Noviembre de 2025

Las elecciones del 26 de octubre pasado tuvieron características muy especiales. Le dieron la victoria, en primer lugar, a un gobierno que atravesaba una crisis financiera y fuertes probabilidades de un default. El evento produjo un giro significativo, como lo es la obtención de la garantía de un respaldo del Tesoro norteamericano (“backstop”) a la camarilla de la ‘motosierra’ por un tiempo indefinido. Además de superar en número a sus rivales en los comicios, LLA dio vuelta el resultado en la provincia de Buenos Aires, donde había perdido por 14 puntos en las elecciones desdobladas. Según algunas consultoras, dos de cada tres votos por las listas liberticidas obedecieron al temor de un desmadre financiero y político, no a una confianza en el Gobierno. En estos términos estrictos, la llamada “crisis de representación” está más vigente que nunca y lo mismo ocurre con la crisis financiera, cuyos fundamentos no han sido superados, y con la depresión de la industria. Todavía falta una nueva devaluación del peso, ahora bajo la consigna de “la liberación del mercado cambiario” y “una flotación de la moneda”, con el propósito de “acumular reservas”. Una publicación de ayer del Financial Times revela una discusión en el Tesoro estadounidense para impulsar la dolarización. Es lo que ha venido reclamando The Wall Street Journal al menos desde agosto pasado. En este escenario, la publicación de una inevitable Carta poselectoral, por parte de Cristina Kirchner, ha resultado un fiasco. Es así que asegura, sin ofrecer ninguna prueba, que sin el desdoblamiento electoral decidido por Kicillof y la Legislatura bonaerense, con mayoría peronista, la unificación de la elección provincial con la nacional, como ella abogó en su momento, hubiera cambiado las cosas. El triunfo de Fuerza Patria, en septiembre, despertó el revanchismo de la oposición de derecha, como se manifestó en una mayor participación electoral en octubre. Si se acepta el razonamiento de que una alteración del mecanismo electoral podía evitar la derrota, hay que aceptar también que el estallido financiero que siguió (aunque no comenzó) con los resultados de septiembre habría precipitado un default, sin margen de tiempo para que interviniera Scott Bessent, el secretario del Tesoro. Ni Fuerza Patria, ni el peronismo, ni CFK advirtieron acerca de este desenlace catastrófico, ni ofrecieron un programa para hacerle frente. La Carta pone en evidencia la dimensión de la ceguera política de la firmante . Pero como dijo Jorge Taiana, cabeza de lista de FP en Provincia, la unificación de los comicios podía haber llevado a una derrota en ambos distritos, el nacional y el provincial, con la consiguiente pérdida de la mayoría en la Legislatura que reside en La Plata. La Carta incurre también en una falacia no menor, cuando sostiene que la versión oficial del escrutinio esconde que los votos de FP en todo el país habrían sido del 35 %, no del 31, achicando la ventaja de LLA considerablemente. Bien contado, sin embargo, FP obtuvo menos del 31c%, porque incluye a la lista tucumana de Jaldo y al FP de Catamarca (Jalil y Corpacci), que son sucursales peronistas de los liberticidas. Jaldo y Jalil instruyeron el voto a favor del decreto, primero, y de la Ley de Bases, después, y en estos días han sido invitados a la reunión con gobernadores convocada por Milei, de la cual fueron excluidos los cinco gobernadores del peronismo. CFK fue la responsable de armar una "Fuerza Patria" que le diera una fisonomía nacional, para lo cual promovió toda suerte de entuertos. En Catamarca, por ejemplo, entre el intendente Saadi y Jalil, o en Salta mediante la designación de Juan Manuel Urtubey , un camaleón que cortejó con el gobierno de Macri. En la descripción de su excepcional visión electoral, CFK no previó que Urtubey humillaría al kirchnerismo con la obtención de un menos que módico 13 % de los votos en Salta. La lista bonaerense para las parlamentarias nacionales las armó la misma CFK para su fracción interna en el peronismo, sin espacio para incorporar candidatos de los barones del conurbano. En Santa Fe , otro caso, forzó a Ciudad Futura (y a Caren Tepp) a incorporar a Agustín Rossi y sus compañeros del juego de azar en Rosario . Todo esto, en definitiva, un armado derechista y hasta ultraderechista. Si se considera al conjunto del bloque derechista (como lo hicimos en las elecciones de octubre de 2017 que ganó el macrismo, o sea, el mendocino Cornejo, Jaldo, Jalil y los gobernadores amigos), la derecha ha superado la mitad de los votos, aunque no del padrón electoral (debido al ausentismo), lo que lleva a un 30 % nacional. Fuerza Patria ha quedado reducida, bien contado, al 25-28 % de los votantes y el 15 % del padrón. Con la cabeza ocupada por las internas y el fastidio por la victoria de Kicillof en las provinciales, la expresidenta se ‘olvidó’ de presentar un programa; se limitó a un gemido: “pongamos un freno a Milei” . Si es por este objetivo ‘genial’, la derrota es políticamente completa. Pero si hubiera presentado un programa, habría dejado a la vista el apoyo del kirchnerismo a la ‘reforma laboral’ , a ‘la reforma previsional’, aunque con variantes propias menores. Es lo que reclama el conjunto de la gran patronal nacional, en la que abreva desde hace muchas décadas el peronismo. El kirchnerismo ha sido responsable del fenomenal achatamiento hacia abajo de las jubilaciones y de las represiones a los movimientos de lucha independientes, como en el corredor fabril de la Panamericana y en la Unión Ferroviaria. En cuanto a la reforma previsional, ha adherido firmemente al impuesto al salario, reconvertido en impuesto a los ingresos (el más progresivo, según Alejandro Bercovich). Ya en un plano más inmediato, el kirchnerismo no enfrentó el cuadro político de la especulación financiera, ni presentó en el Congreso inciativa alguna para declarar nulo el acuerdo con Bessent-Trump: “el silencio es salud”, como se lee en los hospitales. Fuerza Patria, el décimo nombre travestido del peronismo, exhibió en las elecciones su completa nulidad política. El “temor" a los 'kukas’ se ha convertido en un espantapájaros para los niños. La sentencia contra el peronismo no vino de la izquierda, sino de la derecha. Esto marca el retroceso político de la clase obrera y la inutilidad del coqueteo de la izquierda oportunista con el peronismo. En tanto la clase obrera y los socialistas revolucionarios no sean quienes ajusten cuentas históricas con el peronismo, el nacionalismo burgués puede renacer de las cenizas del peronismo, como ha ocurrido efectivamente en Argentina, del radicalismo al peronismo; en Venezuela, de la Acción Democrática al chavismo; en Bolivia, del MNR al MAS. Cristina Kirchner, que ya pasó de un menemismo fanático a la etiqueta “nacional y popular”, presenta en su Carta una variante mezquina. ‘Aquí no ha pasado nada’, dice, hemos perdido otras elecciones intermedias, ya nos llamarán para el rescate (una suerte del "retorno de Perón"). En lugar de describir episodios que marcan una larga decadencia, fantasea con “el eterno retorno”. Es de este modo que se absuelve a si misma de la vacancia de poder que compartió con Alberto Fernández, cuando el ministro Massa se convirtió en una suerte de presidente de facto. El gobierno de las dinastías políticas ha desaparecido de un capitalismo en fase histórica regresiva, reemplazado por cambios políticos bruscos e inesperados. La semana pasada, la centroizquierda le quitó el gobierno a la ultraderecha agresiva en Países Bajos; una activista contra el genocidio en Gaza barrió en las elecciones presidenciales en Irlanda ; mañana, un autodeclarado socialista ganará la jefatura de Gobierno en la ciudad de Nueva York , mientras Trump viola los derechos federales de los estados de la Unión y prepara el bombardeo a instalaciones militares en Venezuela . Es tarea de los activistas decir las cosas como son, para evitar los laberintos del cristinismo. Es necesario un trabajo de preparación política -mediante la propaganda, la agitación, la organización y la lucha- para que la clase obrera arranque el poder político de la clase explotadora y de sus alternativas proimperialistas y antiimperialistas, para construir el gobierno de los trabajadores e impulsar la revolución socialista latinoamericana e internacional.

El Gobierno del presidente Donald Trump estudia lanzar ataques aéreos sobre instalaciones militares venezolanas, entre ellas puertos, aeródromos y bases navales, con la excusa absurda de que estarían siendo utilizadas para el narcotráfico. La medida se enmarca en una estrategia de presión creciente sobre el gobierno de Nicolás Maduro, con la intención de lograr un cambio de régimen a favor de Corina María Machado, que desde hace años viene pidiendo una invasión yanqui contra su país. Estados Unidos estuvo reforzando su presencia militar en el Caribe constantemente en el último mes , su última carta fue el arribo del portaviones USS Gerald Ford, el más poderoso del mundo, en estos días. También ha desplegado misiones de reconocimiento y bombardeo de barcazas con -hasta ahora- cerca de 60 víctimas, próximos a la costa venezolana para amedrentar y estudiar las capacidades defensivas de Caracas, que dispone de sistemas antiaéreos rusos S-300. La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció este viernes la prohibición de vuelos en la zona de Ceiba, en el este de Puerto Rico y sede de una base militar estadounidense hasta marzo de 2026, por “razones especiales de seguridad”. A pesar de que Maduro le ofreció a Trump -en negociaciones que mantuvieron hasta hace unas semanas- una participación mayoritaria en todos los recursos naturales de Venezuela, el fascista del norte está empeñado en conseguir un cambio de régimen y en lograrlo por algún nivel de fuerza, magnificando el escenario lo más posible para que sirva como método de presión para todo el continente. En consonancia con esto es que Trump anunció el reinicio de pruebas nucleares -poco antes de reunirse con Xi Jinping-, lo que sería una violación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. En agosto, Maduro había firmado un acuerdo de 1.000 millones de dólares con China para empezar a producir otros 60.000 barriles diarios en el Lago de Maracaibo. La asonada de Trump paralizó toda esta operación. Hace apenas una semana Maduro declaró que Venezuela cuenta con más de 5.000 misiles antiaéreos rusos listos para el combate y ordenó ejercicios de defensa en zonas estratégicas del país. Este viernes advirtió sobre la posibilidad de un ataque inminente por parte de Estados Unidos y anunció que pidió ayuda militar a tres potencias aliadas -Rusia, China e Irán- para reforzar la defensa del país. Según reveló The Washington Post, el gobierno venezolano solicitó a Rusia asistencia técnica para reparar y modernizar su flota de cazas Sukhoi Su-30, además de nuevos juegos de misiles y sistemas de radar. A China le pidió acelerar el envío de equipos de detección y a Irán el suministro de drones de largo alcance, sistemas de interferencia de GPS y equipos de detección pasiva. En respuesta, Rusia reafirmó su apoyo a Venezuela y denunció cualquier intento de “intervención externa”, mientras China pidió “moderación”, pero defendió el derecho de Caracas a proteger su soberanía. Irán, por su parte, ofreció “cooperación técnica y militar” y denunció la política “imperialista” de Washington. Pero de nueces, nada. China viene de firmar una tregua con Trump en la que, sin declaraciones al respecto, este se aseguró una clara delimitación de territorio. Así como en Afganistán la excusa fue la lucha contra el terrorismo, hoy el narcotráfico es la “razón” que usa el imperialismo para tirar sus bombas donde sea. Con esa excusa intervino en Colombia durante décadas. En el caso de Venezuela, el primer blanco es un régimen cuestionado por fraude electoral por la opinión pública mundial, pero en la lista siguen todos aquellos países que no se sometan a Trump en su disputa con China. Cuba, Colombia, Honduras y México son también objetivos a disciplinar o cambiar de régimen. Los Bolsonaro, por su parte, reclaman bombardeos en Brasil . La amenaza de caos fue esgrimida para condicionar al electorado argentino y apuntalar a un gobierno desahuciado. Sin embargo, el caos de la desregulación, la reforma laboral, el ajuste permanente y el hambre salarial es lo único que tienen para ofrecer Trump y sus laderos en toda América. Es necesario discutir entre los trabajadores cómo enfrentarlo. LEER MÁS: Trump calienta los motores para dar un golpe militar contra Venezuela Las concesiones de Maduro para evitarlo han fracasado. Por Aldana González, 14/10/2025.

Envalentonado por la última elección, el Gobierno ha reactivado el proyecto de la ley de reforma laboral . Previsiblemente, este contiene cambios importantes en perjuicio de los trabajadores, aunque también en perjuicio de la burocracia sindical. La reforma laboral ´de Milei´ ya tiene casi dos años de extensión, desde la votación por parte del peronismo y la burocracia sindical de la Ley Bases , que fue el primer paso de la misma en materia de salarios, condiciones de trabajo, alargamiento del periodo de prueba y también, sinuosamente, del recorte de las indemnizaciones. Aunque el sistema de indemnizaciones se mantiene dentro de la vieja ley Centeno, la aceptación del conjunto de la burocracia de miles de “Procedimientos Preventivos de Crisis” -que permiten indemnizaciones en cuotas y recortes de hasta el 50 %- actuó como una forma de recortarle a los trabajadores a casi la mitad sus derechos indemnizatorios, anulando en los hechos la aplicación del artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo (despido sin causa). En relación a las indemnizaciones, Milei ha mandado al cajón su proyecto original de armar fondos de cese laboral en los sindicatos con el modelo de Gerardo “Batallón 601” Martínez, cambiándolo por un sistema “a la uruguaya”, con indemnización en cuotas y con límites en el reconocimiento de los años de antigüedad. El cambio no es menor pues, además de ser un brutal ataque a los trabajadores, es un recorte al propio poder económico de la burocracia. El sistema de indemnizaciones de la UOCRA no pudo aplicarse en estos dos años en ningún sindicato. Aunque Gerardo Martínez les explicó a los jerarcas de los gremios las ventajas que tendría el sistema para los fondos sindicales, el asunto no prosperó por dos cuestiones fundamentales: 1) en la industria no rige la inestabilidad general del trabajo como en obras; la capacitación del obrero -que favorece su explotación- el capitalista lo perdería con la rotación permanente; 2) pero lo sustancial del rechazo es que quieren un recorte brutal del pago de las indemnizaciones por ley, sin los intermediarios que aparecerían a través de esos “fondos de ceses laborales”, a los que las patronales tendrían que pagarles una comisión por administrarlos. En la UOCRA este fondo se llama IERIC (Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción), donde cada trabajador tiene que pagarle una cuota mínima y las empresas también. La administración de esos fondos implica miles de millones de pesos y sus inversiones las decide su directorio, del cual la UOCRA “formalmente” no participa, pero con un rango privilegiado en el directorio hay funcionarios pertenecientes a los asuntos jurídicos de la UOCRA, asesores de Gerardo Martínez en el ámbito sindical, nacional e internacional. Milei ha tomado nota de este resorte económico de los fondos de ceses laborales y ya no quiere dárselos a los sindicatos. Entiende que la burocracia sindical no juega el papel decisivo de contención de los gremios y, además, que pierde peso dentro de las propias áreas políticas del peronismo. Antes, en la llamada “rama sindical” del peronismo, había encuadradas gobernaciones y concejales y sus representantes pululaban en el Parlamento. Entonces un 30 % de las listas peronistas era de la burocracia. Ahora, esa burocracia es considerada piantavotos y casi no ocupa cargos parlamentarios por su elevado desprestigio. Las iniciativas del proyecto de Reforma Laboral para que las discusiones se hagan por empresa es otro ataque a los trabajadores -que pierden la fuerza de una negociación general- y, por elevación, también es un tiro a la propia burocracia, que ya se restó ella misma poder de negociación al discutir cada año sólo los salarios de convenio con techos digitados por el Gobierno, que son solo un 50 % del sueldo neto, pues lo demás es un “conformado” de premios por presentismo, producción, extras y acuerdos de planta. La discusión sobre que haya convenios por empresa está destinada a aumentar aún más el “conformado”, donde el convenio de rama juega un papel muy relativo y el destajo (“bonificaciones por producción”, etc.) es el factor central de los salarios. La actual crisis de la dirección de la CGT, crudamente manifiesta en la elección de la nueva cúpula gremial, es antes que nada una expresión de su inmensa decadencia. La burocracia está debilitada, además, por la enorme pérdida de afiliados por los despidos masivos por un lado y, por otro, por una tendencia creciente a la desafiliación. Como lo adelantamos en Política Obrera, las actuales discrepancias en la burocracia son, antes que cualquier otra cosa, una pelea por sobrevivir en sus cargos. Aún están en carpeta los proyectos de ley mal llamados de “democracia sindical”, que circunscriben las reelecciones indefinidas y las “cuotas solidarias” de la patronal por la totalidad de trabajadores afiliados y no afiliados, que va a las arcas de cada sindicato. La discusión de estos proyectos fue parada temporalmente por Milei, pero los reflotará si logra establecer que se aprueben los convenios por empresa. LEER MÁS: La Reforma Laboral que impulsa el Gobierno y cómo la enfrentamos La burguesía se declara en un ‘preventivo de crisis permanente’. Por Pablo Busch, 29/10/2025.

Con la excusa del feriado bancario, el día jueves 6 el gobierno provincial justifica el pago fuera de término de los salarios, lo cual no imposibilita que los salarios estén disponibles el miércoles o el mismo jueves. En otros casos similares, se ha adelantado la fecha de cobro. En concreto, Kicillof no paga los salarios en tiempo y forma. Esta política contrasta con la puntualidad con la que el gobierno paga la deuda pública provincial. El pasado 1º de septiembre, Kicillof pagó 380 millones de dólares con anticipación previendo el feriado en Estados Unidos (Labor Day). Quien posa de "escudo" contra el ajustador Milei aplica su política a rajatablas. Que se entienda bien: el gobierno provincial podría tranquilamente adelantar el pago al día miércoles 5, si el jueves hay problemas por este feriado. La decisión de pagar después es estrictamente política. No es la primera vez que los docentes cobramos los sueldos atrasados: en junio del 2018 bajo el gobierno de Vidal, por un “problema técnico” los sueldos no estuvieron depositados el quinto día hábil, lo que dio lugar a una reacción contundente de la docencia al punto que la situación se normalizó después del mediodía. Otro momento de atraso ocurrió durante el gobierno de Scioli en abril de 2012. Con la excusa de los feriados lunes 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) y los de Semana Santa -que ese año cayeron 5 y 6 de abril- el pago se postergó hasta el 11. Ese mismo año, Scioli quiso pagarnos el medio aguinaldo de julio en cuatro cuotas con la excusa de que “no hay plata” y que pedía que fuéramos “comprensivos” con la situación de la provincia. Los pagos fuera de término son decisiones políticas, porque los problemas técnicos, o feriados de toda índole, se pueden resolver pagando el día anterior. La docencia ya empezó a reaccionar. En SUTEBA Tigre el cuerpo de delegados votó hacer una retención de tareas el viernes 7 si no está depositado el sueldo. Por su parte SUTEBA Bahía Blanca convocó a reunión de delegados el día jueves 6, por esta situación. También se están desarrollando reuniones de docentes autoconvocados, la mayoría de zona sur, que han decidido hacer retención de tareas. La bronca se extiende rápidamente en toda la docencia y se está transformando lentamente en organización. Las direcciones sindicales, empezando por SUTEBA de Baradel, se han llamado a silencio a sabiendas de que los acuerdos paritarios que firman hacen imposible llegar a mitad de mes. Han sido cómplices de la destrucción del salario docente hace décadas. Desde la Tendencia Docente Clasista llamamos a realizar asambleas y organizar la retención de servicios, en caso de no estar depositado el sueldo el día viernes. Rechazamos el pago de los salarios fuera de término. Por un salario igual al costo de la canasta familiar.

Las recientes masacres perpetradas por las fuerzas policiales brasileñas en las favelas de Río de Janeiro –que dejaron no menos de 130 muertos, de los que más o menos la mitad fueron ejecutados a sangre fría– no son hechos aislados ni meras “operaciones contra el narcotráfico”. Son una manifestación local de un fenómeno internacional: la respuesta del capital mundial a su crisis histórica mediante la violencia estatal y paraestatal contra las masas explotadas . La operación en Alemão y Penha, denunciada por Política Obrera como terrorismo de Estado al servicio del golpismo de Trump y Bolsonaro , coincide en tiempo y lógica con otras ofensivas criminales impulsadas por los regímenes imperialistas o sus aliados: el genocidio israelí contra el pueblo palestino en Gaza, los ataques militares contra embarcaciones venezolanas (supuestamente del narcotráfico) en el mar Caribe por parte de Estados Unidos y las amenazas abiertas de invasión a Venezuela y de desestabilización contra Colombia. En cada uno de estos escenarios se repite el mismo patrón: el capital imperialista, en su fase de disolución, entrega la gestión de la crisis a su ala ultraderechista y militarista. Lo que la diplomacia o el libre comercio ya no pueden garantizar –la dominación mundial del capital financiero y la apropiación imperialista de los recursos naturales– busca imponerlo el aparato represivo del Estado y sus brazos armados. El genocidio en Gaza, con el apoyo logístico y político del imperialismo norteamericano y europeo, se complementa con la militarización del continente americano. Washington reorganiza su presencia militar en el Caribe y en Sudamérica mientras empuja al continente a una guerra indirecta contra China y Rusia. La escalada de sanciones y sabotajes económicos contra Venezuela y Cuba, las incursiones navales en el Caribe y las presiones sobre Colombia para actuar como punta de lanza del Pentágono en Centroamérica son piezas de una misma estrategia. La guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania y la guerra comercial y tecnológica de Estados Unidos contra China son expresiones avanzadas de este cuadro: la guerra mundial en curso. No una guerra declarada entre Estados de igual rango, sino una guerra global de la burguesía imperialista por el reparto del mundo frente a la descomposición del orden capitalista. En ese marco, la masacre en las favelas brasileñas se ubica como ensayo interno del mismo método que se aplica en Gaza: el aniquilamiento de poblaciones pobres bajo el pretexto del combate al “terrorismo” o al “narcotráfico” o a su mixtura: el “narcoterrorismo”, categorías que el imperialismo y las burguesías locales emplean para criminalizar a los oprimidos. Lo que se ensaya en Río, en Gaza o en el Caribe, prepara las condiciones para la represión abierta de la clase trabajadora en todo el planeta. Tiene el acicate, además, de la impunidad del horror en Gaza: “Si hago esto acá –piensa el Sistema– y nadie me detiene, puedo hacerlo en cualquier lado.”, incluso, vía invasión internacional, so pretexto de avanzar contra “Estados narcoterroristas” como, en el discurso trumpista, Venezuela e Irán, que significan para el magnate americano lo mismo que son para Claudio Castro las favelas de Río. La ofensiva del neofascismo internacional –de Trump a Netanyahu, de Bolsonaro a Milei, pasando por Zelenski, Putin o Meloni– no surge como accidente político, sino como una necesidad del capital en bancarrota, que ya no puede sostener su dominación por mecanismos parlamentarios o democráticos. La burguesía mundial, desgarrada por su propia crisis, delega en su fracción más violenta y reaccionaria la tarea de reprimir, controlar y dividir a las masas. La complicidad “democrática” y la delegación del crimen Esa delegación no se produce en el vacío. Se apoya en la inacción cómplice de las fracciones “democratizantes” del mismo poder capitalista, que fingen horror ante las masacres mientras garantizan su continuidad. La ONU, por ejemplo, “sanciona” en vano al Estado de Israel mientras este prosigue, con el financiamiento y la cobertura política de Estados Unidos y Europa, el genocidio contra el pueblo palestino. Los gobiernos europeos que, luego de más de dos años de la profundización de la matanza en Gaza y Cisjordania, “reconocen” un inexistente Estado palestino, lo hacen como gesto hipócrita, al mismo tiempo que sus industrias bélicas proveen de armas, tecnología de vigilancia y sistemas de defensa al ejército israelí. En Brasil, la respuesta de Lula a la masacre de Río fue un ejemplo de tibieza y ambigüedad: expresó “preocupación”, reclamó una “investigación”, pero evitó cualquier ruptura política con los aparatos policiales y judiciales que organizan la represión. En los hechos, su gobierno tolera la autonomía de los gobernadores bolsonaristas y el accionar del “Consorcio de la Paz” que articula la represión interestatal. Es decir, deja hacer a la derecha, que cumple la función represiva que el régimen “progresista” no puede ejercer abiertamente sin perder legitimidad (lo que, de todas maneras, genera un tufillo a guerra civil). En Argentina, la situación es análoga. El peronismo, que se presenta como “freno” a la reacción, se revela en los hechos como su garante. La ofensiva de Milei contra los trabajadores –despidos, ajuste, superexplotación, salarios y jubilaciones miserables, derrumbe de infraestructuras culturales, de salud, de educación, criminalización de la protesta, etcétera– avanza con el acompañamiento –cada cual con sus matices– de los gobernadores y bajo la pasividad cómplice de la burocracia sindical y el kirchnerismo, que apenas balbucea críticas sin romper con el Estado que sostiene una política de pago a ultranza de la deuda pública con sus efectos ruinosos para el pueblo trabajador. El kirchnerismo, de hecho, no retrocedió un solo paso de las contrarreformas del menemismo: ni en materia privatizadora, ni en política energética, ni en la “reestatización” de las jubilaciones (cuyo objetivo concreto fue pagar la deuda externa y sostener a la burguesía acreedora, no garantizar los derechos de los trabajadores) y ni siquiera con YPF (que “reestatizó” con indemnización a Repsol para “reprivatizarla” con Chevron). La necesidad de “actualizar las relaciones laborales”, según Cristina Fernández , o la necesidad de ejecutar una “nueva partitura”, según Axel Kicillof, definen un razonamiento cuya conclusión forzada es que tampoco van a volver de las contrarreformas del mileísmo. De paso hay que decir que, cuando fueron gobierno, el tándem Fernández-Fernández no retrocedió ni en una de las más de 110 leyes que el peronismo le votó al presidente Macri. “Te votaba hasta el café con leche”, se embravecía Cristina Kirchner “contra” Macri en un cierre de campaña en Tecnópolis, en septiembre del 2021, haciendo referencia al bloque justicialista. El arranque sincericida venía a conjurar las acusaciones de golpismo que el expresidente había deslizado en una entrevista, para reafirmar la vocación del peronismo en la defensa de la gobernabilidad ajena. De ahí el “hay” fecha en el futuro para disculpar la inacción de hoy. En las postrimerías del macrismo “había” 2019. Incluso antes de la asunción de Milei en diciembre del 23, ya “había” 2025. Si bien el descalabro de octubre los dejó a todos en un silencio perplejo, la quietud sugiere que habría 2027. En el medio se sazona con paros y movilizaciones aislados sin mayor significación que la de echar lastre. Los movimientos más genuinos y fuertes siempre son impulsados desde abajo. De hecho, la puesta en protectorado norteamericano de la Argentina en las componendas con Trump y Bessent no han llevado a ninguna política combativa de parte de nadie. Kicillof, verbigracia, no tuvo tiempo de pensar en fruslerías mientras hacía la cola para negociar con el secretario del Tesoro trumpista la deuda de la provincia. Por otra parte, en el pasado kirchnerista revistan la Ley Antiterrorismo en genuflexa confluencia con la política de entonces del imperialismo, de la mano, entre otros, de Alak, Pichetto y Boudou; el Proyecto X de la Gendarmería de Nilda Garré y las políticas en seguridad de Aníbal Fernández, responsable político del asesinato de Mariano Ferreyra, más los cinco mil luchadores sociales procesados en los gobiernos de Néstor y Cristina. Las complicidades semiveladas y la vena represiva señalan que la diferencia entre los nacionales y populares y los fascistoides y liberticidas se parece menos a una grieta que a un degradé. En todos estos casos –ONU, Lula, peronismo– el mecanismo es el mismo: la administración “progresista” del capital delega la represión y la barbarie a su ala más abiertamente fascista, para conservar la fachada institucional y salvar el sistema en su conjunto. La democracia burguesa actúa como mediadora del crimen, como testigo que legitima y encubre el accionar del verdugo. La resistencia obrera y popular marca el rumbo Sin embargo, esa delegación de poder represivo no transcurre sin resistencia. A escala internacional, la clase trabajadora, la juventud y los pueblos oprimidos han comenzado a romper el cerco de la pasividad oficial. Las movilizaciones masivas y las huelgas contra el genocidio en Gaza –en Europa, Estados Unidos, América Latina y Asia– son el hecho político más importante del período reciente: un movimiento mundial que desborda a los gobiernos, enfrenta la censura mediática y pone en cuestión la complicidad de los Estados con Israel y con el imperialismo. En Argentina, ese impulso se refleja en las autoconvocatorias por Gaza que van surgiendo en barrios, universidades y lugares de trabajo, por fuera de los partidos del régimen y de la burocracia sindical. El mismo método de organización –desde abajo, en asambleas abiertas– se repite en las luchas docentes, de la salud, estatales y también de gremios fabriles, que recorren el país: en las provincias del interior, en hospitales, escuelas y dependencias públicas, en municipios donde los trabajadores enfrentan la descomposición de sus condiciones de vida con métodos de autorganización y solidaridad activa. Una de las experiencias más fuertes ha sido la de los tercerizados (condición de las más desprotegidas en materia sindical) de Techint y Siderar, que se organizaron con el método de la autoconvocatoria. Estas experiencias de lucha –aunque parciales y desiguales– expresan una tendencia histórica: la reconstrucción desde las bases de una dirección obrera independiente, que no espera consignas, sino que las crea en la práctica y que significa además un recambio generacional real de las representaciones sindicales (a diferencia de las vacías postulaciones etarias que plantean incluso partidos de izquierda para captar votos). Frente al silencio de las cúpulas sindicales y el cinismo de los gobiernos, son las y los trabajadores quienes, con sus huelgas, cortes, tomas y autoconvocatorias marcan el rumbo de una nueva etapa de combate social. Hacia una salida obrera internacional La disyuntiva histórica se agudiza. Mientras el capital mundial se reorganiza bajo el signo del fascismo, la clase trabajadora enfrenta el desafío de reconstruir su propia dirección revolucionaria. Pero esa reconstrucción no parte de cero: ya se está gestando en las luchas que desbordan los marcos institucionales y en los movimientos que, desde Palestina hasta el interior argentino, demuestran que la clase obrera no ha sido derrotada. La tarea es buscar la organización consciente en lo que la clase ya está haciendo en términos de resistencia y lucha, elevar sus experiencias parciales a una estrategia común. Solo una intervención internacionalista, consciente y unificada de la clase obrera podrá detener la guerra mundial en curso y los genocidios y abrir paso a una transformación socialista de la sociedad. Todo lo demás –la diplomacia, las “sanciones”, los pactos de convivencia entre verdugos, la “gobernabilidad”, la “vocación republicana”– no son más que el decorado hipócrita, vacío e inútil del crimen capitalista.

El pasado viernes 31 trabajadores y trabajadoras del Garrahan ocuparon durante una protesta las oficinas de la dirección del hospital. La medida de fuerza había sido impulsada por las diversas organizaciones gremiales que intervienen en el hospital (ATE Garrahan, ApyT, autoconvocados), luego de verificar descuentos salariales por adherir a paros y protestas durante el mes de octubre en exigencia del cumplimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica. La ley había sido ratificada por el Congreso el 2 de octubre, tras rechazar los vetos del presidente Javier Milei, y promulgada hace diez días, pero su ejecución se encuentra suspendida -ha dicho el Gobierno- hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento. En el proyecto de Presupuesto que giró al Parlamento, el Gobierno fijó partidas presupuestarias para los hospitales nacionales y salarios del personal, sobre todo en el ámbito pediátrico, que equivalen a menos de un 30 % de lo que exige la Ley de Emergencia Pediátrica (Tiempo Argentino, 31/10). Respuesta de los trabajadores La Junta Interna de ATE Garrahan denuncia que los descuentos alcanzaron “entre $300.000, $400.000 y hasta $500.000 por ejercer el derecho a huelga” y que los sectores más perjudicados fueron “enfermería, instrumentación quirúrgica, maestras del jardín y algunos sectores técnicos”. “Es una política criminal que tiene responsables: Pirozzo, el enviado de Lugones para reventar el Garrahan, y los socios del consejo de administración que lo acompañan.”, expresaron. Finalmente, luego de la intervención de un juez, la directora del Consejo de Administración, Mariel Sánchez, a quien se le entregó una nota, se comprometió a recibir a los trabajadores en una reunión la semana que viene. El reclamo continúa con la organización de un fondo de lucha, la convocatoria a una asamblea general este martes 4/11 y la articulación con los sectores que forman parte del Cabildo Abierto en apoyo al Garrahan. El ataque de las autoridades y el Ministerio de Salud Durante la jornada las autoridades del hospital denunciaron por redes sociales que "sindicalistas y la izquierda violenta" irrumpieron en las oficinas de la Dirección Médica, "tomando al personal como rehén e interrumpiendo el funcionamiento institucional". El Ministerio de Salud comandado por Mario “Prepagas” Lugones respaldó a las autoridades del Hospital, que "actuaron conforme a la normativa vigente y en defensa del funcionamiento de la institución". "La violencia nunca es el camino. El Garrahan es una institución de excelencia, vamos a priorizar su funcionamiento y a garantizar que cada niño reciba la atención que necesita", expresa la declaración del Gobierno, al que no le importan el Garrahan ni los niños ni la excelencia, sino satisfacer a los parásitos financieros. Por la inmediata restitución de los descuentos Quienes perjudican a los usuarios y usuarias son quienes desfinancian a la salud pública, pagan salarios de miseria y empujan a los trabajadores del hospital a las renuncias masivas (20 contabilizadas al mes de octubre) y al pluriempleo. El vaciamiento del hospital Garrahan responde a la política privatizadora que empujan Lugones y los liberticidas. La lucha que libran los trabajadores apunta a defender el acceso a la salud por parte de una población cada día más golpeada por los despidos, los bajos ingresos y la pobreza. Apoyemos la lucha del Hospital Garrahan. Por la inmediata restitución de los descuentos.

Este 12 de noviembre tendrán lugar las asambleas ordinarias en cada distrito de SUTEBA y el 14 se llevará a cabo el XXXVIII Congreso Ordinario del principal sindicato docente de la Provincia de Buenos Aires. Baradel ha impuesto una política de votación a libro cerrado de la memoria, el balance (incluido el económico) y la política gremial a seguir para el año entrante que, en vez de ser publicados con antelación para su debate en las escuelas, se reserva para horas antes del congreso. La conducción Celeste-Violeta lleva a cabo así un Congreso exprés, sin debate previo y vacío de contenido programático, demostrando su desinterés completo por movilizar política y sindicalmente a la docencia. Solo esto basta para rechazar la propuesta baradeliana. Este año, además, se votarán las juntas electorales para las elecciones del gremio de 2026. Organicemos la lucha contra el sometimiento económico y financiero El gobierno de Milei ha triunfado en las últimas elecciones, revirtiendo una brutal derrota en las elecciones provinciales anteriores, luego de ser rescatado por el gobierno norteamericano mediante la instalación de un protectorado financiero colonial. No ha resuelto, sin embargo, la crisis financiera y de deuda que afronta de cara a los próximos meses. Sigue recurriendo para ello a un violento ajuste en los gastos sociales. En el proyecto de Presupuesto 2026, los gastos de “Educación y Cultura” en el PBI se reducirá al 0,75 %, el nivel más bajo en los últimos 10 años. Milei pretende avanzar con una contrarreforma laboral, previsional, impositiva y también ha anunciado que prepara una reforma para “modernizar” la educación, una agenda que comparte con CFK según lo expresado en sus últimas declaraciones públicas. Es el santo y seña para una mayor privatización educativa, que los liberticidas reivindican como la “única” expresión educativa. Para este reciente triunfo electoral, Milei no ha encontrado obstáculo alguno en la llamada “oposición”, en especial la enrolada en “Fuerza Patria”, que los Baradel y Yasky integran. El Congreso Nacional acompaña en silencio la conversión de Argentina en un protectorado yanqui. No presentaron un programa alternativo, porque no lo tienen. Lo prueban los acuerdos de deuda que Axel Kicillof pacta con los bonistas de la deuda de la Provincia de Buenos Aires. Solamente en septiembre pagó 380 millones de dólares con el dinero que ahorró ajustando el salario docente y las jubilaciones. Sucede que la burguesía nacional que los “Fuerza Patria” representan, no quiere chocar con Donald Trump, en el marco de la guerra arancelaria y comercial. El resultado ha sido el hundimiento político de este pseudonacionalismo y, por lo tanto, de la dirigencia sindical K que apostó sus fichas a “Fuerza Patria”. Es necesario el establecimiento de un plan de lucha por una huelga general para derrotar la reforma laboral y rechazar el protectorado norteamericano, mediante un plenario provincial de delegados de base de todas las escuelas y la coordinación con la docencia en todo el país, incluyendo la universitaria. Salario A la quita del FONID (una suma en negro) del gobierno nacional, Kicillof y las direcciones sindicales han pactado salarios básicos miserables, rellenados con un sinfín de sumas en negro. El último gran mazazo al salario de la megadevaluación del 2023 no se ha recuperado. La docencia debe trabajar un mínimo de dos o hasta tres cargos -incluso sumando otros trabajos- para llegar a fin de mes, lo cual implica una superexplotación laboral que afecta por supuesto la calidad educativa. Nuestra corriente plantea un aumento de salario para establecer un mínimo por cargo y básico de $2.000.000, el valor de una canasta familiar y sobre esa base aplicar el 82% móvil para las jubilaciones. La posibilidad de mantener a nuestras familias con un cargo, habilitaría a repartir los cargos y módulos entre la gran masa de compañeros que hoy no pueden acceder al trabajo. Que las paritarias firmadas por el FUDB mediante “consultas” truchas son rechazadas por la totalidad de la docencia lo demuestra el paro que tuvo lugar el 20 de mayo, cuando uno de los sindicatos del FUDB no aceptó el acuerdo salarial y se llevó adelante un paro que fue prácticamente total, siguiendo a otras huelgas autoconvocadas anteriores convocados por las tres seccionales Multicolor. Necesitamos por lo tanto paritarios electos y democracia sindical para defender nuestro salario. Defensa irrestricta del derecho a huelga y la devolución de todos los días descontados por Kicillof. Flexibilización laboral Hace décadas la docencia viene siendo víctima de una flexibilización laboral creciente. Debemos atender en simultáneo diversos grupos de niños y adolescentes (intensificación) y se nos han sumado más tareas administrativas. Persisten formas de contratación ultraprecarias, encabezadas por el Plan Fines y los FORTE. Para darle un status legal a esta situación, el gobierno provincial y la dirigencia de SUTEBA se encuentran elaborando un “Nuevo convenio colectivo laboral” cuyo contenido se mantiene en sigilo. La flexibilización laboral redunda en el hundimiento de cualquier plan educativo. Planteamos la derogación del Nuevo Régimen Académico y las reformas educativas precarizadoras. La defensa del Estatuto Docente, estableciend un mínimo de 20 alumnos por aula y el nombramiento de los cargos faltantes en las escuelas. Privatización educativa La dirección de los Yasky-Baradel ha abandonado la afiliación de la docencia que trabaja en escuelas privadas, las cuales siguen siendo subsidiadas en Buenos Aires y ahora con los “vouchers” de Milei. Es una forma directa de colaboración con la privatización educativa, mayormente clerical y confesional, que no ha parado de crecer en las últimas décadas, en estrecha relación con la debacle de los presupuestos públicos educativos y que significan que el gasto educativo es transferido cada vez más a las familias. La privatización de la educación -más allá de constituir una fuente de lucro privado- representa una de las formas más poderosas de regimentar a la docencia en las ideologías dominantes, incluida la clerical. Defendemos un sindicalismo docente que una a la docencia en toda la provincia, sea de la escuela pública o privada. Por la libertad de cátedra y el derecho y la libertad del debate político en las aulas, en especial como medio de combate a las guerras de dominación imperialista y genocidios. No al pago de la deuda publica usuraria, por el aumento del presupuesto educativo y que un congreso de trabajadores de la educación establezca los métodos de enseñanza y los contenidos de los diseños curriculares. Por un plan de transición para establecer una enseñanza única, estatal, laica y revolucionaria, dirigida por consejos electos de docentes, trabajadores y estudiantes. La urgente defensa de la salud docente El cuadro de vaciamiento de nuestra obra social IOMA es cada día más crítico. Coberturas y prestaciones que se pierden o demoran meses. A pesar de aportar, el gasto en la salud es afrontado mayormente por el bolsillo de los docentes. En forma complementaria, el sistema de licencias médicas es completamente arbitrario porque en ningún caso sigue la prescripción médica, sino que busca eliminar o disminuir los días de licencia. Se ha establecido, de hecho, un frente único entre los Milei-Adorni-Kicillof-Grabois para atacar a la docencia por el “ausentismo” de parte de quienes atentan contra la salud de la docencia cotidianamente y que es el taparrabos de una reforma laboral en ciernes eliminando derechos establecidos en el Estatuto Docente. Que el IOMA sea verdaderamente de sus trabajadores. Por una capitalización del IOMA con impuestos a las mayores riquezas, y una administración electa y revocable de los trabajadores de la educación. Ante casos de violencia en las escuelas, protección integral de la docencia con protocolos y medidas de resguardo. Derecho integral a la defensa ante presentación de denuncias. Reparación integral ante falsas denuncias. Democracia sindical En el 2026 se realizarán las elecciones provinciales y seccionales de SUTEBA. Este proceso electoral está atravesado por fraudes de principio a fin, con manipulación de padrones, mesas de votación, fiscales e innumerables trabas de la Celeste contra la oposición agrupada en la lista Multicolor. Esto con el objetivo de defender una conducción de tipo vitalicia y su aparato, cuando la democracia obrera reclama rotación de cargos, revocabilidad de los cargos y reconocimiento de minorías en todos los organismos del sindicato, incluyendo el propio Congreso cuyos delegados son el portavoz solo de mayorías que se reúnen en asambleas vacías de participación y sin debate. Todo esto plantea un cambio completo de dirección político-sindical y de régimen gremial, sobre bases clasistas y de la democracia obrera. Por un SUTEBA independiente del Estado y las patronales Cuando Baradel y Yasky asistieron en el 2022 en silencio a la embajada norteamericana, reivindicaron luego su participación como un gesto “necesario” para la defensa de un gobierno “nacional y popular”, que por ese entonces negociaba los términos de pago para los fondos financieros internacionales y el FMI. Es por ello hoy que existe un estruendoso silencio de esta corriente ante el protectorado financiero que Milei ha pactado con Trump para el país y que redundará en una mayor sangría de la riqueza nacional. La conclusión es que la política de colaboración de clases, defendida con uñas y dientes por los Baradel, solo representa un camino de derrota para los trabajadores y sus perspectivas. Un sindicato debe ser un instrumento de lucha contra el capital y todas sus expresiones políticas y estatales. En un cuadro de derrumbes financieros y económicos, guerras imperialistas, genocidios, opresiones nacionales, miseria social y destrucción del medio ambiente, convocamos a luchar por el gobierno de los trabajadores y el socialismo. Llamamos a la docencia a votar por este programa en las asambleas ordinarias del SUTEBA del 12 de noviembre.

El 30 y 31 de octubre se llevó adelante un congreso extraordinario para votar las acciones de lucha de la Federación y un congreso ordinario de memoria y balance de CONADU Histórica. Con respecto al congreso extraordinario, impulsado por la conducción de la Federación, se votó un paro de 72 horas para los días 12, 13 y 14 de noviembre, por la efectiva implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y por los salarios. Llama la atención el paro en noviembre, frente al hecho de que las clases están terminando y el paro, aunque es de tres días, es una acción aislada, sin continuidad, en vísperas de la culminación del año académico, y con un escenario de fuerte desgaste y desconfianza de la docencia en las acciones sin futuro que se resuelven. Indudablemente sobran los motivos para parar, frente a un gobierno que ha destruido los salarios, se niega a incrementar el presupuesto para salud, ciencia, discapacidad, educación, y se va a apoyar en el triunfo electoral para ir a fondo con las reformas antiobreras. Si vemos la película y no la fotografía, el paro de 72 horas es una acción aislada que carece de perspectiva. Este año la CONADU H actuó detrás del CIN y del Frente Sindical, subordinado la lucha universitaria a las expectativas parlamentarias. Es por eso que el segundo cuatrimestre arrancó con el paro de una semana para luego ir a paros decreciente de 48 hs. en agosto y terminar con 24 hs. en septiembre, que sólo llevaron al desgaste y la frustración. Incluso luego del golpe político que tuvo Milei con el rechazo al veto en Diputados, y la enorme Marcha Federal -en un escenario donde el gobierno estaba acorralado por el derrumbe económico y la crisis política- era la oportunidad para ir a fondo con la lucha por medio de la huelga general educativa. Sin embargo, la Federación levantó el plan de lucha pensando que las elecciones de octubre iban a imponer una derrota del gobierno y frente a eso poder avanzar bajo la presión parlamentaria. En el congreso, se volcaron algunos mandatos de asambleas de las Asociaciones de Base, como fue el caso de San Luis que planteó un Congreso Docente de todas las Federaciones para el mes de diciembre que discuta cómo enfrentar en enero la reforma laboral y prepare el no inicio del 2026. La limitación de esta propuesta es que planteaba que la organización y la dirección del congreso esté en manos del Frente Sindical: el mismo frente que ha clausurado la lucha universitaria. CONADU, que se reunió días después del congreso de CONADU H, decidió sólo impulsar una consulta a la docencia para ver cómo continuar. Las otras federaciones directamente ni se han pronunciado. No se puede esperar nada de FEDUN o FATUN qué responden a la CGT, cuando integran el Pacto de Mayo y van a permitir que el gobierno avance con las reformas. Es necesario que llamemos a parar este 12,13 y 14 de noviembre, y abramos el debate entre la docencia universitaria sobre qué perspectiva le imprimimos al movimiento universitario: si la línea de adaptación parlamentaria y electoral que han llevado adelante todas las federaciones o si preparamos con autoconvocatorias, asambleas, la necesidad de tener como rumbo la huelga general que tire abajo las políticas de destrucción educativa y universitarias.

Recientemente se conoció la noticia acerca de un joven de 16 años, detenido por la Policía Federal en el barrio de Caballito, acusado de planear un tiroteo escolar en su antigua escuela. Según los medios de comunicación en el allanamiento "le encontraron bombas molotov, armas blancas y réplicas con inscripciones de algunos tiradores famosos, además de inscripciones neonazis" (Clarín 01/11). También Página/12 menciona que poseía "toda clase de armas de guerra de juguete" (2/11). Este último medio informó que "la investigación se inició a partir de un informe remitido por el Federal Bureau of Investigation (FBI) de la Embajada de los EE.UU. en Buenos Aires a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI)": El reporte "alertaba sobre la existencia de un usuario en una conocida red social de posteos y mensajería, quien había manifestado su intención de realizar un tiroteo en una institución escolar" (Página/12, ídem). Según Clarín, se trató de "una colaboración del FBI, que detectó el perfil del joven patrullando en la red social X", donde pudieron encontrar "posteos en los que amenazaba con cometer una masacre en el mes de noviembre" (Clarín 1/11). Según se difunde en los medios públicos, el joven "expresaba su afinidad hacia contenidos de extrema derecha; reivindicaba al nazismo; y glorificaba a atacantes múltiples" (Clarín 1/11). Es decir, es el tipo ideal de agresor quien es "detenido" por la intervención agraciada del FBI y de la policía de la fascistizante Bullrich. A través de esta noticia sale al ruedo públicamente el accionar de la ciberpatrulla que se difunde como una herramienta eficaz para la prevención. Sin embargo, esto pone de relieve el funcionamiento de la pandilla de ciberpatrullaje, algo a lo que ningún medio hizo mención. Por el contrario, focalizaron el hecho sobre los conflictos escolares que habría tenido el joven buscando colocar el hostigamiento escolar en agenda. La atomización de la clase obrera La crisis de los trabajadores que se expresa en no encontrar los modos de darle un golpe al gobierno liberticida, tiene efectos en la vida cotidiana. La violencia no resulta el modo de una expresión social que busca nacer, sino que se ejerce desde el Estado para disciplinar y atemorizar. La violencia actúa como elemento de disgregación, con la finalidad de atomizar a los trabajadores en su conjunto. De modo que se apunta a resolver los problemas sociales como disputas individuales. En Argentina se han incrementado los casos donde participan jóvenes que usan armas para dirimir los conflictos. Según Natasa Loizou (ex directora de la ANMaC -Agencia Nacional de Materiales Controlados en Argentina- que estaba encargada de regular la posesión, tenencia y transporte de armas de fuego y otros materiales controlados), "desde que Milei asumió la presidencia se registraron al menos 15 episodios a nivel federal de chicos que entraron armados a las escuelas" (La Nación, septiembre de 2025). Para ese momento no había ocurrido este episodio. El discurso del poder político insta a resolver la conflictividad mediante agravios que pueden ir desde descalificaciones, adjetivaciones, lenguaje soez, pasando por la represión directa y también utilizando expresiones que invocan el aniquilamiento desde el "cárcel o bala" hasta el "matar zurdos"; "a los enemigos no se los convence, se los elimina. Y no vamos a parar hasta que el último de ellos desaparezca". Es en esta diatriba que se suma el desprecio a la discapacidad y la represión sistemática a los jubilados que imparte el gobierno nacional. En definitiva, la política liberticida que tiene como ejemplo el accionar genocida que lleva adelante el ejército israelí en Gaza. No tiene reparo en las más mínimas consideraciones humanas. La juventud, el malestar y la escuela Esta cultura de agravios y amenazas se expande en la niñez y adolescencia y aparece como forma habilitada para resolver conflictos. El incremento de la ansiedad, la depresión e incluso la inseguridad son sentimientos que emergen en un contexto donde se apela a estimular el miedo y la amenaza como una constante. En vez de desplegar políticas que abarquen ampliamente los problemas de la salud mental se promueve "la reducción de la edad mínima para comprar armas de 21 a 18 años y la flexibilización del acceso a semiautomáticas" (ídem, La Nación). Pero esta política no ofrece solución, incluso la adquisición de armas, como símbolo de autoridad, seguridad y protección. Se convierte en el medio por el cual se abre paso rápidamente a la tragedia personal y familiar, que genera el régimen social capitalista. En el ámbito educativo el gobierno nacional, a través de sus redes sociales, incentiva a los jóvenes para que denuncien a la docencia por adoctrinamiento mientras acompaña las modificaciones laborales y el cambio de diseños curriculares que realizan provincia de Buenos Aires y CABA. Estás modificaciones colocan a la escuela en el centro de la escena donde la desintegración capitalista corroe las bases solidarias y vinculares entre las distintas generaciones, pero también entre pares. Todo lo cual apunta a la disgregación y atomización del núcleo donde se encuentran trabajadores de la educación y los hijos de trabajadores de diversas actividades. Hablar de bullying sin señalar este contexto social y político en el que se desenvuelven nuestras vidas, conlleva a la promoción de protocolos y orientaciones represivas que penalizan el comportamiento de todos los miembros de la denominada "comunidad educativa". Frente a esto, los sindicatos docentes no muestran iniciativas para entrelazar a las familias y a los estudiantes con sus maestros y profesores. Sobre los tiradores Algunos estudios sobre las matanzas ejercidas por uno o dos individuos sobre colectivos sociales muestran que los agresores son predominantemente jóvenes del sexo masculino. Afirman que la formación personal manifiesta carencias, sufrimiento y desarraigo y consideran que han sido humillados. Sin embargo, otros estudios afirman que muchos de estos jóvenes, por el contrario, tienen disciplina, orden y puntualidad y que en sus hogares existe una sólida base de valores morales y de respeto. Esta compleja disparidad debería anular la búsqueda de condiciones específicas en los individuos que cometen estos hechos porque, en definitiva, una persona de bien, en determinadas condiciones, puede actuar como no se lo imaginaba. Hace años Arendt evidenció cómo una persona que siempre cumplió con las normas morales y sociales fue el responsable de la deportación y del exterminio de los judíos en los campos de concentración nazi, comportamiento al que denominó la banalidad del mal. En la película Monsieur Verdoux el protagonista (Chaplin), es un personaje que asesina por dinero, para obtenerlo primero se casa y luego asesina a sus víctimas para poder heredar. Cuando es capturado y llevado a juicio, en el estrado, el protagonista hace una brillante exposición sobre el cinismo de la Corte e incluso de la sociedad, que se espantan por el accionar de un individuo que asesina, pero, sin embargo, vitorea a dirigentes cuyas políticas llevan adelante la exclusión, la marginalidad, la estigmatización, la denigración y el asesinato masivo. "¿Acaso no es esta misma sociedad que produce armas que matan mujeres y niños inocentes de una manera científica? Como asesino de masas, no soy más que un simple aficionado" (Verdoux, Chaplin 1947). Una perspectiva Una política para erradicar estos modos de comportamiento debe poner a la luz la relación social que constituye la base por la cual el odio envenena a los pueblos y produce que el hombre explote a su par. Los rasgos en la persona humana que lo hace obedecer, planificar, desear triunfar, celar, junto al lugar que ocupa en la estructura social constituyen características que conforman una personificación de relaciones sociales. Tiempos de aniquilamiento engendran sus representantes, pero también, engendran a quienes sepultarán a quienes oprimen a la humanidad. La tarea sigue planteada, fortalecer el desarrollo de una vanguardia obrera y socialista por la emancipación humana.

En Catamarca, las elecciones legislativas del 26 de octubre dejaron como resultado la victoria de Fuerza Patria, la lista encabezada por el gobernador Raúl Jalil, que buscó durante toda la campaña despegarse de su papel de colaborador directo del gobierno nacional y presentarse como una falsa oposición. Sin embargo, esa maniobra quedó rápidamente desmentida, porque Jalil no tardó en retomar su postura de alineamiento con la Casa Rosada. A pocos días de los comicios, fue uno de los primeros gobernadores en confirmar su presencia en la reunión convocada por Milei y en declarar públicamente su apoyo a las reformas laborales y tributarias que apuntan directamente contra los trabajadores. Las elecciones en Catamarca se desarrollaron bajo un esquema de votación doble —una urna con boleta única para cargos nacionales y otra con boletas partidarias para cargos provinciales. Ese desfasaje no alteró las tendencias políticas de fondo. Con una participación del 68% del padrón, el resultado para diputados nacionales mostró la supremacía de Fuerza Patria, la lista del gobernador Raúl Jalil, que obtuvo 100.961 votos (45,73%), seguida por La Libertad Avanza (LLA) con 74.423 votos (33,71%). De este modo, Jalil aseguró la renovación de dos bancas en el Congreso, mientras que Milei conquistó una. Provincias Unidas apenas alcanzó el 6,5% (14.000 votos), sin incidencia real en el reparto de representación. En el plano provincial, el panorama mostró una mayor dispersión electoral. A las nueve listas nacionales se sumaron cuatro fuerzas locales, alcanzando un total de trece. Este fraccionamiento, sin embargo, no impidió que se mantuviera la tendencia dominante: el oficialismo de Jalil retuvo la mayoría, mientras que emergió una novedad relativa con el ascenso del MID (Movimiento de Integración y Desarrollo), que con el 8% de los votos (16.500 sufragios) logró colocar dos legisladores. Afuera quedó el Partido Unión Patriótica Catamarqueña. El nuevo parlamento provincial se configura así: Fuerza Patria con 22 bancas, LLA con 10 más tres radicales aliados, MID con 3, UCR con 2 y PRO con 1, sobre un total de 41 escaños. Se ha consolidado una Cámara profundamente reaccionaria, comprometida con los planes de ajuste y la política de colaboración con el gobierno nacional. La oposición catamarqueña, por su parte, está constituida, en gran medida, por la propia fuerza presidencial y por sectores que facilitaron el ascenso de Milei en la provincia, directa o indirectamente. Este esquema de complicidades se repite en la Cámara de Senadores —donde el dominio de Fuerza Patria es casi absoluto— y se extiende a los municipios y concejos deliberantes, reproduciendo en todos los niveles del Estado un régimen de subordinación política y económica a los dictados del capital. Política Obrera participó por primera vez en una elección catamarqueña bajo esta denominación, retomando un programa histórico que el Partido Obrero abandonó desde 2019. Esa continuidad se expresó en una campaña militante y clasista, sostenida sobre la intervención pública con un contenido socialista frente a la catástrofe social y la política de barbarie que unifica tanto a las fuerzas provinciales como nacionales. La consigna “Jalil es Milei” se confirmó de inmediato con el alineamiento del gobernador al paquete de reformas laboral y tributaria impulsadas por el Ejecutivo nacional, ratificando la continuidad de la motosierra contra los trabajadores. La lista de Política Obrera, en todas sus categorías, estuvo integrada por trabajadores y estudiantes que participan activamente en las luchas abiertas por los conflictos laborales y educativos. Entre ellos se destacan docentes autoconvocados y referentes de las obreras textiles que protagonizaron una acción ejemplar en defensa de los puestos de trabajo mediante la ocupación de la fábrica TextilCom. Durante la campaña, el gobierno provincial y la burocracia sindical de ATECa lanzaron ataques difamatorios contra el primer candidato, lo que generó un repudio entre sectores docentes, que reivindicaron su trayectoria y el derecho de los trabajadores a intervenir políticamente. En el caso de la referente obrera textil, su candidatura fue respaldada por la inmensa mayoría de sus compañeras, quienes se pronunciaron frente a los atropellos del gobierno y las patronales, reconociendo en su participación una expresión de la lucha de las trabajadoras. En el plano electoral, el FIT-U (MST + PO) alcanzó el 1,92% (4.133 votos) en la categoría nacional; frente al 1,7% (3.670 votos) obtenido por nuestra lista. Sin embargo, mantiene un estancamiento de larga data. El voto en blanco y nulo -entre el 5 y el 6%, de 12.000 a 14.000 votos- expresó también un desencanto ante las variantes del régimen. Política Obrera, a pesar de no haber presentado listas municipales más allá de Capital y Valle Viejo, logró afianzarse en varios departamentos -Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Capayán y Tinogasta- donde la recepción de su programa marcó un avance en la construcción de una referencia obrera y socialista en la provincia. Política Obrera da sus primeros pasos en Catamarca en el terreno electoral, como expresión de un joven agrupamiento de militantes, pero con una trayectoria de lucha. La lista tuvo la particularidad de haber sido encabezada por un referente de la lucha docente autoconvocada, movimiento que este año protagonizó una irrupción masiva que derrotó a una reforma educativa que intentó aplicar Raúl Jalil. Aunque una fracción de los docentes luchadores acompañó a nuestra lista, una masa importante de trabajadores y docentes dirigió su voto a las alternativas electorales que fueron responsables del ajuste y el vaciamiento educativo, en particular, y en general, de la catástrofe social y económica. Esta cuestión pone de manifiesto que existe por delante la gran tarea de desarrollar una conciencia obrera y socialista entre los luchadores, y, como consecuencia de ello, un partido enraizado en los explotados de Catamarca. Aunque Política Obrera fue reconocida por un sector de trabajadores, aún queda por delante una tarea de estructuración política y organización militante. La crisis social y política no se cierra con las elecciones. Los desafíos que se avecinan -el avance de la reforma laboral, la destrucción de salarios y jubilaciones y el deterioro de la vida- exigen una respuesta colectiva basada en la lucha, la coordinación y la acción autoconvocada. En ese camino, resulta indispensable impulsar la estructuración de Política Obrera en toda la provincia, incorporando al debate y a la acción a los trabajadores, capaces de unir las experiencias dispersas y transformarlas en una fuerza política independiente de todos los bloques del régimen.

El juicio de la megacausa conocida como los “Cuadernos de Centeno” comenzará el próximo 6 de noviembre, a cargo del Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. “Es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, asegura la fiscal Fabiana León (Clarín, 31/10). Serán juzgados 126 acusados, entre ex funcionarios y empresarios, por los delitos de asociación ilícita, cohecho y encubrimiento, entre otros cargos. Entre ellos se encuentra la expresidenta Cristina Fernández, condenada a seis años de prisión efectiva -que se encuentra cumpliendo en un domicilio del barrio porteño de Monserrat- e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por la causa conocida como “Vialidad”. Fueron convocados a declarar 899 testigos. Las dimensiones de este juicio, efectivamente, no tienen antecedentes. Como no existe sala en los tribunales de Comodoro Py que pueda albergar a tanta gente, el juicio se hará por la plataforma Zoom y será transmitido en directo por YouTube. Las audiencias comenzarán con una frecuencia de una vez por semana, se interrumpirán en enero por la feria judicial y recién en marzo del 2026 se sumará un segundo día de debate. Con estos tiempos, algunos de los abogados intervinientes estimaron que la duración total del juicio podría ser de 25 años. Parece una desmesura –o un salvoconducto a la impunidad. “Es un juicio sin plazo de cierre. Nadie podría prever qué Argentina espera más allá del veredicto. La posible eternidad del proceso -que comienza siete años después de la explosión del caso en agosto de 2018, con la chance de múltiples demoras más de cara a las posibles presentaciones de todas las defensas- podría superar a la grieta misma, la industria de la confrontación del kirchnerismo y sus enemigos”, escribió Federico Fashbender en Infobae (4/11). La causa tiene un origen inquietante: Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro de Planificación Julio De Vido, llevó una puntillosa anotación en cuadernos escolares del recorrido que realizaba para recoger sobornos de empresarios para ingresar a la obra pública. Los empresarios en cuestión constituyen lo más granado de la ´patria contratista´. Entre otros, se encuentran Aldo Roggio, Eduardo Eurnekian, Luis Betnaza (director de Techint), Juan Carlos Lascurain (expresidente de la UIA) y Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. Los “cuadernos de Centeno” llegaron a manos del fiscal Stornelli -y de este al fallecido juez Bonadío- de manos de un periodista de La Nación, sin pasar por sorteo. A éste, a su vez, se los alcanzó un vecino o amigo de Centeno. Finalmente, aceptados por el juzgado, Centeno se presentó como ´arrepentido´, dando inicio a una larga serie de confesiones y delaciones, apuradas por el propio Bonadio. El Departamento de Estado norteamericano -en la primera presidencia de Trump, pero luego también bajo la gestión de los demócratas- siguió con especial atención la marcha de la causa judicial, interesados en ingresar en el negocio de la obra pública local, que en muchos países del continente constituye un ´coto´ de las burguesías locales. Washington había operado ya en un intento por desbancar a Odebrecht, una poderosa multinacional de origen brasileño con operaciones en toda América Latina -incluso Cuba- que repartió sobornos a diestra y siniestra. En algunos países, la cuestión detonó grandes crisis políticas, como en el caso de Perú. En Argentina, sin embargo, su impacto fue relativamente menor. En cambio, hizo eclosión el asunto de los cuadernos. A través de Centeno salió a la luz la cartelización de la obra pública, con pelos y señales. Un puñado de empresarios del rubro se distribuían las obras, a cambio de una ´comisión´ para los funcionarios. Un rol central lo jugaba el ahora ´arrepentido´ Carlos Wagner, entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Algunos de los señalados intentaron desvincularse de la causa con diferentes maniobras y argumentos, como Paolo Rocca, quien aseguró que había desembolsado el dinero para ´repatriar´ a personal de la empresa desde Venezuela, tras la expropiación de Sidor durante el gobierno de Hugo Chávez, en realidad pagó para ´aceitar´ gestiones para conseguir el desembolso de una jugosa compensación por dicha expropiación. Hubo empresarios que trataron de desligarse asegurando que los pagos constituían aportes para la campaña electoral del oficialismo, en un intento por atenuar las consecuencias penales. Por último, algunos empresarios y también ex funcionarios ofrecieron una compensación económica al Estado. Ninguno de ellos ´zafó´ definitivamente hasta ahora. Viene al caso recordar el emblemático caso de corrupción de IBM y el Banco Nación, en donde la empresa norteamericana sobornó funcionarios del Banco para obtener un contrato para informatizar datos de 250 millones de dólares. La causa inició en 1994, pero se extendió por años hasta iniciar el juicio, con pedidos de prescripción, que fueron luego revocados, negociaciones con un algunos acusados y pagos de ‘multas’ de IBM en EE.UU. En este caso, ningún funcionario del gobierno de Menem fue condenado, salvo un par de miembros del Banco Nación y nunca se recuperó la totalidad de los pagos efectuados. La causa de los “Cuadernos de Centeno” es, antes que nada, una causa condicionada a los vaivenes políticos. Los imputados no han roto nunca sus lazos con el presupuesto y la obra pública. Son los mismos que se encuentran interesados en las privatizaciones de AySA, Belgrano Cargas, Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Sociedad Operadora Ferroviaria, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), que ofrece el mileísmo. Por lo pronto, en la concesión del corredor de las rutas 12 y 14 y el puente Rosario-Victoria, cinco de los seis consorcios de empresas que se presentaron están implicados en la causa de los Cuadernos.

La investigación de la masacre perpetrada por las policías civil y militar de Río de Janeiro, confirma que se trató de una carnicería humana planificada. A las evidencias ya recogidas (los cuerpos hallados entre los matorrales y los signos evidentes de tortura y asesinatos sumarios), ahora se suman las de la propia Justicia. Un expediente de más de 3.000 páginas da cuenta de una penetración profunda de los servicios de inteligencia en la organización Comando Vermelho (CV) y la exhaustiva preparación durante más de seis meses del momento indicado para una intervención en las favelas Alemao y Penha. Los 2.500 efectivos fueron equipados para una guerra. La policía avanzó en la favela con autos blindados, capaces de resistir fuego de asalto. Desde el organigrama del clan delictivo hasta los puestos de vigilancia de la pandilla, los responsables de diversas tareas y a qué jefes centrales responde cada uno, junto a una enorme cantidad de datos de una precisión envidiable, estaban en manos de los organizadores de la masacre. En una entrevista reproducida por Clarín (02/11), el gobernador Claudio Castro afirma que el operativo fue “un éxito rotundo” y “ha marcado un hito”. El bolsonarismo ha decidido confrontar con Lula sobre la premisa que el gobierno nacional “no hace nada contra el narcoterrorismo”. Los gobernadores bolsonaristas, muchos de ellos de importantes estados como Minas Gerais y San Pablo, han lanzado un “Comité por la Paz” que se plantea como tarea central “aniquilar el narcoterrorismo” desde la periferia del Estado nacional. Visto el operativo desarrollado en Rio, el “Comité por la Paz” apunta a implantar el terrorismo de Estado. Por otra parte, los gobernadores rechazan la ley de Lula que plantea centralizar en el gobierno federal a las fuerzas estaduales. Los bolsonaristas, en su liga de gobernadores, buscan establecer un “doble poder” contra el gobierno federal y, en parte, el Parlamento. Los cuerpos de los policías caídos han sido restituidos a sus familias. A sus cortejos fúnebres asistió el propio Gobernador. Las playas de Copacabana exhiben cruces con fotos de los cuatro policías. La identidad de los 117 civiles muertos, en cambio, todavía no ha sido reconocidas en su totalidad. Tampoco existe cortejo alguno: los cuerpos son directamente entregados a la morgue de Inhuma –el cementerio al que van todos los fallecidos del norte de la ciudad. Allí son cremados inmediatamente y las familias solo reciben alguna información sobre su lugar en los diversos compartimientos. La ausencia de placas -constatado por diversos medios- muestra que más de 30 cuerpos ya fueron depositados en ese cementerio. Movilizaciones En el corazón del barrio Penha, se dio cita una numerosa concentración para reclamar justicia y el cese de la violencia contra los habitantes de las favelas. La movilización fue convocada bajo la consigna de “remeras blancas”. Allí, las organizaciones sociales del barrio reclamaron por los muertos, mientras se exhibieron banderas que condenaban a Castro como “terrorista”. También, se exigía su inmediata renuncia -“Fora Castro”-. El gobernador tiene causas abiertas por “abuso de poder” ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El objetivo de Castro es retrasar cualquier sentencia definitiva hasta la elección de senadores de 2026. La participación de las organizaciones ligadas al PT, como la CUT y el Partido Comunista de Brasil, estuvieron supeditadas a las actividades convocadas por las asociaciones de base de las favelas. Las familias han ocupado un lugar protagónico en estas convocatorias. La participación del CV, denunciado como incitador de estas movilizaciones, no ha sido probada con pruebas fehacientes. El PT ha frenado, dentro de sus posibilidades, toda movilización contra la ultraderecha. Los barrios de los ricos, del capital financiero -los que se autosatisfacen con el “consumo recreativo” y lavan el dinero del narcotráfico- rinden homenaje a esta empresa fascistizante. Los barrios de los pobres, atestados, dibujan remeras con color sangre, mientras les niegan un entierro a sus familiares. Es el contraste social de la empresa montada por el bolsonarismo en Brasil, que ha hecho de la connivencia con las “milicias” los ejes de su desarrollo territorial. El gobernador Castro es un firme representante de la alianza triple B (Biblia, Buey y Bala) que domina el Congreso y numerosas gobernaciones.

Milei estrenó la etapa posterior a las elecciones del 26 con una crisis política confusa. El jefe de gabinete Guillermo Francos, que piloteaba las tratativas con los gobernadores y la pseudo oposición, terminó renunciando cuando ya se rumoreaba su despido. Su lugar fue ocupado por un recalcitrante de los hermanos Milei, Manuel Adorni. El lugar vacante del Ministerio del Interior lo cubrió Diego Santilli, “cooptado” a LLA según Carlos Pagni. Con estas movidas, las versiones de un “gabinete de coalición” terminaron archivadas. Se ha reforzado el régimen de poder personal o familiar, bajo la batuta de los hermanos Milei. Santiago Caputo no recibió ningún cargo formal - pero permanece como jefe omnipresente de los servicios de inteligencia, las agencias de recaudación y varios otros organismos estratégicos. El nuevo período debuta con una crisis palaciega. Dos tercios con Milei Mauricio Macri y La Nación+ le han reprochado a Milei la decisión de “replegarse sobre sí mismo”. Pero LN es el vocero oficial de Macri. En el bloque parlamentario del PRO, se anuncian nuevos pasajes a la LLA. Mientras Macri anuncia un candidato propio para dentro de dos años, los Ritondo y Santilli ya están en el campo de “Milei 2027”. Otros que se mencionaban para un eventual “gobierno de coalición”, como los Jaldo y los Jalil -que CFK ha reivindicado como propios en su última Carta- hacen fila para alinearse con Milei. Jaldo se adelantó a sumar su apoyo a la reforma laboral. Entre los intendentes del conurbano ya hay varios que lo “miran con cariño”. La misma Cristina acaba de reivindicar la necesidad de esa reforma en la aludida Carta. Milei no quiere convertirse en una “pato rengo” arbitrando peleas en una coalición. Pretende, por el contrario, ir a una reelección, para poder gobernar con mano dura los dos años que vienen. En el Congreso, el oficialismo resolvió postergar el tratamiento del Presupuesto 2026 para las extraordinarias, donde contaría con un bloque propio acrecentado, más unas cuantas cooptaciones adicionales. En el paquete de las extraordinarias, se anota el proyecto de “olvido fiscal”, que permitiría el mayor blanqueo de fondos en moneda extranjera de la historia. Milei no faltó a la verdad cuando contabilizó para LLA a los “dos tercios” de los sufragios del domingo 26. Computaba a los ajustadores de “Provincias Unidas”, pero también a los Sáenz, Jaldo y Jalil. Un paso más, Kicillof ha salido a suplicar a la oposición bonaerense la aprobación del Presupuesto 2026 de la provincia, donde incluye la autorización para ampliar la deuda pública en el mercado local y eventualmente, con la venia del Estado nacional, con deuda del exterior. Ese reclamo lo suma al gobernador “Nac & Pop” al campo de los que fogonean la normalización económica con la intervención de los fondos locales y el capital financiero internacional. El eje ordenador El eje ordenador del improvisado gabinete es el vínculo tutelado con Bessent y la oligarquía financiera. La Cancillería le fue adjudicada a Pablo Quirno, ex secretario de Finanzas y ex funcionario del J.P. Morgan. El cometido de Quirno es concretar la asistencia financiera que se anunció durante la campaña electoral. El anterior lugar de Quirno fue cubierto por Alejandro Lew, otro ex J.P. Morgan - y ex YPF bajo la gestión de los Fernández y Massa. Milei espera un respaldo de fondos contantes y sonantes para poner en marcha la flotación cambiaria y la acumulación de reservas. Los funcionarios yanquis que recibirán a Milei y Quirno en estos días tienen un pliego de condiciones muy amplio. Entre ellas se incluye un régimen local de semillas que “ampare” a las corporaciones de agroquímicos - y la cuestión de las patentes farmacéuticas. En lo que refiere a China, el gobierno de Milei ya se ocupó de paralizar proyectos binacionales de carácter científico, como ocurre con la radio-telescopio que se construye en San Juan. La cuestión de la dolarización de Argentina ha vuelto a ser colocada en la picota, pero no en función de las condiciones locales de Argentina, sino de las llamadas naciones emergentes en su conjunto. Según el Financial Times, Trump promovería el “uso global del dólar”, y particularmente en el continente, como una manera de contrarrestar la influencia de China. China acaba de inaugurar un clearing de monedas que procesa las transacciones en siete segundos, cuando el Swift, que maneja Estados Unidos demora algunos días. Apunta a desarrollar un espacio monetario centrado en su moneda, el remnimbi. Mientras tanto, Milei y Caputo todavía no saben cómo afrontar los vencimientos de deuda del 2026. La burguesía local reclama una baja de la estratosférica tasa de interés y la reanudación del crédito, para ponerle un piso a una crisis industrial y comercial que se agrava a diario. Milei ha concentrado en su persona la representación política que le han empoderado Scott Bessent y Trump. Este es el eje político del nuevo gabinete – desordenado, pero no improvisado.

El veredicto emitido por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vázquez y Otmar Paulucci, del Tribunal Oral Federal 1 de Rosario, sobre la causa del "Villazo" constituyó un acto que, según las querellas, está "fuera de toda proporción" con la evidencia. La sentencia, que investigó la represión del Operativo "Serpiente Roja del Paraná" de 1975 en Villa Constitución, se saldó con 15 absoluciones y solo dos condenas con penas significativamente reducidas. Un punto crucial de la actuación fue que demostró la participación del poder empresarial y represivo en la coordinación del Operativo. Sin embargo, el Tribunal revirtió las condenas originalmente solicitadas: de los exgerentes de Acindar, Roberto José Pellegrini fue el único sentenciado (quien enfrentaba un pedido de prisión perpetua y fue condenado a solo seis años de cárcel), mientras que el otro gerente, Ricardo Oscar Torralvo, fue absuelto. Por otro lado, solo un ex integrante de la Policía Federal, Roberto Álvarez, fue sentenciado a ocho años de prisión. Los ex jerárquicos de la patronal fueron señalados por su rol directo en la entrega de legajos de activistas a las fuerzas de seguridad y la financiación de tareas clandestinas de secuestro y tortura. No obstante, el fallo minimizó el alcance de estos crímenes al rechazar la figura de lesa humanidad y al negarse a declarar el "Albergue del Soltero" de Acindar como centro clandestino. Este desenlace judicial se produce en un contexto de ofensiva contra los derechos de la clase trabajadora que traza un paralelo contundente con el pasado. La lucha del Villazo en los setenta fue una batalla por la independencia sindical, la recuperación de las comisiones internas y, fundamentalmente, por frenar la flexibilización laboral y las condiciones de trabajo inhumanas. La Lista Marrón, victoriosa en la UOM, simbolizó que el problema sindical era a la vez un problema político por la dirección del movimiento obrero. Hoy, la clase trabajadora se enfrenta a la reforma laboral impulsada por el gobierno progenocida de Javier Milei y Victoria Villarruel, cuyo objetivo es una flexibilización aún más profunda, buscando eliminar todo rastro de las conquistas históricas obtenidas a lo largo del siglo XX. El alto grado de desmovilización se explica por la dificultad en superar las conducciones burocratizadas. Hoy desmovilizan los mismos que colaboraron en el secuestro, la represión y el asesinato de activistas durante los gobiernos de Perón e Isabelita, y la dictadura de Videla, Massera y Viola. En las recientes elecciones del 26 de octubre, la derrota nacional del Kirchnerismo debe leerse también como un rechazo a las burocracias sindicales peronistas abiertamente desautorizadas por las bases. Este fallo se inscribe en un presente marcado por un profundo ataque político contra la clase trabajadora, la desmovilización generalizada y las luchas atomizadas. La falta de notoriedad pública y de presión social sistemática en torno al juicio del Villazo facilitó la absolución de los represores y genocidas y la reducción de las penas a los condenados.

En la Comisión de Presupuesto y Hacienda los liberticidas han obtenido una victoria al reunir las firmas necesarias para hacer pasar como dictamen de mayoría el proyecto de Presupuesto 2026, con el desempate del presidente de la comisión, “Bertie” Benegas Lynch, reemplazante de José Espert. La salida de Espert, luego del escándalo por sus vínculos narco, había sido un reclamo de la ´oposición´ para avanzar en el debate. Para los libertarios es un paso importante, porque a pesar de la victoria electoral de octubre, no le sobran los votos. El oficialismo había barajado ´frizar´ a la Comisión y estirar el tratamiento del Presupuesto hasta la nueva conformación del Congreso a partir del 10 de diciembre, pero el lunes por la tarde Martín Menem reunió en su despacho a diputados “dialoguistas” de la UCR, La Liga del Interior y el PRO. Para lograr el dictamen de mayoría, los siete diputados de LLA obtuvieron el apoyo de seis del PRO, del radical misionero Martín Arjol, de la sanjuanina Nancy Picón Martínez y el apoyo -con disidencia- de Rodrigo de Loredo, Martín Tetaz y Lisandro Nieri por la UCR y Pamela Calletti y Carlos Fernández por Innovación Federal, logrando reunir 20 firmas. La oposición podría convocar a una sesión, si reúne las 129 voluntades necesarias, y hacer caer el dictamen oficialista antes de que la cámara baja se renueve, pero ese escenario es improbable por ahora. Presupuesto El proyecto de presupuesto liberticida se da de bruces con las afirmaciones de Milei que sostienen que para el primer trimestre del próximo año la inflación “va a ser un problema del pasado”, al proyectar una inflación del 10,1 %. Los números del Ministerio de Economía arrojan un crecimiento del 5 % de la economía y un dólar anclado en $1.423 para diciembre del próximo año. Los guarismos dibujados en el aire por Caputo tienen como finalidad aventurar un superávit fiscal del 1,5 % del PBI, que quedaría sepultado por una devaluación del peso. En medio de una brutal recesión y de las sucesivas corridas cambiarias, el presupuesto elaborado por la cartera de Economía está más cerca de ser una quimera, que de un objetivo que se plasme en la realidad. Según se ha informado el dictamen de presupuesto oficialista prevé un aumento del gasto en educación del 8 %, en jubilaciones un 5 % en términos reales y ajuste por IPC; aumenta la inversión en salud un 17 % por encima de la inflación, con un incremento del 23 % para el Garrahan y un aumento del 5 % por encima de la inflación para discapacitados. (Ídem) Luego de los recortes brutales aplicados en las diferentes áreas en los casi dos años de gobierno libertario, los “aumentos” representan migajas en relación al plan de guerra establecido por Milei y Caputo en busca del déficit cero. El proyecto de Presupuesto del oficialismo reafirma la orientación ajustadora de la camarilla libertaria. Como hemos señalado en estas páginas , cuando en septiembre se presentó el Presupuesto, “Milei ocultó lo fundamental: que carece de condiciones para afrontar los extraordinarios vencimientos de deuda ‘soberana’ de 2026 y 2027, unos 35.000 millones de dólares. Con un costo tres veces superior a la tasa de interés internacional, tampoco tiene condiciones para refinanciarla. Caputo ya ha ordenado afilar todavía más la motosierra; por eso anuncia mejoras en jubilaciones, gastos para discapacidad y universidades, mientras hoy mismo veta las leyes que las contemplan y anuncia que no ejecutará aquellas que sean promulgadas ‘por falta de recursos’.” Si bien el gobierno festejó esta victoria, desde la oposición salieron a cuestionar los cálculos con los que se elaboró el dictamen. El cordobés Agost Carreño, diputado cordobés del PRO enfrentado con Macri, solicitó un sinceramiento de la deuda y dijo que el gobierno oculta "un 4 % del PBI en intereses implícitos". Por su parte el kirchnerista Carlos Heller desacreditó la proyección de la cotización del dólar: "todos los números que plantean están cubiertos solo de entusiasmo" y reclamó que se incluya en el Presupuesto “las leyes de emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario y la recomposición del salario docente, la emergencia en salud", vetadas por Milei y revalidadas por el Congreso. En este pedido confluye el bloque de Encuentro Federal y Democracia Para Siempre, aunque no fue suficiente para que la oposición coincidiera en un solo dictamen, asestándole un golpe al gobierno. Tratando de evitar un Congreso más favorable a la pandilla libertaria, la oposición buscará sesionar el próximo miércoles 12, jornada en la que la “mesa política” liberticida recurrirá a los gobernadores para no dar quorum y patear para luego del 10 de diciembre la discusión.

El gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich, resolvió restituir a la Escuela de Cadetes de la Policía Federal Argentina el nombre del coronel Ramón Lorenzo Falcón, jefe policial responsable de la masacre del 1° de Mayo de 1909, cuando las tropas a su mando asesinaron a más de una decena de obreros e hirieron a centenares en Plaza Lorea. El anuncio se hizo el 31 de octubre, sólo tres días después del megaraid en que 2500 efectivos de policía y fuerzas de élite de Rio de Janeiro masacraron a 130 personas –muchos de ellos muy jóvenes–, habiendo ejecutado sumariamente a la mitad. El acto de “renominación” no es una simple maniobra simbólica: expresa una radicalización reaccionaria del Estado , en un momento de crisis económica, descomposición política y creciente disconformidad social. Falcón: el verdugo de la Semana Roja Ramón Falcón fue jefe de la Policía de la Capital durante el régimen oligárquico del roquismo. En 1909, dirigió un violento operativo contra los trabajadores y trabajadoras anarquistas que marchaban el 1° de Mayo en Buenos Aires, que quedó en la memoria como la represión más sangrienta contra el naciente movimiento obrero argentino de comienzos del siglo XX. La jornada represiva dejó una veintena de muertos y más de un centenar de heridos. Falcón fue el ejecutor directo de las órdenes de exterminio del movimiento obrero en su etapa de surgimiento. No fue una “figura de orden”, como dice Bullrich, sino un criminal de Estado al servicio de la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio y los grandes trusts extranjeros que dominaban la economía argentina. Como jefe de la Policía de la Capital, persiguió y encarceló a dirigentes anarquistas y socialistas, desplegó un aparato de espionaje y tortura contra sindicatos y centros obreros y fue el brazo armado del poder oligárquico. Su nombre quedó asociado al terrorismo estatal y a la defensa armada de la propiedad capitalista. Radowitzky: la venganza del pueblo En noviembre de 1909, el joven obrero anarquista Simón Radowitzky, de apenas 18 años y de origen ucraniano, lanzó una bomba contra el carruaje en que viajaban Falcón y su secretario Lartigau. Ambos murieron en el acto. Radowitzky fue detenido, torturado y condenado a reclusión perpetua en el penal de Ushuaia, donde pasó más de veinte años. Su nombre quedó grabado como símbolo de resistencia obrera frente al crimen estatal. No fue un “terrorista”, como lo repite la prensa burguesa, sino el vengador de los caídos el 1° de Mayo de 1909. Fue finalmente liberado en 1930 y siguió participando en luchas obreras y antifascistas hasta su muerte en México. El contraste entre Falcón y Radowitzky -entre el verdugo y el rebelde- vuelve hoy con toda su carga histórica, en un momento en que el Estado argentino refuerza su aparato represivo al servicio del ajuste y la entrega nacional. Alberto Villar: continuidad represiva En el mismo acto en que Bullrich anunció la restauración del nombre de Falcón para la Escuela de Cadetes, resolvió que la Escuela de Suboficiales y Agentes pasara a llamarse “Comisario General Alberto Villar”, en homenaje al jefe de la Policía Federal durante el tercer gobierno de Perón y fundador de la Triple A, la banda parapolicial responsable de centenares de asesinatos políticos entre 1973 y 1976. Por otra parte, durante 1974, se produce una ola de conflictos obreros: huelgas metalúrgicas en Villa Constitución, ocupación de fábricas en Córdoba, movilizaciones docentes y de la salud en distintas provincias, protestas contra el Pacto Social firmado entre el gobierno peronista, la CGT y la burguesía industrial. El aparato policial bajo la dirección de Villar y López Rega participó directamente en la represión de estas luchas: allanamientos a comisiones internas combativas, detenciones de dirigentes clasistas y, en muchos casos, entregas de activistas a los grupos de tareas de la Triple A, que los secuestraban o asesinaban. Villar fue también un difusor temprano de la “doctrina de la seguridad nacional”, importada del Pentágono y aplicada luego por las dictaduras del Cono Sur. Esa doctrina equiparaba la lucha obrera y social con el “terrorismo”, justificando la represión preventiva. (Cualquier similitud con la actualidad no es ninguna coincidencia.) Su gestión fue un eslabón directo entre el aparato policial del peronismo y el terrorismo de Estado del 76. Villar murió en noviembre de 1974, en un atentado atribuido a Montoneros. Desde entonces, las fuerzas represivas y los gobiernos de turno lo convirtieron en un símbolo de la “lucha contra la subversión”, ocultando su papel criminal. El homenaje de Bullrich –ponerle su nombre a la Escuela de Suboficiales– revive esa tradición de impunidad y reivindicación del terrorismo de Estado. Reivindicado por el gobierno de Milei como “víctima del terrorismo”, fue en realidad uno de los arquitectos del terror estatal que anticipó la dictadura. Su nombre, reimpuesto sobre una institución de formación policial, simboliza la continuidad del aparato represivo del Estado burgués: de Falcón a Villar, del garrote oligárquico al terrorismo de Estado. Bullrich y Milei reeditan esa herencia bajo nuevos ropajes “libertarios”, modernizando la represión con el mismo contenido de clase. La “montonera” Bullrich y el retorno del orden burgués La actual ministra, que ha dejado correr la versión de que es una “ex-montonera arrepentida”, hace de esa supuesta biografía una coartada para legitimar la persecución actual contra el movimiento popular. Su recorrido –del progresismo juvenil al macri/mileísmo represor– condensa el trayecto político de toda una franja de la pequeña burguesía argentina: del voluntarismo foquista al servicio abierto del capital financiero. La ministra que reivindica a Falcón y Villar es la misma que hoy dirige la represión de piqueteros, estudiantes y trabajadores ocupados, desocupados o jubilados que enfrentan los despidos y un ajuste feroz. Su “renominación” de la escuela policial es un mensaje directo al aparato represivo: prepararse para intervenir con mano dura contra la resistencia social. La “memoria” del Estado y la falsedad del progresismo burgués En 2011, la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, había eliminado el nombre de Falcón de la Escuela de Cadetes y rebautizado el establecimiento como Comisario General Juan Ángel Pirker, un funcionario policial fallecido en democracia y vinculado a los servicios de inteligencia. El gesto fue presentado como un acto de “memoria y derechos humanos”, en sintonía con la retórica del kirchnerismo. Pero aquel reemplazo no alteró ni un ápice la estructura represiva del Estado ni su función de clase. Fue un maquillaje “progresista” del mismo aparato que siguió reprimiendo huelgas, desalojando fábricas recuperadas y militarizando los barrios pobres. La quita del nombre de Falcón fue equivalente a la remoción del retrato de Videla de la Casa Rosada: una operación simbólica sin ruptura con la burguesía que impulsó y financió el golpe del 76, que hoy sigue gobernando bajo nuevas siglas. Bayer, la memoria libertaria y el nuevo ataque simbólico En este marco cobra relevancia el derribo del monumento a Osvaldo Bayer en Santa Cruz , ocurrido en marzo de este año por orden de la Dirección Nacional de Vialidad. Bayer, historiador y militante anarquista, fue el autor de Los Vengadores de la Patagonia Trágica y de Los anarquistas expropiadores, donde rescató las luchas obreras y la figura de Simón Radowitzky. En esas páginas describió a Falcón como “la mano de hierro de la oligarquía” y a Radowitzky como la expresión del odio de clase de los oprimidos. La demolición de su monumento es la contracara del homenaje al represor: un intento de borrar la memoria libertaria y reafirmar la impunidad de los verdugos. Incluso a través de la rapiña lingüística, por parte del mileísmo, que arrebata el adjetivo sustantivado “libertario”, que en los orígenes del anarquismo funciona como sinónimo de “anarquista”: a muy grandes rasgos, un trabajador que parangona la libertad con la ausencia de cualquier tipo de Estado. Una política de clase contra los trabajadores La redenominación de la Escuela de Cadetes y la de Suboficiales, con la reivindicación de las figuras de Falcón y de Villar, no es un gesto aislado, sino un eslabón más de la ofensiva del Estado capitalista contra los trabajadores. Mientras tanto, el gobierno pacta con el Tesoro norteamericano, profundiza la desocupación y la miseria y reconstituye el culto a los símbolos represivos. Frente a esta ofensiva, la clase obrera debe reagruparse independientemente, retomar la tradición de lucha y resistencia que encarnaron los mártires de 1909 y preparar su propia salida a la crisis: la huelga general y el gobierno de los trabajadores.

Años de peregrinar, organizar, movilizar, presentar pruebas y brindar testimonios no sólo contundentes, sino en muchas ocasiones desgarradores, no alcanzaron para los jueces que absolvieron a los acusados por la represión contra el Villazo. Siempre se supo que este juicio sería complicado, ya que confronta al poder económico por la complicidad de Acindar; al poder político, por haber comenzado la represión antes del golpe y de la dictadura, durante el gobierno de Isabel Perón; a la burocracia sindical de la UOM, cómplice de las fuerzas de seguridad en la represión. Las absoluciones tienen un correlato con la actualidad, cuando el gobierno busca profundizar el ataque a la clase trabajadora y a la vez blindar a empresarios, burócratas y políticos represores de obreros que continúan organizándose para enfrentar los ataques y retrocesos de derechos que estamos padeciendo en esta nueva etapa, entregados permanentemente por las actuales dirigencias sindicales. Pero más allá del fallo, reivindicamos que el haber transitado este juicio volvió a poner en agenda los métodos de organización y lucha de la clase trabajadora de los 70. Este vergonzoso fallo lo que va a despertar es aún más la bronca y necesidad de organizarnos desde abajo contra los actuales ataques. En Villa Constitución hubo genocidio. Tenemos memoria, conocemos la verdad, exigimos justicia. LEER MÁS: Causa Villazo: absuelven a todos los represores de los obreros metalúrgicos La represión durante 1975 a los activistas obreros de la gran huelga metalúrgica de 1974. Por Ciro Poreba, 04/11/2025.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ha pasado en pocas horas de la foto del abrazo con Milei, donde abandonó la tijera de la campaña electoral para "cortarle la melena al León" a peinarle la peluca con sus manos. En una conferencia de prensa posterior al encuentro con Milei, mostró su completo apoyo a la reforma laboral y provisional que busca aplicar Milei. "Actualización" y "modernización" laboral La cantinela de Jaldo es bien conocida. De lo que se trata es de "defender el empleo" con una ley que se actualice, se modernice a los cambios tecnológicos para defender el empleo. Pero resulta que la reforma laboral plantea quebrar los derechos laborales actuales para que los sectores industriales paguen una mano de obra más barata y, como a los esclavos, pueda usarlos y tirarlos a bajo costo también. Los agroexportadores detrás de Milei y Jaldo Los sectores agroexportadores del limón y derivados y del azúcar y el bioetanol representan más del 70 % de los ingresos anuales en dólares que tiene la provincia de Tucumán. Estos han apoyado a Milei porque les ofrece un ataque a fondo contra los derechos laborales y el salario de la clase obrera y los trabajadores. El propio Jaldo denunció públicamente que una citrícola financió fuertemente la campaña de la LLA en Tucumán. Sin embargo, estos sectores también apoyaron a Jaldo en estas pasadas elecciones porque el gobernador les ha garantizado el apoyo a esta política antiobrera y la defensa de sus intereses en la región. Jaldo, el opositor sin rumbo Jaldo amontonó a los kirchneristas en su lista. Estos estuvieron imposibilitados de diferenciarse del jaldismo principalmente por carecer de un programa. El "amontonamiento" bajo la batuta de sectores de la derecha peronista "para ganarle a Milei" fue la moneda corriente en casi todo el país. La jugada en Tucumán tuvo su lado B, porque le dio al sector manzurista kirchnerista un diputado (Noguera, exintendente de Tafí Viejo), que de haber ido solo estaba lejos de su alcance. ¿Ganador o derrotado? Las elecciones dejaron dos caras de una misma moneda en Tucumán. La elección más fuerte y con una victoria por amplio margen (51 %) sobre una base de casi el 80 % de votantes del padrón fue opacada por el resultado final: 2 bancas para el PJ y 2 bancas para LLA. Esta victoria sangrada ya está buscando sus heridas entre las intendencias peronistas donde no se ganó por amplio margen. Sucede que Jaldo se expuso por completo yendo a la cabeza con su vice, Manzur y dos actuales diputadas, y quedó desnudo (lo suficiente para tener que revisar cómo preparar su reelección). Enfrentemos la reforma laboral En Tucumán, los salarios promedios no superan los $900.000 frente a un costo de vida que supera ampliamente a los salarios. La cosecha del limón ya ha terminado, dejando a buena parte de unos 50.000 obreros sin trabajo. Las fábricas textiles están despidiendo, cortando días de trabajo. En el Estado también hay achicamiento, despidos, cierres de divisiones, cursos en las escuelas. La organización en los lugares de trabajo para frenar los despidos, exigir el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y un salario igual al costo de la canasta familiar será la base para decirle no a la reforma antiobrera de Milei y Jaldo. LEER MÁS: El tucumano Jaldo le tiró dos sogas a Milei para colarse al “salvavidas” de Trump Por Diego Carrazán, 11/10/2025. Jaldo es Milei. Votemos un programa y candidatos socialistas Declaración política de Política para la Clase Obrera – Tucumán, 18/09/2025.

Luego de meses de lucha y de varios paros, de movilizaciones y de haber alcanzado el status de ´causa nacional´ para miles de trabajadores, los médicos, enfermeras, becarios y administrativos del Hospital Garrahan conquistaron un aumento salarial significativo, que consignaron en un 61 %, aunque de bolsillo rondará el 35 %, porque sólo afectará al básico. Los trabajadores del Garrahan continúan cobrando un bono en negro de $350.000 para el personal no asistencial y $450.000 para el personal asistencial. De esta forma, el salario inicial de un médico que cubre 42 horas semanales de servicio habrá pasado de 1.200.000 pesos en mayo a 1.600.000 pesos en octubre (se pagará retroactivo). El incremento fue informado de forma sorpresiva por las autoridades del hospital, a través de un comunicado. En la víspera, los trabajadores habían ocupado las oficinas de la dirección, reclamando el reintegro de los descuentos efectuados por los días de huelga, que alcanzaron en algunos casos el medio millón de pesos. La situación del hospital se presentaba como terminal, con más de 300 renuncias en los últimos meses y en ascenso. Sólo en octubre renunciaron más de 20 trabajadores. A pesar del esfuerzo del personal, incluso de sus logros médicos, toda la estructura del hospital se encuentra resentida. Con el correr de los próximos meses se verá si estos niveles salariales -y también dependiendo de las actualizaciones subsiguientes- son suficientes para recomponer la planta o contener nuevas renuncias. Por lo pronto, ha sido recibido por los compañeros y compañeras del Garrahan como una consecuencia de su lucha, que alcanzó un enorme respaldo popular. A tal punto, que los legisladores “opositores” entre comillas y pseudoopositores sin comillas plasmaron una declaración de “emergencia pediátrica” que el Congreso aprobó, el Gobierno vetó y el Congreso ratificó, para que finalmente el Gobierno anunciara que no pensaba cumplirla. El incremento otorgado -que se destaca entre las paritarias ínfimas del 1 % mensual que la burocracia sindical viene firmando casi sin excepción- es el resultado de una intensa presión popular. El Gobierno, por medio de un comunicado de la dirección del hospital, se atribuyó el aumento como efecto de una “administración ordenada”. "Se logró con recursos propios y sin afectar la sostenibilidad del hospital”, agrega. En el mismo texto ataca a las medidas de lucha que emprendieron los trabajadores durante este último año y medio. "Este aumento es un reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. Incluso en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política afectando al personal con situaciones extorsivas, ellos siguieron trabajando con compromiso, sosteniendo la atención y garantizando ni más ni menos que la salud de los niños", enfatiza el texto. Tanto la junta interna de ATE Garrahan como la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) -los dos sindicatos que motorizaron la lucha- afirman que “sin admitirlo, el gobierno empieza a aplicar parcialmente la ley votada en el Congreso”. APÿT afirma que “aunque no se formalice de esta manera, la aplicación de la Ley de Emergencia en Pediatría, ya que se aproxima al cálculo que habíamos realizado que se desprendía de la ley promulgada”. Lo cierto es que el gobierno liberticida, por medio de la decisión administrativa 29/2025, publicada el viernes pasado, readecuó las partidas presupuestarias para los hospitales nacionales y salarios del personal, sobre todo en el ámbito pediátrico, de manera que equivalen a menos de un 30 % de lo que exige la Ley de Emergencia Pediátrica. “Este aumento es un paso fundamental, pero ahora hay que llamar a concurso para recomponer los equipos y garantizar la atención”, advirtieron los trabajadores. Además, continúa el reclamo contra los descuentos sobre los salarios de quienes adhirieron a los paros y movilizaciones, los cuales hasta este momento no fueron revertidos, y la exigencia de la anulación de las causas contra ATE y APyT. Las organizaciones gremiales del hospital convocan a un Cabildo Abierto para el próximo jueves 13 y a un festival el 21 de noviembre. La conquista de los trabajadores del Garrahan sirve de apoyo para avanzar por los reclamos pendientes y es la punta de lanza para expandir, en el resto de los hospitales y centros de salud, el reclamo por aumento salarial y por las condiciones laborales. LEER MÁS: Hospital Garrahan: trabajadores ocupan las oficinas de la dirección contra descuentos salariales Por Daniela Magoc, 03/11/2025.

El día 5 de noviembre Martín Gak será llevado a juicio en Berlín, Alemania, por "incitación al odio y por antisemitismo y negación del Holocausto". La pena que puede imponerle el tribunal es el pago de una multa considerablemente costosa. Gak es un filósofo y periodista internacional, nacido en Argentina, que se desempeñó como colaborador de la Deutsche Welle, la televisión alemana. Se encuentra desempleado desde que comenzó a difundir sus posiciones denunciando el genocidio israelí. La judicialización apunta a silenciar y atemorizar a quienes denuncian el genocidio. Se busca amedrentar y desmotivar a cualquier otra persona que alce su voz contra el genocidio que realiza el sionismo en Gaza. Martin supo abrirse paso con denuncias sistemáticas sobre las políticas genocidas del Estado de Israel, así como también cuestionando el accionar ideológico y político del aparato sionista y poniendo en evidencia las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que el sionismo realiza, tanto dentro como fuera de Israel. Recientemente, Gak participó en una emisión especial de “Socialismo o Barbarie” dedicada a Gaza , junto a Jorge Altamira y Marcelo Ramal, donde puso de relieve el acierto de Política Obrera de enmarcar el accionar de Hamas del 7 de octubre de 2023 como un acto de resistencia frente a la opresión sionista y confirmó la existencia de una campaña de desinformación del sionismo y el imperialismo, con denuncias falsas sobre los vejámenes y asesinatos de parte de las milicias palestinas que, sin embargo, tuvieron amplia difusión en los medios de comunicación. Martin Gak ha expresado en sus redes que enfrentará está nueva etapa con "enorme claridad moral". Nos solidarizamos con Martín Gak en esta nueva lucha que librará y con todos los procesados y perseguidos por luchar contra el genocidio del pueblo palestino.

Sudán vive una tragedia humanitaria con hambrunas y genocidio debido a una guerra civil que lleva dos años. En abril de 2019 cayó Omar al-Bashir, tras 30 años de dictadura, debido a una rebelión popular encabezada por mujeres y jóvenes que se movilizaron durante meses. Finalmente, el ejército intervino, destituyó a Bashir e instauró un gobierno cívico-militar. Entre los militares empezaron a coexistir dos facciones: las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) dirigidas por al-Burhan y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), milicia paramilitar comandada por Mohamed Hamdan Dagalo —Hemedti—. Ambos bandos hicieron un autogolpe en octubre de 2021 para destituir a los civiles. Ese quiebre inició la disputa interna dentro del propio bloque militar. Las milicias de Hemedti comenzaron a expandirse, controlando minas de oro, rutas comerciales y regiones enteras de Darfur. Burhan, por su parte, intentó consolidar al ejército como única fuerza legítima, ante la evidencia de que Hemedti estaba construyendo un Estado paralelo. Las negociaciones para integrar a la RSF en el ejército fracasaron y el 15 de abril de 2023 estalló la guerra abierta entre ambos bandos. Desde entonces, en Sudán no existe un gobierno central efectivo. Burhan mantiene una autoridad simbólica desde el puerto de Suakin y zonas del norte, mientras Hemedti gobierna de facto el oeste del país con una estructura paramilitar que actúa como Estado propio. Así, desde 2019, Sudán pasó por al menos tres rupturas claras: la caída de Bashir, el autogolpe de 2021 y la fractura armada de 2023, que selló el fin de cualquier intento de transición democrática. Masacre en El Fasher En las últimas semanas, la ofensiva de las RSF sobre la ciudad de El Fasher —la última ciudad que resistía en la región de Darfur— dejó un paisaje de horror: cadáveres en las calles, hospitales reducidos a ruinas, niños huyendo a pie bajo el fuego cruzado. Testimonios de sobrevivientes hablan de mujeres violadas sistemáticamente, aldeas enteras arrasadas y fosas comunes cavadas a la fuerza por los propios prisioneros. Hay un genocidio en marcha contra las etnias no árabes de Sudán. Así las RSF se apoderaron del último reducto importante que estaba en manos del gobierno. La ciudad había estado sitiada durante un año y medio y todavía no se sabe la suerte de miles de civiles que no lograron escapar. En marzo de 2024, el Programa Mundial de Alimentos declaró a Sudán como el país con la mayor crisis de hambre del mundo. Meses después, se reportaron condiciones de hambruna en cinco zonas de Darfur del Norte y las montañas Nuba, en el estado de Kordofán. Más de catorce millones de personas han sido desplazadas dentro y fuera del país y los servicios sanitarios se encuentran en colapso. Los pocos hospitales que aún funcionan lo hacen sin medicamentos, sin agua, sin electricidad. La mitad de los 51 millones de habitantes de Sudán, incluidos 3,7 millones de niños menores de cinco años, necesitan asistencia humanitaria que no reciben. Los drásticos recortes en la ayuda exterior, incluidas las órdenes de suspensión de actividades de USAID a principios de este año, que alcanzaron hasta el 80 %, han agravado la situación. En Reino Unido también desviaron los fondos previstos para ayuda humanitaria para abultar el presupuesto de armamento, sin miedo a la alevosía. La poca ayuda que llega, por norma, solo es repartida a los jefes de familia-hombres-, por lo que las mujeres que logran escapar solas dependen por entero de los varones. Las organizaciones humanitarias y la ONU estiman que hay unos 140.000 muertos por la guerra, si se cuentan los provocados por sus consecuencias indirectas, como la epidemia de cólera. Trasfondo económico y geopolítico El trasfondo del conflicto es el control de las minas de oro, justo cuando la guerra comercial y bélica provocan devaluaciones e inflación a nivel mundial que revalorizan el metal. Los bancos centrales de varios países están estoqueando sus reservas con oro llevando su precio a máximos históricos. En general, los propietarios de las minas de Sudán tienen su origen en varios de los países que intervienen apoyando a una u otra facción. Por otro lado, Sudán tiene una ubicación estratégica por los 800 kilómetros de costa que tiene sobre el mar Rojo, que comunica con el canal de Suez y por el que circula el 15 % del comercio marítimo mundial. Así, la crisis humanitaria de Sudán es una consecuencia directa de la contienda mundial. Las RSF fueron financiadas desde su origen por Emiratos Árabes Unidos, quienes incluso los llevaron como mercenarios para combatir contra los hutíes en Yemen. Actualmente sigue abasteciéndolas con armas, vehículos blindados y apoyo logístico. Reino Unido -en el pasado, colonizador de Sudán- es cuestionado porque gran parte del armamento de las RSF es de origen británico. El épiteto de “rebeldes”, que la prensa occidental utiliza para llamar a los paramilitares que utilizan la violación sistemática de niñas y mujeres como arma de guerra, es una demostración de que las RSF tienen los favores del imperialismo. Hay una denuncia formal presentada por el gobierno sudanés ante la Corte Internacional de Justicia contra Emiratos Árabes Unidos por su presunto papel en el genocidio. Sin embargo, ambas facciones son acusadas de cometer crímenes de guerra contra la población civil. Del otro lado, el gobierno militar de al-Burhan y las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) son sostenidos por Egipto, Arabia Saudí, Turquía e Irán. Rusia, que en el pasado apoyó a las RSF, ahora viró modestamente en función del acomodamiento del tablero mundial y llegó a un acuerdo con al-Burhan para construir una base naval en Puerto Sudán. Turquía e Irán proporcionaron drones y misiles a las FAS motivados por su interés de acceder al mar Rojo. Irán pretende una base naval para apoyar a los hutíes de Yemen. Las tensiones se extienden por toda la región que aloja a miles de desplazados, que cuentan con facciones y gobiernos que apoyan a uno u otro bando y por donde circulan las armas. Atrás de Emiratos Árabes Unidos está el interés de Estados Unidos e Israel por cortar cualquier influencia de Irán y China en la región. Detrás de cada conflicto está la decadencia del imperialismo y sus manotazos de ahogado para hundirnos con él. LEER MÁS: La guerra mundial en el escenario africano Por El Be, 06/07/2024. África Occidental: otro escenario de la guerra mundial de la OTAN Da un plazo de dos semanas para invadir Níger en nombre de la “democracia”. Por Jorge Altamira, 31/07/2023. Guerra civil en Sudán Por Norberto Malaj, 25/04/2023.

Aunque las cadenas de televisión estadounidenses empezaban a hablar de una competencia ajustada o de un repunte de Andrew Cuomo, finalmente se confirmó un amplio triunfo del candidato demócrata-socialista en las elecciones para la alcaldía de la mayor ciudad de los EE. UU. y centro del capital financiero internacional. Mamdani obtuvo más del 50 % de los votos, pese a la intensa campaña de los multimillonarios y las amenazas de Donald Trump, en una de las elecciones más concurridas en décadas y en la que particularmente se incrementó la votación de la juventud. El matón instalado en la Casa Blanca había llamado a votar a Cuomo -al punto de declarar abiertamente que votar al candidato Republicano Sliwa “es un voto por Mamdani”- contra el candidato de la izquierda demócrata, a quien catalogó como “comunista”. También Elon Musk llamó a votar al ahora “independiente” Andrew Cuomo (exgobernador demócrata del Estado de NY) y a dejar de lado a Curtis Sliwa. Mamdani respondió a estas declaraciones llamando a Cuomo un “títere de Trump y de los multimillonarios”. Trump volvió a amenazar a los neoyorquinos: “Si el comunista Mamdani gana, recortaré TODOS los fondos federales a la Ciudad de Nueva York. No habrá dinero para policía, bomberos, saneamiento, ni nada más. ¡La ciudad se convertirá en un infierno!”. El chantaje de retirar 7.600 millones de dólares a NYC tal vez inclinó a algunos votantes, pero también generó una gran indignación. Si las presiones y amenazas le rindieron al menos transitoriamente en Buenos Aires, sin embargo, ha fracasado en su propia tierra. Trump ha sufrido serias derrotas en las elecciones del martes, no sólo en NYC sino también en los Estados de Virginia y Nueva Jersey, y también en un referéndum en California. En esas elecciones se produjo una caída de los republicanos mayor a la esperada, lo que coincide con la caída de la popularidad de Trump (desaprobado por el 63 % según encuesta de CNN). Según encuestas de la misma cadena, el Partido Demócrata cuenta con peor imagen que el propio Partido Republicano, por lo que los resultados se explican más como un plebiscito contra Trump que como una revitalización del partido imperialista actualmente en la “oposición”. La acusación de “antisemita” volvió a la primera plana. Trump acusó al ahora electo alcalde de “ODIADOR DE JUDÍOS probado y autoproclamado” y llamó “estúpidos” a los judíos que voten por él. Por otra parte, en un acto de la Coalición Republicana Judía (RJC) realizado unos días antes de la elección, el representante Randy Fine volvió a hablar de “deportar a Mamdani”. La campaña de los lobbies sionistas fue brutal. Aunque según diversas fuentes el candidato del ala izquierda demócrata habría sido superado por Cuomo en el electorado judío, las cadenas de televisión admiten que al menos un 30 % de los judíos votó a Mamdani. El referéndum en California también es una expresión de voto anti Trump. Allí se aprobó una modificación de los distritos electorales de forma de favorecer al Partido Demócrata en las elecciones de medio término del año que viene. Es una maniobra que responde a otra anterior realizada en Texas con el mismo fin, pero para favorecer a los republicanos, que obtendrían por este mecanismo cinco bancas más en la cámara de Representantes. La modificación en California implicaría un número idéntico a favor de los demócratas. Por encima de estas trampas electorales, lo que se reflejó en el plebiscito californiano es el enorme repudio que se ha ganado Donald Trump. El triunfo de un musulmán en una ciudad que sufrió el atentado de las Torres Gemelas y en la que habitan cerca de dos millones de judíos no puede ser entendido sino como un rotundo giro de la opinión pública en torno a Israel y su genocidio en Palestina. La masacre del pueblo gazatí también está sacudiendo a la base MAGA del Partido Republicano. El propio líder de la Coalición Judía Republicana afirmó que “Nos encontramos en lo que yo considero las primeras etapas de una guerra civil no declarada dentro del Partido Republicano, en lo que respecta a Israel, el antisemitismo y la comunidad judía” (APNEWS, 2/11). En un reciente evento de la derecha juvenil estadounidense (TPUSA, un movimiento impulsado por Charlie Kirk), un joven trumpista con una gorra de “MAGA” lanzó una pregunta (muy aplaudida) nada menos que al vicepresidente JD Vance respecto al apoyo a Israel pese a que está realizando una “limpieza étnica” (sic). El joven atribuyó esa caracterización al fallecido ultraderechista Kirk, cuyo asesinato en las redes de la derecha muchos atribuyen al gobierno israelí. Vance no se atrevió a polemizar con la atribución de una limpieza étnica contra la población árabe, sabiendo que una defensa de Israel sería extremadamente impopular en esa reunión. En su discurso tras la victoria, Mamdani volvió a hacer énfasis en los ejes de su campaña electoral: congelar alquileres, guarderías gratuitas para todos los niños hasta los cinco años, autobuses gratuitos, llamando a la unión de los trabajadores contra los “oligarcas” multimillonarios y anticipando una gran confrontación con el gobierno de Trump. La gran votación del joven candidato refleja un giro a la izquierda del electorado demócrata e incluso una temprana decepción de una parte de la base electoral trumpista neoyorquina, que según diversos testimonios votó por el proclamado “socialista” pese a las patoteadas de Trump. Mientras se mantiene el “cierre” del gobierno por falta de fondos (ahora ya es el cierre más largo de la historia), con Trump cortando la asistencia alimentaria a los hambrientos y prometiendo más despidos, la elección de Nueva York refleja la agudización de la lucha de clases, donde la tendencia al fascismo de las clases dominantes enfrenta una creciente movilización de los explotados y un crecimiento del activismo que rechaza el capitalismo y se identifica como socialista. La bancarrota capitalista y la guerra imperialista engendrarán una respuesta revolucionaria de los explotados, que los “demócratas socialistas” estadounidenses apenas reflejan de una manera muy deformada, ya que pretenden canalizar la bronca y las luchas hacia la reforma del Partido Demócrata y del régimen político imperialista. LEER MÁS: Derrota aplastante de Trump en Nueva York Las puertas que abre la victoria de Zohran Mamdani. Por Jorge Altamira, 05/11/2025. El martes próximo Nueva York elegirá un alcalde “socialista democrático” La elección de Mamdani pone de relieve la polarización social. Por Rafael Fernández, 31/10/2025. Terremoto político en Nueva York La victoria electoral de un candidato que presenta un programa de reformas populares y llama a “globalizar la intifada”. Por Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay), 27/06/2025. VER EL EPISODIO 41 DE "SOCIALISMO O BARBARIE" Socialismo o Barbarie Ep 41: El gabinete del J.P. Morgan, Bessent y Trump Transmitido por el canal nacional de YouTube de Politica Obrera, el martes 4/11/2025.

Así le fue a LLA en estas últimas elecciones: (en 2023 sumé los votos de LLA y JxC) ¿Y cómo les fue a los peronistas? ¡Atención! Estas caídas se dan sobre un padrón incrementado (en estos dos años la población creció). A pesar de estas pérdidas, LLA se vanagloria en todos los medios de comunicación de haber "vencido". Estos repetirán hasta el cansancio esta falsedad; jamás informarán lo evidente: que todos perdieron. En lugar de exhibir lo ridículo de este sistema "democrático" que les hace acumular más bancas en las cámaras legislativas a estos partidos en declive en lugar de disminuírselos a todos, los medios y las redes se dedicarán con un desbordante entusiasmo a propagar la ilusión de que esta votación es el único y auténtico medio de que dispone el pueblo para organizarse como nación. ¡Mentirosos! No podemos caer en aceptar el formalismo de la democracia capitalista. Si lo acatáramos, deberíamos aceptar que, en una elección de 100 votantes, si se presentan tres, dos votan la propuesta 'A' y uno la propuesta 'B', la 'A' es la ganadora. ¿No deberíamos peguntarnos el porqué de la ausencia de votantes? ¿No deberíamos planificar una acción de desconocimiento del resultado 'A'? Estoy seguro de que un partido que acepta el hecho consumado de 'A' ganadora no protagonizará ninguna revolución. Si en algún momento los de LLA tuvieron la impresión de que la intervención del gobierno de los EE. UU., prestando 40.000 Mu$s, lograría que ahora sí podrían detener la sangría de votos pronosticada por la difusión de los delitos cometidos por el presidente y sus adláteres, ya saben que no fue así; perdieron votos. Lo que estamos presenciando es la simulación más descarada de los irresponsables que nos gobiernan, secundada por la unanimidad de los medios de comunicación burgueses, más el esfuerzo en el mismo sentido de La Izquierda Diario, que también caracteriza el resultado electoral como una victoria de Milei. Tampoco alguien destaca el carácter de «aportes» a la campaña electoral de LLA a las declaraciones y el dinero acercado por el secretario del tesoro de los EE. UU., aportes que pretenderá les sean devueltos por los trabajadores de Argentina. En ese momento se develará el carácter entreguista de la gran prensa y los partidos políticos capitalistas. No debemos extrañarnos por esto último. Hay dos formas distintas de ver si Milei ganó o perdió: contando los votos o contando los escaños legislativos conseguidos. Si se cuentan los votos, la conclusión de los números es inobjetable: todos perdieron. Pero si se cuentan los escaños conseguidos y se admite que «Milei ganó», se convalida ese «sistema democrático» y, por lo tanto, se renuncia a la crítica al mismo que consagra «ganador» al que menos perdió; algo esperable de fuerzas políticas electoreras. Esto, en el momento en que las jaurías periodísticas se lanzarán con furia a legitimar como «legales» las reaccionarias medidas que tomarán contra los trabajadores estos nuevos «legisladores». La presión mediática corriente forma parte de las medidas políticas destinadas a crear el clima de derrota y resignación que necesitan para que la población admita pacientemente su empobrecimiento. «Ustedes los votaron» será el argumento favorito de todos los explotadores y sus voceros. Los K dirán: «hay 2027» para evitar una reacción popular que cuestione en las calles al Estado y sus medidas. Por ello hay que apostar a hacer fracasar estos argumentos reaccionarios, que no dan cuenta del hecho básico de que cada día que pasa los aparatos políticos de los capitalistas convencen a menos población; debemos colocarnos en el terreno opuesto al de los «comentaristas políticos» de la burguesía y al de la «burocracia sindical» en su reaccionaria tarea de desparramar resignación. Balancear correctamente el resultado de las elecciones (perdieron todos) distinguirá con absoluta nitidez las posiciones de Política Obrera del resto de las fuerzas políticas; actuará como un foco brillante en medio de la oscuridad mediática de los propagandistas del desaliento que no se cansan de repetir que "ganó el gobierno". Nunca debemos dejarnos arrastrar por las olas pequeñoburguesas de mentiras y ocultamientos; ¡durarán muy poco! La organización del pueblo transitará por carriles distintos al de las elecciones; al comienzo de este camino estarán -ya lo están- las autoconvocatorias para resistir los inevitables ataques que intentarán los capitalistas, mediante este Estado debilitado contra las reivindicaciones y conquistas de los trabajadores. La maduración de estas organizaciones generará las condiciones para que los trabajadores puedan imponer su dictadura de clase. Política Obrera podrá jugar algún papel si piensa con realismo y llama al pan, pan y al vino, vino. El balance de estas elecciones no es nuestra caída; es la caída de ellos. ¡A levantar ese ánimo! ¡No ganaron! 03/11/2025

Ayer, 4 de noviembre, tuvieron lugar numerosas elecciones en Estados Unidos. La mayor parte de ellas fueron municipales, algunas para gobernadores y hasta referendos acerca del rediseño de las secciones electorales en varios estados. En la totalidad de estos eventos ganó el Partido Demócrata, incluso con exfuncionarios de la CIA como candidatos, por ejemplo, en Virginia, o en otros con candidatas musulmanas. Fue una jornada de derrotas generalizadas para Trump y su pandilla MAGA. La que adquirió, sin embargo, dimensión nacional e internacional fue la que dio el triunfo a Zohran Mamdani, 34 años, miembro de la fracción Socialista Democrática del Partido Demócrata, en Nueva York, la metrópoli del imperialismo mundial. Mamdani no contó con el apoyo del aparato oficial de los demócratas, ni de sus figuras relevantes. Apenas le ofreció un gesto la gobernadora del estado de Nueva York, cuando participó en el acto de cierre, donde fue abucheada. Mamdani movilizó para su campaña a cien mil voluntarios (no rentados) y obtuvo la mayoría absoluta de los votos (50,4 %) en una elección que recogió la mayor participación electoral de los últimos sesenta años. Donald Trump y el capital financiero norteamericano desataron una campaña furiosa y grotesca a la vez contra Mamdani, a quien califican como “un comunista”. Trump anunció, por de pronto, que privaría a NY de fondos federales a partir del 1 de enero, cuando el ganador asumirá como Intendente. En un brulote antisemita, el mismo Trump acusó de “estúpidos” al gran número de judíos que votaron por Mamdani, un musulmán; NY es la urbe que reúne al mayor número de judíos del planeta. El jefe de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, Obama y Kamala Harris, negaron su apoyo. La elección neoyorquina no ha sido, definitivamente, una elección municipal. Sin embargo, la crisis social de “la ciudad que nunca duerme” es ostensible: una crisis de costo de vida, una crisis habitacional, laboral, del transporte y urbana. El compromiso de congelar los alquileres protegidos; la gratuidad del cuidado de la niñez y del transporte urbano; el financiamiento de un plan de viviendas populares; la contratación de diez mil maestros y profesores fue un factor decisivo para ganar el voto de los trabajadores. Mamdani se ha pronunciado también a favor de la sindicalización en las empresas tecnológicas y ha conseguido apoyo de los trabajadores de aplicaciones para organizar sindicatos. Un columnista del insospechable The Wall Street Journal (3/11), para quien Mamdani es “un defensor de causas perdidas”, advierte, sin embargo, que el programa de este resuena en todo Estados Unidos y que se trata de “un regalo” que Trump y los políticos patronales deberían “desempaquetar con cuidado” (como una bomba de reloj). La derecha concuerda, definitivamente, en que Estados Unidos, el centro nervioso del capital financiero, es un polvorín social. El WSJ advierte a Trump que, si quiere convertir a NY en un terreno de combate a las masas, es necesario que adopte parte del programa de los socialistas para esta guerra. Bernie Sanders, el senador que oficia de abuelo de los SDS, ya ha elogiado numerosas medidas “industrialistas’ e “intervencionistas” de Trump. Más allá del programa que lo llevó a la victoria electoral, Mamdami se destacó por llamar a una “Intifada global” y denunció el genocidio en Palestina, algo que otros miembros de la corriente Socialista Democrática y acompañantes evitaron hacer. Pero fue precisamente en NY donde la movilización contra la masacre sionista alcanzó mayor envergadura, al igual que la represión policial contra ella, incluyendo la invasión de los campus universitarios. El apoyo a Mamdani y el voto de ayer expresan un rechazo a la guerra imperialista, precisamente cuando Trump reúne las fuerzas para un ataque contra Venezuela y, desde otro lado, se dispone a reanudar los ensayos nucleares. En una forma, por cierto, confusa y todavía poco desarrollada, la lucha contra la guerra mundial imperialista se convierte en la lucha contra los gobiernos imperialistas de cada país. Es, por otra parte, lo que hace inversamente Trump, en forma consecuente: llevar la guerra imperialista contra los trabajadores, en Estados Unidos, mediante una ofensiva política y militar en las grandes y pequeñas ciudades del país. Mamdani, conscientemente o no, intenta eludir estas condiciones, o sea, la lucha de clases que encierra. Ha anunciado, por ejemplo, que desea conservar a la actual jefa de la Policía neoyorquina, que ejecuta una política de “delito cero” con todos los medios de represión a su alcance. Ha planteado, textualmente, en su discurso de cierre de campaña: “vamos a trabajar con los oficiales de policía para reducir la criminalidad, mientras creamos el Departamento de Seguridad Comunitaria” – una Defensoría diluída para supervisar a ‘la peor del mundo’. Se trata, naturalmente, de una espada de Damocles contra la movilización popular, que es el instrumento insoslayable de lucha contra la ofensiva reaccionaria. Es cierto que “el desarme de la burguesía”, ni qué decir del “armamento del proletariado” no puede ser la consecuencia inmediata de una elección municipal, pero esto no autoriza a lo contrario, a dar un voto de confianza a la fuerza militar de la burguesía y a desarmar la iniciativa combativa de los trabajadores. En la tradición política del movimiento obrero estadounidense, el llamado a los “piquetes obreros armados” contra los piquetes de rompehuelgas y de la policía ha sido una reivindicación política de primera línea, en las grandes luchas de la década del 30 del siglo pasado. Mamdani reivindica con insistencia al intendente ‘reformista’ de esos años, Fiorello H. La Guardia, partidario de la economía política del gasto público, pero deja a un lado las huelgas y piquetes que jalonaron a los nuevos sindicatos industriales de aquella época. Mamdani, poseedor de un discurso carismático y poético (dijo, textualmente, que ahora hay que convertir la poesía de la campaña electoral en la prosa de los hechos) no ha esclarecido cómo se propone gravar a los ricos y desgravar a los pobres, para financiar los planes de vivienda, la gratuidad y la contratación de personal de educación, cuando el Código Fiscal es una jurisdicción del estado provincial y no del municipio, y cuando Trump ha amenazado con cortar los fondos nacionales. Para zafar del impasse recurrirá a negociaciones con la gobernación y en el Congreso, los cuales podarán los gastos por lo menos a la mitad. Una gestión municipal tiene límites insalvables, cuando no hay un proyecto revolucionario nacional. Por esto también Mamdani ha comenzado a ‘conversar’ con la oligarquía del “real estate” (inmobiliarias) para conciliar propósitos acerca de la propiedad urbana. El contenido político de la movilización electoral de masas se confronta con las limitaciones de una estrategia de conciliación de clases. Pero esto mismo es ya un grado más elevado de la lucha de clases en EE. UU. y en los países desarrollados en su conjunto. Bien mirado, bajo la expresión de una rebeldía popular, el planteo de Mamdani y la corriente socialista del Partido Demócrata –un partido patronal e imperialista– es conservador. Mamdani repite con reiteración el propósito de retornar al pasado, cuando el ascenso social y el “american way of life” caracterizaba a la sociedad norteamericana, así como retornar al ‘laborismo’ de antaño del Partido Demócrata. “Nuestro trabajo es, dice, reconstruir un sistema quebrado”. “Cómo sería el cambio sistémico”, se pregunta un vocero de The Nation, de la progresía norteamericana, en un programa radial sin encontrar respuesta. El “eterno retorno” se ha convertido en la línea maestra del socialismo de clase media. La crisis del régimen político de la capital del mundo; el derrumbe del Partido Demócrata en su versión oficial; la crisis del régimen político norteamericano en su conjunto, que se ha manifestado en la jornada electoral de ayer, pero con epicentro en Nueva York, ha dejado las puertas ampliamente abiertas para una experiencia revolucionaria. En este desarrollo, “el eterno retorno” no sería hacia el ascenso fugaz del capitalismo, como en la posguerra, sino a la barbarie. La categoría central de esta fase del capitalismo es la guerra total contra la clase obrera y la humanidad. Con independencia de sus intenciones, los socialistas democráticos no podrán rescatar al partido Demócrata, ni ‘reencauzar’ a las masas en la vieja política. O surge un partido obrero independiente históricamente demorado, en una fase muy avanzada de la decadencia capitalista, o se derrumba el sistema bipartidista para abrir paso a un régimen de excepción, la dictadura y el fascismo. El agotamiento prematuro de los socialistas democráticos (que, de todos modos, vegetan desde tiempos inmemoriales), lo refleja un artículo de la revista Jacobin (“Out of the dark”), que adelanta el pronóstico de que la responsabilidad de un fracaso de Mamdani recaería por completo en la clase obrera y no en los SD. “Si Mamdani ganara, dice el autor, el pueblo va a radicar el sujeto político en él y se quedará observando desde las laterales. Me interrogo acerca de esto cuando veo el pedestal en que lo ponen sus partidarios, como si elevar a alguien más alto no significara, justamente, que caerá desde más arriba”. Las masas deben moderar sus expectativas, porque, dice, “la realización de su agenda depende de los legisladores del estado y de la gobernadora”. La prosa que reemplaza a la poesía es el viejo compromiso con el poder de turno. LEER MÁS: El martes próximo Nueva York elegirá un alcalde “socialista democrático” La elección de Mamdani pone de relieve la polarización social. Por Rafael Fernández, 31/10/2025. Terremoto político en Nueva York La victoria electoral de un candidato que presenta un programa de reformas populares y llama a “globalizar la intifada”. Por Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay), 27/06/2025. VER EL EPISODIO 41 DE "SOCIALISMO O BARBARIE" Socialismo o Barbarie Ep 41: El gabinete del J.P. Morgan, Bessent y Trump Transmitido por el canal nacional de YouTube de Politica Obrera, el martes 4/11/2025.

Lionel Messi acaba de recibir la llave de la ciudad de Miami de manos del alcalde Francis Suárez en el American Business Forum. Es el foro empresarial más importante de la ciudad; contó incluso con la presencia del presidente de Estados Unidos Donald Trump y de la venezolana María Corina Machado, quien se conectó de manera remota, según informo el “Miami New Times”. Mañana habrá de prestar sus servicios Javier Milei. Muchas delegaciones de deportistas han recibido llaves de ciudades o reconocimientos de “ciudadanos ilustres”, pero es la primera vez que lo hace una entidad patronal. Para los empresarios de Miami la contribución de Messi, cuando se integró al Inter Miami, fue enorme. Lo fue en términos económicos, reactivando la presencia del público americano en las canchas, así como el turismo y negocios de todo tipo. La presencia de Messi es funcional a la difusión del próximo campeonato mundial, que tendrá lugar en el triángulo de Estados Unidos, México y Canadá. Messi, al recibir la distinción, señaló de algún modo que, en Miami, había encontrado la “llave de la felicidad”, incluida su familia. Dijo también una verdad a medias al señalar que su permanencia en la práctica del futbol tenía fecha de caducidad y que le gustaría integrarse al mundo de los negocios. “El tema empresarial es algo que me interesa. Me gustaría seguir aprendiendo porque no sé nada y estoy arrancando en esto”. Pero Messi no es un improvisado en el mundo de los negocios; alrededor de la explotación de su imagen ha pasado a ganar más dinero que con el mejor de los contratos laborales. Lo demuestra la interminable cantidad de empresas que dirige o co-dirige prácticamente en más de diez rubros comerciales. En lo inmobiliario y hotelería, cuenta con una cadena de hoteles en Barcelona, Ibiza, Mallorca, Andorra y Cádiz; en alimentación, con una cadena de 70 locales en Argentina, Uruguay y Estados Unidos, congregados en el llamado “Club de la Milanesa”, y en restaurantes en Rosario. Además, lanzó en 2024 su propia bebida energética en EE.UU., la “Más +”, y una cadena de vinos (Messi Collection), con llegada a Europa y EE.UU. En el rubro de la vestimenta, creó The Messi Sport, ropa deportiva casual que cuenta con varias sucursales en Miami; en deportes electrónicos, tiene Kru Sport, en sociedad con el Kun Agüero, con presencia en Buenos Aires, México y España; y lo principal: la explotación de su propia imagen en publicidad de distintas marcas en todo el mundo. Demostrando que no es un improvisado en el negocio empresarial, tiene su propia Fundación, creada por su padre que, además de desarrollar ayudas en distintos lugares del mundo, también ayuda a “acomodar” los impuestos que se llevan algunos Estados de estos enormes beneficios. La figura de Messi además de ser idolatrada por su juego por la mayoría de los hinchas de futbol del mundo, es una figura relevante para los capitalistas. Es la contra cara de los Maradona, de los Mike Tyson, de los cientos de deportistas que han dilapidado sus fortunas en la pérdida del equilibrio entre sus ingresos y su comportamiento social. Por el contrario, Messi es un “triunfador”, un modelo de hombre. En las palabras que hicieron hace muchos años a David Oman Mc Kay -presidente de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días- Messi sería el prototipo de “un arquitecto de su propio destino”. Nosotros no creemos que los hombres sean “arquitectos de su propio destino”. Nos quedamos con la vieja idea de Trotsky que desacreditaba que el individuo es el centro de su propio universo y que el triunfo de los hombres sólo podía ser colectivo. Disfrutamos y disfrutaremos a Messi futbolista, cuyos logros deportivos siempre han sido colectivos. Entendemos esta “distinción” como parte interesada de un grupo de capitalistas. Seguiremos luchando contra los negocios capitalistas, vengan de donde vinieren. Días pasados estuve en el restaurante de Messi que está a metros del Monumento de la Bandera. Hablando con el mozo me dijo que tienen el convenio gastronómico pelado, $ 800.730 mensuales. Así las cosas, el mundo y la pelota siguen rodando.

Hace medio siglo, bajo el gobierno de Isabel Perón, moría en la clandestinidad, oculto en Buenos Aires, el dirigente de Luz y Fuerza de Córdoba, Agustín Tosco. Se ganó un lugar en la historia de la clase obrera argentina como dirigente antiburocrático y por su protagonismo en el Cordobazo, en mayo de 1969. Frecuentemente elogiado desde cierto sector del peronismo, la burocracia sindical de la CGT no realizará ningún tipo de homenaje –como el que le ha rendido, en cambio, al ´leal´ José Ignacio Rucci, un protagonista de la derecha peronista y las tres A, colaborador de la dictadura de Onganía que encarceló a Tosco. En vida de ambos, Rucci y Tosco tuvieron numerosos cruces, algunos transmitidos por televisión. Tosco encabezó junto a Raimundo Ongaro la “CGT de los Argentinos” desde 1968, en oposición a la “CGT Azopardo” (vandorista). La CGT de los Argentinos fue instrumental en el retorno de Perón. Siendo muy joven, Tosco ganó la conducción del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba durante el mandato presidencial de Perón, interrumpido por el golpe de 1955. Fue destituido y encarcelado por la dictadura “Libertadora”. Volvería a las cárceles durante el Onganiato, como represalia por su participación en el Cordobazo. Tosco estuvo ligado al Partido Comunista y siguió la línea de ese partido frente a las cuestiones políticas y sindicales más importantes. El PC tomó la iniciativa en la creación del Encuentro Nacional de los Argentinos (ENA), con la participación de Tosco. El PC utilizó al ENA para integrarse a la tregua del “pacto social” con el gobernador cordobés Bernardo Bas. Tosco se opuso a que el clasismo se estructurara como alternativa política nacional independiente. Así lo dejó en claro en el plenario sindical antiburocrático que tuvo lugar en Villa Constitución en 1974. Rechazó, asimismo, integrar una fórmula presidencial con Armando Jaime (de la CGT Salta) en las elecciones presidenciales de 1973. La razón era evitar la confrontación con la candidatura de Perón. Perón impulsará en 1974, en Córdoba, el Navarrazo -un golpe contra el gobierno provincial, vinculado a la izquierda peronista- comandado por el jefe de la policía local. A diferencia de 1969, no llamó a una huelga general contra el golpe policial, que contaba apenas con un pelotón de tropas adictas. Tampoco lo hicieron Obregón Cano y Atilio López, gobernador y vice de la provincia, que representaban a la izquierda del peronismo. Tampoco lo hicieron Tosco y René Salamanca (del PCR), que declararon su “prescindencia” de lo que consideraron una disputa “interna” entre peronistas. El “Navarrazo" daría pie a un giro en la situación política, cuando Perón intervino la provincia, con un apoyo tácito de la UCR y su líder, Ricardo Balbín. A partir de ese momento cobra fuerza el terrorismo de Estado comandado por Perón. En oportunidad del Villazo -como se conoció a la rebelión de los trabajadores metalúrgicos en Villa Constitución por el reconocimiento del triunfo antiburocrático en marzo de 1974- se pusieron en evidencia nuevamente los límites de la orientación política de Tosco. El cordobés, junto a otras destacadas figuras del PC y de la izquierda peronista, utilizó todo el peso de su autoridad política en el movimiento obrero para bloquear la formación de una coordinadora obrera a nivel nacional, planteada objetivamente para resistir los ataques del gobierno. La principal preocupación de todo el arco de la izquierda subordinada al peronismo, dentro de la cual estaba Tosco, era evitar chocar con Perón. Esa fue la posición sostenida por el Partido Comunista, Peronismo de Base, Alberto Piccinini, Agustín Tosco y René Salamanca, quienes, en el gran plenario convocado por los trabajadores en lucha de Villa Constitución, propusieron limitar el encuentro a la aprobación de una serie de declaraciones. Según sostenían, no estaban dadas “las condiciones para romper (sic) con el gobierno de Perón”, ni para preparar una ruptura que la derecha peronista, sin embargo, organizaba sistemáticamente para proscribir al sindicalismo combativo. Política Obrera sostuvo entonces que Tosco y los otros dirigentes que intervinieron como él, concurrieron al plenario “para imponer con su presencia lo que querían la JP y el PC con sus ausencias: que del plenario no saliera nada, ninguna coordinación entre las fuerzas sindicales asistentes, ningún paso efectivo para estructurar una corriente antiburocrática a escala nacional. Los argumentos dados fueron variados: que no había llegado el momento, que no estaban presentes otras fuerzas, que no había que repetir los ‘errores’ del Congreso de SITRAC-SITRAM (…). Esta última mención es significativa, porque Tosco y su corriente sindical aislaron a la corriente clasista encabezada por esos sindicatos. René Salamanca, sin embargo, encabezaría la conquista del SMATA Córdoba, en 1975, con una lista de esa corriente clasista. Con las derrotas de la clase obrera, Tosco se convirtió en blanco predilecto de las patotas asesinas de la Triple A –bajo el gobierno peronista. En octubre de 1974 fue intervenido el sindicato de Luz y Fuerza y Tosco debió huir y pasar a la clandestinidad. Asediado por la policía y las patotas peronistas, morirá en Buenos Aires, víctima de una infección tratable, a la joven edad de 45 años.

Lo que llamó la atención del reportaje que Milei brindó al Financial Times fue la afirmación de que continuará la política de bandas cambiarias hasta el 2027. En medio de los planteos o reclamos para liberar la cotización del dólar en forma más o menos inmediata, Milei aseguró que el tipo de cambio continuará con una fluctuación acotada por un piso y, principalmente, por un techo. Sólo admitió que esa política de bandas, de acuerdo a lo establecido en su momento con el FMI, se irá flexibilizando al ritmo de un 1 % mensual. Milei se esperanzó también con un “aumento de la demanda de pesos” en el mercado interno. Piensa que podría absorber los pesos que se vayan emitiendo. La demanda de dólares, sin embargo, por parte de quienes esperan una devaluación, no ha cedido en las semanas posteriores a las elecciones. De acuerdo a los medios financieros, la expectativa de un dólar “largamente” planchado no ha sido acompañada siquiera por el mayor de sus mentores, el secretario de finanzas Scott Bessent. El funcionario de Trump está revirtiendo la compra de pesos que realizó durante la campaña electoral, por 2.000 millones de dólares. Ello, porque el stock de letras en pesos del Tesoro argentino, compradas por Bessent, ha caído. Peros los dólares devueltos a Bessent provendrían… del swap de Bessent, la línea de crédito de 20.000 millones prometida semanas atrás. En ese caso, la lucrativa operación que armó el funcionario yanqui -compró pesos argentinos que terminaron valorizándose con la victoria de Milei- terminaría siendo financiada con un mayor endeudamiento con el propio Tesoro yanqui. Bessent se ubica en la legión de los que esperan una devaluación mayor en poco tiempo. Para que no queden dudas, en las últimas horas el reclamo devaluatorio fue formulado, sin pelos en la lengua, por el fondo Pimco, uno de los más importantes que han operado en el mercado argentino. Los directivos de Pimco acaban de reclamar la inmediata flotación del dólar con el peso, desde un ángulo crucial: a la actual cotización, dicen, los activos argentinos están “caros”. “Para nosotros, la posibilidad de invertir con esa sobrevaluación ha llegado a un punto. Punto final” (Clarín, 7/11). ¡Nada menos! Los capitalistas reclaman las dos cosas que Milei rehúye: la libertad completa para la repatriación de capitales -sin “bandas” ni maniobras cambiarias- y una desvalorización de los activos argentinos. Milei y Caputo, en cambio, se aferran al inmovilismo cambiario. Apuestan al sostenimiento del carry trade , a una recuperación de la deuda argentina y una caída del costo del financiamiento externo (riesgo país), con la expectativa de refinanciar los grandes vencimientos de deuda del 2026. Le temen al cimbronazo político y social de una devaluación importante. Reforzando ese rumbo, Milei le reiteró al Financial Times que el swap de Bessent estaba “disponible” para el pago de los próximos compromisos de deuda. Pero otro amigo de la banda, el presidente del J.P. Morgan, sugirió lo contrario en las últimas horas: según él, el famoso swap podría ser “innecesario”. Mientras tanto, las acciones y bonos de la Argentina siguen el camino inverso al que pretenden Milei y Caputo: después de la “burbuja” postelectoral, los especuladores vuelven a salir de los valores argentinos y la curva se vuelve hacia abajo. La presión devaluatoria se acrecienta. LEER MÁS: El presupuesto de Milei marcha hacia el Congreso Por Lucas Giannetti, 05/11/2025. Un nuevo gabinete a los tumbos, pero no improvisado Un partido único en la Rosada. Por Marcelo Ramal, 04/11/2025. VER EN YOUTUBE: "Abajo la reforma laboral - Abajo el Protectorado de Trump y Milei sobre Argentina” | Charla con Jorge Altamira en La Matanza Transmitida en vivo por el canal nacional de YouTube de Política Obrera el 7/11/2025.

El Astillero Rio Santiago se encuentra sacudido por asambleas autoconvocadas por turno y por sección, que vienen reclamando por el salario. Repudian, además, a la conducción de ATE, la lista Blanca de Francisco “Pancho” Benegas, por haber avalado ascensos de categorías a dedo y de manera discrecional por parte de la Gerencia. Esos ascensos a niveles superiores no respetan la antigüedad ni otros criterios sino en favor de la Directiva Gremial y su propio aparato sindical. A esto se suma el reclamo de aumento salarial, que ha sido bloqueado por la burocracia, así como el ingreso de los hijos de los trabajadores a la fábrica, una conquista histórica de los obreros del ARS, que también ha sido manipulado en beneficio del aparato de ATE. Los trabajadores del Astillero vienen reclamando la convocatoria a una Asamblea General que defina un plan de lucha por el salario, por las condiciones de trabajo, y que con los mandatos de las asambleas por sector arranquen al gobierno de Kicillof todas las reivindicaciones. Ante la bronca, la burocracia de ATE intentó hacer reuniones por sector para evitar convocar a la asamblea general. Pero provocó una reacción mayor que, al grito de “que se vayan todos”, se exigió que se pusiera fecha a la Asamblea General. El reclamo de la asamblea general es central para unificar los reclamos, superar las trabas de la burocracia y abrir un rumbo a la lucha planteada. La burocracia de “Pancho” Benegas tuvo que convocar, meses atrás, a la Asamblea General que votó un plan de lucha con movilización a la gobernación por la apertura de la paritaria y un aumento de emergencia de los salarios. Benegas maniobró en la paritaria de abril los reclamos salariales y evitó que las movilizaciones del Astillero Rio Santiago fueran a la Gobernación, desviándolas a los ministerios de Economía y de Trabajo. En ese entonces, había acordado un aumento insuficiente en cantidad de categorías para toda la planta. El desprestigio de la burocracia de ATE crece en el conjunto de los estatales. La Blanca de Benegas es socia de la conducción provincial del “Colo” De Isasi y Arévalo. Han puesto al sindicato a las órdenes de Kicillof para reventar todos los reclamos salariales de los estatales que empiezan a aflorar en distintos ministerios y dependencias, como lo vienen desarrollando los trabajadores de la Legislatura. La pelea de los trabajadores del Astillero se suma a otras luchas qué empiezan a sacudir el escenario de los trabajadores en la región, como la de los metalúrgicos de Acería Berisso y la de los trabajadores de Mantenimiento de Educación. La burocracia sindical se mantiene firmemente alineada con el ajuste, nacional y popular, del gobernador Kicillof.

Este jueves fue liberada la golpista Jeanine Añez, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anulara el miércoles la sentencia de diez años de prisión en su contra y ordenara su inmediata liberación tras considerar que hubo “vulneraciones al ordenamiento legal vigente” que afectaron su derecho al debido proceso. Áñez fue detenida hace casi cinco años, inicialmente acusada de terrorismo, sedición y conspiración. En junio de 2022 recibió la condena de diez años de prisión por lo que se denominó el caso ‘golpe de Estado II’, que la señalaba por asumir de forma ilegal la presidencia tras la renuncia de Evo Morales y otros miembros de la cadena de sucesión en noviembre de 2019. Según la Defensoría del Pueblo, la represión de las movilizaciones provocó la muerte de 36 personas, -conocida como las masacres de Sacaba y Senkata-. Además del proceso principal, la golpista enfrenta otras investigaciones relacionadas con las muertes durante las protestas, por blindar con impunidad a todas las fuerzas represivas implicadas. Añez piensa participar de la asunción del reciente presidente electo Rodrigo Paz -en calidad de expresidente- y fue saludada por Ana Maria Machado, la venezolana que acaba de ganar el premio Nobel de la Paz por su perseverancia a través de los años en reclamar una invasión yanqui para su país. La decisión del TSJ se acomoda al resultado electoral –que además de sacarlo del poder, dejó al MAS sin representación parlamentaria- y, ante todo, es resultado de la presión del imperialismo norteamericano por convertir en protectorados a diversos países de América latina de los que pretende los recursos naturales. En el caso de Bolivia, diversos minerales, en especial el litio. El gobierno de Rodrigo Paz Paz era considerado el candidato de la centroderecha. En el balotaje se enfrentó al ultraderechista Tuto Quiroga, y por eso buena parte de los votos de Paz provinieron de las bases del MAS que pretendían evitar el gobierno de un Milei boliviano. Sin embargo, la presión de Trump lo está perfilando como otro ladero suyo en el continente. Rodrigo Paz, ya anunció que no invitará a su asunción a los mandatarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua, razón por la cual Bolivia fue suspendida del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) tras 20 años de formar parte. Como primera señal de apoyo internacional tangible, este lunes firmó un acuerdo financiero con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por 3.100 millones de dólares. El préstamo se le hace necesario por la falta de divisas y la escasez de combustibles que afecta al país desde hace meses y es, por lo tanto, un intento de estabilizar la economía antes del inicio de su mandato. El 15 % de los fondos serán desembolsados en 30 días. El resto de los recursos se ejecutará durante el periodo 2025-2030. El plan de gobierno de Paz comprende una transferencia de recursos hacia la burguesía del Oriente en un país que vive una crisis económica extrema por la falta de divisas. Se plantea medidas como una reducción de cargas tributarias y adoptar un sistema de banda cambiaria con máximos y mínimos, como Argentina. Otros puntos de su plan son la descentralización del presupuesto –algo que reclamaba la burguesía del Oriente que no quiere repartir su riqueza con el resto del país- y la eliminación de los subsidios a los combustibles que harían llevar el precio al doble y la inflación a las nubes. Para la reforma del estado Paz se plantea la motosierra. Su programa tiene previsto congelar las actividades de las empresas públicas con déficits operativos. Por más que Rodrigo Paz argumente que su negativa a pedir un préstamo con el FMI es para evitar el ajuste, su plan de gobierno lo desmiente. Para paliar la escasez de combustible –que provoca filas que duran horas y hasta días- Paz ya tuvo conversaciones con funcionarios de Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Paraguay para organizar el abastecimiento desde el 8 de noviembre, día en que asumirá el poder. Hay, por lo tanto, una clara sintonía del TSJ con los nuevos vientos para que Añes pueda asistir a la asunción, sin que los movimientos sociales ligados o antes vinculados a Evo Morales hayan hecho ninguna movilización rechazando la liberación de la golpista. Algunas federaciones (Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Pacto de Unidad, CSUTCB y otras) emitieron declaraciones en meses previos expresando rechazo y anunciando estados de alerta o posible movilización por lo que consideraban “privilegios judiciales” hacia Áñez, pero no hay noticias de que se hayan concretado. Evo Morales sigue emperrado en una diatriba personalista denunciando un plan de Milei y Paz para asesinarlo, pero sin hacer un intento por organizar la lucha contra el plan de ajuste que viene a imponer Paz. La desmovilización del indigenismo y de los trabajadores en general es el resultado del fracaso de los nacionales y populares que agotaron los pozos de gas sin diversificar la producción y sumieron a Bolivia en una crisis de escasez, inflación, déficit fiscal y deuda externa de un 80 % del PBI. El curso abierto por las protestas y piquetes que se levantaron contra está situación durante el 2025 quedó frenado a la expectativa del nuevo gobierno, el cual asumió con un programa “gradualista” a lo Macri pero por la presión del imperialismo se vislumbra como un Milei que le conviene “aprovechar” el inmovilismo total y la oportunidad que se le presenta al encontrar a los trabajadores con la guardia baja para atacar de prepo no bien asuma, imponiendo una quita de subsidios que Evo Morales también intento pero no pudo imponer en el pasado. Sin embargo, las presiones del imperialismo lo obligarán a llegar a contradicciones insuperables, como romper con China que es el segundo destino de sus exportaciones. La implosión autoinfligida del MAS tiene que servir a la clase obrera boliviana para encontrar un curso independiente para enfrentar al gobierno de Rodrigo Paz. LEER MÁS: Bolivia: la victoria de Paz Pereira y el realineamiento internacional La disputa imperialista mundial por los recursos en Sudamérica. Por El Be, 20/10/2025. El ciclo político del MAS parió un régimen de derechas Por Joaquín Antúnez, 20/10/2025.

“La Franja de Gaza se encuentra al borde de su mayor división geográfica y política en la historia reciente. Ya no se trata solo de líneas de alto el fuego o nuevos mapas. Esto se ha convertido en una profunda reestructuración de quién controla qué, y quién tiene influencia dentro de la Franja.” La caracterización, de un analista saudí, Salem Alketbi, describe con tono neutral la entrega a Israel de la mitad de territorio gazatí, una brutal partición instituida por el Plan de Paz de Trump y Netanyahu, que contó y cuenta con el respaldo de la Unión Europea y de los países árabes. La llamada “línea amarilla” no es ninguna línea, en realidad abarca ya el 58 % del territorio gazatí, y está bajo el control absoluto del ejercito sionista que, según afirma la BBC, trabaja colocando bloques y corriendo sus límites sin pausa. Los sionistas están instalando cada 200 metros bloques amarillos de hormigón que delimitan la zona bajo control israelí. Según un análisis del Centro de Estudios del Congreso de Estados Unidos, esta línea implica en la práctica el mantenimiento del control militar israelí incluso después de un acuerdo de alto el fuego. Otro de los objetivos del ocupante ha sido convertir en escombros cualquier edificio que aún se mantuviera en pie, de modo de volver inviable el retorno de la población. La limpieza étnica ya logró su cometido en el 58 % de la Franja. La nueva configuración consolida una división en dos zonas. Una quedaría bajo control israelí y la otra seguiría en manos de Hamas. Los medios de comunicación israelíes se ilusionan conque las insoportables condiciones de vida generen un éxodo que vacíe la mitad poblada en poco tiempo. El ejército ha destruido deliberadamente las tierras agrícolas, en la zona más fértil de la Franja, y provocado el desplazamiento forzoso de decenas de miles de palestinos hacia el sur, a terrenos áridos, arenosos y sin agua potable. Israel mantiene las restricciones al ingreso de camiones de ayuda; donde se hacinan los palestinos han entrado solo 28 % de los 600 camiones comprometidos y eso no incluye ni carpas ni maquinaria para remover escombros ni alimentos frescos como carne, frutas o verduras. Israel ha reforzado decenas de puestos militares y matan a cualquiera que se acerque a la línea. Importantes localidades son inaccesibles para la población gazatí como Beit Hanun (norte) o Rafah (sur). La línea amarilla se extiende hasta las fronteras con Israel y rodea por el Norte y el Sur a los palestinos. El ministro de seguridad Ben Gvir esta semana le ordenó al ejército que bloquee también la frontera con Egipto como “zona militar cerrada”, instituyendo una nueva “línea” mortífera, o, como dice él, “una zona en la que el ejército actúa sin ninguna limitación”. “Estamos declarando la guerra. Cualquiera que penetre en el área prohibida será dañado”, advirtió Katz (Haaretz 6/11). Por otra parte, Katz desmintió cualquier acuerdo que permita salir a los 200 milicianos atrapados en los túneles del sur de la Franja -en la zona que controla el ejército-, y anunció que van a matarlos apenas recuperen el cadáver de un rehén que suponen está en la zona. La paz de Trump es un baño de sangre. El saudita Alketbi, que da por sentado que el desarme de Hamas es inviable, dice que el último acuerdo de alto el fuego “es más bien un ensayo para una nueva configuración política en la Franja, práctica y realista” en la Hamas permanezca en un territorio donde no habría ningún tipo de reconstrucción e Israel en el resto. En tanto, Estados Unidos envió un borrador de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la Fuerza de Estabilización Internacional que no es más que una cobertura multinacional de la ocupación israelí. Trump propone dos años de presencia militar extranjera prorrogables y el desarme de Hamas antes de que se permita a los palestinos asumir el control de Gaza. Los puntos 15 y 16 dicen que la fuerza de estabilización ayudará a controlar las fronteras y el ingreso de ayuda humanitaria y será la encargada de entrenar una nueva policía palestina no adscripta a Hamas. Respecto del ejército israelí plantean que “irán entregando progresivamente el territorio” sin establecer plazos ni límites. LEER MÁS: El genocidio en Gaza continúa Por Olga Cristóbal, 31/10/2025. Pretenden convertir a Gaza en una “zona de reconstrucción”, controlada por un Protectorado internacional y el estado sionista El objetivo siguiente es el cambio de régimen en Irán. Por Olga Cristóbal, 24/10/2025.

El triunfo del “socialista democrático” Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York ha abierto interrogantes en todos los medios internacionales acerca de su perspectiva. Los partidos del FIT-U en Argentina han dicho lo suyo sobre este asunto. En su cuenta social de X, Myriam Bregman del PTS se propone leer el triunfo de Mamdani “en clave internacional”, o sea en apoyo al candidato y a su política. Asegura que “lo nombré en decenas de entrevistas durante la campaña” en oposición a una supuesta posición conformista (el peronismo) “que nos dijeron que todo giraba indefectiblemente a la derecha”. Fue el propio PTS, sin embargo, quien calificó el retroceso del FIT-U como una “buena elección” debido al “clima conservador” en que se dio la elección (Bregman incluso habló de “la derechización que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo”). En realidad, Bregman y el PTS apoyan políticamente a Mamdani, un “socialista democrático” que no tiene por objetivo una revolución socialista. Miembro del Partido Demócrata, uno de los dos partidos del imperialismo norteamericano, es una expresión de la colaboración de clases que recorre a la llamada izquierda en numerosos países, como el FIT-U en Argentina. Para Bregman, el triunfo de Mamdani refutaría “que los programas y propuestas políticas 'se discuten después de las elecciones'”, como habría sostenido el peronismo, ya que “las necesidades sociales que sí requieren debatir la construcción de viviendas, la gratuidad del transporte, así como el genocidio en Palestina, todas cosas que Mamdani enunció en su campaña”. Pero esas “necesidades sociales”, “enunciadas” en el campo de una acción electoral, no pueden ser satisfechas fuera de una organización de la lucha de clases, cuando Mamdani nunca ha ido más allá de la acción legislativa. El emparentamiento de Bregman con el candidato del PD es un formidable pronunciamiento a favor del electoralismo, hacia el que marcha sin descanso el PTS. Bregman caracteriza a las elecciones neoyorquinas por el protagonismo político minimalista de Mamdani, y no por la irrupción de las masas, que deberán superar al candidato para conquistar sus objetivos. Pasando en limpio, Bregman asegura que el peronismo podría haber levantado el programa de Mamdani, que ella reivindica. Bregman y el PTS le reclaman al peronismo la ausencia de un Mamdani, como sí lo tiene el PD de EEUU, con una “izquierda democrática” que milita en sus filas. El PTS ha publicado numerosos artículos con esta visión seguidista y apologética del flamante alcalde de Nueva York. Allí aseguran que está garantizado un escenario de choques entre Mamdani y la cúpula del Partido Demócrata, sin aclarar que ese choque ya lo ha iniciado la cúpula desde antes de estas elecciones, al punto que sus dirigentes principales se negaron a llamar a votar al candidato de su propio partido, y que Mamdani ha respondido a este boicot con el nombramiento de un “equipo de transición” (asume en enero próximo) integrado por mujeres identificadas con la dirección del Partido Demócrata. Bregman oculta que los “socialistas democráticos” que precedieron a Mamdani en este ascenso político han sido serviciales al imperialismo desde el primer día de la elección; es el caso de la diputada nacional Alexandria Ocasio-Cortez, y antes de ella del ‘abuelo’ (no inscripto) de esta corriente, Bernie Sanders. El PTS pronostica además un giro a la izquierda de todo el partido Demócrata, quien acaba de consagrar como gobernadora del estado de Virginia a una exCIA. Citando a su organización en Estados Unidos (Left Voice) asegura que nuevas figuras del Partido Demócrata “pueden tener que reorientar su relación con la lucha de clases (sic)” y que “el Partido Demócrata podría verse obligado a cambiar de rumbo (…) orientándose más hacia la clase trabajadora y sus instituciones”, un camino que “corre el riesgo (RIESGO!) de avivar las llamas de la lucha de clases” (LID, 2/11). En otro artículo, el PTS advierte que “dado que los demócratas —incluso su sector más progresista— se niegan a romper profundamente (sic) con el capitalismo y, en cambio, buscan 'reformarlo' (sic), son incapaces de ofrecer otra cosa que no sea un retorno al status quo de dominación y gobierno capitalista sobre la clase trabajadora y los oprimidos” (LID, 5/11). El PTS se cubre las espaldas, prevé una cosa y la contraria, siguiendo un popular dicho del comediante Groucho Marx. La versión de Izquierda Socialista es que Mamdani “no solo representa un cambio generacional sino además un avance de la centroizquierda en la polarizada política estadounidense, desplazando a la vieja guardia demócrata derechizada y con afinidad por los programas neoliberales” (IS, 6/11). Para este partido, “su abrumadora victoria representa un hecho insólito que podría impulsar el avance de propuestas democráticas, de izquierda y socialistas en otras partes del país”. Es por eso que la organización internacional de Izquierda Socialista considera que “sería un gran paso que DSA (Democratic Socialist of America) abandonara el Partido Demócrata para construir un gran partido independiente de izquierda y de la clase trabajadora. El triunfo de Mamdani y el prestigio de su figura sería un gran aporte en esa perspectiva”. Un partido de trabajadores bajo la iniciativa de la pequeña burguesía de un partido imperialista es un claro planteo contra la clase obrera. Lo que une a IS con los DSA es el apoyo a la OTAN en la guerra europea. En definitiva, un partido de la OTAN dentro de la izquierda y el movimiento obrero. El aparato del PO ha elegido la otra vereda. Para este grupo, Mamdani contó con “el apoyo del aparato partidario mayoritario”, como lo demostrarían “los llamados telefónicos del expresidente Obama, que desempeña el rol central en la vida del Partido Demócrata, además del respaldo de la gobernadora del Estado, la demócrata derechista Kathy Hochul, entre muchos otros” (Prensa Obrera, 5/11). Todo esto es falso. Estos ‘gestos’ de apoyo tuvieron lugar al final de la campaña, cuando la victoria de Mamdani se veía inevitable; salieron a cooptar al liderazgo de un movimiento de masas que les es hostil. El aparato del Partido Demócrata se negó a apoyar a Mamdani hasta último momento, e incluso las figuras más importantes no la han hecho nunca, como Hillary Clinton o Chuck Schumer, Jefe del bloque parlamentario. La victoria de Mamdani es el resultado de un movimiento de masas, al que hay que llevar del camino electoral a la acción directa contra los Biden y los Trump del imperialismo norteamericano. Como el aparato del PO es incapaz de desarrollar una polémica que no sea faccional, precisamente de aparato, se coloca en el polo opuesto de sus socios en el Frente de Izquierda Nacional y Popular – como bautizaron al Interbloque que han formado con el kirchnerismo en el Congreso, con esa finalidad. La experiencia política del aparato del PO en el FIT-U se parece, como dos gotas de agua, con el resto. El PO sostiene que “La elección [municipal], en especial durante su tramo final, se 'nacionalizó'”. Es exactamente lo inverso de lo que hizo el PO. Mientras Mamdani usó su campaña municipal para atacar a Trump, Gabriel Solano hizo lo contrario en las recientes elecciones en Argentina – advirtió a los electores que la elección era solamente legislativa, no nacional, con la intención de atraer votos peronistas que se sentían condicionados por “una polarización nacional”. Este oportunismo electoral es suficiente para decir que Zohran Mamdani está a la izquierda de los Solano y los Pitrola. LEER MÁS: Derrota aplastante de Trump en Nueva York Las puertas que abre la victoria de Zohran Mamdani. Por Jorge Altamira, 05/11/2025. Derrota política de Donald Trump (y Netanyahu) Zohran Mamdani se come la Gran Manzana. Por Rafael Fernández, 05/11/2025. El martes próximo Nueva York elegirá un alcalde “socialista democrático” La elección de Mamdani pone de relieve la polarización social. Por Rafael Fernández, 31/10/2025.

El empeoramiento de la situación sobre el terreno para las fuerzas de Kiev es inocultable. Para estas horas se espera la caída definitiva de la ciudad de Pokrovsk que, aunque se anticipaba desde hace tiempo, es un golpe significativo. “Rusia controla completamente al menos el 60 % de Pokrovsk, mientras que el resto está en disputa” (The Economist) una fuente de inteligencia ucraniana dice que el equilibrio depende menos de la geografía horizontal que del dominio vertical. “Hay que entender quién controla los edificios altos”, afirma. Lo que sucede a nivel de suelo no es tan relevante. Ucrania está luchando para recuperar alturas clave para desbloquear a las unidades rodeadas por el enemigo. La ciudad que tenía unos 60 mil habitantes antes de la guerra es pequeña, pero resulta esencial ya que constituye una puerta de entrada a la región de Donetsk. Putin la ha “codiciado durante mucho tiempo” apunta el New York Times. Comprende un importante nudo ferroviario que ha sido absorbido gradualmente por las tropas rusas, y sería la ciudad más grande en caer desde Bakhmut en mayo de 2023: “Se la considera el último gran obstáculo que impide que las tropas rusas se acerquen a Sloviansk y Kramatorsk, las únicas ciudades grandes que aún están bajo control ucraniano en Donetsk” (ídem). La situación no es mejor en Myrhnohrad, una ciudad satélite al este, donde las fuerzas ucranianas corren el riesgo de ser cercadas. El éxito ruso se basa en la superioridad de soldados, pero no menos crucial es el hecho de que tomó la delantera en la lucha con drones. La recientemente creada y temida Unidad Rubikón domina los cielos en esta parte del frente. Se trata de una organización experimental híbrida y de élite del ejército especializada en el uso de drones no tripulados que reportan directamente al ministro de Defensa ruso. La guerra ha evolucionado hasta convertirse en un conflicto dominado por aeronaves no tripuladas. Las estimaciones señalan que los drones ahora causan hasta el 80 por ciento de las bajas en el campo de batalla. La presencia de estos artefactos es tan densa que los soldados y civiles quedan afectados por la sensación de ser cazados desde arriba en cualquier momento, un fenómeno para el que los psicólogos acuñaron un nuevo término: “dronofobia”. Rusia parece que está logrando uno de sus objetivos principales, el debilitamiento continuo del enemigo hasta el punto en que ya no pueda ofrecer una resistencia organizada. Esto a cambio de un alto costo en vidas. Según todos los datos duplica en muertos al bando de Kiev. El ejército ruso supera con margen al ucraniano en proporción de 3 a 1, y en algunas zonas críticamente importantes hasta 6 a 1. Ucrania no se puede dar el lujo de un intercambio de golpes, en otras palabras, se vuelve insostenible en el mediano plazo. Es lo que ocurre en Pokrovsk actualmente. Por eso Zelensky ha insistido con la necesidad de un suministro mayor de armamento pesado y misiles de largo alcance, insistencia que, aunque no llegó al enfrentamiento de febrero en la Oficina Oval, según se informa, degeneró en una "discusión acalorada" con Trump. Para curarse en salud Putín respondió que de suministrarles misiles de largo alcance a Ucrania la respuesta de Moscú sería muy grave, la palabra fue “abrumadora”. Hay que recordar que Rusia modificó su doctrina militar nuclear en noviembre del año pasado mediante un decreto presidencial. El cambio amplía los escenarios en los que se justificaría el uso de armas nucleares, bajando el umbral de respuesta nuclear en contextos de amenaza convencional “crítica para la soberanía e integridad territorial”. Hace diez días el Kremlin anunció que tiene un arma imposible de detener, el Burevesnik, un misil de crucero, de “alcance ilimitado”. Según el ministerio de defensa ruso, cuenta con propulsión nuclear en lugar de un motor de cohete convencional, y habría estado 15 horas merodeando por los cielos. Forma parte de la escalada armamentística en la que nos encontramos. Han desarrollado un nuevo sistema y ahora “tenemos que idear algo para derribarlo”, dicen desde la OTAN. Se trata de una espiral. Un caso de manual del llamado “dilema de seguridad”, el cual describe cómo las acciones que un Estado emprende para reforzar su seguridad —como la acumulación de armamento, el despliegue de fuerzas militares en alerta y la formación de nuevas alianzas— tienden a debilitar la seguridad de otros Estados y a provocar respuestas similares. Las sanciones contra Rusia por parte de Trump son políticamente relevantes, más allá de sus implicancias económicas. Echan por tierra las teorías que sostenían que EE.UU. y Rusia tenían un pacto. Josep Borrell, el funcionario español de los gobiernos del PSOE y de la UE, es quien más insiste en que Trump y Putin llegaron a un acuerdo confidencial en Alaska, donde Trump asumió la responsabilidad de hacer que ese acuerdo sea aceptado o impuesto (sic), a Zelensky. Este designio no se habría consumado inmediatamente después de la cumbre, cuando Zelensky concurrió a la Casa Blanca porque este se encontraba rodeado por todos los mandatarios europeos que fueron allí en una suerte de guardia pretoriana. La prueba de la existencia de este pacto sería que más tarde Trump emplazó a Zelensky a terminar la guerra y ceder territorios, de lo contrario se quedaba sin país. Putin mientras tanto declaró que no se doblegará ante las nuevas sanciones estadounidenses, pero admitió que “se esperan algunas pérdidas”. Las sanciones, las primeras en el segundo mandato del presidente Donald Trump, podrían afectar sensiblemente el presupuesto de guerra de Rusia al imponer un embargo total contra los gigantes energéticos rusos Rosneft y Lukoil. La Casa Blanca también podría imponer sanciones a terceros países que compren petróleo ruso de cualquier fuente. Viktor Orbán, el derechista primer ministro de Hungría, visitará la Casa Blanca el viernes, buscando mediar y encaminar una nueva cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, luego de que se descarrilara la que se estaba preparando en Budapest, precisamente la capital húngara. “A menudo llamado el caballo de Troya de Putin en la UE por sus críticos, Orbán ha estado cultivando lazos con Trump desde su primera presidencia mientras construía una red internacional de extrema derecha desde Sudamérica hasta Europa” (The Guardián 7/11). Hungría depende completamente del crudo y el gas ruso; la mediación de Orbán tiene por tanto motivaciones terrenales: busca obtener una exención de las sanciones estadounidenses para que las compras de gas y petróleo rusos dejen afuera a Hungría. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, declaró al The Guardian que la idea de que Hungría cortara sus lazos energéticos con Rusia era un “mundo de ensueño”. Trump por su parte tiene un vínculo especial con varios gobiernos de Europa oriental, no sólo Hungría, también Polonia, que va a desempeñar un papel fundamental en la próxima etapa como “amortiguador” de la influencia rusa. Polonia se está armando hasta los dientes por un motivo sencillo: ubicada en la llanura sin montañas ni mares que la protegen de enemigos del este o del oeste, estuvo a merced de sus vecinos más poderosos durante siglos. Sus fronteras se han desplazado, desaparecido y reaparecido durante toda su convulsiva historia, pero lo que los analistas denominan “vulnerabilidad estratégica” se ha mantenido intacta. El destino de Polonia ha estado marcado por su geografía. Washington la apoya firmemente buscando consolidar la influencia estadounidense en Europa Central y Oriental, al tiempo que socava el dominio francoalemán en la política de la UE. Soldados estadounidenses están permanentemente estacionados en el territorio; el ejército polaco está integrado en armamento estadounidense; la cooperación en inteligencia y ciberseguridad es más estrecha que nunca. La modernización de la defensa polaca es, en esencia, un programa diseñado por Estados Unidos. El derrumbe del ejército ucraniano traslada el teatro de operaciones, y amplía el campo de la guerra. LEER MÁS: Trump amenaza a Rusia y Europa se prepara para la guerra abierta Por Camilo Márquez, 11/10/2025. La guerra de la OTAN y Rusia se ensancha Por Camilo Márquez, 29/09/2025.

La nueva conducción colegiada de la CGT -integrada por representantes de los sindicatos del Vidrio y el Seguro, más un ladero de Hugo Moyano- ha sido calificada por muchos observadores como ´dialoguista´. Teniendo en cuenta la intensa colaboración con el gobierno desarrollada por la CGT hasta ahora, y más aún con la excusa de los resultados electorales del domingo 26, la misión del nuevo triunvirato será redactar y negociar la letra chica de la reforma laboral. Luego de los ataques del ministro ´desregulador´ Federico Sturzzeneger contra el ´peaje sindical´, como califica a los ´aportes solidarios´ que reciben los sindicatos a cuenta de los no afiliados de cada gremio, la CGT ingresará a la discusión desde una posición de defensa de sus prebendas. Esta ha sido su preocupación fundamental desde el ascenso liberticida al gobierno. El gobierno, en cambio, tiene la mira puesta en el desmantelamiento de la protección laboral en los lugares de trabajo. Bajo la batuta de Paolo Rocca, de Techint, el propósito es llevar la tercerización de tareas a sus últimos extremos y quebrar la unidad de clase en la industria y el comercio. Como lo han advertido las declaraciones de José Mayans, el jefe de la bancada K en el Senado, el peronismo ha decidido bancar políticamente la ‘reforma laboral’. La predisposición de la CGT a ‘acompañar’ la reforma laboral está descontada. El peronismo en todas sus expresiones le ha dado su bendición, de CFK a los gobernadores Osvaldo Jaldo y Axel Kicillof. El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, del sindicato del Cuero, en un seminario peronista convocó a “dar una discusión con sustento” y plasmar una reforma laboral “basada en lo que rige en el mundo real, no con lo que inventa la extrema derecha” (Infogremiales, 5/11). La perfidia del planteo es insuperable, porque la “derecha" fundamenta esa ‘reforma’ en ‘lo que rige el mundo real’. La burocracia ofrecerá el manto de la legalidad a todos los atropellos patronales que ha dejado correr en los últimos años (monotributismo, trabajo por agencia, bonificaciones 'no remunerativas' ni contributivas, destrucción de la jornada de ocho horas, dictadura de las ART, paritarias a la baja, trabajo no registrado, etc). Los nuevos 'triunviros' serán el mascarón de proa de los viejos faraones cegetistas. “Detrás de la nueva conducción va a estar la ´mesa chica´ de la CGT para ‘aconsejar’ y ‘ayudar’. La realidad es que la mesa chica es más que eso. Es el poder real de la central; se parece a un consejo de viejos sabios que toman las decisiones más relevantes. (…) En la actualidad (…) integran ese club selecto de poder Héctor Daer, de Sanidad; Armando Cavalieri, de Comercio; el estatal Andrés Rodríguez; José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias; y Hugo Moyano. (…) La nueva conducción, con ese consejo detrás, es la que deberá buscar atenuar la profundidad de la reforma laboral con la que quiere avanzar Javier Milei. (…) En la central sostienen que los cambios que quieren los empresarios son menos radicales que los que busca el Gobierno” (Clarín, 6/11). La elección -un montaje ultra regimentado del aparato burocrático- no estuvo exenta de una crisis de aparatos. Los delegados de Luis Barrionuevo (Gastronómicos) se retiraron, luego de que no se aceptara su postura de elegir un solo secretario general. Lo acompañaban Omar Maturano (La Fraternidad) y Roberto Fernández (UTA). El Gobierno cuenta con la burocracia de la UTA para carnerar la resistencia de las bases a los atropellos oficiales y patronales. Políticamente, la mayoría de la CGT 'reformadora' parece abroquelada detrás de la candidatura de Axel Kicillof. Un viejo aliado de Sergio Massa, José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), lo expresó con una vieja fórmula: “Ni kukas ni comunistas, peronistas”. El legado de José Ignacio Rucci está más vivo que nunca. Kicillof y los jefes de la CGT coincidieron recientemente en su homenaje . Lo singular del caso es que la consigna la pilotea el ‘marxista’ y ‘soviético’ Kicillof , un “compañero” para Myriam Bregman. El ‘retorno’ del peronismo a sus ‘fuentes’ de derecha, lo encabeza su ‘izquierda’. Por su parte, la deshilachada “Corriente Federal”, asociada a los K, quedó raleada de la conducción cegetista. Aunque tendrá representación en el Consejo Directivo, no lo integrarán sus popes. Sin embargo, Sergio Palazzo (Bancarios), en principio, tiene reservado un rol relevante en la discusión de la reforma laboral como ´articulador´ desde su banca en el Congreso. Plantea, a sabiendas que nadie lo toma en serio, que la jornada laboral se reduzca a seis horas. En el caso de la UOM, Abel Furlán -otro ‘federal’ que viene arrastrando los pies en una paritaria eterna de la rama siderúrgica- ha jugado un rol fundamental en el desmantelamiento del conflicto sindical más importante y desafiante de los últimos años –la rebelión de los trabajadores tercerizados de Ternium-. El Congreso de la CGT que ha votado a esta nueva directiva no debatió nada en el recinto, pero la línea política está decidida: ‘acompañar’ a Milei y Caputo (y a Bessent y Trump) con un “pacto social” que sustente el “ajuste" criminal contra la clase obrera.

Israel, ejecutor del mayor infanticidio de la edad moderna y, simultáneamente, del primer genocidio transmitido en acto urbi et orbi, discute ahora bajo qué paraguas legal puede torturar, violar o matar a los prisioneros palestinos. Lo que otros regímenes tratan de mantener en las sombras, los sionistas lo exhiben obscenamente. El lunes pasado, Poder Judío, el partido fascista del fascista ministro de Seguridad Itamar Ben-Gvir, envió por segunda vez al Parlamento un proyecto de ley que autorizaría a ejecutar a los presos. Gvir insistió en que “todo el mundo está de acuerdo en que la pena de muerte para los terroristas puede servir como elemento disuasorio” (Haaretz 4/11). El proyecto cuenta con el apoyo de Benjamin Netanhayu. Los requisitos para aplicar la pena de muerte son tan ambiguos que podría abarcar a los 11100 presos, un tercio de los cuales -entre ellos 400 niños- se pudren sin juicio ni condena conocida en las mazmorras sionistas: “Se impondrá la pena de muerte a cualquier persona que, de forma intencionada o por indiferencia, cause la muerte de un ciudadano israelí por motivos racistas, odio o intención de dañar al Estado de Israel”. Por in di fe ren cia. Hamas exigió a las Naciones Unidas y a las instituciones de derechos humanos una acción urgente para detener el proyecto. Solicitó también la creación de comisiones internacionales con el fin de acceder a los centros de detención, conocer la situación de los presos palestinos y revelar las atrocidades cometidas en ellos. Héroes nacionales, los torturadores La defensa de las torturas y los asesinatos a los presos es una política de Estado: la abogada principal del ejército israelí, Yifat Tomer-Yerushalmi fue encarcelada la semana pasada como represalia por filtrar un video que muestra la violación sucesiva de un prisionero palestino por un grupo de soldados en la prisión de Sde Teiman. El palestino ingresó en un hospital público “con perforación rectal grave, perforación de pulmón e intestino, fracturas costillas, y heridas oculares”, según el parte médico. La exfuncionaria renunció poco antes de ser apresada, tras reconocer que había autorizado la filtración del video “para demostrar que la policía militar actuaba contra las torturas” El exfiscal jefe castrense Matan Solomosh, también fue arrestado. Netanhayu la ha acusado de causar “el mayor daño a la imagen” del Estado y su ejército desde 1948. No es la primera vez que el gobierno y la derecha israelí defiende públicamente a los torturadores y el uso de la tortura. En julio de 2024, después de que la policía militar fuera a Sde Teiman a interrogar a 11 reservistas, manifestantes de extrema derecha -incluyendo por lo menos tres legisladores de la coalición de gobierno- ingresaron por la fuerza a la prisión a manifestarles su apoyo. Esta semana, los soldados involucrados en la violación, encapuchados, dieron una conferencia de prensa, se nombraron “luchadores por la patria”, gracias a los cuales seguían con vida quienes los estaban escuchando. Y reclamaron “el apoyo del gobierno y del sistema”. En Israel, todos los palestinos son enviados a prisiones militares y sometidos a las leyes castrenses. 3.544 están en situación de detención administrativa (no se les formuló acusación y por lo tanto no tienen ninguna instancia donde defenderse ni como averiguar el tiempo de encarcelamiento). Unos 400 son menores de edad a partir de los 6 años. Las ONG de DDHH israelíes han denunciado que son sometidos a torturas, privación de agua y comida, y negligencia médica. En los últimos dos años 81 murieron en prisión. Israel muchas veces también retiene por años los cadáveres como forma de torturar a su familia. En marzo de 2023, el Parlamento ya había aprobado en primera lectura un proyecto de ley que permitía la pena de muerte a palestinos “condenados por matar israelíes”, presentado por Ben-Gvir y apoyado por Netanyahu. En octubre de ese mismo año Hamas y otras organizaciones de la resistencia palestina cruzaron la “frontera israelí” con el fin, dijeron, de capturar rehenes para recuperar a palestinos presos. Desde entonces, el colono Ben-Gvir ha empeorado al extremo las condiciones carcelarias, restringiendo las visitas familiares, recortando la comida y limitando la movilidad y el acceso a las duchas. Médicos israelíes han declarado en Naciones Unidas que atendieron presos que estaban con pañales y vendados y esposados permanentemente de manos y pies a la cama. No los dejaban levantarse ni para ir al baño. Por ejemplo, en la cárcel militar de Sde Teiman (EP 10/7/24) a la que un soldado que prestó servicio allí se refirió como un “campo de tortura sádico”. Meses antes, Haaretz había publicado la carta de otro médico que decía: “Justo esta semana, a dos prisioneros les amputaron las piernas debido a lesiones de las ataduras, lo que, por desgracia, es algo que ocurre de manera rutinaria”. La liberación reciente de los presos palestinos, muchos capturados en redadas al voleo, mostró a personas destruidas, famélicas, golpeadas, sometidas a tortura psicológica (por ejemplo, les anunciaron la muerte de sus hijos y era falso). Algunos tenían dificultades para caminar y debían ser sostenidos o llevados en brazos. Dos niños liberados habían perdido la razón. Los días previos a la liberación redoblaron las torturas: "Nos esposaron y nos golpearon brutalmente. Nos dejaron bajo el sol durante 12 horas. De vez en cuando, los carceleros venían a humillarnos e insultar a nuestras madres. Nos impedían comer, beber e incluso ir al baño...", contó en Ramala un liberado a la BBC, que recogió numerosos testimonios de palestinos que afirmaron ser torturados con descargas eléctricas, quemaduras o abusos sexuales. Como símbolo de la mayor bajeza, en agosto de este año, Gvir se filmó maltratando a Marwan Bargouthi, el más destacado dirigente palestino que lleva dos décadas preso. Israel ha rechazado sistemáticamente incluirlo en los canjes de prisioneros. Una campaña internacional impulsada por su esposa afirma que Israel tiene planeado eliminarlo. El estado de los rehenes palestinos, tan distinto del de los rehenes israelíes, causó una conmoción internacional. El sitio web de noticias Kikar HaShabbat publicó lo que describió como una «documentación a gran escala» del interior de la prisión de Ketziot, el mayor centro de detención de Israel, en la que se muestra a presos palestinos sometidos a tratos humillantes y a duros procedimientos de inspección. Vídeos que circulan en las redes sociales muestran a soldados maltratando a presos dentro de la prisión de Ketziot, en el desierto del Negev. El fotógrafo israelí Haim Goldberg entró a Ketziot en febrero de 2025. Las imágenes muestran a los presos hacinados, atados o sentados en el suelo unos sobre otros. Según numerosos informes verificados, muchos de los detenidos en Sde Teiman fueron sometidos a violencia sexual, desde desnudos forzados y humillaciones hasta violaciones; esposas constantes que provocaron lesiones y, en algunos casos, la amputación de extremidades; y palizas con porras, barras de metal y culatas de armas y botas, a veces hasta que los detenidos perdían el conocimiento. Se denunciaron prácticas similares en casi todas las prisiones y centros de detención israelíes donde se recluyó a palestinos tras los atentados del 7 de octubre. (The Conversation 21/10/25) El 23 de octubre, Ben-Gvir, volvió a jactarse públicamente de privar a los reclusos palestinos de sus derechos básicos en las prisiones israelíes. Ahora envió una ley para exterminarlos.

Del 28 al 30 de octubre se realizaron las elecciones de delegados del sindicato del Subte, AGTSyP. A lo largo de esos tres días se instalaron 35 mesas de votación para elegir a 86 delegados. Cada mesa definió delegados por sector en todas las líneas. En 30 mesas hubo lista única, algunas de las cuales se construyen por una elección de tachas previa donde sólo votan los afiliados al sindicato. En las elecciones de delegados votan todos los trabajadores, no importa filiación. La participación fue por encima del 50 % del padrón total, conformado por unos 3.600 trabajadores. Se trata de una participación importante teniendo en cuenta el predominio de listas únicas. La dirección del sindicato se hizo en estas elecciones de 67 delegados. Paritarios en número de delegados, entre las fracciones de Pianelli y Segovia suman el 78 % de los delegados, aunque Pianelli concentra la influencia en los delegados de tráficos, determinantes en la vida del sindicato, en una proporción de 5 a 1. Una dirección anclada, por un lado, en el armado político de Kicillof y, por el otro, en la corriente sindical de Moyano, la CATT. Otro dato significativo es el retroceso de la oposición multicolor, una lista dirigida desde su nacimiento por los partidos que en la actualidad componen al FIT-U, en cantidad de delegados y sobre todo en influencia. Hace apenas tres años, había reunido el 41 % de los votos en la elección de Comisión Directiva. El Partido Obrero y el MST han desaparecido del cuerpo de delegados, mientras que el PTS ha retrocedido fuertemente en términos de organización e influencia. Ha desaparecido de Tráfico de la línea B, donde tenía su mayor trabajo. Allí se impuso la lista de Pianelli contra la Naranja, integrada por exactivistas del PO, mientras que el PTS se abstuvo (llamó a votar en blanco) – no llamó a votar por estos compañeros-. Por otra parte, los trabajadores del taller Rancagua -un puntal en la lucha contra el asbesto- han renovado su representación con una nueva camada de delegados combativos. Asimismo, el autor de esta nota ha renovado su mandato como delegado del taller San José. Cuestiones apremiantes El nuevo cuerpo de delegados deberá atender cuestiones apremiantes. El salario de los trabajadores del subte viene retrocediendo al ritmo de la inflación, sin haberse recuperado de la devaluación de diciembre de 2023, que marcó el inicio del mandato liberticida. Esto ha dejado el básico de la categoría más baja por debajo de la línea de pobreza. Y el básico del conductor hoy es el 80 % del valor de la canasta familiar. Los ítems que tiran el salario hacia arriba como la antigüedad o los viáticos, han sido golpeados por el ítem presentismo, que por la vía del servicio médico o los descuentos compulsivos golpean el bolsillo de los trabajadores. La actual conducción de AGTSyP, durante décadas, ha postergado una lucha en regla por el reconocimiento del sindicato. Hoy las paritarias son monopolio de la UTA, teniendo al legítimo representante de los trabajadores del subte como convidados de piedra. Este golpe salarial constante refuerza las presiones por las recategorizaciones. La empresa lo aprovecha para meter nuevas categorías flexibilizadoras y polifuncionales al convenio colectivo. A su vez, refuerza la presión por las horas extras que terminan atacando la jornada de 6 horas, una conquista histórica en el camino del reconocimiento de la insalubridad. Una “modernización” del convenio colectivo se está operando a tal punto que la empresa se ha animado a proponer y modificar, por ahora en un solo taller de superficie, la jornada de 6 horas a cambio de un franco más. El mayor golpe al bolsillo de los trabajadores es la jubilación. El reclamo de jubilarse a los 55 años por insalubridad con 82 % móvil ha quedado alejado por la inacción sindical y el ataque gubernamental. Hoy los compañeros que lucharon por la reducción de la jornada se jubilan más cercano a los 70 años. Con la mitad de su salario, que se ha desenganchado del trabajador activo. El resultado es que el 90 % de los jubilados del Subte se encuentran entre la línea de pobreza y la indigencia. Esta situación facilita los retiros voluntarios que achican la planta permanente del subte. Desde la Pandemia hasta la actualidad se han perdido casi 700 puestos de trabajo. Hay sectores donde el faltante de personal es abrumador. En el sector de limpieza la empresa se ha dado la política de meter desodorante de ambiente para que disimule la mugre y el mal olor. Los ingresos de nuevos trabajadores son pocos, menos de 100 en el mismo periodo de tiempo. Y la empresa ha aprovechado para meter pequeñas empresas tercerizadas, sobre todo en las tareas de infraestructura. Al final de todo, la salud. El gran tema en el Subte. Por un lado, están los factores insalubres no reconocidos. Con el agregado de asbesto, un cancerígeno prohibido, donde se han trazado acciones para disminuir la contaminación, pero que al día de hoy se han llevado 6 vidas y ha dejado más de 120 trabajadores afectados. Y por último los factores de estrés que termina con el personal reubicado en otros sectores. El subte es una bomba de tiempo social. Una nueva generación de trabajadores del subte tiene el desafío de superar el impasse actual del sindicato. Volver a la asamblea, la recorrida, el cuerpo de delegados autoconvocado y la unidad de los trabajadores que tanto le ha jodido a la burocracia sindical son las herramientas fundamentales, sobre la base de estas reivindicaciones perentorias.

Un profesor del Colegio Bertrand Russell (una escuela privada de la localidad bonaerense de Banfield) ha sido suspendido provisoriamente por “adoctrinamiento político partidario” (Infobae 3/11). La acusación se basa en un audio grabado por los estudiantes donde el docente se dirige a ellos diciendo: “Permanentemente la idiotez, no tomar contacto con nada que tenga que ver con la realidad, y viviendo en una burbuja, indiferencia frente al sufrimiento social, que es extremo.” El contexto de la grabación fue la reacción que suscitó en el docente el hecho de que los alumnos hayan pegado una foto de José Luis Espert en una computadora. Más allá del modo de dirigirse a los alumnos por parte del docente, el caso revela cómo el gobierno liberticida pretende intervenir en el ámbito escolar, convirtiendo un hecho puntual de convivencia escolar (que puede resolverse en la propia institución escolar) en una intervención política aleccionadora del Estado sobre el conjunto de la docencia. Un comunicado oficial del Ministerio de “Capital” Humano, que dirige Sandra Pettovello, expresa: “Ante las denuncias difundidas en medios y redes sociales sobre un grave hecho de adoctrinamiento político partidario (…) se ha dado urgente intervención a las autoridades de la provincia y del establecimiento a fin de erradicar tales prácticas”. “El Ministerio (…) ya había actuado en hechos de características similares.” “En ambos casos las acciones se basan en lo dispuesto por la Ley de Educación Nacional 26.206 (y) la Ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”. En 2024, Milei modificó por decreto la ley 26.061, agregando el siguiente párrafo: “La imposición de una manera de pensar y/o actuar político-partidaria (...) vulnera el derecho a la educación.” Se trata de un agregado capcioso, ya que en las escuelas no está permitida la actividad política proselitista, aún antes del decreto liberticida. ¿Qué significa, entonces, una “manera de pensar y actuar político-partidaria”? En la medida que, en el terreno social, toda idea se expresa desde la perspectiva de un sujeto social, toda idea es “político-partidaria” -partido, en el sentido de expresar los intereses de una “parte” (clase)-. En este sentido, la educación misma es un terreno de confrontación de perspectivas. Una educación crítica, hace explícitas estas perspectivas, revelando el antagonismo social. La apelación a la supuesta “imposición de una manera de pensar y/o actuar político-partidaria” es la base ideológica de la denuncia por “adoctrinamiento.” Con esa muletilla, la derecha fascistoide internacional (Trump en EE.UU., Meloni en Italia y, en su tiempo, Bolsonaro en Brasil) interviene en el campo educativo y disuelve cualquier perspectiva crítica en una educación anodina y reproductora de la obediencia al orden establecido. Por otra parte, la noción de “adoctrinamiento” implica una política de imponer un cuerpo ideológico con cierta coherencia interna (justamente, una doctrina) a modo de un mito incuestionable. Es propia de los estados totalitarios (teocracias o regímenes fascistas). Es absurdo aplicarla a individuos. En este episodio, también se observa otro elemento propio de una educación fascistizante de los liberticidas, la delación: “se recuerda que continúa habilitada la línea gratuita 0800-222-1197 para recibir denuncias o consultas ante cualquier situación que vulnere la libertad (léase “adoctrinamiento”), la convivencia o los derechos en el ámbito escolar”, amenaza el comunicado oficial de “Capital Humano” al final del texto. Esta línea fue habilitada en 2024 por el área de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación de la Nación y tiene, entre sus “incumbencias”, (el resguardo de) la “imposición ideológica, propaganda político – partidaria y adoctrinamiento”. Este episodio es parte de una tendencia política que se reproduce en algunos distritos. En febrero de este año, Macri y su ministra Miguel impusieron un nuevo Reglamento Escolar, donde en el capítulo llamado “Prohibiciones del personal docente” establece: (queda prohibido) “Expresar durante el desarrollo de las clases, opiniones o adoptar conductas de manera intencionada que pudieran influir, confundir y/o afectar a los menores en temas relacionados con religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria”. Docentes y estudiantes debemos anteponer a esta política fascistizante, una educación crítica y emancipadora.

Entrevistamos a Daniel, uno de los compañeros que está encadenado en las puertas del ingenio contra los despidos en Ledesma, junto a algunos delegados y algunos despedidos que sostienen la medida . -¿ Me puede contar la situación por la que están atravesando? ¿Cómo han llegado a esta decisión? D: -Sí, buenas noches, gracias primero por acercarte y solidarizarte con nosotros, con los compañeros que han sido despedidos. El tema es el siguiente: nosotros, ante la falta de accionar del secretario general ficticio que tenemos, tuvimos que, como siempre, tomar la iniciativa de defender nosotros a los compañeros. Así que vinimos a las cinco de la mañana del día de hoy a manifestarnos de esta manera, de manera pacífica para hacer saber el descontento y exigir a la empresa que cese con los despidos. Despidos que son arbitrarios, discriminatorios, porque han sido "casualmente" contra compañeros que están en la lucha, compañeros que apoyaron y siguen apoyando el reclamo del trabajador. El secretario general ficticio que tenemos carece de autoridad y carece de accionar hacia todo lo que está pasando. -¿Cuántos despidos se han realizado durante este periodo? D: -Durante el año más de 350 familias, contando a los que son fuera de convenio también, porque no dejan de ser compañeros y personas. Más de 350 familias quedaron destrozadas con la incertidumbre de no saber qué hacer el día de mañana, porque me imagino que debe ser horrible el que tiene un compañero, un amigo, un familiar que ha sido cesanteado, la verdad que genera preocupación, tristeza y malestar general. Este tema lo charlaron con el sindicato, con la comisión directiva -¿Cómo ustedes llegaron a tomar esta decisión? ¿Por qué la bandera dice delegados autoconvocados? D: -Nosotros tenemos hoy en día un sindicato acéfalo porque el que está ocupando el lugar de la silla del secretario general no está reconocido en el ministerio de Nación. Él no tiene la certificación de autoridad, por lo tanto hay muchas cosas que se está reclamando no solamente de los despidos, sino de que una empresa firma las paritarias de este año con un tipo que no está certificado. Entonces, claramente lo que pedimos nosotros es el cese de despidos y que a los compañeros que fueron despedidos se les actualice el modelo porque está con el modelo viejo de la indemnización del 2021, entonces se los está indemnizando de manera barata. Y también que la justicia determine una solución inmediata de nuestro sindicato porque no tenemos una representación con una autoridad. Luciano Lezano (nota: actual sec. gral. del SOEAIL) es el que ha sido cómplice para el armado de las listas para los despidos. -¿Por qué la autoconvocatoria? ¿Cómo surge esa idea de la autoconvocatoria? D: -Bueno, esto surge ya desde el inicio. Yo soy secretario de actas de la comisión directiva actual, de la cual soy una voz crítica acerca de que no se vino cumpliendo nada desde el momento en que ingresamos nosotros como comisión directiva, no había consenso, no había debate. Entonces de ese lado empecé yo a criticar, denuncié a esta comisión directiva. Yo vine al sindicato para trabajar para los trabajadores, no a serle funcional a una comisión porque son los trabajadores quienes me pagaron el sueldo. Ahora ellos me quitaron la licencia gremial para mandarme a trabajar de nuevo en la empresa. Yo no puedo estar de brazos cruzados y venir a trabajar como si nada. El tema de los autoconvocados surge de un grupo de delegados de distintos sectores de ponerse y levantar la bandera de lucha, porque el sindicato o la comisión directiva no nos representa. Yo lo digo con conocimiento de causa porque estuve adentro, hasta hace un mes y medio estuve adentro en la comisión directiva y sé lo que la comisión no va a trabajar ni va a representar. El viernes hubo despidos y ¿qué pasó? El sindicato no se manifestó, no salió ningún comunicado solidarizándose con las familias. La autoconvocatoria surge desde la unión. Desde una reunión colectiva surge esta decisión de autoconvocarse acá en las puertas del ingenio. En el inicio de Zafra, ellos (la empresa) decía que ellos lo hacían por una reestructuración, que las cosas estaban mal, pero ahora empezó a despedir así y va a seguir.

El pasado jueves 6 de noviembre se llevó adelante un brutal desalojo a unas 60 familias de Santa Rosa - Valle Viejo. Arrancó a las siete de la mañana con un gran operativo de la justicia, con infantería, policía, bomberos y defensa civil. En total, más de 300 agentes para dejar en la calle a familias, con niños muy pequeños, que habían tomado terrenos en desuso y terrenos fiscales hace más de ocho meses, ante la imposibilidad de poder acceder a una vivienda y frente a la falta de empleo para poder alquilar. La policía desarmó todas las viviendas precarias que habían construido, impidiendo que puedan sacar sus pertenencias, para luego quemar todo, incluso amenazando con quitarles la tenencia de sus niños. Al inicio de la ocupación eran más de 250 familias las que estuvieron en el inmenso predio ubicado en el barrio tabacalero. Varias de esas familias fueron derivadas a un predio de terrenos para autoconstrucción, el resto de los grupos familiares quedó en el predio formando un comedor, huertas comunitarias y creando casillas como viviendas. Durante todo el transcurso de la campaña electoral, el comedor y las actividades colectivas fueron epicentro de campaña de la diputada electa por Fuerza Patria, Claudia Paladino, quien llevó al Padre Paco a realizar una visita, como así también a comprometerse a solucionar el conflicto para que se pudieran asentar en el lugar y construir viviendas y urbanizar. Sin embargo, a días de haber finalizado la campaña electoral, el gobierno y la justicia dispusieron el desalojo de las familias. Este caso es una muestra de la gran crisis habitacional que afecta a miles de familias que son obligadas. por falta de ingresos o por solo contar con ingresos miserables, al hacinamiento, o buscar lugares para vivir en la precariedad de casillas y sin acceso a servicios esenciales. Ante este cuadro denunciamos la responsabilidad del Estado, que frente a la crisis habitacional que sufren las familias catamarqueñas criminaliza a las compañeras que están imputadas, genera causas por usurpación y además lleva adelante megaoperativos de desalojo dejando a mujeres y niños en la absoluta miseria. Es responsabilidad del gobierno la falta de obras públicas, la falta de empleo y la precarización de las familias obreras, que, como resultado de ello, ha derrumbado más a fondo las condiciones de vida de las familias obreras, imposibilitando el acceso a un techo propio. Luego del desalojo la mayoría de las familias, sobre todo las mujeres, llevaron adelante un acampe frente a Casa de Gobierno a la espera de una respuesta sobre su situación, ya que les habían planteado que al día siguiente tendrían la posibilidad de reunirse con funcionarios de la vivienda. Dicha reunión terminó con el compromiso de que las familias serán reubicadas en terrenos de autoconstrucción y que el Estado va a ir progresivamente generando ayudas para la construcción de viviendas. Ante esta respuesta, las familias decidieron mantenerse organizadas y en alerta para continuar la lucha para acceder a un techo propio. Desde Política Obrera apoyamos la lucha de las familias trabajadoras por el derecho a la tierra y la vivienda. Reclamamos por un censo de viviendas y terrenos ociosos, por un plan de construcción de viviendas para las familias que lo necesitan, cuyas cuotas no superen el 10 % de los ingresos de los trabajadores.

Luego de las elecciones del 26 de octubre y del triunfo electoral de LLA, el gobierno nacional anunció su pretensión de avanzar con su agenda antiobrera (reforma laboral, previsional, ajustes, etc.). Esta orientación es seguida por un sector de la burguesía nacional, a pesar de alguna crítica que tengan. Es el caso del ingenio Ledesma, donde luego de las elecciones -donde la empresa llamó a votar públicamente a LLA- se han producido por lo menos una docena de nuevos despidos. En lo que va del año ya suman más de 235 despidos, la cifra más alta en décadas de la empresa. Esto ha llevado a que un grupo de delegados sindicales se encadenen en las instalaciones de la empresa reclamando la reincorporación de los despedidos. Despidos antisindicales El elemento común de esta tanda de despidos es que se ha realizado sobre obreros que han protagonizado alguna medida de lucha en el pasado y exdelegados sindicales. Es un claro ejemplo de represalias e intimidación para el resto de la base obrera en la fábrica. Los despidos han sido anunciados, en algunos casos, de manera informal, de forma verbal o a través de mensajes de texto a la espera del telegrama de despido. Los despidos también se han realizado sobre obreros de fábrica y de campo. La medida de fuerza del encadenamiento se realiza por parte de un grupo de delegados activistas y algunos de los despedidos, ante la ausencia de la primera plana de la comisión directiva del gremio SOEAIL. En lo que va del año, la actual comisión directiva del gremio no solo ha sido incapaz de organizar medidas de lucha para enfrentar los despidos, sino que además ha firmado una paritaria a la baja, aun cuando la asamblea de obreros había votado en contra del acuerdo propuesto. La comisión directiva ha decidido aplicar la táctica del avestruz (esconder la cabeza bajo tierra). Frente a un pedido de asamblea extraordinaria para pedir la renuncia del secretario general por los despidos, este explotó en su favor un escándalo de vaciamiento de la obra social en beneficio de una clínica del diputado nacional libertario Manuel Quintar en manos de la anterior gestión, para sostenerse en el cargo a pesar de los despidos y la paritaria a la baja. Luego de este escándalo la CD del gremio se llamó a silencio hasta el momento y no ha realizado ninguna acción frente a esta nueva tanda de despidos. Los obreros denuncian que tampoco están reclamando la activación de la cláusula gatillo salarial, por lo que los salarios se mantienen congelados. Horizonte de precarización o reorganización obrera La perspectiva de la empresa es aprovechar este escenario para avanzar con un plan de precarización: despedir y sacarse de encima al activismo obrero para luego cubrir alguna vacante eventual con contratos precarios o a través de alguna empresa tercerizada, con convenios muy por debajo de los obreros del ingenio. La empresa sigue amenazando con una nueva tanda de despidos antes del inicio de la próxima Zafra. La avanzada patronal tiene pies de barro, pretende imponerse en un cuadro de crisis política y económica explosivo. Este cuadro exige una deliberación profunda en los obreros de la empresa para discutir cómo intervenir. En primer lugar, levantamos la solidaridad con los despedidos y el reclamo de la reincorporación de todos los obreros despedidos por la empresa. La avanzada de precarización y flexibilización laboral de parte de la empresa tiene que ser respondida por los obreros con la defensa de sus condiciones de trabajo. Los obreros tienen que recuperar la memoria y los métodos de la histórica lucha contra las empresas tercerizadas en la fábrica, que luego de una lucha de más de 15 años lograron que todos los tercerizados sean reconocidos como obreros de Ledesma. Por la convocatoria a una asamblea obrera para discutir cómo frenamos los despidos y planteamos la reincorporación de todos los obreros. Contra la persecución política y sindical de los luchadores. Por la aplicación de la cláusula gatillo y el reajuste de los salarios.

Semanas atrás trascendió en algunos medios de comunicación una denuncia contra 20 funcionarios de la ANSES que formaron una red para direccionar contrataciones de empresas tecnológicas a cambio de retornos. Paula Amor, secretaria general y el Director Ejecutivo, Fernando Bearzi son la cabeza de la organización ilícita que arregló sobreprecios por más de 70 millones de dólares. La denuncia fue radicada en la fiscalía de Guillermo Marijuan y “de comprobarse, podrían encuadrarse en los delitos de asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal), incumplimiento de los deberes de funcionario público (248), cohecho y corrupción (256 y 258)” (Ambito.com, 16/10). A casi tres semanas de trascendida la denuncia ningún sindicato aprovechó el revuelo para organizar a los y las trabajadoras en un contexto de avasallamiento de los derechos de los estatales, las novedades de la Reforma Laboral y el rumor de privatización del sistema previsional. En los edificios donde funciona el ANSES, los trabajadores de atención al público se encuentran con situaciones desesperadas de trabajadores a los que obligan a jubilarse, trabajadoras que ya no cuentan con la moratoria para poder acceder a una jubilación mínima, y familias que no pueden acceder a derechos por una creciente burocratización de los trámites. Crecen entre los estatales las enfermedades producto de las presiones a las que son expuestos diariamente. A los permanentes anuncios de despidos en el Estado Nacional, los trabajadores de la ANSES suman los rumores del retorno a las AFJP o las implicancias que va a tener la Reforma Previsional que, según algunos medios, quedó pospuesta para 2028 y para otros se resolvería en el Congreso el año que viene. El vaciamiento del sistema Previsional va a redundar en sobrecarga laboral y despidos. El argumento principal del gobierno y del Fondo Monetario Internacional para justificar la reforma es que el sistema no es sustentable, los que se afanan 70 millones de dólares de los y las jubiladas dicen que los aportes de los trabajadores activos no sostienen las jubilaciones, no ya el 82% móvil anulado por Menem y todos los gobiernos sucesivos sino las jubilaciones mínimas inferiores a la Canasta de Indigencia. La Reforma laboral ya llegó En ANSES hay áreas enteras de trabajadores monotributistas, o sea por fuera de convenio y con imposibilidad de afiliarse a alguno de los sindicatos. Sus salarios – altos en relación a otros call center- están por debajo del derecho constitucional de “a igual tarea igual salario”. Además, hay áreas nuevas de trabajadores que atienden a través de los “boti” (bots) que están en peores condiciones laborales. Los trabajadores conveniados se encuentran con dificultades en los procedimientos de trabajo a sabiendas que las enfermedades por estrés terminan poniendo en juego el presentismo (POA-productividad) y sumado a la jornada laboral turnos y sobre turnos de atención al público que no permiten desarrollar la tarea en condiciones. Entre 2024 y 2025 despidieron en distintos edificios y sus tareas fueron absorbidas por los que quedaron. Como el promedio salarial en la ANSES es superior al de otros estatales, los sindicatos han abandonado los reclamos paritarios llevando a que las familias tengan que resignar actividades de sus hijos por no llegar a cubrir los gastos. ¿Qué significa la reforma previsional? Que el gobierno haya resuelto patear para adelante la Reforma Previsional no es un alivio, primero liquidan los derechos laborales, crece de forma geométrica el contrato de monotributistas y tercerizados vaciando la caja previsional. El propio Estado fomenta la flexibilidad laboral y nutre el argumento de una caja que ya no recauda para responder con el aporte de los activos a los trabajadores jubilados. Pero mientras tanto hacen contratos millonarios para saquear los que los activos aportan con su salario. Una reforma previsional va a aumentar en 5 años la edad jubilatoria y a eliminar los regímenes especiales de docentes, judiciales, etcétera. Una modificación en la fórmula de cálculo de aumento de haberes. La Reforma laboral y la previsional tienen un hilo conductor que perjudica al conjunto de los trabajadores y en ello particularmente a los de ANSES porque van a crecer las dificultades en la atención y porque el vaciamiento de la Caja se encamina a la privatización del sistema con los consecuentes despidos. Mientras los sindicatos que intervienen en el organismo evitan denunciar el robo millonario y la destrucción de las condiciones laborales y salariales los trabajadores no podemos paralizarnos. El voto a Milei no es un cheque en blanco contra derechos conquistados con la organización y la lucha de los que nos antecedieron. Abramos el debate escritorio por escritorio, sin distinción de afiliación, y construyamos asambleas autoconvocadas para enfrentar la reforma laboral, la previsional y para echar a la gestión corrupta de nuestros lugares de trabajo.

Con una importante concurrencia de más de medio centenar de compañeros y compañeras, el sábado 8 de noviembre se realizó en el local de Política Obrera de la zona norte el “Encuentro Cultural en Defensa de Palestina”, bajo la consigna: “Sólo la lucha y la unidad de la clase obrera frenarán el genocidio”. Participaron trabajadores de distintos gremios y delegaciones, entre ellas, una numerosa representación del “Encuentro de Solidaridad por Palestina de Vicente López” y compañeros que recientemente han conformado el “Comité de Solidaridad con Palestina de San Fernando-Tigre”. El encuentro contó con un variado desarrollo artístico y político. La compañera Victoria Rusconi abrió la jornada con la lectura de poemas de un autor palestino y del colectivo poético FLIPPAS (Festival Latinoamericano Independiente de Poesía y Prosa del Atlántico Sur). Luego, Carla Manfredi presentó un conmovedor monólogo de su autoría, mientras que el histriónico Sebastián Frígoli sorprendió al público con un número de magia. A continuación, Juan Romero compartió poemas propios, seguido de Juan Linarello, quien leyó un texto que reflejó en cifras el alcance del genocidio perpetrado por el sionismo. La cantante Nora Bonnet aportó un clima de comunión y alegría con su voz y su música, reforzando el espíritu de solidaridad y lucha que atravesó toda la jornada. En su exposición de cierre, Carlos Frígoli retomó los planteos del artículo de Ceferino Cruz "La Internacional fascista contra la clase trabajadora" , subrayando la relación entre la tragedia del pueblo de Gaza y la situación internacional, en particular la de América Latina y Argentina, como parte de un mismo proceso de ofensiva del gran capital. Denunció que en nuestro país los representantes de ese capital han obtenido ganancias extraordinarias de hasta un 200 %, a costa del deterioro de los salarios y las jubilaciones. Frígoli destacó el papel de la juventud y las grandes movilizaciones populares que lograron romper el cerco mediático e instalar el debate sobre la masacre en Gaza. Señaló el ejemplo de los obreros portuarios de Génova, quienes impulsaron un boicot a Israel bajo la consigna “Ni un arma más para Israel”, acción que se extendió a otros países de Europa. También analizó el contexto internacional de rearme y militarización impulsado por la OTAN y Estados Unidos, denunciando que el capitalismo en crisis recurre a la guerra y al saqueo de los pueblos como forma de supervivencia. Mencionó el caso de Sudán, donde la disputa por el oro refleja la expoliación de los recursos naturales por las potencias y su utilización como refugio ante el derrumbe de monedas. Asimismo, hizo referencia a las movilizaciones masivas en Estados Unidos en repudio a la masacre en Gaza, destacando su magnitud y su impacto político en un contexto de creciente malestar social y retroceso electoral de Trump y sus aliados. En el plano nacional, resaltó las luchas obreras y autoconvocadas que se desarrollan en distintos puntos del país —como en los astilleros, el parque industrial de Pilar y otros sectores afectados por despidos y caída del consumo—, subrayando su carácter independiente y su potencial como expresión de resistencia frente al ajuste. Frígoli advirtió sobre los efectos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, señalando que busca profundizar la precarización y someter a los trabajadores a las condiciones del gran capital. Llamó a poner en pie un movimiento nacional de lucha de la clase obrera y la juventud, con una amplia tarea de esclarecimiento sobre el carácter de clase de la reforma. Concluyó afirmando que la causa del pueblo palestino es inseparable de la lucha mundial de los pueblos contra la opresión y el saqueo y que la solidaridad internacional debe traducirse en organización y acción común de los trabajadores, frente al avance del capital. El cierre artístico estuvo a cargo del guitarrista y cantautor Darío Nicolau, quien emocionó a los presentes con su voz y su guitarra, y de la compañera Gabriela De Angelis, que leyó una selección de poemas. Finalmente, la jornada concluyó con una actividad de stenciles coordinada por Alba Costa, del Encuentro por Palestina de Vicente López, en la que se pintaron en las paredes del local las consignas “Basta de Genocidio” y “Palestina Libre”, dejando plasmado el espíritu de lucha y solidaridad internacionalista que atravesó todo el encuentro.

Ante el inicio del juicio por los Cuadernos, el abogado de CFK Carlos Beraldi denunció que “es un proceso que se inició de manera totalmente irregular”. Alude, en primer lugar, a que el chofer Centeno había declarado inicialmente que sus cuadernos, donde están detallados los movimientos en los cuales se habrían pagado las coimas, fueron quemados por él mismo, cuando tiempo después aparecieron todos intactos, menos un ejemplar. La investigación se inició de hecho solo con unas fotocopias de los cuadernos, admitidas como evidencia, y luego los originales llegaron en manos del periodista Diego Cabot, de La Nación, y de este directamente a manos del fiscal Stornelli y el juez Bonadío, sin mediar sorteo. Ambos eran confesos adversarios de CFK. El Tribunal Oral número 7, a cargo de este juicio, está integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, este último cercano a Mauricio Macri. Beraldi recusó además al cuarto juez de la causa, Néstor Costabel, también por sus vínculos con el macrismo. Que una connotada dirigente opositora como CFK sea objeto de investigaciones judiciales en manos de comprobados adversarios políticos redunda en un hecho judicial carente de objetividad y ecuanimidad. El peritaje oficial de estos cuadernos comprobó que fueron escritos mayormente por Centeno, pero también hubo tramos que fueron dictados (se deduce por el lenguaje diferente al usado por Centeno en el resto de los registros), y otros que corresponden a otras personas, junto a varios tachones y sobreescrituras. Los detalles de estos cuadernos (tiempo, lugar, modo de las entregas de dinero) fueron corroborados, según el fiscal, por las declaraciones de los llamados “imputados-colaboradores”, es decir, los “arrepentidos” -incluyendo al propio Centeno, que también está imputado en la causa-. Se trata de grandes empresarios vinculados a la obra pública, quienes confesaron haber pagado coimas. En este tramo, son juzgados seis funcionarios -entre ellos, CFK- y medio centenar de empresarios. Algunos de ellos están apuntados en una causa conexa, como parte del esquema de cartelización de la obra pública. La mayor prueba de la causa reposa en las delaciones de los imputados. A cambio, recibirán un trato benévolo, pero a condición de que prueben sus dichos. Como mínimo, deberán ratificar lo que dijeron durante la instrucción. Esas declaraciones no fueron registradas en video, a pesar de lo cual los jueces admitieron esas como evidencia válida. En caso de desdecirse o contradecirse, podrían afrontar castigos muy severos. Para CFK y su defensa los “arrepentidos” son en realidad un grupo de “extorsionados” y citan las declaraciones del actual ministro de Justicia de Milei, Mariano Cúneo Libarona, quien fue abogado defensor de uno de los empresarios de esta causa, Sergio Taselli, a quien le recomendó: "Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente, quedás preso". Esta tesis que convierte a los capitalistas en “víctimas” se corresponde con las declaraciones hechas por varios de ellos, que califican a las coimas como una “extorsión para mantener contratos”, o que simplemente “eran las reglas del juego en la obra pública”. Para CFK, fueron extorsionados a declarar contra ella bajo presión de ser encarcelados, por Stornelli y Bonadío. CFK niega por supuesto haber exigido y recibido sobornos. Como prueba de ello afirma que no se le ha detectado ninguna irregularidad financiera o patrimonial que pudiera dar pista del paradero del dinero. Pero al fallecido exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, se le encontraron sociedades y propiedades en el exterior. A José López, exsecretario de Julio De Vido, otro ex, se lo descubrió desparramando dólares en un convento En esta megacausa con centenares de testigos no hay pruebas directas de la participación de CFK en la operación de pago y cobro de sobornos, ni se encuentra mencionada en los cuadernos en cuestión. El principal testimonio en su contra es el del exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ya se encuentra en prisión por otros delitos. La fiscalía afirma que las entregas de bolsos registrados en los cuadernos tuvieron como “destino final” un departamento de su propiedad, que la defensa de CFK dirá que no estaba habitado por ella ni por Néstor Kirchner en esos años. López atestiguó que confeccionaba regularmente la lista de pagos y cobros para presentarla a CFK. Ernesto Clarens, empresario financiero, lo ratificó. CFK es acusada de haber encabezado una asociación ilícita, rol que la fiscalía deduce del accionar de sus subordinados para cobrar los sobornos registrados en los cuadernos. También está acusada de “coautora de cohecho pasivo reiterado en 22 oportunidades”. De igual modo lo estuvo en la causa de Vialidad Nacional, pero fue absuelta de asociación para delinquir pedida por los fiscales. Para la defensa, el juzgamiento dos veces por el mismo crimen es inadmisible en el derecho argentino. Todo esto no exime a CFK de que en ningún momento denunció a los 63 empresarios de la construcción, del transporte, de la energía y de logística por corrupción en la obra pública, que dicen haber contribuido al financiamiento de sus campañas electorales. En estos momentos, muchos de ellos siguen vinculados a la contratación y concesión de obra pública bajo el gobierno de Milei. En las vísperas de la lectura de los cargos en su contra, CFK dijo por X que el inicio del juicio es “distraccionista” porque se hace “justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste”. La burguesía que está en el banquillo de los acusados es, precisamente, la principal impulsora y benefactora de esas contrarreformas laborales y sociales. No se conoce ninguna convocatoria de CFK a una lucha de masas contra la reforma laboral y a favor del blanqueo compulsivo de los trabajadores no registrados El Gobierno pretende que este juicio sea la sepultura política del kirchnerismo, con quien negocia la ampliación de la Corte, el nombramiento de jueces e incluso del Procurador. El diario Clarín ha lanzado una campaña para acelerar el juicio, sólo un tramo de la ´megacausa´ Cuadernos, que podría demorar hasta tres años, vale decir, más allá del ‘fatídico’ 2027. LEER MÁS: Comienza el juicio por los “Cuadernos de Centeno”: casi toda la burguesía nacional en el banquillo La megacausa apunta a dar un tiro final al kirchnerismo luego de las recientes elecciones. Por Emiliano Fabris, 04/11/2025.

Este lunes comenzó en la ciudad de Belem, Brasil, el 30º encuentro de la Conferencia de las Partes (COP), órgano de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés). El encuentro cuenta con la presencia de más de 50 líderes mundiales. Según sus organizadores tiene como norte la discusión de medidas inmediatas que reviertan el proceso de calentamiento global y la reducción del uso de combustibles fósiles. Ante posibles protestas de grupos y activistas ambientalistas, el gobierno nacional dispuso el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Nacional de Seguridad, amparándose en la Garantía de la Ley y del Orden (GLO), medida excepcional de seguridad pública que solo puede ser decretada por el presidente de la República, en este caso Lula Da Silva. Belem ha quedado militarizada. Lula, el “capitalista verde” Lula Da Silva, anfitrión del evento, aseguró que “la COP30 será la COP de verdad”. El eje de la cumbre será la continua deforestación de la Amazonia. La región ha experimentado un avance desenfrenado de la frontera agrícola en la que operan Cargill, Bunge y ADM. China marca el ritmo de la demanda de soja. Lula busca erigirse en líder del “capitalismo verde”; propone una transferencia de beneficios provenientes de la producción hidrocarburífera para conformar un fondo de energías renovables. Es una declamación que choca de lleno con los intereses de las empresas de extracción de crudo que surcan las costas brasileras. El financiamiento de la transición energética, una cuestión central de esta y las conferencias anteriores, pone en igualdad de condiciones a los países desarrollados con los no desarrollados. La Cuestión del financiamiento El financiamiento de una transición energética es uno de los puntos recurrentes y, a su vez, el talón de Aquiles de las precedentes conferencias y todo indica que también lo sea en la actual. Las presidencias de la COP29 de Azerbaiyán y la COP30 de Brasil anunciaron una hoja de ruta para alcanzar 1,3 billones de dólares anuales de financiación climática para los países en desarrollo hasta 2035. Incluye gravar la moda de lujo, la tecnología y los productos militares, justamente en un periodo de rearme de las grandes potencias imperialistas. Los objetivos plasmados en la “Hoja de Ruta de Bakú a Belém” tiene cinco frentes de acción: subsidios y crédito a bajo costo; renegociación de la deuda pública; redirigir la financiación privada; reestructurar la coordinación de las acciones climáticas a gran escala; reformular los sistemas y estructuras para flujos de capital equitativos. El financiamiento a través del endeudamiento encuentra un límite en el sobreendeudamiento de los países subdesarrollados, calculado en más de 200 billones de dólares. Trump, líder del negacionismo La cumbre no cuenta con la presencia de Estados Unidos, emisor del 14 % de CO2 a nivel mundial. China mandó al viceprimer ministro, Din Xuexiang, no a Xi Jing Pin. La administración trumpista ha descartado los compromisos asumidos por los EE. UU. para reducir la emisión de gases de efecto invernadero; torpedea la cumbre y busca alinear a otros países para que se alejen de la “agenda climática”. Trump tomó la iniciativa, en común con países productores de petróleo, de desestimar un posible tratado mundial de plásticos y se opone a la implementación de una tarifa global (la primera en la historia) para gravar a la industria naviera, por la contaminación por carbono. En la alocución a la última asamblea de Naciones Unidas, Trump advirtió al resto de los mandatarios que, si no "se alejaban de esta estafa verde, su país iba a fracasar". Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, reforzó: "El presidente Trump no pondrá en peligro la seguridad económica y nacional de nuestro país para perseguir objetivos climáticos vagos que están matando a otros países." Un punto a favor del fascista: los objetivos son ciertamente “vagos”. Milei: ¿un caballo de Troya? Desde el gobierno liberticida de Javier Milei comunicaron que cumplirán con los requisitos formales exigidos por las Naciones Unidas y participarán de la COP30, con una menguada delegación de funcionarios medios de la Cancillería y de la Subsecretaria de Ambiente. Desde el gobierno, presentaron las “Contribuciones nacionales determinadas” (NDC, por sus siglas en inglés), que deben actualizarse cada cinco años, para cumplir con el Acuerdo de París. En el informe de hace cinco años, el tope era de 359 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂eq) para 2030. Aunque ese número debería reducirse progresivamente, el nuevo reporte eleva el límite a 375 millones de toneladas y lo extiende hasta 2035. En 2022 las emisiones nacionales fueron de 401 millones de toneladas, según datos oficiales. Desde el gobierno aseguran que la modificación de los números, para Argentina, se debe a una proyectada expansión de las actividades emisoras. Los principales contribuyentes al calentamiento global son el sector energético (50 %) y el agro-ganadero-forestal (entre 25 y 40 %). La Argentina representa el 1 % de las emisiones globales. El gobierno de Milei niega los datos arrojados por la ciencia climática, que asocia a la agenda ´woke´, a la que acusa de trabar la libertad del capital, enredándola en objetivos sin fundamentos. En la COP29 celebrada en Bakú, Azerbaiyán, la Argentina estuvo en el ojo de la tormenta cuando la delegación se ausentó de la cumbre. Las explicaciones llegaron un tiempo después de la mano de un funcionario del gobierno, quien afirmó que “por el triunfo de Donald Trump, el Ejecutivo había evaluado retirarse del Acuerdo de París, algo que luego reiteró el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni” (La Nación, 7/11). Teniendo en cuenta los antecedentes y el posicionamiento ideológico–político del gobierno liberticida, puede convertirse en la cumbre en curso en un caballo de Troya de Trump y del negacionismo. Lo cierto es que el gobierno nacional desde diciembre de 2023 ha llevado adelante recortes en áreas dedicadas a cuestiones ambientales del 82 % del presupuesto, a través de la paralización de programas acordes. En paralelo se hará presente en la COP30 la Alianza Verde Argentina, bloque conformado en 2024 por las provincias de Misiones, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, La Pampa y Entre Ríos, que surge como respuesta al “cambio de rumbo del gobierno nacional a fines de 2023 referido a la cuestión climática.” (CPCE 20/10/2025) Desde la vocería de este bloque señalaron que su objetivo es el de “obtener fondos para proyectos en especial de agricultura regenerativa, mitigación y adaptación” (La Nación, 7/11). El Informe de la COP30 Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) elaboraron un documento para la cumbre titulado “Informe sobre la Brecha de Emisiones 2025: Fuera del blanco”, en el que se arriba a la conclusión de que los acuerdos climáticos del Acuerdo de París han reducido de manera insignificante el aumento de la temperatura global proyectado para este siglo, con una tendencia a profundizar el “daño climático”. El informe de la ONU señala que con las políticas actuales para finales del siglo se registrará un “aumento de 2,8 grados Celsius por encima del promedio preindustrial para finales de este siglo si se mantienen las políticas actuales. Si se implementaran plenamente los compromisos actuales, la temperatura aún aumentaría entre 2,3 y 2,5 grados.” (WSWS 7/11) Estas cifras representan una ligera mejora respecto a los 2,6 - 2,8 °C y 3,1 °C previstos en la edición anterior. No obstante, el avance es engañoso: 0,1 °C de esa mejora se debe a actualizaciones metodológicas y otro 0,1 °C se verá anulado por la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, lo que deja el balance global prácticamente sin cambios. Para cumplir los objetivos del deshilachado Acuerdo de París, el informe estima que el mundo necesita reducir las emisiones anuales un 35 % para 2035 con respecto a los niveles de 2019, si se quiere limitar el aumento a 2 °C, y un 55 % para mantenerse en la senda de 1,5 °C. Una meta que se transforma en una quimera en el marco de las disputas geopolíticas, traducidas en guerras y disputas comerciales, que hacen estimar que el piso de los 1,5 grados centígrados se supere en la próxima década. Se puede leer en el informe “Diez años después del Acuerdo de París, los países planean colectivamente una producción de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) aún mayor que antes”, lo que redundaría en emitir el doble de carbono en 2030, haciendo imposible no superar los 1,5 grados pautados. Un fracaso que, según el informe, para ser revertido debe eliminar la generación de energía a base de carbón, reducir nueve veces más rápido la deforestación, poner en pie un sistema de transporte público en las ciudades más contaminantes, el desarrollo solar y eólico destinados a la generación de energía debe duplicarse y el financiamiento climático debe aumentar en cerca de 1 billón de dólares al año, semejante a dos tercios de la financiación pública de combustibles fósiles en 2023. Guerra, carbón y cambio climático Según informes de la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 2024 se registraron números récord de consumo de carbón con un total de 8.700 millones de toneladas destinadas a la generación de energía. Las estimaciones hacen prever que la demanda seguirá en aumento en los próximos años, como consecuencia de la guerra de la OTAN-Rusia en Ucrania y Europa, que ha provocado una crisis a nivel mundial de abastecimiento de gas. Esta tendencia es reforzada por China, que utiliza 30 % más carbón que el resto del mundo. Históricamente, los gobiernos han calculado mal el costo climático de la guerra y del complejo industrial militar en general. Los datos oficiales son extremadamente irregulares o inexistentes debido al secreto militar y hay un acceso limitado para los investigadores. El costo económico de los gases de efecto invernadero, que tendrá consecuencias globales, es aún menos conocido. Según investigaciones la guerra OTAN-Rusia ha generado 229,7 millones de toneladas de CO2, la misma cantidad de emisión de dióxido de carbono que 175 países de manera individual, o lo equivalente a lo que generan en un año 120 millones de automóviles de combustión, o que las emisiones anuales combinadas de Austria, Hungría, República Checa y Eslovaquia. (Climática 24/2/2025) El informe de la Iniciativa sobre la Contabilidad de la Guerra de Gases de Efecto Invernadero (IGGAW), un colectivo de investigación financiado en parte por los gobiernos alemán y sueco y la Fundación Europea del Clima, da cuenta de que un tercio de las emisiones provocadas por la guerra provienen directamente de la actividad militar (combustible utilizado por las tropas, fabricación de explosivos intensivos en carbono). Otro tercio obedece a la cantidad de acero y hormigón que se necesitan para la construcción y reconstrucción de infraestructura. El último tercio fue generado por incendios, desvíos de aviones comerciales, ataques a infraestructuras energéticas y, en menor medida, el desplazamiento de casi 7 millones de ucranianos y rusos. (The Guardian 3/10/2024) La cooperación mundial sobre cuestiones climáticas encuentra contradicciones insalvables. Las relaciones internacionales, configuradas por la contradicción entre el carácter internacional de las fuerzas productivas y el carácter nacional de los Estados, están dominadas por la lucha por los mercados, las materias primas y la energía, no por la cooperación. La competencia asimétrica entre Estados, truncando cualquier “hoja de ruta” común, condena a la Cop30 de Belem a otro fracaso. Ante las posiciones identitarias sostenidas por el progresismo y la izquierda internacional, es menester darle a la crisis climática una salida de clase de carácter internacional.

La redacción final del proyecto de ley de reforma laboral que impulsará el Gobierno en diciembre va despuntando un acuerdo entre el Gobierno, distintos sectores patronales y la CGT. La UIA Desde la Unión Industrial se presentaron objeciones contra la línea de Federico Sturzenegger, el ministro ´desregulador´, que impulsa la negociación de convenios por empresa, que tengan primacía sobre lo que digan los convenios colectivos. Según La Nación (9/11), “Hay muchas compañías, sobre todo las multinacionales, que prefieren negociar con el sindicato principal de la actividad antes que con la comisión interna. Es porque en algunos casos la comisión suele estar controlada por dirigentes trotskistas, dispuestos a desafiar tanto al empleador como a su jefatura sindical. El caso más emblemático fue una protesta en 2009 en la planta de Kraft (ex Terrabusi) en reclamo de mejoras en las condiciones laborales. La huelga de la comisión interna duró 38 días a pesar del ánimo conciliador del Sindicato de la Alimentación, por entonces a cargo de Rodolfo Daer” (la huelga de Kraft del 2009 se desató contra despidos masivos; la Comisión Interna estaba dirigida por el PCR, los obreros repudiaron su condición ‘dialoguista’, aliada de Daer.) Más lejos en el tiempo, los sindicatos Sitrac-Sitram nacieron como sindicatos de empresa, por la negativa de Fiat a que se afiliaran a la UOM. A partir de 1970 fueron la vanguardia del sindicalismo clasista, luego de una huelga victoriosa contra el sindicato de la patronal. En los hechos, los convenios colectivos por rama no se cumplen casi en ningún establecimiento, por lo que los convenios parciales por empresa son la norma. Los sindicatos negocian salarios básicos que funcionan como “piso”. Las empresas grandes y las multinacionales pagan salarios que, “conformados”, incorporando cláusulas de flexibilidad laboral a medida de las necesidades de cada empresa (premios de producción, de presentismo, horas extras, etc.), superan a los básicos. Todos esos ítems son discutidos y tutelados por los sindicatos. Por eso la UIA apuesta a que la normativa siga figurando en combinación con los convenios por empresa. La Unión Industrial también tiene matices con el proyecto de Fondo de Cese Laboral que impulsó el Gobierno, particularmente desde el ministerio de Sturzenegger; nadie se ha plegado a ningún fondo de cese todavía. El Fondo de Cese significa para el capital anticipar en cuotas las indemnizaciones que en los últimos dos años se negó a pagar, o logró pagar a la mitad -a través de cláusulas de excepción establecidas para empresas declaradas en crisis-. El Fondo de Cese representa una inyección de dinero a los bancos y al mercado financiero. El otro proyecto de modificación de las indemnizaciones, poniéndole un tope de 10 salarios, fue descartado hoy por voceros del gobierno. La CGT ´renovada´ La filtración de un borrador de proyecto que vuelve a la carga con la eliminación de los aportes de los no afiliados, con los límites al derecho de huelga y el fin de la ultraactividad de los convenios, tiñó de preocupación el Congreso de la CGT. Un triunvirato todavía más ´dialoguista´ que el anterior tendrá la misión de eliminar los puntos de la reforma que afecten las cajas y los intereses de los sindicatos. “Esta CGT convalidará casi sin fisuras la estrategia del líder de la UOCRA de negociar la reforma laboral en el Consejo de Mayo porque en la nueva estructura cegetista quedaron marginados el ala dura de los kirchneristas” (Infobae, 6/11). El ´ala dura´, sin embargo, no quitó los pies del plato. Su jefa política ha dictado la necesidad de “actualizar” las leyes laborales y el bloque peronista se apresta a negociar sus términos con el oficialismo. Dos gobernadores cobijados bajo el sello de Fuerza Patria -el tucumano Jaldo y el catamarqueño Jalil- ya manifestaron su posición favorable a la reforma. Después de las elecciones legislativas del 26 de octubre pasado, la burocracia de sindicatos como Camioneros, Comercio y Mineros, entre otros, advirtieron a los trabajadores que “no se quejen” cuando ellos firmen la reforma laboral. Jorge Sola lo justificó en el Congreso de la CGT: “El poder político es quien la ciudadanía ha elegido para que estén en mejores condiciones los propios ciudadanos” y aclaró: “Nosotros estamos ahí para ayudar. Estamos para incorporarnos a la discusión que sea necesaria. Con acuerdos, con diálogos, con tensión y con conflicto. No le vamos a escapar al conflicto porque eso en algún momento requiere una solución, pero rechazamos el enfrentamiento. (...) Creemos en la tensión constructiva, en el diálogo que nos da la convención colectiva de trabajo, en las paritarias, en la generación de nuevos y mejores derechos. Y es ahí donde tenemos la fortaleza. Es el capital y el trabajo. Siempre". Germán Martínez, el Jefe del Bloque de Unión por la Patria, trabaja con buen entendimiento con el Gobierno en este punto. Para ´lubricar´ el apoyo de la CGT a la Reforma Laboral, el gobierno desembolsó la semana pasada $20.000 millones a las obras sociales sindicales, como primera cuota de la deuda por los reintegros por medicamentos y tratamientos que cubre el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones. Emilio Pérsico, ministro de Desarrollo Social del gobierno de los Fernández, dijo que no había que preocuparse por la Reforma Laboral porque afectaba a “una minoría”. La Reforma no busca mejorar los derechos de los precarizados (mucho menos para los monotributistas y trabajadores de aplicaciones, a quienes no se les reconoce la relación de dependencia), sino terminar de liquidar los derechos de la minoría que está dentro de convenio, avanzando en una precarización laboral universal y dándole un marco legal (´seguridad jurídica´) a todos los atropellos cometidos por las patronales y tolerados por la burocracia de los sindicatos. LEER MÁS: El nuevo elenco de la CGT para la reforma laboral Por Jacyn, 09/11/2025. Reforma laboral: un proyecto reaccionario a dos bandas Por Juan Ferro, 03/11/2025. La Reforma Laboral que impulsa el Gobierno y cómo la enfrentamos La burguesía se declara en un ‘preventivo de crisis permanente’. Por Pablo Busch, 29/10/2025.

Una reciente resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se hizo eco de la denuncia por la que un grupo de vecinos de la ciudad de Andalgalá se oponen al proyecto MARA (Minera Agua Rica Alumbrera) que señalan sistemáticas violaciones a los derechos humanos (vigilancia sobre vecinos, armado de causas judiciales, detenciones arbitrarias y represiones, son algunos de los hechos denunciados, junto a la negación de justicia). Como resultado de ello, la CIDH puso en conocimiento al gobierno nacional de la denuncia, quien deberá responder haciendo las observaciones del caso, para lo cual la Cancillería argentina tiene un plazo de tres meses para requerir la información de todos los organismos que han intervenido y volcar su punto de vista para que la CIDH pueda determinar la admisibilidad de la denuncia de los vecinos. A partir de este momento el gobierno de Catamarca pierde la potestad (a pesar que hace unos meses el gobierno de Milei había dispuesto que la presidencia del YMAD, los dueños del yacimiento (asociación de la universidad de Tucumán y el gobierno de Catamarca) de manera irrevocable lo iba tener el gobierno de Catamarca y por lo tanto la potestad sobre el emprendimiento, pero, ahora, con la intervención de CIDH no podrá decidir ningún avance del proyecto MARA. A partir de esto, los vecinos ya no litigarán contra el gobierno provincial, sino con la Cancillería de la Nación pues en la medida en que el Estado argentino es federal, las causas internacionales, aunque el conflicto sea con algún estado provincial o municipal, se transforma en un litigio con el Estado nacional. Frente a este requerimiento de la CIDH, el gobierno nacional no puede escapar. La CIDH es un organismo de la OEA junto con la Corte interamericana de Derechos Humanos y la declaración de DDHH que emitieron en su oportunidad. Estos tratados y declaraciones tienen raigambre constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994, y como tal el Estado argentino tiene que acatar sus resoluciones. Estas surgirán si el caso es considerado admisible y pasa a la Corte Interamericana quien es la que finalmente va a tener que emitir el fallo, en una primera instancia si hace lugar a la demanda de medidas de reparación, y si hay incumplimiento, el juicio y la sentencia. Mientras tanto el proyecto MARA se paraliza. Un poco de historia Las movilizaciones para impedir la explotación del yacimiento Agua Rica tienen una larga historia en Andalgalá. Ya en la década de 1970 una revuelta popular logró frenar el proyecto, que entonces se promocionaba con el nombre “Mi Vida”. En 2009, el gobierno provincial a cargo de la actual diputada nacional y referente del kirchnerismo provincial, Lucía Corpacci, arremetió nuevamente con el proyecto de explotación y lo autorizó a espaldas del pueblo. Con La Alumbrera a todo vapor, con los enormes beneficios obtenidos, facilitados por todo el cambio de la legislación minera bajo el gobierno peronista de Menem, las grandes corporaciones mineras decidieron ampliar sus negocios encarando la explotación de Agua Rica, un yacimiento de cobre, oro, plata y modbileno, entre otros minerales, ubicado a 17 km de la ciudad de Andalgalá y con proyecciones que duplicarían las reservas comprobadas en relación a La Alumbrera. Otra vez hubo movilizaciones en contra, que se acompañaron de un reclamo por la vía judicial. “El 19 de enero de 2010 se presentó un amparo colectivo” impulsado por la Asamblea El Algarrobo. Sin embargo, la respuesta fue el silencio, primero, y la negación de justicia, después. El pueblo de Andalgalá vivía en carne propia, al igual que el pueblo de Belén y Santa María, la experiencia del primer emprendimiento megaminero a cielo abierto de la Argentina en 1997, con el cual se daba inicio a la explotación de Bajo la Alumbrera, un yacimiento 10 en grado de importancia en la producción de cobre y 15 en la producción de oro a nivel mundial. En esa época, se hicieron discursos y promesas: creación de 6000 puestos de trabajo, un barrio de 5000 viviendas, un hospital de alta complejidad, hasta llegaron a prometer que el “open pic” o sea el enorme hueco que queda cuando se agota el yacimiento, lo iban a transformar en una gran piscina para la pesca recreativa. TODO FUE UN GRAN MACANEO. Nada de nada se cumplió. Lo que quedaron fueron amplias zonas contaminadas por los derrames, un crecimiento de diversas patologías por la contaminación de las aguas, un pasivo ambiental, que en acta secreta queda a cargo del Estado, el saqueo y la perpetuación de la pobreza, a la par de enorme delitos y causas abiertas que nunca avanzan, de contrabando, evasión fiscal, contaminación, etc. La población, esta vez mayoritariamente se oponía al proyecto. Se habló de explotar otros yacimientos como es el caso de Filo Colorado, pero la gota que rebalsó el vaso fue cuando trascendió que en la agenda de las mineras estaba Pilciao 16 a cargo de la BHP Billinton (la actual empresa minera australiana más grande del mundo) que tenía por base el casco urbano, o sea la expulsión de la población para que pudiera avanzar el proyecto. El rechazo se generalizó, hubo recursos judiciales, y todo este proceso terminó en una enorme pueblada en febrero del 2010 con la quema de las instalaciones mineras, la municipalidad y la sede del peronismo. El levantamiento popular obligo a la justicia provincial a ordenar la suspensión del emprendimiento. A partir de ese momento, se fueron sucediendo diversos hechos donde las mineras teniendo como aliados a los gobiernos (el de Kirchner, el de Cristina, Macri, el de Fernández y Cristina y ahora el de Milei), a todos los gobernadores, a todas las autoridades de la (UNT) Universidad de Tucumán y la (UNCA) Universidad de Catamarca, y la Justicia en sus diversas instancias buscaron todos los medios para desarmar la resistencia y abrir paso por la vía de los hechos el avance de los planes mineros. En contraposición, en la ciudad de Andalgalá quedó de manera permanente una organización de vecinos agrupados en la Asamblea del Algarrobo, que, desde el Andalgalazo, todos los sábados de manera ininterrumpida han mantenido las marchas de los vecinos que se oponen (ya han realizado más de 800 marchas). En 2016, con el cambio del gobierno municipal donde por primera vez se había desplazado al gobierno peronista del municipio, un intendente radical que un año antes había ganado la elección con la bandera de prohibir la megaminería a cielo abierto, promulga una ordenanza que prohíbe precisamente que se ponga en marcha Agua Rica. Esta ordenanza es rechazada por el gobierno de Lucía Corpacci y posteriormente por la Corte Suprema de Catamarca. Queda abierto un conflicto, mientras de manera ilegal, clandestina, con apoyo de la policía y bandas de matones las mineras comienzas a abrir instalaciones en la ciudad, abrir caminos, llevar maquinarias e iniciar las primeras tareas exploratorias. Mientras tanto, en 2016 el caso llegó a la Corte de la Nación que hace lugar al amparo de los vecinos, ante lo cual las mineras deciden crear ficticiamente otra empresa y asociarse con las mineras que operaron La Alumbrera y transformaron lo que era AGUA RICA en MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), en la cual, la minera Glencore pasa a tomar el timón del emprendimiento. Para demostrar que no se violaba el medio ambiente, plantearon que en el yacimiento solo iban a triturar los minerales extraídos y luego con una cinta transportadora se iba a llevar el mineral a las instalaciones ahora en desuso de La Alumbrera para diluir los minerales en un barro para ser transportado por el mineralducto que llega hasta Tucumán para luego en FF.CC. de la empresa, (luego del secado de los minerales), transportarlos al puerto de Rosario. Este cambio de fachada, la denuncia sobre los hechos de contaminación ocurrido con los derrames en Catamarca y en Tucumán, las nubes toxicas que van a ocurrir con las explosiones en el yacimiento, el uso del agua que superará la que usó La Alumbrera (100 millones de litros por día, cuando la OMS sostiene que una persona necesita por día 50 litros), todo ello, y luego de 15 años de denunciar, movilizarse, recorrer todos los medios. En 2021 cuando se desarrollaba la marcha 584, y en el marco de una marcha masiva, el gobierno monta una provocación, se incendian instalaciones de la minera, la sede del PJ, en un marco en que las fuerzas de seguridad están ausentes. Horas después, tanto la policía provincial y fuerzas federales desatan una cacería con numerosos detenidos, apertura de procesos, etc. Con estos antecedentes y en el marco en que las mineras ya han entrado a la fase de exploración avanzada (la previa al inicio de la explotación propiamente dicha), es que se produce la intervención de la CIDH. La lucha no ha concluido de ninguna manera.

Además de los bombardeos concretos a las barcazas y el asesinato extrajudicial de los tripulantes, Trump ahora hizo trascender en la prensa que mantiene contactos indirectos con Caracas para explorar un posible acuerdo que incluiría amnistía, levantamiento de sanciones y un exilio seguro para Nicolás Maduro. De acuerdo con fuentes citadas por la publicación The Atlantic, el presidente venezolano estaría dispuesto a dejar el poder si Estados Unidos garantiza su seguridad personal y la de sus principales colaboradores, levanta las recompensas por su captura y facilita un destino de exilio. Otras piezas que encajan en este gran plan de preparar a la población de Venezuela para un cambio de régimen, ha sido la decisión de entregar el Nobel de la Paz a María Corina Machado, que ha alentado siempre toda forma de intervención del imperialismo para apropiarse de Venezuela. Estos trascendidos se dan al mismo tiempo que el Senado de Estados Unidos rechazó -por 51 votos contra 49- una resolución que había sido presentada por un senador demócrata, destinada a impedir que el presidente Donald Trump emprenda acciones militares contra Venezuela sin aprobación del Congreso. La concentración militar de Estados Unidos ha sido tan rápida y tan pública, como la autorización pública a la CIA, ventilada a cuatro vientos, para que realice operaciones de inteligencia y sabotaje en Venezuela. De esta manera los tires y aflojes verbales de Trump -mientras sigue hundiendo barcazas indiscriminadamente y cerca de 70 asesinatos, deja en claro con que baraja un abanico de posibilidades. No se puede soslayar -además de estos crímenes- la magnitud de la presencia militar en el Caribe y las amenazas bélicas a toda la región. La partida del portaviones Gerald R. Ford del mar Mediterráneo deja a Estados Unidos sin portaaviones operativos en Europa ni en Medio Oriente, algo inusual. Hasta ahora, la nave había encabezado los ejercicios Neptune Strike 2025 de la OTAN en el Mediterráneo y tenía previsto continuar su despliegue europeo hasta fin de año (Escenario Mundial, 10/11). La decisión marcaría una reorientación estratégica hacia el hemisferio occidental, en línea con la doctrina de “seguridad extendida” impulsada por el secretario de Guerra Pete Hegseth, que prioriza el control de la zona de influencia cercana (ídem). El Ford tiene una capacidad de vigilancia permanente sobre el Caribe. De todas maneras, Trump encontró un aliado para asentarse, además de sus bases militares en Puerto Rico. Trinidad y Tobago (un país insular clave que se encuentra a sólo 11 kilómetros de la costa venezolana) es el único país del Caricom que se ha puesto a disposición de Estados Unidos y que la semana pasada recibió al buque USS Gravely. Maduro anunció la suspensión de un acuerdo energético bilateral, "ante la amenaza de la primera ministra -Persad-Bissessar- de convertir a Trinidad y Tobago en el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela". La medida afecta una serie de proyectos para la explotación conjunta de los yacimientos de gas entre sus fronteras marítimas, incluyendo el llamado Campo Dragón, en el que también participa la petrolera Shell y que contempla la extracción de gas venezolano para su procesamiento en Trinidad y Tobago y su posterior exportación como gas natural licuado. Debido a la reducción de su producción local, Trinidad ha quedado con una gran capacidad ociosa para procesar gas. Esto lo va a tener que suplir con algún acuerdo con Estados Unidos. En este contexto, la primera ministra trinitense ordenó trasladar a unos 200 inmigrantes venezolanos a un centro de detención para ser deportados. Desde finales de agosto se ha producido un aumento constante del número de soldados estadounidenses en la región. Incluso antes de la llegada del portaaviones Ford-que cuenta con 5.000 efectivos-, se apostaron unos 10.000 militares estadounidenses en el Caribe. También ha enviado bombarderos B-52 y B-1 para realizar misiones frente a la costa de Venezuela. El 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales del Ejército, que ejecutó extensas operaciones antiterroristas con helicópteros en Afganistán, Irak y Siria, realizó recientemente lo que el Pentágono dijo que eran ejercicios de entrenamiento frente a la costa venezolana. En cuanto a los intereses de Chevron, Marco Rubio anuló su licencia para operar en Venezuela . Durante el verano boreal las exportaciones venezolanas a Estados Unidos se han desplomado. Pero una nueva licencia —cuyos detalles se han mantenido confidenciales— impide que la empresa envíe divisas al sistema bancario de Venezuela. Una de las formas de pago es en crudo, que luego es vendido por Venezuela a China, quien le paga con criptomonedas. Chevron es una de las pocas empresas estadounidenses que evitaron que le confiscaran sus activos en el país sudamericano. Trump ofrece un trato brutal a los exiliados venezolanos. Mientras María Corina Machado pide bombardeos, el dirigente opositor Henrique Capriles pidió a Estados Unidos rectificar la decisión de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos. Cientos de miles de venezolanos perdieron su protección frente a deportaciones en Estados Unidos por decisión del gobierno de Donald Trump y un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Mientras, llegaron a Caracas 200 migrantes repatriados desde Estados Unidos, entre ellos trece niños. En 2021, el gobierno de Joe Biden había designado a Venezuela en el TPS, un programa temporal que permitía a inmigrantes venezolanos vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos, con la excusa de la inestabilidad y la violencia en su país. Este beneficio fue extendido en 2023. Sin embargo, el gobierno de Trump consideró este año que hubo “notables mejoras en varias áreas”, mientras ejercía su deportación extrajudicial. Los medios de comunicación han vuelto a poner en el centro de las noticias a Venezuela, en una señal de que las operaciones militares del imperialismo en el interior del país, son inminentes. LEER MÁS: Trump ´analiza´ bombardear instalaciones militares en Venezuela Por Aldana González, 03/11/2025.

Las elecciones del SUTPA se desarrollaron el 22 de octubre con la presentación de una lista única encabezada por Facundo Moyano y secundado, como secretaria general Adjunta, por Florencia Cañabate. De un total de 5.659 afiliados, asegura el sindicato, votó el 80 %, es decir, 4.482 afiliados distribuidos en 82 mesas a lo largo del país. Naturalmente, no hubo otros fiscales que los propios. Moyano ponderó la democracia sindical y la composición en las listas de un 55 % de mujeres. La manipulación de consignas es utilizada por los grupos de poder sindical de Facundo Moyano para enquistarse en el gremio. La lista única de estas elecciones es una política permanente del moyanismo, la burocracia intenta perpetuarse en la dirección de los gremios con maniobras, cambios de maquillaje y sin oposición. Los Moyano se ufanan y jactan de la ausencia de listas opositoras y lo exhiben como una victoria. Bajo el lema: ¨No queremos tener razón, queremos tener la verdad¨ (sic), sintácticamente corregible y políticamente falaz, el festejo se desarrolló en un restaurante top de CABA. Para Moyano y Cañabate el lujo no es vulgaridad. ** Estado de situación ** En un contexto de retroceso de todos los trabajadores de la actividad y una recesión que afecta principalmente al salario, el SUTPA le da la espalda a la realidad. La actividad de autopistas, rutas nacionales y afines marcha hacia una modernización del sistema de cobro que ya está instalado en CABA avanzando en el resto de las concesionarias con prisa y sin pausa. Tomando a la actividad en su conjunto, se han perdido cientos de puestos de trabajo con los retiros voluntarios o despidos encubiertos, se han perdido puestos de trabajo en Entre Ríos por el quebranto de la empresa CRUSA donde el SUTPA abandonó a los trabajadores (aún a la espera de alguna noticia sobre la indemnizaciones y su futuro laboral), la proliferación de contratos de medio tiempo y eventuales que se renuevan eternamente, el avance de la automatización del cobro de peaje con el sistema Free Flow, imponiéndose cada vez más fuertemente, y el avance de la tercerización de sectores enteros donde las empresas concesionarias se desligan de planteles completos, apostando por el fraude laboral que significa el sistema de tercerización. No es cuestión de verdades, sino de realidades. Intentar maquillar el peor momento de los trabajadores de la actividad con una elección carente de cualquier democracia es subestimar la conciencia de los trabajadores que viven en carne propia la crisis. La concreción de una lista única muestra el trabajo represivo incansable hacia las filas políticas internas del SUTPA. El nivel de persecución para quienes elevan la voz y manifiestan su descontento es moneda corriente. Hay un disciplinamiento permanente a través de traslados forzosos a aquellos que luchan por las reivindicaciones. Democracia sindical cero. La dirección del SUTPA viene de una serie de huelgas parciales y acciones legales (en manos del buffet de Huguito Moyano) contra los despedidos en Corredores Viales y en CRUSA. En CRUSA (ruta entrerriana parte de la conexión con Brasil y pieza fundamental del comercio del MERCOSUR), la lucha fue una tragedia orquestada. El SUTPA nunca quiso (ni supo) cómo defender los puestos de trabajo, la empresa declaró la quiebra y los empleados fueron despedidos sin indemnización alguna. Todavía hoy se puede ver en redes sociales la bronca de los compañeros despedidos, que persiguen una lucha justa y que el gremio solo acompañó una vez consumados los hechos, colaborando con el vaciamiento de la empresa y el despido masivo de trabajadores. Luego, el conflicto de Corredores Viales fue un escándalo. La dirección del SUTPA convocó a la huelga en todos los accesos y movilizó a la sede de corredores viales en la autopista Ricchieri, en el marco de la lucha por la reincorporación de los despedidos de CRUSA. Ante la promesa de los funcionarios de Milei de solucionar la situación laboral de aquellos, levantó la huelga. Una vez reiniciada la actividad laboral y levantado el paro, el ente estatal procedió a despedir a 117 trabajadores. Hoy se ha reincorporado a una parte de los despedidos, mientras que otro tanto arregló una indemnización. El gremio debe estar en estado de alerta y movilización. Las empresas de la actividad vienen a cometer un genocidio laboral. Antes de que sea tarde, levantemos cuerpos de delegados combativos y representativos de las reivindicaciones aquí expuestas. Por la creación de comisiones internas en cada autopista, con autonomía y decisión propia. Por una alternativa de y para los trabajadores. ¡Adelante! SUTPA SOMOS TODOS, MENOS ELLOS.

El 5 de noviembre pasado se celebró la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de las Artes. Su propósito fundamental fue aprobar el cronograma de comisiones que discutirán la reforma del estatuto. En las comisiones podrán participar todos los consejeros, pero el voto queda reservado sólo para sus miembros designados. Previamente, al mediodía, se aprobó la reelección de la rectora Sandra Torlucci, enrolada en el peronismo. La asamblea tuvo lugar en la sede de La Cárcova, ubicada en la Costanera Sur. Las autoridades y las agrupaciones que les son afines salieron con los tapones de punta a defender un proyecto de estatuto que sentará las bases formales de una política privatizadora. El decano de Crítica de las Artes acusó a la oposición de no entender qué se iba a tratar en la asamblea y de estar desinformando. Expresó que es un avance para la universidad y recalcó su apoyo a Sandra Torlucci. Afirmó, sin exhibir pruebas, que hubo un aumento de la currícula estudiantil, cuando quienes cursamos a diario en la UNA observamos una masiva expulsión de estudiantes. Esos estudiantes en el medio abandonan por la incompatibilidad de horarios -no hay triple franja horaria- o,, directamente, por no tener plata para cargar la SUBE. No hay becas para materiales y debemos ponerlos de nuestros bolsillos. Las condiciones de infraestructura son deplorables. Todo ello redunda en una alta rotación: todos los años ingresan estudiantes nuevos, pero es cada vez mayor el porcentaje de los que desertan. El decano también defendió la implementación del sistema de créditos (SACAU), que reduce la exigencia de horas en aula, diciendo que sería beneficiosa para la inserción laboral de los estudiantes y que tenía la aprobación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Pero para lo único que servirá será para fomentar el área de “extensión universitaria” paga (posgrados, COPAC, diplomaturas, seminarios y cursos de extensión arancelados). Por su parte, la decana de Artes del Movimiento acusó a la oposición a esta reforma -que incluye a nuestra agrupación, UNA Trinchera- de dogmática y expresó que “la realidad” es la que está en el texto, cuya redacción ha sido sustraída, precisamente, a la consideración de los estudiantes. Hemos tenido que ´descifrar´ el rumbo de esta reforma de la cantidad de reuniones -publicadas en la página institucional- que tuvieron las autoridades sobre el SACAU, la educación a distancia (SIED) y los ´controles de calidad´ (SIAC). En cambio, cuestiones que nos afectan directamente a los estudiantes, como las condiciones de cursada, nuestros títulos y contenidos de las carreras de grado y la orientación de la universidad, la gratuidad y calidad educativa, fueron excluidos de la discusión. Los estudiantes no necesitamos el achicamiento de la carrera para asegurar la terminalidad, necesitamos la garantización de las necesidades básicas para sostener la cursada siendo trabajadores. El decano de Multimediales reconoció que las autoridades estuvieron debatiendo el estatuto por años, inclusive desde antes de que Sandra Torlucci fuese nombrada rectora, lo cual es una admisión de que se trata de un proyecto cocinado entre camarillas. Los consejeros estudiantiles afines a las autoridades y el PJ (Estétika, Tu eterno chicharrón, La colectiva y el FULF) celebraron la reforma y la forma “democrática” de su trámite (en realidad, se trata de un proyecto desconocido en una asamblea regimentada). Hablaron de la necesidad de renovación y de una universidad “transversal, anticapacitista, antirracial, transfeminismo, justicia social, decolonialidad, latinoamericanismo e identidades” y “que se tenga en cuenta que somos laburantes”. El planteo fue un conjunto de abstracciones identitarias, sin reclamos concretos que modifiquen nuestra realidad material en la universidad. Resaltaron que “el afuera es hostil y el amor hacia adentro de la universidad”. Estétika, por su parte, reforzó el ataque contra las agrupaciones opositoras, acusándolas de desinformar y promover ´fake news´. El FULF, que también es parte de Estétika, celebró que tienen mayoría en el consejo y defendió la poca difusión institucional del proyecto de reforma, deslizando la responsabilidad de las autoridades sobre las agrupaciones estudiantiles. Pidió que se “sigan efectivizando” las políticas de género y discapacidad, nuevamente, un taparrabos de la política de vaciamiento de las autoridades. La reforma estatutaria se impone a puertas cerradas para silenciar las demandas del movimiento estudiantil y docente, contrarias al programa mileísta que estas camarillas buscan implementar en la UNA . La asamblea dejó en evidencia la falsedad del discurso que pregona que "todos queremos lo mismo": es incompatible defender una universidad gratuita y de calidad mientras se apoyan las reformas del Banco Mundial y la UNESCO que precarizan la educación. Ante esta situación, queda claro que solo la organización y la lucha colectiva pueden imponer nuestros reclamos históricos: salario docente por encima de la canasta básica, triple franja horaria, infraestructura, becas de materiales y boleto educativo. LEER MÁS: Universidad Nacional de las Artes: el “sistema de créditos” y una reforma que degrada las licenciaturas y arancela contenidos Por Iara Bogado, 31/10/2025. Universidad Nacional de las Artes: ¿Reforma del Estatuto o maniobra privatizadora? Por Iara Bogado, 29/10/2025.

El Ministerio de “Capital Humano” pondrá a prueba un sistema de vouchers que reemplazaría la entrega de dinero a los beneficiarios de los planes asistenciales. Los titulares -beneficiarios de los planes- canjearán cupones que representarán su asignación por capacitaciones en empresas. La empresa recibirá el dinero. La reconversión intentará transformar planes sociales en un sistema de capacitaciones que incorpore a los desempleados al mercado laboral y, como se anunció, la financiación de las clases se hará con el dinero de los propios titulares. Funcionarios de Sandra Pettovello explicaron: “Estamos trabajando en un sistema de vouchers para que la gente en todo el país pueda capacitarse en trabajos que sean útiles para cada una de las regiones”. El gobierno libertario da testimonio del rotundo fracaso del ‘Portal Empleo’, creado por el Secretario de Trabajo Julio Cordero con la finalidad de que los titulares carguen su curriculum, se formen y sean contactados por las empresas . Es el enésimo intento de ´reconvertir´ los planes en alguna variante de inserción laboral subsidiada. También lo ensayaron Mauricio Macri y Sergio Massa, pero los progresos fueron sencillamente inexistentes. Ahora, en lugar de subsidiar el salario, se propone subsidiar a las empresas. Para avanzar, se creará un “Centro de Formación de Capital Humano”, un centro piloto para capacitaciones, con certificaciones progresivas, en práctica y teoría en diferentes oficios. En el encuentro empresario de IDEA en Mar de Plata los CEO de Sinteplast (pinturas) y de Arcos Dorados (McDonald’s Argentina) acordaron con Capital Humano. El ministerio sostendrá los espacios, materiales y la manutención, mientras que las empresas definirán las áreas formativas. McDonald’s ya había firmado un acuerdo para incorporar 10.000 desocupados inscriptos en la bolsa de trabajo del ministerio, sin que haya habido novedades al respecto. Sinteplast está interesado en los cursos de pintura para hogares, automotores y la construcción. La idea de los libertarios es nacionalizar el esquema a partir de acuerdos con las provincias y municipios. En el ínterin, la gestión de Sandra Pettovello busca reflotar otro fracaso, llamado ‘Plan Fomentar’, que estipulaba $45.000 por capacitaciones virtuales y $78.000 por las presenciales, pero sólo logró avanzar en 267 inscriptos. Contando todos los programas en universidades e instituciones, son unos 24.000 titulares de asignaciones los que se forman en cursos avalados por el ministerio, pero no es nada con relación a los millones de desocupados y subocupados que está generando la recesión inducida por el programa oficial. Los vouchers se inscriben en una seguidilla de esquemas que continúa la línea del ‘Puente al Empleo’ de Mauricio Macri y del ‘Empalme’ de Alberto Fernández. Los especialistas en ´mercado laboral´ estiman que sólo el 10 % de los titulares de los planes sociales podrían ingresar a un trabajo formal. El resto, “por su poca escolaridad y formación”, sólo tendría condiciones “para la economía popular, las plataformas y las aplicaciones”. ** Reclamos en Capital Humano ** En las concentraciones de organizaciones sociales de la semana pasada, el punto que se repitió en todos los reclamos fue el pedido de actualización del monto de los planes sociales, congelados en $78.000 desde diciembre del 2022, y un bono. Se estima que están vigentes 1.000.000 de planes del programa Volver al Trabajo y 200.000 que se encuentran en el Acompañamiento Social (mayores de 50 años). El 50 % de todos ellos vive en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Hay una cadena de demandas y presentaciones judiciales por el congelamiento y desenganche del Salario Social Complementario respecto al Salario Mínimo Vital y Móvil. Antes estaba fijado por ley y el gobierno liberticida lo derogó. El CELS lo denuncia como una violación del “principio de no regresividad en materia de derechos sociales”. Otro revés para Pettovello fue la cuestión de los titulares de planes, donde de las 75.000 bajas y suspensiones hechas discrecionalmente, tras varias intimaciones legales tuvo que dar marcha atrás y volver a pagar 27.000 planes sociales. Luego del desenganche de los planes, el Gobierno suspendió la contraprestación laboral en las organizaciones y dedicó los fondos principalmente hacia los aumentos en la AUH (asignación por hijo) y en la Tarjeta Alimentaria . Según cálculos del ministerio, llegan a 1,8 millones de titulares. A pesar de esta propaganda y relanzamiento con el sistema de vouchers los funcionarios del ministerio son claros: los tiempos burocráticos y legales les impiden desarmar los programas de asignaciones directas heredados del Potenciar Trabajo. Por lo tanto, buena parte de la respuesta a los reclamos de los desocupados, subocupados y precarizados dependerá del rigor con que se siga aplicando el Protocolo Antipiquetes de Patricia Bullrich.

El viernes 7 arrancó el ´bondi´ más fuerte de todo el conurbano sur: los trabajadores de todas las líneas que pertenecen a MOQSA (Micro Ómnibus Quilmes SA) protagonizaron un paro total de actividades por el no pago de los salarios. Esta patronal compró la 603 (“El tierrita”, una línea con 6 recorridos, dentro de Berazategui), compró la 500 y una línea que recorre Florencio Varela internamente, la 148, El Halcón (que une Florencio Varela, Solano y Constitución); la histórica 22, que se inauguró como tranvía tirado a caballo en 1876; la 300, que une el cruce Ranelagh con la estación de Quilmes; la 584, del Cruce Varela a La Cañada de Bernal (pasando por Berazategui, estación de Quilmes) y la 37. Es decir, estamos hablando de un monopolio del transporte en la zona sur, con distintas llegadas a CABA. Este grupo empresarial aprovechó bien los subsidios del Estado, que le garantizó un régimen de jugosas ganancias. La empresa tiene una plantilla cercana a los 2.300 trabajadores, con salarios que van desde $800.000 (técnicos) a $ 1.400.000 (choferes). Salarios de miseria y hambre. No está pagando los aportes sociales desde hace meses, dejando sin cobertura médica a los trabajadores y sus familias y vaciando la ANSES, poniendo en alto riesgo las futuras jubilaciones de los trabajadores. Un crimen social, avalado por la dirección de la UTA y el Estado, tanto nacional como provincial . Acá no termina el crimen social: las unidades están obsoletas, ya que tampoco se invirtió en renovarlas . Los medios reflejaron en diferentes ocasiones colectivos incendiados por desperfectos técnicos. Hartos de toda esta situación, al ver que no se depositaron los sueldos, los trabajadores llamaron a asamblea donde se impuso el paro total, de todos los ramales. Los trabajadores sacaron la conclusión de que, si todas las líneas responden a una única patronal -con diferentes razones sociales-, es una única lucha. El sábado 8, la patronal pagó a una parte a los choferes que entran a CABA, para romper la huelga. MOQSA lo anunció incluso en un comunicado. La respuesta no se hizo esperar: doble piquete de huelga, porque además del piquete en sí, se sacaron todas las llaves, para que nadie pueda mover un colectivo. El sábado la empresa y UTA sacan de la galera un acta acuerdo, por el cual se garantizaba pagar el lunes 10. Por tal motivo y como muestra de “buena voluntad”, se levantaría el paro el lunes a la cero horas. La 148 (El Nuevo Halcón), que lleva años luchando contra este tipo de maniobras y casi es un ritual mensual, al igual que la 22, no acataron el acta y mantuvieron el paro hasta que fueron depositados la totalidad de los sueldos. El lunes, al ver que la empresa no depositó los salarios como había prometido, a partir de las 18 se retomó el paro. Finalmente, la empresa depositó los salarios, pero no los viáticos. Los compañeros en asamblea decidieron levantar la huelga. 2.300 trabajadores de la zona sur hicieron desaparecer al burócrata Fernández (secretario general de UTA) durante los cuatro días de conflicto. Los compañeros utilizaron la asamblea como método de deliberación, donde se votó paro, piquetes y corte de ruta. Saludamos esta gran lucha y la utilización de los métodos históricos de nuestra clase obrera, para llegar a la victoria: asamblea, piquete de huelga. LEER MÁS: Choferes de MOQSA: retención de tareas ante el no pago de los salarios en febrero Por Sergio Salgado y Oscar Aguirre Zabala, 10/03/2024.

La “discusión” se ha puesto de moda. La oposición dialoguista y, por sobre todo, el kirchnerismo y la burocracia de la CGT se avienen a ‘discutir’. La UOM (rama siderúrgica) viene ‘discutiendo’ un convenio vencido desde hace dos años. ‘Tutti quanti’ quieren ‘discutir’ la ‘reforma laboral’. Se quiere ‘discutir’ algo que la lucha de clases ya ha resuelto hace doscientos años: las patronales quieren intensificar y alargar el tiempo de explotación de la fuerza de trabajo; la clase obrera, disminuirla. La existencia de seis millones de trabajadores fuera de convenio no prueba que el convenio laboral se haya oxidado, sino que las patronales han impuesto un régimen ilegal con la complicidad del Estado, gobiernos, poderes judiciales y sobre todo la burocracia de los sindicatos. La ‘reforma’ patronal no quiere elevar la condición de los no registrados, sino bajar la condición de los que lo están. Las patronales quieren reducir en forma absoluta los llamados “costos laborales”, los obreros buscan reducir, pero sólo relativamente, las abultadas y crecientes ganancias patronales. La crisis del capital no la provoca ningún obrero, sino el capital mismo. Las patronales han aumentado en 13 puntos su participación en el Ingreso Nacional (al 63 por ciento). El ingreso del trabajo se ha hundido al 37 por ciento. La mitad de la fuerza laboral sufre una súperexplotación que crece, mediante la ‘flexibilización’ de los tiempos de trabajo y la tercerización; la otra mitad, mediante el desconocimiento de toda norma laboral. Las patronales, el FMI y Bessent quieren emparejar hacia abajo. La ‘reforma’ quiere poner fin al convenio de trabajo por rama, para reemplazarlo por contratos por empresa e incluso por trabajador. Sin decirlo, declara la muerte de la organización obrera de fábrica, que debe velar por esos derechos. ¿Qué es lo que hay que discutir? Es indudable que la negociación colectiva se ha convertido en obsoleta, pero como consecuencia de las razones contrarias a las que esgrime la patronal. La productividad del trabajo ha crecido en forma descomunal, como resultado de las innovaciones tecnológicas, pero la clase obrera no ha recibido ningún beneficio de ellas. La mayor productividad, sin embargo, desvaloriza, a término, el producto del trabajo: una contradicción que es inherente al modo de producción capitalista. Lo que abunda en términos materiales, escasea en términos de valor. Esta contradicción es insuperable, no la arregla una ‘reforma laboral’, sino la reapropiación, de parte de los obreros, del fruto de su trabajo. En sentido contrario, impulsa la tendencia a la súperexplotación. Este choque de planetas no se resuelve mediante la ‘discusión’, sino mediante la lucha. El desarrollo de estas fuerzas productivas habilita a la clase obrera a ir más allá de la negociación de salarios y condiciones de trabajo: plantea que se haga cargo de la dirección de la producción y de una economía planificada. Nos enfrentamos a una lucha e-xis-ten-cial. No podemos renunciar a nuestros medios de defensa, incluso después de muchos retrocesos. Es una lucha por la vida. Abajo las ‘discusiones’ de kirchneristas y burócratas, o incluso de izquierdistas que ofrecen ‘contrapropuestas’. Hay que aplastar la ‘reforma laboral’ en cualquiera de sus variantes, mediante la lucha. Una lucha por un salario mínimo de dos millones de pesos: por un aumento de salarios y jubilaciones del ciento por ciento; por la jornada de ocho horas; por la organización obrera en los lugares de trabajo, o sea, con delegados electos y asambleas; por la igualación de los salarios entre ‘permanentes’ y tercerizados. Una lucha que sirva para desarrollar una dirección auténtica de la clase obrera, es decir, socialista y revolucionaria.

En Seguridad Laboral, existe un principio que explica que “detrás de cada accidente fatal subyacen alertas previas, de accidentes no fatales, incidentes, etc.”. Esto es conocido como la Pirámide de Bird, también llamada teoría de la pirámide de accidentalidad. Por cada accidente fatal, antes hubo accidentes no fatales, accidentes leves, incidentes y condiciones inseguras. El descarrilamiento del Ferrocarril Sarmiento a metros de la Estación de Liniers de ayer a la tarde es el tercer accidente ferroviario en los últimos dos años: primero en el Mitre, luego en el Urquiza y ahora en el Sarmiento. La situación del ferrocarril de conjunto, según el principio de la pirámide, indica que estamos al borde de un nuevo accidente fatal. En palabras de Política Obrera, “sobre los trabajadores que trabajan y toman transporte público pesa una espada de Damocles permanente. El régimen social de la precarización laboral es también el de la precarización de las condiciones de transporte”. Los hechos El tren chapa 3.358 con destino a Estación Once descarriló a la altura de Liniers, ayer a las 15:50 horas, dejando 20 heridos leves que debieron ser derivados a distintos hospitales de la zona. El resto de los pasajeros debió bajarse caminando por las vías y recurrir a las líneas de colectivo para seguir viaje. El tren estuvo interrumpido haciendo servicios cortos hasta la noche. El siniestro no puede tener relación con una falla del maquinista. La locomotora dobló y los vagones siguieron en las mismas vías. Para La Nación “Lo que sucedió en Liniers, según dos técnicos que conocen el ramal, las formaciones y la infraestructura del Sarmiento, es el típico accidente que se da cuando el cambio de vías sucede con el tren arriba de la parrilla ferroviaria de cambio. Es decir, la formación pasa, los primeros coches siguen un camino y, en ese momento, se mueve la vía. El resto siguió por otro sendero de hierro. Cuentan que el coche que quedó en diagonal se convierte en una suerte de 'enganche' entre las dos formaciones que circulan por vías separadas”. Aunque está descartada la falla humana, la Justicia ordenó hacer análisis al maquinista que conducía el tren al momento del descarrilamiento para buscar la presencia de alcohol y otras substancias en sangre. Como en la masacre de Once, el régimen social buscará trasladar a los trabajadores su responsabilidad en los hechos. El Sarmiento tiene un sistema de enclavamiento que impide que este cambio de recorrido se haga con el tren en marcha. Ese “sistema de enclavamiento”, que impide el error humano cuando el tren está arriba, es parte del plan de inversiones que desató la masacre de Once. ¿Por qué se movió entonces con la formación sobre la parrilla de cambios? Existen distintas posibilidades: la falta de mantenimiento, una falla en el sistema o un vicio en la fabricación de una pieza. El desmantelamiento del ferrocarril es la causa raíz de los accidentes. Según técnicos de la línea Sarmiento comentaban que el descarrilamiento “podría haber tenido una entidad muy superior si no hubiese sido por las formaciones y el estado general de la zona. Si bien hay obras pendientes, el sistema de vías de esa parte del ramal no presenta gran deterioro. Además, los coches respondieron de forma eficiente para evitar, por caso, el vuelco” (La Nación, 12/11). ** Crimen de Estado, de la motosierra y de la burocracia** El ferrocarril es una de las víctimas de la motosierra del Gobierno Nacional. La inversión se reduce a cero. El personal de señalización, balizamiento y prevención fue disminuido a su mínima expresión y el presupuesto de reparación y mantenimiento de vías también fue víctima del ajuste. Las plantillas de trabajadores ferroviarios fueron achicadas en más de 3.000 trabajadores en los últimos dos años. Los salarios de los ferroviarios están entre los que más perdieron, por lo que las renuncias y arreglos son tan masivas como los despidos. La estatización no abrió paso a nuevas inversiones en el Sarmiento, sino todo lo contrario. El desmantelamiento del sistema ferroviario no es un hecho casual: es el paso previo a una privatización. Pero para ello es necesario reducir la plantilla y convertir el sistema de transporte en un infierno para los usuarios. Se repite el esquema de Aerolíneas y de Intercargo. Dejar sucumbir el servicio para abrir las puertas de las reprivatizaciones. El negocio no estaría en la gestión del ferrocarril, sino en lograr que se les permita a los privados la liquidación de invaluables terrenos pertenecientes al ferrocarril. La Unión Ferroviaria integra con sus dirigentes la dirección de la empresa estatal que gestiona el ferrocarril. Es parte integral de la motosierra que se aplica contra el ferrocarril, sus trabajadores y usuarios. Murió Pedraza, pero el esquema pedracista continúa a todo vapor. Es gestora también del vaciamiento de los puestos de trabajo y del retroceso salarial. Conforma un bloque junto a otros gremios del transporte para que no existan medidas gremiales contra el gobierno de Milei. Es necesaria la lucha por un aumento inmediato del presupuesto para el ferrocarril; por un aumento de salarios del 100 % para los trabajadores ferroviarios; por la reincorporación o el reemplazo de todo el personal despedido; por una comisión obrera de seguridad laboral que supervise las obras necesarias para parar los accidentes. Con un planteo así, las huelgas de los trabajadores ferroviarios serán apoyadas por los usuarios. Afectar las ganancias del capital es el único camino para evitar nuevos accidentes y nuevas fatalidades.

Javier Milei ha logrado desarmar la bomba de tiempo que le plantó la elección bonaerense del 7 de septiembre pasado, pero no la enorme dolarización de activos que han usado los especuladores financieros y parte del público para apostar a una devaluación del peso. No se trata de algo menor cuando se sabe que la devaluación es un anatema para Caputo y compañía, por el temor a que desate una inflación de precios y se lleve puesto al gobierno sin el paso necesario de nuevas elecciones. De acuerdo a una información de Clarín (31/10) “(…) en los primeros nueve meses del año, las compras del sector privado no financiero sumaron u$s 30.415 millones, el mayor valor desde 2020”. El financiamiento de esta fuga de divisas corrió por cuenta del superávit comercial; los aportes de las aceiteras cuando se suspendieron las retenciones a la exportación de sojas y derivados; el desvío de préstamos de organismos internacionales; diversos préstamos internacionales -garantizados por el oro y otros activos públicos- y por el uso de reservas líquidas que han llevado el déficit a más de 11.000 millones de dólares. El vicepresidente del Banco Central ha cifrado en 25.000 millones de dólares la “cobertura cambiaria”, a fines de octubre último, “con billetes u otros instrumentos” (Clarín, 9/11). Se refiere a la compra de dólares en el mercado de cambios; al traspaso de la deuda pública en pesos a bonos ajustables al dólar y lo mismo con los depósitos en pesos en los bancos; finalmente, al mercado de dólar futuro, del orden de los 16.000 millones de dólares de acuerdo al Boletín 1816. Esta dolarización habría redundado en grandes ganancias en caso de una devaluación del peso, con un agregado: una fuerte emisión monetaria de parte del Banco Central. El superávit fiscal que alega tener el gobierno habría perdido poder adquisitivo en dólares y precipitado un default. Los votantes de Milei esperaban que su derrota les hiciera ganar fortunas. Son los gajes del capitalismo. Caputo y compañía esperan ahora “un desarme” de esta dolarización, como consecuencia de la victoria electoral y del apoyo del Tesoro de Estados Unidos. Esta reversión implicaría pérdidas importantes para quienes han apostado a una devaluación, en especial porque han “apalancado” la dolarización de activos mediante deuda. La repesificación de activos serviría para ofrecer liquidez al mercado interno y reducir las desmesuradas tasas de interés de los créditos, tanto bancarios como no bancarios. Algo de esto ha ocurrido; el Boletín 1816 asegura que se desarmaron posiciones por 4.000 millones de dólares en contratos de futuros, pero aún quedan en pie 12.000 millones de dólares. La pelea entre los devaluacionistas y antidevaluacionistas continúa, aunque con la advertencia de que el Tesoro norteamericano ahora ha cambiado de bando: de un sostén preelectoral del peso para favorecer a LLA, ha pasado a la tesis de “la flotación del peso” y “la libertad cambiaria”. Está dispuesto a activar un canje de monedas, que para algunos sería de 20.000 millones de dólares, para respaldar la salida del cepo cambiario (para grandes empresas) y evitar un descontrol devaluatorio. Cuando Milei le dice al Financial Times que mantendría el sistema cambiario de bandas, o sea, la continuidad de la intervención del Estado en el mercado de cambios, se comporta como lo haría cualquier banquero o secretario del Tesoro: miente, porque no le queda otra. Milei y Caputo intentan evitar una devaluación mientras se discute en el Congreso el Presupuesto 2026, de otro modo nunca lograría su aprobación. Al mismo tiempo, trata de producir un desarme masivo de posiciones en dólares, algo imposible, en última instancia, con un peso sobrevaluado. El éxito electoral no es un sustituto para resolver una crisis histórica de deuda pública sin pasar por crisis cada vez más violentas. “Hacia adelante”, concluye un columnista de Clarín (9/11), algunos 'sobredolarizados' podrían vender parte de sus divisas, el gobierno tratará de comprar algunas y reforzar sus reservas, aún débiles (sic). Son las dos fuerzas que pulsearán en las próximas semanas y que definirán la suerte del dólar hasta fin de año”. En efecto, la crisis está al rojo vivo, sujeta a una confrontación entre quienes “shortean” el peso (devaluación) y quienes lo hacen con el dólar. Caputo, partidario de un “peso fuerte”, tiene seguramente puesto su dinero en el campo contrario. Argentina enfrenta vencimientos de deuda soberana hasta 2027, que algunos cifran en 30 y otros en 50.000 millones de dólares; en enero próximo tiene un vencimiento por 4.5 mil millones de dólares. En los últimos días, el aumento de la cotización de los bonos soberanos ha resultado en una disminución de la tasa de interés que debería pagar el Tesoro argentino por nueva deuda. No es que Argentina podría ‘volver’ a los mercados internacionales, sino que hay en discusión un préstamo de bancos internacionales para financiar el pago de esos vencimientos y, por sobre todo, el de enero. Pero esto no sería solamente “meter dinero valioso (dólares) en dinero de dudoso valor (pesos)”; la ingeniería del préstamo plantea resolver antes el tema de la devaluación y de la libre flotación cambiaria. De acuerdo a una información de Ámbito Financiero (7/11), el Tesoro norteamericano se aprestaría a refinanciar una parte de su propia deuda pública (totaliza la friolera de 38 billones de dólares). En consecuencia, emitiría “u$s 125.000 millones en valores del Tesoro para cubrir el vencimiento de aproximadamente u$s 98.200 millones”. La diferencia serviría “para respaldar operaciones financieras más amplias -incluyendo swaps bilaterales o avales implícitos- sin necesidad de involucrar al FMI en nuevos programas de asistencia”. Cortito: el Tesoro norteamericano está ejecutando una refinanciación que contemplaría un socorro a Argentina, mediante la garantía a préstamos bancarios. Semejantes maniobras financieras, con riesgos en varios frentes, para rescatar a un tercero, revelan que las finanzas ‘libertarias’ se encuentran en terapia intensiva. La garantía más sólida para un banco (si es que esto existe) es poder monetizar sus créditos por medio de transacciones corrientes, y no tanto que le hipotequen a su favor, por ejemplo, a las Islas Malvinas. De modo que pagar los vencimientos de deuda mediante nuevas deudas, sea con el Tesoro norteamericano o con los bancos internacionales respaldados por ese Tesoro, requiere una libertad de entrada y salida de capitales y dinero, lo que implica la devaluación del peso. Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, no ha recuperado aún los 2.000 millones de dólares que invirtió en bancos locales para sostener (comprar) el peso y evitar una devaluación electoral. Los pesos se encuentran ahora en el Banco Central, que los compró al Santander y al Morgan a cambio de Letras de Liquidez (Leliq). La emergencia electoral no ha concluido. Esta operación con los bancos se convertirá ahora en un ‘swap’ con el Tesoro norteamericano, o sea, en una deuda en dólares de Argentina con Estados Unidos, con la cual Caputo cancelará las Leliq con los bancos. La ‘estabilidad’ del peso se juega todos los días en operaciones de las mesas de dinero, porque carece de sustento propio. El gran argumento de los partidarios de dejar “flotar el peso” es, de acuerdo a un funcionario del FMI, que el sistema de bandas “está muerto”. Más a fondo, el sistema actual es impotente para hacer frente a un nuevo shock. El electorado, como en 1999, votó por mantener el ‘status quo’ –la convertibilidad-, para comprobar que era impotente para enfrentar el nuevo shock. Para un economista internacional muy citado, Barry Eichengreen, “la alternativa (una devaluación) sería el caos económico. Pero mantener el curso monetario actual implica, de hecho, un caos mayor, no menor’ (Financial Times, 30/10). Una cuestión central de la crisis es que la continuidad del “peso fuerte” y de la política deflacionaria ha conducido a una depresión industrial aguda. La falta de liquidez es notoria y los intereses son altos. Aumentar la circulación de pesos a cuentagotas, mediante el sobrante que dejan los títulos públicos en pesos que no se renuevan, no cambia en absoluto el escenario y hasta alimentan un caudal que en lugar de ir a la industria y al comercio, se desvíe al mercado de cambios y del dólar. La industria argentina no es competitiva a nivel internacional, de modo que no acomodar la política económica a esta condición derivaría en un desempleo crónico que no puede morigerar la exportación de combustibles y minerales, suponiendo que no se manifieste una superproducción internacional en ambos casos. Las sanciones económicas aplicadas a los productores de una y otra, o la guerra arancelaria en la cadena de producciones estratégicas, producen el mismo resultado. Como todo escenario de lucha contra este gobierno reaccionario sólo se puede construir en base a una perspectiva de conjunto, la conclusión es que la crisis financiera atravesará períodos más convulsivos y acicateará crisis políticas y lucha de clases de mayor envergadura.

Acaba de saberse que el pago de una cuota de interés al FMI, el primero de noviembre, por 680 millones de dólares, fue saldado por parte del Tesoro norteamericano (Financial Times, 13/11). Fue ejecutado por el Fondo de Estabilización Cambiaria en favor del Banco Central, mediante la transferencia de Derechos Especiales de Giro, equivalente a 870 millones de la divisa norteamericana. El FEC tiene en el activo de su balance unos 173.000 millones de dólares en DEGs. Los DEGs son una moneda escriturada del FMI, que se encuentra repartida entre sus miembros de acuerdo al porcentaje de participación en el capital del Fondo. La transferencia aparece en los balances del FEC y del Banco Central, pero ninguna de sus autoridades (tampoco del FMI) han querido informar acerca de esta operación. Los “acuerdos de confidencialidad” que amparan las transacciones financieras privadas, se han extendido a la esfera pública. Lo que ocurre en el seno de la democracia capitalista se encuentra guardada bajo siete llaves. El trascendido de la trasferencia, por parte del Financial Times en la fecha de hoy, oscurece aun más la intervención pre-electoral del Tesoro norteamericano en el mercado de cambios de Buenos Aires, donde habría vendido dólares a cambio de pesos por medio de las sucursales de dos bancos extranjeros – el Santander y el Morgan. Esta operación para contener la hemorragia de divisas y una fuerte devaluación del peso, aparece añadida al pago de intereses al FMI mediante un canje de monedas (“swap”) de valor desconocido. Todo sumado, el swap habría sido activado por alrededor de 3 mil millones de dólares. Los DEGs no son una moneda transaccional, dadas las restricciones que tiene impuestas. Pero pueden ser usados por los Tesoros para adquirir divisas en poder de los bancos centrales, por plazos cortos, o medianos, en caso excepcional. El pago de intereses al FMI se hizo en ‘circuito cerrado’: los DEGs fueron depositados en el Central, que los giró al FMI, o sea a los países miembros. Argentina ha quedado con una nueva deuda que, probablemente, el Central transferirá al Tesoro nacional, o sea al gasto público, a costa de prestaciones sociales y obras públicas. “Swap” o no, el Tesoro argentino ha quedado endeudado con el Tesoro norteamericano. por primera vez. Estamos ante un caso extremo de las “relaciones carnales”, que hizo famoso el fallecido canciller de Menem, Guido Di Tella. En este caso, una relación incestuosa entre Bessent y Caputo, en medio del enorme escándalo que se ha descargado sobre Trump por el caso de prostitución de menores de edad que habría compartido con el matrimonio Epstein. La relación incestuosa entre el Fondo de Estabilización Cambiaria, de Bessent, y el Banco Central de Caputo, plantea el interrogante acerca de quién pagará los vencimientos de deuda soberana en enero que viene, del orden de los 4.500 millones de dólares. Se hizo correr la versión que lo financiaría un cártel de bancos, encabezado por el JP Morgan, con el respaldo de fuertes garantías del Tesoro estadounidense y de Trump –no, por supuesto, del Banco Central de Argentina, que ha consumido por completo los ingresos del superávit comercial, los blanqueos de dinero no registrado, los nuevos préstamos del FMI y tres préstamos ‘repo’ de 6.800 millones de dólares con garantía en oro (alojado en bóvedas suizas). El FEC tiene en caja unos 30.000 millones de dólares, que quedaría vaciada si fuera usada para pagar los vencimientos de deuda hasta diciembre de 2027. Pero tiene 180.000 millones de dólares en DEGs. Ámbito Financiero (7/11) cree haber descubierto una fuente alternativa a las dos mencionadas para pagar los vencimientos de bonos soberanos hasta 2027. El Tesoro norteamericano, de nuevo, estaría planeando una refinanciación de su propia deuda pública, mediante la emisión de nuevos bonos por sumas superiores a las necesarias, para dejar un saldo en “cash” del orden de los 60.000 millones de dólares, que serían utilizados para sacar del naufragio financiero a Luis Caputo –un timbero de profesión. El oficialismo ofrece un desapego fingido frente a esta crisis. Interpreta que la caída del riesgo de los bonos soberanos de Argentina (un desplome de más de 600 puntos en dos semanas) permitiría pagar los vencimientos por medio de operaciones corrientes de mercado. Apuesta a un “peso fuerte” para incentivar el ingreso de capitales de corto plazo con la zanahoria de altos rendimientos en moneda local y dólar devaluado, sin la necesidad de una acumulación previa de reservas; en lugar de ellas, tiene el respaldo de Bessent y del Tesoro estadounidense. Ha creado un clima de calma financiera ficticia que desplomaría las variables económicas comprometidas (inflación, tasas de interés, tipo de cambio) que se volverán a disparar a corto plazo, como ocurriera seis veces desde diciembre de 2023, dejando lucros enormes para unos y pérdidas para otros. Trump, por su lado, ha abierto un nuevo frente de conflicto con la FED (el Banco Central de USA), al cual debe venderle ahora los DEGs del FMI a cambio de dólares estadounidenses contantes y sonantes. Las operaciones de DEGs por dólares del Fondo de Estabilización del Tesoro norteamericano se realizan a través de la Reserva Federal de Nueva York. La banca central norteamericana se encuentra descentralizada en 14 regiones y es parcialmente privada. El JP Morgan, entre otros, interviene en la gestión de la deuda del Tesoro por parte de la FED. El rescate del régimen de Caputo-Milei se encuentra atrapado por numerosos intereses contradictorios. El club de los economistas y casi toda la prensa financiera internacional discrepan con las fintas de Caputo y Bessent, y reclaman la “flotación del peso”, para que alcance una nueva cotización –‘de acuerdo al mercado’. Aseguran que, de este modo, se acumularán reservas internacionales y se normalizaría el comercio interno, que con el “peso fuerte” tiene un fuerte sesgo deflacionario, importador, regulatorio e inhibidor de inversiones extranjeras a largo plazo. Caputo respondió a la cofradía de sus colegas con un eso es “comunismo” –inflación, estallido social y movilización obrera. Lo que busca, en realidad, es que se apruebe el Presupuesto 2026, con ajustes más severos, y se vote la liquidación del derecho laboral. Obtenidos estos ‘reaseguros’ dejará “flotar el peso” o, en su defecto, lo harán ‘flotar’ para devaluar. Argentina asiste, otra vez, a una crisis sin aditamentos, que es aquella que lleva a un estallido si se sigue por el ‘mal’ rumbo y también si se adopta el contrario. Ocurrió en julio de 1975 (Rodrigazo); en febrero de 1981 (“el que compra dólares, pierde); en febrero de 1989 (la devaluación de Machinea); en 2001 (fin de la convertibilidad) –en 2008, 2014, 2018, 2021/2. Bajo el gobierno liberticida, la inflación es excepcional (dos dígitos anuales), con una depresión industrial que camina a convertirse en excepcional. La camarilla financiera levanta el espectro del comunismo, sólo en parte como herramienta de extorsión. Con varios siglos de experiencia, sabe que el impasse y la inviabilidad del capitalismo ha sido siempre la antesala de las rebeliones populares y de la revolución social. LEER MÁS: Tesoro norteamericano, FMI, bancos internacionales – las maniobras desesperadas para contener un derrumbe financiero poselectoral Por Jorge Altamira, 12/11/2025.

En medio de los anuncios de la desregulación de las cuotas a las escuelas privadas un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestra cómo hace una familia para poder llegar a fin de mes. El primer dato es que aumentó en un 28.9% el pago de “gastos corrientes” con tarjetas de crédito o el pedido de fiado en el almacén. En 2003 el 22 por ciento de los hogares pagaba con tarjeta de crédito o por “libreta” gastos cotidianos, hoy la cifra escaló a 50,9%. Hay familias que están pagando el boleto de subte o colectivo con la tarjeta de crédito, lo que empezó como una promoción con devoluciones de porcentajes ante el aumento de las tarifas en el transporte se volvió una necesidad regular por el congelamiento salarial de la mayoría de los gremios. En la comparativa entre el segundo semestre de 2003 -plena crisis post 2001- y el primer semestre de este año hubo un crecimiento del 17,5 de hogares que necesitaron gastar sus ahorros para poder afrontar los gastos mensuales. La plata en el colchón que se usaba para las vacaciones o para cambiar el coche se transformó en un gasto para comida, tarifas como la luz el gas o intentar mantener el nivel de vida de la familia afrontando las cuotas de escuelas privadas, prepagas, clubes y clases extracurriculares de los hijos. Respecto de adquirir deudas con entidades bancarias o no formales un 10% más de hogares tuvo que recurrir a ese recurso, siendo los hogares de menores recursos los más endeudados. Mientras que en 2003 los hogares de altos recursos que solicitaban préstamos no alcanzaban a un 3,7%, en 2025 la cifra se duplicó. Los niveles medios pasaron del 9,5 al 16,1% y en los sectores bajos pasaron de 12,3 a 17,4%. Las dos cifras que más se acercan son el número de hogares de clase media y de clase baja que necesitan acudir a préstamos bancarios para los gastos regulares. Otra situación que analiza el INDEC es el crecimiento que hay en los hogares de ayudas “de ingresos en especies”. Entre los trabajadores desocupados, del trabajo informal o trabajadores de convenio con salarios bajos se extiende recibir ayuda en forma de especies. Reciben bolsones de comida de organizaciones sociales o religiosas o del propio Estado mientras que esas ayudas entre la clase media y la clase alta suele darse entre miembros de la familia. Se trata de comida, ropa u otros elementos que puede necesitar una familia para afrontar los gastos del mes. En el periodo que abarca los últimos 12 meses la inflación en Argentina fue de 31,3% (sólo en octubre fue de 2,3%) pero las paritarias están congeladas o son en cuotas del 1%. La farsa de que no hay inflación no la puede creer nadie, el aumento constante en alimentos, transporte y tarifas por un lado, y el techo salarial por el otro, es lo que genera que las familias tengan que salir a quemar ahorros y endeudarse para afrontar los gastos cotidianos. En el último mes sólo el transporte aumentó 3,5 quedando entre los que más crecieron del Índice de Precios al Consumidor (IPC–INDEC) seguido de un 2,8 de los precios de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. A excepción de la Patagonia, el ítem con mayor impacto en la medición fueron los alimentos y las bebidas no alcohólicas con el 2,3%. El informe del Índice de Precios al Consumidor compara los aumentos respecto del mismo mes de 2024 y otra vez quedan blanco sobre negro las causas por las cuales se extendió el número de hogares de la clase media y alta que debieron usar ahorros o apelar a préstamos: Sólo en la educación privada hubo un aumento del 59,5% comparado con octubre del año pasado y le sigue el ítem de restaurantes y hoteles con el 45,8. Según el organismo estatal, el ítem con mayor aumento que impacta en asalariados y desocupados es el de vivienda, servicios y combustibles con un 45,6%. Las cifras son un promedio a nivel nacional, pero hay regiones como la patagónica en la que los aumentos en educación -en el término de 12 meses- fueron de un 89%. Ante este panorama que promete empeorar en los próximos meses con más aumentos, despidos y la Reforma Laboral que va a flexibilizar los convenios y las condiciones de trabajo, es que debemos organizarnos para poner fin a un gobierno comprometido en arrasar las condiciones de vida de las mayorías. LEER MÁS: Las renuncias en el INDEC golpean al corazón del gobierno liberticida: la manipulación de las estadísticas Por Leo Perna, 23/08/2025. Inflación: un nuevo aumento por tercer mes consecutivo Por Jacyn, 14/08/2025. La “baja de la inflación” es un dibujo En 2024, fue del 133,6%, 16 puntos por encima de lo que se informa oficialmente. Por Joaquín Antúnez, 21/01/2025.

A ocho meses del feroz y criminal ataque al fotorreportero Pablo Grillo -herido gravemente por el gendarme Héctor Jesús Guerrero, hoy procesado, a pesar del encubrimiento del Ministerio de Seguridad- Patricia Bullrich sigue aplicando el mismo protocolo criminal contra las libertades democráticas, el derecho a la protesta y el reclamo de los jubilados, hambreados por su gobierno. Bullrich asume plenamente la responsabilidad por las embestidas de las fuerzas represivas a su cargo, que cada miércoles paralizan el centro porteño para ensañarse con los jubilados. Es una medida ´preventiva´ del gobierno, que apunta a desmantelar el sistema previsional con una ´reforma estructural´ al servicio de los fondos de pensión y del capital financiero. Las marchas de los miércoles se realizan desde hace más de tres décadas. Comenzaron a realizarse contra la ´reforma previsional´ del menemismo, y continuaron bajo todos los gobiernos de turno, que profundizaron la miseria jubilatoria. Mientras tanto, los hechos se repiten cada miércoles en las movilizaciones de los jubilados a Congreso. En esta ocasión, se produjeron intentos de detener a jóvenes, que son previamente “marcados” mediante el equipamiento tecnológico que las fuerzas poseen. Una joven militante de la organización Ni Un Paso Atrás de Madres de Plaza de Mayo fue agredida de una trompada en un ojo por un efectivo de la Policía de la Ciudad. Uno de sus compañeros de la organización, el fotógrafo Fidel Tomás Bravo, había sido atrapado sin razón por la policía y la joven relató que "cuando fui a ayudar a mi compañero, un oficial me pegó una trompada y me corrió. No estábamos haciendo nada. ¿Entienden en qué situación estamos ya, que nos marcan y nos agarran?" (Anred, 12/11). La policía también detuvo al sacerdote Francisco “Paco” Olveira. Nuevamente se produjeron corridas y palos, con un saldo de numerosos heridos. A este gobierno liberticida no le ha bastado con cercenar el derecho a reclamar en el Anexo de Diputados ni con impedir la marcha alrededor del Congreso Nacional mediante vallas y una desmesurada presencia represiva de todo tipo. Semana a semana aplica violencia y provocación. Hoy, una vez más, fotorreporteros, jóvenes militantes que acompañan nuestros justos reclamos, y hasta alguna jubilada fueron agredidos con una brutalidad inconcebible. Mientras los jubilados protestamos con nuestras consignas, haciendo ruido con tarros y tapas, sin protección alguna, el aparato represivo se despliega con recursos millonarios: gases de todo tipo, móviles, equipos de protección, máscaras, drones y videocámaras. Todo esto mientras Bullrich, al unísono con Milei, repite que “no hay plata”. Las detenciones y el ensañamiento violento, especialmente contra fotorreporteros, periodistas y jóvenes que nos acompañan, evidencian el intento de impedir el testimonio gráfico del accionar perverso y siniestro de estos personeros de la represión. Han elegido agredir a los más jóvenes porque el ataque a los jubilados ha sido condenado por la opinión pública. Ni los empujones, ni las refriegas, ni los golpes, ni los gases lograrán sacar a los jubilados de los miércoles del Congreso. Allí se juegan no solo nuestras condiciones actuales de vida, sino también el futuro del derecho a jubilarse de los trabajadores en actividad. La implantación del temor y el terror como recurso de disciplinamiento y regimentación por parte de este gobierno represor y hambreador probablemente se agudice con la reforma penal que impulsa, en previsión de los choques que provocarán las reformas laboral y previsional exigidas por el FMI. No sorprende, entonces, que una vez más se descargue el accionar represivo sobre los cuerpos y derechos de quienes reclaman, se manifiestan y acompañan. A las fuerzas de seguridad, nuestro más enérgico repudio, al igual que a quienes desde el poder ejercen el autoritarismo y la violencia. ¡A quienes nos acompañan en esta lucha, toda nuestra solidaridad siempre! Abajo la represión.

El miércoles 12 se llevaron a cabo las asambleas ordinarias del SUTEBA, en donde se consideró la memoria, balance económico y política gremial del 2026 para el sindicato. En esta oportunidad, también se votaron las juntas electorales seccionales para las elecciones del año próximo. El viernes 14 se realizará el congreso ordinario, en donde los delegados votan de acuerdo a lo resuelto por la mayoría en las asambleas seccionales. Los documentos de la conducción provincial liderada por Roberto Baradel y la Celeste se conocieron apenas unas horas antes de realizarse las asambleas, vaciando de debate las propias asambleas y, por supuesto, lo que será el congreso. Lo escrito allí es también una impostura. El punto número uno de la política gremial es “Impulsar la aprobación del Presupuesto Provincial 2026”, es decir, el presupuesto para pagar la deuda pública de Axel Kicillof ajustando aún más al salario docente y la educación pública. En materia salarial plantea que “la Paritaria Salarial sostenga su periodicidad, para lograr el recupero de la pérdida por el impacto inflacionario”, admitiendo que el salario viene perdiendo con la inflación. En cuanto a reformas laborales, afirma “Concretar el Convenio Colectivo de Trabajo Docente” del cual no se conoce una sola palabra. El documento finge demencia ante los paros provinciales que se llevaron adelante este año en repudio a la paritaria salarial, absolutamente masivos. En cuanto a medidas de lucha, no hay nada, apenas un genuflexo “dar continuidad a la lucha nacional”. Se plantea que “Los desafíos en este tiempo histórico para lxs Trabajadorxs, para nuestro Pueblo, tienen que estar principalmente centrados en el debate y la construcción de propuestas para desarmar la subordinación, a la que nos somete Milei, a la política imperial de Estados Unidos y a la injerencia de la piratería financiera global que está limitando nuestro desarrollo”. Venimos de sendas campañas electorales en donde el peronismo, al cual Baradel y la Celeste tributan, omitieron olímpicamente cualquier oposición a esa subordinación, lo cual persiste a la fecha. No existe, tampoco, medida de lucha alguna propuesta para enfrentarla. Que todo esto es puro palabrerío lo demuestra el vaciamiento de las asambleas, con exclusiva participación del aparato de la Celeste, que aun así no defendió mínimamente esta política, así como tampoco pudo presentar un balance de las recientes elecciones y una perspectiva político-sindical para la docencia. Es notorio la ausencia completa de un programa alternativo al del liberticida Milei. En este cuadro, solo se pudo escuchar un compendio contradictorio de llamados a luchar “en unidad” contra Milei y, al mismo tiempo, a que los trabajadores y las agrupaciones combativas se sometan a la dirección de la burocracia. Un dato significativo fueron los padrones de afiliados de las asambleas manipulados por la Celeste. La seccional de Tigre denunció que contaba con personas que “cotizan en sede” y no directamente desde su sueldo. El padrón de La Matanza estaba también visiblemente inflado. El primer punto a votar en todas las asambleas fue la constitución de las juntas electorales. Como desarrollaremos en un próximo artículo, la lista Multicolor vetó nuestra participación en ella bajo la burocrática exigencia de que nuestra corriente debía votar también la Política Gremial de esa lista, cuyo contenido se conoció más tarde que la de la Celeste y a horas de las asambleas. Así las cosas, y mediante la movilización del aparato de la Celeste, ganaron las juntas electorales, la memoria, balance y política gremial en la mayoría de las seccionales, a excepción de Tigre, Marcos Paz y Bahía Blanca. Tomada la oposición a la Celeste en su conjunto, las votaciones más importantes se lograron en Matanza y La Plata. Nuestra corriente, Tendencia Docente Clasista, rechazó la memoria y balance de La Celeste y presentó una política gremial propia en las asambleas de Matanza, San Isidro, Mar del Plata, Bahía Blanca, General Rodríguez, Almirante Brown, Merlo, General San Martin, San Miguel, José C. Paz, Pilar, Morón, Hurlingham y Ezeiza. En el congreso del SUTEBA, nuestros congresales mocionarán por una huelga general contra el protectorado financiero de Trump-Milei, la inminente invasión militar de Trump a Venezuela y las reformas laborales antiobreras que, en el caso de la docencia bonaerense, encabeza Axel Kicillof.

Una nueva tanda de más de 20 000 correos electrónicos de Jeffrey Epstein, el multimillonario proxeneta que llenó de adolescentes y jóvenes las camas de los patrones de los círculos financieros, políticos y sociales de todo el mundo, corrobora su cercanísima relación con Donald Trump. El presidente norteamericano “sabía lo de las chicas” y “pasaba horas” con una de ellas en la casa de Epstein. Mientras su popularidad cae en picada, Trump sigue negando haber sabido antes la conducta de Epstein. En la semana, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron tres correos electrónicos. Uno es un intercambio de Epstein con su amante y socia, la reclutadora Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel por explotación sexual y abuso de menores. Epstein le escribió: “Quiero que te des cuenta de que el perro que aún no ha ladrado es Trump. La (victima) pasó horas en mi casa con él y nunca se lo ha mencionado ni una sola vez”. Maxwell respondió solo unas horas después: «He estado pensando en eso...». Se cree que el perro era Trump y la aludida Virginia Giuffre, víctima de tráfico y abuso sexual desde sus 16 años, que se suicidó en abril de este año. Giuffre también fue violada por el príncipe Andrés, recientemente expulsado de la Corona británica. El correo electrónico contradice las afirmaciones de Maxwell a la Justicia, donde describió a Trump como un «caballero perfecto» que «nunca estaba cerca de las chicas». Maxwell pidió a Trump que le conmute su sentencia. La conexión de Trump con Epstein se remonta a décadas atrás. En una entrevista de 2002 con la revista New York, dijo la famosa frase de que Epstein era «muy divertido». «Incluso se dice que le gustan las mujeres guapas tanto como a mí, y muchas de ellas son bastante jóvenes», dijo Trump al periodista. En una maniobra desesperada por proteger a Trump, los republicanos respondieron publicando miles de correos electrónicos, imágenes y documentos de Epstein. El efecto fue el contrario: liberaron más pruebas de que el proxeneta siguió manteniendo un contacto estrecho con figuras poderosas de los medios de comunicación, las finanzas, el gobierno, el mundo académico y la política exterior aún después de cumplir su condena en 2009. O sea, cuando ya era pública su función. Durante años, los medios de comunicación y el poder político intentaron restar importancia a esos vínculos. En un controvertido acuerdo de inmunidad con la fiscalía, Epstein se declaró culpable de solicitar prostitución y procurar menores para la prostitución. Cumplió una condena de 13 meses con salidas diarias para trabajar. En julio de 2019, Epstein fue arrestado de nuevo, por tráfico sexual de menores. Lo acusaron de que entre 2002 y 2005, había explotado sexualmente y abusado de docenas de niñas menores en sus residencias de Manhattan y Palm Beach. No llegó a ser juzgado. Fue encontrado ahorcado en su celda en agosto de 2019. La muerte fue declarada suicidio, aunque siempre se ha cuestionado la versión oficial. Decenas de correos electrónicos muestran la correspondencia de Epstein con el editor financiero del New York Times Landon Thomas Jr. en el periodo anterior a la detención y muerte de Epstein. Allí ofrece pruebas fotográficas del “comportamiento” de Trump con “mujeres jóvenes” en las propiedades de Epstein. El NYT nunca las publicó. También menciona el intercambio de muchachas entre uno y otro. Epstein escribió: «Mi novia de 20 años en 1993, que después de dos años le di a Donald». Muchos correos electrónicos revelan la constante correspondencia de Epstein con Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro, expresidente de Harvard y figura más que influyente de las finanzas internacionales. Summers pidió consejo a Epstein sobre citas en 2017, 2018 y 2019. El 3 de junio de 2019, Epstein escribió a Bannon: «El príncipe Andrés y Trump hoy. Demasiado divertido. Recuerda que la acusadora del príncipe Andrés salió de Mar a Lago». En una declaración enviada a TIME, el presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, afirmó: «A pesar de las negativas de Donald Trump, estos correos electrónicos dejan claro que Trump sabía que su amigo íntimo Jeffrey Epstein era un pedófilo y un depredador, y que el propio Trump pasó horas en la casa de Epstein con una de sus víctimas. El intento fallido de la Casa Blanca de ocultar la verdad al pueblo estadounidense ha sido uno de los mayores encubrimientos de la historia de Estados Unidos, pero el juego ha terminado». Los archivos de Epstein van mucho más allá: permiten vislumbrar una élite degenerada que traficaba con niños y mujeres jóvenes, protegía a los abusadores, suprimía pruebas, manipulaba a la prensa y ahora bloquea abiertamente las investigaciones. Trump ha presionado directamente a los republicanos para que retiren sus firmas de una petición bipartidista que exige la divulgación de los archivos de Epstein (un compromiso electoral de Trump). La divulgación final de los documentos requeriría la firma de Donald Trump mientras Ghislaine Maxwell está buscando que Trump firme una conmutación de su pena. El caso Epstein es uno de los factores que corroen la aprobación al gobierno y a Trump, que cayó drásticamente desde el inicio de su segundo mandato. La sorpresiva revelación es que buena parte del descontento proviene de los mismos republicanos (LN 13/11). Según la encuesta, solo alrededor del 68%, es decir, dos tercios de los republicanos, dijeron que aprueban la gestión de Trump, una caída con respecto al 81% en marzo. La aprobación de los independientes cayó del 38% al 25%. La encuesta de AP-NORC Center for Public Affairs Research se realizó después de las recientes victorias demócratas en las elecciones intermedias. Muestra que solo el 33% de los adultos estadounidenses aprueban la forma en que el presidente republicano gestiona el gobierno, una caída con respecto al 43% obtenido en marzo. La caída se adjudica principalmente al “cierre del gobierno” que complicó el tráfico aéreo, dejó a cientos de miles de trabajadores federales sin sueldo y puso en riesgo la ayuda alimentaria para los estadounidenses más vulnerables. Sin embargo, afirma las conclusiones de la encuesta “podría mostrar un descontento más amplio con otros cambios drásticos –y polarizadores– realizados por Trump en el gobierno federal en los últimos meses, como el desmantelamiento de agencias y las oleadas de despidos masivos”. En la encuesta se encontró que una abrumadora mayoría de demócratas, el 95%, siguen desaprobando la gestión del gobierno federal por parte de Trump, en comparación con el 89% en marzo. “La aprobación de su manejo de temas clave como la inmigración y la economía también ha cambiado poco desde el mes pasado.” En este contexto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo el viernes pasado que EE.UU. está en un momento similar al de 1939: “No nos estamos preparando para la paz. Estamos adaptando el Pentágono y nuestra base industrial a una situación de guerra”. Una guerra que también se libra contra los inmigrantes, los trabajadores, los estudiantes, en el territorio norteamericano. LEER MÁS: Escala la crisis política en Estados Unidos por los vínculos entre Epstein, Trump y el Mossad Por Aldana González, 20/07/2025. Crisis política en Estados Unidos por las tramas de encubrimiento sobre Jeffrey Epstein y su posible asesinato Por Aldana González, 16/07/2025.

La campaña electoral en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias chilenas tiene a cuatro candidatos de derecha y extrema derecha que se reparten cerca del 70 % de la intención de voto. La candidata oficialista, aunque el mote la incomode, a pesar de su condición de exminstra de Trabajo, es la dirigente del PC Jeannette Jara, que se ubicaría cercana al 30 % de los votos, que las encuestas indican como su techo electoral. Los demás candidatos no reúnen más del 5 %. Jara anunció que en caso de ganar las elecciones abandonaría su condición de militante del PC. Los principales candidatos de la derecha (Evelyn Matthei, Chile Grande y Unido, José Antonio Kast, del Partido Republicano, y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario) se disputan abiertamente el pase al balotaje. En las últimas semanas, las encuestas mostraban un ascenso de Kaiser, acercándose a Matthei y a su ex mentor Kast. En el plano parlamentario, Kast y Kaiser han presentado una lista común para el Congreso. Si bien ninguno de los tres candidatos supera claramente el 20 % de la intención de voto, en un balotaje se descuenta un vuelco masivo de los votantes al candidato opositor que surja para enfrentar a Jara. Es, por cierto, muy probable, pero no inevitable. Los postulantes -ocho en total- se vieron las caras por última vez en el debate presidencial del lunes 11 de noviembre, que estuvo precedido por otros de formato similar. En el mismo, la palabra más utilizada fue “orden”, seguida de “emergencia”, “delincuencia” y “recortes”. Completaba el lugar de las más utilizadas la palabra “fracaso” -por Gabriel Boric-. Las elecciones chilenas del próximo domingo 16 de noviembre serán las primeras con voto obligatorio. Algunos especialistas vaticinan que el caudal de votantes se verá aumentado en 6 millones de personas, con relación a 2022. Diversos institutos sitúan la participación electoral entre el 85 % y un 95 % del padrón (un total de 15,7 millones de ciudadanos). También votarán 800 mil inmigrantes residentes, en su mayoría venezolanos. Según los mismos organismos, el 85 % ya habría definido su voto para la primera vuelta – que ganaría Jara- . El ascenso de los candidatos de la extrema derecha, Kast y Kaiser, es mirado con recelo por las principales figuras del establishment político y económico chileno. Más de 100 exconcertistas (por la Concertación, la fuerza que hegemonizó la restauración democrática) han respaldado la candidatura de Matthei. Entre ellos, figuran exministros de Michelle Bachelet. La Democracia Cristiana integra la coalición oficialista de Jara. La campaña de Matthei ha estado centrada en un “retorno a la normalidad política”, luego de la rebelión popular de octubre de 2019. En términos de propuestas concretas, reclama la “mano dura contra el terrorismo”, “recortes públicos” y reconstruir los acuerdos políticos que permitieron el retorno a la democracia. Matthei es hija de un reconocido general del gobierno de facto de Pinochet. En cuanto a la extrema derecha, José Antonio Kast ha ido ‘aggiornando’ su discurso sobre el matrimonio igualitario, el aborto legal y la pastilla del día después. Su contrincante, Johannes Kaiser defiende los valores de la Iglesia. Kast sitúa su plan de ajuste en 6.000 millones de dólares a ser ejecutados en 18 meses. Por su parte, Kaiser asegura que en el mismo plazo puede “ahorrar” 12.000 millones de dólares. Los dos abogan por despidos masivos de empleados estatales, privatizaciones más profundas, rienda suelta a la destrucción ambiental en materia de minería y pesca. En materia de seguridad, las propuestas se acercan a una dictadura policiaco militar. En lo esencial, las candidaturas de la extrema derecha siguen el libreto de Trump, Bolsonaro y Milei. Matthei denuncia el narcoterrorismo del “Tren de Aragua”, para ganar votantes venezolanos exiliados. Kast ha llegado a proponer construir un muro y una fosa kilométrica en la frontera, para prevenir la inmigración. Esta derechización no ha dejado afuera a la candidata “comunista”. Ha cedido en numerosos puntos ante la derecha, centralmente, en materia de seguridad. Propone “atacar la ruta del dinero ilegal”, en sintonía con Lula. En un punto crucial, el sistema de jubilaciones privadas de los fondos de capitalización (las odiadas AFP), defiende la política que impulsó como ministra de Trabajo y Previsión: una defensa férrea del actual sistema privado, con leves mejoras en la contribución estatal a los trabajadores precarizados y las mujeres. Ha señalado, de nuevo, que planea abandonar su militancia comunista de cara al balotaje. Reconoce que su pertenencia al Partido Comunista de Chile ha despertado “incomodidad” en el electorado. La prensa chilena no ha perdido el tiempo para agitar ´la llegada del comunismo´ a la Casa de la Moneda si Jara se impone en las elecciones. Las encuestas desmienten esta posibilidad o la reconocen como súbitamente remota. Lo que se encuentra ausente es la conclusión política del ciclo político abierto en octubre de 2019 y el fracaso de la centroizquierda en el gobierno. Oculta la traición a todas las reivindicaciones populares levantadas por las masas en el proceso revolucionario. La derechización del escenario político chileno tiene sus particularidades. Todos los candidatos entienden que el propósito debe ser el cierre del ciclo abierto por el levantamiento popular de octubre de 2019, pero se dividen al extremo a la hora de cómo hacerlo. Ninguno cree que se pueda volver al período que lo precedió, a riesgo de reencenderlo. Las condiciones económicas no son auspiciosas, y menos cuando se toma en cuenta la guerra arancelaria y financiera internacional –incluido el ataque militar de Trump contra Venezuela-. La modificación de todas las plataformas políticas tradicionales rs un reflejo de este impasse. El balotaje consagrará presidente al que obtenga más del 50 % de los votos, pero entre candidatos que promedian el 30. Tanto Kast como Kaiser han anunciado “gobiernos de emergencia” –el escenario parlamentario, que se elige en el primer turno, será desfavorable para todos– desde la contrarrevolución de derecha como de ‘izquierda’. La gran burguesía financiera de Chile reclama un gobierno de coalición entre Kaiser y Kast. La domesticación del ciclo revolucionario ha sido un proceso político complejo y cargado de contradicciones. Lo encabezó la izquierda al ofrecerle a la derecha el salvavidas de una Constituyente, condenada, por eso mismo, al fracaso. Sobre las ruinas de este proceso, incluido un plebiscito constitucional, se montó el gobierno contrarrevolucionario de la “nueva izquierda” y el partido comunista, de Boric y Jara; Jara se va ahora del PC. La política del que fuera un gran partido de la clase obrera, para salir del ostracismo al que lo confinó el pinochetismo y el centroizquierda en las décadas ‘democráticas’, lo ha llevado al pedestal que buscaba, pero en beneficio directo del gran capital y el imperialismo. Nada imprevisible. América Latina mira con interés las elecciones del domingo, porque son parte de un volcán. Ofrecerán un registro deformado de la influencia de las fuerzas en presencia, pero no son parte de una salida, sino de un impasse de mayor envergadura. LEER MÁS: Chile: a cuatro meses de las elecciones presidenciales El convulsivo escenario electoral en una crisis de régimen. Por El Be, 01/08/2025.

En un artículo reciente del diario Clarín se pudo conocer diversas opiniones referidas a la violencia en las escuelas, referenciándose en la política por la falta de sanciones. El artículo recoge palabras del ministro de Educación de la PBA, Sileoni, quien afirma que “hay procedimientos” y que estos ofrecen posibilidades “desde las más blandas, que es obligarlos a asistir a talleres, también invitar a los alumnos a cambiar de turno, y la más dura, decirle al alumno que no hay lugar para él en la escuela" (Clarín 06/11). En la opinión de algunos analistas en referencia a las sanciones expresa que “se ha visto un relajamiento en la aplicación de algún instrumento" como propuesta de solución expresa que "hay que volver al límite, a construir normas de convivencia" porque, según èl “lo que se perdió es la autoridad en las familias y después en la escuela.” Otra experta consultada en el mismo artículo considera que todas las secundarias deberían impartir "un curso de ingreso" donde profundizar materias como lengua y matemáticas, además de "todas las habilidades y hábitos que se requieren para ser un estudiante de secundaria". A esto agrega que deberían existir sanciones y premios, donde se premie "el buen comportamiento, la asistencia a clase, las buenas habilidades con los compañeros". Lograr esto sería posible con docentes que “puedan trabajar en equipo" y "que no se concentren solamente en sus 45 minutos de clase y tengan tiempo para trabajar en estos aspectos cruciales para los adolescentes, que sientan la fuerza del sentido de su misión" la clave, dice, es que "la escuela necesita traer de nuevo a las familias. Que, en vez de decirles 'no se metan', les digan 'vengan, los necesitamos'” (ídem, Clarín). El artículo no toma citas del ministerio de educación de CABA, tampoco de Nación. Efectivamente existen procedimientos, lineamientos, guías y protocolos de accionar. En las escuelas el asunto problemático no se da por la existencia de procedimientos o por la conformación de normas de convivencia. Se trata de la dificultad creciente que vive la docencia para desarrollar su actividad de enseñanza en el ámbito escolar. Las normas establecidas buscan adaptar la enseñanza a la lógica del capital en tiempos de ajuste, crisis y vulneración desacoplando, de este modo, la lógica pedagógica del ámbito escolar. Expertos que incentivan normativas Las familias golpean docentes y se golpean entre sí en las escuelas; los estudiantes encuentran en la violencia modos de dirimir sus divergencias; mientras el Estado realiza una campaña de difamación contra la docencia. La sola idea de que habría un “relajamiento” en la implementación de las normas desconoce las condiciones de cómo se enseña. La docencia no sólo tiene sobrecarga de trabajo, más de dos turnos o multiplicidad de horas cátedras; ahora se le suman la búsqueda de otros tipos de empleos (manejar aplicaciones o promover microemprendimientos) que derivan en el pluriempleo de la docencia. También debe considerarse la incertidumbre que genera la modificación de los diseños curriculares que ponen en duda la continuidad de una amplia variedad de disciplinas como también el cambio del régimen académico que multiplica, diversifica las tareas dentro del aula conllevando a la descalificación de las intervenciones didáctico pedagógicas. Ante cada episodio de violencia en el ámbito escolar se busca la disfuncionalidad de los participantes, de modo que aparezcan como simples singularidades, como meras excepciones a los comportamientos sociales esperables. Sin embargo, los acontecimientos están ocurriendo en los más diversos actores sociales donde el común denominador es la violencia que se abre paso entre los miembros de la comunidad educativa. La idea de una singularidad especial en el individuo de hacer el mal fue desmantelada hace mucho tiempo a través del experimento que realizó Milgran (profesor del Depto de Relaciones Sociales de la Universidad de Harvard) en Estados Unidos en la década de 1960, quien publicó un informe llamado “la compulsión a hacer el mal”, donde expresó que “es psicológicamente fácil ignorar la responsabilidad cuando uno está inmerso en una cadena de acciones perniciosas y se encuentra lejos de las consecuencias finales de la acción” , esto se ve reforzado por la división social y las diversas tareas que surgen a raíz de que la persona despliega amplio conocimiento sobre una única especialidad o especificidad, lo que “va fragmentando toda la acción humana.” (en Obediencia a órdenes criminales, ed. CES, 1969). Para Milgram, la enajenación y la división social del trabajo son elementos fundantes que establecen las condiciones para la posibilidad que individuos hagan el mal a su entorno. La violencia entre pares, la violencia de la familia hacía la escuela y una campaña sistemática por cuestionar el rol docente como política de Estado, resultan expresiones crecientes en la vida cotidiana. No se trata de expresiones aisladas y excepcionales de individuos determinados. La violencia, como suceso, como acto, es expresión final de múltiples determinaciones donde entran en juego la psiquis y emociones de quienes participan en los sucesos, pero también entran en escena las condiciones sociales e históricas que concluyen en dicha expresión; también las perspectivas y el sentido que cada participante tiene de lo que podrá sucederle frente a la realización de determinado acto. La realidad se vuelve habilitante o no, para estos sucesos. Tanto en Argentina, como en el mundo las expresiones violentas se difunden en cadena nacional e internacional. Presidentes que hacen uso del lenguaje soez, de la descalificación, del desprecio por la vida ajena, la prepotencia mientras conducen al mundo al incremento de las escaladas bélicas construyendo el escenario de una 3era Guerra Mundial, donde la práctica del genocidio y la agresión a la poblaciòn civil se han convertido en medios viables para imponerse. Tomando en consideración que los individuos despliegan su capacidad creativa en un entrelazamiento con el medio y si este estimula la agresividad mediante discursos de odio y acciones de desprecio, maltrato y agresión la creación adquiere, también, esas formas porque el medio no ofrece limitaciones para estos modos de actuación. No se trata de carencia de autoridad de docentes o familias, sino de la falta de una autoridad capaz de poner un freno, un reparo y una reorientación al presente que vivimos. En estos aspectos de la vida cotidiana se observa, también, la atomización y la no intervención de la clase obrera. Cuando no hay fuerzas que se contrapongan a la violencia ejercida por el capital, se desenvuelven todo tipo de prácticas y acciones. La ciencia se desarrolló sin limitaciones éticas bajo las torturas que se realizaban en los campos de concentración del nazismo. La escuela en tiempos de guerra Ya sea a través de las políticas educativas, como desde los aportes de los expertos en educación se insta a que sea mediante la escolaridad que los individuos adquieran habilidades sociales, capacidades laborales, flexibilidades creativas y aprendizajes para la convivencia. En nada de todo esto se apela a la formación científica y cultural. La escuela aparece como un eslabón para formar al individuo quien, luego de adquirir sus habilidades, se incorporaría al mundo social. Un sinsentido, de ahí que la misma escolaridad no tenga sentido para los estudiantes que no son interpelados en sus inquietudes por el espacio educativo. A la escuela se le exige que haga todo lo contrario a lo que las fuerzas políticas estimulan toda vez que promueven e imponen la descalificación; el empobrecimiento de las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias; incentivan la guerra y estigmatizan al inmigrante. Las reacciones que observamos en las personas, en todas las esferas y en las escuelas, son resultado de las emociones que emergen en los individuos y esta emocionalidad sin duda es un elemento psicológico, pero es, también y en mayor medida, un elemento cultural y social. Por estar fusionadas con significados culturales y con relaciones sociales las emociones se expresan siempre enérgicamente, de manera prerreflexiva e incluso, semiconsciente. Las reacciones emocionales, profundamente irreflexivas, son resultado de la internalización de la cultura y la sociedad en la que vivimos. Concebir que educar es el medio por el cual promover la movilidad social o la posibilidad de superar los problemas sociales, es una falsa conciencia; es decir, es ideología que encubre las relaciones capitalistas y por lo tanto, la lucha de clases. La posibilidad de una alteración definitiva de estos comportamientos no se reduce a vender protocolos de actuación, guías de orientación y normativas penales. Los problemas esenciales de la educación no pueden ser resueltos de otro modo que después de haber resuelto la cuestión social en toda su plenitud. La lucha por el socialismo La vida escolar se ve afectada por las condiciones de vida social en las que la dinámica del capital envuelve a toda la humanidad. La docencia constituye el corazón social y cultural de la sociedad porque es una caja de resonancia de las angustias y de las expectativas de la masa de trabajadores, especialmente de la niñez y de la juventud. Apuntar a quebrantar el lazo entre docentes, estudiantes y familias ha sido una campaña sostenida por los distintos gobiernos al servicio del capital, con CFK denunciando los paros docentes y desinformando cuando dijo que teníamos 3 meses de vacaciones, hasta el actual gobierno que apunta a una campaña sistemática para denunciar docentes por supuestos adoctrinamientos. Los sindicatos están ausentes de toda lucha salarial e incluso se muestran incapaces de asumir reivindicaciones elementales para asegurar el dictado de clases y garantizar la libertad de opinión de los docentes frente al aula. Oficialistas y opositores aúnan esfuerzos para aislar a la docencia. Los docentes deberán tomar esta lucha contra la violencia escolar en sus manos, con asambleas docentes en los establecimientos escolares y buscando alianzas con las asambleas estudiantiles. Que los establecimientos educativos elaboren protocolos de convivencia que tomen en consideración la vida social de los/las estudiantes y también de sus familias. Abordar las problemáticas educativas con un planteo que convierta a la escuela en epicentro de una orientación ante las necesidades insatisfechas de las masas. Promover la participación con el objetivo de forjar espacios donde alojar y enseñar. La lucha que se desarrollará tendrá que dirimir si el colorido diverso de la conducta humana, al igual que toda adquisición cultural, representa un valor humano o si, por el contrario, ese colorido se convertirá en una muralla que los encerrará sobre sí mismos. Una educación de calidad, crítica y libre implica reconocer las necesidades existentes en las condiciones de trabajo y de educabilidad. El incremento de salarios, la presencia creciente de docentes y profesionales de la salud con orientaciones pedagógicas, para desarrollar la enseñanza y los aprendizajes. La libertad para la enseñanza y el aprendizaje requiere de establecer las necesidades para que esa actividad se desarrolle. Porque libertad en educación no significa hacer lo que se quiere, sino que apunta a la libertad posible dentro de un plan general educativo y del medio social. En tiempos de bancarrota y guerra, la educación para formar a la humanidad se ha vuelto incompatible con el capitalismo e incluso, con la democracia formal que en sus marcos atenta y violenta los derechos de la enseñanza y del aprendizaje. Luchar por una enseñanza libre implica fortalecer al movimiento obrero y de masas con una perspectiva socialista. LEER MÁS: Ciberpatrullaje, salud mental y tiroteos escolares Por Andrés Soko, 04/11/2025. Mendoza: el atrincheramiento de una alumna y la crisis social Por Andrés Soko, 11/09/2025. El problema del clima escolar como problema político Por Andrés Soko, 28/07/2025. La violencia del capital en el espacio escolar Por Andrés Soko, 12/04/2025.

El largo y ambiguo título del texto que difundió la administración Trump –“Declaración común en torno de (sic)un Marco General para un (sic) acuerdo de comercio recíproco e inversiones entre Argentina y Estados Unidos”- no es sólo una formalidad burocrática. Pone de manifiesto que no se firmó un acuerdo comercial. Sencillamente, lo que hizo el gobierno Trump es establecer una hoja de ruta para las extorsiones y condicionamientos que le impondrá a la Argentina, a cambio de un rescate incierto de su cesación de pagos. En un mismo acto, Trump firmó acuerdos casi calcados con Ecuador, Guatemala y El Salvador. Pero la corresponsal de Clarín en Estados Unidos informa que “podría no haber una firma oficial (del acuerdo) y que se fuera activando de a poco al ritmo de los intereses de Trump, y entonces los puntos más controvertidos pasarán en forma inadvertida” (14.11). Ese manejo explica la difusión de un mero ´´marco general”, y se corresponde con el régimen de golpes de mano que caracteriza al gobierno Trump en general, y a su manejo de la guerra comercial internacional en particular. El texto es intencionalmente ambiguo con las pocas concesiones que ofrece a Argentina. El ingreso de carnes a los Estados Unidos queda difuminado en una “ampliación recíproca del comercio bilateral”. Podría autorizar un cupo a las carnes de Argentina para contrarrestar la carestía de alimentos provocada, precisamente, por la guerra comercial lanzada por Trump. El “marco general” promete rebajas en los aranceles para el aluminio y el acero argentinos, pero con importaciones a Estados Unidos limitadas a un cupo. En cambio, el mercado yanqui se abre más generosamente a los “recursos naturales no disponibles”, una alusión inconfundible a las eventuales exportaciones mineras desde Argentina, y a los minerales críticos. Apunta a dominar la cadena de suministros para el complejo industrial tecnológico militar de los Estados Unidos en la guerra contra China. El acuerdo habilita a que Argentina exporte “medicamentos no patentados”. Pero a cambio, exige la revisión del régimen nacional de patentes. Las farmacéuticas norteamericanas vienen reclamando el respeto “irrestricto” a la propiedad intelectual de sus innovaciones en el mercado argentino, incluso cuando éstas no pasan de cambios menores a formulaciones medicinales cuyas patentes han vencido. La misma indicación se realiza para las marcas en general. Esta imposición del monopolio extranjero en las marcas, fue la colisión que llevó al cierre de la Salada. El protoacuerdo plantea también la “aceptación de las normas estadounidenses” en los productos alimentarios o farmacéuticos provenientes de ese país. El ANMAT, el Inti y otros organismos deberían declararse prescindentes en esos casos. Argentina se convertiría en una zona franca “selectiva”, sólo para los productos norteamericanos. El gobierno partidario de “la libertad” le daría a ese país prerrogativas que sólo existían bajo el monopolio colonial español hace 400 años. China y el comercio internacional Es muy claro que este “marco general” plantea una crisis y una fractura en el comercio internacional de Argentina. La eliminación de tasas y trámites a las importaciones provenientes de Estados Unidos -que figura en el texto- le otorgaría a ese paí una ventaja apreciable, incluso respecto de Brasil y del Mercosur. Aunque el texto no menciona a China, está lleno de alusiones - “países con prácticas no mercantiles”- para que Argentina replique la guerra comercial de Trump contra el gigante asiático. Estas mismas admoniciones, en “copie y pegue”, le fueron incorporadas a los acuerdos con Guatemala, Ecuador y el Salvador. Estos protoacuerdos, en ese sentido, son un episodio del juego de extorsiones de Trump a Xi Jing Ping y, en un sentido más general, una “captura de posiciones” en el marco de la guerra internacional. El “marco general” con Argentina auspicia una “coordinación para regular el mercado internacional de soja”, es decir que reclama a los exportadores argentinos -donde conviven pulpos yanquis y chinos- que se subordinen a los intereses norteamericanos en este mercado. La “hoja de ruta” coloca a la burguesía exportadora argentina ante contradicciones de carácter explosivo, y plantea una crisis potencial en el comercio con China. Swap El método del “marco general”, a través de extorsiones y concesiones “paso por paso”, es el mismo que han seguido Trump y Bessent en relación al salvataje financiero. La “asistencia financiera” a Argentina está subordinada al cumplimiento de las concesiones insinuadas en el “marco general”. El rescate financiero de Bessent-Trump, en este sentido, reviste un carácter inédito, pues convierte a Argentina en Protectorado tecnológico, comercial e incluso militar de los Estados Unidos. Los “marcos generales” con Argentina, Guatemala, El Salvador y Ecuador serán respaldados mediante el cambio de régimen de Venezuela por medio de una guerra.

Esta mañana se realizó una asamblea en la puerta del Hospital Zonal (provincial) de Ezeiza. Participaron médicos y varias decenas de vecinos. En el ingreso del hospital se apostó un nutrido contingente policial. Confluyeron reclamos de trabajadores de la Salud y pacientes. Los médicos denuncian el problema de la Dirección del hospital, y la gestión de la misma, del cual se derivarían todas las falencias de la atención y prestaciones. Afirman que la gestión anterior, del Dr Ciruzzi, había sido un gran avance en el funcionamiento del mismo, y que al jubilarse éste, la corporación Eurnekian, por medio de su fundación y el poder político municipal, impuso a una directora, la doctora María Junes, quien responde a ellos y ni siquiera tiene matrícula provincial. “El objetivo, señalan los médicos, es ir vaciando sectores del hospital para ir dándoselos al sector privado, en sintonía con la política del gobierno nacional”. Al mismo tiempo lamentan que “la provincia está al tanto de esto, y deja correr”. Esta política de copamiento del Hospital Ezeiza de parte de la Fundación Eurnekian y el ejecutivo municipal de los Granados es de vieja data. Un trabajador jubilado del mismo afirmó que “cuando nos mudamos del Barrio Uno a La Unión (a un terreno que sería de Eurnekian, de Aeropuertos 2000) había un conjunto de personas ocupando lugares en el hospital sin hacer nada, eran de ellos, parecía una invasión lenta tipo “El Eternauta”. Los médicos reclaman que se elija democráticamente quién estará a cargo de la Dirección del Hospital. Los médicos también informaron de la existencia de un tomógrafo roto, la renuncia de tres pediatras porque no les pagaban, el miedo al despido u otra represalia de parte de muchos médicos, y un sinfín de situaciones de deterioro laboral y de las prestaciones. De parte de los vecinos y pacientes, los reclamos no se quedaron atrás: falta de insumos, largas esperas, etcétera. Está actividad tuvo mucha repercusión en las redes sociales en las últimas horas, haciéndose presentes algunos medios locales, como la FM 100.9 y Canal 4. Como conclusión de la asamblea se votó repetir la actividad el próximo viernes, a las 10.30, con la idea de mantener la misma hasta que haya soluciones. También se acordó hacer un relevamiento de todas las quejas referidas a problemas de atención y hacer un petitorio. ¡Adelante la Asamblea de médicos, trabajadores y vecinos del Hospital de Ezeiza!

Con la presencia de 140 docentes, se realizó la asamblea ordinaria del SUTEBA Bahía Blanca. La conducción local Multicolor comenzó la asamblea proponiendo una declaración de solidaridad con la docencia y comunidad educativa de Mar del Plata ante un reciente y grave hecho de violencia en una escuela primaria. Luego, leyeron una memoria local, que compendió las actividades y medidas hechas durante el año, junto con informes de algunas secretarías. Todo este asunto estaba fuera de temario, por lo que se trató de una autopropaganda. De esa lectura, sin embargo, se pueden establecer conclusiones importantes. El 2025 que termina será el primero en que la seccional no haya convocada a una asamblea general de todos los turnos y niveles para votar un plan de lucha. Esto fue, sin embargo, resuelto por el cuerpo de delegados, por lo que se trata de un desconocimiento de lo resuelto por las bases. Durante el año se realizaron reuniones, asambleas por niveles, protestas fragmentadas y discontinuas. Las medidas enumeradas entran en contradicción con otras llevadas a cabo por las seccionales de Tigre y Marcos Paz, en particular dos paros provinciales, que la conducción local alternó por una jornada con certificado gremial. Las huelgas al margen de la burocracia de Baradel y de todo el Frente Gremial son la llama de una rebelión docente. SUTEBA Bahía Blanca no llamó a parar el 20 de mayo, en ocasión de un paro convocado por la FEB en rechazo al acuerdo paritario. Como la Multicolor ha planteado sistemáticamente la exigencia de que Baradel lidere un plan de lucha, es claro que esta parálisis se encuentra en un seguidismo a la burocracia. En cuanto al debate de la memoria, balance y política gremial, el debate estuvo atravesado por la trivialidad de las intervenciones de los miembros de la Multicolor y La Celeste. No se presentaron elementos programáticos ni propuestas de acción de parte de ningún bando, sino que se centraron en el escenario electoral que recién tendrá lugar a mediados del año entrante. Para la Multicolor bahiense, luego de 22 años de conducción, estaría en riesgo perder las próximas elecciones. Enrique Gandolfo, dirigente de la principal agrupación de la Multicolor local, presentó el escenario actual como la “noche más oscura” revelando un alto grado de desmoralización, a pesar de las fuertes huelgas docentes mencionadas, de las cuales su corriente pareciera no sentirse parte. Es significativo para una corriente ferviente defensora del chavismo en su momento no destinar una palabra de repudio a las agresiones militares de Trump a Venezuela. Con respecto a las elecciones, se refirió a una “confrontación de dos modelos”, en el cual el defendido por su corriente tendría como principal mérito –y único- “no haber puesto al SUTEBA detrás de ningún gobierno”. Esta caracterización debe ser objeto de un profundo debate, en primer lugar, a la luz de lo dicho arriba y el cuadro de conservadurismo que atraviesa la seccional que no tiene como política una acción independiente de Baradel. Luego, a lo largo del último periodo, la conducción local promovió incontables acciones políticas “unitarias” con sectores de la burocracia cuya pertenencia política al Estado es incuestionable. Este año, en ocasión del 24 de marzo con el kirchnerismo y el 1ro de mayo con la CGT. En el ballotage del 2023, Gandolfo llamó a votar por Sergio Massa bajo la sinuosa forma de “no votar a Milei”. Esta orientación no es criticada, de nuestra parte, en forma ocasional, sino que constituye décadas de delimitación política, como puede apreciarse en Prensa Obrera y ahora en Política Obrera, ya que el actual Partido Obrero se ha asimilado políticamente a la corriente de Gandolfo en el SUTEBA. Los oradores de Tribunas Docente (Partido Obrero) y la Marrón (PTS) hicieron llamados vacíos de contenido a apoyar a la Multicolor, completando un cuadro de autoproclamación. En cuanto a la Celeste, no fue capaz de defender la política gremial de Baradel y esbozó un llamado a “enfrentar juntos a Milei”. Nuestra corriente, la Tendencia Docente Clasista-Naranja, presentó su política gremial, proponiendo una campaña de lucha contra la reforma laboral, contra el protectorado financiero de Trump-Milei, y por el salario docente en provincia de Buenos Aires. Planteamos la convocatoria a una asamblea general para votar un plan de lucha propio, la coordinación con las seccionales de Tigre y Marcos Paz, encabezado por la preparación de una huelga general. Al momento de votar, se votó unánimemente una junta electoral presentada por la conducción local con 114 votos a favor. La memoria y balance de Baradel fue rechazada por 115 votos y recibió 26 votos a favor. La política gremial de la Multicolor recibió 102 votos, la Naranja 9 votos y la Celeste 26. Es indudable que el fuerte repudio a la Celeste y Baradel fue canalizado por la conducción local, que ha presentado los resultados como una ratificación de su gestión. El impasse del sindicato es, sin embargo, manifiesto y debe ser resuelto mediante una fuerte deliberación de sus bases hacia el próximo período.

El miércoles 12 se aprobó (por “amplísima mayoría”, como les gusta decir) la Memoria y Balance y la Política Gremial del SUTEBA para el próximo año. Documentos que, dicho sea de paso, olvidan incluir algo tan básico como un plan de lucha por nuestro salario o un planteo claro sobre el monto que debería percibir la docencia. Y, por si fuera poco, ni una palabra sobre el Estatuto del Docente, en un momento en el que gobierno, patronales y hasta el imperialismo yanqui vienen avanzando a paso firme con la reforma laboral. Mientras tanto, la conducción sindical sigue negociando en silencio un nuevo Convenio Colectivo que ningún docente conoce. Todo un modelo de “transparencia”, siempre muy atento a que la docencia no se entere de lo que se cocina a sus espaldas. Y como si fuera poco, ante los acuerdos comerciales impulsados por Donald Trump y la escalada internacional en curso, el documento aprobado no expresa absolutamente ningún posicionamiento. Mucho menos un balance del reciente apoyo del sindicato a las candidaturas de Fuerza Patria. Silencio total. El momento mágico del año En un sindicato vaciado como señalamos, desde la Tendencia Docente Clasista, denunciamos (una vez más) que Baradel presentó todo a libro cerrado, pocas horas antes, y que la mayoría de quienes votaron ni habían hojeado las 26 páginas del documento. Ante esta acusación, solo 10 personas (incluida la Secretaría General) admitieron haberlo leído. El resultado: una política gremial conocida por apenas 10 personas… aprobada por 108. Es decir, 98 votos acompañando alegremente algo que ni siquiera leyeron. Un verdadero acto de fe sindical, digno de estudio sociológico. Lo que viene Frente a esta situación, desde la Tendencia llamamos a quienes se oponen a esta política a promover autoconvocatorias y preparar una huelga general por tiempo indeterminado en defensa de nuestras conquistas laborales y previsionales. Con el FONID desaparecido, los acuerdos por WhatsApp y aumentos que duran menos que un recreo, es urgente luchar por un salario equivalente a la canasta familiar, que hoy ronda los 2 millones de pesos. Porque si no peleamos por nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y un recordatorio indispensable: si no participamos de las asambleas, otros deciden por nosotros… incluso sin leer lo que están votando. Participar no es un detalle: es la única forma de que semejantes papelones no se vuelvan la regla.

El sábado 8 de noviembre se llevó adelante, en el local del Barrios de Pie de Merlo, una importante charla-debate impulsada por Política Obrera para abordar las implicancias políticas y el significado de la victoria electoral del gobierno desahuciado de Milei el pasado 26 de octubre. La composición de los asistentes a la charla fue variopinta. Participaron docentes, estudiantes terciarios, estudiantes secundarios, trabajadores de la salud, trabajadores precarizados, jubilados y desocupados. Altamira propuso a los asistentes, entre los que había un nutrido grupo de compañeros de Barrios de Pie, empezar la charla de un modo poco tradicional: invitó a los compañeros presentes a que expongan su punto de vista y sus inquietudes sobre los temas a abordar. En este contexto, tomó la palabra un docente y periodista merlense quien planteó ¿Cómo podemos caracterizar la masiva abstención en las elecciones del 26 de octubre y en las diversas elecciones provinciales anteriores? Sobre este punto nodal, Altamira planteó que Política Obrera diferencia entre ausentismo, que fue muy importante, y la abstención. Hizo un recorrido histórico de la abstención electoral desde la Unión Cívica Radical al Peronismo. Respecto a la abstención sostuvo que ella “tiene una perspectiva política declarada” y que en muchos momentos de la historia política de Argentina se manifestó con fuerza como, por ejemplo, cuando una porción importante del peronismo, desacatando las órdenes de Perón de votar por Frondizi, vota en blanco como repudio a la proscripción electoral del peronismo por parte de la Libertadora. El alto ausentismo actual, en cambio, es una deserción del voto a LLA en 2023 y también un rechazo al peronismo en cuanto alternativa. Lo cierto es que, una porción importante de los ausentistas no se movilizó para votar a la llamada pseudooposición encarnada por el peronismo (Fuerza Patria) que durante la campaña electoral no ofreció a los trabajadores un programa político de ningún tipo, mientras Milei convertía Argentina en un protectorado financiero del imperialismo norteamericano. Entonces, el peronismo no levantó un programa alternativo al pago de la deuda pública usuraria, a la reforma laboral y previsional y tampoco a la reforma impositiva (reducción de impuestos a las ganancias capitalistas y un IVA recargado a los consumidores). Los ausentistas, sigue Altamira, “están disconformes con lo que está haciendo Milei” pero no “optan por el peronismo”. En conclusión, el ausentismo es un boicot al peronismo. Altamira completa esta caracterización desarrollando porqué un gobierno nacional desahuciado da vuelta la elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Plantea que parte del electorado que no votó en septiembre, sí fue a votar en octubre por LLA bajo la extorsión del gobierno de Trump frente al colapso financiero. Sin embargo, el blindaje de Bessent no resuelve la crisis industrial y la crisis financiera en curso, incluso la potencia. Un capítulo especial en el desarrollo de la charla debate estuvo representado por el fenómeno de la guerra mundial y del lugar de Argentina en ella, la importancia que tiene Argentina en esta guerra para el imperialismo norteamericano. En primer lugar, como proveedora de materias primas esenciales como alimentos, cobre, litio, tierras raras, etc., e incluso como territorio de asiento militar. En ese sentido, colocó el problema de cómo actuar contra la agresión norteamericana inminente contra Venezuela y se discutió la importancia de que las organizaciones obreras y los activistas clarifiquen al pueblo que el gobierno de Milei mete de lleno a la Argentina en la guerra mundial imperialista. Todos los participantes evaluaron la necesidad de una agitación política pública contra de la agresión imperialista de Trump-Milei en América Latina y por la defensa incondicional de la soberanía de Venezuela. VIDEO <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xj-nCjPisUE?si=HkE-6InT0CAKTKfY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-

El congreso nacional de la Federación de Aceiteros y un plenario nacional de ATE, realizados en la última semana, adoptaron definiciones frente a la reforma laboral. Del congreso de Aceiteros participaron también Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE) y María Fernanda Boriotti (FESPROSA), “quienes coincidieron (con Yofra, el dirigente de Aceiteros) en la necesidad de coordinar acciones conjuntas frente al proyecto de reforma laboral” (Perfil, 12/11). En agenda se encuentra inscripto un paro aislado de 24 horas de ATE para el 19 de noviembre próximo con movilización al ministerio de Trabajo a partir del mediodía. La Federación Aceitera sólo anticipó que hará una medida de fuerza “cuando este gobierno quiera avanzar contra los derechos laborales”. El proyecto oficial se encuentra en el Congreso para ser adoptado en diciembre y acaba de ser puesto en la agenda del acuerdo comercial de Caputo con Bessent. La dilación de Aceiteros es una expresión de la expectativa de sus dirigentes de que la ‘reforma’ no salga del parlamento o de la comisión respectiva. Más allá de esta ilusión, el método traduce una política de inmovilismo y de freno a un desarrollo de la lucha de clases, incluso cuando toda la política de ajuste ya ha servido para imponer esa reforma (precariedad laboral) en los hechos y en acuerdos parciales de los sindicatos y las patronales, y para producir una caída del ingreso de los trabajadores en el Ingreso Nacional Yofra, Aguiar y Furlán, junto al SiPreBA (Prensa), habían coincidido, hace exactamente un mes atrás, en un plenario conjunto donde prometieron elaborar un “programa obrero” para ser presentado al “gobierno popular” que asumiera en 2027. La victoria electoral del PJ bonaerense del 7 de septiembre había sido presentada por el representante de SiPreBA como “un triunfo de los trabajadores”. Apenas 45 días más tarde, el panorama se dio vuelta. “No podemos esperar hasta el recambio parlamentario. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle a esta reforma”, apura Aguiar. Ahora, en contradicción con lo acordado enseguida por el plenario de Aceiteros. Y agregó: “las amenazas, las mentiras organizadas y el desprestigio de las organizaciones sindicales son el vehículo que el Gobierno ha elegido para debatir esta legislación. Después que no nos digan que no queremos dialogar” (Infobae, 13/11). Esta disposición a un ´diálogo´ que no tiene lugar, es el santo y seña de todo el peronismo y de sus acólitos “nacionales y populares. Viola un principio histórico del movimiento obrero: la destrucción de derechos no se ‘dialoga’. Tampoco será un paro aislado el que lo impida, y esto al margen de la clase obrera de la industria La reforma laboral “incluiría la extensión de la jornada laboral a 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas, acuerdos de trabajo por empresa en lugar de por actividad, aumentos salariales por productividad, entre otros puntos que se barajan” (ate.org.ar, 11/11). Pero Aguiar no plante la integración al salario básico de todos los adicionales por productividad, mayor jornada y presentismo, algo que está presente en todos los gremios. No se entiende entonces qué reforma laboral quiere combatir. Las horas extras y los bonos por producción ´conforman´ el salario de bolsillo, del que los trabajadores no pueden prescindir para llegar a fin de mes. Las indemnizaciones en cuotas se pautan regularmente en las mediaciones, para no afrontar juicios largos. Los acuerdos -a la baja- por empresa fueron instaurados por el SMATA que conduce el kirchnerista Pignanelli en Toyota, en 2021, durante el gobierno de Fernández y Fernández, por ejemplo. La reforma laboral apunta a darle un marco legal a estos atropellos y a profundizar la atomización de la clase obrera. Durante su intervención en el congreso de Aceiteros, Furlán, de la UOM, también dijo lo suyo. “Necesitamos que el movimiento obrero recupere una centralidad en la discusión de cuál es el modelo de país (?) que queremos para nuestra sociedad. (?). De nuevo, “discutir”. Furlán tiene obviamente resueltas sus necesidades sociales; los obreros metalúrgicos, no. Es necesaria una lucha de conjunto para arrancar las reivindicaciones a las patronales, y dejar la cháchara. La paritaria siderúrgica, en cambio, arrastra los pies. La tercerización domina en la gran industria, quebrando la unidad de los trabajadores en el mismo lugar de trabajo. La UOM fue un actor clave para desarticular la rebelión de los tercerizados de Ternium. El congreso de Aceiteros no arrojó ninguna definición. Marcó el paso en el mismo lugar, se caracterizó por el inmovilismo. El plenario no abrió el sendero para una alternativa combativa de dirección sindical. Todo lo contrario.

Hay que explicar cómo se relaciona la agresión militar yanqui con la reforma laboral. Ayer el secretario de guerra de ellos ya anunció el operativo "lanza del sur" con lo cual queda claro en principio que la agresión militar es a toda América Latina. Se están asegurando la no intervención del ejército de Brasil con la extorsión arancelaria y las negociaciones con Lula, un despropósito si consideramos que la "negociación" parte de medidas unilaterales arbitrarias de Trump con lo cual es más bien sumisión, masacre en Río mediante que Lula respondió con su alineación con el discurso de "guerra al narcotráfico" que es el nuevo verso del imperialismo para invadir. La crisis política y económica en EE.UU. obliga a Trump a guerrear de forma similar que Netanyahu en Israel. Y como hizo la dictadura acá con Malvinas. En definitiva son operativos político militares de intento de rescate a regímenes que se vienen abajo. El nacionalismo burgués del peronismo ya solo es un resabio teórico de lo que fue el movimiento nacional. Hoy es fundamentalmente un movimiento con dirección pequeño burguesa que no dice una palabra frente a la agresión yanqui y el sometimiento nacional al Tesoro norteamericano mediante el establecimiento de un protectorado de hecho como si fuéramos Puerto Rico. La única respuesta posible parte de la lucha del movimiento obrero y los estudiantes como hace unos meses hicieron los metalúrgicos en Tierra del Fuego, que luchando por su puestos de trabajo pusieron sobre la mesa la cuestión de la base yanqui en Ushuaia. Esto lo saben por eso quieren doblegar políticamente a la clase obrera mediante la reforma, más allá de lo que implique en términos sindicales, ya que de hecho gran parte de lo que plantea ya se aplica. Sería bueno que compañeros especialistas en historia escriban sobre cómo se logró la jornada de 8 horas, la lucha de los trabajadores de los talleres Vasena.

El juicio por el asesinato, descuartizamiento y desaparición del cuerpo de Cecilia Strzyzowski, en Chaco, ha culminado con una sentencia de culpabilidad para la familia Sena y la condena a cadena perpetua, luego de 13 audiencias, por parte de un Jurado Popular. César Sena fue condenado por el delito de femicidio, doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña , por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipes primarios; y Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso, empleados de los Sena, por el delito de encubrimiento agravado. El Jurado Popular extendió sus deliberaciones por presuntas diferencias. La defensa de Emerenciano reclamó que fuera enjuiciado por encubrimiento y no por femicidio, como ha sido caratulado por la Justicia. Cecilia fue asesinada de una manera brutal por César Sena. Su cuerpo fue quemado en una chanchería de la familia de tal manera que en los restos no pudieran identificar el ADN. Sin embargo, no actuó sólo. Participaron, sin lugar a dudas, los padres, de acuerdo a las pruebas presentadas en el juicio. La familia Sena procuró que el caso quede impune. La familia de Cecilia sufrió amenazas cuando encabezaba las marchas por su aparición, se les impidió el acceso a la causa durante los primeros días e incluso se apretó a testigos. El casamiento entre César y Cecilia, ocultado a los padres del primero, motivó un divorcio express, y luego el crimen. Hay que suponer, dada la fortuna acumulada por la familia Sena, un intento de preservar la propiedad, contra una mujer que no comulgaba con sus acciones políticas ni financieras. Las movilizaciones de la madre de Cecilia adquirieron de inmediato un carácter político, al que se asoció la oposición al exgobernador kirchnerista Jorge Capitanich, que fue denunciado por sus vínculos con quienes reivindicaban la condición de movimiento social. La crisis desatada por un caso caratulado enseguida como femicidio le costó las elecciones provinciales a Capitanich. En las elecciones a gobernador, que tuvieron lugar en setiembre de ese año, ganó el radicalismo provincial en primera vuelta después de 16 años de gobiernos peronistas. En las elecciones de medio término triunfó una alianza de la UCR con LLA . Los Sena fueron detenidos y encarcelados de inmediato y no prosperó ninguno de los recursos para que asistan al juicio en libertad. Es altamente probable que los condenados procuren apelar esta sentencia terminante, con la expectativa de un cambio político en la provincia. Aún en este caso, sin embargo, la condena sería ratificada en las instancias últimas. LEER MÁS: Chaco: la desaparición de Cecilia Strzyzowski compromete a toda la familia Sena Conmoción política por las ligazones de Ermerenciano Sena con Capitanich. Por Alejandra del Castillo, 13/06/2023. La desaparición criminal de Cecilia ha desatado una crisis política nacional Por una investigación judicial independiente , juicio y condena a los culpables. Por Alejandra del Castillo, 15/06/2023. Chaco: nuevas movilizaciones por Cecilia Strzyzowski Por Alejandra del Castillo, 29/06/2023.

El miércoles 12 de noviembre no hubo actividad en las escuelas públicas de General Pueyrredón. Bajo la consigna “Basta de violencia”, el FUDB, ATE y el sindicato de los trabajadores municipales (STM), se vieron en la emergencia de llamar a un paro distrital de 24 horas que fue acompañado con lo que podría asegurarse resultó ser la movilización más masiva de la docencia de los últimos 10 años. La resolución se tomó la noche del día martes luego de conocerse los hechos de violencia que se precipitaron en la Escuela Primaria N°21 del barrio Jorge Newbery, tras la denuncia realizada por familiares de dos alumnas por presuntos abusos por parte de otro estudiante. En cuestión de minutos se desató una verdadera batalla campal. Familiares que irrumpieron en la escuela mientras alumnos y docentes estaban en las aulas, agredieron a las maestras y produjeron destrozos en el edificio escolar. Horas más tarde, un grupo de familias se movilizaron y realizaron un corte en la intersección de la avenida Colón y calle 212, mientras que otro grupo se dirigió hasta la casa del chico acusado, y tras agredir físicamente a la madre, la prendieron fuego. Los hechos llevaron a la intervención represiva de la prefectura naval argentina y de policía. Lo ocurrido en la Escuela Primaria 21 se encuadra en una seguidilla de hechos de violencia que se venían registrando en las 2 últimas semanas (Escuela Primaria 63, Secundaria 7, Escuela Municipal 4) y sobre los cuales nuestra corriente ya había denunciado el silencio cómplice de las conducciones sindicales, exigiendo acciones concretas para proteger a los docentes de agresiones y denuncias falsas (cazadordenoticias.com.ar, 8/11/25). Sileoni y Lence: la cacheteada del Estado a la docencia bonaerense El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, se refirió a los hechos ocurridos en la Escuela 21 de Mar del Plata, en los mismos términos en que lo hiciera una semana antes en su paso por Mar del Plata y el mismo día en que se conocían los episodios de violencia ocurridos en la Escuela Municipal 4 de la ciudad: “No hay una pandemia de violencia en las escuelas bonaerenses o argentinas. Estamos siempre hablando de episodios que son absolutamente marginales”, aseguró (pagina12.com.ar, 7/11/25; 0223.com.ar, 13/11/25). Pero la repetición del mantra no estará funcionando. Tan sólo 2 días pasaron para que tomara estado público otro hecho de violencia, esta vez en la escuela primaria 80, en City Bell, La Plata (El Día, 13/11/25), donde nuevamente docentes y directora, tras una pelea entre alumnos, recibieron un brutal ataque por parte de padres. Por su parte, Mónica Lence, la presidenta del Consejo Escolar no se quedó atrás y cruzó a los gremios docentes: "No marchen caraduras”, afirmó en la red social X, despotricando contra toda la política educativa del kirchnerismo. La funcionaria que asumirá en diciembre como concejal por el oficialismo, cuestionó el paro docente y su eficacia para solucionar el problema: “llevamos visibilizando estas situaciones cuatro años. Porque el sistema educativo está colapsado y vomitando la sangre de los que vienen. Y les importa tres carajos”. El siga-siga de las conducciones sindicales y todos los partidos políticos patronales Tras la movilización, referentes de los sindicatos FEB, SUTEBA, STM, UDOCBA, ATE, SADOP y algunos representantes de escuelas, mantuvieron una reunión con concejales de distintas fuerzas políticas. En la asamblea anual ordinaria de SUTEBA celebrada ese mismo día a la tarde, la conducción celeste de Baradel, informó orgullosa el cónclave y al día siguiente, anunció avances : “fue presentado un proyecto de ordenanza por bloques del Honorable Concejo Deliberante para crear una Mesa de Trabajo Interinstitucional con el objetivo de realizar un abordaje integral” al problema de la violencia en las escuelas. En este cuadro de situación, los docentes continúan acudiendo a las escuelas y soportando, cotidianamente y en forma silenciosa la gran mayoría de las veces, todo tipo de degradaciones ejecutadas en principio por un Estado que ha descargado y descarga sobre sus espaldas todos los fracasos educativos y sociales, propios de un capitalismo en descomposición. Será tarea de los trabajadores de la educación en su conjunto autoorganizarse en favor de una salida propia, independiente de los partidos del estado y de las conducciones sindicales, que nos han traído hasta este presente de barbarie.

Al escribir estas líneas todavía el fuego en el Polígono Industrial de Spegazzini de Ezeiza no ha sido totalmente extinguido, pero si "controlado", según un reciente informe de situación de la municipalidad. La explosión y el incendio se originaron cerca de las 21 horas del viernes 14 de noviembre en la planta de la empresa Logischem, dedicada al almacenamiento y distribución de productos químicos, y se propagó a unas diez empresas lindantes, como Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón. Se estima que el daño en dichos establecimientos es total. La onda expansiva de la primera explosión fue considerable, rompiendo vidrios en un radio de hasta cuatro kilómetros, y escuchada como una "bomba" en un radio de quince kilómetros. Los vecinos reportaron rápidamente un fuerte olor a químico proveniente de la zona afectada. Una nube tóxica cubrió el cielo, lo que obligó a decretar la alerta roja. Varias decenas de heridos con golpes, cortes y problemas respiratorios es lo que en primer término dejó el siniestro. Esto sumado a destrozos en decenas de hogares humildes y comercios de la zona. Desidia: el Estado es responsable El comunicado oficial del intendente de Ezeiza, Gastón Granados, en su punto 6 nos informa sobre la investigación, diciendo: "Aún no existen hipótesis firmes sobre el origen del incendio y la detonación". Dicho comunicado contrasta con los dichos y el sentir de la comunidad, que ya venían alertando sobre esto: -Respiramos veneno -Desde que se instalaron algunas empresas se siente un fuerte olor a alcohol o químicos Y también acerca de quién se hará cargo: -ahora quién nos va a pagar los daños. Somos familias humildes Bajo la lupa se encuentra hoy el accionar del municipio en cuanto al "impacto ambiental" provocado por la instalación de empresas que manejan materiales peligrosos (químicas, plásticas) en una zona densamente poblada. Y sumado a esto el poco "control" distrital, que privilegia el lucro empresarial en detrimento de la salud de la población. Ezeiza cuenta con varios polos, polígonos, y parques industriales. Los que en su mayoría ofrecen sueldos "de miseria" y en muchísimos casos "en negro". Mientras la intendencia mira para otro lado (los countrys de Canning) y el intendente vive publicando "reels" del distrito "feliz", Ezeiza está parado sobre una "bomba". La organización de los trabajadores a la orden del día La importante asamblea enfrente del hospital de Ezeiza del viernes por la mañana que contó con la presencia de decenas de médicos y vecinos ante la situación de abandono del establecimiento corrobora "la desidia" distrital y provincial. Ese es el camino: asambleas para debatir y tomar en nuestras manos nuestro futuro. ● Por una comisión independiente del estado que investigue lo ocurrido en el Polígono industrial ● Que se abran los libros sobre el "impacto ambiental" fraudulento realizado a las empresas ● Por un salario mínimo igual a la canasta familiar (hoy dos millones de pesos) y ningún trabajador en "negro".

Metido de lleno en su campaña de alineamiento sin condiciones, el gobierno de Milei ordenó llevar apoyo naval a la flota del Comando Sur que estos días azota a las barcazas que navegan el Mar Caribe para preparar una acción militar contra Venezuela. El jefe de la Armada, Carlos Alievi, se negó, aduciendo que el buque solicitado no está en condiciones. Casa Rosada había ordenado que un destructor argentino que participa de la Misión Unitas -ejercicios de colaboración multinacionales- se una a la flota norteamericana. El destructor sólo tiene un cañón de 40 mm, pero no cuenta con misiles antiaéreos para su defensa, ni misiles Exocet buque-buque, ni torpedos de a bordo, ni cargas de profundidad. El riesgo que implica llevar un buque en estas condiciones a una zona de conflicto amenazaba con crear una crisis política en la Armada. Luis Petri, de salida del Ministerio de Defensa porque debe asumir una banca, dejó pasar el regreso del buque a Puerto Belgrano. Sin embargo, el grueso de la bronca de los Milei fue contra el jefe de la Armada, quien parece que también está de salida. La negativa del Almirante se debe, además de a la obsolescencia del Destructor, a la ilegalidad que comportaría esta acción no autorizada por el Congreso. El planteo de asociar el destructor argentino a la flota norteamericana no habría sido una ocurrencia solitaria de Milei, sino un pedido expreso de la Casa Blanca, que Milei ha desmentido. En este caso, Milei habría sido más papista que el Papa, adelantando la política de asociación bélica con el imperialismo norteamericano. Es solo cuestión de tiempo para que Argentina participe activamente en la agresión militar del Pentágono contra Venezuela. Es lo que está haciendo Trinidad y Tobago. México colabora indirectamente interceptando embarcaciones sospechosas en aguas internacionales cercanas a su país. El único antecedente argentino de una participación militar de este tipo se remonta a principios de los 90, cuando Menem sumó a Argentina a la coalición internacional liderada por George Bush en la Primera Guerra del Golfo Pérsico, aportando dos buques de guerras pertrechados con misiles. La Operación Lanza del Sur Esto sucede mientras Estados Unidos anuncia la “Operación Lanza del Sur”, una misión encabezada por el Comando Sur y la “Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur” con la excusa de combatir al narcotráfico en América Latina. Los argumentos de Trump a favor de estas operaciones fueron esgrimidos en un memorándum presentado al Congreso, y pasan por aducir que los narcotraficantes representan una amenaza inminente para los estadounidenses; los califica como “combatientes enemigos” que se encuentran en un “conflicto armado”. La Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia también opina en este sentido. Sin embargo, según indicó este jueves la CNN, el Pentágono puso sobre la mesa de Trump opciones para ejecutar operaciones militares dentro de Venezuela. Milei está pronto a ser partícipe de este ataque contra Venezuela, que pondría a América Latina en un nuevo escenario territorial de la guerra imperialista internacional. En este contexto, podría justificar un conflicto con China en el marco de la guerra económica desatada por Trump. LEER MÁS: Trump sigue hundiendo barcazas y militariza el Caribe, para proceder a una acción militar inminente contra Venezuela Por Aldana González, 11/11/2025.

Luego del triunfo electoral, Milei ha decidido, una vez que se constituya el nuevo Congreso a partir del 10 de diciembre, convocar a dos sesiones extraordinarias. En la agenda pretende, en diciembre, hacer aprobar el presupuesto 2026 y posteriormente, en febrero, las denominadas reformas estructurales, léase reforma laboral, reforma tributaria y reforma previsional. Dentro de este paquete pretende introducir un proyecto dirigido a modificar la ley de Glaciares, cuyo contenido estaba incluido en la llamada Ley Bases, pero que por diversos cuestionamientos que emergieron en aquel entonces, por parte de las organizaciones ambientalistas y sectores científicos, ese capítulo de la ley se retiró del debate. En este último periodo tomaron estado público distintos pronunciamientos y reclamos orientados a modificar la Ley de Glaciares por parte de las empresas mineras y de los gobernadores de las provincias andinas. El presidente de la CAEN (Cámara Argentina de Empresas Mineras), Roberto Cacciola, enfatizó que “El tema de los glaciares tenemos que resolverlo ya”. “Hay una ley de glaciares que no protege glaciares, protege glaciares y cualquier otra cosa que se le ocurra a cualquiera. Eso hay que cambiarlo, hay que modificarlo”. Según explicó, la actual redacción normativa “puede interrumpir la posibilidad de que un proyecto se desarrolle”, generando incertidumbre jurídica que frena las inversiones. “Si eso no se clarifica, nadie va a poner la plata en Argentina”, remarcó. Cacciola recordó que la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció al respecto, y sostuvo que “esto no es un tema judicial, es un tema político”. “Provincia y Nación se tienen que poner de acuerdo”, insistió. “La Nación tiene que delegar determinadas atribuciones a las provincias, y eso es fundamental para que haya una mayor autonomía en las decisiones”. A su vez, desde la Cámara Minera de San Juan, su presidente Iván Grgic puntualizó a El Tiempo de San Juan que la industria “no cuestiona la protección de los glaciares, sino la falta de precisión técnica de la norma”, y reclamó definiciones científicas sobre periglaciar, permafrost y los límites de protección. Durante la conferencia de prensa organizada por LATAM & Argentina Critical Minerals Summit, el vicepresidente de Lithium Argentina, Ignacio Celorrio, fue contundente: “Lo primero que surge es la imprecisión. Nadie va a comprometer inversiones de magnitud sin saber qué es un glaciar, qué es ambiente periglacial o cuál es su alcance”. En paralelo, en la cumbre LATAM & Argentina Critical Minerals Summit, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, marcó el tono de la discusión regional. Sostuvo que los minerales críticos representan una oportunidad histórica, pero que el potencial geológico del país sólo se convertirá en riqueza si existe una gobernanza coordinada entre las provincias andinas. La funcionaria enfatizó que las inversiones mineras se planifican a treinta o cincuenta años, por lo que los marcos regulatorios deben ser sólidos, previsibles y coherentes en todo el territorio. Su mensaje fue leído como un respaldo político explícito a la modificación de la Ley de Glaciares para que se ajuste a estándares modernos y, a la vez, respete la jurisdicción provincial. En paralelo, el gobernador de San Juan, Orrego, y el de Jujuy, Sadir, plantearon en la Mesa del Cobre que sesiono en Mendoza, que cada provincia tenga la potestad de reglamentar la ley de Glaciares de acuerdo a su realidad geográfica y los proyectos mineros. Ni corto ni perezoso, Milei señaló, aludiendo al futuro proyecto de ley, que “los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo. Esta ley es para devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar. Eso será muy importante para la economía. La idea original es del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y que de una vez por todas nos pongamos a aprovechar nuestros recursos naturales”. Milei ha visto una oportunidad política servida en bandeja para avanzar en un acuerdo con los gobernadores de las provincias mineras comprometiéndolas a que aseguren el quorum en las sesiones extraordinarias e incluso que apoyen las iniciativas parlamentarias del gobierno. Varios de los gobernadores ya anticiparon su respaldo a la reforma laboral. La estrategia, en este sentido, le serviría al gobierno para fisurar cuatro espacios distintos: el PJ, la UCR, Provincias Unidas y las fuerzas provinciales no alineadas. Raúl Jalil (Catamarca) sigue siendo parte de Unión por la Patria; Alfredo Cornejo (Mendoza) mantiene su afiliación radical pese a su acuerdo con LLA en su provincia; Carlos Sadir (Jujuy) pertenece a la UCR, pero juega dentro de Provincias Unidas; Gustavo Sáenz (Salta) es un peronista independiente; y Marcelo Orrego (San Juan) conserva un bloque propio con identidad provincial. El glaciar -las grandes masas de hielo visibles- está protegido por ley, al igual que los cuerpos menores, cubiertos o mezclados con roca, que conforman el ambiente periglacial. La ley actual impide realizar allí actividades industriales. Las reformas que se analizan reducirían las zonas protegidas, lo que despierta el rechazo de organizaciones ambientalistas y buena parte de la comunidad científica. Aunque aún no se conocen los detalles del proyecto, todo indica que el eje será una nueva definición del área periglacial. El texto original de la Ley Bases incluía una modificación de la Ley de Glaciares (26.639): buscaba habilitar la actividad económica en el ambiente periglacial, bajo control ambiental, y revertir lo que calificaba como “un avasallamiento del poder federal sobre las provincias”. El proyecto reducía el alcance de la protección actual: limitaba la categoría de glaciar a formaciones sólidas por más de dos años, de al menos una hectárea y con una “función hídrica efectiva y relevante”. Las provincias reclaman, además, que la autoridad de aplicación sea local. Argumentan que la Constitución Nacional les otorga la potestad sobre los recursos naturales, mientras que la ley nacional fija los presupuestos mínimos ambientales. Esa superposición, nunca resuelta del todo, mantiene paralizadas las inversiones: las empresas no saben si la aprobación de un proyecto depende de la Nación o de las provincias. En el gobierno aún no han decidido cómo van a instrumentar los cambios. Por un lado, un sector es partidario de modificar con un decreto la ley vigente para ampliar la actividad económica en áreas periglaciares, y que luego las legislaturas provinciales tomen ese decreto y lo hagan propio. Pero otros sectores plantean y es el que se va a imponer si finalmente se arriba a un acuerdo con las provincias, enviar una ley modificatoria, pues consideran que es “muchísimo más conveniente” para blindar jurídicamente a los proyectos con una ley nacional del Congreso que deje en claro todo. En contraposición, la Organización Metereológica Mundial (World Meteorological Organization) entregó su último informe en el que destaca otra vez que los glaciares son indicadores sensibles del cambio climático y están retrocediendo a nivel mundial debido al aumento de las temperaturas. Se trata de uno de los informes más relevantes a nivel mundial en los que a través del monitoreo de los glaciares se proporcionan datos importantes para las estrategias de adaptación y mitigación del clima. A raíz de lo que está pasando la OMM decidió que el 2025 sea el Año Internacional de la Preservación de los Glaciares, en razón de que son muy pocos países y regiones que toman en serio el cambio climático. De allí que la OMM y la UNESCO lideren los esfuerzos mundiales para la preservación de los glaciares. Ya el informe da cuenta que el “Estado del clima global 2023 mostró que una vez más se batieron récords, y en algunos casos se pulverizaron, en cuanto a los niveles de gases de efecto invernadero, las temperaturas superficiales, el calor y la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar, la capa de hielo marino antártico y el retroceso de los glaciares. Las olas de calor, las inundaciones, las sequías, los incendios forestales y los ciclones tropicales que se intensificaron rápidamente causaron miseria y caos, alterando la vida cotidiana de millones de personas e infligiendo miles de millones de dólares en pérdidas económicas.” La Organización Meteorológica Mundial (OMM), en colaboración con la UNESCO, está liderando los esfuerzos para el Año Internacional de la Preservación de los Glaciares 2025 (AIGP 2025). Esta iniciativa, establecida por la resolución A/RES/77/158 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) , adoptada en diciembre de 2022 durante la 77.ª AGNU, también designa el 21 de marzo como el Día Mundial de los Glaciares, a partir de 2025. La OMM y la UNESCO sostienen que pretenden crear conciencia sobre el papel vital que desempeñan los glaciares, la nieve y el hielo en el sistema climático y el ciclo hidrológico, así como sobre los efectos de largo alcance del rápido derretimiento de los glaciares. “Ha llegado el momento de actuar. Si queremos un planeta más seguro, es nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad común, una responsabilidad global”, dijo Celeste Saulo, secretaria general de la OMM en un informe que tuvo acceso Minería & Desarrollo. En ese campo es vital para la industria minera mundial el monitoreo de todas esas geoformas, conocer su evolución y su protección para aquellos lugares en donde es significativo el aporte a las cuencas. Se trata de estudios que deben robustecerse en forma permanente con información en terreno”. Pero esto es pedirle peras al olmo. La industria minera mundial se ha caracterizado en todo el planeta por derribar todos los obstáculos, incluso a los propios gobiernos, en aras de la explotación de los recursos y las máximas ganancias. No va a ser la excepción lo que va a ocurrir en nuestro país si se impone el actual curso político. Lo que está planteado es impulsar asambleas, encuentros, pronunciamientos, mesas debates y movilizaciones populares para impedir que se consume este nuevo atropello al medio ambiente y la vida humana.

Luego de que en el mes de julio el ícono de la industria textil marplatense despidiera a 150 operarios , la firma acaba de anunciar suspensiones por 4 meses a más de 170 trabajadores. Las suspensiones entrarán en vigencia el lunes 17 de noviembre y se extenderían hasta el 31 de marzo de 2026; lapso en que sólo un pequeño grupo de 65 obreros continuará operando en la planta ubicada sobre la ruta 88. La empresa argumenta que la medida que tomó a mitad de año obedece a la caída en las ventas y la acumulación de stock. Desde la Comisión Interna aseguraron que “la apertura de las importaciones y la pérdida del poder adquisitivo están destruyendo la industria textil” y señalaron que, frente a las suspensiones previstas por 6 meses y con el pago del 75 %, se consiguió tras varias audiencias en el ministerio de trabajo, reducir el plazo, con un pago del 78 % y que el aguinaldo sea abonado en dos cuotas y no en tres. En la empresa Textilana, una de las plantas textiles más importantes del país y que llegó a tener alrededor de 1.200 empleados, hoy quedan apenas 240 trabajadores, y de manera incierta. Es el resultado de la política llevada adelante por Milei-Caputo , que expone el cuadro de derrumbe del consumo interno , de la avanzada de las importaciones y de la reforma laboral de facto y legalmente en ciernes . Como se ve, nuevamente, la decisión de la patronal de Textilana ha sido la de servirse de esta situación para, de inmediato, descargar la crisis sobre los trabajadores. Desde Política Obrera planteamos: ninguna suspensión, ningún despido, que la patronal sostenga los puestos de trabajo, que se repartan las horas disponibles sin afectar el salario y organización de los trabajadores para enfrentar la reforma laboral.

La patronal de Pirelli está promoviendo una reforma laboral de facto en su planta ubicada en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Allí, en el marco de despidos masivos y suspensiones arbitrarias de la producción, la gerencia de Pirelli implementa modificaciones estructurales en el modo de organizar el proceso productivo y en el uso de la fuerza de trabajo. Concretamente, en el sector de control final la empresa modificó la operatoria de las máquinas D70 y Akrodyne que antes eran operadas por tres trabajadores y ahora una “nueva” máquina (unificación de la D70 y Akrodyne) es operada por un solo trabajador que debe atender varias máquinas al mismo tiempo en una línea de producción más extensa. Estas modificaciones estructurales mantienen los niveles de producción y, al mismo tiempo, sobrecargan de tareas al trabajador que opera una “máquina unificada”. Todos estos cambios redundan en una intensificación del uso de la fuerza de trabajo. Este avance de la superexplotación provocó airadas protestas de los trabajadores y debates con los pocos delegados que quedan en planta. La ofensiva de Pirelli se produce en un contexto particular de la situación del gremio y de la fábrica. A nivel nacional, las patronales en su conjunto arremetieron contra los puestos de trabajo y el salario en forma brutal. En menos de 2 años las patronales despidieron la mitad de toda la fuerza de trabajo de la industria y mantienen los salarios congelados desde hace 1 año cuando la inflación acumulada en los últimos 12 meses ronda el 30 %. Esta avanzada de la patronal pretendió ser enfrentada por la dirección del SUTNA con paros aislados y actos . Respecto a Pirelli, la patronal despidió a la mitad de su personal y avanza con suspensiones arbitrarias de la producción para dividir al colectivo de trabajadores que se encuentran sin dirección gremial seccional debido a que en las elecciones recientes hubo un empate entre la lista Negra y la Multicolor . Quien ocupa actualmente la seccional, la lista Negra, tiene su mandato vencido y hasta el momento no dio fecha de balotaje para superar este impasse . Por otro lado, el Cuerpo de Delegados está literalmente desintegrado, porque renunciaron, en el último año y medio, 2/3 de los delegados (en su mayoría de la lista Negra). En consecuencia, los trabajadores de base no cuentan con delegados en todos los grupos de trabajo y la patronal avanza con la multitarea y la flexibilidad laboral. Está planteada la convocatoria a una asamblea general de fábrica para que los trabajadores y las agrupaciones sindicales de lucha ofrezcan un programa de reivindicaciones económicas y políticas para frenar los intentos de flexibilización de la patronal, la liquidación del salario y del empleo y ofrecer una salida política al impasse que atraviesa la seccional.

La coalición de organizaciones ambientalistas Kick Big Polluters Out (KBPO o 'Echen a los Grandes Contaminadores) ha denunciado que uno de cada 25 asistentes a la Cumbre del Clima, es un lobista de los combustibles fósiles, lo que arroja a más de 1600 operadores que son parte de las negociaciones climáticas. ( https://kickbigpollutersout.org/Release-Kick-Out-The-Suits-COP30-PT ). En el caso de Filipinas, por cada delegado oficial hay 50 lobistas y Jamaica cuenta con unos 40 por cada representante. La delegación francesa se hizo presente con 22 representantes de los intereses del “loby fósil”, entre ellos 5 pertenecen a Total Energies. Desde Noruega llegaron los directivos de Equinor, que opera en la cuenca oeste de las Islas Malvinas. De Japón, entre los lobistas que aporta a la cumbre se encuentran directivos de la automotriz Mitsubishi Heavy Industries y de Osaka Gas. Según KBPO, la cantidad de lobistas de las corporaciones petroleras es menor que la de años anteriores. Se entiende a partir de la menor cantidad de participantes, pero en proporción, la COP30 se convirtió en la mayor concentración de estos grupos de interés desde que la organización ambientalista comenzó a realizar un seguimiento de los asistentes a las cumbres climáticas. Por su parte, el anfitrión Lula da Silva dio vía libre a la participación de la Zona Azul (área restringida de la COP30 donde se llevan a cabo las negociaciones diplomáticas entre los países participantes) de la cumbre a los hermanos Batistas, dueños de JBS, el mayor productor de carne vacuna del mundo, implicados en la causa de Lava Jato y a representantes de la industria petrolera como Petrobras y ExxonMobil, y empresas mineras como Vale, Samarco, Sigma y la Asociación Brasileña de Minería también figuran en la lista. (Earth.org 13/11) Mientras los lobistas abundan en la COPO30, desde las comunidades quilombonas (afrodescendientes en Brasil que descienden de esclavos fugitivos y luchan por sus derechos territoriales y culturales) han denunciado que solo le dieron cinco credenciales para participar del cónclave. JBS, además de las inversiones en la producción de carne, es uno de los mayores conglomerados agroindustriales de Brasil; lleva adelante deforestaciones de carácter ilegal en pos de extender la frontera agroganadera, por lo cual ha recibido multas irrisorias de 660.000 reales (125.000 dólares) cuando reportó una ganancia de 2,4 mil millones de reales en el último trimestre del 2024. (Forbes 24/3/2025) La producción de carne es una de las actividades más contaminantes con sus consecuencias directas en el calentamiento global y “si las 45 mayores empresas productoras de carne y productos lácteos fueran un país -incluida JBS- serían el noveno mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, según una investigación publicada en vísperas de la COP30.” (Earth 13/11) Los hermanos Batistas han diversificado sus inversiones por medio del grupo J&F, productor de celulosa en Eldorado, la minera LHG Mining y entre los activos de los “emprendedores” hermanos Batistas se encuentra la Central Eléctrica Candiota III, situada en Río Grande do Sul, en la que se genera energía por medio de carbón. Según el Instituto de Energía y Medio Ambiente, Candiota III registró la tasa de emisión más alta por gigavatio/hora de electricidad generada: 1.205 toneladas de dióxido de carbono equivalente por gigavatio/hora y recibió un subsidio estatal para la compra de carbón. Los amigos del “capitalista verde” Lula pisan fuerte en la COP30. Protestas y represión Las que también se hicieron presentes son las protestas. El jueves pasado unas 200 activistas, en su mayoría indígenas, irrumpieron en la cumbre y la ONU, organizadora del cónclave pidió al gobierno de Brasil que refuerzara la seguridad para las siguientes jornadas. Valter Correira, quien ostenta la secretaria extraordinaria de la COP30 y es parte del gabinete de Lula, juntó el jueves por la noche a las delegaciones, ante las que reconoció que “hubo un problema” de seguridad y les garantizó que se realizará un despliegue mayor de personal militar en los lugares que se lleva adelante la conferencia. Este viernes también se registraron protestas que llevaron como nombre Stop Japan’s Dirty Energy Plans en contra de la delegación de Japón con la demanda de que el país del sol naciente deje de financiar proyectos de carbón y gas natural en el sudeste asiático. Según Hiroki Osada, uno de los organizadores de la protesta y miembro de Amigos de la Tierra de Japón, es que este último “en realidad está retrasando la eliminación de los combustibles fósiles en toda Asia”, por el financiamiento de proyectos de gas licuado en Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas (Infobae 14/11). Un estudio de este año llevado adelante por el Centro de la Energía, Ecología y Desarrollo señala que el Banco Japonés para la Cooperación Internacional, de capitales del gobierno, capitalizó por la suma de 6.400 millones de dólares proyectos para la producción de carbón y 874 millones de dólares en conceptos de préstamos para proyectos de gas desde 2016 hasta el 2024. En jornadas anteriores se llevó adelante una protesta bajo el slogan “Expulsen a los trajes”, en clara alusión a los “lobistas fósiles”, que en cada una de las cumbres son actores fundamentales en el empantanamiento para llevar adelante una transición energética. Para este sábado, a la mitad de la COP30, se esperan protestas significativas en las calles de Belém. La menguada delegación argentina y el “ciclo natural” Desde que la pandilla liberticida accedió al poder, Milei en diferentes alocuciones y entrevistas ha dejado en claro su postura sobre el cambio climático, tildándolo como un “ciclo natural.” Los negacionistas climáticos van en sentido opuesto a los estudios científicos que dan cuenta de un aumento sin parangón en la temperatura global desde la década de 1970, como sostienen las investigaciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC); este último “confirma que la influencia humana ha calentado el planeta a un ritmo sin precedentes en los últimos 2.000 años.” (Chequeado 27/2/2025) También la NASA y la Organización Meteorológica Mundial respaldan esta posición. El 2024 fue oficialmente el año más cálido desde 1850, con una temperatura media mundial de 1,6°C por encima del nivel preindustrial, superando el límite de 1,5°C del Acuerdo de París, del cual Milei quiere salirse para tener las manos libres en las actividades extractivistas. En una reciente entrevista con el medio francés Public Sénat , Milei declaró en la línea del “ciclo natural” y expresó que “cuando usted mira la historia del planeta Tierra, tuvo 5 picos de alta temperatura y este caso no es distinto a los anteriores. La temperatura promedio en el pico es más baja que en los otros casos”. Con este andamiaje político ideológico, el gobierno liberticida se hizo presente en la COP30. A pesar del negacionismo sobre el cambio climático, del que abrevan Trump y la internacional reaccionaria, el gobierno liberticida de Javier Milei se hizo presente con una menguada delegación en Belém, en donde ronda la especulación de que la Argentina, siguiendo los pasos de EE. UU, se retire del Acuerdo de París. Las especulaciones tienen su asidero en el alineamiento de Milei con Trump y en que, en la edición anterior de la COP29 celebrada en Bakú, Azerbaiyan, la delegación argentina se retiró de la misma, decisión tomada por el canciller Gerardo Werthein, quien afirmó que lo hacia para “revaluar la situación”. La delegación argentina está integrada por Eliana Saissac directora de Asuntos Ambientales de Cancillería desde el 2024, que en las mesas de negociación pugnó para que en un documento quede explícito que el gobierno argentino concibe el término género definido como “dos sexos, femenino y masculino”, ningún aporte al debate sobre el cambio climático. Saissac no es nueva en el paño. En el 2009, durante el primer mandato de Cristina Kirchner, fue miembro de la delegación como secretaria de la Embajada de Cancillería en la ciudad de Copenhague, conferencia que fue caracterizada como un fracaso ya que no se arribó a ningún tipo de acuerdo sobre la cuestión climática (Chequeado 12/11). A partir del lunes Saissac estará acompañada por Fernando Brom, subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien se ha desempeñado de empresas multinacionales como Quickfood, Kraft, Unilever y Carrefour. A la delegación también se sumará Nazareno Castillo Marin, director nacional de Desarrollo Sostenible y Gestión Climática de la Subsecretaría y fue participe de otras cumbres climáticas. Brom señaló que para que la Argentina cumpla con los parámetros de la ONU en materia ambiental debe recurrir al financiamiento interno por medio de préstamos blandos otorgados por el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) y bancos de fomento internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Ídem). Otro argentino que participa de la COP, no de manera oficial, es el empresario José Luis Manzano, accionista del Grupo América; pero sus intereses tienen un largo brazo llegando a inversiones de energía, minería, favorecida por su perfilamiento con el gobierno de Milei. Manzano saltó de la política a la actividad privada. Tuvo un paso por el gobierno de Menem como jefe de Interior, desde donde fue tejiendo relaciones que lo posicionaron como empresario de distribución de energía (Edenor, Edemsa); también es accionista de la petrolera Phoenix Global Resources y empresas mineras y agrícolas, llegando a operar yacimientos de litio, potasio y gas en distintos puntos del país (La Nación 12/11). Manzano es un claro exponente de “lobista fósil” que participa de la cumbre y, en este sentido, participó de una mesa redonda integrada por la Iglesia Católica, que tuvo como nombre “Diálogo Socio-Ambiental por la Paz: Adaptación y Transición Justa”. Manzano se posicionó como emisario del ya fallecido Papa Francisco, aduciendo que tuvo la oportunidad de “estar con él” en sus últimos días y aseveró que Francisco le “dio órdenes” de ser una especie de vocero empresarial con respecto a la crisis climática. En su alocución, un compungido Manzano aseveró que Francisco le pidió que “todos tenemos que hacer algo. Los empresarios tienen una responsabilidad inmensa. Tienen que hablar con las comunidades, escucharlas y hacerles caso. Hablen con sus trabajadores (sic). Y ocúpense porque esto se va a calentar no un grado, sino dos o tres. Y va a ser tarde para arrepentirse” y añadió “por eso estoy aquí. Primero, porque me dijo cuéntenlo. Así que lo cuento. Segundo, porque me impactó.” La intervención de Manzano rondó en torno a la necesidad de aunar los intereses del capital y las necesidades planteadas por la crisis medioambiental, siendo el del financiamiento un punto clave. En este sentido el empresario señaló que la transición energética “no podemos hacerla sin minería, sin los bancos. No se pueden hacer mil megas de energía solar sin financiamiento, sin el capital y sin los gobiernos”. Los dichos de Manzano van a contramano del gobierno liberticida que, a partir de su negacionismo ambiental, no quiere poner un peso para llevar adelante una transición energética, poniendo de manifiesto las contradicciones insalvables en la cuestión del financiamiento en medio de la disputa comercial y las guerras en curso, que hacen que se vuelquen inmensas cantidades de capital al desarrollo armamentista, como queda de manifiesto en el rearme de los países europeos y en el conglomerado armamentístico de Estados Unidos, al servicio de la cruzada reaccionaria de Trump, que van desde Medio Oriente hasta el mar Caribe, y que tiene su epicentro en la guerra rusoucraniana. LEER MÁS: COP30: un nuevo eslabón del empantanamiento de la crisis climática Por Lucas Giannetti, 10/11/2025.

El pasado 12 de noviembre tuvieron lugar comicios en la UNS para elegir a los representantes de los tres órganos de cogobierno: la asamblea universitaria, el consejo superior y los consejos departamentales. Según la web de la propia universidad votaron 881 profesores, 1.741 auxiliares, 10.296 estudiantes y 572 no docentes en más de 100 mesas dispuestas en las distintas sedes de la UNS. Los representantes electos asumirán en diciembre reconfigurando la composición de los cuatro claustros: el de profesores que reúne a los docentes con categoría de adjunto para arriba que es, además, el que posee más representación en todos los órganos de cogobierno; el de auxiliares, que reúne a los docentes con categoría de ayudante o asistente que, siendo más cantidad en la universidad, poseen menor representación; el de alumnos y el de no docentes, que solo tiene presencia en la asamblea universitaria y el consejo superior, pero no en los consejos departamentales. En el claustro de profesores para la Asamblea Universitaria, el máximo órgano de decisión, ganó la lista Acción UNS, que apoya a la actual gestión del rector Daniel Vega. Lo siguió la Lista Blanca y luego La Red, principal opositora al rectorado. Desde el oficialismo llevaron adelante una campaña centrada en la “gestión” y no en la crisis histórica que atraviesa la universidad pública, cada vez más profunda. El rectorado de la UNS ha participado de las movilizaciones masivas y, al mismo tiempo, ha actuado directamente contra la organización estudiantil y docente, como sucedió cuando dio aviso a la policía para que levantara un corte de calle y clases públicas frente al Departamento de Ciencias de la Educación, a fines de 2024. En el claustro estudiantil fue una novedad que la lista ULLA (Universitarios de La Libertad Avanza) logró ingresar representantes en la Asamblea Universitaria y en el Consejo Superior. Mientras que ULLA por supuesto defiende la política del gobierno nacional en actividades con Cúneo Libarona o Alejandro Álvarez, secretario de políticas universitarias de Milei, las restantes listas han rehuído a hacer campaña contra el histórico ahogo presupuestario. Más bien se han encolumnado detrás de la política de los rectores, lobby parlamentario y presentaciones judiciales. Otra de las listas estudiantiles con mayor presencia, Nueva Universidad, lamentó el desempeño de ULLA al cogobierno, pero porque significa el “ingreso de la política partidaria”. El PTS, por su parte, se presentó bajo el lema “estudiantes que no se callan para enfrentar a la derecha” y la “única lista feminista”. No logró ingresar consejeros ni asambleístas. Política Obrera se presentó integrando el “Frente por la Educación Pública”, una lista que armamos para el claustro de docentes auxiliares junto con compañeros independientes y del PTS. Pusimos a disposición para ello nuestro programa . Reunimos las candidaturas para presentarnos en Asamblea Universitaria, en Consejo Superior y en el Consejo Departamental. Entre los 96 auxiliares del departamento de Humanidades cosechamos 16 votos. Además, 24 de ellos dieron su voto por el FEP para el Consejo Universitario. Entre los auxiliares de toda la universidad, se recogieron 90 votos para la asamblea universitaria y 99 para el Consejo Superior, con las mejores votaciones hechas en Humanidades, Ciencias de La Educación y Ciencias de la Administración. Con pocos recursos, el FEP concentró su campaña en Humanidades, Ciencias de la Educación, Biología y en tratar de llegar a los edificios más grandes del campus Palihue y de la sede de Alem. Donde pudimos, tratamos de recorrer los gabinetes, oficinas en donde los docentes suelen ofrecer horarios de consulta, presentando la lista. Entre las demás listas el FEP destacó por ser la única que presentó un programa, es decir, una caracterización del momento político y universitario y una serie de iniciativas que ponían a la lista al servicio de una lucha política, impulsando asambleas interclaustros y autoconvocatorias que construyan una huelga general educativa para conseguir todos los reclamos. La ausencia de este tipo de perspectiva fue manifiesta en las demás fuerzas presentes, tanto que en algunos casos los candidatos que para consejo departamental iban en listas separadas, para asamblea universitaria se juntaban en una sola lista reflejando el oportunismo y la política de camarilla. Para el consejo departamental de Humanidades, por caso, las otras dos listas en contienda, una llamada Construcción y otra Frente de Auxiliares de Humanidades (FAH), se refirieron al problema de la precarización laboral entre los docentes auxiliares, planteando acompañar reclamos al respecto y planteando aparentes soluciones a los contratos temporales existentes. No obstante, nada dijeron de una lucha por mayor presupuesto, por un salario que recupere lo perdido, cuestiones que son requisito si se quiere garantizar la regularización de cargos y la permanencia del plantel. Tampoco denunciaron la composición antidemocrática de los órganos de cogobierno que conlleva que los intereses y decisiones del grupo más reducido de la universidad, los profesores, sean los que prevalezcan. Hacia adelante, nos proponemos desarrollar una corriente clasista y socialista en la docencia y el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional del Sur para impulsar un gran movimiento de lucha autoorganizado.

El pasado sábado 8 de noviembre la ciudad de Frías, provincia de Santiago del Estero, se vio conmocionada por la noticia del hallazgo sin vida de Camila Barrera, cuyo cuerpo fue encontrado a la vera de la ruta nacional N° 157 de dicha ciudad. Camila era una joven de 18 años de edad, recién cumplidos. El crimen ocurrió a la salida de una fiesta. Cuando Camila se retiraba de la misma, se encontró con Raúl Pallares, quien se encuentra detenido por el crimen. Se entregó a la policía y confesó. Dijo que “se le fue la mano”. Tiene antecedentes: cumplió una condena de 9 años y 6 meses por abuso sexual. La noticia del crimen, difundida a través de las redes, causó conmoción en toda la provincia, e incluso trascendió en los medios nacionales. La familia de la joven denunció que en la ciudad las redes de trata, prostitución a menores de edad y el narcotráfico están a la orden del día; señalaron que reclutan menores, a quienes las drogan y las entregan por montos de 7.000 a 30.000 pesos, a sus “clientes”. También alegaron que hay otros implicados en el femicidio de Camila, también víctima de esta red de trata. La situación de amplias franjas de la juventud, golpeada por la crisis social, la falta de trabajo, la deserción escolar, sin horizonte y perspectivas, son completamente vulnerables para que sobre ellas puedan operar las bandas criminales. Es claro que todo esto puede ocurrir porque detrás de todas las redes de trata existe un entramado de complicidad de todo el arco de la justicia y del poder político, encubriendo y dando vía libre para que se prosiga con estos ataques. En resumen, un régimen en decadencia no puede ofrecer más que miseria y degradación de las relaciones humanas. Frente a este cuadro de barbarie, la alternativa es la organización independiente de la juventud y de las familias obreras.

Luego de haber conquistado un significativo aumento de salarios al calor de huelgas y movilizaciones, los trabajadores del Hospital Garrahan enfrentan un nuevo embate por parte de las autoridades y el Ministerio de Salud. El consejo de administración pretende arremeter contra el activismo, aplicando 45 sumarios internos y una causa penal contra quienes forman parte de la lucha que frente al vaciamiento del hospital. Mariano Pirozzo, interventor del hospital puesto a dedo por el ministro de las prepagas, Mario Lugones, acusa a trabajadores de coacción, resistencia a la autoridad y usurpación por las protestas realizadas en el hospital. Dentro de los sumariados se encuentran miembros de la junta interna de ATE Garrahan y de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, delegados y trabajadores que no tienen representación gremial. Además de los sumarios queda pendiente el pago de los descuentos aplicados. Para enfrentar este ataque se realizaron una reunión abierta convocada por la Junta interna de ATE el 11 de noviembre, un cabildo abierto que se reunió el jueves 13 de noviembre en las puertas de hospital y se realizará una asamblea general del hospital el martes 18 de noviembre. Del Cabildo Abierto participaron representaciones de CONADUH, FESPROSA, el Foro de Discapacidad, Juntas Internas como ATE INCAA, secciones opositoras de CICOP, la Asociación de Licenciados de Enfermería (ALE), AGD, la Asociación de Profesiones de Servicio Social (APSS) de CABA, la Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano (AGIHM), organizaciones de jubilados, entre otras. Este Cabildo resolvió acompañar lo que defina la asamblea del hospital el martes 18, realizar un acto y abrazo el 19 en la puerta del hospital, impulsar en diciembre una acción común junto al Foro de Discapacidad, con la propuesta de un festival bajo el lema “La discapacidad y el Garrahan se abrazan con su pueblo”. Convocan a construir un movimiento nacional de lucha contra las reformas laboral y jubilatoria. También se definió apoyar la movilización a La Plata de los Autoconvocados de la Salud de La Matanza del 20 de noviembre, por la equiparación salarial del personal municipal con el provincial, y la participación de la movilización convocada por ATE hacia el Ministerio de Trabajo]( https://politicaobrera.com/15225-aceiteros-ate-uom-y-la-reforma-laboral ) y de la marcha de los jubilados, ambas convocadas para el miércoles 19 de noviembre. Los trabajadores, además, están impulsando un petitorio para recabar adhesiones. Con los sumarios, autoridades del hospital y del Ministerio de Salud no sólo pretenden perseguir y despedir a los trabajadores del Garrahan: buscan, por medio del amedrentamiento, evitar el efecto contagio que puede producir la lucha salarial en el conjunto de los trabajadores de la salud, quienes debemos realizar nuestras tareas cobrando salarios por debajo de canasta familiar, con equipos interdisciplinarios vaciados por falta de personal frente al aumento de la demanda de atención en los hospitales públicos, además de abordar situaciones cada vez más complejas producto de la miseria social y la crisis económica aguda a la que nos está llevando el gobierno liberticida. Y apunta a descabezar el movimiento de lucha, atacando a los activistas que pueden desarrollar un potente polo de combate contra la reforma laboral. Es por esto que el apoyo a la lucha del Garrahan y el rechazo a los sumarios debe ser tomado por el conjunto de los trabajadores. Este miércoles 19 nos sumaremos al abrazo convocado en las puertas del hospital.

El empresario Marcos Galperín, titular de Mercado Libre, se radicó en Uruguay solo para no pagar impuestos. Instalado allí, se caracteriza por militar en contra de la intervención del Estado y las regulaciones, especialmente en lo que tiene que ver con los convenios colectivos de trabajo. Es el hombre más rico del país, con un patrimonio personal de 8.300 millones de dólares. Su empresa, Mercado Libre, informó ingresos netos por 7.400 millones de dólares para el tercer trimestre del año, lo que representa un incremento interanual del 39 %. (Infobae, 12/11). Este desempeño marcó el 27° trimestre consecutivo con crecimiento interanual superior al 30 % (Ídem). Sus ganancias se ven abultadas por beneficios impositivos por 50 millones de dólares y de seguridad social (aportes) por otros 17 millones. En este sentido, ha recibido un 52 % más de beneficios que en 2024 (Ídem). La libertad de mercado no solo es un caballito de batalla, sino que como plataforma online de compra y venta fomenta y permite la desregulación generalizada y la economía en negro. Permite vender productos sin regulaciones, a precios de dumping. Así y todo, no le alcanza. Ahora está preocupado por la competencia de las plataformas de venta chinas y, paradójicamente, le reclama regulaciones al Estado en contra del “libre mercado”. Su presidente para Argentina, Juan Martín de la Serna, reclamó que el Estado frene el avance de las plataformas chinas Shein y Temu, a las que acusa de "competencia desleal" por vender productos más baratos. Para colmo de hipocresía lo hizo en nombre del “trabajo argentino”, luego de haberse cansado de defender la competitividad y mientras es punta de lanza de la precarización laboral. Mercado Libre no solo contrata a través de tercerizadas, sino que el grueso de sus empleados es despedido pasados los 6 (seis) meses de contrato. Además, cuenta con un sindicato a medida, la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga que conduce Daniel Vila, al cual están afiliados los más de 2.000 trabajadores de los centros de distribución, en el Mercado Central y en Tres de Febrero. Para Mercado Libre, este sindicato también creó un convenio a medida que habilita el banco de horas y las vacaciones fragmentadas. Son varios los sindicatos que están en disputa por la afiliación de los trabajadores. Camioneros reclama por los de logística. La bancaria, por los vinculados al sector financiero. Galperín no necesita de la reforma laboral porque ya la aplica de hecho. Las proclamas por regulaciones de De la Serna se dan justo cuando el gobierno de Milei se apresta a imponer una reforma tributaria aún más regresiva en contra de los trabajadores y a favor de los capitalistas. Cualquier argumento vale en pos de maximizar ganancias a costa del sudor ajeno.

El viernes 14 de noviembre se realizó en el Recreo del Tigre el XXXVIII Congreso Ordinario del SUTEBA, con la participación, según informó la dirección, de 411 Congresales titulares y 45 suplentes, representando a distintos distritos de la Provincia de Buenos Aires. El “Congreso” no admite representación de minorías, por lo que las cartas ya estaban marcadas de antemano. Los delegados deben votar lo que salió mandatado de su asamblea seccional . Los textos de memoria, balance y política gremial fueron conocidos menos de 24 horas antes del desarrollo de los debates. Ningún docente los pudo discutir en su escuela. Los delegados al Congreso, hablando estrictamente, no tuvieron mandato para pronunciarse. Roberto Baradel, secretario general, en su informe inicial reivindicó la democracia sindical de SUTEBA. Un sindicato donde existe la reelección indefinida, no hay derecho a revocatorias y donde las minorías no tienen representación. Una tomada de pelo. Los oradores que tomaron la palabra en el Congreso dispusieron de TRES MINUTOS cronometrados por reloj para intervenir. A varios de ellos se les cortó la palabra. Cuando tuvo que abordar la cuestión política, Baradel salió a bancar la decisión de Kicillof de haber desdoblado las elecciones en la Provincia, con el argumento de que el peronismo logró renovar una cantidad importante de concejales y diputados provinciales. Sobre la derrota de Fuerza Patria en las elecciones nacionales de octubre, en cambio, no abrió la boca. Propuso que el Congreso “repudie” la injerencia del gobierno norteamericano y los ataques de Trump a Venezuela, sin mocionar ni una sola medida para hacerlo efectivo. Baradel omitió cualquier referencia a la situación de la docencia en Buenos Aires, a sus salarios, a sus condiciones laborales, la decadencia de la obra social, etc. Propuso una movilización el día que se vote la reforma laboral en el Congreso, es decir para cuando ya esté todo cocinado. Finalmente hizo un llamado a la oposición en el gremio a enfrentar en “unidad” al gobierno derechista de Javier Milei, sobre la base de tres puntos que, sin embargo, no desarrolló. Las intervenciones de los oradores de la Celeste estuvieron dedicadas a provocar a los delegados de la oposición. Hubo pedidos de defensas a CFK que no rescataron aplausos de los asistentes. La mayor parte de las intervenciones de los delegados de la lista Multicolor recibieron con expectativas la invitación de la conducción con diferentes ángulos. Delegados de la Lista Marrón (PTS) reivindicaron la visita de Bregman y Del Caño a Cristina Kirchner. Se preguntó una oradora: "¿El congreso de SUTEBA va a pasar a la historia por tomar medidas para defender a la clase trabajadora?”, algo que cualquier docente ya sabía que no iba a ocurrir. Finalmente le plantearon a la Celeste, luego del fracaso electoral del peronismo, construir una “nueva alternativa política “ . Ni el PTS, ni ninguno de los otros integrantes del mismo, reivindicaron al Frente de Izquierda-Unidad. Romina Del Pla, de Tribuna Docente-Partido Obrero, se preguntó “¿Cómo hacemos para derrotar la ofensiva de Milei?”. Propuso como “única salida real” romper con el FMI y desconocer la deuda. Planteó que la política de Kicillof “desmoraliza”, porque es de “chiquilín” plantear la ruptura con el FMI. Kicillof ejecuta un ajuste implacable sobre los salarios docentes y lleva a cabo varias reformas precarizadoras, incluso atacando el derecho a huelga. Del Pla llamó a un plan de lucha y a una huelga general, lo cual no figura en la política gremial que defendió la Lista Multicolor . Alternativa Docente (MST) valoró las acciones “unitarias” con el kirchnerismo que se realizaron en ocasión del 24 de Marzo y otras instancias. Llamaron a “unir las fuerzas” para derrotar a la ultraderecha. El Congreso culminó, sin embargo, con renovadas amenazas a las seccionales que vayan a la huelga sin el consentimiento de la dirección del sindicato. María Laura Torre, secretaria adjunta, criticó a los docentes que pararon porque tenían por fin “quebrar al sindicato”. Roberto Baradel propuso incorporar a la política gremial un artículo del Estatuto de SUTEBA para insinuar que aquellas seccionales que convoquen a medidas provinciales se estarían “colocando por fuera” de la organización sindical (el eufemismo exacto utilizado por la actual dirección del Partido Obrero para expulsar a más de 1.200 militantes). Este disciplinamiento, seguido de los descuentos a los docentes huelguistas, será sin dudas saludado por los Adorni y Milei. En 2026 se cumplirán 40 años de la fundación del SUTEBA. El gremio fue construido para poner bajo la égida del Estado a un movimiento autoconvocado docente (La Matanza, Morón y otros distritos) que le realizó huelgas a la última dictadura militar. La burocracia reivindica una historia de colaboración política con los distintos gobiernos patronales y de persecución a la docencia que sale a luchar. Los congresales que intervinieron por nuestra corriente (Tendencia Docente Clasista) denunciamos que la Lista Celeste -al igual que el peronismo- no tienen un programa alternativo al gobierno liberticida. En los hechos aplican la reforma educativa de Kicillof, incluso violando el derecho a huelga. Sostuvimos la caracterización de que el acuerdo de Trump-Milei significa la conversion de Argentina en un protectorado yankee y la guerra imperialista contra Venezuela. Marcamos la falta de iniciativas de lucha en este sentido. Defendimos la preparación de una huelga general para derrotar la reforma laboral. Explicamos el programa que defendimos en las asambleas ordinarias , partiendo de la base de garantizar un salario mínimo de $2.000.000 por cargo (canasta familiar), el establecimiento de 20 alumnos por docente, para repartir las horas de trabajo entre los que están súperexplotados de módulos y aquellos compañeros que hoy no pueden acceder al trabajo. Denunciamos que la dirección del sindicato está negociando un “nuevo convenio colectivo” a espaldas de la docencia. Reivindicamos las huelgas convocadas por las seccionales Multicolores de este año, como señal de poderosas tendencias de lucha que anidan en la docencia. Propusimos una campaña desde ahora para impedir la votación de la reforma laboral liberticida. El Congreso del SUTEBA autocelebró: “arrasó el voto de la dignidad y la lucha” (SUTEBA, 14/11), pero lo que expuso el encuentro en el recreo del Tigre fue solamente que Baradel y su aparato se predisponen a continuar defendiendo el ajuste salarial y educativo de Kicillof, marcar el paso ante el sometimiento colonial de Trump-Milei y apenas preservar un aparato en retroceso en las elecciones del 2026.

Los resultados de la primera vuelta presidencial y de las elecciones parlamentarias de ayer constituyen, sin exageración alguna, la mayor derrota electoral de la izquierda del régimen en medio siglo. La primera vuelta ha dejado un escenario que expresa crudamente la magnitud del desplome: la extrema derecha —representativa, en conjunto, de casi un 70 % del electorado— se inscribe sin matices como la fuerza institucional dominante, mientras el oficialismo apenas logra una votación que lo relega a la condición de fuerza subsidiaria dentro del propio engranaje institucional que se dispuso a administrar. En el Parlamento, la magnitud del retroceso se evidencia en la obtención global de escaños: el oficialismo sufre un desfonde histórico que liquida toda posibilidad de ejercer algún contrapeso y que, en términos políticos, lo convierte en un espectador irrelevante del proceso abierto. Este resultado no es un accidente ni puede explicarse únicamente por errores tácticos de campaña o las «fake news». Es el desenlace lógico del proyecto contrarrevolucionario que el progresismo gobernante ejecutó con disciplina desde el mismo momento en que asumió el poder. La impunidad garantizada a la represión posterior al 18-O, la criminalización sistemática de la protesta social, la obsesiva aprobación de más de sesenta leyes de combate al pueblo y la instalación persistente del discurso de la extrema derecha como eje de toda la política gubernamental no podían sino producir este cuadro: un movimiento de masas desmovilizado, perseguido y desmoralizado; una juventud política desarticulada y un electorado que, enfrentado al vacío estratégico del progresismo, fue empujado a alinearse con la única fuerza a la que el Gobierno reconoció como legítima: la derecha dura. Luego de cuatro años marcados por sucesivas derrotas electorales, retrocesos programáticos y capitulaciones abiertas, el gobierno de Boric solo puede reclamar un logro: la “estabilización del régimen”. Pero esa estabilización no es otra cosa que el cumplimiento diligente del mandato del Acuerdo por la Paz: restaurar la gobernabilidad por la vía de destruir toda forma de organización e iniciativa política nacida al calor del Octubre del 19. Esa tarea contrarrevolucionaria quebró el frágil equilibrio histórico que había permitido la alternancia y la existencia de una oposición controlada dentro del régimen. Al desplazar el eje político hacia la derecha y vaciar de contenido toda alternativa institucional de cambio, el progresismo pavimentó la llegada de la extrema derecha a La Moneda y al Congreso. A lo que hoy asistimos no es una sorpresa, sino la consecuencia inevitable de ese proceso. En este marco, la tarea de la vanguardia que se reclama de la clase trabajadora y de la revolución social es completamente distinta a la que el progresismo y el antifascismo liberal intentan imponer. Ni el mal menor, ni la unidad democrática, ni los llamados a “proteger la institucionalidad” pueden sino profundizar la derrota estratégica del movimiento popular. Lo que se requiere es levantar una plataforma de lucha clasista, arraigada en el activismo y las organizaciones de base, que afirme sin ambigüedades la inviabilidad de toda salida democrática e institucional a la crisis del capitalismo chileno. El parlamentarismo como horizonte, el cálculo electoral permanente y la ilusión en reformas desde arriba son los artefactos ideológicos que han permitido este proceso de reacción. Es preciso romper con ellos de manera categórica. En este sentido, los magros resultados de la candidatura del profesor Artés y de la lista parlamentaria del PTR deben ser analizados con seriedad. No constituyen un fracaso por la votación obtenida —siempre marginal en un escenario de reacción—, sino por la incapacidad de interpelar al núcleo trabajador y popular del país, de aglutinar activismo y de presentarse como una referencia socialista, obrera y revolucionaria en un momento crítico. Las campañas no lograron expresar un horizonte de clase diferenciador, ni perfilarse como polos de reagrupamiento efectivo frente a la ofensiva reaccionaria. Esa lección debe asumirse sin eufemismos. La reivindicación de la revolución obrera, de la acción directa y de las enseñanzas estratégicas del Octubre del 19 debe constituir el centro de un programa capaz de orientar al activismo en esta fase de retroceso. Hoy es necesario un reflujo consciente: explicar la derrota, comprender su significado histórico y mostrar el camino. A la clase trabajadora no le corresponde ni reír ni llorar; le corresponde entender la mecánica de clase del proceso en curso, identificar a sus enemigos y prepararse para las inevitables irrupciones futuras. Los trabajadores volverán a las calles, porque las condiciones materiales que originaron la revuelta del 2019 no han desaparecido. Cuando ese momento llegue, será decisivo contar con una dirección que haya aprendido las lecciones de estos seis años de reacción. Por lo indicado, el resultado electoral del día de ayer no expresa únicamente un corrimiento ideológico hacia la extrema derecha ni un episodio circunscrito a la competencia entre candidaturas. Constituye, en un sentido profundo, la ofensiva patronal más contundente desplegada por el conjunto del régimen desde la restauración democrática. La burguesía chilena —tanto su fracción tradicional como su ala liberal-progresista— ha sabido capitalizar la derrota inferida al levantamiento popular y al movimiento obrero desde 2019, orientando todos los resortes del Estado hacia la reconstrucción autoritaria del orden social. La victoria arrolladora de la extrema derecha, sumada al desfonde del oficialismo, es la cristalización electoral de un proceso contrainsurgente que lleva seis años en marcha y que ha contado con la participación entusiasta de todas las fuerzas parlamentarias. La campaña y el discurso de la noche electoral de Jeannette Jara dan cuenta de esta dinámica. Lejos de ubicarse como una oposición a la reacción en ascenso, su intervención confirmó que el progresismo es hoy el garante más disciplinado de la institucionalidad que dio origen a la derrota. Su declaración, según la cual en segunda vuelta debía tomarse “lo mejor” de los programas de quienes no pasaron —desde Matthei a Paris y, sin sonrojarse, también Artés—, ilustra el grado de disolución política alcanzado por la izquierda del régimen. La incapacidad de formular siquiera una crítica reformista mínima en un escenario de derrota aplastante es demostrativa de su función histórica: mantener al pueblo desmovilizado, neutralizar la protesta social y asegurar la continuidad del orden capitalista aun cuando su propio proyecto electoral ha sido pulverizado. Ese gesto de conciliación programática no es una anomalía atribuible al desconcierto de la noche electoral. Es la continuación coherente de lo que el progresismo ha realizado estos cuatro años: la gestión institucional de la derrota popular. No solo han sido derrotados electoralmente; han caído sosteniendo las banderas del capital financiero, de la represión estatal y del parlamentarismo reaccionario. Incluso en su ocaso, ni por demagogia son capaces de plantear una ruptura discursiva que permita reanimar al movimiento social. Por el contrario, insisten en preservar las mismas coordenadas que desmovilizaron a la clase trabajadora después del Octubre del 19: el antifascismo liberal, el mal menor, la defensa de las instituciones, la unidad democrática y la apelación vacía a una “república en peligro”. Pero lo que está en peligro no es la república, sino la capacidad de resistencia independiente de los trabajadores. La instalación de una dictadura civil en nuestro país —una arquitectura estatal que combina leyes represivas, fortalecimiento policial, persecución judicial y control mediático— no es obra exclusiva de la extrema derecha. Es el resultado acumulado de las votaciones y gestiones del arco completo del régimen, desde los reaccionarios clásicos hasta el progresismo liberal que, mediante su administración gubernamental, otorgó legitimidad y continuidad al programa represivo surgido del Acuerdo por la Paz. El régimen ha cerrado su pinza y el triunfo electoral de la derecha no es sino la coronación de esa operación contrarrevolucionaria. En estas condiciones, la única respuesta racional —por experiencia reiterada, por análisis histórico y por verificaciones sucesivas en las últimas décadas— es la construcción de un polo clasista frontalmente opuesto al régimen. Cualquier iniciativa política que busque presentarse como “alternativa” dentro de los marcos del antifascismo liberal está condenada no solo a la impotencia estratégica, sino a reproducir las mismas lógicas de desmovilización que han permitido esta restauración autoritaria. El antifascismo liberal —esa defensa modosa de la institucionalidad que hoy se despliega desde el comando de Jara— no constituye una barrera al avance reaccionario, sino su complemento indispensable. Allí donde se renuncia a la acción directa de masas, al programa socialista y a la independencia de clase, la reacción no encuentra obstáculos. La derrota electoral del progresismo debe ser comprendida, por parte del activismo y de la vanguardia obrera, como una oportunidad para romper definitivamente con la ilusión de que desde dentro del régimen es posible torcer el rumbo político del país. Todo proyecto que no se plantee la reconstrucción del sujeto obrero, la organización independiente del pueblo trabajador y la confrontación abierta con la arquitectura autoritaria del Estado será absorbido por la lógica del orden. La respuesta necesaria ha sido formulada por la experiencia histórica más honesta del movimiento obrero: clase contra clase. No hay otro terreno donde pueda recomponerse la fuerza social capaz de enfrentar la deriva autoritaria del Estado y abrir un horizonte emancipador. Cualquier otra vía —electoralista, institucional, de conciliación con las fuerzas del orden, o de apego sentimental al “progreso” y a la “democracia”— no solo se ha demostrado ineficaz; es hoy un obstáculo directo para la reorganización de los trabajadores. El momento exige decir la verdad: la burguesía ha lanzado su ofensiva, el régimen se ha cerrado en torno a la represión y el progresismo se ha rendido incondicionalmente. Frente a esto, no queda sino reagrupar al activismo, reivindicar Octubre del 19, recuperar la acción directa y reconstruir una referencia política obrera y socialista capaz de preparar el próximo ciclo de irrupciones populares. El retroceso actual no debe dar paso al derrotismo, sino a la clarificación política. Comprender la derrota es el primer paso para construir la fuerza que habrá de superarla.

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles (Fuerza Patria), anunció que enviará un proyecto de ordenanza para incrementar por única vez la tasa de Seguridad e Higiene a las grandes empresas del Polo Petroquímico. El objetivo anunciado es la constitución de un fondo específico para obras pluviales en diferentes barrios que fueron afectados por la inundación del 7 de marzo. La tasa de Seguridad aumentaría del 8,1 por mil a 20 por mil para recaudar 27.000 millones de pesos. Según el intendente, es el mismo monto que estas empresas aportaron “solidariamente” en ocasión de la tormenta de viento que afectó a la ciudad en 2023, actualizado por inflación. Susbielles –expresidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca- había amenazado en aquel entonces con imponer una tasa al Polo Petroquímico, que luego retiró ante ese “aporte”. La Cámara que reúne a las grandes empresas del Polo Petroquímico emitieron un comunicado de rechazo. Invocan la “seguridad jurídica” de sus inversiones, sin reparar en que el siniestro, resultado de una larga imprevisión y desidia de la gestión capitalista de la Ciudad, ha sumido en la mayor “inseguridad” a la existencia y los escasos bienes de miles de vecinos trabajadores. Las empresas amenazan con judicializar esta medida e incluso cambiar la sede jurídica de facturación, o sea, eludir el impuesto mediante un fraude. La renta extraordinaria que el gran capital obtiene en Bahía Blanca, por su ubicación excepcional para el aprovechamiento del puerto y los gasoductos, no se ha traducido en la infraestructura urbana de las barriadas, escuelas y hospitales públicos, mucho menos en obras de contención para las inundaciones. Todos los gobiernos patronales han avalado esa situación. En defensa de las empresas y de la “seguridad jurídica” han salido los concejales de la LLA y la mayoría de lo que era JxC, señalando que el proyecto sería un “anti RIGI”,es decir, que sería inconstitucional aumentar una tasa destinada a un fin específico, como seguridad e higiene, para aplicarla a otro, como obras públicas. Pero defendieron el veto de Milei a la ley de emergencia relacionada “específicamente” con el desastre de Bahía. Los ahora enemigos del “impuestazo” los han votado todos, cuando se trataba del servicio de transporte publico y otras tarifas que afectan al bolsillo popular. Susbielles justificó el proyecto afirmando que “Bahía no tiene acceso a financiamiento internacional ni un compromiso del gobierno nacional para la reconstrucción. Y del gobierno de la Provincia está clara la magnitud de la ayuda que nos está brindando”, omitiendo que Kicillof no está aplicando ninguna tributación progresiva al gran capital de la provincia, ni con este fin ni con ningún otro. Es la primera vez que Susbielles critica -y en forma muy moderada- a Milei, que vetó una ley de emergencia para la ciudad, desvió fondos específicos para desastres que recibió del Banco Interamericano de Desarrollo y hasta le cobra al Municipio por el uso de unos puentes que pertenecen al Ejército. A poco de la inundación, Susbielles afirmaba que se requerirían al menos $400.000 millones de pesos para reconstruir la ciudad, una cifra que luego Kicillof caratuló como insuficiente. Luego, el intendente se sumergió en negociaciones con el gobierno de Milei a la espera de fondos que nunca llegaron. Esta “sobretasa” al Polo Petroquímico y su eventual recaudación apenas cubriría algo más del 5 % de las obras necesarias. Como lo reconoció el propio Susbielles al momento de presentar el proyecto, las lluvias aún siguen afectando a las barriadas, donde los vecinos se autoconvocan para hacer piquetes y reclamar obras urgentes al Municipio. De las grandes obras hidráulicas, solo está prevista iniciar la reconstrucción del destruido Canal Maldonado el año próximo, mediante fondos provinciales. Las obras dependientes de fondos nacionales están completamente paralizadas, su estado de abandono contribuye a inundaciones en los barrios aledaños. En el Concejo Deliberante habría en principio una mayoría reunida para votar a favor de este proyecto, siempre y cuando se vote antes de la renovación de mandatos. Además de los concejales de Fuerza Patria, se sumarian otros del PRO e incluso un concejal “liberal” (por fuera de LLA), mientras que dos concejales de la Coalición Cívica aún no definieron su voto. La tasa “extraordinaria” y por “única vez” a una parte del gran capital asentado en Bahía Blanca ha planteado un choque político. Vuelve a colocarse sobre la mesa el cuadro catastrófico que persiste en la ciudad y la inviabilidad de su salida en el cuadro de las “motosierras” y los ajustes violentos a la obra pública. Según una encuesta realizada por La nueva Provincia, el 66 % de los bahienses está a favor de la medida. Es un pronunciamiento contradictorio con los resultados electorales, que en esta ciudad favorecieron a Milei en dos elecciones sucesivas. Ninguna medida impositiva puede darle salida a los vejámenes sociales y atropellos -en este caso desastres- que son resultado del antagonismo de clases. Mucho menos una medida impositiva aislada, que debe ser caracterizada en el conjunto de la orientación social del Estado y, en este caso, del municipio. El impuesto extraordinario encubre y disimula la política sistemática de expoliación del medio urbano sobre el cual se ha asentado el Polo Petroquímico. El Estado que la promueve convalida las innumerables exenciones al capital, mientras los presupuestos provinciales y municipales reposan crecientemente sobre los impuestos que gravan el consumo. Susbielles forma parte de un partido cuyo gobierno provincial se jacta de sostener su propio “ajuste” fiscal, mientras le implora a Milei la autorización para endeudarse en el exterior. Los socialistas revolucionarios impulsamos la aplicación de impuestos progresivos al gran capital como planteo de transición al gobierno de trabajadores. Es que el rechazo o la resistencia de la burguesía a sostener la vida y las necesidades de sus explotados plantea la expropiación del capital y una reorganización social dirigida por la clase obrera. El impuesto extraordinario es una improvisación urdida bajo el escenario crítico del abandono nacional -consentido por Susbielles-, de un lado, y la presión popular que despierta la situación intolerable de los barrios, del otro. La pretensión del intendente de concitar un apoyo ciudadano es una maniobra, porque los fondos a recaudar no están sometidos al escrutinio popular ni su gasto se ha concebido en función de las necesidades de los vecinos movilizados. Política Obrera carece de representación en el Concejo Deliberante, donde se dirimirá el destino del proyecto municipal. Entre el campo de los que protagonizan un choque circunstancial con el Polo Petroquímico y quienes rechazan el impuesto a los capitalistas en nombre del liberticidio, apoyaríamos la imposición de la tasa extraordinaria, como recurso último para viabilizar la reconstrucción de la Ciudad, en primer lugar, de sus masas empobrecidas afectadas. Debemos poner en pie una Comisión Obrera de control de la reconstrucción. En cualquier caso, advertimos acerca de los limites insuperables de la política del municipio, la cuestión del control de los fondos recaudados a manos de representantes responsables ante la población afectada y la lucha por la reconstrucción de los barrios de Bahía Blanca a costa de los monopolios capitalistas, lo que deberá imponerse mediante la organización y la lucha.

El Acuerdo Marco que dio a conocer el gobierno de Trump con Argentina tiene todas las características de un tratado semicolonial. “Argentina va a ofrecer acceso preferencial al mercado a los productos de exportación de Estados Unidos", destaca el Financial Times. El comercio preferencial hace referencia a los mercados reservados para determinadas potencias imperialistas. Es un acuerdo desbalanceado -dice el operador financiero Martín Redrado- que cede posiciones de mercado en 12 de los 16 puntos transados. Algo parecido observa el diario británico, para el cual 12 posiciones favorecen a Estados Unidos, tres benefician a ambos países y sólo uno es conveniente para Argentina. Argentina, añade, abrirá su mercado al ganado en pie, vehículos a motor y autopartes, medicinas y maquinarias. Promueve cambios en la propiedad intelectual y el patentamiento farmacéutico, y la localización de cadenas de producción o valor entre ambos países. Argentina sale beneficiada en cuanto a exportación de carnes, en momentos de suba de precios de los alimentos en el mercado norteamericano. Es un arma de guerra comercial, asimismo, contra Australia y Canadá, fuertes exportadores de carnes premiun a Estados Unidos. La Cámara de Comercio Americana en Argentina adelanta más imposiciones, que seguramente serán establecidas en el texto dispositivo final. Reclama, por caso, que el uso de los glaciares para minería a cielo abierto quede en manos de las provincias y que se abran licitaciones de rutas al capital internacional; en definitiva, a las compras y gastos del Estado. Los tres rubros más importantes de la exportación de Argentina a Estados Unidos (acero, aluminio, biodiesel) sufren aranceles altos o con ingreso interdicto. La preferencia comercial, sin embargo, es un arma, por sobre todo, contra diversos acuerdos de comercio con Argentina, como el reciente, de libre comercio, con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en inglés), o el que se viene discutiendo desde hace dos décadas con la Unión Europea. El golpe más fuerte lo recibe el Mercosur, que tiene aranceles externos comunes en sus cuatro miembros. Para superar este conflicto, dice el Cronista, “Necesitábamos 50 posiciones más (del arancel externo del Mercosur) que (se) lograría (finalmente) con el apoyo de Brasil”. El Mercosur resignó aranceles proteccionistas para que Argentina pudiera someterse a los propósitos de Howard Lutnick, el secretario de Comercio norteamericano, y Trump. Lula, el paraguayo Peña y el uruguayo Orsi cedieron con facilidad porque ellos mismos quieren ‘pacificar’ la ofensiva comercial y financiera del imperialismo mandamás. El núcleo de este Acuerdo, del cual sólo se conocen los objetivos y procedimientos, pero no sus disposiciones contractuales, es la guerra comercial y financiera internacional desatada, al menos en su fase más agresiva, por el segundo gobierno de Trump. La principal potencia económica del mundo ha sido desplazada del comercio internacional de la industria por China. Tiene un superávit comercial con el resto del mundo del orden de 1,5 billones de dólares (y de 250.000 millones con Estados Unidos). En cuanto a Argentina, el superávit comercial de China es de alrededor de los 6.000 millones de dólares. “Los galpones que se están importando prácticamente llave en mano desde China, describe Jairo Straccia en el Cronista (14/11), son solo una punta del iceberg de la creciente amenaza de la importación del gigante asiático para la industria”. “Desde los proveedores del sector del petróleo y gas hasta la construcción de viviendas y el turismo están en guardia por la creciente competencia mucho más barata de las manufacturas que llegan cada vez más de Oriente”. Es evidente, en estas condiciones, que el Acuerdo Macro de Trump y Caputo no tiene posibilidad de abrirse camino si no es por medio de una guerra despiadada contra el régimen de Pekín: esta es la ‘razón’ de la inminente guerra piloto contra Venezuela. “El ‘dólar Bessent’” (26/9), sin embargo, ha servido de gran incentivo, paradojalmente, a las importaciones de Asia. Ya, de entrada, China goza de la ventaja de un acero un 30 % más barato a nivel internacional, en un marco de elevada superproducción. La otra paradoja es que el proyecto RIGI (cero impuestos externos e internos a las inversiones superiores a 200 millones de dólares) no sólo es una ganga para los inversores de China, sino de cualquier otra inversión, por la posibilidad de importar equipos y materiales a menor precio. La exportación a Argentina creció 77 % en el año. Galpones llave en mano, proveedores al sector petróleo, construcción de viviendas, el RIGI favorece importación de bienes de capital. Costo del acero para China: se traen máquinas de China un 70 % más baratas. “Todos los dólares que lleguen terminarán en el embudo chino”. De aquí se desprenden dos conclusiones: el acuerdo Trump no favorece la llamada “inserción internacional” de la economía argentina, sino que la perjudica; además obligará a Argentina a adoptar medidas proteccionistas, no para la industria nacional, sino para ajustarse al nuevo carácter preferencial que tendrá la importación norteamericana. El texto del Acuerdo Marco abunda, precisamente, en un indeterminado número de restricciones contra la competencia de China, que violan, por supuesto, el régimen de comercio internacional (aún) vigente. Este Acuerdo “nace a partir de una profunda y necesaria re-configuración de las cadenas internacionales de valor”, escribe una columnista de Perfil; es parte de una guerra comercial internacional, que acompaña necesariamente la preparación y el desarrollo de la presente guerra mundial en el campo militar. La imposición del capitalismo en China había partido como una gran cadena de producción internacional que explotaba sus recursos y fuerza de trabajo baratas (Foxcom-Apple) y abría el (nuevo) mercado de China a la inversión extranjera. Ese proceso, que sirvió para producir una caída enorme en el valor de la fuerza de trabajo en el resto del mundo (y un proceso deflacionario generalizado) se ha agotado relativamente como consecuencia de nuevas cadenas de producción, bajo el control del Estado chino y la iniciativa de una clase capitalista asociada. A ellas apuntan las inversiones que se reclaman para el litio y el oro y el uranio o el cobre, para las que se reclaman infraestructuras pagadas por el Estado, o sea, los contribuyentes. El Acuerdo de marras no es una iniciativa ‘libertaria’, sino una imposición del imperialismo norteamericano para anexar a Argentina a una guerra de alcance económico, social, político y militar. Este escenario no es la simiente de un período de estabilidad, sino de lo contrario: de conflictos colosales. La parte del león de las cadenas internacionales de valor son apropiadas por el capital financiero que realiza el producto en los mercados mundiales. Parecería lógico asociar la firma del Acuerdo a una extorsión de parte del gobierno de Trump por su “asistencia” a un default inminente de Argentina. Las negociaciones para arribar a este Acuerdo han llevado más de un año y tampoco han concluido. El abismo al default tampoco es reciente, sino que ha circunvalado al régimen liberticida desde un comienzo de su mandato. El default y el Acuerdo están enlazados como una cadena. Un columnista (Cronista, 17/11) asocia el Acuerdo y la política financiera de Caputo para concluir que el régimen de tipo de cambio en Argentina ha iniciado un período de transformación “acelerado”, que pasará de la restricción a una abundancia inédita de divisas. La minería, el petróleo, el comercio digital, convertirían a la economía ‘nostrana’ en superavitaria, que florecería con un dólar más barato. Es lo que los textos de las facultades denominan la “enfermedad holandesa”, porque el efecto de una moneda nacional cara podría llevar al mercado interno a una depresión. Para el mencionado columnista, por el contrario, serviría para “eliminar al capital prebendario” (subsidiado) y sustituirlo por uno robusto. Estamos ante una observación que sorprende, cuando Estados Unidos, la UE -y no digamos China- se encuentran en una fase de gran intervención estatal y subsidios para enfrentar la competencia internacional, especialmente en las nuevas tecnologías y los proyectos de rearme militar. Por otro lado, las sucesivas crisis severas que ha atravesado Argentina desde la de 1824 (en especial las de 1880, 1890, 1930, dos guerras mundiales, y el derrumbe de 2007/9) la han llevado también a una mayor intervención estatal y a una mayor reglamentación económica, con crisis financieras cada vez más acentuadas. Lo cierto, de todos modos, es que el ‘éxito’ del Acuerdo y la política financiera de Caputo dependen ahora de dos ‘rescates’: el primero es que EE. UU. active un ‘swap’ de 20.000 millones de dólares, que no sería en la divisa norteamericana, sino en una moneda escritural: los Derechos Especiales de Giro que asigna el FMI a sus miembros, cuya circulación está limitada a ellos mismos. El segundo, que un “pool” de bancos internacionales organice un préstamo para que Argentina pueda recomprar la deuda externa, de modo de hacer subir su cotización y reducir, de ese modo, la tasa de riesgo del conjunto de la deuda. Caputo se encuentra empeñado en acumular reservas por medio de créditos, para rifarlas de inmediato al sostenimiento de un tipo de cambio insostenible. Que los swaps sean reservas es cuestionable, en todo caso no son de libre disponibilidad, ni son dólares en efectivo. En cuanto a un préstamo para recomprar deuda, los bancos no pueden otorgarlo “sin algún apoyo de Washington”, clarifica The Wall Street Journal (13/11). Los riesgos de estas operaciones, dice, son inusualmente elevados. En caso de que el peso se desvalorice, algo que es necesario, el Tesoro se quedará con activos (pesos argentinos) que han perdido valor”. Un crédito del Tesoro tendría preferencia de cobro sobre los préstamos del FMI y de los bancos. Se necesitaría un respaldo financiero excepcional para una operación riesgosa. Caputo y Milei se han lanzado a otro gran endeudamiento del Tesoro, luego de haberle cargado las deudas del Banco Central, por el equivalente a 80.000 millones de dólares, entre ex Leliqs y parte de los adelantos transitorios dejados por el ‘populismo’. Una deuda que carga con ajustes al Presupuesto nacional. La salida del intríngulis para el impasse que provoca un nuevo recurso al endeudamiento sería una previa devaluación del peso y el libre cambio de la moneda, a fin de que el swap no se desvalorice después de activado, ni ocurra lo mismo con las colaterales o garantías de los créditos bancarios. Es la salida que promueven numerosos economistas y varios fondos internacionales, incluso a sabiendas de que provocaría un recrudecimiento de la inflación y de la crisis social. Las opciones, sobre las bases del régimen actual, serían una crisis deflacionaria o una inflacionaria, ambas potencialmente explosivas. No son ni una ni la otra, es el régimen social y político mismo. En este escenario, se levanta el fantasma que acosa a Caputo, pero que sobrevuela el mundo desde hace unos pocos doscientos años, a veces en forma subyacente y otras muy activa: “el comunismo”. Perseguido, reprimido, difamado, derrotado, siempre de pie.

“La fe estadounidense en el capitalismo está disminuyendo”, escribió un periodista del Seattle Times (13/9), unas semanas antes de las elecciones para alcalde de la ciudad capital del estado de Washington. El título del artículo se preguntaba: “¿Será este el año en que Seattle se vuelva socialista? Todo apunta a que sí”. Dos meses después se desarrollaron las elecciones, y tras un largo escrutinio se confirmó el triunfo de la candidata Katie Wilson, del Partido Demócrata, uno de los dos del imperialismo norteamericano, que se define como “socialista”. Según la legislación del estado, los candidatos se presentan primero a una “interna no partidista” en la que van todos los nombres propuestos sin identificación partidaria, y los dos más votados pasan a la elección general. En la primaria de agosto, el más votado fue el actual alcalde Bruce Harrell con el 52% de los votos, y la segunda más votada fue la activista Katie Wilson que obtuvo alrededor del 28%. Tanto Harrell como Wilson están inscriptos como Demócratas. La elección, el 4 de noviembre, fue muy reñida. Esa noche Harrell lideraba el recuento por más de 10.000 votos, pero restaba procesar las boletas tardías y los votos por correo, mayoritariamente de electores jóvenes y progresistas. El resultado final: Katie Wilson superó a Harrell, obteniendo el 50% de los votos, en una votación con elevada participación para una elección municipal (55% de los electores). Tanto la candidata desafiante como el propio proceso electoral han sido comparados con el triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York . Harrell era el favorito y contaba con gran apoyo financiero, mientras que Katie Wilson carecía de trayectoria en cualquier cargo político y era una candidata contraria al aparato Demócrata. Seattle es la ciudad más importante de la región Noroeste del Pacífico, con cerca de 800.000 habitantes, pero su relevancia va más allá de su tamaño, porque es un centro tecnológico de primer orden. Allí está la sede de Microsoft y de Amazon, así como grandes infraestructuras de Google, Meta, Apple, Nvidia, así como Boeing, etc. No es Nueva York, pero en ella están ubicadas gigantes de las Tecnológicas que superan los 3 billones de dólares según su valor de mercado. Por otra parte, es una de las ciudades más izquierdistas de EE.UU., junto con San Francisco y Portland. La lucha de clases ha tenido una importante alza en Seattle luego de la pandemia, con grandes huelgas en la construcción, la educación, Amazon, Starbucks, hotelería, aeropuertos -muchas de ellas con importantes triunfos salariales y crecimiento de la sindicalización. También fue un epicentro de las movilizaciones contra la represión y brutalidad policial, como el movimiento Black Lives Matter y campañas para “desfinanciar” a la policía . Seattle también ha sido campo de batalla acerca de los impuestos a las grandes empresas (“Amazon Tax”) y en 2014 fue la primera gran ciudad en aprobar el salario mínimo de $ 15/hora. Bernie Sanders ganó en el condado de King (donde está Seattle) las primarias demócratas de 2016 y 2020, por un gran margen. En varios de esos movimientos -como el del salario mínimo y el “impuesto Amazon”- jugó un papel una exconcejala trotskista (CWP) llamada Kshama Sawant, que ocupó un cargo en el Consejo Municipal entre 2014 y 2024, y ahora está realizando una campaña para representante nacional en oposición al actual representante demócrata Adam Smith. El eje de la campaña de Wilson fueron reformas sociales super elementales, como la vivienda asequible (impuestos progresivos a los ricos para financiar vivienda social), crear refugios para las personas sin hogar y detener desalojos forzados, acceso gratuito y universal al cuidado infantil, reformas en el transporte y en su costo, entre otros; lo mismo que Mamdani . Respecto a la represión policial, Wilson ha apoyado la campaña “defund the police” (quitar presupuesto a la represión) luego del asesinato de George Floyd y el movimiento Black Lives Matter, pero en la campaña realizó propuestas moderadas. También similares a la de Mamdani, en cuanto a crear distintos servicios de “seguridad civil”, programas no policiales (salud mental, atención a adictos, etc.). A diferencia de Mamdani, Katie Wilson no integra el agrupamiento DSA (“Demócratas Socialistas”). Por otra parte, si bien los integrantes de DSA de Seattle la votaron, no la apoyaban oficialmente, cuestionando que no integraba ni apoyaba la plataforma del grupo, sino que tampoco impulsaba la campaña BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) contra Israel, ni los planteos de recorte presupuestal a la policía. Según el DSA de Seattle, Wilson los acusaba de “automarginarse”. De todas formas, la posición del DSA aspiraba a “trabajar juntos” cuando Wilson fuera electa. Los Demócratas Socialistas, además de formar parte del Partido Demócrata -un partido de Wall Street, imperialista- son un grupo muy heterogéneo, con numerosos agrupamientos internos. Katie Wilson se diferencia de Kshama Sawant. En el artículo mencionado más arriba, el periodista resume así las diferencias: “Wilson sostiene que Sawant estaba empeñada en debilitar al Partido Demócrata, mientras que Wilson, también demócrata, deseaba colaborar con los demócratas tradicionales e impulsarlos hacia la izquierda” (Seattle Times, 13/9). La recién electa alcaldesa afirmó: “Como concejal, Kshama intentaba desmantelar el sistema”. “Pero la alcaldía es un cargo ejecutivo. No se puede postular a la alcaldía y decir que se quiere desmantelar el sistema. Se está pidiendo dirigir el sistema”. El giro a la izquierda de parte del electorado demócrata alcanzó a votantes trumpistas , según se pudo apreciar en NYC, que también se expresó en otras elecciones, como en Minneapolis. Allí se presentó otro candidato “demócrata socialista”, Omar Fateh, quien desafiaba la reelección del demócrata sin aditamentos, Jacob Frey. Finalmente, el alcalde fue reelecto con 50% de los votos, pero Fathe (un inmigrante somalí, autodeclarado “socialista”) superó el 44%. Frey era apoyado por ambos partidos (Demócrata y Republicano), así como por el gobernador “progre” Tim Walz y la senadora Amy Klobuchar (del establishment Demócrata). El triunfo de Katie Wilson se inscribe dentro de las derrotas de Trump y la elite dirigente Demócrata . Wilson esgrime el slogan de un Seattle “a prueba de Trump”. Las elecciones a la alcaldía fueron un reflejo del creciente repudio a la creciente desigualdad social y a la preponderancia política de los megarricos –una oligarquía concentrada en Seattle, además de Wall Street. Con independencia de las limitaciones insalvables de los candidatos “demócratas y socialistas”, en la mayor metrópoli antisocialista y anticomunista, o, más importante, de la confusión que difunde, es manifiesta la inquietud de las nuevas generaciones de trabajadores por una salida que acabe con la dominación de la oligarquía financiera (o, como se decía antaño, “las 400 familias”, hoy reducida en número en la cúpula billonaria. Es un punto de apoyo poderoso para luchar con la guerra imperialista y el fascismo.

En los últimos días el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que el presupuesto 2026 que presentó a la Legislatura provincial, se funda en los principios de "austeridad" y "equilibrio fiscal". Acto seguido, funcionarios del gabinete provincial anticiparon una depuración de secretarías y subsecretarías en diversos ministerios, para cortar gastos y concentrar la toma de decisiones, es decir que habrá despidos. El presupuesto en cuestión es de 4,2 billones de pesos, prevé un ajuste sostenido en salarios y elimina la incorporación de trabajadores precarizados a la planta permanente. El ahorro será transferido al pago de la deuda provincial de más de 470 millones de dólares, y a las obras de infraestructura, rutas provinciales y nacionales, vinculadas a la explotación minera y a la de la soja. Es un reclamo público reiterado de las corporaciones interesadas en la extracción y exportación del litio no refinado. Sáenz ha reclamado al Foro de Intendentes seguir la pauta de ajuste provincial en los municipios. Se refiere a no renovar los puestos de quienes se jubilan, como ocurre en el ámbito de educación y salud, y deja un tendal de escuelas y hospitales sin docentes, personal de maestranza, enfermeros y profesionales. El colapso de la prestación de servicios será aún mayor. El presidente del Foro reconoció que "muchos intendentes vienen haciendo ajustes en sueldos desde el año pasado" (El Tribuno 13/11), y que muchas comunas ya trabajan para reducir sus plantas de personal. Los salarios municipales, según el caso, van desde los 200 mil (planilleros), a los 600 mil pesos, menos de 1/3 de la canasta familiar. Durante 2024 hubo numerosos conflictos en municipios como Hipólito Yrigoyen y Tartagal, en los departamentos de Oran y San Martin, respectivamente. La motosierra de Sáenz se ajusta al pacto Bessent-Caputo. Es una transferencia directa de los recursos de los trabajadores a los negocios financieros del pago de la deuda y al subsidio a las grandes corporaciones –como figura en el Acuerdo Marco firmado con Trump. Este esquema llevó, en dos años, a la Argentina de nuevo a las puertas de un default, y de grandes ganancias corporativas; lo mismo hicieron lo gobernadores de todas las corrientes políticas. El Acuerdo Marco exige aumentar las dosis . Sáenz apoya el presupuesto 2026 presentado por el gobierno nacional, así como la abolición del derecho laboral y previsional. Luego de ordenar el ajuste en Salta, Sáenz se reunió con el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli. En el Senado, Flavia Royón está encargada de votar los proyectos de Milei a cambio de la financiación estatal para las rutas y las obras que reclama la gran minería. Las rutas y la infraestructura las pagaremos, como decía la senadora en la campaña electoral, "primero los salteños". Royón y Sáenz han incorporado a tres empresas salteñas -La Moraleja S.A., Austin Powder Argentina S.A. y Coprotab Ltda.- al Régimen de Exportación de Planta. De esta manera podrán despachar desde sus propias plantas, con controles aduaneros remotos en tiempo real, reduciendo costos y tiempos operativos. Milei y Sáenz renuncian a exportar minerales, un recurso no renovable, industrializados. La Argentina ‘del futuro’ será todavía peor que la presente, para el conjunto de los trabajadores. Sáenz pretende liderar la liga del Norte de los gobernadores ‘dialoguistas’ con Jujuy, Catamarca y Tucumán . Para el salteño, la ‘reforma laboral’ blanquea la situación de extrema precariedad laboral de los trabajadores en la provincia. En Salta el 50% de la masa laboriosa está en negro, el otro 50% corresponde a asalariados por debajo de la línea de la pobreza. La pulverización del derecho al trabajo y al salario en Salta, lleva registrada la destrucción de 12 mil puestos de trabajo formales en los últimos 18 meses, los descuentos contra la docencia que hace paro y la cesantía contra 117 que participaron en la última huelga autoconvocada en 2023.

El Gobierno Nacional le hizo saber a distintos empresarios que estudia la eliminación del monotributo, el régimen simplificado de aportes para pequeños comerciantes y autónomos vigente desde 1998. La filtración fue publicada por el diario Clarín y recogida por todos los medios del país. La eliminación del Monotributo y el pase al Régimen de Autónomos a todos los monotributistas, es parte de los reclamos del FMI para “sanear” la base de la pirámide impositiva, manifestado en la hoja de ruta elaborada por el ‘Board’ del Fondo en abril de este año. Si bien Javier Milei salió a desmentir la filtración, en su diatriba contra el periodista de Clarín, dejó entrever que el tema estaba en estudio. “Están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria y la modernización laboral, pero bajen un poco la ansiedad, los proyectos van a estar cuando tengan que estar”. El jefe de gabinete, Manuel Adorni, había pedido que hasta que no hubiera comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral “no digan cosas que no son”. ‘Saneamiento’ Un salto del monotributo al “régimen de autónomos” representa un salto fenomenal en las contribuciones a pagar. Es la pesadilla de todos los monotributistas. Implica, además, recurrir a contadores, llevar libros contables y pagar el impuesto, el aporte jubilatorio y el aporte a la obra social en base a la facturación real. Por eso, según La Nación, “el oficialismo piensa en un combo de incentivos impositivos para que el cambio de categoría al régimen general no sea un golpe para los trabajadores independientes.” Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, le puso número a esta situación. “Hoy, un monotributista de categoría A paga $37.085 y tiene cobertura previsional, obra social y cubre el costo impositivo nacional. Además, en algunos casos, puede estar adherido al monotributo provincial y municipal unificado. De pasar al régimen general, hoy ese mismo contribuyente debería pagar por jubilación de autónomos $82.000, abonar una medicina prepaga si se quiere tener cobertura médica y puede ser que no pueda trasladar el IVA a sus clientes y deba absorberlo total o parcialmente. También tiene que tributar Ganancias y presentar declaración jurada de ese impuesto de IVA, lo que implica más exigencias formales y administrativas” (La Nación, 14/11). Para los trabajadores de aplicaciones, factureros de la industria, etc. la eliminación del monotributo representaría un incremento en el pago de impuestos imposible de absorber. No se trata de un escalón impositivo más sino un cambio sustancial en la forma de tributar. La consecuencia directa será un pase compulsivo a la informalidad, más que un saneamiento de la pirámide fiscal . Subsidio al capital El régimen del monotributo actúa en los hechos hoy como un subsidio indirecto a las patronales, que pagan por los factureros aportes cuantiosamente menores que por trabajadores en relación de dependencia. El monotributo actúa como un subsidio a la evasión fiscal de la clase capitalista. Por un trabajador de Categoría A del monotributo, una empresa paga en total $37.085. Esta suma incluye el impuesto integrado, $4.182,60; el aporte previsional, $13.663,17; y $19.239,97 de la Obra social. Por un trabajador en relación de dependencia con un salario de 1 millón de pesos, el aporte jubilatorio representa ocho veces el aporte del monotributo. El aporte a la Obra Social es aproximadamente la mitad de lo que representa para la relación de dependencia. La salida de un régimen de subsidio indirecto al capital no significa por si mismo que lo pagarán los capitalistas. La salida del régimen de subsidios al transporte está siendo íntegramente pagada por la clase obrera (con un incremento exponencial en el boleto, con una reducción salarial de los trabajadores del transporte y con una precarización de las condiciones de seguridad de las unidades). El Gobierno de Bessent-Milei pretende repetir el esquema transfiriendo el costo del aumento del tributo a las espaldas de los trabajadores. Se trata de una precarización aún mayor del sector más precarizado de la clase obrera. Cómo dice la canción, “llueve sobre mojado”. Boom del monotributismo Creado a fines de los años 90, el monotributo fue presentado como un mecanismo “simplificado” de blanquear a pequeños contribuyentes. Con el tiempo el monotributo fue adoptado por las grandes patronales como un mecanismo sí, pero para lo contrario: reemplazar la mano de obra bajo convenio por monotributistas. El monotributo actualmente encubre la relación de dependencia a través del reemplazo de los contratos colectivos de trabajo por contratos individuales con factura. Esta contrarrevolución laboral en los lugares de trabajo dio origen al mote de “factureros” como se les llama en las grandes empresas a los trabajadores sin derechos. Pasó de 642.000 adherentes en 1998, a 4.000.000 en 2023. En la actualidad los monotributistas representan a un tercio de la mano de obra asalariada, rondando los 5 millones de trabajadores. El Estado es la principal patronal que encubre la relación de dependencia con el monotributo. Es el Estado Nacional quien encuadró a cientos de miles de trabajadores en el “Monotributo Social” , entre ellos los pertenecientes a los planes sociales que trabajan en municipios, escuelas, dependencias de salud, etc. En varias ramas del trabajo, el monotributo se ha convertido en la principal forma de contratación, como en el trabajo en las aplicaciones, en el gremio de prensa, en la salud, en el transporte, etc. El boom del monotributismo está directamente asociado a la uberización del trabajo , un fenómeno internacional apuntalado en las nuevas tecnologías que apunta a suprimir las conquistas de la clase obrera de los últimos dos siglos. La burocracia sindical Esos 5 millones de monotributistas son víctimas de una doble entrega de parte las direcciones sindicales. Primero, el régimen de “factureros” fue instalado con la completa complicidad de la burocracia de los sindicatos, que dejó pasar la proliferación de tercerizadas en la gran industria. Luego, la CGT más de una vez reclamó un ´saneamiento´ similar al del FMI contra los monotributistas por el bajo monto de su aporte a las cajas de las Obras Sociales sindicales, aunque también son sometidos a copagos mayores. Los dirigentes sindicales no quieren que los monotributistas accedan a sus obras sociales .

El gobierno del ultraderechista Daniel Noboa ha salido ampliamente derrotado del referéndum y consulta popular impulsado y capitaneado por él mismo; el Presidente pidió incluso licencia para encabezar la campaña. El punto central era derogar la disposición constitucional que prohíbe la instalación de bases extranjeras en el territorio. Noboa ha pactado con Trump la ex base norteamericana de Manta, en la frontera con Colombia y a un paso de Venezuela. Los otros puntos a plebiscitar eran reducir la Asamblea Nacional a 73 miembros, dejar de financiar con recursos públicos a los partidos políticos y discutir una nueva Constitución Nacional. La expectativa del gobierno de ganar el referendo era alta, pues hace siete meses se había impuesto cómodamente en el balotaje presidencial ante la candidata Luisa González, apoyada -del partido Revolución Ciudadana. Las encuestas, publicadas solo al comienzo de la campaña electoral por disposición legal, daban un margen positivo al gobierno y anticipaban un escenario de 55% a 45%, similar al balotaje. Con su involucramiento personal. Mientras Noboa, un ricachón bananero, buscaba apuntalar este escenario, la oposición realizó una tímida campaña por el “No”. El correísmo incluso especulaba con poder intervenir en una subsiguiente reforma de la Constitución. Pero el rechazo fundamental vino de la CONAIE (Confederación Nacional Indígena) que hace solo semanas encabezó una amplia movilización contra el gobierno nacional contra la reducción de subsidios a la gasolina y el kerosén. Finalmente, los resultados resultaron en un rechazo a las cuatro propuestas oficiales, que se votaban por separado. El mayor rechazo (60%) se centró en la instalación de bases militares norteamericanas en suelo ecuatoriano, a pesar de que ya habían sido autorizadas por el Parlamento. Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de Trump, incluso había viajado a Ecuador para inspeccionar los distintos lugares propuestos por Noboa para su instalación. Este acuerdo, encuadrado en la lucha contra las organizaciones “narcoterroristas”, incluía la aceptación por parte de Ecuador de recibir compatriotas deportados de manera regular. Cerca de 4 millones de ecuatorianos viven en el exterior; 30% de ellos, en suelo estadounidense. Además, el 57,31% de los ecuatorianos se negaron a que los partidos políticos se queden sin fondos públicos y el 52,74%, a que se reduzca su número de representantes en el Parlamento. La confianza de Noboa estaba situada en un supuesto apoyo popular a la lucha contra el crimen organizado. Ecuador, desde antes de la asunción de Noboa, se encuentra en una situación límite en cuanto las garantías constitucionales. El resultado ha sido una profundización de la violencia, abuso de autoridad por parte de la policía y las Fuerzas Armadas, así como una violencia callejera sin precedentes en las barriadas obreras, con epicentro en Guayaquil. El gobierno, en la breve campaña de dos semanas que consumió el plebiscito, esbozó muy pocas propuestas concretas sobre su interés en reformar la Constitución. El discurso se centraba en recortar aún más libertades individuales, ejercer mayor presencia de las Fuerzas Armadas –incluidas las norteamericanas. Por los márgenes, se fueron colando otras propuestas de diversas carteras ministeriales, como la de Trabajo. La ahora ex ministro, Ivonne Núñez, sugirió “que, en caso de una constituyente, se debe evaluar el trabajo por horas -una propuesta que ya ha perdido en plebiscitos anteriores- así como rever la entrega de décimos (aguinaldo) a los trabajadores en relación de dependencia” (Infobae, 18/11). El presidente ha solicitado la renuncia a todos los gobernadores y ministros del gabinete. La primera en abandonar su cargo fue Núñez, seguida por Danilo Palacios, de Agricultura. Otra renuncia esperada es la de Zaida Rovira, ministra de Gobierno, quien violó la Ley al participar de la campaña siendo funcionaria pública en ejercicio y recibió fuertes críticas. Para coronar, Edgar Lama, actual presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sería otra salida obligada tras destaparse una red de pagos privilegiados a empresas asociadas a su familia, dejando deudas millonarias del Estado con otros proveedores de la seguridad social. El triunfo del “No” ha sido visto, por un lado, como un rechazo al rumbo autoritario del gobierno y a la escalada de la violencia callejera. Por el otro, ha sido visto como un rechazo al conjunto de los partidos políticos. Aunque Correa haya declarado que el “no” se impuso como resultado de la rebelión popular, su partido no ha movido un dedo por dicho triunfo. Incluso, en los momentos claves, el propio Correa acompañó el giro represivo del gobierno. Noboa fue derrotado en el terreno que buscaba imponer un régimen de autoridad personal: las votaciones plebiscitarias. El “Sí” solo logró imponerse en una provincia, Tungurahua, ubicada en el centro del país. Aunque con un claro contraste entre las ciudades y los pueblos indígenas de la sierra, donde el “No” alcanzó el 80% de los votos (La hora, 17/11). Esta derrota debe ser leída como un golpe al imperialismo, no solo por la pretendida instalación de bases militares, sino porque ellas representan un aval a una guerra por el cambio de régimen en Venezuela.

El martes 11 de noviembre, la dirección del SUTNA San Fernando convocó a una asamblea de fábrica para abordar el impasse de las paritarias que lleva casi 12 meses. Durante este período de tiempo se celebraron 40 audiencias en la Secretaría de Trabajo de la Nación. El conjunto de las patronales del Neumático rechazó sistemáticamente otorgar una recomposición salarial a los trabajadores, mientras la inflación acumulada superaba el 30%. La patronal más refractaria ha sido “nacional y popular”: la de Madanes Quintanilla, el dueño de FATE y Aluar. Pirelli y Bridgestone, otorgaron aumentos de alrededor del 20%, no retroactivos, y a cuenta de la 'paritaria eterna'. La situación empuja a la mayoría de los trabajadores de la fábrica al politrabajo para poder subsistir y alienta, en un pequeño número de trabajadores, a abandonar el empleo bajo la modalidad de “retiro voluntario”. La aspiración de Madanes es que se vayan todos los trabajadores, para sustituirlos por personal joven bajo una modalidad anticipada de ‘reforma laboral’. Las patronales 'construyen' la legislación que será refrendada por los representantes de la ‘voluntad popular’. La asamblea fue muy concurrida. A instancia de la dirección del SUTNA se votó una “movilización” a la oficina de Recursos Humanos que está en la planta fabril para entregar un petitorio. Reclama “a la patronal de FATE terminar con el silencio sobre la negociación salarial impuesto por ella misma, el cual implica en los hechos un intento de rebaja salarial. Este hecho, cuya extensión abarca la totalidad de los numerosos meses ya transcurridos durante el corriente año es insostenible, no solo por lo claramente injusto, sino por ser inviable en la economía de cada una de nuestras familias”. A esta plegaria de la Directiva, los activistas de fábrica y delegados propusieron “un corte de ruta” -colocar la pelea en la palestra nacional. Al día siguiente, el 12 de noviembre, la empresa decide en forma ilegal y arbitraria seis suspensiones como represalia a la manifestación en las puertas de Recursos Humanos e impide ilegalmente el ingreso a planta de la directiva del SUTNA San Fernando y, también, de la Comisión Directiva nacional. Anuncia, asimismo, por medio de un comunicado interno, que las suspensiones van a continuar hasta afectar “a todos los trabajadores” que se movilizaron. El jueves 13, ante la convocatoria del SUTNA a asambleas informativas por turno, los trabajadores ocuparon los playones de la fábrica para imponer el ingreso de la Directiva de la seccional. La dirección del SUTNA nacional denunció las suspensiones y el impedimento al ingreso de la Directiva seccional a planta, como medidas intimidatorias, arbitrarias e ilegales al Ministerio de Trabajo bonaerense –y le solicitan que tome “todas las medidas a su alcance (textual) en defensa de los derechos de los trabajadores”; y la cita a una audiencia, “a los fines de una resolución satisfactoria del conflicto colectivo planteado y el cese del accionar antisindical y discriminatorio de la empresa FATE”. Otras agrupaciones de fábrica plantearon la “convocatoria a una asamblea general”, un “comité de lucha” y medidas como cortes y movilizaciones. El impasse de la paritaria del Neumático (en realidad, el impasse del SUTNA) al igual que en la UOM, es aprovechada por las patronales para avanzar en su ofensiva. Pirelli avanza con modificaciones estructurales en la organización del proceso de trabajo que es resistido por los trabajadores y lo que queda del cuerpo de delegados de la fábrica. La necesidad de una Asamblea General es imperiosa. La dirección del Sindicato ha asumido hace mucho tiempo (desde el conflicto de 2023) una posición derrotista a instancias del aparato del Partido Obrero . Está inmovilizada por el temor de que una lucha desencadene represalias judiciales, sin haber dado un paso para agitar contra ellas al conjunto del movimiento obrero y de la clase obrera no organizada . Las oposiciones del sindicato han ido a la rastra de este inmovilismo con consignas aisladas . La peor derrota es la que se acepta sin lucha. Entendemos que los activistas deberían convocar a un plenario para coordinar un planteo de conjunto a una Asamblea General.

ILVA: “Acá entramos los 300 o no entra nadie” Por Pablo Busch La noticia recorrió como un rayo el Parque Industrial de Pilar. La fábrica de cerámicos ILVA, en conflicto por el despido de sus 300 trabajadores, busca reabrir su planta, cerrada desde fines de agosto, pero ofrece recontratar a sólo 40 de los 300 obreros despedidos, y aplicar una reforma laboral integral de las condiciones de trabajo. El intento de la patronal de ILVA verifica lo que denunciamos desde estás páginas al inicio del conflicto: el objetivo de la empresa es explotar la crisis del mercado ceramista para proceder a una reforma laboral de hecho al interior de la planta. Consiste en reemplazar a los trabajadores con régimen laboral de cuatro días de trabajo de 12 horas por cuatro días de descanso por nuevos trabajadores que trabajen seis días a la semana con un solo descanso. Contratar trabajadores con espaldas nuevas para someter a los ritmos de producción, con los nuevos regímenes de contratación vigentes en la Ley Bases. La patronal de ILVA hizo su planteo de reapertura en la Justicia, donde tramita un concurso de acreedores. Los trabajadores rechazaron la propuesta y denuncian fraude laboral. Los trabajadores tomaron conocimiento de la propuesta hace pocos días, en una audiencia con el juez Hernán Papa, titular del Juzgado en lo comercial Nº 12, donde tramita el pedido de la empresa de declarar el concurso de acreedores. La respuesta obrera fue un rotundo rechazo. “El jueves tuvimos una audiencia con el juez porque que la empresa pidió entrar en concurso de acreedores. Le comentamos que la empresa hizo un fraude laboral primero al dejar a 300 familias en la calle sin indemnizaciones ni sueldo”, contó a El Diario de Pilar el delegado Marcelo Barrionuevo. “Ahora la empresa llegó con una propuesta de reabrir con 40 trabajadores en tres turnos. Nos cambian la rotación, el salario sin beneficios, sin transporte y sin el comedor, con un sueldo precarizado. El rechazo es unánime. Acá entramos los 300 o no entra nadie”. Los trabajadores de ILVA llevan más de dos meses de acampe frente a la fábrica, bloqueando la posibilidad de un vaciamiento y de una reapertura a espaldas de los trabajadores. Es conmovedora la tenacidad con la que batallan y siguen batallando los trabajadores de ILVA, bloqueando los accesos al Parque Industrial de Pilar, cortando la Panamericana, sosteniendo el acampe. “Estamos dispuestos a todo, porque todavía nos siguen debiendo indemnizaciones y dos meses de sueldo”, sostuvo Barrionuevo. Miércoles 19: marcha de jubilados y trabajadores desde Congreso a Plaza de Mayo Abajo la reforma laboral y previsional. Huelga general. Por Charly Petrillo (Jubilados Clasistas) Estamos frente a un gobierno envalentonado por su triunfo electoral frente a una oposición sin programa, que claudica y es servicial a los planes de ajuste del gobernó liberticida. Así, los conjuntos de los partidos patronales apoyaron los dos últimos años la “motosierra” permitiendo la aplicación de los DNU de Milei-Caputo. Los votos no dan derecho a demoler las conquistas laborales y previsionales que fueron conquistadas durante años de lucha del movimiento obrero de nuestro país. El salvataje momentáneo del tesoro de EE.UU., de los Trump-Bessent-J.P. Morgan ha llevado a convertir a nuestro país en un Protectorado tecnológico, comercial y militar de los yanquis. Millones de dólares destinados a los negociados capitalistas, a los acreedores de la deuda, a los bancos. Ni un peso para salarios, educación y salud. Ahora gobierno y “oposición” que permiten el saqueo de nuestras riquezas, continúan con la demolición del régimen laboral y previsional, llevada a cabo por todos los gobiernos de turno. Jornadas laborales de 12 y 13 horas, sin considerar las horas extras, vacaciones regimentadas por las patronales, indemnizaciones bancadas por los mismos trabajadores despedidos, discusiones paritarias por empresa. Despidos, suspensiones, cierre de empresa, una recesión histórica. Para jubilados, haberes de indigencia, bonos “basura”, el cese de la pensión por vejez, destrucción de los mal llamados regímenes “especiales de docentes, docentes universitarios, trabajadores de Luz y Fuerza. Y además, el retorno a la “maldita” jubilación privada en beneficio de las compañías de seguro. Sumado a que millones de trabajadores no podrán acceder a su jubilación. De los millones de dólares confiscados de nuestros haberes por los Macri-Fernández- Massa, nadie abre la boca. Es una pérdida vitalicia. La CGT, las dos CTA, CTERA, se han convertido en los pilares fundamentales de estos planes de ajuste. Todas las luchas de trabajadores y jubilados se dan por fuera de la odiada burocracia sindical. Somos conscientes que el Parlamento, plagado de diputados y senadores que se venden al mejor postor, es un callejón sin salida. Así como la experiencia nos demuestra que crear expectativas en que la burocracia puede luchar en defensa de los trabajadores y jubilados, es un espejismo. Solo la organización independiente, mediante autoconvocatorias, plenarios, asambleas, unificando todas las luchas de trabajadores, jubilados junto a la juventud universitaria y secundaria, impulsando y organizando una huelga general frenará esta barbarie. Los “jubilados de los miércoles” convocamos junto a distintos sectores de trabajadores y jóvenes en lucha a marchar este miércoles 19 desde las 16 horas de Congreso a Plaza de Mayo. Abajo la represión. La lucha continúa. Los vecinos de Villa Bosch logran frenar a Megatlon en defensa del bosque Por Luciana D. En su avanzada contra el espacio público, Diego Valenzuela, el intendente liberticida de Tres de Febrero, le cedió parte del bosque de Los Eucaliptos de Villa Bosch a Megatlon . Este lunes 17, cuando una topadora empezó a derribar los árboles, un grupo de vecinos se presentó en el lugar y logró detener los trabajos que ni siquiera tenían permiso de obra. Es por eso que la empresa contratada se negó a proseguir ante el conflicto. Los vecinos se vienen organizando en asamblea en contra de este atropello, igual que los vecinos de Ciudad Jardín y de Martin Coronado. En Caseros Valenzuela se terminó con el contrato de alquiler del Easy -que dejó a decenas de trabajadores en la calle- para contribuir a la especulación inmobiliaria. En Ciudad Jardín, de momento, los proyectos del intendente están parados por la movilización de los vecinos mientras que en Coronado amenazan con empezar las edificaciones con capitales privados en el terreno que antes estaba destinado a un Procrear que Milei clausuró. Los vecinos de Villa Bosch se habían movilizado al Concejo Deliberante a pedir informes y el Presidente había asegurado que ningún árbol se iba a tocar. Se siguen juntando firmas en contra de esta privatización y es necesaria la movilización de los vecinos y la unificación con los otros sectores en la lucha por la defensa del espacio público de Tres de Febrero.

Según los datos provistos por los organizadores, la COP30, con 56.118 inscriptos, es la segunda cumbre climática más grande hasta el momento (la más concurrida fue la COP28 llevada a cabo en Dubái con 80.000 participantes) y, como hemos señalado en estas páginas, uno de cada 25 es representante del “lobby fósil”. Las delegaciones más grandes son las de Brasil (3.805 delegados) y más lejos China, con 789. A su vez, la cumbre de Belém no cuenta, por primera vez, con la presencia de EE. UU., en sintonía con el negacionismo climático enarbolado por el trumpismo, entre cuyos objetivos se encuentra quebrar la conferencia a futuro. Trump, en su discurso en la asamblea de la ONU, sentenció que las ciencias encargadas de monitorear las cuestiones climáticas son “la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo.” Como advierte el Informe de Brecha de Producción del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo para 2025, de la mano de Trump, estima “que 20 de los mayores países productores de combustibles fósiles están planeando la producción de carbón, petróleo y gas hasta 2050, lo que está un 120 por ciento por encima de la vía de calentamiento de 1,5 grados centígrados y un 77 por ciento por encima de la vía de 2 grados” (WSWS 18/11). Esto pondría en jaque los acuerdos climáticos en vigencia, que buscan volver más lento el calentamiento global, que hacia finales del siglo podría alcanzar los 2,6 grados centígrados, con sus consecuencias devastadoras para el ambiente y la población, en particular de las masas pauperizadas, las más afectadas por el cambio climático en curso, plasmado en sequias, inundaciones, incendios forestales, migraciones, enfermedades, escasez de alimentos, olas de calor extremo. Por su parte, el gobierno de Lula, anfitrión de la COP, se ha puesto como objetivo que la misma sea la cumbre con mayor participación de representantes indígenas de la historia. Pero, como señala el portal especializado Earth.org, “es la primera vez que el liderazgo, los derechos y el conocimiento indígenas se sitúan tan en el centro de las negociaciones climáticas globales. Sin embargo, solo el 14 % (360 personas) obtuvo la acreditación para la Zona Azul.” (Earth.org, 16/11) André Correa do Lago, presidente de la COP30, al cumplirse una semana de las negociaciones señaló en una conferencia de prensa: “queremos que todos los países piensen qué es lo que quieren para el final”, una meta difícil de arribar teniendo en cuenta las diferencias en puntos clave que se han presentado en los primeros siete días de sesiones, y llamó a redoblar los “esfuerzos colectivos” para la decisiva segunda semana. Lo que ha dejado la primera semana Si bien se aprobó la agenda de trabajo en plenario sin mayores objeciones, cuatro temas centrales quedaron por fuera de la misma y se tratarán por separado, con la salvedad de ser los puntos más conflictivos y que generan resquemores entre las delegaciones de los países. Concretamente lo que divide aguas en la COP es el artículo 9.1 del Acuerdo de París, que versa “sobre la responsabilidad de los países desarrollados de movilizar dinero a los países en desarrollo, las medidas unilaterales de comercio (vinculado a, por ejemplo, los impuestos sobre emisiones de carbono de productos importados), los informes bienales de transparencia y la respuesta al tercer y más reciente ciclo de actualización de los planes climáticos nacionales" (las famosas NDC). (InfoAmazonia 16/11) Como ha pasado en ediciones anteriores, el financiamiento de lo que se resuelva vuelve a ser el talón de Aquiles de la COP30. Desde el Grupo de Países Africanos hicieron un pedido para dilatar la definición sobre los indicadores que servirán de ordenadores para la implementación de la Meta Global de Adaptación (GGA, por sus siglas en inglés), alegando que no está claro cómo se llevará adelante el financiamiento. La GGA fue establecida en el Acuerdo de París de 2015, con el objetivo de mejorar la capacidad de adaptación, que básicamente depende del flujo de dinero que se destine para tal fin y las discusiones sobre este punto están estancadas en la cumbre. Otro de los puntos de la agenda abordado en la primera semana fue la del Programa de Trabajo de Transición Justa, en las que el G77, formado por países en vías de desarrollo o subdesarrollados, cerró filas en los planes de crear mecanismos para implementar dicha transición. El recelo de los países atrasados se basa en que la transición tendría como consecuencia el encarecimiento del costo de la vida, la supresión de puestos de trabajo y la pérdida de ingresos, golpeando de lleno a las ya maltrechas y sometidas economías. Teresa Anderson, directora de Justicia Climática de ActionAid International, señaló que “los países por fin están hablando con seriedad sobre cómo los trabajadores, las mujeres y las comunidades pueden influir en los planes climáticos para garantizar que sus vidas mejoren y no empeoren”. (Idem) Pero justamente las organizaciones de trabajadores son las que se encuentran ausentes en la COP30, o con representaciones minoritarias, es decir que las discusiones de esta cumbre y de las anteriores dan la espalda a los sectores que están en la primera fila de las consecuencias devastadoras del cambio climático, convirtiendo a las resoluciones de la cumbre en un mero saludo a la bandera. Las discrepancias entre las delegaciones escalaron cuando se puso sobre la mesa la roadmap Bakú - Belém (hoja de ruta) elaborada en 2024 entre las presidencias de la COP de Azerbaiyán y Brasil, cuestionada por los países en desarrollo sobre cómo financiar los 1,3 billones de dólares para cimentar la tan mentada transición. La presidencia de la COP30 presentó un informe que recibió críticas “por el foco puesto en actores e iniciativas distintas de la responsabilidad de los países desarrollados de movilizar dinero público. Además, generó preocupación por la incertidumbre respecto de su real implementación práctica ya que se presenta como un compilado de acciones y recomendaciones sin un carácter o formato de responsabilidad de continuidad.” (Idem) Las delegaciones de los países subdesarrollados demandan acciones concretas sobre las naciones responsables del 90 % de las emisiones globales de dióxido de carbono, que son justamente los que, de una manera u otra, están involucradas en las guerras en curso, las cuales insumen gran parte del flujo de capital. Por poner sólo un ejemplo, Alemania, que está llevando adelante una inversión militar de características históricas para modernizar sus fuerzas armadas, impulsado por la guerra ruso–ucraniana, ¿cuánto aportará a la vaquita que propone la hoja de ruta Bakú-Belém para financiar la transición? De esta manera las guerras en curso se cuelan en las discusiones de la COP30 y torpedean a futuro las resoluciones a las que arribe la cumbre. El empantanamiento que representa la cuestión del financiamiento se hace sentir en la COP30 en lo que respecta a la mesa de negociaciones del Fondo de Pérdidas y Daños, que se ha mantenido mayormente vacío en lo que va de la cumbre. El Fondo de Pérdidas y Daños se lanzó en la COP27 en Sharm El Sheikh (2022), con la finalidad de encontrar mecanismos de financiamiento. En marzo de este año Trump retiró a EE. UU. de dicho fondo. El Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel en Financiación del Clima (IHLEG), presidido por el economista Nicholas Stern, presentó un "camino totalmente factible" para el financiamiento de países en desarrollo para 2035. Desde el IHLEG sostienen que la mitad de los 1,3 billones dólares podrían ser cubierto por el sector privado. En este sentido más de 30 organizaciones filantrópicas, promotoras del utópico “capitalismo verde”, anunciaron “un compromiso conjunto de 300 millones de dólares para abordar la creciente crisis sanitaria pública provocada por el cambio climático". Entre los filántropos se encuentran Bloomberg Philanthropies, la Fundación Gates, Wellcome, Fundación Rockefeller, Fundación IKEA y CIFF (Earth.org, 16/11). Bill Gates, uno de los aportantes de la colecta, antes del comienzo de la COP30, aconsejó a los participantes de la cumbre que dejen de lado la “visión apocalíptica del cambio climático”. También se desarrolló en la primera semana la “AgriZone”, espacio de negociaciones sobre cuestiones agroindustriales, monopolizada y patrocinada por Nestlé y Bayer, cuando esta actividad es “el principal motor de la deforestación en la Amazonia y responsable de un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.” (Idem) Mientras tanto Lula ha presentado un programa de reforestación de la Amazonia que, inevitablemente, chocará con los intereses corporativos que extienden año tras año la frontera agroganadera, y que terminarán truncando los planes del presidente brasilero, poniendo de manifiesto las limitaciones históricas del nacionalismo burgués, que deberá optar entre enfrentar a los intereses de las corporaciones y el imperialismo o llevar adelante una movilización en pos de sus objetivos. Las experiencias históricas indican que Lula terminará claudicando en sus objetivos. Mientras las sucesivas COP alimentan una falsa colaboración de clases para revertir las tendencias climáticas, año tras año queda más claro que la competencia entre las naciones, que llegan al extremo de la guerra, hace inviable la reversión del cambio climático. Al igual que con otros aspectos del capitalismo en decadencia, es la clase obrera la que puede darle una salida progresiva a la cuestión climática por medio de la revolución social y el socialismo. LEER MÁS: COP30: el “lobby del fósil” copa la cumbre Una tendencia que se agudiza año tras año. Por Lucas Giannetti, 16/11/2025.

Según un reciente informe del portal Mundo Gremial (17/11), los estatales bonaerenses hemos perdido más del 50 % del poder adquisitivo desde diciembre de 2022. Para recuperar ese nivel, se necesitaría un incremento del 118 % sobre los salarios actuales. El estudio midió que la inflación acumulada desde enero de 2023 hasta noviembre (según datos oficiales del INDEC hasta octubre y proyecciones del REM del BRA para noviembre) fue del 741 %, mientras que los aumentos salariales nominales llegaron al 284,84 % en el mismo lapso de tiempo. Esto deja planteado que un sueldo del año 2022 hoy vale menos de la mitad en términos reales, equivalente a una pérdida de más de 5,1 sueldos al año. Estamos frente a un deterioro histórico del salario docente en la Provincia de Buenos Aires, que la ubica en el ranking de los cuatro peores salarios docentes del país, con la completa anuencia de los sindicatos docentes (SUTEBA, FEB, UDOCBA, UDA y AMET). Hoy una maestra de grado que se inicia en su tarea cobra de salario básico $320.300; sumando cifras en negro llega a $713.000 de bolsillo. Un profesor con 10 módulos en secundaria cobra $291.000 de salario básico y $463.000 de bolsillo. Esto es lo que obliga a la docencia al doble, triple cargo y a tomar trabajos por fuera del ámbito educativo. La docencia llega a fin de año “quemada” con un stress laboral insoportable y problemáticas severas en materia de salud mental y física, con una obra social (IOMA) absolutamente vaciada. El manoseo sobre el régimen de licencias es permanente, se citan a docentes a juntas médicas con reposo o cuadros infectocontagiosos. El gobierno de Kicillof, sin embargo, trata de otra manera a los tenedores de la deuda pública provincial. Solamente en el mes de septiembre pagó más de 380 millones de dólares. Para los especuladores y buitres, hay plata , para los sueldos docentes, no . Mientras Milei prepara su reforma laboral, Kicillof aplica su propia reforma educativa (nivel inicial, régimen académico, etc) que precariza aún más el trabajo de la docencia. Fuerza Patria no tiene un programa alternativo al de Milei, porque comparten el mismo objetivo estratégico. La última reunión por la paritaria (19/11) entre los funcionarios del gobierno de Kicillof y los sindicatos estatales no sólo que terminó sin una oferta salarial para el mes de diciembre, sino que se dejó planteada una extorsión: de no aprobarse la ley de endeudamiento en la legislatura bonaerense “será muy difícil cumplir en tiempo y forma con el pago del aguinaldo, como así también otorgar algún aumento salarial” (Diario El Día 19/11). Seguramente este será el tenor de la reunión con los gremios docentes el día 20/11. El último aumento percibido por los docentes bonaerenses fue de un 5 %, en dos cuotas de 2,5 %, como ya vimos aplicados sobre salarios básicos miserables. En el día de hoy, miércoles 19/11, las seccionales Multicolor del SUTEBA de Tigre y de Marcos Paz (SUTEBA Bahía Blanca llamó a “jornada de lucha”) llamaron a confluir con el paro nacional de los auxiliares de escuelas de ATE. Si bien el paro fue dispar, se registraron escuelas completas que adhirieron a la medida de fuerza, demostrando el descontento que anida en la docencia con los salarios miserables que se cobran. En Bahía la movilización de la docencia fue muy importante. Nuestra corriente, Tendencia Docente Clasista, impulsa el establecimiento de un salario mínimo por cargo igual al costo de la canasta familiar (hoy $2.000.000). Defendemos mantener a nuestras familias con un cargo, para que en el resto de las horas podamos capacitarnos, estudiar, planificar y corregir (un trabajo nunca pago) y, de esa manera, repartir las horas de trabajo entre los miles de docentes que se encuentran desempleados o en trabajos precarios.

Al cabo de tres meses de labor, la comisión investigadora del caso $Libra presentó un informe de más de 200 páginas con sus conclusiones. La comisión logró establecer con notable rapidez la trazabilidad de fondos que fueron y vinieron de billeteras virtuales a cajas de seguridad y transferencias de miles de dólares en momentos clave entre los involucrados. Ninguno de los funcionarios citados aceptó comparecer ante la comisión. En paralelo, la causa judicial, a cargo del juez Marcelo Di Giorgi, arrastra los pies y no ha arrojado mayores resultados . El monto de la maniobra -que dejó un tendal de más de 1.300 damnificados y a un puñado de ganadores- alcanzaría entre 100 y 120 millones de dólares. La conclusión de los diputados opositores que integran la comisión investigadora es, sin embargo, benévola con los principales implicados, Javier y Karina Milei . Ambos son señalados como “engranajes claves que, por acción y por omisión, habilitaron una presunta estafa a nivel internacional y, por lo tanto, les caben responsabilidades políticas por el hecho” (Clarín, 19/11). Para los legisladores, el presidente con su posteo en la red social X “habría prestado una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra”. Allí Milei, además de promover la inversión en la ´memecoin´ como un fondeo destinado a PyMES, publicó un número de contrato que, a diferencia de lo que dijo en los medios, no era de acceso público y sigue sin explicar cómo lo obtuvo. Entre las conclusiones del informe final se apuntan “vínculos económicos entre los principales actores involucrados en la presunta estafa” y se afirma que “la promoción de $LIBRA por parte del Presidente comprometió su investidura, desdibujando los límites entre lo público y lo privado”. Se da por acreditada la realización de “reuniones no registradas oficialmente” entre el Presidente y los involucrados, facilitadas por Karina Milei, y concluye que el Presidente “podría haber violado la ley de ética pública y haber incurrido en incumplimiento de deberes de funcionario público”. Por tal motivo, recomiendan al Congreso que evalúe si el Presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. “En la comisión señalan que ellos no pueden impulsar el juicio político, pero agregan que hubo negligencia, ausencia de controles y por eso sugieren que se evalúe el mal desempeño. Algo que difícilmente avance, sobre todo con la composición que tendrá la Cámara y las comisiones a partir del mes que viene” (Clarín, ídem). El despacho de la comisión contó con el aval del interbloque de la “izquierda nacional y popular” y lleva la firma de Christian Castillo, del PTS, que lo reivindicó públicamente. “He señalado algunas disidencias en el informe sobre el carácter del Estado y del régimen político, pero que no hacen al cuerpo de la investigación que suscribo en su totalidad y que demuestran que acá hubo una estafa" (LID, 18/11). La “comisión investigadora” ha dado su veredicto y nada ocurrirá en el Congreso . Misión cumplida.

Casi al mismo tiempo que la Cámara Federal de Casación confirmaba el procesamiento de Alberto Fernández por sus chanchullos con las aseguradoras y pedía mayor celeridad al tribunal oral que juzga el primer tramo de la causa de los “Cuadernos de Centeno”, se conocían las conclusiones de la comisión parlamentaria sobre la estafa $Libra -que involucra a los hermanos Milei- y el empresario farmacéutico Miguel Ángel Calvete era citado a declarar en el marco de la causa por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis). Calvete es una figura clave en el esquema de sobornos que se negociaban en la Andis y sacaron a la luz los audios del abogado de Javier Milei, Diego Spagnuolo, su exdirector. Ocurre que como titular de Indecomm, una empresa suya que es proveedora del Ministerio de Salud, se organizaba la cartelización de las compras a las empresas del sector. La maniobra delictiva, dice La Nación (19/11), “se estructuró alrededor de la manipulación del sistema informático que utilizaba la Agencia para adquirir medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia. Los funcionarios crearon dos circuitos paralelos de compras: uno 'regular' donde invitaban a competir a entre 14 y 16 droguerías, y otro de 'compulsas reducidas' donde solo participaban 3 o 4 empresas cuidadosamente seleccionadas: Profarma, Génesis, New Farma y Floresta”. Su rol es parangonable al de Carlos Wagner en la “causa de los cuadernos”. El extitular de la Cámara Argentina de la Construcción durante los gobiernos K tuvo a su cargo el funcionamiento de “la camarita”, también llamado “el club de la obra pública”, el ámbito donde un grupo selecto de capitalistas se repartían los negocios más jugosos con el Estado. En el juicio que se desarrolla actualmente por los “cuadernos de Centeno” hay 80 acusados, entre ellos, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y 63 empresarios que representan la flor y nata de la ´patria contratista´, en la cual revistan tanto ´kirchneristas´ como ´macristas´. Actualmente, Wagner colabora con la Justicia en calidad de ´arrepentido´. Su capitulación fue clave para que se iniciaran delaciones en cadena entre los empresarios y funcionarios involucrados. Hay otra analogía posible: así como el chofer Centeno apuntaba prolijamente día, hora y monto de los bolsos de dinero que recogía, Calvete llevaba una planilla donde apuntaba puntillosamente discriminados los “costos” y la “diferencia” que quedaba para los involucrados en la maniobra, junto a iniciales como KM (¿Karina Milei?) y SC (¿Santiago Caputo?). La primera fue apuntada por Diego Spagnuolo como la receptora del 3 % de la recaudación paralela, mientras que el segundo es el responsable político tras bambalinas de todo lo que ocurre en el Ministerio de Salud. El fiscal que sigue la causa del robo en la ANDis se llama Franco Picardi. “La trama, de acuerdo con lo investigado por Picardi, se remonta a mucho tiempo antes del arribo de los libertarios al poder” (Clarín, 19/11). Todo el mundo recuerda que Spagnuolo, en una de las grabaciones, menciona precisamente que la ´mordida´ aumentó del 5 al 8 % -” más chorros que los K”- y afirma también que esa diferencia llegaba directamente a Karina Milei. Hoy Spagnuolo se presentó a declarar y dijo que los audios “fueron manipulados” – en la Cámara Federal, en cambio, sus abogados dijeron que los audios eran ciertos, pero que violaban su intimidad (Página/12, 19/11)-. La ruta del dinero recaudado por Spagnuolo y Calvete condujo a una financiera, Sur Finanzas, dirigida por Ariel Vallejo, un personaje cercano a “Chiqui” Tapia y muy vinculado al negocio del fútbol. A través suyo se habría blanqueado el dinero. Sin embargo, Vallejo no está imputado en esta causa sino en otra, por lavado de dinero. Hay más conexiones: la hija de Calvete y su esposo son funcionarios del Ministerio de Economía y también participaban de ´la rosca´: les encontraron 700.000 dólares en su departamento y mensajes entre padre e hija preparando la coartada en caso de que se produjera el allanamiento. En uno de los cuadernos encontrados en el domicilio de Calvete también aparece Gustavo Balabanian, expareja de Karen Reichardt, la exvedette que secundaba a José Luis Espert en las listas electorales de provincia de Buenos Aires. Balabanian es apuntado por Calvete como “exmarido de Karen, relación con Fred Machado”. (Curiosidad: Calvete se encuentra detenido, pero por otra causa, donde está acusado de proxenetismo.) Hay un tercer elemento análogo, se podría decir, entre las causas de los cuadernos de Centeno y los de Calvete. “La corrupción en la obra pública” fue ventilada ampliamente desde el Departamento de Estado norteamericano. Washington incluso había advertido que tomaría cartas directamente en el asunto si la investigación local no avanzaba. Antes, había dado un impulso fundamental al “caso Odebrecht”, porque la gigantesca contratista brasileña había penetrado en todos los países del continente -desde Cuba hasta Argentina- repartiendo sobornos a presidentes y funcionarios, impidiendo de hecho el ingreso de empresas norteamericanas al negocio. Ahora, el caso de Calvete y la corrupción en la compra de medicamentos tocan otro negocio sensible, el de los laboratorios. No es casual que el “acuerdo marco” que firmaron Trump y Milei haga mención específica a este rubro y a la protección de patentes. En su editorial de Odisea (17/11), el periodista Carlos Pagni se refiere a “las quejas” de los laboratorios extranjeros por este tema -el de las patentes-, pero agrega otras, sobre todo aquellas que formulan por “otra forma de protección que tienen los laboratorios nacionales respecto a los extranjeros: las ventas al Estado”. Se refiere a “una especie de colonización del Estado por parte de determinados laboratorios nacionales que venden a través de droguerías”, y cita como ejemplo los contratos del PAMI, “que consume el 40 % de los medicamentos del país y, por lo tanto, fija precios”. “Estas son protecciones paraarancelarias, que no tienen que ver con el arancel ni con las patentes, sino con la captura del Estado por determinados sectores económicos”, concluye. Lo que exponen los cuadernos de uno y otro es el entrelazamiento de los grupos capitalistas con el Estado, su carácter parasitario y las mafias que se conforman en torno al presupuesto público. En muchos casos el negocio se completa a través de la compra de deuda pública. En el marco de una nueva transición política y económica, agitada por los preparativos de guerra internacional, estos negocios han ingresado en una fuerte zona de disputa.

La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) presentó dos documentos técnicos para debatir la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Ambos textos funcionan como “contrapropuestas”, es decir que pretenden, según los autores, ‘ampliar derechos, fortalecer la protección social y mejorar la distribución del ingreso a favor de los trabajadores’. Pero mientras el gobierno se vale del poder del Estado para imponer el planteo de las patronales, la CTA va a la "discusión” desarmada, sin un plan de lucha junto al resto de las organizaciones sindicales que incluya la huelga general. En abril de 1927 y en noviembre de 1960, sendos paros generales devolvieron a las gavetas los proyectos de Alvear y Frondizi, respectivamente Abiertos al diálogo Es claro que la central que conduce Cachorro Godoy “se abre” con estos documentos a un debate, sin contar ni reunir los recursos y las fuerzas para sus propósitos aparentes. El título del segundo documento es revelador: “Aportes de cara a la construcción de una propuesta alternativa de reforma laboral". Esa ‘alternativa’ no ha sido discutida, previamente, con ningún sector de la clase obrera; Milei, en cambio la ha recontra discutido entre los suyos, cuenta con el apoyo del 90 % de las patronales y está estampada en el Acuerdo Marco con Bessent y Trump. Como el programa volcado en los documentos técnicos de la CTA-A del Cachorro Godoy no es acompañado por ninguna propuesta de lucha ni de movilización, estamos ante una maniobra colaboracionista con la reforma laboral. El “Cachorro” reivindica al Banco Mundial La CTA-A propone “un enfoque integral que articule las reformas laboral, tributaria y previsional.” Lo estampa en un documento, titulado “Diez propuestas de políticas públicas para un nuevo esquema de relaciones laborales con ampliación de derechos”. Entre los ejes centrales se destaca la implementación de una “Renta Básica Universal” equivalente a una canasta alimentaria para quienes no tienen ingresos registrados. La CTA Autónoma pretende enfrentar la destrucción del derecho laboral enarbolando un programa de asistencia social: “garantizar que todas las personas tengan el apoyo que necesitan, mediante sistemas de asistencia social, seguros y programas de generación de ingresos.” Patea la pelota afuera en cuanto a la precariedad laboral y los planes de flexibilización del trabajo, para enarbolar una Canasta Básica Alimentaria de 176.150 pesos (Fuente Informe INDEC 12/11/2025). Nada que no pueda conceder Milei, porque es lo mismo que plantea el Banco Mundial, a cambio de la destrucción histórica del derecho laboral. Trump lo agarraría con las dos manos. Milei ha elevado el valor de la AUH a 120.666 pesos por hijo y ha declarado varias veces la necesidad de que el Ministerio de Capital Humano ataje “a los caídos del sistema”. La propuesta se completa con “la creación de un área de economía pública y social que coordine inversiones en salud, vivienda, cuidados y educación para impulsar empleo.”, un equivalente de los Consejos Consultivos de Duhalde, ahora manejados por los testaferros de Caputo. En 2001, cuando la población se movilizaba contra la expropiación de sus ahorros, la CTA ponía mesas para recoger firmas para lo mismo que propone ahora. Godoy conserva a la CTA en formol. ¿Jornada de 8 horas? La agenda incluye además “la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial". Un planteo vigoroso en apariencia, pero una cortina de humo en la práctica. Un reclamo semejante debe preparar un terreno adecuado para imponerse, en especial cuando la patronal ha impuesto en la práctica, sin oposición de los oposicionistas, la jornada de 12 horas, con sábados y domingos. Con la misma hipocresía de la burocracia de Godoy, Milei enarbola el Banco de Horas y los acuerdos de flexibilidad laboral, para discutir la “reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial”. La dirección de la CTA-A dice que la reforma laboral de Milei es retrógrada porque no plantea una reducción de la jornada laboral que se estaría discutiendo en “todo el mundo”. En “todo el mundo” está avanzando otra cosa, que es la uberización del trabajo, la liquidación de las conquistas obreras de dos siglos de luchas. En Estados Unidos, la huelga de la Boeing fue enfrentada por el gobierno de Trump como un sabotaje militar. Las empresas (apenas un puñado) que conceden alguna forma de reducción de jornada lo hacen sobre la base de acuerdos de productividad, es decir, de la destrucción del salario por horas, jornada o mensual. Con ayuda de la inflación y la desvalorización salarial, reimpondrán el alargamiento de la jornada sin perjuicio de los contratos de productividad. El mundo no atraviesa un período de grandes conquistas obreras, sino todo lo contrario. La CTA-A propone un seguro de empleo y formación que combine capacitación continua con estabilidad de ingresos, y mesas multisectoriales para transparentar estructuras de costos y redistribuir excedentes. Todos lugares comunes. “Redistribuir excedentes”, “transparentar estructuras de costos”, es típico de un planteo que evita las reivindicaciones. Patronal y estatizante La CTA-A propone que el Estado regule las relaciones de dependencia encubiertas en plataformas digitales, aunque no dice cómo ni cuándo. De hecho, el Estado ya regula las aplicaciones en favor de las patronales. La agenda plantea también “garantizar condiciones igualitarias para trabajadores subcontratados” -no poner punto final a la subcontratación-, y crear un seguro colectivo autogestionado para quienes se desempeñan sin patrón -en línea con la "economía popular" de Grabois-. Respecto del punto central, el salario, la CTA-A no reclama un salario mínimo equivalente a la Canasta Familiar para toda la clase obrera, sino que exige que el Salario Mínimo Vital y Móvil al costo real de “una canasta individual” (sic). La CBT (Canasta Básica Total) según el INDEC es de $319.284 por mes para un adulto equivalente, cuando el salario mínimo es la miseria de $322.200. El abandono del planteo de la “Canasta Familiar” es subsidiario de la reforma laboral de Milei-Sturzenegger, porque parte de la base de que en una familia deben trabajar todos -incluidos los chicos- para sostenerse en la linea de pobreza. Los números que hace la CTA-A ni pretende “mosquear” a los capitalistas. A través de medidas impositivas, como una sobrealícuota para patrimonios superiores al millón de dólares dentro del Impuesto a los Bienes Personales, un anticipo de Ganancias para las 500 empresas más grandes y la eliminación de exenciones a rendimientos financieros y servicios digitales extranjeros lograrían obtener más de 10.000 millones de dólares anuales, poco más que el 1,5 % del PBI. 'Esperando a Godoy’ Mientras la contrarrevolución laboral del Gobierno avanza, la CTA Autónoma se encuentra en la misma inmovilidad que el resto de las centrales sindicales. Hay que responder con un paro nacional a la sola presentación del proyecto de reforma laboral, para advertir que será combatida con una huelga general.

Con el voto favorable de 13 de sus 15 países, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el lunes el despliegue de una “fuerza internacional de estabilización” (ISF) en la Franja de Gaza, basada en el plan de 20 puntos (“de paz”), presentado hace dos meses por Donald Trump. La fuerza desempeñará un papel «ejecutivo» en Gaza y “no solo como fuerza de mantenimiento de la paz” (Mondoweiss 18/11). La ocupación multinacional de Gaza y la anulación de la autonomía nacional palestina no tuvo votos en contra: Rusia y China se abstuvieron. El español Antonio Guterres, secretario general de la ONU, olvidó sus peroratas sobre la autodeterminación y celebró el acuerdo como “un paso importante” para avanzar en el cese del fuego. La resolución despoja a los palestinos de cualquier derecho sobre su tierra, no modifica la invasión israelí y legitima la constitución de una Junta de Paz, una “autoridad transitoria que estará presidida por Trump y que se encargará de supervisar la reconstrucción y el proceso de recuperación económica del enclave”. Ambas entidades, la ISF y la Junta de Trump comenzarían a operar a principios de 2026 y se extendería hasta fines de 2027 con opción a prórroga. Tienen mandato para “desmilitarizar el territorio” -verbigracia, desarmar a Hamas y a toda la resistencia palestina, pero la ‘desmilitarización’ no se aplica a la permanencia del ejército sionista, que hoy ocupa el 58 % del territorio gazatí y regula a su antojo las comunicaciones de la Franja con el exterior. Las tropas israelíes “comenzarían a retirarse” sobre la base de “hitos y plazos vinculados a la desmilitarización” que “deberán ser definidos por la ISF, Israel, Estados Unidos y los garantes del alto el fuego” (LN 18/11). El aval de la ONU “es considerado crucial por Washington y varias capitales árabes para legitimar un órgano de gobierno transitorio y para dar garantías a los países que analizan enviar tropas a Gaza en el marco de la fuerza internacional autorizada” (ídem). Putin y XI se inclinaron ante este ultimátum (‘crucial’). La resolución especula que “finalmente podrían darse las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino”, una vez que la Autoridad Palestina implemente reformas y avance la reconstrucción de Gaza. Es la coartada que reclamaron los gobiernos islámicos y árabes para apoyar activamente la ocupación. “No habrá futuro en Gaza mientras Hamas posea armas”, declaró Mike Waltz, embajador estadounidense ante la ONU. La iniciativa “desmantela el control de Hamas y garantiza que Gaza se levante libre de la sombra del terror, próspera y segura”, mintió el diplomático. Sin embargo, el genocida Benjamin Netanyahu reiteró su oposición a la creación de un Estado palestino, en común acuerdo con su Gabinete. Mientras esto ocurría, el ejército israelí bombardeó el martes por la noche el mayor campo de refugiados palestino en Líbano, ubicado en la ciudad de Sidón, y asesinó por lo menos a 13 personas, según el último registro del Ministerio de Sanidad libanés. La excusa fue que en el campo habría milicianos de Hamas. En un tuit, el portavoz militar aseveró que su país atacará a los miembros de la milicia “allá donde estén”. El ministro supremacista Itamar Ben Gvirtz reclamó algo más: asesinar a uno por uno de los militantes sobrevivientes de Hamas. Una forma fascista de invitar a que se ‘desarmen’. En El Líbano también hay una “fuerza de paz”, lo que no impide que Israel haya violado casi cotidianamente el alto el fuego. Trump ha trasladado el portaviones Gerald Ford del Mediterráneo a Venezuela, para introducir en el Medio Oriente un ejército bajo su conducción personal. Medios de comunicación libaneses señalan que este último ataque se produjo contra un almacén con dormitorios y oficinas de Ein el Helwe, uno de los 12 campos de refugiados palestinos en Líbano donde decenas de miles de personas viven en construcciones que crecen de manera vertical en un mínimo espacio, lo que hace que cualquier bombardeo pueda tener bajas masivas. La Autoridad Palestina, que espera recibir alguna migaja al final del camino, celebró la resolución del Consejo de Seguridad y subrayó su disposición a colaborar “con la comunidad internacional”. En una declaración realizada el domingo, el conjunto de la resistencia palestina afirmó que el acuerdo «traslada la administración y la reconstrucción de Gaza a un organismo internacional con amplios poderes, despojando a los palestinos de su derecho a gestionar sus propios asuntos» Hamas denunció el “mecanismo de tutela internacional que nuestro pueblo y sus facciones rechazan”. Insistió en que no se desarmaría y que “resistir la ocupación por todos los medios es un derecho legítimo garantizado por las leyes y convenciones internacionales». Sostuvo que el mandato de la fuerza internacional la convierte en “parte del conflicto” al alinearla con Israel y Estados Unidos. “Asignar una fuerza internacional para desarmar a los grupos que luchan contra la ocupación israelí en Gaza la despoja de su neutralidad y la convierte en parte del conflicto a favor de la ocupación”, denunció. Hamas, sin embargo, avaló cualquier misión internacional que dependa de la ONU, pero limitada al monitoreo de fronteras y a operar únicamente en coordinación con instituciones palestinas. El planteo es una tentativa de obtener, al menos en un futuro y sujeto a condiciones, algún reconocimiento internacional. La declaración de Hamas insta a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad a adoptar resoluciones que logren la justicia para los palestinos “mediante el cese efectivo de la brutal guerra genocida contra Gaza, la reconstrucción, el fin de la ocupación y la posibilidad de que nuestro pueblo se autodeterminara y estableciera su Estado independiente con Jerusalén como capital”. Craig Mokhiber, ex alto funcionario de derechos humanos de la ONU, ha calificado la votación como «un día de vergüenza para las Naciones Unidas». «Ningún miembro del Consejo tuvo el valor, los principios o el respeto por el derecho internacional para votar en contra de esta atrocidad colonial de Estados Unidos e Israel», afirmó Mokhiber en una publicación en X. Mokhiber, que fue director de la Oficina de Nueva York del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y dejó su cargo en 2023 en protesta por el fracaso de la ONU a la hora de impedir el genocidio de Israel en Gaza, añadió: «Esta propuesta ha sido rechazada por la sociedad civil y las facciones palestinas, así como por los defensores de los derechos humanos y el derecho internacional en todo el mundo», y señaló que «la lucha por la libertad de Palestina continuará». Respecto del bombardeo al campamento en El Líbano, Hamas denunció “un ataque salvaje contra el pueblo indefenso palestino y contra la soberanía de Líbano”. Hamas descalificó los comunicados israelíes como “auténticas fabricaciones y mentiras que pretenden justificar una agresión criminal” y aseguró que “no existen instalaciones militares en los campos de refugiados en Líbano”. Días antes, Israel había disparado contra los Cascos Azules de la ONU en el Líbano porque, dijo, los confundió “con sospechosos por las malas condiciones climáticas”. Más que ningún afianzamiento del cese al fuego, violado ya cientos de veces por Israel, no son pocos los comentaristas que vaticinan una escalada de los ataques a la población (EP 16/11). En definitiva, la guerra imperialista contra Gaza se profundiza bajo nuevas formas que se añaden a las de antes.

A finales de octubre pasado, el gobierno porteño dispuso el cierre de la Escuela Nº 16 Fray Justo Santa María de Oro , ubicada en el límite de Villa Gral. Mitre y La Paternal. Los argumentos de la resolución son completamente falsos: sostiene que la Escuela Nº 16 se “fusiona” con la Escuela Nº 15 por motivos de baja inscripción y por cuestiones “pedagógicas”. Sin embargo, el GCBA eliminó previamente a la Escuela Nº 16 como opción en la inscripción online para asegurarse esa “baja inscripción”. Además de esta maniobra tramposa, en toda la resolución no se nombra ni se hace mención a la Escuela Secundaria EEM Nº 2 Argentinos Jrs., cuyo desalojo del bajo tribunas del estadio de Argentinos Jrs. y su traslado al edificio utilizado por la Escuela Nº 16 es el motivo real del cierre de esta última. Familias y docentes presentaron un recurso de amparo. El 12 de noviembre pasado, el juzgado convocó a las partes a una audiencia, pero las familias y docentes -que sostuvieron semaforazos semanales, festivales, radios abiertas, juntadas de firmas y una amplia concientización en el barrio contra el cierre de la escuela- no pudieron hacer uso de la palabra sino a través de sus abogados y representantes sindicales– en este caso, Ademys. El momento más tenso de la audiencia explicaría por qué el Ministerio ocultó deliberadamente la situación de desalojo de la secundaria EEM Nº 2 en su resolución. Para el Ejecutivo de la Ciudad, el desalojo de la secundaria y el cierre de la Escuela Nº 16 son cuestiones particulares sin ningún tipo de conexión. Este fue el argumento desarrollado por el representante legal del GCBA para oponerse a la presencia en la sala del representante de la secundaria EEM Nº 2, quien a su turno denunció que el mismo GCBA estaba incumpliendo la Ley 2622, que garantizaba el uso del espacio en comodato a esta secundaria bajo las tribunas del estadio de Argentinos Jrs., como forma de pago de una deuda de ABL con el GCBA, con vencimiento recién en el año 2100. Según esta advertencia sobre el incumplimiento de la Ley 2622, el Estado municipal resignaría el cobro de la deuda por ABL, configurando así una excepción impositiva o una condonación de deuda. Para empeorar la situación, completamente irregular, el representante del Ministerio de Educación informó en la sala que el club Argentinos Jrs. habría presentado, un día antes de esta audiencia, un proyecto de ley para pagar la deuda histórica de ABL cediendo su natatorio y no el bajo tribuna donde funcionaba la escuela secundaria EEM Nº 2. Esta política de resignar impuestos por “emprendimientos” está vinculada al desarrollo del Distrito del Vino En septiembre de 2021, la Legislatura aprobó la Ley Nº 6447/2021 para la creación del Distrito del Vino e incentivar emprendimientos vinculados a la vitivinicultura en una zona específica de la ciudad: los barrios de Villa del Parque, Villa Devoto y La Paternal. En esta zona, el GCBA resignaría el cobro de Ingresos Brutos por un total de $1.800 millones a los nuevos emprendimientos ligados a bodegas. La zona abarca las antiguas bodegas hoy abandonadas y en desuso. El mismo proyecto afectó al Palacio Ceci, edificio utilizado por la Escuela Especial Nº 28 de sordomudos Bartolomé Ayrolo, que pasó de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal a la Administración de Bienes Inmuebles del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, según acta del 3/2/2022. Se trató de una transferencia de la gestión del inmueble para incluir este palacio -de uso educativo y patrimonio histórico de la ciudad- en el mencionado proyecto del Distrito del Vino, el cual quedó naufragando por la recesión gastronómica que atraviesa la Ciudad. Sin embargo, la apropiación del imponente edificio por parte de esa Dirección quedó concretada. Negocios deportivos e inmobiliarios Según informaron inmobiliarias de la zona afectada por el Distrito del Vino, la inversión de bodegas -a expensas de la resignación de impuestos- impulsaría la construcción de nuevos edificios, elevando el costo del metro cuadrado en las zonas involucradas. Así lo explicaba en aquella oportunidad la Constructora Nocito: “A partir del distrito podrán potenciarse avenidas como Beiró o San Martín, entre Villa Devoto y La Paternal; áreas de Cuenca y Nazca; y arterias comerciales a cielo abierto en Villa del Parque. Hay que tener en cuenta que, gracias a las exenciones como los beneficios en impuestos, los empresarios tendrán oportunidades”. (INFOBAE, 05/09/21) Como puede observarse, el disimulo de la situación de la Secundaria EEM Nº 2 de Argentinos Jrs. en el cierre de la Fray Justo esconde una política de negociados a costa de edificios e impuestos de la comuna. En este caso, más de 100 familias son gravemente perjudicadas, quebrándoles los vínculos pedagógicos y sociales a niñas y niños que, en algunos casos, necesitan de las características inclusivas de este establecimiento. Contrariamente a estos perjuicios sufridos por los vecinos, Argentinos Jrs. será beneficiado doblemente: en primer lugar, con una excepción millonaria; y en segundo lugar, con la ampliación de espectadores mediante la utilización del espacio liberado por el desalojo de la escuela secundaria EEM Nº 2, lo que le permitirá ser sede y transmitir partidos internacionales. Como se ve, planean perjudicar las arcas impositivas del Estado comunal y el patrimonio histórico de la Ciudad en beneficio de negocios privados. Para la sentencia, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió especial atención a la documentación requerida al Ministerio de Educación, donde se detalle la cantidad de concurrentes con CUD (Certificado Único de Discapacidad) en las Escuelas Nº 16 y Nº 15, así como la realización de reuniones con las familias donde se les hubieran brindado la información necesaria ante un cambio tan abrupto. Es necesario continuar con las campañas de rechazo al cierre que sostiene la comunidad de la Fray Justo (@lafrayjusto): La Escuela NO se cierra. Hay que seguir con las actividades de información y las juntadas de firmas contra su cierre. Ninguna escuela ni grado se cierra. Por el triunfo de las comunidades escolares y la derrota de los negociados inmobiliarios que encarecen los alquileres. LEER MÁS: Cierre de escuelas en CABA: Jorge Macri no da explicaciones a miles de familias de las escuelas públicas Por Diego Santillán, 15/09/2025. CABA: familias y docentes se movilizan contra los cierres de grado y de las escuelas de jornada simple Por Alejandro Barton, 06/09/2025.

Este miércoles se desarrollaron las elecciones de la AGIHM en el Hospital Moyano. Fue la quinta elección del gremio que naciera al fragor de la lucha contra la intervención del Ministerio de Modernización del macrismo, cuando pretendía dejar cesantes a 700 trabajadores de los diferentes sectores. Desde entonces, defendemos a rajatabla la interdisciplina no como un hecho meramente declarativo sino desde la participación gremial. Nuestra lista está conformada por trabajadores sociales, psicólogos, médicos y enfermeros. La nueva comisión directiva es el resultado de un frente entre las listas Naranja-Blanca, mayoritaria, y la Multicolor (MST). Fue lista única, pero la participación superó ampliamente el 70% de los empadronados. No sólo eso. En este proceso pudimos ampliar más del 15% el padrón de afiliados y logrado el compromiso de enfermería y médicos, sectores que superaron ampliamente nuestras expectativas en materia de participación. Muchos trabajadores que deseaban votar no pudieron hacerlo por no estar en el padrón. Este hecho significativo nos abre otra perspectiva frente a la coyuntura actual. Hoy se inicia una oportunidad para fortalecer nuestra agrupación y, por ende, al gremio frente a las luchas que se avecinan.

ATE concretó el paro nacional, con el epicentro puesto en la movilización al exMinisterio de Trabajo, que votó hace diez días atrás un plenario de delegados. Las consignas principales eran contra la reforma laboral y por aumento de salarios. La convocatoria a los afiliados y no afiliados, sin embargo, no salió de los márgenes de las rede sociales y los medios de comunicación. Algunos delegados de sector hicieron recorridas por sus edificios aprovechando la convocatoria para debatir la Reforma Laboral y su repercusión en el Estado Nacional, pero fue minoritario. Desde ATE Nacional habían sugerido una movilización de 5.000 personas e informaron un acatamiento del 90% al paro; sin embargo, en varios sectores no se movilizaron más que los delegados que, en algunos casos, ni siquiera adhirieron al paro. Frente al Ex Ministerio de Trabajo, los movilizados no pudieron cortar más de un carril, dado lo escueta que fue la participación. Los trabajadores estatales venimos de sufrir más de 50 mil despidos, asfixia salarial y maltrato laboral, ante el inmovilismo del sindicato. La dirección de la ATE afirma que la reforma laboral “viene por tus derechos”, pero le habla a miles de trabajadores que llevan décadas cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza e inclusive de indigencia. En el Estado Nacional las horas extras son un clásico de los que están por debajo de la línea de indigencia con un convenio que no garantiza la canasta básica. En la gestión Milei se cajonearon los expedientes con el cambio de categorías, el reconocimiento de los títulos y todos los ítems del salario que permiten cobrar un poco más. He ahí la razón y causa de las renuncias masivas en el Estado . La lista de “recorte de derechos” sigue… A nadie se le escapa que la Reforma Laboral va a ser negativa, pero una convocatoria por WhatsApp no convence a nadie a parar, cuando esa podría ser la excusa para integrar la próxima lista de despidos. Una de las excepciones fue el propio exMinisterio de Trabajo, ahí sí se sintió el paro. Bajaron a la movilización más trabajadores de los que venían participando en las medidas anteriores. Es dentro de Trabajo dónde empezó la auditoría de Sturzenegger. La Reforma Laboral va a debutar con más despidos de trabajadores estatales. ¿Cómo seguimos? No se puede descansar en una conducción sindical que está entregada desde antes de nacer. Los mismos que firmaron paritarias a la baja año tras año durante los gobiernos peronistas y que no pudieron enfrentar cuotas del 1% ahora piden mesas de diálogo para discutir aumentos salariales y las condiciones de la reforma laboral. No depende de la burocracia enfrentar la legalización de la quita de derechos. Necesitamos organizarnos sin distinción de sindicatos para romper el inmovilismo y el temor que ellos mismo generan. LEER MÁS: La CTA Autónoma se suma a ´la discusión de´ la Reforma Laboral “Esperando a Godoy”. Por Pablo Busch, 19/11/2025.

La semana pasada una ciudadana brasileña de 69 años fue asesinada a golpes por un joven que contaba con antecedentes de padecimiento mental. La ciudadana brasileña caminaba por la avenida Corrientes en la zona del Abasto, uno de los barrios capitalinos donde la inseguridad y las personas en situación de calle están a la orden del día. El hecho, trágico, expuso la crisis que atraviesa la salud mental en nuestro país. Esta situación pone en evidencia una serie de contradicciones al vincular a las personas que se encuentran en situación de calle -producto de la política económica de los últimos años- con el delito, asignando de este modo a las personas con sufrimiento psíquico, a las que están en situación de calle el mote de peligrosos. Por otro lado, deja en evidencia el rol de “control” de las instituciones especializadas en Salud Mental que con el encierro “no normaliza los cuerpos, sino que destruye las almas”, aislando también al distinto, a lo desconocido. Existe en los hospitales generales de agudos, aunque no solo, una tendencia a solicitar “consignas policiales” que ejerzan el rol de control de la internación, privilegiando la seguridad de la sociedad y no el tratamiento de quienes lo necesitan, violando los derechos de las personas con padecimiento mental. La obligación de los gobiernos es aplicar el protocolo de Caracas de atención primaria en Salud, Educación, Promoción y Prevención. Si el Estado cumpliera con estas obligaciones, no se generarían incertidumbres, miedos, rechazos hacia el sufrimiento mental. La realidad es que los ataques callejeros o las situaciones de violencia producidas por personas con padecimiento mental representa menos del 3 por ciento de estos ataques. Pero resulta un engaño colocarlos en el lugar del delincuente. En la mayoría de los casos, se trata de personas que no tienen conciencia de la situación y son abandonadas a su suerte por el gobierno y, en muchas situaciones, también por su propia familia. Detrás de este modelo, las organizaciones médicas y la industria farmacéutica que ven en la internación y la medicalización un negocio redondo. Son precisamente estas mismas organizaciones las que estimulan a las familias a exigir la derogación de la ley nacional 26.657, también llamada “ley de salud mental”, que restringe la internación involuntaria y por largos periodos y propone en cambio el tratamiento ambulatorio y las ´casas de medio camino´. Producto de una interpretación subjetiva de la ley, la idea generalizada y fogoneada de que “no sirve”, porque no se puede garantizar los tratamientos involuntarios, invisibilizando que lo que falta son recursos materiales y humanos para la atención adecuada a nivel estatal. Esta falta es producto del incumplimiento de la ley ya que el 10% del presupuesto anual debe de ser destinado a la Salud Mental, por un lado, pero por otro porque los fondos son destinados a la tercerización de los tratamientos y estadías en ´casas de medio camino´, ya que el Estado no concretó ninguna, a más de una década de aprobada la ley. Corporaciones como Facoep facturan al Estado millones de pesos intermediando la atención en instituciones privadas y sobrevalorando la medicalización sobre otras estrategias de intervención. Cabe señalar que esto se da en un contexto, además, de reducción de las políticas públicas, falta de personal para la atención en los espacios de salud, precarización laboral, desempleo. La crisis socioeconómica incide en las diferentes respuestas. Desde Política Obrera denunciamos que la salud mental de los trabajadores no sólo es producto del modelo capitalista que nos oprime y genera malestares, sino sobre todo de un modelo que prioriza la mercantilización y medicalización como respuesta a ese malestar que él mismo genera.

Los estiletazos entre China y Estados Unidos en torno de la isla de Taiwán se han agravado, a partir del protagonismo alcanzado por el principal aliado yanqui en la región –el gobierno de Japón. La primera ministra nipona Sanae Takaishi, perteneciente al derechista Partido Liberal Democrático, revolvió el avispero al declarar su intención de enviar tropas en apoyo de Taiwán y de su gobierno “separatista” , en caso de un conflicto abierto entre China Popular y Taiwán. Takaishi argumentó que un ataque y ocupación de Taiwán, por parte de China, comprometería la seguridad de Japón. En respuesta a sus dichos, China denunció a Japón en el Consejo de Seguridad de la ONU y “desaconsejó” las visitas turísticas de sus ciudadanos a Japón. La cancelación de 500.000 pasajes ha generado una crisis en la industria turística y en el comercio nipón, porque casi el 30% del turismo receptivo de Japón depende de China. Xi Jinping ordenó, también, cancelar importaciones de productos pesqueros y “bienes culturales” desde Japón, en lo que se prefigura como una declaración de guerra comercial. Takaichi respondió a estas acciones con la movilización de aviones de combate, con la excusa de haber detectado drones de origen chino en el espacio aéreo cercano al canal de Taiwán. Historia y presente Varios observadores han situado estas escaramuzas dentro de la “histórica conflictividad” entre China y Japón, de un lado, y entre la China Popular y Taiwán, del otro. Las “viejas” cuestiones, sin embargo, cobran otro significado bajo el escenario de la guerra internacional en desarrollo, que tiene su norte estratégico en el antagonismo entre China y Estados Unidos. Taiwán, la isla donde se confinó la burguesía china después de la revolución de 1949 , ha sido reclamada desde entonces como territorio propio por el régimen de China Popular. Desde comienzos de los 90, el planteo de “un país y dos sistemas” fue la oferta del régimen “comunista” a Taiwán. Detrás de las promesas de respetar las relaciones capitalistas en la Isla, el slogan adelantaba la transición a “un solo sistema”, o sea, un salto cualitativo en la restauración capitalista de China continental. Pero esa restauración acentuó la disputa por inversiones y mercados por parte de las dos Chinas, o sea, la guerra de intereses capitalistas. Taiwán detenta el liderazgo mundial en la producción de semiconductores. La disputa en curso -“soberanía” o anexión a China- es sencillamente la forma que reviste la guerra en ciernes entre Estados Unidos y China por el dominio de la tecnología asociada al capital digital. En los últimos años, la presencia política y militar del imperialismo yanqui en Taiwán se ha incrementado decisivamente, al igual que en la región marítima aledaña . Donald Trump visitó la región recientemente. Por un lado, celebró una distensión comercial con China, en medio de fotos y sonrisas. Por el otro, se reunió con la primera ministra nipona, anunciando acuerdos para la explotación de minerales críticos y tierras raras, y prometiendo una “nueva edad de oro” en las relaciones entre Japón y Estados Unidos . De ese modo, envalentonó a Takaishi a rechinar los dientes contra Xi Jinping. La “Milei” japonesa se ha convertido en un ariete de Trump en la preparación de un choque de alcance general entre Estados Unidos y China. Rearme de Japón En la denuncia que formuló contra Japón en el Consejo de Seguridad, el representante de China acusó a Takaishi de haber roto el histórico “compromiso de su país con el desarrollo pacífico”. El vocero chino aludía a las restricciones que se le impusieron a Japón en la segunda posguerra, contra cualquier tentativa de rearme o intervención militar. En realidad, aquel desarme compulsivo ya ha sido largamente abandonado por Japón, bajo el incentivo de los mismos que se lo impusieron ochenta años atrás. En 2015, una enmienda constitucional habilitó a Japón a la “autodefensa” en caso de “peligro a la seguridad nacional” –es lo que ahora invoca Takaishi para una eventual intervención en Taiwán. Desde 2022, Japón experimentó una fantástica aceleración del gasto militar. Takaishi asumió su mandato prometiendo llevar ese gasto al 2% del PBI, algo así como 80.000 millones de dólares por año. Donald Trump, sin embargo, le reclamó a Takaishi escalarlo al 3,5% en un lapso breve. Como parte de ello, Japón se ha convertido en un proveedor sistemático de material bélico a Australia, el otro gran pilar del imperialismo norteamericano en la región . En agosto pasado, Japón anunció la venta a aquel país de once modernas fragatas de defensa, lo que marcó el regreso de la emblemática corporación Mitsubishi a la producción de naves con fines bélicos. El frenético rearme de los dos grandes derrotados de la última guerra mundial - Alemania y Japón- es un rasgo marcado de la guerra global en desarrollo. De las escaramuzas a la guerra La intervención de Japón, por ahora en grado de tentativa, en la disputa por Taiwán, y en el enfrentamiento estratégico entre Estados Unidos y China , es otro episodio de una guerra internacional que multiplica sus frentes de batalla. Recientemente, y en la propia Asia, estos choques por “procuración” o por encargo enfrentaron, por caso, a Tailandia con Camboya. Un poco antes, a la India con Pakistán . Naturalmente, Japón no es cualquier “mandadero”: su involucramiento en la disputa por Taiwán es un salto cualitativo en la tendencia a la guerra. Japón paga ahora el precio de una fractura con uno de sus principales socios comerciales (China). Pero por el otro lado, la burguesía nipona se sube al carro de un “complejo industrial militar” propio , en la expectativa de remontar por esa vía una declinación económica de décadas . La diplomacia “trumpista” recluta aliados en cada frente de batalla de la guerra internacional. Es una confesión de los límites de una potencia declinante -el imperialismo yanqui- para intervenir en una guerra general a partir de sus propias fuerzas. Pero a la vez, es la confesión de que necesita imperiosamente de esa guerra para remontar su propia declinación histórica .

La patronal de colectivos pagará el salario y el aguinaldo en cuotas Por Pablo Busch Las líneas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires informaron al Gobierno que pagarán los salarios de noviembre en dos cuotas y el aguinaldo en seis partes. “Venimos a informar la gravísima coyuntura económica, financiera y operativa que atraviesa el sector del transporte automotor de pasajeros en todo el país, situación que ha generado un quiebre absoluto del equilibrio económico, tornando materialmente imposible sostener en tiempo y forma el pago íntegro y contemporáneo de las obligaciones salariales del personal”, apuntaron las patronales. En una carta dirigida al ministro de Transporte, Luis Pierrini, explican que “con el firme compromiso de preservar la prestación del servicio y las fuentes de trabajo, se informa la adopción -de modo excepcional y transitorio- del siguiente plan de pago escalonado: 1. Salarios correspondientes al mes de noviembre de 2025: Serán cancelados en dos pagos consecutivos, completando la totalidad dentro del plazo máximo de dos meses, conforme el flujo financiero disponible. 2. Segundo Sueldo Anual Complementario (SAC): Será abonado en seis pagos consecutivos, en virtud de la imposibilidad objetiva de afrontar su pago íntegro e inmediato sin comprometer la continuidad operativa del sector”. La ‘burguesía planera’ Estamos ante una nueva extorsión patronal para obtener del Estado una mayor tajada de subsidios. La salida liberticida fue un megatarifazo del boleto -subió un 952% en dos años- complementado con subsidios multimillonarios En 2025, el valor del boleto ha subido el equivalente a la inflación mensual más el 2% adicional. Las empresas reclaman un boleto de $1.713, cuando actualmente la tarifa técnica (compensación del Estado más boletos vendidos) es de $1.092 por viaje, pero el financiamiento estatal permanece congelado desde mediados de año. La reforma laboral en el transporte La patronal del transporte ha llevado adelante una verdadera reforma laboral. El salario básico es de 1,4 millones de pesos. Estos salarios han forzado a miles de choferes a salir en busca de nuevos trabajos. Los choferes realizan jornadas de 12 horas o doble turno, o sea “dobletear”. Choferes que manejan 16 horas diarias sumado a unidades que no se renuevan -según la misma AAET- es un régimen de la precarización laboral y social UTA, lobbysta de la patronal Inmediatamente anunciada la medida, la UTA salió a responsabilizar al Gobierno Nacional en una maniobra conjunta con las Cámaras Empresarias y la UTA. Los choferes de la 60 han votado en asamblea iniciar un proceso de reclamos por un básico de 2,5 millones de pesos. Hace una semana, trabajadores de las distintas líneas de Micro Ómnibus Quilmes S.A. (MOQSA) salieron unidos a la lucha contra una maniobra similar de la patronal . Ahora que las patronales han generalizado la maniobra de MOQSA, es hora de generalizar la respuesta como hicieron los choferes de la Zona Sur: huelga general indefinida contra el pago en cuotas, por el reclamo de un salario básico de 2,5 millones de pesos, en rechazo al apoyo de la UTA al reclamo patronal. Ontario, Canadá: trabajadores de General Motors se aprestan a ocupar la fábrica en caso de cierre La saludable recuperación de un gran método de lucha Por Jacyn Los trabajadores de la General Motors de Ontario, Canadá, amenazan con ocupar la fábrica para impedir su cierre definitivo. La patronal suspendió a todo su personal en abril pasado y ahora anuncia el cierre y el despido de todos sus empleados. Contaba con 1200 trabajadores antes de su cierre a principios de abril, y se suponía que la producción se reanudaría el mes pasado. Sin embargo, GM anunció que suspendería la producción y despediría a todos los trabajadores debido a la baja demanda, pero el sindicato afirma que también influyen los aranceles de Trump. "Trump actuó agresivamente para deshacer el apoyo a los vehículos eléctricos y afectó a las plantas de ensamblaje de automóviles canadienses con un arancel del 25 por ciento", dijo la presidenta de Unifor, Lana Payne (Payday Report, 19/11). El cierre de la planta de GM coincide con el traslado de la producción prevista por Stellantis en Brampton a Illinois, y con el traslado de parte de la producción de GM en Oshawa a Indiana, debido a los aranceles de Trump. Stellantis también anunció despidos en Windsor, atribuyéndolos a los aranceles (ídem). Hace tres años, los gobiernos federal y provincial de Ontario otorgaron quinientos millones de dólares a GM para modernizar la planta de Ingersoll y así poder cambiar las líneas de producción, pero finalmente anunció el cierre de la planta. Los trabajadores afirman estar dispuestos a ocuparla si fuera necesario para mantenerla abierta. Han establecido un piquete para evitar que se retiren máquinas y equipos. El ejemplo de los trabajadores automotrices de Ontario puede extenderse al resto del movimiento obrero de América del Norte. Agitación en la estación Lemos del tren Urquiza Por Gabriel Meggiotto El martes pasado, el equipo de Política Obrera de San Miguel realizó en la estación Lemos de la Línea Urquiza una agitación sobre el desmantelamiento de la red ferroviaria de las últimas décadas, que se profundiza con el gobierno de Milei . Distribuimos el artículo ‘’Choque de trenes en la estación Lemos: el desmantelamiento del sistema ferroviario’’ , donde denunciamos que los trabajadores y estudiantes que viajamos a diario en el transporte público estamos expuestos a peligros constantes como el choque de trenes que ocurrió en esa misma estación hace unas semanas. Esta línea de tren es el principal medio de transporte utilizado por los trabajadores para ir a sus lugares de trabajo que, en general, están localizados en CABA. Es, por supuesto, una línea de tren que también utilizan los estudiantes universitarios que cursan en la UBA o en la UNGS. Con un promedio de usuarios diarios de 75.000 personas aproximadamente, el riesgo de quienes lo usan como su medio de transporte principal es extraordinario, siendo potencialmente mortal tanto para pasajeros como trabajadores del ferrocarril. Hemos denunciado, oportunamente, a la Unión Ferroviaria por dejar pasar el desguace del salario, de los puestos de trabajo y el abandono del ferrocarril y discutimos con decenas de trabajadores que viajan a diario en el tren la idea de que no hay respuesta de ningún tipo al ajuste que lleva adelante Milei por parte de la burocracia y la ‘’oposición’’. La asignación de presupuesto para mantener las redes ferroviarias, para salarios y control de la seguridad, dependen de la acción consciente de los obreros independientemente de la burocracia sindical.

Nuestra empresa cerró una de sus 20 sucursales de un día para el otro sólo acá en Bahía Blanca, donde éramos 50 empleados de comercio, 7 bajo convenio de camioneros, empresas tercerizadas -de seguridad y de limpieza- y un montón de trabajadores informales que dependían de esta sucursal para dar sustento a sus familias. Mucho se ha dicho en los medios que la sucursal cierra por el estado de la ruta (que deriva al supermercado), que es una realidad porque que es un camino intransitable. Pero está también la real caída en el poder adquisitivo de los trabajadores, la baja del consumo no solamente en nuestro rubro, muchísimos otros más. Esta baja del poder adquisitivo es debido a toda la política que se está llevando desde diciembre 2023. El ajuste más brutal de la historia que estamos sufriendo todo el pueblo no solamente los trabajadores, sino que hay un ataque constante a la educación, a la salud pública, a la cultura, al medio ambiente, a la entrega de recursos. Y por otro lado la responsabilidad empresarial, porque estoy muy convencido de que el motivo detrás de esto es que los directivos dejaron que se venga abajo este local porque éramos una sucursal organizada con los compañeros de manera sindical. Fuimos la primera sucursal de las 20 que tiene la empresa en lograr que se nos pague las horas extras en blanco, que nos entreguen la indumentaria de trabajo todos los años, los botines de seguridad, que nos respeten el derecho en los días feriados, un montón de derechos laborales que no tenía presente la empresa, en lograr que se arreglen problemas edilicios que afectaban el desenvolvimiento de los compañeros. Nos llamaban compañeros de Jujuy Misiones, Roca, Córdoba, para preguntarnos cómo habíamos logrado que se respeten nuestros derechos. Entonces creo que hay una intencionalidad de los directivos en permitir que está sucursal caiga, poder cerrarla y que sea un ejemplo para las demás sucursales, "mira si vos reclamas podés terminar como los compañeros de Bahía que les cerraron la sucursal". Desde los marcos legales nosotros como trabajadores no podemos revertir esta situación en el caso de nuestra compañía, pero sabemos que la lucha está en la calle y que esto no solamente nos pasa a nosotros, ayer se sumó que cerro Frávega en Temperley dejando 300 compañeros despedidos, y los últimos dos años que vienen van a ser peores.

Este jueves 21 se reunió la 22° Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande Argentino en el Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero (CCB). Estuvieron presentes el anfitrión, Gerardo Zamora y los mandatarios Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones); la vicegobernadora de Chaco, Silvana Schneider; de Corrientes, Pedro Braillard Poccard y de Salta, Antonio Morocco, además del recientemente electo gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez. El objetivo era debatir y unificar una agenda de reclamos del “Norte Grande” para ser presentada de manera conjunta en una audiencia con presidente Milei. Previo a esta reunión, hubo una instancia protocolar 20 gobernadores protocolar; . posteriormente, reuniones separadas con Santiago Santilli, futuro ministro del interior. De esas reuniones sólo conoce la promesa de aval nacional para que las provincias tomen deuda externa. El gobierno de Milei, luego del triunfo electoral del 26 de octubre, decidió tomar una iniciativa orientada al fraccionamiento y a la cooptación de los gobernadores dialoguistas y a sus representaciones parlamentarias. Apuesta a conquistar a partir del 10 de diciembre de 2025 la primera minoría de la Cámara de Diputados, alcanzar el quórum de 129 legisladores, y presidir la mayoría de las comisiones. La descomposición del peronismo En contraposición, Fuerza Patria, está sufriendo diversas fracturas. En Tucumán, el kirchnerista-manzurista y ex intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, ha roto con los K para incorporarse al bloque Independencia de diputados nacionales alineados con Jaldo. Ya existía otro bloque, Innovación Federal, por fuera del peronismo nacional, articulado por los diputados alineados con el salteño Sáenz y los seguidores del misionero Hugo Passalacqua. En paralelo se conoció que Gerardo Zamora, cuatro veces gobernador de Santiago y alineado con el kirchnerismo, presentará su propio bloque, el Frente Cívico (como se presenta en la provincia). El catamarqueño Jalil, emulando a Jaldo, habría decidido separarse de Fuerza Patria y conformar un bloque propio de cuatro diputados y un senador. En el caso de Jalil, el gobierno habría decidido ceder el control provincial de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, una empresa que Milei había incluido en el listado de privatizaciones. En contrapartida, la ex gobernadora catamarqueña Lucía Corpacci, actual senadora y cercana a Cristina Kirchner, podría romper con Jalil en la Legislatura provincial. Jaldo adelantó que empujará para armar un espacio en común. “Para que nuestras propuestas sean escuchadas tenemos que agrupar un mayor número de diputados. Si formamos un interbloque podemos pasar a ser una de las minorías más importantes”, propuso el mandatario tucumano. La articulación de todos estos mini bloques podría sumar al menos 22 diputados y unos 15 senadores nacionales. Jalil pretende ir más lejos e incluir al mendocino Cornejo y a los gobernadores y parlamentarios de Provincias Unidas. La reunión en Santiago del Estero Jaldo calificó al encuentro como “una reunión muy positiva”. La primera parada de los consensos apunta al Presupuesto 2026, para obteneren los Aportes del Tesoro Nacional (ATN); el impuesto a los combustibles (se prevé una recaudación de $7,6 billones y las provincias reclaman el 54%) y las cajas de jubilaciones no transferida. En total, la cifra en juego supera los $5 billones, sin contar los fondos previstos por las leyes de presupuesto universitario, emergencia en discapacidad y emergencia pediátrica, que la Casa Rosada no aplica ni contempló en el Presupuesto. Tampoco incluye las demandas particulares de obras públicas de cada provincia. En relación a los ATN, la ley aprobada pero vetada por Milei, elimina la discrecionalidad política en la distribución y prevé un reparto automático acorde a la ley de coparticipación - a la Nación le corresponderá el 41,2%, mientras que el 58,8% restante se repartirá entre las provincias según los coeficientes de coparticipación. Zamora señaló que "Hay una ley que está vigente y toma de los recursos provinciales el 1.9 que va para ARCA (la ex AFIP). Eso no está siendo utilizado en su totalidad de acuerdo a los estudios que hicimos por medio del Consejo Federal de Inversiones, por lo que el 1% sobra para cumplir los objetivos y solicitamos que ese casi punto restante vuelva a la masa coparticipable porque son recursos de las provincias". El mandatario santiagueño agregó que la obra pública también estuvo en la agenda, "no solo para la actualidad sino también hacia el futuro porque tenemos programado un plan maestro de lo que son las rutas del Mercosur y es un tema importante. Por otro lado, se destacó que en el presupuesto se eliminan los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, de Infraestructura de Transporte y de Sistema Vial Integrado y los fondos Compensador del Transporte, de Desarrollo Eléctrico del Interior y de Vivienda. La asamblea también abordó la situación de las cajas previsionales no transferidas, escenario en el que se encuentran Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco, que incluye deudas y falta de previsión presupuestaria, fruto de mora de la Nación. En el caso de las 13 Cajas de Jubilaciones provinciales no transferidas a Nación, desde la asunción de la gestión libertaria no se giró ni un peso a ninguna, salvo a Entre Ríos y Córdoba por un acuerdo ante la Corte Suprema de Justicia. El presupuesto establece $122.763 millones para atender esas obligaciones legales, mientras que el dictamen de minoría eleva el monto a $950.000 millones. A comienzos del 2024, Nación eliminó por decreto que los giros a estas cajas debían actualizarse con la misma fórmula que las jubilaciones. Se plantea incorporar en la ley de presupuesto nuevamente esa condición para los casos en que la discusión llegue a la Justicia. Los sistemas previsionales provinciales representan, según el Ieral de la Fundación Mediterránea, aproximadamente el 20% del gasto total de la previsión social. Para las 13 provincias que los administran, aun con diferencias entre ellas, tienen un “impacto fuertemente desestabilizante" en sus finanzas públicas. Por eso el instituto considera que debe haber una respuesta en el presupuesto 2026 que “genere las condiciones para un rápido ordenamiento” del tema. También vincula esa necesidad con dejar de acumular deudas y juicios contra la Anses. Otro punto fue el apoyo unificado a La Rioja por un punto de coparticipación que la provincia reclama. Por otro lado, se dialogó sobre el impulso al plan maestro del Norte Grande, con inversiones en rutas viales, ferroviarias y pluviales del Mercosur. Más allá del presupuesto, en las reuniones también se abordaron aspectos generales de la denominada “modernización laboral” y los cambios que el Ejecutivo analiza en materia fiscal y para el Código Penal, que son punto de la agenda que el gobierno pretende incluir en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso en el mes de febrero. El proyecto -para el que el oficialismo logró un dictamen de mayoría en comisión- no prevé el cumplimiento de leyes sancionadas con el apoyo de los gobernadores como la emergencia en discapacidad, en pediatría y la mejora de recursos para las universidades nacionales. La parálisis de la obra pública y la distribución de fondos están en la agenda que los jefes provinciales pretenden llevar a la Casa Rosada. "Resolvimos avanzar en la agenda común y diálogo con el Gobierno", sostuvo el mandatario santiagueño Gerardo Zamora. La agenda de reclamos que han planteado los gobernadores son contradictorios con el actual curso de la política económica deflacionaria, más allá de todas las proclamas unitarias que los gobernadores del Norte Grandes han publicitaos en estos días. Cada gobernador, tiene abierto negociaciones propias fuera del marco de los reclamos concertados en la asamblea en Santiago del Estero. En cualquier caso, todos los reclamos no contemplan los reclamos acuciantes de los trabajadores, por el contrario, todos son partidarios de la reforma laboral, penal y tributaria, o sea a favor de una política contra los derechos laborales y democráticos de los trabajadores.

El Congreso de Estados Unidos, controlado por los republicanos, votó casi unánimemente -427 a 1- a favor de publicar los archivos del multimillonario tratante de menores y proxeneta Jeffrey Epstein, “suicidado” en su celda en Manhattan en 2019. Horas después, el proyecto fue ratificado y convertido en Ley de Transparencia de los Archivos Epstein por el Senado. Los archivos, que están en poder del Departamento de Justicia, comprometen a Donald Trump, a miembros de la realeza británica, al expresidente demócrata Bill Clinton, al asesor de Obama Lawrence Summers, expresidente de Harvard y uno de los economistas más importantes del planeta, a exjerarcas israelíes como Ehud Barak, a intelectuales y académicos, a algún Premio Nobel. Trump había usado el caso Epstein como un ariete contra los demócratas en la campaña electoral y prometido a la base de MAGA publicar los archivos. Luego hizo lo indecible para impedirlo. A esta altura, ya se sabe que él pasó muchas horas con una adolescente en la mansión prostibularia de Epstein y que intercambiaban jovencitas. En la misma mansión donde por lo menos fueron reclutadas y violadas una veintena de nenas de 14 años. Durante meses, Trump luchó para ocultar el contenido de esa olla podrida sin lograr frenar una crisis política que ha minado su predicamento sobre gran parte de su base electoral. En julio, con el estilo que lo caracteriza, Trump describió a una red internacional de proxenetas y pedófilos como "un asunto bastante aburrido" en julio de este año. A principios de ese mes, la Casa Blanca había sido duramente criticada por algunos de sus principales partidarios de MAGA tras publicar un comunicado en el que afirmaba que una investigación del Departamento de Justicia y el FBI no había encontrado pruebas de una lista de clientes incriminatoria que Epstein pudiera mantener (Público 20/7/25). A partir de entonces, el quiebre de MAGA fue indetenible. El domingo pasado, cuando la corrosión se hizo evidente en el Congreso y un centenar de republicanos anunció que, por primera vez, votarían en contra de la posición del presidente -una fisura de magnitud de la autoridad presidencial sobre la bancada azul-, Trump dio un viraje, avaló que se publicaran y promulgó la ley. La "desertora" republicana más destacada, la congresista fascista por Georgia Marjorie Taylor Greene, figura principalísima de MAGA, dijo este martes en una conferencia de prensa ante las víctimas de Epstein que la saga "destrozó a MAGA". Trump la acusó de "traidora" en Truth Social. El escándalo Epstein también corroyó la credibilidad de Trump en la propia base electoral fascistoide. Muchos votantes creen que encubrió los vínculos de Epstein con figuras poderosas y que ocultó detalles sobre la muerte del magnate prostibulario en la cárcel. Su vínculo con él es la principal razón citada para la caída de sus índices de aprobación, que esta semana alcanzaron un nuevo mínimo del 38% en la encuesta de Reuters/Ipsos. Tan solo el 20% de los estadounidenses aprueban su gestión en este asunto. Post mórtem, Epstein no va a dejar títere con cabeza. Lo que revela la última tanda de miles de mails -2015 a 2019- es que políticos, miembros de la realeza, académicos, científicos, banqueros, financistas, inversores de capital riesgo, inversores de las empresas de Silicon Valley, toda la alta sociedad política, económica y cultural occidental se siguió relacionando con Epstein y sirviéndose de sus esclavas después de que fuera condenado y encarcelado por violación y trata de menores con fines sexuales en 2008. La lista de los afectados es rutilante. Por ejemplo, el economista demócrata y expresidente de Harvard Lawrence H. Summers, que tuvo que abandonar su cargo docente y la dirección del Centro Mossavar-Rahmani, que se ocupa del estudio de cuestiones políticas en el sector público y privado. Antes lo habían renunciado de la junta directiva de OpenAI y como colaborador de Bloomberg News y The New York Times. Es manifiesta la complicidad de los grandes medios, incluido el New York Times, porque los mails, dice el periodista Nate Bear “implican y desenmascaran las estructuras organizativas y los acuerdos institucionales de élite que estos medios protegen y en los que participan”. La lista de Bear es extensa e incluye asesores de Obama, catedráticos eminentes, Leslie Wexner, Leon Black y Tom Barrack, “hombres cuyas empresas controlan gran parte de la economía estadounidense”. Peter Thiel, gran inversor de Silicon Valley; Melanie Walker, exasesora de Bill Gates y su esposo Steven Siofsky, exejecutivo de Microsoft. También Boris Nikolic, inversor en biotecnología y exasesor científico de Gates a quien Epstein nombró albacea en su testamento. Otros amigos y clientes de Epstein son Richard Axel, Premio Nobel de Fisiología; James Watson, codescubridor de la estructura de doble hélice del ADN; el lingüista Noam Chomsky -al que llamaba “mi amigo de izquierda”- y el recientemente destituido embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson. El portal periodístico Drop Site News ha publicado una serie de investigaciones que develan los vínculos de Epstein con los servicios de inteligencia de Israel y su intervención secreta en la negociación de múltiples acuerdos relacionados con la inteligencia israelí. Epstein era muy cercano a “altos cargos políticos como Ehud Barak y Ehud Olmert” e hizo donaciones periódicas a organizaciones como Friends of the IDF. Pero sus actividades en Mongolia muestran, por primera vez, que facilitó un acuerdo de seguridad entre Israel, Costa de Marfil y otras naciones” (Drop Site News). Hecha la ley…. Muchas de estas cuestiones no serán develadas. No está claro cuánto de los documentos que guarda el Departamento de Justicia se publicará porque la ley votada por unanimidad “incluye importantes lagunas jurídicas que permitirían retacear la publicación del material más conflictivo”, advierte el Washington Post. El Departamento de Justicia “no ha dicho mucho sobre cómo respondería a esa demanda” excepto que “seguirían cumpliendo con la ley y protegiendo a las víctimas”. La legislación contempla una excepción para el material que se mantiene en secreto en aras de la defensa nacional o la política exterior. La Justicia también puede bloquear la difusión si se inician nuevas líneas de investigación, y casualmente esta misma semana entró al juzgado nuevo material suficiente para que se inicie. “El proyecto de ley contiene excepciones importantes, incluida una disposición que protege las investigaciones en curso, lo que podría significar que muchos documentos permanezcan confidenciales” (NYT 21/11). La fiscal general Pam Bondi, que se sentó siempre sobre los mails acatando las directivas de Trump, ya informó que “hay nueva información, información adicional y, de nuevo, seguiremos cumpliendo la ley e investigando cualquier pista». (TWP 20/11). “Es poco probable que la información clave sobre las relaciones de Jeffrey Epstein con los ricos y poderosos se encuentre en las transcripciones del gran jurado que la Casa Blanca quiere que se hagan públicas”, dijo hace unos meses Alan Dershowitz, uno de los abogados más famosos de Estados Unidos, exabogado de Epstein y de Trump, y una de las luminarias del Derecho en Harvard, que hoy tiene 87 años Una de las víctimas de Epstein, Virginia Giuffre, que murió hace unos meses, afirmó que fue obligada a mantener relaciones sexuales con Dershowitz en el avión privado de Epstein. Aunque él negó la acusación, admitió haber recibido un masaje de la chica mientras estaba en la casa de Epstein, aunque afirmó que mantuvo con la ropa interior puesta y que no lo disfrutó. Todas estas lacras deben ser arrojadas al basurero de la historia con el régimen social que las sostiene. LEER MÁS: Trump en la cuerda floja A su política de ajustes, represión y guerra se agregan miles de correos electrónicos que confirman su sociedad con el proxeneta Epstein. Por Olga Cristóbal, 13/11/2025.

Abajo la reforma laboral Jueves 27/11 - 18.30 hs Biblioteca Sudestada (Aristóbulo del Valle 1631, Vicente López) Charla Debate con Juan Ferro Organiza: Asamblea de Vecinos de Vicente López Sábado 22/11 - 18 hs. Biblioteca de Santa Lucía (Tucumán). Habla Diego Carrazán Lunes 24/11 - 17 hs. Barrio Trébol (Cuba 1500, Tucumán). Habla: Alejandra del Castillo Sábado 29/11 - 17:30 hs. Jujuy 3133, Mar del Plata. Charla debate: "La reforma laboral, un ataque al conjunto de la clase obrera ¿Como la enfrentamos?" Con la participación de: Pablo Bertolami (abogado laboralista); Pablo Aceto (Partido Socialista Auténtico); Pablo Busch (Política Obrera) Abajo la guerra imperialista contra Venezuela Abajo el protectorado de Trump y Milei sobre Argentina Sábado 22/11 – 11hs. Acto en la peatonal de Quilmes Miércoles 26/11 - 18 hs. Facultad de Artes (Universidad Nacional de Tucumán). Habla Daniel Blanco Viernes 28/11 – 18 hs. Acto en Plaza La Roche (frente a la estación Morón). Hablan: Patricia Urones, Mariano Hermida. Domingo 7/12 – 16hs. Acto en Parque Centenario (CABA)

Ha pasado apenas una semana desde que Trump y Milei firmaron el Acuerdo Marco que debe preceder a un tratado comercial y el Wall Street Journal advirtió que los “bancos norteamericanos han archivado el plan de rescate de 20 mil millones de dólares para Argentina”. Al plan en cuestión se le había adjudicado el objetivo de financiar el pago de los vencimientos de la abultada deuda externa de Argentina, hasta diciembre de 2027. Con esta promesa de asistencia financiera se procuraba reducir el llamado ‘riesgo país’ y habilitar al Tesoro de Argentina a renovar los vencimientos mediante emisiones de nueva deuda en el mercado internacional. En octubre pasado, ese riesgo había alcanzado los 1500 puntos, o sea una sobre tasa de once unidades por encima del rendimiento a diez años del Tesoro estadounidense. Luis Caputo, un mesadinerista ansioso, había prometido usar el rescate para recomprar deuda antes de su vencimiento, para poder hacer él ‘la gran Bessent’, o sea pagarla por debajo de su valor nominal e inscribir un beneficio en las cuentas del Tesoro argentina. “No more”. Los tres bancos más grandes del mundo no consiguieron las garantías, en Estados Unidos, para respaldar ese rescate. Bessent les dijo que no podía comprometer el dinero de los contribuyentes y la Reserva Federal de Nueva York tampoco consiguió avales para la operación. En esta entidad los bancos mencionados poseen el 12% del capital. El fracaso es una señal contundente de que el plan financiero de Milei y Caputo, elogiado hasta en la China, no goza de la confianza del capital internacional. Aunque sobrevive, en apariencia, el famoso “swap” de monedas por (también) 20.000 millones de dólares, las evidencias no lo confirman. Se atribuye a ese ‘swap’ la compra del equivalente en pesos de 2.8 mil millones de dólares, por parte del Tesoro norteamericano, que sostuvo el valor de la moneda argentina en la previa de las elecciones recientes. Pero todo indica que fue una operación puntual, ejecutada a través de bancos locales, aunque acaba de aparecer el asiento contable en el Banco Central. En calidad de ‘swap’, el gobierno norteamericano tiene anotados 900 millones de dólares en otra moneda, los “derechos especiales de giro”, que no forman parte del tráfico normal de divisas. De modo que este famoso “swap” está en la vitrina, “para que se mire, pero no se toque”, o sea que no forma parte de ninguna clase de rescate, como bien insiste Scott Bessent. Lo que este secretario comprobó para su disgusto, es que el sostén que brindó a la moneda argentina ha servido para el crecimiento de las importaciones desde China, su archirrival, que rompen el mercado con mercancías baratas. Pero Luis Caputo está obstinado en defender el dólar bajo para abaratar el valor de la deuda externa en término de pesos y financiar su pago mediante los recursos del Tesoro argentino, o sea de un ajuste cada vez más agudo. En la misma línea, crear un mercado para el ingreso de dólares que buscan realizar una diferencia entre la elevada tasa de interés local y la tasa internacional. Al revés causado por el retiro del rescate de los grandes bancos, ha vuelto a la maniobra de pedir préstamos “repo”, que ofrecen activos internos como garantía, una tasa de interés jugosa y un plazo de repago de algunos meses. Parece convencido de que sin un riesgo electoral hasta dentro de dos años, puede manejar el desequilibrio macroeconómico que genera su política en connivencia con los bancos internacionales – sus ex patrones. Confía en el viento a favor del llamado “efecto riqueza” que causa la enorme valorización en bolsa de las acciones de las grandes empresas tecnológicas, mantenga en funcionamiento el circuito financiero internacional. Gita Gopinah, la ex número dos del FMI, ha calculado lo contrario, en un artículo para The Economist, en octubre - el mayor estallido financiero en ciernes de toda la historia moderna, por la magnitud de la destrucción de riqueza que se llevaría puesta. La clase media que redondea sus ingresos con la especulación bursátil quedaría en ruinas. La renuencia del mercado financiero en apoyar a bancos y sus “fondos fuera de balance” para una operación de rescate, pone en evidencia que una devaluación del peso es irresistible. Empobrecería brutalmente al empobrecido trabajador de Argentina, pero incentivaría, eventualmente, mayores ingresos por exportaciones e inversiones extranjeras y pondría un torniquete a la sangría causada por las importaciones y el turismo exterior. La clase obrera debe tomar conciencia de esta situación para encarar el desafío de luchas grandísimas.

La estadística de femicidios en Argentina ha sido objeto de numerosas manipulaciones oficiales. Recientemente, Patricia Bullrich, al visitar una comisión del Congreso, intentó pavonearse con un supuesto “descenso” de los femicidios bajo su gestión. Lo cierto es que el número de femicidios, de acuerdo a la carátula judicial, se mantuvo en torno de los 300 casos por año durante la última década. En ese período, bajo la presión de las grandes movilizaciones, diferentes organismos comenzaron a contabilizar los crímenes de mujeres. De los 295 casos informados en 2024 por el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el 84% corresponde a relaciones personales o familiares preexistentes, en su abrumadora mayoría, parejas o ex parejas. En esa estadística, los crímenes contra mujeres relacionados con el narcotráfico representan el 5% del total. El crecimiento de la violencia letal contra la mujer tiene lugar a nivel mundial. Se desarrolla en un marco de violencia contrarrevolucionaria en general, donde los ajustes sociales contra las masas; la precarización despótica de la fuerza de trabajo; la espiral de violencia social, el desarrollo de la represión y de los estados de excepción; el rearme militar y la guerra; forman un contexto histórico de crisis y disolución de las relaciones familiares. Todas las “políticas públicas” para proteger a la mujer y a la niñez han fracasado. Una mayoría de analistas coincide en que la crisis de salud y de vivienda acentuada por la pandemia del Covid, ha agravado la violencia inter-personal. El fascismo, la expresión más violenta de la descomposición capitalista, se inscribe en este cuadro de conjunto. En un período de exacerbación de la explotación social, su primera víctima es la mujer trabajadora en todos los ámbitos donde actúa -en el trabajo, en la vida social, o como ama de casa. Fracaso de las políticas públicas El período en que las estadísticas informan esta elevada “estabilidad” de femicidios, coincide con la sanción de las llamadas “políticas públicas”, reclamadas para mitigar la violencia contra la mujer. La persistencia de 300 femicidios por año es la demostración más palmaria del fracaso de los gobiernos y estados capitalistas en este plano. La ultraderecha justifica en este fracaso el ajuste contra esas políticas, a las que califica despectivamente de “woke”. Hasta las mayores defensoras de esas iniciativas jurídicas han terminado reconociendo su carácter principalmente “declamatorio”. Los centros de atención o asistencia a la mujer han languidecido sin recursos o, en otros casos, chocaron con el muro de los aparatos policiales o jurídicos establecidos del Estado. Las “casas de refugio” para mujeres golpeadas, escasas y desfinanciadas, no pueden dar una salida permanente ni consistente a la mujer con menores o nulos recursos, en muchos casos por el sabotaje del poder judicial contra sus derechos. La violencia contra la mujer se enraíza con el conjunto de la opresión social amparada por el propio Estado capitalista al que se le encarga contrarrestarla o mitigarla, precisamente cuanto toda la política de ese Estado, por su naturaleza de clase, agrava y profundiza. Las reivindicaciones políticas a ese Estado para proteger a la mujer necesitan mayores movilizaciones y una organización independiente que asegure su satisfacción, y abra una perspectiva nueva contra la desigualdad social y de género siempre crecientes. En el caso del movimiento obrero, su completa burocratización y estatización lo ha convertido en cómplice de la violencia contra la mujer, a la que nunca denuncia y contra la que no interviene, en el seno de los trabajadores, ni en la lucha por los reclamos del movimiento de la mujer. La ausencia de una organización de masas de la mujer es una prueba de las limitaciones insuperables de las direcciones feministas ligadas a los partidos patronales, por un lado, o colaboracionistas con el régimen vigente, por el otro . Salvo ejemplos excepcionales, no está presente en los barrios, en los lugares de trabajo, ni en los colegios y universidades, ni tiene otra presencia nacional que “encuentros" esporádicos. Las ‘cúpulas’ que abrevan en el policlasismo se han apresurado en escalar al Estado para enjaular al movimiento de la mujer. Sobre este fracaso se ha montado un gobierno liberticida y políticamente feminicida, que anuncia la destrucción de la escuela y la defensa de la familia y la propiedad, y que proclama en forma abierta que el Estado debe asegurar el pago de la deuda pública usuraria por medio de la destrucción de los gastos sociales – salud, educación, discapacidad, cultura y la ciencia. Milei ha promovido el desmantelamiento de los escasos dispositivos defensivos de la mujer -como los programas de acompañamientos a las víctimas o la línea 144 - asfixiadas presupuestariamente, con la colaboración del Congreso nacional y las 24 gobernaciones. Milei y Cuneo Libarona han anunciado que, en lugar de eliminar el femicidio de la sociedad, lo quieren eliminar del Código Penal. Si esa figura jurídica es impotente para frenar los crímenes contra la mujer, como ocurre de un modo general con todo el punitivismo (que castiga las consecuencias por incapacidad para destruir sus raíces sociales), su eliminación daría piedra libre al poder judicial digitado e inamovible, para encubrir todas las tropelías vinculadas a la violencia contra la mujer. La derogación del derecho laboral, con la consecuencia de aumentar la vulnerabilidad de la familia trabajadora, condena a las relaciones inter-personales a la ley de la jungla del mercado. La violencia en el hogar es inherente a un régimen social que ejerce su dominio por medio de la violencia laboral, política e incluso física a los explotados. La forma más extrema de ella son la guerra y el genocidio, hoy convertidas en moneda corriente por parte de las potencias imperialistas. La masacre en Gaza ha elevado la violencia mundial a la escala de la época del nazismo La violencia contra la mujer, en estas condiciones, es parte de una crisis de la humanidad general. Organización de masas, independiente La nueva marcha contra la violencia a la mujer, este martes 25, vuelve a colocar en el escenario estas cuestiones políticas. La política de los agrupamientos que rechazan trazar fronteras de clase entre explotadores y explotados, ha concluido en el inmovilismo. La lucha contra la violencia y el oscurantismo, hoy encarnadas en la barbarie de los Milei o Cuneo Libarona, exige una organización de masas de la mujer trabajadora. Las trabajadoras deben forjar su propia organización de masas, para luchar, en primer lugar, por sus derechos. A través de una lucha organizada por reivindicaciones apremiantes, desarrollará su experiencia y sus capacidades de acción. La emancipación de la mujer irá a la par de la emancipación de toda la humanidad de toda forma de explotación. La consigna es: Organización; organización de masas; organización política independiente de la mujer trabajadora. 25 de NOVIEMBRE, NI UNA MENOS POR LA ORGANIZACIÓN DE MASAS Y SOCIALISTA DE LA MUJER TRABAJADORA Concentramos a las 16.30 en Tacuarí y Avenida de Mayo LEER MÁS: La violencia contra la mujer debe ser combatida como una lucha de clases contra la violencia capitalista y contra la guerra imperialista Por la organización política independiente de la mujer trabajadora. Por Comité de Redacción, 21/11/2025.

La COP se encuentra en un proceso de vaciamiento avanzado. A principios de esta semana, la presidencia de la COP 30, ejercida este año por André Correa Do Lago, presentó el borrador de acuerdo para ser discutido y votado por las partes que componen la conferencia. En el último día de negociaciones, Alemania y Francia salieron a plantear que el borrador era imposible de firmar. La negativa fue acompañada por el secretario del clima de la UE Wopke Hoekstra, quien mencionó que un acuerdo que no contemple una hoja de ruta para salir de los combustibles fósiles era “inaceptable”. Clarín informó que “según un negociador que prefiere permanecer en el anonimato, China, India, Arabia Saudí, Nigeria y Rusia la han rechazado de plano” (21/11), refiriéndose a la hoja de ruta. Desde la COP 21, realizada en París en 2015, cuando se fijó como objetivo ideal desarrollar políticas de mitigación que mantengan el calentamiento global por debajo de los 1,5º C y evitar que sobrepase los 2ºC, han pasado ya 10 años. La característica fundamental de las discusiones anuales de los Estados Parte de la convención contra el cambio climático ha sido desde ese entonces, evitar toda resolución que implique acciones concretas de desmantelamiento de la industria energética fósil. El hecho de que 2024 haya sido el primer año en más de 170, en que se superó el aumento de la temperatura promedio anual en más de 1,5º, y de que Guterrez haya reconocido el fracaso del Acuerdo de París, pudo haber alimentado las ansiedades de los países de Europa para presionar por esta hoja de ruta. Pero las ambigüedades de la misma UE en cuanto a sus políticas de mitigación hacen pensar que su actitud rupturista en el último día, responde a un viraje de su política, luego del retiro de Estados Unidos del acuerdo de París y en el marco de una guerra arancelaria. 00 ¿Que dice el borrador? Lo sustancioso del borrador se refiere a tres puntos sensibles, el problema del financiamiento de la mitigación y la adaptación; el problema de la mitigación y la lucha contra el calentamiento global; y el problema de las barreras arancelarias. Este último punto, de cosecha propia de Lula y los Brics es el que arroja luz sobre las verdaderas diferencias que dividen las aguas en esta COP. 1. Financiamiento Respecto del primer punto, el borrador retoma las discusiones en las que quedó la COP 29 y que refieren al problema de quién paga los costos de la crisis climática . Tanto la infraestructura necesaria para la mitigación, como para la adaptación requieren de financiamiento. El texto propone “triplicar la financiación para la adaptación proveniente de fuentes públicas para 2030/2035 en comparación con los niveles de 2025” y, con este norte, “establecer un programa de trabajo de tres años en Belem” . Esto se suma a la financiación acordada en la COP 29 para la mitigación y que tiene como objetivo llegar a 1,3 billones de dólares para 2035, provenientes de fuente públicas y privadas. Las diferencias entre los estados parte se profundizaron respecto de este punto. Los mandatarios de los países más pobres han reiterado su reclamo de que los países más ricos -haciendo referencia a Estados Unidos y Europa principalmente- son los responsables de la mayor parte de la emisión de gases de efecto invernadero y que deben hacerse responsables de los costos del pasivo ambiental. Por su lado, los países de la UE, reclaman que algunos países del “Sur Global” han cambiado de jerarquía, refiriéndose a China, y que están en condiciones de elevar sus aportes. Lo cierto es que los países imperialistas, o han dejado de aportar a la lucha contra el cambio climático, o han reducido notablemente la financiación. Mientras Estados Unidos directamente se ha retirado del acuerdo de París y ha retirado cualquier aporte financiero, la UE se resiste a elevarlo. Solo por dar un ejemplo, el portal de noticias alemán DW, señalo que Alemania aportó en 2024, 6.000 millones de euros, mientras que el canciller Friedrich Merz dejó la COP la semana pasada sin aclarar cuál será el aporte de su país al fondo para la protección de bosques tropicales creado por esta conferencia. Lula mencionó en la apertura que “los hombres que van a la guerra”, en clara alusión a Trump, entenderían, de seguir siendo parte del acuerdo de París, “que es más barato invertir 1 billón de dólares en poner fin a la crisis climática, que invertir 2 billones en armas para ir a la guerra”. Por su parte, Petro, en la cumbre y unos días antes de la reunión de la CELAC en Santa Marta, afirmó que Europa no debía dejarse llevar por Trump y debía invertir en infraestructura de renovables en vez de seguir alentando la energía fósil, refiriéndose a la reorientación de la política energética europea, que, luego del comienzo de la guerra arancelaria de Trump, redujo sus gastos en la compra de tecnología renovable china y los aumentó en la compra de GNL a Estados Unidos. El aumento de los gastos en energía fósil, más cara, estadounidense de un lado, y el aumento de las inversiones en la industria armamentista, están en la base de las explicaciones del descenso de los aportes a la acción climática por parte de los dos financistas más importantes. 2. Mitigación El borrador retrocede respecto del acuerdo de 2023, firmado en los Emiratos Árabes Unidos, cuando finalmente se habló de un “alejamiento” de los combustibles fósiles, y no de un abandono, una diferencia semántica que obligó a la presidencia a extender varios días más la conferencia. El texto actual ni siquiera menciona el problema en términos de qué hacer con la producción de combustibles fósiles, sino que hace referencia al subsidio de los mismos: “Insta a las partes a que trabajen juntas para eliminar progresivamente, lo antes posible, los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles…” . Esto, cuando de los informes preliminares de la tercera tanda de NDC entregadas hasta el momento, surge que no solo se mantiene una brecha importante entre las políticas planificadas por los Estados y las necesarias para mantener una trayectoria de reducción de GEI coherente con la mantención del calentamiento por debajo de los 1,5ºC, sino que esta brecha, va camino a aumentar en los próximos años. Un bloque de países encabezado por Colombia, pero entre los que se encontraría la UE con Francia y Alemania a la cabeza, amenazaron con rechazar este acuerdo. La Ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, declaró que la omisión del “cierre de la frontera petrolera para 2040/2045 es un negacionismo climático”. La ministra tomó las palabras del mismísimo presidente de Brasil, Lula, cuando planteó al comienzo de la conferencia que esta “era la COP de la verdad”, oponiendo el estatus científico del concepto de calentamiento global generado por el hombre al negacionismo climático de Trump. Sin embargo, es esta misma presidencia de Brasil la que ha omitido en el texto una alusión tajante al problema de los combustibles fósiles. Lula mismo ha dicho que el no encuentra ninguna contradicción, en su trabajo por acelerar la transición energética siendo un estado petrolero. Plantea que los países en desarrollo tienen derecho a progresar y que, la riqueza petrolera debe servir para financiar la acción climática. Pero la renta petrolera, en el mundo, no se dirige a la inversión en energía renovable, sino a la especulación financiera. El comisario del clima de la UE Wopke Hoekstra planteó que era inaceptable esta ausencia. Las posiciones irreductibles por parte de la UE, ¡la más moderada!, llaman la atención luego de 10 COPs sin una definición tajante respecto de la cuestión de los combustibles fósiles. También llama la atención proviniendo de un ex funcionario de la petrolera Shell. La UE ha retrocedido varios casilleros en la transición energética hacia tecnologías bajas en emisión de carbono. Primero, con la guerra en Ucrania y la destrucción del Nord Stream 2, se vio obligada a comprar GNL más caro a Estados Unidos y, ahora, con la guerra arancelaria de Trump, se ha visto obligada a cancelar la ruta de inversión en renovables chinas. La tesis de la seguridad energética y de sus cadenas de suministro, impuesta a fuerza de golpes por las barreras arancelarias del napoleón norteamericano, ha llevado a Europa a aumentar sus proyecciones de emisión de CO2 en su sector energético, para el futuro, luego de varios años consecutivos de inversión en la transformación de su matriz energética hacia las renovables. Hoekstra había declarado el año pasado que el impasse de las negociaciones acerca de la financiación de la COP 29 se debían al “contexto geopolítico”. El funcionario de Von Der Leyen sabe perfectamente que la transición energética no se discute abstraída del escenario internacional. Su fundamentalismo anti-combustibles fósiles, busca torpedear al que aparece como el mayor impulsor en esta COP, Brasil, y por intermedio de este, a China y los BRICS. Pero también lo hace porque no quiere retroceder en otro casillero, en la competencia por los mercados de alimentos. 3. Las barreras arancelarias El último punto de discusión ha sido la novedad de esta conferencia, y en el radica el núcleo de las diferencias de la misma. En su última carilla, el borrador del acuerdo plantea una serie de opciones a elegir respecto de la relación entre “clima y comercio”. En una de estas opciones, plantea que “las medidas adoptadas para combatir el cambio climático, incluidas las unilaterales, no deben constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción encubierta del comercio internacional” . El punto alude a los aranceles al carbono impuestos por la UE a los productos alimenticios provenientes de actividades agrícolas realizadas sobre suelos cuyo uso ha sido modificado (deforestación). En realidad, la inmensa mayoría de las actividades agrícolas se realiza sobre otroras ecosistemas naturales que tenían otra función hace 30, 50, 100 o 500 años. La UE ha prorrogado los permisos para la utilización de agrotóxicos en sus campos por diez años. Los aranceles al carbono de la UE, buscan levantar una barrera a los alimentos importados desde América Latina, que tienen precios mucho más competitivos que los producidos por las granjas europeas. La barrera busca proteger la producción local, algo que va en contra de la mentada “libertad de comercio” tan vociferada por la ONU. Esta barrera se pone levantando la bandera de la defensa del Amazonas. Lula llamó a no ver al Amazonas como “una entidad abstracta”. Llamó a observar los desafíos sociales y económicos de sus 50 millones de habitantes y a tener en cuenta esta realidad a la hora de pensar en una adaptación justa. Es una forma de justificar su lucha contra los aranceles europeos, detrás de la bandera de las “particularidades” de las naciones a la hora de enfrentar el cambio climático. El presidente de Brasil oculta que no son las comunidades ancestrales ni tradicionales las que talan el Amazonas, sino los grandes ganaderos y productores de soja y las grandes empresas forestales y mineras. Las “particularidades” solo podrían ser tenidas en cuenta a la hora de la lucha por el cambio climático, si la propiedad de los campos de soja, de ganado o los campos petroleros en actividad, fuera controlada por los trabajadores, y no por el capital, que solo querrá expandir esa producción a costa de la renta producida. El punto de las barreras arancelarias no solo ha dado en el corazón de la política europea, cuyo acuerdo de comercio con America Latina está frenado desde hace 10 años por este problema. Ha dado también en el corazón de la mismísima política mundial, dirigida por el imperialismo norteamericano, cuando Trump ha pegado el volantazo hacia la guerra arancelaria contra China en el último año. La guerra arancelaria y la guerra militar son gemelas, y la primera irá marcando los tiempos de la segunda. Es llamativo que Lula pusiera este punto en los borradores del acuerdo, porque, esto si, es inaceptable de ser firmado por la UE, que es aliada de Estados Unidos en su cruzada contra China. En realidad, Lula ha hablado en nombre de los BRICS. Los BRICS, un intento de China de reagrupar detrás de sí a un conjunto de países emergentes muy importantes del “sur global”, se han declarado contra la guerra arancelaria y por la “libertad de comercio”. La libertad de comercio, en la era del capital financiero, es imposible, y China lo sabe, porque ella misma es una economía altamente concentrada en un grupo de pulpos subsidiados por el Estado. La aparición del problema de la guerra arancelaria en el borrador del acuerdo ha venido a mostrar que las contradicciones capitalistas han llegado a un punto explosivo, de manera tal que no solo no hay acuerdos ni posibilidad de “transacciones” sino que cada iniciativa de un lado, lleva a la ruptura del otro lado. Hace un año, desde estas páginas, dijimos que “De un modo general la falta de acuerdos en materia de “gobernanza” o “las peleas” están expresando que la política capitalista cerró su etapa de “diálogo”, como mostró la cumbre del G20, y muestra signos de ensimismamiento. El régimen político europeo tiende a un repliegue, de la misma manera que lo hace el norteamericano… El vaciamiento progresivo de las discusiones al respecto y de la misma conferencia, revela que la política burguesa comienza a recorrer otros caminos y “lenguajes” aún no totalmente definidos, pero que tienden a una resolución de la crisis capitalista por la fuerza. La discusión sobre el cuidado ambiental no tiene cabida cuando se comienza a dibujar en la cabeza de “los líderes” este horizonte.” La actitud rupturista de la UE, la más impulsora de todas de la cumbre climática, muestra las contradicciones irreconciliables del régimen social capitalista con el cuidado del medioambiente, porque él mismo, lleva en sus entrañas, la pulsión destructiva de la naturaleza y de la humanidad. Continuará... LEER MÁS: COP 30 y sus contradicciones insalvables Por Lucas Giannetti, 19/11/2025.

En la reunión del lunes 17/11 del Consejo de Mayo, el gobierno circuló un borrador de la nueva ley de educación: “Ley de Libertad Educativa” (Infobae 19/11), que derogaría a la actual Ley de Educación Nacional (LEN) 26.206 aprobada durante el gobierno de Kirchner en 2006. Con el eslogan de la “libertad educativa”, el proyecto oficial pone a la familia como núcleo del proceso educativo; el Estado pasa a ocupar un rol “subsidiario” (es el término que emplea el texto en varios artículos). Es bajo esta premisa que organiza todo su articulado. La educación pasa de ser un derecho social que el Estado debiera garantizar con su política pública, a ser el resultado de la elección de familias supuestamente “libres”. Esta visión justificará la profundización de la privatización educativa, ya que el Estado ahora deberá asegurar la igualdad en el financiamiento de la escuela privada o estatal garantizando así “la libertad de las familias” de elegir entre una u otra gestión. Bajo el mismo principio, habilitaría el financiamiento de las cuotas de las escuelas privadas que hayan elegido las familias. El principio de “libertad educativa” se extiende a los contenidos educativos, al resaltarse “el ideario” que la institución escolar ofrece a las familias con bajo el concepto de “Planes de estudios propios”. Esto multiplicará la fragmentación educativa actual entre provincias en una atomización educativa entre escuelas individuales: “b) Planes de estudio propios: aquellos donde el diseño curricular es elaborado por una institución de Educación Básica, (...) conforme a su ideario y proyecto educativo, (...) con sujeción a los contenidos mínimos comunes” (art. 27b). Las condiciones laborales de los docentes estarán subordinadas a estos principios en cuanto a su rol pedagógico, condiciones de trabajo y estabilidad laboral. Como se verá ¡una auténtica “reforma laboral” en el campo educativo! Fundamento doctrinario de la ley El artículo 1 (Cap. I “Principios rectores”) establece la jerarquía ideológica del cuerpo doctrinario del proyecto: “La familia es el agente natural y primario de la educación de los hijos.” El Estado pasa a ocupar un rol subsidiario del “rol preferente” de las familias: “Rol preferente de la familia, como agente natural y primario que posee el derecho y deber de orientar la formación de sus hijos (...)” “Subsidiariedad del Estado, que actúa como garante del derecho a la educación, asegurando acceso y validez, sin sustituir la responsabilidad familiar” (art, 3b y 3c, respectivamente). Profundización de la privatización educativa Se le da un marco legal a política privatista: “Financiar la educación en condiciones de equidad entre instituciones educativas estatales y privadas” (art. 11). Es decir, la escuela privada tiene igual derecho a ser subsidiada (hoy en más de un 70%!) que la población empobrecida a recibir una educación pública. ¡Y esto en nombre de la libertad educativa! En el capítulo de “Financiamiento del sistema educativo”, bajo el concepto de rol “subsidiario” del estado, se habilita el sistema de vouchers (aunque no use el término): “e) Subsidiariedad. Establece que el Estado debe intervenir de manera complementaria, apoyando a las instituciones educativas y actores sociales cuando éstos no puedan por sí mismos garantizar el derecho a la educación, sin reemplazar su iniciativa ni limitar su autonomía” (art. 67, inciso e). Es decir, si “los actores sociales” (familias y escuelas en la visión de la ley) “no pueden garantizar el derecho a la educación”, el Estado debe intervenir complementariamente. Podría, eventualmente financiar las cuotas de la escuela privada que la familia haya elegido. Una forma de privatización educativa, en la medida que el estado financia las cuotas que las familias pagan a la escuela privada, en lugar de destinar esos fondos a la escuela pública. Una reforma laboral y pedagógica reaccionaria en el terreno educativo “Las instituciones de Educación Básica poseen (...) la facultad de definir su régimen de gobierno interno, (...) determinar su régimen de personal (!), administrar sus recursos y decidir sobre sus políticas de admisión, permanencia y disciplina. En el caso de las instituciones educativas estatales, cada jurisdicción establece (...) el alcance de dicha autonomía (art. 37)” Todo esto representa la liquidación del Estatuto Docente. La escuela tiene la potestad absoluta de establecer las condiciones de trabajo docente (“régimen de personal”) y eventualmente su despido. La función de los directivos adquiere un carácter de gerente de personal. El artículo 97° afirma que “b [El Director podrá] seleccionar y proponer la contratación de docentes y personal no docente (...) c) Proponer la suspensión o separación del personal conforme a la normativa aplicable; d) Administrar los recursos humanos y financieros”. En el mismo sentido, los concursos docentes serán por establecimiento: “Los cargos docentes en los establecimientos estatales son cubiertos mediante concursos abiertos por establecimiento educativo” (art. 110). Y será el cuerpo directivo [quien] participa en el proceso de selección, evaluación y continuidad del personal docente, orientado a la adecuación del perfil del docente al proyecto institucional y a las necesidades pedagógicas del establecimiento, “(art 111). Todo esto sustituye a las juntas de clasificación por el cuerpo directivo. Si bien, el papel de los docentes en las juntas fue progresivamente disminuido, ahora directamente es el cuerpo directivo quien concentra todo el control sobre el acceso al cargo. No obstante, lo señalado, la función de los directivos estará bajo control de las familias: “En las instituciones educativas estatales, la conducción estará a cargo del Director (...) La participación de las familias se realizará a través de un Consejo Escolar de Padres (...) que ejercerá funciones de dirección operativa, tal como intervenir en los asuntos estratégicos y de control institucional, y el nombramiento y remoción del Director de la institución. Asimismo, el Consejo ejercerá funciones de orientación institucional, control y rendición de cuentas, y será consultado en los procesos de contratación y remoción del personal docente y administrativo. (...)” (art. 96). Para las escuelas privadas, el derecho al despido es taxativo: “Las instituciones educativas privadas tienen derecho a seleccionar, contratar, promover y remover a su personal docente y no docente conforme a su ideario y proyecto educativo, respetando la legislación laboral aplicable” (¡o sea, de acuerdo a la establecida por la ley Bases y la reforma laboral!). El ser titular ya no garantiza la estabilidad de un cargo. En el Capítulo “carrera docente” podemos leer: “La estabilidad laboral está vinculada al desempeño satisfactorio [y a] la formación continua” (art. 97). Es decir, la permanencia en un cargo está supeditado a un supuesto “desempeño y formación”, cuando estos debieran estar garantizados a partir del mismo ingreso al cargo por el cual se concursó con la formación debida. Luego, la carrera docente debiera determinar un currículum con el cual acceder a nuevos cargos. Además, la evaluación docente (cada cuatro años, según lo establece el proyecto) está supeditada al rendimiento escolar (art. 109, b). Es decir, se hace responsable al docente de las condiciones sociales del derrumbe educativo. Eliminación del derecho de huelga “(...) La educación general básica será considerada servicio esencial, debiendo garantizarse durante toda medida de fuerza o conflicto colectivo la continuidad mínima del servicio educativo y el derecho de los alumnos a recibir educación. La autoridad competente establecerá los (...) servicios mínimos (...) que aseguren el cumplimiento de este principio (art. 42). En la práctica, la eliminación del derecho de huelga. Un ataque a la educación laica El art. 33 del proyecto de ley habilita la enseñanza confesional en la escuela pública: “Las jurisdicciones pueden ofrecer enseñanza religiosa confesional, optativa para los alumnos, en las instituciones de Educación Básica estatales fuera del horario escolar regular.” Aquí es preciso señalar que, en varias provincias, sus Constituciones (Cartas Magnas provinciales) ya lo permiten (Salta, Tucumán, Catamarca, entre otras). Sin embargo, a partir de ahora, tendrán el aval jurídico del Estado nacional y más provincias podrán sumarse sin conflicto. Restricción a la libertad de cátedra El proyecto liberticida restringe la libertad de cátedra a los preceptos establecidos oficialmente por la escuela. Es decir, en la práctica no existiría tal libertad de cátedra: [Los docentes tienen el derecho] “b- Al ejercicio de la docencia sobre la base de la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza, en el marco de los principios establecidos por la Constitución Nacional y el ideario institucional del establecimiento en que se desempeñen” (art. 100). Mientras que en la LEN vigente, la única restricción al respecto es constitucional: [Los docentes tienen el derecho] “Al ejercicio de la docencia sobre la base de la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza, en el marco de los principios establecidos por la Constitución Nacional.” Impulsemos en las escuelas una deliberación por la huelga general Ante esta situación, CTERA se ha limitado a sacar un breve comunicado en su página web: “Alerta en la docencia por el borrador de la reforma educativa” sin ningún llamado a enfrentarlo, ni asamblea para organizarse. Por otra parte, en ningún momento del texto se asocia esta reforma educativa con la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional. Hacerlo hubiese significado asociar una lucha docente contra esta reforma educativa con el conjunto de los trabajadores por sus condiciones de trabajo. Es que no se puede esperar otra cosa. Todas las corrientes de la burocracia sindical se aprestan a discutir la reforma laboral, cuando de lo que se trata es de organizarse para derrotarla. Los docentes necesitamos deliberar y resolver un curso de acción. Nada de esto vendrá de una burocracia que “discute” con el gobierno la reforma laboral. Impulsemos asambleas autoconvocadas por una huelga general.

El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) difundido este lunes, en base a una pequeña muestra de testeos, informa que el Covid es ahora a nivel nacional el virus respiratorio de mayor circulación, por sobre el de Influenza y el VSR (Virus sincitial respiratorio). De acuerdo al BEN, durante las semanas 44 y 45 se estudiaron apenas 154 muestras de gente que se acercó a las guardias y 37 dieron positivas para Covid. Es decir, una positividad del 24 por ciento. El aumento de casos se vincula con la propagación de la nueva variante Frankenstein, el último linaje conocido de Ómicron. Según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta cepa actualmente ya representa más del 73 por ciento de todos los casos de Covid en el mundo. A nivel nacional, el último BEN da cuenta de que dicha variante representa un 29,59 por ciento, aunque estos datos son cuestionados por algunos especialistas por no mostrar diferencia en su variación respecto al informe publicado en el mes de octubre (Clarín, 15/11/2025). En este contexto, varias provincias denunciaron que se encuentran a la espera de la entrega de un nuevo lote de vacunas del laboratorio Pfizer sea distribuido por el gobierno nacional. Este reclamo fue iniciado por la provincia de Formosa, al cual se sumó Mendoza. Desde el programa de vacunación de la provincia de Mendoza declaran que quedan pocas dosis, pero que además las que quedan tienen fecha de vencimiento para el 21 de noviembre. En Misiones quedan algunas dosis del laboratorio Moderna y que están a la espera de la entrega del nuevo lote de Pfizer. Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, quedan pocas dosis, y denunciaron que “Nación no está entregando". Se supone que tiene una compra en curso, pero no nos confirman cuándo entran”, denunciaron (Clarín, 20/11/2025). Desde el Ministerio de Salud refirieron que hay una demora administrativa en la liberación de un lote de vacunas que ya se encuentra en el país y que están trabajando con los organismos competentes para agilizar su distribución. Los casos de coronavirus en la provincia de Formosa en particular están en aumento crecientemente. En la última semana, de los 1.422 test de vigilancia y búsqueda activa de casos realizados, 341 de ellos arrojaron resultados positivos. Este número implica una fuerte alza frente al 7,9% de confirmados de hace un mes. A su vez, las autoridades provinciales reportaron 408 casos activos y 164 altas médicas, no habiendo pacientes internados cursando esta enfermedad en la actualidad. Como medidas de prevención, desde la cartera de salud de Formosa hicieron hincapié en medidas de autocuidado. La vacunación contra el Covid ha disminuido en forma superlativa, aumentando la potencialidad de padecer la enfermedad de forma grave. La caída en picada de la tasa de vacunación no sólo impacta en la prevención del Coronavirus, sino que se refleja en el resurgimiento de enfermedades que se consideraban erradicadas como el Sarampión y la tos convulsa. A nivel mundial se detecta un resurgimiento de brotes de las mismas producto de la baja tasa de vacunación. No estamos ante un fenómeno de índole personal, sino frente a una tendencia mundial. Programas y áreas destinados a la prevención de la salud son desmantelados, con despidos de personal y recortes. Es lo que se observa en la crisis ocasionada por el gobierno de Trump y Kennedy en los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos y en el vaciamiento de áreas enteras en el Ministerio de Salud y hospitales en nuestro país. En oposición a la privatización del sistema de salud bajo el argumento de “eficiencia estatal” y de cuestionamiento a la efectividad de las vacunas, se hace necesario debatir un programa: nacionalización del sistema de salud bajo control de trabajadores y usuarios que permita el acceso a la prevención y el cuidado de la salud de forma gratuita para la clase obrera. Fuentes: El conteo de los casos COVID-19 en el cierre de semana reflejó un nuevo ascenso, 17/11/2025. La variante "Frankenstein" del Covid avanza con fuerza y datos insólitos sorprenden en un informe argentino En pleno rebrote de casos de Covid hay un problema con la vacuna de Pfizer y ya falta stock en algunas provincias Una provincia que aún testea contra el Covid registra un rebrote de casos y vuelve a medidas de la pandemiaben 782 se_45.pdf “Enorme peligro”: la comunidad científica pide suspender el evento antivacunas en el Congreso – Página12 LEER MÁS: Aumentan los casos de Covid en Argentina Los datos que arroja el Boletín Epidemiológico Nacional. Por Daniela Magoc, 10/10/2025.

La fecha del 25 de noviembre evoca el crimen político de tres mujeres: las hermanas Minerva, María Teresa y Patria Mirabal, en 1960. Las hermanas Mirabal o “las Mariposas”, como se las conocía en la clandestinidad, fueron asesinadas por el régimen de Rafael Trujillo, el dictador que gobernó la República Dominicana durante más de treinta años. Trujillo se formó como militar bajo la tutela de los marines americanos, durante el largo período de ocupación yanqui de su país. Cuando Estados Unidos se retiró de Dominicana, dejó a Trujillo al frente de la comandancia militar y, por esa vía, del poder político. El “chivo”, como era popularmente conocido, representó, junto con Somoza en Nicaragua y Batista en Cuba, la saga de dictadores centroamericanos encargados de cuidar el “patio trasero” del imperialismo yanqui entre los años 30 y la segunda postguerra. El número de crímenes políticos ejecutados por Trujillo se estima en unos 50.000 Entre ellos, la masacre ejecutada en 1937 contra los haitianos que vivían en su país, en medio de una furiosa campaña xenófoba y antimigratoria. Trujillo se caracterizó por organizar conspiraciones criminales dentro y fuera de la República Dominicana, en función de los intereses norteamericanos. Pero por eso mismo, la resistencia a su régimen mantenía fuertes vasos comunicantes con los opositores centroamericanos a las otras dictaduras. Una de las expresiones de esta colaboración tuvo lugar el 14 de junio de 1959, cuando un grupo de exiliados dominicanos, apoyados por revolucionarios cubanos enviados por Fidel Castro, intentaron invadir Dominicana para derrocar a Trujillo. La tentativa fue sangrientamente sofocada, pero la fecha del “14 de junio” fue el nombre que adoptó el Movimiento Revolucionario que tenía, entre sus líderes, a Manolo Tavárez Justo y Minerva Mirabal. Tavárez y Minerva sufrieron persecución, cárcel, tortura y -en el caso de Minerva- violaciones a manos de los esbirros de Trujillo. La misma suerte corrieron su hermana María Teresa y su compañero. En 1960, Trujillo decide liberar a las dos hermanas Mirabal, y trasladar a sus esposos a una cárcel más cercana a sus domicilios. Ese gesto supuestamente “magnánimo” del dictador sólo preparaba la emboscada final: al regreso de una de las visitas a sus compañeros, el auto que llevaba a las hermanas Mirabal -además de Minerva y María Teresa, también viajaba su hermana menor Patria- fue interceptado por un “grupo de tareas” de Trujillo. “Las Mariposas” fueron secuestradas y brutalmente asesinadas. Luego, las introdujeron en el auto que manejaban y las arrojaron a un barranco, para simular un accidente. La conmoción provocada por el asesinato de las hermanas Mirabal acercó el fin de la dictadura de Trujillo. Temeroso de que en Dominicana se replicara otra Revolución Cubana, el propio imperialismo y la CIA organizaron el asesinato “preventivo” de Trujillo, apelando a elementos del régimen. En los años siguientes, el Movimiento 14 de junio organizó focos de resistencia armada en todo el país, contra el recurrente intervencionismo yanqui. El día de la no violencia El asesinato de las hermanas Mirabal fue, sin lugar a dudas, un crimen político. Pero el régimen que lo perpetró hacía de los vejámenes y violaciones una de las manifestaciones características de su prepotencia. Una magnífica novela de Vargas Llosa, “la fiesta del chivo”, relata con crudeza las perversiones de los personeros del régimen, comenzando naturalmente por el propio Trujillo. En 1981, tuvo lugar en Colombia lo que se conoció como el “primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe”. Las crónicas de ese encuentro dan cuenta de una lucha política entre un ala partidaria de abordar las reivindicaciones de la mujer de un modo “particular”, -con “independencia” de las luchas de clases sociales- y otra “ala” defensora de asociar a la lucha de la mujer “con la clase obrera” y los movimientos revolucionarios del continente. En cualquier caso, acordaron por unanimidad consagrar al 25 de noviembre, día del asesinato de las hermanas Mirabal, como jornada contra la violencia a la Mujer. Casi veinte años después, en 1999, las Naciones Unidas establecieron esa fecha como la conmemoración “oficial” por este asunto. Como suele ocurrir, la “institucionalización” del 25N cumple un rol esencialmente encubridor, en este caso, de los estados y regímenes que proclaman la “protección universal” de la mujer mientras, al mismo tiempo, participan o son cómplices de los crímenes y hasta genocidios - como ocurre hoy con las mujeres palestinas- perpetrados a cuenta del imperialismo.

Los diarios y todas las redes sociales están inundando las fuentes de información sobre los escándalos de la conducción de la AFA. Lo que pasa en la AFA aparece como un tema aún más destacado que la masacre de los sionistas a Gaza, o más importante que la intervención militar yanqui a Venezuela o el saqueo indiscriminado de la política económica de Milei como socio colonial de los Estados Unidos. El escándalo que involucra directamente al presidente de la AFA, “Chiqui” Tapia, consiste en, sin siquiera obtener un acuerdo previo, otorgar nuevos títulos (Caso Rosario Central), manejar descaradamente el arbitraje para favorecer esta promoción y chantajear a los presidentes de los clubes argentinos, la gran mayoría con cuantiosas deudas para que acepten las decisiones arbitrarias de la AFA. Resultante de esto, el fútbol local se ha transformado en un campo de batalla donde de siete jueces que dirigen un partido no dan ninguna garantía de cumplir su cometido. Lo primero que hay que señalar es que detrás de esta política de la AFA de “promover” a cualquier costo a primera A nuevos equipos o de sumar campeonatos y sumar títulos es una política que, con “sus propios métodos”, “Chiqui” Tapia lleva adelante tratando de emular de los lineamientos generales del fútbol mundial. La proliferación de campeonatos en la Argentina es parte de una tendencia mundial que parte de la misma FIFA de hacer proliferar en todo el mundo nuevos equipos de fútbol, nuevos estadios y la proliferación de campeonatos y, con ello, la amplificación a nivel mundial de todos los negocios del fútbol, abriendo nuevos mercados. El ejemplo más contundente sobre esto es el próximo mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los mundiales empezaron con 13 equipos en el 30, pasaron luego a 24, luego a 32 en Francia 98 y ahora serán 48 en el 2026, con la multiplicación de eliminatorias en todo el planeta a lo que hay que sumarle eliminatorias y campeonatos mundiales de los llamados “sub”. La propia eliminatoria latinoamericana ya prácticamente ha aumentado a siete equipos la posibilidad de participar en el mundial ilustrando de que la línea es todos adentro; más partidos. más negocios. Fuera del ámbito mundial, en la gran mayoría de los países del mundo hay una tendencia de esta naturaleza. En Brasil, el promedio entre partido y partido no excede los cinco días y en Europa se está llegando a los mismos niveles con el complemento de que también se han sumado nuevas competiciones en los campeonatos intercontinentales de clubes; y también con la creación del Mundial de Clubes. Además, hay dos nuevos campeonatos en la UEFA y dos nuevos campeonatos en África. La idea central que brutalmente lleva adelante Tapia es, como en la economía capitalista, la de “abrir nuevos mercados”, más jugadores, más equipos, más estadios y “libre importación”: en Brasil ya se puede tener siete extranjeros por equipo; en Argentina seis, pero en Europa pueden ser todos de distintos países, pues se consideran sólo extranjeros los extras comunitarios (los que vienen de otro continente). Es decir que, siendo europeos, los 11 pueden ser de distintos países. Hay un proyecto de la FIFA para que se tome este criterio en cada continente, con lo que Boca y River pueden llegar a tener un cuadro de todos extranjeros del continente. La ampliación de los negocios del fútbol es inmensa. Ya no corren sólo los derechos de la televisión, la venta de entradas o los sponsors de los clubes. Ahora la proliferación de partidos de fútbol acelera las Sociedades Anónimas. Proliferan fundamentalmente en Estados Unidos los clubes como franquicia y un aspecto no menor en los negocios es un salto descomunal en las apuestas deportivas publicitadas por los grandes jugadores del fútbol mundial. El “crimen” de Tapia es lo burdo: manejar arbitrariamente esta tendencia mundial. Tapia se mantiene en la dirigencia de la AFA por el crédito que le da la selección nacional pero este crédito se está agotando.

Hacia lo que fueron las asambleas ordinarias del SUTEBA, nuestra corriente fue censurada de participar de las listas que presentó la Multicolor para las juntas electorales seccionales para las elecciones sindicales del 2026. Este veto se desarrolló en las reuniones con agrupamientos docentes que se referencian en la Multicolor de las que participamos, mayormente integradas por el FITU y otros como el Encuentro Colectivo (conducción del SUTEBA Bahía Blanca), en vísperas a las asambleas. Allí se abordó con exclusividad precisamente la cuestión de las juntas electorales que, en nuestro entendimiento, debía integrarse en común por todas las corrientes opositoras con presencia en el distrito para enfrentar las maniobras fraudulentas de la burocracia Celeste en el proceso electoral. Abordado el tema, el aparato del PO encabezó la extorsión de que, para integrar esas juntas electorales, debíamos retirar nuestra política gremial y votar la que presentaría la “Multicolor”, que no había sido publicada hasta ese momento y tampoco lo haría hasta unas horas antes de las asambleas, a posteriori incluso de la publicada por La Celeste. En las asambleas, sin embargo, los puntos son abordados separadamente y con razón. La votación referida a la política gremial es eminentemente política, porque se esbozan caracterizaciones y perspectivas sobre la situación política, internacional, el rol de la burocracia, las estrategias y métodos para luchar. Con las limitaciones insalvables impuestas por la burocracia Celeste, es la oportunidad de presentar una agenda estratégica al activismo docente en un cuadro de ofensivas salariales, laborales y educativas. Las seccionales de la Multicolor no llevan adelante, desde hace un largo tiempo, una campaña en torno a este punto sobre el activismo docente. Cuando consultamos sobre el contenido de dicha política gremial sobre la cual se pretendía impugnar nuestra participación en una junta electoral, se nos respondió literalmente que “no tenía importancia”. Es decir, había que votar ciegamente por un documento político, que no discutió ninguna agrupación ni docente como muestra de “fidelidad” a la Multicolor. Desde hace un tiempo, nuestra corriente ha propuesto una política gremial propia en estas asambleas , a raíz de las divergencias precisamente estratégicas que se han manifestado con las principales corrientes de la Multicolor, encabezadas por la oposición entre la lucha por una huelga general y autoconvocatorias para la docencia, contraria a las repetidas ‘exigencias’ a Baradel por un ‘plan de lucha’. El documento de política gremial de la Multicolor tiene unas largas 26 páginas y, como se dijo, se publicó horas antes de las asambleas. Evidentemente no fue leído ni objeto de discusión alguna, incluso de parte de sus suscriptores. No obstante, no se exime allí de hablar, por ejemplo, de la existencia de un “guerrerismo en el marco de una competencia entre potencias imperialistas” y se llama a rechazar “la injerencia imperialista y del FMI en Argentina y América Latina” para lo que es en verdad es un escenario de guerra mundial imperialista y un protectorado financiero que engrana profundamente a la Argentina en ese escenario. Solo por esto no podríamos suscribir tal documento político que presenta un encuadre alejado de la realidad que debemos enfrentar los trabajadores. La ‘clausula’ supone entonces votar por planteos programáticos que no se conocen o, fundamentalmente, con los cuales no se acuerda. Es un tabicamiento burocrático para resolver sobre una acción práctica concreta, como es una junta electoral. Nuestra corriente, en su larga trayectoria (cuando fundó e integró Tribuna Docente y ahora con la Tendencia Docente Clasista), ha sostenido el método de la ‘claridad en la unidad’ entre las corrientes obreras y de izquierda, en donde las divergencias políticas aseguran una acción practica porque se clarifican las perspectivas con las cuales cada protagonista interviene en ese proceso. En cambio, los promotores de estas imposiciones hacen el mayor de los esfuerzos para esconder sus divergencias, incluso estando todos de acuerdo en una ‘sola’ política gremial. Se hace algo peor, que es suscribir y votar un documento que luego no es defendido por nadie, porque cada corriente interviene y habla con sus propios planteos, incurriendo en contradicciones flagrantes. Por caso, durante las asambleas y el congreso ordinario del SUTEBA , los voceros del Partido Obrero se manifestaban por la ‘huelga general’, inexistente en el texto de la Multicolor. En el mismo sentido, otros defendieron la postura de ‘luchar todos juntos’ (MST, Encuentro Colectivo/Gandolfo), es decir con Baradel, o incluso algunos fueron más allá, porque propusieron constituir con él un ‘partido de los trabajadores’ en el caso del PTS. Los ‘unitarios’ de documentos ‘programáticos’ no renuncian a fuertes y largas pendencias cuando se trata de disputar lugares en listas, valiéndose de ataques meramente faccionales y circunstanciales, como sucedió efectivamente en esta ocasión para la presentación de listas de juntas electorales. Todo esto luego de protagonizar una guerra civil en el SUTNA y de una reciente división en el sindicato docente capitalino de ADEMYS en donde los que exigen ‘fidelidad’ votaron juntos una política gremial para luego presentar listas divididas hacia las próximas elecciones. Estamos ante un evidente cuadro de ‘oportunismo de aparato’ en donde los programas sindicales y políticos carecen de importancia. En el caso del aparato del PO, se trata de una gangrena que llevó a la expulsión de todo un partido y que ha derivado en el seno de los sindicatos a un trabajo liquidacionista . Lo más importante de todo es que, documento de ‘política gremial’ común mediante, las seccionales de la Multicolor ya actúan en la práctica divididos , como se ha visto desde hace años. A los pocos días de votada esta política gremial, la seccional de Tigre promovió un paro provincial docente junto con ATE mientras que en Bahía Blanca se rechazó esta perspectiva, y no es la primera ocasión. La ‘política gremial’ de la Multicolor es, a todas luces, papel mojado. Existe un antecedente de este comportamiento burocrático, cuando se nos excluyó de las juntas electorales en las elecciones pasadas en La Matanza (en la cual la Multicolor incluyó al PCR, enrolado con la Celeste y el peronismo) y Bahía Blanca. Fuimos parte finalmente de la lista provincial Multicolor y de las seccionales, a excepción de Bahía Blanca, en donde decidimos presentarnos con lista propia . En esa presentación, ya fue inexistente una discusión programática, reemplazada por una tediosa discusión sobre los lugares en las listas, con el FITU como protagonista. Esta nueva maniobra apunta de nuevo a buscar una exclusión de nuestra corriente en una eventual lista común o alternativamente a una marginalización, sobre premisas burocráticas. Nuestra corriente, como lo hemos señalado, presentó su política gremial en las asambleas de las que fue parte. Al momento de votar las juntas electorales, votamos las presentadas por la Multicolor.

Los reemplazos de los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, según acaba de oficializar el gobierno, serán ocupados por Alejandra Monteoliva en Seguridad y Carlos Alberto Presti en el Ministerio de Defensa. Bullrich y Petri deberán dejar sus cargos para asumir, el 10 de diciembre, sus bancas en Senadores y Diputados, respectivamente. Otras vacantes que aún faltan cubrir son la dirección de Migraciones, un nuevo secretario de Seguridad, y al subsecretario de Articulación Federal. La designación deja vacante también la dirección del Ejército, ya que Presti se desempeñaba como jefe del Ejército Argentino desde que había asumido por decreto en medio de un conflicto interno en enero de 2024. Por ese motivo, los medios han destacado que se trata de la primera vez desde la restitución democrática que hay un militar al frente de la cartera de Defensa. El gobierno hizo énfasis en esta decisión en un comunicado que aseguraba que están “inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”. En el caso de Monteoliva no hubo sorpresas. Según confesó el gobierno, “ha sido una pieza fundamental de la ‘Doctrina Bullrich’”, entendida como la lucha contra el “narcoterrorismo” y “organizaciones criminales” (la falsa carátula que usa Trump para intervenir militarmente América Latina). Monteoliva había sido Ministra de Seguridad en el gobierno cordobés de José De la Sota en 2013, y despedida tres meses después en medio de un narcoescándalo. El nombre de ésta ahora número dos de Bullrich “era el que más sonaba para seguir al frente del área, ya que era promovida por la ministra saliente”. Diferente fue el caso del saliente Petri, que tenía sus propios candidatos para reemplazarlo en el cargo y que fueron desestimados. El designado Presti ha sido definido por los medios como un hombre de Karina Milei, quien habría sido la responsable directa de elegirlo para el cargo. “Hasta este sábado jefe del Ejército -cargo que ocupaba desde que asumió Javier Milei- fue a visitar a la hermana del presidente varias veces a la Casa Rosada. Allí llegaba vestido de traje y corbata, o sea de civil -como el cargo que va a ocupar ahora-, con la excusa de hablar de los Granaderos, el cuerpo militar al que los hermanos Milei les han dado enorme importancia. Los Granaderos tienen a su cargo la custodia presidencial y ese cuerpo depende de la Casa Militar, que comanda Karina” (Clarín, 22/11). La designación de un hombre de la hermana del presidente llega semanas después de que se desatara un conflicto entre los Milei con el jefe de la Armada, quien también estría de salida, ante la negativa del Almirante de llevar un destructor argentino como apoyo naval a la flota del Comando Sur al Mar Caribe en la línea del “narcoterrorismo”, donde se prepara una acción militar contra Venezuela. El almirante adujo la obsolescencia del destructor, aunque trascendió que tenía reservas debido a la ilegalidad que comportaría esta acción no autorizada por el Congreso. El nombramiento de Presti viene a generar además una situación de cambio disruptivo en la cadena de mandos y entre las distintas ramas de las fuerzas, debido a que la costumbre castrense (no codificada) indica un orden jerárquico por antigüedad, como el del hasta ahora jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac, otro candidato que se mencionó para el puesto. Es lo que sucedió cuando Presti asumió la jefatura del Ejército, que debieron pasar a retiro 23 generales más antiguos, en lo que se llamó una de las mayores “purgas” en la historia de la cúpula del Ejército . La designación de un militar al frente del Ministerio de Defensa tiene la intención de contener una crisis profunda entre las Fuerzas Armadas que ha tenido diferentes episodios desde que asumieron los Milei . Para Clarín, se trata de “un guiño [de Milei] a las Fuerzas Armadas, donde prima el malestar por los bajos salarios que se tradujeron en alrededor de 18 mil bajas -14 mil en el ejército- desde diciembre de 2023, un verdadero éxodo”. Pero la decisión de designar a Pestri puede tener su efecto contrario, según explica el diario, porque debido a la distorsión de los mandos “puede generar fuertes internas en medio de los serios problemas económicos que enfrentan las fuerzas, la crisis de la Obra Social conocida como IOSFA, entre otros. Presti no está vinculado a la política, y esa debilidad no es bien vista”. La propia llegada de Presti a la jefatura del Ejército se produjo “en medio de una crisis insólita para un gobierno que llegó al poder con el beneplácito de la familia militar” (Clarín, 24/01/25). Según Página/12, “todavía resuenan los ecos del malestar que generó la decisión de elegir a Presti, lo que provocó el pase a retiro de 21 generales”. La puja de los Milei por tener un control mayor sobre las Fuerzas Armadas viene desde la llegada misma al poder , cuando designó a la fórmula presidencial que había sido rival (Bullrich-Petri) para ocupar los cargos que habían sido prometidos a su vice, Victoria Villarruel, con fuertes vínculos con el Ejército y los exdictadores genocidas . Presti es el hijo Carlos Roque Presti, militar acusado de crímenes de lesa humanidad contra 44 personas, que murió sin ser juzgado. El ministro de Defensa del peronismo, Agustín Rossi, salió al cruce de la designación afirmando que “a lo largo de más de 40 años, logramos consolidar la conducción política de la defensa bajo la dirección del poder civil. Con esta designación las Fuerzas Armadas quedan involucradas en el destino del gobierno, cuando deberían ser preservadas de cualquier circunstancia política”. Rossi olvida la designación de Milani, represor de la dictadura, al frente de los espías del Estado . Pero Presti, además, cuenta en su formación con haber sido jefe del batallón argentino de la “Misión de Estabilización de las Naciones Unidas” en Haití, es decir la intervención militar instalada en el 2004 bajo las órdenes de la Estados Unidos, que se retiró luego de 13 años de desastre, con denuncias de abusos y violaciones múltiples, de la cual Argentina participó bajo el gobierno de los Kirchner.

Se reactivó el fuego en un galpón lindante a Logischem, dedicada al almacenamiento de químicos, que, según confirmaron las pericias, sería el lugar de origen del incendio y posterior explosión. Un ex empleado que se desempeñó allí hasta hace poco aseguró que "el depósito siete no tenía las medidas de seguridad necesarias contra incendios”. Ante la consulta sobre cuál fue la parte que se mantuvo con la menor cantidad de daño, el ex empleado respondió: “La nave 1, 2 y 3, que son las que dan a la ruta porque eran las únicas de todo el establecimiento que tenían los sprinklers (rociadores automáticos contra incendios)”, señala. Y agrega que todas las otras naves 4, 5, 6, 7 y 8 no tenían sistema de sprinklers. Nunca lo habían colocado y tenían productos inflamables. Mezclaban todo tipo de cosas, era una bomba de tiempo eso...". Se estima que la inversión en seguridad industrial a nivel nacional es casi nula (en la época de los sensores digitales de IA). No se fabrica y menos se asegura. La mayoría de los "popes" industriales se dedica a cumplir con los requisitos mínimos legales. Y ni hablar de la sustitución de producción de mercancías por la importación. Fabulosas ganancias para ellos. Inseguridad para los trabajadores. Desde Política Obrera hemos alertado a los trabajadores acerca de la responsabilidad del gobierno municipal en el descomunal incendio y explosión ocurrido en el polígono industrial de Spegazzini, Ezeiza. Responsabilidad que comparte con el gobierno provincial, nacional, todo el arco industrial-empresarial y la burocracia sindical cómplice. Las condiciones de trabajo en las que se desarrollan las tareas, los estudios sobre "impacto ambiental" y los controles de "seguridad e higiene" tienen que estar en la agenda de todas las asambleas obreras. Spegazzini fue la gota que derramó el vaso; pero no la única. Recientemente hubo otros siniestros de gran alcance, en Cañuelas y Morón. La explosión de una "noria" (equipo que maneja el cereal) hizo activar las alarmas en la planta de Molinos Río de la Plata, de Cañuelas, zona de los silos; no se registraron heridos, pero el fuerte ruido hizo activar las alarmas y obligó a evacuar la planta. Por otro lado, un incendio generalizado destruyó una fábrica de poliuretano (plásticos) en el parque industrial DECA de Haedo, Morón; 9 dotaciones de bomberos pudieron contener lo que hubiera sido una verdadera catástrofe, teniendo en cuenta que enfrente se encuentra el parque industrial La Cantábrica. La Zona Sur del Gran Buenos Aires también se vio afectada por varios incendios de gravedad. Apenas transcurrían 21 días del mes de enero un incendio considerable se desarrolló en el depósito de una fábrica de membranas (impermeabilización) de Lanús Oeste, los bomberos pudieron contener el fuego, originado por "material bituminoso altamente inflamable". Otro incendio en Lanús acaeció el 29 de julio; donde una fábrica de sillones (muebles y tapicería) tuvo un incendio de grandes dimensiones, donde trabajaron 13 dotaciones de bomberos y varias personas fueron asistidas por la inhalación de monóxido de carbono. Una fábrica de colchones del parque industrial de Esteban Echeverría dio la nota ya que se incendió en marzo y el 29 de agosto; este último con columnas de fuego que se veían a kilómetros de distancia y hubo que evacuar a los vecinos en forma preventiva. La clase obrera se encuentra ante un volcán de ‘accidentes’ industriales. LEER MÁS: Ezeiza: explosión e incendio en el Polígono Industrial de Spegazzini "Dime de qué te jactas..." . Por Gabriel Cañete, de Ezeiza. Militante de la Tendencia Docente Clasista y Delegado del SUTEBA, 16/11/2025.

Las contradicciones de clase del feminismo no han demorado en aparecer luego del fracaso del kirchnerismo y de sus seguidores de izquierda para resolver o atemperar el deterioro social, la desigualdad, la discriminación y la violencia que afectan a la mujer trabajadora. El feminismo ‘nacional y popular’ ha sido incapaz de establecer una organización de masas de la mujer, el arma fundamental para luchar contra la opresión. No ha podido ni sabido salir de la jaula de los ‘coloquios’ de cúpula. La organización de masas de la mujer trabajadora, por su lado, requiere un programa vigoroso de reivindicaciones que es incompatible con el Estado burgués, él mismo basado en la explotación social, la discriminación y la violencia. El ajuste populista, mediante la inflación, y el de la motosierra libertaria, que se vale de la expropiación de derechos y conquistas que han valorizado a la fuerza de trabajo, han agravado la miseria social de las familias trabajadoras, de sus mujeres y de sus niños. Los mismos factores que han llevado a la victoria de Milei (la bancarrota capitalista, de un lado, y la confusión sembrada por el nacional-izquierdismo, del otro) se han conjugado para desenvolver un “feminismo de derecha” que vuelve a dejar en evidencia que el feminismo como categoría social identitaria (homogénea) esconde contradicciones insuperables. Históricamente, la organización de masas de la mujer se ha desarrollado por la iniciativa de las mujeres de partidos socialistas y comunistas de masas. La ausencia de partidos obreros poderosos no invalida, sin embargo, la necesidad de la organización independiente de la mujer trabajadora, solamente modifica los métodos que deben formar parte de la lucha por la construcción de partidos obreros revolucionarios mismos. El desplazamiento político del kirchnerismo por LLA ha tomado su correlato en el movimiento feminista. A diferencia de Milei, sin embargo, que ha descalificado al feminismo, esta derecha pretende imponer su agenda en el movimiento de mujeres. El feminismo de derecha es descripto mediante numerosas entrevistas en un libro de reciente aparición (Sin padre, sin marido, sin Estado) que la revista Nueva Sociedad resume mediante una entrevista a sus autoras (Melina Vázquez y Carolina Spataro) en su edición de septiembre último. Las libertarias en cuestión están repartidas en varias tiendas: Mujeres Liberales Argentinas, Mujeres por la Patria, Pibas libertarias, Las Pibas Progresan y el capítulo argentino de Ladies of Liberty Alliance. Las libertarias redefinen la lucha contra “el patriarcado”. Mientras que el feminismo convencional lo describe como una cuestión de género que deriva en la lucha contra el “machismo” o la “masculinidad tóxica”, las libertarias lo centran en el Estado. De lo que se trata es de “emancipar” a la mujer del Estado mediante la “autonomía económica” y el “empoderamiento” personal. En la mayor parte de los países, sin embargo, el patriarcado ha sido abolido como figura legal, lo cual ha servido para mostrar, debido a la persistencia de opresión de la mujer, incluso su agravamiento, que esa opresión radica en el sistema económico, o sea, en el modo de producción capitalista. La presencia de la mujer en el trabajo productivo la prepara políticamente para una emancipación social ligada a la lucha de clases. Aunque este modo de producción se encuentra en un estado agonizante, las burbujas financieras han servido para hablar de un “empoderamiento” de mercado; es lo que justifica procurar la “educación financiera” para ganar una autonomía ‘real’, que ha cobrado difusión desde hace un tiempo. Las bolsas internacionales han crecido en varios cientos por cientos, habilitando la fantasía de la autonomía financiera individual. La liberación de padre, marido y Estado pasa por el bolsillo y no por derechos políticos conquistados mediante una lucha contra el capital y el Estado. De esto se trata el feminismo libertario, que ha salido a disputar al feminismo una hegemonía política, luego de dos victorias electorales de LLA. A diferencia del movimiento clerical Pro-Vida, defienden el derecho al aborto y a la educación sexual integral. Pero con dos salvedades: la primera no debe ser gratuita, salvo en los hospitales públicos, hasta que se consuma la privatización de la Salud. La educación sexual no debe ser privativa de la familia, a diferencia de lo que sostiene el clericalismo, pero la escuela debe abordarla desde un ángulo ‘biológico’, sin la influencia ideologizante del género o el marxismo. Esta distinción entre el clericalismo y el feminismo libertario expresa el ascenso de una minoría de mujeres en la cúpula de la administración de los Estados capitalistas. Es una vía para la cooptación de un sector del feminismo ‘populista’ que ha ascendido social y políticamente; por eso participan de las movilizaciones del 8 de Marzo. Parte de esta derecha reivindica el movimiento sufragista de los siglos XIX y XX, en un intento de distanciamiento de las dictaduras militares. Apoyará, ciertamente, una intervención militar norteamericana contra Venezuela, en nombre de la elección invalidada por Maduro el año pasado.; es, además, bolsonarista. En cuanto a Palestina, apoya al sionismo, con la aclaración de que el kirchnerismo saboteó todo lo que pudo las movilizaciones en defensa del pueblo palestino. Bajo la demagogia libertaría intenta atraer a las ‘rapis’ y ‘uberistas’ que, impedidas de encontrar un trabajo y por rechazo a la precariedad laboral, procuran salidas individuales y ‘autonomías financieras’. Apoya abiertamente la política de Milei, ajustadora y represiva, y toma como ‘modelo’ a Patricia Bullrich y Diana Mondino, aunque no (parece) a Karina Milei. La derecha fascistizante busca abrirse un espacio en el movimiento de la mujer. Pone en la agenda el tiempo de las tareas de cuidado, desarrollando capacidad para contratar trabajo doméstico y aborda el acoso sexual reivindicando la “libre portación de armas” y la práctica de tiro. El propósito es construir un espacio dentro del espacio libertario, como vía de ascenso social y promoción política, diferenciándose del discurso homofóbico de LLA, que asimila la homosexualidad a la pedofilia. Le costará, de todos modos, ‘liberarse’ de Jeffrey Esptein y de las milicias bolsonaristas. El cuadro clasista que ha tomado cuenta del feminismo (diferenciación social y política) augura una desintegración del feminismo policlasista de los últimos años. La organización socialista de masas de la mujer trabajadora está más que nunca en la agenda revolucionaria.

Milei y Caputo han resuelto aferrarse al régimen económico que vienen defendiendo hasta ahora, a pesar de su evidente agotamiento. El FMI ha calculado las reservas netas argentinas en una cifra negativa de 16.000 millones de dólares (la deuda supera a la tenencia de dólares del Banco Central por ese monto). A Luis Caputo esta falta de reservas no le importa. Apuesta a conseguir un ingreso permanente de divisas extranjeras, que le permitiría financiar el pago de los vencimientos de la deuda externa. Su consigna es: hoy no se fía, mañana sí. Señala, como ejemplo, los préstamos que han recibido compañías nacionales e internacionales y el bono que colocó en el extranjero la Ciudad de Buenos Aires. La expectativa, sin embargo, de un megapréstamo de 20.000 millones de dólares de bancos internacionales se desinfló; Milei y Caputo no consiguieron los avales del Tesoro ni del Banco Central de Estados Unidos para ese préstamo . El gobierno se juega de nuevo a conseguir que esos mismos bancos le otorguen un préstamo de monto inferior y de plazo más corto, pero más caro. En aras de conseguir dólares, el Presupuesto 2026 ha incorporado una “ley de olvido” –otro blanqueo. Pero para no comprar los dólares con emisión de pesos, Caputo ha dispuesto que lo haga el Tesoro, con el dinero de la recaudación fiscal, o sea con mayor motosierra a los trabajadores. En cualquier caso, la recaudación del fisco está cuestionada por el planchazo económico. Argentina atraviesa dos trimestres consecutivos con la actividad en baja, o sea, una recesión. La mora de los consumidores en el pago de sus deudas bancarias o comerciales, oscilan entre el 20 y el 27% para tarjetas o préstamos personales . El crédito se paraliza y la baja de la tasa de interés no lo reanima, porque las deudas no se pueden refinanciar. La persistencia de un régimen deflacionario agrava la crisis industrial y comercial, y abre las puertas a una crisis bancaria. No sorprende, en este cuadro, que el banco Wells Fargo emita un informe que ubica al peso argentino como la moneda más vulnerable de la región. La “normalidad” de Caputo-Milei, en fin, esconde un fondo explosivo. La coalición del Presupuesto Incluso en este cuadro de crisis, Milei está a punto de conseguir una mayoría parlamentaria para aprobar un Presupuesto 2026 que reforzaría la parálisis del mercado interno. En ese paquete se encuentran las reformas laboral y tributaria, el punto estratégico que mantiene unida precariamente a la burguesía. En la agenda parlamentaria, se anota una derogación parcial de la ley de glaciares -exigida por los gobernadores que representan al capital minero; una reforma reaccionaria del código penal y la reforma educativa que Paolo Rocca llevó al Consejo de Mayo . Esta reforma declara la subsidiariedad de la escuela con relación a “la familia”, que pasa a ocupar la primacía en la tarea de educar. Es una poda de los gastos del presupuesto y eleva sideralmente el costo del cuidado del hogar, incluida la ‘educación a distancia’, claramente en detrimento de la mujer. Los fanáticos del “libre mercado” sacan a las mujeres del proceso social de la producción, para confinarlas al hogar. “La coalición del presupuesto 2026” es una garantía política reclamada por los acreedores de deuda. Su mandato es el de ejecutar un ajuste mayor y las llamadas “reformas de tercera o cuarta generación”, o sea contra la legislación protectora del trabajo. Los gobernadores, a cambio, le reclaman a Milei obras “públicas” y viales que sirvan a los intereses mineros o petroleros. Pero los grupos mineros, petroleros y el agronegocio reclaman también una devaluación, para abaratar la inversión de capital y gozar de la libertad de repatriar las ganancias. La “coalición del Presupuesto”, por otro lado, pretende quebrar el Tesoro de la provincia de Buenos Aires, negando, con el apoyo de la Cámpora y CFK, un voto por mayor endeudamiento que Kicillof reclama para pagar la deuda de la Provincia. El peronismo no se hunde por diferencias ideológicas sino pecuniarias. Desafíos La burocracia sindical se ha subido a la “coalición” oficial para apoyar, a su modo, la reforma laboral. Según los periodistas especializados, la cúpula de la CGT sólo declaró “innegociable” la cuestión de las cuotas solidarias que los trabajadores deben ingresar a las cajas sindicales luego de cada paritaria. En cambio, la pulverización del derecho del trabajo -fin del convenio colectivo, convenio por empresa, banco de horas, fin de las indemnizaciones y de la jornada de ocho horas- están en la agenda de la “actualización laboral” que todo el peronismo convalida, comenzando por Cristina Kirchner. La “estabilidad” o la “primavera” del gobierno libertario es un buzón que han salido a vender Milei y Caputo, y que sirve al peronismo y al FITU de excusa para promover el inmovilismo en las organizaciones obreras (SUTNA, llamado a la burocracia a formar un “partido de trabajadores” en clave electoral). En cambio, los “mandriles” (economistas conservadores), se la ven venir. Le advierten a Milei, que la deflación monetaria y la depresión industrial está rompiendo el “tejido social” -aluden a la rebelión popular que engendra el plan liberticida. Desde Política Obrera, promovemos un trabajo preparatorio de clarificación y organización de los activistas y luchadores; una campaña contra la reforma laboral, y por la unión de las luchas parciales hacia una huelga general.

En el marco del 25 N, día en el que se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal por el régimen del dictador dominicano Trujillo, declarado día de lucha contra la violencia hacia la mujer, un grupo de trabajadores que conformamos el Comité contra la Violencia en el Hospital Moyano, realizamos una actividad abierta en el parque. Al hecho histórico decidimos darle una vuelta de tuerca, con una mirada en el contexto político que nos atraviesa, con un gobierno que ha puesto como uno de sus objetivos limitar y aniquilar los derechos de las mujeres, que privó a muchas de ellas de acceder a una jubilación después de años de trabajo, que mira para un costado cuando se produce un femicidio por mes. Desde este posicionamiento realizamos nuestra actividad con la participación de la compañera Olga Cristóbal. Siguió un debate en el que participaron trabajadores y usuarias del hospital. La palabra circuló en relación a cómo visibilizar el tipo de violencia que se da en las instituciones de encierro, como trabajadores violentados, sin recursos, con sueldos miserables. Este rol que nos toca de cuidadores de quienes han sido encerradas por una sociedad que no las entiende ni les da un lugar propio.

El arresto de Bolsonaro ha despertado una enorme incertidumbre en la derecha brasileña. El expresidente no logró esquivar, por el momento, el arresto en una oficina de la policía de Brasilia en la que se encuentra desde el domingo. La confirmación de la prisión preventiva, en reemplazo de la domiciliaria, fue avalada por los cuatro jueces de la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal (STF), que preside Alexandre de Moraes. En los interrogatorios y presentaciones judiciales, sus abogados presentaron el argumento de que el desperfecto y quemaduras realizadas sobre la tobillera electrónica fue el resultado de “alucinaciones” que le ocasionaron a Bolsonaro los efectos colaterales de haber mezclado pregabalina (antiepiléptico) y sertralina (antidepresivo). En un vídeo grabado mientras una funcionaria inspecciona la tobillera damnificada, Bolsonaro dice que lo hizo “por curiosidad” (El País, 23/11). La prisión domiciliaria de Bolsonaro había sido decretada en agosto pasado, cuando el juicio por el asalto al Planalto el pasado 8 de enero de 2023 se encontraba en su senda final. En el mismo, el expresidente de ultraderecha había recibido una condena de 27 años y tres meses de prisión, así como una inhabilitación de diez años para ejercer cargos públicos por sus dichos que desacreditaban el sistema de votación brasileño. A pesar de todo esto, Jair Bolsonaro ha repetido una y otra vez que será candidato en 2026 para enfrentar a Lula que ha confirmado su postulación para un cuarto mandato. Los abogados de Bolsonaro, así como su familia, han buscado desarticular los argumentos que llevaron, primero, a la prisión domiciliaria y, ahora, a un arresto en el cuartel de policías. El principal argumento es su debilitado estado de salud, dañada desde el ataque con arma blanca que sufrió en la campaña electoral del 2018. Sin embargo, de Moraes y sus tres conjueces sospechan de un plan de fuga. Al estar concluyendo las apelaciones judiciales posibles y no tener mejores augurios con el proyecto de ley presentado por sus hijos y seguidores, Eduardo y Flavio, en el Congreso para obtener una amnistía política y judicial; Bolsonaro y su clan que habían convocado una reunión para “orar” en favor de la amnistía del presidente en las puertas de su casa en Brasilia. Según de Moraes, ese tumulto era el pretexto para darse a la fuga dada la cercanía de la embajada norteamericana. La defensa descarta estos argumentos por el estado de salud de Bolsonaro. Por la misma razón, exigen que la condena continúe en su hogar. Esto a pesar de que el STF ha decretado su encierro en un cuartel y ordenado atención médica permanente en una habitación que posee comodidades que una prisión convencional no ostenta. Uno de los principales argumentos del STF ha sido la fuga a Estados Unidos de otro de los condenados en la causa por el asalto al Planalto. Algo que el propio Bolsonaro intentó previamente, o al menos eso constató la policía en una redada que halló a Bolsonaro preparando la situación para solicitar asilo político en la Argentina. Una estancia de dos noches en la embajada de Hungría, gobernada por un aliado de la derecha internacional, Viktor Orban, también fue señalada como una irregularidad durante el desarrollo del proceso judicial. La detención de Bolsonaro ha sido un golpe para la derecha, incluso la manifestación en las puertas de su casa no congregó más de 100 personas, coinciden los medios brasileños. Sin embargo, Bolsonaro sigue siendo la principal figura de la derecha. Sus afirmaciones sobre participar del proceso electoral del año próximo han retrasado el lanzamiento oficial de otros gobernadores bolsonaristas a la carrera presidencial, incluido el gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas o el gobernador de Minas Geraís o Goias. La centralidad política que la derecha había conquistado con el asalto a las favelas de Río de Janeiro hace un mes, sin embargo, han colocado al gobierno en una posición debilitada. La seguridad es vista como el principal problema según población encuestada y marca los máximos niveles de desaprobación del gobierno. El rechazo a un proyecto de Ley de Seguridad propuesto por Lula y Ricardo Lewandowski, ministro de Justicia y Seguridad Pública, ha sido entendido por la prensa como una maniobra del Centrão y el bolsonarismo para acaparar el discurso y la opinión pública. El otro punto, que Lula ha logrado revertir, eran los aranceles extraordinarios colocados por Donald Trump contra productos brasileños como cacao, café, leche, entre otros. Lo que ha sido visto como un fracaso de las negociaciones e influencias de Eduardo Bolsonaro, quién se encuentra exiliado en dicho país para escapar de acusaciones judiciales en Brasil. Trump se ha manifestado “enojado” por el arresto de Bolsonaro y ha quedado en conversar del asunto con Lula directamente. Las presiones sobre el magnate para desmantelar algunas de sus medidas de guerra comercial responden al alza inflacionaria que han ocasionado dichos aranceles en la economía norteamericana, más que a un entendimiento político. El golpismo de Bolsonaro y sus bandas es acompañado por Donald Trump sin lugar a dudas. La presión militar sobre Venezuela, país limítrofe de Brasil, es algo que Lula ha declarado como un tema preocupante para la soberanía de su país. El relato periodístico ubica a la derecha en un terreno de confusión e impasse, despreciando el lugar protagónico que adquirió con su mortal operación en Río. El rearme político del bolsonarismo no será barrido con medidas judiciales sino con el método de la lucha de clases. Lula y el PT han actuado como una valla de contención para esa expresión popular que es profunda en la clase trabajadora brasileña, que ante cada agresión de la derecha ha respondido con mayor o menor envergadura con movilizaciones callejeras autoconvocadas.

Un capítulo del Proyecto de Reforma Laboral fue filtrado por integrantes del Consejo de Mayo. Tomó estado público en el portal Infogremiales. Es relevante por dos aspectos: plantea la caída de todos los convenios colectivos de trabajo con vigencia a través de la eliminación de la ultraactividad, y habilita a la preminencia de los convenios menores. Según el portal, “además se posibilitaría que un convenio colectivo posterior pueda modificar «en cualquier sentido» al previo y que rija sólo para los afiliados”. Liquidar un tutelaje estatal El proyecto de Reforma Laboral apunta integralmente a liquidar el derecho laboral, que refleja conquistas por las que luchó la clase obrera durante dos siglos. Una de las conquistas en la mira es la existencia de los Convenios Colectivos de Trabajo, en los cuales los representantes de los trabajadores de una rama de actividad discuten salarios y condiciones de trabajo con las cámaras patronales que representan a los capitalistas de esa rama. La discusión de convenios colectivos de trabajo en forma paritaria tiene un carácter contradictorio: es una conquista histórica de la clase obrera, pero es a la vez una forma de tutelaje estatal de la clase obrera, en la búsqueda de amortiguar la lucha de clases. La liquidación de todas las instancias de contención es algo que caracteriza al Gobierno de La Libertad Avanza. La derogación de la ultraactividad La ultraactividad es un principio que rige a los convenios colectivos -y a todas las conquistas que en ellos se incluyen. Si una cámara patronal presenta una propuesta de modificación de un convenio que no es aceptada por el sindicato, aunque el convenio haya vencido, sigue vigente. Este mecanismo protege en alguna medida los derechos adquiridos de los trabajadores que sólo pueden ser modificados de común acuerdo con los sindicatos. El principio de ultraactividad sería derogado de aprobarse el Proyecto de Reforma Laboral de Milei, obligando a los sindicatos a aceptar las modificaciones propuestas o a afrontar una especie de ‘shutdown’ del convenio colectivo. En el proyecto filtrado se detalla: “Una convención colectiva de trabajo, cuyo término estuviere vencido, solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas (cláusulas normativas) y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue. El resto de las cláusulas (obligacionales) podrán mantener su vigencia, sólo por acuerdo de partes o por la específica prórroga dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional”. La discriminación legalizada Hace muchos años que la burocracia sindical busca diferenciar en los acuerdos que suscribe a los afiliados de los no afiliados. Está diferenciación, que atomiza todavía más a la clase obrera, parece contradictorio con el aporte compulsivo que los sindicatos le sustraen a los no afiliados, de común acuerdo con las empresas. La burocracia pretende castigar a quienes no se afilian, pero seguir cobrándoles la cuota mensual “por uso de convenio”. El proyecto incluye una novedad en favor de esta discriminación: “La convención colectiva podrá contener cláusulas que acuerden beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación asociación profesional de trabajadores que la suscribió. Las cláusulas de la convención por las que se establezcan contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participantes serán válidas sólo para los afiliados”. La ley Bases ya instituyó la legalización del despido discriminatorio, incumpliendo tratados internacionales suscriptos por el Estado Nacional que tienen valor supraconstitucional. Convenios por empresa Los convenios por empresa son una vieja añoranza del capital. En la actualidad, los convenios colectivos funcionan como un piso de los acuerdos por empresa, que solo pueden incorporar premios e items por arriba “del piso”. Las patronales reclaman poder perforarlo a través de acuerdos por empresa, que en todos los casos apuntan a una mayor flexibilización laboral. El proyecto de Reforma que se filtró apunta en ese sentido: “Queda establecido el siguiente orden de prelación de normas: a) Un convenio colectivo posterior puede modificar en cualquier sentido a un convenio colectivo anterior de igual ámbito. b) Un convenio de ámbito menor, prevalece, dentro de su ámbito de representación personal y territorial, frente a otro convenio de ámbito mayor”. La burocracia sindical y los convenios En los hechos, la burocracia de los sindicatos ha permitido que las condiciones de trabajo se dejen de discutir desde la Dictadura Militar hasta hoy. Por eso todavía siguen vigentes un conjunto de convenios colectivos del año 75. Los convenios firmados en la década del ‘90 fueron para flexibilizar las conquistas de los viejos convenios. Las negociaciones paritarias han quedado reducidas a una discusión salarial dominada por la burocracia sindical, dejando al margen a los trabajadores de la rama. En paritarias centrales como las siderúrgicas de la UOM, las del SUTNA y la de los vitivinícolas, las patronales han ensayado lo que se plantea en la reforma laboral: la liquidación de la discusión convencional –no firmando ningún acuerdo salarial. Estos ensayos no han encontrado una lucha generalizada en esas ramas, sino a una conducción sindical paralizada. Es la antesala de lo que va a ocurrir con la CGT cuando avancen contra los convenios. La defensa de las conquistas de la clase obrera plantea el desafío histórico de recuperar los métodos y la política revolucionaria con la que fueron conquistados.

Villa Bosch, noviembre de 2025. La defensa del Bosque de Eucaliptos Dagmar Hagelin vive días decisivos. Después del intento clandestino de desmonte del lunes 17 -cuando una pala mecánica del municipio ingresó sin permiso al predio y fue detenida por vecinos autoconvocados- la comunidad de Villa Bosch se consolidó como un muro social frente al proyecto del intendente Diego Valenzuela, que insiste en “reconstruir” el espacio para abrirle camino a nuevos negociados inmobiliarios. Aquel día, personal municipal intentó iniciar el desmonte sin orden ni permiso de obra. La reacción vecinal fue instantánea: quienes viven alrededor del bosque rodearon la máquina, detuvieron su avance y obligaron al municipio a retroceder. Ese primer acto espontáneo de defensa marcó el inicio de una semana de movilización permanente. Pero los vecinos no ceden. Cada ataque oficial encuentra una respuesta inmediata, organizada y cada vez más multitudinaria. 19 de noviembre: represión, resistencia y la primera gran asamblea El miércoles 19, el municipio volvió a la carga. Las máquinas intentaron ingresar nuevamente y esta vez la policía municipal -bajo las órdenes de un tal Ruiz, representante de la Secretaría de Seguridad- empujó de manera brutal a los vecinos que bloqueaban la entrada. La violencia estatal provocó una reacción inmediata: ese mismo día, a las 19 hs. unas 80 personas se reunieron en asamblea. Allí se resolvió marchar de inmediato. La movilización dio la vuelta completa al predio y atravesó el corazón del barrio: la estación Villa Bosch del ferrocarril Urquiza. Además, se votó organizar un festival artístico, impulsar una marcha mayor hacia el municipio y reforzar las guardias vecinales para alertar sobre cualquier movimiento sospechoso. 20 y 21 de noviembre: alerta permanente y organización interna Las imágenes de los árboles talados y el constante merodeo de maquinaria municipal encendieron todas las alarmas. Se propuso una nueva asamblea para el jueves 20, pero debió suspenderse por lluvia. El viernes 21, sin embargo, unas 60 personas retomaron la discusión y avanzaron en una organización concreta: creación de una bandera identificatoria de la Asamblea, conformación de dos comisiones -Propaganda y Finanzas- y aprobación por unanimidad de la marcha del 28, a las 17 hs. desde el Bosque “Dagmar Hagelin” hasta la Legislatura del Partido de Tres de Febrero. También se formalizó el estado de alerta permanente: cualquier vecino que detectara un movimiento irregular debía avisar al resto de inmediato. Así comenzó a funcionar un sistema de comunicación barrial que sostuvo la defensa del predio durante toda la semana. 22 de noviembre: volanteadas, charlas y consolidación El sábado 22, la dinámica se aceleró. Aunque la actividad habitual de volanteo y juntada de firmas se acortó para permitir una nueva asamblea, los avances fueron contundentes. Se terminó de pintar la bandera de la Asamblea, se consolidó la comisión de propaganda, dos vecinas asumieron de manera provisoria la comisión de finanzas y se resolvió postergar el festival artístico para principios de diciembre. La prioridad pasó a ser la marcha del 28/11, cuya difusión comenzaría el martes 25/11: volanteadas, recorridas por el barrio, charlas informativas y presencia activa en los distintos sectores de Villa Bosch. El objetivo es claro: convertir la movilización en un pronunciamiento masivo contra la destrucción del bosque. Un conflicto que excede a un barrio La defensa del Bosque “Dagmar Hagelin” dejó de ser un hecho aislado para transformarse en un punto de acumulación política contra la privatización del espacio público a favor del negocio inmobiliario. El avance del capital inmobiliario -avalado por el intendente Valenzuela- encuentra ahora un límite: la organización independiente de los vecinos. La experiencia de Villa Bosch demuestra que, incluso frente a la represión y las maniobras institucionales, la acción colectiva puede frenar negociados que se presentan como “obras de mejora”, pero que esconden la entrega del espacio público. 28 de noviembre: una fecha clave La marcha convocada para el próximo viernes 28, a las 17 hs. será una prueba de fuerza. No solo para frenar el intento de devastación del bosque, sino para enviar un mensaje claro: el Municipio no puede gobernar de espaldas a la comunidad ni al servicio directo de los desarrolladores privados. El Bosque “Dagmar Hagelin” se defiende con organización, con asambleas, con marchas y con la participación creciente de un barrio que ya decidió no rendirse.

El 12, 13 y 14 de noviembre la CONADU Histórica convocó a un nuevo paro de la docencia universitaria. Sumó la adhesión de FAGDUT (Federación de la Universidad Tecnológica) y la CONADU. Posteriormente, el 19 de noviembre, la FATUN -la federación de trabajadores no docentes- que convocó un paro de 24 horas. Los paros de las CONADU y de FAGDUT y FATUN, centraron la acción en el reclamo de la efectiva aplicación de la ley de financiamiento universitario, sobre todo, por los bajos salarios. En el caso de la FATUN se sumó el pedido de un bono de fin de año que le permita a la conducción presentarse como una dirección que conquista logros frente a un escenario de hundimiento salarial. Cabe destacar que el paro de FATUN coincidió con un paro nacional de ATE contra la reforma laboral; sin embargo, no hubo ninguna intención de confluir. Los paros tuvieron acatamiento aunque en un cuadro de fuerte desgaste y desconfianza por la perspectiva de la lucha por la altura del año y el fin de las clases . La conducción de la Conadu Histórica se niega a debatir un balance de estos paros tardíos y sin perspectiva. Peor aún, echaron a rodar la propuesta de continuar las medidas con la no toma de exámenes. Como la mayoría del congreso rechazó el planteo por considerar que afecta a los estudiantes (que necesitan las mesas para pasar de año o sostener las becas), hicieron aprobar la moción de parar en la semana del 1 al 6 de diciembre. Esta acción que aparenta ser combativa es una medida tardía que no va a ningún lado. Tiene el peligro, incluso, de dividir el movimiento de lucha porque en muchas facultades coincide con las mesas. A esta altura del año no se puede revertir el planchazo que la conducción de la federación le imprimió a la lucha por el seguidismo al Frente Sindical Universitario y a los rectores (CIN) y su política de atar los reclamos presupuestarios a la agenda parlamentaria y, luego, al triunfo del peronismo en las elecciones. Se impone un giro a fondo del rumbo de la lucha universitaria y educativa. Ya en algunas universidades se ha abierto el debate de preparar el no inicio del 2026. Es el caso en las universidades de Tucumán y de Córdoba. El gobierno de Milei pretende avanzar con un ajuste aún más a fondo y a eso apuntan los diferentes proyectos de reformas educativas. Es necesario impulsar una agenda de plenarios, asambleas, congresos, convocados o autoconvocados, orientado a impulsar el no inicio como expresión de la huelga general universitaria y educativa por el salario, los convenios y el presupuesto, para aplastar la reforma laboral y la ley de libertad educativa y defender todos los derechos democráticos de organización y lucha de los trabajadores.

En el día de hoy, la junta electoral de la UOM y las juntas electorales seccionales darán a conocer su resolución final sobre la oficialización de las listas para las elecciones que se realizarán el 2 de marzo del 2026, donde se elegirá comisión directiva nacional y seccionales. Abel Furlán es el secretario general en la actualidad. Los condicionamientos a la reelección de Furlán corren por dos carriles. Por un lado, Furlán está identificado con el sindicalismo kirchnerista, que se encuentra en retroceso en el conjunto de la burocracia sindical, cuyos dirigentes más relevantes se han alineado con Kicillof en la interna del peronismo. Es lo que ha mostrado el reciente ‘Congreso’ de la CGT. Este alineamiento político en dos bandos -unos con Furlan y otros, con los opositores al kirchnerismo- ha dado lugar a una división bastante importante en el seno de la burocracia sindical y a la formación de distintas listas opositoras en grandes seccionales, empezando por Campana-Zárate, la seccional de donde emergió Furlan. Pero lo mismo ocurrirá en La Plata, donde la directiva actual se ha escindido. Esto se replicará en CABA, Morón, Río Grande (Tierra del Fuego), Mendoza y San Francisco (Córdoba). Fuera de esta puja de distintos sectores de la burocracia de la UOM. la gestión de Furlán para el conjunto de los metalúrgicos, es un rotundo fracaso. Las patronales le han empantanado paritarias desde hace tres años –en los hechos, un desconocimiento de su gestión. Las grandes siderúrgicas han dado aumentos unilaterales “a cuenta” de una paritaria que nunca llega. El malestar de la UOM es inmenso. Los salarios en la rama 17 están entre los más bajos del movimiento obrero, y se ha generalizado la tercerización de empresas. Aunque la tercerización está contemplada en el convenio de la UOM, los salarios en estas empresas son inferiores a los efectivos de las plantas terminales. Es la causa de los grandes conflictos en Siderar-San Nicolás y en otras plantas. El nivel de despidos y retiros voluntarios se ha generalizado. Elecciones en un estatuto cárcel La UOM es, en la base, el más democrático de los sindicatos; pero en la cúpula, el más antidemocrático. Para ser delegado de la UOM bastan seis meses de antigüedad y un colectivo de 25 trabajadores para elegir representante; pero para presentar una lista seccional, los postulantes tienen que ser o haber sido delegados gremiales. Para ser candidato a Secretario General del UOM e integrar la directiva nacional, es requisito haber sido o ser Secretario General de una seccional. En la historia de la UOM, solo Alberto Pichinini (Villa Constitución) en los años 70 reunió esas condiciones, y luego el “Barba” Gutiérrez” (Quilmes), quien fue finalmente cooptado por la burocracia y el aparato peronista. Estos estatutos cárcel han servido para mantener a Lorenzo Miguel hasta su muerte como secretario general o mantener a Aldo Brunelli en San Nicolás desde el año 1973. La lucha ínterburocrática en las seccionales marcha a todo vapor. El estatuto establece un número de directivos por cantidad de afiliados. Por esta razón, hay todo tipo de maniobras para inflar los padrones, e incluso para mantener en los padrones a todos los despedidos. Este beneficio de inventario ha desatado impugnaciones con perspectivas desconocidas. La Justicia acaba de dictaminar que participe en Morón una de las listas una escisión de la burocracia; en Berisso, han proscripto a otras e intentan además proscribir una importante lista opositora de delegados de base en Villa Constitución. No está en la agenda de la elección un plan de lucha. Oficialistas y opositores han aprobado la línea derrotista de Furlán contra la voluntad de los metalúrgicos, que querían llevar hasta el final la lucha para que no se quebraran sus salarios como se expresó en paros de 24, 48 y 72 horas, que fue levantado luego por la dirección nacional de la UOM. Lo reemplazó por un plebiscito que también perdió, pero que cumplió el rol de desarmar un enorme conflicto donde había una voluntad de los trabajadores de arrancarle una conquista a las grandes patronales. En este marco de gran malestar de los metalúrgicos, las elecciones regulares de delegados de fábrica por afuera de esta elección nacional están arrojando muchos delegados no encuadrados en ninguna de las corrientes la burocracia. La mayoría de ellos son activistas independientes pero los mismos no tendrán representación en la “rosca” burocrática en que se ha transformado esta elección nacional.

Estados Unidos declaró formalmente a Nicolás Maduro como miembro de un grupo terrorista extranjero. Hasta ahora, las acusaciones que Estados Unidos esgrimía contra Maduro eran por “narcotráfico” y por integrar el “Cartel de los Soles”, cuya existencia muchos analistas ponen en duda. A partir del lunes pasado, para el gobierno de Trump, el Cartel de los Soles pasa a ser un grupo terrorista y la cúpula del régimen venezolano, “terroristas”. Si bien a principios de año Trump ya había declarado a toda organización narcotraficante como “terrorista”, aquello había quedado en el plano discursivo, sin implicancias legales. El domingo de la semana pasada, el Departamento de Estado emitió un comunicado anunciando la designación formal y daba siete días al Congreso para revisar la medida después de ser notificado. “En ausencia de acción del Congreso para bloquear la designación”, esta entra en vigor, algo que sucedió este lunes (Clarín, 24/11). También quedaron incluidos en la designación el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, con lo que se abre una ventana de peligro para México. La inclusión en esta categoría autoriza al presidente Trump a imponer nuevas sanciones contra los activos de Maduro, algo que Estados Unidos ya había implementado desde que desconoció su gobierno en 2019. Desde antes, distintos gobiernos estadounidenses venían imponiendo sanciones individuales a personas vinculadas a alguno de los tres poderes de Venezuela. Incluso empresas europeas ya habían sido sancionadas por comerciar con la petrolera PDVSA. La única empresa con permiso para hacerlo es Chevron, y solo puede pagarle a Venezuela con crudo; las divisas están prohibidas. La confiscación de bienes, empresas o fondos supuestamente relacionados con la actividad del cartel es algo que Estados Unidos ya había hecho con activos venezolanos de propiedad estatal. En 2019, 7.000 millones de dólares fueron bloqueados en Estados Unidos y 1.200 millones de dólares en oro venezolano fueron retenidos en el Banco de Inglaterra. Algunos informes estiman que la suma total de los fondos venezolanos bloqueados o confiscados en el exterior asciende a 24.000 millones de dólares. La designación legaliza acciones encubiertas que Trump ya había anunciado previamente, así como procesos penales en Estados Unidos: cargos formales por terrorismo con órdenes de arresto internacional. Establece, además, la prohibición de visados, la expulsión de personas vinculadas al cartel y presión sobre terceros países para que tomen medidas similares. No autoriza explícitamente el uso de la fuerza letal, pero Trump interpreta que sí y así lo ha declarado. De hecho, es lo que viene implementando desde hace semanas, hundiendo barcazas en el Caribe y en el Pacífico. La diferencia sería que la amenaza ahora se extiende sobre el territorio continental venezolano. Recientemente, obtuvo el apoyo del Congreso, que votó en contra de una resolución que cuestionaba los ataques a las barcazas, y el propio Trump declaró que no necesita autorización para un ataque terrestre. Lo que sí tuvo consecuencias inmediatas fue la amenaza solapada sobre los aviones que circulan por el cielo venezolano. La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) emitió alertas a varias aerolíneas comerciales sobre “un aumento de la actividad militar” en el espacio aéreo venezolano, lo que generó la suspensión de rutas por parte de compañías como Iberia, TAP, Avianca, GOL y LATAM. De esta manera, incomunicados por mar y por aire, los venezolanos han quedado virtualmente cercados, mientras que la frontera con Brasil también se encuentra fuertemente militarizada. Al mismo tiempo, Estados Unidos reactivó su base militar en Puerto Rico, que se encontraba inactiva desde 2004, y que fue utilizada como enclave militar para bloquear a Cuba y para invadir a Santo Domingo en 1965, a Granada en 1983 y a Panamá en 1989. Según Reuters, altos cargos estadounidenses señalaron el domingo que el comienzo de la segunda fase de la operación militar “Lanza del Sur” es inminente, y que el jefe del Ejército se hará presente en la zona. Hay que tener en cuenta que el jefe del Comando Sur ya había presentado su renuncia —según trascendidos, por su oposición a las operaciones ordenadas por Trump y también por su política racista hacia el interior de las fuerzas— para retirarse en diciembre, por lo que se espera una nueva designación. El Comando Sur ha matado ya a más de 80 personas en ataques a barcos que supuestamente llevaban droga por el Caribe y el Pacífico, sin presentar ninguna prueba y mucho menos un riesgo para la marina estadounidense. Trascendió que Maduro ofreció un final de su gobierno negociado a dos años, propuesta que fue rechazada por la Casa Blanca. Rusia brindó pertrechos militares a Venezuela y, al igual que China, acaba de respaldar a Maduro y de pronunciarse contra la injerencia militar estadounidense. Sin embargo, es probable que Venezuela termine como moneda de cambio en un eventual acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania entre Trump y Putin. El despliegue militar en el Caribe es el mayor en la región desde la crisis de los misiles en 1962 y el mayor del mundo desde la guerra de Irak, por la cantidad de pertrechos implicados. Para una invasión terrestre, Trump necesitaría movilizar más tropas, pero no puede mantener indefinidamente semejante despliegue armamentístico, que cuesta millones de dólares por día, sin llegar a una definición. Si lo que buscaba era generar una crisis que favoreciera un levantamiento interno y provocara un cambio de régimen, el tiro le estaría saliendo por la culata, porque la oposición a Maduro está más dividida que nunca y buena parte de ella es contraria a las acciones bélicas contra Venezuela. Esto deja a María Corina Machado en un cipayismo aislado, por más premios Nobel que le otorguen. La misma inercia de Trump y el desarrollo de los hechos lo van a obligar a tomar una decisión. Un ataque a Venezuela es una amenaza para toda América Latina; la movilización en todo el continente es lo único que puede detener a Trump y a su imperialismo en decadencia.

La justicia de Misiones condenó a Mónica Gurina a 10 meses de prisión en suspenso y a 8 meses a Leandro Sánchez, ambos docentes, secretaria general y adjunto de la CTA respectivamente, por haber participado del acampe realizado el año pasado en Posadas, durante la rebelión encabezada por la docencia y la crisis salarial con policías y penitenciarios. La causa se inició por la desobediencia a la orden de un juez para desalojar la avenida, lo que no superaba un problema del tribunal de faltas municipal, pero ha sido llevada a un juicio penal. Es el primer juicio de una seguidilla, dado que hay una veintena de docentes y activistas estatales procesados por el mismo “delito” u otras acciones como la de haber corrido las vallas en la legislatura en el marco de la protesta. De ser sancionados, es posible que estos trabajadores pierdan sus puestos de trabajo. El juicio tiene entonces un carácter ejemplificador para el activismo y apunta a liquidar el derecho a organización y protesta, en la línea del gobierno nacional. A esta primera jornada del juicio han asistido parte de las cúpulas de ATE y la CTA. Desde Política Obrera y la Tendencia Docente Clasista hemos desarrollado en las escuelas y en la universidad una agitación por la absolución de Gurina, Sánchez y demás trabajadores procesados, con volantes, afiches y videos llamando a adherir a las huelgas y movilizarse por la absolución de todos los compañeros. Es necesario reforzar esta campaña para derrotar la provocación del gobernador Passalaqua.

La designación del jefe del Ejército Carlos Presti como ministro de Defensa significa el primer ingreso al gabinete de un militar desde 1981, todavía bajo la dictadura. Su padre fue jefe del Regimiento de Infantería 7 de La Plata y tuvo bajo su órbita la represión en distintos partidos del conurbano. Presti ha anunciado además su decisión de no pedir su pase a retiro, sino pasar a disponibilidad mientras dure en el cargo ministerial. El llamado “pase a disponibilidad” generalmente se aplica por razones de salud y contempla una duración de un año. La incorporación de Presti aún en carrera miliar significa la integración de las Fuerzas Armadas al gabinete, una situación inédita en el régimen político que ha gobernado la Argentina durante los últimos 42 años. Según las crónicas, luego del breve acto de asunción, Presti se reunió con el “monotributista” Santiago Caputo, quien representa al ala fascista del gobierno. Las críticas y defensas han cruzado a todos los bloques políticos. Por un lado, Estela de Carlotto, Agustín Rossi y Jorge Taiana criticaron la designación, en cambio el exjefe del Ejército de CFK, César Milani, defendió que un militar ocupara un cargo político... precisamente a lo que él mismo aspiraba. Por otra parte, Oscar Aguad, radical y exministro de Defensa de Macri, apoyó la designación, pero criticó su continuidad dentro de la estructura castrense (La Nación 25/11). Presti fue designado en 2024 como jefe del Ejército, luego de lo que fue el mayor retiro de militares de alto rango desde 1983: para su ascenso se retiraron 23 generales de un total de 35. Ahora se espera otra tanda de retiros, empezando por el actual Jefe del Estado Conjunto de las FFAA, el brigadier Xavier Isaac. Isaac estuvo al frente de la Fuerza Aérea durante el gobierno de los Fernández-Massa y mantuvo las conexiones con el Pentágono durante la compra de los aviones F-16. Ferviente “malvinero” y piloto militar de Mirage, sus posiciones públicas con respecto a las Islas del Atlántico Sur chocan con la posición del gobierno (Infobae, 2/4). Otro retiro que se espera es el del Jefe de la Armada, el contralmirante Carlos María Allievi, que viene de quedar envuelto en una polémica con el gobierno por negarse a enviar una embarcación militar para sumarse a la flota de Trump en el Caribe (La Política Online, 6/11). Además, también viene de hacer declaraciones públicas sobre la obra social de las FFAA, planteando la necesidad de que se deje de atender a las Fuerzas de Seguridad y presionando un rescate por parte del ministerio de Economía (La Nueva, 24/11). Presti heredará una fuerte crisis en las Fuerzas Armadas. “Además de enfrentar la crisis cada vez más profunda de la obra social de los militares, que mantiene una deuda de $200.000 millones, Presti asumirá los desafíos de la recuperación salarial –hoy la mayoría de los oficiales y suboficiales están bajo la línea de pobreza– y la búsqueda de fórmulas para reducir las 18.000 bajas pedidas en las Fuerzas Armadas durante los dos años de la gestión de Javier Milei. Aunque en el gobierno libertario alegan que las deserciones eran más en el período kirchnerista, se atribuyen las razones a los bajos sueldos, la falta de incentivos y la desmotivación profesional” (La Nación, 26/11). El ascenso de Presti al gabinete tiene que ver con un propósito fundamental del gobierno, a saber: devolverles protagonismo político a los militares y que las fuerzas armadas cumplan un rol en la represión interna y el blindaje del régimen liberticida, con la excusa de la lucha contra el "terrorismo" y el narcotráfico. La designación de Presti tiene lugar en el marco del protectorado sobre el gobierno argentino que ha establecido la Casa Blanca. La nueva generación de militares que ascendió con Milei coincide en haber pasado largos periodos de trabajo en consulados y agregadurías en países imperialistas, sobre todo en Estados Unidos. Presti mismo participó de la MINUSTAH, la delegación militar de cascos azules que ocupó Haití bajo conducción de los militares brasileros. LEER MÁS: El recambio de Seguridad y Defensa Por El Be, 23/11/2025.

La situación de los trabajadores de Georgalos Victoria es complicada. La patronal avanzó con 80 suspensiones por 15 días que serán rotativas al conjunto de los 600 trabajadores de la planta. El pago de las mismas, aunque no está claro aún, sería de entre el 75 y el 80 % del básico. En la ex Stani hace tiempo que se produce cada vez menos y esto en los últimos meses empeoró. Los trabajadores no pueden saber cuánto se debe a la caída de las ventas como dicen los voceros de la empresa y cuánto a la especulación. Reina la incertidumbre; nadie sabe si la empresa quiere producir o no. Los métodos de lucha son más restringidos por el escenario general y el temor al despido es cada vez mayor. Si bien hay rumores de un traslado de la producción hacia la planta de Georgalos Río Segundo (Córdoba), en esa planta también se ha suspendido a un sector de eventuales y se ha dado de baja a otro grupo. Por otro lado, en Georgalos hay una Comisión Interna “independiente” que es combatida por la gerencia, por el sindicato y hasta por la oposición (Bordó y Celeste y Blanca). El sindicato boicotea todas las iniciativas de la CI y la Bordó-PTS desenvuelve una linea petardista para tratar de competir con la CI, política que es rechazada por el grueso de los compañeros de la fábrica. En ocasión de los despidos en el sector de Chocolates, donde todos los despedidos eran de la Bordó, los únicos que intentaron acompañar a los despedidos fueron los independientes. A pesar de que algunos han sido reincorporados por la vía judicial, la actitud sectaria de la Bordó le hizo ganar un rechazo en el activismo que no es de la Bordó y ni hablar de la base de la fábrica. La empresa intenta desconocer a la CI de Planta Victoria. Los delegados tuvieron que obligar al STIA a presentar denuncias en el Ministerio por todos los problemas. La empresa, coludida con los congresales Verdes -oficialistas del sindicato-, boicoteaban cualquier pedido o discusión. Hace más de un mes que los congresales verdes hablaron con la empresa y salieron a decir que ya estaban acordadas suspensiones. Cuando los delegados quisieron discutir el tema con la empresa, se lo negaron y en el sindicato ocurrió lo mismo. Desde el STIA continuaron con la campaña de rumores tratando de “dejarlos pintados” y con la Bordó permanentemente corriéndolos por izquierda. Los delegados aprovecharon una audiencia con el ministerio para dejar por escrito que no se había hablado nada de suspensiones. A la semana siguiente, la conducción renovada del STIA Buenos Aires firmó un acuerdo de suspensiones bajo el art. 223 sin intervención de la CI. Ese acta no se ha dado a conocer ni a los delegados ni a los trabajadores, que rechazaron las suspensiones en asamblea. Rodolfo Daer ya no está más como secretario general, pero la política propatronal es exactamente la misma que aquel llevaba adelante. Hoy miércoles habrá una audiencia en el ministerio; la Comisión Interna va a plantear la anulación del acuerdo y se debate entre los trabajadores si se ha reunido la suficiente fuerza interna para una acción directa.

Bajo la batuta de Donald Trump y su secretario de Guerra, el Comando Sur de los Estados Unidos ha militarizado el Caribe. 15.000 efectivos en buques con misiles guiados, submarinos, bombarderos y destructores, conforman la mayor incursión militar del imperialismo yanqui desde “la guerra del Golfo Pérsico”, en los años 90. El ministerio de Guerra de Trump ha activado las bases militares en Puerto Rico y cerrado acuerdos con Trinidad Tobago y la República Dominicana. Las licencias a los soldados del Comando Sur acaban de ser canceladas hasta fin de año. Trump ha ordenado un “desfile” de bombarderos sobre el espacio aéreo de Venezuela. La calificación del régimen venezolano como “narcoterrorista” equivale a una orden de ataque militar. La prensa norteamericana, sin embargo, desmiente en forma terminante esa vinculación. Un sondeo de la CBC News informa que el 70 % de los norteamericanos se opone a una acción militar; el 56 % cree que no tendrá ningún efecto sobre el ingreso de drogas en Estados Unidos. El propósito de Trump es poner a una “Milei” en el gobierno de Venezuela y apoderarse del petróleo, del oro y de los minerales del país. La misma acusación de “narcoterrorismo”, por ahora verbal, acaba de ser formulada sobre México y contra el gobierno de Petro, en Colombia. En Brasil, los trumpistas locales desataron, con el mismo pretexto, una masacre en las favelas de Río, al margen de las autoridades políticas y militares. Trump ya emprendió una acción militar contra Irán, en meses recientes, para imponer la ocupación de Gaza por parte del ejército sionista e imponer su tutela geopolítica en Medio Oriente. Milei es un peón de esta escalada militar. Mientras serrucha el gasto social y las obras públicas, ha comprado tanques de guerra a Estados Unidos y aviones norteamericanos a Dinamarca. La recorrida por América del Sur del canciller y miembro del gabinete de Israel va en esa misma línea belicista. Milei ha ratificado la decisión de trasladar a la embajada argentina a Jerusalén, violando las resoluciones de Naciones Unidas, rompiendo con la política exterior de Argentina y pasando por encima del complaciente Congreso Nacional. La designación del general Presti, jefe activo del Estado Mayor, como ministro de Defensa, compromete a las Fuerzas Armadas nacionales en esta política de guerra. Milei se ha aliado con los dos estados que votan en la ONU contra la negociación para recuperar la soberanía nacional en Malvinas. Después de cuatro décadas, Argentina tiene un gobierno cívico-militar. La agresión liberticida contra los trabajadores de Argentina tiene una base internacional. Por eso, Trump ha salido al rescate de Caputo-Milei en la última corrida cambiaria. La lucha por nuestros derechos es internacional. Fuera yanquis del Caribe, de Venezuela, de Argentina y del mundo entero. Nuestra alianza es con los trabajadores norteamericanos que combaten la militarización de las principales ciudades de Estados Unidos y la dictadura trumpista. ¡A movilizarse!

La saliente ministra de Seguridad y senadora electa Patricia Bullrich realizó el que sería su último anuncio como jefa de la cartera: la creación de un organismo autónomo, la Agencia Nacional de Migraciones (ANM), que tendrá control de policía y ya no estará controlada por civiles, dando detalles del protocolo que se instrumentará en las fronteras para las personas que quieran arribar al país. Flanqueada por su sucesora en Seguridad, Alejandra Monteoliva (continuadora de la política de ´mano dura´), Bullrich anunció que la finalidad es agilizar el trámite de acceso y facilitar el control en las fronteras, que estará a cargo de Migraciones y de las fuerzas de seguridad. En la misma conferencia de prensa Bullrich declaró que “el sistema de hoy es moderno, actualizado y facilita el control migratorio de las personas, pero se genera un problema entre ese control migratorio y la seguridad de los puestos migratorios. Eso está desfasado. El objetivo es lograr que todo sea una sola tarea”. Con estas declaraciones Bullrich justificó la creación de este nuevo organismo que se encontrará bajo la tutela del Ministerio de Seguridad, una modificación en relación a la Dirección de Migraciones que se encuentra bajo la égida del Ministerio del Interior. Este cambio responde, según la ministra, a que los controles fronterizos y de aeropuertos eran realizados por Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, provocando contrapuntos entre Seguridad e Interior. El traspaso de migraciones a la órbita de Seguridad se realizó con la venia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y se da en la misma semana en la que el gobierno puso a un militar al frente de la cartera de Defensa (que el gobierno quiere renombrar como Ministerio de Guerra), que desde el fin de la dictadura siempre estuvo en manos de civiles. Al igual que el gobierno de Menem, los liberticidas quieren llevar adelante una “reconciliación” con las Fuerzas Armadas. En su momento el menemismo indultó a los genocidas de la última dictadura militar en el afán de “pacificar el país” y en un movimiento de pinzas, obstaculizó los juicios de lesa humanidad. Los negacionistas que hoy pueblan el gobierno nacional han buscado, si éxito por ahora, la prisión domiciliaria para los genocidas, pero avanzan en colocar en puestos claves a personal de la “familia militar.” Según explicó la ministra el protocolo que entrará en vigencia es análogo al que se implementa en Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Corea, México y Brasil, pero con un presupuesto sustancialmente menor a los que tienen estos países. Con la cantinela del narcoterrorismo y los “nuevos delitos”, la ANM coordinará a todas las fuerzas de seguridad. La estación final del gobierno liberticida es la creación de una policía migratoria tomando como modelo los destacamentos fronterizos de los Estados Unidos -US Border Patrol- un engranaje clave en la política del trumpismo en su cruzada contra los migrantes. Pero Bullrich justificó la creación de la ANM, no por su rol represivo, sino por la agilización de trámites fronterizos y en esta línea indicó que “volver a los sistemas integrados de migraciones permitirá que no tengan que hacer un doble trámite. Va a hacer que se acceda más rápido”. (El País 26/11) Luego de la conferencia de prensa el gobierno lanzó un comunicado en el que quedó a las claras los objetivos que persiguen con la creación del ente, y en el mismo se puede leer que se “optimizará la coordinación fronteriza, policial y la inteligencia migratoria, para enfrentar amenazas transnacionales. Dado que la región vive un escenario de violencia crítica y desplazamientos criminales, la protección de fronteras se vuelve un objetivo de Seguridad Nacional, no solo administrativo” (Ídem). Bullrich declaró que Argentina “ha logrado que las grandes bandas [transnacionales] estén aquí muy controladas” (¿una confesión de partes?), y siguió manifestando que “nosotros hoy tenemos que convertir esta Dirección Nacional [de Migraciones] en una Agencia Nacional, que tome todos e integralmente los problemas de migraciones que tenemos en nuestro país” (ídem). La política represiva del gobierno liberticida se sustenta en lo que en la Casa Rosada denominan “Doctrina Bullrich” que tuvo como premisa desde el día uno tomar el control de la calle por medio del protocolo antipiquetes, con la clara finalidad de terminar con la protesta social, convirtiéndose en una pieza clave para que avance el plan de guerra de Milei-Caputo contra los trabajadores. Pero Bullrich fue más lejos y con el aval del Ejecutivo y conjuntamente con otros entes, montó un verdadero Estado policiaco (creación del Departamento Federal de Investigación [DFI], Centro Nacional Antiterrorista [CNA], Plan Güemes, Plan Roca, compra de equipos antidrones, creación de la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, perfilamiento en marchas por parte de la SIDE, reforma de la “ley de seguridad interior”, cyberpatrullaje) abrevando de las doctrinas de seguridad de los Estados Unidos. Antecedente En julio pasado arribó al país Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, conocida como la “caza inmigrantes” por su dura política en materia migratoria. Se reunió en la Casa Rosada con Javier Milei y Patricia Bullrich, ocasion en la que firmaron un preacuerdo para que los ciudadanos argentinos ingresen sin visa a los Estados Unidos (que aún no se concretó). Pero el trasfondo de la reunión bilateral fue el establecimiento de un grupo de trabajo para identificar a prófugos en la Argentina. Las exigencias por parte de Estados Unidos -que no se dieron a conocer abiertamente- para que la Argentina entre al programa, tienen que ver con una serie de iniciativas entre las que se encuentran: la restricción de la entrada de rusos y la denegación del pasaporte argentino, el recorte a la entrada de venezolanos y bolivianos (Bolivia recientemente ha firmado un acuerdo con Irán) y que se tenga una caracterización política de las personas provenientes de estos países. En su momento, en estas páginas señalamos que detrás la entrada de Argentina al programa migratorio yanqui (del que el país fue parte entre 1996 y 2002, época de relaciones carnales) se encuentra agazapada la injerencia imperialista en los controles fronterizos, especialmente en la Triple Frontera, y la instrucción de las fuerzas de seguridad al mando de sus pares yanquis. Claramente esto implica, en principio, un endurecimiento de la política migratoria, que ya se ha cobrado la vida del bagayero Fernando Gómez a manos de la Gendarmería Nacional en diciembre de 2024. La creación de la ANM se enrola en los requisitos para que el preacuerdo rubricado Noem y Bullrich en su momento, llegue a buen puerto. La Argentina deberá atravesar un proceso al mando de los EE.UU. que implica el registro de aeropuertos, la supervisión de la emisión de pasaportes y la coordinación de bases de datos sobre terrorismo, lo que implica otro peldaño de sometimiento al imperialismo yanqui por parte del gobierno liberticida. En julio, Noem brindó una conferencia de prensa en la que señaló que “nos gustaría ver que califiquen para el programa lo antes posible” y la creación de la ANM responde a los intereses estratégicos del imperialismo yanqui.

No hace falta leer las "estadísticas” de Federico Sturzenegger sobre los beneficios arbitrales al Club Barracas Central para concluir que el fútbol argentino se encuentra, de conjunto, impugnado. Esta desautorización general a la conducción de Claudio Tapia al frente de la AFA ocurre luego de ganar el Mundial en Qatar y en las preparaciones de un nuevo campeonato que tendrá a Argentina y a la figura de Messi como animadores principales. La crisis ya se expresa en las ´alturas´: hoy es tapa de todos los diarios los probables vínculos económicos entre millonarios patrocinadores de la Liga argentina, de la Selección y los personeros de la Asociación del Fútbol Argentino. La gestión de Tapia inicia en 2017 bajo una alianza del macrismo (Boca), el moyanismo (Independiente) y el “fútbol del interior” (los clubes del ascenso comandados por Pablo Toviggino, alfil del gobernador Gerardo Zamora) que se imponen a la candidatura de Marcelo Tinelli (San Lorenzo, River y la mayoría de primera división) apoyada por los canales dueños de la televisación del fútbol. Bajo todo ese periodo y ahora mismo, lo que se discute, fundamentalmente, es la titularidad de esos derechos. Clarín/TyC Sports va a dejar de transmitir la segunda división y quedará únicamente como ´productor´ tercerizado de Disney/ESPN en los partidos que transmiten otros canales, aunque continúa por el momento con los derechos de la selección argentina. Durante el balotaje de 2023, la gestión Tapia participó activamente de la campaña de Sergio Massa. La victoria de Milei significaba, advertía, el ingreso de las sociedades anónimas (SAD), mientras que lo “nacional y popular” era defender las asociaciones civiles, es decir los clubes “de los socios”. La rigurosidad de esta caracterización es nula si se observa que bajo la gestión de Tapia las SAD coparon el fútbol argentino hasta tal punto de decretar campeones y descensos a gusto, alterar resultados producidos en el campo del juego y convertir el conjunto de la Liga en una serie de sucesivos torneos y formatos que renueva cada vez más equipos. La cuestionada “liga de treinta” en Argentina es parte de una orientación internacional a mayor cantidad de partidos, torneos y transmisiones. La ruta hacia las SAD que apoya Milei no es más que una velocidad más vertiginosa en el mismo sentido. Sur Finanzas Como todos los hechos de corrupción que denuncia la burguesía, en general, existen permanentemente en la realidad cotidiana. La crisis del fútbol argentino despertó una serie de señalamientos penales a “Sur Finanzas”, una sospechosa empresa que incrementó meteóricamente sus actividades y patrimonios. Se la vincula con la AFA por ser patrocinadora de los torneos y de la propia selección. La empresa abrió varios negocios en Estados Unidos, con la mira puesta en el Mundial 2026 y la participación argentina. A “Sur Finanzas” se la investiga por lavado de dinero, fraude con operaciones de dólar futuro y la utilización de empresas apócrifas. También aparece mencionada en la causa en la Agencia Nacional de Discapacidad. Los “campeones del mundo” no organizaron sus partidos de preparación en distintos puntos del país -lo cual no es menor porque prácticamente ninguno juega en Argentina- sino que se dirigieron a Angola y otros confines a recaudar cifras exorbitantes. Ninguna de estas recaudaciones millonarias es destinada a alguna mejora en el fútbol local, ni hablar del desarrollo de políticas de fomentación del deporte y los clubes. El gobierno de Milei se asoma para aprovechar este desprestigio y buscará, para sus socios, su tajada en el negocio del fútbol. Los jugadores de Estudiantes de la Plata han protestado contra la AFA y su arbitrariedad, pero es conducido en su presidencia por un defensor de la privatización abierta, como es Juan Sebastián Verón. En Estudiantes se pospuso un fuerte intento del propio Verón en asociar a la posteridad al club con el empresario Foster Gillett, lo que despertó una oposición entre otros dirigentes y socios. Para Milei, en última instancia, los hinchas del fútbol directamente deberían transformarse en ´accionistas´. La conversión completa de los clubes a empresas aportaría las ´garantías´ para mayores inversiones privadas. Con todos los límites, la celebración ´regular´ de algún tipo de elección en los clubes sociales colocan en una incertidumbre potencial los ´retornos´ de las mismas. Eso ocurre, por ejemplo, en San Lorenzo donde toda una serie de dudosos capitales financiaron la campaña del presidente Marcelo Moretti, conocido en la televisión por guardarse 25.000 dólares de una ´donación´ en el bolsillo de su saco. En ese oficialismo de San Lorenzo actúan tanto Sebastián Pareja (Milei) como la propia conducción de la AFA, que lo sostienen. Se han reprimido las movilizaciones de los hinchas que exigieron su destitución. La decadencia del fútbol argentino ´acompaña´ un derrumbe general del régimen y también de las condiciones de vida de la clase obrera. Hace rato que las organizaciones de los trabajadores fueron apartadas de la administración de los clubes, como lo fueron de todo un conjunto de problemas sociales. La continuidad de todas estas vías de mayor mercantilización del deporte derrota su esencia.

En el día de ayer, 26 de noviembre, se dio media sanción a un paquete de cuatro leyes destinadas a destrabar el proyecto San Jorge: el Fondo de Compensación ambiental, un fondo estatal para paliar el impacto en el ambiente que generen las mineras; un régimen impositivo de regalías al 3% del boca de mina, señalado como más beneficioso que el RIGI; el expediente Distrito Minero Occidental II con 27 proyectos mineros, lo cual recae en el incumplimiento de la ley 7722 que establece que cada proyecto minero requiere un informe de impacto ambiental independiente. Por último y más importante, se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge Cobre Mendocino con lo cual, de obtener la aprobación en el Senado, el proyecto San Jorge quedaría listo para empezar a desarrollarse. Dentro del recinto las leyes contaron con el apoyo del conjunto del arco político, peronistas, radicales, macristas y libertarios. Posaron de opositores sectores del kirchnerismo y algunos peronistas que oscilaron en la última votación. En 2011 el proyecto de igual características fue presentado por el gobierno de Jaque perteneciente al PJ y rechazado por la movilización popular. La jornada en el recinto fue repudiada desde muy temprano por el activismo que se congregó en la calle frente a la Legislatura desde las nueve de la mañana. Asambleas ambientales, organizaciones sociales y vecinales de Uspallata se hicieron presente y a medida que avanzó el día fue creciendo la convocatoria con la salida del trabajo de los mendocinos. Para las18.30 se terminó de votar la última ley y una asamblea improvisada votó movilizar a Casa de Gobierno y quedar en alerta y movilización hasta que se vote en el Senado provincial. Un día antes, el 25 de noviembre, el CONICET de Mendoza emitió un comunicado institucional en las vísperas de lo que se esperaba sea la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DAI) en la Legislatura. En el comunicado se vuelcan epistemológicamente las razones por las cuales la DAI resultaba inconclusa, con errores y omisiones por los que debía ser rechazada de cuajo ya que “ la empresa no ha respondido sustantivamente a las objeciones y sugerencias vertidas en el dictamen técnico y en la mayoría de los informes sectoriales presentados, tales como el Dictamen Técnico de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNC); el informe sectorial del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), el del Departamento General de Irrigación (DGI), o el Informe de la Facultad de Ciencias Médicas (solicitado por el Rectorado de la UNCUYO sobre riesgos de la salud), por citar algunos”. El comunicado resume las objeciones y sugerencias en cuatro grandes ejes de impacto: recursos hídricos, biodiversidad, socio-económico/patrimonial y suelo. Los cuatro coinciden en la falta de actualización de los datos utilizados, utilizando referencias de m´ss de 20 años de antigüedad y, por otro lado, que los muestros realizados son insuficientes. Para el recurso hídrico se señala que los datos del cauce del Arroyo el Tigre son anteriores al 2010 y que no tiene en cuenta la época de sequía actual, para lo cual los 120 litros/seg que necesita la empresa no podrían ser satisfechas en las condiciones actuales salvo en época estival. Las modelizaciones de riesgo de contaminación de napas son precarias, con pocos datos y con errores. En cuanto a la biodiversidad señala un mínimo esfuerzo en la formación de una línea base de la región. Los métodos de muestreo son escasos y confusos (sic). Los mapas realizados de vegetación poco detallados y no hay un plan de manejo y conservación de la flora, como tampoco un relevamiento de artrópodos, los que resultan excelentes indicadores de biodiversidad e impacto. “Los datos de estructura y dinámica de la población en términos cuantitativos están desactualizados (datan de más de 15 años) y restringidos a la localidad de Uspallata, lo cual es limitado por la ubicación del proyecto próximo al corredor binacional” señala el comunicado. Y añade “La creación de empleo se ve acotada por el perfil de la población de la región “. No hay un informe de cómo impactará socialmente el desarrollo del emprendimiento minero en términos de vivienda, transporte, salud, educación, etc. Tampoco hay un plan de manejo con respecto al patrimonio histórico de la humanidad (UNESCO 2014) en una región que posee más de 8.000 años de actividad humana en la región. La importante aclaración técnica que desarrollaba el comunicado del CONICET en sus cinco resumidas páginas resultó una poderosa herramienta para quienes se vienen organizando sistemáticamente contra las mineras. Su divulgación por grupos de WhatsApp resultó viral, por ello no pasaron 24 horas para que Salamone (presidente liberticida del CONICET) y Hebe Casado (vicegobernadora de Mendoza) le pusieron los tantos a los directivos del CCT CONICET Mendoza para que bajaran el comunicado y lo reemplazaron por otro en el cual claudican “El CONICET Mendoza no está en contra de ninguna actividad productiva que contribuya al desarrollo de la región”, sacando de circulación el comunicado anterior. Los trabajadores del CONICET Mendoza han resuelto una asamblea el mismo 26 para discutir la movilización y la exigencia de explicaciones a las autoridades. Es desde la Ley Bases y el RIGI que el arco político patronal actúa de conjunto para atraer inversiones de características extractivistas, por un lado, eliminando barreras impositivas, legislaciones ambientales y ahora liquidando también la legislación laboral. La lucha por el ambiente se va a resolver en una pelea contra el conjunto de un régimen que se pudre y busca liquidar la riqueza natural con el único fin de tributar a una maquinaria de suministros que se perfila para la devastación y la guerra.

El 23 de noviembre empezó a circular la noticia de que Flavia Terigi, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), reemplazaría a Alberto Sileoni en la dirección general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires siendo la segunda rectora de la UNGS en saltar al gabinete, aunque no es la primera vez que ella ocupa un rol gubernamental. En su nuevo cargo estará encargada de reforzar la reforma educativa que está llevando adelante Kicillof en las escuelas secundarias, el Nuevo Régimen Académico que cuenta, efectivamente, con aportes teóricos de la propia Terigi. Un medio de La Plata anuncia que “[...] En el Gobierno interpretan su designación como una señal de continuidad y fortalecimiento institucional para el sistema educativo bonaerense” (Infocielo, 27/11). Como la anterior rectora de la UNGS, Gabriela Diker, Terigi es psicopedagoga y desempeñó su carrera académica en ese ámbito. Basta decir que teorizó respecto a las trayectorias, la no repitencia y ‘’el cronosistema escolar’’, en muchas ocasiones, y sus investigaciones fueron acompañadas de la propia Diker. Este dúo psicopedagógico también participó de la discusión a favor del Nuevo RA Escolar en una nota publicada en Página 12 en 2023 donde señalaban la importancia de eliminar la repitencia del sistema educativo a la vez que afirmaban que ‘’En este esquema, las trayectorias individuales de los y las estudiantes deben adaptarse a la organización escolar y no al revés’ (Página 12; 23/02). La adaptación de las trayectorias individuales de los estudiantes a la organización escolar implica, básicamente, poner a disposición las herramientas institucionales para el desarrollo de la cursada de los alumnos. En ese sentido, implica la formación de nuevos cargos docentes y especialistas en educación que conformen la plantilla profesional de una escuela. Como esto no ocurre debido a la caída en el financiamiento educativo y el empeoramiento del salario docente, esta reforma -se ha demostrado en la provincia- no es más que una reforma laboral que le impone a la docencia trabajar a destajo para cobrar un salario de miseria sin que nuevos cargos sean tomados, por ejemplo, para los períodos de intensificación. Durante el último año, Terigi no ha podido responder a ninguna de las problemáticas al interior de la universidad. No ha tenido inconveniente, en cambio, para intervenir en el centro de estudiantes de la Universidad de General Sarmiento, propiciando la perpetuación de su dirección, El Puente. La gestión de Terigi decidió desconocer el reclamo de los estudiantes de llevar adelante las elecciones. Por otro lado, desde 2023 hasta hoy, la Universidad de General Sarmiento ha estado en franco retroceso. Ha continuado la vía de decadencia que comenzó con la gestión de Dicker y que se fue agudizando durante la pandemia por COVID-19. Con pocas comisiones, baja oferta horaria, bajas docentes, concursos vacíos que daban espacio a que las horas de las materias sean tomadas por ayudantes con un salario de miseria, la desaparición de materias por falta de personal docente y un largo etcétera. La UNGS se convirtió, básicamente, en un ejemplo de la precarización laboral y decadencia de la universidad pública. Sumado al conjunto de problemáticas de la UNGS, Terigi se convirtió en vocera e ideóloga del Nuevo Régimen Académico en las secundarias que implican una superexplotación a la docencia y que, además, ha sido creación de la propia Terigi quién impulsó este modelo en la escuela secundaria de la UNGS creada en 2014/15. También ha sido vocera del SACAU, el sistema de créditos universitarios, ya que ella encabeza la comisión que se encarga de redactar la ley y enviarla para su revisión al Ministerio de Educación y al Congreso. El SACAU es la llave para el reforzamiento de los posgrados arancelados en detrimento de las carreras de grado. En relación al Nuevo RA, invitó al Jefe Regional de la región 9, Copes, para que haga una bajada de línea respecto al mismo en una charla donde, básicamente, habló de lo exitoso que era un módelo que implicaba que los docentes tuviesen que hacer ‘’horas extras’’ a la par que se profundiza el vaciamiento de los contenidos científicos en los currículos educativos. El SACAU es un episodio aparte, basta con señalar que han armado, por lo menos, tres o cuatro mesas con ‘’especialistas’’ de distintas universidades para redundar en cuestiones burocráticas y análisis superficiales respecto a una reforma que implica la virtual privatización de la universidad escondida detrás de los posgrados. Otra de las experiencias políticas de Terigi se encuentran en la organización de las marchas universitarias por parte del CIN, donde se buscó por todos los medios canalizar el descontento social hacía la institucionalidad, sellando las marchas detrás de las leyes de financiamiento que, por un lado, tenían un carácter de encomienda y por el otro, de refuerzo a la línea del gobierno que señala la importancia de algunas carreras en relación a otras. Si hubiera que caracterizar políticamente el rol que llevará adelante Terigi encabezando la dirección general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, bastaría con denunciar que será una fiel colaboradora de la motosierra de Milei junto a Axel Kicillof. Por otro lado, se replicará el fracaso de la gestión universitaria de Terigi ahora a nivel provincial.

El próximo 27 de febrero se llevará a cabo una audiencia clave en la causa. Esta instancia es previa al juicio oral y en ella las partes -la fiscalía, los abogados de la familia de Loan y las defensas de los 17 imputados- deberán ofrecer y presentar las pruebas que utilizarán. La Justicia Federal de Corrientes busca realizar el juicio el año que viene, antes de que se cumplan los dos años de detención de los siete acusados de ser autores materiales de la sustracción. Este es el plazo máximo legal que pueden pasar en prisión preventiva sin que se inicie el juicio. La familia de Loan, sin embargo, ha presentado un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación Federal. Este recurso es contra la resolución de la Cámara Federal de Corrientes que ordenó a la jueza de la causa dar por cerrada la etapa de instrucción. La familia insiste en la necesidad de mantener la búsqueda del niño hasta que se agoten todas las pistas. La urgencia por iniciar el juicio y la gran cantidad de pruebas y testigos que se presentarían (según trascendió, la fiscalía requeriría la declaración de 702 testigos) contrasta fuertemente con la falta de resultados concretos que conduzcan a la aparición de Loan. Las maniobras de encubrimiento que se produjeron, tanto en las horas posteriores a su desaparición como durante la investigación inicial, lograron borrar todo rastro del niño. De hecho, hay diez imputados acusados de intentar desviar la investigación. Se presentaron como supuestos integrantes de la Fundación Lucio Dupuy y se vincularon con testigos y otros acusados. Nuevo operativo de búsqueda Por iniciativa de la familia de Loan, que aportó nuevas pruebas, se está llevando a cabo un nuevo operativo de búsqueda que se extenderá hasta el 30 de diciembre. Los rastrillajes se realizan en cuatro lagunas situadas en las adyacencias del paraje donde el niño fue visto por última vez. La jueza federal interviniente dispuso esta medida luego de que la familia aportara pruebas que sitúan a un nuevo sospechoso en esa zona. También solicitaron la detención de esta persona, aunque sobre ello no hay novedades. El nombre del nuevo sospechoso se mantiene en reserva y se trataría de alguien cercano a Mónica Caliva, la exfuncionaria municipal de 9 de Julio, y su esposo, un exmarino, ambos imputados en la causa. Nuevamente se pone al descubierto el accionar impune de las redes de trata que tienen zona liberada para actuar bajo la complicidad o inoperancia de la justicia. La familia de Loan es la única que lo busca y que hace de fiscal aportando pruebas para que siga la búsqueda. El apuro por llegar a juicio y que se condene a los imputados busca cerrar el circuito y que no se llegue a las esferas superiores. Como la familia de Loan, sigamos exigiendo su búsqueda.

La etapa política abierta con las últimas elecciones arroja una conclusión fundamental: debemos prepararnos para luchas cada vez mayores y más profundas, El gobierno, envalentonado con los votos obtenidos, intenta profundizar el ataque a conquistas históricas del movimiento obrero antes de que se agote la “inyección” de dólares que rescató -sólo temporalmente- al gobierno del default. Milei y Trump han convertido a la Argentina en un protectorado del imperialismo norteamericano. Este ataque se concentrará en el intento de liquidar los derechos históricos del movimiento obrero argentino, mediante una reforma laboral de carácter fascistizante. La burocracia sindical está negociando esta entregada a cambio de preservar sus privilegios. Está planteado como un enorme desafío de Política Obrera, una gran campaña de agitación y organización contra esta reforma laboral antiobrera que pretende Milei, en directa conexión con la lucha por una nueva dirección, clasista y revolucionaria, en los sindicatos. La agitación sobre las principales fábricas, reparticiones estatales y centros de estudios son el centro de nuestra atención política en esta campaña Queda para un partido revolucionario la inmensa tarea de dar salida a esta crisis de dirección de la clase obrera, que hoy ha elegido entre dos variantes absolutamente decadentes que no les ofrecen a los trabajadores otra cosa que una mayor explotación. Es necesario emprender, a partir de una estrategia y un programa, un reclutamiento socialista en las nuevas generaciones que dé respuesta a estas variantes capitalistas. Eso implica un despliegue más intenso en términos de agitación, de propaganda y de organización en las grandes fábricas y en los centros de estudio. Colaborar con la Campaña Financiera significa colaborar con la salida de un periódico impreso cada 15 días de distribución nacional, a que se sumen nuevos lectores de nuestra prensa digital y a desarrollar nuevos medios, como nuestro canal de YouTube y el programa “Socialismo o Barbarie”. Este resorte económico servirá para que nuestra voz sea escuchada en todo el país por medio de actos, de una agitación en los lugares de trabajo y en las movilizaciones contra la reforma laboral en curso, contra el “protectorado” de Trump y Milei , por la derrota del imperialismo y el Estado sionista en Palestina y todo Medio Oriente, contra la agresión a Venezuela; por el fin de la guerra mundial en desarrollo y por la derrota del imperialismo y a los regímenes opresores; en definitiva, por la unidad internacional de los trabajadores contra el imperialismo. Apelamos a todos nuestros simpatizantes y amigos a aportar a la campaña, a sumarse a las actividades especiales que programamos como parte de la misma (charlas. actividades culturales, colectas) y a que sean aportantes permanentes a Política Obrera. Vamos por una gran campaña financiera.

La multinacional norteamericana anunció ayer a sus 220 trabajadores el cierre definitivo de la planta Pilar. Luego de una permanencia de varias horas, los trabajadores fueron abandonando la planta a última hora de la tarde de ayer, ante el compromiso de la empresa de pagar las indemnizaciones. Se calcula que, entre puestos de trabajo directos e indirectos, el cierre de Whirlpool representa una caída de 1.000 puestos de trabajo. Industricidio El cierre y los despidos de la planta de Whirlpool se suma a una ola de cierres de fábricas que recorre a todo el país, que es el resultado del agotamiento del plan económico de Milei-Caputo. Esta ola golpea en forma concentrada a los trabajadores en la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Kimberly Clark, KTM, SKF, Ilva, Berrys son solo algunos ejemplos de esta ola, que según las estadísticas lleva según un informe de la CEPA, a una reducción de 4500 empresas solo en el último año. Este panorama plantea más que nunca la necesidad de una respuesta de conjunto de la clase obrera: la huelga general. El de Whirlpool no se trata de un cierre que apunte a realizar una reforma laboral interna, como en el caso de los cierres de ILVA o los despidos masivos en Cortines. La composición de los trabajadores de Whirlpool es esencialmente de jóvenes menores de 25 años, en mayor medida mujeres. Las condiciones de arranque de la fábrica fueron de entrada lo que marca el convenio de línea blanca de la UOM: salarios bajos la línea de pobreza y una importante rotación laboral. En Whirlpool la reforma laboral se hizo de entrada. La UOM, una agencia de gestión patronal Las condiciones de la desvinculación todavía no se han dado a conocer con claridad. Los dirigentes de la UOM mantuvieron reuniones con la empresa para reclamar el pago del 100% de las indemnizaciones, sin osar reclamar la continuidad de los puestos de trabajo. La UOM ha acumulado una larga trayectoria de gestionar en favor de la patronal este tipo de situaciones de cierres, despidos y suspensiones, que no se ha modificado con el recambio de Caló por Furlán. Por otra parte, las indemnizaciones, al tratarse de un establecimiento prácticamente nuevo, representan un número muy bajo. Endeblez, marca de origen de la industria nacional La planta de Whirlpool Pilar pasará a la historia como un ‘bandazo fenomenal’ del capital: fue inaugurada hace solo tres años, en octubre de 2022. De la inauguración habían sido parte el presidente, Alberto Fernández; el ministro de Economía, Sergio Massa; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y el intendente local, Federico Achával. En tres años Whirlpool pasó de inaugurar la planta Pilar como “la más moderna del mundo” del grupo, a la interrupción total de la fabricación de lavarropas en el país para dar paso a un esquema de negocio sustentado exclusivamente en la importación de bienes terminados. La planta Pilar fue construida a partir de una inversión de US$ 52 millones, que le permitieron producir 300.000 lavarropas por año, de los cuales 200.000 se habían planificado para exportar a Brasil -un plan que se derrumbó al calor de encarecimiento en dólares de la producción local. La planta que cierra Whirlpool tiene la capacidad de finalizar un lavarropas en aproximadamente 40 segundos. Whirlpool no se trata de una cadena de montaje, sino la planta “más automatizada que tiene la compañía en el mundo” al contar con 22 robots, pero, al mismo tiempo, “es mano de obra intensiva “, lo que la convierte en un modelo híbrido. Los lavarropas que se fabricaban eran de alta gama, con un componente nacional del 50% en los insumos. El objetivo era alcanzar un 70% de componentes locales en un corto plazo. La volatilidad de la industria argentina -de capitales nacionales y multinacionales- expresa su fuerte carácter de dependencia de los ciclos internacionales, es decir de su ubicación subalterna en el mercado mundial. Durante la crisis de 2001/2002, un industrial de peso había declarado que la esencia de la crisis de desarrollo nacional consistía en que ante cada cambio del precio del dólar los empresarios cerraban las fábricas para dedicarse a la importación. Esa misma volatilidad planteará más temprano que tarde una reapertura de la planta de Pilar, una vez que se haya producido un ajuste cambiario o se modifique la coyuntura económica con la que se justifica hoy el cierre lo. El planteo de la continuidad de la producción y de los puestos de trabajo debe defenderse en esta perspectiva.

Esta semana estuvo en Buenos Aires el canciller israelí Gideon Sa'ar, un hombre del ala más derechista del Likud, el partido de Netanyahu. Gaza «debe ser más pequeña al final de la guerra» y “quien inicie una guerra contra Israel debe perder territorio” son dos de sus frases que ilustran a un militante de la limpieza étnica del pueblo palestino. La actividad del canciller, que llegó acompañado por una delegación de empresarios israelíes, fue vertiginosa: se reunió con Milei y después con Bullrich -en su calidad de ministra de Defensa saliente-, encabezó un foro económico y ratificó la decisión de fortalecer inversiones y lazos estratégicos. Antes había hecho lo propio en Paraguay donde lo recibió el presidente Peña y lo homenajeó el pleno del Congreso, convocado especialmente. Allí Sa'ar dijo que visitaba “dos de los mayores amigos de Israel en el mundo (…) que la han apoyado firmemente durante los últimos dos años de la guerra y continúan apoyándolo firmemente en el ámbito internacional y en las instituciones internacionales” (Infobae, 24/11). El martes, durante la reunión cerrada a la prensa en Casa Rosada, Milei y el israelí hablaron sobre la visita del presidente para inaugurar la embajada argentina en Jerusalén", una promesa repetida desde la campaña electoral que establece el posicionamiento internacional del fascista argentino. Sa'ar le pidió que declare organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, un salvoconducto para que cualquier ataque militar tenga carácter legal. También rezaron juntos. Al día siguiente, el canciller Pablo Quirno y su ¿par? israelí confirmaron la mudanza, un acto de adhesión política que coloca a la Argentina por fuera de la legalidad internacional y la convierte en el sexto país del mundo que sigue los pasos inaugurados por Estados Unidos en 2018, durante la primera presidencia de Trump. Antecedieron a Milei en el gesto de obediencia proimperialista Paraguay, Guatemala, Honduras, Kosovo y Papúa -Nueva Guinea. Lo que Perfil llama “una lista de parias liderada por Estados Unidos”. Kosovo, un país no reconocido por la ONU, envió tropas a Puerto Argentino para los ejercicios militares ilegales del Reino Unido (Perfil 26/11). Mantienen su sede diplomática en Tel Aviv 90 países, siguiendo los lineamientos de la partición determinada por Naciones Unidas en el 48. Desde 1967, Israel ocupa Jerusalén Este -la que según la ONU le tocaba a Palestina- y reclama que toda la ciudad sea su capital “eterna e indivisible”, con argumentos basado en el derecho divino mientras demuele casas de piedra milenarias de los palestinos y siembra la Ciudad Santa de asentamientos financiados por la ultraderecha evangélica norteamericana. Mudar la capital es un espaldarazo brutal a la ocupación y al genocidio sionistas, y a los propósitos de Trump y Netanyahu de diseñar un nuevo mapa de Medio Oriente que les garantice los recursos naturales de una de las zonas más ricas del planeta. El anuncio fue formulado ante un auditorio “repleto de empresarios argentinos e israelíes” durante el Foro Argentina–Israel, organizado por la Cámara de Comercio bilateral. Perfil destaca que las charlas sobre la política y los negocios “se fusionaron con la discusión geopolítica, constituyendo lo que ya no es solo un síntoma de época sino una constante en la conversación del empresariado local e internacional”. La mudanza, “el gesto geopolítico más significativo de su giro en política exterior” (ídem), es una prueba rotunda del alineamiento con Estados Unidos e Israel, en un momento en que hasta Netanyahu reconoce el aislamiento de su país por la condena internacional al genocidio de los palestinos en Gaza. Netanyahu, con pedido de captura por crímenes de guerra de la Corte Penal Internacional, debe ensayar recorridos estrambóticos cuando vuela a Estados Unidos para no ser detenido. "Nuestros gobiernos son extremadamente cercanos", se regocijó el enviado sionista. "Para Milei, el traslado de la embajada tiene una dimensión moral. Es parte de su convicción personal", aportó un legislador de LLA. Sin embargo, en los pasillos del Foro, la pregunta que se formulaban los empresarios era muy distinta. Este gesto de apoyo político tan significativo coloca al país fuera del derecho internacional y, por lo tanto, deja a la Argentina debilitada en su reclamo de Malvinas. Además, Israel es un socio comercial menor (con un estimado en 525 millones de dólares en favor de Argentina). Ante ese escenario: ¿existe un retorno económico real para la Argentina en el corto plazo? En realidad, según Perfil, el comercio bilateral retrocedió en los últimos años y hoy se sostiene mayormente en nichos tradicionales (fertilizantes, productos agrícolas, tecnología de riego en Mendoza). La titular del área económica de la embajada, Hila Ravia Zadok, habló de un momento bilateral marcado por la alianza "estratégica" que combina el "talento argentino" con el "know how israelí". "Que hayan venido representantes del gobierno y del sector privado es una muestra del potencial que vemos en Argentina. Es un tiempo de oportunidad para hacer negocios en un nivel más acelerado. Nuestras economías son complementarias", afirmó. Pero cuando le preguntaron si existían acuerdos concretos de inversión firmados, la sionista prefirió hablar de amor: "La amistad y la solidaridad están, porque el corazón está en el lugar indicado. A nosotros nos guía la justicia; sabemos quién está bien y quién está mal. Valoramos el apoyo del presidente Milei, y le aseguramos al gobierno argentino nuestra solidaridad con sus desafíos". Más adelante dijo, sin mayores precisiones, que estaban buscando “acuerdos comerciales, inversiones y colaboraciones en nuevas oportunidades y mayores volúmenes”. Sa'ar fue más claro en sus propósitos: esperan que la Argentina “funcione como plataforma de acceso a Iberoamérica, una puerta de entrada al mercado de la región”. “No solo había interesados en el aspecto comercial. Fue el caso de Susana Werthein un puente entre las universidades de los dos países”, apuntó Clarín (25/11). El masivo boicot académico a las universidades israelíes como rechazo al genocidio es un problema principalísimo del sionismo. Por su parte, el presidente de la Unión de Manufactureros de Israel -el equivalente a la UIA-, Ron Tomer, opinó que Argentina se va a beneficiar de estar alineada, como hicieron Estados Unidos o Alemania". Y desechó cualquier compromiso oficial: “El resultado no viene por una decisión de un gobierno, sino por las empresas que decidan invertir. Esa es la visión de su presidente: que Argentina sea atractiva para inversores y no que reciba donaciones". A la hora del apoyo político al genocidio, los empresarios argentinos no mostraron fisuras: "Siempre sirve ser amigo de un poderoso", resumió uno de ellos. Un día después, en su 90 aniversario, la DAIA le realizó su enésimo reconocimiento a Milei por “su lucha contra el antisemitismo”. Empalagoso, el liberticida afirmó que “Israel es un ejemplo radical de todos estos valores que hicieron a Occidente grande” y se deshizo en elogios hacia “la valentía de los soldados israelíes” durante el ataque a la población gazatí sin olvidarse de celebrar “el apoyo inquebrantable del presidente Trump” a la causa de la limpieza étnica. “Mientras la gran mayoría del mundo libre decidió darle la espalda al Estado judío, nosotros le dimos la mano”, fue una de las frases más aplaudidas por la plana mayor del sionismo vernáculo. Patricia Bullrich también se reunió con Sa'ar, “para reafirmar el trabajo conjunto en materia de defensa, cooperación internacional y lucha contra el terrorismo”. Tras el encuentro, Bullrich destacó en su cuenta de X que "Argentina e Israel comparten desafíos claros frente a las amenazas que buscan desestabilizar a nuestros países. Por eso, vamos a seguir fortaleciendo nuestra cooperación estratégica". El canciller israelí también se refirió a la reunión: expuso ante Bullrich "la promoción del terrorismo por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán en Oriente Medio y otros lugares, y la necesidad de designarla como organización terrorista". Milei se propone reforzar un esquema de cooperación ideado por Trump, los llamados Acuerdos de Isaac, una articulación diplomática, social y económica con Israel a la que pretende liderar sumando a otros países de la región. Pero el entusiasmo de junio, cuando viajó a Israel y prometió convocar una Conferencia Internacional por la Libertad en diciembre, que reuniría a los jefes de Estado para firmar “el acuerdo” y, “si era posible, dar la bienvenida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como testigo de honor”, parece un poco maltrecho (Política Obrera, 12/6).

El 26 de noviembre, a la salida del turno mañana, tuvo lugar un hecho que condensó la descomposición social que atraviesa la escuela pública: una madre atacó de manera brutal a Karina, maestra de 3°, hasta dejarla con el rostro desfigurado y con riesgo de perder la visión de un ojo. La agresión se produjo luego de que la docente enviara, por los canales institucionales, la foto del acta de una riña entre su hijo y otro alumno. La respuesta fue un golpe salvaje y sin palabra previa. De no haber intervenido docentes y auxiliares, la escena podría haber terminado en una tragedia mayor. Por la tarde, los gremios del FUDB anunciaron un paro y una movilización desde Plaza Alem hasta la Jefatura Distrital para el jueves 26. Allí convergieron cerca de tres mil docentes en busca de una respuesta inmediata y concreta frente al ataque. Lo único que obtuvieron fue el consabido libreto burocrático: respaldo formal a la denuncia contra la agresora y el “protocolo” de reparación y resguardo, una formalidad que nunca se cumple y que se archiva bajo el polvo de los expedientes. Frente a esta nueva estafa administrativa, la docencia -en forma autoconvocada- resolvió marchar hacia la sede de Inspección. Las inspectoras se negaron a descender para dialogar; en su lugar enviaron a un estudiante secundario, que se presentó como militante de la UES y habló en nombre de la Dirección General de Escuelas. La maniobra provocó la indignación de la docencia, que se encontró una vez más ante el vacío gremial y el contubernio entre la Jefatura Distrital y los sindicatos del FUDB. Como respuesta, se definió la realización de un semaforazo para el día siguiente. La violencia en las escuelas crece al ritmo de la descomposición del régimen social que gobierna la vida cotidiana. La acción autoconvocada de un sector de la docencia de San Martín representa un paso en la dirección de una iniciativa independiente, desde abajo, que desborde a una burocracia sindical cómplice del derrumbe educativo, de la licuación salarial y de la creciente violencia que recae sobre los trabajadores de la educación. Es necesario que esta autoconvocatoria avance en la elaboración de un programa propio de acción y lucha. Ese programa debe partir de una herramienta estratégica: la asamblea y la huelga general, para poner fin a los atropellos y oprobios que sufrimos día tras día en las escuelas. La docencia de San Martín abrió un camino. Ahora se trata de desarrollarlo la organización independiente, programa propio y huelga general. Solo así podremos quebrar la impunidad de la burocracia, de la patronal estatal y de un régimen en descomposición que descarga su violencia sobre los trabajadores. VER LA SIGUIENTE ENTREVISTA: Docencia | Carlos Suarez en Radio con Vos 28/11. LEER MÁS: Contribución para la crítica de la violencia escolar Por Andrés Soko, 14/11/2025. La violencia del capital en el espacio escolar Por Andrés Soko, 12/04/2025.

El día martes por la mañana, la empresa Autosal Koh-i-noor S.A. despidió a 14 trabajadores de la planta de Villa Mercedes en San Luis. Estos despidos se suman a los de Dana, la autopartista que la semana pasada despidió a 58 trabajadores en Naschel, San Luis. Según recoge un medio de San Luis, Víctor Gómez, representante de la UOM en Villa Mercedes, dijo que “ante la apertura de la importación se han convertido en importadores” y la merma en la producción lleva a que se registren estos despidos. “Ellos aducen una caída en la producción y por eso hacen esta merma de personal”. (El Diario de la República 25/11). Esta “denuncia” fue reiterada en el programa de radio Fm La Nuestra 100.3 donde agregó lo siguiente: “me comuniqué con gente de la dirección de relación laboral de la provincia, vamos a hacer seguramente una mesa de trabajo junto a la gerencia de la empresa para encontrar una salida a esto”. Tanto la UOM (Metalúrgicos) como la UOYEP (Plásticos) y ASIMRA (Supervisores Industria Metalmecánicos), los tres sindicatos que convergen en Koh-i-noor Villa Mercedes, han dejado pasar los despidos de manera indiscriminada. Los despidos en la planta de heladeras Koh-i-Noor no son novedad alguna. A partir de enero de 2025 hasta noviembre de este mismo año, despidieron más de 40 trabajadores. La recepción en los medios ha sido casi nula, esto debido a que la patronal ha despedido de a poco a sus trabajadores para evitar que tenga repercusión en la prensa y los medios locales/nacionales. Ante todo esto, la única ‘’propuesta’’ de la burocracia de la UOM es tratar la cuestión ‘’desde arriba’’ a través de una mesa de trabajo que no es más que una salida patronal que tiene el agregado de que, quién es ministro de trabajo en San Luis, Gustavo Bertolini, tiene vínculos con los dueños de la planta. Parte del gremio de plásticos en la planta de Villa Mercedes pertenecen al área de Recursos Humanos. Es casi un hecho que la patronal ha estado recibiendo asesoramiento por parte de la burocracia para evitar generar un foco mediático en torno a los despidos. Pero también es un hecho que la salida propuesta por la UOYEP es la misma que la que propone la UOM y, por descontado, ASIMRA. Este tipo de salidas, como lo podrían ser las mesas de trabajo o la apelación judicial al ministerio de trabajo -tal como ocurrió en Georgalos-, son procedimientos del sindicalismo estatizado mediante los cuales hacen un trámite frente a la autoridad laboral, luego, denuncian que la misma responde negativamente ante la presión sindical y le atribuyen el asunto de los despidos a que los trabajadores votaron un gobierno que favorece a las patronales. En Georgalos las reincorporaciones de los trabajadores despedidos a mitad de año fueron sucedidas esta semana por suspensiones masivas mediante el uso del artículo 223. La mesa de trabajo que propone el Secretario de la UOM Villa Mercedes, que, por cierto, fue también una propuesta del gobierno en Dana, buscará dilatar la situación para arreglar con el sindicato una indemnización para los 14 trabajadores despedidos evitando que se discuta la reincorporación de los mismos. Esta es la línea con la que ha intervenido en los conflictos laborales de la provincia de San Luis el ministro de trabajo. Por otro lado, la posición de la patronal de adjudicar esta decisión a la recesión económica y a la baja de la productividad esconde detrás el hecho de que parte de la maquinaria de Koh-i-noor que fue trasladada de Buenos Aires a Villa Mercedes -extrusoras, termoformadoras, maquinas inyectoras de plástico, etcétera- están en perfectas condiciones y listas para la producción. La baja en el volumen de electrodomésticos producidos que responde al abaratamiento de los costos mediante las importaciones de heladeras desde china, será reemplazada por el abaratamiento del costo laboral introducido por la nueva reforma laboral que permitirá que se vuelva a la producción de 400 equipos diarios sobre la base de la contratación de nuevos trabajadores, más jóvenes y sin derechos laborales. Respecto a este último punto, el gobierno provincial del saltimbanqui (experonista, expro, actual libertario) Claudio Poggi, está en discusiones a puertas cerradas con las patronales para que se deshagan del personal que cuenta con mayor antigüedad en la empresa y contraten a los empleados del plan de inclusión además de trabajadores jóvenes por la mitad del salario. En esta tarea también ha colaborado Bertolini, el ya mencionado ministro laboral de San Luis., que, según trabajadores de la planta, ha estado en contacto permanente con la patronal para acelerar los despidos con vistas a la reforma laboral. Lo que queda claro, a partir de lo ocurrido tanto en Koh-i-noor Villa Mercedes como en Dana Naschel, donde se ha maniobrado de manera similar, es que en San Luis -y, por supuesto, el resto del país-, están listos para entregar al gobierno de Milei las llaves de la ultraprecarización laboral. En este escenario, es necesario que los trabajadores de Koh-i-noor Villa Mercedes se organicen, no para recibir una indemnización, sino para ser reincorporados a sus puestos de trabajo y que la patronal se haga 100 % responsable del pago de salarios por el tiempo de inactividad provocado mediante el despido.

El gobierno de Milei representa una ruptura con el régimen democrático burgués, con sus intervalos de gobiernos de facto, en lo que respecta a la política exterior y con la finalidad de legitimar sus tropelías en lo que respecta al cuidado de los derechos humanos, en los últimos días los liberticidas han votado en la Asamblea General de la ONU, como lo viene haciendo, alineados con Estados Unidos e Israel, en contra de una resolución que condena la tortura “en todo momento y lugar”, siendo los únicos tres países que votaron en este sentido. Especialistas en la materia han señalado que representa un giro de 180 grados en lo que respecta a la política exterior y en particular con temas relacionados con los derechos humanos. La resolución sobre la prohibición absoluta de las torturas, que hasta el momento gozaba de un consenso, se ha roto a partir de la votación de la Argentina y sus socios. Además de las torturas el documento señala que se deben garantizar medidas de prevención, investigación y reparación de las víctimas de vejaciones. El documento en cuestión es renovado automáticamente cada tres años por medio de la votación de los países miembros. A los votos de rechazo se suman las abstenciones de Burundi, Rusia, Papúa Nueva Guinea y Nicaragua. Un antecedente reciente de esta votación, se dio cuando el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación (SDH), Alberto Baños, manifestó en el Comité Contra la Tortura de la ONU, que en la Argentina se necesita una “memoria completa” y, a su vez, realizó una negación de los crímenes de la última dictadura militar y aprovechó su alocución para realizar una defensa irrestricta del protocolo antipiquetes y de la Doctrina Bullrich. Con esta referencia, la votación negativa contra la tortura se convierte en un guiño para los negacionistas vernáculos y representa un aval político para que las fuerzas de seguridad sigan llevando adelante torturas y vejaciones a diestra y siniestra. Es menester recordar que Baños entró en el Poder Judicial en plena dictadura. En el fuero penal ordinario se ganó el mote de “duro entre los duros” y nunca escondió sus simpatías por las fuerzas de seguridad a lo largo de su carrera. El aislacionismo en el que está incursionando el gobierno nacional en materia internacional en pos de su alianza estratégica con EE.UU. e Israel, tuvo un mojón en noviembre de 2024 cuando la Argentina, también en la Asamblea General de la ONU, fue el único país que votó en contra de una resolución impulsada por Bolivia, Venezuela, Dominicana, Ecuador, Liberia, México y Paraguay, para fortalecer los derechos de los pueblos indígenas. ¿Y por casa cómo andamos? La votación de la delegación argentina en la ONU coincide con el alejamiento de Bullrich del Ministerio de Seguridad, que ha dejado un salto cuantitativo en lo que concierne a torturas y tratos degradantes en cárceles federales, efectivizados por la Policía Federal, Gendarmería, PSA y Prefectura, que se encuentran bajo las ordenes de la senadora electa. Así lo confirma un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) que registró, en 2024, 271 víctimas de torturas y vejaciones policiales en las cárceles del Sistema Penitenciario Federal, que en la actualidad alberga a más de 11.000 personas. En el minucioso informe elaborado por la PPN se puede leer que “en el relevamiento de campo en el ámbito federal y nacional se identificaron 271 víctimas de tortura y/o malos tratos policiales, de las cuales 54 se obtuvieron a partir de entrevistas individuales y 217 a través del registro de observaciones de malas condiciones materiales y falta y/o deficiente alimentación en los sectores de alojamiento” y señala que “se identificaron 64 víctimas de tortura y/o malos tratos policiales. Como resultado, se cuenta con 335 casos de tortura y/o malos tratos para el análisis”. ( https://ppn.gov.ar/index.php/documentos/publicaciones/informes-anuales ) El informe de la PPN concluye que son las cárceles federales las que se encuentran liderando el ranking en lo que respecta a torturas y/o tratos degradantes, siendo el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires (Villa Devoto) y el Complejo Penitenciario Federal VI, Luján de Cuyo, en Mendoza, los que registraron las cifras más altas, con 271 casos y 109 respectivamente. Realizando un desglose del informe se puede observar que los principales casos denunciados por los presos están liderados por “Malas condiciones materiales de detención”, 427 casos; “Agresiones físicas”, 363 casos; “Aislamiento”, 146 casos; “Falta o deficiente asistencia de la salud”, 145 casos y “Falta o deficiente alimentación”, 99 casos entre muchos otros. (Ídem) La PPN también elaboró un informe, el Reporte Nº7, que lleva como título “Revictimización” y en que se contabilizan los casos de torturas que se dieron en el primer semestre de 2025 y en el mismo se concluye que se registraron 201 personas víctimas de la violencia institucional, manteniendo la tendencia de los datos del 2024. El informe anual de la PPN de Registro de Casos de Tortura y Malos Tratos, da cuenta que en la provincia de Buenos Aires gobernada por los “nac & pop”, se registraron “1198 víctimas de torturas y malos tratos, quienes describieron 4745 hechos de torturas y/o malos tratos”, siendo los penales de Florencio Varela, Magdalena y Sierra Chica, en donde se registraron la mayor cantidad de casos. En la provincia de Buenos Aires las categorías del tipo de torturas y/o malos tratos está liderada por la “Falta o deficiente asistencia de la salud” y “Aislamiento”. En el caso de la tortura y malos tratos por parte de la Policía Bonaerense los casos ascienden a 137. (Ídem) A modo de conclusión y caracterización de la situación, el decimocuarto cuarto Informe Anual de la PPM concluye “que la tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente”. Esta situación se vio reforzada durante los casi dos años de gobierno liberticida en tanto y en cuanto el Servicio Penitenciario Federal, que históricamente ha estado bajo la tutela del Ministerio de Justicia, que respondía por los casos denunciados ante la PPN, pasó a depender en diciembre de 2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación, es decir de Patricia Bullrich, establecido en el decreto 373/2024, que también amplió sus facultades de control sobre el personal de todas las fuerzas, incluido los penitenciarios. Israel Desde la incursión de Hamas el 7 de octubre del 2023, el Estado de Israel, según un informe presentado por organismo de derechos humanos israelíes ante el Comité contra la Tortura de la ONU, ha incrementado significativamente el uso de la tortura contra palestinos. Según el informe, el gobierno de Netanyahu “desmanteló las salvaguardias existentes y ahora emplea la tortura a lo largo de todo el proceso de detención, desde el arresto hasta el encarcelamiento, contra palestinos bajo ocupación y ciudadanos palestinos. Altos funcionarios aprueban estos abusos mientras los mecanismos judiciales y administrativos no intervienen.” (El Destape 27/11) Violando todas las normas internacionales, a los ojos del mundo entero, Israel se escuda en calificar a los detenidos como “combatientes ilegales.” Las arbitrariedades del régimen sionista le permiten detener a población palestina por largos períodos en los que se anulan los derechos para prisioneros de guerra. Luego de octubre de 2023 Israel ha detenido bajo estas condiciones a más de 4.000 personas habitantes de Gaza y también “hizo uso extensivo de la detención administrativa”, pasando de 1.100 a 3.500. (Ídem) En el informe, que fue elaborado por el Centro Legal Adalah, el Comité Público Contra la Tortura en Israel, Padres Contra la Detención Infantil, HaMoked: Centro para la Defensa del Individuo y Médicos por los Derechos Humanos-Israel, también se puede apreciar las condiciones de detención: “Durante largos períodos, los detenidos estuvieron confinados en corrales al aire libre, expuestos a la intemperie, encadenados y con los ojos vendados las 24 horas del día, obligados a arrodillarse la mayor parte del día y a dormir en el suelo”, y sigue detallando que los detenidos por el régimen sionista “sufrieron condiciones sanitarias inadecuadas, falta de atención médica y abusos constantes. En lo que respecta a la alimentación “la ración equivale a la inanición, con una dieta oficial de aproximadamente 1.000 calorías diarias y apenas 40 gramos de calorías.” (Ídem) En el informe se reportan los métodos utilizados como “el uso de porras, vertido de agua hirviendo, causando quemaduras graves, ataques de perros a los detenidos, uso de una ‘sala de discoteca’ empleando una intensa manipulación sensorial con música dolorosamente alta y violación con objetos.” Este accionar ha dejado al menos 94 muertes en los centros de detenciones montados por el régimen. El medio israelí Haaretz publicó que el Shin Bet (servicio de inteligencia y seguridad interno) reconoció manejar “métodos especiales de interrogatorio” a través de la privación del sueño, encadenamientos, sacudidas, exposición al frío, intimidaciones contra familiares, entre otras vejaciones. Trump-Bukele: una sociedad para deportar y torturar En junio pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en ocasión del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, realizó un llamado a los países de América “a promover la creación de registros nacionales que documenten los actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, como una herramienta clave para prevenirlos y erradicarlos.” ( https://www.oas.org/pt/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2025/127.asp ) En este marco de situación un informe conjunto de Human Rights Watch y Cristosal (organización de derechos humanos de El Salvador) da cuenta de las torturas y abusos, detenciones arbitrarias, condiciones carcelarias inhumanas y, en algunos casos, violencia sexual a los que fueron sometidos 252 venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador de Bukele. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch afirmó que “la administración Trump pagó a El Salvador millones de dólares para detener arbitrariamente a venezolanos que luego fueron sometidos casi a diario a golpizas brutales por las fuerzas de seguridad salvadoreñas.” (El Observador 16/11) Como preparativo de los movimientos militares en el Caribe en su avanzada contra Venezuela, desde la gestión trumpista legitimaron las detenciones, deportaciones y torturas, al señalar que los detenidos, en su mayoría pertenecen al cartel Tren de Aragua, calificado como grupo terrorista por los EE.UU., a pesar de que el informe señala que sólo el 3 % de los deportados habían sido condenados por delitos violentos y la mitad no tenía antecedentes penales. (Ídem) La pesquisa realizada por los organismos de derechos humanos está sustentada en entrevistas realizadas durante el 2025 a 40 exdetenidos y a 150 personas relacionada con los deportados y fue rubricada por analistas forenses independientes y por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California, Berkeley. Argentina, Israel y Estados Unidos han conformado una triple alianza en materia de política internacional votando en sintonía en los foros internacionales sobre diferentes temas como por ejemplo la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, bloqueo a Cuba, contra la institucionalización del "Día Internacional de Coexistencia Pacífica" y ahora sobre torturas y vejaciones. Esta tríada ultrarreaccionaria sustenta la legitimidad del genocidio perpetrado contra el pueblo palestino a manos del sionismo, la reconfiguración política de Medio Oriente y el avance de Estados Unidos sobre Venezuela y, en consecuencia, la inserción de América en la guerra internacional.

El 25 de noviembre pasado se cerró el tercer conflicto en lo que va del año entre el Círculo Medico de Salta y el IPS (Instituto Provincial de Salud Salta). La entidad médica reclamaba el pago de una deuda de tres mil quinientos millones de pesos, por lo que suspendió la atención a los doscientos ochenta mil afiliados de la obra social estatal y amenazó con la no renovación del convenio vigente desde 2004, que vence el próximo 19 de diciembre. Las autoridades del Círculo denunciaron aprietes a médicos para que establezcan acuerdos individuales por fuera de la entidad gremial y un intento de privatización de la atención de la obra social ya que la atención médica quedaba en manos de clínicas privadas. A la par advirtieron de un desfasaje inflacionario en sus honorarios ya que estos se ajustan por inflación con los mismos porcentajes que el gobierno reconoce en las paritarias de los trabajadores estatales. Antes estas denuncias, el gobernador Sáenz y sus funcionarios se allanaron al pago inmediato de la deuda reclamada y establecieron una mesa técnica para negociar un nuevo convenio marco. Por su parte, el Círculo Médico, que agrupa a 1900 profesionales y acapara el 20 % de los recursos del IPS, restableció las prestaciones y aceptó la mesa del gobierno. Mar de Fondo La crisis con el Círculo Médico de Salta se da en el marco de una crisis de conjunto de la obra social provincial, que se encuentra intervenida desde febrero de este año, por un déficit de veinticinco mil millones de pesos generado hasta el 2025. Según Sáenz y su interventor, el contador Emilio Savoy, el déficit se debe a un aumento del 600 % de los medicamentos, insumos y prestaciones médicas, los que fueron producidos por las políticas del presidente Milei. El gobierno informó que este déficit ya fue saldado por la intervención sin detallar de donde salieron los fondos. Ataque a los estatales Desde su inicio, la orientación de Sáenz y su interventor fue descargar la crisis sobre los afiliados. En mayo pasado, después de consumadas las elecciones provinciales, envió un proyecto de ley con su firma a la legislatura salteña que ordenaba excluir a los futuros jubilados estatales del padrón de la obra social provincial. El revuelo que causó semejante ataque obligó a la burocracia sindical a advertir al gobernador sobre su inviabilidad, por lo que Sáenz terminó retirándolo en tiempo récord. Su siguiente medida fue subir en un 1 % el porcentaje de aportes a sus afiliados, lo que causó una crisis en los ingresos de los intendentes y trabajadores municipales. Es que el aporte total por afiliado es cubierto en un 45 % por el trabajador y en un 55 % por la patronal. El intendente del Carril y vicepresidente del Foro de Intendentes de la provincia, advirtió que "antes se aportaba en base a lo que estaba en blanco. Pero ahora hay trabajadores que pasaron de aportar $19.000 a tener que destinar $50.000 o $60.000 para el IPS, cuando sus sueldos apenas llegan a $600.000 o $700.000. Es un impacto fuerte, tanto para el empleado como para el municipio" (El Tribuno. 21/06/2025). Para encubrir esta avanzada sobre los afiliados, el gobierno profundizó sus acusaciones sobre facturaciones a Clínicas y farmacéuticas, pero siempre apuntando a una reducción de las prestaciones. El ministro de Salud Mangione aseguro haber encontrado “farmacias que facturaban medicamentos que no entregaban, clínicas que cobraban intervenciones nunca realizadas y médicos que cobraban guardias sin estar presentes. Todo esto configura un entramado de corrupción estructural que ya no puede seguir funcionando” (Informate Salta, 5/6/25); y agregó que era necesario “romper algunos 'kioscos' dentro del IPS, como ciertos gastos asociados a pacientes con patologías crónicas, hemofilia, oncología y coseguros. Se trata de coberturas de alto costo que este sistema, tal como está, no puede sostener”. (Ídem) Lo cierto es que, hasta el momento, ni el interventor del IPS, prorrogado hasta diciembre, ni la justicia provincial han dado prueba alguna sobre dichas denuncias de sobrefacturación. Por el contrario, el gobierno ha recibido cartas documento de diferentes prestadoras del IPS ante sus acusaciones, lo que podría derivar en diversos juicios al Estado. El déficit y la crisis del IPS se profundizan Con todas las medidas del gobierno, el déficit se acrecentó a seis mil millones de pesos por mes (El Tribuno 5/6/2025), lo que solo este año triplicaría el déficit generado hasta 2025. Tampoco se ha dado a conocer el incremento recaudatorio que ha significado la suba del porcentaje de las cuotas para los afiliados y para el Estado provincial y los municipios. El fracaso de la intervención y de la política saencista ante la crisis del IPS es completo y compromete no sólo al Ejecutivo Provincial sino también a las cámaras legislativas, ya que son parte de una comisión armada para seguir la intervención y eventual saneamiento de la obra social. También se extiende a libertarios, romeristas y kirchneristas, que han guardado silencio de radio sobre el caso. La burocracia sindical de UPCN, ATE y los demás sellos estatales han acompañado “con preocupación” la intervención de Sáenz al IPS, sin siquiera pedir ser parte de la auditoría. El crecimiento de este déficit no sólo será un factor de nuevas crisis con los prestadores, sino que también será abordado con mayores ataques por parte de Sáenz. En su agenda permanecen la reducción de prestaciones, nuevas subas de las cuotas, exclusión de los jubilados o su completa disolución y privatización. Un planteo obrero ante la crisis del IPS Para el conjunto de los trabajadores estatales de todas las reparticiones de la provincia y los municipios, la crisis del IPS se ha convertido en un tema de debate recurrente junto con la confiscación salarial consumada por Sáenz, el derrumbe de la infraestructura, particularmente en salud y educación; y el cuadro de arbitrariedades y represión por parte de los cuerpos directivos. Es otro aspecto de una crisis de conjunto del régimen social y político existente y su incompatibilidad con los intereses inmediatos de los trabajadores. Es necesario convertir esa deliberación en una iniciativa colectiva por la apertura de los libros contables del IPS ante una comisión auditora electa y revocable de los trabajadores afiliados y que a la vez se haga cargo del manejo de la obra social. La lucha y la conquista de un aumento del 100 % del salario de bolsillo y el blanqueo de todos sus ítems, para todos los estatales, garantizaría un shock de recursos para las arcas del IPS. Lo mismo la imposición de la triplicación del presupuesto de salud, para ampliar el personal y la infraestructura de salud provincial, hoy colapsada por la crisis de prestaciones de las obras sociales privadas y el propio IPS. El impulso de asambleas autoconvocadas y coordinadoras y un congreso de trabajadores estatales se ponen a la orden del día para superar la atomización e indefensión en que la burocracia sindical, los partidos patronales y el Estado han dejado a los trabajadores.

Finalmente se conocieron las resoluciones del “tribunal de disciplina” de la AFA referidas a la protesta en el ‘pasillo’ de Estudiantes de La Plata en el encuentro con Rosario Central -designado ‘campeón’ de un torneo ya finalizado-. Las mismas consisten en un apartamiento de 6 meses a su presidente, Juan Sebastián Verón, de toda actividad de la AFA y dos fechas de suspensión a 12 jugadores del plantel a cumplir -y revisar- el año que viene. Se especulaba con sanciones más duras, por ejemplo, afectar la continuidad del club en el actual torneo u otro tipo de medida excepcional. La ´resolución´ que supuestamente establece con excesivos detalles como tiene que ser un ´pasillo´ (dos filas) fue creada minutos después de finalizado el señalado partido. Estudiantes de La Plata ya anunció toda una serie de apelaciones. En paralelo Claudio ‘Chiqui’ Tapia aprovechó su conquista del “Alumni de platino” para anunciar los “muchos años” que le quedan al frente de la Asociación y sugerir que, en todo caso, la manera de apartarlo es “ganando las elecciones”. Cristina Kirchner fue la última que convocó a su oposición a que “armen un partido”, lo que efectivamente sucedió en el 2015. Para variar un poco, el “Alumni de platino” (auspiciado por YPF) ganado por el presidente de la AFA fue presentado como un “nuevo premio” que otorga la AFA. ‘Seca nucas’ Para ´resistir´ lo que la AFA considera una “campaña de desprestigio”, o como la llamó Pablo Toviggino -mano derecha de Tapia- “campaña terrorista”, el oficialismo ha solicitado que cada club se exprese públicamente sobre los méritos del actual rumbo. La pleitesía, esta vez, se redujo al “núcleo duro”, los clubes del ascenso y un puñado mínimo de primera división. Lo que ocurre es que el repudio se incrementa en cada vez más estadios de fútbol, que dirigen sus insultos a la conducción de la AFA. Fue conocido que en el último recital de Andrés Calamaro también se escuchó el ´hit´ contra Tapia, en un fenómeno de ´desprestigio´ que ya le ocurrió a Macri y al propio Milei. Los oficialismos de los clubes que ´apoyan´ a Tapia fueron repudiados por sus propios socios e hinchas y calificados en la inventiva popular como “seca nucas”. Esta referencia remite al gesto de vasallaje del presidente de Deportivo Armenio a su ´par´ en la AFA durante un partido en Estados Unidos. Sobre las causas judiciales en curso, los lazos tejidos en todos estos años por Tapia con el poder judicial son más que consistentes, empezando por su alianza con Daniel Angelici. Del “tribunal de disciplina” que torpemente sancionó a Estudiantes de La Plata forman parte varios jueces, un camarista, Sergio Fernández, junto a abogados y escribanos. Esteban Mahiques y Néstor Pablo Barral, los más conocidos, no se animaron a poner su firma. Los “vientos políticos” de todas formas son más rápidos en disolver estas protecciones que en recrearlas. Como precaución, un “17 de octubre” de 2024 la AFA mudó su sede a la provincia de Buenos Aires, para ´eludir´ el control directo del gobierno nacional y la IGJ (Inspección General de Justicia). Las denuncias contra Sur Finanzas, fundamentalmente, por un amplio lavado de dinero envuelven el financiamiento de la AFA, de la liga argentina y varios clubes patrocinados. Milei Milei ha improvisado un ´modelo´ de privatización completa de los clubes que tuvo que retirar de sus menciones por ‘piantavotos’. En Argentina, más llamativa que una privatización de las jubilaciones y todo tipo de ´gasto´ estatal, sería la privatización completa del fútbol nacional, que elimine de raíz la figura del ´socio´ que puede armar una lista y votar. Especialmente porque este esquema de ´elecciones´ no ha significado un obstáculo a la ruta marcada por el gran capital para el deporte. Bajo la figura de las “asociaciones civiles sin fines de lucro” se encuentran las Sociedades Anónimas que han tomado por entero el control de los clubes, desde la primera división hasta las juveniles, con los ´representantes´ dueños de los jugadores. La función de integración social positiva del deporte es cada vez más golpeada por este deterioro de los clubes. LEER MÁS: AFA: una crisis “campeón del mundo” Por Federico Fernández, 27/11/2025.

El gobierno intentó edulcorar el anuncio de la quita de subsidios a la luz y al gas con el argumento de que sólo serán excluidas las familias que estén por arriba de las tres canastas básicas mensuales -unos 3,6 millones de pesos. Supuestamente, el 80 % de los hogares retendría el subsidio. Con excepción de algún barrio privado, son más o menos las mismos que lo recibían hasta ahora. Pero a poco de andar, queda claro cuál es la verdadera novedad del nuevo régimen: el despojo progresivo del subsidio a quienes venían percibiéndolo hasta ahora. En electricidad, el subsidio equivaldrá al 50 % de la tarifa; pero en invierno y verano, sólo para consumos hasta 300 KWH mensuales; y en el resto del año, hasta 150 KWH. En el caso de los llamados “ingresos medios” -que en realidad no llegan a la actual canasta familiar- el tope del actual consumo subsidiado era de 250 KWH mensuales, o sea, un 60 % más alto que el nivel dispuesto por el nuevo régimen. Como resultado de este recorte, las estimaciones de especialistas dicen que 140.000 familias perderían el subsidio. En el caso del gas natural, el subsidio queda reducido al lapso abril-setiembre, y queda eliminado para el resto del año. Por otra parte, el subsidio a garrafas -cuyo precio ya fue liberado este año- será “reformulado” a través de un complicado sistema de reintegros, con la “cooperación” de las compañías de billeteras virtuales y sus desinteresadas comisiones. Sobre la quita dispuesta, el gobierno dispondrá un subsidio “paliativo” del 25 % de la tarifa, pero con carácter descendente mes a mes y hasta desaparecer en diciembre de 2026. De acuerdo a lo informado oficialmente, el nuevo régimen implicará que unos 1000 millones de dólares anuales del costo anual del servicio eléctrico y gasífero pase a ser costeado directamente por los usuarios. Pero la tarifa para éstos se acrecentará todavía más, porque una mayor tarifa “pura” representa una carga más elevada en el pago de impuestos provinciales y municipales. Al cabo de 2026, el tarifazo promedio se estima entre el 30 y 40 % sobre lo que paga actualmente cada familia usuaria. El anuncio con bombos y platillos de la quita de subsidios tiene un claro destinatario: el Fondo Monetario Internacional. Se produce a pocas semanas de la “evaluación” del Fondo sobre la marcha de acuerdo firmado a comienzos del año. A nadie escapa que el gobierno no podrá cumplir con el compromiso de acumulación de reservas, que continúan negativas y en unos 9.000 millones de dólares por debajo de lo prometido al Fondo. En compensación por la falta de dólares, el anuncio de una “motosierra” redoblada (quita de subsidios) le sirve al gobierno de pretexto para reclamar una “dispensa” (waiver) en relación al incumplimiento del acuerdo. Y al FMI, para otorgarlo. En la misma línea, acaban de anunciar una nueva tanda de despidos en el Estado nacional, hasta recortar el 10 % de la planta actual. La quita de subsidios es también una señal a los monopolios energéticos, que vienen recibiendo las compensaciones del fisco con retrasos e incluso con bonos del Estado, como ya hizo Caputo con las generadoras de energía. En definitiva, el superávit fiscal -que Milei le va a “vender” al Fondo en las próximas semanas- es también un dibujo. El tarifazo en puertas se suma al fuerte aumento en el transporte, y refuerza la necesidad de una campaña y una lucha por un aumento inmediato de salarios y jubilaciones.

Los vecinos autoconvocados de Villa Bosch, junto a habitantes solidarios de todo Tres de Febrero, acaban de conquistar una victoria política: lograron frenar la masacre ecológica que el intendente Valenzuela y Megatlón estaban ejecutando en el Bosque de Eucaliptos Dagmar Hagelin. La movilización, sostenida durante días frente a maniobras, intimidaciones y un operativo de desinformación del municipio, arrancó una medida cautelar que obligó a detener a las máquinas que ya estaban destruyendo el ecosistema. Este triunfo inicial —que no es definitivo— demuestra que la organización popular puede quebrar un negociado montado entre el municipio, Megatlón, la Sociedad Molisano Monforte y ADIF, que pretendían avanzar sobre tierras públicas en beneficio de intereses privados. Con ese marco, compartimos el discurso final de la marcha al municipio, pronunciado frente al Concejo Deliberante y junto a los vecinos movilizados. Discurso de cierre : Buenas tardes, Vecinos: El hecho de que hoy estemos acá no es sólo un acto de presencia: es una demostración de valentía de los habitantes de Villa Bosch y de los vecinos solidarios de todo el partido de Tres de Febrero. A pesar de las amenazas, de las presiones y de la campaña de desinformación impulsada por el municipio para que no nos movilizáramos, decidimos no bajar los brazos. Y eso, hoy, es una victoria, y una gran victoria si se tiene en cuenta la cautelar que frenó a las máquinas que estabsn destruyendo el bosque. Recordemos algo que todos vimos con nuestros propios ojos: los legisladores —sí, esos mismos a quienes muchos aquí quizá votaron— nos juraron y perjuraron que no iban a tocar un solo árbol. Una semana después, en absoluta ilegalidad —y quiero subrayarlo: ilegalmente— enviaron las máquinas del municipio a cometer una verdadera masacre ecológica dentro del bosque. Lo que hicieron no fue un simple movimiento de suelo: fue una tragedia medioambiental para todo el partido de Tres de Febrero. No nos olvidemos de los responsables de este intento de avasallamiento sobre tierras públicas y espacios verdes: la Sociedad Molisano Monforte, ADIF, Megatlón y la Municipalidad de Tres de Febrero. Y digo “Municipalidad de Tres de Febrero” sin mencionar nombres propios, porque acá nadie se salva: todos son responsables de llevarnos a esta situación para habilitar lo que, a todas luces, era y es un negociado. Y no un negociado cualquiera. Un negociado cuya “torta”, evidentemente, no se repartió equitativamente, porque muchos de sus propios actores se sintieron relegados y salieron a gritar. No por el bosque. No por el medioambiente. No por el pueblo de Villa Bosch ni de Tres de Febrero. Gritaron porque no iban a sacar provecho económico de este intento descarado de apropiación privada de tierras públicas. Tierras que son de todos nosotros. Vecinos, el haber llegado hasta aquí ya es, en sí mismo, un triunfo enorme. Es la prueba de que existe un grupo de vecinos que no se entrega, que no se arrodilla, que no se vende por los nuevos espejitos de colores que el municipio muestra en redes sociales. Es la prueba de que cuando el pueblo se organiza, cuando se une, cuando pone el cuerpo, puede frenar cualquier atropello. Hoy estamos acá para decir basta. Para exigir que se retiren inmediatamente las máquinas del predio. Para exigir que se quite ese cerco ridículo de chapas que pretende ocultar lo que están haciendo. Y para exigir que se suspenda de manera indefinida cualquier obra que no haya sido discutida, consensuada y aprobada por esta asamblea de vecinos —o por la que se arme en los próximos años. No somos improvisados. Esta asamblea ya obtuvo un gran triunfo hace 15 años. Y hoy estamos acá para reafirmarlo, para defenderlo y para conquistar un nuevo triunfo que será compartido por todo el pueblo de Tres de Febrero. Queridos vecinos, queridas vecinas: gracias por estar. Gracias por venir. Gracias por poner el cuerpo, el tiempo y la voz. Gracias por demostrar que cuando el pueblo se moviliza, el pueblo gana. Disfruten de esta noche, disfruten de estar juntos y disfruten de este triunfo inicial que es sólo el comienzo de la lucha. Porque el Bosque de Eucaliptos Dagmar Hagelin es del pueblo. Porque las tierras públicas son del pueblo. Y porque cuando el pueblo se planta, nadie lo mueve.

El día miércoles 26/11 otro hecho de violencia en la escuela, en este caso ha sido en la EPN°13, se difundía y propagaba a través de medios nacionales: una estudiante había rociado con alcohol a sus compañeros y amenazó con prenderlos fuego. La estudiante ya había protagonizado hechos de violencia, en esa institución, en mayo de este año de la secundaria EESN°7 se le dio el pase a la EEEN° 502, establecimiento contiguo a la primaria y secundaria. Los casos de violencia en ambas instituciones fueron recurrentes, así lo prueban imágenes dónde a viva voz amenaza con “golpear y dejar pelada a una estudiante”, asimismo ingresaba saltando el muro perimetral, pateando las puertas. El mismo día, pero, en horarios de salida del turno vespertino de la EESN°9, un estudiante fue brutalmente golpeado y herido con armas blancas en la cara y abdomen. A principios de septiembre un docente fue salvajemente golpeado en el ingreso de la EESN° 5 (recordemos que, en abril de este año, dos estudiantes ingresaron a esta escuela y golpearon a otro estudiante que terminó con fractura de cráneo). Desde la dirección y jefatura local lo conminaron a sacarse licencia psiquiátrica, siendo que le corresponde ART. La exposición de estos acontecimientos expresa el grado de deterioro y descomposición social y educativo. Las escuelas cuentan con escasos equipos de orientación, en el distrito hay 2 EOE para escuelas de 1300 pibes (EESN°1, EESN°2, EESTN°1), el seguimiento de las trayectorias individuales se torna una quimera. Esta situación se replica en el no nombramiento de cargos jerárquicos, escuelas que no cuentan con directivos, vicedirectores, secretarios, asimismo preceptores con tres cursos de 90 o más pibes, en la EESN°7 se habilitó un 2° año con…52 estudiantes. La poda o motosierra de Milei-Kicillof-García se manifiesta en los recortes de salud mental. Miguel Puentes- ex ministro de obras públicas, espetó: “el narco avanzó en Rodríguez”). Los padres se reunieron con el intendente Mauro García (Fuerza Patria) el cual les dijo “lo mejor para esa estudiante es que la internen”: ¡la Secretaria de Niñez funciona bajo su órbita!!! La pretendida solución desde jefatura local a los hechos de violencia fue un curso de carácter obligatorio “Entornos saludables”: los docentes son puestos como responsables de la violencia que se desenvuelve en los establecimientos. La burocracia del FUDB se ha mantenido en el silencio, siendo que la celeste del Suteba tiene una delegada en esa escuela; el mentado “protocolo de resguardo y protección” es un saludo a la bandera. Este mutismo se marida con la burocracia de la Dirección General de Colegios y Escuelas. En San Martín una maestra del EP 84 fue agredida por una madre, al día siguiente se paró y movilizó a jefatura distrital.

Los portuarios vienen de un proceso de lucha por un aumento salarial, contra la reforma laboral que la patronal quería imponer alargando la jornada laboral de 6 a 8 horas y contra los despidos masivos que habían ocurrido en medio del conflicto. La traición de la directiva del sindicato a esa lucha produjo una rebelión de los estibadores, que en asamblea rechazaron lo que la burocracia del Supa había firmado sin el acuerdo de los trabajadores, que era un aumento miserable y la aceptación de 5 despidos “con causas” fabricadas entre la patronal y la propia burocracia. El rechazo masivo de la Asamblea dio lugar a la continuación de la lucha y la votación de un paro por tiempo indeterminado hasta la reincorporación de los 5 activistas. La huelga autoconvocada duró 40 días y se sostuvo con asambleas, piquetes de convencimiento y el apoyo de las familias portuarias y de organizaciones. Esa histórica huelga se enfrentó a la patronal Terminales Puerto Rosario (TPR), a la burocracia del Supa, al Ministerio de Trabajo y a la represión de la policía de Perotti (exgobernador del PJ). Finalmente, por el desgaste, la presión de dos meses sin cobrar los salarios y la detención de algunos de los huelguistas, se forzó a que se levantara la huelga con los 5 compañeros despedidos y otros con causas judiciales. Fue una resolución difícil, fue debatida y tomada en una asamblea. En este cuadro, el próximo 5 de diciembre se realizarán las elecciones del Supa. Enfrentando a la burocracia comandada por César Aybar (Secretario general del SUPA), se presenta la Naranja, una lista combativa que reúne a los activistas que protagonizaron la enorme huelga en el 2022/23. La Naranja va a la lucha electoral planteando la necesidad de recuperar el sindicato para defender el salario, las condiciones laborales y la democracia sindical, “y volver a ser la familia portuaria”. En sus publicaciones da cuenta de esta enorme batalla y sus planteos. La burocracia prepara el fraude con maniobras y violencia En la Asamblea para elegir la Junta Electoral, César Aybar y compañía llevaron gente de afuera para votar y patotas para imponer una Junta Electoral adicta. Hechos que fueron repudiados con una importante movilización de estibadores. Después de muchas denuncias por las amenazas que recibieron integrantes de la Naranja y con la presencia de un escribano pudieron acceder al padrón pero solamente para verlo, sin posibilidades de sacarle fotos. La denuncia de la Naranja es contundente Con la conducción de Aybar, son 12 años de retroceso para los estibadores y jornaleros. Destruyó la historia de la familia portuaria convirtiendo el ingreso al Puerto en un negocio para la familia de Aybar y sus laderos. Con Aybar las paritarias fueron siempre a la baja, donde los trabajadores no son consultados. No se concretaron las efectivizaciones prometidas. Hubo despidos y en cada conflicto Aybar terminó arreglando con la patronal y vendiendo a los compañeros. Algunas propuestas de la Naranja son: “Recuperar el poder adquisitivo mediante paritarias abiertas donde se consulte a los trabajadores”. “Capacitación de todos los compañeros por igual”. “Componer manos mínimas en cada puesto de trabajo”. “Que cada trabajo que se haga dentro de la terminal lo haga un estibador y no una cooperativa”. Sobre la Reforma Laboral, la Naranja denunció: “Estos son los 6 puntos más importantes de la Reforma Laboral: 1) Más horas de trabajo reduciendo el salario. 2) Paritarias atadas a la productividad. 3) Despidos más fáciles, indemnizaciones en cuotas. 4) Convenios a la baja y por Empresa. 5) Vacaciones fraccionadas y cuando quiera el Gerente. 6) Ataques al derecho a huelga y organización. Cuatro de estos puntos ya los viene implementando la empresa con la complicidad de César Aybar: permite el achicamiento de personal en los puestos de trabajo. Permite el despido de compañeros sin causa justa y sin respaldo del gremio. Permite la polifuncionalidad de los estibadores. Permite la falta de seguridad laboral y que sigan sin efectividad muchos trabajadores eventuales”. La victoria de la Naranja y la recuperación del Supa de manos de la burocracia sería una gran vitoria “para la familia portuaria” y para todos los trabajadores del cordón industrial.

Las elecciones en Ademys y el sindicalismo docente en CABA Por Alejandro Barton El jueves 27 se desarrollaron las elecciones en Ademys. Es preciso denunciar que el gobierno de Macri – Miguel no autorizó las votaciones en las escuelas que había dispuesto el sindicato, que tuvo que levantar gazebos en las puertas de escuela a tal fin. El gobierno del PRO pone en práctica el sesgo antisindical y antidemocrático de la ley que proponen Milei y las patronales. Se impuso la lista Multicolor Unidad (integrada por las corrientes sindicales de IS, PTS y MST) con un 47,92 %. Le siguieron Unidad desde la Escuelas – Tribuna Docente (Partido Obrero) con 26,62 %, la Haroldo Conti (19,26 %) y Docentes x la Unidad para luchar (Docentes en Clase) con 5,64 %. Votó un total de 1281 docentes (43 % del padrón). A tres días de la presentación de listas y candidatos, Tribuna Docente (Partido Obrero) anunció la ruptura del frente multicolor. “La Multicolor de Ademys, una experiencia agotada” publica en su página web. No obstante la categórica caracterización, había votado favorablemente la memoria y balance en la asamblea del sindicato tres meses atrás. La ruptura es posterior a una disputa por el programa y el método de elección de candidaturas. El planteo de Tribuna Docente (“una elección democrática del programa y las candidaturas del Frente Multicolor”) fue rechazado por el resto de la Multicolor, que defendió el criterio de las relaciones de fuerza entre las distintas agrupaciones. La Multicolor dirige Ademys desde 2013 (un total de 4 períodos hasta la elección actual).. Había sido un período de ascenso de la izquierda en el sindicalismo docente, que tuvo su expresión con las victorias del FURA en Aten (Neuquén) y en la conquista de 8 seccionales de Suteba en PBA por la Multicolor. Las fuerzas independientes del FITU fueron abandonado el Frente Multicolor en las sucesivas elecciones. En la penúltima elección (2022) tuvo lugar la salida de la Haroldo Conti. Lo ocurrido en la elección reciente es el último episodio de todo este proceso. El nivel de integración de UTE al Estado es pavoroso: los plenarios amañados de delegados o las escuálidas marchas a legislatura han sido sustituidas por la defensa lisa y llana de la reforma BA Aprende o el cierre de escuelas de jornada simple (firmando la reubicación de los docentes afectados). Los delegados de escuela combativos de UTE no tienen interlocución con la dirección del sindicato. En este cuadro, las luchas docentes del último tiempo, como los pronunciamientos en asambleas de escuelas contra el BA Aprende del año pasado o los semaforazos contra los cierres de escuela de jornada simple y de cierres de grados, se han producido sin la coordinación suficiente, el gobierno ha avanzado y el movimiento docente han entrado en cierta impasse. 2026 asoma con grandes desafíos para la docencia en CABA: la extensión del BA Aprende, que el gobierno pretende completar, amenaza a dejar en disponibilidad o sin cargos a un 40 % de docentes en el distrito; el eventual tratamiento de la “Ley de Libertad Educativa” del gobierno nacional que ha trascendido en los medios, le dará impulso a la ofensiva del gobierno porteño. Tomemos la iniciativa por una gran interescuelas de las bases.

Esta semana, el Ministerio de Capital Humano circuló a los medios la noticia de que los programas sociales tienen los meses contados. Más exactamente, en el mes de mayo de 2026 termina el Decreto 198/2024 de comienzos de la gestión de Javier Milei que les daba 24 meses de continuidad. Desde ese decreto, tanto el “Volver al Trabajo” como el “Acompañamiento Social” quedaron congelados en $ 78.000 y tras su desenganche del salario mínimo se eliminaron bonos y aguinaldos. La ministra Sandra Pettovello se preparó largamente para esta liquidación profundizando su política: más recortes y bajas en los programas sociales, la negativa a brindar alimentos para los comedores populares y avanza con un sistema de vouchers que elimina el giro de dinero . Fue el diario Página/12 el que develó que los programas vencen este 2026, un golpe de gracia a la ayuda social y a 25 años de políticas de asistencia. El reemplazo será un sistema de capacitaciones a cambio de cupones a cargo de empresas como McDonald’s y Sinteplast. En el lanzamiento hace dos años del Programa Volver al Trabajo, Pettovello anunció con pompa que la prioridad era “la orientación y asistencia en la búsqueda de empleo, capacitación y promoción de emprendimientos productivos”. Nada de esto sucedió, las convocatorias fueron nulas y el Portal Empleo no fue más que una cáscara vacía que sirvió de pretexto para lanzar sucesivos reempadronamientos que daban la baja al que no lo realizara. Los programas sociales en pocos años fueron desde la cooptación estatal de las organizaciones al subsidio empresarial directo, desde la sanción de la “Ley de Emergencia Social” en el gobierno de Mauricio Macri al “Programa de Inclusión Laboral” de Sergio Massa que cubría cursos, exenciones impositivas y el salario de los titulares que eran contratados. Esto último una muestra que la línea reaccionaria de “que los desocupados no trabajan por falta de capacitación” tiene larga data. Hoy, con la continuidad de la recesión económica, con cierre de industrias y despidos a lo largo del país los liberticidas saben que no hay una perspectiva de salida a partir de la generación de trabajo o a través del subsidio de una capacitación. Toda la “economía popular” desde las cooperativas a los carreros, cartoneros y changarines viven el parate del comercio y de la obra pública. Y, como reflejan especialistas, entró en crisis por saturación de oferta el trabajo en plataformas digitales como el delivery, la mensajería y el uber; una demostración de la realidad que espera al conjunto de los trabajadores con la reforma laboral. En ese sentido, este miércoles en la Secretaria de Trabajo se reunió el Consejo del Salario. Los mismos burócratas que en agosto dejaron la línea del salario mínimo en $ 322.000 (con la hora de trabajo en $ 1.600) prefirieron la opción de no firmar un acuerdo y pasar la decisión a consideración de un decreto del ejecutivo. Se aleja la posibilidad de un “reenganche”, o sea, que planes sociales se actualicen junto al salario mínimo y este a su vez por inflación. Pero eso no es lo peor, en un contexto de miseria y despidos crecientes, el Presupuesto 2026 girado al Congreso por Milei-Caputo congela la AUH (asignación por hijo) y la SUAF (asignación familiar) separando su actualización de la fórmula de movilidad de ANSES. Por el lado de los monotributistas, se prepara un tarifazo con la eliminación de las categorías más bajas para pasarlos al régimen de autónomos , alejando a través de esta recategorización al trabajador de un futuro reclamo por precarización, una medida de impacto para la industria textil donde las patronales perfeccionaron al detalle los esquemas de fraude laboral. Con esta artillería, el gobierno busca el apoyo del conjunto de la burguesía para que lo acompañe en su pelea contra los derechos de los trabajadores. En el horizonte aparecen varias movilizaciones de cara al mes de diciembre por los reclamos de alimentos, actualización de montos y un bono de fin de año que sirva de paliativo. Y este 20 de diciembre se moviliza hacia la Plaza de Mayo a 24 años del Argentinazo. Tanto el Polo -oficial- como la UTEP dicen que el objetivo en diciembre es “realizar una movilización unitaria del movimiento piquetero contra el hambre y la desocupación”, pero unificar los reclamos es imposible sin retomar una experiencia de protagonismo desde las bases como el de las Asambleas Nacionales Piqueteras que realice un balance, se delimite de la burocracia y bajo la claridad marque un rumbo y un programa. Que ponga en pie de lucha barrios, refunde asambleas y reconstituya un movimiento de desocupados golpeado tanto por el gobierno liberticida como por la política de los aparatos ‘piqueteros’. Política que expresó con claridad Emilio Pérsico, exfuncionario de Desarrollo Social y dirigente del Movimiento Evita, que al ser entrevistado sobre la reforma laboral dijo “los formales son minoría, los trabajadores con derechos son apenas el 23 % ¿por qué preocuparnos por una minoría de la clase trabajadora?”. A uno de los padres de la economía popular solo le faltó decir que ‘su tarea estaba cumplida’ porque los trabajadores sin convenio son mayoría. Contrapongamos a esa política la acción independiente de los desocupados y precarizados por el trabajo bajo convenio, contra los despidos y por todas las conquistas históricas. Ganando la conciencia para la lucha de los millones que se encuentran bajo una reforma laboral en los hechos.

El viernes 28 una potente huelga general en toda Italia inmovilizó durante 24 horas al transporte, con paros en trenes, autobuses, metro y aviones, sanidad, escuela y prensa. Se cancelaron decenas de vuelos y el servicio ferroviario fue interrumpido en todo el país. Los periodistas sumaron a los reclamos la exigencia de la renovación del convenio colectivo nacional, que expiró en 2016. Es la primera huelga de toda la categoría en más de diez años. Las agencias mantenían sus flujos de noticias cerrados y en los portales digitales de grandes medios como La Repubblica, La Stampa o Il Corriere della Sera aparecían congeladas las noticias del día anterior, junto a un aviso de que la página volvería a actualizarse a primera hora de este sábado. La huelga, convocada por los sindicatos de base Cobas, Usb, Sgb y Cub se pronuncia contra el apoyo del gobierno de Giorgia Meloni a Israel y contra el ajuste y el aumento del gasto militar. La huelga une la solidaridad con Palestina a la lucha contra el gobierno de Meloni, que eleva el presupuesto militar a 32.000 millones de euros a costa de recortes sociales. La jornada nacional contra el «presupuesto de guerra» denuncia que el proyecto de ley financiera para 2026 favorece el gasto militar y profundiza el ajuste en salud, educación y las políticas sociales en general. Los italianos se han estado empobreciendo durante dos décadas. Los salarios crecen a la mitad del promedio europeo, y en 2024, por primera vez, el salario medio español ha superado al italiano (diario-red) “Queremos al menos 2000 euros de salario base, jubilarnos como máximo a los 62 años, basta con el sistema de subcontratación, reducir la jornada laboral manteniendo el salario, garantía del derecho a la vivienda, contrataciones en la administración pública, sanidad pública gratuita y universal", escribe la USB en un comunicado. En sanidad, los sindicatos reclaman presupuesto para infraestructuras y mayor estabilidad laboral. Escuelas, universidades y la administración pública también se suma al paro, con interrupciones en diferentes servicios locales y estatales. La ley de presupuestos de Meloni está en línea con el aumento del presupuesto militar que exige la OTAN, impulsa exclusivamente el rearme, con grandes empresas estatales o mixtas como Leonardo (una de las más grandes fabricantes de armas del mundo) presionando para que se produzcan más armas. La USB “espera replicar el éxito de las huelgas generales por Gaza de hace un mes, cuando dos millones de personas ocuparon las calles italianas”. El comunicado de la USB: "[pedimos] el fin de toda complicidad con Israel y del genocidio en Palestina: recordamos cómo Italia se encuentra entre los principales proveedores de armas del estado israelí, mientras el genocidio continúa", escriben los representantes de los trabajadores. El aeropuerto de Malpensa, en Milán, canceló al menos 27 vuelos, mientras que el de Bolonia canceló al menos 17. Otros aeropuertos afectados son el de Linate, en Milán, el de Nápoles y el de Venecia. La aerolínea insignia de Italia, ITA Airways, dijo que había cancelado 26 vuelos nacionales debido a las huelgas. Los trenes fueron cancelados en las principales estaciones de Roma, Turín, Milán y Génova. Los servicios de transporte público urbano se vieron interrumpidos en Roma y en otras ciudades. En Venecia, antes de ser dispersados por la policía con cañones de agua. los activistas bloquearon el acceso a las oficinas del grupo armamentístico italiano Leonardo -uno de los mayores fabricantes de armas del mundo, en el que el Estado tiene el 30 % de las acciones. En una entrevista del Socialist Workers a dos trabajadores de la USB, ambos explicaron que muchas empresas que cierran se reconvierten a la producción de armas. Por ejemplo, en la Toscana, Leonardo pretende hacerse cargo con ese fin de una fábrica de electrodomésticos que ha cerrado. En Puglia, en el sur de Italia, trabajadores de Leonardo motorizan una petición para impedir la producción de armas para Israel. Miles de manifestantes marcharon en Roma y Turín, entre otras ciudades, muchos de ellos ondeando banderas palestinas, y otra marcha en Génova contó con la presencia de la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los palestinos, Francesca Albanese, y el exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis. La activista sueca Greta Thunberg, que participó de dos flotillas antiisraelíes que intentaron llegar a Gaza a principios de este año, también participó en las protestas. Los manifestantes portaban pancartas en las que se pedía la liberación de Mohammed Shahin, un imán que será deportado de Italia tras calificar el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 como un “acto de resistencia” en una manifestación conmemorativa del aniversario de la masacre. La huelga general del viernes fue convocada por el sindicato autonomista USB junto con otras organizaciones de trabajadores más pequeñas. La Unione Sindacale di Base, fundado en 2010, es un sindicato alternativo a las grandes centrales burocraticas italianas (como CGIL, CISL y UIL). Tiene presencia es el sector público y también en la industria, en comités de vivienda y en agrupaciones de migrantes y desocupados. En los últimos años el USB “está desafiando el dominio tradicional de las tres principales confederaciones, la CGIL de izquierda y las centristas CISL y UIL” (Times of Israel 29/11). Esta es la tercera huelga general en solidaridad con Palestina y contra el ajuste aunque la burocracia sindical esta vez no convoca ni a un paro de 2 horas, como en octubre, y la CGIL, el sindicato más grande de Italia, del Partido Comunista, dividió a la clase obrera anunciado una huelga nacional contra el presupuesto recién para el 12 de diciembre. En la huelga del 22 de septiembre los estibadores autoconvocados pararon los puertos de Génova y algunos otros impidiendo la salido de barcos con armas hacia Israel. Este enorme impulso acorraló a la burocracia del CGIL y la obligó a sumarse parcialmente -con paros de dos horas- a la huelga general del 3 de octubre, que puso de pie a la clase obrera de Italia y logró repercusiones en Bélgica, Alemania, Grecia y otros países europeos. La clase obrera italiana marca el camino.

El jueves 27 de noviembre se realizó un polémico evento llamado “¿Qué contienen realmente las vacunas?” en uno de los anexos de la Cámara de Diputados. El mismo estuvo encabezado por la diputada chaqueña del Pro Marilú Quiroz. La jornada contempló charlas como “Vacunas de calendario y autismo” y “Víctimas ignoradas por el Estado: sangre de vacunados al microscopio”. Durante el evento, médicos e invitados expresaron de manera abierta una postura antivacunas como única línea de opinión. Por ejemplo, se exhibió una performance en donde se colocaron objetos metálicos sobre el pecho semidesnudo a un hombre para demostrar una supuesta magnetización luego de la aplicación de dos dosis de la vacuna AstraZeneca. En otro panel se vinculó el incremento de los casos de autismo con la aplicación de vacunas como la Triple Viral para prevenir el Sarampión. También se afirmó que la pandemia fue “un invento” y que las vacunas se constituyeron como “un negociado”, como si la salida frente a las corruptelas y las grandes ganancias que acumulan farmacéuticas y laboratorios viniese de la mano de restringir el acceso de la población a las mismas. La advertencia de los profesionales de la salud, desoída La realización de este evento fue advertida previamente por distintos profesionales de la salud. Desde el Colegio de Médicos, dirigieron una carta al ministro de Salud Mario Lugones solicitando levantarlo debido a que “puede provocar reticencia a vacunarse en la comunidad, o generar dudas respecto al valor de las vacunas”. Resaltaron, además, que representaría “un enorme peligro, sobre todo en momentos en los que encontramos tasas de vacunación alarmantemente bajas, enfermedades que, habiendo estado absolutamente controladas luego de la introducción de las vacunas, están re-emergiendo como problemas sanitarios de peso”. En la misma línea se expresaron la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Virología, la Sociedad Argentina de Microbiología y la Sociedad Argentina de Medicina quiénes rechazaron la realización del encuentro antivacunas dirigiendo una carta a Martin Menem “considerando que dicha actividad atenta contra la salud pública”. También rechazaron el encuentro Ángela Gentile, Presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaln)y Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados. Estos reclamos no tuvieron respuesta. Los pronunciamientos tardíos del PRO y el Ministerio de Salud El Pro y el Ministerio de Salud se pronunciaron luego de los hechos consumados. En sus redes sociales, el Pro publicó “creemos en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso histórico con las campañas de vacunación y con la salud pública como un pilar indispensable para el bienestar de todos los argentinos”. El Ministerio de Salud de la Nación, por su parte, difundió un comunicado firmado por todas las provincias del país y la ciudad de Buenos Aires, excepto la provincia de Buenos Aires y Formosa. El mismo expresa, entre otras cosas, que la vacunación es una política sanitaria indispensable y “reafirman el compromiso federal para garantizar que cada persona acceda de manera gratuita y oportuna a todas las vacunas del calendario” (Argentina.gob.ar, 29/11/2025) . Para el ministerio y las provincias firmantes, “proteger a nuestros niños es la prioridad” (ídem), mientras desmantelan al hospital Nacional de pediatría Garrahan y castigan con sumarios administrativos a los trabajadores que luchan para defenderlo. Kreplak, ministro de salud de la Provincia de Buenos Aires, se quejó en las redes sociales por haber sido “excluido” del comunicado, solicitando un lugar entre los liberticidas y sus aliados. La caída histórica de la tasa de vacunación Lo cierto es que asistimos a la proliferación de enfermedades que se consideraban erradicadas en el contexto de cierre y desmantelamiento de programas, despidos de profesionales de la salud y de la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país se volvió a emitir una alerta epidemiológica (26/11/2025) tras confirmar que cuatro ciudadanos uruguayos con sarampión ingresaron al país desde Bolivia y viajaron por territorio argentino entre el 14 y el 16 de noviembre. A su vez, este año murieron siete niños por tos convulsa (Coqueluche). Ninguno tenía esquema completo ni hubo inmunización en el embarazo. La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) alertó sobre una caída histórica en las coberturas de vacunación infantil y adolescente. De acuerdo a un informe publicado en su portal (15/11/2025), en el año 2024, ninguna de las vacunas analizadas alcanzó la meta programática del 95 % establecida para asegurar la inmunidad colectiva. Siguiendo este informe, la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) aplicada a los 5 años, muestra una cobertura del 46 % en 2024 y más de 115.000 lactantes no completaron esquemas fundamentales para prevenir enfermedades como la difteria, la hepatitis B, la poliomielitis y la tos convulsa. Por su parte, el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN, 25/11/2025) afirma que la situación en cuanto a la vacunación contra Coqueluche (Triple bacteriana acelular) muestra diferencias marcadas entre jurisdicciones. Provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan mantienen altas coberturas, mientras que Buenos Aires, CABA, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones presentan coberturas de intermedias a bajas, especialmente en los refuerzos de 5 y 11 años, donde se observan los valores más críticos. Una política privatista alineada con Estados Unidos El cuestionamiento a las vacunas atenta contra la obligatoriedad de las mismas y, por ende, contra la distribución gratuita de todas aquellas que están incluidas dentro del Calendario de vacunación, de acuerdo a lo establecido por la Ley 27491. La realización del encuentro antivacunas en el congreso es la continuidad de una política privatizadora de la salud, por ese motivo funcionarios liberticidas y sus aliados, pese a las advertencias, sólo se prestaron a emitir comunicados con recomendaciones luego de consumado el encuentro. Pretenden imprimir al país la misma política de destrucción y desmantelamiento del sistema de salud público que están desarrollando en los Estados Unidos Trump y el Secretario de Salud “antivacunas” Mr. Kennedy. Fuentes: https://sap.org.ar/comunicaciones La tensión detrás del comunicado por el acto antivacunas: las acusaciones cruzadas entre la Provincia y Nación - LA NACION El comunicado de los ministerios de Salud del país tras el acto antivacunas en el Congreso - LA NACION Ley simple: Vacunación | Argentina.gob.ar Actualización del Boletín Epidemiológico Nacional de la SE N° 46 | Argentina.gob.ar Las vacunas son seguras y salvan vidas | Argentina.gob.ar

A pesar de la copiosa lluvia que cubrió toda la tarde del sábado 29, una importante movilización tuvo lugar en Buenos Aires como parte de la jornada internacional de solidaridad con el pueblo palestino. Participaron organizaciones políticas y de derechos humanos junto a representantes de la comunidad árabe en Argentina. Política Obrera se hizo presente con una columna de compañeros. La marcha que partió de Congreso debió tropezar a su paso con un gigantesco dispositivo represivo. El recorrido tradicional por Avenida de Mayo nos fue impedido: la policía impuso que no pasáramos por la embajada de Israel, la cual estuvo literalmente cercada por varias cuadras de infantería. Finalmente, logramos llegar a la Plaza por Diagonal Norte. En Plaza de Mayo se leyeron documentos del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y del Encuentro Memoria Verdad y Justicia. También habló Tilda Rabi, representante de la comunidad palestina en Buenos Aires. Un joven palestino gazatí denunció enérgicamente al “acuerdo de paz” liderado por Trump, poniendo particular énfasis en la complicidad de los gobiernos árabes de la región con la masacre y su continuidad, enmascarada hoy bajo el supuesto “acuerdo” impuesto por el imperialismo. En el mismo horario de la marcha, estaba anunciada la concentración de una asociación de “pañuelos negros”, un lobby por la libertad de los genocidas. En la plaza no se los vio. Se supo más tarde que se refugiaron en la Catedral, algunos minutos antes que ingresara la columna de solidaridad con Palestina. En alusión a los fachos de los pañuelos negros, los organizadores de la marcha repartieron pañuelos blancos a todos los presentes, en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo. “La Plaza es de las Madres, y no de los cobardes”, se cantó al final, en referencia a los fascistas escondidos. La marcha, de ese modo, unió el repudio al genocidio videliano con la lucha contra el genocidio de hoy -el que tiene lugar en Gaza-. En todo el mundo La movilización de Buenos Aires fue parte de una jornada mundial de lucha. En París, unas 50.000 personas marcharon al grito de “Gaza, Gaza, París está contigo”. Los organizadores denunciaron al “alto el fuego” como “una cortina de humo”, al tiempo que denunciaron que “la violencia de los colonos sionistas "ha alcanzado niveles sin precedentes". En Roma, otra marcha masiva encabezada por la activista Greta Thunberg denunció la militarización del propio estado italiano, por parte de la derechista Meloni. En Madrid y Barcelona también se vivieron jornadas masivas, bajo la consigna de “El genocidio continúa”. En América Latina, se marchó en México, en Montevideo, en Bogotá, San Pablo y Santiago de Chile, entre otras ciudades. La movilización de Buenos Aires destacó la tenacidad de los convocantes y participantes. Y al mismo tiempo, la brutal complicidad de los partidos del régimen -comenzando por el peronismo-. Apenas se hicieron presentes algunos diputados. Mientras la burocracia sindical argentina calla ominosamente, los sindicatos combativos de Italia volvieron a gestar una huelga general en solidaridad con la lucha palestina. Es necesario tomar ese derrotero y redoblar una campaña en los sindicatos y facultades, por huelgas, actos, piquetes y marchas por el fin del genocidio palestino, y por la derrota definitiva del imperialismo y el sionismo. Imágenes similares se observaron en varias ciudades españolas, con Madrid y Barcelona a la cabeza. Tanto en la capital española como en la urbe catalana, la marcha ciudadana exigió al Gobierno de Pedro Sánchez el embargo de armas y la ruptura de relaciones con Israel porque "el genocidio continúa". Esta valiosa marcha debe ser un peldaño para construir una gran movilización por Palestina. Los partidos de la burguesía argentina se han entregado completamente al sionismo y nuevamente le dieron la espalda a esta lucha. La iniciativa debe partir de abajo. El gobierno argentino, de la mano de Milei, se ha convertido en un pivote del sionismo y del imperialismo en América Latina. Impulsemos actos, paros y manifestaciones contra el genocidio palestino.