto Fernández y Monómeros, una petroquímica binacional colombo-venezolana usurpada por los gobiernos derechistas de Colombia, que luego fue devuelta por el presidente Gustavo Petro. Crisis en el Pentágono por el asesinato de los náufragos De los 23 ataques a barcazas que el Comando Sur realizó en el Pacífico y en el mar Caribe, el único que le está trayendo complicaciones a Trump es el del 2 de diciembre, cuando ocurrió un segundo ataque para rematar a dos sobrevivientes que flotaban en el agua alrededor de la barca prendida fuego. Hasta los republicanos están cuestionando este accionar, probablemente porque les permite desligarse de los hechos sin acusar directamente a Trump, ya que, aunque consideren legales los ataques en el mar, atacar enemigos a la deriva es considerado un crimen de guerra. Todo el asunto es de una hipocresía despampanante, ya que Estados Unidos no le declaró la guerra a ningún país, razón por la cual todos son asesinatos ordinarios, pero si lo hubiera hecho, las 83 ejecuciones en su totalidad también serían crímenes de guerra por la desproporción de la fuerza. El Pentágono no ha presentado ni una sola prueba de que alguna de las 23 barcazas haya contado con armas. El argumento que esgrime Washington es que las barcazas transportan drogas letales para los estadounidenses —de lo cual tampoco hay pruebas—, y todas las operaciones estarían avaladas por un memorándum secreto de la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Justicia. Pero no hay ni declaración de guerra ni justificación legal para un ataque a gente desarmada y sin pruebas; además, absolutamente todo queda desmentido por la capacidad de navegación de las barcazas, que hace imposible un viaje desde allí hasta las costas estadounidenses debido a la distancia a recorrer. Sin embargo, la hipocresía de la burocracia norteamericana les permite cuestionar el asesinato de los dos náufragos, lo cual fue suficiente para desatar una crisis que pide un fusible: la pelota se la están tirando entre el llamado “ministro de Guerra” Hegseth, que impartió la orden, y el almirante Bradley, que la ejecutó. Mientras tanto, Hegseth acumula problemas legales y políticos. Además de su responsabilidad en los ataques, una investigación interna del Pentágono lo halló culpable de utilizar la aplicación Signal en su dispositivo personal para transmitir información confidencial sobre operaciones en Yemen, poniendo en riesgo a las fuerzas estadounidenses. (The New York Times, 3/12) Además, el 12 de diciembre el jefe del Comando Sur debe dejar el cargo, al que ya había renunciado hace meses por desacuerdos con los operativos. Asumirá en su lugar el teniente general Evan L. Pettus, de la Fuerza Aérea. El viernes pasado, el gobierno de Trump publicó su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, en la que se refirió explícitamente a la doctrina Monroe —América para los americanos— y habló de frenar la migración indocumentada, combatir el narcotráfico y expandir la presencia estadounidense en el hemisferio occidental. Como para occidente Trump entiende América, queda claro que Washington profundizará su ofensiva en la región, pero sin cohesión y plagada de contradicciones. El sábado, miles de estadounidenses se movilizaron contra la guerra en Venezuela. También hubo movilizaciones en ese sentido en Chile, México, Puerto Rico, República Dominicana, España, Colombia y el País Vasco. En cambio, las movilizaciones convocadas por María Corina Machado a favor de la invasión fueron raleadas de asistentes. Una de las mayores fue en Buenos Aires, con menos de 500 personas, y contó con la participación de Patricia Bullrich, es decir, con el apoyo del gobierno nacional. En Madrid, apenas llegaban a 30. El ataque del Comando Sur en el Caribe no es contra Maduro, sino contra toda América Latina. LEER MÁS: El ultimátum de Trump a Venezuela Milei reclama a la Corte Penal Internacional el arresto de Maduro. Por Aldana González, 04/12/2025. El despliegue militar del imperialismo contra Venezuela Por Leib Erlej, 04/12/2025.

En horas de la madrugada y bajo un escandaloso reparto de cargos en el directorio del Banco Provincia, Kicillof logró que se aprobara su Ley de Financiamiento y pueda emitir nueva deuda por hasta 3685 millones de dólares. Sin este ‘refinanciamiento’, Kicillof adelantaba un escenario de quiebra financiera y, en lo inmediato, la imposibilidad de pagar aguinaldos a empleados y jubilados estatales. Ante esta extorsión antiobrera, el sindicalismo propatronal y estatal de los Baradel acompañó la demanda del gobernador sin chistar. Con esta nueva emisión de deuda, la ley prevé destinar 1.446 millones de dólares para afrontar los vencimientos de deuda de 2026, uno en marzo y otro en septiembre. El resto serán 251 millones para cubrir el déficit público, 1.045 para recuperar gastos ya ejecutados, 400 millones para obras, mientras que quedan 543 millones para ‘otras adjudicaciones’. Según un informe de la consultora Empiria, el nivel de deuda del Estado bonaerense ya equivale al 90 % de los ingresos provinciales, reflejando un cuadro estructural de quiebra financiera que sólo puede prolongarse mediante ‘refinanciamientos’ permanentes. Kicillof aprovecha cada ocasión para señalar que gran parte de esa deuda proviene del gobierno de María Eugenia Vidal que, sin embargo, legitimó. El informe destaca que en la provincia cayó la recaudación por la baja temporal de retenciones y el adelantamiento de exportaciones; la caída de los impuestos ligados a la actividad interna (IVA, DGI, cheque, internos) y la eliminación del impuesto PAÍS. Kicillof denuncia que el gobierno de Milei le debe a la provincia “13 billones de pesos” en conceptos de transferencias no ejecutadas. Lo cierto es que para conseguir la aprobación de la ley Kicillof debió primero pactar con los legisladores de los intendentes ‘propios’ (La Cámpora) y ajenos un fondo por 360.000 millones de pesos, que se financiaría con este nuevo endeudamiento. Lo mismo en cuanto a nombrar cargos públicos como el Consejo General de Cultura y Educación y el Tribunal Fiscal de Apelación. La frutilla del postre fueron los nuevos cargos creados en el directorio del Banco Provincia, que se entregaron a legisladores del massismo, camporistas, radicales, del PRO y los “libertarios blue” de Carlos Kikuchi, que asumieron como LLA para luego escindirse. Asediado por el quebranto señalado, un desesperado Kicillof cede terreno político y financiero apelando a los pactos podridos de la ‘casta’. El BAPRO es una entidad financiera de envergadura y lejos de estar al servicio de las necesidades de los trabajadores de la provincia. La LLA, que votó en contra de esta ley, denunció que cada uno de esos cargos “va a costar 70 millones de pesos por mes”. Desde que asumió Milei, sin embargo, este reparto de votos por cargos, endeudamiento y transferencias financieras, en primer lugar con los gobernadores, sigue siendo la norma a seguir, especialmente ahora hacia el presupuesto nacional del 2026. Los ‘escandalizados’ libertarios de la provincia no escandalizan a nadie. Kicillof debe sortear, sin embargo, un escollo más, porque este endeudamiento debe contar con la autorización del gobierno nacional, es decir, de Caputo y Milei. Según lo establecido por la ‘Ley de Responsabilidad fiscal’ se habilita al gobierno nacional rechazar un endeudamiento provincial, en la medida en que el distrito no cumple con la ‘disciplina de finanzas públicas’, ponga en riesgo el patrimonio público o si hace gastos que estén por encima de la inflación. En una entrevista en A24, Caputo señaló que “Buenos Aires no está cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Técnicamente, lo que es deuda nueva no debería estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley. La provincia está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación”. ‘Técnicamente’ se rechazaría, pero ‘políticamente’, veremos. Kicillof no se caracteriza por un gasto público con fines sociales que siquiera empate con la inflación. Desde el gobierno de Kicillof replicaron que Caputo no dejaría en default la deuda de Buenos Aires a riesgo de transmitir mayor fragilidad al conjunto de la deuda argentina, que acaba de ser rescatada por el Tesoro norteamericano. En cualquier caso, se prevé una nueva etapa de negociaciones entre nación y provincia, a pocos días de lo que sería el tratamiento de seis nuevas leyes aclamadas por la clase patronal y el imperialismo en sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional. LEER MÁS: Buenos Aires: La Cámpora y los libertarios amenazan a Kicillof con el ‘default’ Por Emiliano Fabris, 02/12/2025.

El pasado 3 de diciembre, trabajadores y trabajadoras de enfermería de varios hospitales realizaron una movilización autoconvocada en respuesta a una maniobra discriminatoria del gobierno provincial. La chispa se encendió cuando enfermeros del Hospital del Niño —uno de los principales centros de salud de Tucumán— denunciaron que quienes cubran guardias durante las fiestas no recibirán el pago doble, que sí se otorgará al personal médico. La desigualdad provocó una reacción inmediata y desde el hospital de Niño se convocó a enfermeros de todos los hospitales para exigir igual remuneración por igual trabajo, sin distinción de sector. El pago extra para los médicos se ofrece en el marco de una profunda crisis del sistema sanitario. Las renuncias se acumulan, la falta de especialistas —sobre todo, pediatras— es alarmante y el gobierno tucumano intenta administrar la crisis con parches salariales selectivos. No es la primera vez que recurre a estas maniobras: en años anteriores, durante escenarios de paros y luchas, el SIPROSA ofreció pagos extraordinarios a sectores puntuales para dividir a los trabajadores y quebrar las medidas de fuerza. La reacción de enfermería se produce mientras los acuerdos salariales firmados por todos los gremios vinculados a la salud mantienen los sueldos por debajo de la línea de pobreza. A esto se suman condiciones laborales cada vez más críticas debido al aumento de la demanda en el sistema público —producto del encarecimiento de la salud privada— y planteles insuficientes para responder a esa sobrecarga. El cuadro es explosivo. La movilización del 3 de diciembre reunió a alrededor de cien enfermeros, quienes se concentraron en el Hospital del Niño y desde allí marcharon hasta las oficinas del SIPROSA. Las autoridades intentaron frenar el avance ofreciendo recibir solo a una delegación y bajo la condición de que la marcha no continuara hacia Casa de Gobierno. La maniobra fue rechazada y finalmente la columna llegó hasta Plaza Independencia. En distintos puntos de la movilización se hicieron paradas donde intervinieron distintos oradores, entre ellos, Raúl Barrionuevo , referente de los enfermeros del Hospital del Carmen y compañero de Política Obrera, quien saludó la autoconvocatoria y planteó la necesidad de profundizar la organización mediante asambleas y la elección de delegados por hospital y CAPS para, de esa manera, darle continuidad a la lucha. En ese sentido aludió a la gran lucha autoconvocada del 2010 (la más grande ocurrida en la provincia) y a la reciente lucha desarrollada desde el Hospital Garrahan, o sea, el rumbo de una lucha a fondo y de conjunto para arrancar los reclamos planteados. En la plaza Independencia, la movilización concluyó con un acto y asamblea, la cual resolvió volver a movilizarse el miércoles 10 de diciembre , esta vez concentrando en el Hospital Padilla, otro establecimiento clave del sistema público provincial. El viernes 5, el gobierno tucumano tomó nota de la decisión de los enfermeros y los convocó precisamente a una reunión para el mismo miércoles 10. Es claro que Jaldo pretende disipar la convocatoria a una nueva marcha. La decisión de los enfermeros es asistir a la audiencia convocada por el gobierno, pero para ello se van a realizar asambleas y elegir representantes por hospital y CAPS y para respaldar a los representantes mantener la movilización. VER EL VIDEO: Trabajadores de la salud, del sector de enfermería, se movilizaron de forma autoconvocada para exigir el pago doble para quienes hagan guardias en las fiestas. Nuestro compañero Raúl Barrionuevo, enfermero del Hospital del Carmen, dirigió unas palabras en la marcha.

El domingo 7 en el Parque Centenario ubicado en el barrio de Villa Crespo, Capital Federal, compañeros y compañeras de Política Obrera realizaron un acto para denunciar la guerra imperialista contra Venezuela y América Latina y el protectorado de Trump en Argentina. En el mismo tomaron la palabra los compañeros Jacyn, Valentina Viglieca (delegada de estatales), Daniela Magoc (delegada de salud) y Marcelo Ramal. En el transcurso del acto se explicó lo que sucede en las costas de Venezuela con la militarización por parte de Estados Unidos y sus implicancias para el conjunto de América Latina, así como se denunció el genocidio en Gaza y se describió el cuadro de guerra mundial y el rol de nuestro país. El acto llamó la atención en el lugar, como se comprobó en los caminantes que se paraban a escuchar, a conversar con los compañeros y a comprar el periódico de Política Obrera. Desde la tribuna levantada en el centro de la Capital Federal, Jacyn denunció que “esta militarización del mar Caribe, esta aplicación de la ley marcial, estos crímenes de guerra, por supuesto no tienen como objeto liquidar el tráfico de drogas a Estados Unidos” y que “el capitalismo es dependiente de la droga como el drogadicto. Los bancos no podrían sostenerse si no es con el blanqueo del dinero que genera el narcotráfico. El dinero que genera el narcotráfico alimenta la especulación inmobiliaria, el negocio del juego, el negocio del turismo”. Jacyn afirmó que “el propósito de la militarización del Caribe tiene que ver con provocar un cambio de régimen en Venezuela. Trump pretende liquidar al gobierno de Maduro y poner un Milei en Venezuela. Esto es un atropello político que debe ser denunciado, a pesar de que Politica Obrera no apoya políticamente al gobierno de Maduro, porque detrás de esto vendrán nuevos crímenes y nuevas agresiones contra los pueblos del mundo”. Sostuvo que “el propósito del imperialismo es cambiar el mapa político del continente, alinear a todos los gobiernos detrás de su política y lanzar una guerra internacional; esto es lo que conecta lo que sucede en nuestro continente con la masacre de Gaza”. Por último, denunció el nombramiento de Carlos Presti, militar en ejercicio como jefe de las Fuerzas Armadas, en el cargo de ministro de Defensa, y afirmó que “es un caso flagrante de politización de las Fuerzas Armadas. Tenemos un gobierno cívico-militar”. Daniela Magoc vinculó el panorama de guerra internacional con las consecuencias a nivel nacional. Como trabajadora de la salud, denunció que el acuerdo comercial de Argentina con Estados Unidos, la moneda de cambio del rescate financiero de Estados Unidos a Milei, insta a Argentina a formar parte del acuerdo internacional de patentes, lo que permite que farmacéuticas y laboratorios multinacionales ingresen al país. Y afirmó que “esto da cuenta del protectorado de Trump hacia Argentina, es decir, un país bajo supervisión de los Estados Unidos”. Cerró llamando “a todos los trabajadores a que podamos organizarnos, armar actos, realizar reuniones, asambleas en nuestros lugares de trabajo, de estudio, para discutir este tema, ver cómo nos organizamos, e ir preparando la huelga general, porque de la única forma en la que vamos a derrotar al gobierno y a Trump es con la huelga general”. Por su parte, Valentina Viglieca denunció que “el Gobierno necesita ampararse sobre su apoyo a la masacre hacia el pueblo gazatí para poder reprimir en nuestro territorio” y agregó que “esta tribuna es una tribuna contra la guerra imperialista de Trump, pero no sólo la guerra armada, sino la declarada por Estados Unidos y los gobiernos alineados con él, contra los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras”. Marcelo Ramal cerró la jornada desarrollando que "los argumentos que se están utilizando para atacar hoy a Venezuela se están desenvolviendo sobre varios países de América Latina” y que “el propósito de una intervención militar de Estados Unidos sobre Venezuela es establecer un régimen de opresión económica, social y política disfrazado con el barniz de instituciones representativas, y hasta ahi nomas, porque cuando las consecuencias sociales de esa colonización se impongan sobre las masas los representativos se tornarán dictadores, como ha ocurrido con todos los gobiernos títeres del imperialismo en el conjunto de América Latina”. También expresó que “desde nuestro partido, Política Obrera, entre la opresión semicolonial, el imperialismo y la defensa de la nación oprimida, estamos del lado de la nación oprimida con diferencia de sus gobernantes”. Y concluyó “Si Trump se sale con la suya en Venezuela, los grilletes del Fondo Monetario Internacional, de los acreedores, esos grilletes se van a apretar con más fuerza al pueblo argentino" y llamó a “desplegar en Argentina una gran movilización antiimperialista contra la agresión de Estados Unidos a Venezuela. Una gran gesta de este orden va a asociar al pueblo argentino a los miles de trabajadores que, en el mundo entero, a su manera, con sus banderas, le están diciendo no a la guerra imperialista.” Durante las intervenciones, varios transeúntes se detuvieron a escuchar y se vendieron decenas de periódicos. Una trabajadora que estaba de paseo por el parque agradeció la realización de la actividad. Desde Política Obrera, continuaremos realizando este tipo de actividades en distintos puntos de la ciudad y del país. VER EL VIDEO DEL ACTO ¡Abajo la guerra imperialista contra Venezuela.!¡Abajo el protectorado de Trump sobre Argentina! Acto de Política Obrera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Parque Centenario, domingo 6/12/2025 Transmitido en vivo por el Canal de YouTube de Política Obrera, 6/12/2025.

La noticia de la semana fue que Rappi inauguró el Índice Rappi, demostrando que desde noviembre de 2024 a noviembre del 2025 el aumento de repartidores fue del 252 % pasando de 40.000 repartidores a más de 150.000 en todo el país. El crecimiento del trabajo a través de Apps (aplicaciones) ha crecido producto de la recesión económica, el industricidio y los despidos. Según un informe realizado por El Destape (02/12), desde agosto de 2023 hasta agosto de 2025 se perdieron 276.000 puestos de trabajo, en ese sentido, las apps como Rappi han sido una fuente de ingresos para los trabajadores desempleados. Sumado a esto, las apps también han sido la fuente de pluriempleo que los trabajadores utilizan para poder llegar a fin de mes, frente a los salarios de miseria que les ofrecen las patronales y la baja en las paritarias. Rappi, como la mayoría de aplicaciones de delivery, no ofrece el pago de prestaciones sociales -es decir, obra social, jubilación, aguinaldo, vacaciones pagas, etcétera-, ya que los trabajadores de las aplicaciones no figuran como trabajadores en relación de dependencia, sino como monotributistas. Además, por las condiciones en las que trabajan los repartidores están expuestos a todo tipo de peligros. Tan solo hace algunos meses, el 28 de agosto, los trabajadores de las Apps de delivery en José C. Paz se movilizaron debido a un hecho de violencia que terminó con un repartidor recibiendo un disparo. Nuestra compañera, Natalia Bello, acudió a la movilización y mostró cómo la patota de Ishii agredía a los repartidores movilizados . Pero este es uno de los hechos de violencia de los que se tiene registro en el año, otro de ellos ocurrió el 31 de enero de este mismo año, donde Lucas Aguilar, un repartidor, fue asesinado a puñaladas por defender a un vendedor ambulante en Moreno. Por otro lado, el aumento de trabajadores en estas aplicaciones ya ha generado también conflicto entre los repartidores que más tiempo llevan utilizando la app para obtener ingresos. En septiembre, repartidores se movilizaron a La Plata, donde están las oficinas de Rappi, para exigir que se ponga un freno al registro de repartidores nuevos ya que las comisiones estaban bajando. Además, se exigió el pago del bono de lluvia, que se eliminen los pedidos de montos bajos llamados ‘’pedidos de 900$’’, aumentos de tarifa y en contra de los pagos injustos que la empresa justificaba bajo la excusa de que a los repartidores le quedaba cerca el lugar de envío. En esa ocasión, un repartidor señalaba que de hacer entre $30.000 a $45.000 diarios con la app, ahora apenas llegaban a hacer $20.000. Con el aumento de repartidores en la App, aumenta a su vez la precarización laboral. El coeficiente de Alcance de Pedido Promedio creado por la Fundación Encuentro revela que, para llegar al costo de la canasta básica, un repartidor tiene que hacer en total 461 pedidos mensuales, lo cual implica aproximadamente 15 pedidos por día bajo el pago promedio por pedido de 2554 pesos a día de hoy. La profundización de la crisis en Argentina y los despidos que se vienen aumentarán este número, en la medida en que siga creciendo la cantidad de repartidores que se registran y completan pedidos. Frente a la destrucción de las condiciones de vida de la clase obrera, los repartidores deben organizarse para lograr que se le reconozcan todos los derechos laborales que se les han negado desde que la App apareció en el país. LEER MÁS: Contrarrevolución laboral: la “deslaboralización” del trabajo Por Pablo Busch, 27/03/2025. Rappi y Pettovello: “Volver al Trabajo... precario” Por Leonardo Perna, 29/08/2024. Acerca de la juventud obrera Columna de debate. Por Pablo Ojeda, 14/05/2022.

Tal como señalamos en estas páginas , MOQSA (Micro Ómnibus Quilmes SA) picó en punta en concretar la amenaza de la cámara patronal del transporte de colectivos de pagar en forma desdoblada los sueldos de noviembre a los colectiveros, como ariete de extorsión para arrancar de los gobiernos nacional y provincial un aumento de los subsidios al transporte y el monto del boleto. Tal como sucedió con los salarios del mes de octubre, la patronal de MOQSA no depositó de manera íntegra los salarios del mes de noviembre. Los choferes iniciaron a las 00.00 horas del viernes 5 una retención de tareas. La UTA declaró su “solidaridad con los choferes de todas las empresas que enfrentaran la situación del no pago o pago desdoblado” y afirmó que acompañaría las medidas que resolvieran. Sin embargo, no ha declarado ningún paro general de solidaridad en el AMBA. Desde un punto de vista práctico, la retención de tareas implica la paralización del servicio, mientras que los choferes cumplen su horario laboral en cabeceras, bases y garajes de las empresas, pero sin mover las unidades a la calle. El viernes 5, la patronal de MOQSA convocó al Cuerpo de Delegados a una reunión donde les propuso depositar y abonar $800.000 a cuenta, excluyendo a dos secciones, y abonar la segunda cuota del salario el martes 9. En la línea 500, propiedad de la misma MOQSA, la oferta fue de $950.000, y los choferes de esa línea, “ablandados” por la patronal, aceptaron y salieron a prestar servicio. Una segunda variante que ofreció la patronal a los 1.047 choferes que trabajan bajo su órbita, era abonar el 100% del salario exclusivamente a los choferes que carnerearan la medida de lucha. La indignación ganó a la masa de los choferes. Reunidos en asamblea en el playón del garaje de Av. 14 y Camino General Belgrano, resolvieron sostener la retención de tareas hasta que todos, incluidas las dos secciones que pretendía marginar la empresa, cobraran de manera íntegra el salario, votándolo al grito de “todo o nada”. Esta decisión la sostendrían más allá del hecho de si la patronal concretaba el pago de la primera cuota del salario en los términos que formuló. La patronal de MOQSA está cebada, porque no sólo se trata de que desde hace un año y medio arrastra esta práctica, que aplicó en tres oportunidades en lo que va del 2025, tanto en MOQSA, como también con los de la San Juan Bautista y El Nuevo Halcón-148 y la línea 22, del mismo grupo empresario, sino, que además hace lo mismo con el pago de los viáticos (un adicional no remunerativo), y está acumulando una deuda con la obra social de los choferes que ya lleva ocho meses. A esto hay que sumar que el Estado no ha restituido la carga patronal previsional a los niveles previos a la pandemia de covid 19, un “beneficio” otorgado por el gobierno de los Fernández. Mientras los choferes resolvían mantenerse firmes durante todo el fin de semana largo en lucha por el pago íntegro de sus salarios, las patronales usaron como voceras de sus apetencias a una “accionista minoritaria” de MOQSA y a la hija de otro accionista “ex chofer propietario, que, aunque jubilado sigue trabajando”, que recorrieron los medios para agitar que el Estado aumente los subsidios, y boleto a $2.000 en el AMBA, “porque el boleto estaría barato”. Y hasta se quejó de que la AAET (la cámara patronal) le “habría soltado la mano a MOQSA”, ya que el grueso de las líneas -fundamentalmente las agrupadas en los Grupos DOTA, METROPOL y PLAZA- pagaron finalmente los salarios a término. Si la patronal de MOQSA completa el pago de los salarios, y los choferes levantan la retención de tareas, seguirá pendiente el tema de los viáticos, el aguinaldo -”hasta en seis cómodas cuotas”-, el vaciamiento de la obra social, de la caja jubilatoria y el apremiante problema de la miseria salarial, con un básico-inicial que está planchado en $1.400.000. Entre los choferes de numerosas líneas ha comenzado a circular con fuerza la consigna de un salario inicial en $2.500.000. La burocracia sindical de la UTA es un agente de la reforma laboral mileísta, en sus dos fracciones –Roberto Fernández y la de Bustundy. La UTA pugna por el interés de las patronales del transporte, ya que la AAET pretende que los gobiernos de PBA y de Nación equiparen los subsidios que reciben las patronales que operan exclusivamente dentro de CABA ($17.000.000 versus $21.000.000 por mes por colectivo). Mientras tanto, la UTA difiere el reclamo de reapertura de paritarias y las firma a la baja, en los términos de Milei-Caputo. Se impone desarrollar el método clasista en el gremio, recuperando las autoconvocatorias, como lo han hecho los choferes de MOQSA, y la elaboración de un programa y un planteo estratégico que debe levantar el proletariado del transporte: apertura de los libros contables de las empresas, esclarecer el costo operativo real para un precio real del boleto, acabar con la burguesía parasitaria y ‘planera’ del transporte, estatización del sistema de transporte sin indemnización y con control de los trabajadores y usuarios, jornada laboral de seis horas por insalubridad, salario inicial que cubra la canasta familiar, defensa de la edad de retiro jubilatorio a los 55 años, rechazo a la reforma laboral, y cualquier variante de precarización y flexibilidad laborales.

El miércoles 3 de diciembre, en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, se llevaron a cabo las Jornadas Pedagógicas convocadas por la DGCyE con el fin de convalidar los recortes de contenidos de la escuela secundaria media. El convite a la docencia para “Analizar y reflexionar sobre los nuevos diseños curriculares” no fue otra cosa que una puesta en escena para simular un “debate democrático” en donde el “Estado escucha a los docentes”, pero la reforma de los diseños curriculares ya está elaborada en sus aspectos fundamentales y esto se hizo, al igual que el NRA o el Convenio de Trabajo que sustituirá al Estatuto Docente, a espaldas de los trabajadores de la educación. ¿En qué consiste la reforma de los Diseños Curriculares? Fundamentalmente, apunta a la degradación de la formación científico-técnica de los estudiantes y reducir en el mediano plazo la masa salarial docente. Los recortes de los contenidos a enseñar en el aula toman la forma de un ataque directo a las disciplinas científicas como, por ejemplo, la Biología y la Física o la Historia y la Geografía, y su fusión en áreas, sea Ciencias Naturales o Ciencias Sociales. En esta fusión se van a perder módulos (horas de trabajo frente a alumnos) como ya está sucediendo en la escuela secundaria técnica donde se implementó un nuevo Diseño Curricular (2025). Por ejemplo, en el ciclo de formación general, desaparecen Historia y Geografía, y esos cuatro módulos son absorbidos por el área Ciencias Sociales de tres módulos. O sea, se esfuma el 25% de la masa salarial y el estudiante tiene menos tiempo de formación en Ciencias Sociales. Con la perorata de romper los moldes estancos que supuestamente imponen las disciplinas, entra en escena el verso de la “multidisciplinariedad”, que es el caballito de batalla del gobierno de Kicillof para meter esta contra-reforma educativa que degrada la formación de los estudiantes y ataca el trabajo docente. Para hacer pasar semejante ataque a los estudiantes y docentes es que las Jornadas comenzaban con el siguiente formato: ¿Qué ejes tomarían o creen que son indispensables del diseño curricular de geografía del primero al sexto año? Con este tipo de planteos obligaban a los docentes a tomar algunos ejes temáticos de los actuales diseños curriculares y dejar afuera otros. Luego, los funcionarios del gobierno insistieron una y otra vez que hay superposición de ejes temáticos en los diseños curriculares de una misma disciplina (materia) y entre las disciplinas (otras materias). Ejemplo: el modelo primario exportador se ve en varios años de una misma materia y en diversas materias. Entonces ¿por qué no agrupamos diversas materias como historia, geografía, economía y sociología en una sola área con menos carga horaria? Este simplismo pedagógico obvia algo elemental: que tanto los fenómenos sociales como naturales son abordados desde diferentes escorzos (Abschattung) por cada una de las diferentes disciplinas y esto lejos de implicar una superposición de contenidos, implica una elaboración más profunda, compleja y superior en el proceso de producción de transmisión y producción del conocimiento de tipo científico. El desarrollo de las jornadas Los docentes fueron divididos en sus diferentes áreas con el objeto de revisar los contenidos de los diseños curriculares actuales y, a través de un cuestionario, proponer cuales contenidos podían ser eliminados, cuales eran prioritarios y algunas sugerencias que podrían agregarse a los recortes. Esta jornada que se extendió por menos de cuatro horas pretendió simular un “congreso pedagógico” exprés. La docencia, y los estudiantes, actores fundamentales en el proceso educativo, resultaron ser convidados de piedra de la reforma de los diseños curriculares, promovidas por Kicillof, pensados en adaptar el sistema educativo a la degradación de un mercado cada vez más precarizado como consecuencia de las reformas laborales que impulsan a diestra y siniestra liberticidas y el peronismo . Queda claro que los métodos utilizados para hacer pasar esta reforma degradadora son una réplica de los que se usaron para avanzar con el NRA. Este régimen, hoy repudiado por toda la docencia, trajo aparejada sobrecarga laboral, disminución de contenidos, violación del Estatuto y la plena consciencia de que vino a profundizar el deterioro educativo de larga data. Sin embargo, estas Jornadas significaron para la docencia un lugar de encuentro y denuncia de la realidad que atraviesan las escuelas bonaerenses: falta de estufas, de vidrios, baños clausurados, sobrecarga laboral, salarios de pobreza, la violencia que se cuela por todos los poros de la escuela, la imposibilidad de dar clases en aulas con más de 35 alumnos, la falta de nombramientos, el rechazo al NRA, la complicidad de las direcciones gremiales en todo este proceso, etc. En conclusión, la reforma de los diseños curriculares en la escuela secundaria, como las realizadas en superior, forman parte de una contrarreforma educativa de mayor alcance cuyo objetivo es destruir la educación pública, gratuita y de calidad y entregar al capital un filón enorme para la valorización del capital (privatización de la educación). Al hundimiento de la calidad educativa y el avance de la súperexplotación laboral de la docencia opongamos la convocatoria a un Congreso Pedagógico de Bases con mandatos por escuela para elaborar un programa educativo que parta de la defensa incondicional de una educación pública, gratuita, de calidad y la defensa de un salario docente igual a la canasta familiar y por un plan de obras públicas dirigidos a revolucionar las condiciones materiales de aprendizaje y enseñanza. Abajo el pago de la deuda pública usuraria.

Como ocurrió en toda la provincia de Buenos Aires, el pasado 3 de diciembre, en Ezeiza también se realizó la “jornada docente” para tratar varios documentos vinculados a la transformación que se viene: un cambio radical en los contenidos que se imparten en la educación secundaria. En nuestro distrito se congregó a todos los docentes del nivel secundario del sector estatal en un mismo establecimiento (a diferencia de otros distritos que dividieron el plantel docente en varios colegios) mientras que a los docentes del sector privado se los congregó en otro colegio. La Tendencia Docente Clasista distribuyó profusamente nuestra declaración provincial, la cual tuvo muy buena acogida entre los concurrentes. En la misma se señalaba, sin medias tintas, que la jornada era “una puesta en escena para avanzar en el recorte de los diseños curriculares”. En todos los debates que recorrieron al conjunto de las comisiones afloró la grave crisis que atraviesa la educación pública. En Matemáticas, por ejemplo, se expuso la gran carencia de saberes que presentan los estudiantes que pasan de la primaria a la secundaria, en muchos casos sin el dominio de las operaciones básicas. Algo similar se constató en Lengua, donde los docentes señalan que una parte creciente de estudiantes llegan al secundario sin dominio de la lectoescritura. Lo mismo puede decirse de los estudiantes que egresan, donde la distancia entre el secundario y la universidad se agiganta de año a año. Pero donde más preocupación surgió fue en las comisiones de las materias del campo de las ciencias sociales y naturales, donde la reforma proyecta ir a la fusión y cierre de materias, algo que afectará drásticamente a los docentes que ven peligrada su continuidad laboral, pero que también impactará negativamente en la formación integral de los estudiantes. Farsa El gobierno de Kicillof llevó adelante una reforma del régimen académico sin consultar a la docencia. Una reforma educativa impuesta desde arriba, sin la participación de la docencia, es un hecho antieducativo por definición. Dicha reforma ya lleva un año. Modificó las condiciones de ingreso y egreso de la secundaria, así como la permanencia y las condiciones de aprobación de las materias, produciendo una sobrecarga laboral a los docentes y un descalabro educativo inenarrable, donde cada escuela actúa según su criterio para salvar los errores del nuevo régimen. Lamentablemente el ministro Sileoni, promotor de la iniciativa, no se quedó a observar los ‘grandiosos’ resultados de su criatura, porque el mismo renunció a la cartera educativa en noviembre pasado, acusando “cansancio”. Un abandono que veía venirse desde junio, pero que según trascendió la prensa, lo hicieron aguantar hasta que pasen las elecciones. Es en este sentido donde entra en juego la jornada docente del 3, para actuar de justificación para la implementación de las modificaciones a los contenidos que se están diseñando tras bambalinas, y que la docencia desconoce. El método desarrollado es completamente pérfido: convocan a los docentes, los hacen formar grupos, y les proponen debatir un texto que es un recorte de un tema puntual. Dicho texto tiene que ser leído y analizado en el momento. Cada grupo en un breve lapso de tiempo debe leer, debatir, sacar alguna conclusión, y presentarla. Luego en la comisión se reúnen las conclusiones de los grupos, y se engloba/resume en una conclusión común. Luego, lo propio, se engloba/resume las conclusiones comunes de cada comisión, en una nueva generalización. Así llegamos a una elaboración fácilmente manipulable. Además -claro está- no es una consulta “vinculante”: de todo este trabajo, el gobierno puede tomar y desechar lo que le plazca. En los entresijos de los textos, algunos observaron un dato revelador: cuando se menciona a la educación básica, que actualmente abarca 1º, 2º y 3º, aparece incluido 4º año. Es decir que 4º pasará a la educación secundaria básica, con lo cual estamos en presencia de una virtual estación terminal para una parte importante del estudiantado, como idea general. El recorte de contenidos, y la entrega de los años superiores a la iniciativa privada forman parte del mismo paquete. No hay que ser un genio para darse cuenta que para que se dé un verdadero debate, el gobierno debería distribuir el hasta ahora oculto borrador del proyecto entre la masa docente, con varios días de anticipación, para que el docente pueda leerlo y llegado el momento pueda realizar sus críticas y aportes con cierto fundamento. Además, los realizaría sobre el texto mismo, y no sobre un recorte de un texto que poco tiene que ver con la cuestión, y que solo sirve para producir un debate. Estamos ante una colosal tomada de pelo, y eso quedó de manifiesto en la jornada. Proyección No obstante, lo antedicho, el debate fue tomado muy en serio por los participantes, produciendo discusiones muy agudas. Desde hace muchos años ya, que ocurre que es el docente de aula el único actor del sistema educativo genuinamente preocupado por la calidad educativa. Cuando desde el gobierno se denigra permanente la actividad educativa, con reformas estructurales que convierten a la escuela pública en guarderías, por un lado, y a su vez avanzan con el ataque en regla de los derechos y condiciones laborales como el salario y la sobrecarga de tareas, por el otro, sólo la docencia le está poniendo el cuerpo al derrumbe educativo. Tras la jornada nos reunimos docentes de diversas áreas y consideramos que debemos continuar el debate pedagógico en todas las áreas, de manera sistemática y sin esperar consultas que nunca llegan ni en tiempo ni en forma, porque ante el derrumbe educativo está aflorando un movimiento crítico surgido desde abajo, que ya se viene expresando en el último año contra el nuevo régimen académico. Debemos tomar la situación en su conjunto. La cuestión pedagógica está indisolublemente ligada al problema de la sobrecarga laboral, a los salarios docentes de pobreza, a la falta de recursos didácticos en las escuelas, a los problemas de infraestructura, a las aulas superprobladas, a la falsa “inclusión” y la liquidación de la educación especial, a la precarización de los programas tipo FinEs y FORTE. Por este motivo, invitamos a la docencia a una reunión de balance el próximo 20 de diciembre para compartir un brindis y debatir la continuidad de acciones. Que este nuevo ataque que tenemos en ciernes sea un revulsivo para que la docencia de un paso al frente en elaboración, organización y lucha.

Con una enorme batalla, el 5 de diciembre, la Naranja derrotó a la burocracia de César Aybar. Al cabo de una década Aybar transformó al SUPA en una empresa familiar, negociando con las patronales beneficios propios a cambio de entregar las condiciones laborales, el salario y a los propios compañeros que se rebelaban frente a esta situación. Los hacía echar con “causas justas” fabricadas con las propias patronales. Fueron 12 años de retrocesos donde la burocracia de Aybar expulsó a los estibadores y a la familia portuaria del Sindicato, liquidando las conquistas que con sacrificio y lucha habían conseguido los padres de muchos de los estibadores actuales. César Aybar vendió todo eso. Con este triunfazo, la Naranja y los compañeros que colaboraron e hicieron el aguante dieron el primer paso en la lucha por la recuperación de esas conquistas. Para recuperar el salario, las condiciones laborales, la estabilidad para los eventuales y la democracia sindical con la participación de los trabajadores en las decisiones y en la vida del gremio. Es una enorme victoria para la familia portuaria y para los trabajadores de la región y del Cordón Industrial. La Naranja y una experiencia clave Integrantes de la Naranja fueron protagonistas de la enorme lucha del verano del 2022/23. Fueron 40 días de una huelga histórica, organizada por los propios estibadores, que se enfrentó a la “santa alianza” de la patronal, la burocracia de Aybar y el Estado (Ministerio de Trabajo, represión policial y procesos judiciales). Fue una lucha organizada por los propios estibadores con Asambleas debajo del puente, piquetes de convencimiento y el apoyo de la familia de los portuarios. También hubo apoyo de organizaciones y militantes, pero no tuvo el apoyo real y concreto (no sólo de palabras) de las centrales sindicales, como la CGT o las CTA, que no convocaron a ningún plan de lucha ni a ningún paro regional, como ocurrió también con la Federación Nacional Portuaria que amenazó con un paro nacional que no concretó. Estas medidas de lucha hubieran sido fundamentales para superar el aislamiento y fortalecer la huelga portuaria abriendo la posibilidad cierta de una victoria con la reincorporación de los cinco compañeros despedidos. Los 40 días de huelga fueron autoconvocados y autoorganizados por la base de los estibadores. Las burocracias sindicales de todos los colores le dieron la espalda. Por eso la política de diferentes sectores gremiales y políticos, incluyendo a la izquierda, que plantean reclamarle a esa burocracia que organice paros y un plan de lucha es un camino de fracaso. El camino es otro: es confiar en las propias fuerzas, en la unidad de los trabajadores y preparar las condiciones para la lucha. La Naranja recorrió este camino de unidad de los trabajadores portuarios para dar la batalla y recuperar el SUPA echando a la burocracia. Es fundamental reivindicar estas enseñanzas. Esta experiencia de organización de base, de lucha, de autonomía e independencia frente a los aparatos burocráticos y los agrupamientos superestructurales donde las bases de los trabajadores quedan al margen de los debates y decisiones. La recuperación del SUPA va a permitir avanzar con la organización en los lugares de trabajo, en las terminales, y preparar las mejores condiciones para ir por las conquistas perdidas y los reclamos pendientes. ¡Adelante, compañeros!

Entre uno de los puntos que se discutirán de la nueva reforma laboral se encuentra el llamado "Servicios personales de transporte, reparto y mensajería utilizando plataformas tecnológicas", donde se regula la actividad de los repartidores, taxistas y mensajeros que trabajan a través de Rappi, PedidosYa, Uber, etcétera. Lejos de colocar al repartidor como trabajador en relación de dependencia, lo coloca como un prestador de servicios. Un “repartidor independiente” -como lo llama la nueva ley- es, básicamente, un “colaborador”. Esto implica que la totalidad de cuestiones relacionadas al trabajo de delivery, entregas de paquetes y demás corre a cuenta del repartidor, algo que en los hechos ya sucede, pero que la nueva reforma laboral blanquea y refuerza al negar una relación laboral entre el repartidor y la empresa de repartos. Sin embargo, la ley asigna a las empresas de reparto y mensajería digital nada más y nada menos que la "responsabilidad", de contratar un seguro de accidentes personales cuya cobertura es mínima y que, además "[...] podrá ser compartida entre repartidor y plataforma “sin que ello implique relación laboral” (Mobile Time LATAM 05/12). Esto quiere decir que, en la práctica, el seguro deberá ser pagado por los repartidores. La única obligación que la ley impone a las empresas es "brindar a los repartidores independientes la información necesaria para que puedan aceptar o rechazar el transporte y/o entrega requerida por un usuario, la de ofrecer información vinculada a la normativa en seguridad vial y a la prestación del servicio y facilitar el acceso a los elementos de seguridad vial aplicables según el tipo de vehículo (Clarín 08/12). Y, además, "brindar y asumir los costos asociados a´una capacitación en la cual se detalle el uso de la infraestructura digital, la interacción con los diferentes usuarios y a todo aquel conocimiento relevante para el ejercicio de sus tareas´. Y una capacitación en aspectos de seguridad vial, con el objetivo de conocer las normativas de tránsito, las mejores prácticas de convivencia vial, y el correcto uso de los elementos de seguridad vial necesarios para su labor” (ídem). Quienes trabajan con las apps de repartos están obligados a inscribirse en el monotributo, eximiendo a la empresa de que pague las cargas sociales relacionadas a las jubilaciones, obra social y los impuestos correspondientes. La nueva reforma laboral elimina la categoría del monotributo y la transforma en "trabajo autónomo" y, junto a esto, multiplica por diez o veinte la carga impositiva de los trabajadores inscriptos en el monotributo. Esto, para un repartidor, implica elevar la cuota mensual que deberá pagar a ARCA en detrimento de sus ingresos. La eliminación del monotributo y el pase al Régimen de Autónomos a todos los monotributistas, es parte de los reclamos del FMI para “sanear” la base de la pirámide impositiva, manifestado en la hoja de ruta elaborada por el ‘Board’ del Fondo en abril de este año. Las apps de PedidosYa, Rappi, Uber y demás se han convertido en una fuente de ingresos alternativa para los trabajadores que, por la caída del salario, han tenido que caer en el pluriempleo para poder llegar a fin de mes y sostener a sus familias. El aumento de las cargas impositivas castigará a trabajadores que desarrollan una actividad extra en estas apps. Con todo, los únicos "derechos" que tiene el "repartidor independiente" son los de elegir "libremente" qué pedidos tomar y cuándo desconectarse de la app -lo cual es relativo, dado que la misma app ´categoriza´ a los trabajadores, precisamente, por su disposición y tiempo, obligándolo de hecho a tomar todos los pedidos para evitar sanciones. La regulación que impone el gobierno liberticida de Milei a este trabajo es 100% en beneficio de las patronales. Los hechos de violencia y robo en contra de los repartidores, mensajeros, taxistas que trabajan en las aplicaciones han crecido. Ante estas situaciones, la ley no señala absolutamente nada. Por el contrario, de manera tácita los responsabiliza de hacerse cargo de lo que sea que les ocurra en la calle. Es necesario que los repartidores se organicen para que se le reconozcan los derechos laborales, -es decir, salario, aguinaldo, vacaciones pagas, obra social, jubilación-, y luchen para que caiga la reforma laboral así estos derechos no desaparecen para el conjunto de los trabajadores.

Para la UCA la canasta de pobreza asciende a $1.942.078, si se tomaran mediciones actualizadas, por el mayor gasto de las familias en el ítem servicios. Con estos índices actualizados la pobreza estaría arriba del 40%, bastante más respecto del 31% informado en la última medición del gobierno. Según los datos recogidos en la Encuesta de Hogares (ENGHo), con una metodología que corresponde a 2017/2018, el umbral de pobreza para una familia tipo se ubica en $1.213.799, una diferencia del 60% respecto de los $1.942.078 estimados por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA a cargo de Agustín Salvia. Explicaron los resultados tan diferentes del siguiente modo: “el lNDEC continúa utilizando la Canasta Básica Total (CBT) con la estructura de gasto de los hogares relevada en la ENGHo 2004/2005, aun cuando ya existen datos actualizados para 2017/2018. Entre ambos períodos, los hogares incrementaron de manera significativa la proporción de su gasto destinada a servicios. Si nos aproximáramos a una posible actualización metodológica, la CBT sería sustancialmente más elevada en todos los años, y en consecuencia la incidencia de la pobreza también sería mayor". Agregan: "una ponderación actualizada modificaría la evolución de la pobreza, ya que capturaría mejor el impacto del encarecimiento de los servicios desde la segunda mitad de 2024”. La UCA advierte que la actual gestión del instituto nacional cargo de Marco Lavagna sobreestima los ingresos de las familias, que ubica 16% más altos que en 2018. En disidencia con esta manipulación, renunciaron dos técnicos muy jerarquizados que estaban a cargo de las estadísticas de ingresos y pobreza del INDEC. Es la misma UCA la que lo ratifica: “La EPH captura actualmente ingresos 16% más altos de los que habría captado bajo la misma capacidad de registro que la del II Trimestre de 2018 y de casi 17% con respecto al III Trimestre de 2023”. Tomando estos cambios y omisiones, se puede concluir que el gobierno liberticida miente con las estadísticas desinflando la canasta de pobreza e inflando los ingresos informales. De esta manera “logra” colocar la pobreza a nivel nacional unos 10 puntos porcentuales por debajo de su valor real. El informe cierra con que, de existir una baja en la pobreza desde el fogonazo devaluatorio del 2023 a la fecha, se debe a “los cambios en los precios relativos, el fortalecimiento de la AUH y de la Tarjeta Alimentar”, pero que en esencia “tres cuartas partes de la caída de la pobreza desde los niveles de 2023 se deben a un efecto estadístico”. La pobreza, por otro lado, se ensaña con los jubilados. Según la Defensoría del Pueblo de Ciudad de Buenos Aires, en octubre pasado, la canasta básica para el adulto mayor se ubicaba en los $1.278.026, empujada por los aumentos de los medicamentos, mientras que la jubilación mínima -incluyendo el bono- es apenas de $410.879, lo que representa un tercio de la canasta del adulto mayor y la quinta parte de la canasta familiar. El gobierno a pedido del FMI sigue golpeando salarios, derechos laborales y por una nueva vuelta en el torniquete del ajuste.

El gobierno ha puesto todos los cañones de las sesiones extraordinarias en la sanción de la Reforma Laboral. Quien crea que por esa vía esta “acotando” la agenda parlamentaria, es porque no se detuvo en estudiar sus alcances. A través de la reforma laboral, el gobierno abre una ventana para la alteración del régimen previsional y de salud, por un lado; y para la liquidación de derechos democráticos y constitucionales, por el otro. La reforma da por cancelados en los hechos a los actuales convenios colectivos, cuya renovación dejará de ser automática (“ultraactividad”). De existir divergencias entre la parte obrera y la parte patronal en relación a las condiciones de trabajo, la Secretaría de Trabajo podrá suspender la aplicación de cualquier cláusula protectora de esas condiciones. El proyecto habilita al fraccionamiento de las vacaciones y al banco de horas, es decir, a flexibilizar la duración de la jornada de acuerdo a las necesidades de la patronal. Al acomodar las jornadas a los vaivenes de la producción, las empresas podrán arreglarse incluso con menos personal que el actual. Como ocurrió en todos los países donde se aplicó, el “banco de horas” conducirá a despidos, y no a nuevos empleos. La ley de Milei limita sustancialmente el monto de las indemnizaciones, pues elimina de su cómputo todos los ítems que superan al salario básico. Son los adicionales que la propia ley incentiva, como los asociados al “mérito” y a la productividad. Optativamente, la ley habilita a un fondo de despidos (Fondo de Asistencia Laboral) que la patronal constituirá con un 3% de las remuneraciones. Pero ese porcentual... podrán deducirlo del aporte previsional. O sea que los trabajadores terminarán pagando su propia indemnización, con el despojo de sus jubilaciones futuras. La ley coloca a los fondos que se constituyan para este efecto “bajo la supervisión de la Comisión de Valores”. Es para que los fondos constituidos con ese fin se vuelquen a la especulación en la Bolsa y a la compra-venta de deuda pública. Rebaja de contribuciones El proyecto consagra al monotributismo como una operación legítima para la contratación de trabajadores, sin derecho a alegar “relación laboral encubierta”. Es particularmente enfática con los trabajadores de plataformas de reparto, a quienes sólo se les otorga el “beneficio” de un seguro de accidentes obligatorio (beneficio para la patronal, pues se evitará de esta forma cargar las costas judiciales por accidentes de trabajo). Establece, además, un régimen de contribuciones patronales mínimas para la contratación de desempleados, junto a una escalada descendente de aportes para los trabajadores ocupados. Este fue el reclamo estratégico de la UIA en las últimas reuniones con el gobierno. Es evidente que un jubileo de cargas patronales comporta un vaciamiento adicional del sistema jubilatorio, por un lado, y del de salud y obras sociales, por el otro. Milei ha dicho reiteradamente que, “para emprender la reforma jubilatoria, primero había que hacer la reforma laboral”. Ahora se entiende el porqué: el nuevo régimen previsional adaptará los haberes al escenario creado por la drástica reducción de los aportes. Frente a la miseria previsional, reabrirá la puerta de la jubilación privada como supuesto “complemento” de los haberes. Lo mismo se plantea con el sistema de salud, donde los recortes sobre las prestaciones de salud serán justificados para ‘compensar’ las menores contribuciones patronales. Hace rato que la burocracia sindical viene discutiendo con este y con los anteriores gobiernos ese ajuste sobre salud, mientras lo implementa de facto. La cárcel en la fábrica La ley llevada al Congreso comporta la virtual liquidación del derecho constitucional de huelga y, de un modo más general, de todos los derechos colectivos de la clase obrera. La huelga queda sustancialmente limitada para actividades consideradas “esenciales” o “fundamentales”, obligando a coberturas de tareas de hasta el 50% de los planteles. La lista de la “esencialidad” abarca a la casi totalidad de la actividad productiva o de servicios. Las asambleas en horario de trabajo comportarán descuentos salariales, es decir que la acción colectiva de la clase obrera es sancionada “en sí misma” –por el solo hecho de producirse. Los piquetes y bloqueos son considerados como faltas “muy graves”, pasibles del despido. El proyecto les impide actuar como representantes o delegados a trabajadores eventuales, justamente cuando la “eventualidad” es promovida por la propia reforma. Los voceros patronales suelen alertar acerca de que buena parte de la reforma podría ser neutralizada por la Justicia del Trabajo. Pero el proyecto intenta blindar a las patronales también en este aspecto, pues declara “cosa juzgada” a los acuerdos de partes entre las representaciones gremial y empresarial. Se trata de una verdadera tropelía, pues convierte al acuerdo -en muchos casos impuestos por la coacción patronal- en un “fuero” propio. A través de esta ley, el régimen sustrae a las relaciones obrero-patronales de las garantías constitucionales vigentes. Y al mismo tiempo, le prohíbe a la parte obrera defender sus derechos por medio de la acción directa. La fábrica y toda la relación laboral es convertida en una prisión. El proyecto de reforma laboral establece el trabajo forzado. Mejor hubiera sido decretar la ‘libertad laboral’, sin derechos ni obligaciones, para que el conflicto obrero-patronal lo resuelva “el mercado” –‘a las piñas’ y la lucha de clases. Sólo falta el dictado de una ley contra “la vagancia” para que los adolescentes y los sin trabajo sean llevados por la fuerza a la empresa-cárcel. La libertad para el capital comporta el liberticidio para la fuerza de trabajo y la personalidad del trabajador. Autoconvocarnos Los borradores difundidos en torno de la reforma no son claros en relación a la cuestión de los aportes obligatorios a los sindicatos por parte de los no afiliados, en ocasión de un aumento paritario. Este es el único punto contra el cual la burocracia sindical ha puesto el grito en el cielo, porque afecta la caja de sus aparatos. Los voceros de la CGT se han limitado a decir que presentarán un proyecto “alternativo”, es decir que no enfrentarán la iniciativa oficial, sino que le implorarán al gobierno una negociación dirigida a mantener a salvo sus prebendas. Además de su caja, la burocracia espera ser parte del negociado de los fondos de despido y, más adelante, de una reprivatización del sistema jubilatorio. En el Senado, el “bastión” del peronismo, están los senadores que actúan como lobbystas de las mineras y petroleras, campeonas de la tercerización laboral. Por todo lo anterior, la lucha contra la reforma antiobrera, que es un viraje estratégico en las relaciones entre el capital y la fuerza de trabajo, exige un impulso independiente desde las fábricas y reparticiones. Promovamos autoconvocatorias, movilizaciones y actos, preparando una gran movilización y la huelga general para que el decreto que convoca al tratamiento de la ley se retire del Congreso e inviabilizar su aplicación en los lugares de trabajo y en las calles. El freno al desarrollo de las fuerzas productivas no lo pone el “costo laboral” –lo pone el costo capitalista. Lo demuestra el crecimiento de la desigualdad social a niveles obscenos. Mientras los salarios quiebran el piso con jornadas cada vez más largas, las Bolsas suben a extremos nunca vistos. El parasitismo del capital ahoga a la fuerza de trabajo. Nuestras reivindicaciones primero. Salario y jubilación mínimos de dos millones y medio de pesos. Aumento general de salarios y jubilaciones para recuperar las pérdidas de medio siglo del poder adquisitivo. Reincorporación de despedidos; reparto de las horas de trabajo. Que las patronales abran sus libros. Encarcelamiento inmediato a todos los capitalistas y políticos coimeros, y a los estafadores cripto. Asambleas generales y congresos de bases en todos los sindicatos. Los trabajadores somos los únicos dueños de nosotros mismos. A luchar. Basta una sola chispa para encender toda una pradera. LEER MÁS: Reforma Laboral: convenios colectivos, en la mira del gobierno Con la complicidad de la burocracia sindical. Por Pablo Busch, 25/11/2025. Reforma laboral: un proyecto reaccionario a dos bandas Por Juan Ferro, 03/11/2025.

La pasada semana el gobierno liberticida dio a conocer un recambio en las Fuerzas Armadas digitada por Carlos Presti y avaladas por Karina Milei. Entre sus objetivos, buscaría limitar la injerencia de Victoria Villarruel en las fuerzas y aislar a militares cercanos a la vicepresidente. Presti ha mantenido varias reuniones “informales” con Karina Milei, que se dieron con la excusa de tratar temas vinculados a los Granaderos, el cuerpo responsable de la custodia presidencial, dependiente de la Casa Militar. Karina Milei viene siguiendo de cerca lo que concierne a las Fuerzas Armadas. A comienzos de noviembre la secretaria general del Gobierno cruzó al ex jefe de la Armada, Carlos Alievi, por no plegarse a un operativo militar en el Caribe solicitado por el Gobierno de Trump, con el objetivo de reforzar la agresión imperialista contra Venezuela. Alievi, ante el pedido del Departamento de Guerra de los EE. UU, alegó que el buque argentino no se encontraba en condiciones para participar de los movimientos. Fue el mismo Presti quien ordenó el retorno del Destructor a la base naval de Puerto Belgrano. Dando cuenta de su injerencia en materia de defensa, en junio de este año, Karina Milei intervino el Ministerio de Defensa y nombró al frente de la dirección del Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiros y Pensiones Militares (IAF) a Franco Adorni, hermano del “karinista” vocero presidencial. El entonces ministro de Defensa, Luis Petri, cuestionado por los altos mandos de las Fuerzas Armadas por su desmanejo en la IOSFA (obra social del personal militar) y por “la postergación de la equiparación salarial para el personal de las Fuerzas Armadas hasta fines del año 2027" . Por su parte Presti, que asumirá el 15 de diciembre como ministro de Defensa, comenzó a desarrollar su agenda. Fue partícipe de la fiesta de fin de año celebrada por la AmCham, cámara que reúne a las empresas yanquis en la Argentina. Luego de la llegada de los “flamantes” F-16 comprados al Reino de Dinamarca y equipados con un sistema de armas provisto por Estados Unidos, Presti se ha puesto a la cabeza de las negociaciones con una delegación ítalo-argentina y altos mandos de las FF. AA., con la finalidad de hacer efectivo un contrato que data de noviembre de 2024 de la compra de cuatro helicópteros Leonardo AW109SP, que serán destinadas a la Armada. El Ministerio de Economía ya ha dado el visto bueno para el financiamiento, pero Milei no ha firmado el decreto que autorice la adquisición. Durante el 2025 también arribaron aeronaves Beechcraft TC-12B Hurón para la Armada Argentina y helicópteros Bell 407GXi para el Ejército Argentino. También se ha dado a conocer tratativas con el Naval Group de Francia para la compra de entre dos y tres submarinos. En el “rearme” que está llevando adelante el gobierno nacional busca la concreción de la adquisición de cuatro aviones de P-3C/N Orión de patrulla marítima, “orientados al control del Atlántico Sur y la lucha contra la pesca ilegal.” Más allá de la parafernalia libertaria en torno al arribo de los F-16, desde las FF. AA. señalan que se profundiza el deterioro en lo que respecta al presupuesto de Defensa –un 0,62% del PBI. El informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), publicado a finales de abril, confirmó un aumento del gasto militar interanual en el mundo del 9,4%, el más alto desde el fin de la Guerra Fría. Los puntos neurálgicos que deberá afrontar Presti es la situación de quebranto en la que se encuentra la IOSFA y el atraso salarial del personal, que constituye la mayor parte del gasto del presupuesto para el sector. La primera medida a tomar por Presti es la de reformar la estructura de la IOSFA, para llevar adelante una descentralización del manejo de los recursos y otorgar mayor control a cada Fuerza sobre sus prestaciones. Presti también tendrá que hacer frente a la situación en la que se encuentran las empresas del Estado como la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), el astillero TANDANOR y Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (SAC), que dependen del Ministerio de Defensa y se encuentran atravesadas por situaciones de crisis, déficit, falta de un máster plan, y las permanentes oscilaciones, que generan incertidumbre, sobre si serán privatizadas o no (Zonas Militar, 6/12). El vicepresidente de FADEA, Emilio Magnaghi, ha señalado que la empresa estatal “atraviesa una crisis estructural sin precedentes, operativa y financiera”, un vaciamiento que precede a su privatización. A la actualidad, FADEA mantiene una deuda con la Fuerza Aérea de más de 3.800 millones de dólares, mientras que las obligaciones con proveedores nacionales e internacionales rondan los 20 millones de dólares (Ídem). Un dato no menor en lo que concierne a la cartera de Defensa es que, a contramano de los que sucede con el presupuesto educativo nacional, los docentes de los institutos y liceos militares, dependientes del Sistema Educativo de la Defensa Nacional recibirán un aumento salarial del 43%. Según el portal especializado Zona Militar, en lo que respecta a educación “se ha manipulado la información ya que el sistema educativo de la Defensa Nacional tiene 5.400 docentes bajo el régimen del personal civil de las FFAA y solo cobrarán ese aumento 1.400 docentes de nivel inicial, primario y secundario” (Zona Militar, 6/12). Cambios en las cúpulas de las FF. AA. Los cambios fueron ratificados por Javier Milei. Según han expresado desde fuentes oficiales el objetivo de la transición “es consolidar un esquema de mando apoyado en perfiles de amplia experiencia” (Ámbito, 4/12). Al mando del Ejercito estará el General de División Oscar Santiago Zarich, que venía desempeñándose como comandante de Adiestramiento y Alistamiento, y que estuvo al frente del ejercicio militar “Libertador”, que movilizó a 2.500 efectivos y 300 vehículos en la provincia de Chaco en agosto de este año. Las autoridades castrenses en su momento señalaron que este movimiento marcaría un antes y un después en el despliegue logístico de la organización, partiendo que desde la década del 90 el Ejército no trasladaba al terreno la cantidad de efectivos, tropas especiales, vehículos, aeronaves, tecnología y modo de transporte. El ejercicio tuvo como objetivo contabilizar “el nivel de alistamiento que tiene la fuerza en caso de guerra o, como sucedió en Bahía Blanca, en escenarios de crisis” (Infobae, 16/8). El ejercicio se realizó en el Chaco porque esta provincia tiene dimensiones similares a Ucrania donde actualmente se libra la guerra. En su momento Zarich señaló que “a los soldados, no nos define la tecnología, que es algo pasajero, sino la forma en que combatimos” (Ídem), y en esta línea aseguro que Ejército no es una fuerza detenida operacionalmente. En el porvenir están estipulados otros ejercicios a llevarse adelante en Pampa Guanaco (Chubut) y movimientos a realizarse en 2027 con los Estados Unidos. Zarich es egresado del Liceo Militar General Belgrano, es oficial del Estado Mayor y posee una maestría en Defensa y Geoestrategia. También tuvo bajo su conducción la IX Brigada Mecanizada en Comodoro Rivadavia entre 2022 y 2024, y cumplió roles de jefatura en la Compañía de Cazadores de Monte 19, la Compañía de Comandos 601 y el Regimiento de Infantería Mecanizada 25. Como jefe del Estado Mayor Conjunto y en reemplazo del vicealmirante Xavier Juliá Isaac (quien había sonado para ocupar la cartera de Defensa) asumirá el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, quien se formó en la Escuela Naval Militar “desarrolló una carrera centrada en el liderazgo de unidades navales de relevancia estratégica” (Ámbito 4/12). Comandó el aviso ARA “Suboficial Castillo” dentro de la Patrulla Antártica Naval Combinada con Chile, y estuvo al frente de los destructores ARA “Heroína” y ARA “Almirante Brown”. También encabezó la División Patrullado Marítimo y el Comando del Área Naval Austral, y se ha desempeñado en funciones educativas y estratégicas como director de la Escuela Naval Militar, director de la Escuela de Oficiales y director general de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Dalle Nogare fue condecorado por haber participado en operaciones en el Golfo Pérsico y tiene formación en sistemas navales y estrategia militar. La Armada estará presidida por el contralmirante Juan Carlos Romay que reemplazará a Carlos María Allievi. El hoy contralmirante entró como guardiamarina en 1988 y, desde diciembre de 2024, estuvo a cargo de la Dirección General de Educación, donde promovió nuevas políticas de formación y actualización profesional. Además, ocupó puestos de alta responsabilidad como director de la Escuela Naval Militar, director general de Educación, Adiestramiento y Doctrina del Estado Mayor Conjunto y director general del Personal y Bienestar de la Fuerza. Al frente de la Fuerza Aérea fue corroborado en sus funciones el brigadier mayor Gustavo Javier Valverde que ha hecho carrera como piloto de caza e instructor. Se formó en el Liceo Militar General Espejo (Mendoza) y es egresado de la Escuela de Aviación Militar en 1989. Fue distinguido por su participación en Operaciones Conjuntas y tuvo un rol central como jefe del Departamento de Operaciones del Comando Conjunto Aeroespacial durante el G-20. En 2020 fue designado agregado de Defensa en España, con incumbencias también en Marruecos y Países Bajos. (Ídem) El ascenso de Presti al Ministerio de Defensa y los cambios operados en las FF. AA. se encuentran en sintonía con el avance militar norteamericano contra Venezuela. El nuevo ministro de Defensa tendrá como norte el de profundizar la sumisión en materia de defensa a los Estados Unidos, tarea comenzada por el actual diputado libertario Petri, de “devolverles protagonismo político a los militares y que las fuerzas armadas cumplan un rol en la represión interna y el blindaje del régimen liberticida, con la excusa de la lucha contra el ‘terrorismo’ y el narcotráfico”, dando paso a un gobierno de carácter cívico-militar .

El 9 de diciembre de 1985 se dio a conocer el fallo del juicio a las Juntas Militares. Aquel veredicto se convirtió en el hito del gobierno de Raúl Alfonsín, que había llegado a la Casa Rosada recitando el preámbulo de la Constitución Nacional en actos de masas. A diferencia de su competidor, el peronista Ítalo Lúder, que consideraba “irreversible” la autoamnistía dictada por el último gobierno militar, Alfonsín prometía revocarla. Lúder era un referente de la derecha peronista. Durante un breve interinato, en 1975, mientras Isabel Perón se encontraba de licencia, había firmado el decreto de “aniquilamiento” de la subversión que inauguró el Operativo Independencia. Esto marcó el involucramiento directo de las fuerzas armadas en la represión interna, un salto cualitativo respecto del policiamiento y terrorismo de las bandas armadas como la CNU y la Triple A contra el activismo que caracterizaron al tercer mandato de Perón. Fue el precedente de la represión que luego aplicaría a una escala todavía mayor la dictadura, su ensayo general. Alfonsín, en cambio, acudía como relevo de Ricardo Balbín, el líder radical que había reclamado “terminar con la guerrilla fabril”. Su discurso entroncaba con la línea democratizante que, luego de respaldar a las dictaduras latinoamericanas durante décadas, había pasado a enarbolar el imperialismo en su ´lucha´ contra la URSS y, fundamentalmente, contra la revolución en Centroamérica. Alfonsín jugaría un papel internacional relevante en la contención de la revolución nicaragüense como parte del “Grupo de Apoyo a Contadora” (integrado por Colombia, México, Panamá y Venezuela) dirigido a sellar ´la paz´ en el continente, en momentos en que Nicaragua y El Salvador atravesaban guerras civiles. Las ilusiones democráticas comenzarían a ser defraudadas tempranamente por el alfonsinismo. El Juicio a las Juntas fue el resultado de una crisis con los militares. Alfonsín pretendía que los comandantes fueran juzgados por el Consejo Supremo de las fuerzas armadas, pero este rechazó el planteo. Al mismo tiempo, pretendía juzgar a las cúpulas de las organizaciones guerrilleras. Desde un principio adoptó el punto de vista de ´los dos demonios´. Sin embargo, la expectativa del “castigo a los culpables” congregaba multitudes. La recepción de testimonios ante la Conadep se convirtió en una movilización vigorosa, aunque esta comisión tuviera la misión de purgar a los militares por sus ´excesos´ en la ´guerra antisubversiva´. La comisión -presidida por el escritor Ernesto Sábato y de la cual fueron excluidas las organizaciones de familiares- recogió la denuncia de 9.000 casos -en aquel tiempo se descontaba que fueran muchos más, dando cuerpo a la estimación de 30.000 detenidos-desaparecidos- y los nombres de más de 700 represores. El informe final -compuesto por 50.000 fojas- se popularizó a partir de la versión de 300 páginas conocida como Nunca Más. El prólogo original de aquel tomo, redactado por el propio Sábato, exaltaba la teoría de los ´dos demonios´ en aras de promover la ´reconciliación nacional´. La entrega del informe en Casa Rosada fue acompañada por una movilización de 70.000 personas que desbarataron el intento del radicalismo de convertirla en una marcha en apoyo al gobierno. El informe de la Conadep fue la base de la acusación contra los militares. El juicio se limitó a los miembros de las tres Juntas Militares que se sucedieron en el gobierno. Los testigos aportados por los radicales y la burocracia sindical fueron, en principio, favorables a los acusados. Una fuerte corriente radical era partidaria de evitar los juicios y apurar la sanción de la ley de Obediencia Debida, para resguardar al cuerpo de oficiales y suboficiales que había participado del genocidio. Las cosas comenzaron a cambiar cuando se escuchó el estremecedor relato de las víctimas, entre los cuales se suele destacar justificadamente el de la fallecida Adriana Calvo, fundadora de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD). El desarrollo del juicio fue acompañado por una sistemática campaña de terror que partía del propio aparato represivo. Llamados anónimos anunciaban amenazas de bomba contra las escuelas, con el propósito de alimentar el clima de zozobra. “La justicia identificó 550 actos terroristas, cuantiosos daños materiales, decenas de heridos y hasta víctimas fatales” ocurridos durante esos meses, entre abril y diciembre de 1985 (Clarín, 10/12). Las condenas fueron acotadas. Videla y Massera fueron los únicos que recibieron prisión perpetua. A Viola, en cambio, que gobernó con ellos, le dictaron una pena de 17 años de prisión. Sus sucesores, Lambruschini y Agosti, recibieron condenas a 8 años y 4 años y 6 meses de prisión, respectivamente. Los integrantes de la última junta -Graffigna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya- fueron absueltos. Pese a integrar la tercera junta, Alfonsín excluyó de la acusación al general Cristino Nicolaides. Casi simultáneamente, se desarrolló el juicio previsto contra las cúpulas guerrilleras. Solamente comparecieron el líder de Montoneros Mario Firmenich y el exgobernador de Córdoba Ricardo Obregón Cano, destituido por un golpe policial incentivado por Perón, dado que eran los únicos que se encontraban en el país. Ambos fueron condenados. Con evidente intencionalidad política, aunque fuese simbólico, el decreto presidencial que dispuso el juicio contra los guerrilleros (157/83) precedió al que ordenó el juzgamiento de los militares (158/83). El Juicio a las Juntas fue parte crucial de un operativo de rescate del aparato represivo y de ´restauración´ de las Fuerzas Armadas. Su propósito era contener al movimiento de lucha contra los crímenes de la dictadura, iniciado aún bajo su régimen de terror. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la capitulación ante los levantamientos carapintadas y la luz verde a la masacre de La Tablada fueron los ´hitos´ que sucedieron al Juicio a las Juntas y Menem remató con los indultos. Ninguna movilización popular recuerda el aniversario de las sentencias dictadas en el Juicio a las Juntas militares. Por el contrario, continúa recobrando vigencia cada año la conmemoración del 24 de Marzo, el aniversario del golpe militar, como una jornada de lucha masiva que reúne a varias generaciones. En esta ocasión, la Corte Suprema y el Poder Judicial celebraron en un acto protocolar el “hito institucional” que significó para ellos. Milei, por su parte, lo recordó formalizando el nombramiento del jefe del Ejército Carlos Presti como ministro de Defensa, inaugurando un nuevo régimen de gobierno cívico-militar. LEER MÁS: El juicio a las juntas militares Archivo. Para acabar con el aparato represivo y el golpe, juicio y castigo a todos los culpables. Artículo publicado en Prensa Obrera días antes del inicio del Juicio a las Juntas, que comenzó el 22 de abril de 1985. Por Jorge Altamira, 21/11/2022.

En la reunión de Junta de Carrera del miércoles 3, la Dirección de Sociología presentó un proyecto sobre tablas con un “plan de trabajo” y un cronograma para avanzar y aprobar la reforma del Plan de Estudios. La Dirección impulsa un tratamiento exprés durante el receso de verano (entre el 1 de febrero y el 7 de marzo de 2026), donde se terminarían de definir los contenidos mínimos de las materias, la “nueva estructura” de las no obligatorias y el régimen de correlatividades. Apunta a que la reforma sea votada por los consejeros de la Junta de Carrera apenas dos semanas después de iniciado el primer cuatrimestre de 2026. De aprobarse en esa instancia, donde la actual gestión cuenta con la mayoría necesaria, la reforma se elevaría para su tratamiento y aprobación en el Consejo Directivo de la Facultad y el Consejo Superior de la UBA, que son las instancias realmente decisivas (la Junta es sólo consultiva). En la reunión del 3, también se votó la creación de una “Comisión de seguimiento” de los avances en la reforma que fue propuesta en su momento por la UES, la pata estudiantil del Rectorado en Sociales. Siguiendo el ejemplo del gobierno de Milei, que pretende aprobar el Presupuesto del ajuste 2026 y la contrarreforma laboral en medio de las fiestas de fin de año, las autoridades de Sociología pretenden cocinar la contrarreforma de la carrera en el verano, cuando la Facultad esté desierta de estudiantes y docentes y cuando algunas federaciones (Conadu y Conadu-Histórica) ya están discutiendo un no inicio de clases. Semejante apremio por sacar la reforma en ausencia y de espaldas a los miembros de la carrera delata sus propósitos regresivos, que van en detrimento de la pluralidad ideológica y la libertad de cátedra; de la formación holística, científica y crítica de los estudiantes y de las condiciones de trabajo y enseñanza del grueso de los docentes. También delata los intereses de camarilla detrás de esta reforma, a cambio de los cuales se intenta destruir conquistas históricas de la carrera. La adecuación a la normativa privatista (LES) y las exigencias del Rectorado es el precio que un puñado de funcionarios y amigos de la gestión de Sociología pretende pagar por el apuntalamiento de su espacio político. Quieren jerarquizar sus materias y cargos docentes en detrimento del conjunto de la carrera. La división entre materias “electivas” y “optativas” les permitirá acaparar nuevos cargos de profesores y reforzar su peso en los padrones de la Facultad y sus órganos de gobierno, mientras el grueso de los docentes permanecerá en la precariedad laboral y con derechos políticos limitados. Nuevos cambios en el proyecto de reforma: un recule para sostener el ataque El lunes 1 de diciembre, sólo dos días antes de la mencionada reunión de Junta, las autoridades de la carrera enviaron por mail una nueva versión de su proyecto de reforma (la tercera desde mediados de 2024), que tiene algunos cambios respecto de la anterior. Pegando un volantazo y sin ofrecer una explicación de los fundamentos académicos o pedagógicos, el tramo no obligatorio de la carrera se estructura ahora en torno a ocho ejes temáticos -el doble de la versión previa-, cada uno de los cuales tiene un conjunto de materias electivas asociadas. Se señala que los estudiantes podrán seguir la orientación y las materias de alguno de estos ejes, o hacer un recorrido que combine materias de distintos ejes. De las ocho materias electivas que los estudiantes deberían cursar para obtener la Licenciatura, hasta tres podrían ser optativas (antes eran dos). Esto siempre y cuando elijan cursar alguna/s optativa/s, cuyo lugar en la currícula se reduce ampliamente. Estos cambios implican un recule y cierta concesión por parte de las autoridades frente a las múltiples críticas que recibieron su proyecto de reforma y su intento de desmantelar las materias optativas. El rechazo fue creciendo en el segundo cuatrimestre de 2025, a medida que estudiantes y docentes se interiorizaban en el tema y fue aumentando su participación en las reuniones informativas, en las de Junta y en las asambleas y espacios de debate autoconvocados. Sin embargo, la cuestión fundamental que sostiene el desmantelamiento a futuro de las optativas se mantiene incólume: se mantiene la división entre materias electivas (concursables y parte de la oferta permanente) y optativas (no concursables y parte de una oferta rotativa). Esta división no sólo reforzará la precarización laboral de los docentes de las materias que sigan siendo optativas, sino que abre la posibilidad de su desaparición por falta de inscriptos en sucesivos llamados, acicateada por el espacio curricular diminuto que se les asigna, por su carácter rotativo y por la caída general de la matrícula en la carrera. Las autoridades intentan encubrir este ataque a las optativas bajo la idea de una supuesta regularización de los cargos docentes, a la que accederían las materias que se reconviertan a electivas. No hay claridad sobre los criterios ni sobre qué materias serían, tampoco se respeta el convenio colectivo de trabajo que sostiene el derecho a la regularización de toda la docencia. Por otra parte, el pasaje de las nueve optativas del plan vigente a sólo tres, dos, una o nada, implica una reducción abierta de la pluralidad ideológica y las posibilidades de elección de los estudiantes. En la nueva versión, se quita peso en la formación a las materias teóricas no obligatorias, que dejarían de ser un requisito necesario para la Licenciatura (hoy se requieren tres) y pasarían a integrar un eje opcional más dentro del “Ciclo de profundización”. También se detallan los contenidos mínimos de las materias. En algunas obligatorias y cátedras existentes (por ejemplo, en Economía II, Sociología sistemática o las Metodologías), los contenidos mínimos propuestos implicarán una modificación de sus Programas, además de la incorporación planteada como transversal para todas las materias de “la perspectiva de género y latinoamericana” allí donde no esté presente. En algunas cátedras, los contenidos planteados conllevarían incluso un cambio de su orientación teórica y analítica. Se trata, por lo tanto, de una injerencia y vulneración de la libertad de cátedra. Respecto de las materias no obligatorias, también se establecen contenidos mínimos para las electivas (algo que no ocurre con las optativas en el plan vigente), lo que supondrá una mayor rigidez y regimentación de los Programas y los ejes temáticos del tramo opcional. Asimismo, campos históricos de intervención de la Sociología como la salud o la educación quedan subsumidos bajo el rótulo de la “estatalidad” y la implementación de “políticas públicas”. Otros aspectos regresivos del proyecto de reforma en curso se mantienen sin cambios: el alargamiento de la Licenciatura; la introducción de un título intermedio precario de “Bachiller en Sociología”, que podría conspirar contra la finalización de la carrera; las prácticas laborales gratuitas; la acentuación de un perfil técnico, en detrimento de un perfil crítico de los futuros egresados; la separación y posterior reforma del Profesorado, para adecuarlo a las normas vigentes (entre ellas, la CONEAU); los cambios arbitrarios en la carga horaria, los nombres y los contenidos de algunas materias. Ante el escenario planteado, es necesario impulsar el debate y la organización unitaria de estudiantes y docentes de Sociología para frenar y enfrentar esta contrarreforma. Organicemos una nueva asamblea interclaustros para discutir y resolver iniciativas para defender la carrera y conquistar nuestros reclamos: Aumento presupuestario y salarial. 2) Defensa de las optativas, de la libertad de cátedra y la pluralidad ideológica en Sociología. 3) Aplicación del CCT, regularización de todos los docentes, salario para los ad honorem. 4) Que ninguna reforma de la carrera se apruebe sin la participación y el voto del conjunto de sus miembros. 5) Opongamos al tratamiento exprés y a puertas cerradas de la gestión un plebiscito de estudiantes y docentes de la carrera, para que todos puedan pronunciarse. LEER MÁS: Frenemos el desmantelamiento de la carrera de Sociología de la UBA Una adecuación interesada al Rectorado y la LES que pretende liquidar conquistas históricas del movimiento estudiantil-docente. Por Julián Asiner, 02/09/2024.

El 10 de diciembre de 2023, Javier Milei le señaló al capital financiero internacional y a la burguesía argentina cuál sería el propósito central de su gobierno: ni más ni menos que la “puesta en valor” de la deuda pública argentina, asegurando su repago y, en perspectiva, el cumplimiento de los grandes vencimientos de capital pactados por los Fernández y Martín Guzmán en 2020. Ese reconocimiento de la deuda usuraria, por parte de los “nacionales y populares”, implicaban pagos por 20 a 25.000 millones de dólares a partir de 2026, durante al menos un lustro. La misma importancia revestía la deuda pública interna, con la diferencia de que esta debía ser remunerada y reciclada desde el mismo día de la asunción. Para llevar adelante este propósito, Milei le ofrendó al capital una cuestión central: avanzar en una contrarrevolución social y laboral en el país. A los acreedores de la deuda, en definitiva, se les ofreció la garantía de un presupuesto público progresivamente “liberado” de salarios estatales, jubilaciones, gastos sociales y obra pública. Sobre esa base, Milei y Caputo apostaron a un ingreso de capitales que provendría de los fondos financieros primero y, luego, de las inversiones directas en la minería y los hidrocarburos, para quienes crearon un régimen extraordinario de exenciones de impuestos. Sobre esa base, el Gobierno prometió que el Estado y la burguesía argentina volverían al crédito internacional. El azar hizo que los resultados de esta tentativa se revelen en el “día del segundo aniversario”. El gobierno que debe reunir 20.000 millones de dólares para los vencimientos de 2026; que había anunciado una cifra similar por un megapréstamo de bancos internacionales, e incluso una “línea abierta” de crédito del Tesoro norteamericano por ese monto, acaba de lanzar una licitación de deuda por… 1.000 millones, para devolver en un corto plazo -algo más de tres años- y con una tasa de interés efectiva que estará por arriba del 10 % anual en dólares. Pero la prima de los eventuales inversores será superior, porque el Gobierno les ha desarmado varias regulaciones cambiarias para facilitar la operación. La colocación de deuda se regirá por ley local: el propósito es eludir a la ley vigente, que obliga a que las refinanciaciones de deuda con jurisdicción extranjera mejoren a los compromisos vigentes en términos de plazo, tasa de interés o capital adeudado. Es probable que la emisión de hoy no reúna ninguna de estas condiciones. Caputo y Milei, por lo tanto, están “viviendo al día”. Ni el Estado ni la burguesía argentina han recuperado su capacidad de financiamiento. Detrás de esta improvisación, la remuneración de los capitales especulativos atraídos por el “modelo” libertario consumieron dos años de superávit comercial, un blanqueo y un nuevo préstamo del Fondo Monetario, que debió ser activado este año ante la evidencia de que Argentina marchaba a una nueva cesación de pagos. Crisis del Estado y crisis del capital Antes de que el Gobierno acudiera nuevamente al Fondo Monetario, tuvo lugar un reguero de concursos de acreedores y quiebras entre grupos estratégicos de la gran burguesía, como los que operan en el agronegocio (Grobo, Agrofina y otros). El denominador común de estos casos es el apalancamiento con préstamos en dólares que no se pudieron afrontar, por la declinación del mercado interno, en algunos casos, y el impasse de un mercado internacional surcado por la sobreproducción, la guerra comercial y la caída de los precios. Las corridas cambarias de este año, con disparada del riesgo país incluida, pusieron de manifiesto que el régimen económico de Milei-Caputo había entrado en terapia intensiva. En el medio, la operación de los mesadineristas se cobraba un fantástico retroceso de las fuerzas productivas: el instituto Germani acaba de estimar una caída del empleo registrado que supera largamente los 300.000 puestos formales; la economía se encuentra, de conjunto, en los niveles de “salida de pandemia” (2022). El retroceso social, educativo y sanitario es extendido. La operación de rescate de Bessent y Trump ha servido para hacer zafar a Milei-Caputo de las elecciones de medio término, pero ella misma ha perdido oxígeno en las últimas semanas: a nadie escapa que el financiamiento de Argentina, incluso a cuentagotas, es una puerta giratoria que, en términos de comercio internacional, está asegurando un flujo extraordinario de importaciones... desde China. Esto es justamente lo que pretendía evitar el “alineamiento sin condiciones” con Trump y el rescate financiero. Un exdirector del FMI, Alejandro Werner, acaba de advertir que Bessent y Trump no le colocarán dos veces el respirador artificial a la Argentina. A dos años del “rodrigazo” de diciembre de 2023, el capital financiero le reclama a Milei un nuevo rodrigazo para juntar los dólares que no tiene. Pero lo que Milei no tiene, por sobre todas las cosas, son los recursos políticos para bancar una conmoción inflacionaria. Un “orden” muy precario Aunque no puede ofrecerles a sus mandantes una normalización financiera, en el balance de los dos años Milei les ofrece “la recuperación de la calle” y el “fin de los piquetes”. Es una “conquista” recurrentemente desafiada por las marchas educativas, universitarias, de jubilados y muchas otras. El protocolo represivo de Bullrich se ha ensañado con los desocupados o con demostraciones pequeñas, pero ha tenido que recular cuando las manifestaciones revistieron un carácter masivo. Sobre los Milei y sus esbirros campea el fantasma de las grandes huelgas y rebeliones populares que han terminado con gobiernos enteros. El único acatamiento de la calle que ha funcionado en el bienio libertario es el de la burocracia sindical, con su inmovilismo la mayoría de las veces y, cuando ha salido, a través de movilizaciones “de vereda”. En cualquier caso, la burocracia ha sido un peso muerto: las luchas obreras, que no han cesado ni un momento en estos dos años, se abrieron paso con independencia de los cómplices sindicales de Milei. Nadie fue más claro que Donald Trump para caracterizar el contenido de la victoria electoral libertaria: “Perdía, salí a apoyarlo y ganó”. El sostenimiento fundamental de Milei se encuentra hoy en el régimen de Trump, para quien Milei es un mandadero de sus aventuras militares, presentes o futuras, en el continente. En el plano interior, la “fuerza” de Milei reside en haber colectado un elenco variopinto de tránsfugas políticos y lúmpenes, siempre dispuesto a fracturarse por diferentes corruptelas. Llamarle “primera minoría” a ese rejunte es presuntuoso. La fortaleza que Milei quiere presentar en el Congreso no pasa de querer librarse de un juicio político y, naturalmente, no está garantizada. El gobierno libertario marcha al reforzamiento de un régimen de poder personal, al que quiso blindar haciendo ingresar al jefe del estado mayor del ejército al gabinete nacional. En las condiciones de una crisis financiera irresuelta y de una tensión social creciente, ese régimen de arbitraje personal es el fermento característico de las rebeliones populares de Argentina. Milei sólo ha sido sistemático en la explotación de una crisis política de alcance histórico. Es la que corroe al peronismo y que precede al propio gobierno libertario. Milei ha sido el producto de la extraordinaria descomposición del gobierno de Alberto y Cristina Fernández, que transcurrió sus últimos dos años en virtual vacancia política. Milei vive todavía del crédito de ese derrumbe político, del cual se sirve para anudar complicidades -gobernadores, burócratas- o, simplemente, asegurarse el inmovilismo del lado de la supuesta oposición. Milei ha decidido pasar el segundo aniversario fuera del país, allí donde cree contar con su mayor fortaleza: en la banda de fascistas que apoyan una política de guerra internacional contra las masas bajo la batuta de Trump. En este caso, se fue a celebrar el premio Nobel a Corina Machado, o sea, a apoyar una invasión imperialista a Venezuela bajo la pátina de la “democracia”. Pero acá también pisó en falso: Machado no llegó al estrado, en medio de las protestas antiimperialistas contra una invasión a Venezuela. Si el destino de Milei se juega con Trump, entonces es un destino ultraprecario, porque el magnate yanqui se encuentra bajo el fuego cruzado de las disputas con los otros bloques imperialistas, las divisiones en la propia burguesía americana, las movilizaciones internacionales contra la guerra y con su propio país semiinsurreccionado. ¿Es muy diferente el ´estado de situación´ de la Argentina? Las terminales de colectivos, las grandes acerías, los parques industriales, las barriadas, están en estado de emergencia. La reforma laboral con la que Milei quiere dar el puntapié inicial de la segunda mitad de su mandato abre una guerra declarada entre el capital y la clase obrera. Los explotados argentinos tienen todos los motivos y reclamos para hacer oír su voz. El peronismo fracasado ha hecho del “emparchado” aniversario de Milei un muro de los lamentos. Pero lo que tenemos por delante es un período extraordinario de crisis, luchas de clases y desplazamientos políticos, que deben ser orientados con una política socialista. El desenlace irrevocable que le espera a los Milei y Caputo es inseparable del impasse que atraviesa el capitalismo en su conjunto, en medio de guerras, genocidios, crisis financieras y, sin duda, revoluciones sociales.

Como las luminarias de Navidad, la victoria de LLA en las elecciones de medio término ocultan que su gobierno, dos años después de su llega al poder, sigue caminando por la cornisa. Tampoco se trata de esto exactamente: el régimen económico en bancarrota no ofrece una perspectiva de salida al largo estancamiento de las fuerzas productivas, mientras el régimen político de gobierno por decreto se ha convertido en poder personal, aunque sin capacidad de movilización. Sin base parlamentaria en el arranque, el gobierno liberticida nunca enfrentó una cuestión de gobernabilidad. Lo demostró de entrada con la devaluación del 67% del peso sin enfrentar ningún obstáculo. Dos años finales de desgobierno ‘fernandecista’ prepararon el giro electoral a la derecha. El ala ‘lumpen’ (Milei) se impuso al ala ‘civilizada’ (Macri), que enseguida fue atraída hacia el lumpenismo. El motosierra unificó a la burguesía en una política de ajuste violento que fue respaldada por el Congreso mediante la cesión de poderes en la finalmente aprobada mega Ley 70. De ahí salió el tarifazo de la salud, de los alquileres, de los servicios públicos, de las privatizaciones y del congelamiento de salarios y jubilaciones. Hasta los remolones parlamentarios del año siguiente, Milei impuso decretos (por ejemplo, el nuevo acuerdo con el FMI) y vetos, y demolió hasta los proyectos de leyes más insignificantes. El llamado ajuste fiscal fue una operación de envergadura, al mismo tiempo que una estafa, sin precedentes. No sólo podó gastos sociales y serruchó jubilaciones entre 20.000 y 25.000 millones de dólares, sino que transfirió la deuda del Banco Central con los bancos locales al Tesoro nacional por el doble de esas cifras. Esa deuda había sido generada por el financiamiento público al capital privado durante la pandemia, que se sumaba al dejado por la gestión de Macri, con Caputo y Sturzenegger. Todo sumado, los trabajadores pagaron la ‘limpieza’ del Central por entre 75.000 y 100.000 millones de dólares. Lo que para el gobierno fue un asiento contable, constituyó una colosal transferencia de ingresos, que se disfrazó como una reducción de la emisión monetaria y de la inflación. La deuda pública interna, o sea del Tesoro, ha trepado por encima de 200.000 millones de dólares. Las finanzas públicas no se encuentran ‘saneada’ sino quebradas. Nada de esto traduce, sin embargo, un régimen sustentable. Javier Milei se lanzó a los brazos del imperialismo chauvinista y fascistizante con un fanatismo de oscurancista. Ante la platea cómplice de los medios de comunicación, de los círculos capitalistas y de los partidos políticos -en especial el peronismo y el cristinismo- saluda el genocidio del pueblo palestino y se asocia a las guerras imperialistas internacionales. Esto le valió el apoyo incondicional del FMI y del Tesoro norteamericano. Aun con este respaldo no evitó cuatro o cinco corridas cambiarias, poniendo en tela de juicio la eficacia de los rescates extranjeros. En octubre pasado estuvo a punto de no pasar los dos años de edad, debido a un incidente menor – la derrota en una elección parlamentaria provincial. Existe unanimidad nacional en la opinión de que fue salvado por Donald Trump – el mismo que lo había salvado en los desplomes previos, sólo para recaer con mayor violencia. El peronismo no ha sido fulminado por Milei, al que ayudó a llegar a la Rosada. El dúo Massa-Rubinstein esperaba ganar las elecciones para ejecutar un plan similar. Massa proveyó candidatos a Milei para dividir el voto antiperonista; como el brujo de la historia desató las fuerzas que pretendía controlar. Milei derrotó a un peronismo fulminado, que ahora está pidiendo a gritos desaparecer de la escena, después de una obscena construcción electoral -Fuerza Patria- reclutada entre tránsfugas crónicos con LLA. El endeudamiento de Kicillof en la Provincia, porque no puede pagar la deuda reestructurada por Martín Guzmán, es una expresión de bancarrota sin atenuantes. Los campeones de la libertad económica se niegan a liberar el mercado de cambios por el temor de que la estampida de dólares se convierta en una hiperinflación. Pero sin esa ‘liberación’ no habrá ingresos de capitales y la tasa de financiación internacional será siempre alta. Las corridas cambiarias no cesarán y la posibilidad de que se conviertan en crisis bancarias es mayor, porque encajes o reservas de los bancos están compuestos por títulos públicos. La crisis desatada entre los Rocca y los Bulgheroni por la compra de caños chinos para Vaca Muerta muestra la insolvencia del proyecto maestro del mileísmo: el desarrollo mismo de ese yacimiento está en cuestión. Argentina carece simplemente de la capacidad de financiación de la infraestructura que requiere y no hay capitales extranjeros dispuestos a hacerse una competencia a ellos mismos en un mercado internacional muy disputado, incluso mediante guerras (Venezuela, Irán). Hoy mismo, miércoles 10, Caputo ha salido a ‘explorar’ un nuevo endeudamiento, a un cómodo 6,5% anual en dólares locales, que si se suscriben bajo la par, dejará una nueva deuda a tasa usuraria. La política de Milei y Caputo recuerda a la historia del lecho de Procusto, cuyo cuerpo fue mutilado para que encaje en el sarcófago. Quieren bajar “el costo argentino” bajando el “costo laboral”, inflado por la baja cotización del dólar, pero completamente destruido por los altos precios de la alimentación, el transporte y la vivienda. Con una deuda pública a intereses usurarios y con una deuda privada interna y externa impagables (sujeta, con suerte, a reiteradas refinanciaciones), las ganancias monetarias enormes del capital no son expresión sino del vaciamiento financiero de la industria. Un capitalismo en bancarrota quiere hacer pagar las cuentas a la clase obrera, y en cuanto al gobierno instalar un régimen laboral propio del fascismo. El gobierno de Milei ha batido un récord de gastos armamentistas en América Latina con relación a los países vecinos. Los chispazos de la guerra no han demorado en estallar: las fuerzas armadas respaldaron el retiro de una nave argentina del Caribe, que Karina Milei pretendía unir a la flota de Trump frente a Venezuela, y la vice, Victoria Villarruel, aprovechó para meter púa contra el clan familiar de Milei, reclamando no obedecer a exigencias extranjeras. El balance de dos años del actual gobierno es nefasto, simplemente porque no ha abierto una salida a la bancarrota, a la que enfrenta metiéndose más en el fango. Un estallido extraconstitucional del gobierno siembra pánico, en especial en el peronismo, porque desataría un movimiento de masas “con la cabeza de los dirigentes”, no con los dirigentes a la cabeza. El inmovilismo político explosivo del peronismo alimenta su tendencia a la implosión. CFK no quiere siquiera que se vote cada dos años – prefiere cuatro y hasta seis. Es el tiempo de maduración de una inversión minera en los glaciares, su sueño de pingüina exiliada. El peronismo y la burocracia sindical forman parte integral del derrumbe del régimen político. Las vías para un recorrido revolucionario están abiertas – es necesario organizar la vanguardia dispuesta a recorrerla.

La Reforma Laboral enviada por el gobierno al Congreso es un crimen político y social contra la clase obrera. No solamente destruye los convenios colectivos, la jornada de 8 horas y el derecho a la indemnización por despido. No sólo convierte a las cargas previsionales y de salud de las patronales en una ganga. Es, por, sobre todo, un ataque penal a las huelgas y las asambleas de fábrica; bajo la cobertura antiobrera ‘neoliberal’, es un proyecto fascista. La legislación laboral, arrancada por grandísimas luchas para proteger a la fuerza de trabajo de la súperexplotación ilimitada del capital, ha sido convertida en un instrumento del Estado para imponer el trabajo forzado. Puertas adentro convierte a la fábrica en una cárcel, despojando a los obreros de su condición de ciudadanos, o sea, sujetos con derechos políticos; las huelgas, los bloqueos, los piquetes obreros, la elección de delegados de todo el personal, son derechos políticos. Son el arma histórica de defensa contra el inmenso poder del capital, que regula nuestras condiciones de existencia. La Reforma estatiza las relaciones laborales para someter a la fuerza de trabajo a ‘la disciplina’ de un robot. Prohíbe la organización de los trabajadores de las aplicaciones, independientemente de su propia voluntad. La estatización de las relaciones laborales y de clase es el principio de base del fascismo. Las excepciones de impuestos y los subsidios a los capitalistas no lo son: son, simplemente, una estafa contra los contribuyentes. Las patronales pueden privar a la sociedad de los servicios “esenciales” mediante el acaparamiento, los altos precios y el cierre de empresas. ¡La ‘reforma laboral’ no prohíbe el “locaut”! El pulpo Techint tiene el ‘derecho’ de levantar su planta SIAT de Valentín Alsina en protesta porque sus competidores nacionales (la petrolera PAE y los Bulgheroni) quieren comprar más barato los caños a China, pero los obreros de SIAT no lo tienen para impedirlo y reemplazar la gestión parasitaria de Paolo Rocca por una gestión obrera electa y revocable. No es la primera vez que una burocracia sindical acepta una reforma fascista laboral y sindical. Ya ocurrió con la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler, o con las dictaduras militares en Argentina. La ‘reforma’ contempla la liquidación de las obras sociales y el desfinanciamiento terminal de las jubilaciones. La burocracia integra, sin embargo, el Consejo de Mayo, que es el órgano corporativo estatal de los ‘libertarios’ y los gobernadores, incluso varios peronistas. Lo hemos dicho durante décadas: Argentina no sufre un “costo laboral”, sufre un “costo capitalista”. Ganancias descomunales, apalancadas con deudas a tasas usurarias, hoy recogenn el 65 % del Ingreso Nacional contra el 35 % de 14 millones de trabajadores activos. Milei está comprando armas y aviones a rolete con un Presupuesto de brutal ajuste social. El capital guarda en las cuentas del exterior el doble de la deuda externa de Argentina: 450.000 millones de dólares. Mientras tanto, Argentina “no crece” (absoluta ni relativamente) desde hace varias décadas. Las cosas están claramente planteadas: Socialismo, o sea, gobierno de trabajadores, o Barbarie. “A la lucha cien, a la lucha mil, hoy por ellos, madre, y ellos por mí”. LEER MÁS: Reforma laboral: un cambio de régimen económico y político Peligro inminente: la imposición del trabajo forzado. Por Marcelo Ramal, 09/12/2025.

El viernes, los estudiantes alemanes, tanto secundarios como universitarios, salieron a las calles para oponerse a la reintroducción del servicio militar obligatorio -que había sido cancelado en 2011- y dejar en claro que la “Alemania blindada” que postula el gobierno de Friedrich Merz no cuenta con ellos, decididos a no ser carne de cañón de las pujas bélicas capitalistas. La respuesta de la juventud fue impactante: en al menos 89 localidades se llevaron a cabo los paros, según el diario Junge Welt. En Berlín salieron a manifestarse unos 40.000 alumnos, apoyados por las juventudes del sindicato de educación GEW. El seguimiento fue mayor, según la policía, en Berlín, Munich y en la ciudad de Kiel. La convocatoria está organizada por la alianza “Huelga escolar contra el servicio militar obligatorio”. Las pancartas muestran consignas como “Contra el servicio militar”, “Ningún servicio militar obligatorio para una generación a la que no han preguntado nunca”, “Hablar en lugar de luchar” o “Nuestro futuro es nuestro”. Desde un pequeño escenario, los organizadores han hecho un llamamiento a “aprender de la historia” y han afirmado que “el rearme crea más inseguridad”. Ese mismo día, la coalición de gobierno, formada por la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y su partido hermano bávaro, la Unión Social Cristiana (CSU) más los socialdemócratas, aprobó en el Parlamento la «Ley de modernización del servicio militar» con los votos en contra de la izquierda (Die Linke), del partido verde (Bündnis 90/Die Grünen) y también de la extrema derecha (AfD). La ley, aprobada por 323 diputados, con 272 votos en contra y una abstención, pasará a la Cámara Alta, que se espera la sancione antes de Navidad. Según la nueva normativa, a partir de 2027, todos los jóvenes varones nacidos a partir de 2008 en unas cohortes de unos 300.000, deberán someterse a un examen médico obligatorio que los incluirá en un listado nacional. De esta lista se seleccionarán 40.000 jóvenes al año que deberán cumplir el servicio militar, y la selección se realizará mediante un mecanismo de sorteo. Alternativa por Alemania (AfD) votó en contra porque propone un servicio obligatorio para todos los jóvenes. Para los verdes, la derecha también se quedó corta: durante el debate arguyeron que la experiencia ucraniana demuestra que un país no se defiende solo con sus jóvenes y querían extender el servicio militar o civil a otros sectores de la sociedad. Un economista, Marcel Fratzscher, propuso obligar a los jubilados a prestar doce meses de servicio social obligatorio. Ese es el aire de los tiempos en una Europa que se prepara explícitamente para la guerra. La ley acata los objetivos de la OTAN, que exige que Alemania alcance una fuerza militar total de 460.000 hombres, compuesta por 260.000 soldados activos y 200.000 reservistas. La Bundeswehr se encuentra muy lejos de esas cifras, con sólo 182.000 soldados activos y unos 49.000 reservistas. “Tenemos que prepararnos para una situación de tensión o defensa, tenemos que saber dónde viven y dónde se les puede localizar, como se hacía antes, en la época del servicio militar obligatorio”, explican desde el Ministerio de Defensa. El obediente canciller Merz quiere que Alemania tenga “el Ejército convencional más fuerte de Europa”, en un momento en que Trump “puso en cuestión su compromiso de defender a sus aliados europeos tradicionales” (Perfil 9/12). Merz subrayó la semana pasada que la paz y la libertad “no son gratis” y que la defensa es una tarea que incumbe a toda la sociedad e impulsa el rearme de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas) a un ritmo vertiginoso. La restauración del servicio militar obligatorio forma parte de la militarización de la sociedad en su conjunto. El gobierno alemán se prepara para llevar a toda una generación a los cuarteles y las trincheras 80 años después de la carnicería de la Segunda Guerra Mundial. La reforma no llega a introducir el servicio militar obligatorio, pero incluirá una evaluación obligatoria de todos los hombres mayores de 18 años y medidas como salarios más altos destinadas a hacer el servicio más atractivo. Sin embargo, está previsto que, si el reclutamiento “voluntario” no garantiza el número de soldados deseado, se avanzará directamente al obligatorio sin aditamentos. Pero eso exigiría un nuevo decreto y la aprobación parlamentaria. Para evitar llegar hasta ese punto, se intenta incentivar a los jóvenes con un sueldo mensual de al menos 2.600 euros brutos. La ley mantiene el derecho a la objeción de conciencia porque tiene rango constitucional, pero los objetores estarán obligados a realizar algún servicio civil. Las mujeres y personas diversas tampoco estarán obligadas. No obstante, “si el gobierno decide declarar el estado de alarma —algo que vienen solicitando en voz alta importantes políticos de la CDU—, la prestación militar volvería a ser obligatoria para todos los hombres sin excepción”. Asimismo, las empresas civiles podrían ser obligadas a producir material militar. Otros países Francia, que había suspendido el servicio militar obligatorio en 1997, anunció que lo introducirá nuevamente, aunque de carácter voluntario. Se proponen entrenar por 10 meses a miles de voluntarios de 18 y 19 años. La misma decisión tomaron Países Bajos y Bulgaria, aunque hace ya un par de años. Bélgica introducirá un servicio militar voluntario de 12 meses de duración para hombres y mujeres, a partir del próximo año. Polonia aspira a formar 100.000 jóvenes al año para 2027. En Dinamarca, el gobierno amplió el servicio militar de cuatro a once meses el año pasado y, desde el 1° de julio, lo hizo obligatorio también para las mujeres. En Finlandia, los reclutas prestan servicio entre seis, nueve o 12 meses, según su especialidad y rango (es voluntario para las mujeres). En 2013, Noruega también impuso la obligatoriedad del servicio militar de 12 meses para las mujeres, alegando la igualdad de género. Se selecciona a alrededor del 15 % de cada grupo de edad, basándose en sus habilidades, motivaciones y otros criterios. Las campañas de reclutamiento se dan en paralelo a un reforzamiento de los presupuestos militares y el rearme masivo, que tienen como contracara un fuerte ajuste en el gasto social. La OTAN votó en su última cumbre llevar el gasto militar al 5 % del PBI para 2035. El 28 de noviembre una huelga general convocada por una alianza de sindicatos de base antiburocráticos paró Italia contra el presupuesto 2026 -el presupuesto de guerra- de Giorgia Meloni. Los jóvenes alemanes y los obreros italianos son la avanzada en la lucha contra la barbarie bélica del capital. LEER MÁS: El imperialismo alemán se rearma y amplia su reclutamiento Por Michele Amura, 21/10/2025.

Este marte 9 de diciembre está prevista una sesión de la Cámara de Senadores de la Legislatura mendocina. En la misma, el gobierno de Cornejo pretende que el Senado provincial ratifique la media sanción de cuatro leyes aprobadas en la Cámara de Diputados, entre las cuales figura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge, la ley de regalías mineras (para reducirlas a un mísero 3 % boca mina), la creación de un fondo compensatorio ambiental que funciona como permiso para contaminar y 27 proyectos más de exploración en Malargüe Distrito Occidental Minero II. La sesión del Senado provincial ha sido convocada a las apuradas, en un marco de una extraordinaria movilización popular en rechazo a las leyes de las megamineras, con la bandera de la Defensa del Agua y de la Ley 7.722. En el Senado han modificado el orden del temario para que el DIA del Proyecto San Jorge sea tratado en primer lugar. El gobierno mendocino ha adoptado medidas extremas de restricción de cualquier presencia fuera de los propios senadores y los secretarios parlamentarios, con un despliegue represivo extremo para impedir que los manifestantes puedan llegar a la Legislatura. Si el Senado aprueba las leyes, luego el Ejecutivo provincial tiene que promulgarlas con la correspondiente reglamentación, a partir de lo cual en el caso del proyecto San Jorge podría dar inicio a su proyecto minero, y las otras mineras avanzar con las tareas exploratorias en el sur mendocino. Qué está en juego con estas leyes PSJ Cobre Mendocino, antes conocido como Proyecto San Jorge, es un emprendimiento que pretende instalarse en Uspallata, al noroeste de la provincia, en el departamento Las Heras, a más de 2.400 metros a nivel del mar, en la cuenca que alimenta el río Mendoza, una fuente vital de agua. El objetivo del proyecto es extraer cobre, oro y plata. Si las leyes que lo favorecen son aprobadas, no solo se iniciará la construcción de la mina, sino que se abrirán las puertas por otras decenas de proyectos que están en lista de espera. El PSJ Cobre Mendocino ha sido cuestionado desde diversos sectores, entre ellos, el CONICET, donde advirtieron que el informe de impacto ambiental no resuelve observaciones críticas, destacando que son estudios viejos, hay datos incompletos, riesgos sobre las napas, suelos, patrimonio cultural y territorio de pueblos originarios. Ese comunicado científico fue censurado horas después de su publicación, por presión de la vicegobernadora, Hebe Casado, que justamente quería despejar cualquier cuestionamiento que interfiriera en el debate del Senado. Además del CONICET, el Departamento General de Irrigación también fue duro con respecto al proyecto. Ante diversas recomendaciones del organismo, la empresa respondió en gran medida con la frase “se tendrá en consideración”. Desde el DGI volvieron a resaltar que no se trata de sugerencias, sino de obligaciones. Una de ellas es la de pedir autorización para el uso del agua del arroyo El Tigre, que en principio es de donde pretenden abastecerse del agua para el proyecto, y que es considerado público, mientras que la minera considera que es privado, además de una larga lista de monitoreos y ensayos para evitar problemas a futuro. También partieron cuestionamientos desde la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo, que señala que la empresa "solamente ha cumplido de manera completa el 25 % de los requerimientos, de manera parcial el 52 % y no ha cumplido con algunas exigencias que superan cuantitativamente el 26 %", al momento de precisar las condiciones en que funcionaría la mina. Pero quienes han realizado los cuestionamientos de fondo ha sido las organizaciones socioambientales, que advirtieron que la iniciativa podría generar contaminación con xantato, arsénico y metales pesados, lo que pondría en riesgo el agua que abastece a tres cuartas partes de la población mendocina. El arroyo El Tigre, del cual la empresa obtendría el recurso, “no alcanza en meses secos para sostener la operación ni garantizar el caudal ecológico obligatorio”. También destacaron los riesgos de contaminación en las aguas subterráneas de la cuenca de Los Payatas, que desemboca en el río Mendoza. Destacaron que el concentrado de cobre se transportaría en 14 camiones diarios durante 16 años por la vera del río Mendoza. “Son 80.000 camionadas. Un solo accidente puede convertirse en un desastre ambiental”. Malargüe Aunque la atención está puesta en el PSJ Cobre Mendocino, los sectores ambientalistas advirtieron que resulta “alarmante que avancen más de cien proyectos mineros en una cuenca interprovincial”. Consideraron “inaceptable” la postura del Gobierno mendocino, que sostiene que la provincia puede decidir sin consultar a las jurisdicciones aguas abajo. “El agua no reconoce fronteras. Cuando cruza un límite en el mapa, no se entera”, expresaron. En ese punto, remarcaron que el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) debe intervenir de manera urgente. Este organismo, creado hace casi 50 años, lo integran las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro. “Es la autoridad de cuenca y tiene la obligación de evaluar, dictaminar y ordenar medidas cuando existe riesgo para el (río) Colorado”. Como antecedentes, recordaron que en el proyecto de la hidroeléctrica Portezuelo del Viento, dicho comité fue determinante para frenar proyectos que podían perjudicar al río. “El Coirco no es un invitado: es la institución que garantiza que las provincias no tomen decisiones unilaterales sobre un río que es interprovincial”. Los ambientalistas recordaron que, a comienzos de mes, el Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura cuatro proyectos de expansión minera, entre ellos la segunda fase del Distrito Minero Malargüe Occidental II, que incluye 27 proyectos de exploración en la cuenca del río Grande. “Esos 27 se suman a otros 34 aprobados a comienzos del año”. En este sentido, se destacó que el propio municipio de Malargüe y el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) dictaminaron en contra de 18 de los 27 proyectos de exploración que se ubican en zonas periglaciales, lo que implica una violación de la Ley Nacional 26.639. Una historia de lucha En 2007 se desarrolló en Mendoza una extraordinaria movilización contra los proyectos megamineros que, en aquel entonces, eran impulsados por el gobierno provincial y por el nacional, presidido entonces por Néstor Kirchner. Inspirados en la lucha que se había desenvuelto en la provincia de Chubut, donde se había conquistado la prohibición del cianuro, se desarrolló una enorme lucha popular que permitió arrancar la sanción de la Ley 7.722 por la cual se prohibió el uso de sustancias químicas tóxicas como cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias similares en minería. A partir de esa lucha se pusieron en pie Asambleas Ambientales desde donde se impulsaron y coordinaron las luchas subsiguientes. Luego, en 2011, la movilización popular impidió el intento de violar la ley habilitando precisamente ya entonces el proyecto minero San Jorge. A partir de ese momento, dicha ley fue cuestionada como inconstitucional por las empresas mineras. Recién en 2015, la Suprema Corte de Mendoza se pronunció declarando a la ley constitucional. A partir de ese momento, las mineras y el gobierno radical presidido por Rodolfo Suárez, en acuerdo con el peronismo mendocino, acordaron la sanción de una ley de flexibilización (reforma) de la Ley 7.722, eliminando el artículo en que se prohibía el uso de sustancias tóxicas en minería. En octubre del 2019 la ley fue aprobada, lo que dio lugar a una rebelión que llegó a movilizar a 50.000 pobladores. La pelea se sostuvo durante 10 días y obligó al Gobierno a derogar la ley que acababa de promulgar. Las mineras que estaban detrás del proyecto San Jorge decidieron ir en queja a la Corte Nacional, la cual, en 2021, falló declarando a la Ley 7.722 como constitucional, con la salvedad de una frase, que debía ser desechada, donde dice que se prohíbe “otras sustancias similares”, haciendo referencia al cianuro, al mercurio o el ácido sulfúrico, fundamentando en que lo que se prohíbe debe ser expresamente explicitado, lo que abrió la puerta a favor del Proyecto San Jorge Cobre Mendocino y otros para el uso de sustancias tóxicas como el xantato o la poliacrilamida. Con toda esta experiencia de lucha y con todos los argumentos científicos, el proceso actual de lucha ya tiene varias semanas de recorrido que han permitido volver a reactivar las asambleas ambientales de toda la provincia y desenvolver un proceso de movilización que hoy tendrá un capitulo extraordinario, pues desde distintos puntos de la provincia se organizaron caravanas masivas, como la que partió de Uspallata a 120 km de la capital, también de todas las otras localidades que rodean la capital, e importantes movilizaciones en Gral. Alvear, en Malargüe y San Rafael. Todo indica que el Senado va a aprobar los proyectos. Aunque el oficialismo ya tenía los votos asegurados, se esforzaron por lograr los votos del bloque del PJ que en Diputados votó en contra, pero ahora en el Senado, a pesar de haber anunciado lo contrario, la mayoría de ellos lo hizo a favor, dando clara muestra de su historial a favor de la política de los intereses de la megaminería y ahora de su colaboración y alineamientos con la política de los gobernadores mileistas y del propio Milei, como se verá en el Congreso Nacional cuando se trate la las modificaciones a la Ley de Glaciares . Es claro que la lucha, partiendo de la propia experiencia de 2019, si las leyes son aprobadas, no puede darse por concluida. Con esa conciencia es que se pudo lograr la derogación de la reforma de la Ley 7.722 en el 2019, que ya había sido promulgada. Apoyados en esa experiencia y con las asambleas ambientales reactivadas a pleno, está planteado realizar de inmediato una asamblea provincial, invitar a la juventud y el pueblo trabajador mendocino para una lucha a fondo ocupando todas las plazas de la provincia, impulsando incluso la huelga general de los trabajadores, en especial de los viñateros, y convocar a que en todo el país las organizaciones políticas comprometidas con la lucha, sociales, ambientales, de derechos humanos, impulsen acciones masivas para contribuir a la victorias de la lucha en defensa del agua, de la Ley 7.722 y de la Ley de Glaciares, legislaciones que está siendo pisoteadas por todas las fuerzas políticas patronales. LEER MÁS: Minería de Cobre en Mendoza: media sanción al proyecto San Jorge con la complicidad de la ´oposición´ y censura en el CONICET Movilización de los activistas ambientales. Por Sergio Yeti, 27/11/2025.

Como las luminarias de Navidad, la victoria de LLA en las elecciones de medio término ocultan que su gobierno, dos años después de su llegada al poder, sigue caminando por la cornisa. Tampoco se trata de esto exactamente: el régimen económico en bancarrota no ofrece una perspectiva de salida al largo estancamiento de las fuerzas productivas, mientras el régimen político de gobierno por decreto se ha convertido en poder personal, aunque sin capacidad de movilización. Sin base parlamentaria en el arranque, el gobierno liberticida nunca enfrentó una cuestión de gobernabilidad. Lo demostró de entrada con la devaluación del 67 % del peso sin enfrentar ningún obstáculo. Dos años finales de desgobierno ‘fernandecista’ prepararon el giro electoral a la derecha. El ala ‘lumpen’ (Milei) se impuso al ala ‘civilizada’ (Macri), que enseguida fue atraída hacia el lumpenismo. La motosierra unificó a la burguesía en una política de ajuste violento que fue respaldada por el Congreso mediante la cesión de poderes en la finalmente aprobada mega Ley 70. De ahí salió el tarifazo de la salud, de los alquileres, de los servicios públicos, de las privatizaciones y del congelamiento de salarios y jubilaciones. Hasta los remolones parlamentarios del año siguiente, Milei impuso decretos (por ejemplo, el nuevo acuerdo con el FMI) y vetos, y demolió hasta los proyectos de leyes más insignificantes. El llamado ajuste fiscal fue una operación de envergadura, al mismo tiempo que una estafa, sin precedentes. No sólo podó gastos sociales y serruchó jubilaciones entre 20.000 y 25.000 millones de dólares, sino que transfirió la deuda del Banco Central con los bancos locales al Tesoro nacional por el doble de esas cifras. Esa deuda había sido generada por el financiamiento público al capital privado durante la pandemia, que se sumaba al dejado por la gestión de Macri, con Caputo y Sturzenegger. Todo sumado, los trabajadores pagaron la ‘limpieza’ del Central por entre 75.000 y 100.000 millones de dólares. Lo que para el Gobierno fue un asiento contable, constituyó una colosal transferencia de ingresos, que se disfrazó como una reducción de la emisión monetaria y de la inflación. La deuda pública interna, o sea, del Tesoro, ha trepado por encima de 200.000 millones de dólares. Las finanzas públicas no se encuentran ‘saneadas’, sino quebradas. Nada de esto traduce, sin embargo, un régimen sustentable. Javier Milei se lanzó a los brazos del imperialismo chauvinista y fascistizante con un fanatismo de oscurantista. Ante la platea cómplice de los medios de comunicación, de los círculos capitalistas y de los partidos políticos -en especial el peronismo y el cristinismo- saluda el genocidio del pueblo palestino y se asocia a las guerras imperialistas internacionales. Esto le valió el apoyo incondicional del FMI y del Tesoro norteamericano. Aun con este respaldo no evitó cuatro o cinco corridas cambiarias, poniendo en tela de juicio la eficacia de los rescates extranjeros. En octubre pasado estuvo a punto de no pasar los dos años de edad, debido a un incidente menor: la derrota en una elección parlamentaria provincial. Existe unanimidad nacional en la opinión de que fue salvado por Donald Trump, el mismo que lo había salvado en los desplomes previos, sólo para recaer con mayor violencia. El peronismo no ha sido fulminado por Milei, al que ayudó a llegar a la Rosada. El dúo Massa-Rubinstein esperaba ganar las elecciones para ejecutar un plan similar. Massa proveyó candidatos a Milei para dividir el voto antiperonista; como el brujo de la historia desató las fuerzas que pretendía controlar. Milei derrotó a un peronismo fulminado, que ahora está pidiendo a gritos desaparecer de la escena, después de una obscena construcción electoral -Fuerza Patria- reclutada entre tránsfugas crónicos con LLA. El endeudamiento de Kicillof en la Provincia, porque no puede pagar la deuda reestructurada por Martín Guzmán, es una expresión de bancarrota sin atenuantes. Los campeones de la libertad económica se niegan a liberar el mercado de cambios por el temor de que la estampida de dólares se convierta en una hiperinflación. Pero sin esa ‘liberación’ no habrá ingresos de capitales y la tasa de financiación internacional será siempre alta. Las corridas cambiarias no cesarán y la posibilidad de que se conviertan en crisis bancarias es mayor, porque encajes o reservas de los bancos están compuestos por títulos públicos. La crisis desatada entre los Rocca y los Bulgheroni por la compra de caños chinos para Vaca Muerta muestra la insolvencia del proyecto maestro del mileísmo: el desarrollo mismo de ese yacimiento está en cuestión. Argentina carece simplemente de la capacidad de financiación de la infraestructura que requiere y no hay capitales extranjeros dispuestos a hacerse una competencia a ellos mismos en un mercado internacional muy disputado, incluso mediante guerras (Venezuela, Irán). Hoy mismo, miércoles 10, Caputo ha salido a ‘explorar’ un nuevo endeudamiento, a un cómodo 6,5 % anual en dólares locales, que si se suscriben bajo la par, dejará una nueva deuda a tasa usuraria. La política de Milei y Caputo recuerda a la historia del lecho de Procusto, cuyo cuerpo fue mutilado para que encaje en el sarcófago. Quieren bajar “el costo argentino” bajando el “costo laboral”, inflado por la baja cotización del dólar, pero completamente destruido por los altos precios de la alimentación, el transporte y la vivienda. Con una deuda pública a intereses usurarios y con una deuda privada interna y externa impagables (sujeta, con suerte, a reiteradas refinanciaciones), las ganancias monetarias enormes del capital no son expresión sino del vaciamiento financiero de la industria. Un capitalismo en bancarrota quiere hacer pagar las cuentas a la clase obrera y, en cuanto al Gobierno, instalar un régimen laboral propio del fascismo. El gobierno de Milei ha batido un récord de gastos armamentistas en América Latina con relación a los países vecinos. Los chispazos de la guerra no han demorado en estallar: las fuerzas armadas respaldaron el retiro de una nave argentina del Caribe, que Karina Milei pretendía unir a la flota de Trump frente a Venezuela, y la vice, Victoria Villarruel, aprovechó para meter púa contra el clan familiar de Milei, reclamando no obedecer a exigencias extranjeras. El balance de dos años del actual gobierno es nefasto, simplemente porque no ha abierto una salida a la bancarrota, a la que enfrenta metiéndose más en el fango. Un estallido extraconstitucional del gobierno siembra pánico, en especial en el peronismo, porque desataría un movimiento de masas “con la cabeza de los dirigentes”, no con los dirigentes a la cabeza. El inmovilismo político explosivo del peronismo alimenta su tendencia a la implosión. CFK no quiere siquiera que se vote cada dos años, prefiere cuatro y hasta seis. Es el tiempo de maduración de una inversión minera en los glaciares, su sueño de pingüina exiliada. El peronismo y la burocracia sindical forman parte integral del derrumbe del régimen político. Las vías para un recorrido revolucionario están abiertas: es necesario organizar la vanguardia dispuesta a recorrerla.

Por 63 votos a 49, la lista Naranja revalidó su mandato al frente de la Junta Interna del Hospital “Eva Perón” de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe. La elección puso en debate qué tipo de organización y de programa necesitamos los trabajadores para enfrentar la tremenda crisis actual y la ofensiva ajustadora de los gobiernos. La Naranja reivindicó su trayectoria de lucha de estos años. Es una lista clasista, que plantea la unidad de los trabajadores en la lucha y en los reclamos y que defiende la independencia política frente al Estado, las autoridades y los partidos políticos patronales. La Naranja centró su campaña en la denuncia a la “reforma laboral” antiobrera de Milei, los gobernadores y la burocracia de la CGT, haciendo epicentro en las condiciones laborales en Salud y en el propio Hospital. Denunció las consecuencias por la falta de personal, que es el argumento de las autoridades para avanzar sobre los derechos de los trabajadores y sobre el Régimen de Licencias provincial (Decreto 1919). Esta situación que afecta a todos los sectores del Hospital, pero se vuelve crítico en Enfermería, donde los enfermeros y enfermeras se ven desbordados por la cantidad de pacientes, llevando a una situación de estrés inaguantable que se traslada a la atención. En las Salas se producen los mayores choques entre los trabajadores y las Jefaturas por esta clase de motivos. La lista N°2, opositora, fue un rejunte ocasional y oportunistas donde convergieron la kirchnerista Verde Blanca de ATE Santa Fe, la Verde de ATE Rosario, la Bordó (PJ) y el Departamento de Enfermería (supervisoras y jefas). Su plataforma llamaba a “reforzar la gestión”; es decir, a aceptar la política de ajustes, falta de personal, aprietes, desconocimiento del Régimen de Licencias, etc., que es lo que caracteriza a la ´gestión´. La presión de las jefaturas en Enfermería llevó a una polarización en la votación e incluso a que algunos sectores no vayan a votar. ATE Rosario, que no tiene actuación en el Hospital, jugó sus recursos a este engendro. Al dominar la Junta Electoral, pudo hacer distintas maniobras en favor de la lista 2, como dar a conocer tardíamente la convocatoria de la elección con el propósito de que la Naranja no pudiera cumplir con los plazos o incluir en el padrón a trabajadores dados de baja del Hospital. Lo más burdo de todo fue la impresión de las boletas: las de la lista N°2 -que no había reservado color- se hicieron en verde, mientras que los de la Naranja se imprimieron en papel blanco. Quisieron crear confusión con el color, pero el tiro les salió por la culata. Vamos con la Naranja. Este es el camino que hay que reforzar con el desarrollo de una agrupación de trabajadoras y trabajadores de la Salud junto con la Junta Interna.

La CGT anunció una movilización a Plaza de Mayo para el próximo jueves 18 de diciembre contra la reforma laboral. No habrá paro ni están previstas asambleas, con lo cual será una movilización del aparato de la burocracia. Desde que asumió Milei, las ´movilizaciones´ cegetistas han tenido marcadamente ese carácter. El consejo directivo de la central declaró que su ´plan de lucha´ incluirá “medidas graduales”. El Gobierno, en cambio, tiene previsto obtener la media sanción de la ´reforma laboral´ -en realidad, mucho más que una reforma laboral- a más tardar en febrero. La burocracia ha iniciado una ´rosca´ con senadores del peronismo y de Provincias Unidas, al solo efecto de blindar sus prerrogativas. En cambio, “no ve condiciones para protestar en la calle” (LPO, 10/12). Apuesta a "debilitar" la reforma laboral en el Senado (ídem). El proyecto de ´Reforma Laboral´ apunta a un cambio de régimen económico y político, suspendiendo los derechos políticos de la clase obrera en los lugares de trabajo. Mientras va a fondo contra los trabajadores, el gobierno morigeró los puntos que pudieran afectar a la caja de los sindicatos: no tocarán las cuotas sindicales de los no afiliados y sólo los gremios con personería podrán firmar los convenios por empresa. Estas concesiones a la burocracia sindical delatan un acuerdo de fondo. El ´plan de lucha´ cegetista no será ni siquiera testimonial. Apunta a enterrar cualquier lucha real contra la reforma. La CGT ha cifrado su expectativa en 150.000 asistentes (Infobae, 12/12), nada más que para elevar la vara y acusar por una menor convocatoria al ´desinterés´ de la base. La CGT no marchará, sino que concentrará en Plaza de Mayo, para no transigir el ´protocolo´ represivo de Bullrich, como ya acordó en ocasiones anteriores. El propósito de manifestar en Plaza de Mayo -cuando la discusión ha ingresado al Congreso-, con la excusa de que en la Rosada “se toman las decisiones”, es sacarles la presión a los senadores y diputados del propio palo. El peronismo y la CGT protagonizarán una farsa de negociación legislativa para sacar adelante un proyecto de cuño fascista. En el encuentro del nuevo Consejo Directivo, el titular de la CGT Jorge Sola (Seguros) propuso “atacar” por tres flancos el proyecto de ley: “medidas gremiales graduales; si se aprueba la ley, en la Justicia, y con acciones políticas junto con Unión por la Patria”. Son todas vías muertas. La vía judicial suspendió la aplicación de la reforma laboral incluida en el decreto 70/23, pero no tendrá asegurado el mismo efecto cuando se trata de una ley sancionada por el Congreso. La Justicia Laboral había fallado contra la constitucionalidad de aquel decreto porque el Congreso se encontraba en pleno funcionamiento y no se justificaba su “necesidad y urgencia”. No será este el caso, aunque algunos artículos de la reforma sean eventualmente materia de discusión jurídica. La CGT anunció “acciones políticas junto a Unión por la Patria”, en medio del derrumbe del peronismo como consecuencia de su intenso colaboracionismo con el gobierno liberticida. El plan de la CGT contempla “intensificar” las reuniones con los gobernadores, cuando los diputados y senadores de esa fuerza están pegando el salto hacia el gobierno. Solá insiste en que “la pelea debe darse artículo por artículo” para dejar en claro que no piensa hacer nada. “No se puede permitir el ataque al modelo sindical”, aseguró, clarificando que la única discusión que le importa a la CGT es el resguardo de sus prebendas. “La reforma no va a generar empleo, sino que lo que genera empleo es la inversión". De pelear por salarios y contra los despidos y suspensiones, ni una palabra. Mientras el Gobierno busca que salga la ley antes de fin de año, la CGT se prepara para un “largo debate”. El reclamo de la CGT de que se la convoque a una “mesa de diálogo” junto con los empresarios es una excusa. Ya ocurrió en el Consejo de Mayo, que la CGT legitimó con la presencia de Gerardo Martínez. Los voceros cegetistas han evitado por todos los medios arrojar definiciones sobre la reforma. “Esto se hace sin una mesa de diálogo con los dos sectores que más tienen que ver con esto, el sector que invierte y la fuerza de trabajo”, dice Sola a modo de queja. La concentración de la CGT, sin marcha ni paro, sin debate con los trabajadores y sin continuidad ni plan de lucha, tiene el propósito de ´copar´ la parada y bloquear cualquier iniciativa independiente. Su complicidad con el proyecto de reforma laboral del Gobierno es inocultable. Nuestro partido, Política Obrera, concurrirá a la Plaza de manera independiente, con la consigna “Abajo la reforma laboral fascista”.

El martes pasado, los principales medios periodísticos locales circularon impactantes videos sobre el colapso de la guardia del hospital San Bernardo, el principal hospital de la provincia. Filas de ambulancias esperando con pacientes a bordo, pasillos atestados y demoras de atención de hasta 5 horas en la guardia. Esta situación se extiende a todos los hospitales públicos de la capital salteña y de las principales ciudades del interior, particularmente en Orán, la segunda más grande de la provincia. Después de calificar como “excepcional” la situación del hospital San Bernardo, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, y los gerentes de los hospitales capitalinos, achacaron el colapso a un vuelco de pacientes con obras sociales hacia el sistema público. En su mayoría, se trataría de pacientes crónicos que necesitan largos períodos de internación. En noviembre pasado, Mangione declaró que la capacidad operativa de los hospitales públicos provinciales está superada en un 65 % (El Tribuno, 8/11). Los funcionarios reconocieron que la concurrencia de personas con cobertura al hospital público representa entre el 23 % y el 30 % de las consultas e internaciones mensuales (El Tribuno, 11/12). Buena parte de ese flujo corresponde a personas afiliadas al IPS, la obra social provincial y por lejos la de mayor cantidad de afiliados en la provincia. Las clínicas privadas exigen depósitos de internación y coseguros que hoy no pueden ser cubiertos por los asalariados estatales. El ministro Mangione se excusó afirmando que están trabajando para eliminar las trabas burocráticas que impiden su atención en el sector privado, sin referirse al colapso del propio IPS . Según Mangione, por las obras de ampliación se ha reducido circunstancialmente la capacidad operativa de los hospitales públicos, pero esto revela la falta de planificación. Dichas obras, en todo caso, tampoco revertirán el cuadro de colapso. Ajuste y privatización encubierta Lo cierto es que este colapso no se debe solamente al flujo de pacientes con obra social, sino al desfinanciamiento crónico del sistema, sobre todo en infraestructura y personal, en beneficio del sistema de salud privada. Sáenz ha mantenido el sistema de gerenciamiento hospitalario, que bajo “recursos propios” a duras penas cubre el faltante de insumos y personal bajo contratos precarizados y monotributo, pero no puede hacerse cargo de infraestructura. Tampoco ha derogado la ley impuesta bajo el mandato de Urtubey, que reintegra 3 de cada 4 pesos invertidos en salud privada en la provincia. Menos aún ha señalado cómo ha contribuído a este cuadro el empobrecimiento fenomenal de la población salteña, su hacinamiento por el déficit habitacional y la carestía de los alquileres, y la pérdida de más de 12.000 puestos de trabajo formales en el último periodo, con la consecuente pérdida de su obra social. El colapso sanitario en curso pone de relieve un proceso de degradación social mucho más amplio, profundizado ahora por Sáenz y Milei. En el caso del Hospital oranense San Vicente de Paul, el viernes pasado una tormenta dejó anegada e inhabilitada toda el área de citoginecología, a la par que sus trabajadores denuncian la retracción de la planta en el orden de un 30 % en la última década. Fue justamente ante el colapso crónico del hospital de Orán que Sáenz impuso, ya hace más de un año, el cobro a extranjeros. El colapso actual echa por tierra la política fascistizante de Sáenz y que promovió como medida a nivel nacional. Mangione y Sáenz han promovido este colapso en nombre de combatirlo, atacando y reduciendo el régimen de horas guardia en el Samec (Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes), en el servicio del avión sanitario provincial y en los hospitales. El ministro no dejó de aprovechar la oportunidad para tratar de “resentidos” a los trabajadores del Samec, al acusarlos de haber filmado y viralizado el colapso de la guardia del hospital San Bernardo. En medio de este caos, Mangione propone un esquema de inversiones público privadas, que comenzaría con la adquisición de aparatología compleja que prestaría servicio en los hospitales públicos (El Tribuno, 8/11), pero podría seguir con el desarrollo de infraestructura y áreas de atención completas. Este esquema, al ser pago, solo agravará la crisis en curso; pues lo que se presenta como una crisis de infraestructura tiene como base la insolvencia de los mayores costos de la salud para quienes detentan obra social y prepagas. Ante la emergencia, el gobierno apenas ha atinado a intentar redistribuir pacientes crónicos en diferentes nosocomios públicos, lo que se inviabiliza por falta de profesionales especialistas necesarios; y ahora planea derivar los llamados pacientes “verdes” -con gripes y anginas estacionales- al sistema de atención primaria (centros de salud barriales), lo que terminará en un fracaso porque los mismos se encuentran vaciados, razón por la que los enfermos se dirigen a los hospitales públicos. Hace menos de un mes, debieron impulsar una rotación de profesionales médicos por los centros de salud para mitigar el colapso de los consultorios externos de los hospitales públicos, sin éxito verificable. La burocracia sindical es parte del problema Como suele suceder en estos casos, el gobierno y los burócratas sindicales han tenido que destacar el sobreesfuerzo del personal sanitario provincial, que ha visto intensificados al máximo los ritmos de su jornada laboral, con salarios de pobreza, precariedad laboral, y a veces sin infraestructura, insumos ni cantidad de profesionales necesarios. Toda una perfidia para encubrir los ataques del gobierno y que ATE, ATSA, UPES, APSADES y las asociaciones por hospital han dejado pasar sin lucha. La fenomenal cantidad de sellos sindicales burocráticos ha oficiado como un potente factor de atomización. Mediante la cooptación y las represalias, Sáenz ha quebrado, por el momento, el movimiento autoconvocado que irrumpió en 2023, con la huelga general de la docencia autoconvocada salteña. El colapso sanitario en curso está directamente vinculado al desarme de los trabajadores de la salud. Cómo enfrentamos el colapso sanitario Desde Política Obrera llamamos a combatir este colapso impulsando la deliberación de base en cada hospital y centro sanitario, estableciendo los pliegos de reclamos tanto salariales como sobre infraestructura, personal, equipamiento e insumos; coordinando medidas de acción contra la debacle del sistema de Salud, producto de las políticas capitalistas de Milei y Sáenz. Es necesario imponer la triplicación del presupuesto de salud y su aplicación bajo control de representantes electos y revocables de los trabajadores del área. También, ante el cuadro de emergencia, imponer la utilización de la infraestructura ociosa de clínicas e institutos de salud privados. Una salida progresiva a esta crisis sanitaria está ligada a su reorganización bajo un gobierno de trabajadores.

Las elecciones presidenciales en Honduras se han convertido en un evento de intromisión alevosa del imperialismo norteamericano en América Latina. Los resultados electorales se han demorado, en su versión preliminar, durante más de 10 días bajo graves sospechas de adulteración. El descontento se ha generalizado en todos los espacios políticos, principalmente, en el actual gobierno que ha pasado de liderar todas las encuestas por un margen del 5 % al 8 % sobre el resto de los candidatos a figurar en tercer lugar sin alcanzar el 20 % de los votos –incluso Rixi Moncada, candidata del oficialista LIBRE, no alcanza los votos de la interna de su propio partido-. En un país donde el 25 % de su Producto Bruto Interno (PBI) depende de las remesas enviadas desde Estados Unidos, una indicación de voto del presidente norteamericano es una declaración determinante. En diversas coberturas periodísticas, el retraso en el conteo ha sido presentado como una responsabilidad de la empresa proveedora del servicio, la cual fue contratada a pesar de contar con un historial que la ha marginado en su país de origen, Colombia, de poder concursar para licitaciones de este tipo. Para colmo, dos de sus principales accionistas son hondureños ligados a los partidos históricos de la derecha del país: el Partido Nacional, defendido por Trump, y el Partido Liberal, que llevó la candidatura del saltimbanqui, Salvador Nasralla -declarado admirador de Bukele, Milei y Pinochet-. Actualmente, el recuento provisorio arroja un 99,4 % de actas escrutadas, sin embargo, cerca de un 15 % del total (unas 2700 actas) han sido observadas, lo que llevará a reevaluar un total de 500 mil votos. Como la diferencia entre el primer candidato, “Tito” Asfura, y su competidor Nasralla, es de 42 mil votos la elección se definiría con ese recuento final. Para la presidenta de la Comisión Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, basta con esperar el desenlace de esa revisión. Hall fue designada en representación del Partido Liberal de Nasralla en un acuerdo tripartito con el PN y Libre. Hace días, Marlon Ochoa, representante de Libre en el CNE, ha declarado que desconoce el conjunto del recuento y ha reclamado la anulación inmediata de las elecciones debido a la injerencia externa de Estados Unidos así como diversas irregularidades en el sistema de datos (TREP), el cual denuncia como hackeado. La propia Xiomara Castro, presidenta del país, ha denunciado que desconoce el resultado de las elecciones y que los mismos no podrían explicarse sin la injerencia estadounidense. Al mismo tiempo, ha denunciado que las bandas paramilitares conocidas como maras han ejercido un trabajo de intimidación sobre la población en favor de Asfura. Las maras son bandas criminales con las cuales el expresidente del PN, Juan Orlando Hernandez, había entablado un aceitado sistema de colaboración y encubrimiento en sus 8 años de mandato (2014-2022). Fue por estas razones que un juzgado estadounidense lo condenó a 45 años de prisión en 2024; ahora ha sido indultado por el presidente Trump en las vísperas de la elección presidencial. La tensión ha escalado desde antes de las elecciones, cuando la oposición se complotó para convocar de manera unilateral a sesiones extraordinarias desde el 1 de noviembre al 20 de enero. La convocatoria a estas sesiones carecía de temario, solo buscaba mantener al pleno reunido para evitar el ingreso en receso del Parlamento y que la Comisión Permanente -encabezada por el oficialismo de Libre- siguiera la agenda parlamentaria. En sintonía con el rechazo expresado por la Presidencia y la candidata de Libre, esta Comisión Permanente ha desconocido el resultado electoral. Sin embargo, no tiene peso legal esta declaración. El Congreso es el encargado, en sesión plenaria, de designar un ganador si el CNE incumple su plazo de 30 días para informar resultados fehacientes. En una [extensa nota(] https://www.medelu.org/En-Honduras-la-historia-detras-del-golpe-electoral#nh1 ), el periodista Maurice Lemoine, ha denunciado una larga lista de irregularidades -sin esconder sus simpatías por el gobierno de Castro- que están asociadas a la postura que ha tomado la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y el gobierno de los Estados Unidos sobre el proceso electoral hondureño. Estos organismos han enviado observadores electorales, que ya se han retirado del país, concluyendo que la elección estuvo amparada por un marco de paz y libertad. Sin embargo, todos los informes anteriores y expresiones de embajadores o delegados de estos organismos habían denunciado un “giro autoritario a lo Nicaragua y Venezuela” por parte del gobierno de Castro, sembrando dudas sobre la independencia del proceso electoral. Durante las primarias, la entonces presidenta del CNE, representante del PN, denunció una intervención del ejército en favor de la candidata oficialista en el reparto de urnas y boletas electorales. Estos cruces fueron sembrando un terreno que fue inevitablemente inflamado por el apoyo electoral de Trump al candidato Asfura del PN. Por su lado, Nasralla que aspiraba a recibir el apoyo del magnate norteamericano fue parte activa de las maniobras y denuncias del imperialismo contra el gobierno buscando su aval político. Ahora, denuncia un fraude en su contra del CNE, que preside su propia designada, y exige un recuento “voto por voto”. Mientras tanto, el gobierno estadounidense declaró que “necesita conocer el resultado de manera inmediata y exige la definición sobre el ganador de las elecciones”. Al ser Asfura quién encabeza el recuento, se cae de maduro que exigen su inmediata confirmación como ganador y descartar cualquier tipo de recuento más exhaustivo. Trump ha declarado que no “malgastará su dinero” si no es electo el candidato del PN. Castro, que había hecho tibias declaraciones sobre la injerencia trumpista, ha reaccionado de manera tardía al armado golpista orquestado bajo sus propias narices. El gobierno de Libre ha renovado la conducción de las Fuerzas Armadas, depurando a los dirigentes militares del golpe contra su esposo Zelaya en 2009. Esperaban poder evitar cualquier asonada con dicho proceso. Las movilizaciones convocadas por la candidata oficialista Moncada no han tenido un carácter masivo, a pesar de no haber sido reprimidas. Paola Hall, del CNE, ha pedido al ejército una definición: están con Trump o con el gobierno. El golpe “electoral” ha pasado a una abierta etapa de confrontación política y física. El trumpismo se ha lanzado a una reconquista política, económica y militar de América Latina utilizando todos los medios a disposición. La deposición de Castro y Zelaya busca ser un nuevo paso en el aislamiento político de Cuba, Venezuela y Colombia. Rechazamos una nueva injerencia del imperialismo en favor de la guerra imperialista. Fuera el imperialismo, por la unidad socialista de América Latina.

Este 11 de diciembre de 2025, Portugal vivió una huelga general de alcance histórico: la primera en más de una década, convocada de manera conjunta por las dos principales confederaciones sindicales del país -CGTP-IN y UGT- contra el paquete de reforma laboral impulsado por el gobierno de centroderecha de Luís Montenegro. La huelga produjo paros y movilizaciones en todo el país, con efectos notorios en el transporte público, educación y los hospitales. Se registraron manifestaciones y cortes en 15 distritos continentales y en las regiones autónomas de Azores y Madeira, con piquetes y concentraciones sindicales coordinadas localmente. Estas acciones se distribuyen desde zonas urbanas densas como Lisboa y Oporto hasta pequeñas ciudades del litoral y del interior, lo que demuestra una respuesta amplia y transversal del movimiento obrero. La reforma facilita despidos, amplía la temporalidad de los contratos, introduce bancos de horas flexibles y debilita la negociación colectiva. El gobierno portugués y el argentino parecen haber abrevado en la misma fuente de inspiración para la 'modernización laboral'. En Europa, el conflicto social se intensifica frente a ofensivas similares. En Francia, movimientos como Bloquons Tout convocaron huelgas contra recortes y políticas de “austeridad”, con protestas que adquirieron fuerza en 2025. Sindicatos y federaciones como industriAll Europe expresaron solidaridad con los trabajadores portugueses, denunciando la tendencia de gobiernos conservadores a debilitar derechos laborales en pos de “competitividad” y “flexibilidad”. En conjunto, estos hechos muestran que la ofensiva patronal y de los gobiernos hacia la desregulación y la precarización está provocando respuestas sindicales amplias, que requieren coordinación transnacional para enfrentar cambios estructurales regresivos. El gobierno minimizó el alcance de la huelga. La adhesión de los trabajadores fue, sin embargo, masiva.

El jefe del ejército israelí, Eyal Zamir, confirmó el domingo 7 de diciembre lo que Hamas viene denunciando desde que se firmó el alto el fuego: que Israel considera la "Línea Amarilla" que divide Gaza como su nueva frontera. Esto significa que los sionistas han ocupado el 58% del territorio gazatí , violentando los límites -supuestamente temporarios- que había impuesto la Paz de Trump. Los tanques israelíes permanecen en la ciudad de Gaza y sus topadoras demuelen cualquier vestigio de edificación que haya sobrevivido a los bombardeos. Desde noviembre, el ejército no ha hecho más que ampliar su zona de control. El alto el fuego es una farsa : los israelíes han asesinado 360 palestinos, incluidas familias enteras y niños que buscaban leña para cocinar. Cualquiera que cruce la línea -que a veces ni siquiera está señalizada- es eliminado en el acto. En el 42 % restante de Gaza viven aproximadamente los dos millones de habitantes de la Franja. Esta zona sigue bloqueada por Israel, que solo permite la entrada de ayuda humanitaria en cuentagotas mientras el invierno y el hambre agudizan una catástrofe inaudita. La declaración de Zamir admite que han convertido más de la mitad de Gaza en una zona de amortiguación arrasada y bajo control militar que garantiza que los palestinos no puedan regresar. En ese contexto, Trump retrasó el anuncio de la propuesta "Junta de Paz" para Gaza, “tras un fin de semana en el que los ministros de Asuntos Exteriores advirtieron que la frágil tregua podría desmoronarse en cuestión de semanas” (dropsite). Trump dice que la junta se nombrará "a principios del próximo año" y ningún país se anotó con la Fuerza Internacional de Estabilización (FIE). Hamas dijo que las palabras de Zamir eran «legalmente nulas y debían ser rechazadas». Añadió que la declaración era la formalización del intento de Israel de «reestructurar la geografía de Gaza mediante la fuerza militar. Los ocupantes no tienen derecho a redefinir fronteras ni a apoderarse de ninguna parte». En concreto, Israel está imponiendo una segunda Nakba a los palestinos con la más escandalosa complicidad del mundo árabe y las potencias europeas . Pena capital para los presos En consonancia con esta política de exterminio, Israel se prepara para condenar a muerte a miles de presos palestinos . Ben-Gvir, el fascista ministro de seguridad interna de Israel, que en su juventud cosechó 8 condenas de tribunales sionistas por “incitación al odio y apoyo al terrorismo” contra palestinos y prometió matar al entonces primer ministro Yitzhak Rabin por haber firmado los acuerdos de Oslo, se mostró el lunes en el Parlamento con un pin dorado con forma de soga de ahorcamiento. Todos los legisladores de su partido Poder Judío lucieron el mismo símbolo durante una reunión de la comisión parlamentaria que discute la pena de muerte para prisioneros palestinos acusados de “terrorismo”. Este proyecto de Ben-Gvir ya tuvo en noviembre una primera aprobación de las tres que necesita para ser ley. Gvir lo ha llamado la ley «más importante de la historia de Israel». Según el proyecto, la pena de muerte también será aplicada por tribunales militares israelíes en la Cisjordania «por mayoría simple de los jueces del tribunal de primera instancia», y no por unanimidad, y además «no podrá ser conmutada» por otra pena inferior. Durante la audiencia, este fanático que propone la expulsión de todos los palestinos y una Israel “desde el río al mar” étnicamente “pura”, afirmó que la soga es solo “una de las opciones mediante las cuales implementaremos la ley de pena de muerte para terroristas”. “Por supuesto, existe la opción de la horca, la silla eléctrica y también la eutanasia”, agregó. Si se aprueba, todos los presos palestinos serán pasibles de ejecución ya que el régimen sionista acusa de “terrorismo” prácticamente a todos, incluidos los niños. Es la excusa de la que se sirve para someterlos a torturas brutales y cotidianas. Un comunicado de la oficina de Ben-Gvir explicó el prendedor como un símbolo del “compromiso de los legisladores con la exigencia de la pena de muerte para los terroristas” y enviar “un mensaje claro de que los terroristas merecen la muerte”. El proyecto de ley de pena capital fue rechazado por grupos de derechos humanos, diputados de la oposición y representantes de ONG israelíes citando motivos éticos, legales y religiosos. La Asociación Médica de Israel (AMI), que agrupa al 90% de los profesionales, ha prohibido «terminantemente la participación, ya sea pasiva o activa, de cualquier médico del país en la imposición de la pena de muerte». “Es éticamente inaceptable” y está prohibido “utilizar nuestros conocimientos para fines distintos a la promoción de la salud y el bienestar», explicó Alberto Olchowski, representante de la asociación, ante la comisión parlamentaria. Gvir se mofó de la prohibición y aseguró que había recibido “100 llamadas de médicos que le dijeron: ‘Itamar, solo dinos cuándo’”. El líder del Partido Demócrata, Yair Golan, criticó la exhibición. “Una soga en la solapa de un ministro no es una declaración política, es una declaración de intenciones”, escribió en X. “Cuando un gobierno usa imágenes de muerte para proyectar fuerza, ya no está luchando contra el terrorismo; está ensayando una dictadura” , dijo. La tortura como política de Estado La discusión de la pena de muerte coincide con un informe de ONG(s) israelíes que denuncian un aumento sin precedentes de torturas y malos tratados contra palestinos en las prisiones sionistas desde octubre de 2023. El sitio web israelí Walla reveló que al menos 110 presos palestinos fueron asesinados desde que Ben-Gvir asumió el cargo de ministro de seguridad interna del régimen. “Esta cifra es un récord sin precedentes en comparación con los datos conocidos de décadas anteriores”, según el informe. Gvir se ha filmado insultando a Marwan Bargouthi, el dirigente palestino preso más importante, y amenazando con el arma que lleva a la cintura a otros presos. Y ha llamado héroes nacionales a los soldados acusados de violar o matar a presos inermes. Los detenidos liberados describen frecuentes palizas, privación d comida y de agua, ataques de perros, violaciones y abusos sexuales. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura afirma que los palestinos han sido víctimas de una “política estatal de facto de tortura organizada y generalizada” y que esto “constituye un delito de genocidio según el derecho internacional”. El Comité enfatizó su “seria preocupación” por el hecho de que Israel no tiene “un delito específico que penalice la tortura, y que su legislación permite que los funcionarios públicos estén exentos de culpabilidad penal bajo la llamada defensa de ‘necesidad’ cuando se aplica presión física ilegal durante los interrogatorios”. Israel, junto con Estados Unidos y la Argentina de Milei son los único tres países que han votado en contra de eliminar la tortura, una propuesta de la asamblea de la ONU .

Este miércoles María Corina Machado debía recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo, el cual fue recibido por su hija debido a que no llegó a tiempo para la ceremonia. Machado debió salir, según ella, a escondidas de Venezuela con ayuda de Estados Unidos, y por eso el contratiempo. Donald Trump había reclamado el galardón para sí, pero se lo entregaron a Machado. La dirigente venezolana, a su vez, se lo dedicó al magnate, su padrino político. En Oslo existe la tradición de realizar una procesión con el ganador, pero este año el evento casi fue cancelado después de que el Consejo Noruego de Paz, una coalición de 17 organizaciones de la sociedad civil, anunciara el 24 de octubre que no organizaría el evento en protesta por la decisión de otorgarle el premio a María Corina Machado. El Consejo argumentó que el perfil de la líder opositora venezolana no estaba “en línea” con los valores que representan. Por eso la Alianza Noruega de Justicia Venezolana, una ignota organización de venezolanos residentes en el país, le salvó las papas y le hizo de séquito. Es que la mera nominación de Machado es un escándalo, debido a que desde hace años utiliza su fama para reclamar una invasión yanqui a su propio país. Además de haber participado en el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez, se le achaca la organización de las guarimbas durante 2014 y 2017, que ocasionaron cientos de muertos: algunos en manos de las fuerzas represivas del gobierno, pero muchos en manos de las bandas derechistas que responden a ella. Machado fundamenta su apoyo a una invasión a su país con la excusa de que Venezuela está ya “ocupada” por fuerzas de regímenes totalitarios -entre las que mencionó a Rusia, Irán, Cuba, Hezbollah, cárteles de droga y la guerrilla colombiana-. Machado también declaró que no hubiera podido salir del país sin la ayuda de Trump, mientras miles de refugiados venezolanos que, huyendo del régimen de Maduro, migraron a Estados Unidos y ahora son deportados, separadas las familias y hasta encarcelados en las cárceles de Bukele en El Salvador. Entre los asistentes latinoamericanos a la entrega del premio estuvieron los presidentes Javier Milei, Santiago Peña de Paraguay, Daniel Noboa de Ecuador y José Raúl Mulino de Panamá, así como Edmundo González. Milei viajó en vano, pues se volvió sin ver a Machado ni a Trump, quien directamente no concurrió. En la agenda tenía previsto ver al rey de Noruega y al primer ministro, citas que también suspendió, probablemente cuando se enteró de que el gobierno noruego tiene vedado el ingreso a Israel por su postura ante el genocidio en Gaza o quizás porque esos encuentros ni siquiera figuraban en la agenda de las autoridades noruegas. También viajó el expresidente colombiano Iván Duque, quien no desaprovechó la oportunidad para pedir un asedio yanqui sobre su país. Un hijo de Bolsonaro había hecho lo propio hace unas semanas. En la misma sintonía, desde Washington, Trump amenazó a Gustavo Petro declarando que “será el siguiente”. La respuesta de Petro llegó a través de una carta en la que invita al fascista a ver cómo llevan adelante la lucha contra la droga en Colombia. En otras declaraciones, Petro se despegó de Maduro, diciendo que a la injerencia norteamericana había que combatirla con “más democracia” y no solo con más alistamiento, al mismo tiempo que propuso una “amnistía y un gobierno de transición con la inclusión de todos”. Por suerte ni Fidel Castro ni Ho Chi Minh pensaban igual y los trabajadores tuvieron armas para repeler a los yanquis en Bahía de Cochinos y en Vietnam. “Piratas del Caribe” Al mismo tiempo que Machado viajaba hacia Oslo, el Comando Sur confiscaba un barco petrolero iraní -llamado Skipper- cargado con petróleo venezolano. Este barco forma parte de la flota de 1.300 buques fantasmas que Irán, Venezuela y Rusia utilizan para vender combustible esquivando las sanciones impuestas por Estados Unidos. En general, estos barcos usan una identidad fraguada, obtenida de una embarcación enviada a desguace, y portan una bandera falsa, en este caso, la de Guyana. Estos buques permanecen en aguas internacionales y, sin arribar a las costas, traspasan su carga a barcos con papeles en regla. Bajo este método, Venezuela logró reactivar su economía al retomar la producción y venta de un millón de barriles diarios -vendidos en su mayoría a China-, lo cual le permitió mejorar la situación social y económica del país durante los últimos dos años. Con esta confiscación -propia de bucaneros comunes- Trump ajusta la soga al cuello de Maduro, ya que pone en peligro la economía del país al disuadir al transporte marítimo por el que se vende el petróleo. El buque se encuentra bajo un proceso de decomiso e investigación, con agentes interrogando a la tripulación a bordo. El petrolero ya había sido sancionado previamente en 2022 por transportar petróleo iraní al mercado negro, bajo el nombre de Adisa. Trump declaró que piensa quedarse con el petróleo. La empresa de inteligencia financiera S&P Global estima que uno de cada cinco petroleros en el mundo es usado para vender de contrabando petróleo procedente de países bajo sanciones. En otro acto de provocación, dos cazas norteamericanos violaron el espacio aéreo venezolano durante 40 minutos, días después de que Trump declarara cerrado unilateralmente el cielo de Venezuela. Crisis en el Pentágono Durante meses, republicanos y demócratas de los comités de seguridad nacional del Congreso han intentado sin éxito obligar al Departamento de Defensa a compartir información crítica sobre los ataques del Comando Sur a las barcazas que transitan por el Pacífico y por el Caribe -y que Trump acusa de narcotraficantes-. Este problema recrudeció con el ataque del 2 de diciembre, en el que fueron rematados dos náufragos, lo que encendió las alarmas de la moral bélica yanqui. Para obligar al Pentágono a compartir los videos crudos en cuestión, el Congreso propone adicionar a la Ley de Presupuesto de Defensa una disposición para retener el 25% del presupuesto para viajes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, si no entregara a los comités de seguridad nacional del Congreso una copia de las órdenes de ejecución de los ataques, o si no explicara cómo piensa facilitar futuras reuniones informativas sobre la operación con los legisladores, de acuerdo con la legislación federal (Infobae 8/12). El proyecto de ley también exigiría que el Departamento de Defensa entregue al Congreso “video sin editar de los ataques realizados contra organizaciones terroristas designadas” en el Caribe y el Pacífico oriental (Ídem). El tema de fondo es que está en juego la cabeza de Hegseth, y con él, se cuestiona la legalidad de todos los operativos. El acicate sobre Venezuela para provocar un cambio de régimen tiene tentáculos que llegan a Oslo. Eso ya estaba claro desde que el Banco de Inglaterra confiscó el oro venezolano y todos los países europeos acataron la veda al petróleo bolivariano. Este ataque a Venezuela se vale del mayor despliegue militar que se vio desde la guerra del Golfo, de la complicidad de la Unión Europea y de la Fundación Nobel, y de la claudicación de todos los nacionales y populares que quedan en pie en el continente -tanto en los gobiernos como en la oposición-. Sin embargo, Trump -que se replegó a América Latina para pelear una batalla que pudiera ganar- no está logrando doblegar a un régimen de gobierno que provocó una diáspora de un tercio de su población, ni logra la cohesión de sus propias filas para hacerlo. El ataque del Comando Sur no es contra Maduro, sino contra toda América Latina: hay que movilizarse contra la guerra.

En los años que escribo sobre futbol nunca he elegido darle al mismo el carácter de una crónica policial, sino que los trabajadores desentrañen a través de las ideas lo que está en juego muchas veces en la violencia en el fútbol y los negocios del fútbol. El “caso Tapia”, con la judicialización de la AFA, los allanamientos a los clubes, la investigación de las actividades financieras y el manejo aberrante de la dirección del fútbol local, con el arreglo de campeonatos y manipulación de resultados a través de dudosos arbitrajes, ha tomado la forma de un entramado que se aleja del fútbol y cada día va tomando un contenido de carácter policial. La actuación de Tapia en estos 8 años de gestión ha seguido con sus métodos semi mafiosos la impronta que le marcaba la COMEBOL y la FIFA, La ampliación de los negocios del fútbol, más equipos, más campeonatos, apertura a más sponsor, a más televisación, y a más posibilidades de las apuestas deportivas. Pero esto no basta. La ofensiva actual de la Justicia tiene que ver, políticamente, con la falta de adecuación de Tapia al esquema mundial de entrada de capitales a los clubes de fútbol, que no está referida solamente a la creación de sociedades anónimas, sino a variables de composición mixta entre la asociación de capitales con el “club social y deportivo”. Los clubes argentinos, en la mayoría de los casos, están quebrados. En estos días se realizarán elecciones en Newells y el que gane se encontrar con una deuda que, sin los intereses, es de 40 millones de dólares. Esta realidad, es un espejo de la economía de los clubes que hoy, presionados y chantajeados por Tapia, han rechazado los ingresos de capitales y han recurrido los “auxilios” que llegan desde la AFA. Esta decisión casi obligada se ha transformado en un “búmeran” que ha transformado estas “ayudas” en lo que los argentinos conocemos como “la deuda externa”, que para los clubes y para los argentinos se ha transformado en algo impagable. La “ayuda” de la AFA a través de financieras (SUR) se está cayendo. Entonces empieza a aparecer con más fuerza en Argentina lo que ya ocurre en Brasil, Uruguay, Chile y en toda Europa: la presión por entrada de las sociedades anónimas y estas asociaciones de capital. Paradójicamente, en Argentina, dos tradicionales e históricos rivales del fútbol de La Plata como Estudiantes y Gimnasia y Esgrima, hoy coinciden en este ingreso de capitales. Al presidente de Estudiantes de la Plata -un adelantado en esto del ingreso de capitales- le ha aparecido un inesperado seguidor. El reciente presidente electo -por una importante mayoría de votos- en Gimnasia, Carlos Anacleto, tiene la misma posición que Verón. Es partidario de asociar al club con capitales privados. Tapia atraviesa una encrucijada que no es nueva en el fútbol: se adapta, como Julio Grondona, a los tiempos políticos que atravesó el país -ya fueran milicos, peronistas o radicales- o elegirá el camino de ser una suerte de “perseguido político”. Los logros de la Selección Argentina le están quedando lejos a Tapia y no tendrá el apoyo de los campeones mundiales donde todos juegan en equipos que son sociedades anónimas o clubes con ingreso mixto de capitales – o peor aún, franquicias como la de la MLS norteamericana. Las tendencias capitalistas mundiales a las sociedades vendrán con o sin Tapia. Son más fuertes que las de un puntero político del fútbol. O Tapia se adapta a esta tendencia mundial o más temprano que tarde tendremos a través de la judicialización un interventor en la AFA para abrir el camino a un presidente que se adapte mejor a los negocios capitalista. La pelota -manchada o no- sigue rodando.

Esta mañana, del viernes 12, los trabajadores de FATE protagonizaron una asamblea, paro y corte de la Panamericana en el acceso Tigre contra el congelamiento salarial y la contrarreforma laboral. La asamblea votó volver a parar el lunes y movilizar el jueves 18. La bronca estalló luego de que ayer, jueves 11, tuviera lugar en la Secretaría de Trabajo de la Nación la cuadragésima segunda audiencia paritaria para discutir una recomposición salarial en el gremio. En el caso de FATE, la bronca es mayor porque los salarios están congelados desde enero de 2025, mientras que, en las restantes empresas, las patronales adelantaron algunos aumentos ´a cuenta´. En la audiencia las patronales reiteraron la misma propuesta que habían presentado el viernes pasado. La dirección del SUTNA caracterizó que las patronales habían “tomado nota” y presentaban ahora “propuestas más cuidadas” que las que habían formulado en las 40 audiencias anteriores. Aun así, las “propuestas cuidadas” se ubican entre 10 y 15 puntos por debajo de la inflación. Como la discusión sigue empantanada, el Secretario de Trabajo, Julio Cordero, ordenó el archivo del expediente y exhortó a las partes “a negociar en un ámbito de buena fe”, es decir a continuar las discusiones en ´audiencias privadas´. En la misma noche del jueves 11, mientras la dirección del SUTNA San Fernando recorría los sectores de la fábrica para informar a los trabajadores del nuevo fracaso de la paritaria y el paro del lunes 15, los activistas realizaron una asamblea general en los pasillos centrales de la fábrica en oposición a la “hablada” por sector del Sindicato. Los trabajadores se pronunciaron por comenzar el paro ahí mismo. La noticia de la asamblea y paro en el turno noche llegó al instante a todos los grupos de trabajo. Frente al hecho consumado, la lista Negra convocó a los portones a las 5.30. Allí, los trabajadores de los dos turnos -mañana y noche- impulsaron una asamblea general que votó continuar el paro y además cortar la Panamericana. En la asamblea se dio un enorme debate político que excedió la cuestión salarial. Finalmente se votó movilizar el 18 de diciembre al Congreso para rechazar la reforma laboral fascista promovida por el gobierno de Milei, las patronales, la CGT y el peronismo. Se puso a debate la necesidad de una Asamblea General del gremio para unir a todas las fábricas en pelea por aumento de salario y contra los despidos arbitrarios e ilegales que practican todos los días las patronales. También la situación de Pirelli, donde está pendiente la convocatoria a un balotaje para desempatar la elección de directivos de la seccional de Merlo. Actualmente los compañeros están sin representación gremial; la mayoría de los delegados de la fábrica han renunciado a sus responsabilidades sindicales. La dirección del Sindicato mantiene vacía a la seccional. En vísperas de la convalidación de la Reforma Laboral de Milei y las patronales por parte del Congreso, los obreros de FATE la han enfrentado en la práctica con una asamblea autoconvocada, cuya realización está prohibida en el proyecto de ley fascista. Insistimos en lo siguiente: la contrarreforma laboral es un régimen de trabajo forzado. Para derrotar la Reforma Laboral necesitamos asamblea, huelga y movilización. Las burocracias de la CGT y las CTA se encuentran empeñadas en desviar y empantanar la lucha contra el proyecto, por medio de acciones vacías. Son el obstáculo fundamental para una lucha victoriosa. Debe ser denunciada en forma sistemática y pormenorizada; de una lucha victoriosa saldrá una nueva dirección – independiente de las patronales y del Estado, y combativa.

El proyecto de Reforma Laboral que el gobierno acaba de enviar al Congreso quiere liquidar a la clase obrera como fuerza colectiva. Bajo el nombre de una “Reforma”, se ha contrabandeado la derogación lisa y llana del Derecho Laboral; de protector de conquistas sociales ha sido convertido en un régimen de trabajo forzado. Es un atropello que abole los derechos colectivos y hasta las libertades constitucionales al interior de los lugares de trabajo. Prohíbe asambleas y huelgas, y ‘legaliza’ la jornada de 12 horas. Pone fin a los convenios colectivos. Estatiza las relaciones laborales bajo la dirección de la SecretarÍa de Trabajo. Impone un sistema político corporativo, en lugar de uno deliberativo (asambleas, convenios, elección de paritarios por las bases). Los trabajadores eventuales no podrán ser delegados ni participar de su elección. Es una fractura política criminal de la clase obrera. La concesión constitucional del derecho de huelga es reemplazada por la represión policial a la huelga. Es el sistema laboral del régimen que apoya el genocidio palestino y se afilia a la Internacional Negra de la ultraderecha. Desea participar del ataque de la flota de Trump contra Venezuela. La reforma liquida el derecho a una indemnización; la única protección vigente para la pérdida del trabajo. Establece un Fondo de Empleo a cargo del propio trabajador, porque la patronal deduce el costo con un descuento a los aportes jubilatorios. La contrarreforma es fascista, pero también un negociado. Mete de contrabando una contrarreforma previsional. Desmantela el financiamiento de la salud, pues usa los aportes de los capitalistas a las Obras Sociales, para financiar el despido. El sistema judicial pierde todo vestigio de arbitraje: las patronales podrán dilatar al infinito el cumplimiento de fallos, a cambio de una multa del 3% anual. La canalla del capitalismo se ha adueñado del poder del Estado. La burocracia sindical es el principal obstáculo para derrotar esta contrarreforma. Quienes le reclaman ‘que luche’ son cómplices de una estafa política, porque saben que el planteo lleva a un punto muerto o a un callejón sin salida. El plan de la burocracia no es de lucha sino de desgaste. Los choferes de la provincia, los azucareros de Ledesma, los obreros de Fate, los siderúrgicos de Siderca y Acindar y la nueva generación que trabaja en Siderar-Techint, saben que esto es así: salen a la lucha pasando por encima de la burocracia sindical. Con la cabeza de los ‘dirigentes’. Enfrentamos el intento de destrucción legal de las organizaciones obreras – o sea, su atomización como clase. Los burócratas quieren participar de los negocios que abre la propia contrarreforma – esta es su única política. Participar en el Fondo de “Asistencia Laboral”, como socios de los bancos y fondos de inversión. Volver a ser accionistas de la futura jubilación privada, como lo fueron con Menem. Los burócratas dicen que “no hay clima” para combatir este estatuto negrero; es lo que pasa entre ellos. Con esa excusa se han perdido 280.000 puestos de trabajo y caídas del salario de entre el 20 y el 40%. Como el agua del mate, hay que calentarla – mediante reuniones, plenarios, asambleas y acciones. Con este planteo, convocamos a marchar con Política Obrera este jueves 18 a partir de las 15 horas, y a participar de actos y movilizaciones con la consigna: Abajo la contrarreforma laboral fascista, huelga general. Aumento del 100% de salarios y jubilaciones. Salario mínimo igual a la canasta familiar, hoy en 2.500.000, por 8 horas de trabajo. Ningún despido, reparto de las horas de trabajo. Defensa incondicional de todas las conquistas obreras y del derecho a huelga. Huelga general hasta el retiro de la contrarreforma antiobrera del Congreso.

A pocas horas que el gobierno presente en el Congreso su proyecto de reforma laboral, el escenario de un gran choque del capital contra la clase obrera toma, sólo en apariencia, la forma de un trámite parlamentario. Días atrás, la decisión de las patronales del transporte de demorar el pago de sueldos desató un paro macizo en el Gran Buenos Aires, con centro en la zona sur, motorizado por asambleas de choferes en cada una de sus cabeceras. La patronal intentó dividir al movimiento, resolviendo pagos parciales y a algunas líneas determinadas: los choferes de la mayor empresa del sur -MOQSA- repudiaron estas maniobras, y sostuvieron el paro hasta el pago completo de los jornales adeudados. La burocracia de la UTA fue un mero espectador, más allá de los “comunicados” de rigor. Casi simultáneamente, en la localidad jujeña de Libertador San Martín, los trabajadores del Ingenio Ledesma protagonizaban una lucha autoconvocada contra los despidos masivos. Los delegados y luchadores del ingenio se pusieron al hombro la lucha que no quiso emprender la burocracia. En el pueblo donde siempre resuena la presencia amenazante de la patronal y de una vigilancia represiva que se cobró secuestros y muertes bajo la dictadura, los “Autoconvocados” del ingenio ganaron la calle. Mientras tanto, otro sector fundamental de la clase obrera -los estibadores de Rosario- salían victoriosos, en este caso, de una batalla directa contra la burocracia del gremio. La Lista Naranja, representación del activismo de los luchadores portuarios, conquistaba el sindicato. Esta saga culmina con otro nervio estratégico, los trabajadores del Neumático. En la tarde de ayer, mientras el sindicato anunciaba un paro “programado” para el próximo lunes, frente al impasse completo de la paritaria, los trabajadores del turno noche resolvían en asamblea parar de inmediato, al tiempo que se ponía en marcha una movilización en reclamo del salario y por una asamblea general del gremio. Es muy claro que se trata de puntos estratégicos de la clase obrera, por el lugar que ocupan en la producción y por una larga historia de luchas encarnizadas, represiones, derrotas y nuevas conquistas. En segundo lugar, las reivindicaciones que han puesto en pie a Ledesma, FATE, los colectiveros y estibadores síntesis al estado de situación de la clase obrera en su conjunto: el gobierno de la “estabilidad” está culminando el año con una inflación “estadística” del 30% y de más del 40% en los hechos, cuando los trabajadores con convenio no han recibido más de un 10% de aumentos. El derrumbe del salario es absolutamente extraordinario, y lo refleja la depresión de todos los indicadores del consumo masivo. La escalada de despidos es cada vez más aguda – las patronales quieren “rápido” la reforma laboral, no para tomar compañeros, sino para abaratar el costo de estas cesantías. Frente a esta realidad, la burocracia se torna una losa intolerable. Los precarizadores de Milei, Sturzenegger y demás tienen delante a un aparato peronista en descomposición, incluso y principalmente a sus referencias gremiales. Los trabajadores están soportando carestía, despidos y la presión brutal de la prepotencia patronal. Hay que atender a esta síntonía -la de los azucareros, estibadores o colectiveros-. Una chispa puede encender toda la pradera.

Desde el mismo momento en que el veto a la Ley de Emergencia de Discapacidad fue rechazado en las dos cámaras del Congreso en septiembre de este año, y a pesar del alcance limitado de la ley, el gobierno de Milei comenzó a complotar contra su aplicación efectiva. La ley había sido aprobada por el Senado en junio, pero vetada por el presidente en agosto. Al mes siguiente, la Cámara de Diputados y el Senado dejaron sin efecto el veto y el Ejecutivo debió promulgar la norma, pero decidió dejar en suspenso su aplicación, por decreto, con el argumento de que entrará en vigor sólo cuando el Congreso indicara cuáles serían las partidas presupuestarias destinadas a la misma. Se trató de un liso y llano incumplimiento de la ley, como ya lo había hecho con las relacionadas a la asistencia social o sanitaria. Contra este incumplimiento de la ley es que acaba de fallar este viernes la Justicia, reestableciendo la ley de discapacidad y obligando al gobierno a pagar las compensaciones correspondientes. El decreto inconstitucional de Milei fue respondido en su momento con un amparo colectivo impulsado por padres y madres de niños con discapacidad y por numerosas asociaciones civiles. El juez del reciente fallo sostuvo que, mientras que el Ejecutivo tenía la obligación de aplicar la norma, procedió a una violación al principio republicano de división de poderes y aplicó un “veto encubierto”, extralimitándose en sus facultades presidenciales constitucionales. Para el magistrado, la suspensión vía decreto de una ley ratificada por el Congreso no tiene validez y sostuvo que la ley facultó expresamente al Jefe de Gabinete a reasignar partidas para financiar la emergencia, por lo que y el argumento de que la ley no dice de dónde saldrán los fondos para solventarla no tiene asidero. Pero, por, sobre todo, el fallo sostiene que mientras que el gobierno alega no tener fondos para discapacidad, “ha realizado más de diecinueve modificaciones presupuestarias” discrecionales para otras áreas (como Seguridad y Defensa), operando con un presupuesto prorrogado. Y agrega que “esta conducta demuestra que el Gobierno tiene la capacidad jurídica y económica, pero elige selectivamente no utilizarla para este sector”. El fallo no hace mención a las corruptelas de los Milei con los fondos de la ANDIS, pero, dado el magro porcentaje del PBI que representa la ley de emergencia en discapacidad (un 0,2 %), los argumentos del fallo son inapelables. El señalamiento, sin embargo, tiene otra implicancia aún mayor que ya hemos denunciado: Milei está utilizando parte del presupuesto en la compra de armas y aviones a mansalva en su alineamiento con la ofensiva de Trump en América Latina, a costa de un ajuste social brutal. Aunque el fallo tampoco lo menciona, el pago de la deuda es el otro gran canal por el que se drenan los fondos presupuestarios. Así como la caída del veto a la emergencia en discapacidad en el Congreso en septiembre pasado fue celebrada por las familias afectadas, lo mismo probablemente ocurra ahora con el fallo que invalida el veto encubierto. El fallo llega, sin embargo, cuando el gobierno, gracias a la cooptación de los elementos peronistas y de otro tipo en el Congreso, se propone la aplicación de un presupuesto de ajuste aún más brutal sobre la población, esta vez sin dar lugar a amparos judiciales. Incluso se propone un cambio de régimen económico y político, suspendiendo los derechos políticos de la clase obrera en los lugares de trabajo y la derogación de todo el derecho laboral mediante la 'reforma laboral'. El gobierno, además, todavía puede apelar esta sentencia, lo que probablemente haga, y llevaría la causa a la Corte Suprema, la misma que acaba de fallar a favor de la confiscación de las jubilaciones con una maniobra del macrismo aplicada en 2017, que representa un aval para todas las tropelías del gobierno contra los trabajadores. A cuatro meses de que el gobierno vetara la ley de discapacidad, la burocracia sindical no movió un solo dedo para derrotar el veto ni para obligar al gobierno al cumplimiento de la ley. Ha sido un obstáculo para cualquier conquista social. El Congreso, por su parte, que impulsó una ley de emergencia de alcance más que limitado, se dispone a acompañar todos los atropellos que prepara el gobierno contra la población. La perspectiva está en la lucha que están impulsando los trabajadores de las diferentes ramas (colectiveros, neumático, azucareros, etc.) para la derrota definitiva de la política criminal del gobierno.

Siderca de Campana se encuentra llevando adelante la reforma laboral con anticipación a la votación en el Congreso. Julio Cordero, exabogado de Paolo Rocca y secretario de Trabajo, es el principal impulsor de la reforma. Esto se ve en los despidos, las horas extra, el pago atrasado de haberes, el sistema de ranking y la escasa seguridad que en el año ha producido tres muertes. El día jueves hubo una reunión de la comisión interna donde se resolvió exigir los pagos adeudados y también se resolvió una movilización para el día de la ‘’Fiesta Genial’’ (13 de diciembre) en la rotonda de Ruta 6 y Mitre, con el objetivo de 'escrachar' a la empresa. La medida del viernes tuvo una adhesión masiva. El reclamo por la homologación paritaria, el pago de aguinaldos y los premios fue respondido por la patronal con el anuncio de que se abonará el 17 de diciembre la primera quincena junto a los bonos y el 18 pagarán el aguinaldo. Sin embargo, esto no ha aportado claridad respecto a si se pagará acorde al cierre de paritarias, puesto que los trabajadores de Siderca vienen denunciando que la empresa bloquea estos pagos para que corran a mes atrasado. Por ese motivo, los trabajadores resolvieron seguir llevando adelante medidas de lucha, debido a que no llegan a fin de mes con salarios que rozan la línea de pobreza -aproximadamente 1.1 millones en diciembre-. El salario en SIDERCA está atrasado en relación a los salarios que se manejan en la industria. La mayor parte de la fábrica se encuentra apenas por debajo de la tasa de pobreza, siendo el salario bruto más alto 1.500.000 pesos aproximadamente. Una de las exigencias que se está llevando adelante es que la patronal pague el valor de un mes de nafta de cada trabajador para compensar los gastos en viáticos que se comen parte del ya bajo salario. También se ha exigido que paguen la comida. Sin embargo, la patronal se ha negado a ceder a ambos reclamos. Esto, el atraso en el pago de aguinaldos y la violación paritaria llevaron a que los trabajadores se movilicen el viernes y que continúen el sábado. La liquidación del salario y las condiciones laborales de miseria se han llevado vidas. El año pasado, en Siderca hubo 5 fallecidos de los cuales 2 murieron por la explosión de llantas en la sección de gomerías. Ante esto, la burocracia de la UOM operó en favor de la patronal con un paro de 24 horas para volver a la producción cuanto antes. En 2023 había ocurrido otro accidente fatal de estas características. En el transcurso de un año se han perdido tres vidas producto de las condiciones paupérrimas en el mismo sector (gomería), 2 en un accidente y una en otro accidente. Sin embargo, no ha trascendido más que en el interior de la fábrica. En esa ocasión los trabajadores colgaron un pasamanos enfrente de la entrada de la empresa que decía ‘’Siderca flexibiliza, despide y lleva 3 muertos en un año. ¿Cuantos más?’’, que fue rápidamente quitado por la patronal para ocultar los crímenes que Siderca cometió y seguirá cometiendo contra la clase obrera. La defensa del salario, de la jornada laboral de ocho horas, del aguinaldo y de los puestos laborales, la defensa de la vida de los trabajadores, solamente se puede llevar adelante mediante la organización obrera independiente de las burocracias y la patronal.

La CGIL, el sindicato más grande de Italia, que supera los 5 millones de afiliados, convocó el viernes pasado a una huelga nacional en protesta contra el ajuste que impone a los explotados el presupuesto de guerra del gobierno de Giorgia Meloni . La huelga interrumpió ampliamente los servicios de transporte, salud y educación en todo el país y también impactó en las principales industrias privadas. El transporte ferroviario fue prácticamente paralizado, tanto en larga distancia como regionales. En la educación el paro fue total. Medio millón de trabajadores y jubilados participaron en las más de cincuenta manifestaciones organizadas en todo el país en apoyo a la huelga general. En Florencia, la marcha concluyó en la plaza del Carmine con el discurso del secretario general Maurizio Landini, ante unos 100.000 manifestantes. El paro de la CGIL refleja la indignación de la clase obrera italiana ante el colapso de su nivel de vida y el desmantelamiento de los servicios sociales mientras el gobierno desvía decenas de miles de millones hacia el rearme militar y los preparativos para la guerra. Las compras de armas han subido un 60 % en cinco años hasta 13.000 millones anuales, mientras sanidad y educación enfrentan recortes. Esta es la tercera huelga general, las dos primeras convocadas por sindicatos antiburocráticos como la USB . La participación nacional, según la CGIL, se situó en torno al 68 % “tras un largo proceso de movilización en el que han participado cientos de miles de trabajadoras y trabajadores en las cerca de 14.000 asambleas organizadas en los lugares de trabajo”. Organizaciones estudiantiles como el sindicato de secundaria Rete degli Studenti Medi y el sindicato de estudiantes universitarios han llamado a secundar la movilización. En verdad, la CGIL convocó la huelga apenas dos semanas después del parazo general del 28 de noviembre organizado por la USB, COBAS y otros sindicatos antiburocráticos , en el cual no participó, en rechazo al presupuesto de guerra y en solidaridad con Palestina. La declaración de la CGIL llama a “detener la imprudente carrera armamentística, que pretende convertir la economía italiana y europea en una economía de guerra, desviando una enorme cantidad de recursos de las verdaderas prioridades económicas y sociales del país”. Solo para Italia, eso significaría casi un billón de euros si el gobierno realmente pretende alcanzar el 5 % del PIB en gasto de defensa para 2035, según le ha indicado la OTAN. Entre las principales demandas obreras está aumentar los salarios y las pensiones, y cambiar la ley de presupuesto. Frenar el aumento de la edad jubilatoria; contra el rearme y por mayor inversión en salud y educación; contra el trabajo precario, entre otros puntos. La CGIL también denuncia que, en los últimos tres años, los trabajadores y jubilados han pagado 25.000 millones de euros más en impuestos por la falta de indexación del impuesto sobre los ingresos. “Esta flagrante injusticia fiscal solo penaliza a quienes tienen ingresos fijos (no a quienes pagan un impuesto fijo, ni a quienes obtienen ingresos de capital, ni a quienes obtienen beneficios).” Se recortan los recursos para la sanidad, las escuelas, la atención a las personas mayores, el derecho a la vivienda, la mejora del transporte público y la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. “Los trabajadores siguen muriendo al mismo ritmo que antes, si no más. Sin embargo, para las armas se encuentra dinero, aunque eso signifique endeudarse”, dice la convocatoria. El ajuste también impulsa un nuevo aumento de la edad de jubilación, que afectará al 99 % de los trabajadores. Se están eliminando todas las formas de flexibilidad (incluidas las que benefician a las mujeres). Simultáneamente, el presupuesto del Servicio Nacional de Salud caerá por debajo del 6 % del PIB en 2028, el nivel más bajo en décadas La CGIL se ha limitado a proponer «un sistema fiscal progresivo y una contribución solidaria de los más ricos», relegando las explosivas cuestiones de la guerra, el nacionalismo y la represión estatal, que incluye el recorte del derecho de huelga. La huelga nacional de Italia se produce al día siguiente de la convocada por las dos principales confederaciones sindicales de Portugal , que representan a un millón de trabajadores. Los medios la consideraron la mayor huelga del país en más de una década, en contra de la reforma laboral antiobrera que impulsa el gobierno de centroderecha.

Entre las conclusiones del Consejo de Mayo que el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunciara el martes 9/12, el gobierno nacional dio a conocer oficialmente su proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, que deroga la actual Ley de Educación Nacional (LEN) de 2006. El proyecto sería tratado en el Congreso en marzo con el inicio de las sesiones ordinarias. Un borrador del proyecto se había filtrado previamente a los medios tras la reunión del Consejo de Mayo del 17/11. Desde estas páginas habíamos caracterizado que, bajo la figura del “rol subsidiario del Estado”, el proyecto oficial busca sustituir a la educación como un derecho social garantizado por la política pública del Estado por una supuesta “elección libre de las familias”. Estas ideas son expresadas de la siguiente forma: “La familia es el agente natural y primario de la educación de los hijos”. (artículo 1); “Rol preferente de la familia, como agente natural y primario que posee el derecho y deber de orientar la formación de sus hijos menores conforme a su identidad cultural y convicciones (art. 4c); “Subsidiariedad del Estado, que actúa como garante del derecho a aprender y enseñar, asegurando acceso, validez, sin sustituir la responsabilidad individual, familiar ni la iniciativa social” (art. 4d). Bajo este principio confesional, el proyecto profundiza la privatización educativa: el Estado ahora debe garantizar la igualdad de financiamiento público/privado para satisfacer “la libertad de elección de las familias” entre una u otra gestión; desarticula el sistema educativo nacional (no solo por distrito) si no por establecimiento (ya que cada escuela deberá ofrecer un plan de estudios propio que cubra las demandas de las familias); disuelve los derechos colectivos de los docentes como trabajadores (los docentes de las escuelas públicas acceden al cargo por elección de los directivos y no por concurso en acto público, además pueden ser removidos por los directivos, o sea entierra el estatuto docente). El guardián de que se cumpla todo esto será el “Consejo de Padres” que podrá remover a los directivos que se aparten del “ideario institucional” elegido por las familias. Con modificaciones parciales en algunos artículos y agregados otros, estos puntos básicos del borrador inicial se mantienen en lo fundamental. Por otra parte, sí se desestima la habilitación de la enseñanza religiosa optativa en las escuelas públicas fuera del horario escolar como figurara inicialmente, aunque en ningún artículo se menciona la laicidad de la educación. Las mayores precisiones en relación al borrador inicial son las referidas al financiamiento universitario. Financiamiento y privatización educativa El derecho al subsidio de la escuela privada se equipara al de la educación pública. Es la legalización de la tendencia a la privatización educativa: “Financiar la educación en condiciones de equidad entre instituciones educativas estatales y privadas, (...) asegurando recursos suficientes y una distribución conforme a los principios del (…) de la presente ley” (art. 13c). Esta tendencia privatista es habilitada también mediante el financiamiento al pago de cuotas a las escuelas privadas (aunque no se mencione así, se trata de los sistemas de vouchers): “el Sistema Nacional de Educación podrá implementar dispositivos de financiamiento por la demanda en todos los niveles y modalidades. Las asignaciones otorgadas a las familias o alumnos mediante vales o bonos, becas, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes, están orientadas a asegurar la libre elección de la institución educativa y la equidad en el acceso a propuestas diversas de aprendizaje” (artículo 83). Respecto al borrador inicial, este punto explicita el sistema de vouchers que el borrador apenas esbozaba. Esta orientación privatista se expresa también en la política de financiamiento que establece la ley: “Con el propósito de garantizar el derecho de los padres o tutores a optar por una educación acorde con sus valores y convicciones (...) las autoridades jurisdiccionales deben implementar un sistema de aportes económicos regulares a las instituciones de Educación Básica privada” . (art. 80). El Estado nacional podrá publicar por escuela los resultados de las pruebas censales nacionales (algo no permitido hasta ahora): “La autoridad nacional de aplicación publica anualmente, en un portal digital abierto (...) información desagregada por institución educativa que incluya, como mínimo, los resultados de las evaluaciones censales” (art. 74). Si bien, la ley no vincula directamente resultados académicos con financiamiento, en los hechos esto promoverá el vaciamiento de matrícula de aquellas escuelas con menores recursos, provocando cierres de cursos y escuelas, así como la concentración capitalista en las escuelas privadas. En definitiva: menor oferta y mayor segregación educativa. En síntesis, el estado destina fondos fiscales al subsidio a la escuela privada en lugar de expandir la pública. Mantiene la desnacionalización educativa de la Ley Federal de Educación del menemismo y mantenida en lo fundamental en la LEN del kirchnerismo: “Las autoridades jurisdiccionales deben garantizar el financiamiento integral (...) de las instituciones educativas estatales bajo su dependencia” (art. 79). “El Estado nacional sólo “financia las acciones propias de la política educativa nacional” (art. 78) Por otra parte, no hay referencia al 6 % del PBI para presupuesto educativo (que sólo se cumplió en 2015) como figurara en la LEN ni a la paritaria nacional docente. Desarticulación del sistema educativo y desvalorización de contenidos Un concepto central que recorre varios artículos de la ley es el de “planes de estudio institucionales” que cada escuela (pública o privada) deberá reservar en su diseño curricular como mínimo: “(…) las instituciones educativas estatales tienen la facultad de elaborar planes de estudio, estrategias didácticas y organizativas y reglamentos de funcionamiento” (artículo 44). Más de un 40 %, se destinará a dicho espacio, según lo que se desprende de las horas anuales dedicadas a la enseñanza común obligatoria y a las de “espacio institucional” (artículos 28 y 37). El hecho de que sólo un 60 % de los contenidos sean comunes y obligatorios multiplicará la fragmentación, ya existente entre los distintos distritos, en diferencias curriculares entre escuelas individuales. En la escuela secundaria, esto se traducirá en una primarización de la enseñanza, donde se priorizan contenidos básicos (Matemática, Lengua) y se desvalorizarán contenidos disciplinares de materias como Ciencias Sociales, Biología, etc. Por otra parte, esto desarrollará la orientación de una “educación orientada al mundo del trabajo” (contemplada en la LEN vigente e implementada en CABA y PBA), en la cual se destinan horas curriculares a “capacitación laboral” fuera de la escuela. El “plan de estudio institucional” de la escuela X podrá orientarse a la capacitación laboral en empresas de su vecindad; es decir, la educación orientada a las necesidades de fuerza de trabajo por el capital. Vigilancia pedagógica, liquidación del Estatuto Docente y eliminación del derecho de huelga Al establecer que cada institución establecerá un perfil propio, garantizando el derecho a elegir de las familias, el proyecto no sólo acentúa la disgregación del sistema educativo en lo curricular: “(…) las instituciones educativas estatales tienen la facultad de elaborar planes de estudio” ; sino que liquida el Estatuto docente. Esto, al menos, por dos motivos. Por un lado, el acceso al cargo pasa de ser por concurso en acto público (con un sistema de puntaje establecido por la carrera docente) a un ingreso de acuerdo al perfil establecido por la escuela, quien podrá “seleccionar y proponer la contratación de docentes y personal no docente” (art. 110b) Pero, además, el propio mantenimiento del cargo estará sujeto al “proyecto institucional”: “En las instituciones educativas estatales, el cuerpo directivo participa en el proceso de selección, evaluación y continuidad del personal docente, orientado a la adecuación del perfil del docente al proyecto institucional y a las necesidades pedagógicas del establecimiento” (art. 124). La “libertad educativa” tiene como guardianes en cada escuela pública al “Consejo de Padres” que podrán remover a los directivos que se aparten del “ideario institucional” de la escuela elegida por las familias: “La participación de las familias se realiza a través de un Consejo Escolar de Padres, (...) que ejerce funciones de asesoramiento, orientación institucional, supervisión y (...) de control institucional. A su vez, el Consejo Escolar de Padres debe participar en los procesos de contratación y remoción del equipo directivo de la institución” (art. 109). El borrador inicial extendía esas atribuciones a la participación de la elección de docentes. La “esencialidad educativa”, o sea la eliminación práctica del derecho de huelga se mantiene como fuera formulada originalmente, al exigir un desenvolvimiento “normal” de las escuelas durante los días de paro docente. El ingreso al cargo (por el cual se concursó de acuerdo a un puntaje determinado por la carrera docente) ya no garantiza la permanencia en el mismo: “La estabilidad laboral está vinculada al desempeño satisfactorio [y a] la formación continua” (art. 120). Además, la evaluación docente (cada cuatro años, según lo establece el proyecto) está supeditada al rendimiento escolar (art. 122, b). Es decir, se hace responsable al docente de las condiciones sociales del derrumbe educativo. Por otra parte, los concursos por establecimiento y bajo control de los directivos que estipulara el borrador se mantienen en el proyecto: [Le corresponde al Director] “seleccionar y proponer la contratación de docentes y personal no docente, (...) proponer la suspensión o separación del personal conforme a la normativa aplicable” (art. 110 incisos b y c). Lo que hasta ahora se hace por concurso de área, con la ley sería por “elección de personal” por parte del directivo (sustituyendo a las juntas de clasificación). Homeschooling y virtualidad El artículo 49 establece que “con el propósito de garantizar el pleno ejercicio del derecho de enseñar y aprender, se reconoce el derecho a recibir Educación Básica mediante formas alternativas de enseñanza (…) Estas formas incluyen, entre otras:“Educación en el hogar, dirigida por los responsables parentales o tutores de estudiantes en edad de escolarización obligatoria, impartida por ellos mismos o por personas por ellos designadas” (art. 49a). En este punto, la libertad educativa que esgrimen los liberticidas no es la de los niños y adolescentes que requieren un proceso de socialización fuera de la familia, papel que históricamente ha cumplido la escuela. Por otra parte, la enseñanza es el resultado de un trabajo calificado, es decir una tarea profesional. ¡No cualquiera puede enseñar! El derecho abstracto a enseñar tal como lo formula el artículo, vulnera el derecho a la educación del educando. La escolaridad obligatoria (que la ley dice defender) debe extenderse (salvo casos de imposibilidad mayor) a la asistencia obligatoria a la escuela. La otra “forma alternativa” reconocida por la ley es la educación básica virtual o híbrida (presencial/virtual): “Educación en Entornos Virtuales de Aprendizaje (...) mediados por tecnologías (art. 49b) . Una modalidad educativa por la que presiona el lobby del capital tecnológico (Google, Disney) que busca monetizar su inversión tecnológica en el campo educativo, sobre todo luego de la pandemia COVD-19, y que algunas familias anhelan frente al derrumbe educativo. Una modalidad que responde a la emergencia de una pandemia pero que corta los lazos sociales y transtorna a la educación en tiempos de relativa normalidad sanitaria. Jubilación docente Se desfinancia la Caja Complementaria Docente (un sistema al que los docentes aportan un adicional durante su vida laboral para jubilarse con un plus sobre la jubilación común). Esto es así ya que el aporte ya no será retenido del sueldo por el empleador, sino que deberá ser pagado por el docente en forma directa. Este pasaje de un sistema automático de recaudación a uno voluntario pondrá en crisis a la Caja Complementaria (que funciona como un régimen solidario), cuya supervivencia dependerá de las circunstancias personales de cada trabajador. Esto está expresado en los artículos 147, 148 y 149 de la ley. Financiamiento universitario El financiamiento universitario se establecerá de acuerdo al número de estudiantes de cada institución (75 % de los fondos), “el desempeño” (número de egresados, “calidad e impacto” de la investigación y extensión) y 5 % (mejoras institucionales). Esto está expresado en el artículo 158 que sustituye al artículo 58 de la Ley N.º 24.521 de Educación Superior. Además, establece un régimen de auditorías externas e internas para verificar el destino de los fondos (art. 160). “La calidad e impacto de la producción científica generada por cada institución” como establece el artículo mencionado no es medible en áreas de Ciencias Básicas (sin aplicación inmediata) tanto en el área natural como en la social ya que la ciencia no se reduce a la técnica. Por otra parte, si es por el aspecto de las aplicaciones de la producción científica, el proyecto establece un financiamiento basado en las necesidades sociales de la población (salud, cuidado ambiental, de vivienda, etc.). Todo apunta al incentivo de los sectores capitalistas que prioriza el gobierno en su política científica y tecnológica: desarrollo de IA, producción minera, etc. Autoconvoquémonos por una huelga general educativa La burocracia de CTERA se limitó a sacar un comunicado de “Alerta en la docencia” al circular el borrador que se había filtrado en los medios. Tampoco frente a la publicación oficial del proyecto de ley El gobierno proyecta sacar su ley con el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso en marzo. Es decir, a poco de haber empezado el ciclo lectivo 2026. LEER MÁS: “Ley de Libertad educativa”: la escuela “subsidiaria” de la familia Por Alejandro Barton, 22/11/2025.

Hablamos con Miguel, trabajador de Ascensores Cóndor, una de las fábricas metalúrgicas más importantes del distrito de Ituzaingó, que está atravesando una situación crítica que pone en riesgo su continuidad. De una empresa que contaba con 180 trabajadores, hoy quedan 40 trabajadores que se encuentran ocupando la planta en lucha por el sostenimiento de sus puestos de trabajo. ¿Cómo es la situación en Ascensores Cóndor? Hace cinco meses que no cobramos los sueldos, hay un vaciamiento de la empresa. Nosotros enfrentamos el asunto, porque si no, obviamente, no hubiese quedado nada acá adentro. No se sabe nada de los dueños, no hay una mesa de diálogo, no hemos llegado ni a concretar absolutamente nada, así que estamos con apoyo de la seccional Morón de la UOM y con gente gremial también de fábricas recuperadas. Vamos a ver si podemos llegar a hacer una cooperativa de trabajo y hacerla funcionar, y arrancar de vuelta para la producción. ¿Cómo surgió la iniciativa y la idea de ocupar la fábrica para defender los puestos de trabajo? Nosotros la iniciativa no la teníamos desde antemano. La situación era salir. Primero entramos en medida de fuerza dentro de la empresa parando algunos días para que el empleador se dé cuenta de que la estamos pasándola mal, porque no nos estaban pagando en regla. Ya después directamente no nos estaban pagando, hasta que decidimos armar, en conjunto con el gremio, afuera la carpa de apoyo, más que todo para que no se vaciara y tratar de entrar en una mesa de diálogo con el dueño, que se diera cuenta de que esto no era color de rosa para él. Ya venía sacando gente, apretando la gente para que se vaya. Te podés imaginar, de 180 empleados quedamos 40 y menos de 40. La idea surgió después de que acampamos días y días sin tener propuesta ninguna. Decidimos entrar a la fábrica. Obviamente entramos con el medio correcto, porque nosotros seguimos perteneciendo a la empresa, entramos a fichar como todo día normal, pero en vez de salir nos quedamos los compañeros en los puestos de trabajo, y obviamente sin realizar ninguna tarea, pero dentro de la fábrica, de los cuales nosotros estamos 24-7, cuidando que ellos no vengan y hagan un vaciamiento total de la parte de lo que es la maquinaria y lo que hay. La idea nuestra, primero es entrar en una mesa de diálogo con el empleador o con los dueños, y vemos cómo se prosigue. En el caso de que no tengamos alguna iniciativa, de que ellos vengan y alguna propuesta que nos hagan nosotros nos pongamos de acuerdo con ellos, lo próximo que vamos a hacer es una cooperativa de trabajo. Vamos a iniciar una cooperativa de trabajo, porque esto es una mole, es un monstruo, es una empresa de más de 50 años, y no la vamos a dejar caer. Acá somos todos, tenemos muchos años de trabajo, hay gente que se ha jubilado acá adentro, hay personal de 40 años acá adentro, y yo creo que nadie se merece esto y mucho menos estar 5 meses sin goce de sueldo. ¿Cómo relacionan este conflicto con la reforma laboral? No, no, la reforma laboral es un chasco, eso la verdad que, te lo voy a resumir en pocas palabras, es un gobierno nefasto, en contra de la producción nacional, en contra de los trabajadores. Más hoy justamente el secretario [de la UOM], yo lo llamé por un conflicto que hubo acá, y me dice, Miguel, estoy ocupado porque estoy en otra fábrica con 20 compañeros que los acaban de echar. Esto es figurita repetida todos los días y una reforma laboral que nos está por caer encima. Esto es volver atrás a la época de hace más de 50 años atrás, volvemos a nada. Para la persona que labura es terrible, la importación de afuera está matando, la parte textil la están destruyendo, la metalúrgica, ya lo estás viendo, en lo que es la fábrica nuestra, la está destruyendo. Eso es lo que estamos viviendo todos los días. Acá obviamente está la parte negra, que los empleadores la han destruido monetariamente, porque se han llevado toda la guita. La espalda de la fábrica la han destruido. Y después está la otra parte, que obviamente por ayuda del gobierno, ellos se están agarrando de eso. Yo creo que un poquito es eso, agarrar y cansar a la persona que labura, que se vaya, y enganchar gente con la reforma laboral, es decir, que los contratan por un par de meses y nos van a estar echando. Los dirigentes de la CGT y de la CTA, convocan a una concentración para el día jueves, ¿Piensan que una acción aislada de este tipo es suficiente para frenar semejante ofensiva de las patronales y del gobierno? No, no, no. Yo creo que, hablando con los compañeros, es una forma muy práctica, muy sencilla y muy débil, ¿cierto? Obviamente que estamos totalmente en desacuerdo de ir y patotear, pero sí tendría que ser un poco más fuerte. Esto es muy liviano. La reforma es muy fuerte, es muy dura. Para poder subsanar esta situación, yo creo que tanto la CGT como los gremios van a tener que poner mano dura a esto y dejar de estar “en un vaso de agua” y mirarlo un poquito de afuera, salir del vasito y mirarla un poquito del otro lado, la gente la va a pasar muy mal, muy mal, y si se aprueba esta reforma, yo creo que estamos en el horno. Pero, vamos a ver qué pasa con el tema de los gremios, que salgan, y la CGT más que todo. Hoy les cuento, la fábrica FATE, que pertenece al sindicato del neumático, el día de hoy hizo una asamblea y plantearon la necesidad de un paro nacional con movilización ¿Qué opinión te merece? Estoy completamente de acuerdo, obviamente que ya te vuelvo a repetir, tiene que ser fuerte, es una forma de hacerla fuerte. Yo creo que la convocatoria tiene que ser total, nosotros, por lo menos en el 90 %, nos vamos a juntar a esa movilización. Este gobierno, enriquece a la parte de plata. A los empresarios les conviene muchísimo todo esto y nosotros volvemos para atrás. LEER MÁS: Conflicto en Ascensores Cóndor Por Gabriel Meggiotto, 05/12/2025.

Ayer a la noche en el sector de semielaborado, un trabajador del grupo C perdió cuatro dedos mientras operaba una máquina (Bandina). Los trabajadores denuncian que esa máquina, al igual que otras de la fábrica, estaba “perreada” (se refieren a la anulación momentánea de los sistemas de seguridad). Este modus operandi lo impulsan las patronales para eliminar tiempos muertos y aumentar la productividad del trabajo. La amputación de los dedos del operario se produce en el marco del clima de terror que construyeron las patronales sobre la base de despidos arbitrarios e ilegales, suspensiones y sanciones a diestra y siniestra. Simultáneamente a este hecho, opera sobre los trabajadores la presión ejercida por la miseria salarial, que los obliga a cumplir con objetivos de producción para cobrar luego estos adicionales. Este tipo de “accidentes laborales”, que correctamente hablando deberíamos llamar crímenes, por regla general son siempre responsabilidad de la clase capitalista, que considera la inversión en seguridad e higiene industrial como un costo que afecta su ganancia, mostrando un total desprecio de clase por la única propiedad que tiene el trabajador en este régimen social, su fuerza de trabajo, que es su vida misma. En 2021, perdió su vida mientras trabajaba Marcelo Ulariaga quien fue chupado por una máquina cuyos sistemas de seguridad no funcionaban. En aquel entonces, los trabajadores, junto a la dirección del sindicato, pararon la producción inmediatamente y convocaron a una asamblea general que votó un paro de 48 horas. Bridgestone y Fate se habían plegado a la protesta con un paro de 2 horas en solidaridad con los trabajadores de Pirelli. Sin embargo hoy, luego de esta tragedia, la producción continuó con normalidad porque en la fábrica Pirelli hay un vacío de dirección. Esto debido a que el cuerpo de delegados esta diezmado por la renuncia de la gran mayoría de ellos y a la inexistencia de una dirección seccional, por la negativa de la lista Negra a convocar un balotaje para definir los resultados de las elecciones que se produjeron hace dos meses atrás, y que arrojaron un empate. Se ha planteado la necesidad de convocar a una asamblea que discuta y vote un programa de acciones inmediatas, que deben contemplar: Exigir una investigación que determine las responsabilidades de la patronal en lo hechos de ayer. Satisfacción de todos los reclamos salariales pendientes. Defensa de la jornada de 8 horas. Convocar a elecciones de seccional y de cuerpo de delegados

A primeras horas del lunes 15, los trabajadores de la fábrica IBF Tires, que producen neumáticos de competición para karting en Córdoba, se encontraron con el portón de ingreso cerrado. Un rato más tarde, ingresaron con la presencia del SUTNA Córdoba y fueron notificados de los despidos de la totalidad de los trabajadores. En IBF se llevó adelante un lockout patronal contra los trabajadores de manera arbitraria saltándose cualquier tipo de procedimientos administrativos y legales. Ante esta maniobra, los trabajadores resolvieron mediante asamblea ocupar la fábrica para defender los puestos de trabajo y denunciar la maniobra ilegal de la empresa. Estos despidos se dan en la misma semana que se discutirá en el Congreso la nueva reforma laboral. Con la excusa de la recesión económica y el industricidio, las patronales apuestan a una reestructuración para convertirse en importadoras y, de ese modo, bajar el costo laboral. En agosto de este mismo año, se llevaron adelante 21 despidos en Ruiz y Cía., una empresa recapadora de neumáticos. En el marco de la paritaria salarial en Córdoba y en el marco de una recomposición salarial, la patronal de Ruiz llevó adelante despidos montando una provocación. Eso generó un paro total por parte de los trabajadores, piquete en la puerta de la fábrica por la reincorporación de todos los compañeros y luego de la reincorporación, cierran las paritarias. Luego, el 10 de noviembre, el SUTNA anuncia que se reunió con la patronal y esta informó que presentó ante la justicia un concurso preventivo de crisis. El PPC es una estafa legal mediante la cual una empresa se declara insolvente y esto le permite justificar despidos, pago parcial de indemnizaciones, intensificación de los ritmos de producción y flexibilización laboral. Los casos más recientes de patronales llevando adelante este tipo de maniobras los encontramos en Fate y Bridgestone, empresas cuyos balances económicos son escandalosamente altos y que, además, son las principales plantas de fabricación del neumático en Argentina (Fate) y el mundo (Bridgestone). En el caso de IBF, no se presentó ningún PPC. Siendo el principal proveedor de neumáticos de competición para carreras de karting a nivel nacional y -según indican en su página web- a nivel internacional, los despidos naturalmente están relacionados con un aceleramiento del proceso de reestructuración interna a fin de que coincida con la aprobación en el Congreso de la nueva reforma laboral y pueda, de ese modo, volver a contratar bajo la modalidad de trabajador autónomo por la mitad del salario, menos derechos y más horas de trabajo. Es necesario que los trabajadores apunten simultáneamente a derrotar a las patronales y al gobierno nacional en el avance de la ultraprecarización laboral y la liquidación de los derechos laborales. Esto será posible mediante la organización socialista, asambleas, corte de rutas, piquetes y huelga general.

El viernes 5, docentes, auxiliares y directivos fueron agredidos por una madre en la Escuela Secundaria 3 de San Isidro. Como viene ocurriendo en varios distritos, como José C. Paz , Mar del Plata o San Martín , los cierres de fábrica, los despidos, la desocupación, el aumento del narcotráfico en los barrios, en una palabra, toda la barbarie capitalista se expresa en las escuelas con estos estallidos de violencia. A diferencia de otros distritos, en San Isidro el FUDB se negó a declarar un paro y solo se limitó a llamar a la comunidad a un abrazo a la escuela, totalmente inconsulto, bajo el lema “Las escuelas son lugares de paz”. Sin embargo, la docencia tuvo otra actitud: para el martes siguiente se organizó y se realizó una reunión virtual a la que concurrieron unos 70 trabajadores de la educación. Allí, en presencia de representantes de SUTEBA y de FEB se exigió un paro y se cuestionó la falta de apoyo a la docencia. Ante los numerosos cuestionamientos de profesores y maestros, la secretaria general del SUTEBA abandonó intempestivamente la reunión. El viernes 12, durante el abrazo a la escuela, en presencia de padres y estudiantes se volvió a exigir un paro distrital al FUDB que, nuevamente y a los gritos, negaron, bajo la pérfida extorsión de que “un paro dejaría a chicos, que dependen del comedor escolar, sin la posibilidad de comer”, lo que generó la indignación de los presentes. Nuestra intervención allí giró en explicar que las escuelas nunca pueden ser un lugar de paz, frente al ataque a las condiciones de vida de toda la clase obrera, y que las escuelas son cajas de resonancia del ajuste tanto nacional como provincial. También explicamos a los padres y a la comunidad que exigimos paro, en tanto herramienta para denunciar al poder político como responsable de estos hechos de violencia y del resguardo de docentes y estudiantes. La asamblea, esta vez presencial, realizada ese día hacia el final de la tarde –que se resolvió en la primera reunión–, tuvo la presencia de docentes de la Secundaria 3, centros de estudiantes del ex Polivalente de Artes y del ex Nacional de San Isidro -que vienen luchando contra los cierres de curso- y numerosos delegados y activistas de la Lista Multicolor del SUTEBA. Después de dos horas de debate, se votó la realización de una Radio Abierta y semaforazo en Márquez y Centenario, el martes 16 a las 18h, trabajar el mandato del SUTEBA Tigre (Multicolor) en las escuelas, exigiendo paro docente y marchar el jueves 18 de diciembre contra la Reforma Laboral. Los sindicatos docentes nucleados en el FUDB (Frente de Unidad Docente Bonaerense) son corresponsables de toda esta situación de decadencia en nuestras escuelas. Han permitido el retroceso de las condiciones laborales y salariales de la docencia (la educación bonaerense es, desde mucho antes de Milei, la primera probeta de la reforma laboral). El famoso “protocolo” ante situaciones de violencia, que se aprobó hace algunos años, nunca se aplica. No se trata de una “negligencia”, sino de la expresa política kicilofista de las dirigencias sindicales. Nuestra corriente se propone impulsar un movimiento autoconvocado en toda la provincia de Buenos Aires para organizar una huelga provincial de 24 horass de advertencia y, de no obtener respuesta, iniciar un paro por tiempo indeterminado, por el siguiente programa de reivindicaciones urgentes: Medidas de resguardo y protección, efectivas e inmediatas, para la docencia. Cobertura integral de la ART. Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar por un cargo. Por un tope máximo de 20 alumnos por curso. Nombramiento de todos los cargos faltantes (equipos directivos, preceptores, docentes, EOE, etc.). Presupuesto bajo control de la docencia para infraestructura escolar. Conformación de equipos de especialistas por distrito para atender situaciones de vulnerabilidad.

En las Jornadas Pedagógicas Institucionales realizadas el 3 de diciembre de 2025 se establecieron una serie de ejes orientadores para el trabajo en las distintas áreas disciplinarias. En el caso del área de Física, estos lineamientos fueron presentados en el marco de una invitación formulada por la directora de Gestión Curricular de la DPESEC, Gabriela Carnevale, quien convocó “amablemente” a través de un vídeo a participar activamente del proceso de actualización curricular, asegurando que el mismo no afectaría los derechos de los trabajadores docentes y que se trataba de un consenso “democrático y participativo” ( “Jornadas pedagógicas institucionales” ). Sin embargo, estas afirmaciones resultan, como mínimo, problemáticas. No sólo porque la experiencia histórica demuestra que las reformas curriculares suelen implicar modificaciones sustantivas en las condiciones de trabajo docente, sino también porque el contenido concreto de la propuesta contradice el espíritu democrático que se proclama. Esto resulta particularmente evidente luego de la implementación del Nuevo Régimen Académico (NRA) en la provincia de Buenos Aires , aplicado sin consulta a la docencia y con consecuencias claras: una caída significativa de los contenidos y una sobrecarga laboral para los docentes. El vaciamiento conceptual en la enseñanza de la Física El documento oficial sostiene la necesidad de “fortalecer la experiencia ciudadana democrática”, promover el acceso a estudios superiores, favorecer la formación profesional y “articular la educación con el mundo del trabajo” (ídem). En ese marco, vuelve a insistirse (como lo hicieron durante años los impulsores de la Ley Federal de Educación) en el desarrollo de “habilidades” como eje central del aprendizaje, en detrimento de los contenidos conceptuales. De manera simultánea, se introduce la perspectiva de la Didáctica de las Ciencias Naturales (DCN) apelando a una supuesta “rica producción teórica y práctica” en la provincia. No obstante, mientras se reafirma discursivamente la importancia del conocimiento científico, la propuesta avanza en una dirección opuesta: se elimina del programa de cuarto año de Introducción a la Física el estudio de las leyes fundamentales de la naturaleza, en particular las leyes de Newton (algo también había hecho la exministra menemista Susana Decibe), para reemplazarlas por un abordaje abstracto de nociones como “la energía en el universo físico”, centrado en ejemplos fragmentarios como centrales nucleares, accidentes tecnológicos o la seguridad en el manejo de materiales radiactivos (Chernobil, Fukuyama,etc.). Este desplazamiento no es neutro. Supone un vaciamiento conceptual del núcleo explicativo de la Física, sustituyendo el estudio sistemático del movimiento por descripciones parciales que impiden a los estudiantes comprender las leyes que rigen los fenómenos naturales. Ciencia, desconocimiento social y control ideológico Una parte importante de la población desconoce la tarea social de la ciencia y la relevancia de la producción científica, aun cuando esta se financia con fondos públicos. En una sociedad profundamente atravesada por la tecnología y el desarrollo científico, no comprender las leyes básicas de la naturaleza implica quedar excluido de la posibilidad de interpretar críticamente el mundo. Este desconocimiento facilita la negación de fenómenos como el calentamiento global (abiertamente negado por el presidente Javier Milei) y la naturalización de discursos anticientíficos, como los de referentes que niegan hechos elementales, desde el movimiento de la Tierra hasta el ´terraplanismo´ (“una teoría interesante”, ha sostenido la diputada Lila Lemoine), mientras se justifican recortes a universidades y organismos científicos como el INTI, el Malbrán y el CONICET. En este contexto, no resulta extraño que las autoridades educativas vuelvan a intentar cercenar uno de los aportes más decisivos de la historia de la ciencia: el estudio del movimiento. El universo estático y su función política Durante siglos, la humanidad explicó la naturaleza a partir del mito y la arbitrariedad divina. El descubrimiento de regularidades y leyes (con particular claridad en el mundo griego) produjo una ruptura fundamental: el pasaje del caos al cosmos, de un universo gobernado por dioses a uno comprensible por la razón humana. Este giro fue profundamente revolucionario, no solo en términos científicos, sino también políticos. Fue un quiebre científico, pero también filosófico y político. La concepción antigua del universo no solo estaba atravesada por el mito, sino también por la idea de un cosmos estático e inmutable. Esta visión cumplía una función política central: si el universo era fijo y eterno, también debía serlo el orden social. Las jerarquías (reyes, sacerdotes, nobles y pueblo) aparecían como reflejo natural de ese orden cósmico. De este modo, la cosmología legitimaba el poder. Los gobernantes se presentaban como elegidos por los dioses o como sus representantes directos. Cuestionar el orden social equivalía a cuestionar el orden del universo. La ausencia de cambio se transformaba así en una poderosa herramienta de control ideológico. La aparición de la idea de que todo está en movimiento y, más aún, de leyes que gobiernan ese movimiento, abrió una grieta en ese edificio ideológico. Si la naturaleza cambia y puede ser comprendida racionalmente, entonces la sociedad también puede ser analizada, cuestionada y transformada. Esa es la dimensión política profunda del descubrimiento científico. Conclusión: ciencia, razón y transformación social Estudiar el movimiento y las leyes que rigen la dialéctica de la naturaleza no es solo una cuestión curricular: es una disputa ideológica por el sentido de la ciencia y de la educación que abre la puerta a la crítica, a la emancipación intelectual y política. Comprender el movimiento de los cuerpos no solo permitió el desarrollo de la Física moderna: inauguró una nueva forma de relación con el mundo, por lo que quitar el estudio del movimiento implica negar los aportes de Galileo, Newton, Einstein y de la ciencia moderna, pero, sobre todo, es negar la posibilidad de comprender y transformar la realidad. Algo que andamos necesitando.

Las patronales no han demostrado interés en el Fondo de Cese Laboral que el Gobierno de Milei impulsó en la Ley Bases (27.742), porque les representa un pago adicional todos los meses en concepto de indemnizaciones futuras. El fracaso del Fondo de Cese abrió paso a la creación, incluida en la reforma laboral, del FAL, un Fondo de Asistencia Laboral de pago obligatorio para las empresas equivalente al 3 % del salario de cada trabajador. Indemnizaciones gratis Este fondo comenzará a tener vigencia después del segundo mes de aprobada la ley, para empleadores del sector privado y también del Régimen del Trabajo Agrario. Solo cubre relaciones laborales registradas con al menos 12 meses de antigüedad, excluyendo a los trabajadores no registrados. Funcionará como un “seguro” para pagar indemnizaciones. El argumento que esgrimen los voceros del Gobierno es que más de la mitad de los despedidos en los últimos dos años no ha cobrado su indemnización. Pero quien habilitó esa estafa fue el propio Gobierno, concediendo Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) a diestra y siniestra y avalando el incumplimiento de la ley por parte de las patronales. Ahora pretende dar soluciones a las patronales para que tengan recursos disponibles para despedir, a costa de las jubilaciones. ¿No era una ley para crear empleo? El gobierno del 3 % En compensación, la Ley de Reforma Laboral reduce en un 3 % los aportes patronales al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino). Es decir que las empresas pagarán las indemnizaciones con dinero del propio trabajador destinado a su aporte previsional. Desde las oficinas del Gobierno se buscaba publicitar que la reforma laboral tenía por objetivo un aumento de las jubilaciones, una vez blanqueados los millones de trabajadores que hoy están en negro. Pues bien, la reforma laboral arranca pasando la motosierra sobre la recaudación de las jubilaciones, en beneficio de las patronales. Cada empleador debe crear una cuenta por cada trabajador con patrimonio separado, específica e inembargable, y deberá estar administrada por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esto representa una enorme inyección de dinero mensual en el sistema financiero, que será administrada por bancos y operadoras de mercado. Según Ámbito, “el Gobierno se entusiasma con que estos fondos se conviertan en una punta de lanza para darle mayor profundidad al mercado de capitales”. Subsidio al capital El FAL es un robo a las jubilaciones, una gigantesca transferencia de recursos de la clase obrera al capital, administrada por el mercado financiero. Su costo fiscal equivale al 0,5 % del PBI, más de US$ 3000 millones al año según Ámbito. En el caso de que el empleador reúna los aportes suficientes para pagar todas las indemnizaciones de los trabajadores, podrá suspender las contribuciones y, en caso de que el establecimiento cierre o se discontinúe, los fondos en vez de volver al Sistema de Seguridad Social serán destinados a una cuenta en nombre del empleador. Es decir que, si no se utiliza la rebaja de los aportes para las indemnizaciones, el dinero recaudado, desviado de los aportes previsionales, volverá... al capitalista, ni siquiera al bolsillo del trabajador.

Una pareja de atacantes -padre e hijo- provocó una masacre en la playa Bondi, en Australia. Abatieron al menos a 16 personas e hirieron a más de medio centenar. Unas 2.000 personas se hallaban en la playa participando de la celebración de Januca -la festividad judía que conmemora la rebelión de los macabeos- cuando los agresores abrieron fuego. La policía demoró en llegar al lugar. La masacre no fue mayor porque un frutero de 43 años, de origen árabe, arriesgó su vida para arrebatarle el fusil a uno de los agresores. La policía dijo haber hallado en un automóvil que pertenecería a los agresores algunos artefactos explosivos caseros. Ambos atacantes fueron identificados como Sajid Akram, de 50 años, muerto por la policía durante el ataque, y su hijo, Naveed Akram, de 24, quien se encuentra internado, herido de gravedad. Los dos son de orgien pakistaní. El padre había llegado a Australia en 1998, con una visa de estudiante. Naveed era albañil y había perdido el trabajo algunas semanas atrás. Vivían en un suburbio en las afuerras de Sidney, la capital australiana. El padre tenía una licencia de armas desde hacía una década. Los fusiles que utilizaron en la masacre eran suyos y estaban legalmente registrados. Naveed había sido objeto de atención de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (Asio) durante algunos meses, en octubre de 2019. Fue examinado por posibles vínculos con una célula de Estado Islámico (ISIS), pero “la evaluación fue que no había indicios de ninguna amenaza en curso o amenaza de que él participara en actos de violencia” (Clarín, 15/12). La policía local dijo que no había nada “que indicara que alguno de los hombres involucrados en el ataque de ayer estuviera planeando el ataque” (ídem). En el allanamiento de las viviendas de los atacantes, los investigadores “no encontraron nada vinculado con sus creencias religiosas ni antisemitas” (Clarín, 14/12). Ninguna organización se atribuyó el atentado. Los gobiernos de Irán y de Qatar lo condenaron con severidad. El gobierno de Benjamín Netanyahu, sin embargo, aprovechó este crimen atroz para justificar sus propias atrocidades. Netanyahu criticó al gobierno australiano y vinculó la masacre con el hecho de que su país haya votado por el reconocimiento del Estado palestino en septiembre, durante la Asamblea General de la ONU. Sostuvo que esa decisión “echó leña al fuego del antisemitismo” y “recompensa a Hamas”. El presidente israelí Isaac Herzogm, por su parte, denunció una “enorme ola de antisemitismo” en Australia. En este país -un aliado clave del imperialismo en Océano Índico- se produjeron grandes protestas contra el genocidio , desde una inicial en la Ópera de Sídney el 9 de octubre de 2023 hasta la marcha masiva, unas 300.000 personas, del 3 de agosto pasado. Desde hace tiempo que el gobierno de Australia, encabezado por Anthony Albanese, contabiliza un supuesto crecimiento del antisemitismo, en el que se excusa para perseguir las manifestaciones contra la masacre de Gaza. Reaccionó a las críticas de Netanyahu anunciando nuevas medidas represivas. La lobista sionista Jillian Segal, designada por Albanese al frente de una comisión para “combatir el antisemitismo”, intentó vincular los tiroteos con las grandes protestas contra el genocidio (WSWS, 15/12). El gobierno argentino no perdió la oportunidad de participar de una nueva provocación. En un posteo en X, Milei calificó los acontecimientos como “horrendos atentados perpetrados por terroristas islamistas” y afirmó que “las ideas woke, izquierdistas y anticapitalistas” son las que “conducen a estos resultados”. “En lugar de expresar condolencias vacías de contenido, recuérdenlo la próxima vez que quieran ejecutar en la plaza pública de la cancelación (sic) a aquellos que defendemos las ideas de la libertad y los valores de Occidente”.

En una elección con una participación cercana al 90 % del padrón electoral, el ultraderechista José Antonio Kast se ha impuesto sobre la candidata oficialista Jeannette Jara, del Partido Comunista, por casi 2 millones de votos. En la primera vuelta, Jara había logrado la primera ubicación sobre ocho candidatos sin alcanzar más de un 27 % de los votos. Kast, por su parte, había orillado un 23 %, su salto electoral está atado al “préstamo” de votos gracias al apoyo completo de los candidatos de la derecha, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. El llamado a votar nulo o blanco de Franco Parisi, quien sumó 2,5 millones de votos en la primera vuelta, fueron a parar mayoritariamente a la derecha, el voto blanco y el nulo se ubicaron en el 7 %. El último tramo de la campaña electoral estuvo atravesado por la intensificación de toda la agenda colocada por la derecha en la primera vuelta. Jara, quien se había comprometido a renunciar a su militancia en el PC si ganaba las elecciones, fue cediendo terreno ante todos los embates reaccionarios de su contrincante. El balotaje, lejos de exponer la creciente tensión y polarización social que se grafica en cada reportaje que le realizan a un trabajador en los medios de comunicación, fue una concentración del discurso más reaccionario de cada candidato. Jara cerró su campaña exigiendo la caída del gobierno de Maduro. Que haya rechazado la invasión estadounidense es un sinsentido, puesto que la caída del gobierno será obra de dicha intervención. Chile atraviesa una crisis migratoria muy aguda, que la derecha ha explotado por su ángulo represivo. Kast en cada intervención recuerda los días que faltan para su asunción, el 11 de marzo próximo, día en el que, promete, comenzará a deportar inmigrantes sin papeles. Se calculan que unas 300.000 personas viven de manera irregular en el país, pero lejos de ofrecer garantías a su derecho de asilo -la enorme mayoría son venezolanos que huyen de las condiciones paupérrimas de existencia en su país- el gobierno de Boric ha prometido organizar un recuento de los inmigrantes y dejar una decisión final al próximo gobierno. Kast ha propuesto tipificar como delito la inmigración sin papeles, simplemente para reforzar su campaña fascista. Se ha apoyado en la percepción de un aumento de la inseguridad y la actividad de bandas asociadas sin pruebas al narcotráfico, que han generado un estado de crispación en los territorios del norte del país donde se encuentra la frontera terrestre con Perú. En los días previos a la elección, las oficinas de migración constataron un aumento significativo de las salidas del país. Perú, bajo un gobierno fuertemente represivo, ha decretado la emergencia en la frontera y busca impedir el traslado de migrantes venezolanos a su país. Se ha creado un escenario de crisis humanitaria en la frontera de Chile-Perú. El ultraderechista Kast no pierde oportunidad para asegurar que el día de su asunción comenzarán las deportaciones, en una clara violación de los derechos humanos más elementales. Detrás del problema migratorio y la inseguridad, el gobierno de Kast ha planteado un fuerte ajuste fiscal, un recorte cercano a los 6000 millones de dólares del presupuesto público. En los últimos días de campaña, un senador electo por su fuerza política llegó a declarar que si presentan el plan de gobierno antes del 11 de marzo, no los vota nadie, confesando la idea de un plan reaccionario y antipopular: despidos de trabajadores estatales, “optimización” de recursos públicos, privatización más profunda de la educación, la salud y las jubilaciones. Otro punto central es la quita de impuestos a la clase capitalista, que solo puede ser absorbida con una sobrecarga de las clases medias y trabajadoras. Esto plantea un fuerte choque con su propio electorado, las clases medias urbanas y rurales, que han votado ante el hastío de un gobierno “de izquierda” incapaz de imponer ninguna de las reivindicaciones de la rebelión popular de 2019. Las entrevistas a votantes de Kast demuestran que su núcleo duro es muy limitado, la enorme mayoría de los votantes en la segunda vuelta se inclinó por “un mal menor”. Cuestionado por sus lazos familiares con el gobierno de Pinochet, donde su hermano mayor fue ministro de Finanzas, y la pertenencia de su padre al partido nazi y la Wehrmacht (ejército alemán) en la segunda guerra, Kast siempre fue presentado como un candidato difícil de digerir, incluso para el electorado derechista. Cobijado políticamente por la derecha tradicional, la Unión Democrática Independiente (UDI), logró en su tercer intento por llegar a la Casa de la Moneda (residencia presidencial) cosechar el apoyo de importantes figuras de la ex Concertación, la tradicional fuerza de centroizquierda, como el expresidente Eduardo Frei. Al mismo tiempo, ha abandonado en su discurso cotidiano las cuestiones más reaccionarias de su programa y creencias personales, asociadas a las alas más conservadoras de la Iglesia. Ha prometido en campaña no anteponer restricciones al aborto legal de tres causales, respetar el matrimonio igualitario y otras legislaciones de los gobiernos “progresistas”. En la primera vuelta, estas posiciones fueron atacadas como una claudicación ante la cultura “woke” por el otro ultraderechista, Kaiser. La población chilena, que mostró una gran preocupación política, ha castigado a una “nueva izquierda” incapaz de ofrecer una salida a las penurias cotidianas que viven los trabajadores. Los índices de desempleo se mantienen en niveles prepandemia, un 8 % de la población. Las jubilaciones mínimas, que son las que percibe el 85 % de los jubilados, son catalogadas como una miseria. El fracaso del proceso constituyente, la gran promesa de Boric, selló la suerte del gobierno, fundamentalmente, en su tentativa de rescatarlo con un pacto con la derecha. La clase obrera chilena ha intervenido sin una fisonomía de clase, mientras sus partidos históricos se han confinado a las altas esferas gubernamentales. La Central Única de Trabajadores (CUT) se volcó a fondo por la campaña de Jara, pero sin desarrollar una movilización de trabajadores (asambleas, plenarios, agitaciones). No ha preparado el terreno de una lucha contra la ultraderecha; por el contrario, su entrega sistemática ha empujado a una buena parte de trabajadores a votar por Kast. La victoria de Kast confirma un escenario de intervencionismo y alineamiento con el gobierno estadounidense de Donald Trump. El aislamiento político de Venezuela, Colombia y Cuba se ha vuelto más manifiesto. Este elemento fundamental tampoco fue colocado por la candidata ´comunista´. Refuerza la necesidad de una tenaz campaña y una lucha contra el imperialismo en todo el continente. LEER MÁS: La mayor derrota electoral en medio siglo: el progresismo entrega el país a la extrema derecha Artículo publicado en la revista El Porteño, de Valparaíso, Chile, el 17/11/2025. Por Gustavo Burgos, 17/11/2025. Elecciones presidenciales en Chile: acosadas por el espectro del levantamiento popular de 2019 Por Joaquín Antúnez, 14/11/2025. Chile: a cuatro meses de las elecciones presidenciales El convulsivo escenario electoral en una crisis de régimen. Por El Be, 01/08/2025.

Al día siguiente que el compañero Víctor Córdoba, trabajador de semi-elaborado, perdiese cuatro dedos de una de sus manos mientras operaba una máquina (Bandina), salieron a la luz las varias denuncias de otros trabajadores que señalan que “los sistemas de seguridad no funcionaban adecuadamente” porque cuando se accionaban la máquina no se detenía por completo (el ´gusano´, una pieza de la máquina, daba una vuelta más). Este desperfecto en los sistemas de seguridad fue informado en tiempo y forma por los trabajadores a supervisores y la gerencia de producción que no dieron ninguna relevancia al hecho. Por otro lado, el servicio de mantenimiento fue fuertemente afectado por los despidos masivos perpetrados por la patronal al punto de disminuir sensiblemente su capacidad de trabajo, reduciendo de este modo las tareas de mantenimiento del sistema de maquinarias y herramientas y los sistemas de seguridad. Para la clase capitalista es más barato contratar un seguro contra accidentes por trabajador que invertir para proteger la fuerza de trabajo porque ésta es barata, abunda y su disponibilidad es infinita, sobre todo en ciclos económicos recesivo-depresivos. En cambio, para los trabajadores la desinversión en seguridad industrial es una tragedia porque cuando se producen los “accidentes laborales” la fuerza de trabajo del trabajador queda mutilada y ya no vale nada, cuando no pierde la vida misma. ¿Qué patronal va a emplear a trabajadores con una mano menos? ¡Ninguna! Como ninguna indemnización del monto que sea por parte de la ART va a restituir la vida misma o las mutilaciones que sufren los trabajadores en los lugares de trabajo. Incluso, están cuestionadas las indemnización o reparaciones a los trabajadores de Pirelli porque la ART Galeno que contrató la patronal, se encuentra atravesando por “liquidación forzosa” al no poder cumplir con “las exigencias de regularización impuestas por la Superintendencia de Seguros de la Nación” (Diariohuarpe.com, 10/12). En síntesis, para la clase capitalista la seguridad e higiene industrial es siempre un ´costo´ que merma su tasa de ganancia y por eso retacea invertir en seguridad industrial desligándose de la responsabilidad civil en compañías de seguro (ART). Los despidos masivos también afectaron la capacidad de trabajo de las “Brigadas de Emergencias” que están dentro de las fábricas para control de derrames de materiales peligrosos y primeros auxilios, entre otras funciones. Los trabajadores de Pirelli denuncian que hubo ciertos retrasos a la hora de socorrer al compañero Córdoba por la falta de personal especializado. Sin embargo, los socorristas logran llevar a Córdoba a la enfermería y luego fue trasladado al Hospital Italiano donde se encuentra internado. Las patronales, luego de los despidos masivos y el clima de terror instalado en la fábrica, avanzaron sobre los ritmos de producción y sobre un mayor control e intensificación del uso de la fuerza de trabajo disponiendo que un mismo operario opere varias máquinas a la vez . Este avance de la patronal produjo, según denuncian trabajadores de Pirelli, que la Bandina pase de estar operada por dos operarios a ser operada por uno solo. Este conjunto de irregularidades es responsabilidad directa de la patronal lo cual tipifica un accionar delincuencial porque conociendo los desperfectos de los sistemas de seguridad de la Bandina ordenó que siga funcionando priorizando la producción y sus ganancias por encima de la vida de los trabajadores. Este cuadro de situación se ve agravado por la inexistencia de una dirección sindical en la seccional del SUTNA Merlo, donde está pendiente desde hace dos meses la convocatoria a un balotaje para desempatar la elección seccional, y por el desmembramiento total del Cuerpo de Delegados de fábrica, como consecuencia de renuncias masivas. Urge la convocatoria a una Asamblea General para que los trabajadores discutan y voten un pliego de reivindicaciones y un plan de lucha que debe contemplar: Investigación a fondo para determinar las responsabilidades empresarias en el “accidente” sufrido por el compañero Córdoba. Satisfacción de todos los reclamos salariales pendientes. Defensa de la jornada de ocho horas. Comisión obrera de Seguridad e Higiene con poder de veto. Convocatoria inmediata a elecciones de Seccional y de Cuerpo de Delegados.

El Ministerio de Educación avanza en el nuevo método de registro de asistencia para el personal docente y no docente de CABA a través de la huella digital. La nueva medida es impulsada por el Ministerio de Educación y el de Hacienda y Finanzas. Según Macri y Mercedes Miguel, ministra de Educación de la Ciudad, persigue el objetivo de modernizar la escuela y simplificar tareas administrativas, pero no es más que persecución, extorsión y disciplinamiento a las y los maestros. Disfrazado de "despapelización", proceso que viene llevando adelante la gestión actual, con plataformas de control. Un ejemplo es "miescuela", que registra las inasistencias de los estudiantes con el único objetivo de recortar subsidios a las familias trabajadoras que dependen de un certificado de alumno regular para cobrarlos. La plataforma no lo emite si registra nivel alto de inasistencias, ignorando los problemas que atraviesan las familias para llegar a las escuelas, los costos del transporte, los problemas de salud que deben resolverse en casa porque el sistema de salud se encuentra colapsado hace tiempo y no consiguen tratamientos o certificados médicos. El GCBA avanza en todos los planos con el ataque a las condiciones laborales de los docentes. Los negociados del gobierno con este tipo de plataformas y servicios son una muestra más de una dinámica habitual que pretende seguir precarizando y arrojar a la pobreza a los laburantes y a sus hijos, ya víctimas de un sistema caduco. El argumento de los Macri-Miguel es que el nuevo sistema de registro de asistencia mediante la huella digital "simplifica la carga burocrática para que los equipos puedan poner el foco en lo pedagógico" -en un gremio cuya mayoría somos mujeres sostén de familia, Debemos correr para dejar a nuestros hijos en sus escuelas, realizarnos los controles ginecológicos que llevan mucho más que un día, y llegar a las escuelas sin retraso para registrar la huella y no perder parte de nuestro salario (que ya no alcanza). De cara al rechazo masivo de la docencia -que viene llevando adelante asambleas por escuelas y tomando medidas de amparo individual y colectivo- el gobierno se vio obligado a sacar una resolución que además de no aclarar, oscurece: sólo explica cómo aplicará los descuentos a quienes no faciliten los datos biométricos. Más irregularidades, amenazas y extorsión. Frente a esta nueva avanzada sobre nuestros derechos es imperioso organizarnos contra una medida que lo único que busca es ejercer control policial sobre los trabajadores.

La lucha de los delegados autoconvocados de Ledesma ya lleva más de 40 días con una carpa instalada a la vera del portón de ingreso a la planta, en reclamo contra los despidos y por la reincorporación de los obreros. En esta lucha los delegados se han organizado contra la patronal que impuso más de 300 despidos en el año, contra la comisión directiva del gremio, que los ha dejado pasar sin llamar a ninguna medida de fuerza; y contra el Estado, que no ha tomado ninguna medida -ni siquiera provisional- para evaluar los motivos de semejante pérdida de puestos de trabajo. La empresa asegura que busca “dotar de mayor competitividad a la empresa en un escenario complejo en el plano local e internacional donde los costos subieron mientras que el precio del azúcar en góndola bajó” (Infobae, 25/2). En realidad, la empresa sigue diversificando su producción hacia nuevos negocios, por lo que el azúcar va perdiendo centralidad en el emporio de los Blaquier. Hoy la empresa produce también papel y derivados de la celulosa de caña, bioetanol, cítricos, carnes y cereales; tiene autonomía energética a través de la biomasa y ahora ha realizado una fuerte inversión en granjas porcinas con la expectativa de un acuerdo con China. Ledesma ya desembolsó 35 millones de dólares por el 85% del frigorífico Cabañas Argentinas, con una capacidad de procesamiento de 40.000 capones por mes (El productor porcino, 24/7). Los Blaquier se han fusionado con otras empresas porcinas y han creado el consorcio 5L, que busca comercializar con mayor volumen en China (La Nación, 21/5). Como vemos, lejos de una crisis de producción, Ledesma está invirtiendo y diversificando, pero esto es lo que augura nuevos despidos en el Ingenio. La diversificación de la producción de Ledesma pretende ser sostenida por la reducción del personal del Ingenio, cosa que hay que rechazar en defensa de todos los puestos de trabajo. En este cuadro de ataques de la patronal a los obreros, la comisión directiva del SOEAIL no ha realizado el llamado a elecciones para renovar el Cuerpo de Delegados. No lo ha hecho a pesar de que ya se han vencido los plazos y de haber sido intimada por los propios obreros para que la convoque. La negativa a realizar la elección de delegados del sindicato se debe al pavor que le genera a la actual comisión directiva la alta probabilidad de una gran intervención de los trabajadores que renueve su conducción, aun en un cuadro de persecución patronal. Una directiva que ha dejado pasar más de 300 despidos sin reaccionar claramente le teme a ser barrida por un Cuerpo de Delegados combativo. Este año el secretario general del gremio Luciano Lezano logró “zafar” en una asamblea obrera que pedía la revocación de su cargo denunciando un desfalco de la anterior gestión con la obra social . El mismo Lezano ha participado recientemente de una reunión de la CTA, condenando la reforma laboral, pero en Ledesma ya se aplica de hecho sin que el gremio haya reaccionado. Tenemos que reforzar una campaña por la elección de delegados, con un planteo de asambleas por sector para elegir a sus representantes. Los delegados autoconvocados van a participar este 18 de diciembre de la marcha contra la reforma laboral en una columna independiente y con sus propios planteos: contra los despidos y por la reincorporación de todos los obreros.

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) que depende de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), votó el viernes 5 de diciembre, por mayoría, a favor de retrasar la vacuna contra la Hepatitis B para recién nacidos. La recomendación indica que para los bebés nacidos de mujeres con resultado negativo para el antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg), se recomienda la toma de decisiones individualizada, en consulta con un profesional de la salud, para que los padres decidan cuándo o si administrar la vacuna contra la hepatitis B, incluida la dosis al nacer. Para aquellos que no reciben la dosis de la vacuna contra la hepatitis B al nacer, se sugiere que la dosis inicial se administre no antes de los dos meses de edad. El ACIP realiza recomendaciones al director de los CDC sobre cómo se deben usar las vacunas aprobadas. Las recomendaciones de este comité, entre otras cosas, obligan a las aseguradoras a pagar las vacunas. Cabe recordar que los miembros de este comité asesor fueron seleccionados personalmente por el Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Robert F. Kennedy, luego de despedir a los 17 miembros que fueron reemplazados por defensores antivacunas, y de despedir a la ex directora de los Centros para el Control y Prevención de enfermedades, Susan Monarez, por su desacuerdo con los lineamientos antivacunas de Mr. Kennedy. El argumento esgrimido por quienes votaron a favor de esta modificación es que es innecesario vacunar a todos los niños contra el virus cuando la gran mayoría no está en riesgo de infección. A su vez, el comité planteó preocupaciones teóricas sobre el "efecto acumulativo" de las vacunas y de ingredientes específicos como los adyuvantes de aluminio y se ha encomendado investigar si los dos diferentes adyuvantes de aluminio aumentan el riesgo de asma. De esta forma pretenden realizar modificaciones al calendario de vacunación. Quienes votaron en contra manifestaron que “estamos causando daño al cambiar esta redacción” (Dr. Cody Meissner) y que “Esto tiene un gran potencial para causar daño, y simplemente espero que el comité asuma su responsabilidad cuando se produzca este daño” (Dr. Joseph Hibbeln). El rechazo a esta recomendación se extendió a diversas asociaciones profesionales. La Academia Americana de Pediatría (AAP) calificó el retraso como "una amenaza directa para la seguridad infantil", advirtiendo que "contradice todos los principales cuerpos de evidencia científica acumulados en cuatro décadas." Por su parte la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA) calificó a la votación como "un abandono de los estándares que protegen a los niños de enfermedades prevenibles." La Asociación de Gestores de Inmunización, que representa a los programas estatales y territoriales de inmunización, advirtió que este cambio " socavará la integridad de los calendarios de vacunación a nivel nacional." También se posicionaron en contra miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de los CDC, así como ex líderes de la Oficina de Seguridad en la Inmunización, quiénes señalaron que la decisión "no tiene sentido científico y viola el principio de precaución que ha guiado la política de inmunización durante décadas." Por su parte, Donald Trump defendió la decisión argumentando que los recién nacidos en su gran mayoría no corren riesgo de contraerla. A su vez anunció a través de su red Truth Social que firmó un memorando presidencial que ordena al Departamento de Salud y Servicios Humanos que acelere una evaluación exhaustiva de los calendarios de vacunación de otros países del mundo y armonice mejor el calendario de vacunación estadounidense para que finalmente “se base en el criterio de referencia de la ciencia y el sentido común". El objetivo de Trump es actualizar el calendario de vacunación infantil básica de Estados Unidos "para que se ajuste a la evidencia científica" y se alinee con "las mejores prácticas de países desarrollados similares", como Canadá, Japón y Alemania. Según el presidente de los Estados Unidos el calendario de vacunación de los Estados Unidos exige una gran cantidad de inyecciones para los bebés, lo que calificó de exagerado. Al contrario de lo sostenido por Trump, a la vacunación contra la Hepatitis B al nacer, recomendada desde 1991 por los CDC y la Academia Estadounidense de Pediatría, se le atribuye una caída del 99% en las infecciones en niños y adolescentes. A nivel general, las vacunas infantiles rutinarias habrán prevenido aproximadamente 508 millones de casos de enfermedad a lo largo de su vida, 32 millones de hospitalizaciones y 1.129.000 muertes, entre aproximadamente 117 millones de niños nacidos entre 1994 y 2023, de acuerdo a un estudio publicado por los CDC (8/08/2024) que analiza el impacto del Programa de vacunas para niños en Estados Unidos (VFC, por sus siglas en inglés). La votación del comité asesor y las declaraciones de Trump son una escalada más en el desmantelamiento del sistema de salud de Estados Unidos y su privatización. Las consecuencias de esta política ya están a la vista con la proliferación de enfermedades prevenibles, como el Sarampión o la tos convulsa. Fuentes: Beneficios para la salud y económicos de las vacunas infantiles rutinarias en la era del Programa de Vacunas para Niños — Estados Unidos, 1994–2023 | MMWR EEUU.- Trump ordena una "revisión exhaustiva" de los planes de vacunación infantil en EEUU según estándares globales - LA NACION La recomendación actualizada en Estados Unidos para la vacuna de hepatitis B en recién nacidos: qué dice y por qué ha sido controversial | EL PAÍS US

Hace una semana, Luis “Toto” Caputo anunció un “histórico” regreso a los mercados internacionales de deuda por un monto de 4.000 millones de dólares a una tasa increíble del 6 % anual, con la emisión del BONTE 2029. La Argentina no accedía a esos mercados desde 2018, cuando -después de que el mismo Toto Caputo tomara la deuda más grande de la historia de la Argentina- se produjo una crisis cambiaria y financiera por la salida masiva de capitales, la suba abrupta del riesgo país y la pérdida de reservas. Así, la Argentina quedó prácticamente excluida del crédito privado, para pasar a depender casi exclusivamente del acuerdo con el FMI, que funcionó como prestamista de última instancia. Finalmente, este miércoles supimos que no fue un intento de colocar 4.000 millones sino 2.000, de los cuales solo 1.000 pudieron colocarse realmente y a una tasa de retorno del 9%, porque la lámina de 100 se colocó a 91. No fue una vuelta a los mercados internacionales, porque se licitó por ley local. Los tomadores fueron bancos, aseguradoras y empresas locales. El Gobierno habilitó explícitamente a las aseguradoras para que compraran el bono usando dólares propios, para lo cual necesitaban autorización regulatoria. Muchas de esas aseguradoras tienen dólares que no provienen de ahorros genuinos, sino de fondos obtenidos por empresas argentinas que emitieron deuda recientemente en el exterior. Tras las elecciones, varias compañías colocaron más de 3.000 millones de dólares fuera del país. Esos dólares entraron al sistema financiero local -bancos, aseguradoras, fondos- y luego “saltaron” de un balance a otro hasta terminar comprando deuda del Estado. Pero eran dólares que ya estaban en el mercado local. Por lo tanto, hubo una reconfiguración interna del flujo. Los dólares cambiaron de manos, pero no aumentó el stock total de divisas del país. Además, Caputo flexibilizó algunas restricciones cambiarias cruzadas. Al eliminar trabas que condicionaban el acceso al dólar oficial cuando se compran dólares financieros, el Gobierno amplió la posibilidad de que personas y bancos operen en el mercado secundario de esos bonos sin tope administrativo (La Política Online, 10/12). Por último, el Gobierno le prometió a los bancos bajar los encajes (reservas sobre depósitos) a cambio de que compraran el bono. Hace apenas una semana, la provincia de Santa Fe colocó 800 millones de dólares a nueve años con una tasa del 8,3 %, y en noviembre la Ciudad de Buenos Aires había hecho lo propio por 600 millones de dólares a siete años, al 7,8 %. En cambio, el Tesoro nacional solo logró colocar 1.000 millones de dólares a cuatro años y pagará (en 2029) 9,26 % (ídem). Caputo necesita 4.000 millones de dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda de enero próximo, y tiene un déficit de reservas que se calcula entre 11.000 y 17.000 millones de dólares. Milei no quería comprar dólares porque eso significaría emitir pesos o liberar los que sacó de circulación. Pero, debido a estas presiones, este lunes Economía anunció dos nuevas medidas. A partir de enero, el precio del dólar oficial se va a ajustar de acuerdo con la inflación y se van a incrementar las reservas. Dos medidas inflacionarias. La inflación está contenida por la paz de los cementerios, que es la recesión, el ancla de la miseria salarial y la apertura de las importaciones, que por un lado abarata bienes, pero por el otro masacra a la producción nacional. Sin embargo, el aumento de precios continúa, impulsada por los tarifazos, el aumento sostenido de los combustibles y el aumento de precios de la transición de productos de estación. Si se actualizara la canasta, se vislumbraría un adicional de ocho puntos anuales. Otra consecuencia recesiva la generan las tasas desorbitantes de interés, que tuvo que subir cuando liberó parcialmente el cepo cambiario. El Gobierno no tiene con qué cubrir los próximos vencimientos de deuda. El Tesoro norteamericano se retiró del mercado de cambios argentino y el préstamo de 20.000 millones del J.P. Morgan se evaporó antes de existir. Por esto, a la par de este bono, el Gobierno negocia con bancos internacionales un préstamo adicional de hasta 7 mil millones de dólares que solo podrá concretarse con una tasa usuraria. El gobierno, cuyo único plan es seguir viviendo de prestado y saqueando a los trabajadores, plantea una reforma tributaria que solo acelera este vaciamiento de las arcas nacionales. Anunció una nueva baja de retenciones a la soja, una baja del impuesto a las ganancias de las empresas y una rebaja de los aportes patronales que va a vaciar aún más a la ANSES. En tanto, el boom importador está generando una avalancha de cierres de fábricas. Mientras las empresas se reconvierten en importadoras, los trabajadores quedan en la calle.

El kirchnerismo anunció el ingreso de un proyecto propio de reforma laboral. No lo tenía en la agenda ni lo ha tenido en el pasado reciente, pero ha improvisado un engendro para encuadrar la oposición al proyecto oficialista de modo que la lucha contra la contrarreforma fascista no se convierta en una huelga general. La iniciativa, elaborada por los cuadros técnicos del Partido Justicialista, ha contado con el aval y la participación de Cristina Kirchner y también de la CGT. El primer capítulo de la iniciativa se refiere al salario, cuyo bajo nivel actual, dice, “fomenta el pluriempleo” afectando “la salud física y mental” del trabajador. Los redactores confrontan al actual salario mínimo de 338.000 pesos con la canasta básica de 1.257.000, pero “el texto no fija un monto específico, reclama restituir el sentido “vital y móvil” del salario mínimo” (Infobae, 15.12), o sea, es humo. Los salarios de convenio no se rigen, sin embargo, por el salario mínimo, sino por acuerdos paritarios “libres”. Pero las paritarias “libres” son arbitradas por las autoridades de Trabajo, que puede dictar la ilegalidad de cualquier acción “libre” del sector sindical. Es así que el SUTNA y la UOM, por lo menos, no tienen convenio por las dilaciones de las patronales y la secretaría de Capital Humano o de los ministerios de Trabajo de las provincias –en especial las peronistas. La diferencia entre peronistas y liberticidas, en este aspecto, es que los primeros dilatan las paritarias mediante el arbitraje indefinido y los ‘fachos’ simplemente las liquidan. El proyecto K aboga por el pago del “salario en dinero”, tal es el atropello del proyecto fascista que admite el pago en especies; el valor del salario en especies sufre un ‘descuento’ de mercado. Pero es lo que ocurre también con el salario en dinero, que se deprecia por la inflación. El salario es un crédito del obrero a la patronal, porque se cobra concluido el período de trabajo, pero no recibe interés. Pero el proyecto K no aclara si ese salario en dinero es por hora o jornada, o si está condicionado a cláusulas de ‘rendimiento’. Los K no tocan este punto crucial, que es el núcleo del proyecto fascista. Plantean una reducción de la semana laboral a 40 horas, lo cual incluye los sábados, sin hacer mención al banco de horas, a sabiendas de que lo que no está prohibido es perfectamente legal. No hace mención a la “ultraactividad”, lo cual deja sin vigencia al contrato laboral vencido. El proyecto K, por lo tanto, es una variante de la precarización que ha regido en estas décadas y que los liberticidas pretenden consolidar ahora con un marco legal. En los años de Néstor Kirchner, la precarización trepó al 35-40% del empleo, bajo el lema de “crear trabajo a como dé lugar”. La base de la demolición del salario -y del “pluriempleo” denunciado por sus autores- es la demolición del salario por jornada, a cambio de los salarios (premios) por productividad. El proyecto K apunta a una “convergencia” con el de Milei, ofrecer una “alternativa” a algún minibloque intermedio. La ‘victoria’ que busca el kirchnerismo es que el proyecto fascista no se apruebe en diciembre sino en enero, lo que demostraría que podría encabezar una “larga resistencia”– llegar entero a 2027. Pelota afuera El proyecto incluye algunas modificaciones del régimen laboral. Por caso, la ampliación de la licencia por paternidad, o la creación de “comités mixtos de seguridad e higiene” con representantes de la patronal y de la burocracia sindical. Los K presentan a estos comités como un beneficio para la patronal, pues “al reducir la siniestralidad permitirá reducir la prima de la ART”. A la los “nac y pop” ni se les ocurre cuestionar el régimen privatista de riesgos del trabajo, creado cuando ellos militaban en el menemismo y refrendado con las dos manos cuando dejaron el andador. En cambio, no se han incluido artículos que confronten directamente con el proyecto libertario: por caso, no se señala la vigencia sin condiciones de las conquistas de los convenios existentes (ultraactividad) o de los convenios por rama industrial, y no por empresa, incluso en el mismo establecimiento. El proyecto K no tiene cláusulas “progresistas” sino entreguistas, o sea divisionistas de los trabajadores– de una empresa otra, de una línea de producción a otra; de una sección a otra. Al cabo del trámite parlamentario, los senadores y diputados de Cristina y la CGT dirán que, aunque impuso la contrarreforma fascista, gracias a ellos habrá licencia por paternidad. Plataformas digitales En relación a los trabajadores de plataformas, el proyecto enumera una serie de paliativos para un trabajo sin horarios, ni salario ni derechos laborales. Plantea la creación de “estaciones sanitarias obligatorias con baños y zonas de descanso, atención física personalizada, transparencia algorítmica y portabilidad de los datos del trabajador” (Infobae, id). “Atiende” al joven de la aplicación como “emprendedor monotributista”, por caso, y su derecho de pactar sus servicios con varias aplicaciones diferentes. No establece un derecho laboral para el trabajador sino un reglamento de explotación de su fuerza de trabajo. Abole el derecho laboral –la esencia fascista de la contrarreforma, y lo convierte en su contrario. Las “nuevas tecnologías” son usadas para destruir el tiempo libre y alargar indefinidamente el tiempo de explotación de la fuerza de trabajo. Es altamente probable que las corrientes filoK, con presencia en el Parlamento, ofrezcan alternativas ‘liberadoras’ similares. Negociar El proyecto de marras considera que “la discusión laboral no puede darse de manera aislada ni “por imposición”, y que cualquier modificación debe contemplar el contexto productivo, el poder adquisitivo y las condiciones reales de trabajo”. (Perfil, 15.12). El pejotakirchnerismo abreva en la corriente de economistas que advierten del perjuicio que provocará la contrarreforma fascista en medio de una depresión industrial. ‘Vamos con la contrarreforma, sí, pero acompañada con “la flotación cambiaria”. Por eso mismo, según sus autores, este proyecto “busca convertirse en una base de negociación con otros bloques no libertarios, con la intención de sumar apoyos y firmas en comisión antes del debate en el recinto”.(Perfil, id.). El pejotakirchnerismo y la burocracia sindical juegan con un dictamen alternativo y una negociación imprecisa. Es el plan B de Milei, si fracasa el plan A de Patricia Bullrich. Pero la reforma fascista de Milei-Sturzenegger es la punta de largada de una escalada previsional, de salud, e incluso de derechos y libertades (Código Penal ‘a la Kast y a la Trump’). Numerosas cláusulas de la contrarreforma laboral ya invaden esos segmentos; la contrarreforma viene con abultada propina para las patronales. Es un cambio de régimen político. Los libertarios y sus aliados lo tienen muy claro. El proyecto “alternativo” del peronismo es una excusa para embarrar el terreno contra la lucha y la huelga general.

El anuncio que las autoridades del Banco Central y el propio Caputo formularon en la tarde de ayer tiene un alcance más amplio que el de un mero viraje en la política cambiaria. Es la confesión de que el programa económico libertario había ingresado en un completo impasse. El giro anunciado, sin embargo, puede ser el anticipo de crisis y estallidos económicos de mayor alcance. Milei y Caputo se encontraban aferrados a la actual banda de cotización del dólar. Impuesta a mediados de año por el FMI, el ministro, apenas unos días atrás, la había caracterizado como “perfectamente calibrada”. Sobre esa base, esperaban un ingreso de dólares inmediato a través de préstamos externos; a la continuidad del ingreso de capitales especulativos (carry trade) y, en unos meses, a las divisas de las exportaciones por la cosecha gruesa. El dólar barato implicaba también abaratar el costo en pesos de la deuda pública en dólares, Los liberticidas prolongaron artificialmente este régimen durante todo el 2025 -primero, con el rescate del FMI; luego, con el de Scott Bessent. A la hora de los bifes, el capital financiero internacional le hizo saber a Milei y Caputo que los dólares para afrontar la deuda debían procurárselos por sus propios medios; o sea, que debía devaluar el peso, que los libertarios rechazaban, e iniciar la “acumulación de reservas”. Ese fue el mensaje de los banqueros internacionales que no habilitaron el “megapréstamo” fantasioso de los 20.000 millones de dólares; ese fue también el mensaje del FMI, que en la tarde de ayer saludó el anuncio devaluatorio oficial. A estos reclamos, se sumaba naturalmente el de Techint y la gran burguesía industrial, amenazada por la competencia importadora. ¿Todo bien? El recalibramiento oficial se ha traducido en alguna caída del riesgo país y en las declaraciones de beneplácito de todos los que reclamaban una devaluación. A despecho de tanta euforia, Milei y Caputo se enfrentan ahora con todas las cuestiones que pretendían eludir cuando insistían con el planchazo sobre el dólar. Si el ritmo de la devaluación del peso queda atado a la inflación del mes anterior -esto es lo que se anunció ayer- entonces la “acumulación de reservas” pasa a depender de cuánto se muevan los precios. El gobierno “deflacionario” pasa a convertirse en “inflacionario”. El encargado de comprar los dólares para engrosar reservas pasa a ser el Banco Central, que para eso debe emitir. Caputo justifica ahora esta emisión con el argumento de que habrá una reactivación económica. Pero la mayor “demanda de dinero” no vendrá de los salarios y jubilaciones, o sea del consumo, que continuarán planchados. La compra de dólares a los capitalistas obligará a reabsorber los pesos subiendo la tasa de interés y volviendo a endeudar al Banco Central con “pasivos remunerados” –el retorno de las odiadas Lebacs. Un economista del establishment, Carlos Pérez, acaba de recomendarle al gobierno ese camino, sin dejar de mencionar que las “Lebacs” fueron inventadas por la Reserva Federal bastante antes que “nacionales y populares” y macristas hicieran uso de ellas. Las llamadas “reservas remuneradas” El mandato de “acumular reservas” tiene el propósito de pagar los gravosos vencimientos de deuda del 2026, que llegan a los 19.000 millones (para algunos, unos 26.000). Pero una reactivación económica amenazaría con dilapidar esa “acumulación” con mayores importaciones. Los dólares tampoco alcanzarán por sí solos: deberán servir como garantía de nuevas operaciones de deuda, para refinanciar al menos una parte de los vencimientos en puerta. Descalibramiento Luis Caputo ha tenido la mala ocurrencia de llamar a su viraje con la misma denominación que se bautizó al desbarranque del macrismo: “recalibramiento”. La “corrección” de Caputo desmantela la ilusión de la “convergencia de variables” y de la “inflación cero”. Las contradicciones capitalistas se acentúan: las privatizadas reclamarán volver al tarifazo permanente. El “descalibramiento” reforzará la presión contra el salario, en rechazo de cualquier indexación. En cuanto a las jubilaciones, hoy ajustadas por inflación, no faltará el libertario que promueva ahora modificar su “movilidad”, para “desindexarlas”. La cuestión del salario se planteará con una fuerza inusitada, sacudiendo el avispero de todos los lugares de trabajo. Buscando salir de su callejón sin salida, el gobierno liberticida ha creado las condiciones para un 2026 de mayores choques sociales.

En la última semana continuaron realizándose elecciones de delegados pendientes en varios edificios telefónicos. En algunos casos se volvía a votar luego de siete años, cuando legalmente los delegados debieran renovarse cada dos años. Esto es así por antojo de la burocracia de Marín, que ´acomoda´ las elecciones de acuerdo a su conveniencia. A pesar de las manipulaciones, de la elección por sectores e incluso de la división artificial entre trabajadores de líneas fijas y y líneas móviles, la Naranja revalidó el mandato de dos delegados en el Edificio República, el más importante del gremio. En República se eligieron diez delegados de fija y cinco de móviles. Es un edificio con fuerte tradición opositora, pero su composición fue cambiando de fisonomía. Fueron trasladados los trabajadores de lo que antes eran los edificios corporativos de Telefónica -Huergo e Independencia- que tenían un amplio predominio de la burocracia y sin presencia opositora. También recibió últimamente trabajadores de los call, back office y técnicos de plantel exterior, que son reubicados en otras tareas porque esos sectores disminuyen sus dotaciones por el cambio tecnológico y las tercerizaciones. En 2022, la Azul y Blanca (oficialismo) suspendió la elección durante la noche previa a la votación por el temor a perder el control de una cantidad muy importante de delegados. La elección fue convocada durante un periodo de vacaciones. Comprobamos que al menos el 20% de la dotación estaba ausente. Es una época, además, donde la patronal habilita a que los equipos se tomen el día fuera del edificio para hacer su celebración de fin de año. Del padrón de 900 trabajadores -repartidos en partes similares entre el convenio de fija y móvil-, durante las recorridas que hicimos en las semanas previas apenas encontramos a unos 100 en el edificio. Nuestra agrupación presentó dos candidatos, actualmente delegados, para revalidar su mandato. En total votaron unos 150 trabajadores de fija. De móvil se acercaron unos 50 compañeros, en muchos casos sorprendidos, ya que, al haber sólo cinco candidatos para cinco lugares, la organización decidió no colocar urna. Varios compañeros de móvil se acercaron a votarnos por nuestro planteo de un salario mínimo equivalente a una canasta familiar real (2 millones de pesos), retomar la discusión por categorías que la Azul y Blanca abandonó por completo, la realización de asambleas y de reuniones de comisión interna que el oficialismo tiene abandonado hace años. La última vez que convocó asambleas virtuales prohibió el ingreso de opositores. No quieren ningún cuestionamiento ni planteo que no controlen, y mucho menos tener que someterlo a votación. El resultado arroja que, pese a todo, logramos renovar los dos delegados que teníamos en el edificio con una gran elección y movilización de compañeros que incluso estaban de vacaciones. También se presentó una candidata de la agrupación del aparato del PO -que se presenta como “Naranja en la Granate Blanca”- pero terminó lejos de poder entrar. Verificamos que algunos integrantes de la Granate enviaban a compañeros del edificio mensajes contra nosotros, con planteos de que “estábamos equivocamos”, “que deberíamos ir con la Granate”, “que hay que renovar (todos) los delegados anteriores de República”, en lugar de atacar a la burocracia, que pretendía quedarse con los 10 delegados de fija del edificio. Se jugaban a darle un golpe a nuestra lista Naranja por habernos presentado de forma independiente en las elecciones generales de este año, apartándonos de la “Granate” -un frente del FITU con un sector de la CTA y de la vieja burocracia que le reclama “planes de lucha” a Marín-, y obteniendo dos cargos en la directiva. También se realizaron elecciones en el edificio Estomba de Telecom, donde el delegado de la agrupación “Naranja en la Granate Blanca” renovó su mandato y consiguieron uno más. Por último, la Azul y Blanca sigue sin convocar la elección de Barracas del convenio móvil, negando la oportunidad de los trabajadores a postularse y elegir sus representantes, a pesar de repetidos pedidos al respecto. Esto deja a un compañero nuestro fuera del plenario. Se suma a la maniobra contra nuestro compañero Guido Fuentes, electo miembro de comisión directiva, que fue trasladado a otro edificio donde se cuidaron de convocar las elecciones una semana antes de su llegada para evitar su postulación. Claudio Marín, en el último plenario de Memoria y Balance, donde permitió hablar a oradores de la “Naranja en la Granate” del aparato del PO y de la “Violeta” del PTS, pero negaron el uso de la palabra a nuestra agrupación, planteó que quiere una “consolidación” del plenario de delegados. Bien entendido es un cuerpo de delegados completamente funcional al planteo de la burocracia sindical. Nuestra construcción independiente apunta a la reorganización de los trabajadores contra la burocracia sindical y las corrientes de “oposición” que se adaptan al régimen político, que es un pilar de la propia burocracia sindical.

Ayer, lunes 15, se llevó adelante un nuevo paro por 24 horas decretado el jueves pasado por Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA. Este nuevo paro, decidido de espaldas a la asamblea general, es uno más de tantos en reclamo de una actualización salarial que comenzó en enero de 2025. Los trabajadores de FATE llevan un año sin cobrar aumento de salarios, en cambio en Pirelli y Bridgestone la patronal ha estado dando aumentos a cuenta futuros aumentos. En FATE, el paro fue precedido por asambleas y paros en la noche del jueves 11, luego del franco ante la audiencia del 10. Mientras el SUTNA San Fernando recorría los puestos de trabajo informando del nuevo fracaso de la audiencia 42°, los activistas de la fábrica convocaron a una asamblea general en los pasillos centrales, en oposición a la hablada por sector del sindicato, donde se resolvió iniciar ahí mismo el paro, ratificar el paro del 15 y movilizar el 18 contra la contrarreforma laboral. Sobre los hechos consumados, la Negra convocó a los portones de fábrica a los trabajadores a las 5.30. Allí los dos turnos -mañana y noche- protagonizaron el viernes 12 otra asamblea en la cual se votó continuar con el paro y cortar Panamericana. En FATE, el paro del 15 fue total como consecuencia de las asambleas y paros precedentes. En contraste, en Pirelli y Bridgestone, la experiencia fue inversa. La falta de preparación hizo que al paro adhirieran los activistas ligados a las agrupaciones sindicales, salvo la Violeta que carnereó el paro ya que los Wasiejko y compañía se encuentran abiertamente en el campo de la patronal. El paro del 15 se produjo en medio de la ocupación de IBF por sus trabajadores en defensa de sus puestos de trabajo ante el lockout ilegal de la patronal. La ofensiva de las patronales es concertada y total. En Buenos Aires las patronales agrupadas en la CIN buscan imponer en los hechos la reforma laboral: flexibilización, aumento de los ritmos de producción y congelamiento salarial. En Córdoba, la patronal de IBF admitió ante el Ministerio de Trabajo provincial que cierra la fábrica para volver a reabrir una vez votada la reforma laboral enviada por Milei al Congreso. Los mandatos de asamblea “indefinidos” en los que se apoya la dirección del SUTNA para llevar adelante la paritaria están vencidos (la última asamblea general del gremio se hizo en abril). El empantanamiento mortal de la negociación paritaria pone sobre la mesa el fracaso de esta política. Para salir del impasse hay que promover la más amplia discusión de los trabajadores del gremio para fijar una política, una posición, un plan de lucha, unir a todas las fábricas y eso lo hace la asamblea general.

Frente al cierre de IBF y debido a la ocupación de la fábrica por los trabajadores, el SUTNA mantuvo una audiencia con el ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba para discutir con la patronal y el gobierno provincial. Fueron 14 los trabajadores despedidos. Por su parte, la patronal hizo una denuncia penal contra los trabajadores que se encuentran realizando medidas de fuerza dentro de la fábrica. La audiencia duró 80 minutos y no se llegó a ningún acuerdo entre las partes. En principio, la parte gremial denunció a la patronal por no haber realizado los trámites legales correspondientes para justificar los despidos, es decir, por no haber realizado el PPC. También explicó que la denuncia penal llevada adelante por la empresa contra los trabajadores bajo el artículo 158 del Código Penal era falsa e improcedente, “puesto que ningún trabajador ha compelido a otro a realizar medidas de acción alguna, además, se trata de trabajadores despedidos” (Acta de Audiencia 0380-448430/2025 15/12). Finalmente, el sindicato informa que se llevaría adelante una medida de fuerza por 24 horas el día martes 16. Por su parte, la empresa niega haber llevado adelante una denuncia contra los trabajadores. Ratifica la legalidad y legitimidad de la decisión del cierre definitivo de la empresa y la desvinculación de los trabajadores. Indica que ‘’la empresa hizo todos sus máximos esfuerzos para no invocar ninguna maniobra legal, excusa, procedimiento ni crisis, reforma laboral alguna para retacear el contenido de una íntegra indemnización con todos sus accesorios y adicionales de ley y su pago en forma inmediata.- Ratifica las liquidaciones finales realizadas y las deja a disposición de las partes y de la autoridad de aplicación.- [...] Hace presente que la fábrica cierra, y que no se fabricará más neumáticos para karting ni ninguna otra especie. ‘’; es decir, señala que esto no tiene que ver con la reforma laboral, aunque al finalizar su intervención, dice lo siguiente: ‘’Ahora bien, en el caso de que en el futuro reabra la empresa y requiera de mano de obra, se compromete a convocar a los mismos trabajadores que hoy han sido desvinculados’’ (sic). En respuesta a esto, el funcionario actuante resolvió una conciliación obligatoria, intimando a la empresa a que reincorpore a los trabajadores en el plazo de 48 horas, reconociendo que el accionar de la empresa fue ilegítimo y que, por su parte, el SUTNA frene cualquier medida de fuerza a la espera de la siguiente audiencia, que tendrá lugar el miércoles 17, a las 12 del mediodía. La ocupación de la fábrica hasta la reincorporación de todos los despedidos fue respondida de inmediato con la conciliación obligatoria y la intimación, por parte de las autoridades laborales, a que la patronal reincorpore a los compañeros. Además, surge de los propios trabajadores el reclamo de una medida de fuerza por parte del SUTNA para involucrar al resto de trabajadores del neumático en la provincia de Córdoba. La intimación proveniente de las autoridades provinciales no se traduce efectivamente en una reincorporación de hecho. Los trabajadores de IBF han denunciado que la empresa no está cumpliendo con las exigencias de las autoridades de la mesa de trabajo. Por otro lado, mientras la audiencia se llevaba adelante, la policía de la provincia se encontraba hostigando a los trabajadores mientras estaban realizando medidas de fuerza y hablando con los medios. El desconocimiento de la conciliación obligatoria por parte de la patronal ya ha ocurrido en el neumático. En Bridgestone los 500 despidos fueron sucedidos por el desconocimiento de la conciliación obligatoria y el impedimento de que los trabajadores reingresen. En lo sucesivo, la conciliación abre las puertas para que los despidos continúen su cauce. Es por ello que los trabajadores deben continuar con la organización hasta que se reincorpore de manera efectiva a todos los despedidos. LEER MÁS: Neumático: lockout patronal en IBF Tires (Córdoba) Por Gabriel Meggiotto, 15/12/2025.

En el primer fin de semana de diciembre, el CEMAFE (Centro Ambulatorio de Especialidades Médicas) fue blanco de escraches con cruces y mensajes en aerosol en sus fachadas. Lo mismo se reprodujo en la Logia Masónica Armonía N.º 99, a escasas cuadras. No se descarta que ambas acciones tengan una misma autoría, pero el mensaje en el centro médico parece direccionado contra el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo; allí inscribieron “Asesinas-Viva Cristo Rey”. El CEMAFE, un par de semanas atrás, fue distinguido junto a su equipo de profesionales por una organización internacional por garantizar el acceso a la interrupción del embarazo. La distinción contó con la colocación de una placa de reconocimiento de la institución como centro de buenas prácticas en salud sexual y reproductiva y en atención integral del aborto. No es la primera vez que se “escracha”, pero sí lo es desde la reglamentación de la Ley Nacional de interrupción voluntaria del embarazo Nº27610. Una vez hecha ley, nadie se animaba. La agenda contra el aborto es un planteo mundial incorporado por todos los gobiernos derechistas, donde los ajustes sociales contra las masas configuran una masacre social. Desde la Corte de EE. UU., que dejó de lado el fallo Wade vs. Roe por presión de Trump, hasta el evangelista Pullaro que reconoce a todos los credos sin distinción en su nueva constitución, expresa que entre los ajustadores de todas las calañas no hay diferencias en cuanto al planteo de la mujer trabajadora. Si vamos al gobierno de Milei, este desmanteló la Dirección de salud sexual, se abstuvo desde el primer día en la compra de anticonceptivos y medicamentos esenciales, entre otros recortes y ataques como en el Hospital Garrahan, educación o discapacidad. En Santa Fe también la salud sexual reproductiva fue víctima del ajuste, en materia de recursos profesionales y materiales; por ejemplo, los rebrotes de sífilis son una expresión agravada de un retroceso enorme, mientras el ministro Lugones y los capitalistas involucrados buscan la impunidad por causa del fentanilo. La investigación sobre los responsables de los hechos -vandalismo en una institución pública- sigue en curso, lo cual llama poderosamente la atención ante la inversión y el despliegue de las investigaciones criminales que tiene a cargo la fiscalía santafesina. Independientemente que sea una acción individual o comandada por algún sector en particular, el envalentonamiento cada vez más relevante de las organizaciones antiderechos es auspiciada por todos estos gobiernos violentos y oscurantistas, que buscan generar algún tipo de base social de la cual carecen. Ningún funcionario del Ministerio de Salud se hizo eco de este amedrentamiento. Probablemente, ante el conocimiento de dónde ha partido esta iniciativa. El evangelismo ha calado en el gobierno provincial de Pullaro de manera tal que es uno de sus pilares en los barrios. Mientras tanto, el radical suspende cualquier subsidio social a organizaciones como el MTE, que tomó el Ministerio de Desarrollo Social exigiendo que no se corten los programas. Comparado así, las prioridades de la provincia son claras. Ante estos intentos de atropellos, reivindicamos la necesidad de que las mujeres trabajadoras nos organicemos de forma independiente del Estado y sus partidos de gobierno. Ninguna represalia, la lucha por el aborto seguro en el mundo y la implementación efectiva de la ley Nacional N.º 27610 continúa y debe reforzarse con la intervención internacionalista e independiente del movimiento de masas de la mujer trabajadora.

Dos militares estadounidenses y un intérprete civil fueron asesinados en un atentado, el fin de semana, en la antigua ciudad de Palmira, en el centro de Siria. El ataque supuso las primeras bajas estadounidenses en Siria desde que Bashar al-Assad fuera derrocado hace un año, y puso de relieve la “frágil situación de seguridad” del nuevo gobierno (NYT 14/12). La emboscada se produjo mientras los soldados “llevaban a cabo una operación contra un líder clave”, según el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, que subrayó que el ataque fue en una zona que no está bajo control del gobierno sirio (BBC 15/12). Cientos de soldados estadounidenses permanecen en el país como parte de coalición internacional que se propuso “erradicar a ISIS”; el atentado se produjo un mes después de que Siria se unió a esta coalición liderada por Estados Unidos, que desde 2014 lleva a cabo operaciones militares contra ISIS en Siria e Irak con la participación de múltiples países. La coalición también trata de frenar el flujo de militantes extranjeros hacia Oriente Medio. Trump prometió represalias “muy serias” y no dudó en distanciar al atacante del régimen de Ahmed Husseín al-Charaa, un ex yihadista cuya cabeza estuvo valuada en 10 millones de dólares, pero que goza de un fuerte apoyo estadounidense e israelí desde que derrocó a Bashar al Assad, archienemigo del sionismo e integrante del llamado “eje del mal” junto con Irán y Gaza. En la misma línea de absolución, Trump dramatizó que el nuevo presidente sirio está “devastado por lo sucedido”. El Centcom, que dirige las operaciones militares estadounidenses en Europa, África y el Indo-Pacífico, calificó el atentado como «el resultado de una emboscada por parte de “un pistolero solitario del ISIS”, y un coro de funcionarios del Pentágono se lo adjudicó al grupo Estado Islámico, aunque nadie reclamó la autoría. Por el contrario, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, afirmó que el atacante era miembro de las fuerzas de seguridad sirias y el Ministerio del Interior debió admitirlo días después. Fuentes familiarizadas con la investigación, incluidos funcionarios estadounidenses y sirios, declararon a CNN que “los vínculos del tirador con el grupo terrorista son menos claros de lo que ambos gobiernos han afirmado públicamente” (CNN 17/12). Algunos dijeron que estaba previsto que el atacante fuera destituido “por sus opiniones extremistas”. En 2019, una alianza de combatientes sirios respaldada por Estados Unidos anunció que el Estado Islámico había perdido el último reducto de territorio que controlaba en Siria, pero desde entonces el grupo yihadista ha llevado a cabo algunos ataques. Naciones Unidas estima que entre 5.000 y 7.000 combatientes de Isis permanecen en Siria e Irak. Los observadores coinciden en que el ataque devela cómo el nuevo régimen no ha logrado cohesionar al ejército y “sigue luchando contra elementos extremistas dentro del país e incluso dentro de sus propias fuerzas”. Lo comparan con los ataques “verde contra azul” que sufrieron las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán (verdes) cuando “colaboraban” con las fuerzas locales, pero eran atacadas por soldados o policías afganos (azules) incluso dentro de bases militares, puestos de entrenamiento o patrullas conjuntas. El ejército sirio “está compuesto por combatientes de la Revolución e incluye a personas de todos los orígenes, algunas con vínculos extremistas”, declaró un exfuncionario estadounidense que viajó recientemente a Damasco. Las mismas fuentes admiten que el ejército está corroído por tendencias que están fuera del control del gobierno y son una amenaza a las tropas estadounidenses más allá del propio ISIS. “Nadie quiere abordar la cuestión de cuántos ‘potenciales solitarios atacantes’ hay integrados en la mezcolanza de yihadistas que componen el ejército sirio”, comentó a CNN una fuente. El personal estadounidense también ha sido objeto de ataques en el pasado. El incidente del sábado es el más mortífero desde una explosión en 2019 que afectó a una patrulla y causó la muerte de dos militares y dos civiles estadounidenses. El esfuerzo por presentar al atacante solitario como integrante de ISIS “ha sido visto como un intento por desviar la atención del complicado panorama del reclutamiento de las fuerzas de seguridad sirias porque sería devastador para el lado estadounidense admitir que alguien de las fuerzas de Sharaa hizo esto” (CNN, 17/12). Mientras tanto, el ejecutivo de al-Sharaa está recurriendo a una combinación de combatientes, tanto sirios como nacidos en el extranjero, para consolidar el ejército. Un informe reciente del Middle East Institute, llama la atención del riesgo que significa para al-Sharaa haberse asociado a la coalición que combate a ISIS. El riesgo “es considerable”, dice, tanto desde la perspectiva de la seguridad como de la política interna, y parece reflejar una priorización de los vínculos con las instituciones estadounidenses y occidentales (NYT). “La seguridad nacional sigue siendo un desafío importante para el gobierno”, afirma el informe, elaborado por un grupo de expertos que incluye al exjefe del Comando Central de Estados Unidos, el general retirado Joseph L. Votel. El informe también señala que “la presencia continua de combatientes extranjeros en las filas del ejército sirio ha sido motivo de preocupación internacional (…) Por ahora, entre 2.000 y 3.000 combatientes no sirios han sido integrados en una unidad dedicada del Ministerio de Defensa, con luz verde tácita de Estados Unidos”, indicó. LEER MÁS: Los choques en Siria envuelven al imperialismo y sus subrogantes: Turquía y el Estado sionista Desde el Cercano Oriente al Cáucaso Sur, el retroceso de Rusia. Por Jorge Altamira, 18/07/2025. El descuartizamiento de Siria Estados Unidos y el Estado sionista destruyen los activos militares de Siria y se reparten el territorio. Por Jorge Altamira, 11/12/2024.

Un gravísimo accidente laboral se cobró la vida de un operario en el Parque Industrial de Pilar, en la fábrica Oben Group. Juan Carlos Leal, de 46 años, murió este lunes atrapado en los rodillos de la máquina sobre la que hacía tareas de limpieza y mantenimiento. La empresa otorgó vacaciones adelantadas a todo el personal para evitar una respuesta obrera ante este gravísimo hecho. El accidente ocurrió en el arranque semanal, cerca de las 9.30 de la mañana del lunes, en la empresa ubicada en la intersección de las calles 23 y 9 del complejo fabril. Se trata de una compañía multinacional reconocida a nivel mundial por la producción de films plásticos destinados a empaques flexibles. De acuerdo con la información recabada por los medios zonales, el trabajador se encontraba desarrollando tareas de mantenimiento en una máquina cuando se produjo el accidente. Una trabajador consultado por el Diario Resumen de Pilar describió el contexto del hecho: "Era un operario que estaba trabajando en una máquina. Producían film, no estaban produciendo sino que estaba en proceso de mantenimiento y limpieza de la misma, pero los rodillos estaban girando, no se sabe por qué porque no hubo testigos, nada, pero el cuerpo quedó atrapado entre dos rodillos. Cuando arribaron los bomberos y la ambulancia estaba sin vida". La máquina que operaba Leal es una laminadora que une, a través de un proceso de adhesión, el laminado con el polipropileno. Varios trabajadores que operan este tipo de máquinas denunciaron que la parada de emergencia de esa máquina tarda 18 metros en hacer efecto. Los avances tecnológicos en seguridad industrial permitirían asegurar una producción sin prácticamente accidentes fatales, pero la inversión patronal en este tipo de tecnologías es mínimo. Resulta mucho más barato derivar los casos a las ART, incluso los fatales, y contratar a obreros nuevos. El procedimiento para que la máquina quede bloqueada y desenergizada para este tipo de trabajos cuesta para las empresas prácticamente nada. No se sabe aún si el bloqueo estaba deshabilitado, si no existe en la fábrica, o si directamente dieron la orden de que no se accione para acelerar la tarea. Todo esto está en proceso de investigación. En un escenario de recesión, despidos, suspensiones masivas y cierres de fábrica, los accidentes de trabajo están a la orden del día. Las comisiones mixtas de seguridad -establecidas por ley- prácticamente no existen en los lugares de trabajo, o allí donde existen actúan como delegaciones de la patronal, sin poder de parar la planta. Los ritmos de trabajo son incrementados y los trabajadores que no están desvinculados ni suspendidos deben cumplir con las tareas de los que no están trabajando. El avance de la precarización expone a la clase obrera a poner en riesgo su vida en los lugares de trabajo. Alan Paz en el Frigorífico Rioplatense, las tres muertes obreras en Siderca en lo que va de un año, la muerte del trabajador en Cerámica Alberdi en Salta, Ulariaga en Pirelli y las muertes cotidianas de obreros en el Parque Industrial, exponen que estamos ante un problema nacional. El avance de la precarización laboral se cobra vidas obreras a lo largo y ancho del país. La reforma laboral fascista de Milei viene a profundizarla todavía más. Por una investigación independiente de la muerte del trabajador Juan Carlos Leal. Comisiones obreras de seguridad e higiene, con poder de parar la producción. Abajo la precarización y la contrarreforma laboral fascista del Gobierno.

Tras semanas de protestas callejeras por sus políticas económicas y el presupuesto 2026, que impone sacrificios a una población enormemente empobrecida, finalmente cayó el gobierno. El miércoles pasado, más de cien mil personas marcharon en las calles de Sofía, la capital, una ciudad de 1.300.000 habitantes. El país balcánico estaba a semanas de cambiar su moneda nacional por el euro, sumándose como el Estado número 21 a la Eurozona. Pese a la retirada del plan presupuestario, las manifestaciones continuaron. El gobierno que había asumido en enero estaba encabezado por Rosen Zhelyazkov del conservador GERB (Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria), pro OTAN, y otras formaciones como el Partido Socialista Búlgaro con vínculos con Moscú. El caso búlgaro es una condensación de contradicciones. Desde el 2021 ningún gobierno se ha mantenido más de un año, sumando ocho gobiernos de transición, incluidas tres coaliciones breves. Sólo este año se presentaron seis mociones de censura. Zhelyazkov dimitió precisamente antes de que el Parlamento votara una de ellas. Los pasos previstos de acuerdo con la Constitución para estas situaciones señalan que el presidente Rumen Radev iniciará consultas con los grupos parlamentarios representados en la Asamblea Nacional. Los escenarios probables no son alentadores. Los observadores coinciden en que es muy improbable que se forme un nuevo gobierno; el presidente nombrará un gobierno interino, “caretaker”, para gestionar los asuntos cotidianos. El escenario más probable es que se convoquen elecciones en 2026, hacia febrero o marzo. La adhesión de Bulgaria a la eurozona, el 1 de enero, puede quedar en el limbo. Bulgaria es un país que no suele figurar en el radar de la zona próxima a la guerra que la OTAN y Rusia protagonizan en la cercana Ucrania. El país que bordea el mar Negro ha sido durante mucho tiempo el aliado más cercano de Rusia en Europa del Este. Comparten la religión ortodoxa, su escritura cirílica y similitudes lingüísticas. Bulgaria se encuentra en la encrucijada de “guerra del gas”. El gasoducto “Corriente Turca” o TurkStream es la única vía actual para el transporte de gas natural desde Rusia hasta Turquía y, desde allí, a varios países de Europa del sur y sudeste. Consta de un tramo marítimo y otro terrestre. El primero discurre bajo el mar Negro y suministra gas directamente al mercado turco. La segunda línea continúa hacia Europa a través de extensiones terrestres: entra en Bulgaria (donde se conoce como Balkan Stream), pasa por Serbia, Hungría y llega a otros países como Grecia, Rumanía y Macedonia del Norte. Esta es una de las rutas alternativas que Rusia reforzó en el “frente sur” de la guerra del gas europea tras el cierre de Nord Stream 2, el enorme gasoducto submarino diseñado para transportar el gas directamente desde Rusia hasta Alemania a través del mar Báltico. Turquía, Azerbaiyán y Bulgaria se han vuelto actores clave en el frente sur del tránsito de gas. Bulgaria se encuentra, así, en el centro de una disputa de potencias que necesitan controlar esa zona estratégica entre continentes. LEER MÁS: Protestas en Bulgaria hacen retroceder al gobierno Por Camilo Márquez, 03/12/2025.

Este martes el Gobierno nacional terminó imponiendo dictamen de mayoría para tratar este miércoles el proyecto de Presupuesto 2026. Los liberticidas lograron 28 firmas, contra 18 de Fuerza Patria y Unidos. El oficialismo contó con el apoyo de los bloques del PRO, MID, la UCR y los bloques provinciales. Fueron de la partida los diputados que responden a Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Hugo Passalacqua (Misiones); estas provincias recibieron partidas de ATN por $43.000 millones, autorizadas por Martín Menem (LPO 16/12). Han entrado a la Cámara de Diputados, además del proyecto de presupuesto, el de la ley de Inocencia Fiscal y Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Este último prohíbe el déficit fiscal y la emisión monetaria sin respaldo, con penas de 1 a 6 años de prisión e inhabilitación para funcionarios que dicten normas que incrementen el Presupuesto sin recursos acreditados. Con respecto al proyecto de Inocencia Fiscal, establece un nuevo blanqueo sobre u$s 243.000 millones fuera del circuito legal. No presume evasión: actualiza “los montos que se precisan declarar para evitar ser considerados delitos de evasión tributaria, llevando el piso de $1,5 millones a $100 millones”, escalando un nuevo peldaño para que la Argentina se convierta en un paraíso fiscal (Ámbito, 16/12). En mayo pasado Milei declaró que “no hay que mezclar el delito con la economía”. Benegas Lynch remplazó a José Luis Espert como presidente de la comisión de Presupuesto. Se esperaba que el dictamen fuera el que el Gobierno presentó en septiembre y logró aprobar en noviembre, que estipulaba aumentos presupuestarios para jubilaciones (5%), salud (17%), discapacidad (5%) . El dictamen presentado por el oficialismo deroga dos leyes claves: la 27.795 (Financiamiento Universitario) y la 27.793 (Emergencia en Discapacidad), vetadas en su momento por Milei, pero ratificadas por los dos tercios en ambas cámaras. También el dictamen deja sin asignación específica los fondos destinados al Hospital Garrahan, aunque desde el Gobierno aseguran que esa obligación “ya fue cumplida” (ídem). En contrapartida, el dictamen del oficialismo prevé un aumento del 19 % de partidas para la SIDE libertaria. El dictamen proyecta una inflación del 10,1 % para 2026; un crecimiento del 5 % de la economía y un dólar anclado en $1.423 para diciembre del próximo año. Los guarismos dibujados en el aire por Caputo tienen como finalidad aventurar un superávit fiscal del 1,5 % del PBI, que quedaría sepultado por una devaluación mayor del peso. Por su parte, los números barajados por el FMI para la Argentina estiman un crecimiento del 4 % y una inflación anual del 16,4 %, seis puntos arriba. En lo que respecta a materia fiscal “el Gobierno estima un superávit primario del 1,5 % del PBI y un superávit financiero -una vez pagados los intereses de la deuda- del 0,2 % del PBI” (La Nación, 16/12). El peronismo presentó un dictamen de minoría basado en “garantizar el financiamiento universitario, la plena vigencia de la ley de emergencia en discapacidad y los fondos para la emergencia pediátrica” (ídem). También incorpora la continuidad del régimen de zonas frías, la automaticidad de las asignaciones familiares, la recomposición de ingresos jubilatorios afectados por el cambio de fórmula, la actualización del bono previsional, la recuperación del Fondo de Incentivo Docente y el fondo compensador salarial, garantizar paritarias docentes y no docentes, fortalecer el sistema de becas y priorizar carreras estratégicas, entre otros puntos (ídem). No ofrece hipótesis de crecimiento del PBI, de comercio exterior ni de inflación: otro dibujo. El presupuesto de ajuste oculta lo fundamental: que carece de condiciones para afrontar los extraordinarios vencimientos de deuda ‘soberana’ de 2026 y 2027, unos 35.000 millones de dólares, según algunos, 52.000 millones, según otros. Los liberticidas mantienen un plan de “ajuste permanente” sobre los trabajadores y el conjunto de los explotados. LEER MÁS: Milei y los gobernadores discuten el Presupuesto 2026 Impulsan la reforma fiscal y laboral en perjuicio de los trabajadores. Por Daniel Blanco, 21/11/2025.

En el paquete de leyes que el Gobierno ha dado en llamar “reforma laboral” se introdujo, discretamente, un artículo que conduce a la disolución del fuero laboral nacional y el traspaso de sus funciones al poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires, copado por el macrismo. Viene negociándose largamente, pero ha dado un paso decisivo ahora. La ´adecuación´ de los tribunales del trabajo es ineludible para blindar las disposiciones de la nueva ley ante su eventual judicialización. Se previenen, sobre todo, de los artículos que tienen que ver con los topes indemnizatorios, el fraccionamiento de las vacaciones y la ampliación de la jornada laboral. Macri y Milei fustigan a la justicia laboral como una rémora del kirchnerismo, digitado desde el estudio de abogados que fundó el fallecido exdiputado Héctor Recalde. Macri viene insistiendo en el traspaso de la justicia laboral al ámbito de la Ciudad desde que el PRO gobierna Buenos Aires. El dominio del PRO en la justicia porteña es inocultable: cuatro de los cinco miembros del Tribunal Supremo de Justicia responden a ese partido. “Solo a la jueza Alicia Ruiz se le atribuye identificación con el viejo Frente Grande, mientras que Inés Weimberg de Roca, Santiago Otamendi, Marcela de Langhe y Luis Lozano llevan la sombra del partido amarillo” (La Política Online, 13/12). Este operativo busca consagrar definitivamente el giro reaccionario de la contrarreforma laboral. Son muy pocos los juicios laborales que las empresas pueden llevar a la Corte Suprema luego de los fallos de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Macri busca añadir una instancia para que las apelaciones patronales puedan dilatar todavía más los fallos en su contra. La Corte Suprema ha prestado un apoyo fundamental a este operativo con el reconocimiento del TSJ de la Ciudad como tribunal de alzada (fallo Levinas), contra la resistencia que oponen los jueces de Cámara -quienes fungían como tribunales de última instancia antes de la Corte Suprema y pasan ahora a reportar a un tribunal local-. “Con el traspaso [del fuero laboral a la Ciudad] habría una instancia después de la Cámara de Apelaciones que sería el Tribunal de Justicia de la Ciudad, que fue designado por el macrismo y que se conocen fallos de sus jueces que significarían una regresión para la jurisprudencia protectoria”, había advertido el abogado laboralista Matías Cremonte hace dos años (La Nación, 25/11/23). “Como toda justicia provincial, la de la Capital Federal también está colonizada por la fuerza política que gobierna el distrito desde hace casi 20 años y ahí radicaba el interés de los empresarios por sacarse el yugo de juzgados más hostiles para escalar hacia tribunales más amigables. De hecho, hasta la familia Macri se sintió complacida con el fallo Levinas porque su apuesta era defenderse en la causa Correo en el ámbito porteño” (LPO, 13/12). Todo esto será negociado por Milei y Macri. El artículo 91 indica que “la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos”. Ese ´acuerdo de transferencia´ será objeto de una trenza que se extenderá desde el nombramiento de los jueces necesarios para completar los juzgados que se vayan a crear, hasta la deuda por la coparticipación que reclama Jorge Macri. Exactamente un año atrás, la Legislatura porteña aprobaba la creación del fuero laboral de la Ciudad. Así lo anunciaba el macrismo en la web oficial del GCBA: “Hoy en día, los juicios se tramitan en la Justicia Nacional y, por demoras y complejidades en su resolución, se ven afectados tanto los derechos de los trabajadores como de los empresarios. En el caso de los trabajadores, porque los créditos solicitados se licúan con el paso del tiempo. Por su parte, las empresas se ven perjudicadas económica y operativamente al afrontar sentencias con sumas de dinero que incluyen intereses, reajustes y actualizaciones de montos a valores actuales. ‘Nuestro gran objetivo es un Fuero Laboral propio, moderno y ágil, que favorezca la creación de empleo´, planteó el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri” (15/12/24). La eliminación de la indemnización por despido es uno de los reclamos más acuciantes de las patronales. No es casual que, días atrás, el Tribunal Supremo de la Ciudad anunciara que estaba preparando un índice para actualizar las indemnizaciones por despido fijando un tope. El propósito de limitar las indemnizaciones no es ´generar empleo´, por supuesto, sino abaratar los despidos. “Esta ley, si se aprueba, se aplica con carácter general para todos los trabajadores a partir del día que diga la ley; no distingue entre trabajadores nuevos y trabajadores viejos”, asume Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma ( https://www.youtube.com/watch?v=miD0Q60T4k4 ). El corolario de este operativo ultrarreaccionario es la amenaza de despido contra los magistrados que lo contraríen. El artículo 90 del proyecto señala: “Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones”. Actualmente, los jueces que se rigen por los principios determinados por la Corte tienen independencia a la hora de resolver sobre los casos y sus sentencias no pueden ser utilizadas para impulsar un juicio político. La Corte es, por lo tanto, parte de esta articulación antiobrera. Ha pronunciado una seguidilla de fallos antiobreros en el último periodo -refrendando despidos encubiertos, ilegalizando huelgas o, por el contrario, legalizando el monotributismo- que pueden considerarse antecedentes de la actual contrarreforma. La creación del fuero laboral nacional fue anunciada en el Boletín Oficial el 13 de enero de 1945, con las firmas del entonces presidente Edelmiro Farrell y su secretario de Trabajo y Previsión Juan Domingo Perón. Presentado como un respaldo a las “leyes sociales” promovidas por Perón, instauró un mecanismo de arbitraje que imponía ciertos límites al despotismo patronal. Su concepción partía de que el trabajador era la parte ´débil´ del contrato laboral. Resistido por la burguesía, especialmente por la Sociedad Rural, la Corte Suprema en una acordada se negó a tomarle juramento a los nuevos magistrados, que finalmente lo hicieron ante Farrell. Por decreto, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo quedó establecida como el tribunal de máxima jerarquía en materia laboral. Fue un periodo excepcional de adaptación del Estado capitalista ante la creciente organización y politización del movimiento obrero. El ‘mileísmo’ pretende empujar a la clase obrera al preperonismo, pero está cavando su propia fosa.

En un intento de promocionar la campaña 2027 de Elisa Abella, hermana del actual intendente de Campana, Sebastián Abella, implementaron una nueva terminal de 194 a una cuadra del arco en la periferia de la ciudad, eliminando todas las paradas que pasan por el casco céntrico. Con la excusa de que a los vecinos que viven en el centro “les molesta el ruido", dejan a la deriva a la gran cantidad de vecinos que estudian o trabajan por fuera de la ciudad. Teniendo en cuenta que es la única línea que va directo hacia CABA, eliminar alrededor de 10 paradas del recorrido aumenta el presupuesto en viáticos de los usuarios que ahora tendrán que tomarse un colectivo más para llegar a la parada que, dicho sea de paso, la frecuencia es de mínimo una hora. Sumado al estado deplorable de las rutas y las calles, genera múltiples accidentes diarios. Desde 2023, ya vienen azotando a los trabajadores y estudiantes con oleadas de tarifazos: el directo cuesta $4400 aprox. Las unidades cada día están en peores condiciones al punto de utilizar los colectivos del expreso o el común como directos. Haciendo que los costos en viáticos por día aumenten significativamente (arriba de los $10.000) por un servicio que no lo vale. La única alternativa al monopolio de Metropol es el tren que pasa cada dos horas, aunque muchas veces está suspendido por el estado de las vías, y hay que realizar un transbordo en Villa Ballester para poder llegar a CABA, haciendo que el viaje ronde las tres horas cuando en colectivo insume una hora y media. La suma de todo esto provocó una ola de reclamos de parte de los vecinos de Campana, incluso quienes viven en el centro reclaman que “los sonidos molestos" no son más que una excusa para el recorte disfrazado de mejora. Los ruidos no le molestaron a los hermanos Abella cuando convirtieron a la ciudad en una zona de carting gigante o cuando las grandes empresas, como Axion Energy y Siderca, cubren la ciudad con ruidos insoportables. Incluso no les molestó cuando permitieron que Solo Deporte y Todo Urbano instalaran un generador de energía en el medio de la vía pública generando una gran contaminación auditiva. Sin contar, además los colectivos de Microbus privados de Toyota y Siderca que se pasean por la ciudad. La hipocresía de los Abella cada vez suma más ítems a la lista de negociados incoherentes que hacen a costa de la vida cotidiana de los trabajadores y estudiantes de Campana. Llamamos a todos los trabajadores a sumarse a los reclamos de los vecinos por el derecho al transporte y no tolerar más el circo mediático que crean para tapar sus negocios.

El lunes 15 de diciembre, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el principal órgano deliberativo de dicha entidad, se votó una declaración política cuyo objetivo es la “lucha contra las enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud mental”. Los únicos países que no adhirieron a la misma fueron Argentina y Estados Unidos, siguiendo con la línea que sendos gobiernos vienen llevando adelante, que incluyó su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a principios de este año. Las enfermedades no transmisibles (ENT), también conocidas como enfermedades crónicas, son el resultado de una combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y de comportamiento, de acuerdo a la OMS. La declaración aprobada, se titula “Equidad e integración: transformar vidas y medios de subsistencia mediante el liderazgo y las medidas en materia de enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud mental y el bienestar” y, entre otras cuestiones establece como objetivos, para el 2030, alcanzar 150 millones menos de consumidores de tabaco, 150 millones más de personas con la hipertensión controlada, 150 millones más de personas con acceso a atención de salud mental. Para poder llegar a estos objetivos, la declaración votada define que “al menos el 80% de los países cuenten con medidas políticas, legislativas y fiscales implementadas, y que un porcentaje similar de centros de atención primaria tengan acceso a medicamentos y tecnologías esenciales asequibles” Además, insta a los países a asegurar financiamiento adecuado, mediante mayor financiación interna y cooperación internacional reforzada. Además, posiciona a las enfermedades no transmisibles y la salud mental como pilares centrales para “el desarrollo sostenible y la justicia social”. El documento de resolución desarrolla que las enfermedades no transmisibles en su conjunto causan más de 43 millones de muertes al año, 18 millones de las cuales son prematuras (antes de los 70 años) y abarcan las enfermedades cardiovasculares (responsables de la mayor proporción de esas muertes), las enfermedades oncológicas, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas. Además, menciona que hay 1.300 millones de adultos con hipertensión de los cuáles uno de cada cinco la tiene controlada; hay 800 millones de adultos con diabetes; una de cada cinco personas presenta cáncer en algún momento de la vida y se registran 20 millones de nuevos casos por año, de los cuales 400.000 corresponden a niños. Agrega que 3.700 millones de personas presentan afecciones bucodentales. A su vez, 674 millones de personas padecen nefropatía crónica y más de 300 millones de personas tienen alguna enfermedad rara. Y afirma que las afecciones de salud mental, como la ansiedad, la depresión y la psicosis, afectan a cerca de mil millones de personas en todo el mundo y en ocasiones coexisten e interactúan con otras afecciones neurológicas, como la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia, las secuelas de los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad de Parkinson, la epilepsia y otras enfermedades no transmisibles, así como el abuso de sustancias, y que el suicidio es la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años. La declaración, puramente declarativa, tuvo 175 votos a favor y sólo dos en contra. El boletín informativo de la ONU ubica como principal motivo del rechazo de Estados Unidos y Argentina a que “la declaración incorpora el derecho a la salud sexual y reproductiva y la necesidad de adoptar una perspectiva que aborde el hecho de que las mujeres soportan la carga de las enfermedades no transmisibles por duplicado debido a su papel como cuidadoras”. Tanto Trump como Milei son férreos opositores de la línea que ellos denominan “woke” y atacan el derecho al aborto, han cerrado programas de prevención de embarazo adolescente como el plan ENIA en Argentina y llevan adelante una línea fascista en contra de las mujeres y las disidencias sexuales. Pero, además, la resolución reconoce a la Organización Mundial de la Salud como autoridad rectora y coordinadora de la labor internacional en materia de salud. También reconoce “su labor normativa y de fijación de normas, la prestación de cooperación técnica, asistencia y asesoramiento sobre políticas, y la promoción de alianzas y diálogos multisectoriales y multipartitos”, algo que los gobiernos de ambos países rechazaron con su salida de la OMS. Esta negativa es otra demostración por parte de ambos gobiernos de su alianza política en materia de salud, que apunta a la privatización del sistema sanitario, amparado en discursos antivacunas. En ambos países avanzan los recortes, cierres de programas y despidos, despojando a cada vez más personas del acceso a la atención de la salud. Ni hablar de la crisis al interior de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) impulsada por Kennedy, para instalar funcionarios afines que defienden argumentos antivacunas. Cabe agregar que la situación en cuanto a la salud mental en Argentina es alarmante. Los últimos reportes estadísticos confirman que el país contabilizó 4.249 casos en 2024, según el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad. Según la OMS, la tasa local se ubica aproximadamente en nueve muertes por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio global oscila cerca de los 8,2 casos. El suicidio, con un caso cada dos horas en 2024, es hoy la principal causa de muerte violenta, dejando en el segundo lugar a los siniestros viales y desplazó a las muertes por homicidio a la tercera posición. Estamos ante un tema que debe ser atendido de forma urgente. Por otro lado, la votación de una declaración conjunta por parte de gobiernos capitalistas no garantiza que los objetivos sean cumplidos ni que efectivamente se implementen medidas inmediatas para la prevención y la promoción de la salud, dado a que las enfermedades no transmisibles afectan de forma desproporcionada a los habitantes de países de ingreso bajo y mediano, donde se producen casi las tres cuartas partes de las muertes por ENT en el mundo (32 millones), de acuerdo a los datos proporcionados por la misma OMS. Es decir, la desigualdad social es uno de los factores determinantes en la misma, y, por ende, una intervención integral debe apuntar a su erradicación. La tendencia a la privatización de la salud es una tendencia mundial, así como la proliferación de enfermedades, estrechamente vinculada con la descomposición del sistema capitalista que exprime al máximo a los trabajadores y el medio ambiente en función de aumentar las ganancias.

El gobierno liberticida logró una votación a favor del proyecto de Presupuesto 2026 y de Inocencia Fiscal, en la Cámara de Diputados, pero en contrapartida sufrió una dura derrota al no poder efectivizar que se derogaran las leyes de Emergencia en Discapacidad y la del Financiamiento Universitario, cuyo veto fue rechazado por el Congreso anterior. La sesión de Diputados también truncó el plan del gobierno de darle un tratamiento exprés a las “reformas” que quieren introducir los libertarios, o sea sin pasar por las comisiones. Estas derrotas son interpretadas como un fuerte golpe para la dupla Karina Milei y Martín Menem, quienes estuvieron a la cabeza de las negociaciones para darle mayor contundencia al ajuste fiscal y a la reducción del Estado. Durante los dos primeros años de gobierno de Milei, los liberticidas gobernaron prorrogando los presupuestos previos –una facultad constitucional- y disponiendo de facultades delegadas otorgadas por el Congreso, para llevar adelante un uso discrecional de las partidas. Después de más de 10 horas de debate el gobierno logró aprobar la ley de leyes con 132 votos afirmativos (LLA, PRO, UCR, MID y los bloques provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, San Juan y Catamarca), 97 por la negativa (Fuerza Patria, FITU, Encuentro Federal y Marcela Pagano, la ex libertaria que integra el bloque País Federal) y 19 abstenciones (Provincias Unidas y Coalición Cívica). Al darse vuelta algunos aliados, la nafta no le alcanzó para que se derogue el capítulo 11 y más precisamente el artículo 75 del mismo, que plantea la derogación de las leyes de financiamiento en discapacidad y universitario, con 123 votos negativos contra 117 positivos y dos abstenciones. Según fuentes periodísticas, Milei estaría dispuesto a vetar su propio Proyecto de Presupuesto y volver a las prórrogas –algo improbable. La inesperada derrota se debió a los votos negativos de los diputados de Tucumán (dos de tres), Catamarca (los tres), Neuquén (Karina Maureria), el salteño Bernardo Biella y el radical correntino Diógenes González, mientras que legisladores de la UCR, Gerardo Cipollini y Darío Schneider, se abstuvieron y se sumaron las ausencias de Oscar Zago y Eduardo Falcone del MID (Letra P, 18/12). O sea que se rompió la mayoría parlamentaria del oficialismo. Una rebelión en el proyecto de escribanía. Pablo Juliano de Provincias Unidas manifestó que “el último mes repartieron 66 mil millones de pesos. Se la dieron a los que mandaron al arco como Osvaldo Jaldo (Tucumán), que recibió 20 mil millones de pesos para aprobar el Presupuesto. A Jalil le están dando 10.500 millones por mes" (Ídem). Los “esfuerzos” libertarios para comprar voluntades llevó al presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, antes de la votación en general, a formular dos reformas: por un lado, habilitó un fondo especial de $21.347 millones a la "Jurisdicción 5 del Poder Judicial" y por el otro, “facultó al jefe de Gabinete a aumentar la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.” Pero las reformas introducidas por Benegas Lynch fueron a parar al capítulo 11 y automáticamente se cayeron. Otro de los puntos fundamentales para el gobierno era el de blanqueo de capitales. Con 130 votos a favor y 107 en contra el gobierno logró que se vote afirmativamente “la modificación del Régimen Penal Tributario, que actualiza los montos que se precisan declarar para evitar ser considerados delitos de evasión tributaria, llevando el piso de $1,5 millones a $100 millones y priorizando la intervención penal en casos de mayores sumas. La iniciativa, que lleva el nombre de Presunción de Inocencia Fiscal, también garantiza una declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias en el que el organismo auditor presupone lícitos los activos patrimoniales” (Ámbito, 18/12). Avanzando en el desarrollo de la sesión, el presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, puso sobre la mesa la designación de los tres miembros para la Auditoria General de la Nación (AGN). La designación de Mónica Almada (LLA), a Juan Forlón (Fuerza Patria) y Pamela Calletti (representantes de las provincias), terminó crispando a Cristian Ritondo, que buscaba uno de los tres lugares para el PRO, Aseveró "que la falta de códigos y de respeto a los compromisos asumidos corren por cuenta de La Libertad Avanza y por quien preside esta Cámara", anunciando un resquebrajamiento entre “republicanos” y “libertarios”. A continuación, los bloques de PU, PRO, UCR y FITU se retiraron del recinto. Los que se quedaron sentados, básicamente peronistas, libertarios y provincialistas, votaron a mano alzada a los nuevos miembros de la AGN, quienes, entrada la madrugada, juraron en la misma sesión. La maniobra fue urdida por Martín Menem quien pactó con el kirchnerismo e Innovación Federal (Salta y Misiones). Ritondo y el PRO en su conjunto, podrían enarbolar una de las frases predilectas del presidente: “Roma no paga traidores”. La cuestión del Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal Monetaria que prohíbe el déficit fiscal y la emisión monetaria sin respaldo, con penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación para funcionarios que dicten normas que incrementen el Presupuesto sin recursos acreditados, se cayó por la falta de quórum. Algo más inconstitucional no se consigue. El oficialismo tampoco logró progresar en otro de los puntos: la eliminación de ajuste automático por inflación (medida por el INDEC libertario) de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares por inflación, incluidas en el artículo 70 del caído capítulo 11. Lo que estuvo ausente en las más de 10 horas de sesión es el tratamiento de la deuda pública, nada menos. Es un aval de hecho a las deudas que tome Caputo para pagar los vencimientos de deuda del año, sea externa como interna. El Congreso renuncia a ejercer una obligación constitucional, lo cual pone por encima de él al Banco Central y al Tesoro. Milei y Caputo necesitan afrontar vencimientos de deuda ‘soberana’ de 2026 y 2027 - entre 35.000 y 52.000 millones de dólares, según quién la calcule. Diputados ha delegado el verdadero poder político en la camarilla de Caputo, o sea del tesorero Bessent y el JP Morgan. La libertad política se ha ido al carajo.

Las últimas columnas de manifestantes que ingresaban al perímetro de la Plaza de Mayo en la tarde del miércoles 18 para asistir al acto de la CGT se encontraron con una sorpresa: el acto ya había terminado. Pasadas las 15.30, la hora en que recién se completaba la concurrencia, los nuevos “triunviros” de la burocracia sindical ya habían dicho lo que tenían que decir. Después del acto express, la Plaza se desocupó rápidamente sin mayores inconvenientes: no había demasiado para desconcentrar. La marcha en día laborable solamente movilizó al aparato de los sindicatos, y en algunos casos ni eso. Por las dos diagonales podía avanzarse sin obstáculos. En la Avenida de Mayo, donde Kicillof y los intendentes amenazaron copar la parada, apenas se veían puñados de militantes de La Cámpora o de los municipios. A diferencia de las grandes movilizaciones independientes del año pasado y de este año, que colmaron todas las avenidas y calles aledañas a la Plaza, la acción de la burocracia sindical se contentó con llenar el perímetro que va desde el Cabildo a la Pirámide de Mayo. La Diagonal Norte sólo tuvo presencia por las columnas de la CTA y diversas izquierdas. Los breves discursos de los triunviros no podían ser más sinceros: “si el gobierno insiste con la reforma”, dijo Sola del sindicato del Seguro (como si dudara de ello), “ vamos a terminar (sic) convocando a un paro”. La burocracia no va a interferir en la aprobación de la reforma fascista. En el documento que leyó en la Plaza, la CGT reclamó por los que “hoy trabajan en la informalidad”, para quienes pidió “protección social” y “registración laboral”. No puede haber mejor definición del monotributismo, que consiste precisamente en registrar como “emprendedor” al trabajador sin derechos, desconociendo la relación de dependencia, y obligarlo a pagarse él mismo sus cargas sociales. Es una confesión de que la burocracia sindical se encuentra plenamente en el campo de la contrarreforma, como también lo está el pejotakirchnerismo. El combate contra la informalidad le cabe a los sindicatos, que deberían paralizar a las empresas con trabajadores en negro. Mientras la CGT despachaba su “brindis de fin de año” en la Plaza, el Senado dilataba hasta febrero el tratamiento de la contrarreforma. El “aplazamiento de la ejecución”, naturalmente, no se debe a nada que hayan hecho los burócratas. Los liberticidas deben reconstruir repartos políticos que quedaron alterados por la derrota en discapacidad y universidad, y por la designación de los auditores. La contrarreforma, en cualquier caso, obtendrá dictamen de comisión antes de fin de año. La CGT y el pejotakirchnerismo sólo están en disputas palaciegas. El acto anodino de esta tarde fue acompañado por el reclamo que le hizo el FITU y sindicatos que marcharon con él, de un plan de lucha. Los trabajadores que están palpitando luchas encarnizadas por el salario y contra los despidos -como en Fate, Siderca o los colectiveros de Quilmes, miraron con desconfianza esta acción de aparato de la burocracia sindical. “Política Obrera” marchó este miércoles con la bandera del rechazo a la contrarreforma fascista y por una huelga general.

En las horas previas a la marcha de hoy, la sucesora de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad anunció que aplicarían el protocolo antipiquetes. La abrumadora presencia de efectivos de la Federal y de la Policía de la Ciudad demostró desde temprano esa disposición. Pero lo que tenían preparado los esbirros del gobierno era algo peor: un despliegue de provocaciones y actos sorpresivos de violencia policial. Nuestra columna soportó esta arbitrariedad al comienzo y al final de la jornada. Cuando estábamos concentrando, en Bernardo de Irigoyen y Rivadavia, lugar donde Política Obrera y otras organizaciones había permanecido durante un buen rato, súbitamente la policía se arrojó sobre nuestra columna al grito de “A la vereda”. Con palos y gases, comenzaron a arremeter contra nuestros compañeros. La “orden”, en cambio, no regía en la cuadra siguiente, donde nos desplegamos en toda la longitud de la calle. A la salida de la marcha, cuando pretendíamos hacer un acto, fuimos objeto de un hostigamiento permanente por parte de la Policía de la Ciudad. “Recibimos la orden de que no se produzcan nuevas concentraciones”, nos dijeron, incluso cuando nos encontrábamos al interior de la Plaza de la República. Típica manifestación de un Estado policial. Finalmente, concretamos nuestra intervención política en medio de un enorme operativo policial, frente a la comisaría de Diagonal Norte y Cerrito. El gobierno va por una cárcel en los lugares de trabajo y por un régimen carcelario en la calle y en los barrios.

La “topadora” libertaria, que amenazaba cerrar el año con presupuesto, blanqueo y reforma laboral aprobados, se ha topado en cambio con un obstáculo al interior de sus propias filas. Diputados no aprobó la derogación de las leyes universitaria y de discapacidad junto a varios otros puntos cruciales; por otra parte, una ley de características anuales no puede derogar leyes de alcance mayor La amenaza de Milei de vetar su propia “ley de leyes” hubiera sido el colmo del absurdo, porque no cambiaría en nada los resultados de la votación. Pero el fracaso sembró la sospecha de que había quedado en riesgo la aprobación de la contrarreforma laboral, debido a la ruptura de pactos previos. La pieza grande del oficialismo y de los capitanes de la industria quedó para ser tratada en febrero. Para ese momento harán su ingreso otros factores de crisis, como el financiamiento para pagar los vencimientos de la deuda externa. Un recordatorio de que el voto popular no tiene la capacidad para resolver las contradicciones del capitalismo. “Capítulo 11” El rechazo a la derogación de las leyes de discapacidad y financiamiento universitario se llevó puestas a varias otras resoluciones que Milei-Caputo quisieron meter en el presupuesto 2026. Por un lado, la derogación de los subsidios tarifarios a las zonas frías del país Por el otro, el congelamiento de las asignaciones familiares, el único rubro del gasto social que venía indexándose desde diciembre de 2023. Los “campeones de la austeridad fiscal” también habían incluido un pago a Edesur y Edenor del orden de los 3.000 millones de dólares, ‘en compensación’ por congelamientos tarifarios anteriores. Edenor pertenece a Vila, Manzano y Filiberti, un empresario largamente vinculado a Massa. Otra compensación de este tipo se le asignaba al estado macrista de la Ciudad de Buenos Aires, por quitas en la coparticipación. Como se ve, la decisión de votar en bloque, al impedir hacerlo por artículo, encerraba una confiscación social perfectamente calibrada. En realidad, todo el presupuesto de Milei sigue una misma lógica: por un lado, reducciones de impuestos al capital; por el otro, recortes a la salud, a la educación, a los salarios, a la obra pública. La misma “reforma laboral” contrabandea otras medidas ajenas al empleo: por ejemplo, reducciones importantes en el impuesto a las Ganancias de las sociedades. Como es un impuesto coparticipable, este cambio implica una merma del orden de los 1.500 millones de dólares anuales para las provincias. Los socios regionales del ajuste le exigen al gobierno garantías de que esta merma será compensada con otras partidas. En los días previos al tratamiento del presupuesto, el gobierno repartió 50 millones de dólares por Aportes del Tesoro a Tucumán, Catamarca, Salta y Misiones. Pero según La Nación (19/12), estos gobernadores “no cobraron lo que pretendían”. En el oficialismo, los ‘justicialistas’ del Norte forman parte de una pandilla que dirige Martín Menem, con aspiraciones a gobernar La Rioja. Como en el delito organizado, cada uno se reserva su zona de influencia. Kirchnerismo A los desaguisados oficiales, se ha sumado, precisamente, el pacto entre Martín Menem y Máximo Kirchner para la designación de los Auditores Generales de la Nación, con la inclusión de un cristinista declarado en el puesto que habían reclamado Macri y Cristian Ritondo, el jefe de la bancada PRO. El acuerdo es trascendente, por su relación con las negociaciones acerca de la Corte Suprema y los centenares de vacantes en la Justicia. Esta discusión ampliada es decisiva para el futuro penal de Cristina Kirchner. En las elecciones de octubre, la expresidenta auspició las listas encabezadas por el círculo del Norte –Jaldo, Jalil, Sáenz- y otros gobernadores. Las tratativas con el peronismo por la Auditoría y la Justicia anticipan también los acuerdos que se vienen por la reforma laboral. Patricia Bullrich anticipó en el Senado que el dictamen aprobado ayer estaba “abierto a modificaciones”. Scott Bessent exit La crisis de estas horas deja varias enseñanzas políticas. Por un lado, ha sacado a la luz los vasos comunicantes que unen al gobierno antiobrero y represivo con el conjunto de los partidos capitalistas, incluso y principalmente con el “nacional y popular” peronismo de todos los matices. Cuando se anunció la reforma laboral, dijimos en estas páginas que asistíamos a una tentativa de “cambio de régimen” bajo la forma de una ley que deroga el derecho laboral como tal. La otra bomba de tiempo -la deuda pública- fue simplemente ignorada por el Congreso (así como las privatizaciones), cuando ella es la hipoteca sin rivales con que carga el Tesoro. El manejo de la deuda (endeudamiento para pagar vencimientos y el otorgamiento de garantías patrimoniales) en forma exclusiva por el Poder Ejecutivo, violenta todo el régimen constitucional. El Presupuesto 2026 ignora el cálculo de gastos y recursos financieros; es un papel mojado. En cuanto a las leyes de financiamiento universitario y discapacidad, Milei seguirá desconociéndolas como lo ha hecho hasta ahora; lo mismo con los fallos judiciales que lo reclamen, como han hecho los Kirchner y los Macri hasta el cansancio. El interrogante es si Milei ingresó en la “comezón” del tercer año de gobierno, como le ocurrió a Macri-Caputo-Sturzenegger, en 2018, y a CFK en 2008, 2014 y finalmente 2021. En todas estas ‘comezones’, la abultada deuda pública jugó un rol fatal. Scott Bessent, el tesorero norteamericano, se ha retirado del respaldo (“backstop”) a Caputo y le tiró el fardo a Kristalina Georgieva.

Los modelos de lenguaje (LLMs, por sus siglas en inglés) pegaron un salto cualitativo en 2022, cuando Open AI lanzó ChatGPT 3.5, que demostraba capacidades de colocar información en un contexto; por esta habilidad se los llama “inteligencias artificiales”. Los siguientes saltos en esta área fueron dados por Antropic (con su modelo Claude) y Google (con Gemini), entre los más destacables. Estos, los grandes modelos de lenguaje (LLMs), son una realidad gracias a una infraestructura desarrollada por el capital: la construcción de centros de datos masivos para la recopilación y organización de información. El conocimiento teórico que hizo posible su desarrollo tiene un siglo de antigüedad [1]. Sin embargo, la necesidad de procesar los vastos datos generados por sensores industriales, transacciones comerciales, la planificación de la producción de monopolios y la logística del comercio marítimo impulsó a gigantes como Google, Amazon y Microsoft a crear "ciudades de silicio" -centros de almacenamiento y cómputo de escala monumental-. Fue sobre esta base de recursos materiales que se pudieron fabricar los modelos que hoy dominan el panorama. A partir de 2022, entonces, se genera una espiral. Los nuevos centros de datos no son construidos para el almacenamiento, sino para el entrenamiento de LLMs. Las empresas nuevas cómo OpenAI y Antropic son adquiridas o manejadas -a partir de inversión y, por lo tanto, control en los proyectos- por grandes monopolios tecnológicos: Meta (Facebook), Google, Microsoft, Amazon. Todas necesitan de un hardware especializado, fabricado por NVIDIA, las llamadas GPUs [2] y TPUs: de esta forma se convirtió en la empresa más valuada en el mercado de acciones, en todo el mundo. De conjunto, las empresas relacionadas a la “Inteligencia Artificial”, corresponden al 35 % del S&P 500, y son el principal motor del crecimiento (y sostén) de este índice en los últimos años. Este conglomerado tecnológico se bate a muerte por el control de dos mercados: el de uso “personal” -generalmente de profesiones liberales- y el de carácter empresarial, bajo la automatización de tareas repetitivas, particularmente de “oficina”. La pelea utiliza toda la munición que disponen, pero particularmente el uso de dumping : la venta del servicio a un precio que apenas costea (y en algunos casos ni siquiera) la reproducción de la tecnología. Esta guerra comercial al interior del imperialismo norteamericano no se puede pagar con el retorno de suministrar modelos. Por lo tanto, a través de una ingeniería financiera, comenzaron a invertir circularmente el excedente de liquidez, que lograron juntar en el período anterior, inflando los balances de cuentas. La operación puede resumirse de la siguiente forma: Nvidia, Microsoft, Google y Amazon invierten en “startups” cómo OpenAI y Antropic. Éstas, a su vez, vuelven a invertir en la construcción de centros de datos, que adquieren maquinaria de Nvidia. De esta forma logran “dibujar” balances, aumentando las ventas y el valor de las máquinas adquiridas. Para agregar leña al fuego, Oracle -proveedora de software de bases de datos en data centers - ha entrado en peligro de defoltear su deuda con acreedores (no pagar obligaciones negociables), a partir de la falta de retorno de sus inversiones. Esta maquinaria ha comenzado a ser alimentada por el gobierno de los Estados Unidos. Trump ha anunciado paquetes de inversión que llegan a los 500 mil millones de dólares (casi la totalidad de la deuda Argentina). Ocurre que la guerra está metida hasta el hueso en este conflicto. En términos comerciales, China empuja el desarrollo de DeepSeek y Alibaba Qwen con precios irrisorios, incluso “gratuitos” [3], cooptando a los clientes industriales y empresariales de Microsoft, Amazon y Google. En términos militares hemos vivido la experiencia, tanto del frente Ucrania-Rusia cómo del genocidio palestino: planificación de bombardeos, detección de bases militares, enjambres de drones antitanque. El desarrollo de los acontecimientos sigue, entonces, dos corrientes principales. La crisis del imperialismo norteamericano, la crisis de deuda, y la pelea entre las “Big Tech” para la conquista de mercados. Atada a esta pelea tenemos la guerra con China, por lo tanto de la invasión a Venezuela, Rusia y el control de Medio Oriente. De esta dinámica depende la explosión de la burbuja, particularmente de la capacidad de Estados Unidos de mantener un flujo de dinero a la inversión circular. En el mundo del trabajo, esto tiene varias aristas. El trabajo repetitivo de “oficinista”, pasar datos de fotos y documentos a tablas y bases de datos, y demás cuestiones, ya alcanzó su pico de automatización hace media década, y el costo de los modelos nuevos no aporta una mejora sustancial. El aumento en la productividad se verá en los profesionales de mayor capacitación, particularmente programadores e investigadores. Es claro que, en términos generales, la automatización del trabajo más calificado aumentará la productividad de cada obrero, por lo tanto agravando todas las contradicciones. El efecto inmediato será un aumento de las horas de trabajo, a partir de los despidos y la adecuación tecnológica, acompañados de una reducción del salario -a partir de la inflación o de la necesidad de pagar crédito-. Se profundizarán las luchas para defender la jornada laboral de ocho horas y el salario igual a la canasta familiar; pero sólo a través de una producción planificada de los trabajadores, un gobierno socialista, podrían hacer uso de una tecnología que plantea la ampliación del tiempo libre, y la libertad de desarrollar nuestra capacidad creativa plenamente. La construcción de un partido que luche por el gobierno obrero es la forma de conseguirlo. Notas: [1] Las cadenas de Markov -un científico socialista- una estructura matemática en la base de los modelos actuales, fue descubierta a partir de un debate sobre el libre albedrío con matemáticos zaristas, en pleno auge de los soviets, entre 1902 y 1907. [2] Graphic Processor Units, originalmente usadas para renderizado de películas en 3D y videojuegos, fueron utilizadas por su capacidad de aplicar operaciones matriciales y vectoriales en paralelo, de forma ágil. El nombre es una herencia histórica, su funcionalidad ha cambiado bastante. [3] “Gratuitos” refiere a que pueden ser ejecutados sin pedir permiso a la empresa que los fabricó. El término “código abierto” no sería del todo correcto, si bien la información para replicarlo es pública.

La jornada contra la reforma laboral tuvo dos marchas en Tucumán. Una convocada por la CGT regional durante la mañana y otra en horarios de la tarde en la que participaron las izquierdas, PCR, ADIUNT, sectores estudiantiles y de jubilados. En ambas, el gobierno de Jaldo desplegó su aparato represivo. La marcha de la CGT regional fue anunciada apenas dos días antes y sólo apuntó a los aparatos de los sindicatos ya que en ningún caso se llamó a paro. Sectores como la CTA, el MTE, el PCR y el PTS convocaron a ambas movilizaciones. En la plaza se juntaron alrededor de 4.000 personas y los discursos como en Plaza de Mayo fueron breves y prácticamente no se escucharon y desde ya ninguna alusión a Jaldo, el aliado peronista de Milei para sacar adelante la Reforma laboral. La movilización de la tarde, que reunió alrededor de 2.500 asistentes, tuvo la virtud de hacer el acto con radio abierta, lo que posibilitó que se escuchen los distintos planteos. En las reuniones de coordinación el FITU quiso imponer su orientación en la convocatoria: el reclamo de paro y plan de lucha a la CGT y a la burocracia sindical. Su acción de aparato no tuvo efecto porque el resto de las fuerzas participó con su orientación. En la convocatoria de la tarde se destacó ADIUNT, sindicato que constituye una referencia en los medios por su carácter combativo. De esta manera, en la mayoría de las notas se lo presentaba como el motor de la iniciativa. En la marcha se destacó la columna y el discurso. Ariel Osatinsky, su orador, llamó a los trabajadores a tomar la iniciativa, a confiar en sus propias fuerzas y no esperar nada del congreso ni de la burocracia sindical, que sólo salió a marchar para asegurar sus cajas. Planteó que hay organizar la huelga general y que en las Universidades hay que preparar el no inicio hasta derrotar al gobierno liberticida. Desde Política Obrera participamos de las reuniones de preparación marcando el carácter fascista de la contrarreforma que impulsa Milei y nos delimitamos del seguidismo del FITU a la burocracia sindical y al parlamento. En el discurso en la plaza vinculamos la avanzada de Milei con la política de Trump de intervención en Venezuela y América Latina y la guerra en Medio Oriente. Daniel Blanco, en el cierre del discurso, planteó la importancia de ganar tiempo hasta el tratamiento de la reforma en febrero para explicar en reuniones y asambleas el carácter fascista de los proyectos que impulsa el gobierno libertario y el intento de imponer un régimen carcelario en los lugares de trabajo, en los barrios y en toda la vida social. Destaco que no se puede poner un gramo de confianza en la burocracia sindical, que como ocurrió en la historia del país, las huelgas generales emergieron desde abajo pasando por encima de las burocracias, y en ese sentido, promover una profunda deliberación y la preparación de las acciones de lucha que abran el camino de la huelga general. ¡No hay tiempo que perder!

Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado aprobaron este martes el dictamen del proyecto que propone modificaciones a la Ley de Glaciares (Ley 26.639). El debate en el recinto quedó previsto para el próximo 10 de febrero, en el marco de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias. Según sus defensores, el proyecto apunta a redefinir los alcances de la Ley actual, otorgando a las provincias la facultad de determinar con precisión qué áreas son consideradas como ambiente periglacial. Sostienen, desde el gobierno, que esta descentralización busca dotar de mayor certeza jurídica a las inversiones y permitir el avance de iniciativas mineras y de hidrocarburos que actualmente se encuentran paralizadas por las restricciones de la norma. Actualmente, la norma en vigencia obliga tanto al Estado nacional como a los provinciales a proteger a todos los tipos de glaciares. Sin embargo, la modificación habilitaría el uso de estos, si es que no se pone en riesgo una reserva estratégica de agua. Participaron del evento en el Congreso representantes de organizaciones ambientales, del sector científico, del ámbito empresario minero y los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil, quienes cerraron el debate político antes de la firma del dictamen. Los glaciares Lo que está en discusión es si se va a mantener la protección de un territorio que apenas ocupa una superficie del 1 % de la cordillera, cuando el otro 99 % está liberado para las más diversas explotaciones mineras, salvo por restricciones que plantean las leyes nacionales o en algunos casos, como la ley 7.722 de Mendoza, provinciales. Según el primer informe del Inventario Nacional de Glaciares que se presentó en 2018, en Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie, es cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados. La inmensa mayoría se encuentra en la Cordillera de los Andes y solo 890 en las Islas del Atlántico Sur. El inventario relevó sólo glaciares mayores a una hectárea y, dentro del ambiente periglacial, únicamente a los glaciares de escombros (cuerpos de hielo cubiertos por fragmentos de roca) porque son los que pueden identificarse mediante imágenes satelitales y verificación en campo. Doce provincias argentinas tienen glaciares en su territorio: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Según el Inventario Nacional de Glaciares publicado en 2018 por el IANIGLIA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), los 5.769 km² de glaciares andinos inventariados (es decir, excluyendo las Georgias y Sandwich) representan el 0,21 % del total del territorio argentino en el continente americano. A eso cabe sumar la gran superficie del ambiente periglacial correspondiente a la definición de la Ley, y que incluye no solo glaciares de escombros, sino también el permafrost (suelos congelados) El Magíster Silvio Pastore, coordinador del gabinete de Geología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), alertó, semanas atrás, sobre la dinámica glaciar y la velocidad del deterioro a causa del clima. “En tan solo cinco años, la provincia de San Juan, ha perdido más del 50 % del volumen de hielo del ambiente glaciar de la cordillera debido al clima actual, un fenómeno que es sumamente alarmante en tiempos geológicos”, indicó. Por su lado, Lucas Ruiz, doctor en Ciencias Geológicas que se ha desempeñado en el IANIGLA y CONICET, aclaró que la norma actual de la ley de glaciares no protege toda la zona periglaciar, sino solo las reservas de agua en estado sólido, que incluyen glaciares descubiertos y glaciares de escombros: “Lo que protege la ley periglacial es el hielo, la reserva de agua en estado sólido”. Y recordó que el inventario nacional de glaciares existe desde 2018, pero su actualización cada 5 años está prácticamente detenida: “Lamentablemente, este último gobierno ha desfinanciado a la comunidad científica y hoy en día es una tarea titánica por la falta de recursos”. “Gobierno glaciarticida” Durante el encuentro, las organizaciones ambientales expresaron fuertes objeciones a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advirtió que el proyecto introduce cambios “por vía de la interpretación” que, a su entender, alteran el espíritu original de la ley y el esquema constitucional vigente Desde el ámbito científico, Pablo Villagra, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), defendió el Inventario Nacional de Glaciares, concluido en 2018 y reconocido internacionalmente, al señalar que no presenta errores significativos y que actualmente se encuentra en proceso de actualización. Otros especialistas remarcaron la complejidad de los ecosistemas glaciares y alertaron sobre los riesgos de una eventual flexibilización normativa. Las posiciones más críticas llegaron desde el ámbito jurídico ambiental. Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, calificó el debate como “un proceso exprés nunca visto” y advirtió que el proyecto, de avanzar, podría incrementar la inseguridad jurídica y derivar en nuevos conflictos judiciales. Según varios especialistas y ambientalistas reconocidos, entre ellos el propio Viale, denunciaros que el proyecto del gobierno introduce cambios estructurales que alteran por completo la letra y el espíritu de la ley vigente. Por ejemplo, la reforma elimina la protección automática que hoy establece la ley vigente y la reemplaza por un sistema discrecional, por el cual, mediante una simple declaración de una autoridad provincial, un glaciar puede quedar fuera de la protección legal y ser habilitado para actividades extractivas. Por lo cual, todos los glaciares están en peligro, en función de los grandes intereses capitalistas que están en juego. Si un yacimiento se encuentra debajo de un glaciar, con distintas argucias, se podría dar vía libre para que se avance con el emprendimiento. Por otro lado, el proyecto también elimina la prohibición expresa de realizar minería sobre el ambiente periglacial. La Ley de Glaciares actualmente vigente reconoce que glaciares y periglaciares conforman un sistema único, indispensable para la regulación del agua. Desproteger el periglacial implica, en los hechos, permitir la destrucción del glaciar. El ambiente periglaciar no solo contiene glaciares que no vemos a simple vista (glaciares de escombros), sino suelos congelados o permafrost, que son reguladores hídricos, y cuya importancia es crucial en tiempos de cambio climático y estrés hídrico. Pero la ambición de las grandes mineras no permite ningún tipo de límites para su voraz accionar, que pretende llevarse hasta los minerales debajo de estas geoformas, sin importar las consecuencias devastadoras e irreversibles para la población y los ecosistemas. La geóloga Laura Zalazar es la actual coordinadora del Inventario Nacional de Glaciares y sostiene que la protección del ambiente periglacial implica proteger hielo, es decir, agua dulce en estado sólido. Agostina Rossi Serra, especialista en Biodiversidad de Greenpeace Argentina, subrayó que en la Ley General de Ambiente se habla del principio precautorio. “Eso quiere decir que si vos tenés dudas, no podés destruir por precaución”, sostuvo. “El ambiente periglacial está compuesto por glaciares de escombros y distintas geoformas de las cuales una es el suelo congelado. Lo que está en debate es si ese suelo congelado tiene un aporte real o no a las cuencas. Y la respuesta es sí: hay estudios que indican que en años de sequía pueden hacer un aporte de entre 25 y 30 % a los ríos que nacen de la cordillera”, subrayó. Desde diversos sectores también se ha señalado que el proyecto viola el Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional ambiental de América Latina y el Caribe que garantiza acceso a la información ambiental, participación ciudadana en decisiones ambientales y acceso a la justicia, además de proteger a los defensores del ambiente. Argentina lo ratificó en 2020 ¿Federalismo ambiental? La ley de protección de los glaciares sancionada en 2010 apunta a proteger las cuencas hídricas, las cuales presentan una unidad ecológica y funcional, de carácter interprovincial, y por ende no pertenecen a una sola jurisdicción provincial. Por eso, los ambientalistas, plantean que invocar al “federalismo” es un error que puede costarnos muy caro. Las aguas nacen en una provincia, cruzan su territorio y continúan su curso a través de uno o más provincias, regando campos y ciudades, abasteciendo así a diferentes poblaciones. Al tratarse de cuencas interprovinciales, compete también al Estado Nacional el ser garante de la unidad de cuenca, dado que cualquier actuación o determinación legal en la gestión de las aguas afecta a todos los territorios de las distintas provincias por las que estas discurren. El objetivo es así lograr el mejor instrumento para un uso eficiente y sostenible de un recurso escaso y vulnerable, garantizando la solidaridad entre las diferentes provincias, en función de un concepto de territorio nacional. Esto quiere decir que las provincias no pueden disponer de modo exclusivo y discrecional de los recursos hídricos interjurisdiccionales, ya que las cuencas hídricas no admiten potestades provinciales exclusivas y, por ende, compete a toda la nación y al pueblo argentino. Los gobernadores y las cámaras mineras Los gobernadores que integran la Mesa del Litio (Jujuy, Salta y Catamarca) y la Mesa del Cobre (que suma a Mendoza y San Juan) fueron efectivamente impulsores del proyecto. Según Milei, fue idea del gobernador de Mendoza, que acaba de hacer aprobar, en medio de una rebelión popular que aún no se ha disipado, una serie de leyes que favorecen a los grandes intereses mineros de la provincia, afectando cuestiones vitales, como es el agua, de los principales centros poblados de la provincia. Sin embargo, la voz cantante de esta coalición entreguista, que reunió gobernadores peronistas, radicales y provincialistas, la tienen Jalil (Catamarca) y Orrego (San Juan) Una semana, ambos gobernadores estuvieron con Manuel Adorni y Diego Santilli para asegurar su apoyo legislativo tanto en el presupuesto nacional y en especial sobre el proyecto de la Ley de Glaciares. Orrego expresó: "Reafirmé que nuestra provincia debe ser quien tome las determinaciones respecto de los glaciares dentro de su territorio". O sea, Orrego tiene problemas con las impugnaciones judiciales de sectores externos (ambientalistas en especial) a los dictámenes de los organismos sanjuaninos que dependen de él, sobre todo los informes oficiales que determinan las superficies periglaciares para habilitar la explotación de cobre. El caso de Jalil es muy similar, pero el interés del catamarqueño es por los compromisos que está asumiendo para que se concrete la extracción de litio, como el que asumió con el embajador británico que estuvo el martes 25 de noviembre para inspeccionar el proyecto minero de litio llamado Fénix de la empresa Río Tinto, sostenida por capitales ingleses. Todos los gobernadores andinos actúan como voceros políticos de las grandes corporaciones mineras y de las cámaras que los agrupa. Los principales CEO de estas mineras durante todo este tiempo estuvieron haciendo lobby , reuniéndose con Caputo y el propio Milei para que salga adelante la modificación de la ley de Glaciares y además que se prolongue la vigencia del RIGI que vence en el 2026. El cobre, Trump, China y la guerra El país cuenta con 4 de los 12 mayores proyectos del mundo del mineral de mayor potencial de inversión, producción, empleo y generador de divisas, pero hay dudas sobre el alcance de la norma aprobada en 2010. No es casual el reciente repunte del precio del cobre, que la consultora Trading Economics atribuyó, entre otros factores, a la decisión de Donald Trump de expandir la lista de “minerales críticos” para incluir al cobre, que es por lejos el de mayor potencial en cuanto a inversiones, producción, empleo, generación de divisas y aumento de relevancia estratégica para la Argentina. El metal rojo, tercer mineral más comerciado del mundo (detrás del hierro y el aluminio), explica 75 % de las inversiones comprometidas en proyectos ya adheridos al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) y según se informa en diversos medios, el volumen total de inversiones puede estirarse con la incorporación de otros en desarrollo, llevando la inversión solo en cobre a unos USD 30.000 millones, muy por sobre los volúmenes de inversión en otros minerales. Un estudio de la consultora internacional Benchmark Mineral Intelligence precisó además que de los 12 mayores proyectos greenfield (esto es, a construir de cero, no extensión de proyectos previos) de cobre del mundo, 4 están en Argentina, y que 7 de ellos podrían aportar hacia mediados de la próxima década 1,2 millones de toneladas de cobre, lo que de ocurrir colocaría al país como un actor central del aumento de la provisión del mineral más ubicuo de la transición energética y clave en la construcción de centros de datos que alimenten la creciente demanda de la Inteligencia Artificial, como precisó Baskaran. Otro informe de Benchmark precisó que, en la London Metal Exchange, la principal bolsa de metales del mundo, 82 % de los stocks físicos de cobre acumulados pertenecen a China y 14 % a Rusia. No es casual, entonces la decisión de Donald Trump de expandir la lista de “minerales críticos” para incluir al cobre, y quebrar la dependencia de China que apunta a controlar tanto los niveles de producción como de refinación del metal en su territorio. La Ley de Humedales, también en el foco Otro asunto jurídico para la minería es aclarar los alcances de la Ley de Humedales, indispensable para la actividad en los salares de la Puna, donde está la mayor cantidad de litio. La Ley de Humedales lleva una década de debate parlamentario y obtuvo media sanción del Senado en dos ocasiones. Por ahora no está vigente. El objetivo de esa ley es establecer presupuestos mínimos para la protección de ecosistemas (que incluyen a los salares), pero su aprobación sigue pendiente. Las empresas también la ven como una amenaza al desarrollo minero. Es necesaria una lucha de conjunto Frente al avance del Ejecutivo, 25 organizaciones emitieron un comunicado que se tituló “Sin agua no hay desarrollo posible: razones por las cuales la Ley de Glaciares no debe modificarse”. En el texto, plantearon que “cualquier intento de retroceder en la protección y conservación del ambiente debe ser considerado ilegal e inconstitucional”. El gobierno ha desatado una ofensiva reaccionaria de contenido fascista con la contrarreforma laboral, los cambios tributarios, el presupuesto, la nueva ley penal, y también con la ley de glaciares. Ellos se unen para una ofensiva de conjunto contra los trabajadores y los sectores populares. La respuesta debe ser similar: se deben integrar los reclamos de todos los sectores y por medio de autoconvocatorias y coordinaciones, abrir paso a una lucha de conjunto, la huelga general con movilizaciones de masas para tirar abajo a todos estos proyectos reacciones y al gobierno y al régimen político que los impulsa.

Donald Trump anunció el bloqueo de todos los buques sancionados que vayan o vengan de Venezuela, lo que significa que plantea seguir robando el petróleo de ese país que es trasladado a través de aguas internacionales. El primer atraco de este tipo fue sobre un buque iraní cargado con 2 millones de barriles de petróleo venezolano que iba con destino a Cuba, no por casualidad. Venezuela sigue abasteciendo de combustible a la isla, pero gran parte de ese petróleo el régimen cubano lo desvía a China para intercambiarlo por otros bienes que precisa el país. Uno de los objetivos principales de esta parte del operativo sobre Venezuela es, justamente, ajustar la horca sobre el pueblo cubano, culpable de haber hecho una revolución hace 66 años para luego declararla socialista en las narices de Miami. Dan Restrepo -el director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama- pronosticó que las acciones militares estadounidenses en las Américas no estarán limitadas a Venezuela y que, por lo menos para el secretario de Estado Marco Rubio, el objetivo de la presión contra Venezuela es lograr que ese país suspenda la asistencia que otorga a Cuba (La Jornada, 18/12). A Trump ni siquiera le preocupa respetar una línea argumental y ahora dice sin reparos que el bloqueo naval a Venezuela continuará hasta que Washington logre tomar el control del petróleo de ese país. El problema del narcotráfico pasó a un segundo lugar, a pesar de que hace solo unos días declaró al fentanilo como un “arma de destrucción masiva”. Trump declaró: “Recuerden que ellos nos quitaron todos nuestros derechos de energía. Tomaron todo nuestro petróleo no hace tanto y lo queremos de regreso”. Repitió que “tomaron nuestros derechos de petróleo, teníamos mucho petróleo ahí. Echaron a nuestras empresas. Y lo queremos de regreso”. Las declaraciones de Trump son tan vagas que no sabemos si se refiere a la nacionalización del petróleo en 1976 o a la expropiación de las empresas que hizo Hugo Chávez. En cualquiera de los dos casos, a las empresas se las indemnizó fuertemente, tanto en 1976, cuando se creó PDVSA, que pasó a controlar toda la cadena del sector, como en 2007, cuando las empresas que no aceptaron las condiciones de Chávez se fueron del país. Aún hoy, la única empresa que opera y tiene pretensiones de quedarse en Venezuela es Chevron, aun si es derrocado Maduro. La que sí expropió sin resarcimiento fue la justicia norteamericana a la misma Venezuela, quitándole su mayor activo en el exterior, la petrolera CITGO. El fallo fue posible gracias al “patrocinio legal” del abogado que el gobierno yanqui pagó para que represente al presidente títere Juan Guaidó. Clarines de guerra Este miércoles fracasó en Estados Unidos un intento de la Cámara Baja de votar una prohibición de utilizar fuerza bélica contra Venezuela sin aprobación del Congreso, lo que debería considerarse una redundancia ya determinada por el primer artículo de la Constitución. La verborragia bélica sube al mismo tiempo que un tercio de los activos navales de Estados Unidos se concentra en el Caribe y varios analistas señalan que toda esta escalada militar se asemeja al escenario previo a la guerra del Golfo. Según fuentes de Tucker Carlson, se esperaba que Trump anunciara una declaración de guerra en estos días. El exdirector de política para América Latina de la Casa Blanca de Obama también pronosticó que la presión del gobierno de Trump se intensificará contra Colombia y México. Recordó que Trump muchas veces ha mencionado la posibilidad de ataques similares contra objetivos de esos países. “Francamente, creo que ahí es hacia donde nos dirigimos” (ídem). La respuesta de Venezuela Nicolás Maduro ordenó a la Armada escoltar a los buques petroleros, lo que aumenta las posibilidades de un enfrentamiento armado. Ya partieron buques no sancionados por Estados Unidos con derivados del petróleo desde el puerto de José, con escolta militar. Otros cuatro buques “fantasmas” que iban hacia el país sudamericano desviaron su rumbo cuando se conoció el asalto al buque iraní. Desde que comenzó el hostigamiento en el Caribe, este bloqueo naval es el que ha significado el golpe más duro a la economía venezolana. La tasa de inflación se disparó al 556 % en los 12 meses hasta el 17 de diciembre, frente al 219 % a fines de junio y el 45 % en 2024, según un índice semanal compilado por Bloomberg News (Bloomberg, 17/12). El bolívar ha perdido más del 80 % de su valor desde enero. Si bien la economía está dolarizada -se estima que el 90 % de los trabajadores del sector privado gana en dólares-, los venezolanos aún dependen del bolívar para sus compras diarias. Además, hay inflación en dólares y algunos comercios comenzaron a fijar precios en euros, que es un poco más caro. De los 900.000 barriles que produce Venezuela, el 80 % va a China y el 30 % se transporta en barcos sancionados, por lo que el bloqueo de Trump pone en riesgo la economía del país. Los países compradores están en condiciones de pedir mayores descuentos por el peligro que el Comando Sur le implica al comercio con Venezuela, lo que erosiona aún más los ingresos. Hay muchas contradicciones que condicionan las decisiones de Trump. Por un lado, necesita aumentar el flujo de crudo para bajar el precio de los combustibles como ancla antiinflacionaria e incentivo para la producción interna, cuando la extracción yanqui a través del fracking proyecta una desaceleración -cuando no un estancamiento- para 2026. Pero una caída del precio desalienta aún más la inversión en este sector. La sarta de versiones falsas que hace correr Reuters son tan burdas -una negociación entre Trump y Cuba para entregar a Maduro, por ejemplo- que ya no pueden cumplir con la finalidad de engañar a ningún venezolano madurista, sino que parecen orientadas a calmar a los gusanos de Miami que piden sangre para ayer. Y la intervención militar que estos claman a gritos desata la furia de la base MAGA, que no quiere más gastos en guerras. El mismo Trump va a necesitar una guerra al final de su mandato para declarar el estado de excepción y suspender las elecciones, pero quizás le venga bien ahora, cuando lleva 23 elecciones locales derrotado, incluso en Miami y en manos de otra “socialista”. El clima de contienda es el ambiente natural de los fascistas para eliminar todas las garantías, no solo contra los inmigrantes sino contra todos los trabajadores norteamericanos. La escalada bélica del Comando Sur es contra todos los trabajadores de América.

En Argentina, el Sueldo Anual Complementario (conocido como aguinaldo) fue producto de una enorme gesta obrera llevada adelante hace exactamente 80 años, el 20 de diciembre de 1945, bajo el gobierno del General Edelmiro Farrell (surgido del golpe del 4 de junio del año anterior). Anterior a ello, desde principios del siglo XX, el aguinaldo sólo se había cobrado de manera parcial y en algunos sectores minoritarios del movimiento obrero (incluso establecido por ley en algunas provincias sólo para ramas específicas). Puede datarse la extensión del aguinaldo como derecho de toda la clase obrera en la emisión del decreto de 1945 (un año después se convertiría en ley), pero las acciones de lucha del movimiento obrero que llevaron a su promulgación comenzaron antes de esa fecha y, sobre todo, la garantía de su cumplimiento efectivo se logró sólo mediante la acción directa, la huelga general y las ocupaciones de fábricas que sucedieron después. Esto hace del aguinaldo una conquista de la lucha de la clase obrera. Perón había anunciado en un discurso desde el balcón de la Secretaría de Trabajo, que fue transmitido a todo el país a través de la radio, que había dejado “firmado un decreto... que refiere al aumento de los sueldos y salarios, implantación del salario móvil, vital y básico, y la participación en las ganancias [de las empresas]”. Fue el discurso del 9 de octubre, cuando Perón debió renunciar a sus cargos de Vicepresidente, Ministro de Guerra y Secretario de Trabajo y Previsión y fue llevado detenido a la isla Martín García en una acción golpista de una fracción de los militares y los partidos civiles opositores con el apoyo de la embajada norteamericana. El decreto nunca se implementó. El interés de los trabajadores por la medida que había quedado postergada se volvió febril, al punto de que era “materia de las conversaciones cotidianas de centenares de miles de trabajadores durante noviembre y diciembre”, según Félix Luna en su libro “El 45”. “La presión gremial se fue acentuando en el mes de noviembre y el 11 de diciembre se organizó en Plaza de Mayo un acto instrumentado por la CGT y la Federación de Empleados de Comercio, instando a su pronta sanción. Hablaron Silvio Pontieri y Ángel Borlenghi, que puntualizaron la necesidad de hacer realidad una medida que el pueblo trabajador reclamaba insistentemente” (ídem). En ese momento Perón ya se encontraba en plena campaña electoral hacia las presidenciales de febrero del 46, contra la fórmula Tamborini-Mosca que agrupaba en la Unión Democrática a todos los partidos de oposición (desde el Conservador hasta el Partido Socialista y el Comunista, pasando por la UCR) y que contaba con el apoyo de la embajada norteamericana. Entre las manifestaciones por la sanción de la iniciativa y los desafíos presentados por la contienda electoral, la medida se sancionó finalmente por decreto 33.302 el 20 de diciembre de 1945, anunciado por el secretario de trabajo y previsión, Hugo Mercante, con la presencia del presidente Edelmiro Farrell. “El decreto no instauraba la participación en las ganancias, como se había anunciado; se explicó que por falta de tiempo ese aspecto quedaba a estudio. En cambio, se creaba el Instituto Nacional de Remuneraciones, se establecía un aumento general de salarios y se creaba el «sueldo anual complementario» o aguinaldo, con la mención de que empezaba a regir inmediatamente y se extendía a casi todos los trabajadores el beneficio de las vacaciones pagas, aumentando, a la vez, las indemnizaciones por despido” (ídem). Perón había dado marcha atrás con la principal promesa de la participación obrera de las ganancias de las empresas. “La participación de las ganancias quedaba postergada y todos sabían que esa postergación sería definitiva, lo mismo que la concreción del Instituto Nacional de Remuneraciones” (ídem). Por otra parte, el aumento decretado de salarios, que iba desde un 5 % para los salarios más altos, al 25 % para los más bajos, era una medida temporal en medio de una inflación creciente. La medida principal del decreto fue el aguinaldo. En sus Cosiderandos, el decreto 33.302 sostenía que “este Decreto Ley no sólo es la satisfacción de razonables y legítimos anhelos de los trabajadores, (…) sino también contribuye a la armonía con los patronos, evitando conflictos que, si hasta el presente fueron relativamente numerosos, en época de postguerra se repetirán con mayor frecuencia, lo que crearía un clima inconveniente para el mejor desarrollo de la industria y comercio de nuestro país”. La previsión de un clima de conflictos laborales de posguerra, como ocurriera con el fin de la Primera Guerra Mundial, era una obsesión que quería evitar el futuro presidente. El decreto declara que “el propósito de este gobierno recibió un estímulo ponderable, cuando el Acta de Chapultepec recomendó la ‘fijación de un salario mínimo vital’ y luego el inc. a) del art. 55 de la Carta de las Naciones Unidas que la organización promoverá ‘niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social’”. El Acta de Chapultepec y la Carta de las Naciones Unidas fueron los tratados panamericanos que se firmaron en 1945 y con los que Estados Unidos aseguraba su hegemonía en el continente A pesar de estos Considerandos, el decreto recibió una reacción inmediata por parte de la burguesía. “Con una energía pocas veces desplegada antes, asociaciones de empleadores que representaban al comercio, la industria y la producción se organizaron para resistir al decreto. Una serie de reuniones culminaron el 27 de diciembre en una asamblea realizada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a la que asistieron unas 2000 personas y que denunció al decreto por anticonstitucional, solicitó a los comerciantes que no pagaran el aguinaldo y nombró un comité ejecutivo con autoridad para convocar a un paro nacional de las actividades económicas si el gobierno insistía en implementarlo” (Potash, “El ejército y la política en Argentina”). Según el estudio de Hugo Sylvester, “Historia viva de la legislación del trabajo”, se trató de “la asamblea patronal más numerosa y representativa que se haya reunido nunca en el país”, hasta entonces. Los discursos estuvieron cargados de violencia. El representante de la Sociedad Rural, Eustaquio Méndez Delfino, futuro Ministro de Economía de José María Guido, aseguró que “las erogaciones que el decreto impone y que no pueden cumplirse, no se habrán de cumplir”. La Cámara de Comercio, la Propiedad y la Industria de la provincia de Buenos Aires afirmó que el decreto llevaba a “convulsionar la vida de la República” y “crear males irreparables”. Un comunicado de la Asamblea Permanente de Entidades de Comercios, la Industria y la Producción (APECIP) aseguraba además que “las circunstancias elegidas para poner en vigor tales decretos comprometen la anunciada prescindencia del PEN [Poder Ejecutivo] en la campaña electoral que se desarrolla en el país y la imparcialidad que el pueblo tiene derecho a esperar de las autoridades” (La Nación, 21/12/45). Se inició entonces “un vasto operativo tendiente a desconocer el decreto 33.302. En la maniobra no intervinieron solamente las entidades patronales —lo que era lógico— sino algunas organizaciones sindicales que giraban en las órbitas socialista o comunista. La Federación Obrera Nacional de la Construcción, el Sindicato de la Industria Metalúrgica, la Federación Obrera de la Alimentación, se pronunciaron, increíblemente, contra el decreto” (ídem). El periódico del Partido Socialista se pronunció contra “la maniobra nazi-fascista más audaz” (La Vanguardia, 8/1/46). El secretario General del Partido Comunista, Vittorio Codovilla, se opuso al decreto con el argumento de que “el aumento de los salarios debe ser resultado de las luchas organizadas de la propia clase obrera, pues el objetivo del «peronismo» consiste en hacer ciertas concesiones provisionales a algunos sectores obreros para destruir sus organizaciones independientes y de clase y forzarlas a entrar en sindicatos estatales”. El periódico del PC sostuvo que “el decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Remuneraciones es de típico corte nazi. Su objetivo es liquidar a los sindicatos independientes y colocar a toda la clase trabajadora bajo la férula del Estado, de la misma manera que se hizo en la Italia fascista o en la Alemania nazi” (“Orientación”, 21/1/46). El decreto obligaba a las empresas a pagar el primer aguinaldo en el mes en curso de su promulgación, es decir, diciembre de 1945. Luego se estableció un límite final para el pago del aguinaldo fijado para el 7 de enero. Ninguna empresa, sin embargo, se avino a pagarlo. La Suprema Corte de Justicia, por su parte, difundía un fallo que negaba facultades a las delegaciones provinciales de la Secretaría de Trabajo para percibir multas por incumplimiento del decreto, de la misma manera que antes había desconocido al fuero laboral, negándose a tomarle juramento a los jueces del trabajo. El gobierno, por su parte, dejaba caer el pago del aguinaldo sin tomar medidas y, aunque había cumplido un papel propagandístico en medio de la campaña electoral, el decreto quedaba sin efecto en los hechos. “La Secretaría de Trabajo y Previsión, rodeada desde el 3 de enero por larguísimas colas de obreros que venían a denunciar el incumplimiento del decreto, se limitó a expedir un comunicado recordando que el plazo para pagar el aguinaldo vencía el 7” (ídem). La declaración de guerra patronal contra el aguinaldo sólo tendría como respuesta la lucha obrera en su defensa. “El día 8 continúa la firme actitud patronal en todo el país y empieza a extenderse entonces un clima de huelga general” (ídem). El 8 de enero, cumplido el plazo para el pago del aguinaldo, se desencadenó un dominó de huelgas espontáneas en todo el país. La dirigencia de los sindicatos debió ir a la zaga, luego de fracasar en contener la ebullición. Según describe Hugo del Campo (“Sindicalismo y peronismo”), “la negativa patronal a cumplir con el decreto desencadenaba una proliferación de paros espontáneos, desautorizados por la CGT en los frigoríficos, el puerto, los ferrocarriles y en varias ciudades del Interior”. Los azucareros de Tucumán se declararon en huelga y ocuparon los ingenios. Lo mismo sucedió con los trabajadores de comercio en Buenos Aires; se cerraron múltiples de bares y cafés. Las huelgas se extendieron a La Plata, Berazategui, Rosario, Santa Fe. La CGT de Córdoba declaró un paro por 24 horas. “En todas partes menudeaban los Incidentes más o menos violentos” (ídem). Luego de dos días de lucha, las huelgas no daban señales de aflojar y se extendían cada vez más. Las patronales decidieron entonces contragolpear. El 10 de enero anunciaron un lockout. La Cámara Argentina de Grandes Tiendas anunció el cierre de establecimientos por tiempo indefinido desde el 11 y la APECIP resolvió el cierre de todos los establecimientos comerciales e industriales a partir del 14. La declaración emitida por la asociación patronal dejaba en claro que lo que estaba en disputa era una cuestión de poder en los lugares de trabajo contra una clase obrera que había decidido imponer por la fuerza sus reclamos: “No hacen las fuerzas productoras [sic] una cuestión de dinero; defienden, en cambio, principios esenciales como la libertad de trabajo y asociación, sin tolerar, por cierto, que al amparo de un clima anárquico se prosiga una política de intimidación que descarte el raciocinio para reemplazarlo por la fuerza (...) Se han producido, en efecto, numerosas huelgas; es nutrida la lista de fábricas y negocios ocupados por el personal, donde sólo se hace acto de presencia: las actividades del puerto de Buenos Aires están casi paralizadas; en diversas ciudades faltan o escasean los artículos de primera necesidad y se amenaza con la paralización de los servicios públicos”. La burguesía no estaba dispuesta a tolerar que la clase obrera se imponga en los lugares de trabajo, donde debía reinar el despotismo patronal. La izquierda perdía la oportunidad de ponerse al frente de la lucha obrera y disputarle así la dirección del movimiento a una burocracia sindical que iba detrás de los acontecimientos y al propio peronismo. El PC sostuvo entonces que el lockout “en su conjunto y en su gran mayoría tuvo y tiene un contenido de lucha contra el fascismo” (Orientación, 16/1/46). Rodolfo Ghioldi, dirigente del PC, afirmaba en la Conferencia Nacional del partido que “la clase trabajadora no quiere limosnas, ni engaños, ni la amargura esencial de los golpes demagógicos. Una cosa es la justicia social, que defendemos con nuestra razón de ser, y otra cosa es el engaño fascista y electoralista de los prestidigitadores que acaban dejando un saldo tremendo de carestía y empobrecimiento”. A pesar de la contundencia del lockout y del apoyo abierto de todo el arco de partidos opositores, de la prensa opositora y de la embajada norteamericana, las patronales debieron comenzar a ceder ante la firmeza de la clase obrera en la exigencia del cobro del aguinaldo. El gobierno no intervino en la lucha entre la clase obrera y las patronales, mientras que la CGT se negó a convocar a una huelga general nacional, siendo convocados algunos paros por algunas seccionales. Las patronales fueron cediendo una a una en favor del reclamo obrero ante la imperiosa necesidad de retomar la producción. El lockout terminó derrotado. “Una semana después del lockout nacional dispuesto por la Bolsa de Comercio, el pago [del aguinaldo] era normal; la que aparecía como poderosa agrupación patronal aconseja finalmente a sus filiales que lleguen a acuerdos directos con sus personales” (ídem). La huelga general impulsada por fuera de la burocracia y las ocupaciones de fábricas arrancaron la conquista del aguinaldo a las patronales. Que el decreto en sí mismo no significó la garantía de su implementación lo prueba el hecho de que todavía el 26 de marzo de 1946 la Federación Obrera del Vestido (que agrupaba a 200.000 trabajadores) seguía en lucha por el cobro del aguinaldo y anunciaba un paro nacional en caso de que no se hubiera pagado antes del primero de abril. Fue con una lucha tenaz y enormes sacrificios que los trabajadores impusieron el pago del aguinaldo a todas las patronales del país. Una vez que se conquistó plenamente su implementación, año después del decreto, el 20 de diciembre de 1946, la conquista se convertía en ley. La política antiobrera de la izquierda contribuyó a que los réditos de esa conquista obrera fueran capitalizados enteramente por el peronismo, que en febrero ganó las elecciones contra la Unión Democrática que había cerrado filas con las patronales. Desde entonces en adelante, sucesivos gobiernos han intentado liquidar esta conquista. Las diferentes etapas de crisis y recesión sirvieron de excusa para atacar el aguinaldo, sea de forma temporal o permanente. El primer logro en este sentido lo impuso el ministro de Economía Krieger Vasena durante la dictadura de Onganía (1966-1970), cuando por decreto ley el aguinaldo pasó a abonarse en dos cuotas, la primera mitad en junio y la segunda en diciembre, como se mantuvo hasta la actualidad. Así, el aguinaldo completo duró sólo 23 años. En 1992 otro tristemente célebre Ministro de Economía, Domingo Cavallo, responsabilizó al aguinaldo por el rebote inflacionario y barajó la propuesta de fraccionar su pago en 12 meses, siguiendo la línea marcada por Krieger Vasena (el mismo personaje cuestionaría el pago del aguinaldo como ministro del gobierno de la Alianza en el 2001). Son innumerables los gobiernos nacionales, provinciales y municipales que, en estas décadas, con el argumento de la crisis capitalista, han tomado distintas medidas que destripaban el aguinaldo en cómodas cuotas, para los trabajadores estatales y docentes, llevando adelante las políticas de motosierra tanto liberticidas como nacionales y populares. Ahora, la reforma laboral que quiere imponer Milei incluye la legalización de la precarización laboral y la confiscación de los derechos laborales para todos los trabajadores de las aplicaciones y otros rubros, que convierte al trabajador en una suerte de 'prestador de servicios'. La consagración de esta medida significa darle un estatus legal a la confiscación del aguinaldo y del conjunto de derechos laborales (obra social, vacaciones, jubilación, etc.) que hasta el momento se desarrollaba ampliamente de manera ilegal. El objetivo final de Milei es extender esta figura al conjunto de los trabajadores, negando su carácter de clase.

Murió Héctor Alterio, uno de los actores fundamentales de la cultura argentina del siglo XX. Murió en España, país al que fue empujado por la violencia política y social que la burguesía descargó sobre artistas, intelectuales y militantes en los años ’70. Su muerte, lejos de clausurar una trayectoria, obliga a volver a pensar qué lugar ocupó su trabajo en la historia cultural y política del país. Alterio no fue sólo un gran actor. Fue parte de una generación cuya obra quedó atravesada -a veces de modo directo, otras de manera trágicamente elíptica- por la lucha de clases, la represión estatal y el exilio. Una carrera central del cine y el teatro argentinos Formado en el teatro independiente, Alterio fue una figura clave del cine argentino de los años ’60 y ’70, cuando el cine nacional comenzó a retratar, con crudeza inédita, las fracturas sociales del país. Con Leopoldo Torre Nilsson, Sergio Renán, Héctor Olivera y Luis Puenzo, entre otros directores, Alterio encarnó personajes quebrados, tensos, muchas veces derrotados, pero nunca neutros. En La Patagonia rebelde (1974), basada en la masacre de obreros rurales en Santa Cruz, su participación quedó ligada para siempre a una de las obras más importantes del cine político argentino. No es un dato menor: esa película fue prohibida, y sus realizadores y actores perseguidos, porque tocaba el nervio de la violencia de clase del Estado argentino. En teatro, Alterio fue igualmente central: Brecht, Shakespeare, Lorca, textos contemporáneos y obras de fuerte contenido social atravesaron su trayectoria. No hubo en él separación entre “alto arte” y experiencia histórica. El exilio: no una elección, sino una expulsión Alterio se vio obligado a abandonar la Argentina en 1974, antes incluso del golpe militar de 1976, cuando la Triple A ya actuaba como brazo paraestatal del régimen burgués. El terror no comenzó con la dictadura: comenzó cuando la clase dominante decidió aplastar por la fuerza toda expresión cultural y política que cuestionara el orden social. El exilio de Alterio fue parte de un fenómeno más amplio: artistas, trabajadores de la cultura, militantes, intelectuales, expulsados del país por un Estado que preparaba el genocidio. España fue su lugar de destino, y allí desarrolló una segunda carrera notable, trabajando con directores como Víctor Erice, Carlos Saura y participando en cine, teatro y televisión. Pero ese reconocimiento internacional no cancela la marca del desarraigo: Alterio murió lejos de su país porque la Argentina capitalista no le permitió vivir ni trabajar en libertad. No fue un actor panfletario, ni un declamador político. Su potencia estuvo en otra parte: encarnó sujetos atravesados por las contradicciones sociales, por la violencia del poder, por la derrota y la dignidad. Sus personajes: obreros, peones, hombres comunes empujados al límite, figuras trágicas de un orden injusto, ponen en escena algo central para una cultura de clase: la verdad material de la existencia bajo el capitalismo. En La Patagonia rebelde, en El hijo de la novia (ya en otro registro histórico), Alterio mostró que la cultura no es neutral: o reproduce la ideología dominante, o la fisura. Su trabajo pertenece, sin dudas, a esta segunda tradición. Héctor Alterio se ganó un lugar en la historia de la cultura argentina: forma parte de una generación diezmada por la represión y el exilio. Su figura recuerda que la cultura argentina fue violentamente interrumpida por el terror de Estado, y que sus mejores expresiones no fueron las que acompañaron al poder, sino las que lo incomodaron. Su obra es parte de una historia de resistencia cultural, inseparable de la lucha de clases. Murió en el exilio. Pero su trabajo sigue hablando -con verdad, con crudeza, con humanidad- de un país que la clase obrera todavía tiene que conquistar.

El viernes 19 los trabajadores de FATE realizaron un nuevo paro frente al estancamiento de la paritaria. La paritaria del Neumático ha tenido 43 audiencias infructuosas sin llegar a un acuerdo; es un caso sin precedentes de ‘tolerancia’ sindical frente a un “lock out” salarial y laboral Una nueva audiencia tendrá lugar el próximo viernes 26. Las patronales, dice el sindicato, hicieron “propuestas que ya habían sido realizadas dos audiencias antes”. El SUTNA volvió a rechazarlas como en el juego de la buena pipa. La dirección del SUTNA había fijado sus expectativas en destrabar el acuerdo paritario puesto que, dijo, “han tomado nota y presentado propuestas más cuidadas con respecto a la manifestación de la audiencia anterior”. La conducción del sindicato había instado a las patronales a llevar una propuesta unificada “partiendo del mayor ´a cuenta de futuros aumentos´ otorgado, nos encontraríamos a una distancia con el pedido de los trabajadores de las mismas características a la existente en los momentos inmediatamente previos a la llegada a un acuerdo en paritarias anteriores, por lo que de haber la debida predisposición por parte de las patronales y de la Secretaría de Trabajo estaríamos en condiciones de llegar a un acuerdo entre las partes que proteja el poder adquisitivo de los trabajadores” (Facebook SUTNA Nacional). Las patronales respondieron con tres propuestas distintas, haciendo caso omiso de “las propuestas más cuidadas” del Sindicato. El viernes comenzó un paro en FATE que concluyó este sábado 20 a las 14 horas. También hubo una movilización a Avellaneda y acceso Tigre. El SUTNA planteó que “todo el gremio parará y accionará desde el principio de la semana que viene”, sin dar mayores precisiones y descontando el feriado de Navidad. El sindicato continúa sin convocar Asamblea General, lo cual es ‘comprensible’ después de un ‘aguante’ a 43 audiencias para la tribuna. A la negociación paritaria, que ya cumplió un año, se suma una tanda enorme de despidos arbitrarios e ilegales, cuyo propósito último es producir lo mismo con menos personal y también apelar a una rotación laboral frecuente en una actividad que exige un gran esfuerzo físico. Pirelli paró la producción este viernes y dio vacaciones a todo el personal a partir del 22 de diciembre y Bridgestone adelanta vacaciones el 2 de enero. Los obreros continúan sin aumento salarial y sin bono navideño 2024 y 2025. La dirección del SUTNA reivindica su vínculo con el aparato del Partido Obrero (‘de combate’) y forma parte de la Coordinadora Nacional Clasista y del Plenario de Trabajadores. Oculta en su prensa la ola de deserciones que tiene lugar en sus filas y en la lista Negra. Llama la atención la incapacidad de las listas opositoras para desarrollar una alternativa a semejante impasse . Como buena parte de ella pertenece al FITU, este inmovilismo se explica por el faccionalismo que domina sus filas. El FITU es un peso muerto en el movimiento obrero. El SUTNA asiste a una crisis política brutal, que coloca al activismo ante el desafío de desarrollar una verdadera vanguardia de clase entre los trabajadores. Lo mismo vale para el conjunto de la clase obrera ante la adaptación del peronismo y el ‘izquierdismo’ a la ofensiva estratégica de Milei.

La situación crítica de la empresa Granja Tres Arroyos viene de larga data. Entre los atrasos en los pagos, los despidos, la reducción salarial y el preventivo de crisis la principal empresa productora avícola del país viene siendo noticia. Comenzamos el año con una rebelión del pueblo de Concepción del Uruguay contra la empresa; hubo paros en las plantas de Córdoba, en las granjas -que tiene distribuidas en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos- y en la planta de Pilar. A fines de noviembre la empresa anunció el cierre del Frigorífico Beccar, ubicado también en Entre Ríos, reubicando a los trabajadores en la otra planta avícola del grupo. Los trabajadores de las granjas productoras de aves denunciaron hace unos días que el grupo GTA no estaba abasteciendo de alimentos para engorde, lo cual ponía en cuestión todo el ciclo productivo. El viernes pasado, los delegados de la planta “La China”, localizada en Concepción del Uruguay, convocaron a una asamblea a la mañana ante el atraso de la empresa en el cronograma de pagos que había comprometido y que ya representaban en si mismos un atraso considerable. La asamblea decidió el paro por tiempo indeterminado hasta el pago de los salarios. El Sindicato de la Alimentación y el Sindicato de la Carne, que representan a los trabajadores de la planta, habían acordado un esquema de pagos de los salarios y el aguinaldo en 6 cuotas, pero aun con un acuerdo tan favorable, la empresa incumplió, atrasando el pago de las cuotas alimentarias -que le descuentan a los trabajadores para sus hijos-, en el pago de las vacaciones y de las cuotas comprometidas. La posición del sindicato era no hacer medidas, en tanto ya tiene realizadas las denuncias correspondientes ante las autoridades del Estado. Los trabajadores entendieron que la urgencia de sus familias una vez más no iba a encontrar respuestas por ese camino y votaron masivamente la huelga. Los trabajadores de Entre Ríos vienen enfrentando los planes de la empresa con una lucha casi permanente. La responsabilidad de los sindicatos que intervienen en el proceso (UATRE, STIA, Carne) debería ser unificar a los trabajadores para dar una respuesta de conjunto, porque los atrasos en los pagos se viven en todas las plantas y granjas del grupo. Pero a esta altura es claro que no van a hacerlo. Los trabajadores deben tomar en sus manos la organización de esa respuesta unificada, coordinando posiciones y conformando un comité gremial de empresa para coordinar la lucha.

La represión contra los jubilados frente al Congreso se ha convertido en una rutina dolorosa. Las fuerzas de seguridad despliegan vallas, hidrantes y gases para intentar acallar las voces de quienes reclamamos por nuestros derechos. El pasado 17 de diciembre no fue la excepción: detrás de las barreras, la Policía de la Ciudad descargó agua y gas sobre los manifestantes, buscando dispersar y amedrentar. Sin embargo, los adultos mayores seguimos firmes en la decisión de sostener la protesta. La justicia, lejos de acompañar de manera plena el ejercicio del derecho constitucional a la protesta, suele validar los retrocesos. Así ocurrió también con la fórmula de movilidad jubilatoria impuesta por Macri, con el veto presidencial al aumento de haberes y a la moratoria con el aval cómplice del Congreso. Pero aun en medio de esos reveses, la lucha persiste y, a veces, aunque sea de manera parcial, la justicia se pronuncia. El jueves 18 de diciembre, la jueza Servini de Cubría procesó al policía Nicolás Emanuel Céspedes por haber golpeado con un bastonazo en la cabeza a Beatriz Blanco, jubilada de 82 años, durante una de las marchas en marzo pasado, es decir nueve meses después. El ataque le provocó a Beatriz un trauma craneoencefálico y una herida cortante, prueba de la violencia desmedida del golpe. El procesamiento fue por lesiones leves agravadas por abuso de función, con un embargo de 40 millones de pesos. El argumento del policía, que dijo haber sido agredido por la jubilada, no logró justificar semejante brutalidad, menos aún viniendo de un agente del Estado. Este grave hecho contra la jubilada ocurrió el mismo día, 12 de marzo de este año, en que el fotorreportero Pablo Grillo fue brutalmente herido por un proyectil de gas lanzado de manera horizontal y disparado por el gendarme Héctor Guerrero. Tras múltiples intervenciones médicas, Pablo continúa en recuperación Estos episodios se suman a otros en los que manifestantes han perdido un ojo, sufrido fracturas y diversas contusiones de cuidado. La represión no distingue edades ni profesiones: apunta a cualquiera que se atreva a reclamar o documentar. Hoy Céspedes está procesado. Hoy las tácticas represivas cambian, pero la violencia persiste, buscando generar refriegas, sembrar miedo y desalentar la participación. No debemos permitir que diluyan esta lucha ni que nos intimiden. No debemos abandonar nuestros reclamos. Es claro que la decisión de este gobierno liberticida, al igual que la del jefe de gobierno porteño, es diluir y ocultar toda acción que implique reclamar por los derechos previsionales entre otros, y aunque a veces la justicia se ponga del lado de los jubilados, nunca lo hace en relación con los derechos que se conculcan. Nuestra protesta no es solo por las jubilaciones actuales. Es también por el derecho de los trabajadores de hoy a jubilarse mañana, y por la memoria de quienes lucharon antes para conquistar mejores condiciones de vida. ¡Somos quienes realmente producimos y producen riqueza para nuestro país! ¡Abajo el plan motosierra! ¡Abajo la represión! ¡Abajo la reforma laboral y previsional! ¡Sigamos en las calles defendiendo nuestros derechos, con fuerza y convicción!

En la última semana se produjeron tres suicidios de soldados. En principio, los tres se deberían a la incapacidad de afrontar deudas que tenían los uniformados. En julio pasado, un miembro de la Policía Federal se mató en el hospital Churruca, con su salud quebrantada, dejando una nota al director del mismo quejándose por el maltrato recibido. El portal de noticias LPO accedió a testimonios de fuentes militares, que le afirmaron que el flamante ministro de Defensa el teniente general Carlos Presti "tiene pánico, no sólo por las muertes porque este chico (recién se conocía el caso de Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos) que no se sabe todavía qué pasó, sino por dos problemas que se le presentan. El primero: la tropa empieza a levantar la voz, es decir, los soldados voluntarios que no aspiran a llegar a Generales ni a Sargentos se empiezan a quejar de la atención médica y el bajo salario". El segundo punto, agregan las fuentes militares, tiene que ver con “el poco control psicológico que tienen estos chicos que a los tres meses ya le dan un FAL para ir a custodiar cualquier cosa, en este caso al presidente" (LPO, 19/12). Presti hereda de la gestión Petri una situación de crisis hacia dentro de las Fuerzas Armadas, marcada por el desfinanciamiento de IOSFA, la obra social de los uniformados, y el deterioro salarial. Es en este marco de situación en el que Rodrigo Gómez, de 21 años de edad y soldado del Ejército, el 16 de diciembre, fue encontrado muerto en la Quinta de Olivos. Era oriundo de Misiones. El hecho se dio en uno de los puestos de vigilancia de la residencia presidencial. De lo que ha trascendido de la investigación judicial que lleva adelante la jueza Arroyo Salgado, junto al cuerpo se halló una carta dirigida a sus familiares y a los miembros del Ejército, en la que plasmó problemas económicos por los que estaba atravesando. Mantenía deudas por más de dos millones de pesos con entidades bancarias y financieras. Al día siguiente -17 de diciembre- el suboficial principal Juan Pereyra, de 48 años, quien prestaba servicios en la Guarnición de Ejército Monte Caseros en la provincia de Corrientes, fue hallado sin vida en el Casino de Suboficiales del Centro de Educación Operacional (CEO). Las autoridades militares comunicaron que también se trataría de un suicidio. Pereyra era un reconocido atleta y árbitro de futbol de la liga local. Las investigaciones del caso se encuentran bajo jurisdicción de Gendarmería Nacional y actualmente está caratulado como “averiguación de antecedentes”. Según trascendió en medio locales, Pereyra habría tomado la decisión de suicidarse debido a problemas económicos. El tercer caso se dio el 19 de diciembre en la provincia de Mendoza, cuando encontraron sin vida al soldado voluntario perteneciente a la Guarnición Ejército de la provincia, Facundo Gabriel Lima, quien se encontraba en su casa en la localidad de Las Heras. La justicia todavía no ha dado a conocer hipótesis de la muerte, pero todo indicaría que se trató de un suicidio. Deserciones, precarización y presupuestos recortados La motosierra hacia dentro de las Fuerza Armadas tiene como correlato las deserciones masivas y la precarización en la que se encuentran los miembros de las fuerzas. En lo que va de gobierno liberticida se registran 18.659 bajas en las Fuerzas Armadas, lo que representa el 17,6 % de los militares en actividad (840 oficiales, 15.421 soldados y 2.398 suboficiales). La mayoría de las bajas se dieron entre los soldados voluntarios, debido a los bajos salarios y los egresados de los institutos de formación militar no compensan los retiros. Las alicaídas remuneraciones pegan de lleno en las bajas jerarquías, que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. El cuadro de situación arroja que “un capitán y un teniente de navío cobran $ 1.109. 913, la remuneración de un teniente primero y de un teniente de corbeta perciben $ 889.995 y un subteniente, un guardia marina y alférez –las categorías más bajas entre los oficiales– cobran $ 806.045” (ídem). La problemática en las remuneraciones dentro de las fuerzas se consolida por los continuos traslados, provocando que los conyugues no tienen una fuente de trabajo estable, llegando a vivir con un solo ingreso. A las bajas remuneraciones se suma la falta de equipamiento entregado a los oficiales, como uniformes y botas. Anualmente las FF. AA. entregan un 20 % del equipamiento necesario para llevar adelante las instrucciones. Los militares del Ejército portan los mismos fusiles FAL que se usaban en Malvinas, un arma de 70 años de vigencia, “sin todos los accesorios de tiro y visión de un arma moderna” (ídem). Los “desertores” se reciclan en las policías provinciales, en las que se les reconoce la antigüedad y tienen remuneraciones que duplican o triplican a los recibidos en las Fuerzas Armadas. Uno de los reclamos al gobierno nacional de la “familia militar” es equiparar los haberes a los de las fuerzas de seguridad federales. Sin embargo, una de las primeras medidas del gobierno liberticida, en febrero del 2024, fue eliminar la jerarquización de remuneraciones implementada durante el gobierno de los Fernández, lo que en su momento enardeció a los militares . El militarismo enarbolado por el gobierno nacional tiene sus fisuras, que abonan el malestar hacia dentro de las FF. AA., propiciando las internas hacia dentro de las mismas, que tienen como correlato el resquebrajamiento progresivo de las relaciones con el gobierno liberticida. En este contexto de precariedad en el que se encuentran los miembros de las Fuerzas Armadas, expuesto de manera brutal con los tres suicidios de los soldados, cabe preguntarse si las mismas brindarán operatividad al gobierno para bancar hasta el final el plan de guerra de Milei y Caputo contra los trabajadores.

Desde hace más de 100 días que los trabajadores de Porcellanato ILVA acampan en la entrada de la fábrica ubicada en Pilar. El 28 de agosto, la empresa despidió a 302 obreros. En “La hora de los trabajadores” entrevistamos a Jonathan Noble, uno de los delegados de la fábrica. ¿Cuál es la situación actual? Ustedes siguen sin posibilidades de reincorporación y tampoco les han abonado las indemnizaciones. ¿Es así? JN: Vamos a partir de la base de que directamente nos deben dos meses de salario, y de ahí todo el abanico que te imagines. O sea: no hay dos meses de salario, no tenemos puestos de trabajo, no tenemos indemnizaciones. La empresa se autoconvocó al concurso de acreedores, y ahí estamos. ¿Cómo era la situación de ILVA? ¿Cómo venían trabajando ustedes? JN: Nosotros veníamos trabajando normal, a pesar de que las gestiones internas eran malas, porque la empresa no tenía norte en sus planificaciones y planeamientos a futuro. Y bueno, ven pasar esta volada del tema de la reforma, un nuevo contrato laboral que está ahí a flor de piel, y aprovechó la oportunidad, en este caso con nosotros, para hacer la prueba a ver qué pasaba con el pueblo trabajador. ¿Cómo era la situación organizativa de los trabajadores? JN: Mira, definitivamente ahora a la fábrica no entra nadie más que el custodio, el sereno privado de parte de ellos en portería para evitar cualquier tipo de ingreso. Nosotros entendemos que esta situación se destraba con la reincorporación de los compañeros, el pago de salarios o las indemnizaciones. La planta, como bien decís, es una selva porque estamos a derecho, y la planta es nuestra hasta que no paguen lo que tienen que pagar. Es así de simple. Contanos cómo era tu vida antes de esta situación de ILVA y cómo la están llevando ahora. Vos fuiste papá en los últimos días. JN: Sí, la verdad que es un camino que no se lo deseo a nadie. Si bien la empresa hizo una maniobra para estafarnos básicamente, no tuvo en cuenta el nivel de organización de los trabajadores. Somos siete delegados y, entre las siete mentes y todos los compañeros que apoyaron, llegamos a una organización con la que hicimos bastante fuerza y nos mantenemos de pie. Yo, hace dos semanas atrás, cuando me postulé para delegado, me puse como proyecto –tengo 37 años–, con mi primer hijo, confiando en una empresa estable que venía trabajando. Aposté a eso y me decidí a encaminar lo de ser padre. Y lamentablemente, para el nacimiento de mi hijo, me quedé sin la prepaga que la empresa me proporcionaba, porque mi hijo nació a fines de noviembre y a mí se me cortó en octubre. La verdad que es muy triste, porque vino de un día para otro. Yo, 20 años en la empresa, y lo que va de este gobierno, 24 meses, me lo arrebató. Es así de simple. VER VIDEO Ustedes como cuerpo de delegados, ¿cómo se organizan? JN: Mira, en primera instancia, la palabra clave de nuestra lucha es, sin duda, la solidaridad de otros trabajadores, que nos ayudan a aguantar esta situación. Estoy en una situación que, lamentablemente, por momentos… la verdad que me engancha en la indigencia por culpa de la patronal. Y andar eligiendo –perdón lo que voy a decir– entre comprar pañales y la leche para mi hijo, y comer yo y mi señora. Lamentablemente nos puso en esa disyuntiva, porque uno no está preparado para esto. Se hace muy difícil el día a día. ¿Cómo pueden colaborar con ustedes los trabajadores que miran este programa? ¿Tienen un fondo de lucha? JN: Tal cual. Primero: sí, tenemos un fondo de lucha. El alias es "despedidos.ILVA". Pero más allá de eso, siempre… cualquier trabajador que pase por ahí y compartir a veces –no es falta lo económico–, directamente compartir un mate, es un poco de cambiar el aire. Esas conversaciones, por momentos, se hacen muy valiosas. Decí la dirección para que quién esté viendo el programa y se quiera acercar a acompañar en el acampe o ayudar, pueda hacerlo. JN: Nosotros estamos situados en el Parque Industrial de Pilar, en la calle 9 al 3800.

Charlamos con Gisela Galarza, Sergio Benítez, y el Chino Olivera que se presentaron por cuarta vez a elecciones en las salas del Casino Club de Posadas. ¿Cuándo vencían sus mandatos? En octubre de este año 2025, el mandato debe ser renovado anualmente. La presentación de candidatos debe hacerse por carta documento a la sede central de ALEARA, algo que hicimos incluso con Olivera detenido, enviamos el 13 de octubre, pero la sede central alega que llegaron el 21 salvo en el caso de un candidato, los de la burocracia aparentemente llegaron todos. Pudimos presentar y no estar presos porque luego que detienen a Olivera el 12 de septiembre un abogado nos avisa que la orden de detención era para 9 personas más y entre ellas estábamos todos los delegados del Casino Club y pudimos presentar una eximición de prisión que el juez hizo lugar. Por la reducción de personal y el estatuto vigente tendríamos 3 delegados en total. Cuando asumimos por primera vez éramos cuatro y luego de la primera elección uno de los delegados se pasó a la patronal. ¿Pudieron fiscalizar? No, la patronal dio la orden de que no nos dejen entrar a fiscalizar diciendo que no teníamos mandato, que se habían vencido. ¿Cuántos votaron? Teóricamente 156 votantes, un 85/90% del padrón que debía ser de 170 pero figuraban 176. Nunca votaron tantos afiliados. En uno momento logramos una votación muy alta (50% del padrón) por movilización de los afiliados que nos votaron. ¿Cómo es el acto eleccionario? No hay cuarto oscuro. En una de las salas donde se realizó la elección se puso la mesa con los candidatos debajo de una cámara de seguridad de modo que la patronal podía ver el nombre del candidato que ponía en cada sobre el afiliado. Esto se traduce luego en maltrato permanentes como no poder hacer rotaciones, de turno, no autorizar cambios de franco, etcétera, y luego de un tiempo los funcionarios aclaran que es por haber votado “mal”. No nos dejaban hacer actas, estar presentes, etc., una maniobra de la empresa con el gremio ALEARA para poder eliminarnos como delegados. Toda la elección fue impugnada y esta judicializada. ¿Cuáles eran las condiciones laborales cuando ustedes salen delegados por primera vez y que conquistas obtuvieron? No se cumplía el convenio en ninguna sala del Casino Club salvo en cuestiones básicas como la indumentaria, franco el día de tu cumpleaños, pero en cuestiones como las rotaciones de sala y turnos que es obligación para todos los trabajadores, los del sector limpieza no tenían derecho a feriado por las fiestas navideñas. El estrés es uno de los grandes problemas de salud a raíz del incumplimiento del convenio. El sindicato (ALEARA) modificó el convenio varias veces siempre a favor de la empresa y sin comunicar a los trabajadores, que nos enteramos cuando reclamamos el convenio supuestamente vigente. Por ejemplo, sacaron el pago de la movilidad para los trabajadores en caso de salida extemporánea o por problemas en el transporte, ahora cada cual se arregla como puede para volver a la casa. Un compañero que recién se inicia cobra 900.000 pesos. Yo, con 23 años de antigüedad y dos categorías, más cobro 1.100.000 pesos; la antigüedad la pagan un 1% por año, el máximo por antigüedad se alcanza a los 20 años de servicio y no se modifica hasta la jubilación. Esto por 8 horas de trabajo, 20 minutos de descanso cada 3 horas y media hora para almorzar/cenar. No hay pago por responsabilidad de caja y cualquier error lo tenemos que pagar de nuestro bolsillo, si alguien pierde 500.000 pesos, pierde la mitad de su salario. Obtuvimos adelantos de las cuotas firmadas en las paritarias, no obteníamos aumentos reales por que las paritarias firmadas en julio, por ejemplo, del 2024, los aumentos eran a partir del básico de junio de 2023; además eran montos fijos no remunerativos que luego de un año se pasaban al básico. Empezamos a reclamar y los representantes sindicales funcionaban como voceros de la empresa afirmando que no podían pagarnos los aumentos; al ver que no había aumentos reales y nos cortamos empezando movilizarnos a la plaza 9 de Julio sin el acompañamiento del sindicato, logramos movilizar el 25% o más de los afiliados de una empresa que trabaja todo el día y con varias sedes, trabajadores desperdigados y el que no está trabajando, está descansando. La empresa empezó a sacar fotos a los que se movilizaban, empezaron a no aplicar las rotaciones, no otorgar cambios de francos, etc., como aprietes a los que se movilizaban. A raíz de esas movilizaciones se modificó la base del cálculo para los futuros aumentos, es decir impactó a nivel nacional para todos los trabajadores. Esto fue una sola vez a raíz de nuestra movilización. ¿Cuándo fueron los roces por la cuestión del sector de fumadores? En agosto de este año, después de que conquistamos que se aplique la ley 26.687 que impide fumar en espacios cerrados. Intentaron volver con la organización de un espacio exclusivo para fumadores, pero sin protección para los trabajadores, el argumento para su instalación es que la empresa estaba en crisis y había que permitir que los fumadores vuelvan al juego. Los trabajadores denunciaron nos movilizamos y la empresa presento un acuerdo con el representante de ALEARA en el que proponían un 10/15% de plus a cambio de intoxicarse; no podían aclarar si el plus era en blanco; denunciamos a la municipalidad, pero los funcionarios no lograron ver el cartel de fumadores, los ceniceros, las colillas etc.; con la movilización logramos impedir su instalación. En la sala de Garupa permitía la presencia de fumadores después de 10 años de sancionada la ley nacional, logramos que la municipalidad adhiera a la ley que se aplique a esa sala. La patronal nos acusa de la pérdida de sus clientes fumadores. Otro problema de salud fue detectar que había muchos compañeros que tenían licencia psiquiátrica por estrés, lo que se llama cabeza quemada o rota. Ante la denuncia de los empresarios de que era nuestra responsabilidad la enorme cantidad de trabajadores con licencia médica hicimos un relevamiento de que pasaba, descubrimos que había compañeras con problemas hormonales, con alopecia, descalcificación con caída de uñas, ú2lceras y alergia en piel, los médicos recomendaban a las compañeras que dejen el trabajo que no tenían problemas orgánicos y que todo era derivado del problema del estrés y la mala alimentación y mal dormir, más los conflictos generados en la atención de los hijos pequeños; no quisieron cambiar el horario a quien tenía un hijo autista para una mejor atención. Los compañeros deprimidos por la falta de dinero, doble trabajo que a veces llevaba a la separación, afectados en todos los planos de la vida por un trabajo estresante y muy mal pago. La empresa decía que nosotros impulsamos la asistencia a un psiquiatra que daba certificados médicos con el objeto de perjudicar a la empresa, incluso que cobrábamos una comisión por tales certificados; denunció que había una veintena de empleados con certificados; el problema que tenemos es el estrés que deriva en lo que se llama cabeza quemada. Contrataron una empresa de Buenos Aires que atendía online y te decía que te presentes a trabajar sin estudios previos y sin tratamiento para el problema; las que llamaban decían que eran médicas, supuestamente una pediatra y la otra médica laboralista, todo supuesto porque no presentaban nada que acredite. Reclamamos si era junta médica o control; afirmaban que era junta médica, pero sin que el médico de parte pueda estar presente según artículo 210. Con esos planteos desarticulamos la maniobra de la empresa para que se restituyan a trabajar los que estaban con licencias. Casinos Club pidió por favor que les atiendan las llamadas porque no era junta médica, etc. Reculó en toda la línea. ¿Desde cuándo conocen al médico psiquiatra detenido por, supuestamente vender los certificados? Desde el año 2002, entendemos que la empresa lo mandó a detener. Usaron la excusa de asociación con nosotros para sacar a Olivera y a todos los delegados de las elecciones de delegados, éramos 9 con orden de detención, detienen a Olivera un viernes y nuestros abogados presentan una eximición de prisión, porque el objetivo era detener a todos los delegados y trabajadores que se movían con nosotros, de modo que no podamos presentarnos. También conquistamos que las capacitaciones en horario de trabajo, cuando antes se hacía en horario de descanso; reclamamos ante ALEARA que decía que la patronal tenía razón. Las movilizaciones nuestras aparecieron en una revista internacional sobre casinos, repercutió a nivel nacional; dijeron que no tenían plata, pero nosotros pedimos el balance de las empresas. Las acciones repercutieron en varios Casinos como el de Bariloche, el Casino Flotante de Puerto Madero, Bingos con los que tuvimos contacto, pero no pudimos coordinar. ¿Podemos decir que la detención fue una maniobra para sacarlos del medio y desbaratar la organización? Venían con varias maniobras, por ejemplo, se elige un delegado por sala entonces nos pusieron a Benítez y a mí (Olivera) en la misma sala con el objetivo de eliminar a uno, hicieron lo mismo en otra sala y nosotros presentamos un tapado y les salió mal. En estas elecciones en una mesa pusieron solo los candidatos que obedecen a ALEARA, si alguien votaba allí solo podía votar a esos candidatos, allí es donde el voto fue aparentemente masivo ya que no pudimos controlar. Para las elecciones se hicieron presentes miembros de la CD nacional algo que no está previsto en el estatuto que dice que solo los trabajadores del lugar tienen que estar presentes. En la sala más grande nadie vio dónde quedó la urna y en la otra no andaban las cámaras para verificar cuántos votaron, allí metieron más votos y ganaron ellos. Los encargados de sala de la empresa no nos dejaban fiscalizar, no hubo padrón firmado por los afiliados, en una urna en el padrón figuran 59 votantes y obtuvieron 88 votos; salieron a meter miedo en el resto de los trabajadores intimando a votar al oficialismo. Todo un fraude electoral montado entre sindicato y empresa. En el caso de la detención de Olivera en el expediente no hay nada que pueda vincularlo al médico y su participación en maniobras para que se extienda certificados médicos; no pueden vincular a él y tampoco al resto de los delegados. Los trabajadores que declararon contra Olivera en el juzgado dijeron que los habían apretado para que hicieran esa declaración. Aún con la elección fraudulenta el responsable local de ALEARA informó que aún quedan 50/60 “rebeldes” que votaron por en contra de ellos, en condiciones normales ganábamos elecciones. Antes de todo esto la empresa no nos otorgaba la licencia que corresponde como delegados para poder recorrer las salas y también la bonificación que corresponde para acción gremial que son $ 5.000. Siempre quisieron liquidar cualquier forma de organización desde abajo y mucho más cualquier manifestación para reclamar la aplicación del convenio.

Los delegados autoconvocados del Ingenio Ledesma acaban de protagonizar una importante lucha. En un cuadro donde la repercusión de la lucha contra los despidos y por la reincorporación que llevan adelante los delegados empieza a tomar mayor protagonismo en los medios de comunicación y la población en general, Una asamblea, dos políticas Mientras que el oficialismo convocó a una asamblea después de hacer los asados por el día del azucarero, con reparto de premios y canasta de fin año, el activismo logró movilizar a un importante grupo de obreros con el propósito de defender los derechos de los trabajadores, exigir un plan de lucha contra la reforma y los despidos. En medio de las tensiones y realineamientos políticos de cara a la marcha del 18 de la CGT, el secretario general Lezano finalmente no participó de la asamblea que él mismo convocó y viajó a Buenos Aires. La asamblea estuvo dirigida llamativamente por el abogado del gremio. La participación estuvo lejos de ser masiva. El oficialismo intentó maniobrar; luego de dos o tres puntos, se mocionó la sanción para tres miembros de los delegados autoconvocados que finalmente no pudieron hacer aprobar. Finalmente se votó un plan de lucha, pero el oficialismo logró que no se discuta ninguna medida concreta. La elección de delegados El sindicato, ha venido postergando la elección de delegados. Con las cartas sobre la mesa, los delegados autoconvocados tienen ahora el desafío de presentar candidatos en todos los sectores para reforzar el cuerpo de delegados y preparar las condiciones para las luchas. Vamos por una lista de delegados de todos los luchadores, contra los despidos y por la reincorporación de todos.

El viernes 19 de diciembre de 2025, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por la defensa del Bosque de Eucaliptos Dagmar Hagelin llevó adelante una nueva jornada de movilización para reforzar la medida cautelar que impide el avance de las obras de la empresa Megatlón, sobre uno de los últimos pulmones verdes del distrito de Tres de Febrero, una concentración que se estaba desarrollando con absoluta calma. Los vecinos decidieron trasladarse desde el punto habitual de encuentro, en Luis María Campos al 5500, a la explanada de la estación de Villa Bosch. Fue allí, en medio de la actividad normal de quienes transitan la estación, donde se produjo un hecho grave, que no puede ni debe ser minimizado. Dos vendedores ambulantes, sin ningún interés por dialogar y con clara intención de generar una situación violenta en el espacio público, elevaron deliberadamente el volumen de sus parlantes con el objetivo de tapar la convocatoria y silenciar la palabra de los vecinos. Al solicitarles que bajaran el volumen para permitir la comunicación, la respuesta fue una escalada de violencia que culminó en la agresión directa y la amenaza de muerte contra el vecino y escritor Juan Romero, uno de los referentes visibles de la Asamblea. La amenaza fue explícita, directa y cobarde: “TE VOY A MATAR. SI NO ES HOY SERÁ MAÑANA O PASADO, PERO TE VOY A MATAR”. Esta agresión se da luego de que los vecinos lograran frenar el accionar depredador de las palas mecánicas que estaban arrasando árboles y vegetación en el bosque, primero interponiéndose físicamente frente a las máquinas y luego mediante una medida cautelar. El trasfondo de este verdadero crimen ambiental es la instalación ilegal de un megacomplejo deportivo de la empresa Megatlón, proyectado sobre terrenos que ya han sido declarados patrimonio histórico del distrito. Este ataque no es un hecho aislado ni producto de un conflicto circunstancial. Forma parte de una maniobra sistemática de desprestigio, hostigamiento y provocación orquestada por quienes quieren negar el derecho de los vecinos a oponerse a medidas tomadas desde el municipio, que afectan el buen vivir y el cuidado del ambiente. El libreto es conocido y viejo: cuando la organización vecinal crece, cuando la verdad incomoda, cuando el negocio queda expuesto, aparece la violencia. Nada de esto ocurre por casualidad. El trasfondo es un verdadero crimen ambiental para la instalación ilegal de un megacomplejo deportivo de la empresa Megatlón, sobre terrenos declarados como patrimonio histórico del distrito. Sobre ellos se avanzó con la tala de árboles y la destrucción de vegetación sin proyecto aprobado, sin autorización y a espaldas de la comunidad. Los propios vecinos lograron acceder al plano del emprendimiento, expuesto desde hace unos días sobre el cerco de chapa que intentaba ocultar la devastación. Allí quedó en evidencia que no existía ningún permiso para la extracción de árboles. Se mentía. Se actuaba en la ilegalidad. Frente a este atropello, los vecinos respondieron interponiendo sus cuerpos ante las palas mecánicas, luego organizándose, denunciando, movilizándose y logrando una medida cautelar que hoy frena el avance depredador. Asambleas abiertas, caravanas barriales, volanteadas, juntadas de firmas y reclamos formales al municipio han marcado un crecimiento sostenido de la organización vecinal.) Desde la Asamblea denunciamos que la agresión y la amenaza de muerte sufrida por Juan Romero son responsabilidad política directa de la Municipalidad de Tres de Febrero y de la intendencia de Diego Valenzuela. La denuncia correspondiente fue realizada en la Comisaría 9ª de Tres de Febrero, pero la respuesta no puede limitarse al plano judicial. Aquí está en juego el derecho a organizarse, a defender el ambiente y a habitar un barrio sin miedo. Ante estos hechos hacemos un llamado urgente a todos los vecinos, organizaciones sociales, políticas y ambientalistas a pronunciarse en repudio a las amenazas y en defensa del Bosque Dagmar Hagelin. Asimismo, responsabilizamos en forma directa a la intendencia de Diego Valenzuela por la integridad física y la seguridad de cada uno de los miembros de la asamblea de Villa Bosch.

El gobierno de Rodrigo Paz Pereira enfrenta su primera crisis de envergadura en tan solo 45 días de gobierno. Las mismas fueron provocadas por la publicación del Decreto Supremo 5503 del 86% en la gasolina y 168% en el diesel – cuyos precios estaban subsidiados. Paz Pereira, que había prometido un “gradualismo económico”, asegura que con esta medida ahorrará 3500 millones de dólares al año - equivalente al 6,4% del Producto Bruto Interno (PBI). El aumento del combustible ha provocado una ira generalizada entre los transportistas y los comerciantes. El gobierno ha logrado desarmar protestas de diversos sectores de transportistas, como los de Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. La situación se mantiene más tensa en La Paz y la ciudad aledaña de El Alto, donde los comités ejecutivos regionales de la Central Obrera Boliviana (COB) se han lanzado a una huelga general indefinida hasta el retiro del Decreto Supremo. Las primeras protestas, iniciadas el viernes 19 de diciembre, han dejado como saldo más de 120 detenidos y varias decenas de heridos por la represión policial. El rival de Paz Pereira en el balotaje, el ultraderechista “Tuto” Quiroga ha señalado que apoya las medidas que desregulan la importación de hidrocarburos y abren las puertas a la privatización de empresas estatales y los recursos naturales. Pero Quiroga - que fue presidente de Bolivia durante un año - le ha recriminado al actual presidente su falta de cintura política. La crisis del gobierno está instalada también en el binomio presidencial. Edmundo Lara, vicepresidente y gran responsable de la victoria de Paz, ha roto abiertamente con el gobierno. Denuncia que Paz lo ha excluido, primero, del armado del gabinete y, en segundo lugar, ha realizado un ajuste. Lara es un influencer derechista; ha rechazado el Decreto Supremo en el Parlamento, conformando una suerte de bloque propio entre diputados oficialistas y opositores. La fragmentación del Parlamento es total, La COB se ha sumado a las protestas luego de más de 48 horas de combate callejero con la policía y la formación de piquetes. La COB ha perdido autoridad ante los trabajadores. El gobierno ha rechazado las audiencias con los secretarios de la COB y ha apostado a reuniones sectorizadas con diversos sindicatos y juntas regionales para discutir paliativos al Rodrigazo. En La Paz ha logrado reducir considerablemente las protestas de los mineros auríferos y de Juntas Vecinales. El gobierno incluyó en el Decreto un aumento del 20% del salario mínimo - en niveles de indigencia. Al mismo tiempo, Quiroga denuncia que diversos aumentos en pensiones y asistencia social superarían el “ahorro” de la quita de subsidios. Evo Morales, recluido políticamente por diversas causas judiciales y un pedido de captura, no ha logrado evitar el derrumbe del MAS – en realidad, lo ha precipitado, El ex presidente, Luis Arce, se encuentra preso por corrupción. Bolivia está en el centro de la disputa por el acceso a los recursos naturales, principalmente las reservas de Litio y otros minerales - tierras raras. Estados Unidos busca instalarse en las mismas.

Ante un nuevo fracaso en la negociación de la paritaria del Neumático la dirección del SUTNA convocó a un nuevo paro por 24 horas, a partir de las 14 horas del martes 23, en Bridgestone y FATE y a un “Festival Solidario” en las puertas de FATE a partir de las 19 horas. La patronal de Pirelli adelantó vacaciones a todo el personal a partir del lunes 22. El nuevo paro por 24 horas fue decretado, como todos los paros aislados anteriores. En la última audiencia paritaria, número 43, las patronales ratificaron tres propuestas salariales diferentes: en Bridgestone 24%, Pirelli 20% y FATE 0%, no retroactivo y sin bono navideño 2024-2025. Las patronales pretenden implementar paritarias por empresa, anticipándose a la Contrarreforma Laboral Es inocultable que las patronales del Neumático, con la abierta colaboración de la Secretaria de Trabajo de la Nación, a cargo de un CEO de Techint, Julio Cordero, han impulsado una política de desgaste sistemático en la negociación paritaria, que lleva un año. Ha estado combinada con una política de despidos masivos e ilegales. Al mismo tiempo, las patronales impusieron cambios en la organización del proceso de trabajo que redundaron en un aumento en el rendimiento del trabajo. El próximo viernes 26 habrá otra audiencia en la cual el SUTNA reclamará la unificación “(…) de las propuestas partiendo del mayor ´a cuenta de futuros aumentos´ otorgado (…)”. Para salir del impasse político-sindical es necesaria la convocatoria a una Asamblea General. Para doblegar el obstáculo que pone la Directiva y el aparato del Partido Obrero a esta instancia fundamental de lucha, es necesaria una campaña hombre por hombre, de parte del activismo, en todas las empresas.

La famosa cadena de medicamentos genéricos, de origen mejicano, que desde septiembre 2002 tiene filiales en nuestro país, se sumó a la ola de despidos y cierres de sucursales. Más de 300 puestos de trabajo están en riesgo. Al cierre de varias sucursales del interior del país, ahora se suman despidos y próximos cierres en CABA. Los trabajadores denuncian que, desde que comenzó el año, no tienen ningún mes con aportes previsionales completamente pagos. Y desde septiembre inclusive, les dejaron de aportar la totalidad de los mismos. También señalan que progresivamente la empresa fue disminuyendo el stock, de productos hasta llegar actualmente a tener sus depósitos casi vacíos y generar la falta de casi 140 especialidades medicinales. Alegan que una parte importante de la pérdida de ventas no se debe a que la gente no quiere comprar, sino a que la empresa no trae los productos, lo que llevaría a forzar la quiebra. A pesar de ello, siguen facturando un monto considerable, que sería mucho mayor si la empresa trajera la mercadería faltante. No hay comunicados oficiales, pero circulan rumores de que estarían tratando con posibles inversores o compradores y también que están apuntando a un cierre por quiebra, en este caso fraudulenta. El silencio de la patronal al respecto genera mucha incertidumbre y angustia en los empleados. Los trabajadores ya empezaron a recibir telegramas de despido, aduciendo “causas de fuerza mayor y falta o disminución de trabajo no imputables al empleador “, cuando en realidad vaciaron las estanterías. También ofrecen una indemnización según el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es del 50%, sin haber cumplido con los requisitos legales para aplicar este artículo en vez del artículo 245, que es el que corresponde al 100% de indemnización. No respetaron los pasos de pedido preventivo de crisis aún no está declarada-, ni la prioridad de despedir primero a los de menor antigüedad. Nos dicen que la mayoría de los despidos se dio en personal con antigüedad considerable, de 10 años en adelante, incluso en personas con más de 20 años de antigüedad, lo cual contradice la situación de crisis económica que alega la patronal, ya que seleccionó personal con indemnización de montos mayores al promedio. Como señal de alarma, el sueldo de noviembre fue abonado en tres cuotas. Todavía el sindicato ADEF (Farmacia) no se hizo presente, esperando que la cantidad de despedidos sea mayor para recién ahí ver qué van a hacer. Los trabajadores deben organizarse y convocar a asambleas autoconvocadas para definir un plan de acción. Es importante que la organización abarque a todos, tanto los despedidos como los que aún continúan, para poner freno a los despidos, impugnar las causas, pelear por las reincorporaciones o por los montos indemnizatorios que realmente corresponden. La prioridad es frenar la pérdida de la fuente de trabajo, y para ello es importante la acción conjunta, más allá de la acción individual a nivel judicial, con el objetivo de lograr las reincorporaciones de los cesanteados.

Los trabajadores de Avex, una planta avícola de la localidad de Río Cuarto, Córdoba, comenzaron ayer una huelga general contra el esquema de pagos en cuotas de salarios y aguinaldos que lleva adelante la empresa. Antes de las fiestas, los trabajadores cobraron solamente el 30% del aguinaldo y una parte del salario. El paro se cumplió al 100% de la planta. La planta de Rio Cuarto pertenece al grupo Granja Tres Arroyos, que viene pagando en cuotas los salarios y atrasándose sistemáticamente en el pago de las vacaciones, las cargas familiares, las cuotas alimentarias, etc. Trabajadores de las granjas productoras de aves del grupo también denuncian que los atrasos los impactan en los salarios y en la provisión de alimentos para el engorde. Avex es una de las plantas donde el grupo Granja Tres Arroyos produce pollos congelados para la exportación, especialmente a China. No es una empresa afectada por la avalancha importadora ni por el derrumbe del consumo interno ni por el Industricidio, sino que ha entrado en una crisis financiera que corresponde 100% a la irresponsabilidad de la patronal. El viernes pasado se había desatado una huelga por tiempo indeterminado en la planta de Concepción del Uruguay que fue levantada ayer con una nueva maniobra de la burocracia del Sindicato de la Alimentación. El Secretario General del STIA de Concepción del Uruguay, Miguel Klener, planteó a los trabajadores que, como consecuencia de la huelga, la empresa estaba decidida a incumplir el cronograma de pagos y que sólo levantando el paro Granja de comprometía a pagar, adelantando una parte del aguinaldo para ahora. Además, si se levantaba la huelga, la empresa se comprometía a no descontar el día de paro. Si bien se sometió a una votación, los trabajadores en su inmensa mayoría se abstuvieron de votar, retornando al trabajo mascullando la bronca. Tan de la mano van el sindicato con la empresa que en la asamblea se apersonó el gerente de planta a ratificar la posición del Secretario General. El levantamiento del paro de Concepción del Uruguay el mismo día que se desata la huelga de Río Cuarto le permite a la empresa Granja Tres Arroyos enfrentar a los trabajadores en forma atomizada, atendiendo de a un conflicto por vez. Las dos plantas en huelga podían llamar a contagiar a todos los trabajadores del grupo sometidos al mismo cronograma de pagos atrasados. Un comité de delegados de empresa habría golpeado de conjunto y quebrado el juego de maniobras de la patronal y de los sindicatos intervinientes. Las huelgas que despiertan frente a los despidos, los atrasos en los pagos y las paritarias congeladas expresan una tendencia a la lucha que crece en la clase obrera. El destino de la contrarreforma laboral fascista que impulsa el Gobierno habrá de vérselas con esta tendencia.

El mago de las finanzas tiene que pagar un vencimiento de 4.200 millones de dólares en enero, pero no consigue juntarlos. Colocó un Bono Nacional (Bonar) con pésimos resultados, porque endeudó a Argentina por mil millones de dólares, pero solamente recibió 910; de modo que la tasa de interés del 8% se convirtió para el Tesoro en poco más del 9%. Con estos ‘rendimientos’, sigue teniendo cerrado el mercado voluntario de deuda y por lo tanto la posibilidad de reciclar los vencimientos de la deuda externa, que son de 47.000 millones de dólares, en 2026/27, si se suman los intereses. Lo más importante, aunque se le presta menor atención, es que ha reunido unos 800 millones de dólares por la licitación de represas en la Patagonia, o sea que la camarilla gobernante ha empezado a rematar activos para pagar deuda. YPF, la nave insignia de los liberticidas, se encuentra a la búsqueda de financiamiento para sus inversiones, por lo que ha empezado a rematar su conglomerado de empresas (Pro-Fértil, por ejemplo), para obtener dólares que deberán pasar por el Banco Central y serán usados para la cancelación de deudas. Fue lo que hizo Martínez de Hoz en 1981 cuando endeudó a la empresa estatal en 15.000 millones de dólares, que rápidamente se hicieron humo y convirtieron a YPF en una empresa fallida. Llegada a esa situación, la compañía (que ya es privada en un 49%) sería liquidada con un ‘generoso’ descuento. El ‘milagro’ de Vaca Muerta se convertiría en una sepultura. Todo lo que produzca dólares se desvanecerá en el aire. Esta es la razón de conjunto por la que Petronas y Shell se retiraron de una asociación con YPF, mientras YPF busca llegar al mercado internacional por la intermediación de la italiana ENI y el grupo de Abu Dhabi. Milei ha izado en Argentina la bandera roja del remate. YPF ha renunciado a construir plantas de licuación del gas para no demorar las exportaciones. El uso de barcos licuificadores para apurar la monetización del crudo, muestra la urgencia que imponen los vencimientos de deuda a la industrialización a partir de cadenas de producción y valor propias. El gobierno ha autorizado el endeudamiento en dólares de compañías que venden en pesos, para apurar el ingreso de divisas, a riesgo de que éstas no puedan devolver los préstamos en la moneda de origen. Sigamos. Todo indica que para el pago de enero Caputo no contará con un canje de monedas con el Tesoro norteamericano ni con los créditos que se le atribuían a un consorcio de bancos liderados por el JP Morgan. La alternativa sigue en pie, según algunos, pero para más adelante (“hoy no se fía”). Por eso ronda la idea de que Caputo quiere obtener un canje con los acreedores de la deuda de enero, claro que a plaza breve y a mayor tasa de interés. Exactamente lo que impide la ley de Administración Financiera, que condiciona los canjes a que representen una mejora en la posición deudora del Tesoro. Es aquí cuando ingresa la cohorte de diputados y senadores en el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026, ya aprobado en Diputados y sin obstáculos (todo lo contrario) en el Senado, cuyo artículo 53 habilita el canje de deuda “en condiciones (que) serán definidas, en su conjunto, por la Secretaría de Finanzas y la secretaría de Hacienda”, ambas dependientes del ministerio de Economía. Lo último que querría Milei es vetar este Presupuesto ilegal; Caputo lo quiere para antes de Noche Vieja. La coalición de los liberticidas votó con los brazos en alto, pero la oposición ‘a su majestad’ hizo valer el silencio. El artículo siguiente tampoco se queda corto. El 54 dispone la conversión en títulos (o sea deuda) del Tesoro a las “letras intransferibles denominadas en dólares” (en poder del Banco Central), a la par y con amortización íntegra”. O sea que convierte a los ‘pagadiós’ de gobiernos anteriores en deuda del contribuyente, acentuando un ajuste que no podría ser más brutal. Esta tentativa de rescate del Banco Central (que tiene un patrimonio neto negativo por 17.000 millones de dólares) por parte del Tesoro, tiene lugar cuando el mismo Tesoro ha obligado a los bancos a mantener encajes de alrededor del 50% de los depósitos en títulos públicos. El gobierno paga deuda externa con parte de los depósitos en dólares en los bancos, creando la conexión perfecta entre una fuga de capitales en los mercados de cambio y de depósitos en los bancos. Cuando los legisladores y la prensa saludan con un ‘habemus presupuesto’, se olviden mencionar que es el de la estafa y la quiebra. Al autorizar al ministerio de Economía a reemplazar activos por nueva deuda, en el artículo 51, se pone en marcha una alternativa usada hasta el abuso por el kirchnerismo – que el pago de los vencimientos de enero se haga con los fondos del Fondo de Sustentabilidad de la ANSES. Los jubilados seguirían pagando desfalcos en violación a la ley de Administración Financiera. El artículo 54 autoriza a Economía a operar en el mercado de derivados, como se denomina a las apuestas financieras que tienen como referencia otros activos financieros. Si la crisis no se lleva puesto a Caputo antes de lo previsible, veremos al Tesoro (o sea a los contribuyentes) operando involuntariamente en cripto monedas – la cueva de los evasores y de los negocios ilegales (mientras Trump ejecuta en forma sumaria a pescadores en el Caribe). La morosidad que registra el crédito bancario, es parte integral del rulo especulativo. Las tasas de interés han oscilado de un extremo al otro, golpeando los ingresos de los deudores personales e incluso empresas (que suspenden actividades a tropel). Un 7% de mora promedio, que registra índices mayores al 10% y apunta hacia arriba, con encajes elevados en el sistema bancario, amenaza todo el sistema de deuda. Varios economistas del ‘establishment’ advierten acerca de este rulo hacia el abismo. La decisión de devaluar el peso en concordancia con la inflación del mes previo, no sólo disparará los precios; también obligará al Banco Central a financiarse por medio de deuda con el sistema bancario; esto secará el mercado de deuda pública en pesos, que equivale a 200.000 millones de dólares; es un canal de fuga de capitales y de presión inflacionaria. Con una base monetaria que es mucho menos del 10% de la deuda pública total, no hay moneda que resista. Argentina no es una excepción a la regla mundial – es su brújula. Del 50% del PBI mundial, diez años después de la Segunda Guerra, la deuda pública de los estados, hoy representa el mucho más del doble – en China y Japón alrededor del triple. La representación del capital es varias veces superior al capital real. Este fenómeno no es sólo especulación; es la expresión de una movilidad en busca de lucros y tasas de ganancias que decrecen velozmente de una rama a otra, una industria a otra. La anarquía del mercado se acentúa. Volviendo al punto de partida. El nuevo Congreso ha demostrado su servilismo sin adjetivos desde su primera sesión – no sólo el oficialismo. Los auditores de las cuentas públicas, designados en Diputados y Senado, representan todos los matices de la política tradicional.

Con un argumento, que ya se han constituido en un lugar común en el discurso de todos aquellos que están a favor del proyecto de reforma de la ley de Glaciares 26.639, las principales cámaras empresarias exigieron abandonar los criterios abstractos, denunciaron que la normativa actual es un "cepo regulatorio" y que las provincias deben ser las que definan, analizando “caso por caso”, qué áreas proteger para habilitar la minería en la cordillera. Sostienen que así se destrabarán las inversiones para la industria minera. Un apoyo incondicional al proyecto gubernamental. Tanto la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) como la Unión Industrial Argentina (UIA) coincidieron en que la actual redacción de la norma funciona como un cepo regulatorio por su falta de precisión, y reclamaron que la protección se centre exclusivamente en aquellas geoformas que efectivamente cumplan un rol hídrico estratégico. Ambas Cámaras sostienen que no todos los glaciares o zonas periglaciares representan un recurso hídrico estratégico. Este solo planteo cambia la letra y el espíritu de la ley actual, que parte de que todos los glaciares, en cualquiera de sus formas, los ambientes glaciares y los periglaciares son estratégicos desde el mismo momento en que son reservorios de agua pura, en la zona semiáridas, y que aseguran no solo los cultivos (su riego), sino la vida misma de las personas (el agua potable), y que hoy un zona periglaciar tenga un peso específico menor en relación a otras en cumplir un rol hídrico estratégico, no significa que no lo cumpla en el futuro teniendo en cuenta que los glaciares y los ambientes glaciares y las zonas periglaciares, solo por el cambio climático global se van reduciendo de manera inexorable. La nueva ley y todos los proyectos mineros que hay en curso van a darle el golpe de gracia a los glaciares, sin importarles que cada glaciar que se destruye no hay ninguna posibilidad de reconstruirlo en un futuro. La UIA En abril de este año se produjo el ascenso por consenso de Martin Rappallini en la presidencia de la UIA en reemplazo de Daniel Funes de Rioja, quien ya había cumplido dos mandatos y no podía ser reelecto. Antes de retirarse, Funes de Rioja dejó escrito el proyecto (que salvo con algunos retoques), de “Reforma Electoral” que está en discusión en el congreso. El nombramiento de Rappallini marca el desembarco del sector minero en la conducción de la entidad fabril. Rappallini lidera el Grupo Alberdi, holding argentino con fuerte presencia en la industria de la construcción (su empresa insignia es la Cerámica Alberdi con sede en Salta, con filiales en el Sur y Buenos Aires) y una creciente participación en la minería metalífera. Recientemente se convirtió en el socio local con Zonda Metals GmbH, compañía suiza dedicada a la exploración de metales a nivel global del Proyecto San Jorge, proyecto que ha venido siendo cuestionado por sucesivas movilizaciones masivas desde 2011, y al que hace una semana atrás la legislatura mendocina, pasando por encima de los cuestionamientos populares, dio vía libre para que se inicie el desarrollo cuprífero ubicado en Uspallata, Mendoza. Además, mantiene actividades de exploración minera en el Proyecto Cerro Amarillo, en el departamento de Malargüe, al que científicos del IANIGLIA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) han destacado que se encuentra en zona de glaciares, que lo pone en cuestión con la ley hasta ahora vigente. CAMARCO y las constructoras El foco del reclamo empresarial no es cuestionar la protección ambiental, a la que adhieren, sino la metodología de aplicación. CAMARCO (Cámara Argentina de la Construcción), presidida por Gustavo Weiss, aseguró que es "absolutamente necesario" que la normativa contemple que la determinación de las áreas protegidas se realice "caso por caso". Los constructores sostienen que la prohibición genérica que contempla la ley actual paraliza obras de infraestructura y proyectos productivos sin un sustento técnico real. Por ello, exigen que las definiciones se basen en "estudios técnicos específicos y en la evaluación de especialistas" con conocimiento científico en la materia. Gustavo Weiss, un empresario cuya empresa Eleprint SA funciona desde 1962, ha sido cuestionado por sus vínculos con el kirchnerismo y en ese marco figura en la causa “LOS CUADERNOS” de la corrupción. La Mesa del Cobre y la Mesa del Litio La Mea del Cobre como la Mesa del Litio, son mesas políticas que reúnen a las provincias con potenciales emprendimiento cupríferos o litíferos. En este momento suman a Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy Ahora todas estas provincias, sus gobiernos y la inmensa mayoría de los integrantes de sus bloques en el congreso se han alineado con el proyecto. Junto a las cámaras empresariales locales, filiales de la UIA o Camarco, y las grandes mineras internacionales han concretado un frente único en la pretensión de que se le reconozca a los estados provinciales como los "legítimos titulares de los recursos naturales" y, por ende, quienes deben tener la llave para habilitar o frenar los desarrollos en sus territorios, algo que ya está contemplado en el texto del proyecto de la nueva ley. De la misma han dado vuelta al "Principio Precautorio", que es un detalle técnico no menor del proyecto, y que se refiere a cómo maneja la incertidumbre. La iniciativa incorpora un Artículo 3º bis sobre el "Principio precautorio". Este establece que las geoformas del Inventario Nacional están protegidas "hasta tanto la autoridad competente" verifique la inexistencia de funciones hídricas. Pero agrega una cláusula clave para la inversión: "A partir del momento en que la autoridad competente (o sea las provincias) constate que un glaciar... no cumple con alguna de las funciones... se considerará que no está alcanzado por las previsiones de la presente ley". Con esto se recorta el poder de veto tácito del inventario nacional. Si bien el IANIGLA seguirá siendo responsable técnico, el proyecto crea un mecanismo inverso: si una provincia detecta que un área incluida en el Inventario no tiene función hídrica, deberá informarlo al instituto, quien "deberá eliminarlo" del registro. Proveedores En el marco de los cambios de autoridades en la UIA, asumió Goransky designado como secretario del Departamento Minero de la UIA. El dirigente también remarcó que para que la minería se consolide se necesitan obras de infraestructura. “Las regalías deben traducirse en rutas, energía y servicios en las zonas mineras. Y, por supuesto, garantizar trabajo digno para las comunidades locales. Esa es la verdadera licencia social”, y pidió priorizar a proveedores locales en proyectos mineros En sintonía con este propósito, el Gobierno de San Juan anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que exigiría entre un 60 % y un 80 % de proveedores y mano de obra local a las mineras. Pérez de Solay, CEO del Glencore (una de los multinacionales mineras más importantes del mundo) aseguró que vienen trabajando en conjunto y que el espíritu general es compartido. “Entiendo que este proyecto ha sido suficientemente dialogado, discutido, consensuado. Yo vengo de un principio básico, que es maximizar la cantidad de riqueza que se genera en el lugar donde nosotros realizamos las operaciones.” Consultado sobre la falta de infraestructura -líneas eléctricas, rutas, ferrocarril y puertos-, el CEO señaló que la solución no recae exclusivamente en las mineras ni en el Estado, sino en generar condiciones para que actores especializados participen. “Nosotros podemos contribuir porque vamos a ser los principales demandantes de esa infraestructura. Pero no creo que sea función de las mineras construirla. No creo que sea función del gobierno construirla.” Aseguró que la clave es alinear demanda y condiciones: “Creo que las mineras tenemos que poner la demanda que tenemos arriba de la mesa. Los gobiernos tienen que poner las condiciones para que aquellas empresas que saben hacer infraestructura, vengan y la hagan. Nosotros no somos operadores de puerto, no operamos trenes. Tienen que venir los que saben de puertos, de trenes y de electricidad y hacerlo.” Trump y los intereses imperialistas Por último, y no podía ser de otra manera, AmCham, la cámara que nuclea a las empresas estadounidenses en la Argentina, también dejó trascender la necesidad de destrabar la Ley de Glaciares, que esa es la condición sine qua non para que las grandes mineras internacionales hundan capital en el país. El embajador Peter Lamelas se ha mostrado muy activo. Así fue a Mendoza a reunirse con el gobernador Cornejo, dando una muestra de apoyo a un gobernador que decidió enfrentar mediante métodos represivos el repudio popular a las leyes mineras que ponen en crisis el recurso más escaso de la provincia, el agua . Conclusión, tenemos un breve cuadro de la burguesía argentina y sus representantes políticos, buscando por todos los medios ser parte del festín minero, ya sea como socios menores de los grandes emprendimientos que van a estar dirigidos por las grandes multinacionales mineras, o como constructores de las infraestructura de las minas, o como proveedores de servicios diversos de esas explotación, y todos juntos haciendo un gran lobby para que se apruebe un proyecto de ley que dará piedra libre para arrasar con los glaciares, los periglaciares, los ambientes glaciares, destruyendo el medio ambiente y un insumo de vida como es el agua. LEER MÁS: El gobierno logró dictamen con los votos de libertarios, radicales y peronistas para un proyecto que arrasa con los glaciares Por Daniel Blanco, 19/12/2025.

El gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) ratificó los pliegos para la futura licitación de la concesión para operar la Vía Navegable Troncal (VNT), comúnmente denominada como Hidrovía y las empresas que se presenten con ofertas tienen tiempo para hacerlo hasta el 27 de febrero, proceso que tendría como fecha de finalización el mes de mayo de 2026. Según se puede leer en los pliegos la licitación, la concesión tendrá un plazo de duración de 25 años, que podrá prorrogarse por un período adicional que no excederá del 20 % del plazo original. https://www.argentina.gob.ar/economia/agencia-nacional-de-puertos-y-navegacion/llamado-licitacion-publica-nacional-e-internacional-para-la-concesion-de-la-navegable-troncal Con Caputo a la cabeza el gobierno busca hacerse de dólares frescos para los próximos vencimientos de deuda externa , y por medio de la Resolución 67/2025, los liberticidas encaran la mayor licitación de su gestión para concesionar “la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal” (La Nación 19/12), que va desde el kilómetro 1238 del río Paraná hasta la desembocadura del Río de la Plata en el océano Atlántico. La empresa adjudicataria de la concesión tendrá que desembolsar US$425 millones en los primeros 6 años en materia de obras. La intervención de la ONU Luego de que se truncaran la primera licitación impulsada por la gestión libertaria y que terminó en un bochorno con denuncias cruzadas entre los diferentes oferentes , el gobierno nacional buscó asesoramiento técnico de la ONU a través de un organismo dependiente de esta, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que en su informe final entregado al gobierno nacional dictaminó que por lo menos ocho grandes empresas se encuentran en condiciones de presentarse a licitar, mientras continúan las limitaciones para la dragadora china CCCC (China Communications Construction Company), en tanto y en cuanto en uno de los artículos del pliego (incluido a pedido de los EE. UU. para excluir a China de la licitación), se señala que no pueden ser de la partida “toda persona jurídica que sea controlada, directa o indirectamente por Estados soberanos o agencias estatales, en el capital, en la toma de decisiones o de cualquier otra forma”. Entre las empresas que cumplen con las condiciones de la UNCTAD se encuentran las belgas Jan de Nul y DEME (la única oferente del primer llamado), y las neerlandesas Boskalis y Van Oord, que cuentan con la flota necesaria para cumplir con los objetivos del dragado. Otras empresas que pueden presentarse, pero de manera asociada para alcanzar el tamaño de flota preciso para las tareas son, Inai Kiara (Malasia), Rhode Nielsen (Dinamarca), Great Lakes and Dock Co. (EE. UU), Weeks Marine (EE. UU). Los liberticidas en busca de “consenso” Esta vez el gobierno, para no tropezar con la misma piedra y efectivizar la privatización de la Hidrovía, además de recurrir a la ONU, llevó adelante una” deliberación” entre los actores interesados (provincias, empresas, cámaras empresariales, usuarios) con el afán de lograr la aprobación de todas las partes con el pliego licitatorio y que este sea de “consenso y transparencia que garantice mejoras estratégicas, beneficiando a todos los argentinos al reducir costos tanto en insumos importados como en productos destinados a la exportación” (Ídem), señalaron desde el gobierno, tratando de revestir a la licitación como un beneficio para el conjunto de la población. Desde las usinas libertarias no se privaron en afirmar que “este proceso pone fin a esquemas discrecionales del pasado y transforma a la principal vía de comercio exterior en una verdadera palanca de desarrollo para la Argentina y la región", cuando Milei torpedea en la Cumbre del Mercosur al bloque económico que se encuentra unido por la Hidrovía, caracterizándolo como un obstáculo para el desarrollo, para pasar a proponer una flexibilización de las relaciones comerciales. La construcción de “consenso” que se trazó el gobierno comenzó en abril pasado cuando se conformó la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo Fluvial de la Vía Navegable Troncal, de la que participaron usuarios, cámaras, provincias, puertos, sindicatos, universidades y organismos internacionales, y en la que se terminó imponiendo los intereses sectoriales del complejo agroindustrial, los mayores usuarios de la “autopista navegable” y también, sus principales beneficiarios. La justicia cumplió su rol en los propósitos del gobierno en avanzar en la privatización de la Hidrovía, al fallar en contra de la medida cautelar presentada por la Fundación Cauce, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Asociación de Abogados Ambientalistas, que alegaron que la Audiencia Pública Ambiental convocada por la ANPyN, no garantizaba los estándares de participación ciudadana exigidos por la normativa nacional y el Acuerdo de Escazú (1). El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12 rechazó la medida cautelar, justificando el fallo en que los peticionantes no lograron demostrar la existencia de una lesión concreta a los derechos alegados ni irregularidades sustanciales en el procedimiento convocado por la autoridad portuaria. (Infobae 3/11/2025) En la Audiencia Pública Ambiental, llevada adelante en octubre pasado, a los 247 expositores que participaron de la misma, entre los que se encontraron sectores ambientalistas, habitantes del río, isleños, apicultores y hasta personal involucrado en la marina mercante, no pudieron conocer cuál será el impacto ambiental que van a tener las obras que se realizaran en el río, convirtiendo a la audiencia en un cascaron vacío, que solo fue convocada para cumplir con los pasos previos a la presentación de los pliegos. La Audiencia Pública Ambiental sirvió para dejar en claro que las megaobras planificada en los pliegos, y las que se puedan introducir, tienen como principal objetivo reducir los costos logísticos de las empresas exportadoras e importadoras, haciendo caso omiso al impacto ambiental sobre la flora, fauna y los habitantes. El lobby de los agronegocios y la UIA La Hidrovía, por donde sale el 80 % de las exportaciones agroindustriales argentinas y fundamental para el comercio con Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, requiere de obras de dragado que aumenten el calado para que los grandes buques puedan navegar el río con la mayor carga posible y de esta manera, reducir los costos logísticos con la finalidad de aumentar los márgenes de ganancias de las grandes exportadoras, que vienen reclamando a gritos las obras necesarias. En este sentido, funcionarios nacionales han mantenido reuniones con la Bolsa de Comercio de Rosario y la UIA, que realizaron el pedido al gobierno de aumentar el calado entre el puerto de Recalada (punto de ingreso por el Río de la Plata) y el de Timbúes a 42 pies reales (12,80 metros) frente a los 38 pies reales actuales (11,58 metros), introduciendo de esta manera modificaciones a los pliegos. Sobre este punto Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones de Cabotaje, señaló que “no existe en el mundo un antecedente similar de un río sometido a navegaciones de ultramar con esa profundidad. Un dragado a 44 pies aceleraría el escurrimiento del agua hacia el océano, afectando el equilibrio hídrico en una cuenca que ya padece una fatiga ambiental por la falta de agua y la alteración de los regímenes históricos.” (La Capital 5/11) Al mayor dragado, pedido por las cámaras empresariales, se le suman otras obras que tendrían impacto ambiental como lo es el ensanchamiento “estipulado entre los 160 metros y 200 metros (de cauce) y cambio de traza en los sectores comprendidos entre Las Hermanas (km 322 y 318) y Los Ratones (km 290 a 282), referentes a los sectores comprendidos entre Yaguarón-Isla Nueva (a la altura de San Nicolás) y Vuelta de Obligado.” (Ídem) Otra de las exigencias de los privados era que se reduzca la tarifa mínima de referencia del peaje en la compulsa entre los posibles dragadores, y en principio lograron una rebaja que US$4,30 a US$3,80, por tonelada, para el tramo de Timbúes al océano, tramo donde se encuentran la mayoría de los 79 puertos que se encuentra a lo largo de la Hidrovía. El gobierno nacional accedió sin chistar a estas exigencias expuestas por la Bolsa de Comercio y la UIA, pero que fueron acompañadas por la Cámara de la Industria Aceitera, el Centro de Exportadores de Cereales, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, que en su conjunto están de festejo con las decisiones tomadas por el gobierno. Estados Unidos impone sus condiciones en la licitación Haciendo valer el memorándum firmado por las gestiones de Alberto Fernández y Joe Binden , Estados Unidos opera en la región por medio de Andrew Dilts, agregado comercial de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina. Luego de haber recorrido los puertos de Barranqueras y Las Palmas en Chaco, Dilts se hizo presente en el puerto de Posadas en una visita oficial y estuvo flanqueado por Ricardo Babiak, presidente de la Administración del Puerto de Posadas y Santa Ana (APPSA). Dilts básicamente fue a monitorear las obras de dragado y balizamiento que se están desarrollando en el tramo superior del río Paraná que permitan ampliar la capacidad operativa de este tramo, que es por donde sale té y la madera misionera, que tienen como principal destino los Estados Unidos. El subordinado del embajador Peter Lamelas aseguró que buscará “ayudar o facilitar las gestiones que presentamos a la ANPyN, que principalmente es el dragado de esta parte del Paraná” (Misiones online 19/12), y señaló que elevará un informe a la Embajada para reforzar las gestiones ante el gobierno nacional y terminó anunciando que una misión comercial norteamericana visitará la capital misionera para realizar rondas de negocios, vinculando a empresas locales con firmas estadounidenses interesadas en sus servicios. (Ídem) Antes de la caída de la licitación en febrero pasado por irregularidades en los pliegos, el gobierno liberticida estaba dispuesto a entregar la privatización de la Hidrovía a Jean de Nul, que contaba con el aval de EE. UU. La privatización del río Paraná se encuentra en el centro de la escena de la guerra comercial con China, que juega un papel trascendental dado que hacia ese país va la mayor parte de la soja argentina. El volumen operado “oficialmente” el año pasado fue de 110 millones de toneladas de carga, con más de 4.300 barcos navegando a lo largo de todo su recorrido. Las exigencias de los EE.UU. van más allá de las imposiciones comerciales, y en este sentido el gobierno liberticida ha arribado a acuerdos para para la instalación de un barco de la Marina de ese país en las aguas de la Hidrovía con el argumento de combatir el narcotráfico, pero no objeta la proliferación de puertos privados, custodiados por guardias privados, casi sin intervención de la Prefectura Argentina, que son las terminales de fabulosos negociados, no sólo vinculados a las drogas. El objetivo estratégico de la gestión Trump es extender la “guerra” contra el narcotráfico a todo el continente, como lo está llevando adelante en el mar Caribe y con la agresión imperialista contra Venezuela. La licitación “consensuada” de la Hidrovía se encuentra al servicio del pago de los próximos vencimientos de deuda (4.200 millones de dólares en enero), de los intereses de los agronegocios, la UIA y bajo la batuta de los EE. UU., con Peter Lamelas como punta de lanza, para asegurar el control de una de las vías comerciales más importante del mundo. 1 - El Acuerdo de Escazú fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Su objetivo principal es promover y garantizar que todas las personas tengan acceso a la información ambiental, y que puedan participar en la toma de decisiones y tengan acceso a la justicia en cuestiones ambientales. https://acuerdodeescazu.org/

Un segundo lote de 8000 documentos publicados por el Departamento de Justicia volvió a sacudir la política estadounidense. Entre los archivos difundidos esta semana aparece un correo interno que sostiene que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein “muchas más veces de lo que se había informado previamente”, incluyendo trayectos en los que también habría estado presente una joven cuyo nombre la censura tachó. En estos documentos, las tachas son lo que aparece con más frecuencia. Por si no alcanzara, un comunicado de la Justicia deslegitimó el material advirtiendo que incluye “afirmaciones falsas y sensacionalistas” presentadas ante el FBI poco antes de las elecciones presidenciales de 2020, entre ellas denuncias contra Trump. Según el Departamento, esas acusaciones fueron evaluadas y resultaron “infundadas y falsas”. La semana anterior, al menos 16 archivos relacionados con Jeffrey Epstein, el multimillonario proxeneta y proveedor de los hombres más poderosos del mundo, desaparecieron de la página web pública del Departamento de Justicia a menos de un día después de su publicación. El gobierno no dio ninguna explicación, aunque se entendió que era un paso más en la protección de Trump y el ocultamiento de sus vínculos con el explotador sexual de menores. El bloqueo al material que compromete al Ejecutivo es indiscutible: la Justicia publicó decenas de miles de documentos que ofrecen poca información sobre los delitos de Epstein o sobre la complicidad de la fiscalía “que le permitió eludir graves cargos federales durante años”. Sobre todo, son imágenes de las casas de Epstein en Nueva York y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, con algunas fotos de celebridades y políticos. Muchos de los documentos tan esperados fueron censurados y las fotos de Trump, Clinton y otros dueños del mundo carecían de contexto. Los más sustanciosos mostraban que los fiscales federales tenían lo que parecía ser un caso sólido contra Epstein en 2007, pero nunca lo acusaron. Aunque tenían 1200 personas identificadas como víctimas (o a sus familiares). Tampoco publicaron las entrevistas del FBI con las víctimas ni los memorandos internos del Departamento de Justicia sobre las decisiones de imputación (AP 21/12) que permitieron que Epstein se declarase en 2008 culpable de un cargo relativamente menor de prostitución y por qué no se citó a sus clientes más significativos. Años después, en 2019, los fiscales federales de Nueva York presentaron cargos por tráfico sexual contra Epstein, pero este fue hallado muerto en su celda tras su detención. En este lote hay fotos nunca vistas del expresidente Bill Clinton, pero muy pocas de Trump. Clinton también viajó muchas veces en el avió de Epstein y en una foto se lo ve recibiendo un masaje de Chauntae Davies, quien denunció que Epstein la violó varias veces después de ser reclutada por Maxwell. Sobre ese viaje en particular, dijo que Clinton fue un “completo caballero”. El portavoz de Clinton, Ángel Ureña, sugirió que el gobierno manipula las publicaciones para proteger a Trump y exigió que se publicaran inmediatamente todas las fotografías y documentos relacionados con el expresidente demócrata. «Lo que el Departamento de Justicia ha publicado hasta ahora, y la forma en que lo ha hecho, deja una cosa clara: alguien o algo está siendo protegido», dijo Ureña en el comunicado. «No sabemos quién, qué o por qué. Pero sí sabemos esto: no necesitamos esa protección». La Justicia achaca el retraso al objetivo de preservar la identidad de las víctimas, un enfoque que enfureció a muchas de ellas y a miembros del Congreso que lucharon para que se aprobara la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA), aprobada casi por unanimidad en noviembre, que obliga al gobierno a divulgar todos los documentos no clasificados vinculados al caso. Las organizaciones de víctimas dicen que el nivel de censura no es a ellas a quienes protege sino a sus victimarios. “El Departamento de Justicia y el sistema judicial nos están fallando», dijo Marina Lacerda, quien alega que Epstein comenzó a abusar sexualmente de ella en su mansión de Nueva York cuando tenía 14 años. Los documentos públicos son solo una pequeña parte de los millones de páginas que podría tener el poder judicial en su poder. Aun así, miles de páginas están totalmente tachadas de la primera hasta la última línea. Las transcripciones de las actuaciones del gran jurado, publicadas por primera vez, incluían el testimonio de agentes del FBI que describían las entrevistas que habían mantenido con varias niñas y jóvenes que afirmaban haber recibido dinero a cambio de realizar actos sexuales para Epstein. La más joven tenía 14 años y estaba en noveno grado. Una de ellas contó a los investigadores que Epstein la había agredido sexualmente cuando ella se resistió a sus insinuaciones durante un masaje. Otra, que entonces tenía 21 años, testificó ante el gran jurado sobre cómo Epstein la había contratado cuando tenía 16 años para realizar masajes sexuales y cómo ella había reclutado a otras chicas para hacer lo mismo. «Por cada chica que le traía, me daba 200 dólares», dijo. En su mayoría eran personas que conocía del instituto, afirmó. «También les decía que, si eran menores de edad, mintieran y le dijeran que tenían 18 años». De acuerdo con la declaración de una de esas víctimas, Ghislaine Maxwell -la expareja de Epstein que está presa-, entonces de 58 años, participaba activamente de orgías con niñas de 15 años con otros poderosos empresarios y hombres de la vida pública de todo el mundo. Jennifer Freeman, abogada que representa a la acusadora de Epstein, María Farmer, dijo. «Parece que el gobierno no hizo absolutamente nada. Han sucedido cosas horribles y, si hubieran investigado, aunque fuera mínimamente, podrían haberlo detenido». Los vínculos entre el proxeneta y los amigos de Trump siguieron hasta en la cárcel: según los documentos, en un momento dado, los funcionarios de la prisión planearon alojar a Epstein en una celda con César Sayoc, un fanático partidario de Trump que en 2019 fue condenado a 20 años de prisión por enviar por correo artefactos explosivos a destacados demócratas y figuras de los medios de comunicación. La CNN afirma que “la publicación parcial y extensamente censurada de archivos sobre Jeffrey Epstein ha desencadenado una tormenta política cada vez más profunda en torno al presidente Donald Trump”. Los impulsores de la ley —el demócrata Ro Khanna y el republicano Thomas Massie— advirtieron que podrían impulsar cargos por desacato contra la fiscal general Pam Bondi si el Departamento de Justicia no cumple plenamente con la norma. “Debe dejar de proteger a los hombres ricos y poderosos que no fueron acusados”, reclamó Khanna. El lunes, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, presentó una resolución en la que pidió iniciar acciones legales contra la administración. “Es claramente una operación de encubrimiento”, afirmó. En la campaña electoral Trump prometió publicar todos los archivos, después hizo lo imposible para impedirlo. Cuando su base electoral empezó a sospechar que su líder no era ajeno a las festicholas con niñas, habilitó la publicación parcial de los documentos como una estrategia de reducción de daños y para embarrar a los demócratas que también iban con Epstein. Todas las estrategias fracasaron. Trump masticó el trago amargo de una revuelta republicana en el Congreso, vio como MAGA comenzaba a resquebrajarse y nada hace pensar que el caso Epstein vaya a “ceder en Washington antes de las elecciones intermedias del próximo año”. Las encuestas revelan que el 58 % de los estadounidenses reprueban al presidente y su gobierno. LEER MÁS: El “caso Epstein” saca a flote la podredumbre de la oligarquía financiera Por Olga Cristóbal, 21/11/2025.

En la mañana del lunes 22, el Concejo Deliberante de Quilmes abordó una ordenanza municipal que regula las fotomultas y convoca a una licitación pública para aplicar el sistema de estacionamiento medido en la vía pública. El municipio cobrará un cánon mensual en las zonas habilitadas, los cuadrantes del centro de Quilmes, Bernal y Quilmes Oeste. La sesión desató una crisis en el PJ de Quilmes. Más de 100 cuidacoches agrupados en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que dirige Juan Grabois, se movilizaron para denunciar a Mayra Mendoza, intendenta licenciada del distrito, y a su sucesora, Eva Mieri de La Cámpora, por llevar adelante este proyecto “neoliberal”. La movilización del MTE fue duramente reprimida y dejó como saldo un herido y una militante detenida. La Policía bonaerense se encontraba apostada en el recinto. Kicillof se ha llamado a silencio frente a esta crisis. El proyecto de ordenanza fue conocido de antemano por medio de una concejal que integra el Frente Patria Grande, Mariluz Mendoza. El proyecto fue aprobado por 17 de los 24 ediles. El oficialismo fue acompañado por los concejales del PRO, la UCR y uno de La Libertad Avanza. Lorena Aguirre del Partido Comunista Revolucionario y Gabriel Ibarra del Movimiento Evita acompañaron el proyecto. Habían acordado con el oficialismo la contratación de cuidacoches como empleados de la empresa que resulte ganadora de la licitación. Toda la atención mediática estuvo puesta en el cruce entre Grabois y Mayra Mendoza. En un audio filtrado a la prensa, Mendoza le dice a Grabois “quién carajo te crees que sos”. Lo acusa directamente de querer “psicopatear” y llevarse una tajada económica. Según declararon otros funcionarios quilmeños, Grabois se opone a la licitación porque había reclamado que le dieran el sistema de estacionamiento medido directamente a una cooperativa del propio MTE. Por el lado de Grabois, acusan que el Ejecutivo quilmeño ha puesto más de 110 puestos de trabajo en peligro -en referencia al padrón de cuidacoches del MTE-. Los cuidacoches -un oficio por demás precario- fueron institucionalizados mediante la estatización de las agrupaciones sociales, con la delantera del MTE. Ahora, la privatización y el llamado a licitación del espacio público apunta a la creación de “trabajo registrado” - esgrime Mendoza-. El MTE discute que la ordenanza dejaría a muchas familias sin su principal ingreso. Según los medios locales, la licitación está armada a medida de un empresario vinculado a la intendenta, Leandro Camani, dueño de la empresa Secutrans, que se especializa en las fotos multas. Los medios han presentado el choque como una disputa por intereses económicos, asociados a la suma millonaria que manejan los cuidacoches sin que el municipio haga usufructo de los mismos. El objetivo del Ejecutivo quilmeño sería instalar el modelo “exitoso” de Berazategui. La Provincia también recibe su parte con la habilitación formal de las fotomultas, cuyas cámaras fueron colocadas en las principales avenidas pero no podían ser utilizadas sin la ordenanza correspondiente. Grabois es rechazado por los intendentes. En una mirada más amplía, el PJ bonaerense se encuentra enfrascado en una batalla interna por la sucesión de Máximo Kirchner como presidente del partido. El dirigente del MTE parece decidido a una confrontación; ha montado una movilización similar en Lanús, donde gobierna Julián Álvarez, otro camporista que ha hecho migas con Mendoza contra Axel Kicillof. Que la tapa de los diarios, previo a la Navidad, muestre al PJ protagonizando una interna de este tipo escenifica el nivel de lejanía que mantiene con las necesidades de los trabajadores. Los cuidacoches, enviados por Grabois, no han recibido en dos décadas de gobierno “nacional y popular” más que un balde y una esponja. La “economía popular” ha sido el discurso progresista para la precarización laboral y la ausencia completa de un plan de empleo masivo de la población desocupada.

En menos de dos semanas, Estados Unidos ya ha incautado dos buques petroleros y hay información sobre un tercero. Estas acciones ocurren después de que Donald Trump declarara un bloqueo marítimo para detener a los buques sancionados que entren y salgan de Venezuela con petróleo. La figura del “bloqueo” está cuestionada por ser una acción de guerra, pero eso es algo que poco le importa a Trump. En la retórica de Trump la lucha contra el “narcotráfico” pasó a un segundo plano, y ahora de lo que se trata -según él- es de recuperar el petróleo venezolano que fue nacionalizado en 1976 y las empresas que fueron expropiadas en el gobierno de Chávez. La nacionalización del 76 fue ejecutada por el presidente Carlos Andrés Pérez, con una suculenta indemnización, en el marco del gran embargo petrolero decidido por la OPEP (de la que Venezuela forma parte). Trump tampoco se limita a secuestrar buques “sancionados”. El segundo buque, el Centuries, es un tanquero con bandera panameña de origen chino, sin sanciones, secuestrado por la Guardia Costera pocos días después de la primera incautación. Es tercer buque sería el Bella 1, con un historial de movimientos en la flota fantasma que traslada crudo de países sancionados. El bloqueo a partir del mar Caribe está vinculado a la pretensión de Trump de recuperar el canal de Panamá y anexar a Groenlandia , como lo ha hecho explícito en la última semana. No se trata solamente de una Doctrina Monroe, sino de un avance contra la Unión Europea (Groenlandia se encuentra bajo la tutela de Dinamarca), y contra China y Rusia, dos estados muy activos en los mares del norte. La respuesta de Venezuela Nicolás Maduro ha ordenado a la Armada que escolte a los cargueros, pero ese seguimiento solo se hace en aguas territoriales, a lo sumo hasta la zona económica exclusiva, mientras que los secuestros se llevaron a cabo en aguas internacionales. La escolta militar a buques comerciales podría ser instrumentada por el imperialismo norteamericano para iniciar una contienda militar. La gravedad de los acontecimientos ha llevado a China y a Rusia a reclamar la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU, sin mayores resultados. Los acontecimientos en el Caribe se encuentran condicionados a las alternativas de la guerra de la OTAN-Rusia en Ucrania, ante el impasse de las propuestas formuladas por Trump. Aunque la proyección militar de China en el continente americano es inexistente, la prensa de ese país ha advertido que los ejercicios militares recientes de las Fuerzas Armadas están vinculados a un escenario de guerra en el Caribe (SCMP, 24.12). Lo cierto es que desde que el Comando Sur se asentó en el Caribe, el comercio exterior de petróleo se ha paralizado debido a los costos en seguros que significa operar en estas condiciones, lo cual restringe gravemente el ingreso de divisas y dispara la inflación. Respuesta internacional China ha condenado públicamente el secuestro de al menos un buque y dos cargas de petróleo a su país. El crudo venezolano representa el 7 % de las importaciones de petróleo de China. Se espera que aumente el precio de los combustibles en Asia como consecuencia de esta piratería, en un marco de caída de la demanda internacional. Rusia ha criticado las incautaciones y acusado a Estados Unidos de utilizar su poder militar y financiero para apropiarse de recursos ajenos. Gustavo Petro ha cambiado de retórica, con un planteo que lo acerca al de Milei y Kast, como es el llamado a “elecciones libres” y a combatir al imperialismo con “más democracia y menos alistamiento”. Le propone a Trump un “bloqueo a los narcos” dando entidad a su combatir al narcotráfico, mediante la violación de la soberanía de los países afectados, en especial de México, incluso Colombia. Petro libra una guerra contra el ELN y las disidencias de las FARC, en base a esa premisa. Durante una cumbre del Mercosur, Lula advirtió que una intervención armada en Venezuela sería “una catástrofe humanitaria”, pero también apoyó el escenario de una guerra, si es librada contra el narcotráfico. El narcotráfico es la cobertura del imperialismo para justificar la militarización de América Latina , bajo la dirección del Comando Sur del Pentágono. Haciendo caso omiso a los bombardeos a barcazas que se cobraron la vida de más de 100 civiles en aguas del Pacífico y el Caribe, y del bloqueo aéreo y marítimo que sufre el país sudamericano, los presidentes de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú firmaron una declaración conjunta en la que exigieron al régimen de Maduro el restablecimiento del orden democrático y el respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos de los migrantes venezolanos -exiliados del régimen de Maduro- que son maltratados, perseguidos y expulsados por el gobierno norteamericano, no figuran en el planteo. La arremetida contra Venezuela es el caso testigo para doblegar a todo el continente, desde Groenlandia a Tierra del Fuego. Pero no solamente esto. El despliegue de una armada en el Caribe forma parte de un escenario mundial, donde la suspensión de los derechos constitucionales y el estado de excepción en Estados Unidos ocupa un lugar decisivo . LEER MÁS: Una “gran armada” bloquea el Caribe para atacar a Venezuela El silencio de los nacionales y populares de la Patria Grande es ensordecedor. Por Jorge Altamira, 19/12/2025.

En diciembre se desataron dos grandes huelgas en Brasil. En el sector petrolero, la huelga fue impulsada por los sindicatos nucleados en la Federación Única de los Petroleros (FUP) y tuvo como eje central el conflicto en torno a las pensiones. Miles de jubilados de Petrobras vienen sufriendo descuentos que en algunos casos superan el 20 % de sus ingresos para cubrir el déficit del fondo de pensiones -algo parecido a lo que sucede con los jubilados de la caja provincial de Córdoba, en Argentina-. Cubren el déficit de la caja con un arrebato compulsivo a las jubilaciones más altas. A ese reclamo se sumó la discusión salarial: la empresa había presentado inicialmente una propuesta de aumento que apenas superaba la inflación, lo que no alcanzaba a recomponer el poder adquisitivo perdido tras años de congelamientos y recortes que vienen desde el gobierno de Bolsonaro. Cuando la huelga llegó a la segunda semana, desde Petrobras se seguían jactando de que la producción no estaba en riesgo gracias a los equipos de contingencia. Sin embargo, desde el sindicato denuncian dos accidentes producidos por operar sin el personal calificado. El Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese) afirma que, en los seis primeros días de la huelga, iniciada el 15 de diciembre, la producción registró una caída acumulada estimada en cerca de 300.000 barriles de petróleo. Según la entidad, los impactos en exploración y producción y refinación representan un perjuicio parcial del orden de 200 millones de reales (US$45 millones) diarios para Petrobras, sin considerar los efectos sobre Transpetro, TBG y PBio (Bnamericas, 22/12). Por eso, la empresa presentó una contraoferta salarial que no se dio a conocer, pero que el sindicato aceptó. Falta refrendarla en asamblea. No hubo ninguna propuesta sobre el problema del recorte a las pensiones que afecta a 50.000 jubilados. En este aspecto, el sindicato se conforma con una carta de intención firmada por algún directivo En paralelo, los trabajadores de Correios llevaron adelante una huelga en medio de la negociación del Acuerdo Colectivo de Trabajo y en un contexto de crisis financiera de la empresa postal. Los reclamos incluyeron la equiparación total de los salarios con la inflación, la defensa de los derechos adquiridos, el pago de un bono de fin de año, el pago al 200 % para el trabajo los fines de semana y la contratación de más personal para aliviar la sobrecarga laboral. La medida de fuerza tuvo impacto en nueve estados y coincidió con un período sensible para el servicio postal. La Justicia Laboral presentó una propuesta de acuerdo por dos años que vulnera parte de los beneficios plasmados en el viejo convenio. Además, el Tribunal consideró “esencial” al servicio postal, por lo que le prohibió el derecho de huelga al 80 % de los trabajadores en muchas asambleas. En Correios, además, hay un proceso de retiros voluntarios y está planteado el cierre de 100 oficinas, lo que contrasta con el reclamo de los trabajadores por la sobrecarga laboral y el intento de la empresa de llevar la jornada de trabajo a 12 horas. Esta semana el gobierno le otorgó a Correios —que detenta un 60 % del déficit de las empresas públicas— un préstamo garantizado por el Tesoro por 12 mil millones de reales. Lula declaró que descarta una privatización, pero no una empresa de capitales mixtos, lo que siempre garantiza que los accionistas puedan llevarse ganancias mientras el Estado paga los gastos. En su tercer año de mandato, Lula no solo no recompuso los salarios a la capacidad de compra que tenían antes del gobierno de Bolsonaro, sino que no tocó la legislación antiobrera de ese gobierno ni la reforma laboral de 2017 que impulsó Michel Temer. La burocracia sindical, ligada al PT y al gobierno, se apresura a liquidar la lucha que las asambleas le están votando.

Obras inconclusas y una responsabilidad política de fondo En San Martín, las obras hídricas necesarias para prevenir inundaciones continúan inconclusas. La intendencia, en manos del katopodismo desde hace 14 años, atribuye esta situación al recorte de la obra pública del gobierno nacional y a la falta de fondos del Fondo Hídrico. Sin embargo, estas excusas coyunturales encubren una responsabilidad política de fondo: durante más de una década no se encaró un plan integral de manejo del agua ni de ordenamiento territorial. El relato oficial y la realidad en los barrios El municipio sostienen que desarrolla una “política de gestión del riesgo de desastres”, que garantiza “barrios con infraestructura adecuada” y que fortaleció la “resiliencia” de las zonas más vulnerables. La realidad desmiente ese relato oficial. Cada lluvia intensa vuelve a mostrar calles anegadas, viviendas inundadas, sumideros colapsados y vecinos obligados a arreglárselas por sus propios medios. La “resiliencia” como consigna vacía La noción de resiliencia —definida por la UNISDR como la capacidad de una comunidad para resistir, absorber y recuperarse preservando sus funciones básicas— es utilizada aquí como un eslogan vacío. No puede hablarse de resiliencia cuando las inundaciones se repiten sistemáticamente, los daños se acumulan y no existe información pública clara sobre cuántas familias resultan afectadas en cada temporal. Un plan hidráulico fragmentado y sin solución de fondo El propio municipio reconoce que el llamado Plan de Obras Hidráulicas avanza de manera fragmentaria: saneamientos parciales de la cuenca del arroyo Medrano, intervenciones puntuales en zanjones de barrios como Carcova e Independencia, y algunas obras de puesta en valor del espacio público. Estas acciones aisladas no constituyen un plan integral de manejo hídrico. Son parches que, lejos de resolver el problema, lo van trasladando de un barrio a otro. Humedales destruidos y agravamiento de las inundaciones Tal como advierte el investigador Rubén Quintana(del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental. "Los humedales y el efecto de las inundaciones" UNSAM), las inundaciones no son un fenómeno exclusivamente natural ni consecuencia inevitable de lluvias extraordinarias. El impacto se agrava por el deterioro y la destrucción de humedales, que cumplen una función central de regulación y amortiguación del exceso de agua. Cuando estos espacios son rellenados o impermeabilizados, el agua que antes se retenía y absorbía termina desbordando en los barrios populares. Tecnópolis: la pérdida de un área clave de regulación hídrica Un ejemplo emblemático es el predio donde hoy se encuentra Tecnópolis. Antes de su construcción, ese terreno funcionaba como un área natural de acumulación temporaria de agua, que luego se absorbía de manera progresiva. Su urbanización implicó la pérdida de una superficie clave para la regulación hídrica, aumentando el escurrimiento superficial hacia zonas densamente pobladas. El Shopping Dot, Campo de Mayo y una tragedia evitable Otro caso paradigmático es el del Shopping Dot. Su construcción no solo afectó gravemente a los vecinos del barrio Mitre, en Saavedra, sino que además incrementó el caudal que escurre hacia el arroyo Medrano. La otra vía de desagüe del distrito, que afecta a numerosos barrios de San Martín —entre ellos el barrio Sarmiento—, es la conformada por una red de canales subterráneos que descargan en el río Reconquista a la altura del Buen Ayre, donde se encuentran las compuertas de Campo de Mayo. Este sistema se ha visto gravemente alterado por el avance de barrios privados y emprendimientos inmobiliarios en esa zona, que reducen la capacidad de escurrimiento natural y obstaculizan el drenaje del agua. En una inundación anterior, la falta de apertura oportuna de las compuertas provocó el anegamiento total de amplias zonas del distrito y derivó en una tragedia evitable: la muerte de un joven, del barrio Costa Esperanza. Este hecho expone con crudeza cómo la ausencia de control público y la subordinación a los negocios privados convierten a las inundaciones en un problema político y social. Los vecinos denuncian que en ambos vías de desagüe las compuertas no se abrieron y eso fue lo que agravó el desastre. Un modelo urbano al servicio del negocio inmobiliario Estos ejemplos muestran que el problema no es la falta de “adaptación” al cambio climático, sino un modelo de urbanización al servicio de los negocios inmobiliarios. En San Martín —como en gran parte del conurbano— hubo una ausencia histórica de ordenamiento ambiental y territorial, priorizando la rentabilidad privada por sobre la seguridad hídrica de la población trabajadora. Las inundaciones recientes y las pérdidas de las familias trabajadoras Las lluvias intensas de diciembre, octubre y los temporales de mayo de 2025 volvieron a exponer esta situación. En barrios como Villa Ballester, Villa Lynch, San Andrés, barrio Sarmiento, Villa Maipú, José León Suárez y zonas céntricas, el agua superó los cordones y colapsaron los desagües. Muchas familias perdieron prácticamente todo, sin que existan informes oficiales públicos que den cuenta del verdadero impacto social. La respuesta popular: movilización y reclamo urgente Frente a esta situación, los vecinos y vecinas de San Martín se han autoconvocado y marcharán el lunes 29 de diciembre, exigiendo que los gobiernos nacional, provincial y municipal realicen de manera urgente las obras hídricas necesarias para terminar con las inundaciones. La movilización expresa el hartazgo frente a años de promesas incumplidas y la necesidad de respuestas inmediatas ante las pérdidas sufridas por cientos de familias trabajadoras. Bajo las siguientes consignas: ¡Basta de inundaciones recurrentes! ¡Queremos soluciones ya y ayuda inmediata para las familias damnificadas! Una salida de fondo desde la perspectiva obrera Desde Política Obrera sostenemos que la salida no pasa por más anuncios ni consignas vacías. En lo inmediato será necesario: La realización inmediata de asambleas en cada barrio, con el objetivo de elaborar un relevamiento integral de las pérdidas materiales y sociales. La identificación de las familias afectadas y de aquellas viviendas que hayan quedado en condiciones inhabitables. El otorgamiento de subsidios urgentes para las familias damnificadas, que permitan afrontar las pérdidas y garantizar condiciones mínimas de vida. La eximición del pago de impuestos municipales y provinciales para los vecinos de los barrios afectados. La implementación de subsidios y/o la suspensión del cobro de los servicios esenciales (agua potable y energía eléctrica) mientras dure la emergencia. Y para una solución definitiva ,hace falta restaurar los humedales, frenar los rellenos, imponer un ordenamiento territorial estricto y desarrollar un plan integral de obras hídricas bajo control público, financiado con en no pago de la deuda externa, rompiendo con el ajuste, imponiendo un impuesto extraordinario a la oligarquía y haciendo pagar a los grandes beneficiarios del negocio inmobiliario. POLÍTICA OBRERA SAN MARTÍN

Como no puede ser de otra forma, en momentos en que la crisis social alcanza niveles de inusitada acentuación, el sistema penal refuerza su misión específica de operar como una herramienta básica para el control de la creciente masa de excluidos sociales. Esa es la única razón práctica que fundamenta la necesidad de efectuar una nueva reforma del Código Penal. En busca del porqué ("No reír, no llorar ni indignarse, sino comprender". Baruch Spinoza.) Evocando a Gramsci (“Lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer…”) Nancy Fraser señala que el Populismo puede ser de carácter Progresista o Reaccionario. (¡Contra hegemonía Ya! página 51 y sgtes.). La autora descubre el velo que cubre la alianza urdida entre la etapa capitalista vigente (en franco proceso de agotamiento y básicamente representada por el neoliberalismo) y los espacios progresistas que fingiendo burdos “empoderamientos” y presuntos “reconocimientos de derechos”, en el fondo, no afectan ni mínimamente las bases de la hegemonía dominante. Agudamente se refiere a los odios y antagonismos que, patéticamente, las víctimas del sistema exhiben entre sí y, en lo específicamente vinculado a la sociedad norteamericana, hace suya la caracterización de David Brooks sobre Donald Trump: “tiene olfato para detectar las heridas del cuerpo político y día tras día mete un atizador al rojo vivo en todas y cada una para dejarlas siempre abiertas.” Sin perder de vista los rasgos fascistas que paulatinamente se vienen acentuando (y que tornan aún más inquietante la realidad que vivimos) dicha observación resulta muy aplicable a la Argentina. Por cierto, la reforma del Código Penal responde a esa faceta de dominación que se instrumenta mediante la coerción estatal. Se trata de un recurso archiconocido que, también como siempre ocurre, genera las razonables críticas que desde diversos espacios se le realizan. Es incuestionable que las tan declamadas reformas se limitan a exhibir groseramente la exacerbación del contenido violento, irracional y selectivo del Sistema Penal. Por ello, a la luz del ordenamiento jurídico vigente, son muy acertadas las reprobaciones que señalan que la pretendida reforma choca abiertamente con los postulados republicanos que la Constitución Argentina tomó de la Revolución Burguesa del año 1789. Asimismo, es muy cierto que nadie que pretenda abordar a la cuestión penal sobre la base de un umbral mínimo de apego a la verdad, puede dejar de señalar que, de ningún modo y en ningún tiempo, ni el aumento de las penas, ni el endurecimiento de los requisitos para atemperar su contenido aflictivo (o su cumplimiento temporal) ha redundado, de un modo razonablemente perdurable, en una real disminución de la criminalidad. También es absolutamente falso que exista una “puerta giratoria” establecida a favor de quienes (básicamente por motivos vinculados con el desamparo social del que son víctimas) cometen delitos, casi siempre en perjuicio de semejantes que pertenecen a su mismo estrato social. Está a la vista de todos que esa “puerta giratoria” suele estar a disposición de quienes, desde posiciones de verdadero poder, perpetran conductas delictivas que afectan severísimamente la vida de millones de excluidos sociales. Estos, lógicamente, pertenecen a la clase laboriosa con o sin empleo fijo o formal. Son los delincuentes de “guante blanco” los que con sus conductas ilícitas siembran el germen de la delincuencia común. También es incontrastable que la superpoblación carcelaria alcanza niveles de crisis humanitaria. Los datos concretos desmienten rotundamente la existencia de las aludidas “puertas giratorias” que beneficiarían a quienes solo pueden desplegar conductas delictivas absolutamente rudimentarias. Según el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, en el año 2023 en nuestro país se registró una superpoblación carcelaria que superó en un 142 % a la capacidad de alojamiento existente. Más específicamente, el Registro Único de Detenidos de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, muestra que año tras año aumenta el número de personas que, en condiciones francamente violatorias de las Normas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de la ONU, son privadas de su libertad. Eso puede constatarse sin margen para la duda: Mientras en el año 2012 fueron 30.988 las personas encarceladas, en el año 2013 ascendieron a 31. 621. Eso se repitió sucesivamente hasta el año 2024 en que han sido 66.991 los seres humanos sometidos a inhumanos encierros de naturaleza penal. Una casi unánime mayoría de esas personas presentan dos características: Son jóvenes y pobres. Es decir que pertenecen a la clase que produce la riqueza social que, en base a la lógica de funcionamiento del orden social vigente, es apropiada repugnantemente, y cada vez en mayor medida, por una cada vez más pequeña minoría. Por ello son muy justas las críticas que, como ha ocurrido en los múltiples casos análogos, se les efectúan a las reformas basadas en una chabacana demagogia punitiva. Es que nadie puede razonablemente disentir respecto de la íntima vinculación que existe entre la agudización de la crisis social y la exacerbación del poder sancionatorio del Estado. Su negación es una vulgar argucia mediante la cual la clase social dominante logra convertir en sus aliados a quienes oprime. En definitiva, la ley penal se impone mediante un proceso de criminalización primaria (la sanción de las leyes penales a través del Poder Legislativo y Ejecutivo) y de criminalización secundaria (su efectiva aplicación por medio del extendido aparato represivo estatal). Lógicamente, ambos se ejecutan en defensa de los intereses sobre los que se asienta el modelo de relaciones sociales vigente. Por esa razón elemental, sin dudar de las buenas intenciones de quienes las formulan, para no ser insustancial, la crítica a la reforma del Código Penal debe exceder los límites puramente normativos ya que está demostrado que, como mucho, por esa vía solo puede alcanzarse la consagración de los recurrentes “derechos de papel” que siempre claudican frente a la impiadosa realidad material. Ese, por lo demás, es un modo digno de respetar a las víctimas y de defender sin burdos engaños el rol que las mismas y sus afectos merecen tener en el marco del conflicto penal. En ese sentido comparto plenamente la postura de Nancy Fraser cuando en el libro citado afirma: “La realidad es que el neoliberalismo progresista no aportó mucho en materia de ganancias materiales reales a la abrumadora mayoría de personas a quienes sus corrientes progresistas afirman representar” (Página 73). Está muy claro que la realidad que se padece exhibe un pornográfico nivel de injusticia e inhumanidad que no será abolido con posturas legalistas. Intentar eso es “un pasatiempo tan absurdo como pretender juntar agua con un colador” (Rosa Luxemburgo El socialismo en Francia año 1899 aproximadamente). LEER MÁS: Nueva Reforma del Código Penal agrava penas y aumenta delitos La iniciativa electoral de un gobierno acabado. Por Agustín Fernández, 04/10/2025.

Este 25 de diciembre a pocas horas de la Navidad y a plena luz del día, policías de la Ciudad dispararon a quemarropa sobre Gabriel González de 45 años, un trabajador de la Villa 20, en el barrio de Lugano. En videos tomados por vecinos se puede ver con claridad como la policía, tras exigir que en la vivienda bajaran el volumen de la música, comenzó una fuerte golpiza con bastones sobre varios jóvenes. Abriendo paso a una represión policial sobre la calle Chilavert y sobre la vereda del domicilio de media docena de policías acompañados de patrulleros y camionetas. Gabriel, en la puerta de su casa, intento proteger a su hijo, sin armas de ningún tipo, descalzo y sin remera, fue golpeado por varios policías a la vez. En ese momento desde un patrullero desciende un oficial que a escasos metros dispara directo a su torso con una escopeta. Gabriel cae muerto instantáneamente. Aún se desconoce la cantidad de disparos realizados por los oficiales y son varios los heridos de bala. Su pareja, Nelly Portillo, fue herida y por la cercanía a los disparos pudo haber muerto. La ambulancia del SAME al llegar al lugar pudo constatar el deceso de Gabriel. Oscar Villaverde, docente de la Escuela Técnica N° 13, declaró: “Mi primo asesinado por la policía era un chico trabajador, nacido acá en el barrio, en la Villa 20. Era papá de Dante y Ángel de 24 y 17 años. Refamiliero. En cumpleaños o reuniones familiares él siempre estaba en la parrilla haciendo el asado. Le encantaba compartir, era fanático de la pesca, un arquerazo del equipo del barrio que hace poco salió campeón. Cariñoso, amable, sencillo, solidario. Gabriel era muy valiente, no le tenía miedo a nada”. Y siguió “En un forcejeo con la policía tras defender a su hijo asesinaron a quemarropa a mi primo e hirieron de bala a su mujer quien se encuentra detenida en el Hospital Grierson por resistencia a la autoridad; tiene una herida de bala y se encuentra incomunicada”, denunciando una situación de abuso sobre la familia y los primeros movimientos de un encubrimiento policial por parte de la fuerza a cargo del jefe de gobierno, Jorge Macri. Durante este viernes 26/12, medios de comunicación dieron la versión que el oficial “solo habría cometido una falta al protocolo” a la hora de disparar, usando balas de goma a una distancia fuera del reglamento. Varios familiares y vecinos fueron detenidos en una investigación que se encuentra a cargo de la Policía Federal y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, que ordenó la realización de una autopsia. También se informó de un proceso de “sumario interno con el objetivo de determinar posibles responsabilidades en el accionar policial” a cargo de la ‘Oficina de Transparencia y Control Externo’ del Ministerio de Seguridad y la ‘Dirección de Asuntos Internos’ de la Policía de la Ciudad. Al igual que con Pablo Grillo, el fotógrafo gravemente herido en las protestas contra el gobierno de Javier Milei , estos organismos llevaron adelante una cuidadosa campaña de desinformación y de protección sobre los efectivos involucrados en el crimen. Sin embargo, el registro de la violencia desplegada y la indefensión de los vecinos no dan lugar a especulaciones sobre la realidad del hecho. Justamente en el caso de Pablo, luego de largos meses, en el día de hoy se confirmó el procesamiento del cabo Héctor Guerrero por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, tras comprobarse que realizó seis disparos con un lanzador de gases en posición horizontal, actuando bajo dolo directo. El asesinato de Gabriel González no es un caso aislado de “gatillo fácil” (como se conoce popularmente a estos violentos crímenes) sino que es parte de una guerra abierta contra los trabajadores de los barrios populares de la Ciudad. Es Jorge Macri el que viene llevando diariamente razias, golpizas y redadas desde el comienzo de su gobierno . A lo que le suma un récord de desalojos sobre viviendas y edificios de los barrios más poblados de CABA , alimentando el negocio sobre la vivienda de las inmobiliarias y las grandes constructoras como el Grupo IRSA. Al comienzo de año en Villa 1-11-14 en el barrio de Bajo Flores, una redada sobre locales de celulares que duró varios días hirió en el rostro con balas de goma a varios vecinos que fueron hospitalizados, generando terror en los feriantes y familias de la zona. Y casos como el de Lucas González , jugador de las inferiores de Barracas Central asesinado por policías en 2021, muestran una continuidad de estos crímenes en los barrios del sur de la ciudad. Los tres policías que fusilaron a Lucas fueron declarados culpables y cumplen sentencia de cadena perpetua. “Lo que se ve en el video es que la policía llega con algún tipo de reclamo, no se sabe si querían que bajaran la música o despejaran la vía pública y ante la protesta de esta gente empiezan los golpes, se tratan de defender como pueden, desarmados como se ve claramente en el video y allí se produce una cantidad de disparos que por lo menos impactan en estas dos personas, una que muere y otra que resulta herida” contó la abogada María del Carmen Verdú en AM750 que cerró: “tenemos más de 1000 casos de muertes a manos del aparato represivo estatal desde que asumió Javier Milei como presidente”. En horas de la tarde de este viernes 26/12, ante la flagrancia del crimen registrado en cámara, vecinos y familiares realizaron una concentración -a las 16 horas- en las Avenida Cruz y Escalada, exigiendo justicia por el asesinato de Gabriel González y el final de los casos de “violencia institucional” en la Ciudad.

El pasado 18 de diciembre, mientras la comunidad universitaria adhería al paro y la movilización, la rectora de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), Sandra Torlucci, convocó a sumarse a la marcha con apenas 44 minutos de anticipación. Ese día, la gestión de la UNA decidió no abrir mesas de examen alternativas, dejando a los estudiantes sin instancia de evaluación y responsabilizando cínicamente a los trabajadores. Sin embargo, el Consejo Superior sí sesionó. A puertas cerradas, y con los votos de la bancada oficialista de Estétika (La Cámpora), se aprobó una extensión antidemocrática del mandato de los consejeros estudiantiles, pasando de uno a dos años. La maniobra, orquestada por la rectora y su camarilla, tiene un objetivo claro: anular toda oposición interna ante la reforma que recorta los contenidos de grado y prepara el terreno para el arancelamiento universitario . Esta autoextensión fue revelada por la propia rectora en la Asamblea Universitaria del 10 de diciembre , donde admitió que fue propuesta por sus consejeros estudiantiles. Es la pieza final de un proceso largo y opaco: la discusión de un nuevo estatuto que, según denunció uno de los decanos, se llevó años "a espaldas de los estudiantes". Las llamadas reuniones "abiertas" del último cuatrimestre no fueron ampliamente difundidas, asegurando un control total sobre el resultado. El estatuto que encorseta a la oposición y precariza la universidad El nuevo estatuto , aprobado por completo por los consejeros estudiantiles de Estétika, incluye herramientas para reprimir la disidencia. Se establece que con dos tercios del Consejo Superior se pueden sancionar y remover consejeros, una mayoría que el oficialismo ya tiene asegurada gracias a su control sobre el consejo departamental (dominado por la lista de la decana Árraga) y esto se replica en el Superior. Pero la amenaza más concreta está en el aval a un sistema educativo diseñado para el recorte: el SACAU. Este sistema, detallado en el Anexo 1 de la resolución ministerial 2598/2023, exige que las carreras de grado tengan 6000 horas totales, de las cuales solo 2100 (con un margen del 25 %) deben ser de "interacción pedagógica". La trampa está en las casi 4000 horas restantes, las "horas fantasmas" de trabajo no presencial (investigación, trabajos prácticos) que no tienen una contabilización real. Esto habilita a las universidades a reducir drásticamente la formación presencial. El golpe es brutal para la UNA, donde las carreras actuales tienen entre 2800 y 3400 horas totales. Al recortar la interacción pedagógica a un mínimo de 2100 horas, los contenidos restantes quedarán forzosamente desplazados hacia el área arancelada: diplomaturas, cursos de extensión y posgrados pagos. Estos años hemos observado cómo se han ampliado la cantidad de diplomaturas pagas y cursos de extensión en la medida en la que el presupuesto dedicado al área de grado se disuelve; lo observamos en los recortes de comisiones, en las cátedras que permanecen sin jefes de cátedra, teniendo solo provisorios, en la cantidad cada vez menor de ayudantes de cátedra, lo que se traduce en docentes sobreexplotados y pocas comisiones para cursar. El doble discurso de la gestión: "confíen en mí" mientras aseguran las cajas La precarización también llega por otro flanco. El artículo 63 del nuevo estatuto promueve la "vinculación de las actividades de extensión con los sectores productivos". Cuando una consejera estudiantil pidió que se especificara por escrito a qué sectores y con qué modalidad, la respuesta de la rectora Torlucci fue eludir la responsabilidad: "como es peronista, debemos confiar en que no nos va a comprometer con algo perjudicial". Esta apelación a la fe choca con su propia justificación para apurar la reforma estatutaria: la necesidad de hacerlo "porque no se sabía quién podría estar en su cargo el día de mañana". La contradicción deja al descubierto el verdadero motor: asegurar las estructuras de poder y las cajas internas de la universidad, más allá de cualquier identidad política declamada. Se utiliza la retórica peronista identitaria como distracción mientras se implementa un proyecto que desarma la educación pública . La salida no es burocrática, es en la calle y en la unidad popular Por este motivo, no podemos seguir depositando esperanzas en la burocracia estudiantil ni en las autoridades de la universidad. Su juego está dentro del consejo, con reglas que ellos mismos amañan. La salida es la autoconvocatoria y la lucha de conjunto. Es llevar el conflicto más allá de los claustros y unirse a jubilados, discapacitados y trabajadores en una batalla común: por un presupuesto nacional que se destine a cubrir nuestras necesidades y no sea fugado hacia el pago de una deuda externa que ahoga al país. La defensa de la UNA gratuita y de calidad es hoy un frente de esa guerra mayor.

Es oficial: la cloaca libertaria no tiene los medios para pagar el vencimiento de deuda externa de enero, por u$s 4200 millones; tampoco puede recurrir al mercado internacional para refinanciarla; y ha abandonado el propósito de un canje a mayor tasa de interés y menor plazo. Por delante, 2026/7, tiene vencimientos por alrededor de u$s 40 mil millones, que se convierten en u$s52 mil millones con los intereses y los vencimientos de deuda privada. Las reservas del Banco Central son negativas en u$s 17 mil millones –la diferencia entre sus tenencias y su deuda-. Lo que le queda es meter los garfios en los activos en dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, algo que sería muy kirchnerista (‘desendeudados nos queremos’, su slogan oficial). En este caso la deuda vencida seguirá vigente en las arcas del FGS, en carácter de un pagadios. Otra alternativa es ofrecer nuevo bono a los tenedores de dólares en los bancos locales, a una tasa usuraria del 10 % anual. La deuda no sería cancelada sino transferida a nuevos acreedores. La calidad del endeudamiento sufriría un considerable deterioro, lo cual llevará a una rápida depreciación y, como consecuencia, a una suba de las tasas de interés. Caputo ofreció la noticia de un modo inusual: dijo que había que terminar con la “dependencia” financiera del exterior. Pretendió imitar a Trump, que en abril pasado disfrazó una andanada de aranceles a la importación extranjera con el slogan “Liberation Day”. Al día siguiente se derrumbó la Bolsa neoyorquina y, lo que es excepcional, el mercado de deuda pública, considerado un “refugio” en momentos de crisis. El colapso tiene lugar cuando el Senado debería dar su media sanción al proyecto de Presupuesto aprobado por Diputados, que autoriza un endeudamiento descomunal, bajo legislación extranjera, violando las condiciones de la ley de Administración. Esta ley obliga a que los canjes de deuda sirvan a una mejora del endeudamiento público. Caputo ha dado un segundo paso en el minué iniciado a principios de semana, cuando había anunciado la modificación del régimen cambiario y monetario seguido hasta el momento. De una política de deflación monetaria y de precios se ha vuelto a uno inflacionario; de la formación de reservas internacionales mediante contratos de deuda externa, a uno de compra del saldo del comercio exterior. En menos tiempo de lo que canta un gallo, Caputo y Milei sacrifican un ajuste deflacionario de alrededor de u$s70/80 mil millones (3 % de déficit fiscal y 20 % de déficit cuasifiscal – los intereses de la deuda del Banco Central con los bancos locales), para pasar a otro ajuste, esta vez inflacionario, de alcance impredecible. El uso de las importaciones para neutralizar la suba de precios, agravará el colapso industrial. La ‘libertad de cambios’ con una política devaluatoria, acentuará el déficit de financiamiento internacional (incluso la inversión directa de capital extranjero ha sido negativa) y la tendencia a la fuga de capitales. El escenario de base es un retorno al estallido de la crisis en abril de 2018, que se incubó en diciembre de 2017 con anuncios parecidos a los actuales. Al igual que lo que hizo bajo el gobierno de Macri, Caputo y Milei se valieron de varios blanqueos de capitales para financiar la salida de dinero a cuentas en el exterior. La convocatoria de Caputo a desarrollar un mercado de capitales local repite aquella narrativa; al final, Caputo fue desbancado por la pérdida que este cuento provocó en dos fondos internacionales a los que estaba ligado (Templeton y Pimco). El llamado de Caputo encierra, sin embargo, otra gran estafa, porque pretende convertir al Fondo de Cese Laboral que prevé la contrarreforma que se ha enviado al parlamento, en una fuente de fondos para la Bolsa y la deuda del Tesoro. Como en el caso de las AFJP, se trata de una confiscación de los ingresos de los trabajadores y en ambos casos de los jubilados, porque parte del FCL es una exención de aportes patronales a ANSES. En un desbarranque de política de esta magnitud, los famosos “fondos del colchón” no saldrán de sus cuevas remuneradas para rescatar el plan económico. El giro inflacionario no resolverá las quiebras que amenazan a las deudas personales e institucionales con el sistema bancario. Estas circunstancias han reinstalado el tema acerca del destino del oro que Caputo sacó del país para usarlo de garantía en préstamos ‘repo’ –que son de los bancos, o sea que no se cotizan en los mercados-. La valuación del metal, arriba de los u$s 4 mil millones, ha tenido un cambio notorio, pues la cotización del oro ha subido un 71 % en 2025. El mercado ha crecido exponencialmente, con el retorno de numerosos bancos internacionales al negocio. El Banco Central se ha negado a dar información sobre el oro, incluso ante la comisión de auditoría del Congreso; es un desacato. Antes de fines de 2027 hay que devolver esos ‘repos’, el signo mayúsculo de la ‘dependencia’. Argentina no asiste solamente a un giro de política económica, o mejor dicho, a un principio de bancarrota. El Fondo de Garantía del Tesoro norteamericano se ha hecho el distraído; las promesas del JP Morgan han quedado en la nada. La famosa red de seguridad para la cloaca gobernante se ha deshilachado. Nada que no hayamos previsto en estas páginas. Las implicancias internacionales son claras: las importaciones de China han crecido en volumen y especialmente de los bienes intermedios que forman parte de la cadena de producción. La “Doctrina Monroe” de Trump se manifiesta en el despliegue de la Armada en el Caribe, no en la inversión de capitales. El acuerdo comercial con Washington sigue durmiendo el sueño de los justos, y en enero nos enteraremos del destino del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que se negocia desde hace 25 años. Pero la UE está comprometida en algo diferente: en extender la guerra con Rusia; rearmar sus ejércitos; y convertir a la economía de guerra en un factor de recuperación económica. LEER MÁS: El año de la marmota, Caputo en apuros Cuándo se producirá el default. Por Jorge Altamira, 23/12/2025.

En vísperas de la Navidad, el gobernador Kicillof congregó a las cúpulas de los sindicatos docentes y estatales para comunicarles que la actualización salarial recién se discutirá a mediados de enero para, eventualmente, plasmarse en los salarios de febrero. Como la última paritaria se cerró en agosto para otorgar aumentos en septiembre y octubre, los trabajadores arrastramos dos meses —y el que viene— sin aumento, cuando solo en noviembre ya hubo una inflación del 2,5 %. Los incrementos para los estatales acumulan durante el 2025 un 25,9 %, quedando por debajo de la inflación que las consultoras del Banco Central estiman que finalizará en un 30,4 %. Los salarios iniciales en la docencia implican que una maestra de grado recibe de bolsillo $713.217,15 por un cargo, mientras que un profesor con 20 módulos (dos cargos) percibe $927.517,66; ambos montos por debajo de la canasta de pobreza. De nuevo, este brutal ajuste salarial ha sido fundamentado en “la caída en la recaudación y la falta de coparticipación”, esto último referido al recorte de las transferencias de Milei. Según Kicillof, estaría priorizando el “sostenimiento de los puestos de trabajo”. Recientemente, el gobernador estuvo a punto de quedarse sin presupuesto para el 2026 y sin autorización para emitir nueva deuda pública para hacer frente a próximos vencimientos; una situación que finalmente superó urdiendo acuerdos con intendentes peronistas, radicales y macristas, sumado a un obsceno reparto de cargos en el directorio del Banco Provincia. En medio de esta crisis, amenazó con la “imposibilidad de pagar los aguinaldos”, que finalmente pagó, aunque por segundo año consecutivo lo hizo dos días después de lo establecido por la ley. Kicillof parece dispuesto a quebrar el ingreso de los trabajadores, pero no el de los usureros de la deuda provincial, una carga que se engrosó notablemente durante el gobierno de María Eugenia Vidal y que Kicillof ha hecho suya, pagándola con primas. El presupuesto que propuso aprobar no resuelve la caída de la recaudación, mantiene una fuerte carga impositiva sobre los trabajadores y no incrementa en absoluto los gravámenes sobre el capital. En este aspecto, es una copia del presupuesto “libertario” que el Congreso está pronto a aprobarle a Milei. Toda la burocracia sindical escuchó sin abrir la boca la salvaje imposición de Kicillof de continuar desvalorizando los salarios al menos hasta febrero. Ya se habían sumado a apoyar el presupuesto provincial, a pesar de que este plasma violentos ajustes salariales y en los gastos sociales. Los propios burócratas reconocieron luego de la reunión que es necesario “recomponer los ingresos, que vienen perdiendo frente a la inflación, sobre todo en ítems como transporte y alimentos”. Estuvieron presentes la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA—. Ninguno de ellos, ni antes ni después de esta reunión, convocó a sus cuerpos orgánicos y a las bases a discutir esta situación. La discusión de “mediados de enero” se hará completamente a espaldas de los docentes que, en este 2025, han vuelto a protagonizar paros provinciales masivos, desconociendo por completo a los Baradel y al resto de las conducciones burocráticas. Según algunos medios, podría haber una cláusula retroactiva para compensar la falta de aumento de estos meses; de concretarse, probablemente se pagaría en cuotas, como viene sucediendo con toda la paritaria salarial. El FUDB venía de reunirse previamente con la recientemente nombrada directora general de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia, Flavia Terigi, encuentro en el cual dijeron haber solicitado la apertura de negociaciones paritarias antes de fin de año y el efectivo cumplimiento del "Acuerdo de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación" ante los crecientes hechos de violencia en las escuelas. También mencionaron “la necesidad de avanzar en el tratamiento de la sobrecarga laboral”, sin referirse a ninguna de las recientes reformas de Kicillof que han apoyado, como el Nuevo Régimen Académico , ni al avance del “Convenio Colectivo de Trabajo” , cuyo contenido permanece bajo cuatro llaves. Ninguno de estos planteos fue atendido por la flamante y progresista directora de la DGCyE. El FUDB, por otra parte, omitió la fuerte demanda de la docencia referida a la crisis en el IOMA y el deterioro de la infraestructura escolar. Culminando el 2025, los docentes y trabajadores estatales de la provincia tenemos que preparar una gran lucha por un aumento salarial de emergencia no menor al 100 % y que cubra una canasta familiar que hoy alcanza los $2.500.000. Para ello, debemos impulsar desde las escuelas, hospitales, dependencias de trabajo y sindicatos independientes una movilización autoconvocada que apunte a organizar un no inicio del ciclo lectivo y una huelga general hasta la conquista de nuestras reivindicaciones.

En los once meses transcurridos de 2025, China ha batido un récord en cuanto a superávit comercial – un billón de dólares. Semejante saldo fue obtenido en medio de la guerra arancelaria desatada por Donald Trump . Aunque las exportaciones a Estados Unidos (el principal cliente de China) se redujeron, no ocurrió lo mismo con terceros países, hacia donde se desviaron parte de las ventas externas de China. No es claro tampoco que las exportaciones a Estados Unidos hayan disminuido, porque parte de ellas corresponden a bienes intermedios que están embutidos en el precio final de la cadena productiva. Este lucimiento exportador de China no es necesariamente una buena noticia. Entre otras cosas, acentuará la guerra arancelaria de mayor alcance. Es lo que ya ha ocurrido con México, Malasia, Vietnam y otros países del llamado Sur Global. Tampoco es una señal de buena salud para la economía de China . La bancarrota inmobiliaria desencadenada hace cinco años prosigue su efecto devastador; la inversión en este rubro ha vuelto a caer, un 16 %, respecto al año pasado. Se trata del rubro que motorizó durante años la inversión industrial, en el acero, el cemento, el equipamiento habitacional –y las tasas de crecimientos “chinas”-. La inversión fija, o sea, en maquinaria y construcción, quedó abajo, un 2.6 %. El PBI apenas ha crecido (un 4 por ciento), suponiendo que fueran datos fiables. La realización de proyectos públicos estratégicos y los estímulos al sector privado no han logrado modificar esos indicadores. Por el contrario, han desatado una fuerte competencia industrial con la consiguiente sobreoferta de mercancías, caída de precios y quiebras. El régimen la ha caratulado como una “involución”, para señalar su efecto destructivo. En la China capitalista el Estado tiene un rol decisivo en la financiación de la economía; es lo que el Partido Comunista llama “socialismo con características chinas”. No se trata de un “capitalismo de Estado” que compite con el capitalismo privado sino en el control de las riendas institucionales y financieras del conjunto del sistema económico. El ataque a la “involución” ha dejado al desnudo el desperdicio fenomenal que genera esta gestión estatal de la economía capitalista. El derroche se manifiesta en un stock de capital elevado con relación al producto, comparativamente a la Unión Europea y, aún más, a Estados Unidos; la inversión es elevada pero ineficiente; los bajos precios de la exportación de China son el producto de salarios muy bajos y una cadena enorme de subsidios y de tasas reales negativas de interés. La deuda pública, tanto del gobierno central como de los locales, supera el 200 % del PBI; se encuentra, mayoritariamente, en fondos especiales y bancos estatales. Ningún volumen de exportación puede ofrecer una salida a la sobreproducción y a la caída de precios. El régimen chino ha tomado como parámetro de su política económica, no una asignación de mercado de los recursos, sino el propósito de alcanzar y superar al capitalismo internacional en cuanto a nuevas tecnologías, computación cuántica e Inteligencia Artificial. Estamos ante una “construcción del capitalismo en un solo país”, que procura una autosuficiencia en todos los sectores industriales, y potencialmente en los agrarios. La participación del consumo personal en el Ingreso Nacional es del 34 %, en contraste con el 60 % en Estados Unidos. En términos de Producto per cápita, China sigue siendo un país atrasado: u$s 13.300 por persona, en comparación a los u$s 85.800 de Estados Unidos. El interés en obtener una alta tasa de ahorro nacional explica el enorme desequilibrio entre la tasa stock de capital y la tasa consumo personal, y entre exportaciones e importaciones. China enfrenta no solamente un estadio de sobreproducción sino también de subconsumo, algo característico del desarrollo primitivo del capitalismo y de la formación del mercado mundial. Lo singular, en el caso actual, es que la humanidad se encuentra, en el presente, en un estadio de madurez y decadencia histórica del capitalismo –de abarrotamiento del mercado mundial-. Por medio de la integración a la economía mundial, China ha pasado de la insuficiencia capitalista a la madurez y descomposición en apenas medio siglo. A esto apuntaba Trotsky en su libro Adónde va Rusia (“La Revolución Traicionada”) cuando señalaba a la crisis capitalista mundial como el condicionante de una restauración del capitalismo. Las guerras económicas y militares, en especial contra los anteriores estados no capitalistas, constituyen la expresión de las contradicciones violentas que ha desatado la transición ahistórica al capitalismo. La revolución socialista asoma otra vez su cabeza precisamente cuando los profetas del capital la habían desalojado de la historia. El régimen chino se ha valido de todos los medios de una acumulación primitiva para desarrollar la transición capitalista. Millones de campesinos han entrado en la fuerza de trabajo industrial. La desposesión agraria ha servido para el hipotecamiento financiero de las zonas rurales; finalmente, el sobre abundante capital internacional invadió el nuevo espacio de acumulación capitalista. Las exportaciones de China, a precios especiales, comporta una transferencia de ingresos a los países desarrollados importadores y una poderosa fuerza concurrente para la declinación de la tasa de beneficio en el mercado mundial. De aquí resulta la “desindustrialización” de países como Estados Unidos, Alemania y Japón. China se ha lanzado ahora a las inversiones en teledetección, como sensores, drones, medición de radiación, satélites – todas de capital intensivo-. Ya lo ha hecho en energías renovables, e incluso para renovar las viejas industrias de consumo, por medio de la robotización y la Inteligencia Artificial. “El modelo no funciona” , dice sin embargo un informe de Hinrich Foundation, que destaca la caída de la tasa de beneficio, un consumo final empantanado, y el colapso del mercado hipotecario y de la construcción. Los cambios tecnológicos enceguecen el análisis de los economistas oficiales, que no ven detrás de ellos la persistente caída del valor de la producción capitalista, el descenso de la tasa de ganancia y la sobreproducción. Michel Pettis, profesor de la Universidad de Pekín, y seguidor obstinado de las contradicciones del desarrollo de China, acaba de proponer como salida a la presente crisis la constitución de una Aduana Internacional (Foreign Affairs, diciembre 2025) que tome a su cargo “equilibrar” las transacciones internacionales para conciliar el desarrollo económico entre las principales naciones. Estamos ante una expresión deformada de la oposición entre el desarrollo internacional de las fuerzas productivas, de un lado, y los estados nacionales, del otro, (que no es otra cosa que el antagonismo entre el carácter social creciente de la producción y la apropiación privada del trabajo ajeno). El estallido de todas estas contradicciones, desatadas por la ampliación de la esfera de dominación del capital financiero internacional en el marco de las restauraciones capitalistas, se ha manifestado en la seguidilla de crisis económicas mundiales desde la década de los 90. Es lo que vuelve a manifestarse en estos días con la retomada del aumento del precio del oro, a u$s 4500 la onza, y proyección a 5000. Esta suba del 71 % en los once meses de 2025, se convierte en un 300 %, con relación a cuatro años atrás. Los analistas la atribuyen a la ocupación del Caribe por una Armada norteamericana para atacar a Venezuela, y al fracaso de las negociaciones por Ucrania. Más allá de esto, es la expresión del agotamiento del sistema financiero basado en el patrón dólar, que fue declarado inconvertible en 1968, parcialmente, y en 1971, en forma definitiva. Asistimos a una venganza del ‘vil metal’ (acompañado por la plata). El oro, la expresión última del valor de la riqueza capitalista, contra los regímenes monetarios que creían haberlo enterrado. Pero esto ocurre cuando el bloque de los BRICS (encabezado por China) ha acaparado un tercio del stock monetario de oro, y la misma China ha reducido a menos de u$s 800 millones sus tenencias de bonos del Tesoro norteamericano. La riqueza capitalista es rehén de una guerra mundial en desarrollo. El dólar, que ha financiado la restauración capitalista en China, se ha convertido en víctima de esta restauración. La historia ha seguido, lamentablemente, un curso tortuoso; la restauración capitalista ha ampliado el campo de la revolución mundial a los países avanzados. Una maduración histórica en circunstancias explosivas. Pero así como el patrón oro no tiene retorno, tampoco tiene lugar un nuevo patrón monetario internacional, ni el reemplazo del imperialismo existente por cualquier otro. La transición histórica presente no consiste en el pasaje de un imperialismo a otro hipotético imperialismo, sino a la abolición de toda forma de imperialismo y de antagonismos entre naciones y clases.

Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el Conicet señala que, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la canasta de servicios públicos (electricidad, gas natural, agua potable y transporte) registró un aumento del 561 %, mientras que la inflación trepó al 185 % en la misma etapa. Gran parte del ajuste se dio en 2024 debido a la “recomposición tarifaria” realizada por el gobierno liberticida y por la poda en los subsidios, que se trasladó al bolsillo de los trabajadores, mientras que durante el año electoral 2025 las subas fueron menores. Un hogar en el AMBA que no recibió subsidios, en diciembre de 2025 tuvo que volcar $183.410 de sus ingresos mensuales destinados al transporte, luz, gas y agua potable, registrando un incremento interanual del 31 %, representando un 11,1 % del salario promedio. El rubro que registró el mayor aumento durante la gestión libertaria fue el transporte público con una suba del 937 %, en el periodo analizado por el IIEP, seguido por el gas natural con incremento del 709 %, el agua 386 % y la electricidad 339 %. En 2025 los aumentos registraron una desaceleración y en este sentido el transporte registró un aumento interanual del 48 %, ubicándose por arriba del índice general de inflación. Por su parte el gas, electricidad y agua registraron aumentos de 28 %, 19 % y 13 % respectivamente, colocándose por debajo de la inflación dibujada por el Indec libertario. El superávit fiscal trazado por Milei-Caputo, al servicio del pago de vencimiento de deuda, en parte se asentó en el reajuste de los subsidios, pegando de lleno en los ingresos de los hogares y que fue más fuerte durante el 2024, en el que se conjugaron la recomposición tarifaria y la sustancial quita de subsidios. (La Nación 23/12). Luego de la “desaceleración” del ajuste en el 2025, el gobierno liberticida toma impulso para aplicar otro ajuste de características brutales por medio de una reconfiguración integral del esquema de subsidios energéticos y de servicios, lo que redundará en un aumento en las tarifas para un amplio sector de usuarios, con la mira puesta en reducir el costo fiscal. El gobierno presenta el ajuste como gradualista, ya que en principio se retirarían los subsidios a los hogares que superen ingresos por tres canastas básicas mensuales ($3.771.987,09) e impondrá topes de consumo en electricidad y gas a los hogares subsidiados. De esta manera el “gradualismo” del gobierno cae en saco roto cuando cualquier tipo de aumento impacta de lleno en los destruidos salarios, principal ancla a la inflación urdida por los libertarios. Según especialista en la materia “no se realizó una audiencia pública formal, sino una consulta de 15 días hábiles, lo que podría abrir la puerta a eventuales cuestionamientos judiciales.” (Idem) El macrista Gustavo Lopetegui, ex vicejefe de Gabinete y ex secretario de Energía, señaló sobre el nuevo esquema de subsidios que “en 2026 vamos a pasar de una cobertura del 70 % a cerca del 77 %, y en dos o tres años los subsidios deberían desaparecer o quedar reducidos a algo muy pequeño. En 2023 representaban el 1,7 % del PBI; en 2024 bajaron a 1 punto; este año cerrarán en torno al 0,66 % del PBI, unos US$2500 millones, y el objetivo oficial es llevarlos al 0,5 % en 2026, cerca de US$1600 millones.” Sin precisar de cuánto serán los aumentos, desde los pasillos de la Casa Rosada afirmaron que los aumentos residenciales superarán los dos dígitos en las facturas de luz y gas. Por su parte, los boletos de transporte de colectivos que transitan la Ciudad de Buenos Aires registrarán aumentos mensuales que se calcularán sobre el último dato de inflación con un adicional del 2%; esto, cuando el presidente, en recientes entrevistas ha declarado que la inflación a mediados del 2026 será un problema del pasado. El “gradualismo”, con el cual el gobierno quiere revestir el tarifazo en ciernes, tiene un alcance de norte a sur del país en lo que respecta a electricidad y gas, y la “recomposición tarifaria” impactará sobre 3 millones de usuarios en todo el país y las regiones en las que golpeará más fuertemente serán aquellas con consumos energéticos altos por razones climáticas y estructurales, como el NEA y el NOA. Mientras que, en las zonas frías, el consumo de gas o energía eléctrica para calefacción es indispensable para atravesar el invierno. Según la Resolución 484/2025 de la secretaría de Energía “los hogares que queden fuera del subsidio no pagarán simplemente el costo real de la energía, sino el 103,4 % de ese costo, bajo el argumento de financiar infraestructura”, es decir que las empresas energéticas financiaran las obras necesarias a partir del tarifazo libertario. (NEA Hoy 20/12) Esta transferencia de ingresos va ser capitalizada por un lado por el gobierno nacional, que va a recaudar fondos sin ejecutar obra alguna y por el otro, por las empresas energéticas y de servicios que engrosaran sus arcas a costa de los salarios de los trabajadores. Mientras que los gobiernos kirchneristas recurrieron a los subsidios para rescatar a las empresas a partir de la depreciación de los salarios, el gobierno libertario apela al garrote del Estado para rescatar a los monopolios de servicios a expensas de los trabajadores. El nuevo tarifazo libertario se trasladará a otras ramas de la producción, por ende, lo utilizará de base para nuevos tarifazos, que han sido un componente crucial en todas las rebeliones populares que han surcado a América Latina en los últimos años.

Este jueves por la noche, en plena Navidad, Donald Trump afirmó haber ordenado un “ataque poderoso y letal” contra integrantes del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, para proteger a comunidades cristianas. En octubre y noviembre pasados, el presidente había amenazado con bombardear a los yihadistas si no cesaban los asesinatos de cristianos e incluyó a Nigeria en su lista de países “de especial preocupación”. El Comando África de Estados Unidos (AFRICOM) —creado para coordinar actividades militares de Estados Unidos en el continente— confirmó que los ataques se llevaron a cabo en el estado de Sokoto, una zona estratégica que limita con Níger, y que la operación se realizó en coordinación con las autoridades nigerianas. Según la evaluación inicial del propio AFRICOM, varios combatientes del ISIS murieron en campamentos del grupo, lo que fue presentado como un golpe significativo contra las capacidades operativas de esta organización yihadista. Desde Abuja, la capital de Nigeria, el ministro de Asuntos Exteriores, Yusuf Tuggar, confirmó que había conversado previamente con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y que el presidente nigeriano, Bola Tinubu, dio su aprobación a la operación (Diario UChile 26/12). Tinubu se encuentra haciendo equilibrio entre la influencia de Estados Unidos y China. A principios de 2025, Nigeria fue declarado país socio de los BRICS, debido a su relevancia en el continente por ser uno de los países con el PBI más alto y la mayor población —de 200 millones de personas—. El gigante asiático es su principal socio comercial. Que a Trump los cristianos le importan tan poco como los norteamericanos muertos por el consumo de fentanilo es algo tan evidente como que cualquier excusa le viene bien para tirar bombas a gusto y después llorar la carta del déficit fiscal. A pesar de que, según su “Estrategia de Seguridad Nacional”, el interés yanqui se iba a centrar en el continente americano, y en África la cosa iba a pasar por incentivar “acuerdos de cooperación”, Trump utiliza la misma retórica que contra Venezuela. Lo que en el país sudamericano son los “narcos”, en Nigeria son los yihadistas. Antes, en Irak, fueron las “armas de destrucción masiva”. El Estado Islámico Sin embargo, es cierto que Nigeria enfrenta desde hace más de una década una insurgencia yihadista encabezada principalmente por Boko Haram y por la provincia del Estado Islámico en África Occidental, conocida como ISWAP. Estos grupos han extendido su violencia en zonas del norte y del centro del país y durante 2025 intensificaron los ataques de forma particularmente brutal. Comunidades cristianas han sido blanco de ejecuciones públicas, secuestros masivos en iglesias y escuelas y la destrucción completa de aldeas. Pero la violencia afecta también a comunidades musulmanas, en un país dividido por más de 300 etnias diferentes. Desde el mismo gobierno de Tinubu —tan obsecuente con Trump— reiteraron que la violencia de los yihadistas es indiscriminada y que no se centra exclusivamente en los cristianos. Cabe recordar que los grupos yihadistas, al igual que Al Qaeda, fueron financiados en su origen por Estados Unidos, y que el actual presidente de Siria —a quien se acusa de seguir persiguiendo a cristianos hoy en día— fue preso en Guantánamo por su vinculación con Al Qaeda y hoy es presentado por el imperialismo norteamericano y sus aliados como un presidente respetable. Zona de influencia La injerencia en Nigeria cobra importancia no solo por la relevancia del país en sí mismo, sino por su cercanía con el Sahel. Níger, Burkina Faso y Malí —países que conforman el Sahel— iniciaron un proceso de reformas con nacionalizaciones y cierto grado de industrialización de la mano de las inversiones chinas, al mismo tiempo que expulsaron la injerencia francesa. Boko Haram opera en la frontera de Níger y otros grupos yihadistas hostigan particularmente a Burkina Faso, gobernada por Ibrahim Traoré, quien acusó a las fuerzas francesas de prestar armas y colaboración a los grupos terroristas. El bombardeo de Trump sobre Nigeria se da en este marco de relevamiento de mando de los franceses, después de que también fueran expulsados de países como Costa de Marfil, Chad y Senegal durante este año. Así, pese a su promesa de campaña de no meterse en más guerras, Trump empuja a Estados Unidos a erigirse como el nuevo gendarme de la región y, en particular, de la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de África Occidental), el bloque económico y político de África Occidental liderado por Nigeria. En oposición a la influencia francesa de entonces, de la CEDEAO se retiraron los países del Sahel para fundar la AES (Alianza de Estados del Sahel). Hace solo unos días, de manera providencial, en el marco de una cumbre de la Confederación, el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, advirtió sobre la llegada de un “Invierno Negro”, una fase de inestabilidad extrema que, según él, ha sido planificada por potencias imperialistas.

COMUNICADO DE PRENSA En la cadena Farmacias del Dr Ahorro, desde mediados de este mes, la empresa comenzó a enviar telegramas de despido en forma masiva y está cerrando sucursales. Las sucursales del interior, se encontraron primero con cambios de candado en la puerta y la imposibilidad de ingresar a su lugar de trabajo. A todo esto la empresa no comunicó en su momento que dichas sucursales las habían cerrado. Posteriormente les han enviado el telegrama de despido y aún no han cobrado nada, no solo la indemnización, sino tampoco la liquidación del último mes trabajado. Todo se realizó bajo un hermetismo total. A una cantidad muy importante de empleados aún no nos han pagado el aguinaldo, y son los empleados a los que les van llegando los telegramas. Mientras nos decían que estaban por cerrar trato con un comprador o un inversor, los directivos ya sabían que esa opción había fracasado hace rato. Ante la ausencia de apoyo del sindicato Adef, exigimos que la Secretaria de Trabajo intervenga para frenar los despidos. Por eso, los Trabajadores de Dr Ahorro en lucha, reunidos en asamblea resolvimos: Movilizar el lunes 29/12/25 a las 10 h a la puerta de la Secretaría de Trabajo Leandro N Alem 650, CABA. Invitamos a todos los medios de prensa, organizaciones de trabajadores, sindicatos , asambleas barriales y partidos políticos, a acompañarnos. Contactos: Claudia: 11-5662-7254 Sabrina: 11-6840-4308 Federico: 11-3505-5822 trabajadoresdrahorroenlucha@gmail.com LEER MÁS: Despidos y cierre de sucursales en Farmacias del Dr. Ahorro Por Tribuna de Salud Farmacia, 23/12/2025.

En la previa a los festejos navideños, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras declaró a Nasry “Tito” Asfura del Partido Nacional (PN) como presidente electo en las elecciones del pasado 30 de noviembre con el 40,26 % de los votos. En segundo lugar, quedó el saltimbanqui derechista Salvador Nasralla, que en esta ocasión fue candidato del Partido Liberal (PL), a tan solo 27.000 votos. El CNE, según su propia presidenta, Ana Paola Hall, decidió dar por finalizado el escrutinio definitivo a pesar de no haber revisado más de 800 actas electorales por falta de tiempo y garantías de seguridad. El CNE tenía hasta el 30 de diciembre para decretar oficialmente un ganador, caso contrario, el pleno del Congreso pasaría a tener dicha responsabilidad. Para el oficialismo, que quedó en tercer lugar con el 19,22 % de los votos, la elección de Asfura responde a un fraude y una entrega de la soberanía del pueblo hondureño al presidente Donald Trump. Las elecciones del 30 de noviembre no se desarrollaron sobre un terreno pacífico, la propia campaña electoral y la conformación del propio CNE estuvo atravesada por polémicas y una campaña de la derecha (Asfura y Nasralla) contra el gobierno de Xiomara Castro, a la cual llegaron a acusar de “narcocomunista”, copiando el lenguaje de Donald Trump. El propio magnate estuvo intrincado en el proceso electoral, en primer lugar, al declarar su abierto apoyo a Asfura en su página Truth Social. En segundo lugar, al señalar que de no declararse ganador a Asfura, Honduras pagaría las consecuencias y, en tercer lugar, al reclamar mediante su secretario de Estado, Marco Rubio, que los resultados fueran dados sin más demoras. No debe sorprender que el primer gobierno del mundo en saludar a Asfura fue el propio imperialismo estadounidense, seguido al segundo por su perro faldero, Javier Milei. El grueso de los gobiernos latinoamericanos han reconocido sin chistar el resultado electoral, incluso la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), denunció al gobierno por promover el desorden y el caos impidiendo tener antes los resultados. La denuncia contra el gobierno de Castro es un sinsentido, puesto que el propio CNE contrató un sistema de recuento de votos que fracasó sin remedio y que rechazó las impugnaciones realizadas por el gobierno de Colombia que había suspendido a dicha empresa para prestar servicios similares en su país de origen. Por otro lado, el representante de LIBRE, partido de gobierno, en el CNE fue el primero en abandonar el recuento al denunciar sistemáticas violaciones y arbitrariedades a los acuerdos alcanzados por el Parlamento. Los resultados han sido rechazados por la presidenta Xiomara Castro, aunque aseguró que entregará el poder a Asfura y al Partido Nacional el próximo 27 de enero. Ha desoído las movilizaciones de sus propios militantes a las puertas del CNE para impugnar las elecciones. El representante en el Consejo electoral de LIBRE ha realizado una serie de presentaciones judiciales buscando anular los comicios, en consonancia con sus dichos anteriores. La candidata oficialista, Rixi Moncada, ha seguido los pasos de Castro y reconocido que los resultados son inalterables. Para disimular una claudicación, los ha disfrazado de rechazos e impugnaciones al CNE y denuncias a la injerencia trumpista. El partido LIBRE ha dado un giro en su política; no debe sorprender que ese giro se produzca luego de las declaraciones del jefe mayor de las Fuerzas Armadas, General Héctor Benjamín Valerio Ardón, quién asumió sus funciones el pasado 18 de diciembre, llamando a respetar la decisión del CNE y reconociendo la veracidad de los resultados electorales. Castro, que había depurado la jefatura de las fuerzas armadas tras su victoria en 2022, esperaba contar con la lealtad de los militares, pero estos han decidido acompañar el proceso de acercamiento con Estados Unidos. La decisión del cuerpo castrense era esencial para el desenlace político de las elecciones, la propia presidenta del CNE había convocado a las Fuerzas Armadas a tomar partido por el gobierno o el CNE. Detrás de esta declaración estaba el apoyo estadounidense, que mantiene una fuerte base militar en territorio hondureño. En su primera entrevista con un medio internacional, Asfura ha dado su apoyo a la intervención militar en el Caribe y a la necesidad de un cambio de régimen en Venezuela, al tiempo que promete romper relaciones con Cuba y Nicaragua. El otro punto central es la disputa con China, puesto que Honduras mantiene desde la asunción de Castro relaciones formales con el gigante asiático en desmedro de su relación histórica con Taiwán. Tanto China como Taiwán han enviado su mensaje de apoyo y reconocimiento al nuevo gobierno, aunque un acercamiento a Estados Unidos incluye muy seguramente el restablecimiento de relaciones con la isla. Estados Unidos es el mayor socio comercial del país centroamericano; las remesas que envían los 2 millones de hondureños en suelo estadounidense equivalen al 27 % del Producto Bruto Interno (PBI). El llamado de Trump a una colaboración más estrecha, se asienta en esta enorme dependencia y en los llamados de Asfura a una política de mano dura contra el narcotráfico. El magnate norteamericano indultó al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, para demostrar su absoluto apoyo al Partido Nacional. Asfura asume un país sacudido por la pobreza y la polarización social y política, como detalla el informe de la misión de la OEA. Es la advertencia sobre el desarrollo de una guerra civil, asentada en la descomposición estatal en su entrelazamiento con las pandillas de los maras (narcotraficantes) y la crisis migratoria que empuja a los hondureños a cruzar medio continente en el marco de redadas fascistas en Estados Unidos. Es el cuadro de una crisis humanitaria en el marco de una guerra imperialista de alcance mundial. LEER MÁS: Honduras: un golpe de Estado “electoral” en marcha con el impulso del Departamento de Estado y con la venia de la Unión Europea Trump busca alinear a América Latina por “la razón o la fuerza” con la invasión de Venezuela. Por Joaquín Antúnez, 12/12/2025. Honduras: elecciones presidenciales con intervención de Trump “Voten por Asfura o sufran las consecuencias”. Por Joaquín Antúnez, 02/12/2025.

Mendoza está sacudida por un proceso de lucha, que comienza a elevarse al plano de un levantamiento popular contra la política del gobierno de Cornejo, quien, a como dé lugar, pretende abrir la provincia a la explotación generalizada de los recursos mineros de la cordillera, en especial el cobre. Esta ha sido la política de todos los últimos gobiernos, pero chocaron con la reacción de la población que vio en esas explotaciones el uso de un recurso muy escaso, el agua, y por otro que en esas explotaciones inexorablemente se iban a usar sustancias tóxicas que iban a contaminar el medio ambiente y también las napas y los cursos de los ríos. El martes 9 de diciembre fue un hito importante pues ese día se concretó una movilización en la capital que reunió más de 20.000 manifestantes, acción que se replicó en otras ciudades más alejadas como en Gral. Alvear o Malargüe. La convocatoria iba dirigida a impedir que el senado provincial aprobara 4 leyes a favor de las grandes mineras. En una sesión semiclandestina, protegida por un cerco represivo inmenso, el gobierno con el voto de su bloque, y el apoyo de los libertarios y la mayoría de los peronistas logró su propósito: aprobar la declaración de impacto ambiental en el cerro San Jorge, en Uspallata, y hace lo mismo con casi 30 proyectos en Malargüe. Cornejo fue a fondo desdiciéndose de anteriores discursos en contra de la megaminería contaminante y la defensa del agua. Para enfrentarse al pueblo mendocino no solo tenía el apoyo del gobierno nacional sino también del propio gobierno de EEUU. Cornejo, servil a las mineras de EEUU El 20 de noviembre Cornejo recibió la visita del embajador de EEUU. "Es valioso escuchar desde los Estados Unidos que estamos en buen camino", dijo Cornejo tras almorzar con el representante de Estados Unidos, Peter Lamelas. La reunión, que se convirtió en la primera del diplomático con un gobernador argentino, fue calificada por Cornejo como “un honor” y marcó un hito en la agenda internacional de la provincia. Durante la conversación, ambos dirigentes repasaron la matriz productiva mendocina, que abarca desde los alimentos y las bebidas hasta sectores estratégicos como la energía, el petróleo y el turismo. “El embajador sabe que somos reconocidos en el mundo por nuestros vinos, pero que no alcanza”, señaló Cornejo, en referencia a la necesidad de diversificar la economía provincial. En ese sentido, el mandatario destacó el trabajo que su gestión viene realizando para impulsar la minería metalífera, un sector que busca consolidarse como motor de desarrollo y atraer inversiones extranjeras. Lamela coincidió en la importancia de ampliar la base industrial y manifestó que sería relevante que empresas de su país se sumen a los proyectos mendocinos. “El país tiene posibilidades para crecer, pero haciendo los cambios necesarios”. La reunión cobró aún más relevancia cuando el propio embajador expresó: “Mendoza tiene viñedos, energía, minería, y con el nuevo Acuerdo de Comercio e Inversión, las oportunidades de crecimiento nunca han sido tan claras. El mensaje de Peter Lamelas fue interpretado como un gesto de confianza hacia la provincia y como una señal de que Mendoza puede convertirse en un socio estratégico en áreas clave como la energía y la minería. La referencia explícita al Acuerdo de Comercio e Inversión refuerza la idea de que las oportunidades de crecimiento están ligadas a un marco institucional que garantice previsibilidad y reglas claras. El gobernador aliado a Milei, agrandado por el éxito parlamentario, dijo que apoyaba la modificación de la Ley de Glaciares y afirmó que “Mendoza está un paso adelante de esa ley porque ya lo estamos haciendo en los procedimientos del Código Minero y lo estamos haciendo en las declaraciones de impacto ambiental que están en la actualidad”. El pueblo está en las rutas y las calles A partir de ese momento, el repudio al gobierno se ha extendido y profundizado. Esto se tradujo en el hecho de que se mantuvo el proceso de organización y movilización. Las asambleas ambientales fueron resolviendo distintas acciones en sus zonas: ruidazos, acampes (Tunuyán), festivales, cortes de rutas, asambleas, etc. y de conjunto se resolvió una nueva movilización a la capital y en las ciudades más alejadas este 23 de diciembre pasado. En todo este periodo, el gobierno decidió disolver el proceso de organización y lucha en curso con medios represivos. El 9 de diciembre fueron detenidos dos manifestantes y retenidos durante 20 días. Antes, ya había sido reprimida una manifestación en oportunidad de la sesión de diputados que antecedió a la del Senado. Allí dos manifestantes fueron detenidos y llevados dentro de la legislatura donde sufrieron actos de tortura. Posteriormente, el 13 de diciembre, una manifestación en la capital fue reprimida y los detenidos fueron 13. Según ANRED hay unos 20 procesados por el simple hecho de manifestarse contra los proyectos megamineros que impulsa el oficialismo. Varios de ellos están acusados de “resistencia a la autoridad” y por el artículo 194 del Código Penal, una rémora de la dictadura de Onganía para criminalizar los cortes de tránsito. Este curso represivo tiende a generalizarse como surge en Chubut, donde la Cámara Penal de Trelew confirmó las condenas de seis vecinos que participaron en el chubutazo y ordenó la inmediata detención de dos de ellos: Damián Díaz y Mauricio Naum Vargas. Las causas fueron abiertas por aquella histórica protesta ocurrida en diciembre de 2021, cuando se logró revertir la zonificación minera. Nada de esto ha frenado el proceso de lucha. La jornada del 23 de diciembre El martes 23, manifestantes organizados de Asambleas de 15 regiones de la provincia llegaron hasta la ciudad. Algunas asambleas, como la de Uspallata, plantearon que había que reclamar un paro provincial. Otras asambleas sacaron cartas abiertas dirigidas a la docencia llamándolos a que expliquen la situación y se sumen a la convocatoria. A la manifestación finalmente se sumaron organizaciones sociales y muchos autoconvocados, que confluyeron en la Casa de Gobierno de la provincia con las consignas de “El agua no se negocia”;los manifestantes expresaron su rechazo a las políticas mineras impulsadas por el Gobierno provincial y reclamaron la derogación de las leyes 9684 y 9685, por considerar que habilitan proyectos como San Jorge y exploraciones en el distrito minero de Malargüe. También se pidió archivar definitivamente el proyecto San Jorge, crear el Área Natural Protegida Uspallata–Polvaredas, frenar exploraciones de litio en el eje San Rafael–Malargüe y avanzar con el cierre y remediación de Sierra Pintada. Además, la convocatoria incluyó el rechazo a cualquier modificación de la Ley de Glaciares, contra la reforma laboral y denuncias por represión y judicialización de manifestantes, con pedidos de libertad y desprocesamiento de personas detenidas. Desde la organización adelantaron que las acciones continuarán hasta que, remarcan, el Gobierno “entienda que el agua de Mendoza no se negocia”. La movilización no logró imponer la derogación de las leyes, pero que sí la liberación de los dos manifestantes que permanecían detenidos desde el 9 de diciembre. Desde hace 15 años Mendoza está en emergencia hídrica. La denuncia de que la mina de San Jorge Cobre Mendocino cuando se ponga en funcionamiento va a usar 140 litros de agua por segundo, la experiencia de años atrás donde los organismos del gobierno de control ambiental no pudieron hacer nada para impedir el derrame de la Destilería de Luján de Cuyo, que está al lado de los centros urbanos, ni lo que pasa hoy con las aguas servidas que se vuelcan a canales de riego, nadie la cree al gobierno que va a poder controlar lo que ocurra en la alta montaña. Por otro lado, respecto a los 27 proyectos de exploración en la zona de Malargue, un dictamen del IANIGLA y CONICET emitido en abril de 2025 solicitó a la Dirección de Minería que no aprobara 18 de ellos por deficiencias en información de impacto ambiental: alertaron que 8 se encuentran totalmente en ambiente periglacial y otros 10 también, pero de forma parcial. Todos estos hechos y la conciencia de que sin agua no se puede vivir, y que el 70 % de la población mendocina depende del agua proveniente de los glaciares y periglaciares y las experiencias de lucha anteriores donde se fue a fondo, como ocurrió en 2007, 2011 y 2019 y se triunfó, son los puntos de apoyo para que la lucha, aunque más dura, se sostenga y se eleve efectivamente a una una huelga activa, o sea a una rebelión y junto con ello el llamado al resto de los trabajadores y organizaciones de lucha para que se resuelvan coordinadamente acciones de las lucha. LEER MÁS: Mendoza: rebelión popular en defensa del agua y el medio ambiente Por Daniel Blanco, 10/12/2025.

La votación a libro cerrado del Presupuesto 2026 fue celebrada de diferentes maneras por la camarilla de Milei, Caputo y Bullrich. El presupuesto ajustador consiguió un nivel de aprobación superior al previsto -46 senadores a favor-, algo que no podría haber ocurrido sin el aval de un conjunto de senadores peronistas que responden a los gobernadores de Catamarca, Tucumán y La Rioja, y a los PJ de Jujuy y San Luis. En la partida también ingresó la senadora de Sáenz y representante del capital minero, Flavia Royón. Aunque Milei repartió migajas en las tratativas previas al tratamiento de la ley, el hilo conductor que guió a los gobernadores es la promesa de que las provincias serán autorizadas a endeudarse. El presupuesto, después de todo, es la transcripción literal de los compromisos que el gobierno suscribió con el FMI en abril pasado, y que hasta ahora estaban sólo sujetos a un decreto. Ahora, el rescate fondomonetarista y sus consecuencias ha logrado el aval del Congreso, sustentado en un amplio abanico de votos opositores. Impostura Los senadores se tragaron la cicuta del “Capítulo 2” del proyecto, que implica una trepanación sin precedentes de los gastos educativos. En el presupuesto votado, la función “Educación y Cultura” representa una caída del 47% respecto del gasto del 2023 en ese rubro. En el caso de “Universidades Nacionales”, la comparación similar arroja una reducción del 34 %, e incluso un recorte respecto del año que termina. De conjunto, el gobierno dispuso la derogación del artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que plantea un piso del 6% del PBI en Educación. Aunque esta cláusula fue sistemáticamente incumplida por todos los gobiernos, su supresión legaliza el derrumbe educativo. El mismo destino han corrido las partidas destinadas a la Educación Técnica. El recorte educativo en todos los niveles pone de manifiesto la impostura de todos los que “resistieron” en el Congreso a la derogación de la ley de Financiamiento Universitario. Varios de esos mismos bloques se encargaron ahora de votar el recorte de fondos efectivos a la Universidad. En rigor, ya lo habían hecho en Diputados, porque lo que votaron los Senadores es lo mismo. Lo que fue ocultado por toda la oposición es que el mismo “financiamiento universitario” que decían sostener en una parte de la ley de presupuesto -capítulo 11-, era desfinanciado en los hechos en otra sección de la ley, el capítulo 2. El kirchnerismo, que celebró como un Mundial la caída del capítulo 11, se cuidó muy bien de denunciar el ajuste que se perpetraba en Educación a la hora de los números. Los “opositores” le han dado al gobierno un arma poderosa para rechazar judicialmente los reclamos que se planteen por este tema, pues los abogados de Caputo y Milei dirán que los propios diputados, al votar a favor el presupuesto de ajuste, derogaron en los hechos al “financiamiento universitario”. Algo muy parecido ha ocurrido con la discapacidad, pues los números incluidos en el presupuesto se acomodan al recorte de pensiones y prestaciones que el gobierno está ejecutando, de oficio, en estas mismas horas: la reducción de recursos para discapacidad prevista en la ley es del 10 % respecto de 2025. Los gobernadores, además, han consentido una caída del 13 % en las transferencias para las cajas jubilatorias provinciales, algo que buscarán endosarle a los pasivos de cada distrito. Salida precaria Milei ha soldado provisionalmente a su “coalición del ajuste”, detrás del señuelo que interesa a todos los partidos capitalistas: normalizar las relaciones con el capital financiero. El bajo perfil kirchnerista frente a los ajustes que se perpetraban en Educación y otros rubros pone de manifiesto que el rescate de la deuda pública y privada es la línea maestra de toda la burguesía y sus partidos. Caputo llevará este presupuesto como ofrenda a los bancos y fondos a los que procura interesar para afrontar los vencimientos de deuda del 2026. Pero los ajustes previstos, muy gravosos para trabajadores, educadores o jubilados, no alcanzan para afrontar las hipotecas de la deuda pública externa e interna. El presupuesto no aleja la sombra de defolt . Pero la pretensión de una salida a la miseria de los educadores, la salud o los jubilados de la mano del Congreso, ha caducado sin atenuantes. LEER MÁS: Milei se atropella en el Congreso Los daños colaterales de la camarilla. Por Marcelo Ramal, 19/12/2025. Presupuesto: los liberticidas no lograron derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario y perdieron la mayoría oficialista Diputados delegó la deuda pública, la llave del Presupuesto, en manos de Caputo. Por Lucas Giannetti, 18/12/2025.

Un día después que Trump bombardeara Nigeria -en el otro extremo de África-, Israel reconoció, de forma unilateral y solitaria, la independencia de Somalilandis - un estado separatista. Esto despertó el rechazo inmediato de Turquía, Somalia, China, buena parte del mundo árabe, la Unión Africana e, incluso, la Unión Europea y Estados Unidos. Netanyahu no hubiera actuado de otra manera, sin embargo, sin el acuerdo de Trump. Somalia está ubicada en el Cuerno de África, con una posición estratégica sobre el océano Índico y el golfo de Adén, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Obtuvo su independencia en 1960 tras la unificación de dos territorios coloniales: la Somalia italiana y la Somalia británica. Durante las primeras décadas funcionó como un Estado formal, pero en 1969 hubo un golpe de Estado que en 1991 se desplomó. Desde entonces, Somalia atravesó una guerra civil prolongada que desintegró el Estado central, dio lugar al control territorial de clanes y milicias, y quedó como campo fértil para la intervención de otras potencias. En ese contexto de colapso estatal surgieron entidades regionales con distintos grados de autonomía. La más significativa es Somalilandia, ubicada en el noroeste del territorio somalí, que en 1991 declaró unilateralmente su independencia. Somalilandia coincide en gran parte con el antiguo protectorado británico y desde entonces construyó instituciones propias: tiene gobierno, parlamento, fuerzas de seguridad, moneda y realiza elecciones relativamente estables. A diferencia del resto de Somalia, no atravesó una guerra civil prolongada tras 1991 y logró mayor estabilidad política y económica. Sin embargo, Somalilandia no es reconocida como Estado independiente. La Unión Africana y la ONU sostienen el principio de integridad territorial de Somalia (aunque lo ha violado en Sudan). Para el gobierno federal somalí, Somalilandia sigue siendo parte inseparable del país, y cualquier acuerdo internacional firmado por sus autoridades es considerado ilegal. Somalia, por su parte, funciona hoy como un Estado federal frágil. El Gobierno Federal, con sede en Mogadiscio, depende en gran medida del apoyo militar y financiero externo, especialmente de la misión de la Unión Africana y de países como Turquía. Amplias zonas del país siguen bajo la influencia del grupo yihadista Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda. Turquía mantiene relaciones de cooperación económica y militar muy estrechas con Somalia. Tiene la mayor base militar extranjera en Mogadiscio, entrena al ejército somalí y a fuerzas especiales y controla sectores clave del puerto y el aeropuerto de Mogadiscio. Además, firmó este año acuerdos leoninos de exploración petrolera offshore con el gobierno federal que le garantizan llevarse el 90% de lo extraído, en perjuicio de uno de los países más pobres del mundo. Somalilandia controla el puerto de Berbera —muy cerca del estrecho que comunica el Mar Rojo con el océano Índico—, clave para el comercio regional y de interés para el imperialismo y otras potencias. En los últimos años, distintas potencias —incluidos Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Taiwán e Israel— han mostrado interés en establecer acuerdos militares, comerciales o diplomáticos con Somalilandia, lo que genera fuertes tensiones con Mogadiscio. En julio, Taiwán firmó un acuerdo de seguridad marítima con Somalilandia, que incluyó ejercicios conjuntos de entrenamiento, coordinación de búsqueda y rescate, y la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades, como el suministro de sistemas de vigilancia, equipos para la guardia costera y apoyo técnico taiwanés. La apertura diplomática de Taiwán a Somalilandia se remonta a 2020, cuando abrió una oficina de representación en la capital, Hargeisa, lo que desencadenó la ira de Pekín, que la condenó como una violación del principio de “una sola China”. Taiwán y Somalilandia se miran en el mismo espejo en lo referido a su soberanía y a su funcionalidad para con el imperialismo. Explícitamente, el acuerdo planteó por objeto construir una “costa no roja” destinada a contrarrestar la influencia de China a lo largo del mar Rojo y el golfo de Adén. China mantiene su principal base militar fuera de su territorio en un país lindero, Yibuti, también con costa sobre el estrecho, donde tienen bases militares y puertos los imperialismos de todos los colores. Reacción internacional En un comunicado, la Unión Africana, que representa a 55 países de África, advirtió del “riesgo de crear un peligroso precedente con consecuencias considerables para la paz y la estabilidad en todo el continente”. La Unión Europea y hasta el mismo Donald Trump se pronunciaron en contra del reconocimiento internacional de Somalilandia. En el mundo árabe, solo Emiratos Árabes Unidos —que tiene inversiones en ambos territorios e injerencia en toda la región— secundó a Israel con un silencio cómplice. El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el lunes una sesión urgente para abordar la decisión de Israel que desestabiliza a la región. Hamas también sacó un comunicado rechazando el reconocimiento por parte de Israel y advirtiendo su oposición a cualquier intento de trasladar a la población gazatí allí o a algún país de África. Israel mantuvo reuniones este año con diferentes países africanos —Somalilandia incluida— donde se trató el tema, pero las declaraciones posteriores de los gobiernos africanos desestimaron la medida. Las intenciones de Israel En una cumbre reciente en Jerusalén —que trató de seguridad, entre otros temas— junto a los mandatarios de Grecia y Chipre, Benjamín Netanyahu, además de apuntar contra Irán, lanzó un mensaje contra las aspiraciones regionales de Turquía, señalando que aquellos que buscan restablecer antiguos imperios y dominar nuevos territorios se encontrarán con resistencia. El primer ministro de Grecia fue el más alarmado por el expansionismo turco, ya que Turquía estuvo probando misiles de gran alcance sobre las aguas de Somalia paea luego jactarse de tener a Grecia a tiro. Lo que a Israel le interesa —además de debilitar a Turquía— es reforzar su influencia en Somalilandia, ubicada en el Cuerno de África, con costa sobre el golfo de Adén, justo enfrente del Yemen de los hutíes, el único país que se ha levantado en armas contra el genocidio en Gaza. Los hutíes son una astilla clavada en el pie del genocida Netanyahu. Han violado el sistema defensivo de Israel con drones, han combatido contra la flota norteamericana, le han hecho la vida imposible a los barcos que comercian con Israel y transitan por el mar Rojo, y no pudieron ser derrotados por el ejército de mercenarios de Arabia Saudita. Este, ya derrotado por los hutíes, se diputa el territorio de Yemen que estos no controlan con Emiratos Árabes Unidos en otra guerra inminente. El 17 de octubre, el sitio web de noticias pro-qatarí Middle East Monitor informó que Israel le propuso a Somalilandia, establecer una base militar que le permitirá atacar y disuadir a los objetivos hutíes, a cambio de un reconocimiento formal del país e inversiones financieras en él. Este acuerdo habría sido intermediado por Emiratos. Mientras el jefe de Estado iraní advierte que está en una guerra total contra Estados Unidos, Israel y Europa, Netanyahu busca la manera de expandir la guerra más allá del Mar Rojo, disolviendo todos los acuerdos previos. De repente, África pasa a ser centro de la escena, para dar cuenta de que, si los trabajadores no enfrentamos a la guerra imperialista, esta no se va a detener hasta llegar al último rincón del planeta.

El juez federal Daniel Rafecas aprovechó los últimos días previos a la feria judicial para elevar a juicio oral la imputación contra la legisladora del aparato del Partido Obrero y el FIT-U, Vanina Biasi por “presunta instigación a la violencia y discriminación a la colectividad judía”, es decir, ´antisemitismo´. El juicio se realizará en un Tribunal unipersonal y quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien resultó sorteado en los tribunales de Retiro. La acusación legítima el genocidio que se sigue desarrollando en Palestina. Las expulsiones en Cisjordania son masivas. El poder judicial de Argentina se hace pasible de una denuncia por encubrimiento de crímenes de lesa humanidad. La denuncia, realizada por el fiscal Carlos Stornelli, con la querella de la DAIA, incluye 8 tuits de la red social X, emitidos desde la cuenta oficial de la propia Biasi entre el 27 de noviembre de 2023 y el 29 de enero de 2024. Según Rafecas, su decisión “tiende a prevenir la propagación de discursos de odio antisemita, que puedan incitar a cometer atentados” (Infobae, 26/12). La hipocresía no tiene paralelo: denunciar a los genocidas sería un acto odioso. El paso siguiente debería ser la reivindicación de las Juntas Militares de Argentina. El juicio será supervisado por Netanyahu y Trump. Los abusos de este tipo ocurren por la complicidad del peronismo, que ha saboteado a conciencia todas las movilizaciones contra el genocidio.

En una corrida a contrarreloj, el Ministro de Economía, Luis Caputo, busca absorber la mayor cantidad de dólares para hacer frente a los vencimientos de bonos de deuda el próximo 9 de enero por 4324 millones de dólares, de los cuales 3.700 millones corresponden a bonistas privados. Hace solo unas semanas atrás, Caputo prejuraba que tenía asegurado un préstamo repo con bancos internacionales por 7.000 millones de dólares. Según sostienen fuentes oficiales, estaría asegurado un repo por 3.000 millones de dólares. El monto final del repo variaría a partir de lo que Caputo recaudaría por medio de otras fuentes de financiamiento, como “la emisión del Bonar 29 que se llevó adelante semanas atrás, las compras que realizó el propio Tesoro y que están depositadas en su cuenta del Banco Central y las divisas que se depositarían por las concesiones de las represas del Comahue” (La Nación 29/12). Otra de las fuentes de financiamiento con el que contaba “el Messi de las finanzas” es el swap con el Tesoro de los Estados Unidos, pero todo indicaría que no estaría disponible para pagar los vencimientos Los analistas más optimistas señalan que Caputo, al presente, tienen en sus manos entre 2000 y 2600 millones de dólares, mientras que la consultora 1816 advierte que solo cuenta con 1800 millones de la divisa extranjera (LPO 29/12). Las suspicacias de los mercados se asientan en que la semana pasada, para contener el precio de la divisa, Caputo liquidó 241 millones de dolares en solo dos días y sólo en el día de ayer desde la cartera de Economía se vieron obligados a intervenir en el mercado vendiendo 900 millones de dólares para evitar un salto en la cotización que pudiera perforar el techo de la banda. El analista financiero Christian Buteler señaló sobre la intervención de ayer que “fue un movimiento grande: el volumen de operaciones, de USD 903 millones, (que) no se veía desde la época de las elecciones en la provincia de Buenos Aires” (iProfesional 30/12). Desde el gobierno esperaban tener dos jornadas positivas antes del 31 de diciembre luego de haber asegurado, antes del fin de semana, la aprobación de dos leyes pedidas por el mercado y el FMI: la sanción del Presupuesto de ajuste del 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, que da vía libre al blanqueo de capitales. Liberales vs. Federales Caputo, dando cuenta de la iliquidez del Tesoro, no descartó ninguna instancia de hacerse de dólares y en este sentido buscó virlarle 800 millones de la divisa extranjera al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. A comienzos de diciembre, el gobierno santafesino logró la colocación del bono SF34 por 800 millones de dólares a nueve años con una tasa del 8,10%, destinados a financiar, en principio, obras públicas de la provincia. Funcionarios del gobierno santafesino declararon a LPO que desde el gobierno nacional, más precisamente Caputo, "quisieron que vendamos de forma urgente los dólares". El requerimiento del gobierno se dio tres días antes del nuevo esquema de actualización por inflación de las bandas cambiarias. En el mercado descuentan que eso empujará el precio del dólar, por lo que para Santa Fe la liquidación en este momento podría ser desventajosa (Idem), La puja entre liberales y federales tiene su trasfondo en la deuda que Nación mantiene con Santa Fe y en esta línea Pullaro hace unos días declaró que “hasta que no nos recompongan el flujo y el stock, o al menos la Nación reconozca la deuda que tiene con Santa Fe, es difícil que nosotros nos sentemos a dialogar” (Letra P 19/12). Caputo contra los bancos En la desesperación, Caputo echa mano a la recién votada Ley de Inocencia Fiscal, que aún no está reglamentada y, por ende, no se encuentra en vigencia, para que los ahorristas saquen los dólares del “colchón”, estimados según Milei en una reciente entrevista radial, en 400 millones de dólares. Los banqueros salieron a cruzar a Caputo y le señalaron a Infobae que “los bancos cumplen normas, no tweets”, como comentó una importante fuente de un banco privado, respecto a que todavía no se modificaron las leyes, normativa, comunicaciones del BCRA y la UIF al respecto. Y que, si las cambian, se cumplirán las nuevas. “Los bancos no ‘rompen las p...’, cumplen normativas de sus reguladores del Estado. Tan simple como eso”, agregaron, en respuesta a las quejas de Caputo (Infobae 29/12). Caputo, al igual que Juan Carlos Pugliese, ministro de Economía de Alfonsín en medio de la hiperinflación, les habló a los bancos con el corazón (con varios bypass encima) y estos les respondieron con el bolsillo. Privatizaciones exprés para honrar la deuda Otra de las iniciativas de Caputo fue la publicación de una resolución para que ingresen en los próximos tres días los dólares, calculados 706 millones, en concepto de pago de las privatizaciones de las principales represas de Neuquén y Río Negro, que según la consultora 1816, a la fecha no ha ingresado nada. Luis Caputo surfea las últimas horas del 2025 una economía con principio de bancarrota.

Los casos de Gripe H3N2, subclado K (una variante derivada del virus de influenza estacional tipo A, conocida como “súper gripe”) está causando estragos en Europa y Asia, y ya se anunciaron los primeros casos en Argentina. En España, las cifras actuales superan ampliamente las del año pasado y una tendencia similar se observa en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. En este último, las internaciones por Influenza alcanzaron niveles récord. Estados Unidos y Canadá registran también un aumento progresivo de detecciones del subclado K. En Estados Unidos, durante la semana que finalizó el 13 de diciembre, el porcentaje de personas que dieron positivo en pruebas de gripe aumentó 8,1%, mientras que 3,2% de las consultas médicas corresponden a enfermedades respiratorias. Este año la temporada gripal se adelantó, de acuerdo a información brindada por la Organización Mundial de la Salud (OMS, PAHO por sus siglas en inglés). En todos estos países, el subclado K se volvió predominante y su avance hace prever que la temporada podría extenderse incluso hasta la primavera. El panorama actual ya obligó a varios países a implementar estrategias reforzadas. Alemania, Francia, Italia, España, Canadá y Estados Unidos reorganizaron planteles y circuitos asistenciales, y reintrodujeron el uso de barbijos en hospitales y centros de salud. En Japón y el Reino Unido se emitieron recomendaciones específicas para residencias de larga estadía y familias con niños pequeños, dos entornos donde el virus suele propagarse rápidamente. Además, se detectaron casos en Costa Rica, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Chile, Brasil y Argentina. En nuestro país, los casos de subclado K ascienden a un total de cinco, hasta ahora. A mediados de diciembre, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán, notificó dos casos en Santa Cruz y uno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y esta semana el Ministerio de Salud de Neuquén confirmó dos casos de Gripe H3N2 en la provincia. Las autoridades sanitarias aclararon en una conferencia de prensa que, al momento, “no hay circulación comunitaria”. Al respecto, el Ministerio de Salud de la Nación advirtió que los cambios genéticos que presenta el subclado k se asocian a "una mayor transmisibilidad", lo que podría favorecer "un aumento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud" y recomendó mantener las medidas de cuidado y completar los esquemas de vacunación (los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas y puérperas, las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, los mayores de 65 años y el personal de salud y estratégico, que deben ser inmunizados una vez al año). A su vez, las autoridades sanitarias intentan anticipar la campaña de vacunación antigripal destinada a los grupos de riesgo. En 2025 la campaña de vacunación antigripal comenzó a fines de marzo. El subtipo H3N2 K presenta modificaciones en su superficie viral que reducen parcialmente la capacidad del sistema inmune para reconocerlo, favoreciendo su transmisión en ambientes cerrados y poco ventilados durante los meses fríos. Los menores de 5 años, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas aparecen como los grupos más afectados. De acuerdo a la OMS, la combinación entre mayor transmisibilidad, la circulación simultánea de otros virus respiratorios y el movimiento poblacional invernal está ejerciendo una presión excepcional sobre los sistemas sanitarios. A esta dinámica se suma la circulación simultánea del virus sincicial respiratorio y del SARS-CoV-2, lo que dificulta los diagnósticos diferenciales e incrementa la demanda en guardias pediátricas, residencias de larga estadía y clínicas de adultos mayores. El impacto de la “súper gripe” y la presión sobre el sistema de salud en Europa y Estados Unidos, ya nos alerta de lo que puede ocasionar en nuestro país. El sistema de salud que ya viene siendo desmantelado deberá hacerle frente al virus con un presupuesto que prevé un nuevo ajuste.

El 26 de diciembre se llevó adelante la audiencia paritaria del Neumático número 44º y, nuevamente, las patronales se negaron a dar un aumento acorde a las necesidades de los trabajadores. Frente a ésta situación, que lleva 1 año, la dirección del SUTNA convocó al tercer paro por 24 horas en lo que va de diciembre en las grandes fábricas (a lo largo del año hubieron cerca de 8 paros por 24 horas). El paro arranca el martes 30 a las 13hs y finaliza al día siguiente a las 14 horas. Este paro será acompañado con una movilización a la Secretaría de Trabajo en Alem para emplazar “a las patronales a dar respuesta positiva al justo reclamo de los trabajadores’’. La medida de fuerza fue precedida además por un paro de 15 horas entre la tarde del viernes 26 al sábado 27. A lo largo del año, las patronales ofrecieron, en cada audiencia, diferentes propuestas de rebaja de salarios y desconocieron el pago del bono navideño de 2024 y el pago y actualización de 2025. En esta última audiencia las patronales ratificaron su política de hacer propuestas paritarias por empresa. Pirelli fue con una propuesta, Bridgestone con otra y FATE, en las últimas ocasiones, se abstuvo de llevar propuesta alguna, tratando de acomodarse a la propuesta más baja. Las propuestas llevadas por las primeras dos patronales eran, en los hechos, aumentos que fueron dando en los últimos meses a ´cuenta de futuros aumentos´, haciendo que el salario de los trabajadores en todas las fábricas se posicionara en la línea de la pobreza. En el caso de FATE, llevan un año sin dar aumento y sus trabajadores denuncian que son obligados al multi-trabajo porque sus salarios se derrumbaron un 35% a lo largo de 2025. Por su parte, en IBF, en Córdoba, los trabajadores se movilizaron en contra de los despidos y el cierre de la fábrica el pasado 23 de diciembre. La movilización fue al ministerio de trabajo de la provincia. Luego de la audiencia que tuvo lugar el lunes 15, la empresa no cumplió con la conciliación obligatoria. El día 17 se reunieron la directiva del SUTNA y el Ministerio de Trabajo de Córdoba junto a la empresa. No se publicaron las actas de la audiencia. En lo que va del año, el SUTNA respondió la ofensiva patronal con la rutina de paros aislados y sin asambleas. Cualquier otra alternativa ha sido desestimada, con el argumento de que “hay que construir una relación de fuerzas”, profundizando el desgaste. Tanta construcción de fuerzas ha provocado deserciones en la Lista Negra, incluidos los arreglos de retiro. Este derrotismo declarado marca la bancarrota política del aparato del PO y del FIT-U.

La comisión directiva del SOEAIL, sindicato de obreros del ingenio Ledesma, ha convocado entre gallos y medianoche una nueva asamblea donde busca desafiliar a los delegados y luchadores que sostienen el acampe y la lucha contra los despidos de la patronal azucarera. La asamblea del 18 de diciembre fue convocada luego de que los delegados intimaran a la Comisión Directiva burocrática e hicieran público que se habían vencido los mandatos de los delegados y correspondía realizar la elección. En la misma, la burocracia sindical intentó votar la desafiliación de varios delegados (ver nota https://politicaobrera.com/15446-ingenio-ledesma-la-eleccion-de-delegados ), moción que finalmente no pudo tratarse por el rechazo de la asamblea. La comisión directiva y el abogado del gremio han rechazado entregar el acta de la asamblea y ahora convocan una nueva asamblea para tratar nuevamente la desafiliación de delegados autoconvocados y activistas. La burocracia y la patronal, trabajo mancomunado Con la convocatoria a elección de delegados para el 5 de enero, la comisión directiva demoró más de 10 días en entregar los requisitos y los sectores donde se elegirán delegados, especulando con una nueva reestructuración que les permita elegir más delegados en lugares menos activos en la lucha contra los despidos, reforzando la representación en algunos sectores del campo alejados de la fábrica y del acampe. La comisión directiva burocrática ha contestado por escrito por lo menos a un delegado autoconvocado que no se puede presentar hasta que una nueva asamblea resuelva su situación ante el pedido de miembros de la burocracia de desafiliarlo. La desafiliación de los obreros luchadores no sólo busca que no puedan presentarse como delegados a representar los intereses de los obreros, sino que le deja las manos libres a la patronal para las persecuciones y despidos de los luchadores. En este nuevo ataque hacia los trabajadores, la patronal y la burocracia han actuado en tándem. Recientemente la empresa anunció un bono de fin de año de 200 mil pesos para los obreros luego de un año con más de 300 despidos y sin cláusula de revisión de paritarias. Este bono se entrega luego de más de 50 días de lucha de los autoconvocados y de una asamblea fallida para la burocracia el 18 de diciembre. El comunicado de la empresa reconoce el bono como fruto del “diálogo permanente” con la burocracia, en clara referencia contra los delegados autoconvocados que han instalado una carpa hace más de 50 días y convocaron una marcha en el pueblo contra los despidos y por la reincorporación. La burocracia está ofreciendo dinero en mano para que obreros de sectores que no han intervenido activamente en esta lucha participen de la asamblea que busca descabezar a los autoconvocados. Los delegados combativos han solicitado, bajo este cuadro de irregularidades y con la fábrica semivacía, posponer la elección para marzo/abril, época en que se retoma fuerte la labor industrial de cara a la nueva zafra para la elección de delegados por sector. Además, están haciendo una tarea de agitación en la puerta de la empresa denunciando esta maniobra de la burocracia sindical por orden de la patronal. Estamos en una instancia de definición política sobre los obreros azucareros. Llamamos a movilizar a todos los obreros, activista y ex obreros a defender a los delegados autoconvocados. El intento de desafiliar a los obreros combativos traerá más despidos y peores condiciones laborales para el resto de los obreros en la empresa. ¡Abajo la proscripción de los delegados! ¡Abajo la persecución de los luchadores! ¡Abajo los despidos y por la reincorporación de todos los obreros!

Con la circulación de parte del informe de la autopsia realizada a Gabriel González, vecino de Villa Lugano de 45 años asesinado por la Policía de la Ciudad, se confirmó que la muerte fue resultado de los disparos de escopeta recibidos en tórax y abdomen. Durante esas horas pasaron a disponibilidad a un oficial de la Comisaría 8A de CABA. Mientras el Juzgado da paso en la investigación del crimen policial, salió a la luz que los hechos que se intentaron imputar a González no lo tenían como involucrado. El video mostrando los disparos a quemarropa y la movilización de los vecinos dieron por tierra el intento de exculpar a los policías que actuaron en el lugar. Los abogados de CORREPI que accedieron a parte del informe dicen “el anticipo preliminar de la autopsia, informado hoy a la familia de Juan Gabriel González, es conciso y claro: lesiones por proyectil de munición múltiple en tórax y abdomen. Hemorragia interna y externa”. Y agrega: “no sabemos todavía qué tipo de cartuchería utilizaron, pero a corta distancia, como lo muestran las imágenes, y directo a zonas vitales como tórax y abdomen, un disparo de escopeta es letal, tanto con cartuchos antitumulto (con postas de goma) o todo propósito (con postas de plomo)”. Se confirma así la ilegalidad de todo el accionar policial en la tarde del 25 de diciembre, donde se disparó directo a partes vitales con armas largas y a una corta distancia. El Juzgado interviniente tiene el informe de autopsia completo. En este contexto fue apartado temporalmente de sus funciones un oficial primero de la Comisaria Vecinal 8A, como parte de la investigación del crimen de Juan Gabriel González con el “fin de facilitar al Juzgado interventor la investigación de los hechos ocurridos”. Sin embargo, fueron siete los policías implicados, tres de la Comisaría 8A y cuatro de la Unidad Táctica de Pacificación. Y siguen a cargo del sumario interno organismos denunciados en otras instancias por estar dedicados a encubrir la violencia policial como la “Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad” y “Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad”. Dentro de la cadena de encubrimientos que la autopsia hace caer se encuentra la versión policial de los hechos que narra un llamado al 911 de una mujer denunciando un botellazo a su casa y una alerta de enfrentamiento entre dos grupos en las calles Chilabert y Araujo. Al llegar al lugar, siguiendo el relato policial, los efectivos aducen recibir piedrazos que dejaron a tres de ellos heridos. Es en respuesta a esta agresión habrían golpeado a vecinos con bastones y dispararon dando muerte a Gabriel. En esta versión policial no se constató la participación de Juan Gabriel González en ninguno de estos hechos. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20 a cargo de la jueza Laura Bruniard, debe avanzar en las pericias sobre cámaras, teléfonos y armas que le fueron entregados con la asistencia de la División Homicidios de la Policía Federal. La movilización de vecinos por justicia Fueron los vecinos, familia y amigos de Gabriel los que recolectaron junto a organizaciones de Derechos Humanos como “El Mapa de la Policía” toda la información sobre este brutal crimen y en los videos identificaron a los policías. La CORREPI que accedió al parte policial identificó quienes dispararon desde corta distancia. Uno de los oficiales es Daniel Miño (Comisaría 8A y pasado a disponibilidad) que disparó 6 veces y el otro es Vanesa Valentini (Unidad Táctica de Pacificación) que también disparó 6 veces. La herida en el tórax que causó la muerte aún no fue trazada hacia cuál de los 12 disparos corresponde. Luego de varias horas, los tres detenidos por la policía fueron liberados, y el 26 de diciembre una importante movilización de vecinos de Villa 20 se concentró en Avenida Escalada y Cruz, donde estuvo encabezando Nelly Portillo, esposa de Gabriel y herida por los cartuchos de escopeta ese día, liberada tras ser detenida junto a dos amigos de la familia. Uno de los amigos liberado denunció torturas en su detención con la intención que “confiese” haber matado a Gabriel. Otro escalón más en la rutina de encubrimiento de la policía porteña. En estos días, organizaciones sociales del barrio de Lugano, Papa Francisco y de Villa 20, discuten impulsar un petitorio pidiendo justicia que será presentado en la legislatura porteña. Crisis represiva en CABA En lo que es una seguidilla de hechos violentos, el día domingo en el barrio de Constitución otro episodio de brutalidad policial se llevó adelante. A las 14:30hs en las calles Salta y Constitución cerca de una de las bocas de la Estación de trenes de la Línea Roca, la Policía de la Ciudad intervino en una pelea disparando a matar a un joven en plena calle, que se encuentra en estos momentos internado de gravedad. Una vecina explicó "es un pibe que vivía en uno de los hoteles de la zona, así que estamos intentando ver si la dueña del hotel nos puede pasar datos para comunicarnos con su familia". El otro joven implicado en la pelea vive en situación de calle, quedó detenido y se desconoce la imputación por la que fue llevado por la policía. En diversas entrevistas, las mujeres y travestis que son prostituidas en la Plaza Constitución denunciaron un recrudecimiento de la violencia policial. A las 21hs, vecinos del barrio de Constitución se concentraron en la esquina de Salta y Constitución llevando adelante el reclamo de justicia y denunciando el abuso policial. A pesar del ocultamiento de estas noticias, los hechos son muy extendidos: durante la tarde del 24 de diciembre hubo corridas y redadas contra manteros en el barrio de Once. El mismo día, en Flores, en la Avenida Avellaneda, la situación terminó con detenidos y piedrazos a la policía. Lo sucedido en Constitución, así como el crimen de Lugano, son parte de una cadena de violencia estatal y policial en barrios pobres y en los distritos de tránsito de los trabajadores.

El viernes 26 de diciembre más de medio centenar de docentes, estudiantes y familias del distrito de Berazategui se movilizaron por el centro de la ciudad para denunciar y visibilizar el estado crítico que atraviesa la educación pública, y en particular las escuelas técnicas. La jornada se desarrolló en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2026 impulsado por el gobierno nacional, que profundiza el ajuste sobre áreas sensibles como educación, ciencia y salud. La educación técnica vuelve a ser blanco de un ataque sistemático. Al igual que ocurrió durante la década del ’90 con la aplicación de la Ley Federal menemista —que vació contenidos, fusionó materias, fragmentó trayectos formativos y degradó la formación técnica— hoy asistimos a una nueva ofensiva, esta vez de la mano del gobierno liberticida de Javier Milei. El recorte presupuestario, la falta de inversión en infraestructura, la paralización de programas específicos y el deterioro de las condiciones laborales docentes ponen en riesgo la continuidad y calidad de una modalidad educativa clave para la formación de la juventud trabajadora. Las escuelas técnicas, históricamente ligadas a las necesidades productivas y al desarrollo científico-tecnológico, son incompatibles con un proyecto de país basado en la privatización de la economía, la especulación financiera y la destrucción del mercado interno. Por eso el ajuste no es un “daño colateral”, sino una decisión política consciente. Frente a este panorama, la respuesta no se hizo esperar. La movilización en Berazategui fue una muestra clara de que la comunidad educativa no está dispuesta a aceptar pasivamente este retroceso. De manera autoconvocada, docentes, estudiantes y padres salieron a las calles para defender la educación pública, laica, gratuita y de calidad, y para exigir presupuesto, infraestructura y políticas que fortalezcan a la educación técnica. Esta lucha se inscribe en un proceso más amplio de resistencia al ajuste y al vaciamiento del Estado. La defensa de las escuelas técnicas es parte de la defensa de un proyecto de país al servicio de las mayorías populares, y no de los intereses del capital financiero. La movilización de Berazategui marca un camino: organización, unidad y lucha para frenar el ajuste y conquistar una educación al servicio de la clase trabajadora.

Este lunes 29 de diciembre, bajo la consigna “¡San Martín bajo el agua!”, alrededor de 400 vecinos damnificados por las inundaciones provocadas por los últimos temporales se autoconvocaron como Vecinos Unidos para reclamar soluciones de fondo y asistencia urgente frente a las enormes pérdidas sufridas. La movilización expresó el hartazgo acumulado frente a años de abandono, desidia y promesas incumplidas por parte de los gobiernos municipal, provincial y nacional. La concentración comenzó en la esquina de Bartolomé Mitre y Ramón Carrillo, donde los vecinos realizaron cortes alternados durante cerca de media hora. Luego, ante la necesidad de exigir una respuesta directa de las autoridades, la movilización se dirigió hacia la entrada del municipio por la calle Carrillo. La respuesta del intendente Fernando Moreira fue cerrar las puertas del edificio municipal y desplegar un operativo policial completamente desproporcionado. Trabajadores municipales y efectivos policiales forcejearon con los manifestantes para impedir el ingreso y cerraron la reja perimetral, mientras un grupo de choque con cascos y escudos generó un fuerte repudio. La escena dejó al desnudo la cobardía política de un intendente incapaz de dar la cara frente a su propio pueblo. Lejos de descomprimir el conflicto, la respuesta represiva profundizó la bronca. Los vecinos rodearon el municipio y presionaron en distintos accesos hasta que las autoridades habilitaron el ingreso en tandas de diez personas para que “expusieran su caso” de manera individual. Este mecanismo, típico del asistencialismo y de la fragmentación deliberada de los reclamos, buscó diluir una demanda colectiva en una suma de dramas personales. Tras casi dos horas de espera, bajo un calor agobiante y un enorme desgaste físico y emocional, muchos vecinos se retiraron sin haber sido atendidos. Quienes lograron ingresar fueron recibidos por funcionarios, entre ellos el titular de Obras Públicas, sin que se ofreciera ninguna respuesta concreta a los problemas estructurales planteados. No hubo plazos, ni anuncios de obras, ni explicaciones sobre el estado del sistema de desagües, el arroyo Medrano o el cuenco de Tecnópolis. Durante toda la jornada, los carteles y banderas expresaron con claridad el contenido político del reclamo: “Basta de inundaciones”, “El municipio abandona a su pueblo”, denuncias por la falta de limpieza, el abandono de los barrios, el colapso de los arroyos y la indiferencia tanto del gobierno municipal como del provincial. A estas denuncias se sumó una pregunta que recorrió toda la movilización: ¿a dónde va la plata de los impuestos que pagan los vecinos? Mientras San Martín se inunda una y otra vez, el municipio recauda millones en tasas e impuestos sin que eso se traduzca en obras, mantenimiento ni prevención. La ausencia de respuestas alimenta la sospecha de corrupción y uso discrecional de los fondos públicos, una constante de las gestiones que se suceden en el distrito. En este marco, un grupo de vecinos impulsó la firma de una denuncia penal contra el intendente Moreira, expresión de la bronca acumulada frente a años de inacción y encubrimiento político. Política Obrera se hizo presente para respaldar la autoorganización vecinal y denunciar la responsabilidad de los gobiernos nacional, provincial y municipal. Este hecho fue utilizado de manera provocadora por una periodista del medio Yo soy de San Martín, que primero intentó minimizar la movilización calificándola como “un puñado de manifestantes” y luego, ante la magnitud real de la convocatoria, acusó a los vecinos de estar “manipulados por partidos políticos”, como si las inundaciones que afectan a todo el distrito fueran una operación política y no una realidad palpable. Si bien al cierre de la jornada persistía la confusión respecto a los pasos a seguir y continuaban reuniones parciales con funcionarios, la movilización del 29 de diciembre dejó planteada una perspectiva fundamental: la necesidad de avanzar en una coordinación interbarrial, capaz de unificar los reclamos y enfrentar una política oficial que intenta reducir el desastre a subsidios miserables e insuficientes, como los anunciados a través del Banco Provincia, que no cubren ni una mínima parte de las pérdidas. La jornada demostró que solo la movilización y la organización independiente de los vecinos pueden imponer una salida real frente a las inundaciones recurrentes. La defensa de condiciones de vida dignas en San Martín exige obras hídricas integrales, un plan de limpieza y mantenimiento permanente, asistencia inmediata a los damnificados y una investigación a fondo sobre el destino de los fondos públicos. Las inundaciones no son un hecho natural ni inevitable. Son la consecuencia directa de una política sistemática de desinversión en obras hídricas, del abandono del mantenimiento de arroyos y desagües, y de una falta de limpieza estructural en todo el distrito. Zanjones colapsados, bocas de tormenta tapadas por residuos y arroyos convertidos en basurales a cielo abierto forman parte del paisaje cotidiano de San Martín. Esta situación, largamente denunciada por los vecinos, potencia cada lluvia y convierte barrios enteros en zonas inundables permanentes. Terminar con la política de abandono y corrupción es una tarea urgente que no puede quedar en manos de los mismos responsables del desastre.