Octubre de 2025

El desplome de la figura de Espert, el primer candidato de Milei en el distrito más importante del país, podría sellar el destino del gobierno en las elecciones del próximo 26. A la “recomendación” de Fantino para que Espert se baje de la lista, se ha sumado nada menos que Patricia Bullrich, quien empieza a temer por su propia postulación en la CABA. El barco tambalea en todas las variantes: una renuncia de Espert, para “salvar a Milei”, será un baldón de tierra para todas las listas de Milei en el país, pero su permanencia, que es lo que defiende hasta ahora el presidente, tendrá iguales o peores consecuencias electorales. No obstante, la deriva de la campaña oficial es más amplia. Los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires han cambiado los saludos por los abucheos; es lo que ocurrió en Tres Arroyos y en 9 de Julio, donde los productores reclamaron por la ausencia de obras para paliar las inundaciones. El ruralismo bonaerense brama, porque la historia de las “retenciones cero” les implicó una confiscación en beneficio de un puñado de aceiteras. En el extremo sur, Ushuaia recibió a Milei con movilizaciones de repudio protagonizadas por metalúrgicos y estatales. El arco de gobernadores y partidos que sostuvieron a Milei en estos casi dos años ha salido a jugar de opositores, precisamente, para salvar sus propias posibilidades electorales. Con la otra mano, se anotan en la “recomendación” de Scott Bessent a Milei, respecto de formar un gabinete de coalición para después de octubre. Es el mismo mensaje que transmitió Macri en su reencuentro con Milei, donde el expresidente se autopostuló como canciller. Pero pensar que Macri pueda ser un rescatista político de Milei es algo que solo puede concebirse a 8.500 kilómetros de Argentina, o en la sede del diario La Nación. Puerta giratoria de dólares La deshilvanación electoral del gobierno tiene lugar cuando el golpe de “humo” provocado por la reunión de Milei-Caputo con Trump-Bessent comienza a disiparse. Caputo y el Banco Central dicen cumplir con el mandato del FMI de acumular reservas con vistas a los vencimientos de deuda de 2026. Pero los especuladores, con mayor entusiasmo que el gobierno, han salido a comprarle todos los dólares conseguidos con el negociado de las “retenciones cero”. Al precio de 1.450 pesos la dolarización no tiene freno, incluso cuando se ha instaurado un cepo no declarado sobre las operaciones de cambio a través de títulos o con billeteras virtuales. El gran capital se desprende de los bonos argentinos y acelera la fuga de capitales. Las palmadas de Trump y Bessent han acelerado esa fuga, porque es harto sabido que la condición de cualquier rescate post electoral es otra devaluación. Pero un gobierno derrotado de nuevo en las urnas no tendría los recursos políticos para pilotear el cimbronazo social que implicará esa devaluación y el salto inflacionario subsiguiente. Argentina no debe lidiar solamente con una cesación de pagos, sino con una crisis de poder político. Con la intención de evitar ese desenlace, Trump volverá a recibir a Milei el próximo 14. Será una suerte de extorsión al electorado argentino, de que un rescate financiero del norte estará atado a a los resultados del 26 de octubre. SSin embargo, el chantaje falla por partida doble. Del otro, el propio rescatista, o sea Trump, está flojo de papeles porque su Congreso rechaza ampliarle el límite actual para endeudarse. Hasta la propia base social de Trump cuestiona que intente salvar al amigo Milei “with my money” (“con la nuestra”). Los agricultores norteamericanos también están con bronca, porque Trump les cerró el mercado de soja de China, con su guerra de aranceles contra la potencia asiática. Kicillof, el otro gran deudor del Sur La eclosión política y financiera del gobierno liberticida ha mandado a segundo plano otra monumental crisis financiera: la del “nacional y popular” Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Kicillof emplazó a la Legislatura bonaerense a que lo autorice a refinanciar una deuda de 1.050 millones de dólares, contraída por la macrista Vidal y reconocida integralmente por su gobierno. Kicillof condiciona el Presupuesto 2026 de la Provincia al previo refinanciamiento de esa deuda; o sea que subordina los ingresos y gastos del Estado a las necesidades de sus acreedores. Más parecido a Milei no se consigue. El “equilibrio fiscal” mil veces explicado por Milei es un remanente de los pagos de la deuda pública. En definitiva, quienes se presentan como alternativa a Milei quieren salir de la tenaza del capital financiero con los mismos métodos de Milei. Pero esa refinanciación es inviable con el “riesgo-país” cómodamente arriba de los mil puntos. Ello explica por qué los integrantes de la “Fuerza Patria”, de norte a sur, se han convertido en los principales defensores de la “gobernabilidad” del liberticida. El peronismo trabaja sin descanso para evitar que los trabajadores emprendan una acción histórica independiente contra la miseria social, desvalorización del salario y flexibilidad laboral. Sus agentes sindicales y, principalmente, los llamados “combativos”, se acaban de reunir no para resolver cómo se termina con Milei-Caputo, sino para recibir en 2027 al gobierno al que suponen propio. Como en 2001, la burocracia sindical, de un lado, y el imperialismo, del otro, sostienen los piolines de un gobierno en descomposición. Ficción Este escenario de conjunto delata la completa ficción de la campaña electoral en curso. Los candidatos y partidos recorren un denominador común: el ocultamiento de una crisis terminal y, por lo tanto, de su programa frente a esa crisis. Mientras los pseudopartidos en presencia (son todos coaliciones improvisadas) juegan a la “renovación del medio término”, el gran capital discute qué gobierno y qué régimen deberá hacerse cargo del derrumbe de la contrarrevolución “libertaria”. Kicillof ha vuelto a pedir un “mesa nacional” con los gobernadores y el gobierno, esta vez para enfrentar al narcofemicida que terminó con la vida de tres muchachas de las barriadas del conurbano. La campaña del FITU transita por ese mismo encubrimiento político, a fuerza de autoproclamación y de planteos identitarios; está ausente la crítica al kirchnerismo y a su colaboración política para que Milei no se venga abajo. Ha abandonado por completo el uso de la campaña electoral como tribuna revolucionaria y socialista. La campaña de ficción oculta, también, un derrumbe industrial sin atenuantes. La crisis fabril se descerraja sobre la clase obrera y da lugar a vigorosas respuestas de lucha, como ocurre en Bed Time, Vasalli, los siderúrgicos y la docencia de todo el país. El septeto de gobernadores de Provincias Unidas se ha exhibido con Madanes Quintanilla, el dueño subsidiado de Aluar y de los despidos masivos en Fate, como los renacidos defensores de la “burguesía nacional”. Para Política Obrera la tribuna electoral debe servir para poner de manifiesto, ante la clase obrera, el alcance extraordinario de la crisis en ciernes y su naturaleza capitalista. Señalamos, ante los conflictos y luchas en curso y ante la indignación de las masas, la necesidad de preparar una huelga general por todas las reivindicaciones, mediante autoconvocatorias y plenarios. En una dinamizada lucha de clases, “una chispa puede incendiar toda una pradera”.

En BedTime la patronal intenta nuevamente imponer el ajuste a través de despidos. Los trabajadores, una vez más, responden con los métodos de la clase obrera. Desde hace meses la empresa viene intentando imponer un ajuste sobre los trabajadores. En julio trató de despedir a dos trabajadores, en ese momento la respuesta del conjunto de los compañeros hizo retroceder sobre sus pasos a la empresa. Desde entonces comenzó a plantear, debido a una merma en las ventas no demostrada, suspensiones, adelantar vacaciones, despidos (moneda corriente en estos tiempos, tanto en el gremio plástico como en toda la industria). Después de varias reuniones y asambleas la empresa, a través de telegramas, adelantó vacaciones. Pero no conforme con esto, la empresa siguió planteando ir a fondo con el ajuste. Es así que el viernes 26 de septiembre envió el primer telegrama de despido al cual se sumaron 15 más el día lunes 29 de septiembre. La respuesta de los trabajadores fue contundente, el mismo viernes cerraron la jornada con asamblea, donde se resolvió arrancar el lunes con asamblea permanente. Pero la acción que verdaderamente sorprendió a la empresa fue una permanencia frente a los portones del depósito que la empresa tiene en Tortuguitas, Malvinas Argentinas. Esta acción dejó a los trabajadores en una posición de fortaleza. Con esta postura los trabajadores lograron dos audiencias, donde la empresa fue, de ofrecer el 50 % de la indemnización, a ofrecer el 100 % en cómodas cuotas. Los trabajadores y la comisión interna se mantienen firmes en la defensa de los puestos de trabajo. Renglón aparte ocupa la posición del sindicato del plástico, que le planteó a la comisión interna que acompañan hasta el 100 % de la indemnización. De los puestos de trabajo, nada. Los trabajadores de BedTime entienden que la defensa de los puestos de trabajo es la defensa de sus condiciones de trabajo, sus condiciones de vida y el futuro de sus familias. Con esta idea fijada en la conciencia de los compañeros, escriben una página más de luchas. Pero como en cada página siempre hay algo nuevo, un elemento que se destaca de esta lucha es la nueva generación de activistas. De los despedidos, la mayoría son “nuevos” y son trabajadores jóvenes que en poco tiempo entendieron que tienen que luchar por sus derechos. Los trabajadores de BedTime están determinados a conquistar sus reclamos. Llamamos al conjunto de la clase obrera y sus organizaciones a rodear de solidaridad esta enorme lucha. No a los despidos en Bedtime Viva la lucha de los Trabajadores de BedTime . Aportá al fondo de lucha: Fondo.huelga.bedtime 30 de Septiembre 2025

El día lunes, los trabajadores de la fábrica de colchones Bed Time, ubicada en Ricardo Rojas, partido de Tigre, se declararon en estado de asamblea, parando la producción de la planta como respuesta al despido de 16 trabajadores por una supuesta “baja de la producción”. Los trabajadores denunciaron la maniobra de la patronal como un intento de reducir el plantel para proceder a una mayor precarización laboral. La crisis industrial está provocando una oleada de despidos y cierres de fabricas en el cordón industrial de zona norte y en todo el pais. Las patronales se montan sobre esta situación para cargar los costos de la caida de las ventas y la consecuente "baja de la producción" y para atacar a los trabajadores y sus condiciones laborales. En el caso de Bed Time, los trabajadores denuncian que la caida de la producción acusada por la patronal es exagerada. Su fin sería reducir la planta y proceder a nuevas contrataciones, en condiciones de mayor precariedad, para instalar una reforma laboral de hecho. Un calco de la reforma laboral que están intentando hacer las fábricas ceramistas ILVA y Cortinez, pero también las automotrices, las siderúrgicas, etc. Los trabajadores, junto a la Comisión Interna, votaron en asamblea parar la producción en la fábrica y organizaron un piquete en un depósito externo de la empresa ubicado en Tortuguitas. Allí la empresa preparó un stock de 27.000 unidades para enfrentar un conflicto a largo plazo, equivalente a más de un mes de producción. El piquete es sostenido por la totalidad de los despedidos y por un numeroso grupo de trabajadores. Fue decidido al advertir que la patronal se stockeó y vació la fabrica de colchones, a sabiendas de que los despidos iban a provocar una reacción obrera, tienendo en cuenta la tradición de lucha de la fábrica. Los trabajadores quieren evitar de este modo que la empresa utilice esta situación como un elemento de desgaste y extorsión. Son conscientes, además, que de pasar este ataque, vendrán nuevos despidos masivos. Durante las primeras horas del piquete, se presentó en el lugar la Policia Bonaerense de Malvinas Argentinas, amenazando con desalojar la entrada, en nombre del Intendente “nacional y popular” Leonardo Nardini. El amedrentamiento no surtió efecto. La experiencia de los obreros con estas fuerzas políticas se agota apenas los obreros salen a luchar. Luego, se presentó la patronal con abogados intentando liberar los portones con amenazas de denuncia, sin lograr el desalojo. Ese mismo día, se realizó la primera audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia de Bs. As., ubicado en Tigre, donde participaron miembros de la Comisiom Interna, representantes del Sindicato del Plástico y la patronal. La maniobra patronal quedó al desnudo, cuando se comprobó que Bed Time no tenía aprobado el Recurso Preventivo de Crisis, un engendro que eventualmente la habilitaría a despedir pagando el 50 % de las indemnizaciónes. Sin embargo, la patronal insistió en que solo iban a pagar indemnizaciones a la mitad, "mejorando" la oferta al final de la audiencia hasta un 75 %... ¡en ocho cuotas! Un despropósito. Por su parte, la conducción del Sindicato Plástico se limitó a reclamar el 100 % de las indemnizaciones, dejando claro que no lucharían por la reincorporación de los despedidos. No hacía falta que lo declaren, es lo que no hace el Sindicato Plástico en ninguna fábrica que suspenda o despida. Los delegados reclamaron la reincorporacion de todos los despedidos. La audiencia pasó a un cuarto intermedio. El mismo lunes a la tarde, se realizó una asamblea con los despedidos y trabajadores presentes en el lugar y se votó continuar con las medidas de fuerza. El día de ayer, se realizó una nueva audiencia en la que la patronal subió la oferta al 100 % de en 5 cuotas para los de mayor antigüedad y 3 cuotas para los demás. No se llegó a ningún acuerdo, pasando a otro cuarto intermedio hasta el jueves. La lucha de los trabajadores de Bed Time se inscribe en los conflictos que viene atravesando la clase obrera como respuesta a los ataques patronales, como son los casos de los trabajdores de Ilva en el parque industrial de Pilar, o la importante lucha de los siderúrgicos de Tenaris, entre tantos otros. El denominador común es el intento patronal por despojarse de gran parte o de la totalidad del plantel de trabajadores, para rearmar nuevos esquemas de mayor precariedad y explotación laboral que les reporten mayores márgenes de ganancias. Las direcciones burocráticas de los sindicatos intentan terciar como garantes del despojo, sin ofrecer la menor resistencia a estos ataques. Los trabajadores de Bed Time lo saben y buscan fortalecer un rumbo independiente, reforzando la organización obrera con asambleas y sosteniendo las medidas de lucha a sabiendas de que solo de ello depende la posibilidad de triunfar. Politica Obrera se encuentra acompañando a los obreros de Bed Time, contra los ataques patronales y los intentos de precarización laboral. Por la reincorporación de todos los despedidos.

El Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino ha convocado a una nueva marcha, al cumplirse dos años de la insurrección encabezada por Hamas contra el cerco israelí y de la brutal reacción del régimen genocida de Benjamín Netanyahu, que se ha cobrado más de un cien mil víctimas fatales. La movilización será el próximo 7 de octubre, a las 17, de Congreso a Plaza de Mayo. La guerra de exterminio contra el pueblo palestino ha recrudecido con la devastación de la Ciudad de Gaza. Donald Trump y Benjamín Netanyahu han comenzado a diseñar un ´plan de paz´ que exige la completa rendición de Hamas, la entrega de los rehenes y el paso de la administración del territorio a un “comité tecnocrático palestino apolítico”, supervisado por un “comité de la paz” encabezado por Trump y Tony Blair. El proyecto del norteamericano es convertir a Gaza en una ´riviera´ turística al borde del Mediterráneo. Mientras tanto, la Sumud Global Flotilla se encuentra en el límite de las aguas internacionales, a punto de ingresar a Gaza. Las últimas informaciones refieren que los barcos fueron interceptados por la flota israelí, que se apresta a detener a sus tripulantes. La presidenta italiana Giorgia Meloni, que días atrás encomendó a dos fragatas ´asistir´ a los integrantes de la flotilla en caso de emergencia, los ha instado a detenerse para “mantener abierta la esperanza de acuerdo en Gaza”, propuesta por Trump. Meloni es una genuina representante del imperialismo europeo, que demoró dos largos años en descubrir los ´excesos´ de la fuerza israelí, a la cual continuaron brindando apoyo militar y financiero. El gobierno de Javier Milei se ha mantenido como el ladero más fiel del masacrador Netanyahu.

Este jueves el Senado bonaerense se reunirá para debatir la denominada “ley corta de refinanciamiento”. El proyecto, en lo fundamental, habilita a Kicillof a tomar deuda por 1.045 millones de dólares y a emitir Letras del Tesoro por otros 250 millones de dólares. Según el gobernador, no se trata de “nueva deuda”, sino de “la refinanciación de deudas heredadas” de la gestión de María Eugenia Vidal; se trata del pago de deuda con nueva deuda. El mes pasado Kicillof selló un acuerdo con los bonistas que no habían aceptado la reestructuración de 2021, primer paso para volver a tomar deuda. “Lo único que necesitamos es una autorización para refinanciar los vencimientos que tiene la Provincia, porque si no, hay que afrontarlo con recursos que vienen de la recaudación corriente”, sumó el gobernador (Página/12, 30/9). “Sin esta aprobación, la Provincia podría enfrentar dificultades para pagar vencimientos inmediatos, impactando en servicios esenciales como salud y educación” (La Tecla, 1/10). Kicillof propone convertir la deuda heredada en deuda eterna. El senador ´monzoísta´ Marcelo Daletto asegura además que “la Provincia todavía cuenta con un saldo de USD 1.163 millones provenientes de la autorización legislativa de fines de 2023” (La Tecla, ídem). Es la confesión de un quebranto completo. El proyecto había ingresado en mayo a través del Senado, pero recién ahora será sometido a debate. Su aprobación, por tratarse de la contratación de deuda, requiere una mayoría especial de dos tercios. Si el peronismo no se fractura nuevamente -como ocurrió en 2024-, el oficialismo deberá atraer a libertarios y radicales ´dialoguistas´ para suscribir nueva deuda. El mismo texto de esta “ley corta” contempla la creación de 489 cargos para el Poder Judicial, 1.500 para el Servicio Penitenciario y otros 260 para el área de Niñez y Adolescencia. Además, hay cargos vacantes o prorrogados en el directorio del Banco Provincia, el Consejo de Educación, Contaduría General y las sillas en la Suprema Corte de Justicia. Aunque estos nombramientos no se discutirán oficialmente, formarán parte en las negociaciones. Por lo pronto, el gobierno bonaerense aceptó condonar la deuda que hayan tomado los intendentes con la Provincia durante la emergencia de la pandemia. También se menciona el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal: un 8 % del monto autorizado (aproximadamente USD 83,6 millones) se destinará a un fondo especial para financiar obras e inversiones en los 135 municipios bonaerenses. Su propósito es ´seducir´ a intendentes del PRO, especialmente aquellos que resistieron el acuerdo provincial con LLA. El proyecto incluye, además, la declaración hasta el 31 de diciembre de 2026 de siete emergencias, que habían vencido en marzo último –penitenciaria, de seguridad pública, de infraestructura, hábitat, vivienda, servicios públicos y energética-. Esto permite, entre otras cosas, realizar contrataciones directas. Por último, pero no menos importante, también le encomienda al Ministerio de Infraestructura culminar con la implementación de la “revisión tarifaria integral del servicio de energía eléctrica”, es decir, anudar un tarifazo. Simultáneamente, el gobierno bonaerense pidió una prórroga para presentar el Presupuesto 2026, “considerando que requería de las precisiones macroeconómicas de la hoja de ruta nacional” (Página/12, ídem). Pero el presupuesto de Caputo-Milei es una hoja al viento y no puede señalarle la ruta a nadie. En todo caso, Kicillof aguarda ´precisiones´ del acuerdo que Milei está tramando con Trump. El norteamericano se ha convertido en la última soga a la cual intenta aferrarse en medio del descalabro financiero. La insolvencia argentina para afrontar los gastos usurarios de la deuda es la base de una crisis terminal. Sin embargo, Kicillof ha comenzado a recorrer el camino a las elecciones presidenciales de 2027 aspirando a revalidar el título de pagador serial.

Milei ha autorizado por medio del DNU 697/2025 la entrada de tropas militares estadounidenses a la provincia de Tierra del Fuego, a pesar de que el ingreso de estas al país debe ser autorizado por el Congreso de la Nación, alegando que el proyecto de ley para el caso ha sido retenido en el Congreso. De cualquier manera, es una acción inconstitucional. Tiene lugar luego de que Trump prometiera evitar un default de Argentina con dinero de un fondo especial de Estados Unidos. Mientras (según los medios) Trump aboga por la incorporación al Gabinete argentino de miembros de otros partidos, con el propósito de que pueda gobernar con el apoyo del Congreso, legitimará el envío de su ejército a un ejercicio militar respaldado por decreto. Trump mismo ha batido todos los récords históricos del uso de decretos en Estados Unidos. Milei ha dado vía libre al desembarco de tropas norteamericanas para llevar adelante trabajos de entrenamiento con la Armada argentina. Como antesala de esta movida, en mayo pasado, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, luego de reunirse con Milei en la Casa Rosada, viajó a Ushuaia. El imperialismo yanqui quiere instalar una base naval integrada y un centro logístico que sirva como puente a la Antártida. Espera establecer un dique de contención a China en los corredores bioceánicos. En 2024 la exjefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson, había obtenido de Milei la promesa de instalar una base naval “conjunta” en el sur del territorio. En el decreto 697/2025, publicado este martes, se puede leer que se da autorización para que desembarquen 30 marines de la “Guerra Especial Naval yankee (NSW, por sus siglas en inglés) durante 27 días, entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano (Punta Alta).” (Página 12 29/09) En el decreto se explicita que “el ejercicio tiene por objetivo intercambiar procedimientos, técnicas y tácticas de entrenamiento entre Fuerzas Especiales para operar en escenarios complejos que exigen coordinación multinacional, capacidad de respuesta inmediata y el uso efectivo de tecnologías de avanzada, con el aporte doctrinario y técnico novedoso de la Armada de los Estados Unidos." También está previsto en el DNU que se lleve adelante un ejercicio en conjunto con Chile, denominado “Solidaridad”, entre el 6 y el 10 de octubre en Puerto Varas (Chile). Este ejercicio se da en el marco de un acuerdo bilateral que data de 1997, en el que ambos países pactaron la "coordinación de respuestas ante catástrofes y desastres naturales". Y entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre se llevarán adelante los ejercicios que llevan como título "Tridente”, a realizarse en bases navales argentinas. A las irregularidades introducidas por el DNU, se le suma que el ministerio de Defensa no ha presentado al Congreso los planes de ejercicios militares conjuntos para este año, como establece la ley 25.880 que regula la entrada y salida de tropas extranjeras, sancionada en 2004. Según Página 12, esa ley es “un reaseguro institucional para prevenir nuevos casos como el envío de militares que ordenó el expresidente Carlos Menem en 1990 para participar en la Guerra del Golfo.” (Página 12 30/09) Desde la esfera de Petri aducen que enviaron el plan al Congreso, pero por la “urgencia” (así figura en DNU) no podían esperar a que la Comisión del Senado, presidida por el camaleónico Luis Juez, se expidiera al respecto. Especialistas en materia de Defensa señalan que el proyecto entró al Congreso con cinco meses de retraso. El decreto subraya que la no participación de la Armada argentina "podría afectar negativamente el nivel de adiestramiento y la capacidad de integración operativa de las fuerzas nacionales." Como hemos señalado en estas páginas, las visitas de los sucesivos jefes del Comando Sur, en perspectiva, representan la entrada en regla de América Latina -con la Argentina como punta de lanza en la región- al desarrollo de la guerra imperialista en curso. A su vez, la genuflexión libertaria para con el imperialismo yanqui procura la ampliación de la alianza con los Estados Unidos e ingresar como miembro pleno de la OTAN. La derrota del plan de guerra de Milei contra los trabajadores representaría un golpe para los intereses norteamericanos en la región y un revés en las guerras en las que está embarcado .

En el municipio de San José, perteneciente al departamento de Santa María, los municipales agrupados en ATE desde este martes iniciaron un plan de lucha con paro y cortes intermitentes en la ruta nacional 40. Cada hora se permite el paso de los vehículos acumulados. La acción de lucha es en repudio al aumento salarial del 2 % que es considerado completamente insuficiente por los trabajadores. Además del reclamo salarial, los trabajadores denuncian otras irregularidades, como son las reducciones de horas de trabajo para los trabajadores contratados y los becados, que son numerosos y afectan reduciendo sus miserables remuneraciones. De la misma manera, denuncian que por la vía de estas reducciones en las horas de trabajo, el gobierno está incorporando en condiciones precarizadas a trabajadores domiciliados en Amaicha de Valle y en Quilmes, localidades de la provincia de Tucumán. Por esta vía, el gobierno municipal, apelando al viejo lema de “divide y reinarás”, no solo mantiene divididos a los trabajadores entre permanentes y estables y los precarizados, sino que ahora se agregan los incorporados ajenos al municipio y de otra provincia. Días atrás una lucha similar se desenvolvió en el municipio de Pomán. Los conflictos municipales se van a extender. Ya en el mes de junio, varios de ellos tuvieron que ser auxiliados de emergencia pues no podían afrontar el pago de los aguinaldos. Ahora, con las restricciones de las partidas nacionales destinadas a las provincias, léase ATN, o el porcentaje del impuesto a los combustibles, entre otros, Catamarca ha visto reducidos en un tercio los ingresos provenientes de la nacional, y en una proporción similar la coparticipación provincial, o sea, los fondos que el Estado provincial destina a los distintos municipios. En oportunidad de la irrupción de los docentes en el mes de mayo, y las posteriores movilizaciones coordinadas de docentes, estatales y de la salud, también se sumaron a la lucha y a la coordinación, los municipales de varios de los más importantes municipios de la provincia, como son la Capital o Valle Viejo. La gendarmería y fuerzas de la policía provincial están apostadas esperando la orden de desalojo. Política Obrera brindó públicamente el apoyo a la lucha de los municipales de San José y a través de Bruno Corzo, candidato a diputado provincial, se denunció que mientras el gobernador Jalil festejaba en el XIV° Seminario Internacional del Litio junto a sus pares de Jujuy y Salta y los representantes de las más importantes mineras -que están instaladas en la zona para explotar las enormes riquezas bajo condiciones que les aseguran grandes beneficios-, los trabajadores estatales y municipales, docentes y trabajadores de la salud, sufren una política de miseria salarial y precarización laboral.

El retorno de Urtubey al peronismo reavivó a las hibernadas direcciones sindicales salteñas. El camaleónico exgobernador resultaría ahora ser, para la burocracia sindical, "el mejor candidato". Semejante afirmación solo se explica de parte de quienes han sido furgón de cola de todos los gobiernos y las patronales. No hay un solo punto de este maridaje que levante las reivindicaciones de los trabajadores. La CGT que comparte la "mesa de Mayo" con Milei y Sturzenegger es la misma que pacta salarios del 1 %, deja pasar despidos y suspensiones. Es la misma que comparte palco de Axel Kicillof, el empobrecedor de docentes y estatales en provincia de Buenos Aires. El proceso electoral reavivó al secretario de la bancaria y titular de la CGT Salta, Carlos Rodas, y con él, a las 62 organizaciones. Esperan reunir un doble sueldo – el de burócratas y el de parlamentarios– a sus ingresos personales. Una CGT que se entrelaza con los políticos patronales no es una organización independiente de los trabajadores. En Salta se perdieron 12.700 puestos de trabajo formales en dos años, la mitad de los trabajadores está en negro, Sáenz ataca a la docencia contra el derecho a huelga, con cesantías. Urtubey es socio de semejante ataque contra los trabajadores salteños. Los índices de pobreza de los trabajadores han crecido por encima del 50 %; hay que buscar con lupa un trabajador que tenga el salario mínimo, vital y móvil de dos millones de pesos. El entrevero de los Rodas y los Urtubey no es siquiera un “mal menor” para la clase obrera. El objetivo estratégico de nuestro partido, Política Obrera, es desarrollar un partido político independiente de la clase obrera. Es la condición para luchar por el gobierno de los trabajadores.

El sábado 4 de octubre a las 17 hs. tendrá lugar un festival en defensa de la educación y la salud públicas, convocado por el centro de estudiantes del Instituto de Formación Docente N.º 45 “Julio Cortázar” (sede central, Laiacona 1040). Luego de la movilización en defensa de la educación y del Garrahan, que reunió a una multitud de manifestantes en varios puntos del país, los estudiantes del 45 se comprometieron a poner en pie este festival. Esa marcha, registrada el 17 de septiembre, significó -en muchos lugares- un estallido colectivo contra los vetos presidenciales, con una presencia fuerte de estudiantes, docentes, trabajadores de la salud y familias reclamando el derecho a la educación y a la salud pública. El festival tomó un giro a raíz de la noticia sobre nuestra compañera Vero Tusoni, que atraviesa una enfermedad que le impide sostenerse económicamente. Por eso, los compañeros, docentes y amigos decidimos que todo lo recaudado ese día será donado para acompañar a Vero. Su situación se enmarca en un contexto de ataques al sistema sanitario y su impacto entre los pacientes oncológicos. El gobierno ha producido despidos masivos en hospitales nacionales y ministerios de salud, cierres de programas, recortes en medicamentos esenciales y una ofensiva hacia la privatización de la salud. En otras palabras, nuestra lucha particular por Vero se funde con la lucha general por mantener la salud pública accesible para todos. En las últimas semanas logramos poner en pie comisiones, como la de organización del festival, la de limpieza, medios y la de convocatoria a artistas, con la participación de decenas de estudiantes y docentes. Frente a un escenario de ataque a la educación pública -congelamiento de las partidas presupuestarias, cierres de carreras, limitaciones de infraestructura o falta de edificios propios, ausencia de un boleto educativo gratuito en todos los niveles, pulverización de los salarios docentes- y a semanas de la movilización contra el gobierno antiobrero y liberticida de Milei, lanzamos la convocatoria a artistas, estudiantes y docentes para construir un festival que lleve de conjunto todas nuestras reivindicaciones. El evento contará con bandas, solistas y representaciones teatrales, todas ellas a cargo de estudiantes del terciario. Además, habrá un buffet con precios populares y se rifarán premios donados por los mismos estudiantes. El festival se inscribe en la continuidad de la gran movilización del 17 de septiembre, que llenó las plazas en todo el país. Ese día se expresó de manera contundente que la juventud y la clase trabajadora no están dispuestas a entregar sus derechos. Como señala la crónica de esa jornada, es necesario impulsar la lucha por todas nuestras reivindicaciones y organizarnos para que cada una de ellas sea conquistada.

El día viernes 26, cuando llegaron los primeros telegramas de despido, los trabajadores en asamblea tomaron la decisión de la defensa de todos los puestos de trabajo. El día lunes la empresa, en la puerta de fábrica, notificó a 16 compañeros de su despido. Esta maniobra la hace amparándose en el artículo 247. En ese momento también se resolvió movilizarnos a Tortuguitas para reforzar la defensa en los portones del depósito que la empresa tiene en ese lugar. Los trabajadores, aunque la empresa amenaza con 35 despidos más, en asamblea permanente mantienen la producción parada. Con estos elementos en marcha la empresa se dedicó a utilizar todo su arsenal de influencias judiciales, sindicales. Se ampara en las nuevas leyes del gobierno de Milei que apuntan a judicializar toda protesta obrera. Trajeron la Policía, la fiscalía y la DDI de San Martín y Malvinas Argentinas. Todo el aparato judicial de la provincia. Esto nos moviliza a pensar en el gobierno provincial, el cual era “el escudo” contra el ataque del gobierno nacional, pero son un colador para la utilización por las empresas de las leyes para reprimir o judicializar el derecho al trabajo. Mucha preocupación de parte de la política en las elecciones, pero... el sólo interés de la CGT en sus candidatos para las elecciones y sostener a Kicillof a precio de abandonar toda pelea por los puestos de trabajo y la defensa de los sueldos, ni hablar del sindicato plástico (UOYEP), al cual se lo conoce por firmar cualquier acuerdo que favorezca a los empresarios y sus ganancias, con el bolsillo de los obreros. Contra estos elementos los trabajadores de BedTime, los 13 de afuera y los más de 150 de adentro, pelean contra todo pronóstico, unificar las luchas y ganar en brazos que peleen junto a ellos. Volver a los puestos de trabajo es el único fin a alcanzar en esta pelea. Unidad de los trabajadores y si no les gusta, se joden… Trabajadores de BedTime en lucha. LEER MÁS: Comunicado de los trabajadores de BedTime: “La patronal intenta nuevamente imponer el ajuste a través de despidos” 30 de Septiembre 2025. Bed Time: una lucha decisiva Paro y piquete contra los despidos. Por Fabián Pacheco, 01/10/2025.

Las revelaciones sobre los vínculos de José Luis Espert y el narco “Fred” Machado han terminado de hundir la campaña de La Libertad Avanza en el principal distrito electoral del país. Las encuestas más recientes -y verosímiles- asignan al peronismo diez puntos de ventaja sobre el candidato libertario. A la hora del recuento de los votos, bajo la dinámica de la crisis política y económica que arrastra el gobierno, la diferencia podría ser mucho mayor. Dos testimonios fueron lapidarios. Por un lado, su ex jefa de prensa, Clara Montero Barré, apuntó que Machado fue mucho más que un simpatizante del economista. Lo describió como un mentor. "Cuando yo entro [a trabajar con Espert] Fred Machado era el aportante y era el jefe, el que manejaba y elegía candidatos, tenía un rol fundamental, él fue el que lo impulsa a Espert a estar en la política", describió (Clarín, 2/10). Marcelo Longobardi ratificó esto, en su programa de streaming, cuando recordó que Montero le había ofrecido una entrevista con Machado, interesado en ofrecerle la candidatura a vicepresidente. Por su parte, José Bonacci, presidente de Unite, el sello por el cual Espert se postuló para la presidencia en 2019, desmintió que los aportes de Machado hubieran sido captados por el partido, como había afirmado el economista. Además de los USD 200.000 que figuran en la causa contra Machado en Estados Unidos, debe sumarse una camioneta Grand Cherokee blindada y 30 traslados en avión privado, también provistos por Machado. La pestilencia también afecta a la candidatura de Patricia Bullrich al otro lado de la General Paz. La ministra de Seguridad se mostró ´sorprendida´ por las revelaciones y hasta amagó con pedirle a Espert que decline su postulación. La coartada de Bullrich, tardía, es que Espert tuvo vínculo con Machado cuando éste todavía no había sido imputado por la justicia norteamericana. Como mínimo, esto no lo exime de no haber declarado las contribuciones de Machado, quien, por otra parte, arrastraba ya entonces un extenso historial delictivo. “Los hermanos Federico y Gastón Machado se criaron en el barrio Constitución de Trelew (Chubut). Se instalaron luego en Viedma, donde montaron una fábrica de puertas y ventanas que fue epicentro de múltiples estafas”, relata La Nación (2/10). Finalmente, Bullrich mandó a Espert a la televisión a dar explicaciones que el economista se mostró incapaz de brindar. La crisis del gobierno Milei amaga con convertirse en desbande . El mismo presidente aparece tocado por la mancha venenosa de Espert. “Bullrich, de a poco, parece ir liberándose de la propia agenda del Gobierno y quiere empezar a jugar sola, sin responder demasiado a directrices generales” (Clarín, 2/10). Parte de este movimiento sería su ´reacercamiento´ a Mauricio Macri. El presidente del PRO volvió a reunirse con Milei. Se encuentra en gateras una ´renovación´ del gabinete luego del 26 de octubre, en una tentativa última de subsistir hasta 2027. Si esto es viable, dependerá de la magnitud de la derrota que deparará octubre. No sólo parece segura en Buenos Aires, también podría ser también rotunda en Córdoba, luego del negociado con las cerealeras a expensas de los productores sojeros. Por otra parte, los respaldos verbales de Trump y el jefe del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, agotaron rápidamente su efecto en ´los mercados´. En las últimas horas, Bessent se encargó de volver a sumergir a Milei al aclarar que lo que tendría para ofrecerle no sería dinero fresco sino un swap de divisas. Milei se reunirá con Trump el 14 de octubre para rogarle un rescate, por el cual el magnate –“un líder transaccional”- pedirá a cambio concesiones inimaginables en materia de minería, patentes e instalación de bases militares . El peronismo, por su parte, hace ´buena letra´. El ´soviético´ Axel Kicillof ha mostrado su predisposición a servir al capital financiero, tachando como una “chiquilinada” la consigna de no pago de la deuda, cerrando un acuerdo con los bonistas que habían quedado fuera del canje de deuda de 2021 y solicitando un nuevo endeudamiento para financiarlo , mientras la provincia se hunde socialmente. En la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el debate se ha centrado en la presidencia que ejerce Espert. Los peronistas y algunos bloques menores -entre ellos, el FITU- piden su apartamiento. Pero el jefe del bloque de diputados del pejota, Germán Martínez, fue claro en su compromiso con ´la gobernabilidad´: “Debe ser removido de inmediato”, enfatizó, “pero aclaró que no está en el ánimo de su bloque quedarse con el sitial de Espert” (La Nación, 2/10). “Sería un despropósito intentar modificar un esquema político de conducción. El oficialismo debe hacerse cargo [de la presidencia], pero se tiene que hacer cargo también de que Espert no sea más su presidente. Queremos contribuir a un debate serio de la ley de presupuesto”.

En la última acta el gobierno provincial planteó la paritaria salarial para el 17 de noviembre próximo, lo cual significa que los docentes no tendremos recomposición salarial este semestre y que el acuerdo se terminara cerrando sin docentes, ante la finalización de ciclo lectivo para dicha fecha. Como ´paliativo´, se han ofrecido ayudas financieras desde el Ministerio de Desarrollo Social. De “sacar a los docentes de la pobreza” pasaron a ofrecernos subsidios y bolsones. El descuento por paro tiene la misma función que el proyecto de presentismo: extorsionar y desviar la lucha. Los descuentos serán de a cientos de miles por cada cargo. Una confiscación total a los ya golpeados salarios. En lo laboral, el cierre de secciones se sigue informando en la mayoría de los niveles, lo que dejará a docentes sin trabajo en el 2026. En la misma paritaria laboral donde el gobierno ratifica la negativa a recomponer el salario este semestre y ofrece subsidios y bolsones, agradece el “dialogo” sin paro. Desde hace dos semanas la conducción ha promovido suspender la medida de fuerza. Desde la LISTA ROJA TENDENCIA DOCENTE CLASISTA en las asambleas hemos planteado que el gobierno viene a un ataque en regla: descuentos, pérdida del poder adquisitivo del actual salario, multa y titularizaciones con cierres de secciones. Nos oponemos a la orientación de la conducción de suspender la medida de fuerza, frenando cualquier lucha contra esta política. Es importante sacar conclusiones: en primer término, nos enfrentamos a un gobierno que nos quiere acercar a la indigencia; achicar el plantel docente con cierre de secciones y atacar nuestra organización gremial. En términos salariales, vale decir que llegamos a este punto luego del cierre de una paritaria salarial de miseria el semestre pasado, al cual nuestra agrupación se opuso. Esto lo aplica también a otros sectores. A 26 trabajadores de la salud en Río Gallegos les ha iniciado sumario y suspendido por 90 días sin goce de haberes, por reclamar derechos. La orientación de la conducción, de levantar la medida de fuerza, luego de paros intermitentes y ausencia de un plan de lucha, fue saludada por Vidal. Frente a este escenario llamamos a participar de las asambleas y actividades, a deliberar en las escuelas y resolver mantener la medida de fuerza, unificando con otros sectores. La situación general del país, que se agravara luego de las elecciones, nos llama a preparar una huelga general por el salario y los puestos de trabajo. LEER MÁS: Santa Cruz: la lucha docente en un impasse El fracaso sin atenuantes de los paros aislados impulsados por ADOSAC. Por Emiliano Fabris, 23/09/2025.

En Italia, desde Roma hasta Turín, desde Milán hasta Nápoles, miles de ciudadanos bloquearon las principales vías al grito de «Palestina libre, alto al genocidio en Gaza» y «Bloqueemos todo». En tanto, los sindicatos USB y CGIL convocaron una huelga general para el viernes 3 de octubre. Ambas centrales pidieron a los trabajadores y estudiantes que el viernes bloqueen la producción, el transporte, las escuelas y los servicios en protesta por lo que calificó de “crimen de guerra” y la complicidad occidental, incluida la venta de armas de Italia a Israel. Italia ya paró el 22 de septiembre en apoyo a la causa palestina, pero en esa oportunidad la convocatoria fue exclusivamente de la Unión Sindical de Base (USB). El 30 de octubre los estibadores de Livorno obligaron a un buque de bandera israelí, Zim Virginia, a abandonar el puerto italiano tras un paro total de portuarios que se negaron a operar la nave en protesta por la guerra en Gaza y en solidaridad con Palestina. El enorme buque portacontenedores es operado por la gigante naviera israelí ZIM Integrated Shipping Services. Los estibadores se negaron a cargar o descargar cualquier mercancía. El representante del sindicato CGIL en Livorno, Gianfranco Franchesi, destacó la firmeza de los trabajadores ante lo que llamó “una forma de genocidio”. El sábado a la tarde, en Génova, una multitud marchaba en apoyo a Palestina cuando corrió el rumor de que un navío perteneciente a ZIM se preparaba para cargar 10 contenedores clasificados como mercancía peligrosa—presuntamente explosivos—tan solo unas horas antes de una asamblea internacional de la Coordinación de Puertos Contra la Guerra, que había llamado a un embargo a la naviera israelí. ZIM, una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York, está profundamente entrelazada con el aparato militar y estratégico del estado israelí (WSWS,1/10). Controlada en un 26 por ciento por el multimillonario israelí Idan Ofer, la compañía está legalmente obligada a mantener una junta directiva mayoritariamente israelí, un presidente israelí y una parte de su flota reservada para uso estatal en tiempos de emergencia. Los lazos políticos de Ofer se extienden a través del Atlántico: ha donado al Partido Conservador británico, ha formado parte del Consejo de Relaciones Exteriores y de los consejos asesores de la Escuela Kennedy de Harvard, y ha sido vinculado con operaciones encubiertas sionistas. Él y su esposa renunciaron al consejo ejecutivo de la Universidad de Harvard en protesta por lo que consideraron una respuesta tibia de la universidad frente al ataque de Hamas a Israel. Una investigación de MintPress reveló que embarcaciones de la familia Ofer han transportado comandos israelíes para misiones de asesinato, incluidos los homicidios del líder de Hamas Mahmoud al-Mabhouh en Dubái y del funcionario de la OLP Khalil al-Wazir en Túnez. El envío de armas a bordo de buques de ZIM es una pieza clave en la campaña genocida de Israel. Pero esta vez les salió el tiro por la culata: inmediatamente que trascendió que estaban en el puerto, un millar de manifestantes se desprendieron de la marcha principal para apoyar al Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (CALP). Los estibadores de CALP declararon una huelga espontánea, negándose a cargar o descargar el barco. Frente a la presión creciente de trabajadores y manifestantes, las autoridades policiales se vieron obligadas a detener la operación de carga e impedir la salida del buque. La protesta en Livorno y Génova se suma a una serie de acciones similares en otros puertos italianos como Rávena, Tarento y Marghera, donde los estibadores trabajadores han bloqueado buques que transportaban explosivos y combustible con destino a Israel. Los trabajadores mantienen una guardia permanente en los puertos. ““Sabemos que habrá contenedores con armas de la OTAN. Debemos mantener una presencia constante y asegurar que los trabajadores no estén aislados”. Ese es el método, ese es el camino. LEER MÁS: Naciones Unidas discute el reconocimiento de un “Estado Palestino” Los obreros bloquean Italia contra el genocidio. Por Olga Cristóbal, 23/09/2025.

El miércoles por la tarde, en Buenos Aires, un conjunto de organizaciones de izquierda y el llamado “Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino” marchamos desde Av. de Mayo y 9 de Julio hacia Plaza de Mayo para protestar por la ilegal detención de la flotilla ´Sumud´ a manos de militares israelitas, cuando se proponía arribar a Gaza a llevar ayuda humanitaria. En La Plata, Córdoba y otras ciudades, se replicaron estas convocatorias. En Ciudad de Buenos Aires el gobierno no aplicó el “protocolo” y la columna se dirigió por la calle hasta la Plaza. La jornada de ayer fue preparatoria de la movilización programada para el próximo 7 de octubre, al cumplirse el segundo aniversario de la incursión de Hamas contra el cerco establecido por el sionismo alrededor de la Franja. La resistencia palestina fue respondida con un genocidio a gran escala desarrollado por el criminal de guerra Benjamín Netanyahu, que ha contado con el apoyo y complicidad de todos los gobiernos capitalistas. La movilización del 7 partirá desde el Congreso a las 17 hs. y se dirigirá a la Plaza de Mayo. Será una nueva oportunidad de agitación política y protesta contra el genocidio palestino. Esta lucha es especialmente importante en nuestro país, donde el presidente ha abrazado la causa del sionismo con una intensidad solamente comparable con la de Trump. El peronismo, por su parte, nuevamente ha faltado en la denuncia del secuestro de la flotilla, así como no se ha pronunciado, en tres años, en el repudio al genocidio perpetrado en Palestina. Política Obrera desarrollará de cara al 7 una campaña en los principales lugares de trabajo y estudio por una masiva movilización en todo el país contra el genocidio y sus cómplices sociales y politicos.

El barco de la Marina israelí que detuvo a alrededor de 400 activistas de la Flotilla Global Sumud, que se dirigía a Gaza, llegó este jueves al puerto israelí de Ashdod. Todos los integrantes de la misión fueron detenidos en aguas internacionales por navíos militares israelíes que, en abierta violación de las leyes internacionales, asaltaron las lanchitas después de bloquear toda la comunicación y rociarlas con agua contaminada. La flotilla buscaba romper el bloqueo israelí de Gaza, que ya lleva 18 años y desde octubre de 2023 adquirió una intensidad homicida. Desde Ashdod, los detenidos están siendo enviados a la prisión de Ketziot -en el desierto del Néguev, cerca de la ciudad de Beer Sheva- y posteriormente serán deportados a sus respectivos países. Según explicó Omer Shatz, experto israelí en derecho internacional en Sciences Po, de París, Ketziot es “una cárcel de máxima seguridad en el sur de Israel que normalmente alberga a prisioneros de alto riesgo, no a migrantes o activistas”. Shatz recordó que la prisión es conocida por sus condiciones particularmente duras. Quienes rechacen la expulsión (que conlleva además una prohibición de entrada al país) quedarán en manos de personal del Ministerio del Interior, que lidera el ultraderechista Itamar Ben Gvir. Según el canal 12 de la televisión nacional, se conformará un tribunal especial en la propia prisión. El Ministerio de Exteriores informó que, del casi medio centenar de embarcaciones que conformaba la iniciativa, ninguna “ha logrado su intento de entrar en una zona de combate activo o vulnerar el bloqueo naval”. Llamar a la costa palestina “zona de combate activo” es una patraña: la resistencia palestina carece de navíos y los únicos oponentes de los genocidas han sido hombres, y más de frecuentemente niños que, muertos de hambre, se echan al mar a tratar de pescar o capturar algunas de las cajas de alimentos que algunos países arrojaban desde aviones. Los palestinos tienen prohibido bajar a la playa y entrar al mar, así que la respuesta israelí generalmente está a cargo de francotiradores. Los organizadores dijeron que un solo barco -de los más de 40- pudo continuar navegando, pero se detuvo cerca de la costa gazatí este jueves por la mañana antes de que se perdiera el contacto. La Flotilla Global Sumud denunció en un comunicado que la intercepción en aguas internacionales constituye un crimen de guerra, acusó a Israel de practicar “secuestros” y “detenciones ilegales”. “Cada acto de represión contra nuestra flotilla y cada intento de silenciar la solidaridad no hace más que reforzar nuestra determinación”, subrayaron. El equipo legal de las minorías árabes en Israel (Adalah), que se ocupará de la defensa de los detenidos, denunció que recién a última hora le permitieron entrar al puerto, cuando la agencia de migración ya había comenzado audiencias para la deportación y órdenes de detención de los activistas, sin que recibiesen asistencia jurídica ni lo supiesen sus abogados. Israel había catalogado el objetivo de llevar ayuda a Gaza como una provocación y aseguró que la flotilla estaba financiada por Hamas, una mentira estúpida. Después, el Ministerio de Seguridad dijo estar dispuesto a distribuir la ayuda que llevaban. Mohammed al-Hindi, dirigente de la Yihad Islámica Palestina, en una entrevista con Al Jazeera negó que la expedición estuviera financiada y afirmó que la promesa de Israel de desviar la ayuda a través de Ashdod era falsa, señalando que miles de camiones de ayuda siguen bloqueados en Rafah mientras la población de Gaza se enfrenta a una hambruna masiva. Inmediatamente que trascendió el asalto a las naves, en ciudades como Bruselas, Estambul, Atenas, Nueva York y Buenos Aires hubo manifestaciones de apoyo a los activistas, algunas espontáneas, y se anunciaron más protestas para los próximos días.

El rechazo a los vetos de las leyes que disponen fondos para el Garrahan y las universidades reunió al 80 % de los votos del Senado. Ese porcentual, que supera los dos tercios reglamentarios para voltear un veto, pone de manifiesto el aislamiento político del gobierno de Milei con relación al bloque de partidos que lo han apoyado durante dos años. La defensa del veto quedó reducida a un puñado de incondicionales. Los antiguos socios de Milei, como la kirchnerista catamarqueña Lucia Corpacci, se florearon con el rechazo a los vetos. El mismo Senado que votó la Ley Bases se pasa ahora a la ‘oposición’, en medio de invocaciones a la salud pediátrica o a la universidad pública. En realidad, todos ellos saben que los refuerzos presupuestarios quedarán en los papeles, como acaba de ocurrir con la ley y los fondos para discapacidad. Lo que pone de manifiesto la caída de los vetos es un impasse político agudo: los ajustadores no van a abandonar a la “motosierra”, so pena de perder el respaldo entre los acreedores de la deuda pública. Pero al mismo tiempo, la persistencia de esa motosierra, intolerable para las masas, ha concluido en un estado de default y en un pedido de rescate a Donald Trump. Los senadores han votado con la mira puesta en la elección de octubre. Las camarillas políticas han dejado para después de las elecciones el “esquema de gobernabilidad” (sic, Infobae, 3.10) que suceda al presente derrumbe. Trump le ha exigido a Milei un gobierno de pseudocoalición, que hasta ahora se limita a una discusión con Macri. Pero lo que preocupa ahora es “cómo se transitan las 15 ruedas cambiarias que faltan hasta el 26 de octubre” (ídem). Los dólares recolectados con el negociado de las retenciones cero han sido rifados en la financiación de una salida de capitales persistente. Los bancos se están asegurando una dolarización. Caputo y su comitiva vuelven a Washington para conocer los condicionamientos que les impondrá el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para ofrecerles un ‘swap', o sea una promesa de financiación sin todavía activarla. Bessent ya se encargó de confirmar lo que en estas páginas hemos explicado desde el vamos : el rescatista del Norte no va a rescatar a un gobierno desahuciado, sino a imponerle condiciones que eviten el desembolso de un rescate: en primer lugar una devaluación; la apertura comercial y financiera completa; la privatización acelerada de los emprendimientos nucleares del estado nacional y varias cosas más. Bessent tuvo que afirmar públicamente que para Argentina “no hay plata”, en medio de la disputa en EEUU por el financiamiento de su sector público. La crisis reviste ahora una forma estrictamente política, y plantea una reformulación en el vértice del Estado. Colapso electoral El “caso Espert”, cuyo vínculo con el financiamiento narco cuenta con todas las evidencias sobre la mesa, ha acelerado la crisis política, porque supone un golpe mortal a las aspiraciones electorales del gobierno; con el narco como primer candidato a diputado en la Provincia, LLA arriesga perder un gran caudal de votos respecto a los muy escasos obtenidos en los comicios provinciales de septiembre. La polémica sobre si Espert debe renunciar a su candidatura ha desatado una crisis interior en el gobierno. Patricia Bullrich insiste con el “paso al costado” para poder defender su caudal electoral en la Ciudad. La exfuncionaria de De la Rúa, Macri y otros prepara su “salto” del barco libertario. En cambio, Milei y los Caputo se han subido a las mentiras de Espert. La banda de Libra$, Scaturice y Spagnuolo debe defenderse en bloque, porque una admisión del financiamiento narco a Espert confirmaría todas las acusaciones anteriores. Milei no tiene “vida” fuera de los Espert o Caputo, una expresión local de la lumpenburguesia que se agrupa en torno de Trump. Pero los padrinos del Norte atraviesan su propia crisis política y financiera, en un marco también intenso de huelgas y movilizaciones populares. El desbarranque de Milei es un golpe a toda la escoria del fascismo internacional. Casi una admisión de su inviabilidad, al menos por un período. Es muy claro que Milei-Caputo han perdido toda autoridad para pilotear otro megaajuste – esta vez para salir de su propia crisis, no de la heredada del gobierno precedente. Volviendo al Senado, a los vetos y a las reivindicaciones de la salud y la educación: los Corpacci, Lousteau y compañía han votado un financiamiento que saben que Milei no dará, y que un gobierno o gabinete “alternativo”, devaluación mediante, se encargará de licuar. Mientras ello ocurre con el Garrahan o la universidad, otra parálisis -la del giro industrial y comercial- sirve de marco para despidos y suspensiones masivas. Los únicos que pueden destrabar este impasse positivamente son los trabajadores, con el impulso a autoconvocatorias y plenarios que preparen una huelga general por todas las reivindicaciones pendientes.

El gobierno avanza con un plan de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares de potencia del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. No es una decisión aislada ni técnica: es un nuevo capítulo en el desguace del sector energético nacional, heredero directo de la reforma menemista de los años 90, que abrió la puerta a la entrega con la Ley 24.065 de Energía Eléctrica. Aunque NASA funciona bajo la forma jurídica de sociedad anónima, el 100% de su capital accionario pertenece al Estado argentino, a través del Ministerio de Economía y la CNEA. Pero esa figura jurídica no es inocente: NASA nació como un desprendimiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica, justamente para separar y “mercantilizar” las áreas de la CNEA que generaban ingresos, como la operación de las centrales de potencia, y someterlas a la lógica empresarial. EL VALOR REAL FRENTE A LA ESTAFA DE LA PRIVATIZACIÓN Una central nuclear de potencia tiene un costo estimado de 6.000 a 7.000 millones de dólares por cada 1.000 MW instalados. NASA cuenta hoy con unos 1.600 MW de potencia, lo que equivale a más de 10.000 millones de dólares en infraestructura solo en generación. A esto debe sumarse el valor de sus talleres, su ingeniería de diseño y construcción, y su plantel de técnicos y profesionales formados durante décadas. Frente a esto, el gobierno pretende vender la empresa por apenas 1.100 millones de dólares. Menos del 10% del valor real. Una verdadera liquidación a precio vil. Pero hay más: las tres centrales nucleares están en plena capacidad operativa. Atucha II entró en funcionamiento en 2015, lo que garantiza al menos tres décadas de operación futura. Embalse completó en 2018 una extensión de vida útil por 30 años, lo que asegura producción hasta casi 2050. Atucha I atraviesa su propio programa de extensión, con finalización prevista para 2028, lo que le permitirá seguir funcionando otros 20 años. Quien se quede con NASA recibirá décadas de generación garantizada sin necesidad de invertir un solo dólar adicional. EL ANTECEDENTE MENEMISTA: LA LEY 24.065 El esquema actual es hijo directo de la Ley 24.065 de 1992, una copia del modelo eléctrico inglés impuesto por Thatcher. Aquella ley fragmentó el sistema eléctrico en generación, transporte y distribución; creó a CAMMESA como operador del mercado mayorista, controlado por los privados; y lo más grave: prohibió que las empresas públicas tengan fines de lucro. Ese artificio legal condenó a las empresas estatales a depender de subsidios y limitó su capacidad de inversión. NASA ES SUPERAVITARIA A PESAR DEL VACIAMIENTO El resultado es absurdo: mientras al sector privado se le paga el precio pleno por la energía, a las estatales se les paga menos. Por ejemplo, a las hidroeléctricas estatales se les paga 17 dólares el MWh, a NASA se le paga apenas 57 dólares por MWh, a las privadas térmicas y renovables mucho más la energía importada desde países limítrofes alcanza los 106 dólares por MWh. En otras palabras: el Estado paga más caro a los extranjeros y a los privados que a su propia empresa. Si NASA cobrara lo mismo que un privado, su superávit sería muchísimo mayor. A pesar de esto, la facturación estimada por generación eléctrica ronda los USD 690 millones anules. Y la empresa reporta que en el primer trimestre de 2025 registró un resultado financiero positivo de $ 17.234 millones, resultando un anual proyectado de $ 68.936 millones de pesos o 53 millones de dólares. El objetivo de fondo está claro: el Estado pone las inversiones, los capitalistas se llevan las ganancias. NASA NO ES SOLO UNA OPERADORA El gobierno presenta la privatización como si NASA fuera simplemente una operadora de centrales. Pero no es así. NASA es mucho más: Opera, mantiene, repara, diseña y construye. Presta servicios a sus propias centrales y a otras. Es un eslabón estratégico del sistema científico-tecnológico nacional. Achicar NASA mediante la privatización significaría destruir capacidades únicas en la región, que tardaron décadas en consolidarse y que serían casi imposibles de recuperar en el futuro. IMPACTO LABORAL Y SOCIAL La privatización también es un ataque directo a los trabajadores. Existen pocas operadoras privadas en el mundo, se estima que ellas trabajan con 1,3 empleados por cada MW instalado. Aplicar ese criterio en NASA implicaría despedir entre 700 y 1.300 trabajadores. Pero el golpe no termina ahí: los salarios en NASA ya son de miseria. Se paga apenas un tercio de lo que cobra un profesional en el sector privado, lo que provocó que en lo que va del año renunciaran 322 trabajadores, en su mayoría profesionales formados durante años por el Estado. El vaciamiento no es nuevo. En 2018, durante el macrismo, se despidió a más de 300 compañeros, y hoy muchos sectores de la empresa operan con menos personal que el staff mínimo requerido. El impacto social sería devastador, especialmente en la región de Zárate-Campana, donde la industria nuclear es motor de la economía local. Miles de familias obreras dependen de la continuidad de NASA como empresa estatal. ENERGÍA LIMPIA, BARATA Y SOBERANA La energía nuclear es parte esencial de la matriz energética argentina: aporta apenas el 7% de la generación, pero es energía de base, estable, limpia y libre de emisiones de carbono. Privatizar implica asegurar rentabilidad a los capitalistas amigos del gobierno y por lo tanto tarifazos para el pueblo trabajador. SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL La energía nuclear no puede quedar en manos privadas porque no se trata solo de electricidad: es un asunto de soberanía y de seguridad nacional. Argentina es uno de los pocos países en el mundo que domina el ciclo nuclear completo. Privatizar NASA es regalar una capacidad estratégica que compromete no solo el desarrollo económico, sino también la independencia tecnológica y la seguridad ambiental. UN PLAN DE LUCHA OBRERO Y POPULAR La entrega de NASA es parte del pacto entreguista con el FMI y Estados Unidos, que busca rematar los activos estratégicos del país, impedir el desarrollo tecnológico, avanzar en la condición semicolonial del país de manera que sea irrevocable. La respuesta no puede ser tibia: La clave es un plan de lucha que una a los trabajadores del sector con el conjunto de la sociedad para enfrentar no solo esta privatización sino también la avanzada sobre las centrales hidroeléctricas y sobre todos los recursos estratégicos del país. Nuestras consignas deben ser claras: • Nulidad de la Ley 24.065, que abrió la puerta al desguace. Nacionalización del conjunto del sistema de energía, único, centralizado, estatal y bajo gestión obrera. • Caída de la Ley Bases, del artículo 8 que habilito la privatización y del decreto privatizador 695/25, que deben ser considerados nulos. • NASA debe dejar de ser una sociedad anónima y convertirse en una empresa 100% estatal, única y centralizada, bajo control de los trabajadores. • Paro nacional ya contra el pacto entreguista, fuera el FMI y el imperialismo yankee de la energía argentina. Somos los trabajadores quienes movemos el mundo. Si bajamos la potencia generada en las centrales nucleares y/o en cualquier otra, se paraliza el país. Está en nuestras manos.

A 20 días de los comicios nacionales, productores agropecuarios convocaron a un tractorazo para este sábado 4. Es en protesta por la quita de retenciones que duró 72 horas, hasta que las cerealeras liquidaron el tope de 7.000 millones de dólares impuesto por el gobierno. La consigna es “Somos productores, no esclavos del saqueo.” A las protestas de trabajadores que se desarrollan a lo largo y ancho del país contra el gobierno liberticida, se suma ahora uno de los sectores que encaramaron a Milei al poder, y que vieron en su figura al personero político que removería, de una vez y por todas, las retenciones a la producción agropecuaria. La medida ha sido autoconvocada, ya que se da por fuera de las entidades que se nuclean en la Mesa de Enlace. Estas se encuentran divididas sobre qué posición tomar con relación al gobierno de Milei. Son cuestionadas por su inacción por un sector de los productores. La SRA, con Nicolás Pino a la cabeza, es la más cercana al gobierno. Desde su seccional rosarina, sin embargo, reclamaron por el fin definitivo de los derechos de exportación y al mismo tiempo propugnan una reformas tributaria y laboral “para reactivar el país”. Sectores opositores dentro de la SRA sostiene que Pino “se tiene que definir si representa a los productores o al Gobierno". Por su parte, la Federación Agraria Argentina, que nuclea a pequeños y medianos productores, se balancea entre atender las demandas de su base, que quieren ir a acciones directas, o negociar con el gobierno. Por ahora se impone esta última posición. Por su parte, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) reclamaron por la prórroga en la eliminación de las retenciones para todos los granos. Para este fin de semana están proyectadas acciones a la vera de las rutas en las localidades de San Andrés de Giles, Salliqueló, Pigüé y Chacabuco, y no se descarta que haya acciones en otros puntos de la provincia de Buenos Aires. La convocatoria en San Andrés de Giles se realiza bajo el explícito lema de “Contra la estafa de Caputo y las cerealeras”, maniobra que el grueso de los productores no vio venir. En el marco de la campaña electoral de cara a octubre las consecuencias de la fugaz quita de las retenciones ya se hicieron sentir. Espert, antes de que salgan a la luz las pruebas que lo vinculan al narcotráfico, debió suspender una actividad en la ciudad de Tres Arroyos, prevista en la sede de la Sociedad Rural, aduciendo problemas personales. El verdadero motivo del faltazo fue que los productores agropecuarios le estaban preparando un escrache. En su fallida actividad de campaña, Espert anticipó su próxima derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y de La Libertad Avanza en las provincias del centro, en el núcleo sojero del país, donde los libertarios supieron forjar una parte de su base social, que hoy comienza a picarle el boleto. En la localidad de 9 de Julio, donde los productores tienen parte de sus campos bajo el agua, prendieron fuego cubiertas frente al municipio, con reclamos a la intendenta María José Gentile (PRO) y al gobierno nacional por la falta de obras que den una solución a la crisis hídrica en el noroeste y centro de la provincia. En junio, eran 25.000 hectáreas agrícolas las que estaban bajo el agua. En septiembre, aumentaron a 70.000 hectáreas en esa situación. Dirigentes de la FAA le señalaron a LPO: "Se te burlan en la cara. No hay plata para continuar las obras de la Cuenca del Salado o en rutas, caminos y te estafan de esta forma porque no tienen las exportadoras todo el cereal y ahora salen a comprar con el 26 %. El productor la vio pasar." Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, tratando de retomar la iniciativa sobre el sector rural, en el foro organizado por la Amcham Agribusiness, una iniciativa organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), señalo que “estamos en camino a hacer lo que toda la vida el sector pidió hacer: que le alivien la carga. Eso es lo que estamos haciendo desde el principio. La baja de retenciones a subproductos del agro nos da la pauta de que vamos en ese camino y eso es lo que vamos a hacer”. Pero los productores miran con desconfianza al gobierno nacional y comienzan a sumarse al campo de los desahuciados de Milei y su pandilla, aúgurando una nueva derrota electoral en la zona núcleo sojera.

A poco de terminar las elecciones nacionales en el SUTNA, y con la excusa de la ola de importaciones, la patronal se propone levantar la línea de producción de neumáticos diagonales y tercerizarla a una planta en Brasil a partir del 1 de octubre. La patronal incumple su promesa, firmada en el Acta por el Cambio de Sistema de Trabajo, de no despedir. Hace unas semanas, Madanes Quintanilla le presentó a la vicepresidente Victoria Villarruel su reclamo de restringir las importaciones y “defender la industria nacional”. Los gobernadores de Provincias Unidas lo han alzado a la condición de emblema de la industria nacional. Sin embargo, acá vemos que no duda en desguazar Fate e importar neumáticos. La dirección del SUTNA ha sufrido un golpe político de magnitud, pues se había jugado a la consigna de Madanes de impedir o frenar la importación extranjera. Ahora tendrá lugar una importación ‘nacional y popular’. Es llamativo el párrafo del comunicado de Fate donde dice: “con el objetivo de garantizar la viabilidad de nuestra empresa, implementamos medidas imprescindibles para optimizar costos. Si bien estas acciones han generado algunos resultados, aún estamos lejos de alcanzar los estándares de competitividad necesarios para sostener la producción”. En criollo, el cambio de régimen laboral, que fue dos veces rechazado en asamblea por los trabajadores hasta que la dirección de la Negra logró hacerlo aprobar, así como los despidos y retiros voluntarios no han sido suficientes para recuperar o acrecentar y mantener su tasa de ganancia. Recurre a Brasil donde el costo laboral es inferior debido al encarecimiento del dólar en Argentina. Ahora quedará en orsai, de nuevo, porque Argentina se encuentra en la víspera de otra megadevaluación. Lo que está ocurriendo debería servir de enseñanza a los trabajadores acerca del nacionalismo berreta y mentiroso de la burguesía nativa, que pasa de una posición a otra según como convenga a su tasa de beneficio. Necesitamos una dirección revolucionaria en los sindicatos.

Milei no tuvo mejor reacción a la crisis desatada por el vínculo de José Luis Espert con el narcotráfico que anunciar una nueva reforma del Código Penal. La presentó en sus lineamientos generales, junto a Patricia Bullrich -Ministra de Seguridad y candidata a senadora por CABA- en un acto en el penal de Ezeiza. Espert lo vio desde la platea. En 20 minutos, Milei y Bullrich anunciaron un aumento generalizado de penas, la tipificación de nuevas conductas punibles y la liquidación de garantías constitucionales, como imprescriptibilidad. Volvió a cargar con la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Todo esto fue etiquetado como la política de ´tolerancia cero´, una innovación, según Bullrich, que no es tal, pues plagia a la del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, hoy abogado de Donald Trump, y acusado de varios delitos. Pobló las comisarías y las cárceles con personas en situación de calle, afrodescendientes e inmigrantes. Giuliani es una figura que conquistó también a Sergio Massa, quien en las últimas elecciones prometió “acabar con el garantismo que tanto mal le hizo a la Argentina”. Populismo punitivista Esta empresa reaccionaria comienza con el aumento de los mínimos de la escala de cada figura, al punto que el 82 % de los estos delitos será de efectivo cumplimiento ya que superarían el piso de los 3 años. ¿De qué delitos estamos hablando? De hurtos y robos, que son los que más suceden según las estadísticas. El proyecto de reforma llega al absurdo de que el “robo de celular”, es considerado “un agravante”. Para el caso del delito de usurpación, con la escala groseramente aumentada (de 3 a 10 años) cualquier fiscal podría actuar contra familias sin techo que se encuentren precariamente asentadas en un terreno privado o ajeno, y solicitar su prisión preventiva, operando como un desalojo exprés. Todo este reforzamiento es un reconocimiento de la profundidad de la actual crisis social. Así las cosas, se liquida virtualmente cualquier alternativa a la privación de la libertad. En el articulado, el gobierno deja entrever cuáles son sus objetivos políticos. Por caso, las calumnias e injurias se penarían con cárcel, y en su forma agravada contemplaría condenas de hasta 6 años de prisión. Bien entendida, es un amedrentamiento al trabajo periodístico, la libertad de prensa, la prohibición de la censura previa y a la opinión de cualquiera que critique al gobierno nacional y su camarilla de lúmpenes. Quien ose achacarle a Milei ser el autor de una estafa piramidal, que lo piense dos veces, porque puede ir en cana. Mención aparte para el delito de “agresión en manifestaciones”, que indica ser la referencia concreta para abrir el paraguas a la represión policial y a la provocación de los servicios de inteligencia infiltrados. Quienes en el curso de una movilización agredieran (lo cual puede ser desde un insulto), serán destinatarios de penas que van de 2 a 5 años y si el destinatario fuese un funcionario público o un agente de seguridad, la misma se eleva de 3 a 9 –en este caso, el acusado será pasible de ser sometido a prisión preventiva-. Es el amparo legal a la cacería política que el gobierno ejecuta cuando motoriza el protocolo antipiquetes. Al mismo tiempo, se volvió a agitar la modificación en la legítima defensa que permita a las fuerzas de seguridad resguardarse ante los “excesos” represivos bajo el rótulo de haber obrado bajo el cumplimiento del deber. Es legitimar la tentativa de homicidio contra Pablo Grillo, quien sigue luchando por su vida. Farsa política y manotazo de ahogado Como corolario, Milei y su séquito pretenden limpiarse la cara con un recurso falaz. Además de aumentar la pena por estafa, incorpora un agravante -la estafa piramidal- interpretando que él no tiene nada que ocultar sobre el escándalo cripto. Ni hablar del delito de narcotráfico, trata de personas y pornografía infantil, que lo tiene a Espert como vínculo directo y en el último caso con un diputado misionero preso. La sátira se complementa con el agravamiento del cohecho, luego del desmadre de Spagnuolo y Karina 3 %. Toda esta reforma no tiene otra intención que hacer un control de los daños que la votación de las elecciones va a generarle a este gobierno desahuciado. Carece de los recursos políticos para llevarla adelante, lo cual no quita que esta agenda sea asumida por la gran avenida del medio que alientan Pullaro y Kicillof.

Durante la tarde de antes de ayer, los trabajadores de Bed Time levantaron la huelga que llevaron adelante durante tres días contra el despido de 13 trabajadores. La patronal ofreció el pago completo de las indemnizaciones; una asamblea de planta aceptó levantar la medida en una votación dividida. El cuerpo de delegados de Bed Time respondió en forma inmediata a los despidos con el paro y con la organización de un bloqueo permanente del depósito central de Bed Time, ubicado en el Parque Industrial de Tortuguitas. El sostenimiento del bloqueo debió enfrentar una hostilidad permanente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El piquete corrió por cuenta del conjunto de los trabajadores de planta, pero esencialmente de los trabajadores despedidos, que en su mayoría tienen poca antigüedad en la fábrica. Esta lucha fue la entrada en escena de una nueva generación de activistas. La patronal había preparado el conflicto, vaciando de colchones del depósito de la planta. Con 24 mil unidades de stock acumuladas en otro depósito, Bed Time bien podía atravesar uno o dos meses de conflicto sin desabastecer el mercado de colchones. El cuerpo de delegados impulsó el bloqueo de los depósitos donde la empresa había acumulado el stock. La asamblea que refrendó el acuerdo se realizó sin la presencia de los despedidos -que mientras tanto sostenían el bloqueo-. El acuerdo les llegó como un hecho consumado en el Ministerio bonaerense y aprobado sin su presencia en una asamblea de planta. Si por cuestiones geográficas o logísticas no se podía garantizar la asamblea en forma conjunta, el acuerdo debía ponerse a consideración de los despedidos primero y no al revés. La política del Ministerio de Trabajo de la Provincia, dependiente del Gobieno de Kicillof, fue presionar a los trabajadores para que aceptaran los despidos. Se los amenazó durante todo el conflicto con causas penales y una eventual represión. El Ministerio esquivó dictar la Conciliación Obligatoria con los despedidos adentro de la planta. El Sindicato Plástico desde un inicio defendió la posición de reclamar el pago total de las indemnizaciones. Eso explica su ausencia en las medidas de lucha, en el paro de la planta de producción y en el bloqueo al depósito por parte de los despedidos. Los sindicatos oficiales abandonan el acompañamiento de la lucha. El conflicto de Bed Time no fue la excepción.

El tribunal de Trabajo número 5 de La Plata resolvió parcialmente a favor una medida cautelar, presentada por las seccionales de SUTEBA de Tigre, Marcos Paz y Bahía Blanca. El fallo prohíbe consignar “falta injustificada” cuando los docentes adhieren a un paro. Al mismo tiempo posterga, hasta que haya sentencia definitiva, la resolución sobre la devolución de los descuentos a los docentes que adhirieron a los paros convocados por esas seccionales desde 2023. En resumen, tiene razón, pero vaya preso. La política de descuentos del gobierno de Kicillof, con el aval de la conducción Celeste del SUTEBA, se transformó en una constante desde 2023. Los mismos se generan como consecuencia de la directiva que baja desde la Dirección General de Cultura y Educación. Además, la adulteración (‘falta injustificada’ en lugar de ejercicio del derecho de huelga) ha ocasionado serios problemas a la hora de tramitar la jubilación. Para jubilarnos, se toman en cuenta 36 meses de corrido de nuestra carrera, y si existiese una “falta injustificada” se invalida la posibilidad de elegir ese periodo de tiempo. El fallo, aún con los límites señalados, reconoce la legitimidad que tienen las seccionales conducidas por la oposición a Baradel para convocar medidas de acción directas. Concretamente, se plantea que no se puede tener una visión restrictiva y limitante de un derecho constitucional como lo es el derecho a huelga, como de hecho sostienen la conducción del Sindicato y el Gobernador. En este sentido el fallo sostiene: “Por otro lado, lo aseverado por el Fisco demandado en relación a la legitimación actoral (Secretarías de seccionales del SUTEBA) debe ser rechazado en cuanto al objeto cautelar-, en tanto los derechos reclamados requieren de la mayor amplitud protectoria, siendo improcedentes las interpretaciones restrictivas para el caso de marras”. El tribunal otorga legitimidad a los sindicatos seccionales para convocar a una huelga. La reforma laboral que busca imponer el gobierno nacional avanza en este sentido contrario a esta sentencia. En consecuencia, Kicillof debe encuadrar como paro las faltas que desde 2023 hayan sido consignadas como “injustificadas” y abstenerse de hacerlo de aquí en más. La conducción de SUTEBA no se ha pronunciado acerca del fallo y sigue avalando el desconocimiento de derechos sindicales implementado por el gobierno peronista de la Provincia. Insiste en colocarse como oposición a los docentes que luchan, cuando sobran motivos para hacerlo como consecuencia del ajuste sobre la educación pública: retroceso salarial, vaciamiento del IOMA, sobrecarga a partir del nuevo régimen académico, crisis edilicia, violencia en las escuelas, falta de nombramientos de cargos, falta de becas para estudiantes. Los docentes debemos tomar nota. Todo derecho conquistado se defiende con organización y lucha. Que la justicia falle parcialmente a favor de la docencia no significa que en otra instancia pueda rever el fallo. A su vez, no implica el cumplimiento por parte del gobierno de la Provincia, que puede desconocer el fallo, a la Milei, como lo hace con las conciliaciones obligatorias en otros conflictos: Ilva, Georgalos, Siderar, Cortines, KTM. Es momento de impulsar un plenario provincial de delegados con mandato que discuta y desarrolle un plan de lucha por todas nuestras reivindicaciones y garantice el cumplimiento del fallo en cuestión y la devolución de los descuentos desde 2023.

Desde mayo de 2025 se han iniciado las asambleas por la recuperación de la democracia estudiantil en la Universidad de General Sarmiento. Ese proceso culminó el 28 de agosto donde se confirmó que habrá elecciones de centro de estudiantes para elegir la presidencia del mismo. En el mes de mayo, la presidencia del Centro de Estudiantes, la agrupación del PJ que responde al gobernador municipal Leonardo Nardini, El Puente-FUNYP, había votado de manera arbitraria en una asamblea convocada por ellos mismos de la cual solo participó esa agrupación, una reforma estatutaria que les extendía el mandato un año más. Además, esa reforma les permitía tener el control absoluto de las elecciones y convertir una herramienta de lucha de los estudiantes en un kiosco a través de financiamiento ajeno a la universidad, ya sea privado o estatal. A partir de allí, se inició un proceso asambleario donde intervino toda la comunidad educativa, se discutió con el conjunto de los estudiantes, docentes y nodocentes el desconocer la reforma del estatuto y llamar a elecciones. El consejo superior de la universidad votó a favor un repudio institucional a la maniobra de ‘’El Puente-FUNYP’’. Finalmente, el 28 de agosto se hizo una Asamblea General Estudiantil y se convocaron a elecciones. Como Política Obrera nos estaremos presentando de manera independiente para impulsar el ascenso del movimiento estudiantil y convertir el centro de estudiantes en una tribuna socialista. Desde Política Obrera llamamos a todos los estudiantes a que se sumen a luchar en contra del gobierno liberticida de Milei y sus colaboradores. Por la triplicación del presupuesto universitario. Por un 100 % de aumento salarial para docentes y nodocentes, por la apertura de comisiones y ampliación de la oferta horaria, por mayor presupuesto para las becas, por un comedor gratuito para estudiantes y personal universitario sobre la base del desconocimiento de la deuda usuraria con el FMI y el cese de pago de la misma. La única salida a este régimen de miseria es a través de la lucha, pongámonos a la vanguardia y señalemos el rumbo al conjunto de los desposeídos.

En un comunicado, el viernes a la noche, Hamas aceptó liberar a los últimos rehenes retenidos en la Franja de Gaza (vivos y muertos) y pidió “iniciar inmediatamente negociaciones a través de los mediadores para debatir los detalles” y “de acuerdo con la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump”, lo que significa la “suspensión de todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos y de artillería”. El comunicado tiene algunas imprecisiones significativas. Si bien Hamas acepta un gobierno tecnocrático palestino que administre el territorio no se refirió ni al mecanismo internacional de supervisión -que presidiría Trump y en el que está también el británico Tony Blair- ni al desarme de las milicias. Sin embargo y a pesar de las reservas de Hamas, Trump dio al comunicado por bueno y con bombos y platillos anunció el advenimiento de la paz en Medio Oriente y, tal vez, el del Premio Nobel para sí mismo. Tampoco había comentado las declaraciones de Netanyahu que relativizó todos sus compromisos apenas unas horas después de salir de la Casa Blanca. Y ahora ordenó una reducción del fuego “pero no un alto el fuego total”, como pidió el hipócrita Trump. “La violencia continua puso de relieve la fragilidad de un proceso de paz que ahora cuenta con el respaldo, en líneas generales, tanto de Israel como de Hamas, pero que está entrando en una fase complicada”, analiza el Washington Post (4/10) Horas antes, el yanqui había amenazado que, en el caso de que no hubiera acuerdo, se desataría “un INFIERNO, como nunca antes se ha visto, contra Hamas. HABRÁ PAZ EN ORIENTE MEDIO DE UNA FORMA U OTRA”, bramó el candidato a Premio Nobel de la Paz. (La paz en Medio Oriente, babeada por cuanto demócrata y progresista en el mundo sea, nunca ha significado otra cosa que la derrota de las aspiraciones nacionales palestinas.) Las organizaciones de la resistencia palestina debían decidir en un contexto dramático: Gaza tomada por la hambruna y prácticamente todo el territorio devastado y ocupado por los sionistas. Por lo menos 600 000 personas huyeron en las últimas semanas de la Ciudad de Gaza hacia el sur, donde les indicó el ejército. Pero en lo que Israel llama zonas humanitarias no hay agua ni comida ni carpas suficientes. “Estamos expuestos al sol y al calor porque no había espacio para construir ni un refugio. Encontramos miles de desesperados como nosotros”, dijeron al New York Times (2/8) En tanto, los cientos de miles que permanecen en la Ciudad han sido catalogados como terroristas por Netanyahu. La ONU describió miles de personas “conmocionadas”, sentadas al sol a la vera de lo que alguna vez fue una carretera, y advirtió que el ejército israelí se preparaba para una masacre de proporciones homéricas. Después del comunicado palestino, Trump ordenó a Netanyahu que cesaran los bombardeos, que habían matado en la madrugada a medio centenar de palestinos. Si bien el gobierno israelí confirmó el sábado por la mañana que se estaba preparando para la «aplicación inmediata» de los primeros pasos de la propuesta de Trump, el New York Times recoge testimonios que permiten pensar que la ofensiva, si bien menguada, continúa. Por su parte, Avichay Adraee, portavoz del ejército israelí, advirtió a los palestinos desplazados “que no se dejaran llevar por el optimismo en torno al alto el fuego para intentar regresar al norte”. Los soldados israelíes «siguen rodeando la ciudad de Gaza, y tratar de regresar allí supone un peligro extremo», afirmó en las redes sociales. En el acuerdo que propone Trump, Israel conserva el “monopolio de la seguridad” en toda la Franja. (Netanhayu ya ha relativizado que el ejército se vaya a retirar en la medida que lo propone el acuerdo). El miércoles, fuentes de Hamas citadas por medios saudíes reclamaron plazos concretos para la retirada de las tropas israelíes de Gaza, una de las demandas a la que Hamas ha condicionado en el pasado cualquier posible tregua. Hamas “también venía aspirando a conservar parte de su armamento y reclamaba una enmienda al plan de Trump que distinga entre armas ofensivas, que entregaría, y defensivas, que pretende conservar. Ninguna de esas demandas aparece en su respuesta” (EP 4/10) Para el senador Lindsey Graham, un sionista desaforado, esto era “en esencia, un rechazo por parte de Hamas” a la propuesta del presidente, según escribió en las redes sociales. Para Michael Herzog, exembajador de Netanyahu en Estados Unidos, fue un «no» disfrazado de «sí» (NYT 3/10). Sin embargo, Trump aceptó la declaración de Hamas como un «sí» incondicional y le ordenó al israelí que detuviera los bombardeos. Por otra parte, el viernes, después que trascendiera el comunicado de Hamas, uno de sus dirigentes, Musa Abu Marzuk, afirmó que no se desarmarán “mientras dure la ocupación israelí” y que formarán parte del “marco nacional palestino integral” que debata el futuro de Gaza. (El plan de Trump subraya que Hamas no desempeñará “papel alguno en el Gobierno de Gaza, directa, indirectamente o de ninguna forma”.) Abu Marzuk también rechazó el organismo de supervisión que presidirá Trump: “Nunca permitiremos a nadie que no sea palestino controlar a los palestinos”, dijo antes de nombrar directamente a Blair. “No puede convertirse en gobernador de Gaza”, dijo, porque “destruyó Irak”, en referencia a su apoyo en 2003, cuando lideraba el Ejecutivo británico, a la invasión estadounidense. Mientras tanto, este fin de semana se realizan enormes movilizaciones en solidaridad con Palestina en muchas ciudades europeas -80 solo en España- y el viernes la huelga general convocada por las centrales obreras italianas logró paralizar el país y puso dos millones de personas en las calles.

En un comunicado, el viernes a la noche, Hamas aceptó el “plan de paz”, que Donald Trump estampó en un ultimátum de 20 puntos con un plazo de vencimiento de 72 horas a partir del martes pasado. El “plan” de Trump fue enseguida apoyado por todos los estados imperialistas de Europa, que horas ante habían librado una pulseada discursiva con el mismo Trump en la Asamblea General de la ONU acerca del “reconocimiento de un estado palestino” sin precisar al destinatario de esa declaración. En el campo de los estados árabes, el plan fue saludado como un camino cierto al cese de la masacre en Gaza e incluso a la ‘paz’ en Palestina. Con 70 mil muertos y centenares de miles de heridos; con la infraestructura de la Franja destruida en un 95 %; y en el marco de una ofensiva militar que apuntaba a la ocupación completa de Gaza por el ejército sionista, el plan de Trump y el apresurado apoyo internacional que recibió, Hamas era invitado a firmar una capitulación; no se establecía un cese del fuego para habilitar la discusión de ese plan, ni la negociación de sus puntos. El plan, en síntesis, es un revolver en la sien de Hamas y el conjunto de la población gazatí. Trump hizo explícita esta extorsión criminal: un rechazo “desataría el infierno” sobre Gaza. El “plan” era una concesión de los genocidas y ocupantes de territorio extranjero a las víctimas de la ocupación militar y de la masacre. En sus términos principales, los términos de esa capitulación establecen la entrega de los rehenes israelíes (los vivos y los muertos) a cambio de la liberación de presos cautivos en las cárceles sionistas; la entrega completa de las armas, por parte de Hamas; el retiro sólo gradual y sin plazo de las fuerzas sionistas de ocupación; la formación de una Administración Internacional ‘interina’ de Gaza, sin la presencia de ninguna corriente política palestina; un plan de reconstrucción de la Franja, estimado en 40 mil millones de dólares, diseñado, en todos sus aspectos (financieros y urbanísticos) por la administración extranjera. El plan de Trump no hace referencia a la acusación de genocidio dirigida por la Corte Penal Internacional contra Netanyahu, ni el juicio y castigo a todos los culpables. Tampoco hace referencia a la violencia sionista en Cisjordania ocupada, ni a la destrucción de viviendas y tierras de labranza, y la incesante colonización sionista de un territorio que no es propio. El ‘plan’, en definitiva, es una reafirmación de la violencia, el atropello y la guerra –no tiene nada de “paz”-. La mayoría del gabinete de Netanyahu no demoró, sin embargo, su rechazo al plan en cuestión, porque entiende que pone trabas o al menos dilata el propósito de terminar de ocupar todos los territorios palestinos, para convertirlos en parte del Estado de Israel. El gobierno de Netanyahu no sólo exige el desarme de Hamas ante autoridades internacionales, sino también de Hizbollah y de las milicias que operan en Siria. El ‘plan’ de Trump no altera ninguno de los objetivos del estado sionista, sino que es un paso estratégico en esa dirección. Trump se vuelve a presentar como “un hacedor” de la paz, luego de reclamar ese título tras el brutal bombardeo de las instalaciones de investigación de Irán. Con un par de ‘paces’ como estas, el mundo va derecho a una guerra atómica. La pistola en la sien del pueblo palestino no es el único motivo de la formulación de este plan. Otra razón de fondo es que el genocidio llevado adelante por parte de Netanyahu ha puesto en evidencia las tremendas vulnerabilidades del estado sionista y del imperialismo mundial. En dos años de guerra, Israel no ha podido destruir militarmente a Hamas, y de hecho no ha podido liberar mediante la guerra salvo a unos pocos rehenes. Las advertencias hechas al principio de la guerra genocida, de que Israel ingresaba en un pantano militar, han sido confirmadas, en cuanto a la capacidad de resistencia de 40 mil milicianos aislados en su territorio, frente a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. La otra razón es la comprensión de una parte de la elite sionista y del imperialismo, de que el doblegamiento de la resistencia palestina fuerza a Israel a vivir en estado de guerra permanente y al capricho de crisis políticas en el escenario interno y de los estados adyacentes. No menos relevante ha sido la movilización histórica de masas en Europa contra el genocidio, que, en España, pero por sobre todo en Italia, amenaza con grandes crisis políticas y, potencialmente, revolucionarias. La clase obrera de Italia forzó a los aparatos de las principales burocracias sindicales a adherir a las huelgas propiciadas por sectores sindicales que le son opositores. La lucha contra el genocidio ha acelerado la polarización de clases en Europa, que atraviesa una crisis de conjunto extraordinaria, y participa de dos guerras imperialistas simultáneas –OTAN y Rusia, y sionismo contra resistencias nacionales en el Oriente cercano-. Al “saludar” el “plan de paz” de Netanyahu, Hamas ha establecido varias reservas. La principal es contra la continua ocupación militar sionista e incluso la prosecución de los bombardeos, pero también el rechazo a una “autoridad internacional” sin la presencia de los estados árabes y las corrientes políticas que son parte de Palestina. La reconstrucción de Gaza no debería, dice, prescindir de esta presencia. La proscripción política sería una forma de continuar con la “limpieza étnica”; ya hay fondos internacionales dispuestos a financiar un éxodo palestino para obtener territorios libres para una gigantesca especulación inmobiliaria sobre el Mediterráneo (o las petroleras deseosas de explotar los yacimientos de gas en la costa). La demolición de edificios por todos los medios, por parte del ejército sionista, responde más al propósito de una “limpieza étnica” inmobiliaria (La Riviera de Gaza), que al propósito de atacar supuestos refugios de Hamas, como alega la campaña oficial. La otra gran reserva es la entrega de las armas a una autoridad internacional, es decir imperialista, lo que equivaldría a una pérdida de la capacidad de autodefensa. Los voceros del Partido Demócrata de EE.UU., azuzados por los lobbies sionistas norteamericanos, ya han comenzado a decir que Hamas rechaza el plan de Trump; lo mismo ocurre en el partido Republicano. Como ocurre con los tan cacareados planes de paz para Ucrania, en Gaza la guerra y el genocidio no han terminado. En un caso, como en el otro, la lucha interimperialista por los despojos, de Ucrania y del Medio Oriente en su conjunto, se ha agudizado con la guerra, para nada atenuado. En definitiva, las manifestaciones de masas contra el estado genocida, las huelgas, incluso la huelga extendida y hasta indefinida, así como las flotillas humanitarias, deben incrementarse.

Las seccionales del SUTEBA de Tigre, Marcos Paz y Bahía Blanca han convocado a un paro de 24 horas el próximo miércoles en un plenario virtual el viernes reciente. Participaron 163 compañeros y compañeras que recolectaron mandatos de 221 escuelas: 3.806 compañeros se pronunciaaron por un paro de 24 horas, mientras que el resto lo hizo por una movilización con constancia gremial. Casi la totalidad de los participantes del plenario eran integrantes de agrupaciones. El informe de las Secretarias Generales de Bahía Blanca, Tigre y Marcos Paz señaló la cantidad de mandatos y firmas de cada seccional. Un abogado del CeProDH informó acerca de la cautelar que obliga al gobierno a no computar los paros como “faltas injustificadas” . Nuestra corriente concurrió al plenario e intervenimos defendiendo un mandato que debatimos en las escuelas . Caracterizamos la crisis terminal por la que atraviesa el gobierno de Milei; denunció la nueva devaluación del peso. Denunciamos que Kicillof sigue una línea de pago, a como sea, de la deuda provincial, con el apoyo de la burocracia de SUTEBA y CTERA; en función de esta orientación política, ordenan un paro aislado para el 14 de octubre ( https://politicaobrera.com/14997-ctera-convoca-a-un-paro-nacional-para-el-martes-14-de-octubre ), en función electoral. La lista celeste está jugada a sostener a Milei para un recambio electoral en 2027. Apoyamos la decisión de parar el miércoles 8/10 acompañando la medida con acciones callejeras, para construir un plan de lucha independiente, impulsando autoconvocatorias docentes y comités de lucha por una huelga general. Defendimos el salario mínimo por cargo de dos millones de pesos. En el programa votado en el plenario se exige que no haya “ningún docente pobre” ( https://www.facebook.com/share/p/17RNmLFwNw/s ). La huelga del 8/10 finalmente fue encuadrada “en el marco de la Jornada Nacional de Lucha de CTERA” (ídem). La “jornada de lucha” de CTERA no existe. Entre las resoluciones no figura ninguna denuncia de los objetivos políticos de las conducciones burocráticas. El reclamo que se repite en forma ritual: “Que CTERA-SUTEBA, la CGT y CTAs convoquen a paro nacional y plan de lucha por todas nuestras demandas” (idem), está vacío de contenido. Sobre el cierre del plenario se colocaron dos mociones a votación en relación a la convocatoria a un nuevo plenario provincial para discutir la continuidad de las medidas. Los compañeros de Tendencia Docente Clasista (Política Obrera) y de Docentes en Marcha (Izquierda Socialista) nos pronunciamos por una reunión presencial el 14/10, mientras que Tribuna Docente, La Marrón, Alternativa Docente y otros agrupamientos votaron “promover una nueva instancia de coordinación provincial luego del 14/10”, sin especificar fecha ni modalidad. El plenario votó por unanimidad la solidaridad con la flotilla que fue secuestrada por el ejercito sionista y el repudio al genocidio contra el pueblo palestino.

La mayoría de los cientos de miembros de la Flotilla Sumud Global continúan detenidos e incomunicados en Israel, luego de que el pasado miércoles el sionismo interceptara ilegalmente en aguas internacionales al conjunto de embarcaciones que llevaba ayuda humanitaria para Gaza. Tras ser llevados al puerto de Ashdod, los detenidos fueron trasladados a la famosa Prisión de Ketziot ubicada en el desierto del Negev, que constituye un centro de detención que abarca 400.000 metros cuadrados, uno de los más grandes del mundo. Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de más de cuarenta países, entre ellos los argentinos Celeste Fierro (MST), Carlos Bertola (Nuestra Patria) y Ezequiel Peressini (Izquierda Socialista). En los pocos contactos que los detenidos han podido tener con el exterior, los miembros de la flotilla han denunciado situaciones que califican como tortura, como la privación de agua y alimentos durante largas horas y la negativa a acceder a medicamentos. The Guardian informó que Greta Thunberg, la reconocida activista sueca que participaba de la flotilla, “dijo a los funcionarios suecos que está siendo sometida a un trato duro bajo custodia israelí”, a la vez que la embajada de su país informó que se encuentra en estado de deshidratación. El sionismo ha llevado adelante interrogatorios a los detenidos privándoles del derecho de acceder a un abogado. Sólo unos pocos fueron liberados hasta el momento, entre ellos cuatro legisladores italianos que denunciaron las condiciones “deplorables” que se viven en esa prisión, centro de detención principal de palestinos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel aseguró que el resto “está en proceso de ser deportados”, aunque las embajadas de España, Italia y Portugal realizaron reclamos a Israel por la falta de información sobre el proceso legal de los detenidos y por sus condiciones de detención. Itamar Ben-Gvir, ministro de seguridad de Israel, se hizo presente personalmente en el lugar de la detención de los miembros de la flotilla, montando una provocación contra ellos acusándolos de “terroristas” y asegurando que "deberían pasarse meses en una prisión israelí, para que se acostumbren al olor del módulo terrorista". La flotilla compuesta por cerca de 40 barcos intentaba quebrar el bloqueo israelí al ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. La detención de la flotilla, además de un acto de ilegalidad completa, se realizó en función de un crimen aún mayor, que es garantizar la hambruna que azota a las familias palestinas en Gaza. Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, aseguró que “al seguir bloqueando una ayuda vital para una población contra la que comete un genocidio, entre otros medios con la hambruna, Israel demuestra, una vez más, su total desprecio por las órdenes legalmente vinculantes de la Corte Internacional de Justicia y sus propias obligaciones como potencia ocupante”. Las detenciones ilegales de Israel desataron nuevas protestas en todo el mundo. Una oleada de protestas tomó por asalto las principales capitales de numerosos países, entre ellas algunas verdaderamente masivas en Barcelona, Roma, Lisboa y Londres. En esta última, la policía realizó más de 100 detenciones. En Italia, las protestas fueron acompañadas por una huelga general masiva, que fue declarada ilegal por el el viceprimer ministro Matteo Salvini , quien reclamó sanciones más severas para los huelguistas. Mientras se realizaban estas protestas, Israel bombardeaba nuevamente la Franja de Gaza. El medio Al Jazzera anunciaba que “Israel mata a 46 personas pese a que Trump dice que ha 'dejado de bombardear' Gaza”. En Argentina, nos movilizamos a Plaza de Mayo apenas se conoció de la detención de los miembros de la flotilla y se exigió por la liberación de todos los detenidos y por el fin del genocidio. El Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y los familiares de los tripulantes convocan una conferencia de prensa para el próximo lunes a las 13 horas en la sede de ATE Capital para reclamar la liberación de los miembros de la flotilla detenidos. El próximo martes, 7 de octubre, a dos años del comienzo del genocidio, se realizará una nueva jornada de protestas contra el genocidio en Gaza.

Una semana de intensas movilizaciones ha sacudido al Reino de Marruecos. Un grupo juvenil, denominado GenZ212, ha irrumpido en las calles a través de diversas convocatorias en las principales ciudades del país -como Rabat, la capital, y Casablanca-. La chispa que encendió la pradera fueron los exorbitantes gastos anunciados por el gobierno para financiar la construcción y remodelación de estadios de fútbol para la cita mundialista del 2030, que será organizada en conjunto por Portugal, España y Marruecos. El contraste entre los gastos millonarios y el desfinanciamiento de la educación y la salud pública fue el eje de las movilizaciones, aunque rápidamente las consignas y reivindicaciones se extendieron más ampliamente. Desde el reclamo por una mayor libertad de expresión y de organización política hasta los reclamos por los problemas estructurales, como el desempleo juvenil que alcanza más del 35 % en menores de 25 años, según cifras oficiales. En diversas entrevistas, los jóvenes -incluso egresados universitarios- denuncian una situación brutal, sin posibilidad de desarrollo personal y profesional posible. El principal episodio se dio en la noche del miércoles 1 de octubre, cuando tres manifestantes resultaron abatidos a tiros por la policía, que emitió un comunicado responsabilizando de la situación a los propios manifestantes. Los jóvenes de Agadir, una ciudad del sur del país, habrían intentado asaltar un puesto de gendarmería para hacerse de las armas y combatir la represión policial en mejores condiciones, siguiendo la actitud de la juventud nepalí e indonesia. En la tarde del viernes 3 de octubre, el principal clérigo de la ciudad condenó a los manifestantes y les recordó que protestar es legítimo, pero el Corán prohíbe la violencia. Sin embargo, la violencia emana para toda una generación de marroquíes desde las entrañas del Estado y contra esas instituciones se han levantado y movilizado. El conjunto de los medios internacionales coincidió en ubicar a estas manifestaciones como las más importantes desde la Primavera Árabe del 2011, en la cual el Reino se había comprometido a aumentar la libertad política, promesa que no ha cumplido. La situación social de los trabajadores ha empeorado notoriamente desde aquellas manifestaciones. La represión ha sido brutal, a los tres asesinados por la policía se suman más de 400 detenidos, en un informe dado por el Ministerio del Interior, bajo acusación de llevar a los jóvenes ante los tribunales y exigir condenas ejemplares, entre ellas, la cadena perpetua. El primer ministro, el conservador Aziz Akhannouch, aseguró que recibirá a los manifestantes para conversar sobre posibles reformas. Los manifestantes respondieron exigiendo su dimisión. El movimiento se ha extendido a las hinchadas, que aseguran que se negarán a asistir a los partidos que se disputen en los nuevos estadios. Esta iniciativa es encabezada por la hinchada del principal equipo de fútbol del país, el Raja Casablanca. Las manifestaciones encabezadas por la juventud se han reiterado en múltiples países y latitudes, desde Asia hasta América Latina, incluyendo Europa y África. La juventud en Madagascar obligó a la renuncia del gobierno tras no dar respuestas por las terribles inundaciones que azotaron al país insular. La tenacidad y la fuerza a repetición de estas movilizaciones encabezadas por una nueva generación de trabajadores exponen la debacle del capital, en momentos que se emprende a una nueva carnicería mundial. En esa contradicción surgen los prolegómenos de una etapa revolucionaria.

En la Universidad Nacional del Sur se ha conformado una lista independiente en el claustro de auxiliares docentes para las próximas elecciones de cogobierno. El Frente por la Educación Pública está compuesto por activistas independientes, compañeros de Política Obrera y del PTS, provenientes de los Departamentos de Humanidades, Ciencias de la Educación y Matemática. Presenta listas para el Consejo Departamental de Humanidades, para Consejo Superior y para Asamblea Universitaria. La crisis en la universidad se ha profundizado con la “motosierra” del gobierno de Javier Milei, en primer lugar, en cuanto a salarios y gastos de funcionamiento. A pesar de ratificarse una ley por ambas cámaras del Congreso que rechazó el veto de Milei, bajo presión de una gigantesca movilización popular, el gobierno insiste en no aplicarla. En este cuadro y luego de una profunda derrota electoral, el Gobierno apela a nuevos rescates ya no de FMI, sino del propio Tesoro Norteamericano, que tendrán como contrapartida una profundización del ajuste en la Universidad, del salario y de la precarización laboral. Hoy el salario para el cargo testigo (ayudante A semiexclusivo) se encuentra en unos míseros $380.843 que conforman el sueldo básico. La UNS, además, ha sido una de las instituciones más devastadas por la inundación del pasado 7 de marzo, que destruyó bibliotecas, aulas y laboratorios. La mitad del dinero para su reconstrucción provino de donaciones; más de 400 millones de pesos que, sin embargo, no alcanzan a los 7.000 millones de pesos en pérdidas. El pago de las deudas públicas usurarias, que se privilegia ante este cuadro de ajuste, es incompatible con una Universidad pública y gratuita, y el progreso de la ciencia e investigación. En este cuadro, las restantes listas docentes que se presentan para asamblea universitaria y consejo superior son las que han gobernado la universidad de forma alternada en los últimos años. Así han avanzado en la universidad, ante un ajuste presupuestario de décadas, los convenios con empresas que desvalorizan los contenidos de los títulos de grado. En el caso del Consejo Departamental de Humanidades, las dos listas que se presentan son una división del actual oficialismo que dirige el departamento. Desde Política Obrera hemos propuesto al Frente por la Educación Pública un planteo programático, al servicio de una lucha impulsando asambleas interclaustros y autoconvocatorias que construyan una huelga general educativa para conseguir todos los reclamos, desde una perspectiva clasista y combativa, independiente de las autoridades, los gobiernos y las patronales. Queremos, asimismo, una universidad en donde se impulse una lucha activa en primer lugar contra el genocidio palestino en Gaza, las guerras imperialistas y todas las catástrofes humanitarias, sociales y ambientales del capitalismo. Además del aumento urgente de los gastos de funcionamiento y del salario, planteamos la necesidad de democratizar el gobierno universitario, mediante la conformación de un claustro único docente (hoy dividido entre los auxiliares docentes y los profesores -con cargos de adjunto para arriba-) y la inclusión de los no docentes en todos los órganos de cogobierno, incluidos los consejos departamentales. A su vez, sostenemos la necesidad de que los graduados de la universidad, que no han quedado ligados laboralmente a ella, tengan también la posibilidad de integrarse mediante proyectos de investigación, grupos y todo tipo de actividades de investigación y divulgación académica. Este planteo busca reordenar las relaciones de poder dentro de la universidad, hoy volcadas fuertemente a las decisiones y votaciones del sector minoritario de la comunidad universitaria. Una democratización también es un elemento fundamental para garantizar una mayor estabilidad en los cargos. Las asignaciones complementarias y contratos temporales, pensados para situaciones de emergencia, hoy son moneda corriente. Frente a ello, reclamamos los concursos necesarios, con participación activa de todos los claustros a fin de garantizar la transparencia de los mismos.

El primer ministro Sebastien Lecornu, asumido hace 26 días, se convirtió en el premier más breve en la historia de la Quinta República instituida en 1958. Sumó otro récord: fue el primer ocupante del palacete Matignon que no llegó al discurso inaugural ante la Asamblea Nacional, programada para este martes 7 de octubre. Comprobó que no reunía los apoyos mínimos dentro de la propia coalición que quería formar, es decir, otorgar el ministerio de Defensa a Bruno Le Maire (2017-2024) cuestionado por sus gestiones políticas pasadas. Macron ha pedido a Lecornu que vuelva a intentar. Los títulos de la deuda pública de Francia han vuelto a caer y están a 100 puntos por arriba de la tasa de interés de la deuda de Alemania. El colapso de la coalición de gobierno se produce cuando a principios de 2026 se realizarán las elecciones para las alcaldías y, luego, la elección presidencial. El reclamo de la oposición va desde la disolución de la Asamblea, levantada por Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen hasta la renuncia presidencial por parte de La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Melenchon. El Partido Socialista (PS) y el Comunista (PCF) -formalmente socios de LFI en el Parlamento- han tomado distancia de esta posición. Olivier Faure, secretario general del PS, saludó a Lecornu a través de X (ex Twitter) y viene insistiendo en la necesidad de un gobierno de cohabitación para estabilizar el país. El PCF ha emitido una posición a través de la CGT -la segunda organización sindical más grande del país- denunciando a Macron “por optar por el caos institucional” y reclamando “una salida urgente a la situación”. Las negociaciones entre los bloques políticos y el gobierno están bloqueadas. En la Central Patronal (Medef) se baraja la opción de un gobierno de la ultraderecha. Mientras tanto, las huelgas y movilizaciones del 10 y 18 de septiembre y del 2 de octubre fueron caracterizadas “como un evento nunca visto”, por parte de la CGT, con la perspectiva de obtener concesiones de parte de Macron, con el objetivo de “evitar una crisis de régimen”. El debate político gira en torno al Presupuesto 2026, para reducir un déficit de 45.000 millones de dólares, que permita incrementar decisivamente los gastos de la guerra de la OTAN contra Rusia. El rechazo al ajuste y a la guerra es total en Francia; Macron cuenta con un 17 % de aprobación. La oposición de extrema derecha no quiere un adelanto de las elecciones presidenciales a la espera de la apelación de un fallo contra la inhabilitación que pesa sobre Le Pen para ocupar cargos públicos. Le Pen se ha mostrado partidaria de un ajuste más brutal contra los trabajadores; denuncia al gasto público como “tóxico”. El PS disimula su apoyo al ajuste con un reclamo de un impuesto extraordinario a las muy grandes fortunas. LFI denuncia que el déficit fiscal simplemente no existe y que es un invento de la burguesía para proceder a un ajuste. En las últimas movilizaciones, los dirigentes del PS fueron abucheados y silbados al grito de traidores, en París y otras importantes ciudades. El ajuste de los últimos años es uno de los más brutales en la historia francesa reciente. LEER MÁS: Francia: el desafío de una huelga general Por Joaquín Antúnez, 19/09/2025. Francia: el nuevo primer ministro asume entre piquetes, huelgas y enfrentamientos con la policía La izquierda francesa explota el lado reaccionario, o sea, parlamentario, de las ilusiones democráticas de los trabajadores. Por Joaquín Antúnez, 15/09/2025.

Manifestación por Palestina en Olivos El sábado 27 de septiembre, a pesar del clima plomizo de la mañana y de que más temprano había estado lloviendo copiosamente, se realizó a partir de las 11:00 una manifestación en la Quinta de Olivos, en la esquina de Villate y Maipú, contra la masacre con que el Estado sionista de Israel está diezmando al pueblo de Gaza. La convocatoria la realizó el Encuentro de Solidaridad por Palestina de Vicente López . Una nutrida concurrencia participó de la actividad, a pesar de la amenaza de lluvia, y se sumaron algunos vecinos de la zona. También participaron vecinos de las islas de Tigre que fueron parte de la organización de la Caravana Fluvial por Gaza el 13/09. Por una hora más o menos, con el semáforo en rojo para los automovilistas de la Avenida Maipú, los manifestantes ocupaban media calzada en lo que duraba el verde para los choferes y peatones que cruzaban por Villate, desplegando banderas palestinas, pancartas y cánticos. Luego, en las intervenciones de cierre, se advirtió sobre el asedio de la armada israelí a la Flotilla Sumud, que ya tenía algunas naves atacadas por drones, y se señaló la importancia para la clase obrera de atender y repudiar la masacre del pueblo palestino en Gaza y Cisjordania. Se resaltó la huelga general que se realizó en Italia contra el genocidio en Palestina, y que puso a la clase obrera italiana y europea -porque hubo muchas y masivas protestas y movilizaciones, e incluso confrontaciones con la policía en diversos países de Europa- como cabeza del necesario movimiento universal contra la guerra en Ucrania, contra la masacre en Gaza y contra la guerra mundial. Se denunció también la hipocresía de la burguesía y de los gobiernos de las potencias del mundo por su inopinada solidaridad y supuesto reconocimiento de un Estado palestino, mientras siguen enviando armas, pertrechos e insumos tecnológicos a Israel y se orquestaba la salida contra el pueblo gazatí, en consonancia con el Day After Hamas de Netanyahu, que Trump anunciaría días más tarde. Uno de los vecinos de Tigre invitó a un evento por la causa palestina que se llevaría a cabo esa noche, en San Fernando. Finalmente, la manifestación terminó con cantos y aplausos y con gran satisfacción para los participantes. Evento por Palestina en San Fernando En el Centro Cultural Tinku de San Fernando, se realizó en la noche del mismo sábado un evento en homenaje al pueblo palestino y en repudio a la masacre, titulado Memoria en Todos los Sentidos . El programa constaba de una muestra de ilustraciones alegóricas de la artista gráfica Anabel Montenegro y abría con la obra Krónikas Palestinas , de dos integrantes del grupo de teatro Surtestimonios, que hace teatro político. Valentina Cabrera y Umile Escalante, su compañero, son dos teatristas venezolanos que vienen haciendo esta obra desde 2018. Es un unipersonal con Valentina Cabrera, donde a partir de poemas palestinos la actriz ha trabajado la dramaturgia de la escena. En esta función participaron la cantante Florencia Bernales y Eva Escalante, la hija más pequeña de Valentina y Umile, de seis años. Valentina cerraría la jornada en el espacio al aire libre del Centro Cultural, dirigiendo una actividad con la participación del público practicando dabke palestino, una danza autóctona. Después de la obra de teatro se realizó un conversatorio con Leticia Garziglia y Javier Román, ambos integrantes del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, en tanto la primera pertenece además al Movimiento BDS y el segundo a la Campaña Fuera Mekorot. El movimiento BDS (sigla de Boicot, Desinversión y Sanciones), según explicó Garziglia, es una campaña internacional no estatal nacida en Palestina en 2005, impulsada por más de 170 organizaciones sociales palestinas (sindicatos, ONG, asociaciones profesionales, partidos, etcétera). Su objetivo es ejercer presión económica, cultural y política sobre el Estado de Israel, hasta que cumpla con el derecho internacional. Al nivel del boicot llaman a consumidores, artistas, universidades, instituciones culturales y deportivas a no colaborar con Israel ni con empresas que se beneficien de la ocupación. En cuanto a desinversión buscan presionar a fondos de inversión, bancos, universidades y empresas para que retiren sus capitales de compañías vinculadas con el apartheid israelí. En el punto sanciones le exigen a los Estados que apliquen sanciones económicas, militares y diplomáticas contra Israel, similares a las que se aplicaron contra el apartheid sudafricano. El movimiento tiene tres reivindicaciones muy claras: fin de la ocupación y colonización de todas las tierras árabes ocupadas en 1967 y desmantelamiento del Muro; reconocimiento de la igualdad plena de derechos de los ciudadanos palestinos de Israel; derecho al retorno de los refugiados palestinos (Resolución 194 de la ONU). En la lógica del BDS (lo que explica que se presenten juntos), Javier Román cuenta por su parte que “Fuera Mekorot” es un movimiento socioambiental de derechos humanos y solidaridad internacional, que denuncia la participación de la empresa estatal de agua israelí, Mekorot, en proyectos de gestión del agua en varias provincias de Argentina, y pide que esos convenios sean anulados. Denuncia que la empresa israelí ha sido señalada por organismos como la ONU por reducir suministro de agua en Palestina y favorecer asentamientos israelitas. Actualmente, en Argentina, Mekorot tiene convenios que están en marcha: por ejemplo, en Río Negro, Mendoza, La Rioja, Catamarca, San Juan, Formosa, Jujuy, Neuquén, entre otras provincias. Son muchos los señalamientos de que los contratos muestran falta de transparencia o que los términos de los convenios muchas veces no se han hecho públicos, o de que no han pasado por una licitación, o que no se ha realizado consulta previa, libre e informada con comunidades locales ni se han considerado los impactos ambientales y sociales. También señala el peligro de perder soberanía y control de los recursos hídricos. Román refiere que en 2022 hubo una misión argentina en Israel a partir de la cual se desplegaron firmas de convenios con la empresa de aguas que se formalizaron en 2023, en el marco de la promoción de cooperación provincial y del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que es un organismo público interjurisdiccional conformado por los gobiernos provinciales, incluido el de CABA. Entre otros gobernadores, viajaron Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Sergio Uñac (San Juan). Y entre otros ministros y funcionarios nacionales se encontraban Eduardo “Wado” de Pedro (ministro del Interior), que encabezó la misión; Gabriel Katopodis (ministro de Obras Públicas), Julián Domínguez (ministro de Agricultura) y Daniel Filmus (ministro de Ciencia). Debate En este punto se abrió el micrófono. Había una treintena de personas, varias de ellas activistas, por ejemplo dos de los vecinos de islas que habían estado al mediodía en la manifestación de Olivos y que, como queda dicho, estuvieron en la organización de la caravana fluvial. Uno de ellos señaló vivamente que había que mencionar con nombre y apellido a la oposición que no se pronuncia sobre Gaza; concretamente el peronismo, que en sus distintas vertientes tiene un gran número de militantes en las listas de desaparecidos, y especialmente el kirchnerismo, muchos de cuyos adherentes se jactan de que “Néstor” haya hecho descolgar el retrato de Videla de las paredes de la Rosada. Hecha la aclaración de que algunas individualidades han denunciado como genocida al Estado sionista de Israel, se dejó establecido que no hay una palabra oficial de los partidos patronales en este punto, por lo que se supone que sus políticas son en principio incompatibles con la denuncia de la masacre que el Estado sionista perpetra contra el pueblo palestino. Se recordó, por caso, que Milei, Massa y Bullrich se apresuraron a condenar el ataque de Hamas de principios de octubre del ’23 enarbolando el concepto de “terrorismo” y que, luego del bombardeo por parte de Israel de un campo de refugiados a fines del mismo octubre, ante un tibio comunicado de la cancillería condenando la ofensiva (sin consecuencias diplomáticas a la vista), el superministro candidato Massa salió poco menos que corriendo a repudiar el comunicado en los términos más enérgicos, poniendo de relieve el “derecho del Estado israelí a defenderse” (como si ese ataque pudiera verse desde algún ángulo como un acto de defensa). En consonancia con esta fuerte percepción de las cosas, otro de los asistentes reclamó que en las elecciones de octubre, o cualquiera otra, no se votara a nadie que no se declarara expresamente “antisionista”. Desde Política Obrera propusimos que se inserte en las distintas campañas que comienzan a desarrollarse en defensa del pueblo palestino la exigencia por el desprocesamiento de Alejandro Bodart y de Vanina Biasi , el repudio al “delito de opinión”, el rechazo a la utilización de la Definición de Antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés) para criminalizar la crítica a las políticas del Estado sionista israelí, y la exigencia fundamental de que el Congreso rompa relaciones con el régimen genocida de Israel. Conclusiones Para finalizar, señalaremos el fenómeno que se está dando en la Argentina, particularmente contradictorio, del tratamiento cada vez más amplio y profundo que se le está dando al genocidio en Gaza al nivel de las bases de los partidos políticos del régimen (ya que en los partidos de izquierda el tratamiento es total), al tiempo que se da, como correlato, un silencio cada vez más sonoro al nivel de las dirigencias. Entre otras contradicciones, esta es de las más duras. En tanto crecen los agrupamientos y los pronunciamientos por fuera de los partidos a favor del pueblo palestino y en una defensa acuciante y angustiada, particularmente, del pueblo gazatí, habrá que ver cómo se resuelve esta violenta contradicción en el seno, por ejemplo, del peronismo.

La cuestión de la candidatura de Espert dio un vuelco durante las últimas horas del domingo. En los días anteriores, Milei se había empeñado en sostenerlo en la lista. A pesar de las advertencias de Patricia Bullrich y otros miembros del gabinete, que veían en la permanencia de Espert un pasaporte seguro a la derrota electoral, Milei temía que un paso al costado se entendiera como una ´confesión de partes´ y el destape de una asociación ilícita, que no deja afuera al presidente. El abogado de Espert en la causa Machado, Francisco Oneto, también es defensor de Javier Milei, en la causa Libra. La cuestión Machado, mientras tanto, se ha extendido como una mancha de aceite sobre las listas libertarias. Acaban de revelarse los vínculos de un pariente cercano de Machado, Claudio Cicarelli, con la candidata a diputada Villaverde, en Río Negro. A los pedidos de que se reimprima la boleta bonaerense sin la foto de Espert, se suma ahora el de los libertarios rionegrinos, que quieren reimprimir la suya propia sin la narcocandidata. La lista única hace su ingreso a la historia electoral con un par de fotos ‘fake’. Para Claudio Jacquelin, de La Nación, “No habría estado ajeno a la renuncia, según fuentes oficiales, el nuevo y desesperado pedido de asistencia financiera de Milei al gobierno estadounidense” (LN, 6/10). “El cariz de un generoso renunciamiento ('Por la Argentina doy un paso al costado') estaría en línea con esas urgencias y demandas del norte”, completa Jacquelin. Es muy claro, a esta altura, que Scott Bessent y Trump no discuten solamente un rescate financiero a la Argentina. El imperialismo le ha impuesto a la camarilla libertaria todas las condiciones de la transición política y económica que deberá tener lugar después de las elecciones de octubre. Le han ofrecido al gobierno libertario tres semanas de reuniones diplomáticas en Washington, para tirar hasta el 26 de octubre. Después de ese desenlace, la sobrevivencia financiera -pero también penal- de la camarilla liberticida estará condicionada desde Washington. Además de una devaluación del peso y de una total libertad cambiaria, los supervisores del Norte reclaman un gobierno de coalición, sin saber con quienes cuenta para la aventura, salvo un puñado de macristas. Milei quedaría bajo una supervisión foránea como la que Trump diseña para Gaza con su “plan de paz”. Maniobras La caída de Espert ha abierto un rumbo incierto. Milei pretende alterar el orden de la lista de diputados, cuyo primer lugar le correspondería a la segunda candidata, Karen Reinhardt. En un caso de leso feminismo se la ha dado a Diego Santilli, sin importarle la opinión de la Justicia Electoral; otro mal comienzo para la lista única. Santilli ya se puso el sayo y le reclamó a Macri “el apoyo a la campaña”, como si eso fuera un activo y no una hipoteca. El expresidente se prepara para después de un comicio de resultados electorales temibles, con menor autoridad de la que tiene ahora. A la agenda se suman la estafa Libra, el contrabando Scaturice, el fentanilo contaminado, Spagnuolo, el triple crimen de Florencio Varela, así como el acuerdo subrepticio con las aceiteras por varios miles de millones de dólares... y los acuerdos ‘repo’ de Caputo con la banca extranjera mediante el empeño del oro. La ‘oposición’ tiene solamente dos meses para destituir a Milei mediante un juicio político y llamar a elecciones a presidente, porque a partir del 10 de diciembre la sucesión presidencial quedará en manos de Victoria Villarruel hasta 2027. La vice ya ha iniciado su campaña con una visita a Fate y un llamado a emular a la burguesía nacional que estaría representada por su dueño, Madanes Quintanilla, quien luego recibió a los gobernadores de Provincias Unidas en Chubut, donde se encuentra la empresa Aluar, para recibir iguales elogios. Villarruel fue luego a ver Gildo Insfrán, presidente del Congreso del PJ, para la conmemoración de un asalto guerrillero a un cuartel militar en Formosa hace 50 años. El destino del gobierno de Milei está en la agenda de todos y todas. LEER MÁS: La crisis política terminal pone en la agenda un programa de la clase obrera y una huelga general La corrida cambiaria y bancaria; el default; la caída de los vetos y las corruptelas y narconegocios, pone a todo el régimen en la cornisa. Por Marcelo Ramal, 04/10/2025.

La lucha de los trabajadores de ILVA lleva ya más de un mes. La empresa de la familia Zanón cerró la planta el primer fin de semana, comunicando los despidos a los 300 trabajadores, sin pagar las indemnizaciones. Desde aquel entonces, los trabajadores han mantenido un acampe bloqueando los portones de la fábrica, cortaron los accesos al Parque industrial de Pilar, realizaron un corte de la Panamericana, se movilizaron a la Municipalidad de Pilar, a la Unión Industrial Argentina (presidida por un empresario ceramista) y, en los últimos días, iniciaron un proceso de movilización a los domicilios de los dueños de la planta en los countrys de Pilar. Durante varias asambleas de trabajadores incluso se ha discutido la toma de la planta, aunque esta posición no ha reunido una mayoría. El objetivo de la empresa es explotar la crisis del mercado ceramista para proceder a una reforma laboral de hecho al interior de la planta. Consiste en reemplazar a los trabajadores con régimen laboral de cuatro días de trabajo de 12 horas por cuatro días de descanso por nuevos trabajadores que trabajen seis días a la semana con un solo descanso. Contratar trabajadores con espaldas nuevas para someter a los ritmos de producción, con los nuevos regímenes de contratación vigentes en la Ley Bases. La prueba fehaciente de que el cierre de ILVA es un fraude es que la empresa en medio de los despidos abrió una búsqueda laboral para contratar nuevos trabajadores. Está semana la empresa ha enviado los telegramas anunciando el pago de las indemnizaciones al 50%, argumentando una crisis que la empresa no ha podido probar. Dos veces intentó presentar recursos preventivos de crisis frente al Ministerio de Trabajo bonaerense para poder acogerse a las flexibilizaciones previstas en la ley para casos excepcionales, pero en ambas oportunidades tuvo que desistir del planteo. A mediados de este año ILVA invirtió sumas siderales en nueva maquinaria, que fueron instaladas por los trabajadores despedidos pero que nunca fueron puestas en marcha. Como en otros conflictos, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó una conciliación obligatoria que la patronal no cumplió. Ni reabrió la planta, ni abonó los salarios de los días de conciliación. El Ministerio de Trabajo que responde a Kicillof frente al desacato patronal se limitó a fijarle multas. El conflicto de ILVA se ha desatado a la par de una ola de despidos y suspensiones, que afectan a otras fábricas de la industria ceramista. El más fuerte es el conflicto en Cortinez, pero también hay despidos en Cerámica Alberdi, en Latercer y en otras plantas ceramistas. La orientación de la reforma laboral es de conjunto. Sin embargo, el Sindicato Ceramista no ha convocado a más acciones en común que una marcha a la Unión Industrial Argentina que preside Martín Rapallini, dueño de Cerámica Alberdi. El Sindicato aborda cada uno de los conflictos por separado, sin llamar a un paro general ceramista. Como respuesta a una avanzada general, esta orientación lleva a una derrota segura a los trabajadores. El conflicto de ILVA no coincide solamente con una crisis de la industria ceramista, en el marco del naufragio del plan económico del gobierno de Milei. Alrededor del cierre de ILVA ocurren despidos, cierres de planta y suspensiones a mansalva. En pocos meses cerraron en el Parque Industrial de Pilar la papelera Kimberly Clark y la textil Berry. Cerró KTM en Campana. Hay cierres de plantas en Zarate. Hay despidos masivos en Siderca y en Siderar. El cordón industrial del Paraná se encuentra en la misma situación. Los sindicatos de la CGT actúan como piezas claves para que los despidos pasen, lo que aísla la lucha de los trabajadores. Una convocatoria a una acción conjunta de la clase obrera en apoyo a los trabajadores en lucha de ILVA podría sacudir el escenario y definir el conflicto. . Por la reincorporación de los trabajadores de ILVA. Por el pago de la indemnización completa a los trabajadores que acepten el retiro. Abajo los planes de precarización laboral en la industria ceramista.

Desde el 7 de octubre de 2023, medios de comunicación y gobiernos de todo el mundo no han dejado de caracterizar a la incursión de Hamás en el sur de Israel como un “ataque terrorista”; lo mismo hizo la mayor parte de la izquierda internacional, así como en Argentina (‘lo justificamos por la opresión que los palestinos sufren desde décadas, pero no lo apoyamos’). El asalto del 7 de octubre no tuvo, sin embargo, esas características. De aquella jornada no participó sólo Hamás, sino por lo menos cinco organizaciones armadas y un número indeterminado de civiles palestinos. No se ha determinado qué rol ocupó cada uno en el ataque, ni si los protagonistas actuaron en forma concertada (algo improbable dado el sigilo que requiere una operación semejante). La organización Human Rights Watch asegura que se trató de una masacre contra 1.200 civiles asesinados y violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el gobierno israelí ha bloqueado, hasta el presente, cualquier investigación concretas de los hechos. Hamás y otros grupos armados de la Franja de Gaza habían protagonizado una operación relámpago que no tiene precedentes. El propósito era incursionar en bases militares israelíes con el objetivo de capturar rehenes con la expectativa de intercambiarlos con algunos de los miles de prisioneros palestinos que sufren torturas y vejámenes en Israel desde hace años, sin ningún proceso legal. El canje debería levantar el espíritu político de las masas y reforzar la autoridad de sus actores. Unos seis meses antes, el ejército sionista había irrumpido en el sur de Gaza, asesinando a centenares de palestinos. En 2011, Hamás había logrado canjear un soldado israelí, Gilad Shalit, a cambio de 1.027 prisioneros palestinos, cuando contó, asimismo, con el apoyo de Hizbollah, que reaccionó militarmente a los ataques de Israel contra Gaza. Cualquier tipo de “masacre” premeditada o violaciones a los derechos humanos contra población israelí echaría por tierra este objetivo principal de Hamás. Los movimientos islamistas se oponen, por cuestiones de principios confesionales, a la violación de mujeres; no ha ocurrido lo mismo con las mujeres palestinas violadas por tropas del ejército israelí. La Procuración General de Israel archivó el caso de las violaciones, por la ausencia de querellas acusadores de parte de mujeres individuales y de las organizaciones feministas del sionismo. El asalto a un sitio fuertemente protegido, incluidos los más modernos sistemas electrónicos de vigilancia, por parte de grupos irregulares, contra un bastión de las fuerzas armadas más poderosas, fue una acción histórica extraordinaria –una sublevación de una masa miserable de oprimidos contra una ciudadela internacional de opresores. En ese año, 2023, había recrudecido la usurpación de tierras en Cisjordania y las agresiones fascistas contra los palestinos, por parte del gobierno de Netanyahu. El régimen sionista había alcanzado un nuevo récord de niños palestinos asesinados. En este accionar también se incluyen las repetidas y públicas operaciones policiales contra la Mezquita de Jerusalén. Israel se encontraba en proceso de “normalización” de relaciones diplomáticas con ciertos países árabes (el “acuerdo de Abraham”, propiciado por Donald Trump), con el propósito de relegar la cuestión de Palestina al olvido eterno. Fue, hasta cierto punto, un levantamiento contra los Estados árabes. La incursión quebró el cerco más vigilado y tecnológicamente más custodiado del mundo. Según Middle East Eye, que se basó en una “fuente cercana a los dirigentes políticos de Hamás”, el 7 de octubre fue planificado como “una misión táctica diseñada para asegurar dos docenas de rehenes militares como máximo, (pero) se convirtió en un caos completo cuando la División de Gaza de Israel colapsó”. De los 1.500 combatientes que había enviado, descontando que una mayoría no sobreviviría, regresaron alrededor de 1.400. El derrumbe de la resistencia de las fuerzas israelíes abrió el camino para que los diferentes sectores y civiles que entraron a Israel siguieron avanzando y atacando lugares que no estaban en la lista original de objetivos. El territorio atacado era el mismo del que fueron despojados los palestinos, en la guerra del terror desatada por Israel en 1948 (Nakba). Según las fuentes de Hamás citadas por el diario, el colapso de la resistencia israelí permitió que “otras fuerzas” (fuera de control) “atravesaron la valla y tuvimos una masacre”. Este colapso fue tan llamativo que, dentro y fuera de Israel, levantó la sospecha de una falla en la inteligencia del sionismo y de complicidad del gobierno de Netanyahu con este hecho; el presidente de Egipto, por ejemplo, había informado al gobierno de Israel de la inminencia de un ataque. La denuncia de complicidad implicaba a Netanyahu, que habría estado interesado en una guerra para sostener al gobierno ante las tenaces movilizaciones que pedían su renuncia. Con independencia de sus contradicciones y propósitos, y con independencia en especial del carácter político confesional de las organizaciones actuantes, nuestro partido, Política Obrera , defendió, a diferencia del resto de la Izquierda, el derecho del pueblo palestino a resistir y combatir la opresión nacional ejercida por el Estado sionista. El gobierno de Netanyahu continúa bloqueando una investigación sobre los hechos A partir del asalto de las fuerzas de Hamás el 7 de octubre de 2023, el gobierno israelí desató contra la población palestina el mayor genocidio del presente siglo. Los acontecimientos del 7 de octubre de 2023, sin embargo, permanecen todavía en una nebulosa; el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu ha rechazado y bloqueado sistemáticamente cualquier tipo de investigación sobre los hechos. En una fecha tan tardía como julio de 2024, nueve meses después de la incursión, Netanyahu rechazaba cualquier investigación porque había que “derrotar a Hamás” antes que nada. Un portavoz de Netanyahu aseguró entonces que “lo que la gente quiere que hagamos ahora mismo es evitar que emprendamos una investigación interna drástica mientras nuestros rehenes siguen retenidos y tantos soldados han sacrificado sus vidas para proteger al país”. Un general del ejército había advertido que “terminaremos en peleas de barro y acusaciones mutuas dentro del ejército, lo cual será más perjudicial que beneficioso”. Netahyahu comenzó una campaña para responsabilizar de las fallas de seguridad a los servicios de inteligencia y a sus jefes, muchos de los cuales fueron empujados a la renuncia de sus puestos. En respuesta a las peticiones de la Corte de Israel, que exigió una comisión de investigación estatal, Netanyahu respondió que “el Tribunal Supremo no tiene derecho a ordenar una comisión estatal de investigación sobre los atentados del 7 de octubre” (Times of Israel, 3/12/24). Este mismo medio aseguraba que “Netanyahu ha estado tratando de impulsar una legislación que prohibiría el establecimiento de una comisión estatal de investigación”. En abril de 2024, una comisión de la ONU acusó a Israel de obstruir investigación sobre el 7 de octubre, impidiendo que los investigadores de la ONU hablen con testigos y víctimas. En marzo de este año, “presionado por los legisladores para que explicara por qué no se ha establecido una comisión estatal de investigación sobre los fallos del 7 de octubre después de 17 meses, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró el lunes su oposición a un panel 'políticamente sesgado'” (jewishpress.com, 3/3). Mientras se desarrollaba una investigación de las propias Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el contralor estatal Matanyahu Englman acusó a los militares de "intimidar" a altos oficiales que daban testimonio en el marco de su investigación y que el ejército enviaba administradores a todas las entrevistas y grababa el testimonio de los oficiales, “lo que envía un 'mensaje de disuasión e intimidación'” (Times of Israel, 6/1/2024). Los familiares de las víctimas del 7 de octubre reclamaban “iniciar la investigación de inmediato, cuando el recuerdo esté fresco para todos los involucrados”. Los pedidos de investigación no sólo se relacionan con las precisiones sobre la incursión palestina en Israel, sino también sobre las fallas en el sistema de seguridad y sobre el grado de conocimiento que en los distintos niveles de jerarquía de la inteligencia israelí había sobre los preparativos de más de dos años de Hamás para la incursión. Sobre este punto, los cuestionamientos abundan. El diario The Guardian informó que la madre de una soldado israelí muerta el 7 de octubre, pocos días antes “llegó a casa y nos dijo: «Mamá... va a haber una invasión»”. El diario explicó que “el Primer Ministro Benjamin Netanyahu afirmó que no sabía que los soldados habían expresado su preocupación de que el grupo terrorista estuviera preparando un ataque”. En noviembre de 2024, Netanyahu destituyó a su ministro de Defensa, el genocida Yoav Gallant, entre otras cosas, por pedir una comisión que investigue los fallos de seguridad que permitieron el ingreso de las milicias palestinas el 7 de octubre. A esto se suman las advertencias de Egipto y de Estados Unidos, desestimadas por el gobierno sionista poco antes del ataque. Recién en febrero de 2025 las FDI emitieron un informe autoinculpándose por su “fracaso total” a la hora de impedir la incursión de Hamás y de proteger a su población civil. Esta autoinculpación, sin embargo, fue denunciada como una maniobra por parte de los familiares de los rehenes y los muertos israelíes del 7 de octubre. Entre sus acusaciones, aseguraron que la investigación tuvo un alcance limitado, que no dio respuestas a la mayoría de los cuestionamientos, que no brindó ninguna información sobre la muerte de civiles que ya se encontraban fuera del festival e incluso cuestionaron la veracidad de los hechos relatados por la FDI. El periódico Wolrd Israel News (3/4) aseguró que un familiar de uno de los muertos israelíes del 7 de octubre, Rachel Moshe, dijo que “no hay respuestas reales en el informe”. El diario continúa: “Moshe enfatizó que las FDI están continuamente 'mintiendo' a las familias” y asegura que mantuvo una videollamada con su hijo mientras sucedían los eventos del 7 de octubre y que puede asegurar que “el orden de los eventos presentado por las FDI fue inventado”. Un informe del periódico israelí Haaretz pudo comprobar fehacientemente lo que ya se sospechaba desde el comienzo: “Documentos y testimonios obtenidos por Haaretz revelan que [fue emitida el 7 de octubre] la orden operativa Hannibal, que dirige el uso de la fuerza para evitar que los soldados sean tomados cautivos”, lo que resultó en la pérdida de vidas civiles y militares israelíes. La directiva Hannibal es una orden secreta (data de 1986) que implica evitar a toda costa la toma de rehenes por el enemgio, incluyendo su asesinato. El diario israelí Yedioth Aharonoth recogió tiempo después el testimonio de algunos de los rehenes israelíes liberados por Hamás, quienes aseguraron que el 7 de octubre fueron deliberadamente atacados por helicópteros israelíes cuando se dirigían a Gaza (secuestrados por Hamás) y luego fueron bombardeados constantemente por el ejército israelí en territorio gazatí. “Cada día en cautiverio era muy duro. (...) Nos sentábamos en los túneles con un miedo terrible de que no fuera Hamás, sino Israel, quien nos matara, y entonces dirían: 'Hamás los mató'”, aseguró el rehén liberado Nir Oz. En una entrevista con el podcast semanal de Haaretz, el teniente coronel Nof Erez aseguró que “lo que vimos [el 7 de octubre] fue un 'Hannibal masivo'”. El diario, sin embargo, afirmó que “las FDI creen que, más allá de las investigaciones operativas de los acontecimientos, no sería moralmente correcto investigar estos incidentes debido a la inmensa y compleja cantidad de ellos que tuvieron lugar en los kibutzim y las comunidades del sur de Israel debido a las difíciles situaciones en las que se encontraban los soldados en ese momento”. En una palabra, se desconoce cuántos de los muertos israelíes, el 7 de octubre, fueron ejecutados por su propia fuerza armada. Una reconstrucción particular de los hechos del 7 de octubre realizada por el New York Times relató el caso de la casa de Pesi Cohen, donde se encontraban retenidos 14 rehenes. Luego de algunos intercambios, el general de la FDI a cargo, Barak Hiram, dijo que “Las negociaciones han terminado” y ordenó: “Adelante, aunque cueste bajas civiles”. El diario neoyorkino relata lo que sucedió después: “el tanque disparó dos proyectiles ligeros contra la casa. La metralla del segundo proyectil alcanzó al Sr. Dagan [rehén israelí] en el cuello, cortándole una arteria y matándolo, dijo su esposa. Durante el enfrentamiento también murieron los secuestradores. Sólo dos de los 14 rehenes, la Sra. Dagan y la Sra. Porat, sobrevivieron. Entre los muertos civiles había dos gemelos de 12 años. Yasmin Porat, una de las dos sobrevivientes de la casa de Pessi, dijo a la radio Kan de Israel que los hombres armados de Hamas no habían amenazado a los rehenes y tenían la intención de negociar con la policía para su regreso seguro a Gaza. “Dijo que una unidad especial de la policía israelí había iniciado el tiroteo disparando contra la casa, atrapando a 'cinco o seis´ residentes del kibutz afuera en 'un fuego cruzado muy, muy intenso'. En la entrevista le preguntaron: '¿Entonces nuestras fuerzas podrían haberles disparado?' 'Sin duda', respondió ella” (ABC Australia, 6/9/24). Los datos y testimonios sobre los acontecimientos del 7 de octubre han aparecido en forma dispersa. Una investigación del suplemento “7 Días” del periódico israelí Yedioth Ahraonoth ofreció pruebas de soldados que abrieron fuego contra vehículos que llevaban rehenes, matando a todos los ocupantes. El periódico MondoWeiss obtuvo un nuevo testimonio, afirmando que “Otro soldado israelí admite haber implementado la 'Directiva Hannibal' el 7 de octubre”. El soldado Bar Zonshein aseguró al diario que “esta es la decisión correcta, que es mejor detener el secuestro y que no se los lleven". Un informe de la ONU confirmó el asesinato de otros 14 civiles israelíes por parte de la FDI el 7 de octubre en el marco de la doctrina Hannibal (Middle East Eye, 12/6/24). Un informe del Haaretz afirmó que fueron identificados 77 restos de vehículos que habían sido alcanzados por tanques, helicópteros o drones israelíes. Según testimonios, la Directiva Hannibal ordenaba a los pilotos y demás personal de las Fuerzas de Seguridad israelíes atacar todos los vehículos que regresaran a Gaza ese día. Otro testimonio, esta vez del comandante Avi Rosenfeld, que estaba atrincherado en la División Gaza, ante la imposibilidad de hacer retroceder a las milicias, “la división se vio obligada a solicitar un ataque aéreo contra la propia base para repeler a los terroristas”, es decir, bombardear a los propios israelíes. Todos estos informes han salido a la luz a cuentagotas y sobre hechos puntuales. Cansados de esperar una verdadera investigación sobre los hechos, en julio de 2024 familiares de los muertos del 7 de octubre conformaron una “comisión civil de investigación” (Times of Israel, 6/10). Por los límites de la propia comisión y los obstáculos puestos por el gobierno israelí, esta comisión no ha podido avanzar más que en algunas denuncias puntuales. La reunión de una cierta cantidad de informes parciales e investigaciones puntuales sobre diversos hechos del 7 de octubre no puede dar cuenta de la totalidad de lo sucedido. Ellos sólo pueden revelar la punta del iceberg de la realidad del 7 de octubre. Una investigación exahustiva sobre los acontecimientos reales es incompatible con el Estado sionista y sus objetivos de guerra internacional. Las 'fake news' que allanaron el camino del genocidio Inmediatamente después de los hechos del 7 de octubre de 2023, el Estado sionista diseminó por el mundo una cantidad inusitada de noticias falsas mientras se preparaba para perpetrar un genocidio contra el pueblo palestino. Una de las más mencionadas, replicadas y difundidas hasta el último rincón de la tierra era la que relataba la decapitación de más de cuarenta bebés por parte de Hamás. El 11 de octubre de ese año, el presidente norteamericano Joe Biden aseguró a la prensa que “nunca pensé que vería, y lo he confirmado, fotografías de terroristas decapitando a niños”. Sus palabras llegaron a los oídos de millones de personas. Un día antes, un periodista de canal israelí i24 (Nicole Zedeck) había dicho a cámara que “unos soldados” le habían contado que había bebés con la “cabeza cortada”. Unos 40, aseguró. En 24 horas la noticia recibió 44 millones de impresiones en redes sociales, en una bola de nieve imparable. La Casa Blanca se vio obligada más tarde a desmentir tajantemente a su presidente, ya que ni Biden había visto las imágenes ni estaban confirmadas las decapitaciones: solo repetía lo que había leído en la prensa israelí. El periodista Zedeck también reconoció que no había chequeado la información y que el “soldado” que le brindó la información era un colono extremista israelí que reclamaba por la aniquilación de los palestinos. La mayoría de las fake news sobre las decapitaciones de bebés que ya han sido desmentidas por todos los organismos internacionales e incluso por algunos de Israel, siguen posteados en los medios de prensa de todo el mundo sin publicar una rectificación al respecto. Es lo que sucede en Argentina con los medios La Nación, Clarín e Infobae. Otra de las fake news difundidas por Israel fue la de las violaiciones en masa de mujeres el 7 de octubre. En Israel se formó inmediatamente una “Comisión Civil de los Crímenes del 7 de octubre cometidos por Hamas contra las Mujeres y los Niños”. La comisión está presidida por Cochav Elkayam-Levy, ex abogado del gobierno israelí, ex miembro de la unidad del portavoz militar y estrecho colaborador del primer ministro Netanyahu. A menos de un mes de los hechos, esta comisión de “expertos” israelíes en derechos de las mujeres se reunieron con la misión de las Naciones Unidas para presionar por el reconocimiento oficial de la ONU de “los crímenes de Hamás contra las mujeres y los niños del 7 de octubre”. Un informe israelí de febrero de 2024 aseguró que la Asociación de Centros de Crisis por Violación en Israel dice que ha reunido evidencia de que hombres armados de Hamas cometieron crímenes sexuales "sistemática e intencionalmente" durante los ataques del 7 de octubre, que evidencian "patrones idénticos" de violencia sexual en múltiples lugares, que incluyen violaciones violentas de mujeres llevadas a cabo "colectivamente" o “frente a un público, como parejas, familiares o amigos, para aumentar el dolor y la humillación de todos los presentes". Agregaban que “algunos miembros de Hamás persiguieron a las víctimas que escaparon de la masacre, arrastrándolas por el cabello mientras gritaban. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas posteriormente durante o después de la agresión sexual”. También citaba diversas fuentes que indicaban que los cuerpos de muchas víctimas fueron "encontrados mutilados y atados, con los órganos sexuales brutalmente atacados y, en algunos casos, con armas insertadas en ellos". Un mes antes, un alto oficial de la policía israelí dijo a los parlamentarios británicos que “había 'evidencia clara' -recopilada de investigaciones forenses, así como de cientos de declaraciones de testigos y personal de primera respuesta- de que se habían cometido crímenes sexuales en una escala lo suficientemente grande como para definirlos como un crimen contra la humanidad” (BBC). Halperin-Kaddari, jurista israelí que se incorporó a la comisión de Elkayam-Levy, “se sintió cada vez más preocupada por la conducta y los motivos de su colega, asegurando que "me di cuenta de que no puedo aceptar la forma en que está manejando las cosas: hablando en algunos puntos de forma irresponsable sin verificar la credibilidad de la información, repitiendo relatos cuestionables". Elkayam-Levy también “distribuyó fotografías de mujeres soldado asesinadas que resultaron ser imágenes de combatientes kurdos en Siria. Halperin-Kaddari y su equipo legal renunciaron a la comisión y recurrieron a la ONU en busca de ayuda. No obstante, Elkayam-Levy sigue siendo la voz pública más destacada sobre la violencia sexual del 7 de octubre y ganó el mayor honor civil del país, el Premio Israel, en abril” (The Times, 7/6/24). El 7 de octubre, Chaim Otmazgin, comandante voluntario de ZAKA (una fuerza de voluntarios ultraortodoxos que no tienen formación forense, ni se les ordenó hacer nada más que recuperar restos de lo que aún era una zona de batalla activa), vio el cuerpo de una adolescente asesinada a tiros y separada de su familia en otra habitación. Le habían bajado los pantalones por debajo de la cintura. Pensó que era evidencia de violencia sexual y alertó a los periodistas sobre el hecho. Luego, con lágrimas en los ojos, relató lo mismo en una comparecencia televisada a nivel nacional en el Parlamento israelí que tuvo repercusión mundial. “Pero resulta que lo que Otmazgin pensó que había ocurrido en la casa del kibutz no había sucedido” (APNews, 22/5/24). Meses después se reveló que “un grupo de soldados había arrastrado el cuerpo de la niña por la habitación para asegurarse de que no tuviera una trampa explosiva. Durante el procedimiento, se le habían bajado los pantalones”. "No es que haya inventado una historia", dijo Otmazgin a The Associated Press en una entrevista, sino que "no se me ocurría otra opción" que la de que la adolescente hubiera sido agredida sexualmente, dijo. "Al final, resultó ser diferente, así que me corregí". El medio afirma que, al momento de corregirse, “ya era demasiado tarde”. Otro testimonio, el de Yossi Landau, voluntario veterano de ZAKA, “relató a los medios internacionales lo que creyó ver: una mujer embarazada tendida en el suelo, con el feto aún unido al cordón umbilical arrancado de su cuerpo”. Landau contó la historia a los periodistas y fue citado en medios de comunicación de todo el mundo, donde también declaró que había visto niños y bebés decapitados. Otros testigos del mismo hecho, también del grupo ZAKA, desmintieron a Landau y lo llamaron repetidamente a rectificarse. Finalmente Naciones Unidas declaró que la afirmación de Landau era infundada. Orit Sulitzeanu, directora ejecutiva de ARCCI, señala “la falta de familiaridad de los voluntarios con los cuerpos de las mujeres que estaban encontrando y su tendencia a centrarse en las lesiones que creían que apuntaban a violencia sexual, como pelvis destrozadas y heridas de bala en los órganos sexuales, ignorando otras lesiones que enturbiaban el panorama” (The Times, 7/6/24). Este mismo medio explica en detalle que “el 14 de noviembre, la policía ofreció su primera conferencia de prensa para los medios internacionales sobre sus investigaciones sobre agresión sexual. A pesar de las prometedoras nuevas pruebas sobre su naturaleza sistemática, no se proporcionó ninguna. Se emitió un breve video con el testimonio del "Testigo S", quien describió con horribles detalles cómo presenció una violación en grupo y un asesinato mientras se escondía en el festival. Hasta la fecha, la policía no ha entrevistado a ninguna sobreviviente. El 24 de diciembre, la policía emitió un decreto a los hospitales ordenándoles que entregaran los testimonios de cualquier sobreviviente de violación que hubiera buscado tratamiento. El 4 de enero, la policía hizo un nuevo llamado a testigos, afirmando que solo habían logrado entrevistar a tres y que no habían podido cotejar sus testimonios con los cuerpos recogidos en el lugar de la masacre”. Hamás ha negado sistemáticamente que sus hombres armados hayan agredido sexualmente a mujeres durante los ataques, que además están en contra de su religión islámica. Moran Gaz, una funcionaria encargada de las cuestiones de seguridad en la Oficina Fiscal del Distrito Sur de Israel y palestinófoba declarada, declaró al sitio israelí Ynet que “a pesar de haber investigado durante catorce meses la acusación del gobierno israelí de 'violaciones masivas y sistemáticas' el 7 de octubre, su Departamento no ha encontrado evidencias de ninguna clase de violaciones ni violencias, por lo que no ha abierto ningún caso de procesamiento”. Textualmente dijo que: “Al final, no tenemos ningún reclamo. Lo que fue presentado en los medios comparado con lo que eventualmente recojamos será completamente diferente… Nos hemos dirigido a las organizaciones de derechos de la mujer para pedir cooperación. Nos contestaron que ninguna mujer se acercó a ellas con reclamos” (Skawawkbox, 5/1). Al igual que sucedió con la desmentida de los descabezamientos de bebés, la prensa internacional no se hizo eco de estas declaraciones. Yossi, voluntario de otro grupo religioso llamado United Hatzalah, declaró a los periodistas haber visto una "pirámide de cuerpos", aunque “no se encontró nada parecido” (The Times). Hasta ahora, el único informe considerado fiable a nivel internacional sobre las agresiones sexuales el 7 de octubre afirmaba que, sin bien existen indicios de hechos de violencia sexual, “no indicó si la violencia sexual formaba parte del plan de batalla. Tampoco mencionó a Hamás, dada la caótica variedad de actores ese día”. La encargada de dicho informe, Pamela Patten, “dejó claro que existían pruebas suficientes de actos de violencia sexual para justificar una investigación exhaustiva y adecuada, y expresó su conmoción por la brutalidad de la violencia. El informe también confirmó que las autoridades israelíes no pudieron proporcionar gran parte de las pruebas que los líderes políticos habían insistido en que existían. En todos los vídeos de Hamás que el equipo de Patten había visto, así como en todas las fotografías que habían visto, no había ninguna representación de violación. Contratamos a un destacado investigador israelí de la web oscura para que buscara pruebas de esas imágenes, incluidas las eliminadas de fuentes públicas. No se encontró ninguna”. Según The Times, “el informe resultaría confuso para la clase política israelí. Por un lado, otorga credibilidad sustancial y fundamentada a las acusaciones de agresión sexual; por otro, no demuestra que sean sistemáticas y afirma específicamente que Israel no ha podido presentar las pruebas que afirma poseer de las órdenes escritas de Hamás para violar. Patten también solicitó a Israel que investigara las "acusaciones creíbles" de violación y violencia sexual contra mujeres y niñas palestinas recopiladas por la misión de mandato legal de la ONU en los territorios palestinos. Israel rechazó rápidamente la solicitud”. Vale recordar que, en julio de 2023, la Knesset (parlamento israelí) aprobó una legislación apodada “ley de terrorismo sexual”, que duplicaba la pena por agresión o acoso sexual cometido con un “motivo nacionalista”, lo cual implica que “los hombres árabes o palestinos acusados de violación podrían ser juzgados con un procedimiento totalmente diferente al de los hombres judíos que violan”. El asalto del 7 de octubre y las fuerzas políticas argentinas Al día siguiente del asalto de Hamás en el sur de Israel, se realizó el debate de candidatos presenciales en Argentina, que obligó a todas las fuerzas a pronunciarse al respecto. La posición abiertamente sionista del entonces candidato Javier Milei, que desde que asumió el Ejecutivo nacional no ha hecho más que alinearse con el genocidio contra el pueblo palestino, sólo fue superado por la del candidato del peronismo, Sergio Massa, quien empezó su intervención diciendo que “quiero dejar sentada mi solidaridad con todas las víctimas de un ataque terrorista brutal, que hoy enluta al mundo”. Milei le dio la derecha a Massa: “valoro su twit respecto a lo que pasó en Israel” (“condenamos enérgicamente los ataques terroristas que está sufriendo el Estado de Israel. Nos solidarizamos con el Gobierno y el pueblo israelí”). Desde entonces hasta ahora no se conoce una sola publicación del ex candidato presidencial del peronismo sobre el medio millón de gazatíes asesinados, ni del infanticidio y de la hambruma masiva sufrida por palestinos a manos de Israel. Incluso cuando Milei le cuestionó “¿cómo va usted a avanzar en su política internacional si, adentro de su espacio, tiene gente que apoya a los terroristas y es amigo de los países delincuentes?”, Massa respondió que “lo primero que quiero contarte es que no solamente condené hoy, sino que además, desde el año 2014, por ahí, en ese momento no mirabas con atención lo que pasaba en la política, vengo planteando la ley de juzgamiento en ausencia, para que los terroristas que hicieron atentados en la Argentina, puedan ser juzgados y condenados en la Argentina. Desgraciadamente vengo siendo bloqueado, sistemáticamente, por el partido de la señora Bullrich. Pero, quiero ser muy claro, no solamente condeno el ataque terrorista, el 10 diciembre voy a ser Presidente y voy a incluir a Hamás en la lista de organizaciones terroristas de Argentina”. Massa no llegó a ser presidente, pero Milei se encargó de llevar adelante su política de poner a Hamás en la lista de organizaciones terroristas. Unos pocos días después del debate, en la celebración de un aniversario de la DAIA, Massa aprovechó la ocasión para apoyar la masacre del Estado sionista en Gaza. En esa oportunidad, el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz aseguró que “Israel tiene la obligación de defenderse”, en referencia a la perpetración de una limpieza étnica en la Franja de Gaza. Ninguna voz se escuchó en contra de estas declaraciones ni se reclamó su expulsión de la Corte por reivindicar el genocidio. En ese acto, Massa se abrazó con el embajador norteamericano y repitió aquello de colocar a Hamas como “organización terrorista internacional”, a modo de compromiso hacia el futuro de alinear a la Argentina con el genocidio y la guerra internacional, tal como hizo Milei. Al año siguiente, ya con el genocidio del pueblo palestino en pleno apogeo, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dio sanción a la aceptación de la donación de un monumento denominado “Tráiganlos a casa ya”, efectuada por la DAIA y el Club Náutico Hacoaj, para emplazarlo en una plazoleta en el centro de la Ciudad con motivo de conmemorar a los secuestrados en Israel el 7 de octubre de 2023 por Hamás, como parte de “un acto de memoria, solidaridad y reclamo de justicia en respuesta al ataque terrorista perpetrado por Hamas”. Un proyecto de la fuerza de Milei, como parte de una maniobra de ocultamiento del genocidio llevado adelante en Gaza por Israel, al cual votaron a favor 53 legisladores sobre los 60 que hay en total, es decir, con el voto de la mayor parte de los kirchneristas de la Ciudad. Como taparrabos de esta política, La Cámpora y otros sindicatos K como la CTA de Yasky se pronunciaban a favor del pueblo palestino en declaraciones inocuas. La campaña del imperialismo sobre las “masacres” y el “terrorismo” de Hamás ejercieron su influencia incluso en las posiciones de la izquierda. Un comunicado del PTS días después del debate presidencial “exigió a la Cámara Electoral que aclare la ‘fake news’ sobre el minuto de silencio en el debate”, donde solicitaban, mediante un escrito, “que la justicia electoral emita 'en forma inmediata una aclaración pública para dejar claro que, en el marco de la organización del Debate Presidencial, nunca se le propuso a la candidata Myriam Bregman ni a alguien de su equipo un minuto de silencio en homenaje a las víctimas civiles de Israel', como afirmó en forma falaz y calumniosa Patricia Bullrich, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio”. En aquel debate presidencial del 8 de octubre, Myriam Bregman esquivó el bulto de la furiosa campaña sionista de todos los candidatos presentes que le hablaban a todo el país. Para salir del paso, se limitó a decir que “nos duelen las víctimas civiles (sic), que ocurren en un conflicto que tiene como base la política del Estado de Israel de ocupación y de apartheid contra el pueblo palestino”. Esa posición fue desarrollada por el PTS en una declaración internacional: “la acción militar de las milicias de Hamas, atacando por igual (sic) puestos militares y a la población civil, fue fácilmente instrumentalizada por Netanyahu y los Estados imperialistas para intentar (sic) legitimar su declaración de guerra. También le ha permitido al gobierno israelí aglutinar a toda la oposición y sectores críticos detrás del apoyo a una ofensiva militar contra la Franja de Gaza. Rechazamos los ataques a la población civil. No compartimos los métodos de Hamas” (La Izquierda Diario, 10/10/23). Según esta afirmación, el genocidio sobre Gaza sería culpa del accionar de Hamas, instrumentado por Netanyahu. El PTS le permitía al pueblo palestino su “derecho a defenderse”; pero siempre y cuando los métodos se encuadran en los cánones del PTS. El PTS se desmarcó de Hamas alegando la defensa de los derechos humanos. El presente artículo refuta la patraña de esa violación, en tanto campaña u objetivo, y muestra la responsabilidad del Estado sionista en esa violación de derechos contra su propia población (doctrina Hannibal). El derecho del pueblo oprimido a rebelarse, debe condicionarse, para el PTS, al cumplimiento de ciertas reglas de combate. El lamentable texto del PTS recogía todas las fake news que emitía el Estado sionista y que replicaban todos los medios del imperialismo. En su texto señalaban que fueron asesinados “cientos de jóvenes que estaban en una fiesta, familias que vivían en kibutz y otras tantas que no tenían ninguna función militar”, es decir que se habría perpetrado una acción terrorista sobre la población y no una operación de secuestros para liberar a sus presos de las mazamorras del sionismo. “El odio inmenso de los oprimidos por las exacciones de los opresores puede dar lugar a actos, repetimos, atroces, pero la responsabilidad por ellos siempre será de los opresores, no de los oprimidos. Fue lo que ocurrió sistemáticamente en las guerras de liberación en África, en especial en Kenya, Zimbawe y Sudáfrica, o en el Maghreb (Túnez, Marruecos, Argelia). Con excepción del Partido Obrero de la época, todas las formaciones morenistas -PTS, MST, IS- apoyaron la ocupación de Malvinas por parte de una dictadura genocida, sin mosquearse por los treinta mil desaparecidos. Nuestro partido actuó diferentemente: sólo apoyó la guerra de defensa (nacional) cuando se alistó la flota británica” contra Argentina . La insistencia del PTS en las supuestas atrocidades de Hamás apuntaba a ocultar el alcance histórico de una acción que no tenía precedentes, para doblegar al Estado opresor y genocida más armado y tecnológicamente más sofisticado del mundo. La incursión de Hamás también puso en evidencia el cuestionamiento objetivo del Estado de Israel, que sólo puede subsistir por medio de la guerra permanente de opresión. “Esta caracterización, sostuvimos entonces, no ve se alterada por ninguna atrocidad”. A contramano de la posición de Política Obrera, acerca del alcance objetivamente revolucionario a la acción de Hamás, independientemente de la ideología y la estrategia de esta organización, para el PTS la acción de Hamas es tipificada como contrarrevolucionaria. Esta orientación política también se llevó puesto al aparato del PO. En noviembre de 2023 decidió sacar de circulación un volante que señalaba: “reivindicamos el accionar de Hamás y de la totalidad de las organizaciones de la resistencia palestina de derribar las murallas levantadas por Israel para cercar Gaza”. El aparato del PO lo sustituyó por otro con el propósito de “repudiar lo que antes reivindicaba, porque considera, ahora, que no tiene en cuenta que el accionar de Hamas se hace como parte de una ´estrategia teocrática´ y con métodos que, para este aparato, al día de hoy no han sido ´clarificados´”. Presentó como un conflicto de creencias o de religión a una guerra nacional contra una opresión de despojos colonial. El aparato del PO se sumaba así a la condena de “los métodos de Hamás”, nunca clarificados, en alineación con la política del imperialismo y su propagación de fake news.

Desde el comienzo de la invasión de la Franja de Gaza en Europa brotan la indignación y resentimiento por los crímenes de Israel, sobre todo en la juventud universitaria y en los jóvenes de la “segunda generación” árabe. Cualquier militante que frecuentaba las clases de una facultad europea, por ejemplo quien escribe, percibía tal estado de ánimo de la juventud. Más allá de los jóvenes, en las familias trabajadoras se palpaba la hostilidad hacia el genocidio, como es lógico además esperarse cuando se miran las imágenes de niños descuartizados por las bombas: “homo sum, humani nihil a me alienum puto”, recitaba un comediógrafo latino, y aunque ningún obrero europeo conozca el latín, el principio “soy hombre, nada de lo humano me resulta ajeno” alberga espontáneamente en la cabeza de la mayoría de la población proletaria. Hasta los últimos días la bronca por el genocidio de los palestinos todavía no se había expresado en forma plena y manifiesta, dado que no había encontrado un canal de desarrollo; de un lado por el apoyo sistemático de las burocracias sindicales a los partidos de centroizquierda, que apoyan Israel, limitando hipócritamente su critica a los “excesos de Netanyahu”, del otro, por la debilidad de la izquierda combativa que no le permitía canalizar la bronca popular promoviendo acciones de luchas efectivas. Las marchas de masas en las capitales de Europa por Palestina (Berlín, Madrid y Roma) y los cortes de ruta y el paro general en Italia representan un posible punto de inflexión en la lucha de clases de Europa, y por la importancia histórica y política del continente a nivel internacional. Además el movimiento masivo de la juventud europea en Francia se enlaza a la lucha y a los paros contra la austeridad que ya generó dos crisis de gobierno y una crisis política que sigue en pleno desarrollo, así que una derrota de los planes de rearme de Macron por mano de la clase trabajadora podría representar un ulterior estímulo a la lucha de clase continental. El comienzo El topo que cavaba bajo tierra ha aparecido repentinamente por episodios que a primera vista podían parecer menores, o de todos modos carentes de un vínculo manifiesto con las masas: la acción de la Flotilla y la decisión de los portuarios de Génova de bloquear el puerto, en el caso de que Israel interceptara los barcos que llevaban la ayuda humanitaria. La gota que ha desbordado el vaso. Los trabajadores de Génova lograron fungir como ariete frente una burocracia sindical que pensaba conservar el control de su base: en los trabajadores de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) la determinación a la lucha de los portuarios de Génova ha parecido una perspectiva sacrosanta y que no había que mantener aislada. El 30 de agosto, cuando parte la Flotilla desde Génova frente a una movilización masiva de trabajadores y estudiantes, el comité de los portuarios anuncia la decisión de ir a la huelga y al piquete del puerto en el caso de que Israel hubiera bloqueado los barcos. El 22 de septiembre el sindicalismo combativo convoca a un paro nacional en apoyo a la Flotilla, en línea con los portuarios que adhieren al mismo sindicalismo de base. Leyendo la prensa de las organizaciones de izquierda y del sindicalismo combativo, se nota cómo en los lugares de trabajo, sobre todo en las escuelas y entre los empleados públicos, donde el sindicalismo de base es más presente, los trabajadores de la CGIL reclamaban a los delegados de la burocracia “¿por qué nosotros no paramos?” y manifestaban la voluntad de adherir igualmente al paro; ese clima ha determinado la burocracia en la decisión de precipitarse a un paro nacional de dos horas el 19 de septiembre. El intento manifiesto consistía en boicotear la participación al paro del sindicalismo de base del 22 y retomar el control de su base con un paro sin perspectiva, solamente para salvar la cara y ofrecerle a la base un desahogo de su bronca política. La maniobra ha fracasado. Incluso en los sectores del privado y sobre todo en la clase obrera industrial, donde la perspectiva de una huelga para Gaza no había hecho brecha, el paro del 19 alimentó las presiones desde abajo para una huelga general. La astucia de la razón diría un viejo filósofo alemán: el paro que servía para controlar la base ha fracturado el dique de contención de la burocracia y ha liberado una corriente de agua, con sus energías y su movimiento impetuoso, que ha alimentado una huelga nacional aborrecida por la CGIL. Un paro nacido abortado ha promovido involuntariamente la idea que “se puede parar para Gaza”. Al mismo tiempo la juventud ha visto en la llamada “a bloccare tutto” de los portuarios y de los sindicatos de base, en concomitancia con el paro nacional de la izquierda sindical, una posibilidad de expresar su solidaridad con el pueblo palestino en forma concreta sin marchas inconcluyentes y rutinarias. Y medio millón de jóvenes ha irrumpido a la calle en ochenta plazas, con cortes de rutas y de trenes apoyados por pobladores que saludaba las acciones de lucha de la juventud. Esa irrupción de la juventud ha alimentado aún más la predisposición a la lucha de los trabajadores. En la semana sucesiva hubo asambleas de delegados para apoyar la huelga a favor de Gaza, con un espíritu combativo que escapaba a la “jaula de hierro” de la CGIL, por ejemplo con una asamblea de 500 delegados autoconvocados en Roma. Cuando el uno de octubre Israel bloquea los barcos, a la CGIL no le queda que convocar una huelga nacional donde confluye todo el sindicalismo combativo. La adhesión al paro fue del 60% en el sector público y del 80% en el sector de la metalurgia y de la siderurgia, el corazón de la clase obrera italiana, dato más que llamativo si se considera que las otras dos confederaciones sindicales que reúnen un 50% de los trabajadores sindicalizados boicotearon el paro; evidentemente un sector de ellas ha roto con sus burocracias y ha apoyado la lucha contra el genocidio. Las marchas concomitantes con la huelga nacional vieron 2 millones de trabajadores en las calles de todas las principales ciudades italianas el 3 de octubre y un millón de trabajadores y jóvenes el 4 en la marcha nacional en Roma. En fin, este desarrollo de la lucha de clase en Italia ha sido acompañado por movilizaciones masivas de los trabajadores y de los jóvenes en España, Francia, Grecia y Alemania: conmovidos por el genocidio y inspirados por la irrupción de clase obrera y de la juventud italiana. Perspectivas futuras La crisis en acto es potencialmente un punto de inflexión en la lucha de clases en Europa, tanto como cada potencia necesita un sujeto activo que la realice. Esta ola en favor de Palestina puede refluir rápidamente y volver a una situación de indignación pasiva de las masas o puede desencadenar una crisis prerrevolucionaria en los países más importantes de Europa. El fantasma que recorre toda Europa en este periodo histórico es el fantasma de un nuevo ’68 europeo. Ya con la crisis de la Lehman Brothers y de la Unión Europea, se había generado esta potencialidad, esta posibilidad política. Entre 2008 y 2012, la austeridad necesaria para rescatar al capital privado -con los Estados que se habían endeudado por el salvataje de los bancos en quiebra, para luego recortar sanidad, educación y jubilaciones- había generado una reacción masiva de la juventud y de los trabajadores en Grecia, España y Portugal (y en menor medida en Italia). Treinta paros generales en Grecia, ocupaciones de facultades y hospitales, asaltos al parlamento griego, un polvorín de luchas y combates callejeros. La derrota política de la lucha contra la austeridad, producto de las ilusiones frustradas hacia SYRIZA y Podemos, determinó un reflujo de la clase obrera europea y el ascenso de la derecha con su demagogia “soberanista” (Salvini, Le Pen, Farage y compañía). Estamos viviendo bajo nuestros ojos un segundo round de esta lucha entre el capital y el trabajo en la Unión Europea, más puntualmente entre una burguesía europea que necesita destruir cualquier tipo de gasto social para rearmar la UE y el proletariado europeo que combate el genocidio en Palestina y se opone a las consecuencias sociales de la guerra imperialista. Este potencial, sin embargo, requiere de un partido capaz de organizar a la juventud y transformarla en una fuerza revolucionaria, impidiendo que sus energías sean dispersadas o enjauladas por fuerzas políticas subordinadas al capital (movimentismo, izquierda estudiantil vinculada a las burocracias sindicales). La continuidad del movimiento de lucha requiere la promoción de asambleas estudiantiles y las ocupaciones de las facultades contra el genocidio. Un partido revolucionario tendría que volcar la juventud y sus energías en una agitación política revolucionaria en los lugares de trabajo, apoyando las luchas obreras y promoviendo la acción independiente de los trabajadores. Al mismo tiempo es necesario organizar a los trabajadores que se están rebelando a la burocracia y a los viejos delegados conformes a su inmovilismo frente al plan de guerra del capital hacia el trabajo. Este vinculo entre una nueva generación de delegados obreros y los jóvenes revolucionarios y los partidos de izquierda se encuentra en pleno desarrollo en Francia, como producto de los paros y el movimiento de lucha contra la austeridad de Macron hodiernos y como ya se estaba produciendo en los movimientos de lucha franceses en los años pasados. Demostración que la perspectiva planteada no es un sueño de revolucionarios románticos, sino una posibilidad política concreta. El fantasma que recorre toda Europa cobra cada día más corporeidad.

Celeste Fierro (MST), Carlos Bertola (Nuestra Patria) y Ezequiel Peressini (IS), los tres militantes que fueron detenidos ilegalmente por las fuerzas israelíes cuando navegaban aguas internacionales con rumbo a Gaza fueron liberados. Los tres serán embarcados en un vuelo que tiene previsto llegar a Buenos Aires mañana. Un cuarto argentino, residente en Brasil, ya se encuentra en San Pablo. Fueron secuestrados junto a 130 activistas de 20 países cuando intentaban alcanzar la costa gazatí transportando ayuda humanitaria. Las más de 40 embarcaciones que formaron parte de la flotilla Global Sumud fueron interceptadas por la armada israelí en aguas internacionales el pasado 1 de octubre y trasladados a una prisión de máxima seguridad en Jordania. Los compañeros denunciaron maltratos y amenazas constantes de las fuerzas y autoridades sionistas, quienes tampoco les permitieron recibir asistencia legal. La detención de la flotilla Global Sumud motivó protestas y movilizaciones en todo el mundo. En Argentina, nuestra organización Política Obrera, participó de una marcha a Plaza de Mayo para reclamar la liberación de todos los compañeros.

Hemos presentado listas para las elecciones que se desarrollarán los próximos 15, 16, y 17 de Octubre en el Instituto de Formación Docente “Joaquin V. González” de CABA. En esta ocasión, también presentamos listas al Consejo Directivo, donde están representados el claustro estudiantil, docentes, no docentes y graduados. En las últimas elecciones en Centro de Estudiantes, nuestra lista conquistó, en su debut, un 5,6% de los votos. En este caso, también disputaremos el ingreso al Consejo Directivo, que tiene siete integrantes del claustro estudiantil, y se reparten por sistema D’hondt. En el padrón oficializado figuran más de 2.500 estudiantes para votar. Nuestras listas están compuestas por estudiantes, ingresantes y avanzados, de Historia, Geografía, Lengua y Literatura, Ciencias Jurídicas, y Ciencia Política, con una amplia mayoría de estudiantes independientes. El principal objetivo de nuestra campaña es transformar estas listas en una sólida agrupación militante de luchadores, que sea capaz de llegar a los compañeros y compañeras de las 18 carreras que se cursan en el JVG. Las elecciones se desarrollarán en el marco del derrumbe del Gobierno de Milei, que pretende ser rescatado por Mauricio Macri. El acuerdo político entre LLA-PRO, ha colocado abiertamente al gobierno de Jorge Macri en el campo del liberticidio. El propósito de este, es avanzar con la aplicación de la reforma “BA Aprende” en las escuelas secundarias, y en consecuencia, avanzar con la reforma y degradación de los planes de estudio en los institutos de formación docente (virtualización incluida). Este ataque, que tiene un propósito privatista, va en contra de todos los niveles educativos, con el objetivo de crear nuevos negocios capitalistas. En este contexto, el papel del nuevo Rectorado del JVG ha sido negativo, de derrotismo y de adaptación a la política del macrismo. Es en esta línea que han propuesto, a principios de año, una virtualización improvisada para adaptarse a la resolución 476/24 del Consejo Federal de Educación, que plantea el achicamiento de los planes de estudio a cuatro años, y la implementación de hasta el 50 % de virtualidad. El mismo Rector ha convalidado la intervención del Ministerio de Educación de la CABA en el concurso del cargo de Coordinación de la carrera de Historia. Asimismo ha encabezado negociaciones junto a las autoridades de los 29 institutos de formación docente, con el gobierno de Macri en torno al nuevo ROM (Reglamento Orgánico Marco), el cual extiende el mandato del rectorado y disuelve el Consejo Directo y las Juntas Departamentales a meros organismos de consulta. Todo esto, que fue rechazado por mayoría en el Consejo Directivo, se ha tratado de ocultar a la masa de estudiantes y docentes por parte de las autoridades. La caída de la matrícula, la deserción estudiantil y la carestía creciente, son los principales argumentos del Rectorado, no para convocar a docentes y a estudiantes a la lucha, sino para dejar pasar la política liberticida. Las agrupaciones afines a las autoridades, La Caravana y Arquimedeanos, reproducen estas ideas al interior del movimiento estudiantil. Por otro lado, la conducción del centro de estudiantes, que incluye al FITU, la 29 de Mayo y el Nuevo MAS, no han podido sacar al CEJVG del seguidismo a UTE, de la parálisis y del autobombo. La mayoría de las asambleas que se convocaron fueron raquíticas y de aparato, en donde las agrupaciones monopolizan la palabra y se aplauden a sí mismas, lo que atenta contra la participación estudiantil. Nuestra agrupación colocará un pliego de reclamos para elevarlos al Consejo Directivo, al Rectorado y al Gobierno de la Ciudad, y la lucha para conquistarlos, a través de la movilización. Necesitamos becas integrales para poder estudiar y no abandonar las carreras; que se aplique el boleto educativo votado en la Legislatura; viandas de alimentos que garanticen los nutrientes necesarios, como ya ocurre en otros profesorados; una guardería con las condiciones de higiene y seguridad pertinentes; mayor presupuesto para el área de salud mental; computadoras, microscopios y los elementos para el estudio en cada disciplina de la institución. Rechacemos el nuevo ROM, las reformas antieducativas, y abramos curso a la lucha con un programa independiente.

Por varios motivos, el debate de candidatos a senadores por Salta fue una radiografía de los choques de clase que sacuden a la provincia, y del lugar de cada fuerza política en esa confrontación. La pulseada fue televisada por canal 10. Por lo pronto, hubo dos ausencias significativas: en primer lugar, la de la candidata de Milei, Emilia Orozco, cuya campaña se encuentra virtualmente clausurada; en las elecciones provinciales, LLA había ganado la Capital. Debió retirarse, además, de varios actos en el interior salteño, como resultado de los abucheos y escraches. La otra silla vacía fue la del senador kirchnerista Sergio Leavy, que se presenta por fuera de Fuerza Patria. La pretensión de Leavy de liderar un kirchnerismo “auténtico”, en oposición a Urtubey, quedó desairada por el apoyo férreo de Cristina Kirchner al exgobernador. CFK necesita ganar senadores, para alcanzar una mayoría en las dos Cámaras que vote su salida de la prisión domiciliaria. Leavy, antiguo intendente de Tartagal y actualmente senador, navega sin destino. Los que sí asistieron fueron Flavia Royón, candidata del gobernador Sáenz; el mencionado Urtubey, un representante de la UCR; otro de un lobby derechista-policial -“Renacer”-; Claudio del Pla por el FITU, el candidato del Nuevo MAS y nuestra compañera Violeta Gil, candidata a senadora por Política Obrera. El debate se desarrolló en tres bloques: Estado, Federalismo y Derechos Humanos, junto a dos preguntas del público relacionadas con la educación y las condiciones laborales en la minería. En la cuestión del Estado, Royón y Urtubey reiteraron los remanidos lugares comunes acerca del “Estado presente”, lo cual, aunque rutinario, no deja de ser curioso. Royón se encargó de Minería bajo Gustavo Sáenz, luego bajo Massa, a renglón seguido bajo Milei y luego volvió al terruño, con caracterizaciones distintas del Estado, aunque siempre fidelísimas a los pulpos mineros. Todos ocultaron celosamente la bancarrota financiera del Estado cuya ‘presencia’ reclamaban, casi un bochorno intelectual. La bancarrota del Estado fue desarrollada por Violeta. Así lo publicó el diario El Tribuno, decano de la provincia: “el Estado Nacional está siendo quebrado por los agentes patronales y sus gobiernos, porque todos han asumido una deuda pública usuraria e imposible de pagar. En 50 años todos los gobiernos la han pagado serialmente, a costa de la destrucción de las condiciones dignas de los trabajadores en Argentina. Es la consecuencia de los gobiernos capitalistas. Si no hay que preguntarle a Urtubey, que dejó una deuda que hoy Sáenz está pagando con la confiscación de los salarios para los salteños” (El Tribuno, 7/10). En la cuestión del federalismo, Urtubey aburrió con una perorata sobre derecho constitucional. Pero Violeta Gil denunció a Sáenz y al anterior gobernador como “enemigos jurados del federalismo”, destacando en el caso de Sáenz su colaboración con la motosierra de Milei que “arrasó con los recursos de las provincias”. “Para los gobiernos capitalistas -señaló Violeta- el federalismo es la autonomía para privatizar los recursos del suelo”. Con ello, dejó planteada la cuestión crucial que se debatiría a renglón siguiente. Minería El punto de la minería ingresó en el debate tangencialmente, a través de la pregunta de un alumno sobre las condiciones laborales en la actividad. Las respuestas revelaron a Flavia Royón como vocera inconmovible del capital minero, con toda su impronta extractivista y antiobrera. Después de que Violeta y Del Pla (FITU) denunciaran las condiciones de trabajo en el litio, Royón dijo desconocerlas y señaló que “quienes deben hacerlo son los sindicatos”. Es una respuesta digna de Espert o Milei. Fingió ignorar que cualquier trabajador que haga un reclamo es despedido,y que la burocracia sindical actúa como agente de la patronal minera. Flavia Royón es una vocera del capital minero: privatizar los yacimientos y estatizar las obras de infraestructura para ellas, que también harán privados, a costa del presupuesto del Estado. Urtubey “alertó” sobre el “cumplimiento de las normas laborales” en la minería, sin decirle a la audiencia que propugna una contrarreforma laboral que abole el derecho al trabajo. Es también el planteo de la burocracia sindical, pilar de la Fuerza Patria. En Salta, la burocracia de la CGT local se ha anotado con varios candidatos a diputado. Violeta Gil fue la única que planteó la nacionalización de la minería, defendiendo los derechos laborales, la defensa del agua dulce y de riego, y denunciando el vaciamiento de un recurso no renovable, a fuerza de una renta fiscal e impuestos ridículamente bajos. La explotación racional de la minería, por parte del Estado, concluyó, es la tarea de un gobierno de trabajadores. Perspectivas El cierre del debate puso de manifiesto la ubicación de los diferentes bloques en la crisis política. Royón defendió que las provincias debían “refundar el país” contra el modelo “concentrado y centralista” dictado desde Buenos Aires. O sea que el Estado nacional debería financiar las privatizaciones, por parte de las provincias. El planteo concilia la autonomía de las provincias con la entrega de los recursos naturales de las provincias, en una suerte de federalismo oligárquico. El cierre fue también un contrapunto de perspectivas entre el FITU, de un lado, y Política Obrera, del otro. Claudio del Pla caracterizó que el gobierno de Milei se encuentra a la ofensiva, dispuesto a servirse de las elecciones para luego “encarar una reforma laboral y jubilatoria”. El planteo oculta a los trabajadores la oportunidad que la desintegración del gobierno les ofrece para impulsar su derrota por medio de la acción directa. La percepción, sin embargo, de que los gobiernos capitalistas enfrentan obstáculos para gobernar como consecuencia de las contradicciones insalvables de la dominación capitalista, ha sido siempre un estímulo para una acción obrera independiente. Es lo que ha ocurrido en la historia de todas las revoluciones. Es un caso de estudio que Del Pla no advierta el viraje que se ha producido desde el Protocolo de Bullrich a los actuales escraches a los actos de Milei, o de la arrogancia de este sujeto en Davos al pedido de la escupidera a Trump, en Washington, como ocurre a ojos vista. Violeta Gil, en efecto, expuso la crisis terminal del gobierno liberticida y denunció el intento de rescate -o salvavidas político- que el gran capital y el imperialismo se encuentran urdiendo para después de las elecciones: una megadevaluación poselectoral. Cuando Milei había sido plebiscitado en el segundo turno, en 2023, ahora no será la misma devaluación de un gobierno corrido por las urnas y las movilizaciones en crecimiento. Para que la crisis tenga una salida favorable a los trabajadores, concluyó Violeta, es necesario impulsar un programa socialista y una lucha de conjunto. El debate mostró el círculo parlamentarista que ata al FITU. Violeta también desarrolló una cuestión estratégica en el bloque asignado a los “derechos humanos”. Allí colocó en el centro de la cuestión al genocidio perpetrado en Gaza, denunciando el compromiso activo de Milei con el régimen criminal de Netanyahu y el silencio cómplice de la oposición “nac & pop” de los Urtubey. Violeta asoció la masacre del pueblo palestino al escenario de guerra internacional. Otra vez, El Tribuno recogió su intervención: “Es imposible defender los derechos humanos, si no enfrentamos las guerras imperialistas que tienen como único propósito arrastrarnos a la barbarie. Esto es lo que representan los gobiernos capitalistas. Convocamos a los trabajadores a enfrentar la guerra imperialista y apoyar las guerras nacionales contra los imperialistas para abrir un curso, el único emancipador, capaz de acabar con la barbarie del capitalismo" (El Tribuno, 7/10). Aunque el reglamento del evento obstaculizó el “debate”, la ronda de exposiciones dejó en claro las posiciones de clase de unos y otros. Violeta Gil desarrolló el contenido del slogan: “Votá un programa y candidatos socialistas”.

El gobierno liberticida, como la moda fuera de temporada, se encuentra en estado de liquidación. Su última carta, un rescate de último momento, diseñado por Donald Trump, podría salir rápidamente del radar, si los resultados electorales del oficialismo resultan catastróficamente adversos. Si sobrevive, será en terapia intensiva: otra megadevaluación, la liberación del mercado de cambios o la dolarización monetaria, dispararán la crisis a un plano superior. Trump pondrá en stand by los planes de rescate, a la espera de que las patronales y los partidos de Argentina armen una salida política. Que el desenlace de la crisis, que será por el momento parcial, no se descargue sobre las espaldas de las masas (como ha ocurrido hasta ahora) depende de una intervención histórica independiente de la clase obrera. La gran patronal de Argentina, como los Paolo Rocca (Tenaris – Tecpetrol- Vaca Muerta) o Madanes Quintanilla (Fate, Aluar) le están dando letra a Fuerza Patria (el décimo nombre de fantasía del peronismo para disimularse a sí mismo) para operar un recambio. Victoria Villarruel sueña con que las aguas revueltas la catapulten a la presidencia. Para eso se junta con el veterano Gildo Insfrán y coincide con el sello Provincias Unidas en visitar a la patronales mencionadas. Invocarán la defensa de la industria nacional con un adicional: legalizar una contrarreforma laboral, una contrarreforma jubilatoria y un jubileo impositivo para las patronales. En todas las provincias, los exiliados del peronismo han vuelto al redil, lo mismo aquellos que giraban en su órbita “nacional y popular”. El compromiso es llevar adelante la agenda de la patronal nativa. Ahí están el tucumano Jaldo, el catamarqueño Jalil y el salteño Urtubey, que han saltado del ‘mileísmo’ al ‘populismo’, sin el menor remordimiento. En Santa Fe, la “nacional y popular” Ciudad Futura se ha juntado con el exgobernador Omar Perotti, con Agustín Rossi y con el procesado Armando Traferri: el viejo elenco del peronismo del fracaso. Frente al derrumbe que se avecina, reclaman que la última palabra acerca de un acuerdo con Trump y el FMI la tenga el Congreso, como si no supieran que una corrida cambiaria y bancaria, orquestada por el capital financiero, se lleva puesto al más pintado de los parlamentos. Algunos imaginan que la larga mano de Pekín podría sustituir con ventajas al imperialismo tradicional. La mayoría de los trabajadores votará por los partidos patronales, con variantes en distintas provincias, pero por Fuerza Patria especialmente en la provincia de Buenos Aires. Incluso con desconfianza en esos partidos, la conducta frente a la crisis debería disipar las ilusiones que aún albergan. Frente a una crisis que compromete el futuro del gobierno, afecta al conjunto del régimen político y tiene su raíz en una etapa de fuerte descomposición internacional del capitalismo, la clase obrera debe organizarse como tal y preparar una huelga general, para golpear contra el propósito patronal de descargar esta crisis sobre el pueblo y para imponer las reivindicaciones laborales, salariales, previsionales y sociales de los trabajadores. Es con este planteo estratégico que llamamos a votar a los candidatos de Política Obrera, nuestro partido, en Salta, Tucumán, Catamarca y Santa Fe. Cada voto por nuestra lista será un voto por la organización independiente de la clase obrera y por la huelga general, para convertir la crisis capitalista en un arma para derrotar a quienes nos expropian y saquean. Cada voto por Política Obrera refuerza esa perspectiva estratégica.

El gobierno venezolano denunció en los últimos días la existencia de un plan extremista que tendría como objetivo colocar explosivos en el complejo de la embajada de Estados Unidos en Caracas. El Ejecutivo calificó la acción como una operación de “bandera falsa” organizada por sectores de la oposición para responsabilizar al gobierno de Maduro y generar la excusa para una invasión. La embajada de Estados Unidos, que se encuentra cerrada desde 2019 -cuando se rompieron las relaciones diplomáticas- sigue albergando un equipo de seguridad y mantenimiento. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y encargado del diálogo con Estados Unidos, afirmó que la amenaza fue comunicada a Washington por tres canales distintos. Rodríguez aseguró que grupos de derecha disfrazados de seguidores de Maduro planearían colocar explosivos letales en la embajada. El gobierno venezolano declaró que reforzó las medidas de seguridad alrededor del recinto, e informó a una embajada europea que actuaría como enlace diplomático. Posteriormente, Maduro aseguró que los responsables se encuentran en territorio estadounidense. La semana pasada Trump había afirmado que su Administración estaba evaluando “muy seriamente” un plan para atacar a las redes de narcotráfico en suelo venezolano, blandiendo una amenaza de invasión en el continente que, de concretarse, sería la primera en 35 años. Washington mantiene desplegada una poderosa flota frente a las costas venezolanas: tiene tres buques preparados para invasiones terrestres, con helicópteros de ataque y 4.500 marineros e infantes de marina. A eso se suman tres destructores y el crucero USS Lake Erie, con 300 misiles que pueden acabar con los radares rusos y chinos en Venezuela, y una base flotante, el MV Ocean Trader. Hay un submarino nuclear, que según testigos está probando sus misiles en el mar, y diez F-35B apostados en Puerto Rico. Según el Pentágono, tienen como misión cortar las rutas del narcotráfico marítimo. Sin embargo, los propios informes de la DEA dan cuenta del nulo papel del narcotráfico en Venezuela. Desde que comenzó la operación, Estados Unidos afirma haber destruido al menos cuatro barcazas civiles en el Caribe y asesinado a 17 personas -desarmadas según se puede ver en los videos- parangonado la desproporción de la fuerza que ostenta Netanyahu en Gaza. Sin embargo, todavía no disparó ni una bala contra el ejército venezolano y los vuelos de migrantes deportados siguen llegando de Estados Unidos. Trump está cómodo con la performance del conflicto en el Caribe mientras despliega a su Guardia Nacional, en Estados Unidos, sobre las ciudades gobernadas por los demócratas. En una reunión, que congregó a centenares de oficiales de la cúpula de las Fuerzas Armadas, centró su participación en la represión interna, violando las propias leyes norteamericanas. Una escalada contra Venezuela es lo que aboga la oposición representada por Maria Corina Machado, una amiga de Marcos Rubio, el jefe del Departamento de Estado de Trump. Según el Military Times, funcionarios yanquis declararon que “El Pentágono puede usar este enfoque hiperconcentrado en el hemisferio occidental para contrarrestar mejor la actividad maligna de China en América Latina”. Dentro del gobierno de Trump la orientación no es unívoca. El lobby petrolero apoya una salida negociada que le permita seguir refinando el petróleo de la principal reserva de yacimientos convencionales del mundo. De hecho Trump le permitió hasta ahora a Chevron esquivar las sanciones, de la mano de Richard Grenell, pagándole a Venezuela con crudo. Una agresión militar contra Venezuela enfrentaría una dura oposición de parte de México, Brasil y Colombia. Como otras medidas trumpistas contra China, las sanciones a Venezuela también tienen consecuencias contradictorias. Las exportaciones de petróleo de Venezuela alcanzaron en septiembre su punto más alto desde 2020, con un promedio de 1,09 millones de barriles por día. El repunte confirma la paulatina recuperación de la industria tras años de sanciones. Mientras China concentra el 84% de las compras, consolidando su rol como principal destino del crudo venezolano, Chevron mantiene envíos limitados hacia Estados Unidos con un volumen de 108.000 barriles diarios, menos de la mitad de lo que supo extraer. De acuerdo a entrevistas realizadas por el New York Times, las fuerzas opositoras encabezadas por la política ultraderechista María Corina Machado están coordinando abiertamente con el gobierno de Trump los planes posteriores a un eventual golpe de Estado. El asesor de Machado, Pedro Urruchurtu, se jactó ante el Times de un plan de transición de “100 horas” que involucra a “aliados internacionales, especialmente Estados Unidos”. En una entrevista con Machado, que el hijo de Trump hizo pública hace unos meses, pregonaron la misma perspectiva. Contexto interno El enfrentamiento ocurre en medio de la crisis política y económica crónica que atraviesa Venezuela. La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que Maduro firmó un decreto de “conmoción externa”, previsto en la Constitución, que otorga poderes especiales al Poder Ejecutivo -una redundancia en el caso de Maduro- en caso de agresión extranjera. El instrumento legal, con vigencia inicial de 90 días, permite movilizar a toda la Fuerza Armada, militarizar servicios públicos e industrias estratégicas, tomar control del sector de hidrocarburos y activar a la milicia civil. Maduro cuenta con cierto apoyo de Rusia para su pertrechamiento militar. Sin embargo, la mayoría de los venezolanos tiene dificultades para realizar una acción tan básica frente a un escenario bélico -como acaparar alimentos- debido a la carestía. El costo para el Tesoro es inconmensurable, en un país altamente dolarizado, cuya moneda (el bolívar) se desvaloriza sin pausa Las jornadas de entrenamiento de las milicias civiles han sido televisadas. Se han ejecutado en las zonas de Petare y Coche; o en La Guaira y Guarenas, en las cercanías de Caracas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha recorrido las autopistas de Caracas con su armamento más pesado. Se ha afirmado que los entrenamientos incluirán a todos los Consejos Comunales del país. Se adiestra a civiles en orden cerrado, desmontaje de armas, prácticas de tiro, ejercicios físicos y trabajo teórico (El País, 06/10). El alistamiento de las milicias no pasa, de momento, mucho más allá de los partidos y las organizaciones sociales vinculadas con el oficialismo y el empleo público. La disminución de la capacidad de movilización del Gobierno es muy evidente. Sobre todo cuando la preocupación de la población se centra en la continua devaluación del bolívar. “En Venezuela no se recluta gente. Hemos hecho llamados”, explica, parco, Rubén, activista de la urbanización Las Palmas, quien no quiso dar su apellido. “Convocas a 100 personas, se registran 15. Los vamos anotando” (Idem). El escenario de guerra como alternativa a Maduro no seduce a nadie, sobre todo después del trato inhumano que el régimen fascista de Donald Trump tuvo y tiene para con los exiliados venezolanos, muchos de los cuales fueron enviados a las cárceles de Bukele en El Salvador sin haber cometido ningún otro delito que el de ser latinos. Alineamientos regionales Ecuador, Paraguay, la Argentina y la República Dominicana se han sumado a calificar como terrorista al Cartel de los Soles, un invento de Trump. Trinidad y Tobago ofreció su territorio para combatir al tráfico de drogas de origen supuestamente venezolano. Panamá y Perú están considerando unirse a la campaña. Guyana, que ocupa Esequibo, territorio usurpado Venezuela, no solamente se comprometió a ayudar a Estados Unidos –es la zona de mayor penetración petrolera de capitales norteamericanos. Brasil, mientras tanto, redobla los ejercicios militares en la frontera con Venezuela. Ha llevado a a cabo el mayor ejercicio militar de la historia del país, del 3 al 9 de octubre. El objetivo de la operación es mantener la “estabilidad regional”. Brasil se prepara para la coexistencia con un escenario bélico. Más peligrosa es la situación de Colombia, donde la ultraderecha se ha puesto a la ofensiva para ganar las elecciones de 2026. Las provocaciones de Trump responden al propósito de ultraderechizar el escenario continental; los bolsonaristas se preparan para las elecciones de 2027. En la Argentina, las tropas yanquis siguen ingresando al territorio para la realización de ejercicios conjuntos, sin autorización del Congreso. Rana Foroohar, editora del Financial Times, acaba de señalar que Trump se encuentra operando un viraje hacia la estrategia de “América para los americanos”, la doctrina Monroe que sustentó el pasaje de Estados Unidos al estadio imperialista. La provocación contra Venezuela es parte de un gran diseño estratégico contra la independencia de los Estados de América Latina.

Recién este martes 7 de octubre, a menos de 48 horas de la reunión programada entre el Ministerio de Educación de la CABA y los rectores de los 29 institutos de formación docente del distrito, el gobierno presentó su propuesta de nuevo Reglamento Orgánico Marco (ROM) para los terciarios, sin margen para el análisis y el debate en los propios profesorados. Sin embargo, en síntesis, es posible adelantar que, en la propuesta oficial, se extiende el mandato de los rectores de tres a cinco años (ocuparán más tiempo en su cargo que un Presidente de la Nación); eliminan la paridad docente-estudiantil en los Consejos Directivos y los docentes pasarían a tener mayoría; extienden los mandatos de los consejeros a dos años; eliminan el claustro no docente; extienden los mandatos de los Jefes de Departamentos y Coordinadores de carrera de uno a cinco años; y además plantean la intervención de los Centros de Estudiantes por parte de los Consejos Directivos. También restringen aún más los requisitos para presentar una lista y ser candidato en estos organismos. El pasado lunes, el rectorado del Joaquín V. Gonzalez había “inaugurado” un “Informativo Estudiantil”, en donde planteaba que “actualmente nuestro Instituto no se encuentra amparado en el ROM vigente, estamos por fuera”, y que “tenemos un REGLAMENTO ORGÁNICO INSTITUCIONAL (ROI) que data de 1994 y necesita ser actualizado” (resaltado por ellos con mayúsculas ). Es una clara demostración de que están dispuestos a seguir el camino que propuso el gobierno de Jorge Macri. De hecho, en una línea de tiempo confiesan que están negociando el ROM desde Mayo de este año a espaldas de los estudiantes, docentes y de los Consejos Directivos de las instituciones que recién fueron notificados, el 21 de agosto. Posteriormente, se hicieron jornadas institucionales “de discusión” pero sin ningún carácter resolutivo, y sin haber informado al respecto a la masa de la comunidad educativa del JVG. La línea de tiempo finaliza con “ROM actualizado” para el 10 de Octubre y el inicio del debate sobre el ROI. Debemos rechazar esta orientación antidemocrática que busca transformar a los organismos institucionales en escribanías del gobierno de turno. Este jueves nos movilizamos los estudiantes terciarios por esto al Ministerio de Educación de la CABA.

En la última sesión del Consejo Superior al día de la fecha, el decano de la Facultad de Psicología, Jorge Biglieri, hizo uso de la palabra para despacharse contra los estudiantes de esa facultad que se solidarizan con el pueblo palestino, y para prometer sanciones a nivel judicial e institucional contra ellos. También hizo gala de macartismo, al acusar a agrupaciones de izquierda de antisemitas y de alterar la facultad por sus actividades contra el genocidio. Lo que Biglieri considera antisemita, y por lo tanto sancionable, fue la representación en el hall de Psicología de una obra teatral sobre el genocidio que vive el pueblo palestino, el despliegue de una bandera Palestina en la fachada de la facultad y el canto “Palestina vencerá desde el río hasta el mar”. Todo esto, según Biglieri, no debería ser llevado adelante en el ámbito de la universidad, “que debe ser reconocido por su pluralidad y respeto a las diferencias de ideas”. Paradojicamente, tanta ´pluralidad´ y ´respeto´ excluye la denuncia del genocidio –y es un encubrimiento de los genocidas. Biglieri replica los argumentos de la DAIA en su último informe sobre antisemitismo, que le dedicó un apartado específico a lo que considera es “antisemitismo” en el ámbito universitario (específicamente en las facultades de Filosofía y Letras y de Psicología), al referirse a la expresión de solidaridad de los estudiantes argentinos con el pueblo palestino y la denuncia de su genocidio. El decano trazó una línea de acción que va más allá del amedrentamiento con elementos de seguridad, como sucedió hace algunas semanas en FADU, donde impidieron desplegar una bandera palestina: busca valerse de la judicialización y de la misma institución para perseguir y censurar al interior de las facultades a quienes se pronuncian contra el genocidio en Palestina. Como en FADU, debemos responder a estas amenazas con nuevos banderazos y actividades por el cese del genocidio.

Después de tres meses de conflicto, los 288 trabajadores de Vassalli -fábrica de cosechadoras- ubicada en la localidad santafesina de Firmat, retomaron el lunes pasado la producción. Esto se da luego del acuerdo al que arribaron la semana pasada la empresa, propiedad de la familia Marsó y la Unión Obrera Metalúrgica, por la falta de pago de más de tres meses de salarios y aguinaldos adeudados, y fue rubricado por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Diego Romero, abogado de la UOM señaló que el acuerdo con la empresa “es por seis meses” y “durante este lapso, los trabajadores no van a recibir ningún tipo de despido sin causa” (La Nación, 6/10). La lucha de los trabajadores se retrotrae a septiembre de 2024, cuando la empresa comenzó a pagar los sueldos en cuotas. El conflicto que sostuvieron los trabajadores superó la contención que quiso imponer la burocracia de la UOM, que se opuso a los cortes de la ruta 33 y a la presencia permanente en la puerta de la planta de las familias trabajadoras. El acuerdo al que arribó la UOM reviste el carácter de precario ya que la empresa depositó en la cuenta de cada trabajador solo $500.000 pesos, correspondiente al convenio de deuda de octubre, una parte ínfima de los adeudado. Dentro de las condiciones del acuerdo es que los salarios serán del 50% y la veeduría permanente del a pedido del gremio. Diego Romero, secretario general de la UOM local, señaló que respetó el mandato de la asamblea de “todos los trabajadores adentro” y se escudó detrás de la situación económica de crisis que atraviesa el país para disimular la colaboración que ha ejercido la burocracia de todo pelaje para con el gobierno de Milei y Pullaro. Según lo acordado, se estableció una jornada laboral de cuatro horas diarias (80 horas mensuales), es decir, sin una producción a pleno y desde la empresa salieron a decir que el ritmo de la producción dependerá de la demanda que el sector agropecuario ejerza. Según un informe elaborado a pedido de la Bolsa de Comercio de Rosario, la industria de maquinaria agrícola tuvo un repunte durante la primera mitad del 2025, en este sentido, entre enero y junio se comercializaron 8.508 unidades por un valor total de $1,3 billones, representando un incremento interanual del 27%. Pero pese a la mejora frente al mismo período de 2024, el volumen de ventas aún se mantiene 4% por debajo del promedio de los últimos cinco años y es el segundo más bajo en seis años. En el rubro de cosechadoras, actividad de Vassalli, en este período se vendieron 558 unidades, un 24% por encima del promedio, aunque en valores se mantuvieron apenas 2% por debajo de la media histórica. Se puede observar que la familia Marsó se aferra a recesión general de la economía para llevar adelante una extorsión a los trabajadores, pero los números del sector dicen lo contrario. En su momento los trabajadores denunciaron, oportunamente, que la familia Marsó está llevando adelante un vaciamiento de la planta, ya que se ha extendido como reguero de pólvora en la ciudad de Firmat la versión de que Marsó querría avanzar en un proyecto inmobiliario en los terrenos en donde está ubicada la planta, y trasladar la misma a la provincia de Entre Ríos, donde también tiene empresas metalúrgicas. Los trabajadores de Vassalli alcanzaron una victoria parcial al lograr que se pague parte de lo adeudado. Una nueva generación de activistas y luchadores van asomando al compás de la crisis del desahuciado gobierno liberticida, que cuenta con la colaboración de la oposición patronal y de la burocracia sindical. Ante la situación actual de la clase trabajadora y en especial de los siderúrgicos, se plantea la necesidad de una coordinadora las luchas en curso. Por el inmediato cumplimiento de todas las reivindicaciones de los trabajadores de Vassalli.

El gobierno de Javier Milei está hundido en una crisis monumental, con corridas cambiarias y bancarias, corrupción, con candidatos socios del narcotráfico, con recesión industrial, pero no pierde las mañas represivas. Nuevamente la brutalidad policia se puede visualizar en todas las imágenes de los medios periodísticos cómo la policía se ensañó con jubilados y fotorreporteros. Así pudimos ver los golpes contra nuestro compañero Víctor Amarilla, golpeado, esposado y detenido, junto a los fotográfos Cristian Zacarías y Fabricio Fischer, quienes cubrían la marcha como todos los miércoles. Los compañeros sufrieron el calvario habitual, con traslados y trasnoche en la comisaría de la Policía de la Ciudad. Finalmente fueron liberados este jueves. No se les impone otro requisito que informar cambio de domicilio y concurrir a cualquier citación. Es la ´metodología´ habitual. Detrás del carácter arbitrario de las detenciones, se observa su propósito intimidante. A pesar de todo el aparato policial que se despliega cada miércoles, no han hecho mella en nuestro ánimo ni voluntad de lucha. El mismo gobierno que necesita de la represión para aplicar sus planes antiobreros, hoy enfrenta un sinfín de luchas de los trabajadores ocupados, desocupados, de la juventud secundaria y universitaria. La salida es unificarlas e impulsar y organizar una huelga general que ponga nocaut a este gobierno y a todos sus cómplices, incluida la burocracia sindical. La “oposición” que apoyó la motosierra, ahora en sintonía electoral, vota leyes insuficientes frente a las acuciantes penurias del conjunto de jubilados, profesores y trabajadores de la salud. Los jubilados seguimos marchando todos los miércoles en defensa de nuestros derechos. Hoy en una nueva radio abierta denunciamos a este gobierno antiobrero culminando con una marcha por avenida Callao y alrededor de la plaza. Abajo la represión. Todos los miércoles a las 15 hs. te esperamos en el Congreso para luchar por todos nuestros derechos. La lucha continúa.

La huelga de este miércoles 8 tuvo una adhesión significativa, pero más importante aún ha sido lo que ha dejado en términos políticos. El paro fue convocado por las seccionales de Bahía Blanca, Marcos Paz y Tigre. Tres de las más de 120 que tiene SUTEBA en toda la Provincia de Buenos Aires. En el marco del paro se realizaron actividades distritales -aunque minoritarias- en La Matanza, Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, José C. Paz, Hurlingham, San Isidro, Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Quilmes, Cañuelas, Tigre, Morón, Ituzangó, Ensenada, San Martín, Marcos Paz, Lanus, Lomas de Zamora, Escobar, Tres de Febrero, La Plata, Avellaneda, Merlo y General Rodriguez. La docencia está cobrando salarios miserables, incluso trabajando dos y tres cargos, que no le permiten llegar a fin de mes. Los compañeros y compañeras tienen que tener múltiples trabajos para llenar la heladera. La última paritaria fue pactada entre el gobierno de Kicillof y la dirección provincial de SUTEBA por un 5% a cobrarse en cuotas en un lapso de tres meses, en linea con el ajuste paritario nacional de Milei. A los tenedores de la deuda pública, sin embargo, el gobierno provincial les ha asegurado el cobro de centenares de millones de dólares en la última negociación. Quien se presenta como ´escudo´ político y social de la ´motosierra´ de Javier Milei defiende los mismos intereses sociales que éste. La respuesta del gobierno ante el anuncio de la medida de fuerza fue nuevamente los aprietes y las amenazas, a pesar de un fallo favorable al derecho a huelga que emitió hace pocos días el Tribunal de Trabajo N° 5 de La Plata. La campaña la realizaron coordinamente con la lista celeste de SUTEBA. Circularon todo tipo de mensajes intimidatorios contra la docencia. El FUDB (Frente de Unidad Docente Bonaerense) improvisó en horas una “jornada de lucha” y llamó a realizar en algunos distritos actividades como “banderazos” en la puerta de las escuelas, sin afectar el dictado de clases. Llegando al colmo de la colaboración con el gobierno, en Esteban Echeverría, una clase pública fue cerrada por Fernando Gray, intendente y candidato a diputado por Unión Federal. La Celeste carnereó el paro bajo el ropaje de una actividad gremial, pero ni siquiera extendieron constancias para los que quisieron participar de aquella. Se trató de una respuesta ante la docencia que decidió adherirse a la huelga por fuera de sus conducciones sindicales burocráticas. La huelga de este miércoles 8/10, se llevó a cabo en oposición al ajuste del gobierno nacional, provincial y la politica de colaboracion de la dirección provincial de SUTEBA y los demás gremios del FUDB. Es un paso hacia la construcción de un movimiento de lucha independiente de todos los gobiernos y las direcciones gremiales burocráticas, responsables del hundimiento de las condiciones de vida de la docencia hace décadas. Nuestra corriente, la Tendencia Docente Clasista, impulsó la huelga en las escuelas mediante asambleas y pronunciamientos; convocó a las actividades y participamos para darle un carácter activo al paro. Defendimos la reivindicación de un salario mínimo, por cargo, igual al costo de la canasta familiar, que hoy se ubica en $2.000.000; por la derogación de las reformas antieducativas y un congreso de trabajadores de la educación, el no pago de la deuda y la puesta en pie de un plan de lucha independiente y la huelga general para la conquista de los reclamos planteados. De cara al paro nacional del martes 14 de octubre, encararemos una campaña para que la huelga tenga un carácter activo y paremos delimitados de la política entreguista de CTERA.

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron condenados a diez y ocho años de prisión respectivamente por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández, cometido el 1 de septiembre de 2022. Fueron declarados culpables por el delito de tentativa de homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego. Los jueces desestimaron, en cambio, los agravantes de alevosía y “violencia de género en su modalidad de violencia política”, que había incluido la Fiscalía. Sabag Montiel deberá cumplir 14 años de prisión, ya que se le unificó la pena con una condena anterior por tenencia y distribución de pornografía infantil. Un tercer imputado, Nicolás Carrizo, el jefe de ´los copitos´, fue absuelto porque la querella y la fiscalía no formularon acusación. El juicio consumió 15 meses de debate durante los cuales declararon 157 testigos. El 9 de diciembre se conocerán los fundamentos de la sentencia. Los defensores de Sabag Montiel y de Uliarte, por separado, habían pedido su absolución por considerarlos incapaces de afrontar un juicio. Los jueces hicieron caso omiso, aunque ambos imputados dieron muestras reiteradas de un comportamiento inusual. Las pericias psicológicas, aunque sin considerarlos inimputables, coincidieron en describir sus personalidades como “frágiles”. Las últimas palabras de Sabag Montiel fueron, de hecho, un desvarío. Su defensa había argumentado que el bombardeo mediático sobre la corrupción atribuida al kirchnerismo lo había persuadido de cometer el atentado. “Fue esclavo de su delirio mesiánico”, lo definió. Algo de eso dejó traslucir Montiel en su deshilachado discurso ante el tribunal. Aseguró que el caso fue “armado”, parangonó su situación con la muerte de Alberto Nisman e involucró a Lula en un supuesto pedido de extradición. Sus abogados también arguyeron que había tramado un crimen de cumplimiento imposible, ya que el arma con el que contaba no estaba en condiciones de ser disparada, lo que fue relativizado –estaba intentando cargar la bala en la recámara de su pistola cuando fue neutralizado por militantes de La Cámpora. Quedó acreditado que Montiel y Uliarte hicieron ´inteligencia previa´ entre los militantes apostados en los alrededores del edificio donde vivía Cristina Fernández. La ex presidenta declaró ante el estrado que en el juicio estaban ausentes los “ideólogos” del atentado. La conclución de los jueces, sin embargo, fue que no hubo otros autores intelectuales más allá de la singular pareja; y que ésta habría tramado el ataque en soledad, aunque su móvil haya sido político. Desvinculado Carrizo, no se profundizó en las relaciones de ´los copitos´ con Revolución Federal y otras agrupaciones de la derecha anteriores al mileísmo, aunque todo lo describe como un grupo políticamente activo. El juicio fue caracterizado como “inusual”. “Incluyó testimonios inverosímiles y episodios de alta tensión”, afirma La Nación (9/10). Testigos que se desdijeron o sufrieron amnesia repentina, escenas bizarras. “El juicio fue también una ventana para observar los altos niveles de marginalidad a los que estaban expuestos los acusados y parte de su entorno” (ídem). Pero sobre todo, deja una enorme cantidad de interrogantes sin resolver. No se registraron avances en la investigación sobre el rol de la Policía Federal y de la custodia personal de la expresidenta, que el día preciso del intento de homicidio no contaba con la presencia de su jefe, Diego Carbone. Tampoco sobre el rol de Aníbal Fernández, que en ese momento era ministro de Seguridad El teléfono celular de Montiel fue ´reseteado´ durante su cadena de custodia -en la que intervinieron varias fuerzas- y la información que almacenaba ya no podrá recuperarse. Tanto Montiel como Uliarte fueron detenidos sin intervención de la policía –el primero por los militantes K, la segunda por un secretario del juzgado, ante la indiferencia policial. Por otra parte, la causa abierta a Gerardo Milman, a quien el asesor de un diputado K dijo haberlo escuchado alardear delante de dos secretarias, poco antes del ataque,”cuando la maten yo estoy camino a la costa”, fue archivada por la jueza Capuchetti, que se orienta ahora a investigar al testigo que lo involucró. Milman entregó su teléfono a la Justicia pero recién en mayo de este año accedió a entregar la clave para que que los investigadores pudieran acceder a él. Fue revisado por Gendarmería, sin la presencia de peritos de parte. Una de las mujeres que habrían estado junto a Milman cuando pronunció la frase premonitoria, reconoció que los tres borraron información de sus celulares antes de entregarlos. Milman se destacó por sostener la tesis del autoatentado, levantada por un ala del PRO, pero nunca presentó ninguna pista que conduzca en ese sentido. Las incongruencias son llamativas: dos ciudadanos de a pie pudieron colocar una pistola a 15 centímetros de la cara de una ex presidenta fuertemente custodiada, pero las fuerzas federales fueron incapaces de preservar el teléfono celular del frustrado tirador. Los interrogantes sobre las responsabilidades políticas y policiales que rodearon el atentado siguen vigentes.

El gobernador Gustavo Sáenz no se exhibió como gaucho para entrar a la Casa Rosada para defender la autonomía de Salta, sino por el contrario para asestarle otro golpe, al negociar con Guillermo Francos y Luis Caputo la inasistencia de Pablo Outes, Pamela Calletti y Yolanda Vega, que responden al gobernador, a la sesión que debía derogar la vigencia tácita (o ficta) de los DNU del Poder Ejecutivo y aprobar en su lugar de que sólo podían entrar en vigencia cuando los aprobara el propio Congreso. Dada la amplia mayoría que había para su aprobación, el ausentismo tenía el propósito de evitar que alcanzara los dos tercios de la Cámara, para que Milei pudiera vetar el nuevo sistema de DNUs. Los decretos de necesidad y urgencia son la mayor expresión del centralismo de la Casa Rosada y de la violación del federalismo constitucional. El ausentismo alcanzó a la votación de los aportes del Tesoro a las provincias, que Milei maneja a discreción, violando el reparto automático establecido por ley. Juan Manuel Urtubey votó en contra del planteo de Milei, no por su pasión por Salta, sino porque la ley inconstitucional que se buscaba derogar, había sido diseñada por Cristina Kirchner y aprobada por un Congreso con mayoría kirchnerista en 2006. Como en estos días se viene gestando una corriente provincialista en todo el país, con el propósito de salvar la motosierra de Milei mediante un gobierno de coalición o unión nacional, denunciamos la posición antifederal de Sáenz y de su candidata Flavia Royón como una operación de rescate del gobierno liberticida y como delito político de leso unitarismo. Rechazamos de plano, asimismo, los gobiernos por decreto, con o sin aprobación indefinida por el Congreso, enemigos de la democracia. Suponemos que, a cambio, Gustavo Sáenz habría negociado con Francos y Caputo la financiación para desarrollar las infraestructuras que los pulpos mineros reclaman que sean costeadas por el Estado provincial. Hacemos esta denuncia para que, a dos semanas de las elecciones, los trabajadores de nuestra provincia voten con la mayor conciencia de lo que ocurre en la realidad. Denunciamos el pseudofederalismo oligárquico y venal de los partidos patronales de Salta y señalamos que Argentina sólo alcanzará el federalismo con un gobierno socialista de trabajadores. Violeta Gil, candidata a senadora nacional por el partido Politica Obrera

Las delegaciones de Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo -dramático, confuso, apresurado, fueron los adjetivos de la prensa internacional- sobre la primera fase del plan de “paz” para Gaza, anunció un alborozado Donald Trump. Se firmará hoy en Egipto. La “primera fase” incluye el anuncio del fin de la guerra; la liberación de los rehenes israelíes y de 2.000 prisioneros palestinos en las próximas 72 horas; la autorización del ingreso de ayuda humanitaria coordinado por Naciones Unidas y la retirada del ejército israelí a la llamada línea amarilla, la primera de las tres propuestas en el plan original de Trump. En una entrevista con Fox News, Trump contó que Netanhayu le había dicho: “No me lo puedo creer, ahora todo el mundo me quiere" y que el republicano le respondió: “Más importante, ahora todo el mundo quiere de nuevo a Israel”. Difícil. El comunicado oficial de Hamas, en cambio, es la escueta respuesta “del movimiento y otras facciones de la resistencia palestina” a un “acuerdo” que es un ultimátum del imperialismo. Más allá de los agradecimientos a Trump y a los mediadores, Hamas saluda al “orgullo, heroísmo y honor sin igual al enfrentarse a los planes de la ocupación fascista” contra los palestinos de los territorios y de la diáspora que, dice, “frustraron los planes de la ocupación de sometimiento y desplazamiento”. Y afirma: “Los sacrificios (…) no serán en vano, nos mantendremos fieles al pacto y no abandonaremos nuestros derechos nacionales hasta que se alcance la libertad, la independencia y la autodeterminación”. El comunicado pone el foco en dos principales preocupaciones: quién garantiza que Netanyahu no ordenará retomar los bombardeos una vez entregados los rehenes y hasta dónde se retirarán las tropas israelíes (EP 9/10). Si bien voceros de Hamas anunciaron que Israel se retiraría de los territorios, Netanyahu ha repetido que el ejército permanecerá en un perímetro a definir. La propuesta de Trump contenía mapas que mostraban las líneas de retirada israelíes, “pero estas parecen haber sido modificadas en el transcurso de las negociaciones”. (NYT 9/10). Los familiares de los rehenes en Israel festejaron el acuerdo mientras que el ala de los colonos en el gabinete anunció que votará en contra. Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, dijo que Hamás debe ser aniquilado inmediatamente después de la entrega de los rehenes. En una segunda fase del plan, se discutirá la desmilitarización de Hamás y Gaza; que los palestinos que se marcharon durante la guerra, incluidos los miembros de Hamás, tengan la opción de regresar; y la creación de un comité tecnocrático temporario que se encargaría de los servicios públicos, supervisado por un Consejo de Paz, dirigido por el propio Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair. En el anterior cese del fuego, Israel se retiró cuando comenzaba la segunda fase y debía retirar sus tropas. Trump, el supuesto garante, lo celebró. En El Líbano ya lleva casi mil incidentes de violación del alto el fuego. Hamás ha dicho, de diversas maneras, que no entregará sus armas. “Netanyahu lleva mucho tiempo insistiendo en que no aceptaría un acuerdo en el que Hamás se negara a desarmarse pero la milicia palestina ha rechazado públicamente esas exigencias”. Algún vocero especuló extraoficialmente que tal vez entregaría algunas armas, pero nunca las defensivas. “La primera fase podría acabar siendo la última, dejando el panorama a largo plazo tan confuso como siempre”, especula Haaretz. El actual acuerdo entrará en vigor 24 horas después que lo avale el Parlamento sionista, según Tal Heinrich, portavoz de la Oficina del primer ministro. Israel se reservó el derecho de elegir a los palestinos que liberará y Heinrich agregó que entre ellos, una vez más, no estará el más respetado de los prisioneros, que supera dos décadas en prisión, Marwan Bargouthi. Bargouthi, dirigente de Al Fatah y líder de la Segunda Intifada, es considerado un héroe nacional, capaz de unir a todas las facciones palestinas y ser el candidato de consenso que suceda a Abu Mazen. Altos funcionarios israelíes han apoyado anteriormente su liberación. El año pasado, el ex jefe del servicio de seguridad Shin Bet, Ami Ayalon, declaró a Haaretz que Barghouti es «el único líder palestino que puede ser elegido y liderar un liderazgo palestino unido y legítimo» (Reuters 8/10). Los palestinos intentaron asegurar su liberación muchas veces. Israel lo mantiene aislado en distintas cárceles de máximo rigor, y solo cada varios años autoriza a difundir alguna fotografía. En la última, reciente, se lo veía muy desmejorado mientras era hostigado por el canalla del colono genocida Itamar Ben Gvir. Respecto de la situación de los presos palestinos, la jurista Francesca Albanese declaró ayer que “mientras todo el mundo habla de los 50 rehenes israelíes retenidos por facciones palestinas, los rehenes palestinos siguen muriendo en las cárceles israelíes: Ahmad Khdeirat, 24, murió en la prisión de Negev, donde estaba detenido sin cargos desde mayo de 2024”. Con él, son 78 los palestinos que mueren bajo custodia israelí desde el 7 de octubre”. La CNN informó que los sionistas tampoco están dispuestos a devolver los restos de Yahya y Mohammed Sinwar, comandantes de Hamas asesinados en Gaza. Mientras tanto, los tanques y drones israelíes siguen bombardeando y ametrallaron a los palestinos que esperan el cese del fuego para volver a sus hogares, al Norte. Y en Cisjordania se vive una jornada de terror, con colonos custodiados por el ejército que ocuparon cinco aldeas y quemaron los olivares, en plena época de cosecha. Hebrón directamente fue cercada por el ejército. El alto el fuego liberará a los rehenes, “pero sin una hoja de ruta para el futuro de Gaza —sus fronteras, su liderazgo o su reconstrucción— corre el riesgo de convertirse en otra tregua efímera en un conflicto sin final a la vista”, anticipa Haaretz. Que dos años después estos temores sigan vigentes es la prueba de que el “quinto ejercito del mundo” ha podido matar decenas de miles de personas, incluidos más de 20.000 niños, destruir escuelas, hospitales, rutas, pero no ha logrado quebrar a los palestinos ni a sus organizaciones.

El día de ayer, la Cámara de Diputados trató el proyecto de ley aprobado por el Senado que modifica el régimen de los decretos de necesidad y urgencia que rige desde 2006, por iniciativa del gobierno de Cristina Kirchner. El cambio fundamental que introduce la nueva legislación consiste en lo siguiente: en lugar del sistema de aprobación “ficta” (o tácita) de los DNU para el caso de que el Congreso no llegue a tratarlos, el proyecto del Senado actual establece que esos decretos requieren la aprobación explícita de una de las Cámaras, en el lapso de 90 días, como condición para consagrar su vigencia. En cuanto al período que va desde el dictado del decreto y su eventual rechazo, el Senado establece una garantía para los derechos adquiridos. Es obvio para cualquiera, sin embargo, que tres meses son harto suficientes para poner en esa condición a numerosos privilegios y corruptelas. Diputados ratificó por 140 votos a 86 la media sanción del Senado, pero el proyecto no quedó convertido en ley porque el artículo 3 de la iniciativa obtuvo un número favorable de votos, 127, dos menos de los requeridos, 129, que corresponde a la mayoría absoluta de la Cámara. El Senado deberá decidir, probablemente la semana que viene, si acepta la modificación de Diputados o si insiste en el texto original –una ganancia de tiempo para el Gobierno, que se encuentra tramitando acuerdos en Washington, con Trump, y en Nueva York, con el FMI, y que podría poner en vigencia por medio de un DNU, bajo el viejo régimen. La supresión del artículo 3 del proyecto del Senado otorga una vigencia ilimitada al DNU en el caso de que ninguna de las Cámaras del Congreso lo rechace en un plazo de 90 días. Sería suficiente, entonces, que mediante maniobras se dilate el tratamiento de los DNU en ese plazo, para que restablecer la vigencia ‘ficta’ (o tácita) del gobierno de DNUs. Los DNU son una forma de poder personal (el Ejecutivo) que violenta la forma representativa que establece la Constitución. En estos tiempos de crisis políticas y estatales, la tendencia internacional es hacia esa forma de estado de excepción. Para que el gobierno de los Espert y de “Karina coimera”, y del default, haya podido sustraer once votos indispensables para bloquear el artículo 3, en medio de una desintegración política creciente, tuvieron que operar varias manos y violar numerosos principios. Los gobernadores que ordenaron a los diputados de sus provincias a votar en contra del proyecto del Senado, abstenerse o ausentarse de la sesión, y enseguida boicotear el artículo 3, no vacilaron en apoyar un régimen unitario y centralista de gobierno, cuando se supone que deberían defender la autonomía de sus provincias y el federalismo. Pero como viene ocurriendo desde hace más de 150 años, las contradicciones entre el autonomismo, de un lado, y el centralismo, del otro, se han vuelto a arreglar por debajo de la mesa. Cada gobernador negoció con el gobierno nacional una lista de favores a cambio de sus votos acerca de los DNU; por otra parte, alrededor de once distritos tienen establecido los DNU en su Constitución provincial. Son la expresión del federalismo oligárquico, donde la única autonomía que importa es la de la clase de los explotadores instalados en cada territorio. En esta transacción de votos por dinero, ventajas o privilegios se anotaron gobernadores de todos los partidos. El mendocino Cornejo y el entrerriano Frigerio, del ala macrista del Pro; ‘Nacho’ Torres, del PRO de Provincias Unidas, pero sobre todo la última camada de peronistas reclutados por Fuerza Patria, como el tucumano Osvaldo Jaldo, o de la vieja camada, como el salteño Gustavo Sáenz. La crisis política terminal ha forzado a ‘todos y a todas’ a rotar por partidos distintos, aunque especialmente por siglas de reciente patentamiento; numerosos forzados por la patria se sumaron a la manada que bloqueó la aprobación del artículo 3. Sin embargo, ni este artículo ni la obligación de que los DNU cuenten con el aval del Congreso anulan el carácter autoritario y el poder personal de los DNU. Trump, por ejemplo, ha vulnerado centenares de derechos fundamentales mediante DNUs, que llevan el nombre de órdenes ejecutivas. El entrelazamiento de estas ‘oposiciones’, que sólo aparecen cuando llueve, con el gobierno liberticida y en especial con el tesorero Bessent y el autócrata Trump, es una señal de que la burguesía en su conjunto aun no ha decidido deshacerse de Milei. Naturalmente, habrá que ver si el Senado insiste como cámara de origen y, a partir del miércoles 14, las derivaciones de la reunión de Milei con Trump. El lunes 27, estas oposiciones de cartón contarán sus votos como parte de un bloque adversario del populismo, incluso dentro del propio peronismo. En ausencia de una irrupción de acontecimientos excepcionales, intentarían echarle aire a los desgastados neumáticos del oficialismo. En esta alternativa, la crisis política no cesará sino que reunirá mayores contradicciones para una explosión en un futuro próximo. A la clase obrera le servirá para una mayor acumulación de fuerzas y de experiencia.

Existen infinidad de antecedentes de participaciones de burócratas sindicales en los actos de campaña de nuestros verdugos, en acciones proselitistas o sacándose las clásicas fotos en los actos oficiales, con los besos y abrazos de rigor. Pero lo que ocurrió este miércoles 8 en la plaza central de Monte Grande en el marco de la “jornada de lucha” de CTERA reviste pocos antecedentes. No sólo que fue invitado el intendente peronista Fernando Gray, sino que además tuvo una participación central en la “clase pública” organizada por la burocracia local del gremio docente. Gray encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de “Unión Federal”, una facción del peronismo que compite con la lista de Fuerza Patria encabezada por Taiana. En esos espacios, tanto en uno como en el otro, comulgan los diferentes burócratas que se autoperciben “nacionales y populares”. Se trata, en primer lugar, de un bastardeo de una acción sindical que se reclama “de lucha”, que cercena la participación de la base docente, que tiene vedado el micrófono, con el objetivo de que únicamente hagan uso del mismo los pichones de Baradel y el “compañero” Gray. Los docentes se tuvieron que limitar a escuchar al ex intendente ´dando clases´. La “jornada de lucha de CTERA para preparar el paro del 14” fue, en la práctica, una iniciativa de rompehuelgas que se dedicaron los días previos a militar contra el paro Multicolor. Pero de tanto colocarse del lado del gobierno provincial, en las escuelas el operativo de amedrentamiento fue un fracaso. En muchos distritos, entre ellos Echeverría y Ezeiza, el paro docente fue contundente. Lo único que les interesó a los impulsores de la “jornada de lucha de CTERA” no era preparar el paro, sino el voto. Resulta claro que el esfuerzo que hace la burocracia de CTERA-SUTEBA para limitar el reclamo al orden nacional, (incentivo docente, paritaria nacional, ajuste nacional en educación) está al servicio de la campaña electoral del peronismo en general y de Kicillof en particular, en un contexto donde el propio Kicillof corporiza al gobierno provincial que es quien reduce nuestros salarios, impulsa las reformas antieducativas, etc. Por lo mismo, lo sucedido es ilustrativo de la política “celeste”. No representa los intereses de los trabajadores del gremio, sino los suyos propios. Se ha integrado a un polo político patronal como lo es el peronismo. Urge desplazar a esta burocracia para que la docencia recupere la herramienta del sindicato para sus fines colectivos, como lo es luchar por sus condiciones laborales, el salario, y por mejorar la realidad educativa en su conjunto. Desde la Tendencia Docente Clasista bregamos para que la docencia confíe en sus propias fuerzas e impulse la lucha, sin esperar absolutamente nada de la capa burocrática que pasó a representar intereses ajenos a aquellos por los cuales fueron votados, y que colocan al sindicato y la “acción de lucha” como ofrenda para quienes llevan a nuestros salarios a niveles inferiores a la linea de pobreza, aplican descuentos arbitrarios, atacan derechos, y son además parte responsable del derrumbe del país de las últimas décadas, por lo menos.

La economía de Caputo y de Milei se encuentra atrapada en un remolino. Recoge más de 7.000 millones de dólares de parte de las aceiteras que son tragados casi todos en los días subsiguientes por la fuga de capitales. Las salidas de divisas del Tesoro es fenomenal, unos 1.500 millones de dólares en un abrir y cerrar de ojos; quedará en saldo cero la próxima semana. Para seguir con la sangría deberá gastar el superávit fiscal en la compra de dólares al Banco Central, para perderlos enseguida en el mercado de cambios. La hemorragia no la sufre el llamado Estado sino los contribuyentes y los acreedores sociales del mismo Estado, porque el derrame de dólares es extraído del presupuesto nacional. Todas estas operaciones provocan el retiro de los pesos circulantes del mercado y una asfixia monetaria infernal que se manifiesta en las altas tasas de interés que se cobran por los giros comerciales más insignificantes. No es una recesión la que ahoga el crédito sino el encarecimiento de éste el que deprime la actividad económica y provoca cierres de empresas y quiebras. Una asistencia extranjera, en estas condiciones, quedaría consumida en un instante. Quienes apuestan a la devaluación de peso en el mercado de futuros de cambio se relamen con las enormes ganancias que se encuentran a su espera, porque el Banco Central se ha comprometido a pagarles la diferencia de cotización entre el dólar de hoy y el mucho más valorizado en que se encontrará al cierre del contrato. La noticia que el norteamericano Bessent ha anunciado en las redes acerca de un canje de monedas con Argentina por 20 mil millones de dólares es una estafa moral. Pretende influir en las elecciones a favor de Milei sin entregar un dólar, sino hacerlo después de los comicios. Si los gatillara ahora desaparecerían como los dólares de las aceiteras. Es necesario primero producir un mega ajuste para que luego el yanqui “show you (eventualmente) the money”. No es claro si esto es siquiera institucionalmente posible cuando Estados Unidos carece, al momento presente, de presupuesto público. El arreglo con Trump es de aplicación poselectoral –eventualmente. El desafío del momento de los sectores dominantes es cómo llegar al 26 de octubre. Los debates acerca de un derrumbe inmediato apuntan a desviar la especulación a los mercados de futuro, para que la sangría de dólares no vacíe al Banco Central antes de ese fatídico domingo, cuando tutti quanti esperan una clamorosa derrota del oficialismo. Las operaciones mediáticas para clasificar al ausentismo y al voto opositor no peronista como parte del bloque oficial o, al menos, como no antagónico ya han comenzado. Pero Milei y su hermana ya las han desbaratado al poner a Espert como la linea demarcatoria del voto. En el recuento de la variadas corrientes del voto, Milei se encuentra solamente en compañía de Ritondo y Santilli –este último disfrazado de Karen Reichardt. Un swap de 20.000 millones de dólares no arregla la crisis económica. Esto depende enteramente de un reordenamiento de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción –inseparables una de otras. Pero una motosierra al cuadrado no se impondrá en forma ‘pacífica’. Argentina enfrentará una cuestión de poder. Con la consciencia de esto, el activismo de la clase obrera debe poner en la agenda la huelga general, que siempre es, al menos objetivamente, una cuestión de poder, y la puesta en pie de un partido obrero con un programa socialista revolucionario.

En una sesión maratónica, el Congreso de Perú, luego de un debate abreviado acerca de la “permanente incapacidad moral” de Dina Boluarte para ejercer el cargo de Presidenta, votó su destitución por 120 votos presentes. La totalidad de los partidos golpistas que la catapultaron a la presidencia en 2022 son los mismos que la destituyeron. Su reemplazante, José Jerí, presidente del Congreso, estará en el cargo de la Presidencia hasta fines de julio, y en abril próximo tendrán lugar las elecciones generales. En siete años se han sucedido siete presidentes; tres de ellos fueron desplazados por diversas alianzas parlamentarias. Las bancadas principales no superan los 30 diputados propios, es decir, un 25 % del total en promedio. Boluarte había llegado a la vicepresidencia en 2021, acompañando en la fórmula al destituido Pedro Castillo por el partido Perú Libre. Luego de anunciar que renunciaría ante una eyección de Castillo asumió sin titubeos. Castillo, había querido anticiparse a una maniobra golpista y había llamado a censurar el Congreso y adelantar las elecciones parlamentarias. El Congreso, aún en su fragmentación, es dirigido por una alianza de derechistas y ultraderechistas ligados a Keiko Fujimori, la hija del exdictador peruano, y la Iglesia. El propio Jerí es miembro de Somos Perú, el partido de Martín Vizcarra, quién fue destituido en 2020. En el marco de una investigación por abuso sexual, Jeri fue derivado a asistencia psicológica por “impulsividad y conducta sexual patológica”, la cual incumplió, y seguido de una causa paralela por “insubordinación a la autoridad”, debido a su incumplimiento. En su primer discurso como presidente, Jerí, hizo referencia a los crecientes casos de crimen organizado, que motivaron diversos paros obrero patronales de protesta. Prometió que redoblaría los esfuerzos en la militarización del país, pero las fuerzas del “orden” son utilizadas para reprimir a los transportistas, comunidades indígenas y a la juventud estudiantil que se ha movilizado intensamente desde el golpe de 2022. Las últimas medidas de Boluarte -secundadas por el Congreso- como la aplicación de una reforma previsional que favorece al sistema de pensiones privado y a los bancos y acreedores de fondos, debieron darse de baja parcialmente como resultado de las intensas movilizaciones de los jóvenes -los principales afectados por la medida-. La lista de heridos de gravedad se incrementa en cada movilización; los choques con la policía son intensos. Los principales organismos de Derechos Humanos denuncian constantemente “excesos” en la represión policial. Desde 2018 las listas de muertos en manifestaciones y piquetes supera largamente los 200 muertos. La fuerza para combatir “a los enemigos del Perú” como definió el presidente serán puestas en función de contener una movilización popular creciente contra una desprestigiada dirigencia política que se renueva entre corruptos y golpistas. La democracia peruana se ha convertido en una ficción, La oligarquía limeña es consciente de este problema. El gobierno de los Estados Unidos no ha emitido comunicado alguno sobre la destitución de Boluarte, lo que equivale a un aval político. Boluarte solo se había sostenido en el poder por su pertenencia a la tropilla de fascistas trumpistas de América Latina. Ahora, Jerí busca ocupar ese lugar, inspirado en el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. La irrupción de la juventud estudiantil y trabajadora en esta crisis política es manifiesta. Entre estos sectores ha nacido la reivindicación de una Asamblea Constituyente soberana, que rememora la que tuvo lugar a fines de los 70.

La publicación del último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) arroja un aumento de casos de Coronavirus en Argentina. Este aumento está relacionado con la expansión de la nueva variante que hace dos meses arribó al país, conocida como “Frankenstein", técnicamente denominada XFG. Ésta se volvió rápidamente dominante a nivel mundial: al 14 de septiembre representaban el 66,4 por ciento de todos los casos de Covid en el mundo, según la OMS (WHO, por sus siglas en inglés). Esto se produce en el marco del descenso en la cantidad de personas vacunadas. Los datos que arroja el BEN El último Boletín Epidemiológico Nacional que corresponde a la semana 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2025), refleja que, en la región de las Américas, el virus SARS-CoV-2 presenta un incremento en las últimas semanas epidemiológicas (SE), alcanzando una positividad del 7,7 %. Mientras que la actividad de influenza se mantiene baja y la circulación de VSR (Virus Sincicial respiratorio) muestra una tendencia descendente. En Argentina, luego del último ascenso de casos registrado durante 2024, las detecciones en Unidades de Monitoreo Ambulatorio (UMA) permanecen en valores bajos y estables y en las últimas dos semanas (38 y 39/2025) se notificaron 17 casos positivos entre las 161 muestras estudiadas por PCR. En las primeras 39 semanas de 2025 en establecimientos UMA, se analizaron 4.884 muestras para SARS-CoV-2 por técnica molecular, de las cuales 247 resultaron positivas, con un porcentaje de positividad acumulado de 5,06 %. A su vez, en las últimas dos semanas analizadas (SE38 y 39), se registraron 17 casos confirmados de SARS-COV-2 entre las 161 muestras estudiadas por PCR. Por su parte, las Unidades Centinela (que implica la recolección de datos en forma sistemática y oportuna, a través de un número limitado de establecimientos seleccionados en base a ciertos criterios pre especificados) de IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), reflejan que durante las primeras 38 semanas de 2025 los casos se mantienen en valores bajos, aunque “se registra un ligero ascenso en las detecciones a partir de la SE34” (BEN publicado en Argentina.gob.ar). Por su parte, las detecciones de COVID-19 en personas internadas permanecen en valores bajos. En la SE 39/2025 se registraron 32 casos positivos internados y no se registraron fallecimientos en la última semana. Por último, el BEN arroja que durante la SE38/2025 el orden de frecuencia en la que se registran los virus son: VSR, SARS-CoV-2, metapneumovirus, parainfluenza, Influenza y adenovirus. Superando los casos de Coronavirus a los de Influenza. Otro dato a tener en cuenta, es que la variante XFG ya se ubica como la predominante. En relación a esto nuestro país se caracteriza por una circulación exclusiva de la variante Ómicron. Se detectaron casos de las variantes XFG y LP.8.1. La variante Frankenstein o XFG se identificó en un 28,42 % (n=27), seguida de LP.8.1 en un 15,79 % (n= 15). Cabe aclarar que prácticamente no se realizan testeos siendo la mayoría de los casos diagnosticados por observación clínica, por ende, es probable que la cantidad de casos confirmados sea mayor. En cuanto a los síntomas ocasionados por “Frankenstein”, el doctor Oscar Atienza, en una entrevista para CNN Radio Tucumán, refirió que “el proceso de recuperación es más lento, hay gente que lleva más de un mes de sintomatología….”y que “la tos es más fuerte y difícil de tratar” . Se derrumba la tasa de vacunación Esta tendencia al aumento de casos, se conjuga con el descenso en la cantidad de personas vacunadas. Los últimos datos del Registro Federal de Salud Nominalizado (Nomivac) arroja que en los 15 días comprendidos entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre fueron aplicadas apenas 6.438 vacunas en todo el país, lo que representa 429 por día (Clarín, 8/10/2025). La mitad de esas vacunas se administraron en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en varias provincias la cantidad de dosis aplicadas en dos semanas no llega a los dos dígitos. Santa Cruz, por ejemplo, registró 5 aplicaciones; Neuquén, 6; La Rioja, 7; Río Negro, 8; San Luis, 10; y Santiago del Estero, 12 (Ídem, 8/10/2025). Según el monitoreo que realiza el Ministerio de Salud de la Nación (Dosis de refuerzo vacuna COVID-19 | Argentina.gob.ar) , al momento se aplicaron en total 118.838.497 dosis de vacunas contra el Coronavirus de las cuáles: 41.221.547 personas fueron vacunadas con una dosis, 38.204.986 con dos dosis, 36.149.677 con dosis refuerzo, 3.172.956 con dosis adicional. Justamente en el contexto en el que se registra una caída en la tasa de vacunación de la población no solo en lo que respecta al Coronavirus, Marilu Quiroz, diputada del PRO por el Chaco, organizó un evento antivacunas en el Congreso, programado para el 20 de octubre, llamado “Qué contienen realmente las vacunas”, que fue rechazado por varios diputados y profesionales de la salud. Por su parte, en los Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) actualizaron este lunes 6 de octubre sus calendarios de inmunización para adultos y niños, luego de aceptar formalmente las recomendaciones emitidas por su Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP). Según esta actualización, la vacuna contra el COVID-19 para adultos y niños ya no es recomendada de manera generalizada. Para niños sin afecciones previas, la decisión queda a discreción de padres y tutores, tras diálogo con un profesional de salud. Lo mismo ocurre con los adultos hasta los 64 años. Para mayores de 65 años, la vacunación queda sujeta a consulta médica (Infobae, 6/10/2025). Esto se produce luego de una purga al interior de los CDC (VER: Estados Unidos: la política criminal de Kennedy Jr. provocará una catástrofe en materia sanitaria ) que incluyó a la exdirectora. Pero el Boletín Epidemiológico Nacional no sólo refleja el aumento de los casos de Coronavirus, también refleja un aumento del Sarampión y Tuberculosis. El impacto de la pauperización de las condiciones de vida de la población, el vaciamiento de la salud y el abandono por parte del gobierno de políticas de prevención, impactan directamente sobre la salud de la población, y, como se viene desarrollando en estas páginas, esto responde a una tendencia internacional. Fuentes: Boletin Epidemiológico Nacional (BEN): Boletines 2025 | Argentina.gob.ar Los CDC eliminaron la recomendación universal de la vacuna COVID-19 y modificaron el esquema infantil de varicela - Infobae Fuerte avance de la variante "Frankenstein" del Covid en Argentina: suben los casos y ya hay más que de gripe Dosis de refuerzo vacuna COVID-19 | Argentina.gob.ar

El martes pasado, en horas de la madrugada, se produjeron hechos de violencia en las puertas de la fábrica Pirelli. Un grupo de militantes de la Negra, identificados con las camperas de la agrupación, estaban volanteando al ingreso del turno mañana y se trenzaron en insultos y empujones con un candidato opositor de las recientes elecciones sindicales, miembro de la lista Verde en el frente Multicolor. La Verde, según el juicio de los activistas de la fábrica, es una lista vinculada a la patronal. La Multicolor está integrada por las listas Blanca (un desprendimiento de la vieja burocracia de Pedro Wasiejko), Azul (peronista) y Gris (MST). La lista Negra, conducción del sindicato del Neumático, denunció en sus redes sociales haber sido víctima de un “inadmisible y cobarde hecho de violencia en las puertas de Pirelli” contra el delegado Sergio Ramírez y la directiva seccional “recientemente electa”. “Este hecho”, agrega, “se suma a toda (sic) una política antisindical de esa patronal que busca evitar que los trabajadores se organicen por su salario, condiciones laborales, sus puestos de trabajo y todos sus derechos”. La Multicolor, en un comunicado difundido en redes, denuncia que el “accionar ultrapatotero” de la Negra “pretende desviar la atención y justificar” que “no quiere convocar” al balotaje para desempatar las elecciones en esa seccional entre la Negra y la Multicolor. Otra agrupación con presencia en la fábrica, la Naranja, emitió un comunicado manifestando su “enérgico repudio al hecho de violencia que ha sufrido el compañero Sergio Ramírez”. Asimismo, acusa haber sido “víctima de este mismo tipo de acciones patoteriles” en Córdoba, en ese caso, a manos de integrantes de la Negra. Finalmente, todos convocan a la “unidad gremial” frente a una patronal que “intensifica su política de despidos masivos”. Todas estas reyertas y hechos de violencia en el neumático crecen al compás de la ofensiva de las patronales contra las condiciones de trabajo, los puestos de trabajo y el salario. Ayer, en la última audiencia paritaria y luego de 10 meses de negociaciones, las patronales ratificaron su pretensión de producir una rebaja salarial sustantiva. Al mismo tiempo, la patronal de Pirelli continúa con su política de despidos masivos bajo la modalidad de “retiros voluntarios”. En las últimas semanas fueron despedidos bajo esta modalidad una treintena de compañeros que se suman a los más de 800 despidos en los últimos dos años. La patronal acusa una situación crítica de la empresa, aunque no la ha demostrado en ninguna instancia. Ha trascendido, en cambio, que apunta a reducir los equipos de trabajo a la mitad y tercerizar algunas tareas. El mismo martes anunció la suspensión de la actividad de los tres turnos los días sábado 11 y domingo 12 “por motivo de caída (sic) de los volúmenes de producción”. La política del SUTNA es evitar la convocatoria a asamblea y adoptar medidas de conjunto votadas en esas asambleas. El último paro fue convocado el 17 de septiembre, sin asamblea, por decreto de la Comisión Directiva (“Crespo conducción”). Esta metodología ha redundado en una participación cada vez menor de los trabajadores. El SUTNA enfrenta ahora una etapa de grandes crisis económicas y políticas sin un programa. Las recientes elecciones nacionales y seccionales dejaron planteado un escenario de balcanización del SUTNA . Es necesario un congreso programático de delegados con mandato, para comprometer a todos los activistas, delegados y tendencias que reivindican la recuperación del Sindicato en 2016, con una estrategia política única y con una plataforma de reivindicaciones, que debería poner el eje en la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, en un régimen laboral de 8 horas diarias, y 6 horas en las secciones insalubres, y en una campaña clasista en el movimiento obrero para unificar las luchas y plantear un plan de lucha que abarque a grandes contingentes fabriles.

En un escenario cruzado por la guerra internacional y una mayor injerencia de Estados Unidos sobre la política exterior del gobierno de Milei, el portal de noticias La Política Online (LPO) ha dado a conocer información sobre reuniones reservadas que se llevaron adelante en la embajada del Reino Unido en la que participaron altos rangos de las FF AA para discutir “estrategia de defensa y cooperación”. De esta manera, el gobierno liberticida da un salto cualitativo en su sometimiento al imperialismo británico, ahora de carácter militar. Desde la embajada británica solicitaron al gobierno nacional que escoja al personal para que participen de estos cónclaves y requirieron “que vaya uno por inteligencia, otro por Infantería de Marina, otro por Doctrina y otro por Educación." (LPO 6/10) Estas reuniones están lejos de ser hechos aislados, sino que, muy por el contrario, estamos frente a un modus operandis del gobierno liberticida, que tiene como correlato un alineamiento en regla con el imperialismo, el abandono del reclamo efectivo por la soberanía de las Islas Malvinas y condiciona la capacidad de decisión de la Argentina sobre sus recursos naturales, sus rutas marítimas y su proyección antártica. En julio pasado el semanario británico The Economist reveló la existencia de diálogo de carácter militar entre ambos gobiernos, que datan de febrero de 2024, y que tiene como norte erradicar la influencia china y rusa en el Atlántico Sur y reforzar la posición de Estados Unidos, aliado histórico de Londres, en la región. Reforzando esta política de sometimiento, el Ministerio de Defensa organizó una charla de carácter académico titulada "Perspectivas y lecciones del conflicto en Ucrania" y tuvo como objetivo analizar "uno de los conflictos bélicos más avanzados en términos tecnológicos" La actividad, que revistió el carácter de abierta, se llevó a cabo el jueves 9 por la mañana en la sede de la Universidad Nacional de Defensa (UNDEF) en la Ciudad de Buenos Aires, pero no fue difundida por redes sociales, ni en medios periodísticos. Sí fueron invitados por correo interno docentes de la UNDEF. "No se animaron a difundirla públicamente", aseguró a LPO un militar en actividad. El gobierno opera a dos bandas con el imperialismo británico. Mientras refuerza la injerencia militar en el Atlántico Sur, da vía libre a las exploraciones petroleras marítimas y a las licencias pesqueras ilegales. En esta línea de acción, a finales de septiembre fue Guillermo Francos quien recibió al embajador británico, David Cairns, vicepresidente de la petrolera de origen noruego Equinor, que cuenta con licencias de exploración en la plataforma continental argentina. Luego de la reunión bilateral se conoció un comunicado en el que se explicitó que ambas partes “dialogaron sobre los ámbitos de cooperación futura, aunque no se mencionó la cuestión de las Islas Malvinas.” (Escenario Mundial 25/9) En su alocución en la última Asamblea General de la ONU, Milei vociferó que las Malvinas “están ocupadas ilegalmente”, y denunció las actividades británicas en el Atlántico Sur, desde operaciones hidrocarburíferas hasta ejercicios militares con cazas Eurofighter Typhoony y llamó al Reino Unido a retomar las negociaciones bilaterales en sintonía con la resolución 2065 de la ONU. Pero en sus acciones concretas, el gobierno liberticida ha avanzado rápidamente el reforzamiento de la ocupación británica en el Atlántico Sur, lo que ha generado malestar dentro de los miembros de las Fuerzas Armadas. Lejos de exponer una política consecuente por la soberanía en el Atlántico Sur, el gobierno liberticida tiene un doble interés en restablecer un diálogo fluido con el Reino Unido: lograr la incorporación de la Argentina como “socio global” de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), en un vínculo que supere la categoría de “aliado extra” que el gobierno de Carlos Menem consiguió en la década del 90, a partir de su acercamiento a Estados Unidos, y el objetivo de que se derogue el “veto británico” que existe de hecho y condiciona las inversiones para renovar el equipamiento militar de las Fuerzas Armadas, vigente desde la finalización de la guerra de las Malvinas. Al igual que en la política interna, en el plano internacional los libertarios recurren a la polarización con el kirchnerismo. Las gestiones del secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Juan Battaleme, del equipo de Petri y la embajadora en el Reino Unido, Mariana Plaza, apuntan a “retomar un diálogo que había sido detonado por el kirchnerismo”. La diplomacia libertaria con el Reino Unido es conocida como “doctrina Plaza” que establece el acercamiento a las autoridades británicas para cooperar en diferentes áreas a cambio del abandono del reclamo por las Islas Malvinas y quedó en evidencia hace unas semanas atrás, cuando Milei se reunión con Vjsa Osmani, presidenta de Kosovo, estado no reconocido por la Argentina, ya que su independencia quebrantó el principio de integridad territorial de Serbia, el mismo que sustenta el reclamo argentino. A su vez Kosovo ha arribado a acuerdos militares con el Reino Unido que, entre otras cosas, permiten que soldados kosovares sean parte de ejercicios militares en las Islas Malvinas en la actualidad. En las tratativas entre Argentina y EE. UU por el financiamiento al gobierno liberticida, Scott Bessent habría puesto sobre la mesa la habilitación de una base militar en Ushuaia, un punto estratégico para el control del Atlántico Sur y la Antártida, lo que requiere el aval del Reino Unido por ser la fuerza ocupante en la región. En este marco de situación las reuniones militares secretas cobran otra relevancia en el camino de convertir a las Islas Malvinas en una base militar y petrolera de la OTAN. Como ha sostenido nuestra corriente, Política Obrera, desde la guerra a la actualidad, una salida nacional a la cuestión Malvinas sólo se dará en el marco de la Unidad Socialista de América Latina, incluido Puerto Rico, y en la unión de los obreros y campesinos de nuestro continente con el proletariado internacional.

A 15 días de los comicios del 26 de octubre, Política Obrera Santa Fe está realizando su primera campaña en el conjunto de la provincia. Con las candidaturas de los compañeros Marlín Gómez y German Lavini, entre otros luchadores socialistas, se está llevando una agitación en los lugares de trabajo, espacios públicos y los barrios de las principales ciudades, bajo el planteo de que es necesario votar un programa y candidatos socialistas. Así lo hemos hecho en el Centro Cívico de la capital provincial, en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMAFE), en fábricas como la avícola Sanchez & Sanchez, en Electrolux de Rosario (cuya patronal se encuentra suspendiendo a 40 % de sus trabajadores). Mientras se preparan las recorridas en barrios como Loyola norte y sur, Santo Domingo, entre otros, de la capital provincial, se desarrollarán actividades políticas que resaltan. A la agitada agenda de medios para este lunes 13 en la capital provincial le seguirá una charla debate en Villa Constitución, de la que participarán la compañera Marlín Gómez junto a Marcelo Ramal, que tendrá como objetivo la divulgación de nuestros planteos en el centro de la actividad industrial de la provincia el próximo martes 14 de octubre a las 19 horas en la Biblioteca Popular Marisa Perrissol. Luego, el miércoles 15, la candidata participará de una mesa redonda con el resto de los candidatos en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario donde tendrá la oportunidad de desarrollar nuestro planteamiento de cara al gobierno desahuciado de Milei y las perspectivas que se le abren a los trabajadores frente a este derrumbe político. Mientras, recorrerán medios de la zona de Rosario y el cordón industrial, amplificando el radio de difusión de nuestro programa político. Por último, la compañera recorrerá las instalaciones del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, junto a la Comisión Interna. Esta campaña tiene como epicentro cada lugar de trabajo, de estatales, salud y docentes, y en los principales centros obreros de la provincia, que son destinatarios directos de la motosierra tanto libertaria como la empeñada por Pullaro, que ha impuesto un ajuste contra el conjunto de los empleados estatales, y que ahora pretenden presentarse como oposición luego de un compromiso político con Milei desde el inicio de la gestión, aprobando leyes fundamentales contra los trabajadores. Mientras que Fuerza Patria de la mano de Caren Tepp y Armando Traferri hacen guiños al planteo devaluador de los sectores productivos, la burocracia sindical que conforma y apoya esta lista está dejando pasar una masacre laboral sin paragón. Al callejón sin salida que los partidos patronales oficialistas y del “recambio” pretenden como desenlace a la crisis, Política Obrera hace un llamamiento a preparar la huelga general que dé por tierra el ajuste de este gobierno hundido. Con esta caracterización es que llamamos a votar por un programa y candidatos socialistas.

Como en las películas del Lejano Oeste, la caballería del Tesoro norteamericano hizo su aparición a último momento para salvar a la asediada caravana libertaria de una caída irremediable en el abismo. Con los últimos 300 millones de dólares en las arcas del Tesoro argentino, el secretario Scott Bessent activó una suma desconocida de divisas para financiar la fuga de capitales de los fondos de cobertura norteamericanos invertidos en títulos de la deuda pública argentina –en pesos o en dólares-. De otro modo, el Banco Central hubiera debido liquidar sus escasas reservas líquidas (o permitir una devaluación del peso) en las vísperas de las elecciones cruciales del 26 de octubre. Esta vez, a diferencia de 2001, bajo De la Rúa-Cavallo, y de 2018, con Macri-Caputo, el rescatista de turno no ha sido el FMI, y con razón –ya está enterrado con un crédito impagable con Argentina por alrededor de 80 mil millones de dólares-. Cuando se toma en cuenta la salida de capitales del mercado de deuda de Francia, un país sumamente interrelacionado con el mercado europeo y el mercado internacional, el desplazamiento del FMI en esta ocasión como prestamista de última instancia muestra el alcance internacional que podría tener un nuevo default de parte de Argentina. Inversamente, una aceleración de la crisis de deuda francesa alejaría a los fondos internacionales de un rescate a Argentina. De acuerdo al New York Times, “el paquete (de Bessent) vino como un alivio para los grandes inversores globales que han hecho apuestas en Argentina. Los fondos que gerencian activos incluyen a Black Rock, Fidelity y Pimco. Las ganancias de Fidelity (en Argentina) la ayudaron a compensar pérdidas en otros mercados emergentes. La Oficina de la Familia Duquesne es el segundo mayor inversor en el principal Fondo de Intercambio (ETF) de Argentina”. Bessent ha salido de urgencia a rescatar a sus compadres financieros en momentos en que una derrota electoral de Milei está desatando una estampida financiera sobre todos los activos de Argentina. Paul Krugman, premio Nobel de Economía, escribió: “Lo que omití en mi nota anterior es que ese rescate no sólo apuntaba a salvar al 'Elon Musk del Sur' (por Milei) sino a los amigos de Bessent en los fondos de cobertura”. La senadora estadounidense Elizabeth Warren emplazó a la Cámara que reúne a los fondos de cobertura de Estados Unidos a que informen las tenencias de deudas y activos argentinos, públicos y privados, y su papel en el paquete de Bessent. El paquete, señaló, “podría dar tiempo a los fondos de cobertura para salir de sus posiciones sin sufrir grandes pérdidas”. Bessent no ha activado un “swap” (canje) de monedas para estabilizar el peso. Aunque las características del paquete no son conocidas en sus principales dimensiones, el “swap” que se ha activado no es con el Banco Central (ni tampoco la intervención de la Reserva Federal) sino con tres bancos extranjeros locales –el Santander, el JP Morgan y el Citi-. Más que un “swap” parece un “carry trade”: el Fondo de Estabilización de Estados Unidos invierte en depósitos bancarios u otros activos los pesos que compra con sus dólares; una ‘inversión’ que rinde, entre subas y bajas, un promedio del 50 % anual, a cortísimo plazo. Por eso Bessent habló de “inyectar liquidez” en la economía, sin sospechar, a-pa-ren-te-men-te, que esa liquidez se volvería al mercado de cambios. En esta operación, el Fondo de Estabilización (estatal) se estaría convirtiendo en un especulador más, como cualquier otro fondo privado de cobertura. En este caso, estaría incurriendo en un delito fiscal -la especulación con el dinero de los contribuyentes-. De acuerdo a La Nación, el Santander ya “ejecutó transacciones en nombre del Tesoro norteamericano para fines de intervención cambiaria. Ayer, (esas) entidades, comenzaron las intervenciones para frenar el derrumbe del peso”, o sea, absorbiendo liquidez, a cuenta del Tesoro estadounidense Aludiendo a su propia versión de un “swap”, cuyos términos se desconocen, Ricardo Arriazu, que juega como decano de los economistas argentinos, asegura que “es suficiente para parar la corrida cambiaria y bajar el ‘riesgo país’”. Pero advierte que “si (Milei) no logra apoyo legislativo para gobernar, ‘volvemos a la Argentina de siempre’”. De modo que el ‘swap’ es un globo de ensayo, porque la corrida seguirá sin pausa ante el simple ‘temor’ de que las elecciones deparen un resultado contrario (y hasta muy contrario) al que desearían los liberticidas. Los 20 mil millones de dólares del “swap” que no es tal, tampoco serían entregados en una sola cuota, sino en tramos; lo contrario sería jugar a una aventura y a un eventual “impeachment” (juicio político), porque Bessent es un funcionario de Trump. La gestión de la deuda pública de Argentina se haría desde Washington, fuera del control del Congreso y el Poder Ejecutivo de Argentina. Algo muy peligroso, más allá de las razones conocidas: Trump ha enviado a varias ciudades a la Guardia Nacional, como Portland y Chicago, en un caso de declaración de guerra abierta contra los estados de su propio país. El miércoles próximo Milei se reúne con Trump, de modo que el experimento de Bessent puede prosperar en los dos días hábiles anteriores al evento. Pero Trump tampoco podría mostrar en la reunión todas las cartas del rescate –que tampoco las tiene, porque debe preservar el lenguaje a once días de los comicios-. Nada impide, sin embargo, que Milei comprometa a Argentina en los planes de Trump contra China o en prometer ventajas a compañías norteamericanas en cuanto a la explotación de tierras raras, el litio y el cobre; con el litio, tiene la dificultad de que China monopoliza el 90 % de la refinación a nivel internacional. Para cooptar a los Rocca (Techint) y Madanes (Fate y Aluar), hay quienes prevén que Trump podría anunciar rebajas arancelarias para el acero en sus distintas formas y para el aluminio. No es plausible; el estado norteamericano ha estado comprando participaciones en la siderurgia de su país (United Steel), además de Intel, e incluso el cobro de retenciones a las exportaciones de Nvidia (semiconductores) a China. Una eventual rebaja de aranceles a las exportaciones de Argentina implicaría la liberación del mercado de importaciones, algo suficiente para voltear a numerosas industrias. El falso ‘swap’ de Bessent, sin embargo, ha sido celebrado también por los popes de la Unión Industrial; es que, al fin de cuentas, BlackRock, Pimco o Fidelity, son accionistas de las industrias que cotizan en Nueva York. Lo más importante de todo, pero escasamente mencionado, es la conversión del Caribe “en otro frente de guerra” (palabras del colombiano Gustavo Petro), además de los de la OTAN-Rusia y el Medio Oriente. Es decir, la suscripción de acuerdos militares como condición de un rescate. Es la transacción que Trump reclama a Brasil: rebaja de aranceles a cambio de obtener mano libre contra Venezuela (este es el mensaje, a todo el mundo, que se desprende de la concesión del Nobel de la Paz a María Corina Machado, la mileísta venezolana que ha apoyado el genocidio palestino). La posibilidad de llegar a estos acuerdos (que sólo serán conocidos en pequeña medida) depende de que Trump se manifieste dispuesto a bancar a Milei inclusive en el caso de un desastre electoral. Ese desastre ahuyentaría (aunque sólo probablemente) el compromiso de las bancadas ajenas a LLA a repetir la colaboración política con el gobierno liberticida como ha ocurrido en la primera parte del mandato. El ‘swap fake’ ha sido descripto oficialmente como un puente a un nuevo acuerdo postelectoral, con el FMI, que reemplazaría a los dólares por una moneda ‘sui géneris’, los derechos especiales de giro, una canasta digital de monedas, que emite el FMI. El programa del acuerdo prevé un ajuste mayor por encima del ajuste corriente, y un período indefinido de recesión industrial y depresión económica. O sea, un programa, de nuevo, de contrarrevolución social y política, que hoy se encuentra en gran crisis. La tendencia a la guerra internacional no puede hacer abstracción de la guerra interna, porque, de un lado, es innata a la reacción política de ultraderecha, y porque es la expresión, por otro lado, de las mismas contradicciones históricas del capitalismo en su conjunto. La realidad concreta, sin embargo, es una seguidilla de crisis políticas mayúsculas en las grandes potencias mismas, acosadas por crisis financieras, y una tendencia a la rebelión popular, como se ha manifiestado en Italia, España y Gran Bretaña, contra el genocidio en Gaza (y la crisis social), y en Nepal, Indonesia, Francia y Portugal. Estados Unidos es un epicentro que enlaza todas esas tendencias en su conjunto. El ‘swap’ de Bessent y Trump no ofrece una salida a la crisis; todo lo contrario, la magnífica. Esta es la base objetiva para desarrollar una acción histórica independiente de la clase obrera y el conjunto de los trabajadores.

Juan Carlos Romero, el exgobernador peronista de Salta, dio un salto aparentemente sorpresivo. Espada del gobierno de Milei en el Senado, anunció que apoyaba la lista Primero los Salteños, que apadrina el gobernador, también peronista, Gustavo Sáenz. A Romero lo atrajeron “las virtudes de la señora Royón”, candidata de Sáenz, dice Ariesonline, “y no ahorró críticas hacia los libertarios”. La señora Royón se ha convertido en la reina nacional de la Minería, de cuya cartera ha sido ministra o secretaria bajo el mismo Sáenz, luego con su compadre Massa y más tarde de Javier Milei. En un debate de candidatos, hace una semana, señaló que incluso duerme en los campamentos mineros, donde nunca observó signos de superexplotación. La declaración de Romero, el peronista libertario, le quita un apoyo a la representante oficial de LLA en Salta, la diputada nacional Emilia Orozco. El giro de Romero trasluce un giro del propio Milei, que probablemente abandonó a su suerte a su camarada salteña, incluso con la venia de ella misma, que ha raleado su presencia en la campaña electoral. La Nación publica, hoy viernes, un dato esclarecedor: “Caputo (Santiago) no sólo se mostró con el salteño Gustavo Sáenz…; hace algunos días que comenzó un trabajo de acercamiento que va más allá. Se le adjudica la negociación en el Congreso para que la ley que limitaba el uso de los DNU tenga que volver al Senado”. A cambio, el gobierno nacional se habría comprometido “con obras públicas... no cumplidas” para Salta. Las obras en cuestión no tienen que ver con ningún interés popular; es un reclamo de accesos y rutas para conectar la producción de los pulpos mineros con el exterior. Además del RIGI, que los exime de impuestos, el estado se hace cargo de la infraestructura de los emprendimientos. El apoyo a Flavia Royón y el descarte de Emilia Orozco es parte de una maniobra, que la prensa ha difundido generosamente, para que un puñado suficiente de gobernadores sustente los dos años que le quedarían a Milei. Los operadores son Donald Trump y Scott Bessent, que condicionan los préstamos usureros a una coalición actuante en el mismo gabinete, pero como mínimo en el Parlamento. La prenda de unión es refrendar el pacto Milei-Caputo/ Trump Bessent, y subsidiar a la minería descapitalizadora. No es la primera vez que Salta, el nexo comercial entre el Virreinato del Río de la Plata y el Perú, es el eslabón de la política nacional. Ocurrió en 1930 cuando, en función de las petroleras norteamericanas, se asoció al golpe contra Yrigoyen, y en 1942 gestó la candidatura proyanqui de Robustiano Patrón Costa, frustrada por el golpe militar de Junio de 1943. Política Obrera de Salta denuncia estos saltos de tranqueras políticas como maniobras desesperadas para sortear la crisis política terminal del gobierno liberticida y promover los intereses de la minería y el capital financiero internacional.

Trump ha anunciado que entregará misiles Tomahawks a Ucrania, aunque después relativizó esa afirmación. Con un alcance de 2.500 kilómetros —casi diez veces superior al de los ATACMS—, los misiles Tomahawk podrían poner en riesgo objetivos militares estratégicos e infraestructuras críticas en toda Rusia, lejos de las fronteras de Ucrania. La adquisición de Tomahawks colocaría a Moscú cómodamente dentro del alcance del arsenal de Kiev. Una opinión extendida descarta esta posibilidad por dos razones. La primera es que Ucrania no tiene la capacidad de lanzar este tipo de misiles. Según detallan los medios especializados, Kiev no dispone de ninguna de estas capacidades y tiene pocas posibilidades de adquirirlas a corto o medio plazo. El segundo inconveniente son sus existencias: “Si bien el Tomahawk es un misil caro, el verdadero problema en cuanto a materiales no es el precio, sino la producción. Estados Unidos produce entre 50 y 70 misiles al año y ha invertido cientos en Oriente Medio.” (The Telegraph 2/10). Son los mismos que Estados Unidos disparó desde submarinos contra las instalaciones nucleares iraníes en julio pasado. Hace un año, cuando se debatía la obtención del permiso de Joe Biden para lanzar misiles estadounidenses de largo alcance ATACMS, Rusia modificó su doctrina nuclear, garantizando el derecho de Moscú a lanzar un ataque nuclear en respuesta a una agresión con armamento de distancia profunda. Consultado por la prensa Trump respondió “¡He decidido proporcionárselos, pero primero quiero saber qué harán con ellos!" Dmitri Medvedev, el ex presidente de Rusia y ahora titular del Consejo de Seguridad, replicó: “Bueno, está claro lo que harán: atacarán París, Berlín y Varsovia. Incluso el presidente de Estados Unidos debería entenderlo…" Esta declaración se interpretó como una amenaza tácita de que Rusia atacaría ciudades europeas si Ucrania recibe los misiles. Keith Kellogg, enviado del presidente estadounidense a Ucrania, despejó dudas: “Creo que leyendo lo que él [Trump] ha dicho, la respuesta es sí. Hay que usar la capacidad de atacar a fondo. No existen los santuarios”, declaró a Fox. En noviembre de 2024, Biden levantó la prohibición del uso de misiles ATACMS contra territorio ruso, tras lo cual se utilizaron para atacar la región de Kursk. Unos días después, Moscú lanzó un misil Oreshnik, hipersónico, contra Ucrania. Poco después de su investidura, Trump bloqueó el uso de misiles de largo alcance contra territorio ruso. La historia no se repite, pero rima. Putin, ha reiterado varias veces que esto destruiría las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, llevándolas a un nuevo nivel de escalada: los Tomahawk tienen capacidad nuclear. La pertenencia de Ucrania a la OTAN y el despliegue de misiles nucleares estadounidenses a 500 kilómetros de Moscú serían, como definió alguien, ‘un cuchillo en la garganta.’ Para Europa no es menos grave. La política armamentística de la OTAN es un ataque a su propia población. Miles de millones de dólares fluyen a las corporaciones estadounidenses de armas y energía. Estados Unidos ha logrado eliminar a Europa como competidor económico. Con esto, ha logrado un objetivo importante de la guerra en Ucrania. Resta definir si el acercamiento consumado en la reunión de Achorage (Alaska) entre Putin y Trump y lo conversado allí está definitivamente muerto o existe alguna otra hoja de ruta. Trump ha puesto la política hacia Rusia bajo su control directo y el de unos pocos asesores leales. Los canales intermilitares permanecen inactivos. Los satélites estadounidenses guían los drones y la artillería ucraniana; los sistemas de comunicaciones estadounidenses unen su estructura de mando. Como ventiló el New York Times a principios de año, las operaciones de combate en la guerra de Ucrania se organizan desde la base militar estadounidense en Wiesbaden (Alemania), incluyendo ataques contra artillería y lanzacohetes. Estados Unidos conduce la guerra manteniendo distancia del teatro de operaciones, lo que los analistas denominan “liderar desde atrás” (Lead From Behind) . Estableciendo sistemas de alianzas para proyectar indirectamente su voluntad en regiones clave. “En general, el mensaje ruso es claro: la situación está volviendo a la era Biden.” (Kommersant 7/10) En el terreno, Rusia viene atacando en forma sistemática la infraestructura energética de Ucrania, algo que sucede desde 2022 en esta época del año: “Una serie de ataques aéreos masivos rusos durante la última semana han inutilizado casi el 60 por ciento de la producción de gas de Ucrania, lo que aumenta los temores de escasez durante el invierno, según dos funcionarios ucranianos con conocimiento de los daños.” (Financial Times 10/10). Putin había amenazado previamente con tales ataques, afirmando que serían una respuesta a los ataques de Ucrania contra las refinerías rusas. Militarización de Europa En la guerra entre la OTAN y Rusia no sólo el uso de drones ha implicado un cambio radical en la forma de combate, también el uso generalizado de las comunicaciones por internet, así como de las imágenes satelitales para el reconocimiento. La inteligencia artificial se emplea con fines militares. Esto ha disipado la niebla de guerra: ahora todos los movimientos de tropas y equipos a lo largo de la línea de contacto y los territorios adyacentes (hasta 50 km de profundidad) están bajo el control de los bandos opuestos, lo cual ha transformado significativamente las tácticas de combate. Como enseña la historia, cada guerra es única a su manera. Dicho esto, y más allá de las nuevas tendencias, la victoria en el campo de batalla la consigue el soldado de infantería. Lo cual implica reclutamiento y una movilización amplia de la población. Ucrania adolece de una falta crónica de tropa. Las deserciones y abandonos sin permiso se cuentan por decenas de miles. El cuerpo encargado de “reclutar” en las calles a los civiles es repudiado ampliamente por la población. Los estados mayores de los demás países han tomado nota de este estado de cosas. El conjunto de Europa se está reestructurando para la guerra, como advierten todos los observadores. Alemania y sobre todo Polonia se proyectan como los estados de primera línea en esa confrontación, para lo cual deben militarizarse fronteras adentro, emulando los intentos de Trump con las grandes ciudades norteamericanas. Alemania ha adquirido recientemente 1400 vehículos de transporte de tropas. “El anuncio de la BVM (Ministerio Federal de Defensa) no especifica qué modelos de vehículos se requieren ni para qué fines se necesitarán con tanta urgencia” (RT 5/08). Distintos observadores han expresado dudas sobre si este programa de armamento realmente pretende disuadir una agresión rusa. Ocurre que los vehículos son más adecuados para tareas policiales militarizadas. “Los alemanes adquieren una cantidad mínima de aviones de combate y casi exclusivamente transportes de tropas. La pregunta es: ¿para quién está diseñado este arsenal?” Podrían desplegarse tanto en Alemania como en otros países europeos, señalan los expertos. Estos vehículos no han demostrado su eficacia en el frente. La gran contraofensiva ucraniana de la primavera reveló que son vulnerables e inadecuadas para la guerra moderna. El gobierno de Bélgica ha autorizado el despliegue del ejército en Bruselas “como apoyo a los agentes de Policía en las operaciones contra el narcotráfico”, el pretexto en apogeo. La guerra y la destrucción de las libertades van de la mano. LEER MÁS: La guerra de la OTAN y Rusia se ensancha Por Camilo Márquez, 29/09/2025.

La historia de Belén, la joven tucumana criminalizada por un aborto espontáneo en 2014, y la lucha por su liberación, llegó a la pantalla grande y no tardó en conmover al público y a los especialistas. Es el cuarto filme argentino más visto en el año. Fue seleccionada para representar al país en los Premios Goya 2026 en la categoría de Mejor Película Iberoamericana y competir en los Premios Oscar 2026. La actriz Camila Plaate, quien interpreta a Belén, recibió la Concha de Plata a la Mejor Interpretación de Reparto en el Festival de San Sebastián. Como describen algunas sinopsis de la película, Belén narra la historia de la joven tucumana acusada injustamente de cometer un aborto ilegal. El film se centra en la lucha de su abogada contra un sistema judicial conservador para defender a la protagonista, convirtiendo la historia en un símbolo de la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres y el motor para la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el país” (La Opinión Online). El caso de Belén efectivamente sacó a la luz la criminalización de mujeres pobres por aborto en la Argentina, la violencia obstétrica, la profunda injerencia de la iglesia en la salud pública, el carácter reaccionario, misógino y clasista de la justicia, incluidos fiscales y jueces, y fue el motor de una lucha colectiva que arrancó a Belén de la cárcel. También fue un gran puntapié para arrancar el aborto legal. La película sin duda conmueve y tiene el valor de traer a la memoria este proceso. Sin embargo, como integrante de la Mesa por la libertad de Belén me gustaría recuperar algunos aspectos de esta enorme y tenaz experiencia que son de vital ayuda para la situación actual del movimiento de mujeres. A Belén fue posible arrancarla de la cárcel por la organización y lucha colectiva e independiente del Estado. El hecho de que la confianza haya estado puesta en la fuerza de la acción callejera a nivel provincial, nacional e incluso internacional marcó el camino. Todas las acciones judiciales tuvieron su correlato en las acciones de movilización y lucha. La coordinación entre las distintas organizaciones tenía ese principio motor. Este aspecto, que luego también primó en la enorme marea verde que rodeó el Congreso para conquistar el aborto legal, muestra que es el camino que debemos retomar para enfrentar los avances reaccionarios y el ataque a nuestros derechos.

Con la premisa de “democratizar el acceso a la información”, la empresa Open AI, propietaria del Chat-GPT, dio a conocer que llevará adelante una inversión por unos 25.000 millones dólares en la Argentina para construir un megacentro de datos en la Patagonia para alimentar a la industria de la Inteligencia Artificial. Fue anunciado por el gobierno luego de una reunión que mantuvieron en la Casa Rosada con directivos de OpenAI. De la reunión también participó Damián Reidel, a quien señalan como el impulsor de la iniciativa y promotor de convertir a la Argentina en hub global de IA (plataforma centralizada de datos). El desembarco de OpenAI se da en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y se convertirá en el primer stargate (red de centros de datos capaces de entrenar y operar modelos de inteligencia artificial a escala masiva) de América Latina, y podría alcanzar una capacidad operativa de hasta 500 MW y diseñado para alojar la próxima generación de cómputo de IA. Rápidamente desde el gobierno salieron a decir que el proyecto "no solo prevé avances tecnológicos, sino también impacto en la economía y acceso democrático a esta tecnología". Pero el impacto en la economía no sería tal, ya que “los empleos directos que genera este tipo de infraestructura rondan entre las 300 y 800 personas” empleadas (identidad Sindical, 11/10) y podría llegar a consumir energía eléctrica como una ciudad de 250.000 habitantes. Sam Altman, CEO de la firma estadounidense declaró que se trata de un “hito que va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”. Según trascendió el proyecto será desarrollado por un ´joint venture´ entre Sur Energy, que deberá proveer la infraestructura y energía y un proveedor global de infraestructura cloud , y cuenta con OpenAI como potencial comprador de servicios. El proyecto comenzaría con un primer tramo en el que se invertirían 7.000 millones de dólares y se financiaría con créditos de entidades bancarias. Como no podía ser de otra manera en medio de la guerra comercial de EE. UU, la elección de la Patagonia responde a la disputa geopolítica y, en este sentido, el enclave tecnológico se inscribe en la batería de medidas adoptadas por la gestión Trump, que van desde el avance militar en el Caribe al “salvataje” de la Argentina, para contrarrestar y erradicar la presencia de capitales chinos en la región. A su vez, la Patagonia, posee abundancia hídrica, utilizada para enfriar los servidores, y por su clima frío y seco, que reduce los costos de enfriamiento, brinda condiciones climáticas especiales (que Silicon Valley no posee) para el desarrollo de estos centros de datos. Otro punto central por el cual se eligió a la Patagonia es por su “alto potencial en energías renovables que puede alimentar de forma limpia y estable la inmensa demanda eléctrica que requieren los ´data centers´ de inteligencia artificial, algo clave tanto por razones ambientales como económicas” (Clarín, 10/10) En este sentido, la inversión de OpenAI se inscribe en la lucha por el acaparamiento y explotación de los recursos naturales, que han sido puesto sobre la mesa por Scott Bessent en las negociaciones con Caputo. Asistimos a un proyecto que se caracteriza por el extractivismo digital, si tenemos en cuenta que estos ‘data centers’ ocupan grandes porciones del territorio, consumen importantes cantidades de recursos naturales para sustentar la actividad y no generan fuentes de trabajos que cambien la ecuación del flagelo del desempleo. IA y superexplotación laboral Detrás de los señores “tecnofeudales” se encuentra lo que la asociación sin fines de lucro Partnership on AI (PAI) ha denominado como “fuerza laboral oculta”, trabajadores subcontratados por las grandes empresas tecnológicas, que en su mayoría se encuentran en el hemisferio Sur. No son pocos los intelectuales que buscan, a través de un malabarismo ideológico, sustraer a la industria digital del proceso de explotación social del capital. Uno de los eslabones más débiles del desarrollo de la IA son los llamados “etiquetadores”, quienes realizan tareas tediosas y potencialmente dañinas para la salud mental de los trabajadores. Esta tarea consiste en etiquetar millones de datos e imágenes para señalar a la IA y le señalan al programa qué es qué, para que la máquina pueda entender qué es cada cosa y aprender en qué contexto usarla. En el mundo de la IA estas tareas son conocidas como “enriquecimiento de datos”, se desarrolla en condiciones de precariedad laboral. Una investigación de la revista TIME reveló que muchos de los etiquetadores de datos que fueron subcontratados por OpenAI para entrenar a su ChatGPT reciben salarios de entre US$ 1,32 y US$ 2 la hora. Esta situación de precariedad laboral motivó en 2023 a más de 150 trabajadores, cuyas tareas sostienen los sistemas de inteligencia artificial de Facebook, TikTok y ChatGPT, a reunirse en Nairobi con la finalidad de poner en pie el primer sindicato africano de moderadores de contenidos. Otro aspecto de la precarización laboral del sector tiene que ver con la salud mental de los trabajadores, ya que para “catalogar todo el vasto caudal de material violento, siniestro y perverso que reside allí, para así mostrarle a la máquina a ignorar el costado putrefacto de la gran red de redes” (BBC, 23/3/23), generando en algunos trabajadores estrés postraumático. Especialistas señalan que "estos trabajos tienen un costo sobre la salud mental de quienes los hacen y deberían recibir cuidados psiquiátricos adecuados además de un salario más justo" (ídem). Como hemos señalado en estas páginas en respuesta a los planteos de Yanis Varoufakis sobre el “tecnofeudalismo” , “la renta no existe como ‘nube’ (sea digital o no): es una detracción del plusvalor proveniente de la explotación capitalista de la fuerza de trabajo. En la tecnología digital hay trabajo humano, creación de valor y plusvalía. En el ‘capitalismo en la nube’, no hay nada que no corresponda a una ganancia extraordinaria, cosechada sobre medios estrictamente capitalistas, incluida la apropiación privada del conocimiento generado en la academia (como ocurrió con Google y la Universidad de Stanford) o el financiamiento generoso del presupuesto público”.

La CTERA realizará un paro nacional docente para el martes 14 de octubre contra el ajuste salarial y educativo de Milei, a quien le reclaman por la convocatoria a paritaria nacional docente, la restitución del Incentivo Docente, aumentos presupuestarios, entre otros. El 14 habrá una movilización, en un lugar aún no precisado. Es claro que las reivindicaciones salariales y educativas no pueden esperar ni un minuto. Milei ha presentado un presupuesto para el 2026 que, según la propia CTERA, significa un nuevo ajuste presupuestario en todas las partidas educativas y de proporciones históricas. Las partidas destinadas para educación y cultura representan, por ejemplo, el 0,75 % del PBI. Siguen cayendo en más de un 70 % otras como Infraestructura y Equipamiento, Becas a Estudiantes, Acciones para la Formación Docente, INET (escuelas técnicas). Se ratifica la extinción del FONID y otros programas, como Mejoramiento de la Calidad Educativa, Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones y Fortalecimiento de Jardines Infantiles. Para los Comedores Escolares habrá una disminución del 10,6 % en términos reales, con respecto al presupuesto del 2023. Se necesita, entonces, un plan de lucha de los sindicatos docentes y una huelga general, resuelta por las bases docentes, que ha estado completamente fuera del radar en estos dos años del gobierno de Milei. Milei ha ratificado de hecho que vetará y seguirá vetando cualquier ley que, según la banda libertaria, atente contra el “equilibrio fiscal” (discapacidad, universidad, jubilados), más aún luego de los compromisos entreguistas pactados con el gobierno norteamericano, sobre los cuales la CTERA no ha dedicado una palabra hasta el momento. La consigna del paro es de hecho “la escuela enseña y construye esperanza”, completamente vacía de contenido cuando asistimos a un acuerdo financiero colonial que hipotecará más aún a la educación pública. El último paro convocado por esta central fue hace cinco meses por 24 horas, mientras que este será de nuevo por 24 horas, sin continuidad prevista, o sea que será nuevamente ocasional. Se excluye nuevamente cualquier tipo de demanda hacia los gobernadores que han replicado los mismos recortes que Milei y bajo el mismo precepto: primero “honrar” el pago a las deudas usurarias de las provincias, como lo ha demostrado en estos días Kicillof con los bonistas del estado bonaerense. En estas condiciones, este paro de aparato ratifica una conducta entreguista del salario y la educación pública que ha caracterizado a la CTERA durante el último periodo. Sus propósitos son electorales, para que lleven agua al molino de las facciones opositoras a Milei en el campo peronista, sea “Fuerza Patria” o “Provincias Unidas” quienes a su vez pretenden ser un relevo político electoral recién para el 2027, luego de ser una mayoría de ellos los primeros socios políticos de Milei. La docencia viene luchando por romper este inmovilismo. En la provincia de Buenos Aires, en donde se votó mayoritariamente a “Fuerza Patria”, el miércoles 8 de octubre ha tenido lugar un nuevo paro provincial, llevado adelante completamente por fuera de los marcos de la burocracia sindical del Frente Gremial Docente Bonaerense y de SUTEBA. Fue convocado, de nuevo, por solo tres seccionales de SUTEBA, y obró como un canal para demostrar el descontento que existe en la docencia bonaerense con la miseria salarial para una jornadas escolares cada vez más sobrecargadas. El paro tuvo lugar a pesar de los grandes descuentos al salario por paro que aplicó Kicillof . De la misma forma, han salido a la lucha los docentes de Santa Cruz y de Catamarca, luchas completamente abandonadas por la CTERA. Es por ello que el 14 llamamos a parar y movilizarnos masivamente, bajo la perspectiva de organizar una huelga general preparada mediante autoconvocatorias y plenarios de base docentes. Por un salario mínimo de $2 millones de pesos, la conquista de aumentos de emergencia para todas las partidas educativas nacionales y provinciales y la defensa de los regímenes previsionales docentes. No al pago de la deuda. LEER MÁS: CTERA convoca a un paro nacional para el martes 14 de octubre Por Mariano Hermida, 30/09/2025.

El día miércoles 8 de octubre, los estudiantes agrupados en el comité por la democracia estudiantil recibieron respuesta de la gestión universitaria a través de su secretario general en relación al pedido de padrones por parte de la junta electoral para realizar las elecciones. Luego de asambleas donde se reunieron cientos de estudiantes de la universidad en donde se definió desconocer la reforma estatutaria de “El Puente-FUNYP” y se convocó a renovar autoridades mediante elecciones y del armado de listas y conformación de la junta electoral, el rectorado ha decidido sostener a la dirección del CEUNGS y su reforma golpista que les extiende el mandato y les da control total de las elecciones. La gestión universitaria, que está asociada con el peronismo y cuya cabeza, Terigi, forma parte de los contubernios burocráticos del CIN, entregó un documento a través de su secretario general en el cual nos informaba a quienes formamos parte de la junta electoral que, como estamos en condición de ‘’autoproclamación’’ no pueden darnos los padrones. Según este documento, de acuerdo con el artículo 46 del estatuto del centro, la junta electoral debería ser designada por el propio centro de estudiantes. En primer lugar, la conformación de la junta electoral y el armado de listas se desarrolló luego de cinco meses en los cuales los estudiantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento desarrollaron asambleas y pronunciamientos en contra de la reforma estatutaria y la maniobra golpista de ‘’El Puente’’, lo que no es más que el repudio completo del estudiantado y la necesidad de cambiar las autoridades del centro. Por otro lado, el artículo 46 está mal citado: éste dice que la junta electoral será conformada por los apoderados de las listas, es decir que han cometido una ilegalidad ya que se negaron a entregar los padrones por las razones equivocadas en elecciones de un centro de estudiantes que tiene autonomía respecto al rectorado. Lo que revela el rectorado al invalidar los reclamos de los estudiantes, son los profundos lazos que lo unen a la agrupación del PJ El Puente-FUNYP, puesto que han demostrado ser cómplices en una maniobra golpista y se encuentran entorpeciendo el proceso electoral. Esta situación fue denunciada rápidamente por algunas agrupaciones universitarias y por nosotros. Lo que siguió a la denuncia fue una reunión del comité por la democracia estudiantil donde se resolvió realizar asamblea el día jueves 16 para pedir los padrones y garantizar las elecciones. Mientras esto ocurría, la presidenta de “El Puente” en un programa de radio decía que “obvio que va a haber elecciones.’’ Pero no indicó una fecha, simplemente dijo “A finales de octubre y principios de noviembre nos reuniremos con la comisión directiva para preparar un cronograma electoral”. Entonces la situación de las elecciones seguirá en suspenso en la medida en que se deje que El Puente tome la iniciativa. Frente a esta situación, la solución no provendrá de los golpistas que se asentaron en el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento ni de sus colaboradores del Rectorado; la única salida es que los estudiantes nos reunamos en asamblea para discutir la salida frente a esta situación y ante la falta de respuesta de la gestión, tomemos el centro de estudiantes y el rectorado hasta garantizar las elecciones en una férrea defensa a la democracia estudiantil que no es más que la defensa a la universidad pública. Solamente a través de un centro de estudiantes socialista, independiente de las burocracias y la descomposición parlamentaría podrá crecer nuevamente el movimiento estudiantil. LEER MÁS: UNGS: Política Obrera se presenta a las elecciones del Centro de Estudiantes Por Gabriel Meggiotto, 05/10/2025.

En la reciente sesión del Congreso, los diputados jaldistas agrupados en el bloque “Independencia”, junto a otros diputados que responden a gobernadores peronistas y a los “opositores Provincias Unidas”, ayudaron a que Milei no siga obteniendo derrotas parlamentarias. Esto marca que el sector de los grandes industriales agroexportadores del interior aún no le bajó el pulgar al gobierno nacional y espera por el “salvavidas” de Trump y Bessent para intentar atravesar la actual crisis del gobierno liberticida. La primera soga vino luego que los diputados aprobaran con 140 votos a favor ponerles límites a los decretos de necesidad y urgencia presidenciales (DNU) y el mileismo, con una maniobra, en la discusión en particular, lograse introducir cambios en el artículo 3 de la ley, que a la hora de votar contó con 127 votos, dos menos de los necesarios por ley para ser aprobados. Los diputados jaldistas (Gladys Medina, actual candidata por Tucumán Primero en segundo término en la lista oficial que encabeza Jaldo, Agustín Fernández y Elia Fernández, también candidata en cuarto término por Tucumán Primero) obedecieron la orden de retirarse del recinto a la hora de tratar el punto. Con esto, los liberticidas lograron que la ley en su conjunto vuelva al Senado ganando tiempo. Ahora habrá que esperar cuándo se vuelve a reunir el Senado, y si se ratifica el proyecto tal cual se giró a la cámara de diputados. La segunda soga se produjo al tratarse la ley de reparto del impuesto a los combustibles. El proyecto tenía entre los promotores al propio Jaldo y al resto de los gobernadores, por considerarlo clave para el financiamiento de la obra pública en las provincias. Aquí nuevamente los diputados jaldistas obedecieron la orden de ausentarse a la hora de tratar la ley junto a otros diputados que responden a gobernadores peronistas y de “Provincias Unidas”. Para la aprobación se requería nuevamente 129 votos, pero solo llegaron a reunir 126 por lo cual no se le pudo dar media sanción al proyecto. Te doy mis votos a cambio de… Desde que se creó el espacio Tucumán Primero para estas elecciones de medio término, los tres diputados jaldistas (bloque Independencia) ya venían votando dualmente en el Congreso. Votaron contra Milei y los vetos presidenciales (el aumento para los jubilados, la emergencia en discapacidad, la ley de financiamiento universitario y emergencia pediátrica) pero estuvieron a favor de los liberticidas al rechazar el proyecto para destrabar la comisión investigadora del caso $Libra. En la misma sesión donde se votó contra el veto presidencial al aumento a los jubilados y a la emergencia en discapacidad, ya de madrugada, el jaldismo le hizo un guiño político al gobierno de Milei, cuando los tres diputados jaldistas votaron en contra del proyecto para destrabar la comisión investigadora del caso $Libra. Jaldo justificó esta postura afirmando que “Es un tema netamente judicial, que debe ser evaluado allí” (Tendencia de Noticias). Es claro que esta conducta política Jaldo la justificó en nombre de actuar a favor de todo lo que le hace bien a Tucumán, haciendo referencia a la entrega de fondos para una serie de obras pendientes de la Nación. En una entrevista del 19 de septiembre pasado Jaldo afirmaba que como resultado de negociaciones con el gobierno nacional “nos ha permitido terminar con la cárcel, 14 escuelas nuevas, más de 12 rutas provinciales que vamos refaccionando a nuevas”. Salvo la cárcel, una de las más grandes del país, el resto de las obras no se las conoce; en referencia a las rutas, consiste en el mejoramiento con el pasaje de la máquina y en el mejor de los casos el reforzamiento del enripiado, y en el caso de las escuelas, simplemente el mejoramiento de la infraestructura de escuelas ya construidas y por lo tanto nuevamente reinauguradas. Jaldo es Milei Desde Política para la clase Obrera venimos planteando que en Tucumán Jaldo es Milei. Durante todo el primer año y medio de mandato fue responsable primero y directo de aportarle a la gobernabilidad apoyando la ley Bases y la conformación del Consejo de Mayo. Y, como quedó demostrado, desde que se formó Tucumán Primero, que reúne a todo el peronismo tucumano bajo sus siglas, también ha seguido dándole apoyos parciales para sostenerlo. La verborragia de Jaldo contra Milei en cada acto al que asiste es solo para obtener más votos en estas elecciones y lograr sostener los dos diputados que pone en juego y apostar a obtener un tercero. Y con ellos, seguir negociando “favores”. En realidad, Jaldo juega a tres bandas, como en el billar. Mantiene una postura colaboracionista con el gobierno nacional, actúa en unidad con el peronismo no jaldista y los K, y tiene una ventana abierta de negociación con el frente de gobernadores. La misma postura rastrera, en este caso le corresponde al peronismo antijaldo y a los K que, hasta hace poco, en las marchas agitaban el cantico de “Jaldo basura, vos sos la dictadura”; hoy en función de conquistar una banca, guardan silencio de radio. De la misma manera otras fuerzas, como es el caso de Libres del Sur, en defensa de los lugares que ocupan en el gabinete provincial. El 26 es necesario un voto por un programa socialista y a la única lista, “Política para la Clase Obrera” que lo plantea, encabezada por Raquel Grassino. LEER MÁS: El Congreso tira un salvavidas a los DNU de Milei Los gobernadores, incluidos los de Fuerza Patria, promueven una operación de rescate. Por Jorge Altamira, 09/10/2025. Jaldo es Milei. Votemos un programa y candidatos socialistas Declaración política de Política para la Clase Obrera – Tucumán. 18/09/2025.

El Premio Nobel de la Paz, otorgado por el Comité noruego a la líder opositora de la extrema derecha venezolana, María Corina Machado, está enmarcado en una lucha “por la paz y la democracia en Venezuela”. El “premio” era pretendido por Trump con el apoyo de Netanyahu y otros, como Putin y el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko. Sin embargo, el comité prefirió un espaldarazo al despliegue de buques de guerra norteamericanos en las costas venezolanas que respalda Machado, con el propósito de consumar una invasión a Venezuela como lo ha reclamado en forma reiterada. Machado ha participado desde 2002 en adelante en todas las operaciones de desestabilización, boicot y bloqueo económico contra Venezuela. Fue partícipe directa del golpe contra Chávez y, ahora, celebra cotidianamente todas las sanciones y provocaciones contra su propio país. La flamante Nobel de la Paz apoyó las tentativas golpistas del fracasado Juan Guaidó, apoyadas desde Washington. Trump y el secretario Rubio han abierto un tercer frente de la guerra mundial en la región del Caribe. El Nobel de la Paz es una creación de un poderoso armamentista sueco, para colmo de las ironías. En las últimas semanas, Machado apareció en algunos medios estadounidenses para celebrar la intervención militar en el Mar Caribe asegurando que se trata de un apoyo decidido al pueblo venezolano. Fue su manera de incorporarse a la defensa de los bombardeos y asesinatos extrajudiciales e ilegales que comete Trump contra lanchas que circulan por las costas venezolanas. No ha dicho una palabra sobre una obviedad: cualquier lucha contra el narcotráfico debería intervenir su principal ruta que se encuentra en el Pacifico y el suelo estadounidense, y no en el Mar Caribe. Al mismo tiempo, el galardón busca rescatar la figura de Machado en su peor momento político a nivel interno en Venezuela. Tras el fraude electoral de Maduro, la derecha se ha desvanecido como oposición política. En primer lugar, se encuentra dividida entre intervencionistas, abstencionistas y colaboradores del régimen político. La clandestinidad de Machado, supuestamente dentro de Venezuela, no ha servido para recuperar la iniciativa política que había conquistado en la previa a las elecciones presidenciales de 2024. Maduro ha caído en su propio impasse. Las masas venezolanas atraviesan una prolongada miseria, reforzada por la dolarización, y el movimiento obrero se encuentra intervenido por el Estado. El Pentágono, según se ha dejado trascender, ya ha orquestado un plan de “100 horas” para “estabilizar” el país, luego de un golpe o intervención militar; un pinochetismo 4.0. Trump y Rubio han reorientado la política imperialista para apropiarse de las materias primas vitales para un guerra comercial y armada mundial. Scott Bessent ha justificado el apoyo financiero político a Milei con estas palabras: “(Milei) está comprometido a expulsar a China de la Argentina.” Una llamada de Machado a Trump bastó para unificar a la ´Internacional Negra´ y llegaron los mensajes de apoyo a Machado de todas partes del mundo, incluido Javier Milei. Machado reivindicó el premio “en honor a él”, en referencia a Trump, “que lo merecía más que nadie”. Estas declaraciones fueron hechas públicas por el propio Trump en una conferencia de prensa, en la que anunció que luchará por el premio en el 2026, adjudicándose “un gran corazón humanitario”. El fascismo en América Latina, escribió León Trotsky, no puede ser más que una sumisión completa al imperialismo. LEER MÁS: Trump avanza con las preparaciones de guerra contra Venezuela Maduro alerta sobre un plan para atacar la embajada de Estados Unidos en Caracas: acusa operación “bandera falsa” de la oposición mientras Trump amenaza con una invasión terrestre en el continente. Por Aldana González, 09/10/2025.

La crisis argentina no podía haber entrado en una fase más clara - terminal. Es lo que admite el secretario del Tesoro de Estados Unidos cuando afirma “Que no queremos que Argentina sea un estado fallido”. Es una conclusión común a la mayor parte del ‘establishment’ estadounidense, menos de dos años después de la llegada de la camarilla ‘liberticida’ al gobierno. La "caballería del Norte" ha desembarcado en Argentina cuando el famoso ‘riesgo país’ había llegado a los 1500 puntos por encima de lo que paga la deuda norteamericana, y el Tesoro de Caputo se había quedado sin dólares. La especulación cambiaria arremetía contra los 1470 pesos por dólar que establecía la ‘banda de flotación’ pactada con el FMI, y un nuevo préstamo del Fondo, por 20 mil millones de dólares, fue devorado en la totalidad de los 12 mil millones que habían sido efectivamente depositados en el Banco Central. Los capitales convertían sus pesos en dólares baratos, y en el mercado de futuros el Banco se comprometía a entregar la diferencia, en los distintos vencimientos pactados, con la cotización actual corriente del dólar – una apuesta a la devaluación. El propósito estratégico de la camarilla de Caputo (pagar ‘cash’ los vencimientos de deuda externa u obtener su refinanciación a tasas internacionales) se había hecho polvo. La corrida cambiaria ponía también en situación de default a la deuda pública en pesos y había generado una suba inusitada de la tasa de interés. El costo del financiamiento de la industria se había tornado prohibitivo, y no pasaba día sin el cierre de algunas empresas y suspensiones y despidos de trabajadores. La derrota electoral en la provincia de Buenos Aires por una diferencia abismal con un peronismo dividido y desprestigiado (más un ausentismo de dos millones de electores) puso de manifiesto que la crisis financiera e industrial había alcanzado un carácter tetánico (y hecho metástasis) en los órganos de poder. Una repetición de la debacle el próximo 26 de Octubre provocó la alarma del imperialismo norteamericano y de su Administración de ultraderecha. Un ‘default’ de Argentina afectaría a los inversores internacionales en pesos (muchos amigos de Bessent) e incluso a numerosos países cuyo ‘riesgo país’ (la tasa extra que pagan para endeudarse) golpea a numerosos países (o sea bancos y fondos internacionales). Las idas y vueltas acerca de los anuncios de Bessent muestra la confusión e incluso divergencias en el gobierno Trump. Que el Tesoro norteamericano se vea obligado a venir en socorro del FMI, en cuanto a capacidad de rescate, pone en evidencia el completo desajuste de las instituciones de “última instancia” que manejan la gobernabilidad financiera internacional. La prensa europea, por caso, estima que el FMI, atrapado en Argentina, deberá hacerse cargo a corto plazo del derrumbe de la deuda pública en Francia y también en Gran Bretaña (que ha dejado de estar bajo la órbita del Banco Central Europeo). La intervención del Fondo de Estabilización de Estados Unidos, en Argentina, bajo la forma de un ‘swap’ constituye una estatización del crédito internacional, que se reforzaría cualitativamente si entrara a comprar títulos de la deuda externa en circulación o de nuevas emisiones. La compra implicaría pagar un premio por la suba de las cotizaciones; aunque después logre revenderla a una cotización mayor, significaría adoptar un riesgo sistémico para el Tesoro de Estados Unidos. La deuda pública de la patria de Bessent se acerca peligrosamente a los 40 billones de dólares, o sea que crece cómodamente más rápido que el PBI. La deuda de EEUU ya se encuentra descalificada en un primer grado por las calificadoras internacionales . Inmediatamente después de las declaraciones de Bessent, el Tesoro estadounidense ordenó una compra de pesos por cien millones de dólares, para advertir que estaba dispuesto a sostener las actuales cotizaciones; es una medida claramente electoral hasta el 26. Lo mismo hizo el FEC en la crisis mexicana. Si tiene éxito en su propósito de mantener las cotizaciones, habrá conseguido un claro beneficio, porque la tasa de interés en pesos es del 40% promedio anual. Bessent presentó el asunto de otra manera – el peso, dijo, “se encuentra infravalorado”. El despropósito del planteo apuntaría a disimular la intención de una devaluación pos electoral; los pesos de Bessent están resguardados por alguna cobertura con el Santander, banco que le intercambió los dólares. Mantener la actual banda cambiaria en el techo, significaría alimentar la corrida cambiaria. En el caso de México, el FEC (de Clinton) aseguró su préstamo -de 20 mil millones de dólares- con el pago de una cuota de las exportaciones petroleras de Pemex – la YPF azteca. Lo que más tiene cerca en Argentina es también la YPF pseudo estatal, con la reserva del juicio que tramita contra ella el fondo Bruford en Nueva York. El gobierno Trump, sin embargo, advierte del inconveniente de otorgar un préstamo directo o comprar pesos. Pretende que lo haga el FMI, aunque no con dólares, sino con los Deg, una moneda especial, de la cuota que corresponde a EEUU; esto requeriría un acuerdo del directorio del Fondo, lo cual complicaría las cosas, en un marco de guerra arancelaria. En cualquier caso, Argentina pagaría los vencimientos de deuda con más deuda – pero no con privados sino con entes estatales o para estatales, ¡que no admiten impagos ni refinanciación! La salida sería un asfixiante terminal para el conjunto de la economía nacional. Algunos comentaristas critican el planteo de Bessent por responder a intereses geopolíticos y no estrictamente económicos. "Chocolate por la noticia"; siempre ha sido así. En los años 70, el FMI impuso un acuerdo de deuda y ajuste a la Polonia ‘comunista’, con la vista puesta en una privatización de su economía estatizada y un acercamiento a la OTAN. Lo mismo hizo con Rusia, en la brutalísima crisis de 1997. Financió, de ese modo, la restauración capitalista, expropiando los patrimonios de esos pueblos y estados. El ‘rescate’ de México tuvo lugar en el inicio del período de ‘globalización’, que capotó en América Latina con el levantamiento en Argentina, en 2001; en Bolivia, con la insurrección de 2003; y en Venezuela, con el levantamiento militar chavista -abortado- de 1992 y la nacionalización petrolera de 2002. De lo que se trata, en la actualidad, es de la guerra mundial, contra Rusia en Europa; contra Irán en Medio Oriente; y contra China – sin fronteras. Para esa guerra, necesita los recursos estratégicos fundamentales (uranio, cobre, litio, petróleo, tierras raras) de América Latina; por eso ha abierto un tercer frente de guerra en el Caribe y, digamos, un cuarto frente en Estados Unidos contra las libertades públicas del pueblo norteamericano. El “estado fallido” de Milei no se arregla con un ‘swap’ que tampoco es tal, porque no intervienen los bancos centrales sino el aparato ejecutivo del estado. El crédito estatal norteamericano, sea bajo la forma que fuere o de todas combinadas, apuntará a sostener una nueva devaluación, no a la ‘flotación’ actual. Será un paso adelante en la bancarrota del “estado fallido”, porque socavará aún más el mercado interno, la viabilidad de muchas industrias, el ‘default’ de la deuda con los bancos locales y, por sobre todo, los ingresos y el empleo de la población trabajadora. “Vender dólares cuantas veces sea necesario”, desconoce la declinación histórica del dólar y un precio del oro que está arriba de los 4 mil dólares, subiendo. Todo lo que viene sucediendo es una instructiva lección para quienes confundían esta etapa de guerra mundial con guerras localizadas, sin conexión, y que priorizaban la agenda política nacional que se entrelaza cada vez más con la guerra económica, financiera y militar internacional. LEER MÁS: El ‘swap’ (falso) de Bessent rescata a los fondos internacionales, no a Argentina Un salvavidas hasta el 26. Por Jorge Altamira, 10/10/2025.

En el mes de septiembre, cuatro personas se quitaron la vida en la vecina ciudad de Zárate. Al 12 de octubre, otras cuatro personas más hicieron lo propio (3 de Campana y 1 de Zárate). Ya se ha hablado lo suficiente sobre el hecho de que el suicidio tiene múltiples causas. Sin embargo, cabe preguntarnos, dado que nuestra ciudad -podríamos decir la zona-, ha sido récord en casos de suicidio adolescente durante varios años, qué la caracteriza o qué la distingue del resto de las ciudades de la provincia y del país. Campana-Zárate constituyen un polo industrial. Es decir que aquí se conglomeran una serie de empresas de diversas ramas que constituyen grandes fuentes de empleo en la zona, aunque al mismo tiempo, cuando se producen despidos/cierres (como es la situación actual), también empujan (de golpe) a una cantidad numerosa de familias “a la calle" y todo lo que ello implica, porque los efectos no son tan lineales y ordenados (familias que alquilan, que pagan obras sociales, colegios -o no- ven deteriorado su nivel de vida). Pero ello impacta en el consumo también, es decir, en otras familias que se dedican al comercio en la zona y que también ven reducidos considerablemente sus ingresos. En Campana durante los últimos meses se produjeron más de 150 despidos (encubiertos muchos de ellos bajo la modalidad de retiros "voluntarios") en la multinacional Tenaris Siderca y se esperan más. Otras tantas suspensiones con rebaja de salario. Setenta familias en la calle por el cierre de la empresa KTM. Y en Zárate, decenas de despidos en Celulosa (una papelera que aún se encuentra en conflicto). Sumado a ello, la obra pública ha sufrido un desplome en su actividad con la pérdida de miles de empleos en los últimos dos años (65.000 puestos perdidos solo en 2024). Y surge la pregunta: ¿influyen estos hechos en la salud mental de la población? En la gran crisis del año 1929, la bolsa de valores en New York se desplomó y fue seguida por la quiebra de varios bancos provocando gran impacto en otras economías del mundo, con un incremento monstruoso del desempleo y de la pobreza. Posteriormente, se observó un incremento en las tasas de suicidio -en particular en EE. UU.- que alcanzó un pico en 1932 de 21,3 suicidios cada 100.000 habitantes, donde quedó expuesto que los factores económicos jugaron un papel crucial en el incremento de las tasas de suicidio. En una entrevista al gran Enrique Pichon Rivière, a mediados de los años 70, Vicente Zito Lema le pregunta si cree factible precisar una causa principal a los casos de alienación mental. Pichon Rivière respondió: "Sí, ese factor morbígeno es la sociedad. Las enfermedades mentales son resultantes de conflictos de los individuos con la sociedad. Por supuesto que dentro de esos conflictos se encuadran los conflictos familiares (...) claro que ese impacto difiere según la ubicación de ese individuo en el mundo". Hoy nuestra sociedad se encuentra atravesando una crisis ya no solo económica y financiera sino además política, de características explosivas. Argentina se encuentra al borde del default económico, con recesión de varios meses y una economía paralizada, a lo que debe sumarse los bochornos que envuelven al gobierno nacional entre la corruptela y el narcotráfico. Por su parte las familias trabajadoras se encuentran haciendo “malabares” para cubrir, al menos, la mayor parte de la canasta familiar. Nos encontramos frente a adultos que deben trabajar más cantidad de horas para mantener el nivel de vida o simplemente para cubrir la canasta básica alimentaria. Se suma a ello entonces el agotamiento, la desesperanza, la incertidumbre, la frustración casi constante, todo lo cual acarrea discusiones y crisis familiares. Y todo este combo en los hombros de los adultos responsables del cuidado y acompañamiento de jóvenes, que tienen a su alcance miles de distractores o encubridores mentirosos pudiendo caer en el consumo problemático por ejemplo (redes, aplicaciones, drogas, alcohol, alimento, etc.). Hoy, psiquiatras infantojuveniles en CABA (Abadi) advierten sobre la ola de consultas por trastornos psíquicos en adolescentes. Y es posible verlo en escuelas secundarias y, lamentablemente, cada vez más en escuelas primarias; situaciones de angustia, de ansiedad, desesperanza y, en situaciones más vulnerables, las ideaciones de muerte con el agravante de autolesiones e intentos de suicidio. En los cordones de la pobreza estructural el panorama es aún más desalentador. Allí las juventudes se encuentran a merced de los narcos, que se presentan como fuente fácil de acceso a dinero, además del incremento del consumo problemático que se observa en las barriadas. Como vemos, el problema no es familiar, de hecho, los factores económicos no lo son en una sociedad. Allí también se padece la ausencia de políticas públicas que se enfoquen en la contención social (clubes de barrio, espacios culturales y artísticos, así como deportivos). Hemos visto el recorte por parte del gobierno nacional en suministros de alimentos a comedores populares, la ausencia de políticas que mejoren las condiciones económicas en la sociedad para contrarrestar el desempleo creciente y la parálisis en la economía, como podrían ser las obras públicas capaces de generar gran cantidad de fuentes de trabajo (hoy paralizadas). Es decir, el Estado ha decidido no contener a la población frente a las consecuencias catastróficas que las políticas económicas y las decisiones políticas generan. Recordemos los recortes en salud y educación en el gobierno nacional. En nuestra ciudad hemos denunciado ya la deficitaria atención en salud mental por parte del Estado Municipal, de modo que cuando alguien solicita dicha atención debe esperar cinco horas o más en la guardia hospitalaria, sumando a ello que no se cuenta con psiquiatría, efector clave para determinar la gravedad o riesgo inminente ante un padecimiento subjetivo. De modo que vemos cómo la organización social en que vivimos influye en nuestra salud mental. Baste ponerse en lugar de esas familias que no saben qué van a comer al día siguiente, o los miles de niños/as y jóvenes que se van a la cama sin cenar, o los despedidos y sus familias, los que solo ven crecer las deudas, para comprender cómo el contexto social influye en nuestra salud mental. Y es que únicamente con las necesidades materiales de existencia garantizadas podremos hablar de salud mental. Es necesario transformar esta sociedad de raíz. Debemos luchar por una sociedad en la que nuestros empleos, nuestros ingresos, nuestras condiciones de vida (salud educación, trabajo y esparcimiento) no sean las variables de ajuste del gran capital para engrosar sus arcas. El sistema capitalista ha llegado a un nivel de desarrollo en que ya no puede ofrecer más a la mejora de nuestras condiciones materiales de existencia. Todo lo contrario. Si bien el avance de la técnica y de la ciencia pueden objetivamente librar al mundo del hambre, de la muerte y la barbarie que traen las guerras comerciales y lograr un mejoramiento en las condiciones de vida de toda la humanidad (la productividad alcanzada por el trabajo humano hace posible reducir las horas de trabajo, repartiendo las horas entre todos los brazos disponibles, por el mismo salario), el objetivo egoísta de incrementar la tasa de ganancia de un grupo selecto arroja a la clase obrera ocupada a extenuantes jornadas de superexplotación y a otro tanto al desempleo y la miseria. Necesitamos un nuevo orden social, que coloque por encima de la ganancia de unos pocos las condiciones materiales de existencia de las mayorías trabajadoras. Esto es: Incremento de presupuesto para salud y educación (por un sistema único de salud para terminar con el negocio millonario de las obras sociales). Incremento de presupuesto en Salud Mental. Creación de un verdadero equipo interdisciplinario conformado al menos por 4 psicólogos y un psiquiatra por guardia dentro del hospital en nuestras ciudades. Que dichos profesionales cuenten con ingresos mínimos equivalentes al costo de la canasta familiar, hoy valuada en 2 millones de pesos. Creación de fuentes de empleo a través de obras públicas. Impuesto a las grandes fortunas, principales responsables de esta descomposición social a la cual nos arrojan y que hoy empuja a los nuestros al suicidio como única salida. Incremento de presupuesto para generación de espacios recreativos, deportivos y culturales. Nuestras ciudades han sido testigo, en estos últimos años y meses, de varias movilizaciones exigiendo al poder político que diera prioridad al tema de la atención de la salud mental. Solo la movilización y la organización política en forma independiente del Estado logrará arrancar a quienes gobiernan nuestros reclamos. Porque son ellos o nosotros. Es su interés de ajustar y reducir costos en salud, en espacios de contención y generación de empleo, o somos nosotros y nuestro interés de que todos/as tengamos la posibilidad de vivir una vida que valga la pena ser vivida. “Quién se suicida no quiere morir. ¡Solo quiere dejar de vivir como lo está haciendo!” Socialismo o Barbarie.

Del 13 al 17 de octubre se desarrollarán las elecciones del Centro de Estudiantes y del Consejo Académico en el Instituto de Formación Docente Nº 45. En el escenario abierto por la derrota electoral del gobierno liberticida y el desarrollo de luchas que abren una nueva generación de estudiantes, nuestra agrupación Construcción y Acción reivindica una organización independiente de las autoridades y del Estado. El gobierno liberticida, como una moda fuera de temporada, se encuentra en estado de liquidación. Su último intento de rescate, impulsado desde Washington, no tiene más horizonte que el derrumbe. Si los resultados electorales le resultan adversos, el gobierno quedará en terapia intensiva, empujando nuevas megadevaluaciones, la liberación del mercado de cambios o incluso la dolarización, lo que desataría una crisis en un plano superior. Este cuadro anticipa que el desenlace de la crisis -aunque parcial- puede volver a descargarse sobre las espaldas de las masas, salvo que irrumpa una intervención independiente de la clase obrera, capaz de imponer su propia salida frente al capital financiero y sus partidos. En un contexto de ataque virulento contra la educación pública -congelamiento de las partidas presupuestarias, cierres de cursos, limitaciones de infraestructura o falta de edificios propios, pulverización de los salarios docentes- el Estado bonaerense bajo la conducción de Kicillof no representa de ninguna manera una alternativa al derrumbe político de LLA, que además pretende contener. El gobierno provincial no ha hecho un ápice para contrarrestar la motosierra liberticida; todo lo contrario, la ha acompañado, permitió el derrumbe de la obra pública y se ha convertido en un pagador serial que reclama nueva deuda, hipotecando los recursos que deberían destinarse a educación. Los múltiples reclamos por infraestructura, calefacción y obras son respondidos por los consejos escolares como incapaces de resolver, argumentando que solo se invertirá ante situaciones críticas o con riesgo de vida. Quiénes se presentan En estas elecciones se presentan dos listas: Estudiantes en Marcha (Izquierda Socialista) y Construcción y Acción, nuestra agrupación y actual conducción del Centro de Estudiantes. En nuestro mandato logramos revertir, parcialmente, el vaciamiento del centro de estudiantes mediante una mayor presencia en los cursos y la constitución de un cuerpo de delegados activo. Las primeras asambleas del año estuvieron atravesadas por la problemática del Régimen Académico -quita de llamados a finales, virtualidad instalada como norma, nuevas correlatividades- que provocó la movilización y participación estudiantil. Si bien esta medida afectaba a las carreras con cambio de plan, los estudiantes de las otras carreras, como Inicial y Primaria, se solidarizaron y participaron activamente. A diferencia de los 12 años de conducción de IS, las asambleas contaron con centenares de estudiantes. A partir de ellas y de las iniciativas votadas en asamblea (corte de calle, sentadas y clases públicas), logramos mantener las condiciones de cursadas previas al nuevo régimen, siendo el único terciario de la provincia con esta excepción durante un año. El Instituto se caracteriza por una política de permanentes denuncias de género y abuso de autoridad, ante las cuales nuestra agrupación intervino activamente, ya que también somos mayoría en el consejo, logrando estructurar -con sus limitaciones- el Consejo de Convivencia. Estudiantes en Marcha (IS), actual oposición, ejerce una política de aparato. Su campaña vuelve sobre el slogan de “la Mafalda que ven siempre”, sumado a una campaña difamatoria. Nuestra caracterización Luego de la movilización del 17 de septiembre, decenas de compañeros se movilizaron a Plaza de Mayo. Sin embargo, sigue siendo minoritaria la participación y cuesta mucho convocar. El sábado pasado, frente a este escenario, nuestra agrupación organizó un festival por la defensa de la educación y la salud públicas, con la participación de 150 estudiantes y docentes, un número menor al del año pasado, aunque con mayor compromiso militante. La falta de acompañamiento docente, el cambio de fecha y la peregrinación influyeron en la asistencia. Por eso, en estas elecciones consideramos necesario seguir profundizando la organización estudiantil como la única herramienta para conquistar nuestras reivindicaciones. Militaremos el siguiente programa: Ante la ofensiva contra la educación pública y gratuita, continuemos la independencia política de las autoridades y del Estado, para arrancar todas nuestras reivindicaciones. Sigamos construyendo un cuerpo de delegados activos, elegidos por curso. Por la segunda ala del edificio para albergar a todas las carreras. Creación de una comisión de infraestructura y una sala maternal. Programa de tutorías. Promoción de eventos culturales que desarrollen y profundicen la organización de docentes y estudiantes. Defensa del método asambleario frente al ataque a nuestras condiciones de estudio y cursada. Elaboración de un Régimen Académico institucional con jornadas de debate colectivo. Repudio al endeudamiento y al ajuste, que descargan la crisis sobre las espaldas de las y los trabajadores, y exigencia de que los recursos se destinen a educación. Rechazo a cualquier tentativa de colocar la educación al servicio del capital y de los cierres de curso por baja matrícula. Solidaridad activa con el pueblo palestino y con todas las luchas internacionales contra la opresión imperialista. Nos sumamos al reclamo por el fin del genocidio en Gaza y reivindicamos las acciones obreras y populares que se desarrollan en distintas partes del mundo -huelgas, cortes y bloqueos- como ejemplo de lucha y organización.

En los últimos años se ha puesto de manifiesto el enorme potencial que representa la minería en el país, en especial en lo relativo al litio, el cobre, el uranio, y otros minerales que entran dentro de las denominadas tierras raras. Todos ellos minerales críticos imprescindibles para la denominada transición energética global y para la defensa, o sea para la industria militar. Por esto mismo, Argentina se ha transformado, entre otros motivos, en escenario de las disputas y guerra económica que enfrenta a las grandes potencias y bloques imperialista, en particular EE.UU. y China, pero también la Unión Europea, en la pugna por acceder y monopolizar estos recursos Las informaciones dan cuenta de que las minerías asentadas en estos minerales colocarían a la Argentina en un lugar privilegiado en la producción minera mundial. Estos pronósticos parten de los enormes recursos y reservas –los primeros refieren a la cantidad de mineral estimado existente y las reservas, a aquellos recursos en que se ha demostrado su viabilidad económica para ser explotados. En el caso del litio, Argentina posee el 20% de los recursos mundiales y el 13,3% de las reservas. Según la US Geological Survey, Argentina es el país con mayor recursos del mundo junto a Bolivia. En reservas, se ubica tercera detrás de Australia y Chile. Actualmente, en producción, y con números de 2024, está quinta detrás de Australia, Chile, China y Zimbabwe. Actualmente sólo seis proyectos están en producción, pero hay 15 en etapas avanzadas y más de 40 en exploración. Estos emprendimientos se concentran en Catamarca, Salta, Jujuy. El atractivo de Argentina no pasa inadvertido: en 2024, el país fue el sexto destino mundial en captación de inversión para exploración minera, superando a potencias tradicionales como Perú y Brasil. A pesar de todos estos datos, hoy la minería en su conjunto ocupa un lugar marginal en el PBI nacional y en el comercio internacional del país. Apenas representó el 4% de las exportaciones nacionales, con u$s4.633 millones exportados, en 2024, aunque no es el litio el principal mineral exportado, sino el oro, que aportó cerca del 60% de las exportaciones mineras en 2024 RIGI El gobierno, con el apoyo de todos los bloques parlamentarios, votó por amplia mayoría la ley Bases y con ello el capítulo referido a las inversiones extranjeras en toda una serie de áreas económicas, entre ellas la minería. Quince provincias posteriormente adhirieron a este sistema. El RIGI establece un paquete articulado de enormes beneficios fiscales, aduaneros y legales por 30 años, destinado a proyectos de inversión nacionales o extranjeros superiores a u$s 200 millones en diferentes sectores productivos. También prevé un conjunto de incentivos fiscales y cambiarios orientados a captar inversiones. Entre ellos figuran la reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la opción de cancelar el IVA mediante certificados de crédito fiscal transferibles y la posibilidad de computar en forma plena el Impuesto al Cheque como crédito fiscal para Ganancias. Asimismo, se contemplan exenciones sobre derechos de importación y exportación, aunque las retenciones se eliminan únicamente durante los primeros tres años. Otro de los aspectos considerados de mayor interés para los inversores internacionales es el acceso gradual a las divisas generadas por exportaciones: 20% en el primer año, 40% en el segundo y 100% a partir del tercero. A su vez, como se demuestra en los proyectos, garantiza un grado de participación de proveedores locales superior al 20%. Sin embargo, algunas reglamentaciones provinciales del RIGI elevaron ese porcentaje de compre local hasta 80%. A pesar de todas estas franquicias hasta el momento, y luego de un año de su implementación, solo ha logrado un impacto acotado dice un informe elaborado por el Observatorio del RIGI conformado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPyG/UNSAM), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Transnational Institute (TNI). Al respecto, señaló que “la anunciada ‘avalancha de capitales aún no llegó, mientras que el régimen ya consolida beneficios extraordinarios para un puñado de grandes inversores”, asegurando que el flujo de inversiones “ha sido acotado en un contexto atravesado por incertidumbres tanto nacionales como internacionales”. El Observatorio también destaca que hasta el momento, bajo el sistema del RIGI, solo se han creado poco más de mil empleos directos. Desde el Observatorio consideraron que es “una cifra mínima frente a los beneficios fiscales y cambiarios extraordinarios que otorga el régimen”. Frente a estos resultados, el gobierno fue más lejos y meses atrás eliminó las retenciones a las exportaciones de productos del sector minero y eso para crear un sistema de explotación que genere una renta minera superior a la existente en los países mineros tradicionales como es el caso de Chile o Perú. Las ventajas del litio nacional Argentina junto a Chile y Bolivia conforman lo que se ha denominado el "Triángulo del Litio", pues precisamente en las zonas limítrofes de los tres países se encuentran los mayores recursos y más del 60 % de las reservas de Litio del planeta. Todos los especialistas señalan las ventajas potenciales de la producción litíferas de esta zona latinoamericana, pues la geografía de la región, caracterizada por salares de gran altitud y clima seco, ofrece condiciones únicas para la extracción mediante evaporación solar, reduciendo costos en comparación con la minería de roca dura, como ocurre en Australia (el mayor productor mundial) que se extrae de roca dura, lo que aumenta enormemente los costos. Pese a la caída del precio respecto de su pico de USD 80.000 por tonelada en 2022 (ahora ronda los USD 11.000), tiene costos de producción inferiores por extraerse (y refinarse) a partir de salmueras. Además, Argentina pertenece al selecto grupo de países que lo procesa y convierte en “carbonato de litio grado batería”. Ahora, un proyecto, HMW -controlado por la minera autraliana Galan Lithium en la cuenca del Hombre Muerto en la provincia de Catamarca, reconocida como una de las más prolíficas a nivel global- fue calificada por el Clean Elements Fund como “el principal recurso de salmuera a nivel mundial (…) con el perfil de impurezas más bajo”. Una de las ventajas más destacadas es el bajo contenido de magnesio y calcio, que son problemáticos en otros yacimientos como el Salar de Atacama en Chile. Esta pureza, combinada con las altas leyes de litio, permite las mayores recuperaciones del sector de salmueras de litio hasta la fecha. Por su lado, la australiana Lake Resources, acaba de dar un paso firme en su proyecto de litio Kachi, ubicado en el Salar de Carachi Pampa, también en la provincia de Catamarca. Tras la actualización de su Estudio de Factibilidad Definitivo (EFD), la compañía logró recortar gastos de capital y operativos, mejorar la calidad de los recursos y consolidar la asociación tecnológica con la estadounidense Lilac Solutions, que aportará su proceso de extracción directa de litio (DLE) de cuarta generación, lo que constituye toda una innovación. Perspectivas En 2023, el 84% del litio producido se destinó a baterías, y se estima que ese porcentaje suba al 89 % en 2025. Sin embargo, la caída en las ventas de autos eléctricos y el superávit global del metal, que se estima en 117.000 toneladas para 2024 y 191.000 toneladas para 2025, llevaron los precios a la baja. De hecho, la cotización del carbonato de litio descendió un 78% en 2023, situándose en torno a los u$s 12.000 por tonelada. Los precios del litio en los últimos años cayeron 90% desde el pico histórico alcanzado a principios de 2023 (de u$s83.000 por tonelada en el mundo y u$s55.000 por tonelada en Argentina), debido a ventas de vehículos eléctricos menores a las esperadas producto de la desaceleración económica de China, principal mercado de este tipo de vehículo. En el primer semestre de 2025 el precio internacional del litio había registrado una caída sostenida, por exceso de oferta y el inicio de operaciones de nuevas minas, especialmente en Asia. Por otra parte, Neptune Energy asegura haber encontrado hasta 43 millones de toneladas de litio, en suelo alemán, lo que sería una de las reservas más grandes del mundo. El hallazgo podría reducir la dependencia europea de importaciones estratégicas. A su vez EE.UU. ha decidido impulsar la explotación de la reserva de Nevada, que cuenta con recursos superiores a los de Bolivia, considerados hasta ahora los mayores del mundo. Todos estos factores crean un escenario de sobreproducción frente a una demanda creciente pero que está condicionado por los diversos escenarios de la crisis mundial, de guerras, crisis de los gobiernos y derrumbe económico, como es el caso argentino, que de conjunto afectan los precios, y a la vez, factores que condicionan los diversos proyectos de inversión y explotación del mineral. El litio, campo de disputa de las grandes potencias La Argentina se ha transformado en un campo de disputa entre las grandes potencias capitalistas por controlar los recursos e imponer las mejores condiciones para su explotación. EE.UU., la UE (en particular Francia, que no cuenta con recursos de litio propios) y China intervienen en la disputa. Las tres mineras más importantes del mundo, BHP, Río Tinto y Zijin, operan en el triángulo argentino. El gobierno de EE.UU. está operando directamente y ya ha declarado su interés por el litio nacional y la necesidad de bloquear la expansión e influencia de los capitales chinos. En este sentido, se produjo un hecho que llamó la atención: el único proyecto que ha sido rechazado por el Comité Evaluador del RIGI, sin brindar especificaciones técnicas, es el proyecto de litio ubicado en Salta denominado “Mariana”, presentado por la empresa china Ganfeng, que había comprometido inversiones por u$s 273 millones. Frente a este revés, la minera china -una de las más grandes del mundo- anunció que volverá a presentar una solicitud al RIGI con la unificación de tres proyectos de salmuera de litio en la Puna salteña, por una inversión total estimada en u$s 2.000 millones. Por su lado, la minera china Zijin, opera el proyecto Tres Quebradas en la provincia de Catamarca. Recientemente, puso en marcha su planta de carbonato de litio con la que prevé una producción anual de 20.000 toneladas y una proyección de vida útil hasta 2043. En este contexto, y para romper con la dependencia de los suministros chinos, EE.UU. ha decidido intervenir directamente en la explotación de este recurso estratégico. Así ha decidido que el gobierno de EE.UU. adquirirá una participación minoritaria (5%) en Lithium Americas, empresa que desarrolla una de las minas de litio más grandes del mundo en el norte de Nevada. También adquirirá una participación del 5% en el proyecto de minería de litio Thacker Pass, una empresa conjunta con General Motors. El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, declaró que el acuerdo con Lithium Americas “ayuda a reducir nuestra dependencia de adversarios extranjeros para obtener minerales críticos al fortalecer las cadenas de suministro nacionales y garantizar una mejor gestión del dinero de los contribuyentes estadounidenses”. Se espera que Thacker Pass produzca 40.000 toneladas métricas de carbonato de litio de calidad para baterías al año en su primera fase, suficiente para alimentar 800.000 vehículos eléctricos. La participación accionaria en Lithium Americas es el ejemplo más reciente de la intervención directa del gobierno de Trump con empresas privadas. Dan Ives, analista de Wedbush, calificó a Thacker Pass como una “gran oportunidad” para que Estados Unidos reduzca su dependencia de China y otros competidores extranjeros para el litio. Un informe de Trade.gov publicado el 8 de septiembre de 2025, bajo el título “Argentina Energy & Mining Sectors”, confirma que la atención de EE.UU. sobre nuestro país ya no se limita a la soja, el petróleo o el gas no convencional de Vaca Muerta. El documento elaborado por la International Trade Administration del departamento de Comercio pone particular énfasis en la minería, y en particular en el litio y el cobre. El documento forma parte de una serie de reportes de Market Intelligence que el gobierno de los Estados Unidos pone a disposición de empresas e inversores. En este caso, el foco está en cómo Argentina puede contribuir al aseguramiento de minerales críticos, con especial énfasis en litio y cobre, claves para la electrificación del transporte y el almacenamiento energético. Los analistas de Washington no ocultan que el litio es la razón central detrás del creciente interés. El informe de Trade.gov repasa los proyectos ya en marcha en Catamarca, Jujuy y Salta, detalla asociaciones entre empresas locales y multinacionales, y subraya la fuerte presencia de capitales de distintos orígenes El Trade.gov subraya que “el marco regulatorio [léase RIGI y supresión de las retenciones mineras] de Argentina ha posicionado al mercado como un destino de inversión preferente para la minería de litio en contraste con los mercados vecinos”. El gobierno de EE.UU. incita a las empresas estadounidenses a intervenir y enfrentar la expansión de las mineras chinas en la región. En este sentido, se explica la razón que motivó la división de la canadiense Lithium Américas, un actor protagónico en el desarrollo del litio en Argentina (tiene el restante 50% de Cauchari Olaroz). Su participación en uno de los proyectos de litio más relevantes de Estados Unidos, Thacker Pass, sumado a la sociedad que en Argentina tiene con Gangfeng, fueron algunos de los motivos que justificaron la división de la compañía. A partir de ese suceso, las operaciones en Argentina quedaron en manos de Lithium Argentina, que cotiza con ticker propio en la bolsa de Canadá. En estos días, trascendió el interés de Donald Trump y el gobierno norteamericano por adquirir Lithium Americas, la compañía que se quedó con el control de las operaciones en Estados Unidos. Precisamente por ello, como un recurso defensivo, las mineras chinas en varios casos se orientan a integrar sociedades con capitalistas nativos locales e inclusive influir en entidades deportivas como es el caso de club mendocino Godoy Cruz. Por otro lado, el auge de proyectos mineros en la Argentina también ha captado el interés de los países europeos que no quieren ser marginados de las oportunidades que ofrece la minería local. Así, la minera de litio francesa Eramine, que inició sus operaciones en Salta, asociada con la minera China Tsingshan, acaba de adquirir el 100% del paquete accionario de la sociedad. Gobernadores y proveedores locales, socios menores de las mineras internacionales Las potestades sobre los yacimientos las tienen las provincias. A partir de ello, los gobernadores actuales (Jalil, Sáenz, Sadir), sus Legislaturas y el Poder Judicial se han puesto al servicio de las grandes mineras, en algunos casos entregando territorios oficialmente explorados y yacimientos detectados, dando licencia social sin consultar con las poblaciones que son rápidamente reprimidas y judicializadas si presentan obstáculos para que los emprendimientos avancen, ofreciendo servicios de los Estados provinciales, hasta proveyendo personal, previamente filtrado de luchadores, para lo cual cuentan con la colaboración de las burocracias de la UOCRA o de AOMA, etc., todo ello a cambio de regalías miserables y algunos impuestos. Por otro lado, los gobernadores se presentan como gestores de los proveedores -capitalistas locales que resuelven problemas- que en muchos casos harían imposible poner en marcha los emprendimientos. En este terreno, la ex secretaria de Energía de la Nación durante el gobierno de Milei, Flavia Royón, sostuvo claramente que “el desarrollo minero no sólo depende de los recursos naturales, sino también de la infraestructura. Rutas, líneas de alta tensión y ferrocarriles como palancas para garantizar la competitividad de los proyectos. Además, advirtió que los proyectos de gran escala requieren un mínimo de tres años de construcción, por lo que los efectos sobre exportaciones y generación de divisas se proyectan hacia 2028-2029. “Siempre hay que nivelar expectativas. El RIGI no es una lluvia de dólares inmediata; son inversiones complejas que se materializan en el mediano plazo”. Un reclamo común de los inversores fue contar con la mejor logística para el litio: trenes de carga, transporte eficaz para la energía. En este terreno, es que el gobierno nacional reactivó ramales del Belgrano Cargas y reactivó los planes para su privatización, todo ello en conexión con corredores viales, y la ampliación de la capacidad de almacenamiento y portuaria. Todo ello, claro está, a cargo del Estado nacional. Proveedores de servicios y empresas de grandes equipos no quieren quedarse fuera del boom minero argentino. Ericsson dijo a Infobae que la Argentina es un “socio natural y estratégico” para Suecia y para Europa, por la combinación de reservas, democracia y provisión de minerales críticos para baterías, turbinas y tecnologías asociadas al combate al cambio climático. “El interés de Suecia en el desarrollo minero de la Argentina se enmarca en un contexto global. El mundo vive una transición energética, verde y digital que requiere cada vez más minerales críticos, como el litio, el cobre y las tierras raras”, sostuvo el diplomático, y destacó la complementariedad entre ambos países en innovación y sustentabilidad. Alternativa socialista El litio, el cobre, las tierras raras, etc. en la actualidad son efectivamente recursos estratégicos, de las que las grandes mineras, en su inmensa mayoría extranjeras, obtienen enormes beneficios sin que ello dé lugar a un proceso de industrialización de esos recursos y tampoco que paguen regalías (a pesar de que son recursos no renovables) que permitan volcar recursos en las regiones en función de un plan de infraestructuras e industrialización. Argentina se relaciona frente a las mineras como proveedora de materia prima. Los procesos que conducen al mineral a transformarse en carbonato de litio, hidróxido de litio, carburo de litio, no superan el rango de productos primerizados. Las mineras se controlan a sí mismas. Por eso más allá de los discursos, los grandes emprendimientos, como lo fue la Alumbrera, contaminan el ambiente, los suelos y las aguas de los ríos y los acuíferos. La minera Livent secó el río Los Patos en la zona de Antofagasta de la Sierra en Catamarca. Los diferentes gobiernos, nacionales y provinciales, conducidos por los partidos defensores del capitalismo, comulgan con esta política de entrega servil a los intereses de los grandes capitales y las grandes potencias. Por eso apoyan el RIGI, como apoyaron en su momento el cambio de los códigos de minería bajo el gobierno de Menem rebajando las regalías; o en gobierno posteriores, habilitando emprendimientos en zonas de periglaciares, etc. La salida pasa por luchar por la nacionalización del agua y de todos los emprendimientos mineros estratégicos bajo control obrero y pobladores de las regiones. Cierre de todo emprendimiento que contamine el ambiente y las aguas. Por un plan de industrialización de los mismos bajo control obrero. LEER MÁS: El boom del litio en la Puna refuerza la superexplotación de la clase obrera La UOCRA, capataz de las mineras. Por Pablo Busch, 27/04/2025. El “tarifazo recíproco” desata una crisis financiera largamente incubada El régimen de Trump en cuestión. Por Jorge Altamira, 08/04/2025. El acuerdo sobre minerales críticos entre Kiev y Washington Por Camilo Márquez, 27/02/2025. Qué significa la firma del memorándum entre Argentina y la UE Por Patricia Urones, 23/06/2023.

El desahuciado gobierno de Javier Milei se aferra al imperialismo yanqui, por un lado, y a la puesta en pie de un Estado policial, del otro. Por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 717/2025, rubricado por Milei y Francos, el gobierno nacional creó el Centro Nacional Antiterrorista (CNA), que estará bajo la tutela de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE). El propósito que el gobierno asigna a esta dependencia es “integrar, analizar y compartir información entre sus integrantes, diseñar estrategias y establecer criterios de actuación y coordinación eficaces en la lucha contra el terrorismo”. También se puede leer que la SIDE será la que asista al ente creado con “los recursos humanos y presupuestarios necesarios”, con el objetivo de llevar adelante las funciones asignadas, entre las que se encuentran brindar información y asistencia de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras; contribuir a la prevención y a la determinación de los riesgos y amenazas en materia de terrorismo y elaborar y aprobar lineamientos, estrategias y objetivos generales en la lucha contra el terrorismo (Perfil, 8/10). A su vez la CNA tendrá bajo su control directivas, protocolos y documentos oficiales con la finalidad de definir como intervenir en lo que el DNU define como el “Ciclo Terrorista”, y a partir de esto, destinar “los esfuerzos de inversión, investigación, capacitación y desarrollo de las capacidades estatales en la materia junto a la celebración de convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras también formarán parte de sus tareas”. También estará bajo su esfera la confección de informes sobre el “Ciclo Terrorista” en el ámbito nacional, regional e internacional. Un dato no menor es que el CNA tendrá la potestad de promover proyectos de orden legislativos, que se conviertan en norma para reforzar la “prevención” y la “lucha” contra el terrorismo. Los voceros del gobierno rápidamente salieron a declarar que la creación del CNA está en sintonía con políticas aplicadas en otros países como España y Estados Unidos, y operara mancomunadamente para “coordinar los esfuerzos interinstitucionales en la materia”. De esta manera, “permitirá aprovechar de una manera más eficiente y eficaz las capacidades de los distintos entes públicos a través de su integración y trabajo conjunto”. Lo que el gobierno liberticida presenta como integración no es más que el sometimiento a los servicios de inteligencia exteriores, como la CIA y el Mossad, los cuales ya tienen colonizada a la SIDE. Una superestructura conformará el CNA, que estará integrado por funcionarios de la SIDE, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, la Dirección Nacional de Migraciones y de los ministerios de Defensa, Seguridad Nacional, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y Justicia. La presentación del CNA estuvo a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien hizo referencia los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) -que la represora serial de jubilados calificó como una deuda pendiente de la justicia y la seguridad. En el texto oficial se puede leer que estos hechos “pusieron en evidencia las deficiencias en los marcos de prevención y cooperación”, pero lo que se puso de manifiesto en la impunidad de los atentados es la impunidad de la ´conexión local´ - el aparato represivo criollo. Bullrich insistió en que el CNA “busca evitar la repetición de episodios similares y alinear la política nacional con los compromisos internacionales, como la Convención Interamericana contra el Terrorismo”, es decir, con el imperialismo. Mientras Milei sigue descargando un ajuste de características brutales (“el más grande de la historia”), y que se acentuará a merced de los acuerdos arribados con los Estados Unidos, aumenta el presupuesto para los servicios de inteligencia, brindándole toda la maquinaria estatal. La lucha contra el Estado policial no va a salir de la rosca de los partidos burgueses en el Parlamento o fuera de él. Es necesario plantear la apertura y desclasificación de los archivos en manos de los aparatos represivos del Estado y su consecuente desmantelamiento.

The New York Times ha publicado un artículo muy detallado que refiere una propuesta secreta que el gobierno de Maduro habría presentado a Donald Trump, para alcanzar un acuerdo estratégico con Estados Unidos. Según los informes recogidos por el diario neoyorquino, funcionarios venezolanos habrían ofrecido a Trump una participación dominante en el petróleo y otras riquezas minerales del país, como el oro, entre proyectos existentes y a futuro, a cambio de que cesaran las hostilidades de Estados Unidos hacia Venezuela en el marco del despliegue del Comando Sur en el mar Caribe. La oferta habría permanecido en la mesa y el acuerdo se habría discutido durante algún tiempo, según fuentes citadas por el diario. El gobierno venezolano habría ofrecido reducir los contratos de energía y minería del país con empresas de China, Irán y Rusia, y la posibilidad de “revertir” el flujo de exportaciones de petróleo venezolano de China -destino del 85% del petróleo del país- a Estados Unidos. Según la publicación, el gobierno de Trump rechazó la oferta de Maduro e interrumpió el intercambio diplomático la semana pasada. El motivo de la ruptura de las negociaciones habría sido la oposición del ala de Miami del gobierno norteamericano (en alusión a Marco Rubio), que reclama el derrocamiento de Nicolás Maduro y su elenco de gobierno civil y militar. El desenlace de esta negociación pone de manifiesto que el gobierno Trump está embarcado en un ataque armado contra Venezuela. En función de esta perspectiva ha desplegado al Comando Sur por el Caribe, hundido cuatro barcazas y asesinado a 21 personas con la coartada inverosímil de la lucha contra el narcotráfico. El gobierno venezolano no ha comentado la publicación del NYT, en lo que podría constituir una admisión de esas negociaciones y del giro internacional que implica o, por el contrario, desarmar una provocación política destinada a que Maduro confirme o desmienta esas versiones, haciendo pública una crisis de extrema gravedad. Es en este marco que el comité de Suecia ha otorgado el “premio Nobel de la Paz”, a María Corina Machado, que aboga por una intervención militar yanqui en Venezuela. A favor de la veracidad del artículo del NYT están las varias negociaciones en torno a la entrega de los recursos mineros de Venezuela que Maduro ha entablado en la anterior gestión de Trump y luego con Biden. Es el caso de Chevron, que se ha quedado como única operadora en su participación en la cuenca del Orinoco, incluida una cuota de exportación a las refinerías del sur de Estados Unidos. En otros medios internacionales se añade la disposición de Putin a distanciar el apoyo de Rusia a Venezuela. En la presión política y militar contra el gobierno de Maduro pesa la determinación ‘geopolítica’ -o sea imperialista- de revertir la penetración de China en América Latina, como lo repite cada vez puede el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Trump no tiene condiciones de invadir a la ciudadela bolivariana, pero sí se aprestaría, “à la Iran” o “à lo Gaza”, a bombardear puntos vitales de la geografía venezolana, para provocar un colapso político interno. El tema está en la agenda subterránea de las negociaciones de Trump con Lula, acerca de los aranceles a las exportaciones de Brasil. Brasil acaba de concluir un importante ejercicio militar en la frontera con Venezuela, que podría ser entendido como un intento de confinar un conflicto de Estados Unidos contra el país caribeño. Brasil mantiene militarizada la frontera preventivamente desde que recomenzó la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por la región de Esequibo (las Malvinas de Venezuela). El ‘gusano’ Marco Rubio, designado negociador con Brasil, acaba de invitar a Vieira, el canciller de Lula, a Washington. El lunes 6 tuvieron una conversación en línea Trump y Lula. El presidente brasileño mantiene el cuestionamiento a la legitimidad de Maduro, en las pasadas elecciones, y ha bloqueado el ingreso de Venezuela a los BRICS. La cuestión de Venezuela ha convertido al Mar Caribe y a América Latina en el cuarto frente de la guerra mundial. Una incursión bélica contra Venezuela sería el puntapié para ir contra Cuba y Nicaragua. Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una reunión de emergencia en Nueva York a solicitud de Venezuela, que denuncia una “escalada de agresiones” por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. El pedido de Caracas fue apoyado por China y Rusia, pero está claro que es una gestión inocua. El conflicto bélico performático le sirve a Trump para acomodar las piezas y preparar la escena contra Venezuela y, por encima de esto, contra China. El intento de atenuar este choque con concesiones estratégicas al imperialismo norteamericano está condenado al fracaso.

El Juzgado de 1ª Instancia de Distrito en lo Laboral de la 10ª Nominación de Rosario determinó que Acindar Industria Argentina de Aceros SA y Medicina para Empresas SA (IRT) indemnicen al médico Héctor David Borisconti, quien se desempeñó durante diez años en la planta de Villa Constitución. La resolución establece que “el servicio médico en planta no era accesorio ni eventual, sino parte integrante y permanente del funcionamiento de Acindar. Por ello, aplica la responsabilidad solidaria del artículo 30 de la ley de contrato de trabajo (LCT), extendiendo a la empresa principal todas las consecuencias del fraude laboral.” El fallo judicial reconoce que Borisconti trabajó en jornadas extenuantes de hasta 240 horas mensuales, muchas de ellas abonadas “en negro” y sin reconocimiento de horas extras, feriados ni viáticos. También ordena el pago de diferencias salariales, indemnizaciones legales y agravadas, la duplicación indemnizatoria del DNU 39/2021 -vigente durante la pandemia, cuando fue despedido- y la multa por incumplimiento del artículo 80 LCT, además de intereses actualizados por UVA + 3% anual. El fallo incluye una novedad: el pago retroactivo de los aumentos salariales que la empresa dejó de pagarle a Borisconti desde 2018. Esos incrementos -la escala de los médicos jerárquicos de Acindar- fueron considerados como derechos adquiridos. Los medios lo han caracterizado como un fallo histórico. Atiende al interés de los trabajadores tercerizados a reclamar contra la patronal solidariamente responsable de la empresa sub-contratista. En Acindar trabajan centenas de trabajadores tercerizados en condiciones de superexplotación: el conjunto de la gran industria opera con una ´mamushka´ de subcontrataciones de tercerizados, y solo un pequeño grupo selecto de trabajadores efectivos. Por ejemplo, la importante petroquímica Dow, en el Puerto de Bahía Blanca, tiene menos de 30 trabajadores efectivos para una planta donde trabajan 300 trabajadores, casi en su totalidad tercerizados. El convenio colectivo no contempla a los tercerizados, que se encuentran bajo una ‘reforma laboral’ de hecho, no sólo en cuanto a salarios y condiciones laborales, sino también accidentes de trabajo. La rebelión de los cientos de trabajadores tercerizados de Siderar hace varias semanas, puso de manifiesto las tremendas condiciones de trabajo que sufren los contratados -entre otras cosas, jornadas de trabajo de 16 horas diarias. En el fallo, Borisconti pudo probar que realizaba guardias de 24 y 48 horas que eran pagadas en negro. La “responsabilidad solidaria” fue derogada por la reforma laboral de la Ley Bases que aprobó el Congreso, con el apoyo de la CGT y del conjunto de los partidos patronales, aunque suspendida por la Justicia del Trabajo. Las nuevas figuras de contratación -colaboradores, tercerizados sin responsabilidad solidaria, etc.- legalizan definitivamente la precarización que ya es un hecho en las fábricas. El fallo contra Acindar atiende a que el capítulo laboral de la Ley Bases sólo se aplicaría a los contratados que hayan empezado a trabajar después de su sanción. El fallo contra Acindar seguirá su curso de apelaciones en los estados judiciales, como ha ocurrido en el pasado en casos similares, incluida la intención de llegar a un acuerdo de partes. La solidaridad de la empresa central con las contratistas y subcontratistas, daría un golpe legal al régimen de tercerizaciones. La reforma laboral que reclama el norteamericano Bessent al Congreso de Argentina busca liquidar esta reivindicación, a la que acusa de promover la “industria del juicio”.

El canje entre los rehenes israelíes en los túneles de Hamas y los rehenes palestinos en las cárceles sionistas hubiera podido producirse en numerosas oportunidades desde el lanzamiento de la guerra genocida contra el pueblo palestino. Netanyahu, sin embargo, saboteó todos los acuerdos de cese del fuego anteriores, que establecían un calendario de retiro de las tropas israelíes de la Franja. El canje de rehenes había sido la reivindicación que justificó Hamas para producir el asalto al sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Los miles de palestinos encarcelados en Israel durante varias décadas son, a justo título, rehenes secuestrados por un Estado reconocido internacionalmente, que no han recibido un trato ajustado a derecho. Varias imágenes, en los medios televisivos, así como el testimonio de periodistas, dan cuenta de que el estado físico de los rehenes israelíes es considerablemente mejor que el de los palestinos, que tienen signos de torturas e inanición. Por dura que sea una privación de libertad, es claro que el cuidado brindado por Hamas a los rehenes israelíes ha sido claramente mejor que los vejámenes del sionismo a los palestinos que se pudrían en sus cárceles. Cientos de familiares y allegados recibieron con alegría, pero también con mucho dolor a 88 prisioneros, rapados, con golpes en la cara, esqueléticos, algunos ni siquiera podían caminar. Los liberados no quisieron hablar (a diferencia de anteriores canjes) por las amenazas de los servicios secretos israelíes si lo hacían. Entre los 2.000 rehenes palestinos liberados no están ni el dirigente de la OLP Marwan Bargouthi ni el pediatra Hussam Abu Safiya, postulado al Premio Nobel de la Paz y exdirector del hospital Kamal Adwan. Safiya está secuestrado sin que se le hayan formulado cargos y muy deteriorado por las torturas. Israel dijo que su libertad es impensable. Netanyahu y su gabinete de guerra sólo lograron liberar, por medio de las armas, a dos o tres rehenes retenidos por Hamas; las masacres producidas para lograr esa liberación resultaron un rotundo fracaso. Lo que Trump y sus socios no quieren mencionar es lo más evidente: ni el quinto ejército del mundo ni las bombas y drones que les facilitó el imperialismo fueron suficientes para que Israel rescatara a los rehenes por la vía militar. El carnicero de Tel Aviv y su patotero proveedor de Washington tuvieron, para rescatarlos, que negociar con la resistencia palestina que tantas veces anunciaron como aniquilada. El ejército sionista no libró una guerra de cuerpo a cuerpo, sino que se confinó a destruir, por tierra y aire, toda la infraestructura de Gaza. Los saludos a su ‘heroísmo’ son simplemente una estafa. Solamente luego de una gigantesca masacre, que algunos medios muy capacitados elevan a 200 mil gazatíes asesinados (muchos de ellos todavía se encuentran bajo los escombros), han llevado a la aceptación de este nuevo cese del fuego, que no tiene nada de ‘paz’. Trump mismo amenazó con “desatar el infierno” en Gaza si no se firmaba su plan de “20 puntos”. En su discurso ante el parlamento israelí reivindicó la enorme ayuda militar que Estados Unidos ha brindado, y lo sigue haciendo, al Estado sionista; no mencionó, sin embargo, el despliegue de portaviones y destructores en el Mediterráneo. La pelea entre Goliat y David ha quedado, en este caso, empequeñecida. Incluso Donald Trump se ha visto obligado a un cese del fuego con los gobernantes hutíes de Yemen, para preservar a sus naves en el Mediterráneo, dejando en manos de Netanyahu la continuidad de la confrontación militar. Bajo una presión militar inconmensurable, Trump logró armar una coalición de todos los Estados árabes y europeos contra Hamas; incluso con esta obsecuencia, le fue vedado a Netanyahu asistir a la ceremonia de la victoria que tuvo lugar en Egipto. Esa coalición carece de una política común frente a las intenciones de Trump contra Irán o la misma cuestión de un pseudo Estado palestino. El “plan de paz” no ha pacificado nada. En lugar de la ‘paz’ ha establecido un régimen confuso de ocupación militar de la Franja. El ejército sionista controla el territorio desde una llamada “línea amarilla”. De otro lado, continúa la salvajería de los colonos en Cisjordania y la ocupación israelí en el sur de Líbano y Siria. El dispositivo de conjunto está delineado para un “cambio de régimen” en Irán. El “desarme” de Hamas, que establece el calendario de Trump, constituye una coartada perfecta para reanudar las hostilidades por parte de la fuerza sionista de ocupación. El plan de Trump es una salida de emergencia del imperialismo ante el levantamiento internacional de masas, que ha ido creciendo contra el genocidio sionista, y la desintegración que el genocidio estaba provocando en los Estados árabes. Trump plantea crear una fuerza de intervención internacional en Gaza, algo que Israel ha rechazado desde su creación, en el entendimiento que cuestiona su propia capacidad para defender la seguridad nacional. Según adelantó la cadena estadounidense ABC News, 200 soldados estadounidenses comenzaron a llegar a Israel desde EE.UU. y desde otros países de Medio Oriente para establecer un centro de coordinación que supervisará la implementación del alto el fuego en Gaza. La reconstrucción de la Franja, en condiciones ‘geopolíticas’ inciertas, es, sin embargo, vital –por lo pronto para evitar el aumento de muertes, en especial de niños, por congelamiento en el invierno boreal. Trump ya tiene alistada a su tropa de pulpos inmobiliarios para el caso, que debería operar bajo un gobierno, también incierto, con la cara del inglés Tony Blair y la tutela del mismo Trump. A esto habría que añadir una crisis política inevitable en Israel, y no solamente debido a la disidencia de los ministros de la ultraderecha religiosa con diversos aspectos del “plan de paz” o el propósito de construir el Gran Israel mediante la anexión de Gaza y Cisjordania. Trump aconsejó un acuerdo entre Netanhayu y el jefe de la oposición, Yair Lapid, que en el momento actual no representa virtualmente a nadie. El “establishment” político y militar sionista todavía debe responder por su responsabilidad por la aparente desmovilización militar y las muertes ocurridas en ocasión del asalto de Hamas del 7 de octubre. Israel también enfrenta una disputa con sus socios históricos, no solamente por el destino de Gaza sino por las relaciones el conjunto de los países limítrofes a los que ha ocupado parcialmente. En las festividades en Israel por el canje de rehenes, la multitud aplaudía a Trump y abucheaba a Netanyahu; el norteamericano tuvo que pedir la exculpación de Netanyahu por los casos de corrupción –“à la Bolsonaro”. La autodeterminación de Palestina está afuera de la agenda del imperialismo y los Estados árabes y musulmanes, en especial Turquía. Es una tarea que compete a las masas de estos países. La guerra mundial (arancelaria, financiera, militar) agrava las pésimas condiciones de los trabajadores de todo el Medio Oriente y plantea, en condiciones más agudas, los objetivos de las revoluciones derrotadas de la “primavera árabe”. El desarrollo de la lucha de clases se confrontará con la agenda ‘geopolítica’ internacional (es decir imperialista). Esta es la base para una lucha revolucionaria por los Estados Socialistas del Medio Oriente.

Javier Milei tuvo una acogida indigesta al almuerzo que lo invitó Donald Trump en la Casa Blanca. Aunque el magnate llamó a votar por LLA en las elecciones del 26 de octubre, enseguida advirtió que un resultado contrario llevaría a Washington a retirar las ofertas que había hecho para sostener el peso argentino. La advertencia fue suficiente, escribió La Nación, “para que el rojo vuelva a las pantallas del mercado financiero”. Tanto en Buenos Aires como en el exterior, las cotizaciones de los bonos y las acciones argentinas cayeron como un plomo, mientras el dólar volvía al techo de la “banda”. Una derrota inevitable, un ‘default’ propiciado por el “mercado”. Horas antes del evento, el Wall Street Journal volvió a la carga con el reclamo de que Argentina debería ser dolarizada, porque su régimen monetario, dice, no tenía remedio. De acuerdo a esta caracterización, Argentina no tendría un problema de “liquidez”, como había señalado el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sino una crisis sistémica. La dolarización significaría poner a Argentina bajo la tutela del capital financiero internacional, el G7 y, en última instancia, la OTAN. Es la manifestación del “Estado fallido” al que ha hecho referencia Bessent en el curso de los acontecimientos. La omnipotencia que procura exhibir Trump tampoco da resultados en el Medio Oriente, donde Netanyahu ha retomado los asesinatos de los palestinos (e incumplido con la liberación de los rehenes palestinos que pueblan las cárceles del Estado sionista) pocos minutos después de que se firmara el “plan de paz”. Para encarar los vencimientos de deuda a breve plazo, Milei y Caputo no tienen recursos disponibles. La “acumulación de reservas” que reclama el FMI, también atraviesa un impasse. Si los dólares los tiene que comprar el Tesoro nacional, el ajuste que implica es simplemente catastrófico porque implica reunir los pesos necesarios equivalentes para comprarlos en el mercado. Si la “acumulación” la hace el Banco Central, estaría obligado a emitir los pesos equivalentes y desatar una rueda inflacionaria o, de lo contrario, hacer la ‘gran Martín Guzmán’, como sería absorber los pesos y desatar una crisis ‘cuasi fiscal’ enorme. Una deuda pública que Milei evaluó, en forma pública, en 600 mil millones de dólares, a tasas de interés prohibitivas como para refinanciarlas, nunca podía ser un problema fiscal. La crisis financiera se ha convertido en crisis industrial y, por lo tanto, social y política. El proceso electoral ha demostrado que los partidos supuestamente opositores a LLA carecen de un planteo alternativo a la perspectiva de una catástrofe monetaria. La dolarización, sin embargo, como cambio radical en el régimen monetario, debería arrancar con una megadevaluación –suficiente para crear situaciones de tipo revolucionarias. La extorsión de Trump apunta a crear una polarización fuertemente política, en el terreno electoral, con la expectativa de que incline al electorado ausentista a votar a la derecha. Las elecciones del 26 tienen varios resultados posibles, inclusive el de que no prospere ninguna polarización. Estas elecciones tienen una característica singular, porque no sirven como instrumento para un cambio de rumbo político, pero su resultado es temido como una sacudida de todo el régimen vigente. Lo que importa realmente, en esta crisis, es cómo la aborda o asimila la clase obrera, para, a partir de esto, convocar a una serie de acciones políticas que maduren una intervención histórica independiente. En última instancia, la perspectiva de un gobierno de trabajadores.

Tres semanas de intensas movilizaciones populares, encabezadas por la juventud universitaria y secundaria, han obligado al presidente Andry Rajoelina a abandonar el país. Actualmente su paradero es desconocido. El hecho decisivo fue la fractura de las Fuerzas Armadas, que se manifestó cuando el grupo de élite Capsat se negó públicamente a acatar las órdenes del jefe del ejército. El sábado, miembros de Capsat participaron de un acto junto a los manifestantes, asegurando que a partir de ese momento estarían del lado de “sus hermanos y hermanas” en la lucha contra el gobierno al que calificaron de “corrupto”. Al mismo tiempo, nombraron un nuevo alto mando militar propio, invitando a todas las fuerzas armadas y la gendarmería nacional a unirse a su causa. Las movilizaciones comenzaron contra los cortes frecuentes de electricidad y la falta de agua potable. Pero la juventud malgache retomó las consignas y la actitud de otros países, como Marruecos, Indonesia o Nepal. Llevaban a las manifestaciones sus realidades cotidianas, en contraste con la lujosa vida de los hijos del presidente. Siendo intendente de la capital, Antananarivo, Rajoelina llegó al poder tras un golpe de Estado en 2009, apoyado por las Fuerzas Armadas. Las manifestaciones se suceden desde fines de septiembre. Según las Naciones Unidas, se registraron 22 muertos y cientos de heridos como consecuencia de la brutal represión que incluyó el despliegue de las fuerzas armadas además de la policía. El fin de semana se produjeron enfrentamientos entre sectores rebeldes y leales al gobierno. El Primer Ministro y jefe militar, general Ruphin Fortunat Zafisambo, asumió hace solo siete días como consecuencia de la disolución del gobierno civil bajo el mando del premier Christian Ntsay. Su destitución fue orden del propio presidente, que buscó de esta manera contener las movilizaciones en su contra. Una convocatoria al Palacio presidencial a los líderes estudiantiles y a la oposición política fue rechazada por todos los sectores, sellando así el aislamiento del gobierno. Ante esta situación, el presidente negoció con Francia -de la cual Madagascar se independizó en el siglo XX- un salvoconducto que se hizo efectivo en la mañana del lunes 13 de octubre. Esto fue entendido por los manifestantes como una renuncia al cargo. El martes el Congreso la hizo efectiva, disolviendo el Senado -una reivindicación popular muy sentida. La Unión Africana emitió un comunicado señalando que no apoyará la destitución por la fuerza del gobierno y llamó a respetar la Constitución, al tiempo que el propio gobierno civil se ha disuelto ante las protestas populares. El quiebre de las Fuerzas Armadas debe seguirse atentamente. En África han emergido diversos gobiernos de corte militar nacionalista en ex colonias francesas, con un programa que recupera la tradición panafricanista de mediados del siglo XX –principalmente la figura de Tomás Sankara en Burkina Faso. Por lo pronto, las masas han llevado a un colapso de la débil institución estatal de su país. Francia, por ahora, ha descartado intervenir en el territorio. Madagascar, una rebelión popular profundamente tomada por las masas, no fue abordada con la debida atención por la prensa internacional. La actitud de las masas en la lucha callejera parece igualar o superar a las grandes rebeliones de Nepal, Indonesia. La toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas, responde a dar una salida política a este proceso. La seguidilla de “rebelión de las boinas” en el África francófona suma así un nuevo episodio, que podría ser continuado por la movilización popular que se prepara en Camerún contra el dictador Paul Biy. El gobierno entrante en Madagascar plantea revisar las relaciones con empresas francesas y la propia Francia, Los desvíos de fondos a cuentas que aseguran asociadas al presidente destituido, serían la razón fundamental para este accionar. Al mismo tiempo, se ha denunciado que los recursos naturales son explotados casi monopólicamente por la metrópoli europea. Los trabajadores viven en la más profunda miseria. El 75% de la población es pobre y otro 10% batalla día a día por sobrevivir, mientras una pequeña minoría se enriquece a su costa. Los 32 millones de habitantes dependen de las exportaciones de vainilla y otros productos agrícolas, tanto las sequías -consecuencia de la depredación ambiental- así como los aranceles impuestos por Donald Trump, han puesto en peligro su supervivencia. La crisis mundial y la guerra internacional es el fermento de crisis políticas terminales y crecientes rebeliones populares.

Con los anuncios del gobierno de Trump sobre el “rescate” a la Argentina ocurre como con los analgésicos o las drogas. A medida que las dosis se elevan, los resultados son menos efectivos. Scott Bessent, el secretario de Finanzas norteamericano, tuvo que anunciar la “duplicación” de los fondos para Argentina -de 20 a 40.000 millones de dólares- y una nueva intervención directa en el mercado de cambios para sofocar otro tembladeral financiero en Buenos Aires. Bessent, en realidad, debió salir al cruce de su propio presidente, después que Trump afirmara que la ayuda del Tesoro yanqui estaba condicionada al resultado de las elecciones generales. Una vez más, el anuncio de Bessent fue más humo que billetes. La afirmación de que podrían reunirse “hasta 20.000 millones” adicionales para prestarle a la Argentina por parte de privados no fue refrendada por ningún banco o fondo de inversión con antecedentes inversores en el país. Enseguida, se recurrió a la “fuente” que suele invocarse para prometer inversiones millonarias que no vienen–el maná vendría de Qatar y de Arabia Saudita. Pero lo único concreto que mandó Bessent para sofocar la plaza cambiaria fueron otros cien y pocos millones, que los especuladores se devoraron en una sola jornada. El apoyo de Trump-Bessent a Milei se ha cruzado con la crisis política y presupuestaria del Estado norteamericano, con el cierre de la administración pública y los anuncios de despidos masivos en reparticiones. Así como Bessent le tiró el fardo del financiamiento privado a los saudíes, después tuvo que anunciar que cualquier intervención financiera de alguna magnitud sobre Argentina deberá hacerse con los fondos que EE.UU. tiene en el FMI, bajo la forma de “derechos de giro”. El rescatista, por cierto, está flojo de papeles. Barranca abajo Pero el rimbombante anuncio de Bessent no movió el avispero de los especuladores locales. En la misma jornada del miércoles, el precio del dólar se sostuvo, incluso a la suba. Mientras tanto, se intentaba minimizar el fracaso de la licitación de deuda pública del Tesoro, que dejó al 55% de los fondos en juego sin renovar sus compromisos. Las ofertas de títulos en pesos quedaron desiertas en su totalidad -sólo se renovaron las colocaciones asociadas al dólar, y a la devaluación que se descuenta para después del 26. El gobierno maquilló este fracaso como un acto intencionado, afirmando que quisieron “aumentar la masa de dinero circulante”, para bajar la tasa de interés y por esa vía conseguir un reanimamiento del crédito industrial y comercial. Pero lo más probable es que los 2 billones de pesos -unos 1.400 millones de dólares- que no se renovaron terminen reforzando la corrida cambiaria. La encerrona del gobierno es clara: cuando restringe la liquidez para evitar las corridas, acentúa la crisis industrial y comercial, que se manifiesta en un reguero de quiebras y concursos de acreedores. El empleo registrado en el último mes ha llegado al piso histórico de los últimos dos años, con una pérdida acumulada de 200.000 puestos de trabajo. Cuando, por el contrario, afloja la cincha y aumenta la liquidez, los pesos circulantes se dirigen a la compra de dólares, que, sólo por ahora, es alimentada por Bessent. La fuga también abarca a los plazos fijos en pesos, que cada vez se renuevan en menor proporción. La crisis cambiaria y de financiamiento encubre a una crisis capitalista de conjunto, que abarca al Estado y al capital privado. En lo que hace a los funcionarios de Trump y sus anuncios, lo único que han financiado ahora es la salida del país de los fondos especulativos que los Caputo trajeron a la Argentina en estos dos años. Coalición se busca Los emisarios de Trump son concientes de este colapso económico, pero, principalmente, de la crisis de poder en ciernes. Es que Milei carece de los recursos políticos para hacerse cargo de las salidas que se pergeñan a esta crisis, y de sus consecuencias para la mayoría trabajadora. Las elecciones no remediarán esa crisis de poder, y seguramente, por sus resultados, la van a agravar. Por esa razón, un enviado de Trump acaba de reunirse con tres personeros de la “oposición” dialoguista - Pichetto, De Loredo, Ritondo. El tema excluyente, según relatan los diarios, ha sido la “construcción de una coalición” de gobierno para después de octubre. Pero acá también nos topamos con rescatistas “flojos de papeles”: los colaboracionistas de Milei han quemado sus pergaminos políticos jugando ese papel. De Loredo, por caso, transcurre sus últimos meses en el Congreso, y el macrismo, en sus diferentes facciones, es un cadáver político. Una Junta de Salvación del gobierno liberticida en ruinas deberá contar con otros personeros, varios de los cuales intentarán servirse de las elecciones nacionales para validar su papel de rescatistas. Ese es el rol primordial que le cabe a los Pullaro y los otros gobernadores de “Provincias Unidas”. Pero también a la "Fuerza Patria", que se reparte entre los Jaldo y Urtubey, de un lado, y la burocracia sindical que, en medio de una oleada inédita de suspensiones, despidos, de una carestía creciente y anuncios de una nueva reforma laboral, se ha llamado al mayor silencio e inmovilismo de su historia. A Milei, por cierto, no le faltan rescatistas, entre los de adentro y los de afuera. Aunque todos ellos estén cruzados por su propio desprestigio político. La clase obrera tiene que forjar su propio rescate, con la preparación de la huelga general contra los planes devaluadores y recontraajustadores que están en ciernes. La campaña electoral de Política Obrera apunta a esta comprensión política, y a la organización de los luchadores obreros con ese objetivo.

El 61° Coloquio de IDEA -la cumbre empresarial anual que se realiza en Mar del Plata- tuvo como eje, al menos en el discurso inaugural, las reformas ´estructurales´ que el gobierno ha pautado para después de las elecciones legislativas. Por otra parte, el concilio capitalista puso de manifiesto las contradicciones insalvables que le plantea la crisis nacional y mundial a la burguesía. El presidente de IDEA, Mariano Bosch, expuso los tres ejes que reclaman los empresarios: las reformas laboral -que liquide el convenio único por actividad-, tributaria -rebaja de impuestos a los capitalistas- y judicial -terminar con lo que llaman ´la industria del juicio´, es decir el derecho laboral-. A esto llamaron “previsibilidad” y “reglas claras”. Una semana atrás, en un discurso en una siderúrgica de San Nicolás, Javier Milei pronunció un discurso en el mismo sentido. No estuvo ni se hará presente en el Coloquio, pero el gobierno estuvo representado a través de emisarios como el vocero y legislador electo Manuel Adorni -que prometió “una revolución productiva”, verbigracia de la reforma laboral menemista- y el ministro de Economía Luis Caputo, a través de un video, y otros funcionarios, entre ellos el secretario de Trabajo y ¿ex?Techint Julio Cordero. “Desde varios sectores, reclamaron avanzar con mayor velocidad en la baja de impuestos y en cambios laborales para no quedar rezagados frente a la competencia de lo importado”, reseña La Nación (16/10). En la segunda jornada del encuentro, en un mensaje grabado, Luis Caputo se jactó de “haber logrado estabilizar la economía” y descartó una devaluación. “Esta mayor competitividad no debe venir de una devaluación; es arcaico (...) la forma de ganar competitividad es continuar con lo que estamos haciendo, desregulación y baja de impuestos, reforma laboral, también”. El ministro se jacta de aquello que adolece, como suele ocurrir, pues el gobierno -su gobierno- se ha puesto en manos de Donald Trump y del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. De hecho, la plana mayor de la Casa Rosada se encuentra en Washington gestionando un rescate de contornos difusos y, más aún, condicionado a un dudoso triunfo electoral del oficialismo el 26 de octubre. Fue el tema dominante en los corrillos del encuentro. “¿Cómo me explica –interrogaba a este cronista el presidente de una compañía de servicios local– que con la llegada de la billetera más grande del planeta subsistan las dudas y nadie esté tranquilo?” (La Nación, 16/10). La deuda argentina, oficialmente reconocida, es de USD 452.000 millones, pero no baja de USD 600.000 millones si se le suman las deudas provinciales y privadas. Con la ´macroeconomía estabilizada´, el gobierno no pudo renovar el 55% de los vencimientos de deuda en pesos, pues los banqueros exigían tasas superiores al 100%. En contraste con las promesas ´antidevaluatorias´ de Caputo, la demanda se concentró en los bonos ajustables por el tipo de cambio, nuevamente a tasas de usura. ´El mercado´ da por descontada la devaluación postelectoral. Las apelaciones a ampliar la base política del gobierno -que en el caso de Trump fueron incluso indicativas- se vinculan no tanto al trámite parlamentario de las ´reformas estructurales´ sino a las consecuencias políticas y sociales del ajustazo. La inflación de septiembre fue de 2,1%, la más alta desde abril. El alza del dólar fue el “factor clave” (Clarín, 15/10). “No hubo un traspaso mayor debido a la caída en los niveles de consumo“ (ídem). El otro aspecto contradictorio que exhibió el encuentro empresario tiene que ver con el comercio internacional, que se relaciona también con las ´negociaciones de rescate´ que lleva adelante el gobierno argentino en Estados Unidos. Trump y Bessent pretenden recortar la injerencia china en el país, aunque se trata del principal ´socio comercial´ de la burguesía local. Dos panelistas destacados Valentín de Miguel, chief strategy officer de Accenture Growth Markets, y Manuel Muñiz, rector internacional de IE University y presidente de la Junta Directiva de IE New York College, consideraron el avance de China como una “oportunidad histórica para el país”. Hablaron de “una exhortación a venir a la Argentina” en Asia y presentaron a China como un “reto estructural” para Estados Unidos. “Este momento es tan importante como el fin de la Guerra Fría”, dijeron. Argentina es un territorio en disputa en el escenario de guerra mundial que se encuentra en pleno ascenso.

La represión contra un piquete en la ruta provincial 3 fue respondido con una verdadera pueblada que conmovió a esta localidad de 10 mil habitntes, en su mayoría indígenas. La caída de pensiones no contributivas, la reducción de asignaciones, de ayudas sociales y alimentarias ha dejado al borde de la subsistencia a miles de pobladores que desde hace tres meses reclaman una respuesta. “Hay mujeres con siete hijos que perdieron la ayuda, hay un hombre sin una pierna, hay niños discapacitados a los que les han quitado la pensión” (ANRed, 14/10). El intendente Omar Reís, denuncian las comunidades originarias, estuvo al frente de la represión. La respuesta a la policía fue enérgica, al punto que luego de acabar las existencias de balas de goma, sus efectivos acabaron refugiándose en la comisaría del pueblo y debieron solicitar refuerzos de otras fuerzas represivas. La agresión policial fue brutal. Disparaban a la cara con balas de goma, las persecuciones se extendieron casa por casa, con detenciones. “Se aplicó el protocolo antipiquetes” informó el gobierno provincial de Zdero, un aliado de Javier Milei -concurrieron en una alianza a las últimas elecciones. Acusó a “militantes kirchneristas” de agredir a la Policía. Sin embargo, la respuesta popular excedió por mucho a la convocatoria que habían hecho las organizaciones sociales peronistas o filo K. La movilización había comenzado alrededor de las 9.30, con una marcha pacífica que recorrió la plaza, el municipio, la empresa Asech (energía eléctrica) y el juzgado, luego siguio frente a la comisaría de Villa Bermejo. A la espera de respuestas, la asamblea frente al hospital decidió esperar a la vera de la ruta, mientras continuaban llegando vecinos desde el campo y se iban sumando al reclamo. La pueblada puso los reclamos sobre la mesa: la devolución de las pensiones no contributivas que sacaron, aumento de salarios, devolución de las asignaciones por hijo y trabajo para todos. “Por la gran desocupación que hay los chicos no tienen para comer”, denunciaban los compañeros. En la provincia del Chaco se registran los índices más altos de pobreza (60%) e indigencia (22,4%) en zonas urbanas, indica el INDEC. La política liberticida de ajuste en salarios, jubilaciones, pensiones por discapacidad , asignación por hijo, congelamiento en ayuda social, más los tarifazos en los servicios y el aumento incesante de la carestía, están alimentando un caldero social. La pueblada en Villa Río Bermejito es un anticipo de ´la Argentina que viene´. El camino es autoorganizarse, autoconvocarse para la lucha hasta derrotar la política antiobrera de Milei y los gobernadores.

Miles de banderas palestinas ondearon el miércoles en decenas de ciudades de España, desde Madrid y Barcelona hasta València, Bilbao o Pamplona, entre otras. Las centrales sindicales burocráticas UGT (socialdemócrata) y las Comisiones Obreras (CCOO, comunista) convocaron a paros de dos horas por turno “para facilitar la participación en las movilizaciones”. La jornada se extendió a trabajadores, trabajadoras y estudiantes desde la enseñanza media en adelante, estableciéndose los servicios mínimos en transporte, sanidad y educación. En tanto, sindicatos minoritarios como la CGT, Solidaridad Obrera, Sindicato de Comisiones de Base, Alternativa Sindical de Clase y Confederación Intersindical, junto con los sindicatos estudiantiles, llamaron a una huelga de 24 horas. Y reclamaron que España siga el ejemplo de Italia: "Que toda la actividad económica y educativa se paralice. Las acciones cosméticas y los paros de dos horas no sirven" (Público, 15/10). La convocatoria de las centrales sindicales denuncia que Israel incumple el cese del fuego asesinando todos los días, con diferentes excusas, a gazatíes que volvían a lo que queda de su hogar y reduciendo drásticamente el ingreso de los camiones con ayuda humanitaria. Otra demanda de los huelguistas, según el vocero Santiago de la Iglesia, de la Confederación General de Trabajadores (CGT), es la ruptura total de las relaciones políticas, comerciales y culturales con Israel. Los secretarios generales Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, llamaron a los trabajadores a mantener la presión para "acabar con el genocidio que ha pretendido exterminar al pueblo palestino" durante la concentración a las puertas del Hospital Niño Jesús de Madrid, acompañados por el embajador de Palestina, Husni Abdel Wahed. "Si se ha paralizado la matanza tiene que ver con que se estaba empezando a aislar al Estado de Israel (...) No se puede ceder en la presión. Este acuerdo, que llamaría un alto al fuego y nada más, es poco más que dejar de asesinar. Ya se está incumpliendo la entrada acordada de ayuda humanitaria”, apuntó Sordo. La secretaria general de CCOO en Madrid, Paloma López, habló de “grandísimas movilizaciones y paros en miles y miles de centros de trabajo”CCOO y UGT reclaman que el alto el fuego sea permanente y que se garantice el acceso inmediato de ayuda humanitaria a la población palestina. También llaman a la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, la prohibición del comercio de armas y el enjuiciamiento de todos los responsables de violaciones de derechos humanos. La jornada en Cataluña estuvo marcada por cortes de calle y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra desde primera hora de la mañana. Miles de estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona bloquearon los accesos al campus con barricadas improvisadas de contenedores. Horas más tarde, al menos 15.000 manifestantes avanzaron hacia el Consulado de Israel. En Girona, más de 400 manifestantes interrumpieron durante varios minutos la circulación ferroviaria al ocupar las vías. En Madrid miles de manifestantes recorrieron el centro cantando "¡Gaza aguanta, el mundo se levanta!" y "No es una guerra, es un genocidio". Las pancartas reclamaban el reconocimiento internacional del Estado palestino y el juicio a los responsables de las violaciones de derechos humanos. "Es más importante que nunca que la movilización y la presión social continúe y que este tsunami de solidaridad que se ha levantado en todo el mundo en contra del genocidio continúe, especialmente ahora que nos están intentando vender de una forma vomitiva un acuerdo de paz que no va a traer ni paz, ni justicia, ni libertad para Palestina. Este plan de paz es una farsa, el único camino para la libertad del pueblo palestino es seguir presionando y movilizando", denunció Coral Latorre, portavoz del Sindicato de Estudiantes. En el País Vasco las movilizaciones fueron multitudinarias, Más de 100.000 personas -52.000 manifestantes en Bilbao y en torno a 20.000 en Gasteiz y Donostia, según los sindicatos-. En Pamplona, 10.000 trabajadores participaron de la manifestación convocada por los sindicatos UGT, CCOO, LAB, Steilas, CGT, Solidari, ESK e Hiru, bajo el lema "Stop genocidio. Langileok Palestinarekin" ("Trabajadores con Palestina"). La huelga también ha sido un éxito en los tres campus de la Universidad del País Vasco (EHU) por parte del estudiantado, profesorado y personal administrativo. El sábado 18 hay prevista una larga marcha por kilómetros de la costa cantábrica Que vivan los estudiantes Por su parte, el Sindicato de Estudiantes convocó una huelga de 24 horas en los institutos y universidades con la consigna: "Pararlo todo para parar el genocidio". La huelga estudiantil tuvo un acatamiento del 80% en la enseñanza media (ESO) en toda España. Los estudiantes salieron a las calles al mediodía para "obligar al Gobierno a romper relaciones económicas, diplomáticas y militares con Israel". En el manifiesto leído en la protesta de Madrid, que juntó más de 15.000 jóvenes- dice que Trump y Netanyahu pretenden "hacerles tragar con un 'acuerdo de paz' que exculpa a los genocidas de sus crímenes, niega cualquier derecho a la justicia y arrebata Gaza a los palestinos". Los oradores criticaron que la burocracia solo hubiera llamado a un paro de dos horas. Durante la manifestación en Madrid, Alejandra Martínez Velasco, integrante de la Flotilla, defendió la solidaridad internacional, la organización obrera. La lucha de clases y la huelga general "es lo que va a parar el genocidio en Palestina", afirmó.

La huelga que convocó la CTERA este martes tuvo una adhesión baja en todo el país, excepto en Provincia de Buenos Aires. El último paro nacional docente ocurrió el 5 de marzo, hace más de siete meses. El kirchnerismo que conduce el principal sindicato docente del país dejó pasar todo el año de ajuste y ataque a las condiciones salariales y laborales. En Buenos Aires y hasta cierto punto en CABA, el paro fue importante. SUTEBA lo instrumentó como un lavado de cara, luego de boicotear las huelgas convocadas por las seccionales opositoras y apoyar los descuentos y aprietes de Kicillof contra los docentes. En el resto del país, en cambio, tuvo un acatamiento dispar o directamente pasó desapercibido. En Santa Fe, algunos diarios se animaron a titular “clases normales”. En Salta también fue baja la adhesión, pero en este caso porque la docencia no quería apoyar a la burocracia de ADP, que no convocó a ningún paro contra Sáenz ni reclamó contra los descuentos y faltas injustificadas por los paros autoconvocados de julio. En Santa Cruz, donde la docencia sufrió el aislamiento de CTERA en su lucha de todo el año, la huelga fue dividida. El paro fue de aparato. No estuvo precedido por ninguna asamblea, ni tampoco hubo reuniones de delegados para construirlo. La convocatoria vino de arriba hacia abajo. La consigna central fue “La escuela enseña y construye esperanza”, un oxímoron para no atacar al gobierno más antiobrero desde la dictadura a esta parte. Se trató de una medida aislada y sin proyección, con inocultable tufillo electoral. Acto en Pizzurno En las provincias prácticamente no existieron manifestaciones. Todo se redujo a una movilización central de Congreso al Palacio Pizzurno, en Capital Federal, a la que concurrieron delegaciones de los sindicatos. De entrada, la lista Celeste ocultó la convocatoria a las bases de las escuelas, sin publicar horario ni carácter de la actividad. Luego informó que los micros estaban a disposición solamente para sus afiliados (?). La movilización transcurrió sin cortar totalmente la calle, adaptándose al protocolo represivo de Patricia Bullrich. El acto en dónde tomó la palabra Sonia Alesso, la Secretaria General, duró treinta minutos, himno incluido. En su breve discurso, señaló que “no vamos a permitir que se siga avanzando sobre la escuela pública y los salarios de las y los docentes”, pero no indicó que medidas piensan tomar. Los reclamos de “devolución del FONID”, “reapertura de la paritaria”, “mayor presupuesto para educación” y hasta una nueva “ley de financiamiento educativo”, fueron por lo tanto abstractos. Nuestra corriente participó de la actividad colocando el reclamo de un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar ($2.00.000) por cargo. Denunciamos el ajuste nacional y el que replican los gobernadores en cada una de las provincias. Denunciamos el pacto colonial entre Milei y Trump, que pone al imperialismo al mano de la política económica de la Argentina, que vendrá acompañada de nuevos golpes hacia los trabajadores. Marcamos la necesidad de autoconvocarnos para poner en pie una huelga general que derrote el ajuste de los liberticidas y sus socios en el Congreso. La burocracia sindical kirchnerista decidió cerrar el año con un paro aislado sin programa y sin perspectiva de lucha. Quedó nuevamente expuesta la necesidad de superar a esta dirección agotada políticamente para que la docencia se abra paso con sus propios reclamos y métodos.

Los delegados de comedores y merenderos de la Tendencia del Polo Obrero se presentaron con los reclamos más urgentes en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, ubicado en la ciudad de La Plata. Pafticiparon los compañeros de Presidente Perón, Berazategui, Echeverría, Quilmes, Lanús, La Matanza, Hurlingham, Merlo y Florencio Varela, entre otros. Nos recibió un funcionario a quien le dejamos nuestro reclamo. Queremos trabajo bajo convenio, porque los intendentes ofrecen a los desocupados realizar tareas de limpieza en la vía pública de los municipios a razón de cuatro horas diarias de trabajo por $78.000 más el plan social, de igual monto. Esto es ultraprecarizador, porque es trabajo sin convenio, sin aportes jubilatorios, ni obra social. Reclamamos que se abra la obra pública (agua potable, cloacas, viviendas, calles, rutas), tan necesaria en los barrios, creando miles de puestos de trabajo bajo convenio. Junto a esto presentamos el reclamo fundamental de aumento de la cantidad de alimentos para comedores y merenderos, que la Provincia envía cada dos meses. La ministra Pettovello no devuelve los alimentos retirados a más de 44.000 comedores y merenderos. Denunciamos que la situación que atraviesan los desocupados, precarizados y trabajadores de changas eventuales, es insostenible. La pobreza, según los datos oficiales, en el Gran Buenos Aires afecta al 31,5% de las personas y el 10,1% se encuentra en la indigencia. El 45,4% de los niños de 0 a 14 años vive en hogares pobres. El congelamiento de los planes sociales es una condena al hambre. Asimismo, ya no se habilitan más tarjetas para la compra de alimentos frescos para los comedores. También se redujo la cantidad de mercadería entregada en las escuelas. En el marco de un ajuste brutal, apuntan a achicar la ayuda social . El funcionario asumió el compromiso de acercarnos una respuesta en tres dias. Al finalizar convocamos a volver a las asambleas a reunirse, discutir y prepararse para continuar la lucha por los reclamos y por poner en pie medidas de conjunto ocupados y desocupados hasta derrotar el ajuste y la pobreza, que va requerir el desconocimiento de la deuda.

Como suele ocurrir en este tipo de eventos, lo más sustancial no es lo que se discute en las actividades programadas en la grilla oficial sino en los pasillos. Los organizadores del Coloquio de IDEA pusieron como eje “la recuperación de la competitividad” a través de las ´reformas estructurales´. Según el discurso oficial, ese sería el mecanismo para compensar a la industria por la recesión inducida por el gobierno, motosierra mediante y altas tasas de interés para intentar contener el tipo de cambio. El derrumbe industrial es abrumador. La burguesía industrial, que lo aceptó de entrada como un mal menor o el efecto secundario de una receta que incluía (incluye) la abolición del derecho laboral y los convenios colectivos de trabajo, ahora es recorrida por la inquietud sobre los plazos de una eventual recuperación. “El supuesto ´salvataje norteamericano´, gestionado por Javier Milei y Caputo con el Tesoro de Estados Unidos, fue interpretado como un parche de corto plazo, mientras las tasas en pesos al 200 % paralizan la economía real”, fue la opinión predominante entre los empresarios del ´círculo rojo´ (grupolaprovincia.com, 16/10). Por lo bajo, recogen varios medios, hubo críticas a la estrategia oficial de “deuda infinita”, esto es la pretensión de levantar la cotización de la deuda argentina para refinanciarse en el mercado de capitales. Esto no ha ocurrido, a pesar de los sucesivos ´rescates´ del FMI primero y de los anuncios del gobierno norteamericano y de la infructuosa intervención del Tesoro yanqui para contener la cotización del dólar. La corrida es imparable. Los especuladores del ´carry trade´ no quieren quedar atrapados en inversiones pesificadas en vísperas de una devaluación, ya sea dictada por el gobierno o determinada por ´el mercado´. Las tasas de interés exigidas para renovar la deuda en pesos alcanzaron niveles de quebranto. La insolvencia del Estado argentino es definitiva. Su superación entraña quebrantos y crisis potencialmente revolucionarias. De acuerdo a las crónicas, “preocupación” y “desconfianza” fueron las palabras más repetidas, no solo entre los ´industriales´ sino también entre los banqueros, en contraste con los elogios al gobierno dispensados en público. Las expectativas de un ´relanzamiento´ del gobierno luego de las elecciones están desahuciadas. “Los empresarios prevén una derrota del Gobierno en las legislativas, aunque la incógnita pasa por el cómo y con quién se negociará el día después” (ídem). Dicho en otras palabras, el autoproclamado ´mejor gobierno de la historia´ se apresta a transitar una paliza tan espectacular que pondrá en cuestión su capacidad de establecer una coalición sustentable, como la que le demandan Trump y Bessent. Los sectores ´estratégicos´ que mantienen cierto optimismo a mediano plazo son minería, energía, tecnología y agroindustria. Los pulpos mineros presionan por una derogación de la Ley de Glaciares, para ampliar su campo de exploración y asegurarse completa impunidad en materia de estrago ambiental. En energía, confían en un tarifazo sin fin, luego de este breve periodo de relativa contención en clave electoral. Las ´tecnológicas´ se inspiran en el auge de la IA, las inversiones prometidas por OpenAI y la privatización de Nucleoeléctrica. En cuanto a la agroindustria, las aceiteras podrían beneficiarse de una eventual triangulación de la soja norteamericana para revender aceite de soja a China, un mercado vedado para los ´farmers´ de Iowa como resultado de la guerra arancelaria. Para la burguesía industrial, su destino es la reconversión o el quebranto, aunque no son excluyentes. Un caso paradigmático es el de Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y dueño de Cerámica Alberdi, “firma del sector de la construcción, que sigue con problemas de crecimiento. Por suerte apuesta ahora a la minería. Es el ejemplo del primer reconvertido” (La Nación, 17/10). En el mejor de los casos, la burguesía ´nacional´ aspira a anotarse en la retaguardia de la guerra imperialista.

La huelga de este martes fue la última de una serie de protestas durante el año contra las propuestas del gobierno para reformar las pensiones y el mercado laboral. Convocada por las tres mayores centrales sindicales: la Federación General del Trabajo de Bélgica (FGTB-ABVV), la Confederación General de Sindicatos Liberales de Bélgica y la Confederación de Sindicatos Cristianos (ACV/CSC). Estas organizaciones reúnen 3,5 millones de trabajadores. El gobierno belga es una coalición de cinco partidos conocida como “coalición Arizona” (los colores de cada uno reúnen los de la bandera del estado de Arizona), conducida por el primer ministro Bart De Wever, proveniente del nacionalismo flamenco (derecha). Este gobierno se formó tras las elecciones de mediados del año pasado después de siete meses de negociaciones. En síntesis apretada están presentes la derecha, el centro y la izquierda “moderada”. Bélgica viene atravesando una intensa ola de protestas sindicales motorizadas por el descontento con las “políticas de austeridad” del gobierno. La acción sindical del pasado martes paralizó el país en la que constituye la cuarta huelga general del año. El gobierno busca elevar la edad de jubilación a 67 años, derogar la indexación automática de salarios, reducir prestaciones sociales a la vez que aumentar el gasto en defensa en un punto del PBI, lo que significa unos 4.000 millones de euros. Las centrales convocaron al paro, que incluyó el transporte, la salud y la educación. “La huelga obliga a cancelar todos los vuelos con salida de Bruselas y Charleroi” (al sur de la capital), EuropaPress. La manifestación en la capital reunió a cerca de 140.000 personas, según ha informado el sindicato FGTB. La protesta ha dejado cerca de una veintena de detenidos tras enfrentamientos con la policía y se han producido incendios y barricadas, según señalan los medios belgas. El transporte público también se vio fuertemente afectado en Bruselas, así como en las regiones de Valonia y Flandes: “«Este gobierno prometió empleos y mayor poder adquisitivo. ¡Pura palabrería! Y una vez más, todos pagan, excepto los ricos», declaró el sindicato CSC, instando a la población a salir a las calles. “Durante años, el punto de referencia han sido las protestas contra el gobierno de Michel en 2014, cuando poco más de cien mil personas salieron a las calles para protestar contra el aumento de la edad de jubilación a los 67 años.” La movilización actual ha superado esa convocatoria. Un informe del FMI muestra que las finanzas públicas de Bélgica se encuentran en una situación comprometida. Se proyecta que el déficit presupuestario aumente un punto porcentual, hasta el 5,5 % del PBI, en 2025. “Ningún otro país de la eurozona presenta un déficit presupuestario mayor.” (De Tijd) “Sin ajustes, el FMI prevé que la deuda pública aumentará del 107,5 % del PIB en 2025 al 122,6 % en 2030.” (Ídem) Los objetivos declarados de reducir el déficit contrastan violentamente con la pretensión de aumentar el gasto militar que el gobierno anuncia para cumplir con los compromisos con la OTAN: “En julio, el gobierno anunció un programa de gasto militar de 33.800 millones de euros que cubre desde 2026 hasta 2034.” (WSWS). La movilización en Bélgica es una tendencia que recorre el continente europeo, que en las últimas semanas ha visto protestas masivas en Italia, España, Francia, Inglaterra y Grecia, en combinación con las muestras de solidaridad con Palestina y el repudio al genocidio perpetrado por Israel.

Familiares y amigos de Luciano Arruga convocan para este sábado 18 de octubre, a partir de las 17 horas, a la proyección audiovisual de “Todo documento de civilización” en el espacio para la memoria Luciano Arruga (exdestacamento policial) en Indart 106, en Lomas del Mirador, La Matanza. También habrá muestra de fotos, radio abierta y bufet. Este 17 de octubre es el undécimo aniversario del día en que familiares y amigos hallaron los restos de Luciano Arruga, a raíz de un pedido de huellas dactilares se identificó a Luciano en el cementerio de la Chacarita enterrado como NN. Desaparición seguida de muerte Un joven de 16 años del barrio 12 de octubre, en Lomas del Mirador, que fue torturado en el año 2008 y luego desaparecido en el 2009 por la policía bonaerense por negarse a robar para ellos. La familia desde el primer día apuntó a la policía y logró encontrarlo el 17 de octubre de 2014 enterrado en el cementerio de la Chacarita. El caso de Luciano Arruga es un claro ejemplo de la connivencia entre la policía, el delito organizado y el régimen político; incluso con fiscales como la fiscal Castelli (la fiscal de los 45 días). Para lograr la desaparición de Luciano intervinieron policías bonaerenses (móviles fuera de jurisdicción, GPS de los móviles apagados, móvil de la bonaerense en el momento del supuesto “accidente” en la Gral. Paz donde Luciano habría fallecido), policías de Capital federal de la comisaria 42 y el SAME que acudieron, jueces y fiscales que cerraron la causa en tiempo record donde un joven de 16 años con 14 fracturas en el tórax, vestido con ropa que no era de él, con un pantalón de mujer enrollado a la altura de las rodillas y con medias de nylon rotas muere atropellado cruzando desesperado la Gral. Paz a la altura de Mosconi a horas de la madrugada; también el personal que hizo la autopsia adulteró sus datos, tez blanca en lugar de morena, no encontró 14 fracturas bilaterales en el tórax, edad entre 25 y 35 años en lugar de 16. Todos los engranajes del Estado funcionaron como un reloj suizo para el lado de la impunidad. La causa por desaparición forzada sigue en etapa de instrucción, luego de más de 15 años, en el juzgado N° 1 de Morón, con jueces y fiscales con un pedido de jury, por la intervención de los teléfonos de la mamá y hermana de Luciano, violando las garantías constitucionales en el proceso y además delegando la investigación en la misma policía bonaerense que la familia denunció y señaló desde el primer día. Nunca se investigaron las responsabilidades políticas de Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires por el peronismo en ese momento y Fernando Espinoza intendente de la Matanza por el peronismo ahora y ese momento también. En un contexto de guerra mundial, crisis financiera, industrial, política y social, un gobierno desahuciado y sin recursos políticos intenta modificar el código penal, liquidando garantías constitucionales, bajando la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y agravando penas; es un manotazo de ahogado de un régimen agotado que no tiene salida. Desde Política Obrera nos haremos presentes para acompañar a familiares y amigos. Notas relacionadas: https://politicaobrera.com/15019-nueva-reforma-del-codigo-penal-agrava-penas-y-aumenta-delitos https://politicaobrera.com/10939-luciano-arruga-15-anos-nos-movilizamos-contra-el-gatillo-facil-y-el-golpe-de-estado-libertario https://politicaobrera.com/8741-domingo-29-14-anos-de-la-desaparicion-seguida-de-muerte-de-luciano-arruga https://politicaobrera.com/6373-luciano-arruga-13-anos-de-impunidad

El 16 de octubre cerca de 1000 investigadores que esperan que se haga efectivo su ingreso, ya obtenido por concurso, a la Carrera de Investigador Científico fueron notificados. El CONICET (a través del SINE) les exige presentar un informe de productividad, el cual se utilizará para revaluar su desempeño y eventual condición para ingresar. Esto violenta el concurso que han ganado y no se ha sustanciado en su ingreso efectivo. En el comunicado se plantea una linea de corte igual a la “mediana” (valor central) de los evaluados, o sea un recorte del 50 % para aquellos que tienen una beca provisoria (extraordinaria o prorrogada). Se planea entonces dejar en la calle a compañeras y compañeros que en un contexto de embudo para el ingreso a carrera, aún así ya reúnen antecedentes para ser investigadores de planta. La comunicación del Conicet expresa que se considerará como satisfactorio o no satisfactorio el análisis de esta productividad con lo que se demandará producciones que reviertan esa situación o se penalizará con el despido como hemos mencionado. Estos 1.000 investigadores, en su mayoría está esperando el ingreso a carrera desde el 2023 cuando se anunciaron los resultados del concurso 2022. Es decir que hace 3 años que reunen condiciones para ser investigadores. Fueron congelados sus ingresos por el gobierno de los Fernandez-Massa y luego mantenidos en un estado de precarización (becas) por mas de dos años hasta la fecha. Otra tanda se encontraba a la espera de los resultados del concurso 2023, los cuales fueron dados a conocer hace dos meses y presentaron un recorte del 50 % de los ingresos que estaban programados. La continuidad de la precariedad de estos investigadores con becas, ahora extraordinarias o prorrogadas, extendidas hasta el ingreso sin fecha cierta, les exige exclusividad en la tarea, 40 horas semanales. Su salario (llamado estipendio) es de alrededor el $1.200.000 y no goza de aguinaldo, vacaciones acumulables o aportes jubilatorios. Los ataques del gobierno, personificados en Salamone al interior del CONICET, recorte de becas, congelamiento de ingresos, paritarias a la baja, recorte presupestario histórico, etc., encuentran un aliado que posa de opositor dentro del directorio y la Red de Autoridades (RAICyT). Son quienes por un lado agitan una nueva ley de financiamiento en ciencia, incluso han convocado movilizaciones al Polo Cientifico en forma intermitente, pero callan ante los ataques que atañen particularmente a los trabajadores y, por sobre todo, promueven la idea de mercantilizar la ciencia, de arrojar el conjunto del esfuerzo científico al mercado, al mejor postor, y que el esfuerzo de los contribuyentes, que en definitiva financian el desarrollo del CONICET, se aboque a la realización de estudios que reproduzcan el capital, a saber: minería, petroleo, agro, inteligencia artificial, farmacéutica, etc. Este pedido de rendir cuenta que hace el CONICET en acuerdo con su Directorio, no es mas que el reclamo patronal en cuanto a productividad, para por un lado, justificar despidos y por el otro seleccionar sólo a quienes muestren mayor predisposición a la alienación laboral. Llamamos a reuniones por lugar de trabajo que rechacen esta politica, en particular este pedido de antecedentes arbitrario y fuera de todo reglamento. Que estas reuniones deliberen y voten acciones de lucha para detener estos cortes de beca planificados y obtener la efectivización del ingreso a Conicet. Los desafíos que se presentan en lo inmediato es crear las autoconvocatorias que embistan al gobierno en un momento en el que se desnuda su fracaso económico y político, uniendo las luchas por los ingresos con los demás reclamos del sector: duplicación de salarios y becas, nuevos llamados para ingreso a carrera, intervención de los trabajadores sobre la Agencia por retención de fondos internacionales y presupuesto. Los intentos de las autoridades y las burocracias serán el de desviar la lucha hacia dentro del congreso o hacia los tribunales de justicia, o a una mesa de negociación con el Directorio al que trataran de pintar como progresivo. El gobierno en su conjunto se encuentra en un agotamiento evidente, las autoridades del CONICET y su Directorio están comprometidos en cementar las bases políticas con las que se desarrolló el ajuste de Milei. Los trabajadores debemos abrir un rumbo de intervención independiente por nuestros reclamos.

Por incitación a la violencia colectiva y amenazas, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que cinco integrantes de la agrupación derechista Revolución Federal, financiada por el clan Caputo, sean llevado a juicio oral y público, a partir de los datos arrojados por una investigación que comprobó que los integrantes del grupo propagandizaban “consignas violentas, antorchas y hasta una guillotina simbólica” (Urgente 24, 14/10). La pasada semana Pollicita presentó un dictamen que dio por finalizada la investigación, a partir de la cual pidió que sean juzgados por incitación a la violencia colectiva, con penas que van de los tres a seis años de prisión. Jonathan Morel y Leonardo Sosa están sindicados de ser los fundadores de la agrupación, y Gastón Guerra, Nilda Basile y Lidia Casciano son apuntados por la justicia como miembros “relevantes” de esta banda de lúmpenes. En octubre de 2022 fueron detenidos los cuatro y una semana después fueron liberados. En el dictamen presentado por el fiscal de la causa se puede leer que "Entre los meses de mayo y octubre del año 2022 adquirió notoriedad pública y desplegó su actividad una agrupación identificada como Revolución Federal, que tanto a través de la utilización de redes sociales, como mediante grupos de la aplicación WhatsApp y convocatorias de manifestaciones en las calles, realizó actos y emitió expresiones tendientes a alentar e incitar a la persecución, a la violencia y a la propagación del odio" (Clarín, 15/10), y agregó que el accionar de la banda estaba dirigido "contra personas en ese entonces integrantes del Poder Ejecutivo Nacional y simpatizantes de distintos partidos políticos, aunque principalmente, de la coalición que en ese momento se identificaba como Frente de Todos" (ídem). La investigación realizada por Pollicita da cuenta que los hechos relevados en la pesquisa se dieron en simultaneidad con el intento de asesinato a CFK el 1 de septiembre de 2022. La desclasificación de los grupos de WhatsApp de integrantes de Revolución Federal confirmó que integrantes de la banda pedían atentar contra la figura de la exvicepresidente. Nicolás Carrizo, jefe del grupo conocido como ´los copitos´, absuelto en el juicio por la tentativa de asesinato contra CFK, mantenía vínculos regulares con este grupo. Brenda Uliarte, pareja de Fernando Sabag Montiel, ambos condenados por el fallido atentado, participó en una de las marchas que la banda derechista hizo a Plaza de Mayo. Si bien hay nexos entre los detenidos por el atentado a CFK y Revolución Federal, la justicia dictaminó que la agrupación no participó del mismo. En febrero pasado Morel declaró en el juicio por el atentado a Cristina Kirchner y afirmó no conocer “ninguno de los imputados. Jamás en mi vida los vi o hablé”, dijo respecto a Sabag Montiel, el tirador frustrado, y su cómplice Uliarte y Carrizo. En la misma declaración, Morel se refirió sobre el carácter que tenían las movilizaciones de Revolución Federal y las calificó como “espontáneas” y que estuvieron apalancadas por las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández, y afirmó que “los acontecimientos políticos nos fueron llevando.” Estas bandas lúmpenes fascistas como Revolución Federal brotan de la declinación del capitalismo como sistema social y de su descomposición. No serán frenadas por la intermediación de la justicia burguesa, que, a fin de cuentas, los cobija. Es una tarea pendiente de la clase obrera.

El anuncio que el inefable Scott Bessent realizó días atrás, acerca de un crédito adicional de 20.000 millones de dólares para Argentina de parte de fondos privados, ya sufrió varias idas y venidas. Inicialmente, la ausencia de información acerca de cuáles bancos americanos intervendrían en el préstamo fue cubierta con el boato de que “fondos de Qatar y Arabia Saudita” vendrían en rescate de la atribulada Argentina. Pero en las últimas horas, un informe de la publicación estadounidense Semafore devuelve la supuesta asistencia a bancos de Wall Street, y les pone nombre y apellido: J.P.Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citi Group. El informe reconoce que las tratativas no son más que ello –aproximaciones y estudios-. Pero sus articuladores son “funcionarios de la administración norteamericana”. Según Semafore, la iniciativa monitoreada por Bessent y Trump incluiría “un plan de emergencia sustentado en activos del país sudamericano”. Ese respaldo consistiría en “títulos o bienes del Estado argentino”. La discusión en curso podría incluir un canje de los inminentes vencimientos de deuda pública de 2026 por otra deuda, aunque respaldada por activos que no se han precisado hasta ahora. En la nota de Infobae que recoge los señalamientos de Semafore, se citan las declaraciones del presidente de Goldman Sachs, Joe Waltron, sobre la “asistencia”: “Hacemos lo que nos corresponde para ayudar en situaciones así, proveemos capital si al gobierno de Estados Unidos le resulta conveniente”. Lo que se pone de manifiesto es un entramado de intereses capitalistas que opera bajo la batuta de Bessent-Trump, en función de los propósitos de la guerra internacional en desarrollo. Esto mismo lo puso de manifiesto con mayor claridad el J.P Morgan, otro de los bancos involucrados. Según informa el periodista Jairo Stracchia en El Cronista, su presidente Jamie Dimon acaba de aterrizar en la Argentina. La nota del Cronista confirma que el paquete de “ayuda” podría consistir en la recompra de títulos públicos, es decir, en un plan de “deuda por deuda”. Casi anecdóticamente, la nota del Cronista destaca que Dimon, en sus discursos, “casi siempre termina hablando de geopolítica”. “Geopolítica” es el eufemismo que se utiliza en estos días para referirse a los preparativos políticos, financieros o comerciales relacionados con la guerra internacional. En esta misma semana, y antes de los anuncios sobre Argentina, el Morgan difundió un “plan” de 1,5 trillones de dólares “para facilitar, financiar e invertir en industrias cruciales para la seguridad y la resiliencia económica nacional”. En relación al informe, el presidente del J.P.Morgan señaló que “ha quedado dolorosamente claro que Estados Unidos se ha vuelto demasiado dependiente de fuentes poco fiables de minerales, productos y manufacturas esenciales para nuestra seguridad”. El plan apunta a la “integración de las cadenas de suministro” con foco en los “minerales críticos, los precursores farmacéuticos y la robótica, hasta la defensa y la tecnología aeroespacial”. Para que no queden dudas, el banco anuncia la futura creación de un “centro de geopolítica” propio, para la asistencia a los inversores. En el reportaje que dio a la LN+ en la noche del jueves, Milei recitó como un loro este mismo libreto: un “relanzamiento” de inversiones en la Argentina, como proveedor de minerales cruciales, en el marco de un “alineamiento incondicional” con los Estados Unidos. Pies de barro Por ahora, los brulotes del tipo de Semafore -al igual que los tuits de Bessent- apuntan a sofocar la corrida cambiaria argentina, que continúa su curso rueda tras rueda. Los planes de Bessent, de todos modos, no aportan un dólar al régimen quebrado de Milei y Caputo. Su sobrevivencia, como ya se lo dijeron los emisarios de Trump, queda lilbrada a la propia “acumulación de reservas” -una devaluación- y al armado de un gabinete de coalición para después de las elecciones. El periodismo informa de reuniones reservadas con gobernadores y personeros de la oposición incluso “impensados” (Clarin, 17/10), en referencia clara al kirchnerismo. Pero un rescate de Argentina en manos de la oligarquía financiera asociada a Trump y a sus dispositivos de guerra pone de manifiesto una completa fragilidad de perspectivas para Milei y sus socios políticos. Para Trump, la guerra es la fuga hacia delante de una crisis brutal del Estado y la burguesía yanqui, que se expresa en la debilidad del dólar, en una crisis de deuda y en un estado de soliviantamiento popular en numerosos estados. ¡Ese es el “rescatista de Milei”! En el plano local, el “socorro” de Trump y Bessent acentúa la fractura al interior de la burguesía argentina, que no puede prescindir del comercio y los vínculos con China, y que se encuentra dividida ante las perspectivas de una inminente devaluación, En cualquier caso, la tentativa de privatización masiva de recursos que esboza el J.P.Morgan arroja otra luz sobre las exigencias yanquis respecto de una coalición política con los gobernadores. Una recolonización masiva de los recursos del subsuelo exige un acuerdo estratégico con los Sáenz y los Jalil, entre otros. Nunca hay que olvidar que el régimen de jubileo sobre la cuestión minera fue instaurado y defendido con uñas y dientes por los Kirchner durante quince años. Fue la matriz sobre la cual se armó posteriormente el régimen de libre remisión de utilidades para Vaca Muerta y, más adelante, el RIGI. De todos modos, la minería del litio atraviesa por una sobreproducción evidente, que se manifiesta en Argentina donde ningún RIGI consiguió remontar la paralización de proyectos mineros. La “acumulación de reservas” para pagar la deuda es contradictoria con el “RIGI” universal que exigirán los J.P.Morgan y otros. Las quimeras reaccionarias de Bessent, Trump y Milei no pueden remontar los limites impuestos por la crisis mundial y por la desintegración política de los liberticidas argentinos. Pero ayudan para sacar a la luz la unidad de intereses entre Milei y una oposición patronal que carece de un programa alternativo al de remontar la quiebra nacional de la mano de una recolonización asociada a la reacción internacional y a la guerra.

El pasado miércoles 15 de octubre se realizó en San Fernando del Valle de Catamarca el debate que fue televisado en directo por la TV pública de la provincia, entre los 13 candidatos a concejales que competirán en las elecciones municipales. El encuentro, organizado bajo un formato de breves presentaciones, preveía una ronda donde cada fuerza efectuaba tres preguntas de 20 segundos cada una de ellas a diferentes fuerzas asignadas por sorteo y un minuto para responder a cada una de ellas. Por último, cada fuerza tuvo un minuto y medio para ofrecer un cierre. A pesar de la estrechez de tiempo, el debate permitió delinear con claridad las posiciones, límites y contradicciones del arco político local frente a la catástrofe social y económica que atraviesan la capital y el conjunto del país. La Capital catamarqueña vive una situación de profunda crisis: una enorme tasa de desocupación, un empleo público dominado por la precarización laboral -dos de cada tres trabajadores municipales carecen de estabilidad, seguridad social y perciben salarios de pobreza-, y un proceso de crisis urbana que ha derivado en el agravamiento del hacinamiento y la desigualdad territorial durante más de una década. En este escenario, la administración del intendente Gustavo Saadi, alineado con la exgobernadora Lucía Corpacci, referente de los K en la provincia, aplicó una política de ajuste presupuestario y salarial en línea con el gobierno nacional de Javier Milei: por eso denunciamos que Saadi también es Milei. El debate, lejos de mostrar alternativas de fondo, expuso la continuidad del régimen político que gobierna la provincia y el municipio. En el caso de Fuerza Patria, defendió la continuidad del régimen político que gobierna la provincia y el municipio. Al referirse a los llamados “servicios esenciales” y a la “calidad de vida”, fueron incapaces de explicar cómo sostendrán esas condiciones ante la caída de la coparticipación y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, algo que repercutirá de manera directa sobre los municipios. Frente al ajuste nacional, no realizaron ninguna referencia sustantiva, marcando así su complicidad con la orientación económica del gobierno de Milei. Catamarca fue una de las primeras provincias en alinearse con la política nacional de ajuste, y el intendente Saadi marchó tras ese mismo rumbo. En relación con los trabajadores precarizados del municipio, justificaron la situación apelando a la Carta Orgánica Municipal y a los “límites presupuestarios” para el pago de sueldos y funciones, es decir, naturalizando la precarización laboral que padecen miles de empleados municipales. La Libertad Avanza se presentó como la expresión directa del oficialismo nacional, repitiendo los slogans de campaña como la eliminación de tasas municipales, y reivindicando la “motosierra contra los funcionarios”. Su principal candidato, Diego Figueroa, llegó incluso a victimizarse públicamente por haber sido denunciado tras afirmar que habría dirigentes políticos involucrados en la distribución de drogas durante la campaña electoral. Un hecho peculiar y capcioso, dado que la propia fuerza de La Libertad Avanza se encuentra bajo la sombra de las denuncias por los vínculos de algunos de sus referentes con el narcotráfico. En tanto, el resto de los bloques -como Somos Provincias Unidas y otras fuerzas menores- se limitaron a formulaciones genéricas sin proponer salidas reales para los trabajadores y vecinos de la ciudad. Un párrafo aparte merece el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), cuya intervención evidenció su carácter reformista, o sea antisocialista. El FITU evitó pronunciarse sobre la crisis capitalista de conjunto y redujo su intervención a una autoproclamación luchista, sin ofrecer una perspectiva política independiente ni una estrategia de poder para los trabajadores. En contraste, Política Obrera intervino a través de Dayana Yapura, Mauro Lezcano y Magalí Maza, destacando desde un inicio el carácter socialista y de clase de su planteo. Los candidatos de Política Obrera denunciaron la responsabilidad compartida del municipio, el gobierno provincial y el nacional en la degradación social que golpea a la clase trabajadora. Con datos concretos, expusieron la demagogia del intendente Saadi y presentaron una plataforma de campaña centrada en la defensa del salario, el trabajo y los servicios públicos bajo control de los propios trabajadores. Durante el intercambio, Política Obrera respondió preguntas de Fuerza Patria y de otras fuerzas sobre la naturaleza del gobierno de trabajadores y la necesidad de un presupuesto bajo control de los trabajadores, al servicio de las necesidades sociales, financiado por los grandes capitales y no a costa del ajuste contra los trabajadores. Sin embargo, las preguntas formuladas por Política Obrera hacia Fuerza Patria -sobre la entrega y destrucción de los recursos naturales, el litio, el cobre y oro y la contaminación del agua- y hacia el FIT-U, respecto a su seguidismo de la burocracia sindical de la CGT, no fueron respondidas. Las omisiones, en política, también son declaraciones. Tras más de dos horas de exposiciones, la ronda final confirmó los rumbos de cada fuerza. Mientras el conjunto del régimen ratificó su subordinación a las políticas de ajuste y dependencia, Política Obrera señaló que, aunque en estas elecciones no se disputa el poder en términos formales, el desenlace puede precipitar una crisis política de fondo, producto de la bancarrota económica nacional y de la sumisión del gobierno argentino a los acuerdos con el Departamento de Estado norteamericano. El debate de candidatos en la Capital catamarqueña fue, en definitiva, un espejo de las condiciones sociales y políticas que atraviesa el país. Un escenario donde se confirmó que, frente a la precarización, la miseria y la entrega de los recursos, solo una política obrera y socialista puede abrir un horizonte para los trabajadores y la juventud de Catamarca.

En el año que pasó, Catamarca ha sido el escenario de luchas obreras y juveniles de gran envergadura. La más resonante de todas fue la rebelión docente y estudiantil contra la reforma educativa reaccionaria que intentó perpetrar el gobernador Jalil. Esa reforma fue derrotada por movilizaciones extraordinarias. En la plaza principal de Catamarca, y frente a 25.000 profesores y estudiantes reunidos por el movimiento de los Autoconvocados, el gobierno debió recular y anunciar el retiro de la “reforma”. Nuestro compañero Bruno Corzo ha sido uno de los animadores indiscutidos de esa lucha. Corzo encabeza la lista antiburocrática Magenta-Verde, que reúne a participantes de aquel movimiento, y que la conducción de ATECA, en directa componenda con el gobierno de Jalil, intenta proscribir en las próximas elecciones del gremio. Corzo, a su turno, es candidato a diputado por Política Obrera a la legislatura de Catamarca. Por su lucha en la docencia, y ahora por su postulación política, Corzo ha soportado las mayores provocaciones y ataques por parte de la burocracia de ATECA. Los burócratas atacan a Bruno por “hacer política”: o sea que los punteros de Jalil en la docencia no solo quieren someter a los maestros a la miseria salarial, también quieren imponer el monopolio político del gobierno y del Estado al interior de la docencia. Para ello, golpean a los luchadores docentes que emprenden una lucha de carácter político y socialista contra los agentes nacionales y provinciales del capital. Pero para sus ataques a los autocovoncados y a Bruno, Jalil y los burócratas han conseguido un aliado impensado: el Partido Obrero-FITU en Catamarca. En un reportaje concedido a El Ancasti, el candidato a diputado nacional por esa fuerza, Ariel López, se refiere a Bruno para tacharlo de “incapaz de manejar una organización de autoconvocados que, para colmo, estaba a la cola de un libertario”. Repite, como loro, las acusaciones que Jalil y sus funcionarios espetaban contra el movimiento de lucha docente estudiantil que, precisamente, derrotó a la reforma “libertaria” de Jalil, el aliado de Milei. Pero no conforme con ello, López acusa a Corso porque “no pudo (sic) formar una lista para participar en un gremio”. O sea que la lista Magenta-Verde no habría sido arbitrariamente proscripta por la burocracia, sino que no se legalizó por culpa de sus miembros. Preguntamos: ¿puede haber mayor defensa y justificación del accionar burocrático? Los integrantes de la Magenta-Verde se han presentado en la justicia para impugnar la proscripción de la junta electoral de la burocracia. Toda la docencia que protagonizó el catamarcazo sabe muy bien que la burocracia de ATECA está aferrada a esta proscripción para defender a su aparato. En cambio, los dirigentes del sindicato podrían citar a López y al aparato del PO como “testigos de parte”. La descomposición política y moral de este grupo, que en 2019 expulsó del PO a Corzo y a la joven generación de militantes catamarqueños, junto a 1200 militantes en todo el país, ha llegado demasiado lejos. Pero más allá de la indignación que provoque en la docencia y en la ciudadanía esta colaboración indigna con Jalil y sus agentes sindicales, es necesario encontrarle una explicación política. El FITU y el aparato del PO brillaron por su ausencia en la lucha que los autoconvocados protagonizaron contra el decreto 884 , y en la lucha que se sigue librando hasta el día de hoy. Ese movimiento, que unificó escuelas, departamentos y niveles educativos, fue un ejemplo de lucha en el conjunto y la fuerza de la unidad de los trabajadores, que logró hacer retroceder al gobierno provincial. A Saracho, López y los suyos, sólo se los escuchó arrojar planteos divisionistas e insidiosos contra el movimiento de lucha, que les valieron el repudio de docentes y estudiantes. Al atacar a Política Obrera, el aparato oficial del PO rumia su completo aislamiento de la lucha de clases en la provincia. Mientras dicen representar al “90 % de la izquierda”, el FITU reúne los despojos de un aparato ajeno a la lucha real de los trabajadores. Su unidad no es para organizar a la clase obrera ni para preparar una salida socialista a la crisis, sino una unidad en defensa del régimen, contra los sectores que pugnan por una verdadera independencia política. La crisis del Partido Obrero – FITU es la crisis de una corriente que renunció a la lucha revolucionaria, que ha sustituido el programa socialista por la búsqueda de cargos y pactos electorales/parlamentarios con las fuerzas del enemigo de los trabajadores y que ahora opera como fuerza auxiliar de la burocracia sindical y del poder político. Desde Política Obrera, reafirmamos nuestro compromiso con los docentes autoconvocados de Catamarca, con todos los luchadores perseguidos y con los sectores obreros que enfrentan despidos, precarización y represión. Frente a la bancarrota política del FITU, sostenemos que sólo una organización verdaderamente socialista y revolucionaria, basada en la independencia de clase, podrá abrir una salida para los trabajadores de Catamarca y del país.

Se ha difundido la noticia de que, tras la trágica inundación del 7 de marzo, el Ejército Argentino cobra al Municipio de Bahía Blanca 43 millones de pesos desde junio por el alquiler de dos puentes “Bailey” que fueron colocados para atravesar el destruido Canal Maldonado que divide dos sectores importantes de la ciudad. Este oneroso pago contrasta con el cuadro de catástrofe que atravesó la ciudad en donde aún no comenzaron las obras hidráulicas más importantes de reconstrucción. Este Canal Maldonado recién comenzaría a ser reconstruido el año proximo y sería finalizado en el 2028, con fondos del gobierno de Buenos Aires. El alquiler de los puentes ha despertado una enorme indignación popular. Sucede que a la fecha persisten denuncias de vecinos que no cobraron el subsidio del gobierno nacional por los daños sufridos en sus viviendas, de parte de un fondo que había llegado del Banco Interamericano de Desarrollo por un total de 200 mil millones de pesos, de los cuales solo se ejecutó la mitad. A su vez, Javier Milei vetó una ley de emergencia votada para Bahía Blanca y la zona, aludiendo precisamente a la existencia de esta ayuda. Desmanteló toda la obra pública, incluyendo la ejecución del Fondo Fiduciario de Infraestructura destinado para las emergencias en inundaciones. En el presupuesto 2026, las obras para Bahía Blanca que recibirían financiamiento apenas representan un avance del 10 % de las mismas. Incluso dentro de estas obras, estan las que solo favorecen a las grandes empresas del Polo Petroquímico y el Puerto, como es la llamda “acceso a puertos”. Ahora, resulta que no solo la asistencia es cero, sino negativa: los vecinos de una ciudad arruinada por el agua, y por falta de las obras públicas de contención que jamás se hicieron, deben costearse ellos mismos el auxilio para poder transitar cotidianamente. La represora Bullrich se ha hecho de un esquema de financiamiento para su pretendido Estado policial en base a una catástrofe. Guillermo Madero, subsecretario de defensa civil y protección humanitaria en el Ministerio de Defensa del gobierno de Milei, respondió que el pago del alquiler es un “mecanismo habitual, previsto por la Ley 20.459, vigente desde hace décadas y aplicada durante todos los gobiernos, incluidos los kirchneristas”. Madero afirma que el alquiler fue acordado y firmado por el intendente de Bahia Blanca, Federico Susbielles, de “Fuerza Patria”. De hecho, recien ahora en octubre es que se ha difundido este convenio que ya lleva 5 meses de duración. Desde la inundación a la fecha, Susbielles ha sido completamente complaciente y por lo tanto cómplice con la ausencia de una asistencia integral de Milei para Bahía Blanca, ante el veto a la ley de emergencia, la ejecución a medias del único fondo previsto, e incluso ante este cobro oneroso por el uso de puentes de emergencia que recien ahora se ha dado a conocer. Recientemente, ha hecho parafernalia con la visita del Embajador Norteamericano a la ciudad, que trajo una “donación” de unas escuálidas latas de pintura para escuelas. Las noticias informan que ademas del pago del alquiler al Ejercito Nacional, el Municipio debe pagar por el uso de estos puentes un seguro mensual a Provincia Seguros SA, es decir a la empresa estatal de seguros del gobierno provincial que comanda Axel Kicillof, cuya falta de asistencia a la ciudad no tiene nada que envidiarle a la de Milei. Al final del día, los llamados “opositores” a Milei trabajan de igual a igual para destinar el presupuesto público al pago de la deuda pública y de favorecer a los intereses capitalistas instalados en el Puerto y el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, a quienes no se les ha impuesto ninguna carga tributaria extra para hacer frente a la devastación postinundaciones. La reconstrucción de la ciudad y la puesta en pie de las obras hidráulicas necesarias es incompatible con el actual regimen económico y político de concesiones permanentes a los fondos financieros y los grandes capitales, que mileístas y peronistas defienden a capa y espada.

Desde que se firmó el alto el fuego, Israel lo violó por lo menos 47 veces y asesinó más de 30 personas. Un comunicado de Hamas incluye entre las violaciones “delitos de fuego directo, bombardeos y ataques deliberados y hasta la detención de varios civiles”. Utilizan los tanques y drones que mantiene apostados en barrios residenciales aún bajo su control (algo más del 50 % de Gaza siguen siendo zonas militarizadas). “Estas violaciones han sido registradas en todas las gobernaciones de la franja de Gaza sin excepción, confirmando que las fuerzas de la ocupación no han cesado su agresión y mantienen su política de asesinar y aterrorizar al pueblo palestino”, afirman. La mayoría de las víctimas son personas que trataban de volver a su hogar e inadvertidamente ignoraron la línea amarilla que delimita la zona a la que se replegaron los israelíes, algo que “mucha gente en Gaza desconoce” (EP 17/10). El viernes asesinaron a una familia completa, incluidos 7 niños y 3 mujeres. Esta situación no alcanza para que “el garante de la paz” y frustrado Premio Nobel Donald Trump cese en sus contradictorias amenazas contra Hamas. “Si Hamas sigue matando gente en Gaza, lo cual no era parte del acuerdo, no tendremos más remedio que entrar y matarlos”, escribió el jueves el mismo fascista que el martes había dicho que la eliminación “de un par de bandas que eran muy malas, para ser sincero, no me molestó mucho” (NYT 17/10). Trump se refería a los enfrentamientos entre la policía gazatí y el clan Dogmush, al que los pobladores “han acusado en numerosas ocasiones de haber colaborado con el Ejército de Israel”, informa Swissinfo, el servicio público de radiodifusión suizo, insospechable de propalestino. Los Dogmush, según Swissinfo, forman parte del sistema de saqueo de camiones con ayuda humanitaria que después era revendida a precios desorbitados en los mercados de la Franja”. Hamas fusiló a algunos de los colaboracionistas y anunció que los cabecillas -Yasser Abu Shabab, Rami Hilles y Ahmad Jundiyya- han sido condenados a muerte. La conclusión de Trump es insólita: “No tendremos más remedio que entrar y matarlos” (a los milicianos). El NYT llamó a esa confesión “una severa advertencia” y no una injerencia ajena a toda legalidad por parte del mismo criminal que hunde lanchas en el Caribe a su antojo. Más tarde, Trump aclaró que no sería el ejército estadounidense el que atacaría a Hamas. «Alguien entrará. Pero no seremos nosotros». El NYT se alarma porque Trump viene haciendo “una serie de declaraciones contradictorias sobre cómo su administración aplicaría los siguientes pasos del acuerdo de alto el fuego” (17/10). La confusión no solo habla del estado mental del jefe del imperialismo sino de las condiciones incumplibles del llamado plan de paz aprobado a las apuradas cuando era inocultable el aislamiento de Israel y los trabajadores comenzaban a parar los puertos de Europa para impedir la provisión de armamento. Otras condiciones incumplibles son el hipotético desarme de Hamas y su exclusión de cualquier futuro gobierno palestino. Los milicianos puntualizaron que solo entregarían las armas a autoridades de un estado palestino autónomo. A principios de semana, Trump exigió el desarme diciendo: “Si no se desarman, los desarmaremos nosotros… Y sucederá rápido y tal vez violentamente”.

El último tramo de la campaña electoral en Santa Fe trae muchos condimentos a la crisis política que socava al gobierno libertario y al régimen político. Todas las encuestas descuentan una victoria del peronismo, en algunos casos arañando el 40%, comandado por Ciudad Futura, que encabeza la lista como prenda de unidad ante la atomización del PJ. Por detrás, el podio aún no se define. Algunos indican que LLA podría ganarle a la candidata de Pullaro, Gisela Scaglia, actual vicegobernadora por la alianza de Provincias Unidas. Un 15% para el gobernador que acaba de reformar la Constitución, que se jacta de ser presidenciable y que se ha reunido estos últimos días con el círculo rojo, expondría que la virtud de estadista en realidad es una ilusión. Principalmente, porque perder ante el candidato libertario, que no tiene referencia alguna, es una desautorización política enorme. Este riesgo ha lanzado al propio Pullaro a ponerse la campaña al “hombro”, inclusive violando la ley electoral con la batería de “inauguraciones” adelantadas que está haciendo a días de la elección. Pero por más obra pública que presente, no podrá desvincularse del deterioro político que implicó aplicar la motosierra. Ha recaído en el cinismo de criticar que el ajuste libertario a destruido salarios y jubilaciones, que la “gente la está pasando mal”. Habría que recordarle que con su política miles de docentes y estatales han visto pisotear en estos últimos dos años sus salarios, su salud y sus jubilaciones. Toda esta bronca se hará sentir. Tal disputa derechista ha caldeado inclusive sus discursos: con una mezcla de misoginia y macartismo, han sacado a relucir que Caren Tepp viene a expropiar los grandes latifundios y socializar la propiedad privada, apelando a la IA y a fake news . Ninguna lista apañada por el lobista del agronegocio, el senador Armando Traferri, podría impulsar una agenda de ese tipo. Al margen de que la candidata ha despejado toda duda de que ese no es su planteo político, lo cierto es que la agitación en general se ha consagrado abiertamente reaccionaria. Libertarios y pullaristas han acudido al lenguaje vulgar y soez para cosechar algún voto, que en definitiva son una confesión de parte contra los derechos y movimiento de mujeres y la clase obrera como tal. Coinciden en una agenda antiobrera de cara al nuevo congreso: reforma laboral, mediante la liquidación de las indemnizaciones; reforma penal, con aumento de delitos y penas; y exenciones impositivas al capital. Son el programa político para aplicar el ajuste sobre el ajuste. Mientras que Milei pasea por los medios diciendo que el “esquema no se cambia”, lo cierto es que la devaluación es la condición principal luego de las elecciones a pedido de Trump y el departamento de Estado. Pullaro es uno de los principales lobistas contra las retenciones y pregona una devaluación que permita a las cerealeras vender barato en el mercado internacional, Mientras tanto, se queja de que la recesión destruye la industria pero que bien mirado está permitiendo la masacre laboral para reducir el “costo laboral” y consagrar una reorganización general de la relación capital trabajo en la región, con la anuencia de la burocracia sindical que milita Fuerza Patria. En síntesis, parte de la supervivencia de Milei y de las chances del armado de Pullaro se medirán con los resultados del domingo. No por nada Milei, a pesar de ser echado por la movilización en la ciudad de Santa Fe hace un par de semanas, eligió Rosario para el cierre de campaña. Mientras que, si Provincias Unidas queda tercera en el podio, el circulo rojo tendrá que seguir buscando un recambio fiable. Política Obrera, que viene con una intensiva agitación pública de sus planteos, hace un llamamiento a toda la clase obrera santafesina: organicemos la bronca construyendo el partido revolucionario e inclinemos el desenlace de esta crisis a favor de los intereses de los trabajadores.

El bloqueo militar, con un despliegue nunca visto en el mar Caribe, por parte de la Armada estadounidense y el Comando Sur se ha reforzado mediante la habilitación a la CIA, a mediados de esta semana, para la realización de “operaciones especiales” en territorio venezolano. La prensa acreditada en la Casa Blanca le consultó al presidente Donald Trump si esto incluía acciones contra la persona de Nicolás Maduro. La respuesta fue contundente: “Sería muy estúpido de mi parte responder eso”. Al justificar esta decisión, Trump hizo alusión al control total que se mantiene en las costas venezolanas. Ha instaurado un bloqueo de hecho. En las últimas horas, un improvisado submarino fue alcanzado por las fuerzas norteamericanas, dejando como saldo dos muertos. El Comando Sur resolvió identificar a los dos sobrevivientes del ataque y deportarlos a sus respectivos países, Colombia y Ecuador. Este ataque es el sexto en menos de un mes. El saldo total de asesinados por la flota norteamericana asciende a 31 personas. Al mismo tiempo que el imperialismo ha reforzado su presencia militar en el Caribe, aumenta las presiones sobre Maduro para que entregue el poder “o pague las consecuencias”. La presión militar, incluida la amenaza de intervención sobre el territorio, ha puesto de manifiesto una línea de abandono completo de toda negociación con el régimen, luego de varios pactos sotto voce alcanzados en el pasado reciente. El propio magnate estadounidense dejó caer que “Maduro nos ha ofrecido de todo porque no quiere joder con Estados Unidos”. Según pública el Financial Times, en su edición del sábado 18 de octubre, el imperialismo ha rechazado la alternativa de un “madurismo sin Maduro” y reclama su extirpación completa. De todos modos, la cuestión de Venezuela ha creado fuertes tensiones internas en Whashington, tanto en el gabinete como en las Fuerzas Armadas. Alvin Holsey, almirante y máxima autoridad del Comando Sur, abandonó su cargo apenas a nueve meses de haber asumido. Holsey ha manifestado su disconformidad con la táctica seguida en el mar Caribe, a pesar de los elogios que le prodigó el secretario de Guerra Pete Hegseth. Su salida, de todos modos, ha servido para despejar el camino al curso de acción adoptado por Trump. Otro de los desplazados ha sido un hombre de íntima confianza de Trump, Richard Grenell, quien había tomado a su cargo las relaciones directas con Maduro, que incluyó una visita al palacio de Miraflores a comienzos de este año. El quiebre de las relaciones diplomáticas fue confirmado por el propio Trump. El imperialismo estadounidense ha decidido jugarse entero a un cambio de régimen en Venezuela. Los gobiernos latinoamericanos, que tienden sus propias negociaciones con Trump, se han apartado de cualquier apoyo a Maduro. Hace tan sólo algunos días atrás, tres bombarderos B-52 fueron vistos sobrevolando las costas venezolanas con sus balizas de reconocimiento activas. También se observaron helicópteros Black Hawk equipados con armamento de punta. El gobierno venezolano sabe que no podría responder a una acción militar, lo que ocasionaría su derrumbe político. La movilización de milicianos es menos que escasa y los ejercicios militares no han hecho otra cosa que poner de manifiesto la falta de materiales militares, su inutilidad u obsolescencia. El stock de repuestos con el que cuentan las fuerzas armadas venezolanas es casi nulo. El embargo económico ha golpeado fuertemente a todo el entramado y el tejido social y económico, incluidos los militares. Otras posturas alientan un menor despliegue y proponen un ataque focalizado a los principales jerarcas militares y políticos de Venezuela, vinculados, según Trump y sin ofrecer pruebas, al narcotráfico y el terrorismo. De todos modos, no es el aspecto militar el más debatido, sino cómo lograr una transición que otorgue gobernabilidad y evite los fallidos ocurridos en Irak o Libia, donde se desataron guerras civiles sangrientas. La oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado -galardonada con el Nobel de la Paz- exige ser ungida presidenta mediante un golpe militar. Sus convocatorias a las fuerzas armadas, sistemáticas, incluyen promesas de indultos a mandos intermedios y superiores que avalen el cambio de gobierno. Venezuela se ha convertido en la puerta de entrada de la guerra imperialista en toda su magnitud al territorio latinoamericano. En la mira del imperialismo también están Nicaragua y, naturalmente, Cuba. La confrontación con China y, en menor medida, Rusia, por los recursos naturales y estratégicos del continente unifica el escenario bélico mundial y convierte a América Latina en el cuarto frente de la guerra imperialista. Los "planes de paz" que Trump proclama son la marca del bonapartismo, con la novedad histórica de su pretensión de alcance mundial. La agresión contra Venezuela es una agresión a la clase obrera y los explotados de todo el mundo. La lucha contra el imperialismo yanqui ha vuelto a ser la gran consigna de toda América Latina.

Por tercera vez, la empresa Micro Ómnibus General San Martín Sociedad Anónima (MOGSMSA), que gestiona las líneas 700, 333, 407, 437 y la 707 (todas municipales) implementó, desde el lunes 14 de octubre, un rígido ajuste en sus recorridos, esta vez en la estratégica línea 707, carteles AZUL, ROJO y VERDE, dejando amplias zonas de Boulogne y Villa Adelina sin el vital servicio de transporte. La nueva diagramación (con un Ramal A que fusiona los antiguos carteles Verde y Azul, y un Ramal B que une el Verde y el Rojo), resulta en un aislamiento geográfico para escuelas y barrios. Por citar un ejemplo, el ex 707 cartel Rojo ahora comienza en la Estación Villa Adelina y no en el bajo Boulogne dejando toda esa zona sin cobertura. Otro ejemplo: un punto estratégico para los trabajadores, como la intersección de Paraná y Panamericana, en Villa Adelina, también quedó sin cobertura. De igual manera, la ex 707 Azul ya no brinda servicio a Villa Jardín y Barrio San Isidro. Esta situación perjudica también a las escuelas de la zona, como las primarias N° 24, la 17 y la 33. En el caso anterior, como el cartel Rojo ya no recorre la avenida Paraná, perjudicó a la escuela secundaria N° 11 de Villa Adelina, donde una parte importante de su alumnado viene de Boulogne. La línea 707, al ser municipal, cumple un rol central en la conexión de las seis localidades del distrito: Martínez, Acassuso, San Isidro, Beccar, Villa Adelina y Boulogne. Esta situación no es nueva: la empresa ya había logrado fusionar en junio los ramales Rojo y Blanco de la línea 700 y anteriormente se quiso recortar el servicio del cartel Azul dejando aislado el barrio Villa Jardín, pero una movilización autoconvocada de vecinos lo impidió y la empresa tuvo que retrotraer la medida. En agosto de este año los choferes empezaron una huelga por tiempo indeterminado ante el no pago del salario. Toda esta reestructuración se hizo con el aval del intendente Ramon Lanús, que en la página web del municipio justifica la medida argumentando que “…este cambio mejorará la eficiencia del servicio y aumentará la frecuencia de los colectivos, para que los vecinos tengan menos tiempo de espera...”. Toda una tomada de pelo a los trabajadores sanisidrenses. Los empresarios argumentan que la causa de la crisis es el recorte de subsidios, sumado a que no les permiten aumentar el boleto. Ocurre que, desde comienzos de 2024, el Gobierno Nacional reformuló el esquema de subsidios al transporte. El modelo, hasta entonces, subsidiaba centralmente los kilómetros recorridos y los costos operativos de las empresas, pero fue reemplazado por un modelo basado en la demanda de pasajeros, utilizando los datos de la tarjeta SUBE como referencia. Es decir, ahora depende de la cantidad de pasajeros transportados, poniendo en crisis recorridos y horarios de menor demanda del AMBA. Sin embargo, los empresarios utilizaron estos subsidios para invertir en sus variados negocios, como denunciaron, hace unos años, los trabajadores de la 60. La defensa del transporte público es parte de la lucha general contra el ajuste fondomonetarista. Solo una salida obrera y socialista puede garantizar un transporte público bajo control de los trabajadores, al servicio de las necesidades sociales y no del lucro empresarial. Desde Política Obrera estamos recorriendo el barrio, haciendo campaña en las redes y “citadas” en las paradas de colectivos con el objetivo de armar una gran autoconvocatoria de vecinos para derrotar este ajuste. Exigimos: Apertura de libros contables de la empresa. Pago en tiempo y forma de los salarios y ningún despido. Recomposición de ramales y recorridos dados de baja. LEER MÁS: San Isidro: asamblea de vecinos ante la quita de servicio de la línea 707 Por Margarita Cuellar y Ceferino Cruz, 27/03/2025.

Rodrigo Paz Pereira, electo ayer presidente de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), gobernará el país desde el próximo 8 de noviembre hasta el 2030. El PDC no es un partido real, sino un sello electoral recuperado para un candidato que representaba el 6 % de los votos en las primeras encuestas electorales. Paz Pereira, a pesar de presentarse como un outsider de la política, es exalcalde de Tarija y actual senador por el partido Comunidad Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa (2003-2005). El presidente electo se impuso en primera vuelta con el 36 % de los votos y superó con el 54 % al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (45 %) en el balotaje del domingo. La candidatura de Paz Pereira era considerada como de “centro-derecha”, frente a la “derecha extrema” que representaba su rival. Lo que la prensa internacional ha destacado de la elección boliviana, al igual que la Casa Blanca, fue la salida del Movimiento al Socialismo (MAS) del poder después de casi 20 años de gobierno (interrumpido por un golpe de Estado en 2019). En la primera vuelta electoral, en agosto de este año, el MAS obtuvo apenas un poco más del 3 % de los votos, lo cual hace que casi pierda su personería electoral. Una resolución judicial había impedido la presentación del expresidente Evo Morales (2006-2019) como candidato, que se encuentra prófugo de la justicia boliviana en la región del Chapare por una causa de trata de personas, además de que no contaba con un partido para presentarse luego de la ruptura de un Congreso del MAS. El actual presidente, Luis Arce, por su parte, bajó su candidatura, a la que las encuestas le otorgaban menos del 2 % de los votos. Morales llamó entonces, en la primera vuelta, a anular el voto, alcanzando el voto nulo el 20 %. En el caso del actual balotaje, Morales publicó en sus redes sociales que “Paz y Lara ganaron con el voto evista, el voto de los indignados por la proscripción y exclusión electoral”. Paz Pereira se había lanzado abiertamente a captar los votos del MAS. En la región de la sierra (bastión del MAS) obtuvo más del 50 % de los votos. A diferencia de su rival electoral, quien había anunciado que inmediatamente después de su asunción haría cumplir la orden de aprehensión que pesa contra Morales, Paz Pereira siempre evitó pronunciarse al respecto. En los posteos que realizó Morales, aseguró que “está claro” que la votación “fue más contra Tuto (Quiroga)”. A diferencia de Quiroga, Paz Pereira se comprometió a mantener en principio el subsidio para los sectores más carenciados. En sus primeras declaraciones luego de conocerse los resultados, Paz Pereira aseguró que “Bolivia vuelve a recuperar, paso a paso, su escenario internacional (...). Hay que abrir Bolivia al mundo, retomar un rol”. El electo presidente ya había realizado diversas visitas a Washington en la previa a las elecciones. Uno de los objetivos es la “normalización” de las relaciones de Bolivia con Estados Unidos. En el 2008 el gobierno boliviano expulsó al embajador estadounidense, lo que implicó una ruptura de relaciones diplomáticas con Washington. En el último tiempo, Bolivia estrechó lazos con Irán para la cooperación en sectores estratégicos como el petróleo, el gas, la refinación y los petroquímicos. Entre otras cosas, estaba sobre la mesa un acuerdo por la explotación de las tierras raras de Bolivia y un acuerdo de defensa entre ambos países. El portal Aurora Israel no dudó en titular la victoria de Paz Pereira como “fin a los aliados de Irán”. Por su parte, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, aseguró que mantuvo conversaciones con integrantes del equipo de Paz Pereira, asegurando que este estaría dispuesto a terminar el convenio de cooperación en defensa con Irán, al que denunciaba como financiamiento al terrorismo. Las reservas naturales de Bolivia son un botín en disputa de la guerra mundial en curso. En su territorio se encuentra la mayor reserva de litio del mundo, el salar de Uyuni, en Potosí, que actualmente se utiliza en baterías para autos eléctricos, dispositivos móviles y almacenamiento energético. Quantum Motors, que inauguró en Cochabamba en julio de 2022 la primera fábrica de baterías de litio de Bolivia, compra a China los paneles de litio que los chinos arman con el litio que llevan de Bolivia, debido a la escasa capacidad de explotación de ese material en el país. Las medidas que quiera llevar adelante Paz Pereira, sin embargo, deberán pasar por un Congreso fragmentado. Ningún partido tiene ahora mayoría. El nuevo oficialismo contará con 47 bancas de los 130 totales; las otras fuerzas de la derecha (Quiroga y Doria Medina) tendrán 37 y 26 escaños, respectivamente. El MAS quedó reducido a 10 bancas. Bolivia atraviesa la crisis económica más grande de las últimas cuatro décadas: una inflación del 25 % anual, desabastecimiento de combustible, bienes y medicinas, escasez de dólares, déficit fiscal que supera hoy el 10 % del PBI, recesión y una deuda pública que asciende al 92 % del PBI. Bolivia es el país sudamericano con menor PBI (45.000 millones de dólares), con altos índices de pobreza, y el Banco Mundial proyecta una recesión que durará al menos hasta 2027. El subsidio a los combustibles se comió 2.000 millones de dólares en 2024, o sea, casi el 4 % del PBI. Una de las medidas que compartían ambos candidatos en el balotaje era la eliminación de los subsidios a los combustibles, una medida impopular que hasta Evo Morales tuvo que dar marcha atrás en 2010 cuando intentó llevarla a cabo. El Financial Times asegura que “las reservas de divisas prácticamente se agotaron en marzo de 2023, lo que obligó al gobierno a vender reservas de oro para pagar las importaciones de combustible y el servicio de la deuda”. El plan de salida a esta crisis por parte del rival de Paz Pereira era una fórmula a lo Milei: Quiroga había asegurado que pediría unos 14.000 millones prestados al FMI, además de avanzar con privatizaciones y recortes de subsidios. Paz Pereira, en campaña, había rechazado esta propuesta y planteó la posibilidad de reformas a las leyes de minería e hidrocarburos para “atraer la inversión extranjera directa y reactivar los sectores”. Pero, afirma el FT, “tampoco se cierra a una ayuda norteamericana en esta dirección”. En su discurso de la victoria dijo que había recibido el llamado del secretario de Estado adjunto norteamericano, Cristóbal Landau: “A nombre del gobierno del presidente Trump nos ha llamado para dar todo su respaldo, ayuda y cooperación para poder llevar adelante una relación estrecha. Y que uno de los gobiernos más importantes del mundo sea parte de las soluciones para que a partir del 8 de noviembre a Bolivia no le falte sus hidrocarburos”.

En la Universidad Nacional de las Artes (UNA) la rectora Sandra Torlucci hizo un desfile por los diferentes departamentos tratando de instalar que el debate del estatuto está realmente abierto a la comunidad universitaria. Sin embargo, solamente presentó “ejes” poco claros. Mencionó el avance de la virtualidad, la necesidad de títulos intermedios y federalización de contenidos. Sólo nos dieron 15 días para la producción de propuestas a cada claustro y en la reunión de visuales se encargó de aclarar que el próximo texto estatutario lo va a redactar ella misma con personal de legales, tomando a "consideración" las propuestas que enviáramos. Y se va a votar en la Asamblea Universitaria, en la que sólo tienen voto los consejeros de los claustros. El SACAU: un ajuste a la medida de Milei ¿Por qué hoy Torlucci quiere reformar el estatuto? Nadie dice que no sea necesario modificarlo, el tema es al servicio de quiénes se hace esta reforma. En 2023 se aprobó en el Congreso la implementación del SACAU por el Frente de Todos y La Libertad Avanza. Este sistema está inspirado en el Plan Bolonia de Europa, que reduce las carreras de grado a tramos cortos y para poder validar el título y ejercer es necesario hacer un posgrado. Acá en Argentina no se puede arancelar la carrera de grado por ley, pero nada impide recortar planes de estudios y pasar el contenido hasta ahora gratuito a diplomaturas y posgrados pagos. El SACAU exige para funcionar una homologación de materias comunes; por ejemplo, filosofía en la UBA sería lo mismo que la materia filosofía de la UNA, perdiéndose la libertad curricular y de cátedra. Esto se hace con el objetivo de que sean intercambiables y que, si una institución quiere dejar de financiar una materia, pueda hacerlo, ya que es la misma que en cualquier otra universidad. De esta forma se degrada el contenido y especificidad de cada carrera. Esto se enmarca en el pedido de Milei de sustentar las universidades estatales con las cajas chicas (lo que se recauda de posgrados y cursos de extensión, diplomaturas pagas). De esta manera, las universidades del Consejo Interuniversitario Nacional han optado por la vía de los partidos del régimen capitalista y avanzar con esta reforma. Virtualidad A su vez, tiene la intención de profundizar la virtualidad; muchos estudiantes piensan que puede ser una alternativa a la precariedad que vivimos, la mayoría laburantes, sin plata en la SUBE para ir hasta la facultad, pero con el anhelo de poder recibirse. Sin embargo, la virtualidad degrada el aprendizaje: muchos docentes no están capacitados para esto, quizás nos mandan un vídeo de YouTube o nos hacen rendir libre. La universidad no les otorga los recursos necesarios para una virtualidad que funcione. Cada docente tiene que poner su computadora, que si se rompe nadie se las paga. Tienen que poner su wifi y si dan una clase presencial el proyector también falta. Cuánto más les van a exigir a los docentes, muchos de ellos con doctorados y eminencias en su campo a los que ni siquiera les pagan un sueldo equiparable a la canasta básica. Esto es una precarización laboral idéntica a la que aplican las empresas para abaratar costos, que el empleado haga Home Office, pero poniendo todo de su bolsillo. Falsas soluciones que precarizan Por otro lado, la gestión mencionó la idea de crear tecnicaturas. En principio podría parecer una salida agradable ante la desesperación de no tener salida laboral debido a la crisis en la que estamos inmersos, pero en realidad es una maniobra para poder desfinanciar con este nuevo sistema SACAU los últimos tramos de la carrera sin problema. A la universidad no le interesa que la gente se reciba, únicamente le sirve que se inscriban y tener matrícula todos los años: un tramo corto resulta una forma sencilla de obtener esto. Desde siempre las universidades nacionales argentinas han resaltado por su prestigio académico en el mundo, personas de todo el mundo vienen a estudiar, porque en ningún lado te ofrecen tanto contenido "gratuito" y de calidad. Esto a la burguesía le molesta mucho porque es una gran cantidad de plata que podría facturar y no lo está haciendo. Frenemos la Reforma Privatizadora de la UNA La constitución de la universidad debería poder tratarse en un gran debate con toda la comunidad y que todas las propuestas se voten, con cada persona de la misma teniendo voz y voto, una democracia directa, no que queden a consideración de la persona que durante años ha colaborado con la privatización enmascarada de la universidad pública mediante el ajuste de la carrera de grado y el engrosamiento del área de extensión paga. En vez de títulos intermedios para que podamos recibirnos más rápido, es crucial disponer de triple franja horaria, guarderías para quienes tienen niños a cargo y boleto educativo gratuito para toda la comunidad universitaria, especialmente para los que somos del conurbano. Que se abran comisiones de FODO en el CUT, queremos que se amplíe la oferta gratuita en la universidad creando orientaciones como fotografía, en lugar de cursos pagos. Necesitamos elementos básicos para aprender, como mesas, proyectores, tableros de dibujo técnico, computadoras, elementos necesarios para el laboratorio de restauración, que la facultad le pague a los modelos vivos en lugar de dejarlo al bolsillo de los estudiantes, pero nada de esto es posible sin un reclamo real por presupuesto. El objetivo es ser licenciados, no recibirnos de un curso de Doméstika. Es crucial que impidamos que esta reforma reaccionaria avance y que luchemos para defender la gratuidad de los contenidos y el alcance de nuestro título, movilicemos a la Asamblea Universitaria, para poder imponer nuestras necesidades por encima de la gestión universitaria y los intereses privatistas del Estado burgués.

Al responder a los cuestionamientos de los productores agrícolas norteamericanos sobre la “ayuda” a la Argentina, Trump se volvió a deschavar: “Argentina está muriendo”, dijo, algo que no se explicaría si el trabajo de su amigo Milei fuera tan “brillante” o “genial” como él mismo suele afirmar. La soga del Tesoro norteamericano llega en medio de una crisis terminal del régimen libertario y Trump lo sabe mejor que nadie. El “rescate”, en cualquier caso, es el del propio imperialismo y de los intereses industriales y financieros que lo vinculan con la Argentina. Estatización de la deuda El “intercambio de monedas” (swap) de 20.000 millones de u$s anunciado en estas horas es una línea de crédito de alcances difusos y atado a cláusulas confidenciales. Los técnicos del Banco Central aclararon que el “swap” no puede ser adicionado a las reservas internacionales, porque sus recursos serán desembolsados “por tramos” y deberán ser puntualmente activados por el Tesoro norteamericano. En un reportaje, Milei reveló que podrían usarse para pagar los vencimientos de deuda previstos para el 2026 -confirma lo que anticipamos en estas páginas acerca de la “estatización de la deuda pública” , lo que constituye un rescate, no a la Argentina, sino a los fondos internacionales acreedores. Semejante anuncio, sin embargo, no sirvió para remontar la cotización de los bonos argentinos, que siguieron a la baja. Que el porvenir de la deuda argentina esté en manos de la pandilla de financistas que rodea a Trump, con él incluido, no parece ser un indicador de “solvencia”. El swap, para muchos observadores, sólo debería consistir en un dinero “detrás de la vidriera” (intocable), que facilite una refinanciación privada de la deuda. Lo que exige el capital internacional para ello es que Argentina ofrezca activos en garantía, por un lado, y la “genuina acumulación de reservas”, o sea, una devaluación, por el otro. El acuerdo comercial Los diarios han informado, antes del swap, sobre la letra chica del acuerdo comercial que, en simultáneo, discuten los funcionarios de Milei y Trump. Aunque el periodismo no lo ha asociado, ese acuerdo está en directa relación con el swap. La “liberalización” comercial reduciría aranceles para algunos de los productos actualmente exportados al norte -petróleo, productos químicos, además de la ampliación de la cuota de carne a los frigoríficos locales-, pero dejará afuera al aluminio y al acero, a los que Trump les ha impuesto recientemente elevados aranceles. Trump aspira, además, a que Argentina sea “el principal abastecedor de litio y cobre de Estados Unidos” (Clarin, 20.10), cuando las principales inversiones en Argentina corresponden hoy a empresas de China. En el acuerdo, ocupa un lugar crucial la legislación de patentes. El gobierno Trump exige que Argentina derogue los “obstáculos” al patentamiento de “nuevas” especialidades, en referencia a medicamentos con patente vencida, pero que prolongan artificialmente la vigencia de sus derechos de propiedad introduciendo un cambio cosmético en su fórmula. La concesión de esta prerrogativa a los laboratorios extranjeros ha puesto en pie de guerra contra el Gobierno a la industria farmacéutica local (ver Francisco Olivera en “La Nación” del 18.10). La recolonización económica planteada por el swap y el acuerdo comercial ha agravado la deliberación de la burguesía en torno del rumbo del régimen libertario. Lucha política Estas peleas se cruzan con las intrigas en curso en torno del “armado” político del gobierno después de las elecciones del domingo 26. Santiago Caputo, a quien se daba por defenestrado algunas semanas atrás, ahora suena para integrar el gabinete con cargo oficial y trabajo en blanco. Su nombramiento pondría de manifiesto la influencia decisiva de la camarilla fascistoide y de negocios en torno de Trump, la “Convención Conservadora” (CPAC), Marco Rubio, el valijero Scaturicce y los fondos de cobertura asociados a esa banda. Esta camarilla reclamaría también el desplazamiento del canciller Werthein y el monopolio de las relaciones exteriores para los agentes directos de Trump. Santiago Caputo reunió a tres semioficialistas -Pichetto, Ritondo y De Loredo- con un enviado del gobierno yanqui, para mostrarle a este las “posibilidades de un gobierno de coalición” poselectoral. Pero la reunión mostró más bien lo contrario, o sea, las crisis y choques políticos que precederán a cualquier intento de cogobierno. Un ladero de Pichetto, Nicolás Massot, rechazó asistir al encuentro con dos argumentos sugestivos: el primero, que el acuerdo con Estados Unidos no sería “entre dos Estados” sino “entre dos amigos” (Clarín, 20.10). Desconfía de Milei, pero también de Trump-Bessent, que están en medio de un volcán de crisis políticas y rebeliones estaduales en su país. En segundo lugar, afirmó que no quería contribuir “a que prospere la actual política cambiaria del gobierno” (id). El parlamentarismo semioficialista, con fuertes vínculos con el capital agroexportador, condiciona cualquier acuerdo posterior al 26-10 a una devaluación en regla y teme que Milei-Caputo se sirvan de la asistencia financiera yanqui para resistir ese rumbo. La devaluación también divide a la burguesía, que tiene a una fracción con fuertes deudas en dólares. Por cuerda separada y en línea con lo que reclama el Departamento de Estado, los representantes parlamentarios de Milei-Caputo recibieron la orden de sacar por ley el presupuesto 2026, algo que requerirá concesiones económicas a los gobernadores y a los lobbys capitalistas que ellos representan. Milei, por las dudas, tiene su plan B: al ser interrogado sobre lo que considera una “buena elección”, dijo que aspira al “tercio del Congreso para defender los vetos” (y, decimos nosotros, bloquear un juicio político). Pero Milei ha perdido toda autoridad para gobernar por decretazos. El pronóstico, para después del 26, es más que “reservado”. A este gobierno en desintegración, hay que hacerle morder el polvo de una acción histórica independiente de los trabajadores.

Hace 15 años, el 20 de octubre de 2010, Mariano Ferreyra era asesinado en la esquina de Luján y Perdriel, en Barracas, por el impacto de una bala que partió de la patota de la Unión Ferroviaria comandada por José Pedraza. El entramado de intereses que representaba aquella bala se resumía en un concepto: la precarización de la fuerza de trabajo, vía tercerización laboral. Un mecanismo de fraude laboral que fue la base de la “recuperación económica” de la era kirchnerista. La emboscada perpetrada por la burocracia sindical con la venia de la policía del entonces ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que dejó además con heridas graves a Nelson Aguirre y Elsa Rodríguez, se llevó adelante en defensa de un negociado a expensas de los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca. Por ese motivo, nuestro periódico de entonces, Prensa Obrera, tituló que fue “un crimen contra la clase obrera”. La burguesía argentina ha tenido en carpeta extender las condiciones de precarización laboral de los tercerizados a toda la clase obrera, bajo el eufemismo de “reforma laboral”. 15 años después del asesinato de Mariano, Milei promete una reforma laboral a toda la burguesía argentina que legalice lo que hasta ahora funcionó y se extendió como un mecanismo fraudulento, pero a la vista y con el aval de todos los gobiernos. Para avanzar con esa reforma, Milei cuenta con aquellos dos viejos pilares de las políticas antiobreras: la represión y la burocracia sindical. Del otro lado, una resistencia obrera creciente. Hace sólo un mes, los trabajadores tercerizados de Techint protagonizaron una huelga general indefinida por el pase a planta permanente . La burocracia de la UOM se la jugó por la derrota de los tercerizados. Ante la gigantesca crisis industrial que hace cerrar fábricas todos los días, en la actual campaña electoral Milei se preocupó de llevarle personalmente al magnate del acero, Paolo Rocca, la promesa de la reforma laboral. Es el gran plan del gobierno para la etapa postelectoral, que formó parte de las promesas a Estados Unidos como condición del rescate de Bessent. Es lo que volvió a reclamar la burguesía en el reciente coloquio de IDEA . El peronismo está dispuesto a acompañar esta reforma y otras en el Congreso Nacional. Recordemos que, en febrero del año pasado, Cristina Kirchner publicó en sus redes un documento donde llamaba a la dirigencia peronista a discutir una reforma laboral, bajo el nombre de que es “ineludible una actualización laboral” que “brinde respuestas a las nuevas formas de relaciones laborales”. La burguesía nacional vive de la ilusión de que una reforma laboral puede sacarla de la crisis, cuando todo su régimen se hunde sin freno. Es al revés, la salida de la crisis sólo puede resolverse a través del desarrollo de la clase obrera y de sus capacidades, las cuales el capitalismo no puede más que degradar y precarizar. El límite del capital es el capital mismo. La lucha que libraba Mariano aquel 20 de octubre, junto a otros compañeros, tenía un alcance revolucionario. El de hoy será, además, el segundo aniversario de la muerte de Mariano sin que Diego Rojas esté presente. Diego, que falleció el año pasado, se dedicó a una intensa labor de investigación periodística, por cuyos resultados fue llamado a testificar en la causa contra la patota asesina. Diego obtuvo la única entrevista que Pedraza le dio a la prensa . El motivo por el cual Pedraza decidió no volver a hacer declaraciones fue evidente: Diego, con la habilidad propia de su oficio, le arrancó declaraciones de las cuales el burócrata de la UF se arrepentiría por siempre. Pedraza no sólo dejó en evidencia, sin saberlo, que hubo una coordinación y connivencia entre todos los que participaron del crimen, ya sea material o intelectualmente, sino que además reveló la decisión de encubrimiento posterior a los hechos (“¡Los ferroviarios no somos botones!”, le aseguró). Estas declaraciones pesarían contra Pedraza en el juicio. El arrepentimiento de este burócrata en haber concedido la entrevista se puso en evidencia en una de las escuchas judiciales, donde le decía a su hija: “Me arrepiento de la entrevista. Es un guacho”. No puede haber para un militante mejor elogio que ese.

En la semana que terminó llevamos adelante un cúmulo de actividades e intervenciones políticas que destacar en la provincia de Santa Fe. El martes 14, realizamos una agitación en la puerta de Acindar Villa Constitución, con el periódico y la declaración política electoral. Fue una importantísima actividad de cara al movimiento obrero industrial, que sufre las suspensiones y la recesión. Las patronales buscan la liquidación de derechos laborales para maximizar sus ganancias. Con una nutrida delegación, hemos extendido el planteo de que no debe pasar ningún despido y las horas de trabajo deben ser repartidas sin afectar los salarios. La burocracia mira para el otro auspiciando las candidaturas de Fuerza Patria. La jornada, luego de una recorrida por los medios zonales, concluyó con una charla debate con los compañeros Marilin Gomez y Christian Míguez, candidatos a diputados nacionales, junto con Marcelo Ramal, quienes expusieron una caracterización de la situación política y los desafíos que esta plantea al conjunto de los trabajadores, con una buena concurrencia de obreros metalúrgicos a la misma. Discutimos cómo enfrentamos el ajuste del gobierno quebrado de Milei y el hecho de que Trump reclama para sí convertir al país en una suerte de protectorado bajo su mando. Al día siguiente, seguimos con un raid de medios y participamos de un debate de candidatos organizado por el centro de estudiantes de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario. Con el faltazo de los tres principales candidatos patronales (la peronista Tepp, la vicegobernadora Scaglia y el libertario Pellegrini), los participantes expusieron sus planteos de cara a un interesante auditorio. La compañera Marilin detalló el tenor de la crisis y sus implicancias para el conjunto de la clase trabajadora. El vaciamiento del debate, el único organizado en esta campaña electoral, es prueba de que los partidos que gobernaron y que gobiernan, responsables de la inconmensurable crisis actual, pretenden justamente evitar cualquier tipo de interpelación. Mientras tanto, se agitaron fábricas importantísimas como La Virginia, y el centro de la ciudad de Rosario en la Plaza Sarmiento. Por último, el jueves 16, se recorrió el hospital Eva Perón, de la localidad de Granadero Baigorria, junto a la Junta Interna. En los pasillos y en cada una de los servicios, nuestros candidatos debatieron con los trabajadores la crisis en el sistema de salud. La motosierra pullarista ha enterrado los salarios del personal que le puso el pecho a la pandemia y aún sostiene, con un enorme sacrificio, el acceso irrestricto a este derecho elemental. Allí se sumó la compañera Natalia Jaime, candidata a diputada y miembro de la comisión interna del hospital, quien planteó extender esta intervención al resto de los hospitales y centros de salud de la zona. Con este impulso, arrancamos la última semana de actividad de cara al 26 de octubre. Mientras Trump pretende digitar el rumbo del gobierno liquidado de su ´amigo´ Milei, convirtiéndolo en un protectorado del capital financiero y el imperialismo, desde Política Obrera impulsamos el voto a un programa socialista y revolucionario, que le imponga un desenlace positivo para los trabajadores a la crisis. Con esa expectativa, le daremos un broche de oro a la campaña electoral.

Hoy se cumplen quince años del asesinato de Mariano Ferreyra y no hay olvido posible. Quince años desde aquel día en que un joven de 23 años, militante del Partido Obrero y estudiante de la UBA, fue asesinado en Barracas mientras acompañaba a los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca que reclamaban su pase a planta permanente. A Mariano lo mataron por estar del lado de los que no tienen voz. Por comprometerse con la causa de los trabajadores más vulnerables, por no aceptar que la precarización sea una condición natural del trabajo. Fue víctima de una patota de la Unión Ferroviaria, organizada y dirigida por la cúpula gremial encabezada por José Ángel Pedraza y Juan Carlos Fernández. Los disparos de Cristian Favale y Gabriel Sánchez lo asesinaron, bajo la mirada cómplice de efectivos de la Policía Federal Argentina, que liberaron la zona y permitieron el ataque. Su crimen no fue un hecho aislado: fue un crimen político y sindical. Un intento deliberado de frenar la organización de los trabajadores tercerizados, de castigar a quienes se animaban a pelear por un trabajo digno y por derechos iguales. El juicio que siguió fue una conquista del pueblo movilizado. Gracias a la lucha incansable de su familia, de sus compañeros y de las organizaciones obreras, se lograron condenas históricas. Pero el dolor, la ausencia y la bronca permanecen. Y hoy, quince años después, me pregunto qué habría dicho Mariano frente a la realidad que vivimos. Porque en este 2025, bajo el gobierno de Javier Milei, vemos cómo vuelven a ponerse en riesgo derechos conquistados con décadas de lucha: el trabajo estable, los convenios colectivos, la educación pública, la salud, la soberanía y la dignidad de los que menos tienen. Se habla de “libertad”, pero se impone el ajuste. Se habla de “orden”, pero se desmantelan políticas sociales, se despiden trabajadores del Estado y se avanza sobre conquistas históricas del movimiento obrero. Mientras tanto, la pobreza crece, los salarios se achican y la desigualdad se profundiza. En este contexto, recordar a Mariano es también una forma de resistencia. Es volver a decir que el trabajo no es un privilegio, que la dignidad no se negocia, que la justicia no puede depender del mercado ni del poder de turno. Recordar a Mariano es entender que su muerte fue consecuencia de un sistema que sigue vigente, uno que busca callar a quienes se organizan y luchan. Hoy, más que nunca, su nombre vuelve a ser bandera: / por los trabajadores que siguen precarizados, / por los jóvenes que se enfrentan a un futuro incierto, / por las mujeres y los hombres que día a día sostienen este país con su esfuerzo y que no se resignan. Mariano Ferreyra vive en cada lucha contra la explotación, / en cada compañero que levanta la voz, / en cada paso que damos para que nunca más haya otro Mariano. Porque los que luchan no mueren. / Porque su ejemplo sigue marcando el camino. / Porque su memoria es fuerza, es conciencia y es esperanza. Mariano Ferreyra, presente. Ahora y siempre.

Bolivia acaba de protagonizar dos novedades políticas. La primera es que, por primera vez en 200 años, protagonizó un balotaje presidencial para resolver una contienda electoral. Previamente se utilizaron otros mecanismos o no fue necesaria una segunda vuelta. La segunda novedad, más importante aún, es el fin del ciclo político del Movimiento Al Socialismo (MAS), tras 20 años en el poder. Fue un verdadero derrumbe: la sigla MAS no tendrá ni siquiera un diputado en la nueva Legislatura. El candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, se impuso con el 54,5 % de los votos frente a un 45,5 % de su contendiente, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, de Alianza Libre. Paz Pereira volvió a quebrar los vaticinios de las encuestas, que lo daban por derrotado en el balotaje, del mismo modo que en la primera vuelta figuraba en cuarto lugar. Su partido será la primera minoría en el Senado y Diputados. Los programas de Paz Pereira y Quiroga, sin embargo, tienen amplias similitudes. Principalmente, en cuanto a la privatización de empresas y el “achique” del Estado (gastos sociales, subsidios a la gasolina, entre otras prestaciones sociales). La gran diferencia, que según la prensa terminó por decidir al electorado, fue la distinción entre el “shock” que pregonaba Quiroga -una motosierra a lo Milei- y el “gradualismo” que promete Paz. Sobrino nieto del cuatro veces presidente e histórico dirigente del Movimiento Nacionalista Revolucionario, Víctor Paz Estenssoro, e hijo de Jaime Paz Zamora, también expresidente de Bolivia y fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Paz Pereira fue observado como garante de una “transición ordenada” al esquema que estructuró el MAS en el gobierno. Se impuso en todos los bastiones históricos del MAS, incluido El Alto. El agotamiento de los pozos, la falta de nuevas investigaciones y una recurrente sospecha de prebendas y hechos de corrupción en varios niveles del Estado llevaron a este desenlace, dirimido entre un derechista y un ultraderechista. En las entrevistas realizadas a los electores fuera de los centros de votación se observaba un clima de incertidumbre y desconfianza en cualquiera de los presidentes electos, pero cierta creencia en que el planteo de Paz Pereira ofrecía mayores expectativas sobre mantener ciertos subsidios a las familias, como el escolar (20 dólares anuales) o la Renta Dignidad (35 dólares mensuales), una suerte de jubilación. El ´ajuste´ que prometieron ambos candidatos, dicen, servirá para domar la inflación (18 % acumulado en 9 meses) y revertir el desabastecimiento de combustible. La interrupción de las importaciones ha ocasionado un deterioro de todo el tejido comercial y de transporte en el país. Los camioneros deben dormir hasta cuatro noches a bordo de sus vehículos frente a las estaciones de servicio para cargar el tanque. En la prensa resuenan las palabras del vicepresidente electo, el tiktoker Edmundo Lara, quien ha declarado que “supervisará” a su presidente y no dudará “en meterlo preso si se desvía del camino”. Lara había ganado mucha visibilidad en Tik Tok cuando, como policía en funciones, realizaba videos denunciando presuntas irregularidades y hechos de corrupción. Fue dado de baja de la fuerza en 2024 y muchos lo consideran el responsable de la levantada de Paz Pereira en las encuestas. El presidente saliente, Luis Arce, ha reconocido públicamente al vencedor y asegurado que se procederá a una transición ordenada de la administración. Por su parte, Evo Morales -recluido en el Trópico de Cochabamba por el pedido de captura por el cargo de estupro, entre otros- ha señalado que “no permitirá” que se privatice ninguna empresa ni recurso natural. La apuesta de Paz Pereira es lograr fuertes inversiones para la explotación de los grandes yacimientos de litio ubicados en la triple frontera con Chile y Argentina. Paz Pereira, en sus primeras declaraciones, aseguró que logrará revertir la falta de dólares en el primer día de mandato, sin aclarar cómo lo hará. Su contrincante, Quiroga, había asegurado que le pediría un préstamo al FMI y se acercaría a Trump. Ambos coincidieron en proponer la ruptura de relaciones cercanas con Venezuela, Cuba y Nicaragua. La incógnita es qué posición tomará Paz Pereira con relación a China. En suma, Bolivia vuelve a la palestra como parte de la disputa del imperialismo en América Latina, en el marco de la guerra internacional.

Este 19 de octubre Niue cumplió 51 años bajo la condición de Estado Libre Asociado con Nueva Zelanda. Lo que puede parecer la unión voluntaria entre dos naciones no es más que palabrería leguleya para dar un tinte moderno al colonialismo. Sucede que cuando Nueva Zelanda obtiene su independencia -aunque el monarca británico todavía hoy sigue siendo su jefe de Estado-, dos territorios que también aspiraban a ser soberanos fueron absorbidos por el recién fundado Estado neozelandés. Esto no era casual: en la olvidada Oceanía los años 70 también fueron rebeldes. Mientras Vanuatu al alcanzar la independencia comenzaba la construcción de lo que dieron en llamar el Socialismo Melanesio, encabezado por el primer ministro Walter Lini, en la mal nombrada Nueva Caledonia el pueblo kanak se alzaba en armas contra el colonialismo francés. Si bien Reino Unido había ido desprendiéndose sin conflictos armados de la mayoría de sus posesiones en el Caribe Oriental -increíblemente hoy todavía llamado en Londres como las West Indies-, también veía cómo sus antiguas excolonias tendían a tomar rumbos izquierdistas. De esa manera, cuando en 1973 Bahamas se independiza, lo hace hablando en nombre de una “Revolución pacífica” invitando al acto donde se proclama la soberanía al canciller cubano y no enviando ninguna invitación a Estados Unidos. Similares situaciones se verían en Jamaica, con Michael Manley o en Dominica donde el gobernante Partido Laborista incluso colaboraba con Muammar el-Gadaffi, llegando a entrenar núcleos militantes para combatir junto a los cubanos en Angola. Nueva Zelanda debía entonces comportarse como la sustituta extensión opresiva de Londres en Oceanía: ya lo hacía reprimiendo al pueblo maorí y llevaría esa política tanto a las islas Niue como a las Cook. La terminología Estado Libre Asociado fue una invención con un pésimo antecedente en América Latina: todavía hoy bajo ese estatus es como Estados Unidos somete jurídicamente a Puerto Rico, único país hispanohablante que no ha obtenido la independencia. Francia actualmente realiza maniobras similares: otorga nuevos nombres oficiales a sus colonias en América Latina, el Caribe oriental, África y Oceanía. Incluso, en 2023, Francia fue lo suficientemente hábil como para derogar la bandera colonialista de Martinica y contentar a los autonomistas al permitirles emplear la insignia independentista como símbolo oficial martiniqués. Sin embargo, más allá del trapo que ondee en el asta, la lucha de clases siempre se impone y meses después la Martinica fue estremecida por fuertes protestas populares: miles de obreros, en su gran mayoría afrodescendientes, se enfrentaban a las políticas de ajustes dictadas desde París, reclamando además el cese del favoritismo económico a los franceses, tanto los nacidos en la isla -los llamados bequés-, como a los funcionarios colonialistas y los nuevos colonos provenientes de la metrópoli. Algo similar continúa sucediendo en Niue. Hace años que Niue viene reclamando convertirse en Estado independiente, pero Nueva Zelanda lo presiona y chantajea con que de separarse perderán los “beneficios” de ser ciudadanos neozelandeses -es decir, que no recibirían ninguna colaboración económica-. Por su parte, Niue, ha ido impulsando una política soberanista dentro de la ONU, pero, al mismo tiempo, cayendo en la tentación de orbitar en torno al imperialismo chino. La burguesía nacional de Niue pareciera querer cambiar de metrópoli, al menos económicamente. Uno de los principales reclamos de Niue es que Nueva Zelanda le permita profundizar sus vínculos económicos con China y, Pekín, que todavía es un imperialismo en expansión, desea cada vez más controlar Oceanía. He aquí otra vez, las limitaciones del nacionalismo: ¿la independencia de Nueva Zelanda para convertirse en neocolonia china o la independencia para que Niue construya su destino verdaderamente soberano sin ser condicionado ni oprimido por ningún otro Estado? Por su parte, Cuba no se queda detrás. Contrario a condenar la política colonialista de Nueva Zelanda, La Habana este 19 de octubre ha enviado un mensaje de felicitación a Niue por el 51 aniversario de su constitución como Estado Libre Asociado. Es como si Cuba felicitara a Puerto Rico por seguir siendo colonia yanqui, pero bajo la repulsivamente falsa denominación de Estado Libre Asociado. Debe quedar claro que cuando un país adopta esta denominación no lo hace en igualdad de condiciones, es decir, no se constituye una confederación de iguales, sino que el país que acepta ser Estado Asociado, en realidad no es Libre. Nunca ningún Estado ha aceptado felizmente que su Estado Libre Asociado se separe. Las amenazas, represiones, extorsiones, siempre llegan ante el intento de separarse. Cuba, quien aupó los movimientos de liberación nacional anticolonialistas en la segunda mitad del siglo XX, hoy es un ejemplo de domesticación al gran capital: el perfecto caso de cómo la coexistencia pacífica es imposible de practicar por un país socialista. Si un país pretende construir el socialismo no puede estar pactando políticamente con Estados colonialistas y neocolonialistas. Como mismo Cuba estila anualmente felicitar al régimen colonialista que gobierna Niue, nunca se ha escuchado un comunicado de La Habana condenando la represión neozelandesa contra el pueblo maorí. De hecho, es una causa completamente desconocida por la prensa cubana. Cuando Nueva Zelanda ha reprimido con fuerza al pueblo maorí, Cuba hace mutis en los organismos internacionales. Según un artículo publicado en septiembre pasado por Le Monde Diplomatique, la represión contra el pueblo maorí es tal que todavía en los hospitales neozelandeses cuando las mujeres aborígenes paren, no pocos profesionales de la salud las presionan para que regalen sus hijos a familias “blancas”. ¿Qué dice Cuba de esto? Nada. Pero, exactamente ¿qué gana Cuba con este silencio cómplice? No perder un importante voto contra el bloqueo estadounidense en la ONU. No es que Nueva Zelanda sea una ferviente activista anti bloqueo yanqui, pero en consonancia con los intereses británicos -a los que sigue respondiendo- en la ONU y otros espacios internacionales dice oponerse a las sanciones económicas contra Cuba. Además, Nueva Zelanda tampoco levanta la voz contra la represión del gobierno cubano. Esta es la política exterior cubana: tratar de ganar apoyos o silencios cómplices a cambio de no apoyar a las fuerzas revolucionarias de otros países. Los días de la efectiva solidaridad guevarista con las guerrillas anticolonialistas han desaparecido. De apoyar a “Hacer dos, tres, muchos Vietnam” como decía el Che, Cuba pasó a aplicar el modelo capitalista impulsado por Vietnam. Pero, precisamente, la traición del gobierno cubano a los movimientos independentistas se dio porque el ejemplo era Vietnam, es decir, no exactamente Vietnam como caso específico, sino el modelo que propugnaban tanto Ho Chi Minh, como Che y Fidel Castro: un modelo socialista donde la clase trabajadora no era quien tenía el verdadero poder político, sino la burocracia dirigente. De ese modo, mientras la burocracia dirigente cubana apoyaba a los movimientos de liberación nacional, todo iba en consonancia con los intereses revolucionarios, pero cuando esa burocracia dirigente decidió pasarse plenamente a la coexistencia pacífica, la clase trabajadora cubana no tuvo cómo evitarlo. Es así como La Habana tiene una postura completamente condescendiente con el ultraderechista Javier Milei, a quien, por el solo hecho de ser el principal aliado del imperialismo yanqui en América Latina, el gobierno cubano -que todavía se dice socialista- debiera desafiarlo continuamente. Sin embargo, cuando en diciembre de 2023 la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acusó a Cuba de entrenar a los piqueteros, el gobierno cubano solamente emitió una tímida negación de los hechos y no condenó la política ultraderechista de Milei. Curiosamente tampoco se escuchan muchas críticas de Javier Milei a Cuba. En cambio, ha sido bajo su gobierno que la nueva burguesía cubana realizó una visita oficial a Argentina comprando miles de toneladas de frijoles, contrastando con que el gobierno de Díaz-Canel desfinancia completamente la agricultura. Bajo cualquier máscara, el colonialismo es un mal que tristemente todavía existe, pero también, cual sea su denominación, no serán los nacionalismos quienes les pongan fin a los imperialismos y sus testaferros, sino las verdaderas revoluciones socialistas.

La guerra en Ucrania ha sido un golpe decisivo a la industria alemana y por ende a la economía de toda la Unión Europea. El imperialismo americano ha logrado matar dos pájaros con un solo tiro provocando la invasión rusa del territorio ucranio. De un lado el ejército ruso resulta empantanado en el este del país invadido, del otro un polo imperialista que aspiraba y aspira, con dificultades crecientes, a rivalizar con Estados Unidos ha visto apagar el motor de su locomotora, el tren es la Unión Europea, la locomotora Alemania. Todo eso por medio de una matanza trágica de la población ucraniana martirizada por las bombas, los cortes de gas y luz en un país con un clima gélido y las muertes de los soldados en el frente, que son reclutados cada vez más coercitivamente con oficiales que secuestran personas en las calles; y también por medio de la matanza de soldados rusos, jóvenes reclutados en los sectores más plebeyos y pobres de la Federación Rusa. La burguesía alemana con su gobierno -un gobierno de unión nacional con la participación de los dos partidos tradicionales de la burguesía, el partido socialdemocrático (SPD) y los cristianos democráticos (CDU-CSU)- quiere responder a la crisis europea construyendo un ejército europeo autónomo y alternativo al ejército estadounidense, y al interior de ese rearme europeo busca una hegemonía alemana respecto a las otras fuerzas militares de Europa. Ese camino tortuoso y plagado de obstáculos conduce a nuevas matanzas y a nuevas tragedias como la experimentada por los rusos y los ucranios. Como señala Il Sole 24 Ore (27/08) Merz “ha declarado en repetidas ocasiones que quiere convertir la Bundeswehr (el ejército alemán) en el ejército convencional más fuerte del continente”. Para tal fin ha promulgado una reforma constitucional que permite al Estado alemán endeudarse para sostener gastos militares, mientras antes la política de Schwarze Null no permitía un déficit mayor del 0,35%. Emblemáticamente la reforma ha pasado por medio de una maniobra institucional en cuanto el parlamento antecedente al actual, donde el gobierno de unión nacional tenía más votos, ha sido convocado extraordinariamente para votar la reforma constitucional que, de otra forma, no habría nunca tenido los votos necesarios para ser aprobada en el parlamento actual. El resultado de tal política fiscal ha sido una suba del déficit de 33 mil millones de dólares a 81 mil, con un presupuesto militar de 640 mil millones en los próximos 5 años, cuyo 400 mil serán financiados con deudas (Panorama, 30/06). La otra cara de la moneda es la reforma del sistema de reclutamiento alemán; como es obvio, las armas necesitan hombres de carne y huesos para ser utilizadas. El objetivo consiste en llevar los efectivos como mínimo a 260.000 soldados activos y 200.000 reservistas, mientras ahora son 180.000 y 50.000 respectivamente; el tiempo máximo para alcanzarlo es 2030. Ese plan es necesario “para alcanzar la dotación total de 460.000 soldados que Alemania estaría obligada a proporcionar según la planificación de defensa de la OTAN” (Spiegel 14/10). Como cuenta el ultimo periódico alemán citado, el plan del gobierno, que todavía tiene que ser presentado al Parlamento y aprobado por aquel, prevé etapas hipotéticas para llegar a la cifra de 460 mil soldados totales. En una primera etapa, la conscripción será sobre base voluntaria y todos los ciudadanos hombres tendrán que completar un cuestionario sobre su predisposición al servicio militar. En la medida que no se logre realizar el objetivo cuantitativo, la segunda etapa prevé el servicio militar obligatorio pero no para todo un año de reclutamiento, sino para una selección aleatoria de ese año conscripto mediante un sorteo. La tercera etapa prevé la conscripción de todo el año de reclutamiento, mientras la cuarta el servicio militar obligatorio general lo cual solo podrá ser promulgado mediante un voto con mayoría de dos tercios. Ese plan relatado por el periódico Spiegel, sobre la base de fuentes al interior del gobierno, no sólo tiene que obtener una aprobación no descontada en el Parlamento, sino que es visto por algunos miembros de la mayoría parlamentaria como débil del punto de vista constitucional. Además, el principal partido del gobierno, los cristianos democráticos, actualmente son superados en las encuestas por el partido de extrema derecha Alternative for Deutshland (AFD). El apoyo popular al gobierno resulta aún más escaso entre la juventud, la cual tendría que sufrir las consecuencias directas del rearme y del reclutamiento. Los partidos de oposición, tanto Die Linke (la izquierda) como AFD, recibieron un apoyo importante de los jóvenes, del 26% y 21% de los jóvenes respectivamente, mientras solamente una parte minoritaria de la juventud ha votado los partidos de gobierno – el 13% por la CDU-CSU y el 11% por el SPD. En un contexto político donde la juventud ha colmado las plazas de Berlín en apoyo al pueblo palestino y contra el genocidio.

El domingo 12 de octubre, el periodista y militante palestino Saleh Al-Jafarawi fue asesinado en Gaza, en circunstancias que las autoridades de ocupación y los medios internacionales intentan reducir a un conflicto «interno». Según versiones difundidas por medios locales, el crimen habría sido ejecutado por miembros del clan Doghmush, una facción armada con vínculos oscuros y tolerada por el poder militar israelí. Sin embargo, ningún hecho de esta magnitud puede entenderse fuera del control absoluto que el ejército sionista ejerce sobre cada metro cuadrado de Gaza, su población, sus movimientos y sus comunicaciones. Por eso, la hipótesis de la complicidad israelí se impone de rigor. Quién era Saleh Al-Jafarawi Saleh Al-Jafarawi era mucho más que un periodista. Formaba parte de una nueva generación de comunicadores palestinos que, con un teléfono, una cámara y una red social documentan el genocidio en curso. Sus reportes, filmados en medio de los escombros, mostraban las matanzas diarias que los grandes medios del mundo ocultan bajo la fórmula hipócrita del «conflicto» o la «guerra». A través de su trabajo con organizaciones de base y redes de solidaridad, Al-Jafarawi denunció los crímenes de guerra cometidos por el ejército israelí, los bombardeos sobre hospitales, escuelas y campamentos de refugiados, y el papel de las potencias occidentales en el sostenimiento del bloqueo. Su voz, junto con la de otros comunicadores populares, se volvió una referencia de la resistencia palestina. Por eso lo asesinaron. El crimen de Al-Jafarawi evoca inevitablemente la masacre de Sabra y Chatila (1982), en la que milicias falangistas libanesas asesinaron a miles de palestinos bajo la supervisión directa del ejército israelí, que cercó el campo de refugiados e iluminó la zona durante la matanza. (Una ironía del destino ha querido que el crimen del joven cronista palestino ocurriera en un barrio llamado Sabra.) En Gaza, cuatro décadas después, la lógica es la misma: Israel terceriza la represión en grupos locales, para mantener el barniz de una «disputa interna» y disimular su política de exterminio. Cada grupo armado que actúa impunemente dentro del enclave lo hace bajo el paraguas del control militar sionista. El asesinato sistemático de periodistas La ejecución de Saleh Al-Jafarawi se suma a una larga lista de periodistas palestinos asesinados por las fuerzas de ocupación. Desde octubre de 2023, más de un centenar de comunicadores han muerto bajo fuego israelí, muchos de ellos con chalecos que los identificaban claramente como prensa. El caso más emblemático sigue siendo el de Shireen Abu Akleh, periodista de Al Jazeera, ejecutada con un disparo selectivo en la cabeza durante una cobertura en Cisjordania en 2022. Pero no fue la única: Israel aplica una política sistemática de eliminación de quienes denuncian su genocidio, destruyendo oficinas de prensa, redes de comunicación y estudios improvisados en medio de las ruinas. El asesinato de la fotoperiodista palestina Fátima Hassouna, colega de trabajo y militancia de Al-Jafarawi, refuerza la evidencia de una política deliberada. Había obtenido reconocimiento internacional por registrar en el terreno, con imágenes extraña y crudamente bellas, el impacto de los bombardeos y la ocupación israelíes. Era el tema del documental Put Your Soul on Your Hand and Walk, que fue proyectado en el Festival de Cine de Cannes de 2025. Hassouna murió el 16 de abril de 2025 en un bombardeo israelí contra su vivienda en el barrio de Al-Tuffah, en la ciudad de Gaza, junto a diez miembros de su familia, un día después de que se anunciara la proyección de su documental, y días antes de su casamiento. Tenía veinticinco años. La operación no fue «un daño colateral»: el dron permaneció sobre la zona durante varios minutos antes del ataque, en lo que fue un asesinato selectivo contra una periodista que denunciaba la masacre y el bloqueo. Al-Jafarawi había difundido los últimos registros de Fátima. Su posterior asesinato, en circunstancias igualmente sospechosas, marca la continuidad de un plan de eliminación de voces que rompen el cerco mediático del imperialismo y sus aliados. La paz de los cementerios: de Trump... a Trump El asesinato de Saleh Al-Jafarawi se inscribe en el marco político que el imperialismo norteamericano y sus aliados vienen imponiendo desde hace años bajo el rótulo de «paz». En enero de 2020, Donald Trump presentó su «Acuerdo del Siglo», una farsa diplomática elaborada junto a Netanyahu, que pretendía poner «fin al “conflicto”» palestino-israelí. En realidad, legitimaba la anexión de Jerusalén y amplios sectores de Cisjordania, negaba el derecho al retorno de los refugiados y reducía a Palestina a una serie de enclaves desconectados y sin soberanía, bajo control económico y militar israelí. Aquella «paz» no fue más que una declaración de muerte política del pueblo palestino, adornada con discursos sobre prosperidad y seguridad: la imposición de la derrota por medios diplomáticos. Cinco años después, la nueva vieja «paz» del Trump de hoy –negociada con la Unión Europea y el gobierno genocida de Netanyahu mientras continúan los bombardeos sobre Gaza– retoma esa misma lógica imperialista, pero llevada al extremo. Ya no se trata de anexar territorios, sino de borrar al pueblo palestino de la faz de la tierra, mientras se multiplican los acuerdos de «normalización» (los «Acuerdos de Abraham») entre Israel y regímenes árabes cómplices. La continuidad entre ambas «paces» es total: Trump institucionalizó la impunidad, Netanyahu la ejecuta con sangre y fuego, y las potencias occidentales la encubren bajo el lenguaje hipócrita de la «estabilidad regional», mientras soslayan los crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza y Cisjordania y las sanciones que emiten por distintos canales para no cumplir ninguna y «reconocen» a los tumbos un ignoto Estado Palestino. Esta es la paz actual: una alianza entre el imperialismo estadounidense, el Estado sionista y las burguesías árabes, que consolida el aislamiento político de Palestina y da cobertura diplomática a la masacre. Un genocidio súpervisible y, sin embargo, impune El periodismo en sentido lato matiza fuertemente la actual matanza, pues lo que distingue al genocidio israelí contra el pueblo palestino de otros crímenes históricos no es solo su brutalidad, sino la combinación entre visibilidad y tolerancia internacional. Nunca antes una masacre tan documentada –en tiempo real, con imágenes, testimonios, transmisiones en vivo– había sido tan impunemente legitimada por las principales potencias del mundo. La existencia de esa visibilidad genera una contradicción explosiva. Por un lado, la ocupación no puede ocultar sus crímenes. Por otro, la impunidad diplomática la vuelve más agresiva, como si la exposición mediática misma fuera un enemigo a derrotar. Ante el cerco militar y mediático, el periodismo palestino –sobre todo el independiente, popular y militante– se transformó en una forma de resistencia directa. Los reporteros como Saleh Al-Jafarawi, Fátima Hassouna y decenas de colegas asesinados no son simples testigos: son combatientes de la verdad, que desafían la narrativa imperialista y el aparato de propaganda israelí. Por eso el ejército sionista los persigue con el mismo ensañamiento con que destruye hospitales o escuelas. Matar periodistas no es «un exceso»: es parte del plan de guerra. Cada cámara, cada transmisión, cada testimonio que escapa del control militar es una grieta en la arquitectura de la impunidad. Pues una de las contradicciones más fuertes es, justamente, la expansión de la impunidad (que lleva a brutalidades tales como el secuestro liso y llano, o el maltrato de niños en las calles de Gaza y Cisjordania) a la par que el desarrollo de una especie de orgía del sesgo en la construcción de los «relatos», para ocultar las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones dentro de ambos territorios; las condiciones infrahumanas de los prisioneros (que también son «rehenes») palestinos, muchos de ellos menores, torturados, incomunicados o usados como moneda de canje; las violaciones sistemáticas de derechos humanos en zonas declaradas «seguras»; el papel de empresas y gobiernos occidentales que financian o proveen o espían para, o aportan a la maquinaria militar del genocidio. De ahí el ensañamiento con quienes investigan o difunden: el periodismo libre es el espejo en el que el Estado sionista no quiere mirarse. El periodismo mundial frente a la masacre El periodismo global dominante -las grandes cadenas y agencias como CNN, BBC, Reuters, AFP, The New York Times o El País- reproduce, casi sin fisuras, el marco narrativo del imperialismo occidental. Hablan de «conflicto» o «guerra entre Israel y Hamás», evitando el término «genocidio». Repiten sin contrastar los comunicados del ejército israelí, mientras exigen «verificación independiente» de las fuentes palestinas (aunque sean de hospitales, ONGs o la ONU). Ocultan o relativizan los bombardeos a escuelas, hospitales y campos de refugiados, y dan más espacio mediático a la suerte de los rehenes israelíes que al exterminio sistemático de civiles palestinos. Por supuesto este alineamiento no es casual: responde a intereses políticos y empresariales. Los grandes medios forman parte de conglomerados financieros y publicitarios que sostienen al bloque occidental liderado por EE.UU. A la vez, muchos periodistas enfrentan represión directa: más de 150 periodistas palestinos fueron asesinados desde octubre de 2023, y varios corresponsales internacionales han denunciado presiones diplomáticas para no calificar los hechos como crímenes de guerra. En el caso argentino, el panorama repite el esquema internacional, pero con sus particularidades: los grandes medios (Clarín, La Nación, Infobae, TN) reproducen casi de manera textual el discurso oficial israelí. Hablan de «operación militar», «guerra», «Hamás» o «ataques cruzados», eludiendo la palabra «masacre». La línea editorial suele culpar a las víctimas, presentando la ofensiva sionista como respuesta legítima a un ataque «terrorista». Las imágenes de niños mutilados o barrios arrasados son minimizadas o invisibilizadas, mientras abundan notas sobre «antisemitismo» o «seguridad israelí». Quienes señalan la política del Estado sionista como «criminal» son tildados como «defensores del terrorismo». El negacionismo al respecto alcanza niveles que serían hilarantes si no causaran, como lo hacen, un grado de repulsión. Así, Darío Mizrahi, periodista de internacionales del staff de Antonio Laje en América, ante las masivas (y por lo tanto innegables) movilizaciones en el viejo continente y la fortísima huelga general en Italia contra la masacre palestina, llegó a decir que «en Europa se volvieron todos locos». Este alineamiento se refuerza con la presión política de la Embajada de Israel, que en Argentina tiene una influencia transversal: tanto gobiernos peronistas como macristas y por supuesto el gobierno nacional liberticida –y su furioso alineamiento trumpista– se pliegan a su narrativa. Además, se usa la definición de antisemitismo de la IHRA para amedrentar voces críticas, incluso dentro del ámbito periodístico y académico. Existen, sin embargo, excepciones valiosas. Medios alternativos y militantes denuncian el genocidio como lo que es, si bien alguna izquierda convalida en gran medida (en tanto parece que lo hacen en cierta medida) la teoría de los dos demonios. En redes sociales, periodistas independientes, fotógrafos y comunicadores populares han difundido información censurada por los grandes medios. Dentro del sindicalismo combativo y las universidades también empiezan a surgir pronunciamientos públicos en solidaridad con el pueblo palestino, así como de parte de colectivos y autoconvocatorias ad hoc. El periodismo dominante del mundo y de la Argentina no informa sobre Gaza: administra el silencio y la manipulación. Pero en los márgenes, donde se arriesga la vida por decir la verdad, el periodismo palestino y solidario está restituyendo el sentido mismo de la palabra «periodismo»: hacer visible lo que el poder quiere borrar.

Este viernes concluyeron las elecciones para elegir representantes estudiantiles en Consejo Directivo y Centro de Estudiantes del Joaquín V. González. En Centro de estudiantes la lista 6 (la alianza FITU-29 de mayo) obtuvo el 48,4%, y la lista 90 (kirchnerismo) el 42,1%, a 106 votos de diferencia. La actual conducción del centro perdió más de 200 votos respecto a las elecciones del año pasado, en beneficio del kirchnerismo. En Consejo Directivo, producto de lo antedicho, la lista 6 perdió un consejero en manos de La Caravana (es decir los K). Por su parte, la otra lista afín al Rectorado, Arquimedeanos, que sólo se presentó al Consejo, también retrocedió en cantidad de votos, pero logró retener su consejero. Nuestra lista 77 (Política Obrera e independientes) obtuvo 6,8% en Centro, y 5,4% en Consejo, incrementando levemente el número de votos absolutos y los porcentajes respecto al año pasado, mientras estas elecciones tuvieron menor cantidad de electores, alrededor de 200 estudiantes menos. La conducción del centro de estudiantes realizó una campaña autoproclamatoria, en sintonía con la política que vienen sosteniendo en el CEJVG, llenando el profesorado de militantes de otras universidades que protagonizaron todo tipo de grescas. Nuestra campaña estuvo centrada en colocar el problema político del momento, el derrumbe del gobierno de Milei, y convocar a organizar la lucha ahora para ponerlo nocaut. Denunciamos los lazos de éste con la política de reformas antieducativas que lleva adelante Jorge Macri en la CABA, y que cuenta con el aval del kirchnerismo, en particular de los Rectorados. A través de un volante, pasadas por cursos, y hablando en los pasillos, desarrollamos una campaña militante y a pulmón, con la participación activa y destacada de estudiantes independientes. Logramos entablar un diálogo y un debate con nuevos estudiantes y docentes, y abrir un camino hacia la organización y la lucha. Nuestra perspectiva es poder estructurar una agrupación a partir de la referencia ganada por la lista 77, que organice a mayor número de compañeros, de los tres turnos, y de las 18 carreras del profesorado. Adelante, compañeros.

Muchos trabajadores municipales en San Isidro se encuentran, desde hace un tiempo, en pie de lucha contra el Ejecutivo comandado por Ramón Lanús. El sector de espacio público, muy golpeado salarialmente, hoy está en un proceso de paros y paralización de tareas ante el incumplimiento, por parte del gobierno municipal, del pago de un bono por productividad acordado en junio. El lunes 20 hubo un corte frente a la municipalidad y el miércoles 22, un paro activo en los hospitales municipales del distrito. Hoy un barrendero tiene un salario que ronda los 500 mil pesos, el umbral de la indigencia. No sólo está en agenda la cuestión salarial, sino también el reclamo histórico por el pase a planta permanente, por una estabilidad laboral para todos los trabajadores y mejores condiciones de trabajo. El conflicto en cuestión se viene acarreando desde septiembre. Quien ya conoce a Ramon Lanús, sabe que las medidas de lucha deben ser rápidas y contundentes desde un inicio. El 2024 no estuvo exento de reclamos, pero se llevaron adelante medidas aisladas y el resultado ha sido una mayor pérdida adquisitiva del salario de los trabajadores. En este 2025, las medidas de lucha, que recién hoy se está discutiendo recrudecer desde la conducción del sindicato, deberían haberse tomado en la previa a las elecciones municipales y provinciales del mes pasado. Ramón Lanús protagonizó uno de los pocos triunfos a LLA y está “subido al caballo”. Es difícil, por ahora, que se muestre interesado mínimamente por los reclamos. Luis Barrionuevo, en una entrevista reciente, resumió en una frase el pensamiento de muchos burócratas: “Tenemos argumentos de sobra para salir a la calle. No lo hacemos. ¿Cuánto dura el gobierno si no? ¿Quiénes son los responsables? ¿Nosotros? Déjalo que gobiernen”. El intendente de San Isidro ha demostrado ser un fiel seguidor del gobierno nacional. Para derrotar el plan de ajuste de Ramon Lanús, se le debe contraponer un plan de lucha que vaya por paro por tiempo indeterminado hasta que triunfen todas las reivindicaciones.

Con un paro y movilización al Congreso, los trabajadores del hospital Garrahan y los docentes universitarios reclaman la aplicación de las leyes de “emergencia pediátrica” y “financiamiento universitario”. Coincidirán además con el movimiento de prestadores y pacientes del área de discapacidad. Las tres leyes que aprobó el Congreso -las dos ya mencionadas más la emergencia en discapacidad- han sido promulgadas pero su aplicación ha sido condicionada desde el gobierno a la aprobación del presupuesto 2026, cuya discusión ni siquiera ha comenzado. Las tres normas fueron vetadas, pero luego ratificadas por ambas cámaras legislativas. No ocurrió lo mismo con la ley de aumento a los jubilados, cuya insistencia fracasó por deserciones y faltazos de varios de los mismos bloques que la habían aprobado. El gobierno no exhibe mayor apuro en lograr la aprobación del presupuesto. Incluso podría ocurrir que se prorrogue por tercer año consecutivo el presupuesto 2023, lo que le otorga al oficialismo un amplio margen de discrecionalidad para fijar partidas, incluyendo la evolución de salarios públicos, jubilaciones y pensiones, transferencias a provincias, municipios y empresas públicas, infraestructura y emisión de deuda, en medio del descalabro financiero y la crisis de deuda. En un simulacro de inicio del debate, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a una reunión privada a la que concurrieron aliados y ´dialoguistas´. El peronismo fue invitado, pero rechazó el convite. Reclamó que se discuta en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que hasta hace poco presidía José Luis Espert y fue reemplazado por “Bertie” Benegas Lynch. El peronismo había reclamado el desplazamiento de Espert para ´encaminar´ la discusión del Presupuesto. E FITU, por otra parte, fue excluido. La reunión con Menem no arrojó mayores resultados. Encuentro Federal, el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, y un sector de los radicales reclamaron que se apliquen las leyes aprobadas antes de seguir discutiendo. El impasse es conveniente para todos. Los bloques ´opositores´, semioficialistas o paraoficialistas, tampoco tienen prisa, cuando falta menos de una semana para las elecciones legislativas. Los resultados arrojarán una nueva configuración parlamentaria y se abrirá un nuevo escenario de negociaciones, especialmente con los gobernadores. Dentro de lo posible -pues no puede descartarse una catástrofe electoral para LLA- estos buscarán evitar que el gobierno se precipite a tierra y encauzar su programa. Sería un sucedáneo de la coalición política que reclama Estados Unidos. Las ´coincidencias básicas´ con los gobernadores quedaron plasmadas en la “declaración de mayo”, cuyo núcleo lo constituyen las ´reformas estructurales´ -laboral, previsional y tributaria-. Las emergencias pediátricas, las urgencias de los discapacitados y el financiamiento universitario quedarán sometidos a esta ´rosca´. Los rectores y la burocracia ligada al kirchnerismo -con el auxilio de la ´izquierda´- han conducido al movimiento al empantanamiento parlamentario. Los síntomas de este desgaste se han hecho sentir, con una adhesión cada vez menor a los paros aislados convocados por los sindicatos y federaciones universitarias e incluso en el Garrahan, a pesar de los esfuerzos plasmados en enormes movilizaciones durante estos últimos dos años. El camino para conquistar las reivindicaciones es el de la autoconvocatoria y la huelga general.

El sábado 18 de octubre se desarrolló una manifestación histórica contra el gobierno de Trump, nuevamente bajo la consigna de “No Kings” (“ningún rey”) como ya había sucedido en junio. La movilización alcanzó esta vez a unas 2.700 ciudades y pueblos de todo el país, y según sus organizadores reunió a más de 7 millones de personas (dos millones más que en la anterior). Las manifestaciones fueron especialmente masivas en ciudades como Chicago (250.000 personas), Washington DC (200.000), Los Ángeles, Nueva York, Boston. Las gigantescas marchas revelan la conciencia creciente sobre la orientación a una guerra civil contra la clase obrera y la izquierda que impulsa el trumpismo, y que conduce a la instalación abierta de un régimen fascista. La oposición a las deportaciones masivas del ICE (inmigración) estuvo en el centro de las manifestaciones, así como a la militarización de la represión. El despliegue de tropas militares en Los Ángeles, Washington DC, Memphis, Portland y Chicago (algunas de ellas aún en medio de suspensiones y disputas judiciales) forma parte de una política sistemática destinada a perseguir a los activistas de izquierda y atacar los derechos de la clase obrera. Trump y el “secretario de Guerra” Hegseth han realizado una agitación sistemática sobre los mandos y las tropas del ejército para llevar adelante esta política contra las protestas de la población civil. Sin embargo, las calles han sido tomadas por los opositores a esta escalada reaccionaria. El trumpismo no ha apelado hasta ahora a la movilización de su base, y se apoya sobre todo en el aparato del Estado y particularmente en las FF.AA. La movilización del sábado 18 muestra que esta política no ha logrado paralizar a la población mediante el temor. Incluso en la zona de Miami donde está la residencia del presidente se produjeron algunas demostraciones, aunque minoritarias. Pese al miedo por las redadas y por las acciones brutales de los aparatos represivos, cientos de miles salieron a las calles en las grandes ciudades y también se produjeron acciones en pequeños poblados. La convocatoria había sido hostilizada por parte del gobierno y los Republicanos. El trumpista Mike Johnson (presidente de la Cámara de Representates) había declarado a Fox News: “Estoy harto de esta gente”, dijo. “Tienen una manifestación de odio hacia Estados Unidos programada para el 18 de octubre”, “Es toda el ala pro-Hamás y la gente ´antifa´”. El gobierno ha acusado de terroristas a los grupos y militantes “antifa” (anti-fascistas), impulsando una caza de brujas de carácter fascista. La movilización se produce también en el marco del “cierre del gobierno”, ante la imposibilidad de hacer pasar una ley de presupuesto en el Congreso. Donald Trump utiliza el cierre parcial como una excusa para impulsar recortes masivos en el gasto, incluyendo despidos en masa en oficinas federales y suspensión de distintos programas ya aprobados. Para resolver la cuestión presupuestal, el gobierno necesita 60 votos en el Senado, para lo cual depende de los votos Demócratas, que reclaman la extensión de planes de salud que benefician a unos 24 millones de personas que carecen de seguro social. En este cuadro, dos millones de trabajadores federales no han cobrado el sueldo y unos 750.000 fueron enviados a “permiso sin sueldo”. La “motosierra” trumpista es otro factor que impulsa las protestas. En el acto de la ciudad de Chicago, una de las que está en el centro de la ofensiva trumpista, donde marcharon 250.000 personas, el alcalde Brandon Johnson llamó a “la mayor huelga general de la historia del país” para enfrentar la “tiranía”, y a llevar las luchas “a las cortes judiciales y a las calles”. El discurso fue ampliamente difundido en las redes sociales. La dirigencia Demócrata se ha limitado a ir a los tribunales y a emitir quejas sin una agitación ni movilización de la población contra la política fascista del gobierno. Las movilizaciones masivas se han mantenido por la creciente actividad de las bases, frente a la parálisis de los “representantes” de la oposición, que llaman desesperadamente a los senadores Republicanos a un acuerdo para lograr el financiamiento (y la reapertura) del gobierno. El llamado del alcalde de Chicago es un reflejo del ambiente político que crece a nivel de las masas y del activismo, aunque es un fenómeno aislado respecto al establishment demócrata y las burocracias sindicales. De todas formas, la cuestión de la huelga general ha quedado colocada como perspectiva, frente a la guerra contra la clase obrera que impulsa el trumpismo. La respuesta de Trump a la gigantesca movilización ha sido previsiblemente provocadora: publicó en su red social un video creado por inteligencia artificial, en el cual se lo ve con una corona de monarca y piloteando un jet militar, desde el cual “bombardea” a las manifestaciones populares literalmente con materias fecales. Es una representación escatológica de la guerra contra los trabajadores y las libertades democráticas que lleva adelante su gobierno.

Al cumplirse los plazos legales para la promulgación y aplicación de la ley de financiamiento universitario, las federaciones de docentes y no docentes convocaron a jornadas de paro y visibilización para los días 21 y 22 de octubre. Sin embargo, no hay un planteo unificado, incluso es un paro confuso. Conadu Histórica llamó a parar 48 horas y algunas asociaciones de base impulsan acciones o movilizaciones para el martes 21. La otra Conadu llamó a "jornadas de protesta" ambos días, con paro el miércoles 22. Las federaciones de la CGT (Fatun, Fedun y Fagdut) llamaron a parar el 21, convocando a último momento, recién el lunes por la tarde. El martes por la mañana, el gobierno publicó en el Boletín Oficial la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, pero el mismo texto anuncia que se suspende su ejecución porque no especifica de dónde saldrían los fondos para aumentar el presupuesto, los salarios y las becas. Es decir, el gobierno no implementará la ley universitaria, como tampoco la ley de emergencia pediátrica, con el argumento espurio de que afectarían el equilibrio fiscal. Mientras tanto, destina millones de pesos diariamente para financiar la fuga de capitales y a los especuladores. Pero el gobierno que se niega a aplicar estas leyes y pretende insistir con el ajuste a los trabajadores y la universidad pública, se encuentra en un franco retroceso. En vez aprovechar este agotamiento para avanzar con los reclamos y abrir un proceso de lucha, todo el arco sindical se ha adaptado completamente. El destino de la ley de financiamiento universitario ya se conocía de antemano, porque el gobierno actuó de la misma manera con la emergencia en discapacidad, pero no hubo ni hay un plan de lucha en serio. Luego de la enorme convocatoria en la tercera marcha federal y de haber obtenido el rechazo al veto en Diputados, todas las federaciones universitarias pasaron a cuarteles de invierno. Cuando el veto fue tratado en el Senado, sólo algunas asociaciones de base como ADIUNT (Tucumán), COAD (Rosario), APU (No docentes de Mar del Plata) o AGD-UBA, llamaron a parar o movilizar. Las burocracias y el CIN han llevado la lucha universitaria a un callejón parlamentario sin salida. Idas y vueltas en el Congreso con presentación de leyes, vetos y contravetos. Con medidas de lucha decrecientes en el segundo cuatrimestre, que lejos de abrir un proceso de huelga, sólo condujeron al desgaste y a la desmoralización. Por eso, este paro de 48 hs. y en algunas universidades sólo de 24 hs., es confuso y no tiene perspectiva. Para derrotar la política de destrucción educativa que viene llevando adelante Milei y arrancar las reivindicaciones de docentes, estudiantes y no docentes, necesitamos impulsar una organización desde las bases y preparar una lucha de conjunto, en unidad con los demás trabajadores y sectores en lucha.

El video de nuestro compañero Jorge Altamira en ocasión del 15 aniversario del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, difundidas por las redes de nuestra organización, motivaron una airada reacción nada menos que del titular de la Secretaría contra la Violencia Institucional del Municipio de Quilmes y secretario de Derechos Humanos del PJ local, Walter Ormazábal. Intervino en las redes sociales, precisamente, para repudiarlas (literalmente) por “gorilas” (sic). En el vídeo mencionado, Altamira desarrolla los hechos ocurridos el 20 de octubre y los intereses económicos y políticos que motivaron el ataque de la patota de José Pedraza y finalmente lo llevaron tras las rejas, de la mano de una gigantesca movilización popular. Durante la intensa campaña que desarrolló nuestro partido, apenas ocurridos los hechos, se desnudó la trama integrada por la burocracia sindical, los empresarios que regenteaban el ferrocarril, los funcionarios de la Secretaría de Transporte del gobierno de Cristina Fernández y la policía, a cargo entonces de Aníbal Fernández. El comentario de Ormazábal ataca esta verdad histórica e intenta acusarla de “gorila” por “desprestigiar al peronismo”, cuando fue Cristina Fernández de Kirchner quien había entronizado a Pedraza -cómplice del desguace ferroviario durante el menemismo, explotador de los ferroviarios tercerizados a través de la cooperativa trucha Unión del Mercosur, mentor del ataque criminal- nada menos que como ejemplo del “sindicalismo que construye”, en oposición, claro, al que lucha contra la explotación capitalista, como también ocurría en aquellos años. El relato K intenta desfigurar la historia de la lucha de Mariano y la movilización por el castigo a los culpables. Mientras el gobierno operaba para presentar el crimen de nuestro compañero como resultado de un enfrentamiento, la respuesta contundente, a menos de 24 horas del asesinato, fue una movilización de 70 mil personas a la Plaza de Mayo para exigir justicia. El “secretario de la lucha contra la violencia institucional” (vaya ironía) asegura que Néstor Kirchner fue “el gran impulsor” del esclarecimiento del caso. Basta recordarle que NK tuvo que hurgar en las mismas filas del pejota para dar con el que sería uno de los autores materiales del crimen, Cristian Favale. En su comentario agrega que los K “le soltaron la mano a Pedraza”. Más allá de reconocer, por lo tanto, que hasta entonces era su aliado, oculta que Pedraza continuó siendo invitado a los actos oficiales aún después del crimen, al punto que Carlos Tomada, entonces ministro de Trabajo, lo asesoraba para recomponer el dominio de la burocracia en el ferrocarril, como figura en las pruebas del juicio. Nuestro compromiso es con la verdad histórica. El ataque verborrágico de Ormazábal desnuda la hostilidad irreductible del pejotismo con la organización obrera independiente y tilda de “gorilas” a quienes contamos las cosas como fueron.

“El Gobierno se resigna a que la tensión cambiaria predomine en los días previos a las elecciones”, reza el título de La Nación (22/10). El artículo da cuenta del fracaso de la ´ayuda´ estadounidense para contener el tipo de cambio antes de las elecciones del próximo domingo. El dólar continúa firmemente afincado en la franja superior de la banda cambiaria, a pesar de las promesas, anuncios e incluso intervenciones en el mercado de cambios por parte del jefe del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. Ante los medios, el gobierno dice aferrarse a la creencia de que la presión sobre el precio del dólar cederá a partir del próximo lunes, “salvo una hecatombe” de La Libertad Avanza en las urnas. Pero ´la hecatombe´ ya ocurrió –y no está descartado que se repita e incluso agrave. Hace apenas cuatro meses, el gobierno confiaba en “arrasar” en todo el país. Ahora, se conforma con garantizar con tropa propia el tercio que le permita salvar los vetos presidenciales y bloquear un eventual pedido de juicio político. Pero aun los pronósticos más favorables no incidirán en la tendencia a un derrumbe financiero y económico, que es de todos modos independiente de las elecciones. Este escenario ha precipitado los cambios en el gabinete. Las usinas oficialistas comenzaron a filtrar los nombres del nuevo organigrama. El ahora ex canciller Gerardo Werthein dio el primer paso anticipando su renuncia a partir del lunes próximo. Las versiones coinciden en vaticinar que Santiago Caputo pasaría a ocupar la jefatura de Gabinete. Habría sido un pedido expreso de la camarilla trumpista, formulada por un enviado, Barry Bennet. Caputo mantiene los contactos con el concilio derechista de la CPAC y opera con el valijero Leonardo Scatturice, un ´empresario´ argentino establecido en Estados Unidos con paso por la SIDE. Recientemente, Caputo fue el artífice de la reunión mantenida por el lobbysta Bennet con representantes de la ´oposición dialoguista´. Caputo, el sobrino, ya había entrado en funciones, aunque de manera informal, durante la última visita de Milei a la Casa Blanca. Mientras el presidente argentino divagaba frente a Donald Trump, Caputo mantuvo una agenda paralela con empresarios y funcionarios del gobierno republicano. El otro aspecto en el que coinciden todas las versiones que circulan por los medios en estas horas es en la incorporación de dirigentes del PRO al gabinete nacional. Esta pseudocoalición dificilmente pueda considerarse una ampliación de la base de apoyo político del gobierno. Caputo “el joven” representa al ala fascista de los libertarios. Luis Caputo se encuentra entre los nominados y dejaría el Ministerio de Economía. Sería reemplazado por Federico Sturzenegger, quien días atrás ´sinceró´ que el gobierno tiene previsto abandonar el esquema de bandas cambiarias para dar paso a la libre flotación del dólar. Es decir, una devaluación sin controles. La estantería social se sacudirá con fuerza. Por su parte, los ´rescatistas´ estadounidenses enfrentan sus propios límites y crisis políticas. La ´ayuda´ a la Argentina provoca fuertes debates, incluso en el partido republicano. El gobierno Trump está aplicando su propia motosierra contra los fondos de salud, educación, asistencia social y obras públicas. Esto incluye a los agricultores, una de las bases de sustentación del voto a Trump. La ´operación Argentina´, se encuadra en la guerra contra China, cuya superioridad en cuanto a las “tierras raras” -minerales esenciales para baterías, armamentos y satélites- es sencillamente insuperable. La devaluación de la moneda y la ´reconfiguración´ del gabinete serán el penúltimo episodio de una crisis terminal.

En los últimos días, la BBC informó que el Banco de Inglaterra, el Fondo Monetario Internacional y el director de JP Morgan, Jamie Dimon, han advertido sobre una burbuja de IA, señalando que "el nivel de incertidumbre debería ser mayor en la mente de la mayoría de la gente." En la misma línea Jerry Kaplan, uno de los pioneros en IA, en una conferencia realizada en Museo de Historia de la Computación de Silicon Valley, declaró que "cuando [la burbuja] estalle, será muy malo, y no solo para quienes trabajan en IA” y que “va a arrastrar al resto de la economía". Estas afirmaciones se fundamentan en que las empresas de IA han representado el 80% de las impresionantes ganancias del mercado de valores estadounidense este año, y la consultora Gartner estima que el gasto global en IA probablemente alcanzará unos US$1,5 billones antes de que finalice 2025 (BBC, 16/10). Los centros de datos de IA alrededor del mundo consumen cuantiosas sumas de capital que van en aumento de manera exponencial. Según la BBC, del presente al 2029 se volcarán al sector unos 3 billones de dólares destinados a mantener los datacenter. El banco de inversiones Morgan Stanley realizó la estimación de que la mitad de esta suma se destinaran al costo de construcción y la otra mitad costearán los costosos hardware que sostienen la operatividad de la IA (BBC, 22/9) . Zahl Limbuwala, especialista en datacenter, señala que "la IA tendrá más impacto que las tecnologías anteriores, incluido Internet. Así que es factible que necesitemos todos esos gigavatios" y agrega que los centros de datos "son el espacio real del mundo de la tecnología", pero que los cuantiosos gastos que se necesitan para su mantenimiento no pueden durar para siempre. A diferencia de la burbuja especulativa tecnológica que se desarrolló en la década del 90 con las puntocom -que no necesitaban de una base material tan grande para funcionar- los centros de IA son inmensos conglomerados de servidores, donde el requerimiento de energía asciende a decenas de megavatios, antes de que los gigavatios, mil veces más grandes que los megavatios, entren en escena, con su consecuente impacto en el medio ambiente, sobre todo en el considerable suministro de agua, usada como enfriador de los procesadores. En Virginia, Estados Unidos, que alberga a Amazon y Google, se está considerando un proyecto de ley que limite el asentamiento de nuevos datacenter por el cuantioso uso de agua. Por su parte, en Lincolnshire en el Reino Unido, la puesta en pie de un datacenter está siendo objetada por la empresa de agua Anglian Water, argumentando que no está obligada a suministrar agua para uso no doméstico. Recientemente Google canceló un centro de datos en Indiana después de que los residentes protestaran porque el centro de datos "aumentaría los precios de la electricidad" y "absorbería incontables galones de agua en un área ya plagada de sequía". El economista marxista Michael Roberts reprodujo en su blog las palabras de Ruchir Sharma, presidente del Rockefeller International, en relación a las expectativas depositadas en la IA por los “señores tecnofeudales”: "A pesar de las crecientes amenazas a la economía estadounidense, desde los altos aranceles hasta el colapso de la inmigración, la erosión de las instituciones, el aumento de la deuda y la inflación persistente, las grandes empresas y los inversores parecen imperturbables. Están cada vez más seguros de que la inteligencia artificial es una fuerza tan grande que puede contrarrestar todos los desafíos" (Michael Roberts Blog, La burbuja de la IA y la economía estadounidense). Coincidiendo con lo informado por la BBC, los datos recabados por Roberts, en 2025 las empresas desarrolladoras de IA han representado el 80% de las ganancias de las acciones estadunidenses, sosteniendo a la economía yanqui por medio de la absorción de capitales de empresas de todo el mundo. En este frenesí que despierta la IA “los extranjeros invirtieron un récord de 290.000 millones de dólares en acciones estadounidenses en el segundo trimestre de 2025 y ahora poseen alrededor del 30% del mercado, la participación más alta en la historia posterior a la Segunda Guerra Mundial” (ídem). Según Roberts la “burbuja” generada por la IA, es 17 veces mayor que las puntocom y cuatro veces a la burbuja de las hipotecas de alto riesgo del 2007. Como comenta Sharma, Estados Unidos se ha convertido en "una gran apuesta por la IA", que vertiginosamente se esparce como una mancha de aceite en el agua por la economía yanqui y mundial. Matt Eagan, gerente de cartera de Loomis Sayles, dijo que los precios altísimos de los activos de las IA sugerían que los inversores estaban apostando por "ganancias de productividad del tipo que nunca antes habíamos visto”, y, según Eagan "es lo primero que podría salir mal". Sin las cuantiosas sumas de capital volcados por las tecnológicas, la economía norteamericana habría entrado en recesión durante el 2025. Paradójicamente las grandes inversiones de capital destinado a la construcción y mantenimiento de los datacenter están frenando la economía de EE. UU. Según Roberts, “el 40% del crecimiento del PBI real de EE.UU. el trimestre pasado fue impulsado por el gasto de capital tecnológico y la mayor parte de ese gasto de capital fue en inversiones relacionadas con la IA” (idem). Desde 2022 a la actualidad la infraestructura que sostiene a las IA fue de 400 mil millones de dólares, que se han destinado en gran parte a equipos de procesamiento de información. El economista de Harvard Jason Furman ha señalado “que la inversión en equipos y software de procesamiento de información equivale a solo el 4% del PBI de EE.UU., pero fue responsable del 92% del crecimiento del PBI en la primera mitad de 2025. Si se excluyen estas categorías, la economía estadounidense creció a una tasa anual de solo 0,1% en el primer semestre” (idem). En contrapartida al sector tecnológico, el resto de la economía norteamericana se encuentra estancada. La recesión ha golpeado por segundo año consecutivo a la industria manufacturera. Situación similar se da en el sector de servicios, lo que redunda en el mercado laboral, que en la primera parte del año creció apenas un 0,5%. La franja más golpeada por la recesión económica es la de la juventud, que ve como la desocupación en este sector “ha aumento del 6,6% al 10,5% desde abril de 2023” (idem). Esto no se revierte entre los trabajadores ligados a ocupaciones en las IA, donde se registra una caída relativa en el empleo del 13%. A este cuadro se le adosa la inflación del 3% anual, un punto por encima de lo proyectado por la Reserva Federal, con el consecuente impacto en el poder adquisitivo de los salarios. Los rubros que más han aumentado son los de alimentos y energía. Esta última cuesta un 40% más que cinco años atrás. Los aumentos en los precios de la electricidad están apalancados, en una parte importante por el acelerado desarrollo de los datacenter. En el caso de las instalaciones de OpenAI utiliza una cantidad de electricidad comparable al suministro para las ciudades de New York y San Diego juntas. Mientras la política económica del trumpismo, con los aranceles como bandera, hunde a la producción yanqui, “los ingresos operativos de las empresas (excluyendo a las financieras) del Standard & Poor’s 500 (índice bursátil que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que cotizan en Bolsa) crecieron un 9% en el trimestre más reciente, en comparación con el año anterior. Los ingresos aumentaron un 7% (antes de la inflación). Pero eso es solo para las principales empresas lideradas por los Siete Magníficos (Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms y Tesla). En general, el sector corporativo no financiero de EE.UU. está comenzando a ver desaparecer el crecimiento de las ganancias” (idem) y todo comienza a depender de que los rendimientos de las inversiones en IA no se derrumben. Pero las alarmas comienzan a encenderse ya que las IA están “recurriendo cada vez más a la emisión de capital y deuda”, por el agotamiento de las reservas en efectivo de las empresas del sector. Ante esta situación Roberts augura un fracaso financiero y señala que cuando “estallan las burbujas de inversión financiera, la nueva tecnología no desaparece”, pero se convertirán en capital sobrante que podrán ser “adquiridos a precios bajos.” A su vez este proceso se ve torpedeado desde China con DeepSeek, que ha desarrollado su tecnología sin utilizar los últimos y mejores chips y sofward de Nvidia, y, por ende, no necesitó desembolsar las sumas de capital de las gigantes estadunidenses para desarrollar su modelo de IA. Otra de las ventajas de la tecnología DeepSeek es su carácter de “código abierto”, a diferencia de OpenAI o Gemini de Google, que mantienen bajo siete llaves los códigos con el objetivo de maximizar ganancias. Los “señores tecnofeudales” miran de reojo las sanciones impuestas por Trump en su guerra comercial con China, ya que estas no han impedido que avance rápidamente en la carrera tecnológica y de chips. A pesar de los controles de exportación, que vienen de la administración Biden, y que tienen como objetivo que China no acceda a chips más poderosos y a las herramientas para fabricarlos, DeepSeek y otras tecnológicas asiáticas han introducido una cuña en el mercado de la IA, liderado, por ahora, por “las siete magnificas” Las IA en manos de los “señores tecnofeudales” nos presentan una herramienta que sólo busca maximizar ganancias a costa de la fuerza de trabajo y la depredación ambiental. Las IA bajo una propiedad de carácter colectiva y una planificación bajo control de los trabajadores, podría en principio, reducir las horas de trabajo sin afectar el salario, dando paso a un trabajo transformador de las condiciones materiales de vida de todos los oprimidos por el capital, que solo el humano a través de su inteligencia puede alcanzar. LEER MÁS: El proyecto Stargate Argentina Una mega burbuja financiera al servicio de la guerra imperialista. Por Lucas Giannetti, 23/10/2025.

Luego de anunciar una inversión por la friolera suma de 25 mil millones de dólares, la empresa OpenAI, propietaria de Chat-GPT, salió a aclarar, por medio de un comunicado, que no pondrá un solo dólar en concepto de inversión en la Argentina. Exige, antes, que una empresa local lleve adelante la puesta en pie de un data center. En este sentido, los dichos de Sam Altman, CEO de la empresa, están más cerca, por el momento, de ser sólo propaganda electoral a favor del alicaído gobierno de Milei, que de una inversión real en ciernes. Altman no reúne el financiamiento internacional que requiere una inversión cuyo tiempo incierto de maduración, o sea de generación de ganancias, se estima en 15 a 20 años. El anuncio difundido por OpenAI colocó a Sur Energy, que tiene como uno de sus socios fundadores a Emiliano Kargieman, como la empresa que va a llevar adelante el proyecto. En el comunicado difundido por OpenAI se puede leer que “el proyecto está siendo liderado por Sur Energy” y según Altman es "una de las más importantes empresas de energía de la Argentina". Sur Energy, sin embargo, no cuenta con trayectoria alguna en el sector. Desde el propio gobierno salieron a desmarcarse de esta “compañía energética” a través de un funcionario que señaló que "Sur Energy es sólo un bróker (intermediario en operaciones financieras o comerciales) que une a las partes. Hay dos empresas de energía muy importantes atrás”, que serían Central Puerto y Genneia (LPO, 12/10). La energética Central Puerto de Nicky Caputo, recibió 300 millones de dólares de los 4.000 de un préstamo que negoció el ministro de Economía “Toto” Caputo con el Banco Mundial en septiembre pasado. Según la agencia Bloomberg, Sur Energy habría concretado un acuerdo con Central Puerto y Genneia, como proveedoras de energía del proyecto. Desde Genneia salieron a confirmar que han arribado a un Memorando de Entendimiento para integrarse al proyecto Stargate Argentina, asumiendo el rol de proveedor de energía renovable. Del comunicado de OpenAI se desprende que Sur Energy estará al frente de un consorcio, incluyendo la asociación con un desarrollador de infraestructura en la nube, y en este entramado OpenAI sería un potencial cliente. El negocio no arrancaría, de todos modos, si no aparece una financiación estatal, nacional o internacional. Gobernadores Diferentes provincias se han anotado para que el proyecto se desarrolle en sus territorios, pero la que pica en punta es Neuquén, que posee el 4% del paquete accionario de Central Puerto. La empresa provincial ADINQN (Agencia de Inversiones del Neuquén) mantiene acuerdos con Genneia. En la ciudad de Neuquén, en abril pasado, se realizó la segunda cumbre del Hub Tech de Inteligencia Artificial, con la presencia de Vijay Gadepally, investigador principal del Laboratorio Lincoln del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). El Laboratorio Lincoln es un centro de desarrollo e investigación federal financiado principalmente por el Departamento de Defensa (ahora de Guerra) de los Estados Unidos, sobre la base de fondos federales para la aplicación de tecnología avanzada a problemas de seguridad nacional. Desde Infobae afirman que el gobierno de Neuquén viene “trabajando también con otros inversores y que habían fijado en dos zonas de posible ubicación de este tipo de centros: cerca de Tratayén, con acceso a gas y Vaca Muerta; y Arroyito, próximo a El Chocón” (Infobae 11/10). Zonas que se caracterizan por la generación de energía necesaria para este tipo de emprendimientos. Nucleoeléctrica La cuestión energética es fundamental en el desarrollo del proyecto y en este sentido, un dato no menor, es que en la reunión que mantuvieron en la Casa Rosada directivos de OpenAI con funcionarios del gobierno participó Demián Reidel, a quien señalan como el impulsor de la iniciativa y promotor de convertir a la Argentina en hub global de IA (plataforma centralizada de datos). El plan de Reidel es brindarle a las grandes tecnológicas estadunidenses el beneficio de instalar en el país datacenter a un bajo costo y que sean alimentados por la energía nuclear que pueden brindar los Reactores Modulares Pequeños (Small Modular Reactors). El funcionario liberticida ocupa un lugar clave en el proyecto: es el presidente de Nucleoeléctrica S.A. (Nasa), la compañía estatal que opera las tres centrales nucleares en servicio en Argentina: Atucha I, Atucha II y Embalse que proveen electricidad al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y que generó en 2024 el 7,35% del total de la energía en el país. Lo nuclear es considerado limpio y continuo: opera las 24 horas, los 365 días del año. Los planes del cruzado libertario Reidel en materia nuclear, no es más que depositar en manos del imperialismo, con sus empresas de IA como mascarón de proa, el desarrollo de este tipo de energía. Hasta el día de hoy el proyecto Stargate Argentina no ha pasado del anuncio, pero su concreción se inscribiría en una estrategia de alcance mundial, que lejos está, como afirmó Altman, de “democratizar el acceso a la información.” Estamos en presencia de una operación para involucrar al Estado en una operación de altísimo riesgo financiero, que para muchos habrá de desatar una explosión, como ocurrió con la implementación de Internet, conocido como “la burbuja y estallido de las dot-com”, a comienzos de siglo. IA: una cuestión geopolítica El proyecto Stargate Argentina tiene un alcance estratégico. Se llevaría adelante en conjunto con Oracle y SoftBank, que en la actualidad buscan construir una red de centros de datos dedicados exclusivamente a IA en Estados Unidos, con una capacidad total de 10 gigavatios y una inversión proyectada de 500 mil millones de dólares. El plan contempla cinco nuevos sitios en Texas, Nuevo México, Ohio y el Medio Oeste estadounidense, además de una expansión de su campus principal en Abilene, Texas. Oracle desarrollará tres de esos centros, mientras que SoftBank se encargará de otros dos. En este entramado entraría la Argentina para ser parte de este conglomerado de datacenter. Oracle Corporation es una compañía especializada en el desarrollo de soluciones de nube. Tiene su sede central en la localidad de Austin (Texas) y ocupa el primer lugar en la categoría de las bases de datos y el séptimo lugar a nivel mundial de las compañías de tecnologías de la información (The 2006 Software 500). Oracle fue una de las primeras empresas en arrendar un potente centro de datos subterráneos en Israel para abastecer a sus clientes, entre los que se encuentran bancos, fondos de salud y fuerzas de defensa, con servicios de procesamientos de IA, gestión de datos y almacenamientos de información. Dentro de las empresas tecnológicas Oracle es una pionera en instalarse en territorio israelí, inclusive antes que Microsoft, Amazon y Google construyeran sus centros de datos en la región. En 2019, Oracle, arrendó cuatro plantas de un centro de datos subterráneo en Har Hotvzvin, en Jerusalén. En 2024, Oracle, evaluó la construcción de un data center, para procesar IA, en Israel, pero debido a la “guerra” sus planes de desarrollo se han trasladado a los Emiratos Árabes Unidos, porque ofrece terrenos y electricidad a bajos costos según señala el periódico israelí Globe, además de los miles de millones de dólares que pone el gobierno del reino para atraer a los gigantes tecnológicos, lo que Altman le solicita a Milei (Globes, 10/10/24). Los directivos de Oracle se consideran pro israelíes y sus lideres han hablado en numerosas ocasiones sobre la expansión de sus operaciones en el país. La israelí Safra Catz, CEO internacional, en 2021, declaró al Globes que, aquellos empleados de la corporación que no estén de acuerdo con la cooperación de la empresa con Israel, no tenían lugar en la misma. Por su parte, el director de tecnología de Oracle, Larry Ellison, con vínculos con Netanyahu, le habría ofrecido a este un puesto en la junta directiva de Oracle, que no se concretó y donó más de 26 millones de dólares a los Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), incluyendo una promesa de 16,6 millones de dólares para un centro de entrenamiento de las FDI. Luego de la incursión de Hamas el 7 de octubre de 2023, Oracle publicó en su cuenta de Linkedin el siguiente mensaje: “Condenamos el ataque terrorista contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. Oracle brindará todo el apoyo necesario al gobierno de Israel y a las organizaciones de seguridad.” En la misma línea, y al igual que otros gigantes tecnológicos que operan en Israel, debido a la acción de Hamas, Oracle resolvió el pago de una bonificación salarial a sus empleados (Globes, 2/11/2023). Otro actor clave en el financiamiento en el proyecto Stargate es SoftBank Group Corp., conglomerado multinacional japonés con sede en Tokio, que se centra en la gestión de inversiones en sectores como tecnología, energía y finanzas. Fundada en 1981, SoftBank comenzó como una empresa de distribución de software y ha evolucionado para convertirse en un actor importante en telecomunicaciones y comercio electrónico. El Softbank está detrás de cualquier nuevo unicornio (empresa valorada en más de 1.000 millones de dólares) y, de hecho, es el líder del fondo venture capital (capital de riesgo) más importante del mundo, Vision Fund, enorme fondo de inversión que actúa como un inflador de la burbuja tecnológica. El largo brazo inversionista de Visión Fund llega a empresas como Uber, WeWork, la General Motors, Cruise, la compañía de microprocesadores NVidia y la filial de servicios online bajo demanda de Alibaba, la plataforma de comercio electrónico chino. Pero detrás del Softbank y su subsidiaria Vision Fund se encuentra Arabia Saudita, que, a través de un fondo soberano, aportó 45.000 millones de dólares. El reino saudí busca diversificar sus inversiones que supere la dependencia del petróleo. También participa del consorcio Mubadala, compañía de inversiones del emirato de Abu Dhabi, con 15.000 millones de dólares. Detrás de los señores “tecnofeudales” se encuentran los petrodólares provenientes de Medio Oriente. El SoftBank también tiene conexiones con el sionismo. En 2021 fue nombrado como gerente de su actividad en Israel el ex jefe del Mossad, Yossi Cohen y fue elegido para el cargo por su “capacidad de conectarse con empresarios y tecnología israelíes y abrirles puertas en cualquier empresa, gobierno o autoridad pública” (Globes 9/07/2021). Cohen fue uno de los arquitectos de los acuerdos de normalización (Acuerdos de Abraham) entre el régimen de Tel Aviv con Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin. Cohen con sus frecuentes viajes a los Estados del Golfo Pérsico, incluso aquellos que no tienen vínculos con Israel, ha contribuido a la formación de estrechos lazos encubiertos entre Tel Aviv y los Estados de la península arábiga. Esto se complementa y refuerza por los estrechos lazos entre el SoftBank con la familia real saudita, convirtiendo al fondo de inversión en un puente para la inversión saudita en alta tecnología israelí. El proyecto Stargate en la Argentina es una ramificación del largo brazo que une a OpenAI, Oracle y al SoftBank en el apoyo técnico al Estado de Israel en el genocidio perpetrado sobre la población de Gaza. En apoyo al régimen sionista, Altman promueve la innovación israelí en materia de IA. También ha invertido en startups (empresa con alto potencial innovador tecnológico) israelíes fundadas por veteranos de la Unidad 8200. (unidad perteneciente a los Cuerpos de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel cuya misión es la captación de señales de inteligencia y descifrado de códigos). A su vez, Altman puso a disposición del ejército israelí la tecnología GPT-4 de OpenAI, que es ampliamente utilizada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a través de la plataforma en la nube Azure de Microsoft, especialmente desde el comienzo del genocidio en Gaza de 2023, facilitando la identificación de objetivos militares. Por su parte Microsoft, que opera mancomunadamente con OpenAI, emplea a varios ex miembros de la Unidad 8200 y colabora con Oracle, que también mantiene vínculos de larga data con la inteligencia israelí. Otras de las tecnológicas que trabajan con el sionismo son: Palantir, que proporciona herramientas de detección de objetivos y vigilancia basadas en IA para las operaciones militares; NSO Group y el software espía Pegasus, que permite ataques sin clic, extrayendo datos privados de smartphones, y está clasificado como un arma; Carbyne, proporciona tecnología de respuesta a emergencias y presta servicios a más de 400 millones de personas en todo el mundo. El ex primer ministro israelí Ehud Barak es el presidente e inversor de la empresa, lo que le ha permitido establecer vínculos con los círculos militares y de inteligencia israelíes; Black Cube, compuesta por exagentes del Mossad, participa en la recopilación de datos de Facebook. Todo un andamiaje tecnológico al servicio de la guerra imperialista. LEER MÁS: El proyecto de OpenAI en la Patagonia argentina Un planteo de ‘extractivismo digital’ dentro del plan de acaparamiento de los recursos planteado por Scott Bessent. Por Lucas Giannetti, 11/10/2025.

El pasado 20 de octubre en La Plata, en la sede de la CGT regional, Axel Kicillof participó en un acto junto a dirigentes de la CGT, en un Plenario de la Central Obrera regional convocado para debatir los lineamientos sindicales y homenajear a José Ignacio Rucci. De la convocatoria participaron Héctor Daer, Hugo Moyano, Sergio Palazzo (de la Corriente Federal y diputado nacional), la massista Jimena López, entre otros popes cegetistas; mientras que por la CTA estuvieron Roberto Baradel y Hugo Yaski, y los intendentes de La Plata, Berisso y Ensenada, Julio Alak, Fabián Cagliardi y Mario Secco, respectivamente. En el acto se homenajeó a Rucci por su “compromiso” con los trabajadores y se le puso su nombre a un tramo de la calle donde se encuentra la sede de la CGT Regional. El cambio de nombre fue impulsado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, que reivindica a Montoneros, a través del hijo de Rucci, Aníbal Rucci, actualmente concejal de Fuerza Patria. Fue aprobado por todos los bloques patronales, por sobre todo La Libertad Avanza. José Ignacio Rucci, burócrata de la UOM, fue un activo colaborador de las patronales y la burguesía para reventar las luchas obreras abiertas desde el Cordobazo. Integrante de las bandas fascistas previo al golpe, Rucci participó de la formación de la CNU, que actuó en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, y es responsable del secuestro y asesinato de cientos de trabajadores y jóvenes. Crímenes que aún se procesan en los juicios a los genocidios de la dictadura. El acto, con Kicillof a la cabeza, cerró la alianza reaccionaria entre su sello, Movimiento Derecho al Futuro, con el aparato sindical que hoy pulula entre las mesas de negociación de Milei, Provincias Unidas y Villarruel. El plenario de la CGT buscó reafirmar al conjunto de la burocracia sindical en el contexto concreto que le toca actuar, a saber, la desarticulación de las luchas obreras que se desarrollan y que se profundizarán en los próximos meses, la persecución de los activistas y la perpetuación de la precarización laboral como norma. Esto es, en definitiva, homenajear a Rucci. Esta burocracia actúa hoy como el principal sostén de las políticas del gobierno de Milei. El Plenario de la CGT Regional Capital llamó a prepararse... para “hacer el aguante” hasta 2027. Esta es la esencia del planteo de la burocracia mientras arrecian los despidos en la Destilería YPF, el derrumbe del empleo de los trabajadores metalúrgicos, la caída de los sueldos, el parate de la obra pública y la construcción. En definitiva, Kicillof y la burocracia pretenden presentarse como garantía del capital ante el derrumbe del gobierno liberto-fascista de Milei.

El Tribunal Superior de Bogotá resolvió, por dos votos contra uno, absolver al ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, condenado hace apenas unas semanas a 12 años de prisión por soborno y fraude procesal. El tribunal consideró “insuficientes” las pruebas en su contra, entre ellas, cámaras ocultas y registros de llamadas que vinculaban directamente a Uribe con presiones sobre ex paramilitares para que declararan a su favor. El intermediario era el abogado de Uribe, Diego Cadena, condenado a siete años de cárcel por el cargo de soborno por estas ´gestiones´. Sin embargo, consideraron que no se encontraba acreditado que Cadena actuara en nombre de Uribe. La noticia sacude a Colombia, en medio de las instigaciones golpistas de Trump, respaldadas por sus agravios contra el actual presidente, el centroizquierdista Gustavo Petro. El secretario de Estado, Marco Rubio y otros influyentes dirigentes republicanos -y no pocos demócratas- habían denostado el proceso contra Uribe y exigido su liberación. Uribe, de 73 años, aunque su influencia se encuentra menguada, es todavía un referente de la derecha colombiana. Fue dos veces presidente del país y un abanderado de la ´guerra contra el narcotráfico´ en colaboración con el imperialismo norteamericano, que le proveyó financiamiento y apoyo militar para combatir a las FARC. Fueron años de brutales masacres campesinas. La presencia norteamericana no tenía otro propósito que monopolizar especialmente el tráfico de cocaína, que en el pasado había sido la base de sustentación de verdaderos imperios, como el famoso cartel encabezado por Pablo Escobar Gaviría. Tras bambalinas, Uribe actuaba como el verdadero jefe de los grupos paramilitares, autodenominados “fuerzas de autodefensa”. Su propia familia paterna estuvo involucrada en los orígenes de estos grupos mercenarios financiados por los hacendados colombianos contra los campesinos pobres. Trump ha recrudecido sus ataques contra Petro en vísperas de este fallo. La masiva presencia militar norteamericana en el Caribe no sólo tiene en la mira al gobierno de Maduro.

El domingo por la tarde, Caleta Olivia se vio sacudida por una lamentable noticia: un joven fue baleado, y el principal sospechoso es otro joven de su misma edad, hijo del dirigente gremial petrolero Omar Pratt, estrechamente vinculado al gobernador Claudio Vidal, específicamente en la conducción de las acciones de la patota sindical del sindicato de petroleros. La víctima, de 18 años, fue internada en estado crítico, con muerte cerebral, tras recibir un disparo en la cabeza en el barrio 17 de octubre. Falleció poco después. Los familiares y amigos de Nahuel reclaman justicia y exigen al gobernador Claudio Vidal que “no oculte a los culpables” y que garantice el esclarecimiento total del crimen. Algo probablemente imposible, por parte de un gobernador que siendo secretario general de Petroleros quedo impune luego que su patota asesinara a plena luz del día a un trabajador de la construcción, Reynaldo Vargas, afuera del mismo sindicato, en 2015. Y que ahora maneja, con jueces agregados, el Tribunal Superior de Justicia. Si pudiera sumarse acciones recientes, dos custodios del gobernador hace unos meses volcaron en estado de ebriedad, en Rio Gallegos, dejando la camioneta con armas y drogas, atrincherándose en el domicilio del Ministro de Trabajo, de ese entonces, el sindicalista Julio Gutiérrez, secretario general del sindicato de Vigiladores, exigiendo la presencia del ministro de seguridad para que les dieran garantías. Luego del allanamiento en el domicilio, Gutiérrez, termino presentando su renuncia en medio del conflicto docente. La patota sindical que encabeza Omar Pratt es responsable de los aprietes a opositores al gremio, que han recibido balazos, despidos, amenazas y visitas a sus domicilios. Este accionar en los yacimientos y barrio petroler;o ha servido para promover la desmovilización en un sector que sufrió miles de despidos en los últimos meses. La juventud y toda la ciudad saben de la impunidad con la que se manejan el gobernador y su entorno. Este no es un hecho aislado. En Caleta Olivia y en gran parte de la provincia se ha vuelto común ver cómo las mafias sindicales actúan con total impunidad en los barrios, mientras la población se acostumbra a vivir entre el miedo y la violencia. No es casualidad; quienes hoy gobiernan son los mismos que crecieron y se fortalecieron al amparo de esas mafias, y que hoy controlan las fuerzas de seguridad y la justicia. Vidal, un referente de Provincias Unidas, lleva adelante las mismas políticas de Milei: recorta fondos a la educación, la salud y los salarios. La única salida es la organización independiente de la juventud y los trabajadores, contra estos gobiernos corruptos y mafiosos. Como está ocurriendo en Las Heras, centro petrolero, donde más de 300 desocupados se encuentran a los costados de la ruta 40 exigiendo los puestos de trabajo en el petróleo. ¡Justicia por Nahuel! ¡Abajo las patotas sindicales!

Las tierras raras son un conjunto de 17 minerales, varios de ellos imprescindibles para la denominada transición energética (baterías de vehículos eléctricos, turbinas eólicas, almacenamiento de energía, en pantallas y lámparas; en celulares y computadoras; en pinturas y motores eléctricos; en equipos de diagnósticos por imágenes y en tratamientos de caries) pero también son imprescindibles para los sistemas militares de última generación, desde radares, drones y submarinos hasta misiles guiados. También forman parte de reactores nucleares, satélites y tecnologías de inteligencia artificial. Los minerales de tierras raras también son cruciales para la producción de aviones de combate como el F-35, unos de los últimos y más avanzados aviones de combate. La pelea por la supremacía tecnológica y en consecuencia militar depende del control de estos insumos básicos. Contradictoriamente a la denominación de tierras raras, son un grupo de 17 metales pesados abundantes en la corteza terrestre. El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que en 2024 había 110 millones de toneladas de depósitos en todo el mundo. Esto incluye 44 millones en China, por lejos el mayor productor del mundo. Se estima que en Vietnam hay 22 millones de toneladas, en Brasil 21 millones, mientras que Rusia tiene 10 millones y la India casi siete millones de toneladas. Pero la extracción de metales requiere un uso intensivo de productos químicos que generan residuos tóxicos y han provocado varios desastres ambientales. Muchos países también se muestran cautelosos a la hora de asumir los elevados costos financieros de la producción. China China lidera la producción mundial de tierras raras con el 70 % del total; además controla toda la cadena de valor, desde la extracción hasta su industrialización. China también ha presentado una enorme cantidad de patentes sobre la producción de tierras raras, lo que supone un obstáculo para las empresas de otros países que esperan lanzar su procesamiento a gran escala. Como resultado, a muchas empresas les resulta más barato enviar su mineral a China para refinarlo, lo que refuerza su posición monopólica. De hecho, alrededor del 98 % de las tierras raras utilizadas en la Unión Europea durante 2021 se importaron de China. Brasil En Sudamérica, Brasil, es el más avanzado, pues cuenta con reservas declaradas, estimadas en 22 millones de toneladas y antecedentes en explotación, también con empresas explorando nuevas áreas y el gobierno generando políticas de Estado con la reformulación de un centro de investigación, dotado con importantes tecnologías, dedicado a la cuantificación, extracción, tratamiento y refinado de las Tierras Raras. Argentina El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) ha identificado manifestaciones y depósitos de tierras raras en al menos ocho provincias, incluyendo Salta, Jujuy, San Juan, San Luis, Córdoba y Buenos Aires, Catamarca, Río Negro. En 2022, el SEGEMAR estimó para la Argentina recursos de tierras raras del orden de 190.000 toneladas y potenciales que superarían los 3,3 millones. Argentina no está al nivel de gigantes como China o Brasil, pero aparece en los mapas de potenciales proveedores de tierras raras. No hay explotación industrial todavía, pero el subsuelo tiene potenciales reservas que podrían ubicar al país entre los 15 mayores proveedores del mundo, en un ranking que hoy lideran China, Vietnam, Brasil y Rusia. Argentina-EEUU De acuerdo al borrador de la actualización de la Estrategia de Defensa Nacional de la administración de Donald Trump --filtrado por los periodistas norteamericanos Paul McLeary y Daniel Lippman--, la orientación de la política de seguridad norteamericana tiene entre sus metas priorizar el control del "Hemisferio Occidental" en el contexto de la guerra comercial con China. EEUU pretende imponer el dominio indiviso sobre su “patio trasero”. En ese marco, Milei es, de todos los líderes de la región, el más alineado. Bajo el gobierno de Milei se ha estrechado la relación con EEUU a niveles tales que hoy se ha impuesto una relación colonial, donde la intervención del gobierno estadounidense en el marco del llamado “salvataje” de Argentina, ha pasado a imponer condiciones de opresión nunca antes vista en la historia nacional. La agenda de la relación bilateral entre ambos gobiernos puede dar una pista: la visita, a principio de abril de 2024, de la exgenerala Laura Richardson a la Base Naval de Ushuaia. En ese momento trascendió el interés norteamericano en instalar en la zona una base militar propia, lo que fue confirmado un año después por el almirante Alvin Holsey, sucesor de Richardson, quien destaco que EEUU pretende crear allí una base de aprovisionamiento para sus submarinos nucleares. En ese marco, se desechó un proyecto destinado a construir un puerto multipropósito en Ushuaia, para lo cual se había firmado un memorándum de entendimiento entre el gobernador fueguino Gustavo Melella y la empresa china Shaanxi Chemical Industry Group, la cual proponía una inversión de 1250 millones de dólares. Luego en agosto de 2024, el gobierno argentino firmó el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en "Minerales Críticos", apuntando a impulsar inversiones y proyectos conjuntos en litio, cobre y otros minerales considerados esenciales para la transición energética y la industria tecnológica. El litio no es el único mineral codiciado para el desarrollo de nuevas tecnologías y la gama es muy amplia: va desde los lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, etc), al escandio y el itrio, entre otros. Posteriormente se produjo la incorporación de Argentina al programa First de desarrollo nuclear norteamericano. El interés yanki es evidente: contrarrestar la supuesta "injerencia China" en territorio argentino. China y Argentina En el terreno de los minerales críticos, China es uno de los principales operadores e importadores. En el litio, tres de los seis proyectos activos en el país cuentan con capitales chinos. Según el Centro de Comercio Internacional, en 2024 China importó el 70,4 % del carbonato de litio argentino, mientras que Estados Unidos recibió solo el 12,9 %. Su presencia también se extiende a la minería en general: en Veladero, la mayor mina exportadora del país, la empresa china Shandong Gold Group posee el 50 % del control, antes en manos de Barrick Gold. Una de las empresas chinas más presentes en la provincia es Gangfeng Lithium: lleva adelante cuatro proyectos mineros y, sumado a otra iniciativa desarrollada en Jujuy, invierte un total de 2.700 millones de dólares, según se informó en 2023. Otro ejemplo en la provincia de Jujuy es Tsingshan Mining Development S.A, la cual firmó un acuerdo en 2023 para el desarrollo de carbonato de litio que implicaba una inversión de 120 millones de dólares. Lo mismo ocurrió en Catamarca por parte de la empresa Zijin Mining Group Ltd, que anunció inversiones de 380 millones de dólares en 2022. El problema es que China llegó antes. Varias empresas participaron de misiones geológicas en el NOA y ofrecieron "cooperación tecnológica" para plantas de separación. Estados Unidos, por su parte, no quiere repetir en tierras raras lo que le pasó con el litio: observar desde la tribuna mientras China se instalaba en el triángulo andino. China, el árbitro del tablero global y la guerra comercial China concentra cerca del 60 % de la producción mundial de tierras raras, pero refina casi el 90 %, por lo tanto, requiere importar recursos de otros países lo que la convierte en una potencia monopólica que maneja las llaves del suministro global. Ese poder no es abstracto: China ya lo utilizó como herramienta de presión en disputas con Japón en 2010 y con Estados Unidos en 2019, y más recientemente al limitar la exportación de galio y germanio, esenciales para la industria de semiconductores. La especulación vinculada a la limitación de la exportación de tecnologías esenciales para la fabricación de chips por parte de China pasó a ser realidad el 21 de diciembre de 2023, cuando el Ministerio de Comercio del país asiático anunció la suspensión de exportaciones de tecnologías necesarias para el procesamiento de tierras raras (Forbes, 2023). Ante este escenario, Washington considera la dependencia de China como un riesgo para la seguridad nacional. Ya en 2020, Donald Trump declaró emergencia nacional por este tema y habilitó financiamiento federal para proyectos mineros domésticos. El Departamento de Defensa ha invertido cientos de millones de dólares en empresas como MP Materials y Lynas USA, con el objetivo de crear una cadena de suministro propia. Pero no solo Estados Unidos se mueve en esta dirección. Australia, Canadá y Brasil buscan también fortalecer sus capacidades, mientras que la Unión Europea discute estrategias para reducir la dependencia que en 2021 alcanzaba al 98 % de importaciones chinas. EEUU-China: la guerra comercial al rojo vivo Hace dos semanas, el Ministerio de Comercio de China publicó un documento denominado "Anuncio N.º 62 de 2025". Pero no se trataba de una simple misiva burocrática. El anuncio detallaba nuevas y drásticas restricciones a las exportaciones de tierras raras, una medida que refuerza el control chino sobre el suministro global de estos minerales críticos. Bajo las nuevas normas, las empresas extranjeras ahora necesitan la aprobación del gobierno chino para exportar productos que contengan incluso una pequeña cantidad de tierras raras y deben declarar su uso previsto. El cambio no es menor: cualquier producto fabricado fuera del país que contenga apenas un 0,1 % de materiales de origen chino necesitará licencia para ser exportado. Es la respuesta más ambiciosa de China en un terreno que lleva años utilizando como palanca económica y política. El Ministerio de Comercio de China dispuso que el holmio, erbio, tulio, europio e iterbio, junto con materiales derivados y equipos de procesamiento relacionados se incorporen a la lista de sustancias sujetas a licencia estatal previa a su exportación. La nueva normativa obliga a que los exportadores gestionen permisos específicos, lo que establece un mayor control estatal sobre la cadena de suministro internacional de tierras raras. Con las nuevas disposiciones del Ministerio de Comercio, Pekín introduce por primera vez un control extraterritorial sobre los minerales estratégicos. No solo regula lo que sale de su territorio, también lo que otros países producen con materiales o tecnologías de origen chino. El país podrá decidir qué se exporta, a quién y con qué fines, bajo criterios de seguridad nacional. Las solicitudes con destino militar quedarán, en principio, denegadas, mientras que las relacionadas con semiconductores o inteligencia artificial serán examinadas caso por caso. No solo eso. Una segunda norma de control va un paso más allá: no se limita a los materiales, sino que protege el conocimiento técnico que los hace posibles. El país asiático prohíbe transferir sin permiso sus tecnologías de extracción, refinado, metalurgia o fabricación de imanes, así como cualquier tipo de asistencia técnica vinculada a ellas. La definición de “exportar” es amplia e incluye actividades como la consultoría, la formación o la colaboración en proyectos de investigación. Con esta medida, Pekín blinda su experiencia industrial y restringe la difusión de su saber hacer fuera de sus fronteras. En el mismo comunicado, el organismo detalló que también se añadieron decenas de equipos utilizados para el procesamiento de tierras raras. De acuerdo con The Guardian, el Ejecutivo chino justificó este endurecimiento por razones de “seguridad nacional” y explicó que responde a la detección de transferencias de tecnología vinculada a tierras raras de procedencia china, así como a la exportación, directa o indirecta, utilizada por fuerzas militares extranjeras. Por eso, cuando Xi Jinping anunció que iba a restringir las exportaciones de tierras raras, Donald Trump lo tomó como una declaración de guerra y anunció un nuevo arancel del 100 % a las importaciones del gigante asiático y amenazó con cancelar la cumbre prevista con su par chino. El gobierno de China anunció la inclusión de nuevos elementos en su régimen de control de exportaciones, profundizando las restricciones sobre materiales estratégicos esenciales para la producción global de dispositivos electrónicos y aplicaciones militares. Poco después, China afirmó que Estados Unidos había "provocado deliberadamente malentendidos y pánicos innecesarios" por las restricciones a las tierras raras. "Siempre que las solicitudes de licencia de exportación cumplan con los requisitos y estén destinadas al uso civil, serán aprobadas", añadió un portavoz del Ministerio de Comercio de China. En paralelo, EEUU y China se impusieron mutuamente nuevas tasas portuarias a sus buques. Los nuevos controles de China seguramente "sorprenderán al sistema", ya que apuntan a vulnerabilidades en las cadenas de suministro estadounidenses, afirmó Naoise McDonagh, profesora de negocios internacionales de la Universidad Edith Cowan de Australia. En contrapartida, el gobierno holandés tomó el control de la compañía chipera Nexperia, de capital chino, motivado por temor al traslado de tecnología sensible a China. El caso añade presión a un contexto ya dominado por las tensiones tecnológicas y de seguridad. Por su lado, EEUU ha puesto el foco en la necesidad china de semiconductores de alta gama bloqueando la compra de los chips más avanzados de Nvidia. Alternativas A finales de este mes, está programada una reunión cumbre entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping. Trump acaba de romper las negociaciones arancelarias con Canadá. Aun es incierta que se concrete la cumbre de fin de mes. En caso de concretarse, China hará pesar su posición monopólica y la dependencia de EEUU de los materiales de tierras raras para negociar frente a los aranceles estadounidenses. Este rebrote de la guerra comercial es un episodio que, más allá de que se pueda llegar a una nueva tregua, como ocurrió en abril pasado, va a tender a reabrirse con nuevas acciones y medidas de confrontación económica, comercial y también militar. América Latina y Argentina están envueltas en este escenario de crisis y desarrollo de la guerra imperialista mundial. LEER MÁS: Los recursos mineros y la guerra imperialista Por Daniel Blanco, 14/10/2025.

El miércoles 22 los trabajadores municipales realizaron distintas actividades de protesta por incumplimiento del municipio en los acuerdos paritarios ya firmados. Si bien cada sector tiene sus reclamos puntuales, hay uno que recorre a los 6.400 trabajadores municipales: el pase a planta permanente. Sin embargo, desde el sindicato de municipales se exige el pase a planta permanente de sólo 300 de ellos. Ramón Lanús utiliza la figura de “monotributista” para esconder la relación de dependencia, lo mismo que hacía su antecesor Posse. Hay reclamos puntuales en sector de cultura, cementerio, campos de deportes etc.; sin embargo, no hay una lucha unificada. El sindicato de municipales (tristemente conocido en el distrito por entregar todos los reclamos y estar del lado de quien maneje el poder ejecutivo), dirigido por Omar Arc, se ha encargado de que cada sector luche por su cuenta. Por otro lado, el paro en el sector salud no tiene continuidad. En los tres hospitales municipales se realizó un paro, sostenido principalmente por las enfermeras, quienes reclaman el sistema conocido como SADOFE (sábados, domingos y feriados). Es un sistema de franqueros que no sobrecarga a las enfermeras por el día de descanso que les corresponde. También se reclama un bono de 300 mil pesos para octubre y una actualización del presentismo de 80 mil pesos. Por su parte, el sector de espacio público hace días que viene realizando un recorte de tareas (de 7 a 12 h) por el no pago de una suma fija de 120 mil pesos. Las sumas fijas o bonos debieron cobrarse en julio, demostrando que el sindicato ha tenido que salir de su inercia por presión de las bases. El sindicato municipal no dará ninguna respuesta los trabajadores (en declaraciones radiales el secretario general reconoció que los trabajadores municipales son INDIGENTES, es decir cobran menos de 520 mil pesos); es necesario darle continuidad y profundidad a los métodos de lucha con un paro por tiempo indeterminado construido en asambleas conjuntas.

Ante la decisión de Radio Nacional de no emitir cobertura electoral desde sus 49 emisoras locales este domingo 26 de octubre, las y los trabajadores manifestamos nuestro absoluto rechazo. La negativa a pagar horas extras en una jornada democrática de relevancia nacional no solo vulnera nuestros derechos laborales, sino que atenta contra el derecho de la ciudadanía a estar informada. Esta medida se inscribe en una política de desmantelamiento de los medios públicos, que debilita el federalismo informativo y rompe con una tradición de servicio que durante décadas acompañó cada proceso electoral. Denunciamos además el intento de RTA de simular cobertura federal con un único trabajador por provincia, en horario acotado y sin acceso a las herramientas de la radio. Esta maniobra no garantiza información, sino que la restringe. Por todo esto, exigimos que cada emisora trabaje con el personal completo y en condiciones adecuadas para cumplir con su función informativa este domingo. La cobertura electoral no puede depender de parches improvisados ni de voluntades aisladas: requiere compromiso, recursos y respeto por el rol profesional en los medios públicos. El silencio no es una opción. La democracia necesita voces, y Radio Nacional debe estar presente. ATRANA El sindicato de las y los Trabajadores de Radio Nacional. Contactos: Sergio Wehbe – Sec.General 11 4477-7172 Cecilia Bari – Sec.Gremial 11 6475-1312

Durante la tarde de ayer, dos formaciones del Ferrocarril Urquiza colisionaron en la estación terminal de General Lemos (San Miguel). El estado derruido de las vías, causal del choque, fue también lo que evitó una tragedia: los trenes ingresan hace años a la estación a paso de hombre, lo que evitó de milagro que el choque de ayer sea una nueva masacre de Once. No hubo víctimas fatales. Una veintena de heridos de leve gravedad fueron atendidos en la estación. El tren circulará en forma reducida hasta que se realicen las pericias judiciales. El choque de trenes es el resultado de un avanzado proceso de desmantelamiento del sistema ferroviario que lleva adelante el Gobierno de Milei de la mano de la concesionaria perteneciente a Benito Roggio y Gabriel Romero. El desmantelamiento del sistema ferroviario ya llevó a un choque en 2024 del ferrocarril Mitre por falta de señalización. Las unidades del “amarillito” que circulan entre Lemos y Federico Lacroze datan de las décadas del 60/70 del siglo pasado. (Pueden escucharse referencias a las mismas unidades en las canciones de Luca Prodan) Según personal ferroviario, “son unidades antiguas podridas, sin sistema antiacaballamiento y sin ATS (frenos autónomos) o cualquier tecnología de este siglo”. El personal de señalización, balizamiento y prevención fue disminuido a su mínima expresión, y el presupuesto de reparación y mantenimiento de vías fue víctima de la motosierra del Gobierno de Milei. El desmantelamiento del sistema ferroviario, que el Gobierno de Milei ha llevado a fondo, es una política de Estado hace décadas. El mismo día, 23 de octubre del año 2000, en la misma Estación de Lemos, hace 25 años chocaron también dos unidades del Urquiza. Los choques, según testimonios de los ferroviarios, fueron iguales, solo que en aquel entonces murieron dos pasajeras. El salario del personal ferroviario también sufrió su propio desguace, lo que llevó a cientos de trabajadores del ferrocarril a acordar su retiro voluntario. El personal que se acogió al retiro voluntario no fue reemplazado. Como dijimos frente al accidente en mayo del año pasado, “sobre los trabajadores que trabajan y toman transporte público pesa una espada de Damocles permanente, El régimen social de la precarización laboral es también el de la precarización de las condiciones de transporte.” La Unión Ferroviaria de Sasia ha dejado pasar el desguace salarial, el de puestos de trabajo tanto como el del abandono del ferrocarril. Entre los gremios del transporte se conformó un bloque con la UTA para proteger al Gobierno de Milei contra cualquier medida de reclamo de los otros gremios. La lucha por presupuesto para el ferrocarril, así como la formación de comisiones de control obrero de la seguridad son incompatibles con una conducción sindical integrada al Directorio del ferrocarril y a la agenda antiobrera del Gobierno.

En una sola semana se han amontonado en Tel Aviv el vicepresidente estadounidense, JD Vance; los responsables de la política de la Casa Blanca en Oriente Próximo, Steve Witkoff y Jared Kushner, y el secretario de Estado Marcos Rubio. Kushner es yerno de Trump y el autor del ultimátum de 20 puntos presentado por Trump. Es también el responsable del proyecto de convertir a Gaza en la Riviera oriental del Mediterráneo y del establecimiento de un Protectorado encabezado por el masacrador de Irak, Tony Blair. Rubio a la vez que explicó su viaje como un intento de reforzar el alto el fuego dijo que ‘los norteamericanos’ no eran quienes para impedir que Israel bombardeara Gaza como bombardea El Líbano (donde también hay un alto el fuego). En línea con la posición del carnicero de Tel Aviv, Rubio calificó a la UNRWA, el organismo de la ONU encargado del socorro a los refugiados, como “una filial de Hamas”. El aviso de que “no jugará ningún papel en Gaza” constituye una violación al acuerdo de cese del fuego. Conclusión: la hambruna y el genocidio continúan Vance y Kushner, en cambio, anunciaron que Estados Unidos e Israel pretenden mantener dividida Gaza en dos zonas, la que está ocupada por el ejército sionista -y abarca el 58 % del territorio- y el resto. “La reconstrucción solo se llevaría a cabo en el lado israelí hasta que Hamas pueda ser desarmado y destituido del poder”, adelantó el Wall Street Journal (22/10). La operación de limpieza militar fuera de la zona ocupada consiste en destruir la totalidad de los túneles construidos por Hamas y la resistencia islámica. Netanyahu ha asegurado que ninguna formación militar extranjera podría llevar a cabo esa tarea -sólo el ejército sionista-. La masacre continúa Los palestinos son empujados por el ejército hacia una supuesta “zona segura”, que es un territorio árido, sin agua potable, imposible para cualquier actividad productiva. Esta situación deja a los palestinos a expensas de la ayuda humanitaria, que Israel deja entrar con cuentagotas. (La infame “Línea Amarilla” definida por Trump, no es ninguna línea: abarca más de la mitad del territorio gazatí y está ocupada por el ejército sionista. Se extiende hasta las fronteras con Israel y rodea por el Norte y el Sur a los palestinos.) Philippe Lazzarini, el jefe de la UNRWA, advirtió que la situación sigue siendo dramática. Aunque en la frontera tienen comida para tres meses, dijo, Israel no la deja entrar. Las tiendas de campaña y los sistemas de desalinización de agua también siguen en Egipto o en Jordania. “Hasta ahora no se nos ha permitido llevar un solo convoy, como a muchas otras ONG internacionales”, agrega. Limpiar de escombros y bombas a Gaza tomará hasta 30 años, según un funcionario del grupo de ayuda Humanity & Inclusion, que describe el enclave como un "terrible campo minado sin cartografiar". El asedio israelí -lo pregona Netanyahu- impedirá que entre la maquinaria indispensable para remover los escombros, construir viviendas, hospitales, cañerías o plantas potabilizadoras de agua. Ese es el carácter de la paz de Trump. Esperan que este cerco mortífero precipite el éxodo de los habitantes a los “paraísos” que le tienen preparado Trump y Netanyahu (Somalía, Sudán del sur, etc.) El vicepresidente JD Vance y Jared Kushner (que es también titular del fondo fiduciario para la “reconstrucción” de Gaza) insistieron en que hasta que no se “destituya” a Hamas no se destinarán fondos por fuera de la Línea Amarilla. La confesión de que avanzarán en el genocidio es también la admisión del fracaso de dos años de sus intentos de aniquilar a la resistencia palestina. Hamas ha dicho que no dejará las armas Kushner acaba de recibir miles de millones de dólares de fondos soberanos (estatales) extranjeros, y ahora está negociando “acuerdos de paz” que faciliten sus planes inmobiliarios en nombre de Estados Unidos. Su flamante empresa, Affinity Partners, ha recaudado más de 4.800 millones de dólares, principalmente de fuentes de Oriente Medio. Sólo el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita invirtió 2.000 millones de dólares en Affinity Partners. También aportaron Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Los gobiernos árabes han invertido sumas siderales en el “fondo de reconstrucción” -los planes inmobiliarios- de Kushner-. La solución de los “dos estados” quedaría, improbablemente, reducida a una fracción de la actual Cisjordania, y al Protectorado de Gaza. Affinity Partners obtiene más de 80 millones de dólares anuales en comisiones y aspira a alcanzar un fondo de 25.000 millones de dólares, utilizando el 80 % de su financiación mediante deuda. La "nueva Gaza", recordó Vance, sería “protegida por una fuerza internacional que estabilice la región”, de la que participarían, entre otros, Egipto, Qatar, los emiratos y Turquía. Esta opción fue repudiada de plano por el gabinete confesional de Netanhayu, que no quiere resignar la exclusividad del control militar en la región. “(U)na Gaza dividida aborda las dificultades aún sin resolver de desarmar a Hamas y establecer un gobierno alternativo que cree un entorno seguro para los miles de millones de dólares de inversión necesarios para la reconstrucción”, opina WSJ, el diario de Rudolf Murdoch, un fascista que apoya a Trump. "A veces resulta muy difícil para los israelíes admitir que Hamas aún existe y es el actor dominante en Gaza", explica Michael Milshtein, exjefe del Departamento de Asuntos Palestinos de la Inteligencia Militar Israelí. “Confiar en actores sospechosos -clanes, milicias, bandas, muchos de ellos criminales, muchos de ellos afiliados a ISIS (el grupo Estado Islámico), muchos de ellos implicados en atentados terroristas contra Israel- y considerarlos una alternativa a Hamas es una ilusión" (BBC 23/10). Trump ha dejado abierta una rendija para permitir que Hamas ejerza una función policial de orden, junto al Protectorado internacional, en una transición que será acompañada por las oligarquías árabes. Milshtein alude a las bandas de delincuentes cooptadas por Israel para robar alimentos, disparar a las filas de hambrientos y generar caos. Algunos de sus cabecillas fueron fusilados por Hamas en estos días. El domingo pasado, en una abierta ruptura del alto el fuego, el gobierno israelí descargó 153 toneladas de bombas sobre Gaza, según dijo el propio Netanhayu en el Parlamento. Los ataques duraron 9 horas y sembraron el terror, dejando 50 muertos y 150 heridos. Los sionistas justificaron la ofensiva porque Hamas habría violado la tregua (sic) en tres incidentes consecutivos y disparado contra sus tropas en Rafah, que está prácticamente despoblada y bajo control israelí. Hamas desmintió el enfrentamiento y el periodista palestino Younis Tirawi reveló que el primer incidente se produjo porque una de las excavadoras contratadas por Israel para demoler hasta la última vivienda de Rafah atropelló un artefacto explosivo. Los otros dos aluden a un enfrentamiento entre distintas facciones de la banda Abu Shabab. Los sionistas quedaron entre dos fuegos cuando quisieron proteger a su esbirro Yasser Abu Shabab, un delincuente de larga data vinculado al narcotráfico. Cooptado por Israel, asaltó camiones de ayuda para revender los alimentos y más tarde se sumó a la Fundación cuya distribución de comida terminó en el asesinato de varios miles de palestinos que pugnaban por una caja de comida. En noviembre de 2024, la tribu Tarabin de la que es originario lo repudió públicamente. La paz y la estabilidad en Medio Oriente no están más que en las rimbombantes declaraciones de Trump mientras prepara un rediseño de la región que colabore con su avance imperialista en el escenario mundial. El objetivo siguiente es el “cambio de régimen en Irán” .

En un fallo redactado por Horacio Rossatti y Carlos Rosenkrantz y adoptado por mayoría con el concurso de dos conjueces -Ricardo Lorenzetti votó en disidencia- anuló la prisión preventiva dictada en una de las causas que se siguen contra el represor Carlos “Indio” Castillo. En su resolución, los cortesanos reclaman a los tribunales inferiores “una jsutificación minuciosa” para adoptar este tipo de medida. Es probable que esto precipite una andanada de pedidos de genocidas en el mismo sentido. Según datos del Servicio Penitenciario Federal, en este momento hay 36 represores cumpliendo prisión preventiva. Rossatti y Rozenkrantz fueron los autores en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, del fallo que extendía a los genocidas el beneficio llamado 2x1, que ordena computar doble los días transcurridos en prisión preventiva y disponía sus excarcelaciones. La ley 24.390 fue reformada en 2001 y ese beneficio fue derogado. Los cortesanos aplicaron el llamado principio de la ´ley más benigna´ en el fuero penal, que implica aplicar al reo la norma más beneficiosa vigente al momento de su detención. Una movilización multtitudinaria, cercana al millón de personas, forzó al Congreso a improvisar una ley ad hoc para exceptuar su aplicación en los casos de delitos de lesa humanidad. Ahora, Rossatti y Rosenkrantz vuelven a la carga, apelando esta vez a otro aspecto de la misma ley 24.390, que establece que una persona no puede estar detenida en prisión preventiva -es decir, sin condena firme- por más de dos años, prorrogable por única vez por un año más. En el caso del “Indio” Castillo, participó de la Concentración Nacional Universitaria, una de las bandas fascistas que operaban junto a la Triple A. Más tarde se integraría a los ´grupos de tareas´ de la dictadura y seguiría ´activo´ en democracia, participando de secuestros extorsivos y venta ilegal de armas de guerra. Estuvo vinculado al peronismo -revistió como asesor de diputados del PJ- y al MODIN y los carapintadas. Fue detenido en 2013 y condenado en 2017 a prisión perpetua por los crímenes de la CNU. Esa condena fue ratificada por la Cámara de Casación pero no por la Corte Suprema, que ahora considera ´excesiva´ la extensión de su detención. Castillo todavía debe afrontar nuevos juicios pendientes, a cincuenta años de los hechos. Con este fallo, por otro lado, la Corte hace una ´relectura´ de su propia jurisprudencia. En 2012, a raíz de un pedido de la defensa del “Tigre” Acosta, la Corte había dicho que no solo debía ponderarse en casos de lesa humanidad si había capacidad de fuga o de entorpecer la investigación, como se aplica en el caso del delito común, sino que en el caso de los represores, había que prestar atención a otros factores, como la complejidad del caso y, sobre todo, la capacidad de obstaculizar el proceso a partir de sus contactos e influencia en el aparato represivo. “Cuando un tribunal considere que un imputado por delitos de lesa humanidad conserva influencia para frustrar el accionar de la justicia, sea a través de encubridores o partícipes desconocidos que formaron parte del aparato mediante el cual se cometieron esos delitos –tal como se dijo en ‘Acosta’– o de cualquier otro modo, deben señalarse las circunstancias concretas a través de las cuales, según un juicio racional de probabilidad, dicha influencia podría materializarse”, exige ahora la Corte. Pero como se señaló más arriba, Castillo mantuvo vínculos notorios con el poder político y los militares más allá de la dictadura. Por otro lado, basta recordar el envenenamiento del torturador de la ESMA Héctor Febres, en 2007, cuando se encontraba bajo custodia de Prefectura; o la segunda desaparición de Jorge Julio López, en 2006, luego de declarar en el juicio contra Miguel Etchecolatz. Las precisiones que ahora exige son una excusa. El primer responsable por las condenas sin sentencia definitiva sobre los crímenes de la dictadura es la misma Corte Suprema. Por citar un caso, mantiene desde hace años sin resolver las causas que involucran a Jaime Smart, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, condenado por primera vez en 2012. “El legítimo interés general del Estado en reprimir el delito no puede ser esgrimido como pretexto para anular las garantías de los imputados ni para justificar la imposición de un adelantamiento de la pena a extramuros de la Constitución Nacional”, escribieron en un súbito arranque de ´garantismo´. Los abogados de los represores consideraron a este fallo “un punto de inflexión en el tratamiento de la prisión preventiva” (Página/12, 24/10). La Corte soslaya otro hecho, que no es menor, que es que en el 99 % de los casos los detenidos están acusados de delitos que continúan, como la desaparición forzada de personas o la sustracción de la identidad de los chicos apropiados por los represores. En pocos meses se cumplirá medio siglo desde el golpe de Videla, Massera y Viola y los crímenes de la dictadura siguen impunes. Los mezquinos resultados del Juicio a las Juntas -con sus absoluciones y penas acotadas y recortadas-, seguidas de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos de Menem, los jucios a los militares se reabrieron en 2006 bajo una intensa presión internacional. Desde entonces -hace casi 30 años- vienen realizándose a cuentagotas. Una abogada de derechos humanos de La Plata relata que los jueces “nos conceden audiencias de apenas dos horas semanales o incluso quincenales, lo que implica juicios interminables y esperas eternas para la fijación de fechas, es la situación mayoritaria que enfrentamos” (ídem). Este fallo reaccionario ha sido dictado a la medida del gobierno de la ultraderecha, poblado de videlistas, cuando busca ´atraer´ a los militares a su proyecto político. Muchos análisis señalan el deterioro de ese vínculo, luego del fiasco del rearme, los bajos salarios y el derrumbe de la obra social. Por otro lado, la Corte viene produciendo a repetición fallos convenientes para el gobierno, como los que ha dictado en materia laboral o al ratificar la condena a Cristina Fernández con premura, para asegurar su exclusión de la competencia electoral. Este nuevo 2x1 tiene lugar además en vísperas del previsible avance del ala fascista de los ´libertarios´ sobre el gabinete, en medio del derrumbre político y económico del gobierno; y, finalmente, de la reapertura de las negociaciones para nombrar jueces, incluso en la propia Corte. Impulsemos una gran movilización nacional para derrotar esta nueva tentativa de impunidad.

Desde Jubilados Clasistas denunciamos la brutal agresión contra el jubilado Ramón Contreras, asiduo compañero de las marchas de los miércoles. Una vez más, la represión de la policía a cargo de Patricia Bullrich vuelve a ensañarse contra jubilados y fotoperiodistas para acallar los reclamos. A Ramón los policías le fracturaron el brazo, según denuncia, “entre 2 o 3, me tiraron como un misil”. Tendría que ser sometido a una cirugía. Tuvo que trasladarse por sus propios medios hasta el hospital de Lanús, porque en los hospitales porteños le negaron la atención merecida. Un gobierno desahuciado, que se entrega de pies y manos a los planes de los Trump y Bessent para continuar después de las elecciones con la motosierra contra trabajadores y jubilados, hace exhibición de su ´fuerza´ descargando palos contra los que protestamos. Toda nuestra solidaridad con el compañero jubilado Ramón. Abajo la represión. Unifiquemos las luchas impulsando y organizando una huelga general de trabajadores, estudiantes y jubilados. Te esperamos todos los miércoles a las 15 h en Congreso. La lucha continúa.

El 20 de octubre pasado se llevó adelante una nueva audiencia paritaria en la Secretaria de Trabajo de la Nación –una negociación que lleva nueve meses empantanada-. Las patronales ratificaron, por enésima vez, el planteo de una rebaja salarial sustancial y una mayor flexibilidad laboral. Estas patronales despidieron en el último año y medio a la mitad de la fuerza de trabajo empleada en toda la industria e implementaron cambios que precarizan los sistemas de trabajo. A renglón seguido, le plantearon a Julio Cordero, secretario de Trabajo de la Nación (hombre de Techint), la devaluación del peso para mejorar la “competitividad” y poder “abordar mercados de exportación” y proteger “la fabricación a nivel local”. En respuesta a esto, el SUTNA resolvió impulsar un nuevo paro nacional por 24 horas con el fin de dar “continuidad” al “plan de lucha”; ni el paro ni el plan de lucha fueron votados en asambleas. La consigna “Crespo conducción” se aplica a rajatablas. Cordero aprovechó el impasse armado por las patronales para dar por finalizadas las negociaciones paritarias y delegar “las actuaciones a la Asesoría Técnica Legal”. Así planteado, el estado se encamina a imponer un arbitraje obligatorio El alcance de la medida de fuerza El paro tuvo un alcance dispar. En FATE, por ejemplo, el acatamiento fue total, pero el acto convocado por el SUTNA en puerta de fábrica, no. Fue escuálido. En Pirelli y Bridgestone la adhesión fue baja, en medio de una política de despidos encubiertos y aprietes. En Pirelli, por ejemplo, el mismo día del paro la patronal despidió sin causa a dos trabajadores y la semana anterior había aplicado sanciones ilegales contra activistas de la lista Naranja que fueron candidatos en la reciente elección de seccional. El acto realizado en la puerta de FATE puso al descubierto la fragmentación del SUTNA, que se había manifestado en las recientes elecciones nacionales. Del acto participaron las diversas agrupaciones que militan en el gremio, con la excepción de la lista lista Violeta, de la exburocracia encuadrada en la CTA. El único orador del acto fue el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, quien se refirió al ataque del gobierno de ultraderecha contra el movimiento obrero. Una parte del aparato del sindicato agredió físicamente a militantes de la lista Multicolor, como resultado de la crisis sindical en Pirelli, donde las elecciones recientes salieron empatadas; la Multicolor reclama la realización de un balotaje en la seccional de Merlo y lista Naranja, en una declaración, reclama una asamblea general, contra lo que llama el “verticalismo” de la Negra. En conclusión, éste último paro por 24 horas se inscribe en la rutina de paros aislados decretados por la conducción del SUTNA.

El nombramiento de un ex J.P.Morgan, Pablo Quirno, un mesadinerista del Banco Central, en la Cancillería comportaría un cambio en las perspectivas del gobierno de Milei luego de las elecciones del domingo. De un lado, significaría el abandono de la alternativa de formar un gobierno de coalición, como lo ha reclamado expresamente el propio Trump, con la intención de ampliar las bases parlamentarias del oficialismo. El tema fue discutido en una reunión a la que asistió Barry Bennet, un enviado de Trump, con gente del PRO y opositores del tipo de Miguel Pichetto. Confirma esta hipótesis el distanciamiento que ha adoptado Mauricio Macri en las últimas horas, que esperaba que ese puesto recayera en alguien de su disminuida corriente política. La misma conducta ha adoptado Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, calificado como el más transaccional de los miembros del Gabinete. El lugar de Francos sería ocupado por Santiago Caputo, el sobrino, jefe de las Fuerzas del Cielo, el grupo de choque ‘mediático’ de LLA. En lugar de una apertura se habría virado hacia un mayor aislamiento. La operación ha comenzado a ejecutarse antes de la apertura de las urnas. Anticipa, controversialmente, una amplia derrota electoral que haría inviable el acercamiento de otras fuerzas al Gobierno. Los liberticidas han decidido ‘morir con las botas puestas’, antes que fragmentados por el revés electoral. Es una vuelta al principio, cuando con la extorsión de la gobernabilidad los mileístas extrajeron toda clase de concesiones del Congreso. Este operativo de repliegue sobre las propias fuerzas está acompañado por una maniobra financiera equivalente. Bajo la batuta del secretario Bessent y las armas del JP Morgan, Luis Caputo buscaría propinarle un perjuicio no menor a quienes han apostado a una devaluación del peso. Entre compras de dólares en efectivo, de bonos ajustados por dólar y dólares futuros, hay agazapados unos 20 mil millones de dólares, que perderían un buen caudal de dinero si el peso no sufre una devaluación –al menos del 20 por ciento antes de fin de año-. Al mismo tiempo, sin embargo, los dólares que Bessent canjeó por pesos, le darían una suculenta ganancia gracias a las altas tasas de interés del mercado local. Para hacer este ‘aguante’ al peso sobrevaluado, Wall Street habría dispuesto enviar a los blindados pesados, como es el banco JP Morgan. El Morgan estaría dispuesto a comprar deuda argentina soberana, a punto de vencer, por más de 4 mil millones de dólares, que ya podría haber comprado al 70 % de su valor, lo cual implicaría, a término, una fuerte ganancia. Es posible que también lo haga con otros vencimientos en 2026 u otros bonos, como el que el estado entregó a cuenta a los importadores (Bopreal). Más allá de las expectativas de ganancias de estas operaciones hay otra cuestión: el disciplinamiento del mercado de cambios mediante una derrota neta de quienes han apostado contra el peso. Las camarillas financieras de Milei y Trump apuestan a una prosecución de la política de deflación monetaria, sin que importe la depresión industrial y comercial que ha provocado. El Banco Central seguirá ajustando la moneda con tasas de interés altas. Será el continuismo del “carry trade”: atraer dólares mediante altas tasas de interés. Sería probar suerte con el abismo, con la expectativa de que no flaquee el apoyo de los bancos. Estos procedimientos no rescatan a Argentina sino a los fondos internacionales que han invertido en Argentina. Temen que lo contrario -una devaluación, un alza de la inflación y una ola de reclamos salariales- simplemente derriben al gobierno. Aparentemente, habrían decidido pagar un precio altísimo frente a la alternativa de tener que pagar un precio. Las elecciones del domingo tienen lugar en medio de una encrucijada no resuelta de una crisis política en ascenso. Esperan que una derrota sin atenuantes del oficialismo sea acompañada por una fragmentación del voto contrario, de modo que nadie pueda reclamar su derecho a gobernar. Intentan comprar una tregua de dos meses en la crisis, para crear otro escenario. El Morgan y su exempleado Caputo negocian una operación de recompra de deuda argentina en el mercado secundario de bonos, con cuantiosos vencimientos en 2026, a cambio de garantías patrimoniales de las principales empresas nacionales de tecnología y recursos mineros, en los que el Morgan y los Fondos de Cobertura ya tienen un capital accionario significativo. Podría haber un canje de deuda nueva por la vencida. Este canje abultaría el monto de la deuda externa porque pagaría intereses conforme a la tasa de riesgo-país, un 15 % anual en dólares. Según Ambito, sin embargo, las negociaciones se habrían “pausado”, porque los bancos reclaman como garantía mucho más que el nombramiento de un ex J.P.Morgan como canciller: “Presionan por avales sólidos del gobierno norteamericano para cubrir el componente privado de u$s20.000 millones”. Esto no es una “pausa” sino una apuesta a todo. No sería suficiente, sin embargo, que la garantía sean los Derechos Especiales de Giro que Estados Unidos tiene en el FMI. Pero Trump y Bessent se encuentran en medio de la tormenta política desatada en EEUU por el “cierre del gobierno” norteamericano, recorte de reparticiones y decena de miles de empleados que no han cobrado su sueldo. Un retroceso en los planes de colonización de Argentina determinado por la crisis presupuestaria que enfrenta Trump, representaría un golpe fenomenal para lo que queda de la presidencia norteamericana. Más allá del 26 La crisis política y financiera en desarrollo no es “preelectoral”; no se va a resolver con el resultado de los comicios sino que se agravará. La pelea acerca de cómo deben computarse los votos a nivel nacional, demuestra el bajo vuelo de los contendientes. El alejamiento de Milei de sus aliados significa que no quiere oír hablar de un gobierno semiparlamentario, sino reforzar el gobierno por decreto. La ‘vuelta a las fuentes’ es característica de los gobiernos agotados. La última llama de una vela que se apaga. Los operadores mediáticos del gobierno aseguran que tienen los votos nacionales para Milei (y sus aliados?) para llenar un tercio de las bancas del congreso. Pero eso llevaría al desgobierno: no se impondría el Congreso ni tampoco el Ejecutivo. No son las condiciones de un “relanzamiento del gobierno”, ni una garantía política para los usureros internacionales. Los funcionarios de Trump habían tomado nota de ese cuadro de situación y reclamaban un gobierno de coalición, pero la designación de Quirno revela un cambio de partitura. En respuesta a este impasse político, Milei y Caputo intentan una última apuesta al inmovilismo -político, monetario y cambiario. Caputo se ha declarado “cómodo” con un inviable dólar a 1.500 pesos, sin decir, que sería con el sostén del Tesoro norteamericano. Con esas declaraciones, se ha atornillado en el ministerio que ocupa. Pero una tentativa de “no innovar” hará más profunda y explosiva la crisis resultante del completo agotamiento del régimen político y económico de los liberticidas.

Ante un gobierno desahuciado y al que le entran todas las balas, Macri quiere quedarse con la licitación de la Hidrovía y que la holandesa Boskalis se quede con parte de la misma. El interés del expresidente y sus socios europeos no es para menos: estamos ante un negocio de aproximadamente 9.000 millones de dólares y en términos estratégicos es fundamental ya que la arteria fluvial es la principal puerta de salida de la producción argentina, especialmente la de granos. Las elecciones se convertirán en una espada de Damocles para Milei y Macri impondrá condiciones para arribar a un gobierno de coalición. Una de ellas es la licitación de la Hidrovía y para condicionar en su favor (y de sus socios) este proceso, Macri quiere a imponer a Milei los nombres de Guillermo Dietrich en la cartera de transporte y a Miguel Etchevehere en la de agricultura, asegurando de esta manera el control de los diferentes entes estatales que intervienen en la licitación. Pero Macri tendrá que lidiar con Santiago Caputo para imponer a sus personeros políticos, ya que este es señalado como el elegido del trumpismo para que encabece, en un futuro muy cercano, la jefatura de Gabinete. En febrero de este año un informe de la Procuración de Investigación Administrativa (PIA), denunció el direccionamiento en el pliego de licitación en favor de la empresa belga Jan de Nul, que se quedó con la concesión luego de la privatización de la década del 90 y que caducó hace años. Ante esta situación, el gobierno liberticida terminó postergando la privatización del dragado y balizamiento de la red fluvial del Paraná, que se financian a través del cobro de un peaje, y posibilitar la navegación de los grandes barcos cerealeros que tienen como terminal de llegada y salida los puertos del Gran Rosario. En su momento Santiago Caputo apuntó a Macri por la caída de la licitación. La vía fluvial Paraná-Paraguay conforma una unidad económica, conocida como Cuenca del Plata, conecta puertos de Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay con salida al océano Atlántico a lo largo de 3.400 kilómetros de navegación continua, por la que salen el 80 % de las exportaciones argentinas, por un valor estimado en unos 65.000 millones de dólares. La red fluvial es indispensable para el complejo de los agronegocios y sus principales usuarios son las grandes multinacionales exportadoras de cereales, como Cofco (China), Cargill (EE. UU), Dreyfus (Francia) y Bunge (Países Bajos). Según el portal LPO “El plan de Macri para que Boskalis entre al negocio pese a que le faltan las dragas necesarias, es dividir el río en tres contratos diferentes: así quedaría un tramo para la empresa que empuja junto a la reina Máxima, otro para Jan de Nul y un tercero para la belga Deme, que empujó las denuncias que trabaron la licitación.” Desde las cerealeras le señalaron al gobierno que el modelo de Macri conlleva, por un lado, “riegos operacionales y diluye las responsabilidades” y por el otro, aumenta los costos logísticos, con la consiguiente pérdida de competitividad de la producción argentina. Otro empresario del sector señaló que "la Hidrovía es como una autopista, debe existir un solo dragador que ponga 12 dragas y que compita en precio y calidad con los otros. Al poner tres tramos, lo que hacen es evitar la competencia y cartelizar precios y servicios", cuestionando el plan de Macri para la licitación. (Ídem) Guillermo Francos fue el encargado de contactar a empresarios vinculados de una u otra manera a la licitación de la Hidrovía, y le señalaron que no ven con buenos ojos que, a semanas de presentar los pliegos de licitación, se cambien las reglas de juego. La sensación que tiene los usuarios es que el futuro dependerá de cómo quede políticamente el gobierno tras las elecciones del domingo y la magnitud de las alianzas que necesite con el macrismo para gobernar. En la hoja de ruta presentada por Macri, Boskalis quiere quedarse con la parte del Río de la Plata, en la desembocadura al océano. Jan de Nul, que es la que tiene más dragas, apuntaría a la parte más larga, la del río Paraná. Y luego quedaría el norte que tiene poco interés comercial y económico porque la profundidad es menor y sería más adecuada para una empresa local, no para una multinacional como Deme. (Ídem) Mientras Macri pisa el acelerador para apurar los tiempos licitatorios y los empresarios ponen objeciones a los planes del expresidente, lo que prima en el gobierno liberticida son las vacilaciones, ya que en el fondo lo que está en juego es la conformación de un gobierno de coalición a pedido de los Estados Unidos, luego de las elecciones del 26.

Política Obrera ha cerrado su campaña nacional para las elecciones legislativas de octubre con una batería de agitaciones y actos de cierre en los diversos distritos donde nos presentamos: Santa Fe, Catamarca, Tucumán y Salta. El último tramo de la campaña estuvo acompañado de una intensa actividad sobre el movimiento obrero, los centros de salud, hospitales y escuelas. En Santa Fe, una intensa campaña sobre el cordón industrial de Rosario - corazón fabril de la provincia- estuvo acompañada de volanteos y conversaciones con vecinos y trabajadores en los principales centros de la zona: San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Baigorria y la propia Rosario. Una volanteada y charla en la importante fábrica Acindar de Villa Constitución con nuestros compañeros Marcelo Ramal y Marilín Gómez, primera candidata a diputada nacional por Santa Fe, había dado comienzo a este cronograma. En la capital provincial, la actividad fue igualmente intensa: volanteos en puerta de escuelas, la Universidad del Litoral, los principales centros de salud y hospitales fueron el epicentro de una campaña militante por un voto a un programa y candidatos socialistas. La lista encabezada por nuestra compañera Marilín Gómez, trabajadora de la salud y especializada en la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), viene protagonizando una intensa campaña por garantizar un derecho fundamental para las mujeres trabajadoras que desnuda el vaciamiento de la salud pública y, casi en paralelo, de la educación pública. Al mismo tiempo, ha coincidido con la reforma de la Constitución provincial que declara el “laicismo” de manera vaga y abstracta en favor de la intromisión de las Iglesias (evangelistas, principalmente) en el financiamiento estatal que era monopolio de católicos hasta el momento. Provincias Unidas, impulsada entre otros por el gobernador Pullaro, se ha presentado como una alternativa a Milei, pero como continuador de su política antiobrera. Contra esta perspectiva, nuestra lista ha levantado una tribuna desde la clase obrera con un programa socialista. Por su lado, en Catamarca, nuestros compañeros se han destacado por una aguerrida campaña que estuvo precedida por una importante rebelión de docentes autoconvocados en la provincia contra una reforma que impulsaba el cierre de cursos y despidos docentes por parte del gobernador Raúl Jalil - un intenso colaborador de Milei que ahora reviste en Fuerza Patria-. La misma tuvo como protagonista a nuestro compañero Bruno Corzo, candidato a diputado provincial, algo que le ha valido diversos ataques y difamaciones por parte de la burocracia sindical de ATECA (el gremio docente de la provincia). Un rol igualmente destacado han tenido nuestras compañeras en la categoría de concejales por la Capital, encabezada por Dayana Yapura, cuando en el debate de candidatos tuvieron oportunidad de polemizar con todos los candidatos patronales demostrando que existe un claro hilo conductor entre todos ellos. Fundamentalmente, están comprometidos en promover la destrucción ambiental de la provincia en favor de las grandes patronales de la minería que pretenden explotar hasta la última gota los recursos del suelo y el subsuelo. El asunto de la minería despertó especial interés y nuestro planteo de nacionalización del litio y todas las riquezas naturales, así como el control de su destino por parte de los trabajadores y la población fue parte de debates en la visita de Jorge Altamira en la última semana de campaña. La venta del periódico ha aumentado sensiblemente en los volanteos y debates con vecinos y trabajadores, destacándose el interés de un sector de la juventud por nuestros planteos -algo que no sorprende dada la juventud de nuestros voceros y candidatos-. Nuestros compañeros han sido convocados permanentemente por la prensa para desarrollar sus planteos, siendo en muchos casos su debut como voceros socialistas. Esto es altamente educativo, puesto que es una generación de compañeros que se ha formado bajo el trabajo constitutivo de nuestra organización y recoge el hilo histórico de Política Obrera. En el caso de Tucumán, la última semana estuvo atravesada por importantes agitaciones en barrios y lugares de trabajo. La visita de Marcelo Ramal estuvo acompañada de una destacada participación en los medios de comunicación de la provincia. El punto alto de esta recorrida fue una cena realizada con una importante asistencia de docentes de media y docentes universitarios, trabajadores de importantes fábricas de la zona, activistas del movimiento de desocupados y estudiantes de secundaria, terciario y universidad. En los dos últimos días de campaña, los compañeros se concentraron en las principales arterias de la capital para coronar una intensa campaña en favor de un voto a la lista encabezada por la docente y organizadora del movimiento autoconvocado de la educación, Raquel Grassino y secundada por Diego Carrazán. Por último, y no menos importante, en Salta nuestros compañeros Julio Quintana, candidato a diputado nacional, y Violeta Gil, candidata a Senadora nacional, han desarrollado una intensa actividad tanto en los medios de prensa como en los principales lugares de trabajo y estudio de la provincia. Quintana ha recorrido desde el departamento de Metán hasta los departamentos de San Martín y Orán, donde tuvo reuniones con trabajadores agrícolas, del azúcar, docentes cesanteados por lucha contra la política de ajuste de Gustavo Sáenz y núcleos del movimiento de desocupados. En la capital, se ha destacado la actividad sobre la importante fábrica Coca Cola y la juventud que estudia en la Universidad de Salta. El cierre de campaña estuvo acompañado con un acto y festival en la histórica esquina de Florida y San Martín, en el centro de la ciudad de Salta. Los planteos de Política Obrera han llamado la atención en una provincia que se encuentra en el centro del debate político por la política de sometimiento de Milei al imperialismo estadounidense y que encuentra como candidato “opositor” al colaborador Sáenz y, como cabeza de lista de Fuerza Patria, a su viejo socio, Urtubey -que ha recibido el explícito apoyo de Cristina Fernández-. En ese marco, la intervención de Violeta Gil ha adquirido un destacado lugar al plantear intensamente la necesidad de una lucha independiente de los trabajadores contra todas las fuerzas patronales que han llevado a la población trabajadora de Salta a la miseria total, especialmente el peronismo que ha pavimentado el ascenso de Milei al gobierno y ha mantenido una intensa colaboración en 2 años de gobierno. La campaña electoral se ha desarrollado en un terreno tumultuoso, de hundimiento político del gobierno y se ha convertido en un elemento que solo abrirá mayores crisis al gobierno liberticida. A contramano de esto, la campaña electoral ha transcurrido en un terreno alejado de la crisis política y social que vive la población argentina. Política Obrera ha emprendido la responsabilidad de colocar los elementos de esta crisis nacional y entrelazarla con una agitación desde el campo de la clase obrera, ofreciendo una salida socialista a la debacle capitalista. Cada voto a Política Obrera es un refuerzo a esta perspectiva y la necesidad de afrontar la construcción de un partido de trabajadores para darle una salida definitiva a la catástrofe que condujo la clase capitalista al país.

El 21 de octubre el parlamento japonés eligió a la ultraconsevadora Takaichi Sanae, miembro del Liberal Democratic Party (LDP), como primera ministra de Japón y la convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo en un país que, en cuestiones de género, es uno de los más desiguales del mundo. La designación es paradójica porque Takaichi Sanae es una decisiva luchadora contra los derechos de las mujeres, a las cuales les niega el derecho hasta de conservar sus apellidos de soltera, y se opone a la sucesión femenina de la familia imperial. Su nombramiento se produce luego de que la LDP sufriera pérdidas importantes en elecciones recientes y perdiera la mayoría en la cámara baja, lo que generó que el entonces primer ministro, Shigeru Ishiba, renunciara a su cargo cuando el parlamento lo amenazó con adelantar las elecciones, ya que en Japón era inédito que continuara en el poder con minoría en ambas cámaras. El LDP gobierna desde hace 30 años e Ishiba renunció luego de haber pactado con Donald Trump una reducción de los aranceles a los productos nipones, que quedaron en un 15 %, igual que la Unión Europea. Para poder gobernar, la LDP formó una nueva alianza con el partido de centroderecha Japan Innovation Party (Ishin), y rompió la alianza con Komeito, que es más moderado y antibelicista. Sanseito, el partido del Milei nipón, quedó como cuarta fuerza. Sin embargo, esta coalición todavía no tiene mayoría absoluta en ninguna de las cámaras del parlamento, lo que hará que la gobernabilidad siga siendo complicada. Plan de gobierno La primera ministra recién electa se propone reforzar la alianza con Estados Unidos, aumentar el gasto en defensa, flexibilizar restricciones de exportación de armas, revisar el rol de las fuerzas de autodefensa japonesas, atacar a los inmigrantes y ajuste fiscal. Japón vive una recesión técnica desde 2023, con un PBI estancado desde hace décadas -debido en parte a que las inversiones son llevadas hacia el exterior- y mantiene la relación deuda-PIB más alta del mundo, estimada en aproximadamente 260 %. La inflación provocada por la pandemia tomó impulso con la guerra de Ucrania, y la carestía es el motor del descontento social. Los japoneses están sufriendo un nivel de endeudamiento doméstico inédito: el endeudamiento medio de los hogares ha superado los ingresos por primera vez, una situación que afecta de manera más acentuada a los hogares más jóvenes. Una posible suba de la tasa de interés para mitigar la devaluación del yuan generaría consecuencias catastróficas para la economía mundial debido al ensamblaje con la economía norteamericana: Japón sigue siendo el mayor tenedor de deuda yanqui. Sanae se perfila como la personera de la fiebre belicista en Japón, la cual precisa aumentar el presupuesto de guerra en detrimento del gasto social, lo que implica seguir tirando nafta al descontento popular. Nada que alivie la crisis política con la que asume el poder.

Desde el jueves 23 por la tarde, los trabajadores metalúrgicos de Acerías Berisso han ocupado las instalaciones de la fábrica. La medida se decidió después de un largo período de reclamos que empezó en abril por el atraso en el pago de las quincenas, por las condiciones deplorables de trabajo y por despidos selectivos que los dueños de la empresa venían desarrollando. De la acería dependen más de 50 familias, con muchos trabajadores que tienen más de 20 años de antigüedad. La patronal de Acerías Berisso, un grupo accionario mayoritario que hace un año tomó en control de la planta, venía con atrasos en el pago de las quincenas, cambiando las condiciones de trabajo y los ritmos de producción e incumpliendo normas de seguridad e higiene, lo que ya había provocado reclamos por parte de los trabajadores y presentaciones ante el ministerio de trabajo por la UOM seccional. Esta patronal presentó ante el ministerio de trabajo y los sindicatos (UOM y ASIMRA) un plan de “readecuación” con la finalidad de dejar solo 30 puestos de trabajo, suspendió a gran parte del personal, citó a cumplir tareas a grupos reducidos y amenazó con los despidos por WhatsApp a los trabajadores. Esto provocó la reacción de los trabajadores con un paro por el pago de las quincenas y la patronal respondió cerrando los portones de la fábrica con candados algunos y soldando otros. La respuesta obrera fue la ocupación de la planta reclamando la continuidad laboral de todos los trabajadores, el pago de las quincenas adeudadas y las condiciones de trabajo. Los trabajadores denuncian que la producción de la planta no mermó, que venían siendo convocados a realizar horas extras para sacar la producción destinada a distintas empresas. Con la ocupación de la planta la patronal está empecinada en lograr el desalojo de las instalaciones, proceder a los despidos y volver a reanudar la producción con nuevo personal precarizado. Esta ocupación ha sacudido la región. Acerías Berisso es una de las pocas fábricas del distrito. Provee de piezas de fundición a Repsol YPF, Tenarium Siderar, Tenaris, Siam, Essen y al Astillero Rio Santiago y a la Industria del vidrio entre otras empresas. Ha sido rodeada de la solidaridad de las familias y vecinos del barrio donde están las instalaciones desde hace más de 50 años. Sindicatos, comisiones internas de distintos sectores, como la JI de ATE Legislatura, organizaciones deportivas, sociales y políticas se han acercado a las puertas de la planta a llevar el apoyo. El ministerio de trabajo de Axel Kicillof presentó una propuesta de renegociar la deuda de la empresa con el Banco Provincia y pagar una Asignación no remuneración si hay un compromiso de no despedir trabajadores y los sindicatos han puesto las fichas en una reunión de negociación el próximo martes 28. Los obreros de Acerías Berisso denuncian que la patronal ya fue beneficiada con Repros, acuerdos con ANSES donde han llevado a la planta personal por fuera del convenio que cumple tareas a la par del resto y otros beneficios. La ocupación de Acerías Berisso enfrenta el pedido de desalojo de la patronal. La policía bonaerense ya ha realizado una demostración de fuerza en los alrededores de la fábrica llevando varios móviles que fueron retirados ante la evidencia de la gran cantidad de trabajadores y vecinos en la puerta de la fábrica. Llamamos a rodear de solidaridad la toma de la Acería para evitar el desalojo y fortalecer la lucha de los trabajadores por el pago de los salarios, por la continuidad laboral y las mejoras de las condiciones de trabajo.

Las elecciones de medio término de mañana no solamente han adquirido una importancia política que supera el alcance de las ejecutivas del pasado reciente. Han cobrado una magnitud internacional, al punto que es seguida por la prensa extranjera a un ritmo diario. En Estados Unidos han desatado una polémica de primer orden en momentos en que el Tesoro ha suspendido los pagos de salarios y gastos corrientes por el impasse suscitado en torno al Presupuesto 2026. En la serie de artículos publicados en el Financial Times se destaca el que lleva la firma de la reconocida periodista Gillian Tett, que advierte que la intervención del Tesoro norteamericano en la crisis financiera de Argentina, lejos de convertirla en Grande De Nuevo (MAGA), la precipitaría a un default una vez más (MADA). Denuncia al secretario del Tesoro, Scott Bessent, por desafiar la ley de la gravedad en materia financiera por el intento de impedir una devaluación que ya está descontada por el mercado. En una incursión más aguda en el análisis, señala que la “geoeconomía” de Trump, en referencia al uso geopolítico del dólar, pondría fin a la hegemonía monetaria internacional de Estados Unidos. Califica a la tentativa como el ejercicio de un imperialismo financiero, en el cual incluye las sanciones en serie contra un número elevado de países y en especial Rusia, China, Venezuela e incluso Brasil. Señala que es dudoso que Milei pueda evitar una crisis financiera y un default , incluso si cuenta con una ayuda estadounidense. En otros términos, dice, “si el paquete de EEUU fracasa en detener una crisis de mercado en Argentina, no solamente se va a perjudicar Milei, sino que también repercutirá mal en Washington mismo”. Tett describe la intervención norteamericana en el escenario de derrumbe financiero de Argentina como una lucha desesperada del imperialismo estadounidense por mantener la supremacía mundial. Pone, de este modo, a la crisis local en un contexto histórico de crisis del capitalismo mundial. La crisis no es un episodio que se resolverá el lunes próximo, cualquiera sean las variantes en los resultados electorales, sino toda una etapa de convulsiones políticas y sociales. Bessent y Caputo, de todos modos, enfrentan una coyuntura explosiva, porque gran parte de la dolarización de activos de las últimas semanas son contratos que vencen entre el 28 y el 31 de octubre próximos. Hay 7 mil millones de dólares en el mercado de futuros a la espera de la devaluación del peso; otros tantos de miles de millones en bonos que se ajustan por el dólar; 35 mil millones en depósitos en dólares que prefirieron apostar a la devaluación, en lugar de dejarlos a altísimas tasas de interés en pesos; y por último, aunque no menos importante, los 2 mil millones de dólares que el mismo Bessent destinó a la compra de pesos para contener su caída. Si la inversión de Bessent termina en pérdidas, sería el notición internacional en los mercado, con independencia de las cifras en juego. Los cinco días hábiles de la semana próxima serán el campo de una lucha encarnizada entre devaluadores y antidevaluadores, para que cualquier variación importante del tipo de cambio se traslade a la semana siguiente. En tal caso, el “lunes negro” podría pasar del 27 de octubre al 3 de noviembre. Los especuladores saldrían derrotados, pero la devaluación eventual sería un mazazo para los trabajadores activos y pasivos. La cuestión de la devaluación del peso no sólo está cruzada por la estabilidad monetaria sino, fuertemente, por la crisis industrial. “La cadena de pagos está rota”, informó un empresario a El Cronista. Con encajes superiores al 60 %, los bancos han dejado de prestar, mientras tampoco pueden recuperar lo prestado. La íliquidez se ha acentuado como consecuencia de la absorción de pesos, por parte del Banco Central, a cambio de la venta de dólares. Los únicos prestamistas son las Fintech, cuyas reglas son algo más que flexibles, con rendimientos abusivos. Una devaluación podría agravar la situación antes que los dólares frescos vuelvan al mercado para comprar pesos devaluados. Milei y Caputo han manifestado repetidamente su desinterés por la situación industrial, en función de su opción por la minería, Vaca Muerta y otras opciones de dudosa perspectiva. En contraste con la apuesta a la hegemonía descendente del dólar, China ha monopolizado numerosas cadenas de producción internacionales, con una autonomía relativa del mercado global. La depresión industrial y la asfixia monetaria, sin embargo, tienen el potencial de disparar una crisis social y política que rivalizaría con la desintegración que causaría una devaluación. Entre 1999 y 2001, la crisis industrial y la asfixia financiera de la convertibilidad fueron factores eficientes en la promoción del Argentinazo. Quienes propugnan una dolarización inmediata de la moneda, alegando que régimen monetario del peso es la causa de la inestabilidad, ignoran que demolería a la industria –o la proponen precisamente con ese propósito-. La dolarización en un régimen de patrón dólar declinante es un despropósito. En este escenario ha hecho su aparición el JP Morgan, la banca donde se entrenó Bessent, que ya logró que Pablo Quirno, el secretario de Economía, fuera ascendido a Canciller. El Morgan pretende armar un consorcio internacional de bancos para financiar la recompra de una parte de la deuda externa de Argentina en los mercados secundarios –es decir, no a valor de face sino al muy inferior de mercado-. El anuncio de la operación elevaría, claro está, la cotización de esos bonos. Argentina cambiaría una deuda por otra, pero a cambio de fuertes garantías de repagos, incluso patrimoniales, o sea con prima de embargo territorial. La operación sería respaldada por el estado norteamericano. La iniciativa del Morgan se encuadra en una definición global del banco, que ha anunciado la inversión de 1.5 billones de dólares en la formación de cadenas de producción para pelear el mercado a China -desde la minería y los recursos estratégicos a la industria de armamentos y de guerra-. El Morgan tiene el propósito (así lo ha anunciado públicamente) de convertirse en el financista de la guerra comercial, financiera y militar de Trump. Ha participado, con el Citi y el Santander, en el mandatario de la compra de pesos por parte de Bessent. De prosperar este proyecto, Argentina se convertiría en una colonia financiera monopolizada por los principales bancos y fondos de cobertura (Black Rock, Pimco y otros). Como se ha convertido en práctica habitual en el mercado, la masa de bonos podría ser empaquetada, eventualmente, con otros títulos en circulación, transformando el “riesgo argentino” en un riesgo de las Bolsas internacionales y en la ampliación potencial de una crisis financiera global. Donald Trump y Jimmy Dimon encerrarían a Argentina en la cadena de la guerra mundial. Mientras se desarrollan estos acontecimientos, Brasil anuncia el default de tres grandes compañías y la caída del mercado de deuda pública. La prensa lo compara con el default de dos compañías norteamericanas First Brand y Tricolor, que al igual que el resto de las empresas internacionales se encuentran apalancadas con deudas muy elevadas. Argentina es un espejo de la economía capitalista mundial. LEER MÁS: Virajes políticos de último momento La camarilla liberticida improvisa con el apoyo del JP Morgan y Trump. Por Jorge Altamira, 24/10/2025. La pólvora mojada de Scott Bessent La renuncia de Werthein adelanta la ´reconfiguración´ del gabinete. Por Jacyn, 23/10/2025. Swap de monedas: Trump y Bessent colocan una pistola sobre la sien de la “moribunda” Argentina Por Marcelo Ramal, 20/10/2025.

El domingo 26, una parte considerable de la clase obrera votará por “poner un freno a Milei”, o sea por Fuerza Patria, en muchos casos sin mayor convicción. Incluso cuando Fuerza Patria (entonces Unión por la Patria) es la principal responsable por el ascenso de Milei. Los cinco cambios de nombre registrados por el partido Justicialista (antes peronista) desde 2003, son evidencia de la inconstancia política del kirchnerismo. No pasa de la maniobra política. En las elecciones actuales, la incorporación de candidatos que ya fueron macristas (Urtubey) e incluso ‘libertarios’ (Jalil, Jaldo y otros) se explica por el propósito de disputar los votos como fuerza o partido nacional, algo que no ocurría antes de estos entuertos. Quiere pelear como alternativa política de conjunto, aunque el conjunto sea una bolsa de gatos. Pero la crisis financiera; los acuerdos de canje de monedas con Trump y Bessent; la pelea de mercado por la devaluación; la depresión industrial; todo esto pone al kirchnerismo ante la obligación de adelantar sus tiempos de 2027 al lunes próximo y las semanas subsiguientes. La confrontación con una crisis agotadora de sistema supera su capacidad de respuesta y de acción. Incapaz de forzar una cuestión de poder con la camarilla de Milei, el JP Morgan y Donald Trump, rápidamente pondrá a luz esa impotencia y provocará el estallido de diferencias internas que tienen larga data. Oponer a la confiscación descomunal que provocará esta suerte de segunda etapa de Milei, el palabrerío de la justicia social, obviamente no alcanza. La burocracia de la CGT será la primera en “frenar”, no a Milei y sus tutores extranjeros, sino cualquier desafío político serio. La desilusión de la clase obrera con el kirchnerismo no demorará dos años, hasta las eventuales elecciones de 2027. Ellas podrían adelantarse si la crisis se lleva puesto al liberticida. Argentina ya ha dado varios pasos en la convulsión económica y social, como lo muestra el vaciamiento de dólares por parte de la burguesía y la pequeña burguesía acomodada, y como lo muestran las luchas muy importantes de jubilados, organizaciones de salud y organizaciones de discapacitados, y las huelgas parciales y plantones en las fábricas, incluso ocupaciones, en varias industrias. La inflación erosiona los salarios y jubilaciones, y la depresión industrial el empleo. De cara a un ascenso de la acción de masas, el kirchnerismo es un freno. No lo son, por supuesto, numerosos militantes y simpatizantes del kirchnerismo, que ocuparán, muy probablemente, las primeras filas de esa lucha. Desde el lunes en adelante es más necesario que nunca desenvolver una gran politización de la clase obrera, o sea una comprensión de la crisis terminal en su conjunto. Es el callejón sin salida del capitalismo para las masas explotadas, y un derrumbe del régimen político. La consigna de un gobierno de trabajadores debe ser la conclusión de toda la actividad de propaganda y agitación política. La consigna de huelga general, primero por medio de la propaganda, juega un rol objetivo muy claro ante luchas parciales crecientes –en este caso como agitación-. En el terreno de la acción, es necesario promover la formación de comités de huelga, comités de lucha y autoconvocatorias. En los sindicatos, la crítica a la burocracia sindical y sus acciones de aparato debe ser todo lo severa que corresponde a las circunstancias. Es con esta perspectiva que hemos participado en estas elecciones como fuerza política independiente, ajena a compromisos oportunistas paralizantes. Advertimos que la peor conciliación de clases es cuando se abre una oportunidad revolucionaria. La “unión del campo popular” es una gigantesca trampa, porque busca atar a la clase obrera a compromisos con otras clases. La clase obrera debe esforzarse, mediante la lucha y un planteo político claro, por ganar a las clases medias. La construcción de un partido revolucionario de la clase obrera es el eje de una estrategia victoriosa.

Las elecciones del 26 se octubre se realizarán en el marco de un agotamiento completo del régimen político y el derrumbe de su política económica. La “ayuda” de Estados Unidos ha profundizado e internacionalizado la crisis. Ante la perspectiva de una derrota electoral, el gobierno de Milei ha pegado un viraje de última hora para replegarse sobre sí mismo y sobre la camarilla de Santiago Caputo. Se trata de uno de los últimos episodios de una crisis terminal. Las preocupaciones por el estado de esta crisis están siendo discutidas a cielo abierto en todo el país. Quienes se han ocupado de bajarle el precio a esta elección fueron los candidatos del Frente de Izquierda – Unidad. Una crisis de régimen y el derrumbe de un gobierno no serían el terreno propicio para darle valor al regreso de uno o dos diputados al Congreso. El FIT-U ha puesto sus mejores esfuerzos dedicados a ningunear el escenario catastrófico que rodea a esta elección. En su discurso de cierre de campaña, frente a la embajada de Estados Unidos, Myriam Bregman (PTS – FIT-U) aseguró que sufrieron durante esta campaña “mucha presión, mucha extorsión” para convertir la elección en un balotaje. Bregman se ocupó de responder desde el escenario “¿Qué balotaje? ¿De qué hablan? Estamos votando la conformación de Congreso Nacional”. Bregman ha insistido en diferentes medios que “la izquierda está para incomodar”. Gabriel Solano (PO – FIT-U) se ocupó de desarrollar el mismo concepto. En una entrevista radial (Norita Stream) Solano aseguró que “hay que animarse a votar al Frente de Izquierda porque esta elección no es un plebiscito. Tampoco es la elección presidencial. Es una elección de diputados y senadores”. En el mismo programa explicó que “en una elección parlamentaria no hay un ganador y un perdedor. Pueden ganar varios. Por ejemplo, si el Frente de Izquierda finalmente conquista dos diputados nacionales (o sea Solano, el número dos) en la Ciudad de Buenos Aires, indudablemente somos grandes ganadores”. Llamativamente, fue la periodista del programa la que tuvo que introducir la cuestión de la crisis de régimen en que se da esta elección, preguntando a Solano qué gobernabilidad va a tener el gobierno de Milei si le va mal en las elecciones y si Estados Unidos o Provincias Unidas serán capaces de garantizarle esa gobernabilidad o, en cambio, “puede estar en un problema muy muy serio”. La respuesta de Solano fue tan elusiva, que la periodista tuvo que interrumpirlo e insistir otra vez acerca de si el gobierno tendrá gobernabilidad. Solano se limitó a responder “ojalá que no la tenga”. Oj-Alá es una invocación a Dios. La campaña del FIT-U no sólo no estuvo a disposición de una clarificación de la crisis, sino que estuvo orientada ostensiblemente a ocultar su envergadura y sus perspectivas. Nicolás Del Caño (PTS – FIT-U) cerró su intervención en la embajada con el llamamiento “vamos con todo al 26 de octubre. Podemos ser la tercera fuerza” (25 puntos abajo del segundo). El acto de cierre de campaña se hizo frente a la embajada de Estados Unidos con la compresión, según sus propios protagonistas, de que la característica más importante de esta elección es el carácter colonial en que ha caído la Argentina. El MST explicó que la decisión de hacer el acto en ese lugar fue para denunciar “la pérdida de soberanía nacional”. Del Caño sostuvo que "somos la única fuerza que peleará por no ser una estrella más de la bandera yanqui". Solano, con la moderación que lo caracteriza en autoelogios, señaló que hacer el acto en la embajada “fue un acierto político enorme” porque “si íbamos a la Casa Rosada no nos encontrábamos con quien manda en Argentina; nos encontrábamos con un chirolita. Argentina ha sido intervenida por el imperialismo norteamericano. Este es el dato más importante de esta elección”. El FIT-U, sin embargo, se ha empeñado desde el inicio de los tiempos en presentar cada elección nacional disociada de la situación mundial y, principalmente, de la guerra mundial en curso. La maniobra de última hora del FIT-U representa un nacionalismo electoralista, no un internacionalismo de ‘combate’. En su acto de cierre, diferentes fuerzas del FIT-U reforzaron su campaña identitaria: género, nacionalismo, indigenismo, etc.: todo lo que colisione con la unidad internacional de la clase obrera. Myriam Bregman subrayó que, en las cabezas de listas, “sólo el FIT-U tiene mayoría de mujeres”. (Falso. Política Obrera las tiene en todas sus listas). Y agregó que “Fuerza Patria y LLA son las dos fuerzas con menos mujeres encabezando las listas”. Para concluir, señaló que el FIT-U es “la única con posibilidades de que feministas ingresen al Congreso de la Nación”. La campaña del FIT-U fue identitaria, en la expectativa de arañar un voto más. En este ideologismo posmoderno puso a su rastra al aparato del Partido Obrero. En otra de las entrevistas (Comunistas), atento al planteo desarrollado por Solano, el periodista preguntó al final: “Cuál sería un buen resultado en la Ciudad de Buenos Aires [para el FIT-U]? ¿Meter cuántos diputados?”. La respuesta de Solano fue que el FIT-U renueva una banca y “si pudiéramos meter dos, es un aumento del 100 %”. El periodista, atento, llegó a la conclusión de que “que entren dos significa que entres vos”. El ciento por ciento es Solano, que recoge el caudal electoral que los sondeos atribuyen a Bregman.

Los períodos de crisis agudas de régimen político se caracterizan por los virajes y desplazamientos políticos igualmente bruscos. En medio de una crisis industrial manifiesta, de una fuga de capitales y una cesación de pagos en puertas; en medio de las fracturas de la camarilla libertaria y las denuncias de corrupción, el Gobierno cosechó el 41 % de los votos y la mitad de las bancas en juego. Ningún pronóstico advirtió estos resultados; los más optimistas -para el Gobierno- ofrecían el pronóstico de una derrota moderada. Hace sólo 45 días, el Gobierno había perdido por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires, y muchos más en la tercera sección electoral. Ayer ganó por medio punto en el territorio bonaerense, o sea que descontó 16 puntos a su favor frente al segundo, Fuerza Patria, y obtuvo un cuasiempate en la tercera. En el interior, el Gobierno derrotó al oficialismo provincial en Córdoba, Santa Fe, Salta y varios otros distritos donde había perdido, incluso en forma holgada, como en Santa Fe. Para citar un caso ilustrativo, FP perdió 26 puntos en Berazategui; los intendentes se ‘desentendieron’ de las elecciones, con plena conciencia de que favorecían a la lista liberticida, probablemente con la intención de decapitar a Cristina Kirchner de la presidencia del Partido Justicialista. Para seguir la pista de este giro, LLA se apropió del grueso de la diferencia en la participación electoral, con respecto a las elecciones desdobladas, que pasó del 58-61 % al 68,3 por ciento; entre siete y diez puntos electorales. Una parte importante del ausentismo salió a votar, fundamentalmente el conservador, por temor a una derrota del oficialismo nacional. En las escuelas de la zona norte del conurbano, típica de clase media alta, ayer hubo largas colas, en tanto en septiembre estaban semivacías. Otro aspecto fue el ‘castigo’ a los contubernios armados por el kirchnerismo en varias provincias, como en Salta o Santa Fe, en Catamarca y Tucumán –con Urtubey, en la primera, y el ‘perotismo’ en la segunda-, para calificar como fuerza nacional. Urtubey, gobernador durante tres períodos, se hundió al 13 % de los votos. La peronista Natalia de la Sota, en Córdoba, y Caren Tepp, nacional y popular, en Santa Fe, no satisficieron las expectativas de los sondeos previos. Más allá de los vericuetos de los votos, el resultado electoral del domingo 26 es una victoria del operativo financiero internacional montado por Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y Donald Trump para detener, al menos por el momento, un default de Argentina. Bessent quebró financieramente a los bancos y fondos nacionales que apostaron por una devaluación, mediante diversos procedimientos. La prensa internacional coincide en comparar este operativo con el que quebró a la libra esterlina, en 1992, en una pugna con el Banco de Inglaterra, con la participación del mismo Bessent. Quienes, en Argentina, apostaron 7 millones de dólares en los mercados de futuros han recibido una paliza, porque ahora, cuando venzan esos contratos entre el martes y el viernes próximos, deberán devolver los préstamos, a altas tasas de interés, que recibieron para hacer esa apuesta. Lo mismo ocurre con aquellos que pasaron depósitos de pesos a dólares o que suscribieron bonos ‘linked’ al dólar, en lugar de hacerlo por bonos en pesos a tasas del 70 al 100 % anual. Bessent paró una megadevaluación vendiendo dólares y poniendo los pesos a tasas de interés locales. Apoyó esta operación con un acuerdo de canje por 20 000 millones de dólares, entre el Fondo de Estabilización de Cambios de EE. UU. y el Banco Central de Argentina. El freno a la devaluación facilitó la salida al exterior de los Fondos de Cobertura de Estados Unidos invertidos en Argentina. Una operación similar, aunque de menor envergadura, impidió la quiebra de la convertibilidad, en 1994, y sirvió para la reelección de Menem. Como escribe La Nación: “De hecho, la estrategia de Bessent estuvo a contramano de la conducta de la mayoría de los argentinos que, en los primeros ocho meses del año, último dato disponible, desarmaron posiciones en pesos superior a los 17.400 millones de dólares, según el Informe de Evolución del Mercado de Cambios del Banco Central”. A todo esto, hay que agregar la llegada a Argentina del presidente del banco JP Morgan, el número uno de Estados Unidos, para organizar un fondo de otros 20 000 millones de dólares, para asegurar el pago de los vencimientos de deuda externa en 2026. Para una parte de la población, esa intervención norteamericana fue un éxito internacional de Milei y Caputo (ex JP Morgan), porque evitó un colapso económico inmediato, si se producía una derrota electoral de magnitud. La crisis, sin embargo, prosigue abierta porque el dólar sigue barato y se abaratará en los próximos días y porque la inversión industrial sigue súperplanchada. Caputo ha anunciado una cadena de privatizaciones. Pero los límites de la victoria electoral son acotados; la maniobra financiera es cada vez más atacada en Estados Unidos, donde ese mismo Tesoro está cerrado por falta de acuerdo legislativo para el Presupuesto 2026. En los finales de mes subsiguientes, hay contratos de futuro a vencer, con la posibilidad de reanudar la presión contra el peso. La especulación continúa, mientras la depresión industrial se acentúa. La elección no ha removido la crisis: bajó la temperatura, no se resolvió la enfermedad. Argentina tiene pago de deudas por casi 20 000 millones de dólares en 2026. Dos días antes de las elecciones, decíamos en estas páginas: “Las camarillas financieras de Milei y Trump apuestan a una prosecución de la política de deflación monetaria, sin que importe la depresión industrial y comercial que ha provocado. El Banco Central seguirá ajustando la moneda con tasas de interés altas. Será el continuismo del 'carry trade': atraer dólares mediante altas tasas de interés. Sería probar suerte con el abismo, con la expectativa de que no flaquee el apoyo de los bancos. Estos procedimientos no rescatan a Argentina, sino a los fondos internacionales que han invertido en Argentina. Temen que lo contrario -una devaluación, un alza de la inflación y una ola de reclamos salariales- simplemente derriben al gobierno” (“Virajes de último momento”, 24/10). Las elecciones han dado un aval (por ahora, claro está) al Protectorado financiero y político del dúo Bessent-Trump sobre Argentina. Pero, sobre todo, ponen en evidencia una crisis en el interior de la burguesía misma, porque el movimiento devaluatorio y en buena parte proteccionista de una parte del capital local no ha encontrado una expresión política adecuada a sus propósitos. “Poner freno” a Milei no constituye un programa alternativo. El kirchnerismo fue el primero, mucho antes de Milei, en señalar que el futuro de la economía local se encontraba en Vaca Muerta y la minería; el primer RIGI, en 2014, fue el acuerdo YPF-Chevron. Frente al poder establecido, con fuerte apoyo del imperialismo norteamericano, el engendro improvisado como Fuerza Patria no planteó un “orden” alternativo. El agravamiento de la guerra comercial ha acentuado esta encerrona, porque Milei no puede romper la dependencia de Argentina con China sin provocar grandes perjuicios y choques intercapitalistas, ni el kirchnerismo romper amarras con el imperialismo yanqui; de hecho, no se ha pronunciado sobre la instalación de un protectorado financiero. El electorado fue obligado a optar entre dos expresiones en decadencia. El impasse se ve con claridad en el fiasco de Provincias Unidas. La clase obrera, sin embargo, no ha captado esta situación de impasse o encerrona, aunque la intuya. Lo hará, sin duda, con el agravamiento de la crisis social que anuncian las nuevas medidas del Gobierno. Milei confunde la victoria de la operación de rescate político que montaron Bessent y Trump, con una ratificación del mandato político al gobierno. En poco tiempo se comprobará que ambas cosas están en colisión. El acuerdo comercial que Trump ha ofrecido a Argentina excluye a sus dos productos de exportación al mercado estadounidense: el aluminio y el acero, incluso en sus derivados. La realización periódica de elecciones no significa que el régimen constitucional se haya robustecido. Ocurre, incluso, todo lo contrario. El aparato estatal es un chaleco de fuerza. Hay un gobierno por decreto, que veta leyes y que incumple las que se ve obligado a promulgar. La Corte Suprema y el Poder Judicial en general están completamente sesgados. El pacto de Lago Escondido, entre medios, jueces y fiscales, se cumple a rajatablas. El Poder Ejecutivo está surcado por negociados y narconegocios. La aspirina electoral no puede superar una situación que requiere el bisturí, instrumentado por una clase obrera despierta, no anestesiada.

El pasado 24 de octubre el TOF N°1 de Mar del Plata se constituyó en Tandil, para dar lectura al veredicto de la megacausa La Huerta. El juicio de La Huerta comenzó en 2022. Abarcó los crímenes de lesa humanidad cometidos por exmilitares, expolicías y civiles contra casi 200 personas en las localidades de Tandil, Azul, Ayacucho, Olavarría, Laprida, Rauch, Saladillo, Las Flores, Roque Pérez y Mar del Plata (Sub Zona 12). Se realizaron más de 100 audiencias por las que pasaron 213 testigos. Las víctimas fueron secuestradas y torturadas en los centros clandestinos La Huerta, el ex I.S.E.R., la Quinta de los Méndez, la Base Aérea, las Comisarías 1ra. y 2da. de Tandil, así como la Delegación de la PFA, la Unidad Regional IX, Unidad Penal N° 7, la ex Estación del Ferrocarril – Jardín Maternal de Azul, la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica, Monte Peloni, la Comisaría Las Flores y la Comisaría de Olavarría. En el Aula Magna del Rectorado de la Universidad Nacional del Centro, el presidente del tribunal, Nicolás Toselli, fue quien leyó el veredicto que encontró culpables a sólo ocho de los 35 imputados; la Fiscalía había solicitado, a fines de 2024, 11 condenas a prisión perpetua, 20 penas de entre 3 y 4 años y 4 absoluciones. De los ocho culpables, cuatro exmilitares fueron condenados a prisión perpetua por secuestros, tormentos y homicidio y el resto recibió penas menores por los mismos cargos. Entre estos últimos, figura el capitán del Ejército José Luis Álvarez, condenado a cinco años de prisión e inhabilitación absoluta; fue liberado “atento al tiempo que lleva detenido”, con prisión preventiva. Por otra parte, los demás acusados fueron absueltos por “extinción del hecho penal”, a pesar de que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. El veredicto del TOF de Mar del Plata se produce en simultáneo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en un fallo redactado por Rossatti y Rosenkrantz, de anular la prisión preventiva contra el represor Carlos “Indio” Castillo y exigir en lo sucesivo una “justificación minuciosa” a los tribunales inferiores que ordenen prisiones preventivas a los represores de la dictadura, contradiciendo su propia jurisprudencia al respecto, en un nuevo giro hacia el gobierno de Milei. Los jueces marplatenses no sólo resolvieron absoluciones masivas, sino que liberaron a un genocida con el mismo argumento que plasmaron los cortesanos, autores durante el gobierno de Macri del fallo que benefició con el 2 x 1 a los genocidas. La lucha frente a estas resoluciones, cualesquiera que sean los argumentos de los jueces, que se harán públicos recién el 19 de diciembre; no pueden quedar sometidas a los laberintos leguleyos ni a un compás de espera. Organicemos una movilización multitudinaria como la que derribó al proyecto reaccionario del año 2017. LEER MÁS: La Corte Suprema vuelve a beneficiar con el 2x1 a los genocidas Impulsemos una gran movilización nacional. Por Jacyn, 24/10/2025.

Política Obrera participó con lista propia en los distritos de Tucumán, Catamarca, Salta y Santa Fe. A pesar de haber cumplido con todos los requisitos para inscribir una personería en Buenos Aires, el reconocimiento de esa legalidad se nos otorgó ya pasado el vencimiento del plazo para la inscripción de listas y así nos impidió presentarnos en ese distrito estratégico. En Salta, obtuvimos el 1,8 % en la categoría de senadores, un porcentual que llegó al 2 % en la capital de la provincia. Se trata de una muy marcada recuperación frente a las elecciones de 2023, aunque estuvimos 7.000 votos por debajo de la elección que hicimos en 2021. En varios barrios de la ciudad capital llegamos a contabilizar el 5 %, recogiendo una historia de organización territorial. El crecimiento respecto de elecciones anteriores fue muy marcado en el interior de la provincia, con interesantes votaciones en Orán, Hipólito Irigoyen y Colonia Santa Rosa. En esta localidad, se produjeron discusiones en cuadrillas de trabajadores rurales que resolvieron el voto por Georgia Romero, docente de Colonia y candidata a diputada en nuestra lista. En Catamarca, Política Obrera se presentó por primera vez. Obtuvimos 3.670 votos a la categoría de diputados nacionales -el 1,7 %, apenas dos décimas por debajo del FITU-. En el caso de la votación provincial, recibimos 1.500 votos, equivalentes al 0,7 % del padrón. En este caso, fuimos afectados por la mayor oferta electoral y por una falta de control en mesas del interior, con el método de voto tradicional. Pagamos el precio de presentar una boleta “corta” -sin candidatos municipales- en la mayoría de los distritos del interior. En verdad, sólo logramos completar candidatos locales en la Capital y Valle Viejo. Por testimonios recibidos por nuestros compañeros, tenemos evidencias de una importante participación docente en nuestra votación. De hecho, docentes que participaron de otras listas o que fueron fiscales generales de ellas se ofrecieron a cuidar nuestra boleta en el interior del país. Catamarca vivió un intenso proceso de luchas educativas en 2025 y uno de sus principales animadores (Bruno Corzo) encabezó nuestra lista provincial. En Tucumán, obtuvimos el domingo unos 4.500 votos -el 0,43 %-. El gran despliegue militante de la campaña contrastó con la discriminación mediática sufrida, principalmente, a la hora de la organización del debate de candidatos por parte del diario La Gaceta, donde fuimos excluidos. La candidatura de Raquel Grassino despertó interés y adhesiones entre los docentes, lo que comprobamos en diferentes manifestaciones de apoyo. A la hora cuidar el escrutinio, contamos con unos trescientos fiscales en toda la provincia. En Santa Fe, Política Obrera, en su primera intervención electoral, obtuvo 9.800 votos, el 0,6 % del padrón. La campaña se concentró en los centros fabriles del cordón industrial del sur de la provincia, en las escuelas y los hospitales de las principales ciudades. En los centros de salud, recogimos particulares muestras de adhesión a partir de la postulación de nuestras candidatas en ese sector, Marilin Gómez y Natalia Jaime, dos trabajadoras de la salud que, por primera vez, abordaron el desafío de ponerse al hombro una postulación electoral. En todos los casos, las presentaciones electorales de Política Obrera integraron a la militancia a decenas de luchadores que, en la campaña, fueron candidatos activos y finalmente fiscales del escrutinio. Como ocurriera antes en Buenos Aires y otras elecciones provinciales desdobladas, la campaña con “un programa y candidatos socialistas” ha reforzado nuestro campo de intervención sobre la clase obrera y constituido un factor de reclutamiento. LEER MÁS: El cierre de campaña de Política Obrera Salta, Santa Fe, Catamarca, Tucumán. Por Joaquín Antúnez, 25/10/2025. La cuestión electoral y la cuestión del poder Por Jorge Altamira, 09/10/2025. Votemos por Política Obrera Cómo intervenimos en el desenlace poselectoral. Nota de tapa de Política Obrera N° 130 edición impresa, 08/10/2025.

El domingo pasado, el FIT-U no logró renovar sus cuatro bancas en el Congreso Nacional; perdió una banca, la de Alejando Vilca (PTS), en la provincia de Jujuy. En la provincia de Buenos Aires, con el 5.2% de los votos, logró renovar las dos bancas de Del Caño y Romina Del Plá; en septiembre pasado, había perdido todos sus concejales. Ahora, obtuvo dos puntos menos del casi 7% que alcanzó en 2021 un retroceso de 600.000 votos en 2021 a 438.000 en la elección actual. En CABA aumentó su caudal de votos, al pasar del 7,75% en 2021 al 9,1%. Debido a la caída de la participación electoral, sin embargo, esa mejora se reduce a apenas unos 6.000 votos más -de 142.000 a 148.000 votos. Sin explicar estos números, el PTS la llamó “la mejor elección histórica del FITU en CABA”. Entre las elecciones de mediano término de 2021 y 2025, el FITU perdió unos 400 mil votos –de casi 1.3 millones a los recientes casi 900 mil. La “conquista de tres bancas” que festejó el FIT-U quiere decir la pérdida una, y la “mejor elección” (Jujuy) debe traducirse en una caída importante. La participación electoral en 2021 había sido de siete a ocho puntos superior a la actual. Pasando de los números a las caracterizaciones, el FIT-U hizo, para el PTS, una “buena elección”, porque se produjo en “un clima conservador”. Esta conclusión es típica de un juicio sobre los hechos consumados. Un partido revolucionario se habría interrogado sobre su propio papel en la formación de ese supuesto “clima conservador”. Argentina atraviesa una suerte de ‘clima conservador’ en forma de serrucho, desde hace un período prolongado, lo cual no impidió que los resultados electorales nacionales de la izquierda fueran en ascenso desde 2011 a 2015. Como si se tratara de una peregrinación a lo largo del país, desde 2013, en Neuquén, Córdoba, Mendoza y Salta, luego en Jujuy, y más tarde en provincia de Buenos Aires, se conquistaron numerosas bancas en todos los niveles del Estado, que se fueron perdiendo una tras otra, confirmando aquello que “golondrina no hace verano”. El cretinismo parlamentario no servía a la penetración a fondo en la clase obrera, mientras el faccionalismo entraba en el SUTNA, la mayor conquista del clasismo en años. La fuerte definición clasista y socialista del FIT se convirtió en una mezcla inconsistente de ecologismo, feminismo e indigenismo, o sea identitarismo –que cruza a todas las clases sociales, por parte del FIT-U, como se llamó al acuerdo de aparatos con el MST ‘juecista’ (por el senador cordobés). En septiembre pasado, la fenomenal derrota de Milei en provincia de Buenos Aires (que siguió a otras en Corrientes y Santa Fe) “el clima conservador’ no era invocado por nadie. Esas derrotas desataron la mayor corrida cambiaria desde el inicio del gobierno de LLA y la inminencia de una crisis financiera de gran porte. Parte de la oposición comenzó a cambiar de bando en las votaciones del Congreso y ganaban las luchas del Garrahan y las organizaciones de discapacitados. En este escenario, lo único conservador fue el FIT-U, que volvió a desplegar una campaña electoral ‘feminista’ (“tenemos el mayor número de candidatas”, insistía Bregman). En contraste, Trump y Bessent enfrentaron la crisis con una cruzada contrarrevolucionaria, que prometía el desangre político del país en el caso que fuera derrotado el liberticida; bajo esa bandera volvieron a las urnas un caudal de ausentistas conservadores en todos los rincones del país. Fueron unos cincuenta días de vértigo, en que había un solo equipo jugando fuerte –por una causa que la prensa del capital internacional ya daba por perdida. El balance pos electoral del FIT-U es incluso más conservador que toda su campaña autoencuadrada en “un clima conservador”. Para el PTS, el mérito del FIT-U fue que “resistió en la polarización”. La cantinela de la “polarización” es el recurso que todos los partidos del FIT-U sacan a relucir en cada elección desde hace una década, y varias antes por parte de las cuatro corrientes morenistas, cuando los resultados no se condicen con las expectativas ni los pronósticos. Según el PTS, el FIT-U “tuvo que batallar contra enormes aparatos políticos que apostaron todo a presentar la elección como un balotaje”. Pero enseguida hacen esta ‘confesión’: la remontada del gobierno se basó en el fracaso de “la estrategia de pasivización y moderación del PJ y Fuerza Patria” (La Izquierda Diario, 27/10). El planteo no podría ser más claro: la responsabilidad por dar a las masas una salida al derrumbe económico le cabía al peronismo. Para el aparato del PO también, se trató de “una campaña [la del peronismo] marcada por una enorme inercia y pasividad políticas”, donde esa fuerza “entregó la elección de la provincia sin desarrollar ninguna campaña a fondo contra el gobierno” (Prensa Obrera, 27/10). La polarización, en definitiva, no fue tal, porque de un lado estaba la banca de Wall Street y el presidente del Pentágono y, del otro, una banda de haraganes tímidos. Durante la campaña, el FIT-U evitó desenmascarar al que, sin embargo, caracteriza como aparato poderoso, que hacía el juego a las huestes de Bessent y el JP Morgan. Para el PTS, “una buena parte de la responsabilidad corre por cuenta de las cúpulas sindicales peronistas, la CGT y la CTA”, sin mencionar que son los partidos del FIT-U los que han hecho de furgón de cola de estas centrales. Para el PTS, “esa estrategia de pasivización y moderación, y en muchos casos de abierta traición, le hizo el juego a la derecha”. El FIT-U, sin embargo, tiene un acuerdo con el peronismo en Diputados, ¨el interbloque Frente de Izquierda Nacional y Popular¨, del cual el kirchnerismo quiere servirse para canjear la investigación de la estafa $Libra por un acuerdo acerca de la composición de la Corte Suprema. Ha pasado suficiente tiempo como para que los militantes del FIT-U se indaguen acerca de esta experiencia en estado vegetativo, que tiene por finalidad presentarse a elecciones cada dos años para que, lo que ya se ha convertido en casta, consiga conservar sus puestos en el Congreso. LEER MÁS: El FIT-U cerró una campaña electoral que apostó por la confusión política Por El Be, 25/10/2025. El FIT U por el FIT U mismo Por El Be, 08/09/2025.

Los ataques contra los derechos de las mujeres incluyen siempre el desconocimiento a su capacidad de decidir sobre la maternidad. El gobierno de Jorge Macri legalizó la presencia de ONG Provida y clericales en los centros de salud y hospitales porteños para que, con la excusa de “acompañar” a las embarazadas “vulnerables”, traten de disuadirlas de que aborten. El nuevo obstáculo para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) fue presentado por Macri en la Maternidad Sardá: “Deben permitirnos ser padres a los que somos padres, porque acá no están solo ustedes. Esto no es un disfrute y un derecho de ustedes. Métannos un poco adentro que quiero disfrutar también como papá. No hay nada más lindo que ser papá”. El ´padre´ de este ´diálogo´ clerical es una figura fantasmal, no es el compañero de su esposa o mujer. El aborto debe ser objeto de una conversación de pareja a partir de derecho exclusivo de la mujer. Ignora la más frecuente presión del marido para que la mujer se someta a un aborto no querido. El derecho de la mujer al aborto debería ser también el derecho a no abortar, y a denunciar cualquier violencia para que lo haga. Numerosos Estados han aplicado planes forzados para quitarle a las mujeres el derecho a pro-crear. La cobertura “legal” de la injerencia clerical en el sistema de salud se llama “Protocolo de Acompañamiento de la Embarazada en Situación de Vulnerabilidad (PAEV)”. Fue impulsado por una caterva de funcionarios que responden a las iglesias católica y evangélica, como por ejemplo el secretario Nacional de la Niñez, Gabriel Castelli, exdirector de Caritas, o el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA, el pastor Gabriel Mraida. Mraida es el articulador de las relaciones del Gobierno con las iglesias evangélicas desde los tiempos de Rodríguez Larreta. Al acto se sumaron las "organizaciones del tercer sector" y los directivos de la Sarda, que también son rabiosamente provida. Presentado como una política de ayuda a las embarazadas más pobres, en realidad es un grave atropello contra el derecho a la salud de las embarazadas precarizadas o desocupadas, que son las que van a pedir ayuda a los hospitales. El director de la Maternidad Sardá, Rubén Almada, subrayó que “no se trata solo de evitar abortos…”. A confesión de partes. Evelyn Rodríguez, responsable de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Inesperado, pidió “a Dios sabiduría para poder servir y acompañar amorosamente a toda mujer que se acerque a las consejerías que comenzarán a abrirse en los diferentes CeSac de la Ciudad para poder contenerlas y orientarlas”, porque, según ella, “el acompañamiento a una mujer en un embarazo inesperado puede hacer concretamente la diferencia entre la vida y la muerte”. El protocolo ordena que los trabajadores del centro de salud deriven de inmediato a las “embarazadas vulnerables”, al Orientador de la Consejería. (Al margen: es una repugnante perspectiva de clase que supone que la pobreza viene de la mano de la minusvalía intelectual o psicológica.) En algunos centros de salud porteños ya comenzaron a aparecer las “consejerías”: puestitos, volantes y personas ajenas al sistema sanitario que militan con argumentos anticientíficos contra los derechos sexuales y reproductivos. El protocolo, además, permite que cualquier institución/organización religiosa sea sede de las “consejerías”, siempre que Mraida lo autorice. Los grupos provida contaron que fueron convocados por Macri antes de asumir, que les manifestó que era Provida y los invitó a trabajar juntos. Cabe aclarar que todos los centros de salud cuentan con ámbitos para el acompañamiento de las embarazadas y consejerías de Salud Sexual y reproductiva sostenidas por equipos interdisciplinarios. Desde la Campaña sostienen que el PAEV se presenta con un “discurso engañoso”, pero que tiene un marcado carácter “regresivo”: “desde una visión conservadora que reduce la accesibilidad a la salud integral, desconoce la diversidad de identidades que pueden gestar y promueve una mirada asistencialista y tutelar que atenta contra la autonomía y la libertad de decisión”, sostienen. En 2025, las denuncias por obstáculos en el acceso al aborto se dispararon: ya son el triple que en todo el año pasado. Según Amnistía Internacional, casi el 60% de los reportes recibidos este año refieren a trabas para acceder a información clara y precisa. Las denuncias no son solo contra el sistema público. Obras sociales y empresas de medicina prepaga también se encuentran en el centro de las denuncias por dilaciones, malos tratos y falta de derivaciones adecuadas. La ONG denuncia la existencia de consejerías que desinforman y pretenden disuadir a las mujeres de abortar en muchos centros de salud públicos. A partir de ahora, su presencia está legalizada. El embate contra el derecho a decidir sobre el propio cuerpo tiene a la vanguardia el gobierno de Javier Milei, que ha interrumpido la compra y distribución de misoprostol y mifepristona, medicamentos esenciales recomendados por la OMS para garantizar el acceso al aborto seguro y en condiciones de calidad. También la drástica reducción en la provisión de métodos anticonceptivos de corta y larga duración (MAC) y anticonceptivos hormonales de emergencia. Durante 2023, el Ministerio de Salud nacional distribuyó 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 de combipak. Desde entonces no se ha distribuido ninguno, poniendo en grave riesgo la interrupción del embarazo. A esto se suma la reducción del 81% en la cantidad de métodos anticonceptivos, anticonceptivos hormonales de emergencia y test de embarazo distribuidos a las provincias. Milei también desmanteló el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (PLAN ENIA) que entre 2018 y 2022 logró reducir la tasa de fecundidad adolescente en un 49%, especialmente en las regiones del Noroeste, Noreste y Provincia de Buenos Aires. Desde fines de 2023, el Estado dejó de publicar datos oficiales sobre la implementación de la IVE. Las mujeres trabajadoras, y sobre todo las niñas y adolescentes, pagan con su salud y su vida la falta de educación sexual, de acceso a anticonceptivos seguros y de atención a la demanda de interrumpir un embarazo. La planificación de la maternidad y el derecho a interrumpirla vuelve a ser privilegio exclusivo de las mujeres de los sectores adinerados. El derecho al aborto seguro y gratuito está siendo amenazado y vulnerado sin la menor objeción judicial.

El gobierno de Milei ha colocado en el tope de su agenda una nueva reforma laboral. Aunque todavía no ha presentado su proyecto, el gobierno liberticida salió a buscar en el actual y futuro Congreso el refuerzo de sus habituales aliados, así como de una amplia parte de los gobernadores. La reforma ya había sido planteada en el “Consejo de Mayo”, que integra la CGT a través de Gerardo Martínez, burócrata sindical de la UOCRA. Cristina Kirchner, Itaí Hagman y Juan Grabois se han pronunciado reiteradamente a favor de una “modernización laboral”. El Gobierno impulsa la reforma y la “reducción del costo laboral” en nombre de “promover la creación de empleo y las inversiones”. En verdad, el “costo laboral” se encuentra por el piso, sin que ello haya redundado en ningún relanzamiento económico. La crisis industrial se ha agravado en medio de la caída permanente del salario. En las últimas décadas, el retroceso en el derecho laboral va de la mano con la reducción de los planteles, no de su crecimiento. Las patronales reclaman bajar “el costo de contratación”, pero lo que aprovechan es el menor costo de despedir trabajadores. La reforma laboral es un intento por legalizar los avances estratégicos antiobreros que ya se han consumado en los lugares de trabajo. El capital no quiere pagar en juicios laborales los derechos que ya incumplen en los hechos. Pero la llamada “industria del juicio laboral” es una impostura, porque sólo una minoría de los trabajadores agraviados van a juicio. La enorme mayoría renuncia a esa instancia, coaccionada económicamente por las patronales. El proyecto de reforma laboral ha sido presentado por la diputada santafecina Romina Diez. El texto replica casi en su totalidad la reforma laboral de la Ley Bases, que fue frenada en primera instancia por la Justicia del Trabajo. Veamos sus principales puntos. Renunciabilidad La reforma pretende terminar con la irrenunciabilidad de derechos laborales, un principio legal que invalida cualquier “acuerdo interno” que resulte violatorio del convenio colectivo o de la Ley de Contrato de Trabajo. La derogación de la “irrenunciabilidad” convierte a las leyes laborales y convenios en papel mojado y abre la puerta a las negociaciones por empresa y por trabajador. Indemnizaciones El proyecto también sustrae a los beneficios sociales y extrasalariales del cálculo de la indemnización. Actualmente, cualquier pago o estipendio que se repita todos los meses (viático, comedor, pago de teléfonos, etc.) es considerado parte del salario por la ley laboral y se contabiliza en el cálculo de las indemnizaciones. El proyecto modifica el régimen de intereses en créditos laborales, estableciendo que “el total no podrá superar al capital -actualizado por la inflación- más una tasa de interés del 3 % anual". Esta disposición salda a favor del capital una larga discusión, porque muchos jueces venían imponiendo tasas de interés punitorias y elevadas a las empresas que dilatasen el pago de los fallos indemnizatorios. Adelantándose a la reforma, la Corte Suprema falló contra estas tasas punitorias, fomentando la dilación en los pagos. Aun así, varios jueces laborales continúan fijando tasas de interés más altas que el 3 % anual. La ley permite a las micro, pequeñas y medianas empresas abonar sentencias e indemnizaciones en hasta doce cuotas mensuales. De esa manera, legalizan lo que las empresas vienen haciendo actualmente, con la anuencia de la Secretaría de Trabajo. Vacaciones La reforma flexibiliza la época de otorgamiento y permite la fragmentación en períodos no menores a una semana. La garantía de gozar de sus vacaciones en temporada de verano queda reducida a una vez cada dos años. Una vez más, sancionan lo que ya existe en los lugares de trabajo, pues las vacaciones se otorgan según la necesidad productiva del capitalista y no de la familia obrera. Banco de horas El texto de Romina Diez incorpora los “regímenes adaptados a los cambios en las modalidades de producción, incluyendo la gestión de horas extras, bancos de horas y francos compensatorios, siempre respetando (¡) un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas.” En nombre de la “modernización laboral”, el Gobierno busca derogar la jornada de 8 horas de trabajo, volviendo a jornadas extendidas adaptadas a la necesidad productiva del capital. Además, se busca terminar o reducir sustancialmente el pago por horas extras, que pasarán a ser parte del cómputo de las “horas flexibles". El sistema de banco de horas admite la extensión de la jornada a 13 horas diarias. Una disposición similar ha desatado en Grecia una huelga general. Como esto ya ocurre con un sinfín de fábricas y establecimientos que tienen sistema americano de turnos, jornadas de 12 horas y turnos rotativos insalubres, lo que se busca ahora es darle un marco legal para generalizarlo. Licencias médicas Se introduce un procedimiento para la verificación de certificados médicos gestionado por la Secretaría de Trabajo, que permite convocar peritos, repetir estudios y aplicar sanciones a los profesionales intervinientes en el otorgamiento de licencias. Si actualmente obtener un certificado médico que otorgue reposo laboral es una tarea compleja, esta disposición intimidatoria lo dificultará hasta lo imposible. Incentivos al despido La ley incorpora beneficios fiscales para empleadores que inicien nuevas relaciones laborales en los primeros 18 meses de vigencia de la ley, con porcentajes que varían según el tamaño de la empresa: 100 % para microempresas, 75 % para pequeñas, 50 % para medianas y 25 % para el resto, todos aplicables durante doce meses. Estos incentivos favorecen el despido de los antiguos planteles laborales, para reemplazarlos por trabajadores bajo las condiciones de la “reforma”. Un ataque al conjunto de la clase obrera La reforma laboral busca desmantelar el derecho del trabajo en beneficio del capital. Establece con carácter permanente los efectos de los recursos “preventivos de crisis”, donde se suspenden las leyes laborales y se pagan las indemnizaciones a la mitad y en cuotas. El desconocimiento de convenios colectivos y de leyes laborales, a cambio del contrato individual, conduce al desconocimiento de la organización obrera de fábrica encargada de defender esos derechos colectivos. La reforma, por lo tanto, apunta a imponer la autoridad indisputada de la patronal dentro del lugar de trabajo. Los últimos conflictos obreros tuvieron relación directa con la anunciada reforma laboral y la que ya se implementó con la Ley Bases. En el último período, las patronales explotaron la parálisis de las ventas para despedir masivamente, limpiando la plantilla de trabajadores bajo el régimen de contratación anterior para reemplazarlos por una nueva generación de obreros, ajustados a las nuevas condiciones precarizadoras. Muchos trabajadores dentro de convenio se preguntan si la nueva ley los afectará. Los despidos de ILVA, Cortines, Pirelli, Volkswagen, Toyota, etc., responden por sí mismos a la pregunta. Ni qué decir que la cercanía de una nueva reforma acentuará la escalada de despidos en la industria. En todas esas fábricas, las patronales han contado con el concurso de la burocracia de los sindicatos para hacer pasar los despidos. Es claro que este posicionamiento anticipa la connivencia de la CGT con la nueva reforma laboral. La lucha contra la reforma dependerá de las organizaciones de base de los trabajadores, de la reacción que se promueva en las fábricas y del impulso de los activistas. Está planteada una gran campaña de agitación y organización contra la reforma laboral antiobrera de Milei, que debemos desarrollar en directa conexión con la lucha por una nueva dirección, clasista y revolucionaria, en los sindicatos.

Inaugurando un nuevo capítulo en la guerra de los chips, el gobierno neerlandés ha tomado el control de Nexperia, una empresa de semiconductores con sede en los Países Bajos, pero que es de propiedad china. Para ello ha usado por primera vez su “Ley de Disponibilidad de Bienes”. Nexperia produce chips usados por la industria europea del automóvil y por electrónica de consumo. En 2017 Nexperia fue adquirida por 2.750 millones de dólares por un consorcio respaldado por el Estado chino y pasó a ser propiedad mayoritaria del grupo tecnológico chino Wingtech, en 2019. Como indica el Financial Times, la empresa ha sido ahora confiscada por el gobierno neerlandés, que ha alegado “graves deficiencias de gobernanza y acciones”. Eso permite que el ministro de economía de ese país, Vincent Karremans, tome de facto el control sobre las operaciones de Nexperia, haciendo uso por primera vez de la “Ley de Disponibilidad de Bienes". El ministro de economía asegura que la decisión se ha producido debido a “una amenaza para la continuidad y la salvaguarda en territorio neerlandés y europeo de conocimientos y capacidades tecnológicos cruciales”, sin embargo, la expropiación está enmarcada en la guerra comercial que profundizó Donald Trump. Estados Unidos ya había añadido a Wingtech a su lista negra comercial -la “entity list”- en 2024, acusándola de ayudar a China a conseguir tecnología de fabricación de semiconductores sensible. Las restricciones al comercio -incluso con subsidiarias- de empresas de esa lista se ha complicado aún más desde hace unas semanas, lo que hace incluso más problemático trabajar con Nexperia, subsidiaria de Wingtech. El gobierno de Países Bajos resolvió el problema con una expropiación. En realidad, la acción fue precedida de una serie de acciones intervencionistas por parte del gobierno neerlandés. A principios de octubre varias decisiones judiciales suspendieron los poderes del director ejecutivo chino de Nexperia, Zhang Xuezheng. Posteriormente un tribunal ordenó que le sucediera un directivo no chino con poder de voto decisivo, además de transferir casi todas las acciones a una gestión de custodia. Antecedentes del conflicto China ya tiene problemas porque está en Países Bajos ASML, la empresa que tiene el monopolio efectivo de las máquinas de fotolitografía UVE. Las sanciones de EE. UU. y sus aliados impiden a ASML vender a China sus equipos de litografía más avanzados para evitar que logre autonomía en este área. La confiscación de Nexperia es el nuevo capítulo de esta reciente escalada de los acontecimientos que se reactivó la semana pasada. Consecuencias Nexperia ya no puede garantizar entregas porque, tras la confiscación de la empresa, China dejó de entregarle componentes imprescindibles. El efecto en cadena de las sanciones de Trump llegó a las automotrices europeas y prendió las alertas de las norteamericanas. Estos chips se integran en módulos electrónicos y unidades de control (ECUs) de buena parte de los vehículos que se producen en Europa. El 16 de octubre la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) advirtió oficialmente de posibles parates en la producción, si la interrupción del suministro de Nexperia no se resolvía de inmediato. Según ACEA, los chips afectados se utilizan en las unidades de control electrónico y los inventarios actuales solo alcanzarán para unas pocas semanas. La Alliance for Automotive Innovation, que agrupa a fabricantes como General Motors, Ford, Toyota o Volkswagen, pidió una resolución rápida del conflicto. Su consejero delegado, John Bozzella, advirtió a Reuters de que si el envío de chips “no se reanuda pronto” la producción de automóviles “se verá afectada en Estados Unidos y en otros países”. Algunas compañías del grupo reconocen que sus plantas podrían notar el impacto a partir del próximo mes. Mitsubishi Electric, que mantiene acuerdos con Nexperia desde 2023, aseguró que ya estudia sustitutos. Esto ocurre mientras Xi Jinping negocia con Trump una tregua en la guerra comercial. La gran carta de China es el manejo monopólico de las tierras raras, lo cual le impide a Trump sobregirarse con las sanciones contra el gigante asiático. La guerra de chips puede tener consecuencias enormes para la economía global. Que un Estado capitalista recurra a una expropiación no es una novedad. La confiscación continua de salarios y jubilaciones es su primera condición de vida. Que recurra a la expropiación de bienes de otros capitalistas es un recurso menos constante y que coincide con los periodos de crisis profundas. Del Plan Bonex y del "corralito" se salvaron los capitalistas que tenían información privilegiada; durante la pandemia países como Turquía o Francia se apropiaron ilegalmente de barbijos y respiradores que hicieron escala en sus aeropuertos. La Unión Europea y Donald Trump todavía no llegaron a un acuerdo sobre qué hacer con los activos rusos confiscados en todo el mundo ilegalmente desde la guerra de Ucrania. Pero que se recurra a la expropiación directa de medios de producción es una escalada en la guerra comercial que cuestiona su principal axioma -la defensa de la propiedad privada- y socava aún más todo el marco normativo mundial que sostuvo al capitalismo hasta ahora como régimen de dominación. Como Trump y el gobierno de la Unión Europea, Países Bajos se suma a la manada de elefantes sueltos en el bazar.

En una entrevista en el programa de Carnaval Stream de Andrés Ducatenzeiler, conocido como Duka, Juan Grabois dio su punto de vista sobre la elección del domingo pasado. El candidato a diputado por Fuerza Patria planteó que fue una elección intervenida por Estados Unidos, en la que Donald Trump “se puso al frente de la campaña de La Libertad Avanza”. Prometió que “el justicialismo va a recuperar la patria de un gobierno de ocupación” y anunció, anticipadamente, una división: la formación de un bloque propio de cinco diputados, junto a Itaí Hagman y otros legisladores de su espacio. Consultado sobre qué pasó en esta campaña con los intendentes y punteros bonaerenses, cerró el debate con un abrupto “cuando ganemos vamos a hacer la autocrítica”. Juan Grabois fue el primero en hablar la noche del domingo en el bunker de La Plata tras la holgada derrota. Horas antes había defendido su reconciliación con Sergio Massa, tras las críticas y la dura pelea por cargos que culminó con Jorge Taiana como inesperado candidato central . “Izquierda moral” En otro tramo, Grabois se refirió al FITU, que lo ha cortejado políticamente en varias oportunidades, casi sin distinción entre sus grupos o tendencias. Al desglosar la elección de Ciudad de Buenos Aires, Grabois dijo: “pensábamos que Bregman iba a tener mucho más corte a favor suyo, hace poco se acercó a Cristina, no sé si por conveniencia o convicción”. En su conclusión, observó que ese franeleo de esa izquierda con el kirchnerismo aportó más votos a Fuerza Patria que al FIT-Unidad. FP superó anteriores elecciones con casi el 30 %, en tanto que el FIT-U, dijo Grabois, sacó 9 % cuando “las encuestas le daban 14 puntos”, sin hacer mención a los muy malos resultados nacionales (400 000 votos menos que en 2021). Cuando el entrevistador comenta que, al revés, la elección de la izquierda le pareció buena en la Ciudad, Grabois respondió lo siguiente: “¿Vos pensás que el trotskismo tiene alguna intención de poner al Presidente de la Nación? ¿De ganar una elección? No tienen una política de poder, tienen una política de moralina que te viene a explicar a vos qué es ser bueno y qué es ser malo, qué es ser coherente y qué es ser incoherente”. Para Grabois, el trotskismo local “es un propagandismo abstracto de un programa que tiene una teoría muy profunda que es la de un gran intelectual llamado León Trotsky, que decía básicamente que había que expropiar todos los medios de producción y crear una sociedad sin clases y que para eso hay que hacer una revolución violenta armada”. Se preguntó “¿Vos pensás que Myriam Bregman quiere hacer eso o que quiere meter diputados?”. Ese fue, efectivamente, el eje de la campaña electoral del FIT-U: el parlamentarismo en sí mismo, como representación legal de minorías identitarias, incluida la clase obrera. En el enfoque de género, feminista, ecologista, indigenista, la forma identitaria de la clase obrera es el economicismo o sindicalismo (la clase en sí, no para sí, no como un universal concreto). Por eso no pudieron convertir la campaña electoral en una tribuna política en un momento de crisis de régimen aguda. Por el aparato del Partido Obrero, Gabriel Solano acusó a Grabois de “macartista”, cuando por primera vez Grabois, un nacionalista clerical, aborda una cuestión concreta por medio de una caracterización. Fue justamente Solano quien, en el acto de cierre, caracterizó que una victoria del FIT-U sería meter dos diputados por Capital. En cuanto a Izquierda Diario, asegura que las bancas del Frente de Izquierda en el Congreso “están puestas al servicio” de una “perspectiva” de poder. Un par de palabras y asunto archivado. Grabois abundó, siempre en referencia al FIT-U: “por eso yo no chamuyo a los pibes y pibas de la universidad, yo les digo la verdad, que es lo que yo creo que puedo hacer, que cada familia argentina pueda tener un terrenito y una vivienda”. El ´posibilismo´, ‘à la Grabois’, ha sido la característica más marcada de la actuación parlamentaria del FIT-U para justificar su línea de consensos con los demás bloques patronales.

Las conclusiones de Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas del gobierno frenteamplista de Uruguay, luego de las elecciones en Argentina, resultan muy oportunas para ordenar el cuadro de situación actual en este país. El ministro Oddone ponderó el triunfo del oficialismo en la vecina orilla: el jerarca consideró que el respaldo electoral al mandatario liberticida abre para Uruguay “un escenario muy diferente al que uno habría podido imaginarse en caso de que no hubiera sido así”. Agregó que “confirma una continuidad de las políticas económicas” (en Argentina), lo que permitirá reducir la incertidumbre cambiaria y mejorar las condiciones de previsibilidad en la región (Montevideo Portal). Para rematar esta reivindicación, el ministro vaticinó una “menor volatilidad de mercado” y “la continuidad del plan desinflacionario” oriental. Como Milei fue rescatado del colapso financiero por una intervención extraordinaria del gobierno de los Estados Unidos, el comentario de Odonne es un juicio muy positivo acerca de la maniobra financiera de Scott Bessent. Oddone, hombre de confianza de los organismos de crédito, está íntimamente vinculado al capital financiero. Integró, hasta el momento de asumir como ministro del gobierno de Yamandú Orsi, la firma CPA Ferrere, la principal consultora económica del Uruguay, que integra la red Ernst & Young, una de las “cuatro grandes” del mundo en el campo de la asesoría económica a multinacionales y gobiernos. Los vasos comunicantes abundan a uno y otro lado del Río de la Plata. El nacionalista Sebastián Da Silva, un legislador del ala derecha del partido Blanco, coincidió en la evaluación con Oddone y sostuvo que “le da a este rinconcito del mundo cierta estabilidad tener a Argentina firme, con políticas reformistas”. El conjunto del espectro político uruguayo, en definitiva, ve con buenos ojos la victoria de Milei. El izquierdista Frente Amplio se incorpora al ángulo de esa mayoría, que saluda ese resultado por el efecto positivo sobre los mercados de cambios. Mayor hipocresía no se consigue, porque Milei no se distingue por sus doctrinas cambiarias, sino por los golpes sociales y políticos que asesta a la clase obrera. La sobrevaluación del peso argentino sólo puede ser sostenida a lo largo del tiempo por medio de una política de deflación salarial y una tasa de explotación extraordinaria de la fuerza de trabajo. El ministro de Yamandú Orsi saluda esta política social, porque colabora con el aumento de la tasa de explotación de los trabajadores uruguayos. Estos izquierdistas de salón entrelazan sus manos con Bessent y Trump. En cuanto a la ´estabilidad regional´ del mercado cambiario, Oddone opina porque es gratis: decir lo que dice, en medio de una guerra arancelaria sin precedentes y un manejo confrontativo de la tasa de interés, raya en la desmesura. El éxito de los especuladores, como Oddone, es favorecido cuando los mercados financieros se desequilibran (preferencia por el riesgo). El Frente Amplio es el ala derecha de la izquierda proimperialista internacional. Según Oddone, el gobierno de Yamandú Orsi proyecta “un escenario de estabilidad de precios relativos en el cual Argentina no se va a abaratar de manera dramática como observamos en 2022-2023”. Espera también “una buena afluencia de turistas argentinos por la paridad de precios”, o sea, la fuga de dólares de Argentina. Toda esta cháchara pseudoeconómica no pretende otra cosa que pintar de blanco a la ultraderecha internacional que acoge a Milei. El Frente Amplio, que ha orbitado alrededor del peronismo, pone de manifiesto la orfandad política y el callejón en que se encuentran los nacionales y populares en ambas orillas del charco. Los cumplidos de Oddone demuestran que, en Argentina, el FA apostó al Violeta, al igual que los blancos y colorados de Uruguay y, especialmente, el expresidente Julio María Sanguinetti. En todos los frentes de izquierda del planeta anida un potencial Frente Amplio de Uruguay, en algunos casos ya en estado de completa maduración. El Frente Amplio ya ha dado pruebas de mileísmo al promover, unos, el aumento de la edad de retiro y, otros, en sabotear la movilización para hacerla naufragar. El nombramiento anticipado de Oddone durante esa campaña apuntó a aplacar a ´los mercados´, ratificando el compromiso del FA con el capital financiero. No sorprende, por lo tanto, esta ´buena onda´ con Milei.

Las autoridades de la UNA han ´convocado´ “a la Comunidad Universitaria a participar en el debate para la aprobación del Estatuto” de la Universidad. Sin embargo, el procedimiento es completamente opaco. El texto “Por una Universidad Nacional de las Artes transformadora y plural” es, a lo sumo, una carta de intenciones. No revela, en cambio, cuáles son los ejes del Estatuto que la rectora Sara Torlucci tiene en mente. El procedimiento para la ´participación´ se limitó a encuentros en las unidades académicas donde, allí donde se realizaron, tampoco trataron ninguna de las cuestiones fundamentales (gobierno universitario, organización de la cursada, condiciones laborales de docentes y no docentes, presupuesto). Mucho menos se discutió la situación educativa, luego de las grandes marchas universitarias de 2024, las ocupaciones, el veto a la ley de financiamiento y su definitivo empantanamiento luego de su promulgación. La ´participación´ se limitó a habilitar una casilla de correo electrónico hasta el 16 de octubre. El texto unificado que tendrá a consideración el Consejo Superior, que se suponía debía estar redactado en octubre, tampoco aparece. Todo indica que la ´participación´ se circunscribirá a un trámite en la Asamblea Universitaria, que tampoco es una asamblea en el sentido estricto, sino una reunión con representación acotada y desigual de los claustros, con preponderancia de las autoridades. Esá citada para el próximo 5 de noviembre, es decir, menos de una semana. El CEAVI ha dejado pasar el tiempo sin convocar a una sola asamblea. La cuestión del Estatuto encierra varias disyuntivas. En primer lugar, la rectora Torlucci ha abogado por la adopción del llamado Sistema Argentino de Créditos Universitarios (SACAU). Así lo votó favorablemente en el CIN en 2023. El 27 de marzo de 2024, Torlucci se reunió con los decanos de la UNA con el fin de trabajar sobre su implementación. El sistema de “créditos” permite contabilizar como carga horaria no sólo las horas de cursada, sino también las de estudio. Con este macaneo, las licenciaturas cubren formalmente la carga horaria requerida, pero reduciendo el tiempo de cursada. Como contrapartida, los contenidos de grado se reducen. Finalmente, esta “nueva unidad de medida académica” -con amplio recorrido internacional- es utilizada para reforzar una tendencia presente en la universidad argentina desde la aprobación de la Ley de Educación Superior menemista en los 90, vigente hasta hoy, y que significa el avance de los contenidos arancelados que se dictan en posgrados y doctorados, en nombre de la “especialización”, pero en detrimento de las carreras de grado. La “universidad pública” se privatiza de esta manera fomentando la creación de “recursos propios” de la mano del arancelamiento y la firma de convenios con empresas, a cuyo interés se subordina. En la reunión realizada el 6 de octubre en Sede Huergo, Visuales, la rectora informó las incorporaciones del nuevo Estatuto orientadas a ampliar la virtualidad y la creación de tecnicaturas, lo que prueba que detrás de la reforma del Estatuto se encuentra un propósito privatizador. Detrás de las proclamas a favor del “pensamiento crítico” y la “inclusión”, el planteo de fondo hace las delicias de los Milei. Junto con esto, el mismo 5 de noviembre se votará la reelección de Torlucci. La rectora no ha ocultado nunca su vocación de perpetuarse en el cargo. Logró un paso importantísimo en este sentido al obtener la extensión de su mandato con la excusa de la pandemia y contó con el voto favorable del VOL, la agrupación que actualmente dirige el CEAVI. Desde UNA Trinchera convocamos a estudiantes y docentes a abrir un debate de fondo sobre las condiciones de cursada y enseñanza en la UNA y sobre el rumbo de la educación bajo el gobierno de la ultraderecha de Milei. No a las reformas privatizadoras, no a la perpetuación de las autoridades. Queremos un debate abierto para discutir cómo peleamos por la conquista del presupuesto universitario, salarios dignos para los profesores, ampliación del horario de cursada y todas las reivindicaciones que tenemos planteadas. LEER MÁS: Universidad Nacional de las Artes: el cambio de estatuto, Caballo de Troya de la privatización ¿"Debate Abierto"? La farsa de una reforma ya escrita. Por Iara Bogado, 20/10/2025.

El sufragio universal es una gran conquista de la clase obrera: con anterioridad sólo tenían derecho al voto los propietarios masculinos. Fue arrancado por grandes revoluciones sociales o concedido por el poder patronal como un recurso para que ellas no se repitan. Pero el sufragio universal se transforma en reaccionario si se lo toma como “un mandato” para destruir conquistas tanto o más importantes de la misma clase obrera, tales como la jornada de ocho horas, o el derecho a discutir colectivamente con las patronales las condiciones de trabajo, además del derecho a un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, y no en función del lucro sin tope del capitalista. En el movimiento obrero, esta contradicción entre el ‘mandato’ del voto y los derechos de los trabajadores fue resuelta por nuestros bisabuelos. Mientras la burguesía liberal se esforzaba por convertir al voto en una forma disfrazada de poder absoluto, la clase obrera internacional multiplicó sus organizaciones sindicales y de otro tipo y, en especial, partidos políticos de masas propios. Con estos instrumentos ha advertido que el derecho de la única fuerza productiva de la sociedad tiene una universalidad de la que carece el sufragio de los individuos aislados etiquetados como ‘ciudadanos’. Javier Milei y su cohorte liberticida y corrupta han salido a festejar los resultados electorales del domingo blandiendo la decisión de destruir de raíz el derecho laboral en Argentina, arrancado por más de un siglo de luchas incluso revolucionarias. Lo quiere sacar en el Congreso, donde ocupará poco más de un tercio de las bancas; si no sale a su gusto, vetará las cláusulas que no le conformen. Después de unas elecciones que han sido parlamentarias, seguirá ejerciendo el gobierno del veto, o sea, del poder personal. Las elecciones del domingo han reforzado la tendencia reaccionaria del régimen político, incluso fascista. Los ‘democratizantes’ de todo cuño se rinden ante la supremacía del autoritarismo, como una pseudomanifestación de la soberanía popular. La conclusión fundamental, entonces, de las elecciones del domingo es que debemos prepararnos para luchas cada vez mayores y más profundas. En ese cuadro y con ese espíritu debemos debatir con los compañeros que se encuentran sumidos en una confusión o incluso desmoralizados. Es la tarea que debemos emprender con la nueva generación obrera, principalmente. La camarilla de Milei ha agravado la crisis capitalista y se ha embarrado en sus contradicciones. Pero la LLA ganó las elecciones de medio término gracias a un cheque a plazo, no a la vista, que sería de 40 000 millones de dólares. El Estado norteamericano intervino como tal en el mercado de cambios y de deuda de Argentina, ante el pánico que le produjo la derrota aplastante del mileísmo en la Provincia, el pasado 7 de septiembre. Financió la contención de la caída del peso con la vista puesta en un determinado resultado político-electoral; la banda liberticida sólo se encargó de la parte administrativa de los comicios. Con el despliegue del portaaviones más grande del mundo (el Gerald Ford) en las costas de Venezuela, Trump necesitaba reafirmar a Milei para emprender el asesinato de Maduro y Gustavo Petro, las operaciones de sabotaje en el territorio y la conversión de América Latina en un protectorado del imperialismo norteamericano. El presidente de Argentina es el títere de una potencia extranjera. Es fundamental entender, sin embargo, que los liberticidas consiguieron la delantera frente a un espacio político desierto. Su principal rival electoral, el peronismo, se ha convertido en un aparato sin contenido. Como aparato patronal, no ha sido capaz de articular a la burguesía perjudicada por la depresión industrial. Correlativamente, esta burguesía industrial no se empeñó para nada en armar una oposición política, por el temor de desatar una guerra arancelaria con Trump. Guillermo Moreno, un vocero de Techint, llegó a escribir que el abordaje a Trump y a Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, era un camino correcto, solo que mal instrumentado. La patronal "nacional y popular" y sus representantes políticos ‘keynesianos’, han dejado el terreno libre a las huestes de Trump, del Pentágono y del JP Morgan. El domingo pasado, la clase obrera alcanzó su máxima atomización como clase en un evento político. El crecimiento de luchas parciales no se ha convertido en una tendencia. En Argentina la izquierda se ha convertido en el portavoz de identidades socialmente heterogéneas y hasta antagónicas; ha perdido todo rastro de clase. La salida a esta crisis de la clase obrera parte también “desde el pie”. Es necesario emprender, a partir de una estrategia y un programa, un reclutamiento socialista en las nuevas generaciones. La tendencia histórica del capitalismo no es al progreso (desarrollo de las fuerzas productivas), sino a una guerra destructiva en todos los frentes, que las “nuevas tecnologías” no revierten ni atenúan, sino que la convierten en más catastrófica.

Un megaoperativo de 2.500 efectivos de la policía civil y militar, ordenado por el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, irrumpió en los complejos de favelas Penha y Alemão, en la zona norte de Río. El saldo oficial ascendía por estas horas a 120 muertos -entre ellos cuatro policías- y más de 80 detenidos, entre ellos, Thiago do Nascimento Mendes (“Belão do Quitungo”) y el operador financiero de Edgard Alves de Andrade (“Doca”), identificados como líderes del Comando Vermelho, una de las más antiguas y poderosas organizaciones narco de Brasil, sumada a una red extraordinaria de asistencia a los favelados. La intención declarada del operativo “Contención” era ejecutar 100 órdenes de detención. Fue realizado mientras Lula, presidente de Brasil, se encontraba en una cumbre en Malasia y mantenía reuniones con su homólogo Donald Trump. La operación, que recibió el inmediato apoyo de los sectores políticos ligados a Jair Bolsonaro, estuvo precedida por diversas declaraciones del senador Flavio Bolsonaro, su hijo. En su cuenta de X había reposteado un video de las lanchas bombardeadas por Estados Unidos en el Pacífico, “invitando” al gobierno estadounidense a realizar esas mismas operaciones frente a las costas brasileñas. Castro, aliado de Bolsonaro, había asegurado que este operativo era necesario ante los rechazos que imputa al Ejecutivo a enviar a las Fuerzas Armadas y dotarlas de vehículos blindados. “Río estaba sola”, se autojustificó Castro. Calificó al operativo como “una defensa del Estado” ante el “narcoterrorismo”. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde el Ejecutivo de Trump propina golpes de Estado contra los estados que protegen a los inmigrantes, en Brasil varios estados urden golpes contra el gobierno nacional. El operativo político del bolsonarismo ha sido acompañado por la presentación de un proyecto de ley impulsado por Unión Brasil, para declarar a ciertas bandas criminales como “terroristas”. Este punto de vista es acompañado por otros bolsonaristas declarados, como Tarcisio da Freitas, gobernador de San Pablo, y Romeu Zema, de Minas Gerais. Eduardo Paes, quién ganó la alcaldía de la ciudad (no el estado) de Río con el apoyo explícito del PT y Lula en persona, acompañó el operativo con un video y con el compromiso de que no va a permitir “que la población sea rehén de bandas criminales”. La ultraderecha brasileña, que busca instaurar un estado de excepción para avanzar con medidas extraconstitucionales e imponer un estado policial, ha contado con un guiño de Páez. Las imágenes y videos que se han viralizado muestran un escenario de guerra con todas las letras. La policía cercó los barrios del operativo y acompañó sus actividades terrestres con helicópteros, algo que la Corte Suprema prohibió en 2020, para luego rehabilitar en 2024. Barricadas improvisadas, escuelas cerradas y gente encerrada en sus casas esperando que el sonido de las balas cesara para volver a salir. La brutalidad policial recordó a los operativos de 2010, ejecutados también contra bandas de narcotraficantes con un saldo de más de 30 muertos. En los principales diarios de Brasil, el horror de los entrevistados grafica una jornada de barbarie completa, en una ciudad acostumbrada a redadas policiales y asesinatos cotidianos. La mañana del miércoles ha dejado observar en su totalidad el espectáculo dantesco. Cadáveres trasladados a la plaza del barrio de Penha, luego de que las mujeres del barrio decidieron salir a buscar en los morros cercanos a sus esposos, hijos y familiares desaparecidos. La escena del horror es acompañada por el llanto y los lamentos de las familias que reconocen -sin intervención de autoridad alguna- los cuerpos uno a uno, mientras los cubren con plástico y telas. Hay denuncias de que al menos uno de los hombres se había entregado a la Policía y aun así fue asesinado. Los muertos encontrados esta madrugada no fueron informados por la policía, lo que ha despertado sospechas sobre ejecuciones extrajudiciales. El Comando Vermelho compite en diversos barrios de la ciudad por el control territorial. Desde el ascenso de Bolsonaro al gobierno, diversas bandas ligadas políticamente a la ultraderecha fueron al choque con estos grupos, conquistando territorios y monopolizando el control del tráfico de drogas y armas para usufructo personal. "Son todos carteles bolsonaristas que llegaron, inicialmente, para expulsar a los narcos tradicionales y lo hicieron, pero se afincaron y ahora son ellos los que trafican. Río vive una situación de violencia rutinaria", explicó Darío Pignotti, colaborador de Página 12 que reside en Brasil (Página12, 28/10). Los medios definen el operativo como un “cortocircuito” entre Río y la presidencia de Brasil, que según denuncia el gobernador Castro rechazó en tres oportunidades brindar la ayuda de las Fuerzas Armadas. Ahora, el reclamo es la declaración de Garantía de Orden Público (GLO), que garantiza el despliegue de las FFAA en el territorio. Al ser una competencia del presidente, se descarta que pueda suceder a la brevedad. En una reunión de emergencia con el gabinete, Lula ha definido enviar una comitiva para reunirse con Castro y ofrecer plazas en cárceles federales para los más de 80 detenidos. La aberración de las acciones policiales ha generado un malestar entre las propias filas del gobierno petista. El presidente del Partido de los Trabajadores, Edinho Silva, calificó a la operación como desastrosa, destaca Página12. El comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asegura que este operativo viola el derecho internacional más elemental por su brutalidad. Las acciones del bolsonarismo, en su propio territorio, coinciden con el escalamiento de la intervención de Trump sobre el Mar Caribe y el Pacifico en su “acción contra el narcoterrorismo”, que es la pantalla para un cambio de régimen en Venezuela y Colombia. La presión sobre Brasil, desatada por la condena contra Bolsonaro, había disparado sanciones económicas contra las exportaciones brasileñas a Estados Unidos. El bolsonarismo se vale del apoyo trumpista para desarrollar un método de guerra civil. Lejos de un “operativo electoral” sobre la seguridad urbana -como han denunciado diversos referentes políticos brasileños- estamos ante un operativo de amedrentamiento contra los trabajadores y las libertades democráticas más elementales. En un plano más general, es la declaración de América Latina como territorio en disputa, para alinearlo de manera irremediable en la conflagración mundial del imperialismo norteamericano.

La contienda electoral legislativa del pasado domingo 26 de octubre en Argentina consolidó un indiscutible triunfo para el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), liderado por Javier Milei. Esta victoria, extendida a lo largo de 15 provincias y marcada por una significativa remontada en la provincia de Buenos Aires, debe ser entendida más allá del resultado inmediato, bajo la pesada y asfixiante injerencia de factores externos, particularmente el chantaje político-económico ejercido por el imperialismo norteamericano. La presencia de figuras como Donald Trump y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, convirtió la elección en un referéndum condicionado: el voto a Milei fue presentado como la única vía de "salvataje" frente a la amenaza explícita del retiro del apoyo económico estadounidense, lo que desataría una devaluación y un caos inflacionario inminente. Es fundamental, sin embargo, dimensionar esta victoria a la luz de un dato estructural: las elecciones legislativas de 2025 registraron la participación electoral más baja desde 1983, con solo el 67,85 % del padrón nacional. Este nivel fue significativamente mayor al de las últimas legislativas de 2021 (71 % de participación) y contrasta también con la participación en las ejecutivas de 2023. En este contexto nacional, la provincia de Santa Fe se erigió en un punto neurálgico. La victoria de LLA en la provincia, donde el candidato Agustín Pellegrini triunfó impulsado por el sello nacional sin casi figuración pública, fue el resultado de un voto contra el armado de Fuerza Patria, que entrelazó a su derecha y a su izquierda y, simultáneamente, de un rechazo al oficialismo provincial (Pullaro y Scaglia), cuyo bloque Provincias Unidas quedó en un distante tercer lugar. Este descontento se conecta directamente con la política de ajuste provincial. Aunque el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, se jacta de que Santa Fe es una de las provincias con menor nivel de deuda del país -con un stock que disminuyó del 15.4 % de los recursos en 2023 a solo el 7.4 % en 2024-, este alivio fiscal se construyó a costa de los trabajadores. Es decir, el gobierno de Pullaro y Scaglia ha logrado sanear las cuentas gracias al ajuste salarial y de derechos de los empleados públicos. La implementación de medidas como el polémico "presentismo" -impulsado por el ministro de Educación, José Goity-, que los gremios docentes denuncian como un mecanismo de ajuste y de ataque a sus derechos, reforzó la idea de que "Pullaro es Milei". Al rechazar las políticas del pullarismo, el electorado santafesino emitió un voto de castigo que, potencialmente, se dirige contra el plan de ajuste nacional en su versión provincial. Paradójicamente, la administración provincial ahora se sirve de esta baja deuda para solicitar autorización nacional para un endeudamiento externo por 1.150 millones de dólares (con organismos como la Corporación Andina de Fomento, CAF), con el objetivo de financiar obra pública y "mejorar la logística en las zonas de puertos que va a permitir ser más eficiente en la producción". En cuanto al peronismo, la crítica elección de Caren Tepp por Fuerza Patria en Santa Fe fue el reflejo de una corriente política que genera un profundo y creciente desencanto. El escaso entusiasmo y la nula participación de las masas en la campaña peronista (y en general en la mayoría de las campañas) revelan la fuerte ausencia del peronismo como un fenómeno político vivo. La lista de Tepp postuló la consigna de "frenar a Milei, empezar lo que viene" en un contexto donde gran parte del electorado asocia su malestar con dos décadas de gobiernos kirchneristas. Ante la falta de una alternativa, el electorado se refugió en la abstención o en LLA, a pesar de conocer sus riesgos. La razón es que el peronismo es percibido como una fuerza política anquilosada que, más allá de sus luchas intestinas de los últimos años y del intento de pintarse de progresista con Ciudad Futura, es incapaz de generar una propuesta estratégica. La deriva de Tepp -que incluyó reuniones con la burocracia de la CGT Santa Fe y la convocatoria a una actividad paralela el día de la marcha anti Milei- evidenció el carácter testimonial y desmovilizador de la propuesta, facilitando el clima que llevó a la victoria de LLA. En contraste, la campaña del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) en Santa Fe fue modesta y reflejó bien su deriva conservadora. Su lema de campaña, "un docente al Congreso", equivale a un corporativismo parlamentario. La campaña de Política Obrera en Santa Fe logró cosechar cerca de 10.000 votos. Su estrategia se centró en los focos neurálgicos de la lucha de clases, como hospitales y centros de salud. La lista se conformó con referentes directos de las bases combativas: Marilin Gómez, enfermera profesional de Santa Fe Capital, y Natalia Jaime (miembro de la junta interna del Hospital Eva Perón, de Baigorria), quienes personificaron la lucha de la salud que, con la defensa de hospitales como el Garrahan y el Bonaparte, se elevó a causa nacional. A ellas se sumaron el docente Germán Lavini, representando la lucha contra el "Presentismo" de Goity, Pullaro y la burocracia de AMSAFE, y Christian Miguez, de la comisión interna de Acindar Villa Constitución, cuya presencia manifestó la lucha contra los despidos y suspensiones en el contexto del creciente industricidio. El programa de Política Obrera fue categórico. Central en su propuesta fue el método: la organización autoconvocada de los trabajadores y el impulso a una huelga general por las reivindicaciones apremiantes de las masas.

El conflicto en la Acería Berisso se encuentra en un nuevo escenario y la lucha de los trabajadores por la defensa de los puestos de trabajo, el pago de los salarios adeudados y la continuidad laboral enfrenta nuevos desafíos Cuando el conflicto arrancó los trabajadores tenían enfrente a una patronal compuesta por tres socios mayoritario: la familia Dudiek, dueña de la planta, hace 2 años incorporó como socia mayoritaria a Eliana Repicky, actual dueña de Repicky SA, y sumó como accionista a Ricardo Gerosa SRL, otra empresa de la industria de la fundición Con plantas en Rosario. Repicky cambio la producción de la acería para transformarla en un taller de producción de piezas para el armado de compresores de su planta de Quilmes. Esta sociedad patronal empezó a pagar los salarios atrasados, a no cumplir con las normas de seguridad e higiene de la planta, a meter sanciones internas, a cambiar los ritmos de producción y despedir algunos operarios. Los trabajadores revirtieron estos despidos con acciones desde el mes de abril. La patronal aludió a problemas financieros y presentó ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia un plan de adecuación que consistía en licencias con goce de sueldo a todos los trabajadores, mantener un plantel rotativo de 12 operarios para retomar la producción e ir reincorporando al resto de los trabajadores. El ministerio dio vía libre a este planteo patronal y cuando los trabajadores se hicieron presentes en la fábrica se encontraron con las puertas cerradas y ahí entraron a la planta y largaron una retención de tareas. Ocuparon las instalaciones reclamando el pago de las quincenas adeudadas y la continuidad laboral. Política criminal del Ministerio de Trabajo Con los trabajadores dentro de la planta y sus familias en la puerta de la fábrica, y frente la solidaridad que empezó a despertar el conflicto, la patronal comenzó a amenazar con el desalojo y trabajó para eso en la Justicia provincial. El Ministerio dictó la conciliación obligatoria por 15 días. A los obreros les dijo que era una medida para evitar el desalojo, retrotraer el conflicto y que se vuelva a trabajar. Con este planteo el ministerio logro que los trabajadores abandonaran la planta. Esta política del Ministerio le dio aire a la patronal para retomar el control de la fábrica. Cuando los trabajadores se hicieron presentes para ocupar sus puestos se encontraron con las puertas cerradas. El ministerio citó a audiencias los días martes 28 y jueves 30. Mientras los delegados se hacían presentes en el ministerio, el martes la patronal se ausentaba y metía camiones de la Empresa Repicky en la fábrica para sacar parte de la producción, matrices y materias primas. Los trabajadores y sus familias se volcaron a las puertas de la fábrica para evitar el vaciamiento Lo mismo ocurrió el jueves 30, cuando la patronal pidió una audiencia virtual aludiendo cuestiones de seguridad para sus representantes mientras volvía a meter camiones a la fábrica. Esto produjo otra reacción de las familias de los trabajadores y vecinos de la fábrica que rodearon la plata para evitar que se lleven las maquinas. En esta ocasión Eliana Repicky, la principal accionista, agredió físicamente y amenazó de muerte a una familiar de los trabajadores que ingresó con la policía a fiscalizar que los camiones que salían de la planta estuvieran vacíos. En lo que va del conflicto el Ministerio de Trabajo actuó en colaboración con una patronal que se ha envalentonado por la victoria electoral liberticida y en la discusión sobre la reforma laboral que quiere reventar las condiciones de trabajo y las conquistas obreras. Esta patronal tiene espaldas de sobra para afrontar los reclamos de los trabajadores. El ministerio kicillofista ha sido funcional. Los trabajadores de Acería Berisso enfrentan el desafío de torcerle el brazo a la patronal con una acción que amplifique el conflicto a una escala superior, llevándolo al plano provincial y nacional. La lucha de la Acería es un conflicto que le atañe al conjunto del movimiento obrero de la región qué ha puesto los ojos en la plata de Berisso. Una acción en este sentido de amplificación de esta lucha sería recuperar la centralidad del conflicto en los alrededores de La Plata con un acampe de los trabajadores, sus familias y los vecinos que sea rodeada de toda la solidaridad y simpatía que han despertado los trabajadores en lucha y la convocatoria a un Plenario de todas las organizaciones sindicales, sociales, vecinales, deportivas y políticas Que resuelvan todas las medidas de lucha qué lleven al sostenimiento del conjunto de las 50 familias, a la satisfacción de todos los reclamos, el pago de los salarios adeudados y la continuidad laboral. En esta lucha comprometemos todos los esfuerzos para la victoria de los obreros de Acería Berisso. LEER MÁS: Acerías Berisso ocupada por sus trabajadores Por la defensa de los puestos de trabajo y el pago de salarios. Por Eduardo Molina, 25/10/2025.

Según una investigación de Associated Press, un agente del gobierno de Estados Unidos trató de reclutar al piloto personal del presidente venezolano Nicolás Maduro ofreciéndole dinero a cambio de desviar el avión presidencial y entregarlo a las autoridades estadounidenses. La operación encubierta, que habría durado alrededor de 16 meses, no prosperó por la negativa del piloto, pero abrió un nuevo capítulo en la escalada de tensión entre Washington y Caracas. Según el medio, el plan se originó cuando un informante acudió en abril de 2024 a la embajada de Estados Unidos en la República Dominicana y señaló que dos aviones vinculados a Maduro estaban en ese país para reparaciones. A partir de esa pista, un agente de Homeland Security Investigations (HSI) comenzó a trabajar el caso e intentar acercar al jefe de pilotos de Maduro. El agente se reunió con el piloto en hangares y por mensajes en aplicaciones encriptadas y le ofreció convertirlo “en un hombre muy rico” si desviaba el avión a un lugar donde las fuerzas estadounidenses pudieran detener al presidente. El piloto, identificado como el general Bitner Villegas, rechazó las ofertas. El operativo no avanzó y, posteriormente, el piloto fue mostrado en la televisión estatal venezolana como ejemplo de lealtad. Esta operación habría empezado meses antes de la llegada de Trump a su segundo mandato -incluso antes de que ganara las elecciones- lo que además de reafirmar la vocación eterna de todos los gobiernos de Estados Unidos por insistir en la injerencia sobre América Latina demuestra que los planes criminales contra Nicolas Maduro no son una innovación de Donald Trump. Este asunto trasciende en un contexto de presión sostenida de Estados Unidos contra Venezuela, que incluye sanciones, recompensas millonarias por la captura de su presidente, el desembarco del Comando Sur en el Caribe con la excusa insólita de detener el narcotráfico desde Venezuela -que según la misma DEA es prácticamente inexistente- y el bombardeo indiscriminado a barcazas con decenas de víctimas fatales. Trump insiste con la salida militar aún cuando el gobierno de Maduro le ofreció en bandeja PDVSA y otros recursos minerales venezolanos . El hecho de que el intento fallido salga a la luz demuestra las fisuras que hay en el gobierno de Trump y los cuestionamientos a la política de guerra que está desplegando sobre América latina. El informe de Associated Press se basa exclusivamente en fuentes norteamericanas -documentos internos, comunicaciones filtradas y entrevistas con fuentes vinculadas a las agencias yanquis-. Según AP, la historia comenzó a circular en Washington después de que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Departamento de Justicia se enteraran del operativo y cuestionaran su legalidad. Algunos agentes consideraban que el plan “excedía los límites de una investigación criminal” y podía violar leyes internacionales si se trataba efectivamente de una operación para capturar a un jefe de Estado. Uno de esos funcionarios, habría filtrado correos y registros de mensajes al equipo de investigación de AP. Además, el informe se publicó en un momento en que el Congreso estadounidense investiga los límites de las operaciones encubiertas de Homeland Security y su papel fuera del territorio nacional. Desde la agencia no negaron los hechos y solo se limitaron a afirmar que no cometen acciones que violen las leyes de Estados Unidos o el derecho internacional. En un apartado relacionado con este tema, el Jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, anunció su renuncia hace un mes -que se hará efectiva a fin de año- justamente por cuestionamientos sobre la legalidad de las acciones bélicas sobre el Caribe sin autorización del Congreso, luego de que el Pentágono aumentara a 10.000 las fuerzas en la región. Entre las cúpulas militares y los efectivos existe, por un lado, la duda sobre las garantías de impunidad tras el final del gobierno de Trump, y por otro, las consecuencias de un desembarco en Venezuela o un cambio de régimen por decapitación, lo que podría llevar a un nuevo Vietnam peligrosamente cerca, o a un estado de inestabilidad, violencia y crisis política permanente a lo Haití en el país que tiene las mayores reservas de petróleo convencionales del mundo. Mientras tanto, los ataques del Comando Sur sobre el Caribe y el Pacifico ya dejaron al menos 60 fallecidos. Cuatro nuevas barcazas fueron hundidas en los últimos días. Los cadáveres calcinados llegan a las costas de Trinidad y Tobago -cuyo gobierno, de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, es el único del CARICOM (Comunidad del Caribe) que apoya explícitamente la operación, argumentando que protege a su país de la violencia asociada a las drogas-. Esta situación tiene en vilo a los pescadores de la región, impedidos de trabajar sin el miedo de correr riesgo de vida. La escalada militar que no solo bombardea al Caribe sino que cuenta víctimas también en el Pacífico, amenaza expandirse, apuntando los cañones contra Petro, aunque en Colombia, un cálculo simple indica que les sería menos costoso un cambio de régimen por vía electoral. Diversas facciones de América Latina cercanas a Trump aprovechan la estocada, como el hijo de Bolsonaro que ya está pidiendo un bombardeo yanqui contra los narcos de las favelas . Además, atacando por otro ángulo, este jueves, Trump le canceló a México 13 rutas aéreas, trastornando el comercio y el turismo regional. El Cuerpo de Marines de Estados Unidos y las Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago están realizando ejercicios conjuntos entre el 26 y 30 de octubre. Fue la Cancillería trinitense la que informó que el destructor USS Gravely atracará en Puerto España, para robustecer a la flota yanqui que azota al Caribe. Trump apunta los cañones a una de las regiones del planeta que cuentan con un pobre pertrecho bélico para asegurarse una pelea que pueda ganar. Sin embargo, un escenario de guerra es disolvente, dificulta la explotación de los recursos y el comercio. Las consecuencias pueden ser catastróficas, incluso para sí mismo. LEER MÁS: “Cambio de régimen”: Trump habilita a la CIA a realizar ´operaciones especiales´ en territorio venezolano De la excusa narco al golpe de Estado. Por Joaquín Antúnez, 20/10/2025. Trump calienta los motores para dar un golpe militar contra Venezuela Las concesiones de Maduro para evitarlo han fracasado. Por Aldana González, 14/10/2025.

A través del Boletín Oficial, el gobierno anunció la aplicación de la ley 27.738 “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030” aprobada por consenso en octubre de 2023 a través de los “Lineamientos” desarrollados por el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Leandro Genua. En la ley original se mencionan 10 desafíos estratégicos, desde erradicar la pobreza, y la vulnerabilidad ambiental, Bioeconomía y biotecnología alimentaria, el desarrollo de la industria espacial e informática, cómo investigar el Mar Argentino para un uso sostenible y la transición energética. Si bien es una falacia de conclusión pensar que una ley de Ciencia pueda lograr por sí sola “erradicar la pobreza”, los Lineamientos que decreta Genua se apoyan en las interpretaciones que hace el gobierno liberticida, a saber, disponer del conjunto del aparato científico tecnológico estatal como un subsidio directo hacia el capital. En resumidas cuentas, los lineamientos estratégicos a abordar son cuatro, efectivamente los cuatro sectores que más divisas ingresan al país: Agroindustria, Minería y Energía, Economía del Conocimiento y la Innovación y Salud. Genua plantea que es necesario enfocarse sólo en estos 4 aspectos en términos de que el contexto global de “modificaciones en la composición y orientación de los flujos comerciales, financieros y tecnológicos” y una “demanda energética tanto en términos del consumo interno como en el comercio internacional” y que para ello es necesario financiar los aspectos que puedan “resolver vulnerabilidades internas al tiempo de responder a los desafíos globales”. Lo que está planteando el Secretario en sus lineamientos es un ordenamiento del sistema CyT estatal en el marco de los requerimientos del imperialismo, que pide como tributo del rescate al gobierno el conjunto de los bienes públicos que posee el Estado Argentino y convertirlos en commodities que favorezcan los mercados financieros de la deuda nacional, entre ellos ya se encontraba el Plan Nacional Nuclear. Para cada uno de los lineamientos se busca desarrollar las líneas que más rindan al capital, a saber: en Agroindustria busca promover la producción de alimentos, bioinsumos, aprovechamiento del Mar Argentino. En Minerales y Energía busca promover el uso eficiente de la energía, búsqueda y explotación de minerales y materiales fundamentales para la industria electrónica, energía nuclear y energías alternativas. En Economía del conocimiento e Innovación hace referencia a “ software y servicios informáticos, biotecnología, nanotecnología, audiovisual y videojuegos, servicios profesionales intensivos en conocimiento, robótica e industria 4.0.” y señala que dicha industria en 2024 se colocó tercera como generadora de divisas a nivel nacional, detrás de la agroindustria y el sector energético petroquímico. El principal punto que señala en este aspecto es la producción en el ámbito de la ciberseguridad y ciberdefensa. En Salud remarca y elogia que “según datos de la Encuesta sobre I+D del Sector Empresario Argentino (ESID) que realiza la Dirección Nacional de Información Científica, en la última década se registró una importante expansión de las actividades de investigación clínica. Esto ha dado lugar a la instalación en el país de diversas empresas o instituciones que ofrecen servicios de gestión de investigación clínica al sector farmacéutico (CRO). Las CRO articulan con centros de investigación, instituciones médicas, hospitales, clínicas, fundaciones u otros actores, los cuales llevan adelante las investigaciones. A diferencia del segmento de laboratorios, este conjunto de firmas es liderado por filiales de empresas multinacionales” Entre las tecnologías a priorizar señala que “Las tecnologías prioritarias son: Inteligencia Artificial y ciencia de datos, biotecnología, nanotecnología, robótica y automatización, TICs, tecnología nuclear, espacial y satelital, tecnologías médicas y bioingeniería, tecnologías cuánticas y tecnologías emergentes como la tecnología vestible ( wearables ) y las neurotecnologías.” Una vez más, el gobierno toma el pulso de los especuladores internacionales que encuentran en Argentina un pool de siembra que va eliminando las legislaciones ambientales, que envenena a la población local con agroquímicos. El mismo pulso señala que, en el marco de una guerra del imperialismo norteamericano con China, el primero buscó asegurar su propia cadena de suministros en materia de minerales, litio y tierras raras, como así también hidrocarburos que suministren a los mercados que son negados a Rusia. Las empresas de IA han puesto el ojo en Argentina y en su programa nuclear como un botín que permita continuar con el desarrollo de una industria que hoy tiene características más de burbuja financiera que de maquinaria productiva. La contracara del conjunto de estas medidas es la desarticulación de cientos de grupos de trabajo que investigan ciencias básicas y que no hacen a los intereses de la burguesía que hoy se vuelca la especulación financiera, y a los subsidios estatales para subsistir. Los trabajadores de la ciencia y tecnología todavía no han puesto su voz en este escenario de desguace o lo han hecho bajo experiencias orientadas por las autoridades de las instituciones que buscan su propio salvataje, adaptándose a las demandas del aparato liberticida o apostando a un recambio favorable en 2027, que los han llevado al inmovilismo. Abramos un debate sobre la profundidad de la crisis y la inviabilidad del sistema actual.

La Masacre de Río de Janeiro, con un saldo de 132 muertos, no puede ser considerada por fuera del contexto internacional, de la injerencia de Trump y su política de intervención en América Latina bajo la acusación de “narcoterrorismo” a todo opositor político a sus posiciones. Las primeras investigaciones oficiales sobre los eventos ocurridos en la madrugada del martes en los complejos Alemao y Penha, han confirmado la barbarie acometida por la policía. Los peritajes de los cuerpos evidencian signos de torturas, quemaduras, ejecuciones sumarias. Los jefes del operativo fingieron lamentar “una letalidad que se creía probable, pero no deseable”. Sin embargo, la megaoperación -que contó con la participación de 2.500 efectivos- y el traslado de los combates a la Sierra de la Misericordia fueron planificados previamente por las propias fuerzas policiales que interpusieron una “pared” de oficiales de élite, fuertemente armados, del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE). Las bandas criminales, que el gobernador Castro busca catalogar como narcoterroristas -en sintonía con Trump- están lejos de suponer una amenaza al monopolio estatal de la fuerza. Múltiples analistas políticos brasileños, así como expertos en delito, aseguran que estos grupos, si bien están fuertemente armados, no tienen comparación con una fuerza regular, ni siquiera con organizaciones armadas como las FARC. Los asesinados fueron mayoritariamente jóvenes reclutados en los barrios más pobres de Río al servicio de un oscuro entramado delictivo. Jóvenes que combatían en ojotas y sin remera fuerzas de élite policial que los torturaron y asesinaron en la oscuridad de un monte. El principal objetivo del operativo era detener al capo narco “Doca”, que todavía se encuentra prófugo. La policía, en un operativo que demoró interminables horas, citó a los familiares para reconocer los cuerpos en los hospitales cercanos a las favelas – el IMF y el Hospital Getulio Vargas-. La situación terminó en represión ante el malestar de las familias por las demoras y la negativa a entregar los restos. El operativo policial fue vitoreado por la ultraderecha brasileña como el modelo a imitar en todo el país. En las últimas horas, fue replicado en San Pablo por Tarcisio de Freitas, aunque en este caso, se trató de una acción sumamente medida –arrojó sólo una víctima mortal y un herido-. El operativo buscaba ejecutar órdenes de detenciones de la banda más imponente de Brasil: el Primer Comando Capital (PCC). A diferencia de las operaciones en Río, los destinos fueron barrios cerrados y urbanizaciones de ricos, donde viven los capos del delito. La operación, ampliamente publicitada, sin embargo, no logró encontrar a los principales implicados. Se sospecha que ninguno de ellos vive en Brasil. La violencia vista el martes en Río, conocida en las jornadas de miércoles y jueves, ha llevado a reactivar causas contra el gobernador Claudio Castro por abuso de poder político y económico, que se encuentran en la última instancia judicial, en manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), e involucran al presidente del Parlamento regional, Rodrigo Bacellar. Al mismo tiempo, el juez Alexandre de Moraes, ha solicitado a Castro que se presente el próximo lunes 3 de noviembre ante el Tribunal Supremo Federal a declarar y dar cuenta sobre el operativo del martes, bajo riesgo de acusación de violar los derechos humanos. La ofensiva de la ultraderecha cuenta con un aval de Trump. Lula, por su parte, ha tomado distancia de las polémicas públicas con Castro. Ha firmado una resolución presidencial que eleva la protección a fiscales y policías. La derecha ha montado una operación política en su contra. El contraste político entre los dichos de Lula y la “cautela” oficial en sus declaraciones y acciones, contrasta con las de los dirigentes de base en las barriadas asediadas por la violencia narco y policial. Las denuncias de los delegados barriales en Alemao y Penha expusieron una situación de crisis humanitaria en las favelas. Por otro lado, la iniciativa de Castro busca esconder una profunda fractura política en las filas del bolsonarismo y la lucha intestina por la candidatura para enfrentar a Lula en 2026. Castro, una figura en declive, es catalogado como un oportunista por la prensa brasileña. De ahí, las acusaciones que ubican al megaoperativo como una acción electoral en favor de su política de mano dura. Las intenciones de Castro, egoístas y oportunistas, no están en juicio. Lo que debe ser caracterizado es el alcance político de este globo de ensayo ejecutado por los círculos bolsonaristas contra el gobierno nacional. Diversas investigaciones, aparecidas en Folha de Sao Paulo, denuncian que las autoridades militares nacionales ocultaron el operativo al gobierno nacional; también se denuncia la filtración del operativo al Comando Vermelho. Las irregularidades se multiplican rápidamente. La descomposición social y política de Brasil busca ser aprovechada por una banda cívico militar de delincuentes para alinear al país más grande de América Latina en una empresa de rapiña internacional. No pueden entenderse de otra manera las súplicas de Flavio Bolsonaro (hijo) a Donald Trump para que bombardee las costas de Brasil. LEER MÁS: El bolsonarismo irrumpe en las favelas de Río de Janeiro con los métodos de la guerra civil La guerra del narcotráfico contra el gobierno de Lula. Por Joaquín Antúnez, 29/10/2025.

Según Forbes (27/10), los milmillonarios están financiando desesperadamente al candidato “independiente” Andrew Cuomo, bajo la consigna “Cualquiera, menos Mamdani” para la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Cuomo -ex gobernador del Estado de Nueva York, cargo al que se vio obligado a renunciar en medio de escándalos de acoso sexual- se había presentado como candidato en el Partido Demócrata, en una interna en la cual era el favorito. Sin embargo, perdió esa elección primaria por 13 puntos y luego decidió lanzarse como candidato “independiente” – es en realidad el candidato más dependiente de los súper ricos. “‘Multimillonarios como Bill Ackman y Ronald Lauder han invertido millones de dólares en esta contienda porque dicen que representamos una amenaza existencial’, declaró Mamdani en un mitin el 13 de octubre. ‘Estoy aquí para admitir algo: tienen razón’”. “Pero, aunque estos dos multimillonarios fueron mencionados por el favorito para la alcaldía, no son los únicos multimillonarios que abren sus considerables alcancías para oponerse a Mamdani. De hecho, 26 multimillonarios y miembros de familias multimillonarias de todo el país han invertido al menos 100,000 dólares cada uno en apoyar a Cuomo (ahora postulándose como independiente) o a uno de los otros candidatos que se postulan contra Mamdani, según un análisis de Forbes. En total, estos multimillonarios han donado más de 22 millones para respaldar campañas de la oposición, inundando las ondas de radio y los buzones de los residentes de la Gran Manzana con mensajes anti-Mamdani”. A la campaña contra Zohran Mamdani se han sumado tanto magnates “liberales” (progres) como conservadores e incluso pro-Trump. Según otras fuentes, estos datos se quedan cortos, y la cifra de los aportes de los multimillonarios para campañas pro-Cuomo o anti-Mamdani ya superan los 40 millones de dólares. La elección en la ciudad más grande de Estados Unidos, centro del capitalismo mundial, se ha convertido en un plebiscito no sólo respecto a Trump sino también respecto al establishment Demócrata. Mamdani ganó las primarias hace unos meses, en una campaña sorprendente en la que logró movilizar decenas de miles de voluntarios y llevar a votar a muchas personas con escaso interés en la política. Incluso logró una gran votación en zonas de la ciudad que se habían volcado al voto a Trump en las presidenciales pasadas. Los principales referentes de la elite Demócrata han sido renuentes a pronunciarse a favor de Mamdani, aunque a último momento aparecieron algunas adhesiones con muy escasa convicción ante lo que aparece como una inminente victoria del candidato del ala izquierda. Por ejemplo, la gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul, catalogada como “centrista” y afín a las grandes empresas, finalmente lo apoyó e incluso habló en el acto de cierre de campaña. Hochul busca la reelección como gobernadora. Uno de los últimos en pronunciarse fue el líder de la oposición en la cámara de representantes, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), pocas horas antes de la elección: “Zohran Mamdani se ha enfocado incansablemente en abordar la crisis de la vivienda asequible y se ha comprometido explícitamente a ser un alcalde para todos los neoyorquinos, incluyendo a quienes no apoyan su candidatura”, afirmó. “En ese sentido, lo apoyo a él y a toda la lista demócrata para la ciudad en las elecciones generales”. Jeffries es probablemente el congresista que más dinero ha recibido de parte de AIPAC, el lobby pro-Israel, y sufre un ataque sistemático de los sectores juveniles de su propio partido por su complicidad con Netanyahu. El apoyo a Mamdani, cuya victoria está asegurada, tiene el propósito de cooptar al ganador. Quien se ha negado a pronunciarse es el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, precisamente Senador por NY y otro de los principales sionistas del Congreso. Consultado si votaría a Mamdani no contestó y dijo: “Miren, la conclusión es muy simple. Tengo una buena relación con él y seguimos conversando”. Mamdani integra el grupo de los “Demócratas Socialistas”, como Alexandria Ocasio-Cortez (representante desde 2019 de un distrito de Nueva York) - una corriente interna del Partido Demócrata. El senador por Vermont Bernie Sanders, aunque no integra formalmente el PD sí coordina con su bancada en el Senado, apoyó, en 2016, a la Demócrata Hillary Clinton – una representante del establishment imperialista, apoyada por Wall Street. Desde entonces, Sanders se ha volcado aún más a la unidad con la elite “liberal” del PD, bajo la tesis de construir un partido dentro del partido. De esta forma, el PD se presenta como una especie de “frente popular” donde los representantes “socialistas” de los trabajadores y sectores populares se alían a los representantes políticos del capital financiero, y donde obviamente los cabecillas del partido están enteramente alineados con los magnates y el complejo militar-industrial estadounidense mientras que los representantes “socialistas” son apenas un adorno, a veces molesto y mayormente útil como un rastrillo electoral de votos de izquierda. La elección de la alcaldía de Nueva York aparece para esta ala izquierda como una oportunidad para disputar la conducción a la elite demócrata en un cargo de gran relevancia y de fuerte impacto mediático que impacta en todo el país. Sanders fue alcalde, pero no de una ciudad de la relevancia de Nueva York, y su mandato no tuvo el impacto nacional que se plantea ahora. Desde los mega ricos y el propio trumpismo se ha buscado evitar la división del voto anti-Mamdani. Ya tras las primarias demócratas, por ejemplo, el especulador inmobiliario Scott Rechler había llamado a un acuerdo entre Cuomo y el actual alcalde Adams, para que “no dividan el voto centrista” (NYT, 25/6). En el mismo sentido han existido presiones desde el propio gobierno, tanto sobre Adams como sobre el Republicano Sliwa, que estaban muy por detrás en la contienda. Adams finalmente cedió a las presiones y abdicó de su candidatura, aunque Sliwa se negó retirarse (probablemente no supere el 10%). Tras ganar las primarias, Mamdani ‘moderó’ su discurso, y ha buscado apaciguar a sectores empresariales. Ha realizado concesiones importantes, como prometer que mantendrá en su cargo a la comisionada de policía nombrada por el alcalde Adams, a la que Mamdani ha incluso elogiado por combatir la corrupción policial, aunque reconoció que “aún no he tenido una conversación con ella al respecto”. Se trata de Jessica Tisch, heredera de una familia mega rica y políticamente más bien orientada a la “mano dura” en cuestiones de seguridad. Según CNN (26/10), “A lo largo de la campaña, Mamdani ha moderado algunas de sus posturas más controvertidas sobre la actuación policial, distanciándose de su anterior llamamiento a desfinanciar a la policía y disculpándose por haber calificado a los agentes de policía de ‘racistas’ y ‘malvados’”. La posibilidad de que Tisch acepte continuar en el cargo “Es una suposición arriesgada por parte de Mamdani, cuyas opiniones sobre la aplicación de la ley difieren significativamente de las de Tisch”, según CNN. Trump ha intervenido fuertemente en esta elección, acusando a Mamdani de “comunista” y amenazando con intervenir Nueva York si este ganaba en la elección, algo que cobra mayor verosimilitud si se tiene en cuenta que ha tomado el control de la ciudad de Washington DC, además de enviado a las tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles y Chicago, entre otras ciudades controladas por alcaldes demócratas. La amenaza de Trump ha convertido a Mamdani en el candidato anti-Trump, y esta elección es un banco de prueba respecto a la capacidad del presidente de hacer arrodillar a esta enorme Ciudad. La alternativa entre Mamdani y Trump (a través de los candidatos Cuomo y Sliwa) marca una gran polarización política que refleja la polarización social creciente en la principal metrópolis imperialista. La cuestión del genocidio en Gaza se convirtió ya en las primarias de junio como un tema neurálgico, con Cuomo acusando a Mamdani de “antisemita”. Andrew Cuomo se había integrado ya en 2024 en el equipo legal que defiende a Netanyahu respecto los cargos en su contra por crímenes de guerra. Mamdani ha afirmado que si es alcalde ordenará el arresto de Netanyahu en caso que este visite Nueva York. La acusación de antisemitismo ya no es suficiente, en gran medida porque la base electoral Demócrata está en forma aplastante con los palestinos y repudia el genocidio israelí -incluso entre los jóvenes que se identifican con los Republicanos ha crecido exponencialmente el rechazó a Israel. Ahora Cuomo y los trumpistas han lanzado ataques al candidato demo-socialista por su condición de musulmán. Cuomo mencionó en una entrevista que no sería bueno que Mamdani fuera el alcalde si sucedía algo similar al atentado de las Torres Gemelas del 9/11, y festejó el comentario del entrevistador diciendo que si eso sucedía seguramente Mamdani festejaría el atentado terrorista. En los últimos días de campaña el eje ha sido la islamofobia, buscando presentar al candidato demócrata como “jihadista islámico” o afín al terrorismo. Este encare en el último tramo preelectoral muestra en cierta medida la desesperación ante la inminente victoria de Zohran Mamdani. En los debates televisivos entre los tres candidatos que se mantienen en la pugna por el voto neoyorquino, Mamdani quedó mejor parado. El eje de Sliwa era que el candidato favorito no podría gobernar con la oposición de Trump y sin un fuerte respaldo del PD, por lo que en el mejor de los casos sus promesas quedarían por el camino. Cuomo afirmó que él sí podría manejar a Trump, y cuestionó a Mamdani por su falta de experiencia. Las respuestas de Mamdani fueron en general contundentes, exponiendo lo que la “experiencia” de Cuomo significaba, en cuanto a los acosos sexuales a mujeres, mal manejo de la pandemia, y recortes a gastos sociales. El candidato de los Demócratas Socialistas colocó el eje en sus planteamientos reformistas: congelar los alquileres de dos millones de viviendas, establecer guarderías gratuitas para todos los niños, autobuses gratuitos y más rápidos (en tanto no se demora en cobrar ticket), logrando en general un importante impacto. El cierre de campaña de Mamdani fue en un gran acto en el barrio de Queens, ante 13.000 personas, en el que hablaron tanto Alexandria Ocasio-Cortez como Bernie Sanders. También hizo uso de la palabra la gobernadora demócrata Kathy Hochul en un incómodo discurso en el que se equivocó cuatro veces al nombrar al candidato de su partido, e intentó coquetear con sus promesas electorales (que ella no llevó ni pretende llevar a cabo en el resto del Estado), y enfrentando cierta hostilidad de los presentes según el New York Times (27/10), que la interrumpieron al grito de “¡Impuestos a los ricos!”. Mamdani dijo que la larga lucha en solitario de Sanders lo había animado a lanzarse a la política. Bernie Sanders viene levantando un planteamiento de lucha “anti-oligárquica” y “anti-autoritaria”, bajo la denuncia de que los mega ricos controlan el sistema político. Sanders plantea como salida una modificación de las leyes que permiten el financiamiento político por parte de los multimillonarios, bajo la idea de un retorno a épocas pasadas de un capitalismo “más democrático”. Los impuestos a los multimillonarios ya existieron, así como la limitación al financiamiento de los políticos por las grandes empresas y los magnates, y eso no ha impedido la evolución del capitalismo y del régimen político hasta la situación actual. Por otra parte, los mega ricos, aunque tienen comprados a la mayor parte de los políticos, vienen impulsando el proceso trumpista de modificación del régimen político, apoyando una dictadura que cada vez más avanza en un curso al fascismo. Mamdani hizo fuertes advertencias en su discurso respecto al futuro y los ataques que recibirá en caso de triunfar. El candidato demo-socialista sin embargo no plantea cómo va a enfrentar esos ataques, la ofensiva del ICE y la militarización de la ciudad por parte de Trump, ni en general todo el curso del país hacia una guerra civil, que no puede ser resuelto a través de los métodos parlamentarios ni las componendas con el Partido Demócrata del imperialismo. “No nos doblegaremos, no nos acobardaremos, triunfaremos sobre los oligarcas y devolveremos la dignidad a nuestras vidas”, aseguró Mamdani en su discurso de cierre. Las encuestas muestran al candidato de izquierda superando a Cuomo por al menos 10 puntos, con una enorme ventaja sobre todo entre los menores de 45 años. Enfrentar la tendencia al fascismo y la militarización requiere la apelación a la acción de masas, no componendas y discursos parlamentarios. Un triunfo de Mamdani será recibido como una bofetada contra Trump, el sionismo y la guerra imperialista, y animará seguramente a los sectores más combativos, especialmente a la juventud. LEER MÁS: Masivas manifestaciones anti-Trump ...y un llamado a la huelga general del Alcalde de Chicago. Por Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay), 21/10/2025. Terremoto político en Nueva York La victoria electoral de un candidato que presenta un programa de reformas populares y llama a “globalizar la intifada”. Por Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay), 27/06/2025.

La masacre perpetrada por la Policía Militar y Civil en dos favelas de la ciudad de Río de Janeiro ha hecho ingresar la agenda del combate al “narcoterrorismo” al estado brasileño. Esta definición convierte al negocio del tráfico de drogas en una cuestión de seguridad nacional. Bajo esta rúbrica, Donald Trump se apresta a ordenar el bombardeo de instalaciones militares en Venezuela. Anteriormente, se había adjudicado el derecho de atacar militarmente a los cárteles que operan en México dentro del territorio de ese país. La amenaza se ha extendido a Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, ha sido calificado de narcoterrorista y sancionado con la prohibición del uso de medios de pago en dólares a nivel internacional. A partir del asalto, el miércoles pasado, a las favelas Alemão y Penha, Brasil, el principal país de América Latina, ha entrado en ese circuito ‘geopolítico’. El saldo fue de más de sesenta personas asesinadas (algunas decapitadas), luego de su detención. Los muertos en esta operación superan las 120 personas. El terrorismo de estado se ha hecho cargo del ‘combate’ contra el narcoterrorismo. La Defensoría de Río de Janeiro ha reclamado que se le entreguen las cámaras de la zona y denuncia el retiro de los cadáveres del lugar, para alterar las pericias, cuyo volumen sería muy alto. El asalto a las dos comunidades fue planificado, según informaciones de La Nación, desde hace un año. El Gobierno Federal y las Fuerzas Armadas fueron mantenidos al margen de esta operación para evitar que intervinieran para bloquearla. Esto convierte al operativo en una acción paraestatal y paramilitar ejercida por un estado de la Federación brasileña. Se utilizaron las fuerzas del estado carioca, bajo la dirección del gobernador bolsonarista Claudio Castro. El Comando Vermelho, objetivo de la operación, obtuvo el conocimiento de lo que se venía con cuatro días de anticipación, un “vazamento” de acuerdo a la Folha de São Paulo, efectuado por narcos infiltrados en las organizaciones policiales. El objetivo oficial del asalto, declarado después de la masacre, era la captura de Edgardo Alves de Andrade, el “Doca”, el jefe en libertad del CV. Todo indica que la versión es parte de una operación de desinformación para justificar el propósito del asalto –una acción terrorista de estado-. El “Doca” logró, sin embargo, fugarse, no sin haber dejado preparada una resistencia, que incluyó ataques con drones desde el aire. Luego de los hechos, el Tribunal Superior Electoral ha reabierto una causa de 2022 por “abuso de poder” contra el gobernador Castro. De ser condenado, deberían convocarse a nuevas elecciones en el estado de Río de Janeiro. El sigilo de la operación, con el propósito expreso de apartar al presidente Lula y al estado nacional, no impidió, según los medios periodísticos, que llegara al conocimiento de las fuerzas de Seguridad nacionales, que no la compartieron con las autoridades políticas correspondientes. El sigilo había penetrado en los escalones más altos. Claudio Castro y los gobernadores filobolsonaristas cuestionan como insuficiente la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) enviada por Lula al Congreso, acerca de la Seguridad Nacional, en cuanto a establecer un estado policial. Lo acusan de responsable del aumento de la llamada seguridad pública. Después de la masacre han formado un “Consorcio de la Paz”, que plantea “(que) los estados actúen conjuntamente, con sede en Rio, para compartir información, equipo y tropas, así como reunir todos los recursos necesarios, incluso armar a la policía de tránsito –algo que está expresamente prohibido-. El “Consorcio” agrupa a los gobernadores de los estados de Río, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul y el Distrito Federal. Se trata de una clara fractura del estado federal y una suerte de ‘doble poder’ entre los gobernadores, de un lado, y el Poder Ejecutivo y, hasta cierto punto, el Congreso nacional, por el otro. Quienes no ven en este operativo la mano del ‘trumpismo’, señalan que tiene lugar cuando Lula y Trump arriban a un acuerdo arancelario y el Senado norteamericano vota la derogación de los aumentos de aranceles contra Brasil establecidos por decreto por Trump. No ven, sin embargo, una ‘conspiración’ internacional cuando todo el ataque a la favelas ha tenido el carácter de una conspiración política abierta. Un ‘apaciguamiento’ en el frente del comercio exterior podría responder a la intención de dejar las manos más libres para los gobernadores golpistas y, también, para neutralizar una reacción contra el inminente ataque a Venezuela. En la primera reacción a la masacre, anunció “la conformación de una oficina conjunta entre las autoridades nacionales y locales para enfrentar el crimen organizado”. En Río de Janeiro, sin embargo, los comandos narcos son sólo una parte de la organización del crimen organizado; la otra parte la constituyen las “milicias”, las organizaciones parapoliciales de corte bolsonarista; dominan un territorio equivalente al de los comandos narcos. Lula ha preferido ignorar el movimiento golpista que envuelve lo ocurrido, para repetir que "su administración no puede aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando drogas y violencias por las ciudades” (La Nación, 31.10). Lula, sin embargo, sabe mejor que nadie que la vida económica de Río está dominada por el lavado de dinero en la Bolsa y en los grandes emprendimientos inmobiliarios; sin el tráfico del CV, el Primer Comando de la Capital o el Comando puro, los grandes negocios de la “cidade maravilhosa” (y no sólo de ella) entrarían en quiebra. El acuerdo arancelario con Trump le ha nublado la vista a Lula y llevado a capitular ante los golpistas. Es que la ultraderecha enfrenta una encrucijada en Brasil. El 8 de enero 2023 fracasó la tentativa golpista de Bolsonaro por la oposición de los altos mandos de las Fuerzas Armadas; luego fracasó el intento de decapitar al Tribunal Superior de Justicia, para impedir la condena a Bolsonaro y a los mandos militares bolsonaristas, en especial al general Augusto Heleno. Las movilizaciones fascistas de masas, en Brasil, no alcanzan para torcer este rumbo sin el acuerdo de los mandos militares. El “Consorcio por la Paz”, por un lado, y el terrorismo de estado contra el narcotráfico, buscan remediar esas limitaciones e insertar al golpismo en la política de Trump. El bombardeo norteamericano contra instalaciones militares de Venezuela va a estremecer toda la política latinoamericana. Trump viene de reunirse con Xi Jing pin, donde la cuestión de las intenciones contra Venezuela debe haber estado arriba de la mesa. La agresión contra Venezuela está descontada por las llamadas grandes potencias, que se limitarán a un reparto de los despojos. Javier Milei acaba de poner a Argentina, en la ONU, en el campo del bloqueo a Cuba, como no lo había logrado el año pasado. Para él y para Trump, Cuba es un “estado terrorista”; el Congreso de Argentina, encantado por el salvataje de Bessent, no se pronunciado contra este voto, ni lo hará mientras discuta con Caputo la autorización a que los gobernadores puedan financiarse en el exterior para emprender sus negociados de obras públicas. La masacre en las favelas brasileñas es un poderoso llamado de atención. Es necesario una urgente discusión en los lugares de trabajo y estudio para convocar de inmediato a una acción de masas en Argentina contra las provocaciones y guerras del imperialismo norteamericana, con el propósito último de transformarlas en revolucionarias. Está fresco el bloqueo del peronismo y el kirchnerismo, de la CGT y la FUA y FUBA, a la movilización contra el genocidio en Gaza. En Brasil se habla de un genocidio en las favelas. Fuera los masacradores y genocidas de América Latina y del mundo entero. LEER MÁS: El bolsonarismo irrumpe en las favelas de Río de Janeiro con los métodos de la guerra civil La guerra del narcotráfico contra el gobierno de Lula. Por Joaquín Antúnez, 29/10/2025.

El peronismo viene sufriendo sangría de votos del 2015 a la fecha. En 2023 la división de la derecha le dio el triunfo a Kicillof, que gana la gobernación con 4.300.000, mientras el PRO sacó 2.500.000 y LLA 2.300.00, sumados da 4.800.000. La foto de las elecciones de septiembre da cuenta que el peronismo con Kicillof a la cabeza sacó 3.800.000 votos, medio millón menos con los que se hizo de la gobernación y el 26 de octubre perdió 300.000 votos más. A estos números hay que sumarle la campaña vacía (“Ponerle un freno Milei”) que llevó adelante el peronismo. Esto se entiende, en parte, por la falta de programa ante la crisis en curso, y, por ende, de estrategia, que los liberticidas si tienen. El domingo pasado la derrota del peronismo, en especial en la provincia de Buenos Aires, puso sobre la mesa la precariedad de la alianza tejida entre Cristina Fernández, Axel Kicillof y Sergio Massa, y brotó la interna, traducida en crisis política en la mayor fuerza de oposición que tiene el gobierno de Milei. Una manifestación de la “grieta” hacia dentro del peronismo, se dio el lunes por la mañana cuando la sedes del PJ nacional y provincial aparecieron empapeladas de carteles contra la conducción partidaria ejercida por los Kichner, en los que se podía leer “El Partido Justicialista no es tu monarquía”, Basta de herederos y bendecidos”, “Devuelvan el PJ de PBA a los peronistas”, “Apertura ya del PJ nacional a los peronistas”. Todo hacía indicar que luego de la victoria del 7 de septiembre, en la que le peronismo le sacó 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, sumado a los tiros en los pies que se dieron los libertarios en los cincuentas días que mediaron entre una elección y otra, el camino a una nueva victoria estaba asfaltado con pétalos de rosas, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional. Al ir conociéndose los datos que colocaban a Taiana por debajo de Santilli, la disputa entre kicillofistas y cristinistas se abrió curso rápidamente en el bunker de Fuerza Patria de La Plata. Del lado del gobernador apuntaron al armado de la lista llevado adelante por CFK, mientras que los camporistas reprocharon el desdoblamiento de las elecciones decidido por Kicillof. Del riñón del gobernador salieron a vociferar que “Menos mal que desdoblamos, sino todo hubiese sido peor. Y alguien se va a tener que hacer cargo del armado de las listas, que no cautivaron a nadie”, apuntando a Taiana y Grabois, que lejos estuvieron de mover el amperímetro. Desde el staff del camporismo, encabezado por Máximo Kirchner y Mayra Mendoza, reprocharon no haber escuchado el mando de su lidereza, “Cristina tenía razón, no había que desdoblar.” El punteo previo realizado desde las usinas peronistas le daban a LLA el triunfo en siete provincias. Pero los cálculos fallaron y las derrotas en Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Misiones y Corrientes, tomaron otra envergadura. En Santa Fe, CABA, Tierra del Fuego y Mendoza, el peronismo salvó la ropa. En las 8 provincias en las que se elegían senadores, solo se impuso en dos, en Santiago del Estero, con Gerardo Zamora a la cabeza, aliado permanente del PJ a nivel nacional y en Río Negro, en la que el exministro de Justicia Martín Soria se impuso a la narcodiputada Lorena Villaverde en la categoría a senadores, perdiendo en diputados. El peronismo también se impuso en distritos en los que iban de punto, como San Juan y la “kirchnerista” Santa Cruz. Mientras tanto en Tucumán (Jaldo), Catamarca (Jalil), La Rioja (Quintela), La Pampa (Zillotto) y Formosa (Insfrán), el PJ logró imponerse. En un principio dirigentes y periodistas cercanos al campo “nacional y popular” atribuyeron la derrota nacional por 10 puntos al voto antiperonista. Este análisis fue virando, poniendo la responsabilidad en la influencia del voto antikirchnerista, convirtiéndose en un misil teledirigido a la conducción de CFK, lo que, según dirigentes peronistas, marcaria el final de una etapa. Un lugarteniente de Kicillof señaló que CFK “armó una lista para perder. Sin presencias territoriales y con malos candidatos.” Del norte también bajaron cuestionamientos hacia la exmandataria. Gustavo Sáenz, gobernador de Salta y uno de los firmantes del Pacto de Mayo y que hace propia la política liberticida en su provincia, apunto contra CFK y la acusó de querer “convertir al PJ en una pyme familiar”, después de las intervenciones malogradas del partido en Salta, Jujuy, Misiones y Corrientes. Luego de conocerse los resultados de las elecciones Sáenz señalo que "vino la señora e intervino el Partido Justicialista, así le fue en las provinciales y ahora se quedó sin nada en las nacionales” (LPO 27/10), y agregó que "tenía un diputado nacional, ya no lo tiene, tenía dos senadores nacionales y ya no los tiene", dando cuenta de la debacle pejotista. El espacio de Sáenz, Primero los Salteños quedó segundo a cinco puntos de LLA, mientras Fuerza Patria, quien llevaba a primer candidato a senador a Juan Manuel Urtubey, obtuvo un cómodo tercer puesto con el 12 % de los votos y quedándose sin representación parlamentaria de la provincia. La candidatura de Urtubey fue urdida por el interventor del PJ salteño, Sergio Berni, en “una suerte de estrategia para capturar al electorado de Sáenz y desplazar a Leavy, fundador del Partido de la Victoria en Salta en 2003, kirchnerista de la primera hora y exintendente de Tartagal” (ídem). En Jujuy, en donde la intervención del PJ está bajo la batuta de Aníbal Fernández, el peronismo quedó tercero detrás de los libertarios y los radicales. Igual suerte corrió la intervención en la provincia de Misiones, en donde Fuerza Patria terminó a 30 puntos de LLA. Quienes sacaron pecho son los intendentes del conurbano. Gastón Granados, intendente de Ezeiza apuntó que la derrota "es un mensaje para nuestros dirigentes nacionales que tienen que entender que somos los intendentes quienes tenemos los votos." Según LPO los jefes comunales Federico Otermin (Lomas), Granados (Ezeiza), Federico Achaval (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente) se reunieron con el gobernador y le manifestaron que no responden a La Cámpora y que quieren jugar en la futura conformación de la conducción partidaria de la provincia. Kicillof los invitó a sumarse a Movimiento Derecho al Futuro (MDF), lo que fue rechazado por los intendentes, que quieren posicionarse como una opción de “centro” hacia dentro del PJ. A estos movimientos y enfrentamientos hacia dentro del PJ y sus orillas hay que sumar a los tres candidatos que fueron por fuera de Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires y que acumulados sumaron 300.000 votos: Santiago Cúneo, Alberto Samid y Fernando Gray, que por diferentes motivos cuestionan la conducción de CFK y se acercan a Kicillof, quien busca aislar al kirchnerismo y camporismo. En esta línea de acción el gobernador bonaerense también busca el apoyo de la burocracia sindical de la CGT y de la CTA, plasmado en el acto homenaje a Rucci realizado el 20 de octubre pasado realizado en la sede de la CGT regional La Plata. La crisis en la que está sumido el peronismo deja a las claras la colaboración con el gobierno liberticida en su plan de ajuste, dejándole hacer el “trabajo sucio”, es decir hacer pasar las reformas laboral, jubilatoria e impositiva. La “táctica” de esperar el “derrumbe económico del gobierno es una característica de la inmovilidad y la pasividad, lo que suma al desgaste” . La guerra fratricida en desarrollo acentuara esta tendencia, robusteciendo su adaptación a la hoja de ruta demarcada por los liberticidas, “base de su fragmentación en múltiples camarillas” (ídem).

La decisión de Amazon de recortar miles de empleos corporativos encendió una señal de alarma para los trabajadores norteamericanos. Lo que comenzó como un ajuste interno ahora parece una señal de largada para reducir costos reemplazando trabajadores con Inteligencia Artificial (IA) en forma masiva. Según confirmó la propia compañía, más de 14.000 trabajadores de oficina —ingenieros, administradores y personal de áreas de soporte— perderán su empleo en los próximos meses. Pero fuentes citadas por Reuters aseguran que el número real podría llegar hasta 30.000 despidos, cerca del 10 % de la plantilla corporativa global. La medida no afecta, por ahora, al personal de almacén ni a los repartidores, aunque según The New York Times, el proceso de automatización en esos sectores también avanza sin pausa. En su comunicado oficial, Amazon justificó los despidos en la necesidad de “invertir en nuestras apuestas más grandes” y de construir una organización “más ágil, con menos capas y más propiedad”. Amazon ya se planteó que podría prescindir en el futuro de 600.000 trabajadores del área de logística reemplazándolos por robots, según documentos internos citados por The New York Times. La empresa estima que los robots podrían realizar hasta el 75 % del trabajo actualmente desempeñado por humanos en sus centros de distribución. Durante la pandemia, Amazon contrató masivamente para responder al aumento del comercio electrónico. El número de empleados globales superó los 1,6 millones. Ahora, con la recesión y la presión de los inversores para maximizar ganancias, destruyen puestos de trabajo. Pero no se trata solo de un reajuste de mercado, sino un cambio estructural en función de las ventajas que la IA le otorga a la productividad. Actualmente, Amazon, fundada por Jeff Bezos, emplea a más de 1,55 millones de personas en todo el mundo, según los registros de la compañía. El ajuste se enmarca en una tendencia más amplia de reducción de personal en grandes empresas estadounidenses. La tendencia de recortes en empleos de oficina se extiende a otras grandes tecnológicas, incluso en un contexto de máximos históricos en las cotizaciones bursátiles que inflan una gran burbuja financiera que durante el 2025 ayudó a Trump a matizar los números del derrumbe económico norteamericano. Según el sitio layoffs.fyi, las empresas tecnológicas han anunciado cerca de 130.000 despidos en lo que va del año. Microsoft anunció que recortará aproximadamente 7.000 empleos, lo que representa cerca del 3 % de su fuerza global, Autodesk comunicó una reducción del 9 % de su plantilla global —unos 1.350 empleos— orientada a reasignar recursos hacia IA, nube y soluciones de plataforma. United Parcel Service informó que ha recortado aproximadamente 14.000 cargos directivos en los últimos 22 meses, mientras que Target comunicó la eliminación de 1.800 empleos corporativos. Otras compañías, como Rivian Automotive, Molson Coors, Booz Allen Hamilton y General Motors, también han notificado despidos masivos, según información publicada por The Wall Street Journal. De acuerdo con estimaciones de Goldman Sachs citadas por CNBC, entre el 6 % y el 7 % de los trabajadores estadounidenses podrían perder su empleo debido a la implementación de IA. Un informe del Stanford Digital Economy Lab detectó que la contratación de personal de entrada en “puestos expuestos a IA” ha caído un 13 % desde la proliferación de los modelos de lenguaje generativo. Según estimaciones más amplias, el sector tecnológico ya acumula más de 180.000 despidos en 2025 hasta la fecha, y se estima que alrededor del 27 % de estas reducciones están directamente vinculadas a roles sustituibles o altamente afectados por IA o automatización. Las grandes Tecnológicas, las que vienen “ganando” expulsan trabajadores mientras la guerra comercial amenaza con el uso de la fuerza bélica por la puja por los mercados de consumo y los insumos, y la deuda de los hogares –que reemplazan la falta de ingresos con créditos– crece a la par de las deudas soberanas. A quién le va a vender Amazon si las empresas siguen generando desocupados es una de las contradicciones que el capitalismo no tiene manera de resolver. La IA puesta al servicio del desarrollo social común y no de la ganancia capitalista -como cualquier otra fuerza productiva- sería un aliado para liberar horas de trabajo en función de la emancipación humana.

La gestión de la carrera de Letras, en la última sesión de Junta Departamental, aprobó con el apoyo de la mayoría de profesores y graduados el cierre de la cátedra de gramática “c” (Borzi). El tratamiento fue exprés y a espaldas del conjunto de docentes y estudiantes de la carrera. Las razones esgrimidas fueron, por un lado, la jubilación de la titular y, por el otro, que ya existen otras dos cátedras que dictan la materia, aunque ninguna con el enfoque específico de la cátedra Borzi. Ninguna de estas razones justifica el cierre. De esta manera, al menos 8 docentes de esa cátedra tendrían que concursar por nuevos cargos en las otras dos que siguen en pie, de pretender mantener un cargo. Fue la “solución” propuesta por la gestión, luego del hecho consumado, ante el reclamo de que dejaba en la calle al cuerpo docente de la cátedra cerrada. Se trata de algo improbable, dado la cantidad de profesores y el laberinto burocrático del concurso. El cierre de esta cátedra se suma a la eliminación de la materia alternativa Epistemología (cátedra Glavich) del nuevo plan de estudios de Antropología. Ambos casos expresan el profundo ajuste que lleva adelante la gestión K de la facultad y las camarillas de los distintos departamentos (recorte de horarios, arancelamiento de cursos de extensión) a la par que introducen títulos intermedios y tecnicaturas con títulos devaluados. Es claro entonces que la “preocupación” de la gestión por la matrícula y por la “educación pública de calidad” es una impostura. El cierre de cátedras significa menos horarios de cursada y, por lo tanto, deserción y baja de la matrícula; también deja docentes sin cargos y repercute en la pluralidad de perspectivas y contenidos dictados, lo que resiente la mentada “calidad”. Esa es la universidad que “defiende” la gestión de Filosofía y Letras. Empalma con el desguace de la misma, que impulsa a nivel nacional el gobierno de Milei. Enfrentemos este ataque con un programa superador, que ponga la universidad y los departamentos bajo control de trabajadores, docentes y estudiantes, y preserve el trabajo y la cursada. En ese sentido, se hace necesaria la discusión en asamblea de un plan de lucha que defienda la cursada y se plante contra los ataques del gobierno y la gestión. LEER MÁS: Ajuste en Filo-UBA: movilización estudiantil irrumpe en el Consejo Directivo contra la eliminación de materias Por Facundo Perales, 24/09/2025.

Sin que a sus socios occidentales ni árabes –“garantes” del “proceso de paz”- se les moviera un pelo, el ejército israelí bombardeó durante 16 horas seguidas Gaza y asesinó por lo menos a 104 personas durante la noche del miércoles, incluyendo 46 niños y 20 mujeres. La excusa fue que un soldado sionista había sido baleado en Rafah el día antes. Inmediatamente Netanyahu culpó a Hamas y -aunque Hamas desmintió cualquier vínculo con el incidente- el carnicero de Tel Aviv ordenó al ejército lanzar «potentes ataques» sobre Gaza. Durante 16 horas, los sionistas bombardearon campos de refugiados donde las víctimas no tenían más defensa que las telas de plástico de sus carpas. Entre los muertos se encuentran familias enteras. En el Hospital Nasser de Khan Younis, la familia Al-Shawaf lloraba la muerte de una pareja y sus cuatro hijos, quemados vivos dentro de su tienda. El asesinato del soldado israelí y la campaña de bombardeos se produjeron tras varios días en que Israel acusó a la resistencia palestina de violar el alto el fuego por la lentitud con la que devuelven los cuerpos de los rehenes fallecidos. Hamas explica la demora por la falta de equipamiento -Israel mantiene bloqueado el ingreso de la maquinaria necesaria- y a la enorme cantidad de escombros que hay que excavar. Según la Oficina de Medios de Comunicación del Gobierno de Gaza, al 28 de octubre, transcurridos 20 días del plan de paz de Trump, el ejército israelí cometió 125 violaciones del alto el fuego, entre ellos 52 tiroteos, nueve incursiones en barrios residenciales con vehículos militares a través de su línea de retirada designada, 55 operaciones de bombardeo y 11 demoliciones de edificios civiles. Israel ha matado a 211 palestinos y herido a 597, la mayoría civiles. Israel sigue sin abrir el paso fronterizo con Egipto de Rafah por donde, según el “plan de paz” deberían entrar unos 600 camiones diarios con alimentos, medicinas o tiendas de campaña. El miércoles, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que «decenas de comandantes de Hamas» habían muerto, corroborando la capacidad de resurrección de una milicia que han dado por desbaratada varias veces. Según El País de Madrid (28/10), Israel pretende ir aún más lejos. Con el argumento de presionar a Hamas para que acelere la entrega de los restos de los rehenes, el gobierno de Netanyahu estudia aplicar lo que constituirían nuevas violaciones del alto el fuego. Por ejemplo, desplazar hacia el oeste la Línea Amarilla que marca el repliegue de su ejército previsto en el plan de Trump, (Hayom 28/10). Esto significa ocupar nuevos territorios de la Franja y desplazar a más palestinos hacia el ahora 42 % del territorio que su ejército no controla. Antes de la invasión de 2023, era el territorio más densamente poblado del planeta. También mantener cerrado Rafah, reducir aún más la entrada de ayuda humanitaria e incluso retomar el corredor Netzarim, que parte en dos la Franja. Las violaciones al alto el fuego y la continuidad del genocidio al ritmo que se le antoje a Israel están integradas al plan de paz de Donald Trump quien subrayó que los sionistas “tienen derecho a devolver el golpe” si son atacados. Trump consideró legítima la respuesta del gobierno israelí tras la muerte del militar en Gaza. La Unión Europea tampoco estimó la masacre causa suficiente para no congelar al día siguiente “su modesta propuesta de sanciones a Israel”. Bruselas aludió al nuevo “contexto” en Gaza. Tampoco los países mediadores (Egipto, Qatar y Turquía) del acuerdo de Trump han hecho valer su condición de garantes del alto el fuego” (EP 29/10). El primer ministro catarí, Mohamed Bin Abdulrahman al Thani, se limitó a calificar como “decepcionantes y frustrantes” los bombardeos de Israel. La nota discordante fue, una vez más, Francesca Albanesa. La relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, fue taxativa. En su nuevo informe, titulado «Genocidio en Gaza: un crimen colectivo», revela cómo terceros Estados influyentes, con el aval de muchos otros, han proporcionado apoyo diplomático, militar, económico e ideológico a Israel, afianzando, en lugar de desmantelar, el apartheid colonialista de Israel, que ahora se ha convertido en genocida. «Ningún Estado puede afirmar de forma creíble que defiende el derecho internacional mientras arma, apoya o protege a un régimen genocida», afirmó Albanese cuyo informe muestra cómo la cooperación militar, a través del comercio de armas y el intercambio de información, ha alimentado la maquinaria bélica de Israel. Si bien solo Estados Unidos y Alemania han proporcionado más del 90 % de las importaciones de armas de Israel, al menos 26 Estados han suministrado o facilitado armas y componentes, y muchos otros han comprado armas probadas en palestinos. «El comercio y la inversión han sostenido —y se han beneficiado de— la economía de Israel», afirmó Albanese. Entre 2022 y 2024, las exportaciones de productos electrónicos, farmacéuticos, energéticos, minerales y de doble uso, por un total de 474.000 millones de dólares, ayudaron a Israel a financiar sus operaciones militares. Aproximadamente un tercio de este comercio se realiza con la UE, mientras que América del Norte y varios Estados árabes siguieron profundizando sus lazos económicos. Pero no es solo Gaza. Cisjordania hace meses que está en llamas, con las aldeas incendiadas por los colonos y el ejército sitiando las ciudades más grandes. Esta semana, día tras día, decenas de colonos escoltados por el ejército sionista bajaron a golpear a las campesinas y quemar los olivares en plena época de cosecha de las aceitunas, de las que dependen unos 100.000 palestinos. También esta semana, el ejército israelí atacó a dos aldeas en el sur del Líbano, asesinó por lo menos a una persona y dejó varios heridos. Según los términos de la tregua que impulsaron los países árabes y Estados Unidos, tanto Israel como Hezbollah debían retirarse del sur del Líbano, dejando al ejército libanés y a una fuerza de paz de la ONU como únicas fuerzas armadas en la zona fronteriza. Sin embargo, Israel se mantuvo dentro del territorio libanés y ha llevado a cabo ataques casi diarios contra las aldeas y ciudades libanesas durante el último año, en este caso con la excusa de que Hezbollah está rearmando sus posiciones (NYT 28/10). El alto el fuego de Trump le ha permitido a Israel “llevar a la práctica la limpieza étnica del 58 % de Gaza”. Tienen pendiente la limpieza étnica de toda Gaza, echar a los palestinos, anexionarse la Franja y luego Cisjordania. LEER MÁS: Pretenden convertir a Gaza en una “zona de reconstrucción”, controlada por un Protectorado internacional y el estado sionista El objetivo siguiente es el cambio de régimen en Irán. Por Olga Cristóbal, 24/10/2025.

La desaparición, búsqueda y trágico final de Nicolás Duarte conmovió al pueblo de Ezeiza y mucho más allá, ya que el caso fue tomado por los medios nacionales, quienes transmitían en vivo desde el lugar donde se lo vio por última vez. Nicolás era un joven estudiante secundario de 18 años, pronto a recibirse, oriundo del barrio Santa Marta de Tristán Suárez, hijo de una familia trabajadora. Nico, como lo llamaban, miró por TV el viernes pasado a la noche el partido de River e Independiente Rivadavia, era hincha del primero, y a la 1 de la madrugada del sábado salió de su casa rumbo al boliche Egipto de Ezeiza, distante a unos 8 km de su domicilio; lo hizo en un vehículo de aplicación; habría ido con amigos. Ya en el boliche, en el registro fotográfico fílmico, que se hizo público luego de las movilizaciones de familiares, amigos y vecinos, se lo ve a las 4.10 h cuando es conducido por patovicas hacia afuera del mismo por la puerta trasera en estado de aparente ebriedad, que es lo que alegan desde el mismo; afuera del boliche es abordado por 2 personas, quienes serían “trapitos”; en otro registro una cámara lo toma a las 5.20 h caminando sólo por el costado de la ruta provincial 205, yendo hacia Tristán Suárez; poco antes de la 8.00 h un recolector de basura lo ve en Las Araucarias y Los Sauces de La Unión en malas condiciones y lastimado en el labio, le ofrece ayuda, y Nico la habría rechazado; el último registro fílmico, de los que se hicieron públicos, es de unos minutos después cuando se lo ve a Nico caminando por Las Araucarias, esquina Los Tulipanes, a pocos metros de un puente precario de durmientes y sin baranda construido hace 30 años por los vecinos, que cruza el arroyo Aguirre; se lo ve probablemente recuperado porque camina aparentemente a pie firme llevando las manos en sus bolsillos. Según la hipótesis que se presenta como más probable, Nico habría resbalado o perdido el equilibrio y cayó al arroyo, que en ese momento estaba con mucho caudal de agua debido a que llovió copiosamente durante toda la noche y la madrugada; su cuerpo fue encontrado 80 horas después en un puente que pasa por la calle Las Hortensias, distante a 150 metros del lugar donde habría caído el joven. La autopsia posterior indica que murió ahogado. Pero para llegar a todo esto que se relata y que el tema fuera cubierto incluso por los medios nacionales, la familia se tuvo que movilizar desde un primer momento, desde que Nico no llegó a su casa y nadie sabía nada de él, desde que sus padres constataron que su celular había dejado de emitir señal a las 3 de la madrugada. La familia, con gran acompañamiento del barrio y amigos, cortaron la ruta en Tristán Suárez y también en Ezeiza. Y recién ahí comenzó la búsqueda de parte de las autoridades municipales y la policía. En esos cortes se reclamaba que “habiliten las cámaras”, fundamental para saber qué pasó con Nico desde las 4.10 hasta las 8, y también que pasó antes dentro del boliche. La mamá de Nico afirma que en las últimas imágenes de su hijo lleva una ropa que es no es la que se puso al salir. En los distintos portales de noticias de Ezeiza son innumerables las exclamaciones de bronca de parte del vecindario por esta muerte absurda que tranquilamente podría haberse evitado si las condiciones de esparcimiento y diversión de la juventud y la situación de los barrios y la seguridad para transitar el espacio público fuesen otras. Hubo quien dijo “la intendencia de los Granados contó con innumerables drones para la ‘fiesta del día del distrito’, y para esta búsqueda sólo mandan uno”, otros señalaron la desidia municipal ya que “en 30 años no pudieron hacer un puente como la gente”, otros la emprendieron contra los empresarios de los boliches “lucran hasta el hartazgo con la venta de alcohol a los pibes y luego los expulsan a la calle sin ningún tipo de asistencia”, alguien también señaló que “en los boliches en ocasiones los patovicas los cagan a palos a los pibes”. Ahora tardíamente los vecinos informan que el municipio está sacando puentes precarios que hay en algunos zanjones afluentes del arroyo. Como se ha señalado en esta crónica está claro que esta muerte se da en el marco de las condiciones de la explotación capitalista de la diversión de la juventud y la precariedad general, ¡y peligros!, que se vive en el espacio público de los barrios de los trabajadores; a un km o algo más hacia un lado y otro del recorrido del arroyo Aguirre hay countries, donde la situación es totalmente diferente, sin estos riesgos para sus habitantes; uno de ellos es Terralagos, un megaemprendimiento para sectores de altos ingresos. El contraste entre los countries y los barrios precarios no podría ser mayor, en el kilómetro y pico que hay desde el límite entre Terralagos y el barrio Sol de Oro hasta el barrio La porteña, más precisamente hasta el puente precario donde habría caído Nico, hay decenas y decenas de casitas rancho precarias construidas prácticamente sobre el arroyo; son los lugares donde los partidos políticos que responden al interés capitalista van a buscar su voto, y donde más hacen demagogia, para luego, pasada la elección, dejarlos en el olvido. Con gran tristeza y bronca escribimos estas líneas, sabiendo que perdió su vida un joven de nuestra clase que tenía todo por delante. Enviamos nuestras condolencias a su familia. Y abogamos por la organización de la juventud y de los trabajadores en todos los ámbitos (laboral, estudiantil, barrial), para terminar con el régimen que nos impone las condiciones de vida que llevaron a esta muerte.

Las autoridades de la UNA han convocado para el 5 de noviembre a la Asamblea Universitaria donde se votará la reforma del estatuto de la universidad. El proyecto que tratará no es de público conocimiento para los estudiantes ni docentes. Se realizará en La Cárcova, una sede de difícil acceso y sin posibilidad de que votemos todos, sino un puñado de consejeros, con preponderancia de las mismas autoridades. Junto con esto, el mismo día se votará la reelección de Torlucci. La rectora no ha ocultado nunca su vocación a perpetuarse en el cargo. La reforma del Estatuto En primer lugar, la rectora Torlucci ha abogado por la adopción del llamado Sistema Argentino de Créditos Universitarios (SACAU). Así lo votó favorablemente en el CIN en 2023. El 27 de marzo de 2024, Torlucci se reunió con los decanos de la UNA con el fin de trabajar “sobre una primera propuesta del Reglamento para la presentación de carreras de pregrado y grado en el marco del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) de la UNA y se realizó una presentación de las nuevas normativas ministeriales aprobadas a fines del año pasado: sobre la Creación del Sistema Argentino de Créditos Universitarios (SACAU) (RM 2598/2023) y sobre la autorización para emitir títulos de Bachiller Universitario (RM 2597/2023).” En la reunión realizada el 6 de octubre en Sede Huergo, Visuales, la rectora informó las incorporaciones del nuevo estatuto orientadas a ampliar la virtualidad y la creación de tecnicaturas . La cursada virtual elimina el contacto forjado en la presencialidad, imposibilitando la unión y el debate entre los estudiantes, por consiguiente, la organización. Esto es lo que facilita el atropello que hoy vivimos con el problema del financiamiento, la virtualidad es en detrimento de esto, hoy la presencialidad es un acto de resistencia más que nunca. ¿Qué es el SACAU? El sistema de “créditos” permite contabilizar como carga horaria no sólo las horas de cursada, sino también el tiempo de trabajo autónomo de los estudiantes (horas de estudio, de elaboración de trabajos, etc.). Este sistema introduce a fondo la lógica mercantil en la educación superior, degradando los planes de estudio. Apunta a recortar las carreras de grado e introducir títulos intermedios; a cuantificar los contenidos académicos; y a homogeneizar los planes de estudios de una misma carrera entre las distintas universidades, para favorecer la movilidad estudiantil y la transferencia entre las distintas instituciones (públicas y privadas, nacionales e internacionales). La educación superior es concebida de forma similar a una mercancía: se cuantifica, se iguala y se intercambia. Los estudiantes son vistos como individuos que demandan un servicio que ofrecen las universidades. La introducción de los créditos como “nueva unidad de medida académica” -con amplio recorrido internacional (Plan Bolonia)- es utilizada además para reforzar una tendencia presente en la universidad argentina desde la aprobación de la Ley de Educación Superior menemista en los 90, vigente hasta hoy (mencionada por Torlucci en la reunión del departamento de visuales) y que significa el avance de los contenidos arancelados que se dictan en posgrados, en nombre de la “especialización” pero en detrimento de las carreras de grado. La “universidad pública” se privatiza de esta manera, fomentando la creación de “recursos propios”, de la mano del arancelamiento creciente. En tiempos de asfixia presupuestaria, las autoridades se adaptan con mercantilización de las carreras y posgrados arancelados. La resolución del SACAU dictamina que mínimo para una carrera de grado se necesitan 240 CRE. Se establece que cada crédito equivale a entre 25 y 30 horas de dedicación académica y que los planes de estudio deberán diseñarse con un promedio de 60 créditos anuales. Las universidades podrán incorporar las carreras ya vigentes a este sistema, para lo cual deberían reformar sus planes de estudio, acá es donde entra la reforma estatutaria. En el caso de la UNA, las carreras varían entre 2896 horas (Licenciatura en Escritura) y 3400 horas (Licenciatura en Danza). Todas se quedan en la mitad de carga horaria de lo que exige el SACAU para nuestro título de grado, obteniendo aproximadamente 120 CRE. Para que sea una carrera de grado (240CRE) van a tener que rellenar con las horas de trabajo autónomo, sin interacción docente. De esta forma se le abre la posibilidad a la gestión de hacer el cambio en el plan de estudios, en el cual las licenciaturas cubren formalmente la carga horaria requerida, pero reducen el tiempo de cursada. Como contrapartida, los contenidos de grado se reducen. Movilicémonos el 5 de noviembre, a las 16 h, en la sede La Cárcova, a la Asamblea Universitaria donde se vota esta reforma. Desde UNA Trinchera convocamos a estudiantes y docentes a abrir un debate de fondo sobre las condiciones de cursada y enseñanza en la UNA y sobre el rumbo de la educación bajo el gobierno de la ultraderecha de Milei. No a las reformas privatizadoras, no a la perpetuación de las autoridades. Queremos un debate abierto para discutir cómo peleamos por la conquista del presupuesto universitario, salarios dignos para los profesores, ampliación del horario de cursada y todas las reivindicaciones que tenemos planteadas. Fuentes: Banco Mundial, 1995, p. 3-5: https://documentos.bancomundial.org/es/publication/documents-reports/documentdetail/274211468321262162/la-ensenanza-superior-las-lecciones-derivadas-de-la-experiencia Unesco, 2018, p. 193: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372648 https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education/european-credit-transfer-and-accumulation-system https://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/courses/history-ba-hons https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-1255 Resolución 2598/2023 y Anexo 1, 2023 (acá menciona que 2 o 3 horas son pregrado): https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/298713/20231121 Comunicado del Ministerio de Capital Humano, 2025: https://www.argentina.gob.ar/noticias/capital-humano-impulsa-un-sistema-de-renovacion-para-las-carreras-universitarias https://una.edu.ar/noticias/primera-jornada-de-trabajo-en-el-marco-del-sistema-institucional-de-aseguramiento-de-la-calidad_41154 https://una.edu.ar/noticias/primer-encuentro-de-trabajo-sobre-el-sistema-argentino-de-creditos-academicos-universitarios_45565 https://una.edu.ar/noticias/la-una-tendra-nuevo-estatuto_45611 Audio recuperado de la reunión sobre el estatuto en visuales https://drive.google.com/file/d/1AmNzyrmgRht_n-rDtGHMa_rp0GGFVDHB/view?usp=sharing LEER MÁS: Universidad Nacional de las Artes: ¿Reforma del Estatuto o maniobra privatizadora? Por Iara Bogado, 29/10/2025.

Catherine Connolly era un nombre desconocido para la mayoría de los irlandeses hace apenas unos meses. De 68 años, sostiene que Irlanda debe ser neutral en los conflictos armados actuales, es crítica de la OTAN y del rearme europeo, así como de la invasión rusa de Ucrania. Sus críticas a Israel y la Unión Europea le han granjeado una reputación de radical: "legisladora del extremo izquierdo del espectro político irlandés”, la define Reuters. El triunfo ha sido aplastante: recogió el 63 % de los votos, contra 29 % de su competidora. Si bien su candidatura es independiente, Connolly recibió el apoyo del Sinn Fein y del Partido Laborista. El primero decidió no presentar una candidatura propia sino volcar sus formidables recursos y organización electoral en apoyo de Connolly. Sin estar previamente vinculada a la causa de la unificación irlandesa, la declaró "previsible". Durante los 80’, Connolly militó en el Partido Laborista, pero rompió en 2014 debido a “desacuerdos ideológicos”: Algunos antiguos compañeros laboristas la califican de “dogmática e inflexible”. Será la tercera mujer al frente de este país miembro de la Unión Europea desde 1973 y con una población de 5,2 millones de habitantes. Su éxito se explica por la captación del voto juvenil, su difusión efectiva y su presencia en las redes sociales, en medio de un creciente enojo social: “La ira por la crisis de la vivienda y el costo de vida, los errores de campaña de la coalición gobernante de centroderecha” cuenta The Guardian. Conolly se volvió blanco de la furia sionista por sostener que Hamas es "parte del tejido social del pueblo palestino". Algunos de los partidos que apoyaron su candidatura tomaron distancia de estas declaraciones. Más tarde ella misma se corregiría “condenando rotundamente" a la milicia palestina y afirmando que tanto Israel como Hamas han "cometido crímenes de guerra". Sobre Israel dijo que se comportaba como un “estado terrorista” y fustigó al primer ministro británico Keir Starmer, declarando que "no le correspondía" decir que Hamas no debería tener ningún papel en la política futura de un estado palestino. Por otro lado, comparó el rearme de Alemania con el militarismo bajo el régimen nazi. "Me parece que existen ciertos paralelismos con la década de 1930", declaró en un debate en el University College de Dublín. Actualmente el gobierno irlandés está en manos del partido Fianna Fáil, de centroderecha. Éste y otro partido conservador, el Fine Gael, han dominado la política irlandesa durante un siglo, pero para la elección presidencial se presentaron divididos, a pesar de gobernar en coalición. “Los partidos de derecha en el gobierno apenas lograron encontrar candidatos viables, y mucho menos hacer campaña. Las elecciones se convirtieron, cada vez más, en un referéndum sobre el propio gobierno” (WSWS). En Irlanda rige una democracia parlamentaria, la función del jefe de estado se considera mayormente simbólica. Sin embargo, ostenta algunas facultades claves, como la de remitir proyectos de ley al máximo tribunal del país para determinar su constitucionalidad, disolver la cámara baja del parlamento y convocar nuevas elecciones, en caso de que un primer ministro pierda el apoyo. “En Gran Bretaña, algunos han comparado a Connolly con Jeremy Corbyn y se maravillan -o se lamentan- de que un estado de la UE haya virado a la izquierda cuando tantos otros países se han desviado hacia la derecha o la extrema derecha” (The Guardian). El apoyo del Sinn Fei y el Partido Laborista no es un detalle. Se trata de partidos que revisten enteramente en el campo del imperialismo. El Sinn Fein, considerado el brazo político del IRA, se encuentra subordinado desde hace mucho tiempo a la política del imperialismo británico. La burguesía irlandesa abandonó la lucha por la unidad nacional de Irlanda aceptando su partición a finales de los 90 (Acuerdo de Belfast) en lo que marcó la fractura y el fin de ese movimiento armado. La unidad de estos dos partidos y otros menores alrededor de la candidatura de Connolly prepara un relevo de los partidos desprestigiados de la derecha luego de un siglo al frente del poder.