El fin de semana que inauguró la primavera en el hemisferio sur, no aportó noticias en cuanto a las alternativas para encarar el derrumbe financiero, porque las decisiones del caso fueron trasladas a Washington como a Nueva York, adonde Milei y Caputo han ido a pedir socorro. De acuerdo a declaraciones de Milei, en Córdoba, el viernes que pasó, el rescate viene siendo mascullado desde principios de mes, cuando en el Gobierno advirtieron que no tenían condiciones para pagar el cupón de deuda soberana que vence en enero próximo –por 4500 millones de dólares-. El recurso al Tesoro norteamericano para hacer el pago es un claro reconocimiento de estado de default . Tampoco era necesario llegar a ese extremo para admitirlo, cuando se viene renovando deuda pública en pesos en forma parcial, a tasas usurarias del 5/6 % mensual, cuando se ordena a los bancos a inmovilizar depósitos por medio de encajes bancarios del 55 %, que en gran parte se componen de los propios títulos públicos que las entidades son forzadas a comprar. Un “riesgo país” de 1550 puntos (y subiendo) es otro índice poderoso de default, porque a ese nivel de intereses, sólo es posible el pago de las deudas en efectivo –que es lo que efectivamente el gobierno pretendía hacer y no puede-. En un caso de descalificación profesional que la Facultad de Ciencias Económicas debiera sancionar, el ministro de esa Cartera aseguró que no había pesos en el mercado para producir una corrida cambiaria, cuando los depósitos en los bancos son, en dólares y en pesos, el equivalente a 90 mil millones de dólares y los créditos pendientes un equivalente a 50 mil millones. La multiplicación del dinero ficticio, o sea que no asume una forma monetaria, es incesante, hasta cierto punto, porque el llamado cuasidinero, como bonos privados y públicos, operan como garantía fraccionaria de créditos, que permiten operaciones financieras de distinto orden. Concretamente, con la garantía de una fracción de moneda se puede comprar dólares a futuro, que en la fecha de su vencimiento obligarán al Banco Central a emitir miles de millones de pesos, por la diferencia entre la cotización actual del peso en ese mercado, y el que tendrá a la fecha de vencimiento de los contratos de compraventa. La postergación de medidas económicas por una semana de cabildeos en Estados Unidos, acentuará la sangría financiera e inclinará todavía más la pendiente del derrumbe político del gobierno liberticida. Bessent El rescate, si tiene lugar, será, sin embargo, mezquino y costoso. Estados Unidos atraviesa, él mismo, una crisis financiera a ritmo cambiante, porque tiene una deuda pública de 38 billones de dólares (el 140 % de su PBI), por la que debe pagar 1 billón de dólares al año, una suma que compite con los gastos presupuestarios de Salud y Educación. Enfrenta, además, una crisis en el mercado hipotecario, que ha vuelto a acumular deuda de difícil refinanciación, tanto en el área de viviendas hogareñas como de oficinas. El dólar se devalúa en forma sistemática, lo cual afecta a los tenedores nacionales e internacionales de deuda estadounidense, sea pública como privada. La guerra arancelaria desatada por Trump ya está produciendo efectos inflacionarios y desvíos del comercio internacional hacia otros países. En estas condiciones poco propicias, el crédito del Tesoro norteamericano consistiría en la entrega de bonos de deuda a Argentina, que deberían ser recomprados a determinado plazo, más los intereses del caso; es altamente probable que la cotización futura de ese título sea menor que la actual, lo cual entrañaría una pérdida financiera para Argentina, que se sumaría al costo de la deuda soberana que vence en enero próximo. No sería tampoco el único costo. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, exigiría, por un lado, cambios fundamentales en la legislación de patentes farmacéuticas y de semillas, en perjuicio de la industria argentina y, por el otro, el reconocimiento del uso de semilla extranjera, en detrimento de la “bolsa blanca” local, que origina el productor al momento de la cosecha. Las concesiones adicionales que reclamaría la camarilla trumpista serían políticas, en momentos en que el imperialismo norteamericano despliega flotas en el Caribe y ha desatado una ofensiva destituyente contra el gobierno y el poder judicial de Brasil. Trump y las fuerzas armadas de Estados Unidos son los principales promotores del genocidio de Israel en Palestina. La injerencia de Bessent, según se desprende de las informaciones de los medios, incluirían el reclamo de una fuerte devaluación del peso para luego de las elecciones (aceptaría un “cepo de emergencia” hasta finales de Octubre) aunque condicionada a los resultados electorales, porque una derrota fuerte del oficialismo pondría sobre la mesa su continuidad. Bessent apoya la exigencia del FMI para que el Presupuesto 2026 incluya el último acuerdo con el FMI, que fuera impuesto en forma ilegal por un DNU. Es que ese acuerdo podría ser cuestionado en sede judicial, y lo mismo ocurriría con su introducción clandestina en el Presupuesto. La deuda pública pone en jaque el sistema constitucional de Argentina, lo que no es poca cosa. La “seguridad jurídica” que exigen los acreedores y los futuros inversores capitalistas, se encuentra “floja de papeles”. La ‘dolarización’ sale del sarcófago El reto fundamental que ha planteado el estallido la crisis financiera, es la supervivencia de Vaca Muerta. Es mortal para el ‘famoso’ RIGI, el Régimen de Grandes Inversiones, que ofrece toda clase de exenciones impositivas y autoriza la libre salida de utilidades, pago de dividendos y amortización de capital. Aunque ampara a los inversores en cuanto a cambios de gobierno y crisis financieras, no es inmune a que unos y otras se vean afectadas en la actualidad, en especial cuando renace “el cepo’ en la boca de los economistas de las petroleras. Es lo que explica la suspensión del financiamiento de inversiones para exploración y explotación de las principales compañías, a las empresas de servicios tecnológicos o a la construcción de gasoductos y oleoductos, y principalmente la instalación de barcos regasificadores para vender el combustible a mercado asiáticos y europeos. A pesar de la magnitud de sus inversiones, YPF tiene un valor de mercado de módicos 15 mil millones de dólares en la Bolsa de Nueva York Vaca Muerta es ‘la prenda de unidad’ entre el mileísmo y el cristinismo: Kicillof no se cansa de reivindicar a Vaca Muerta como un proyecto nacional y popular que ha justificado la estafa de la nacionalización premiada de Repsol. No solamente esto: asegura que el RIGI es una mera copia del acuerdo YPF-Chevron – todavía secreto -, que permitía a la norteamericana remitir ganancias a paraísos fiscales. Los Pullaro, Llaryora, Cornejo y ‘tutti quanti’ comparten el apoyo estratégico a Vaca Muerta y al régimen económico, político y jurídico que impone al conjunto de Argentina. La necesidad de defender a capa y espada un régimen conforme a ese proyecto ha incentivado a resucitar la alternativa de la sustitución del peso por el dólar; es un ‘corsi e ricorsi’ que arranca desde los 90 del siglo pasado, como una alternativa a lo que fue luego la ‘convertibilidad’. La ‘dolarización’ supone, antes que nada, una megadevaluación, que para uno de sus principales promotores debería ser, en efecto, lo más alta posible, como ocurrió en diciembre de 2023. La economía quedaría dolarizada al nuevo tipo de cambio. Más allá de las pretensiones de sus abogados, consolidaría un nivel de precios muy superior al actual, así como una desvalorización mayor de los salarios, jubilaciones y gastos sociales, ya altamente desvalorizados. Implicaría, en nombre de la estabilidad monetaria, una redistribución negativa de ingresos gigantesca. La depresión del valor de la fuerza de trabajo, en su sentido amplio (gastos sociales, alquileres) podría ser descomunal (sería acompañada con fuertes tarifazos de los servicios públicos y el transporte. Claro que una ola de huelgas o una huelga indefinida por la recuperación de ese valor de la fuerza de trabajo, acabaría con la ‘dolarización’ y con el régimen en su conjunto. El cambio de un régimen monetario en circunstancias de crisis financiera y monetaria, en una “economía de mercado”, equivale a un golpe de estado La ‘dolarización’ no eliminaría el infausto ‘carry trade’, porque Argentina seguirá ofreciendo una tasa de interés bastante superior a la del mercado internacional; es lo que ha ocurrido, regularmente, con la inversión de corto plazo de, por ejemplo, Alemania, Grecia o Italia, que sin embargo comparten la misma moneda, el euro. Es un subsidio enorme a los tenedores de dólares; cuando se produjo la unión monetaria en Alemania, ocurrió lo contrario: la introducción del marco alemán en la zona oriental representó un subsidio a los alemanes del este, porque se canjeó a la par la moneda oriental, de menor valor, por el marco occidental de un valor superior. Alemania debió soportar este subsidio con déficits fiscales y aumentos de impuestos durante una década. Los ‘dolarizadores’ proponen, en Argentina: un gigantesco subsidio, de nuevo, de la fuerza de trabajo al capital. La ‘dolarización ‘endógena”, como ocurriría con cualquier devaluación importante del peso, sería un golpe para el mercado de capitales en pesos, que por eso se han venido ‘protegiendo’ con altísimas tasas de interés. El Tesoro perdería esta fuente de financiamiento (aunque lo que ocurría en realidad era una exacción del Tesoro por parte de bancos y fondos de inversión). Lo que ocurriría a cambio es que cobraría los impuestos en dólares supervalorizados, que deberían salir de cuentas del exterior o de cajas fuertes. Aunque este flujo de dólares sería posible para el pago de ganancias empresarias o patrimoniales, en lo que se refiere a los impuestos al consumo que retiene el comercio minorista, como el IVA, el Tesoro demoraría un largo tiempo en que se conviertan de pesos a dólares. En la ‘transición”, en que el precio de las mercancías serían marcadas en pesos y en dólares conjuntamente, seguiría habiendo un mercado de cambios entre ambas monedas, o sea cambiante. Según la amplitud que asuman estas variaciones, la desorganización económica será mayor o menor. El impacto de devaluación-dolarización sería fuerte en el mercado de créditos, en perjuicio de acreedores y bancos. Quienes impulsan la ‘dolarización’ no han previsto una tablita de desagio, que equilibre créditos y débitos, como ocurrió con el Plan Austral (1987). Sí han previsto que la ‘dolarización’ no puede salir por ley del Congreso sino por DNU del Ejecutivo. Por eso les preocupa que se modifique el actual régimen de DNU, impuesto por CFK en su primera presidencia, que dificultaba su rechazo por el Congreso. El nuevo DNU en gestación, sin embargo, prevé la vigencia de sus cláusulas si el DNU es rechazado, si su anulación ocasionara perjuicios extraordinarios. Para completar la construcción del sistema dolarizado, las reservas del Banco Central, pasarían a una cuenta inmovilizada en el exterior (escrow), para funcionar como garantía del Estado. El objetivo de fondo de la ‘dolarización”, que es garantizar el pago de la deuda soberana, a cambio de una eutanasia social, es sin embargo inviable. Ningún régimen monetario puede servir de seguro al capital ante las crisis capitalistas y los defaults . La cesación de pagos de los estados y las empresas es tan sólida como el capital mismo; forma parte de la organización capitalista de la producción social. Está en juego el gobierno La crisis no sólo enfrenta a la burguesía en cuanto a las salidas económicas y financieras –nuevo cepo (transitorio o prolongado), devaluación concertada con el FMI y/o el Tesoro de Trump, libertad de cambios, ‘dolarización’-, sino en cuanto a la permanencia del gobierno y a los cambios a introducir. Del mismo modo que el entrelazamiento de la convertibilidad y el gobierno desató una crisis política a finales del gobierno de Menem y al derrocamiento ulterior de De La Rúa, el de Milei con la ‘motosierra’ y con el pago de la deuda vuelven a plantear lo mismo, como lo demuestra el retorno del tema del golpe. El régimen económico se confunde con el gobierno mismo y con el régimen político. El hundimiento de uno plantea el hundimiento del otro. La cuestión del momento es si el desenlace será anterior o posterior a las elecciones. Para evitar otra hecatombe electoral, Santiago Caputo (‘el mago’) ha propuesto un nuevo gabinete, encabezado por el salteño Juan Carlos Romero, el ingreso de De Loredo y de ministros del Pro y la designación de Ritondo como presidente de Diputados, o sea la separación del clan Menem del gobierno; un gobierno de “unión nacional”. Como ocurría con Rasputín y la Zarina, Milei no se despegará de su hermana y de su círculo. Si no hay modificaciones antes del 26 de Octubre, Milei deberá resignar, sin embargo, mucho más que el Gabinete. Le queda todavía por delante atravesar las menos de tres semanas a los comicios Aunque es indescifrable con qué argucia las consultoras prevén una victoria de LLA para ese manoseado domingo, las variaciones electorales que se observan en Córdoba, con relación a 2023, indican que LLA volverá a sufrir de nuevo “una paliza”, esta vez nacional, perfectamente comprensible. Esto implica que, luego de la votación, carecería de autoridad para emprender cualquier reforma económica significativa. Los encargados de introducir el acuerdo con el FMI en el Presupuesto de 2026, de pagar el cheque de 4500 millones de dólares y de prometer las ‘reformas estructurales”, como la destrucción de los derechos laborales y previsionales, deberían ser otros. En los meses siguientes a las elecciones crecerán los cruces políticos y el Gobierno no podrá evitar la convocatoria a sesiones extraordinarias en un escenario económico cada vez más crítico. Es posible que la oposición que se ha nucleado en el bloque Provincias Unidas, y más allá, se vea obligada a jugar, en las condiciones postelectorales, un rol de arbitraje, aunque en beneficio propio, entre el Gobierno y Fuerza Patria, que se ha apresurado en resucitar viejos contactos del peronismo en varias provincias (Tucumán, Salta, Santa Fe, Catamarca), la mayor parte de los cuales dieron sus votos en el Congreso a los proyectos de Caputo y de Milei. Axel Kicillof, que intenta revalidar su paternidad sobre Vaca Muerta para infiltrarse en las “fuerzas del centro”, se ha jugado, oficialmente, a la defensa de la continuidad del gobierno liberticida, para poder graduarse como candidato a Presidente, ante el capital financiero, para un futuro incierto, que el querría que fuera en 2027. El escenario político de Argentina podría comenzar a parecerse al francés, donde todos atacan a Macron pero ninguno quiere voltearlo –aunque las huelgas en Francia podrían poner fin a este impasse -. Burocracia sindical En varias reuniones y plenarios (el caso de Aceiteros, UOM, SiPreBA y ATE, o la CGT de Salta, la cúpula cegetista en la tribuna electoral de Kicillof), la burocracia sindical se ha pronunciado por la necesidad de ofrecer “un programa obrero para (el próximo) gobierno popular”. No solamente quiere comerse un asado sin antes poner la carne al fuego, sino que declara oficialmente el inmovilismo hasta 2027. Las organizaciones oficiales de la clase obrera no dicen una palabra sobre la catástrofe que amenaza a los trabajadores, con la pretensión de salir ilesas de lo que se presenta como la mayor crisis histórica potencial de Argentina. Esta conclusión debe ser el nuevo punto de partida para impulsar una intervención independiente de la clase obrera en este escenario, que no es sólo nacional. Por otro lado, es evidente que la izquierda oportunista se encuentra enteramente ocupada en la disputa electoral, dando la espalda a una lucha de clases gigantesca, que se manifiesta en numerosas fábricas que suspenden, despiden y hasta cierran. La salida no es “institucional” a nivel de las organizaciones obreras, como se ha intentado repetidamente, por medio de estatutos democráticos en los sindicatos o prohibiciones declarativas contra el sistema estatal de conciliaciones obligatorias. La intervención del Estado en los sindicatos se encuentra sólidamente instalada; ni Milei pudo derogar los privilegios de la burocracia. La respuesta a la crisis de la clase obrera es política, y debe tener como propósito el desarrollo de una dirección revolucionaria, que una, no por medio del panfletarismo sino de la experiencia, la lucha por las reivindicaciones inmediatas con la lucha por el poder político. Es necesario dirigir la atención de la nueva generación que actúa en los conflictos y en las luchas hacia la adopción de métodos de agitación a favor de los cortes de ruta, las ocupaciones de fábrica, según corresponda a las experiencias concretas, para formar agrupamientos sistemáticos de activistas y coordinaciones. Nuestra consigna para el momento presente es impulsar la huelga general contra los paquetes devaluatorios, dolarizadores, fondomonetaristas que se preparan a espaldas del pueblo todo, y desarrollar comités, coordinadoras y comités de huelga. La atención sobre la campaña electoral debe estar dirigida a la denuncia de estos planes de todas y cada una de las fuerzas patronales. Nos amenazan medidas catastróficas; debemos prepararnos para combatirlas.